Nacionales y gremialistas: el "parto" de la nueva derecha política chilena, 1964-1973 9789560000293, 9560000292

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PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA

Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica 1959Nacionales y gremialistas [texto impreso] / Verónica Valdivia. –1ª ed. – Santiago: Lom Ediciones, 2008. 420 p.; 21x16 cm.- (Colección Historia) I.S.B.N.: 978-956-00-0029-3 Partidos Políticos – Chile Historia I. Título. II. Serie. Dewey : 320.540983 .-- cdd 21 Cutter : V146n Fuente: Agencia Catalográfica Chilena

© LOM Ediciones Primera edición, 2008 I.S.B.N.: 978-956-00-0029-3 Fotografía de portada: Pool fotográfico Quimantú Dirige esta colección: Julio Pinto Diseño y Diagramación: Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago Fono: (56-2) 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88 web: www.lom.cl e-mail: [email protected] Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Fono: 7169695 / 7169684 Fax: 716 8304 Impreso en Santiago de Chile

SOL

VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE

Nacionales y gremialistas El “parto” de la nueva derecha política chilena 1964 - 1973

Para Jorge Francisco, “mi genio loco”.

AGRADECIMIENTOS

La temática y el período que aborda este libro, como podrá apreciar el lector, supuso un trabajo largo y acucioso, considerando las variables intervinientes y la variedad de fuentes de información. Es, lo que podríamos llamar, un libro de conocimiento acumulado, el cual se ha nutrido de múltiples investigaciones anteriores, no solo respecto de otras expresiones derechistas –políticas e ideológicas–, sino también de incursiones en historia de los trabajadores y de períodos y procesos muy anteriores al objeto de este estudio. Tales experiencias hicieron posible el abordaje de la derecha política de los años de la revolución chilena, sin una mirada exclusivista y sesgada, sino integral, inserta en el gran cataclismo que fueron los años de la “Revolución en Libertad” y de la “Vía Chilena al Socialismo”. Ello explica la gran deuda que a lo largo de su realización contrajo la autora con numerosas personas e instituciones. En primer lugar, me parece pertinente agradecer al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, donde me formé, especialmente al Programa de Magíster, cuya especialización en historia social y económica me obligó a mirar a actores y procesos ajenos a mis intereses específicos. Ese bagaje resultó crucial para establecer relaciones entre fenómenos aparentemente inconexos, ofreciendo una perspectiva amplia, la cual posibilitó en importante medida un análisis que estudiara a la derecha en interdependencia con la izquierda, óptica poco habitual. Tal proceso fue favorecido, además, por el hecho de que este libro constituyó originalmente la Tesis Doctoral en Historia que desarrollé bajo el alero de ese mismo Departamento y del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de esa universidad. Por ello, agradezco en forma muy especial a la doctora en Historia, señora Olga Ulianova, quien ofició como directora de Tesis e hizo posible que esto llegara a buen término. Asimismo, agradezco a la doctora Eugenia Fediakova y los doctores Alfredo Riquelme y Augusto Samaniego por el apoyo brindado. En segundo lugar, quisiera mencionar al equipo que me acompañó en lo que fue el Proyecto Fondecyt, sobre izquierdas y derechas, dentro del cual se desarrolló esta investigación. Éste estuvo integrado por los historiadores Rolando Álvarez, Julio Pinto y Sebastián Leiva, así como por la exponente de la nueva generación, Karen Donoso.

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A lo largo de tres años analizamos la díada de izquierdas y derechas entre la década del sesenta y finales de los años ochenta, constituyéndose las reuniones periódicas y el trabajo cotidiano en un espacio de aprendizaje y de reflexión de primer orden. Es absolutamente seguro que ello fue un elemento clave en la concreción de este texto, a pesar de mi total responsabilidad en lo aquí planteado. Las distintas voces y perspectivas facilitaron mi comprensión de la interdependencia entre estos dos sectores políticos en cada contexto específico. Para ellos, como grupo, no tengo sino palabras de agradecimiento, admiración y cariño. A Rolando quisiera agradecerle una vez más su colaboración y su independencia como historiador, que lo mantienen como un espíritu crítico, insobornable. Alguna de la información utilizada en este libro fue recogida por él hace algunos años, cuando todavía se desenvolvía como mi ayudante de investigación, convirtiéndose en un conocedor profundo de la Biblioteca Nacional, donde encontró más de alguna fuente poco conocida. Pero, sin duda, ello solo expresa la amistad y la camaradería que nos han reunido. Sebastián confirmó en estos años de trabajo no solo su autonomía intelectual, como su capacidad de disentir y debatir en un marco de respeto, ayudándome a entender actores y situaciones a veces complejas para mí, sino tan o más importante, todo ello envuelto en una gran calidad humana. Su presencia en el equipo ha sido un gran regalo. Mención especial debo a Karen Donoso, quien trabajó directamente conmigo a lo largo del proyecto, convirtiéndose en una colaboradora como pocas, cuya dedicación y eficiencia fueron vitales para el éxito de este estudio. A pesar de no haber tenido en un comienzo una preparación acabada en historia política, se sumergió en la temática, alcanzando rápidamente una notable comprensión del objeto de estudio. Su mirada culturalista ha sido sin duda un aporte al resultado final. Su apoyo también se ha traducido en su rol de ayudante de cátedra en dos universidades, lo que me permitió dedicarle más tiempo a este libro. Su confianza, cariño y amistad han completado una relación que traspasa el ámbito estrictamente académico. De igual modo, debo un reconocimiento a la historiadora María Angélica Illanes, quien como directora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Univeridad ARCIS, en los años en que me encontraba en plena redacción me respaldó en mi decisión de escribir este libro, haciendo posible extender mi permanencia en esa Casa de Estudios. Angélica facilitó mi trabajo docente, de modo que pudiera dedicarle más tiempo a este trabajo, creando las condiciones para desenvolverme en las dos tareas académicas a que me hallaba abocada, en medio de un ambiente grato. El historiador Pablo Artaza coadyuvó a ese esfuerzo, creando el clima necesario para hacer de mi

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último año allí un tiempo de feliz recuerdo. A Pablo le debo, además, su amistad y la de Estela. Para el periodista Abraham Santibáñez solo puedo tener palabras de gratitud, por lo mucho que me ha ayudado y por su permanente disposición para escuchar mis innumerables preguntas, sostener conversaciones sobre periodismo e historia, para facilitarme material de época y hacer más de alguna inteligente sugerencia. Su apoyo ha sido invaluable. El historiador y politólogo Juan Carlos Gómez no podría estar ausente en estos agradecimientos, siempre atento y dispuesto a conversar, debatir, facilitarme textos y aclararme más de algún concepto. Su amistad en las últimas dos décadas ha sido muy importante en mi carrera, aunque muchas veces discrepemos “teórica y metodológicamente”. Más importante ha sido su cariño, ahora que solo quedamos dos. Este libro no habría sido posible sin el apoyo de un verdadero mini “ejército” de ayudantes de cátedra, quienes fueron imprescindibles. Quiero recordar y agradecer infinitamente a Eduardo López, de la Universidad de Santiago de Chile, quien una vez más me “salvó” en un momento crítico; a la entonces estudiante de Periodismo de la Universidad Diego Portales, Sandra Lodos, llena de entusiasmo y lealtad; a Boris Cofré, de la Universidad ARCIS, quien asumió una parte importantísima de la evaluación de las lecturas en las cátedras respectivas. Especial mención para el estudiante de esa misma Casa de Estudios, Marco García, quien cooperó desinteresadamente con la autora de este texto y que, desgraciadamente, ya no se encuentra entre nosotros. Para todos ellos, mil gracias. Igualmente, tengo una deuda de gratitud con el periodista Ramón Gómez, quien me facilitó gentilmente material recopilado por él, especialmente folletos y libros. Su cariño y amistad son, sin duda, un soporte invaluable. El período y la temática que cubre este libro fue abordado, de modo preliminar, en un Seminario de Chile en el siglo XX que la autora dictó en la Universidad de Santiago de Chile en el año 2003 “Izquierdas y derechas entre 1965 y 1973”. Ahora que el texto está terminado, no podría dejar de mencionar a las(os) estudiantes que fueron parte de ese curso y a quienes recuerdo con especial cariño. Algunos de los documentos utilizados en esta investigación fueron encontrados por participantes del seminario, facilitándomelos. Aunque no puedo nombrarlas(os) a todas(os), saben que los recuerdo a cada una(o). De la misma forma quisiera mencionar a las(os) alumnas(os) de esa misma universidad que fueron parte de los seminarios sobre el régimen militar chileno entre 1973 y 1980 y el Estado Burocrático Autoritario en el Cono Sur de América Latina, con quienes reflexionamos sobre esos temas y sus anexos, en un marco de respeto y afecto. Igualmente un recuerdo para Catalina, Myrza, Natalia y Daniela.

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Como ha ocurrido en otras ocasiones, agradezco a todo el personal de la Biblioteca Nacional por su disposición a colaborar con el trabajo de esta investigadora, haciendo de ese recinto un lugar insustituible, grato y amable. Especial referencia quiero hacer a Liliana Montecinos y Jaime Román, del Salón de Investigadores; a don Fernando Castro, entonces jefe de la hemeroteca; a la señora Elda Opazo, entonces jefa de la sección Periódicos, quienes han tenido la gentileza de facilitarme el acceso a fuentes. No podría dejar de mencionar a algunos de los funcionarios por su apoyo: a Juan José, Danilo y Fabián. Como mencioné, este trabajo no habría sido posible sin el respaldo de la Comisión Chilena para la Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), la que a través de su programa FONDECYT financió esta investigación: el proyecto No.1040003, titulado “Izquierdas y derechas: una historia inversa, 1965-1988”, dirigido por la autora. Aunque lo he recordado en otras ocasiones, ésta no podría ser una excepción. Un recuerdo para mi entrañable amigo Luis Moulian, quien aún vivía cuando comencé mi estudio de una fracción de las derechas. De hecho, este libro comenzó a escribirse con motivo del Encuentro de Historiografía que cada año se realiza y conmemora su muerte, en el tercero de los cuales expuse la relación entre política, derecha e historiografía. La compañía de Lucho en el entonces Salón Fundadores de la Biblioteca Nacional constituyó una época inolvidable, que despierta mis nostalgias constantemente. No podría dejar de mencionar a quienes están permanentemente a mi lado, apoyándome y soportando los largos períodos que vivo en otro tiempo. A mis padres, María Elena y Ernesto; a mi hermana María Elena, a Macarena, quien además aportó sus conocimientos computacionales, y Jorge. Sin su cariño, esto no sería posible. Igualmente, quisiera mencionar a Manuel y Camila Pinto por su paciencia y cariño. Un agradecimiento muy especial para la señora Gabriela Zamora, por todo el apoyo que me ha regalado a lo largo de dieciocho años. Igualmente a la señora Carmen González y a don Guillermo Cano, que hacen mi vida cotidiana más fácil, facilitando mi dedicación a este trabajo. Como siempre, mis palabras finales para Julio Pinto, quien comparte mis días, mis triunfos y mis fracasos. Demás está decir que fue el primer lector de este libro, un agudo crítico y mi mayor apoyo. Creo que pocas personas comprenden como él lo importante que era este libro en mi vida.

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INTRODUCCIÓN

El Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) ha sido la colectividad partidaria que ha registrado el mayor crecimiento electoral en Chile en los últimos años, convirtiéndose no solo en el principal partido de la derecha política, sino el de mayor fuerza del país. Este proceso mostró sus primeros logros en las parlamentarias de 1997, ocasión en la cual logró un 14,5% de la votación, manteniendo dicha tendencia en las municipales del año 2000, cuando consiguió un 16%. En las elecciones parlamentarias del 2001 obtuvo la más alta votación entre los distintos partidos en competencia con un 25,2% de los votos para diputados y, aunque esta tónica se detuvo en las municipales del 2004, alcanzando solo un 19% entre los alcaldes y 21,99% entre los consejales, seguía siendo la segunda colectividad más importante después de la Democracia Cristiana. A pesar de haber perdido la elección presidencial por cuarta vez consecutiva, en las parlamentarias del 2005 la UDI se confirmó como el partido electoralmente más importante1. Dicha expansión se ha relacionado con el hecho de que la UDI ha diseñado una estrategia de copamiento electoral, captando el voto femenino, pero también logrando penetrar en sectores sociales que hasta entonces eran reducto de la izquierda y el centro político, ampliando su universo electoral. Ha obtenido una importante representación en algunas de las comunas más pobres de la Región Metropolitana, como en algunas provincias históricamente no cercanas a la derecha política. En efecto, durante las elecciones municipales del año 2000, la UDI ganó las alcaldías de las comunas de Renca, Estación Central y Peñalolén. En materia parlamentaria, alcanzó primera o segunda mayoría en Iquique, Valparaíso, Punta Arenas y Cautín2. En esta última elección municipal, si bien perdió Maipú, Conchalí, Peñalolén y San 1

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Alfredo Joignant y Patricio Navia, “De la política de los individuos a los hombres de partido. Socialización y penetración electoral de la UDI (1989-2001)”, CEP, No.89, 2003; Carla Lehmann y Ximena Hinzpeter, “¿Nos estamos derechizando? Análisis sobre la base de resultados electorales y encuestas CEP, CEP, Puntos de Referencia, No.240, 2001;Mauricio Morales y Rodrigo Bugueño, “La UDI como expresión de la nueva derecha en Chile”, Estudios Sociales,No.107: 2001. Alejandra Arancibia Cerda y Pablo Vera Cortés, “Análisis comparativo de las bases electorales de la Derecha en Chile en dos períodos:1957-1973 y 1987-2000”, Memoria de Licenciatura en Historia, Usach, 2002.

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Bernardo, obtuvo alta votación en Puente Alto y retuvo comunas como Renca, confirmando su presencia en áreas populares; como también la ciudad de Concepción. En otras palabras, este auge revela grados de competitividad nunca antes exhibidos por la derecha oligárquica y el despliegue de un estilo particular. Este crecimiento es sorprendente dadas las tradicionales coordenadas geográfico-electorales del politizado Chile del siglo XX, cuando en general la izquierda dominaba las comunas más pobres y las provincias más industrializadas del país, y la derecha era fuerte en los sectores más pudientes y en las áreas agrícolas de dominio terrateniente. Los profundos cambios ocurridos en la sociedad chilena desde los años setenta con la implementación del modelo neoliberal y la desaparición del latifundio, la modernización de las relaciones laborales en el agro, como la emergencia de una economía y una sociedad urbana de nuevo cuño han estado revelando su impacto en el plano electoral. La pobreza ya no es sinónimo de identificación con la izquierda, necesariamente. En los últimos años pareciera que la derecha UDI ya no crece solamente a expensas de la Democracia Cristiana, sino que ha empezado a hacerlo también a cuenta de la izquierda. ¿Cómo podemos explicarnos el fenómeno político de la UDI? Se trata de un partido que nació bajo el alero del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet, convirtiéndose en el heredero del proyecto de modernización puesto en vigencia bajo su égida y cuyos ideólogos y gestores fueron, precisamente, quienes dieron vida en 1983 a la UDI. Fue, por tanto, una colectividad plenamente identificada con la destrucción del Estado benefactor existente hasta 1973, como de las organizaciones sociales y sindicales de origen popular, asociado a la fuerte represión que los militares ejercieron sobre pobladores y marginados. Refiriéndose a la derecha chilena, el cientista político Carlos Huneeus ha sostenido que a pesar de que los electores ubican a la UDI bien a la derecha, de todos modos votan por ella. Desde su perspectiva, ello se debe a que la UDI es el único partido que tiene reales características de tal en el Chile de hoy, pues cuenta con una estrategia de poder, un grado de cohesión inexistente entre sus adversarios, y un desarrollado sentido del tiempo y del poder3. Sus exponentes, especialmente uno de sus ex presidentes, Pablo Longueira, serían políticos modernos, agresivos, pragmáticos e imbuidos de una fuerte convicción. El trabajo que ahora presentamos parte de esa constatación, un fin de siglo XX que nos revela una reversión de la historia, la cual se caracterizó por una izquierda en auge,

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Siete+7, octubre de 2003. Su actual crisis interna es posible, sea un reflejo no solo del crecimiento experimentado, sino también del debilitamiento que han sufrido los elementos que le permitieron sobrevivir al colapso político de 1973 y convertirse en el principal sostén político e ideológico del régimen militar. Esto es, un proyecto y un nuevo estilo, como se argumentará a lo largo de este libro.

con la iniciativa política en sus manos, de fuerte arraigo social, con un movimiento popular activado y dispuesto a cambiar el orden capitalista por uno socialista; y una derecha a la defensiva, sin proyecto que ofrecer al conjunto social y carente de una perspectiva nacional. Estos rasgos, según la gran mayoría de los estudios, se habrían acentuado durante los años sesenta y la experiencia de la Unidad Popular, estando acorralada y asustada frente al embate expropiador de la izquierda, la cual amenazó el derecho de propiedad en su conjunto y el sistema de dominación, socavando las bases en que ella se sostenía. Desde nuestro punto de vista, aquella debilidad de la derecha era solo aparente, pues en realidad se encontraba en pleno proceso de rearticulación, lo que quedó enmascarado por la aguda lucha política de los años sesenta y de la Unidad Popular. De acuerdo a lo que plantea esta investigación, los años sesenta fueron el “parto” de la nueva derecha política chilena y como tal fue un proceso tenso, conflictivo y doloroso, el que enfrentó a distintas tendencias y grupos, pero que concluyó en 1973, junto con el golpe militar de septiembre. En concreto, este libro analiza el ocaso de la derecha histórica identificada con los conservadores y los liberales y la emergencia de dos nuevos exponentes de ella: el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica. Se ha escogido la derecha política y no la económica o mediática (El Mercurio) –aunque no la ignora–, toda vez que desde los sesenta la política recobró su importancia central para la derecha, como el espacio real del poder, relativizándose las tendencias cooptativas. Asimismo, porque la derecha que actualmente representa un desafío analítico y político es la materializada en los partidos, la UDI, capaz de penetrar con su estilo y sus propuestas a sectores impensables cuarenta años atrás. Esta investigación reconstruye la primera fase de la historia de esa derecha. No es su pre-historia, perspectiva con la cual la abordan la mayoría de los estudios, sino su nacimiento con todo lo que ello involucra. Se ha elegido al Partido Nacional porque él fue la primera respuesta a los afanes de cambio que cruzaban al sector después de la desaparición de su antecesora histórica y quien lideró la confrontación con la Democracia Cristiana, la izquierda en los sesenta y la Unidad Popular. El Partido Nacional fue una derecha clave, en tanto no fue una mera alianza de conservadores y liberales, sino representó un intento de renovación política e ideológica, tratando de dar respuesta a las inquietudes de los grupos sociales que pretendía representar, mediante una mixtura entre corporativismo y liberalismo. Al tiempo que rechazaba el mundo surgido de la Revolución Francesa y adhería a posiciones organicistas, funcionaba en la institucionalidad liberal y reivindicaba el capitalismo, argumentos con los cuales dio batalla contra la experiencia socialista. Su disolución después de 1973 y la diáspora de sus miembros lo convirtieron en “jarpismo” y no representativo de la nueva derecha. A su vez, hemos escogido al Movimiento Gremial de la Universidad Católica porque representó un giro drástico respecto de la derecha histórica, en cuanto abandonaba explícita y activamente el liberalismo y

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reivindicaba el capitalismo y un corporativismo antiestatal, de raíz tradicionalista católica. Por tratarse de una nueva generación, testigo del ocaso de su antecesora, el gremialismo contenía las fuerzas para dar la lucha política y articular un proyecto, constituyéndose en el referente del futuro. Este estudio tiene como finalidad recrear el nacimiento de ambos exponentes derechistas y de los avatares del proceso, evaluando los cambios programáticos y de estilo político, determinando la importancia que en ese proceso tuvieron las experiencias democratacristiana y socialista. A pesar de la importancia que este sector político ha tenido en los últimos treinta años en los destinos del país, no ha sido un objeto de estudio que haya atraído la atención de los historiadores. Dos de las escuelas historiográficas chilenas más importantes confirman esta tendencia. En efecto, la historiografía de izquierda se ha concentrado en su propia historia o en los actores sociales que aspira a representar: desde mediados del siglo XX, cuando nació la Escuela Marxista, los únicos trabajos acerca de esas colectividades remitían a la historia del Partido Comunista o del Socialista y la mayoría de las veces solo a sus Congresos. Asimismo, esta Escuela se abocó a los estudios del movimiento obrero chileno, rescatando de la oscuridad a obreros salitreros, organizaciones socio-laborales populares como mutuales y mancomunales, y denunciando las matanzas obreras de comienzos del siglo XX4. Esta tendencia fue reafirmada a partir de la década de los ochenta, cuando la Nueva Historia Social sacó los estudios históricos referidos al mundo popular del marasmo en que los sumió el golpe militar de 1973. Con aires renovados, esta nueva escuela se concentró en el denominado “bajo pueblo”, esto es, los marginales, peones, prostitutas, niños y jóvenes pobres5. En otras palabras, el “otro” , el actor no popular, no aparecía entre sus intereses. Esto, por cierto, tiene sus propias raíces historiográficas, toda vez que durante gran parte del siglo XX la historiografía era fundamentalmente político-institucional, referida preferentemente al período colonial o a las primeras décadas del siglo XIX, especialmente el llamado período portaliano. La Escuela Marxista, y posteriormente la Nueva Historia Social, han intentado hablar de otro Chile, de aquel constituido por el bajo pueblo.

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Hernán Ramírez Necochea, Origen y formación del Partido Comunista de Chile (Ed. Austral: 1965) Historia del movimiento obrero en Chile. Antecedentes, siglo XIX (Stgo.: 1956); Julio César Jobet, Historia del Partido Socialista de Chile (Documentas: 1987, 2ª. Edición); Fernando Casanueva y Manuel Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile (Quimantú:1973); Jorge Barría, Historia del movimiento obrero en Chile (Ed. Ute: 1971) y Luis Vitale Historia del movimiento obrero chileno (Ed. Por: 1962). Esta Escuela nació con el trabajo emblemático de Gabriel Salazar Labradores, peones y proletarios (Ed. Sur: 1985). Entre sus exponentes destacan María A. Illanes Chile des-centrado (Lom: 2003), Julio Pinto Vallejos, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera (Ed. Universidad de Santiago: 1998) y Sergio Grez, De la regeneración del pueblo a la huelga general (Dibam: 1997).

Esta mirada autorreferencial de alguna manera era un reflejo de lo que simultáneamente sucedía en la izquierda partidista, quien miraba a la derecha a través del lente de la lucha política. Para los comunistas y socialistas de la década del sesenta, la derecha no podía ser sino “fascista” o “sediciosa”, “golpista”, incluso “gorila”, aludiendo a sus conexiones con oficiales conspirativos, asociándolos a los militares argentinos de la época. Dicha calificación, sin embargo, era más una terminología propia de la lucha política que un análisis racional y pomenorizado de su oponente. Llamaban a la derecha fascista y golpista, pero sin una comprensión cabal de lo que ello podía significar, al punto de que creían posible detener sus acciones conspirativosediciosas mediante la movilización de masas, como ocurrió a raíz del levantamiento militar de octubre de 1969, el “Tacnazo” encabezado por el general Roberto Viaux. Los comunistas y los dirigentes de la CUT estaban convencidos de que el pueblo podía defenderse frente a una intentona fascista-golpista con su movilización. Ni siquiera el MIR realizó un análisis menos apasionado y cruzado por los fuegos de las metas socialistas. A pesar de conocer muy bien en qué consistía el entrenamiento norteamericano a los militares latinoamericanos y chilenos, ello no se tradujo en una acción intelectual ni política ajustada al diagnóstico. Aun hoy, sectores que podrían asociarse a una posición de izquierda siguen calificando a la derecha con términos vacíos de contenido. Refiriéndose a la UDI, Rafael Gumucio ha afirmado: “Quisieron, a veces, confiar en las elecciones y creer que el otro tiene derecho a existir. Pero finalmente recurren a lo único que les ha funcionado: los golpes de Estado y las intrigas palaciegas” 6. Es decir fascista y golpista. En síntesis, la izquierda política e intelectual-historiográfica no conocía ni conoce a la derecha. Así como son escasos los trabajos acerca de ella en general, también lo son respecto al Partido Nacional, los gremialistas en los sesenta, como de la UDI y Renovación Nacional, aunque algo se ha avanzado. Si la historia es pasado y presente, pero sobre todo futuro, hay aquí un deuda pendiente. Por su parte, la nueva escuela historiográfica política asociada a la derecha, tampoco se ha concentrado en su propia historia. Los trabajos de Gonzalo Vial, de Patricia Arancibia Clavel o Gonzalo Rojas han fijado su atención en su oponente, la izquierda. A través de sus Fascículos de Historia de Chile en el diario La Segunda, Gonzalo Vial se autoasignó la tarea de auscultar los últimos cuarenta años de la historia de Chile, haciendo hincapié en la polarización ideológica de la izquierda en los sesenta, que explicarían los grados de lucha política a la que se llegó y la ruptura del sistema. Arancibia, por su parte, se ha especializado en la “violencia política” de los sesenta,

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The Clinic, marzo 2004.

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haciendo referencia solo a la izquierda, para lo cual usa discursos de líderes de esa tendencia, incluyendo al propio Luis Emilio Recabarren. Gonzalo Rojas, por su parte, nos habla de las garras del “oso soviético” en Chile7. ¿Por qué este renovado interés?. Hasta unos quince años atrás, los historiadores de derecha más bien seguían apegados a la historia de instituciones, guerras o empresarios. La activación del debate político a partir de los noventa con el Informe Rettig, que daba cuenta oficial de las graves violaciones de derechos humanos en Chile durante el régimen militar, colocó a la historia en un primer lugar. La confirmación pública de que la izquierda y los sectores populares habían sido reprimidos durante ese gobierno, desconociéndoseles cualquier derecho humano, trasladó la discusión de la arena política a la historiográfica. Si ya no era posible negar dichos actos, la cuestión ahora era la responsabilidad de la crisis. La nueva escuela de historiadores de derecha busca sentar desde la historiografía aquello ya predicado desde la política: la izquierda fue la culpable. El resultado de estos enfoques historiográficos es que ambas escuelas miran hacia la izquierda. La derecha, por el contrario, sigue siendo un objeto medianamente desconocido. No obstante lo anterior, no ha estado abandonada del todo, aunque su análisis ha sido insuficiente. Rompiendo la regla, durante los años ochenta Tomás Moulian, sociólogo, abordó esta temática, planteando las primeras hipótesis. El debate se ha centrado en torno al papel de la derecha en la política chilena durante el siglo XX, para lo cual se ha analizado su naturaleza como su carácter programático. De acuerdo a Tomás Moulian, la derecha chilena que actuó entre 1938 y 1964 (Partidos Conservador y Liberal) tenía una naturaleza aristocratizante, pues veía a la sociedad como esencialmente jerárquica y a los sectores populares como eminentemente peligrosos. Esta visión negativa del conjunto social impedía a la derecha articular un proyecto nacional, pues predominaban en ella los intereses corporativos y de clase. Esto derivaba en la carencia de un proyecto de modernización, siendo obligada a ir a la zaga de los verdaderos portadores de él –la centro-izquierda: el Frente Popular y luego la Democracia Cristiana–. Para Moulian, por ende, la derecha históricamente adoleció de una debilidad hegemónica –la ausencia de proyecto modernizador– por lo cual desarrolló estrategias defensivas u ofensivas, dependiendo de la peligrosidad de la amenaza reformista, para mantener sus privilegios. Esta visión de Moulian se apoya en una derecha “liberal” –identificada con el partido de ese nombre–, que no era la expresión de una burguesía con capacidad de emprender un proceso de transformaciones profundas que demolieran los resabios de la sociedad señorial, pues en realidad 7

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Patricia Arancibia Clavel, Los orígenes de la violencia política en Chile.1960-1973 (Ed. Libertad y Desarrollo: 2001); Gonzalo Rojas. La agresión del oso. Intervención soviética y cubana en Chile, 1958-1973 (El Roble: 2003).

se trataba de un liberalismo que en su momento había sido progresista en lo cultural (secularizador) y en su concepción del Estado (rechazo al autoritarismo), pero que nunca cuestionó la estructura económico-social existente. Por eso, conservadores y liberales serían igualmente conservadores. Desde ese punto de vista, la derecha es vista como un sector reaccionario, reacio al cambio económico y social, y antidemocrático, pues dicho régimen político amenazaba sus bases de poder, intentando mantener los avances en ese terreno dentro de un plano restringido. Aún cuando Moulian acepta que en el discurso de la derecha había una valoración de la democracia como sistema de gobierno, lo atribuye más bien a una “racionalidad estratégica” enfocada a la defensa del statu quo, lo cual en el fondo demostraría su carencia de una concepción pluralista y verdaderamente democrática. Tal interpretación explicaría sus tendencias autoritarias y la búsqueda de exponentes alejados de la política convencional, como su inspiración en el pensamiento conservador8. Esta tesis ha sido reforzada por análisis que han rastreado dicho pensamiento en Chile, señalándolo como uno de los pilares de la derecha y reafirmando con ello su carácter retardatario y contrario a los cambios, como también la centralidad que la derecha le asignaría al nacimiento para la “membresía política”. Por otra parte, desde la óptica del derecho de propiedad se ha escudriñado a las clases dirigentes, avalando la tesis de Moulian de un sector contrario a las transformaciones estructurales y de su tensa relación con la democracia. Según esta interpretación, la naturaleza reaccionaria de los sectores sociales que se identificaban con la derecha histórica se hace absolutamente transparente en su total rechazo a cualquier intento de reformular dicho derecho, convirtiéndose la propiedad en el siglo XX en la “frontera de la democracia” 9. Desde el ámbito de la historiografía, Sofía Correa se ha encargado de estudiar a este actor socio-político, cuestionando las afirmaciones de Moulian, empezando por la posibilidad de hablar singularmente de ella, apostando más bien por una mirada

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Tomás Moulian y Germán Bravo, “La debilidad hegemónica de la derecha en el Estado de Compromiso”, Flacso, D.T. No129: 1981; “Desarrollo político y Estado de Compromiso: desajuste y crisis estatal en Chile”, Estudios Cieplán: 1982; en co-autoría con Isabel Torres Discusiones entre honorables (Flacso: 1986) y “La derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro”, CED, No.47: 1986; “La problemática de la derecha política en Chile,1964-1983”, en Marcelo Cavarozzi y Manuel A.Garretón Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del cono sur (Flacso: 1989). Gonzalo Catalán, “Notas sobre proyectos autoritarios corporativos en Chile: La revista Estudios (1934-1938”, Estudios de Teoría: 1978; Flavio Cortés “La derecha política y su relación con el autoritarismo. 1952-1970”, Tesis, Ilades:1983; Renato Cristi y Carlos Ruiz. El pensamiento conservador en Chile (Ed. Universitaria:1992); y también su comentario en El discurso de la derecha chilena (Cesoc: s/f). En el mismo texto, el comentario de Angel Flisfisch. Aunque Juan Carlos Gómez discrepa con Moulian acerca de la democracia chilena del siglo XX, no lo hace en su visión de las clases dirigentes, asociadas políticamente a la derecha, La frontera de la democracia (Lom: 2004).

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plural: ‘las derechas’, haciendo referencia no solo a los partidos políticos, sino también a los grupos políticos corporativos, los nacionalistas, las asociaciones empresariales y El Mercurio, como su líder mediático. A su entender, la derecha remite a posturas políticas, pero tambien tiene una dimensión económica y social al estar conformada por grupos económicos que controlan la estructura económico-social. Correa, al contrario de Moulian, cree que la derecha constituida por conservadores y liberales efectivamente desarrolló un apego a la democracia representativa en la medida que debió disputar con el centro y la izquierda el poder político y usar la institucionalidad para controlar los programas de reforma levantados por sus adversarios. Tal co-habitación por décadas habría posibilitado una derecha no reacia al cambio económico-social, sino cooptativa de él, siempre que le permitiera resguardar sus privilegios. En ese proceso, la derecha habría ido legitimando la arena parlamentaria como un espacio para dirimir los conflictos políticos, como la acción cooptativa de los radicales, las redes clientelares y la penetración empresarial en las agencias del Estado, instrumentos todos que le permitieron reforzar su poder económico, social y político, pero a la vez identificarse con el orden existente10. Esta postura ha sido compartida por aquellos que destacan el respeto de este sector por la tradición republicana y la defensa de las libertades públicas, como por su carácter antipopulista, partidista, “frondista” y liberal, el cual desconfió del corporativismo y del nacionalismo, siendo profundamente pragmático y no doctrinario11. En estos análisis, como se puede observar, se rescata el rasgo de flexibilidad y capacidad de acomodación de la derecha histórica frente a los cambios sociales ocurridos a partir de los años veinte. Esta flexibilidad pondría en evidencia una derecha partidaria de la modernización, pero graduada y siempre que no afectara las bases de sus privilegios y posición en la sociedad, pero posibilitando el cambio. Para Correa, asimismo, no existía ausencia de proyecto modernizador como sostiene Moulian, pues éste emergió durante la década del cincuenta desde la derecha económica: el neoliberalismo, tendencia que hizo su aparición durante la Misión Klein-Saks (1956) y la denominada Revolución de los Gerentes (1958-1960). En efecto, Sofía Correa cree más pertinente distinguir entre derecha política y derecha económica, asociando la 10

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Sofía Correa, “La derecha en la política chilena de la década de 1950”, Opciones:1986; “La derecha en el Chile contemporáneo: la pérdida del control estatal”, Revista de Ciencia Política, Puc: 1989; su tesis doctoral “The Politics of the Chilean Right from the Popular Front to 1964”, St. Anthony’s College, Oxford: 1994; “Notas sobre representatividad en el Estado, Chile 1933-1973”, en M.Garcés et al. (Compiladores) Memoria para un nuevo siglo (Lom: 2000) y su último libro, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX (Ed. Sudamericana: 2004). Andrés Benavente, “La derecha política chilena en el régimen militar, 1973-1981”, Icheh:1982; Alfredo Jocelyn-Holt ha sostenido el carácter pragmático y cooptativo de la modernización por parte de las clases dirigentes tradicionales chilenas desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Para esta última etapa, él lo asocia a la derecha política. La Independencia de Chile (Mapfre: 1992) y El Chile perplejo (Planeta: 1998).

existencia de un proyecto modernizador con esta última, la cual comenzaría a adquirir fuerza desde mediados de la década de los cincuenta: la nominación del empresario Arturo Matte Larraín como candidato presidencial de la derecha en la elección de 1952 revelaría la preponderancia que esos grupos habían ido alcanzando dentro de ese sector político, lo cual se confirmaría con la nominación de Jorge Alessandri en 1958 y posteriormente en 1970. El proyecto de la derecha sería la modernización capitalista, el cual partía de una evaluación crítica del desarrollo económico y social implementado desde 1938, teniendo como meta liberalizar la economía restringiendo el papel del Estado12. Compartiendo esta afirmación, otros estudios han apuntado a la necesidad de no hablar del empresariado como un todo, sino reconociendo una subdivisión entre un empresariado tradicional, es decir, nacido al alero de la Corfo, para el cual sería aplicable la tesis de Moulian, pero no para el núcleo empresarial moderno, ligado al naciente neoliberalismo de los cincuenta13. En suma, de acuerdo al análisis de Correa, el siglo XX presenció una derecha modernizadora y no reaccionaria como sostiene Moulian, concibiendo la modernización en tanto sistema electoral y liberalización de mercados. El centro de su argumentación, sin embargo, se sostiene en una caracterización del sistema político como competitivo, en circunstancias que mantenía importantes rasgos de exclusión y cuyo pequeño mercado electoral permitía el uso de redes clientelares, el cohecho y la base cautiva de los campesinos. ¿Era realmente competitivo? Asimismo, según Correa este sistema estaba constituido por una izquierda asociada al Partido Radical y no a los partidos marxistas, lo cual le permite afirmar la flexibilidad derechista y su capacidad cooptativa. No obstante, desde 1938 es claro que siendo la fisura interpartidaria el conflicto de clases14 y la dicotomía marxismo-capitalismo, la izquierda estaba formada por socialistas y comunistas y el radicalismo pasó a ser el centro. Lo que hizo posible el acercamiento con los radicales fue precisamente el hecho de que en su gran mayoría eran partidarios del capitalismo, aunque fuera con intervención estatal, más que de un socialismo marxista que programáticamente apuntaba a la propiedad colectiva. Fue esa coincidencia en el capitalismo y la propiedad la que permitió las alianzas centro-derechistas a partir del gobierno de Juan A. Ríos. En ese sentido, considerar a la izquierda como marxista, relativiza la cooptación y, por

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Sofía Correa, “Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958), Opciones, No.6:1985. Ramón Gómez Roa, “Caín y Caín en el paraíso dictatorial. Pugnas y alianzas entre los partidos de derecha durante el régimen militar”, Tesis inédita, Periodismo Usach: 2000. Thimoty Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena (Cieplán/Notre dame: 1992). Según Scully, la fisura demarcadora del sistema de partidos en el siglo XIX estaba constituida por la pugna clerical vs. anticlerical; en el siglo XX, en cambio, la fisura estaba dada por el conflicto de clases.

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tanto, la base de la caracterización democrática de la derecha. Por otra parte, situar al radicalismo como izquierda tiene el efecto de que la verdadera izquierda desaparece como actor, en circunstancias que izquierdas y derechas son interdependientes, y su evolución refleja mucho la trayectoria de la otra. En el caso de los trabajos de Sofía Correa –especialmente notorio en su último libro–, la izquierda es una sombra, no un actor vital, de modo que el anticomunismo visceral de la derecha pierde contenido y los avances ocurridos en el desarrollo del país parecen haber sido sólo frutos de una derecha dinámica y creativa, y del radicalismo. La izquierda –partidos y movimiento obrero- parece no haber hecho el más mínimo aporte. Desde otro punto de vista, su argumentación de un consenso de toda la derecha en torno a la modernización capitalista es clave para afirmar la existencia de un proyecto y rechazar la tesis de una perspectiva de corto plazo. A nuestro entender, la autora estira los testimonios que la avalan, pero que en la práctica eran mucho más numerosos entre un grupo del gran empresariado y menor entre los medianos y pequeños, e incluso entre conservadores y liberales. Ella se refiere al empresariado como un todo, pero de igual modo señala que las asociaciones empresariales solo representaban al gran empresariado y no al mediano y pequeño. La aplicación del programa de Klein-Saks en 1956 fue rechazado por sectores significativos del empresariado, por la restricción del crédito que significaba y la competencia de productos extranjeros, estando de acuerdo, en cambio, en la disminución de la administración pública y el fin del ajuste automático de salarios, actitud que se mantuvo hasta la década del setenta e incluso en medio de la crisis de 1982-1983. Esta aceptación selectiva del programa Klein-Saks, creo, refleja claramente la relación de la derecha con lo moderno. Con las riendas del poder asocia opción por el cambio con lo moderno y la democracia, con lo cual la autora está eligiendo implícitamente una definición de derecha, pero al mismo tiempo está compartiendo el supuesto de que todo cambio mira hacia adelante, lo cual nos merece dudas. Los Junker alemanes también apoyaron cambios modernizadores en la Prusia decimonónica, pero eso no los acercaba en esencia al mundo moderno. Si bien Correa quiere ubicarse en el eje tradición y modernidad para poder entender a la derecha, enfatiza lo modernizador en desmedro del peso de la tradición y con ello no apunta a la importancia real que ese peso tenía en la forma en que la derecha ha enfrentado la modernidad, considerando que fue un gran proyecto de emancipación humana, centrado en las personas como sujetos de derechos. El debate que hemos reseñado se instala en el período anterior al que abordará este trabajo, ya que la tesis de Correa llega hasta 1964, momento en que la derecha histórica se autodisolvió y lo que nació fue una nueva derecha –el Partido Nacional y poco después, el Movimiento Gremialista de la Universidad Católica– no abordado en

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extenso15 por esa historiadora, pero tampoco por Moulian y que es el punto de partida de este trabajo. No obstante, ese período es clave para entender el tipo de derecha que fueron nacionales y gremialistas –trasmutados en UDI– y si constituyeron una ruptura o una continuidad respecto a sus antecesores, como las actitudes que asumirían en el período posterior a la caída de la Unidad Popular. El debate respecto a las nuevas derechas mantiene la tónica de lo hasta aquí señalado para la derecha histórica, es decir, su carácter o no, democrático. Desde una perspectiva marxista ortodoxa, el Partido Nacional fue visto como un “fascismo”, nacido para detener el avance de la izquierda en los sesenta. Aunque en un tono más mesurado, Luis Corvalán Marquéz adhiere a la idea de un partido antimarxista, de fuertes tendencias autoritarias, el cual en su lucha contra el gobierno de Salvador Allende logró interpelar a sectores sociales nuevos 16. En una línea similar, se trataría esencialmente de una fuerza conservadora, antidemocrática, antirreformista y reacia a los cambios; como también una contraofensiva ideológica y no sólo un arma defensiva de los sectores que se sentían amenazados por los programas de trasformación estructural. El Partido Nacional habría sido un importante vehículo para los grupos nacionalistas que ingresaron a él y que participaron de la renovación del ideario de la derecha y en la valorización de las fuerzas armadas como agentes de la estabilidad institucional17 . La aceptación del nacionalismo, hasta entonces ajeno a la derecha histórica, habría respondido a la decadencia que la afectaba, mutándola y dotándola de una nueva doctrina e ideología para convertirla en una alternativa viable. Su crecimiento electoral, según esta mirada, se debería a los nacionalistas18. Aun sin compartir del todo estas ideas, una exponente de las jóvenes generaciones ha insistido en el carácter fundamentalmente defensivo de la derecha representada por este partido, pues más que tener una línea doctrinaria clara, lo que lo habría caracterizado sería su rechazo del marxismo19. Desde una óptica distinta, se ha planteado que este partido 15

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En su último libro, Correa aborda la trayectoria de la derecha después de 1965, llegando hasta la actualidad, estableciendo ciertas líneas de continuidad entre conservadores y liberales, y los actuales Renovación Nacional y UDI. Sin embargo, ese período es analizado solo sumariamente y no en profundidad. Véase Con las riendas del poder, cap. 7. Hernán Ramírez Necochea, “El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970”, Araucaria de Chile, No.1, Madrid: 1978, y “Chile 1970-1976. Un caso de regresión de la democracia al fascismo”, Instituto Alejandro Lipschutz, D.T, París: 1976; Luis Corvalán Marquéz, Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre (Cesoc: 2000). Tomás Moulian e Isabel Torres “La derecha en Chile: evolución...”; Verónica Valdivia O. de Z. “Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las fuerzas armadas”, Serie de Investigaciones, No.11: 1996. Véase también de la misma autora “El nacionalismo en los años del Frente Popular (1938-1952)” y “Nacionalismo e Ibañismo”, Serie de Investigaciones, Nos.3 y 8, respectivamente. Andrés Benavente, “La derecha política en el régimen militar”, Icheh: 1982. Alejandrina Carey “El Partido Nacional, 1970-1973”, Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica: 1997.

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fue producto de una crisis de identidad de las clases dirigentes debido a los cambios económicos y culturales de los sesenta que alteraron los patrones de conducta de los actores sociales, determinando la emergencia de nuevos exponentes que se radicalizaron ideológicamente, entrando en crisis la valoración de la democracia liberal y el antiguo rechazo al militarismo20. En una postura alternativa, se ha dicho que el Partido Nacional fue renovador en más de un sentido, pues se abrió a nuevos grupos sociales, dejando de representar a los sectores oligárquicos; se renovó en materia de candidatos, siendo la mayoría personas ajenas a las antiguas colectividades y, sobre todo, no fue una mera oposición al gobierno de Frei Montalva, sino que habría buscado incorporar elementos modernos, dejando de ser una derecha temerosa y defensiva , sino decidida y capaz de tomar la iniciativa21. Esto se reconfirmaría si se considera su intención de modernizar todas las instituciones del país, creando un nuevo orden basado en el trabajo y en el servicio a la comunidad, siendo su rol histórico más importante la lucha contra la Unidad Popular22. En relación al Movimiento Gremial de la Universidad Católica, el debate se ha centrado más en su líder que en el movimiento propiamente tal, dada la alta figuración de Jaime Guzmán en la construcción de la nueva institucionalidad y la Constitución de 1980 en el régimen militar. En general se afirma que nació como un movimiento de estudiantes frente a la politización de la Universidad Católica en los años sesenta, convulsionada por el proceso de reforma universitaria encabezada por los jóvenes democratacristianos en 1967. La reforma que alteró sustantivamente a la Universidad habría sido vista como una extensión del crecimiento del poder del partido de gobierno y una excesiva ideologización, razón por la cual se levantó el principio de la autonomía de los cuerpos intermedios. Los análisis han destacado su propuesta corporativista, contraria a la democracia liberal, su tradicionalismo católico, el concepto de Estado subsidiario, sus fuentes inspiradoras en el pensamiento contrarrevolucionario y su relación ambivalente con la democracia representativa23. Acentuando esta línea inter20

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Marco Fernández Ulloa, “Crisis de identidad o de representación: la fundación del Partido Nacional (1964-1969)”, Tesis de Licenciatura, UCH: 1997. En otro trabajo coincide en la interpretación del carácter defensivo del Partido Nacional, Angel Soto y Marco Fernández Ulloa, “El pensamiento político de la derecha en los ’60: el Partido Nacional”, Bicentenario, No.2: 2002. Bernardita Walker, “El Partido Nacional, 1966-1919”, Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995. Ana Victoria Durruty La derecha desatada (Planeta: 1999). Andrés Benavente, “La derecha política en el “régimen militar” y “La alternativa nacionalista bajo el régimen militar”, Icheh: 1982; Cristián Gazmuri, “Algunos antecedentes acerca de la gestación de la crisis chilena de 1970-1973”, Opciones, No.9: 1986; Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán (Lom: 2000); Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Sudamericana: 2000) y del mismo autor Movimientos universitarios y generación de elites dirigentes. Estudios de casos,CPU: 1973. En una mirada que responsabiliza a la política educacional de la DC, Augusto Salinas, “Libertad académica y (Continúa en la página siguiente)

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pretativa, el gremialismo sería un movimiento refractario y reaccionario, a pesar de tener una propuesta original, pero que no logró ser hegemónica24. En una mirada más benevolente, se ha propuesto que el Movimiento Gremial fue parte del contexto de la época, tensionada por la pugna política, especialmente por el auge de la izquierda y la Democracia Cristiana y la debilidad de la derecha. El Movimiento Gremial habría venido a llenar un vacío al desempeñar una función que no era ejercida por otro actor y haber desarrollado una formulación coherente del pensamiento gremial y su aplicación a la realidad de la época, revitalizando a la derecha25. En suma, son pocos los trabajos acerca de la derecha de los sesenta y ellos se han concentrado más bien en la discusión política acerca de su relación con la democracia. Más aún, como ese ha sido el eje conductor de los análisis, tanto el Partido Nacional como el Movimiento Gremial han sido estudiados desde el ‘pensamiento’, pero sin introducirse en su acción política propiamente tal. Desde nuestro punto de vista, lo doctrinario es insuficiente para dar cuenta de la naturaleza de actores políticos de este tipo. Este trabajo busca historiar la resurrección de la derecha política entre 1964 y 1973. Elegimos la derecha política, es decir, la partidaria, a pesar de concordar con Sofía Correa en que la derecha alude no sólo a los partidos, sino también a las asociaciones empresariales y los medios de comunicación como El Mercurio. Coincidimos asimismo, en que hasta la década de 1950 los partidos Conservador y Liberal no eran su única expresión política, pues había un fuerte componente corporativo, desarrollado por los gremios patronales para penetrar el aparato del Estado y darle al proceso de cambio los tintes adecuados a sus intereses. La decadencia de las colectividades partidarias de derecha en los años cincuenta con las reformas electorales que acabaron con su sobrerrepresentación parlamentaria y el cierre de la capacidad de penetración estatal a partir de 1952 devolvieron la importancia a lo político. En otras palabras, a pesar de concentrarnos en la derecha política –la cual tampoco era singular, sino existía más de un movimiento–, consideraremos referencialmente a la económica, en tanto fue una de las fuerzas ideológicas de las que se nutriría la derecha política, como lo fueron el nacionalismo estanquerista y el gremialismo. Estudiaremos la primera fase de la

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autonomía universitaria en Chile. La crisis de los años ’60: el sistema nacional de educación superior durante el gobierno de la Democracia Cristiana (1967-1970)”, Bicentenario, No.2: 2002. Pablo Rubio A., “La derecha política y el Gremialismo. Antecedentes históricos e ideológicos (19651970)”, Tesis de Licenciatura, Usach: 2003. Claudia Fuentes Barañao, “El Movimiento Gremial en la Universidad Católica (1967-1973)”, Tesis de Licenciatura, PUC: 1994; Claudia Montecinos, María José Pavlovic y Gabriella Piergentile, “A diez años de su muerte. El legado político de Jaime Guzmán”, Seminario de Título, Univ. Diego Portales: 2000.

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formación de estos nuevos exponentes los años de 1964-1973 –en la cual no había una línea hegemónica–, los que se disputaban la instalación de su proyecto. Este debate no se resolvió en los años que cubre este estudio, pero sí se manifestaron los programas en pugna y aquellos que tenían una mayor proyección a futuro de instalarse como la base programática de la nueva derecha. En concreto, se analizará la muerte de la derecha histórica y la emergencia de las dos nuevas expresiones derechistas. En relación al Partido Nacional, se precisará su basamento ideológico programático, como su acción política, identificando, asimismo, los cambios que en materia socio-electoral pudieran haberse producido. Respecto del Movimiento Gremial, se busca estudiar contextualmente su constitución al interior de la Universidad Católica, relacionando su plataforma programático-ideológica con la batalla por las ideas que se vivía en aquella época. De igual forma, se establecerá su conversión a actor político, plenamente sumergido en la contingencia, y su accionar en el plano corporativo y político nacional. Desde nuestro punto de vista, el problema de los estudios existentes, pauteados por Correa y Moulian, es que ven a los dos partidos de la derecha chilena del siglo XX como colectividades tal vez ajustadas a los parámetros de lo que eran los partidos de derecha en el mundo. A nuestro entender ello no era así. Recuérdese que la derecha europea de la época fue remodelada por la Primera Guerra Mundial, y si bien siguió identificándose con al capitalismo, éste fue reformado bajo la batuta de John Maynard Keynes –y el New Deal de Roosevelt, en el caso norteamericano–, dando lugar a un cambio no sólo social, sino cultural– democratizador que se expresó en la segunda post guerra en la sociedad salarial. Si históricamente la relación de la derecha europea con los gobiernos representativos, las democracias de masas y la propia modernidad había sido conflictiva, después de 1945 ella se identificó con la democracia liberal y el capitalismo con intervención estatal. Por otra parte, tampoco la derecha política chilena siguió la evolución de la derecha anglosajona, la cual comenzó a reactivarse en ese mismo período, ya fuera en la línea burkeana, la neoconservadora o la neoliberal26. Cuando surgió el proyecto neoliberal en Chile, provenía de nucleos empresariales nuevos y de una tecnocracia ajena a los partidos existentes. Compartimos con Jocelyn-Holt la idea de una clase oligárquica que desde la Independencia tuvo conciencia de que el mundo que la vio nacer se estaba desmoronando irremediablemente y algún día terminaría por colapsar. Ello la indujo a cooptar parte

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Giuseppe Mammarella, Historia de Europa contemporánea (1945-1990) (Ariel: 1990); Eugenia Fediakova, “Conservadores e innovadores. La derecha en la segunda mitad del siglo XX”, en Mireya Dávila y Claudio Fuentes, Promesas de cambio. Izquierda y Derecha en el Chile contemporáneo (Ed. Universitaria: 2003); Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social (Paidós: 1997), cap. 7; Brian Girvin, The Right in the Twentieth Century. Conservantism and Democracy (Pinter Publisher, London, New York: 1994), cap. 1.

del cambio para arribar –usando las expresiones del propio Jocelyn-Holt– a una “civilización moderna” y evitar la “modernidad desenfrenada”, es decir, la democracia plena y la destrucción del orden señorial que le permitía seguir siendo clase dominante y hegemónica27. Esto significa que efectivamente aceptó cuotas de cambio, pero que no alteraron en lo sustantivo la matriz cultural y de dominación. Los testimonios de exponentes de la clase dirigente a la historiadora María Rosaria Stabili durante los años ochenta, confirman la afirmación de Sofía Correa de una elite homogénea con una misma visión de mundo, cuya diferenciación en derecha económica, política o mediática no implicaba diferencias de origen social, pues todas ellas pertenecían a la elite por nacimiento, riqueza y poder político. De allí que, a pesar de esta hetereogeneidad interna, su visión de país era la misma, correspondiente a la de la clase alta28. Los avances más profundos en materia de legislación social y redistribución de la riqueza que se dieron desde los años veinte fueron impuestos a una clase dirigente que veía en esas transformaciones el socavamiento de su mundo. Por ello, la consolidación de las reformas alessandristas y militares de los años veinte y comienzos de los treinta determinó en la derecha la continuación en el siglo XX de la estrategia del siglo XIX, esto es, aceptar cuotas de cambio, siempre que ellas mantuvieran sus prerrogativas. Tal actitud es lo que ha dado lugar al debate entre quienes apuestan por una derecha modernizadora y proclive al cambio, aunque sea gradual, o una derecha reaccionaria. Desde nuestro punto de vista, lo que se constituyó como derecha política en la década de 1930 era un residuo de la oligarquía del siglo XIX y no una derecha moderna. Esto es mucho más visible si se compara a los partidos Conservador y Liberal con la izquierda de la época, socialista y comunista, y más tarde con la Democracia Cristiana, todas colectividades ideológico-programáticas, con cohesión interna, con estrategia de poder y con profesionalismo político. Sería lo que algunos estudiosos han llamado la “vieja derecha”, aquella que acepta el desafío de la democracia liberal en grado variable y se dispone a intervenir en el statu quo para defenderlo en el mejor contexto posible; una derecha “moderada”29. Por lo mismo, es pragmática y gradualista. La historia de izquierdas y derechas en el siglo XX chileno es una historia inversa, pues mientras la derecha parecía vivir arrinconada, temerosa y defensiva, la izquierda, 27

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Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche.Nuestra frágil fortaleza histórica (Planeta: 1997) y “La crisis de 1891: civilización moderna versus modernidad desenfrenada”, en Luis Ortega (Editor), La guerra civil de 1891.Cien años hoy (Imprenta Universitaria: 1993). Los testimonios en María Rosaria Stabili, El sentimiento aristocrático. Las elites mirándose al espejo (Ed. Sudamericana:2003); Sofía Correa Con las riendas del poder, cap.1. Sandra McGee Deutsch, Las derechas. The extreme right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939 (Stanford University Press: 1999), pp. 3-4; Arno J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956. An Analytic Framework (Harer Torchbooks, New York, Evanston, San Francisco, London: 1971), pp. 49-50.

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en el gobierno o no, imponía sus proyectos sociales –al menos los de ayuda social–, y luego de 1956 comenzó su avance hacia el poder. La derecha política no era doctrinaria –como bien sostiene Jocelyn-Holt- sino pragmática, flexible. Esto que es evaluado como un rasgo digno de destacar por este autor y Correa, de acuerdo a nuestra óptica no era sino una manifestación de su carácter residual, por lo cual interpretarla como modernizadora o no, sólo nos retrotrae a su tensa relación con la modernidad antes de plantearse seriamente el problema de su verdadero desafío: la democracia de masas. Su decadencia y muerte a comienzos de la década del sesenta –en realidad sólo de conservadores y liberales–, no fue la muerte de una derecha comparable a la izquierda chilena de la época, integrante plena de la izquierda mundial, sino de la oligarquía del siglo XIX. Por el contrario, las derechas nacional y gremialista/neoliberal representaban el inicio del parto de una derecha moderna en Chile. El término derecha, como es sabido, tiene una connotación histórica más que sociológica. Ella tiene su origen en la ubicación de los representantes a la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa: los diputados moderados que lo hicieron a la derecha y los jacobinos a la izquierda, siendo la dicotomía izquierda y derecha “el modo de definir las ideas políticas, presentar los proyectos de sociedad e ideales distintos”30. Acorde con ello, la distinción se encontraría en su respaldo o rechazo a la modernidad, aunque no siempre ella sea una oposición de principios, toda vez que el conservadurismo –asociado a la derecha- nació con la modernidad, como “reacción” a la Revolución Francesa. En ese sentido, esta última definiría la polaridad entre izquierdas y derechas, y entre revolución y orden, pues solo cuando aparece una perspectiva de cambio radical el conservadurismo se vuelve autoconsciente para justificar lo que ya existe31. Una segunda conceptualización ha remarcado la diferencia entre colectivismo e individualismo, siendo la izquierda quien reivindicaría lo primero y la derecha el respeto a la libertad individual y la libre iniciativa. Sectores de izquierda aducen que la distinción estriba en la dicotomía “cambio social” (izquierda) versus oposición al cambio (derecha). Para el cientista político Norberto Bobbio, si bien es posible usar variados criterios para hacer la distinción, a su juicio el eje separador pasa fundamentalmente por la idea de igualdad, es decir, la izquierda, aún reconociendo que los seres humanos no son exactamente iguales, daría más importancia a aquello que convierte a las personas en iguales, luchando contra los factores de desigualdad,

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Eugenia Fediakova, op. cit. Girvin, op. cit.

pues se trataría de una cuestión más bien cultural y social. La derecha, al contrario, vería en la desigualdad un “dato ineliminable”32. En general existen dos formas de concebir a la derecha: como una ideología o como una actitud, una mentalidad. Para el marxismo, el cual ha propuesto que la ideología es la superestructura y el Estado el instrumento de las clases dominantes, la derecha es entendida como un conjunto de ideas cuya única función es reforzar la falsa conciencia de las masas y defender la propiedad privada y el Estado capitalista. Por su parte, la tradición sociológica de Robert Nisbet ha apuntado a una definición más bien esencialista, la cual reconoce una gama de ideologías de derechas, pero existiendo un núcleo común. Este estaría conformado por las ideas de comunidad, autoridad, status, lo sagrado, la alienación, anteponiendo un contrario a cada una de estas ideas. Este esquema sería la lucha entre la tradición y la modernidad o entre derechas e izquierdas. Roger Scrutton sostiene que la ideología derechista es aquella que defiende doctrinas conservadoras, rescatando valores como la obediencia, la legitimidad y la piedad más que la ley; el conservadurismo cultural, el respeto al principio hereditario y a los derechos prescriptivos, y la creencia en la propiedad privada como la única compatible con la libertad humana. Considerando estas características, la derecha es encasillada en varias tendencias: reaccionaria (que mira al pasado), moderada (pragmática/ gradualista) y contrarrevolucionaria, fascista33. En la otra vereda, la derecha no puede ser asociada a una doctrina concreta sino a un haz impreciso de ideas y actitudes determinadas históricamente. En ese sentido, existirían derechistas, pero no un pensamiento de derecha; la derecha sería “una forma de vida, una manera de ser, una mentalidad, una actitud ante las cosas”34. Marcelo A. Pollack, por su parte, cuestiona a las escuelas sociológicas por su mirada eurocéntrica y el uso de categorías estáticas. Él propone no visualizar a la derecha como una ideología sino más bien como una referencia espacial que conecta diferentes estilos de pensamiento que han surgido como respuesta a la izquierda. En ese sentido, no sería pertinente buscar una coherencia entre las distintas corrientes derechistas, pues al verlas como él propone, es posible incluir a la derecha del siglo XVIII como una respuesta a la Ilustración, así como a la derecha decimonónica y de principios del siglo

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Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política (Taurus:1995). Marcelo Pollack, The New Right in Chile, 1973-97 (St. Antony’College: 1999), pp.11-14; Sebastián Leiva, “La derecha: dimensión teórica, dimensión histórica. Una aproximación a la derecha chilena de los noventa”, 2002 (inédito); Arno Mayer, op. cit. Javier González Echeñique (Editor), La derecha. Un enfoque chileno (Instituto de Estudios Generales: 1991).

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XX como una reacción al ascenso del socialismo. Esta opción permitiría, a su entender, ver a la derecha no como una fuerza estática, sino dinámica y que evoluciona35. Esta tendencia a ver a la derecha como no ideológica deriva en una interpretación que enfatiza la idea de “naturaleza” en contra del “artificio” de la izquierda. El acentuado racionalismo izquierdista sería rechazado por la derecha, pues si bien ella cree en el poder de la razón, cree igualmente que el orden natural impone límites que la razón no puede traspasar; la derecha respetaría el orden como existe. En ese sentido, se afirmaría en un “es” de las cosas, “lo que puede mejorar, pero no cambiar en lo sustancial36. En el caso latinoamericano, donde la utilización del término ha sido complicada por las características particulares del desarrollo histórico del continente, se ha insistido en la inconveniencia de aplicarle las categorías creadas para Europa, proponiéndose considerar la herencia dejada por la Colonia en materia de estructura socioeconómica –de carácter señorial–, dado el peso que ella ha tenido en la derecha. El régimen de propiedad y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas y/o mestizas engendraron una estructura social determinada, que tuvo su correlato en la organización política y la cultura. José Luis Romero señala que la derecha puede ser vista como “una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política”, siendo lo importante los sectores sociales que la constituyen. De allí que no parece conveniente asociar la idea de derecha con burguesía, pues ese concepto es claro e inaplicable a América Latina, como tampoco sería aconsejable asimilarla con clase dominante, debido a su “comportamiento político confuso”37. Romero discrepa, igualmente, de los criterios políticos que asocian a la derecha con los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, prefiriendo las dictaduras o regímenes que han negado los derechos y las libertades. El criterio socioeconómico, por su parte, identifica a este sector político con aquellos defensores de las estructuras sociales y económicas existentes y también las culturales, cuyo ordenamiento tendría sus raíces en el período colonial. Su rechazo a cualquier alteración, implicaría que la derecha se opone al cambio. Romero apunta a una combinación de criterios. Cree útil analizar los grupos sociales que integran las fuerzas políticas de derecha, tales como grupos ideológicos, psicológicamente autoritarios, clases medias conformistas y grupos populares de mentalidad paternalista. Adhiriendo más bien al criterio estructural, otros cientistas sociales han

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Marcelo Andres Pollack, “The Origins and Development of the New Right in Chile, 1973-1993”, D. Phil. Politics, Oxford University:1995. Comentario de Fernanda Otero en Carlos Ruiz y Francisco Javier Cuadra, op. cit. Véase también allí el comentario de Luis Maira; Joaquín Fermandois, “Las paradojas de la derecha: el testimonio de Allamand”, Estudios Públicos, No.78: 2000. José Luis Romero, El pensamiento político de la derecha latinoamericana (Paidós, s/f).

definido a la derecha latinoamericana como aquella defensora de la economía y del mercado libre, basados en la propiedad y la iniciativa privada, dentro de la estabilidad política y en asociación, ya sea con el clero, el militarismo y el imperialismo. Por último, están aquellos que insisten en asociarla con los grupos dirigentes, dueños de la tierra, como de las riquezas mineras y del empresariado en general, es decir, la “clase alta”. Sería este sector social el verdadero “núcleo duro” de la derecha, imprimiéndole su identidad, aunque establece alianzas con otros segmentos de la sociedad, pues en ellos se encuentra su base de masas38. En el caso de Chile, hay consenso casi pleno en torno a que sólo es posible hablar de izquierda y derecha a partir de la década del treinta del siglo XX, aunque Gonzalo Vial ha planteado que la derecha ya comenzó a definirse durante la irrupción histórica de Arturo Alessandri en 1920, pues su reformismo arrinconó a todos aquellos que rechazaban su programa, haciéndolos aparecer como refractarios al cambio. La derecha, entonces, apareció como defensora de intereses oligárquicos y en una actitud de oposición al avance del ‘populacho’. Con todo, durante los años treinta izquierdas y derechas se constituyeron en tanto polos ideológico-proyectuales dentro de una institucionalidad por todos reconocida después de la crisis de 1931-1932, cuando el poder de las elites fue desafiado por primera vez con la irrupción militar y el ascenso de las corrientes socialistas, avanzándose hacia un sistema político de estructura triádica, con dos polos –izquierda/ derecha– y un centro pragmático que actuaba como vaso comunicante entre ellos al moverse como un péndulo. La dicotomía estaba en su inspiración filosófica: una izquierda marxista, para la cual el marxismo se habría constituido en el “referente cultural fundamental”, y una derecha liberal-capitalista39. Compartiendo el criterio de que los conceptos de izquierda y derecha son históricos más que sociológicos, este estudio hace dos planteamientos centrales en torno al problema. Siendo más bien históricos, creemos que no es posible entender a la derecha sin saber qué está ocurriendo en la izquierda, pero también en el centro, especialmente en el caso del período que aborda este estudio, cuando el centro pasa a ocupar un 38

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Mario Monteforte Toledo y Francisco Villagrán Kramer, Izquierdas y derechas en Latinoamérica (Ed. Pleamar: 1968); Edward L. Gibson, “Conservative Electoral Movements and Democratic Politics: Core Constituencies, Coalition Building, and the Latin American Electoral Righ”, en Douglas A. Chalmers, Maria Do Carmo Campello de Souza, Atilio Boron, The Righ and Democracy in Latin America (Praeger, New York, Wesport, Connecticut, London: 1992). Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Vol. III: Alessandri y los golpes militares (Stgo.: 1986); Tomás Moulian, La forja de ilusiones: el sistema de partidos.1932-1973 (Arcis/Flacso: 1993), “Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno”, en Adolfo Aldunate, Angel Flisfisch y Tomás Moulian, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile (Stgo.: 1985); Tomás Moulian, “Evolución histórica de la izquierda chilena: la influencia del marxismo”, en Socialismo y democracia (Flacso: 1983); Sofía Correa, “La derecha en el Chile contemporáneo”, Revista de Ciencia Política, Puc, 1989, y Con las riendas del poder, p. 39; Joaquín Fermandois, op. cit.

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lugar predominante. Esta interdependencia de izquierdas y derechas, sin embargo, no debe interpretarse necesariamente como causa-efecto, es decir, como reacción, como ha ocurrido en un alto número de los estudios, tanto a nivel mundial como en el caso del Chile de los sesenta, los cuales han tendido a evaluar las decisiones de uno u otro bando en tales términos. La interdependencia hace referencia a una realidad histórica común, en la cual las representaciones son más importantes que las cronologías40. Discutiendo acerca de la relación fascismo-comunismo, el historiador francés Francois Furet llama la atención de Ernst Nolte acerca de la dependencia que el historiador y filósofo alemán otorga al bolchevismo para entender al fascismo, en circunstancias que este último tiene antecedentes anteriores a la revolución de Lenin en Rusia. Igual situación constata Arno Mayer para los estudios acerca de la contrarrevolución, la cual es vista como respuesta a, perspectiva que tal autor rechaza, toda vez que revolución y contrarrevolución son parte del mismo proceso, las dos caras de una misma moneda. En el caso chileno, la mayoría de los estudios acerca de los sesenta pone en un lugar predominante para entender a la derecha la “radicalización” de la izquierda, insistiendo con ello en una mirada reactiva respecto de nacionales y gremialistas. En ese sentido, buscaremos eludir ese procedimiento causal, sin abandonar la interdependencia. Por otra parte, a pesar de compartir el sentido histórico del concepto, creemos que hay un elemento que distingue en esencia a la derecha, como afirma la tesis de Bobbio, y aquello es el criterio de la igualdad. Desde nuestro punto de vista, la derecha ve a las personas como esencialmente desiguales, siendo éste un aspecto de larga duración, el cual adopta distintas formas dependiendo del período histórico de que se trate. En ese sentido, existe en la derecha la noción de un orden natural que difícilmente puede ser alterado, independientemente de las transformaciones que se puedan realizar, ya sea que esta noción tenga un origen en la naturaleza o en el designio divino. Es por esto que, aun cuando la discusión en el caso chileno aparentemente se centra en el problema del cambio o de la modernización, ello no define la naturaleza de la derecha. El cambio en sí mismo no determina progresismo o reacción, toda vez que puede adoptar ambas formas, como también depende del cambio de que se trate. El pensamiento contrarrevolucionario no se alimentó solamente de conservadurismo cristiano, sino también de un liberalismo crítico, que no abandonando la modernidad se tornó explícitamente contrario al núcleo democratizador que éste contenía41. En el caso latinoamericano y chileno en especial, la cultura latifundaria ejerció un enorme peso en la forma en que la oligarquía entendía a la sociedad y sus distintos componentes, 40

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François Furet y Ernst Nolte, Fascismo y comunismo (Fondo de Cultura Económica de Argentina: 1999), pág. 40. De Furet véase también El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX (Fondo de Cultura Enonómica: 1996), pp. 191-194 y 202-206. Ernst Nolte, El fascismo en su época (Ed. Península: 1967), Segunda Parte, Cap. 1.

reforzando autopercepciones de privilegios, de status y de jerarquías sociales. En esa perspectiva, la desigualdad era un dato de la realidad. Esta cosmovisión no se encapsuló en dicha clase social heterogénea en su base económica, sino que ella pasó a formar parte también de otros segmentos de la sociedad, nacidos al alero de la hacienda y, en algunos casos, reproducidos a nivel urbano, sectores que fueron parte del universo electoral de la derecha. En ese sentido, las ideas de orden natural y desigualdad se constituyeron en dos componentes centrales de su identidad. En consecuencia, nuestra forma de entender a la derecha combina el criterio sociológico que da una continuidad, con uno histórico, que le otorga su particularidad en cada momento. Dentro de una persistencia del criterio de desigualdad humana, una forma específica en los años sesenta. Desde una perspectiva histórico-temporal, nuestra hipótesis es que la derecha política de los sesenta –el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica– no era un sector asustado y a la defensiva. La definición de la derecha pasaba en importante medida por los cambios que habían estado ocurriendo en su interior, como entre sus adversarios, por lo cual no fue una derecha reactiva, que respondió a la radicalización de la izquierda y del centro. Por el contrario, creemos que en términos programáticos fue la izquierda la que empezó a inmovilizarse, pues avanzaba a la concreción de un proyecto histórico articulado a comienzos del siglo XX con la protesta obrera y el nacimiento del Partido Obrero Socialista, momento en que se plantearon las grandes líneas proyectuales, asociadas a la superación del capitalismo y la instalación de una sociedad socialista. Este proyecto fue precisado a lo largo del siglo en la medida que la izquierda se insertaba en el orden político existente y desenvolvía una variedad de estrategias para alcanzar sus objetivos. Tal cosa sucedió a fines de los años sesenta con la constitución de la Unidad Popular y el triunfo electoral del año siguiente. La reactivación del debate entre gradualismo o revolución armada no cuestionaba el fin, que era el socialismo, sino seguía concentrándose en el problema de los medios. La moderna derecha chilena, al contrario, empezaba su proceso de incubación. La derecha política que existió hasta 1965 (conservadores y liberales) era un residuo histórico, en tanto era la heredera de los partidos oligárquicos del siglo XIX, los cuales mantuvieron lo central de sus principios en el siglo XX. La inexistencia de un proyecto modernizador en ella, por ende, no era una carencia, sino un producto inevitable del tipo de derecha. El problema de la modernización recién se planteó al decaer el residuo a mediados de los sesenta. Fue entonces que la derecha entró decididamente en proceso de modernización y, por tanto, de formulación de un proyecto propiamente tal y la construcción de un verdadero partido con intenciones de competir por el poder.

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Este trabajo pretende refutar la tesis generalmente aceptada de que la derecha de los sesenta nació como una reacción a la radicalización de la izquierda, toda vez que su proceso de nacimiento empezó no sólo antes que la izquierda empezara a mostrar síntomas de radicalización, los cuales no se presentaron claramente hasta fines de los años sesenta, sino también por cuestiones endógenas. En ese sentido, se trata de una derecha que apostaba a una reformulación del sector, dando por finalizada la etapa oligárquica-residual, esto es, su tendencia a ir a la zaga, su pragmatismo y flexibilidad por ausencia de algo propio que ofrecer, lo cual derivaba en desvalorización social y decadencia política; la “vieja derecha”. La derecha de los sesenta expresaba la decisión de posicionarse y por lo mismo tenía un carácter ofensivo. No se trataba de una derecha asustada del reformismo democratacristiano y de una izquierda revolucionaria; era el nacimiento de una derecha moderna. Este carácter se expresó, en primer lugar, en la recuperación del valor de la política: la estrategia cooptativa del Estado y de los proyectos reformistas levantados por la centro-izquierda perdieron su eficacia y devolvieron a la política su importancia, pero esta vez desde una óptica realmente competitiva, no con un mercado electoral cautivo, como lo era el mundo campesino y las redes clientelares. En segundo lugar, y relacionado íntimamente con esto, era una derecha moderna que se nutría de varios proyectos alternativos a los existentes (tanto a la vía no capitalista al desarrollo, de corte comunitario democratacristiano, como al socialista marxista) es decir, una concepción global de la acción colectiva y de lo que debía ser el Estado, pretendiendo representar a importantes sectores de la sociedad. Para ello, lo político se volvió vital, se debía avanzar a la creación de una organización partidaria; debía nacer un verdadero partido de derecha que sirviera de agente societal. Este proceso mostró dos experimentos claves: el Partido Nacional y el Movimiento Gremialista de la Universidad Católica, los cuales anidaban en su interior a todas las fuerzas derechistas en fermento, incluyendo a la derecha económica. Ninguno de ellos logró para 1973 articular un proyecto global, compartido por todos los segmentos a los que miraba y esperaba representar, pero se lograron algunos consensos fundamentales. La experiencia de la Unidad Popular fue clave en el triunfo o el fracaso de los grupos y proyectos que pugnaban por constituirse en lo que sería ulteriormente la nueva derecha política chilena. Como es evidente, a pesar de hablarse de la derecha, en realidad son las derechas, pues solo considerando el ámbito político existía más de un referente. Nacionales y gremialistas se constituirían en los más importantes, pero existiendo una variedad de movimientos nacionalistas ubicables a la derecha, los cuales no serán considerados en esta oportunidad. Por una cuestión de uso, hablaremos en singular. Considerando que se trata del estudio de un sector político de enorme gravitación en la historia de Chile de los últimos cuarenta años, este trabajo pretende auscultar su naturaleza, para lo cual inquirirá tanto acerca de sus evoluciones programáticas, en

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el plano de las ideas, como el accionar político de ambas agrupaciones. Desde nuestra perspectiva, es necesario rebasar el ámbito del discurso, para complementarlo con el quehacer propiamente político, pues solo la suma de ambos, que son las dos caras de un mismo proceso, podrá ayudarnos a arribar a una mirada identitaria. En ese sentido, los discursos han sido analizados desde un punto de vista histórico, entrecruzando criterios y fuentes. Por lo mismo, se hizo un esfuerzo en materia de acopio documental, dentro de lo que era factible en archivos públicos como privados existentes, lo cual supuso la revisión de prensa del período en estudio, como de otros materiales escritos. En este punto es necesario aclarar que esta investigación privilegió los archivos públicos, en tanto algunos de los privados –como el caso de la Fundación Jaime Guzmán– se reservan el derecho de determinar el acceso a ellos, no siendo posible su revisión completa con certeza. Dada esta situación, la lectura de la prensa epocal es clave, pues en ella se encuentra mucha de la documentación reservada en la Fundación, aunque su extracción es sin duda más larga y compleja, pero mejor contextualizada. Coherente con ello, el uso profuso de documentos de los años en estudio es una opción metodológica, toda vez que allí no sólo se encuentra el mayor cúmulo de información, sino consistente con el contexto, carente de las reconstrucciones retrospectivas, las que a veces son difíciles de verificar o de hacer coincidir con los datos de la época, cuestión sobre la que abundaremos más adelante. A fin de observar con mayor nitidez las variables en juego, se revisó tanto prensa de derecha como de izquierda y alguna del centro. Dada la hipótesis y el marco teórico ya señalado, el análisis se realizó teniendo en consideración dos elementos centrales: el “estilo político” de la nueva derecha y el proyecto. En relación al “estilo”, se consideraron las proclividades más recurrentes: a la negociación, la intransigencia, la movilización, el repliegue, la acción, buscando establecer diferenciaciones entre los distintos exponentes derechistas. Se relacionaron los argumentos explicativos de tales políticas con lo doctrinario, como con la coyuntura en la cual se aplicaron. Se buscó determinar los tipos de propaganda utilizada, como también de los medios de comunicación y la forma de su uso, identificando el sector social o grupo gremial al cual se apelaba y con qué propósitos. En este mismo registro, se evaluó el tipo de discurso utilizado en los medios y en ciertas coyunturas. Estando plenamente conscientes de que los registros escritos implican una “selección” y, por tanto, una parcialidad, es necesario identificar esos criterios de selección42. Para este ejercicio, usamos las categorías creadas por el sociólogo Patricio Dooner43, quien para

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Peter Burke, Formas de historia cultural (Alianza: 2000), p. 65. Patricio Dooner, Prensa y política. La prensa de derecha y de izquierda, 1970-1973 (Ed. Andante/ Hoy: 1989).

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los años de la Unidad Popular ha clasificado a los medios de comunicación en dos tipos. Los medios a)“ariete”, aquellos destinados al combate y que usaban un lenguaje soez, distorsionando la realidad, cuyo objetivo –en el caso de la derecha– era socavar a través de todos los medios, la legitimidad del gobierno y dentro de ella, el desarrollo de una línea conspirativa y sediciosa; b) la prensa “seria”, aquella que utilizaba un discurso racionalista, aparentemente aséptico, pero que igualmente apuntaba a la erosión de la democracia. Dooner establece los criterios para cada uno de estos tipos de discursos. En el caso del estilo ariete se busca: a) el deterioro de la autoridad (imágenes del Presidente de la República, de la jerarquía eclesiástica, ministros, parlamentarios), b) generar alarma pública tratando de mostrar una crisis generalizada, y c) haciendo un llamado permanente al golpe, para lo cual usaban cierto tipo de lenguaje, existía inconsistencia entre los titulares y las noticias desarrolladas en el interior de diarios y periódicos, tendencias a la desinformación, invención de hechos, en fin. En otras palabras, la evaluación del lenguaje, la propaganda, el tipo de medios de comunicación y de sus usos, y las tendencias de acción política nos permitirán caracterizar con mayor precisión el “estilo” de nacionales y gremialistas. Con respecto al proyecto, se precisó la percepción de los distintos sectores de las derechas en estudio en relación a la ampliación de la ciudadanía, tanto en materia de participación política como de la activación de los movimientos sociales, especialmente del ámbito laboral, estudiantil (secundario y universitario), campesino y poblacional. Se intentó detectar la disposición frente a los cambios político-institucionales que afectaban el derecho de propiedad privada tal como hasta entonces lo estipulaba la ley, como su mirada acerca del tema del crecimiento económico en relación al problema del estancamiento y la inflación que cruzó el período, y la influencia que en tal cuestión ejercían los sectores sindicales. Se buscó precisar la percepción acerca de la izquierda, tanto la histórica (socialistas, comunistas) como la nueva, emergida con motivo de la Revolución Cubana, en especial el MIR, aunque no exclusivamente. Por último, se intentó identificar y caracterizar las propuestas levantadas como alternativas a las de la Democracia Cristiana y la izquierda, más tarde Unidad Popular, considerando la economía, el régimen político y el orden socio-cultural. A esta metodología histórica, bastante convencional, se intentó, aunque mínimamente, sumar el uso del recurso a la entrevista a protagonistas del período, pero solo como complementarias a las fuentes escritas. En los últimos años, hemos asistido a un fructífero debate acerca de la relación entre memoria e historia, en el cual la “historia oral” ha realzado la importancia de los testimonios personales para la reconstrucción de la ‘memoria histórica’, especialmente en lo atingente al rescate de subjetividades, para acotar hechos o acceder a su historicidad, dada la ausencia de otro tipo de registros. Por lo mismo, se espera que los trabajos acerca de la historia reciente recurran a este recurso. Este tipo de metodología se activó en los años sesenta

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y setenta, con motivo de los movimientos sociales del período, siendo reforzada en la década siguiente a raíz del Premio Nobel a la guatemalteca Rigoberta Menchú. Por ello, tal metodología ha sido un gran aporte para la historia de aquellos “que no tienen voz”, o carecen de registros escritos, especialmente útiles para la historia social y en el caso de los países del Tercer Mundo (África y Asia). En el caso de América Latina, ha sido una herramienta fructífera en la historia de la izquierda contemporánea respecto a los hechos de las últimas décadas, dándole a la historia política un nuevo aliento al imprimirle un acentuado rasgo intimista, el rescate de la subjetividad. La crítica a tal metodología aparecida en los noventa abrió la discusión acerca de su fiabilidad, dada la fragilidad de la memoria y sus problemas de representatividad. Como fruto de ello, a estas alturas está claro que la memoria es, como señala Daniel James, una “reconstrucción cultural”, pues la memoria es selectiva y se nutre de muchos elementos contemporáneos a los hechos y posteriores, pero que permite reconstruir historias y subjetividades con pocos registros de otro tipo, o aclarar datos específicos44. En el caso de esta investigación en particular, la autora no creyó un imperativo el recurso a la historia oral, es decir, fundamentalmente testimonial, por dos razones. En primer lugar, por la gran cantidad de información disponible desperdigada en diarios, revistas, documentos, panfletos, la cual entrega la mayor parte de los datos que esta investigación requiere. Es cierto que puede haber detalles, incluso papeles y documentos que no se logren revisar por su carácter reservado, y que tal vez podrían cubrirse mediante una entrevista, pero no lo estimamos imprescindible, porque la posibilidad de la reconstrucción sustantiva es alta a partir de los documentos existentes. El debate entre historia oral y la reconstruida con registros documentales ha llevado a un verdadero duelo, de mutuas descalificaciones, entre los “positivistas extremos” y los “subjetivistas extremos” que solo valorizan ese tipo de testimonios y que terminan identificando a la memoria con la historia, como señala Elizabeth Jelin. Este debate se ha producido, porque pone en cuestión la relación entre memoria y verdad histórica, lo cual puede tener un impacto que sobrepase el ámbito de los historiadores. Pero, tal como el propio debate lo demuestra, a cada estudio le acomoda una metodología en especial.

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Paul Thompson, “La historia oral y el historiador”, Debats, No.10, 1990; Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Siglo XXI, Madrid, 2002), cap..4; Jody Pavilack, “La historia oral: trayectoria, innovaciones y la crítica de los historiadores”, ponencia presentada al Taller de Historia Oral e Historia Local en el Centro Martin Luther King, La Habana 2000; Daniel James, “La historia oral y sus problemas. Entrevista a Paul Thompson”, Entrepasados, No.9, 1995. En el caso de Chile, quien ha incursionado más decididamente en el uso de esta técnica es el historiador Mario Garcés. Véase “La historia oral. Enfoques e innovaciones metodológicas”, Última década, No.4, 1996, y”Guía metodológica para la memoria y la historia local” (Eco: 2001).

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La segunda razón de un uso menor de los testimonios, se relaciona con la validez de la entrevista para los estudios de los sectores dirigentes. Por trabajos anteriores, hemos podido comprobar la dificultad para lograr un real acercamiento a sucesos en los cuales la participación de los protagonistas ha quedado teñida de culpa, estando traspasados por juicios éticos. La importancia política que la historia de los últimos cuarenta años chilenos tiene desde hace más de dos décadas, interfiere en el uso de las entrevistas, toda vez que algunos actores con altas cuotas de responsabilidad en lo ocurrido han terminado elaborado su propia “memoria” del período. Esto puede ser ejemplarizado por las memorias de Sergio Onofre Jarpa, escritas a partir de las entrevistas que el grupo del Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) de la Universidad Finis Terrae, entonces encabezado por Patricia Arancibia Clavel, realizó a gran número de protagonistas del período, de todo el espectro político45. En el caso de Jarpa, es posible detectar tres tipos de respuestas: las consistentes con la realidad o verídicas –relativas a su vida personal/privada–, las abierta y ya comprobadamente falsas –por ejemplo, los catorce mil cubanos en el Chile de la Unidad Popular–, como las respondidas con el conocimiento de los sesenta y setenta, pero que sitúa en los años cuarenta. En pocas palabras, dichas memorias son muy poco útiles, salvo en cuestiones precisas y escasamente reservadas. Jarpa ha repetido estas declaraciones en numerosos documentales televisivos, especialmente con motivo de los treinta años del golpe, sin que el peso del conocimiento nuevo le haga mella. Es cierto que en gran medida la utilidad de este recurso metodológico depende de la habilidad del entrevistador, para lo cual existen distintas técnicas para las entrevistas y la propia investigación va permitiendo abrir nuevas formas de enfrentarlas, como mi propia experiencia me lo demostró en el caso de los militares. De allí que solo en casos específicos recurrimos a ese instrumento. Aunque es evidente que la documentación escrita debe ser pasada por los mismos rigores que la oral y, por supuesto ella no representa más que percepciones y fragmentos de la realidad, los sectores dirigentes, precisamente por su acceso al poder, dejan más huellas que otros grupos sociales. Al contrario de los sectores populares, las mujeres o los niños, las elites marcan su presencia con gran notoriedad. Para el período que este estudio cubre, lo que sobra son fuentes, especialmente para la derecha y las preguntas que respecto de ella estamos planteando. Los análisis sobre formas de hacer historia advierten sobre los peligros del uso de la documentación escrita, especialmente de la prensa y de las figuras públicas, por el alto grado de selección de la información, de modo que lo registrado no son “recuerdos inocentes, sino intentos de persuadir, de

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Patricia Arancibia Clavel et al., Jarpa. Confesiones políticas (La Tercera/Mondadori: 1999).

moldear la memoria de los demás”46. En la investigación que se está proponiendo, al contrario de ser esto un problema, es un factor a nuestro favor, toda vez que lo que se pretende es, precisamente, evaluar la naturaleza de la naciente derecha, en parte a través de su “estilo”. Este se expresa en su accionar en distintos ámbitos, ya sea en el marco político convencional, como en la lucha discursivo-mediática, donde lo planteado y su forma interesan igualmente, independiente de si las informaciones seleccionadas son verídicas o no, pues eso es lo que permite acercarse a su naturaleza identitaria. Este no es el estudio de una “conspiración” y por ello los testimonios orales de secretos no son una prioridad; es la historia de un sector político desenvuelto en ese espacio precisamente, el público. En consecuencia, la revisión de registros escritos se vincula con dos fenómenos: en primer lugar, con el imaginario construido para algunos actores políticos del período, quienes han sido convertidos en “villanos” –como Jarpa–, o “mentes brillantes” –como Guzmán–-; Burke habla de “mitogénesis”. El estudio del accionar de las derechas que ellos conducían en un espectro amplio del quehacer político es, por tanto, crucial para entender la clase de derecha que estaba naciendo. Esto, a su vez, se liga con otro aspecto, cual es la posibilidad de resistir la manipulación de la memoria que representan estos “mitos”, a través de los documentos escritos de la época, pues ellos nos develarán la acción real por ellos desarrollada y no la que sus seguidores hoy quieren establecer. Como afirma Burke, la imprenta y la escritura ayudan a la resistencia a la manipulación de la memoria oral. Creemos que un estudio como el que se está planteando puede aportar no solo al conocimiento historiográfico, llenando una laguna y aclarando aspectos hasta hoy oscuros, sino también a la comprensión de la derecha actual y del Chile político de comienzos del siglo XXI, que ha visto el ascenso de una nueva derecha, proyectual y agresiva, y el retroceso de la izquierda histórica, marxista, identificada con el Partido Comunista, como de aquella surgida en los sesenta, declaradamente revolucionaria. La “izquierda” actual renunció a sus orígenes sociales e ideológicos. La derecha, por el contrario, los afinó. Parte de estas dos historias tal vez se encuentre en el tipo de derecha que empezó a nacer en los sesenta y terminó de hacerlo bajo la Unidad Popular.

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Burke, op. cit., p.70.

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CAPÍTULO I LA MUERTE DE LA DERECHA OLIGÁRQUICA (1955-1965)

He planteado al país un proyecto que no es fruto de la pasión electoral, de un espíritu de banderola para sacar votos. Chilenos, acompáñennos en esta tarea, pero no me pidan que cambie una línea del programa que he planteado al país. No está sometido mi pensamiento a compromisos, cubileteos o transacciones. (EDUARDO FREI MONTALVA, Concentración del 25 de marzo de 1964) Decíamos la semana pasada que gobernar es amargo ejercicio. Porque para gobernar en una democracia hay que transigir día a día…No existe otra manera de gobernar en una democracia, dentro de la ley. ¿Quiénes no transigen?¿Qué partidos?¿Qué gobernantes? No transigen los gobiernos antidemocráticos, los totalitarios (PEC, febrero de 1965)

La década de los sesenta constituye un hito en el siglo XX, toda vez que los cambios acelerados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a mostrar sus efectos a nivel mundial en materia demográfica, de crecimiento económico, de avances médico-científicos, pero también en el plano cultural. Fue la década de la revolución de los jóvenes. En los años sesenta todo pareció derrumbarse o, al menos, entrar en movimiento. Chile no escapó a ese destino. En la década anterior, el denominado Estado de Compromiso había empezado a mostrar su agotamiento al producirse la debacle de los partidos históricos en la elección presidencial del general Carlos Ibáñez, cerrándose la fase de alianzas de centro-izquierda que habían estado gobernando desde 1938, produciéndose la decadencia del radicalismo y la rearticulación de la izquierda bajo parámetros plenamente marxistas y de autonomía. Paralelamente se derrumbaba la derecha que había estado cohabitando con sus adversarios estatistas, y el centro era remecido con la aparición de un partido ideológico, de raíz cristiana. La política de negociación y acuerdo, que había caracterizado el segundo cuarto del siglo XX, tenía socavados sus cimientos. Simultáneamente, el modelo de crecimiento hacia adentro, de industrialización por sustitución de importaciones, mostraba deficiencias

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y preocupantes signos de estancamiento y de descontrol inflacionario. Fueron los años en que no sólo se criticaba a los partidos y a la política en general, sino también a una estrategia de desarrollo que requería de urgentes correctivos. Esta sensación de crisis global fue la antesala de los años sesenta. Los cambios en el sistema de partidos fueron un reflejo de esta crisis sistémica. Como es sabido, a fines de los cincuenta se hicieron importantes modificaciones al sistema electoral que instituyeron el voto secreto y la cédula única de votación, asestando un importante golpe a la derecha política, la cual desde la instalación del sufragio masculino alfabeto había estado usufructuando de su control sobre el voto campesino, lo cual le permitía mantener una importante sobrerrepresentación en el Parlamento. La llegada de Juan XXIII al Pontificado en Roma, por otra parte, significó la transferencia del respaldo eclesial desde los partidos conservadores a los católicos reformistas, tal como había ocurrido después de la Segunda Guerra en Italia y Alemania, dos exitosos experimentos de democratización y freno al marxismo. La pérdida del basamento moral que ofrecía el Papado afectó en esencia al Partido Conservador chileno. Esto coincidió con el incremento de la marginalidad desde comienzos de esa década, con graves problemas de desempleo y de productividad agraria, lo cual hizo urgente la implementación de cambios profundos, favoreciendo a la colectividad católica, no conservadora, sino reformista, que pretendía abocarse a la realización de transformaciones estructurales que atacaran la raíz de los problemas por los que atravesaba el país. Siendo los conservadores el núcleo más importante de la derecha en el ámbito electoral, su decadencia implicaba el ocaso de ella en su conjunto, pues si bien los liberales crecieron en votación, no lo hicieron en forma sustantiva como para salvar al sector. En suma, tanto desde el plano electoral como político propiamente tal, durante la década del cincuenta la derecha oligárquica enfrentaría una crisis existencial. Esta crisis es la que señala el punto clave de los análisis. Todos los estudios que se refieren a la derecha y al período de la Democracia Cristiana hacen hincapié en el colapso de este sector y en la importancia que en ello tuvo el triunfo del centro cristiano en 1964. En una lectura, la elección presidencial de ese año dio el golpe mortal a una derecha que agonizaba desde fines de los años cincuenta, cuando ocurrieron los procesos a que se ha hecho alusión. La elección complementaria por Curicó a pocos meses de la presidencial –en marzo– habría sido el hecho histórico que determinó su muerte, pues al producirse la victoria del representante del Frente de Acción Popular de inspiración marxista, Oscar Naranjo, la derecha se habría asustado, retirando a su propio candidato y optado por el “mal menor”, es decir, por apoyar al candidato de la Democracia Cristiana. El temor a un gobierno marxista, en el clima revolucionario continental activado por la Revolución Cubana, habría llevado a la derecha a respaldar a un candidato que se declaraba explícitamente antimarxista, a pesar de su

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programa de reformas estructurales. La aplicación de dichas medidas, especialmente la implementación de la reforma agraria, habría terminado de aniquilar a los grupos terratenientes y sus socios liberales. Así, al año siguiente del triunfo de Frei, la derecha terminaría por desaparecer47. Desde otra óptica, Sofía Correa ha propuesto que las alteraciones del sistema electoral y en el plano socio-político, efectivamente habrían provocado un debilitamiento en el control que los conservadores ejercían sobre los campesinos en materia de sufragios, pero no al extremo de representar su muerte política. La alianza entre radicales, conservadores y liberales desde 1961 todavía le permitía a la derecha manejar sobre el 30% de la votación, porcentaje suficiente como para negociar con sus adversarios. Siendo esto así, el “Naranjazo” no habría tenido el papel que otras interpretaciones le han asignado, sino que el ocaso de la derecha estaría más bien asociado a una creciente falta de confianza en sí misma, producto del impacto del discurso antipartidos desarrollado por el presidente Jorge Alessandri –incluyendo a la propia derecha–, la tendencia anticonservadora de los sesenta que puso en auge la idea de cambio y reformas estructurales y los cambios en la Iglesia Católica, con lo cual el Partido Conservador perdió su razón de ser. La sumatoria de estos procesos habría socavado su autoconfianza, determinando su “suicidio”, reflejado en su apoyo a la candidatura democratacristiana48. La hipótesis de este trabajo es que la muerte de la derecha histórica no se produjo al momento de la elección presidencial, sino una vez instalado el gobierno de la Democracia Cristiana y comenzado el proceso de reformas estructurales. Desde nuestro punto de vista, ello significó la desaparición de una derecha residual, la oligárquica decimonónica, lo cual se debió a la imposibilidad evidente de mantener las estrategias de cooptación y de “cambiar para que nada cambie” que había venido utilizando desde el siglo anterior. Como señalamos anteriormente, tal fue el mecanismo para evitar la democracia plena y el cuestionamiento a la sociedad señorial que le había permitido mantener sus prerrogativas, su sistema de dominación y el basamento cultural de la sociedad. Esto no era una estrategia modernizadora, sino de supervivencia, frente a un orden que moría indefectiblemente. En la elección de 1964 y en el período inmediatamente posterior, la derecha histórica pretendió continuar con dicha política, intentando, por una parte, evitar la redefinición de los radicales que se volvían hacia la izquierda y, por otra, un acercamiento con el gobierno de Frei Montalva que le permitiera negociar el programa presidencial de reformas estructurales. Fue la negativa persistente de la Democracia Cristiana, ya en el gobierno, a entablar una alianza de centro-derecha y su decisión de no negociar una reforma agraria que afectaría el derecho de propiedad 47

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Cristián Gazmuri et al., Chile en el siglo XX (Ed. Aconcagua: 1985); Julio Faúndez, Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973 (Bat Ediciones: 1992). Sofía Correa, “La pérdida del control estatal”, en op. cit.

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lo que hizo evidente para esta última el fin de su estrategia cooptativa. No fue un problema de pérdida de confianza, pues cuando dio su apoyo electoral a Frei no lo hizo desde una posición y autopercepción de debilidad, sino que aplicó su tradicional pragmatismo, ya que, después de todo, anticomunismo y cristianismo los unía a ese centro en rebelión. La resistencia democratacristiana, enfrentada a su propio conflicto interno, fue lo que indujo a los distintos sectores derechistas –viejos y nuevos– a dar por terminada la fase decimonónica y buscar nuevos derroteros. De acuerdo a esa hipótesis, este capítulo se abocará a caracterizar la situación política, identificando a las distintas expresiones derechistas, tanto aquellas en su ocaso como las recién nacidas, para luego escudriñar los dos años críticos de 1964-1965 que determinaron la muerte de la derecha histórica.

1. La derecha en el ocaso del Estado de compromiso Hacia comienzos de la década de 1950, los dos ejes que habían estabilizado al país después de 1938 –el Estado de Compromiso y la industrialización sustitutiva– empezaron a mostrar síntomas de agotamiento, siendo su más clara expresión la crisis que sufrió el sistema de partidos con el arrollador triunfo del general Carlos Ibáñez en la elección presidencial de 1952. En esa oportunidad, los partidos tradicionales (Conservador, Liberal y Radical) fueron arrasados por el populismo ibañista, produciéndose el inicio de su ocaso político y el fin de los gobiernos de centro izquierda y del estilo de negociación y acuerdo que los había caracterizado. Las capacidades negociadoras y de cooptación empezaron a sucumbir, y con ellas la posibilidad de que los partidos de elite pudieran seguir controlando los procesos de cambio y manteniendo sus bases de poder. Esta crítica social a los partidos históricos y su forma de hacer política fue reiterada en la siguiente elección presidencial, cuando fue elegido Jorge Alessandri Rodríguez, un hombre no sólo ajeno a las colectividades existentes, sino también ácido crítico de ellas; empresario, exponente de la derecha económica. En pocas palabras, en materia política la representatividad partidaria fue cuestionada, socavado el centro radical y desestabilizada la derecha histórica. Por su parte, la izquierda enfrentó, igualmente, la nueva década en una situación de trastorno después de la persecución anticomunista iniciada por el último presidente radical Gabriel González, la cual había provocado una nueva división en el Partido Socialista y dejado a un Partido Comunista en la ilegalidad y la clandestinidad49.

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Como es sabido, en 1948 –bajo la presión norteamericana, de la derecha histórica y de la extraparlamentaria (nacionalistas franquistas), de sectores del radicalismo y del socialismo– el Partido Comunista fue expulsado del sistema político, borrados de los registros electorales, siéndoles prohibida toda actividad política y reducidos en un campo de concentración, en Pisagua, al norte del país. (continúa en la página siguiente)

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Desde el ámbito económico, el proceso industrializador hizo manifiestos algunos problemas, tales como la dificultad del sector industrial para generar el empleo necesario y el carácter deficitario de las empresas estatales. La política proteccionista, por otra parte, había ayudado a la aparición de monopolios y oligopolios que afectaban el nivel de vida de los sectores más pobres, mientras la constante inflación, que alcanzó ribetes históricos para 1955, atentaba contra los propósitos redistributivos que se había propuesto la política industrializadora. Esta chocaba contra la estrechez del mercado interno, que dificultaba la expansión industrial, razón por la cual se estaba produciendo un crecimiento desmesurado del sector servicios, especialmente de las empleadas domésticas50. En suma, era manifiesto que la estrategia de desarrollo debía ser reformulada. Con todo, indudablemente, lo más grave de la situación de los cincuenta era el evidente aumento de la marginalidad social, que se expresaba en la proliferación de poblaciones “callampas” y en la “toma” de terrenos por parte de pobladores sin casa, creciente sector que se hallaba ajeno a cualquier beneficio social, económico y mucho menos político. La pobreza y los niños mendigos se transformaron en el telón de fondo del Chile de la época51. Tales realidades tuvieron como resultado la búsqueda de variados caminos para superar lo que se identificaba como los dos problemas centrales: el estancamiento económico y el tipo de democracia. En relación a lo primero, se produjo hasta cierto punto, un consenso en torno a la necesidad de incrementar los niveles productivos, lo cual requería de cambios en las estrategias de desarrollo implementadas hasta entonces. Para algunos (la derecha), la solución estaba en profundizar el capitalismo disminuyendo las atribuciones estatales y dando paso a los privados, mientras para otros (el centro y la izquierda), al contrario, era necesario fortalecer la industrialización con una mayor intervención del Estado y con una arremetida pública a favor de la nacionalización de los recursos básicos y de los sectores económicos estratégicos en manos de grandes consorcios monopólicos. Tanto para la Democracia Cristiana como para el Frente de Acción Popular la solución pasaba, necesariamente, por la reforma agraria, afectando el derecho de propiedad de los terratenientes para ampliarlo a los campesinos. Con respecto a lo segundo –el tipo de democracia–, si bien no hubo acuerdo, era claro que había descontento con el sistema tal como existía, como puede apreciarse a continuación.

Sobre ese proceso, véase Carlos Maldonado, El ACHA y la proscripción del Partido Comunista, Flacso, 1988; Heynowsky, Scheumann y Hellich, Yo soy, yo fui, yo seré (Alemania Democrática; 1974). 50

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Julio Pinto Vallejos, “Entre dos aguas”, en Luis Ortega (Editor), La Corfo. 50 años; Oscar Muñoz, La industrialización en Chile (Stgo.: 1986). Mario Garcés Tomando su sitio (Lom: 2003); Alfredo Riquelme, “Promoción popular y la educación para la participación (1964-1970), Proposiciones, No.15: 1987.

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La desazón política significó una rearticulación de la arena partidaria. En la izquierda, la experiencia de la alianza con los radicales había dejado sensaciones encontradas, principalmente por la persecución de que fueron objeto en el gobierno de González. Para el Partido Comunista, la alianza con los radicales había sido la estrategia correcta, pues permitió introducir reformas importantes en materia de educación y de salud para los sectores medios y populares urbanos a través de su acceso al Estado y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, sin embargo, eran conscientes de que los frentes populares no habían logrado democratizar la sociedad ni modernizarla del todo. De ello se deducía la necesidad de vencer y gobernar en coalición con otros partidos y grupos sociales. De acuerdo a su diagnóstico, el problema no había estado en el carácter aliancista, sino en quién ejercía la hegemonía al interior de esa alianza: la lectura comunista hecha en el X Congreso insistía en la vigencia de la estrategia de coalición con la burguesía, pero la dirección debía estar en la clase obrera y avanzar hacia un movimiento de liberación nacional y social con una política antiimperialista y antioligárquica, postura que se materializó en lo que fue la Tesis de Liberación Nacional en 1951 y que validó la vía pacífica en la transición al socialismo. El Partido Socialista de Chile –sector que se opuso a dar su respaldo a Carlos Ibáñez en 1952 y levantó la primera candidatura a la presidencia de Salvador Allende–, en cambio, declaró obsoleta la alianza frentepopulista, pues ella había sido dañina para los trabajadores, ya que en la práctica ellos no habían llegado al poder y los socialistas habían terminado consolidando el capitalismo. A su juicio, los trabajadores debían recuperar su independencia y construir un frente de clase, sin pactos con la burguesía, las capas medias ni con partidos de centro: la alianza debía ser sólo con los trabajadores y sus representantes, o sea, el Partido Comunista. Esta fue la Tesis del Frente de Trabajadores. Aunque ambas tesis diferían en puntos sustanciales, se produjo la unidad socialista-comunista en 1956 en lo que fue el Frente de Acción Popular (FRAP), que arribó al consenso en la necesidad de la hegemonía obrera y la unidad obrero-campesina, desechando la alianza con los radicales –como deseaban los comunistas– que estaban en una fase izquierdista, pero recogió su planteamiento sobre la lucha antiimperialista y antifeudal. El FRAP levantaría un programa de reforma agraria y expropiación del latifundio, la nacionalización de los intereses imperialistas, la democratización del país mediante la abolición de las leyes represivas y la ampliación de la participación política52. En suma, la izquierda iniciaba una nueva etapa, aunque el fin seguía siendo el mismo: la construcción del socialismo. Este renacimiento, sin embargo, sería bastante arduo. 52

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Alonso Daire, “La política del Partido Comunista desde la post guerra a la Unidad Popular”, en Augusto Varas (compilador), El Partido Comunista de Chile. Estudio multidisciplinario (Cesoc/Flacso: 1988); Tomás Moulian “La influencia del marxismo en la izquierda chilena”, en Democracia y Socialismo (Stgo.: 1983), también “Desarrollo político y Estado de Compromiso”.

En el caso del centro, la crisis del estilo de negociación propio de los radicales y la persecución contra los comunistas significaron su descrédito popular, del que no se recuperarían del todo. En la elección presidencial de 1952, Pedro Enrique Alfonso obtuvo el 19,9% frente al 46,8% de Carlos Ibáñez, en circunstancias que en 1946, el candidato radical, en alianza con los comunistas, había logrado un 40,1%. En las parlamentarias de 1953, el partido bajó a un 13,3%, en comparación con el 21,7% de 1949. Aunque tuvo una recuperación en las parlamentarias de 1957, ello no duraría. En ese año, además, emergió con fuerza la Democracia Cristiana, nacida de la fusión de la Falange Nacional, el Partido Social Cristiano y el Agrario Laborista. La Democracia Cristiana, como se sabe, es un partido católico, no confesional, con una plataforma ideológica que aspiraba a superar la “crisis integral” del país a través de reformas estructurales que removerían las bases del orden señorial subsistente. El comunitarismo social, levantado como la gran plataforma, representaba una estructura social donde la comunidad estaría formada por todos aquellos que compartieran un mismo fin, donde se superarían los conflictos de clase y donde trabajadores y empresarios se desarrollarían en armonía, sin conflicto. Para llegar a esto, era necesario proceder a la integración gradual de los marginados a los beneficios económicos y sociales. Este proyecto de cambio estructural, que aspiraba a ser una alternativa a la derecha capitalista y a la izquierda marxista, se convirtió en el nuevo centro político. Desde su formación a fines de los cincuenta, la Democracia Cristiana creció sorprendemente en términos electorales, llegando en 1958 al 20,5%53. No obstante, el sector más vapuleado fue la derecha, para quien la década del cincuenta fue un período definitorio. Como los otros partidos, también sufrió el impacto del “terremoto” ibañista de 1952, obteniendo su abanderado Arturo Matte Larraín, el 27,8%, en comparación con el 46,9% que en conjunto alcanzaron los candidatos del Partido Social Cristiano y del Partido Liberal en la elección presidencial de 1946, cuando la derecha fue dividida. A ello se sumó, determinantemente a juicio de Sofía Correa, el populismo ibañista, el cual modificó de manera significativa la relación entre el Estado y la sociedad, al intentar acrecentar la intervención del primero en desmedro de la presencia partidario-empresarial. Por un lado, Ibáñez decidió la intervención del Estado en el agro, iniciando una política social hacia el campesinado luego de la huelga de Molina de 1953, como también reforzó las tareas de desarrollo social creando el Servicio Nacional de Salud y ampliando los beneficios sociales a los familiares de los imponentes54. Tan importante como esto, fue la expansión estatal desde el ministerio 53

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Ricardo Cruz-Coke, Historia electoral de Chile.1925-1973 (Ed. Jurídica: 1984); Tomás Moulian “Desarrollo económico y Estado de Compromiso”, op. cit.; Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno (Sudamericana: 2000). José Pablo Arellano, Desarrollo y políticas sociales en Chile, 1924-1984 (Cieplán: 1985).

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de Economía dirigido por Rafael Tarud, agrariolaborista, quien intentó neutralizar la influencia empresarial en el aparato estatal, aumentando el control de éste en el comercio exterior, hasta entonces manejado por el sector privado. Más todavía, parece haber habido una tentativa de alterar el entendimiento entre los empresarios y el Estado en las empresas semifiscales y finiquitar la presencia de los privados en las agencias que implementaban la política económica. La reconstitución del movimiento obrero, por otra parte, apoyada por el ministro del Trabajo, Clodomiro Almeyda –socialista popular–, que se materializaría en la Central Única de Trabajadores, CUT, en 1953 y la intención de darles representación a los trabajadores en las empresas, modificaba de manera clave los pactos de 193855. En otras palabras, el populismo ibañista habría tenido un fuerte impacto sobre una derecha que había diseñado estrategias cooptativas para acrecentar su poder económico y mantener el social y político. El nuevo marco, según Sofía Correa, la asustó. Fue en ese contexto que comenzó a emerger con fuerza un segmento de la derecha económica representada por el Grupo Edwards, el cual, a través del diario El Mercurio de Santiago, insistió en la necesidad de una drástica rectificación de la estrategia de desarrollo implementada desde 1938. El Mercurio apuntó a la urgencia de disminuir las atribuciones del Estado en materia económica, de comercio exterior, de fijación de precios, avanzar hacia una política sindical despolitizadora y detener el crecimiento de la administración pública. De acuerdo al diagnóstico mercurial, la inflación era producto de la interferencia asfixiante y populista del Estado que gastaba más de lo que el crecimiento del país podía soportar. Era imprescindible, a su entender, liberalizar el comercio, las listas de importación, terminar con el reajuste automático de salarios y limitar el crecimiento de la burocracia. La crítica al proceso de desarrollo económico implicó simultáneamente una crítica al Estado de Compromiso, pues El Mercurio evaluó el desarrollo nacional identificando a las políticas y los acuerdos logrados desde 1938 con el origen del problema. La postura antiestatista en el plano de la economía trasuntaba una lectura política y revelaba la articulación de un proyecto de corte neoliberal que ansiaba desarmar el camino seguido en los anteriores veinte años56. La fuerte inflación, la presión mercurial, pero también la de los sectores populares arruinados con la devaluación creciente –hubo dos paros generales en 1954 y 1955–, llevaron al presidente Ibáñez a gestionar la venida de un grupo de asesores norteamericanos para proponer políticas de estabilización que se materializaron en la Misión Klein-Saks. Sus sugerencias, en general, coincidían con las demandas de la derecha económica neoliberal, a la cual la Misión agregó el corte de los créditos 55 56

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Sofía Correa, Con las riendas del poder, pp. 164-166. Sofía Correa “Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958), Opciones, No.6: 1985.

estatales al empresariado para que éste alcanzara una real competitividad. Las recomendaciones de la Misión se acogieron durante 1956 y 1957, pero desatando la fuerte oposición del movimiento obrero –renacido bajo la CUT– dado el congelamiento de salarios, y también del empresariado por la restricción crediticia. A fines de 1957 el programa fue abandonado. Aunque este experimento neoliberal fracasó, es importante porque dio cuenta de la existencia de una derecha económica con un proyecto alternativo al sustentado por los gobiernos de centro-izquierda que tenían la hegemonía hasta ese momento. Esta apuesta neoliberal provenía de un estrato nuevo de tecnócratas formados bajo el alero de la Escuela de Economía de la Universidad Católica que estaban realizando estudios de post grados en la Universidad de Chicago; pero también de un nuevo tipo de empresario. La CORFO había patrocinado al empresariado desde 1939 con políticas de protección y de subsidio, las cuales fortalecieron a los industriales productores de bienes de consumo y algunos sectores de la industria de transformación. A fines de los cincuenta, y especialmente en los sesenta, apareció un nuevo tipo de empresario, de rasgos más neoliberales, distinto al empresariado paternalista. Este nuevo actor trabajaba con estructuras empresariales del tipo de sociedades anónimas, deseaba abrirse al mercado externo, requería de niveles de capitalización más altos, lo cual explicaba su aspiración de restringir el accionar del movimiento obrero cuyas presiones y acuerdos con el Estado mantenían los ajustes automáticos de salarios que atentaban contra la acumulación. Sofía Correa sostiene que ése era el proyecto modernizador de la derecha. Desde nuestro punto de vista, este proyecto neoliberal respondía a un segmento del empresariado, no a su totalidad, ya que una gran mayoría seguía siendo estatista, posición que resistió hasta mediados de los ochenta57. En ese sentido, no era un proyecto que expresara el sentir de todas las vertientes derechistas, que incluían todavía a los liberales y conservadores, a los renacientes grupos nacionalistas, al empresariado más estatista y a los neoliberales. Por tanto, no era el proyecto de la derecha, sino uno de los que en la década siguiente pugnarían por hegemonizar al sector. Por otra parte, es importante señalar que la emergencia de este segmento neoliberal y su programa, reflejó los cambios endógenos que estaban ocurriendo en la derecha económica y que corrían paralelos y sin tocarse estrictamente con la evolución del centro y de la izquierda. Como dijimos, el FRAP reunió en 1956 a la izquierda marxista que empezó

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Guillermo Campero, Los gremios empresariales, 1970-1981 (Stgo.: 1984) Angel Soto Gamboa El Mercurio y la difusión del pensamiento económico liberal, 1955-1970 (Inst. Libertad y Desarrollo: 1995); Augusto Varas, Felipe Agüero y Fernando Bustamante, Chile, democracia, fuerzas armadas (Flacso: 1980), pp.146-152. Estos autores identifican a esta nueva derecha económica como la “fracción” que debería concretar el nuevo papel del capital nacional en la economía mundial.

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su camino autónomo al poder, pero que recién iniciaba su reposicionamiento, mientras la Democracia Cristiana aún no mostraba su salto electoral. En otras palabras, la estructuración del proyecto neoliberal se relacionó más con los efectos de las políticas industrializadoras de los gobiernos de centro-izquierda y el impacto del populismo ibañista que con la necesidad de enfrentar a una izquierda pujante. La izquierda era muy débil en 1952, elección para la cual Allende obtuvo apenas el 5% de la votación y en las parlamentarias del año siguiente en conjunto todas las fracciones socialistas alcanzaron el 14,2%. Es cierto que hubo un salto en 1958, pero para esa fecha esta derecha económica ya estaba articulada, tanto como para arremeter en 1955, cuando aún el FRAP no nacía, el Partido Socialista no se unificaba y el Partido Comunista no volvía a la legalidad, y tampoco había surgido la Democracia Cristiana. Esto quiere decir, que la debilidad de la derecha histórica es posible se haya relacionado también con los cambios que dentro de los grupos derechistas estaban ocurriendo. La tentativa fracasada de la Misión Klein-Saks, resurgió durante los primeros años del gobierno de Jorge Alessandri, en lo que se conoció como la “revolución de los gerentes”. Alessandri deseaba recortar la intervención estatal, principalmente en comercio exterior, poner fin al Estado empresario, aunque sin afectar el control público en ciertas empresas: la CORFO debería ser más una agencia crediticia y de cooperación con la empresa privada, la cual debía ser apoyada en su iniciativa, pero sería ella quien debería acrecentar la producción y su nivel de competitividad frente a la mercancía extranjera. Durante los primeros años, Alessandri dio acceso libre al mercado de capitales, eliminó las prohibiciones para importar, se abolieron los controles al crédito, se alentaron los depósitos y préstamos en moneda extranjera con lo cual habría más captación de volumen de fondos; no se elevaron los impuestos y se eliminaron los tributos sobre la compra de divisas. Estos esfuerzos se vieron frustrados, en parte por un fenómeno de sobrevaluación del peso, la liberalización de las importaciones rompió el equilibrio de la balanza de pagos, las exportaciones no aumentaron lo esperado, mientras las franquicias ofrecidas por Alessandri no fueron suficientes para movilizar al empresariado en la intensidad y sentido que deseaba darle el gobierno58. En 1961, Alessandri tuvo que abandonar el programa neoliberal y atraer a los radicales al gobierno, dejando atrás su ácido discurso antipartidos. En los años siguientes, la derecha neoliberal se refugió en algunos pasillos, desde donde comenzó a afinar su programa y sus relaciones con algunos grupos y entidades. Según Arturo Fontaine, en los años sesenta la derecha neoliberal operó desde cuatro reductos: la Escuela de Economía de la Universidad Católica; el Banco Central, 58

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Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile. 1952-1970 (Ediciones Nueva Universidad: 1973), p.41 y ss; Tomás Moulian, “Desarrollo político y Estado de Compromiso”, pp.124-125; Sofía Correa, Con las riendas del poder, pp. 223-233.

cuyos presidente y vice-presidentes eran neoliberales, El Mercurio y una pequeña parte, aunque influyente, del empresariado identificado con el Banco Hipotecario. Durante los primeros años de la década, después del fracaso tecnocrático de Jorge Alessandri, El Mercurio llamó a sus filas a varios de sus exponentes a integrarse como redactores de la página editorial y crear la “Página Económica”, mientras también encontraron un espacio en la revista Política, Economía, Cultura (PEC), aparecida en 1963. Paralelamente, la Escuela de Economía de la Universidad Católica se convirtió en un baluarte de la nueva economía en contra del estatismo cepaliano predominante en la Universidad de Chile59. Tras el fracaso del proyecto alessandrista, la iniciativa volvió a las manos de la derecha política –las colectividades partidarias–, la que, de acuerdo al análisis de Sofía Correa, decidió iniciar las reformas estructurales que pedía la izquierda, el centro y, para esa fecha, Estados Unidos. La llegada de los radicales al gobierno de Alessandri implicó un acercamiento entre la derecha y el centro laico que derivó en el Frente Democrático, una alianza electoral entre conservadores, liberales y radicales. La crisis económica que se produjo en 1960 hacía imposible insistir en la estrategia neoliberal, siendo la única alternativa para salvar dicho proyecto que conservadores y liberales obtuvieran una mayoría parlamentaria en las elecciones de 1961. La derecha logró obtener el 31,4% de la votación, con sólo 45 diputados, con lo cual no pudo retener el tercio del Congreso, única forma de hacer prevalecer el veto presidencial. Con esto, la derecha perdió su poder político decisivo y ello determinó su alianza con los radicales para elegir un candidato de centro-derecha para las presidenciales a celebrarse en septiembre de 1964. Estos últimos años del gobierno alessandrista confirmaron las tendencias cooptativas del cambio que habían predominado en la derecha, en lo cual incidieron varios factores. A finales de la década de los cincuenta, en 1958, hubo importantes alteraciones en el sistema electoral que tenían como objetivo la eliminación del cohecho, de la sobrerrepresentación parlamentaria de las áreas rurales y de las consejerías parlamentarias que favorecían la corrupción política. Las reformas impulsadas por el Bloque de Saneamiento Democrático eliminaron las restricciones al Partido Comunista, instauraron la cédula única y el voto secreto, lo cual fue reafirmado en 1962 con la obligatoriedad de la inscripción electoral y del sufragio. Estos cambios ampliaron el universo electoral de modo sustantivo, provocando serias repercusiones a mediano plazo. Entre 1952 y 1957 la abstención había alcanzado el 32%, mientras en 1958 disminuyó al 17% y el porcentaje de ciudadanos inscritos en los registros electorales

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Ángel Soto Gamboa, op. cit.

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llegó al 21%60. Por otra parte, el carácter socialista que a dos años del triunfo asumió la Revolución en Cuba, incitó a los Estados Unidos a modificar su política hacia América Latina, propiciando reformas estructurales que actuaran como neutralizador a las atracciones del marxismo. La más importante de las auspiciadas por la Alianza para el Progreso, en un comienzo, fue la reforma agraria con subdivisión de la tierra. A su vez, la llegada de Juan XXIII al Papado en Roma modificó la doctrina al enfatizar la línea social y auspiciar un cambio estructural, convocando a un Concilio para 1962. La opción por un partido católico reformista al estilo alemán o italiano, restó a los conservadores el respaldo que históricamente le había otorgado para trasladarlo a la Democracia Cristiana61. Todos estos factores, además del fracaso del proyecto neocapitalista de Alessandri, repercutieron tanto en el gobierno como en la derecha. El principal efecto fue la aceptación por parte de las distintas expresiones de la derecha de la necesidad de introducir cambios importantes en la estructura económica del país, como la reforma agraria. Debe recordarse que para 1962, la Iglesia chilena había iniciado el reparto de tierras en propiedades de su pertenencia y convocado a los católicos a través de dos cartas pastorales a imitar su ejemplo. Tanto la Sociedad Nacional de Agricultura como El Mercurio y el Frente Democrático aceptaron la necesidad de una reforma del agro, pero imprimiéndole su propio sello, esto es, poniendo énfasis en el aumento de la producción y de la productividad, y en la ayuda del Estado en materia de transporte, mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y obras de infraestructura. Desde la óptica de la derecha, era conveniente la aparición de una clase media rural que sirviera de barrera de contención a propuestas más radicales y consolidara el derecho de propiedad. A juicio de Sofía Correa, esta actitud demuestra que la derecha una vez más no rechazó la idea del cambio y la modernización, sino que la cooptó, adaptándola a sus intereses, especialmente los de los terratenientes62. El gobierno de Alessandri preparó y presentó un proyecto de reforma del agro, que definió la expropiación por razones de ineficiencia, abandono y no explotación, no incluyendo el problema del carácter latifundista del agro chileno. Aproximadamente, el 70% de las tierras que se expropiaron pertenecían al Estado, el 30% restante fueron vendidas voluntariamente por algunos dueños de predios63. Esta reforma, sin embargo, causó más frustraciones

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Julio Faúndez, op. cit., pp. 114-115. Juan C. Gómez, op. cit., pp.198-200; Sofía Correa, “Iglesia y política: el colapso del Partido Conservador”, Mapocho, No.30: 1991. Sofía Correa, “The Politics of Chilean Right”, pp. 299 y ss. Sofía Correa, Ibid., pp. 312-317; Julio Faúndez, op. cit., pp. 116-122; María Antonieta Huerta, Otro agro para Chile. Historia de la reforma agraria en el proceso social y político (Stgo.: 1989).

que satisfacción y alentó a los grupos que proponían una reforma de mayor alcance, los cuales apuntaban al latifundio: la izquierda y la Democracia Cristiana. Fue este centro católico el principal adversario de la derecha histórica, porque le disputó una parte importante de su base social, pero sobre todo porque levantó un proyecto de transformación, despertando sueños y esperanzas de verdaderos cambios entre la clase media y algunos segmentos de los grupos subalternos (campesinos y pobladores). El proyecto democratacristiano de profundizar el capitalismo (a pesar de su discurso anticapitalista) a través de la reforma agraria, y de democratización social con la ampliación de la legislación sindical a los campesinos y la promoción popular, parecía responder a los dos problemas que aquejaban al país desde los cincuenta: la modernización económico-social y el tipo de democracia existente64. La decisión de las fuerzas del centro católico y de la izquierda de ampliar el universo electoral a partir de 1958 y de introducir cambios sustanciales en la estructura económica y social buscaban impulsar un proceso de democratización plena que terminara con el régimen semidemocrático excluyente, como el que prevaleció entre 1932 y 1948, y el autoritario-electoral del período 1948-195865. Chile empezaría a abrirse a una verdadera democracia constructora de ciudadanos. La campaña de la “Patria Joven” inició el proceso, movilizando a miles de cristianos, campesinos y pobladores, especialmente jóvenes, que encontraron en la Democracia Cristiana la promesa de cambio que anhelaban, el entusiasmo que parecía faltarle a una política chilena dominada no sólo por los acuerdos y las transacciones, sino también por los “viejos políticos”. La campaña de 1964 inyectó un hálito de vida a la política chilena.

2. Frei ¿el mal menor? La elección de 1964 fue el minuto clave en el destino de la derecha. Manteniendo el Frente Democrático, levantó por primera vez a un candidato radical como abanderado suyo, Julio Durán Neuman, un rico terrateniente del sur y apasionado anticomunista. En efecto, a comienzos de 1963 el presidente del Partido Liberal, Mariano Puga, planteó la necesidad de formar una gran alianza entre los partidos “democráticos” y nominar un

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La naturaleza del proyecto de la DC suscita controversias: Moulian sostiene que era “alternativista”, ya que efectivamente pretendía erigirse en una alternativa al capitalismo y al socialismo, pues las reformas que haría a la sociedad capitalista darían lugar a una nueva sociedad. Radomiro Tomic ha planteado, en cambio, que el problema del proyecto democratacristiano era su contradicción entre una profundización del capitalismo y la democratización social. Tomás Moulian, “Desarrollo político y Estado de Compromiso”; Radomiro Tomic, “La Democracia Cristiana y el gobierno de la Unidad Popular”, en F. Gil, R. Lagos y H. Landsberger, Chile, 1970-1973. Lecciones de una experiencia (Tecnos: 1977). Juan C. Gómez, op. cit., p. 46.

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candidato de consenso, invitación hecha al Partido Democrático Nacional (PADENA) y a la Democracia Cristiana. Este ofrecimiento fue corroborado por la Organización Gremial de la misma colectividad y por el presidente del Senado, Hugo Zepeda B., y respaldada por los conservadores. Sin embargo, una vez ocurrida la elección municipal en abril de ese año, el precandidato presidencial Julio Durán se opuso a tal acuerdo, solicitando que a los radicales se les reconociera su mejor derecho a presentar a un hombre de sus filas para la elección de septiembre de 1964, por ser ellos la primera mayoría electoral dentro de ese bloque político, tal como se había acordado en el pacto de constitución. Los liberales aceptaron, mientras los conservadores siguieron haciendo llamados a los democratacristianos. Como éstos decidieron llevar candidato propio, los conservadores terminaron aceptando la nominación de Durán. A pesar de esto, durante el año siguiente sectores del Partido Liberal intentaron una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente de la República, Jorge Alessandri –razón por la que fueron expulsados del partido–, tentativa que fue rechazada por éste, dándose por definitiva la opción presidencial por el candidato radical66. El rechazo a la candidatura de Durán se extendía a otros sectores de la derecha: había quienes apoyaban a Frei, mientras otros al líder estanquero Jorge Prat, un exponente del nacionalismo de corte hispanista. Asimismo, la Juventud Conservadora de la Séptima Comuna demandó a la Comisión Nacional el desahucio del Frente Democrático, logrando un acercamiento con la DC, pues “Eduardo Frei interpreta con exactitud la doctrina social cristiana del Partido Conservador, no así el señor Durán, que aparte de no tener nuestras creencias, no tiene ninguna posibilidad en la próxima contienda presidencial”. De la misma forma, un denominado Movimiento de Recuperación Conservadora evaluaba la decadencia del partido como de responsabilidad de los dirigentes del partido “que han defendido única y exclusivamente los intereses de un sector económico, abandonando justamente al pueblo, a las grandes mayorías nacionales... El pueblo no olvida... Recuerde señor Bulnes que los parlamentarios conservadores... tuvieron que salir por la trastienda del Congreso para evitar las iras de la inmensa mayoría de empleados que deseaban expresarles su opinión”67. Algo similar ocurrió en sectores liberales, quienes acusaron al partido de seguir aferrado a otras épocas y problemas ya superados: “Así, la colectividad que mejor interpretó en el pasado los anhelos del pueblo chileno, se reduce hoy día a ser el eco de otros siglos y generaciones, y sus dirigentes, en vez de apoyarse con fe y sinceridad en las doctrinas del partido y su evolutiva transformación, aparecen como simples coadjutores de intereses de otras tiendas políticas que tampoco aceptan... los deberes de la 66

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El Diario Ilustrado, 1 de Enero de 1964, p. 4, Sofía Correa, “The Politics of the Chilean Right”, p. 321. El Mercurio, 1 y 8 de febrero de 1964, pp.17 y 3, respectivamente.

hora presente. Sostenemos que para recuperar su acción rectora es imperioso dar una nueva orientación al liberalismo, coincidente con el pensamiento y la acción contemporáneas”. El colmo de esa opción, a juicio del Movimiento Liberal Balmacedista, era “entregar su ideario y su bandera..a un personero de otra tienda política, que puede ser respetable en sus privativas intenciones, pero que representa, sin duda alguna, una posición demasiado comprometida con la burocracia, los privilegios previsionales y las caducas e inoperantes estructuras políticas y administrativas”68. Estas disidencias ponen de manifiesto dos cosas: por un lado, el rechazo de segmentos de la derecha frente al candidato radical y sus intentos de un acercamiento con la Democracia Cristiana, de modo de infligirle una derrota contundente al FRAP y, por otra, los anhelos de cambio que parecen haber existido entre sus bases. Desde el fracaso del proyecto modernizador de Alessandri, la derecha había estado redefiniendo su identidad en torno al anticomunismo y visualizando el espectro político dividido en dos campos: la democracia versus el totalitarismo marxista. De acuerdo a Sofía Correa, el impacto de la Revolución Cubana fue decisivo, pues la posibilidad de gobiernos marxistas en el continente parecía cada vez más cierta, de modo que el miedo al comunismo y el fracaso de su propia opción determinaron una identidad ante todo definida por su oposición a él69. El anticomunismo en la derecha era de antigua data, pero se reforzó después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido conservadores y liberales de los más activos en la lucha por la ilegalización del Partido Comunista durante el régimen de González. La Revolución Cubana vino a redespertar sus temores, en la medida que el proceso revolucionario avanzaba y se aclaraba la distinción entre partidarios y contradictores a las políticas socializantes de los guerrilleros. De una evaluación inicial como un fenómeno justo y de carácter externo, ya a fines de 1959 se la vio como un problema de significación y repercución internas. Tanto El Mercurio como el Partido Liberal la percibieron como una dictadura, totalitaria y antidemocrática, que establecía lazos estrechos con la Unión Soviética, favoreciendo la penetración de esa potencia en América Latina, con el propósito de alterar el orden interno en el continente. Los conservadores, por su parte, asumieron una actitud militante en contra de Cuba, encarando el problema como una confrontación ideológica, en la cual la política adoptada por el gobierno de Jorge Alessandri de no intervención, era inaceptable. El senador conservador Francisco Bulnes aseguró que la Cuba de Castro legitimaba su revolución en tanto revolución continental, por lo que representaba un peligro; mientras Pedro Ibáñez, senador liberal, desmintió 68

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El Mercurio, 7 de marzo de 1964, p. 31. Este Movimiento Liberal Balmacedista nació de los liberales que buscaban la reelección de Alessandri y que fueron expulsados del partido. El Diario Ilustrado,1 de enero de 1965, p. 3. Sofía Correa “The Politics of the Chilean Right”, pp. 317-318.

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las promesas de tierra para los que la trabajaban que habían hecho los líderes de la guerrilla, promesa que había inducido al campesinado a unirse “al yugo totalitario”. Para ambos partidos, especialmente para los conservadores, la dimensión ideológica del conflicto era lo central, de modo que la no participación en el bando occidental era una “inmoralidad”70. Así, si bien es claro que la experiencia cubana efectivamente acentuó los temores y sentimientos anticomunistas, ellos no se relacionaban directamente con la situación de la izquierda chilena en el período, cuya amenaza no era visible. Con todo, las cúpulas de estos partidos efectivamente remarcaban su identidad anticomunista, en desmedro de la cuestión proyectual. No obstante, las expresiones de descontento con la decisión de apoyar al candidato radical y las demandas por una renovación de la derecha, que mencionamos antes, parecen indicar cierta frustración entre algunos de sus partidarios con el anticomunismo como definición identitaria y del accionar político de sus dirigentes. Esta molestia, nos parece, es la que estalló con la aquiescencia de conservadores y liberales a la exigencia electoral del radicalismo. Había una demanda por actualizar tanto el conservadurismo como el liberalismo a los cambios ocurridos en sus congéneres mundiales y abandonar una estrategia útil décadas atrás, pero inoperante en el nuevo contexto. Esto explicaría la atracción ejercida por la Democracia Cristiana, partido que parece haber sido percibido como parte de un mismo mundo e inserto en los desafíos de esa hora71. La conjunción entre los anhelos de cambio dentro de ciertos marcos y la nominación de un presidenciable que representaba la continuidad esencial hicieron de la candidatura de Durán un reflejo de los conflictos que afectaban a la derecha. El hecho que queremos destacar es cómo antes de la elección complementaria de Curicó, dentro de la propia derecha la nominación de Durán había generado suficientes tensiones y reacciones, las cuales manifestaban su debilidad y la predisposición de algunas bases de la derecha de votar por Frei. Tal vez las dirigencias vieran el proceso político como democracia vs marxismo, dando prioridad a los mecanismos defensivos logrando la alianza anticomunista con la DC, pero entre sus filas es posible que Frei representara no el mal menor, sino una alternativa renovadora. A comienzos de 1964 –en marzo– se realizó una elección complementaria por Curicó, en la cual el Frente Democrático postuló al conservador Rodolfo Ramírez y el FRAP 70

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Joaquín Fermandois, “Chile y la ‘cuestión cubana’, 1959-1964”, Estudios históricos, No.5: 1985, pp. 13-16. Según un análisis de la base social de los militantes derechistas y democratacristianos para los años sesenta, entre 1961 y 1969, un 60% de los parlamentarios liberales y DC –un 100% entre los conservadores–, habían estudiado en colegios particulares, realidad que también era válida para el empresariado vinculado a los grandes gremios patronales, mientras los parlamentarios de izquierda en un 90% acudieron a liceos fiscales. En otras palabras, formaban parte de una misma “subcultura”. Marco Fernández Ulloa, op. cit., p. 61.

al doctor Oscar Naranjo. Como se trataba de una zona agrícola y en las elecciones de regidores del año anterior la alianza derechista había ganado holgadamente, el triunfo parecía asegurado. Sin embargo, el ganador fue el candidato izquierdista. Según la mayoría de los análisis, la victoria frapista habría asustado a la derecha ante la posibilidad de que los partidos marxistas lograran ganar la elección presidencial a realizarse seis meses más tarde, razón por la cual habrían bajado a su propio candidato y dieron un respaldo irrestricto al candidato del centro católico como “el mal menor”. Esto demostraría su “arrinconamiento ideológico y político” y su insistencia en una estrategia defensiva. Sofía Correa, al contrario, sostiene que tal interpretación no refleja la realidad, toda vez que la derecha controlaba una votación suficiente como para haber negociado con la Democracia Cristiana. Si no lo hizo fue porque había perdido la confianza en sí misma frente a la arremetida anticonservadora, el discurso antipartidos que el ex presidente Alessandri había levantado, los cambios en la Iglesia que le restaron soporte doctrinario y social y, finalmente, la reforma agraria. En esa condición disminuida, la derecha dio su apoyo incondicional a Frei Montalva, lo cual no sería sino un suicidio72. La perspectiva de este trabajo es que la opción de la derecha de votar por Frei fue la mantención de la estrategia cooptativa frente al cambio usada desde el siglo XIX. El proyecto democratacristiano no revestía una amenaza real, toda vez que, como hemos mencionado, dentro de la derecha había disposición para hacer transformaciones, aunque de un tono distinto, pero que de todas maneras abría –al menos así lo pensaban– una posibilidad a la negociación; especialmente si se considera que había una cierta presión desde abajo en contra de la alianza con los radicales y una apertura hacia Frei73. Moulian afirma que el proyecto sí era una amenaza porque afectaba los intereses centrales de las clases dominantes, especialmente la reforma agraria y la sindicalización campesina. Como veremos enseguida, a nuestro entender, a comienzos de 1964 la derecha no tenía plena conciencia del carácter del programa de la DC y no lo veía como un escollo insuperable. El Programa presidencial de Frei fue, de alguna manera, fruto del diagnóstico de la crisis integral que, según Jorge Ahumada y su partido, afectaba a Chile, por lo que se requerían transformaciones estructurales y emanó de distintos estudios hechos por

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En la primera interpretación: Ángel Soto, op. cit.; Tomás Moulian, “Desarrollo político y Estado de Compromiso”; en la segunda, Sofía Correa, “La derecha en el Chile contemporáneo: la pérdida del control estatal”, en op. cit., y Con las riendas del poder, pp. 247-248. Según el testimonio de Jarpa, ya en 1958 sectores que se identificaban con la derecha y que formaban parte del agrario laborismo, deseaban una alianza entre la derecha y la DC tras la candidatura de Frei, especialmente porque los unía el deseo de reforma y el cristianismo. Patricia Arancibia Clavel et al., Jarpa, p. 79.

