Movimientos Sociales Estado Y Democracia En Colombia [1 ed.]

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MOVIMIENTOS SOCIALES, ESTADO Y DEMOCRACIA

Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia Tercer Observatorio Sociopolítico y Cultural

Orlando Fals Borda Mauricio Archila Alvaro Delgado Martha Cecilia García Maria Clemencia Ramírez Henry Salgado Ruiz Remo Ramírez Barca Ingridjohanna Bolívar Margarita Chaves Chamorro Carlos Vladimir Zambrano Astrid Ulloa Mauricio Pardo Patricia Tovar Julio Eduardo Benavides Campos Mauricio Romero Flor Alba Romero Fabio López de la Roche Reinaldo Barbosa Estepa Leonor Perilla Lozano

MAURICIO ARCHILA Y MAURICIO PARDO

(Editores)

Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Centro de Estudios Sociales INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

© de los artículos: Los respectivos autores © de esta edición: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ciencias Humanas Centro de Estudios Sociales INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Primera edición: marzo de 2001 ISBN 958-06-38-92-9 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del editor.

Edición, diseño y armada electrónica: Sánchez, De Narváez & Jursich Impresión y encuademación: LitoCamargo Ltda. Impreso y hecho en Colombia

PREÁMBULO

Sobre el origen de este libro se pueden tejer muchas hipótesis, aunque todas derivan en la realización del Tercer Observatorio Sociopolítico y Cultural convocado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, sede Bogotá, los días 10 a 12 de mayo del 2000, para reflexionar sobre la temática que se plasma en su título. Para unos nació en el marco del Doctorado de Historia, en un curso sobre movimientos sociales en América Latina. Para otros surge de la dinámica de proyectos colectivos de seguimiento de luchas sociales o de estudio sobre el comportamiento de actores sociales. No falta quien afirme que fue resultado de la investigación de su tesis de postgrado. En realidad lo que ocurrió en ese Tercer Observatorio fue la convergencia de diversos esfuerzos investigativos, algunos enmarcados en grupos de trabajo como los agenciados por el ICANH, el CINEP y el mismo CES, otros fruto de la iniciativa individual de profesores y estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional y de algunas otras universidades de Bogotá. Todos y todas acudimos a la cita con el fin de hacer un análisis no coyuntural de la coyuntura en torno al papel de los actores sociales en la construcción de democracia, en el fortalecimiento de la sociedad civil y, por esa vía, en la estructuración de nuevas relaciones con el Estado. Son muy diversos los temas que allí abordamos y que se reflejan en esta publicación. Hubo análisis más teóricos, aunque predominó el estudio de casos concretos de movilización social. No obstante que el espacio de referencia fue el nacional, no faltaron las referencias a la globalización -e incluso se presentó una ponencia sobre Perú-. Pero, sin duda, el ámbito espacial de

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LOS EDITORES

investigación predominante fue el regional o el local. En términos temporales predominó la mirada coyuntural del presente, pero continuamente se hicieron referencias a procesos de más larga duración. En casi todas las presentaciones se realizaron precisiones conceptuales y se indicaron las metodologías de investigación utilizadas. Por último, la nota dominante en este Observatorio, como en los anteriores, fue el abordaje interdisciplinario de una serie de temas que así lo requerían. Todo ello constituye un conjunto de elementos que es de utilidad no sólo al científico social preocupado por estos temas, sino a los actores sociales involucrados por las circunstancias de su existencia en ellos. Para unos y otros estas páginas pueden ofrecer hipótesis, afirmaciones y, sobre todo, sugerencias e interrogantes críticos que pueden orientar mejor tanto la pesquisa científica como la acción social cotidiana. Dentro de la amplia gama de organización temática que nos ofreció el Tercer Observatorio, optamos en este libro por agrupar las ponencias según las identidades sociales que proclamaban los actores estudiados. No se trata de un recuento proporcional según el peso de sus movilizaciones, pues eso hubiera exigido atender más a los sectores urbanos, por ejemplo. Incluso hay que lamentar la ausencia de reflexiones sobre actores cruciales que no tuvieron intérpretes -los estudiantes y los jóvenes en general, por ejemplo-, pero lo que el libro refleja es el estado de la investigación sobre los movimientos sociales en el país. Agradecemos a todas las personas e instituciones que hicieron posible tanto el encuentro de investigadores sociales de mayo del 2000 como este libro. A los ponentes por aportar sus investigaciones y someterse a la disciplina editorial que a veces resulta incómoda. A los actores sociales cuya actividad y reflexión hicieron posible tales análisis. Particular gratitud debemos expresar al CES y al ICANH por hacer realidad esta nueva publicación que

Preámbulo

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continúa la serie editorial de los Observatorios. Sólo nos resta desear que este libro, además de ratificar el compromiso divulgativo de las entidades involucradas, sirva para entender en algo la lógica de acción de un grupo no despreciable de ciudadanos y ciudadanas que, de una forma u otra, buscan una Colombia mejor. LOS EDITORES

Orlando Fals Borda COMENTARIOS SOBRE LA DIVERSIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Colegas movimientólogos: Quiero saludar con entusiasmo, y recibo con expectativa, este seminario. Es oportuno -diría "premonitorio" o "visionario", si este último adjetivo lo hubiera empleado primero nuestro Observatorio Sociopolítico y Cultural, y no el movimiento cercano que no está monopolizado- porque en el aire se percibe la urgencia nacional de una transformación profunda, cuyo umbral no puede estar en los partidos tradicionales sino en iniciativas decididas de acción política subversora: la que pone al sistema dominante injusto que tenemos de patas para arriba. La conclusión de este necesario proceso subversor sería obvia, si éste no fuera el país macondiano del orden caótico, la "Locombia" de Diego León Giraldo, donde todo puede pasar, desde el "aguante" miserable de las masas hasta las avalanchas clandestinas del Movimiento Bolivariano presentado en el Caguán. Ya lo declaramos los sufridos editores de la revista Alternativa en el "llamamiento a los independientes" que hicimos en el último número, el que se salvó del taponazo de las ultraderechas. Escribimos allí: "Éste es el momento de reorganizarnos y actuar en el espacio político propio que debe llevarnos a una opción de poder". ¿A quiénes nos referimos? Claro que a los movimientos sociales, políticos, culturales y de toda índole que han seguido activos o latentes desde los años setenta, a pesar del garrote reci-

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bido. Por allí quedan aún las brasas, en espera de vientos que les abaniquen. Y ésta parece ser una coyuntura excelente para levantar cabeza y armar alborotos bien concebidos. Y, por supuesto, también nos referimos a los nuevos dirigentes que han avanzado desde la rutina anterior. Si en realidad está pasando aquí la hora de los partidos tradicionales, como ha ocurrido en países vecinos, vale la pena volver a examinar los movimientos alternativos que están saliendo al ruedo, con los mismos o con otros nombres, y claramente colocados a la izquierda del espectro político, sin vergüenzas ni eufemismos. Por eso es tan oportuno este seminario, que debe animar y estimular a "terceristas" y socialistas como yo, sin confundirnos con las "terceras vías" o socialdemocracias europeizantes que farfullan sibilinas y asustadas en los medios. Pero además de la oportunidad subversiva, este seminario tiene también otro encanto positivo: la variedad de sus temáticas, por la atención que presta a asuntos diversos relacionados con la acción popular y cultural. Es un hecho nuevo, porque en este campo hasta hoy se ha privilegiado el análisis político clásico más que el politológico disciplinario, como en efecto lo requiere el Observatorio que nos congrega aquí. De allí lo novedoso que advierto en lo que habrá en estos días, y la importancia que tiene para proyectarse la acción de lo que haya de venir en el momento crítico actual. En efecto, el programa del seminario me pareció sorprendente: hay tal variedad de aspectos tratados, desde el contexto estatal, pasando por lo étnico, territorial, campesino, laboral y cívico, hasta llegar a las perspectivas de género, que este menú destaca una diferencia sustancial con esfuerzos similares del pasado. Los primeros cultores del tema en los años setenta y ochenta quedábamos por lo regular hipnotizados por la acción política, y allí nos deteníamos. Ahora veo que no es así, lo que quiero interpretar como síntoma de progreso intelectual y analítico.

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Pero, ¿será ello también indicativo de avances praxiológicos, como lo anticiparíamos algunos veteranos? De igual manera quisiera creerlo: me parece que los estudios aquí programados permitirán juzgar, con mayor facilidad, si hay distancia excesiva o cercana entre observación, interpretación, realidad y propósito. Éste sigue siendo un problema teórico-práctico de la mayor pertinencia. Por el momento, y como punto de partida de esta evaluación, recordemos aquel gran hito analítico que fue el tomo recopilado por Gustavo Gallón en 1989, titulado Entre movimientos y caudillos. Algunos de los coautores de ese libro siguen firmes y, cosa buena, reaparecen en el actual seminario. Se les suman otros estudiosos que también amplían la temática. Tales son los buenos índices de acumulación científica y técnica que estoy observando entusiasmado, por lo que les ofrezco mis sinceros parabienes. Como yo pertenezco a la vieja generación analítica, me queda la tentación de reflexionar un poco sobre aquel hipnotismo político de la década anterior. Resulta claro que quienes participamos en la producción de los artículos y libros de entonces -incluido el de Gallón- habíamos recibido los primeros destellos del Frente Unido de Camilo Torres y del Movimiento Firmes-Frente Democrático del maestro Gerardo Molina. Otras semillas habían sido sembradas por Antonio García en ANAPO Socialista y en movimientos radicales como A Luchar, Paz y Libertad y Unión Patriótica. Con ese impulso y con el del grupo de trabajo del Poder Popular que organizamos con un formidable boletín alrededor del malogrado amigo Carlos Urán, articulamos algunos principios básicos de acción conocidos como las "Siete Tesis" de Chachagüí (Nariño). Así llegamos al climax de finales de 1988 con la convención de los 162 movimientos locales y regionales que alcanzaron a organizarse en todo el país con aquellos principios ("de las bases hacia arriba, de la periferia al centro",

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hoy muy conocidos), para lanzar el gran consorcio de "Colombia Unida". Pero el hecho fue que "Colombia Unida" se frustró poco después, y con ella se hundieron los componentes regionales, muchos de los cuales pasaron a la Alianza Democrática M-l9. Este apagón merece ser estudiado a fondo. Mirando ex post jacto, en el crepúsculo de "Colombia Unida" parece que jugaron tres factores: los asesinatos de la dirigencia izquierdista (esa horrenda tradición magnicida de la clase política tradicional colombiana); las cooptaciones que hicieron los partidos oficialistas y el gobierno sobre cuadros directivos del movimiento y de su sucesora; y fallas propias de liderazgo e imaginación y concepción política. Éstos son factores que han incidido también en la desaparición de previos y posteriores movimientos políticos radicales y de izquierda. ¿No convendría enfocar con mayor atención esta negatividad específica, así pueda resultar dolorosa? Sería bueno saber más sobre los procesos adversos que han afectado las iniciativas populares, e invito a llenar ese agujero negro en nuestras disciplinas. Hay inicios, como los tomos autocríticos que han publicado algunos exguerrilleros, lo cual es de agradecer. Por supuesto, no he leído aún los estudios sometidos al presente seminario, y es posible que ustedes estén dando puntadas al respecto. Ojalá. Queda como lógica preocupación, por todo lo que los movimientos que se están iniciando aprenderían de aquellas experiencias. Como parte de la campaña analítica y pedagógica que sugiero, habría que buscar y proponer formas eficaces para que el descompuesto sistema político dominante no repita los crímenes con que destruyó la ola revolucionaria anterior: que no mande matar a los nuevos dirigentes, que no los corrompa, que no los coopte ni asimile con alianzas interesadas, ofertas y cargos envenenados. Y que nuestros dirigentes a su vez se coloquen por encima de las tentaciones del poder como tal, y demuestren con digni-

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dad el talante de moralidad y rectitud que el país espera y necesita para su reconstrucción. Al margen de las necesidades analíticas y tácticas que acabo de señalar, en vista de la valiosa variedad actual de estudios sobre movimientos cabría esperar, finalmente, que se abran mejores posibilidades de entender cómo coordinarlos. La coordinación sería para redondear e imponer un proyecto auténticamente democrático de nación, libre de la coerción armada que a veces se insinúa tanto en las derechas como en las izquierdas; y para superar los obstáculos que la ley 134 de participación popular puso a las intenciones de los Constituyentes de 1991. Percibo estas tareas como lo más útil que puedan hacer los movimientos alternativos actuales, como el Frente Social y Político, Alternativa Política Colectiva, Convergencia Ciudadana, Movimiento Visionario, Alternativa Socialista y Democrática del Tolima, Alternativa Democrática Momposina y otros de grandes posibilidades locales, regionales y nacionales. En conclusión, éste parece ser el tiempo para recoger los frutos de esfuerzos anteriores, así hubieran fracasado, y de juntarlos todos. La convergencia de los movimientos críticos y radicales que hoy surgen me parece fundamental. Para ello los analistas pueden hacer una gran contribución, al estimular una convergencia hacia otro gran consorcio, como el de 1988, pero de más amplia gama, con el fin de impulsar el gran proyecto madre de una nación en paz y progreso para todos. Esto es política bien entendida. Pero, sin volver a la unifocalidad anterior, habría que mirar otra vez el efecto práctico de los movimientos sobre la realidad, esto es, calibrar las posibilidades de avanzar hacia una toma real del poder en todos sus niveles. Tendríamos que volver a examinar esta vieja tesis de las izquierdas clásicas, y hacerlo en el contexto contemporáneo con más realismo, buscando mayor eficacia no sólo en el plano político concreto, sino en lo cultural, en la moral personal y colectiva, y hasta en lo espiritual.

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Un rápido examen a nuestro alrededor podría demostrar que no estamos solos en este gran empeño renovador, en el que la sumatoria de diversidades resulta importante. Hay estampidas en los partidos tradicionales, y un inusitado despertar entre independientes y abstencionistas del voto de opinión. Además, el fenómeno movimientista actual está desbordando lo nacional para pasar a lo global. Las recientes rebeliones populares de Seattle, Davos y Washington de 600 movimientos coordinados a través del Internet contra el FMI y el Banco Mundial han abierto los ojos a muchos activistas colombianos. Los partidos tradicionales resultaron desbordados en el Norte, y la globalización capitalista recibió un serio revés. Están resentidos, todo lo cual tiene repercusiones prácticas en los movimientos sociales del Sur. Creo que transmito la esperanza de muchos miembros de estas vertientes democráticas de nuevo cuño para ver cómo pueden traducirse a la acción política las ponencias y discusiones de este oportuno y rico seminario. La crisis nacional así lo viene exigiendo. Intentemos otra vez ponernos a la altura de la tarea histórica como compete a intelectuales así comprometidos, para que la actual coyuntura no vuelva a ser tiempo perdido en defensa de los más altos intereses de nuestra nación.

Mauricio Archila VIDA, PASIÓN Y... DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN COLOMBIA

Parece que, caído el Muro de Berlín, hay quienes han comenzado a construir otro muro: el muro de Seattle. Para los colombianos, el asunto no es tan remoto como aparece. El muro que comienza en la esquina noroccidental de los Estados Unidos pasa por Bogotá. En efecto, aquí mismo, en Colombia, tenemos la simiente de una coalición semejante: indigenistas de verdad, indigenistas de mentira, pero que aspiran a graduarse en antropología, miembros de la guerrilla. Burócratas que defienden sus clientelas y sus contratos, los jefes políticos de esos burócratas protomarxistas científicos, exrevolucionarios trasnochados, teatreros en vacaciones. Humberto de la Calle "¿RESUCITA MARX?" 1

¿Los sectores populares son lo que son, lo que ellos creen ser o lo que otros creen que son? Luis Alberto Romero, "Los SECTORES POPULARES URBANOS COMO SUJETOS HISTÓRICOS"2

Las anteriores frases contrastan los estereotipos negativos que un h o m b r e público transmite sobre los movimientos sociales contemporáneos e n el país y la pregunta de u n intelectual en torno a quién crea los imaginarios sobre los actores sociales. Para

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Lecturas Dominicales, El Tiempo, 27 de febrero del 2000, p. 3. Proposiciones, N 2 19, 1990 (?), p. 275.

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Humberto de la Calle, salvo los "indigenistas de verdad", todas las demás categorías son negativas. En esas condiciones es difícil construir una idea objetiva de los movimientos sociales, y menos, entender sus lógicas de acción. Inspirados en preguntas como las de Luis Alberto Romero nos planteamos la responsabilidad de los intelectuales en la creación de imaginarios positivos o negativos con relación a los actores sociales. Así históricamente las luchas sociales en el país se remonten casi a los inicios de la colonización europea, el tema de los movimientos sociales es de reciente aparición en nuestro medio. Fruto tanto de dinámicas internas, centradas en la denuncia de las limitaciones del régimen de coalición conocido como el Frente Nacional, como sobre todo externas, como el auge de las luchas anticoloniales, la Revolución cubana y los movimientos estudiantiles en Europa y Norteamérica, las ciencias sociales en los sesenta comenzaron a reflexionar sobre la aparición de nuevos actores sociales y el significado de sus luchas. En la medida en que algunos movimientos adquirieron visibilidad, se convirtieron en objeto de investigación. En el balance historiográfico que hicimos de la producción académica en torno al tema que nos convoca, constatábamos un incremento casi geométrico de publicaciones hasta comienzos de los años noventa3. Aunque aún no hemos realizado el estudio para el último decenio, tenemos la impresión de que la producción se ha estancado, así la actividad social haya continuado con inusitado impulso, en especial durante la actual administración Pastrana. ¿A qué factores responden estos vaivenes intelectuales? ¿Con qué modelos teóricos se ha leído la protesta social en el país? ¿Cuál ha sido el diálogo, si lo ha habido, entre actores y analistas? Éstas son algunas

3 "Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia, siglo xx", en Bernardo Tovar (compilador), La historia al final del milenio, Vol. I. Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1994, pp. 251-352.

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de las preguntas guías de esta ponencia, que intentará hacer un balance crítico no tanto de las luchas sociales como tales, sino de la producción académica sobre ellas a lo largo de los cuatro últimos decenios. Antes de entrar en materia propiamente dicha conviene precisar algunas de las categorías que utilizaremos en estas páginas. Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos4. Aunque no es el caso profundizar en los elementos constitutivos de la definición, resaltamos dos aspectos que conviene tener presentes a la hora de cualquier balance: el terreno del conflicto en el que se mueven los actores sociales es ilimitado y no se reduce a lo socioeconómico; y segundo, los movimientos sociales responden a asociaciones voluntarias y, en ese sentido, son también comunidades imaginadas5. Ambos aspectos denotan un papel proactivo de los movimientos sociales en la construcción de la democracia, pues amplían su base y constituyen una expresión organizada de la sociedad civil. Ahora bien, cuando se intenta aplicar esta definición al caso colombiano, hay problemas por la debilidad organizativa de los actores y su precaria autonomía con relación al Estado o a los actores armados. En consecuencia, hemos optado por hacer el seguimiento de una categoría más aprehensible: las protestas sociales. Ellas constituyen el conjunto de acciones sociales colectivas que expresan intencionalmente demandas o presionan soluciones ante el Estado, las entidades privadas o los individuos. La gran distin-

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Una ampliación de esta definición en mi ensayo "Tendencias recientes de los movimientos sociales", en Francisco Leal (compilador). En busca de la estabilidad perdida. Bogotá: Tercer Mundo, 1995, pp. 254-257. s Punto desarrollado por Chantal Mouffe, "Democracia radical: ¿moderna o postmoderna?", Revista Foro, N 2 24, Bogotá, septiembre de 1994, p. 23.

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ción radica en lo puntual de estas acciones, mientras los movimientos sociales exigirían cierta permanencia en el tiempo. De ahí que una constante paradoja para los investigadores del caso colombiano es la persistencia de la protesta, a pesar de la aparente debilidad organizativa de los actores sociales. Esta constatación nos lleva de nuevo a la pregunta que orienta esta ponencia: ¿será que les estamos pidiendo mucho a los actores sociales para que se amolden a nuestros esquemas mentales? O, en últimas, ¿hemos entendido realmente la lógica de su acción colectiva? Con el objetivo de abordar estos cuestionamientos vamos a realizar un balance crítico de la producción intelectual sobre la acción social colectiva en cuatro momentos que expresan a su vez algunos modelos teóricos vigentes en nuestro medio. Por tanto, esta ponencia no es un recuento diacrónico de las luchas sociales y de los distintos protagonismos públicos, pues eso corresponde a otro tipo de ensayo6. No es tampoco la sucesión lineal de teorías, pues ellas no desaparecen de un día para otro y, por el contrario, subsisten en formas más o menos creativas en momentos posteriores. El punto de análisis es la interacción entre los hechos sociales y las lecturas intelectuales de esos hechos. De esta forma, veremos el nacimiento y evolución de un tema que, lejos de estar muerto, sigue vivo no sólo entre los analistas y no pocos políticos, sino, y sobre todo, entre los actores sociales.

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Hay quienes postulan fases o momentos en la historia social reciente del país según distintos protagonismos, lo que en sí constituye una interpretación de esa historia, como toda cronología lo es. A guisa de ejemplo, véanse las propuestas de Francisco de Roux y Cristina Escobar ("Una periodización de la movilización popular en los setentas", Controversia, N 2 125, 1985) y la más elaborada de Leopoldo Muñera {Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia, 1968-1988. Bogotá: Cerec-Iepri-Facultad de Derecho UN, 1998). En ambos casos se postula un protagonismo campesino a principios de los setenta, seguido de un resurgimiento obrero a mediados del mismo decenio para pasar luego al auge cívico de los ochenta.

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DE LA LECTURA FUNCIONALISTA AL VANGUARDISMO PROLETARIO

En aras de la precisión histórica, no fue el marxismo la primera vertiente teórica que intentó explicar las razones de la movilización social en nuestro medio. Desde los años cincuenta, en el contexto de la Guerra Fría, los países centrales, y en particular los Estados Unidos, estaban muy preocupados por la pobreza en el mundo periférico. Obraba en ellos no sólo el terror del comunismo en aparente expansión, sino la misma explosión demográfica que socavaba los ideales de progreso sobre los que firmemente se asentaban las sociedades occidentales. Así, se inventó el discurso desarroliista y se diagnosticó el atraso dei llamado Tercer Mundo, categoría que encarnó el imaginario geopolítico de los países centrales7. Las nacientes ciencias sociales en Colombia bebieron de esta fuente a finales de los años cincuenta. Al abrigo de las teorías fúncionalistas se hicieron desde análisis macrosociales hasta estudios de caso para tratar de indagar sobre las causas de nuestro subdesarrollo y ofrecer las recetas de solución de tal atraso8. En este último aspecto sobresalían algunos actores sociales modernos llamados a impulsar o al menos a no frenar el desarrollo. Los trabajadores asalariados y especialmente sus sindicatos eran cruciales en ese propósito, siempre y cuando se alejaran de las ideologías revolucionarias y/o totalitarias, que para el funcionalismo eran lo mismo. El apoyo a las llamadas corrientes democráticas y una estrecha relación con el Estado eran las 7

Un crítica al discurso desarroliista, en Arturo Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking ofthe Third World. Princeton: Princeton University Press, 1995. 8 Véanse, como ejemplos de los dos extremos, los trabajos del padre J o s e p h Lebret, Estudios sobre las condiciones de desarrollo de Colombia. Bogotá: AEDHA, 1958, y de O r l a n d o Fals Borda, Campesinos de los Andes. Estudio sociológico de Saucio (Boyacá). Bogotá: Editorial Punta de Lanza, 1978.

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garantías de un desarrollo armónico9. Algo similar se postulaba para otros actores sociales, en especial los campesinos y estudiantes, estos últimos de mucho protagonismo en los años del Frente Nacional10. De los nuevos actores, y aun de los mencionados, sospechaba el funcionalismo al considerarlos marginados y atribuirles conductas irracionales11. Aunque en forma tardía, también a Colombia llegó el paradigma marxista para leer la acción social. Así intelectualmente ya se le conociera desde los años cuarenta, y aún antes hubiera sido instrumento de movilización política, su impacto en el mundo académico se vino a sentir a finales de los años sesenta12. Su arribo a nuestras tierras no fue tarea fácil, pues el medio cultural era poco propicio para ideologías revolucionarias. Pero en el contexto de una creciente oposición interna al régimen de coalición, alentada por los vientos internacionales favorables representados en la irrupción de la Revolución cubana, la consolidación de la revolución china, los triunfos materiales del socialismo soviético, el proceso de descolonización en África y Asia, la oposición a la guerra de Vietnam y el despertar de los movimientos estudiantiles en Europa y Norteamérica, entre otros tantos factores, el marxismo encontró un terreno abonado para 9

Un texto representativo de esta primera aproximación, que cuenta además con una importante base empírica, es el de Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 1969. 10 Consideraciones de este estilo en los textos de John D. Martz, Colombia, un estudio de política contemporánea. Bogotá: Universidad Nacional, 1969, y de Robert Dix, Colombia, the Political Dimensions of Change. New Haven: Yale University Press, 1967. 11 Estos aspectos teóricos los amplío en mi ensayo "Poderes y contestación", Controversia, N 2 173, diciembre de 1998, pp. 29-60. 12 En esto coinciden los autores del libro El marxismo en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional, 1984. Uno de ellos, Gabriel Misas, recuerda que "en la Universidad Nacional,..., se podían contar, en el lapso 1960-1965, únicamente tres profesores marxistas" (ibid., p. 213).