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comisiones y congresos, las que derivaron en el “Libro Azul” presentado en el Congreso de Profesionales y Expertos Democratacristianos en 1962. El documento contemplaba cuatro capítulos, referidos a la necesidad de reformas institucionales, planificación económica, educacional y social; política interna y autoridades locales. En concreto se trataba de reformar el sistema electoral, el sistema de tenencia de la tierra y de la industria, y extender la organización y movilización social. En materia de propiedad, se reconocía la legitimidad de la propiedad privada, garantizándose su función social y el bien común. Se propendería a una reforma agraria que eliminara el sistema de latifundio, desplazando las consideraciones de eficiencia –como planteó la reforma de Alessandri–, considerándose tres tipos de propiedad: familiar, cooperativa y tamaño mediano. Se pretendía aumentar la producción y el ingreso generado por la explotación cuprífera, crear nuevas industrias y aumentar significativamente la construcción de viviendas populares74. Es evidente, que este pre programa ya anunciaba una amenaza al latifundio, a pesar de que reconocía el derecho de propiedad y no especificaba el mecanismo a través del cual se llevaría a la práctica. Es decir, revestía un peligro en potencia, pero aún para 1963 la derecha era el sector político con mayoría electoral, como lo probaría la elección municipal de ese año donde el Frente Democrático obtuvo el 48% de los votos. Por lo demás, la campaña presidencial no entró en su fase decisiva hasta marzo de 1964, con motivo –precisamente– de la elección por Curicó. Es decir, no había razón para temer un eventual gobierno de la Democracia Cristiana. Debe mantenerse presente, igualmente, que la candidatura de Frei –inmersa en un momento agudo de la Guerra Fría en América Latina–, y la posición de la Democracia Cristiana en la época, fueron tremendamente anticomunistas, pues se percibía al marxismo como esencialmente contrario al cristianismo. Esto facilitó una sintonía con los temores antimarxistas que invadían a la derecha en su conjunto. En consecuencia, si se tiene en cuenta que no había un rechazo total a las reformas, aunque diferentes a las del programa de Frei, y que existía un común sentimiento anticomunista, proponemos que la actitud de la derecha no fue considerada por ella como un cheque en blanco ni pensada como su muerte, sino como el respaldo a una propuesta con la cual tenían puntos de contacto y podría dar lugar más tarde a un acuerdo. El resultado del 15 de marzo terminó de derribar la tambaleante candidatura de Julio Durán. El escrutinio realizado demostró el triunfo del candidato Oscar Naranjo con un 39,2%, mientras el Frente Democrático alcanzó el 32,6% y la DC, el 27,1%. En la elección municipal del año anterior en esa zona, la alianza derechista había obteni-

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George Grayson, El Partido Demócrata Cristiano chileno (Ed. Francisco de Aguirre:1968), pp. 350 y 372. Un resumen del “Libro Azul” en Ricardo Yocelevzky, La Democracia Cristiana chilena y el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970) (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México: 1987), Apéndice B, pp. 350 y ss.

do un 49% de los votos, lo que significaba una disminución de fuerzas de un 15,4%75. El efecto fue una seguidilla de renuncias. La primera fue la de Julio Durán a ser el abanderado del Frente Democrático para las presidenciales, ya que la victoria frapista era de una “extraordinaria gravedad... para la vida democrática de mi patria. Hace muchos meses, yo diría años, vengo señalando el extraordinario peligro que representa para nuestra convivencia libre la fórmula que bajo la sigla de FRAP viene ocultando el comunismo internacional”. No obstante esta insistencia, “del resultado obtenido se desprende la conclusión penosa y ella es que no existe conciencia formada... respecto del peligro que enfrentamos”76. Según sus propias palabras, en pos de la defensa de la democracia, renunciaba a la candidatura para facilitar la búsqueda de soluciones que permitieran arribar a ese objetivo. Julio Durán era efectivamente un activo anticomunista, quien había participado entusiastamente en la expulsión de ese partido del sistema político chileno en 1948, como miembro del grupo paramilitar Acción Chilena Anticomunista, ACHA. No era representativo de todo el radicalismo, sino de su tendencia más conservadora y que se definía por su claro rechazo al marxismo. Por ello no extraña su reacción y la del ala radical que mantuvo esa postura, liderada por el ex presidente de la República, Gabriel González. La precipitada decisión de Durán modificó el cuadro político y fue lo que creó ese ambiente de conmoción que inundó a los partidos del Frente Democrático y que los obligó a tomar decisiones en un contexto particular. Si bien el anticomunismo era un elemento fundamental en la derecha, la derrota de Curicó no fue lo que la desestabilizó, sino la renuncia de su abanderado que dejaba a la coalición sin representante y a la deriva frente a la lucha presidencial. Esto quedó claramente en evidencia cuando los presidentes de los partidos Radical y Conservador presentaron la renuncia a sus cargos. Lo sorpresivo e inesperado de la decisión de Durán descolocó a los partidos. Al comienzo se pensó que podía tratarse de una maniobra de los medios para perjudicar al Frente Democrático, y las respectivas directivas debieron convocar a sus Comités Ejecutivos y Mesas para analizar lo sucedido. El presidente del Partido Liberal interpretó el triunfo de Oscar Naranjo como fruto de la personalidad del candidato y la demostración del empuje con que actuaba el comunismo internacional, mientras la Junta Ejecutiva de los conservadores confirmó en la presidencia al senador Francisco Bulnes y acordó reafirmar su adhesión al Frente Democrático y mantener el nombre de Julio Durán. La Declaración oficial de esta colectividad señalaba que se trataba de una “hora grave y decisiva de la historia nacional” y que la derrota de la alianza derechista implicaba que ella había perdido cerca de un tercio de su votación, dos

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Gastón Cruzat, “Comentarios Nacionales”, Mensaje, No.128, mayo de 1964. El Mercurio, 16 y 17 de marzo de 1964, pp.29 y 1, respectivamente.

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terceras partes de las cuales había sido recogida por el FRAP y sólo una por la DC. Esto, a su juicio, no hacía sino ratificar su diagnóstico del año anterior y su reiterada demanda de unir a todos los grupos no marxistas (democráticos) para la contienda presidencial. La posibilidad que los resultados electorales abrían al FRAP, llevaba a los conservadores a tener una “disposición absoluta a aceptar cualquier fórmula de unión democrática que signifique la derrota del marxismo o, en términos más positivos, de mantenimiento de la soberanía nacional, del respeto a la dignidad humana y las libertades que los individuos y los pueblos necesitan para cumplir su destino trascendente”77. Esta disposición no era extemporánea ni sólo producto de la debacle electoral, sino coherente con las intenciones conservadoras previas a la decisión de apoyar a Durán, esto es, una alianza con los democratacristianos y, por tanto no reflejaban un miedo paralizante. Sin embargo, una de las principales conclusiones que sacaron otros sectores fue que se había producido un desplazamiento del electorado en relación a las municipales de 1963 y que la candidatura de Durán no parecía tener muchas posibidades frente a sus contendores, ambos en claro ascenso. El problema era la acefalía creada por Durán que forzaba una posición, la cual basculaba entre mantener el Frente Democrático o insistir en la estrategia ya intentada el año anterior de dividir el escenario político en dos campos. En otras palabras, la evolución de los acontecimientos pasaba en importante medida por el radicalismo, es decir, porque se mantuviera en alianza con la derecha. La renuncia del candidato radical, sin embargo, abrió su propia Caja de Pandora al interior de ese Partido, pues produjo no sólo la renuncia –aunque no aceptada– del presidente de su Mesa Directiva, Raúl Rettig, sino también la aparición clara de distintas posiciones frente al problema: la Mesa se pronunció a favor de mantener la candidatura de Durán, pero el presidente de los senadores pidió la convocatoria a un organismo consultivo para tomar una decisión, destacando que el radicalismo podía seguir tres caminos: apoyar a Frei, a Allende, o llevar su propio candidato. El senador Juan L. Maurás señaló que una alianza con el FRAP no era imposible, dado que el centro laico siempre había estado a favor de cambios en la estructura económica y social y que su única exigencia era el respeto a la juricidad. Siendo ello así, los radicales estaban abiertos a cualquier entendimiento. Más claro aún fue el Comité Ejecutivo Nacional de la Juventud Radical que solicitó explícitamente “el rompimiento del Frente Democrático, que se corte todo tipo de relaciones con el gobierno y que se convoque a los organismos superiores del partido, tales como la Asamblea o la Convención”78. En suma, la renuncia de Durán parece haber ayudado a aflorar el verdadero ambiente

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El Mercurio, 18 de marzo de 1964, p. 29. El Mercurio, 19 de marzo, p. 19.

entre los radicales, y las resistencias que aquel generaba, devolviendo un espacio al ala izquierda. Finalmente, las presiones internas derivaron el viernes 20 de marzo en la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Radical de dar por terminada la alianza y su retiro del gobierno de Alessandri, echando por tierra la posibilidad de rehacer la candidatura79. Esta situación agudizó el desamparo de la derecha. Por su parte, la Democracia Cristiana analizó los resultados como una confirmación de su pujanza y de constituir “la única fuerza popular mayoritaria en Chile, alternativa al marxismo”, recalcando en su declaración oficial, la urgencia de realizar las reformas que el país necesitaba, pues era evidente que respondían a los anhelos de la inmensa mayoría. En las palabras de Frei ambas ideas constituían una sola: El dilema que Chile afronta es muy simple: o se realizan las transformaciones urgentes e impostergables bajo el signo y la inspiración de una filosofía que nos ha inspirado siempre y que garantiza el respeto al hombre y sus derechos... o se realizarán inevitablemente por el camino que señala la filosofía y los métodos del comunismo, fuerza indiscutiblemente predominante en la combinación del FRAP... Hemos respetado las personas de nuestros adversarios políticos, a pesar de que ellos quieren a todo precio adueñarse de la causa popular para imponer sus consignas y nos atacan y pretenden desfigurar nuestras palabras y nuestra acción...

El comunismo representa una filosofía, una técnica para gobernar, un método político y un sistema económico. El mundo y América conocen la fórmula. El país debe saber lo que escoge de una manera responsable”80. La Declaración continuaba reiterando el programa de reformas, fruto de convicciones y no de cálculos electorales, necesario no sólo por justicia social, sino también para salir del estancamiento económico que abrumaba a asalariados y empresarios. Aprovechando la desorientación que embargaba a la derecha y la resurrección de la propuesta conservadora de una gran alianza de las “fuerzas democráticas”, la Democracia Cristiana demandó la unidad de todos los chilenos en torno a su programa político y presidencial: “llamar nuevamente a todos los chilenos con apremiante solicitud para que respondan a esta causa y se integren a este gran movimiento que desborda todo límite partidista”81. La palabras de Frei Montalva reflejan lo que fue la campaña de la Democracia Cristiana de 1964: por un lado, se hacía hincapié en lo intransable del eje del programa, es decir, la reforma agraria, pero ella era acompañada de amenazas veladas sobre lo que ocurriría si los sectores “conscientes” no lo apoyaban: vendría la dictadura marxista. La estrategia era mostrar las dos caras del mismo problema: reforma o revolución. La primera sería civilizada y bajo su batuta, la segunda, dejaban entrever, sería con des79 80 81

El Diario Ilustrado, 23 de marzo de 1964, p. 2. El Mercurio, 17 y 19 de marzo de 1964, pp. 16 y 21 respectivamente. Ibid. Véase, además, Eric Campaña Barrios. “La elección de Curicó”. Política y Espíritu, No. 284, enero-mayo 1964.

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conocimiento de los derechos civiles esenciales. Sin duda, estas palabras no trajeron tranquilidad a la derecha. Para la Democracia Cristiana, lo sucedido reflejaba el fuerte crecimiento de su partido en sectores populares específicos, como el campesinado, entre el que había mejorado su votación, según sus cálculos, en un 80% contra el FRAP que sólo lo había logrado en un 60%. Quien conquistara la votación popular –obreros, campesinos y pobladores– ganaría la presidencia de la República en septiembre de 1964. Debe recordarse, que en la década de 1960 irrumpieron con fuerza dos nuevos grupos electorales: las mujeres y la población urbana de pobres. Fue en estos sectores donde se introdujo el nuevo partido católico. La elección por Curicó reforzó la autoconfianza democratacristiana, especialmente si se consideraba que allí, la suya, era la única candidatura de un solo partido, a diferencia de la izquierda y la derecha, lo cual les auguraba las máximas posibilidades a futuro. Más aún, cuando estaban ciertos que la gran valla para el crecimiento del FRAP sería el universo electoral femenino, donde no había revertido su historial82. Fue en este clima triunfalista que la DC acentuó su discurso anticomunista. En cada declaración o análisis político, el centro católico enfatizó el derrumbe de la derecha y reivindicó ser el único capaz de detener al comunismo, precisamente por su carácter reformista, alternativa a la revolución socialista. Como señalaba uno de sus militantes, los resultados electorales “confirman una vez más, que es la única fuerza capaz de detener al comunismo, con doctrina, programas y soluciones concretas para la solución (sic) de los problemas de Chile83. El reformismo del programa democratacristiano, dentro del marco institucional existente, era lo que garantizaba la convivencia democrática y los ciudadanos debían comprender que “el dilema es adherir, aunque sea con desagrado, a una gran empresa de libertad o arriesgarse a perderlo todo en una candidatura socialista-comunista, o sea, pre dictatorial”. El FRAP, aseguraba el articulista, “no dará cuartel. Así como ha sido insidioso, violento y atropellador en el campo de la discusión verbal, así también estará dispuesto a recurrir a todos los métodos físicos para impedir nuestra victoria... no podremos permitir que comience durante las elecciones, el tipo de métodos que el Partido Socialista y el Partido Comunista saben usar en estos casos”84. Explotar el imaginario más aterrador del comunismo era una fórmula mágica para obligar a la derecha a decidirse, pero sin pedirlo explícitamente. La Democracia Cristiana sabía que en el contexto creado por el “Naranjazo” podía contar con esos votos.

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Política y Espíritu, No. 284, enero-mayo de 1964, pp. 37-44. Ibid., p. 42. Ibid., p. 44.

A este ambiente debe sumarse la reacción de la izquierda frente a los resultados y la hecatombe producida entre los radicales. Siendo testigos de la crisis profunda que afectó al partido del candidato derechista, el FRAP enfatizó la posibilidad de triunfar el 4 de septiembre siendo Allende “el primer Presidente de un gobierno revolucionario popular y democrático de Chile”85. Comprendiendo la debilidad del radicalismo, el FRAP intentó atraerse los votos del ala izquierdista de ese partido, tratando de inducir su quiebre de modo de fortalecer su opción, frente a la ya casi inminencia del apoyo derechista a Frei. Considerando que el Partido Radical había obtenido la más alta votación del Frente Democrático en 1963 y la existencia también de críticas de su base al fortalecimiento de sus tendencias conservadoras, la izquierda pensó que sería posible atraer a los votantes de centro. Simultáneamente, se desarrolló una activa propaganda afirmando que el acercamiento DC-derecha implicaría necesariamente el aborto del programa de reformas de Frei y la reposición del poder de quienes se oponían a todo cambio. La izquierda insistió en que finalmente Frei sería un candidato más bien de derecha y que los únicos verdaderos propiciadores de las transformaciones que el país requería eran de la izquierda. Ambas estrategias buscaban debilitar las posibilidades crecientes de la DC y restar votos de bases que no irían a Frei si se conformaba una alianza concreta con la derecha. En otras palabras, todos los partidos se vieron afectados en sus cálculos políticos con la renuncia de Julio Durán, cambiando sus estrategias y pretendiendo alterar la correlación de fuerzas para darle un nuevo rumbo a la elección de septiembre. Fue, creemos, esta situación la que desestabilizó a la derecha y la llevó por nuevos derroteros86. Compartimos la tesis de que para estas fechas ella estaba efectivamente afectada por los cambios de 1958, por el costo político del fracaso del gobierno de Alessandri Rodríguez y la nueva situación de la Iglesia Católica. Pero, efectivamente la derrota de Curicó no era una tragedia y no ponía en peligro su candidatura. La pérdida de su abanderado, sin embargo, la dejó sin referente alguno que presentar a la ciudadanía y ello facilitó su decisión de resucitar la idea de una unión amplia. Fue este el ambiente en el cual la derecha decidió su destino.¿Era posible mantener la candidatura de Durán? Al parecer era bastante improbable, dada la falta de real respaldo entre la derecha y la actitud del radicalismo de terminar la alianza y más aún con el posible desangramiento hacia la izquierda, de por lo menos una parte de su electorado. En esas condiciones levantar a uno de los suyos resultaba inviable,

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El Mercurio, 16 de marzo de 1964, p. 29. El periodista Luis Hernández Parker escribió: “La dramática renuncia de Julio Durán y las perforantes medidas del CEN al divorciarse simultáneamente de Jorge Alessandri y de sus socios liberales y conservadores perfilaron la campaña presidencial a dos candidatos”, Ercilla, 25 de marzo de 1964, p.16.

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considerando la correlación electoral y la falta de apoyo del centro laico y que la única candidatura derechista (la de Jorge Prat) fue desechada por la falta de respaldo popular: no ganarían. Sólo quedaba apoyar a Frei. ¿Negociar sus votos? En este punto hay dos aspectos centrales: en primer lugar, la cuestión del programa. Es efectivo que el programa presidencial democratacristiano y la campaña reiteraron que se harían cambios estructurales y particulamente se habló de la reforma agraria y la ampliación de la propiedad. Pero aún no estaba completamente diseñada lo que más tarde sería la ley de reforma agraria: esto es, la reforma constitucional al derecho de propiedad, el golpe al inquilinaje y las indemnizaciones. En otras palabras, que la Democracia Cristiana dijera que haría una reforma en el campo, lo cual significaba ampliar el número de propietarios, no representaba necesariamente una amenaza seria para la derecha, pues ella estaba de acuerdo en crear una clase media rural. El Programa de Gobierno de la DC apareció en junio de 1964, tres meses después del “Naranjazo” y establecía como primera tarea el desarrollo económico, dentro de lo cual la reforma agraria ocupaba un lugar central. Se señalaba la necesidad de aumentar la producción de alimentos y sacar a la agricultura del abandono y la mala explotación a que se la había sometido, haciendo a su costa el esfuerzo industrial, siendo el agro el núcleo de la reforma. Era urgente aumentar los ingresos de la agricultura, un nuevo sistema de comercialización, ampliar la organización cooperativa entre los campesinos, crear un sistema de créditos a medianos y pequeños agricultores, incorporar los avances técnicos y científicos al agro, apoyar a los exportadores y desarrollar obras de infraestructura. Sobre esa base de mejoramiento y estabilidad de la agricultura, podría hacerse la reforma agraria, cuyo objetivo era modificar el sistema vigente de tenencia de la tierra, abriendo la posibilidad que el campesino se transformara en propietario, aumentar la producción, “terminar con las tierras abandonadas o mal cultivadas, o con las propiedades demasiado extensas o demasiado pequeñas, con el latifundio y el minifundio”. El pueblo campesino organizado produciría los alimentos que Chile necesitaba, se convertiría en mercado para la producción industrial; se entregaría tierra a cien mil campesinos con apoyo del Estado; se agruparían los minifundios en unidades económicas más eficientes y se ‘asentaría’ a los nuevos propietarios. En otras palabras, es efectivo que se explicitaron las intenciones de tocar los latifundios –y también los minifundios–, pero no con el tono y la radicalidad con que lo planteaba originalmente el “Libro Azul”, tanto en lo referente a la eliminación del latifundio como a la explicitación de tres tipos de propiedad agraria. Al mismo tiempo se aseguraba: “No estamos en contra del buen agricultor que no acapara tierras, que produce y cumple las leyes. Al revés, los ayudaremos como nunca antes se ha hecho.

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Estamos contra los que burlan las leyes y no trabajan”87. O sea, ciertas garantías. Queremos resaltar el hecho deque así como había anuncios de ataque al latifundio, también había promesas de obras de infraestructura –como sistemáticamente habían estado pidiendo los dueños de tierras–, estabilización de los precios de los productos agrícolas y preocupación destacada por el problema del aumento de la producción. Más todavía, la articulación consensual del proyecto de reforma agraria al interior de la Democracia Cristiana demoró un año después de la asunción de Frei, pues el acuerdo en torno a ella “resultó difícil de traducir en un proyecto de ley... debido a los desacuerdos internos respecto de sus alcances”88. El programa, además, contemplaba el apoyo a la pequeña y mediana minería, a la industria, la capacitación tecnológica de los trabajadores, la atracción del capital extranjero, la necesidad de aumentar la producción de cobre y de dar a cada actor del proceso económico su papel, reconociendo su importancia para alcanzar los objetivos buscados. Esto era coherente con lo que se perseguía en materia laboral: una reforma a la legislación del trabajo y a la organización sindical. Esto significaba atenuar la naturaleza defensiva frente al capital que tenían los sindicatos para convertirse en “la expresión del trabajo organizado”; se patrocinaría la sindicalización en todas las áreas, pero también “la responsabilidad sindical, en cuanto al sometimiento a la ley de la actividad sindical, de la libertad en el manejo de fondos sociales, su contabilidad y fiscalización por organismos estatales”89. Es decir, reponer el control estatal sobre el movimiento obrero, quitándole la autonomía alcanzada bajo la gestión de la CUT y neutralizando la influencia de los partidos marxistas. En otras palabras, el Programa contenía amenazas, pero también promesas en áreas de gran interés para la derecha en el período, como era su énfasis en la producción, un respaldo a la iniciativa privada y la decisión de intervenir el desarrollo del movimiento obrero. A nuestro entender, no reflejaba un peligro inminente. Si esto es así, votar por Frei no implicaba una autodestrucción, sino la continuación de su estrategia cooptativa. No fue posible desarrollar la reforma bajo su propia mano con Jorge Alessandri ni Julio Durán, entonces la harían con la Democracia Cristiana, partido que les aseguraba respeto a la propiedad privada y a las leyes, o sea, a las normas existentes, las cuales especificaban claramente las condiciones para la expropiación.

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Eduardo Frei Montalva, “Mi Programa de Gobieno”, Política y Espíritu No.285, junio-agosto de 1964, pp. 3-21; cita en pág.14. Julio Faúndez, op. cit., p.149. La diferencia estaba en la radicalidad del proceso, donde el ala derecha del partido, liderado por el presidente Frei rechazaba un proyecto muy radical, porque era innecesario técnicamente y erosionaría la confianza de los inversionistas privados en el compromiso del gobierno de respetar la propiedad privada. Ibid., p.15.

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¿Alguien podría pensar que la derecha imaginó la reforma constitucional al derecho de propiedad y aún así le dio los votos a Frei? No, y menos cuando tales cuestiones nunca se expresaron y sólo salieron a la palestra en el momento en que se preparaba el proyecto de reforma del agro para mandarlo al Congreso en 1965. Sólo entonces se hizo evidente el pre-requisito constitucional. El segundo aspecto del apoyo de la derecha a Frei, se relaciona con el supuesto miedo que se apoderó de ella, que la hizo respaldarlo incondicionalmente: rendición total. Hemos visto más arriba cómo desde que se inició la definición de los candidatos, la derecha quería un frente amplio que incluyera a la DC y fue la opción independiente de ésta lo que finalmente les llevó a levantar un candidato propio. Una vez ocurrida la elección de marzo de 1964 esta política resucitó, pero se estrelló contra la decisión democratacristiana de mantener su autonomía. La DC no necesitaba negociar con la derecha, pues si alguna claridad le produjo la elección de Curicó era su verdadera fuerza de avance y la atracción que ejercía en parte de las bases católicas de la derecha, especialmente de los más jóvenes. Como señalábamos, la confianza se apoderó de este partido y “El sentido común nos indica que muchos no freístas ahora van a votar por nuestro candidato”, pues los electores sólo tendrían dos alternativas: la de Allende y la de Frei. En ese marco: “Es altamente probable que este último (Frei) recibirá un substancial aporte electoral de elementos independientes que acompañaban a la postulación de Durán, y de militantes conservadores y liberales, mientras Allende recibirá algunos contingentes de radicales y de empleados públicos”90. Esta convicción le ofrecía la posibilidad de no transar abiertamente. Al contrario, insistió en el imperativo de mantener el programa tal como estaba planteado, porque ésa era la razón del debilitamiento de la derecha: no haber hecho los cambios que el país requería urgentemente, teniendo la oportunidad de hacerlo durante el gobierno de Jorge Alessandri. El país anhelaba cambios profundos y la Democracia Cristiana no podía frustrarlos y traicionar su promesa. No negociaría con la derecha. Como señalaba un analista: “Está llamando a todos los chilenos, lo que involucra que también está llamando a los derechistas; pero no para realizar el programa del FD [Frente Democrático], sino su programa”91. Le bastaba con atizar los miedos anticomunistas de su alma mater, sin necesidad de poner en peligro el programa, ni su naturaleza. Por ello, era posible llamar a todos los chilenos a emprender la gran cruzada, “pero no me pidan que cambie una línea de mi programa que he planteado al país... no cambiaré mi programa ni aunque me ofrezcan un millón de votos”92.

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La primera cita en Política y Espíritu No. 284, enero-mayo 1964, p. 44; la segunda, en Mensaje No. 128, mayo de 1964, p.134. Ercilla, 25 de marzo de 1964, p.17. El énfasis es nuestro. Ibid., 26 de marzo de 1964, p.19.

Desde comienzos de abril, la derecha acentuó los llamados a la Democracia Cristiana para enfrentar juntos la elección presidencial. A las propuestas conservadoras, el análisis liberal sostenía que Chile necesitaba un candidato que fuera certeza absoluta de triunfo para proteger a la democracia del comunismo, pues eso era lo que la mayoría nacional esperaba y el Partido no podía exponerse a desoír esa demanda ni asumir la responsabilidad por un posible resultado adverso. Por ello “la fórmula que nuestro partido sugiere es la de una gran convención de fuerzas democráticas”, para lo cual se realizaron contactos con variados dirigentes políticos “incluso de la Democracia Cristiana”. La respuesta de este partido, no obstante, fue negativa: el Comando de Frei rechazó participar en discusiones sobre nuevas fórmulas de arreglo y declaró oficialmente que su candidatura era garantía de la mantención de las libertades y derechos existentes, y también de la preservación del programa presentado al país, por lo cual “sería un engaño de nuestra parte concurrir a cualquier reunión conducente a buscar otras fórmulas políticas que pudieren poner siquiera en duda nuestra posición y nuestros reiterados propósitos... Nosotros creemos que el país.. quiere líneas claras, posiciones definidas y repudio a quienes por conseguir un fácil apoyo electoral renuncian a lo que sostienen o buscan compromisos de todo orden”93. No obstante ello, hacían un llamado amplio a todos quienes quisieran colaborar, aunque sin condiciones. La Democracia Cristiana no estaba errada en la atracción que estaba ejerciendo en importantes sectores de la derecha y la decisión de votar por Frei. Ellos incluían a un grupo sustantivo de los conservadores unidos y de sus simpatizantes, debido a que dentro del Partido habían dos posiciones: la de aquellos dispuestos a un inmediato acercamiento, y la de otros de una actitud más reticente. Con todo, cinco días más tarde, el Partido Liberal, por amplia mayoría de su Directorio General (70%) decidió dar su apoyo a la candidatura democratacristiana “sin que dicho respaldo signifique compromisos recíprocos de ninguna especie”. Frei agradeció el respaldo, reiterando que él “no entraría en pactos ni en compromisos... Este apoyo espontáneo en nada compromete a ese partido con el gobierno de Frei... ni tampoco el cumplimiento del programa”. Un día más tarde, los conservadores hicieron lo propio, apoyo sin pactos ni compromisos94. En suma, la decisión de la derecha de votar por Frei fue producto de una coyuntura, pero se basó en cálculos políticos racionales y no emocionales. Nosotros no compartimos la idea de una derecha sumida en el miedo al comunismo, y tampoco en un derrotismo que la condujera a su autodestrucción. No había posibilidad de levantar una candidatura propia, y tampoco de negociar con la DC, porque ésta no estaba 93 94

El Mercurio, 11 de abril de 1964, p. 29. Revisar El Mercurio entre el 19 de abril y el 2 de mayo de 1964.

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dispuesta a hacerlo y no porque la derecha se autoanulara. La derecha, como hemos visto, intentó un acercamiento con Frei, pero éste no podía materializarse sin poner en peligro la votación de las propias bases que exigían el apego estricto al programa. Una negociación habría significado más de alguna alteración. Frei fue insistente en su negativa pública, aunque es posible también que su reiterado llamado a ‘todos los chilenos’ fuera un ofrecimiento implícito. El proyecto democratacristiano no era un problema para una derecha que la percibía como parte de un mismo mundo y que dio algunas garantías que en ese momento eran prioritarias, como asegurar la libertad y los derechos existentes. La “campaña del terror” de los meses siguientes no haría sino fortalecer esa alianza informal. En efecto, una vez iniciada la carrera por la presidencia, hizo su aparición un estilo nuevo de campaña, aquel que no sólo destacaba el programa a implementarse, sino también explicitaba los graves peligros que supondría un triunfo de la izquierda. La pugna por la Presidencia en 1964 se insertó en un momento agudo de la Guerra Fría en América Latina, cuando la lucha norteamericana contra la Revolución Cubana se hallaba en pleno apogeo con la Alianza para el Progreso y el apoyo a gobiernos reformistas, que respetaran la institucionalidad liberal. El triunfo del FRAP en la elección de Curicó, también fue un toque de alerta para Estados Unidos, al percibir la posibilidad de una victoria marxista en septiembre de ese año, razón por la cual habría desplazado su respaldo a Eduardo Frei. De acuerdo a los documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana, CIA, y la investigación del Senado estadounidense, conocido como el “Informe Church”, la candidatura de la DC fue financiada y auspiciada por la agencia norteamericana, aportando gruesas sumas de dólares (US$ 4.000.000) que nutrieron a los partidos políticos que estaban detrás de esa candidatura, los medios de comunicación y la propaganda callejera utilizada. La campaña estuvo teñida de anticomunismo, usándose películas, volantes, panfletos, afiches, mensajes radiales, campañas por correo y fue presentada como una disyuntiva entre democracia y totalitarismo, dirigida de preferencia y con fuerza al electorado femenino a través de medios de comunicación masiva y afiches que tapizaron las más importantes ciudades del país. Como señala el Informe Church, fue una ‘campaña del terror’ que utilizó sucesos de Europa Oriental para atemorizar a la población, al tiempo que se distribuían miles de copias de la carta pastoral anticomunista del ex Papa Pío XI y que fueron distribuidas por organizaciones democratacristianas. En junio, un grupo de propaganda financiado por la CIA producía veinte spots radiales para Santiago y 44 estaciones de provincia y programas de noticias cinco veces al día en tres radios santiaguinas y 24 de provincias95.

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Armando Uribe y Cristián Opaso Intervención norteamericana en Chile. Dos textos claves (Ed. Sudamericana: 2001), pp. 242-243; “La CIA en Chile”, Informe Especial, TVN, 2001: Sofía Correa et al. Historia del siglo XX chileno, pp. 243-245.

El apoyo de la derecha a la candidatura de Frei significó no sólo sus votos, sino puso a su disposición todos sus recursos económicos, organizaciones y los medios de comunicación bajo su control: La Nación fue uno de los principales instrumentos a través de los cuales la derecha participó en la campaña del terror. Ya a fines de 1960, un grupo de entusiastas alessandristas había creado una organización llamada “Chile Libre” que tenía como propósito “hacer conciencia sobre el peligro comunista”, y cuyo Manifiesto advertía sobre el avance incontenible de esa doctrina durante el siglo XX que ya dominaba más de la mitad del planeta. Para Eduardo Boetsch, redactor de tal documento, “todos somos soldados en esta lucha y nadie escapará de sus resultados.. Cada rincón del mundo es un campo de batalla donde se está gestando la victoria o la derrota. De nuestra actitud, de la determinación y espíritu de lucha de cada uno de nosotros, depende el resultado final. La alternativa de esta hora es democracia o comunismo”96. De acuerdo al análisis de los miembros de “Chile Libre”, Europa estaba inerme y la lucha se libraba en otras partes del mundo, como América Latina y Chile, en particular, estando la solución en el imperativo que la sociedad comprendiera que se trataba de “una guerra de supervivencia, que habrá de definirse entre dos conceptos en lucha: libertad o esclavitud”. De allí debería salir un gran movimiento nacional “una reacción en cadena que barrerá el comunismo fuera de Chile”, según explicitaba dicho Manifiesto. “Chile Libre” estableció una sede, en la cual se dictaban cursos de marxismo, y para la elección presidencial de 1964 participó activamente en lo que se conocería como la Campaña del Terror. Según el propio testimonio de Boetsch, esta agrupación editó una revista ilustrada que titularon “El cuento del tío..Salvador”, de carácter anticomunista, y fue enviada a “miles de agricultores para que suscribieran a sus inquilinos”97. En realidad, Boetsch y sus amigos publicaron varias revistas de tono anticomunista, destinadas a asustar a la población ante un eventual triunfo de la izquierda, levantando la imagen de un Chile sometido a la más cruel dictadura filo cubano-soviética, como las que se muestran en las ilustraciones:

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“Manifiesto de Chile Libre”, en Eduardo Boetsch, Recordando con Alessandri (Universidad Nacional Andrés Bello: 1992), p. 27. La autora agradece al historiador Pablo Artaza el haberle permitido acceder a este texto. El periodista Abraham Santibáñez ya había llamado mi atención sobre esta organización como parte de la Campaña de 1964: “habían algunos grupos, uno que denunciamos en la revista Hoy, uno que se llamaba ‘Chile Libre’, donde estaba un hermano de Arturo Fontaine”. En conversación con la autora el 25 de abril de 2005. Boetsch, p. 29. Según testimonia, la izquierda creyó que había sido editada en Estados Unidos y ellos reconocieron su autoría en una conferencia de prensa. Abraham Santibáñez también mencionó una revista de historietas de “gente del exilio cubano que muestra las cosas que nos pasarían si ganaba Allende”. Agregó que se trataba de “gente vinculada a la derecha y a la agricultura”, en entrevista del 25 de abril de 2005.

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El diario de gobierno incluyó dos tipos de propaganda antimarxista: la de los partidos del ex Frente Democrático, y los afiches firmados por la “Respuesta de Chile ante la amenaza marxista”, quienes destacaron propiamente en ese estilo de campaña. De acuerdo al Partido Conservador, votar por Frei estaba muy lejos de representar temor: ...porque llaman miedo el que ningún chileno quiera que su patria pierda el espíritu y, al igual que en Cuba, sea sometida a la sangrienta esclavitud del comunismo internacional... porque ningún padre de familia y ninguna madre quiere que los comunistas hagan de sus hijos milicianos, los priven de discernimiento y les destrocen los conceptos de moral y hogar. ¿Puede llamarse a esto

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miedo?... esto es valor, entereza, dignidad y democracia... ¡votar por el hombre que reúne más fuerzas para derrotar a Allende y al marxismo internacional98.

Así, los conservadores homologaban marxismo con el mal absoluto, la destrucción de todos los valores de la civilización, usando para ello un imaginario de gobierno de izquierda que remitía a experiencias ajenas a Chile y que aseguraban, se repitirían. A su juicio: “Puede decir a todos aquellos que manifiesten su propósito de votar por Allende y el comunismo internacional, porque con su voto conseguiría que en Chile se supriman las elecciones como en Cuba, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Alemania Oriental y todos los países que han caído bajo el yugo marxista”99. Coincidían en este sentido de amenaza, sectores de derecha ajenos a los partidos, para quienes si un partido de 7.000 miembros pudo apoderarse de la revolución cubana (sic) y dominar a Fidel Castro que se declaraba anticomunista y contaba con el apoyo casi unánime del pueblo cubano, ¿cómo podría Allende, marxista confeso, mantener a raya al Partido Comunista criollo que cuenta con 40.0000 afiliados y es mayoritario dentro de la combinación que apoya su postulación?100

Paralelamente, se creó una organización denominada “Freístas a la fuerza”, FAF, que decían votar por Frei porque se identificaban con la libertad de pensamiento, de expresión, de movimiento, de reunión y asociación; porque amaban a sus familias, una educación moral para sus hijos, todo lo cual “ahora está amenazado por el comunismo internacional”101. Tras el FAF estaba el Partido Conservador, cuya firma acompañaba los afiches de esa agrupación, como también alessandristas independientes como Eduardo Boetsch, quien testimonió su participación allí: “Yo formé parte del FAF, freístas a la fuerza”102. Simultáneamente, La Nación daba espacios para los emblemáticos afiches que amenazaban con tanques soviéticos o con la organización de milicias femeninas. Para ello hacían uso de elementos nacionalistas, tomando a un héroe nacional y su frase más representativa de su sentimiento patriótico para contraponerla con el peligro totalitario. Así, desfilaron por esa prensa O’Higgins, “ ‘Vivir con honor o morir con gloria’. Para seguir viviendo con honor, Chile aplastará el 4 de septiembre al marxismo totalitario”; Manuel Rodríguez: “ ‘Aun tenemos patria, ciudadanos’... y los chilenos de hoy repiten que sí, aún tenemos patria y que esa patria seguirá siendo libre, soberana y... ¡Chilena!”; Arturo Prat : “‘Esta bandera nunca ha sido arriada... ¿Habrá algún chileno

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La Nación, 5 de julio de 1964, p. 18. La Nación, 10 de julio de 1964, p. 22. El Mercurio, 18 de mayo de 1964, citado por Boetsch, p. 60. El Mercurio, 18 de agosto de 1964, p. 6. TVN, “Nuestro Siglo”, Cap.6, 1999.

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dispuesto a arriarla para izar en su reemplazo la bandera marxista?”103. Por otra parte, se publicitaban los “horrores” del comunismo: “Chileno, ¿es así como quieres ver a tu hija?. Esta es una fotografía auténtica de mujeres cubanas reclutadas a la fuerza para la acción miliciana. ¡Al marxismo internacional, los chilenos respondemos, DESPUÉS DEL 4 DE SEPTIEMBRE CHILE SEGUIRÁ SIENDO CHILENO!(sic)”104. Cada uno de estos afiches estaba firmado por la “Respuesta de Chile ante la amenaza marxista”. De acuerdo al análisis de esta derecha activamente anticomunista, no existía otra actitud frente a la posibilidad de un triunfo de la izquierda, pues: “Chile también tiene un Partido Comunista al servicio incondicional de Rusia Soviética. Y este partido es mayoritario dentro de la combinación denominada FRAP que aspira a la presidencia de la República a través de la candidatura Allende. Si éste llegara a triunfar en septiembre próximo, de inmediato la secta internacional se movilizaría para tomar el control del gobierno y transformar a Chile en una segunda Cuba. ¿Podrá el señor Allende, marxista confeso, dominar la revolución marxista? ¿Querrá hacerlo, en circunstancias que siempre ha estado al servicio del marxismo? En todo caso existe, si no la certeza, la gran posibilidad de que Chile se transforme en septiembre de 1964 en una República Popular… Chile transformado en un país sin alma como Hungría, Rumania, Polonia, Alemania Oriental y tantos otros105.

Es interesante destacar cómo el imaginario de la derecha, pero también de la Democracia Cristiana, respecto de la izquierda en el poder, siempre remitía a experiencias de otros países, independiente de la política desarrollada en la práctica por los partidos marxistas chilenos en esa época. Desde su punto de vista, la trayectoria histórica de comunistas y socialistas y su inserción en la vida nacional no representaba ninguna garantía de poder constituirse en una alternativa distinta, siendo su eventual triunfo una repetición de otros ejemplos. En ese sentido, era tolerable convivir con la izquierda y aceptarla dentro del sistema político, siempre y cuando no llegara a ser gobierno. Esa eventualidad debía ser neutralizada con todas las armas a la mano. Así, una vez unidas derecha y Democracia Cristiana en la campaña presidencial, el anticomunismo fue un explícito punto de encuentro, demostrando que el programa de reformas estructurales ofrecido por el partido del centro católico no fue un impedimento ni fue percibido como un peligro serio. Frei ofrecía garantías.

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La Nación, 2, 6 y 12 de julio de 1964, pp. 11, 27 y 35, respectivamente. La Nación, 6 de agosto de 1964, p. 8. “Manifiesto de Chile Libre”, marzo de 1964, en Eduardo Boetsch, op cit., p. 54. Véase también la pág. 60.

3. La muerte de la derecha oligárquica El 4 de septiembre de 1964, Eduardo Frei Montalva ganó la elección presidencial con el 56% de los votos del electorado, frente al 39% obtenido por Salvador Allende. Por primera vez en el siglo XX, un candidato ganaba por mayoría absoluta, sin haber hecho alianzas explícitas con otro partido y siendo una abierta alternativa al marxismo. El ascenso de Frei y los democratacristianos no fue visto con temor o desánimo, sino como la oportunidad de salvar a la democracia, haciendo algunos ajustes importantes, tal vez tan centrales como los de 1920. Desde noviembre de 1964, la actitud de la derecha fue la de inducir al gobierno a negociar sus proyectos: en diciembre de ese año Frei presentó tres proyectos de ley al Congreso, los cuales, sin embargo, no encontraron la acogida esperada ni la urgencia. La reacción gubernativa fue la de retirarlos. La derecha criticó tal actitud, pues reflejaba intransigencia, tozudez, lo cual se contradecía con el apoyo masivo recibido en septiembre, el que no podía significar sino la defensa de la tolerancia y la libertad. Al respecto señalaba: Disfrutamos de un régimen democrático, pero éste se convierte en una momia inoperante y estática, cuando quienes están encargados de hacer rodar sus mecanismos no lo hacen con espíritu democrático, que consiste en actuar con ductibilidad y flexibilidad frente al ejercicio de los deberes que les corresponde cumplir a los demás y con extremado respeto frente a los derechos ajenos106.

La lentitud para responder a los proyectos del gobierno parece haberse relacionado con la misma estrategia, pues de acuerdo al análisis de El Mercurio era preferible esperar los resultados electorales de marzo de 1965, los cuales seguramente reiterarían el sentido democrático del pueblo de Chile votando diversificadamente entre todos los partidos y una vez “clarificada la situación política, después de la elección del domingo, será posible impulsar reformas que el actual y anterior gobierno enviaron al Poder Legislativo y que han debido postergarse por simples consideraciones electorales... hay el deseo de que los comicios sean el punto de partida de una estabilización política, social y económica, y de que las grandes agrupaciones que tienen a la democracia como común denominador se consagren a buscar un terreno superior de entendimiento y formar una base de dirección y conducción del país que nos coloque en un plano de progreso real”107. Es decir, se pensaba que a pesar de la ausencia de un pacto explícito en 1964, los acuerdos en puntos centrales debían redundar en la mantención del estilo político prevalente hasta entonces: la negociación y el acuerdo. Esta tranquilidad, incluso, no fue alterada en demasía por el triunfo avasallador de la DC, cuando en las parlamentarias de marzo de 1965 el partido de gobierno obtuvo 106 107

El Diario Ilustrado, 15 de enero de 1965, p. 3. El Mercurio, 4 de marzo de 1965, p. 3.

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una mayoría nacional (42% de la votación), convirtiéndose en la primera colectividad que dominaría por sí sola la Cámara de Diputados y tendría un tercio de la de senadores. La derecha, como se sabe, fue casi borrada del mapa electoral: los conservadores obtuvieron un 5,27% y los liberales un 7,32%. Con ese resultado, los primeros sólo consiguieron dos senadores, mientras que los segundos, cinco. Si bien hubo sorpresa, no desaliento total. El análisis conservador asoció lo ocurrido al terremoto ibañista, después del cual la derecha llegó al gobierno, mientras los partidos que acompañaron a Ibáñez desaparecieron. Para ellos, esto era un retroceso como habían tenido otros antes y “nada significa si lo miramos dentro de las grandes perspectivas de nuestra patria. Los partidos políticos no se han formado para ganar elecciones, sino para cumplir una misión histórica en Chile, como la que ha cumplido el Partido Conservador”, enfatizó el diputado Jorge Hübner108. De allí que rechazaron la interpretación de la prensa de izquierda de decretar la muerte de la derecha. Al contrario, sostenían que la derecha siempre existiría porque se trataba de una filosofía de vida, una doctrina y un conjunto de principios vitales para el desarrollo del país y, porque la derecha nunca había sido estática, sino dinámica, de modo que los avances producidos en materia social no eran ajenos a su labor constructiva. Era cierto que había una demanda exigente por cambios y reformas que el centro y la izquierda aseguraban se harían, pero ello –a juicio de los conservadores– no significaba que los principios representados por la derecha histórica desaparecerían, sino que renacería fortalecida. Y aunque su Directiva renunció, tal cosa no era sinónimo de muerte, sino precisamente de su deseo de cambiar, pues les fue absolutamente clara la necesidad de introducir reformas en el Partido, iniciando lo que se denominó la “reconstrucción conservadora”. Esto significaba remozar su organización y llegar a la opinión pública con medios modernos de propaganda que demostraran su actividad por el bienestar general. Para lo primero, se integraron algunos elementos jóvenes a la dirección del partido, uno en calidad de miembro de la Mesa Directiva y dos como vocales109. El Partido Liberal, por su parte, también cambió su Mesa Directiva, la cual recayó en Luis Undurraga Correa, desatando la molestia de sectores jóvenes que demandaron una Convención Amplia para elegir la nueva dirección y discutir los cambios necesarios de hacer. Había consenso, sin embargo, en que deberían introducirse algunas modificaciones importantes, especialmente lo referido a un mayor contacto con las bases sociales, saliendo al encuentro de nuevos contingentes a identificarse con el liberalismo. Si bien hubo críticas duras, éstas derivaron en una convicción bastante

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El Diario Ilustrado, 8 de marzo de 1965, p. 4. El Diario Ilustrado, 11, 14 y 24 de marzo de 1965, pp. 3, 4 y 3, respectivamente.

general de que las voces discrepantes de los meses anteriores tenían razón al demandar un nuevo aliento para el liberalismo110. A partir de ese momento, las distintas expresiones derechistas se concentraron en el desarrollo político y los planes reformistas del gobierno. En general la tónica mantuvo la tendencia vista en los años de Jorge Alessandri, esto es, aceptar transformaciones estructurales, pero consensuadas. Los conservadores dejaron claro que compartían la necesidad de una reforma agraria, pero cuando ella supusiera un aumento de la producción, especialmente de alimentos, pero no de una redistribución de la tierra sin ninguna garantía de que el principal objetivo se alcanzase, pues de ser así tendría un carácter netamente político. A su entender, una reforma agraria de tales características sólo desarticularía el proceso de producción dada la inexperiencia de los nuevos propietarios y la desorientación que provocaba en los existentes. Siendo esto así, la demanda conservadora apuntaba a clarificar en qué consistiría específicamente tal transformación, pues el gobierno todavía no explica claramente sobre qué bases se va a elaborar el proyecto de nueva reforma agraria... nosotros somos partidarios de una reforma agraria que, más que dividir la tierra, tienda a mejorar los métodos de cultivo, a estimular la industrialización del campo y la mecanización de los trabajos... El diario de gobierno cree que esta discusión es ociosa, porque hay una reforma agraria en marcha. Nosotros al revés, creemos que es un tema que debe profundizarse mucho antes de echar abajo el primer cerco111.

Los distintos discursos de Frei llamando a los agricultores a estar tranquilos, porque no se trataba solamente de repartir tierras, sino de hacerlas producir, eran insuficientes a su juicio, lo que se reflejaba en el incremento de conflictos entre campesinos y dueños de predios, quienes, a su entender, amparados por el gobierno y por la izquierda hacían demandas imposibles de cumplir por estos últimos. De allí la exigencia de que el gobierno mantuviera la paz social y el orden. El Mercurio, por su parte, asumió una actitud más abierta aún. El triunfo apabullante de la Democracia Cristiana en las parlamentarias de 1965 fue visto como una excelente oportunidad para dar solución a los problemas del país, ya que la mayoría congresal hacía desaparecer el histórico problema de la pugna entre Ejecutivo y Legislativo, la cual impedía una acción eficiente y expedita en la administración del país. La nueva situación permitiría subsanar esa deficiencia, de modo que la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno a fin de aumentar ciertas atribuciones del Ejecutivo y limitar las del Legislativo en lo relativo al gasto de los sectores público y privado y en la delegación de facultades del Congreso en el Presidente para la dictación

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El Diario Ilustrado, 18 de abril de 1965, p. 4. El Diario Ilustrado, 27 de abril de 1965, p. 3.

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de normas que incidían en la esfera legal, fue bien recepcionada por este medio. Estas le permitirían al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para reorganizar la estructura ministerial, creando nuevos ministerios y colocar a la administración pública en condiciones de impulsar programas de más urgencia. Aunque éstos fueron los proyectos no aprobados a comienzos de año, El Mercurio creía que la victoria electoral actualizaba esa reforma que delimitaba las funciones de ambos poderes del Estado, para agilizar la toma de decisiones. Debe recordarse que a finales del gobierno de Alessandri éste también presentó un proyecto de reforma constitucional que fortalecía al Ejecutivo y sustraía del Parlamento algunas atribuciones, especialmente en lo atingente a presupuesto, gastos y fijación de sueldos y salarios. En ese sentido, el proyecto de Frei apuntaba a la misma idea y por ello atraía a estos sectores derechistas, quienes veían en este gobierno la oportunidad de insistir en la ‘modernización’ del Estado dando seguridad a los hombres de empresa, desde que Frei hacía hincapié en la necesidad de estabilización económica. Para El Mercurio, las demandas crecientes de la sociedad iban a requerir de aumentos en la construcción, urbanización, nuevas fuentes de trabajo, impulsar las obras de infraestructura, todo lo cual suponía el incremento productivo y de una acción no demagógica del Estado. A su entender, el nuevo gobierno era el camino a seguir: “El llamado presidencial a los hombres de empresa para producir más, abrir más fábricas y mejorar sus calidades y rendimientos está acompañado de las garantías de que la producción respectiva contará con las protecciones y estímulos correspondientes”112. En esa misma tónica, El Mercurio siguió respaldando la idea de una reforma agraria que, según las propias palabras del Presidente de la República en la VIII Conferencia de la FAO, era urgente, pues si no se solucionaban los problemas que aquejaban a los campesinos y se aumentaba la producción agrícola, los países latinoamericanos no vencerían el subdesarrollo y la inflación. Estas palabras convencían a este medio de comunicación de que el propósito de la reforma propiciada por el gobierno era aumentar la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida del hombre del campo, aunque también el discurso de Frei había hecho referencia al obstáculo que significaba el latifundio. En ese plano, se contraargumentó que el latifundio no debía ser mirado por su superficie, sino por su “espíritu”. De todas formas, si lo urgente era la producción y para ello parecía inevitable transformar el régimen de propiedad agrícola, la multiplicación de propietarios surtirá efecto en la medida en que represente otros tantos empresarios agrícolas capaces de concertar y racionalizar su esfuerzo productor, mediante inversiones y técnicas muy superiores a las actualmente en uso... Pero, sin duda el agente más

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El Mercurio, 10 de marzo de 1965; véase también el día 9.

idóneo para la modernización de la agricultura es el sujeto que el Presidente ha llamado el buen agricultor, el agricultor progresista... El Presidente de la República ha demostrado comprender el problema en todas sus dimensiones, lo que indica que vamos a una reforma agraria en que la decisión no excluye el estudio reflexivo y de criterio realista113.

Igualmente, estuvieron de acuerdo con el proyecto de reforma al Código del Trabajo presentado por el ministro del ramo, William Thayer, que buscaba instalar una nueva forma de sindicalización para debilitar la presencia de la izquierda en los sindicatos industriales y que apuntaba a integrar a los trabajadores al mundo de la empresa, reemplazando el conflicto por la cooperación. Por último, la derecha apoyó la iniciativa gubernamental relacionada con la chilenización del cobre. Mientras los parlamentarios frapistas fueron acusados de entorpecer su aprobación, los partidos de la derecha y El Mercurio respaldaron el proyecto y ayudaron al gobierno a sacarlo adelante114. En suma, los comienzos del gobierno democratacristiano no asustaron a la derecha pues parecía enmarcarse en los supuestos derechistas que la determinaron a darle su apoyo. Había disposición para hacer reformas, pero con ciertos límites. Estos últimos fueron los que empezaron a hacerse claros a mediados de 1965 cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional que redefinía la propiedad como social. Como es sabido, la reforma propuesta se refería al No.10 del Art.10 de la Constitución, que hasta entonces garantizaba la inviolabilidad de todas las propiedades, salvo por sentencia judicial o de expropiación por razones de utilidad pública calificada por una ley, en ocasión de lo cual se determinaba una indemnización. Cuando se aprobó la reforma agraria en tiempos de Jorge Alessandri se hizo una reforma constitucional que permitía pagar la indemnización en un plazo de 15 años en cuotas reajustables, a un precio justo por los predios agrícolas que se expropiaran, cuando ellos estuvieran abandonados o mal explotados. El proyecto del gobierno de Frei sustituía dicho artículo por otro en el cual la ley establecería el modo de adquirir la propiedad, de usarla y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que le permitirían asegurar su función social y hacerla accesible a todos. Señalaba: “La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energías productivas en el servicio de la colectividad”115. Fue este cambio lo que suscitó la reacción de las derechas, pues él se relacionaba directamente con el proyecto de reforma agraria, el cual tanto los partidos de derecha como la Sociedad Nacional de Agricultura habían intentado negociar con la administración democratacristiana.

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El Mercurio, 17 de marzo de 1965, p. 3 El Mercurio, desde el 4 de mayo de 1965 en adelante. El Diario Ilustrado,11 de julio de 1965, p. 4.

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La aprobación de la reforma constitucional por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados desató las iras y determinó el fin de la fase de cooptación. El Partido Conservador declaró públicamente que tal disposición destruía el derecho de propiedad y el orden jurídico, señalando: “El Partido Conservador, que siempre ha sabido mantenerse a tono con las necesidades sociales, pero que no cree en el cambio por el cambio, sino sólo en los cambios útiles para el país, no se niega a considerar la reforma del No.10 del Art.10 para adaptarlo mejor a los imperativos de la época, pero afirma que esa reforma debe conservar las garantías fundamentales que la propiedad y los derechos de los ciudadanos deben tener en un país jurídicamente organizado”116. A esta oposición se sumó otra: esta vez, fue el proyecto de ampliación del sufragio a los analfabetos y a la suboficialidad y tropa de las fuerzas armadas. A juicio conservador, “la justicia está dirigida a dar a cada uno lo suyo, según su propia realidad y lo justo es otorgar a cada ciudadano una participación en la vida pública, según su condición mínima que lo habilite para ello”117. Esto es, no todos estaban capacitados para ejercer los derechos ciudadanos y, por tanto, no debía tenderse a un crecimiento del universo electoral, como deseaban las fuerzas de centro y de izquierda. Conservadores y liberales se entrevistaron con Frei para presentarle su parecer respecto de la reforma constitucional, oportunidad en que aclararon que apoyaban la reforma agraria y urbana, pero que debía quitársele al proyecto todas las atribuciones y derechos que iban más allá del fin perseguido. Asimismo destacaron la necesidad que estas leyes se dictaran contando con un quorum especial y que la indemnización fuera de un valor fijado de acuerdo a las leyes de la equidad y reajustable. Finalmente también se demandó la intervención de los tribunales de justicia ordinarios en la expropiación y no de tribunales especiales. Hacia fines de ese año, los liberales sacaron una declaración pública anunciando su decisión de votar en contra del proyecto de reforma constitucional con la modificación que “pretende introducir en lo referente al derecho de propiedad, en que para permitir la reforma agraria y la remodelación urbana, se hace de la propiedad un derecho ilusorio y de la indemnización una expectativa incierta118.

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Ibid. El Diario Ilustrado., 23 de agosto de 1965, p. 11. El Mercurio, 21 de agosto de 1965, p. 27. y 8 de octubre de 1965, p. 23. Según los recuerdos de Sergio Onofre Jarpa, el alejamiento de la derecha con Frei se debió al problema del derecho de propiedad: “El gobierno democratacristiano empezó a dar muestras de una desviación hacia posiciones de izquierda. Con vistas a agilizar la reforma agraria, ya en noviembre de 1964 envió al Poder Legislativo un proyecto para modificar el art.10, número 10, de la Constitución, aunque Frei se había comprometido a respetar esa garantía al derecho de propiedad”, Patricia Arancibia Clavel, op. cit., p.97. Hemos incluído esa declaración porque ella es coherente con la documentación de la época y no contradictoria como ocurre en otros casos de la misma Memoria.

Mientras tanto, El Mercurio, trató de mantener la calma y llamó al gobierno a reconsiderar el proyecto, arguyendo que en el mundo sólo existían dos tipos de regímenes, aquellos defensores de la libertad y los marxistas. Desde su punto de vista, el proyecto presentado era extremista pues pasaba de un extremo donde la expropiación era casi imposible a otra donde ésta quedaba al arbitrio del Estado y de la ley, introduciendo “verdaderas formas de colectivización”. El diario llamaba la atención a la amplitud de la disposición que podría afectar todo tipo de cosas, anulando toda garantía y respeto por los derechos de las personas. Esta aprensión pareció verificarse un poco más tarde cuando el gobierno negó a los particulares la posibilidad de tener canales de televisión, en circunstancias que el gobierno tenía bajo su control no sólo el diario La Nación, sino que acababa de adquirir Topaze y la editorial Zig Zag: el derecho de propiedad parecía estar amenazado en su conjunto. Por su parte, los agricultores entraron de lleno a la acción. Un grupo de ellos de la zona de Aconcagua constituyó una asociación gremial con el objeto de resguardar unidos sus intereses, amenazados con la política de expropiación puesta en vigor por la Corporación de Reforma Agraria y el aumento de las huelgas y conflictos campesinos. Dirigieron un “Llamado al Presidente”, en el cual establecían la diferencia entre un desarrollo democrático defensor del derecho de propiedad y uno totalitario con la desaparición de aquel. Explicitaban su preocupación por la infiltración de elementos totalitarios en el gobierno, solicitando que la reforma constitucional diera garantías a la propiedad pues era la mejor salvaguarda de la dignidad humana. La revista PEC, por su parte, identificada con lo que había sido el Frente Democrático, llamó insistentemente al nuevo gobierno a cambiar de actitud y retomar la senda negociadora que había caracterizado a la política chilena desde 1938. De allí su caracterización de la posición intransigente de la DC como totalitarismo, porque “gobernar es transigir”119. Desde la mirada de una derecha tradicional, la decisión del gobierno de insistir en su proyecto de reformas estructurales sin negociar con los otros actores políticos y socioeconómicos “involucrados”, implicaba una ruptura que sólo podía comprenderse como infiltración marxista. La opción de votar por Frei había sido un error, detrás del comunitarismo parecía esconderse el comunismo que amenazaba esta vez desde el poder. En noviembre de 1965 el Congreso aprobó la reforma constitucional, con lo cual sentó las bases para la implementación de los proyectos de transformación estructural planteados por la DC durante la campaña presidencial y arremeter contra el orden señorial. Aunque nunca estuvo en los planes de ese partido atentar contra el derecho de propiedad en tanto tal, la modificación aprobada abría una caja de pandora

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Pec, febrero de 1965.

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que los grupos dominantes no pudieron ignorar. Habían logrado sortear el peligro frentepopulista exitosamente; al parecer esta vez no sería posible. En otras palabras, las reformas democratacristianas traspasaban el límite de la capacidad de cooptar el cambio que había tenido la derecha a lo largo del siglo XIX y la mitad del XX, toda vez que ellas apuntaban directamente al “orden natural” y al sistema de dominación. Una reforma agraria destinada a remover la estructura latifundista y las relaciones de inquilinaje peor aún, a darles derechos, no sólo sindicales, sino también de huelga, a los campesinos, destruía la forma en que los propietarios entendían el orden existente. Su defensa del agricultor eficiente, sin alterar la estructura de dominación, era la mejor expresión de lo que había sido la estrategia de “cambiar para que nada cambie”. En 1964 pensaron que esa vía aún era viable; la reforma constitucional que haría posible la arremetida contra el Antiguo Régimen les demostró su error un año más tarde. Como señalaría mucho después un agricultor expropiado, aunque no fuera esa la realidad exactamente: “Frei nos engañó. Votamos por él y después vino lo que vino... la reforma agraria fue más dura con Frei que con Allende; por lo menos Allende siempre se declaró marxista”120. La estrategia de seguir a remolque de proyectos modernizadores ajenos, pero sin poder controlar los ritmos de cambio, mostró a mediados de la década del sesenta su agotamiento definitivo. No obstante, aferrarse al anticomunismo como el único motor identitario, era insuficiente. Se necesitaba más. En los días finales de 1965, conservadores y liberales comprendieron que su hora había llegado: no habían logrado detener el desenfreno de la modernidad, parafraseando a Jocelyn-Holt121. Habían llegado nuevos tiempos, necesarios de enfrentar con otros bríos. Era la hora de formar un gran movimiento de derecha, un partido único en el cual deberían participar todos aquellos que no creyeran en el falso dilema de marxismo vs. Democracia Cristiana. En más de un sentido, el viejo orden tendría que morir inevitablemente. Era la hora de la acción.

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TVN, “Nuestro siglo”, cap. 6, 1999. Alfredo Jocelyn-Holt, “Civilización moderna o modernidad desenfrenada”, en Ortega, La guerra civil de 1891.

CAPÍTULO II ¡CHILENOS, A LA ACCIÓN! EL PARTIDO NACIONAL (1966-1967)

Basta de divisiones, basta de personalismos, basta de odios injustificados, basta de indiferencias y comodidades que en la mayor de las veces sólo pretende eludir responsabilidades cívicas para proteger intereses, lo que constituye una posición bastarda y acomodaticia (JORGE ERRÁZURIZ, presidente del Partido Liberal, 1966) El Partido Nacional llama A LOS CHILENOS a participar en una gran lucha para vencer su sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a entregarse a ideologías foráneas y a sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo deprimente. (Partido Nacional, 1966)

La reforma constitucional de 1965 fue el verdadero golpe demoledor de la derecha oligárquica, pues fue lo que la enfrentó a su inminente desintegración. A partir de ese momento ya no había transacción ni negociación posible. En ese sentido, la nueva derecha política nació bajo el signo de la urgencia. Construir un nuevo referente partidario se volvió un imperativo, pues el cierre del aparato administrativo ya experimentado bajo el populismo ibañista reaparecía, pero con más fuerza. A diferencia del Ibáñez de 1952, la Democracia Cristiana era un partido ideológico, con un proyecto bastante acabado, dueña de una de las ramas del Parlamento, manejando un tercio de la otra y, más importante, decidida a usar ese poder para llevar a cabo su proyecto modernizador. Las asociaciones empresariales vieron cercenadas sus posibilidades de insistir en su antiguo estilo de penetración de las agencias estatales, ahora dominadas por los tecnócratas del partido de gobierno, para morigerar o adecuar los programas de cambio. Como ha señalado Sofía Correa, los caminos parecían cerrarse. El ámbito menos valorizado por la derecha oligárquica desde 1938, parecía ahora el único que le ofrecía posibilidades de recuperación: era la hora de volver a mirar el campo de la política, de la verdadera política y recuperar la vocación de poder.

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Este cambio de perspectiva, se expresó en la aparición de una nueva derecha política estrechamente vinculada a la coyuntura. Las conversaciones entre conservadores y liberales comenzaron apenas se entró en la fase final de la aprobación de la reforma constitucional, en octubre de 1965. Fue frente a esa ruptura que se produjo la muerte de la antigua derecha política: aunque ella pensara que sólo se trataba de una adecuación a los nuevos tiempos, en la práctica la decisión de formar un nuevo movimiento político derivó en una verdadera nueva derecha, la cual se planteó no sólo como un instrumento defensivo, sino como una alternativa a los proyectos existentes, decidida a posicionar a su sector en la política del país. La vieja derecha defensiva, aquella acostumbrada a negociar los cambios que la propia evolución histórica iba haciendo inevitables, siempre y cuando le permitieran mantener sus bases de poder, ya no podía seguir existiendo. En 1965 esa estrategia, como hemos visto, terminó de colapsar cuando el nuevo gobierno apuntó sus dardos directamente a su base de poder social, al intentar destruir el sistema de inquilinaje y transformar a los afuerinos (peones) en futuros obreros rurales al producirse la reforma agraria y la aparición de una clase media rural con los nuevos propietarios. La situación de conservar gruesas cuotas de poder sin controlar el aparato administrativo y ejecutivo, como fue el caso de la derecha chilena desde 1938, empezó a terminar y fue ese cierre de sus vías de cooptación lo que no permitía a la vieja derecha sobrevivir. En 1965 ya no tenían espacio ni posibilidad de movimiento dentro de esas formas históricas de defensa. Como señalamos en la Introducción, los estudios acerca del Partido Nacional se han dividido en dos grandes líneas. Por una parte, aquellos que lo han percibido como una colectividad antidemocrática, antirreformista y defensiva, asustada por la arremetida transformadora de la Democracia Cristiana y profundamente antimarxista. Desde otro punto de vista, se lo interpretó como una renovación ideológica de la derecha, sostenido mayormente en el aporte de los grupos nacionalistas que se integraron a él y que le ofrecieron nuevos principios y estilo. Por último, están aquellos que lo reivindican como una derecha renovadora, abierta a nuevos segmentos sociales, decidida a crear un nuevo orden basado en el trabajo y el servicio a la comunidad122. Desde el punto de vista de este estudio, la nueva derecha que emergió en este momento, identificada con el Partido Nacional, era una mixtura entre la anterior y una realmente novedosa y, por lo mismo, no alcanzó a constituirse en la nueva derecha, en tanto expresión de todos los sectores a quienes pretendía convocar y en torno de un 122

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En la primera interpretación, Hernán Ramírez Necochea, op. cit.; Corvalán Marquéz, op. cit.; Moulian y Torres, “La derecha en Chile: evolución...”; Alejandrina Carey, op. cit. En la segunda perspectiva, Verónica Valdivia, “Camino al golpe”; Andrés Benavente, op. cit. En la tercera, Bernardita Walker, op. cit., y Ana María Durruty, op. cit.

proyecto reconocido por todos. En dicho partido confluyeron distintos sectores de ese espectro, tales como las antiguas colectividades partidarias, segmentos de la derecha económica y algunos grupos nacionalistas, todos los cuales tenían su propia noción de la política, del Estado, de la relación con los distintos grupos sociales y del estilo de acción partidaria. Fue esa heterogeneidad la que, al menos hasta 1967, impidió una línea política coherente y única, pudiendo observarse las corrientes en lucha. De allí que tanto su constitución como los dos primeros años de existencia fueron el reflejo de una tentativa unitaria, pero dentro de un marco de pugnas por imponerse sobre las otras fuerzas. El Partido Nacional era heredero de la antigua derecha en tanto uno de sus principales motores era el anticomunismo, sus miedos e imágenes del comunismo. A diferencia de la etapa previa, en la cual la izquierda era igualmente percibida como peligrosa, pero con elementos democráticos, el anticomunismo de esta nueva derecha se nutrió en gran medida del accionar de la Democracia Cristiana, más que de la propia izquierda: en la medida que el gobierno de Frei socavaba más los pilares del orden existente con los planes de democratización y de transformación estructural, la derecha asociaba más frenéticamente cambio estructural con marxismo y totalitarismo, volviéndose cada vez más anticomunista. Era también hija de la derecha anterior pues sus principales fundadores provenían de las antiguas colectividades, quienes intentaron mantenerla dentro de los antiguos parámetros en medio de una lucha política que se agudizaba y sintiendo los tirones de otros segmentos dentro del partido. Era distinta, en cambio, en materia de base social, pues perdió su sentido y exclusividad oligárquica y se abrió a las capas medias. Igualmente, era distinta –y esto es central– porque era proyectual, aunque en este período ninguna de sus tendencias alcanzó la hegemonía y, como explicamos recién, correspondió a la pugna entre distintos programas representativos de lo que ella sería. De todas formas, lo novedoso era que al contrario de la fase anterior, en este caso no se sufría de una carencia programática, sino más bien al revés: existían varios proyectos. Era algo nuevo también por una mayor integración de los jóvenes, introduciendo un elemento de dinamismo y confrontación a su quehacer. En suma, la hipótesis de este trabajo es que por su carácter programático, su valorización del campo político y su vocación de poder, el Partido Nacional era una derecha ofensiva. Por otra parte, era una derecha moderna pues por primera vez en el siglo intentaría abandonar su estructura decimonónica y convertirse en un partido de masas y con una orgánica que le permitiera ganar adeptos y competir en igualdad de condiciones y sin privilegios. El Partido Nacional representó un hito en el nuevo carácter partidario, tanto en su organización como en las bases a las cuales apeló y el estilo político partidario que comenzó a impregnarle, todo lo cual rompía drásticamente con lo que había sido la derecha oligárquica.

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En otras palabras, este trabajo discrepa de aquellos análisis que han interpretado al Partido Nacional como una derecha defensiva, asustada del reformismo democratacristiano y posteriormente marxista. A nuestro juicio, el avance del centro y la izquierda desde mediados de los sesenta sólo enmascararon el proceso de rearticulación que estaba experimentando dicho sector en ese momento y que daba cuenta del nacimiento de una derecha política moderna, aunque aún en sus fases iniciales.

1. El Partido Nacional: una derecha ofensiva EL Partido Nacional, como es sabido, nació de la fusión de los partidos Conservador, Liberal y Acción Nacional, colectividad conformada por una variedad de grupos nacionalistas, encabezados por Jorge Prat Echaurren, un antiguo dirigente estanquero. Uno de los fundadores del partido fue el empresario Pedro Ibáñez Ojeda, creador de los Almacenes Almac, y miembro de numerosas empresas, antiguo militante liberal. La decisión de refundar a la derecha no fue fácil, pues había muchos conservadores y liberales que se negaban a la fusión y otros que rechazaban la presencia de los nacionalistas dentro del movimiento. La idea de fundar un nuevo partido parece haberse originado durante el año de 1965, luego de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana y su insistencia de llevar adelante sus proyectos de transformación estructural, sin negociar la reforma constitucional. Según el testimonio de uno de sus fundadores, poco después de las parlamentarias de marzo de 1965 se realizó una reunión en la casa del líder conservador Sergio Fernández Larraín, en la cual se conversó acerca de la posibilidad de crear una sola fuerza política derechista, encuentro al que habrían acudido el presidente del Partido Conservador, Bernardo Larraín; el del Partido Liberal, Jorge Errázuriz; Pedro Ibáñez, Francisco Bulnes, Jorge Prat, Sergio O. Jarpa, entre otros; en total unas diez personas123. De acuerdo a la información epocal encontrada, es posible que algunos exponentes ya en ese momento pensaran en la necesidad de rearticularse aunque después de la derrota de marzo de 1965 todavía se mantuvieron los intentos de acercamiento con el gobierno y no fue hasta la aparición del proyecto de reforma constitucional, en octubre de ese año, que las verdaderas tensiones salieron a la luz. Aun en enero de 1966, los conservadores llamaban al gobierno a atenerse a los principios enarbolados durante la campaña presidencial, respetando la libertad al mantenerse dentro del marco del derecho. No sería sino hasta comienzos de marzo de 1966 que el nuevo partido empezaría a tomar forma, cuando las directivas de los partidos Liberal y Conservador llamaron a sus correligionarios e independientes a formar un nuevo

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Patricia Arancibia Clavel, Jarpa, p.100.

movimiento, el que no se identificaría con la derecha económica, sino con la defensa de la iniciativa individual, dando un lugar a los profesionales y los universitarios, declarándose democrático en rechazo al marxismo y el comunitarismo124. El nuevo partido fue más una creación de la antigua derecha que de los nuevos elementos integrados, pues sus fundadores eran los dirigentes de esas colectividades, decididos a mantener el timón en sus manos y, por tanto, la matriz liberal, especialmente en materia económico-social. Lo nuevo sería la acción política. El último empujón para su constitución lo ofreció la elección complementaria de Valparaíso realizada en marzo de 1966, en la cual por tercera vez en dos años la Democracia Cristiana logró la mayoría de los votos, aunque había retrocedido en relación a los eventos anteriores. Como fuera, para entonces, los partidos de derecha ni siquiera presentaron candidato, de manera que la elección pareció dirimirse entre marxismo y Democracia Cristiana como las únicas opciones posibles. Al menos así fue percibido por la derecha, la cual terminó de decidirse a aglutinar fuerzas en un nuevo partido y constituirse en una alternativa a la izquierda marxista y al centro “comunitario”, tal como sostuvo el diputado liberal Fernando Ochagavía: “La realidad política no acepta la alternativa entre comunismo y Democracia Cristiana”125. El reiterativo discurso del partido centrista de que gobernarían treinta años y el crecimiento del FRAP parecían confirmar el vaticinio lanzado en marzo del año anterior de que la derecha estaba aniquilada y desaparecería, mientras el país se encaminaba hacia transformaciones profundas, indefectiblemente. El temor a la creciente hegemonía democratacristiana, asociada –en sus palabras– a un “neofascismo”126, maduró la convicción sobre la necesidad de una derecha renovada. A pesar de que el llamado a la unificación fue hecho por conservadores y liberales, la convocatoria para quienes desearan integrarse al nuevo partido fue a los denominados independientes, todos aquellos que no se sintieran identificados con el falso dilema establecido. Era, por tanto, un partido que abría sus alas a nuevos contingentes, en un intento renovado de crear un gran movimiento de las “fuerzas democráticas” en oposición al totalitarismo. Es importante destacar que este propósito reflejó la decepción respecto de la Democracia Cristiana y su opción por cambios radicales, lo cual la asimiló a la izquierda 124 125 126

El Diario Ilustrado, 10 de marzo de 1966, p. 6 y 10 de abril de 1966, p. 3. El Diario Ilustrado, 3 de abril de 1966, p. 3. En un comienzo este apelativo se refirió a la juventud universitaria DC, la que se decía tenía mucho de comunismo y de fascismo, y muy poco o nada de democrática. Posteriormente, se acusó al partido y al gobierno de “neofascista”, pues se decía que avanzaba hacia un régimen de partido único, una central sindical estatal, el uso de la municipalidad para iniciar el “gobierno del pueblo” y el control de la prensa, la radio, la televisión. La inexistencia de antisemitismo, campos de concentración y los hornos crematorios los llevaba a calificarlos de neofascistas. Pec, 26 de octubre de 1966, p. 3 y 10 de mayo de 1966, p. 3.

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marxista. Cuando conservadores y liberales intentaron la formación de una gran alianza de fuerzas autodenominadas democráticas entre 1962 y 1964, el llamado incluía a la DC, pues ella era vista como tal, respetuosa de principios intransables y freno al comunismo. A fines de 1965 y comienzos de 1966, su mirada había cambiado radicalmente y empezaba a percibirse al partido de gobierno y a él mismo como la implantación de un régimen colectivizante y la antesala del comunismo. No se trataba de que la izquierda hubiera hecho algo en particular, incitando la reacción derechista, sino que la reforma al derecho de propiedad, el proyecto del agro, como el de otorgar derecho a voto a analfabetos y a la suboficialidad de las fuerzas armadas, fue visto como un quiebre con las normas que la DC había dicho defender, apuntando al totalitarismo. Históricamente, los proyectos que pretendían afectar el derecho de propiedad habían estado presentes en la izquierda y siempre fueron vistos como antidemocráticos; de pronto se transformaron en las banderas de lucha del centrismo. ¿qué lo separaba, entonces, de la izquierda? Para la derecha, el escenario político apareció en 1966 dominado por las tendencias colectivizadoras, negadoras de la libertad127. En palabras de uno de sus dirigentes: “La propiedad privada es la base de los derechos humanos... el Gobierno está empeñado en la modificación del Art. No.10 de la Constitución, asestando un golpe mortal a la propiedad privada. No dudamos en afirmar que su consecuencia será la esclavitud de los chilenos y la ruina de Chile”128. Tales sensaciones se manifestaban en las palabras de los presidentes de los partidos Conservador y Liberal: para el primero, Bernardo Larraín, la situación que vivía el país era de incertidumbre: “Se conmueven y peligran los cimientos de su organización y se advierten síntomas inequívocos de destrucción de los principios que informan nuestra civilización cristiana”. Para Jorge Errázuriz, el segundo, “la mayor crisis por la que atraviesa el país es el desquiciamiento moral que aflora en todos sus niveles y en todas las actividades”. Para el liberal Pedro Ibáñez era imprescindible levantar banderas propias, no escogiendo “entre un socialismo marxista y otro comunitario, porque ambos pretenden suprimir la propiedad privada y las libertades individuales”129. La creación de un nuevo referente partidario se volvía, así, un imperativo, pero la fusión partidaria de la que emergería no debía dar lugar a la renuncia a los principios que habían defendido desde los comienzos de la vida republicana, sino demostrar su vigencia y su capacidad de renovación, pues “hoy más que nunca precisa nuestra patria de este conjunto de ideas como fuentes orientadoras y directriz y de hombres 127

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Agregaba el presidente de los conservadores, Bernardo Larraín: “Así como el comunismo significa abierta y claramente la negación absoluta de toda libertad, la Democracia Cristiana ya no ofrece una garantía cierta de respeto a este fundamental principio”, ibid.; Bernardita Walker, op. cit. Eduardo Boetsch, Pec, 5 de julio de 1966, p. 2. El Diario Ilustrado, 3 de abril de 1966, p. 3.

capaces de conducirla sorteando los peligros gravísimos que la amenazan”. Por ello era imprescindible que el nuevo partido tomara del pasado la defensa de esos principios intransables, pero adecuándolos a la realidad del momento, para “ofrecer una nueva alternativa al pueblo chileno que se siente defraudado por estas posiciones tan diferentes y apartadas de las necesarias para consolidar la democracia, defender la civilización cristiana y alejar de nuestro suelo cualquier tipo de dictadura”130. Esta convicción de los presidentes de ambos partidos sobre la necesidad de la fusión no fue una cuestión fácil de alcanzar, pues hubo mucha resistencia de parte de las bases. Tanto Bernardo Larraín, como Jorge Errázuriz recalcaron la actualizacion de los principios que la derecha debía vivir, lo cual no revestía un renunciamiento a sus postulados. Para el liberalismo, sus principios no habían caído en desuso, porque la defensa de la libertad no se agotaba, como tampoco el régimen de libre empresa, cuestiones que históricamente habían sido defendidas por ambas colectividades derechistas. A eso tendía el nuevo partido, porque esas eran “ideas fundamentales de los tres sectores políticos... se van a superar diferencias circunstanciales que han existido en algún tiempo y que fueron lucha a muerte entre conservadores y liberales. Hoy son... obsoletas”. Por su parte, Pedro Ibáñez, insistió en el carácter evolutivo de los partidos, los que a pesar de contar con líneas fundamentales, debían “ponerse a tono con la realidad del momento”131. Por ello, quienes resistieron activamente la decisión tomada –encabezados por Jorge Hübner–, fueron muy criticados por no comprender que “el partido chileno que se busca construir es el heredero directo de los grandes conceptos, líneas y posiciones de la derecha política.”132. Superar los escepticismos no fue fácil, pero dada la situación electoral del momento, los auspiciadores del nuevo movimiento también estaban claros en la necesidad de unir fuerzas para recuperar competencia electoral. Mientras fuesen desunidos, no tendrían oportunidad alguna frente a la izquierda y el centro. Los partidos, señalaba el dirigente Fernando Ochagavía, “deben aglutinarse en grandes colectividades que les permitan expresar las inquietudes ciudadanas”133. Un segundo problema fue aceptar el ingreso de los sectores nacionalistas al nuevo partido. Como se ha planteado en otros trabajos, los grupos nacionalistas, vinculados al pensamiento autoritario con raíces nazistas y, más tarde, hispanistas-franquistas, eran marginales dentro de una derecha chilena que había adherido explícitamente

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Ibid. Las dos citas corresponden a B. Larraín. Pedro Ibáñez, en Pec, 6 de septiembre de1966, p. 7. El Diario Ilustrado, 15 de marzo de 1966, p. 3. El Diario Ilustrado, 02 de abril de 1966, p.3. Carta firmada por Rolando Molina Reyes, director general del Partido Conservador. El Diario Ilustrado, 23 de marzo de 1966, p. 3.

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al ideario liberal y que rechazaba los regímenes dictatoriales, de modo que evitó mantener relaciones con estos grupos, los cuales, a pesar del fracaso nazi-fascista y corporativo, insistían en un planteamiento cercano a esas tendencias. Por ello, la derecha oligárquica, en general, fue escéptica frente al nacionalismo y se mantuvo distante de él en términos ideológico-políticos. Por otra parte, la marginalidad de los movimientos nacionalistas se relacionaba también con su dificultad para atraer militantes, siendo un fracaso en materia de apoyo social desde la derrota del único movimiento con cierta fuerza: el Movimiento Nacional Socialista en 1938, razón por la cual si bien siguieron existiendo después de esa fecha, constituían pequeños grupúsculos sin peso en la vida nacional134. El ideario nacionalista, asimismo, era ajeno a una sociedad que se politizaba crecientemente y que había hecho del sistema de partidos uno de sus principales ejes, junto a las organizaciones socio-laborales. En efecto, el ideario nacionalista decía relación con un debilitamiento/eliminación (dependiendo del grupo de que se tratara) de los partidos políticos, identificados como máquinas de demagogia e intereses parciales, fraccionadores de la nación, a la par de un fortalecimiento del poder presidencial, el cual debía ser autónomo para tomar las decisiones que el país necesitara sin presión de ningún tipo. El movimiento Estanquero denominó aquello “Portalianismo Contemporáneo”. En materia social, eran partidarios de leyes de protección para los trabajadores, de una relación armónica entre el capital y el trabajo, a la vez que del capitalismo. En general, preferían la intervención estatal en los ámbitos económicos y sociales, pues al Estado correspondía velar por el bien común, pero ello en ningún sentido debía implicar una competencia o amenaza a la iniciativa privada. Por lo mismo, eran furibundos anticomunistas, decididos a su erradicación de la vida nacional. Desde fines de los años cuarenta, los nacionalistas comenzaron a identificar a las fuerzas armadas como la principal reserva moral de la nación, elaborando la tesis de que ellas debían ser las sostenedoras y defensoras del orden institucional y, por ende, debía dárseles un rol político y sacarlas del aislamiento en que se encontraban. Por último, en el orden cultural, se trataba de una tendencia católica, religión en la cual hallaban los principios del orden existente: jerárquico, unitario, diverso y desigual. La marginalidad del nacionalismo comenzó a atenuarse durante la década del sesenta cuando se logró la unidad de la variedad de movimientos existentes, bajo la égida de Jorge Prat, antiguo fundador del grupo Estanquero, nacido en 1946 como

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El análisis del nacionalismo que se presenta aquí está basado en mis trabajos: “El Movimiento Nacional Socialista y la masacre del Seguro Obrero” (inédito), “El nacionalismo chileno en los años del Frente Popular”, “Nacionalismo e Ibañismo” y “Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas armadas”, en Serie de Investigaciones, Univ. Católica Blas Cañas, Nos.3, 8, 11: 1995-1996.

parte de la lucha contra los comunistas presentes en ese entonces en el gabinete del presidente radical Gabriel González. La unión nacionalista se concretó en 1963 en el Movimiento Acción Nacional, dirigido por Prat, el que fusionó a sus seguidores, para entonces denominados “Pratistas”, a miembros del Movimiento Liberal Balmacedista, antiguos ibañistas, ex militantes del Movimiento Nacional Sindicalista (MNS) y oficiales en retiro de las fuerzas armadas. Ellos levantaron la candidatura de Jorge Prat para la elección presidencial de 1964, denominada la “Campaña de los hombres libres”, la cual abortó tras la disolución del Frente Democrático y la falta de apoyo de conservadores y liberales. Cuando la derecha decidió apoyar a Frei, Prat declinó su candidatura. Al decidir crear un nuevo partido de derecha, Acción Nacional fue invitada como expresión de los “independientes” y de un decidido anticomunismo. Su asociación con el fascismo, sin embargo, significó que muchos militantes derechistas se negaran a ingresar a la nueva colectividad135. Su vinculación ideológica con el autoritarismo de raíz franquista era inaceptable para sectores de una derecha –la histórica– que se autopercibía como democrática, antidictatorial, más bien parlamentarista, flexible y antimilitarista. Prat y los nacionalistas representaban lo que la derecha oligárquica se había negado orgullosamente a ser. En las conversaciones participaron Jorge Prat, líder de Acción Nacional, y Sergio Onofre Jarpa, presidente de ese Movimiento. Sin embargo, abundaban las reticencias entre ciertos segmentos que se identificaban con la derecha, quienes insistían en el pasado “nazista” de Prat, como lo había reflejado sus planteamientos en la revista Estanquero136. Para otros, no obstante, los tiempos requerían de cambio y uno de esos era abrirse a quienes hasta entonces había sido descalificados y aportaban, aunque fuera un mínimo, de votantes. Las negociaciones, finalmente, dieron fruto, concordándose en la necesidad de crear una colectividad más amplia socialmente, guiada por la defensa de los principios de patria, hogar, iniciativa privada y justicia social; con una organización moderna que abandonara sus rasgos anticuados, abriendo camino a la “recuperación nacional”. A comienzos de abril de ese año las Convenciones de los tres partidos aprobaron la integración a la nueva colectividad. Los conservadores sostuvieron que participarían activamente en la declaración de principios, lo que daría garantías que la nueva colectividad respetaría las normas básicas que orientaban el pensamiento conservador, como la dignidad humana. Los liberales, por su parte, aprobaron la fusión en el entendido 135

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Por el hecho de que desde los años treinta los movimientos nacionalistas chilenos tomaron el ideario fascista –especialmente el nazi–, estos grupos quedaron tipificados de esa manera. Como señalamos, en los años cuarenta se volcaron al hispanismo y la experiencia franquista, pero nunca perdieron la asociación en el imaginario social con el fascismo. Pec, 11 de enero de 1966, p. 2.

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de que debería trabajarse por “estructurar en forma la nación”, cumplir su destino histórico y la mantención de valores que integraban la dignidad humana y la libertad. A mediados de ese mes, también lo resolvió Acción Nacional con la condición de darle a la nueva colectividad un carácter unitario y nacionalista, preocupado de la defensa externa, de la libertad del trabajo y de la iniciativa privada. El 10 de mayo de 1966 se firmó el acta de nacimiento del Partido Nacional, siendo inscrito al día siguiente en el Registro Electoral y proclamado oficialmente en el Congreso Nacional. La directiva quedó integrada por su presidente, Victor García Garzena (independiente); los vicepresidentes: Sergio Onofre Jarpa (Acción Nacional), Domingo Godoy Matte (liberal) y Tomás Puig; secretario general: Sergio Miranda Carrington (Acción Nacional); prosecretario: Raúl Prieto; tesorero: Alfredo Alcaíno y protesorero: Jorge Petzeh. La Comisión política estuvo conformada por Jaime Silva Silva, María Correa (conservadora), Fernando Coloma (conservador), Carlos Ruiz, Mario Arnello (Acción Nacional), Renato Merino, Francisco Bulnes (conservador), Pedro Ibáñez (liberal), Fernando Ochagavía (liberal) y Hugo Zepeda Coll (liberal). El Tribunal Supremo estaría integrado por Jorge Errázuriz (liberal), Jorge Prat (Acción Nacional), Bernardo Larraín (conservador) y otras dos personas que serían designadas posteriormente. El Partido Nacional nació como un esfuerzo por revitalizar a la derecha dentro de la política nacional, manteniendo los principios que habían caracterizado a ese sector históricamente, pero introduciéndole claros elementos nuevos, como incansablemente reiteraron los líderes liberales y conservadores. Este énfasis en la continuidad, se relacionó con la autopercepción que desarrollaron desde comienzos de la década de 1960, cuando fracasó el proyecto de Alessandri, y que maduró en el primer año de gobierno de la DC: su autodefinición de demócratas. Para conservadores y liberales –como también para alessandristas, nacionalistas y empresarios–, el derecho de propiedad y su reflejo en una legalidad e institucionalidad amparadora de ella, era la base de la democracia y de la posibilidad de convivencia con actores de distinta posición ideológica. Al ser cuestionada, la identidad de la derecha se definió reforzando aquellos elementos que habían estado en su constitución, en oposición al centro y la izquierda, los cuales fueron percibidos como colectivizantes y destructores de la libertad. Se vio a sí misma como eminentemente democrática, posición que exigía un lugar en la política del país, pues, a su juicio, nadie más haría esa defensa y representaría tales valores. Mientras la izquierda y el centro avanzaban hacia una definición de democracia que pasaba por la redistribución de la propiedad, por la ampliación de la ciudadanía y por una institucionalidad generada por todos los actores sociales, la derecha que se rearticulaba la definía como derecho de propiedad inviolable, lo

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cual resultaba ser sinónimo de libertad137. Esta identidad era vista como continuidad y como razón para legitimar el nacimiento del nuevo partido, pues sus fundadores la pensaban como un imperativo. Pero contrario a los deseos de continuidad que los inspiraba, tal evolución doctrinaria separó diametralmente a la derecha del centro y de la izquierda, pues sus puntos de referencia quedaron en las antípodas: el marco en el cual convivir, dado por un consenso en lo que se entendería por democracia, perdió nitidez y determinó trayectorias muy diversas. Dado que el Partido Nacional era una derecha en proceso de redefinición identitaria, aún no tenía claro si lo que predominaría sería la continuidad o el cambio, pero su punto de partida estaba lejos del resto del espectro político y social. Desde nuestra perspectiva, el Partido Nacional era una derecha de nuevo tipo. Según la apreciación de uno de sus fundadores, Pedro Ibáñez, si bien el Partido Nacional era heredero de “una gran tradición”, las colectividades derechistas habían perdido su eficacia cuando se alejaron de la participación directa en el aparato ejecutivo y administrativo del Estado y se concentraron en sus intereses económicos y sociales, provocando con ello una disociación entre la actividad política y la económica. Eso habría derivado en una pérdida de creatividad, limitándose a defender un legalismo estrecho y algunas obras sin mayor proyección, pero también un alejamiento de los problemas del hombre común, perdiendo vitalidad política. Para Ibáñez, uno de los principales problemas era que sus antecesores no se habían percatado de los profundos cambios sociales que se habían estado produciendo, en particular la presencia de un segmento mediocrático abandonado por todas las colectividades partidarias, precisamente por su novedad. Como se sabe, desde la década de los veinte las capas medias fueron un reducto del Partido Radical, al cual seguían funcionarios de la administración pública, profesionales humanistas (profesores, periodistas) y trabajadores de estamento medio. La industrialización, no obstante, con la consiguiente urbanización, crecimiento del comercio, de empresarios pequeños y medianos, de profesionales más ligados a carreras técnicas e ingenieriles, fue produciendo mutaciones sociales que derivaron no sólo en un crecimiento de estos sectores medios, sino también en una diversificación de ellos. Según la evaluación de Ibáñez, estos segmentos estaban a la deriva, pues ni la DC ni el FRAP habían puesto su atención en ellos, los cuales estaban concentrados en las masas proletarias, en los campesinos o en los pobladores. Esta distancia con la realidad, sostenía Ibáñez, había incidido en la decadencia de la derecha tradicional y en su debilidad, cuya máxima expresión había sido el respaldo a Frei en 1964: “Carentes de fuerzas renovadoras, su trayectoria culmina con la adhesión incondicional de liberales y conservadores a la candidatura de Frei, demostración

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Usamos la definición de democracia formulada por Juan C. Gómez, op. cit., Introducción.

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del agotamiento político, comprobación de energías exhaustas que sellan la suerte de esos partidos”138. Las palabras del fundador del partido reflejan el carácter de la nueva derecha. Por una parte, la mirada hacia su antecesora como eminentemente defensiva, lo cual era asimilable a la inacción, a la ausencia de proyecto e iniciativa; para Ibáñez ambos fenómenos estaban unidos. En segundo lugar, la necesidad de abandonar el exclusivismo socio-político y dar cuenta de la nueva situación. En tercer lugar, la equivocada estrategia de conformarse con la pérdida del Ejecutivo y la administración del Estado. Proyecto, nuevas bases electorales y recuperación de la política: la nueva derecha veía su renacimiento asociado inevitablemente a estos cambios. La primera diferencia asumida fue el problema de la vocación de poder y la valorización del campo político. Hemos reiterado que la antigua derecha tenía sus bases de poder real en el latifundio y todo el control social y político que ello representaba, pero también en su relación con la derecha económica, con la cual la unían lazos familiares y comerciales; un mismo mundo. Ambas derechas tenían como su principal instrumento la capacidad de negociar con los detentadores del poder estatal, priorizando por la representatividad corporativa, el accionar de los gremios patronales y la posibilidad neutralizadora del Congreso. En otras palabras, dado que sus pilares de dominación no estaban en el ejecutivo ni en la administración, hubo desde 1938 una cierta desvalorización de la política como espacio de competencia. Se ha dicho que parte de la naturaleza no golpista de la derecha fue su competitividad política. Desde nuestro punto de vista y como señalamos anteriormente, ello no existía porque tenía una masa electoral cautiva y si bien en los años cincuenta empezó a abrirse a nuevos grupos sociales, era un proceso en inicio y ellos nunca revistieron un peso significativo en su votación, la cual seguía recayendo preferentemente en el campo. En los sesenta, al contrario, el crecimiento del electorado la obligó a ser verdaderamente competitiva: el cierre de los canales de cooptación hacía indispensable crear un instrumento para hacerle espacio a sus intereses y demandas, y el cambio en el derecho de propiedad hizo urgente recuperar capacidad resolutiva para detener los proyectos ajenos y poner en ejecución los propios. Todo esto devolvió a la política su importancia. En ese sentido, la decisión de Pedro Ibáñez y otros como él de crear un nuevo partido, resistiendo las presiones antipartidarias emanadas de los empresarios y de algunos sectores derechistas que aspiraban más bien a movimientos suprapartidarios –que según señalaba Pec preferían abrir “el paragua chamberlliano que con tal de seguir haciendo negocios, no le hacen asco a pactar con el fascismo o el comunismo”–, se debía a su convicción

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Pec, 6 de sept. de 1966, p. 7.

del imperativo de competir en el área desde donde estaban siendo expulsados. De acuerdo al análisis del ex senador liberal: La Democracia Cristiana recogió de los comunistas una noción que nosotros debemos analizar y valorar: aquella de que el poder que importa es el poder político y que todos los demás están supeditados a él. La Democracia Cristiana no es tan improvisada ni comete tantos errores como ligeramente se supone. Su estudiada acción tiene, por el contrario, un carácter deliberado para la consecución de metas políticas que ellos bien conocen y que persiguen con tenacidad digna de mejor causa. Es preciso que nosotros también reconozcamos que la política –pero esta vez con mayúscula– es la primera y más importante actividad de una sociedad. Este concepto lo perdieron los partidos tradicionales durante los últimos decenios de su existencia y tal circunstancia aceleró su extinción139.

En otras palabras, se trataba de una derecha de nuevo tipo porque ella no pretendía cooptar ninguna propuesta de cambio que proviniera del centro y menos de la izquierda, ambas igualmente peligrosas, como tampoco creía en la negociación o penetración corporativa como método para “salvar” sus más importantes intereses. Tal convicción era lo que daba primacía al campo político, a la necesidad de convencer, persuadir a un creciente electorado y sustraerlo de la atracción de las tesis comunitaristas y socialistas. Era una derecha, además, desamparada en materia de legitimidad social, al encontrarse sin el respaldo que históricamente le significó la defensa de los valores del cristianismo. No se trataba sólo del cambio doctrinal asumido por el Episcopado Nacional, sino de la entusiasta participación de sacerdotes y monjas en la nueva era cristiana, interpretada por la derecha como espada política del gobierno140. La erosión, por tanto, de uno de sus principales soportes legitimadores también favoreció una revalorización de la política al estar amenazados –al menos así lo creían– sus bastiones sociales y económicos. Su cosmovisión ya no podría ser justificada con el respaldo doctrinal, debería ser fruto de la persuasión, de la competencia política. Esto implicaba un segundo cambio: convertirse en un partido de masas. Hasta entonces la derecha estaba identificada con los sectores dirigentes y sus trabajadores, especialmente los inquilinos. Cuando en los años cincuenta comenzó a abrirse hacia otros sectores sociales miró hacia las capas medias urbanas, aunque ellas no lograron constituirse en su base electoral más importante y tampoco logró articular un discurso representativo de sus intereses. Esto era un handicap y fue entendido como tal en esta coyuntura terminal. Como señalara más arriba el empresario Pedro Ibáñez, la 139 140

Pec, 17 de mayo y 6 de sept. de 1966, pp. 12 y 8, respectivamente. Sobre los cambios doctrinales de los católicos desde mediados de los años sesenta y su relación con la pobreza y el pueblo, véase María A. Illanes “El cuerpo nuestro de cada día. El pueblo como experiencia emancipatoria en tiempos de la Unidad Popular”, y Mario Amorós, “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del Movimiento Cristianos por el Socialismo”, ambos en Julio Pinto Vallejos (Editor), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Lom, 2005).

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derecha no se había percatado de los cambios sociales que habían estado ocurriendo en la última década en el país, siendo uno de ellos la consolidación de un sector cada vez más amplio de clases medias, a juicio de Ibáñez, abandonadas políticamente. La nueva derecha, al contrario, miraría pioneramente a estos grupos. Los sesenta fueron, sin duda, años dramáticos, toda vez que por primera vez empezaron a observarse nítidamente los resultados de las reformas introducidas en los años veinte y treinta, tanto en sus aciertos como en sus limitaciones. La decisiva intervención del Estado en materia de desarrollo industrial, educativo, de salud, si bien no logró el despegue definitivo hacia el desarrollo, mejoró sustancialmente los niveles educacionales del país, tanto en las áreas primarias en lo relativo a los sectores obreros, pero particularmente en la educación secundaria, la cual aumentó porcentualmente más que la primaria, favoreciendo a las capas medias. A comienzos de los sesenta, un importante porcentaje de la población completaba su enseñanza secundaria y entre 1957 y 1965, favorecidos por la gratuidad de la educación superior y la implementación de becas, el número de alumnos que llegaba a la Universidad se duplicó; mientras, la creación de la Universidad Técnica del Estado incrementó sustancialmente el número de ingenieros y técnicos que vinieron a reforzar la política industrializadora. Por otra parte, el apoyo de la CORFO cooperó al desarrollo de un importante núcleo de empresarios, grandes, pequeños y medianos, quienes fueron el soporte del crecimiento de la manufactura y de las actividades conectadas con ella 141. El historiador Eric Hobsbawm sostiene que desde mediados del siglo XX el mundo asistió a una “revolución social”, cuando se empezó a dejar atrás definitivamente el Antiguo Régimen, proceso en el cual destacó el retroceso del campesinado, el aumento sustantivo de profesionales y estudiantes, la aparición de la mujer como nuevo actor social y la consolidación del movimiento obrero142. Estos fenómenos fueron generalizados en el mundo desarrollado, pero también experimentados, aunque en menor magnitud, en el Tercer Mundo. Es conveniente no olvidar que éstos fueron los años de los estudiantes en París, pero también en Ciudad de México, en la Revolución Cultural en China y de la reforma en Chile. En otras palabras, el cambio social al que hacía referencia Pedro Ibáñez era el nuevo escenario que las clases dirigentes debían enfrentar: más jóvenes, estudiantes, empresariado diverso, mujeres, pero también los miles de marginales sociales fruto de la migración campo-ciudad que dieron vida a esas descomunales capitales tercermundistas. La nueva derecha fue, tal vez, la primera en tomar conciencia de estos cambios y advertir la centralidad de las nuevas clases medias, aunque entonces aún no eran una mayoría. 141

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Cecilia Montero, La revolución empresarial en Chile (Cieplán: 1995); Luis Ortega Corfo...; Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno, p. 235. Eric J. Hobsbawm, Historia del siglo XX (Crítica: 1995), capítulo X, pp. 290-321.

Como se explicó anteriormente, el radicalismo había sido la colectividad representante de los segmentos medios, pero especialmente de aquellos vinculados a la burocracia, profesionales humanistas y empleados. La decadencia de este sector político tuvo variadas consecuencias. Por una parte, la ácida crítica al Estado de los años cincuenta apuntó en importante medida hacia la burocracia, uno de los principales bastiones radicales, los cuales al perder presencia en el aparato estatal retrocedieron en influencia política y es posible que hayan perdido peso en el universo electoral mediocrático. Esto es más probable si se considera el incremento en el período de nuevos sectores medios que se caracterizaban por ser propietarios (ya fueran comerciantes, pequeños industriales, artesanos) o profesionales tecnocráticos. Esta decadencia del partido de centro se acentuó a partir de 1961 con el fracaso del proyecto de Alessandri por su vinculación con esa experiencia. Ello, como se explicó en el capítulo anterior, abrió un debate interno entre sus alas conservadoras y de izquierda, las cuales presionaban por recuperar su alianza con los partidos del FRAP resucitando la política del Frente Popular. Esto significaba asumir un discurso mucho más obrerista que mediocrático, pues esta vez la coalición estaría inevitablemente liderada por la izquierda marxista, la que se encontraba presionada por los socialistas para no repetir la anterior experiencia y mantener una alianza exclusiva con trabajadores y campesinos. Según el análisis de la derecha, la desviación izquierdista del radicalismo implicaba la pérdida de su naturaleza histórica, es decir, de ser un partido de clase media ilustrada y de empresarios abiertos a la renovación, para preferir convertirse en un partido de obreros y empleados: “Quieren ser más... una colectividad popular locamente izquierdista que un partido de selección. La clase media es abandonada por ellos”143. Si bien el Partido Demócrata Cristiano reemplazó en el centro político a los radicales, no lo hizo igualmente en el ámbito social. Ya para fines de la década del cincuenta, este partido había atraído adherentes entre los pobres de la ciudad, especialmente trabajadores no sindicalizados del sector servicios y se introdujo en el campo, donde logró cierta influencia entre los campesinos. El crecimiento de la Democracia Cristiana se relacionó con los cambios en el electorado chileno después de las reformas de 1958 que ampliaron el número de inscritos, el que entre 1961 y 1964 pasó de 1,8 millones a 2,9 millones, representando un 35% de la población total, siendo la mayoría de los nuevos inscritos mujeres y trabajadores urbanos y agrícolas de los sectores bajos de la sociedad. Todos estos cambios alteraron los cálculos electorales de los partidos existentes. Estos dos nuevos tipos de votantes fueron captados por el nuevo centro católico144. En otras palabras, aunque políticamente la DC representaba

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Pec, 28 de abril de 1967, p. 5; Bernardita Walker, op. cit. Faúndez, op. cit., pp. 128-130.

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el centro, respecto de la derecha y la izquierda, no lo era en términos de clases sociales, donde dicho partido no dominaba a la gran mayoría de las capas medias. De alguna manera, ellas estaban en disposición. Al nuevo tipo de capas medias –no burocráticas– se dirigía y se dirigiría el Partido Nacional. Es decir, frente a una “proletarización” cada vez mayor del espectro político-discursivo, la derecha buscaría a las capas medias como un nicho a capturar y transformarse en una “centro-derecha”. Era, sin duda, una forma de polarización: proletarios vs. capas medias. Por primera vez se elaboró una plataforma que explicitó el sectarismo que, a su entender, dominaba el discurso de la centro-izquierda de los sesenta, intentando devolverle a los sectores medios el lugar protagónico que habían tenido desde 1920 y que el énfasis en los pobladores, campesinos y obreros parecía amenazar arrebatarles. Esta mirada hacia los “productores” se ligaba estrechamente con su antiestatismo y su rechazo a los empresarios que seguían buscando el amparo del Estado para convertirse en “colaboracionistas”. El Partido Nacional se levantaba como el aparato político defensor de la empresa privada, en toda su gama, pues según su diagnóstico lo que la gran mayoría pedía era oportunidades de trabajo, de progreso personal, estímulo al esfuerzo individual, estando cansada de las “charlatanerías”. La derecha que nacía elaboraba, de esta manera, una nueva conceptualización de sí misma y del tipo de partido que quería formar: ya no una derecha definida por su temor, sino por su capacidad de constituirse en alternativa; si la sociedad había cambiado, se necesitaba un tipo de partido distinto: aquel que intentaría satisfacer las ambiciones de los chilenos. A juicio de uno de sus dirigentes: Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretenda imponer el socialismo y un estatismo absorbente, puede ser defensor de la clase media. La clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho y, en especial, de la libertad de trabajo y de la iniciativa individual. Y sólo en este ambiente puede la clase media desenvolverse naturalmente y progresar145.

Identificaban los cambios sociales como deseos individualistas de ascenso social y económico y por ello preferían hablar de pequeños propietarios. Para dar cuenta de ese nuevo espíritu de quienes supuestamente no esperaban mejorar por intermedio del respaldo estatal, se requería un partido distinto: uno de masas, pero de selección. Para ello era necesario, según Pedro Ibáñez, “revisar el concepto de “nuestra gente”146, dada la evidente decadencia de los grupos tradicionales y preocuparse de otros: tales fueron algunos segmentos específicos de las capas medias. Esto es, redefinieron el concepto de clase media, la cual debería dejar de identificarse con la burocracia o los

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Mario Arnello Romo, Un movimiento, una política, un gobierno para Chile (Stgo: 1968). Pec, 6 de sept. de 1966, p. 8.

empleados, todos ellos caracterizados por su subordinación laboral y, por ende política, para asimilarla a aquellas definidas por su autonomía, su independencia y libertad. Ellos eran los “propietarios”. De allí que en sus bases doctrinarias, el Partido Nacional se propusiera “fortalecer la clase media como estrato fundamental de la sociedad chilena, producto de la evolución, el trabajo y la cultura”, bucando interpretar “los anhelos y las aspiraciones de la clase media esforzada y laboriosa que dinamiza el progreso del país”147. Pero también dirigió su mirada hacia los jóvenes, ese estamento que irrumpió a mediados de los años sesenta. En efecto, según datos oficiales, para 1960, el 24,9% de la población chilena tenía entre 15 y 29 años y para 1970, 25,9%148. Sabido es que la irrupción juvenil fue un fenómeno generalizado en el mundo en esa década, expresada fundamentalmente en la fuerte presencia que adquirieron los estudiantes universitarios, pero también secundarios. Si bien éstos habían existido siempre, fue entonces que asumieron un protagonismo inusitado, producto –en el caso de los países desarrollados– de su creciente poder adquisitivo, su mayor ilustración y su falta de participación en un sistema dominado por la generación de la Segunda Guerra Mundial, todo lo cual los fue distanciando de los valores y creencias de sus padres. En el caso de América Latina, los gobiernos populistas habían mejorado las condiciones de vida de las poblaciones urbanas, siendo la educación uno de los índices que experimentó mejoras sustantivas, favoreciendo la aparición de un estamento de jóvenes ilustrados, los cuales, a diferencia del primer mundo, fueron cada vez más conscientes de las carencias de sus sociedades. Como señalamos antes, en el caso de Chile para los sesenta la masa estudiantil se había acrecentado, convirtiéndose en un mercado político a capturar. El interés de la derecha por los jóvenes se relacionó no sólo con esta explosión, sino precisamente con su necesidad de renovación, cuya primera evidencia fue la incorporación del presidente de la Juventud Conservadora a la Mesa Directiva en 1965. Había clara conciencia de que las formas, los métodos y algunas ideas estaban obsoletas y se requería de elementos dinamizadores, que dieran una nueva “cara” a la derecha. Los jóvenes habrían de atenuar esta imagen de un sector de venerables y de veteranos, rejuveneciéndose y llenándose de aire y fisonomía nueva. Los jóvenes siempre son quienes más rechazan la política del temor y la transacción, así serían ellos quienes ofrecerían una nueva disposición. Por lo mismo se pensó en integrarlos

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La primera cita en Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos” (Stgo.: 1966); la segunda, en Sergio O. Jarpa, Partido Nacional “Temas Políticos” (Stgo.: 1969), p. 11. “Población por sexo, en Censos de 1952, 1960 y 1970, según grupos de edad”, en “Características básicas de la población, Censo 1970. Resumen País”, Instituto Nacional de Estadísticas, República de Chile (Stgo.: 1970), p. 5.

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un poco más a las decisiones, lo cual explica la organización que se le intentaría dar a la Juventud del partido. Pero también había una apuesta casi doctrinaria al respecto entre los grupos nacionalistas que ingresaron al partido, quienes siempre habían sostenido la necesidad de movimientos políticos de corte juvenil, pues los jóvenes no estaban contaminados con las componendas y las negociaciones; eran espíritus idealistas, libres, siendo tales rasgos la garantía de una verdadera revolución nacional. En ese sentido, se produjo una concordancia entre las distintas vertientes que ingresaron al Partido Nacional, posibilitando la apertura de la derecha hacia grupos sociales y generacionales nuevos, los cuales, esperaba, la harían más competitiva. En suma, el Partido Nacional esperaba responder a la “revolución social” con una nueva definición de democracia y de clase media. Esto suponía un partido de masas y no de elites, pero al mismo tiempo una política de “selección. Quienes ejercen funciones políticas en una sociedad de masas deben tener la valentía y la decisión necesaria para no subordinar su pensamiento ni sus responsabilidades a los grupos de presión que gobiernan a esas masas”149. En otras palabras, aferrarse a lo programático y no ceder a las tentaciones electoralistas, debiendo renunciar a planteamientos centrales de la nueva propuesta. La opción por ser un partido de masas pasaba por su capacidad de no transigir, de defender su proyecto y persuadir a esas masas que sus proposiciones sí auguraban un futuro mejor, el progreso del país y la derrota definitiva del marxismo. Era una derecha ofensiva. Pero para atraer a la masa no bastaban sólo ideas, era necesario igualmente actualizar los métodos, el accionar político: un nuevo estilo, pues los tiempos no estaban para una actitud “chamberliana” sino más bien de inspiración “churchilliana”. Era la hora de luchar. Analizando la aparición del nuevo partido, un exponente del antiguo Frente Democrático abogaba por ese nuevo estilo más recio, pues los proletarios nada tenían que perder en ese cataclismo de transformaciones estructurales, al contrario de los empresarios quienes tenían “todo que perder si es que en vez de luchar prefieren humillarse ante el poder estatal... Ante las amenazas que hoy sufre en el país la actividad privada, sería preferible el puro de Churchill al paraguas de Chamberlain, la batalla al apaciguamiento”150. En ese sentido, el primer cambio era de actitud; de perder el derrotismo y asumir una postura ofensiva. Debía haber una declarada disposición a la confrontación, para defender los principios y proyectos, no ceder. Asimismo, significaba actualizar sus métodos de propaganda. Una de las accio-

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Pec, 6 de septiembre de 1966, p. 8. Pedro Ibáñez en Pec, 9 de febrero de1968, p. 8 y también el 17 de mayo de 1966, p. 12; Bernardita Walker, op. cit.

nes más provocativas del quehacer político democratacristiano fue el uso moderno que hizo de los medios de comunicación. Ya se mencionó la compra de la editorial Zig Zag y de Topaze, pero también fueron frecuentes los discursos radiales, la emisión de folletería por parte de los distintos organismos paraestatales y hacia el final del período, la creación de Televisión Nacional de Chile. Todo esto indujo en izquierdas y derechas una interpretación conspirativa, el presunto intento por forjar un régimen de partido único, acercándose rápidamente al totalitarismo. La derecha decidió también hacer un uso mayor de la tecnología en este combate político, para lo cual comenzó a recurrir más periódicamente a emisoras radiales como Agricultura y Minería. Como señaló el senador Pedro Ibáñez: No obstante las valiosas tradiciones que legaron los Partidos Liberal, Conservador y Acción Nacional, el Partido Nacional no será la continuación de ninguno de ellos. Nuestra misión consiste en interpretar mediante nuevos pensamientos políticos y nuevos métodos de acción a los vastos sectores que no integraron o que desertaron de los partidos tradicionales y que en el futuro habrán de dar consistencia al nuestro151.

El nuevo estilo significó la formación política de los nuevos miembros a través de cursos, la realización de foros, actividades históricas en la izquierda chilena desde principios de siglo XX. Se crearon también nuevos organismos tales como organizaciones comunales y provinciales152. La aparición de Grupos Universitarios fue un ejemplo de esta nueva actitud y la decisión derechista de penetrar deliberadamente en áreas que anteriormente eran muy débiles y estaban controladas, para entonces, por la Democracia Cristiana y la izquierda marxista. Aparecieron exponentes del Partido Nacional en las universidades de Chile y Católica, preferentemente, en un intento por disputarle, especialmente al partido de gobierno, el apoyo político de las masas estudiantiles. El nuevo estilo se reflejó también en la publicidad política, cuya primera muestra ocurrió durante la elección municipal celebrada en abril de 1967. La propaganda del partido se dirigió fundamentalmente a la clase media y asumió formas específicas. En primer lugar, una estrategia de denuncia de la política gubernativa como contraria a estos sectores sociales: “¿Por qué se persigue a la clase media? El triunfo electoral de la Democracia Cristiana, sólo fue posible por el apoyo decisivo de la clase media... Pero una vez en el gobierno, los democratacristianos han dejado en descubierto su propósito político de destruir progresiva e irremediablemente a la clase media”. El afiche argumentaba que tal era la finalidad si se observaba el manejo del crédito estatal, el cual era dicriminatorio, como las “arbitariedades” sobre el comercio minorista, los impuestos

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Pec, 6 de septembre de 1966, p. 8. Bernardita Walker, op. cit., pp. 145-146.

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injustos, la persecución a quienes resistían la instalación de un régimen de partido único, como la destrucción del derecho de propiedad y el fomento del “rencor” entre los pobladores marginales. El tema tributario fue reiterativo de la propaganda en un tono de dramatismo y persecución: “Contribuyentes ¡Ayúdeme a salvarlos! Hombre de trabajo, no más impuesto”153. En segundo lugar, insistir en la idea de que se caminaba a un régimen de partido único, de tipo totalitario, donde las discrepancias no serían toleradas. Se decía: “Grite Ud. también: ¡Viva el gobierno!”, aparentando estar a favor de él cuando éste los convocara para asistir a una concentración o se realizara una encuesta. O asegurar que el problema estribaba en “Gobernar para Chile o gobernar para un partido”, pues en lugar de preocuparse de los poblemas que el país sufría, el presidente Frei se dedicaba a hacer la campaña de su colectividad154. Una tercera idea fue reiterar la alianza cripto marxista entre el FRAP y la DC del “Campeonato demagógico”, mientras el Partido Nacional exponía la urgencia de realizar las obras que la sociedad y el país necesitaban con “buen sentido nacional”, como la construcción de viviendas, la liberación de los campesinos de “la esclavitud de los asentamientos”, la reanudación de las obras públicas, el aumento de la producción agrícola, la iniciativa y la eficiencia asociadas a la presidencia alessandrista. Votar por los nacionales era hacerlo por “Los genuinos representantes del progreso alessandrista”155. Esta forma de propaganda reflejaba una disposición a deslindar estilos entre la centro-izquierda y la derecha, asociando la capacidad ejecutiva sólo a ellos, y la demagogia a sus contrarios. También era expresión de una disposición más confrontacional, como lo demostraba la denuncia y sobre todo el tono en el cual ésta se hacía: el gobierno y el FRAP eran unos demagogos incapaces e ineficientes, pero también peligrosamente desconocedores de la libertad. Esta insistencia en la posibilidad de estar avanzando a un régimen totalitario fue el inicio de una estrategia de manipulación de miedos que más tarde alcanzaría sus puntos más álgidos. Igualmente, fue el inicio de la articulación del mito alessandrista como una era idílica de avance y progreso, indispensable de recuperar para salir de un estado de estancamiento. En suma, un estilo agresivo, que reiteraba su nueva identidad: defensora de lo que se contemplaba como el principal derecho individual, que era el de propiedad; autodefinida como democrática –en los términos ya especificados–; con sentido nacional (o sea, no sectaria) y expresión de la clase media. Como es sabido, la identidad es un fenómeno dinámico y en estrecha relación con el medio social que nos rodea, toda vez que las personas se perciben también a la luz

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El Mercurio, 20 de febrero de 1967, p. 29 y Pec, 31 de marzo de 1967, pp. 6-7. El Mercurio, 27 de febrero, p. 25; 1 de marzo de 1967, p. 22. El Mercurio, 30 de marzo de 1967, pp. 17 y 19.

de la manera en que los demás las juzgan. Así, la construcción de la identidad ha sido definida como un proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo. Cuando hay situaciones que erosionan la autoestima, se produce una “lucha por el reconocimiento”, lo cual puede ocurrir cuando hay amenaza física, una exclusión sistemática en derechos o por una devaluación cultural de modos de vida y creencias particulares, las que pasan a ser consideradas como inferiores o deficientes. En estos casos, se producen reacciones que apuntan a reconquistar el reconocimiento y que se relacionan con el futuro156. Desde nuestro punto de vista, la oleada anticonservadora, la opción por los cambios y la arremetida democrática levantada por la izquierda y el centro desde comienzos de los años sesenta, representaron para la derecha una mirada desvalorizadora, como también de los principios y valores que ella encarnaba. Tal vez, ésa era la falta de confianza en sí misma que creyó ver Sofía Correa hacia 1964. Desde la óptica identitaria, por esos días la derecha política seguía aferrada a sus añejos postulados y sólo había estado redefiniendo su identidad en torno al anticomunismo. Al momento del triunfo de Frei y su primer año de gobierno, esa reformulación resultó inútil, pues ese sector también se había sumado a los planteamientos históricos de la izquierda a favor las transformaciones estructurales. En medio de un clima donde la idea de cambio tenía connotaciones bien precisas, la derecha se sintió desvalorizada y descalificada. El desastre electoral de 1965 y la reforma constitucional eran un reflejo de su falta de arraigo social; el anticomunismo no había sido suficiente: no todo anticomunista era de derecha. Era necesario seguir reformulando su identidad, lo cual requería la reconquista del reconocimiento del “otro”; quien en parte le devolvería su lugar en la comunidad. Es importante destacar que esta desvalorización ayudó a una toma de conciencia respecto del problema de responder a la pregunta qué era ser de derecha, cuál era su identidad, pero esa reformulación ya estaba en proceso desde mediados de los años cincuenta. La crisis de mediados de la década sólo lo aceleró y, por lo mismo, se nutrió de los cambios y los anhelos de reforma que existían en importantes núcleos de la derecha histórica a fines de la década anterior y que reseñamos en el capítulo I. De allí que la nueva identidad tomó como eje la defensa de la propiedad privada, como sinónimo de libertad y de democracia. Ello era coherente con el antiestatismo que se había venido desarrollando desde los años cincuenta y la reivindicación de la iniciativa individual, en oposición al colectivismo propiciado por el centro y la zquierda. Esta identidad capitalista de libre mercado era consistente con otro elemento de ella, como era el anticomunismo, definido como estatismo, totalitarismo y ausencia de libertades civiles.

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Jorge Larraín, Identidad chilena (Lom, 2001), pp. 29-30.

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En esa óptica, el Partido Nacional representó un intento de redefinición identitaria de la derecha. Aunque lejos de los puntos de arranque de sus adversarios políticos, el partido buscaba reposicionar a su sector y, por lo mismo, tenía una disposición ofensiva. La mantención de una estrategia cooptativa no devolvería el reconocimiento del otro y tampoco un peso social. Así, los cambios doctrinarios esenciales, su decisión de convertirse en una colectividad de masas, desarrollar un nuevo estilo y presentarse como una alternativa proyectual constituían la redefinición necesaria.

2. El primer parto: la pugna proyectual en el Partido Nacional Parte crucial del proceso que hemos estado caracterizando, lo constituía el proyecto. Nuestra hipótesis es que se trataba de una nueva derecha en importante medida porque tenía un proyecto alternativo al de izquierdas y centro. En efecto, el Partido Nacional se presentó como un “movimiento renovador que se propone restablecer la unidad nacional y el recio estilo que forjó el alma de la chilenidad, modernizar las instituciones de la República para adecuarlas a la época en que vivimos e instaurar un nuevo orden político, económico, social, cimentado en el trabajo y el servicio a la comunidad”157. Esta declaración hizo evidente que no existía un solo proyecto, sino tres, pues era una variedad de grupos los que asistían a la formación de esta nueva derecha. En él estaban presentes los postulados de la derecha económica, liberales tradicionales/ alessandristas, y nacionalistas. Es posible observar las líneas de la derecha económica en el antiestatismo que cruzaba su programa, en tanto se consideraba una prioridad redefinir el Estado, acabando con esa “enorme maquinaria desvencijada... que funciona mal y consume en exceso”, achicando la burocracia, eliminando los monopolios y empresas estatales cuyas pérdidas afectaran el presupuesto nacional. Más importante aún, “Descargando el Estado de funciones que no le corresponden y que gravan sus recursos” para que “pueda atender con agilidad y eficiencia las funciones que le son propias... La acción del Ejecutivo debe ejercerse a través de una Administración Pública de carácter técnico”158. Hemos remarcado estas expresiones porque ellas denotan una cierta concepción del Estado y de lo que le corresponde hacer. Tales funciones se referían a crear las condiciones para el desarrollo de la iniciativa particular a través de obras de infraestructura y la disminución creciente de los tributos, de modo que los privados pudieran destinarlos a la inversión. Como veremos más adelante, esta idea de debilitar

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“Introducción a la Declaración de Principios y Programa del Partido Nacional”, en Partido Nacional Temas políticos. Partido Nacional, “Objetivos del Partido Nacional” y “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. El énfasis es nuestro.

el Estado desarrollista no era privativa de la derecha económica, pero sí lo era en la forma asumida en el programa del partido en tanto su referencia era la idea de incapacidad esencial del aparato estatal para lograr el desarrollo y la centralidad de la iniciativa particular. Es cierto que ello era en parte una reacción a la política democratacristiana de acrecentar la injerencia estatal en materia de desarrollo, pero lo era más de la plena convicción en que se trataba de una tarea de los empresarios: había una cuestión doctrinaria. Esto se puede observar en su énfasis en la “eficiencia”, una expresión propia de la derecha neoliberal: como se sabe, la tecnocracia piensa en la relación medios-fines como inevitable para ser eficiente en la tarea que se desempeña. Los neoliberales ya en los cincuenta adujeron la ineficiencia como propia del aparato burocrático, incapaz de agilizar la acciones de miles de funcionarios, duplicando funciones. Si se recuerda la propaganda eleccionaria utilizada en las elecciones municipales de 1967, enfatizaba el problema de un amplia burocracia, propia de la demagogia, como un obstáculo para el desarrollo. Asimismo era de origen neoliberal la aversión a los impuestos y la tendencia a caracterizarlos como gravamen a la inversión. Por ello, el Partido definía la “función primordial del Estado [como la de] estimular la capacidad de empresa, la actividad productora, el espíritu de superación y riesgo personal, la inventiva creadora y el trabajo en todas sus formas. El Estado debe, asimismo, liberar al trabajo privado de las trabas y obstáculos burocráticos, de los excesos tributarios y de toda persecución e inestabilidad legal”159. Eso suponía rectificar la política tributaria existente, toda vez que ella sólo empobrecía a los “ciudadanos laboriosos [y] suprimir los impuestos cobrados sobre bases artificiales y demagógicas, y obtener la paulatina desaparición de las franquicias tributarias que contrarían el principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas”. Esto debía ir acompañado por una política económica basada en la libertad y el estímulo para trabajar y producir “en una sana competencia en precios y calidades”. Para ello debía eliminarse la intervención del Estado en la fijación de precios, los regímenes de excepción a favor de empresas particulares o fiscales, pues “la intervención del Estado es necesaria en la orientación o programación del desarrollo económico, y en todos aquellos aspectos en que la iniciativa privada sea insuficiente o esté en contradicción con el interés común”160. En parte tales propuestas habían sido contempladas por la Misión Klein, Saks en los cincuenta, como en la Revolución de los Gerentes de la administración Alessandri, aunque la lógica no era exactamente la misma. Es decir, el programa del partido se proclamaba defensor del capital e iniciativa privada en una perspectiva contraria a lo que había sido la tónica en las últimas décadas y

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Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. Ibid.

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claramente a favor de un proceso de acumulación que requería disminuir las intervenciones ajenas a las decisiones del capital, ya fuera en materia de producción o de trabajo. Es evidente, en estos acápites, la percepción del ajuste automático de salarios y de algunas leyes laborales como producto de la demagogia, contrarias al espíritu de empresa. Esto queda más claro si se considera que el Programa pretendía una nueva política laboral que ajustara los salarios de los trabajadores a las utilidades de las empresas, es decir, remuneraciones “justas y que estimule el esfuerzo individual y la superación profesional”161. Esto es, un criterio individualista en oposición a los sindicales prevalentes en la época, lo que explica su aspiración a un sindicalismo ajeno a intereses partidarios. En otras palabras, su propuesta económica requería de una redefinición del Estado y de una neutralización del ascendente movimiento obrero, fuertemente influido por los partidos de izquierda, ambas cuestiones que harían posible la acumulación buscada. Como señalaba el empresario y fundador del Partido Nacional, Pedro Ibáñez: “Es necesario un retorno a la economía de mercado, no sólo para elevar la eficiencia económica, sino para poner término a la gangrena nacional que reconoce su origen en una confabulación entre la demagogia y los negocios”162. De allí que el Partido Nacional considerara indispensable reponer el antiguo derecho de propiedad, pues de ello dependía la dinamización de la iniciativa particular. Hasta esta fecha, de acuerdo a su diagnóstico, los empresarios habían sido perseguidos por los partidos políticos, abandonados por el Estado y cuando tenían éxito, abrumados con impuestos. Contrariamente, el Partido Nacional se levantaba como el protector y estimulador de éstos, “Chile necesita hombres de empresa, con imaginación y audacia, que impulsen el desarrollo del país, creen riquezas y aumenten las posibilidades de empleo”. De modo que se daría “Toda protección, el respaldo y la seguridad a quienes trabajan y producen. ‘Mano dura’ para los zánganos, los especuladores, los ociosos y las clientelas políticas”163. Aquí es evidente la crítica al empresario protegido por el alero de la CORFO y, por ende, del Estado; es una prueba de que se trata de la nueva derecha económica, la cual buscaba la apertura del mercado y la emergencia de un nuevo tipo de empresario. Era también reflejo de la defensa doctrinaria del derecho de propiedad como la clave del desarrollo, en oposición a las tesis colectivistas. El progreso, a diferencia de los postulados frapistas y democratacristianos, vendría sólo con la mantención del derecho de propiedad privada, el cual sólo podría ampliarse

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Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. Pec, 6 de septiembre de 1966, p. 7. Recuérdese que Pedro Ibáñez era hijo de Adolfo Ibáñez, fundador de la Escuela de Negocios del mismo nombre, en Valparaíso. Ángel Soto, op. cit., p. 30. Partido Nacional, “Objetivos del Partido Nacional”.

en función del trabajo y del esfuerzo personal y no de la creación artificial de nuevos propietarios mediante la expropiación estatal. El programa del Partido Nacional también proponía una “política económica realista”, es decir, ajena a esquemas teóricos –o sea, ideológicos–, basada en la libertad y el estímulo al trabajo y a la producción. Esto suponía terminar con el proteccionismo dominante y abrirse a una “sana competencia” que daría a los consumidores la posibilidad de elegir, reconociéndoles su derecho a la libertad, la que se reforzaría con la libertad de precios. Esta nueva política debería apuntar a acelerar el desarrollo industrial “para elaborar materias primas y valorizar el trabajo de los chilenos”. Ello requeriría de apoyo y asesoría técnica, programación, una política cambiaria que posibilitara el incremento y la diversificación de las exportaciones, como la creación de escuelas técnicas y la organización de sistemas industriales regionales164. Asimismo –señalaba el mismo documento– se consideraba necesario activar el agro, de modo que satisfaciera las necesidades del país, redistribuyendo tierras “mal explotadas”, y de haber expropiaciones, ellas no debían implicar despojos, sino estar destinadas a aumentar la producción. Por ello, la normativa legal debía “amparar al agricultor eficiente. El Estado le proporcionará a la agricultura sustentación, estabilidad, programas de desarrollo, créditos y precios justos para sus productos”. Es necesario aclarar que si bien este Programa era expresión de una perspectiva neoliberal, ella no era sinónima de lo que fue ese experimento en los años setenta bajo el amparo del régimen militar. Representaba al nuevo empresariado, fortalecido en sus gremios, que ya no necesitaban el apoyo del Estado y caminaba a articular claramente un proyecto propio. Un año más tarde, la Confederación de la Producción y el Comercio daría vida a aquél. La expresión neoliberalismo en la época hacía referencia al modelo alemán –denominado más precisamente Economía Social de Mercado–, caracterizado por la libertad productiva y comercial, pero con una marcada impronta social, en la cual el desmantelamiento sindical era impensable, como también el del Estado. El modelo alemán había logrado conciliar la libre empresa con un Estado social y un movimiento obrero organizado. El empresariado chileno más neoliberal de los sesenta, tenía un sentido antiestatista más desarrollado, pero no era el empresariado que emergería bajo los Chicago Boys. Con todo, la propuesta económica del Programa del Partido Nacional era expresiva de ese tipo de empresario de los sesenta que ya tenía en la mira al Estado y al movimiento sindical, pero aún no para hacerlos desaparecer165.

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Partido Nacional, “Fundamentos programáticos y doctrinarios”. El tema del neoliberalismo alemán y su influencia en el pensamiento del Partido Nacional será abordado con profundidad en el capítulo V, pues él fue desarrollado en la “Nueva República”.

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En segundo lugar, se observaba la línea alessandrista en lo relativo a la reforma de las instituciones del Estado (funciones del legislativo y del ejecutivo) y, por tanto, de la antigua derecha liberal-conservadora. Uno de los grandes cambios en la derecha fue la relativización de la acción parlamentaria y de los partidos en la construcción de una sociedad estable políticamente. Ya durante su gestión fue evidente para Alessandri que el retroceso del estatismo buscado por la nueva derecha económica requería necesariamente de un cambio en la legislación sobre los poderes del Estado y ése fue un factor que devolvió a la política su importancia. El programa del Partido Nacional retomaba el proyecto alessandrista de reforma constitucional, el cual apuntaba a un fortalecimiento del Ejecutivo y una modificación en las funciones del Legislativo. En las postrimerías de su gobierno, Jorge Alessandri propuso al Congreso una reforma constitucional que modificara las funciones y la distribución del poder y que planteaba la reposición de la autoridad presidencial en desmedro del Parlamento. A juicio del presidente Alessandri la naturaleza de los problemas que predominaban en el mundo en esa época hacía urgente una autoridad fuerte con las suficientes atribuciones como para darles una solución rápida, siendo el Ejecutivo el único con la visión integral suficiente para ello y con capacidad de mantenerse autónomo de los partidos, cuestión imposible para los congresales, quienes debían estar respondiendo constantemente a su electorado. Esto suponía una restricción drástica de las iniciativas de los parlamentarios en materias de orden social, previsional, financiero, tributario y económicos en general, debido a que en el Presidente de la República recaía la responsabilidad de la administración financiera y económica de la nación, lo cual hacía razonable que los parlamentarios no tuvieran derecho a iniciativas en esas materias. Tal como estaba la situación, el Presidente requería de una mayoría parlamentaria para sacar sus proyectos, lo que lo convertía en un tributario de los partidos y sus propios intereses electorales. Por último, también introducía la posibilidad de un plebiscito en caso de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo como la incorporación de senadores designados que completaran los de elección popular166. El proyecto del Partido Nacional en esa área se refería específicamente a “dotar al Poder Ejecutivo de las facultades necesarias para administrar el Estado sin interferencias políticas o económicas y libre de la presión desquiciadora de los intereses de grupos”. Por lo mismo, también debía alterarse las funciones del Legislativo: “Hacer del Parlamento un legislador oportuno, independiente y general, que no interfiera la labor del ejecutivo y que disponga de facultades fiscalizadoras apropiadas”167. En concreto esto significaba sustraer del Parlamento la facultad de intervenir en

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Discursos Jorge Alessandri. Su pensamiento político (Editorial Andrés Bello: 1985), pp. 159-173. Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”.

la determinación de sueldos y salarios, la dotación de la administración pública y entregárselo al ejecutivo. Esto tenía como propósito debilitar la injerencia partidaria en la formulación de políticas, especialmente en lo atingente al desarrollo de la iniciativa económica y social, como el ajuste automático de salarios y la actividad sindical. De hecho, en esta materia se pretendía una nueva política laboral “que signifique dar a los trabajadores efectiva oportunidad para participar responsablemente en el desarrollo de las empresas e incrementar sus salarios en función de las utilidades que éstas obtengan”168. Esta era una demanda de la derecha económica, la cual insistía en que la “politiquería” y la “demagogia” imponían salarios que los empresarios y el crecimiento real del país no eran capaces de solventar. La reforma del Código del Trabajo y de la legislación laboral suponía recuperar el sentido “de cooperación” que tenía el proceso productivo y rechazar la política confrontacional patrocinada por los sindicatos, amparados en los partidos marxistas. Así lo manifestaba el documento que estamos citando: “Impulsar una política sindical que junto con otorgar a los trabajadores la protección y colaboración de un sindicato, evite drásticamente que las organizaciones laborales sean usadas como instrumento de política partidista”. El hincapié en la necesidad de imponer una administración técnica, en manos de especialistas, ajenos a la influencia de los partidos, reflejaba la convicción de que un verdadero cambio en la estrategia de desarrollo pasaba inevitablemente por un retroceso del peso de los partidos, sobre todo, en el ámbito sindical. La preponderancia marxista en los sindicatos era un problema que, se pensaba, sólo podía solucionarse desde el plano político, desde el Ejecutivo y la reforma constitucional. El discurso reiterativo acerca de la necesidad de terminar con la politiquería y la demagogia se relacionaba directamente con la necesidad de neutralizar a los sindicatos y a la izquierda; ello era condición de la implementación de su proyecto de economía de mercado. El presidencialismo también se vinculaba, por otra parte, a lo ocurrido durante la gestión de Frei Montalva, en lo relativo a la preponderancia alcanzada por el partido de gobierno y el fuerte peso que ejercía sobre las políticas adoptadas por éste. Son sabidos los numerosos problemas que debió enfrentar el Presidente Frei con las diferentes direcciones de su propio partido, las cuales no siempre compartían sus decisiones y se oponían activamente a ellas, provocando correcciones169. Tal como lo planteaban los Fundamentos Doctrinarios de la nueva derecha: “El Ejecutivo debe servir a la nación entera y no estar circunscrito al interés partidista de los grupos que detentan el poder. Nuestra Constitución otorga autoridad y amplias facultades al Presidente de la República y la investidura suprema lo constituye en mandatario de todos, en

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Ibid. El énfasis es nuestro. Jorge Núñez, “El gobierno democratacristiano.1964-1970”, Andes, No.1: 1984.

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conductor del país y no en el caudillo de un partido”170. La gestión de la Democracia Cristiana y su sectarismo incidieron en que la apuesta original por un régimen más autoritario y debilitador del sistema de partidos avanzara hacia una posición casi doctrinaria. La imposibilidad de la derecha de penetrar el aparato administrativo del Estado y que éste estuviera dominado por el partido de gobierno favorecieron una perspectiva que pretendía volver al presidencialismo. En otras palabras, para defender el derecho de propiedad, tal como ella lo entendía, e impedir el dominio de un solo partido, era imperativo el fortalecimiento del Ejecutivo. La influencia de la antigua derecha en esta materia se hace evidente también si se considera que, a pesar de que los grupos nacionalistas hacía décadas demandaban un fortalecimiento del Ejecutivo y un debilitamiento sustancial de su contraparte parlamentaria, su propuesta no era la que acabamos de reseñar, sino que apuntaba a la total neutralidad del Legislativo. Para 1964, Acción Nacional proponía que la elección del Presidente fuera arrancada de las manos del Congreso que escogía entre las dos primeras mayorías, y convocar a una segunda vuelta. Desde su punto de vista, era necesario retomar la tradición portaliana de reelección presidencial como un imperativo de continuidad requerido por el Estado moderno. Aunque la agonizante derecha oligárquica comprendió la necesidad de una reactualización programática, el ámbito institucional siguió en sus manos. La continuidad con la antigua derecha era, igualmente, apreciable en el énfasis en la necesidad de “reconstruir un Estado de derecho”, esto es, mantener la tendencia evolucionista en materia jurídica, capaz de formular normas estables, pero al mismo tiempo flexibles, “inspiradas en los derechos fundamentales del hombre y en el perfeccionamiento de la convivencia humana”171. Tales aspiraciones aludían implícitamente al proyecto de reforma constitucional auspiciado por el gobierno, relativo al derecho de propiedad, el cual –desde la óptica de la derecha– había interrumpido una historia de respeto a la legalidad. Era ese pilar lo que hacía posible la convivencia entre distintos pensamientos; su puesta en discusión rompía la estabilidad y abría un campo de incertidumbres. Tal como rezaban los “Fundamentos doctrinarios” del Partido Nacional No es suficiente el respeto a la Constitución en el orden político, sino que es preciso garantizar una mínima estabilidad legal en todos los aspectos económicos, sociales y tributarios, de manera que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades en la certeza y confianza que las leyes no van a ser modificadas sucesiva, repentina y arbitrariamente por intereses políticos o electorales.

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Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”.

La defensa del derecho de propiedad era hecho, de esta manera, invocando una tradición. Por último, esta línea alessandrista/derecha histórica era manifiesta en el rechazo a la expansión sufrida por la administración pública en las últimas décadas, vista como reflejo de la politiquería y del constante déficit fiscal. De acuerdo al programa del nuevo partido, era menester imponer un “riguroso sentido de la responsabilidad”, lo cual se traducía en una disminución de los gastos fiscales, eliminar cualquier organismo burocrático “innecesario”, evitar duplicidad de funciones y lo que se calificaba como politización administrativa. La herencia anterior quedaba claramente expuesta en la definición de esas tareas: “La función pública es digna y enaltecedora, debe corresponder a una vocación de servicio”172. Aunque esta demanda por una disminución de la burocracia era compartida por otros segmentos de la derecha, dentro como fuera del partido, el tono y la argumentación revelan una clara línea de continuidad con el gobierno de Jorge Alesandri y su constante abogar por detener el crecimiento de ese aparato. En suma, la vertiente histórica dentro del programa de la nueva colectividad se hizo presente en el área institucional y administrativa. La línea nacionalista se manifestaba en cinco cuestiones ideológicas centrales: su evaluación del momento histórico; la chilenidad y la idea de un destino nacional; la mirada a las fuerzas armadas; el sentido de armonía social; y a la nueva democracia propuesta. El Partido Nacional percibía su actualidad como un cambio de época: “Estamos al fin de un mundo, del mundo que nació con la Revolución Francesa y que ha culminado con la revolución comunista”, demostrando el fracaso de los anhelos de libertad humana en la lucha contra el absolutismo. A su entender “al final de esta era se le ofrece un nuevo absolutismo, más odioso y más denigrante, porque es la tiranía anónima de un partido y un sistema; pero el socialismo no es el mundo nuevo, es la última etapa de una edad ya vivida y de una civilización que ha culminado con una filosofía materialista, que no responde a los anhelos del hombre actual”173. Esta declaración recogía la tradición contrarrevolucionaria del nacionalismo chileno y de su fuerte sentido antipartidista, antiliberal y antimarxista. Si bien, el “pratismo” –ex estanqueros y, para entonces, seguidores de Jorge Prat– había atenuado su rechazo a la democracia burguesa, nunca logró desprenderse totalmente de él, y mantuvo siempre una ácida crítica hacia las colectividades partidarias y hacia la lógica que gobernaba dicho régimen. El anuncio del fin de una época explicitaba su rechazo a los principios de igualdad contenidos

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Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. Sergio Onofre Jarpa, “Los mitos de nuestro tiempo” (Stgo.: 1968).

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en el discurso rousseauniano y reactualizados en la Revolución Rusa, reivindicando la desigualdad como el “orden natural”. Ambas revoluciones habían levantado la idea de un ser humano sujeto de derechos inalienables, punto de partida de una sociedad más justa e igualitaria. Para el nacionalismo, la destrucción de la “comunidad” de origen medieval –colonial en el caso de Chile– era el punto de partida de la decadencia que afectaba al mundo contemporáneo, al socavar la cohesión social enfatizando los derechos, responsable de la indisciplina social. Como señalaban sus “Fundamentos doctrinarios”: “Quien no cumple con sus deberes no puede reclamar derechos”. Esta imagen idílica del pasado era coherente con la más importante aspiración del Partido Nacional, como era la de constituirse en un “movimiento renovador que se propone restablecer la unidad nacional y el recio estilo que forjó el alma de la chilenidad”174. Esto es, la construcción del futuro miraba al pasado, específicamente al siglo XIX. En efecto, ya durante la candidatura presidencial de Jorge Prat en 1964, el nacionalismo había rescatado la época de los decenios y al presidente José Manuel Balmaceda como la expresión de un estilo de gobierno nacional, de serena autoridad en la ley y un estilo creador175. En el siglo XX, sólo se habían acercado a esa categoría Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez y Jorge Alessandri. El siglo había presenciado el dominio de los partidos, generando una crisis de mando, la que a su entender era la responsable de la crisis de la política, la cual había derivado al servicio de grupos y no de la nación. Lo que el país requería era la coordinación del esfuerzo nacional, para lo cual era preciso neutralizar la influencia partidaria y reconstruir la unidad de la nación. En otras palabras, su referente político era Portales y, por ende, la restitución de un equivalente al dominio aristocrático legitimado por aquel que, en este caso, estaría dado por un presidente con autoridad y ajeno a los partidos. Es evidente la contradicción con la base doctrinaria de la cual partía la derecha histórica e incluso la económica, ambas enraízadas en la ruptura con la colonia. Por ello, el ingreso nacionalista al Partido Nacional a pesar de su profundo escepticismo, tuvo mucho de pragmatismo, pues nació de la convicción de Prat y de muchos otros exponentes de esa tendencia, de que su revolución nacional nunca sería posible mientras se mantuvieran en los márgenes del sistema, desde fuera de la “gran política”, lugar que les había impedido hacer llegar sus postulados e incidir en el acontecer nacional. La creación del Partido Acción Nacional en 1963 ya fue una expresión de esa conciencia, pues tenía como primer objetivo atenuar la debilidad del nacionalismo por su excesiva atomización, logrando su unificación bajo la égida de Prat. Pero también el ingreso a un partido buscaba modificar el carácter de éste para transformarlo en un

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Partido Nacional, “Introducción a la Declaración de Principios y Programa del Partido Nacional”. Mario Arnello, Proceso a una democracia. El pensamiento político de Jorge Prat (Stgo.; s/f).

gran movimiento suprapartidario, razón por la que los tres grupos que acudieron a la fundación en 1966 lo hicieron en igualdad de condiciones, que fue una de las condiciones puestas por los nacionalistas. Prat era más partidario de un liderazgo personal y menos de la democracia interna, de allí que prefiriera la idea de “movimiento” antes que de partido. Esto es especialmente importante si se considera que la creación del Partido Nacional respondió a una revalorización de la política en su sentido tradicional, concepto del que los sectores nacionalistas se encontraban bastante alejados, como lo demostrarían posteriormente los hechos. El segundo aspecto doctrinario en el cual dejó su impronta el nacionalismo fue en los temas referidos a la nación. El partido declaró que la “nacionalidad se fundamenta en el pueblo, la tradición y el medio geográfico, y que su expresión debe ser un Estado Nacional, guardador de la herencia histórica y cultural”176. En otras palabras, se sostenía en una perspectiva conservadora que veía en el pasado el núcleo valórico esencial, sólo a partir del cual era posible el futuro. Esta definición de la nacionalidad entendía al Estado como el encargado de la conservación, es decir, de una educación respetuosa de sus antepasados y reiteradora de una visión particular de la historia nacional. Cualquier interpretación alternativa a la oficial, parece haber sido considerada una violación a un principio intransable. Tal perspectiva, como es obvio, respondía al avance de una izquierda marxista que, si bien nunca desconoció la historia nacional, no compartía los juicios de valor que en torno a ella levantaban los historiadores consagrados de la época. No debe olvidarse que desde los años cincuenta una historiografía de cuño marxista se contraponía a la anterior, buscando levantar una relectura de la historia oficial, desde la realidad de los trabajadores, dejando en una posición secundaria el relato de héroes y guerras177. La bandera roja del comunismo, la fuerza del movimiento sindical de orientación izquierdista no hacían, a sus ojos, sino manifestar la decadencia del espíritu nacional. De allí que se considerara prioritario impulsar una educación destinada a formar “el carácter y la personalidad en normas de sobriedad, esfuerzo y disciplina. Debe desarrollarse el sentido nacional para hacer al pueblo más unido y responsable, ligar a las nuevas generaciones a las tradiciones de la patria”178. El proyecto cultural del Partido Nacional, por lo tanto, buscaba reponer la hegemonía decimonónica. Este análisis de la decadencia nacional iniciada en 1891 se manifestaba, a su vez, en el desplazamiento del país de su posición rectora en el continente, transformándose en

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Partido Nacional, “Introducción a la Declaración de Principios”. Julio Pinto Vallejos y María Luna Argudín (Compiladores). Cien años de propuestas y combates. La historiografía chilena del siglo XX (Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco: 2006) Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”.

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una nación dependiente y atemorizada, con pérdida de su capacidad creadora. Por ello, el Partido se proponía “forjar un destino nacional... Chile posee los recursos humanos y geo-económicos necesarios para transformarse en una gran nación y constituirse en factor dinámico de una vasta esfera de prosperidad en esta zona del mundo”179. Era evidente en este discurso la influencia nacionalista, con su perspectiva decadentista, su mirada idealizada del pasado portaliano y su ansia de “recuperar” un destino para Chile, una posición rectora en América del Sur, mirando hacia el Pacífico. La idea de Portales que había intentado convertir a Chile en la potencia hegemónica en el Pacífico frenando los avances peruanos, debía ser retomada, proyectando una economía con mayor atención hacia esa zona y, por ende, con un cambio en las relaciones exteriores: “Chile se abre al Pacífico y debe considerar con realismo su importante posición geográfica en esta área, dando especial atención a las vastas posibilidades que ella ofrece y al desarrollo de sus comunicaciones marítimas y aéreas”180. Esta propuesta ya había estado presente en el programa presidencial de Prat, cuando se planteó que debía retomarse la tradición de país marítimo, con la cara vuelta al Pacífico, estimulando el transporte de esa índole, librándolo de trabas legales, apuntando a la “recreación” de una gran marina mercante. Esta recuperación de un pasado visto como ejemplar tenía como punto culminante su convicción sobre la necesidad de que ese destino nacional “emanara de la realidad y experiencia histórica de Chile, sin intervención de organizaciones al servicio de gobiernos o intereses foráneos ni trasplante de teorías o fórmulas extranjeras incompatibles con la realidad nacional”. Nuevamente, el “espíritu” realista de Portales, quien habría sido capaz de dar estabilidad al país y sentar las bases de su prosperidad económica a partir de su realidad, ajena al ideologismo delirante del pipiolaje de los años veinte. La historia era, a su juicio, el mejor instrumento para rechazar las propuestas de cambio de izquierdas y del centro, apoyadas en propuestas teórico-filosóficas. Un tercer elemento nacionalista incorporado por el nuevo partido derechista fue el relativo a las fuerzas armadas. Como lo han establecido otros trabajos, la derecha histórica en general fue antimilitarista, en el sentido de que compartía la noción de que éstas tenían como función profesional la defensa externa del país, sin injerencias en la vida política ni en la contingencia. Los Estanqueros, contrariamente, sostuvieron ya en los años cuarenta la necesidad de incorporarlas a la defensa de la institucionalidad, pues ellas eran la principal reserva de la nación. Por ello, era urgente abandonar la política de reducción presupuestaria que en materia de defensa venía aplicándose por los sucesivos gobiernos desde 1932, aumentando el presupuesto de 179 180

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Partido Nacional, “Fundamentos doctrinarios y programáticos”. Ibid., también consúltese Partido Nacional, Nueva República, No. 2, oct.-nov. 1966, y Mario Arnello, op. cit.

defensa y sumándolas al desarrollo nacional a través del Servicio Militar del Trabajo, creado por el Presidente Ibáñez en 1954, uniendo “la pala al fusil”. Ya durante los años sesenta, Jorge Prat afinó esta propuesta, señalando que las fuerzas armadas eran responsables de la sobrevivencia de la nación y de producirse una amenaza grave, era su deber intervenir políticamente181. Es clara la contradicción entre la antigua derecha y el pratismo en esta materia. No obstante, el Partido Nacional adhirió doctrinariamente a la tesis nacionalista, exponiendo como un punto central de su Programa “incorporar a las fuerzas armadas al desarrollo nacional, de modo que no sólo sean guardadoras permanentes de la estabilidad fronteriza y de la soberanía nacional, sino un factor dinámico y efectivo del progreso educacional, técnico y económico del país”. Para ello era urgente ofrecerle los medios materiales para el cumplimiento de sus funciones y para realizar en debida forma su tarea social en el Servicio Militar Obligatorio. Asimismo, debía continuarse el denominado Servicio Militar del Trabajo y su función colonizadora en el territorio del país. Era evidente en este aspecto que se estaba produciendo un cambio en la relación derecha-fuerzas armadas, la cual estaba modificando su mirada sobre el rol de esas instituciones, sumándose a la demanda por aumentar sus recursos. Tal como Prat sostenía, era necesario que las fuerzas armadas salieran de la vitrina en la cual se las arrinconaba. Por otra parte, los fundamentos de la nueva derecha recogían la noción de armonía de la sociedad sustentada por los movimientos nacionalistas, es decir, la idea de una sociedad sin conflicto. De acuerdo a su planteamiento, era necesario que los chilenos “superaran sus antagonismos inactuales (sic) y crear una conciencia de la responsabilidad que a todos cabe para luchar unidos”, como afirmaban “los fundamentos doctrinarios y programáticos” del partido. Esta supuesta ausencia de conflicto era propia de la concepción de unidad nacional y de un destino conjunto para la comunidad toda, donde debían privilegiarse los objetivos que tenía la nación y desecharse aquellas posiciones encontradas o intereses contrapuestos en pos de lo más importante, como era el interés de la patria. El nacionalismo pretendía, así, enfrentar el evidente fraccionamiento de la sociedad chilena del momento, colocando a la nación en un sitial superior, al que debían tributarse las renuncias necesarias. Esta preocupación por la fractura de la cohesión social se reflejaba, asimismo, con el énfasis nacionalista en la necesidad de diseñar una nueva política laboral que reconociera los derechos de patrones y trabajadores, dando lugar a una actitud responsable con el interés nacional. Por ello, eran partidarios de una legislación social que permitiera la protección y colaboración de los sindicatos, pero “evitando que las organizaciones laborales sean usadas como instrumento de política partidista”. La unidad nacional, por ende, pasaba 181

Un análisis más pormenorizado de este tema puede encontrarse en mis trabajos “Nacionalismo e Ibañismo” y “Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las fuerzas armadas”.

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por el “consenso en torno a los objetivos nacionales” –aunque no se aclaraba cómo serían ellos establecidos– y por la renuncia al conflicto social. Por último, se tomó también del nacionalismo la idea de una democracia distinta a la liberal. La Declaración de Principios del nuevo partido señalaba explícitamente: “El Partido Nacional lucha por instaurar una democracia orgánica que permita al pueblo participar de los beneficios del desarrollo económico y social, proteja al individuo tanto de los excesos de las mayorías como de las presiones directas o indirectas de quienes detentan el poder...”182. El corporativismo era uno de los principales puntales doctrinarios del nacionalismo chileno del siglo XX, el cual era visto como una alternativa al excesivo influjo partidario y de las ideologías. Mediante el fortalecimiento de los gremios, el nacionalismo siempre trató de neutralizar ambas amenazas, aunque nunca llegó a plantear la democracia orgánica, salvo en el caso del MNS de González Von Marées. Sin embargo, el fuerte rechazo a los partidos mantuvo en el nacionalismo una actitud ambigua, poco transparente al respecto. Como fuera, es llamativo que un partido nacido para defender la democracia y las libertades de las amenazas percibidas en la DC y el FRAP, adhiriera a una democracia no liberal, más cercana a las tendencias totalitarias de raíz fascista o franquista. Es cierto que el mismo acápite señalaba que era un imperativo el derecho a disentir y perfeccionar las instituciones en un régimen de libertad, no obstante esta última también podía ser entendida dentro de un orden corporativo y no necesariamente democrático liberal, al cual se renunciaba –al menos en su Declaración de Principios– expresamente. La libertad y el disenso en una democracia orgánica, como se sabe, queda remitida a los cuerpos intermedios, sin decisión política y, por ende, sin peso alguno. Más aun, sin aclarar cómo y quiénes definirían los objetivos nacionales, ambos derechos, libertad y disenso, podían ser fácilmente cuestionables. Es evidente en el análisis del programa y de sus fundamentos doctrinarios la existencia de contradicciones en temas fundamentales, lo cual refleja la transacción que significó la incorporación al Partido Nacional de tendencias de distinto origen y perspectiva. Sería un error plantear que alguna de ellas era la hegemónica, sino más bien la antigua derecha liberal-conservadora trató de mantener el control del partido hasta mediados de 1968, cuando éste recayó en Sergio Onofre Jarpa, hasta entonces vicepresidente. En ese período, muchos de estos postulados no tuvieron vida real y sólo fueron una renovación discursiva, especialmente lo atingente a la mayor participación de la juventud y la disposición confrontacional asociada a éstos como a los nacionalistas. De hecho, el presidente de la Juventud Nacional, Gastón Ureta, renunció

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Partido Nacional, “Introducción a la Declaración de Principios”, en “Temas políticos”. El énfasis es nuestro.

al partido en 1967 después de agrias discusiones y tensiones con el venerable Víctor García Garzena, por la constante presión de Ureta por cumplir la propuesta original de darle más espacio a los jóvenes en la toma de decisiones, demanda que fue rechazada terminantemente por la jerarquía del partido, salvo de los nacionalistas encabezados por Jorge Prat. Con la llegada de Jarpa a la dirección en 1968 los jóvenes tendrían un mayor protagonismo. En síntesis, hubo en estos distintos sectores de la derecha una revalorización de la política, la decisión de luchar por imponer una economía con menor influencia del Estado, neutralizar a la izquierda mediante una reforma a la legislación laboral y modificar el equilibrio entre los poderes del Estado a favor del Ejecutivo. Pero no hubo consenso en todos los planos, sino una transacción, como se observa en el problema de la función de las fuerzas armadas, en el de los partidos, en el del papel del Estado en áreas estratégicas, en fin, contradicciones que eran reflejo de los distintos proyectos que pugnaban por convertirse en el proyecto para toda la derecha. Dentro del Partido Nacional es posible observar tres: el neoliberal, el liberal autoritario y el nacionalista. Hasta 1970 ninguno de ellos logró imponerse del todo. ¿Qué papel cumplía el anticomunismo dentro de los planteamientos de esta nueva derecha? Como se ha podido observar, el anticomunismo estaba presente en todos los ámbitos abordados por el programa partidario, no siempre explicitado y a veces actuando como una sombra. Ya fuera que se tratara de los planteamientos de la derecha económica y su deseo de disminuir las atribuciones estatales o la negociación salarial en manos de los sindicatos, o de la derecha oligárquica y su énfasis en el portalianismo institucional, o el nacionalismo y su defensa de la tradición y de las fuerzas armadas, siempre detrás estaba el marxismo. La Declaración de Principios, con todo, explicitó su repudio a esa doctrina a partir de su adhesión a la civilización cristiana occidental, razón por la cual “rechaza por artificial y limitada la interpretación materialista de la historia. Se opone al marxismo y a toda forma de colectivismo”, como también a todo sistema político y económico que fuera “contrario al interés de Chile” o que lesionara la dignidad humana183. En su primera declaración pública, el presidente del partido, Víctor García Garzena, enlazó el nacimiento de la nueva colectividad con la defensa de la democracia y el rechazo nacional al comunismo: “A la gran mayoría de los chilenos les repugna el comunismo. Tienen un ancestro de hombres libres y altivos demasiado fuerte para admitir un Estado que disponga de su persona y de sus bienes”184.

183 184

Partido Nacional, “Declaración de Principios”, citado por Benavente, p. 18. “Los chilenos quieren vivir libres de temores y opresión”, El Diario Ilustrado, 13 de mayo de 1966, p. 3.

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El partido era, desde ese punto de vista, una continuidad doctrinaria con la antigua derecha, en tanto dicha repulsa se afincaba en su tradición liberal y su defensa de la tradición histórico-cultural. Sin embargo, como lo demostraban los documentos que hemos estado comentando y la declaración de García Garzena, el miedo al colectivismo y la amenaza comunista estaba inmerso en otra gama mucho más amplia de preocupaciones derechistas, que abarcaban todos los ámbitos. Este rechazo más apasionado al marxismo se vinculaba estrechamente a la administración democratacristiana y su opción por reformas radicales, especialmente lo relativo al derecho de propiedad y los planes de democratización social. La insistencia del gobierno en no aceptar los reclamos y sugerencias de la derecha y las asociaciones gremiales respecto al proyecto de reforma agraria enardeció sus ánimos, derivando en una interpretación de los hechos como obra del comunismo. En mayo de 1966, recién constituido, el partido declaró que estaba de acuerdo en una reforma agraria que hiciera accesible la propiedad a un número mayor de propietarios, pero no aceptaba la forma en que el gobierno pensaba basar las expropiaciones. Según las palabras de García, el Partido Nacional: Rechaza la reforma que se pretende por cuanto vulnera los más elementales principios de equidad y justicia… El Partido Nacional considera de su deber señalar al país que la reforma propiciada por el actual gobierno al Art.10 de la Constitución Política no sólo atenta al desarrollo de la economía y viola nuestro ordenamiento jurídico, sino que constituye el paso más decidido para destruir la estabilidad de nuestra clase media, abolir la libertad y abrir una amplia puerta al marxismo185.

Para los nacionales todas las reformas auspiciadas en materia de iniciativa privada derivaban en un acrecentamiento del poder estatal, constituyendo una amenaza, al desconocerse las bases jurídicas en las que ellas se ampararían, socavando la libertad. Sin ella, sostenía García Garzena, se caminaba “al abismo de un colectivismo totalitario”. Cuando la aprobación del proyecto de reforma constitucional ya era inminente, el senador Francisco Bulnes lo calificó de “un despojo, amparado por la Constitución, por la ley, pero no por eso pierde su carácter de despojo, no por eso deja de atentar contra el mandamiento que dice ‘no hurtar’”186. De este contexto desquiciador creado por el gobierno, a su juicio, se aprovechaba la izquierda representada por el FRAP, para sus fines colectivistas187. La decisión gubernamental de interpretar la ley de 1947 con un criterio más amplio, permitió su respaldo a la creación de sindicatos campesinos y, por otra parte, empezar a implementar la reforma en el campo utilizando la ley aprobada en tiempos de

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El Diario Ilustrado, 21 de mayo de 1966, p. 7. El Diario Ilustrado, 22 de julio de 1966, p. 3. El Diario Ilustrado, 23 de mayo de 1966, pp.8-9.

Alessandri, mientras se discutía la reforma constitucional. Tales medidas impulsaron cambios en la situación del campesinado al alero de los funcionarios de los organismos estatales a cargo –especialmente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que era el destinado de organizar los sindicatos–, estimulando la movilización e incrementando las huelgas. De acuerdo al estudio de Crisóstomo Pizarro, entre 1965 y 1966 hubo 508 paralizaciones (161 en 1965 y 347 en 1966), involucrando a 10.152 personas ese primer año y 27.030, el segundo; con una duración de no más de una semana, siendo la mayoría por razones de orden económico, tales como obligar a los patrones a respetar las actas de avenimiento que habían solucionado los pliegos de peticiones, aumentos salariales o incentivos económicos de otro tipo. De estas huelgas, solo una fue por demanda de tierras. La tónica de esta agitación campesina mostraba la influencia de la política redistributiva del gobierno, el cual elevó los salarios agrícolas en casi un 50% hacia 1967188. Esta actitud receptiva y movilizadora gubernamental, le hizo perder al campo su pasividad característica. De acuerdo a José Bengoa, entre 1960 y 1966 se presentaron 1001 pliegos de peticiones y se produjeron 826 paralizaciones, siendo ambos los principales métodos de lucha del campesinado en la época189. Esta nueva realidad fue inmediatamente recepcionada por la derecha. El Mercurio acusó que las huelgas correspondían a una “acción concertada”, empujada por la propaganda oficial de acelerar la reforma agraria, lo cual abría espacio a los agitadores. Según su análisis, se podía observar un cambio en la actitud de los campesinos, donde antes reinaba la paz y la convivencia, ahora las huelgas no eran fenómenos aislados, sino más generalizados. La interpretación mercurial era que Detrás de las camionetas oficiales y de la propaganda que estimulan la organización campesina y divulgan los conceptos de la reforma agraria se está desarrollando una veloz infiltración comunista en los campos y en las organizaciones de trabajadores agrícolas. La Central Única de Trabajadores (CUT) controlada totalmente por elementos del FRAP, ha tomado cartas en el asunto. Los dirigentes frapistas… están formando ‘comisiones agrarias’ destinadas a promover y financiar la agitación campesina a gran escala190.

Es decir, la disolución del “orden natural” era obra en gran medida de la Democracia Cristiana, pero haría posible el fortalecimiento de la izquierda y su avance programáticopolítico. Desde la mirada conservadora, la rotativa huelguística en los campos atentaba contra los derechos y la libertad de los agricultores, afectando la producción y el suministro de alimentos, estando inspirada por agitadores profesionales:

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Crisóstomo Pizarro, La huelga obrera en Chile (Sur: 1986), pp. 154 y 162-165. José Bengoa, “Movilización campesina: análisis y perspectivas”, Sociedad y desarrollo, No. 3, julio/ septiembre. 1972, pp. 61-63. El Mercurio, 10 y 12 de febrero de 1966, p.3. Véase también el 18 del mismo mes.

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El plan del comunismo aparece perfectamente claro: actúa sobre la agricultura porque el entorpecimiento de sus labores y la desconfianza y la inquietud entre los empresarios agrícolas retrae la producción de alimentos, con lo que consiguen desencadenar un golpe serio en uno de los rubros que más contribuyen a mejorar el nivel de vida de las gentes”191. Lo que correspondía ante tal situación no era sino la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

¿Cuál era la situación real de la izquierda a mediados de los sesenta? ¿Del movimiento obrero?. Como es sabido, desde mediados de los años cincuenta, el número de huelgas se había venido incrementando, producto del nuevo carácter de la central sindical, la Confederación Única de Trabajadores (CUT), defensora de un sindicalismo más confrontacionista y de independencia respecto del Estado. Esta movilización se acentuó a comienzos de la década del sesenta, especialmente con la crisis económica ocurrida a finales del gobierno de Jorge Alessandri, y más aún con la movilización generada por la campaña de la Patria Joven de 1964 y la inmediata aceleración de la reforma agraria, cuando Frei asumió. Los sectores populares se encontraban activados, además, porque la masa laboral había crecido sustantivamente producto de la migración campo-ciudad, estando un porcentaje importante de trabajadores ajenos a la CUT y sus directivas, favoreciendo huelgas ilegales y tomas de terrenos urbanos. La irregularidad de la condición socio-laboral de muchos de estos trabajadores y su imposibilidad de revertir dicha situación dada la legislación laboral existente, explica el aumento de las huelgas en el período y su carácter ilegal192. La CUT –y, por tanto, los partidos de izquierda–, en ese momento, se estaba enfrentando a una ampliación de una base socio-laboral que no lograban controlar y que pasó a ser disputada por la Democracia Cristiana. El programa de reformas estructurales democratacristiano y la actuación de los funcionarios ayudaron a este clima de activación social. Por su parte, la izquierda había sido fuertemente golpeada por la derrota de 1964, entrando en un período de reflexión y autocrítica que duraría, a lo menos, tres años. El Partido Socialista fue el más fuertemente afectado por lo ocurrido en la elección presidencial, entrando a un período de pesimismo y desconfianza en la posibilidad de un “gobierno popular” dentro de la institucionalidad burguesa, elaborando una ácida crítica a ella. En ese contexto, la Revolución Cubana ofreció los argumentos necesarios para cuestionar la viabilidad de la vía pacífica y la necesidad de buscar nuevas rutas al socialismo. Debe recordarse que en este período la izquierda mundial estaba inmersa en el conflicto chino-soviético y la ruptura del mundo socialista, viviéndose un fuerte debate acerca de las “vías”, especialmente la gran fuerza alcanzada por la opción armada, exitosas en China y Cuba. La discusión se apoderó de los socialistas, abriéndose una honda brecha entre los partidarios de mantener la tendencias más 191 192

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El Diario Ilustrado, 9 de marzo de 1966; véase también enero-marzo de 1967. Crisóstomo Pizarro, op.cit., pp. 151-158; Faúndez, op. cit., pp. 158-159.

parlamentaristas y quienes estaban por todas las formas de lucha. Tal debate se expresó en los Congresos de Linares (1965) y Chillán (1967), donde ambas posiciones se enfrentaron, aprobándose en este último la legitimidad de más de una vía. Con todo, según Moulian, esta “leninización de la izquierda” produjo un Partido Socialista escindidido entre la teoría y la acción política real, las cuales tendían a disociarse: así, por un lado, se mantenían las prácticas tradicionales, a la vez que los jóvenes eran más proclives a acciones “directas”. Si bien el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, nació en 1965, no puede ser considerado en las movilizaciones de estos años, pues carecía de la orgánica, dimensión e influencia para haber participado en este proceso. El Partido Comunista, por su parte, siguió adhiriendo a la Tesis del Frente de Liberación Nacional, es decir, a la lucha antiimperialista y antioligárquica, buscando neutralizar el poder económico extranjero, de los latifundistas y de la gran burguesía chilena. En otras palabras, tenía un programa antimonopólico, pero no anticapitalista, pues se seguía valorizando el papel de la burguesía nacional no monopólica en la destrucción de la estructura feudal-imperialista. Esta insistencia comunista en las “etapas” para la construcción del socialismo, la llevó a mantener su apuesta por una “vía pacífica”, en la posibilidad de democratizar el Estado, asignándole al fortalecimiento del régimen democrático un papel crucial, situándose en la antípoda de la postura de un sector de los socialistas193. Este rescate de la línea comunista tradicional, sin embargo, fue reformulada a mediados de esta década en lo que se denominó “vía no armada”, es decir, se rechazaba la violencia como forma de lucha dominante, entendida como lucha armada, pero aceptaba otras expresiones de ella, tales como tomas de terrenos (urbanos y rurales), manifestaciones callejeras o huelgas ilegales. Esta “vía no armada” suponía la complementación entre la labor sistémica –parlamentarista–, con un dinámico activismo en las bases sociales: tal línea política fue lo que los comunistas llamaron “línea de masas”. De acuerdo a Rolando Álvarez, “la actividad política debía estar acorde con el ‘estado de ánimo’ de la gente, con su predisposición, sus necesidades. Toda actividad de masa, por menor que pudiera parecer, sólo por esa condición, debía contar con la presencia y el respaldo de los comunistas”194. Esto se tradujo en la inmersión comunista en los movimientos sociales de los años sesenta –especialmente entre campesinos y pobladores–, el cual acompañaba las tareas más “reformistas”, intrasistémicas. En otras palabras, los cambios sufridos por la izquierda a partir de 1964 –concretamente para el período que estamos aquí analizando: 1965/1966–, si bien no significaron 193

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Tomás Moulian, Democracia y socialismo, cap. 2; Augusto Varas (Editor), El Partido Comunista de Chile, cap. 3; Julio Pinto, “Hacer la revolución”, en Cuando hicimos historia, cap. 2. Rolando Álvarez V., “‘¿Reformistas o extremistas’. ‘No, comunistas’. Recabarrenismo y lucha de masas en el PC de Chile. 1965-1973” (inédito).

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una ruptura con sus prácticas históricas, favorecieron una acción política movilizadora y de acercamiento con los movimientos de masas más activos en ese momento, los urbanos y los rurales. Fue en estos dos primeros años de gobierno DC que comenzaron las “tomas” en el campo, realizándose entre 1960 y 1966, 22 de ellas. En 1967, año señalado por los recuerdos de la derecha como el del “inicio de la guerrilla en Chile”, hubo 10. De acuerdo a los estudios existentes, la toma aparecía cuando los otros métodos de lucha fracasaban y en ella intervinieron distintos factores. En primer lugar, no debe olvidarse que desde comienzos de la década de 1960 se organizaron federaciones sindicales en el agro, las cuales modificaron su rostro, pues las había de distinta orientación políticoideológica: democratacristianas, de izquierda, de derecha y cristianas, y fueron ellas las que comenzaron a organizar las demandas campesinas y los pliegos de peticiones. El gobierno de Frei desincentivó las tomas de fundos cuando se trataba de predios no contemplados en las expropiaciones planificadas, “pero no se opuso a acciones ilegales cuando ellas eran útiles a sus planes”195. Es decir, parte de este proceso de radicalización fue estimulado por la actitud no represiva del gobierno, lo cual incidió en la interpretación colectivista-comunista que hacía la derecha, como hemos citado antes. Por su parte, la izquierda comenzó a participar de esta dinámica movilizadora, apoyando las demandas de los campesinos y las tomas, porque de acuerdo a la “línea de masas” comunista, la lucha debían darla los propios campesinos, acompañados por sus representantes partidarios. Los socialistas, por su parte, se fortalecieron entre los trabajadores urbanos. En otras palabras, el anticomunismo derechista se agudizó en este período producto del inicio de la aplicación de las reformas estructurales de la DC que, a su vez, favoreció la activación de la izquierda, ofreciendo un soporte político al repudio doctrinario al marxismo. Todavía hasta 1966, la mayor preocupación del Partido Nacional era la acción gubernativa y no el accionar real de los partidos de izquierda, al cual se aludía como “espada de Damocles” dada la “irresponsabilidad” del gobierno. Así, aun en este primer año de existencia del Partido Nacional, lo más importante parece haber sido la intención de convertirse en una alternativa política real, levantando un proyecto y recuperando un espacio entre el centro y la izquierda. Aunque el anticomunismo estaba como elemento último en su análisis, no era lo determinante en su identidad. Ella estaba en un proceso de redefinición más amplio y esa era su prioridad. Esta opción alternativista es observable, además, mirando la estructura que se dio el nuevo partido. Uno de los problemas de la antigua derecha era, como explicamos

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Crisóstomo Pizarro, op. cit., p.166.

anteriormente, una orgánica interna que si bien tenía una estructura nacional, era producto de la mantención del peso de las oligarquías locales más que de un aparato partidario delineado centralizadamente. El Partido Nacional comprendió la necesidad de darse una configuración nacional y actuar a lo largo de todo el país como un solo cuerpo. De allí que se abandonó el antiguo esquema y se optó por una definición precisa de la calidad de militante y de la organización. Se considerarían militantes todos aquellos que adhirieran al Programa partidario y observaran los requisitos de ingreso establecidos en los estatutos, presentándose al Centro Comunal correspondiente al domicilio del postulante o al Núcleo Funcional de su actividad, patrocinado por dos miembros de la colectividad. Sería obligación de todo militante mantener una conducta pública y privada consecuente con los principios, cumplir las obligaciones o comisiones que los dirigentes del Partido le hubiesen asignado; debían acatar y defender la doctrina, programa y resoluciones políticas, prestar colaboración a los otros militantes y pagar puntualmente sus cuotas196. Esto significaba el fin de la convicción en la independencia de criterio que se había defendido por décadas y que permitía la ausencia de declaraciones o votaciones comunes y la obligatoriedad de acatamiento a las resoluciones aprobadas por el conjunto del partido. Ello se traduciría en una acción política homogénea, otorgando fuerza a las decisiones tomadas e impidiendo la dispersión. En este sentido, la nueva derecha política se acercaba más a la forma en que funcionaban los partidos del centro y la izquierda, especialmente en relación a los comunistas y la Democracia Cristiana. En su estructura interna, los nacionales se dieron una organización territorial y otra funcional. La primera, se afincaba en los centros comunales constituidos por los militantes activos que residían en esa comuna, agrupados en sectores o zonas. Estos centros comunales eran organismos de base, los cuales debían cumplir objetivos específicos, tales como ser escuelas de chilenidad y cultura cívica; analizar problemas comunales, proponiendo soluciones; asesorar a los regidores del partido; desarrollar una “acción disciplinada y dinámica” de difusión de los principios y realizaciones del programa partidario, organizar centros culturales, asistenciales y/o deportivos; hacer la inscripción permanente de los militantes en los registros electorales, colaborar en las campañas de los candidatos del partido, enttre otros. Por su parte, la organización funcional estaría formada por los militantes agrupados en núcleos de igual naturaleza, de acuerdo a sus actividades cotidianas, ya fueran por oficio o profesión, y por los denominados Grupos Juveniles. Estos Grupos Funcionales y Juveniles estarían sujetos a las autoridades de los Consejos Comunales y Provinciales y a la Junta Ejecutiva, estando, además, bajo la jurisdicción disciplinaria y política del Tribunal Supremo y la Comisión Política. Los Núcleos Funcionales también eran organismos de base, al igual 196

Partido Nacional, “Estatutos” (Stgo.:1966). Esta parte del análisis se apoyará en este documento .

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que los comunales, pero agrupados de acuerdo a profesión u oficio: cinco militantes y no más de nueve, conformaban un núcleo funcional, el cual era dirigido por un jefe elegido entre sus miembros. Los grupos funcionales debían organizarse de preferencia dentro de la comuna o de la misma provincia. Como se observa, esta orgánica escapaba a las tendencias cooptativas y de redes clientelares que habían caracterizado a la derecha oligárquica, para avanzar a una competencia por la base socio-electoral que le permitiera al partido exceder sus bases tradicionales y hacerse un espacio en comunas de distinto nivel socio-económico. También era evidente su decisión de constituirse en competitivo programáticamente, al entregarse a los cuerpos de base la difusión ideológica y, por tanto la defensa de sus principales proyectos. Era clara, a su vez, la influencia del corporativismo en los Núcleos Funcionales, donde el nuevo partido apostaba por una penetración desde la óptica gremial, atrayendo a sectores que en su evaluación original percibían como ajenos a las colectividades existentes, constituyendo un nicho a capturar. El medio gremial parecía ser, a sus ojos, el más óptimo para lograr tal seducción, especialmente si tales personas –los profesionales, especialmente– eran considerados “apolíticos” y, por ende, más resistentes a la propaganda político-partidaria. Era también, sin duda, una cuestión ideológica proveniente de los grupos nacionalistas que habían ingresado al partido, para quienes la organización funcional-corporativa era la más adecuada para lograr una verdadera participación social. La dirección del partido recaía en los Consejos Comunales, los Consejos Provinciales, la Mesa Directiva, la Junta Ejecutiva, la Comisión Política y el Consejo General. El Consejo Provincial estaba formado por las autoridades políticas correspondientes, esto es, parlamentarios, regidores y presidentes de los consejos comunales y por un representante por cada actividad en que se hubiera organizado un grupo funcional. Era su tarea promover la organización del partido a nivel provincial, estudiar los problemas regionales, designar los candidatos a regidores y proponer candidatos a diputados, como realizar actividades de coordinación. El Consejo General era la autoridad máxima de la colectividad, el que se reuniría cada cuatro meses o cuando lo convocara el presidente y dirigiría al partido. El Consejo General estaría formado por los presidentes de los consejos provinciales y comunales, los parlamentarios, los miembros de la Comisión Política, de la Junta Ejecutiva y del Tribunal Supremo. Por su parte, la Comisión Política sería la encargada de dar la orientación política del partido ateniéndose a las resoluciones del Consejo General, mientras la Mesa Directiva debería conducir los asuntos internos, las relaciones con los organismos gubernamentales, la celebración de pactos políticos o electorales. El presidente cumpliría las resoluciones del Consejo General y de la Comisión Política y aplicaría las disposiciones reglamentarias, a la vez que el secretario general acompañaría al presidente en la firma de todo documento, informaría de la marcha del partido y supervigilaría el trabajo interno y coordinaría el trabajo de todos los departamentos. Finalmente, el Tribunal Supremo

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conocería de las indisciplinas de los militantes y representantes políticos suyos y los antecedentes que afectaran la responsabilidad política o la honorabilidad de algún miembro del partido. En suma, la nueva derecha partidaria se dio una estructura centralizada, desde la cual se coordinaba el trabajo de base y de sus representantes políticos. Era una orgánica diseñada para actuar en distintos niveles (territoriales, funcionales, políticos) y permanentemente. No debe olvidarse que la Junta Ejecutiva de los conservadores se reunía cada cuatro años, situación completamente diferente de lo que comentamos en este caso197. Un aspecto destacable era el papel del Tribunal Supremo en lo referido a las “indisciplinas”, un concepto casi inexistente en la antigua derecha y que ahora permitiría la existencia de una sola voz y una comunidad en la acción. Lo que apareció con el Partido Nacional fue un aparato partidario. En síntesis, la revalorización del campo político que hicieron distintos sectores que se identificaban con la derecha política hacia mediados de la década del sesenta se materializó en un partido con la aspiración de convertirse en una alternativa al centro y la izquierda, abandonando las tendencias cooptativas que habían caracterizado a la derecha oligárquica. Esta nueva disposición suponía abrirse a nuevos grupos sociales, modificar el “estilo” partidario, articular un proyecto alternativo y crear un verdadero aparato partidario. La aceptación de esos desafíos se reflejaron en las bases programáticas y doctrinarias, como en el lenguaje y el discurso de sus voceros y la estructura que la nueva colectividad se dio. Por todas esas razones, el Partido Nacional fue, en sus orígenes, una derecha ofensiva. Precisamente, el hecho de no lograr arribar a un solo proyecto, y constituir todavía una mixtura tensa, refleja que se trataba de un proceso de parto, del cual éste era sólo la primera parte.

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Teresa Pereira, op. cit.

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CAPÍTULO III “POR LA PATRIA, DIOS, LA UNIVERSIDAD”... Y LA PROPIEDAD. EL MOVIMIENTO GREMIAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

En aquellos años, la Universidad de Milán era ejemplar. Mientras que en el resto del país se invadían las aulas y se asaltaba a los profesores, para pedirles que sólo hablasen de la ciencia proletaria, en nuestra universidad, salvo algún incidente aislado, regía un pacto constitucional, o más bien territorial. La revolución presidiaba la zona externa, el aula magna y los grandes corredores, mientras que la cultura oficial se había retirado, protegida, asegurada, a los corredores internos y a los pisos superiores, y seguía hablando como si nada hubiese sucedido. (UMBERTO ECO, El péndulo de Foucault) Para mí, mayo del 68 fue la vez que vi con más claridad que la juventud se constituía en un poder, en una fuerza determinante. Uno, como dirigente no veía hasta dónde tenía proyección su accionar. Mayo del 68 demuestra que la juventud tenía una capacidad anticipatoria, por tanto que era capaz de generar transformaciones sociales y por lo tanto que tenía una fuerza social mayor de lo que entonces había tenido. (HERNÁN LARRAÍN, 2º presidente gremialista de la FEUC)

Paralelo al partido que acabamos de analizar, empezaba a nacer otra derecha ligada a la “revolución social”, la derecha nacida y estructurada por jóvenes estudiantes: el denominado Movimiento Gremial de la Universidad Católica. Como es sabido, dicho movimiento nació en 1966 en la Escuela de Derecho de esa universidad, alcanzando verdadera estructuración a finales del año siguiente, saltando a la palestra pública con el estallido de la reforma universitaria en agosto de 1967. Su líder, Jaime Guzmán Errázuriz, se convertiría con los años en el más importante ideólogo de la nueva derecha política chilena, y el movimiento estudiantil se transformaría, a su vez, en la base del partido de derecha más importante del nuevo siglo. El “gremialismo” de la Universidad Católica, nacido como un fenómeno estudiantil, se levantaría como el

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más articulado proyecto de una derecha moderna al final de su proceso de nacimiento. Este capítulo es la historia de su primera fase. Desde nuestro punto de vista, es correcto presentar a este movimiento como una derecha política desde los años sesenta, aunque estaba en formación, pues se constituyó como una alternativa activa frente al desarrollo histórico que le tocó enfrentar. El Movimiento Gremial creado por Jaime Guzmán Errázuriz fue, en parte, el resultado de la decadencia de la derecha política, de la arremetida del centro católico y una respuesta al peligro, en abstracto, representado por la izquierda marxista en el marco universitario-estudiantil, pero no como una simple respuesta defensiva, sino como un contra-proyecto. El Movimiento Gremial estudiantil fue una respuesta igualmente política que la de los alumnos patrocinadores de las reformas universitarias, pues implicó prácticas relativas a la autoridad, al debate de ideas y de proyectos como parte de la vida pública, aunque dentro del marco de la Universidad. El caso de este grupo es similar al de las fuerzas armadas, en el sentido de que cada vez que éstas expresan un pensamiento político, cruzando la tenue línea divisoria del profesionalismo, lo hacen desde la perspectiva de su oficio, desde su propio ámbito, lo cual no atenúa su verdadero carácter. El hecho de que el debate en el cual intervino el Movimiento Gremial se remitía, aparentemente, en forma exclusiva a lo estudiantil –al menos en un comienzo–, no significa una menor connotación política, pues ella trasuntaba una cosmovisión y una práctica particulares en la vida pública. Así, aunque su discurso despidiera furibundos sentidos anti–políticos y anti–partidarios, su quehacer y él mismo eran una expresión política, ubicada a la derecha. En ese sentido, no pretendemos abordar a este grupo sólo en tanto “antecedente” de la actual UDI, sino como una derecha en pleno proceso de nacimiento. Un segundo aspecto necesario de destacar es la centralidad de la figura de Jaime Guzmán en la caracterización del Movimiento, dado el liderazgo que éste tuvo desde los orígenes. Aunque hemos tratado de escapar de este derrotero, no ha sido fácil, pues Guzmán efectivamente le imprimió su sello, y su influencia a nivel ideológico y político sobre los miembros del movimiento es clara. Con todo, hemos intentado considerar un abanico más grande. Como explicamos en la Introducción, el Movimiento Gremial de la Universidad Católica ha sido percibido, de preferencia, como una agrupación estudiantil que nació como respuesta a la politización de esa Casa de Estudios en los años sesenta, convulsionada por el proceso de reforma universitaria encabezado por los estudiantes democratacristianos en 1967. Los análisis han destacado su visión corporativa, contraria a la democracia liberal, su tradicionalismo católico, su concepción subsidiaria del Estado, perspectivas que lo convertirían en un movimiento refractario y reaccionario.

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La hipótesis que guía este capítulo es que dicho Movimiento constituyó el segundo parto de la derecha política en los años sesenta, paralela al Partido Nacional, lo cual era el reflejo de la lucha entablada entre distintos grupos por constituirse en el referente único que habría de ocupar el lugar de la fenecida derecha oligárquica. A nuestro entender, esta otra derecha fue parte de las transformaciones sociales y culturales ocurridas a nivel mundial en ese período que pusieron en el escenario público a un nuevo actor social, el cual pasó a ser sujeto histórico por primera vez: los jóvenes. A diferencia del Partido Nacional, que fue creado y controlado por elementos de la antigua generación y de edad mediana, el Movimiento Gremial de la Universidad Católica fue una derecha producto de un segmento juvenil que no se identificaba con el partido recién creado, pero que se sentía parte de ese mundo político y cultural. Como mencionamos, ellos nacieron en el contexto de la muerte de la antigua derecha y en un momento en que los valores e ideas que creían encarnar se encontraban en un profundo cuestionamiento. No se trataba, solamente, de una crisis político-partidista, sino más grave aun, de una pérdida de sentido, pues la revolución cultural que sobrevino en los años sesenta socavó los principios, valores y patrones de conducta de los actores sociales, modificando por completo los roles. La revolución cultural hizo trizas el principio de jerarquía y de “orden natural”. El Movimiento Gremial de la Universidad Católica fue una respuesta desde la derecha a ese proceso, reformulando sus planteamientos. El hecho de haber sido una respuesta, sin embargo, no quiere significar que fue una derecha defensiva, asustada de lo que ocurría en el espacio en el cual se desenvolvía, sino un contra-proyecto a la oleada revolucionaria comunitaria y de izquierda en la época. Más todavía, su decisión de disputar el control de la Federación estudiantil a la Democracia Cristiana, en medio del proceso de reforma, revelaba tempranamente su vocación de poder, en ese momento en el marco universitario, pero que fácilmente podría excederlo. En otras palabras, se trataba –igual que los nacionales– de una derecha ofensiva, capaz de articular un proyecto de sociedad y con vocación de poder. Asimismo, nuestro trabajo apunta a complejizar el análisis de este grupo en materia ideológica, donde se lo ha calificado preferentemente de reaccionario. Desde nuestra óptica, la tendencia a calificar al pensamiento conservador como absolutamente alejado de la realidad vigente y, por tanto, siempre mirando hacia el pasado, impide una cabal comprensión de sus potencialidades políticas y de su gran capacidad de atracción en determinadas coyunturas. Considerando la disposición de lucha manifestada por los jóvenes gremialistas y su voluntad de disputar el poder, es posible plantear que el Movimiento Gremial de la UC era una mixtura entre conservadurismo y cambio, rasgo

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que le dio la fuerza para articularse como uno de los actores socio-políticos con más fuerza y proyección hacia la década del setenta. Este capítulo abarcará los años de 1967-1968, es decir, desde la emergencia pública del movimiento hasta su control de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), concentrándose en su pensamiento, en la doctrina, y en su acción político-gremial dentro de la universidad. Lo que en esta sección interesa –tal como lo que se señaló para el Partido Nacional en el capítulo anterior– es caracterizar su estructuración en la coyuntura específica en que nació y sus planteamientos centrales. Su accionar político en el contexto nacional será abordado posteriormente.

1. De jóvenes y revoluciones: los años sesenta Los años sesenta fueron testigos de la irrupción de los jóvenes en el acontecer internacional, tanto en el ambiente estudiantil como cultural-artístico, en tanto actores sociales. La rebeldía universitaria fue común a Europa, el Bloque del Este, el Lejano Oriente y América Latina, en una clara manifestación de las inconsistencias entre los sistemas políticos y de participación, y los cambios en la estructura social. Eric Hobsbawm la denomina “la revolución cultural”, pues la rebelión era una crítica al mundo estructurado por sus progenitores y la elaboración de nuevos patrones de conducta, costumbres y valores. En efecto, desde mediados de los años cincuenta comenzó a hacerse visible un estamento social que adquiría rasgos y características propias, diferenciándose de sus mayores como de los infantes. Eran los jóvenes, ese grupo etario entre la pubertad y mediados de los veinte años que se negaron a aceptar seguir siendo tratados como niños o incluso como adolescentes, y que reivindicaban la plenitud de su etapa. Si bien los jóvenes siempre habían existido, lo novedoso para la década del sesenta es que ellos se convirtieron en un estrato social con identidad propia. Según el historiador Eric Hobsbawm, la novedad consideraba tres aspectos principales, esto es, que la juventud dejó de entenderse como una etapa preparatoria de la vida adulta, autopercibiéndose como la culminante de la vida; en segundo lugar, la cultura juvenil se volvió dominante, y, por último, fue una cultura que alcanzó gran internacionalización, ya fuera en cuanto a la música que escuchaban o la ropa que vestían, como la estética dominante198. El rasgo esencial del nuevo actor era su rebeldía, su irreverencia y su desconocimiento de los patrones de relaciones sociales y de conducta, como de roles, establecidos. Las relaciones entre generaciones distintas dejaron de tener el aire de solemnidad que las había caracterizado, cuestionándose los principios de jerarquía, de respeto y auto-

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Eric Hobsbawm, op. cit., pp. 325-328.

ridad. El mundo esquematizado que hasta mediados de los años cincuenta les estaba prefijado, comenzó a desmoronarse al ritmo del rock and roll y del movimiento de caderas de Elvis Presley, quien rompió con los acartonados formulismos de la época. Desde entonces y hasta la revolución neoconservadora, los jóvenes representaron el principal frente de liberación socio–cultural. Tal fenómeno tuvo raíces similares a nivel mundial y algunas particularidades específicas. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial la creación de la Organización Mundial de la Salud y su lucha contra las enfermedades de mayor mortalidad y de deformaciones (viruela, cólera, poliomielitis, entre otras), como las políticas sanitarias, detuvieron las altas tasas de mortalidad, especialmente entre los niños y el denominado Tercer Mundo, mejorando la calidad y la esperanza de vida. Si bien esto fue más claro entre los países desarrollados, su impacto en el mundo comunista y en las economías periféricas fue considerable199. Esta mejoría fue un factor importante en la aparición de una generación de jóvenes en todas partes. En el caso europeo, como es sabido, la estructuración del Estado de Bienestar después del fin de la guerra, permitió al Estado asumir la responsabilidad del desarrollo social, destacando el área de la salud y de la educación, permitiendo a las familias disponer de un margen mayor de recursos para destinarlos a otros consumos en el marco de una economía en plena expansión. Debe recordarse que desde 1950, la economía capitalista mundial entró en una “edad de oro” expresada en un incremento sustantivo de todos los índices económicos, especialmente de la producción, exportaciones e importaciones, apoyado por la revolución tecnológica y el nuevo rol social del Estado200. En el caso europeo, esa período implicó el pleno empleo, es decir, la posibilidad de acceder a una variedad de trabajos, dejando en el olvido las carencias de la depresión. Desde mediados de los cincuenta, los jóvenes no tuvieron ningún problema para conseguir trabajo, incorporándose de lleno al mercado. Ello explica la explosión de la industria musical, de vestuario juvenil, los conciertos, etc. La identidad fue completamente redefinida al alero de un mundo en crecimiento y una sociedad de masas. La radio, la televisión, los viajes internacionales, todo colaboró a una juventud internacionalizada y dueña de su destino. Ello, no obstante, iba a la par de un mundo en constante peligro de una conflagración nuclear, producto de la Guerra Fría y del gran avance científico-tecnológico, materializado en la competencia espacionuclear. Esa inconsistencia y la mayor autonomía juvenil favoreció un espíritu crítico, dirigido con especial énfasis hacia sus mayores, quienes decían ser los preparados para

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Raymond Hutching, El desarrollo económico soviético, 1917-1970 (Madrid:1970). Dereck Aldcroft, Historia de la economía europea (1914-1990) (Crítica: 1998); Angus Madison, Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas (Ariel: 1991), y del mismo autor La economía mundial en el siglo XX. Rendimiento y política en Asia, América Latina, la URSS y los países de la OCDE (FCE: 1992).

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dirigir sus destinos y los de la humanidad y tenían al planeta al borde de su destrucción. Como señalaba un joven de esos días “podíamos matar [por el servicio militar], pero al salir no podíamos comprar cerveza ni teníamos derecho a voto”201. La guerra de Vietnam ofreció el telón de fondo para la rebelión juvenil, amén del crecimiento de la educación universitaria que dejó de ser un privilegio, ofreciendo una formación más acabada y convirtiendo a las Universidades en centros de reflexión y crítica. La cultura juvenil recogía estos cambios y, como señala Hobsbawm, fue la matriz de la revolución cultural en tanto revolución en los comportamientos y las costumbres. Sus dos rasgos principales fueron su iconoclasia –su rechazo a los íconos de la sociedad burguesa en que vivían y el rescate de la subjetividad–; y su populismo, esto es, su identificación con las clases bajas urbanas, rechazando los valores de la generación de sus padres. El sexo y las drogas fueron las dos expresiones más claras de su decisión de romper con el poder y el orden establecido. América Latina y Chile no escaparon a ese proceso. Como explicamos en el capítulo anterior, el proceso de industrialización sustitutiva que caracterizó el desarrollo económico de la región provocó cambios sustantivos en las estructuras sociales, ya fueran poblacionales, urbanas o agrarias. Uno de los fenómenos más claros fue el crecimiento demográfico, producto de una lenta disminución de la tasa de la natalidad a la par de una baja en la tasa de mortalidad, como efecto de las campañas públicas de salud en una etapa temprana de la transformación económica y social. Entre 1960 y 1965 la tasa de mortalidad latinoamericana cayó a niveles que bordeaban el 10 por 1000 y en algunos países, como Chile, fue aún más baja. Desde la década del treinta los organismos internacionales introdujeron métodos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, contribuyendo a la implementación de medidas de salud pública destinadas a controlar brotes epidémicos. Ello fue lo que hizo posible la caída en enfermedades como la tuberculosis, la neumonía o la fiebre tifoidea, lo cual significó un crecimiento en la esperanza de vida202. La tensión entre el crecimiento de la tasa de natalidad y la baja de la de mortalidad fue una de las principales causas del carácter de la estructura de edades en la región, donde en 1930, aproximadamente 4,5 millones de niños nacían anualmente en América Latina, mientras que en 1960 esa cifra se había duplicado, producto del número de mujeres jóvenes potencialmente madres. Ello implicó el aumento de la población menor de 15 años, la cual constituía en la mayoría de los países del continente cerca del 40%, más o menos, siendo más altas las cifras en América Central y menores en el Cono Sur.

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BBC, “El Siglo de la Gente” (Londres: 1999), cap. 20: “1968: La nueva ola”. Thomas W. Merrick, “La población en América Latina” en Leslie Bethell (Ed.), Historia de América Latina (Cambridge University Press/Crítica: 1997), Vol. 11: Economía y sociedad desde 1930.

En el caso de Chile, la población creció de 4.424.000 habitantes en 1930, a 6.082.000 en 1950 y 9.504.000 en 1970, con una tasa de crecimiento demográfico de 1,59% , 2,23% y 1,63%, respectivamente. La población menor de 15 años constituía el 39,4% en 1960. La esperanza de vida en el primer lustro de la década del cincuenta, era de 53, 8 años, mientras que en Argentina era de 62,5 y Brasil 51203. Chile era una de las excepciones en la tendencia al crecimiento demográfico de la región, junto con Argentina, Cuba y Uruguay, debido a la ocurrencia de descensos tempranos y graduales. Ya para la década de 1950 la tasa de natalidad estaba en declinación. Aún así, de acuerdo a las cifras oficiales en Chile, para 1960 la población joven, entre 15 y 29 años, era de 1.850.211 personas204. Este crecimiento, por otra parte, se estaba dando en el marco de las otras transformaciones sociales que habían estado ocurriendo, tales como el crecimiento urbano y el mejoramiento de los niveles de salud y educación. El analfabetismo cayó de un 19,8% en 1950, a un 16.4% en 1960 y un 11% una década más tarde, mientras la tasa de escolarización en la secundaria era de 24. Este mejoramiento educativo se relacionó, como es sabido, con las medidas puestas en vigencia desde 1938 cuando los gobiernos de centro-izquierda decidieron unificar las políticas nutricionales y de educación, pues se había revelado la ineficacia de los anteriores esfuerzos por aumentar la asistencia a las escuelas, dado el estado de salud y de nutrición de la gran mayoría de los niños. El propósito de liquidar el analfabetismo, fue a la par de la creación de instituciones para amparar a los niños abandonados y mejorar su nutrición, como de un programa de becas escolares. Durante los años cincuenta, se creó la Superintendencia de Educación Pública y la Junta Nacional de Auxilio Escolar, en un intento por centralizar la acción del Estado205. Así, para 1960 los niveles de instrucción habían crecido de 12,8% en 1940, a un 19,7% en 1952 y a un 23.9% para 1960, en educación secundaria; mientras que la educación superior creció de 1,6% a 2,1% y a un 1,8%, respectivamente206. Así, si bien el estamento juvenil en Chile no tenía la magnitud de otros países latinoamericanos, constituía un segmento bastante significativo de su población, especialmente en un momento de crisis social y económica. Los jóvenes de los años sesenta, más ilustrados que sus antepasados, se sumaron a la ola de críticas que inundaba el espacio público chileno desde fines de los cincuenta, en el cual se reflexionaba acerca

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Ibid., pp.168, 171 y 175. Instituto Nacional de Estadísticas, República de Chile “Características básicas de la población, censo 1970. Resumen País”, p. 5. María A. Illanes, Ausente, señorita (Junta de Auxilio Escolar y Becas: 1991). Rafael Echeverría, “Política educacional y transformación del sistema de educación en Chile a partir de 1973”, citado por Jaime Osorio, Raíces de la democracia en Chile. 1850-1970 (Era/Uam:1990), p. 170.

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de posibles caminos para superar el estancamiento económico y la decepción política que embargaba a importantes sectores sociales y que se expresaron en los cambios partidarios de esa década. Este ambiente fue alimentado por la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso y los cambios en la Iglesia Católica, todos los cuales los impactaron como un llamado a la acción. La invitación de la Iglesia a todos los cristianos a sumarse activamente a la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo, constituyó el principal acicate de la joven generación cristiana y distanciada de los solemnes dirigentes del conservadurismo chileno, quienes llenaron de vitalidad la campaña de la “Patria Joven”. El cristianismo político fue actualizado por los proyectos de transformación estructural y la creación de un mundo más justo. La Juventud democratacristiana fue una de las más claras expresiones de ese cambio de actitud. Por su parte, la izquierda chilena, aún dominada por sus líderes de los años cuarenta, fue revitalizada con la imagen treintañera de Fidel Castro y de los guerrilleros de la Sierra Maestra, y de su exigencia por una acción inmediata por la revolución socialista. La crisis que significaría la Juventud DC al interior del partido, fue una realidad compartida por el Partido Socialista, el cual fue abiertamente criticado por sus bases más jóvenes, provocando nuevas escisiones partidarias ya en 1962, dando vida a cuadros políticos que retomaron la bandera revolucionaria. En otras palabras, la política chilena, recibió un aliento vital cuando esta nueva generación pasó a integrarse de forma más masiva a la vida nacional. Si hasta entonces, sólo una minoría de los jóvenes participaba a través de las diferentes tiendas políticas, bajo la autoridad de los dirigentes, en los sesenta este fenómeno se amplió significativamente por la promesa de cambio envuelta en el compromiso político. Así como nació ua nueva izquierda en Europa, en Chile nació una juventud remecida por una “revolución ética”207 frente a la urgencia de cambio estructural, que se sumó a las propuestas surgidas del centro y de la izquierda. La crítica fue, en primer lugar, política y de corte más radical. No obstante, desde los años cincuenta también se habían estado produciendo transformaciones culturales, producto de la revolución en las comunicaciones y en la electrónica. Para entonces, algunos medios de comunicación se habían masificado, como por ejemplo la radio, que llevó la información hasta los rincones más apartados del país, favoreciendo una mayor integración. La llegada de la televisión, aunque a sectores minoritarios, introdujo un elemento nuevo en la generación de lo colectivo. Estas novedades favorecieron nuevas expresiones culturales, de tipo artístico, teatral y musical, que a su vez traducían subculturas, expresivas de los cambios sociales sucedidos. Los sesenta se iniciaron en Chile con la denominada “Nueva Ola”, una tendencia musical fuertemente influida por las corrientes en boga en Estados Unidos, especialmente el 207

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María A. Illanes, La batalla de la memoria (Ed. Planeta: 2001), cap. 3; TVN, “Los jóvenes rebeldes de los sesenta”, cap. 2 “La Patria Joven”.

rock and roll y el twist, y cuyos principales exponentes nativos adoptaron nombres en inglés, aunque cantaban en castellano. La “Nueva Ola” representó el reconocimiento público en Chile de la aparición de los jóvenes como actor social, reconstruyendo el paisaje musical dominado por el bolero, incorporando el pop y dando nacimiento a los “fans club”. La década, no obstante, vio también una recuperación de la música tradicional en lo que se conoció como el neofolklore, la cual traducía los cambios socioagrarios en proceso y reflejaba el surgimiento de una música popular urbana. Hasta entonces, el folklore era un género estilizado de música campesina que reivindicaba el campo en su versión tradicional, reproduciendo el vínculo entre patrón e inquilino, creando una imagen particular de Chile y cuyos principales exponentes eran el grupo Los Quincheros, quienes actuaban ataviados con los típicos trajes de huaso del valle central. A esta expresión floklórica se superpuso en los sesenta el “neofloklore”, tendencia musical que se liberó del poncho, asumiendo el smoking, abandonó el arpa típica de los grupos existentes, reviviendo las tradiciones, pero a través de una nueva forma musical, abriéndose un espacio de sintonía. A este movimiento se enfrentó la obra de Violeta Parra que más tarde daría lugar a la llamada “Nueva Canción Chilena”, en la segunda mitad de los años sesenta. La “Nueva Canción” se oponía a la norteamericanización de la cultura (“Nueva Ola”) y al neofloklore por su formalismo y letras que, a su juicio, no representaban la identidad nacional. Esta tendencia introdujo nuevos actores a sus temáticas (campesinos, mineros, obreros), adoptó un tono latinoamericano (chilenismo dentro de Latinoamerica), lo cual se reflejó en la incorporación de instrumentos de diversos países del continente, centrándose en el contenido de las canciones más que en la estética, como hacían los grupos tradicionales (el traje de huaso). Para finales de la década de 1960 la “Nueva Canción” confirmó su compromiso con los movimientos sociales y políticos de izquierda de la época, asumiendo ser una canción “comprometida”208. Así, la cultura musical fue un buen ejemplo de la aparición de los jóvenes como un actor relevante. La cultura –ya fuera la música, el arte, el muralismo, etc.– fue el otro ámbito en que se enfrentaron las generaciones, pues los jóvenes tuvieron sus propios íconos y expresiones culturales, abandonando la tendencia a sumarse a la cultura adulta, una vez superada la niñez, como solía ocurrir. Los padres comenzaron a sufrir el volumen de radios o equipos de música en que sus hijos escuchaban a sus ídolos 208

Jorge Martínez Ulloa, “La Nueva Ola en Chile: un sistema productivo y cultural”, Dcto. Trabajo para el curso “Historia de la música en Chile II”, UCH:2001; Rodrigo Torres, “Músicas populares, memoria y nación (o el caso de la invención musical de Chile)”, en Mario Garcés et al. (Editores), Memoria para un nuevo siglo, pp. 357-367; César Albornoz, “El tiempo del volar de las palomas. La cultura pop en Santiago, 1965-1973”, Tesis de Lic., Puc: 1995; Sofía Correa et al., El siglo XX chileno, pp. 226-234; Karen Donoso Fritz, “La batalla del folklore: los conflictos por la representación de la cultura popular en el siglo XX”, Tesis Lic. Historia, USACH:2006.

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favoritos, siendo The Beatles la imagen del enemigo generacional209. La imitación de su estética, por otra parte, terminó con la moda del cuello y la corbata, y el pelo corto, como del estilo femenino de los cincuenta para dar paso a uno más natural, colorido y revelador de la figura. Si a ello sumamos las políticas de control de la natalidad que comenzaron a aplicarse en esos años, completaremos el cuadro de una generación valóricamente distinta y con costumbres nuevas210. Estos jóvenes pasaron a sumarse activa y radicalmente al proceso político del momento, ubicándose en alguna de las tendencias partidarias en boga, como también en las distintas subculturas que hemos podido apreciar. Desde nuestro punto de vista, la cercanía o distancia con alguno de estos movimientos culturales era reflejo de las polaridades que estaban ocurriendo en el plano político como lo ejemplificaría la oposición “Nueva Canción” vs “Los Quincheros”. En ese sentido, la revolución cultural en Chile dio cuenta de una generación juvenil que en general fue muy crítica de sus mayores (los viejos que todo lo transan) y que, por tanto, levantó renovados referentes políticos, pero que también lo hizo en el plano cultural. Si para quienes se identificaban con la izquierda, la música tradicional o el neofolklore resultaban inaceptables, algo muy semejantes sentían quienes se identificaban con la derecha respecto de los “melenudos”, “barbudos” y los exponentes de la “Nueva Canción”. Si bien la revolución cultural ha sido asociada preferentemente a los movimientos de centro-izquierda211 –sumados a las nuevas orientaciones de la Iglesia Católica, a la figura de Fidel Castro y el Che Guevara, o Martin Luther King–, no lo es menos que toda la joven generación se convirtió en protagonista de ese convulsionado mundo, ya fuera en una posición revolucionaria o contrarrevolucionaria. En efecto, quienes no se identificaron con estos cambios culturales no permanecieron en una actitud pasiva y distante, sino se sumaron a la acción, pero desde una posición contraria. Esto fue particularmente claro en el caso de jóvenes cristianos más cercanos al papado de Pío XII que al de Juan XXIII, quienes preferían una iglesia menos comprometida con la contingencia, menos ‘confusa’ doctrinariamente y más clara en su particularidad. En concreto, discrepaban de la atenuación de las distancias entre clérigos y laicos, dado el abandono de la sótana y la laicización sufrida por el ejercicio religioso. Rechazaban,

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Es ilustrador de este proceso, las crónicas noveladas del escritor Guillermo Blanco de la vida de una familia chilena común en los años sesenta, especialmente de la relación entre A.I (el padre) y su hija, Nica.Véase A.I.Baeza Ahí va esa (Stgo.:1973). Consúltese el programa de televisión de TVN “Los rebeldes de los años sesenta”, cap.1; también “Nuestro Siglo” (1999), cap. 6: 1961-1973, y ChileVisión, “Septiembre”, cap. “Entre la revolución cultural y el apagón cultural” (2003). TVN, “Los jóvenes rebeldes de los sesenta”, cap. 3: ‘La imaginación al poder’. Un ejemplo es la tesis de Ximena Goecke “ ‘Nuestra sierra es la elección’. Juventudes revolucionarias en Chile, 1964-1973”, Tesis de Lic., Puc: 1997.

igualmente, la convocatoria episcopal y papal a involucrarse en tanto cristianos en la transformación socio-económica, como opción política, perturbando la clara distancia que, a su juicio, separaba cristianismo y marxismo. Esta preocupación se agudizó en 1965 cuando cristianos y marxistas desfilaron juntos por primera vez para condenar la invasión de Estados Unidos en República Dominicana que derrocó al presidente constitucional Juan Bosch; y lo hizo todavía más, cuando en ese mismo año, Jacques Chonchol y Julio Silva Solar –ambos militantes democratacristianos–, publicaron un ensayo donde comenzaron a articular lo que más tarde se conocería como “vía no capitalista de desarrollo”, contribuyendo a forjar un ala crítica dentro de ese partido y siendo el “primer intento teórico de conciliar cristianismo y marxismo”212. Tal cuestión era inaceptable para el tradicionalismo católico. Quienes mejor representaron esta posición de rechazo en Chile fue el grupo FIDUCIA, nacido en 1963, precisamente para reivindicar a una iglesia, en sus palabras, no politizada y respetuosa de los preceptos católicos. Aunque nos referiremos a esta agrupación más adelante, queremos dejar sentado el hecho de que el no compartir los principios y valores de la revolución cultural, no implicó la marginación de estos segmentos juveniles del momento histórico, sino su plena incorporación en la arena contraria. El caso de los estudiantes que llegarían a conformar el Movimiento Gremial de la Universidad Católica fue parte de la emergencia de elites políticas de origen universitario, como lo fueron los integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), los jóvenes socialistas y los del MAPU213. De acuerdo al planteamiento del politólogo Carlos Huneeus, el crecimiento de las universidades creó un movimiento estudiantil no sólo numeroso, sino susceptible de transformarse en una “fuerza social decisiva”, pues sirvió de estímulo para la aparición de movimientos y partidos nuevos. A su entender, en los años sesenta se asistió a la emergencia de elites políticas de clase media y alta, con formación universitaria, las cuales surgieron bajo la influencia de la actividad política del movimiento estudiantil, dando origen y cauce a nuevos partidos y movimientos políticos, entrando a participar en el ámbito nacional. El accionar estudiantil, por tanto, no se circunscribió al espacio universitario, sino que históricamente en Chile se ha relacionado con los partidos, los cuales han jugado un papel central en el desarrollo del movimiento estudiantil universitario, como a su vez éste ha influido a las colectividades partidarias, como quedó en evidencia durante las movilizaciones por la salida del general Carlos Ibáñez del poder en 1931. Tal interdependencia se ha manifestado en la radicalización de ciertos sectores de las organizaciones juveniles de los partidos y su posterior transformación en movimientos 212 213

Mario Amorós, op. cit., p.108. Carlos Huneeus M., Movimientos universitarios y generación de elites dirigentes. Estudio de casos (CPU: 1973).

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políticos autónomos, como lo ejemplifica claramente la experiencia de la Falange Nacional, originalmente Juventud Conservadora y su vínculo con las federaciones de la Universidad de Chile y de la Católica. De acuerdo al análisis de Huneeus, en este período las nuevas colectividades provinieron del movimiento universitario y, por ende, nacieron en la fase estudiantil, en alguna medida porque la reforma universitaria concitó la atención de amplios sectores de la opinión pública y especialmente de los medios de comunicación, ya fuera a favor o en contra, otorgándoles una tribuna antes inexistente. Este espacio generalmente permite a los dirigentes universitarios referirse a cuestiones de índole nacional, adquiriendo una situación de poder, que muchas veces se niegan a perder. A veces, estas nuevas elites buscan asumir posiciones preponderantes dentro de sus propios partidos y al no lograrlo crean un nuevo movimiento. En otros, estas dirigencias se levantan como una alternativa distinta y compiten con las colectividades ya existentes. Para lo que a este trabajo interesa, la acción del movimiento estudiantil fue autónoma, no se agotó en el ámbito en el cual apareció y comenzó a desarrollarse, sino que fue capaz de proyectarse en otros medios, constituyéndose en actores políticos propiamente tales. Si bien este movimiento efectivamente alcanzó estructuración y notoriedad como respuesta al proceso de reforma universitaria iniciado en la Universidad Católica a mediados de la década del sesenta, su emergencia se inscribe en el período de decadencia de la derecha histórica, en los últimos años del gobierno de Jorge Alessandri. Como se explicó en el capítulo I, aquél fue el intento de implementar un proyecto político-económico distinto al representado por la centro-izquierda y que fracasó estrepitosamente en 1960, arrastrando a conservadores y liberales, asociados públicamente a dicha gestión. Jóvenes de la época como Jaime Guzmán, Jovino Novoa, Juan Luis Bulnes, o Gerardo Arteaga, fueron testigos directos de ese proceso de decadencia, que dejaba a la derecha en una posición disminuida, superada arrolladoramente por sus contendores. Jaime Guzmán provenía de una rancia familia conservadora que se confundía con la historia del país, en cuyo pasado se contaban dos presidentes de la República y numerosos parlamentarios, como también altos dignatarios eclesiásticos. Como parte de ese mundo, fue miembro de la Juventud Conservadora y dirigente de la misma en su colegio, los Sagrados Corazones. Asimismo, por lazos familiares estaba emparentado con destacados exponentes de la derecha económica de los cincuenta, como Arturo Matte Larraín, tío suyo y candidato presidencial en 1952214. En buenas cuentas, Guzmán era una excelente muestra de la oligarquía chilena, de origen terrateniente y burgués, entrelazadas por lazos comerciales y familiares. Cercano familiarmente con el clan Alessandri, Guzmán participó en la campaña presidencial de 214

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Manuel Salazar, Guzmán. Quién, cómo y por qué (Ed. Bat: 1994), cap. 12; Fundación Jaime Guzmán, “Breve síntesis de la vida de Jaime Guzmán” (s/f).

1958 repartiendo panfletos a favor del candidato derechista y presenció la decadencia de sus partidos en la elección municipal de 1963 y posteriormente en la parlamentaria de 1965. Era la oligarquía que empezaba a experimentar su próxima desintegración en esos años. Tan así era, que Guzmán se incorporó a FIDUCIA, el joven movimiento católico-integrista, pionero y acérrimo opositor a la reforma agraria patrocinada por el gobierno democratacristiano que ya hemos mencionado. Eran expresivas de ese sentido de superioridad oligárquica las cartas enviadas por Guzmán a sus familiares durante su gira de estudios a Europa en 1962, pues dejan en evidencia ese mundo de la alta cultura y de una sentida pertenencia a Europa. Es interesante también la descripción que de él hizo su hermana, pues refleja este sentido de superioridad proveniente no sólo de su origen social, sino también de su formación intelectual: De trato humano un tanto áspero, siempre categórico y tal vez un tanto soberbio, producto de saberse en extremo inteligente y precoz... Poseía una rigidez estructural que no le facilitaba la convivencia demasiado fluida y corriente. Le faltaban la flexibilidad y el relajo interno necesarios para adaptarse sin mayor esfuerzo a cualquier situación o escenario que no fuesen los adecuados a su propio condicionamiento interior. Es así que... él imponía con su presencia el estilo, ritmo y contenido de los encuentros humanos215.

Jovino Novoa, por su parte, amigo de Jaime Guzmán desde el día siguiente de su entrada a la Escuela de Derecho, es descendiente de las familias más rancias de la historia de Chile, como los Mackenna y los Echaurren, con todo un historial de parlamentarios, un Presidente de la República y funcionarios estatales. Realizó sus estudios en un exclusivo colegio católico, como es el Saint George. Hernán Larraín Fernández, a su vez, también provenía de las más oligárquicas familias chilenas y había estudiado en el mismo establecimiento que Novoa, el Saint George, ingresando a la Universidad Católica a la Escuela de Derecho, titulándose en 1971, un año después que este último. Raúl Lecaros Zegers tenía un historial semejante, en cuanto a origen social, habiendo cursado sus estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones, como Guzmán, habiendo estudiado Derecho en la Universidad Católica entre 1966 y 1970. Ernesto Illanes, por último, también fue alumno del Saint George e ingeniero comercial de la Universidad Católica216. Hemos escogido estos nombres, por constituir ellos parte del núcleo fundador del Movimiento Gremial, manifestación del origen social e ideológico-político del que provenían, el cual estaba marcado por un acentuado catolicismo, antimarxismo y sentido de superioridad social. Eran, como acertadamente los denominó Volodia

215 216

Rosario Guzmán Errázuriz, Mi hermano Jaime (Ed. Ver: 1991), p. 93. Empresa Periodística de Chile, Diccionario Biográfico de Chile (Stgo.: 1976-1982), 16ª. y 17ª. edición; TVN “Los jóvenes rebeldes de los sesenta”, cap. 2.

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Teitelboim, “habitantes de la cima”217, es decir, parte del núcleo dirigente histórico de Chile. Destacamos este aspecto porque a nuestro entender él tiene relevancia en la forma en que los “gremialistas”, particularmente Jaime Guzmán, concebían la realidad, la actitud asumida respecto de los nuevos movimientos sociales, de los sectores emergentes y los nuevos planteamientos político-religiosos. Eran, a su vez, observadores del retroceso de su sector social y político, el cual alcanzó su máxima expresión en el respaldo a un candidato radical para las presidenciales de 1964 y, a su adversario católico, Eduardo Frei Montalva. Fue ese el clima del cual se nutrieron los futuros “gremialistas”: saberse partes de la elite nacional, pero al mismo tiempo, amenazados de perder tal carácter y el mundo asociado a ella. Parte fundamental de este retroceso, como ya hemos señalado, fueron los cambios en materia de derecho de propiedad puestos en vigor por el gobierno de Eduardo Frei durante 1965 y que empezaron a ser anunciados poco después de asumir la administración democratacristiana a fines del año anterior. Como se explicó antes, el tema de la reforma agraria ya estaba en el debate desde 1962, cuando el gobierno de Jorge Alessandri aprobó una primera ley de reforma agraria que sólo sancionaba a los dueños de predios abandonados o mal explotados y que resultaran ineficientes, afectando con ello la producción y la productividad de un sector clave en una economía en crisis como era la chilena en ese entonces. Tal reforma, como sabemos, no reconocía como causal de expropiación la extensión de los latifundios, razón por la cual la derecha en general fue partidaria suya. Aunque no fuera totalmente claro, el programa de Frei señalaba tanto la necesidad de aumentar la productividad como de incrementar el número de propietarios y, por ende, afectar el derecho de propiedad. El primer sector organizado que se manifestó explícitamente contra la reforma agraria fue el grupo FIDUCIA, aparecido en 1963 y creado por ex compañeros de colegio, inquietos por los problemas sociales y la “crisis moral” que, a su entender, estaba afectando al mundo occidental. FIDUCIA pretendía convertirse en sinónimo de coraje, fe, honradez y altruismo y hacerle honor a su significado en latín: confianza. Eran jóvenes cuyas edades promediaban los 20 a 25 años, reivindicaban una estética formal “antítesis del colérico melenudo”, y defendían los estrictos dogmas de la Iglesia Católica, esto es, eran contrarios al divorcio, al control de la natalidad y predicaban una fe que una vez impuesta, pensaban, significaría orden y no desorden, sacrificio y no agrado, jerarquía y no igualdad. Para comienzos de los años sesenta, eran estudiantes universitarios de la Universidad Católica y también de la de Chile. Según ellos, no encontraban respuesta hacia el catolicismo en ninguno de los dirigentes y grupos

217

136

Volodia Teitelboim, La marcha infinita (Ed. Bat: 1992). Usa esta expresión para referirse al origen social del poeta Vicente Huidobro.

políticos existentes y de orientación católica, mientras se producía la quiebra de los principios morales de la religión con la emergencia de un “falso cristianismo” y sin que los líderes tradicionales respondieran a tal amenaza, sin fe y acomplejados. Frente al repliegue del conservadurismo histórico, se produjo entonces la reacción de una joven generación católica tradicionalista, creando la organización FIDUCIA –la cual editaba una revista del mismo nombre– y apareciendo públicamente en 1965 a raíz de la discusión acerca de la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad. Su objetivo era promover un movimiento contra los procesos de colectivización y proteger la propiedad y ciertos valores que se consideraban intocables. Según sus propias palabras: “Fue un golpe muy fuerte porque el gobierno acababa de triunfar en las elecciones parlamentarias y nadie creía que alguien lanzaría al tapete un tema trascendental que en ese momento estaba en sordina y que nadie se atrevía a tocar… la interpelación vino de gente exclusivamente joven”218. FIDUCIA fue, como se observa, la primera respuesta juvenil de derecha contra la transformación estructural y la nueva Iglesia Católica, pero desde una apuesta por la acción. Frente al cambio revolucionario, se levantaban en representación de una juventud que defendía las tradiciones y la sociedad señorial, pero abandonando las tendencias negociadoras y cooptativas, lo cual reflejaba su carácter reactivo no sólo frente al socavamiento del mundo oligárquico, sino también al cambio cultural en marcha. Sin embargo, eran en sí mismos –aunque ellos posiblemente no lo percibieran– una expresión de esa revolución cultural, en tanto encarnaban y explicitaban una crítica a las organizaciones y personalidades que, a su juicio, debian defender su patrimonio –los adultos y líderes políticos y gremiales–, abandonando la obediencia propia de las jerarquías: Apareció la reforma agraria y nos sentimos en el deber de actuar nuevamente, pues otra vez veíamos que se venían abajo los principios fundamentales de la civilización cristiana, que las sociedades agrícolas trataban aspectos técnicos del problema, pero no el derecho de propiedad. Los sentíamos en una postura débil y dudosa, de repente atacando y de repente, no219. En otras palabras, era la hora de los jóvenes.

Jaime Guzmán se incorporó a FIDUCIA tempranamente, por lo menos en 1964, siendo un columnista relativamente estable de su revista. En ella plasmó sus críticas al proyecto de la Democracia Cristiana a la reforma del agro, basándose en los planteamientos de la Encíclica Mater et Magistra. De acuerdo a su análisis, dicha Encíclica nunca postuló la idea de la colectivización de la propiedad, pues no aceptó la premisa dominante en el período de que el mundo caminaba al socialismo y era 218

219

“Fiducia, un movimiento idealista cuyo peor enemigo es el ridículo”, Pec, 12 de mayo de 1967, p.11; Hernán Ramírez Necochea, “El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970”, Araucaria de Chile, No.1:1978, p. 27. Pec, 12 de mayo de 1967, p.11.

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preferible que la propiedad tuviera un carácter cristiano antes que marxista. En sus palabras, “dicho conflicto proviene de una inadecuada traducción de la versión latina de la Encíclica en lo referente a la expresión ‘socialum Rationum incrementa’, que no significa exactamente socialización, sino ‘incremento de las relaciones sociales”. Asimismo –continuaba Guzmán–, el documento papal reafirmaba el derecho de propiedad, como el respeto a la iniciativa privada y al principio de subsidiariedad, “enemigos todos, irreconciliables, aún de las formas más moderadas de socialismo”, como siempre había sido la doctrina de la Iglesia, pues el Estado, si bien debía apuntar al Bien Común, sólo podía intervenir en aquello que los hombres o las asociaciones intermedias no pudieran realizar por sí solas. De allí que “Principios como éstos (Derecho de propiedad, subsidiariedad, iniciativa privada) son hoy puestos en duda por muchos católicos a pesar de la reiteración de los Pontífices de su carácter de derechos naturales”220. El eje del argumento desarrollado por Guzmán giraba en torno al carácter natural del derecho de propiedad establecido por el cristianismo y los documentos papales, pues “es en verdad, la defensa de un principio de derecho natural, necesario para la conformación de una sociedad cristiana, que permita a quienes forman parte de ella, su realización como seres humanos... Se trata... de la defensa de un principio básico de la civilización cristiana”, toda vez que como señalaba Pío XI: “La supresión del derecho de propiedad privada, lejos de redundar en beneficio de la clase trabajadora, constituirá su más completa ruina”221. Este derecho natural se fundaba en “la prioridad ontológica” y de finalidad de los seres humanos, respecto de la sociedad, como señalaba la Encíclica Mater et Magistra y, por tanto, no era comprensible la función social de la propiedad, sin su difusión a todos los sectores sociales y no puede realizarse dicha difusión sin tener en cuenta que no es lícito violar el derecho de los legítimos propietarios y tampoco se puede establecer un ordenamiento jurídico que entregue al Estado el control absoluto de un derecho que ‘por tener validez en todo tiempo, en cuanto se funda en la naturaleza de las cosas’, es anterior y superior al Estado. No están conformes ni con la doctrina pontificia ni con el derecho natural, quienes pretenden encontrar y desarrollar el aspecto social de la propiedad en detrimento de su carácter individual222.

Es evidente la resistencia a la naturaleza de la reforma agraria impulsada por la administración Frei Montalva, por lo cual hemos destacado la percepción de Guzmán que ella revestía un despojo y una ilegalidad, desde el punto de vista de la doctrina católica y del derecho natural. Cuestionando la legitimidad del proyecto de reforma

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Jaime Guzmán, “¿Socialización en ‘Mater et Magistra?’, Fiducia, No. 8, mayo de 1964, p. 3. El énfasis es nuestro. Jaime Guzmán”El derecho de propiedad y el proyecto de reforma constitucional”, Fiducia No. 14, Dic.-enero 1964/1965, p. 9. Ibid. El énfasis es nuestro.

constitucional al Art.10, presentado por el gobierno, enfatizaba su carácter arbitrario al dejar en manos del Estado la decisión de los predios que serían expropiados y pagar la indemnización que “se le plazca”. Ello significaba sin ninguna duda “dejar el derecho de propiedad como una concesión del Estado, que se da y se quita a quien a éste le parezca... Y lo que es mucho más grave, importa la violación de un principio básico de derecho natural y un camino abierto para la implantación concreta a espaldas de un pueblo cristiano, de un régimen socialista y totalitario”223. Aunque la posición de FIDUCIA representó al comienzo una resistencia aislada, es importante precisar la participación de Guzmán en estos acontecimientos, pues ella reflejó al que sería el máximo líder del Movimiento Gremial, aún inexistente; fue una manifestación explícita de su pensamiento corporativo y del tradicionalismo católico. Es interesante que Guzmán haya sido parte de uno de los grupos más radicalizados de la derecha en aquellos años, y menos proclive al pensamiento democrático. Es importante, además, porque trasunta el agudo escepticismo y desconfianza que le producía la derecha histórica y sus dirigentes, y la convicción de la necesidad de un recambio generacional en la defensa del ideario y de los principios que habían caracterizado a ese sector. Desde el punto de vista político, sus palabras dejaron claro su total rechazo a alterar los principios que fundamentaban el derecho de los propietarios, pero también su antimarxismo. Aunque la izquierda no era directamente responsable en ese proceso, Guzmán y FIDUCIA interpretaban tal proyecto y el nuevo cristianismo, al igual que el resto de la derecha, como la antesala del totalitarismo marxista. Para ellos, tanto la Democracia Cristiana como el FRAP equivalían al mal absoluto. En otras palabras, Guzmán, FIDUCIA y posteriormente los gremialistas, representaron la radicalización de la derecha, tal como estaba ocurriendo en la juventud de la izquierda. Eran, como señala Huneeus, parte de un mismo fenómeno.

2. Vientos de cambio: la reforma universitaria en la Universidad Católica Simultáneo a su participación en FIDUCIA, el futuro líder del Movimiento Gremial ingresó a la Universidad Católica en 1963, a la carrera de Derecho, donde conoció a Jovino Novoa, quien se convirtió inmediatamente en su amigo. Su ingreso coincidió con los inicios de lo que posteriormente sería la reforma en esa Casa de Estudios, proceso gestado dos años antes en las actividades desarrolladas por Claudio Orrego. Los profundos cambios sufridos por la enseñanza superior chilena a mediados de los años sesenta se enmarcaron, en parte, en la revolución tecnológica que sacudió al

223

Ibid.

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mundo después del fin de la Segunda Guerra y que obligó a modificaciones sustanciales en materia curricular y de las funciones a cumplir por las universidades. Poco antes de iniciarse el movimiento reformista, se estaba intentando la modernización de la educación superior con la ayuda de fundaciones privadas y del gobierno de Estados Unidos, como de aportes de la OEA, la UNESCO, la Fundación Ford y de Alemania, los cuales se dirigieron a institucionalizar la investigación científica y acrecentar la matrícula para abrir este segmento educacional a los sectores sociales de menores ingresos. La Universidad de Concepción fue elegida por la UNESCO en 1959 como proyecto piloto para América Latina, experimento que luego se extendió al conjunto de las universidades chilenas, creándose institutos de investigación y de docencia en ciencias básicas. La finalidad de los institutos era hacer investigación científica que fuera funcional a las necesidades del desarrollo224. Simultáneamente, empezaron a aparecer en las propias universidades movimientos a favor de reformas internas, ya fuera en uno o en otro sentido de la modernización en vigencia. El crecimiento generalizado de la educación en Chile, como hemos explicado antes, fue alimentando la presión por expandir los distintos tramos, especialmente los estudios secundarios, luego que la enseñanza primaria diera un salto cualitativo, y de allí el ingreso a la educación superior. Es decir, la crisis universitaria se insertó en un momento en que las expectativas por mejorar los niveles de educación y de democratizar la sociedad estaban a la orden del día. En la Universidad de Chile, las organizaciones estudiantiles exigieron medidas eficaces para aumentar el ingreso a la educación superior, generándose un debate acerca de “un crecimiento racionalmente planificado” de los planteles que existían a la fecha (ocho)225. En el caso de la entonces Universidad Técnica del Estado (hoy USACH), la situación también se enmarcó en el proceso creciente de educación, pero en el ámbito de las carreras técnicas. Esta institución, como se sabe, nació a mediados de los años cuarenta del siglo XX con el propósito de formar técnicos e ingenieros que apuntalaran la industrialización en que se hallaba concentrado el país, aunque desde su origen en la Escuela Técnica Abelardo Núñez, en el siglo XIX, estaba preparando ingenieros, formación para la que fue autorizada en 1892, en las especialidades de mecánica y electricidad. Ya en 1929, se permitió a la UTE otorgar el grado de ingeniero equivalente al de la Universidad de Chile. A pesar de esto, en tanto tramo educacional, la universidad seguía siendo un estrato de elite, aunque la educación técnica era más accesible a sectores de menos recursos. La revolución tecnológica de la segunda post guerra acicateó avances en esas áreas, para lo cual las universidades chilenas no estaban capacitadas, lo que se contrapuso con la 224 225

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Sofía Correa et al., El siglo XX chileno, p. 235. Augusto Samaniego, “Democratización y modernización en la Universidad de Chile”, en Luis Cifuentes Seves (Editor), La reforma universitaria en Chile (1967-1973) (Editorial Usach: 1997), pp. 152 y ss.

demanda estudiantil por una mejor formación en materias científicas y técnicas. Si bien la Universidad de Chile tenía prestigio internacional, no era fuerte en ciencias y tecnología, lo que ayudó a acentuar las presiones estudiantiles. En el caso de la UTE, éstas se veían agudizadas por el no reconocimiento de los Colegios Profesionales, favoreciendo un movimiento estudiantil que ya en 1961 exigió igualdad de estatus para su plantel. En ese marco se inició tempranamente el proceso de reforma en esta universidad demandando la democratización, es decir, la modernización y la función social, como también aumentos de presupuesto de parte del gobierno. Para 1966, los estudiantes de la UTE organizaron marchas, huelgas, manifestaciones públicas y tomas de sedes con el objeto de obtener los recursos buscados226. En el caso de la Universidad Católica de Santiago, y dentro de este ambiente de cambio universitario a nivel general, se reformó el plan de estudios de la carrera de Economía y se creó la Escuela de Sociología, ocurriendo algo similar en ingeniería y agronomía. Desde la llegada al rectorado de Monseñor Raúl Silva Santiago en 1953, la Universidad Católica había sufrido un gran crecimiento y modernización: entre ese año y 1967 el número de alumnos superó los diez mil, las Escuelas subieron de 22 a 55 en 1964, se establecieron cuatro campus en Santiago y cinco sedes regionales. Para 1960, la universidad contaba con nueve facultades, tanto de humanidades como de ciencias y tecnología; se había creado el departamento de Extensión Universitaria, el Instituto Fílmico y había empezado a operar un canal de televisión. De igual forma, la Universidad atenuó su carácter profesionalizante, para convertirse en una de orientación científica. En este plano, los órganos especializados aumentaron de dos en 1953 a 16 en 1965, entre los cuales destacaba el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Aquellos contaban con publicaciones especializadas, realizaban investigación aplicada y contrataban servicios en las empresas. Para mediados de la década del cincuenta, la Universidad Católica titulaba un promedio de 250 profesionales al año, mientras que para el período 1965-1967, ese número ascendía a 594, en segundo lugar tras la Universidad de Chile227. Paralelamente en estos años, se produjo un incremento de la matrícula universitaria, tanto en esta Casa de Estudios como en el resto de las instituciones de educación superior del país. En efecto, en 1957, la Católica tenía una matrícula de 2666 alumnos, mientras que diez años más tarde, ésta llegaba a los 6899, aunque por debajo del promedio de universidades como la Chile y la Técnica del Estado. Este 226

227

Hernán Vega Campos y Arsenio Fica, “La reforma en la Universidad Técnica del Estado”, en Cifuentes, op. cit., pp. 79-87. José Joaquín Brunner, “Universidad Católica y cultura nacional en los años sesenta. Los intelectuales tradicionales y el movimiento estudiantil”, Flacso, D.T. No. 127: 1981, pp. 13 y ss.

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crecimiento significó una participación porcentual sobre la matrícula total de un 13.5% en 1967, al tiempo que diez años antes era de 12,2%, lo cual implicó que en los sesenta hubiera un estudiante universitario por cada 280 habitantes, descontando la deserción. Este crecimiento de la educación superior representó un aumento en la tasa de escolaridad, la cual ascendió en el grupo de edad entre 20 y 24 años a 7.3% en 1967, mientras en 1957 era de 3,4%. Estos aumentos en las tareas y en el alumnado implicaron problemas de financiamiento, como también cambios en el plano sociocultural. Así, hacia mediados de la década, la Universidad tenía serios problemas de funcionamiento y organización228. Uno de los problemas cruciales que viviría la Universidad Católica en esta etapa era el relacionado con el origen social de su alumnado, en relación a la realidad del país. Como es sabido, la UC era la expresión cultural de los grupos altos de la sociedad, con un marcado tono aristocratizante y burgués, donde la mayoría de los estudiantes era descendiente de empresarios, agricultores, profesionales, académicos, altos funcionarios estatales, educados en colegios particulares. De acuerdo a una encuesta de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, considerando la ocupación y nivel de ingresos de los padres para 1966, un 34% de los estudiantes de esa Casa de Estudios provenía del sector alto y un 36.4% del medio alto, mientras que en la Universidad de Chile, las cifras eran de 9,4% y 29,8%, respectivamente. Esta pertenencia a los segmentos pudientes era compartida por los profesores de la Universidad, pues una gran mayoría de ellos también eran parte de la alta burguesía. Mientras en la Casa de Bello un 60,8% de los jóvenes provenía de los sectores medio-bajo y bajo, en la Católica el porcentaje sólo era de 29,6%. Asimismo, en 1964, en la UC un 18% de los alumnos provenía de establecimientos fiscales, y un 82% de colegios particulares, y en la Chile era de 50% para cada tipo de establecimiento229. Como expresión cultural de las clases dirigentes, la Universidad Católica tenía una estructura organizativa jerarquizada, encabezada por el Rector, que a su vez era Gran Canciller, el cual contaba con las atribuciones otorgadas por la ley canónica, teniendo la facultad de nombrar a los catedráticos y decanos. Existía un Consejo Superior, como asesor del rector, estando el gobierno universitario en manos de distinguidos sacerdotes y de miembros del Partido Conservador como personalidades vinculadas a los poderes sociales y políticos del país. En suma, para mediados de los años sesenta esta Universidad seguía siendo la expresión socio-cultural de las elites chilenas, en un momento en que se estaban produciendo cambios profundos en la realidad nacional.

228 229

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Bárbara Fuentes Barañao, op. cit., cap.1; José Joaquín Brunner, op. cit. José Joaquín Brunner, op. cit., pp. 33-35.

A pesar de la homogeneidad social del alumnado y de la introducción de elementos modernizadores, existía un malestar interno, vinculado a la falta de integración de la Universidad y su efecto sobre la formación académica que ella brindaba, criticándose el énfasis profesionalizante230. Se decía que la Universidad Católica se estaba transformando en una escuela de especializaciones, con riesgo de perder su unidad esencial, el principio unificador de los saberes. Se insistía en la necesidad de otorgar prioridad a la filosofía, en tanto ciencia, para recuperar la unidad de la ‘universitas’. Este desasosiego reunía a académicos, algunas autoridades y estudiantes, todos quienes consensuaron en una mayor integración de los saberes, con efecto orgánico sobre la estructura de las facultades, para dar un carácter global al proceso. La reforma que se pretendía, entonces, apuntaba a la creación de una facultad de filosofía, como institución central de la universidad, reuniendo a los investigadores y docentes más destacados, quienes se concentrarían en el pensar. A través de estos mecanismos, se rompería la tradición pragmática educativa y se crearían medios que permitieran el desarrollo libre del “verdadero espíritu científico”. A ello debía sumarse una modificación en los planes de estudio, incorporando un núcleo general al inicio de las carreras que consideraran materias de orden humanista como científico, lo cual estaría a cargo de la nueva facultad de filosofía. Luego de esos tres años preparatorios se otorgaría el grado de bachiller, a partir del cual recién podría iniciarse la carrera profesional propiamente tal, lo que no ocurriría antes de los veinte años. Como se observa, unos años antes que estallara el movimiento reformista estudiantil, ya había conciencia de la necesidad de introducir cambios importantes en el funcionamiento y estructura de la universidad, los cuales tocaban la fase terminal de la educación secundaria y la organización de las carreras profesionales. Es decir, implicaban cambios sustantivos y no superficiales, como podían parecer aparentemente. Esta profundidad del cambio explica la oposición que el proyecto encontró, tanto de parte de los profesores como de los estudiantes. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) fue ganada por la Democracia Cristiana en 1959, siendo su presidente el estudiante Claudio Orrego. Su presidencia significó una ruptura en el historial del movimiento estudiantil en esa Casa de Estudios, toda vez que Orrego y la nueva Federación reivindicaron el humanismo cristiano, en tanto vocación por un auténtico aprendizaje universitario, como el compromiso con la comunidad nacional, a partir de la conciencia de constituir un estrato privilegiado en el marco de una sociedad de oprimidos. Orrego y sus seguidores, según Brunner, representaron un mesianismo estudiantil, queriendo convertirse en los “conductores y organizadores, privilegio garantizado por su origen social y reforzado por

230

Esta parte está basada en José Joaquín Brunner, op. cit.

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su pasaje a través de la Universidad”231. Hasta entonces, las actividades estudiantiles se remitían a la organización de fiestas, paseos, semanas universitarias y festivales de la canción. La Federación se propuso acercar la Universidad a los procesos de cambio que estaban sucediendo en el país, en el cual los universitarios estaban llamados a cumplir un importante papel, desarrollando conciencia entre ellos de la urgencia de hacer transformaciones. Esto se tradujo en la definición de cinco tareas, las cuales se desarrollaron entre 1959 y 1966: en primer lugar, la denominada ‘democratización’ de la UC, esto es, la superación del clasismo y el carácter aristocratizante que, a su juicio, la dominaba. Para ello, participaron en la discusión de una ley para crear un Fondo Nacional de Becas y lucharon contra algunas formas de discriminación en el ingreso, como eran las “cartas de recomendación”. En segundo lugar, la Federación puso especial atención en las actividades de extensión universitaria a través de los trabajos de verano, que permitieron el contacto de los estudiantes con el mundo campesino y minero. En tercer lugar, se buscó superar el esquema profesionalizante, haciendo extensión cultural, la cual consistía en abrir perspectivas nuevas y dar una formación más integral. En cuarto lugar, se decidió tener una mayor presencia en la comunidad nacional, apoyando a los movimientos populares y las iniciativas para crear un orden social más justo. Por último, sostuvieron la necesidad de una reforma de la universidad. La VI Convención de la FEUC en 1964 señaló un hito, pues allí se formularon de forma más articulada las aspiraciones de la Federación, en tanto se planteó la necesidad de reformas en su estructura de poderes, demandando un mayor peso del Consejo Superior sobre facultades y escuelas, la elección democrática de las autoridades, como la participación con derecho a voz y voto de los presidentes de la Federación y de los centros de alumnos. Asimismo, se explicitó la necesidad de una nueva definición de catolicidad, decretando la autonomía de la universidad respecto de la jerarquía. Se definieron, por otra parte, las formas de integración de la universidad al desarrollo del país y los principios para una reforma académica232. De esta manera, entre 1964 y 1967, los estudiantes intentaron implementar una reforma de acuerdo con las autoridades universitarias, confiando en reformas graduales. Esta vía entró en crisis en 1966, cuando las demandas de los estudiantes se empantanaron, radicalizando el movimiento. La elección para la FEUC de 1966 reflejó esas tensiones. El estudiante de medicina, Miguel Angel Solar era miembro de la Acción Católica Universitaria, institución que tuvo una gran importancia en la formación de jóvenes reformistas, tanto desde una óptica ideológica como de servicio a la comunidad, pues su tarea era ir en ayuda de po231 232

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Brunner, op. cit., pp. 60-61. Manuel A. Garretón y Javier Martínez, La reforma en la Universidad Católica de Chile, Biblioteca del Movimiento Estudiantil (Ed. Sur: 1986), Tomo II, pp. 13-17.

bres y marginales, como estimular el servicio social que debían desarrollar los jóvenes católicos, “como parte de la tarea formadora de la Iglesia”233. A diferencia del grupo ligado al Instituto de Humanismo Cristiano y al del Instituto de Estudios Políticos de la Democracia Cristiana, Solar contaba con un apoyo mayoritario entre el alumnado y no estaba vinculado orgánicamente a ese partido, a pesar de compartir las tendencias dominantes en ese momento en esa colectividad: esto es, su matriz ideológica, la Iglesia Católica post conciliar. Solar ganó la elección de ese año, momento en que las negociaciones con la rectoría estaban agotadas, dando lugar a la emergencia de una nueva fórmula surgida de la FEUC: “Nuevos hombres para una nueva universidad”, es decir, el enfrentamiento con las autoridades del plantel. Tal posición se materializó en un llamado a plebiscito, en el cual los alumnos deberían pronunciarse por la permanencia o remoción del rector Silva Santiago, opción esta última que resultó ganadora con el 80% de los votos. La rectoría ofreció un prorrector, quien no consiguió el acuerdo del Consejo Superior y la jerarquía eclesiástica, generándose un impasse. Esto determinó el llamado a huelga general el 10 de agosto de 1967 agilizando los acontecimientos que derivarían en la “toma” de la UC en la madrugada del 11 de agosto de 1967234. De acuerdo al testimonio de Miguel Angel Solar, fue sobre la base de estas vivencias internas de la universidad, como de las actividades sociales y culturales desarrolladas desde 1959, que comenzó a tomar cuerpo una convicción: “Parece que lo que tenemos que hacer es cambiar la Universidad”235. En otras palabras, en el proceso de reforma se yuxtapusieron dos fenómenos paralelos: por una parte, el crecimiento no regulado de la propia Universidad y, por otra, el contacto de los estudiantes con la realidad social a través de los trabajos de verano iniciados en 1960 y las Semanas Sociales, en el marco de las nuevas tendencias de la Iglesia Católica. La Juventud Democratacristiana era partidaria de una universidad pluralista, dirigida por laicos y de una activa acción social en beneficio de los marginados. En ese marco tensional el triunfo electoral de Frei Montalva reforzó los aires de renovación. Este proceso se aceleró hacia 1967, cuando el proyecto reformista democratacristiano entraba en su fase crucial, con la aprobación de la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad y el de reforma agraria y sindicalización campesina. La lucha política que ella desató, de alguna manera se reprodujo en la pugna por la actualización

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Andrea Guzmán Gatica, “El movimiento de reforma y el gremialismo en la época de la reforma universitaria (1959-1967)”, Tesis de Lic, PUC: 1990, pp. 46-47. Manuel Antonio Garretón, “Notas sobre los orígenes y desarrollo de la reforma en la Universidad Católica (1967-1973)”, Flacso, M.Disc. No.77, 1985. Miguel Ángel Solar, “El movimiento estudiantil de la Universidad Católica”, en Luis Cifuentes, op. cit., pp. 33-37.

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de la universidad, entre quienes deseaban una nueva UC y quienes no compartían tal posición. Durante el discurso de inauguración del año académico de 1967, el dirigente Miguel Angel Solar caracterizó la situación de la Universidad Católica como de una “crisis integral”, la cual se expresaba, en primer lugar, en un insuficiente desarrollo de su misión esencial, es decir, “ser una comunidad de maestros y discípulos en búsqueda de la verdad, el bien y la belleza”236. Según su diagnóstico, existía un preocupante distanciamiento entre profesores y alumnos, como con la Dirección y los funcionarios de la institución, lo cual redundaba en desorganización y falta de participación. También se expresaba en un desarrollo de la investigación científica insuficiente, con el correlato de escasos cuadros dedicados a la ciencia, tratándose de un área que no había recibido el respaldo necesario de las autoridades universitarias. Por último, existía carencia en la formación integral del estudiante, pues había excesiva especialización de cada facultad, no ofreciendo una visión integradora del hombre y del mundo a enfrentar, que le permitiera hacerlo desde una óptica humanista. En segundo lugar, la crisis se refería a la incapacidad de la Universidad para responder al momento histórico, lo cual era un problema considerando que ella debía hacer una elaboración cultural acorde a la realidad. Solar llamaba la atención de estarse viviendo una época de lucha social, para lo cual traía a colación las palabras del Papa Paulo VI, denunciando las desigualdades sociales; Solar señalaba la lejanía de la UC de estas preocupaciones. En tercer lugar, la crisis integral también decía relación, a su entender, con la catolicidad de la universidad, pues lo católico era compatible con lo universitario. Solar demandaba una universidad en que lo católico se expresara fundamentalmente en un diálogo entre ciencia y fe, entre la verdad revelada y las ciencias de origen humano. A juicio estudiantil, el Consejo Superior no cumplía esas funciones y carecía de los antecedentes necesarios para tomar decisiones fundadamente. Todas estas falencias redundaban en la situación que vivía la Universidad y que traducían una falta de autoridad, incapaz de interpretar sus aspiraciones y unificar las dinámicas existentes. De allí que la superación de la crisis implicaba un cambio en la jerarquía del mando institucional. Si se observan las demandas y evaluación estudiantil, ellas se referían esencialmente a una estructura jerárquica y de relaciones bastante rígida, que conservaba muchos de sus rasgos tradicionales, poco acordes con los cambios que la propia universidad y la sociedad habían ido experimentando, como de una formación más bien erudita, ajena al mundo cambiante, dominado por la tecnología y la ciencia que se vivía en la época. Ello resaltaba la lejanía con la realidad del Chile social del momento, ajeno al 236

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Miguel Ángel Solar, “Discurso del Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en la inauguración del año académico, 7 de abril de 1967”, en Luis Cifuentes, op. cit. Apéndice.

‘debate académico’, a la ‘alta cultura’, sumido en el cómo superar el estancamiento económico, el desigual reparto de la riqueza y la miseria. Estas críticas no distaban en mucho de las que un año más tarde levantarían los jóvenes en París, cuando sancionaron a una sociedad que, a su juicio, continuaba siendo tradicional, mientras la realidad económico-cultural caminaba por otros rumbos237. Si bien los franceses respondían a una sociedad modernizada que no modificaba sus métodos y a la inseguridad del porvenir, compartían con el estudiantado chileno el diagnóstico del abismo entre estructura y cambio político-cultural, rebelándose contra instituciones que habían perdido su fuerza creadora y se constituían en las defensas sociales y culturales de un orden antiguo. Esta particular interpretación de las causas de la crisis estaría en la raíz del conflicto con quienes no adherirían al movimiento reformista y se convertirían en sus principales opositores, pues ella apuntaba a una forma de entender la sociedad y las relaciones entre los distintos grupos sociales. Parecía una discusión acerca de la organización de la Universidad, de la participación de los distintos estamentos de ella y de su función social, pero ella trasuntaba un debate acerca del país, su estructura social y su destino. De ahí que la reforma universitaria nunca se remitió exclusivamente a un tema educativo. Ello queda más claro si se repara en el proyecto contrapuesto por la Federación. La Universidad debía ser “responsable”, esto es, que todos los sectores participaran en su conducción, a través de una generación democrática del poder; “auténtica”, es decir, un lugar de investigación científica y de entrega de la verdad; y “comprometida”, esto es, una comunidad comprometida con la realidad social238. Esto significaba una modificación sustancial del papel de los distintos actores de la institución y de su rol social. La “toma” de la UC fue la expresión de esos sueños. Fue entonces que el Movimiento Gremial de Jaime Guzmán emergió formalmente.

3. “Los otros jóvenes de los sesenta”: el Movimiento Gremial El “gremialismo”239 había surgido como expresión estudiantil dos años antes en la Escuela de Derecho, cuando se presentó a la elección de su Centro de Alumnos una lista liderada por Manuel Bezanilla para Presidente, Jaime Guzmán para vicepresidente y Fernando Alvear como secretario, y que tenía como propósito contrarrestar la influencia

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Alain Touraine, El mayo francés y el comunismo utópico (Buenos Aires: 1973). “Feuc 67: Federación que llama y responde a la revolución”, Boletín de propaganda lista 1, 1966, citado por Bárbara Fuentes, op. cit., p. 17. Usamos la expresión, porque es la de uso común, aunque estemos conscientes, que no representa a todos los movimientos gremiales, como hace notar el historiador Gonzalo Rojas. Véase su artículo “Gazmuri y su ‘Gremialismo’”, Política, vol.14: 1987

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partidaria, especialmente de la Democracia Cristiana, en la Universidad. De acuerdo a su declaración oficial, esa lista se definió “como una posición gremialista, que se comprometía en caso de triunfar a sustraer al centro de la órbita de los partidos políticos y a servir efectivamente a los legítimos intereses de todos los alumnos”240. Un año después, Jaime Guzmán fue elegido presidente, Maximiano Errázuriz como vice y Mario Correa como secretario. Desde allí comenzó a articularse lo que sería el Movimiento Gremial, pues desde la Escuela de Derecho fue adoptando una posición definida frente a la realidad de la Universidad, decidiendo ya a comienzos de 1967 constituirse como tal, para lo cual ese centro de alumnos organizó varios comités de trabajo en los distintos cursos a fin de difundir sus ideas. El Comité de 2º. Año, estuvo conformado por Raúl Lecaros, Juan Pablo Bulnes y Eugenio Guzmán; el de 3º. por Alfredo Foster, Hernán Larraín y Arturo Irarrázabal; el de 4º. por Maximiano Errázuriz, Sergio Gutiérrez y Jaime Náquira; mientras que el de 5º Año, lo estuvo por Jovino Novoa, Jaime Guzmán y José Joaquín Ugarte. En otras palabras, por su núcleo fundador, del cual emergería su plana dirigente. Según sus propias declaraciones, el Movimiento Gremial estaba muy distante de las tendencias dominantes en la FEUC, pues los separaba “un concepto demasiado diferente del respeto, la educación y la caballerosidad”, lo cual se expresaba en la convicción gremialista “que la misión de los alumnos consiste en colaborar con la autoridad, en forma serena, constructiva, conscientes de los principios de respeto y de jerarquía y ajena a toda presión, estridencia o demagogia”241. Esta distancia, como veremos más adelante, tenía su punto de arranque en las cosmovisiones católicas encontradas entre reformistas y gremialistas y que tuvieron una primera expresión en la negativa del Centro de Derecho a la incorporación de la facultad de Teología a la Federación, pues a juicio gremialista ello resultaba “impracticable”, ya que esa Federación y todos sus exponentes no restringían su actuación sólo a cuestiones estrictamente universitarias dada la alta politización que la embargaba, por lo cual era imposible no alinearse, ya fuera en el bando que entonces controlaba la FEUC, ligado a las corrientes post concilares social cristianas, o en oposición a él. A su entender, “esto resulta meridianamente claro si se repara en que la reciente convención general de la FEUC aprobó la incorporación de ese organismo “al proceso revolucionario que vive el país” señalando como eventuales caminos de acción, su colaboración en la reforma agraria y en otros procesos notoriamente vinculados

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“Declaración pública del Centro de Alumnos de Derecho” (1967), citado por Andrea Guzmán, op. cit., p. 56. En escritos posteriores, se ha enfatizado el “monopolio” de la Democracia Cristiana en las organizaciones estudiantiles como el principal móvil del nacimiento de lo que sería el Movimiento Gremial. Habiendo elementos de verdad en aquello, también lo es la distinta cosmovisión y posición política. Ver Jaime Guzmán Escritos personales (Zig Zag: 1992), cap. 2. “Declaración del Centro de Derecho”, 1966, citado por Andrea Guzmán, op. cit., pp. 58-63.

con una ideología política, también muy determinada y notoriamente excedida del ámbito estrictamente universitario”242. Como se puede observar, desde un comienzo se hizo evidente la oposición gremialista a la perspectiva asumida por la Federación, tanto en lo referente a su papel y compromiso con la sociedad en cambio, como a los principios que sostenían la relación entre distintos actores sociales, en este caso las autoridades del plantel universitario y los estudiantes. Como señalan los estudiosos del proceso ocurrido en la Universidad Católica, el nacimiento de este grupo “antirreformista”, al menos de sus orientaciones mayoritarias, se enmarcaba en la decadencia de la derecha política, donde tanto las directivas de la Universidad como los estudiantes ajenos a la Federación no encontraban respaldo alguno ni orientación de algún tipo, lo cual debe sumarse al abandono en que la Iglesia Católica dejó a los sectores reacios a los cambios que ella estaba sufriendo. Es decir, se trataba de un segmento social desamparado en términos de apoyo políticosocial y de legitimidad cultural. El Movimiento Gremial, por tanto, se levantó como una voz alternativa, en representación de los intereses y valores de una derecha en decadencia. Ello explica su posición cultural, como lo reflejan los documentos arriba señalados, donde se reivindicaba la autoridad y la jerarquía como principios intransables y la perspectiva de una autonomía institucional, manteniendo su lejanía de la evolución del país. Los pasillos de la UC debían seguir siendo, como los de principios de la década del sesenta de la Universidad de Milán, inmunes a los debates y problemas que cruzaban a la sociedad en su conjunto. Esta mirada ‘ideal’ de la problemática del momento se reforzaría en la constitución formal del Movimiento Gremial, en marzo de 1967, fecha en la que emitieron su primera Declaración de Principios. Tal constitución coincidió con los primeros enfrentamientos con la FEUC, defendiendo la apoliticidad que, a su entender, debía caracterizar la vida universitaria. Según explicitaba su Declaración de Principios: El frente gremialista se opone a un determinado concepto ideológico partidista de la Universidad, en otras palabras, postulamos la apoliticidad de la Universidad y los organismos gremiales de ella. ¿Cómo enfrentamos esto? Los gremialistas queremos una Universidad que no sea ni comunista, ni nacional, ni socialista, ni radical. Estimamos que ella debe ser pluralista en lo ideológico, democrática en el más puro sentido de la palabra243.

Este criterio fue reforzado poco después en otro documento, en el cual se explicaba que el carácter apolítico del gremialismo se refería a “la necesidad de despolitizar las instituciones vecinales, gremiales o culturales como organismos, pero no pretende

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“Declaración del Centro de Derecho con motivo de la incorporación de la Facultad de Teología a Feuc”, citado por Andrea Guzmán, p.74. Movimiento Gremial, “Declaración de Principios” (1967).

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que quienes la componen sean también apolíticos como personas”244. Es evidente que los gremialistas, como todos los movimientos antiliberales, confundían partidismo con politicidad, homologando ambos conceptos. Su aparente distancia con todos los partidos los hacía autopercibirse como “apolíticos”, cuando sus mismos planteamientos trasuntaban una posición, como veremos en seguida. De acuerdo a su Declaración de Principios: El Movimiento Gremial afirma como base fundamental de su pensamiento que la naturaleza de la Universidad es ajena a cualquier concepción ideológica o política, porque tiene como causa su propia y específica finalidad, que es universal y permanente. Dicha finalidad está constituida por el conocimiento y la difusión de la verdad, que hacen de la investigación y de la docencia los objetos básicos del quehacer universitario.

A su entender, dicho campo era el saber científico, entendido como “conocimiento cierto de las cosas por sus causas. La plenitud y la perfección de este saber, escapa a toda posición ideológica determinada, porque toda ciencia es autónoma en sus métodos y en sus objetivos”245. Esta Declaración coincidíría con el folleto que un año más tarde emitirían respondiendo a la reforma auspiciada por la Federación en manos democratacristianas. En él, el Movimiento explicitaba que la Universidad sirve a la sociedad al cumplir con su finalidad propia y específica, pues ella le transmite lo que elabora en la investigación, comunica en la docencia y forma en sus profesionales. Esa finalidad particular, emanaría –según este grupo– de su naturaleza, determinando una definición, la cual escaparía a cualquier tendencia político-ideológica. De estas premisas derivaría su estructura académica y de poder, la cual le permitiría a la Universidad desarrollarse, sin traicionarse a sí misma246. Si se observa, ambos documentos remarcan la idea de la finalidad propia de la universidad, la que estaría determinada por su propia naturaleza, de lo cual se deduciría su estructura interna, jerarquía y función social. Esta noción, aunque centrada en la discusión universitaria, revela una forma particular de entender la realidad y que dice relación con el lugar y la función de las personas e instituciones en la sociedad. Esto queda más claro, cuando señalan que efectivamente hay síntomas de crisis en la institución que son necesarias de corregir, tales como la separación entre el trabajo académico de las distintas facultades, con la duplicación de esfuerzos y la pérdida de sentido de unidad que define a la universidad: “unidad en la diversidad”. Asimismo, la excesiva especialización profesional de muchas disciplinas, en desmedro de un cultivo

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Movimiento Gremial, “Explicación de la apoliticidad del Frente Gremialista”, citado por Andrea Guzmán, op. cit., p. 98. “De la Declaración de Principios del Movimiento Gremial”. Movimiento Gremial “Por una reforma seria e idependiente (Stgo.: 1968).

más científico y de la amplitud cultural; los inadecuados métodos de enseñanza, como la falta de compromiso del profesorado en el quehacer universitario, favoreciendo la distancia de los núcleos dirigentes, como poco representativos. Finalmente, era un problema la relegación de la investigación, especialmente en el área de humanidades247. Ese diagnóstico los hacía reconocer la necesidad de una reforma al interior de la universidad, la cual fue contrapresentada por ellos a las autoridades. El proyecto del gremialismo disentía de la interpretación del “Movimiento 11 de agosto” respecto al rol social de la Universidad como un compromiso con los cambios que estaban ocurriendo en el país y que el Movimiento entendía como político. A su juicio, la misión social de la universidad exigía la fidelidad con su propio fin, de lo contrario se convertía en caja de resonancia de ideologías políticas que atentaban contra dicho fin y la misión de la universidad. En consecuencia, el conocimiento de la realidad –“que es una”– exigía una tarea de síntesis que sólo podía lograrse con interdisciplinariedad y rigor científico. De este ámbito se deducía lo necesario de reformar: una estructura de acuerdo a ese fin: “la naturaleza de los seres debe ordenarse a su fin”. Los gremialistas afirmaban la necesidad de reforzar la docencia, en tanto transmisora de ciencias ya elaboradas, pero con conocimiento de otras áreas, de modo de alcanzar un desarrollo más integral, objetivo posible de lograr con un sistema de créditos, en el cual los alumnos deberían cumplir un porcentaje de cursos de especialidad prefijados por las facultades, y un margen de cursos en otras áreas. Ello requería de currículum flexible y la departamentalización de la Universidad para evitar duplicidades. A su vez, la nueva ordenación necesitaba de una organización de las “personas que la componen, de modo que cada cual pueda cumplir en ella su propia misión”248. El rol de los docentes sería la trasmisión del conocimiento ya existente y la investigación, lo cual hacía un imperativo reglamentar una carrera docente de acuerdo a los méritos académicos y pedagógicos. En relación a los alumnos, el proyecto gremialista planteaba que su tarea era “nada menos que estudiar”, es decir, volcarse a la reflexión del objeto de su estudio, para lo cual era conveniente aumentar las exigencias académicas y dedicación exclusiva, ofreciendo becas a quienes lo necesitaran. Los funcionarios de la Universidad no formaban parte, a su entender, de la comunidad universitaria “dado que el fin que ésta persigue escapa a la tarea de aquellos en la organización universitaria”, rezaba el documento que estamos citando. De allí que la propuesta de los reformistas de agosto de 1967 de incorporarlos a los órganos directivos de la Universidad –el co-gobierno– era “incomprensible”. En consonancia con estos planteamientos, el Movimiento llamaba a la creación de centros de investigación en las distintas facultades, con un organismo 247

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Movimiento Gremial, “¿Reforma universitaria o reforma política de las universidades?” (Stgo.: 1968). Movimiento Gremial, “Por una reforma seria e independiente”.

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central que los reuniera, solicitando un papel central a la Facultad de Teología en dicha reunión del conocimiento. En materia de la estructura de poder, el mismo documento especificaba su rechazo a una descentralización por la atomización del poder y su preferencia por “la Universidad organizada”. Estos documentos y declaraciones revelan variados aspectos del tipo de derecha que se trataba. Es manifiesta su gran diferencia con el Partido Nacional, salvo con los sectores estanqueristas nacionalistas, debido a que la mayoría de ese partido era liberal, en cambio todo el pensamiento del Movimiento Gremial estaba inspirado en el corporativismo y el funcionalismo. Como ya ha sido establecido, este Movimiento creía en el protagonismo de los cuerpos intermedios, ajenos a toda interferencia política partidaria o ideológica, dando al Estado un rol subsidiario249. El corporativismo nació como una alternativa al liberalismo y al marxismo, y tenía su origen en las propuestas del Papado de la Iglesia Católica en los años treinta –la Encíclica Quadragessimo Anno– las que pretendían el fin de la lucha social con la reconstrucción de los gremios y corporaciones como instancias reguladoras de la vida económica y social, conciliando los intereses del capital y el trabajo. La Encíclica alcanzó una amplia difusión entre los medios católicos chilenos de la época hasta 1945, pero que no se debilitaron del todo después de esa fecha. En el caso chileno, el historiador Jaime Eyzaguirre cumplió un papel destacado en esta expansión, no sólo desde su quehacer historiográfico, sino también como fundador de la revista Estudios, en 1934. Un papel similar cumplió el sacerdote Osvaldo Lira, en torno de quien se formaron grupos de estudio, ampliando la base ideológica de la derecha, hasta entonces monopolizada por el liberalismo. En la batalla de las ideas en los años treinta, el corporativismo consiguió posicionarse como una alternativa no radical, “equidistante” de ambos polos, en un momento de gran polarización político-ideológica. Como es sabido, el corporativismo puede tener connotaciones estatistas o antiestatistas: puede adoptar la forma de un Estado corporativo, al estilo fascista, es decir, una sociedad organizada en corporaciones dirigidas por el Estado, reprimiendo a los sindicatos obreros y aliándose con el gran capital; o la cuasi populista, realizando reformas a favor de los excluidos. Pero también podía poner un énfasis en los cuerpos intermedios como autónomos de la influencia estatal y representativos de la libertad del ser humano y de su naturaleza trascendente250. En el caso del Movimiento Gremial y sus fuentes inspiradoras –Eyzaguirre, Lira,

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Renato Cristi y Carlos Ruiz, op. cit.; Verónica Valdivia O. De Z. El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet 1960-1980 (Lom Ed.: 2003), pp. 113 y ss; Bárbara Fuentes, op. cit.; Pablo Rubio, op. cit. Paul Drake, “Corporatism and Functionalism in the Modern Chilean History”, en Journal of Latin American Studies, No.10:1983; Gonzalo Catalán, “Notas sobre proyectos autoritarios corporativos en Chile: la revista Estudios” (Stgo.:1978); Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile (Ed. Universitaria:1992);Guillermo Izquierdo Araya, Democracia y corporativismo (Stgo.:1936).

Philippi– se trataba del corporativismo antiestatista y ello tenía sus raíces en una concepción cristiana, la cual partía de la apuesta sobre la dignidad y trascendencia de la persona humana, tanto en su ser como en su fin, lo cual le otorga una superioridad respecto de las organizaciones temporales. Para esta forma de corporativismo, el ser humano es anterior a la sociedad y goza de un destino eterno que no se agota en la historia, lo que determina la inferioridad de las organizaciones temporales y el estar al servicio de las personas. Dada la naturaleza social del ser humano, éste crea diversas organizaciones, que son intermedias entre él y el Estado, con finalidades propias, lo cual explica su autonomía respecto de éste. Guzmán y muchos de sus amigos, que participaron en ese Movimiento, eran católicos tradicionalistas y fueron muy influidos por ese pensamiento en retirada a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero que luchó por su supervivencia y que lo hizo precisamente en el mundo de la cultura y de la Universidad. En efecto, el corporativismo de la segunda post guerra trató de sacudirse de sus referencias explícitamente políticas y de demandas sociales y se volcó a las cuestiones religiosas y, posteriormente, a una redefinición de la identidad de América Latina, revalorizando las tradiciones hispánicas. El rechazo a los políticos, en el caso de Jaime Eyzaguire y la revista Estudios, se entrelazó con una aceptación de la política sin “las deformaciones propias de la práctica democrático-liberal”, revalidando una línea autoritaria, al tiempo que se daba un sitial especial a la cultura, asociándola con el cristianismo, derivando en una sublimación de la España de los siglos XVI y XVII. El hispanismo, como principio, plantea la existencia de una comunidad transatlántica que reuniría a los pueblos que alguna vez formaron parte del Imperio español, tiempo en que se habría formado una identidad común dada por la lengua y la religión, se trataría de una “raza española”. Los deseos de reposicionar a España a nivel mundial fortalecieron las tendencias hispanistas conservadoras en España, especialmente durante la época de Primo de Rivera, cuando se tuvo la intención de recuperar dicho liderazgo, siendo sus principales portavoces José María Pemán y Ramiro de Maesztu. El imperio espiritual tenía como pilares la religión católica, la sociedad jerarquizada y el lenguaje; la primera daba la nacionalidad; la segunda, estaba ligada a la existencia de jerarquías sociales de acuerdo a su relación con el poder político y eclesiástico, principio que defendía la ubicación de las elites y que hacía del hispanismo un enemigo acérrimo del socialismo y del comunismo que socavaban las sociedades jerárquicas y “cuestionaban el poder mismo de la Iglesia”. El tercero, daba la unidad cultural251. Más aún, Osvaldo Lira adhirió a las tendencias más radicales dentro del hispanismo: el nacional sindicalismo –fascismo español–, el cual en Chile también tuvo una extensión en el Movimiento

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Ricardo Pérez Monfort, Hispanismo y Falange (Fce: 1992), pp. 15-24.

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Revolucionario Nacional Sindicalista, liderado por Ramón Callís Arrigorriaga y Gastón Acuña, nacido en 1947252. En suma, la influencia del corporativismo y las corrientes hispanistas, de la cual Jaime Eyzaguirre fue su máximo exponente en Chile, explica en importante medida el tipo de cosmovisión del Movimiento Gremial, una antípoda del liberalismo y la democracia burguesa. Son conocidas estas inspiraciones en Jaime Guzmán, para quien la modernidad no era su período histórico preferido. Recorriendo la ciudad de Asís en Italia, escribió a su abuela: “Quien recorra estas calles, concordará que hubo una Edad Media mejor que nuestro mundo moderno, porque en aquel entonces el mundo era teocéntrico; ya decayó con el antropocentrismo del Renacimiento y yo me pregunto ¿cuánto habremos decaído, cuando hoy ni siquiera tenemos un centro?”. Asimismo, durante su paso por España pudo dar rienda suelta a su sentimiento hispanista: ... Ya estoy en España. Ya estoy que rebalso hispanismo y franquismo. No hay nada semejante a este país, el más hermoso del mundo y el que encierra un mayor conjunto de valores. No podía ser de otra manera: un país que poseyó a un Calderón o un Tirso, que tuvo un Felipe II o un José Antonio Primo de Rivera... no tiene igual en el mundo... Hoy España lleva el pandero del Estado Corporativo, regimen nuevo y magnífico, que el mundo retrógrado no quiere reconocer...

Estoy archifranquista, porque he palpado que el Generalísimo es el salvador de España..”253. Igualmente, refiriéndose a su maestro Jaime Eyzaguirre, Guzmán escribió: “era un gran hispanista. Porque creía en la tradición, que engarza una generación con la otra hasta llegar al tronco mismo de la nacionalidad. Y en ese tronco es donde está presente España, con la reciedumbre de su fe, la nobleza de sus hidalgos y esa aventura histórica sin igual que fue la Hispanidad”254. Estas influencias pueden apreciarse en los documentos del naciente Movimiento Gremial que hemos descrito antes. Hay en todos ellos la reiteración de una matriz central, referida al problema de las finalidades y las tareas de las organizaciones. El pensamiento corporativo, como hemos reseñado, divide a la sociedad en corporaciones con propósitos concretos y específicos, tal como señalan los documentos gremialistas; cada entidad tiene y debe cumplir una función particular dentro de la sociedad. Esta especialización es similar a la de los órganos del cuerpo humano, todos importantes, pero sin poder realizar otra función que aquella para la cual existen.Los corporativistas

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El nacionalsindicalismo era un movimiento nacionalista católico integrista, con fuertes inspiraciones militaristas y de sentido del sacrificio. Creían en un nacionalismo de combate. Ingresaron en 1963 al Partido Acción Nacional de Jorge Prat y luego al Partido Nacional. Sobre la doctrina nacionalsindicalista, véase Verónica Valdivia O. de Z. “Nacionalismo e Ibañismo”. Rosario Guzmán E., op. cit., pp. 64 y 79-80, respectivamente. Jaime Guzmán Errázuriz, “Jaime Eyzaguirre. Maestro, ejemplo y amigo”, Pec, 27 de septiembre de 1968, p. 24.

creían posible hacer una proyección de esa noción orgánica al cuerpo social, lo cual permitiría reconocer la diversidad/pluralidad social y humana, pero dentro de una unidad: la comunidad. Ello es evidente en los documentos y declaraciones, donde se valoriza el papel de cada miembro de la comunidad universitaria, pero se busca mantenerlo en el rol que ya le ha sido definido. Por eso no se negaba que la universidad necesitara de un ajuste, de una reforma, pero ella no debía tener relación con las funciones de cada uno, sino con la mantención de esa pluralidad. Por eso era conveniente crear una carrera docente, aumentar los niveles de exigencia para los estudiantes, dotar de centros de investigación para que ella creciera, pero cada miembro debía concentrarse “en lo suyo”, la diversidad existente en la comunidad universitaria. En otras palabras, a cada cual lo suyo, no a todos por igual. Mirado desde otro punto de vista, este pensamiento corporativo-gremialista, rescataba el sentido de las elites. Tal como los órganos tienen una ordenación establecida, las organizaciones sociales también debían tenerla, reconociéndose una jerarquía natural, no posible de ser alterada, precisamente por su “naturalidad”. Esto es claro en los documentos aludidos, en los cuales los jóvenes estudiantes reconocían funciones y tareas específicas en cada estamento de la comunidad universitaria, las cuales debían remitirse a ella y no alterar su “esencia”, porque, en su entender, atentaba contra su naturaleza/finalidad. De allí que los profesores debieran dedicarse a la docencia y la investigación, como los alumnos sólo a estudiar y los funcionarios a la administración: cada uno cumpliendo una misión que le permitiría a la Universidad alcanzar su objetivo. Pretender alterar la función o finalidad como explicitaban, significaba un cambio en la ordenación, es decir, en la jerarquía. El co-gobierno pretendía abrir la toma de decisiones a estamentos cuya misión no era esa según su naturaleza, por eso era “incomprensible”. Los funcionarios y los estudiantes no debían participar en ese ámbito. De aquí la interpretación gremialista de desnaturalización de la Universidad en la pretensión de los reformistas de querer una participación de todos los estamentos en la dirección universitaria, pues implicaba un alteración, un cambio en las tareas a desarrollar y, por ende, en la función y de ahí, en la finalidad. Los propósitos de la reforma de 1967 rompían con un “orden natural” en las cosas, especialmente en lo atingente a la propuesta de participación de todos los estamentos, la idea de una universidad comprometida con el cambio social, que ocurría fuera de la universidad y de los límites estrictos de las profesiones. De modo que de los tres objetivos que se proponía la reforma –una universidad “responsable” (democratización del poder); comprometida (con el cambio social) y “auténtica” (lugar de investigación científica)–, el Movimiento Gremial rechazaba de plano al menos dos. Las razones de dicha resistencia eran de corte ideológico: había una matriz completamente distinta entre reformistas y gremialistas.

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Este sentido elitista estaba muy presente en Jaime Guzmán. Según su hermana: Su vocación era, sin duda, la docencia. Yendo aún más lejos, me atrevería a aventurar que, a lo largo de su vida, dio en parte la sensación de estar casi siempre haciendo clases...Tanto en el aula como alrededor de una mesa de comida, en el living de la casa o en un paseo campestre la presencia de Jaime... sugería un maestro en relación con sus alumnos, más que uno de tantos en igualdad de condiciones255.

Esta valorización de las jerarquías y de las elites, como la convicción en la posibilidad de una organización nacional corporativa sin conflicto social, eran la prueba fehaciente del choque cultural/cosmogónico que enfrentó a los jóvenes reformistas, encabezados por Miguel Ángel Solar y los gremialistas, en el marco de un nuevo componente en el campo católico. El auge social cristiano bajo la égida de la Democracia Cristiana tensionó a ese campo, porque el proyecto de Frei era incompatible con los viejos valores y aspiraciones del catolicismo tradicional. La Democracia Cristiana introdujo la idea de revolución en la cultura católica, sin que por primera vez ella no proviniera de la izquierda. Esto fue la prueba fehaciente del colapso de la hegemonía conservadora en esa cultura, mientras la DC luchaba por remover “la conciencia de los creyentes, la doctrina conservadora del orden, la noción consagrada de libertad y los fundamentos éticos de las jerarquías fundadas en la tradición”256. El país estaba cambiando, la reforma agraria socavaba los pilares del orden oligárquico y un mundo se derrumbaba, como también el amparo y legitimidad que siempre le había ofrecido la Iglesia. Este cambio significaba un enfrentamiento entre dos concepciones de mundo, ambas originadas en el cristianismo, entre el pensamiento social cristiano post conciliar y el tradicionalismo católico. Por ser la Universidad Católica la expresión cultural de ese mundo, dicho conflicto habría de ocurrir en ese lugar y él fue protagonizado por los estudiantes reformistas y los gremialistas. De allí la importancia asignada a la facultad de teología, por la necesidad de contar con una perspectiva católica del hombre, del mundo y de Dios. Esa carencia era el reflejo de la crisis de autoridad denunciada por los jóvenes reformistas, crisis de autoridad intelectual de quienes gobernaban la universidad, su capacidad de influir a los estudiantes y encauzarlos. De allí la mirada estudiantil más allá de los límites que franqueaban la universidad: la búsqueda de una orientación intelectual y cultural en el marco de la renovación del pensamiento católico del que la UC estaba –y cuyas autoridades pretendían seguir estando– al margen. Por eso, los reformistas catalogaron a su Casa de Estudios de “torre de marfil” y “retrógrada”. Para ellos era urgente crear una verdadera Universidad Católica. Ese fue el marco de la confrontación entre dos subculturas católicas-juveniles. 255 256

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Rosario Guzmán E., op. cit., pp. 111-112. José Joaquín Brunner, op. cit., p. 75. En el análisis cultural del proceso reformista de la UC nos basamos en este excelente trabajo de Brunner.

Sin embargo, el Movimiento Gremial no rechazaba la idea de una reforma, no rechazaba el “cambio”. Si se pone atención, ellos compartían la necesidad de afianzar el área de investigación, lo cual se vinculaba, obviamente, con la revolución tecnológica que estaba ocurriendo en el mundo, pero también con la crisis de la economía industrial del país, la cual había llegado a un límite en la sustitución fácil y debía pasar a otra fase, requiriendo de tecnologías más complejas y del apoyo de la investigación científica. Como, a diferencia de los países desarrollados, en Chile no existían centros privados de investigación, ella pasó a ser asumida por las instituciones de educación superior. Es interesante que la facultad donde primero se produjeron ciertas reformas en la Universidad fue en la Escuela de Economía, la cual tempranamente estableció convenios de intercambio para el perfeccionamiento de sus docentes con la Universidad de Chicago. En ese sentido, el Movimiento Gremial no era un movimiento político completamente contrario a los pilares de la modernidad y desde el ámbito científico-tecnológico no miraba al pasado como modelo –como sí lo hacía en el plano político-social–, sino miraba al futuro. Era también partidario del “cambio” en la investigación en el área de las humanidades, cuestión que se relacionaba con la creación por parte de la nueva rectoría de Fernando Castillo Velasco del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), de orientación centro-izquierdista, a cargo de Jacques Chonchol. Esto explica que los documentos del Movimiento insistieran en una investigación ajena a las ideologías, pues su influencia derivaba en la comprobación de ideas ya pre-establecidas, no teniendo la investigación otro propósito que ratificaciones de orden político, ajeno a su finalidad. De allí que se propusiera la creación de un centro humanista alternativo a CEREN. En este caso, el “cambio” se expresaba en la disposición a la confrontación con sus adversarios, a diferencia de la antigua derecha defensiva. Esta disposición a aceptar el “cambio” ha llevado a algunos estudiosos a afirmar que no se trataba de una derecha reaccionaria257. Señalamos esto a propósito que dicho término ha sido utilizado para diferenciar izquierdas y derechas: la izquierda sería proclive a cambiar, mientras que la derecha, más a mantener el statu quo. Dado que tanto el Partido Nacional como el Movimiento Gremial efectivamente eran partidarios de introducir cambios, cada uno en planos distintos, podría argumentarse su sentido no reaccionario, considerando su relación con los planteamientos de la época moderna. Desde nuestro punto de vista, al Movimiento Gremial tal vez podría aplicarse la categoría del “modernismo reaccionario”258– categoría creada para el nazismo–, el cual afirma que esa doctrina alemana era una mixtura entre un nacionalismo que miraba 257 258

Bárbara Fuentes, op. cit.; Bernardita Walker, op. cit. Jeffrey Herf, El modernismo reaccionario.Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich (Fce: 1993).