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su difusión, especialmente en el sistema público de educación superior. En esas condiciones sociopolíticas y culturales, el marxismo inició la disputa con los modelos desarrollistas y ofreció un entendimiento distinto del sentido de la acción social colectiva, sin que rompiera definitivamente con el discurso eurocentrista, porque era su heredero, un tanto díscolo, es cierto, pero heredero al fin y al cabo. El marxismo, consolidado en los años sesenta en la vertiente leninista, consideraba que las contradicciones en la esfera productiva eran las fundamentales en la historia, pues constituían la base de la sociedad. De ahí que postulara un conflicto de clases, entendiendo por éstas agrupaciones sociales fruto de distintas posiciones en el proceso productivo. El tipo ideal de las clases sociales era el proletariado, que además era el llamado a conducir la revolución, pues no tenía más que sus cadenas por perder. La clase obrera, el sujeto histórico por antonomasia, era concebida como una unidad homogénea en su existencia natural -la clase en sí-, así no siempre tuviera conciencia de ello: la clase para sí. De allí que, en la vertiente leninista, necesitara de un actor externo a ella para que la dirigiera. Éste era una élite intelectual agrupada en el partido del proletariado. Se combinaba así un esencialismo que prácticamente naturalizaba a las clases sociales, con un voluntarismo en términos de la acción política. Lo anterior no significa que desconozcamos la importancia de la categoría de clase social para el análisis de nuestra sociedad. Lo que criticamos es la reducción que de ella se hace a la esfera productiva, lo que a todas luces la hace incompleta para explicar la complejidad del conflicto social. Clases sociales tendremos por mucho tiempo y ellas seguirán siendo fuente de identidades, pero ellas no son los únicos actores sociales13. Otro 13

Para Leopoldo Muñera, "... la acción, la praxis social no se mueve sólo en el eje de las clases y tenemos que asumir ese desafío" ("Actores y clases sociales",

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asunto es el devenir de la clase obrera como sujeto histórico revolucionario. Allí sí que primó, en los análisis marxistas leninistas, más el deseo que la realidad14. Aunque fue la clase obrera la que recibió la atención de los analistas enmarcados en el paradigma marxista15, no faltaron los estudios que intentaban explicar los orígenes de clase de otros movimientos aparentemente más heterogéneos y a los que se les proponía como máxima consigna la "alianza obrero, campesina y popular". Así, se consumieron muchas páginas y neuronas tratando de explicar los componentes clasistas de los estudiantes, del magisterio o de los pobladores urbanos, sacrificando sus especificidades socioculturales16. Era un proceso mental que re-

en Jaime Caycedo y Jairo Estrada (compiladores), Marx vive. Bogotá: Universidad Nacional, 1998, p. 265). 14 Coincidimos con Boaventura de Sousa Santos en la centralidad que todavía tiene en nuestras sociedades periféricas la esfera productiva o, en sus términos, el "espacio-tiempo" de la producción. Esto ratifica la vigencia de un cierto análisis de clase, pero, como también lo señala el sociólogo portugués, ello no implica que esté al orden del día la lucha de clases bajo la vanguardia del proletariado como se entendió desde fines del siglo Xix y parte del xx (De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad. Bogotá: Uniandes, 1998, capítulo 12). Héctor L. Moncayo insiste en la capacidad explicativa de la categoría clase social, máxime si se le desprende de la teleología de "sujeto histórico" que, a su juicio, es ajena al marxismo ("Las clases sociales, fenomenología e historicidad", enjalme Caycedo y Jairo Estrada (compiladores), Marx vive..., pp. 243-258). 15 En nuestro balance historiográfico ilustramos esta aseveración con estas cifras: de 351 textos revisados, 156 fueron sobre clase obrera. De éstos, 2 fueron escritos antes de los sesentas, 8 en los sesentas, 38 en ei decenio siguiente y 106 en los ochentas ("Historiografía...", p. 267). Los mejores ejemplos de la tendencia marxista leninista son Ignacio Torres Giraldo, Los inconformes. Bogotá: Margen Izquierdo, 1973, y Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia. Bogotá: Ediciones Suramericana, 1977. 16 El análisis de clase solía ser el inicio de toda investigación sobre actores sociales. Algunos esfuerzos de este tipo para el movimiento estudiantil, en Jaime Caycedo "Los estudiantes y las crisis políticas", Escritos políticos, mayo-junio de

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d u d a el conflicto social a lo económico, proceso que en ese sentido no distaba del reduccionismo del discurso desarroliista tradicional. EL PUEBLO COMO ACTOR SOCIAL

La presencia de actores heterogéneos exigía un aproximación menos rígida que la clasista, pero que no perdiera las fortalezas del análisis desde el materialismo histórico 1 7 . En forma casi imperceptible el énfasis de los investigadores sobre los movimientos sociales pasó del obrerismo a algo así como un populismo metodológico. Ya no sólo se hablaba de proletariado, sino de un conjunto de clases explotadas y oprimidas que a veces se designaba como pueblo, a veces como movimiento popular y a veces simplemente como movimiento social en singular. A principios de los años setenta hubo nuevos fenómenos en la vida nacional que jalonaron la reflexión académica. La irrupción en la escena pública de la mayor oganización campesina de la historia, la ANUC; el fugaz éxito electoral de una coalición de corte populista, la Anapo; y la creciente visibilidad, pero dispersa, de los pobladores urbanos pusieron de presente no sólo

1979, y "Conceptos metodológicos para la historia del movimiento estudiantil colombiano", Estudios Marxistas, N a 27, 1984. Algo similar hizo para el magisterio Laureano Coral, Historia del movimiento sindical del magisterio. Bogotá: Ediciones Suramericana, 1980. En el caso de los pobladores, véase, del Grupo José R. Russi, Luchas de clases por el derecho ala ciudad. Medellín: Ed. 8 de junio, 1977 (?). Para los estudiantes hay un factor que complica aún más su reconstrucción y es la fusión que se hace de su historia con la de la izquierda, por lo que termina siendo analizado más como movimiento político que social. 17 La heterogeneidad de los movimientos cívicos era evidente casi por definición. Para el caso campesino, León Zamosc demostró que no sólo grandes diferencias regionales, sino incluso sociales, explicaban tanto el inicial éxito en la cobertura de la ANUC como su posterior crisis (Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta. Bogotá: Cinep, 1983 (?)).

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el fracaso de las reformas agraria y urbana, sino el desgaste político del Frente Nacional 18 . El gobierno que siguió, el de Alfonso López Michelsen, lejos de apaciguar el descontento social lo exacerbó tanto, que él mismo exclamó: "Hoy (1977) tenemos la lucha de clases más que la lucha de los partidos" 1 9 . Nuevos vientos teóricos reforzaban esta mirada hacia lo popular. De una parte, la vertiente maoísta del marxismo, a pesar de su formal ortodoxia, reivindicaba el papel protagónico del campesinado que también había sido u n actor crucial en la Revolución cubana y en muchas luchas anticoloniales. De otra parte, cobraba relevancia la llamada teoría de la dependencia, alimentada tanto por las lecturas críticas del imperialismo como por el pensamiento cepalino. Era una mirada crítica del desarrollo p r o p u e s t o desde los países centrales, sin r o m p e r el molde discursivo desarroliista 20 . Si bien el debate teórico ya no giraba en torno al dualismo campo-ciudad, tradicional-moderno, y se postulaba una mirada más histórica sobre nuestra evolución, la meta seguía siendo u n desarrollo entendido como progreso de corte material, y con los países centrales como modelo. En términos sociales, la teoría de la dependencia miraba, más que a las clases aisladas, a u n conjunto de sectores populares sumidos en condiciones de atraso precisamente por el desarrollo capitalista mundial 2 1 , lo que sugería la creación de u n bloque popular

18 El régimen bipartidista, según el analista norteamericanojonathan Hartlyn, no sólo no movilizó a los sectores populares a su favor, sino que intentó dividirlos y debilitarlos (La política del régimen de coalición. Bogotá: Tercer MundoUniandes, 1993, pp. 207 y siguientes). 19 Citado por J. Hartlyn, ibid., p. 251. 20 Arturo Escobar, EncounteringDevelopment..., cap. 2. Un texto representativo de esta postura teórica en nuestro medio fue el de Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Bogotá: Estrategia, 1963. 21 Daniel Pecaut (Política y sindicalismo en Colombia. Bogotá: La Carreta, 1973) hace eco de esta visión, en especial, en la Introducción.

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que construyera una alternativa de corte nacionalista para impulsar un crecimiento económico equilibrado. Es cierto que con estas posturas se enriquecía el estudio de la acción social colectiva, pues ella no se limitaba a la mera explotación económica por las burguesías locales, sino que atendía a fenómenos más complejos de opresión política en la arena mundial 22 . En términos de los conflictos sociales, importaba tanto la esfera de la producción como la del consumo, lo que era una significativa innovación en la comprensión de las contradicciones que atravesaban nuestra sociedad. Inspirados en algunas posturas internacionales renovadoras del marxismo, algunos analistas comenzaron a hablar de crisis urbanas y de desarrollo desigual y combinado, para explicar las primeras acciones cívicas. Pero aun en este audaz paso se seguía insistiendo en el análisis de clase - d e t e r m i n a d a desde la producción- y de cierto vanguardismo obrero en la movilización ciudadana 2 3 . El imaginario de la lucha de clases seguía presidiendo tanto los sueños

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Aunque distante del marxismo leninismo, la corriente de la "derivación lógica del capital", que tuvo a Fernando Rojas y a Víctor Manuel Moncayo como sus mejores exponentes en nuestro medio, postulaba una autonomía obrera y aun popular como la tabla de salvación ante la lógica implacable de un capitalismo que no tenía patria. Véase, de los dos autores, Luchas obreras y política laboral en Colombia. Bogotá: La Carreta, 1978. 23 Así ocurrió con los pioneros trabajos de Medófilo Medina, "Los paros cívicos en Colombia (1957-1977)", Estudios Marxistas, N 2 14, 1977, pp. 3-24 y de Jaime Carrillo, Los paros cívicos en Colombia. Bogotá: Oveja Negra, 1981. El primero designó a los paros cívicos como una modalidad de huelga de masas, con gran presencia sindical. El segundo desarrolló más la hipótesis de la crisis urbana para explicar la movilización ciudadana, pero reiteró el peso sindical. Sería Pedro Santana quien refutaría esa última apreciación y quien insistiría más en la hipótesis del desarrollo desigual (Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia. Bogotá: Cinep, 1983). La inspiración en autores como Manuel Castells y Jordi Borja ya estaba presente en tempranos estudios como el del Grupo Russi, Lucha de clases..., y el de Jorge E. Vargas y Luis I. Aguilar, Planeación urhanay lucha de clases. Bogotá: Cinep, 1976.

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de los intelectuales de izquierda como las angustias de los políticos de derecha. El paro cívico del 14 de septiembre del 77 sería la coyuntura para encarnar ese común imaginario. Aunque sin duda fue una jornada de unas magnitudes inesperadas para propios y ajenos, no es menos cierto que su alcance y significación fue distorsionado con fines políticos contradictorios, como lo denunció Medófilo Medina en el primer encuentro de este Observatorio Sociopolítico y Cultural 24 . Ya fuese catalogado como un nuevo caos al estilo del "bogotazo" o como una insurrección sin armas, la resultante es que el paro cívico del 77 encarnaba los anhelos y temores que la supuesta unidad de clases populares presagiaba. La homogeneidad y el vanguardismo antes atribuidos a la clase obrera se extendían, por esos subterfugios intelectuales, a la categoría pueblo 25 . A pesar de su imprecisión conceptual, los discursos académicos y políticos recababan en la unidad popular que pareció condensarse en ese 14 de septiembre, para no volverse a repetir, a pesar de los esfuerzos de la izquierda para conseguirlo 26 . El Estado había aprendido, a su modo, la lección y no estaba dispuesto a dejarse

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"Dos acontecimientos reflejaron esa enfermedad de la percepción: la adopción del Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978 por el gobierno de Turbay Ayala y la realización de la Séptima Conferencia Nacional de las Farc en 1982" ("Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997", en Luz Gabriela Arango, La crisis sociopolítica colombiana. Bogotá: CES-Fundación Social, 1997, pp. 29-30). 25 Internacionalmente el momento coincide con el triunfo de la Revolución nicaragüense, que le da un segundo aire al movimiento armado en el país, ahora más urbano y con mayor proyección publicitaria (Eduardo Pizarro, "Elementos para una sociología de la guerrilla", Análisis Político, N 2 12, enero-abril de 1991, pp. 7-22). 26 De hecho, los paros cívicos nacionales fueron lanzados casi ritualmente cada cuatro años, al final de los respectivos períodos presidenciales de Turbay Ayala (1981) y de Belisario Betancur (1985), sin los mismos logros del 77, en parte porque fue la izquierda la única convocante.

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sorprender de nuevo. La ola de represión que acompañó la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978 pareció sofocar las movilizaciones sociales27. EL DESPERTAR DE LOS (NUEVOS) MOVIMIENTOS SOCIALES

Si el levantamiento popular al estilo del primer paro cívico nacional quedó indefinidamente postergado, eso no significó que la gente hubiera dejado de presentar demandas o exigir soluciones a sus necesidades sentidas. De hecho, a partir de 1982 se inició un repunte de las acciones sociales colectivas más visibles, salvo en el caso del movimiento estudiantil28. Se destacaron las movilizaciones en el campo y la ciudad en pos de mejoras en servicios públicos domiciliarios y sociales, de vías de acceso y transporte, de más crédito y asistencia técnica y, en general, de planes de desarrollo local y regional. Pero, al mismo tiempo, los habitantes del campo y de las ciudades intermedias pedían cambios en las autoridades locales, respeto a las diferencias étnicas y de género, mientras denunciaban en forma creciente violaciones de derechos humanos y exigían la paz. El cambio en la protesta social ocurre no sólo en las agendas de los actores, sino en las modalidades de lucha. Las marchas campesinas, los bloqueos de vías o tomas de entidades públicas

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Aunque el seguimiento de las luchas sociales no es el objeto de estas páginas, nuestros registros muestran un notorio descenso de los actores más visibles entre 1978 y 1980, año en el que se inicia un repunte laboral y estudiantil, no así cívico y campesino. 28 El ciclo de ascenso va hasta el año 88 cuando declina por varios factores, entre los cuales se destacan las expectativas en torno a la reforma política y la "guerra sucia" que no sólo tocó a la Unión Patriótica sino a muchos dirigentes populares. El declive del movimiento estudiantil pertenece a otro tipo de explicaciones, tal vez más ligadas a la evolución de la problemática educativa y al cambio de protagonismos políticos.

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y, en general, los paros cívicos sobresalen en los titulares de prensa de mediados de los años ochenta. Aunque se siguen buscando estructuras organizativas centrales, de hecho, las luchas son orientadas por coordinadoras de existencia fugaz que privilegian las relaciones horizontales y no el llamado centralismo democrático. La escala espacial también se modifica, pues las movilizaciones no pretenden tener una cobertura nacional, sino local y, en el mejor de los casos, regional. Este resurgir de la protesta social con los nuevos elementos anotados hizo que muchos analistas proclamaran una nueva era en la acción social colectiva en el país29. Ante el desgaste de la política tradicional y de la misma acción de la izquierda, se consideraba que la movilización urbana y rural anticipaba una nueva forma de participación política. En una clara continuidad con el momento anterior, se postulaba que estaba surgiendo la simiente de un poder popular 30 . Aun políticos cercanos al establecimiento como Alvaro Gómez sugirieron que la movilización cívica era la nueva forma de hacer política. En palabras textuales, decía en 1987: "Si los paros (cívicos) son el nuevo escenario de la política buscado por el gobierno (de Barco), hay que fomentarlos. Esta apertura democrática no debe desaprovecharse. 29

Ése era el espíritu que se refleja en los ensayos de Orlando Fals Borda ("El nuevo despertar de los movimientos sociales", Revista Foro, Año 1, N2 1, septiembre de 1986, pp. 76-83) y Luis Alberto Restrepo ("El protagonismo político de los movimientos sociales", Revista Foro, Año 2, N2 2, febrero de 1987, pp. 33-43). 30 Camilo González, en un apresurado artículo, llegó a decir que la movilización de principios del gobierno de Betancur era "la auténtica expresión de la formación de un poder popular que tiene la potencialidad de convertirse en la base institucional de un contrapoder" ("Poder local y la reorganización de la acción popular", Controversia, N 2 121, 1984, pp. 75-76). La apuesta por la construcción de un poder popular estaba en la agenda de movimientos políticos de izquierda como A Luchar, el Frente Popular y la misma Unión Patriótica (véase Marta Harnecker, Entrevista con la nueva izquierda. Managua: Centro de Documentación y Ediciones Latinas, 1989).

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Además, dada la quietud gubernamental, parece que ésta será la única forma de hacerse oír"31. A pesar de las aparentes continuidades con el populismo metodológico, de hecho, los modelos teóricos con los que se lee la realidad en este momento son bien diferentes. Ya no está al orden del día la lectura marxista leninista y sus variantes e, incluso, tampoco la teoría de la dependencia. La intelectualidad colombiana lee, en forma tardía de nuevo, a Antonio Gramsci, y por esa vía a nuevas aproximaciones marxistas. De hecho, la categoría de (nuevos) movimientos sociales urbanos es acuñada al abrigo de teóricos neomarxistas como Manuel Castells, Jordi Borja y Jean Lojkine. Pero definitivamente quien más inspira a los investigadores criollos es Alain Touraine y su sociología de la acción, así no se comparta siempre la pretensión de intervención social que él propone32. En todo caso, llama la atención que en la conceptualización sobre movimientos sociales se acudiera a los autores europeos, más inclinados a indagar por los aspectos culturales y simbólicos, y no tanto a los norteamericanos, quienes para 31

Editorial de El Siglo, 8 de junio de 1987. Por supuesto que el espíritu del editorialista es más un reproche al gobierno de turno que un cambio radical en la concepción política, pero no dejan de ser sintomáticos tanto el pronunciamiento como la lluvia de críticas que recibió. Algo similar habían hecho los liberales al denunciar que el gobierno de Betancur alentaba la movilización ciudadana (El Espectador, 26 de octubre de 1982, p. 7A). Todavía años después le cobraban esa "debilidad" (El Tiempo, 11 de marzo de 1987, p. 4A). 32 Ejemplos de estas nuevas inspiraciones son los trabajos de Pedro Santana (Los movimientos sociales en Colombia. Bogotá: Foro, 1989) y Javier Giraldo (La reivindicación urbana. Bogotá: Cinep, 1987). La forma de intervención social que cobra vigencia a mediados de los ochenta entre nuestros intelectuales y activistas es la propuesta de Investigación Acción Participativa, que tiene a Orlando Fals Borda como uno de sus exponentes. La IAP fue proclamada en el Simposio Mundial de Ciencias Sociales en Cartagena en 1977 por el mismo Fals Borda y practicada en su Historia doble de la Costa, publicada en cuatro volúmenes entre fines de los setenta y mediados de los ochenta. Véase, del mismo autor. Conocimiento y poder popular. Bogotá: Siglo xxi y Punta de Lanza, 1985.

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ese momento estaban postulando la "movilización de recursos" para explicar las razones por las que un individuo se sumaba o no a la acción social colectiva33. De esta forma, la categoría de movimientos sociales ingresa al lenguaje de nuestras ciencias sociales y desplaza, aunque no siempre, los conceptos de clase y de pueblo. Se trata de un avance indudable en términos teóricos, pues desprende el análisis del economicismo predominante en anteriores momentos. Otras dimensiones de la realidad social constituyen objeto no sólo del conflicto -eso estaba visto desde tiempo antes-, sino de la reflexión académica. Ya la lucha social no se explica meramente por las contradicciones en la esfera productiva o, cuando más, en la de distribución y consumo. Dimensiones culturales y simbólicas entran en la agenda de los actores sociales y en la mente de los investigadores. La construcción de identidades en los actores colectivos cobra importancia y hay más sensibilidad intelectual a las diferencias de género y étnicas. Pero también en este momento aparecen nuevos entendimientos de la relación entre las esferas social y política. Al desmontarse el paradigma de la lectura clasista se cuestiona la esencialidad de lo socioeconómico como predeterminante de lo político34. Por la misma vía se duda de la pureza de los actores sociales y de su ilimitada capacidad de autonomía. Entre los intelectuales y no pocos activistas se comienza a percibir que los movimientos sociales per se no son revolucionarios. Por tanto, las relaciones con el Estado se miran en forma distinta: ya no hay total enemistad, sino que a veces se plantean relaciones complementarias, lo que no quiere decir que se suprima el conflicto que muchas veces se

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Véase mi ya citado ensayo "Poderes y contestación...". Punto desarrollado por María Erna Wills, en "Feminismo y democracia: más allá de las viejas fronteras", Análisis Político, N 2 37, mayo-agosto de 1999, pp. 18-36. 34

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focaliza contra el manejo que hace el ejecutivo de las políticas sociales. La relación entre región y nación es puesta de nuevo sobre el tapete, pero ya no como rivalidad entre las élites, como ocurría en el siglo XIX y parte del XX, sino como demanda de las más disímiles capas sociales de provincia35. Desarrollos políticos como la descentralización y la elección popular de alcaldes a fines de los ochenta, y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente a principios de los noventa, hacen viables estas nuevas aproximaciones teóricas. Así no siempre los actores sociales hayan tenido éxito en la participación electoral, hay una mirada menos maniquea de la política. En esto se hacía eco a un movimiento intelectual que retornaba a los análisis políticos, luego de excluirlos por años, en el intento de destacar lo social. A pesar de estos indudables logros de la acción social colectiva y de los avances teóricos que la acompañaron, la categoría de movimientos sociales, como se utilizó en los ochenta, todavía respiraba añoranza por la búsqueda de un nuevo sujeto histórico36. La necesidad de una vanguardia para un cambio societal -así fuese menos revolucionario que el soñado en los años sesenta y setenta-, hizo que el énfasis se trasladara del proletariado al pueblo y de éste a los (nuevos) movimientos sociales. Si bien es cierto que esta categoría socavaba el voluntarismo que impregnaba la búsqueda de una vanguardia, muy cara al paradigma marxista leninista, en el fondo mantenía el anhelo mesiánico por un salvador. Esto no sólo borraba con la derecha lo que se escribía con la izquierda, sino que les ponía a los actores

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Clara Inés García llega a afirmar que la región es una construcción en la que tiene que ver mucho la forma como se estructuran y resuelven los conflictos sociales (El Bajo Cauca antioqueño: cómo ver las regiones. Bogotá: Cinep-iNER, 1993). 36 Muy inspiradora a este respecto es la ya citada reflexión de Luis Alberto Romero, "Los sectores populares urbanos...", pp. 268-278.

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sociales un deber ser revolucionario que difícilmente podían cumplir. Entre esta euforia y un nuevo desencanto no había sino un trecho, y por él transitó la intelectualidad colombiana en el último decenio. LA HORA DE LOS DERRUMBES Y DE LAS NUEVAS RUTAS

En cuanto al tema que venimos desarrollando, los signos de los tiempos presentes son bien contradictorios. Es claro que los grandes paradigmas construidos en el siglo XIX y llevados a la práctica en el XX se han derrumbado. No es sólo la bancarrota del socialismo real, del Estado de bienestar, de los populismos e incluso del liberalismo clásico. Se trata de una profunda crisis de la modernidad que se trasluce en el pesimismo del pensamiento contemporáneo. Las ciencias sociales no son ajenas a esta coyuntura y hoy se cuestionan tanto sus objetos y métodos como sus mismos fundamentos. La resultante no es necesariamente negativa. Por el contrario, el actual momento puede ser un reinicio de una labor científica en condiciones menos ingenuas, de acuerdo con las posibilidades reales de las distintas disciplinas, y más responsables con las promesas que ofrecen. La interdisciplinariedad que amenaza los compartimientos estancos con los que dividíamos la realidad puede dar origen a nuevas construcciones que nos aproximen en forma más compleja y rica a ella. Los actores sociales, por su parte, viven también contradictorias situaciones. De un lado, la crisis de los paradigmas los afecta, en la medida en que socava su potencial político, al limitar las pretensiones de cambios radicales. Pero, al mismo tiempo, nuevos espacios de participación se abren en la política cotidiana, que ofrecen logros, pequeños pero valiosos. La misma movilización social no desaparece aunque no corresponde a los modelos épicos construidos en los decenios anteriores. La búsqueda de organizaciones centralizadas y con presencia nacional

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arroja precarios avances. Incluso se duda de la real representación con la que muchas organizaciones sociales dicen contar. Por eso, hoy más que nunca, es vigente la paradoja de una aparente crisis organizativa y la persistencia de la protesta. Miremos con mayor detenimiento los signos cruzados de nuestra contemporaneidad para poder aclarar al menos dónde está el problema, para así poder buscar luego la solución. En cuanto al mundo de los actores, hay muchos indicios de que las cosas no están tan mal como a veces se piensa. Hay quienes afirman que hay una buena base organizativa en la sociedad colombiana al menos si nos atenemos a la cobertura de asociaciones voluntarias como las juntas de acción comunal, los sindicatos, las organizaciones campesinas, de viviendistas, étnicas, de género, ecológicas y de derechos humanos. Según cálculos de Rocío Londoño, para 1993 teníamos casi 4,500.000 colombianos vinculados con esas asociaciones37. Claro que estas cifras pueden ser engañosas, pues se duda de la representatividad de muchas de esas organizaciones y de la "calidad" de la participación de los afiliados. Esta crítica no esconde la existencia de una amplia base organizativa que conecta horizontalmente a muchos colombianos, así la mayoría no tenga una efectiva presencia en la arena pública. Más cerca de nuestras inquietudes, se constata que la protesta en los años noventa, aunque tiene sus vaivenes, no desaparece y por ratos aumenta38. Aunque a veces se dude de la racionalidad en sus fines y medios, por lo común la protesta social refleja demandas sentidas de distintos ciudadanos y utiliza me-

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Una visión de las organizaciones populares en Colombia. Bogotá: Fundación Social-Viva la Ciudadanía-UPN, 1994, pp. 40-47. 38 Remitimos a los análisis coyunturales de luchas sociales elaborado por Alvaro Delgado, Esmeralda Prada y Martha C. García, investigadores del Cinep, y publicados en la revista trimestral Cien Días.

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dios pacíficos, mas no necesariamente legales. Los "viejos" movimientos no sólo siguen vivos, sino que en muchas ocasiones son los convocantes de grandes movilizaciones ciudadanas como las ocurridas en el último semestre de 1999, mientras en forma paralela amplían sus demandas más allá de lo estrictamente material, que sigue siendo muy precario en un país como el nuestro. En años recientes, las luchas sociales se "politizan" al oponerse a medidas oficiales y a los planes de desarrollo. Incluso hay quienes postulan que movimientos como el campesino de los últimos decenios buscan ante todo la inclusión ciudadana39. Nuevos actores sociales hacen presencia pública con desigual grado de éxito. Es conocido el impacto que han tenido las minorías étnicas, especialmente indígenas, en la afirmación de su diferencia y en la consecución de espacios territoriales para consolidar su identidad. Su presencia, primero en la Asamblea Constituyente, y luego en el Parlamento, ha sido garantía de esos logros40. Las acciones de las mujeres, ya no como meros actores sociales, sino en pos de reivindicaciones de género, aunque han sido menos espectaculares, tal vez han alcanzado más logros

39 León Zamosc, "Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo (1950-1990)", Análisis Político, N2 15, abril de 1992, pp. 35-66. En el análisis de las luchas campesinas en los últimos años hecho por Esmeralda Prada y Carlos Salgado resaltan como principales demandas los servicios públicos, las políticas agrarias, la tierra y los derechos humanos (La protesta campesina, 1980-1995. Bogotá, Cinep, 2000, capítulo 3). Se ratifica un cambio de agenda con relación a los años setenta, cuando el principal motivo era la tierra. 40 Son numerosos los ensayos sobre este tema. A guisa de ejemplo mencionamos los de María Teresa Findji ("Movimiento social y cultura política: el caso del movimiento de autoridades indígenas en Colombia", Ponencia al vm Congreso de Historia, Bucaramanga, 1992), Christian Gros (Colombia indígena. Identidad cultural y cambio social. Bogotá: Cerec, 1991) y los compilados por Arturo Escobar y Alvaro Pedroza (Pacífico, ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano. Bogotá: Cerec-Ecofondo, 1996).

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duraderos, lo que hace pensar en una verdadera revolución invisible41. Hay además notorios relevos generacionales en las organizaciones, y aun la categoría de joven adquiere relevancia como nuevo actor social y político42. Las tensiones entre lo local, la región y la nación se consolidan en la agenda de la movilización cuidadana otorgando una base social a las políticas de descentralización. Hay, por último, novedosos brotes de organización y movilización por la paz y la vigencia de los derechos humanos, por problemas ambientales, de ejercicio de la sexualidad y aun de objeción al servicio militar. El anterior panorama habla en favor de la ampliación de los campos del conflicto social, ahora muy distante del estrictamente económico propio de las primeras lecturas. Si ya no hay una centralidad de lo socioeconómico, pierde vigencia la primacía clasista en la lectura de la realidad, lo que no quiere decir que se suprima el conflicto. Por el contrario, éste prolifera en esferas antes no pensadas, incursionando hasta en el ámbito privado de la familia, como lo señalan las feministas con acierto43. Pero no todo es positivo en el pasado reciente de los movimientos sociales. Ya decíamos que la crisis de paradigmas deja huérfana a la acción social colectiva de la dimensión utópica. Aunque hay intentos por replantearla, no es una tarea fácil ante el derrumbe del mayor desafío al capitalismo y el aparente triunfo de su vertiente más destructiva en términos sociales, el neoliberalismo. En el caso colombiano, aunque hay una indudable

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Dentro de la amplia investigación sobre movimientos de mujeres destacamos los libros de Lola Luna y Norma Villarreal, Historia, género y política. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994, y Magdalena León (compiladora), Mujeres y participación política, avances y desafios en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo, 1994. 42 Diego Pérez y Marco Raúl Mejía, De calles, parches, galladas y escuelas. Bogotá: Cinep, 1996. 43 María E. Wills, "Feminismo y democracia...", pp. 29-35.

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base organizativa, subsiste gran dispersión a la hora de acciones conjuntas. La existencia de redes horizontales no subsana la ausencia de organismos de cobertura nacional. Todo ello dificulta una expresión pública más contundente por parte de los actores sociales. Por último, pero no menos importante, la fragmentación y degradación de las violencias afecta particularmente a los movimientos sociales, pues siega la vida de muchos dirigentes y activistas, entorpece, si no anula, la cotidianidad de las organizaciones y cercena notablemente su autonomía, no sólo con relación al Estado, sino con los diversos actores armados44. El problema de los actores sociales en el país no es propiamente la cantidad de villanos y oportunistas que se les incorporan, como diría Humberto de la Calle, sino la amenaza a su existencia física y simbólica. Todos estos signos contradictorios requieren nuevas lecturas, y así lo han comprendido los intelectuales que reflexionan sobre la acción social colectiva en el país. De esta forma, se han incorporado modelos explicativos producidos en los países centrales, bien sea en el postestructuralismo, bien en algunas de las más avanzadas vertientes postmodernas. En aras de rescatar al sujeto en la acción colectiva, se vuelven los ojos a un discutible individualismo metodológico. Para dar cuenta de la relación entre lo social y lo político, se asume rígidamente el neoestructuralismo norteamericano que reelabora la teoría de moviliza44

El tema es continuamente denunciado por analistas y actores, pero poco desarrollado teóricamente. Un interesante intento lo hizo la politóloga norteamericana Leah Carroll al aplicar la teoría de que un cambio acelerado de poder, así sea local y temporal, es respondido con violencia contra los líderes del cambio. Estudia así el acceso de 18 dirigentes de la UP a alcaldías en 1988 ("Logros y límites de la elección popular de alcaldes en Colombia", en Jaime Caycedo y Carmenza Mantilla (eds.), Identidad, democracia y poderes populares. Bogotá: CEISUniandes, 1993).

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ción de recursos desde las "oportunidades políticas". Las dimensiones culturales y simbólicas son leídas desde las propuestas neoconstructivistas, que a su vez son readecuaciones del llamado paradigma de identidad elaborado por teóricos europeos45. El problema con estas teorías no radica en que provengan de los países centrales, sino en la forma aerifica y ligera como se suelen incorporar. Posiblemente, el mejor camino es formular preguntas centrales y buscar los conceptos, fuentes, metodologías y sobre todo teorías que nos ayuden a responderlas. A manera de ejemplo, mencionaré cuatro que son cruciales en el entendimiento de nuestros movimientos sociales. El primer interrogante gira en torno a la racionalidad de la acción social colectiva. Iluminados por la historiografía social inglesa, postulamos que la protesta social no es una respuesta espasmódica a un deterioro en las condiciones materiales, salvo en umbrales críticos de hambre o miseria46. La acción social colectiva trasciende el mero instinto. Por lo común, en toda demanda ciudadana hay la percepción de que se ha cometido una injusticia o de que existe una inequidad en relación con otros grupos sociales, nacionales o internacionales, o con el pasado. La gente no lucha simplemente porque tiene hambre, sino porque siente que no hay una distribución justa de un bien material, político o simbólico. Desde sus mismos gérmenes, los elementos culturales están presentes en toda movilización y habrá que

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Estos aspectos teóricos que toco en mi ensayo ya citado "Poderes y contestación...", han sido analizados por numerosos autores, entre los que destaco ajean Cohén en los ochenta ("Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements", Social Research, Vol. 52, N2 4, invierno de 1985) y más recientemente, Joe Foweraker (Theorizing Social Movements. Londres: Pluto eds., 1995) y Enrique Laraña (La construcción de los movimientos sociales. Madrid: Alianza, 1999). 46 Muy iluminador es el texto de E. P. Thompson, Customs in Common. Nueva York: The New Press, 1993.

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tomarlos más en cuenta a la hora de explicarla, cosa que poco se ha hecho en nuestro medio. La pregunta por la racionalidad de la acción social colectiva tiene una vertiente criolla que se formula como el desfase entre la acción reivindicativa y la expresión política47. De clara estirpe leninista por el desajuste entre la existencia y la conciencia, la cuestión debe ser replanteada a partir de la continuidad real entre una y otra forma de acción colectiva. Ello implica desmontar cualquier esencialidad o preexistencia de lo social en contra de lo político, y viceversa. En su expresión más radical, esto supone postular distintas racionalidades, no sólo la instrumental, con igual valoración en las acciones sociales colectivas48. Luchar por la igualdad de géneros en el ámbito familiar puede ser tan válido y necesario como emprender una reforma del Parlamento para purificar la política. Otra pregunta clave y cercana a la anterior gira en torno al aporte que las luchas y movimientos sociales han hecho a la construcción de la democracia en el país. Por supuesto que habrá que definir qué entendemos por democracia, para lo que la propuesta de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau sobre radicalizarla puede ser pertinente 49 . En concreto, construir democracia en el caso colombiano significa ampliar la ciudadanía, lo que a su vez necesita de un garante, que en forma ideal es el Estado. Ello requiere una nueva lectura de las relaciones con el Estado, de sus

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Quien mejor formuló la pregunta y aventuró explicaciones fue Javier Giraldo, en el ya citado La reivindicación urbana... 48 Así lo propone María Erna Wills, "Feminismo y democracia...", p. 39. A una conclusión similar llegaba yo en una relectura de los pensadores de la modernidad, especialmente Marx y Weber ("La racionalidad de la acción colectiva: ¿problema moderno o postmoderno", Ponencia al Simposio del Instituto Pensar, Bogotá, 1999). 49 Véase de la primera, The Retum ofthe Political. Londres: Verso eds., 1993.

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debilidades y fortalezas, y de la necesidad de aprovechar o crear nuevas oportunidades políticas50. Pero también implica una nueva lectura de la política, no tanto de la virtuosa sino de la pragmática, que permea también a los sectores subordinados51. Y, en últimas, de los poderes existentes tanto en el Estado como en la sociedad civil52. Así se podrá comprender que la acción social colectiva no es gradual ni acumulativa, como se vio muchas veces al movimiento laboral53, y enfrenta distintos escenarios de poder a los que responde con diferente eficacia, uno de ellos, y nada despreciable, el Estado. Lo que hoy es un logro en materia social, mañana puede ser una retroceso; lo que aquí tuvo éxito, allá puede significar una derrota. Por último, convendrá replantearnos la paradoja que hemos reiterado a lo largo de estas páginas formulando una pregunta más adecuada: más que enfatizar la supuesta debilidad de los movimientos sociales, en contraste con la persistencia de la protesta, deberíamos comenzar por la segunda parte para, desde allí, intentar valorar su fortaleza o debilidad. Esto implica apartarnos del deber ser que autores como Alain Touraine les ponen a los movimientos sociales, y tal vez retomar las lógicas pragmáticas con las que actúan54. En caso de constatarse la debilidad,

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Es lo que propone Francisco Leal en "Los movimientos sociales y políticos. Un producto de la relación entre sociedad civil y Estado", Análisis Político, N 2 13, mayo-agosto de 1991, pp. 7-21. 51 Por esta vía va el ensayo de José L. Sanín, "La expresión política de las organizaciones sociales: una tendencia de reconstrucción de las prácticas políticas", en Varios, Nuevos movimientos políticos: entre el ser y el desencanto. Medellín: IPC, 1997.

°2 Tal es, a mi juicio, el mayor aporte de Leopoldo Muñera en el ya citado Rupturas y continuidades... 53

Enfoque que aún sigue vigente en recientes textos como el de Marcel Silva,

Flujos y reflujos. Reseña histórica de la autonomía del sindicalismo colombiano. Bogo-

tá: Facultad de Derecho UN, 1998. Touraine, a pesar de advertir sobre los problemas de utilizar categorías europeas para explicar a América Latina, concluye que es un subcontinente lleno 54

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ella debe ser explicada no tanto como fruto de la voluntad deliberada de los actores sociales o políticos, y ni siquiera del Estado 55 . Responsabilizar en forma exclusiva a las condiciones estructurales o a un solo agente histórico de los hechos violentos en este país no es posible desde la más sana historiografía. Los análisis complejos sobre las violencias, sus causas, actores, escenarios, significados culturales y, sobre todo, su impacto sobre la acción social colectiva, son más que necesarios para responder el interrogante planteado 56 . UNAS PALABRAS CONCLUSIVAS

Desde que se hicieron los primeros estudios de los actores sociales hasta hoy, ha pasado mucha agua debajo del puente. Las primeras miradas funcionalistas fueron reemplazadas por estudios marxistas y dependentistas. Luego se relegó el análisis ortodoxo clasista para postular categorías más comprensivas, pero menos explicativas, como las de pueblo y movimiento popular. En forma tardía, y con cierto triunfalismo, se adoptó la terminología de movimientos sociales para explicar nuevas formas de protesta. Estos jalones conceptuales y teóricos encierran algu-

de actores pero pobre en movimientos sociales, en parte porque éstos tienen poca autonomía ante el sistema político (América Latina. Política y sociedad. Madrid: Espasa-Calpe, 1989, pp. 157-163). Lo del pragmatismo ha sido abordado por Javier Giraldo (La reivindicación urbana...), paradójicamente inspirado en Touraine, y más recientemente por José L. Sanín ("La expresión política..."). 55 Ésta es una denuncia común en académicos y activistas. Véase por ejemplo la ponencia del CEIS, "Régimen político y movimientos sociales en Colombia", en Caycedo y Mantilla (eds.), Identidad democrática..., p. 203. 06 Entre los balances propuestos recientemente en torno al tema de la violencia menciono el de Elsa Blair, por llamar la atención sobre las dimensiones culturales ("Perspectivas de análisis: Hacia una mirada cultural de la violencia", Desde la Región, N 2 30, enero del 2000, pp. 43-53.).

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MAURICIO ARCHILA

ñas posibilidades explicativas del conflicto social en el país, pero con limitaciones que se hacen evidentes cuando intentan aplicarse rígidamente. En los años noventa, cuando cayeron los paradigmas y se acrecentó la violencia en el país, entramos en una valoración pesimista de la movilización ciudadana. Se dudó incluso de su aporte a la construcción democrática, cuando no de su racionalidad. Tal vez eso explique la relativa disminución de análisis académicos sobre las luchas sociales. Hoy no podemos decir que estamos del otro lado del río. Aún estamos sumidos en un mar de confusiones y de contradicciones. Pero nos hallamos mejor preparados que antes, pues se ha cualificado la investigación al precisarse mejor los conceptos, enriquecerse las fuentes y las metodologías, y ampliarse el universo teórico con una actitud cada vez más crítica hacia lo que recibimos en préstamo. De esta forma, podemos plantear mejor las preguntas y, posiblemente, emprender rutas más adecuadas para responderlas. Nuestra condición, que bien puede ser definida como postcolonial, nos exige descentrar estas nuevas aproximaciones desechando, por ejemplo, los modelos eurocéntricos y el discurso desarroliista implícitos en muchas de ellas. Esto debe hacerse desde una reflexión interdisciplinaria, pues el tema lo requiere. A veces será necesario también ser eclécticos, ya que la explicación de la realidad no se agota en un solo modelo teórico. Y, sobre todo, habrá que insistir en miradas menos prevenidas y más pragmáticas para tratar de entender las dinámicas de nuestros actores sociales. Para este fin, es más que necesario diálogo entre académicos y actores que haga explícito un nuevo proceso investigativo en el que unos y otros pongamos en circulación los conocimientos y las experiencias. Con este diálogo evitaremos también el apresuramiento al exaltar lo que no ha nacido o, peor aún, al enterrar lo que todavía está vivo.

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PRIMERA PARTE

Luchas laborales y cívicas

Alvaro Delgado LAS NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO EN COLOMBIA

Antes que un ensayo sobre el tema, esta ponencia recoge diversos criterios vertidos en la prensa colombiana en torno de los cambios operados en los últimos años en las relaciones laborales. La capacidad negociadora de los trabajadores colombianos es relativamente baja dentro del conjunto de países latinoamericanos. Indagaciones hechas por la Escuela Nacional Sindical (ENS) para los años 1987-1988 establecieron que en el caso de Antioquia se beneficiaba de convenciones colectivas sólo el 15% de los asalariados de los sectores privado y público juntos; en el comercio, el 0,73%, y en el transporte, el 4,5%1. Contratos colectivos de trabajo en 4 países del Grupo Andino, 1990-1996 País

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Colombia*

660

437

468

nd

496

516

607

Ecuador

334

313

308

221

216

197

206

Perú**

1.762

1.402

401

1.059

883

803

623

Venezuela

nd

nd

1.139

814

924

879

594

*Convenciones colectivas de trabajo solamente. ** Distorsión ocasionada por falta de información oficial. Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Marleen Rueda Catry y otros, Tendencias y contenidos de la negociación colectiva. Documento de trabajo N2 88, 1998, p. 26.

Norberto Ríos. Revista de la ENS, N2 17, diciembre de 1989, p. 35.

[ 52 ]

ALVARO DELGADO

En el conjunto de la Comunidad Andina de Naciones la negociación colectiva experimenta un fuerte retroceso que [...] se manifiesta en una disminución del número de convenios firmados y de trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos y en una pérdida de peso de la negociación de rama frente a la negociación de empresa o individual. Las causas que explican esta marcha atrás son múltiples, pero están estrechamente ligadas a una pérdida del poder negociador de los sindicatos. Las reformas en las legislaciones laborales de los países andinos, estrechamente relacionadas con un entorno económico cambiante, han tenido sin duda un fuerte impacto en las organizaciones de trabajadores. En Venezuela, por el contrario, ha sido precisamente el Estado el que ha impulsado la firma de acuerdos colectivos2. La negociación por rama o sector de la economía es relativamente alta en Argentina (70% de la negociación total de 1995) y México (95%, en 1994), y mucho menor en los países de bajo nivel de negociación, como Colombia, donde su participación es de 15% aproximadamente 3 . La negociación colectiva, y sobre todo la sectorial, se sostiene en los países desarrollados sólo como resultado de persistentes luchas de los trabajadores. "En Francia se observa una tendencia al aumento del número de convenios colectivos de empresa desde principios del decenio de 1980, que se aceleró a partir de 1990, ya que pasó de 6.496 ese año a 8.550 en 1995. Se señala, sin embargo que, en Francia, aun ocu-

2

Marleen Rueda Catry y otros, "Tendencias y contenidos de la negociación colectiva". Oficina Internacional del Trabajo. Documento de trabajo N- 88, 1998, p. 25. 3 Oficina Internacional del Trabajo, El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 1997-1998. Ginebra, 1998, p. 167.

Las nuevas relaciones de trabajo en Colombia

[ 53 ]

p a n d o un lugar central en el sistema de negociación, los convenios colectivos sectoriales, salvo en algunos sectores, han solido tener en la empresa un impacto menor que en otros países europeos, en particular en materia de salarios. La negociación colectiva en los países andinos es fundamentalmente de empresa. Los acuerdos de rama son prácticamente inexistentes en Perú, Bolivia y Ecuador y constituyen una excepción en Colombia" 4 , y es extendido el criterio de que mientras no haya colaboración del Estado, no habrá mejora en la negociación colectiva en general. Eso lo dice el ejemplo de Venezuela y en cierta manera el de Bolivia. El contenido de la negociación colectiva es bajo en el área y en muy elevada proporción está relacionado con el salario, debido a la inflación histórica que estos países han soportado. Es común oír la opinión de que desde principios de los años ochenta "no se ha conseguido ninguna gran conquista nueva" 5 : La debilidad de las organizaciones de trabajadores, los cambios en la organización de la producción, laflexibilizacióny las dificultades que establece en ocasiones la legislación laboral, hacen que exista poca innovación en los temas tratados y que la escasa innovación se dirija a limitar los efectos negativos que la flexibilización de los procesos de producción puede tener sobre los trabajadores6. Con su proyecto de minimización del Estado y eliminación del sindicalismo, lo que el nuevo modelo económico mundial persigue en el mercado de trabajo libre es hacer que las decisiones y responsabilidades del contrato de trabajo recaigan exclu-

4 5 6

Marleen Rueda Catry y otros, op. cit., p. 27. Ibid., p. 32. Ibid., p. 30.

[54:

ALVARO DELGADO

sivamente en el trabajador individual 7 . En la nueva puja de las relaciones laborales en Colombia debe observarse que el nuevo modelo está exigiendo indeterminar todavía más el mercado de la fuerza de trabajo, intento que tiene la demanda de reformar las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. Por eso los gremios no tienen empacho en proponer el salario integral para sueldos de dos salarios mínimos en adelante e incluso para todo nivel salarial, como lo hicieron en julio de 1998 Fedesarrollo, Fenalco y el ministro de Hacienda Camilo Restrepo. Imponer el reino del salario integral, opinan algunos economistas; equivaldría a abandonar a discreción del capital la distribución de la riqueza nacional producida: Estos movimientos hacia el mercado aparecen rompiendo los principios clásicos de la normatividad laboral: reconocimiento de la desigualdad en las relaciones entre las fuerzas del capital y del trabajo, irrenunciabilidad de los derechos básicos de los trabajadores y protección "especial" a las relaciones generadas por los vínculos laborales8. La cuestión clave para los sindicatos sería averiguar cuáles son sus puntos débiles y qué es lo que está en su mano hacer para mejorar los contenidos de la negociación colectiva. Los sindicatos deberían establecer una estrategia que incluyese una serie de puntos ineludibles: cuáles son los temas prioritarios para los trabajadores, y analizar si son compatibles con los intereses de la empresa de forma realista; establecer a qué nivel se quiere negociar y definir posiciones; para conseguirlo, se debe estudiar asimismo cómo adquirir una mejor representación. Tras realizar este análisis, quedaría ver si la forma-

7

Hernando Torres Corredor, en Universidad Nacional, Universidad de Cartagena. El trabajo en los noventa, 1994, p. 46. 8 Ibid., p. 47.

Las nuevas relaciones de trabajo en Colombia

[ 55 ]

ción de los representantes de los trabajadores es suficiente o si se pudiese mejorar para reforzar su capacidad negociadora9. En la liza de la negociación laboral, desde luego, no están todos los que son. En el escenario nacional aparecen solamente las grandes organizaciones de asalariados, que, en el caso colombiano, están en el área pública: La mayor movilización en el sector público se explica por ciertas peculiaridades propias. La primera es la dimensión de las unidades de producción y la homogeneidad de los estatutos de personal, que, como en el caso de las grandes empresas privadas, facilitan la sindicación. La segunda consiste en que el empleador está solo frente a un gran número de trabajadores, lo cual fomenta el traspaso de autoridad a los sindicatos. Aunque hay excepciones, [...] el sector público reconoce en general la razón de ser de los sindicatos. Una tercera particularidad es el carácter central del concepto de servicio público en las relaciones de trabajo, que refuerza la solidaridad. Ligado al origen público de los recursos, favorece la consulta que, en muchos países, sustituye a la negociación colectiva, y autoriza restricciones, a veces considerables, en materia de negociación y de huelga que serían más difíciles de aceptar en el sector privado. Por último, esas diferencias características dan a la movilización del personal, incluso cuando apunta a la obtención de ventajas económicas, una dimensión política que rara vez tiene en el sector privado (por ejemplo, en el caso de los conflictos en el sector de la sanidad). Naturalmente, en la inmensa mayoría de los países el sector público ha cambiado profundamente hace ya años, por lo que se parece más al sec-

9

Marleen Rueda Catry y otros, op. cit., p. 33.

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ALVARO DELGADO

tor privado. Han hecho aparición las fuerzas del mercado, en forma de privatizaciones o de una competencia entre ciertos servicios y el sector privado, y se han comprimido los costos. Se han implantado normas de perfeccionamiento de los recursos humanos, acompañadas de una descentralización de las decisiones en ciertos campos. Ahora bien, las singularidades antes mencionadas seguirán caracterizando al sector público. Aún parcialmente diversificados, los estatutos de personal se refieren siempre a un gran número de trabajadores, los límites presupuestarios siguen determinándose en el nivel central y el servicio público es un concepto que tenderá más bien a refor-

Las grandes concentraciones de asalariados imprimen a la vez características a la negociación de las condiciones de trabaj o y a la relación de los sindicatos con sus entidades jerárquicas. Los sindicatos fuertes no recurren siempre a las centrales sindicales o federaciones en materia de apoyo para un proceso de negociación colectiva, son autosuficientes y en algunos casos tienen mayores recursos que las propias centrales. Son los sindicatos más débiles los que tienen mayores dificultades y necesitan de las centrales y federaciones sindicales. Sin embargo, la posibilidad de que las instancias superiores del movimiento sindical logren atraer a los sindicatos locales, sea cual fuere su fortaleza, dependerá de la capacidad de articulación e interpretación de las demandas y de la capacidad para ofrecer a los sindicatos legitimidad, eficiencia y autosostenimiento11.

Oficina Internacional del Trabajo, op. cit., p. 145. Marleen Rueda Catry y otros, op. cit., p. 48.

Las nuevas relaciones de trabajo en Colombia

l 57 ]

El descenso en la negociación colectiva de trabajo en Colombia aparece hoy interrumpido casi exclusivamente por las acciones del sector público. De acuerdo con un estudio de la ENS12, la flexibilidad contractual se ha fortalecido y generalizado a partir de la Ley 50 de diciembre de 1990, de la Ley 60 de 1990 y de los decretos de reestructuración del Estado del 28 de diciembre de 1991, expedidos al amparo del artículo 20 transitorio de la Constitución del mismo año. Como consecuencia, el contrato de término definido "hace en la práctica imposible la sindicalización, puesto que la afiliación a los sindicatos por parte de estos trabajadores se convierte en motivo para la no renovación del contrato de trabajo. Este fenómeno ha estado convirtiendo a los sindicatos en organizaciones de trabajadores antiguos que, poco a poco, se extinguen por la jubilación de sus miembros", como ocurrió en Propal. La Ley 50 "propició la eliminación de miles de contratos de trabajo, entre otros, con trabajadores colocadores de chance en puestos fijos de venta, y la imposibilidad de reivindicar un contrato de trabajo en el caso de los vendedores de seguros". En el caso estatal aparecen los contratos administrativos de prestación de servicios, que no reconocen ningún derecho laboral social. "Del total de empleados estatales se estima que 25% de ellos laboran bajo esta modalidad", la cual creció sobre todo después de la expedición de la Ley 80 de 1993, que eliminó la prohibición de despido sin causa justa después de diez años de servicio. El trabajador nuevo o antiguo que se afilia al sindicato o adopta conductas notoriamente combativas es despedido sin mayor problema. Las normas produjeron no menos de 40.000 despidos en el área estatal; desaparecieron sindicatos enteros: ferroviarios, portuarios, obreros de Obras Públicas o de los extintos ICT e Inderena, o fueron reducidos a su mínima

Norberto Ríos. Revista de la ENS, N 2 41, octubre de 1996.

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ALVARO DELGADO

expresión, como ocurrió en el Ministerio de Hacienda y el DAÑE. Como señala Ríos en su artículo ya citado, "Entre 1990 y 1994 han entrado en receso o han sido liquidados en Colombia cerca de 514 sindicatos", con unos 95.229 afiliados. "Hoy escasamente está sindicalizado el 6% de la población económicamente activa". Las reformas legislativas aprobadas a partir de 1990, la reestructuración empresarial con motivo de la mal llamada "apertura económica" del país al mercado globalizado, y el mismo enfriamiento de los ideales de solidaridad internacional que acompañó al derrumbe del campo socialista, profundizaron al máximo la crisis del movimiento sindical colombiano, puesta de manifiesto desde mediados de los años ochenta, uno de cuyos frutos fue, paradójicamente, la aparición de la CUT. El conjunto de la red organizativa sindical -y con mayor contundencia la parte del capital privado- fue severamente destrozado, muchos sindicatos desaparecieron y buena parte de los que lograron sobrevivir en los últimos diez o quince años se convirtieron en organizaciones minoritarias dentro de las empresas. El empresariado vio entonces el camino expedito para introducir las nuevas formas de relación laboral directa con sus empleados, sin el estorbo de la mediación sindical. El resultado ha sido el descenso sostenido de las convenciones colectivas de trabajo y el consecuente incremento de los pactos colectivos, fenómeno que puede observarse con mayor fuerza a partir de 1989. Los funcionarios gubernamentales y los diarios han creado en la opinión pública la idea de que los trabajadores colombianos son altamente conflictivos. El seguimiento de los conflictos colectivos de trabajo en los últimos cuarenta años, sin embargo, dice todo lo contrario y confirma que las huelgas constituyen una ínfima porción de los desenlaces. En los años noventa se acentuó la tendencia a encontrar los acuerdos en la etapa de negociación directa, por lo menos en los predios de la gran industria, luego de que durante un largo período, entre los años sesenta

[59]

Las nuevas relaciones de trabajo en Colombia

Promedio anual de contratos colectivos de trabajo, 1982-1996 Período

Totales

1982-1989

886

1990-1996 1982-1996

Convenciones

%

Pactos

%

655

74,0

231

26,0

824

531

64,0

293

36,0

882

624

71,0

258

29,0

Fuente: oír. Julio Puig y otros, Tendencias y contenidos de la negociación colectiva en Colombia, 1990-1997. Resumen ejecutivo, p. 4 (copia del original).

Etapas de conclusión de la negociación de convenciones en la gran industria colombiana Abril de 1990 Etapas

Diciembre de 1993

Diciembre de 1996

Número

%

Número

%

Totales

108

100,0

112

100,0

115

100,0

Arreglo directo

48

44,4

67

68,8

99

86,1

Mediación*

35

32,4

0

0

0

0

Prehuelga

19

17,6

22

19,6

10

8,7

Huelga

5

4,6

9

8,1

3

2,6

Laudo arbitral

1

1,0

4

3,5

3

2,6

Número

%

* Es abolida a partir de 1991. Fuente: Julio Puig y otros, Tendencias y contenidos de la negociación colectiva en Colombia, 1990-1997. Resumen ejecutivo, p. 4 (copia del original).

y ochenta, la mayor parte de las negociaciones se zanjaba, bien en la etapa de conciliación, bien en la de mediación con que la ley la reemplazó. Es verdad que el nuevo marco legal no deja una solución alternativa diferente a la huelga o el arbitramento, pero de todas maneras la negociación laboral se ve beneficiada con el acento puesto en la relación directa de empleadores y empleados.

[ 60 ]

ALVARO DELGADO

Los pactos colectivos - q u e excluyen la mediación del sindicat o - entraron con mucha fuerza desde el principio de la crisis. De acuerdo con la ENS, 18 de los 28 pactos colectivos suscritos en Antioquia en 1987 se presentaron en la manufactura, donde la mayoría de las empresas daba ocupación a más de cien trabajadores, "número más que suficiente para constituir sindicato". En Fabricato el pacto, que benefició a 2.066 trabajadores, "prácticamente tiene en la disolución al sindicato". Aunque los pactos rebajaron de 51 a 28 entre 1986 y 1987, de ellos se beneficiaron 4.084 trabajadores, de los cuales el 80,4% pertenecía a la manufactura 13 . El proceso de apertura económica ha estimulado los pactos: Aunque la legislación laboral establece que allí donde existan sindicatos y éstos agrupen a más de la tercera parte de los trabajadores en una empresa no puede haber pactos colectivos, los empresarios están acudiendo a diversas modalidades para imponer este mecanismo que sólo favorece sus intereses. El mecanismo más utilizado es el de ofrecer dádivas económicas, como primas extralegales, para que los trabajadores renuncien al sindicato y a la convención colectiva y se adhieran al pacto, mecanismo que generalmente se acompaña de estrategias más sutiles, como amenazar con despidos, desmejorar las condiciones de trabajo o excluirlos definitivamente de cualquier mejora salarial o prestacional, al mismo tiempo que se niegan a discutir los pliegos de peticiones con los sindicatos o dilatan indefinidamente las negociaciones mientras realizan un trabajo de zapa que finalmente coloca al sindicato en condiciones precarias para negociar la convención; otras veces arremeten abiertamente contra los afiliados y los derechos de los sindicatos, mediante despidos selectivos que tienen como pro-

Revista de la ENS, N2 13-14, diciembre de 1988.

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pósito intimidar y desmoralizar a las bases para luego colocar al sindicato en situación minoritaria y venirse luego con la propuesta de pacto; otras, aislan a las juntas directivas de sus bases mientras realizan todo un trabajo de debilitamiento de la organización sindical que crea las condiciones para imponer el pacto colectivo violando toda legalidad laboral y desafiando al propio Ministerio de Trabajo, que se limita a imponer multas insignificantes. [...] Aunque la legislación establece un mecanismo específico que regula la convocatoria y la realización de pactos colectivos, éstos son impuestos de la manera más arbitraria, sin asambleas de trabajadores que aprueben el petitorio y elijan a sus representantes [...] Esta estrategia [...] se convierte a la larga en un bumerang para los propios sectores patronales, en la medida en que se cierran vías naturales y civilizadas para la resolución de los conflictos obrero-patronales14. Se supone que los pactos se ajustan a las expectativas de los empleadores que los imponen, pero ellos están tan engolosinados con la idea de acabar del todo con los sindicatos, que no vacilan en desconocer los compromisos que adquieren con aquéllos. Que los trabajadores buscan acuerdos que descarten el recurso a medidas extremas lo confirma la utilización que hicieron del recurso de tutela antes de que la Corte Constitucional recortara los alcances del mismo, por sentencia del 10 de diciembre de 1998, de acuerdo con la cual "La tutela es improcedente para obtener el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, cuyas pretensiones son propias de la jurisdicción especial del trabajo" 15 , y que "resulta claro que la jurisdicción laboral es la

14 15

Héctor Vásquez, Revista de la ENS, N 2 34, octubre de 1994, p. 6. El Tiempo, diciembre 10, 1998, p. 3A.