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al pasado como un ideal en la ordenación social, pero dotado de fuertes invocaciones tecnológicas y de modernidad industrial, resultando un fenómeno más complejo que la mera reacción. En el caso del Movimiento Gremial, tal vez la explicación esté en la inspiración corporativa, pues el corporativismo fue una apertura al cambio, pero sin afectar lo esencial, toda vez que la función y el lugar que se ocupaba en la sociedad estaba determinado y no podía ser alterado. Cambiar, sí, siempre que dicho cambio no pusiera en peligro el orden existente. En concreto, no había resistencia al cambio, pero sí al cambio estructural, a aquel que minaba el sistema de dominación y destruía la ubicación de las elites. Tal vez el Movimiento Gremial, en este sentido, expresó más acabadamente que el Partido Nacional, la estrategia histórica de las elites y de la derecha chilena: “cambiar para que nada cambie”. Desde ese punto de vista, es posible que el Movimiento Gremial no fuera reaccionario, pero sí conservador, en tanto su fuente doctrinaria fundamental era el corporativismo. Como muy bien ha explicado el historiador y filósofo Ernst Nolte, el corporativismo siempre es conservador, porque “sirve al objetivo político de privar al hombre de su participación democrática en la soberanía y entregarle a partir de la falta de ciudadanía, a la existencia forzada de las asociaciones profesionales”259. En otras palabras, es un sucedáneo de la verdadera ciudadanía y por ello parte del pensamiento contrarrevolucionario. A pesar de que la reforma siguió su curso en la Universidad Católica durante 1967 y el año siguiente, los gremialistas se mantuvieron en la contingencia, atravesando las fronteras del recinto universitario y llevando el conflicto al espacio público. El discurso reiterativo de los estudiantes gremialistas era la identificación de la FEUC con la Democracia Cristiana y, por ende, el indesmentible carácter politizado del movimiento liderado por esa entidad. La prensa de derecha acusó a los reformistas de introducir la política a la universidad, desvirtuando su sentido y su quehacer, acusación que fue respondida por la Federación, rechazando el slogan conservador de “Universidad para el Partido”. El Movimiento Gremial intervino en ese debate coincidiendo con la interpretación de esa prensa y afirmando que la Federación sólo desprestigiaba a su institución y a su rector al crear una imagen caótica de ella, como de su sectarismo y clasismo. El Centro de Derecho aseveraba categóricamente: La campaña de la FEUC, más que a móviles académicos obedece a razones extrauniversitarias de carácter político. En efecto, la FEUC afirma que los ‘nuevos hombres’ que pretende instalar en la Dirección de la ‘nueva universidad’ deben ser hombres de avanzada, conscientes del proceso histórico revolucionario y del cambio social. No se requiere tener un espíritu muy

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Ernst Nolte, El fascismo en su época (Barcelona: 1967), p. 69

agudo para desprender que ese lenguaje… significa en la práctica, la exigencia de ‘hombres democratacristianos para una universidad democratacristiana.

Tan importante como el haber ventilado un conflicto interno por la prensa, la declaración finalizaba con un llamado a la acción: El Centro de Derecho, consciente que la universidad no puede subordinarse a ninguna ideología política, a riesgo de destruirse como tal, rechaza enérgicamente la campaña en que está empeñada la FEUC y seguro de interpretar a un vasto sector de los universitarios, llama a encabezar una decidida acción antes que sea demasiado tarde en defensa de los valores fundamentales de toda Universidad Católica260.

En otras palabras, las inserciones gremialistas en la prensa daban cuenta de un movimiento dipuesto a luchar no sólo en el terreno propio que defendían, sino apelar a la opinión pública, haciendo precisamente aquello que criticaba a sus oponentes, politizando el conflicto. También es de destacar el espíritu que embargaba a sus dirigentes: la decisión de actuar y no aceptar la pasividad, tal como en otro momento lo hiciera el grupo FIDUCIA –al que pertenecía Guzmán– en la oposición a la reforma agraria. Por último, igualmente explicitaba su ubicación en cierto segmento del campo católico: el tradicionalismo. Así, es posible observar que desde un comienzo esta nueva derecha reunía una nueva doctrina –el corporativismo de inspiración católica tradicionalista– y la disposición a una acción política más agresiva, muy distinta de la antigua derecha oligárquica. En el momento que la FEUC decidió enfrentar la autoridad de monseñor Silva Santiago llamando a un plebiscito que decidiría su mantención en el rectorado, los gremialistas volvieron a acudir a la prensa para dejar sentada su posición. En primer lugar, llamaron al estudiantado a abstenerse en dicho plebiscito, pues él estaba reñido con el quehacer universitario y no existían las condiciones mínimas de transparencia como tampoco era el mecanismo adecuado para resolver el conflicto generado al interior de la universidad. En una declaración pública, el Movimiento Gremial afirmó: “Frente a este procedimiento, rechazado como injusto, improcedente e inadmisible por todos los cuerpos docentes de la Universidad que se han pronunciado al respecto, los suscritos formularon un llamado al alumnado a abstenerse de participar en él, por ser turbio en sus fines y equívoco en su planteamiento”. Acusaban a la dirigencia de la Federación de haberles impedido designar apoderados que facilitaran la realización de aquel acto. Por ello señalaban: “La conciencia jurídica de la opinión pública está lo suficientemente desarrollada como para comprender que un plebiscito convocado, planteado, realizado, fiscalizado, escrutado y –mañana– interpretado por una sola

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La declaración de la Feuc en El Diario Ilustrado, 24 de junio de 1967,, p.3; la “Declaración del Centro de Derecho de la Universidad Católica”, El Mercurio, 21 de junio de 1967, p.32..

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de las partes no ofrece la menor garantía de veracidad y objetividad”. Firmaban el documento Jaime Guzmán, Gerardo Arteaga, Ernesto Illanes, Hugo Vásquez, Regina Valdés, Carmen del Río, Cristián Valdés y Jovino Novoa261. Más aún, Jaime Guzmán dio una entrevista a otro medio reiterando el carácter “ilícito” del plebiscito, dada la designación papal del rector Silva Santiago y por la clara politización que envolvía el proceso, dada la subordinación de la FEUC al partido de gobierno. Afirmó que: “Nosotros rechazamos esta idea de hombre democratacristiano para una universidad democratacristiana”, reiterando su llamado a “combatirla con un espíritu verdaderamente católico y auténticamente universitario”262. En otras palabras, el Movimiento restó cualquier legitimidad al evento acusándolo de politización, haciendo evidente las dos características que mencionábamos antes. Al producirse la toma de la Universidad en agosto de ese año, la naturaleza de esta nueva derecha mostró un nuevo elemento. En efecto, como respuesta a esa decisión de la FEUC, estudiantes derechistas rechazaron la ocupación, intentando retomar el recinto, ocurriendo violentos incidentes. Un grupo formado por gremialistas, nacionalistas y católicos de FIDUCIA, se enfrentaron a los reformistas en un vano intento por detener su acción, lo que dio pábulo para la interpretación subversiva y violentista que El Mercurio y El Diario Ilustrado hicieron de la toma, abriendo sus páginas a esos grupos. Desde la óptica gremialista, no cabía sino “la inmediata entrega de la Universidad”263. Lo que queremos destacar es el hecho de que desde un comienzo, los miembros del Movimiento Gremial contemplaron dentro de su accionar el empleo de la violencia, entendiendo por ella, en este caso, las peleas de grupos a favor y en contra de la toma, casi como “grupos de choque”. Esto era algo inexistente en la antigua derecha, pero sí lo estaba en segmentos del Partido Nacional como de FIDUCIA, es decir, en la derecha ofensiva que estaba naciendo. Tan cierto era este nuevo atributo, que los antirreformistas organizaron lo que se denominó el “Comando de defensa de la UC”, dirigido por los presidentes de los centros de alumnos de Agronomía (Gerardo Arteaga), Economía (Ernesto Illanes, vicepresidente) y Derecho (Jaime Guzmán), es decir, todos parte del Movimiento Gremial. Según su declaración: “Constituimos un grupo organizado que bajo el nombre de ‘Comando de Defensa de 261

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“A la opinión pública: Sobre el ‘plebiscito’ de la Universidad Católica”, El Mercurio, 28 de junio de 1967, p. 23. “Dirigente denuncia: plebiscito político”, La Segunda, 30 de junio de 1967, p. 24 y “Declaración del Centro de Derecho de la Univ. Católica”, El Diario Ilustrado, 28 de junio de 1967, p. 3. José Joaquín Brunner, op. cit.,148. Según Brunner, ya al momento de la huelga previa a la toma, el 10 de agosto, Guzmán habría declarado estar “dispuestos a dar una batalla en contra de la directiva de la Feuc, usando la violencia si ello fuera necesario, como ya la usaron los dirigentes el día de ayer”, p. 150. Ver también, “Acuerdos de Facultad de Derecho de la U.Católica”, en El Diario Ilustrado, 16 de agosto de 1967, p. 3.

la Universidad Católica’, hemos decidido jugarnos por entero con nobleza y valentía, por una institución que cuando amenaza por sucumbir como tal pretende ser salvada por algunos en transacciones inmediatistas”264. Este Comando instaló su cuartel de operaciones en el mercado de la comuna de Providencia, donde se dispuso a recoger firmas de quienes no apoyaban la huelga, realizando, además, una manifestación de apoyo al rector Silva Santiago. Tal tendencia a seguir la confrontación se mantuvo a lo largo de ese año, centrando su acción en el nuevo rector, Fernando Castillo Velasco, disintiendo de las tendencias que el proceso reformista iba tomando y enfrentando públicamente a esa autoridad. Al cumplirse un año de la toma, el Movimiento envió una carta pública al Rector, advirtiendo del carácter, a su juicio, totalitario que el proceso adquiría, denunciando lo ocurrido en la Escuela de Periodismo, donde se aseguraba se había instalado una política de arrinconar a los docentes que no fueran al menos simpatizantes de la Democracia Cristiana. Algo similar denunciaban en la Escuela de Arquitectura, donde tres profesores habían sido expulsados por haber reclamado en una carta privada al Rector por el proyecto de reforma universitaria. Al respecto decía la carta gremialista: Hasta ahora era un patrimonio de las organizaciones libres el que no se sancionara a nadie por el rompimiento de las normas tácitas, sino sólo por el quebrantamiento de las normas expresas... Si la propaganda amenazante de la FEUC nos recuerda la frase de Juan D. Perón, según la cual la “oposición sólo se tolerará si cooperaba con el gobierno”, la suspensión de los derechos docentes de tres profesores “por romper el tácito convenio de convivencia”, recuerda los oscuros días de la República Nacional Socialista de Adolfo Hitler, cuando se sancionaba como delito el atentar contra el sano sentimiento popular265.

Al respecto es conveniente destacar dos aspectos: en primer lugar, la salida del Movimiento de la universidad, para situar su problemática en el ámbito público, a pesar de insistir que se trataba de un problema interno de la universidad. Lo segundo, el que a su defensa de las organizaciones intermedias se añadiera la acusación de totalitarismo, mismo discurso asumido por otros exponentes de la derecha desde 1965. En efecto, en esa época, antiguos miembros del fenecido Frente Democrático hicieron una ácida crítica al gobierno de Frei por cerrar la participación a otros sectores que no fueran de su partido e imponer sus reformas sin negociar: llamaron a esa política totalitarismo neofascista. Tal fue el discurso de la revista Pec, perteneciente a Marcos Chamudes, ex comunista, luego radical anticomunista furibundo, parte del ala conservadora del radicalismo identificada con Gabriel González y Julio Durán, y desde mediados de la década del sesenta importante medio difusor de distintas expresiones de la derecha. 264 265

“Carta al Consejo Superior”, 12 de agosto de 1967, citado por Andrea Guzmán, op. cit., p. 130. Movimiento Gemial, “Carta abierta al rector Fernando Castillo Velasco”, reproducida por Pec, 30 de agosto de 1968, p. 10.

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La revista Pec se convirtió en la central de operaciones desde donde el Movimiento Gremial cruzó las murallas de su universidad y difundió no sólo su posición respecto de la reforma, sino su pensamiento y más tarde su acción política propiamente tal. Desde los inicios de la reforma en 1967, esta revista abrió una sección, denominada “Desde las aulas”, instalando permanentemente un reportero que se mantuvo al tanto de lo que allí ocurría. Más aún, desde esa fecha, Jaime Guzmán comenzó a escribir artículos en ella, al principio esporádicamente, para luego convertirse en un columnista estable. La parte de la carta que hemos citado, y reproducida por Pec, concordaba con el discurso de esa revista, la cual apuntaba a mostrar a todos los adversarios como “extremistas”: la Democracia Cristiana como fascista, el FRAP como totalitarismo marxista, de modo que los únicos demócratas eran quienes no simpatizaban con ninguna de esas tendencias, autodenominados defensores de la libertad. Debatiendo con el rector Castillo, Jaime Guzmán lo criticaba por confundir los planos cuando éste afirmó que no era posible disociar al rector de la persona. Guzmán hacía su crítica desde el corporativismo, señalando “se trata de que sepa prescindir de ella [su posición ideológica] al regir una institución cuyo ser debe moverse en forma autónoma y propia, sin consideración a ningún factor extraño de carácter ideológico”266. De acuerdo a su análisis, la posición de Castillo sólo conducía a transformar las elecciones de las autoridades de la Universidad en la expresión de la lucha entre bandos y no, como a su juicio debía ser, del enfrentamiento entre distintas concepciones académicas o propiamente universitarias. Como se aprecia, la argumentación es la misma levantada con motivo de la reforma: cada institución tiene una finalidad específica y no pueden interferir elementos extraños, ya sean políticos o ideológicos. Guzmán y los gremialistas veían su posición como a-ideológica y apolítica –lo que no era así, por cierto–, lo cual reforzó su rechazo al partidismo. Sin embargo, lo novedoso era su actitud no pasiva. El mismo hecho de llevar al espacio público un problema interno de la universidad, debatir por la prensa, demuestra una actitud más de combate. Al final del artículo en referencia, hacía su diagnóstico y respuesta: “La Universidad Católica enfrenta al grave momento en que los grupos dirigentes de la FEUC han anunciado una nueva línea... que significa la destrucción de la Universidad. En tal situación es necesario, más que nunca, claridad, energía, definición. Es preciso que quienes dejan que ello ocurra abandonen su pasividad, tanto en los sectores docentes como en los estudiantes”267. Sus palabras reflejan el ideario de sus maestros: el sentido de decadencia, de ocaso, pero también la línea nacionalsindicalista del combate. Guzmán y los gremialistas descubrieron en los

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Jaime Guzmán, “Los puntos sobre las íes”, Pec, 18 de octubre de 1968, p. 19. Ibid.

sesenta la importancia de la acción y no sólo de la reflexión; ambas debían constituir un todo. Guzmán era un ideólogo en ciernes: argumentaba su posición corporativa, pero también usaba los medios modernos de difusión y de lucha para defender su doctrina. En ese sentido, era más cercano a Lira. Parte de esta estrategia ofensiva, de rechazo a la pasividad, fue seguir compitiendo por un espacio dentro de la Universidad y desbancar el monopolio de la Democracia Cristiana. Ello ocurrió en octubre de 1968 cuando la lista gremialista encabezada por Ernesto Illanes ganó la FEUC, al obtener 2311 votos de un universo de 5050 sufragantes. El gremialismo ganó en las escuelas más importantes, salvo en Pedagogía, siendo una de sus mayores victorias en Economía, donde Illanes ganó por un margen de 154 votos. Sus acompañantes eran: Hernán Larraín, vocal de docencia del Centro de Alumnos de Derecho para vicepresidente; Ignacio Swett, de Ingeniería para secretario, y Sergio Lamarca, de Economía como tesorero. Como vocales estaban Sergio Gutiérrez de Derecho; Marta Hanisch, de Historia; José M. Edwards, Julio Pertuze, Rodrigo Serrano, Marcos Lara y Hernán Precht. Illanes llamó al alumnado a escoger ir “¿hacia una Universidad contemporánea o hacia una sucursal revolucionaria?”, pues lo que se decidía era “si la Universidad debe servir a la sociedad cumpliendo su fin propio, o si debe convertirse en una sucursal de la lucha revolucionaria”268. Illanes recogía el ideario de los cuerpos intermedios, pues él podría permitir la despolitización si cada uno evitaba proyectar su pensamiento político a otra actividad ajena a ella y se concentraba en su finalidad, como lo aseguraba en la misma entrevista en Pec: “El Movimiento Gremial... no busca subordinar los organismos universitarios a ésta o aquella posición ideológica política. Lo contrario lleva a politizar los organismos gremiales y tarde o temprano puede conducir al totalitarismo”269. En otras palabras, el corporativismo parecía ser la mejor alternativa para evitar el principal peligro: el totalitarismo marxista. Una comunidad organizada, pero despolitizada. El triunfo gremialista de 1968 fue el resultado de la división del movimiento reformista, entre aquellos que querían radicalizar el proceso y quienes pretendían mantenerlo dentro de los márgenes universitarios. Dicho quiebre abrió un espacio al discurso gremialista ante un estudiantado que ya había logrado sus más importantes objetivos. Debe recordarse que la deposición del rector Silva Santiago fue aprobada con el 80% de los votos emitidos en el plebiscito, demostrando el alto consenso que las propuestas de los reformistas tenía al interior de la universidad. No obstante, en la lucha de 1967, esas metas se cumplieron y el movimiento devino en una fuerte

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“Ernesto Illanes habla”, Pec, 31 de octubre de 1968, pp. 12-13. “Carta de Ernesto Illanes al alumnado de la Universidad”, citado por Bárbara Fuentes, op. cit., pp. 54-55.

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politización, en medio de la radicalización del proceso político que vivía Chile en ese momento. El gremialismo logró, así, convocar a un estudiantado que seguía siendo mayoritariamente de clase alta, para concentrarse en una reforma universitaria ajena a la politización más radical270. A partir de este momento, 1968, y hasta 1972, el Movimiento Gremial ganó todas las elecciones de la FEUC, convirtiendo a la Universidad Católica en uno de sus principales centros de poder. Desde allí intentaron crecer en otras universidades, logrando éxitos en la Universidad Católica de Valparaíso; instalaron un núcleo en la Universidad de Chile y otro en la de Concepción. Poco después del triunfo de Illanes, miembros del Movimiento e independientes simpatizantes suyos llegaron a la directiva del Colegio de Periodistas. Más importante aún, en los inicios tempranos de la carrera presidencial para 1970, cuando comenzaban los prolegómenos de lo que más tarde sería el Movimiento Alessandrista, exponentes del Movimiento Gremial de la Universidad Católica ingresaron a él. A nivel de dirección se encontraba Jaime Guzmán y entre sus adherentes, Jovino Novoa. En suma, las nuevas derechas aparecidas a mediados de los sesenta eran en algunos sentidos herederas de la anterior, pues conservaban mucho de su elitismo, de su devoción al derecho de propiedad, y de su defensa de la legalidad existente que aseguraba la dominación. Eran distintas en tanto valorizaban el papel de la política, tenían un proyecto alternativo al existente y estaban dispuestas a la acción. Esto las hacía derechas ofensivas.

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Manuel A. Garretón y Javier Martínez, op. cit., pp. 46-47.

CAPÍTULO IV “LOS DOLORES DEL PARTO” (1967-1969)

El gobierno del presidente Frei… es víctima en lo interno de la crisis de autoridad más aguda de este siglo en nuestro país y enfrenta e inicia un período de desorden de tal magnitud como ese que conjuró Portales en 1830 y aquella otra que desembocó en el primer gobierno del general Ibáñez… Por lo demás están configuradas las mismas características… Como en las anarquías anteriores tal estado de cosas solo puede ser detenido por un régimen de autoridad encauzado por un gobierno fuerte, impersonal, nacionalista… No obstante este oscuro horizonte, mantenemos nuestra fe en el sentido acendrado del deber y de justicia que siempre ha distinguido al Poder Judicial como a las Fuerzas Armadas. (Voto Político del Partido Nacional, julio de 1967) Si los ex Ministros nombrados [Enrique Ortúzar y Ernesto Pinto Lagarrigue] se unieran al nuevo partido que están formando liberales, conservadores y pratistas ¿Ud. los seguiría? Será traicionar la causa del alessandrismo. Todo el sentido de la Presidencia de don Jorge Alessandri, estuvo en la lucha sin cuartel contra la prepotencia y la irresponsabilidad parlamentaria… Liberales y conservadores ya cumplieron su misión en Chile. El pueblo los abandonó. No los va a seguir ahora porque se juntan. Dos viejos no hacen un joven. Dos fracasos no hacen un éxito (Presidente del Movimiento de Acción Democrática, 1966)

Como hemos podido apreciar, hacia mediados de 1967 ya estaban articuladas dos derechas de nuevo tipo: una que buscaba explícitamente recuperar el ámbito político-partidario, y otra, nacida en el medio estudiantil, pero con una base doctrinaria clara que le permitió alcanzar el poder en el medio en el cual se desenvolvía y que le permitiría ulteriormente convertirse en un movimiento político propiamente tal. En otras palabras, en la segunda mitad de la década del sesenta la derecha todavía

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no había logrado consensuar en torno a su relación con el mundo de la política y la expresión que ella adoptaría. El propósito de este capítulo es explicar las tensiones que el parto de la nueva derecha significaron, especialmente el rumbo seguido por el Partido Nacional y su relación con las otras expresiones derechistas involucradas en la lucha política –nacionales, gremialistas y alessandristas–, como los efectos de sus pugnas. Como ha explicitado nuestra hipótesis central, éste fue un período en que distintas propuestas derechistas competían por convertirse en su expresión política única, de modo que al estar ya articuladas claramente dos de ellas, intentaremos dar cuenta de los conflictos y puntos de acuerdo que caracterizaron esta etapa y los efectos que ello tuvo. Hemos incorporado a este proceso al denominado “alessandrismo”, el cual hace su reaparición definitiva durante 1968, tras una nueva candidatura del ex presidente de la República Jorge Alessandri, y que pretendió su independencia de las otras fuerzas en disputa. Si bien existían numerosos alessandristas tanto entre los nacionales como entre los gremialistas, el alessandrismo se levantó como un movimiento aparte y sólo organizado en torno a la figura del ex presidente. Aunque estamos claros de que en este debate también participó la derecha económica, las referencias a ella sólo serán tangenciales para explicar su impacto sobre la lucha entre quienes se disputaban la arena política. Como señalamos en el capítulo correspondiente, el Partido Nacional intentó convertirse en el nuevo referente de la derecha política, en tanto su nueva expresión partidaria, como la representación de los intereses de los sectores sociales a los que convocaba: derecha económica y algunas capas medias. En otras palabras, el Partido Nacional trató de hegemonizar desde la política a lo que definió como las bases sociales de la derecha. Este objetivo, sin embargo, se vio truncado, desde nuestro punto de vista, por tres razones fundamentales: en primer lugar, el crecimiento de los movimientos sociales y el fortalecimiento de la izquierda y el centro con sus propuestas de transformaciones estructurales, lo cual dificultó la llegada de un discurso de cambio limitado, como era el propuesto por la derecha. En segundo lugar, la estrategia opositora seguida por los nacionales respecto al gobierno y al Partido Demócrata Cristiano y su derivación anticomunista, afectando su redefinida identidad. En tercer lugar, por la competencia de otras propuestas. En relación al segundo punto, el Partido Nacional optó por una “oposición intransigente” respecto del gobierno y su partido, priorizando por la confrontación en lugar de la búsqueda de posibles puntos de encuentro, lo cual fue en desmedro de sus ambiciones alternativistas,basadas en el proyecto levantado en 1966. Su interpretación del gobierno como filo comunista y totalitario, derivó en una exacerbación del tradicional anticomunismo de la derecha, acentuando las tendencias intolerantes y conflictivas.

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Tal disposición favoreció una postura más inserta en la lucha política que en lo proyectual, lo cual lo debilitó. Por último y con respecto al tercer factor, creemos que la competencia de otras propuestas derechistas, como el gremialismo del movimiento de la Universidad Católica, y el alessandrismo “independiente”, derivaron en la falta de reconocimiento de la pretendida hegemonía del Partido Nacional, debilitando sus afanes de unidad y haciendo de la pugna intraderecha el leit motiv del período. Aunque éste, desde nuestra óptica, fue un factor de gran relevancia, no será desarrollado en toda su extensión en este capítulo, toda vez que él se entremezcla con el problema de la candidatura presidencial derechista para 1970, cuestión que abordaremos en el capítulo siguiente. En ese sentido, este capítulo se concentra preferentemente en el Partido Nacional y sólo hace algunas referencias a los otros actores derechistas, quienes serán retomados en su faz más política más adelante. Hacia 1969, es evidente que ninguna de las fuerzas en pugna ha logrado imponerse y tal será el contexto-marco en el que se levantará la candidatura presidencial de Jorge Alessandri. Desde la óptica de este trabajo, las rivalidades y desacuerdos que es posible observar en estos tres años, refuerzan la hipótesis central acerca de tratarse de un período en que se está presenciando un verdadero parto político y las contracciones y dificultades que conllevó.

1. Nacionales: ¿estilo o proyecto? Una vez superada la primera etapa organizativa durante 1966, el Partido Nacional debió abocarse a la tarea de lograr un espacio en el espectro político del que la derecha había sido expulsada dos años antes. Esa oportunidad fue ofrecida por las elecciones municipales de abril de 1967, ocasión en que los nacionales decidieron probar fuerzas. presentando candidatos en 248 comunas. Como explicamos en el capítulo II, el partido optó por una estrategia confrontacionista con el gobierno, priorizando un tipo de campaña y de propaganda de denuncia de dicha administración y de la Democracia Cristiana. A mediados de marzo de ese año, durante la ceremonia de proclamación de los candidatos, los dirigentes nacionales a cargo del evento centraron sus discursos en una aguda crítica a la gestión gubernamental, acusándolo, como venían haciéndolo desde su nacimiento, de pretender constituirse en un régimen de partido único, como de la falsedad de las promesas hechas durante la campaña de 1964 y lo supuestos éxitos de la gestión del presidente Frei, el cual disfrazaba las cifras de obras de adelanto social. A juicio de los nacionales, lo que prevalecía entre la ciudadanía era una “profunda frustración” provocada por los errores y desaciertos de las autoridades que conducían, inevitablemente, “a las puertas de un sistema totalitario”. Asimismo, se destacó el alza del costo de la vida y la equivocada política de abastecimiento alimenticio,

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denunciando el peligro que acechaba al más importante organismo intermedio, el municipio, el cual en manos democratacristianas se había debilitado con los proyectos de promoción popular y de juntas de vecinos que buscaban convertirse en un poder “paralelo”. El vicepresidente del partido, Sergio Onofre Jarpa, reafirmó la confianza en que la nueva derecha saldría fortalecida de este torneo electoral, constituyéndose en el eje de una verdadera alternativa democrática “fundada en los más auténticos valores de la tradición chilena, abriendo una nueva esperanza para Chile”271. Estas tendencias discursivas fueron avaladas por el presidente de los nacionales, Víctor García Garzena, quien aseguró que El país siente inseguridad cuando conoce los acuerdos de organismos del partido único de gobierno y las instrucciones y declaraciones de sus ideólogos. No pasa inadvertido en la opinión pública que un congreso de campesinos de la Democracia Cristiana declare que la zona central debe ser devastada, ni deja de observar con estupor las formulaciones doctrinarias de los señores Bosco Parra, Garretón y Ambrosio, en que señalan que el país debe entender que quien manda es la Democracia Cristiana, que los productores a ella deben obedecer272.

Agregó en esa misma ocasión que la inseguridad provenía del temor ciudadano de la decisión gubernativa de avanzar hacia la eliminación de cualquier control sobre sus acciones, mientras las huelgas se extendían por el campo y la clase media sentía los azotes del régimen tributario impuesto. La desconfianza se despertaba cuando se inauguraban obras que llevaban años y no se reconocía el aporte de las administraciones anteriores que eran las que verdaderamente habían planeado y celebrado los contratos. Tal había sido la situación en el caso de la refinería de Ventanas, el ferrocarril eléctrico a Chillán o las poblaciones Corvi. El gobierno no hacía sino “engañar”. El temor, por último, era fruto de las presiones para apoyar al gobierno, pues de lo contrario se cernía la amenaza de ser expropiados, se les podían negar las utilidades con la CORA, o perder su eventual título de dominio. Este tipo de discurso fue reiterado en los afiches propalados por el partido en los cuales se privilegiaba la acusación a la administración vigente y la imagen de crisis. De acuerdo a tales documentos, la Democracia Cristiana en el gobierno había creado una casta de privilegiados, entre los que se contaban los asesores con sueldos especiales, los viajeros con viáticos permanentes, los favorecidos con los créditos estatales, como los simpatizantes del “dogma” político y los “teóricos e ideólogos que experimentan con dinero ajeno y con la suerte del país”. Frente a esos privilegiados estaban los otros chilenos, aquellos sometidos “a las duras e injustas exigencias”, es decir, los impuestos excesivos, las trabas opuestas a su iniciativa, el déficit habitacional, la

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El Diario Ilustrado, 13 de marzo de 1967, p. 5. El Diario Ilustrado, 31 de marzo de 1967, p. 4.

escasez de alimentos, la cesantía provocada “por la asfixia de las fuentes de trabajo”, las “amenazas permanentes a los ciudadanos que expresen su desacuerdo con el gobierno” como la “propaganda irritante que intenta distorsionar la realidad chilena”273. Para apoyar tales ideas se insistía en un imaginario desastroso: el país estaba sumido en problemas a los cuales el gobierno no daba solución, como una cesantía creciente por la paralización de obras públicas, baja de la producción agrícola, alza del costo de la vida, ausencia de expectativas para los jóvenes en su anhelo de ingresar a la educación superior, todo lo cual ocurría porque no se contaba con un gobierno que gobernara para Chile, sino para un partido274. De este tipo de propaganda es posible destacar al menos dos aspectos: el primero dice relación con su íntima conexión con la Democracia Cristiana. Se trataba de una derecha que se definía y actuaba en gran medida con respecto al partido en el poder, más que a la izquierda, evaluándola, en todo caso, como igualmente desastrosa. Si no hubiera existido el marxismo, habría sido el mal en su máxima expresión. La campaña de los nacionales se concentró en la denuncia más que en lo propositivo, una denuncia que buscaba afirmar la tesis de tratarse de un gobierno creador del caos y la destrucción del país: una administración falseadora de la realidad, discriminadora y totalitaria. Detrás de esas denuncias estaba, por cierto, la defensa del derecho de propiedad en la crítica a las expropiaciones, en la supuesta incertidumbre que amenazaba a los propietarios, en la “asfixia” que afectaba al trabajo, las trabas a la iniciativa privada. Esta imagen de decadencia, de un partido decidido a destruir cualquier oposición, no podía tener como objetivo sino la instalación de una dictadura, antesala del marxismo. Este es el segundo aspecto a destacar: la sombra de comunismo. La propaganda casi no se refirió a la izquierda real, sino a una Democracia Cristiana que le estaba facilitando el camino en un futuro eventual. El “campeonato demagógico” entablado entre el partido de gobierno y el Partido Comunista daba como resultado la activación de proyectos de transformación estructural de carácter totalitario: “El país se encuentra así frente a una competencia extremista: su resolución y otra más, se resuben (sic) recíprocamente los máximos dirigentes ‘revolucionarios’, Aylwin y Corvalán”275. Tal campaña tuvo su culminación con el discurso del senador Pedro Ibáñez, quien hizo un llamado a ciertos chilenos: “Para nosotros sólo ha quedado la arena donde se lucha. Y es aquí donde

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“Ser chileno o ser democratacristiano” en El Mercurio, 22 de febrero de 1967, p. 21; Pec, 31 de marzo de 1967. Partido Nacional, “Gobernar para Chile o gobernar para un partido”, El Mercurio, 1 de marzo de 1967, p. 22. “El campeonato demagógico y el buen sentido nacional”, El Mercurio, 30 de marzo de 1967, p. 17.

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llamamos a los que tienen fe y no tienen miedo. A los que no se esconden bajo el catre ni aceptan indecorosas transacciones, ni viven sólo preocupados de su plata”276. ¿Hubo propuestas?: pocas y más bien de manera implícita. Los nacionales destacaban el hecho de ser un partido distinto, ajeno a los intereses que veían en sus adversarios; un partido que aspiraba a impedir la proletarización de la clase media, impulsar el progreso social y económico de los sectores más postergados y estimular la iniciativa creadora. Por eso demandaba de las autoridades la “liberación” de los campesinos de los asentamientos, la reanudación de las obras públicas, el aumento de la producción agrícola, la supresión de las presiones sobre los medios de comunicación y el fin de la cesantía277. Si se compara esta campaña con los anhelos explicitados en abril y mayo de 1966 es posible constatar que el partido se fue concentrando en algunas de sus propuestas centrales. Como señalamos, el Partido Nacional se propuso recuperar el espacio político, al que la derecha histórica le había dado una importancia menor dados los enclaves políticos y corporativos existentes. La participación en las elecciones municipales del año siguiente era coherente con ese deseo de recuperación. El tono de la campaña coincidía, igualmente, con el nuevo espíritu que debía envolver a la nueva derecha, de una mayor competitividad y no cooptación, lo cual suponía hacer hincapié en lo proyectual y la independencia del gobierno. En ese sentido, durante la campaña municipal se priorizó la confrontación y del proyecto sólo se remarcó la defensa del derecho de propiedad y la invocación al nuevo segmento social a captar: la clase media, pero como parte de la denuncia, que fue el eje central. La distancia que debía caracterizar su relación con el gobierno para llegar a convertirse en una verdadera alternativa, parece haberse interpretado como una práctica de lucha política sin cuartel, en el que la imagen del gobierno y de su partido debía ser destrozada. Gran parte de los discursos estuvieron dirigidos al análisis de los casi tres años de gobierno y el desastre que había significado al país. De acuerdo a esa tónica, la imagen fue la de un partido dispuesto más al combate que a la articulación de un proyecto propio, claro para el electorado. Esto fue reconfirmado en la evaluación hecha a los resultados obtenidos, donde el Partido Nacional alcanzó el 14,28% de la votación, es decir, recuperó la última votación de conservadores y liberales de 1965, frenando la caída sostenida que había venido sufriendo. De acuerdo a Víctor García Garzena, la elección demostraba el rechazo del pueblo al programa del Partido Demócrata Cristiano y su gestión de gobierno. En sus palabras: 276 277

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EL Diario Ilustrado 1 de abril de 1967, p. 3. Partido Nacional, “Ud. y yo pertenecemos a la gran familia de los hombres y mujeres de trabajo” y “El campeonato demagógico y el buen sentido nacional”, El Mercurio, 23 y 30 de marzo de 1967, p. 32 y 17 respectivamente.

La inmensa mayoría de los chilenos expresó su repudio a la prepotencia, el sectarismo y la demagogia que caracteriza al gobierno democratacristiano, a la persecución con que se ha pretendido someter o atemorizar a los funcionarios... la soberbia oficialista que no admite críticas, los intentos de avasallar a otros poderes públicos... el rechazo al intento de un partido que diciéndose cristiano ha tratado de sembrar el odio, la venganza y la división entre los chilenos...278.

Si algo se rescataba del triunfo nacional eran las muchas dificultades que debió afrontar durante la elección como la falta de recursos y la campaña del gobierno y de los comunistas para mostrar al nuevo partido como asociado a los grandes intereses económicos. Tal era el ataque al gobierno que el crecimiento electoral de la izquierda fue interpretado por los nacionales como una consecuencia inevitable del impulso que se había dado a los planes colectivistas en el plano social, el estatismo económico y el socavamiento de las bases de la nacionalidad279. La votación obtenida en las muncipales parece haber confirmado las tendencias dentro del partido para mantener la actitud de antagonismo absoluto con las autoridades, como lo verificó su decisión de presentar candidato a la elección complementaria por O’Higgins y Colchagua a realizarse a comienzos de junio de ese año, pues era necesario “liberar al país de la dictadura del partido único como lo es la Democracia Cristiana y liberar al país para siempre de la amenaza del marxismo”. Coherente con ello, la candidatura de García Garzena pretendía luchar por la defensa de la nacionalidad, socavada a su entender por la DC y el comunismo, para terminar con los derroches fiscales y restablecer la libertad de trabajo. Como señalaba uno de sus afiches de campaña: “De la revolución a la desintegración... y del equívoco concepto de Revolución en Libertad ha venido a quedar en evidencia solo un revoltijo de apetitos, desórdenes adminitrativos, falencia fiscal y anarquía partidista que justifican la reserva de quienes aconsejaban no entregar la locomotora a un niño”280. Estos mismos argumentos volvieron a presentarse con motivo del mensaje presidencial del 21 de mayo, interpretado por los nacionales como un nuevo engaño, no acorde con la inflación existente, los excesos de gasto público y la ausencia de beneficios, el crecimiento desmesurado de la burocracia y la práctica de una política de desarrollo social destinada únicamente al “proselitismo político”. Como señaló el senador Bulnes, existía demasiado optimismo en las frases de Frei, en circunstancias que la reforma

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“Declaración del Partido Nacional sobre resultados de elección de regidores”, El Mercurio, 12 de abril de 1967, p. 23. Partido Nacional, “El pueblo de Chile dijo No al plebiscito del PDC”, El Diario Ilustrado, 12 de abril de 1967, p. 3. El Mercurio, 7 de junio de 1967, p. 21.

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agraria que se estaba aplicando en algunas regiones era un fracaso, contraproducente para el objetivo de aumentar la producción281. Hemos reproducido parte de los discursos y de la propaganda nacional durante el primer semestre de 1967 para ilustrar el camino que fue tomando la reaparición de la derecha en el escenario político, el cual se caracterizó por la confrontación. Ella no sólo se remitió a lo discursivo, sino también a su accionar parlamentario, en donde en general se adoptó una actitud crítica y denunciativa, rechazando muchos de los proyectos presentados. Esta opción de antagonismo se vio reforzada por el contexto del momento, dominado por los últimos trámites antes de la promulgación de la ley de reforma agraria y la instalación en Chile de un comité de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), acordada en la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966 y patrocinada por el Partido Socialista. El 16 de julio de 1967 el presidente Frei promulgó, en un acto público en la Plaza de la Constitución, la ley de reforma agraria que modificaba el derecho de propiedad y mostraba la inutilidad de los esfuerzos hechos por las organizaciones gremiales agrícolas y las quejas de los nacionales en su contra, pues finalmente las garantías por ellos buscadas, en general no habían sido obtenidas. Esto es, la reevaluación de las 80 hectáreas de riego básico como causal de expropiación y el modo como estaban planteadas las indemnizaciones a los propietarios. La SNA estaba plenamente consciente de la urgencia de encontrar una fórmula para proteger al empresario eficiente y contrarrestar la imagen falsamente retardataria que desde su punto de vista se le había atribuido. La acción, a juicio del presidente de esa entidad, debía ser gremial y no política, y concentrarse en cómo evitar su aplicación. La Convención de Agricultores realizada en San Felipe, por estos días, dejó en claro su decidida oposición a la reforma y su llamado a una “guerra santa”282. En ese sentido, julio de 1967 constituyó un hito, pues redefinió en parte el marco de la lucha política. A ello vino a sumarse la iniciativa a comienzos de junio de ese año de instalar en Chile un comité de OLAS. Esta propuesta fue interpretada por la derecha mediática y partidaria como una intervención extranjera en el país, incompatible con el régimen político vigente, por lo cual debía impedirse a toda costa su materialización, acusando al senador socialista Salvador Allende, a la sazón presidente del Senado, de “guerrillero”. Como se sabe, OLAS tenía como objetivo la solidaridad con los pueblos dominados por el imperialismo norteamericano y carentes del respeto a las libertades civiles, y adoptaría su forma específica dependiendo de la realidad nacional en la que 281

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El Diario Ilustrado, 27 , 28 y 31 de mayo de 1967, p. 3. También véase El Mercurio, 27 y 28 de mayo, p. 33. La Nación 21 de junio de 1967, p. 3; El Mercurio, 24 de junio de 1967, p. 3; Pec 4 y 25 de agosto de 1967, p. 8.

actuara, pues era un acuerdo “convergente en el contenido, múltiple en sus formas”283. El acuerdo de La Habana partía del supuesto de que América Latina se encontraba en una fase de abierta lucha antiimperialista, para la cual se requería, siguiendo el ejemplo de los líderes de la Independencia, el apoyo solidario de todos los países del continente, tal como Estados Unidos había patrocinado pactos interamericanos (OEA) y militares (TIAR, PAM, lucha antiguerrillera), pero no se trataba, según afirmaban los comunistas chilenos, del “Estado Mayor de la revolución latinoamericana”284. La posterior constitución de este organismo en Chile ofreció el argumento necesario para reforzar la tesis de los nacionales de que la Democracia Cristiana preparaba el camino para el triunfo marxista y la concreción de esa amenaza en el país. Como señalaría la prensa derechista, había sonado la hora de la “guerrilla” en Chile. Estos dos hechos favorecieron las tendencias menos pacíficas dentro del Partido Nacional, el cual fue confirmando el camino adoptado a comienzos de ese año. A partir de este momento, el anticomunismo ocupó un lugar central en sus pugnas políticas, interpretando todo acontecimiento como producto de la penetración marxista. En efecto, tanto El Diario Ilustrado como El Mercurio se concentraron en el tema de OLAS y la “guerrilla”. Para ambos, Allende adoptaba un doble carácter en el escenario político, pues mientras era representante de uno de los poderes del Estado –presidente del Senado–, a su vez lo sería también de una organización “destinada esencialmente a fomentar la subversión armada y la actividad guerrillera en el continente”. Era inconcebible que por un lado buscara soluciones “incruentas” en la Cámara alta y, por otra, apoyara la tesis “que la resistencia armada va adquiriendo inevitable preeminencia”. A los ojos de estos sectores, la constitución de la filial de OLAS en Chile no significaba sino el “llamado marxista a la violencia revolucionaria”285. El diputado del Partido Nacional, Patricio Phillips, llegó a afirmar que: “Así como se puede formar en Chile una organización antidemocrática, de guerrillas, como la OLAS, se puede formar una organización anti-OLAS, para defender el patrimonio del país. Formaremos esta organización, como antes hubo que crear las Milicias Republicanas”286. Fue en este contexto en el cual se insertaron los procesos que estaban ocurriendo por esos días que, como hemos dicho, decían relación con la promulgación de la ley de reforma del agro, permitiendo la sindicalización campesina; coincidiendo, asimismo, con los conflictos en la Universidad Católica de Santiago analizados en el capítulo III. Así, tanto la agitación campesina como las demandas estudiantiles fueron interpretadas como frutos 283 284 285

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El Siglo 13 de julio de 1967, p. 6. El Siglo, 19 de julio de 1967, p. 7. El Diario Ilustrado, 14 de junio de 1967, p. 2 y El Mercurio, 11 y 17 de junio de 1867, p. 43. Véase el resto del mes en ambos diarios. El Siglo 18 de julio de 1967, p. 3

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de la acción del comunismo, pues se afirmaba que existía absoluta coincidencia entre los puntos de vista del comunismo internacional con los de los dirigentes de la FEUC y, posteriormente, con la de los dirigentes de otros centros universitarios. El Partido Nacional compartió públicamente estas apreciaciones, aconsejó a su Junta Ejecutiva y a la Comisión Política sobre la necesidad de reflexionar acerca de la posición que adoptaría frente al “reagrupamiento de la izquierda y el peligro que ello representa para la democracia”. La centralidad alcanzada por OLAS derivó en el proyecto de los nacionales de censurar al senador Allende como presidente del Senado por su participación en dicho organismo. El Partido Nacional demandó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, puesto que su presencia en el país revestía un caso de penetración extranjera. De acuerdo a Sergio O. Jarpa, la censura de Salvador Allende respondía a un deber patriótico y de defensa de la soberanía chilena, pues era inaceptable la existencia en el país de organizaciones dirigidas y financiadas en el extranjero, sobre todo tratándose de movimientos “subversivos” que buscaban la penetración comunista en Iberoamérica. La mantención de dicho senador socialista en el cargo que ostentaba sólo dañaría la imagen externa de Chile287. Es importante reparar en las declaraciones de Jarpa, pues ellas revelan el nivel al que se pretendía llevar la lucha política: el Partido Nacional vinculó la creación de ese comité con un problema de soberanía nacional, de imagen externa y de amenaza a la seguridad nacional. Estas afirmaciones son importantes, porque coincidían con un debate abierto por esos días y relacionado con la situación económica de las fuerzas armadas. Como es sabido, durante el gobierno de Frei Montalva dichas instituciones fueron afectadas por la mantención de una política de baja de presupuesto aplicada por los sucesivos gobiernos desde 1932 y repuesta por el presidente Jorge Alessandri, luego del interregno del gobierno del ex general Carlos Ibáñez, cuando esa situación fue revertida. Desde fines de los años cincuenta, el problema de los bajos sueldos de los uniformados, como las deficiencias del aprovisionamiento, estuvieron en la orden del día, pero se agudizaron en los años de la administración democratacristiana, concentrada en los proyectos de transformación estructural288. El tema militar estaba siendo atendido por el gobierno y mantenía un tono bastante discreto. No obstante, desde comienzos de julio de 1967 –en medio de la discusión por OLAS–, el problema de la situación de las fuerzas armadas saltó a la prensa derechista, la cual comenzó a erigirse en la defensora de un cuerpo “abandonado” por las autoridades y atacado por el marxismo criollo: específicamente se referían a ciertos discursos del senador Carlos Altamirano y por los cuales fue desaforado. Esto coincidió, a su vez, con una 287 288

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La cita en El Mercurio, 2 de julio de 1967, p. 41; El Diario Ilustrado, 4 de julio de 1967, p. 3. Sobre este tema, consúltese a Augusto Varas et al., Chile, democracia, fuerzas armadas (Flacso: 1980) y Verónica Valdivia O. de Z., El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet (1960-1980), cap. 1.

situación internacional complicada para Chile, pues se estaba enfrentando el conflicto por la zona del Beagle con Argentina. En este ambiente político, el Partido Nacional realizó un Consejo en el cual se evaluó tanto la situación de ciertos funcionarios estatales como los de las fuerzas armadas y del poder judicial, cuya aflicción preocupaba a la colectividad porque “sobre ellos descansa el orden y la seguridad de la República”. De acuerdo a su análisis, bastaba que el gobierno despidiera a los nuevos funcionarios contratados –“asesores y promotores de dudosa utilidad”– para financiar el mejoramiento de las fuerzas armadas, ya que era imposible un aumento tributario. Esta defensa de los militares fue conectada con la instalación de la filial de OLAS, refutando la tesis gubernamental de que en ese caso no era aplicable la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque no se podía sancionar intenciones, ya que los partidos de izquierda no habían cometido acción concreta alguna. De acuerdo al análisis democratacristiano, dicho organismo “nacía con los pies de barro”, pues no lograría aglutinar a todos los sectores antiimperialistas, dado el sectarismo comunista, y carecía de una tarea concreta a realizar, pareciendo responder más a los confictos dentro de la izquierda respecto de la “identificación revolucionaria” que a otra cosa. En sus palabras: “Hasta ayer estaban quedando desplazados por la acción guerrillera y por las palabras quemantes de Fidel Castro, que les negaba la calidad de ser auténticamente revolucionarios. La OLAS opera el milagro de la transformación de los partidos del FRAP en colectividades combatientes y lúcidas”289. Desde ese punto de vista solo cabía una sanción moral, pero no jurídica. Según los nacionales, ello no era así, ya que la izquierda había ayudado a una potencia extranjera con el fin de desconocer el principio de autodeterminación de Chile, fomentaba la violencia y hacía apología de doctrinas que propugnaban la violencia. Acorde con esto, el Partido Nacional exponía: La Comisión Política estima de su deber representar al gobierno que su primera obligación es la de defender la soberanía de Chile y el orden institucional… Si el gobierno rehúye el cumplimiento de su deber, el Partido está cierto que todos los chilenos sabrán defender con valor y patriotismo su libertad y la nacionalidad. En esta lucha,el Partido Nacional estará a la vanguardia290.

En otras palabras, se acusó a la administración Frei Montalva de poner en peligro la seguridad y la soberanía del país, redefiniendo la función de los militares. Como señaló el senador Francisco Bulnes: “¿Cómo vamos a pedir a nuestras fuerzas armadas respeto a nuestras normas democráticas, si ellas saben que las guerrillas que propicia OLAS están dirigidas contra ellas?”. Como afirmaba la prensa comunista, la repentina

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La Nación, 19 de junio de 1967, p. 5. Partido Nacional, “La subversión marxista y las guerrillas no prosperan en Chile”, El Diario Ilustrado, 22 de julio de 1967, p. 3.

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preocupación derechista por la situación de las fuerzas armadas buscaba provocar un antagonismo entre las masas populares y dichas instituciones, de modo de frenar las transformaciones estructurales291. Esta escalada contra el gobierno y la izquierda se agudizó durante el Consejo General del partido celebrado a mediados de agosto, cuando su presidente Víctor García aseguró que Chile afrontaba cuatro problemas fundamentales: el colectivismo “legalista” y el ataque a la empresa privada; el peligro del marxismo y su intención de emplear la lucha armada; el agudo pesimismo que invadía al país, y el uso por parte del marxismo y de la Democracia Cristiana de todos los medios para aniquilar el principio de autoridad y demoler la disciplina. Frente a esta realidad crítica era urgente aplicar la ley de seguridad interior del Estado contra las huelgas y todo acto de ilegalidad. El Consejo concluyó con un voto político que reiteraba el fracaso de los doctrinarismos económico-sociales, y reafirmaba al Partido Nacional como la única alternativa democrática, por lo cual “recae sobre nosotros la responsabilidad de ser la sola fuerza política que propicie y defiende el estado de derecho”. Asimismo, se aprobó el rechazo a las reformas estructurales que sólo habían producido desintegración, desestimando el gobierno una seria reestructuración política, llegando a proponer una reforma constitucional cuyo resultado concreto había sido “la desquiciadora modificación al art.10 del No.10 de nuestra Carta Fundamental”. Por último, se acusaba al gobierno de estar acosado por la conspiración de OLAS que impulsaba la subversión violenta. En pocas palabras, según el Partido Nacional el país era “víctima de la crisis de autoridad más aguda de este siglo... y enfrenta e inicia un período de desorden de tal magnitud como esa que conjuró Portales en 1830 y aquella otra que desembocó, luego de una sucesión de asonadas, en el primer gobierno del general Ibáñez en 1927. Como en las anarquías anteriores, tal estado de cosas sólo puede ser detenido por un régimen de autoridad encauzado por un gobierno fuerte, impersonal y nacionalista”. Estas ideas fueron reforzadas días más tarde por Jarpa, quien durante la Asamblea de la Asociación de Defensa del Contribuyente afirmó que “el país está viviendo en su historia, su tercera época de anarquía”292. La decisión de los nacionales de desarrollar este antagonismo intransigente alcanzó su punto máximo a fines de agosto de ese año, cuando emitió una declaración pública, apoyando ciertos artículos contra Chile aparecidos en la prensa extranjera y acusando al gobierno de poner en peligro al país. En los últimos días de ese mes, el Jornal do Brasil, diario conservador de Río de Janeiro, se refirió a la situación de “debilidad militar” de Chile y el peligro que revestía para el continente la existencia

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El Siglo, 13 y 26 de julio de 1967, pp. 6 y 3, respectivamente. El Diario Ilustrado, 16 y 23 de agosto de 1967, p. 3.

de una filial de OLAS, cuestión que era intolerable. Comparó la situación chilena del momento con la vivida por Brasil antes del derrocamiento del presidente Joao Goulart, en 1964, vaticinando que tal sería el destino del presidente Frei. Todos los partidos políticos chilenos rechazaron esa comunicación por considerarla una intromisión, a excepción del Partido Nacional, el cual emitió una declaración, en la cual defendió y reiteró su insistencia de los últimos meses acerca de la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de los elementos necesarios para la defensa de la soberanía nacional, como en la urgencia de “contrarrestar el círculo de presión fronteriza constituido por Bolivia y Argentina”, mejorando las relaciones con aquellos países que históricamente habían sido amigos de Chile. Afirmaba que el partido había mantenido una actitud permanente de defensa de la soberanía nacional “denunciando y criticando la política débil y vacilante asumida ante las provocaciones y pretensiones de Bolivia, [como] la temerosa reacción ante el incidente de Laguna del Desierto…[y] la pasividad del gobierno ante los constantes atropellos a la soberanía en la zona austral”. Consistente con ello, el partido se había opuesto al reconocimiento del gobierno militar argentino, “cuyos propósitos expansionistas y hegemónicos son conocidos”, mientras no se comprometiera a aceptar el arbitraje para el problema del Beagle, al tiempo que era comprensible la actitud de debilidad del gobierno y del marxismo “pues se trata de partidos internacionales para quienes los conceptos de patria y de soberanía tienen solo validez circunstancial”293. El gobierno reaccionó violentamente, aplicando a la directiva del partido la Ley de Seguridad Interior del Estado, pues a su juicio la declaración citada constituía un acto de provocación al país y al gobierno legítimo, especialmente grave en un momento en que se estaba negociando con la nación argentina el arbitraje por la zona del Beagle. Según el planteamiento gubernamental, la declaración constituía un delito contra la seguridad exterior e interior de Chile y contra el orden público. La declaración del Partido Nacional, conocida nacional e internacionalmente, de que Chile se encontraba militarmente desguarnecido en ese contexto de una situación internacional conflictiva y “halagar” a las fuerzas armadas por la política de presupuesto constituían una transgresión a la seguridad del país, quedando de manifiesto “dónde está el origen de esta campaña de difamación y de los intentos subversivos”. Asimismo, se propagaban en el interior y exterior noticias “tendenciosas y falsas” destinadas a perturbar la seguridad al afirmar que Chile había sufrido un nuevo atropello a la soberanía en el problema del Beagle, siendo urgente la superación de las deficiencias sufridas por las fuerzas armadas. Más aún, se lanzaban epítetos contra el gobierno argentino, al que se calificaba de “expansionista y hegemónico”, apreciación rechazada por el gobierno

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“Partido Nacional atenta contra interés de Chile”, La Nación, 31 de agosto de 1967, p.1.

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nacional, a la vez que “se trata de evidenciar que el país carece de elementos morales y materiales para defender su integridad”. De acuerdo a la querella presentada, se atentaba contra el orden público al ofenderse y descalificarse al Presidente de la República y dudar del sentido de responsabilidad de su cargo. El ministro del Interior, Bernardo Leighton, señalaba que dicha declaración no constituía un hecho aislado, pues ella venía a culminar una escalada reflejada en los términos usados por los dirigentes nacionales, la caracterización de Chile de vivir la “3ª anarquía” y su afirmación sostenida de existir una inquietud en las fuerzas armadas, creando un clima de incertidumbre e inseguridad. Por último, la aseveración de que las anarquías sólo podían ser “detenidas por un régimen de autoridad encauzada por un gobierno fuerte, impersonal y nacionalista”, era un llamado a la deliberación de las fuerzas armadas294. El resultado de esta querella fue el apresamiento de la Mesa Directiva del Partido Nacional y puestos sus miembros a disposición de los tribunales de justicia por infracción a la ley citada en los artículos referidos a aquellos que ofendieren el sentimiento patrio, por propalar informaciones tendenciosas que alteraban la seguridad del país y las imputaciones al presidente de la República por considerarlo carente del concepto de patria. Asumió interinamente la presidencia del partido el senador Pedro Ibáñez, quien protestó por la detención e incomunicación de Víctor García y demás miembros de la directiva, haciendo responsable al gobierno de “este atropello”, calificado de “acto de despotismo y un atentado sin precedentes”. A su juicio, este incidente abría una angustiosa interrogante sobre el futuro de la democracia chilena y el respeto a las minorías, reiterando los dichos del documento en cuestión, pues debatir acerca de esos temas correspondía a la obligación fiscalizadora que asistía a los partidos de oposición. La interpretación del senador Ibáñez señalaba que la declaración relativa a la zona del Beagle no era la verdadera causa de la querella del gobierno contra el partido, sino el deseo de la Democracia Cristiana de destruir al Partido Nacional. A su entender, el resultado de la elección municipal había puesto en evidencia la pérdida de apoyo electoral de la colectividad de gobierno, el cual se desplazaba hacia los nacionales y, por ende, no podrían volver a tener la mayoría electoral necesaria “para continuar en el poder”295. La 3ª. Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso de amparo presentado a favor de los detenidos, emitiendo un fallo absolutorio, pues a su juicio no había antecedentes que demostraran los delitos imputados, por lo cual fueron puestos

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Ibid. y “Texto de la querella”, La Nación 1 de septiembre de 1967, p. 1. Boletín de Sesiones del Senado, “Encarcelamiento de la directiva del Partido Nacional”, 13 de septiembre de 1967; La Nación, 2 de septiembre de 1967, p. 2.

en libertad al día siguiente. Frente a ello el gobierno apeló a la Corte Suprema, dado que ese único argumento era débil y la declaración probaba los delitos en un momento complicado con Argentina. A juicio democratacristiano, ya no se trataba de una simple “crítica” de los nacionales, toda vez que estaba dirigida a movilizar a determinados actores sociales y, por tanto, cambiaba de carácter. Es evidente que la drástica decisión del gobierno de apresar a la Mesa Directiva del Partido Nacional no se debió exclusivamente a la declaración objeto de la querella, aunque ella respondiera a los cargos que se le formulaban, sino traducía una acción conspirativa de más largo alcance. Según los análisis comunistas, si el gobierno se había decidido a realizar esta acción era porque los preparativos golpistas habían avanzado demasiado y debían ser detenidos. Debe tenerse en consideración no sólo que el problema económico militar comenzó a explotar en este período, sino que también los grupos políticos que buscaban canalizar dicho descontento comenzaron a moverse, tratando de hegemonizarlo, movimientos que derivarían en el Tacnazo dos años después. La querella gubernamental se decidió cuando las declaraciones de algunos dirigentes nacionales llamaban abiertamente a la deliberación castrense: poco antes, Mario Arnello había propuesto una declaración política propiciando una organización corporativa, mientras el líder de la fracción nacionalista dentro del Partido Nacional, Jorge Prat, estuvo escribiendo numerosos artículos a favor de un mayor protagonismo militar. Reivindicando las deficiencias económicas de esas instituciones, Prat señaló que las bajas rentas desmejoraban la “calidad” de nuestros uniformados, haciéndolos entrar en una era de “frustración y de desaliento y a la postre de rebeldía”. Poco después había afirmado que: “Las Fuerzas Armadas han sido el gran mudo de nuestra historia institucional, política, administrativa y legislativa. ¿Complejos de inferioridad de las jefaturas?... En mi opinión se ha llegado a la hora extrema. Un jefe que no sabe obtener lo que su institución necesita para ser capaz de responder ante el país, debe irse. No puede ser encubridor de una catástrofe en preparación. No puede ser aval de la desintegración de lo que constituye la espina dorsal de la nación”296. Las declaraciones de Prat son importantes por varias razones. En primer lugar, porque fue el primero en sostener que la función de las fuerzas armadas excedían el marco de la defensa de la soberanía externa y debía extenderse al orden interno; planteamiento ya hecho en los años cuarenta. En segundo lugar, porque Prat creía en una acción decidida contra las tendencias socializantes, como lo probó su participación en Acción Chilena Anticomunista. Y en tercer lugar, porque él fue parte de

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Estos fueron parte de los documentos presentados junto con la apelación del gobierno, véase también El Siglo, 6 de septiembre de 1967, p. 3. Prat también había dado una entrevista a Ercilla, en la cual afirmó que las fuerzas armadas eran la “espina dorsal más sólida y firme, y cuando todo lo demás se dobla y cede, la opinión pública piensa en ellas”.

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varias conspiraciones donde estuvieron involucrados altos oficiales de las fuerzas armadas, como fue el caso de “Línea Recta” en 1955-1956 y, además, era el líder de la tendencia nacionalista dentro de los nacionales297. Los artículos citados manifiestan la reiteración de estas tendencias militaristas, escépticas de la democracia, pues justificaban la subversión militar en razón de los problemas económicos que afectaban a esas instituciones, el derecho a la “rebeldía”. Asimismo, socavaban la autoridad de los altos mandos al señalar su sentido de inferioridad (es decir, de debilidad e ineficiencia) para defender los intereses de los institutos militares, peor aún, sugiriendo su renuncia. Tal estrategia fue una de las más efectivas para ahondar los conflictos cívico-militares en la época. Reafirmaba la tesis del Partido Nacional de que Chile estaba en un proceso de desintegración del cual ni las fuerzas armadas habían podido escapar y, por último, reiteraba que esas instituciones eran el sustento de la nación, su espina dorsal, en desmedro de la civilidad y la institucionalidad de raíz liberal. Prat no sólo había participado en conspiraciones, sino había sido profesor de la Academia de Guerra del ejército –como muchos nacionalistas–, del mismo modo que Jarpa y Patricio Phillips habían pertenecido a esos institutos en épocas pasadas, llegando a ser oficiales. En fin, los lazos con un mundo militar en ebullición daba sustento a los temores gubernativos de actos reñidos con las prácticas democráticas y amenazas que podrían ser más peligrosas que las declaraciones. Aunque las fuentes no nos permiten asegurar la inminencia de un golpe, la manipulación del tema militar y los lazos que existían con muchos de sus miembros, como sus términos, permiten reafirmar la tesis de un partido que desvió su camino y optó por la “guerra” como “estilo”, como por un acercamiento a las fuerzas armadas como posibles resolutoras del conflicto al que se enfrentaban. La Corte Suprema si bien confirmó en general la anterior resolución de la Corte de Apelaciones, estableció un voto de minoría, correspondiente al juez Rafael Retamal López, quien señaló que debía negarse la apelación al amparo en el caso de dos de los detenidos, porque habían antecedentes suficientes para establecer la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito que fueron materia del requerimiento del Ministro del Interior. Estos eran el delito de propagación por escrito de noticias e informaciones tendenciosas destinadas a perturbar la seguridad del país, el de incitación a la subversión del orden público, y el de injurias y difamación de S.E el Presidente de la República y del Sr. ministro de Relaciones Exteriores. Estos cargos

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Sobre Prat, véase Verónica Valdivia O. de Z. “Nacionalismo e Ibañismo” y “Camino al golpe”, ya citados; también “Nacionalismo, Ibañismo y Fuerzas Armadas: Línea Recta y el ocaso del populismo”, Contribuciones Científicas y Tecnológicas, No. 116, 1997.

eran aplicables a Víctor García Garzena y Sergio Onofre Jarpa298. Aunque se trató de un voto de minoría, es interesante que al menos hubiera un juez que considerara atendible la querella del gobierno y presumiblemente ciertas las denuncias en contra del partido. No obstante, la liberación de los dirigentes nacionales fue asumida como una prueba a su favor y en desmedro del gobierno, lo que facilitó la confirmación de la estrategia confrontacionista –el nuevo estilo– que, después de este incidente, prácticamente significó el rompimiento de las relaciones con las autoridades. Es revelador que con posterioridad a ese hecho, las declaraciones públicas del partido se remitieron casi exclusivamente a críticas agudas al gobierno y rechazar sus propuestas presentadas en el Congreso, tales como el aumento de remuneraciones para los fucionarios públicos. Esta situación encajó en cierto contexto. En efecto, dado que la ley de reforma agraria fue promulgada en julio de 1967, a partir de esa fecha se acentuaron las expropiaciones, ahora amparadas bajo la nueva normativa, lo cual ayudó al deterioro de las relaciones con los sectores terratenientes, los gremios empresariales y el Partido Nacional. Como es sabido, a partir de la aprobación de dicha ley y, especialmente desde 1968, la demanda campesina por tierras se agudizó, pasando al primer lugar en las causales de conflicto en el campo, disminuyendo las paralizaciones por salarios y cumplimiento de pliegos de petición, como había sido el período anterior299. En ese sentido, no sólo aumentó el ritmo de expropiación del gobierno, sino también las presiones del propio campesinado para que la administración Frei cumpliera su promesa de crear cien mil nuevos propietarios. Esta situación fue percibida por los partidos de izquierda, quienes se sumaron a la activación de los movimientos sociales y ayudaron al campesinado a afinar sus demandas y movilizarse por la tierra. Como señalamos anteriormente, la tesis de la “lucha de masas” del Partido Comunista, como la existencia de un sector dentro de los socialistas proclives a la insurrección social, permitieron el ingreso de la izquierda al campo, reducto históricamente cerrado a ellos por el dominio terrateniente. En la medida que dicho poderío empezaba a retroceder, la presencia izquierdista se acrecentó, participando activamente en la lucha por la democratización de la propiedad agraria. Este nuevo contexto significó un recrudecimiento de las tensiones entre izquierdas y derechas, pues la lucha se concentró en el problema de la propiedad, cuestión en la que los distintos segmentos derechistas coincidían. En efecto, a fines de 1967, la 298

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Sobre la detención de la directiva del Partido Nacional, véase El Diario Ilustrado, 1 al 15 de septiembre de 1967; El Mercurio 1 y 2 de septiembre; La Nación 1 al 10 de septiembre; Pec, septiembre 6 de 1967; El Siglo 9 de septiembre de 1967, p. 3. La defensa en el Congreso a cargo del senador Pedro Ibáñez, Sesiones del Senado, 13 de septiembre de 1967. Crisóstomo Pizarro, op. cit.

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Confederación de la Producción y el Comercio celebró una Convención para la cual se convocó no sólo al gran empresariado, sino al mediano y pequeño a fin de aunar fuerzas en la defensa de la propiedad y de la empresa privada, amenazada –según el presidente de la CPC- por el estatismo creciente, por la exclusión empresarial de las agencias estatales como por la necesidad de acordar un plan de reformas consideradas necesarias, pero estableciendo garantías300. En otras palabras, hacia fines de los sesenta comenzó el acercamiento entre distintos sectores del empresariado, el cual lentamente se transformaría en un sólido frente defensor de uno de los puntos centrales de la derecha del período. Igualmente, la Sociedad Nacional de Agricultura fue respaldada por la CPC como por la SOFOFA ante la arremetida expropiadora, al tiempo que se crearon nuevos organismos en defensa del propietario agrícola. Por último, los medios de comunicación identificados con dicho sector político también se erigieron en un permanente reivindicador del derecho de propiedad, considerado la premisa de la libertad política. El Partido Nacional representaba esa defensa en el ambito partidario. Así, la decisión de la izquierda y el centro político de participar en la ampliación del derecho de propiedad auspiciado por el gobierno y la resistencia opuesta por los distintos grupos identificados con la derecha dio al período el telón de fondo, en el cual se definirían las posiciones. A partir de enero de 1968 las críticas a la reforma agraria se agudizaron, calificándola de ineficiente, desastrosa, un fracaso, “un monstruoso error”. De acuerdo al análisis de algunos de los actores mencionados, la reforma en el agro había generado mucha incertidumbre, pues predios que por la ley anterior estaban protegidos de cualquier amenaza de expropiación, ahora aparecían judicialmente como susceptibles a ella, dejándose a la decisión del legislador el pago de la indemnización. Se llamaba a detener las expropiaciones para concentrarse en la organización de las tierras que ya lo habían sido, apartándose del criterio colectivista de los asentamientos. La reforma, según sus detractores, no había logrado aumentar la producción, que era uno de los principales motivos para hacerla, produciendo insatisfacción general. Se exigió al gobierno hacer públicos los balances de los asentamientos, donde quedaría en evidencia la superioridad de los predios privados. La arremetida contra la reforma significó la apelación a los tribunales de justicia, donde los agricultores presentaron recursos de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las expropiaciones. A comienzos de 1968, la Corte Suprema decretó unánimemente la constitucionalidad de ellas. Esta situación de temor frente al avance del proyecto transformador fue asociado al comunismo, pues la discusión sobre la existencia de OLAS en Chile proseguía, presionándose al gobierno para sancionar a esa organización y al senador Allende. De acuerdo a su 300

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“Habla la empresa privada”, Pec, 7 de diciembre de 1967. El discurso del presidente de la CPC, Sergio Silva Bascuñán, también puede encontrarse en El Diario Ilustrado y El Mercurio.

análisis, la pasividad de Frei preocupaba a los gobiernos de Colombia y Venezuela, azotados por la guerrilla “de inspiración cubana”, como también era evidente que la guerrilla en Bolivia y la actuación del Che Guevara allí, antes de morir, se vinculaban con la defensa socialista de OLAS en Chile. Si bien se reconocía que desde fines de 1967 “las actuaciones insurreccionales de OLAS disminuyeron hasta casi desaparecer, confinadas al proceso en que se vio mezclado el senador Carlos Altamirano” , la posible llegada de “guerrilleros” desde Bolivia reactivó nuevamente el peligro. Este ambiente se vio favorecido por el estallido de una bomba en el consulado norteamericano y otra en el edificio del diario El Mercurio, sucesos que permitieron sostener que en Chile el “terrorismo se hacía habitual”. La conclusión era que en nuestro país ha comenzado el terrorismo porque está creado el clima para ello: porque una intensa propaganda comunista crea hostilidad hacia el orden jurídico… la fundación de la agencia de las OLAS , cuyo objeto preciso es auxiliar el movimiento subversivo en América Latina y la abundancia de propaganda de la revolución violenta constituyen un conjunto de factores que coinciden con la existencia de movimientos revolucionarios castrocomunistas301.

En suma, durante el primer semestre de 1968, no sólo el Partido Nacional tenía una actitud de intransigencia, o al menos de dureza, con el gobierno, sino el espectro derechista en su conjunto, situación que facilitó la posición sin retorno adoptada por los nacionales desde la detención de su Mesa Directiva. En marzo de ese año, durante el Consejo del Partido, el senador Bulnes calificó el accionar del gobierno como una “loca carrera de desatinos”, gobernando a espaldas de país, no siendo posible el apoyo nacional a una administración que mantenía una política demagógica y una conducción económica ruinosa. La incapacidad de las autoridades se reflejaba en la desmedrada situación de las fuerzas armadas, tema que fue retomado con ahínco, reiterando la declaración de agosto del año anterior que motivó su detención, toda vez que ella facilitaba las manipulaciones comunistas que aparentaban defender a esas instituciones de las presiones halagüeñas del Partido Nacional. Según García Garzena: “El Partido Nacional tiene la certeza que las fuerzas armadas de Chile y la mayoría ciudadana sabrán mantener las tradiciones republicanas de bienestar y legalidad que han (sic) respetable a nuestra patria y cuya estabilidad ponen en peligro la incapacidad gubernativa y los propósitos del comunismo internacional y demás elementos que secundan o facilitan su penetración”302. Nuevamente los juicios descalificatorios e involucrando la posición de los militares.

301

302

Sobre el tema del agro, El Diario Ilustrado, 2 y 7 de enero, 7 de febrero y 1 de marzo de 1968; El Mercurio, 7, 18 y 31 de enero, 7, 14 y 16 de marzo de 1968. Sobre la violencia y el “terrorismo”, El Mercurio, 19 de febrero; 3, 14, 19, 25 de marzo; 6 y 15 de abril, y 4 de mayo de 1968. El Mercurio, 25 de marzo de 1968, p. 29; El Diario Ilustrado, 7 de abril de 1968, p. 2 y la cita de García el 9 de mayo de 1968, p. 2. Véanse también los días 29 de mayo, 3 y 26 de junio y 6 de julio de ese año.

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Este tendencia fue reafirmada durante el Consejo de julio de 1968, el cual fue un hito en la historia de este partido, porque fue entonces que los sectores nacionalistas alcanzaron su dirección, comenzando el debilitamiento progresivo de los núcleos de la derecha tradicional, salvo algunas figuras señeras que se sumaron a la estrategia de antagonismo desarrollada por Sergio O. Jarpa. Hasta 1968, la dirección del Partido Nacional era un frágil equilibrio entre las distintas fuerzas en pugna: la corriente liberal-conservadora y el nacionalismo y, aunque Jarpa era uno de sus más importantes vice presidentes, la antigua derecha tenía el peso suficiente para neutralizar algunas de las tendencias nacionalistas. Si se recuerda, tanto la Mesa Directiva como la Comisión Política y el Tribunal Supremo contemplaban miembros de los tres grupos, pero las presidencias recaían de preferencia en los exponentes tradicionales, como también conservaron un importante grado de autonomía los parlamentarios del partido, lo cual causó más de un conflicto. Debe recordarse que los parlamentarios nacionales provenían de la elección de 1965, es decir, cuando todavían eran liberales o conservadores. Aunque la línea de García Garzena había sido confrontacionista, especialmente por su oposición a la puesta en vigencia de las reformas estructurales, mantenía bastante cercanía con los miembros de los antiguos partidos y rechazaba algunas de las propuestas centrales del nacionalismo, tales como la integración de la Juventud y de los gremios a la conducción del partido, tema al que nos referiremos más adelante. Para la elección de 1968, García advirtió que no se presentaría nuevamente a la presidencia, dando la posibilidad para que se abriera un debate más transparente acerca de las tensiones internas existentes. Frente a la retirada de García, algunos sectores de la antigua derecha decidieron presentar una lista para asumir completamente la conducción del partido, materializando la crítica que desde su fundación habían estado haciendo a la Mesa encabezada por García Garzena respecto de su política de intransigencia con el gobierno. El ex diputado conservador Julio Subercaseaux fue el cabecilla de esa corriente. Se levantaron dos grupos: uno liderado por Jarpa que representaba la oposición férrea al gobierno, continuando la política de García y la redefinición del papel de las fuerzas armadas, y que contaba con el respaldo de Víctor García, Pedro Ibáñez y Engelberto Frías; y otro liderado por Subercaseaux, que deseaba más presencia de los partidos originarios y que realizó su campaña con el lema de “basta de caras nuevas”, contando con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios (como Francisco Bulnes, Gustavo Alessandri, y la casi totalidad de los diputados) y dirigentes provinciales y comunales. De acuerdo a la prensa más conservadora, era muy probable que la lista de Subercaseaux fuera la ganadora. No obstante, según distintas versiones, el senador Bulnes ofició de mediador, o Jarpa presionó por una lista única, logrando un consenso clave en torno a las dos figuras en competencia, de modo que la elección resultara por mayoría y no representara un quiebre interno. Se presentaron tres listas, todas encabezadas por Jarpa, para presidente,

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y Subercaseaux, para primer vicepresidente, cambiando el resto los nombres. Ganó la lista 3 que llevaba a los candidatos recién nombrados y a Patricio Barros Alemparte y Hernán Leigh, como segundo y tercer vicepresidente, respectivamente; a Engelberto Frías, como secretario, y Alfredo Barros Alcaíno, como tesorero, alcanzando 77 sufragios. El nuevo Tribunal Supremo quedó conformado por Jorge Errázuriz (liberal); Bernardo Larraín (conservador); Raúl Irarrázabal, Ruperto Vargas y Jorge Errázuriz Lazcano (liberal). La Comisión Política quedó constituida por Víctor García G. (línea dura), María Correa (seguidora de Jarpa, nacionalista), Mario Arnello (nacionalista), Fernando Coloma (conservador), Jaime Silva, Carlos Raymond (liberal) y Carlos CruzCoke (nacionalista). Por los parlamentarios ingresaron Gustavo Monckeberg y Hugo Zepeda Coll (liberal), por los diputados; Francisco Bulnes (conservador) y Pedro Ibáñez (liberal), por los senadores303. El voto político aprobado en esa oportunidad demostró la línea predominante en el partido: se reafirmó la oposición férrea al gobierno, debido a la evaluación de que el país pasaba por una crisis política que afectaba a los tres poderes de Estado; una izquierda “desquiciada” por su sometimiento al comunismo; una Democracia Cristiana que confundía los fines de gobierno con sus afanes electorales y la búsqueda del control absoluto del Estado y de todas las actividades económicas (estatizaciones, reforma universitaria, política tributaria, una reforma agraria como arma política, etc.), y una crisis económica como efecto de los fines “totalitarios”. El PN declaró su deber luchar por desarrollar la conciencia nacional y revertir la crisis moral, para lo cual era imperativa una actitud opositora; insistir en la urgencia de la reforma constitucional para detener la crisis política; la reposición del principio de autoridad sin sello partidista y un sistema que permitiera la integración de los gremios a las responsabilidades nacionales. Si bien los cargos nuevamente fueron repartidos tratando de mantener el equilibrio, el voto político reflejó la influencia alcanzada por los sectores nacionalistas y la debilidad de los grupos tradicionales, lo cual quedó de manifiesto en la exacerbación del espíritu de confrontación, pero especialmente en la presencia de elementos corporativos. Estos, como veremos, irían aumentando en los meses siguientes. Es evidente que este rumbo distorsionaba en alguna medida las intenciones originales de ser proyectualmente una alternativa, para ir concentrándose en una pelea política que sólo podría ser ganada con un cambio estructural en el plano institucional. No había

303

El Mercurio, 28 de julio de 1968, p. 41; El Diario Ilustrado, 25 y 29 de julio de 1968, p. 2 . Es interesante anotar la presencia de Hernán Leigh como tercer vicepresidente, debido a que se trataba de un recién llegado al PN, proveniente del radicalismo, al cual renunció en abril de ese mismo año, ingresando a la colectividad derechista. La Nación, 23 de abril de 1968, p. 5, también el 28 y 29 de julio de 1968, p. 5; El Siglo, 30 de julio de 1968, p. 3.

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manera de detener la arremetida contra la propiedad tal como la entendía la derecha, salvo una reforma constitucional que debilitara de raíz a los partidos y, por ende al Parlamento, y fortaleciera la autoridad presidencial para reimponer la disciplina social y el respeto al derecho de propiedad. Sólo el debilitamiento de los partidos podría hacer eso posible. Hasta que ello fuese una realidad, era necesario encuadrar al partido en la estrategia ya implementada y reconfirmada en este Congreso. Aunque los sectores nacionalistas no lograron “copar” plenamente al partido, su influencia ideológica comenzó a crecer a partir de la presidencia de Jarpa. Durante el discurso en la conferencia de candidatos nacionales a parlamentarios en noviembre de 1968, Jarpa señaló que en Chile existían mitos político-históricos que era necesario rebatir. El primero era el mito de la “derecha retrógrada”, en tanto supuestamente contraria a la renovación, al progreso y la justicia social, imagen que había logrado penetrar en la sociedad. Opuestamente, afirmaba que el Partido Nacional recogía el legado histórico de los fundadores de la nacionalidad, dominados de capacidad de gobierno y espíritu de servicio, virtudes que le permitieron a Chile superar la anarquía e iniciar una etapa de excepcional crecimiento económico y de estabilidad política. La obra más importante de esa “derecha” –como la calificaba– había sido la conciencia nacional, señalándole al país “una clara orientación expansiva”, siendo su primera preocupación unas fuerzas armadas capaces de defender la soberanía del país. La actualidad, en cambio, reflejaba una etapa de decadencia que era necesario superar reviviendo “el impulso vital de la raza”. El segundo mito era el de la “izquierda progresista”, es decir, que ella representaba la eficiencia, justicia y renovación, lo cual a su juicio era falso. Para Jarpa la izquierda se había opuesto al proyecto portaliano, había defendido un criterio “americanista delirante”, había cambiado los propósitos de los fundadores de la República de Chile como una nación del Pacífico Sur por “un obsesivo afán de cambios y de conquistas sociales” y, por último, había injertado “un tupido ramaje socialista, burócratico y dispendioso” como lo probaban las empresas estatales, una carga para la economía nacional. Con todo, el peor daño de la izquierda era el espiritual, al atentar contra el sentido de nacionalidad, por su desapego de la tradición y su vínculo con movimientos políticos internacionales. El tercer mito era el de la estructura capitalista de Chile, en circunstancias que solo existían garantías para el trabajo, no así para el capital y gran parte de los recursos de inversión estaban en manos del Estado. Por ello, la razón de su atraso no era el capitalismo, sino la intervención estatal. Por último negaba como cuarto mito el que el futuro sería socialista304. Como se desprende del documento, la interpretación de la realidad del presidente del Partido Nacional encajaba en toda su extensión dentro del pensamiento naciona-

304

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Sergio Onofre Jarpa, Los mitos de nuestro tiempo (Stgo.:1968).

lista, dominado por el sentido de decadencia, rasgo que habría caracterizado al país desde el fracaso de Balmaceda. Ello se observa en su evaluación de la clase dirigente decimonónica, de la figura de Portales, del imaginario de las fuerzas armadas, de la vocación hacia el Pacífico, de la defensa de las tendencias militarista-expansionistas respecto de nuestros vecinos del norte, del nacionalismo excluyente en desmedro del americanismo, como de su defensa de la tradición. El pasado era idealizado, contraponiéndolo a un presente caótico y desquiciador, especialmente por la fuerza de los movimientos sociales y de las corrientes socialistas. Esta perspectiva con tintes contrarrevolucionarios quedaba más clara con su evaluación de estar asistiendo al “fin del mundo que nació con la Revolución Francesa y que ha culminado con la revolución comunista”. Desde su punto de vista, las tentativas de liberación del absolutismo buscadas en la Francia revolucionaria habían sido traicionadas llegándose al absolutismo del partido y de un sistema, “pero socialismo no es el mundo nuevo, es la última etapa de una edad ya vivida y de una civilización materialista, que no responde a los anhelos del hombre actual”305. El abierto antiliberalismo fue explicitado por la cabeza del nacionalismo dentro del Partido Nacional, luego de la salida de Jorge Prat en diciembre de 1967, una vez que pasó a ser la cara visible y la primera autoridad partidaria. A partir de entonces, los fuertes sentidos antipartidistas y autoritarios se harían cada vez más notorios. En efecto, el integrante del Tribunal Supremo, Mario Arnello, fue uno de los que mejor expresaron el sentido de decadencia del nacionalismo, como su valorización de un tipo humano movido por principios distintos a los patrocinados por el liberalismo o el marxismo. Según su análisis, la decadencia que afectaba a Chile se reflejaba ante todo en el debilitamiento del sentido de nacionalidad, en la falta de autoridad y de instituciones adecuadas, todo lo cual redundaba en las influencias “extranjerizantes”. Ello explicaba el “desinterés” por la defensa de la soberanía, el abandono de las fuerzas armadas, la ausencia de una política externa con objetivos claros y la carencia de fe en un destino nacional y, por tanto, de la voluntad de lucha306. En ese sentido, se rescataban el sacrificio y el heroísmo como propios de la identidad, asociados a una idea de nación guerrera y con liderazgo a nivel continental. Esta recuperación idealizada del Chile decimonónico servía como soporte para la revalorización de las fuerzas armadas y la reimposición de la disciplina social, que justificaran, nuevamente, un ejercicio autoritario del poder, el cual sería aplicado en forma elitaria. Esto era concordante con la acentuación de la crítica a los partidos y los gobiernos de partido, considera-

305 306

Ibid. Mario Arnello, Un movimiento, un política, un gobierno para Chile. Apuntes para un reportaje al Partido Nacional (Stgo.: 1968).

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dos ineficientes, precisamente por abdicar del principio de autoridad. Se recurría a la figura de Arturo Alessandri y su lucha por finiquitar el parlamentarismo, el cual posteriormente se había reenquistado. Lo que Chile vivía en esos días no era sino una reedición de esa crisis anterior y que revelaba el fracaso de una cierta concepción de la política, la de confundir democracia con gobiernos de partido. Es sintomático que miembros de la dirigencia de un partido se expresaran de esa manera de esas colectividades, aunque por supuesto se veían al margen de sus vicios. Con todo, la convicción sobre la urgencia de reestablecer el sentido de autoridad y modificar el carácter de los partidos revelan un cambio de perspectiva a su respecto, buscando convertirlos en entidades carentes de poder, ¿casi corrientes de opinión? Es evidente en estos discursos el despliegue del ideario de Jorge Prat ya articulado en la época de la revista Estanquero en los años cuarenta y precisado en su candidatura presidencial de 1963. Lo que se estaba proponiendo no era la supresión de los partidos, como sostenían los nacionalistas más radicales, pero sí lo que Prat denominaba el “portalianismo contemporáneo”, reforzado con nuevas funciones para las fuerzas armadas, dada la alta movilización social. Antipartidismo y dosis de militarismo, aspectos inexistentes en la antigua derecha. Es muy posible que este ideario no fuera plenamente compartido por el resto de la colectividad, aunque es sugerente que Jarpa ganara democráticamente la elección. Tal vez la explicación de aquello se encuentre en el dilema que enfrentaba el partido: estaba acorralado en su capacidad real de enfrentar el avance programático del gobierno y la dinamización social, por lo que lo proyectual fue desplazado a favor de aquello con más posibilidades de tener impacto. Nos referimos al “estilo” político: denunciador, combativo y movilizador. Ello se expresó ejemplarmente en la atracción que estos rasgos, propios del nacionalismo, ejercieron sobre ciertos exponentes cruciales de la vieja derecha, como fue el caso de Pedro Ibáñez, quien fue seducido por estas tendencias confrontacionistas y ciertos planteamientos nacionalistas. Uno de ellos fue la reivindicación de la violencia como arma de lucha política, pues como sostenía Prat, contra el marxismo no cabían contemplaciones, como lo demostró siendo uno de los creadores de ACHA. El senador Ibáñez fue un activo impugnador de la nueva ley de reforma agraria, pero no sólo a nivel de denuncia, sino de apoyo a los dueños de fundos a ser expropiados y que resistieron por la fuerza la orden emanada de la Corporación de Reforma Agraria. Tal fue el caso del fundo Santa Marta de Longotoma, el cual ya tenía orden de expropiación antes de la ley de 1967, en 1965, bajo la ley de reforma aprobada en tiempos de Jorge Alessandri y por causal de ineficiencia y mala explotación, norma aprobada por el entonces senador liberal Pedro Ibáñez. A pesar de esto, el dueño de “Santa Marta” interpuso un recurso ante los tribunales, siendo defendido por un grupo de abogados, como Luis Mackenna, ex ministro de Hacienda de Jorge Alessandri y militante del Partido Nacional. Al momento de cumplirse el

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mandato, los patrones, apoyados por un grupo de medieros, resistieron la orden, en contra de la aprobación de los inquilinos, generándose una situación de violencia. El senador Ibáñez apoyó las acciones armadas de rechazo porque, en sus palabras, ellas respaldaban la decisión judicial que el gobierno violaba: “ Yo no sé si el gobierno ha medido las consecuencias que tendrá esta actitud… Porque desde el momento en que un gobierno resuelve pasar por sobre la ley... señala a toda la ciudadanía un ejemplo que puede llegar hasta la destrucción total de nuestro régimen institucional”307, declaración que fue rechazada por las autoridades y el resto de los partidos, pues la consideraron un llamado a la “sedición”. Aunque finalmente el dueño reconoció la autoridad de la CORA para expropiarlo y entregó la propiedad, “Santa Marta” se convirtió en un símbolo de la resistencia terrateniente a aceptar la reforma agraria, en la forma que la estipulaba la nueva ley. Un suceso similar se produjo en las propiedades de Longaví. Poco después, la derecha demandó la publicación de los balances de los asentamientos para probar su mala administración y el “derroche de créditos fiscales” y la superioridad de los predios privados. El campo fue uno de los escenarios donde la predisposición al enfrentamiento encontró su más clara expresión. De la misma manera, los nacionales fueron adhiriendo a las tesis pratistas en la valorización de las fuerzas armadas como soporte del orden social y político. Durante el año 1968, las relaciones cívico-militares se deterioraron, estallando lo que se conoce como el “caso de las renuncias”, esto es, la presentación de retiro de jóvenes oficiales pertenecientes a la Academia de Guerra, dadas las condiciones económicas y la falta de expectativas para el futuro. Con motivo de estos hechos se produjo el reemplazo del Comandante en Jefe del Ejército y del Ministro de Defensa. Si a ello sumamos la conflictiva situación internacional, queda claro el marco en el cual se desenvolvió el discurso militar de los nacionales. Desde mayo de 1968, los rumores de golpe llenaron el debate público, especialmente por el cambio ministerial y también por una supuesta carta que oficiales de la Fuerza Aérea habrían mandado al presidente Frei , demandando la clausura del Congreso. Si bien tal noticia no fue confirmada, es interesante que en esos mismos días se destituyera de su cargo de profesor en la Academia de Guerra al Director de El Diario Ilustrado, Abel Valdés y al general en retiro Héctor Martínez Amaro, profesor del Instituto Superior de Carabineros y presidente del movimiento “Patria y Soberanía” y, según se afirmaba, consejero personal de Pedro Ibáñez. Más aún, Martínez Amaro habría formado el Partido Militar, el denominado Movimiento Nacional Independiente, cuyo secretario era un ex miembro del Partido de Acción Nacional, liderado por Jorge Prat, y que emitía un boletín que se distribuyó

307

La Nación, 12-13 de abril de 1968, p. 4 y 3 respectivamente. La cita, 11 de mayo, p. 5. Véase también el día 16 y 20 de mayo, pp. 1 y 17, respectivamente. La Segunda, 26 de enero de 1968, pp. 6-7.

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entre la oficialidad y suboficialidad militar308. Este ambiente fue coronado con una radical declaración del lider nacionalista Jorge Prat, quien durante un programa de televisión en el que coparticipaba con los dirigentes Luis Corvalán, comunista, y Patricio Aylwin, democratacristiano, explicó lo que se ha dado en llamar la “tesis del vacío de poder”. En efecto, en esa ocasión señaló que las fuerzas armadas eran objeto del odio de los partidos extremistas, especialmente del comunismo internacional, además de ser sometidos a un exceso de “rigor disciplinario”. Corroborando lo sostenido en el último año por el Partido Nacional, Prat dijo que el país enfrenta una crisis política. La autoridad está por los suelos y es pisoteada. Cuando falla la autoridad suceden cosas muy graves, pues la ‘función crea el órgano’. Cuando no hay autoridad, alguien la toma. Hay dos fuerzas capaces de llenar el vacío. Una es el Partido Comunista. La otra es una fuerza con amor al orden y la tradición: las fuerzas armadas. Si los políticos no saben solucionar el problema de autoridad, una de esas fuerzas llenará ese vacío y yo hago votos porque sean las fuerzas armadas309.

Este planteamiento había estado siendo elaborado por Prat desde el año anterior, con motivo de la pugna con el gobierno que derivó en el apresamiento de la directiva del Partido Nacional. Cuando sostuvo que dichas instituciones eran la espina dorsal de la nación y que su misión era velar por su integridad, aseveró que ella no sólo podía ser puesta en peligro por el exterior, sino también “por enfermedades internas” que la podían hacer sucumbir, siendo la más importante la crisis de autoridad, generando un vacío que alguien llenaría. Finalmente aseguró: “El vacío es una fuerza de atracción. Y entre una autoridad desfalleciente, reemplazada por soviets de obreros y soldados, como sucedió en la Rusia zarista, la opinión pública más sensata busca y prefiere la autoridad de una institución jerarquizada en forma natural ligada a la patria y a su porvenir, y colocada por encima de las fracciones”310. Estas palabras se convertirían en uno de los principales argumentos para sostener la necesidad de introducir a las fuerzas armadas a los problemas políticos del país. Si bien Prat no encarnaba a todo el Partido Nacional –de hecho, ya no pertenecía a él–, constituía una fuerza creciente en sus órganos directivos –empezando por su Presidente Jarpa– y cada día más cercano a Pedro Ibáñez, uno de los más influyentes parlamentarios de esa colectividad y en la lucha en el campo. 308

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Consúltese La Nación, 19 de mayo de 1968, p. 5; El Siglo, 7, 8, 9 y 16 de mayo de 1968, p. 3. Este diario mencionó una agrupación conspirativa llamada Nuestro Chile (NUCH), en la cual participarían Abel Valdés, Jorge Prat, el ex general Ramón Álvarez Golsack y Mario Arnello. Supuestamente, dos oficiales de la Armada enviaron una carta de tono “antirreglamentario” a Frei pidiendo aumentos salariales, la que habría sido escrita por Prat y el sacerdote vinculado a Fiducia, Osvaldo Lira. Esta declaración generó un acalorado debate por su carácter sedicioso. La Nación, 11 de mayo de 1968, p. 5; El Siglo, 11 de mayo de 1968, p. 3. Esta fue la declaración que hizo a Ercilla y que mencionamos anteriormente.

Un incidente en la zona del Beagle, en enero de 1969, sirvió de acicate a la crítica antigubernativa por su despreocupación de la defensa de la soberanía y la reivindicación de las fuerzas armadas. Mientras la nave “Quidora” navegaba por la zona en disputa se produjo un confuso encuentro con naves de guerra argentinas, el cual derivó en disparos desde estas últimas, generándose un acalorado debate por la prensa311. Para los intereses de este trabajo conviene señalar que a raíz de esto, el Partido Nacional se levantó como el defensor de la dignidad nacional mancillada, expresada en el ataque al oficial a cargo. De acuerdo a una declaración pública, esto no era un mero asunto institucional, sino tocaba a la soberanía y la “integridad moral de las fuerzas armadas”, toda vez que el gobierno pasaba a retiro al oficial en cuestión que había actuado “meritoriamente” al prohibir el paso por aguas chilenas a naves de guerra argentinas. La actitud del gobierno con el oficial solo demostraba la aceptación del ministro chileno de Relaciones Exteriores de la agresión argentina sin protestar. El partido envió un oficio al ministro de Defensa solicitándole antecedentes del paso a retiro del oficial naval312. El canciller Gabriel Valdés, respondió airada y documentalmente, desmintiendo las acusaciones nacionales. La respuesta del partido fue que “no hemos permanecido impasibles ante las debilidades, errores y contradicciones que perjudiquen los derechos territoriales. Asimismo, hemos mantenido una actitud de reconocimiento hacia la abnegada labor que realizan las fuerzas armadas y hemos insistido en la urgencia de dotarlas de los medios defensivos necesarios y de los recursos económicos indispensables para que el personal pueda vivir de acuerdo al decoro y a la dignidad que le corresponde”313. La actitud que asumía el Partido Nacional de supuesto “vocero” de los intereses militares, facilitó la versión en la época de que el partido estaba involucrado en el carácter que lentamente iba asumiendo el conflicto con esas instituciones, atribuyéndosele propósitos golpistas. No es fácil dilucidar el real compromiso de personeros nacionales en estos hechos, pero es claro que detectaron un área susceptible de explotar en su conflicto con las autoridades –acorde con su estrategia de “oposición férrea”–, ayudando a exacerbar los ánimos y subirle el tono. Es sintomático que poco después que comenzó a activarse el tema militar en 1967, al año siguiente el oficial en retiro Héctor Martínez Amaro creó el Partido Popular Nacionalista –como hemos señalado–, formado por oficiales en retiro, quienes levantaron un discurso muy similar al del Partido Nacional314. En ese sentido, los nacionales, los seguidores de Martínez 311 312 313 314

Ver El Diario Ilustrado, 7 de enero de 1969, pp. 2 y 3. El Diario Ilustrado, 8 de enero de 1969, p. 2. El Diario Ilustrado, 12 de enero de 1969, p. 2. El Partido Militar parece haber ido cambiando de nombre: conocido primero como Movimiento Nacional Independiente y luego Partido Popular Nacionalista, el cual perduró.

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y la entidad “Patria y Soberanía”, también con miembros uniformados en retiro, pasaron a conformar un frente común en este debate que meses después derivaría en el amotinamiento del Regimiento Tacna. Es importante destacar, igualmente, que esta fue la primera vez que el partido se erigió en defensor de un oficial afectado por los problemas institucionales, como volvería a pasar en el caso del general Roberto Viaux en octubre de ese año. En suma, hacia finales de 1968 y comienzos de 1969 las tendencias autoritarias y de reivindicaciones militares estaban ampliando su influencia en el partido de derecha, y fue con ellas que enfrentaron las elecciones parlamentarias de marzo del año siguiente. Como se sabe, ésta sería la primera vez que el Partido mediría sus fuerzas en el Congreso, en el cual cesaban todos sus senadores, quienes debían ser reemplazados. A la sazón, los nacionales tenían 8 diputados y 4 senadores. Como señalamos anteriormente, la propuesta nacional fue presentada en octubre de 1968, cuando se informó la nómina de sus candidatos y Sergio O. Jarpa habló de los “mitos de nuestro tiempo”, la derecha retrógrada, la izquierda progresista y el futuro socialista. En ese sentido, la campaña se hizo en torno a estos conceptos, insistiendo en la urgencia de una “renovación política” que significaba la modernización del Estado, aunque sin especificar mucho su contenido, pero relacionándola con la disminución de la burocracia y las identificaciones partidistas. Para ello, era imperativa la reforma constitucional que reforzara el poder presidencial y la rebaja de atribuciones del Parlamento y los partidos y un gobierno fuerte, de autoridad. Un tercer elemento era la defensa de la libertad económica, requisito que haría posible la expansión dados los recursos naturales y humanos existentes, asfixiados por el estatismo, pues era la hora de terminar con la “persecución a la empresa privada”. Restablecida la autoridad y liberada la empresa, podrían enfrentarse los problemas sociales y restaurar el espíritu de nacionalidad, desquiciado por el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Para ello era necesario devolver a la juventud su sentido nacional, enseñándole a “valorar la sangre y los sacrificios que costó forjar una patria libre y soberana”, revalorizando el pasado. Chile vivía “una etapa de decadencia que es necesario superar reviviendo el impulso de la raza”, pues “Chile está enfrentado a una definición. Y esta definición imprimirá carácter a los próximos cincuenta años de nuestra historia”315. Los nacionales obtuvieron el 20,9% de la votación, lo cual les significó 34 diputados y 5 senadores. De 29 circunscripciones electorales, la Democracia Cristiana fue primera fuerza en 23 (31,1%), mientras el Partido Nacional obtuvo segunda mayoría en 13, constituyéndose

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Sergio Onofre Jarpa, “Los mitos de nuestro tiempo”, también puede encontrarse el documento en El Diario Ilustrado, 28 de febrero de 1969, p. 5 y en El Mercurio, 28 de febrero de 1969, p. 35.

en el segundo partido, seguido por los comunistas (16,6%), los radicales (13,4%) y los socialistas (12,8)316. El triunfo del Partido Nacional en este evento fue contradictorio. Si bien logró reposicionar a la derecha en el escenario político, deteniendo su caída, mantener su representación en el Senado y aumentar significativamente la de los diputados, la votación alcanzada era insuficiente para sus objetivos de detener el proceso reformista llevado a cabo por el gobierno y acelerado por las propias bases sociales, como imponer su proyecto de defensa de la empresa privada. Esta debilidad no era tanto en sí misma dado el casi 21% obtenido, sino por las escasas posibilidades que tenía de lograr alianzas con otros partidos que le permitieran aumentar su fuerza política. Los radicales, como ya hemos explicado, estaban fuertemente divididos y tensionados para esta fecha por la constitución de la Unidad Popular, siendo una minoría de ellos partidarios de un pacto con la derecha y no con la izquierda. Así, la votación radical no podía convertirse en un aliado derechista en el Parlamento. Por lo mismo, aunque comunistas y socialistas estaban en un posición inferior, juntos reunían un número superior de representantes, los cuales podían votar en conjunto con radicales y, eventualmente, con los sectores “rebeldes” de la Democracia Cristiana. Es posible que haya sido esta constatación, la que influyera en la mantención y agudización de la estrategia confrontacionista de los nacionales. En efecto, durante la etapa inmediatamente posterior se agudizaron tres tendencias ya presentes desde 1967 la resistencia frente a la política agraria, el anticomunismo y la defensa de las fuerzas armadas. Se retomó el rechazo activo a la reforma agraria, denunciando la “esclavización” a que debían someterse los campesinos para que la CORA pudiera posesionarse de los predios expropiados, mientras se repetían las reuniones de agricultores. Algunos vacíos en la ley de 1967, permitieron postergar la entrega de los predios, facilitando los problemas entre los campesinos que deseaban participar en los asentamientos y aquellos que preferían su anterior status, respaldados por los terratenientes. Finalmente, un proyecto presentado por Patricio Aylwin corrigió esas lagunas, siendo aprobado con el rechazo de los nacionales, y permitiendo acelerar el proceso expropiatorio. Asimismo, recrudeció el discurso anticomunista, cuyas ‘garras’ parecían extenderse por todas las organizaciones del país, llegando a su punto cúlmine con una entrevista concedida por Jarpa a El Mercurio donde aseveró que: “La penetración del comunismo internacional no debe medirse por la cuota parlamentaria, sino por el control que ha logrado de organismos vitales del país, como son el Instituto Pedagógico, donde se forman los futuros maestros de la juventud, los

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Los senadores elegidos fueron: Pedro Ibáñez, Víctor García, Francisco Bulnes, Julio von Müllenbrock y Fernando Ochagavía, La Nación, 4 de marzo de 1969, p. 1

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centros de investigación científica y la Central Única de Trabajadores. He afirmado que el Partido Comunista no debe tener existencia legal en Chile por ser una sucursal de una organización política internacional, dirigida y financiada de acuerdo a los objetivos o propósitos del gobierno soviético. Chile debe resguardar su soberanía en la misma forma en que lo han hecho otras naciones… donde la existencia de un Partido Comunista soviético está prohibida”317. Tales declaraciones fueron interpretadas como una propuesta de reeditar la ley de defensa de la democracia de 1948, antesala de una violenta oleada anticomunista, a la que se unía la idea de decadencia, crisis y caos. Tal contexto favoreció la apelación a las fuerzas armadas, que siguieron convirtiéndose en uno de los últimos recursos de su lucha política. Desde julio de 1969 reapareció el problema de la situación militar, presentando poco después el Partido Nacional un proyecto de reajuste de 25% de los sueldos de los uniformados, pero no del resto de la administración pública. Esta propuesta coincidió con una editorial de El Mercurio en que se defendía la “misión cívica” de esas instituciones y se calificaba a los movimientos militares de 1891 y 1924 de “salvadores de la nación”, como con una serie de documentos sobre inquietudes en las filas castrenses, provenientes en su mayoría de la prensa derechista, de la cadena de Agustín Edwards. Pocos días antes del estallido del conflicto con el general Roberto Viaux, y cuando la crisis militar era todavía un rumor no confirmado, el presidente del Partido Nacional acusó al gobierno de llevar al país a una crisis institucional, de perseguir a los agricultores y asumió la defensa del general recién nombrado, a quien la Junta Calificadora del ejército llamó a retiro. En la declaración de Jarpa del 17 de octubre afirmaba: “Se ha llamado a retiro a un distinguido general por haber solicitado una audiencia al Jefe de Estado, para exponerle problemas de las fuerzas armadas…Todas estas medidas demuestran el mal uso que se hace de la autoridad del gobierno... El respeto a la autoridad se pierde cuando la autoridad deja de ser respetable”318. El llamado a retiro del general Viaux no era de conocimiento público y, sin embargo, parece haber sido conocido por Jarpa. Cinco días después de este comunicado, el general Viaux encabezó el acuartelamiento del Regimiento Tacna, exigiendo al gobierno una solución a las aflicciones económicas que afectaban a los institutos castrenses y el reemplazo del ministro de Defensa y del Comandante en Jefe del Ejército319. Si bien tras el “Tacnazo” confluyó una serie de procesos y actores, en el caso de los nacionales su “representación” de los intereses militares culminaba una estrategia 317 318 319

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El Mercurio, 9 de marzo de 1969, p. 48. La entrevista fue realizada por la periodista Silvia Pinto. El Diario Ilustrado, 18 de octubre de 1969, p. 2. Sobre el “Tacnazo”, consultar Varas, Bustamante y Agüero, op. cit., cap. XI; Verónica Valdivia O. de Z. El golpe después del golpe, cap. 2. En el período, El Diario Ilustrado, El Mercurio, La Nación, El Siglo, entre agosto y octubre de 1969.

ya puesta en vigencia dos años antes, también reflejo de la influencia que los grupos nacionalistas habían ido alcanzando dentro del partido y la debilidad de los sectores más tradicionales, en particular del senador Bulnes, quien pese a su gran influencia no neutralizó las tendencias más rupturistas. Según algunas versiones en la época, el apoyo nacional al movimiento deliberativo de los oficiales tenía su raíz en el escepticismo de los nacionalistas sobre las posibilidades de un triunfo electoral en septiembre de 1970 con la candidatura de Jorge Alessandri. Consistente con ello, se aseguraba que eran los exponentes de la antigua derecha quienes insistían en aferrarse a esa candidatura como una posibilidad cierta de revertir las “transformaciones estructurales”, a diferencia del sector jarpista-pratista de preferir una salida extraconstitucional. Aunque no es posible verificar esta versión, ella al menos coincide con las tendencias pro militaristas propiciadas desde un comienzo por los grupos nacionalistas. Según la información publicada posteriormente, se apresó a dos ex oficiales de la Fuerza Aérea por haber intentado durante el alzamiento subvertir al Grupo 7 de la Fach, la aviación de guerra, para que se sumara a la rebelión, siendo detenidos en la ocasión por el entonces comandante Fernando Matthei Aubel. Dichos oficiales, Raúl Zilleruelo y Pío Cifuentes, actuaron juntos con Jarpa, Arnello, Engelberto Frías y Miguel Angel Salazar, del Partido Nacional320. En suma, cuando la elección presidencial se acercaba, los propósitos políticos más renovadores aspirados por el nuevo partido de la derecha no habían sido alcanzados, optando por una lucha política frontal y relegando su propuesta de defensa de la libertad económica y de los privados a un plano ácido y confrontacionista. En ese sentido, para los años que hemos analizado, entre el proyecto y el estilo, el Partido Nacional escogió este último.

2. El problema de la renovación partidaria No obstante lo anterior, es importante analizar otros dos objetivos que se propusieron los creadores del partido en abril de 1966 que harían la diferencia con la derecha oligárquica: ser un partido de centro, representativo de la clase media, y modernizar la estructura partidaria, integrando a la juventud y a las organizaciones gremiales a su dirección. Como explicamos en el capítulo II, la decisión de modificar la base social de la derecha decía relación con la ampliación del sistema electoral y la necesidad de disputar al centro democratacristiano segmentos de clases medias que le permitirían recuperar espacio político. La propaganda del partido como su defensa de “los hombres de traba320

David Pérez “La fronda militar. El 11 de septiembre”, Tesis para obtener el grado de Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de Chile: 2001, p. 57.

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jo” y su definición de la clase media como productores y no funcionarios burócratas, cumplió la decisión de apelar a esos sectores. Nuestra interrogante, en este caso, se dirige a la transformación del partido en una expresión mediocrática y no sólo discursiva. Considerando las tres dirigencias del partido, es posible observar la presencia de connotados exponentes de la clase alta y en una menor medida miembros provenientes de las capas medias. La presidencia recayó por dos años consecutivos en Víctor García Garzena, abogado, profesor de derecho procesal en la Universidad Católica y abogado de numerosas empresas, vinculado a la clase alta. La vicepresidencia estuvo en manos de Patricio Barros Alemparte, abogado, secretario del Ministerio de Agricultura en 1948-1950, socio del Club de la Unión. El Tribunal Supremo estuvo en manos de Jorge Errázuriz Echeñique (abogado, egresado del colegio Sagrados Corazones, dueño del fundo Los Olmos de Huique y diputado liberal por Colchagua desde 1945); Bernardo Larraín Vial (abogado, estudiante de los Sagrados Corazones, presidente de la Compañía Textil Sudamericana, socio del Club de la Unión y diputado conservador desde 1947). Su Comisión Política estaba dirigida por Jorge Prat Echaurren, heredero del héroe naval de 1879, abogado, proveniente de las familias más aristocráticas del país, con varios presidentes y parlamentarios en su currículum. Carlos Cruz-Coke Ossa, también abogado321. En general, es posible afirmar que en el plano directivo el partido no cambió mucho en relación a la derecha de liberales y conservadores de los años cincuenta, cuando aún encarnaba a la derecha oligárquica y exclusivista. Exponentes de las capas medias, tal vez podrían ser catalogados Sergio Onofre Jarpa, agricultor, oficial de Marina; Mario Arnello, abogado, egresado del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, vinculado a los grupos nacionalistas desde muy joven, es decir, ajeno a la derecha tradicional; Fernando Coloma Reyes, abogado, estudiante del colegio San Ignacio y de la Universidad de Chile. No obstante, éstos estaban casados con mujeres de la clase alta, como María Clara Rioseco, en el caso de Arnello; o Carmen Correa Larraín, en el caso de Coloma. Más aún, sus parlamentarios eran en su mayoría representantes del sector alto de la sociedad, como eran el caso de Francisco Bulnes, Pedro Ibáñez, Fernando Ochagavía, Julio von Müllenbrock, quienes casi no necesitan presentación. Entre sus diputados, para 1969 en pleno auge ideológico del nacionalismo dentro del partido, fueron elegidos Domingo Godoy, Gustavo Lorca, Miguel Luis Amunátegui Johnson, Jaime Bulnes Sanfuentes, Gustavo Alessandri, Ricardo Ariztía, Luis Undurraga, Germán Riesco y Patricio Phillips. En otras palabras, exponentes de la clase alta y de las familias más añosas del país. Según cálculos de la época, de 39 parlamentarios elegidos en el evento de 1969, 25 pertenecían a la clase alta. Si se considera que el partido obtuvo un 20,9% de la votación y los segmentos altos

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Diccionario Biográfico de Chile, 15ª. Edición (1972-1974).

constituían alrededor del 5% de la población, es posible pensar que el 15% restante equivalió a sectores medios, pero también unos pocos campesinos, aún controlados por la derecha. Para esta elección, la Democracia Cristiana, partido que lentamente fue captando el voto mesocrático, obtuvo el 31% de la votación, en comparación con el 56% de la presidencial de 1964, haciendo una diferencia de 25% , lo cual nos hace pensar que la derecha recuperó gran parte del electorado que tenía en 1963, cuando alcanzó el 28% de los sufragios. En síntesis, hacia el fin de la década del sesenta, la derecha partidaria no logró transformarse en la expresión electoral de la clase media, como aspiraba, sino que parecía asociada a los sectores que históricamente se habían identificado con ella. Es posible que esto haya ocurrido precisamente por la pugna interna entre distintas corrientes, como por la efectiva competencia de la Democracia Cristiana. Respecto de su segunda aspiración, darle al partido un aire renovado, tanto en materia de edad como de aires corporativistas, tampoco el resultado fue muy auspicioso. La creación de una Juventud, como tenían las demás colectividades partidarias, era un anhelo nacionalista, quienes históricamente habían visto a los jóvenes como incontaminados y afectos a pasiones que inyectarían sangre y vigor a una derecha anquilosada. Tal propósito fue explicitado en sus Fundamentos Doctrinarios y Estatutos, los cuales estipularon que ella sería organizada. No obstante, hacia mediados de 1967, a más de un año de creado el partido, dicho objetivo no se había realizado, aunque contaban con suficientes elementos juveniles para cumplirlo. Dada esta situación, un grupo de ellos decidió autoorganizarse, aunque con la autorización de las dirigencias partidarias, como el vicepresidente Jarpa y el secretario general Engelberto Frías. Se llamó a un Consejo Ampliado de la Juventud, para dar curso a la iniciativa y dictar los reglamentos, atribución que, según los estatutos sólo tenía la Mesa Directiva, y realizar una elección democrática. La lista encabezada por Gastón Ureta, ligado a los sectores liberales, resultó ganadora. Sin embargo, una vez realizada la elección, la Mesa Directiva desconoció su legalidad, dejando a la Juventud fuera del Consejo General sin ningún representante. Según algunas versiones, la negativa de Víctor García y Sergio O. Jarpa de aceptar la elección de Ureta se debió a su preferencia por el candidato pratista derrotado, Pedro Félix de Aguirre, produciéndose un violento altercado entre Jarpa y Ureta. Los jóvenes se plantearon como tareas avanzar en la reforma previsional contemplada por el partido, lograr la candidatura presidencial de Alessandri, para lo cual solicitaron ser integrados plenamente al partido, con autonomía, como lo eran las Juventudes de las otras colectividades, reformando los estatutos en que se daba carácter de organismo administrativo a la Juventud, subordinándola a los consejos

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comunales322. Sus demandas no fueron escuchadas, por lo cual los dirigentes juveniles recién elegidos renunciaron. Según su carta-renuncia tomaron esa decisión: “porque hemos aprendido que en la vida pública nada vale más que ser honorable y tener en claro el concepto de dignidad personal”323. Según el presidente del partido en esa época, García Garzena, el Partido Nacional era una colectividad “jerárquica, que no admite resquebrajamientos en el principio de autoridad”. Señaló que de acuerdo a los estatutos sóo podían ser miembros del departamento juvenil los jóvenes menores de 21 años y que su nombramiento era “designación del presidente de la Mesa Directiva... ésta no se elige, es designada, porque los jóvenes no se mandan solos”. Concluyó señalando que efectivamente las juventudes de los partidos de la antigua derecha eran elegidos, lo cual “confirma que el Partido Nacional, contrariamente a lo que mucha gente afirma, es un partido distinto de los que fueron los partidos conservador y liberal”324. La decisión de no dar vida a una verdadera Juventud tuvo como efecto dificultar la presencia del partido en áreas donde eran esas entidades las que conseguían adeptos, llevaban el mensaje de la colectividad y confrontaban a sus adversarios al margen del espacio parlamentario. Los nacionales si bien consiguieron alguna presencia en las universidades, de Chile y Católica, eran minoritarios, incomparables con las Juventudes socialistas, comunistas o democratacristianas, e incluso gremialistas. Poco después de la renuncia de la Mesa de Ureta se nombró a una joven como presidenta de la Juventud, pero sin peso alguno, a cargo de quien estuvo una asamblea a comienzos de 1968 en la que hablaría Ureta. A pesar de la oposición de García Garzena, quien había intentado expulsarlo del partido, Ureta supuestamente acusó a García de usar “métodos fascistas”, versión que fue posteriormente negada por Ureta y reafirmada por la prensa que la publicó. A esta ácida crítica se sumó unos meses más tarde la renuncia de la Juventud Secundaria del Partido Nacional por coincidir con la crítica de la Juventud encabezada por Ureta, como el no reconocimiento de la Juventud Secundaria y desautorizar una conferencia de prensa que habían ofrecido. Según denunciaba el joven estudiante de Enseñanza Media, la renuncia de ellos implicaba la de cientos de estudiantes de liceos fiscales y era, además, fruto de una larga divergencia con los dirigentes secundarios nacionales de las comunas de Providencia y Las Condes sobre la realidad nacional325.

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Sobre estos incidentes, El Diario Ilustrado, 5, 6 y 8 de agosto de 1967, p. 3; La Nación 14 y 15 de agosto de 1967, p. 2, Pec, 18 de agosto de 1967, p. 3. La Nación, 15 de agosto de 1967, p. 2. Ibid. La Nación, 11 de diciembre de 1967, p. 14 y 23 y 24 de enero de 1968, p. 5. En las fuentes no se identifica el nombre de la militante de la juventud nacional a que se ha hecho mención.

¿Cuál fue la razón de esta negativa? Desde nuestro punto de vista, ella se debió a las pugnas entre pratistas y la derecha oligárquica por imponer la línea dentro del partido. Aunque Jarpa tuvo desde el principio mucho poder, como también la influencia de Prat era enorme, ex conservadores y liberales seguían considerándose los verdaderos “dueños” del partido. Si bien habían aceptado de mala gana la línea confrontacionista con el gobierno, los parlamentarios eran bastante más flexibles en sus relaciones con Frei. Al parecer la línea pratista estaba intentando controlar a la Juventud del partido o, al menos, imprimirle una orientación específica. Según un renunciado militante juvenil, Mario A. Tapia Salazar, él dirigía a la juventad nacional en la Universidad de Chile, como parte de la corriente nacionalsindicalista que había ingresado al partido a través de Acción Nacional –es decir, el pratismo– y lo hacía bajo las directrices de Jarpa. Explicando un artículo que había escrito en contra de estudiantes extranjeros en la universidad, Tapia señaló: “El artículo en cuestión... contó con la aprobación de José Luis García, presidente del Frente Nacional de Juventudes y derivaba de un estudio que realizaron universitarios del partido siguiendo instrucciones del vicepresidente, don Sergio O. Jarpa, sobre los alumnos extranjeros en la Universidad de Chile, su rendimiento académico y sus actividades reñidas con nuestra Constitución”326. En ese sentido, el triunfo de un exponente de la corriente liberal, Gastón Ureta, se contraponía a la línea deseada por los nacionalistas en su lucha por el control del partido. Si a ello sumamos el deseo de la Juventud de ser integrada a la dirección, casi con igualdad de derechos, se comprende que se trataba de algo inaceptable para la derecha histórica que ya había sufrido las rebeldías de su juventud en los años treinta y que para estas fechas estaba en el poder y arremetía contra su alma mater. Como señaló García Garzena, los jóvenes no se mandaban solos. Deseaban contar con un brazo juvenil, pero controlado por las verdaderas autoridades nacionales. En ello parece haber incidido la situación de la Juventudes de los otros partidos, especialmente lo sucedido con la de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, para entonces verdaderas puntas de lanza antioligárquicas. Rodrigo Ambrosio era, precisamente, el “engendro” que se debía evitar. En ese sentido, la línea nacionalista fue derrotada. Finalmente, se “eligió” una directiva de la Juventud a cargo de Hugo Ortiz de Filippi, plenamente encuadrada bajo la autoridad del partido, y sin autonomía. Una situación similar se produjo con los organismos gremiales, otro proyecto nacionalista. A mediados de 1967, junto con los jóvenes se marginó el Departamento

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“Sobre el CUNS”, Pec, 5 de enero de 1968. Esta sigla correspondía a la Comunidad Universitaria Nacional Sindicalista, cuyos principios eran Dios, patria y cultura, proyectados en la universidad, la que comenzó a actuar allí en 1967. Véase en este mismo número de la revista, la carta de Jaime Echepare Jensen, jefe de esta agrupación. Ambos, Tapia y Echepare, formarían parte años después de grupos nacionalistas como Tacna y el MNS, respectivamente.

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Gremial, pues a juicio de sus representante, el Consejo General ponía vallas a la colaboración de los diversos sectores del trabajo. Esta discusión ocurrió en el marco de una disputa pública entre pratistas y la derecha histórica, precisamente por la imposibilidad nacionalista de controlar a los parlamentarios más rebeldes: Francisco Bulnes y Armando Jaramillo. A fines de 1967, el gobierno envió un proyecto de veto del Ejecutivo para manejar deudas tributarias, el que la Comisión Política de los nacionales ordenó rechazar. No obstante, los senadores nacionales mencionados escucharon los argumentos gubernativos ofrecidos en la Cámara y se convencieron de que el partido no tenía la información correcta, decidiendo modificar su voto. Como no pudieron consultarlo con la directiva partidaria, decidieron abstenerse, pero con ello permitieron que el proyecto se aprobara. Prat y Jarpa decidieron colocar a ambos senadores a disposición del Tribunal Disciplinario por transgredir un acuerdo de la Comisión Política y presionar a la Directiva. Prat presentó su renuncia aduciendo que existía una “dualidad de mando. Por una parte, están los dirigentes que acatan y respetan los estatutos y, por otra, el mando de los senadores que se han heredado del Partido Liberal y Conservador”327. Junto con él se produjo una seguidilla de renuncias de los sectores nacionalistas. Bulnes, por su parte, amenazó con abandonar el partido si lo sancionaba el Tribunal de Disciplina, en un momento de gran debilidad derechista en el Parlamento. Al parecer, la renuncia de los nacionalistas buscaba encuadrar al partido bajo sus lineamientos, propósito que finalmente fracasó. Se llegó a un arreglo interno y sólo Jorge Prat abandonó el partido, posiblemente acompañado de sectores juveniles328. Hemos reseñado esta querella, porque parte del fracaso de la aspiración alternativista que originalmente se propuso Pedro Ibáñez y otros dirigentes al crear el Partido Nacional, se debió, precisamente, a esta lucha interna, a la existencia de tres proyectos en lugar de uno y el deseo de imponerse sobre el otro. Si a ello añadimos un contexto político adverso, como fue su debilidad parlamentaria en medio de la aplicación del proyecto de transformaciones estructurales del gobierno de la Democracia Cristiana, se hace más clara la opción por una estrategia de conflicto; una lectura de la decisión de recuperar terreno como enfrentamiento y perspectivas de decadencia, de crisis y caos. Lo propositivo perdió terreno. Así, muy pronto se perdió el rumbo.

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Sobre estos incidentes, véase El Diario Ilustrado, 28 y 29 de diciembre de 1967; El Mercurio, 28 de diciembre de 1967, La Nación 7, 8 y 9 de diciembre de 1967, p. 2 Aunque ninguna fuente especifica con precisión si Prat arrastró seguidores, es casi seguro que un importante núcleo de jóvenes nacionalistas dejó el partido con él, pues ex militantes nacionales de esa generación pasaron a conformar variados grupos nacionalistas a partir de 1968, como fue el caso de Enrique Arancibia Clavel o Jaime Echepare y Mario A. Tapia, entre otros, como se mencionó en la nota anterior. Este tema se abordará con más detalle en el siguiente capítulo.

3. La consolidación de los rivales: gremialistas y alessandristas Desde nuestro punto de vista, los conflictos internos de que hemos dado cuenta afectaron los afanes hegemónicos del Partido Nacional, los que, peor todavía, fueron igualmente puestos en cuestión por la consolidación de las fuerzas derechistas juveniles –el gremialismo– y la aparición del alessandrismo. Afuera de los lindes del partido de Jarpa, las otras derechas ofrecían otro frente de problemas. Mientras el Partido Nacional trataba frenéticamente de ser reconocido como “la” derecha política, los jóvenes gremialistas fortalecían su posición. En efecto, como explicamos en el capítulo anterior, en octubre de 1968 los gremialistas lograron ganar la Federación de estudiantes y con ello, recuperar la Universidad Católica para la derecha. Dentro del “derrumbe” generalizado, el que había sido el centro cultural de la derecha oligárquica volvía a manos de sus históricos dueños, al menos en el área de la representación estudiantil, logrando resonancia más allá del recinto universitario al arrebatar la FEUC a la Democracia Cristiana en cuyas manos estaba desde 1959. Desde el minuto mismo del triunfo de Ernesto Illanes, los gremialistas se propusieron disputar los órganos de poder universitario usando la propia reforma, levantada por sus adversarios. Illanes reiteró que su movimiento no rechazaba la reforma, pero comunicaron al rector que los nuevos dirigentes no aceptarían “por ningún motivo una reforma como proceso político y no pondremos la universidad al servicio de ninguna ideología”. Si bien coincidían con ejes importantes del proceso, acusaron que éste se había estado realizando sin consultar al sector que representaba, creando inquietud respecto de la influencia de la política en ella. A pesar de que existían pocas diferencias en materia académica, sí las había en el plano de las estructuras de poder, cuestiones que debían ser discutidas. Por ello propusieron un claustro donde debería debatirse con “toda la comunidad universitaria el contenido principal de la reforma. Sólo así ella será la expresión de una universidad democrática y no el resultado de una imposición de corte dictatorial”329. Debían integrarse todos los estudiantes a través de sus centros de alumnos, para que fuera toda la comunidad universitaria la que participara en los cambios y no sólo las cúpulas directivas. En concreto esto significaba poner en discusión el carácter que la ex Federación y el ‘Movimiento 11 de agosto’330, junto con el rector Fernando Castillo Velasco, pretendían darle: sumarla al proceso de cambio que ocurría fuera de la universidad. Illanes sostuvo que el Consejo Superior era un

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La primera cita en El Mercurio, 26 de octubre de 1968, p. 36; la segunda, en Pec, 4, 18 y 31 de octubre de 1968. Como se explicó en el capítulo III, el “Movimiento 11 de agosto” surgió del quiebre de la Democracia Cristiana Universitaria debido al curso que tomaba la reforma. El grupo más radical, liderado por Miguel Ángel Solar, se constituyó en dicho Movimiento.

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organismo representativo, pero que no lo consideraba adecuado para decidir sobre una reforma tan importante, considerando que se podía consultar a la comunidad en su conjunto directamente. En otras palabras, se abjuraba de uno de sus principales argumentos en su oposición al cuestionamiento y salida de Monseñor Silva Santiago un año antes, como era el derecho propio de la autoridad para tomar las decisiones más importantes atingentes a esa Casa de Estudios. En esta oportunidad, los gremialistas, por boca del presidente recién elegido, asumían el papel que la reforma le asignaba a la comunidad universitaria –especialmente alumnos y profesores, ámbitos en los cuales tenían adeptos– para oponerse a la línea que buscaba la rectoría. Así, el triunfo gremialista selló un inevitable enfrentamiento entre ambos organismos. Esta realidad tuvo su primera expresión en el Centro de Estudios de la Reforma creado para debatir el contenido de ella. Para este fin, la Federación convocó a elecciones de electores, en las cuales empataron el “Movimiento 11 de agosto” y los gremialistas, obteniendo cada uno 41 y 38 votos, respectivamente, lo que significaba 6 electores para cada uno y 4 para la Democracia Cristiana, que participó en forma independiente del grupo de Miguel Angel Solar. Así, aunque los gremialistas dominaban la Federación y algunos centros de alumnos, el “11 de agosto” mantenía el poder real, ya que contaban con el apoyo del rector, de gran parte del Consejo General y ahora obtenía el 25% que representaba el alumnado. Como parte del enfrentamiento con rectoría, a fines de 1968 Illanes formuló declaraciones públicas en El Mercurio en contra del rector de la Universidad Católica criticando el nombramiento del nuevo Vicerrector Académico hecho por Castillo Velasco por ser ajeno a la universidad. Illanes acusó al rector de no dirigir el proceso en forma democrática, pues la comunidad universitaria elegía mucho, pero gobernaba poco, al tiempo que el equipo de rectoría elegido revestía “una evidente política de exclusión ideológica”. Por ello aseguraba que en esa institución imperaba “la democracia como forma de elección y la monarquía como forma de gobierno”. Por último, el “11 de agosto” era el poder detrás del trono331. Los democratacristianos y el “11 de agosto” rechazaron lo que consideraban una afrenta al rector como un intento de frenar el espíritu de la reforma, afirmando que no representaba el sentir de la mayoría del estudiantado e Illanes asumía su voz públicamente. El problema de fondo era el control que el “Movimiento 11 de agosto” tenía del Consejo General de la Federación, cuestión que, a juicio del gremialismo, no era real, pues no era proporcional a las fuerzas de cada grupo dentro del estudiantado. Illanes solicitó al Consejo su disolución, moción que fue rechazada, por lo cual Illanes convocó a un plebiscito, a lo que sus oponentes respondieron proponiendo un voto de censura, demandando a la Federación

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Pec, 8 de noviembre de 1968, 10 de enero de 1969.

la convocatoria al Consejo, a lo cual se negó. El Consejo se autoconvocó, destituyó a Illanes y elegió como su reemplazante a Juan E. Coheymans. De esa manera, a fines de ese año, existían dos federaciones, la gremialista de Illanes y la de Coheymans, quien fue reconocido por rectoría. Finalmente se llamó a un plebiscito al estudiantado para decidir cuál de las dos federaciones era la legítima, evento que fue ganado por los gremialistas, en una votación de 2602 votos contra 2258. Illanes ganó en todas las escuelas donde el gremialismo ya era fuerte, agregando el Pedagógico. Posteriormente, los gremialistas lograron modificar la composición del Consejo, siendo todos sus participantes, miembros de su Movimiento332. A partir de este momento, los gremialistas mantuvieron el control de la Federación. Como parte de la campaña, el Movimiento publicó una “Carta abierta” al alumnado de la Universidad, en la cual recordaban su nacimiento y el contexto de aguda politización que los reformistas habían pretendido imprimirle a su institución, agradeciendo el apoyo recibido con el plebiscito. Aseguraba que la Federación había tenido una labor fructífera, pero se destacaba en especial el que se hubiera “implantado un nuevo estilo de acción estudiantil. La seriedad, el espíritu universitario y la ecuanimidad han venido a sustituir la fraseología hueca, a la asamblea bullanguera, a la presión o la amenaza, que mucho resuenan, pero que nada construye”. La convicción de que aún había mucho por hacer, pero “debe realizarse en la línea gremial de la actual FEUC y sin volver a una versión acentuada de la politización estudiantil”, los impulsaba a presentarse nuevamente como una alternativa electoral a la Federación, solicitando el apoyo del alumnado333. El folleto reflejaba ese nuevo estilo derechista: su vocación de poder, de entender la Federación como un centro a partir del cual podían controlarse los procesos en marcha, al menos dentro del establecimiento. Asimismo, expresaba su perpectiva de la política: la demonización del otro, casi el mal absoluto, tendencia que también era observable –como hemos visto– entre los nacionales. Los valores esenciales parecían estar asociados sólo al gremialismo, y la “politiquería” a sus oponentes; ningún principio ni propuesta positiva podía existir en ellos, sólo intereses de bajo nivel. Es decir, la política en una visión dicotómica, como un campo de amigos y enemigos. La política como batalla. En ese sentido, el gremialismo fue parte de la radicalización que caracterizó los finales de la década del sesenta, donde los actores se aprestaban a afirmar la consistencia, en desmedro de los acuerdos. Como explicaba uno de sus folletos: “Solo siendo fiel a la propia finalidad y naturaleza, es posible alcanzar la plenitud como ser… ¡Con razón los clásicos veían en el orden, la ubicación de cada 332

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Sobre estos incidentes, Pec, diciembre de 1968 y enero de 1969; La Nación, 25 al 29 de diciembre de 1968, p. 5. Movimiento Gremial, “Carta abierta al alumnado de la Universidad” (Stgo.: 1969). El documento estaba firmado por Hernán Larraín, Sergio Gutiérrez y Ernesto Illanes.

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cosa en su lugar y Dios en el centro de todas!. En su lugar... que es como decir en el ejercicio de la fidelidad a la continua perfección de sí mismo o, en otros términos, a su plenitud de vida”334. En estas palabras se rescataba la existencia de un ideal, que era el móvil del grupo, la lucha contra aquellas ideologías que amenazaban la mantención de los “principios eternos”, de aquello que no podía cambiar. Así como democratacristanos e izquierdistas optaron por destruir la base que permitía la reproducción de la dominación y desarrollaron una acción política acorde a ese fin, los gremialistas se aprestaron a defender lo que, a su entender, era inmutable y no susceptible de debate. Para ello el nuevo estilo era crucial. Esto quedaba plenamente en evidencia en las declaraciones del presidente elegido para la FEUC, el alumno de Economía Hernán Larraín, quien caracterizó a Miguel Angel Solar como el “símbolo del extremismo”, asegurando que la elección había “servido para desenmascarar a quienes bajo la careta del reformismo llegaron a la universidad. Como dije en otra oportunidad, esos grupos son marxistas disfrazados”335. El enemigo real, finalmente, aparecía. Tanto la convicción gremialista de que el cambio siempre es posible, mientras no toque la esencia, como la identificación del marxismo como la simbolización más peligrosa de esa amenaza, confirman el carácter contrarrevolucionario del Movimiento Gremial. Debe recordarse que existen tendencias contrarrevolucionarias dentro de la propia modernidad, pues no rechazan del todo sus fundamentos, como la idea de progreso, por ejemplo. Entre esas corrientes destacan el liberalismo crítico, el cual acepta el racionalismo y el progreso, pero como un fenómeno orgánico o evolucionista, y el conservadurismo radical, el que toma la modernidad como arma para sí mismo para defender la tradición336. En ese sentido nosotros proponemos que es posible calificar al Movimiento Gremial como parte de las tendencias contrarrevolucionarias. Representaban, además, una vertiente específica de contrarrevolución, lo que Nolte denomina “el conservadurismo radical” –recién mencionado–, aquel que reivindica la revolución para destruir la revolución. Aunque los gremialistas insistieran en autopercibirse como “apolíticos” –confundiendo política con partido–- y no revolucionarios, reivindicaban la lucha como un deber y una nueva acción; su análisis de la realidad político-social eran indicaciones para la acción y un llamado a ella337. Frente a las críticas de que el gremialismo pretendía remitirse sólo al ámbito universitario, ellos señalaban aquello como un error, pues por “pauta de acción” debía entenderse una actitud espiritual para enfrentar la realidad, por lo cual lo que el movimiento hacía 334 335

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Movimiento Gremial, “En la ruta de un ideal” (Stgo.: 1969). El Mercurio, 18 de octubre de 1969, p. 33, Véase también la entrevista a Ernesto Illanes de 1 de noviembre de ese mismo año, p. 31. Ernst Nolte, op. cit. Ernst Nolte, op. cit., p. 126.

en la universidad “es susceptible de ser realizado tanto respecto de la sociedad, como en cada uno de sus otros cuerpos intermedios. Y más aun, urge que se haga cuanto antes”338. En otras palabras, ya para estas fechas, existía la convicción y la decisión de salir al combate que se libraba más allá de las fronteras de su propio medio, traspasando sus propios discursos, aunque apoyándose en él. Era contrarrevolucionario, además, porque descalificaba el núcleo de la modernidad, la capacidad de la razón para crear un mundo mejor, interpretando su época como “el crepúsculo de las ideologías”. A su entender, ello era beneficioso, pues se asistía al predominio de lo científico y lo técnico por “sobre lo ideológico”, asegurando que primara la seriedad y no la arbitrariedad, toda vez que ellos exigían eficiencia, calidad y rigor, ante lo cual no servía la palabrería hueca. Por eso “En el crepúsculo de las ideologías se asegura la posibilidad de que en la sociedad prevalezcan los sabios, y no los ociosos, los charlatanes y los demagogos”339. Este repudio a lo ideológico, pero la valorización de la revolución tecnológica, de la que ya dimos cuenta en el capítulo III, refleja una lectura sesgada de los ideales de la modernidad. No eran antimodernos en su totalidad, porque rescataban uno de sus ejes centrales, pero seguían mirando al pasado, a un mundo donde el orden era ajeno a la mano del ser humano, pues estaba en las de Dios y con ello sostenían la limitación humana y la imposibilidad de una humanización a partir de una naturaleza racional. Este fundamentalismo religioso era el acicate de la acción. Como queda en evidencia y a diferencia de los nacionales, los gremialistas tenían unidad de proyecto y de acción. En parte, este rasgo les permitiría enfrentar en mejores condiciones las luchas que advenían. Manteniendo el eje de su discurso, el Movimiento interpretó el segundo triunfo en la FEUC como un respaldo a la labor de despolitización realizada por la primera directiva de Illanes. En la ocasión, no se elegió solamente a la directiva, sino también al Consejo General de la Federación, en el cual el Frente de Izquierda obtuvo 17 miembros, los gremialistas, 16, la Democracia Cristiana, 4 y el Partido Nacional, 3. Una correlación de fuerzas bastante equilibrada, casi un empate, pues la juventud democratacristiana disentía de la línea de Solar y muchos de ellos habían votado por el gremialismo en 1968, y en 1969 anularon el voto. Es decir, podrían eventualmente unirse a sus antiguos adversarios; lo mismo ocurría con los nacionales. Entre los candidatos gremialistas para el Consejo podían encontrarse nombres interesantes: al menos dos futuros presidentes de la Federación: Tomás Irarrázabal y Atilio Caorsi; uno de los cerebros del

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Movimiento Gremial, “En la ruta de un ideal”. Movimiento Gremial, “En la ruta de un ideal”.

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neoliberalismo de los setenta, Miguel Kast340; una futura destacada periodista de El Mercurio, Blanca Arthur, por nombrar algunos. Desde 1969, cuando el movimiento de Jaime Guzmán confirmó su predominio dentro del estudiantado, y hasta 1972 –período que cubre este estudio–, el Movimiento Gremial ganó todas las elecciones de la FEUC, convirtiendo a esa Universidad en uno de sus principales centros de poder. Simultáneamente, los gremialistas intentaron crecer a otras universidades, logrando éxitos en la Universidad Católica de Valparaíso, instalaron un núcleo en la de Chile y otro en la de Concepción. Poco después, simpatizantes suyos llegaron a la directiva del Colegio de Periodistas. Como señaló años más tarde Hernán Larraín, los jóvenes se habían convertido en un poder, una fuerza determinante. Una vez ya asegurados en la Católica, las directivas gremialistas comenzaron a participar activamente del debate político nacional. Su triunfo sobre los reformistas y su auspiciosa salida a otros frentes demuestran la confianza alcanzada, haciendo de 1968 un año señero en la historia del gremialismo, tal como lo fue para la juventud universitaria europea. En los primeros meses de 1969, se produjo un allanamiento en la Universidad de Concepción debido al secuestro de un periodista que publicó una nota en la que denunciaba prácticas miristas dentro de la universidad. Todas las federaciones universitarias rechazaron la entrada de las fuerzas policiales al recinto universitario, invocando la autonomía territorial. La FEUC de Illanes fue la única que disintió de esa opinión estudiantil generalizada, publicando un manifiesto en el cual “rechaza la absurda afirmación de que la orden de allanar la Universidad de Concepción constituya una violación a la autonomía universitaria [pues] dicha autonomía solo se extiende al cumplimiento del fin propio de la Universidad... pero no incluye la inviolabilidad territorial de los locales universitarios”341. Según explicaba en ese documento, aceptar esa premisa implicaría convertir a la universidad en un Estado dentro de otro Estado, ajeno a las leyes generales del país. Illanes enfatizaba que la ciudadanía debía estar clara que existía al menos una Federación que no creía en dicha autonomía “esgrimida como pretexto para amparar delincuentes”. Criticaba al rector de esa Casa de Estudios por su actitud “torpe y demagógica” y negaba su solidaridad con ella, pues contrariamente la “FEUC pide y apoya la drástica represión legal de este grupo”. Este documento es interesante, porque reitera rasgos que hemos resaltado de esta nueva derecha. Lo que es más manifiesto, su espíritu combativo y decidido a posicionar a la derecha dentro del mundo juvenil estudiantil. Una de las críticas que los gremialistas esgrimían contra sus adversarios era su intrusión en los problemas

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Joaquín Lavín, Miguel Kast. Pasión de vivir (Zig Zag: 2003). Pec, 10 de enero de 1969, p. 15.

ajenos al ámbito universitario. En esta ocasión, aunque se tratase indirectamente de ese tema, el gremialismo ofendió al rector de otra Casa de Estudios y asumió la defensa de las fuerzas policiales encargadas de realizar el allanamiento. A su vez, implícitamente intervino en el debate del momento sobre el compromiso de los estudiantes con el acontecer nacional. Es decir, era evidente que aquello defendido como estrictamente atingente a un cuerpo intermedio no lo era, sino parte de un debate acerca de la sociedad, sus instituciones y roles. La afirmación corporativista de que era posible una organización gremial despolitizada se contradecía en este mismo debate, pues éste excedía el marco universitario y remitía al problema del orden social. Por último, es importante destacar dos aspectos más: en primer lugar, que calificaran a los estudiantes miristas supuestamente comprometidos en la existencia de esas armas como “delincuentes” y no como “terroristas”, en circunstancias que el discurso de la derecha desde la instalación del comité de OLAS en Chile, aseguraba el crecimiento de la guerrilla y el terrorismo. En segundo lugar, el destacar que existía una Federación antagónica a las corrientes en boga, demostraba su decisión de ofrecerse como defensores del “orden” y representante de sectores que desearan recuperarlo. Es decir, vocación de poder. Así, desde su cuartel de operaciones en la Universidad Católica, los gremialistas entraban a la lucha política más abiertamente. Estos triunfos gremialistas y el apoyo que recibieron de los medios de comunicación de derecha dificultaron el crecimiento del Partido Nacional a nivel estudiantil y, más aún, sus vínculos con los sectores alessandristas que estaban en pleno proceso de reaparición los lanzaron a un plano de lucha nacional, que les abrió sus puertas al poder. En efecto, bastantes años antes –en 1965– un grupo de Freístas a la Fuerza (FAF) no se rindió frente a la arremetida democratacristiana sobre el derecho de propiedad y decidió comenzar a trabajar para lograr que Jorge Alessandri se repostulara a la presidencia para la elección de 1970. En el conocimiento de que su candidato no deseaba tal cargo, crearon una organización llamada Movimiento de Acción Democrática (MAD), encabezada por Eduardo Boetsch, parte del FAF, cercano al grupo “Chile libre” que participó en la campaña del terror en la elección de 1964, analizada en el capítulo I. Según el testimonio de este último, durante 1962 había conocido a un par de dirigentes obreros, Guillermo Guevara, ex comunista, y Luis Heredia, anarcosindicalista, con quienes se contactó en 1965 y les propuso “iniciar un movimiento popular destinado a cambiar el curso de nuestra historia”342. En concreto se trataba de romper con la

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Eduardo Boetsch, op. cit., pp. 65-78. Para gran parte de la historia del MAD nos remitiremos a este libro, salvo indicaciones precisas.