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competente para conocer de los conflictos que se susciten por razón del tuero sindical de los empleados públicos". Una investigación de Mario Jaramillo 1 6 refiere que, de 615 sentencias proferidas por la Corte Constitucional en 1992, [...] más de la tercera parte hizo referencia a asuntos laborales. Y el 95,8% de ellas fueron promovidas por la acción de tutela. En 1993, hasta el I o de septiembre, la Corte Constitucional se había pronunciado con 376 sentencias. Una quinta parte de ellas en temas laborales. Y el 87,6% de los casos estudiados en esta área respondieron al ejercicio de la nitela. El 90,8% de las acciones de tutela laborales adelantadas en 1992 están relacionadas directamente con la protección de los derechos del trabajadores, y en menor volumen con la constitucionalidad de algunas normas y con la seguridad social. El 24,6% de las acciones de tutela laborales promovidas en los ocho primeros meses de 1993 se refieren a la protección de los derechos del trabajador, y ei 46,5% resolvieron asuntos de seguridad social. Merece considerarse el hecho de que en el lapso 1994-1996, en medio de un importante descenso de los índices de desempleo, la negociación colectiva encontró un ambiente favorable a la concertación, y los ceses de labores disminuyeron. No puede descartarse que el fenómeno obedeciera a una moderación de las demandas laborales ante los efectos políticos de la reestructuración empresarial, entre ellos la desaparición o el acentuado debilitamiento orgánico de los sindicatos. Es significativo el hecho de que importantes conflictos (Cerromatoso, Intercor,

Mario Jaramillo, Sindicalismo y economía de mercado, 1994, p. 59.

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Coltejer, Telecom, Caja Agraria, Banco Cafetero, Banco de Colombia, Banco Industrial Colombiano, Banco Popular) se zanjaron sin las anunciadas huelgas, y que la mayoría de los anuncios de paro quedó en eso: anuncios. 4.500 servidores de Coltejer obtuvieron, en negociación directa, incrementos de 22,6%; en Intercor el reajuste fue de 24,5% y cobijó a 3.100 trabajadores; en el Banco Cafetero el aumento subió a 22%, y en Telecom, donde por primera vez, por motivo del cambio de carácter de instituto público a empresa industrial y comercial del Estado, se firmaba una convención colectiva, se conseguía 23% también en etapa directa. La distensión del conflicto laboral puede medirse también por el hecho de que en la Caja Agraria los trabajadores se sometieron finalmente a la prueba mayor: el licénciamiento de casi 5.000 de los 14.000 trabajadores que tenía el establecimiento a fines de 1991. Por lo demás, la retórica empresarial enderezada a que los asalariados entendieran la grave situación de crisis que atravesaban los negocios por culpa de la apertura al mercado universal en las condiciones de inequidad que imponía el capital multinacional alcanzó a ganar adeptos sinceros, sobre todo en empresas de impronta histórica, caras para la memoria de los trabajadores. En enero de 1994 -una vez más en negociación directa- se suscribió una nueva convención colectiva en Productora de Hilados y Tejidos Única, de Manizales, para beneficio de 814 servidores, y el presidente del sindicato -de conocidos antecedentes de lucha clasista- se permitió conceptuar que la negociación había sido "un acuerdo histórico que marcó un antes y un después en la compañía, si se tienen en cuenta los antecedentes laborales previos a la negociación del pliego". El directivo sindical agregó: Esta convención marca un hito en Única porque la política que adoptamos de participación, información y respeto hace

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que los trabajadores sean más conscientes y más personas que piensan y opinan. Éste es el primer fruto de la calidad total17. En el caso de la Fábrica de Hilazas Vanylon, de Bogotá, encontramos otro ejemplo de las concepciones de participación y concertación que aparecen en las relaciones laborales colombianas. A principios de 1998 la empresa, en concordato de acreedores desde principios de 1997 a causa de la desigual competencia del mercado internacional, tenía 600 empleados y proveía el 65% de la demanda de hilaza nacional. Quintex, su principal competidora, había desaparecido y Enka había abandonado en el mismo año esa línea de producción. El acuerdo concordatario contemplaba la venta de por lo menos el 51% de las acciones de Vanylon a un inversionista extranjero que garantizara la capitalización de la empresa y su crecimiento en los mercados nacionales e internacionales. La idea era que esa porción accionaria estuviese vendida en 1999. Entonces se había instaurado en Vanylon un panorama aparentemente desconocido en nuestro medio. Reinaban buenas relaciones con la empresa, bajo la enseña de una mayor producción y una mejor calidad. El presidente del sindicato, que había tomado el cargo apenas dos años atrás, en vez de disfrutar de permiso sindical realizaba labores de control y vigilancia como supervisor de mantenimiento. Trabajador supervisor con 33 años de servicios, "asegura que uno de los cambios más importantes es la conquista de la libertad" en el sentido de que los supervisores y jefes de sección tienen la autonomía que nunca antes tuvieron. "Se acabó la jerarquía y se ha reemplazado por el trabajo en equipo. Es que si la empresa estaba como estaba y no trabajábamos en equipo, no podíamos sacarla adelante" 18 . Se-

17 18

La República, enero 17, 1994, p. 8A. El Tiempo, marzo 16, 1998, p. 10B.

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gún el dirigente sindical, el administrador impuesto por los acreedores para salvar la empresa había sido fogueado en varios casos similares: Cuando asumió, en Vanylon trabajaban más de mil personas produciendo la mitad de lo que hoy se logra [...] casi la mitad de los empleados sobraba: simplemente seleccionó a los mejores y suprimió cargos innecesarios. "Antes había ingenieros de turno, y teníamos mucha más gente de mando. Hoy en día solamente queda un coordinador dentro del grupo de supervisores y estamos trabajando eficientemente con el recurso humano para motivarlo y fomentar en él un sentido de pertenencia hacia la empresa", explica19. En la empresa minera caucana Industrias Puracé, creada en 1945 y apuntalada en el pasado por la desaparecida Celanese Colombiana, el drama de la supervivencia comenzó en los años setenta, mucho antes de la irrupción abrupta de la "apertura económica", y las características de su desenlace temporal se asemejan a las que han rodeado a Álcalis de Colombia. En 1996, cuando cerró la empresa, se producían unas 54.000 toneladas de azufre al año. El procesamiento de cada tonelada costaba 123.000 pesos, mientras que en el mercado externo valía 43.000 pesos... [...] desde el 14 de febrero [de 1998] los 164 trabajadores se convirtieron en accionistas de la empresa mediante un acuerdo avalado en Cali por la Superintendencia de Sociedades. La liquidación de la industria se inició el 17 de diciembre de 1996,

Ibid.

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pero en medio de la pelea legal por el pago de las deudas y las obligaciones salariales, que ascienden a 1.000 millones de pesos, surgió esta idea que dejó contentos a todos. Ahora los trabajadores, en su mayoría indígenas puracé [sic; son paez, o paeces], tienen 24 meses para responder por el pasivo y para pagar los aportes de los empleados al Seguro20. Los incrédulos no saben que conocemos a fondo el funcionamiento de la mina y contamos con un grupo asesor de técnicos, abogados y economistas. Además, vamos a invertir las ganancias en nosotros. Eso antes no ocurría, dice Luis Enrique Guauña [sic], que pasó de ser presidente del sindicato a vocero de la junta de accionistas". Sólo 12 indígenas iniciaron el trabajo. El periódico cita palabras del nuevo patrono de la empresa: Siempre sobra comida porque por ahora sólo somos 12. La idea es que nosotros saquemos una carga mínima de azufre mientras adecuamos las instalaciones para funcionar al máximo con todos los mineros [...]. Las proporciones de precio se mantienen, pero ahora los mineros dicen que no van a competir con el azufre petroquímico sino que lo ofrecerán en estado puro para quienes requieran sus propiedades naturales. Desde luego, ante la crisis del modelo económico tradicional, empresarios y trabajadores se han comportado contradictoriamente. Al revés de lo ocurrido en Avianca a mediados de 1994, cuando los esfuerzos para impedir la extinción del mayoritario sindicato de empresa -también de vieja tradición de lucha clasista, primero en la CTC y luego en la CSTC- terminarían

El Tiempo, abril 5, 1998, p. 18A.

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en un modus vivendi forzado, el sindicato de la Federación Nacional de Cafeteros pedía por la misma época la convocación del tribunal de arbitramento para dirimir su petitorio. ¡Tal era el artificio para impedir la desaparición del organismo sindical! El Ministerio de Trabajo, sin embargo, rechazó la solicitud porque supuestamente había sido aprobada en asamblea del sindicato minoritario. O sea, el otrora importante sindicato de la empresa (filial además de CUT), con sede en Chinchiná, se había convertido en organización minoritaria; el movimiento sindical allí no tenía fuerza ni siquiera para impulsar una negociación directa, y pidió acceder a una instancia que el sindicalismo de clase siempre había repudiado por considerarla profundamente antidemocrática (empleadores y Estado contra trabajadores). La cuestión es que, en las condiciones colombianas de atraso de las relaciones laborales, el arbitramento tripartito, en no pocos casos, ha resultado menos perjudicial para los trabajadores que los enfrentamientos radicalizados y sin perspectiva de desenlace político. Ante la acentuada debilidad de las posiciones sindicales en todas partes, la apelación a los instrumentos de legalidad institucional no puede ser menospreciada por los trabajadores. Los ejemplos sobran. En noviembre de 1993 un petitorio elevado al Banco Popular por la Unión de Empleados Bancarios (UNEB) agotó la negociación directa y pasó al tribunal de arbitramento porque la empresa insistió en imponer un contrapliego. En febrero del año siguiente el tribunal emitió su laudo sin la firma del representante del sindicato, y la UNEB interpuso el recurso de homologación. El 25 de mayo del mismo año la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el fallo, alegando extralimitación de funciones por parte del tribunal, con lesión de los intereses de los trabajadores. Fue anulado el período de vigencia de la convención, porque la UNEB había pedido un año y el tribunal acordado dos, y lo mismo pasó con varias cláusulas del laudo interpuestas por el contrapliego empresarial: impugna-

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ción de las elecciones sindicales, permisos sindicales, formas de pago de sueldos, procedimientos para aplicar sanciones, arbitramento de la Cámara de Comercio en las negociaciones de las dos partes, etc.21. En las grandes empresas estatales la inclinación a negociar se vio estimulada por las ventajas que el Estado ofreció a los sindicatos para crear fondos de pensiones y competir con ellos en el mercado financiero y de servicios. La fórmula fue: acepten la terminación del antiguo régimen de cesantías y pensiones de jubilación y nosotros les permitimos manejar fondos de pensiones y grandes contratos de servicios de salud a través de sociedades administradoras de pensiones. Ningún esfuerzo de concertación, sin embargo, ha parecido suficiente para cambiar la mentalidad violatoria de las leyes que prevalece en los recintos del capital. A principios de 1998 el Ministerio de Trabajo se veía precisado a sancionar a 50 empresas por omitir la afiliación y los aportes de ley al Instituto de Seguros Sociales, así como por remunerar a sus servidores con sumas inferiores al salario de ley. Los patronos descontaban la contribución a los trabajadores pero no pagaban nada al ISS, y entre los infractores figuraban personas jurídicas supuestamente "honorables": Croydon (en liquidación), Colmundo Radio, Hospital Infantil Lorencita Villegas, Banco Andino, etc. El Ministerio investigó mil empresas que daban ocupación a cerca de 66.000 trabajadores y encontró que el 26% de ellas dejaba de hacer los aportes de ley y, en calidad de morosas, debían al ISS más de $4.200 millones, sin contar los intereses causados22.

21 22

El Espectador, mayo 26, 1994, p. 2B. El Espectador, marzo 1°, 1998, p. 8B.

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LA NEGOCIACIÓN SECTORIAL

El camino transitado por los conflictos en la industria bananera, las empresas de energía eléctrica y Ecopetrol contribuye a delinear, más que ninguno otro, las características que reviste la negociación colectiva en la actualidad. Se trata de un proceso que encarna el doble sentido en que se presenta el mundo de fin de siglo para el conjunto del movimiento sindical colombiano: el esfuerzo por modernizar sus estructuras y, en esencia, por erigir la organización sectorial, y el esfuerzo por meter el país entero en la cabeza de los dirigentes sindicales. Es una casualidad que la vida haya reunido en ellos la vieja agricultura de exportación, la industria transformadora, en crisis en el mundo entero, y los nuevos espacios de los servicios en auge. De los dos primeros actores, sin embargo, no puede dejarse de tener en cuenta que se trata de fenómenos relativamente recientes en la vida nacional, muy lejanos de la veteranía del movimiento petrolero. La proeza organizativa de los bananeros de Urabá no tiene par en la historia colombiana contemporánea. Como fruto de los cambios en la situación de violencia suscitados al suscribirse la tregua entre el gobierno de Betancur y las FARC, las quince convenciones colectivas suscritas en esa región en 1984 pasaron a ser más de cien en 1985 y se convirtieron en 146 en 198723. ¿En qué condiciones? Entre 1980 y 1985 Urabá exportó banano por un valor de 969,1 millones de dólares, producidos en 20.000 hectáreas de 259fincasdonde trabajan 11.997 obreros; obreros que han recibido un tratamiento de esclavos, trabajando en situaciones

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Revista de la ENS, N e 9, agosto de 1987, p. 9.

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verdaderamente aberrantes, 10, 12 y hasta más horas diarias por un salario inferior o igual al mínimo legal, sin seguridad social, sin médicos, deambulando de una finca a otra, pues la estabilidad laboral siempre ha sido precaria, recluidos en barracas que carecían de los más elementales factores de higiene y donde vive el 79% de los trabajadores y sus familias, barracas (llamadas "campamentos" por la patronal) en las que apenas a partir de 1985, después de más de veinte años de cultivo agroindustrial del banano, se inicia un proceso de recuperación y mantenimiento, dotándolas de servicios de energía, agua potable y sanitarios, proceso que apenas cubre al 50% de las 259 fincas bananeras. Hasta un periódico como El Tiempo no p u d o dejar de reconocer que el proceso d e organización que culminó en la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios (Sintagro), que en 1984 contaba con unos diez mil afiliados, permitió [...] aislar a las viejas camarillas sindicales que controlaban los sindicatos de la zona [...] Pero este proceso ha sido difícil y doloroso, pues contra la nueva organización de los trabajadores (que también incluye a Sintrabanano y a Sintrajornaleros) se ha desatado toda una campaña de violencia y terror que pretende acabarla ahogándola en sangre24. La convención colectiva suscrita en noviembre de 1993 en 270 fincas fue la primera lograda en negociaciones directas, y fue al mismo tiempo la primera en que el reajuste de salarios se pactó de acuerdo con u n índice de productividad verificable: la

El Tiempo, marzo 11, 1987.

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cantidad de cajas producidas cada catorce días. El dato adquiere importancia si se recuerda que la negociación laboral de 19921993 estuvo encaminada a abolir las ventajas extralegales de los asalariados, el régimen pensional antiguo, los salarios diferenciados o por escalas, la inamovilidad en los puestos. Todo ello encaminado a elevar la eficiencia de las empresas y acercar el nivel de los salarios al nivel de la productividad. En el inicio del "gran cambio" neoliberal, los empleadores lograron crear u n ambiente favorable a sus propósitos en muchas empresas estatales, y las nuevas normas de calidad y flexibilidad laboral cuajaron en numerosos acuerdos con los trabajadores. Los avances de los empleadores no se quedan ahí. Desde mediados de 1997 el gremio bananero rodea al sindicato de proyectos de obras sociales y los trabajadores reciben capacitación internacional sobre calidad y formación de líderes 25 . Las empresas alegan que enfrentan penosamente u n a crisis de sus negocios: estragos del Fenómeno del Pacífico (El Niño), caída del precio internacional de la fruta, suspensión del acuerdo marco con la UE. Sintrainagro se permite opinar, por su parte: Los trabajadores no desconocen eso y hemos venido haciendo grandes esfuerzos para mantener la viabilidad de la industria bananera con sacrificios que, durante estos años, han llevado al no pago oportuno de las prestaciones legales y extralegales e incluso, parcialmente, de salarios, a lo que se agregan variables como el alto costo de la canasta familiar en Urabá26. A la vez, los analistas de la prensa añaden algo que todo el m u n d o conoce:

23 26

El Colombiano, julio 2, 1998, p. 2B. El Colombiano, julio 5, 1998, p. 12B.

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Cuando las reclamaciones de los trabajadores han servido a los intereses de Augura, las relaciones entre las partes han sido envidiables. Incluso hasta marchar juntos en la defensa de la industria. Ahora es diferente: los patronos pretenden erradicar los derechos convencionales de los trabajadores, por lesionar sus intereses (empresariales)27. Por eso no puede resultar extraño que el agravamiento del conflicto laboral a partir de 1997, hasta su exacerbada expresión en el primer semestre de 1999, enseñe que el relativo ablandamiento de las relaciones de trabajo conocido entre 1994 y 1996 fue u n evento inconsistente y u n producto más que todo dei adelgazamiento político de la organización sindical por la crisis del país. Las relaciones obrero-patronales históricas no han cambiado su cariz entre nosotros: los empleadores no han abandon a d o por u n solo m o m e n t o su idea de un m u n d o sin fiscalía estatal y sin sindicatos y éstos no están lo suficientemente convencidos de que el escenario anterior, el de los años sesenta y ochenta, ha pasado y no volverá a verse, y que por tanto deberán cambiar sus tácticas de lucha. En el campo de la electricidad, la historia de la negociación y los conflictos fue siempre una historia local. Sólo muchos años más tarde, en septiembre de 1991 y nuevamente en agosto de 1993, el recién creado Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Colombia (Sintraelecol) logró por primera vez la presentación de un pliego de peticiones unificado para todo el país. En febrero de 1996, cuando alrededor de quince mil trabajadores de la electricidad amenazaban con una huelga en el sector, el gobierno nacional y los representantes de 32 empresas de energía firmaron u n "acuerdo marco sectorial", punto de referencia para

La República, julio 8, 1998, p. 2.

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que cada empresa negociara por separado su respectiva convención. El acuerdo comprometió a los trabajadores a mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas, pero al mismo tiempo marginó a los trabajadores eléctricos del alza general de 17% impuesta al sector público por el gobierno Samper. Según el convenio, "el incremento más bajo será de 19,5%, y podrá llegar hasta 22% [...] para el próximo año se les garantizó ese mismo IPC histórico más 2,5 puntos por productividad" 2 8 . Había nacido una nueva fuerza laboral, estrechamente ligada a la defensa de los servicios públicos estatales, opuesta a su privatización y al mismo tiempo comprometida con la modernización del sector. Pero las cosas no terminaron allí. El "sector eléctrico", organizado como tal por la Ley 143 de 1994, y Sintraelecol, por primera vez en la historia laboral colombiana, logran en 1996, como un primer paso, un acuerdo escrito donde se entroniza un procedimiento de negociación por rama de industria a través de una Comisión del Acuerdo Marco Sectorial, CAMS [...] En marzo de 1998 se consolida este mecanismo de negociación por rama industrial al serle aplicado también a las empresas [de energía eléctrica] privatizadas, en virtud de la figura de la sustitución patronal 29 . Si al conflicto laboral de Urabá se le sigue dando u n tratamiento de orden público, el petrolero aparece ante la opinión pública con u n doble estigma: problema de orden público y desafío a la soberanía de la nación. Desde luego, a los medios de comunicación masiva no les faltan motivos para la alarma, porque el conflicto colectivo de trabajo en las petroleras sigue

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El Tiempo, febrero 14, 1996, p. IB. Marcel Silva Romero, Flujos y reflujos, 1998, p. 241.

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teniendo hoy, medio siglo después de su nacionalización, características de fricción y violencia similares a las que se conocieron allí en los años veinte y treinta. Un reportaje del periódico Voz refiere que durante el conflicto de 1991 se presentaron varios paros escalonados (ilegales), sobre los cuales registra diferentes formas de sabotaje: [...] los analistas de laboratorio se negaron a efectuar las respectivas pruebas [...] dejaron de llegar los datos del monto de producción porque se rompió el hiloy todo era anarquía [...] los operadores de maquinaria pesada parqueados frente a las oficinas de Ecopetrol desinflaron las llantas de sus vehículos y se interrumpió el transporte de combustible [...] un trabajador de base tomó bajo su control las válvulas del llenadero de combustible en la Refinería de Barrancabermeja y amenazó con abrirlas si los 150 uniformados del ejército no renunciaban a la ocupación de la planta que en esos momentos practicaban30. Ese tipo de incidentes llevó a otros periódicos a sostener que "los trabajadores agrupados bajo la férula de los dirigentes de la Unión Sindical Obrera han resuelto convertirse, mediante el mecanismo de los paros escalonados, en una especie de consocios indirectos de los terroristas..." 31 . Enrique Caballero agregó sobre la USO: "Sus dirigentes anímicamente no se diferencian de los guerrilleros a quienes hacen el juego" 3 2 . Dos días antes de aparecer estos agresivos conceptos se había producido el acuerdo "que dejó satisfechos tanto a la administración de la compañía como a sus trabajadores" 33 , pero ello tampoco con-

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Voz, abril 18, 1991, p. 7-8. El Tiempo, abril 6, 1991, editorial. El Espectador, abril 14, 1991, p. 3A. El Colombiano, abril 14, 1991, p. 14A.

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venció a otros formadores de opinión pública. Gilberto Arango Londoño comentó en El Nuevo Siglo: No hay despidos, no hay sanciones [...] La jurisprudencia se ha reiterado. La próxima vez se sacará la misma partitura. Se ejecutará a la perfección. Muertes. Terrorismo. Sabotaje y 'conquistas laborales'. El Estado ha demostrado que está secuestrado [...] La realidad fue la de que triunfó la violencia; el auténtico abuso de un derecho inexistente cual es el del terronsmo . En contraste, durante las negociaciones de 1994 el economista liberal Jorge Child expresaba otro criterio: la USO no es una organización subversiva y el Gobierno se equivoca con ella como con Sittelecom, aunque la oposición sindical a la privatización de algunas funciones de explotación y distribución petrolera es injustificada 35 . Y sobre las negociaciones de febrero de 1996 el presidente de Ecopetrol, Luis Bernardo Flórez, aparecía más explícito y convencido cuando afirmaba: [...] la administración de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera dialogaron y conjuntamente tomaron una decisión sobre la reorganización de la empresa. Algunos interpretan eso como una derrota; para nosotros es un logro. Frente a la alternativa de la confrontación, en Ecopetrol le hemos apostado al diálogo [...] Acuerdo es buscar soluciones que convengan a las dos partes, sin vencedores ni vencidos, teniendo en mira el interés nacional [...] ¿Qué se obtuvo? Resolver las dudas que una organización que representa a la mitad del personal de la

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El Nuevo Siglo, abril 18, 1991, p. 5. El Espectador, septiembre 1°, 1994, p. 3A.

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empresa tenía frente a un proceso fundamental para el futuro de Ecopetrol, y darle vía libre a la reestructuración sin oposición sindical. Cuando se habla de reestructurar eso no significa simplemente cambiar de organigramas. Eso es lo de menos. Se trata, ante todo, de modificar la cultura, transformación que sólo puede surgir de cada individuo y de las organizaciones que lo representan [...] Van a ser los trabajadores -sindicalizados o n o - quienes protagonizarán el cambio en Ecopetrol36. AI año siguiente el nuevo presidente de la entidad, Antonio Urdinola, denunciaba que al finalizar 1997 ella tendría pérdidas operacionales de $150.000 millones, y añadía: El gobierno no puede ordeñar más a Ecopetrol [...] los principales interesados en que haya una gran política petrolera en Colombia son los trabajadores de Ecopetrol, porque eso garantiza que entre más crezcan las exportaciones más se quede en el FAEP y eso está asignado a pensiones. Si alguien tiene interés en que haya un gran volumen de exportaciones, son los trabajadores 37 . Para la Unión Sindical Obrera, reconvertida en sindicato de rama industrial en 1997, la negociación colectiva al finalizar el siglo aparece ligada, más que a la demanda de mejoras laborales y sociales, a la modernización y optimización de las instalaciones de Ecopetrol, a los planes de privatización de varias de sus actividades, a la contratación de empleados temporales, a la importación y la liberación de precios de los combustibles. Los medios de prensa que asistieron al Foro sobre el estado de la

36

El Tiempo, marzo 4, 1996, p. 4A. El Tiempo, agosto 28, 1997, p. 6A. FAEP: Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. 37

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empresa, realizado en Barrancabermeja en febrero de 1999, resumieron su impresión al respecto en estos términos: La libre importación de gasolina subsidiada por el Estado, recorte al presupuesto de inversiones, entrega de poliductos al sector privado, traslado de manejo de contratos de asociación al Ministerio de Minas y Energía, venta de la refinería de Cartagena y reforma a los contratos de asociación son los temas que concitan el interés de los participantes en el foro38. El 23 de diciembre de 1998 el gobierno decretó la liberación de precios de los combustibles. "Otros puntos clave - h a señalado el presidente del sindicatoson la asistencia legal a los trabajadores que sean objeto de procesos penales [...] y que no se disminuya la planta de personal vigente a diciembre de 1998" 39 . Ecopetrol está resuelta a continuar elevando su productividad por la vía de rebajar su planta de personal, en particular la de contrato a término indefinido, objetivo que además le ayuda a prevenir un grave deterioro de su situación financiera para la primera o segunda década del siglo XXI, debido al continuo crecimiento de la carga pensional: En 1990 Ecopetrol tenía 11.500 trabajadores y hoy cuenta con 8.600. Pero según [el actual presidente] Rodado, con los actuales niveles de personal la empresa no es eficiente ni competitiva. Ante esto se debe reducir la nómina un 5% cada año. Eso quiere decir que en 1999 deberían salir 430 empleados [...] De los 8.600 empleados de Ecopetrol la mitad están beneficiados por los logros sindicales de la USO y la otra mitad está amparada

El Espectador, febrero 16, 1999, p. 4B. Hernando Hernández, El Tiempo, enero 6, 1999, p. 3A.

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bajo el Acuerdo 001 que funciona para personal directivo, desde los vicepresidentes hasta las secretarias40. En ese cometido Ecopetrol no está sola, ya que La caída vertiginosa en los precios del crudo ya llevó a que 13 de las principales multinacionales que operan en el país hayan tomado la decisión de licenciar 872 de sus empleados en los próximos seis meses41. Finalmente, los términos en que se desenvuelven las relaciones de trabajo en la principa! empresa industrial de! país llevan impresa la marca de la Ley 200 de 1995 (julio 28), que cambió el escenario tradicional de la negociación y sometió a los petroleros al régimen o código disciplinario único para todos los trabajadores al servicio del Estado. Antes de esa ley, en Ecopetrol regía lo de convención colectiva: comités tripartitos para resolver conflictos disciplinarios. La USO había obtenido de la ministra de Trabajo María Sol Navia u n concepto que declaró que la norma convencional prevalecía sobre la Ley 200. La empresa d e m a n d ó ante el Consejo de Estado y éste derogó la resolución ministerial; consultó además a las cortes Suprema y Constitucional y éstas fallaron que la ley debía aplicarse a todos los empleados de la empresa, sin distinción entre sindicalizados y no sindicalizados. La ley comenzó a aplicarse el I o de agosto del 98 y en febrero del año siguiente había ya cerca de 300 investigaciones disciplinarias abiertas, que podían durar entre seis meses y u n año en resolverse. Se había perdido la agilidad de las comisiones tripartitas convencionales:

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El Tiempo, febrero 10, 1999, p. 12A. El Espectador, febrero 11, 1999, p. 4B.

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En términos prácticos, la aplicación de la Ley 200 les quita poderes tanto a la uso como a Ecopetrol. Al sindicato porque desaparecen los comités en los que tenía participación y en los que velaba por la suerte de sus afiliados, y a la empresa porque la vicepresidencia de personal no tendrá facultad alguna para evaluar rebajas de sanciones a los empleados. Y también pierde el gobierno en general, porque siempre que se efectuaba un paro, una de las condiciones para levantarlo era no iniciar investigaciones ni aplicar castigos a quienes hubieran participado en él. Ahora el que lo haga, así sea el mismo presidente de la República, será investigado por la Procuraduría42. ¿LLEGAREMOS A LA CONCERTACIÓN?