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práctica de la nominación de los candidatos presidenciales por los partidos políticos y no por el “pueblo”, el cual se remitía a votar para los eventos convocados; esta vez “nosotros lo haríamos levantando la candidatura del ex presidente”. Para ello se decidió reunir mil firmas de “gente modesta respaldando una carta abierta en homenaje” a Jorge Alessandri, la que debería ser publicada en la prensa el 4 de noviembre de ese año, cuando se cumplía el primer aniversario de su alejamiento de la presidencia. De acuerdo a Boetsch la recolección comenzó, pero hacía falta una carta de adhesión y reivindicación de la obra “fecunda” de su gobierno, y que fue escrita por el propio Boetsch, pero que apareció en la prensa como propiedad intelectual y política de “un grupo de obreros y empleados”, con lo cual notificaban sus intenciones. Poco después se integró a este grupo Enrique Ortúzar, ex ministro de Alessandri (aunque no públicamente), y Gisela Silva Encina, nieta del historiador nacionalista, Francisco Antonio Encina, y más tarde, Ernesto Pinto Lagarrigue (también en secreto), quienes junto con los obreros mencionados comenzaron a editar –en abril de 1966- un Boletín, donde publicaron los artículos destinados a presionar al ex mandatario y denunciar al gobierno de Frei. La mayoría de ellos eran redactados por Gisela Silva y por el propio Boestch, no los obreros. El Movimiento siguió creciendo: a mediados de 1965, unos jóvenes universitarios interesados en sumarse a la campaña en curso fueron presentados a Boetsch por Ortúzar, entre los que destacaba “un muchacho delgado, de frente amplia y grandes ojos azules detrás de gruesos lentes, evidentemente, el jefe del grupo. Razonaba con un rigor implacable”; se trataba de Jaime Guzmán Errázuriz. Según Boetsch, Guzmán habría estado de acuerdo en que no existía una tercera posición entre capitalismo y marxismo, revelando que la Universidad Católica estaba dominada por los democratacristianos y marxistas y que “estaban creando un movimiento de carácter gremial para despolitizar la vida universitaria”. El MAD dedicó sus primeros esfuerzos a combatir la reforma constitucional al No.10 del Art.10 de la Constitución, que establecía la función social de la propiedad –lo mismo que por esos días hacía la otra organización en la que participaba Guzmán: FIDUCIA–, realizando actos-manifiestos cada aniversario del 4 de noviembre para Alessandri. De acuerdo al análisis del Movimiento, la Democracia Cristiana y el marxismo eran lo mismo, lo cual se demostraba con la reforma agraria en marcha y la reforma constitucional, no existiendo terceras posiciones. Reivindicaban como sus inspiradores a Winston Churchill, Charles de Gaulle y el economista alemán Ludwig Erhard “los que en su momento dado galvanizan la voluntad de sus ciudadanos y realizan el milagro de restablecer economías, países y nacionalidades”343. Como ellos, en torno a Jorge Alessandri y su propuesta de reforma constitucional debía organizarse un

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Boetsch, op. cit., pp. 112-116; también La Nación, 7 y 8 de junio de 1967, pp. 6 y 3, respectivamente.

gran movimiento popular, de sólidos principios doctrinarios, capaz de dar estabilidad económica y devolver a Chile su grandeza del pasado. Por estos años, cuando el grupo había logrado alguna notoriedad, Ortúzar y Pinto Lagarrigue adhirieron públicamente al Movimiento, lo cual se pensaba le daría más fuerza y respetabilidad política. Este Movimiento era completamente ajeno al Partido Nacional, por lo menos hasta 1970 y, más aún, pretendía mantener esa independencia, precisamente por el fuerte sentido antipartidario que lo dominaba. Asimismo, la pugna por la persona de Alessandri era otra razón de rivalidad, pues los nacionales, en un intento por lograr mejores resultados electorales, tempranamente asociaron la imagen de su partido al ex mandatario, como ocurrió en la elección municipal de 1967, lo cual era rechazado por este grupo. Si se atiende a los componentes originales –Boestch, Ortúzar, Guzmán– se trataba de personas con un agudo resentimiento por la decadencia de la derecha, de lo cual responsabilizaban a los partidos Liberal y Conservador, que habían acompañado a Alessandri durante su mandato y compartían con él su afán por la “independencia” y el “hombre fuerte”, la autoridad, en el marco del conservadurismo. Esto se corrobora con los personajes con los cuales se identificaban, Churchill y De Gaulle, exponentes de la derecha europea conservadora y el autoritarismo, en lo que se refiere al segundo. El caso de Erhard, más bien se relacionaba con la defensa de la empresa privada, toda vez que Erhard defendía una concepción de la economía bastante más social de lo que los defensores de la economía libre en Chile sostenían y pretendían. A esto debe agregarse que el MAD reflejaba, además, a una derecha combativa, furibundamente anticomunista, como lo revelaba su pasado de Freístas a la Fuerza y, sobre todo, de “Chile Libre”. En suma, la aparición del Movimiento de Acción Democrática era una alternativa al Partido Nacional y representó la primera fusión de alessandristas y gremialistas. Juntos pondrían en jaque la pretendida hegemonía derechista de los nacionales. Esta situación quedó claramente de manifiesto durante 1968, cuando lanzaron un “Manifiesto al País”, para convencer al ex Presidente Jorge Alessandri de que fuera candidato presidencial en 1970. Entre quienes convocaban no había ningún exponente del Partido Nacional. Firmaban el Manifiesto Guillermo Feliú Cruz, historiador; Adolfo Silva Henríquez, Hugo Gálvez G. (ex ministro de Jorge Alessandri), Jaime Guzmán Errázuriz, dirigente del Movimiento Gremial; Jorge Délano, empresario, y Eduardo Boetsch, ingeniero, es decir, gente ajena a los partidos políticos: los “independientes”. El Manifiesto señalaba que había una crisis del principio de autoridad, que se había sustituido el derecho por la arbitrariedad, se despreciaban las instituciones, los principios eran desquiciados, todo lo cual amenazaba con derivar “hacia el caos político, social y económico”. Por eso, sostenían, el pueblo de Chile ponía su esperanza final en el retorno a la presidencia de Jorge Alessandri, quien se resistía a aceptar tal nominación.

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Era necesario convencerlo y eso sólo podía lograrse “apelando a su patriotismo con el respaldo incontrarrestable de la voluntad popular... no aceptará jamás una candidatura cuya iniciativa no emane de la voluntad popular”344. En otras palabras, el Manifiesto era un desconocimiento al papel que el Partido Nacional pretendió autoasignarse y era la conversión explícitamente política de quienes se sentían de derecha, pero no creían en la alternativa partidaria. Si se observa, eran empresarios y dos profesores universitarios –uno, dirigente de los estudiantes gremialistas de la UC-, ambos de fuerte sesgo antipartidario y de tendencias corporativas. Era la emergencia de una nueva derecha política, el “alessandrismo”, que revivía la tentativa de comienzos de los sesenta de formar un gran movimiento suprapartidario en torno a la figura de Jorge Alessandri. Lo novedoso era la unión explícita entre corporativistas y liberales –tal como el Movimiento Gremial en su interior–. Una fuerza en gestación aparecía en la escena política. Lo segundo importante del Manifiesto era el requisito esencial que acompañaría la candidatura Alessandri: la urgencia de la reforma constitucional que reforzaría el poder del Ejecutivo y restaría atribuciones al Legislativo: “Evidentemente, don Jorge Alessandri no volverá a la Presidencia de la República para empeñarse en una lucha estéril con el Parlamento o para ver su acción de gobernante anulada por los vicios de nuestros detestables hábitos políticos. Sólo se verá obligado a aceptar la primera magistratura si los hombres y mujeres de esta tierra son capaces de demostrarle que cuenta con un abrumador apoyo popular y le permita mediante reformas legales y constitucionales adecuadas, desterrar para siempre de la vida nacional la demagogia y la politiquería... ése es el único camino de lograr la restauración de los valores morales y el desarrollo económico y social de Chile”. Quienes firmaban el Manifiesto, adherían a una perspectiva que apostaba por un régimen más autoritario y debilitar a los partidos; para lograrlo necesitaba un plebiscito encubierto –un triunfo arrollador en la presidencial– para realizar las reformas constitucionales necesarias. Es posible que la percepción de que el Partido Nacional había fracasado y del agudo sentido antipartidario entre los firmantes revalorizara la cuestión política, pero centrada en un cambio constitucional; es decir, en un nuevo pacto social, un nuevo bloque en el poder. Esto sólo podía hacerse con cambios legales que neutralizaran a la izquierda –a estas alturas también a la DC– y al movimiento obrero. Esto explica el énfasis en el tema de la reforma y del rechazo a la “politiquería” y la “demagogia” que cruzó el programa presidencial de la derecha en 1970. Esta pugna intraderecha se hizo mucho más transparente en enero de 1969, cuando estos grupos más antipartidarios fundaron la revista Portada, la cual reunía

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Pec, 6 de septiembre de 1968, pp. 7-8.

precisamente a las líneas neoliberales, nacionalistas-estanqueristas y gremialistas, medio a través del cual se empezaría a consolidar el acercamiento entre tendencias tan diversas como las nombradas y dar forma a un proyecto alternativo conjunto. Portada es importante, porque es una prueba más de la decisión de sus fundadores de fortalecer su posición frente al sistema político más convencional y convertirse en la verdadera expresión de un nuevo estilo y proyecto político derechista. Portada nació para contribuir a una prensa veraz y profunda, según sus propias palabras, sin responder a ninguna empresa editora ni compromiso político, declarándose “no neutra”, esperando moverse en el “campo de las ideas y de los hechos de trascendencia nacional e internacional”. Se presentaba como renovadora, pero no revolucionaria: renovadora, por cuanto efectivamente compartía el anhelo de grandes transformaciones, pero no creía en la violencia, pues tenía la convicción en la solidaridad de clases. Era, por último, una revista católica. Nuevamente, esta expresión derechista rechazaba la idea de ser contraria al cambio como la motejaba la izquierda; aceptaba y deseaba cambios, pero que apuntaban al control social, a la reimposición de la disciplina política y social, en las cuales se observaba la raíz de la crisis. De allí que se notaba una angustia por lo que se percibía como una sociedad fracturada por los intereses de clases, la que sólo podría recomponerse neutralizando esos conflictos. ¿Era la recuperación de la estrategia histórica de la oligarquía “cambiar para que nada cambie”? No exactamente. Esa estrategia aceptaba cuotas políticas y, posteriormente sociales, modernizadoras para mantener el núcleo de la dominación, pero en algo miraba hacia el futuro. En este caso, la mirada estaba, en esos terrenos, más bien en el pasado: apuntaban a un cercenamiento de los derechos sindicales alcanzados, la autonomía lograda respecto del Estado, la posibilidad de los trabajadores de negociar en un plano de equilibrio de fuerzas con los patrones, pues todas las mejoras se supeditarían al crecimiento de la producción, a la decisión unitaria del Presidente, y los partidos no tendrían la capacidad legal para mediar, pues en eso consistía la reforma constitucional propuesta. Era una apuesta que desde distintas inspiraciones ideológicas, creía en la necesidad de la recuperación del sentido de autoridad: para unos –los neoliberales– ello tenía una urgencia económica: la acumulación para pasar a otra etapa del desarrollo; para otros –nacionalistas y gremialistas– se asistía al derrumbe del orden natural: todos parecían estar sublevados, desde los estudiantes al Ejecutivo. Sólo miraba hacia al futuro en tanto se sentía atraída por la revolución tecnológica y la urgencia de superar el estancamiento y el atraso. El cambio económico, o la promesa del desarrollo, requería de un regreso al pasado. En esta etapa, a un sindicalismo restringido y una izquierda casi eliminada. Gramsci sostiene que cuando la dominación está en peligro, la demanda por autoridad se hace reiterativa. Había mucho de ese lamento en los sectores gremialistas y nacionalistas y hacia fines de la década del sesenta, también en El Mercurio. Esto

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se evidencia en uno de los primeros artículos de Guzmán en la revista Portada, donde sostuvo que la sociedad estaba invadida de miedo, miedo a discrepar del poder estatal y de partido único, sólo los grandes poderes económicos y jurídicos y los héroes no temían, pero el “hombre común siente miedo... intuye imprudente el combatir demasiado”345. Guzmán levantó el tema del miedo en tanto sentido de amenaza, el cual se relacionaba con el creciente poder del Estado y de un partido político; de ahí el énfasis en el Estado Subsidiario que permitiría defender la propiedad privada y salvar la sociedad tradicional. El aumento del poder del Ejecutivo era precisamente para quitarle poder al Estado en todo aquello que amenazaba la propiedad y la dominación. Así lo señalaban los dirigentes del movimiento alessandrista: “Vivimos un estado de desintegración moral, político, social y económico. Nada se respeta, ni personas, ni instituciones. Cada cual pretende hacer lo que quiere y hacerse justicia por sí mismo”346. Por eso la elección de 1970 era vista casi como la última oportunidad de rectificar. Aunque el Partido Nacional compartía muchos de estos juicios, aún creía que ellos podían resolverse desde el ámbito de la política convencional, aunque con una posición de intransigencia y de confrontación. La diferencia con estos otros grupos es que ellos eran profundamente escépticos respecto de la eficacia de los acuerdos, negociaciones y poder partidario. El Partido Nacional era visto con desconfianza. En síntesis, cuando se acercaba la elección presidencial de 1970, la derecha no había logrado crear un referente político común, sino lo predominante eran las disputas internas y las rivalidades. Ello impidió a la organización más fuerte, el Partido Nacional, hegemonizar el sector y afinar un proyecto que identificara a todas las corrientes existentes en su interior, aglutinando tras de sí a las otras. Esto coadyuvó a una disposición belicosa de ataque a personas e instituciones, la política como herramienta para socavar el prestigio de movimientos y organizaciones, ya fueran políticas o sociales; un medio para engendrar la incertidumbre y el temor. Ello la alejó de sus propósitos originales, debilitándola frente a sus competidoras –gremialismo y alessandrismo– que se sentían fuertes en el plano proyectual. En parte estas luchas eran producto también de la emergencia dentro de importantes sectores derechistas de agudos escepticismos respecto a la capacidad de los partidos para detener el proceso de disolución de la dominación y la imposición de un nuevo proyecto de Estado, lo cual fue asociado a la figura de Jorge Alessandri. Ello sólo podría dilucidarse el 4 de septiembre de 1970.

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Jaime Guzmán, “El miedo. Síntoma de la realidad político-social chilena”, Portada, No. 2, febrero de 1969, p. 5. Enrique Ortúzar, Pec, 14 de agosto de 1970, p. 7.

CAPÍTULO V A LA RECONQUISTA DEL CONTROL ESTATAL: LA ELECCIÓN DE 1970

Quiere el destino que a algunos hombres les sea negada la calma y la tranquilidad que ambicionaron por sobre todo para su propia vida, y que no puedan, ni siquiera en la postrera etapa de ella, gozar del sereno reposo a que siempre aspiraron… Colocado en la hora crucial de las inevitables decisiones acepto que mi nombre sea postulado en la elección presidencial del año próximo. (JORGE ALESSANDRI R., 2 de noviembre de 1969) Antes de sentarnos en esta mesa, queremos saber si el Partido Nacional es recibido aquí como se merece. (SERGIO ONOFRE JARPA, noviembre de 1969) El candidato marxista lo ha declarado en reiteradas oportunidades. Que su modelo de gobierno será el de Cuba. Esto significa, supresión de libertades consagradas por la Constitución, tribunales populares, persecuciones, racionamiento, paredón y finalmente fracaso. Salvemos a Chile del comunismo. (Campaña “Chile Joven”, agosto de 1970)

La elección de 1970 fue, por muchas razones, un hito en la historia de Chile y también del mundo, al ser elegido por primera vez democráticamente un candidato marxista. Para lo que a este estudio importa, fue la ocasión en que la derecha volvió a presentar un candidato propio, negándose a repetir la experiencia de 1964, cuando optó por apoyar a Eduardo Frei. Tal decisión, como hemos visto, estuvo influida por su profunda convicción de que la Democracia Cristiana no sólo no era una barrera al marxismo, sino constituía igualmente una alternativa de esa índole, conduciendo inevitablemente al país al totalitarismo colectivista. La modificación del derecho de propiedad y la aplicación de la nueva normativa referida a la reforma del campo, indujeron a la derecha a retomar el camino propio y rechazar cualquier posibilidad de

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una alianza con el partido del Presidente en torno a un candidato de consenso, como se rumoreó desde 1969. Esta decisión de llevar un candidato en forma independiente reflejó una vez más la naturaleza distinta de esta derecha, pues reconfirmó su recuperación de la vocación de poder y el fin de la práctica de no estar en posesión del Ejecutivo, como había ocurrido entre 1938 y 1958 y luego a partir de 1964. Para 1970, existía pleno convencimiento de la necesidad de recuperar el aparato estatal en su conjunto, lo cual implicaba competir, por primera vez en igualdad de condiciones, por la presidencia de la República. En este sentido, la elección fue simbólica, pues el control del Ejecutivo fue visto como un instrumento clave para lograr sus objetivos de detener el proceso de reforma tal cual se estaba aplicando; esto es, de carácter estructural. Así, la solución percibida por la derecha era eminentemente política, pues era en el ámbito del poder y de la institucionalidad donde residía la posibilidad de devolver al capitalismo su lugar central en la dominación. A diferencia de la izquierda y el centro, que veían el foco de los problemas y su solución en las transformaciones económicas y sociales, para lo cual igualmente necesitaban el poder presidencial, la derecha centraba su atención de modo casi exclusivo en el marco político y jurídico-institucional. Es decir, en la urgencia de una modificación al Estado de Compromiso subsistente hasta ese momento, a través de una profunda reforma constitucional que alterara las atribuciones de los dos poderes estatales de origen soberano. El carácter de la lucha presidencial de 1970 era especial, sin duda, porque ocurría luego de cambios sustantivos no solo en el tema de la propiedad, sino también en la democratización socio-política, pues desde 1967 se amplió significativamente la educación, en todos sus niveles, pero también la participación ciudadana, situación que ha llevado a algunos analistas a calificar el período que se inició en esa fecha y hasta 1973 como el único plenamente democrático en la historia del Chile republicano347. La pugna en torno a las reformas estructurales fue delineando tres propuestas programáticas para 1970, haciendo imposible la constitución de alianzas que permitieran neutralizar las amenazas que se percibían a la izquierda y la derecha. El principal hecho era el aislamiento de la Democracia Cristiana, calificada de reformista por la izquierda y de comunista por la derecha, no pudiendo constituirse en una alternativa con proyecciones, pues no fue capaz de romper la influencia determinante de la izquierda en el movimiento obrero y la mayoría del proletariado, y su necesidad de deslindarse de la derecha la llevó a un plan de transformaciones estructurales, que le alienaron el apoyo de este sector político. De ese modo, la gravitante fuerza alcanzada por este partido centrista a mediados de los sesenta, fue reduciéndose a

347

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Juan Carlos Gómez, op. cit. Ver la Introducción y la Tercera Parte.

favor de la reconstitución de una opción de derecha y el crecimiento de la izquierda, al provocar una nueva ruptura en el mundo político cristiano con el nacimiento del MAPU y la división poco después del radicalismo. Los intentos de algunos exponentes de la derecha de consensuar con Frei y los dirigentes de su partido en torno a nombres como Bernardo Leighton o Edmundo Pérez Zujovic fueron infructuosos. Por otra parte, a pesar de los puntos de acuerdo existentes en los programas presidenciales entre el centro y la izquierda, el socialismo siempre fue hostil a una eventual alianza con los democratacristianos, imposibilitando un acercamiento para un candidato común. Esto aseguró la presencia del Partido Comunista en alianza con los socialistas, haciendo inutiles los intentos por provocar el aislamiento del primero. La flexibilidad comunista, asimismo, haría posible que el candidato de la izquierda fuera un socialista. Puestas así las cosas, el campo político quedó dividido en tres fuerzas348. Por primera vez la derecha –en sus distintas expresiones– pensó que sería posible ganar democráticamente una elección presidencial. Este optimismo se basaba en el reposicionamiento logrado por el Partido Nacional, pero especialmente por el arrastre que, a su entender, tenía la figura de Jorge Alessandri, elegido como su abanderado y quien sobrepasaría el electorado partidario. El desencanto que hacia finales de los sesenta había producido la administración democratacristiana y que era manifiesto en el crecimiento de la izquierda en los movimientos sociales, tanto en el campo como en la ciudad, hacía posible la eventual recuperación de la votación perdida en 1964. La derecha suponía que la decadencia electoral de la Democracia Cristiana, manifestada en las parlamentarias de marzo de 1969, seguiría su curso y sufriría una nueva baja del orden del 25% al 30% hacia septiembre de 1970, que sumados al voto alessandrista sobrepasaría la candidatura de la izquierda. A esos cálculos debe agregarse que a ojos derechistas, el voto de campesinos, pobladores y obreros estaba dividido entre la izquierda y el centro, debilitándose mutuamente. Por último, los sondeos norteamericanos avalaban sus predicciones, pues señalaban al candidato derechista como el más probable ganador. En agosto de 1970, El Mercurio publicó una encuesta cuyos resultados daban un porcentaje de 40% o más a Jorge Alessandri349. El propósito de este capítulo es analizar la campaña electoral de 1970, en tanto última oportunidad de la nueva derecha de mostrar su naturaleza en un contexto de “normalidad”, antes del triunfo electoral del marxismo, acontecimiento que introdujo un factor que modificaría completamente el escenario. Intentaremos determinar qué tipo de derecha era la que se estaba presentando al país. Como hemos explica348

349

Tal es el análisis de Joan Garcés en 1970. La pugna política por la presidencia en Chile (Ed. Universitaria: 1971), especialmente pp.59-66. Joan Garcés, op. cit., pp. 38-41; Luis Vitale et al., op. cit., p. 176; Cristián Gazmuri, Eduardo Frei Montalva, tomo II, p. 765.

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do antes, el Partido Nacional cambió su rumbo hacia la lucha política, en lugar de enfatizar lo proyectual, mientras gremialistas y alessandristas eran más sus rivales que sus colaboradores. Todas estas derechas estaban en una actitud confrontacional, pero no coincidían en un solo proyecto. En esa óptica, evaluaremos si la campaña de la derecha en 1970 logró articular una propuesta común y coherente, dando prioridad al proyecto, o si privilegió el combate, la guerrilla política, retomando algunas estrategias ya usadas en 1964. Desde nuestro punto de vista, los grupos que levantaron y sostuvieron la candidatura derechista de Jorge Alessandri desarrollaron sólo una alianza táctica y no estratégica, no logrando una verdadera comunidad, pues sus objetivos eran distintos, no pudiendo constituirse en una alternativa real. Seguía siendo una derecha multiproyectual, que coincidía en la necesidad de grados mayores de autoritarismo, pero no en sus basamentos ideológicos, lo cual mantenía la pugna interna. No obstante esto, era en su conjunto una derecha “ariete”, es decir, decidida y preparada para el combate, desarrollando el nuevo estilo. Este rasgo, que alcanzó amplia expresión en los años de la Unidad Popular, ya estaba lo suficientemente desarrollado para fines de los sesenta, tanto por el carácter del Partido Nacional como por los nuevos actores derechistas que entraron a escena –los jóvenes–, todos delante del telón de las transformaciones estructurales. En suma, para este evento, el país observó una derecha que luchaba por presentarse modernizadora y proyectual, pero que era al mismo tiempo autoritaria y “ariete”. El concepto “ariete” ha sido utilizado por el sociólogo Patricio Dooner para analizar la prensa escrita de izquierdas y derechas durante la Unidad Popular. De acuerdo a su planteamiento, la prensa cumplió en el período por él estudiado una función de agente de socialización política como acelerador de una crisis –afirmación válida para la prensa de todo el espectro partidario– y si bien el colapso final habría ocurrido de todas formas, la prensa contribuyó a minar los pilares que sostenían el edificio constitucional y los valores de la democracia. La idea de “ariete” hace referencia a un estilo periodístico “incisivo, estridente e insolente”, de combate, que en el caso de la derecha tuvo como propósito “socavar, a través de todos los medios, las bases de legitimidad del gobierno y, dentro de ella, se desarrolló una línea abiertamente conspirativa y sediciosa”. La estrategia derechista habría buscado crear conciencia en amplios segmentos ciudadanos de que el golpe de Estado “era el desenlace natural, un final lógico de una etapa crítica de nuestra historia”350. A pesar de que Dooner aplica ese concepto sólo a la prensa, desde nuestro punto de vista él puede extrapolarse a la actitud y estrategia desenvuelta por otros actores políticos, como son los partidos

350

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Patricio Dooner, Op. cit, pp. 23-25 y 81.

o movimientos de esa índole y a un período inmediatamente anterior a la Unidad Popular. Nuestra hipótesis también apunta a que la derecha que sostuvo la candidatura de Jorge Alessandri no sólo contaba con planteamientos programáticos, aunque no totalmente consensuados, sino también con una forma de entender la lucha política como confrontación y deslegitimación del otro. Dooner define lo “ariete” como un “estilo” que no pone énfasis en lo propositivo sino más bien en lo confrontacional, en la guerrilla y que tiene objetivos deslegitimadores. En esa perspectiva, el ámbito de la “campaña del terror” puede ser incluido dentro de ese estilo, toda vez que buscaba atemorizar a la población, apelando a sus emociones y no a su racionalidad, de modo que sus respuestas coincidieran con aquellas, independiente de su verosimilitud. Con esto no queremos sostener que la campaña fue sólo ariete, vacía de contenido. Ella tuvo de ambos aspectos, lo proyectual y lo ariete. Más aun, no siempre lo ariete implica total vacuidad, sino es posible que el combate también esconda elementos importantes de la naturaleza del sector e incluso de sus elementos programáticos. Partiendo de este planteamiento, consideraremos las prácticas de la “campaña del terror” como un estilo ariete, reflejo de un tipo particular de derecha. A esto debe sumarse la penetración norteamericana en la política chilena, que buscó impedir la elección de Salvador Allende y cumplió un papel central en las prácticas ariete de la derecha, al ofrecer el financiamiento para ellas. Si bien esto ya había ocurrido en 1964, el campo político dividido en tres candidaturas le dio una influencia mucho mayor, pues la posibilidad de lograr mayoría absoluta era muy improbable. Más importante todavía, aquella vez la campaña estuvo remitida a un sector de la derecha y de la Democracia Cristiana, pero en 1970 era la derecha en su conjunto la que compartía el estilo ariete: tanto el Partido Nacional como el gremialismo, el alessandrismo y los grupos nacionalistas de ultraderecha. La alianza norteamericano-derechista, en ese sentido, nos exhibe una faceta más de esta característica.

1. “Me someto” Como explicamos en el capítulo anterior, la decisión de escoger a Alessandri como el abanderado presidencial fue muy temprana. La resistencia derechista a la pérdida de una significativa cuota de su tradicional poder político se expresó apenas el gobierno de Frei hizo explícita su decisión de alterar el derecho de propiedad con el proyecto de reforma al No.10 del Art.10 de la Constitución, en octubre de 1965. Los sectores más furibundamente anticomunistas que se identificaban con el alessandrismo y que habían formado la organización “Chile Libre” en 1964, se reagruparon rápidamente para dar inicio a una campaña de presión constante sobre el ex presidente para que muy anticipadamente aceptara repostularse a la presidencia. Como señalamos, Eduardo Boetsch en compañía de un par de obreros y los ex ministros alessandristas

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Enrique Ortúzar y Ernesto Pinto Lagarrigue organizaron el Movimiento de Acción Democrática (MAD) y realizaron una primera acción en noviembre de 1965, el día que se conmemoraba el primer aniversario del fin del gobierno de Alessandri y el primero de Frei, publicando un manifiesto al ex presidente, una carta abierta en su homenaje, con firmas. La carta fue publicada por El Mercurio y El Diario Ilustrado y hacía alusión a su “entereza moral y voluntad realizadora”, la cual se expresaba en la obra de su administración, en materia habitacional, la construcción de escuelas, hospitales, caminos y puentes “en una escala jamás antes vista”, alentando la inversión extranjera, creando fuentes de empleo, como en una reforma agraria “basada en nuestra realidad, entregando racionalmente tierras sin quebrantar el derecho de propiedad”. Más importante que todo esto, sin embargo, era su capacidad de haber “contenido la descomposición moral”351. La carta, obviamente, buscaba hacer una evaluación negativa del gobierno democratacristiano y preparar el camino para persuadir al ex presidente, ensalzando la gestión anterior, quien en numerosas ocasiones había explicitado su deseo de retirarse de la vida política. Eduardo Boetsch relata la visita que hizo esa tarde al ex mandatario, el cual habría estado molesto con la carta-homenaje, dejando en claro que estaba cierto de cuál era su origen: “Déjese de cuentos, yo sé que Ud. anda detrás de estas cosas”, le espetó a Boetsch. El grupo siguió funcionando, comenzando a publicar un Boletín, el cual fue el medio escogido para hacer la propaganda por la repostulación de Alessandri, colocando en su portada una fotografía suya y adentro un cupón de adhesión para la “creación de una alternativa democrática en Chile”. En su primer número, la nieta del historiador Francisco Antonio Encina, Gisela Silva, escribió un artículo titulado “Nostalgia de Chile”, en el que se hablaba de la existencia de un sentimiento generalizado entre los chilenos: “Nostalgia de Alessandri..el deseo vehemente de recuperar algo perdido”. La autora recalcaba la aparición en las calles de la capital de unas estampillas con una leyenda escueta: “Alessandri volverá”, frase anónima que, a su juicio, mostraba la voluntad de una gran fe popular. Esta integrante del MAD, escribió, según el testimonio de Boetsch, muchos de los artículos publicados en el Boletín y los manifiestos de mujeres solicitando al ex mandatario presentarse a la presidencial de 1970, consiguiendo, además, numerosas adhesiones femeninas. Un papel similar fue el cumplido por el ex candidato a la presidencia y empresario Arturo Matte Larraín, quien apoyó la campaña de reelección con propaganda a la reforma constitucional propuesta por Alessandri en junio de 1964 y más tarde la movilización para que aceptara. A su juicio, Alessandri no podría negarse, pues era un honor que se le estaba ofreciendo, no teniendo alternativa: tendría que aceptar. En 1966, para el segundo aniversario, el grupo organizó

351

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Eduardo Boetsch, op. cit.,p. 66.

una concentración en la Plaza de Armas, frente al Edificio donde vivía Alessandri, arrendaron una camioneta con altoparlantes, estacionándola en la calle Estado, bajo el departamento, dirigiéndose a la gente y los transeúntes de modo de obligarlo a salir al balcón. Para estimular la concentración, previamente mandaron a realizar una encuesta sobre alternativas presidenciables, la cual habría arrojado el siguiente resultado: Alessandri, 54%, Allende, 26%, acompañando los resultados con dos frases: Que la administración Frei no estaba gobernando para la mayoría, y “el pueblo exige el retorno a La Moneda de don Jorge Alessandri”352. El tercer año de campaña pro reelección, Gisela Silva redactó una carta de adhesión femenina, publicada también por El Mercurio, y firmada por personas desconocidas, pues la idea era precisamente evitar la aparición de nombres socialmente reconocidos y “mantener el carácter popular de la candidatura Alessandri”. Asimismo, abrieron una sección provincial en el Boletín, apareciendo la frase que sería posteriormente el slogan de la candidatura: “Alessandri volverá”, como también la sección “¿Por qué soy alessandrista?”, iniciada con el recordado “cura de Catapilco”, el sacerdote-candidato que restó a Allende la votación necesaria para ganar la elección presidencial de 1958, quien ingresó al MAD. Esta campaña culminó con el Manifiesto de 1968, firmado aparentemente por los obreros involucrados y un comité recolector de firmas, constituido por el historiador Guillermo Feliú Cruz, Jorge Délano, Hugo Gálvez, Adolfo Silva, Eduardo Boetsch y Jaime Guzmán Errázuriz, este último incorporado a fines de 1965. Hemos decidido reconstituir el origen de la designación de Alessandri, por cuanto ella demuestra que la decisión de llevar una alternativa propia fue tomada muy tempranamente por un segmento de la derecha, aquella que había estado vinculada más estrechamente a la administración Alessandri y que deseaba detener las reformas estructurales a través de la radical modificación constitucional propuesta por éste. Fue el segmento que votó por Frei en 1964 y se sintió traicionado por la modificación al derecho de propiedad y la reforma agraria democratacristiana y decidió recuperar el control del Estado, esta vez en su totalidad, sin entrar a la competencia propiamente política. Es decir, sin compartir la apuesta original del Partido Nacional de convertirse en una alternativa al centro y la izquierda. Para este grupo que ideó la candidatura, el camino no estaba en la competencia política partidaria, sino en el control del Ejecutivo y en la reforma constitucional. En esa óptica, sólo Alessandri podía ser el candidato. Es interesante, asimismo, el pretendido carácter popular que este grupo quiso imprimirle a la nominación, entendida ésta como no surgida de colectividad partidaria alguna, sino del “pueblo”, para lo cual se recolectaban firmas. Como quedará más claro pos352

Boetsch, op. cit., p. 95. Sobre esta fase de la candidatura alessandrista, 1965-1968, nos basaremos en este libro. Aunque ya en esta encuesta, según Boetsch, el tercer candidato considerado era Tomic, no estamos seguros de la veracidad de esa información, razón por la que no la incorporamos.

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teriormente, esta decisión refleja la redefinición de la palabra popular/pueblo que se estaba haciendo: se homologaba pueblo con la decisión de un grupo socio-político específico de quien surgió realmente la idea de la reelección, pero recubriéndolo de veracidad con las firmas. El pueblo, finalmente, la ciudadanía, eran ellos –el MAD-, quienes eran capaces de leer y representar los anhelos populares. Desde ese punto de vista, la forma de designar el candidato en algo miraba hacia el pasado, a una etapa cuando la palabra pueblo era más simbólica que real, cuando servía para legitimar el control del poder por una pequeña elite, pero que no había tenido participación real alguna en la decisión. Al contrario, el pueblo real de la época era el participante, militante y movilizado; el que era considerado por estos grupos como manipulado por los partidos, no representando su verdadero sentir, aquel encarnado por Alessandri. La centralidad de Alessandri como figura, explica el hecho de que el énfasis estuviera desde el principio en el “hombre”, más que en el proyecto, aunque estaba implícitamente envuelto en él: por oposición a la Democracia Cristiana se levantó un imaginario de Alessandri, casi sobrehumano. Frente a la observación del periodista René Olivares que acusaba al MAD de personalismo y estar estructurado en torno a una figura, el representante del Movimiento contestó: todos los movimientos de la historia, se han estructurado en torno a hombres... en torno a los ideales que representan. Todos sabemos que Alessandri no es eterno, pero ¿cree Ud. que perdería vigencia la austeridad, el esfuerzo creador, el patriotismo, el desinterés, si él desapareciera de la vida privada? ¿Dejaría de tener validez la construcción de poblaciones y caminos o la estabilización monetaria, la dignificación de nuestra posición internacional, la represión de la inmoralidad o la idea de un gobierno para todos los chilenos y no para un determinado partido político? El pueblo ve en Alessandri el símbolo de sus aspiraciones y creencias. Nosotros somos parte de ese pueblo353.

El tipo de respuesta refleja un estilo muy parecido al asumido por los nacionales desde 1967, la descalificación del otro, en este caso, de la Democracia Cristiana. Alessandri era austero y honrado por oposición al despilfarro del nuevo gobierno, su sectarismo y su ideologismo. Un concepto de derecha como apegada a la realidad, y no a las utopías, nacionalista a diferencia del internacionalismo marxista y comunitario. Antipartidista, por cuanto el país ya estaba cansado de partidos y de los políticos, clave de la adhesión que suscitaría Alessandri. Esta apuesta antipartidaria explica, en parte, la presencia de Guzmán en el Movimiento y, posteriormente, de los jóvenes gremialistas en la campaña. Parte de la lucha por la “rectificación política” era la neutralización de los partidos y la absorción de sus atribuciones por un Ejecutivo

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Boetsch, op. cit., p.110. A la entrevista en Radio Yungay acudió el obrero Guillermo Guevara, pero el periodista había enviado previamente el cuestionario y las respuestas fueron elaboradas por Boetsch.

fortalecido. La reforma constitucional haría el resto. De allí que la elevación de su candidatura estuvo rodeada de sentidos de decadencia, de crisis, era la última oportunidad. Así lo señalaba Jaime Guzmán, muy cercano al ex mandatario, en el homenaje que los universitarios le rindieron el 3 de noviembre de 1968 –oportunidad que estuvo a cargo precisamente de los jóvenes del Movimiento– y cuyo Manifiesto fue redactado por el líder gremialista: En muy pocos años desde entonces, el país ha sido conducido a un evidente estado de descomposición moral, social y económica. La trastrocación de valores, la siembra del odio y del rencor, la pérdida de respeto a la autoridad, el despilfarro de los tributos cada vez más agobiantes, el desprecio al hombre de trabajo y la persecución al que no piensa como el gobierno, son algunos de los síntomas del clima angustioso en que se debate el país. Los desórdenes callejeros, las permanentes ocupaciones de locales y el favoritismo arbitrario de los funcionarios estatales, son sólo algunas de sus más frecuentes expresiones. En tal situación, la necesidad de un gobierno fuerte, sobrio e imparcial que... extirpe la demagogia, restablezca la autoridad y la confianza y lleve al país a una auténtica justicia social para todos los chilenos, mueve al país a volver su mirada hacia la persona de don Jorge Alessandri Rodríguez354.

Guzmán destacaba que como jóvenes habían podido experimentar de cerca este estado de desquiciamiento moral –refiriéndose implícitamente a la reforma universitaria–, de modo de urgir al ex mandatario en su responsabilidad de salvar al país del abismo total. Este sentido de decadencia reflejaba el deseo de recuperar el Chile de antaño, en verdad había “nostalgia de Chile”, como escribió Gisela Silva. Había que retrotraer el tiempo al momento en que las decisiones eran elitarias y las masas tenían muy poca influencia: la reforma constitucional recuperaba el sentido de autoridad portaliano, es decir, el que había dado estabilidad al dominio oligárquico, de unas pocas familias. Por supuesto, no se pretendía volver al pasado y por ello se revestía la propuesta de reforma constitucional de un manto saneador, rectificador, que volvería a poner las cosas en su lugar. Como mencionamos antes, no se negaba la idea del cambio, pues los alessandristas no habían sido oponentes acérrimos a la reforma agraria, sino sus partidarios en tanto ella tuviera un carácter técnico, como los gremialistas también habían aceptado la introducción de cambios en la estructura de la Universidad Católica. Por esto, no es posible afirmar que su anhelo fuera volver atrás en cuanto tal, sino al imaginario que se tenía de él: la “natural” sumisión popular y el ejercicio “responsable” de la autoridad. De ahí su rechazo a la modificación del derecho de propiedad, a la propuesta de ampliación del sufragio a las personas de 18 años como al voto de sub oficiales de las fuerzas armadas, esto es, no al sufragio en sí mismo –salvo Guzmán– sino a su entrega a segmentos “no preparados” para ejercer ese derecho. 354

Citado por Boetsch, op. cit., pp. 125-126.

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El MAD se fue vigorizando con el ingreso de nuevos integrantes, de la talla de Julio Philippi, Jaime del Valle (profesor de la UC), Rafael Valdivieso, Osvaldo Martínez, Guillermo Carey (funcionario de la empresa norteamericana Anaconda), Eugenio Heiremans (empresario), Ricardo Brickman, Fernando Léniz (economista), Arturo Cousiño, Eliodoro Matte, Luis Mackenna (ex ministro de Alessandri), Ernesto Ayala (empresario), Armando Roa (psiquiatra), Patricio Huneeus, Ignacio y Gonzalo Domeyko, por nombrar a algunos. A pesar de los esfuerzos desplegados, Jorge Alessandri mantenía silencio; cada año se asomaba al balcón de su departamento, sin pronunciar las palabras esperadas. De allí que se idearon tres nuevas actividades para presionarlo: en agosto de 1969 editaron una revista en colores, con una acuarela de Juan Manuel Huidobro en la portada y la leyenda “Instrucciones para lograr el retorno que es un avance”, mientras en el interior en grandes letras sobre un fondo rojo: “Chilenos, de nosotros depende que vuelva”. La revista fue editada por Storand Publicidad, como colaboración a la campaña. Se sugerían variadas formas para lograr el objetivo perseguido, tales como formar comités en los barrios y en los lugares de trabajo, pegar afiches en las ventanas, pintar el símbolo AV (Alessandri Volverá), reclutar adherentes entre los familiares y amigos o usar una insignia en la solapa. El segundo mecanismo consistió en publicar “Cartas abiertas” dirigidas a Alessandri y provenientes de lugares más pobres, firmadas por muchas personas, solicitándole aceptara repostularse y que comenzaron a aparecer en ese mismo mes. Por último, en octubre de ese año la Organización Salas Reyes realizó por su propia inciativa, según Boestch, una encuesta presidencial, nuevamente con los mismos candidatos que en 1966, pero dando como resultado –también según la misma fuente– un 64% de preferencias para el ex mandatario. La mayoría absoluta parecía estar asegurada y Alessandri no podría negarse. Los nacionales, por su parte, habían estado usando la imagen de Alessandri desde 1967, con motivo de la campaña municipal de ese año, aunque no habían lazos estrechos con el ex presidente, como ocurría en el caso del MAD. La aparición del Manifiesto de 1968 y la recolección de firmas fue, al parecer, una expresión de la rivalidad de ese Movimiento con la utilización que los nacionales estaban haciendo de la figura presidencial y que se aprestaba a repetir en marzo de 1969 cuando se realizaran las elecciones parlamentarias. Al parecer, para evitar una asociación irreparable entre Alessandri y la derecha política, el MAD decidió hacer la publicación a que hacemos referencia y mantener la imagen de una candidatura surgida, supuestamente, del “pueblo” y no de los partidos. Según ciertos análisis periodísticos, que coinciden con otra información, el Partido Nacional había tratado de capitalizar en su favor la popularidad del ex presidente para asegurarse un aumento electoral, como lo hizo en la elección complementaria por Cautín, cuando usó el slogan “Carmine ahora y Alessandri el 70”. Los alessandristas quisieron evitar tal identificación y por ello

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recolectaron las firmas publicadas en la prensa, demostrando al presidenciable que su candidatura era deseada por la masa y no el fruto de la decisión de un partido. Los nacionales, igualmente, destacaban el proyecto de reforma constitucional alessandrista y pugnaban por lograr la mayoría necesaria, negando que su adhesión perjudicara la pre candidatura. El Partido Nacional se consideraba la verdadera expresión de la derecha, pues había iniciado pública y explícitamente la lucha por reponer al sector, asumiendo la mayoría de los costos políticos, tanto por la respuesta de sus opositores como por la carencia de recursos y apoyo de quienes era esperable recibirlo. El Partido había mostrado “voluntad de lucha”, mientras “muchos de los que hoy se pavonean permanecían ocultos o atemorizados”. Rechazaba la hostilidad del MAD y aseguraba que el alessandrismo era un “movimiento popular que trasciende y rebasa las fronteras partidistas... no puede ser monopolizado por un partido y mucho menos por una camarilla sin más doctrina ni programa que sus propias ambiciones personales”355. A pesar de estas rivalidades, los nacionales –al menos algunos de ellos– también creían que el país estaba cansado de partidismo y de “politiquería”, necesitando de un presidente al margen de la contienda de partidos, y sólo Alessandri era capaz de dar vida a un “movimiento nacional. Un movimiento nacional no teorizante…sino de carácter pragmático, que buscara las soluciones más eficaces”. ¿Qué papel le cabía al Partido Nacional en ese proceso? En las palabras de uno de sus más importantes exponentes: No pretendo que ese movimiento se vaya a hacer en torno del PN... todavía sé que los partidos son simples medios para servir al país y no finalidades en sí mismas. Pretendo que el Partido Nacional sea parte de un movimiento mucho mayor, que constituye una fuerza de gobierno capaz de interpretar lo que en este momento están sintiendo los independientes del país... Creo que mi partido tiene este sentido de misión histórica...abriendo un cauce, sirviendo de motor guía para que una cosa mucho más fuerte que nosotros se haga cargo de los destinos de la república... [Alessandri] no quiere ser presidente de la República elegido por una mayoría relativa... pero creo que va a aceptar si de alguna manera se le hace ver que va a tener una gran mayoría popular356.

En otras palabras, había puntos de contacto entre ambas perspectivas, pues destacaban el carácter apartidario del candidato, el mismo que debería asumir el movimiento que lo respaldara. No obstante, las rivalidades persistían. En efecto, a pesar de la molestia del alessandrismo, los nacionales hicieron la campaña parlamentaria de 1969 con la figura de Alessandri. Su propaganda comparaba su gobierno con el de Frei

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Pec, 6 y 20 de septiembre de 1968, pp. 7-8 y p. 3. Según Boetsch, los nacionales se dieron cuenta muy pronto del arrastre personal de Alessandri, pues cuando estaban recién organizando el partido en el sur, encontraron en el teatro de Rancagua un letrero de “Alessandri Volverá” y por eso decidieron hacer la campaña municipal con la figura del ex presidente. Boetsch, p. 77. Francisco Bulnes, Pec, 29 de noviembre de 1968, pp. 10-11.

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y la Democracia Cristiana para terminar preguntando “¿Qué prefiere Ud? ¿el gobierno de Alessandri o el gobierno de ahora? El Partido Nacional lo invita. Pongamos a Chile en marcha de nuevo”357. La votación obtenida (20%) los animó y los confirmó en su pretensión de ser reconocidos como la alternativa derechista al centro y la izquierda. Afianzar su posición en vista a la elección requería de la figura de Alessandri. Frente a los resurgientes rumores de movimientos militares y un eventual golpe de Estado poco después de la parlamentaria, Jarpa aseveró que su partido no necesitaba de esas maniobras, porque “la candidatura de don Jorge Alessandri ofrece una buena posibilidad de gobierno civil”, asegurando que no pretendían apoderarse del futuro gobierno alessandrista, pues el partido propiciaba una administración independiente que incorporara a los hombres de trabajo a las tareas directivas del país, aprovechando todas las capacidades y las voluntades, sin diferenciar en “banderías políticas o partidistas”358. Bulnes, por su parte, volvía a la carga reiterando que Alessandri “tendrá todo el apoyo nacional, el de la gran mayoría del electorado radical, el del sector ‘freísta’ no democratacristiano y el de vastos contingentes independientes que hoy día acompañan a otras colectividades políticas. El triunfo será de Alessandri y por una amplia mayoría absoluta”. A su entender, la ciudadanía daría la “espalda a los totalitarios, los demagogos y los utopistas, para apoyar... a los hombres y las corrientes que den más garantía de seriedad de eficiencia y de espíritu realista y constructivo”359. Para comienzos de septiembre de 1969, cuando el MAD iniciaba su estrategia final de presión sobre el candidato, el Partido Nacional declaró que apoyaría sin condiciones la candidatura de Alessandri: “Estamos de acuerdo con un gobierno independiente del señor Alessandri y creemos que deben llegar a ocupar puestos de importancia hombres que políticamente están preparados para ello”360. Es posible que los nacionales enfatizaran esta idea de un movimiento suprapartidario debido al escepticismo de Alessandri respecto de esas colectividades, buscando un acercamiento. Dentro del Partido Nacional habían exponentes clásicos de los partidos, como Bulnes, y otros más antiliberales, como Jarpa. Sin embargo, los nacionales tenían ambición de poder y pensaban cumplir un importante papel en un eventual gobierno de derecha. La situación se haría más complicada, debido a la presencia más tarde en la campaña de grupos nacionalistas, enemigos declarados de los partidos. Esta situación agudizaría el problema del carácter de la candidatura, pues el único partido era el Nacional y se insistía en que se trataba de una postulación independiente. Tal

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El Mercurio, 8 de febrero de 1969, p. 24. El Diario Ilustrado, 2 de mayo de 1969, p. 2 y El Mercurio, 9 de marzo de 1969, p. 48. El Diario Ilustrado, 4 de mayo de 1969, p. 2. El Diario Ilustrado, 6 de septiembre de 1969, p. 2.

debilidad de los nacionales frente a sus colaboradores-rivales parece haber incidido en la insistencia del partido en constituir un movimiento tras Alessandri, más que un partido, al punto de señalar que “habría unidad popular finalmente, pero ésta se dará en torno a Alessandri”. Jarpa manifestó que “no estamos actuando como partido político, sino como chilenos alessandristas”361. En pocas palabras, a medida que el tema presidencial concentraba las atenciones, los nacionales asumieron un discurso antipartido cada vez más notorio. Los alessandristas, en cambio, eran ideológicamente contrarios a la existencia y papel de los partidos y su apuesta desde el MAD era una clara manifestación de ello. En ese sentido, es posible que las pugnas tuvieran un origen ideológico, pero también político: quien comandara e impregnara su sello a la candidatura y posteriormente al gobierno. Así, las pugnas intraderecha, a las que les hemos dedicado un capítulo, se reforzaron a raíz de la candidatura presidencial. Tras esta intensa presión, a comienzos de noviembre de 1969 Alessandri finalmente aceptó que su nombre fuera postulado. La opción presidencial por Alessandri es importante, porque ella dice relación con el estado de la derecha en el período, tanto en lo relativo a su consolidación, como a su aglutinación. Exceptuando la temprana decisión del alessandrismo, recaer en una figura que para 1970 tenía 74 años, refleja otro tipo de fenómenos: en primer lugar, destacar que entre 1966 y fines de 1969 no había emergido uno o varios liderazgos al interior de los diferentes grupos derechistas, capaz de asumir la cara de la derecha en su conjunto; es decir, que fuera reconocida por la derecha económica, los nacionales, los alessandristas, los gremialistas y El Mercurio. La realidad de esos años era de un no reconocimiento mutuo, como lo expresaba abiertamente el Movimiento liderado por Boetsch respecto de los nacionales y al revés. De la misma manera, el Partido Nacional reiteradamente se quejó de la falta de apoyo de la derecha económica. En ese sentido, Alessandri era la única figura que podía provocar una común identificación y además tenía arrastre electoral propio. Es posible que en parte se tratara de una cuestión de tiempo, pues sólo habían transcurrido cuatro años desde la hecatombe parlamentaria de 1965, momento en el que se había producido una eclosión del sector y ese período había correspondido a la resurrección, proceso no exento de problemas, como hemos visto. Coherente con ello, nadie pudo erigirse como una figura de amplio reconocimiento, que concitara el respeto y la adhesión de los otros grupos. En el caso de los dirigentes del alessandrismo –Ortúzar, Pinto y Boetsch–, carecían de arrastre y eran figuras poco conocidas a nivel nacional, incapaces de constituirse en personalidades con potencial presidenciable, descontando además el hecho de que detestaban el ambiente propiamente político-partidario, aunque habían participado en él. En el caso de los

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El Mercurio, 23 de agosto y 11 de diciembre de 1969, pp. 35 y 27, respectivamente.

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nacionales, los representantes del ala histórica de la derecha –Bulnes, Ibáñez– estaban demasiado teñidos con el pasado y representaban a quienes habían sido expulsados por la ciudadanía del espacio político, no teniendo muchas posibilidades de asumir tal responsabilidad. El ala de “rostros nuevos” –Jarpa o Arnello–, en cambio, eran resistidos por importantes segmentos del mundo derechista, por su origen y vinculación con el nacionalismo. Desde un principio, se acusó a Jorge Prat de ser un “nazista” y de que debía negársele cualquier influencia dentro del nuevo partido, a tal punto que el primer presidente, Víctor García Garzena, se vio impelido a afirmar que la vieja derecha era la garantía del carácter democrático de la nueva colectividad. Jarpa llegó a ser uno de los vicepresidentes por la fusión que había ocurrido, en la cual cada vertiente integrada debía aportar un exponente. No deben olvidarse las tensiones entre ambas alas dentro del partido y que hemos reseñado en el anterior capítulo. En otras palabras, Jarpa no era una persona con el liderazgo suficiente como para convertirse en el abanderado del sector; mucho menos Arnello. Como explicitó el senador nacional, ex conservador, Francisco Bulnes: “Jarpa no era un ideólogo, era un hombre de acción”362. Más todavía, él insistió enfáticamente en la ocasión que estamos citando, que Prat no había tenido ninguna influencia en el partido. En lo relativo a Guzmán y los gremialistas, es evidente que para esa época eran muy jóvenes, desconocidos, presentes en calidad de apoyo al verdadero motor del alessandrismo y aún sin capacidad de levantarse autónomamente. La experiencia en el MAD y en la campaña daría a Guzmán la oportunidad de crecer políticamente y convertirse ulteriormente en un líder. Aquello todavía estaba en gestación. En suma, de ninguno de los sectores que hemos estado analizando surgió un posible reemplazante a la figura de Alessandri. Esto lo tenía claro alguien como el senador Bulnes, quien ante la consulta acerca de un posible heredero frente a un eventual triunfo de Alessandri, contestó: “Yo debo reconocer que ese es un factor negativo en la posibilidad de Alessandri. Yo preferiría que Alessandri tuviera una sucesión clara, pero pienso que si se produce una transformación del sistema político, se va a producir una regeneración de los hábitos políticos y un reagrupamiento de las fuerzas políticas”363. Es decir, la esperanza frente al vacío. Este problema de ausencia de liderazgo no era nuevo en la derecha, pero su reaparición en esta etapa, refuerza nuestra tesis de las rivalidades entre los distintos grupos derechistas que no lograban superarse, a pesar de las exigencias políticas que

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El sector que más rechazaba a Prat era el radicalismo derechista nucleado en torno a la revista Pec, quienes lo calificaron de “nazista”, aunque posteriormente reconocieron a Jarpa. La alusión a la figuración que Jarpa había tenido dentro del partido la explicitó Francisco Bulnes en entrevista ofrecida al cientista político David Pérez, en 1996. La autora agradece a David el haberle facilitado el casette con dicha conversación. Pec, 29 de noviembre de 1968, p. 11.

ellos mismos advertían. Esta situación da cuenta de las dificultades para consolidar al sector y levantar una alternativa reconocible y conjunta. Alessandri fue el primero de los candidatos en ser nominado, un proceso que tardaría más en el caso de la Democracia Cristiana y la izquierda. La Unidad Popular logró constituirse recién a comienzos de octubre, pero existían cuatro candidatos posibles: Rafael Tarud, por la Acción Popular Independiente (API); Pablo Neruda, por el Partido Comunista; Jacques Chonchol, por el MAPU, y aún faltaba la designación de los socialistas, la que después de muchas tensiones recayó en Salvador Allende. A fines de 1969 se aprobó el programa básico de la alianza de izquierda y el pacto interno. En enero de 1970, Allende se convirtió en el abanderado de la Unidad Popular. La temprana nominación de Alessandri no respondió solamente a la presión ejercida por los grupos de derecha, sino también al hecho de que el candidato debería hacer parte de la campaña durante el verano, de manera que no podían esperar. Otras versiones, apuntan al estallido del “Tacnazo” en octubre, movimiento militar que la izquierda asoció al Partido Nacional. Sus miembros negaron la acusación, refugiándose en la certeza del éxito de su candidato; Julio Subercaseaux hizo referencia a que su sector tenía una tradición democrática, que ellos mismos habían construido y luchaban por mantener las instituciones apoyando a Alessandri: “¿Para qué vamos a querer [un golpe militar] si todo Chile sabe que triunfaremos el 70?”. No obstante, el Tacnazo levantó una figura alternativa, la del general Roberto Viaux, líder del acuartelamiento del Regimiento Tacna, quien rápidamente asumió un liderazgo político y fue reconocido como tal por los renacientes grupos nacionalistas, quienes comenzaron a presentarlo como el único capaz de salvar a Chile. El temor a un eventual volcamiento de votación derechista a otro candidato, parece haber incidido en el temprano anuncio364. Según Labarca, Alessandri ya había aceptado la candidatura en junio de 1968, pero había acuerdo en mantener el suspenso hasta pocos meses antes de la elección, desarrollando una campaña corta. Esta versión tiene algo de verosímilitud, pues menciona a Arturo Matte Larraín, su cuñado, como la persona a quien comunicó su decisión, como también a sus ex ministros, todos ellos miembros del MAD. No obstante haber logrado la aceptación del ex mandatario, la candidatura no estaría exenta de problemas, los cuales eran consustanciales a su origen. El primero de ellos fue la propia actitud con que el presidenciable asumió su postulación, la que Eduardo Boetsch califica como la primera derrota. En lugar de alegría y regocijo, lo que invadía a Alessandri era la angustia: los había citado en la Papelera a una hora precisa, pero tardaba en aparecer, por lo que Ernesto Pinto fue en su búsqueda y lo encontró

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El Diario Ilustrado, 23 de octubre de 1969, p. 3 y Eduardo Labarca Goddard, Chile al rojo (Ediciones UTE:1971), pp. 163-251.

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sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos: “Aceptaré postular –habría dicho–. “Lo hago contra mi voluntad”. Boetsch escribe que en lugar de encontrar a un líder, había un hombre abrumado, cansado y triste. Esta desazón se reflejó en la aceptación oficial de la candidatura, la cual tomó el discurso del MAD acerca de que su nombre era la solicitud “incontenible” del pueblo, proceso que había “contemplado silencioso cómo crece de Arica a Magallanes”. Dicho clamor lo habría llevado a un “duro conflicto entre mi hondo deseo de tranquilidad y el de no cometer una grave falta contra los supremos intereses del país”, viéndose obligado a reflexionar. Sus palabras explicitaban su sometimiento: “…quiere el destino que a algunos hombres les sea negada la calma y la tranquilidad que ambicionaron por sobre todo para su propia vida, y que no puedan, ni siquiera en la postrera etapa de ella, gozar del sereno reposo a que siempre aspiraron. Colocado en la hora crucial de las inevitables decisiones, después de muchas meditaciones y desvelos, he decidido inclinarme ante el mandato imperioso de ese destino”365. No era él, evidentemente, quien acaudillaría al sector, sino sería éste quien debería infundirle aliento al candidato y a la campaña. El segundo problema fue la llegada oficial del Partido Nacional al comando alessandrista, al día siguiente de la aceptación oficial de Alessandri. La reunión se efectuó en la sede del MAD, adonde llegó la directiva del partido de Jarpa, quien, según el testimonio de Boetsch, preguntó en voz fuerte “y no exenta de contenida violencia: ‘Antes de sentarnos en esta mesa, queremos saber si el Partido Nacional es recibido aquí como se merece’ ”. Aunque se le dieron las seguridades del caso, las propuestas para el carácter de la campaña revelaron una vez más las diferencias y las distancias existentes entre ellos. Aunque nos referiremos al tema de la campaña misma un poco más adelante, es importante recalcar que tras Alessandri no logró conformarse una sola línea de mando y de perspectivas, sino que la candidatura fue el reflejo de las pugnas y de “los dolores del parto”. Esta situación se hizo evidente también en la elaboración del programa que Alessandri le ofrecería al país, donde nuevamente resurgirían las fracturas que pugnaban por la hegemonía de la derecha. El discurso del 2 de noviembre de 1969 era una síntesis de lo que sería el núcleo del programa presidencial alessandrista, el cual identificaba los principales problemas y el eje de la renovación y de la superación de la crisis que el país vivía. Estos se sintetizaban en el clima de inseguridad y desconfianza, de temor al futuro, producto de la demagogia propia de la acción de los partidos, razón por la cual era urgente una reforma a la estructura institucional. Reiterando su independencia, advirtió que se sentiría libre de cualquier compromiso y establecería contacto directo con los trabajadores. Estas

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El Diario Ilustrado y El Mercurio, 3 de noviembre de 1969, pp. 3 y 35, respectivamente.

ideas fueron desarrolladas en enero de 1970, cuando a través de un discurso radial presentó su programa presidencial: “Hacia un gobierno de integración nacional”. Alessandri comenzó desmintiendo las acusaciones lanzadas por sus adversarios de que su futuro gobierno revestiría un regreso al pasado, un intento de detener la historia. Según sus palabras, la historia no se rehacía, lo cual hacía insensato pretender detener la evolución de los pueblos, aunque sí era necesario aclarar que el logro de las mejoras buscadas debía realizarse ordenadamente y dentro de las posibilidades de la economía. Estas expresiones aludían a la principal expresión de los males de Chile, los que decían relación con el problema del desarrollo económico y social: el eje de su análisis estaba en la relación entre ambos aspectos, el segundo de los cuales a su juicio era imposible sin la existencia del primero. De allí concluía que las “llamadas conquistas del orden social retardan el desarrollo económico, porque restan recursos al ahorro, fuente indispensable para lograrlo”366, mientras los problemas de la extrema pobreza y de la preparación necesaria para las tareas productivas no se abordaban, siendo indispensable que un buen gobernante “armonizara el desarrollo social con las posibilidades de crecimiento económico del país, de modo que la urgencia por satisfacer aspiraciones presentes en ciertos grupos no sacrifique las de otros, que son más premiosas, y mucho menos el porvenir”. Estas palabras constituían, junto con la reforma constitucional, el eje de su proyecto para Chile, pues apuntaban al problema de la estrategia para salir del atraso y superar de una vez los escollos al desarrollo. Ellas eran una propuesta con tendencias neoliberales, toda vez que desconectaba el ámbito social del económico –consumo/crecimiento–, pilar del pensamiento keynesiano, reflotando la centralidad del aumento del beneficio. Tal prioridad requería el debilitamiento de la fuerza sindical y de los partidos con los que se identificaban, poniendo la atención en los grupos menos organizados y más desfavorecidos; es decir, los más miserables. A lo largo del discurso, Alessandri reiteraría que la tasa de ahorro era la clave para asegurar el futuro, atentando contra ella las políticas tributarias puestas en vigencia desde 1938 y, particularmente por el gobierno democratacristiano, y de sueldos y salarios, con el reajuste automático, por encima de la capacidad de las empresas, debido a que las utilidades eran “insuficientes para absorberlos sin detrimento de su desarrollo”. La política de control de cambios implementada a raíz de la Depresión y su impacto en el comercio exterior chileno, había sido distorsionada por los gobiernos de centro izquierda. Alessandri estaba proponiendo una adecuación del modelo de desarrollo económico, útil, según sus propias palabras, para una etapa de la historia del país, pero inapropiada para la de ese momento. Lo que debía cambiar eran ciertas atribuciones

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El Mercurio, 11 de enero de 1970, pp. 2-12. Todas las citas serán extraídas de esta fuente.

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que se le reconocían al Estado para regular la vida económica y liberalizar las importaciones, los precios, favorecer los costos de producción empresarial a través de salarios acordes a la capacidad de ahorro y abrirse al capital extranjero. Este último, según Alessandri, era crucial para lograr los avances necesarios, ya fuera en la forma de préstamos o inversiones, porque generaba desarrollo económico y era una complementación del ahorro nacional. Chile debería atraerlo, resguardando sus intereses permanentes, limitándolo a inversiones productivas o en infraestructura. La presencia norteamericana en la gran minería del cobre era la evidencia del aporte que podía revestir y que había hecho posible los recursos para la realización de empresas como CAP, ENDESA, ENAP, de la que todos los chilenos se enorgullecían. En otras palabras, era en cierto sentido la reversión de la política llevada adelante por la administración Frei Montalva, al menos en materia minera y al acuerdo de 1969 que abría paso a la nacionalización del cobre en un futuro. Apertura del mercado y disminución de las atribuciones estatales eran la respuesta de la derecha a la “Revolución en Libertad” y la amenaza de un crecimiento del Estado en manos de la centro-izquierda. Tal tendencia también se reflejaba en la proposición de liberalizar la industria nacional, nacida con el financiamiento del Estado y protegida por aranceles aduaneros, no pudiendo “nadie discutir que ésta ha contribuido... al desarrollo de nuestra economía”. Los tiempos, no obstante, habían cambiado, haciéndose necesario introducir modificaciones en esa política para provocar un fuerte aumento en las exportaciones, “lo que exige adoptar nuevas normas que tiendan a favorecer las industrias de este género y a incrementar el comercio exterior. Tales son las que imperan en países... que dentro de un régimen de propiedad privada, han alcanzado los más altos índices de desarrollo económico, como ocurre en Japón, Suecia, Alemania Occidental”. Los países en desarrollo, por razones técnicas, producían –tanto las empresas estatales como las privadas– más caro, por lo cual les es era más difícil competir en los mercados extranjeros, considerando además la política de dumping que las empresas productoras mundiales utilizaban. Por ello, Alessandri afirmaba que “la nueva política que se (sic) abre camino a la integración americana, al igual que al mercado andino, corresponden a aquellas modernas tendencias que he señalado... es necesario llegar a acuerdos convenientes no sólo para el establecimiento de nuevas industrias que no existen en esos países [y] estudiar las medidas necesarias para corregir las tremendas distorsiones de nuestra economía que he señalado”. Lo expresado por Alessandri era una defensa del sistema capitalista y un llamado a reforzar la empresa privada, la que veía amenazada por la Democracia Cristiana, con la vía no capitalista de desarrollo, y la izquierda, con el marxismo. Esta defensa de los privados se enmarcaba en una alianza revitalizada con el capital extranjero, en aquellas industrias con posibilidades de generar exportaciones, como las químicas, por ejemplo. No era, con todo, un ataque frontal al papel que el Estado había estado

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jugando en ese proceso, pues defendía la necesidad de los aranceles proteccionistas y la necesaria regulación estatal para evitar que se olvidara que el progreso debía apuntar al bien común. Alessandri tenía como referencia los ejemplos japonés y alemán: Países de tamaño y población similares al nuestro, que figuran entre los más adelantados del mundo, mantienen un régimen de empresa privada y han alcanzado progresos económicos que causan asombro. Se habla del milagro alemán y no menores son el de Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca. No se ve, pues, razón, que justifique el cambio de régimen que hemos vivido... no es el régimen de empresa privada el que ha fracasado en Chile. La crisis que vivimos... es el reflejo en la economía de la demagogia y de la politiquería... Reconozco que este régimen ofrece el peligro, que el empleo sin freno de esas aptitudes por parte de quienes las poseen, los puede conducir a apartarse de esa finalidad encaminada al bien común. Es por eso que siempre he estimado fundamental la acción del Estado dentro de la economía, por supuesto sin que la entrabe, para evitar que tal cosa ocurra.

En otras palabras, era un regreso a una economía de libre mercado, en tanto se propiciaba la liberalización de precios, un uso más restrictivo del control de cambio y una neutralización del reajuste de salarios, favoreciendo las utilidades empresariales. Pero aún se reconocía al Estado un papel regulador e impulsor que el posterior neoliberalismo chileno eliminaría. Es sintomático que frente a la afirmación del cientista político David Pérez de que el Partido Nacional ya en los sesenta rechazaba el desarrollismo y se había vuelto neoliberal, como también lo expresaba el programa presidencial de 1970, el ex senador de ese partido Francisco Bulnes contestara contrariado: “Yo no considero ni tuve la sensación en aquellos tiempos que se estuviese dejando de lado el discurso desarrollista, lo que se veía cada vez más claro era el fracaso del socialismo y la intervención del Estado. Entonces, evidentemente que en los años cincuenta o cuarenta yo creía mucho más en la acción y en el Estado Benefactor de lo que creía en el año 1965 o 1970, porque la experiencia del mundo iba demostrando que los regímenes socialistas no lograban ese objetivo y eran los regímenes capitalistas los que en realidad le daban bienestar a su pueblo. Pero no hubo ninguna teoría ni ningún líder que lo planteara, se fue produciendo por experiencia”. Exceptuando la incomprensible comparación de condiciones de Chile con Alemania o Japón hecha por el candidato (¡población!), no debe olvidarse que todos los ejemplos por él mencionados corresponden a historias de industrialización con amplia intervención estatal y apoyo inicial del capital extranjero, pero defensores de la propiedad privada. Eso era lo que pretendía hacer Alessandri, asegurando una alta rentabilidad, como condición del despegue y que corresponde a la fase de capitalismo dependiente. Para evaluar la naturaleza neoliberal de la propuesta es necesario mirar más detenidamente lo relativo a la materia social, pues ella nos dará la clave para determinar su orientación ideológica real. Ya está claro que el punto de partida de su proyecto era la neutralización de la fuerza sindical y su alianza con los partidos, capaces de aprobar

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aumentos salariales y beneficios económicos acordes con el deterioro de su calidad de vida. Su disconformidad con el desarrollo del movimiento sindical se vinculaba con su obstinación en presionar por salarios que sólo redundaban en más inflación, y en las injusticias de dichos incrementos, pues ellos “ya no dependen de la situación económica de cada empresa, sino de la mayor complacencia política hacia los grupos laborales organizados y de la magnitud que revisten las consecuencias de carácter económico que pudiese provocar la paralización de la respectiva actividad”. Para evitarlas, los gobiernos habían, a su juicio, prodigado soluciones tanto más generosas mientras más pesaban esos factores. Por ello, era imperativo encontrar una nueva fórmula para solucionar los conflictos del trabajo, “en condiciones que en su solución se resguarde, por sobre todo, el interés de la colectividad”. No propondría en esa oportunidad alguna alternativa concreta, pues ella debía brotar del trabajo conjunto de todos los sectores sociales “sin exclusiones partidistas de ninguna clase”. Es obvio que su mirada sobre el movimiento sindical era de una fuerte politización, entendida como influencia partidaria, la cual sólo se movía por intereses electorales y de poder, con claro desprecio por los problemas reales. La solución estaba en una perspectiva tecnocrática del problema, la que, sin embargo, era imposible dentro del régimen de participación ciudadana ampliada que venía desarrollándose desde 1964. Con todo, Alessandri no propuso un desconocimiento de los derechos sociales adquiridos hasta ese momento por el movimiento obrero –por ejemplo, eliminar el derecho sindical o suspender el Código del Trabajo–, en tanto reivindicaciones gremiales, pero no se especificaba qué ocurriría en materia de pliego de peticiones o huelgas. Alessandri se cuidó mucho de explicitar que no habría una involución. De ahí que el eje resolutor estaba en el área política. El programa ofrecía un “Régimen de plena participación popular”, entendida como el deber del gobierno de encauzar el anhelo justo de participación en la gestación de su destino que se observaba a nivel social, especialmente considerando la “revolución de expectativas” desatada por los cambios tecnológicos que mostraban los niveles de vida existentes en otras partes y despertaban deseos de ser parte de los beneficios generados por el progreso. Tal situación debía ser enfrentada “en forma orgánica por una autoridad fuerte que goce de la más amplia confianza derivada de un mandato masivo del pueblo”. En ese sentido, Alessandri hacía suya la apuesta del alessandrismo de que la elección era un plebiscito, cuya votación mayoritaria podría ser interpretada como la autorización para un cambio político radical. Ese gobierno debía abrir los canales de comunicación para permitir la participación de manera “organizada y permanente en las tareas del desarrollo nacional”, para lo cual era necesaria una política de descentralización en todas las actividades que fuera posible, las que deberían estar representadas en organismos técnicos, colaboradores de las autoridades, concepto moderno de la administración de un país. Alessandri

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afirmaba que si bien la Constitución entregaba al Presidente el poder de administrar, lo subordinaba al Parlamento, lo cual le impedía hacerlo, como contrariamente lo demostraba la arquitectura institucional creada por Diego Portales y la fructífera era de los decenios. La derrota del presidente Balmaceda había abierto una era de desenfreno que confirmaba su diagnóstico de la urgencia de una reforma constitucional que vigorizara la autoridad del Ejecutivo y coartara las atribuciones parlamentarias: “La integración nacional que el país reclama y que haga posible el establecimiento de un régimen de auténtica y efectiva participación de todo el pueblo, solo puede lograrse democráticamente con un ejecutivo fuerte que realmente administre y con un Parlamento estudioso que legisle y ejerza la elevada función fiscalizadora a través de su Cámara política”. El régimen de asamblea había sido útil en el siglo anterior, pero ineficaz en esa hora, cuando se trataba de encarar problemas de índole conómica y social, con preponderancia de la ciencia y la tecnología, las que ofrecían soluciones que excedían los marcos ideológicos añejos. Es interesante que el candidato de la derecha aludiera a la figura de Portales y reivindicara la época de los decenios, como que interpretara la derrota balmacedista como un desastre, asociándola a un momento histórico centrado en los problemas económicos y sociales, como era el de inicios de los setenta. Sus palabras recuerdan las de su padre, colocado –en la mente de Jorge Alessandri– en una situación similar en 1920. La irrupción incontenible de las demandas sociales populares para esa fecha, ignoradas por una oligarquía reinante decidida a defender el orden existente, llevó a Arturo Alessandri a una reivindicación del presidencialismo y una diatriba contra el parlamentarismo. Su argumento fue que los cambios a enfrentar –económico/sociales–, requerían de un ejecutivo fuerte, capaz de encauzar la demanda social, de manera ordenada, asegurando el núcleo de la dominación. Es decir, retomar el proyecto de Balmaceda, no comprendido en su momento por la oligarquía. Cincuenta años después, el hijo vuelve a su padre, a Balmaceda y la tradición de la República autoritaria “portaliana”, con los mismos argumentos: un momento de fuerte cambio social que requería de un ejecutivo aislado de la presión socio-partidaria, capaz de asegurar los cambios sin rupturas, sin las masas. El contexto, sin embargo, era muy distinto. Más aún, su padre recurrió al presidencialismo para abrir el sistema a las masas obreras organizadas a través de leyes socio-laborales y un Estado activo en lo social, pues los partidos de la época constituían un obstáculo para la realización de esas transformaciones. Jorge Alessandri, en cambio, demandaba un Ejecutivo con amplias capacidades para frenar el desarrollo de ese proceso, toda vez que los partidos auspiciaban nuevas leyes sociales, no siempre financiadas y de cambio estructural. Su misión sería detener las atribuciones alcanzadas por los partidos y el Congreso, de modo de asegurar el desarrollo social y el bien común del futuro mediante una estrategia que privilegiaba la acumulación capitalista.

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De esa convicción derivaba su agudo sentido antipartidario, organizaciones a las cuales culpaba de todos los males: de la inflación creciente, de la politización de las fuerzas armadas al ser el Parlamento quien decidía los ascensos de la oficialidad, proponiendo que aquello fuera un resorte exclusivo de los comandantes en jefe de cada rama. Los responsabilizaba del caos administrativo y social existente, pues su interferencia desvirtuaba los conflictos laborales, dado que su objetivo real era capitalizarlos políticamente, provocando situaciones de privilegios injustos entre distintos gremios. Peor todavía, la ley de elecciones los facultaba para nominar a los candidatos para los cargos de elección popular, proceso en el cual la ciudadanía no tenía participación alguna. Todo ello, a su juicio, había convertido a los partidos en “una casta privilegiada, que puede influir sobre el destino del país prácticamente a su antojo y de acuerdo a sus convicciones o intereses personales”. Era urgente reformar el sistema e instaurar incompatibilidades parlamentarias para asegurar la independencia de ese poder del Estado y “encuadrar su acción dentro de la órbita que debe serle propia, impidiendo toda interferencia en la facultad de administrar el Estado que compete al Presidente de la República”. Este debilitamiento de los partidos y del Parlamento debería lograrse, igualmente, con su convicción que el Poder Judicial debería tener la atribución, a petición del Presidente o de cualquier ciudadano, de anular los preceptos legales que hubiera dictado el Legislativo si fueran contrarios a la Constitución, como la capacidad presidencial de disolver el Congreso y zanjar los conflictos entre ambos poderes a través del plebiscito. Como se observa, el plan alessandrista revestía ua crítica profunda al estilo político vigente desde 1938, momento en el que los partidos recuperaron su función histórica, luego del interregno del período 1924-1938. En ese sentido, coincidía con los planteamientos de los grupos nacionalistas, que apoyarían su candidatura, antiliberales y corporativistas. No obstante, la propuesta de Alessandri estaba lejos de las inspiraciones ideológicas nacionalistas y más bien se acercaba a una lectura de liberalismo restringido, como el existente en los inicios de la República. No rechazaba el sufragio universal, ni la existencia de poderes estatales separados, ni la propia existencia de los partidos, pero discrepaba por completo del cómo funcionaban: su modelo se acercaba al autoritarismo presidencialista. El Legislativo quedaría profundamente limitado en su quehacer, transformándose en una institución meramente colaboradora del Presidente, pero sin iniciativa ni poder, tal como lo fue en el período 1830-1860. A diferencia de entonces, la Judicatura se convertiría en su verdadero brazo aliado, al tener la posibilidad de desconocer algunos acuerdos parlamentarios. Aunque no estaba del todo precisado, los partidos parecen haber sido vistos como corrientes de opinión, no pensando en su desaparición, como era la propuesta de la mayoría de los movimientos nacionalistas. En síntesis, era un proyecto políticamente autoritario y conservador.

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Esto se hace más claro, al considerar su mirada sobre la juventud y el nuevo papel social que estaba jugando, percibiéndola como una de las grandes inquietudes de la época. Nuevamente culpaba a los partidos del carácter que este fenómeno estaba adoptando, pues se los instrumentaba políticamente, siendo necesario encauzar su servicio a la comunidad y no agudizando las tensiones como hacían sus “mayores”, sirviéndoles de ejemplo. Al contrario, los jóvenes debían formarse y prepararse para el futuro y contribuir a la tarea de integración y desarrollo nacional con “ideas nuevas, entusiasmo y sentido de responsabilidad”. Tal cuestión conducía al problema de la situación universitaria, centro neurálgico del movimiento juvenil, institución que según el candidato de la derecha tenía como tarea formar los profesionales y los técnicos que el país requería y señalar las necesidades futuras –especialmente científicas y tecnológicas–, debiendo las autoridades universitarias reflexionar sobre las carreras que esas instituciones impartían, pues su deber era remitirse sólo a aquellas verdaderamente necesarias, ya que de lo contrario sólo generarían frustración y rebeldía en los jóvenes. La existencia de carreras y cátedras innecesarias respondía, nuevamente, a intereses políticos, que debían ser erradicados. Por ello, “se opone a la esencia misma de la universidad y de su compromiso, el nocivo proceso de su politización, porque de ese modo pasa a servir determinados objetivos partidistas, estrechando su campo de estudios a la vez que desnaturaliza su acción. Deseo, pues, una Universidad comprometida solo con el destino de Chile, auténticamente autónoma y libre de prejuicios ideológicos”. Es decir, una educación superior centrada en sus finalidades corporativas y alejada de los problemas globales del país, los que recaerían en las manos de la máxima autoridad. Sus palabras reflejaban una crítica explícita a la reforma universitaria y el protagonismo alcanzado por el movimiento estudiantil, y una reivindicación del sentido de autoridad y de jerarquía que debía primar en la sociedad. Los jóvenes deberían remitirse a su papel histórico, secundario y obediente. Este anhelo por el sentido de autoridad se expresó, también, en la óptica alessandrista sobre las fuerzas armadas, un actor en pleno cambio e integrado al debate cotidiano. Como muchos en la época, Alessandri compartía la idea de que estas entidades no podrían seguir aisladas del conjunto social, sino “constituir una palanca poderosa para el desarrollo y progreso de la nación”. El cambio se suscitaba en su razón de existencia, pues ellas estaban a cargo del resguardo de la soberanía del país, pero a la vez “representaban un elemento fundamental en el mantenimiento de las instituciones jurídicas que hacen de Chile una democracia ejemplar”, como había expresado en su último mensaje presidencial en 1964. De ser elegido, se preocuparía de elevar la dignidad profesional, procurando los recursos económicos necesarios, completar un plan habitacional que solucionara la escasez sufrida por oficiales y tropa, con lo cual respondía a los conatos conspirativos ocurridos en los últimos años, especialmente el Tacnazo. Más importante que esto, Alessandri asumió la demanda

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militar y de sectores civiles de reestructurar técnicamente a estas fuerzas, adecuándolas “al nuevo concepto de ‘Seguridad Nacional’ y al desarrollo profesional que se observa en el mundo moderno”, modificando el sistema de enseñanza en la Academia de Guerra para hacerlo acorde a ese concepto, ampliando la formación a tareas no solo de especialización, sino también más universales, cuestión que también debería ocurrir en la Escuela de Suboficiales, para asegurar su aporte durante el servicio activo, como en retiro. La concepción de Alessandri respecto de este tema tenía una doble lectura: la más transparente era la relativa al concepto de seguridad nacional como un esfuerzo global para detener la amenaza marxista, reactivada con la Revolución Cubana de la cual emergió tal doctrina. Esto es, sacar a las fuerzas armadas del profesionalismo estrecho a que las destinó –aparentemente– la doctrina constitucionalista e incorporarlas a la gran gesta por el desarrollo que estaba ocurriendo, de modo de hacerlas partícipes de los “objetivos nacionales” de progreso y así engrandecer el “poder nacional”. Como es sabido, la Doctrina de Seguridad Nacional tenía dos vertientes, ambas encaminadas a enfrentar la subversión: el desarrollo económico-social y la contrainsurgencia. De lo que se desprende de las palabras de Alessandri, su lectura correspondía al primer significado, no haciendo alusión alguna al problema de la represión al comunismo. El segundo elemento de su discurso, sin embargo, era menos preciso y hacía alusión a lo central del problema: la razón de ser de estas instituciones, toda vez que afirmaba que ellas tenían un papel clave en las mantención de las instituciones jurídicas: ¿Qué quiso decir con esto? ¿que de acrecentarse las movilizaciones, la politización y el “caos” las fuerzas armadas deberían intervenir políticamente? Otorgarles a las fuerzas armadas la misión de sostener la institucionalidad del país, tenía un significado mayor que su mera incorporación a las tareas del desarrollo y el mejoramiento de su condición económica, como era lo propiciado en el programa presidencial de la Unidad Popular, por ejemplo. Públicamente, al menos, Alessandri no desarrolló esa idea. No obstante, de acuerdo al testimonio del ex senador nacional Francisco Bulnes, Alessandri ya estaba pensando en entregar el poder a los militares de mantenerse la situación política como hasta el momento de la elección de 1970. Según sus palabras: “Jorge Alessandri, me lo dijo a mí cuando estuvo en Concepción, que si a él no lo dejaban gobernar como él quería gobernar, le iba a entregar el poder a los militares. Si hubiera sido elegido en su segunda elección, él estaba en ese ánimo. Si no lo dejaban gobernar y seguía el desorden y el estado más o menos caótico en que estábamos, le iba a entregar el poder a los militares y no era nada de militarista, porque los Alessandri no han tenido buenas relaciones históricas con los militares”367. 367

Francisco Bulnes en conversación con David Pérez, entrevista ya citada. Durante la visita de Alessandri a la ciudad de Lota, cercana a Concepción, se produjeron disturbios, pues la masa obrera carbonífera (continúa en la página siguiente)

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El programa concluía con una proposición para el desarrollo de la comunidad nacional, a través de un ataque frontal al problema de la desnutrición y la alta tasa de mortalidad infantil, como a la integración de la mujer a esta labor, a pesar de que “el centro propio de irradiación de la mujer está en el hogar”. Especialmente destacable le parecía el papel femenino en el plano político, en el cual “ha expresado permanentemente el justo equilibrio entre la conservación y el progreso, no le atemorizan los cambios, pero se resiste a las aventuras inmaduras”. De acuerdo a este criterio, de ser elegido Presidente enviaría al Congreso un proyecto para crear el “Servicio social de la mujer”, el cual apuntalaría su proyecto de comunidad. En suma, el discurso-programa alessandrista tenía un claro sesgo autoritario y conservador en lo político y social, como de tendencias neoliberales en lo económico, aunque de una inspiración más bien europea que estadounidense. Su concepción no era de corte monetarista. ¿Hubo alguna alusión a la amenaza marxista? El discurso de Alessandri más bien se enfocó al origen del problema de la movilización social y los proyectos de transformación estructural que estaban como telón de fondo de toda su propuesta, esto es, la institucionalidad. Sólo se refirió en una oportunidad de manera explícita a este punto, en abril de 1970, cuando frente a numerosos dirigentes juveniles hizo una exposición de la realidad nacional. En aquella ocasión, afirmó: “En cuanto a la llamada Unidad Popular, propone cambios fundamentales de régimen. Un régimen con empanadas que a la postre, no le quepa duda a nadie, terminará en el paredón”368. En el mismo marco estuvo su calificación de las reformas estructurales de la Democracia Cristiana, particularmente de la reforma agraria, como políticas, revistiendo un grave peligro para el futuro. Es decir, aunque su anticomunismo no fuera estridente, estaba absolutamente presente. En suma, la derecha representada por Alessandri y sus seguidores proponía una solución autoritaria y conservadora al momento crítico que vivía el país, en contradicción con las tendencias prevalentes en la izquierda y el centro político. En ese sentido, coincidimos con aquellas interpretaciones que, siguiendo las categorías de Linz y O’Donnell, arriban a una conclusión similar, toda vez que la propuesta alessandrista requería de una despolitización social, lo cual hacía imprescindible una restricción al proceso de democratización y de participación popular, canalizada a través de los partidos. Asimismo, se distanciaba de una concepción de la autoridad en tanto volun-

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de la zona se negó a recibirlo y fue “pifiado” profusamente. Su comando culpó al Partido Comunista de lo ocurrido. El Mercurio, 24 de abril de 1970, p. 27.

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tad ciudadana369. A ello debe sumarse la predisposición a integrar activamente a las fuerzas armadas al poder como garantía de esa alternativa.

2. La “Nueva República” Si bien las ideas reseñadas fueron el único planteamiento expuesto por el propio Alessandri que puede considerarse su programa presidencial, lo cierto es que siempre se le ha asociado el conocido como la “Nueva República”, prospecto originado en el Partido Nacional, a quien pertenecía realmente. En diciembre de 1969, durante el Consejo General de ese partido, celebrado en Los Angeles, se decidió iniciar un amplio plan de renovación nacional, al cual se denominó con ese nombre, para lo cual ya en esa oportunidad se presentaron informes preparados por variados especialistas en distintas temáticas, los cuales se insertaban en la “circunstancia histórica [de Chile] y su escenario geográfico”. La “Nueva República” tomaba como cuestión central el problema de la necesidad de reconocer que no se estaba precisamente en una época de cambios, sino en un “cambio de época”, presentándose al país el desafío histórico de asumir “el papel protagónico que su historia, sus tradiciones y su geografía le señalan y realiza ahora el esfuerzo de transformar a su patria en una gran nación, o elude el desafío y cede sus expectativas a pueblos más dinámicos o más audaces”370. Es interesante destacar la base inspiradora de la “Nueva República”, pues ella estaba impregnada de los preceptos del nacionalismo chileno, con sus sentidos de decadencia, su idealización de la historia del siglo XIX y su obsesión por el viraje hacia el Pacífico, aspectos ausentes en el discurso del candidato presidencial. En la “Nueva República” participaron Adolfo Ballas, quien abordó el tema de la participación; alumnas de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica y militantes del partido, que se hicieron cargo del problema de la pobreza; el médico Gustavo Monckeberg, en materia de desnutrición y del desarrollo social y económico; y Juan Luis Ossa en materia de nacionalismo. El proyecto parece ser una fusión del discurso de Alessandri, toda vez que aborda las mismas temáticas, y las tendencias internas del partido. Ello es lo que explica que su punto de partida fuera el “cambio de época”, principio planteado a fines de 1968 por Sergio Onofre Jarpa en su discurso –posteriomente documento– “Los mitos de nuestro tiempo”. En materia política, se reiteraba la profunda crisis que aquejaba al país, producto del atraso de las instituciones, el excesivo ideologismo y “la acción de grupos al servicio 369

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Flavio Cortés, op. cit., pp. 84-102. Guillermo O’Donnell, Modernización y autoritarismo (Paidós: 1972) y El Estado Burocrático Autoritario (Paidós: 1982). Véase también su artículo en David Collier Los nuevos autoritarismos en América Latina (FCE: 1985). Partido Nacional, “La Nueva República”, inserción, El Mercurio, 22 de mayo de 1970, p.10.

de intereses extranjeros”371. Las instituciones eran ineficaces para encauzar los anhelos del pueblo, la Constitución era anticuada, pues no identificaba claramente las órbitas de acción de los poderes Ejecutivo y Legislativo, debilitando al primero. Las competencias institucionales, con todo, solo eran una parte del problema, siendo el otro de similar magnitud, los malos hábitos partidarios –la demagogia– y el énfasis en lo ideológico, como su dependencia de gobiernos u organizaciones extranjeras, como era el caso del Partido Comunista. Una situación semejante ocurría con el Partido Socialista, seguidor de las consignas de Fidel Castro y “protector de las actividades delictuales de los grupos que propician la revuelta armada y el terrorismo”. El centro político no escapaba a ese sesgo, como lo manifestaba su alejamiento de los valores democráticos, o la afiliación de la Democracia Cristiana a la DC internacional. Esta “dependencia” externa y excesivo ideologismo, según los nacionales, distaban de la evolución vivida por los partidos en Europa, los cuales habían abandonado precisamente el ideologismo y eran más pragmáticos. Esta dispar trayectoria de los partidos chilenos los convertía en colectividades ajenas a la realidad nacional, incapaces de interpretar a las grandes mayorías, las que no tenían representación, diagnóstico que los llevaba a concluir en la urgencia de una renovación política. Esta consistía, igual que en el planteamiento de Alessandri, en una reforma constitucional que modificaba las atribuciones del Ejecutivo y Legislativo, quitándole a este último sus facultades para participar en las cuestiones administrativas, económicas y laborales, incorporando la facultad presidencial de disolver el Parlamento; de recurrir al plebiscito no sólo en caso de conflicto entre esos dos poderes del Estado, sino también en el caso en que estas dificultades se produjeran con motivo de un proyecto de ley o para consultas sobre materias más fundamentales, aunque no se especificaban. Uno de los aspectos nuevos era su perspectiva acerca de los partidos políticos, volcándose definitivamente a una posición marcadamente contraria a ellos. Aunque los nacionales habían asumido esa forma, la influencia alcanzada por los sectores nacionalistas y la opción confrontacional tomada, fueron conduciéndolo a una posición cada vez más crítica de dichas colectividades, a las cuales percibían casi como ejércitos de militantes, obsesionados por cumplir sus propósitos programáticos (partido de cuadros), disposición que socavaba la posibilidad de neutralización de parte de los grupos afectados por las transformaciones estructurales. Esta sensación de debilidad propia y la fuerza doctrinaria de los seguidores de Jarpa y Arnello dentro del partido, parece haber incidido en la convicción de la necesidad de modificar su naturaleza y 371

Partido Nacional, “La Nueva República. Programa, Chile 1970” (Stgo.: 1970), p. 15. Todo lo referido a este proyecto, será extraído de este documento. Según Jarpa, el núcleo de este documento fue elaborado en el curso de 1969, participando el economista Carlos Cáceres, el senador Pedro Ibáñez y el propio Jarpa. Posteriormente, lo presentaron al Consejo General de Los Ángeles, donde se dividieron en distintas comisiones para el estudio y elaboración de informes. Arancibia Clavel, op. cit., pp. 123-124.

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su papel socio-político. Es importante señalar que “La Nueva República” explicita la necesidad de la existencia de los partidos, no aspirando a su supresión, pero para ser realmente un aporte eficiente al sistema pluralista y democrático sería urgente que “interpretaran verdaderamente las grandes aspiraciones ciudadanas, abandonen el ideologismo y la politiquería y eviten el fraccionamiento excesivo de las corrientes de opinión que desemboca fácilmente en el caudillismo”. En otras palabras, se anhelaban grandes movimientos, teóricamente, desprovistos de orientaciones ideológicas claras y más bien movilizados por objetivos concretos y de alcance nacional. En ese sentido, debía cambiarse el “estilo político”, es decir, establecer un estatuto partidario que definiera sus funciones, transparentara sus fuentes de financiamiento y eliminara la dependencia de organizaciones políticas a gobiernos extranjeros. No se trataba de ilegalizar a ningún partido, sino de “chilenizarlo”. Como es obvio, este acápite se refería a las colectividades de izquierda y a la Democracia Cristiana, ambas parte integrante de movimientos internacionales, y era la explicitación doctrinaria de un comentario hecho por Jarpa a la prensa en 1969 y al cual aludimos en el capítulo anterior. El Partido Nacional, entonces, se preparaba para un ataque legal en contra del carácter de los partidos de la centro izquierda. A su vez, ellos se autopercibían como distintos, no contaminados con los vicios y tendencias demagógicas que observaban en sus adversarios, pero más aún, “una especie de ‘anti-partido’, porque es necesario que mantengamos características y prácticas diametralmente diferentes de las del resto de las colectividades actuales”. Por ello optaban por una tercera posición, es decir, “ni izquierda ni derecha”, un movimiento progresista que promovía cambios, pero no saltos en el vacío. Este fuerte espíritu antipartidario quedaba aún mas claro al plantear el imperativo de que los presidentes de la República elegidos renunciaran a sus colectividades de origen. Aunque mantenía el planteamiento central de Alessandri, “La Nueva República” era abiertamente antimarxista y anti socialcristiana, tendencias a las que culpaba de la desnaturalización de los partidos y de la crisis política de vivía el país. El Partido Nacional representaba a la derecha, aunque le disgustara que se lo motejara de esa forma, pero insistía en modificar la definición de ella, alejándola de la imagen estática y contraria a las reformas con que se asociaba a la derecha histórica, aunque no haya sido estrictamente así. Pretendía mostrarse como una fuerza renovadora, proceso en el cual su misma crítica al partidismo era vista como progresista, como también su proclividad al cambio. Su agudo antiizquierdismo y anticentrismo, sin embargo, lo seguían ubicando a la derecha del espectro, como también el límite de su aceptación del cambio, el cual tenía como frontera la dominación. Lo novedoso era que se trataba de una derecha con menos inspiración liberal y más nacionalista, lo cual explica su autopercepción de progresismo, su sentido antipartidario y su anticomunismo activo.

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Desde la óptica política, “La Nueva República” mostraba el retroceso de la antigua derecha y el crecimiento doctrinario logrado por los nacionalistas. Se buscaba, asimismo, una “efectiva participación social”, lo cual significaba debilitar la acción intermediaria de los partidos, fortaleciendo otras organizaciones sociales. A su juicio, existían dos Chile: el “país real”, es decir, todos los chilenos que trabajaban y aspiraban al progreso y la justicia, como a su propia seguridad y la de sus familias, y por otra parte, el “país ficticio”, el inventado por “una minoría de políticos dominados por pasiones, odios, utopías y fórmulas extranjeras ajenas a nuestra realidad”, cuyos máximos exponentes eran los partidos marxistas y algunos cristianos. Para el logro de la verdadera participación, los nacionales propiciaban la reorganización político-institucional y acabar con el “país ficticio”. Así, “la participación popular, no es otra cosa que el predominio del ‘país real’ sobre el ‘país político’”. Nuevamente el antipartidismo, pero esta vez conduciendo más claramente a la nueva fuente inspiradora. Considerando el diagnóstico de estarse viviendo un cambio de época, los nacionales eran partidarios de modificar la estructura de decisiones, adecuándolas a la nueva realidad. En concreto, se patrocinaba el plebiscito a nivel provincial, regional y nacional, aunque no se especificaban claramente los asuntos; como también la incorporación activa de la mujer en los términos explicados por Alessandri. Se buscaba, asimismo, una descentralización no sólo administrativa, sino también financiera, crediticia, cultural, para lo cual se establecerían zonas de carácter geopolítico correspondientes a características socio-económicas similares. Esto se relacionaba con el rechazo al centralismo y la promoción del desarrollo regional, lo cual implicaba el desarrollo armónico de las distintas provincias, y una división por zonas, más grandes que las provincias, con características semejantes (zona austral, norte, etc.), lo que redundaría en una administración más eficiente y racional. Las autoridades y organismos centrales sólo decidirían sobre cuestiones fundamentales, tales como la planificación, la asignación global de recursos, y el nombramiento de autoridades de confianza presidencial. En los organismos regionales recaerían las decisiones de funcionamiento, propiciando la participación en ellos de profesionales, empresarios, sindicatos, organismos del comercio. Es decir, todos los actores que eran parte de la creación de riqueza, quienes deberían excluirse de cargos parlamentarios o de cualquier otro cargo administrativo público. Los Consejos Regionales, por su parte, contarían con recursos económicos propios y facultades resolutivas, siendo los consejeros nominados por los sindicatos y los empresarios. La propuesta descentralizadora y de desarrollo regional tenía una clara inspiración corporativista, al privilegiar las organizaciones sociales, en desmedro de los partidos. La apuesta corporativa era uno de los fundamentos doctrinarios del nacionalismo chileno y estaba muy bien expresado en este aspecto del programa.

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La participación también se estimularía favoreciendo la incorporación activa de los trabajadores en la empresa a través de los “comités de empresa”, donde estudiarían las medidas que interesaran a la misma empresa o al personal, vigilarían la aplicación de las leyes sociales y laborales, fijarían las normas de funcionamiento interno y regularían la participación de los trabajadores. Esto se constituiría en el primer paso en la gestión económica. Se crearía, de igual manera, un Consejo Económico Social que ayudaría al Presidente en la elaboración de la política económica y laboral, donde también estarían representados los sectores gremiales, los productivos y las fuerzas armadas. En último término, la participación del pueblo tendría lugar a través de las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas, “la acción social de la mujer y de la juventud”, las fuerzas armadas y de carabineros, los gremios. Era, sin duda, una perspectiva corporativa. En materia social, el programa ponía atención en el problema de la desnutrición, especialmente infantil, la cual era un obstáculo para el desarrollo, pues no sólo era la evidencia de un pueblo incapacitado físicamente de asumir esa tarea, sino también intelectualmente, dado el retraso que acarreaba. Para superar ese escollo se proponía la creación de un Consejo Nacional de Nutrición, encargado de diseñar y llevar adelante un programa sistemático para su erradicación, introducir la ciencia y la técnica en la producción agrícola para mejorar su calidad, como aumentarse la producción de proteicos para mejorar la alimentación de la población. Los pobladores, por su parte, serían los sujetos sobre quienes se debería actuar, resolviendo la carencia de viviendas sanas y dignas, enfrentando el problema con un criterio de “país en guerra”, a través de una política diferenciada para cada sector social: en el caso de los sectores populares, las construcciones serían responsabilidad del Ministerio de Vivienda, en el caso de las capas medias y considerando su capacidad de pago, podría recurrirse a los institutos de previsión y la Asociación de Ahorro y Préstamo. En materia de salud, se creía necesaria una política global, evitando el gasto excesivo en la maquinaria burocrática, proponiendo un sistema único de salud, en el cual todas las instituciones del Estado deberían trabajar coordinadamente, integrando también a las instituciones particulares y los profesionales que ejercían privadamente. Sería un servicio de libre elección en lo referido a los médicos y los hospitales donde se recibiría la prestación. Se proponía una reforma previsional, pues se percibía que el existente era un sistema caótico, con desigualdades en pensiones y montos y una masa importante de personas sin protección social: según sus cálculos, aproximadamente un tercio de los habitantes del país. Se buscaba la universalidad de la protección, la igualdad en las prestaciones y su integralidad. Esto se traducía en un sistema de prestaciones básicas igualitarias (medicina social) y un sistema de cobertura a “distintos estados de necesidad”, eliminando el lucro que significaba el pago de indemnización por años de servicio o los desahucios, planteando subsidios para casos de interrupción temporal del trabajo,

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la promoción de una política de pleno empleo y pensiones de vejez e invalidez, con fórmulas reajustables automáticas. Como se observa, el plan social también tenía como telón de fondo el rechazo a la politiquería que supuestamente permeaba a todas las entidades dedicadas a ello, especialmente en lo atingente al tema previsional. Desde hacía un par de décadas, aproximadamente, se desarrollaba una crítica al régimen existente, especialmente en lo relativo a las desigualdades entre distintos tipos de trabajadores. Como debe recordarse, las leyes sociales aprobadas en 1924 se referían solamente a los empleados y obreros organizados y sobre cuestiones específicas; a esa legislación original se fueron sumando con los años nuevas leyes y para casos particulares, dependiendo del tipo de trabajo. En parte, el origen de la desigualdad estaba allí, pero también en el tamaño y fuerza de los sindicatos que les permitiera mejores conquistas. Desde los años cincuenta se buscaba alguna forma de solucionar este problema. En el caso de los nacionales, se estaba recogiendo parte de la propuesta que Jorge Prat había desarrollado durante el gobierno de Jorge Alessandri. Otro elemento a destacar del área social de “La Nueva República” es el papel que asignaba al Estado en esa tarea, el que seguía teniendo un rol crucial, sin anular a la iniciativa privada. Es decir, este programa no era neoliberal en materia social, sino más bien seguía las orientaciones keynesianas, aunque con tentativas de debilitar la influencia sindical en materia de beneficios. El tema del trabajo iba junto con el del desarrollo económico, el que requería urgentemente de la incorporación de la ciencia y la tecnología, para lograr mayor independencia nacional y calidad de vida. En lo laboral, se consideraba al sindicato un organismo “natural” de defensa y progreso de los trabajadores y, por tanto, debía ser estimulado, pues “exaltamos el valor superior del trabajo”, base de la producción y del camino al desarrollo. La empresa era una unidad productiva integrada, en la cual se combinaban “armónicamente todos sus elementos: capital, trabajo, administración”. Se planteaba la necesidad de un nuevo tipo de relaciones entre empresarios y trabajadores, las cuales debían estar regidas por los intereses mutuos. Para ello, los trabajadores deberían conocer la real situación de la empresa y, a su vez, el empresario la de los trabajadores; como acceder a una cierta participación en las utilidades, circunscrita a la producción. La empresa debía permitir el desarrollo de la iniciativa de los trabajadores, terminando con esa “estructura rígida, burocratizada, ineficaz y excesivamente jerarquizada”. La nueva empresa requería de estructuras flexibles, abiertas a la competencia y el cambio, “pero, sobre todo, exige un profundo sentido de unidad y solidaridad entre empresarios y trabajadores”. De ahí que deberían buscarse fórmulas de participación laboral, aunque los salarios se establecerían libremente entre las partes, mientras el sindicato debería despolitizarse y favorecer el entendimiento con los patrones: “Un sindicalismo fuerte, que agrupe a la mayoría de los trabajadores,

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con amplios fines y con ordenados recursos, es la mejor defensa contra la politiquería y el partidismo”. En este plano, la influencia del nacionalismo es notoria, tanto por su apelación al pueblo y al sindicalismo, el sentido de armonía social y ausencia de conflicto, y el antipartidismo. Es decir, por el corporativismo. La empresa privada era considerada la base del desarrollo ecomómico y debía estimularse la canalización de los valores individuales en su beneficio, como en el del país, buscando “la creación de riqueza para todos e integración armónica del capital, el trabajo y la administración”. El partido hacía una crítica al excesivo estatismo propiciado por la izquierda y el centro, pero también defendido por sectores empresariales acostumbrados al proteccionismo, temerosos de la competencia. Los nacionales deseaban una empresa sin influencia política que desnaturalizaba la relación de los trabajadores con los patrones, estando obsoleta la premisa de que la empresa era “un campo de enfrentamiento”. La solidaridad trería la paz social. Para ello debía introducirse racionalidad a la administración, aplicando métodos científicos a la gestión y la planificación, al tiempo que se promovía la libre concurrencia, entendida como la libertad para consumir, para invertir y producir, para contratar y para la circulación de personas y bienes, dando vida a una economía social de mercado. En ella, el Estado salvaguardaría la competencia, eliminando la violencia como método de negociación obrero-patronal, como el “fraude empresarial” para aumentar las utilidades; la erradicación del monopolio, la regulación de los precios y de la calidad de los productos. Se abogaba por la rentabilidad de las empresas, tanto privadas como públicas, a través de la aplicación de la dupla costo-eficiencia, como el abandono de una industrialización que fomentaba actividades ineficientes y abandonaba otras que podían alcanzar competitividad internacional. El Estado debería intervenir directamente en obras de infraestructura, en aquellas que los particulares no pudieran asumir y en las que demostrara mayor rendimiento. Se continuaría el proceso de reforma agraria, pero no en la forma hecha bajo la gestión de Frei, dando seguridad al propietario eficiente y patrocinando al empresariado medio. Se trataba de una apuesta capitalista, en el marco de la economía social de mercado europea, especialmente alemana –el “milagro alemán”–, capitalismo que asignaba un papel crucial al Estado y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. En efecto, dado el carácter del neoliberalismo aplicado en Chile con posterioridad al golpe de Estado, de inspiración Chicago, se ha supuesto una lectura unilateral de esa doctrina económica, en circunstancias que su origen estuvo en la Alemania de los inicios del nazismo, luego de la hiperinflación de la 1ª. post guerra y el impacto demoledor de la Depresión, levantando la tesis de una economía social de mercado. La Escuela Neoliberal alemana nació en los años 1932-1933 –la escuela de Friburgo–, encabezada por Walter Eucken y Franz Bömh, quienes elaboraron la idea de un “orden económico”, o sea, la existencia solo de reglas generales para el funcionamiento de la economía, y de un

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orden competitivo. Nació como una alternativa al dirigismo estatal, llevado a su máxima expresión por el nazismo, y al laisserz-faire, buscando un orden que hiciera posible los derechos y libertad humanas, bajo el manto inspirador de la Encíclica Quadragesimo Anno372. El neoliberalismo alemán, por tanto, tenía una impronta corporativista que aspiraba a una justicia social dentro del capitalismo, toda vez que la libertad nunca debía atentar al bien común. Este corporativismo es, posiblemente, lo que explica la atracción de los nacionales hacia este tipo de capitalismo, fusión de las ideas de libertad y comunidad. El neoliberalismo alemán planteaba la necesidad de evitar la planificación centralizada y preferir la descentralizada por parte de empresarios individuales libres, una economía de intercomunicaciones. La meta era desarrollar un nuevo orden económico en el cual la libertad personal, la justicia social y la eficiencia económica pudieran realizarse, lo cual suponía crear un marco de competencia en los mercados de bienes y de factores de la economía. Dado que la competencia no surge espontáneamente, debe crearse y afianzarse con la intervención del Estado. Como bien señalan Denton y sus coautores, el neoliberalismo no era antiintervencionista, sino precisaba una intervención estatal “positiva”, esto es, un conjunto de reglas, de limitaciones y de descentralizaciones, de atribuciones que permitieran que el poder económico fuera controlable. En pocas palabras, estabilización monetaria, políticas antimonopólicas, patrocinio a la expansión de la propiedad, especialmente en grupos medios, y privatización de las empresas públicas en un número grande de accionistas. El Estado debía intervenir, además de esto, en patrocinar el pleno empleo, la distribución del ingreso y la protección de los derechos sociales y laborales. En este pensamiento, la empresa debía cambiar de sentido y transformarse en un agente de intereses mutuos de patrones y trabajadores, para lo cual se crearon en cada establecimiento “Comités de empresas” , conformados por trabajadores y empleados, con la tarea de colaborar en la conducción de la empresa, siendo su opinión ineludible para el patrón: se establecía la co-gestión. El despido de un trabajador podía ser impugnado por el Comité, pero si el patrón insistía en hacerlo –a lo cual tenía derecho–, la decisión final recaía en el Tribunal del Trabajo, siendo las posibilidades patronales de ganar de un 30%. Todo lo concerniente a los convenios colectivos recaía en los sindicatos, pero la parte medular de ellos estaba asegurada constitucionalmente373. El símbolo de esta política fue el ministro alemán Ludwig Erhard.

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Geoffrey Denton, Murney Forsyth , Malcolm MacLennan y Political and Economic Planning Planeación y política económica en la Gran Bretaña, Francia y Alemania (Siglo XXI: 1970), cap. 2,. La autora agradece al historiador Pedro Milos poder haber accedido a este texto. Véase también Ronald Clapham et al., Economía social de mercado en la experiencia alemana (Ed. Aconcagua: 1977). Sobre el aspecto social de este tipo de capitalismo, véase Hans W. Winter, “El pacto social”, en Clapham, op. cit, pp. 65-78.

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Como es evidente, la propuesta de los nacionales en materia de empresa, desarrollo económico y social estaba más cercana del neoliberalismo alemán, lo cual hace inteligible el rechazo de Francisco Bulnes sobre el supuesto antiintervencionismo derechista. Había, sin duda, un antiestatismo al estilo socialista y democratacristiano, pero no al Estado en sí. En ese sentido, creemos que era esta economía social de mercado a lo que aspiraba una parte importante de la clase política de derecha y del empresariado, estando el neoliberalismo antisocial y asocial de origen Chicago asociado al grupo Edwards, quien tomaría la delantera después de 1973374. Por último, “La Nueva República” señalaba que las fuerzas armadas serían incorporadas a las tareas nacionales, adecuando su organización al concepto de seguridad nacional, según el cual el papel de estas instituciones no se remitiría solamente a la defensa de la soberanía externa. El partido definía la seguridad nacional como la preparación para un eventual ataque externo y para un atentado a la soberanía y libertad de la nación desde su interior: “Las fuerzas armadas deben responder de la seguridad interna del Estado, evitando que éste pueda ser destruido desde dentro por organizaciones internacionales al servicio de intereses foráneos”. Para ello debía dotárselas de los recursos y medios suficientes, y de una intervención en el desarrollo y la administración del país. En este planteamiento hay dos cuestiones a destacar: el consenso de la clase política sobre la necesidad de reformular explícitamente el profesionalismo militar, ampliándolo a la lucha por el desarrollo. Esta idea era compartida por la izquierda y la derecha, como se observa aquí, y suponía una incorporación de los estudios propiamente civiles en la carrera militar, de modo de integrarse más activamente a las agencias y entidades estatales de desarrollo. La Unidad Popular haría una realidad esta nueva perspectiva. En el caso de la izquierda, este nuevo profesionalismo no implicaba un cambio en el constitucionalismo y la obediencia al mando civil. Allí es donde estaba la diferencia con el Partido Nacional, el cual atribuía funciones a las fuerzas armadas ajenas a la autoridad civil, pues le asignaba la defensa frente a un enemigo interno, asumiendo la parte de contrainsurgencia establecida en la Doctrina de Seguridad Nacional, mientras que lo anterior se insertaba en su dimensión desarrollista375. En el programa presidencial del partido, se estaba sosteniendo el deber y el derecho de los militares a convertirse en los verdaderos resguardadores de la 374

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Según el testimonio de Sergio Onofre Jarpa, ellos eran partidarios de esa economía social de mercado, pues “nosotros distinguíamos diferencias entre la formulación del liberalismo económico y la economía social de mercado. Pensábamos que esta última estaba más en la línea de la doctrina social de la Iglesia. Compartíamos la propiedad privada, la libertad de trabajo y la libertad de empresa, pero todo dentro de un contenido social”. El modelo habría sido presentado al partido por Pedro Ibáñez. Arancibia Clavel, op. cit., p.124. Verónica Valdivia O. de Z., “Todos juntos seremos la historia. Unidad Popular y fuerzas armadas”, en Julio Pinto (Editor), Cuando hicimos historia.

institucionalidad y de la existencia de la nación, que sería el pilar doctrinario de las dictaduras de la década del setenta. En este sentido, era mucho más antiizquierdista que lo públicamente expresado por Alessandri. En síntesis, si bien habían puntos de contacto entre el discurso-programa de Alessandri y “La Nueva República”, no eran exactamente iguales. No obstante, posteriormente el Movimiento Alessandrista, Comando de la candidatura de Alessandri encabezado por Boestsch y el ex MAD, adhirieron oficialmente a “La Nueva República”, convirtiéndose en el programa oficial del candidato.

3. Entre el proyecto y el terror: la campaña de la derecha Quizá lo primero importante a destacar es que la campaña presidencial de Alessandri fue una mixtura entre los distintos puntos de vista que coexistían al interior del alessandrismo, no apareciendo nunca una dirección y una perspectiva única. Por un lado, estaba el propio candidato, con una mirada muy particular acerca de su propia candidatura y su estilo de relación con el mundo político; en seguida, estaba el Comando Alessandrista, conformado por el MAD, –ahora conocidos como Catedral 1669, ubicación de su sede–, y los grupos a él asociados; a ellos se incorporaron muy pronto diferentes movimientos nacionalistas y el Partido Nacional. Aunque este último participaba dentro del Comando Alessandrista, en la práctica éste era conducido por Ernesto Pinto, Enrique Ortúzar y Eduardo Boestch, existiendo una situación conflictiva con los nacionales, especialmente por el profundo sentido antipartidario que invadía a gran parte de ese sector. Esta variedad de grupos era un reflejo de dos cuestiones importantes: en primer lugar, de la decisión del alessandrismo de darle a la campaña un cariz “independiente”, ajena a sectores políticos particulares; especialmente no se deseaba la asociación con la derecha, por lo cual se quería evitar una presencia muy activa de los nacionales. A pesar de ello, participaban en el comité directivo Jarpa y Ladislao Errázuriz; mientras que en el equipo de campaña, los nacionales Gustavo Alessandri, Patricio Mekis, Gonzalo Eguiguren, Andrés Peñafiel y Pedro Félix de Aguirre. Lo segundo, es que estos actores no coincidían en la impronta que se le daría a la campaña, en relación a qué aspectos debían resaltarse, qué segmentos sociales debían ser atraídos y cómo. Esta dispersión incidió en que la campaña tuviera más de una cara y que hasta la actualidad se culpen mutuamente del fracaso. De acuerdo al testimonio de Boestch, una vez que los nacionales ingresaron al comando empezaron los problemas: hubo discrepancias respecto a las giras del candidato, en cuanto a qué y cuántos lugares visitaría. Boestch era de opinión que debía ser a las capitales de provincias y no a los pueblos, pues al realizarse éstas primeramente, no sería posible una gran concentración en las capitales. Alessandri debía ir a una pocas provincias y terminar con un gran acto en Santiago, manteniéndose el

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sentido original de la candidatura, esto es, un pueblo movilizado tras el candidato. No era esa la perspectiva de los nacionales, quienes deseaban realizar numerosas giras, en las cuales debería ir acompañado de dirigentes políticos, precisamente lo que los alessandristas no deseaban. La prensa adicta resaltaba precisamente que Alessandri iniciaría un nuevo estilo, sin la politiquería que solía rodearlas: “el Sr. Alessandri viajó con la única compañía de un brillante colaborador de su pasada administración, sin comitivas, ni directivas destinadas a aislar a los candidatos y tomó contacto directo con la ciudadanía de Cautín... Usó un lenguaje directo y franco, sin eufemismos ni recursos retóricos y demagógicos”376. El problema estaba en una unión táctica, pero cruzada por las desconfianzas, ya que los nacionales pensaban que la campaña debía recaer en manos de gente que conociera los avatares electorales y no de personas solo bien intencionadas, pero desconocedoras de esos asuntos. El ex senador Bulnes adujo en la entrevista ya citada que “la campaña fue muy mal dirigida, porque Alessandri se rodeó de independientes, que entendían de política lo mismo que yo de griego antiguo... Era gente que nunca había sido apoderado de mesa y ¡estaban manejando una elección! Gente muy respetable, amigos míos, pero el hecho es ese, fue fatal”. En ese sentido, la campaña no logró la unidad requerida. Asimismo, a Alessandri le molestaban las giras y ponía numerosas exigencias que dificultaban el trabajo de sus acompañantes377. Durante sus giras, Alessandri enfatizó la idea de los males políticos existentes y la necesidad de la reforma constitucional. Asumiendo un tono más agresivo que el de costumbre, criticó duramente a la Democracia Cristiana por la politización que había implantado como norma durante su gestión, acusándola de demagógica al haber hecho promesas que no había podido cumplir, siendo en gran parte responsable del estado de movilización social en que se encontraba el país. En ese sentido, asumió la imagen ya desarrollada por los nacionales y los alessandristas, de estarse viviendo una crisis de extrema gravedad, mostrando un agudo sentido de decadencia, destacando: “la tremenda desilusión que han sufrido los habitantes de este país con un régimen que ofreció la liberación de los chilenos, progreso acelerado y el término de la inflación.. Sin embargo, la desilusión ha sido tremenda”378. Por ello recalcó con fuerza que en su gobierno se restablecerían las normas que habían hecho grande a Chile en el pasado,

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El Diario Ilustrado, 15 de enero de 1970, p. 3. Según los recuerdos de Jarpa, Alessandri sólo bebía agua mineral sin gas, producto de que en la época no era fácil de conseguir, pero había que hacerlo, aunque a veces lo engañaban con agua potable. Le gustaban, además, los lugares silenciosos para pernoctar, reuniones con grupos pequeños, en fin, “con un candidato que participaba muy a contrapelo en la campaña”. Arancibia Clavel, op. cit., pp. 130-131. El Mercurio, 13 de enero de 1970, p. 23.

devolviéndole el sentido de autoridad, la rectitud en los actos gubernamentales, “corrigiendo los errores derivados de la falta de experiencia y del espíritu politiquero”. En cada mitin recordaba su gestión anterior, cuando no se había perseguido a sector político alguno, se había mejorado la calidad de vida de la población y se gobernó con austeridad y responsabilidad. Durante su reunión con mujeres en mayo de 1970 criticó al gobierno por la forma en que había realizado la reforma agraria, dándole “esencialmente un sentido político, aplicándola no pocas veces con un espíritu persecutorio y de amedrentamiento”. Tal arenga fue relacionada con la muerte de Hernán Mery, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria, a manos de un terrateniente en abril de ese año, hecho distorsionado –a su juicio– por las autoridades, no entendiendo el proceso que el país vivía, el cual anhelaba “poner término a la maliciosa intermediación política de que hoy deben hacer uso para llegar hasta los gobernantes”. En su futuro gobierno, el pueblo tendría una verdadera participación379. Este fuerte rechazo a los partidos y al estilo político se agudizó por la actitud de la oposición, la cual lo calificaba de ser un viejo, incapaz de asumir un gobierno, cuestión complementada con una aparición del candidato en televisión, en la que las cámaras mostraron el temblor de sus manos. Frente a ello, durante el programa televisivo “Decisión 70”, Alessandri mostró su ira, afirmando: “les quiero anticipar que ella no temblará para terminar con la demagogia, la politiquería y el desorden que están sumiendo a la República en el caos y la anarquía”380. Por ello insistía, junto con su comando, que la suya era una candidatura independiente, ni de izquierda ni de derecha. En ese sentido, en el intento de deslegitimar la función que cumplían los partidos y los políticos, tanto Alessandri como los diferentes grupos que lo apoyaban, levantaron un imaginario del papel histórico de estos organismos casi como una caricatura, atacándolos para imponer la idea de que nada bueno habían aportado al desarrollo del país, pues se trataba solamente de agencias de interés y promoción social. Había cierto fundamentalismo en esta posición, pues no se deseaba negociar este cambio institucional, sino imponerlo. El mal estaba y tenía nombre: los partidos y la politiquería. En materia anticomunista, si bien en general se cuidaba de no mostrar mucha agresividad en su contra y reiterar una y otra vez que su gobierno no implicaría un

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El Mercurio, 8 de mayo de 1970, p. 16. El Mercurio, 7 de julio de 1970, p. 23. Según Jarpa, el problema se suscitó porque Alessandri insistió en llevar un manuscrito con presupuestos y datos económicos, el cual estaba con muchas correcciones. En el momento del programa se le confundieron los datos, se puso nervioso y la cámara le enfocó las manos temblorosas e inseguras. Según Bulnes, como Alessandri no quería contacto con políticos, no pidió asesoría para enfrentar la cámara, y llevó sus apuntes en unas hojas de papel blanco, pero dado los focos que se usaban en ese entonces, eran imposibles de leer. Se habría puesto nervioso y le comenzó a tiritar la mano. Jarpa, en Arancibia Clavel, op. cit., p. 129, y Bulnes en entrevista citada.

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retroceso en las conquistas sociales, su visita a Concepción y Lota –zona minera del carbón–, ofreció la ocasión para que explicitara su sentir. Frente al anuncio de su llegada, los gremios del Lota-Schwager anunciaron una huelga como expresión de su protesta, actitud igualmente asumida por la Municipalidad del lugar, conducida por un militante del Partido Comunista. Durante la realización del mitín se produjeron algunos disturbios, en los que hubo golpes y daños a vehículos, de los cuales el Comando Alessandrista culpó a la izquierda. A raíz de esto, el Partido Nacional emitió una declaración pública en la que afirmaba que el Partido Comunista se había quitado “la careta”, quedando en evidencia que donde se instalaba el comunismo “no existe la democracia ni la libertad”, siendo una clara muestra “de lo que sería Chile si el Partido Comunista llegara a apoderarse del gobierno”. Esta postura anticomunista no era extraña entre los nacionales; no obstante el candidato también respondió agriamente. Refiriéndose al programa de la Unidad Popular, afirmó que los cambios fundamentales de régimen que proponía, seguramente terminarían en el paredón381. Más todavía, en su reunión con la juventud que apoyaba su postulación, los exhortó a mantener su espíritu de lucha y cambio, pues si él no obtenía la mayoría absoluta en la elección que se avecinaba “vendrán para Chile días muy oscuros y amargos que –fatalmente– desembocarán en la dictadura y con ello, en la falta de libertad, que es lo más preciado que tenemos”382. En síntesis, en lo que se refiere a Alessandri sus discursos apuntaron a una crítica al gobierno, una reivindicación de su anterior gestión, un énfasis en el rechazo a los partidos y la urgencia de un cambio político. Junto a él, sin embargo, actuaban paralelamente las otras agrupaciones y sectores de apoyo. Más que centrarse en Alessandri mismo, la prensa adicta se concentró en la creación del ambiente que parecía rodear a la campaña y que justificaba el imperativo del triunfo alessandrista. Es interesante que en esa estrategia coincidiera El Mercurio, como El Diario Ilustrado, diario perteneciente a la Empresa Periodística del Sur, SOPESUR y vinculado al Partido Nacional. El primero de estos medios insistió más de una vez que lo planteado por Alessandri eran más bien ideas que un programa presidencial bien articulado, aunque no exigió su materialización; realizando numerosos análisis editoriales acerca del significado de la Unidad Popular y la amenaza totalitaria que ella encarnaba. Las alusiones a Europa Oriental y Cuba, como una evaluación sesgada del programa de gobierno de la izquierda, eran los tópicos a destacar. En más de una oportunidad se refirieron al programa, especialmente en lo relativo al área política, siendo la propuesta de una Asamblea del Pueblo y la

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El Mercurio, 29 de marzo de 1970, p. 33 y 24 de abril, p. 27. Pec, 24 de abril de 1970, p. 12.

integración masiva del pueblo a la participación política, los tópicos a los que se dio preferencia. A su entender: El Estado popular que propicia el senador Allende es la forma política del Estado comunista, esto es, la dictadura de clase y la imposición por la fuerza de las finalidades y propósitos de la clase proletaria, que es la que tendrá la suma del poder político, como de todos los poderes del Estado... los esfuerzos que gasta el senador Allende por disfrazar el verdadero programa de la llamada Unidad Popular, son estériles, porque... propicia el establecimiento de lo que llama Estado popular, pero que es el Estado comunista, en que todo el poder político está concentrado en lo que se llama la Asamblea del Pueblo383.

En ese sentido, se reiteró el peligro de la pretensión de cambio de régimen político, interpretando cualquier discurso o expresión del candidato izquierdista como la comprobación de sus propias interpretaciones. La creación de los Comités de Unidad Popular (CUP), que fueron los organismos de propaganda y movilización social de la campaña de Salvador Allende, fueron presentados por la prensa derechista como una comprobación de estar frente a una campaña de abierta prédica de agitación social, estando la acción revolucionaria en su base, siendo los CUP “verdaderos centros de agitación local y vecinal... El desahucio de la legalidad tiene en estas organizaciones de base su expresión más práctica y concreta. La toma de sitios, fundos y otros inmuebles así como los choques callejeros constituyen una manera eficaz de enseñar el desprecio a la ley, al orden público y a la verdadera libertad”, explicitaba el decano de la prensa chilena, en el artículo recién citado. A partir de abril de 1970 y, especialmente después de la muerte de Hernán Mery, ambos medios dieron amplia cobertura al análisis sobre la violencia en Chile, destacando las actividades del MIR, que en esta época realizaba asaltos a entidades bancarias, prometiendo “sangre y fuego”, como la violencia que estaría cundiendo en las universidades, reviviendo el recuerdo de la OLAS, ya sin vida384. Las caricaturas de “Perejil” y “Don Memorario” en El Mercurio reflejaban a la perfección el imaginario que se buscaba crear. Guardando un tono aparentemente aséptico, la prensa “seria” de derecha ayudó al clima de miedo y amenaza que, junto con el discurso antipartidos de Alessandri, caracterizaron su campaña.

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El Diario Ilustrado, 15 de abril de 1970, p. 3; El Mercurio, 3 de febrero de 1970, p. 3. Véase ambos medios entre febrero y agosto de 1970. Con respecto a la campaña de la Unidad ´Popular, ella se centró en lo programático, librándose “sobre la base de ideas y proposiciones”, las cuales debían constituir el centro de un debate ideológico esclarecedor. Para ello era central desarrollar la conciencia de las masas, asunto en la que los CUP jugarían un papel central, pues estos comités de base le darían el carácter de masas de la campaña. Este énfasis en lo programático y en un lenguaje simple y asequible se expresó, también, en la Brigada Muralista Ramona Parra, como en el disco “Canto al Programa” a cargo de grupo Inti Illimani. Véase El Siglo, 28 de diciembre de 1969, p.1 y 4,7 y 8 de febrero de 1970; TVN, Informe Especial, “Cuando Chile cambió de golpe”, cap. 2, y el disco “Canto al Programa”..

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En tercer lugar, estaban los denominados grupos nacionalistas, que ingresaron como independientes al Comando, pero actuando más bien en forma desvinculada. Entre estos movimientos es posible identificar al Movimiento de Independientes por Alessandri, más conocido como MIA, y que comúnmente ha sido identificado como el que aglutinó a todos los grupos de esta orientación. No obstante, al parecer él sólo representaba a uno de ellos, detrás del cual se encontraba Juan Eduardo Hurtado Larraín y que aspiraba al reemplazo de la democracia liberal existente, “absolutamente injusta”, por una óptica integracionista de toda la ciudadanía, que no querían asociar a democracia corporativa ni funcional, pero cuya inspiración era de corte gremialistacorporativa. El MIA parece haber incluido organizaciones poblacionales, gremiales y algunos grupos políticos descolgados de los partidos tradicionales, unidos por un agudo anticomunismo. Entre ellos se ha mencionado al segmento más de derecha y anticomunista de los radicales, el “Movimiento Recuperacionista Radical”, cuyo líder era Angel Faivovich; la “Legión Alessandrista”, agrupación de ex conservadores y liberales que no ingresaron al Partido Nacional; nacionalistas nucleados en torno a Guido Poli, como el grupo Tizona dirigido por Andrés Widow385. En todos estos grupos existía un fuerte sentido de decadencia, un agrio espíritu antiliberal y antimarxista, y una decisión de luchar contra él a toda costa. Desde ese punto de vista, es importante destacar que a pesar que todos estos distintos sectores estaban detrás de la candidatura Alessandri, no todos perseguían los mismos fines, sino que coincidían en el amplio rechazo a los partidos y a los efectos del pluralismo liberal. Muchos nacionalistas, aunque no todos, esperaban la superación de esa agotada democracia, para dar paso a una era nacionalista, objetivo no compartido por el candidato, ni por importantes exponentes de los nacionales. La ausencia de una unidad programática y doctrinaria era más profunda que las disputas por la hegemonía del comando. Uno de los grupos nacionalistas más combativos y activos de la campaña fue el que se aglutinó en torno a la llamada “Casa de la Victoria”, dirigida por Luis Gallardo, gente que se autodenominaba alessandrista y que primitivamente participaba en el área de propaganda de ese Comando. Ellos deseaban imprimirle otro carácter a la campaña, un trabajo “más político, de trabajo más masivo”, por lo cual arrendaron un local en Catedral 1900, que fue la “Casa de la Victoria”. Como no contaban con muchos recursos económicos, trataron de acudir a Arturo Matte, el encargado de los fondos, pero no obtuvieron buenos resultados, porque no había la misma perspectiva para la campaña, toda vez que el Comando dirigido por Pinto, Ortúzar y Boetsch preferían hacer propaganda a través de los medios de comunicación, especialmente inserciones en El Mercurio. El grupo de Gallardo comenzó, según su testimonio, a establecer 385

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David Pérez, op. cit., pp. 85-86; también la entrevista por él realizada a Eduardo Hurtado el 29 de noviembre de 1995.

contacto y penetrar en sectores poblacionales, instalando sedes en la población La Bandera, Yungay, entre otras, acercándose a segmentos que más bien se identificaban con la izquierda y la Democracia Cristiana, lo cual significaba “un verdadero apoyo a la campaña de Alessandri”. Como la sede tenía muchas habitaciones, las arrendaron a distintos grupos alessandristas, como profesionales, ferroviarios, etc., dando vida a una verdadera campaña “participativa”. De allí que Gallardo considere que “estos grupos independientes fueron los grandes responsables de la campaña, porque esta gente [se refiere al MAD] pretendió llevar siempre, por la cercanía que tenían con don Arturo Matte, una hegemonía en la campaña presidencial y habían pospuesto al Partido Nacional, a los radicales de Julio Durán y todos los demás grupos”386. Gallardo era un comerciante, fundador de la Confederación del Comercio Detallista, por lo cual tenía contacto con muchos comerciantes y dirigentes del sector que participaron en la “Casa de la Victoria”. Al parecer, este grupo tenía contactos con el Partido Popular Nacionalista que dirigía el general en retiro Héctor Martínez Amaro, ya que, según Gallardo, se conocieron con motivo de la campaña y Martínez lo contactó con el general Roberto Viaux. La tarde del 4 de septiembre, cuando estaban comenzando a conocerse los primeros resultados electorales, Martínez Amaro, junto a otros, se apersonaron en la casa de Gallardo. También participó en la propaganda alessandrista el teniente (R) Víctor Catalán, pasado a retiro a raíz del Tacnazo del 21 de octubre de 1969, amigo del general Viaux, encargado de la propaganda muralista del candidato de derecha, comando que puso a su disposición, de acuerdo a sus dichos, cuatro o cinco camiones para hacer la campaña en las noches, pintando las murallas387. Como es posible percibir, detrás de la campaña de Alessandri hubo mucha gente, de distinto origen, con diferentes propósitos y métodos de acción, algunos bastante alejados del candidato. A pesar de que en todos ellos había un profundo anticomunismo, dos de los integrantes del alessandrismo eran los más activos en ese terreno: por un lado, los seguidores de Gallardo, como podremos apreciar en el próximo capítulo, y por otro, un segmento de jóvenes, decididos al combate contra “el mal absoluto”. A pesar de que es un área menos conocida, la campaña de Alessandri de 1970 también contó, como en 1964 la de Eduardo Frei, con una “Campaña del Terror” y ésta parece haber estado vinculada a sectores del núcleo duro del alessandrismo, cercanos a Boestch, y al Partido Nacional. Anteriormente mencionamos a la prensa que apoyó la candidatura de Alessandri, focalizándonos en la llamada “prensa seria”, dejando sin mencionar uno de los

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Entrevista de David Pérez a Luis Gallardo el 23 de julio de 1996. La autora agradece el préstamo de este material. Entrevista de David Pérez al capitán (R) Víctor Catalán, en 1996.

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principales medios de apoyo, identificado por Dooner como “prensa ariete”: la revista Pec. Tal decisión se ha relacionado con quienes estaban detrás de ese medio y el tipo de campaña desarrollada por él. Como es sabido, Pec fue fundada por el ex comunista Marcos Chamudes en 1963 y más bien se identificaba con el ala derechista del radicalismo, de decidido espíritu anticomunista, representando el sector “centro”de la alianza con la derecha bajo el gobierno de Alessandri Rodríguez. La revista, aparentemente por problemas de desfinanciamiento, fue cerrada en julio de 1969 y sólo reapareció ocho meses después, en marzo de 1970, con el propósito expreso de combatir la candidatura de la Unidad Popular, ya oficializada en enero de ese año, y apoyar la de Alessandri. De acuerdo al testimonio de uno de los dirigentes de “Patria y Libertad”, la reaparición de Pec, no ocurrió por “virtudes mágicas... rezumaba alessandrismo por todos lados”388. Esta identificación del semanario con la candidatura derechista y, particularmente, con el Movimiento Alessandrista, es clave para entender su estilo y tendencia en el período, como el grupo que estaba detrás suyo. Aunque Chamudes siguió apareciendo como la cabeza de Pec, el alessandrismo era quien realmente la dirigía, ocupando un papel dirigente clave en ella Jaime Guzmán, columnista estable de la revista. De hecho, poco tiempo después de su reaparición Chamudes se convirtió en su director honorario y desde comienzos de 1971 residió en Argentina. Esta relación del alessandrismo gremialista con Pec no debe extrañar, si se recuerda que durante el conflicto por la reforma en la Universidad Católica, Pec mantuvo una sección estable que cubría el sector estudiantil de la enseñanza superior y recepcionó acogedoramente a los dirigentes gremialistas en los años siguientes. El artículo editorial que inició esta segunda etapa, fue titulado “Unidad nacional contra unidad moscovita”, ya que a juicio de este medio este último nombre reflejaba el sentido real de la elección presidencial, pues “en septiembre no se votará por uno u otro gobierno democrático... la inmensa mayoría está formando en torno de don Jorge Alessandri una unidad nacional, no sólo para hacer volver a un hombre de su estatura moral e intelectual, sino también para mantener la legalidad ante la violencia, la libertad ante la tiranía del Estado”389. Rechazaban que la alianza de izquierda se autodenominara Unidad Popular, cuando en realidad el nombre apropiado para “esa montonera” era el de Unidad Moscovita, considerando que eran “secuaces chilenos de Moscú” quienes la dirigían, animaban y financiaban. Tal situación le permitía a Pec asegurar que si los comunistas llegaban al poder, el futuro del país no sería distinto del de Checoslovaquia o Cuba, “colonias” del imperialismo soviético, prometiendo que “Contra éste… dirigiremos nuestros fuegos”. Pec se convirtió en uno de los medios más combativos contra la Unidad Popular, 388 389

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Manuel Fuentes W., Memorias secretas de Patria y Libertad (Grijalbo: 1999), p. 62. Pec, 6 de marzo de 1970, p. 5. Sobre la residencia de Chamudes en Argentina, Qué Pasa, 8 de marzo de 1973, p. 18. Chamudes sólo vino a Chile en esa fecha para votar en las elecciones parlamentarias.

transformándose casi en el emblema del carácter ariete que tuvo la oposición, pues su misión era el combate. Fue parte de la prensa que nació para fustigar a la izquierda. Desde nuestro punto de vista, la revista asumió conscientemente ese papel, pero no estando ausente del todo el programa y la racionalidad que guiaba a ciertos sectores del alessandrismo, cuestión que hace de la presencia de Guzmán un punto importante. Guzmán aparecía como uno más de los columnistas, firmando algunos de sus artículos, especialmente aquellos relacionados con homenajes póstumos a políticos o intelectuales de la vieja oligarquía al momento de su muerte, o debates universitarios. No obstante, era la pieza clave. Como confesara años después Marcos Chamudes: “un amigo común logró que Jaime Guzmán me visitara. Le hice una proposición que aceptó de inmediato… Necesitaba alguien que… dispararía a todos por igual, a matar ¿quién mejor para hacerlo que Jaime Guzmán? ¿Y con más agrado?. Aceptó el trabajo sin que siquiera le ofreciera pagarle por ello… De todos los que allí trabajaban a mi lado, él era el de mayor claridad política. En la Pe de PEC [política] yo no daba un paso sin consultarlo”390. Este estrecho compromiso se revelaba además porque Guzmán escribía con un seudónimo, oportunidades en las cuales usaba un tono menos aséptico y académico, y más “ariete”. Su nombre de fantasía era “Juglar” que, en realidad, lo representaba a cabalidad, considerando la admiración que sentía por la Edad Media y cuyas primeras letras y centrales correspondían a las iniciales de su nombre:JG. Trasparentando su verdadera identidad, ‘Juglar’ solía realizar algunos de sus análisis utilizando jerga futbolística, deporte que fascinaba a Guzmán y del cual se declaraba “un fanático”, como lo han revelado las cartas publicadas por su hermana después de su muerte y los testimonios de sus amigos391. “Juglar” era parte de la cara combativa de la revista y creemos que era uno de sus directores, quien es posible haya escrito la editorial que acabamos de reseñar. Poco después, escribiendo como “Juglar”, asumió la autoría de dicho texto, reafirmando que la campaña de Allende estaba siguiendo la senda comunista y aludiendo a la editorial en cuestión, señaló: “cuando escribimos esas líneas”392. La centralidad de los artículos firmados por Guzmán, ya fuera abiertamente o bajo el seudónimo, lo convirtieron en uno de los ejes principales de la estrategia propagandística contra la Unidad Popular. En síntesis, planteamos que Guzmán comenzó a revelar la naturaleza de la derecha que representaba y que tuvo su primer atisbo durante la campaña presidencial, siendo miembro del Comando Alessandrista y muy cercano a sus principales dirigentes: Ortúzar, Boestch y el propio Alessandri. 390 391

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La Segunda, 21 de enero de 1976, p.5. El seudónimo de Guzmán fue revelado en Mayoría, 8 de nov. 1972, p. 12; Rosario Guzmán E., op. cit. Según sus amigos, Guzmán participaba en los partidos actuando como árbitro, pues carecía de las condiciones físicas necesarias en un jugador. Cosas, No.Extraordinario, 5 de abril de 1991. Juglar, “Allende es el peligro”, Pec, 22 de mayo de 1970, p. 10.

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Guzmán era racionalidad pura y por ello siempre tuvo clara la importancia de las ideas, del proyecto. No obstante, pertenecía a una generación en rebelión, proceso del que no pudo y no quiso escapar, como tampoco sus amigos del Movimiento Gremial de la Universidad Católica que lo acompañarían en esta aventura: el combate sin reglas contra el que a sus ojos siempre fue “el mal absoluto”. Como columnista de la revista, Guzmán desarrolló dos líneas analíticas: la desarrollada explícitamente por él y la de fantasía. El objetivo de la primera era reforzar el imaginario respecto de Alessandri, reiterando su pensamiento y haciendo la defensa del mundo que anunciaba su fin. Comentando la muerte de Arturo Alessandri Rodríguez, ocurrida en 1968, se identificaba con una generación a la cual le había tocado presenciar un mundo donde prevalecían el escepticismo y el desorden, donde se pretendía reemplazar así las normas morales objetivas, por la ‘conciencia’ y la ‘autenticidad’ de cada cual que –en el fondo– no son más que el libre curso de toda suerte de caprichos... Don Arturo era la antítesis de todo ese desorden mental, espiritual y social, de todo ese mundo al revés, en el que no hay autoridad ni en la familia, ni en las universidades, ni en el Estado, ni en la Iglesia393.

Estas palabras reflejaban, tal como lo hicieron con motivo de la reforma universitaria, su percepción del derrumbe del orden existente, de la crisis cultural que enfrentaba el catolicismo tradicional y las oligarquías. En esta ocasión, reafirmaba su convicción en esos valores, en ese orden natural, que había defendido desde la universidad como desde FIDUCIA. Una defensa más explícita del orden oligárquico, como de las elites que lo comandaban, la hizo con motivo de la muerte de Francisco Bulnes Correa, ex senador, abogado integrante de la Corte Suprema, presidente del Partido Liberal, miembro del Consejo de Defensa del Estado y presidente durante años “de las empresas más importantes del país”, quien a ojos de Guzmán era, sin duda, un “ilustre hombre público”. La congoja que su muerte le producía y la adhesión a su figura eran producto de los valores que ella encerraba, los cuales traspasaban el mero ejercicio de cargos o funciones cívicas. Francisco Bulnes “era un símbolo de esa aristocracia chilena que, a diferencia de muchas de sus congéneres americanas, ha sabido forjar personalidades que han creado y modelado nuestra República, como ese ejemplo de espíritu democrático y libertario, de evolución progresista y realista, y de nación equilibrada”394. Las palabras de Guzmán constituían la defensa explícita de una elite que estaba siendo apartada del papel que históricamente había jugado en el país, pretendiendo insistir en la legitimidad de ello, y destacar de manera enfática lo erróneo de las políticas de las nuevas autoridades. Por oposición, en el

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Jaime Guzmán, “Arturo Alessandri Rodríguez”, Pec, 6 de marzo de 1970, p. 6. Jaime Guzmán E. “Francisco Bulnes Correa”, Pec, 2 de septiembre de 1970, p.6.

entender del líder gremialista, mientras gobernó la “aristocracia” hubo progreso, orden y paz. Su columna, igualmente, sirvió para continuar la lucha contra el rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, a quien fustigó y recriminó por el camino seguido por la reforma. El método para ello fue su asimilación con Lenin desde una perspectiva “jocosa”. Reflexionando acerca del “quehacer” del rector, Guzmán reseñó burlonamente unas declaraciones de Castillo respecto de la situación económica de Cuba, aparentemente contrariando las afirmaciones de Fidel Castro, fórmula estilística ya usada en otro artículo, donde afirmaba que Castillo caía en “su propia trampa”395. Desde este punto de vista, con los artículos abiertamente firmados por él, Guzmán reafirmaba lo que había estado defendiendo desde 1967, la participación corporativa. Sus escritos, como se observa, sólo se refieren a temas atingentes a su realidad y actividad profesional: su origen social y el orden asociado a él, como el rechazo al camino seguido por la reforma en su universidad, es decir, aparentemente no se politizaba. Su estilo era racional, siempre tratando de demostrar las incongruencias, errores y confusiones concepuales o debilidades teóricas de su adversario. Mantenía ese sentido de superioridad del que dimos cuenta en el capítulo III y que su propia hermana reconocía. A pesar de este estilo “serio”, su tendencia “ariete” se dejaba ver, especialmente en el tono burlesco, aunque cuando se trataba de artículos con su firma, ello se mantenía dentro de ciertos límites. La minoría de los artículos del año 1970 escritos por Guzmán llevaron su firma, pues una gran mayoría correspondían a “Juglar”. Bajo este seudónimo, dio rienda suelta a su militante anticomunismo, atacando permanentemente a la coalición izquierdista. Es importante aclarar que la idea de “ariete” siempre apunta a la deslegitimación del otro, en un intento de socavar el respeto que tuviera socialmente; a demostrar su tendencia a la mentira, a su caricaturización, distorsionando la realidad, usando un lenguaje soez y grotesco. Guzmán nunca hizo uso de este último recurso, aunque sí utilizaba epítetos para referirse a la izquierda, de manera ofensiva, siendo común en él –como en su maestro, Osvaldo Lira– el uso de términos peyorativos: secuaces, montonera, extremistas. Dentro de ese estilo, Guzmán fue parte de la llamada “Campaña del terror” desplegada contra la candidatura de Allende, la cual tuvo dos expresiones: artículos periodísticos y propaganda. Guzmán participó en ambas, pero por el momento nos referiremos solo a la primera. En efecto, los temas desarrollados por “Juglar” buscaban, preferentemente, crear sentidos de amenaza y, por ende, despertar miedos ante un eventual futuro dominado por la izquierda, pleno de violencia y dictadura. En el contexto del asesinato de Hernán

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Pec, 10 de julio de 1970, pp. 12-13 y 7 de agosto de 1970, p.13, respectivamente. Véase también el 3 de julio de 1970, p. 21.

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Mery, Guzmán desvalorizó la ola de horror provocada, asegurando que se trataba de un suceso que estaba siendo utilizado por la izquierda para “falsear la realidad” y culpar a la derecha de la violencia que reinaba en el campo, en circunstancias que la aplicación de la ley de reforma agraria se había hecho pacíficamente solo gracias a “la ingenuidad de los agricultores de creer en las promesas que formuló el gobierno”. Los únicos responsables del clima de violencia eran las autoridades y la izquierda, creadoras de organizaciones extremistas y terroristas. De acuerdo a su análisis, la prensa izquierdista “insiste en presentar a carabineros como una entidad destinada a la represión de los sectores populares... prédica que tiene por objeto socavar el prestigio moral de uno de los pilares del sistema democrático”, en circunstancias que los “ataques cobraron vigor con el surgimiento de los primeros esbozos de la guerrilla urbana auspiciada por la extrema izquierda”. Prueba de ello era la existencia de “milicias populares” en el campamento “26 de enero”, dirigidas por el líder mirista Víctor Toro, las cuales controlaban el lugar y cuya esencia no era sino “el claro y confesado propósito extremista de desahuciar el actual sistema y... destruirlo. Las milicias son la expresión más concreta y dinámica de la subversión y están destinadas a ser la vanguardia en la guerrilla urbana que los sectores extremistas pretenden desatar en nuestro país”396. Aunque efectivamente el MIR manifestaba su intención de derrocar el régimen capitalista por uno socialista y por la vía violenta, siendo el movimiento de pobladores uno de sus frentes más activos, lo que nos interesa resaltar en este caso, es la imagen del futuro que Guzmán presentaba a los lectores, donde la violencia y la guerra civil eran casi inevitables, salvo que Alessandri lograra la presidencia. Se homologaba una “milicia poblacional” con una organización guerrillera como si fueran equivalentes, dándose por hecho que la izquierda en su conjunto –en tanto se vinculaba al MIR con el eventual triunfo de la Unidad Popular– estaba a favor de esa alternativa y más aún se preparaba activamente para ella. Esta pretendida existencia actuante de guerrillas era, según afirmaba, la prueba innegable de que la violencia se apoderaría del país, pues ese era el plan último de la Unidad Popular, al saberse anticipadamente derrotada. Insistiendo en la defensa del Cuerpo de Carabineros y arremetiendo contra medios como El Clarín o Puro Chile, Guzmán escribió: La agitación callejera y las eclosiones de violencia que ha conocido últimamente el país ya no son situaciones aisladas o espontáneas. Corresponden a una estrategia organizada, estructurada y financiada para desquiciar la sociedad... Fidel Castro, Régis Debray y Ernesto Che Guevara se encuentran entre los ideólogos y estrategas del extremismo insurreccional que aquí en Chile ya está balbuceando su primera y más destructiva etapa: la guerrilla urbana.

396

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Juglar, “¿Milicias populares o cuerpo de carabineros?”, Pec, 15 de mayo de 1970, p. 10; sobre Hernán Mery, 8 de mayo de 1970, pp. 11-12.

La Democracia Cristiana no hacía sino ayudar a ese ambiente violentista y destructivo397. Consistente con esta “verdad”, la revista solía hacer reportajes sobre el MIR, como del dirigente socialista muerto en la guerrilla boliviana, Elmo Catalán. La idea era sembrar la convicción de que Chile estaba a las puertas de vivir una situación guerrillera como las que habían dominado al Tercer Mundo desde el fin de la 2ª. Guerra Mundial, cuando la revolución social se adueñó de esos lugares. América Latina había entrado en ese oscuro camino a partir de la Revolución Cubana y ningún país escaparía a ese destino si no se frenaba enérgicamente al comunismo. Por ello, la agudización de los movimientos sociales a fines de los sesenta, el inicio de las tomas de terrenos urbanos y rurales eran interpretados dentro de la lógica revolucionaria que existía en otros naciones del continente; para lo cual la retórica mirista, como sus asaltos bancarios y la aparición de campos de entrenamiento, servían como “hechos irrefutables” de estarse en la misma situación. Como muy bien lo expresó el historiador boliviano Gustavo Rodríguez Ostria, existían campos de entrenamiento en muchas partes del continente, pero eso no los convertía en núcleos guerrilleros aptos para iniciar una revolución, toda vez que los verdaderos guerrilleros, como era el caso de cierta elite cubana, eran militares profesionales, con un entrenamiento muy superior a unas prácticas de tres meses que no preparaban a nadie para una guerra de verdad. Chile, en el marco de la revolución del cono sur –según sus investigaciones–, cumplía el papel de pasadizo hacia los verdaderos objetivos revolucionarios que alguna vez tuvo el Che Guevara y nunca fue considerado como un país donde la guerra revolucionaria se pondría a prueba. Para Guzmán, en todo caso, eso no tenía mayor importancia, las palabras constituían la realidad para ser utilizadas en la lucha política. Chile vivía la situación que él afirmaba, como lo corroboraban las denuncias relativas al surgimiento de la guerrilla urbana, fenómeno configurado con el recrudecimiento de atentados terroristas y el descubrimiento de centros de adiestramiento subversivo, establecimiento de territorios vedados para las autoridades, como lo fue el Campamento 26 de enero, asaltos a bancos para financiar un “Ejército de Liberación nacional” y los públicos llamados a la insurgencia hechos por líderes extremistas398.

Estas expresiones revelan que antes de que la Unidad Popular asumiera el poder, el imaginario de un país dominado por la violencia, la guerrilla y la subversión se había empezado a desplegar. Las calificaciones del Partido Nacional, caracterizadas

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398

Juglar, “Carabineros y la defensa del sistema institucional”, Pec, 17 de julio de 1970, pp. 5-6; 10 de julio de 1970, pp. 9.10; también el 3 de julio de ese año, pp. 8-9. La cita en Juglar, “¿Milicia popular o cuerpo de carabineros?”, Pec, 15 de mayo de 1970, p.10. Sobre la guerrilla en el Cono Sur, Gustavo Rodríguez Ostria, “La revolución en Bolivia”, conferencia dictada en la Universidad de Santiago de Chile, 4 de noviembre de 2005.

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en el capítulo anterior, fueron los primeros ensayos en la creación de ambientes psicológicos de caos, crisis y derrumbe. La elección presidencial de 1970 constituyó el nuevo paso. Conectando este ambiente de caos y violencia con la elección que ocurriria, Guzmán aseguraba que Allende era “el peligro”, toda vez que su campaña había entrado en la etapa previamente establecida en la estrategia comunista, pues la elección sería entre Allende y Alessandri, tal como lo había afirmado desde la reaparición de la revista. Según su información, poco después de la nominación de Allende, se habían realizado dos reuniones “sigilosas” con miembros de la Comisión Política del Partido Comunista para planificar la campaña, la cual debería ceñirse a una técnica de “avance paulatino”, un empuje gradual hasta la máxima expresión de sus fuerzas, cuando ya la “capacidad de reacción de la ciudadanía leal al sistema democrático no tuviera tiempo de expresarse”. El punto estaba, según afirmaba, en tratar de evitar un “autonaranjazo”, ocultando la real fuerza electoral de la izquierda, pero “ha llegado el momento de despertar y reconocer que, tal como en 1964, el peligro se llama Salvador Allende”399. Esta estrategia de copamiento se evidenciaba con el triunfo comunista en las universidades, especialmente en la Escuela de Educación de la Universidad Católica, lo cual debía interpretarse como un “globo sonda” para observar la reacción de la comunidad universitaria y de la opinión pública ante “el próximo paso”, propio del carácter organizado y disciplinado de ese partido. Eran precisamente esas características las que le permitían ir derrotando y desplazando a la Democracia Cristiana de sus antiguos centros de poder, haciendo inútil su creencia en constituir una barrera al comunismo, ya que: “la dogmática disciplina partidaria y la férrea organización de sus cuadros de base... dan amplia ventaja a esa colectividad para infiltrar, primero, y dominar, después, organizaciones como la mencionada”400. De hechos reales –el tipo de partido– deducía intenciones y acciones que siempre tenían el mismo fin: la dictadura marxista totalitaria y la pérdida de todos los derechos y libertades alcanzadas. No importaba qué pudiera responder la Unidad Popular, porque la estrategia era dejar sentadas ciertas ideas como verdades irrefutables, modificando la percepción social respecto de la izquierda y también del centro. Durante una investigación en la Cámara de Diputados, parlamentarios radicales recordaron una campaña similar realizada por la derecha frente a la posibilidad del triunfo del Frente Popular en 1938, cuando escribían artículos periodísticos asegurando que se perseguiría a la Iglesia, se ultrajaría a las monjas y la muerte se enseñorearía del país, etc. En esa ocasión, la prueba era el ejemplo español, la guerra civil. En la situación de 1970, 399 400

260

Pec, 29 de marzo de 1970, pp. 9. Juglar, “La Democracia Cristiana no fue alternativa frente al marxismo”, Pec, 31 de julio de 1970, pp. 9-10.

se seguía la misma lógica, utilizando los ejemplos húngaro, checoslovaco o polaco, los cuales tenían más peso que la efectiva participación de comunistas o socialistas en los gobiernos de 1938 y 1946. Debe recordarse que la expulsión de los comunistas del sistema político en 1948 no fue porque estuvieran patrocinando u organizando paredones, ni ajusticiamientos de líderes de oposición, sino por fomentar huelgas entre los obreros del carbón y crear sindicatos en el campo, y aumentar significativamente su votación en la elección municipal de 1947. A pesar de ese antecedente histórico, la línea argumental de Guzmán y de la revista que comentamos seguía la lógica de 1938, pero amplificada con la situación de Europa Oriental y Cuba; no así de China, dada su enemistad con la Unión Soviética, país con el cual se auspiciaban relaciones comerciales, sin hacer referencia a su situación política. Este tipo de análisis se inscribía dentro de las estrategias de la guerra contrasubversiva, desarrollada por los ejércitos latinoamericanos de la época (Argentina y Brasil), los que consideraban la lucha contra el comunismo como una guerra “total”, en la cual el enemigo debía ser vencido. Su visión demoníaca del comunismo, le llevaba a denunciar constantes “infiltraciones” en variados cuerpos sociales, siendo sus “blancos preferidos” la prensa, la Iglesia, las uiversidades y los distintos organismos sociales. Con ellos, la negociación no era posible, solo su derrota401. Este tipo de prácticas era parte de una estrategia global, denominada “Campaña del Terror” y que fue denunciada al país en el mes de julio de 1970, cuando llegaron a manos de dirigentes políticos unos documentos que detallaban la estrategia que seguiría la campaña no pública del Comando Alessandrista, la cual estaría en manos de organizaciones aparentemente anónimas o de renombre mundial. Estos documentos fueron extraídos por militantes comunistas en un asalto a la agencia “Andalién”, entidad que aparecía como la promotora del material usado. Días antes, la Cámara de Diputados acordó constituir una comisión investigadora, a propuesta del diputado democratacristiano Luis Maira, a fin de averiguar sobre una encuesta electoral falsa y el “desarrollo progresivo de la llamada ‘Campaña del Terror’”. Maira señaló que suponían que esas actividades correspondían al Comando Alessandrista, pero que durante un programa de televisión “Decisión 70”, cuando se le inquirió acerca de su responsabilidad en esos hechos, el candidato derechista afirmó que “no la aprobaba y que no dependía de su comando”. En función de tal aseveración, y considerando que sólo los partidos y los comandos podían hacer propaganda, se investigaría quién financiaba a las organizaciones que aparecían comprometidas, cómo habían sido organizadas, pues seguramente ellas tenían personería jurídica para actuar, de lo contrario, se trataría de entidades que funcionaban ilegalmente en el país. La Comisión debería

401

Genaro Arriagada El pensamiento…, 2ª. Parte, cap. III.

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investigar sobre la “legalidad, financiamiento y personas o empresas responsables de las actividades de las organizaciones llamadas ‘Chile Joven’ y ‘Acción de Mujeres de Chile”402. Durante el informe que Maira presentó a la Cámara un mes después403, explicó la aparición de un cable de una agencia italiana en la cual supuestamente se aseguraba que Alessandri ganaría la elección, pues obtendría un 40,89% de los votos, información que fue difundida al día siguiente en un programa de Radio Corporación, a cargo de los periodistas Rafael Otero, Saverio Sprovera, Hernán González y Jaime Valdés, en el que aseguraron que la encuesta había sido realizada por una empresa dependiente del Mercado Común Europeo y por periodistas extranjeros, lo cual le otorgaba una validez innegable. Esos periodistas radiales pertenecían a la agencia SEPA, encargada pública de la campaña de difusión del Comando Alessandrista y cuyo director era Rafael Otero. De la investigación resultó que el Mercado Común Europeo negó la existencia de la supuesta empresa encuestadora, como también la agencia italiana de haber enviado el cable, lo cual generó la protesta exterior a la Cancillería chilena. El cable, en realidad, había sido enviado por Saverio Sprovera y la encuesta fue encargada por Otero a “técnicos chilenos”, aunque dos periodistas –también chilenos– que trabajaban para SEPA, declararon que habían sido ellos quienes la realizaron y que no tenían mayores conocimientos de las técnicas que se usaban, de lo cual la Comisión concluyó que hubo intención deliberada de engañar al público, constituyendo un flagrante “fraude publicitario”. A raíz de ello, la Comisión propuso poner en conocimiento del Colegio de Periodistas los antecedentes y activar medidas para buscar a los responsables penales. La Comisión también investigó acerca de las organizaciones que desarrollaban la otra área de la estrategia, la “Campaña del Terror”, la cual tuvo su acta de bautismo en junio de ese año en el diario El Mercurio, donde apareció un afiche que hacía referencia a la invasión soviética a Checoslovaquia, con una leyenda que decía: “En Checoslovaquia tampoco creyeron que esto sucedería”, titular acompañado de una foto con tanques. “Chile Joven” publicitaba unos afiches de propaganda anticomunista, del mismo estilo del ya usado en la campaña de 1964, pero con un mayor despliegue, a través de la cual se pretendía, según los antecedentes recogidos por la Comisión, (específicamente el “Memorándum Campaña ‘Chile Joven’ y ‘Acción de Mujeres de Chile”), del original de la agencia Andalién, que la tarea de la primera organización nombrada sería: “una campaña directa, brutal, esencialmente negativa, del terror, en 402

403

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Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, sesión 15ª., 8 de julio de 1970, pp, 1161-1165. Sobre el asalto a la agencia, Eduardo Labarca, op. cit., pp. 310-311. Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión 25ª., 19 de agosto de 1970, pp. 2561-2636. La información de la “Campaña del Terror” estará extraída de esta fuente, salvo indicación precisa.

que también pueda involucrarse en ciertos puntos a Tomic”. Esta organización actuaría en prensa, mientras las mujeres trabajarían en frases radiales y volantes. Los afiches de prensa tendrían una dimensión de tres columnas de 53 centímetros cada una, siendo sus temas: violencia y seguridad y estarían dedicados a Allende, como también raptos en Guatemala y Argentina; mientras que a Tomic se asociarían los asaltos a los bancos, las guerrillas en Valdivia y Guayacán, huelga de estudiantes, el MIR en poblaciones, los que irían con un lema: “No escojas a los cómplices de la violencia y a los que son incapaces de evitarla”, en una abierta crítica al gobierno democratacristiano. Algunos de los afiches publicitados por “Chile Joven” tenían frases como las siguientes: Los esbirros del marxismo intentan destruir las ideas con violencia y cobardía. Es el terror de verse desemascarados por quienes mostramos a Chile la trágica verdad que viven los países dominados por el comunismo. Y si esto ocurre en un Chile libre... en un régimen marxista, la metralla será el único argumento contra quienes se resisten a soportar alambradas en su pensamiento. Faltan 39 días para que Ud. lo decida404.

Coincidiendo con las instrucciones denunciadas en la Cámara, uno de los afiches mostraba dos fotos: una, de un niño vestido de escolar, y otra, del mismo niño, pero con tenida de guerrillero, boina y una metralleta en sus manos. La leyenda decía: “Su hijo... ¿o su enemigo?. En los países dominados por el comunismo, los hijos son lanzados contra sus padres para aplastar cualquier intento de liberación de quienes han sido sometidos por el terror. No permitamos que esto ocurra en Chile. ¡Rechacemos a los que propagan la violencia y a los incapaces de evitarla! Chile Joven”. Este tipo de mensajes iba dirigido de preferencia a las madres y una advertencia sobre la destrucción de la familia y la transformación de sus hijos. La imagen de los tanques soviéticos en las calles de Praga en 1968 era utilizado como prueba de lo que ocurriría: “Los tanques soviéticos llegaron en la primera oportunidad que se les presentó. Un gobierno títere del comunismo abrirá las puertas de Chile a esos tanques que aplastarán definitivamente lo más sagrado que tenemos: la libertad”405. Este discurso coincidía con los escritos de Guzmán, como con las editoriales y comentarios de la prensa alessandrista, donde se aseguraba que de ganar Allende, inevitablemente Chile se convertiría en otro satélite soviético. Esta idea se reforzó con otro afiche donde aparecía una fotografía de Fidel Castro acompañado de Salvador Allende, donde se podía leer: “Unidos en la idea y en la acción. El candidato marxista lo ha declarado en reiteradas oportunidades, ‘mi modelo de gobierno será el de Cuba’. Esto significa supresión de todas las libertades consagradas en la Constitución, tribunales populares, persecuciones, racionamientos

404 405

El Mercurio, 27 de julio de 1970, p. 37. Pec, 10 de julio de 1970, p. 11 y 19 de julio, p. 27.

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y paredón”. Para terminar de ejemplificar, mencionaremos una publicidad de esta agrupación aparecida en los últimos días de la campaña con la fotografía de un hombre tras las rejas, abrazado a una mujer y llorando. La leyenda decía: Esto es el comunismo. Y Ud... ¿quiere esto para Chile? Testimonio de un régimen de terror: quienes piensan distinto están marcados. Luego de un proceso sumario, los tribunales populares les otorgarán esta piadosa concesión: besar a los seres queridos. Y muchos no creyeron que el comunismo era esto. Evitemos un Chile comunista. Faltan 14 días para que Ud. lo decida406.

Es conveniente señalar que el logotipo de esta agrupación eran dos brazos, llevando dos banderas en sus manos: una chilena y otra de ‘Chile Joven’. En síntesis, el comunismo significaba el fin de la familia, el control de los niños, el predominio de la violencia, la ausencia de libertad y Chile convertido en un satélite soviético. Esto coincidía con las afirmaciones de Guzmán de que la propuesta de una Asamblea Popular establecida en el Programa presidencial daría lugar al establecimiento de un Presidium, tal como en la Unión Soviética. De acuerdo a la Comisión Investigadora, el costo de esta publicidad en prensa era de Eo.2.800.000 y el costo total de la campaña en tres meses, de Eo.21.080.000. De ello, “Chile Joven” y “Acción de Mujeres de Chile” habían gastado Eo.7.000.000. Tal cantidad de recursos debía tener algún origen, que en realidad eran dos: donaciones de empresarios chilenos, tales como la Sociedad Agrícola San Fernando, Compañía de Inversiones Tierra Amarilla, Compañía de Inversiones La Chilena Consolidada, cuyo director era Hernán Cubillos y su gerente, Fernando Léniz; la Empresa El Mercurio, Compañía de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria, cuyo presidente era Agustín Edwards Eastman y su gerente, Hernán Cubillos. El informe menciona numerosas otras empresas, lo cual llevó a la Comisión a concluir que se trataba de la denominada “derecha económica”, con Edwards a la cabeza. La Comisión estableció un segundo financiamiento, de origen extranjero: se trataba de la empresa minera norteamericana Anaconda, la cual estaba pronta a perder sus yacimientos en Chile. En la actualidad a nadie sorprende la presencia de agentes externos en Chile entre 1964 y 1973, luego de que la desclasificación de los archivos de la CIA probó la intervención norteamericana. En ese sentido, este documento fue, posiblemente, uno de los primeros conocidos, pero que perdió resonancia después de 1973. En lo que a este estudio concierne, la “Campaña del Terror” y el origen de su financiamiento tienen interés porque se vinculaban al Comando de Alessandri. Aunque ello nunca fue explícitamente reconocido por ese Comando, tanto la persona a cargo de la propaganda alessandrista –César Sepúlveda–, como la agencia que la desarrollaba –Andalién–, y las fuentes financieras se relacionaban con esa candidatura. En efecto, en la docu-

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Los dos afiches en: Pec, 14 de agosto de 1970, p. 17 y 21 de agosto, p. 3.

mentación existen numerosas cartas que comprometían al presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, como a las instituciones que el Comando utilizaba para sus encuestas, como el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESEC), el mismo que preparaba la página económica de El Mercurio. Asimismo, es posible establecer otra prueba del vínculo que existía con el Comando Alessandrista, toda vez que en la conexión Anaconda fue mencionado Guillermo Carey, al momento vicepresidente de esa compañía. Carey, como señalamos anteriormente, ingresó al MAD en 1968, según testimonió Eduardo Boestch, es decir, al origen del Comando de Alessandri. Más interesante aún, el informe detallaba las organizaciones que participaron en el “pegoteo” de afiches y en la puesta en práctica de la “Campaña del Terror”, como por ejemplo a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, núcleo del Movimiento Gremial creado por Guzmán y en sus manos desde 1968. El informe señalaba: “Otra organización conectada a Andalién es la llamada FEUC. Actividades de noviembre de 1969: Escritura de 3.500 sobres y franqueo a breve plazo...”, entre otros datos. En otras palabras, los gremialistas de Jaime Guzmán fueron parte central de las manos que llevaron a cabo esta campaña, lo cual se hace más inteligible si se considera que Guzmán era el jefe del Departamento de la Juventud del Comando Alessandrista. Este estrecho lazo de Guzmán y los jóvenes gremialistas con la “Campaña del Terror” se hace aún más clara si se da cuenta de que el Presidente de “Chile Joven” era el compañero de ruta del líder gremialista Jovino Novoa. En efecto, con motivo de las denuncias hechas y la investigación en la Cámara, esta agrupación sacó una declaración pública, firmada por su directiva, en que asumía su acción, la reivindicaba y agregaba una nómina con “cientos de jóvenes que componen esta organización”. La declaración calificaba a la investigación de la Cámara como un “espectáculo”, aclarando que ‘Chile Joven’ había nacido para alertar a los chilenos sobre las consecuencias que podría tener la implantación de un régimen marxista en nuestra patria. Para ello se vale de la experiencia de países que, aunque distintos entre sí como la Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Alemania Oriental y Cuba, han sufrido la misma trágica suerte... ‘Chile Joven’ no quiere que esto ocurra en Chile. Por eso, en vísperas de que decidamos nuevamente nuestro destino futuro, recuerda a nuestros compatriotas estos ejemplos que deben servirnos de lección... Como nadie puede desmentir lo que ‘Chile Joven’ afirma, se ha orquestado en su contra una jauría publicitaria de insultos y mentiras. ‘Chile Joven’ comprende la desesperación furiosa de la candidatura marxista del señor Allende que, descubierta ante el electorado en su verdadero significado totalitario, ha llegado al frenesí histérico, que linda en el paroxismo... Al margen de lo que piensen las candidaturas de los señores Alessandri y Tomic, ‘Chile Joven’ seguirá adelante en su campaña anticomunista de la verdad, seguro de que con ello está forjando la derrota del abanderado marxista, Salvador Allende... ‘Chile Joven’ asume la total responsabilidad de la Campaña anticomunista de la verdad y anuncia a sus detractores que no nos silenciarán con su terrorismo y sus amenazas, porque cuando se trata de defender la patria,

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la juventud chilena sabe y ha sabido siempre asumir el lugar que le corresponde. (Fdo) Jovino Novoa Vásquez, presidente; y los directores407.

La declaración sintetiza la disposición política que ya se había anunciado entre los gremialistas con motivo de la reforma universitaria. Contradiciendo sus propias afirmaciones, la federación estudiantil de esa Casa de Estudios se comprometió con algo ajeno a la universidad, a lo estrictamente estudiantil, para entrar de lleno en la lucha política y en el área más combativa. Su tono era claramente “ariete”, pues partía descalificando a la Comisión y emitiendo calificativos despectivos respecto de sus adversarios, tales como “frenesí histérico”, “jauría”, “terrorismo”, usando un lenguaje poco apropiado para el debate de ideas. A su vez, defendía su quehacer, reafirmando su espíritu combativo, propio del estilo “ariete”, como también lo reflejaba la distorsión de la realidad, dando por certezas, hechos no ocurridos. Las leyendas que acompañaban a los folletos y afiches no apelaban a la racionalidad ciudadana, sino buscaban generar miedos, sentidos de peligro y amenaza, condicionantes claves para fomentar actitudes agresivas y sentimientos de odio, como los estudios del nazismo lo han probado. El papel jugado por “Chile Joven” en la campaña era el del enfrentamiento, pues ése era el clima que esperaba crear. Su intento de eximir de responsabilidad, de exculpar, a Alessandri, buscaba mantenerlo incólume, lo cual demuestra que se trataba del elemento dispuesto al juego menos público y menos racionalmente persuasivo que, algunos de la vieja derecha, ya no podían realizar. En otras palabras, la joven derecha vinculada a Guzmán tenía otra perspectiva frente a la política: no sólo era proyecto, también podía ser acción. La declaración de “Chile Joven” fue publicada en El Mercurio, acompañada de la lista de los numerosos militantes que, según Jovino Novoa, eran parte de la agrupación. Ella fue desmentida por un sacerdote, pues la gran mayoría de quienes aparecían allí eran niños de entre 12 y 14 años que estudiaban en colegios particulares, quienes habían sido engañados. Esto fue corroborado por la Comisión Investigadora de la Cámara. No obstante, entre los nombres mencionados en la lista destacaban algunos que no eran niños en la época, como por ejemplo, Carlos Bombal O., estudiante de Derecho en la Universidad Católica y miembro del Movimiento Gremial. Tal vez este cúmulo de estilos de lucha y su despliegue convencieron al Comando que el triunfo sería suyo. Tan así parece haber sido, que publicaron dos encuestas más en las que se daba por ganador a Alessandri, en una con un 41% de los sufragios y en la otra, 47,8%. Más aún, el presidente del Partido Nacional aseguró a la prensa

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“Chile Joven se dirige al país”, Pec, 21 de agosto de 1970, p. 5. Apareció originalmente en El Mercurio, 16 de agosto de 1970, p. 30, Inserción con la lista de los militantes.

que su colectividad reconocería como ganador al que obtuviera un voto más, incluso si era Salvador Allende: Don Jorge Alessandri ha dicho que el que obtenga la mayoría debe ser reconocido como Presidente de Chile. Esta es la tradición y la doctrina que han sostenido candidatos de distintos partidos, entre ellos el señor Frei y el mismo señor Allende. Esta es también la posición del Partido Nacional. Elegir contra la voluntad mayoritaria del pueblo un Presidente que emane de una combinación de directivas partidistas, es crear un grave divorcio en el gobierno y el país y entre la mayoría de la opinión pública y los intereses partidistas atrincherados en el Congreso408.

A pesar de su optimismo y de la Campaña del Terror, el 4 de septiembre de 1970 el ganador fue el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende. Aquí empezaría una nueva fase en la evolución política e ideológica de estas distintas fracciones derechistas, lo cual determinaría su futuro. En suma, la campaña presidencial mostró los rasgos que habrían de caracterizar a la nueva derecha política chilena, tales como su carácter proyectual –aunque esto aún no estuviera totalmente resuelto–, capitalista neoliberal, autoritario y conservador. Asimismo, estas derechas mostraban un nuevo “estilo”, de acción, combativo e intransigente; traspasado, en el caso del gremialismo, por convicciones indestructibles, dando los primeros pasos hacia un estilo marcado por la disciplina y la unidad. A pesar de que tales rasgos para 1970 habían alcanzado un desarrollo significativo, requerían del “derrumbe total”, de la experiencia límite, para acabar su proceso de maduración. Ello ocurriría durante los “mil días” de la Unidad Popular.

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Sergio Onofre Jarpa en El Mercurio, 16 de agosto de 1970, p. 41.

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CAPÍTULO VI “EL CANTO DEL CISNE”: EL PARTIDO NACIONAL FRENTE A LA UNIDAD POPULAR

Sí. Si el señor Allende obtiene la primera mayoría, nosotros votaremos por el señor Allende. (SERGIO ONOFRE JARPA, 7 de agosto de 1970) ¡Deje de lamentarse! Defienda con nosotros su trabajo y su libertad contra la dictadura comunista. (SERGIO ONOFRE JARPA, marzo de 1971) Estos son los problemas de donde provienen los atentados en contra de la democracia y la libertad para obstaculizar e impedir el diálogo y para irnos en definitiva al camino de la guerra civil, que es el camino que necesita don Víctor García Garzena, la pacífica paloma de la paz que hemos visto aquí frente a las cámaras, y que aspira a instaurar en Chile una dictadura fascista, igual a la de José María Bordaberry en Uruguay, y si no pronúnciese señor García, a la de Brasil y a la de Bolivia. Lo repito y lo emplazo. (ALEJANDRO ROJAS, JJCC, 1973)

La derrota de Jorge Alessandri la noche del 4 de septiembre de 1970 cerró el último camino para la materialización institucional del proyecto autoritario de la derecha identificada con el Partido Nacional, pues esfumó la posibilidad de acabar desde el sistema con el poder de los partidos y la amenaza izquierdista sobre la propiedad privada. Dicha realidad fue la que colocó al partido ante una definición identitaria inevitable, cuestión que lo había estado tensionando desde su fundación. En efecto, en un comienzo su nacimiento buscaba levantar una alternativa político-proyectual para la derecha, estando el dilema más bien en las bases ideológicas de él: capitalismo-liberal o nacionalismo. El deseo de reposicionar a la derecha llevó a una mixtura ideológicoprogramática, lo cual, sin embargo, dificultó la definición clara de un perfil identitario, pues se debatía entre un liberalismo autoritario o un nacionalismo corporativista, identificado por muchos como filofascista. Esta disyuntiva, aparentemente, se resolvió a favor del segundo desde 1968, cuando Jarpa se hizo cargo del partido y lo condujo a una posición confrontacional, perfilando a la colectividad como una agrupación más bien intransigente, en la cual las propuestas ocupaban un papel secundario. El debate

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se reabrió con motivo de la elección presidencial de 1970, programa en el cual –como hemos visto– la línea liberal hacía su reaparición, aunque con cambios. Claramente, se había logrado consensuar en torno a un régimen autoritario, una economía social de mercado y al desafío de solucionar los graves problemas sociales que aquejaban al país. El problema seguía estando en el papel reconocido a las instituciones de orden liberal para hacer posible la puesta en vigencia de ese proyecto: los debilitados sectores históricos aún creían que ello era factible, mientras los nacionalistas veían en un eventual triunfo de Alessandri la superación de ese orden, al disolverse el Congreso. Tal fue el problema de fondo al que se vieron enfrentados con el triunfo de la Unidad Popular, toda vez que ello obligaba a una definición respecto de los medios a usar para derrotarla: ¿serían útiles los instrumentos institucionales? ¿Sería la oportunidad de traspasarlos? No obstante, el problema de los medios apuntaba directamente al fin, al sentido de la existencia del partido: esto es, debía decidirse de una vez por todas si su carácter partidario era la forma para implementar su propuesta, dentro del orden liberal, o si, como sostenían los nacionalistas, ello debía ser superado. El presente capítulo busca analizar la actuación del Partido Nacional durante el proceso de la Unidad Popular desde la óptica de ese conflicto: la coyuntura que determinó el imperativo de sacar a la luz la verdadera naturaleza de la derecha que se ocultaba en ese partido. El accionar del Partido Nacional en esos años ha sido interpretado como de una oposición intransigente, que pretendía la derrota de la Unidad Popular. Si hasta 1970 este partido se había guiado por una racionalidad estratégica, que buscaba mantenerse en la competencia por el poder en el sistema político, desde esa fecha su adhesión a la democracia como forma ideal o deseable de convivencia habría sido erosionada, pues con la izquierda en el poder se enfrentó al límite de su pérdida de poder político. Tal cosa lo habría inducido a una estrategia de atracción de la Democracia Cristiana para vaciar el centro, impidiendo cualquier posibilidad de un acuerdo de ese partido con el gobierno que hubiera permitido la resolución del conflicto. De esa manera, los nacionales habrían pasado por tres fases en su política hacia la Unidad Popular: una legal, entre septiembre y noviembre de 1970; una de preparación del vaciamiento del centro y de generación de movilizaciones de masas; y el perfeccionamiento de las condiciones para la consumación de un golpe de Estado. En ese proceso, privilegió un discurso de claro contenido liberal y con énfasis en la defensa de la democracia, de carácter “restaurador”, de modo que sus llamados a la insurrección militar se hacían en nombre de la restauración democrático-liberal409.

409

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Tomás Moulian e Isabel Torres, “La derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro”, Estudios Sociales, No. 47: 1986, pp. 85-88, y “La problemática de la derecha política en Chile, 19641983”, en Marcelo Cavarozzi y Manuel A. Garretón, Muerte y resurrección de los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el Cono Sur (Flacso: 1989), pp. 346-351.

Al contrario, se ha propuesto que el carácter del partido en esa época se relacionó con la casi desaparición de la vieja dirigencia conservadora-liberal, la cual terminó de ser absorbida o neutralizada por la vertiente nacionalista, la cual se apoderó por completo del partido al producirse la derrota de Alessandri. En ese sentido, los nacionales habrían recogido la tónica del programa y de la campaña presidencial del candidato derechista, en tanto éste se proponía un régimen autoritario que no contaría con mayoría en el Congreso, por lo cual la elección era vista como un plebiscito para la ruptura con el sistema democrático. Por ello, el Partido Nacional se habría definido como de “oposición firme”, en la búsqueda de una salida extrainstitucional410. En una perspectiva similar, aunque más radical, se ha sostenido que el Partido Nacional, asentado en sus concepciones nacionalistas, pasó desde un “protorrupturismo” a fines de los años sesenta, a un rupturismo abierto, decidido a crear una situación de anormalidad en el sistema político y generar las condiciones para un golpe de Estado que le permitieran implantar su proyecto de modernización capitalista. Tal estrategia la desarrolló intentando cooptar a la Democracia Cristiana y apelando a un clima de temor generalizado411. Compartiendo esas tendencias interpretativas también se ha propuesto que los nacionales modificaron sus perspectivas originales para acercarse al fascismo412. En otra mirada, se ha afirmado que el Partido Nacional fue más un instrumento defensivo contra el marxismo que la base de un proyecto de la derecha, razón por la cual no se caracterizó por tener una línea doctrinaria clara, sino por el rechazo hacia las tesis de la izquierda en el poder413. Desde nuestro punto de vista, la Unidad Popular obligó al Partido Nacional a encarar su propio origen y su identidad. ¿Qué lo definía realmente? Las alternativas eran dos: por una parte, un “estilo” político de combate que pretendía la destrucción del orden liberal, tras el cual se ocultaba la aspiración a una revolución nacionalista. La otra posibilidad era la defensa de la institucionalidad –aunque ajustada a un régimen más autoritario-, pero insistiendo en los mecanismos democrático-liberales. En el dilema de cuál estrategia privilegiar para enfrentar a la izquierda en el poder, pensamos, es que se expresó el verdadero papel histórico del Partido Nacional. Dado que nunca se logró consensuar sobre la inspiración ideológica del autoritarismo que se proponía, el problema del “estilo” fue lo que facilitó la precisión identitaria. En ese sentido, proponemos que para este período se trató de una derecha fundamentalmente

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Andrés Benavente, op. cit., pp. 33-41. Luis Corvalán Marquéz, Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre (Cesoc: 2000) y del mismo autor, Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile (Sudamericana: 2001), pp. 178-184. Dick Parker, La nueva cara del fascismo (Quimantú: 1972) y “Fascismo hoy” (Quimantú: s/f). Alejandrina Carey, op. cit.

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“ariete”, siguiendo la categoría de Patricio Dooner, en tanto lo que definió su identidad fue la confrontación con la Unidad Popular y su decisión de derrocarla. Ello fue posible por el acentuado anticomunismo que invadía a sus miembros, como también por la atracción que en algunos de ellos produjo la línea jarpista, mientras que en otros, fue una respuesta a la coyuntura y el fracaso relativo de los mecanismos institucionales. Esto permitió una apariencia de unanimidad ideológica, cuando en realidad sólo era política. Este “consenso” fue lo que estimuló a Jarpa a intentar utilizar la lucha contra el gobierno para imponer el proyecto de la revolución nacionalista, tras el cual nunca se alcanzó acuerdo pleno, pese a los avances significativos que logró. Esta opción por el enfrentamiento y un “estilo” intransigente no implicó, según esta hipótesis, un partido instrumental –como sostiene Carey y políticos de la época, lo cual explicaría su disolución posterior–, sino que se constituyó en el medio que ayudaría a aclarar las propuestas en juego y definir el triunfo de alguna de ellas.

1. Una derecha en guerra Como explicamos en el capítulo anterior, Dooner desarrolló la categoría de ariete para analizar la prensa durante los años de la Unidad Popular, apuntando a la idea del papel cumplido por el periodismo, especialmente de derecha, en la destrucción de la democracia chilena, el cual actuó como factor precipitante del golpe de Estado. Nosotros apuntamos a la posibilidad de usar dicha categoría para definir un “estilo” político, poco proclive a la negociación y al acuerdo, y más propenso al combate y la intransigencia. Dicho “estilo”, en este caso, estuvo en gran medida determinado por el rechazo del Comando Alessandrista y del Partido Nacional a reconocer el triunfo de la Unidad Popular tras la elección y por tanto su negativa a aceptar la derrota. El resultado de las urnas fue un verdadero trauma para quienes nunca imaginaron que un marxista pudiera ser elegido por vía electoral democrática, hecho inédito en el mundo. Tal incredulidad recién pudo ser expresada al día siguiente del evento, cuando analizando lo ocurrido se aseguraba inútil simular tranquilidad, pues “El futuro nacional es oscuro, tenebroso y lamentable”, lo cual no podía ser de otro modo considerando la imagen que la derecha tenía de la izquierda: “Es falso que el comunismo tenga diversos matices y se adapte a la idiosincrasia de los pueblos sobre los cuales domina. El marxismo es uno solo en esencia, en procedimientos, en finalidades. Y en todas partes es cruel, frío, insensible al dolor humano y absolutamene extraño a toda compasión, porque es demoníaco en su esencia misma”414. Dada esta premisa, era coherente que en las conversaciones de la madrugada del 5 de septiembre se buscase

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El Diario Ilustrado, 6 de septiembre de 1970, p. 3.

alguna alternativa para escapar de un destino que se creía inevitable y que implicaría el fin de las libertades esenciales. De acuerdo a testimonios de los protagonistas, antes de la reunión evaluativa que el Comando Alessandrista haría a mediodía del día 6, se reunió parte de la directiva de los nacionales, Jarpa y Francisco Bulnes, con Enrique Ortúzar, quienes afinaron una propuesta que presentarían a Arturo Matte, Eduardo Boetsch y Ernesto Pinto Lagarrigue. Ella decía relación con plantear la inconclusión del proceso eleccionario, el cual terminaba sólo con la nominación del Congreso Pleno, rechazando el reconocimiento del triunfo relativo del candidato de la Unidad Popular. Según Bulnes, la idea de votar por Alessandri y dar lugar a una nueva elección habría sido de los nacionales, molestos por la forma en que se había conducido la campaña, por lo que “fuimos enfáticos en señalarles que tras la derrota electoral éramos nosotros quienes conduciríamos el proceso a partir de ahora”415. Este parece haber sido el acuerdo, pues al día siguiente el Comando hizo una declaración pública en la cual se señalaba que los “resultados eran provisorios” y que “el proceso electoral no ha terminado”, por lo que se llamaba a las fuerzas democráticas a unirse para defender, dentro del marco legal, “el derecho que la Constitución Política le otorga para designar el Presidente de la nación”416. Esta negativa fue acompañada de los otros acuerdos, esto es, la declaración de Alessandri de que él no aceptaría ser elegido por el Congreso y de ser así, renunciaría, con lo cual se tendría que llamar a una nueva elección, donde competiría un candidato de consenso de las “fuerzas democráticas”. Como se sabe, ese fue el anzuelo lanzado a Eduardo Frei y la Democracia Cristiana, con la cual hubo conversaciones al respecto, mencionándose los nombres de Patricio Rojas, Carlos Figueroa, Sergio Ossa e incluso Eduardo Frei. El segundo requisito de la “alternativa civilista” para impedir el ascenso de Allende, era sentar dudas acerca de la legitimidad del resultado de las urnas, toda vez que –según denunció el Comando– habrían ocurrido “anormalidades”. En medio de estas acusaciones, el Partido Nacional se distanció de su compromiso de votar por el candidato que obtuviera la más alta votación, asegurando que Tomic y Allende no habían suscrito el pacto solicitado y “era una majadería afirmar ahora que hemos fallado a un compromiso”417. En pocas palabras, el Partido Nacional a la cabeza de 415

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Sobre la idea de una solución parlamentaria a la derrota de Alessandri existen numerosas versiones, las cuales compiten por su origen. Según el capitán (R) Víctor Catalán, la idea fue del propio Alessandri, quien esa noche se lo habría dicho en conversación telefónica a Jarpa. Según Luis Gallardo fue en la reunión realizada en su casa la noche del 4 de septiembre, donde estuvieron un gran número de dirigentes alessandristas, cuando se dijo “por la euforia de un trago más, ¡pero este asunto no está terminado!”. Ambas entrevistas ya citadas; también David Pérez, op. cit., pp. 85-86. “El alessandrismo defenderá la libertad de elegir presidente”, El Diario Ilustrado, 7 de sept. 1970, p. 1; también en El Mercurio, p. 17. El Diario Ilustrado, 10 y 12 sept. 1970, pp. 1 y 2, también 15 sept., p. 1; El Mercurio, 3 oct.1970, p. 25.

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su presidente, desconoció el veredicto de las urnas, estirando los mecanismos constitucionales para evitar un gobierno marxista, aun al precio de entregárselo a quien durante los últimos seis años había combatido con todas sus fuerzas: el “Kerensky chileno”. Desde nuestro punto de vista, en esta ocasión efectivamente la derecha estaba dispuesta al “mal menor” para detener a la izquierda, retrocediendo con respecto a la campaña presidencial, donde prefirió levantar una alternativa propia, haciendo posible el triunfo de Allende. La opción de aliarse con la Democracia Cristiana no era una reedición de su histórico pragmatismo, pues discrepaba esencialmente del proyecto de cambio estructural del centro representado por el programa de Tomic; era un movimiento eminentemente defensivo. El Estatuto de Garantías destrozó sus esperanzas418. No obstante, a la par de la alternativa “civilista”, se había estado barajando una de corte “militarista”, la provocación de un golpe militar que anulara la elección. Ambas estrategias derechistas, como sabemos, estaban cruzadas por la intervención de la CIA, la cual intentaba por todos los medios impedir la victoria allendista. En la reunión de la noche del 4 de septiembre, no sólo se acordó la vía Alessandri como salida, sino también la necesidad de mantener activas a las huestes alessandristas, en espera de la reunión del Parlamento. De ello derivaron dos acuerdos: la creación de un frente político que actuara como presión ciudadana democrática, tal fue el “Movimiento Cívico Patria y Libertad”; por otra parte, un grupo operativo dispuesto a la acción: el Frente Republicano Independiente (FRI). En este último, confluyeron varias de las agrupaciones nacionalistas que habían participado en el Comando Alessandrista y a las que nos hemos referido en el capítulo anterior, y que terminarían vinculándose con el general Roberto Viaux, identificado por el presidente del Partido Popular Nacionalista, el ex general Héctor Martínez Amaro, como “un hombre del ejército que se ha planteado en una posición definida antimarxista”. Viaux, ya sondeado por la CIA como el posible líder de un levantamiento militar, sería el cabecilla de la “alternativa golpista”419, dentro de la cual los grupos nacionalistas del comando del candidato “independiente” y algunos exponentes del Partido Nacional formarían parte. Al FRI se incorporaron el grupo de choque del MIA, liderado por Luis Hurtado; el grupo “Casa de la Victoria” de Luis Gallardo; el grupo de choque de la Juventud Nacional, denominada Ofensiva Nacionalista y dirigida por Guido Poli; la agrupación

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La Democracia Cristiana condicionó su apoyo parlamentario a Salvador Allende a la firma de un Estatuto de Garantías en el cual se especificaban ciertos derechos constitucionales que no podrían ser desconocidos por el gobierno socialista. La Unidad Popular aceptó, firmándose dicho documento, asegurando la nominación de Allende como presidente de la República por la mayoría del Congreso. David Pérez, op. cit.; TVN, “Informe Especial”, cap. “Los documentos desclasificados de la CIA” (Stgo.: 2001).

“Tacna”, liderada por Sergio Miranda Carrington y representada aquí por el nacionalista Juan Diego Dávila; y los miembros de FIDUCIA, Juan Luis Bulnes, Diego y Julio Izquierdo Menéndez. Estas agrupaciones fueron puestas bajo las órdenes de Viaux420. Mientras estos sectores se reunían en torno a Viaux y fallaba la alternativa civilista, la CIA planeó la realización de un golpe, para lo cual contactó, a través del coronel Paul Wimert, a altos oficiales del Ejército, de la Armada y de Carabineros, quienes se encargarían de preparar el movimiento. Para que éste pudiera producirse era necesario un clima propicio, esto es, de crisis económica, social y política, el cual induciría al gobierno o a las fuerzas armadas, de manera autónoma, a actuar. De acuerdo a la información norteamericana, fue el embajador Edward Korry quien habría sugerido que cualquier tentativa de ese tipo debía neutralizar al general René Schneider, pues él era un claro opositor a esa salida. Cuando se logró involucrar al Director de la Guarnición de Santiago, general Camilo Valenzuela y a otros altos mandos como él, la conspiración siguió su curso. El rol de los civiles en el golpe se remitía a dos tareas fundamentales: la generación del clima de caos y el secuestro de Schneider. Para la primera, se formó la Brigada Obrera Campesina (BOC), la cual realizó acciones terroristas y distribución de panfletos, de supuesto origen izquierdista, que justificaran el diagnóstico crítico. Estas acciones se tradujeron en atentados dinamiteros, por ejemplo a la Radio Magallanes del Partido Comunista; la antena de Canal 9 de televisión, torres de alta tensión, un atentado al supermercado ALMAC, entre otros. Entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 1970 se produjeron catorce atentados dinamiteros. En la BOC participaron todos los cuadros de choque del Frente Republicano. Enrique Arancibia Clavel fue el encargado de producir los actos de terrorismo, pues era quien proporcionaba la dinamita y coordinaba a los participantes. Arancibia era parte de varias organizaciones: al parecer provenía del grupo viñamarino Tizona, vinculado a la Armada y dirigido por Andrés Widow. En forma paralela, militaba en la Juventud Nacional, ligado al grupo de Guido Poli, con quien fundó la Ofensiva Nacionalista. Con ellos estaban otros militantes del Movimiento Nacional Sindicalista, como Mario A. Tapia, Edwin Torres y Erwin Robertson, que habían pertenecido a la Juventud Nacional, retirados a fines de 1967. Por las actividades dinamiteras fueron apresados y encargados reos, siendo liberados poco después, cuando la pena fue remitida condicionalmente, quedando sujetos a la vigilancia y firmas diarias en el Patronato de Reos. Respecto de la segunda misión, el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, éste se realizó el día 22 de octubre, durante el cual el oficial recibió numerosos impactos de bala, muriendo tres días después. De acuerdo al análisis de los peritos, las balas que mataron al general

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David Pérez, op. cit.

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Schneider provinieron del sector donde estaban los exponentes de FIDUCIA, Bulnes e Izquierdo, como Carlos Silva Donoso, del equipo de Gallardo421. En lo que a este estudio interesa, el Comando Alessandrista parece haber estado detrás de los dos caminos que se intentaron para impedir el ascenso de la izquierda: en cuanto al Partido Nacional, es claro que participaron de la alternativa civilista tanto su máximo dirigente como su senador más importante. Respecto al secuestro y asesinato del general Schneider, fueron más bien los grupos nacionalistas, aunque es clara la participación de algunos exponentes de su Juventud. En ambas estrategias, la actitud que ellas reflejaban era la disposición de luchar a todo trance contra la Unidad Popular. La muerte del general Schneider, con todo, implicó un repliegue del que no saldrían hasta el año siguiente, cuando se reconfirmó la línea de oposición intransigente. La táctica opositora desarrollada por el Partido Nacional a partir del ascenso de Allende al poder, supuso un cierto “estilo” político, del cual destacaremos tres elementos, ya que desde nuestro punto de vista ellos ponían en evidencia la naturaleza de la derecha que representaban los nacionales.

a) Un estilo opositor “respetuoso y defensor de la ley” Desde su reaparición a comienzos de 1971, los nacionales dejaron en claro que no cambiarían de perspectiva y que se aprestaban para combatir al gobierno marxista. Muchos años más tade, el nacional Luis Valentín Ferrada declaró que el Partido Nacional fue “un gran ejército del No”, afirmación que compartimos, porque ninguna de las líneas existentes en su interior aceptó el triunfo de Allende y de la Unidad Popular –como acabamos de ver– y debido a ello accedió a la idea de transformarlo en un instrumento para dar la batalla contra la izquierda. Tras tal decisión se escondía un agudo anticomunismo que permeaba a ambas tendencias y que hizo posible un consenso en torno al estilo del partido. Como expresaba el cabecilla del ala histórica, Francisco Bulnes, el Partido Nacional tiene la firme convicción de que en nuestro Chile y en nuestra hora se está jugando definitivamente la suerte de la democracia...Están en peligro de muerte las libertades y los derechos que han engrandecido a la civilización occidental y que el mundo soviético desprecia y pisotea... Porque esta es la verdad y no una simple campaña del terror..fuimos contrarios a elegir

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Sobre el caso Schneider, consultar Documentos desclasificados de la CIA, “El caso Schneider. Operación Alfa” (Ed. Quimantú: s/f); “Los documentos secretos de la ITT” (Stgo.: 1972); El Siglo, 17 de noviembre de 1970; y con motivo del apresamiento de Arancibia en Argentina por el caso Prat, La Tercera, 26 de enero de 1996; Hoy, 29 de enero de 1996, p. 8; Pérez, op. cit., pp. 90-96; Kornblut, op. cit., pp. 39-67; TVN Informe Especial: “Los documentos desclasificados de la CIA”; BBC, “The Trails of Henry Kissinger” (2002) The History Channel, “Traición en Santiago” (2003).

a don Salvador Allende y mantener frente a su gobierno una línea de firme y tenaz oposición... porque consideramos que la salvación de la democracia es el primer deber del chileno en la hora actual422.

En igual posición estaban otros dirigentes liberales, como Fernando Maturana, que se declaraban “profundamente antimarxistas y... mi labor actual es un imperativo de conciencia, una forma de luchar por el Chile que yo quiero y no me resigno a que sea destruido con demagogia y sistemas extranjerizantes”, porque, en palabras de Patricio Phillips, “la época no está para merengues ni blandengues”423. Tal mirada era mucho más manifiesta en exponentes del ala nacionalista, para quienes el gobierno de Allende “tiene un solo propósito: transformar lentamente a Chile en un Estado comunista totalitario, abrir camino a la penetración soviética en América Latina... El Partido Nacional invita a todos a luchar contra la prepotencia y la penetración comunista extranjerizante”424. En suma, la decisión de luchar con todas las armas contra una hipotética marxistización del país contó con la anuencia de todos los sectores y determinó que el Nacional fuera el partido más visible en la oposición a la Unidad Popular. Este anticomunismo explícito ¿terminó definiendo a la derecha representada por el Partido Nacional? En general quienes destacan su actitud combativa, concluyen que el rasgo definitorio del período fue precisamente ése, lo cual demostraba la debilidad proyectual que lo inundaba. Considerando la unanimidad de la lucha contra la Unidad Popular es correcto, desde nuestro punto de vista, consensuar en torno a ese rasgo identitario que señaló claramente al enemigo, precisando la díada izquierdas y derechas. A pesar que desde mediados de la década del sesenta, los nacionales acusaron a la Democracia Cristiana como criptocomunista e igualmente peligrosa, la llegada al poder de la izquierda real impidió la mantención de ese discurso político, centrando su distancia con el espectro izquierdista, definido por su marxismo. La derecha, en ese sentido, se definió por su rechazo furibundo a tal doctrina. No obstante, el Partido Nacional no carecía de proyecto –como hemos podido constatar en los capítulos anteriores–, de modo que, a nuestro entender, el anticomunismo no borró del todo otras expresiones identitarias, las que fueron subsumidas en la lucha más estridente. ¿Qué era, realmente, lo que molestaba de la izquierda?: el programa de gobierno socialista, que amenazaba la propiedad privada. Aunque en las declaraciones iniciales y las de la campaña presidencial, en general, se hizo referencia más bien a las experiencias de los socialismos reales y la ausencia de libertades, la principal 422 423

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El Mercurio, 3 de abril de 1971, p. 16. Fernando Maturana en Qué Pasa, 6 de mayo de 1971, p. 6, el diputado Patricio Phillips en la misma fuente, 11 de mayo de 1972, p. 21. Tribuna, 8 de septiembre de 1971, p. 6.

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amenaza a la libertad, desde el punto de vista de los nacionales, era la decisión de la Unidad Popular de atacar el poder económico de los grandes monopolios, pues la libertad económica aseguraba la libertad política. En ese sentido, este partido por el “No” diseñó su estrategia opositora, buscando el bloqueo del programa gubernativo y, posteriormente, su inmovilización política. Esta opción supuso dos estrategias distintas, aunque perseguían el mismo fin: impedir la materializacion del programa presidencial y provocar su salida del gobierno. La línea histórica dentro del partido, asociada con los nacionalistas, usó las herramientas que le ofrecía la institucionalidad, mientras el nacionalismo buscaría transformar de una vez por todas el estilo político del partido para convertirlo en un “ejército de combatientes”. Ambos caminos buscaban objetivos similares –siguiendo la lógica de Dooner–, tales como el socavamiento de la autoridad presidencial, la creación de alarma pública, de imaginarios caóticos y de sentidos de amenaza que condujeran a una disposición masiva antiizquierdista. Para efectos del análisis, evaluaremos estos elementos separadamente. Estas políticas fueron puestas en práctica a partir de 1971, en el contexto del avance logrado por el gobierno de Allende en los pocos meses que habían transcurrido desde su toma del poder. Estos avances se referían a la incorporación al Área de Propiedad Social de algunas empresas estratégicas, la aplicación en mayor profundidad de la ley de reforma agraria, el envío al Congreso de un proyecto de reforma constitucional para nacionalizar la gran minería del cobre y se había iniciado un plan de nacionalización de los bancos privados nacionales y extranjeros a través de la compra de acciones para acrecentar el dominio público. Esto fue posible por la reforma constitucional aprobada a finales del gobierno de Frei, en la cual se traspasó al Ejecutivo la iniciativa exclusiva en materias económicas y sociales, limitando las facultades de los congresales; dándosele, a su vez, al Ejecutivo más atribuciones en la calificación de las urgencias, como en la incorporación de un sistema amplio de plebiscito, pudiendo ser convocado solo por el Presidente. A la par se creó el Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos de poderes, entre otros cambios. Como hemos consignado en capítulos anteriores, esta reforma constitucional fue propuesta por Alessandri en 1964, por Frei en 1965 y retomada en 1970, estando presente en el programa presidencial de Alessandri, de modo que su aprobación respondía a una demanda de sectores de centro-derecha, en el supuesto de que Allende no ganaría la elección, sino sus respectivos candidatos. El resultado adverso determinó la firma del Estatuto de Garantías que pretendía cercenar algunas de esas atribuciones y obligar a la Unidad Popular a respetar las garantías individuales, las cuales estarían supuestamente amenazadas. Valiéndose de la firma del Estatuto de Garantías, el Partido Nacional, y poco después la Democracia Cristiana, intentaron socavar la autoridad presidencial, desconociendo las atribuciones que la reforma constitucional de 1970 le había entregado. A partir de

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ello, los nacionales entablaron parte de su lucha en el terreno político-institucional, el cual buscaba bloquear las decisiones presidenciales. En tal ámbito se inscribieron las acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado y, posteriormente, el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. Considerando que los nacionales no estaban dispuestos a negociar con las nuevas autoridades, sino dificultarles cualquier movimiento, es claro que el uso de recursos institucionales sólo podía adoptar la forma de la confrontación. Según Luis Maira, la idea de usar el sistema político como medio para bloquear el proyecto de la Unidad Popular fue hecha por el senador Raúl Morales Adriazola, quien había estado involucrado en el caso Schneider, por lo que el gobierno solicitó su desafuero, el cual fue denegado por la Corte Suprema. En el homenaje ofrecido por sus amigos, Morales agradeció que la Constitución ofreciera los “recursos suficientes para desbaratar a un gobierno socialista, privándolo de toda eficacia en la realización de sus planes. Para ello... el mecanismo fundamental era la presentación sucesiva de acusaciones constitucionales contra los ministros, intendentes y demás colaboradores próximos al Presidente de la República”425. Esta práctica fue usada desde los inicios de la administración allendista, consistente con el llamado que ya en enero de 1971 hiciera el presidente del Partido Nacional a una oposición decidida, exhortando a “todas las fuerzas no marxistas a integrar un frente único que permita una defensa orgánica y eficaz en contra de las medidas destinadas a suprimir la libertad y la democracia”426, defendiendo la institucionalidad. Las acusaciones constitucionales habían sido incorporadas por los legisladores como parte de las atribuciones del Legislativo, pero carentes de mayores alcances, pues sólo podía fiscalizar y conocer ciertos delitos o abusos presidenciales, pero sin capacidad para juzgamiento político, pues la normativa vigente mantenía el presidencialismo en cuanto el Presidente no era responsable ni sus ministros frente a la mayoría parlamentaria. Lo central de la reforma constitucional de 1970 fue que debilitó las atribuciones del Congreso, pero –como bien expresa Maira en el artículo al que hemos aludido– “la distribución real de fuerzas y la estructura de partidos hizo que perdiera bastante poco de su poder real de obstrucción”. En otras palabras, la institucionalidad sería usada para entrabar su propio funcionamiento. A sólo tres meses de asumido Allende, en febrero de 1971, los nacionales presentaron la primera acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Lisandro Cruz, por

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Luis Maira, “La estrategia y táctica de la contrarrevolución chilena en el ámbito político-institucional”, en F. Gil; R. Lagos y H.Landsberger, Chile, 1970-1973. Lecciones de una experiencia (Tecnos: 1977). Ya en el verano de 1971, los nacionales denunciaron la ocupación de tierras. El Mercurio, 22 de febrero de 1971, p. 18. El Mercurio, 8 de enero de 1971, p. 21.

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su “campaña” en contra del Poder Judicial y sus miembros, y “por su responsabilidad en los indultos ilegales” respecto de 43 miristas y “terroristas”. Un mes más tarde, presentaron una segunda acusación, esta vez en contra del ministro del Trabajo, José Oyarce, por haber mantenido las intervenciones ilegales y haber dictado “decenas de decretos nuevos, mientras cientos de chilenos, a los que afectan estos decretos, continúan siendo privados de sus derechos”427. La acusación desconocía la atribución del gobierno para designar interventores en los predios con problemas laborales, pues ellos eran “inexistentes” y los interventores “se apoderan impunemente de los bienes de pequeños y medianos agricultores, campesinos y colonos... el control comunista de la economía está provocando la anarquía en las actividades productoras y... haría mejor el señor Oyarce... en preocuparse de...tomar las medidas necesarias y oportunas... ”428. La acusación afirmaba que se habían transgredido las leyes al dictarse “decretos ilegales” para la reanudación de faenas, creándose tribunales arbitrales que transformaban delitos en conflictos colectivos, “siempre al margen y violentando toda norma jurídica”, lo que explicaba la dictación de 16 decretos de intervención y reanudación de faenas429. Como es sabido, ambas acusaciones fueron rechazadas, pues no contaron con los votos de la Democracia Cristiana, pero comenzaron a cimentar el imaginario de la legalidad sobrepasada. Es interesante observar el lenguaje usado en los libelos acusatorios, pues ellos también eran un reflejo del tipo de oposición. Descontando el hecho insólito de presentar una acusación contra un gobierno a poco de asumir, destacaba el uso de los términos, en los cuales se reiteraba el cargo de ilegalidad. Tal aseveración apuntaba, precisamente, a lo que señalábamos antes, esto es, el desconocimiento de atribuciones legales existentes. Se desconocía el derecho a indulto, a decretar intervenciones y requisiciones, en circunstancias que el decreto de 1932 –como la propia reforma constitucional de 1972 lo corroboraría– estaba vigente y las autoridades podían legítimamente hacer uso de él. La acusación se refería no sólo al traspaso al área social de algunas empresas, sino especialmente a la aplicación de la ley de reforma agraria, como a la designación de interventores en casos de corrimiento de cercos y tomas de predios. Ya en los últimos días de 1970 se estableció una Comisión Investigadora en la Cámara destinada a analizar los hechos que estaban ocurriendo en la zona sur, donde los latifundistas y dueños de propiedades estaban intentando resistir las expropiaciones de que eran objeto, especialmente en Cautín, donde los

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Alejandrina Carey, op. cit. El énfasis es nuestro. Tribuna, 19 de marzo de 1971, p. 5. Tribuna, 20 de marzo de 1971, p. 10. Tribuna, 31 de marzo de 1971, p. 7. Un resumen de las acusaciones constitucionales pueden encontrarse en Alejandrina Carey, op. cit., pp. 93-103.

mapuches estaban presionando por la recuperación de sus tierras ancestrales430. La lucha entablada en esta área del país derivó en sangrientos enfrentamientos y el surgimiento de grupos paramilitares organizados por los latifundistas, tema que abordaremos más adelante, lo cual ponía en evidencia lo que estaba verdaderamente en juego: el derecho de propiedad privada. Esto estuvo permanentemente presente en las declaraciones del Partido Nacional, desde que siempre se acusaba a Allende y sus ministros de agredir a los propietarios, como lo revelaban las expropiaciones y ocupaciones de tierras, y la confiscación de “los llamados monopolios, que no son tales, sino sólo industrias grandes”, según el senador Bulnes, cuyo propósito –agregaba el diputado Arnello– no era sino “atemorizar a todas las personas que posean bienes, industrias, empresas o propiedades... solo que, como tienen una habilidad indiscutible, han iniciado el ataque por las empresas más poderosas”431. En otras palabras, la defensa de la legalidad, en gran parte de las fundamentaciones, se ligaba al problema de la propiedad y, por ende, al programa transformador de la Unidad Popular. Un segundo elemento a relevar de estas primeras acusaciones era el justificar la resistencia a las expropiaciones, pues ellas supuestamente afectaban a pequeños propietarios. Al respecto, lo que interesa retener es el hecho de que desde un comienzo la táctica fue asociar las acusaciones de ilegalidad, no con los intereses de los grandes capitales, sino de los medianos y pequeños. En ese sentido, la lucha “legalista” encabezada por los nacionales no apuntaba sólo a obstaculizar el programa socialista, sino también a lograr aquello que durante los años sesenta no fue posible, expandir el partido hacia núcleos sociales más amplios. La tercera acusación del primer año, contra el ministro de Economía Pedro Vuscovic, se asentó igualmente en la política de requisiciones desarrollada por él para la creación del área social, lo cual fue calificado por el diputado Arnello como un atropello a la legalidad: “La acción del Ministerio de Economía y de los organismos que dependen de él, han hecho de la arbitrariedad y del atropello a la ley un sistema, como son las requisiciones ilegales, mantenidas con absoluto desprecio de la ley”432. A partir de este criterio, un mes más tarde la acusación fue formalmente presentada, señalándose como fundamento “moral” de ella, el abuso de poder de la autoridad, “alterando el Estado de Derecho”, siendo un deber de los “fiscalizadores” poner en ejecución las acciones necesarias para evitarlo, obligando a una posición enérgica

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Cámara de Diputados, “Relación de lo obrado por la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer los actos de violencia ocurridos con motivo de la aplicación de la ley de reforma agraria”, marzo de 1971. Bulnes en Qué Pasa, 13 y 27 de mayo de 1971, p. 14; Arnello en Tribuna, 17 de septiembre de 1971, p. 5. Tribuna, 7 de agosto de 1971, p. 7.

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“en la defensa de los valores que encierra”, como la tradición legalista del país lo imponía. El libelo afirmaba que la tentativa de construir el socialismo sin romper con la legalidad y la democracia se ha manifestado imposible... esa área social, que significa estatización o nacionalización, o reserva para el Estado de riquezas, actividades o empresas, no puede crearse administrativa ni políticamente. Debe crearse, acorde con la Constitución y por medio de una ley. Toda otra forma, toda actuación que siga un camino distinto al único que franquea la Constitución, lo vulnera, es nulo y significa un acto ilícito433.

Aunque la Democracia Cristiana compartía el criterio de que la creación del área social se hiciera a través de un discusión en el Congreso, el planteamiento de los nacionales era distinto, en tanto no participaba de la posición nacionalizadora que reunía al centro y la izquierda, sino buscaba deslegitimarla. Esa fue la razón por la cual el partido de centro se negó a a apoyar la acusación, pues a su juicio ella se inspiraba “en la defensa de las estructuras capitalistas, ocupando un lugar secundario la defensa de los derechos de los trabajadores”434. Los nacionales respondieron a tal declaración, insistiendo en que la acusación pretendía la defensa de la Constitución y de las leyes que resguardaban la libertad y los derechos de las personas. Si se pone atención al inicio del libelo, él contenía una contradicción, toda vez que se partía por negar la posibilidad de una transición al socialismo desde la legalidad burguesa, como supuestamente lo probaban los meses de gobierno socialista. No obstante, tal aseveración se afirmaba en el desconocimiento a la capacidad legal-administrativa de las autoridades y, por tanto, de la propia institucionalidad. Aunque esta acusación tampoco prosperó, ya que nuevamente careció del respaldo democratacristiano, ella se insertó en un contexto algo diferente de las anteriores, pues para la primavera de ese año comenzaban a manifestarse los primeros signos de desabastecimiento. Ello facilitaría la apuesta socavadora de la autoridad y la primera expresión de movilización de masas contra el gobierno en el marco de la visita del líder cubano Fidel Castro a fines de 1971. Como es sabido, en noviembre de ese año Castro llegó al país en una visita protocolar, la que –sin embargo– se extendió por un mes, provocando la airada reacción de la oposición, especialmente de la derecha, la cual organizó una protesta de mujeres, conocida como la “marcha de las cacerolas vacías”. Aunque en la gestación de esta actividad participaron diversos grupos derechistas, los nacionales fueron quienes pretendieron sacar mayor provecho de la situación. Las manifestantes fueron custodiadas por grupos de choque de “Patria y Libertad” y al final de la marcha se produjeron violentos incidentes, iniciados –según la acusación 433

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Tribuna, 9 de septiembre de 1971, p. 5. Véase también la inserción del partido en El Mercurio, 12 de septiembre de 1971 p. 29. El Mercurio, 18 de septiembre de 1971, p. 19

derechista– por elementos de izquierda, lo que dio lugar al uso por parte de las fuerzas policiales de gases lacrimógenos. Este hecho dio lugar a una cuarta acusación constitucional, esta vez patrocinada por la Democracia Cristiana y contra el ministro del Interior, José Tohá. De acuerdo a la acusación presentada, la fuerza pública no había prestado respaldo a las mujeres, decretando el ministro Zona de Emergencia para la provincia de Santiago, todo lo que a juicio de ese partido implicaba una limitación a las libertades de expresión y de reunión, la renuncia por parte del gobierno a mantener el orden público, su respaldo a la violencia organizada y negligencia frente a situaciones que podrían desembocar en la intervención militar con perjuicio para la seguridad nacional. Para ello se invocó la Carta Fundamental en cuya defensa e integridad se levantaba el Congreso, acusando al ministro del Interior, José Tohá. La acusación aludía, por tanto, a la infracción a la Constitución, el atropello a las leyes por dejarlas sin ejecución y comprometer la seguridad nacional435. A diferencia de las anteriores, esta vez la acusación obtuvo los votos suficientes y el ministro fue destituido de su cargo en enero de 1972. El caso Tohá es importante, porque señaló un punto de inflexión en la política de socavamiento de la autoridad por la vía institucional. La acusación se enmarcó en un momento de distanciamiento y enfriamiento de las relaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana por el asesinato en junio de 1971 del ex ministro de Estado, Edmundo Pérez Zujovic, que hizo posible una decisión tan drástica. Lo importante es que los fundamentos en que se apoyaba la acusación, los cargos hechos y los participantes, como explica Joan Garcés, revelaban la decisión de un juicio político, cuestión propiciada desde un principio por la derecha. En ese sentido, el caso abrió una nueva etapa, en tanto marcó la voluntad de enfrentar al gobierno con la institucionalidad constitucional, abriendo el camino para poner en juego la estructura de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo al análisis de Joan Garcés, la respuesta del gobierno fue la defensa de la institucionalidad, razón por la cual desplazó a Tohá al Ministerio de Defensa, insistiendo en la potestad presidencial. La oposición acudió al Tribunal Constitucional para lograr la salida del ministro, pero éste rechazó los argumentos presentados, desconociendo el derecho parlamentario para interferir en la formación del gabinete. Esta política de usar la institucionalidad para frenar a la Unidad Popular alcanzó una nueva cota en el verano de 1972, cuando la Democracia Cristiana decidió presentar un proyecto de reforma constitucional, según la cual sería posible expropiar sólo mediante una ley, derogando el decreto-ley de 1932 que posibilitaba las requisiciones, 435

Joan Garcés, Revolución, Congreso y Constitución. El caso Tohá (Ed. Quimantú: 1972). Sobre la “marcha de las ollas vacías”, la militante nacional Teresa Donoso Loero, La epopeya de las ollas vacías (Ed. Gabriela Mistral: 1974).

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y estableciendo el derecho de los trabajadores a participar en la administración de las empresas de cualquiera de las tres áreas de la economía, según lo determinara la ley. De acuerdo al Partido Nacional, este proyecto patrocinado por los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba, era un imperativo para poner término a los abusos, despojos y atropellos de que los hombres de trabajo han sido víctimas... la inspiración comunista dentro de la Unidad Popular es incompatible con la subsistencia de la democracia, la libertad y el funcionamiento de la institucionalidad. La inmensa mayoría del país rechaza el comunismo, sus objetivos y sus métodos que el gobierno trata de imponer sin trepidar medidas. Tal controversia exige una solución definitiva436.

Como se observa, se reiteraba la afirmación de incompatibilidad entre el proyecto socialista y el orden legal vigente, el cual sería presionado para lograr la inmovilización presidencial. En efecto, fue este proyecto el que desató la pugna entre ambos poderes, toda vez que de acuerdo a las disposiciones existentes, en caso de reforma constitucional se permitía al Presidente aprobarla globalmente o algunas disposiciones, haciendo uso de su capacidad de veto, o proponer nuevas normas de reemplazo o de complemento frente a las cuales debía pronunciarse el Parlamento. Presentado el proyecto HamiltonFuentealba, Allende, en uso de sus facultades, formuló observaciones al articulado presentado, las cuales sólo podían ser rechazadas, reponiendo el texto elaborado por ambos senadores, si contaban con los dos tercios del Congreso. La oposición negó que las disposiciones así lo establecieran, pues sólo se necesitaba simple mayoría. Tal discrepancia de orden jurídico apuntaba a un conflicto intrapoderes del Estado, en tanto refería a capacidades. Esa fue la razón por la que el gobierno defendió las atribuciones presidenciales entregadas por la Constitución, proponiendo acudir al Tribunal Constitucional, creado para dirimir en esas situaciones. La oposición rechazó esa apelación y más tarde lo presionó para declararse incompetente, dejando la situación irresoluble y desatando el conflicto institucional437. La actitud presidencial fue inmediatamente calificada por los nacionales como un intento del gobierno de salirse de la legalidad vigente, porque “no acepta las normas constitucionales, se coloca al margen y en oposición a la ley y cuestiona su propia autoridad. El Partido Nacional, defensor permanente de la actividad privada y de la libertad de los trabajadores, llama hoy a tomar conciencia de la grave amenaza que significa la actitud sediciosa asumida por los grupos marxistas que controlan el gobierno y convoca a los hombres y mujeres libres a defender su trabajo y su libertad y las normas institucionales que resguardan los derechos de los chilenos”. Ello era así,

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Diputado Fernando Maturana, Tribuna, 22 de febrero de 1972, p. 7. El énfasis es nuestro. Maira, op. cit.; Chile Hoy, mayo de 1973, p. 11.

pues en su interpretación, las observaciones presidenciales a un proyecto de reforma constitucional deberá[n] contar con la aprobación de la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. De no contar con ellas, dichas observaciones quedan rechazadas y al Presidente de la República... sólo le queda el camino de promulgar las reformas o llamar a un plebiscito. La pretendida intención... de recurrir al Tribunal Constitucional para que interprete este diferendo no tiene tampoco asidero... ya que carece de la competencia para conocer esta materia438.

La consecuencia de esta disputa reveló hasta qué punto el Partido Nacional estaba dispuesto a socavar la autoridad del Ejecutivo, pues desde entonces la estrategia no sólo fue la acusación constitucional contra ministros –en 1972, el número de acusaciones superó en seis veces el promedio histórico y al año siguiente ello se incrementó–, sino a un sinnúmero de personeros y dio lugar a un uso reiterado de las enmiendas constitucionales. Dentro de las acusaciones más emblemáticas estuvieron las destinadas contra Hernán del Canto, ministro del Interior y Jacques Chonchol, de Agricultura. A mediados de ese año, durante el Consejo realizado en la ciudad de La Serena, el Partido Nacional acordó una “línea más opositora, siguiendo la tónica dada por el presidente, Sergio Onofre Jarpa, [pues] con el enemigo no se concilia, al enemigo se le vence”. Coherente con este acuerdo, Gustavo Alessandri, diputado liberal, dijo a los periodistas que vamos a presentar una reforma constitucional que amplíe el recurso de amparo a los chilenos... Ahora el Intendente puede decidir la prisión preventiva de un periodista... ahora la DIRINCO puede liquidar a un comerciante sin que haya intervenido la ley, sino que facultades administrativas. El Banco Central, para hacer y deshacer, tampoco necesita preocuparse de las leyes. En el agro, muchos abusos se cometen también por la vía administrativa. Eso debe parar439.

Como es evidente, la reforma apuntaba al cercenamiento de atribuciones que históricamente habían tenido diversas entidades y autoridades. Esta táctica fue posible por los vacíos existentes en la legalidad del país, en la cual las iniciativas parlamentarias sólo podían discutirse durante el período ordinario de sesiones, no así los proyectos de reforma constitucional, los que podían tramitarse en cualquier época del año. De ese modo, existía la posibilidad de eludir las restricciones parlamentarias, convirtiendo los proyectos de ley en enmiendas constitucionales y sobrepasando los campos y materias reservadas a la iniciativa presidencial440. Esta situación fue detectada por los nacionales con motivo de la reforma Hamilton-Fuentalba, aprestándose a usarla profusamente. Tal decisión se insertaba en un diagnóstico claro: no habían logrado 438

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Tribuna, 29 de febrero de 1972, p. 10 y 6 de marzo de 1972, p. 7. También El Mercurio, 27 de febrero de 1972, p. 27. Ambas citas en Tribuna, 26 de junio de 1972, p. 3. Luis Maira, op. cit.

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detener la aplicación del programa socialista, como lo señaló taxativamente el diputado Fernando Maturana a mediados de 1972, cuando durante su informe al Consejo General afirmó que gobierno y oposición corrían dos “guerras” distintas: el gobierno, la guerra económica, y la oposición, una guerra política. Esta última había ganado todas las batallas electorales, a nivel parlamentario, de colegios profesionales, gremiales y sindicales, “pero no hemos logrado detender el avance económico del adversario”. El gobierno, según explicaba, había ido ganando progresiva y aceleradamente la batalla económica, pasando más del 50% de la industria manufacturera al Estado. Ello suponía radicalizar la oposición “hasta obligar al gobierno a definirse... nosotros debemos hacer todo lo que legítimamente podamos... Por ello, los parlamentarios debemos ejercer implacablemente nuestras facultades fiscalizadoras... iniciar todos los procesos en defensa de cualquier derecho amagado o conculcado. Debemos luchar por ganar cada batalla..”441. Meses más tarde, el senador nacional y ex presidente del partido, Víctor García Garzena, aseveró que la Constitución establecía “la tuición por el Congreso sobre la conducta del Presidente, de los ministros, de altos funcionarios, incluso de los generales del ejército, pudiendo ser todos acusados y destituidos por la mayoría parlamentaria”. Sus palabras no solo reiteraban el derecho de la mayoría simple, sino estiraban las facultades del Congreso hasta transformar el régimen político en parlamentario. Con plena seguridad señalaba que el Presidente “es el ciudadano que administra el Estado... tiene importantes limitaciones en su gestión: los nombramientos de los ministros, diplomáticos, el otorgamiento de grados militares y la destitución de jefes de oficina y empleados superiores deben hacerse de acuerdo con el Senado”442. En esa misma tónica, el diputado Sergio Diez presentó un proyecto de reforma constitucional “para reforzar las garantías individuales”, en razón del desconocimiento de la autoridad a las resoluciones emanadas de los tribunales ordinarios de justicia, por lo que se proponía revestir de penas privativas de libertad a quienes resistieran su cumplimiento. En concreto significaba que “quienquiera sea perturbado o privado del legítimo ejercicio de sus libertades, bienes, trabajo o derechos garantizados por la Constitución y las leyes, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias... para asegurar la debida protección al afectado...”443. El proyecto apuntaba, claramente, a la resistencia activa de las personas frente a una situación de expropiación, ahora dentro del marco de una

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El Mercurio, 25 de junio de 1972, p. 35. Tribuna, 1 de diciembre de 1972, p. 8. El énfasis es nuestro. Tribuna, 6 de diciembre de 1972, p. 17.

garantía constitucional, como a una ampliación de atribuciones del Poder Judicial, socavando la autoridad del Ejecutivo. Las medidas con las cuales hemos ejemplificado la táctica del Partido Nacional en materia institucional explican el discurso de la época respecto de la ilegalidad gubernativa, como también la proyectada acusación constitucional contra el propio Presidente de la República y la declaración de la Cámara de Diputados de ilegalidad e ilegitimidad en agosto de 1973. Demuestran, asimismo, el desconocimiento de facultades que históricamente acompañaban al primer mandatario y que habían sido reforzadas por la reforma de 1970, como la decisión de hacer del Parlamento el Poder decisorio. Como lo afirmó Jarpa en enero de 1973, el gobierno debía ser reemplazado “con o sin los dos tercios” obtenidos en las elecciones de marzo de ese año444. La batalla institucional obliga a reflexionar acerca de la inoperancia e ineficacia de las instituciones democrático-liberales en la lucha contra la Unidad Popular, como acusaron en la época y después del golpe los grupos nacionalistas y el gremialismo, dada su incapacidad para derrocar al gobierno. Como ha podido observarse, la derecha usó la institucionalidad para inmovilizar al Ejecutivo y deslegitimar sus atribuciones administrativas, logrando afectar sus capacidades. Esto no fue fácilmente percibible por toda la oposición –y si lo fue, algunos se callaron por intereses contrapuestos–, porque el proceso de la Unidad Popular empezó a discurrir más por la base que por la “altura”, en tanto los movimientos sociales avanzaron mucho más rápido de lo que deseaban las autoridades, volviendo instrumentalmente débil al Poder Legislativo445. No obstante esto, la lucha de los nacionales en el plano institucional –acompañados por los democratacristianos– logró sentar en el imaginario social y en la memoria la verosimilitud del carácter ilegal y atropellador de la Constitución y las instituciones del gobierno socialista. La fuerza de la repetición y el tono de certeza lograron penetrar el imaginario y socavar la autoridad presidencial.

b) El imaginario del miedo Este propósito, con todo, no se lograría sólo atacando las facultades administrativas y legales del Ejecutivo, sin también adjudicándole la responsabilidad total en la crisis política vivida por el país, utilizando diversos recursos comunicacionales que apuntaban a generar alarma pública, sentidos de amenaza y de caos. Es claro que todo partido de oposición cumplirá su función destacando aquellos aspectos negativos

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Tribuna, 24 de enero, 14 de abril, 23 de junio de 1973, pp. 10, 4 y 7, respectivamente; El Mercurio, 18 de agosto y 10 de octubre de 1972, pp. 17 y 19, respectivamente. Peter Winn, Tejedores de la revolución (Lom, 2004); Atilio Borón, “Notas sobre las raíces históricoestructurales de la movilización política en Chile”, op. cit.

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del gobierno de turno, aunque ello no anule totalmente la posibilidad de colaborar en algunos proyectos que sean coherentes con sus planteamientos e intereses. No obstante, considerando el carácter opositor que asumió el Partido Nacional respecto de la administración Frei Montalva desde 1967, es posible establecer una cierta línea de continuidad con el período de la Unidad Popular, pues esa posición intransigente se mantuvo y más aún, se exacerbó hasta límites nunca vistos. Como explicamos en los capítulos I y II, la aprobación de la reforma agraria de ese año quebró toda posibilidad de un acuerdo con la Democracia Cristiana, llevando al partido a una opción autónoma y de confrontación verbal y, en algunos casos, física con las autoridades, acentuando su anticomunismo. La Democracia Cristiana, como se recordará, fue catalogada de criptocomunista, tan marxista como los partidos de izquierda, a quienes abría paso. El triunfo de Allende no hizo sino agudizar este rasgo identitario, desarrollando un tipo de oposición de trinchera. Esto se expresó claramente en el imaginario levantado en torno a lo que sería y era el gobierno de la Unidad Popular, identificado, a su entender, con el comunismo internacional. Así como la campaña del terror desarrollada durante la elección presidencial se había apoyado en las experiencias foráneas, gran parte de las acusaciones y “hechos” que desde un comienzo se le atribuían al gobierno socialista se remitían a esos ejemplos. En efecto, desde el principio se advirtió a la población cómo sería tal gobierno: “El Partido Nacional... conoce los propósitos del Partido Comunista. A los intentos de producir una huelga revolucionaria, de atentar contra la libertad y soberanía del Congreso Nacional y de desatar una campaña de injurias en contra de sus miembros, sumará las amenazas y agresiones personales”446. Como se observa, se extrapolaron las realidades de otros países para caracterizar la chilena, lo cual no podía ser sino consistente con el propio imaginario que los nacionales tenían del bloque socialista. Como señalaba el senador Francisco Bulnes “los marxistas chilenos son marxistas y como marxistas, lógicamente tienen que pretender la aplicación integral del sistema marxista, lo que implica el establecimiento del Estado totalitario, que es lo que han hecho en todos los países del mundo en que han conquistado el poder”447. Esta convicción fue lo que determinó el tipo de oposición de los nacionales en el terreno de la lucha por el imaginario y la memoria ciudadana, coadyuvada por las medidas gubernativas en la creación del área de propiedad social y, particularmente, por la aceleración de la reforma agraria, las cuales ofrecieron el sustento necesario para reafirmar el diagnóstico de pérdida de libertad. Como hemos repetido, para los nacionales la libertad económica era un requisito de la libertad política, pues era

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Tribuna, 19 de marzo de 1971, p. 5. Tribuna, 17 de abril de 1971, p. 2.

lo que ofrecía la autonomía individual, de modo que las expropiaciones llevadas a cabo desde diciembre de 1970 se convirtieron en la prueba de que se trataría de otra experiencia marxista más. Esto explica, que ya a fines de 1970, los nacionales auguraran el Estado totalitario y la dictadura comunista, lo cual los indujo poco después a acordar el desarrollo de una “oposición integral” a la Unidad Popular, toda vez que el Consejo General del Partido Nacional rechazó absolutamente toda posibilidad de transformar a Chile en un estado marxista. Consideró que no es problema vital cuál sea el camino que pretenda seguir el marxismo para imponer su Estado totalitario en lo fundamental. El Partido Nacional rechaza el problema de fondo: la implantación del marxismo448.

Tal apreciación es la que explica afirmaciones de exponentes partidarios de que Chile estaba “viviendo un régimen comunista”, como lo reiteró innumerables veces el senador Pedro Ibáñez y de que cada medida adoptada por el gobierno, cada información que entregaba, cada programa tramitado tenía un solo objetivo: transformar al país en un Estado comunista totalitario. La ausencia de dudas al respecto y la decisión de convencer a la ciudadanía de ello, determinaron un tipo de política comunicacional, la cual debía sentar ciertos “hechos” y “verdades”. En ese marco se inscribieron las aseveraciones de Jarpa y otros exponentes del Partido Nacional acerca de la penetración soviética y cubana en los asuntos internos del país, lo que constituía supuestamente el primer escalón en el establecimiento de su tutela sobre el país y su transformación en un satélite. Declaraciones como ésas fueron comunes desde los comienzos de la Unidad Popular, pues como aseveraba Jarpa, la penetración soviética en América Latina se efectuaba mediante los partidos comunistas de cada país, como había ocurrido en Cuba, dándole la posibilidad a la Unión Soviética de actuar en el continente a través del satélite cubano. Ello explicaba, a su juicio, que el Partido Comunista chileno estuviera tratando de controlar el gobierno con la finalidad de extender y profundizar la acción del comunismo internacional en el país y poder incorporarlo a su órbita. Dentro de esa campaña, se inscribía la “ofensiva” para sofocar cualquier atisbo de libertad de prensa y de información, de trabajo y aplastar toda forma de oposición. En ese marco, encajaba su crítica al proyecto de Cámara Única planteado por el gobierno, ya que indudablemente conducía al partido único, propio de los regímenes del bloque del este, donde no existía oposición alguna ni libertad para discrepar. De acuerdo a ello, toda acción gubernativa buscaba destruir la comunidad nacional, extirpando la democracia y el sistema de convivencia jurídica para “reemplazarlo por la tropelía y el matonaje”. Tales aseveraciones tenían como correlato que el gobierno socialista chileno mentía. Así como la idea de legalidad sobrepasada debía imponerse, en este

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Acuerdo del Consejo General realizado en Osorno, Tribuna, 7 y 8 de junio de 1971, pp. 7 y 5.

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caso las refutaciones de las autoridades frente a todo tipo de acusaciones acerca de lo que ocurría u ocurriría, eran desechadas por falsas. Tal como aseguraban que Allende desconocía la legalidad cuando pretendió acudir al Tribunal Constitucional para dirimir el conflicto institucional, los rechazos gubernativos a las acusaciones de atentados a la libertad de expresión, a la supuesta concientización de los estudiantes a través de programas de adoctrinamiento a los profesores, entre otras, eran calificados de farsas y mentiras. Esa estrategia fue desarrollada en la prensa del Partido Nacional a través de afiches de propaganda titulados “¡Palabra de Presidente!”, en los cuales se reproducía una frase de Allende para refutarla con distintas afirmaciones, muchas veces sin fundamentarlas. Dicha estrategia comunicacional ha sido confirmada por los documentos desclasificados de la CIA, como por el propio trabajo de Dooner449. Con esto no se pretende afirmar que la Unidad Popular nada hizo para justificar parte de esta campaña, sino que ella muchas veces acudía a la distorsión de hechos, al no respeto del contexto donde se decía, a la ausencia de responsabilidades propias, en fin; aquello que Dooner llamó “ariete” y que diluyó el límite entre la realidad y la ficción. La extrapolación de las experiencias europeas a Chile recogía las tesis de la seguridad nacional que proliferaban en América Latina desde fines de los años sesenta, y de la cual ya eran detectables algunas expresiones en el programa de la Nueva República. La afirmación de la inexistencia de una Vía Chilena al Socialismo se sostenía en la idea del enemigo interno representado por los comunistas chilenos, quienes respondían a intereses foráneos, ubicándose en el bando contrario al “mundo libre” en el marco de la Guerra Fría. Desde ese punto de vista, resultaba indudable que era el Partido Comunista quien tomaba finalmente todas las decisiones, las que conducirían inexorablemente a la dictadura marxista. Como es evidente, esto era una estrategia comunicacional, alimentada sin duda por sus propios temores, por las políticas económicas puestas en vigor y la propia lucha política, pero que debía apuntar a la idea de un mal absoluto, elaborando una visión maniquea de la realidad: el bien contra el mal. Esto no era nuevo en el Partido Nacional, pues ya lo había usado contra Frei y la Democracia Cristiana, pero en esta ocasión la creación de realidad hecha por la prensa de los nacionales debía “probar” que el destino era inevitable, lo cual suponía sostener una y otra vez que el gobierno mentía, reforzado esto con la generación de sentimientos de amenaza. Si el futuro de Chile era ser un satélite soviético, a través de su instrumento cubano, lo lógico era crear el imaginario de un país dominado por la guerrilla. Patricio Dooner ha identificado como uno de los mecanismos usados por la prensa de derecha para sentar la idea social de una crisis generalizada y de catástrofe nacional el recurso a generar alarma pública, lo cual debía ser inducido manipulando

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Revísese Qué Pasa, 16 de septiembre de 1971, p. 16; Tribuna , mayo a nov. 1971, mayo de 1972.

los miedos y los sentidos de amenaza en la población. Esto es lo que explica que el principal medio de comunicación del Partido Nacional, el diario Tribuna, pero también las inserciones hechas en El Mercurio, desarrollaran una estrategia comunicacional que hablara de un Chile viviendo casi la realidad colombiana o argentina, en la época. En esos países, la guerrilla actuaba desembozadamente desde hacía años –en Argentina desde 1969–, realizando secuestros, atentados y en algunas experiencias controlando zonas del país. Tal había sido la estrategia de la guerrilla cubana durante la revolución a fines de los años cincuenta, cuando desde el área oriental de la isla fueron avanzando hasta llegar a la capital, La Habana. Aunque la guerrilla liderada por Castro no era comunista, un partido como ese surgió de la revolución cosechando los principales beneficios y neutralizando a los otros grupos y movimientos que habían participado en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Desde nuestro punto de vista, una parte significativa de la estrategia de Tribuna –en tanto medio del Partido Nacional–, pero también de exponentes del partido, fue intentar crear el imaginario de esa situación en el país. Para desarrollar esta línea opositora fue necesario concentrarse en ciertas áreas del quehacer del gobierno como de los partidos que conformaban la Unidad Popular. Uno de los temas escogidos para hacer la campaña fue el de los grupos armados, sosteniéndose desde diciembre de 1970 que la violencia se había enseñoreado del país y que las autoridades toleraban y amparaban esa situación. Uno de sus objetivos de ataque fueron las Brigadas Ramona Parra del Partido Comunista. Estas brigadas habían nacido como un pequeño grupo de propaganda para el candidato del FRAP en 1964 –Salvador Allende– durante la campaña presidencial. Después de esa elección, decidieron mantener su existencia con una finalidad política, pues en medio de la reactivación de los movimientos sociales durante el gobierno de Frei Montalva, el partido sentía que no tenía presencia en las calles, toda vez que se hallaba concentrado en el mundo obrero-sindical. La tarea de estos “cinco amigos” era pintar los muros de la ciudad con denuncias sociales e ideas políticas, lo cual adquirió verdadera forma a raíz de la Marcha por Vietnam en 1969, cuando se denunció la “agresión yanqui” y se pintó a favor de la paz y contra la guerra. Fue entonces que nació un tipo de muralismo. Por ello, durante el VI Congreso del partido se decidió formar brigadas propagandísticas por todo el país, las que pasaron a llamarse Brigadas Ramona Parra y alcanzaron su pleno desarrollo en las elecciones presidenciales de 1970. Después del triunfo de Allende, los muros se convirtieron en el medio de comunicación más importante, por lo masivo, para la izquierda, y luego en espacio de disputa con la oposición, especialmente con los jóvenes nacionales. En pocas palabras, las brigadas fueron “una vanguardia artística y un capítulo obligado al momento de estudiar la

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cultura popular chilena”450. No obstante, el imaginario creado por los nacionales en torno a las brigadas fue el de una agrupación terrorista que sembraba el pánico entre la población, toda vez que era un grupo armado que se desenvolvía tranquilamente por el país, sin que las autoridades pudieran reprimirla. Denunciando un supuesto ataque a una sede del Partido de Jarpa, Tribuna titulaba su reportaje así: Metralleta en mano. Asalto comunista al Partido Nacional. Un nuevo episodio de terror y violencia ante el cual permaneció impávida la fuerza pública, escribió la tenebrosa “Brigada Parra” al asaltar en horas de la madrugada la secretaría del Partido Nacional en la Comuna de Ñuñoa. Un medio centenar de sujetos que llegó al lugar en automóviles y camionetas esgrimiendo metralletas y otro tipo de armas cortas, derribó puertas y ventanas... y desató toda esa violencia que caracteriza la acción de los grupos comunistas cuando actúan amparados por la inercia de las autoridades... vecinos del sector que fueron testigos de los sucesos coincidieron en calificar ese atentado como ‘una verdadera película de terror’451.

Esto no podía ser de otra forma, si se consideraba –según los nacionales– que los comunistas estaban siendo entrenados por cubanos en Chile, quienes habían llegado en calidad de “voluntarios”. Ya en los trabajos de verano organizados por la FECH en ese verano de 1971 los cubanos habían sido recibidos con toda clase de agasajos, mostrando gran bonhomía, detrás de la cual se ocultaba un “hecho gravísimo... voluntarios cubanos están entrenando militantes comunistas en la zona norte”. Ello explicaba los ataques implacables que el gobierno lanzaba a la oposición, imbuidos de violencia, como lo demostraba la campaña electoral municipal. La verdadera intención de los cubanos en el país quedaba demostrada en la “inexpugnable fortaleza que construyen los cubanos... que supera a Tomás Moro”, la cual estaba siendo edificada por la Embajada de ese país. Dentro del “palacio hay dos casas. En una estará la embajada de Cuba. La otra está en Santiago reservada para los cincuenta componentes de la ‘Guardia Especial’... nadie puede pasar los jardines sin autorización de los guardias cubanos que transitan armados día y noche por el sector”452. Poco después esto fue reforzado con el rumor lanzado por el diputado Engelberto Frías de cierto “contrabando cubano” traído en aviones de esa nacionalidad, el cual contenía una serie de “bultos... que ni carabineros ni personal de Aduana ni autoridades del aeropuerto nos han podido explicar…hemos confirmado que grandes camiones esperan su arribo amparados en

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Nos hemos basado en Álvaro Rodríguez P., Fernando Villanueva y Gonzalo Echeverría, “Muralismo político chileno, la evolución de un discurso artístico, ideológico y visual en las últimas cuatro décadas de historia de Chile”, Tesis de Comunicación Social, Publicidad, Universidad Diego Portales, 2005. TVN, Informe Especial: “Cuando Chile cambió de golpe”, Cap. 2. Tribuna, 20 de marzo de 1971, p. 10, 4 de dic. 1971, p. 7. El énfasis es nuestro. Tribuna, 31 de marzo de 1971, pp. 5 y 7, 29 de julio de 1971, p. 11.

la oscuridad”453. Más aún, mucho después vincularon esta acusación de los bultos con el MIR, organización que, según denuncias de Tribuna, había recibido “arsenales de armas en alta mar”, armamento que habría sido transportado con destino desconocido. Situaciones como éstas estaban generando mucho temor en la población y así lo afirmaba Tribuna: “alarma pública en diversos círculos de Curicó ha provocado la información relacionada con la entrega de misteriosos cajones y bultos que un barco, probablemente cubano, hizo en alta mar en botes, lanchas pesqueras en una caleta en que operan bandas miristas”454. La acusación de los bultos y la nebulosa en la que se dejó su contenido, venía a avalar la afirmación de un gobierno que preparaba un autogolpe para instaurar su dictadura, bajo la hegemonía internacional. La intención tras esas denuncias logró su cometido de generar dudas y, aunque el encargado de la Aduana aseguró, a través de una declaración oficial, que los bultos contenían pinturas y artesanía popular, los nacionales siguieron creando alarma rechazando las explicaciones de las autoridades455. Para ellos, Chile estaba “dominado por la violencia”. Esta imagen de un país donde los guerrilleron se paseaban armados de metralletas impunemente, como parte de la normalidad, fue utilizada con otros sectores de la izquierda, especialmente con el MIR, el que fue convertido por la prensa del Partido Nacional en un grupo poderoso, dueño de verdaderos arsenales, el mal más absoluto. Como se sabe, desde el triunfo de la Unidad Popular, el MIR había replegado su estrategia de lucha armada ante la sorpresa del resultado, para concentrarse más bien en las formás más políticas de confrontación, como la creación de distintos frentes de masas: el Movimiento de Campesinos Revolucionarios (MCR); el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR), etc.; la ocupación de terrenos y unidades productivas, y la movilización callejera. Esta situación es la que explica la presencia de este grupo político en algunas de las áreas más conflictivas durante la Unidad Popular, como fueron el campesinado y los pobladores, donde dirigieron sus luchas, ya fuera por la toma de predios o por la consolidación de tomas de terrenos urbanos, estableciendo campamentos456. Esta actuación del MIR facilitó la estrategia comunicacional de los nacionales, la cual se centró en dos áreas

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Tribuna, 8 de mayo de 1971, p. 5. Tribuna, 22 de marzo de 1972, pp. 10-11. La Nación, 15 de marzo de 1972, p. 1. Julio Pinto, “Hacer la revolución en Chile”, en Julio Pinto (Editor), Cuando hicimos historia, p.23; Sebastián Leiva y Fahra Neghme “La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los obreros y pobladores de Santiago”, Tesis, Lic. en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2000; Carlos Sandoval Ambiado, Movimiento de Izquierda Revolucionaria 1970-1973. Coyunturas, documentos y vivencias (Concepción, Ediciones Escaparate, 2004).

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preferentes: la actuación mirista en el campo y en los campamentos de pobladores, y su calidad de grupo armado. La situación en el campo chileno durante la experiencia socialista, posiblemente haya sido una de las más traumáticas para la derecha, toda vez que desde un principio el gobierno decidió usar con toda su potencia la ley de 1967, expropiando propiedades que habían sido excluidas en los años de Frei y que cabían en la normativa existente. Esto fue lo que desató la lucha en el campo, pues muchos dueños de tierras –especial, pero no exclusivamente latifundistas– resistieron las expropiaciones, y los campesinos se decidieron por la toma y por el corrimiento de cercos, en particular en las tierras mapuches. Esto quiere decir, que efectivamente en las zonas agrarias el gobierno creó propiedades colectivas –los Centros de Reforma Agraria, CERAS– y estatales en caso de materias estratégicas, los cuales fueron agrupados en los Centros de Producción, CEPROS457, razón por la cual las denuncias del Partido Nacional acerca de las expropiaciones y tomas no eran falsas. Sí lo era, en cambio, el escenario y las responsabilidades atribuidas a la izquierda, el MIR, especialmente. Esto comenzó con motivo de la muerte del dueño de un fundo en el sur, Rolando Matus, en abril de 1971, quien acompañando a otro latifundista para impedir la toma del fundo Carén, fue muerto por una bala, en un enfrentamiento nocturno en el que hubo varios heridos. La prensa del Partido Nacional acusó al MIR de haberlo asesinado porque “defendió su tierra”, lo que probaba la existencia de “grupos extremistas armados”. El fundo donde murió Matus no era el suyo, sino el de otro propietario y murió siendo parte de los grupos de choque creados por los latifundistas para impedir la reforma agraria. En otras palabras, efectivamente hubo violencia en los campos, pero ello fue fruto tanto de las expropiaciones, legales o no, como de la resistencia armada desarrollada por los dueños de tierras458. En lo que a este estudio importa, lo interesante es el uso que el Partido Nacional dio a este suceso y el imaginario que levantó en torno al MIR, como movimiento político que defendía la lucha armada y la lucha de masas. En medio de la polémica por la muerte de Matus, Tribuna aseguró que “esa agrupación de delincuentes políticos tiene licencia para despojar y matar”, para “establecer”, en palabras de Jarpa, “un sistema político a través del terrorismo...porque llaman el complejo maderero estatal que está absolutamente en manos del MIR (sic), y donde no se puede entrar sin autorización del MIR, y donde hay milicias uniformadas y armadas que se pasean por todos los caminos y controlan todos los lugares de acceso. Y Carabineros tiene orden de no intervenir”. Estas declaraciones daban a entender

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Bitar, op. cit.; Hugo Cancino T., Chile. La problemática del poder popular en el proceso de la Vía Chilena al Socialismo (Aarhus University Press: 1988). Al respecto, Mayoría, 1971 y 1972; Chile Hoy, 1972.

que existían áreas del país que estaban fuera del control de la autoridad, pues ellas eran gobernadas por los grupos armados –guerrillas– miristas, es decir, un país en guerra, donde las guerrillas actuaban impunemente, y donde las personas no podían transitar libremente por el territorio. Seguía afirmando Jarpa: Y este grupo de gente que está ejerciendo autoridad en una zona del país, al margen del gobierno ha venido aumentando su esfera de influencia... esto nosotros lo consideramos extraordinariamente grave, porque significa que el gobierno de la República ya no ejerce autoridad en una zona en la que hay fuerzas armadas que no corresponden a las que están contempladas dentro de la Constitución y de la ley, y que estas fuerzas armadas imponen su propio procedimiento y están ampliando su esfera de acción por el terrorismo, por el asesinato y el despojo459.

Si bien es cierto el MIR era una agrupación relativamente armada, en tanto poseía un número de pistolas y otras armas de mayor alcance, en ningún caso podría haber sido calificada de “fuerza armada”, en el sentido usado por Jarpa, con capacidad de enfrentar y reemplazar a los organismos institucionales. Pero de eso se trataba la campaña de alarma pública, precisamente: de “crear realidad”, manipulando los miedos de las personas. ¿Quién podría o querría ir al sur del país, estando en manos de la guerrilla? Estas aseveraciones preparaban el camino para acusaciones mayores, tales como que la guerrilla avanzaba por el país y amenazaba las zonas más pobladas, como poco después fue anunciado estridentemente con tono de certeza por la prensa que hemos estado citando: “Grupos armados de guerrilleros se están acercando peligrosamente a Santiago”, lo cual no hacía sino confirmar las denuncias que desde un principio los nacionales habían estado haciendo respecto de las “bandas armadas”. Esto recrudeció con motivo del asesinato del ex ministro Edmundo Pérez a manos de la Vanguardia Organizada del Pueblo en junio de ese año, ocasión en la que reiteró que dichas agrupaciones dominaban el país y, peor aún, eran toleradas por el gobierno. Con estos preparativos, para el aniversario del primer año de gobierno socialista los nacionales aseguraron en grandes titulares que “Baño de sangre prepara el MIR”, el que incluía atentados contra personeros de gobierno, planeando un “autogolpe”, el cual fue descubierto –según aseguraba Tribuna– por “Patria y Libertad”, grupo que había podido acceder al documento en que se planificaba el golpe para septiembre. La agrupación extremista y el gobierno pretendían, según los nacionales, ocultar tales propósitos lanzando idénticas acusaciones a la derecha. Respondiendo a ellas, el Partido Nacional aseguraba que el plan era comunista y se desarrollaría a través del MIR (¡!), debiendo realizarse “tareas previas al enfrentamiento”, como asegurar la comunicación, las redes de apoyo, el armamento, estando elegida la fecha del “enfrentamiento” para

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Tribuna, 27 de abril de 1971, p. 6. El énfasis es nuestro.

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el 18 de septiembre. En ese sentido, el MIR no sólo tenía controladas zonas del sur del país; también asediaba la capital y preparaba un golpe para hacerse del poder y establecer su dictadura terrorista. Tal cual fue denunciado a fines de ese año, cuando se afirmó que con motivo de manipular la elección complementaria que se realizaría por Linares y Colchagua, se había descubierto que “subversivo plan del MIR abarca de Santiago a Linares”, utilizando como “pretexto los trabajos de verano” , ocupando mientras un “antiguo campo de entrenamiento del ejército [y] confirmada entrega de mil metralletas”. El objetivo final de estas acciones no podía ser otro que “liquidar las fuerzas armadas”, como señalaba el senador Ibáñez: “lo de Curimón demuestra que el MIR está contra las fuerzas armadas, porque los movimientos guerrilleros no liquidan primero a las fuerzas democráticas, que por su mismo carácter no tienen armas, sino a las fuerzas armadas”. Ello concidía con la “amenaza de muerte “ hecha por el “MIR... a oficiales de las fuerzas armadas y carabineros”, y “el cerco alrededor de unidades militares de Santiago... confirmando la escalada terrorista planeada como preparatoria por los propios miristas para lo que califican como ‘la batalla final por el poder’”460. Ejemplos como éstos abundaban en la prensa de los nacionales y en las declaraciones de sus dirigentes, y aunque tal vez ahora pueda despertar incredulidad, ello ayudó a crear una imagen del MIR, bastante distorsionada de su real dimensión, capacidad e influencia política. Es cierto que los campamentos “26 de enero” y, especialmente “Nueva Habana” fueron reductos miristas, pero no eran, como tampoco el sur, “territorios liberados”, y las milicias formadas originalmente para impedir algún intento de desalojo, más tarde fueron destinadas a actividades de vigilancia y para impedir actos de delincuencia, violencia intrafamiliar y alcoholismo461. El imaginario de guerrillas y milicianos armados como los pintados por el Partido Nacional no se condecía con la realidad, como terminó confirmándolo el propio general Gustavo Leigh, muchos años después del golpe de Estado, cuando declaró que no había los arsenales de armas que en la época se aseguró462. Los nacionales, sabiendo que muchas de las afirmaciones de su prensa eran exageraciones, deformaciones o mentiras, las usó conscientemente, porque su objetivo era sentar esas afirmaciones como “hechos”, manipulando la memoria y creando miedos en la población. Más aún, en la actualidad dirigentes como Jarpa siguen repitiendo tales afirmaciones, en un claro afán de

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Estos datos pueden encontrarse en Tribuna, 4 y 6 de mayo de 1971, pp.16 y 6; 9 a 11 de junio de 1971; 14 de sept. 1971, p.11; 29 de dic.1971, p.1; 6. feb. 1972, p.10; 8 de abril de 1972, p.1 y p.10 (senador Ibáñez); 6 de dic.1972, p.10; 15 de mayo de 1972, p. 2. Lo de Curimón se refiere a la detención de dos miristas a quienes, a raíz de un accidente automovilístico, les encontraron armas. Sebastián Leiva y Fahra Neghme, op. cit., pp. 131 y 140. TVN, “Medianoche”, Programa Especial con motivo de la muerte del general Leigh, 29 de septiembre de 1999.

convertir aquello que fue parte de su guerra contra la Unidad Popular en un “hecho histórico”, a usar por los investigadores463. Esta estrategia comunicacional no fue lanzada en el vacío, sino en el contexto de una lucha política, del desabastecimiento, de manifestaciones y contramanifestaciones públicas, de amenazas de hambre, y fueron pensadas fundamentalmente para las capas medias, a las que se buscaba aterrorizar con la idea de que sus hijos fueran enviados a Cuba a hacer cursos de guerrilla y que la educación los convertiría en máquinas programadas por el comunismo internacional. La definición de una derecha en guerra permitía todo. A pesar de que existieron innumerables ejemplos de esta estrategia de socavamiento de la autoridad a través de la generación de alarma pública, escogeremos sólo una más para ilustrar el tipo de combate que se libraba y que definió el estilo del partido. Dicha acción se relacionó con uno de los problemas más agudos que debió enfrentar la Unidad Popular a partir de 1972: el desabastecimiento. Como ha quedado registrado en la memoria colectiva, desde fines del año anterior comenzaron a observarse problemas de abastecimiento de productos esenciales, lo cual se relacionó tanto con el aumento salarial y la fijación de precios que incrementaron el poder adquisitivo de los sectores populares, como con la caída de la producción en algunos sectores industriales y el problema de acaparamiento y el mercado negro utilizado por la oposición como forma de enfrentamiento con el gobierno. Los niveles que este problema fue alcanzando durante 1972 determinaron la creación de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) por parte del gobierno y, posteriormente, la entrega de la Secretaría Nacional de Distribución al general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet (Hambrelet, en lenguaje de Tribuna) para racionalizar la distribución de alimentos y artículos de consumo diario464. El Partido Nacional interpretó las JAP como un “dispositivo de control del pueblo por el estómago. Dicho de otra manera, será posible sitiar por hambre al ciudadano que no esté con el régimen marxista imperante en Chile”465. Según la interpretación de los nacionales, las JAP tenían una finalidad aparente y otra real. La primera servía para colaborar en el control de precios y en la distribución de los artículos, declaración que rechazaban, pues –a su juicio– podría haberse usado el art. 22 de la ley 16.880 de las Juntas de Vecinos, que las facultaba para promover contratos de abastecimiento entre empresas y comerciantes. Siendo ello así, su verdadera función no podía ser sino obligar a la población a “militar en el Partido Comunista

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Ello queda claramente demostrado en las entrevistas concedidas a Patricia Arancibia Clavel, materializas en el libro que hemos citado, como en la presentada en el programa televisivo de ARTV “Citas con la historia”, que ella misma conduce. Bitar, op. cit.; Julio Faúndez op. cit. Sobre el acaparamiento, véase Carlos Prats G., Diario del general Carlos Prats (Buenos Aires: 1985). Tribuna, 6 de mayo de 1972, p. 7.

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para conseguir una tarjeta de racionamiento”. Desde ese punto de vista, las tarjetas de la JAP –de racionamiento en lenguaje del Partido Nacional– eran la etapa final del camino hacia la dictadura, “porque es la soga que ha utilizado siempre el marxismo para ahorcar la libertad política del pueblo”. En medio de la campaña parlamentaria de marzo de 1973, las JAP ofrecieron una excelente oportunidad para insistir en estas ideas, toda vez que, en las palabras de Jarpa, la tarjeta en la víspera de la elección “es una descarada maniobra para atemorizar a los chilenos y someterlos a la amenaza del hambre. Con la distribución de los alimentos en sus manos, el gobierno pretende arruinar a los comerciantes y amedrentar al pueblo. Comienza así, la última etapa para llevar a Chile a la dictadura total”, pues “las JAP son un anzuelo para atrapar a los chilenos”466. Como el partido más intransigente de la oposición, el Nacional llamó a la población a resistir estos intentos del gobierno, organizándose: “¡Así se combaten las JAP!. 1.- Ud. debe incorporarse HOY MISMO a las juntas de vecinos que le corresponde, 2.- La directiva de su junta de vecinos debe crear un COMITÉ DE ABASTECIMIENTO que, conforme a la ley, dependerá ÚNICAMENTE de la junta, 3.- Es IMPRESCINDIBLE que el comité de abastecimiento cuente por lo menos con un representante de los COMERCIANTES DEL SECTOR”467. Así, el desabastecimiento fue una de las áreas donde la lucha fue más fuerte, pues afectaba al diario vivir de la población y, por ende, era un instrumento eficaz para manipular los sentimientos y miedos sociales. En suma, la negativa a aceptar a la izquierda en el poder y la política económica impuesta por ésta, determinaron una lucha por minar la autoridad presidencial y de los representantes gubernamentales en general, creando una imaginario de derrumbe, guerrilla, inseguridad, caos y hambre. Chile estaba en guerra.

c) Juventud, divino tesoro Este estilo combativo del partido, sin embargo, requería de nuevos actores para poder desplegarse en la magnitud necesaria a la guerra que se libraba. Esto significaba que la naturaleza del Partido Nacional debía ser modificada, dando lugar verdaderamente a una nueva derecha, dejando atrás, en definitiva, a la derecha tradicional, acartonada y acostumbrada a la discusión cupular, de clubes y del Parlamento. Ello suponía contar con una Juventud equivalente a las que existían en los otros partidos, la cual no sólo posibilitaba su crecimiento en núcleos juveniles, sino también ofrecía energía nueva. Esto, como se recordará, era un cambio que la línea nacionalista identificada con Jarpa había tratado de hacer desde fines de los años sesenta, con resultados 466 467

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Tribuna, 6 de mayo de 1972, p. 5; 13 de enero de 1973, p. 13; 11 de mayo de 1972, p. 9. Tribuna, 27 de junio de 1972, p. 14. Los énfasis en el original.

bastante pobres, dada la mayor influencia de los liberales en esos segmentos de la colectividad, como lo probó el conflicto con Gastón Ureta en 1967. Tras su salida, quedó a cargo de la Juventud en 1969 un escogido de Jarpa, Hugo Ortiz de Filippi, quien –en todo caso– tuvo escaso protagonismo, ya que la Juventud no fue integrada realmente a las cúpulas directivas y las decisiones políticas. En medio de la elección presidencial del año siguiente, la Juventud Nacional estaba dirigida por Álvaro Arriagada, quien igualmente no adquirió mayor presencia, salvo la participación en el programa de la Nueva República. Con la derrota de Jorge Alessandri, la Juventud Nacional quedó prácticamente desmantelada. No obstante, en medio de la lucha política entablada contra la Unidad Popular, Jarpa retomó el discurso nacionalista decadentista y su diagnóstico de un país atrapado por la “inercia”, de la cual había que sustraerlo, pues “es necesario que haya idealismo y entrega, sobre todo en la juventud, que debe ser la forjadora de la revolución nacionalista que nuestro país necesita”468. Así como el estilo más combativo había logrado capturar a sectores tradicionales de la derecha dentro del partido –inclusive en un ámbito tan convencional como el poder parlamentario–, la urgencia de acrecentar la influencia de los nacionales, permitió que esta demanda jarpista encontrara por fin eco y la Juventud comenzara a ser reorganizada desde mediados de 1971, aún bajo la batuta de Arriagada. Esto, como explicaremos más adelante, se relacionó igualmente con la muerte del agricultor Rolando Matus en abril de ese año, coadyuvando a la politización de sectores juveniles y las líneas más confrontacionales. La conjunción de estos tres factores favoreció la aparición por primera vez en el Partido Nacional de una Juventud, plenamente integrada a su alma mater. La gran dificultad de fines de los años sesenta había sido el distinto origen ideológico y de estilo entre el Presidente del partido –Jarpa– y el líder juvenil, cuestión que en la coyuntura que estamos analizando fue superada, toda vez que los jóvenes que nutrieron las filas de los nacionales absorbieron el discurso anti-internacionalista levantado por Jarpa y Arnello, definiéndose como nacionalistas en oposición a sus enemigos. Esto significó que dicho lenguaje fue común a toda la militancia y los simpatizantes, aunque él no aludiera a un mismo contenido, aspecto que fue oscurecido por la lucha política. Ser nacionalista, en general, significaba rechazar la penetración foránea y defender la chilenidad. Este “consenso” en torno al nacionalismo fue a la par del que se produjo en relación al estilo, ya que los jóvenes –llenos de vitalidad y ansiosos de emociones fuertes– fueron quienes mejor asumieron el carácter combativo que Jarpa y sus seguidores habían estado demandando de la política chilena, en general, y de la derecha, en particular. No debe olvidarse que el nacionalismo del siglo XX tuvo

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Tribuna, 24 de mayo de 1971, p. 6.

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como una de sus principales banderas el rechazo al verbalismo y la negociación que caracterizaba a la política liberal, abogando por el despertar de las energías nacionales. El contexto creado por la lucha política posibilitó la concreción de esa aspiración y el surgimiento de un segmento derechista juvenil, identificado con el Partido Nacional, con tales rasgos. Ejemplo de esa nueva disposición fue la reacción de su Juventud en Concepción –idéntica a la del partido- frente a la muerte de Pérez Zujovic, evento del que culpó al gobierno que toleraba la “ola de terrorismo que azotaba al país”. Más aún, la vicepresidenta de la Juventud, Mónica Risopatrón, un mes más tarde afirmaba categóricamente “el caso es que vamos a darle la pelea a los marxistas en el terreno que quieran... el 31 del presente y el 1º de agosto vamos a realizar un Consejo de la Juventud y allí analizaremos la forma de luchar, incluso poniendo la lucha política por encima de cualquier otra consideración estudiantil, familiar o de trabajo”469. En otras palabras, la actitud confrontacional unificó al partido, haciendo posible una integración en la acción en todos sus niveles, dándole presencia por vez primera en ámbitos en los que hasta entonces había sido casi inexistente. En efecto, desde agosto de 1971 en distintos consejos de ese estamento se decidió reformar sus estatutos para hacerlos más flexibles, de modo que permitieran un poder de decisión más amplio para las provincias, como también la formación de grupos secundarios, y la organización de campañas en el ámbito universitario. En ese sentido, ya para comienzos de 1972 –bajo la presidencia de Juan Luis Ossa– la Juventud Nacional fue definida como una vanguardia dentro del partido, que se ha ganado la autonomía que merece, gracias a su conducta dinámica en las luchas electorales y en la preparación del programa de la Nueva República... En esta hora de enfrentamientos definitivos, los jóvenes libres de Chile... les decimos a los [pocos chilenos que tratan de esconder su cobardía] que en la hora de definiciones, los marxistas no distinguen los que fueron y los que no fueron políticos... por eso tenemos que convencernos de que esta es una lucha de todos y para todos, en la que los indecisos perderán sus bienes, sus derechos y quizás sus vidas... No nos engañemos: la política es hoy día una actividad fundamental que está en todos los sectores y en todos los niveles de la vida nacional. Así lo entienden los marxistas, que actúan políticamente en el liceo, el colegio y la universidad, en el centro de madres y las juntas de vecinos, en el gremio y el sindicato. Estas son nuestras trincheras y ahí debemos defender los derechos que nos corresponden a nosotros mismos y a nuestras familias... nuestro enemigo no es un hombre ni un país extranjero, sino una doctrina internacional fanática y sectaria470.

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Tribuna, 10 de junio de 1971, p. 6 y la segunda cita 22 de julio de 1971, p. 7. El énfasis es nuestro. Tribuna, 22 y 29 de julio de 1971, pp. 7 y 6; 24 de agosto de 1971, p. 6; la cita de Ossa, 5 de febrero de 1972, p. 6. El énfasis es nuestro. La Juventud quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Juan Luis Ossa; 1er. Vicepresidente, Juan Enrique Vargas; 2º, Gerónimo Ortúzar; 3º, Jaime Lepe y Secretario General, Carlos Larraín.

Esta definición del papel de la Juventud fue implementada lenta, pero tenazmente, buscando penetrar en uno de los reductos del enemigo: el mundo estudiantil. Esto significó crear una Juventud Nacional Universitaria, la que tendría presencia, principalmente, en la Universidad de Chile y en la Técnica del Estado, pues la Católica estaba controlada por los gremialistas. Así, en el caso de la Universidad de Chile los nacionales presentaron candidatos al Consejo Superior Universitario –donde el alumnado tenía una representación del 25%–, bajo la consigna de buscar una universidad libre, pluralista, democrática y no comprometida con ningún partido y su comité central. Asimismo, Gerardo Monckeberg fue elegido como abanderado de la Juventud Nacional para la presidencia de la FECH de ese año, con el proyecto de hacer cambios profundos en la entidad, llamando a una participación generalizada y asegurando que “la abstención es cómplice del marxismo” . Aunque originalmente se buscó llevar un candidato único con la Democracia Cristiana para evitar el triunfo del militante comunista Alejandro Rojas, no fue posible por cuestiones ideológicas, toda vez que la exigencia del partido de centro era la denuncia y el rechazo por parte de los jóvenes nacionales de la opción violentista de “Patria y Libertad” y ciertas declaraciones similares del diputado Arnello, lo cual fue rechazado por Monckeberg y su agrupación. Asimismo, los nacionales –según sus afirmaciones, que no han podido ser confirmadas– habrían generado presencia en uno de los más duros núcleos de la izquierda, la Universidad Técnica del Estado, donde habrían aumentado su votación para la Federación de un 12,9% a un 18,6%, quedando en tercer lugar, mientras entre los académicos en el Frente Universitario –que reunía a los académicos del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana–, la oposición obtuvo el 46%. Presentaron, igualmente, candidato a la rectoría –Angel Bate–, quien si bien perdió frente a Enrique Kirberg, logró un 38,2% de los votos471. Pero, sin duda, donde el Partido Nacional alcanzó mayor notoriedad y protagonismo en los segmentos juveniles fue entre los secundarios, en la lucha por la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES). Históricamente esta Federación había sido más cercana a los sectores de izquierda, pero tenía una presencia pública bastante menor, no siendo una entidad de mayor interés para los partidos políticos, quienes más bien centraban su búsqueda de dirigentes en el medio universitario. No obstante, la FESES agrupaba 52 liceos de Santiago y representaba a sesenta mil estudiantes, dimensión que alteró la percepción respecto de ella, “convirtiéndose en un nuevo campo de batalla para los partidos políticos”472. La lucha contra la Unidad Popular incidió en la decisión democratacristiana de disputar a la izquierda la presidencia y

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Tribuna, 4 a 6 de julio de 1972, pp. 3, 14 y 8; Qué Pasa 6 de julio de 1972, p. 44. Qué Pasa, 7 de octubre de 1971, p. 11.

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el control de la Federación secundaria, levantando la candidatura del joven Guillermo Yungue bajo el discurso de que la FESES debía estar al servicio de los estudiantes y no de un gobierno, lo cual coincidió –como hemos explicado más arriba– con la determinación de la Juventud Nacional de extender su influencia a los alumnos de enseñanza media, lo que explica la aparición de los nacionales en dicha campaña. De esta forma, la elección de la Federación secundaria se “politizó”, pues todas las listas que se presentaron eran de ese carácter. Dado que la Juventud Nacional recién iniciaba su avance hacia esos grupos, en el año 1971 no llevó candidato propio, sino apoyó al de la Democracia Radical. Aunque la Democracia Cristiana y la Juventud Nacional criticaban la politización provocada por la izquierda en esa Federación, Alvaro Arriagada justificaba la participación juvenil en política, pues el derecho a voto otorgado a los mayores de 18 años y la reforma educacional que había bajado a educación básica los ex cursos de 1º y 2º. Humanidades, incidía en que los estudiantes tuvieran una mayor madurez, no “haciéndole asco a la politización”, según constataba la revista que acabamos de citar. Esta determinación de la Juventud Nacional y la opción por zambullir a los jóvenes en la política rendiría sus frutos al año siguiente con una Juventud más consolidada, emergiendo el liderazgo de Andrés Allamand. Andrés Allamand era un estudiante del colegio Saint George, de 17 años, hijo de profesionales, quien ingresó a las lides políticas, según su propia declaración, a raíz del triunfo de Allende en septiembre de 1970, cuando conversando con su padre había comprendido que “tenía un papel que cumplir, una lucha que dar. Busqué la mejor alternativa, miré y elegí... hoy estoy más convencido que ayer... A Chile lo salvamos todos sin excepción”473. Como producto del trabajo que podía desarrollar para captar estudiantes secundarios, el partido consideró conveniente que estuviera en un colegio menos elitista, razón por la cual ingresó al Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Providencia, pero liceo fiscal. Allamand fue levantado como candidato para la elección de la FESES de fines de 1972, en una contienda electoral emblemática, dados los niveles de politización del estudiantado para la fecha, frente a contendores de igual proyección política, como Camilo Escalona, por los socialistas, y Miguel Salazar, por los democratacristianos. Lo importante de la candidatura Allamand fue que por primera vez la derecha y el Partido Nacional llevaban un candidato propio, intentando abrirse espacio en sectores medios juveniles y compitiendo con el partido de centro, con total respaldo de la cúpula partidaria. La proclamación de Allamand como candidato a la Federación fue realizada en la sede del partido, para lo cual se hizo un acto formal con la presencia de su presidente, Sergio Onofre Jarpa, y del diputado, entonces candidato a senador, Sergio Diez. A ello se agregó un gran acto en el teatro Normandie, donde

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Qué Pasa, 2 de abril de 1973, p. 18-19.

este último señaló que su partido “está dando alas a la juventud... Dicen que cada generación escribe su propia historia. Nosotros sentimos que esta bandera de Chile va a pasar a manos mejores, a las de nuestra juventud”474. Estas palabras demostraban que a pesar de que el partido estaba firme en las manos de sus directivos, se había afianzado un ala juvenil para el combate, en consonancia con sus dirigentes. Esta sintonía se expresó en el estilo de Allamand, profundamente compenetrado con el jarpismo, lo cual se hizo manifiesto en el lenguaje utilizado por él, como en los conceptos políticos. Durante la manifestación en el teatro mencionado, el joven afirmó: “Nosotros, los nacionales, con el valioso apoyo de la Democracia Radical, por nuestra propia cuenta vamos a sacar a patadas a estos incapaces que se han entronizado en el poder. Esta etapa del verdadero Chile nuevo ha comenzado con el triunfo de los gremios en el paro reciente, continuará con la salida de estos incapaces que están accidentalmente en el gobierno y continuará con la conversión de Chile en una auténtica potencia del Pacífico”475. Las palabras del joven estudiante tenían los mismos contenidos de los discursos de Jarpa y el ala nacionalista, aunque para estas fechas ya era común en toda la colectividad, pero especialmente su tono confrontacional, cruzado por el odio y el deseo de acción. El nacionalismo siempre reivindicó el imperio de las emociones para la política, en desmedro de la negociación. El lenguaje nacionalista se caracterizaba por su dureza y descalificación, propio de un combate. Aunque Allamand afirmaba que debía “pensarse con la cabeza”, sus discursos y el tipo de liderazgo que desarrolló seguían las líneas impresas por Jarpa. Ejemplo de ello fue la respuesta del dirigente nacional de los secundarios frente a un ataque del que supuestamente fue objeto Jarpa en la Universidad Técnica del Estado, ocasión en la que amenazó con “no nos vamos a quedar en declaraciones ni inserciones en los diarios. Vamos a volver a la UTE para responder a la violencia con la violencia”. Igualmente, cuando se burló del Presidente de la República con palabras como “le deseo Sr. Allende que su avión se dé vuelta en el aire... y vuelva a Rusia. Allí a lo mejor lo necesitan a Ud. porque aquí en Chile ¡no!”476. A su entender, la lista que él encabezaba representaba a los jóvenes que hasta entonces no habían tenido organización y carecían de dirigentes, representando una “posición de firmeza y claridad” –mismo lenguaje de Jarpa–, carente de ambigüedades. “No transigimos con el falso gobierno del pueblo. Estamos firmes en contra del marxismo y de un gobierno totalitario”, palabras coincidentes con el slogan de los nacionales de ser ¡un partido firme! Agregaba Allamand en esa oportunidad, 474 475

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Tribuna, 6 y 8 de noviembre de 1972, pp.8 y 10. Tribuna, 8 de noviembre de 1972, p.10. Se refiere al paro del transporte y otros gremios en octubre de ese año. Tribuna, 10 y 27 de noviembre de 1972, pp. 12 y 15. La frase de Allamand era parte de una consigna opositora ofensiva a Allende: “Date una vuelta en el aire, Chicho...”.