Si en los países desarrollados resulta hoy un tanto ocioso hablar de conciliación del conflicto social, en el caso latinoamericano la fragilidad de las prácticas democráticas hace que la concertación laboral tenga u n a doble cara fastidiosa: para los empresarios representa una alternativa no deseada y para los trabajadores u n recurso engañoso. En el caso colombiano, p o r lo menos, los cambios en las relaciones de trabajo en el último decenio, casi enteramente favorables al capital, vienen ocurriendo en medio de una notoria agudización de los conflictos laborales. De principios de 1997 para acá el tamaño del conflicto ha alcanzado las dimensiones que se conocieron en los años ochenta, las más altas de la historia contemporánea, y ahora vuelve a ser claro que las dos partes, el capital y el trabajo, necesitan la concertación. Ningún conflicto de carácter laboral, por espinoso que se presente, deja de perseguir una solución negociada.

El Espectador, febrero 24, 1999, p. 4B.

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Los poderes conferidos a los organismos de concertación laboral creados en Colombia a partir de 1959 -año de arranque del conflicto laboral colectivo de la actualidad- se han ido ampliando y enriqueciendo, pero la práctica real de los conflictos no ha confirmado sus predicados. Por eso tal vez hoy casi nadie recuerda que en diciembre de 1995 el Congreso Nacional aprobó la reglamentación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que fuera creada en el artículo 56 de la Constitución de 1991. A partir de 1996 el organismo debe fijar de manera concertada el reajuste del salario mínimo a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Tiene plazo final hasta diciembre 30, y sólo entonces el Ejecutivo entra a fijar el reajuste de manera unilateral. La cuantía será calculada tomando en cuenta la inflación proyectada para el año siguiente y la productividad acordada por el comité tripartito constituido por representantes de los ministerios del Interior, Trabajo, Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el DNP, cinco representantes de los gremios del capital y cinco de las asociaciones sindicales (designados por ellas). El organismo tiene otras funciones sobre fomento de la concertación, la capacitación de fuerza de trabajo, la creación de empleo, el mejoramiento de la producción y la productividad, la gestión empresarial y los convenios del país con la OIT. De acuerdo con la ENS, "la nueva ley crea una marco que recoge los elementos básicos para una verdadera concertación: capacidad decisoria, participación representativa y democrática, amplitud temática y diversidad de niveles (nacional, regional y sectorial)"43. Pero la concertación de políticas nacionales nunca ha sido una estrategia convincente entre nosotros. En torno al funcionamiento del Consejo Nacional Laboral, Fernando Carvajal opinaba que

Jorge Giraldo, Revista de la ENS, N2 39, marzo de 1996, p. 6.

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[...] la concertación es una de las herramientas legales por medio de las cuales el Estado pretende concretar una política de ingresos y salarios que tenga como referente principal la justicia social. Empero, esa finalidad primordial [...] de lograr la concertación no trae aparejada una estructura institucional que le permita llevar a cabo su loable tarea44. Todavía hoy, cuarenta años después de creado el extinto Consejo Nacional del Trabajo, el marco institucional de la concertación laboral en Colombia no ofrece mayores esperanzas. Ya en 1989 se constataba que [...] la mayoría de los organismos de concertación del país en los que tienen participación los trabajadores y las organizaciones populares se caracterizan por ser instituciones de carácter meramente consultivo, aparte de que los que definen realmente la política macroeconómica y social, como son el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la Junta Monetaria, los Comités Sectoriales de Industria y la Junta Nacional de Tarifas, entre otros, no cuentan con participación sindical y popular. Tal hecho es lo que hace que la concertación en Colombia sea más un espejismo demagógico que una realidad45. Desde los años setenta el economista y posteriormente ministro de Hacienda José Antonio Ocampo señaló la insignificancia de la representación sindical en los organismos sociales del Estado: La capacidad de concertación con el gobierno y los patronos es débil, como también lo es el eco que tienen entre ellos

44 45

Fernando Carvajal, Revista de la ENS, N 2 20, diciembre de 1990, p. 18. Revista de la ENS, N2 15, mayo de 1989, editorial.

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sus demandas. Pero, a decir verdad, el precario protagonismo de los trabajadores y su poca capacidad de concertación no sólo se explican por sus limitaciones; también por la carente vocación de concertación del propio Estado y los patronos, quienes siempre se han reservado el derecho de establecer por cuenta propia políticas que competen a los trabajadores. Clara evidencia de esta actitud es el papel y alcance del Consejo Nacional Laboral, el cual fue reducido a simple proponente de los acuerdos a que se llegue en él, y la actitud de los patronos de negarse a negociar cualquier punto que haga relación al conocimiento y administración de los asuntos de la empresa, actitud inconsistente con su reiterado propósito de constituir en las empresas círculos de calidad o participación46. Y no es que los líderes sindicales no hayan hecho esfuerzos reales por aclimatar la concertación en nuestro medio. Las opiniones de varios dirigentes sindicales, que a mediados de 1995 hacían parte del "sector democrático" de la CUT, opuesto a las posiciones extremistas de izquierda, p u e d e n ser útiles para entrever los cambios operados en las cúpulas sindicales respecto de la concertación y la confrontación en los conflictos de trabajo: No podemos llegar a la movilización por la movilización [...] Los trabajadores en sus luchas deberían fijarse objetivos posibles de conseguir. La tesis aquella de exigir mucho para agarrar un poco, atrincherados en la beligerancia de las bases así fuera por cañar, quedó en el pasado. Hoy estamos frente a una sociedad tan pragmática, que no resiste presiones de ese

46

Norberto Ríos, Revista de la ENS, N2 25-26, agosto de 1992, p. 67.

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tipo [...] es necesario encontrar los caminos para brindarle al país propuestas alternativas de desarrollo y democracia47. En el lado empresarial el optimismo tampoco ha sido la nota sobresaliente, aunque también han aparecido actitudes de reflexión. Un economista de la Universidad Javeriana y consultor de empresas discurre al respecto de la siguiente manera: ¿Existe la confianza en las relaciones laborales? Mucho me temo que no. Los síntomas, uno de los cuales paradójicamente es la existencia de pactos laborales, así lo evidencian en la mayoría de las empresas, pese a los cacareados avances para alcanzar técnicas de gestión más participativas [...] Lo que se tiene finalmente es una situación en la cual las partes, antes que aceptar y entender el razonamiento del contrario, dirigen sus esfuerzos hacia el ablandamiento del adversario [...] ¿Alternativas? [...] una primera opción sería la de intentar modificar los paradigmas y actitudes de las partes involucradas. Para ello, en primer lugar, tanto patronos como trabajadores deben tener siempre presente que la negociación de un pliego de peticiones no es el conflicto laboral propiamente dicho sino un síntoma de éste. El conflicto laboral hace parte por definición de la esencia y razón de ser de las empresas. No aparece como por arte de magia cuando se inicia la discusión de un pliego y se esfuma una vez se logra un acuerdo. El pliego como tal es solo uno más de los aspectos en los que se manifiesta la imperfección de las relaciones laborales [...]48.

47

Voz, octubre 11, 1995, p. 12. Glosa sobre el Tercer Congreso de la CUT, en preparación (entrevista con Orlando Obregón, Héctor Fajardo, Domingo Tovar y Carlos Rodríguez). Los líderes no podían ir más allá de esas apreciaciones porque apenas dos meses más tarde Obregón ya sería ministro de Trabajo del presidente Samper. 48 Miguel Alvaro Mejía. El Espectador, marzo 8, 1998, p. 4B.

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Repitiendo momentos de los años sesenta, La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) propuso un nuevo modelo de relaciones laborales que permita la adopción de esquemas gerenciales modernos, basados en una actitud de colaboración entre la empresa y sus trabajadores y de solidaridad entre el empresario y su comunidad. "La realidad económica mundial nos exige crear esquemas distintos en materia laboral. Los trabajadores no pueden ser simples espectadores del proceso de globalización, porque está de por medio la permanencia o la liquidación de la empresa y, con ella, la del vínculo laboral", dijo el presidente del gremio, Luis Carlos Villegas, al intervenir en la conmemoración de los 15 años de fundación de la Escuela Nacional Sindical (ENS)49. Villegas Echeverri advirtió que cada vez es más difícil sostener un modelo de confrontación permanente, cuando la amenaza real no son los empresarios o los trabajadores, los gremios o los sindicatos, sino un Estado ineficiente, corrupto y dientelizado y una competencia internacional de bienes y servicios de terceros países, los cuales trabajan en equipo. "El nabajo en equipo debe sustituir al conflicto", dijo el presidente de la ANDI. Sostuvo que la búsqueda continua de estrategias y mecanismos que incentiven y promuevan la productividad y la competitividad no es una opción que pueda escoger o no la comunidad empresarial, sino que es la única alternativa para cimentar y mantener la presencia en los mercados nacional e internacional. Por su parte, el presidente de la cux, Luis Eduardo Garzón, le planteó a la ANDI la conveniencia de formular, en forma conjunta, propuestas sociales sin que haya necesidad de dejar de lado sus propias diferencias gremiales. Garzón su-

El Colombiano, octubre 30, 1997, p. IB.

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girió estudiar los problemas de la calidad del empleo, de la intermediación y la crisis del sector agrario, y expresó que tanto los industriales como los trabajadores tienen cosas comunes para actuar. Un editorial del principal diario del empresariado antioqueño comentó al día siguiente: Tanto los trabajadores, representados en las tres centrales obreras, como los empresarios, aglutinados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), están conscientes de que el país necesita desarrollar una nueva cultura en las relaciones laborales. Esta iniciativa no es novedosa en Colombia, pues hace casi tres años, en forma tripartita, las centrales, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación impulsan el proyecto Nueva Cultura de las Relaciones Laborales, el cual ha contado con el apoyo de la ANDI [...] Ajuicio de la ANDI, esta nueva cultura debe generar conductas o actitudes que permitan a los empleadores y a la masa laboral establecer sus relaciones en un ambiente de diálogo y de entendimiento, privilegiando la cooperación, la consulta y el intercambio de información y desvalorizando el esquema tradicional de confrontación50. Algunos de los asuntos tocados por el presidente de la CUT habían sido comentados poco antes por los investigadores de la ESN. Un estudio de Héctor Vásquez planteaba: En nuestro medio los sindicatos han tendido a asociar la productividad con mayores incrementos de la explotación y de la intensificación del trabajo, y por ello siempre ha habido muEl Colombiano, octubre 31, 1997, p. 4A, editorial.

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cha resistencia para que se involucren con aquellas iniciativas de las empresas que se proponen mejorar los niveles de productividad. Esta conducta tiene relación con el hecho de que la mayoría de las empresas no han desarrollado una cultura de la productividad y desconocen los diversos factores que la componen, por lo que muchas de las estrategias empresariales se centran predominantemente en solo uno de sus factores, la fuerza laboral, intensificando su explotación a expensas de la calidad de vida de los trabajadores y de las condiciones de su trabajo. La solución real del problema reside en poner en marcha una estrategia enderezada a compartir los resultados; u n cambio en la cultura de las relaciones laborales que las sitúe en el plano de la cooperación para la solución conjunta de los problemas; un cambio en la contratación colectiva, para que "todos ganen", y finalmente la realización de programas de capacitación, educación e investigación. Un modelo así supone la existencia de actores fuertes - e m presas y sindicatos- que compartan altos niveles de información sobre todos los factores que intervienen en el proceso de trabajo: financieros, productivos, económicos, laborales, tecnológicos, etc., en medio de un ambiente de respeto, reconocimiento y confianza recíproca 51 . I m p r e s i o n e s p a r e c i d a s h a b í a n c a p t a d o las i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r A n i t a Weiss y su e q u i p o del D e p a r t a m e n t o d e Sociología d e la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 5 2 .

51

Revista de la ENS, N 2 41, octubre de 1996. Véase Proyecto "Condiciones de trabajo en la industria colombiana", documentos de trabajo N— 1 a 3, 1990; Anita Weiss, La empresa colombiana, entre la tecnocracia y la participación, 1994. 52

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Bibliografía

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Martha Cecilia García LUCHAS Y MOVIMIENTOS CÍVICOS EN COLOMBIA DURANTE LOS OCHENTA Y LOS NOVENTA, TRANSFORMACIONES Y PERMANENCIAS ... El movimiento cívico ha venido en un proceso que dista mucho de lo que se llama espontáneo, ha venido organizándose, ha venido coordinándose... Claro está, y es bueno que se tenga en cuenta, que los actos espontáneos siguen ocurriendo, que los paros explosivos también se siguen dando... porque la dinámica social es de tal naturaleza, los problemas son tan angustiantes y de tal envergadura y el conjunto de la población ha tomado tal conciencia de sus necesidades y de que es a través del paro cívico y de las movilizaciones como consiguen (satisfacerlas) ... Ramón Emilio Arcilaf. REFLEXIONES SOBRE EL CONJUNTO DE LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS

Las palabras del líder del Movimiento Cívico del nordeste antioqueño, pronunciadas en el Coloquio sobre Alternativas Populares en Colombia, en 1987, resumen parte del tema de esta ponencia, que abordará, en un primer momento, los enfoques más representativos desde los cuales se han analizado las luchas y movimientos cívicos en el país durante las tres últimas décadas 1 ; el segundo p u n t o tratará sobre la crisis de los movimientos cívicos en los años noventa y el tercero intentará explorar algunas razones de la persistencia de las luchas cívicas, a pesar de dicha crisis.

1 Una revisión detallada de las tendencias analíticas de luchas y movimientos cívicos en Colombia en la ponencia presentada al ni Seminario de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanorregionales, ACIUR, Bogotá, marzo del 2000.

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PUNTOS DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS

Antes de entrar en materia, aclaremos el tema central de nuestro trabajo: Definimos las luchas cívicas como acciones colectivas protagonizadas por pobladores urbanos, con la intención de expresar en el escenario público sus demandas sobre bienes y servicios urbanos, respeto a los derechos fundamentales, ampliaciones democráticas y participación en el manejo de sus destinos como colectividad, y presionar respuestas eficaces de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Los movimientos cívicos, según los definió Javier Giraldo2, son un conjunto de acciones colectivas, coordinadas por un grupo relativamente estable, espaciadas en un tiempo prolongado, con objetivos reivindicativos o propositivos que tienden a la satisfacción de demandas sociales de un amplio sector poblacional. Los movimientos cívicos no son simples aparatos organizativos ni restringen su acción a un paro o a una movilización, aunque se forman y desarrollan a través de luchas y conflictos. Mientras los movimientos cívicos son estructurales, continuos y orgánicos, las luchas cívicas constituyen una forma de acción reivindicativa y de participación, pero no son necesariamente expresión de una forma organizativa ni implican una propuesta de solución a las demandas que plantean. Por tanto, cuando nos refiramos a luchas no deben entenderse como movimientos sociales, aunque pueden ser una de sus expresiones. El adjetivo cívico fue acuñado por los participantes en estas luchas con la pretensión de legitimarlas frente a los poderes estatales -que las tildaban de subversivas-, de sustraerlas de la

2

Javier Giraldo, "La reivindicación urbana". Controversia, N— 138-139. Bogotá: Cinep, 1987.

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acción de los partidos políticos y de la guerrilla, y de mostrarlas ajenas a una clase social específica, destacando el carácter general y legítimo de sus exigencias. Pero este apelativo es problemático porque no termina de precisar el contenido mismo de la lucha o del movimiento que califica; lo hace por la vía negativa: no partidista, no político, no subversivo, no clasista, a diferencia de otras luchas o movimientos que son calificados por los sujetos que los dinamizan (obrero, campesino, estudiantil, juvenil, de mujeres) o por la dimensión básica que les otorga identidad (cultural, de género, étnica). Habiendo hecho la anterior aclaración, asumimos la afirmación de Giraldo según la cual lo cívico expresa que quien plantea las reivindicaciones es el ciudadano como tal, no en cuanto miembro de entidades gremiales, corporativas o políticas sino como usuario de los servicios del Estado; de tal manera, las acciones cívicas reivindican los derechos del ciudadano. En las luchas y movimientos cívicos el Estado se ve como adversario y garante a la vez. Garante de bienes y servicios colectivos, y adversario, porque niega o recorta los derechos de los habitantes de localidades y regiones como parte de la nación, poniendo en evidencia formas de exclusión que cuestionan el pretendido carácter del Estado como representante del interés general. LA LECTURA DE LOS AÑOS DORADOS DE LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS

Las luchas cívicas han estado presentes en nuestra historia y han cobrado mayor relevancia en las tres últimas décadas. Es innegable que el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 contribuyó en gran medida a desencadenar el interés académico -y político- sobre este tipo de fenómenos3. 3

De ello dan cuenta; Alvaro Delgado, "El paro cívico nacional", en Estudios Marxistas, N 2 15, Bogotá, 1978, pp. 58-115. Andrés Hoyos, "Paros cívicos: de

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En sus comienzos, la reflexión teórica y metodológica se centró en la cuantificación de las principales características que revestían estas protestas (reivindicaciones, participantes y dirigentes, respuestas oficiales), en la ubicación espacial del fenómeno, en la determinación de su trayectoria, sus causas estructurales y su impacto en el cambio social. Los estudios pioneros sobre el tema4, siguiendo la tradición marxista, definieron el paro cívico como una forma peculiar de "huelga de masas", subsidiaria de las luchas del movimiento obrero, con carácter democrático por sus exigencias y por la amplia participación de masas. Luego se introdujeron núcleos problemáticos como la base territorial de las motivaciones de estas movilizaciones5, encaminadas, en su mayoría, a obtener el suministro de valores de uso colectivo, cuyo consumo tiene una base territorial, y la dimensión regional de los conflictos6. Del análisis de las luchas cívicas se pasó al de los movimientos cívicos, dado el florecimiento de éstos durante la década de Rojas al 14 de septiembre. Notas sobre el paro cívico como forma de lucha de masas", en Teoría y Práctica, N— 12-13, Bogotá, octubre de 1978, pp. 81-92. Óscar Delgado, El paro popular del 14 de septiembre de 1977'. Bogotá: Latina, 1978. Arturo Alape, Un día de septiembre. Testimonios del Paro Cívico Nacional, 1977, Bogotá: Armadillo, 1980. 4 El primer estudio fue el de Medófilo Medina: "Los paros cívicos en Colombia (1957-1977)", en Estudios Marxistas, N 2 14, Bogotá, 1977, pp. 3-24, seguido por los mencionados en la nota anterior, más Jaime Carrilllo, Los paros cívicos en Colombia, Bogotá: Oveja Negra, 1981 y Elizabeth Ungar, "Los paros cívicos en Colombia 1977-1980", Bogotá: Uniandes, 1981. a Samuel Jaramillo, "Apuntes para la interpretación de la naturaleza y de las proyecciones de los paros cívicos en Colombia", en Carrión Diego y otros (comp.), Ciudades en conflicto. Poder local, participación popular y planificación en las ciudades intermedias de América Latina, Quito: El Conejo/Ciudad, 1986, pp. 269-282. 6 Contribución de Luz Amparo Fonseca ("Los paros cívicos en Colombia", en Desarrollo y Sociedad. Cuadernos CEDE, N 2 3, Bogotá: Uniandes, 1982, pp. 17-30), ampliamente trabajada en los estudios sobre movimientos cívicos.

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los ochenta y el auge de la teoría de los movimientos sociales urbanos, de corte neomarxista, desarrollada por Manuel Castells, Jean Lojkine y Jordi Boja. Los diversos enfoques7 desde los cuales se interpretaron las luchas cívicas, durante los setenta y ochenta, coincidieron en afirmar que su aparición y florecimiento en el contexto nacional se debía a la incidencia de factores estructurales como el desequilibrio regional, la concentración urbana, el deterioro del ingreso de las mayorías, la centralización del poder estatal, el constreñimiento político causado por la alternación bipartidista durante el Frente Nacional que, al tildar como subversivas las expresiones de oposición y las acciones reivindicativas, ocluyó los canales de expresión de demandas sociales y de negociación con el Estado; el proceso de militarización del Estado, y como causas coyunturales, el abandono de políticas correctivas de la desigualdad regional, la crisis de entes gubernamentales regionales y locales, el severo programa de ajuste al que se vio sometido el país debido al crecimiento desmesurado de la deuda externa, que actuó en detrimento del gasto social. De los análisis sobre causas estructurales y coyunturales, económicas, sociales y políticas del surgimiento y fortalecimiento de los movimientos cívicos, se pasó al planteamiento de su deber ser como alternativa política, como poder popular con la potencialidad de convertirse en la base institucional de un contrapoder y llenar el vacío dejado por la incapacidad de los partidos tradicionales y de la izquierda para ser los intermediarios válidos de la población con las instancias de poder formal, o como bases de una sociedad civil popular 8 . 7

Entre los que cabe señalar los de Medófilo Medina, de tradición marxista; Pedro Santana, seguidor de Manuel Castells, y Javier Giraldo, de la escuela de la sociología de la acción. 8 Francisco de Roux y Cristina Escobar, "Una periodización de la movilización popular en los setenta", en Controversia, N 2 125. Bogotá: Cinep, 1985;

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A mediados de los ochenta, otro asunto cobró relevancia dentro de los estudios del tema: la dinámica interna y las particularidades regionales de los movimientos cívicos; así, se iniciaron estudios de caso y se les dio voz a sus protagonistas9, lo que aportó al conocimiento de la naturaleza, composición, formas de participación y liderazgo, organización, negociación, respuestas y logros obtenidos por movimientos cívicos particulares. El debate acerca de la descentralización fomentó los análisis sobre la relación de los Movimientos cívicos con la reforma municipal, y algunos investigadores10 insistieron en que ésta no podía explicarse al margen de las reivindicaciones formuladas por las luchas y movimientos cívicos que, en el fondo, reclamaban reformasfiscalesy administrativas en los municipios y departamentos, y planificación regional y local con participación comunitaria. Por la misma época, otra línea de análisis, influida por la sociología de la acción, se dirigió a investigar algunos elemen-

Orlando Fals Borda, "Movimientos sociales y poder político", en Estudios Políticos, N 2 8, septiembre-diciembre, 1989, pp. 48-58; y "El papel político de los movimientos sociales", en Revista Foro, N2 11, enero de 1990, pp. 64-74. Camilo González, "Movimientos cívicos 1982-1984: poder local y reorganización del poder popular", en Controversia, N2 121. Bogotá: Cinep, 1985. Jairo Chaparro, "Los movimientos político regionales: un aporte para la unidad nacional", en Gustavo Gallón (comp.), Entre movimientos y caudillos, 50 años de bipartidismo, izquierday alternativas populares en Colombia. Bogotá: Cinep/Cerec, 1989, pp. 208226. 9 Estudios y talleres de sistematización de experiencias promovidos por el Cinep a mediados de los ochenta. Algunas memorias en Alvaro Cabrera y otros, Los movimientos cívicos, Bogotá: Cinep, 1986. Otras mimeografiadas se encuentran en la biblioteca de la institución. 10 Como Pedro Santana ("Crisis municipal: movimientos sociales y reforma política en Colombia", en Revista Foro N 2 1, septiembre de 1986, pp. 4-15. Versión resumida del Capítulo rv de su libro Movimientos sociales en Colombia), Fabio Velásquez ("Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia", en Revista Foro, N 2 1, septiembre de 1986, pp. 16-25 y "La gestión municipal: ¿para quién?", en Revista Foro, N 2 11, enero de 1990, pp. 11-19) y Óscar Arango (Los

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tos simbólicos y culturales11 de la acción reivindicativa, encontrando una relación de interdependencia entre los niveles espaciales donde se producen las acciones cívicas y las instancias antropológicas que predominan en ellas: en el nivel local se inscriben paros y luchas cívicas, en los cuales predomina la necesidad sentida físicamente; en el nivel regional las reivindicaciones urbanas se expresan en los movimientos cívicos, arraigados en el afecto por la región, lo que no significa que desconozcan las necesidades sentidas colectivamente. En el nivel nacional, las reivindicaciones se expresan a través de foros, congresos y protestas nacionales, que presentan un énfasis en un esfuerzo racional, al proponer soluciones factibles a los problemas comunes que están en la base de las luchas reivindicativas. Este análisis develó el carácter festivo y ritual que se presenta durante las luchas cívicas cuando el comportamiento popular es contestatario y cuestiona la acción del Estado. Se da una explosión utópica porque en la protesta cívica existe el horizonte político de construir una sociedad alternativa. Pero en el comportamiento político electoral de los sectores populares prima una concepción pragmática, ya que para solucionar sus problemas de supervivencia, dentro del establecimiento, "los caminos más efectivos ... pasan por las intrincadas redes del gamonalismo y del clientelismo"12, cuyas prácticas y pertenencia partidista identifican el mundo de lo político. Esta discontinuidad en la conciencia de las masas explica las contradicciones que se manifiestan en distintos momentos de la actuación de los movimientos cívicos. A comienzos de los noventa, y siguiendo también el marco interpretativo de la sociología de la acción, se realizó un conjunto

movimientos cívicos y la democracia local. Pereira: Sindicato de Educadores de Risaralda. Mimeo, 1986). 11 Javier Giraldo, op. cit. 12 Ibidem, p. 198.

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de estudios regionales comparativos13 que encontró que la orientación de sentido de los movimientos cívicos se edifica sobre un doble objetivo: conseguir mejores condiciones de vida y adoptar medios y procedimientos políticos que las garanticen, y que la movilización social -particularmente la relacionada con servicios básicos- es la manifestación de un complejo proceso de cambio en la relación Estado-sociedad, en el cual se establecen nuevas mediaciones entre ambos y se configuran actores locales, por oposición al Estado, cuyo factor desencadenante es la acción "positiva" de éste, el montaje y ejecución de una determinada política pública, hallazgos que controvierten anteriores explicaciones acerca del surgimiento de luchas y movimientos cívicos que afirmaban que eran respuestas a carencias materiales y a la incapacidad estatal para satisfacerlas. Más recientemente, se han realizado análisis históricos comparativos sobre distintos movimientos sociales en Colombia, que permiten tener nuevas miradas acerca de la relación entre movimientos cívicos y Estado. Un conjunto de ellos14 señala que no existe una dinámica homogénea de los movimientos sociales y, por el contrario, las luchas que protagonizan son fragmentadas y, a veces, contradic13

Realizados por Clara Inés García en cuatro regiones de Antioquia: Bajo Cauca, Oriente, Urabá y Suroeste, de los cuales están publicados: El Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones, Bogotá: Cinep, 1993; Urabá. Región, actores y conflicto. 1960-1990, Medellín/Bogotá: Iner/Cerec, 1996 y "Características y dinámica de la movilización social en Urabá", en La investigación regional y urbana en Colombia. Desarrollo y territorio 1993-1997, Bogotá: DNP/Findeter/Aciur/Carlos Valencia Editores, 1997, pp. 290-303. Otro estudio que compara la movilización social de actores de dos regiones es el de María del Rosario Saavedra, Desastre yriesgo.Actores sociales en la reconstrucción de Armero y Chinchiná, Bogotá: Cinep, 1996. 14 Mauricio Archila, "Tendencias recientes de los movimientos sociales", en Francisco Leal Buitrago (comp.), "En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años 90". Bogotá: lEPRi/ColcienciasAercer Mundo,

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lorias, propias de una sociedad civil y un Estado débiles y de la persistencia de violencias que afectan la existencia de los actores sociales. Además, existe una crisis de representatividad de las organizaciones sociales que obedece a una tensión no resuelta entre autonomía e inscripción partidista. Sin embargo, observa dos tendencias en los movimientos sociales de los noventa: una actitud prepositiva y de concertación, y la búsqueda de representación política directa en ámbitos locales y, si bien ambas representan avances políticos, todavía queda un largo camino por recorrer para la construcción de la democracia. El otro estudio de conjunto15 encontró que al ritmo de las transformaciones y continuidades políticas, económicas, sociales -sucedidas entre 1968 y 1988-, los movimientos campesino, sindical y cívico oscilaron entre la integración institucional y la ruptura violenta del orden dominante. Descubre que los protagonistas de las luchas cívicas se afirman como actores sociales en la búsqueda de su reconocimiento como ciudadanos, porque su relación con el Estado y su pretensión de convertir en derechos las propias reivindicaciones ha caracterizado a las luchas cívicas. Pero el predominio en ellas de la acción directa sobre la representación política las aproxima más a las prácticas destinadas a imponer la propia subjetividad sobre la ciudadanía. Durante los años ochenta la producción sobre el tema fue muy amplia (análisis estructurales, coyunturales, artículos divulgativos

1995, pp. 251-301; "¿Utopía armada? Oposición política y movimientos sociales durante el Frente Nacional", en Controversia, N2 168, mayo 1996; "Protesta social y Estado en el Frente Nacional", en Controversia, N s 170, mayo 1997 y "Protestas cívico regionales durante el Frente Nacional. Cifras y Debates", en La investigación regionaly urbana en Colombia..., pp. 266-289, 1997. 15 Leopoldo Muñera, Rupturas y continuidades. Poder y Movimiento popular en Colombia, 1968-1988. Bogotá: lEPRl/Universidad Nacional, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales/CEREC, 1998.