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que interpretaban a todos aquellos que rechazaban las consignas extranjeras, pues eran una juventud “nacionalista a todo nivel. Ello significa buscar soluciones chilenas para problemas chilenos... nosotros los nacionales sabemos cuál es nuestra misión: evitar que Chile se transforme en una tiranía y hacer que se transforme en un país grande, en una potencia477”. Aunque es probable que este discurso lo haya redactado el propio Jarpa o Arnello, pues la semejanza es excesiva, lo claro es que Allamand en tanto representante de un importante segmento estudiantil nacional y cabecilla suya en el partido, actuaba en consonancia con sus más altas autoridades, en el plano doctrinario y de estilo. A pesar de que el joven dirigente no logró ganar la elección, obteniendo el tercer lugar, pudo quebrar la ausencia de la derecha en esos medios sociales y generacionales, ofreciendo un hálito de esperanza a quienes no se sentían interpretados por el centro y la izquierda... ni por el gremialismo de la Universidad Católica. El trabajo del Partido Nacional en medios estudiantiles rindió sus frutos, pues en el caso de los secundarios creció de un 7% a un 18%; en la Universidad de Chile, del 18% al 24% y en la Universidad Técnica del Estado de 0% a un 21%, supuestamente, según cifras entregadas por Juan Luis Ossa. Allamand, apoyado por su partido, realizó una verdadera campaña electoral, articulando un discurso no solo combativo, sino también exitista, dejando atrás el derrotismo de la vieja derecha. Por último, la Juventud Nacional hizo uno de los aportes más importantes al estilo que caracterizó a los nacionales en su lucha contra la Unidad Popular, como fue la “resistencia civil”. Casi coincidiendo con el paro de octubre de 1972, los dirigentes de la Juventud, Ossa, Arriagada y Héctor Riesle, lanzaron la consigna de la resistencia civil contra el gobierno y su conglomerado, como última alternativa para derrotarlo por la vía civil. En los inicios de la campaña por las parlamentarias de marzo de 1973, la Juventud anunció “la resistencia civil va...!”, lo que en palabras de Ossa significaba una estrategia para disuadir a la Unidad Popular, ya que ellos no deseaban “una democracia débil e impotente, sino una democracia fuerte que enfrente a la Unidad Popular con hechos y actitudes. Ha terminado la etapa de los discursos, las declaraciones y las asambleas... la resistencia civil se encauzará dentro de la Constitución, pero utilizando todas las armas que dan la moral y el derecho”. Es decir, una militancia de acción, más que de negociación, llamando a hacer realidad la construcción de “trincheras”. Tal actitud decidida es probable haya incidido en su reelección como cabeza de la Juventud a fines de ese año y la confirmación de la resistencia civil como la más firme oposición. Según Ossa, la experiencia había demostrado que a la Unidad Popular no

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Tribuna, 15 de noviembre de 1972, p. 7. Véase también Alerta (revista de la Juventud Nacional), No.1, septiembre 1972, pp. 7-8.

podía convencérsela con palabras –de ahí la idea de democracia impotente-, pues a ella sólo la convencían los hechos consumados, por lo cual era un imperativo crear una democracia fuerte, capaz de preservarse a sí misma frente al marxismo, que “enseñe a los chilenos a oponer una actitud de permanente resistencia frente a la prepotencia del gobierno”. En concreto la resistencia civil significaba usar todos los métodos a su alcance, como los legales de apelar a la Contraloría, por ejemplo, pero especialmente “los paros, huelgas, protestas masivas, tomas y retomas... la variedad de ellos es infinita, pues no se inventan a nivel de directivas, sino que surgen espontáneamente en las bases, cuando ellas son heridas por la agresión marxista”478. En suma, la aparición de una verdadera Juventud en el partido de la derecha, les permitió a los nacionales combinar el combate institucional con el combate callejero y la disputa por amplios sectores sociales. Aunque su éxito fue relativo, comparado con el que en la misma época estaba obteniendo el Movimiento Gremial de Guzmán, logró provocar una inicial renovación generacional y un estilo activo, alejado de los viejos representantes de la oligarquía. Quien, sin duda, encarnó mejor que nadie ese estilo en la Juventud Nacional fue el Comando Rolando Matus. Nacido como respuesta a la muerte del agricultor del mismo nombre en abril de 1971, el Comando hizo su aparición a fines de ese año, con el propósito declarado por el partido de desarrollar activismo político, protección partidista, propaganda callejera, “recolección de información política”, y vigilancia de locales partidarios. A pesar de que negaban la propiedad de armas y tener carácter de esa naturaleza, al igual que “Patria y Libertad” reconocían que sus integrantes recibían preparación en defensa. El Comando estaba integrado por jóvenes entre 16 y 25 años, debiendo demostrar una “probada condición democrática y libertaria, la que es investigada acuciosamente en cada caso”. Según su información, el Comando tenía existencia nacional y una estructura descentralizada para alcanzar mayor eficiencia, contando con jerarquías a cuyas instrucciones sus miembros debían sujetarse479. El Comando Rolando Matus era el grupo de choque del Partido Nacional, siendo un claro referente en la resistencia civil, especialmente en las zonas agrarias del sur, donde protagonizaron numerosos enfrentamientos con organizaciones izquierdistas, para impedir la reforma agraria y las tomas de terrenos. En suma, la derecha que alcanzó cuerpo en el Partido Nacional durante la Unidad Popular era una derecha combativa, que privilegiaba la acción, estilo que originalmente caracterizaba al ala nacionalista, pero que logró capturar al conjunto de la colectividad.

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Tribuna 28 de septiembre de 1972, p. 8; 27 y 31 de noviembre de 1972, pp. 9 y 15; Qué Pasa, 24 de mayo de 1973, pp. 14-15. Alerta No. 2, octubre de 1972, pp. 12-14.

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En ese sentido, efectivamente fue un partido por el “No”, pues todos los aspectos del estilo que hemos revisado apuntaban al rechazo a la Unidad Popular en el poder, ya fuera convirtiendo al Parlamento en una trinchera, o los segmentos estudiantiles, o creando un clima que sedujera a la población hacia una alternativa de ruptura democrática. Los sectores históricos dentro del partido, si bien de preferencia siguieron actuando en el terreno que les era familiar –la lucha institucional, con los rasgos que hemos anotado–, participaron del nuevo lenguaje, del uso de los medios de comunicación y de la validación de las nuevas tácticas. Ello permite afirmar que el Partido Nacional en su conjunto era, desde la óptica del estilo, una derecha en guerra. ¿Se agotaba allí su existencia?

2. La hora de la verdad : la ofensiva jarpista Este consenso en torno al carácter combativo –“ariete”– del Partido Nacional que han resaltado todos los estudios existentes, desde nuestro punto de vista, ha tendido a confundir el “estilo” de un partido con su contenido doctrinario. Como hemos explicitado, la combatividad de los nacionales los ha convertido, en la mayoría de los casos, en una colectividad carente de proyecto. No obstante, creemos que esto ocurre porque no se ha percibido que el “estilo” trasunta un problema político-doctrinario, esto es, el proyecto del partido o de una de sus tendencias. Desde un principio el Partido Nacional se definió como un “partido de acción”, aspiración que no logró hacerse realidad hasta 1970, toda vez que no existía consenso interno respecto del estilo ni del proyecto. Como vimos, la derecha oligárquica-histórica se concentró de preferencia en las formas tradicionales de lucha –tanto en el gobierno de Frei como en el de Allende– aunque fuera seducida por una tónica más intransigente, mientras fueron más bien el ala nacionalista y la Juventud las que le imprimieron el sello combativo con el que se asocia al Partido Nacional. El nacionalismo tenía una forma de entender la política distinta a los partidos tradicionales, lo cual se relacionaba con el estilo, de “acción”, pero que traducía un problema doctrinario: el rechazo a las formas liberales de hacer política, esto es, los partidos, el Parlamento, la negociación. Los movimientos nacionalistas eran proclives a un estilo político activo que transcurría más en la calle y en cada cuerpo social, pues tenía una concepción orgánica de la sociedad y de la política. Se pretendía la participación directa de la población, no mediada por los partidos, caracterizada por su firmeza, lo que ellos llamaban un estilo “viril”. De ahí que el “estilo” es una cuestión de doctrina. Los nacionalistas valorizaban las emociones en la política, más que los debates racionalistas, lo cual suponía una forma de entender y hacer política incorporando a los distintos actores sociales, aunque desde una óptica autoritaria, ya que las decisiones claves serían tomadas por la autoridad, mientras la participación se realizaría a nivel local,

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en las juntas de vecinos, centro de madres, en las fábricas, etc. Dicha participación sería en pos de un proyecto común, de orientación nacionalista, que supuestamente superaría los conflictos sociales para ir tras la grandeza nacional480. Como es sabido, esta propuesta de una sociedad armónica, sin conflicto, de inspiración corporativa, no logró total arraigo dentro del partido, aunque el programa de la Nueva República reflejó consensos significativos. La Unidad Popular ofreció la oportunidad al ala nacionalista de intentar imponer su perspectiva proyectual a través de la lucha política. El consenso que logró el estilo combativo y des-institucionalizador en los distintos niveles fue el instrumento de Jarpa y sus seguidores para filtrar su propuesta nacionalista. ¿Cómo luchar eficientemente contra la Unidad Popular? ¿Desde el Congreso? Sí, y hemos visto la fuerza que ello tuvo. No obstante, también se ha podido apreciar desde un principio que tal herramienta “liberal” parecía a los directivos del partido insuficiente, pues era incapaz de atraer e involucrar a una masa significativa de la población en el conflicto contra el gobierno socialista. Radicar la lucha sólo en los salones del Congreso significaba mantener la indiferencia, la pasividad de la gran mayoría, como “solía suceder” en el orden liberal. Por eso era necesario ampliar la lucha a otros espacios, distintos a los que convencionalmente se movían los nacionales, atrayendo a sectores sociales diversos, como por ejemplo a las capas medias (que era un objetivo expreso del partido desde sus orígenes), lo cual significaba entrar a los ambientes estudiantiles y profesionales. Implicaba también penetrar el mundo popular, es decir, hacer realidad el discurso laboral de los nacionalistas. En concreto, ampliar la lid política más allá del Congreso, para transformarla en una guerra –llena de pasión y movimiento– implicaba cambiar el carácter del partido, atenuando su naturaleza liberal, para darle una nacionalista, de inspiración corporativa. Eso fue lo que Jarpa y Arnello trataron de hacer, logrando implícitamente el abandono del ideario liberal original y su reemplazo por aquel en torno al cual nunca se había logrado total consenso. Fue la hora de la verdad, pues fueron los últimos minutos que tuvo el ala histórica para tratar de mantener vivo el pensamiento de raíz ilustrada de la antigua derecha frente a la gran arremetida del corporativismo nacionalista. La negativa a aceptar el gobierno de Allende que imbuía a todas las tendencias dentro del partido fue el canal por donde comenzaría a filtrarse el proyecto nacionalista. Ello hizo posible que se redefiniera al partido. En efecto, desde los inicios del gobierno de Allende, el Partido Nacional pasó a definirse como un partido “firme”, slogan que usaron profusamente durante la campaña de la elección municipal de 1971 y todo

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Sobre los movimientos nacionalistas, consúltense mis trabajos “El nacionalismo en los años del Frente Popular”, “Nacionalismo e Ibañismo” y “Camino al golpe”.

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ese primer año, cuando su propaganda insistía en “Póngase Firme junto a un Partido Firme… Estamos en todo el país en la primera línea de la lucha democrática, dando la batalla por defender su libertad, su trabajo y su familia”481. Esta consigna tenía una serie de implicancias, toda vez que ella reflejaba, en primer lugar, “acción”, la decisión de actuar asertivamente, distinto a como se percibía la lucha en el Congreso, donde todo parecía ser verbalismo. Como daban a entender los afiches, la batalla transcurría en todas partes y eso suponía un partido distinto. Ya no se trataba solamente de que los nacionales se consideraran un mero “representante” de sectores ciudadanos, sino llamaban a la “acción”, una batalla que debía involucrar a amplios sectores sociales. Esta disposición, que recaía de preferencia en los núcleos nacionalistas, estaba también presente –como se ha apreciado en la anterior sección– en exponentes del ala histórica, quienes compartieron el diagnóstico acerca de la limitación de las formas políticas convencionales. Ello explica que se presionara a la población con la responsabilidad que le cabía frente a la situación que el país vivía, reiterándole que la libertad era un derecho que se ganaba y no un mero regalo, por lo cual debía involucrarse en el proceso y no esperar pasivamente que las cúpulas políticas lo resolvieran. En emblemáticos afiches, se preguntaba al público: “LIBERTAD ¿Qué ha hecho usted para sostener SU libertad? Contrariamente a lo que muchos piensan, la LIBERTAD NO ES UN DON DE LA NATURALEZA: LA LIBERTAD ES UN DERECHO QUE, después de conquistado, HAY QUE DEFENDER SIEMPRE”; de lo contrario “Su indolencia puede matar a Chile”482. Estos llamados correspondían a un lenguaje nacionalista acerca del “despertar” de la nación, porque no habiendo peligro ella dormía y despertaba cuando esa realidad cambiaba. La exigencia de actuar era un intento de revertir la parsimonia política de la sociedad, para hacer de aquella algo vivo. De allí que el presidente del partido, como sus seguidores más cercanos y la Juventud estuvieran permantemente participando en las marchas contra la Unidad Popular, en “defensa de la libertad” y de los distintos gremios que adscribieron a la oposición. La ocupación de la calle era fundamental para dar vitalidad a la lucha, de modo que frente a la pregunta de si tenían alguna utilidad las marchas, el partido respondía que ellas permitían contestar las provocaciones “de los marxistas” y marchar “por el futuro”. De esta manera, el Partido Nacional incentivó una forma de hacer política no convencional en la derecha, una política movilizadora y combativa que llamaba a la organización sectorial, por barrio o actividad. En ese sentido, los nacionales fueron parte activa de la particularidad histórica de la experiencia de la Unidad Popular, en tanto participación

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Tribuna, 12 de abril y 30 de septiembre de 1971, pp. 6 y 10, respectivamente. Tribuna, 22 de mayo y 11 de octubre de 1972, pp. 8 y 6, respectivamente.

amplia y callejera, lo cual no fue un resultado sólo del accionar de la izquierda, sino también de la derecha. Esto hace coherente que la propaganda usada por Jarpa y el partido para la elecciones parlamentarias de 1973, se hiciera en torno a la idea de una sociedad movilizada en la derrota del marxismo, pues como señalaba un afiche “Los cambios de los comunistas han destruido Chile, pero los chilenos han hecho otros cambios. HAN CAMBIADO EL MIEDO POR EL CORAJE; LA INDIFERENCIA POR EL SACRIFICIO; EL DERROTISMO POR EL ESPÍRITU DE LUCHA”. Por eso su llamado era: “Deje de lamentarse por la dictadura comunista. ¡Actúe contra ella!”483. Coraje, sacrificio,espíritu de lucha: todos ellos eran atributos exaltados por los movimientos nacionalistas chilenos del siglo XX. El consenso que este cambio alcanzó al interior del partido fue amplio, involucrando a exponentes de todas las tendencias y permitiendo que la colectividad desarrollara una “fisonomía inconfundible”. Y, aunque algunos se seguían definiendo como “intrínseco liberal”, para 1972 se declaraban, igualmente, militante disciplinado del Partido Nacional , a pesar de que “reconozco que me he tragado muchas”484. En suma, tanto liberales como nacionalistas se encuadraron detrás de las redefiniciones políticas adoptadas por la Mesa Directiva y su Comisión Política, asumiendo este nuevo carácter de “acción” . Si redefinir a la colectividad fue un requisito de la lucha, ello debía ir acompañado asimismo de un cambio en la estructura del partido, aspecto en el que más claramente puede percibirse la infiltración nacionalista. Durante el Ampliado de Viña del Mar que celebró el partido en el otoño de 1971, se concluyó que el principal esfuerzo debía estar en lograr dar la imagen de lo que el partido era realmente, como lo había demostrado la campaña de regidores, cuando habían conseguido llegar a otros núcleos sociales que los “valorizaron” de forma inusual. Tal conclusión “nos obliga a revisar nuestra organización y fijarnos como tarea inmediata llegar a todas partes, a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores. En una palabra, sacar del enclaustramiento al partido y llevarlo a todos los sectores”485. Esto significaba integrar efectivamente al “hombre de trabajo”, es decir, abrir espacio y participación a los gremios y a la Juventud en las cúpulas del partido, en su Mesa Directiva, en su Comisión Política y modificar la estructura territorial. Esto ya estaba presente en los Estatutos del Partido Nacional en 1966, pero no logró hacerse realidad, debido a las tensiones internas entre las líneas más liberales y los nacionalistas. Hemos visto los conflictos con la primera Juventud, liderada por Gastón Ureta, como el retiro de exponentes gremiales por la falta de participación. De este modo, cuando planteamos que redefinir el partido y alterar su

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Tribuna, 2 de febrero de 1973, p. 4. Patricio Phillips, Qué Pasa, 17 de agosto de 1972, p. 20. Tribuna, 26 de abril de 1971, p. 5.

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organización y estructura interna no hacía solamente referencia al problema del estilo del partido, sino que ello significaba una transformación doctrinaria, nos referimos a que implicaba darle una expresión corporativa a la organización y atenuar su naturaleza liberal. Este acuerdo de Viña del Mar fue reconfirmado pocos días después en la reunión de regidores realizada en Panimávida, ocasión en la que se acordó hacer crecer el partido, lo cual requería reformas internas que le permitieran “ser el cauce adecuado para conducir a la oposición democrática chilena”, esto es, “crear organizaciones pro nacionales, pero con autonomía de profesionales y técnicos, trabajadores, pobladores, universitarios, mujeres, etc.”. Para lograr esto, era preciso modificar la “imagen” de los nacionales, alejándola de la clase alta para “mostrar la nueva cara de la colectividad, esencialmente representativa de la clase media chilena y de los sectores de empleados y obreros”486. Como puede apreciarse, tempranamente el ala nacionalista comenzó a presionar, aparentemente, por una cuestión de funcionamiento para alcanzar mayores éxitos en la lucha contra la Unidad Popular, pero en el fondo para imponer planteamientos que no habían podido imponerse por falta de acuerdo. Es cierto que desde un comienzo los nacionales se plantearon la necesidad de abrir a la derecha a nuevos núcleos sociales, pero ello respondía –como explicamos en el capítulo II– a la necesidad de ampliar sus bases electorales, pues los sectores altos eran minoritarios y en un contexto de gran competitividad político-electoral, era urgente disputar nuevas bases. La apelación a la clase media no tenía necesariamente una lectura nacionalista, aunque sus representantes en el partido así lo entendieran. Esta propuesta originaria se reflejó en la redefinición de la clase media, la cual dejó de ser vista como burocrática, para ser entendida como los “hombres de trabajo”. Tal cuestión no tuvo mayor impacto, pues la votación obtenida en 1969 representaba más bien la recuperación de la última votación derechista oligárquica, la que se mantuvo en las municipales de 1971, oportunidad en la que el Partido Nacional obtuvo un 18,9%. Es posible que haya sido esta misma realidad la que influyera en la decisión de trabajar más activamente por una ampliación de la base electoral, para lo cual era necesario cambiar “la cara” del partido, o sea su organización y de paso filtrar aspiraciones nacionalistas. Ellas comenzaron a implementarse desde el Consejo General Ampliado de Osorno, el cual tuvo como propósitos fundamentales el revisar la línea política y modificar los estatutos del partido. En esa ocasión, Jarpa propondría dichos cambios para llevar a la práctica los acuerdos de Viña y Panimávida, esto es “darle representatividad a los regidores en el Consejo General y una cuota representativa a los parlamentarios, permitir la formación de organismos paralelos a las asambleas u organismos estatutarios

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Tribuna, 11 de mayo de 1971, p. 5.

con el fin de agrupar a los independientes y simpatizantes de la colectividad”. Con ello se buscaba dar flexiblidad a los organismos del partido “para que amplíe su acción a niveles gremiales, poblacionales, medios técnicos y profesionales, de mujeres y de jóvenes... El partido propicia buscar el respaldo a nivel de bases, de los sectores de clase media y de trabajadores independientes para dar la lucha con el rostro que él verdaderamente tiene y que no ha sido debidamente mostrado”487. Esta proposición fue explicada latamente por Jarpa, siendo –a su juicio– el momento oportuno de reestructurarlo para dar una adecuada batalla como oposición, lo que en concreto significaba concentrar la estructura del Partido Nacional en cinco puntos: Organización y Finanzas, a cargo de las principales autoridades del partido y sus técnicos, a fin de otorgarle una orientación dinámica y moderna. La División de Estudios, subdividida en las áreas de política, Constitución y legislación; economía del desarrollo; relaciones internacionales; educación, defensa y seguridad nacional; trabajo, previsión social y salud pública. Extensión, destinada a difundir las ideas del partido y captar adeptos, cuya finalidad sería “sumirse en las poblaciones, en los lugares de trabajo y en todos los sitios donde haya concentración de masas”. Esta división contaría con una escuela de formación ideológica, realizando cursos acerca de la realidad nacional y se capacitaría a los militantes para actuar en los ámbitos privado y público. Actividades, encargada de organizar y coordinar todas las acciones paralelas que tendieran a unir al partido e integrar a los grupos que estaban funcionando en forma aislada, concentrando su trabajo en las poblaciones. “Se harán seminarios y se dictarán conferencias”, señalaba Jarpa, “se dedicará gran importancia a los gremios y se pedirá a profesionales y técnicos que hagan su aporte. Los sectores de la producción y del comercio tendrán también en esta división un papel como grupo organizado”. Finalmente, la división Electoral a cuya responsabilidad estarían todas las elecciones “de cualquier orden y a todo nivel”. Esta reestructuración pretendía asignar tareas específicas a cada militante y que cada recién llegado supiera a qué división se integraba488. Como es evidente, el partido de la derecha dejaría de ser el reducto de una clase minoritaria y privilegiada para abrirse a otros segmentos sociales, lo cual coincidía con el espíritu sindicalista del nacionalismo y su mirada hacia la “nueva” clase media de profesionales y técnicos. Por fin sería posible la apuesta corporativa, para llevar los gremios al poder. De la reestructuración también es posible deducir que los nacionales se encaminaban a convertirse en un partido ideológico, encuadrando a sus militantes y dándole un perfil ideológico claro y único.

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Tribuna, 5 de junio de 1971, p. 7. Tribuna, 7 de junio de 1971, p. 7.

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Para 1972, estos acuerdos se habían puesto en vigencia y el Partido Nacional ya tenía una organización territorial y funcional, las cuales dependían del Consejo General. La célula base de la organización territorial era el centro vecinal que dependía de uno comunal, el que a su vez dependía de un consejo provincial o zonal. En lo funcional, en cada uno de los niveles territoriales existían “Divisiones de Trabajo”, como Acción Gremial, Actividades Comunitarias, Organización, Publicidad, Finanzas, entre otros. Todo militante al ingresar a un organismo territorial, debía elegir también una División de Trabajo y actuar en ella. La Juventud, por su parte, constituía también una división, salvo en el caso de los universitarios, que tenían una división propia. No obstante, a nivel territorial había jóvenes que presidían Centros o Consejos, existiendo tres exponentes en la Comisión Política, de los cuales Juan Luis Ossa era el más destacado489. Los cambios señalados revelan dos cuestiones centrales: por un lado, explican la presencia de los nacionales –especialmente de jóvenes– en distintos ámbitos socioeconómicos y culturales, ofreciéndole un mayor protagonismo o al menos mayor visibilidad. Aunque tras la lucha contra la Unidad Popular existía un abanico muy amplio, con una fuerte disputa por la hegemonía, los nacionales lograron devolver a la derecha partidaria un lugar en la política nacional, lo cual dentro de todo fue un logro importante. La sentencia de mediados de los sesenta de que la derecha había muerto, era evidentemente errónea. Por otro lado, la nueva organización partidaria daba cuenta del avance logrado por el corporativismo dentro del partido y el retroceso del ala liberal. Los exponentes de la antigua derecha habían resistido el tono corporativo a lo largo de la corta vida del partido, manteniendo la autoridad, el poder y la autonomía de los parlamentarios –en especial de los senadores, aunque hasta marzo de 1973 también de los diputados–, la mayoría de ellos pertenecientes a los antiguos partidos Conservador y Liberal. El senador Francisco Bulnes y Fernando Ochagavía eran dos exponentes claros del anti-corporativismo, quienes, sin embargo, desde fines de 1972 parecen haber quedado en minoría, concentrándose el primero en su trabajo parlamentario y alejándose de la cotidianidad partidaria. El desplazamiento de militantes como Gustavo Alessandri, liberal, a los principios del corporativismo reflejan cómo el nacionalismo fue capaz de utilizar la lucha contra una Unidad Popular que avanzaba en el proceso de nacionalización para envolver al partido y alinearlo bajo su perspectiva, algo que en un contexto de normalidad no pudo hacer. ¿Cómo se justificó esto? En la necesidad de combatir en todos los frentes, pues se percibía que el poderío de la izquierda estaba en la base social y allí debía ser desafiada, razón por la que se incentivaba a cada nacional a hacer trabajo comunitario, toda vez que la batalla sería “junta por junta, centro por centro, manzana por manzana”. Ello,

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Qué Pasa, 14 de septiembre de1972, p.12.

confesaba Guillermo Chadwick –jefe de la División de Organizaciones Comunitarias del Partido Nacional– ha obligado a... renovar totalmente sus estructuras internas... pasando del sistema de asambleas comunales al de núcleos vecinales que comprenden hasta 40 manzanas... El partido o movimiento que logre penetrar en un mayor número de estas organizaciones alcanzará un canal de comunicación hacia y desde la base que... le permitirá a su vez influir en ella y movilizarla”490. Este imperativo de conquistar a las masas, determinaba la ofensiva ideológico-política de los nacionalistas a la cabeza de Jarpa, quienes presionaron al partido a ratificar una vez más la tendencia que había ido desarrollando el partido. Esto significó un adelantamiento de cuatro meses en 1973 para elegir a la nueva Mesa Directiva, pues aunque correspondía en octubre “Jarpa quiere que la línea política sea debatida a fondo y que en consecuencia, un eventual cambio de ella, por acuerdo mayoritario, pueda ir acompañado del correlativo cambio de directiva... Jarpa es partidario de una ‘mesa de juventud’, dirigida por el reputado economista Pablo Baraona, para realizar un trabajo de base, acercándose a los sectores juveniles, sindicales, vecinales, técnicos, universitarios, intelectuales, etc. Pero en el resto del partido habría temor a la posible inexperiencia de esta solución”491. En concreto, Jarpa fue reelegido por aclamación, planteando que era urgente detener los abusos y atropellos del gobierno, para lo cual propuso una estrategia para tiempos de anormalidad, consistente en otra reforma a los Estatutos del partido, la que sería preparada por una Comisión redactora. Ella implicaría la existencia de cuatro vicepresidencias a cargo de tareas específicas: política; territorial y de juntas de vecinos; gremios y sindicatos; universidades y juventud492. Es decir, corporativismo. Este éxito en materia organizativa fue a la par, como es evidente, de una ofensiva en el terreno doctrinario; era la hora de borrar los restos de liberalismo para dar paso a la revolución nacionalista, largamente esperada por Prat –fallecido a fines de 1971–, Jarpa y sus seguidores. En otras palabras, éstos se propusieron convertir al nacionalismo en el puntal doctrinario del partido. Este desafío tenía a su favor el hecho de que los partidos de la Unidad Popular se declaraban internacionalistas y hacían de la integración regional un aspecto clave de su comprensión de las relaciones internacionales y de la revolución. La izquierda chilena, especialmente los socialistas, tenían una concepción latinoamericanista de la nación, identificada con un nacionalismo continental, que rescataba la identidad nacional, pero refundida con su carácter latinoamericano. Esto marcaba una diferencia fundamental con el nacionalismo esencialista que caracteriza490 491

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Qué Pasa, 8 de marzo de 1973, pp. 11 y 12. Qué Pasa, 31 de mayo de 1973, p.15. Los “anti-jarpistas” eran Fernando Ochagavía, el diputado Agustín Acuña, los dirigentes Adolfo Ballas y Ladislao Errázuriz. Francisco Bulnes mantenía una línea independiente. Tribuna, 4 de junio de 1973, p. 7.

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ba el pensamiento de la derecha, mucho más proclive a enfatizar el “nosotros” frente al “ellos”. Tal distinción le permitía a la derecha acusar a la izquierda de “apátrida”, carente de sentido nacional, entregada a principios y valores foráneos. Esta fue una crítica histórica; sin embargo, en el contexto de la aguda lucha política anti socialista ella se transformó en uno de sus principales puntales para descalificar al gobierno y acusarlo de perseguir una dictadura comunista para entregar al país al imperialismo soviético. Dado que el antimarxismo cruzaba a todas las tendencias dentro del Partido Nacional y consensuaban en la visión apocalíptica del destino chileno con un gobierno de izquierda, el discurso nacionalista encontró el ambiente preciso en el cual caer. Lo que deseamos destacar es que, considerando estas condiciones, nadie en el partido rechazaría una definición nacionalista, aunque el contenido de la misma no fuera exactamente el mismo. Jarpa aprovechó la oportunidad histórica para imponer el proyecto que él representaba. Esta estrategia utilizó varios instrumentos. En primer lugar, recalcar que la derecha no rechazaba en sí misma la revolución –como la acusaba la izquierda–, siempre y cuando ésta fuera de corte nacional y no una dictadura comunista. La revolución debía ser entendida como un esfuerzo dinámico, constructivo y acelerado, una revolución científica y tecnológica, pues “si se trata de hacer en el país una revolución chilena que reafirme nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra tradición... una revolución que dé a todos los chilenos la oportunidad en la construcción de una Nueva República, de... una nueva etapa de expansión de la nacionalidad, nosotros estamos presentes y respaldaremos ese movimiento”. Tal concepción partía del imaginario respecto de la izquierda, lo cual explicaba el que “rechazamos el intento de destruir la nacionalidad, repudiamos a quienes pretenden borrar las imágenes de los héroes y estadistas que dan testimonio de un pasado de grandeza, que Chile debiera revivir, para sustituirlos por ídolos extranjeros”493. Las palabras de Jarpa reflejan el nacionalismo al que hacíamos alusión, pues la reiteración de la expresión “nuestra” da cuenta de esa mirada excluyente, como también comprende la soberanía fundamentalmente como una cuestión geográficoterritorial, al tiempo que valoriza el pasado y la tradición como ideal. Destaca, igualmente, el apego aún para estas fechas al programa de la Nueva República, último consenso alcanzado, donde el pensamiento nacionalista estaba constreñido aún por el liberalismo. Por ello, la definición de nacionalismo fue más bien general, capaz de incluir a las distintas “sensibilidades”, una revolución nacional con ideas y soluciones propias, con independencia y soberanía, como explicó Jarpa en un foro realizado en la UTE.

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Tribuna, 3 de abril y 31 de marzo de 1971, pp. 4 y 5, respectivamente.

Un primer éxito de esta embestida fue lograr que durante el Consejo General de Osorno el partido se definiera como “exponente y sostenedor del nacionalismo y como adversario tenaz y definitivo del marxismo y de todo intento de transformar a Chile en un Estado marxista que contradice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia”. Para concretar estos principios, se encomendó a la Comisón Política la tarea de precisar, definir y publicitar la concepción y doctrina nacionalista de los nacionales, pero mientras tanto se avanzaron criterios básicos, los que fueron explicados por Mario Arnello. Estos se referían al rechazo a la concepción marxista del hombre, la historia y el destino nacional, afirmando una humanista y nacionalista que valoraba tanto la jerarquía moral y espiritual, los derechos esenciales de la persona humana, tales como la libertad, su nacionalidad y su dignidad, como también aquellos que lo integraban y lo hacían parte de una unidad nacional, de un proceso cultural de raíz chilena. Se rescataba, igualmente, el que esta pertenencia hacía al hombre solidario de un interés común, obligándolo a tareas de igual índole y comprometido con el destino del país494. Si se compara esta definición con la contenida en los fundamentos y estatutos de 1966 es evidente el fortalecimiento que el nacionalismo había ido alcanzando, toda vez que, si bien estas concepciones eran parte de los fundamentos doctrinarios, ellos no constituían su columna vertebral. El hecho de que el Partido Nacional, en su conjunto, aceptara declararse eminentemente como exponente del nacionalismo reflejaba el retroceso de la impronta liberal, aunque es muy posible que ella no hubiera desaparecido del todo. En ese marco le fue posible a Jarpa retomar el discurso decadentista que había venido enfatizando desde 1969, esta vez en medio de un país sometido a una fuerte crisis política. “Somos hoy”, sostenía el Presidente del Partido Nacional, un país decadente pese a haber tenido la primera flota mercante, una estabilidad política reconocida en el mundo, pero el complejo de país chico original nos ha llevado a una decadencia que hoy todos advertimos”. Ello era producto de la ausencia de “objetivos nacionales”, tal como lo habría demostrado el gobierno de la Democracia Cristiana, centrado en los objetivos sociales495, mucho más de un gobierno marxista dominado por sus afanes totalitarios. La solución sólo provendría de una renovación total. Protagonista de primera fila en la lucha contra la Unidad Popular, Jarpa se encargaría de ir socavando los débiles pilares liberales que aún existían en el partido. Uno de ellos fue insistir en la tercera posición, ni capitalismo ni marxismo, como había empezado a hacerlo en tanto presidente del Partido Nacional en los inicios de la campaña presidencial. Chile, al entender nacionalista, no era un país capitalista,

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Tribuna, 8 de junio de 1971, p. 5. Tribuna, 24 de mayo de 1971, p. 6.

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toda vez que el Estado tenía una fuerte injerencia en el área económica y, más aún, era propietario de un sinnúmero de empresas, que para 1970 controlaba el 50% del crédito y bajo el gobierno socialista tenía facultades para expropiar industrias y propiedades agrícolas e imponer fijación de precios. Todo ello lo llevaba a concluir que en Chile no existía “capitalismo clásico, sino un sistema mixto planificado por el Estado”. Esto anulaba la crítica izquierdista, pero no implicaba la defensa de tal sistema, sino también la decisión de redefinirlo para discursivamente darlo por superado. En el Consejo en Osorno, al que nos hemos referido, Arnello sostuvo que así como el partido rechazaba el marxismo por su pretensión de someter al hombre a un Estado totalitario, debía rechazar de igual modo el capitalismo por su concepción equivocada y contraria a los derechos humanos, como también cualquier pretensión de definir al Partido Nacional como expresión del capitalismo internacional y defensor de sus intereses. El partido debía sostener “la preeminencia del hombre sobre los instrumentos que han de servirle, del trabajador –cualquiera sea su nivel o su especialización, o la parte en el proceso productor que realice– sobre los bienes o capitales necesarios y de sus intereses legítimos”496. Estas palabras traducían sentido antiimperialista, en tanto capitalismo mundial, como rechazo a la concepción clasista que reconocía burgueses y proletarios para abogar por una noción “amplia” de trabajador, permitiéndole sostener el sentido armónico y complementario de la empresa. Era un rechazo al marxismo y al individualismo liberal, egoísta, responsable de las tensiones sociales. Aunque a esas alturas nadie se declaraba un liberal individualista –teoría que se atribuía al siglo XIX, como hacía Bulnes–, la retórica anticapitalista de Arnello era una ofensiva sobre el partido y elementos proclives a ese sistema, como Pedro Ibáñez o Pablo Baraona, por ejemplo. Este avance nacionalista encontró su mejor expresión en el principal proyecto que los nacionales pretendieron oponer a la izquierda y a la Democracia Cristiana y que se relacionaba con su supuesta renuncia al capitalismo y su defensa de los intereses populares, como ya se apreciaba en la nueva organización del partido. Desde el punto de vista de la derecha, el principal engaño de “los marxistas” era la falsa promesa de la socialización de los medios de producción, pues en la realidad se trataba de estatización, en la cual los trabajadores o los campesinos no accedían verdaderamente a la propiedad. Por ello, frente al proyecto gubernamental de empresa social, el Partido Nacional opuso uno propio, titulado “Sobre participación popular y empresa integrada”, presentado a la Cámara en 1971, pero discutido un año más tarde. La justificación retomaba la tercera posición, en tanto la reforma de la empresa que se proponía buscaba una organización armónica, capaz de complementar a todos 496

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Tribuna, 14 y 28 de mayo de 1971, pp. 5 y 6; 8 de junio de 1971, p.5. Consúltese también Sergio Onofre Jarpa, “6 años vitales en la historia de Chile” (Stgo.: 1972).

los actores del proceso productivo. Se rechazaba la noción marxista, “burocrática y deshumanizada”, como la capitalista “clásica, en la que el capital y los trabajadores luchan uno contra otro, en desmedro de la producción y en perjuicio de los mismos trabajadores”. En oposición, presentaban la Empresa Integrada, caracterizada por la participación de los trabajadores en la gestión, las utilidades y la propiedad de la empresa. En concreto, el proyecto proponía: Art.1º.- Las empresas industriales, comerciales, mineras pesqueras u otras... deberán aplicar una cantidad no inferior al 15% de sus utilidades efectivas a la creación de un fondo destinado únicamente a ser capitalizado en la propia empresa. Art.2º.- ... las Sociedades Anónimas Comerciales destinarán el 15% de sus utilidades líquidas de cada año a la formación de un fondo que, una vez capitalizado deberá ser distribuido en acciones liberadas entre los trabajadores de la misma empresa a prorrata de las remuneraciones y de los días efectivamente trabajados... Para tal efecto, el término “trabajador” se entenderá referido indistintamente a ‘obreros’ y ‘empleados’. Art.3º.- Una vez formado el fondo a que se refiere el artículo segundo... el Directorio de la Sociedad deberá enterar este aumento y emitir y distribuir, entre los trabajadores de la empresa, las acciones liberadas representativas de la capitalización indicada, dentro del plazo de tres meses... Art.4º.- No obstante sus derechos como accionistas, los trabajadores de la Empresa elegirán dos Directores en aquellas Sociedades Anónimas cuyo directorio esté compuesto de cinco miembros, tres en los de siete, cuatro en los de nueve y cinco en los de once... Art.5.- Para ser elegido Director, en representación de los trabajadores, se requiere ser chileno, tener 21 años de edad, dos años de antigüedad en la empresa y no haber sido condenado ni estar procesado por delito que merezca pena aflictiva497. Como queda en evidencia, el proyecto de empresa integrada –que posteriormente dio lugar a la proposición de terminar con la propiedad agrícola colectiva y entregarla a los campesinos, igual a la Democracia Cristiana– representaba una modificación de la Nueva República en ese terreno, pues en ese documento lo que se establecía eran los Comités de Empresa que daban voz a los trabajadores, y la intervención estatal para resguardar la competencia y erradicar el monopolio, pero también se defendía esencialmente la idea de empresas privadas, aunque no de la explotación laboral, 497

Cámara de Diputados, “Proyecto de ley sobre participación popular y empresa integrada”, presentado por los diputados Gustavo Alessandri, Fernando Maturana, Mario Arnello, Patricio Phillips y Germán Riesco, julio de 1972. Esta fue una iniciativa que comenzó en mayo de 1971. Véase Tribuna, 31 de mayo de 1971, p. 6, 16 de julio de 1971, p.5; 5 de agosto de 1971, p. 4; 18 y 19 de oct. de 1971,pp. 6 y 4.

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sino su relación armónica. Lo presentado en este proyecto era claramente, de corte corporativo y, más aún, muy parecido a lo planteado por “Patria y Libertad” –incluso el mismo nombre–, la que también contemplaba la participación de los trabajadores en la gestión y en la propiedad. Eso significa que los grupos liberales fueron quedando relegados e, incluso, muchos de ellos asumieron el lenguaje y el tipo de declaraciones más características de los nacionalistas. Es sorprendente que los diputados que presentaron el proyecto fueran todos de extracción liberal, con la salvedad de Arnello. ¿Cómo pudo suceder esto? A nuestro juicio, ello se relacionó con el avance de la Unidad Popular en la creación del Área de Propiedad Social y, por ende, del debilitamiento progresivo de la gran empresa, como también entre las medianas, y la desaparición del latifundio. Como había señalado Fernando Maturana, la oposición ganaba todas las batallas político-electorales, pero la Unidad Popular lo hacía en el plano económico. En otras palabras, la deslegitimación del gobierno, la descalificación, la guerra política, en fin, se mostraban incapaces de frenar las estatizaciones y lograr defender la propiedad privada. El proyecto de capitalización popular y de empresa integrada, a nuestro entender, fue la fórmula encontrada para arrebatarle a la izquierda su monopolio de los intereses populares y redefinir a la derecha, alejándola de su identidad liberal de individualismo capitalista. Los antiguos sectores liberales y conservadores estuvieron dispuestos a asumir un proyecto de empresa de tinte corporativista, pues para entonces parecía ser la única alternativa para proteger sus empresas y comercios, al parecer más identificados con los intereses de los trabajadores que el marxismo. En ese propósito, efectivamente el Partido Nacional caía bajo las garras del nacionalismo jarpista. En medio de esta victoria, Jarpa pudo desplegar en toda su extensión la ofensiva nacionalista, proponiendo una “Renovación de Chile”, la cual tuvo lugar una vez concluido el paro de los gremios, en noviembre de 1972. En esa ocasión, Jarpa señaló que “el gobierno marxista representa la última etapa de un período de decadencia y desintegración”, tras la pérdida de su impulso vital acicateado por las divisiones internas, el sectarismo partidista, la mentalidad burocrática, y la influencia de teorías extranjeras. Considerando esa situación, estaba claro para el presidente de los nacionales que el esquema de izquierdas y derechas estaba superado, pues la experiencia marxista había cambiado a Chile, existiendo una nueva conciencia de unidad y chilenidad, expresada en una identificación con los valores tradicionales, pero también con el afán de encontrar nuevos caminos, ajenos a esa falsa división. Los chilenos del momento estaban enfrentados a la disyuntiva marxismo vs. nacionalismo. Era urgente, por lo tanto, caminar hacia un gobierno nacionalista, unitario e integrador, capaz de dimanizar el esfuerzo creador y la capacidad de trabajo de los chilenos, que integrara efectivamente a los trabajadores en las empresas, por encima de los partidos, y defensor de la soberanía y el interés del país, señalando a la nación “su

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papel protagónico en esta zona del mundo”. Esta “Renovación de Chile” requería de la incorporación de nuevas fuerzas, tales como los gremios, los cuales bajo el régimen marxista se habrían organizado y unificado, llegando a constituir un poder que nadie podría hoy desconocer... la firme actitud de los gremios... nos compromete como chilenos a... incorporarlos realmente a la tarea de reconstruir el país y participar en la generación de las decisiones gubernativas. Para este efecto, el Partido Nacional propicia la modificación de la estructura o la forma de elegir el Poder Legislativo a fin de dar a los gremios y colegios profesionales una adecuada participación o representación.

Ello, aseguraba Jarpa, no implicaba la supresión de los partidos, pero nadie podía desconocer el papel fundamental de los cuerpos intermedios. La segunda fuerza a incorporar era el poder militar, ya que a las fuerzas armadas les cabía un papel de primera magnitud en la misión de detener la decadencia y la desintegración498. Jarpa hizo su campaña senatorial para las parlamentarias de marzo de 1973 sobre la base de este discurso, lo cual le facilitó cierto acercamiento con sectores gremiales, como los trabajadores semifiscales y gremios de empleados, frente a los cuales aseguró que: “Con ustedes, los trabajadores, es el compromiso del Partido Nacional” y reafirmando su tercera posición, agregó: “Uds. se han entregado de lleno a defender a Chile de la embestida marxista, aún a riesgo de perderlo todo... Otros señores, en cambio, prefirieron vender ventajosamente sus industrias a CORFO”. Interpretando la elección de marzo como un plebiscito, su slogan era “No basta un nuevo Congreso. Es necesario un nuevo Gobierno”. Éste consistiría en uno integrador, una reforma constitucional para dar representación a los gremios, sindicatos, universidades, colegios profesionales en la generación de leyes y en el desarrollo económico social del país; participación de los trabajadores en las empresas, títulos de propiedad a los campesinos y organización de cooperativas de producción; capacitación de la juventud para incorporar a Chile a la revolución científica y tecnológica, como también un gobierno que reafirmara los valores de la chilenidad, de independencia y soberanía499. Esta abierta posición nacional-corporativista era respaldada dentro del partido por la Juventud liderada por Ossa, quien era el autor de las áreas destinadas a la erradicación de la pobreza que contenía el programa de la Nueva República. Ossa definió las “Tareas del Nacionalismo” como luchar por hacer realidad las promesas sociales, ecológicas y científico-tecnológicas de ese documento, en la búsqueda de un “sistema que posibilite al hombre y al joven de hoy defender el mundo de sus hijos,

498 499

Tribuna, 14 de nov. de 1972, pp. 16-17. Tribuna, 13 y 24 de enero, 25 de feb., pp. 12, 10 y 4, respectivamente.

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superando los esquemas marxistas y capitalistas”, pues se trataba de “una revolución moral”500. El hecho de que fueran diputados de origen liberal quienes patrocinaran el proyecto de empresa integrada, el programa corporativo de la campaña de Jarpa, la existencia dentro del partido de una poderosa Juventud acaudillada por un nacionalista convencido y que la colectividad se definiera doctrinariamente como nacionalista, confirman los análisis que han sostenido un Partido Nacional conservador y unos sectores liberales completamente debilitados. La pregunta que cabe es ¿representó aquello una renovación ideológica?, ¿la antigua derecha fue seducida por el corporativismo nacionalista? Desde nuestro punto de vista, lo aquí ocurrido fue un consenso en torno a la necesidad de derrotar a la Unidad Popular. El escepticismo y la desconfianza que paulatinamente fueron copando a los distintos grupos dentro del partido y acercándolos a la plataforma corporativa, parece haberse relacionado con su negativa absoluta a aceptar un gobierno de inspiración marxista, toda vez que ello determinaba la evaluación de la eficacia de las instituciones liberales, la cual estaba en directa relación a su capacidad para alcanzar el objetivo final. Esto es, la derrota total de la Unidad Popular y su expulsión de las esferas del poder. Hemos visto que todas las medidas tomadas en el terreno legal-institucional, si bien no lograron revertir el programa de la Unidad Popular, no fueron totalmente inútiles, pues pudieron inmovilizar al Ejecutivo, haciendo del Parlamento un poder obstruccionista, logrando el apoyo de otras instancias. La mirada negativa de los nacionales se vinculó con que ello fue insuficiente para detener el proceso, lo cual explica su sensación de fracaso y de impotencia. Tales sentimientos salieron a la luz en octubre de 1972, cuando los parlamentarios nacionales hicieron una presentación a los Presidentes de ambas Cámaras. En ella se señalaba, como una constatación, la debilidad de la democracia liberal para enfrentar al marxismo, con líderes políticos no preparados para hacerlo, favoreciendo actitudes negociadoras o vacilantes, no constituyéndose en la barrera infranqueable que debieran. Este diagnóstico era una alusión directa a la Democracia Cristiana, pero también a los sectores más proclives a un diálogo con ese partido, como a las fuerzas armadas. A juicio nacional, no existía en la clase política democrática una clara noción del carácter definitorio de la lucha que se daba, pues muchos hacían del 4 de marzo de 1973 el centro de sus esperanzas, rechazando las otras acciones usadas para enfrentar a la izquierda. Se consideraba que el deber del Congreso era acusar constitucionalmente a Allende, toda vez que si un poder del Estado no cumplía con sus “deberes ni sanciona a quienes lo atropellan, pierde su condición de tal”501.

500 501

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Tribuna, 22 de abril de 1972, pp. 6-7 y 12-14. Tribuna, 3 de agosto de 1971, p. 4; Baraona en 27 de octubre de 1972, pp. 14-15..

A pesar de que la lucha legalista de los nacionales demolió los fundamentos de la institucionalidad –como explicamos en la sección anterior–, las palabras de esta presentación revelaban tanto el escepticismo como la confianza en la posibilidad de usar un último “recurso institucional” para deshacerse de Allende y la Unidad Popular: el Poder Legislativo. Jarpa y sus seguidores no tenían esa confianza y su estrategia se enfocaba más a la lucha callejera y la articulación de una propuesta antiliberal. Sin embargo, ¿cuál fue la defensa levantada por la antigua derecha frente a este desencanto y arremetida nacionalista? En medio de un partido disciplinado y encuadrado en una misma lucha, se oyeron algunas voces que mantenían la valorización de las instituciones liberales, aunque eran minoritarias. Una de las pocas instancias defendidas por algunos fueron los partidos políticos, ya que se pensaba que ellos eran necesarios como canalizadores de sectores importantes de la opinión pública, siendo todos los existentes representativos de una cierta tendencia, de una mentalidad. “Los partidos”, afirmaba un columnista de Tribuna, forman parte esencial de la democracia, porque le sirven de base o sustento”. Pablo Baraona, parte de las autoridades del partido, rechazó la postura de aquellos que en la coyuntura planteaban el ocaso de los partidos, pues se habían vuelto innecesarios y debían ser reemplazados por otros canales de opinión, como los gremios. A juicio de Baraona “aquello constituye un profundo error. Para llegar a esa conclusión se han exagerado los defectos de algunos políticos militantes sin reparar que ellos no afectan la esencia del papel de un partido político”, toda vez que en un contexto de normalidad, es decir, capitalista-liberal, no cabe un programa de los gremios, pues él sería una fuente interminable de conflictos internos. El poder gremial se explica en el rechazo de un sistema opresor que afecta a todos los gremios. En la misma medida que la opresión se va convirtiendo en libertad, el poder gremial se diluye y no tiene sentido... Sólo una política por encima de los intereses en juego, que interprete el bien común, puede zanjar las dificultades. Para que ello suceda es indispensable la presencia de los políticos, agrupados en partidos que analicen las opiniones coincidentes. El gremio pasa a jugar un papel importante por su conocimiento del problema y por lo tanto sólo como organismo de consulta. Así, pues, el poder gremial es un excelente contrapoder frente al totalitarismo, pero no puede ser una alternativa de poder. La conclusión de esta reflexión es que por ningún concepto gremios y partidos se anteponen... Sirva esta reflexión para impugnar la idea de un grupo político gremialista, opuesto a los partidos que, en mi concepto, no tiene ninguna base502.

Aunque este artículo respondía a los planteamientos del presidente de la SOFOFA, Orlando Sáenz, y al líder gremialista, Jaime Guzmán, ellos coincidían con los planteamientos de Jarpa y el ala nacionalista. En ese sentido, él refleja el rechazo al corporativismo y la subsistencia dentro del Partido Nacional de los últimos estertores del pensamiento liberal, aunque fuera en la voz de uno de sus jóvenes exponentes.

502

Tribuna, 11 de junio de 1973, p. 5. El énfasis es nuestro.

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¿Cuál fue la explicación de sus líderes tradicionales? La mayoría no volvió sobre el tema; Francisco Bulnes dijo haberse concentrado en la labor parlamentaria y haber estado ajeno al funcionamiento del partido. Días después del golpe de Estado de septiembre de 1973, denunció el corporativismo y reivindicó la democracia liberal, cuando el enemigo ya había sido vencido503. Finalmente, todos consensuaron en torno al golpe de Estado y el apoyo, estridente o silencioso, al régimen militar. Como afirmó entusiastamente Víctor García Garzena: “Yo no condeno a los desesperados, yo no condeno a la gente que hoy día... toma una piedra... No soy partidario de ningún alzamiento... pero hoy día comprendo y entiendo cómo un país entero no puede vivir tranquilo cuando sus más apremiosas necesidades no pueden ser satisfechas”. Así, uno de los planes golpistas para 1973, el “Plan Australis”, diseñado por el general Manuel Torres de la Cruz, de la V División del ejército, acantonada en Punta Arenas, contó con la participación de los nacionales, constituyendo “el golpe que identificaba a la derecha”. Jarpa, Arnello y Engelberto Frías eran los más comprometidos, siendo reiteradamente mencionados por sus contactos con la Armada, rama en la cual se originó el golpe504. Una vez ocurrido éste, y sólo entonces, las diferencias internas saldrían claramente a la luz. Mientras duró la guerra contra la Unidad Popular, el Partido Nacional –liberales y nacionalistas– constituyó un solo ejército. El Partido Nacional fue la cara más visible e intransigente de la lucha contra la Unidad Popular; no obstante, tras el derrocamiento sobrevendría su muerte. Desde nuestra perspectiva, las discrepancias internas, nunca anuladas del todo, aunque fuertemente atenuadas, auguraban que la experiencia de la Unidad Popular resultaría ser su “canto del cisne”. Ella le ofreció al ala nacionalista liderada por Sergio Onofre Jarpa la oportunidad para lanzar una ofensiva ideológica que envolvió estilo y doctrina, para alcanzar su anhelada revolución nacionalista. La amenaza feroz que representó la experiencia socialista para el derecho de propiedad y el capitalismo le facilitó prácticamente el control del partido, convirtiéndose en su símbolo. El Partido Nacional quedó para siempre asociado a su figura y su nombre. Embriagado con la movilización de masas y la lucha callejera, que le dio vida a la política y la distanció de su histórico acartonamiento y verbalismo, lo sumergió en el “combate”,

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Su concentración en las tareas parlamentarias, en entrevista concedida a David Pérez ya citada. Sobre su posición doctrinaria después del golpe, Verónica Valdivia O. de Z. “‘Crónica de una muerte anunciada’. La disolución del Partido Nacional”, en Verónica Valdivia O. de Z., Rolando Álvarez V. y Julio Pinto V., Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet, 1973-1981 (Lom, 2006). García Garzena en Patricio Guzmán, “La batalla de Chile”, cap. II; sobre el “Plan Australis” y la relación con el Partido Nacional, David Pérez, op. cit.

en la arena que los nacionalistas esperaban desde hacía décadas. No obstante, no era el Partido Nacional quien provocaba la movilización antiliberal, sino sólo profitó de ella; fue quien alcanzó mayor protagonismo, disputándose Jarpa los reflectores con Pablo Rodríguez Grez, ambos símbolos del antimarxismo. La movilización gremial, el poder gremial, no obstante, que amenazó mortalmente a la Unidad Popular no era patrocinado por los nacionales, aunque todos creyeran que así era, a pesar de que los medios de comunicación partidarios y contrarios a la derecha así lo hicieran creer. Ella tenía otro origen: aquel era el reducto de su archirrival. Desde las entrañas de la política la otra derecha también actuaba, porque el parto aún no había concluido.

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CAPÍTULO VII “DR. JEKYLL Y MR. HYDE”. EL MOVIMIENTO GREMIAL CONTRA LA UNIDAD POPULAR

El proyecto gubernativo de la Escuela Nacional Unificada ha remecido la conciencia nacional… Desde su primera declaración pública, FEUC ha tenido activa participación en la polémica que al respecto se ha suscitado. Sin embargo, simultáneamente, ha creído necesario impulsar un análisis detenido del proyecto del gobierno... de este modo FEUC cumple fielmente con el pensamiento y el estilo gremialista. Con el pensamiento gremialista... porque está en juego el cimiento de la libertad de pensamiento y de conciencia.Con el estilo gremialista, porque lo hace de forma valiente y resuelta, pero dentro del plano de seriedad y racionalidad que representan la base... de cualquier camino de auténtica recuperación para Chile. (JAVIER LETURIA, 1973)

Los años de la Unidad Popular fueron cruciales en la definición identitaria de la derecha representada por el Movimiento Gremial, ya en alianza con los sectores neoliberales. La llegada al poder de la coalición marxista constituyó la fase final de la lucha por un proyecto democrático iniciado por los sectores populares a comienzos del siglo XX, y que se aceleró a mediados de los sesenta505. Si el gobierno democratacristiano comenzó a socavar el sistema agrario, la Unidad Popular arremetió con toda su fuerza, eliminando el latifundio y el inquilinaje que sostenían la dominación oligárquica506. Para mediados de 1972, la vieja estructura agraria estaba desintegrada. La caída del poder latifundista señaló el colapso del Chile oligárquico y la materialización de la

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María Angélica Illanes, La batalla de la memoria (Ed. Planeta, 2002), cap. III. Peter Winn y Cristóbal Kay, “La reforma agraria en el gobierno de la Unidad Popular”, Sociedad y Desarrollo No.3: 1972; sobre el ocaso de la oligarquía en América Latina, Octavio Ianni, “Populismo y relaciones de clase” en Gino Germani, Torcuato di Tella y Octavio Ianni, Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica (Era: 1973).

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amenaza popular de erigir un nuevo orden. Aunque el proyecto de la Unidad Popular no pretendía la construcción del socialismo, la profundidad de los cambios sociales y la fuerza del movimiento popular, como la lucha política desatada, impidieron cualquier posibilidad de mantener el proceso dentro de los márgenes establecidos. A la desaparición del latifundio se sumó la activación generalizada de la sociedad, haciendo ostensible la crisis de la dominación. A pesar de que Jaime Guzmán y los gremialistas no constituyeron el eje de la oposición a la Unidad Popular, ni ocuparon el lugar más visible, fueron los que más experiencia política sacaron de ese gobierno, redefiniendo a la derecha del futuro. Al contrario de lo que había sido la tónica de la vieja derecha, el gremialismo decidió enfrentar la crisis de la dominación en ciernes, deteniendo a la Unidad Popular, en tanto proyecto superestructural y como proceso desde “la profundidad” social, convirtiéndose en uno de los agentes más activos y decididos de la oposición. El tipo de acciones realizadas y de alianzas entabladas por Guzmán y sus gremialistas incidieron en la naturaleza política que desarrollarían y que redefinirían por décadas a la derecha política chilena. En ese sentido, el propósito de este capítulo es analizar a Jaime Guzmán y los gremialistas, generacional, política y proyectualmente en los años de la experiencia socialista, precisando qué tipo específico de derecha era aquella en pleno parto. En concreto, ello significa determinar el “estilo” político puesto en práctica por ella, esto es, sus formas de acción, lenguaje, relaciones políticas e iniciativas. Asimismo, identificar más claramente sus propuestas, las cuales pudieran asimilarse a un “proyecto”, estableciendo si él resolvía la pugna intraderecha que hemos estado observando a lo largo de este trabajo. La oposición a la Unidad Popular, en general, ha sido analizada como conjunto, considerando al amplio bloque insurreccional que se organizó en contra del gobierno de Salvador Allende y que incluía a la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, los movimientos nacionalistas, las organizaciones empresariales, grandes y pequeñas, ciertas agrupaciones sociales como estudiantes, colegios profesionales, sindicatos antiizquierdistas, mujeres, etc. La mayoría de ellos apuntan a la lógica política del conflicto, tratando de esclarecer su desenlace, el golpe de Estado, más que evaluar a cada uno de estos integrantes en su especificidad, prevaleciendo la capacidad de ellos para “converger” y lograr su objetivo de derrocamiento507. En otros casos, se ha enfatizado la evolución que estos sectores tuvieron, relacionándolo con el accionar del gobierno y de las bases socialistas, desmintiendo el carácter determinista que por mucho tiempo se le asignó a la experiencia popular o, en otros, para confirmar 507

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Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile (Documentas, 1983); Augusto Varas, “La dinámica de la oposición política durante la Unidad Popular”, Flacso, D.T, No.43, 1977.

la crisis de las fuerzas políticas tradicionales, percibida en el auge de las corrientes extremistas508. En el caso particular del Movimiento Gremial, su estudio más bien se ha concentrado en la etapa previa, a pesar de lo cual hay quienes sostienen que su participación como parte de la oposición contra la Unidad Popular se hizo en tanto movimiento estudiantil, como FEUC, relegando su papel más político general, el cual no sería sino la antesala de su transformación en partido político509. Desde nuestro punto de vista, los años de la Unidad Popular reconfirmaron algunas tendencias que ya se pudieron observar entre los gremialistas a fines de la década del sesenta, madurándolas, al mismo tiempo que le ofreció en toda su amplitud la oportunidad de sumergirse en todas las gamas de la lucha política, delineando los rasgos que habrían de caracterizar a la derecha política del futuro. Fue la experiencia de la Unidad Popular la que le permitió a Jaime Guzmán y sus gremialistas romper abierta, aunque no discursivamente, con los límites de la Universidad Católica y llegar a otros sectores sociales y políticos, reconociendo su importancia. El título que enmarca este capítulo final alude, precisamente, al carácter que, a nuestro juicio, desarrolló en ese período el gremialismo de Guzmán, y que definirían identitariamente a la nueva derecha política. “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, como se sabe, es el título de una novela que trata sobre la doble personalidad, una “normal” y otra más profunda y oscura, las cuales conviven en una misma persona. Hemos querido tomar ese título como metáfora para caracterizar a Jaime Guzmán y sus gremialistas, en tanto se trataba de una derecha con dos rostros, aparentemente antagónicos, pero que daban cuenta de una misma naturaleza. Desde nuestra óptica, la imagen de un Jaime Guzmán serio, sesudo y “brillante” intelectualmente, solo da cuenta de una cara de su personalidad, la que terminaría por imprimirle a sus seguidores, seguros de su “verdad” política y con la lección bien aprendida. Tras ella, existía también el gremialismo más político, propio de la época en estudio, dispuesto a dar la lucha en todos los frentes y por todos los medios a su alcance, éticos o no. En concreto nuestra hipótesis es que la derecha representada por Guzmán y los gremialistas desarrolló un “estilo” más bien “ariete” -haciendo un uso libre de la categoría de Patricio Dooner–, es decir, un estilo de combate que privilegiaba la acción, la movilización social y la caricaturización del otro, ya probado en lo que fue “Chile Joven”. Esa tendencia no desapareció tras la derrota de Alessandri en 1970, sino que se acentuó, convirtiéndose en un rasgo permanente. En

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Guillermo Campero, Los gremios empresariales, 1970-1983 (Ilet: 1984), cap.1; Verónica Valdivia O. de Z. “Camino al golpe”, secciones II y III. Bárbara Fuentes Barañao, op. cit.; Verónica Hush, “Surgimiento del Movimiento Gremial en la Universidad Católica, su desarrollo y posterior evolución hacia un partido político”, Escuela de Periodismo,Puc: 1991. Agradezco a la estudiante de Periodismo de esa Casa de Estudios, Macarena Toro, el haberme permitido acceder a esta tesis.

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ese sentido, este “estilo” se acercaba a Jarpa y los nacionalismos de ultraderecha. No obstante, y a diferencia de éstos, se trataba de una derecha abiertamente proyectual, dispuesta a dar la lucha desde el ámbito de la razón y el proyecto, articulándolo a lo largo de la Unidad Popular, sin olvidar en ningún momento cuál era el sentido final de la lucha. Guzmán y los gremialistas aprendieron que medios y fines deben ser consistentes y que los primeros no deben primar, confundiéndose con el proyecto político o enmascarándolo. Fue, a nuestro entender, esta dupla de estilo “ariete” y persistencia en pensar un proyecto alternativo a la izquierda para el momento posterior a la caída de la Unidad Popular lo que le permitió sobrevivir a la hecatombe del sistema político en 1973, pues –al contrario de los otros movimientos de derecha– no se agotaron en la coyuntura, en la pelea cotidiana, pues no perdieron jamás de vista el objetivo central, cual era la preparación de un programa para renovar el país. Esto significó la consolidación de su acercamiento con neoliberales y nacionalistas estanqueros, al margen del Partido Nacional, y la unidad sólo táctica con el partido de derecha.

1. “Mr. Hyde”: el “estilo” gremialista La noche del 4 de septiembre de 1970 señaló un punto de quiebre en la evolución de la derecha universitaria que hemos venido analizando, toda vez que estaba convencida de la posibilidad del triunfo alessandrista, pero en lugar de producirse la victoria del autoritarismo se produjo la del socialismo. La última posibilidad de revertir la desintegración final de la dominación por vías legal-institucionales, se cerró. Tal perspectiva del momento se relacionaba con la naturaleza de la derecha gremialista, no dispuesta a negociar con el adversario –a estas alturas, enemigo–, sino a derrotarlo, coartándole toda posibilidad de futuro, con lo cual enfrentó el triunfo allendista negándolo. Como el Partido Nacional y los grupos nacionalistas, Guzmán y el gremialismo no aceptaron la derrota alessandrista y se aprestaron a la batalla. Esta negación de la derrota es importante, no sólo porque reflejaba su débil apego a los valores democráticos, sino porque tras esa opción se ocultaba un espíritu combativo, dotado de enormes energías, y de nuevas características. Siguiendo la lógica de la campaña presidencial, Guzmán rechazó el triunfo de Allende adhiriendo a la tesis levantada por la oposición derechista de que el Congreso tenía la palabra final y sería quien decidiría el nombre del próximo Presidente de la República, como manteniendo la campaña del terror de la que participó activamente en los meses previos a la elección. En ese sentido, Guzmán y los gremialistas fueron parte de la lucha por esos “60 días” que resolverían el destino de Chile y que marcaron la historia de la Unidad Popular. Compartiendo las tesis de la naciente “Patria y Libertad” y de sectores de los nacionales, la reivindicación del triunfo por parte de la Unidad Popular fue interpretada por Guzmán como reflejo de su esencia antidemocrática, revanchista y

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persecutoria, no acorde a lo que había sido meramente “la primera etapa del proceso constitucional que conduce a la Presidencia de la República”. Tal actitud despejaba las dudas sobre cuáles serían los métodos del eventual gobierno revolucionario. A su entender, a nadie debía extrañar la falta de respeto por la constitucionalidad de las “huestes allendistas”, dominadas por la odiosidad y el desprecio hacia sus adversarios políticos, como lo demostraba “el desparpajo con que la prensa marxista utiliza la denominación ‘presidente electo’, reservada por la Constitución sólo para aquel ciudadano que obtenga la aprobación del Congreso Pleno, cuando el Parlamento se pronuncia sobre las dos primeras mayorías logradas en comicios presidenciales. La utilización de ese concepto, antes de cumplirse el citado requisito es abiertamente inconstitucional y responde a una actitud claramente sediciosa”510. Estas palabras mostraban la particularidad del “estilo ariete” del gremialismo, pues ellas buscaban desconocer el efecto del resultado electoral –revirtiendo una tradición política–, pero lo hacían desde la racionalidad y no sólo desde la diatriba cotidiana, buscando dar –en este caso– un sostén legal a su posición. Desde ese punto de vista, el “estilo ariete” de los gremialistas –ya inaugurado en la campaña–, era profundamente racionalista y pretendía argumentar desde ese plano sus apuestas políticas, aunque estuviera traspasado de pasión, ira y miedo. La esperanza depositada en el Congreso no implicó un cese de hostilidades con la izquierda, pues Guzmán se encargó de mantener el imaginario del terror presionando a ese poder estatal. Durante esos sesenta días los artículos de Guzmán apuntaron a recalcar dos ideas centrales: en primer lugar –siendo éste el elemento más explotado–, insistió en la tesis de una inevitable dictadura totalitaria de producirse la nominación de Allende por el Parlamento, pues la “nueva sociedad” ofrecida por la Unidad Popular sólo prometía odio y venganza. Según afirmaba, dichas tendencias ya estaban en pleno despliegue desde la noche del 4 de septiembre, desarrollándose una campaña de amedrentamiento y persecución “en todos los niveles, desde la población hasta las universidades y afecta tanto a nacionales como a democratacristianos e independientes”. Basándose en ciertas denuncias del diario La Tarde, perteneciente a la DC, Guzmán concluía que ellas “dejan en claro el espíritu revanchista que anima a quienes aspiran a crear una nueva sociedad basada en el odio, en el resentimiento y en la venganza”511. Esta sentencia era argumentada con acusaciones de que la Unidad Popular presionaba a las organizaciones comunitarias para asumir su conducción, so pena de apremios físicos o económicos, como de amenazas de todo tipo. En la práctica, un eventual gobierno de la Unidad Popular sería sinónimo de violencia, traducido 510

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Juglar, “Unidad Comunista lanza campaña del revanchismo y la extorsión”, Pec, 17 de septiembre de 1970, p. 4. Ibid.

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en asaltos a los hogares, infiltraciones y delaciones en todas las actividades de la vida nacional, perpetrados por “los llamados Comités de Unidad Popular, idénticos en estructura y objetivos a los Comités Revolucionarios creados en Cuba por Fidel Castro”, siendo una de sus finalidades el “confeccionar listas de las personas adictas o contrarias a la “causa revolucionaria”. De esta manera, la UC [Unión Comunista] espera contar con un completo fichaje político”, aseguraba en el artículo que estamos citando. En otras palabras, si el Congreso elegía a Allende, el país sería dominado por una policía política, controladora de la vida pública y privada de la población, propia de los regímenes comunistas. Esto quedaba corroborado, a su juicio, con el anuncio de la Unidad Popular de la creación de un “Comando de Trabajadores de los Medios de Comunicación”, todos de filiación marxista, despejándose cualquier duda acerca de los afanes totalitarios de una coalición que pretendía instaurar un régimen socialista. La afirmación de la Unidad Popular de que tal Comando buscaba “exigir” que los medios informaran verazmente fue interpretado por Guzmán como un intento “exclusivamente político, sin siquiera un barniz de pretensiones gremiales... Como no existen mecanismos legales para que se ejercite esta exigencia, el cumplimiento de esta orden sólo puede alcanzarse mediante la presión directa, la amenaza o la extorsión”512. Una segunda idea-fuerza levantada por el líder gremialista fue la de la falsedad de la vía pacífica que decía representar la Unidad Popular, pues aseguraba que Allende estaba en connivencia con la más excelsa –para la época– imagen del “mal”: el MIR. Su hipótesis era la existencia de un acuerdo y una alianza entre la coalición socialista y los por él llamados grupos extremistas, y los dirigentes poblacionales “como Víctor Toro”. Como ya hemos mencionado, la migración campo-ciudad y la agudización del problema habitacional fueron, junto con la lucha del campesinado por la tierra, uno de los ejes del conflicto social, convirtiéndose los “campamentos” en su expresión más clara. Muchos de los dirigentes poblacionales eran militantes del MIR, como era el caso de Alejandro Villalobos (el “Mickey”), jefe de “Nueva Habana”, o de Víctor Toro, líder del campamento “26 de enero”. Ya desde finales de la década del sesenta, El Mercurio inició una campaña de desprestigio de los pobladores y de los campamentos, calificándolos como reductos de la subversión, y a las “milicias populares” como antesalas del ejército del pueblo. Guzmán mantenía esa tónica, utilizando como fundamento el indulto concedido por Allende a algunos presos políticos (algunos del MIR), la presencia de Toro en las concentraciones de la Unidad Popular y un panfleto mirista que habría circulado semanas previas a la elección en que se llamaba a los trabajadores, campesinos y estudiantes a defender el triunfo popular y ocupar fábricas, escuelas y fundos, así como a “confeccionar armas caseras”. A ello debía sumarse la circulación 512

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Ibid., y también Pec, “La escalada marxista contra los medios de comunicación”, 25 de septiembre de 1970; “Cuando la omisión es más que un pecado y un delito”, 2 de octubre de 1970.

de la revista Punto Final, “financiada con fondos provenientes de La Habana… rector doctrinario y estratégico del MIR y de todas las fuerzas subversivas que propician una violenta toma del poder”513. Los comentarios políticos de Guzmán mostraban el tipo de estilo mencionado más arriba, que lo diferenciaba en cierta medida del asumido por el Partido Nacional y Tribuna, o de la prensa nacionalista, aunque eran parte de un mismo grupo, como podremos apreciar. Su especificidad radicaba en la racionalidad que acompañaba la campaña del terror llevada a cabo por él, toda vez que literalmente nunca podía acusársele de inventar “hechos”, tal como hacía Tribuna o Sepa, sino utilizaba los documentos y discursos de la propia izquierda para “probar sus hipótesis”, pero dándoles el sentido que acomodaba a su propia perspectiva. En sí mismo no eran falsas la creación del Comando de Trabajadores de la Comunicación, ni la presencia de Víctor Toro en las concentraciones de la Unidad Popular, pero la significación que se les atribuía siempre tenía connotaciones totalitarias y buscaba azuzar los miedos de los lectores y del público. Esta estrategia comunicacional, que pretendía socavar la confianza en la izquierda y su derecho a llegar al gobierno, como el respeto a la figura política de Allende, tenía tras de sí un mismo argumento reiterativo: la Unidad Popular representaba el mal absoluto. Si se observan los comentarios de Guzmán –como lo reflejó igualmente la campaña de “Chile Joven”–, todo acto de la coalición socialista era interpretado desde una óptica malévola, políticamente premeditada, manipulada por los comunistas, que conducía inevitablemente al país a la dictadura. Para Guzmán era clave “probar” que Allende no tenía palabra, que los miristas eran su verdadero rostro, como la penetración de los cubanos, aunque sus supuestas pruebas resistieran distintas lecturas. La veracidad de sus palabras no era lo central, sino la apariencia de ella que ofrecían los propios documentos de la izquierda. De ese modo, jugaba el juego político de la época, pero oculto tras una imagen seria y documentada, como si los discursos fueran una verdad en sí misma. Esto era coherente con la personalidad de Guzmán, profundamente racional y analítica, con un manejo fluido del lenguaje y una evidente capacidad expositiva. Según su hermana, ese era el rasgo que menos le gustaba de su personalidad, pues le “parecía necesario blandir una explicación para cada uno de sus actos”514 y de sus dichos. Tal caracterización se reflejaba claramente en su trabajo periodístico, imprimiéndole el estilo específico que hemos caracterizado. Este “estilo” reflejaba, igualmente, una perspectiva fundamentalista, pues todas las preguntas tenían una misma respuesta. Como se sabe, para cada fenómeno histórico existe una gama de respuestas posibles, solo condicionadas por su consistencia con

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Juglar, “Claudicación o fraude”, Pec, 9 de octubre de 1970. Rosario Guzmán Errázuriz, op. cit., pp. 96-97.

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los hechos. Un punto de vista relativista cree que todas las respuestas son igualmente válidas, mientras los fundamentalistas piensan que existe solo una respuesta posible515. En el caso que estamos analizando, la conclusión siempre era idéntica, ya fuera porque bajo el marxismo no habría libertad, o existiría persecución, desaparecería todo derecho, en fin: el mal absoluto, materializado en la dictadura totalitaria. Esta óptica fundamentalista en Guzmán, como ya ha sido establecido, tenía su origen en su catolicismo conservador, del cual extraía una mirada limitante del ser humano y profundamente antimarxista. En suma, el estilo desarrollado por Guzmán, y traspasado a sus acólitos, buscaba socavar la legitimidad del ascenso de la izquierda y el sentido de autoridad que debía reconocérsele a Allende, para lo cual utilizaba medios que perseguían desarrollar miedos y con ello movilizar a quienes conservaban una actitud pasiva. La actitud opositora asumida por Guzmán y el gremialismo no apuntaría a fortalecer la democracia, sino a minar sus pilares de sustentación y terminar con un orden que se apreciaba como decadente. Esta opción quedó claramente reflejada con motivo del asesinato del Comandante en Jefe del ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, como un intento de evitar el ascenso de Allende al gobierno. Aunque la revista Pec rechazó editorialmente el crimen, Juglar adhirió a la tesis levantada por la derecha Nacional y nacionalista de que el asesino era un mirista infiltrado, como también que el mayor Arturo Marshall, implicado en las conspiraciones post electorales, era cercano al Partido Socialista. Si bien reconocía la participación de “algunos” personeros de derecha, según Guzmán, se sabía de las conexiones socialistas y que serían estos grupos partidarios de la izquierda los que habrían actuado en 1970, no defendiendo el derecho a la vida como un principio intransable516. Dado que desde un comienzo distintos sectores de derecha estaban actuando juntos, la ignorancia del líder gremialista sobre el verdadero origen del atentado a Schneider es dudosa, más aún estando involucradas personas como Juan Luis Bulnes, del mismo sector social de Guzmán, sobrino del senador nacional Francisco Bulnes y militante de FIDUCIA en la misma época que Guzmán. La designación de Allende como presidente constitucional en octubre de 1970 enfrentó a Guzmán a su más aterradora posibilidad. Aún así, no perdió su racionalidad y analizó el fracaso del resultado final. El problema radicaba, a su entender, en un país desmoralizado por la falta de liderazgo de sus fuerzas democráticas, comprendidas entre ellas, tanto el radicalismo, como la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. 515

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Miguel Orellana, Pluralismo. Una ética del siglo XXI (Ediciones de la Universidad de Santiago de Chile: 1998). Juglar, “Marshall ¿un doble agente del marxismo?” y “Origen y desarrollo de una conspiración”, Pec, 23 y 30 de octubre de 1970, pp. 10 y 3, respectivamente.

En un lúcido artículo, concluyó que el origen de tal desmoralización estaba en la “carencia de entusiasmo y de fuerzas para luchar”, no contando con la penetración popular necesaria para convertirse en los líderes que el momento requería. Esta situación se vinculaba, según explicaba, con la crisis de los partidos como factor de influencia cívica, los cuales habían sido reemplazados por las organizaciones sociales. Por ello, era legítimo pensar que el Partido Nacional o la Democracia Radical son fuerzas que –aunque necesarias– acaso puedan resultar insuficientes como vehículos de acción y de lucha hacia el futuro... Posiblemente han hecho lo que estaba dentro de sus posibilidades, pero es casi seguro que sus posibilidades no están a la altura de las circunstancias y que es difícil que consigan estarlo para los duros meses o años que se avecinan517.

Las palabras del líder gremialista no sólo reflejaban su acendrado corporativismo, expresado en la defensa de los cuerpos intermedios y su escepticismo hacia los partidos, sino en su temprana comprensión de que para vencer a la Unidad Popular sería necesaria una amplitud de fuerzas sociales y de medios políticos que irreductiblemente traspasarían el marco de las colectividades partidarias. Tal desafío se topaba con este diagnóstico de la “pasividad” de la derecha, el cual por de pronto se convertía en un serio escollo a la urgencia de la lucha. Para revertir tal situación era vital penetrar otros grupos sociales, como históricamente había hecho la izquierda, fortaleciendo a la derecha desde las bases, aunque no se desechaba la superestructura, que eran los partidos. Mirando el ejemplo de la izquierda, estos últimos eran vistos por Guzmán como prolongaciones de su verdadera fuerza, la social, como lo explicitó en ese artículo: “El triunfo de la Unidad Popular no fue, como pudiera creer más de alguien, el de una combinación de partidos. Fue el de miles de Comités de Unidad Popular que tienen su fuerza en una poderosa organización gremial, poblacional y juvenil, de la cual las estructuras partidarias son meros coordinadores y representantes”. Esa constatación era la que hacía inevitable el desborde del marco partidario y la inmersión en la batalla político-social. Tal conclusión suponía un cambio de estilo político para todas las fuerzas opositoras a la Unidad Popular, con especial énfasis en la derecha, la más débil. Ello implicaba un recambio generacional en la conducción, pues la vieja guardia era más partidaria de negociar con el gobierno que de asumir una actitud confrontacional, lo cual era válido tanto para el empresariado –el que intentó, según Campero, negociar–, como para los máximos exponentes del Partido Nacional –descontando a Jarpa– vinculados a la derecha conservadora-liberal, quienes pretendían luchar desde el Parlamento y no entrar en un conflicto irresoluble desde el comienzo. Esta nueva actitud combativa

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Jaime Guzmán E., “La democracia chilena sin liderato”, Pec, 30 de octubre de 1970, p. 5.

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generalizada, solo podía ser impuesta por una nueva generación, contraria al estilo de la vieja derecha. A esa misma conclusión llegaron los distintos sectores derechistas que se vincularon a Guzmán. Según una de las revistas en las que éste participaba, se necesitaba: personal político joven. Solo la juventud tiene la fortaleza física, la agilidad mental, el conocimiento técnico, la apertura de espíritu ante el mundo que son indispensables para enfrentar la complejidad del planeta en 1972. La época de los grandes viejos ha terminado: los Oliveira, los Adenauer, los De Gaulle ceden paso a generaciones más acordes con el acelerado ritmo del tiempo518.

Tal situación respondía a la certeza de que el Chile tradicional había sido arrasado por el “huracán unipopulista”, creando un Chile nuevo: “ese Chile nuevo exige nuevas soluciones y nuevos hombres”, sentenciaba el editorialista. En ese sentido, mucho antes, en octubre de 1970, Guzmán supo que debería combatir no sólo a la izquierda, sino extender el “estilo” gremialista ya estrenado en la Universidad Católica y durante la campaña presidencial de 1970, a toda la oposición derechista; esto es, estimular la acción política y la movilización social, dotándola de una alta dosis de agresividad. Guzmán buscó detener la actitud confiada a través de su accionar periodístico, insistiendo en crear un imaginario terrorífico del gobierno recién asumido, al que acusó de encubrir sus verdaderas intenciones dada la proximidad de la elección municipal. Según él, estos planes seguían vigentes como lo demostraba el indulto a los miristas, el control comunista de los ministerios económicos, como de los medios de comunicación, los cambios en Carabineros, la penetración del Servicio de Investigaciones por elementos extremistas, la llegada de “expertos en espionaje..cuya misión es echar las bases del futuro Estado policía”, todo lo cual no hacía más que confirmar que “nuestro cuadro actual presenta una semejanza inquietante con el que precedió a la implantación del Estado socialista bajo la égida del Partido Comunista en muchos países que hasta hoy sufren su yugo”. Tal realidad demandaba el abandono de la actitud confiada y pasiva, pues, a su entender, “el tiempo para reaccionar es éste, con decisión y valentía, aunque ello envuelva riesgos indudables, porque la alternativa es el aniquilamiento”519. Estas palabras, eran un llamado explícito a la acción en el plano político, ya identificado como clave en la disputa por el poder, lo cual suponía superar –en tanto exceder– a los partidos. Esta demanda por un nuevo “estilo” coincide con las reuniones en las que desde marzo de 1971 volvió a participar en compañía de Eduardo Boetsch, Jorge Ortúzar, Arturo Fontaine, Ernesto Pinto L., entre otros, para decidir la estrategia a seguir, la cual fijó su atención en las organizaciones gremiales. Aunque no creemos

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Qué Pasa, 13 de julio de 1972, p. 5. J.G.E., “Operación Valium o los primeros pasos para un Chile comunista”, Pec, 11 de diciembre de 1970, pp. 3-4.

que en fecha tan temprana se pensara en un paro general de gremios, como asegura Boestch, ya entonces se repartieron los ámbitos a incorporar a la lucha. Guzmán fue encargado de la juventud, participando igualmente con Alfonso Márquez de la Plata en reuniones con dirigentes gremiales, concretamente del transporte, del comercio y pequeños industriales, y parece haber participado también en las del Poder Femenino. Era el inicio del copamiento de las organizaciones sociales520. Considerando la variedad de estrategias opositoras desplegadas por Guzmán y el gremialismo, hemos escogido cuatro, las que, desde nuestro punto de vista, daban cuenta del estilo particular que estrenaba esta nueva derecha y que se prolongarían en el tiempo, definiendo su identidad.

a) Las bases del nuevo estilo: el Poder Joven Como en los años sesenta y durante la campaña, Guzmán continuó concentrándose en la organización de los jóvenes, claramente identificados como los actores capaces de asumir la tarea de enfrentar a la Unidad Popular. Para ello resultaba crucial conservar el dominio de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica, verdadero pilar de su creciente poder, y disputar el control de la universidad al grupo que controlaba la rectoría, ligado a sectores cristianos de izquierda, fortaleciendo su influencia en los núcleos estudiantiles, los que ya habían comenzado a expandirse hacia la Universidad de Chile y de Concepción. El primer paso fue la conquista por tercer año consecutivo de la FEUC en octubre de 1970, resultando elegido el gremialista Tomás Irarrázabal, victoria repetida por Atilio Caorsi en 1971 y Javier Leturia en 1972, quien la dirigió hasta después del golpe, siendo reemplazado en octubre de 1973 por Arturo Fontaine Talavera, compañero de filas, en la elección a una lista que se realizó ya bajo régimen militar. A juicio de los dirigentes gremialistas, este triunfo reiterado significaba “un respaldo categórico a dos cosas: la despolitización verdadera que hemos introducido en la Federación de Estudiantes y que se funda en una doctrina gremialista…y, por otro, a la acción decidida e invariable de terminar con la falta de pluralismo ideológico y de representatividad democrática que afectaban al gobierno central de nuestra universidad”521. Este triunfo reiterativo en la Federación fue corroborado en el del Consejo de la FEUC, como en la elección al Consejo Superior de la Universidad Católica522. La permanencia del gremialismo en la Federación durante los años de la Unidad Popular es importante, porque demuestra su disposición a competir por el poder y no ceder espacios a los otros grupos políticos en un momento políticamente 520 521 522

Eduardo Boetsch, op. cit., pp. 147-148. Qué Pasa, 4 de octubre de 1971, p. 16. El Mercurio, 27 de octubre de 1971, pp. 19 y 22.

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adverso a ellos, especialmente la Democracia Cristiana. Mientras muchos sectores de la derecha se replegaron ante la victoria izquierdista, los gremialistas encabezados por Guzmán, como Pablo Rodríguez Grez, mostraron la actitud contraria, enfrentando a los ganadores. En el caso de los gremialistas, desde la universidad, y Rodríguez Grez desde el naciente “Movimiento Cívico Patria y Libertad”. Los gremialistas lograron desplazar a la Democracia Cristiana en la Universidad Católica desde 1968, votación que le permitió tener esos triunfos consecutivos y, aunque durante estos años nunca consiguieron el 50% de la votación, se acercaron bastante a esa cifra, alcanzando el 46%. Este crecimiento del gremialismo universitario reveló, además, la capacidad de revertir un fenómeno histórico previo y que sería de más larga duración: nos referimos al intento derechista de recuperar la votación católica, perdida ante manos democratacristianas desde finales de los años cincuenta. Como vimos en el capítulo I, desde entonces la Democracia Cristiana arrebató una parte importante de la base electoral derechista, proponiéndose la ruptura de la alianza social que existía detrás de la derecha entre terratenientes y burguesía, aspiración que si bien fracasó, no impidió la decadencia definitiva de este sector. El Partido Nacional, como ha quedado claro, no logró recuperar esa votación, cuestión que sí alcanzó la derecha gremialista en el ámbito universitario. Como no se trataba de un partido, le era imposible convertirse a nivel nacional en su real competidor político, propósito que pudo cumplirse inicialmente en el espacio estudiantil superior y que abrió una nueva etapa en la historia de la derecha chilena. El Movimiento Gremial cooptó al electorado estudiantil democratacristiano ajeno al “Movimiento 11 de agosto” y, poco después, vinculado al MAPU, convirtiéndose en un vehículo de la derecha para recuperar parte de la votación católica, demostrando con ello su distinta naturaleza y su disposición a la lucha. Esto quedó palmariamente corroborado en diciembre de 1972, cuando un candidato identificado con el gremialismo ganó la rectoría de la Universidad de Concepción, bastión del mirismo523. Desde la FEUC los gremialistas se propusieron usar la reforma para erosionar el poder que institucionalmente se le reconocía al rector –Fernando Castillo Velasco–, de modo de debilitar al sector reformista que lo acompañaba y establecer un co-poder estudiantil. Tal estrategia se materializaría en los claustros celebrados en mayo de 1971 y 1972, en el primero de los cuales se propusieron “democratizar” el gobierno de la universidad, demandando la participación de “toda la comunidad universitaria en su propia dirección y posibilitando la efectiva vigencia del pluralismo ideológico”, como explicó Tomás Irarrázabal524. Como recordaba el Manifiesto que lanzaron al 523

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El elegido fue un académico de la carrera de Química y Farmacia, Carlos von Plessing. Qué Pasa, 14 de diciembre de 1972, p. 18. “Claustro en la UC: ¡Cae la monarquía”, en Movimiento Gremial, 1971, p. 2, citado por Fuentes Barañao, p.100.

estudiantado, su lucha despolitizadora había sido fuertemente rechazada años antes por los sectores de centro y de izquierda, actitud que con el transcurso del tiempo y de lo realizado por la Federación gremialista había cambiado, pues para estas fechas había consenso en la necesidad de un verdadero pluralismo, lo cual significaba que “nuestro pensamiento ha penetrado en grupos que nos han combatido con saña. El gremialismo se ha abierto paso y la FEUC ha triunfado en sus planteamientos”525. Tal victoria significó modificar el esquema de gobierno central, toda vez que la Federación gremialista reclamaba la necesidad de terminar con lo que ellos denominaban un sistema de gobierno “monárquico”, conformado por el rector y sus asesores más cercanos, lo cual –según acusaban– discriminaba en el acceso a las decisiones atingentes a los problemas universitarios. En concreto, se sustrajo de las atribuciones del rector las funciones legislativas, quedando en manos de un cuerpo colegiado con generación fuertemente intervenida por los distintos sectores universitarios –el Consejo Superior–, por lo cual el poder del rector se redujo al ejecutivo, e inclusive para su génesis y conformación se requería de normas previas. Paralelamente, se planteó la descentralización legislativa mediante la creación de consejos resolutivos –académico, de comunicaciones, económico y de televisión–, con capacidad de fiscalización de los directivos. Asimismo, se creó un Tribunal autónomo para resguardar la legalidad de los actos de la máxima jerarquía universitaria, como para dirimir conflictos de competencia entre distintos directivos y resguardar los “derechos de todos los miembros de la comunidad”. La defensa de una organización que permitiera mayor participación a los gremialistas se logró también con el acuerdo de reorganizar la Vicerrectoría de Comunicaciones y del Canal 13 de televisión526. Esta estrategia de socavamiento del poder rectorial fue proseguida en el siguiente Claustro de 1972, ocasión en que el Frente Académico Independiente, que reunía a profesores gremialistas, propuso la autonomía del manejo financiero a través de la creación de una Contraloría interna universitaria, pues –a su juicio– la autonomía académica era ilusoria sin la financiera. Para estas fechas, Jaime Guzmán estaba en el Consejo Académico de la Facultad de Derecho y desde 1972 fue parte del Consejo Superior de la Universidad, como representante del profesorado en el Claustro527. Como se puede observar, para el otoño de 1972, el gremialismo había logrado controlar el proceso de reforma universitaria, iniciado por la Democracia Cristiana cinco años antes, a través de su dominio de la Federación estudiantil, como de la creación de 525

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El Mercurio, 21 de abril de 1971, p.18. Firmaban el Manifiesto, Tomás Irarrázabal, presidente de la Federación; Raúl Lecaros, vicepresidente; Miguel Kast, secretario y Hernán Larraín, vocal. Qué Pasa, 13 de mayo de 1971, pp. 4-5; Fuentes Barañao, op. cit., pp. 101-102. Fuentes Barañao, op. cit., p.103; “Homenaje a Jaime Guzmán. “Breve síntesis de la vida”, en http/www.jguzman.cl/public-html/interiores/publica/informativos/especial.htm

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instancias institucionales que le permitían neutralizar a los sectores de centro-izquierda y al Rector, contradiciendo lo que había sido su defensa acérrima de las atribuciones que en su momento tenía monseñor Silva Santiago. Estas conquistas fueron posibles por el diseño de una estrategia de copamiento y de acción estudiantil, persistente. Ello, posiblemente, explique que la Federación liderada por Javier Leturia a partir de octubre de 1972 haya definido su tarea como “asegurar la derrota del marxismo en la Universidad Católica... y en defensa de la libertad”528. Una segunda área de atención del accionar gremialista fue la disputa por el Canal 13 de televisión, de propiedad de la Universidad Católica. Como pudo apreciarse ya antes de la ascensión de Allende al gobierno, parte central de la campaña anti Unidad Popular de Guzmán sería la defensa de la libertad de expresión, la que supuestamente sería coartada por las nuevas autoridades, como lo demostró su interpretación respecto del Comando de Trabajadores de la Comunicación. A pocos meses de iniciado el gobierno popular, y respondiendo al desmentido que éste hizo respecto de persecución alguna, Guzmán contraatacaba: “El problema no es certificar si existe o no actualmente libertad de expresión, sino establecer HASTA CUANDO ESTA GARANTÍA TENDRÁ VIGENCIA... por eso es que la defensa de la libertad de expresión debe plantearse AHORA , cuando aún la escalada comunista contra ella no se traduce en hechos irreversibles”529. Este frente de lucha tuvo como uno de sus más importantes escenarios el Canal 13, en el marco de la demanda por “democratizar” la Universidad Católica que recién mencionamos. Las acusaciones de abusos de poder y discriminación ideológica a nivel rectorial, se extendían a la Vicerrectoría de Comunicación y Extensión, también en manos –según decían– de la izquierda, por lo que se unieron a la Democracia Cristiana para “arrinconar a Fernando Castillo a través de proyectos concretos destinados a terminar con el predominio absoluto de la Unidad Popular, en zonas tan importantes como la Vicerrectoría de Comunicación y el Canal 13 de televisión”530. Para lograrlo contaban con la mayoría del estudiantado, como con el Frente Académico Independiente, segunda fuerza entre los profesores, ambos gremialistas. El claustro de mayo de 1971 fue la instancia usada por la alianza democratacristiana-gremialista para poner en el tapete el conflicto por el canal universitario, enfatizando la falta de pluralismo y asegurando los gremialistas que no deseaban “purgas”, pero sí una reestructuración. A estas medidas “institucionalistas”, la FEUC agregó la de la presión social, mediante una marcha realizada en marzo de ese año bajo el lema de la defensa de la libertad de expresión, cuando se discutía 528 529

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Fuentes Barañao, op. cit., p.114. Juglar, “Libertad de prensa en Chile”, Pec, 12 de febrero de 1971, p. 9. El destacado en el original; Tomás Mac, Hale El frente de la libertad de expresión (Ed. Portada: 1972). Juglar, “Gremialista y DC versus MAPU”, Pec, 19 de marzo de 1971, p. 7.

la extensión de dicho canal a provincias. Desde el punto de vista del “estilo”, lo que interesa destacar es la combinación de métodos de lucha: desde el aparato burocrático universitario, donde residían las decisiones (el poder), y desde la base, movilizándola. Junto con “Patria y Libertad”, los gremialistas fueron la primera agrupación de derecha que salió de los estrechos márgenes de los salones para ocupar la calle. Fue, como señaló Irarrázabal, “nuestro lanzamiento público”, transformándose en un movimiento más abiertamente político “porque las circunstancias nos obligaban a hacerlo”531. De las recomendaciones del Claustro derivó el nombramiento como nuevo director del Canal 13 del sacerdote Raúl Hasbún, furibundo antiizquierdista. Desde ese puesto, poco después logró el reemplazo del director ejecutivo del Canal, Claudio Di Girólamo; como del jefe de prensa, Leonardo Cáceres, DC, mientras la Federación consiguió un espacio dentro de la programación del Canal para los estudiantes Antonio Vodanovic, de la Escuela de Economía, y Guillermo Vivado, de Derecho, también gremialistas. Estos éxitos se vieron coronados en las elecciones del personal del Canal para designar a sus representantes en el Directorio de la Corporación a fines de 1971, cuando la lista que integraban democratacristianos, gremialistas e independientes obtuvo 116 votos, por sobre los 105 de la Unidad Popular. Este triunfo significaba la consolidación de una mayoría contraria a la coalición de gobierno en el Directorio, abriendo nuevas posibilidades para la elección sindical que se avecinaba532. Pero sin duda el aspecto más importante de la arremetida gremialista sobre el canal universitario, fue la decisión de su nuevo director de extender las transmisiones fuera de la provincia de Santiago, idea que habría sido acogida en el Claustro de mayo de 1971. La ley existente prohibía las trasmisiones más allá de sus lugares de origen, como también la existencia de dos redes nacionales, salvo que las universidades de Chile y Católica se unieran a los otros seis centros de educación superior que existían en esa época, para crear una red nacional en conjunto. Esto habría motivado la respuesta del gobierno de vetar una disposición legal aprobada en el Consejo Nacional de Televisión, con mayoría derechista, que satisfacía la demanda del Canal 13. Los defensores de la iniciativa argüían que la explicación gubernativa era un pretexto, porque solo se trataba de instalar “estaciones repetidoras”, las que llevarían las imágenes hasta Chillán por el sur, y Coquimbo por el norte, y que el verdadero problema estaba en la aspiración monopólica del gobierno, el cual a través del Canal 7 de televisión “concientizaba” a la población. Finalmente el conflicto se resolvió por la fuerza, pues Hasbún viajó a Estados Unidos, de donde trajo el equipo necesario, iniciando las transmisiones en diciembre de 1972 en San Fernando, sin que el gobierno tomara medida alguna

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Verónica Hush, op. cit., p. 52, Qué Pasa, 13 de mayo de 1971, p. 5. Qué Pasa, 11 de noviembre de 1971, p. 10 y 1 de junio de 1972, p. 13; Hush, op. cit., p. 52.

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en su contra. El reclamo vino de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones (SEGTEL), la que aseguró la ilegalidad de la trasmisión, pues Canal 13 no había solicitado la concesión correspondiente, que se otorgaba por Decreto Supremo. En febrero de 1973 se iniciaron las trasmisiones a Talcahuano a través del Canal 5. La oposición derechista se apoyó en la Reforma Constitucional aprobada a raíz de la firma del Estatuto de Garantías en 1970, la cual incluyó entre sus artículos algunas precisiones sobre la libertad de expresión, entre las cuales se establecía el derecho de las universidades de fundar y mantener prensa y estaciones transmisoras de radio “en las condiciones que establezca la ley”. Igualmente, se estampó la prohibición de discriminar entre las empresas estatales y privadas propietarias de prensa escrita como de estaciones de televisión en materia de venta de papel, tinta u otros insumos. La reforma explicitaba que sólo el Estado y las Universidades podrían establecer estaciones televisivas “cumpliendo los requisitos que la ley señale”. Aunque el rector Fernando Castillo se negó a transgredir las normativas legales referidas a las transmisiones, Hasbún las inició de todas maneras, generándose una crisis política533, la cual fue aprovechada por la oposición en general, y el gremialismo en particular, para acusar al gobierno del intento totalitario de coartar la libertad de expresión y controlar los medios de comunicación. Jaime Guzmán se sumó a la campaña de defensa del Canal 13, pues, a su entender, la actitud del gobierno no hacía más que corroborar lo sostenido desde la elección de 1970 respecto de la naturaleza totalitaria de la Unidad Popular, siendo ejemplo de ello las persecuciones contra El Mercurio y Canal 13. Reiterando su persistente hipótesis, sostuvo que: En cuanto al Canal 13 de televisión, es de público conocimiento que el gobierno le ha negado la posibilidad de proyectar sus transmisiones a todo el territorio nacional. Esta arbitraria determinación afecta también a los demás canales universitarios... Al cercenarles esta posibilidad de expansión, el gobierno tiende, innegablemente, a mantener en manos de Canal Nacional el monopolio de la comunicación televisiva a nivel nacional. Más concretamente, a dejar en manos netamente marxistas la responsabilidad y el derecho de informar y orientar al país a través del medio de comunicación más impactante y convincente. Así, los telespectadores... reciben el mensaje concientizador de un sector político.

Esto, por supuesto, fue acompañado de marchas, especialmente la realizada el 5 de septiembre de 1972 –al día siguiente del segundo aniversario del gobierno socialista– organizada por la FEUC de Atilio Caorsi “en defensa de la libertad de expresión”, acto en el que fueron acompañados por la Democracia Cristiana Universitaria, el Partido

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Qué Pasa, 30 de septiembre de 1971, pp. 4-5; Chile Hoy, 30 de marzo de 1973, pp. 6-7. Sobre la reforma constitucional, Miguel González Pino y Arturo Fontaine Talavera, Los mil días de Allende (CEP: s/f), Tomo 2, Documentos, pp. 975-976.

Nacional, “Patria y Libertad” y representantes del Canal 13. La marcha, además, se sumó a la defensa de la actividad comercial que en ese momento también promovía manifestaciones callejeras, no considerando que con ello vulneraban su carácter “apolítico”, toda vez que “es nuestro deber manifestar a Uds. nuestro decidido respaldo a la libertad que asiste a todos los trabajadores chilenos para ejercer sin restricciones sus legítimos derechos gremiales”. Igualmente, dieron su apoyo al sector bancario –acicateado supuestamente por el CUP interno–, y a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, todos quienes “rechazan el sectarismo y el atropello estatista”. La defensa del canal universitario permitió, así, agrupar a varias organizaciones en torno a la idea de libertad gremial tras la consigna “Canal 13 a todo Chile” bajo la batuta de Javier Leturia. Esto, sin embargo, había generado fuertes conflictos entre los directivos de la universidad, como en la clase política en general, lo cual ayudó a mostrar a los jóvenes universitarios como el sector más decidido de la oposición. Reiterando esta nueva actitud, estudiantes y académicos gremialistas de esa Casa de Estudios emitieron una declaración pública en la cual reivindicaron el significado de la universidad como centro de conocimiento pluralista, sin subordinarse a partido político o ideología alguna, pues ello traicionaría su esencia. Desde ese punto de vista, quienes suscribían la declaración defendían su accionar en respaldo de las intenciones del Director del Canal sin que a su entender hubiera contradicción alguna con su discurso despolitizador, ya que “al oponerse al totalitarismo, la universidad no quebranta pues su independencia política, simplemente defiende el cimiento mismo que le permite subsistir... Por imperativo ético y legal, la TV universitaria debe satisfacer esa finalidad a través de la objetividad informativa y del pluralismo ideológico. Creemos que con la actual dirección ejecutiva, Canal 13 se ha convertido sin duda en el más objetivo y pluralista de los canales chilenos de TV”534. La problemática se mantuvo durante el año 1972, momento en el que los gremialistas respaldaron al director Hasbún, cuando a comienzos de ese año éste removió de su cargo a un miembro del Departamento de Prensa y militante del MAPU, realizando la FEUC una amplia campaña en su defensa. Paralelamente, Atilio Caorsi, presidente de la Federación en ese año de 1972, se lanzó contra el rector de la Universidad, Fernando Castillo Velasco, por su actuación en el Consejo Nacional de Televisión, donde se mantenía, según lo acusaban, pasivo frente a la senda que seguía Televisión Nacional. De acuerdo a Caorsi, dicho medio de comunicación se había apartado de las normas legales y de convivencia social, siendo “un canal sectario y proselitista, al servicio

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La primera cita es Juglar, “La UNIPOP pisoteando la Constitución”, Pec, 24 se septiembre de 1971, p. 3; Debate Universitario, No. 54, 12 de septiembre de 1972, citado por Verónica Hush, op. cit., pp. 58-59 y pp. 60-61. La Declaración, en El Mercurio, 4 de mayo de 1973, p. 22 y el respaldo al comercio el día 23 de agosto de 1972, p. 17.

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incondicional del marxismo y de la Unidad Popular, en cuyo vasallaje ni la verdad, ni la rectitud parecen señalar límite alguno”535. Emulando al letrero que los reformistas colocaron en el frontis de la universidad en 1967 (“El Mercurio miente”), la FEUC gremialista colocó un lienzo que decía “Televisión Nacional, el canal de la mentira”, acción que fue acompañada de petición de firmas en las calles. Esta campaña fue clausurada por el entonces presidente de la Federación, Atilio Caorsi a través de una cadena radial en la cual reafirmó que: “Televisión Nacional no informa sino tegiversa o distorsiona los hechos, cuando no miente en forma abierta o impúdica... [habiendo sido convertido] en un instrumento que atropella diariamente nuestra convivencia colectiva”536. La participación del gremialismo en estos hechos, tanto a través de la FEUC como de Guzmán, tuvo como resultado el control del Canal 13 por la oposición a la Unidad Popular y, por ende, un efectivo medio de comunicación que le permitía trasmitir sus discursos a un público más amplio de lo que llegaba El Mercurio y los otros medios creados a raíz del triunfo socialista. Debe recordarse, además, que la televisión alcanzó una mayor difusión en los años de la Unidad Popular, debido a la producción y venta de aparatos de bajo precio, los televisores Antu. Canal 13 se convirtió, así, para 1972 en un bastión de la oposición, como lo era la propia Universidad Católica, en importante medida como efecto del dominio gremialista de la FEUC, su expansión hacia los académicos, y su capacidad de neutralizar a los sectores reformistas, influyendo determinantemente en el Claustro de 1971. En otras palabras, el gremialismo se reveló como una fuerza política “eficiente”, al contrario de las colectividades partidarias, las cuales desde el Parlamento y el recurso a otras instituciones estatales, no lograban detener la expansión del Área de Propiedad Social y la amenaza al gran capital. La experiencia en la lucha por el Canal 13, mostró tempranamente a Guzmán y los gremialistas la efectividad de la política de presión y de movilización, al margen –aunque no en contra– de los partidos. Desde un comienzo, le imprimieron a sus luchas un fuerte sentido social y “libertario”, ajeno a intereses partidistas, plasmando el pensamiento corporativo que los permeaba. Estos éxitos frente a sus adversarios, incluso ante sus recientes aliados políticos (la DC), les confirmaron las estrategias hasta entonces implementadas, convirtiendo a la Federación universitaria en la oposición más decidida. Esto ocurría, según Guzmán, porque a los gremialistas los

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Verónica Husch, op. cit., p. 57. Según el dirigente de “Patria y Libertad”, Roberto Thieme, Hasbún le pidió ayuda a “Patria y Libertad” y el Movimiento le envió “un grupo operativo a Concepción a cargo de Miguel Sessa y los técnicos electrónicos Michael Townley y Rafael Undurraga”, Thieme “Memorias”, Libro I: ‘Gobierno de la Unidad Popular’, p. 64 (inédito). La autora agradece a Roberto Thieme haberle dejado leer la primera versión de sus Memorias. Tomás Mac Hale, El frente de la libertad de expresión, p.181.

movía un juicio certero acerca de la Unidad Popular. A su entender, el gran problema de la oposición era caer en la trampa lanzada por la izquierda de insistir en que el experimento chileno escapaba a las experiencias del socialismo real, lo cual llevaba a la oposición a centrarse en el problema de los medios: si el gobierno cumplía o no la vía legal. Ello, a juicio del líder gremialista, derivaba en una discusión estéril acerca de la “transición, sin que nunca se fuerce a la Unidad Popular a precisar en qué consistirá la meta misma”. El punto central no era si los medios eran legales o no, sino el “fin”, la sociedad socialista que se impondría. Los dirigentes gremialistas universitarios eran los únicos que se focalizaban en lo importante: “La FEUC, una de las pocas instituciones que ha demostrado advertir la importancia de discutir más bien sobre la meta que sobre el camino, pide una definición pública al respecto a don Salvador Allende”537. Esta claridad sobre el problema de fondo –los “fines”– derivaba en el uso de los “medios” adecuados; tales eran la organización y la movilización.

b) Un estilo “participativo”: el Poder Gremial Estas primeras incursiones políticas sustentadas en el pensamiento gremial fueron avanzando junto con el proceso mismo de la Unidad Popular. Durante el primer año, el gobierno había empezado a materializar su programa presidencial al incorporar al Área de Propiedad Social algunas empresas emblemáticas de la manufactura nacional, en manos de grupos económicos, como de los sectores denominados estratégicos de la economía, lo cual se tradujo en la nacionalización del cobre, la aplicación decidida de la ley de reforma agraria de 1967, la nacionalización de parte importante del sector bancario a través de su compra por CORFO y la estatización de numerosas industrias. La huida del país de algunos dueños de empresas abrió el camino para la actualización de un decreto ley de antigua data que permitía la “requisición” de aquellas actividades cuya paralización estuviera afectando el abastecimiento interno, el cual fue usado en los inicios del gobierno para enfrentar la situación de una fábrica textil538. Los decretos de requisición, como se sabe, permitieron incorporar al Área Social importantes empresas sin negociación parlamentaria, sacando a la luz el real foco del conflicto con la oposición y la derecha en particular, declaradamente defensora de la propiedad privada, de modo que el programa y accionar de la Unidad Popular representaban una amenaza vital. En un comienzo, el empresariado intentó defender la existencia de la propiedad privada dentro del plan gubernamental de expropiación de los grandes monopolios, actitud

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Jaime Guzmán E., “A esclarecer la ‘meta’ socialista”, Pec, 20 de mayo de 1971, p. 5. Sobre este aspecto de la historia de la Unidad Popular existe una abundante bibliografía, entre la cual destaca: Sergio Bitar, Transición, democracia y socialismo. La experiencia chilena (Siglo XXI: 1979).

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que fue cambiando durante 1971 como producto de las requisiciones, vistas como un peligro, a lo que se sumó la movilización campesina y la toma de la empresa maderera Ralco, todo lo cual fue minando la anterior disposición. La reacción empresarial se plasmó en medidas de acaparamiento, como en el surgimiento del mercado negro, las que influyeron en el desabastecimiento que afectó a la sociedad chilena hacia el fin de ese primer año, a lo cual ayudaba el incremento del poder adquisitivo de los sectores populares como efecto del mejoramiento de sueldos y salarios que presionaban la demanda. La respuesta del gobierno ante el desabastecimiento fue la apelación a la organización vecinal, comunal y la creación de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), lo cual provocó la ira del gremio del comercio detallista. A partir de ese momento, la defensa de la propiedad privada excedió el marco del gran capital para empezar a sumar al empresariado mediano y pequeño, produciéndose una convergencia que históricamente había sido imposible por la conflictividad de sus relaciones539. Si durante 1971 la iniciativa política había estado fundamentalmente de parte de la Unidad Popular, con el avance de su plan nacionalizador de la gran empresa, 1972 mostraría una realidad menos unilateral, toda vez que la política de expropiaciones favoreció el discurso gremialista que hasta fines de 1971 había debido remitirse a la defensa de la libertad de expresión. Hacia el aniversario del primer año de gobierno, la discusión en torno al método para proteger el derecho de propiedad empezó a ocupar un lugar central, toda vez que su defensa permitió una reactivación de la oposición como conjunto. La desmoralización cívica que Guzmán diagnosticó un año antes parecía revertirse frente a una supuesta amenaza amplia a la propiedad, pues ello daba sentido al discurso gremial. Como constataba el líder gremialista: “Se observa un signo alentador, muy díficil de prever un año atrás: la democracia chilena se encuentra en actitud de combate y el marxismo aún tiene escollos muy serios por delante”. De acuerdo a su análisis, el gobierno había ganado posiciones importantes al apuntar a la banca y la empresa privada, difícilmente defendible por la población. Con ello, demostraba haber comprendido que era posible asfixiar la libertad política al privarla de su independencia económica frente al Estado. No obstante, como el proceso no había avanzado todavía lo suficiente “se ha convertido en el mejor aliado de quienes necesitamos tiempo”. Los otros dos poderes del Estado se habían –según su entender– “sobrepuesto al vigor del primer huracán”, como también “la valiente tarea del “Frente Nacionalista Patria y Libertad”, movimiento que ha comprendido la importancia de crear nuevas formas de acción cívico-política”. Con todo, no era conveniente

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Campero, op. cit.; Varas, op. cit.; Faúndez, op. cit., caps. 11 y 12; Rafael Cumsille Recordando... mi vida (Publival Impresora, 2003).

minimizar la importancia irremplazable que reviste la resistencia de cada chileno en la esfera propia que le corresponde... Desde las juntas de vecinos hasta los sindicatos o centros estudiantiles ha surgido una organización espontánea y natural para preservar la libertad y la legítima autonomía de cada núcleo de agrupación intermedia. Ha cobrado forma el gremialismo, como el anhelo de miles de chilenos de impedir la politización de sus esferas de trabajo, liberándolas así de toda instrumentación o fiscalización política, por las cuales bregan siempre con especial ahínco todas las corrientes de inclinación totalitaria540.

Sin pretender personalizar en extremo lo que fue más tarde el “Poder Gremial”, nos parece que Guzmán fue uno de sus más importantes ideólogos, respaldado por su experiencia en la Universidad Católica, como fundador de esa aplicación doctrinaria, como por su imagen académica. Desde el momento en que distintos sectores profesionales, empresariales y laborales buscaron una forma alternativa de enfrentar la política gubernamental, desde fuera del Parlamento, recurrieron al expediente gremialista que había mostrado su eficacia entre el estudiantado universitario, naciendo frentes gremialistas en el ámbito bancario, los colegios profesionales, del comercio detallista, etc., surgiendo el Frente Nacional de Trabajadores Independientes (FRENATI), el cual reconocía su deuda con esa experiencia, pues “la idea apareció entre el estudiantado de la Universidad Católica”. La estrategia de Guzmán de salir paulatinamente de su alma mater, primero hacia otras universidades y, posteriormente, hacia gremios profesionales ya a fines de los sesenta, empezó a rendir sus frutos en el marco de la experiencia de la Unidad Popular, por las razones ya explicadas, permitiéndoles a los gremios atemorizados ante una eventual expropiación levantar similar discurso. Así lo señalaba, por ejemplo, Enrique Alvarado, dirigente del pequeño comercio, secretario general del Movimiento Gremial “Diego Portales” y propietario de un taller industrial: Los comerciantes y los hombres de empresa en general están pagando caro hoy día el haberse despreocupado de la marcha general del país y de su vida económica y productiva para dedicarse a sus propios negocios. Por tal razón, nuestros problemas han sido resueltos por los políticos, y generalmente muy mal resueltos, porque no nos conocen, ignoran nuestras necesidades y aspiraciones, y tienen una mentalidad diferente. Estamos impulsando dentro del comercio un Movimiento Gremialista precisamente para corregir lo anterior541.

En otras palabras, el propio éxito de la Unidad Popular en su programa de socialización de la propiedad permitió la llegada del discurso corporativo a segmentos de las capas medias –los Colegios Profesionales–, como a productores medianos. En ese sentido, el debate acerca de una resistencia partidaria o gremial empezó a resolverse a favor de esta última, considerando la necesidad de incorporar a sectores sociales

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Jaime Guzmán E., “La democracia chilena sigue de pie”, Pec, 3 de septiembre de 1971, p. 3. La cursiva en el original. Qué Pasa, 5 de agosto de 1971, p. 4. Todas las citas del párrafo fueron extraídas de esta fuente.

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más amplios, no vinculados a los partidos, y además, por la lejanía de otro evento electoral. Después de la elección municipal de abril de 1971, el siguiente episodio de proporción nacional ocurriría sólo dos años más tarde, con motivo de las parlamentarias, de modo que ello podría aletargar la disposición opositora. Así, la defensa de intereses gremiales ante el avance expropiador apareció desde mediados de 1971 como un móvil con potencialidades masificadoras y movilizadoras para la oposición. El argumento desarrollado fue que el gremialismo emergía como respuesta al avance estatizador que buscaba subordinar a los gremios y transformarlos en apéndices del Estado, pues el marxismo “solo concibe entidades militantes en el servicio de la revolución” . En ese sentido, el gremialismo era un aliado de la democracia, ya que incorporaba a la lucha por la libertad y la independencia gremial a sectores sociales reacios a participar en colectividades partidarias, frente a “un Estado que pretende implantar el estatismo económico y el control político, la sola organización y acción gremialista, adquiere una significativa gravitación cívica, que no resulta posible desconocer”542. El gremialismo debía transformarse, así, en sinónimo de libertad y democracia, antítesis del marxismo. Uno de los primeros sectores en organizarse gremialmente fue la empresa privada, la cual a comienzos de diciembre de 1971 realizó un encuentro gremial y dio vida al Frente Nacional del Área Privada (FRENAP), el cual reunía a distintas áreas productivas, tales como el gran empresariado reunido en torno a la Confederación de la Producción y el Comercio, la del Comercio Detallista, de la Pequeña Industria de Chile y la Pequeña Industria y el Artesanado de Chile (CONUPIA), el cual lucharía por una definición del sector privado en el futuro. El Frente coordinaría la acción de todas las organizaciones gremiales encaminadas a desarrollar la actividad privada, llamando a sumarse a esta iniciativa a todas ellas, ya fueran profesionales, técnicas, de empleados, educacionales o de las comunidades escolares, toda vez que para la derecha económica el área privada era un “recinto de la libertad”, y quien estuviera aún inserto en la esfera particular era parte del área privada543. En ese sentido, ya se llamaba a la constitución de un poder ajeno a las instituciones liberales, pero en nombre de sus principios inspiradores, como sería el poder gremial. Como señala Campero, desde la conformación de la FRENAP y hasta octubre de 1972 los sectores del área privada fueron precisando su enemigo, identificado con el marxismo encarnado en el gobierno y los partidos de la Unidad Popular, articulando un discurso donde el empresario pasó de ser del “hombre de trabajo” al “patriota” que debía enfrentar al enemigo. Quienes mejor representaron este proceso fueron los grupos vinculados a la

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Portada, No. 23, julio de 1971 y No. 22, junio de 1971; Qué Pasa, 6 de mayo de 1971, p. 9. El Mercurio, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 1971, pp. 20 y 23, respectivamente.

SOFOFA y CPC, los que adhirieron a una mirada decadentista del momento histórico, abriéndose a la posibilidad de un programa “nacionalista, revolucionario, popular y autoritario….[que] no podrá ser calificado ni de izquierda, centro o derecha”. En pocas palabras, crisis de lo existente y el imperativo de sustituirlo544. La aparición de frentes gremialistas en distintos ámbitos sociales reflejaba no sólo la expansión que adquiría la lucha política, sino la capacidad de sus dirigentes de expandirse hacia sectores que históricamente habían sido ajenos a la derecha, como algunos sindicatos de empleados (INDAC), o del área metalúrgica, levantando un discurso de libertad sindical, de modo que para 1971 el gremialismo no sólo “crece, sino que empieza ya a coordinarse”. El avance gremialista tocó, fundamentalmente, tres sectores: profesionales, comercio y universidades. Si ya a fines de los sesenta el gremialismo de la Universidad Católica había logrado algunos triunfos en el Colegio de Periodistas, para mediados de la Unidad Popular logró penetrar a las órdenes más grandes, como abogados, médicos e ingenieros. De acuerdo a las propias declaraciones de miembros de esas entidades, el desarrollo del gremialismo entre los profesionales se había relacionado con el desprecio mostrado por las autoridades hacia los “técnicos”, colocando en los cargos a personas no idóneas, como había ocurrido en el sector agrario o médico, o con los interventores, como en el caso de la fábrica Mademsa, cuyo interventor no era “ingeniero”, por tanto incapacitado para “ejercer autoridad o mando sobre profesionales o técnicos titulados o en cargos que normalmente habían correspondido a aquéllos... pasándose a llevar la dignidad o las prerrogativas de profesionales y técnicos”545. Los presidentes de los colegios profesionales rechazaron la tentativa igualitarista del gobierno, pues a su entender se desconocía cualquier superioridad, pretendiéndose un igual trato con aquellos no calificados. Como es sabido, la Unidad Popular buscó deliberadamente rebatir la tesis de que los trabajadores no estaban preparados para asumir tareas de dirección en las distintas áreas nacionales, especialmente en la productiva, de modo que integró en los planos dirigentes a exponentes del mundo del trabajo. Esto tuvo su ejemplificación paradigmática en el nombramiento como ministra del Trabajo de la militante comunista y ex suplementera Mireya Baltra, y de Pascual Barraza, en el mismo ministerio, aunque no fueron los únicos. Tal decisión fue mirada con recelo y abierto rechazo por sectores de derecha, poniéndose en cuestión su idoneidad para tales cargos. A medida que el área de propiedad social fue avanzando, este tipo de nombramientos también lo hizo, abriéndose un canal por donde se filtró el discurso gremialista, toda vez que dichos nombramientos fueron vistos como intentos gobiernistas de control. Como haya sido, el resultado de esa lucha

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Campero, op. cit., pp. 60 y ss. La frase corresponde a Orlando Sáenz, dirigente de la SOFOFA. Qué Pasa, 13 de julio de 1972, pp. 14-16.

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política fue la aparición de un frente opositor entre los profesionales, el denominado “Poder Profesional”, frente al cual quienes apoyaban al gobierno quedaron marginados y en minoría. El discurso gremialista, circunscrito originalmente al estudiantado de la Universidad Católica, había logrado salir de sus fronteras. El comercio fue uno de los sectores que más tempranamente se acercaron a las estrategias gremialistas, como lo probó su alianza con la FEUC a raíz del conflicto por el Canal 13, al que nos hemos referido anteriormente. Desde mediados de 1971 este gremio comenzó a realizar grandes concentraciones con el propósito de obligar al gobierno a aclarar su política respecto del comercio al detalle, para enfrentar el naciente desabastecimiento, como respecto a ciertas funciones fiscalizadoras que se implementarían sobre los comerciantes. A poco andar, estas acciones se coordinaron con las del gran empresariado en lo que fue la FRENAP, acto que coincidió con el realizado en el Estadio Nacional con el líder cubano Fidel Castro. Si el accionar de la Confederación del Comercio Detallista se coordinaba con el resto del empresariado, también lo hacía con el Movimiento Gremial, el que se sentía muy cercano a su lucha y de quien recibió abierto apoyo con motivo del paro del comercio de agosto de 1972. En esa oportunidad, Javier Leturia, a la sazón presidente de los gremialistas, envió una carta pública a Rafael y Jorge Cumsille, dirigentes gremiales del pequeño comercio, para ofrecerles “la más sincera adhesión del Movimiento Gremial de la Universidad Católica”, pues aunque no correspondía a un movimiento estudiantil pronunciarse sobre la decisión de cerrar los locales comerciales, “sí es nuestro deber manifestar a Uds. nuestro decidido respaldo a la libertad que asiste a todos los trabajadores chilenos para ejercer sus legítimos derechos gremiales”. Leturia levantaba una “protesta enérgica” contra lo que llamaba el intento del gobierno de aplicar medidas coercitivas a los comerciantes, lo cual no podía sino reflejar “la inspiración totalitaria del régimen”, reconfirmada en las innumerables persecuciones a trabajadores gremialistas. No obstante ese oscuro panorama, le gratificaba, como presidente del Movimiento Gremial, el “comprobar cómo el auténtico gremialismo es capaz de unir a los chilenos más allá de diferencias ideológicas o partidistas sin otro norte que el progreso del país en justicia y libertad... reitero nuestra gratitud y solidaridad por el ejemplo que Uds. han dado en estos días al gremialismo chileno y por el servicio que con ello han prestado a la subsistencia de nuestro régimen democrático”546. El crecimiento de la actividad gremial derivó finalmente en la emergencia del llamado Poder Gremial, el que fue definido por Jorge Fontaine, presidente de la CPC, a mediados de 1972, cuando afirmó: “Para construir una nación, para reconstruirla, no hay divisiones partidistas, ni dogmatismos doctrinarios, si la gran tarea se realiza con

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El Mercurio, 23 de agosto de 1972, p.17.

el apoyo de la fuerza gremial... se sirve al país con la decisión callada, obstinada, no sometida al vaivén de corrientes políticas, de prestar un servicio efectivo a Chile…Este es nuestro camino. Este es nuestro futuro. El servicio gremial, unido, compacto, con sentido de disciplina y consciente de su poder”, porque “el gremialismo es una fuerza social más allá de los partidos. Se afianza en la técnica, la experiencia y el trabajo personal... Hay que crear una sociedad nueva, pero basada en nuestra tradición…los gremios son alternativa para lograr ideales de libertad, nacionalidad y autoridad”547. En suma, a dos años de iniciado el gobierno socialista la oposición de derecha, en sus más amplias gamas, adhería –ideológica o instrumentalmente– a la tesis del gremialismo, como eficiente herramienta de “despolitización”, de pluralismo y de libertad. Aunque pocas veces el Movimiento dirigido por Guzmán apareció en alianza abierta con estos grupos, formó parte de él, tanto como fuente inspiradora por su ejemplo, como por su trabajo en el plano argumentativo. Desde la revista Pec, Guzmán abogó por la unidad de las fuerzas “democráticas” para ganar la “guerra” que se libraba, pues ellas constituían un “bastión insalvable contra el marxismo”. Este proceso de unidad se había iniciado, según él, en las bases “sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales y sólo al final comprometió a los partidos”, viniendo la imposición, por lo tanto, desde abajo548. Si se observan las palabras de Fontaine, como de las otras experiencias gremiales, ellas coinciden con la argumentación que originalmente levantó el grupo de estudiantes de la Universidad Católica más aún, se había ido produciendo entre esos actores una alianza desde la campaña de 1970, la que se acentuó desde 1971 en múltiples espacios. De hecho, y según el testimonio del historiador Gonzalo Rojas, el paro de octubre se organizó en las salas de la casona de Suecia 286, sede del gremialismo. Esto coincide, además, con la plataforma propagandística de la FEUC liderada por Atilio Caorsi, la que a juicio gremialista debía “encauzar la creciente actitud de indignación que los intentos totalitarios del gobierno de la Unidad Popular producen en todas las esferas nacionales”549. Por ello no es extraño que fuera Guzmán quien anunciara con un mes de antelación el paro que vendría en octubre de ese año, cuando las fuerzas gremiales pretendieron enfrentar al gobierno y derrocarlo. En el marco del rechazo gubernativo a una marcha de la oposición, Guzmán afirmó que con ello solo “postergó una NOTIFICACIÓN pública y con carácter de ULTIMÁTUM que ya ha sido acordada por la mayoría democrática”, pues una de sus tareas era buscar una forma para canalizar el repudio hacia el gobierno marxista “tal como han sugerido diversos sectores de base de la Confederación y otros grupos democráticos ajenos a 547 548 549

El Mercurio, 8 de julio de 1972, p. 31; Campero, p. 68. Juglar “Embates marxistas para destruir unidad democrática”, Pec, 21 de enero de 1972, p. 3. Cosas, 10 de octubre de 1995, pp. 81-82. Sobre este tópico volveremos más adelante. La cita en Fuentes Barañao, op. cit., p.117.

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la militancia partidista, una fórmula incluso más impactante es la realización de un PARO NACIONAL que, de una vez y para siempre, demuestre a la minoría encaramada en el Poder que, así como la mayoría democrática puede impulsar el país hacia los niveles de progreso que éste se merece, también está capacitada para inmovilizarlo cuando es conducido hacia objetivos que le son nefastos”550. Como puede apreciarse en sus palabras, la paralización de los sectores productivos y del comercio fue escogida como medio para medir fuerzas con el enemigo marxista y derrotarlo. Guzmán y los demás dirigentes gremialistas y gremiales asociaban acción gremial con democracia, libertad, y antipartidismo. Aunque Guzmán en general evitó usar un discurso muy contrario a esas organizaciones en la lucha contra la Unidad Popular, siempre realzó el papel de las organizaciones sociales y la posición tardía y secundaria de los partidos. Sus principales aliados –los empresarios y ciertos grupos nacionalistas– también tenían una fuerte aversión a ellos, valorizando más la capacidad de presión social. En el caso de los nacionalistas, como veremos, ello era consistente con sus planteamientos políticos, y en el de los empresarios, tal disposición fue la elegida cuando la negociación fracasó. Como se mencionó antes, la tentativa original de salvar al sector privado dentro del programa del gobierno, falló a mediados de 1971, momento en que comenzó la articulación gremial, demostrando una vez más el escepticismo que la derecha económica sentía hacia los partidos. Aunque en el plano público todos constituían una unidad, incluyendo al Partido Nacional, en la práctica el empresariado focalizó su acción a lograr una alianza con el empresariado mediano y pequeño, más que a esperar algún resultado de la acción partidaria o subordinarse a ella. En otras palabras, la tesis gremialista de Guzmán era coherente con las tendencias que para entonces dominaban en el empresariado y que favorecieron una expansión del discurso corporativista. A pesar de que los gremios, los gremialistas y Guzmán insistían en afirmar que la movilización gremial era una expresión de la vitalidad democrática de la sociedad, en la práctica era un desconocimiento de los principios del liberalismo político y de las instituciones encargadas de la representación de intereses. El corporativismo había ingresado a la derecha más institucionalizada, como hemos visto, sin que lograra del todo hegemonizar su pensamiento, aunque sí alcanzó fuerza mayoritaria como medio para enfrentar a la izquierda en el espacio en que históricamente ella había sido fuerte: las bases sociales y la movilización callejera. El Parlamento, los tribunales de justicia o la Contraloría fueron útiles para sentar la idea de la ilegitimidad gubernativa, pero no como imaginario de fuerza social. Aquello

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Juglar, “Histérica provocación de la minoría marxista”, Pec, 14 de septiembre de 1972, p. 3. El énfasis en el original. Sobre la relación del gremio de transporte y el gobierno de la UP, y el paro de octubre de 1972, Claudia Lefever y Patricia Prenafeta, “Gremios de transporte y gobierno: 30 años de confrontaciones, disputas y acuerdos”, Tesis, Periodismo, USACH: 2001, cap. 1; también “Los gremios patronales” (Quimantú: s/f).

fue ofrecido por el corporativismo. Sabemos que en el caso de Guzmán su adscripción era doctrinaria, como en la mayoría de los integrantes del Movimiento Gremial. Es decir, parte del “estilo” gremialista, ya probado en la Universidad Católica, aquel que valorizaba la movilización callejera y disputaba la calle a sus contendores, se consolidó bajo la experiencia de la Unidad Popular, pues ella mostró ser la más efectiva para remecer al enemigo. Sin renunciar a ningún medio, la lucha por la calle y por las masas se constituyó en un ingrediente clave. Más aún, el corporativismo que había sido levantado como arma despolitizadora, resultó ser, en manos gremialistas, el principal recurso politizador de amplios sectores que hasta entonces canalizaban sus aspiraciones a través de los partidos. En lucha larvada contra éstos y debiendo situarse en el terreno en que la izquierda era fuerte, el gremialismo usó la apelación gremial como la más eficiente arma contra su enemigo para atraer masas a la lucha. Respondiendo a ciertos comentarios de los diputados nacionales, Mario Arnello y Fernando Maturana, Guzmán aclaraba que el gremialismo postulaba la existencia de organizaciones gremiales libres de cualquier tutela, ya fuera la partidaria o del Estado, procurando con ello “que cada agrupación cumpla con la finalidad que le es propia, a la vez que facilita la efectiva participación de todo ciudadano en la vida social, a través del campo que mejor conoce: el de su trabajo o actividad”. Esta idea fue corroborada por uno de sus más cercanos colaborales, Javier Leturia, elegido presidente de la FEUC en octubre de 1972, quien explicó el “estallido del gremialismo” como producto del cansancio y de la frustración de la población “que ha ido probando diferentes alternativas políticas sin resultado y que quiere algo nuevo, que les ofrezca una real participación, ya que los partidos, desde hace muchos años, no solo no interpretan a la mayoría de los chilenos, sino que generalmente buscan la utilización electoral de los gremios y de los ciudadanos”. Más aún, durante 1972 la alianza gremialista-neoliberal publicó un libro titulado, precisamente Participación para un nueva sociedad551. Ambas declaraciones desconocían el papel de los partidos en la vida política y reivindicaban la tesis del tradicionalismo católico del “poder social”, esto es, el reconocimiento de la participación de la gente en ámbitos concretos y restringidos, vinculados a sus actividades, desconociéndoles su derecho a intervenir en cuestiones de más largo alcance, propias de las decisiones políticas. La reelaboración del término participación traducía su escepticismo de la ciudadanía de origen liberal, ofreciendo la participación gremial como sucedáneo, demostrando su distancia respecto del pensamiento liberal democrático. Aunque se reivindicaba el gremialismo como aliado de la democracia en contra del totalitarismo

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Qué Pasa, 5 de octubre de 1972, p. 4, y 30 de noviembre de 1972, p. 18, respectivamente. El destacado es nuestro. Aunque en él no escribió Guzmán, fue impreso en la editorial manejada por los gremialistas, José Garrido et al., Participación para una nueva sociedad (Ediciones Portada:1972).

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marxista, en la práctica se levantaba una nueva concepción de democracia, ajena al ideario liberal. Este rechazo al liberalismo era coincidente con el repudio que también sentían otras agrupaciones derechistas, posibilitando la participación gremialista en variadas organizaciones contrarias a la Unidad Popular.

c) La arena y las armas del combate Tal disposición se alimentaba de su profundo anticomunismo, cuestión que no aceptaba negociación posible. Desde su ingreso a la vida política, en los años sesenta, Guzmán mostró una clara tendencia hacia posturas radicales, como lo fue su participación en FIDUCIA. En el marco del triunfo allendista, ellas se volvieron a hacer presentes, no solo impulsando la movilización social en desmedro del papel de los partidos o a través de su actividad periodística, sino siendo parte de una de las organizaciones más radicalizadas de los años de la Unidad Popular, como fue “Patria y Libertad”. Nacida como Movimiento Cívico días después de la elección de Allende, esta agrupación fue el paradigma del antiliberalismo, del anticomunismo furibundo, de la apuesta nacionalista y de la posición más intransigente contra los socialistas, como lo probó la participación de varios de sus miembros en los atentados previos a la ascensión presidencial de Allende y el asesinato del general Schneider552. Guzmán y un grupo de sus seguidores fueron parte sustancial de ese Movimiento. Como ya mencionamos, la obtención por parte del candidato socialista de una mayoría relativa en la elección presidencial de 1970 dejaba la decisión final en manos del Congreso, quien elegía entre las dos primeras mayorías, en este caso entre Allende y Alessandri. La reunión del Congreso Pleno ocurriría un mes y medio después de la elección, el 25 de octubre. Fue ese lapso de tiempo del que dispuso la oposición para evitar la nominación del socialista como Presidente de la República, momento en el cual nació el Movimiento Cívico “Patria y Libertad”, apenas una semana después del acto electoral. Este Movimiento fue creado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, quien había participado en calidad de independiente en la campaña de Jorge Alessandri y tenía como propósito declarado aglutinar a todos quienes rechazaran un futuro gobierno marxista, convirtiéndose a la vez “en la plataforma para decir lo que la derecha ni el gobierno podían decir sin perder esa compostura hipócrita que siempre tiene lo oficial”553. Aunque su misión sólo debía apuntar a una presión en el plano legal, en la práctica “Patria y Libertad” también era un instrumento para organizar la lucha callejera, pues como explica quien fuera el Director de su órgano de prensa

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Veróniva Valdivia, “Camino al golpe”, sección III. Manuel Fuentes W., op. cit., p. 56.

Una denominada ‘marcha del silencio’, organizada por “Patria y Libertad” al iniciarse octubre terminó a palos... Creo que esa marcha es el punto y momento exacto a partir del cual se logra el fenómeno social previsto para Patria y Libertad: desencadenar la violencia callejera como elemento de presión pública, coadyuvante al proceso político... que… era evitar, por la vía constitucional, la asunción de Allende al poder. Pero también preparar y predisponer a la gente, para un escenario con situaciones realmente graves que podían darse o no... Por tanto, sin trauma ni dolor…hay que aceptar que Patria y Libertad fue creado como instrumento de provocación política554.

La tendencia movilizadora que caracterizaba el estilo gremialista desde sus orígenes, coincidía con esta disputa por la calle y el respaldo de las masas que quiso imprimírsele a la lucha contra la Unidad Popular, haciendo posible su incorporación a “Patria y Libertad”. El acto fundacional ocurrió el 10 de septiembre de 1970 en el Estadio Chile, siendo su principal orador Pablo Rodríguez y estando acompañado por Gastón Acuña (nacionalsindicalista), Jaime Guzmán, Gisela Silva (alessandrista), Carlos Cruz-Coke (nacionalista), Benjamín Matte (presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura), Enrique Campos Menéndez, entre otros. A partir de este momento y de una declaración pública de Rodríguez, el Movimiento recibió nuevos adherentes, entre los cuales destacaron Eduardo Díaz Herrera (nacionalista), el dirigente sindical Luciano Morgado (alessandrista) y “el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Sergio Gutiérrez”555. Luego de este bautizo, el Movimiento realizó dos reuniones masivas en Santiago, una en Valparaíso y “una tercera en la Pontificia Universidad Católica de Chile”556. Si se observan algunos nombres de los adherentes, es posible identificar al alessandrismo, presente no sólo en Guzmán y Gutiérrez, sino también en Gisela Silva y Luis Morgado. Este último, como se recordará, fue, junto con Guzmán, uno de los fundadores del MAD en 1965 y eje del Movimiento Alessandrista, en la campaña de su candidato. Estas presencias revelan la conexión directa del alessandrismo/gremialismo en la creación de ‘Patria y Libertad’, más que con el Partido Nacional, como asegurara Jarpa en su entrevista con Patricia Arancibia Clavel, aunque existían claros vínculos con ese partido, como lo demostró la participación de exponentes suyos en el caso Schneider. No obstante, fue el Comando Alessandrista quien estuvo detrás de la aparición del Movimiento Cívico y que continuaría en su segunda etapa como Frente

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Ibid., pp. 56-57. Claudia Abarca et al., “Frente Nacionalista ‘Patria y Libertad’ (1970-1973)”, Seminario de Título, Profesor de Estado en Historia y Geografía, Univ. Católica Blas Cañas: 1993, p. 92; Fuentes W., op. cit., p. 51. Sergio Gutiérrez Irarrázabal era gremialista, amigo personal de Guzmán y fue en su casa de veraneo de Cachagua donde el líder gremialista preparó su examen de titulación para abogado. Ver Rosario Guzmán E., op. cit., pág. s/n. Fuentes W., op. cit.,p. 56.