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y propagandísticos, estudios de caso, sistematizaciones de experiencias de los participantes en ellos) y aunque en los años noventa salieron a la luz sesudos estudios sobre el tema, que abren las puertas para continuar el camino, ellos son escasos, mientras abunda la producción sobre organizaciones y sectores sociales específicos. Algunos investigadores16 han señalado que ante la fragmentación social y las expresiones de la diversidad de identidades e intereses, deben estudiarse primero las organizaciones para luego aventurarse en el "indefinido" mundo de los movimientos sociales. La reflexión teórico-conceptual sobre los movimientos cívicos ha languidecido, entre otras razones porque el objeto de estudio se ha invisibilizado. El propósito del siguiente aparte es explorar algunos de los factores que han contribuido a que esto sea así. LA PÉRDIDA DEL FULGOR DE LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS

Durante los decenios de los setenta y los ochenta, las luchas cívicas se encaminaron a exigir de las autoridades la solución a problemas colectivos agudos e inmediatos que, en su orden17, estaban relacionados con servicios públicos domiciliarios y sociales, protección de los derechos humanos y ampliaciones democráticas, infraestructura física y transporte, problemas ambientales, atención a desastres y damnificados, acciones de solidaridad con otros sectores en conflicto, gestiones adminis-

16

Entre ellos Rocío Londoño, Óscar Alfonso, Noriko Hataya, Samuel Jaramillo y Gloria Naranjo. Según los datos del Banco de Luchas Cívicas del Cinep, que cobija el período que va desde la administración de Belisario Betancur hasta la actual administración de Pastrana, y los aportados por Mauricio Archila para el período comprendido entre el Frente Nacional y agosto de 1982.

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trativas del orden municipal y departamental, alzas o nuevos impuestos, seguridad ciudadana y reordenamiento territorial. En estas décadas, se presentó un deterioro de los salarios reales y de la calidad del empleo y se eliminaron las subvenciones a los productos de la canasta familiar, con el consecuente aumento de precios. En los ochenta, la gestión social estatal se vio fuertemente afectada por los severos ajustes económicos impuestos por la banca internacional, todos los componentes del gasto social perdieron participación dentro de la distribución del gasto público, salvo vivienda18, y las políticas públicas de los sectores sociales fueron cambiantes, y las decisiones, tímidas y dispersas19. Los servicios públicos empezaron a manifestar síntomas de una profunda crisis: baja calidad, lento crecimiento de la cobertura, un acentuado desequilibrio espacial de las inversiones en infraes-

18 Educación pasó de 12,72% en 1980 a 10,85% en 1988; salud bajó de 5,23% a 4,12%; seguridad social, de 3,13% a 2,0%; vivienda pasó de 3,13% en 1980 a 5,51% en 1984, y después cayó a 2,0%. Cálculos de Consuelo Corredor, Los límites de la modernidad, Bogotá: Cinep/Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional, 1992, p. 294. 19 En el sector educativo, las determinaciones legislativas se concentraron en la educación superior, en la organización administrativa y financiera y en la administración del personal docente, mientras las orientaciones de política se dirigieron a ampliar la cobertura, especialmente en regiones y grupos de población marginales, con logros inferiores a los obtenidos en las dos décadas anteriores y con menores desarrollos en la calidad educativa. En salud hubo avances significativos en el desarrollo de la atención básica, pero poco se progresó en cobertura. En el campo de protección y desarrollo de la infancia se ejecutaron programas con relativo éxito (campañas de vacunación, escuela nueva, guarderías, servicios médicos preventivos) y el cuidado de infantes aumentó la cobertura pero sus mecanismos de financiación fueron insuficientes. Juan Carlos Ramírez, "La gestión social en los ochenta", en Luis Bernardo Flórez, Colombia. La gestión económica estatal durante los 80's. Del ajuste al cambio institucional. Tomo i. Bogotá: CIIDCanadá/ciD-Universidad Nacional de Colombia, pp. 318 y 336.

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tructura, débil situación financiera e ineficiencias operacionales de las empresas responsables20. Durante estos años, el Estado fue incapaz de cumplir con algunas de sus funciones centrales como el control territorial, el derecho de promulgar leyes y reglamentos de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad, el monopolio del recaudo de los tributos fiscales y el monopolio de la coerción física21. Expresión de la precaria legitimidad del Estado colombiano es la multiplicación de las violencias, de sus escenarios y de los actores dispuestos a resolver todo conflicto con el uso de las armas (guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, grupos de limpieza social, delincuencia común). Como lo señaló Francisco de Roux22, muchas de las acciones cívicas reivindicativas manifestaban la resistencia social ante cambios económicos y en el aparato estatal, y eran expresiones de movimientos cívicos que luchaban por abrir canales de intermediación con el Estado -ante la incapacidad de los partidos políticos para ejercerla-, por obtener su reconocimiento y por tener injerencia en él. A mediados de los ochenta se inició el proceso de descentralización y se expidió la reforma municipal, con la cual se pretendía dar mayor autonomía política, fiscal y administrativa a los municipios frente al Estado central, y, a su vez, acercar la administración al ciudadano para que éste se vinculara directamen-

20

Gabriel Turbay, "La gestión estatal en los servicios públicos: reorganización institucional y políticas de ajuste en el sector de agua potable y saneamiento básico, 1985-1992", en Luis Bernardo Flórez, Colombia. La gestión económica estatal... tomo II, pp. 185 y 193. 21 Medófilo Medina, "Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997", en Luz Gabriela Arango (comp.), La crisis sociopolítico colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura, Bogotá: Observatorio Sociopolítico y Cultural, CES, Universidad Nacional/Fundación Social, 1997, pp. 31-42. 22 Francisco de Rouxy Cristina Escobar, "Una periodización de la movilización...".

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te a la solución de sus problemas, para que interviniera en las decisiones que afectan sus condiciones sociales de existencia, lo que tendría como corolario el control de la protesta social. Las elecciones de autoridades locales y los espacios de participación en la vida municipal fueron aprovechados por los movimientos cívicos que habían acumulado experiencia en la movilización y en la negociación de sus conflictos, las cuales les dieron la posibilidad de definir plataformas mínimas electorales. Era el momento propicio para dar el paso de la protesta a la propuesta, como lo sugirió el líder del Movimiento del Oriente Antioqueño, Ramón Emilio Ardía. Desde las administraciones municipales se podría dar respuesta a las necesidades sentidas por la población y expresadas a través de sus luchas. Y como lo observó Pedro Santana, la sorpresa de las primeras elecciones de alcaldes en marzo de 1988 fue la importante votación obtenida por candidatos a alcaldías y concejos pertenecientes a movimientos cívicos locales o regionales, pero ante la carencia de una estructura política que les brindara apoyo nacional o regional, el mayor reto que debían enfrentar estos movimientos en la administración local era que los dejaran gobernar23. A algunos no se les permitió de entrada. Tanto la contienda electoral como el primer período de alcaldes elegidos por voto popular se desarrollaron en medio de una escalada de violencia que contribuyó en gran medida a la aniquilación de la Unión Patriótica24,

23 p e c j r o Santana, "Los movimientos cívicos: el nuevo fenómeno electoral", en Revista Foro, N 2 6, j u n i o de 1988, p . 6 1 . 24

"En 1986 la UP ganó 9 cumies en el Congreso y 3 suplencias; 10 cumies y 4 suplencias en Asambleas departamentales y 350 concejales. En 1988 obtuvo 18 alcaldes populares, 13 diputados y 5 suplentes en las Asambleas y un buen número de concejales. De estos funcionarios elegidos popularmente han sido víctimas de la violencia 3 senadores, 3 representantes, 6 diputados, 89 concejales, 3 candidatos a alcaldía y un exalcalde, además de sus dos candidatos presidenciales", Rodrigo Uprimny, citado por Leopoldo Muñera, op. cit., p. 278.

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golpeó severamente a los movimientos cívicos25 y también alcanzó a los partidos tradicionales26. Los últimos años de la década del ochenta fueron aciagos para los movimientos cívicos y para las expresiones de protesta social que disminuyeron en números absolutos, entre otras razones, por las expectativas de los pobladores frente a la gestión de los alcaldes recientemente elegidos, por la represión27 y la intimidación derivada de las prácticas terroristas, pero mostró indicios de fortaleza y unidad de diversos sectores28.

25

Entre enero de 1988 y octubre de 1991 fueron asesinados 66 miembros de organizaciones cívicas, 7 desaparecieron, 19 fueron amenazados, 1 torturado y 1 detenido, según el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep. 26 Durante la época preelectoral de 1988 fueron asesinados 9 candidatos a Concejos, 5 a Alcaldías y 1 a Asamblea pertenecientes a la Unión Patriótica; 4 candidatos a Concejos y 3 a Alcaldías del Partido Liberal y 2 candidatos a alcaldías socialconservadores. "El preludio violento de la elección de alcaldes", en El Espectador, 13 de marzo de 1988, p. 8A. 27 En enero de 1988 se expidió el Estatuto Antiterrorista como respuesta a la actuación permanente del paramilitarismo y del sicariato, gracias al cual "no sólo narcotraficantes y guerrilleros, sino también simples estudiantes y manifestantes tirapiedra fueron susceptibles de ser juzgados como peligrosos terroristas", afirma Iván Orozco (Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia, Bogotá: lEPRi/Universidad Nacional/Temis, 1992, p. 54). Pero fue ineficaz ante la criminalidad paramilitar. Los asesinatos colectivos y selectivos de campesinos, líderes sindicales y cívicos, dirigentes políticos, miembros de organismos de derechos humanos, intelectuales, atentados dinamiteros contra personalidades o población civil se acrecentaban día a día. 28 Se presentaron las marchas campesinas de la costa norte y del nororiente, exigiendo protección a los derechos humanos y el cumplimiento de los pactos firmados el año anterior en el Paro Regional del Oriente; paros cívicos en Tumaco, Pasto y Riohacha reclamando servicios públicos, y los sindicatos convocaron a huelga general. Hubo una mayor permanencia de los paros en Urabá y Barrancabermeja, que expresaban la resistencia ante el militarismo y la defensa del derecho a la vida. Ésta se convirtió en reivindicación fundamental y, en ocasiones, exclusiva de múltiples acciones cívicas, superando en número a las tradicionales demandas por servicios públicos y sociales e infraestructura física.

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A la violencia estatal y paraestatal se sumaron otros factores que contribuyeron a cercenar las perspectivas políticas de los movimientos cívicos, entre ellos, la acérrima oposición de barones regionales, la baja capacidad administrativa, la incapacidad fiscal municipal y la escasez de recursos -a pesar de las transferencias desde el sector central- para atender el cúmulo de funciones que en adelante debía cumplir el municipio; el largo y tortuoso proceso de ajuste institucional, la corrupción y el clientelismo. Y qué decir de la baja participación ciudadana en la vida pública. Al respecto, Fabio Velásquez29 señala que durante el gobierno de Barco el desarrollo de la reforma municipal se caracterizó por el control político de la participación ciudadana y por la aplicación de una especie de "ley del embudo" en la reglamentación de leyes y decretos, con un propósito definido: limitar el alcance de las transformaciones y evitar de esa manera que la reforma se convirtiera en una fuente de poder alternativo para las clases subalternas y sus organismos de representación social y política. Pero, de otra parte, la mayoría de la población no tenía tradición de participación activa y propositiva en los asuntos públicos. Aun quienes simpatizaban o hacían parte de los movimientos cívicos mostraron grandes dificultades para desempeñarse en la administración municipal y en los espacios institucionales de participación. Ello fue una muestra fehaciente de la discontinuidad que existe entre la acción reivindicativa y la acción política. Leopoldo Muñera30 afirma que el apartidismo de los movimientos cívicos, la preponderancia de la acción directa como forma de manifestación popular y la naturaleza de sus reivindicaciones relegaron el discurso

Fabio Velásquez, "La gestión municipal: ...", p. 12. Leopoldo Muñera, op. cit., p. 454.

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político explícito y argumentativo a un lugar secundario dentro de su praxis. Si aceptamos la hipótesis de que los movimientos cívicos y sus luchas tuvieron una alta injerencia en la reforma municipal, hay que decir que ella se constituyó, a su vez, en un factor de desarticulación de los movimientos regionales. El énfasis puesto en lo local fue desdibujando la idea de región como territorio donde se expresa la imbricación de los conflictos y las dinámicas sociales, que despierta entre sus habitantes el sentimiento de pertenencia a ese lugar, y que había sido construida al fragor de las luchas cívicas. Había que atender las competencias y funciones recientemente asignadas al municipio, había que impulsar los procesos de planeación participativa del desarrollo local, velar por la ejecución de proyectos en el territorio municipal. Los asuntos de carácter regional quedaban en manos de las corporaciones autónomas o de los debilitados departamentos. Muy pocos movimientos cívico regionales continuaron siendo tales en pos de propósitos que fueran más allá de los límites políticoadministrativos de sus municipios. Pero entonces, ¿qué quedó de los movimientos cívicos de los setenta y ochenta? ¿Cuáles fueron sus logros? Qué legado nos dejaron? Los movimientos cívicos en su práctica ayudaron a poner en evidencia que la tramitación de las demandas sociales de un grueso de la población no pasaba por los partidos políticos y que el Estado colombiano no era el representante del bien común. Esto, que resulta una verdad de Perogrullo para ciertos sectores sociales, era desconocido para grupos tradicionalmente atados al clientelismo, acostumbrados al intercambio de favores con los políticos locales de turno. Gracias a su participación en elecciones locales, se menguó el miedo -que no la desconfianza- a la representación y a la representatividad política, y se contribuyó a crear una reducida franja de voto independiente.

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De otra parte, y como lo observa Muñera31, los movimientos cívicos intentaron rehacer el tejido social de las regiones y ciudades colombianas, en medio de escenarios donde se conjugan tantas violencias32 y, gracias a sus acciones y confrontaciones, fueron construyendo identidades territoriales33, contribuyeron a crear identidades étnicas y culturales34 y, según descubre Clara Inés García35, en algunas regiones, la construcción social de lo público se fue haciendo dentro de los conflictos, donde los cívicos fueron preponderantes.

31

Op. cit, p. 435. Pero en el intento perdieron la vida muchos de los líderes de los movimientos cívicos otrora fuertes, con amplia capacidad de movilización y de propuesta. Es el caso del Movimiento del Oriente Antioqueño, del cual han sido asesinados sus mejores líderes y miembros. Hoy la región está siendo disputada por actores armados de diverso signo. La fuerza de las armas se impuso allí sobre la fuerza de la acción social. El 28 de abril del 2000 las administraciones de los 23 municipios de la región hicieron paro para pedir que los gobiernos departamental y nacional intervengan en la solución de sus problemas de orden público (secuestros, amenazas, asesinatos de parte de guerrilla y paramilitares). 33 No se refieren únicamente a un espacio geográfico, sino a un ámbito social específicamente delimitado, donde se expresan unas relaciones de producción, una forma de aplicar la tecnología a la naturaleza, una tradición cultural, una red de relaciones de poder, una historia y una práctica cotidiana. El territorio es mucho más que sus características físicas y ecológicas; simboliza también la historia que ha transcurrido en él. 34 Es necesario hacer la distinción entre movimientos cívicos y movimientos étnicos y culturales. En estos últimos, identidad y oposición se definen por la existencia de valores y rasgos culturales específicos y distintivos del grupo y no por su residencia territorial compartida, referente básico para la construcción de la identidad del movimiento cívico. La homogeneidad étnica o la fuerza de las tradiciones culturales pueden facilitar la cohesión de un movimiento regional, pero no son condiciones necesarias para su surgimiento. Los movimientos cívicos tienen contenidos étnicos y culturales pero no son su rasgo definitorio, así como lo territorial no define los movimientos étnicos o culturales. 35 Clara Inés García, El Bajo Cauca antioqueño... 32

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Y LA LUCHA CONTINÚA

Recién inaugurada la última década del siglo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria fue entendida como un paso hacia la creación de un nuevo pacto fundacional, que abarcaría la reestructuración de las esferas social y política, la reorganización estatal y reconocimientos y acuerdos entre etnias, regiones y sectores sociales, para asegurar una democracia estable y legítima. La aparición, en la arena política, de grupos sociales hasta ese momento invisibles y la participación ciudadana -tradicionalmente excluida del ámbito legislativo- en la formulación de la nueva Constitución generaron esperanzas en un proceso democratizador36. Sin desconocer que la Constitución del 91 rige la vida social y política del país, queremos resaltar algunos aspectos que son de suma importancia para la vida de la gente común: la nueva carta fundamental le confirió centralidad a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, ampliando los espacios y mecanismos a través de los cuales ella podía expresarse; privilegió el gasto social; profundizó el proceso de descentralización al ampliar las competencias de las entidades territoriales y las vías para fortalecer sus fiscos. Pero quizás lo más relevante para el ciudadano corriente, como afirma Hernando Valencia Villa, es la carta de derechos37 civiles y políticos, sociales, económicos, 36 Aunque los movimientos cívicos que aún pervivían habían logrado generar -a través de sus acciones reivindicativas- algunos acuerdos básicos sobre el desmonte del bipartidismo, la apertura a la participación cívica en instancias de poder, el reordenamiento territorial, garantías efectivas para los derechos civiles y de las minorías, reformas al proceso electoral, y aunque participaron activamente en eventos previos a la asamblea, carecieron de representación en la Constituyente, entre otras razones, porque no tuvieron iniciativas coherentes y porque entre ellos se presentó rapiña por los puestos de representación. 37 84 artículos que incluyen más de 75 derechos, libertades y garantías; establecen distinciones entre derechos civiles y políticos o fundamentales, derechos

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culturales y colectivos por la influencia que tiene en su vida cotidiana, en los microproblemas que configuran su existencia concreta. Pero la reforma constitucional corrió pareja con la profundización de la apertura económica, sobre líneas divergentes; de ahí que los desarrollos legislativos de la Constitución se hayan debatido entre atender los requisitos del libre mercado, de una parte, y ampliar la democracia y consolidar el Estado social de derecho, de otra. Y las acciones gubernamentales de la década contribuyeron a desdibujar buena parte de las esperanzas fincadas en la nueva Constitución. La credibilidad en el sistema político no ha aumentado, su transformación está lejos de darse. Ha sido patente la incapacidad de las administraciones que ocupan la década de los noventa para resolver los problemas sociales y políticos del país. La legitimidad gubernamental ha sido puesta en tela de juicio en varias ocasiones. Los derechos y garantías ciudadanos han sido permanentemente conculcados y la violencia política se exacerbó. Las masacres y asesinatos selectivos han sido pan de cada día, las desapariciones forzadas se volvieron colectivas, los éxodos se incrementaron, las formas civiles de protesta se han reprimido violentamente, la presencia y acciones guerrilleras y paramilitares han sembrado miedo en muchas regiones, la confrontación bélica entró en auge y la militarización de ciertas zonas derivó en violaciones de libertades y garantías.

sociales, económicos y culturales, y derechos colectivos o de tercera generación; a la paz, al medio ambiente, al espacio público, al desarrollo, a la participación, a los servicios públicos (salud, seguridad social, vivienda, cultura, recreación y deporte, ciencia y tecnología que se convierten en derechos subjetivos u obligaciones del Estado). Hernando Valencia Villa, "Constitución de 1991: la carta de derechos", en Análisis Político, N 2 13, mayo-agosto de 1991, pp. 73 y 74.

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La política social de los noventa fue en contravía del enfoque de derechos planteado en la nueva constitución y, más bien, obedeció a criterios de asistencialismo y discrecionalidad política, con lo cual se fortaleció el clientelismo y la estigmatización de la pobreza. Fue residual al manejo macroeconómico, primó el enfoque monetarista y los equilibrios fiscal, comercial y de la balanza de pagos. Se le dio prioridad al presupuesto de guerra, al financiamiento de la burocracia y al pago de la deuda externa. La participación se restringió a la ejecución de programas, quedando por fuera la concertación para el diseño de políticas, la asignación de recursos, el seguimiento y la evaluación. La consulta de los planes de desarrollo fue protocolaria y carente de capacidad de decisión. A través de los programas de la presidencia, los fondos de cofinanciación y los recursos manejados por ministerios e instituciones descentralizadas se siguió teniendo un férreo control central de la inversión social y se utilizaron con el fin de crear lealtades políticas, hacer populismo, apaciguar el conflicto social (y, durante la administración Samper, para comprar el respaldo a la crisis presidencial). La Ley 60 de 1993, de competencias y recursos, controla la destinación del gasto social, limitando la autonomía de las localidades para orientar sus propios planes de desarrollo38. La planificación del desarrollo social en la mayoría de las entidades territoriales aún es precaria, cuentan con plantas burocráticas de bajo nivel técnico que no logran deshacerse de la corrupción. Son escasos los mecanismos ágiles y amplios para la interlocución con la comunidad y ésta sigue mostrando una débil participación en la planeación y gestión de proyectos de desarrollo. De otra parte, ni los programas de inversión ni las transferencias territoriales han sido suficientes para subsanar las 38 Libardo Sarmiento, "Salto social, equilibrio político", enAnálisis Político, Na 27, enero-abril de 1996, p. 77.

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desigualdades sociales y regionales, y buena parte de los municipios colombianos carece de condiciones financieras para cumplir a cabalidad con todas las funciones que les fueron asignadas. Contra todos los pronósticos, ni la reforma municipal del 86, ni la elección popular de alcaldes, ni el recrudecimiento de la guerra sucia y ni siquiera la Constitución del 91 lograron evitar la expresión pública y colectiva de demandas de la población urbana. Los datos empíricos de los que disponemos así lo confirman. Veamos cómo se comportaron las cifras de las luchas cívicas durante los noventa: En el cuatrienio Gaviria, el número de acciones reivindicativas llegó a 494, cifra que supera las registradas en los años anteriores. Durante el primer año de ese gobierno el número de luchas es más bajo que en cualquiera de los fres primeros años de la administración anterior, porque a comienzos de su mandato Gaviria se encontraba en estado de gracia con los colombianos, pero al finalizar su segundo año de gobierno las silbatinas, los cacerolazos, la petición de su renuncia, manifestaron el descontento ciudadano y la pérdida de credibilidad en él. En la administración Samper las luchas cívicas fueron ascendiendo año tras año hasta llegar a 544, 50 más que en el gobierno anterior y tuvieron un inusitado aumento durante el primer año de gobierno de Pastrana, cuando alcanzaron la cifra de 391, descendiendo en el segundo año a 246. Tan sólo en los dos primeros años del actual mandato el número de luchas cívicas supera en 93 a las ocurridas durante todo el gobierno precedente. A medida que transcurre la década, se abre el abanico de demandas presentadas por los pobladores en sus luchas cívicas; de tal manera, su peso relativo disminuye39. Los servicios públicos,

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Por ejemplo, los servicios públicos motivaron 60% de los paros cívicos entre 1971 y 1980 (Pedro Santana, Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia, Bogo-

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que durante las décadas anteriores y aún durante el primer gobierno de los noventa fueron la principal bandera reivindicativa, van perdiendo su estatus, mientras ascienden las demandas por servicios sociales (salud, educación, seguridad social, recreación, atención a la infancia y a la tercera edad) y protección a los derechos humanos y por la paz. Aparecen otros motivos cuya importancia no es precisamente numérica. Ella reside en la naturaleza de las demandas, en el recurso a la movilización para expresar desacuerdos o peticiones que van más allá del consumo colectivo y proponen una variedad de temas en los cuales a veces ni siquiera el adversario ni el campo del conflicto están claramente definidos. El Plan de Desarrollo de Gaviria, "La Revolución Pacífica", planteó como meta la ampliación de la cobertura en agua potable, educación básica, salud primaria, vivienda social, focalizando esfuerzos en la población con necesidades básicas insatisfechas, pero otros fueron los resultados. El déficit nacional de cobertura en agua potable y saneamiento básico aumentó durante el cuatrienio por encima de las tasas de crecimiento poblacional, debido a la insuficiencia financiera y a la concentración de inversiones en la región centroriental del país, especialmente en Bogotá40, en claro detrimento de pueblos y capitales departamentales de la Costa Atlántica, Cauca y Nariño, como también lo confirma la ubicación espacial de las luchas por ese motivo, que generó el mayor número. En lo que tiene que ver

tá: Cinep, 1983, p. 135); 54,4% durante el período Betancur, 57% durante la administración Barco, 30% durante la administración Gaviria, 15,5% durante el cuatrienio de Samper y 10,4% en los dos primeros años del gobierno de Pastrana (Banco de Datos de Luchas Cívicas, Cinep). 40 Óscar Alfonso y Carlos Caicedo, "Coberturas e inversiones", en Servicios públicos domiciliarios. Coyuntura 1993. Bogotá: Cinep, 1993.

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con la energía eléctrica, la mayoría de las protestas se relacionaron con el constante incremento de las tarifas y con los efectos del racionamiento. El conjunto de servicios públicos domiciliarios ocupó el primer lugar entre las demandas de los pobladores. El recrudecimiento de la guerra41 y la violación de derechos y garantías ciudadanos generalizaron las movilizaciones y paros para exigir al gobierno protección de los derechos civiles y políticos, indemnización a víctimas, desmilitarización de zonas, cese a los operativos militares, diálogos regionales con presencia ciudadana, respeto a los defensores de derechos humanos acusados de ser auxiliadores de la guerrilla42 y de desprestigiar al gobierno ante la comunidad internacional, así como para pedir a guerrilleros y paramilitares el cese de sus acciones contra la población civil presa en medio de fuegos cruzados. Estas demandas llegaron a ocupar el segundo lugar entre los motivos de protesta. En materia de salud y educación, las luchas cívicas del cuatrienio se centraron en el mal estado de las construcciones, su precaria dotación y la escasa capacidad financiera y administrativa de los municipios para asumir el proceso de descentralización en ambos sectores. Desde el tercer año de gobierno los universitarios se movilizaron en defensa de la educación pública. Las acciones reivindicativas por servicios sociales ocuparon el tercer lugar entre las demandas de los pobladores.

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Que por momentos se exacerbó: mientras sesionó la Constituyente, después del fracaso de las conversaciones en Tlaxcala y después del 8 de noviembre de 1992, cuando el presidente declaró la guerra integral a la guerrilla y a los carteles de la droga. Los asesinatos políticos se tomaron Barrancabermeja y Urabá, los secuestros el Cesar y los combates y sabotajes a Antioquia, Santander y Cesar. 42 Acusación que también recayó sobre alcaldes y obispos, que fueron detenidos por orden de fiscalías regionales y provocó, durante el último año de ese

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Las luchas cívicas que exigieron obras de infraestructura física ocuparon el cuarto lugar. En ello incidió el reducido mantenimiento de la estructura vial, el aumento del tráfico pesado, las deficienciasfinancierasy la lenta reestructuración del esquema institucional en el sector de vías y transporte que, para aquel entonces, no había logrado un ajuste de las competencias de la nación, los departamentos y los municipios en lo referente a construcción y mantenimiento de troncales y vías regionales y locales. La flexibilización de la relación salarial, la eliminación de empleos en el aparato gubernamental, la privatización de algunas empresas municipales de servicios públicos, las concesiones a empresas privadas para el mantenimiento de vías a través del cobro de peajes, la disolución de empresas comerciales e industriales del Estado43 y la desaparición de entidades nacionales encargadas de prestar asistencia técnica, los intentos de controlar los déficit fiscales municipales a través de la imposición de cargas tributarias, la reforma a la seguridad social en salud, constituyen un paquete de medidas contra las cuales protestaron los pobladores bajo la consigna de lucha contra el neoliberalismo. La gestión adelantada por funcionarios públicos municipales y departamentales fue objeto de mayor fiscalización por parte de la población, de cara al cumplimiento de planes y programas y al manejo presupuesta!, y así lo expresaron en sus protestas44.

gobierno, movilizaciones y paros en Tibú (Norte de Santander), Saravena y Arauquita (Arauca), Pesca (Boyacá), Vélez (Santander) y Sincelejo (Sucre). 43 Algunas acciones cívicas se realizaron en solidaridad y defensa de Colcarburos, en Puerto Nare; de Paz del Río, empresa que beneficiaba a municipios de las provincias de Sugamuxi, Tundama y Valderrama en Boyacá; y de la Concesión Salinas, en Manaure, que, además de empleo, abastecía de agua a los indígenas wayúu que habitan en ese municipio. 44 Algunas de las cuales se llevaron a cabo en Plato y Sitionuevo (Magdalena), San Martín (Cesar), Montelíbano (Córdoba), Alto Baudó (Chocó), El Peñol (Antioquia) -donde el alcalde era un reconocido líder cívico-; Vaupés y Cauca.

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Hubo otras acciones cívicas que son propias de ese cuatrienio: en 1992, manifestaciones contra el V Centenario del Descubrimiento de América y para pedir desarrollos legislativos sobre los derechos de las minorías étnicas, de sectores sociales específicos y reordenamiento territorial. Como lo muestran las luchas cívicas y los indicadores socioeconómicos, el gobierno de Gaviria renunció a la "Revolución Pacífica" en lo que se refería a la reactivación del gasto social y a la idea de que el mejor antídoto contra la violencia era la inversión en capital humano, dejando una inmensa deuda social. Samper propuso un viraje en la estrategia neoliberal, reorientar la apertura económica y atender decididamente el sector social. Para poner en marcha las reformas plasmadas en el "Salto Social" se requería apoyo político y social, pero el presidente lo perdió desde el escándalo de la financiación de su campaña. La crisis de legitimidad presidencial también le impidió desarrollar su política de paz y tener algún acercamiento con la guerrilla. Por primera vez en la historia del país, al menos según los datos que poseemos, los servicios sociales ocuparon el primer lugar entre las demandas de los pobladores y, entre ellos, la educación constituyó el eje de la movilización social, corroborando que las obligaciones impuestas a los municipios en este sector acarrearon más problemas a las administraciones que aires de autonomía. De igual manera, la pretensión de que la educación pública se autofinanciara lanzó a universitarios y escolares a manifestarse contra su privatización. Las demandas alrededor del régimen de seguridad social igualaron en número a las acciones por salud. Las protestas contra la espiral de violencias ocuparon el segundo lugar entre los motivos, seguidas de acciones colectivas por la paz. Al abrigo del proceso 8.000 y a causa de la debilidad política del gobierno, los actores armados consolidaron su pro-

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tagonismo y la guerra cobró fuerza. La violencia se desbordó, los grupos paramilitares45 extendieron sus frentes, azotando con sus acciones amplias regiones del país46. Ante la falta de acciones estatales eficientes para parar la guerra, la sociedad civil fue configurando una red de iniciativas por la paz y por la participación ciudadana en el proceso de negociación. El cuarto lugar lo ocuparon las movilizaciones por el mal estado de las vías y contra peajes y alzas en sus cobros, en especial por la repercusión que tienen sobre el costo de vida. Las acciones cívicas por servicios públicos disminuyeron sustancialmente en número (descendiendo al quinto lugar entre las demandas presentadas durante esta administración) y en cobertura, pero fueron significativas en pequeños municipios donde los presupuestos son pobres, el esfuerzo fiscal es lánguido, la capacidad de endeudamiento y la posibilidad de obtener cofinanciación débiles y, por tanto, la contraprestación de la nación a través de las transferencias es baja, trazándose un círculo vicioso fiscal que impide la satisfacción de estas necesidades de la población. La mayoría de las protestas se relacionaron con la imposición o actualización de la estratificación socioeconómica para el cobro de tarifas, y con los desmontes de los subsidios. El aumento de la criminalidad, particularmente en las ciudades grandes e intermedias, lanzó a sus habitantes a realizar acciones colectivas pidiendo seguridad ciudadana, las cuales alcanzaron 7% del total.

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Al día siguiente a la posesión de Samper, grupos paramilitares anunciaron el asesinato de dirigentes sociales y políticos. El senador de la UP, Manuel Cepeda, fue la primera víctima de la lista. Diego Pérez, "Derechos humanos; ¿cambio de rumbo?", en Cien Días, N 2 27, agosto-noviembre, 1994, p. 11. 46 Zonas de Norte de Santander, Cesar, Urabá chocoano, antioqueño y cordobés, Magdalena medio y Meta.

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A pesar de lo que comúnmente se piensa, las protestas contra el presidente por sus vínculos con el narcotráfico fueron pocas: 12, que se concentraron en un breve lapso que se inició el 23 de enero y terminó a mediados de marzo de 1996, y en su mayoría se presentaron en Bogotá, convirtiéndose en una "curiosidad del paisaje capitalino", y a ellas se opusieron 11 movilizaciones a favor de los programas sociales de Samper. Las acciones cívicas generadas por aspectos ambientales fueron desde las protestas contra medidas adoptadas para evitar desastres por deslizamientos en zonas urbanas hasta aquellas contra la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en el suroriente del país. Las acciones contra el contrabando y la evasión de impuestos recayeron sobre los sanandresitos de varias ciudades del país, lo que generó el rechazo público de propietarios y empleados, grupo de interés que se ha mostrado muy aguerrido en la defensa de su actividad económica, pretendiendo sobreponer sus intereses particulares al conjunto social. Las demoras en entrega de recursos para planes de vivienda generaron algunas protestas, así como las propuestas de reubicación de pobladores, contra las cuales reaccionaron de manera violenta los posibles receptores de nuevos vecinos, acciones que enunciaron una cierta "tribalidad urbana" por la disputa de un espacio en la ciudad. La anulación de cédulas por trasteo de votantes que hizo la Registraduría en casi la tercera parte de los municipios del país -después de las elecciones de alcaldes y gobernadores de 1994, que además estuvieron acompañadas de la compra de votos- impulsó a habitantes de 3 de ellos a argüir su derecho a elegir y ser elegidos. Más de un tercio de las acciones llevadas a cabo durante esa administración tuvieron origen en la aplicación de normas constitucionales o legales referidas a la educación, la seguridad so-

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cial, la protección del espacio público, el ordenamiento urbano, las obligaciones fiscales, entre otras; además, operaron como resorte de la protesta cívica y dejaron al descubierto la capacidad de reacción de aquellos sectores sobre los cuales recaen algunas formulaciones estatales y también develaron la confrontación entre intereses privados y problemas públicos. Durante los dos primeros años de la administración Pastrana, más de una cuarta parte de las acciones cívicas ha reivindicado la protección y el respeto a los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o colectivos. La petición explícita del respeto a la vida, a la integridad física y a la paz, la reivindicación del derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la equidad de género, a la etnia y a la cultura propias, ocupan el primer lugar entre las demandas de los pobladores urbanos. En segundo lugar están los servicios sociales y entre ellos se destaca la educación, en particular la pública, afectada por la pretensión gubernamental de lograr su autofinanciación y por la puesta en marcha de planes de reestructuración administrativa y de racionalización de la oferta. La crisis de la red hospitalaria pública ha generado movilizaciones de trabajadores y usuarios en un intento de defenderla. Bajo los argumentos de que los recursos destinados a la salud son objeto de corrupción y despilfarro y que los hospitales públicos no son viables debido a la carga prestacional de los trabajadores vinculados al sector, las autoridades han sostenido que no existen sino dos opciones: reestructurar los hospitales, o cerrarlos. Por su parte, los sindicatos y usuarios del sector sostienen que las amenazas de cierre de las clínicas públicas son una muestra del inminente proceso de privatización de la salud. Los servicios públicos domiciliarios ocupan hoy el tercer lugar entre las demandas de la población urbana, y en su mayoría se refieren a los incrementos en las tarifas, que continuarán

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subiendo, porque la política del actual gobierno consiste en el reajuste mensual con base en el índice de precios al consumidor, y el desmonte de los subsidios que reciben los estratos más pobres de la sociedad. Las demandas por infraestructura física y transporte tienen durante este período una importancia que deriva no sólo de su número sino también de su persistencia y resonancia, en el primer caso, y de la capacidad de convocar a un amplio sector social a lo largo y ancho del país, en el segundo. Las protestas contra la instalación de peajes y contra el cobro de valorización por obras de infraestructura urbano-regionales han dejado aflorar el disgusto que generan las cargas impositivas y el sentimiento colectivo de que las obras no se consultan con la población. Como ningún otro, el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para construir la paz" despertó una amplia movilización social, liderada por las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, con la participación de estudiantes, desempleados, vendedores ambulantes, deudores del sistema Upac, padres de familia, campesinos, indígenas y desplazados, por mencionar algunos de los sectores que aunaron sus voces contra las políticas públicas contenidas en el Plan y contra otras en curso. La defensa de la educación y la salud públicas, las protestas contra las privatizaciones o liquidaciones de empresas estatales, contra el aumento o creación de impuestos, contra las reformas laborales, la petición de aumento en las transferencias de la nación hacia entidades territoriales que atraviesan una profunda crisis presupuesta!, se constituyeron en motivos de lucha, así como las políticas fiscales que afectan a ciertos grupos de interés. La desatención a las demandas sociales expresadas a través de mecanismos institucionales o de acciones públicas y colectivas no armadas -salvo casos excepcionales- caracteriza a la administración Pastrana y transita por caminos peligrosos: la desesperación de algunos sectores sociales que no encuentran

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satisfacción a sus peticiones y, en su lugar, enfrentan rasgos autoritarios y medidas coercitivas extremas, los está llevando a radicalizar sus formas de acción colectiva, incluso hasta la violencia, anunciando una cierta anomización de la protesta social. Pero también es necesario señalar que en las movilizaciones cívicas se han venido mezclando sectores que más que propender por los intereses colectivos de los manifestantes intentan dirigirlas en beneficio propio. Las cifras registradas durante los noventa muestran que se está revirtiendo la tendencia relacionada con el escenario de las protestas cívicas, otrora localizado principalmente en pequeños y medianos poblados, y hoy centrado en las capitales departamentales. Alrededor de la mitad de las luchas cívicas del decenio de los noventa se llevó a cabo en capitales departamentales, poniendo en evidencia los efectos de la apertura económica y del arribo de miles de desplazados sobre la gestión y el ordenamiento urbanos, lo que obligó a las administraciones locales a incorporar en sus agendas aspectos como el cambio de uso y la densificación del suelo urbano, la productividad, la generación de empleo y la informalidad urbana. Bogotá fue el escenario de la mayor cantidad de acciones cívicas, dando cuenta de la centralidad que conserva tanto en el poder como en la posibilidad de darle visibilidad a conflictos de diversos sectores sociales provenientes de todas las regiones del país. Tan sólo 6,3% de las acciones tuvo carácter regional, pero involucró un alto número de municipios y algunas llegaron a ser departamentales, las cuales demandaron vías y transporte, un clima favorable a la paz, realización de diálogos regionales con participación civil, protección a los derechos humanos, cese a la fumigación de cultivos ilícitos y desarrollo regional. La localización de las luchas cívicas y el paulatino retorno a las acciones regionales podría tener una explicación relaciona-

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da con el escenario de la guerra que preferencialmente está en zonas rurales o en pequeños poblados, a pesar de que también se viene enquistando en las ciudades. Podría afirmarse, entonces, que el miedo a hacer manifestaciones públicas y colectivas para reivindicar demandas sociales está cercenando la protesta en los pequeños cascos urbanos. Si bien los paros y movilizaciones de la década se concentraron en el ámbito local, las demandas se hicieron mayoritariamente ante el gobierno nacional, lo que nuevamente dejó sin piso la intención de que la reforma municipal contribuyera a descentralizar los escenarios y los adversarios de los conflictos sociales. PARA SEGUIR EL DEBATE

Como se ve a lo largo de este ensayo, los movimientos cívicos otrora fuertes han ido declinando. Claro que cabría preguntarse si sólo existieron en el imaginario de los intelectuales que pretendían encontrar gérmenes de nuevos sujetos políticos o adecuar teorías foráneas a nuestra propia realidad, como se dijo en este mismo escenario. Soy de la postura de que sí existieron y desempeñaron un papel preponderan te en la vida del país. Es más, creo que -como lo señaló el maestro Fals Borda en su charla inaugural- algunos permanecen como rescoldos que esperan vientos para inflamarse de nuevo. El caso del CIMA, aquí comentado, nos muestra el renacimiento de un movimiento que hubiéramos podido calificar como extinguido. A pesar de la crisis en la que se halla la mayoría de los movimientos urbano-regionales y, quizás por esta misma razón, la protesta cívica continúa y va en ascenso. La organización y cobertura alcanzada por muchos de ellos había logrado articular múltiples microdemandas y coordinar diversas acciones de sus participantes que iban de la protesta a la propuesta, de la dis-

Luchas y movimientos cívicos en Colombia

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rupción a la negociación de sus peticiones. Hoy, los pobladores siguen recurriendo a las acciones colectivas para presentar sus demandas porque son conscientes de las diferencias regionales e intraurbanas 47 y reconocen la existencia de posibilidades de cambio. La movilidad socioespacial, los medios de comunicación, la escuela, entre otros, dan la posibilidad, a la población del más apartado rincón del país, de percibir la existencia de regiones con diferentes grados de desarrollo económico y social y condiciones de vida marcadamente desiguales, que expresan las dimensiones espaciales del desarrollo. De otra parte, aunque los pobladores también hagan uso de los mecanismos y espacios institucionales de participación, éstos no han sido tan efectivos y eficaces para solucionar sus problemas colectivos de vieja data. Por ello, como lo anotamos en la introducción, a través de las luchas cívicas se le exige con urgencia al Estado cumplir con su papel como garante de los bienes y servicios colectivos y de los derechos y garantías individuales y colectivas, y más que constituir insubordinación o pretender alterar el orden público, estas acciones expresan el deseo de sus protagonistas de ser integrados al sistema institucional. Son un mecanismo para hacer visibles sus demandas, no sólo ante el Estado sino ante la sociedad en su conjunto. No obstante, varias acusaciones recaen, de manera permanente, sobre las acciones cívicas: se les tilda de ser irracionales; de alterar el orden público y violar los derechos de otros, sin reconocer que éstas exigen el respeto a los derechos de los manifestantes; de tener móviles políticos más que sociales o económicos y, finalmente, la de ser instigadas y/o dirigidas por la gue-

47

La referencia a estas desigualdades permite denominar a estos movimientos y luchas como "urbanos" o "regionales", según sea su alcance, ya que los caracteriza mejor que el apelativo de cívicos.

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rrilla48. Tales señalamientos han servido tanto para que el Estado se oponga frontalmente a estas acciones colectivas y de un tratamiento prioritariamente militar al conflicto social como para que sus líderes y participantes sean víctimas de grupos armados de diverso signo. Resulta paradójico que los pobladores expresen sus demandas a través de acciones cívicas reivindicativas realizadas en ámbitos públicos, desde hace tanto tiempo, y que aún la sociedad en su conjunto no haya tenido la capacidad de construir un espacio público político donde se resuelvan los conflictos sociales. Este panorama de las luchas cívicas implica nuevos retos de comprensión por parte de quienes queremos contribuir con nuestro conocimiento a que esa utopía cotidiana que ellas enarbolan tenga un lugar en nuestra sociedad.

48

Aunque en algunas zonas del país a la acción de las organizaciones sociales y gremiales se suman la guerrilla y las autodefensas como actores políticos y militares, no puede imputársele exclusivamente a la presión armada la participación de distintas fuerzas sociales y políticas en movilizaciones y paros.

Luchas y movimientos cívicos en Colombia

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APÉNDICE

Los autores

Los autores

1 547 ]

ORLANDO FALS BORDA, sociólogo e historiador. En la actualidad trabaja como profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (lepri) de la Universidad Nacional de Colombia. MAURICIO ARCHILA, historiador. Se desempeña como profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). ALVARO DELGADO, periodista, se halla vinculado al Cinep, donde trabaja como investigador. MARTHA CECILIA GARCÍA es socióloga y trabaja como investigadora en el Cinep. prepara actualmente su tesis de doctorado en antropología. Es funcionaria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ

ha trabajado con el ICANH. Actualmente es subdirector académico del Departamento de Investigaciones de la Universidad Central.

H E N R Y SALGADO R U I Z

RENZO RAMÍREZ BACCA es candidato al doctorado en Historia de la Universidad de Gotemburgo y becario del Instituto Sueco. es politóloga, investigadora del Cinep y profesora de la Universidad de los Andes.

INGRID J O H A N N A BOLÍVAR

MARGARITA CHAVES CHAMORRO, antropóloga, trabaja como investigadora en el ICANH.

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APÉNDICE

CARLOS VLADIMIR ZAMBRANO realiza

trabajos de investigación

para el ICANH. Es antropólogo. ASTRID ULLOA. En la fecha, es candidata al ph. d. en antropología. También se desempeña como investigadora del ICANH. MAURICIO PARDO PATRICIA TOVAR

es antropólogo e investigador del ICANH.

trabaja como investigadora en el ICANH. ES

antropóloga. JULIO EDUARDO BENAVIDES CAMPOS es

comunicador social e investigador de la Universidad Central.

MAURICIO ROMERO, economista y politólogo, trabaja como investigador del lepri de la Universidad Nacional de Colombia. es antropóloga y especialista en derechos humanos. Trabaja en el lepri de la Universidad Nacional de Colombia.

FLOR ALBA ROMERO

FABIO LÓPEZ DE LA ROCHE, historiador de formación, en la actualidad es profesor del lepri de la Universidad Nacional de Colombia. REINALDO BARBOSA ESTEPA, historiador.

Se halla vinculado como investigador al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

LEONOR PERILLA LOZANO es

trabajadora social y se desempeña como docente en el departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia.

ÍNDICE

Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia PREÁMBULO

6 Comentarios sobre la diversidad de los movimientos sociales Orlando Fals Borda

10

Vida, pasión y... de los movimientos sociales en Colombia Mauricio Archila

16

PRIMERA PARTE

Luchas laborales y cívicas 49 Las nuevas relaciones de trabajo en Colombia Alvaro Delgado Luchas y movimientos cívicos en Colombia durante los ochenta y los noventa, transformaciones y permanencias Martha Cecilia García

51

88

SEGUNDA PARTE

Protestas agrarias 125 Los movimientos cívicos como movimientos sociales en el Putumayo: el poder visible de la sociedad civil y la consrrucción de una nueva ciudadanía María Clemencia Ramírez Procesos y estrategias socio-organizativas en el Guaviare Henry Salgado Ruiz El movimiento cafetero campesino y su lucha contra los efectos de la apertura económica Renzo Ramírez Bacca

127 150

173

MOVIMIENTOS SOCIALES

TERCERA PARTE

Acción colectiva y etnicidad 205 Estado y participación: ¿La centralidad de lo político? Ingrid Johanna Bolívar Discursos subalternos de identidad y movimiento indígena en el Putumayo Margarita Chaves Chamorro Conflictos por la hegemonía regional. Un análisis del movimiento social y étnico del Macizo Colombiano Carlos Vladimir Zambrano

207

234

260

El nativo ecológico: movimientos indígenas y medio ambiente en Colombia Astrid Ulloa

286

Escenarios organizativos e iniciativas institucionales en torno al movimiento negro en Colombia Mauricio Pardo

321

CUARTA PARTE

Movimientos de mujeres 347 Las Policarpas de fin de siglo: mujeres, rebelión, conciencia y derechos humanos en Colombia Patricia Tovar

349

Movimientos de mujeres populares en el Perú: madres aprendiendo juntas a gestar ciudadanía Julio Eduardo Benavides Campos

375

índice QUINTA PARTE

Movilizaciones por la paz y derechos humanos 403 Movilizaciones por la paz, cooperación y sociedad civil en Colombia Mauricio Romero El movimiento de derechos humanos en Colombia Flor Alba Romero

405 441

SEXTA PARTE

Imaginarios, territorios y normatividad 473 Medios de comunicación y movimientos sociales: Incomprensiones y desencuentros Fabio López de la Roche

475

Imaginarios colecrivos y crisis de representación: las disputas territoriales en un Estado en entredicho Reinaldo Barbosa Estepa

495

Acerca de la noción de problema social en la Reforma Constitucional de 1936 y la Constitución de 1991, como expresión del Estado social y social de derecho en Colombia Leonor Perilla Lozano

522

APÉNDICE

545 Los autores

547 ÍNDICE

549

Este libro se terminó de imprimir En el mes de Abril del aflo 2002 En los talleres de Litocamargo Ltda.

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SEGUNDA PARTE

Protestas agrarias

María Clemencia Ramírez LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS COMO MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL PUTUMAYO: EL PODER VISIBLE DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA*

En esta ponencia me referiré a las marchas cocaleras que tuvieron lugar en los departamentos de Guaviare, Putumayo y Caquetá entre julio y septiembre de 1996, haciendo referencia en algunos apartes de la ponencia a la Amazonia occidental como tal y, en otros, al caso concreto del Putumayo. Como presupuesto inicial, sostengo que las marchas cocaleras de 1996 no pueden entenderse desligadas de otros paros y movimientos cívicos anteriores a éstas, que desde una perspectiva de larga duración son manifestaciones coyunturales de movimientos sociales centrados alrededor de una demanda central: el reconocimiento por parte del Estado-nación colombiano tanto de su ciudadanía como de sus derechos adscritos como ciudadanos y como habitantes con larga permanencia -si no oriundos- en la región amazónica. Con el ánimo de contribuir al debate sobre los nuevos movimientos sociales a partir de este caso, quiero dejar planteados tres puntos centrales para la discusión: * Esta ponencia forma parte de ia tesis de doctorado en curso para el departamento de Antropología Social de la Universidad de Harvard. El trabajo de campo lo realicé en el Putumayo y Baja Bota caucana, en el marco de un proyecto de investigación del Instituto Colombiano de Antropología financiado por Colciencias, bajo mi dirección, que se desarrolló también en los departamentos del Guaviare y Caquetá. Para mi trabajo de grado, he recibido la financiación de la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research y del United States Institute of Peace.

[ 128 ]

MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ

En primer lugar, y como resultado del anterior presupuesto, se hace indispensable analizar detenidamente los procesos de exclusión y marginalización a los cuales se han visto expuestos los habitantes de la Amazonia occidental y, más específicamente, la población colona. Se puede afirmar que la construcción de la marginalidad de la región amazónica es definitivamente una estructura de larga duración que explica y legitima las políticas que se dictan desde el gobierno central para esta región. Esta relación que se establece entre el centro del país y esta región marginal es un eje de análisis desde la perspectiva de la representación que de una región se hace de la otra: la exclusión del otro (en este caso los habitantes de la región amazónica) y la percepción o asunción de esta exclusión por parte del mismo estaría reflejando una relación de espejo que no puede perderse de vista, y se torna recurrente en los discursos que se construyen por unos y otros sobre esta región, así como en el desarrollo del movimiento de los cocaleras. En segundo lugar, y en respuesta a estos procesos de exclusión, en el Putumayo se observa como una constante a lo largo de las últimas décadas la tendencia de los movimientos sociales a convertirse en movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales. Su búsqueda por lograr una inclusión en el sistema político nacional, caracterizado por la exclusión sistemática de partidos políticos de oposición a los dos partidos tradicionales que detentan el poder, ha sido constante, y en este sentido podríamos hablar del ejercicio de una política de la inclusión "dirigida hacia las instituciones políticas buscando que nuevos actores políticos ganen reconocimiento por parte de los miembros de la sociedad política y así poder ganar beneficios para aquellos que ellos representan" (Cohén y Arato 1994: 526). Sin embargo, se hace evidente que esta búsqueda de inclusión política ha sido impedida sistemáticamente por la violencia institucional y/o estatal que se ha instaurado en Colombia y

Los movimientos cívicos en el Putumayo

[ 129 ]

que se dirige contra cualquier partido político de oposición. Tal como lo han anotado Uprimny y Vargas (1989: 116), la guerra sucia "es un mecanismo de oposición a la política de paz, a la legalización de la actividad guerrillera y a la apertura de espacios políticos para nuevas fuerzas"1. En este contexto, y considerando que es en la Amazonia occidental donde las FARC han establecido "otro gobierno dentro del gobierno", según declaraciones de Manuel Marulanda Vélez (Entrevista en Semana, enero 18/99: 22), el logro de una representatividad política dentro del sistema político institucional se torna fundamental para estos movimientos sociales surgidos en el seno de una sociedad civil estigmatizada por la presencia guerrillera en la zona y que, por consiguiente, es permanentemente atacada, amenazada y deslegitimada. En tercer lugar, y a partir de esta situación de conflicto que conlleva a la estigmatización y deslegitimación, la relación que se establece entre el Estado y la sociedad civil2 debe ser discutida con detenimiento, centrándose en el análisis de cómo se ma1 Para la década de los ochenta Uprimny y Vargas (1989: 118-119) señalan, respecto a los sectores victimizados por la guerra sucia: "desde el punto de vista de la extracción social, la guerra sucia ha tendido a golpear sobre todo al campesinado y en segundo término a la clase trabajadora urbana. Desde el punto de vista de la actividad pública se ha concentrado en los líderes populares, sindicalistas, activistas políticos y educadores, aun cuando también afecta a los sectores intelectuales y a los mismos funcionarios oficiales (...en la actualidad) la guerra sucia no sólo ha aumentado en intensidad sino que se ha urbanizado de forma creciente". 2 En cuanto a la definición del concepto sociedad civil, referido principalmente a la relación sociedad-Estado, para lo que atañe a la discusión que aquí se presenta, es fundamental tener en cuenta dos características que le han sido señaladas por diversos autores (Bejarano, 1992; Lechner, 1996; Bonamusa, 1997; Keane, 1998) que se han ocupado de reflexionar sobre ésta: en primer lugar, su independencia del Estado y su concreción en organizaciones diversas al margen del sistema de los partidos políticos, permitiendo establecer determinadas relaciones Estado-sociedad, según las organizaciones que se encuentren en la zona objeto de estudio y las formas en que actúa el Estado en la misma.

[ 130 ]

MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ

nifiesta la democratización de la vida cotidiana en dicho contexto y, más aún, cómo se percibe el ejercicio de la ciudadanía. A pesar de que es debido a la expansión de un cultivo ilícito y a la presencia de las FARC en la zona que los cocaleras han ganado la atención del Estado, la insistencia en dialogar con los representantes del gobierno central y, aún más, de hacer uso de las herramientas dadas por la Constitución de 1991 en el contexto de la democracia participativa, para hacerse oír por el Estado central, es sobresaliente durante y después de las marchas, hecho que debe resaltarse. Más aún, la sociedad civil en la región de la Amazonia occidental busca, a través de estas acciones de participación ciudadana, plantear su posición autónoma frente a los grupos armados en la zona (paramilitares, guerrilla y ejército), promotores de una guerra civil, guerra que se vuelve inminente con la posible aprobación del paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos. Cohén y Arato (1994) han insistido en que la influencia de la sociedad civil sobre la sociedad política es una dimensión central de la democracia. Para estos autores, la sociedad civil se torna así no sólo en terreno para la acción colectiva contemporánea, sino en objetivo de los movimientos sociales, por cuanto se busca democratizar las relaciones sociales dentro de la sociedad civil. Los movimientos sociales juegan un papel fundamental en este sentido, por cuanto su éxito lo conciben como el logro de la democratización de valores, normas e instituciones enraizadas en una cultura política. Además de unapolítica de la inclusión, Cohén y Arato (1994) consideran que los nuevos movimientos sociales buscan también influir sobre el discurso político hegemónico y, más aún, sobre las instituciones, e introducen la política de la influencia y la política de la reforma como otros aspectos fundamentales para tener en cuenta en el análisis de los objetivos y/o logros de los nuevos movimientos sociales:

Los movimientos cívicos en el Putumayo

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Unapolüka de la influencia que busca alterar el universo del discurso político para acomodar nuevas y necesitadas interpretaciones, nuevas identidades y nuevas normas, es también indispensable. Sólo con una combinación de esfuerzos puede ser restringida y controlada la colonización administrativa y económica de la sociedad civil que tiende a congelar las relaciones de dominación y crear nuevas dependencias. Finalmente, el avance en la democratización de las instituciones políticas y económicas (unapolítica de la reforma) es también central para este proyecto. Sin este esfuerzo cualquier ganancia dentro de la sociedad civil sería tenue (Cohén y Arato, 1994: 526).