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Nacionalista. Como ha reconocido uno de sus dirigentes, ‘Patria y Libertad’ jugaba un doble papel en la tentativa de impedir el ascenso de la Unidad Popular, pues aunque su misión era colaborar en la realización de manifestaciones públicas para presionar al Congreso, en la práctica la violencia formaba parte de su identidad política. La muerte de Schneider fue la prueba fehaciente de tal disposición y del imaginario que ha quedado de dicha agrupación, como del sentido de su existencia. El asesinato del Comandante en Jefe del ejército, sin embargo, abortó el camino golpista, favoreciendo el repliegue derechista y la nominación definitiva de Allende por el Congreso. Ante ello, el 27 de octubre de 1970 Rodríguez Grez anunció formalmente la disolución del Movimiento Cívico “Patria y Libertad”. La derecha no volvería a reaparecer más proactiva hasta marzo de 1971, ante la proximidad de las elecciones municipales a celebrarse en abril de ese año, cuando recrudeció la difusión de su prensa más “ariete”. Fue en ese contexto que surgió el heredero del Movimiento Cívico, el Frente Nacionalista “Patria” y “Libertad”, el 1 de abril de ese año. Su nacimiento fue anunciado en el Estadio Nataniel, nombrándose a “Luisa Benavente como representante de las mujeres del Frente. Enseguida habló Jaime Guzmán como dirigente de la Juventud de Patria y Libertad”. Esta participación formal de Guzmán en el Frente Nacionalista se reafirma con la conformación de su Consejo Político, constituido por “Eduardo Boetsch, Gisela Silva, Jaime Guzmán, Federico Willoughby, todos provenientes del Comando de Jorge Alessandri”557. Como es evidente, “Patria y Libertad” fue, por lo menos hasta mediados de 1972, un instrumento del alessandrismo y, por lo tanto, parte consciente de un tipo de oposición combativa y movilizadora. Aunque Guzmán aceptó, con posterioridad a los hechos, su “colaboración” con Rodríguez Grez, negó su militancia. Respondiendo a la pregunta de la periodista Raquel Correa acerca de ello, afirmó: “No. Colaboré con Pablo Rodríguez en la formación de ese movimiento, sin haber sido militante. Apoyé a Pablo Rodríguez, primero cuando se trató de hacer manifestaciones públicas para que el Congreso no votara por don Salvador Allende. Luego, en los inicios de la formación del movimiento como una expresión de combate al régimen marxista desde una perspectiva que en ese momento me parecía importante y válida”558. Su presencia en el Consejo Político, sin embargo, del cual dependían las tareas a desarrollar por el Frente, lo coloca en el centro de sus decisiones, responsable del tipo de acciones que éste realizaría, las

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La primera cita en El Mercurio, 3 de abril de 1971, el énfasis es nuestro; la segunda cita en Fuentes W., pp. 79 y 84. Según Roberto Thieme, secretario general de Patria y Libertad desde 1971 y temporalmente Jefe Nacional en 1972, fue Guzmán quien llevó al Frente a Boetsch y Willoughby. Conversación con la autora, 11 de mayo de 2005. Jaime Guzmán, “Rechazo todo sistema totalitario, pero considero al nazismo menos peligroso que el comunismo”, Cosas, 27 de octubre de 1977, pp. 13-14.

que se fijaron, según Fuentes W., en ganar presencia pública y preparar personas con algún grado de adoctrinamiento en las ideas nacionalistas. En la época, sin embargo, la participación de Guzmán en “Patria y Libertad” era conocida por la izquierda y fue denunciada a través de sus medios de prensa, aunque identificado como “publicista de Patria y Libertad”559. Junto con Guzmán llegaron a “Patria y Libertad” “unos doscientos estudiantes universitarios de la Universidad Católica que Jaime había formado con las ideas gremialistas-corporativistas inspiradas en el falangismo de José Antonio Primo de Rivera”560. Estos jóvenes comenzaron a asistir a las charlas de adoctrinamiento ideológico que, ya en la casa que el Frente tenía en la calle Irene Morales con la Alameda, hacía Pablo Rodríguez, y a las cuales “también se incorporó como charlista el abogado Jaime Guzmán” y “Luciano Morgado”. Su amiga Gisela Silva fue la encargada de comprar el uniforme que usarían los miembros del “Frente Juvenil” de “Patria y Libertad”, el que en un comienzo constó de “camisas azules... para seguir la línea de José Antonio, del mismo tono de la Falange Española”, acompañado del característico brazalete de color blanco con el símbolo del Frente, la “araña de Patria y Libertad”561. La participación de Guzmán y algunos exponentes del gremialismo en “Patria y Libertad” se concentró en el “Frente Juvenil”, parte de los cinco frentes creados poco después de la fundación en abril de 1971: de mujeres, de hombres, juvenil, e “invisible”, al cual ya nos referiremos. A comienzos de 1972, se creó el Frente de Operaciones, a cargo de Roberto Thieme. La presencia gremialista significó su adhesión a las distintas actividades que implicaba el Frente, tales como trabajos de propaganda, las que se referían a rayados en las calles durante la noche, que todo militante debía realizar, como asistir a las charlas de adoctrinamiento y recibir instrucción en defensa personal, con cursos de karate y uso de “linchacos”. Estos se realizaban en un gimnasio que el Frente Nacionalista compró en la calle Almirante Barroso, “un barrio popular”, ubicación elegida para evitar un tinte clasista y obligar a “estos jóvenes del barrio alto que tenían que ir (sic) a Almirante Barroso”. Guzmán no se opuso a la preparación en defensa, aunque no todos los universitarios de la Católica llegados con él participaron en estos cursos, pues algunos se negaron, según testimonió Thieme. En esta calidad de activos militantes, los gremialistas fueron parte de la campaña desplegada por “Patria y Libertad” contra la visita de Fidel Castro, con motivo de la cual el Consejo Político ordenó pintados callejeros con consignas contra el visitante y el desabastecimiento,

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Chile Hoy, 27 de octubre de 1972, pp. 16-17 y 17 de mayo de 1973, p. 5. Roberto Thieme “Memorias”, pp. 28-29. Roberto Thieme, conversación con la autora, 11 de mayo de 2005; “Memorias”, p. 29.

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y contactos con la oposición femenina para realizar la “Marcha de las cacerolas”, en diciembre de 1971. En esa oportunidad, “nuestras brigadas juveniles se identificaban con un brazalete estampado con la insignia del Frente y portaban cascos protectores; aparte de eso, cada uno se había premunido de cualquier objeto que sirviera de defensa, cadenas, palos y laques”562. En otras palabras, una vez más esto demostró el estilo peculiar de esta nueva derecha, decidida a la confrontación, a la disputa por las masas y con algunas tendencias militaristas. Esto quedó plenamente de manifiesto desde noviembre de 1971, cuando terminada la fase constitutiva interna del Frente Nacionalista, se dio inicio a las acciones de lucha callejera, la cual se tradujo en asaltos, dinamitazos a torres de alta tensión, destrucción de propaganda alusiva al líder cubano y enfrentamientos con grupos opositores. La “Marcha de las cacerolas” coronó tales actividades, las que prosiguieron en los meses siguientes563. El radio de acción de Guzmán y los gremialistas desde “Patria y Libertad” fue amplio, toda vez que el “Frente Invisible” era el espacio de reunión con otros sectores de la oposición. Este Frente fue creado desde un comienzo y su particularidad estaba en el tipo de integrantes, todos ellos personas que por su actividad profesional, situación política, institucional o de otra índole parecida no podían aparecer públicamente perteneciendo al Movimiento. En concreto, muchos de sus miembros ya participaban en “Patria y Libertad” y en general eran dirigentes gremiales, tales como “Benjamín Matte, presidente de la SNA, y Orlando Sáenz, presidente de la SOFOFA”. El primero participó abiertamente sólo en el Movimiento Cívico y era amigo personal de Pablo Rodríguez, pero a medida que el proceso se radicalizara, ambos dirigentes se incorporaron formalmente al Frente Nacionalista; Matte renunció a la presidencia de su organismo gremial, mientras que Sáenz continuó a la cabeza de los industriales. Una situación similar era la de Juan Costabal, para entonces presidente de la Línea Aérea del Cobre, LADECO, quien contribuía económicamente, pero no tenía vínculos públicos con el Movimiento. El Frente Invisible era de apoyo económico fundamentalmente, aunque también político y fue lo que permitió la convergencia de distintos segmentos de la oposición en torno al paro de octubre de 1972 y la razón por la cual se ha insistido en que dicha acción fue una decisión gremial, más que de los partidos. Como señalamos más arriba, el paro fue decidido en la casa gremialista, actual sede de la UDI, porque allí se realizaban las reuniones entre los distintos dirigentes opositores: En 1972 comenzaron a realizarse en la casa reuniones de los gremios que fueron desembocando en una coordinación de actividades de resistencia al gobierno de Salvador Allende. ‘Comando Gremial’ se llamó la organización y uno de sus mayores logros fue la realización del paro de octubre 562

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Roberto Thieme, “Memorias”, pp. 30 y 74. Según el “Reglamento Interno” de “Patria y Libertad”, existía un Frente de Adultos, en lugar de uno de Hombres. Abarca et al., op. cit., p. 89. Abarca, op. cit.,p. 115 y ss.

de 1972. La directiva del Comando sesionaba en una sala del primer piso... alrededor de una mesa larga se sentaban... Jorge Fontaine, por la Confederación de la Producción y el Comercio; León Vilarín, por los camioneros; Manuel Valdés, por la Sociedad Nacional de Agricultura; y Eduardo Boetsch, importante organizador, eran los principales contertulios de Guzmán. También se veía por allí a Guillermo Medina, dirigente de los mineros de El Teniente. Jaime Guzmán dirigía el Movimiento Gremial y era el dueño de casa564.

En suma, esta mancomunidad de intereses y espacios –en ‘Patria y Libertad’ y la sede gremialista– hace inteligible la “coincidencia” ideológica que permeó a los protagonistas del paro empresarial y profesional más importante en la lucha contra la Unidad Popular, y que hizo del “Poder Gremial”, hasta marzo de 1973, la principal arma de la oposición. Considerando el estilo “ariete-racionalista” que dominaba a Guzmán y los gremialistas, pero también a muchos de estos actores, se entienden algunas actividades nacidas al calor de la lucha de los gremios. Como ha confesado Orlando Sáenz, ya a mediados de 1971 estaba convencido de que la única solución era el derrocamiento de Allende, para lo cual organizó al interior de la SOFOFA un sistema de inteligencia, el que reunió toda la información posible sobre los dirigentes de la Unidad Popular y del proceso en curso, la cual –como recordaba con mucho orgullo, según sus propias palabras– entregó con posterioridad al golpe al general Nicanor Díaz Estrada, jefe de inteligencia de todas las fuerzas armadas, antesala de la DINA. De acuerdo al testimonio de Thieme, la presencia de Sáenz en el Frente Invisible le permitió captar recursos económicos provenientes de la CIA “y los inyecta a Patria y Libertad y participa de sus reuniones... e incluso en una manifestación en un teatro que estaba al lado del cine El Golf... Orlando Sáenz dio una charla sobre economía social de mercado”565. Como es claro, “Patria y Libertad” posiblemente resumió, mejor que muchas otras organizaciones opositoras a la Unidad Popular, el tipo de derecha en formación, dentro de la cual el alessandrismo y el gremialismo jugaron un papel central. A pesar de todas estas coincidencias, existían áreas conflictivas entre los nacionalistas y Guzmán dentro del Frente Nacionalista, y ellas decían relación con la cuestión ideológica y el tipo de organización de combate que sería “Patria y Libertad”. 564

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Sobre el Frente Invisible, Roberto Thieme “Memorias”, p. 25; también la entrevista ya citada. Sobre la alianza gremialista-empresarial, Gonzalo Rojas, en Cosas, 10 de octubre de 1995, p. 82. La izquierda denunciaba estas alianzas a través de sus medios de prensa, pero ello era negado sistemáticamente por los involucrados, respondiendo siempre que la Unidad Popular mentía. Los testimonios post golpe las han confirmado. Véase las denuncias en Chile Hoy, 20 y 27 de octubre de 1972, pp. 6 y 16, respectivamente. Thieme, en entrevista citada. Sobre Orlando Sáenz, sus declaraciones a Canal 7, en TVN “Informe Especial”, “Los documentos desclasificados de la CIA”, 2001. En esa oportunidad, reiterada en el programa del mismo canal “Cuando Chile cambió de golpe”, cap. 2, Sáenz reconoce que los dineros que financiaron a la oposición provenían de la agencia norteamericana.

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En efecto, desde un comienzo hubo una diferente lectura nacionalista, toda vez que Rodríguez, Thieme o Cruz-Coke reivindicaban su vínculo con el nacionalismo chileno de principios de siglo, identificado con Nicolás Palacios, Francisco Antonio Encina y el Partido Nacionalista de Guillermo Subercaseaux. Era un nacionalismo laico que, si bien reconocía la influencia de José Antonio Primo de Rivera en cuanto a la visión crítica del capitalismo y la participación de los cuerpos intermedios, “planteábamos un nacionalismo portaliano de origen históricamente chileno, equidistante de izquierdas y derechas, desarrollando un Estado integrador laico y progresista, impregnado de un profundo sentido social... El nacionalismo proclamado por Guzmán tenía su origen en el pensamiento conservador e hispanista del historiador Jaime Eyzaguirre y del sacerdote Osvaldo Lira... franquista”566. Estas diferencias no constituyeron, sin embargo, un obstáculo para su convivencia, aunque al parecer había una distancia tácita, en parte también expresada en cuestiones de clase, pero que quedaron subsumidas por la primacía del objetivo político antiallendista. Como ocurriría con toda esta amplia alianza opositora, las disidencias aparecerían una vez verificado el golpe. No obstante, hubo un área que terminó siendo insubsanable y derivó en el retiro de Guzmán, los gremialistas y el alessandrismo de “Patria y Libertad”. El problema radicó en la convicción de Thieme y sus seguidores dentro del Frente Nacionalista de la necesidad de una política militar más activa. Como se explicó antes, el Frente daba instrucción en karate y utilización de linchacos, a lo cual Guzmán no se opuso, pero sí a una instrucción más militarizada y a la existencia de armamento de mayor poder. Este debate surgió durante 1971, cuando Thieme realizó los primeros viajes a Argentina, Mendoza, a comprar armas, las cuales se usarían –según Thieme– para crear y equipar un equipo de guardia en las sedes del Movimiento, y recrudeció después de marzo de 1972, cuando el gobierno denunció un complot para asesinar a Allende y rescatar al general Viaux que estaba preso, acusando a “Patria y Libertad”. Muchos jóvenes dentro del Frente presionaban por una orgánica paramilitar, pues en su gran mayoría ingresaban con ese objetivo, en lo que Thieme coincidía. Guzmán, en cambio, era contrario, al parecer porque lo consideraba peligroso e ilegal. En mayo de 1972, las discusiones se incrementaron, lo cual coincidió con un viaje de Pablo Rodríguez Grez a Estados Unidos –según la izquierda en busca de recursos–, por lo que Thieme quedó temporalmente como Jefe Nacional y encargado de seguir las conversaciones sobre el “Frente Operativo” con el ala alessandrista/gremialista de “Patria y Libertad”. Según Thieme, poco después de la partida de Rodríguez y sin llegar a acuerdo alguno en ácidas discusiones, Gisela Silva le entregó una carta en la que renunciaban al Frente Nacionalista, ella, Guzmán y Boetsch. El nuevo Consejo Político que se formó tenía

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Roberto Thieme, “Memorias”, p. 29.

una mayor presencia empresarial, destacando Sáenz y Matte, el cual dio el pase para la construcción del “Frente Operativo”, llegando a crear campos de entrenamiento en los límites con Argentina, en el sur el país, especialmente en Valdivia y Osorno, y comprando numerosas armas, las que eran contrabandeadas desde allí. De acuerdo al “Reglamento Interno”, este Frente Operativo estaba formado por los llamados “húsares de la muerte”. Más aún, para estas fechas, el Frente Juvenil operaba con dos organismos paramilitares: el CIEL y EOE (Escuela Obrero Estudiantil), los que habrían sido responsables de los sucesos de violencia ocurridos en establecimientos secundarios567. El retiro gremialista de “Patria y Libertad” a mediados de 1972 no impidió su protagonismo en el paro y su vínculo con el empresariado, sino al revés. Oficialmente, el conflicto entre gremialistas y nacionalistas fue por el tema de las armas, pero –según Thieme– la razón era otra: la estrecha relación que ya para entonces existía entre Guzmán y los neoliberales y su desembarco de la economía social de mercado en “la versión nuestra, de la empresa de trabajadores”. Asimismo, cree que incidió la presencia pública que empezó a tener Guzmán con su ingreso como panelista al programa de Canal 13 “A esta hora se improvisa”, que lo expuso a una denuncia568. Como haya sido, desde el punto de vista de este trabajo, la participación de Guzmán y los gremialistas en el origen y vida del Frente Nacionalista corrobora la tesis de un estilo nuevo, mucho más confrontacional, que daba cuenta de una derecha combativa, “ariete”, y antidemocrática. Estos vínculos tan amplios hacen comprensible la participación de los gremialistas en otras acciones emblemáticas de la oposición a la Unidad Popular, como fue la huelga de los mineros de El Teniente, en abril de 1973. La mina El Teniente era la segunda en importancia del país después de Chuquicamata, aportando para 1972, el 32% de la producción de la gran minería del cobre, laborando en ella 11.000 obreros y empleados. La huelga se inició en abril de 1973 y, según el ministro de Minería de entonces, fue el conflicto laboral más importante que enfrentó la Unidad Popular, durando setenta días. Ella se originó a raíz de un desacuerdo entre la empresa, ya nacionalizada, y las directivas sindicales respecto al reajuste de remuneraciones, aprobado por ley en octubre de 1972. Esta ley establecía dos formas de acceder al reajuste, siendo la aceptada por El Teniente aquella que proponía un aumento porcentual de remuneraciones igual al crecimiento de los precios desde la fecha de su último contrato, en 567

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Thieme, “Memorias”, pp. 39-40; El Rebelde, 10 de septiembre de 1971, p. 10 y 1ª quincena de diciembre de 1971, p. 7; Chile Hoy, 22 de septiembre de 1972, p. 9. Confirmaciones sobre el creciente armamentismo de “Patria y Libertad” recogió David Pérez durante su investigación. Thieme en entrevista citada. Chile Hoy atribuyó el retiro al control absoluto que Rodríguez y Thieme tenían de la organización, véase 15 de septiembre de 1972, p.7.

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este caso entre abril de 1972 y el 30 de septiembre del mismo año. Sin embargo, esos trabajadores contaban con un mecanismo automático de reajustabilidad, de modo que para la fecha de discusión sus remuneraciones ya habían sido incrementadas, no así las de otros trabajadores. Los sindicatos solicitaron que el aumento se hiciera sobre la base de las rentas ya aumentadas, a lo cual la empresa respondió que la ley establecía como base las rentas percibidas cuando se había firmado el convenio colectivo y, por lo tanto, ahora sólo percibiría la diferencia entre el porcentaje de alza general de precios abril-septiembre y el porcentaje de aumento de las remuneraciones ya obtenidas. Lo contrario implicaría un doble aumento. En medio de las parlamentarias de 1973, los partidos de oposición acogieron la demanda de los mineros y tras reanudarse las conversaciones no se llegó a acuerdo. La decisión tomada por la Comisión de Arbitraje fue desconocida por los trabajadores y votaron la huelga. El gobierno les pidió el reintegro a sus labores, prometiendo buscar una solución y ofreció que los aumentos de ingresos que excedieran el alza del costo de la vida sólo podían originarse en aumentos de producción. La mayoría de los sindicatos de obreros, donde la Unidad Popular tenía influencia, aceptaron, no así los sindicatos de empleados dominados por la Democracia Cristiana. Peor aún, al momento del regreso de los obreros, hubo actos de violencia, como tomas de las carreteras a la mina, atentados a los autobuses que transportaban al personal y manifestaciones callejeras569. Frente a esto, el gobierno decretó Zona de Emergencia, mientras el conflicto se politizó en su totalidad, al recibir el respaldo generalizado de la oposición, la cual –según Bitar– diseñó un plan de acción global tendiente a crear las condiciones para un golpe de Estado. Los gremialistas fueron parte del respaldo a la huelga de los mineros, lo cual no es extraño si se recuerda que en las reuniones preparatorias del paro de octubre de 1972 en la casa gremialista en la calle Suecia, entre los asistentes se encontraba el dirigente de los mineros de El Teniente, Guillermo Medina. El conflicto laboral, ya transformado en político, derivó en una marcha de los mineros desde Rancagua a Santiago a dialogar con el Presidente, siendo recibidos en la capital por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, dirigida por Javier Leturia570. De acuerdo a la versión de la Federación, los mineros no tenían un lugar donde alojarse, por lo que Leturia y Luis Cordero ofrecieron a los dirigentes de la Zonal la Casa Central de la Universidad Católica, habilitando las salas de clases como dormitorios, donde pasaron la noche

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Sergio Bitar, op. cit., pp. 229 y ss. Esta información la extrajimos de Presencia (FEUC), junio de 1973, donde se realizó un recuento de lo ocurrido y aparece como Documento en González Pino y Fontaine Talavera, op. cit., vol. II, pp.12551262. También es posible encontrar declaraciones de otros dirigentes gremiales que participaron en la marcha en Heynowsky, Scheumann y Hellmich, “La guerra de los momios” (Documental, Alemania: 1974).

300 trabajadores. Al día siguiente realizaron una marcha por el centro de Santiago, acompañados de Manuel Melero, y tras incidentes con fuerzas de Carabineros “el Comité Ejecutivo envía a Hernán Larraín y Arturo Fontaine a ofrecer a la Directiva de la Zonal El Teniente el inmediato traslado de los mineros a la UC”. Ellos señalaron a los mineros que la Universidad estaba a su disposición, pues contaba con autonomía universitaria, espacio, hospital, casino, jardines, e incluso la “cercanía del Canal 13 que representaba para ellos una tribuna desde la cual llegar a la opinión pública”. De acuerdo al testimonio estudiantil, los mineros aceptaron, porque no querían “teñirse” si se alojaban en el local de algún partido. Para solventar la estadía de los recién llegados, la Federación colocó avisos en la prensa “solicitando” cooperación en artículos de cama (colchonetas, por ejemplo), los que llegaron sin problemas. Asimismo, la comida se reunió con “donaciones en cuanto comienza a saberse la noticia” y fue tal la “solidaridad” que los paquetes se trasladaban al segundo piso, que estaba convertido en una inmensa bodega. Cerros de frutas en los pasillos e imponentes montones de paquetes esperando ser atacados por los encargados del abastecimiento... Entre las donaciones había las cosas más increíbles: nescafé, leche condensada, harina, arroz, pan, aceite... todo lo que una dueña de casa soñaría encontrar.

Para una más eficiente organización, se repartieron tarjetas de identificación que cada estudiante y minero llevaba prendidas y que indicaban su función, tarea que estuvo a cargo de Arturo Fontaine y Erwin Hahn; mientras otros estaban a la cabeza del casino y un cuarto grupo se encargaba de la preparación del “show”. La concentración de apoyo al movimiento realizada el 19 de junio fue encabezada por “sus dirigentes máximos: Guillermo Medina y Javier Leturia... Esa noche se sella la amistad entre mineros y estudiantes con un brindis en la oficina de la FEUC”. La confraternidad duró doce días, en los cuales transformaron a la universidad en “un Asilo contra la Opresión”, reafirmando Leturia “una vez más el apoyo decidido de los universitarios a la causa de El Teniente”. La evaluación de los estudiantes rescató el papel cumplido por la Universidad Católica, explicable dada la situación por la que atravesaba el país, pues “no se trataba de un mero conflicto gremial, su trascendencia era mucho mayor. Desde el momento mismo en que la libertad gremial estaba en cuestión, desde el momento en que la actitud del gobierno respecto de esos mismos principios era amenazante y represiva, no cabía, y no cabe, que la Universidad adopte una actitud indiferente. Entonces su misión social se ve ampliada en una nueva dimensión”. Esto no hacía sino demostrar “el surgimiento del GREMIALISMO, como motor central de los grupos sociales en sus expresiones más definitivas... En medio de esta incertidumbre, resulta útil reflexionar sobre estos días, por cuanto en hechos de dicha índole podemos ir encontrando luces

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que pueden y deben iluminar nuestro camino hacia el futuro”571. En ese sentido, para los gremialistas no se trataba solo de luchar por todos los medios contra el gobierno socialista, sino de extraer “lecciones de esa revolución”. Una de las más importantes de las movilizaciones contra la Unidad Popular desarrollada por la Federación gremialista fue su tenaz oposición al proyecto educacional del gobierno, la Escuela Nacional Unificada (ENU), catalogándolo de “instrumento de concientización política al servicio del marxismo”, y haciendo Leturia un llamado general a la población a formar un gran comando para defender la libertad educacional y rechazar el modelo educativo que proponía la ENU, levantando la consigna “No a la ENU”. Los gremialistas organizaron trabajos políticos en colegios, liceos, centros de padres, centros de alumnos, como también en poblaciones. Paralelamente, realizaron un plebiscito entre el alumnado de la Universidad Católica para que éste se definiera frente a las medidas de las autoridades. El voto plebiscitado afirmaba que el gobierno había producido una crisis del Estado de Derecho, haciendo peligrar la supervivencia de la universidad y que el país estaba siendo llevado a una destrucción económica, afectando el futuro profesional de los universitarios. Posteriormente, enviaron una carta al presidente Allende, solicitándole la renuncia y editando una declaración conjunta con la federación gremialista de la Universidad Católica de Valparaíso, denominada “Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende”. El documento era un llamado a recuperar la institucionalidad quebrada, mediante un gobierno de integración nacional entregado a los “más capaces”. A su juicio, tales eran las fuerzas armadas. Un análisis ideológico del proyecto gubernativo, complementaba la acción política, para rebatir las supuestas aspiraciones concientizadoras que éste contenía572. Como se puede observar, el gremialismo descubrió la importancia de la acción política en los años sesenta, al tiempo que durante la Unidad Popular comprendió que en la lucha por el imaginario social y la demostración de fuerza era vital la movilización. Ante el fuerte activismo de la izquierda y de los sectores sociales asociados a ella, el gremialismo contribuyó al acercamiento de la derecha a un nuevo estilo de hacer política y el abandono del estilo político tradicional derechista de salones y sólo actividades cupulares, saliendo a reclutar adolescentes a colegios y centros estudiantiles. Como bien señaló Tomás Moulian, los años de la Unidad Popular se vivieron como “una

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Ibid., p. 1262. El destacado en el original. Husch, op. cit., p. 61; Bárbara Fuentes Barañao, Op. cit., cap. 5; FEUC, “Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende”, Stgo., 29 de agosto de 1973 en Fuentes Barañao, op. cit., p. 121; FEUC/ENU, el control de las conciencias (Stgo. 1973). La autora agradece a la Licenciada en Historia de la USACH, Judith Silva, el facilitarme este documento. Sobre la ENU, Iván Núñez, La ENU entre dos siglos (Lom/ Dibam, 2003).

fiesta y un drama”, donde lo colectivo, el nosotros, pasó a ser lo determinante, siendo la calle el lugar para la confrontación y la explicitación de los bandos en lucha573. Si la derecha histórica había sido ajena a esa tradición, la experiencia socialista maduró las premisas surgidas al momento de su triunfo e incluso las tendencias ya presentes en el gremialismo a fines de los sesenta dentro de la universidad. Acción política y alianza con bases sociales amplias y movilizables parecían ser las claves del éxito político.

d) Un lenguaje ‘apocalíptico’ La lucha contra la Unidad Popular, sin embargo, requería de algo más que movilización, necesitaba de persuasión, de sentar desde el discurso una imagen del enemigo. Tal fue el trabajo periodístico de Guzmán desde el semanario Pec, donde a través de sus dos nombres –Jaime y Juglar– hizo despliegue de su estilo “ariete”. Como vimos en el capítulo anterior, la prensa “ariete” utilizó una variedad de argumentos respecto de su oponente para ilegitimizarlo, siendo posible identificar, en el caso de Guzmán, tres tipos: el manejo de la ironía, del ridículo y hasta el apodo ofensivo, buscando socavar el respeto ciudadano hacia la autoridad. De igual forma, generar alarma pública, tratando de mostrar una crisis generalizada o un estado de catástrofe nacional, y haciendo un llamado al golpe de Estado. Con respecto al recurso ofensivo, es posible señalar que él se vinculó con el rechazo de Guzmán a aceptar el triunfo de Allende y el inicio de la campaña en su contra. La primera expresión del uso de esta estrategia periodística fue el referirse al gobierno de la Unidad Popular permanentemente como “minoría encumbrada en el poder”, quitándole cualquier legitimidad a su nombramiento por mayoría absoluta en el Congreso Pleno, desconocimiento basado en el criterio de Guzmán de una Democracia Cristiana “traidora”. De allí, que utilizando una frase dicha por Allende durante un discurso en Valparaíso, de que él era el Presidente de la Unidad Popular y no de todos los chilenos, Guzmán comenzó a denominarlo PACH, esto es, Presidente de Algunos Chilenos, transformado posteriormente en PACHA, es decir Presidente de Algunos Chilenos Avivados. De esa manera, cualquier análisis se enmarcaba dentro de esta premisa reiterada: “Entre los observadores nacionales y extranjeros ha provocado asombro como irónicos comentarios la forma en que Salvador Allende (Presidente de Algunos Chilenos, PACH) se prodiga para mantener en buen nivel las relaciones públicas...”574. Desde esa perspectiva, Allende sólo buscaba mantener la atención de su público con discursos encadenados –relacionados unos con otros–, para “estrenar 573 574

Tomás Moulian, “Fiesta, drama, derrota”, en La forja de ilusiones. Jaime Guzmán E., “La libertad, en adelante, tendremos que conquistarla”, Pec, 12 de febrero de 1971, p. 3, la cita en 26 de febrero de 1971, p. 4.

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en Chile el culto a la personalidad... con esta técnica, además, PACH logra mantener un cierto ritmo conceptual... ritmo complementado con algunas reiteraciones de circunstancias o acusaciones que ya alcanzan el nivel de fijación. Tal sucede con sus referencias a presuntos atentados, la defensa de su Grupo de Amigos Personales, su autocalificación como Mandatario de la Unidad Popular... y las denuncias sobre una campaña internacional ‘en contra de su gobierno’”575. En pocas palabras, el Presidente de una minoría distorsionaba la realidad y mentía. Ello no podía ser de otra forma, a su entender, pues Allende estaba dominado por “la impudicia... la falta de moral, su agresiva prepotencia, su carencia de escrúpulos, su incapacidad administrativa y su inconmensurable capacidad de cinismo y mentira”576. Tal comentario se relacionaba con denuncias del gobierno acerca de grupos conspirativos tales como NECH, GRACO y el Plan Marzo, y que él conocía. Este imaginario sobre Allende diseñado por Guzmán iba acompañado de críticas descalificadoras, que ponían en cuestión la ética del Presidente. Respondiendo a los reclamos de éste contra el periodismo de oposición del tipo Sepa –semanario dirigido por Rafael Otero, en el cual a veces también escribía Guzmán y era columnista estable Pablo Rodríguez Grez–. El líder gremialista afirmaba: “Es necesario decir que el señor Presidente no tiene al respecto la autoridad moral necesaria para justificar tan enérgica actitud”, esto es, negarle la entrada a uno de sus periodistas a La Moneda. Estas descalificaciones eran extendibles a cualquier exponente del equipo gubernativo. Así, refiriéndose a un comentario del jefe del Servicio de Investigaciones respecto del GAP como personas preparadas física, ideológica y técnicamente para cumplir la tarea asignada, Guzmán replicaba: “En lo que no cabe ninguna duda es en aquello de la preparación ideológica, basta con verle a cualquiera de ellos el rostro de intelectual que lucen”577. Esta opinión displicente y con el marcado sentido de superioridad que lo caracterizaba, iba acompañada de su también sempiterno clasismo. Explicando un triunfo gubernativo frente a la oposición respecto del problema de la prensa, Guzmán achacaba tal éxito al entonces ministro del Interior, José Tohá, quien pese a todo es uno de los hombres más equilibrados, tiene ‘trato humano’, da la impresión de seriedad y es conocido como ecuánime y ponderado. Además, ‘parece’ ministro y esto, aunque les duela a muchos ‘hombres nuevos’, todavía es muy importante para una ciudadanía que reacciona básicamente conforme a las imágenes de las personas y las circunstancias578.

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Juglar, “Novedades y fijaciones en la oratoria de PACH”, Pec, 26 de febrero de 1971, p. 4. El destacado en el original. Juglar, “Strip-tease de incapacidad e impudicia”, Pec, 2 de abril de 1971, p. 5. Juglar “Novedades y fijaciones en la oratoria de PACH”, Pec, 26 de febrero de 1971, p.4. El destacado es nuestro y también los siguientes. Juglar “Marxismo aplica segunda fase de la ‘Operación Valium’”, Pec, 1 de octubre de 1971, p.5.

Juicios más radicales le merecían sectores de la izquierda revolucionaria, como Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, quien, según Guzmán, se caracterizaba por “esa deficiencia ética e intelectual propia de quienes carecen de una verdadera dimensión humana”579. Peor aún fue el comentario respecto de la visita de Fidel Castro y la concentración que se haría en el Estadio Nacional, pues No sería extraño que algunos de los sectores propagandísticos de La Moneda hayan sugerido…[que] Fidel Castro saliera de una gigantesca torta de cumpleaños depositada en el centro del Estadio Nacional y con una vela en una mano y una metralleta en la otra, cantara el “Happy Birthday” en una versión moscovita o pekinesa, ya que en inglés sería mal visto580.

Por último, también solía descalificar a la coalición gobiernista con términos sexuales de forma peyorativa, como ocurrió a raíz de la “Marcha de las Cacerolas” en diciembre de 1971, la cual terminó con enfrentamientos entre sus guardianes de “Patria y Libertad” y grupos de la Unidad Popular. En esa oportunidad, como en otras, Guzmán analizó tal hecho como La última y más significativa ‘caída de calzoncillos’... frente a la multitudinaria marcha realizada por las mujeres democráticas por el centro de Santiago... Ni siquiera en su cobardía los marxistas son capaces de guardar un mínimo de dignidad y han tratado de ocultar su homosexualoide acción tras el nombre de otras mujeres581.

El segundo recurso periodístico fue la creación de un imaginario nacional al borde del colapso, una crisis generalizada, el cual pretendía, al igual que en su momento “Chile Joven”, despertar sentidos de amenaza y miedos, de modo de preparar psicológicamente a la población para usar recursos ajenos a la convivencia social o anhelar una salida extrainstitucional. En este plano apeló a numerosos fantasmas, entre los que destacaremos el imaginario respecto del MIR y sus milicias populares. Desde muy temprano, a comienzos de 1971 y los inicios del área social, Guzmán estuvo anunciando que la UP estaba lista para dar paso a su “ofensiva final”, la implantación de la dictadura totalitaria de raíz soviética, tal como lo ejemplificó su eterna sentencia del fin de la libertad de expresión. Como ello nunca ocurrió, su argumento era “¿Hasta cuando durará?”. Por ello insistió sistemáticamente en que la Unidad Popular buscaba desesperadamente un enfrentamiento con la oposición para instaurar el régimen socialista, para lo cual desmentía las acusaciones del oficialismo respecto a las conspiraciones: “Como señaláramos en anteriores oportunidades, la UNIPOP tocó fondo dentro del esquema jurídico vigente en el país... ahora sólo le cabe romper con esos resortes, quebrar los mecanismos y pasar abiertamente al

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Juglar “Ahora el terrorismo tiene brújula política”, Pec, 25 de junio de 1971, p.6. Juglar “Las incógnitas en torno a la visita de Fidel Castro”, Pec, 5 de noviembre de 1971, p.6. Juglar, “Cobardía allendista frente a viril protesta femenina”, Pec, 3 de diciembre de 1971, p. 3.

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terreno inconstitucional e ilegal para seguir avanzando hacia sus metas”. Esto era particularmente urgente para los socialistas, porque su fracaso era evidente y por ello su “tarea básica... sea (sic) la rápida fabricación de culpables de este fracaso, la creación de ‘chivos expiatorios’ a quienes atribuir el por qué y el cómo de esta frustración…”. De acuerdo a su análisis era “en este contexto dentro del cual deben analizarse el ‘escándalo’ de los documentos Anderson [ITT], la denuncia gubernativa sobre un nuevo plan sedicioso... y la escalada de asaltos, secuestros y tomas”582. Por esta razón, la principal resolución del encuentro celebrado en Lo Curro por los partidos de la Unidad Popular, habría sido “disfrazar o realizar lo más solapadamente posible el asalto final para la destrucción del esquema democrático que nos rige”583. Esta embestida final tenía su más clara expresión en las “milicias populares”. Como en otras ocasiones, Guzmán usó y abusó de una frase que Allende reiteró más de una vez: a la violencia reaccionaria, el gobierno respondería con la violencia revolucionaria, expresión que el líder gremialista asoció a un imaginario específico de las milicias populares. Como es sabido, ellas nacieron en los campamentos surgidos como producto de las tomas de terreno realizadas por pobladores sin casa, en especial en aquellas lideradas por el MIR, como fue el caso de “Nueva Habana”. Dichas milicias cumplían funciones de vigilancia y de prevención de eventuales actos de delincuencia en el interior de los campamentos, como de guardias en las marchas y actos públicos de los pobladores584. Guzmán afirmó que “las fuerzas revolucionarias están formadas por el lumpen que habita en los sectores marginales de la capital... cuyos campamentos y poblaciones están bajo el directo dominio de las bandas de ultraizquierda, básicamente el MIR”. El amparo del gobierno a ellas, al no destruirlas “confirma el íntimo desprecio que el clan gobernante siente hacia nuestras fuerzas armadas y de orden y su decisión de reemplazarlas por sus milicias populares de neta conformación política”, pues como habría afirmado el Intendente de Santiago “en cuanto el gobierno lo estimara conveniente desplazará a las instituciones regulares y constitucionales de seguridad para ceder paso a sus marginales contingentes paramilitares [y] desatar la violencia fratricida”585. Ello sería coherente con el “hecho”, según Guzmán de “la repartición de armamento en diferentes organismos públicos o empresas controladas por el

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Juglar, “La UP en la fase final de su asalto a la democracia”, Pec, 29 de marzo de 1972, p. 3. Juglar, “El PC ordena una embestida final contra la democracia”, Pec, 2 de junio de 1972, p. 3. Vicente Espinoza, op. cit., pp. 302-329; Mario Garcés, op. cit., pp. 41-416; del mismo autor “Construyendo las poblaciones. El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular”, en Julio Pinto (Editor), Cuando hicimos historia, pp. 75-76; Franck Gaudichau Poder popular y cordones industriales (Lom:2004), pp. 269-286; “Campamento Nueva Habana”, video, Suecia, 1976. Juglar, “La UP amenaza con sus milicias populares”, Pec, 25 de agosto de 1972, p. 3; también “Sangrienta ruta hacia el paraíso socialista”, 8 de septiembre de 1972, p. 3.

gobierno”586. Esta decisión gubernativa de imponer una dictatura totalitaria explicaba el por qué de su parsimonia y falta de reacción frente a la embestida militar mirista, ya que de acuerdo al líder del gremialismo, “El MIR toma posiciones militares en el sur”, lo que se traducía en el control que el Movimiento Campesino Revolucionario tenía en la zona cercana a Osorno sometiendo a su población “desde hace más de tres meses a un clima de terror... una de las principales metas parece ser el lograr un control directo sobre las rutas que conducen a Argentina”. El establecimiento de una “serie de focos guerrilleros” demostraba que el enfrentamiento estaba cerca. Utilizando jerga futbolística, anunciaba dramáticamente: “Esto comienza, señores”587. Ese tipo de “denuncias” no podía terminar sino con un llamado a las fuerzas armadas a romper su obediencia a la autoridad civil y derrocarla por un golpe de Estado. En medio de las acusaciones contra el MIR y el gobierno de estar preparando un “baño de sangre”, Guzmán apeló a las fuerzas armadas, pues “los sectores democráticos están conscientes de que los organismos encargados de velar por el orden institucional ahora, más que nunca, deben estar dispuestos a cumplir con su deber, manteniéndose fieles a su juramentado papel de guardianes de la paz social y de la integridad física y moral de la República”. De allí su enconado ataque al general Alberto Bachelet y al Comandante en Jefe del ejército, general Carlos Prats, como obstáculos a los planes golpistas, pues a su entender “las fuerzas armadas no pueden eludir la responsabilidad que siguen teniendo en la covulsionada situación nacional. Al margen de cualquier consideración política... deben estar conscientes de su obligación en lograr y mantener la paz social, pues sin ella también se está atentando contra la seguridad del país”. No hacerlo los convertiría en “cómplices de una de las partes. Precisamente de aquella decidida a destruir física y moralmente a la nación”588. Nos parece que estos ejemplos ilustran a cabalidad la existencia en Guzmán de una veta política ajena a las formas y espacios convencionales, la cual fue desplegada precisamente con el propósito de socavar los pilares que sostenían al régimen democrático existente. Tal vez, lo más importante de haber rastreado esta vena gremialista sea encontrar el origen de una actitud agresiva, voluntarista y decidida, que conformaba el “estilo” de la derecha del futuro, dentro de la cual lo importante era dejar sentadas ciertas “verdades”, independientes de su verosimilitud, pues el objetivo de fondo era –y es– el control de la memoria.

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Juglar “El allendismo en la ruta de la guerra civil”, Pec, 6 de julio de 1972, p. 4. Juglar, “El MIR toma posiciones militares en el sur”. La expresión “Esto comienza, señores” era usada comúmente por el comentarista deportivo Hernán Solís, al inicio de los partidos de fútbol. Como se sabe, Guzmán era un fanático de ese deporte. Pec, 10 de septiembre de 1971, pp.1 y 3. Juglar, “El MIR toma posiciones militares en el sur”; “La crisis de la minoría”, Pec, 23 de marzo de 1973, p.4, “Las FF.AA. entre el sabotaje UP o la entrega al marxismo”, Pec, 10 de noviembre de1972, p. 3 y 11 de mayo de 1973, p. 3.

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2. “Dr. Jekyll”: Hacia un proyecto alternativo A pesar de todo el espacio que le hemos dedicado al “estilo gremialista”, él no daba cuenta en su totalidad de la identidad de la derecha asociada a Jaime Guzmán, pues la gran diferencia con sus rivales era su mirada proyectual. Aunque el Partido Nacional, efectivamente, tenía un proyecto de corte nacionalista, no había logrado aunar a sus distintas expresiones y, peor aún, no consiguió transformarse en el referente político-partidario, alternativo a la Unidad Popular, pero sí en el más visible opositor. Guzmán y sus aliados, en cambio, buscaban tentativamente un nuevo camino para la derecha desde hacía años. En 1969 se había fundado el “Instituto de Estudios Generales” con Gonzalo Vial a la cabeza, en el cual también participaban Fernando Silva Vargas (historiador de la PUC), Cristián Zegers (abogado y periodista), Hugo Tagle Martínez, Joaquín Villarino (economista), Arturo Fontaine (Subdirector de El Mercurio), Hermógenes Pérez de Arce (abogado y periodista), Jorge Prat (nacionalistaestanquero), Carlos Larraín Peña, Igor Saavedra (físico), Tomás Mac Hale (redactor de El Mercurio), Pablo Baraona (ex director de la Escuela de Economía de la PUC), Ricardo Claro (empresario), Jaime Guzmán, y funcionaban en la Editorial Portada, difundiendo sus reflexiones a través de la revista del mismo nombre y de algunos libros editados por ellos. Esta era una alianza bastante amplia, pues Vial pertenecía al Partido Nacional, igual que Baraona y Pérez de Arce. No así el resto, algunos de los cuales tenían un agudo discurso antipartidario. No obstante, a través de la editorial, que funcionaba en la sede del gremialismo en la comuna de Providencia, el grupo se fue afiatando, lo cual fue más transparente en sus publicaciones. En este punto debemos volver sobre las revistas Portada y Qué Pasa, lugar de encuentro de esta alianza. Ambas eran dirigidas por Gonzalo Vial y en sus comités editoriales estaban muchos de los recién nombrados, además de Diego Ibáñez Langlois y Víctor Manuel Muñoz, en el caso de la segunda. Esta amplitud pone de manifiesto que en esta etapa todavía no habían conseguido convertirse en un grupo completamente compacto, sino eran un colectivo de reflexión, dentro del cual existían ideas e intereses comunes, pero también divergencias. Asimismo, es evidente allí la presencia de más de una tendencia ideológica: nacionalistas hispanistas (Vial, Guzmán, Prat, Silva Vargas), como neoliberales (Baraona, Larraín Peña, Pérez de Arce –pero de distinta raíz que Baraona), gremialistas (Guzmán, Zegers, Tagle) y democratacristianos (Saavedra, Villarino). En otras palabras, se trataba de un proyecto en gestación, pero tras del cual existía una decisión de articular una propuesta más global. Esta afirmación apunta a que la lucha contra la Unidad Popular no fue meramente defensiva, a pesar de que lo explicado en la sección anterior pudiera dejar esa impresión. La derrota del marxismo era lo primordial, pero tras ese objetivo ya estaba en germen la convicción sobre la necesidad de organizar un planteamiento con más

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contenido. No debe olvidarse que se trataba de una derecha que veía a la izquierda como sólida doctrinariamente, y autopercibía a su sector como débil en ese plano –tanto como en el estilo– y que quienes conformaban esta nueva derecha estaban proponiendo nuevas perspectivas para enfrentar la crisis tanto del sistema político como del modelo de desarrollo. No obstante esto, no se logró constituir un proyecto en tanto tal, sino se inició conscientemente el debate en torno a los ejes a partir de los cuales debería nacer una plataforma política que se identificaría con la derecha. Portada nació en 1969, al parecer como un intento de rivalizar con Ercilla, la revista de análisis del momento asociada a la Democracia Cristiana. Qué Pasa, en cambio, nació como parte de la lucha contra la Unidad Popular, en abril de 1971, pero con casi el mismo Comité Editorial, aunque de corte más político, centrada más en la coyuntura, pero tratando de evitar caer en el estilo “ariete”; eran, junto con Portada, prensa “seria” de oposición. De allí que las hayamos escogido para extraer las ideas matrices que se discutían al interior de esta mixtura gremialista-neoliberal-nacionalista. La participación de Guzmán en ellas, aparentemente, era muy exigua, especialmente si se lo compara con su activismo en Pec. Sin embargo, consideraremos los planteamientos hechos allí como posibles de asociarlos a él, dada su presencia en sus comités editoriales, siendo además redactor en ambos medios. Como se sabe, los artículos periodísticos no firmados expresamente pueden ser considerados como la expresión del pensamiento del medio, compartido por su comité editorial como por sus periodistas estables589. Guzmán casi no escribía en estas revistas con firma, pero es posible rastrear su pensamiento en algunos editoriales y entrevistas que se le hicieron. Dada esta situación, identificaremos a los distintos grupos dentro de esos medios y sus puntos de vista, de modo de ir separando lo que podrían ser aspectos temáticos susceptibles de convertirse en una propuesta programática con visos de futuro, cercanos al gremialismo. Lo que primigeniamente unió a esta gama ideológica fue la defensa de la propiedad privada y la libertad de expresión, desde una óptica doctrinaria. Si nos fijamos, esta era una alianza relativamente distinta de la aliaza política que reseñamos en la sección anterior: en aquella predominaban el alessandismo, los nacionalistas, el gran empresariado. En ésta –salvo Claro y Fontaine, quien no va a tener mayor presencia aquí–, la mayoría eran “intelectuales” o tecnócratas: historiadores (Vial y Silva), economistas (Villarino, Baraona), periodistas (Mac Hale, Zegers, Pérez de Arce –quien alcanzó notoriedad por sus comentarios en Radio Agricultura–, el mismo Guzmán). Eso explica la distinta función cumplida por estos medios, respecto de Pec, Sepa o El Mercurio. Sus objetivos eran distintos, aunque fueran parte de un gran frente opositor al gobierno socialista. La presencia de Guzmán en este tipo de medios es coherente con

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Abraham Santibáñez, en conversación con la autora, octubre de 2005.

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su personalidad y su interés político, pues en estas revistas estaba la pelea de fondo a la que llamaba desde su prensa “ariete”, cuando clamaba por discutir sobre los fines y no los medios de la vía chilena al socialismo. Así como el problema de fondo no era si la Unidad Popular se ajustaba o no a la legalidad existente, tampoco lo era la sola derrota política de la izquierda, sino la ideológica, en tanto apuesta racional optimista frente al capitalismo y la democracia burguesa. Este era un desafío al área racionalista de Guzmán y de muchos neoliberales: imponerse por sobre la gran esperanza del siglo XX desde un proyecto alternativo, cuestión que la derecha histórica no había sido capaz de hacer. Era un desafío, además, para varios de este equipo, católicos, opositores acérrimos del “marxismo ateo”. En suma, debe verse en este grupo el primer debate más articulado en torno a un proyecto derechista, del cual el gremialismo era parte. Tratándose de una plataforma programática, los núcleos de discusión fueron dos: el económico y el político, en un sentido amplio. Como mencionamos en el capítulo IV, la defensa de la propiedad privada estuvo en el centro del programa presidencial de Jorge Alessandri en 1970, desde una perpectiva neoliberal, en tanto buscaba el desmantelamiento de las atribuciones del Estado en los planos económico y social y la centralidad del mercado en las decisiones de esos ámbitos, ideas éstas ya aparecidas a mediados de los cincuenta, asociadas a la derecha económica y El Mercurio. Tras el fracaso de la candidatura derechista frente a Allende, Portada fue el lugar desde donde se retomó la discusión y se defendió doctrinariamente la iniciativa y la propiedad privada. Este medio se declaró defensor de la propiedad privada, unida históricamente al ejercicio de la libertad, pero entendiendo por ella al gran capital: un régimen de propiedad privada es el que asegura a los particulares el dominio real o potencial sobre bienes de producción. No es entonces régimen de propiedad privada el que se limita a tolerar el dominio de bienes pequeños por los particulares y que protege la ‘pequeña’ industria, el ‘pequeño’ comercio, la ‘pequeña’ propiedad agrícola. Este pequeñismo vergonzante a que se pretende reducir a los propietarios privados no es ya, como lo ha demostrado la experiencia, sino una de las tantas instancias de la dolorosa ruta hacia el socialismo590.

Esta reivindicación tenía dos implicancias: por una parte, el rechazo al programa original de la Unidad Popular que reconocía la propiedad privada mediana y pequeña y lanzaba sus ataques, precisamente, al gran capital, lo cual suponía, asimismo, un distanciamiento respecto de otras propuestas capitalistas que apuntaban al propietario mediano, especialmente en el área agrícola. Era, a su vez, una crítica a la política estatista desarrollada en las últimas décadas. Al entender del editorial, el régimen

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“Erosión de la propiedad privada”, Portada, No.18, abril de 1971, pp. 3-4.

de propiedad privada establecía un equilibrio entre los particulares y el Estado, impidiendo la existencia de un solo empleador y de un solo empresario. Era en este punto donde la propiedad privada se unía al rechazo al totalitarismo, en tanto encarnación de la libertad. Como se recordará, para Guzmán la oposición basaba su acción en dos grandes equívocos, uno de los cuales era la creencia en la posibilidad de un socialismo democrático, como pensaba la Democracia Cristiana. Tal era un error, pues no podía haber verdadero socialismo económico en coexistencia con una libertad individual o con una democracia política, ya que el socialismo significaba la propiedad estatal de los medios de producción, el control de la vida económica por parte del Estado, reduciendo la iniciativa privada a su mínima expresión. Con ello desaparecía la libertad de trabajo y las personas perdían su libertad para perfilar su destino. Guzmán aseguraba: “La experiencia histórica invariable señala que allí donde no hay derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y libre iniciativa en el campo económico... la libertad se ve reducida considerablemente, cuando no desaparecida del todo”. En este punto, Guzmán apuntó contra las premisas de los partidos de centro y de izquierda del siglo XX chileno, particulamente al período post 1938591. De acuerdo al análisis de este grupo, las demandas sociales nacidas como producto del crecimiento demográfico habían recibido como respuesta solamente un incremento del poder del Estado, al cual se le habían ido entregando “zonas cada vez más amplias de la iniciativa económica y restringiendo por tanto la órbita reservada a los particulares. Este proceso empieza a tomar cuerpo en 1938, bajo la administración de don Pedro Aguirre Cerda, sigue en los sucesivos gobiernos radicales, no se interrumpe con los señores Ibáñez y Alessandri, toma bríos durante el régimen democratacristiano y encuentra su verdadera formulación revolucionaria en el presente régimen”592. Este diagnóstico quedaba plenamente confirmado en el Primer Mensaje Presidencial de Allende en mayo de 1971, en el cual se había explicitado el propósito de la política económica gubernamental como el desarrollo de las bases materiales y sociales para la construcción de una sociedad socialista. La perspectiva neoliberal dentro de Portada defendió un criterio más técnico del crecimiento económico en Chile, haciendo una crítica al proteccionismo y al aumento inflacionario, siendo urgente bajar el gasto fiscal. Evaluando el discurso presidencial, la pregunta era cuál sería el costo de la meta señalada: “¡No importa! ¡Todo sea en aras de la nueva sociedad!. La gigantesca emisión de dinero es buena o mala en tanto contribuya a lograr el fin único, no en

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Juglar, “Dos grandes equívocos”, Pec, 8 de enero de 1971, pp. 3-4; también Hermógenes Pérez de Arce en Pablo Baraona et al., Visión crítica de Chile (Ediciones Portada: 1972), p. 123. “Erosión de la propiedad privada”, Portada, No. 18, abril de 1971, p. 4.

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tanto sea inflacionista o recesionista”593. En ese sentido, el interés real para la Unidad Popular era el poder político y no lograr una economía estable. Desde su punto de vista, la política económica aplicada por el gobierno caminaba al abismo, pues partía de un supuesto errado, cual era que las personas se movían por grandes proyectos. A su entender, el “‘pan, techo y abrigo’ es casi la única preocupación permanente e importante de los hogares chilenos... Teniendo presente lo anterior, para la inmensa mayoría cuesta creer que el objetivo central de un gobierno será la vaga, imprecisa e intrascendental ‘construcción del socialismo’”594. Según este análisis, no habría apoyo social a la meta socialista si ella producía inflación, desempleo, un mayor grado de dependencia y un retraso general. La solución tampoco parecía estar en la planificación centralizada, como apuesta contraria al mercado, pues si bien, por un lado, se hablaba de ella, también se hacía referencia a la conjunta dirección de trabajadores y representantes del Estado en las empresas nacionalizadas. A partir de allí, surgía la duda acerca de quiénes planificarían: “¿Los planificadores oficiales... ¿en qué consistirá la contribución de los trabajadores?”. Por ello concluía, que tampoco era ese un camino alternativo. A ello había que sumar el desconocimiento de índices económicos claves, especialmente desde 1970 cuando la SOFOFA dejó de elaborar su índice de producción industrial; como también –afirmaba el artículo que hemos venido citando– el carácter inorgánico de las expropiaciones, muchas de ellas en estado económico lamentable. El colmo de los errores estaba en las políticas de redistribución de ingresos “tales como la inamovilidad y los reajustes sustanciales en el nivel de precios, lo que ha terminado por encarecer sobremanera la mano de obra en relación al capital”595. Estas realidades eran las que explicaban el desacalabro económico, pero que era justificado por el gobierno con acusaciones de sabotaje. ¿Cuál era la solución? Aparte de devolver a los privados su protagonismo, se barajaban algunas alternativas. Según Jorge Cauas, debía apuntarse a una “planificación descentralizada”, en la cual participaran en la gesión interna todos los integrantes de la unidad económica en contraposición a una planificación centralizada y burocrática, con “dependencia de las personas de la máquina estatal”. Ello suponía abrir el país, incrementando la acumulación, haciendo operar el sistema económico con eficiencia a través de la descentralización de la gestión y de las estructuras de participación. Baraona, por su parte, proponía entregar las decisiones “a los chilenos que más entiendan ligados a cada actividad, principalmente a los trabajadores,

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Francisco Larraguibel Flores, “Cuatro comentarios al ‘Mensaje económico’”, Portada No.22, junio de 1971, pp. 8-9; también “¿Qué hay detrás de la estatización de la economía?”, No. 28, marzo de 1972. Portada, No. 22, junio de 1971, p. 10. Emilio Sanfuentes en Visión crítica..., pp. 137-138.

funcionarios públicos, accionistas... fijándoles muy claramente el conjunto de normas generales que hagan coincidir su interés particular con el bien común y garantizando al fisco la percepción de los impuestos que cada actividad deba cancelar”596. Álvaro Bardón, por su parte, proponía precios libres, la eliminación de los monopolios, la descentralización económica y la competencia externa. En una óptica tecnocrática, Sergio de la Cuadra partía de la necesidad de que los países subdesarrollados modernizaran sus economías, lo cual sólo era posible a través de la acumulación de capital humano y el aumento de sus ingresos en divisas. Considerando esta premisa, se afirmaba que la política de asociar desarrollo con industrialización sustitutiva, gravando a las actividades exportadoras, era un error que mostraba claras limitaciones teóricas y empíricas. A su entender “la verdadera industrialización no consiste en reemplazar forzadamente la producción agrícola por producción manufacturera, sino en la organización de la actividad productiva en empresas eficientes y comerciales que mediante la especialización, el uso de tecnologías adecuadas y una combinación óptima de recursos provean la producción a un mínimo costo”. Para ello se requería introducir el mecanismo de la “competencia”, la que promovería la acumulación de capital, incentivaría la introducción de nuevas técnicas de producción, nuevos métodos de administración y comercialización, mejorando la preparación de los trabajadores597. En este artículo claramente se estaba poniendo en cuestión no sólo la intervención del Estado en la economía, sino el modelo de crecimiento centrado en la creación de un sector manufacturero, defendiendo un concepto de industria que miraba hacia el sector exportador primario, alternativa que no había aparecido en otros comentarios. Hasta aquí, la crítica, como se ha visto, se focalizaba especialmente en la propiedad de los medios de producción y en el problema de la estabilización; al contrario, en De La Cuadra aparecía una propuesta nueva. Apoyando su reivindicación de la iniciativa particular, De La Cuadra abogaba por la libertad del comercio exterior, toda vez que permitía la “especialización en aquellas actividades en donde los recursos productivos alcanzan su mayor rendimiento; hace posible el aprovechamiento de las economías de la producción en gran escala, el acceso a los amplios mercados externos, enfrentando a las empresas del país, ya sean nacionales o extranjeras, con la competencia externa”. Esto favorecería, además, la transferencia de recursos del exterior, como ayuda o mediante alianzas comerciales. La modernización sería posible si se “liberan recursos productivos dedicados a satisfacer la demanda por consumo para destinarlos a la inversión y, por otra, desplazar la demanda por bienes nacionales hacia la importación de maquinarias y equipo que no se fabrican internamente”. Es decir, el crecimiento

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Qué Pasa, 1 y 20 de julio de 1972, pp. 19 y 21, respectivamente. Álvaro Bardón, “El carnaval del consumo y la farra del capital están tocando fondo”, Portada, No. 39, 1973; Sergio de la Cuadra, “Temas económicos de UNCTAD III”, Portada No.29, abril de 1972, p. 29.

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se “centra en el sacrificio del consumo para incrementar el abono y la orientación de sus recursos productivos hacia la generación de divisas”. Cuadra, asociaba la modernización económica a la acumulación –en desmedro de la distribución hacia los sectores de menores ingresos–, la apertura al mercado mundial con recursos competitivos, retomando la senda primario-exportadora, pues: “Esta vía para aumentar las disponibilidades de divisas de los países menos desarrollados se ha convertido en la única o más importante fuente de recursos externos, ya que la otra, representada por la sustitución de importaciones, implica un costo demasiado alto”. ¿Cuánto compartía Guzmán de estas proposiciones? A partir de un artículo acerca de la Iglesia Católica chilena, se pronunció –igual que en su análisis de la Enciclica Mater et Magistra– respecto al tema económico. Entendía el capitalismo como un sistema económico fundado en la propiedad privada de los medios de producción, con la existencia de empresas privadas capaces de representar un porcentaje significativo de la actividad económica nacional, la cual debía estar regulada por las reglas de la competencia y las leyes del mercado, donde el Estado intervenía solo para garantizar la competencia. Considerando esa definición, concluía que Chile desde 1938 no podía ser calificado de tal. Ello se reflejaba en el alto control que tenía el Estado de la inversión total del país, la inexistencia de reglas del mercado y de la competencia, en lugar de las cuales reinaban normas estatistas. A su juicio, no podía atribuirse al capitalismo las injusticias sociales, sino tal vez a lo contrario, la falta de un sistema verdaderamente competitivo y regulado por el mercado598. El líder gremialista estaba de acuerdo con que Chile requería de profundas transformaciones, empezando por los cambios institucionales, coincidentes con el autoritarismo presidencial ya propiciado por Jorge Alessandri. Por ello, era urgente modificar los mecanismos para resolver los conflictos laborales, causantes de los gérmenes más importantes de inflación en los precios y de la “anarquía” en materia de remuneraciones. Por ello, abogaba porque: “Nuestro régimen económico debe abandonar el desorden estatizante... terminando con el poder discrecional del funcionario erigido en regla general y consagrando las bases de un sistema competitivo, respetuoso del mercado y por ende de los consumidores”. Ello sería posible cambiando la estructura de la empresa, en la cual deberían establecerse mecanismos adecuados para que quienes trabajaban en una unidad productiva, “tengan efectiva participación en la gestión, propiedad y utilidades de ella. Semejante estructura de empresa integrada, en nada se opone, como se ve, con su carácter privado”, pero cambiaría la situación de la empresa privada vigente hasta entonces en Chile.

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Jaime Guzmán, “La iglesia chilena y el debate político”, en Baraona et al, op. cit., pp. 319-320. Lo referente a Guzmán en esta parte será extraído de este artículo. La versión original está en Portada No.18, abril de 1971.

Como es claro, Guzmán compartía los supuestos básicos de la derecha económica, no sólo en torno a la defensa de la propiedad privada, sino respecto al retroceso del intervencionismo estatal, la apertura económica, la política antiinflacionista, la reorientación de las normas laborales, como la imposición de las reglas del mercado y la competencia, que eran los postulados establecidos desde 1955. En ese sentido, su cercanía con los neoliberales venía de mucho antes de los años de esplendor de los “Chicago Boys”. No obstante esto, uno de los puntos en conflicto se encontraba en la nueva estructura que debería asumir la empresa: ¿con o sin interferencia y propiedad de los trabajadores? Como se pudo notar en las declaraciones anotadas, no existía un consenso al respecto; más interesante todavía, Guzmán parece haber adherido en esta época –marzo de 1972– a la tesis levantada por “Patria y Libertad” de la “empresa integrada”, exacta denominación usada por el líder gremialista. Pero se distanciaba de esa agrupación, tanto en el papel del Estado como en el carácter de empresa de trabajadores que el nacionalismo le dio; Guzmán estaba más cerca de los neoliberales. En suma, Portada y Qué Pasa, como la editorial Portada en sí, constituyeron el espacio donde estas ideas se debatieron, llegando a algunos puntos centrales de acuerdo. Quedaban, sin embargo, algunos pendientes, los que deberían esperar hasta la década del setenta para resolverse. La segunda área de debate fue el problema político. Como en la década del treinta, éste se centró en el conflicto liberalismo vs corporativismo, toda vez que para la derecha la democracia ampliada derivó en una crisis de la democracia liberal. La primera expresión de esto, lo hemos visto, provino de los sectores nacionalistas que ingresaron al Partido Nacional, cuestión que adquirió más fuerza con el triunfo gremialista en la Universidad Católica y su expansión a otras universidades a fines de los sesenta. La elección de 1970 retomó la senda liberal, pero desde una apuesta autoritaria, que buscaba desandar el camino de la democracia participativa. De ese modo, el triunfo socialista agudizó la discusión en el marco de una oposición intransigente. En ese sentido, la negativa de aceptar la decisión del Congreso puso en el tapete la naturaleza de la derecha naciente: ¿defensiva u ofensiva? Optar por ser una oposición no constructiva, sino de combate, en parte la distraía de su interés en convertirse en una alternativa a la izquierda, máxime cuando durante el primer año el gobierno tuvo la iniciativa en sus manos. Al contrario de sus rivales, esta preocupación no desaparecería, sino que fue conviviendo con las tareas más propiamente políticas, de coyuntura. En efecto, la derrota en las presidenciales implicó un repliegue programático, el que sólo comenzaría a ser superado para las municipales de abril de 1971. La victoria de la Unidad Popular, aunque no fue explícitamente reconocida, acentuó las tendencias escépticas respecto de la eficacia del orden democrático liberal para “salvar” las instituciones y los principios de la civilización cristiana occidental. En ese marco, el

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gremialismo como alternativa participativa a los partidos reabrió el debate, toda vez que sus defensores debieron recalcar una y otra vez su relación con las colectividades partidarias. Reiterando que el gremialismo reunía a quienes desempeñaban una actividad común, por encima de divisiones ideológico-partidarias, su clave estaba en su autonomía para decidir su destino, razón por la cual rechazaba cualquier subordinación. Desde esa óptica, coincidía con la idea de que cada organización tenía un fin propio y específico, siendo partes de una sociedad armónica e integradora de muchas diversidades. Era, por tanto, una concepción “libertaria del hombre y de la convivencia social”. El escepticismo que esta propuesta provocaba entre los partidos, trató en un comienzo de ser salvada, destacando que el gremialismo solo era una amenaza al totalitarismo, pero no para aquellas corrientes libertarias, sino que “para los partidos democráticos resulta un aliado importante, ya que incorpora a la lucha por la libertad y por la independencia gremial, a contingentes que son reacios a los canales partidistas o políticos”599. Esto se expresaba en el auge de la actividad gremial contra la creación gubernamental del área de propiedad social, reflejo del rechazo al totalitarismo, el cual empezaba por la asfixia económica del gran empresariado, para luego seguir con “los medianos y en definitiva, todos”600. Sus defensores, entonces, rivalizaban subrepticiamente con los incondicionales de los partidos, al puntualizar que el ingreso de nuevos contingentes a la lucha política había sido logrado por el gremialismo, más que por esas colectividades, con lo cual se expresaba la distante ubicación ideológica. Esta, por supuesto, no podía expresarse tan abiertamente, pues se deseaba la unidad de la oposición. Sin embargo, tampoco podía ocultarse del todo. Rechazando la votación del Partido Nacional para elegir presidente de la Cámara de Diputados, el que apoyó a un radical de la Unidad Popular, la revista Qué Pasa explicitó su desconfianza de los partidos, pues éstos eran incapaces de liberarse de sus “vicios parlamentaristas que contribuyeron a llevar a la ruina a liberales y conservadores... Los políticos deben entender, de una vez por todas, que lo que para su pequeño mundito de intrigas de palacio o de la vida parlamentaria son muchas veces signos de ‘habilidad o de diablura’, para el resto del país, siguen siendo manifestaciones de decadencia”. Desde la óptica de esta revista, no importaban las explicaciones que los nacionales pudieran entregar, ya que “al haber mirado con más atención ese pequeño ámbito del comercio partidista que las exigencias y el juicio de esos grandes sectores ciudadanos, que solo emergen para las elecciones”, dejaban en evidencia sus verdaderos intereses, al contrario de las masas ciudadanas que “miran, observan y sacan conclusiones”601.

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“Gremialismo y clase media”, Qué Pasa, 6 de mayo de 1971, p. 9; Jaime Guzmán, “La universidad ‘comprometida’: de la consigna al dilema”, Portada No.23, julio de 1971, pp.27-30. “El fenómeno gremialista”, Portada No.22, junio de 1971, pp. 17-18. “Política a fondo”, Qué Pasa, 1 de julio de 1971, p. 10.

En otras palabras, la mirada antipartidaria seguía viva y sólo se subsumía bajo la lucha principal. No obstante, parecía claro para sus sostenedores que la fuerza real estaba en la movilización de los gremios, los que se revelaban capaces de levantarse contra las decisiones gubernativas, cuestión dudosa en el caso de los partidos. El gremialismo aparecía, entonces, como una reacción a la ola expropiatoria, pero a la vez con potencialidad política. La lucha gremial parece haber sido al comienzo un instrumento para impedir la intervención del Estado en esferas que se sintieron amenazadas o cuyos temores fueron manipulados, antes que hubiera existido cualquier peligro real. De esa manera, hacia el primer año del gobierno socialista el gremialismo era lo que mostraba mayor vigor, entre todas las posibilidades de la oposición: ni el Parlamento, ni las acusaciones constitucionales, ni la apelación a las fuerzas armadas habían logrado suscitar una reacción social que mostrara un gobierno ilegítimo, capaz de ser desconocido por un sector importante de la sociedad. En ese marco, el gremialismo pareció mostrar dos caras: la de la reacción y, por ende, del carácter defensivo de la derecha, pero al mismo tiempo, su capacidad de generar participación ajena a los partidos, favoreciendo a aquellos que por décadas habían criticado la representación partidaria. Tal vez podría convertirse en algo más que defensa. Esta posibilidad se nutría del pensamiento corporativo de raíz tradicionalista católica, para el cual existía una diferenciación entre el poder social y el poder político, lo que legitimaba el poder de las elites, la jerarquía social y el autoritarismo. Tal como lo explicaban los redactores de Portada, detrás de la “reacción gremialista” existía una concepción social que le servía de apoyo, aunque no siempre ella fuera explicitada, que decía relación con “la convicción de que la sociedad toda, no debe ser la suma uniforme de muchas entidades identificadas por un solo patrón de medida, sino que ha de emanar de la conjugación armónica de varias entidades diferentes, cada cual dotada de su finalidad propia y específica, y de una legítima autonomía para llevarla a cabo”602. Esa concepción de la sociedad como comunidad, más que como Contrato Social, reconocía el aporte de cada uno, pero en su esfera “propia”, admitiendo la idea de una comunidad diversa, pero jerarquizada. Esta perspectiva doctrinaria del gremialismo era coherente con la reelaboración del concepto de participación que estos sectores estaban haciendo y a la que hicimos mención en el apartado anterior. El rechazo a la politización de origen ideológico-partidario indujo a este grupo a reflexionar acerca del problema de la participación en una sociedad “democrática”, pero con unas colectividades partidarias desvalorizadas. Dado que a su entender las personas se movían en torno a cuestiones concretas, más que en relación a megaproyectos, ello era lo que había estado revitalizando a las organizaciones sociales,

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Portada No.22, junio de 1971, p.18.

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tanto las de base comunitaria, como las estudiantiles, profesionales o sindicales, despertando el interés por participar en sus elecciones. Se tenía conciencia de que la participación política había crecido significativamente en los últimos veinte años, lo que había sido posible por la capacidad de adaptación del sistema, pero “la situación existente en el país obligará, seguramente, a modificaciones en el sistema... difíciles de prever todavía. Pero, la existencia de estructuras participativas autónomas... pueden mejorar la eficiencia de los partidos políticos y del sistema legislativo. Todo esto dentro de una línea de pensamiento democrático-liberal”603. En estas dos declaraciones es posible observar una mirada potencial de la actividad gremial, pero de distinto origen ideológico: para Guzmán y sus seguidores católicos doctrinarios, el gremialismo se remitía a la esfera despolitizada del “poder social”, aunque ya en septiembre de 1971 percibiera su potencial politizador en la lucha política contra la Unidad Popular. Para José Garrido, en cambio, el gremialismo podría eventualmente potenciar la democracia liberal al ampliar las formas de representación, yendo incluso más lejos de lo que había sido la experiencia democratacristiana, primera en impulsar seriamente la organización de los cuerpos intermedios. La dificultad para plantearse abiertamente el problema del rol político de los gremios, se ligaba a la estrecha identificación que ello tenía con el fascismo. No obstante, dada la ineficacia del accionar partidario en el intento por detener a la izquierda en su decisivo avance hacia el control de los principales comandos de la economía, abría para el gremialismo (corporativismo) un sitial que le había estado privado. El aparente despertar espontáneo de la sociedad en sus actividades profesionales, laborales o comunitarias le aportaba dignidad. De allí que, tanto en sus afanes político-coyunturales como de debate proyectual, se insistiera en que el robustecimiento de las organizaciones de base revestía una garantía de la mantención del sistema, o por lo menos, de los “valores” democráticos en una nueva concepción. Como señalaba Garrido: la actitud pasiva o la no participación era lo más peligroso, toda vez que inducía a la espera de soluciones de parte de caudillos o de instituciones de beneficencia. A lo que queremos apuntar es que parece haber sido la propia experiencia gremial desde mediados de 1971 la que le fue subiendo el pedigree al gremialismo, despreciado con anterioridad. Si bien Guzmán y sus gremialistas habían basado su accionar en él, en tanto doctrina, ella no se convirtió en una plataforma política hasta la experiencia de la Unidad Popular, a pesar de la utilidad ofrecida en su pugna estudiantil y rectorial en la Universidad Católica. Hasta 1970, Guzmán utilizaba la doctrina del “poder social” más como herramienta neutralizadora contra los partidos que como plartaforma de una nueva vía de participación, la cual parece haber empezado a cobrar forma en su

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José Garrido, “La creciente participación social”, en Baraona et al., op. cit., pp. 194-195.

mente a partir de los últimos meses de 1971 y, especialmente, desde 1972, cuando la actividad gremial fue la protagónica. El conflicto respecto a la posible proyección del gremialismo se debía, igualmente, a la convicción de que él no lograba constituirse en un basamento suficiente para dar lugar a un proyecto. El “fenómeno gremialista”, según sus propios promotores “no constituye –por sí– una teoría política suficiente para configurar un Estado, [pero] aporta importantes elementos que una recta concepción social debe recoger”. En el acceso al gobierno o en la construcción de un Estado jugaban un papel clave las concepciones políticas y las organizaciones que la encarnaban. Por eso, se estimaba, que el desafío “que se presenta a los partidos es el de saber interpretar en el plano político los anhelos de las agrupaciones gremiales, pero ello, sin pretender instrumentalizar a éstas en su propio beneficio. Si cae en tal error, inevitablente se distanciarán de aquellas, o en caso contrario, las frustrarán en sus mejores posibilidades”604. Estas disyuntivas se expresaron también en el reconocimiento de los límites que tenía la forma en que se estaba enfrentando a la Unidad Popular, esto es, de marchas, contramarchas, acusaciones. Aunque no les cabía duda que el gran responsable de esa situación era la izquierda y el propio gobierno, podían comprender que tales prácticas carecían de proyección, como –a su parecer– lo había demostrado la disminución sustantiva de asistentes a una concentración convocada por la Democracia Cristiana, con apoyo del resto de la oposición, al Estadio Nacional en el otoño de 1972, la cual si bien había sido exitosa, resultó inferior en capacidad de atracción que la realizada el 12 de abril, de carácter supuestamente gremial. De acuerdo al análisis hecho, la diferencia de público se debía a la ausencia del “hombre común”, ajeno a toda disciplina de partido, de lo cual se concluía que “la oposición no puede limitarse a proclamar una tarea de emergencia, sino que tiene el deber de presentarle los grandes rasgos de una solución política y unitaria. Aquellos que hasta ahora sólo se unen en defensa de los valores fundamentales conculcados ofrecen el germen de un consenso nacional”. Este debía emerger de un “reformismo profundo y realista, fruto natural de la evolución histórica y del espíritu nacional”. Desde su punto de vista, éste alcanzaba acuerdo en el respeto a las libertades civiles, en la solidaridad con los más desposeídos y el fin de los paternalismos, ya fueran particulares o estatales605. Es decir, se aceptaban algunos cambios hechos, aunque sin explicitarlos, pero se esperaba que hubieran acabado, aprobando cambios graduales, que reafirmarían la mirada autoritaria. En esa búsqueda de un modelo alternativo, con un antipartidismo larvado, el gremialismo volvía a mostrar su sombra:

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Portada No.22, junio de 1971, p.18; Qué Pasa, 6 de mayo de 1971, p. 9. “El futuro de la oposición”, Qué Pasa, 27 de abril de 1972, p. 5.

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Antiguas y nuevas formas de participación pugnan por concretarse en más sindicatos, cooperativas, agrupaciones profesionales, juntas de vecinos. Asociaciones de padres, de empresarios, de comerciantes, de técnicos, de educadores. Todas estas sociedades intermedias canalizan energías disponibles para una gran tarea de unidad patria que reclama la existencia de esa autoridad impersonal, eficaz y servidora que el genio nacional hiciera realidad con la República en forma606.

Es decir, el consenso en torno al reformismo pasaba por la reposición de un régimen liberal autoritario, con incrustaciones corporativas. De allí que estos sectores clamaran por un cambio generacional, por “sangre joven”, capaz de enfrentar el desafío de iniciar una nueva etapa, de articular una “alternativa clara a los postulados de la Unidad Popular... pero se ignoran cómo y por cuáles postulados serán sustituidos si los opositores de hoy llegaran a ser gobierno”. No se quería minusvalorar la labor de los equipos técnicos de la oposición, ni sus ensayos doctrinarios, pero al entender del editorial, todavía se estaba más en una posición defensiva que en lo propositivo. En una dolorosa autocrítica que mostraba sus errores, se afirmaba: “hay por desgracia, mucho de verdad en una observación que hacen los personeros unipopulistas, según la cual ningún opositor habló seriamente de la participación de los trabajadores en las empresas... hasta que la Unidad Popular la anunció. Ello, en parte, se debía a la falta de recambio en las dirigencias políticas”607. La alternativa estaba, por lo tanto, no sólo en vencer a la izquierda en el poder, sino en sustituirla, pero no para “preservar, sino para progresar”, lo cual significaba dar respuesta a los profundos problemas sociales, haciéndose cargo de la miseria y la marginalidad608. Ese era el desafío real de la oposición y, en particular de la derecha. Esta aspiración tan exigente tuvo una primera respuesta a mediados de 1972, cuando Portada declaró haber entrado en una nueva etapa, buscando definir un pensamiento completo y preciso –según sus propias palabras– sobre el destino y proyecciones del Chile real, una “doctrina de la realidad nacional”. Este primer intento proyectual se basaba en algunas coincidencias entre los integrantes del grupo, tales como el Estado Subsidiario, la autonomía de las organizaciones intermedias, el orden, la autoridad y la disciplina social. Este pensamiento planteaba una idea esencialista de la nación, identificada con el cristianismo, la cual constituía el ser y el destino de Chile. Por eso era necesario rescatar la tradición, sin aplicársele teorías de ningún tipo, pues ella respondía a la naturaleza, al devenir histórico. Tal realidad los hacía defensores de un criterio evolucionista y realista, contrario a las utopías y a los modelos externos, por 606 607 608

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Ibid. “Sangre joven”, Qué Pasa, 13 de julio de 1972, p.5. “¿Qué alternativa tiene Chile? Portada No. 32, 1972. Suponemos, por el estilo, que esta editorial fue escrito por Gonzalo Vial.

lo que debía darse una primacía al espíritu y así alcanzar la justicia social y el Bien Común. Esto suponía el respeto al orden, a la autoridad legítima y la obediencia a la ley, pues el orden era consustancial a cualquier sistema político y social, no siendo sólo la consecuencia de una fórmula, sino también “es su presupuesto”. Chile requería de la solidaridad, expresada en la colaboración de clases, rechazándose tajantemente la demagogia y el partidismo. En materia política, se abogaba por el pluralismo por encima de los partidos, clases e intereses, no precisándose aún cual sería el papel a cumplir por dichas colectividades. Era imprescindible defender la propiedad privada, una política nacionalista –distinta de nacionalizaciones–, un régimen de competencia, la movilización de la empresa privada y la defensa de los cuerpos intermedios609. Este primer apronte fue perfeccionándose en los meses siguientes al calor del avance del gremialismo, repotenciado a partir de mediados de ese año en la preparatoria del paro de octubre de 1972. Nuevamente el problema central fue la relación partidos-gremios, pero claramente el grupo tras ambas revistas reivindicó a los cuerpos intermedios, dada la naturaleza humana y el carácter de la estructura social, constituida por los hombres individualmente considerados, como por la sociedad que ellos forman. Siendo esto así, la Constitución debía reconocerlas. Por lo tanto –según uno de sus integrantes–, la representación debería tener un carácter gremial, aunque no exclusivamente, toda vez que ella debía ser una reproducción de todas las facetas que constituían la sociedad civil: o sea, una Cámara Política, en la cual sus componentes fueran los partidos, y una Cámara Gremial o Corporativa, la que estaría integrada por los representantes de todas las actividades o “funciones”, constituyendo ambas cámaras la representación de la “comunidad ante el gobierno”610. Como puede observarse, la concepción corporativa avanzaba con fuerza, recibiendo un gran aliento con el paro de octubre, a partir del cual surgió el denominado “Poder gremial”. Guzmán reivindicó la movilización gremial, como desde “abajo”, ajena a los partidos, pues era la sociedad chilena la que se movilizaba, ya que lo “gremial se opone al [calificativo] de político-partidista, pero no al de político, a secas”. Discutiendo con el diputado nacional Patricio Phillips, Guzmán reiteró que el gremialismo reconocía el papel vital que les correspondía a los partidos políticos en una democracia como la chilena y, por ello, creía que el afianzamiento libertario del país dependía de que los partidos y el gremialismo comprendieran su diferente papel y su complementariedad. En ese sentido, para octubre de 1972, Guzmán había avanzado a la autonomía política gremial, lo que explicaba su exigencia de reconocimiento ante los partidos. Más aún, llegó a plantear

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Portada No 29, abril de 1972. Hugo Tagle Martínez, “Gremios y partidos políticos”, Portada No. 33, 1972, pp. 12-14.

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el gremialismo como fuerza de construcción permanente hacia el futuro, porque la naturaleza preponderantemente técnica y no ideológica de los problemas contemporáneos refuerza la necesidad de que los que conocen y saben de cada rubro de la vida nacional, puedan tener verdadera gravitación en las resoluciones que se adopten...

De ahí que, a mi juicio, el gremialismo será un canal fundamental y permanente en la futura reconstrucción nacional”611. De una herramienta discursivamente despolitizadora, el gremialismo se convirtió en la mente de Guzmán en un actor político de primer orden, acentuando sus tendencias antiliberales. El “seudo” triunfo parlamentario de la CODE en marzo de 1973 fue el aliento final para la crítica de esta derecha hacia los partidos. A pesar de que proporcionalmente la oposición a la Unidad Popular efectivamente obtuvo una mayoría absoluta (57% de los sufragios), dicha votación no logró convertirse en un arma política, capaz de doblegar a la Unidad Popular y obligarla a retroceder en su avance socializador. Ello despertó las iras del gupo del que formaban parte Guzmán y sus gremialistas, porque a su juicio la oposición, particularmente el Partido Nacional, demostraba su alejamiento de la masa popular, sin interesarse por el pueblo, obsesionada con las capas medias. Su propaganda electoral no habría tocado ni una fibra popular, ni se le hizo ofrecimiento alguno, no siendo posible sustraerla del influjo izquierdista. Peor aún, el triunfo electoral no tuvo repercusión política real alguna, lo que respondía a su carencia de líderes, predominando las fracciones, sin comprender cuál era la lucha de fondo. Se les criticó su incapacidad para llegar a acuerdos, careciendo de unanimidad de pareceres y propósitos y con un partido de derecha sin autonomía, dependiente de la Democracia Cristiana. Todo esto demostraba dos niveles opositores: Uno, representado por la estructura tradicional de partidos... El conglomerado partidista ha mostrado su incapacidad para ejecutar acciones eficaces y coherentes, sea por insuficiencia de armas, sea porque teniéndolas, no desea usarlas. Por lo tanto, sólo el grupo que permanece fuera del juego está realmente capacitado para hacer una oposición que vaya más allá de meros verbalismos, siempre que sus acciones obedezcan a las inspiraciones de la base social y no a la de los partidos que querrían impulsarlas612.

En síntesis, para 1973 la crisis de los partidos y de las instituciones liberales había llegado a un punto culminante desde la perspectiva de esta derecha, pues se habían mostrado ineficaces para enfrentar a un enemigo que pretendía jugar desde dentro del sistema. Los órganos más poderosos de él no servían. Al contrario, las fuerzas sociales podían paralizar el país.

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Juglar, “El poder gremial y la responsabilidad del Parlamento”, Pec, 27 de octubre de 1972, p. 4; Qué Pasa, 5 y 26 de octubre de 1972, pp. 4 y 38-39. Portada No. 37 y No. 40, 1973. El destacado es nuestro.

Tal capacidad, sin embargo, era insuficiente para lograr el objetivo más importante: el derrocamiento del gobierno socialista. Aquello sólo podrían lograrlo las fuerzas armadas. Plantear el rompimiento del juramento de lealtad constitucional de los militares era el elemento que faltaba para la proposición de un orden nuevo. Ella fue parte de la convicción sobre la incapacidad partidaria, pues fue entonces que se dependió exclusivamente de la intervención de dichos institutos para evitar la consolidación de la izquierda en el poder, a pesar de los muchos conflictos existentes en su interior. En medio de la ira frente a su propia impotencia, las fuerzas armadas no podrían –según su entender– permitir tal destino para el país, pues era “condición de subsistencia para las fuerzas armadas el no prestar su ayuda –por acción u omisión– a que se instaure el marxismo en Chile. De ellas dependerá que se frene drásticamente el proceso. No hay otra opción”. Esto supuso adherir a la tesis de la seguridad nacional, argumentando la amenaza inminente en que se encontraba el ser nacional, “somos como un hombre en busca del alma perdida”. La derecha de Guzmán se sumó a los postulados de la doctrina militar en tanto compartió la idea de una seguridad externa amenazada, dada la carencia de equipos y armamento necesario, como por la anarquía interna que proyectaba el desgarramiento social, lo cual correspondía a lo que la Doctrina de Seguridad Nacional llamaba frentes internos y externos. La indisciplina laboral y social de todo tipo, el desquiciamiento de los organismos del Estado, la violación a la Constitución, la propiedad, los derechos, según su análisis, habían destruido material y espiritualmente a la nación. En tal situación, las fuerzas armadas tenían el deber de obedecer al ideal de nación que la mayoría ciudadana se había forjado, como también debían arriesgar su vida para proteger la integridad física de la nación y “ser portadores de una misión que es de las más exigentes y nobles, complejas y ricas dentro del orden natural que significa ser ejemplos vivos de cómo se debe ser un miembro de la Patria”613. Como afirmara Guzmán, las fuerzas armadas debían respetar y hacer respetar la Constitución, mantener intacto el Estado nacional, tanto territorial como su “alma”, el ser nacional. Si el Parlamento y los otros poderes del Estado formalizaban una acusación de ilegitimidad gubernativa “las fuerzas armadas estarán obligadas moralmente a asumir la responsabilidad que les corresponda”614. Tal cosa sucedió en agosto de 1973. A pocos meses del golpe, Guzmán llamó públicamente al alzamiento militar durante el debate en el programa televisivo “A esta hora se improvisa”. Respondiendo a su contradictor, afirmó:

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Portada No. 39 y No. 41, 1973. Consúltese también Pablo Baraona et. al., Fuerzas armadas y seguridad nacional (Portada: 1973). Aunque este libro salió a circulación poco después del golpe, estaba preparado antes del 11 de septiembre. Juglar, “Las Fuerzas Armadas y la ilegitimidad del gobierno”, Pec, 19 de abril de 1973, p. 3.

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“Los países tienen que dirigirlos grupos más menos organizados y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales, que está en la oposición, y existe un tercer sector que se llaman las fuerzas armadas… si no puede gobernar ninguno de esos otros sectores civiles, no quedan más que las fuerzas armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones”. Esta opción explica la reacción del gremialista Raúl Lecaros después el 11 de septiembre: “Bueno, un triunfo fervoroso... Dormí muy mal esa noche, pero no le digo lo bien que desperté y oí el discurso de Allende, porque desperté temprano naturalmente y salí a celebrar por la calle de inmediato”615.

En síntesis, al momento del golpe, Guzmán y los gremialistas ya habían probado el estilo agresivo que habría de caracterizar a la derecha del futuro: vital y compenetrada con algunas bases sociales, que eran las que aseguraban el verdadero poder. Asimismo, habían avanzado lo suficiente –aunque no totalmente– en la superación de ciertas contradicciones intraderecha. A diferencia del Partido Nacional, los gremialistas se unieron a otros grupos de derecha igualmente antipartidarios, con quienes diseccionaron la política económica vigente, el funcionamiento del sistema político y su fracaso en detener a la Unidad Popular. Observaron la total movilización de la sociedad, en la cual no quedó ningún estamento al margen. Si bien ellos colaboraron a ese desborde, apreciaban prioritariamente el orden natural y la disciplina social. Hacia mediados de 1972, empezaban a tener clara la salida del embrollo provocado por el sistema político liberal, el cual claramente debería reestructurar la participación ciudadana y reforzar el principio de autoridad. Al mismo tiempo y desde la óptica económica, se llegó a un consenso en torno a la propiedad privada, la urgencia de asegurar las tasas de acumulación, el rol del mercado, el retroceso del Estado, la reorganización sindical y una política económica estabilizadora. En ese sentido, para fines de la Unidad Popular la alianza ideológica gremialista-neoliberal tenía puntos claros de acuerdo, a pesar de que el corporativismo seguiría siendo un área de conflicto, aunque para esta época no adquirió un ribete preocupante. La derrota de la experiencia socialista en septiembre de 1973 obligaría a replantear esta divergencia y resolverla. De Jaime Guzmán ha quedado la imagen de un serio y sesudo abogado. Sin embargo, era más que eso. La racionalidad que lo caracterizaba estaba acompañada de un espíritu de combate que no obnubilaba la razón, pero le permitía una capacidad de respuesta que el análisis desapasionado no le habría ofrecido. La Unidad Popular hizo emerger en él y en el movimiento que lideró su doble faz. La decisión de levantar un proyecto derechista alternativo y generar un nuevo estilo político, voluntarioso, agresivo y traspasado de mística. Esos eran los rasgos de la derecha política chilena del futuro y lo que le permitiría sobrevivir a la hecatombe de septiembre de 1973.

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Ambos en “Los jóvenes rebeldes de los sesenta”, caps. 4 y 2.

CONCLUSIONES

Este estudio ha analizado el nacimiento de la nueva derecha política chilena entre la segunda mitad de la década del sesenta y los tres primeros años de la del setenta, uno de los períodos más oscuros de su historia. Tras dicho propósito estaba la intención de comprender el papel histórico y la posterior desaparición de quien fuera la expresión emblemática de esa corriente en la lucha contra la Unidad Popular, el Partido Nacional, así como la naturaleza y la fuerza electoral de la actual derecha representada por la Unión Demócrata Independiente. A diferencia de otros trabajos, en este caso no se cubrió dicha fase en tanto “antecedente”, sino como parte clave del desarrollo político e ideológico de ese sector, el cual puede hacer inteligible la identidad de la expresión más importante de la derecha política actual. Los años escogidos fueron caracterizados como un “parto”, considerando que los actores, propuestas y debates involucrados estaban dando cuenta de un verdadero proceso de nacimiento, donde distintos sectores pugnaban por imponerse, generando tensiones y dolores propios de un fenómeno como aquel. El análisis aquí presentado ha relativizado la imagen prevalente de que la derecha de los sesenta era eminentemente defensiva, proponiendo contrariamente su carácter ofensivo. La caracterización de la derecha como defensiva se ha deducido del estilo que ella exhibió desde fines de los años sesenta y, especialmente, durante la Unidad Popular, el cual hacía gala de agresividad, como de tendencias rupturistas y confrontacionales. No obstante, la definición de ofensiva/defensiva se relaciona con la existencia o carencia de un proyecto modernizador, de su naturaleza pragmática o ideológica, y no del estilo, el cual es producto de lo anterior. Desde nuestro punto de vista, las derechas representadas por el Partido Nacional y por el Movimiento Gremial de la Universidad Católica eran ofensivas en tanto eran parte de la incubación de una nueva derecha, distinta de su antecesora, superando varios de los factores que determinaron la debilidad de ésta a lo largo del siglo XX. Ambas expresiones derechistas nacieron como una apuesta que revalorizaba el campo de la política, como aquel del cual dependían las decisiones fundamentales, la imposición de la dominación y la hegemonía. Ello supuso dar por finalizada la estrategia practicada desde fines de los años treinta, de no centrarse preferentemente en ese terreno, sino en la utilización de

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métodos cooptativos y de neutralización de los cambios más radicales. La valorización de la política implicaba el desarrollo de capacidades competitivas, las cuales se relacionaban con su conversión en una real alternativa a la centro-izquierda. Tal cuestión dependía de su modernización como fuerza política, dejando de ser una expresión de la “vieja derecha”, es decir, la articulación de un proyecto, como también el diseño de un nuevo estilo político, dos cuestiones centrales para disputar bases sociales a la izquierda y al centro. Lograr ambos cambios revertía el historial derechista de las últimas décadas, caracterizado por su debilidad proyectual y su estilo negociador. En ese sentido, concordamos con Tomás Moulian en que la derecha que existió hasta 1965 era débil hegemónicamente, dominada por una perspectiva aristocratizante de la sociedad. Coherente con ello, no era una derecha moderna, sino un residuo de la oligarquía del siglo XIX, la cual prolongó sus estrategias decimonónicas frente a la modernidad al siglo XX. La modernización de la derecha, por lo tanto, no comenzó hasta mediados de la década del cincuenta y en gran medida como producto de los cambios estructurales llevados a cabo por la centro-izquierda desde 1938. El ámbito económico fue el primero donde esto pudo observarse, apareciendo corrientes neoliberales que impulsarían una revitalización de la defensa del capitalismo. En ese sentido, la modernización de un ala de la derecha no fue una respuesta a la radicalización de la izquierda, sino a la aparición de un sector empresarial ya consolidado, que buscaba repensar su alianza con el Estado. En lo que se refiere a sus expresiones partidarias, no serían sino las transformaciones estructurales desarrolladas por el gobierno democratacristiano, específicamente la reforma al derecho de propiedad que hizo posible la expropiación de los latifundios, el factor que gatillaría la muerte de las colectividades oligárquicas y el nacimiento de un nueva derecha política. Ella buscaría competir con sus adversarios tanto en el plano programático como de bases de apoyo. A diferencia de la etapa previa, la revalorización de la política se nutría de propuestas en el orden económico, social y político, las cuales eran cruciales para reposicionarse en el nuevo campo de fuerzas. A pesar de esta estrecha ligazón con las transformaciones impulsadas por la Democracia Cristiana, la defensa del derecho de propiedad privada ya estaba siendo revitalizada por la crisis del modelo sustitutivo en los años cincuenta, por el debate acerca del desarrollo que ello suscitó, como por la aparición de una derecha económica empresarial y tecnocrática de nuevo tipo. Desde ese punto de vista, la emergencia de una derecha política decidida a reponer la valorización del capitalismo y el repliegue del papel económico y social del Estado era producto de los cambios que estaban ocurriendo al interior de las fuerzas derechistas, tendencia reforzada con la puesta en marcha de los proyectos de transformación estructural, y que se convertiría en un punto central de su proyecto y de su perfil identitario.

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La derecha que nació en los años cubiertos por este trabajo logró revertir la carencia proyectual que había caracterizado al sector y aunque varias propuestas competían por imponerse, lo importante fue la aparición de ellas, dando cuenta de un camino propio. Tanto el Partido Nacional como el Movimiento Gremial se pronunciaron programáticamente acerca de los grandes temas que copaban el debate nacional en esos años, y que remitían al desarrollo económico como social y la democracia, finiquitando la etapa corporativa y dando paso a una perspectiva nacional, más holística. En ese plano proyectual, entre 1960 y 1973 las distintas expresiones que se subsumían en los dos movimientos aquí estudiados (alessandristas, derecha económica, nacionalistas, derecha histórica, gremialistas, neoliberales) lograron consensuar en cuestiones básicas para la articulación de un proyecto que fuera expresivo de todos esos exponentes. Tales consensos se lograron en torno a la necesidad de un régimen autoritario, con un Ejecutivo dotado de amplias atribuciones y un Parlamento debilitado, tanto en sus atribuciones como en el carácter de sus componentes partidarios. El autoritarismo al que se aspiraba suponía partidos políticos débiles, coartados en sus bases programáticas y en la relación con sus bases sociales. Esta opción autoritaria permaneció invariable desde los tempranos sesenta y hasta 1970, cuando el triunfo de la Unidad Popular supuso la puesta en vigencia de estrategias de coyuntura que aparentemente implicaban el abandono de tal proposición, pero en la práctica siguió estando vigente como proyecto a futuro, para el período posterior a la caída del gobierno socialista y con un carácter dictatorial y militar. Hubo consenso, igualmente, en relación al capitalismo y la iniciativa privada como motores del desarrollo, en abierta oposición al intervencionismo estatal de corte desarrollista y empresario tal como se había estado practicando desde 1938. Estas distintas expresiones derechistas llegaron a la conclusión de que las atribuciones del Estado en ese terreno atentaban tanto contra las posibilidades de acumulación e inversión empresarial como de modernización. Ello fue a la par de una defensa del individuo en cuanto ser dotado de derechos inherentes a su naturaleza, como la iniciativa y la propiedad, los que eran mejor resguardados por un Estado Subsidiario o, al menos, un aparato estatal con sus capacidades disminuidas. Esta opción por un capitalismo de mercado suponía, a su vez, una redefinición de la política sindical, cuyo radio de acción debería ser restringido y cortada su alianza con los partidos políticos de izquierda. La crisis económica que se observaba sólo podía ser revertida favoreciendo la acumulación y, por ende, deteniendo el creciente proceso de redistribución de ingresos y coartando la capacidad popular de hacer oír sus demandas. Por lo menos hasta mediados de 1971, esta limitación a la actividad sindical solo buscaba su “despolitización”, en tanto vínculo con los partidos, y no la eliminación de los derechos sociales y laborales alcanzados en las décadas anteriores. Ello explica el rechazo tanto de nacionales, como del propio Alessandri y los economistas vinculados al gremialismo a la acusación proveniente de la izquierda y del centro de su intención

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de retrotraer la historia y de constituir opciones retardatarias. La crisis no había alcanzado niveles tales como para avanzar a una postura anti-social, cuestión que sí ocurrió a partir de mediados del primer año de gobierno socialista. Esta perspectiva acerca del movimiento obrero implicaba una redefinición de la izquierda, la cual había precisado su identidad a lo largo del siglo XX en gran medida por su estrecha vinculación con el mundo del trabajo y los nuevos actores populares. Romper ese lazo, como pretendía la derecha, suponía una nueva fisura partidaria, la que durante esa centuria se había afincado en el eje clasista e ideológico. El aspecto sindical del naciente proyecto derechista revestía la superación de esa fisura y el inicio de una nueva etapa donde las definiciones político-partidarias deberían pasar por otras claves, dando por finalizada la identificación clase trabajadora-izquierda marxista, clase dominante-derecha capitalista. Todas estas aspiraciones contenidas en los proyectos de la derecha, apuntaban a una reposición de la disciplina y las jerarquías sociales, fracturadas claramente desde mediados de los años sesenta. A pesar de haber logrado estos acuerdos centrales en materia proyectual, la gran dificultad estribaba en la inspiración ideológica en la cual se sustentaría. Como ha quedado claro a lo largo de este texto, el autoritarismo o el neoliberalismo no tenían una lectura unívoca y una sola fuente doctrinaria. La gran disyuntiva era mantener el basamento liberal o desplazarse a un ideario corporativista. Este debate había tenido su primera expresión en los años treinta, cuando importantes sectores del conservadurismo y de los nacionalistas fueron atraídos por el corporativismo, ya fuera en su vertiente cristiana o laica. Tras el fracaso del fascismo, permaneció más bien en estado de latencia para convertirse en la gran arremetida ideológica de los sesenta. Esta década presenció en Chile una profunda crisis del liberalismo como fundamento de una sociedad democrática, siendo cuestionado por el socialismo, el comunitarismo social y por el corporativismo, tendencias que se levantaron como opciones antagónicas y alternativas al pensamiento liberal. El descrédito que se cernió sobre el sistema político en los años cincuenta y el fracaso de la modernización capitalista de inspiración liberal implementada por Jorge Alessandri, debilitaron a ese ideario en la década del sesenta y abrieron una oportunidad a sus contendores. Aunque el liberalismo siguió permeando el discurso del centro político y permitió, en parte, su triunfo en 1964, él se encontraba desafiado por esas otras corrientes. El declive de la derecha oligárquica a mediados de los sesenta arrastró a ese ideario, el cual no encontró en sus vertientes clásicas un aliento revitalizador. Para la época, el neoliberalismo, que sería el gran renovador de dicho pensamiento, se encontraba aún en ciernes, frente a la hegemonía del keynesianismo y del Estado de Bienestar. La “vieja derecha” chilena comprendió la urgencia de una renovación doctrinaria y la buscó a tientas en un liberalismo restringido, como el propuesto por Jorge Alessandri, con fuertes resabios portalianos, y en los esbozos de una economía social de mercado,

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ambos imprecisos por el momento. Tal reacomodo no tenía la fuerza de una utopía. La imposibilidad de encontrar un referente autoritario “democrático” energizó al corporativismo, que ofrecía una alternativa a los polos y salvaría al capitalismo. El corporativismo permitiría despolitizar a la sociedad, al revitalizar a los gremios y debilitar a los partidos, solucionando uno de los principales obstáculos a la dominación y favoreciendo la acción del capital. Sin embargo, el corporativismo era asociado a posturas antidemocráticas por su ácida crítica a los partidos y las instituciones de orden liberal, despertando suspicacias y escepticismos, incluso en algunos de aquellos que estaban dispuestos a convivir con exponentes suyos. En pocas palabras, las tendencias corporativas recuperaron espacios y una fuerza determinante durante la Unidad Popular, pero no lograron el consenso pleno. La influencia del liberalismo en el Partido Nacional, si bien se fue debilitando a medida que la década del sesenta avanzaba, no logró ser derrotada del todo. Ello quedó claramente de manifiesto en la independencia que conservaron los parlamentarios provenientes de la antigua derecha, la resistencia a una Juventud bajo la égida de Jarpa y el programa de la Nueva República, donde en el plano político el liberalismo alessandrista seguía siendo el más influyente. Hasta los últimos días de la experiencia socialista, cuando el corporativismo parecía haber ganado la batalla, era posible encontrar entre los nacionales defensores de la existencia y del papel de los partidos políticos como canalizadores y representantes de los intereses sociales, aunque no se desconociera la función cumplida por el gremialismo. No obstante, consideraban que a los gremios les correspondía un mayor protagonismo en contextos totalitarios, los cuales esperaban no se instalaría en Chile. En ese sentido, eran contrarios a plantear el orden gremial como base de un nuevo sistema político, insistiendo en la mantención de las colectividades tradicionales. Lo mismo ocurría con aquellos que hicieron de los otros poderes del Estado los principales instrumentos de lucha contra la Unidad Popular, conservando gran parte de su confianza en su poder como base opositora. Aunque muchos de los exponentes liberales dentro del partido retrocedieron ante el avance corporativo, no fueron conquistados del todo por él. En otras palabras, dentro de los nacionales había quienes aspiraban a un régimen autoritario, pero de raíz liberal, mientras que en el caso del ala nacionalista, el autoritarismo se nutría de las experiencias europeas corporativas, con un Estado más fuerte. Estas disidencias internas impidieron una unanimidad respecto al futuro orden a instaurar y, por ende, al proyecto a levantar. En el área que más creció la influencia del corporativismo fue en la laboral y de acción política. La llegada de una alternativa social de mercado con fuerte impronta corporativa favoreció una postura menos liberal en relación al trabajo, la cual alcanzó su máxima expresión en el proyecto de empresa integrada de 1972, aunque es probable que en ello influyera de modo determinante la lucha política y no fuera necesariamente un consenso ideológico, pues de lo contrario habría

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sido incorporado con anterioridad. En lo relativo a la acción política, el partido fue envuelto por el creciente poder de los gremios en detrimento de las formas liberales clásicas, a pesar de que ellas no desaparecieron totalmente, como pudo observarse en la acción parlamentaria y aunque apuntara a la erosión del propio sistema. Respecto al neoliberalismo, se logró un consenso partidario, pero conservando el Estado algunas atribuciones, poniendo el eje de su propuesta en la acumulación como condición de un desarrollo dependiente. Igualmente hubo acuerdo en modificar las orientaciones del sindicalismo, conservando los derechos laborales, pues en términos generales se observaba el modelo alemán y no las directrices norteamericanas. En ese sentido, fue en el plano económico donde el proyecto alcanzó un mayor acuerdo. Como es evidente, la pugna ideológica no se resolvió y ello le impidió al Partido Nacional dar vida a una propuesta coherente y compartida por todos sus militantes, careciendo de potencialidad. Esta falta de consenso intraderechista era mayor si se consideran las derechas rivales que desconocían al Partido Nacional como el referente representativo de ese sector político y competían con él, como era el caso del Movimiento Gremial liderado por Jaime Guzmán. En éste predominaba el corporativismo de corte antiestatal que apuntaba al desarrollo de un poder social, concentrado en intereses particulares y gremiales, ajeno a las decisiones de orden global. Dada esta impronta doctrinaria, el autoritarismo levantado por los gremialistas tenía un basamento claro y proponía un debilitamiento sustantivo de los partidos políticos y del poder parlamentario como expresión de un profundo antiliberalismo, a pesar de la cercanía con el alessandrismo. Se aspiraba a un régimen autoritario, donde las atribuciones estuvieran concentradas en el Ejecutivo (el poder político), distanciando a las bases sociales de la autoridad y elitizando la toma de decisiones. Esta proposición autoritaria se vinculaba con una interpretación orgánica de la sociedad, naturalmente jerarquizada y disciplinada de raíz catolica tradicional, aunque la influencia de Jorge Alessandri fue determinante. De él provino gran parte del entramado presidencialista, pero se distanciaba en su mirada sobre el ser humano, como un ser limitado en su capacidad de transformar su entorno. El liberalismo era útil en tanto herramienta jurídica en manos del Ejecutivo para dar vida al poder político, pero no en tanto concepción social. Por otra parte, y a pesar que desde los inicios del Movimiento Gremial militaban en sus filas exponentes del neoliberalismo –como Miguel Kast o Ernesto Illanes–, la inspiración ideológica del autoritarismo no supuso una confrontación, como ocurrió en el caso del Partido Nacional. Ambos grupos compartían la tesis del Estado Subsidiario y los derechos del ser humano dentro de la matriz cristiana occidental. Así, aunque existían dos corrientes al interior del gremialismo, hubo unidad proyectual e ideológica. Tanto los neoliberales como los gremialistas, propiamente tales, eran partidarios de la propiedad y la iniciativa privada, pero del gran capital, no proponiendo la existencia de una

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masa amplia de propietarios, sino de aquellos que podrían hacer las modernizaciones necesarias, conectando la economía nacional al capitalismo mundial transnacionalizado. Ello hace coherente su preocupación por la necesidad de un progreso científico y tecnológico para apuntalar el desarrollo, y de la inversión extranjera. Aunque el neoliberalismo presente en esta derecha era de origen Chicago y no alemán, no debe perderse de vista que para estas fechas aún no se había convertido en un “modelo” como lo probó el propio “Ladrillo”. Esto es lo que posiblemente explique que el catolicismo de Guzmán y de sus acólitos no actuara como fisura al interior del Movimiento, considerando, además, que la mayoría de los neoliberales eran católicos, lo que les otorgaba unanimidad cosmogónica. Estas concordancias facilitaron la emergencia de un proyecto antiestatista, antipartidario y capitalista neoliberal como claves para la modernización y la despolitización del país. A diferencia del ala jarpista, el poder social no debería convertirse en poder político, a pesar de cierta radicalidad en el discurso de Guzmán respecto al reconocimiento legal al gremialismo, el cual más bien apuntaba a redefinir la democracia, la participación y la ciudadanía. Esta mancomunidad permitió dar vida a una agrupación de gran coherencia interna y le posibilitó avanzar hacia la elaboración de un proyecto bien afinado en la década del setenta. Como es claro, la derecha del período estudiado estaba en proceso de redefiniciones, no existiendo una línea que pudiera identificar al conjunto de tendencias y movimientos existentes. En ese sentido, es imposible afirmar que la derecha que llegó al final de la Unidad Popular era neoliberal, como si ello tuviera un significado unívoco, pues no era así. Tampoco se puede asegurar la total derrota del liberalismo, aunque sí su gran debilitamiento, ni la absoluta victoria del corporativismo. La derecha que hemos estado estudiando, aún se debatía en la búsqueda de su real base ideológica, proceso que fue hasta cierto punto distorsionado por la experiencia de la Unidad Popular, como lo demostró su erosión del presidencialismo y el auge del poder gremial. Esta disyuntiva no se resolvería hasta después del golpe de Estado y transcurridos algunos años. ¿Cuánto de esta evolución política pudo aportar a la instalación de un Estado Burocrático Autoritario? Como es sabido, desde mediados de los años sesenta aparecieron en América Latina regímenes militares de nuevo tipo, que ya no respondían a mandatos caudillescos ni a cuartelazos, sino comprometían a una institución profesional, homogénea ideológicamente, la cual se disponía a reponer el capitalismo y desactivar a un movimiento popular radicalizado. En el caso de Chile, un régimen similar apareció con el golpe del 11 de septiembre de 1973, el que rompió con la herencia del período 1938-1973, estigmatizado como el responsable de la crisis a que había llegado el país. Luego de un primer momento en que el nuevo régimen concentró sus justificaciones en un acendrado anticomunismo y la experiencia de la Unidad Popular, la crítica se remitió también al liberalismo como responsable del desarrollo del marxismo, esta-

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bleciendo el año 1938 como el inicio de la crisis final. Tal fecha, como se recordará, hacía referencia a los gobiernos de centro-izquierda en Chile , a lo que se conoció como el Estado de Compromiso, y a las políticas de industrialización sustitutiva, con apoyo estatal. Este rechazo a los acuerdos políticos alcanzados durante los años treinta, permitiría iniciar una “refundación” nacional –como señaló Garretón– y reimponer el capitalismo como parte del orden natural. Es evidente que los planteamientos de la derecha que hemos estudiado compartían muchos de estos criterios y, más aún, habían surgido en gran parte de ellas. Lo que salta a la vista es que tanto las propuestas del Partido Nacional, como la plataforma presidencial de Jorge Alessandri en 1970 y los debates del gremialismo/chicago acerca del tema económico, coincidían en uno de los puntos fundamentales para la instalación de un Estado Burocrático Autoritario. En efecto, en todos los casos el primer síntoma remitió a la esfera económica, donde las clases dominantes reaccionaron frente a la inflación y los índices de estancamiento, identificando al movimiento obrero como un problema para el buen funcionamiento de la economía y de la acumulación. En el caso de Chile esto tuvo su primera expresión con la venida de la Misión Klein-Saks a mediados de los años cincuenta y reapareció en la siguiente en las propuestas de alessandristas, nacionales, gremialistas y neoliberales. Esto explica por qué la solución avizorada por ellos se encontraba en el terreno político, pues era allí donde debía ser repuesta la dominación. Durante los años sesenta, el capitalismo chileno fue objeto de duras críticas y enfrentado por el centro y la izquierda. A pesar de que la Democracia Cristiana no amenazaba realmente el capitalismo, su decisión de replantear el derecho de propiedad puso en jaque, desde la óptica de la nueva derecha, su viabilidad futura, como lo reconfirmaría la dinamización del movimiento social popular y el triunfo socialista en 1970. Desde una óptica comparativa, la situación se asemejaba a la de Argentina en 1966 –crisis de acumulación–-, pero a diferencia de aquella, en Chile la nueva derecha asumió la defensa del capitalismo en su fase transnacional como su proyecto. Ello fue mucho más evidente en el caso de los nacionales, cuya estructura de partido le hacía más urgente levantar una propuesta, en contraposición a los gremialistas que conservaron una amplia independencia al respecto, dado su carácter no partidario, pero que fueron mucho más eficientes en su alianza con los Chicago para ir afinando un programa de tendencia neoliberal a través de grupos de estudio y las revistas Portada y Qué Pasa. Consistente con esta preocupación por lo económico, la nueva derecha también aportó a la propuesta de un pluralismo restringido al plantear una limitación al movimiento obrero y su ruptura con los partidos de izquierda, planteando la necesidad de una desactivación sindical y social popular. Fue de eventos como la reforma en la Universidad Católica, la aceleración de la toma de tierras en el campo, por ejemplo, a partir de los cuales gremialistas y nacionales comenzaron a levantar su discurso de despolitización de los cuerpos intermedios. Tal cosa estaba dirigida a comunistas, socialistas y

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democratacristianos que eran los partidos más fuertes políticamente en las distintas federaciones esudiantiles, sindicatos y organizaciones poblacionales y campesinas. En otras palabras, el discurso a favor de la autonomía de los cuerpos intermedios y su “independencia” de cualquier influencia política apuntaba a la desactivación de un mundo popular con capacidad de plantear transformaciones estructurales y llevarlas a cabo, poniendo en peligro el capitalismo. En ese contexto, para los años sesenta no fue necesaria una intervención militar, pues la clase política, nueva y vieja, aún mantenía y pretendía seguir teniendo la conducción del proceso. Con todo, el Estado Burocrático Autoritario suponía una alianza entre la tecnocracia militar y la fracción de la burguesía que colocaría la industria en el marco de la trasnacionalización, es decir, buscaba desarrollar la segunda etapa del proceso de modernización industrial, ahora bajo alero foráneo. En ese plano, es obvio que encontramos diferencias, toda vez que una iniciativa como ésa era claramente observable en el programa-discurso radial de Alessandri, en la Nueva República, como indirectamente en la preocupación por la ciencia y la tecnología que tenían los gremialistas. Los neoliberales no estaban claramente a favor de una opción como aquella, pues su principal interés se centraba en el problema de la inflación y la defensa del gran capital, e incluso había quienes ya vislumbraban la conveniencia de volver al sector primario exportador. En otras palabras, una eventual alianza tecnocrática industrializadora no estaba en la mira. Aún así, hubo segmentos del Partido Nacional que ya desde 1968 comenzaron a intuir la necesidad de involucrar a las fuerzas armadas en el proceso político, toda vez que la democratización social abierta con las reformas de Frei debilitaba cada vez más al capitalismo y reforzaba las proposiciones socialistas. Desde ese punto de vista, la mirada hacia un régimen militar buscaba con urgencia la desmovilización social y la neutralización de la izquierda como forma de impedir su avance y la destrucción del orden capitalista. Tal fue la tesis del vacío de poder de Jorge Prat, nacionalista y uno de los fundadores del Partido Nacional, como los posibles compromisos de Jarpa, Arnello y Frías en los distintos conatos conspirativos existentes entre 1967 y 1969. No obstante, para estas fechas tales proposiciones no suscitaban suficiente atracción dentro del partido, el que confiaba en la posibilidad de derrotar electoralmente a sus adversarios en 1970. Por otra parte, los complots militares de esa época revelaban algunas inquietudes en sus filas, dentro de las cuales la preocupación por la modernización agraria e industrial estaba muy presente, pero era menor que la defensa de los intereses corporativos. En pocas palabras, desde las fuerzas armadas no había aún la disposición para tomar el control del proceso en sus manos. Ello debilitó a los sectores derechistas que ya veían esto como una opción. De todas formas, el autoritarismo al que se aspiraba dio un nuevo paso al ponerse la mirada en el factor militar.

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El triunfo de la Unidad Popular favoreció esta ruta al autoritarismo militar, dado el fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana en septiembre y octubre de 1970, pero especialmente ante el avance del proceso de socialización llevado a cabo por el gobierno de Allende y la ineficacia de los resortes institucionales para detener a la alianza socialista y al movimiento popular. La apelación y presión ejercida por nacionales, gremialistas, alessandristas y nacionalistas sobre las fuerzas armadas para arrastrarlas al golpe se apoyó en un discurso democrático-liberal, como se sabe, pero especialmente manipulando el anticomunismo militar y asumiendo las categorías de la Doctrina de Seguridad Nacional de la fragilidad de los frentes interno y externo. Parte de esa situación estaba dada, a su entender, por la parálisis económica fruto de la mala gestión gubernativa como del ataque a la propiedad privada y la indisciplina laboral. Para 1972, tanto nacionales como gremialistas y alessandristas veían a la intervención militar como el recurso que les quedaba para salvar a la popiedad privada, como eje del desarrollo y de la acumulación. Como señala Guillermo O’Donnell, el caso de Chile fue el de una crisis “celular”, nivel que hace referencia a las relaciones sociales de producción, del cual el Estado es su garantizador y organizador. La crisis celular es la crisis de la dominación, como lo puso en evidencia la amplitud que alcanzó el Área de Propiedad Social y la radicalidad del movimiento social. A esas alturas, las fuerzas armadas aparecieron como las únicas capaces de revertir la situación, como lo señaló explícitamente Jaime Guzmán. Así, la apelación al golpe tenía como principal propósito salvar a la propiedad privada y hacer posible la acumulación y el desarrollo, pero no necesariamente para establecer una alianza entre tecnocracias que hiciera posible la segunda fase industrializadora en el marco de un capitalismo dependiente. El programa de “El Ladrillo” preparado por sectores neoliberales, cercanos a los gremialistas, buscaba disminuir las funciones del Estado en materia económica y social, devolviendo a los privados la iniciativa y reponiendo la disciplina laboral y social, y más tarde evolucionó hacia un modelo primario exportador, bastante alejado de lo que fueron las experiencias burocráticas autoritarias en Brasil y Argentina. En ese sentido, las opiniones de Sergio de la Cuadra, quien participaba en el debate en la revista Portada, apostando por una nueva explotación primario-exportadora, fueron las que más se acercaron al camino que seguiría el régimen militar. La naturaleza de la experiencia de la Unidad Popular y su carácter de crisis celular tuvo otro efecto en la evolución que habían estado viviendo estos grupos derechistas, los que aún no afinaban del todo un proyecto. La gran arremetida sobre la propiedad agraria e industrial debilitó las tendencias más sociales que contenía el neoliberalismo de inspiración alemana presente en el Partido Nacional, tanto porque las clases trabajadoras aparecieron como las grandes responsables de la amenaza sobre la propiedad, como porque dicha propuesta quedó impregnada de la ofensiva jarpista al interior de su partido, quien, en el fragor de la lucha, pretendió trasformar a su colectividad en la

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punta de lanza de su anhelada revolución nacionalista –de orientación sindicalista–, la que a pesar de su capitalismo, asignaba un papel protagónico a los trabajadores. Para 1973, las otras fracciones derechistas consideraban el desmantelamiento del poder sindical y la desmovilización social popular un requisito imprescindible, preparando el terreno para una involución histórica en materia de derechos sociales y laborales. Este desgaste de las apuestas menos antisociales fue facilitada, además, por la falta de respaldo real en las filas de los sectores de la derecha histórica, los que si bien se alinearon en torno al estilo que Jarpa terminó imponiéndole al partido, nunca aceptaron el orden gremial como la base para un nuevo sistema político. Para estos sectores, el golpe de Estado no debía dar lugar a una revolución nacionalista, sino a la reposición de un sistema representativo con limitaciones, que evitara la repetición de la experiencia socialista. En ese sentido, la fragilidad enmascarada de fuerza que envolvía a Jarpa y sus seguidores nacionalistas dentro del Partido Nacional, fueron despejando el camino a aquellos otros defensores del capital y promotores de la disciplina y las jerarquías sociales, quienes además constituían un grupo mucho más afiatado. ¿De qué modo afectó la Unidad Popular el anticomunismo derechista? Sabemos que dicho sentimiento era uno de los elementos identitarios más fuertes en la derecha, pero que se relacionaba en gran medida con las experiencias de Europa Oriental y de Cuba, más que nutrirse de la actuación de la propia izquierda chilena. Como hemos podido apreciar, para 1964 la “Campaña del terror” se hizo en función de imaginarios extranjeros, aunque igualmente apocalípticos. Fueron las medidas puestas en vigor por la Democracia Cristiana respecto del derecho de propiedad lo que acicateó el anticomunismo, pues tales políticas afectaron el núcleo de la histórica dominación oligárquica, haciendo posible el fin del mundo de deferencias y jerarquías que dominaba a la sociedad y la cultura chilenas. El impacto que la reforma agraria y la sindicalización campesina tuvo sobre la izquierda y otros movimientos sociales, derivó en una acentuación del anticomunismo, lo cual fue fortalecido con la retórica del MIR y la aparición de milicias populares en los campamentos de pobladores. Hasta 1970, este anticomunismo no tenía una base real, pues aunque en la izquierda había discursos rupturistas, ellos no eran hegemónicos y la influencia de tales grupos en sectores sociales claves era minoritaria. A pesar de ello, desde 1967, con motivo de la reforma en la Universidad Católica y la aprobación de la nueva ley de reforma agraria, el imaginario levantado respecto de la izquierda por los órganos de expresión de los nacionales –El Diario Ilustrado– y las inserciones y folletos de los gremialistas, como El Mercurio, ya era el del mal absoluto, la implantación de una dictadura totalitaria inevitable. Después de 1970, cuando el área de propiedad social fue una realidad, cuando Quimantú rivalizó en materia cultural y la posibilidad del socialismo era cada vez más cercana, el anticomunismo alcanzó niveles de paroxismo. Fue un anticomunismo dominado por el miedo a la socialización y la inversión de las jerarquías sociales.

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Como pudo apreciarse en el tipo de periodismo desarrollado por el diario Tribuna, como en el de Guzmán (Juglar), era un anticomunismo impregnado de clasismo y de la negación de la humanidad del otro, pues ese otro era capaz de todo. El fin de la libertad y de los valores cristianos era un futuro inevitable, un mundo de esclavos. La constante alusión a ellos como ‘los marxistas’, no seres humanos, reflejaba la evolución que se había estado produciendo en materia de derechos humanos y política. En ese sentido, nacionales y gremialistas/alessandristas adhirieron a las tesis de la Doctrina de Seguridad Nacional en boga por esos días, de la existencia de un enemigo interno. El golpe militar debía acabar con ese peligro. Los años que ha cubierto esta investigación han dado cuenta también del nacimiento de una derecha de nuevo tipo, en materia de “estilo político”. Como es sabido, el estilo que caracterizaba a la “vieja derecha” era aquel de la negociación y el acuerdo, capaz de cohabitar con sus adversarios. En gran medida ese estilo fue posible por las limitaciones institucionales existentes, que aseguraban el poder de las clases representadas por la derecha, las cuales neutralizaron los afanes de cambio que en su momento había exhibido la izquierda. El agotamiento que el Estado de Compromiso comenzó a manifestar en los años cincuenta fue erosionando ese estilo de hacer política, toda vez que tanto los diagnósticos sobre la crisis económica como las propuestas de cambio que surgieron eran polares. La solución capitalista de corte neoliberal, la comunitarista social y la socialista no tenían muchos puntos de contacto, y dos de ellas suponían la ruptura del acuerdo de 1938 sobre la intangibilidad de la propiedad. La posibilidad de mantener el estilo político existente retrocedió dramáticamente con el comienzo de los años sesenta. La fuerza alcanzada por el centro demócratacristiano en medio del fracaso de la vía capitalista intentada por Alessandri mostró en toda su crudeza la agonía de ese estilo, no sólo porque el avance de ese partido arrebataba bases electorales claves de la derecha, sino por la impermeabilidad que reveló a sus intentos cooptativos, especialmente durante la campaña de 1964 y el primer año del gobierno de Frei Montalva, cuando la utopía DC estaba en pleno desarrollo. La aprobación de la reforma constitucional de 1965 hizo evidente el derrumbe de las viejas prácticas. Desde ese punto de vista, lo que hundió a la derecha histórica en 1965 fue el fracaso de su estilo, pues ni dándole el voto a Frei y su apuesta de evolución antes que revolución socialista pudo frenar las transformaciones estructurales que amenazaban vitalmente la dominación oligárquica. Para evitar el hundimiento total era imperativo renovar el estilo político, lo cual era consustancial a la emergencia de un proyecto. Éste fue el gran cambio percibido por los exponentes de lo que sería la nueva derecha, que vendría a revitalizar a la vieja: ejemplos de estilo menos negociador había en el pasado, siendo el más emblemático el de 1948, cuando prácticas confrontacionales y belicosas lograron expulsar el peligro comunista del escenario nacional. Ello no fue acompañado de propuestas alternativas, salvo tal vez la tentativa conservadora de Cruz-Coke. La

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diferencia a mediados de los años sesenta fue que la joven generación era parte de la búsqueda tanto de un camino de desarrollo distinto como de la forma de enfrentar a los adversarios. Ese estilo no podía ser la negociación, toda vez que fueron testigos de su ineficacia y de su muerte, sino un estilo más vital y combativo. Dada esta conjunción entre proyecto y práctica política es que es posible afirmar que se trataba de un nuevo estilo y no de una mera reacción a la coyuntura y el miedo ante las amenazas de sus contendores. Debía ser una derecha llena de energía y fuerza. Ese estilo nació al alero de las luchas políticas en torno a la universidad, la propiedad agraria y posteriormente la creación del Área de Propiedad Social. Él supuso un nuevo lenguaje, el cual abandonó el tono ensalonado para adquirir virulencia y gravedad. Como se pudo observar en las declaraciones de los militantes del Partido Nacional, inicialmente en Jarpa, para luego hacerse extensivo a exponentes del ala liberal-conservadora, como en los jóvenes gremialistas, comenzó a hacerse habitual un tono “tremendista” y más tarde apocalíptico. Desde que la lucha contra la reforma agraria se hizo abierta, las declaraciones se caracterizaron por ser acusatorias, impregnadas de descalificaciones. Las declaraciones de Pedro Ibáñez a fines de los sesenta en contra del Presidente de la República, la Democracia Cristiana y las políticas agrarias, como las de los gremialistas en contra de sus oponentes estudiantiles reformistas, reiteraban la idea de irrespetuosidad de la ley y los valores sociales, la “3ª. anarquía”. En ese sentido, el lenguaje acusatorio requería de un uso liviano de los términos, a los cuales se asignaba un sentido específico o una gravedad que no necesariamente tenían. Se hizo habitual calificar a los personeros políticos o sociales como cripto-comunistas, guerrilleros, totalitarios, criminales, pandilleros, etc. Tales palabras pretendían la descalificación del otro o la creación de un imaginario a su respecto, buscando manipular las emociones y las percepciones de la población. Esto alcanzó una nueva cota durante la campaña presidencial de 1970, cuando los gremialistas agrupados bajo ‘Chile Joven’ realizaron la campaña del terror, utilizando un leguaje aterrorizador. Como pudo apreciarse en las muchas declaraciones que incluimos en este texto, dejando hablar a sus protagonistas, la guerrilla lingüística se transformó en parte del estilo con el que se vivía la política. Así como la izquierda llamaba a los derechistas “momios”, “fascistas” o “sediciosos”, la derecha que nacía se sumó a ese tipo de lenguaje político y lo desarrolló como parte de su estilo. Este lenguaje tenía como propósito levantar un imaginario del otro y por eso se relacionaba con la memoria: un tono aséptico, académico o formal no lograba los efectos buscados, los cuales sólo podían provenir de frases marcadoras, independiente de lo verosímiles que pudieran ser, pues no era la veracidad lo perseguido, sino la persistencia de una idea o imagen. Al contrario de la derecha histórica cuyas ideas matrices se referían más a sí misma, su aporte al desarrollo histórico, su amor a la ley y las instituciones, la nueva derecha enfocó mayoritariamente sus palabras hacia el otro y su accionar.

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De sí misma sólo rescató su carácter “democrático”, concentrándose de preferencia en marcar con palabras de fuego lo que supuestamente estaba ocurriendo. ¿Era este un lenguaje coyuntural?. Las declaraciones habituales de militantes de la UDI sobre el acontecer nacional y las autoridades en el Chile de hoy, es posible que respondan mejor históricamente esa pregunta que cualquier tentativa de la autora. El estilo en formación supuso, igualmente, una nueva relación con las bases sociales. La vieja derecha tenía un vínculo clientelista o paternalista con sus electores, a quienes los unía la defensa de los valores cristianos, el “orden” y el latifundio. Tal realidad la alejaba de bases sociales nuevas, nacidas al alero de la modernización como obreros y las capas medias; o hijas de la falta de modernización, como era el caso de los pobladores, migrantes rurales de un agro resistente. La nueva derecha debía ampliar su cercanía con la sociedad real, ebullente y movilizada. El primer cambio provendría del Partido Nacional, el cual nació pretendiendo abrirse a las capas medias, para dejar atrás su identificación con los pudientes y los poderosos, lo que se logró muy limitadamente en los años sesenta y algo más durante la Unidad Popular a través de su penetración en medios estudiantiles y profesionales. En el caso del gremialismo, al comienzo fue sólo una llegada a sus medios tradicionales en el contexto de la Universidad Católica, para luego extenderse a otras universidades, siempre sectores medios altos y altos. El triunfo de la Unidad Popular, sin embargo, permitió a su ideológo llegar al meollo del problema de la debilidad histórica de la derecha y la fuerza de la izquierda: su estrecho vínculo con el mundo popular obrero, estudiantil y poblacional, lo cual se expresó como dijo Guzmán en los “miles y miles de Comités de Unidad Popular”. En ese sentido, el gremialismo comprendió más tempranamente que debía abrirse a otros núcleos sociales y penetrarlos: tal objetivo se logró en parte a través del “Poder Gremial”. La alianza establecida con gremios diversos le permitió un primer acercamiento a bases sociales nuevas, incluso populares, aunque en esta etapa ello fuera superficial y más real en capas medias profesionales. No obstante, el respaldo brindado a los trabajadores del cobre en 1973, abrió una nueva senda. Era una derecha que se veía fuerte socialmente. La experiencia socialista le ofreció el contexto propicio para reflexionar sobre la forma en que dicho acercamiento podría hacerse efectivo: el estilo a estrenar. Ese estilo debía ser integrativo, vitalizador, movilizador. Sergio Onofre Jarpa y el ala nacionalista de los nacionales tenían aquello muy claro y por eso desde un comienzo pretendieron infundirle ese nuevo estilo al partido, lo cual no fue posible en los años sesenta por su incapacidad de controlarlo completamente. Contrariamente hubo avances significativos durante la Unidad Popular, cuando los mecanismos institucionales fracasaron y la movilización social pareció el instrumento más eficaz para enfrentar al gobierno y debilitarlo, como lo probó Andrés Allamand y la juventud secundaria. Para Jarpa un estilo movilizador era reflejo de una “verdadera política”: vital y viril, distante del estilo

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cupular y formal de sus antecesores, “afeminados”. La política era vida, ya que una revolución nacionalista requería fuerza vital, una sociedad detrás de una gran misión. Desde ese punto de vista, la apuesta movilizadora, juvenil y combativa defendida por el jarpismo daba cuenta de un estilo acorde con la doctrina que la sustentaba y parte, por ende, de la renovación ideológica corporativa y del proyecto, con tintes fascistas. En el caso de los gremialistas, el estilo se fue definiendo junto con la evolución que fue sufriendo el movimiento. Desde un comienzo exhibió una disposición combativa y competitiva de la que su antecesora había carecido, como lo demostró en la lucha por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la participación de Guzmán en FIDUCIA, dejando en el pasado la cooptación y el acuerdo. La derecha debía ser competitiva, para lo cual una propuesta era fundamental, como un estilo decidido ante sus pares. Ambas cosas fueron ofrecidas por los gremialistas a fines de los sesenta. Los años de gobierno socialista le permitieron avanzar un poco más en su estilo, al convertirse en uno de los principales impulsores del Poder Gremial y las importantes movilizaciones realizadas por los gremios en contra de su enemigo socialista. A diferencia de Jarpa y los nacionalistas, el estilo movilizador en Guzmán y los gremialistas no era ideológico, sino meramente instrumental. Como corporativista católico convencido, cada gremio debía estar volcado a su quehacer específico y las decisiones políticas, de poder, radicarían en la autoridad. Coherente con ello, las movilizaciones no cumplían función alguna en su apuesta por el Poder Social. No obstante, como buen político, Guzmán valorizó el poder de la movilización como método de lucha y socavamiento de la autoridad: las marchas y manifestaciones eran útiles para mostrar a un gobierno ilegitimizado por las propias bases sociales, respaldo del cual se ufanaba la izquierda. Era una forma de punzarla en lo que más le doliera. Aunque el mundo popular en general estuvo con la Unidad Popular, la oposición logró atraer a parte de él a su molino. Muchos de los campesinos o pobladores en las marchas de la oposición provenían de la Democracia Cristiana, a pesar de lo cual la derecha pudo acercarse a ellos e impulsar la movilización deslegitimadora. Pero, como queda claro, no era el “estilo” que debería sobrevivir; ello se contraponía al tipo de corporativismo que los permeaba. ¿Cómo sería ese estilo, entonces? De esfuerzo y trabajo constante en las bases, como lo había demostrado su experiencia en la Universidad Católica. De ello dependía su inserción social y su futuro apoyo político. Por último, ¿cuánto requería el nuevo estilo de la violencia?. Sabemos que se trataba de una derecha confrontacional, dispuesta al enfrentamiento, como lo reflejaron las peleas en los pasillos de la universidad, en los campos y las fábricas. Tanto los nacionales como los gremialistas le asignaron una importancia nueva a la violencia política, razón por la cual ambos crearon organismos de combate, ya fueran grupos de choque, milicias como las “Rolando Matus”, o participaron en movimientos como ‘Patria y Libertad’ en el caso de los gremialistas. En ese sentido, era una derecha que no tenía reticencia

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a combinar la lucha institucional con la callejera, cuerpo a cuerpo. Se mostró en ese sentido mucho más antiliberal. ¿Debía ser permanente como instrumento político?. Dado el momento histórico, creemos que es difícil dar una respuesta tajante, toda vez que ese tipo de violencia resultaba insuficiente para lograr el objetivo perseguido, como era el de derrocar a la Unidad Popular, para lo cual se requería a las fuerzas armadas, un golpe militar. Tal salida, nos parece, impidió la maduración completa del proceso. En el caso de los nacionales, la violencia era para el ala jarpista parte del nuevo estilo viril y es posible que hubiera tenido un mayor desarrollo fuera del contexto de una dictadura militar. Al centrarse la cuestión en las fuerzas armadas, esa posibilidad se extinguió y la violencia se buscó en dichas instituciones, a las cuales se apoyaría en su lucha contra el mal. En cuanto a los gremialistas, la violencia como parte del nuevo estilo político era coyuntural, circunscrita a la conquista de la calle y la defensa de la propiedad, pero dado el pensamiento político de su líder y sus acólitos la violencia no debería estar repartida socialmente, sino concentrada en la autoridad. Guzmán y los gremialistas incentivaron y presionaron a las fuerzas armadas a dar el golpe e instaurar un régimen acorde a una institución profesional de la violencia. En otras palabras, para los gremialistas la violencia política era necesaria, pero era una violencia militar institucionalizada, la cual respaldaría sin conflictos de conciencia. En síntesis, los años sesenta –en un sentido lato, 1960-1973– vieron el parto de una nueva derecha política chilena, en la cual pugnaron una gama de exponentes, nuevas generaciones, parte de los cambios sociales y culturales del período. De ellas sólo sobrevivió aquella conformada por la dupla gremialista/neoliberal, unida por proyecto y estilo, aunque al primero aún le faltaran afinamientos. Bajo las luchas contra la Democracia Cristiana y la Unidad Popular nació una derecha coherente internamente, con disciplina y energías suficientes para pasar a la segunda fase de su maduración en la lucha que se daría entre los antiguos aliados bajo la dictadura militar. El Partido Nacional fue una mixtura y nunca logró consensos totales. Ello le impidió la articulación de un proyecto y un solo estilo, siendo pulverizado junto con el derrumbe de septiembre de 1973. El gremialismo, en cambio, salió dotado de las fuerzas que daba haber mirado con atención el proceso en curso, hecho las alianzas precisas y sacado las lecciones necesarias. La derecha gremialista que nacía tenía la intransigencia del período, la altivez y el voluntarismo de su clase y de su líder, como su decisión de destruir a la izquierda en los pilares de su fuerza histórica: un proyecto y su inserción social. Si el parto había terminado, la guerra continuaba.

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Entrevistas Grabación de las entrevistas concedidas al cientista político David Pérez, por: Francisco Bulnes Sanfuentes Eduardo Hurtado, Luis Gallardo Tte. ® Víctor Catalán Entrevistas realizadas por la autora: Abraham Santibáñez (abril de 2005) Roberto Thieme (Mayo de 2005)

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417

ÍNDICE

Agradecimientos

7

Introducción

11

Capítulo I La muerte de la derecha oligárquica (1955-1965)

39

Capítulo II ¡Chilenos, a la acción! El Partido Nacional (1966-1967)

79

Capítulo III “Por la Patria, Dios, la Universidad”... y la Propiedad. El Movimiento Gremial de la Universidad Católica

123

Capítulo IV “Los dolores del parto” (1967-1969)

165

Capítulo V A la reconquista del control estatal: la elección de 1970

213

Capítulo VI “El canto del cisne”: el Partido Nacional frente a la Unidad Popular

269

Capítulo VII “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. El movimiento gremial contra la Unidad Popular

325

Conclusiones

385

Fuentes y Bibliografía

401

ESTE

LIBRO HA SIDO POSIBLE

POR EL TRABAJO DE

Comité Editorial Silvia Aguilera, Mauricio Ahumada, Carlos Cociña, Mario Garcés, Luis Alberto Mansilla, Tomás Moulian, Naín Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, Hernán Soto, José Leandro Urbina, Verónica Zondek Asistente editorial Verónica Sánchez Proyectos Ignacio Aguilera Diseño y Diagramación Editorial Paula Orrego, Alejandro Millapan Corrección de Pruebas Raúl Cáceres Exportación Ximena Galleguillos Página web Leonardo Flores Comunidad de Lectores Olga Herrera, Francisco Miranda Secretaría Distribución Sylvia Morales Ventas Elba Blamey, Luis Fre, Marcelo Melo, María Olga Fuentealba Administración distribuidora Francisco Cerda Bodegas Jaime Arel, Jorge Peyrellade Librerías Nora Carreño, Ernesto Córdova Secretaría Gráfica LOM Tatiana Ugarte Comercial Gráfica LOM Juan Aguilera, Marcos Sepúlveda Servicio al Cliente Elizardo Aguilera, José Lizana, Guillermo Bustamante Diseño y Diagramación Computacional Claudio Mateos, Nacor Quiñones, Luis Ugalde, Luis Gálvez Coordinador de diagramación Ingrid Rivas Producción imprenta Pedro Pablo Díaz Secretaria Imprenta Jazmín Alfaro Impresión Digital Carlos Aguilera, Efraín Maturana, William Tobar Preprensa Digital Daniel Véjar, Felipe González Impresión Offset Eduardo Cartagena, Freddy Pérez, Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca Corte Eugenio Espíndola, Sandro Robles Encuadernación Alexis Ibaceta, Rodrigo Carrasco, Sergio Fuentes, Aníbal Garay, Pedro González, Carlos Muñoz, Luis Muñoz, Gabriel Muñoz Despachos Miguel Altamirano, Pedro Morales, Felipe Gamboa Supervisión de costos Jorge Slachevsky Administración Mirtha Ávila, Alejandra Bustos, Diego Chonchol. L O M

E D I C I O N E S