Si partimos de la imposibilidad de lograr una inclusión en el sistema político nacional -a pesar de haberlo logrado localmente algunos movimientos cívicos en momentos coyunturales-, la pregunta sobre la política de la influencia de estos movimientos sociales sobre el campo de lo político y, más aún, su incidencia en la reforma de las instituciones del Estado así como en sus políticas hacia la región, se convierte en eje del movimiento de los cocaleros de 1996, por cuanto nos introduce en el análisis de la relación que se establece en áreas de conflicto entre el Estado y la sociedad civil. Este análisis cobra aún más importancia si tenemos en cuenta la crisis de hegemonía por la cual atraviesa desde la década de los ochenta el régimen político colombiano3, que durante el gobierno de Samper se hizo aún más evidente a partir de las acusaciones referentes a la financiación de su campaña con dineros

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Para un análisis de la crisis de hegemonía del gobierno durante la década de los ochenta, véase Uprimny y Vargas (1989: 143), quienes establecen como hipótesis que "la guerra sucia es una de las expresiones de las dificultades del régimen político colombiano a inicios de los ochenta: éstas derivan de una doble crisis de hegemonía, en el sentido que Poulantzas da a estos términos: crisis de hegemonía del bloque tradicional en el poder con respecto a las clases subordinadas, por el agotamiento relativo de los mecanismos tradicionales de dominación; crisis de la hegemonía dentro del mismo bloque en el poder, por la presencia de los empresarios de la dro-

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a la región central del país. Aún más, el general Bedoya enfatiza que los cultivadores de coca son inmigrantes venidos de todas partes del país, a quienes los mañosos les prestan plata para sembrar, recoger y procesar la coca, y una vez les empiezan a cobrar "esta gente llegada de todas partes del país no tiene cómo responder y queda atrapada, secuestrada por las FARC, que la obliga a promover paros como los que estamos viendo", y sostiene que hay que mantener las medidas represivas y las zonas de orden público, "para proteger a la gente que es prisionera de la mafia. Son esclavos movidos como recuas por los terroristas de las FARC" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N 2 164, agosto 5/96: 18-20). De esta manera, se impide a los campesinos cualquier iniciativa y, aún más, se les compara con animales. Sibley (1995: 27) ha señalado cómo deshumanizar a través de la adscripción de atributos animales a los otros es una manera de legitimar su explotación y exclusión de la sociedad civilizada. A partir de estos marcadores de identidad impuestos a los cocaleros como grupo social, se representan como dominados y aún más secuestrados por las FARC, por lo cual se afirma que los campesinos "aceptan huir del acoso de las FARC con la ayuda del ejército", y así se empieza a forzar el desplazamiento de la gente del Guaviare hacia Villavicencio por parte de las fuerzas armadas. Este desplazamiento, sumado a la destrucción de cultivos y laboratorios, busca, según el general Bedoya, "dejar sin trabajo a cerca de 100.000 coqueros de Guaviare, Caquetá y Putumayo" y "cuando se les acabe el trabajo, tendrán que irse como llegaron porque, para citar el caso del Guaviare, ni el 2% de los habitantes nació allí. Nosotros estamos ayudando a trasladarlos" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N2 164, agosto 5/96: 18-20). Es tal el desconocimiento y la invisibilidad de los antiguos pobladores de esta región, que el general Bedoya llega a afirmar que "hay sitios donde sembrar algo distinto a la

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Unapolüica de la influencia que busca alterar el universo del discurso político para acomodar nuevas y necesitadas interpretaciones, nuevas identidades y nuevas normas, es también indispensable. Sólo con una combinación de esfuerzos puede ser restringida y controlada la colonización administrativa y económica de la sociedad civil que tiende a congelar las relaciones de dominación y crear nuevas dependencias. Finalmente, el avance en la democratización de las instituciones políticas y económicas (unapotítica de la reforma) es también central para este proyecto. Sin este esfuerzo cualquier ganancia dentro de la sociedad civil sería tenue (Cohén y Arato, 1994: 526).

Si partimos de la imposibilidad de lograr una inclusión en el sistema político nacional -a pesar de haberlo logrado localmente algunos movimientos cívicos en momentos coyunturales-, la pregunta sobre la política de la influencia de estos movimientos sociales sobre el campo de lo político y, más aún, su incidencia en la reforma de las instituciones del Estado así como en sus políticas hacia la región, se convierte en eje del movimiento de los cocaleros de 1996, por cuanto nos introduce en el análisis de la relación que se establece en áreas de conflicto entre el Estado y la sociedad civil. Este análisis cobra aún más importancia si tenemos en cuenta la crisis de hegemonía por la cual atraviesa desde la década de los ochenta el régimen político colombiano3, que durante el gobierno de Samper se hizo aún más evidente a partir de las acusaciones referentes a la financiación de su campaña con dineros

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Para un análisis de la crisis de hegemonía del gobierno durante la década de los ochenta, véase Uprimny y Vargas (1989: 143), quienes establecen como hipótesis que "la guerra sucia es una de las expresiones de las dificultades del régimen político colombiano a inicios de los ochenta: éstas derivan de una doble crisis de hegemonía, en el sentido que Poulantzas da a estos términos: crisis de hegemonía del bloque tradicional en el poder con respecto a las clases subordinadas, por el agotamiento relativo de los mecanismos tradicionales de dominación; crisis de la hegemonía dentro del mismo bloque en el poder, por la presencia de los empresarios de la dro-

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provenientes del narcotráfico. La intensificación de las fumigaciones y de la penalización de los cultivadores de coca se traduce en una forma de posicionarse frente a los Estados Unidos como persecutor del narcotráfico, pero al mismo tiempo se genera un gran movimiento social cocalero que devela en la práctica la falta de políticas estatales planificadas para complementar esta fumigación con planes alternativos de producción para los campesinos, lo cual deslegitima al Estado frente a los habitantes del Putumayo, haciendo que el movimiento gane más adeptos que cuestionan al Estado, sin embargo, al mismo tiempo, y ésta es la paradoja, al analizar el desarrollo del movimiento no se plantea una lucha frontal contra el Estado, sino que, por el contrario, se demanda la presencia efectiva del mismo en la zona, por cuanto es el apoyo del Estado el único camino que los representantes de la sociedad civil ven para lograr una alternativa democrática participativa frente a la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y las fuerzas armadas. En palabras del general Bedoya, una vez se inician las marchas en el Guaviare: "Vamos a recuperar este territorio que está inundado de cultivos ilícitos. El gobierno y las fuerzas armadas van a combatir este flagelo. Ésta es una guerra que vamos a ganar, estamos empezándola, nos vamos a demorar un rato, pero la vamos a ganar completamente" (declaraciones en el Noticiero AM-PM). LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS COMO MOVIMIENTOS SOCIALES Y/O POLÍTICOS: EL CASO DEL MOVIMIENTO CÍVICO DEL PUTUMAYO

La marcha cocalera de 1996 fue organiza da por el Movimiento Cívico Regional del Putumayo, el cual se consolida como tal a fi-

ga, una poderosa nueva fracción dominante que no logra tener la expresión política y social que corresponde a su poder económico y militar".

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nales de 1994, en el marco de un paro cívico que tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995, en respuesta a la intensificación de la "guerra con glifosato" como política del gobierno para la erradicación de los cultivos ilícitos, pero sobre todo demandando la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), retomando su planteamiento central de "complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social" (documento CONPES 2734, 1994). Además, se exigió la ejecución de obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica, vías y programas en educación y salud, y destinación de las regalías del petróleo para programas de desarrollo comunitario, y se demandó la iniciación de las negociaciones con la guerrilla, insistiendo en que "la paz se debe lograr a través de cambios concretos en los aspectos sociales, políticos y con la participación de la sociedad civil". Al hacerle un seguimiento a este Movimiento Cívico Regional que durante las marchas se amplía y se consolida como Movimiento Cívico para el Desarrollo Integral del Putumayo, se hace evidente que se trata de un movimiento social que se había venido gestando como resultado de los diversos paros cívicos que habían tenido lugar en el Putumayo. Frente a prácticas políticas de los partidos tradicionales, como la exclusión de otros partidos, el clientelismo y la maquinaria política, los líderes locales contraponen una cultura política de resistencia que a la vez responde y es moldeada por estas prácticas dominantes, y se convierte en un discurso contrahegemónico que, como tal, es perseguido y censurado por las élites4. En palabras de un fun-

4 Williams Roseberry (1994: 360) retoma el concepto de hegemonía de Gramsci para entender la lucha entre grupos dominadores y subalternos y señala: "Las formas en que las palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos son utilizados por poblaciones subordinadas para hablar de enten-

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cionario de la región al referirse a los paros cívicos que han tenido lugar en el Putumayo desde la década de los setenta: Estos fenómenos de tipo social se deben y se gestan fundamentalmente ante el vacío de la dirigencia política tradicional que, la verdad sea dicha, apunta muy al beneficio individual, al beneficio grupista o partidista, pero, con contadas excepciones, no ha habido una representación a nivel del Congreso o de la misma gobernación y de las mismas alcaldías, líderes que hagan esta función, que sean unos verdaderos gestores del desarrollo del departamento. En consecuencia, ante ese vacío y los innumerables problemas, la gente se va apersonando, se va organizando en movimientos sociales, movimientos cívicos que han terminado en paros muy largos, de pronto costosos para la región en términos de debilitar la frágil economía, más que todo comercial, de los distintos municipios del departamento, y también costosos en vidas y costoso en lo que entraña generar ambientes de conflicto, profundizar unos conflictos que de base acá se han asentado (entrevista a líder político local en Mocoa, 1999).

Otro líder político local aclara que a lo largo del tiempo han surgido diferentes movimientos políticos, según zonas específicas del Putumayo (por ejemplo en Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Orito, Mocoa), pero insiste en que aunque el nombre cambia, las ideas son las mismas, situación que para los políticos tradicionales no es ajena, y agrega: Creo que el Putumayo tiene una dinámica nueva, el hecho de que los movimientos cívicos, movimiento Unidad Campesina

der, confrontar, acomodarse a, o resistir su dominación están moldeadas por los mismos procesos de dominación".

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[movimiento político], movimientos nuevos que han surgido, si no han podido continuar hacia el futuro, se han tenido que mudar, pero siguen, continúan y eso es esperanzador (entrevista a ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999).

Es en esta medida que se puede hablar de la emergencia de nuevos movimientos sociales en la región de la Amazonia occidental, movimientos que abren diversos espacios políticos, generan pluralidad de demandas y cuestionan los partidos políticos tradicionales, buscando, sin embargo, ser reconocidos y poder articularse, a través de la consolidación de movimientos políticos, al discurso hegemónico del Estado central. Tanto Santana (1992) como Archila (1995) han señalado la tendencia de los movimientos cívicos hacia su conversión en movimientos políticos, pero ambos concluyen que no logran consolidarse como tales, lo cual se cumple para el caso de la Amazonia occidental. Archila (1995: 276-277) señala además como algo "paradigmático" que los movimientos cívicos son "la expresión más dinámica de la acción colectiva en el país, tanto, que atraen e incorporan a otros movimientos, incluidos los típicos de clase, recomponiendo identidades". ¿Cómo se recomponen esas identidades en el caso del Putumayo y del movimiento social de los cocaleros} LA EMERGENCIA DE IDENTIDADES COLECTIVAS POLITIZADAS COMO RESPUESTA A LA EXCLUSIÓN Y LA MARGINALIZACIÓN

En el movimiento social de los cocaleros se pone en evidencia la política del reconocimiento, la cual se define en relación con la construcción de identidades, de acuerdo como la entiende Taylor (1995: 249): Nuestra identidad está parcialmente moldeada por el reconocimiento o la ausencia de éste, muchas veces por el desconocí-

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miento o reconocimiento distorsionado (misrecognition) de los otros, de manera que una persona o grupo de personas pueden sufrir daño y deformación si las personas o la sociedad a su alrededor les reflejan a manera de espejo una imagen de ellos mismos degradante, reducida o despreciativa. El desconocimiento o el reconocimiento distorsionado puede producir daño, puede convertirse en una forma de opresión, al confinar a alguien dentro de una forma de ser falsa, deformada y reducida.

Taylor está enfatizando no sólo que la identidad de un grupo se define en relación con o en contra de los significativos otros (en el caso de los habitantes de la Amazonia, sus significativos otros son los representantes del Estado central), sino también que el reconocimiento, así como el desconocimiento y el reconocimiento distorsionado, forja identidades. Al respecto, Young (1990: 44) enfatiza que los grupos son expresión de relaciones sociales y, por consiguiente, un grupo social existe sólo en relación con otro grupo. La identificación de un grupo social emerge en su interacción con otros, al experimentar diferencias como grupo a su interior, en sus formas de vida, de asociación, aun cuando se reconozcan como pertenecientes a la misma sociedad. Los significados que los definen como grupo son reconocidos como propios, ya sea porque éstos hayan sido impuestos sobre ellos, forjados por ellos, o ambos. La idea que Young introduce sobre la imposición de significados como grupo por parte de otro grupo es fundamental en el análisis de las identidades colectivas que emergen en el movimiento social de los cocaleros, como se verá a continuación. Young lleva su análisis sobre el concepto de grupo social al punto de insistir en que [...] algunas veces un grupo emerge como tal porque otro grupo lo excluye y le pone una etiqueta, un nombre a una categoría

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de personas, y aquellos rotulados se identifican como miembros de este grupo poco a poco, sobre la base de su opresión compartida (Young, 1990: 46).

Wendy Brown (1995) lleva esta reflexión más lejos e insiste en que, cuando se protesta contra la marginalización o la subordinación, las identidades políticas se ven adscritas a su propia exclusión, porque es a partir de esta exclusión que existen como identidad. Más aún, analiza que al tratarse de identidades estructuradas por el resentimiento -y aun cuando con las protestas se busca liberarse del sufrimiento al que se han visto expuestos aquellos grupos marginados-, este resentimiento alimenta la sujeción, hasta el punto de que una identidad politizada que se presenta como una autoafirmación puede predicar y requerir el rechazo sostenido por parte del otro para existir como tal. Estas reflexiones son centrales para entender que las identidades colectivas en la Amazonia occidental están siendo moldeadas por los sentimientos de exclusión y abandono por parte del Estado central y la clase política hegemónica, y como resultado, las identidades políticas que emergen lo hacen respondiendo a este Estado central ausente, que cuando se hace presente durante los paros cívicos es represivo, y reitera la condición de marginalidad de sus r abitantes, tal como se hace evidente durante las marchas cocaleras y los movimientos cívicos que las preceden. A los cocaleros se les ha impuesto una identidad como grupo social, en el sentido que ha descrito Young: los campesinos cocaleros son representados por las fuerzas armadas como "masas mañosas patrocinadas por el cartel de las FARC" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N 2 164, agosto 5/ 96: 18), de manera que el evento, de ser un movimiento campesino, cambia su configuración al ser los campesinos cocaleros tildados de delincuentes, dedicados a actividades ilícitas y, por lo tanto, marginales económica, política y socialmente respecto

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a la región central del país. Aún más, el general Bedoya enfatiza que los cultivadores de coca son inmigrantes venidos de todas partes del país, a quienes los mañosos les prestan plata para sembrar, recoger y procesar la coca, y una vez les empiezan a cobrar "esta gente llegada de todas partes del país no tiene cómo responder y queda atrapada, secuestrada por las FARC, que la obliga a promover paros como los que estamos viendo", y sostiene que hay que mantener las medidas represivas y las zonas de orden público, "para proteger a la gente que es prisionera de la mafia. Son esclavos movidos como recuas por los terroristas de las FARC" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N 2 164, agosto 5/96: 18-20). De esta manera, se impide a los campesinos cualquier iniciativa y, aún más, se les compara con animales. Sibley (1995: 27) ha señalado cómo deshumanizar a través de la adscripción de atributos animales a los otros es una manera de legitimar su explotación y exclusión de la sociedad civilizada. A partir de estos marcadores de identidad impuestos a los cocaleros como grupo social, se representan como dominados y aún más secuestrados por las FARC, por lo cual se afirma que los campesinos "aceptan huir del acoso de las FARC con la ayuda del ejército", y así se empieza a forzar el desplazamiento de la gente del Guaviare hacia Villavicencio por parte de las fuerzas armadas. Este desplazamiento, sumado a la destrucción de cultivos y laboratorios, busca, según el general Bedoya, "dejar sin trabajo a cerca de 100.000 coqueros de Guaviare, Caquetá y Putumayo" y "cuando se les acabe el trabajo, tendrán que irse como llegaron porque, para citar el caso del Guaviare, ni el 2% de los habitantes nació allí. Nosotros estamos ayudando a trasladarlos" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N 2 164, agosto 5/96: 18-20). Es tal el desconocimiento y la invisibilidad de los antiguos pobladores de esta región, que el general Bedoya llega a afirmar que "hay sitios donde sembrar algo distinto a la

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coca es imposible. Así ocurre en el sur del Guaviare. Allí lo que hay que hacer es tratar de salvar esa selva que la narcoguerrilla está acabando con los químicos de la coca" (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, Cambio 16, N2 164, agosto 5/96: 1820). Se antepone así la recuperación de la selva amazónica, de acuerdo con el discurso hegemónico de preservación del medio ambiente, a la atención de los campesinos y recolectores de coca que insisten, con su movimiento, en develar un problema social regional, en contestación al problema judicial de ilegalidad que domina el discurso del Estado central, y exigen que se les escuche y se les reconozca como pobladores de la región, antes de ser tildados como narcotraficantes y subversivos. En este contexto de desconocimiento o reconocimiento distorsionado por parte del Estado central de los habitantes del Putumayo, Caquetá y Guaviare, la demanda central de los cocaleros es la de ser reconocidos como habitantes de la región interesados en su desarrollo y, por lo tanto, ser oídos y tenidos en cuenta cuando se traten problemas referentes a su región, como la erradicación de la coca. En palabras de los campesinos de la vereda Villanueva en la jurisdicción de Mayoyoque (Putumayo): Señores de Corpoamazonia, defensoría del pueblo, agricultura, cómo vamos a sobrevivir los campesinos si el gobierno todo nos fumiga; con los cultivos ilícitos, tamvién nos fumiga los lícitos. Prácticamente nos encontramos padeciendo de hambre. Nuestros pastos han sido fumigados junto con el plátano, la yuca, el maiz, el arroz. Nosostros los campesinos lo que queremos es aserie entender al gobierno que como ustedes tamvien somos humanos que tamvien somos colombianos que como ustedes tamvien tenemos hijos. La pequeña diferencia que ay entre sus hijos y los nuestros es que de sus hijos nunca escucharán decir tengo hambre como nosotros escuchamos a menudo de los nuestros después de la fumigación y lo único que podemos responder la cruda verdad que el Gobierno con todo

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acabó (Carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, Julio 26 1998. Transcripción ortográfica original e itálicas mías). Se hace evidente la asunción por parte de los habitantes de la Amazonia occidental de su condición marginal y es así como demandan al gobierno, en primera instancia, ser considerados como seres humanos y, después, como ciudadanos colombianos. Esta percepción de denigración, negación e invisibilidad va a atravesar el discurso cultural y político que se maneja en la región. Ser señalado como colono cocalero se convierte así en una categoría excluyente que genera resentimiento, por cuanto se les adscribe una identidad negativa como gente al margen de la ley, y como tal no se les adscribe un lugar dentro de la sociedad legal y, peor aún, cuando se les reconoce un lugar, se les rotula o categoriza como "auxiliares de la guerrilla" y, como tales, son objeto de violencia sistemática. Podemos afirmar entonces que la violencia del Estado, aunada a las crecientes exclusión, estigmatizadón y marginalización a las que han estado sometidos los habitantes de la Amazonia occidental por décadas, y a la importancia global que ha adquirido el cultivo de la coca en el marco de la guerra contra las drogas, crearon un movimiento social que demanda la presencia del Estado civil y alternativas económicas al cultivo de la coca concertadas con las comunidades. Esta afirmación se hace evidente cuando un líder del Putumayo explica cómo surge la necesidad de movilizarse, y pone de manifiesto el desconocimiento del cual fueron objeto por parte del Estado central antes de las marchas: [...] las comunidades se dirigieron por escrito, buscaron entrevista con el nivel central, pidiendo Presidencia, Red de Solidaridad, Ministerios del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, etc., sin que hayan encontrado eco o respuesta positiva a estas inquie-

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tudes, a estas manifestaciones de la comunidad y, en consecuencia, ante esta falta de diálogo, esta falta de entendimiento de recepción de la problemática por parte de la comunidad, ésta se vio prácticamente abocada a irse organizando en los distintos municipios para afrontar el problema desde otro punto de vista, y apuntaba fundamentalmente a movilizarse, a expresarse por distintos medios (entrevista a líder político en Mocoa, 1999).

Aun cuando el eje del movimiento cocalero de 1996 se centró en la búsqueda del reconocimiento por parte del Estado central del cultivo de coca como un problema social y económico, antes que ser tratado como un problema punitivo de carácter jurídico-legal como se venía haciendo, y así lograr un tratamiento no represivo del problema, los acuerdos que se firmaron se centraron alrededor de un listado de necesidades básicas en servicios de electrificación, infraestructura vial, salud, saneamiento básico y seguridad social, educación, vivienda, recreación deporte y cultura. Además se reiteraron los acuerdos suscritos en el paro cívico anterior. Se ha establecido como lugar común que la lucha por servicios públicos e infraestructura no estructura un movimiento social, y se habla de "listas de mercado" que no llevan a ninguna solución concreta, que se quedan en el papel y que no se cumplen, que desmovilizan los movimientos cívicos y los llevan a su desaparición. Esta mirada de corto alcance no permite entender qué se busca, más allá del reconocimiento por parte del gobierno, de estas necesidades básicas insatisfechas. Tanto Alvarez como Dagnino enfatizan que detrás de las demandas por infraestructura y servicios públicos, por parte de sectores excluidos, como es el caso de los habitantes de la Amazonia occidental, existe la expresión de la demanda del derecho a ser ciudadano. En palabras de Alvarez (1997: 109):

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[...] los movimientos sociales proveen a los excluidos política y socialmente con espacios públicos críticos y alternativos en los cuales ellos pueden re/construir identidades culturalmente estigmatizadas y aún más vilipendiadas y reclamar su "derecho a tener derechos" no sólo de servicios sociales, sino de dignidad humana, diferencia cultural y/o equidad social.

En el movimiento social de los cocaleros, los campesinos insistieron en demandar sus derechos o, incluso más, el derecho a tener derechos como ciudadanos colombianos "dignos", cuestionando su señalamiento como personas al margen de la ley, violentas y marginales. Así, se lee en una pancarta en Puerto Asís: "Vereda Alto Piñuña Blanco se une con fuerza y dignidad para exigirle al gobierno que respete y reconozca los derechos de los campesinos". Durante las marchas un campesino es entrevistado en el puente de entrada a Florencia (Caquetá) y aclara contundentemente; Nosotros no venimos con propósitos de causar desórdenes. Nosotros nuestro propósito, o el propósito que le he oído decir a todos los marchantes, es: venimos a redamar nuestros derechos, venimos a reclamar algo nuestro, nosotros no venimos a reclamar que no se haga la fumigación, si, de pronto esa es la interpretación que le han dado mucha gente, no. La mayoría, quizás todo el mundo está de acuerdo en que se acabe la coca, digámoslo. No es eso lo que estamos reclamando, que no se acabe la coca, sino que hayan garantías, que hayan formas de trabajar tanto en el campo como personas que están trabajando en el pueblo, personas, todo el mundo necesitamos nuestros derechos, entonces estamos reclamando es nuestros derechos (entrevista en el noticiero AM-PM. Itálicas mías).

En otra pancarta se expresa claramente: "Nosotros también somos colombianos. ¿Por qué tanto abandono? Necesitamos un

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mejor futuro para nuestros hijos. Merecemos ser escuchados". Un líder del movimiento, al referirse a la falta de inversión en el departamento, afirma: "¿O es que nosotros no tenemos cédula de ciudadanía así como la tienen ellos? La diferencia es que ellos [se refiere a la clase dirigente] son ladrones y nosotros somos humildes. Ésa es la gran diferencia, pero somos colombianos. Pero colombianos somos, y somos los que trabajamos" (discurso posterior a las marchas). Pedro Santana (1993: 249), al evaluar el papel de la clase obrera en la construcción de una sociedad democrática, concluye que se hace necesario que los trabajadores y sus organizaciones entiendan la nueva dinámica de los movimientos sociales, para lo cual deben dejar de verse sólo como trabajadores y considerarse ciudadanos. Añade que este cambio implicaría una nueva forma de relacionarse con los demás sectores subordinados. Mientras pareciera por esta afirmación que el reivindicarse como ciudadanos no se hace evidente en los movimientos obreros, es el eje para grupos marginales como el de los cocaleros. Aquí vale la pena anotar que para el caso concreto del Brasil, Dagnino (1998) busca entender cómo estos movimientos sociales han contribuido a resignificar las relaciones entre cultura y política en sus luchas democratizadoras, y arguye que la operacionalización de esta concepción alterna de democracia se lleva a cabo a través de la redefinición de la noción de ciudadanía y de su referente central, la noción de derechos ciudadanos. Lo que están demandando entonces estos nuevos movimientos sociales es la transformación radical de la institucionalidad política, es decir, la redefinición del significado y los límites de lo político. En síntesis, argumenta (1998: 50) que "la redefinición de la noción de ciudadanía, tal como es formulada por los movimientos sociales, expresa no sólo una estrategia política, sino una política de la cultura".

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EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA COMO ALTERNATIVA AL CONFLICTO

Se puede afirmar, entonces, que es a través de los movimientos cívicos que se hace visible la organización de la sociedad civil, y es a través de las mesas de negociación que se entablan entre los líderes del movimiento social y los representantes del Estado local o central, como el poder del movimiento es reconocido, y en nuestro caso, se reconoce a los cocaleros como habitantes -ya no migrantes- de esta región amazónica. En la negociación, este poder se confronta y se obliga al Estado a oírlos y tomar en cuenta las diferencias de perspectivas. En palabras de Mellucci (1993: 250), "la acción colectiva hace posible la negociación y el establecimiento de acuerdos, que, aunque transitorios, sirven como condición de una democracia política capaz de proteger a la comunidad contra el incremento de riesgos de un ejercicio del poder o de la violencia". Exigir mesas de negociación y firma de acuerdos se ha convertido en el Putumayo en una forma de ejercer la demanda de derechos ciudadanos, reconocimiento como movimientos sociales, en última instancia, de demandar su inclusión dentro de una democracia participativa promovida por el Estado, pero a la cual no han podido acceder, o de plantear nuevas formas democráticas y de ejercicio de la ciudadanía. Estamos entonces ante el florecimiento de una sociedad civil que se opone a las políticas del Estado, pero que a la vez demanda su participación en la planeación de las mismas, presiona y genera movimientos sociales, condición sine qua non de la democratización de la vida cotidiana. Entonces, podemos concluir señalando, como lo hacen Cohén y Arato (1994: 562), que [...] el éxito de los movimientos sociales a nivel de la sociedad civil no debe medirse en términos del logro de ciertos objeti-

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vos [en nuestro caso, los acuerdos firmados] o de la perpetuación del movimiento [en nuestro caso, el movimiento de los cocaleros], sino en términos de la democratización de valores, normas e instituciones afianzadas, en últimas, en una cultura política. Tal desarrollo no puede volver permanente a una organización o movimiento dado, pero puede asegurar la modalidad de movimiento como un componente básico de sociedades civiles en procesos de autodemocratización.

Aunque se ha sostenido que una condición necesaria de la democracia son espacios públicos independientes de las instituciones del gobierno, del sistema de partidos y de las estructuras del Estado (Melucci, 1993: 258), para el caso de la Amazonia occidental, y específicamente para el Putumayo, es evidente que hacer uso de espacios de participación ciudadana abiertos por el Estado se ha vuelto central en la lucha por mantener una autonomía como movimientos sociales y/o políticos. Una continuidad entre el Estado y la sociedad civil, en la que se establezcan relaciones de cooperación, antes que una autonomía de la sociedad civil frente al Estado, es lo que se vislumbra como una alternativa para el fortalecimiento de la sociedad civil en zonas de conflicto0. En palabras de los campesinos de la vereda Villanueva, jurisdicción de Mayoyoque (Putumayo):

3

Ana María Bejarano (1995), en su artículo "Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político, una nueva mirada conceptual", sostiene que para consolidar un régimen democrático se hace necesaria "la existencia simultánea de una sociedad fuerte y un Estado fuerte, enfrentados el uno al otro, en una relación caracterizada por la tensión permanente, pero también por el mutuo control, la negociación y el acomodamiento". Aun cuando la negociación y el consenso son enfatizados como forma de relación, es condición la fortaleza de los dos al enfrentarse, lo cual no se cumple para el caso de la sociedad civil de la Amazonia occidental, cuyo fortalecimiento depende del apoyo del Estado.

ti46;

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Los campesinos no pedimos que no fumiguen, lo que nosotros queremos es que el gobierno entienda nuestras necesidades, que por favor, antes.de combatir o en otras palabras erradicar cultivos ylicitos nos den primero alternativas de trabajo a nuestra comunidad. Se pregunta en que quiere convertir el gobierno nuestro país con la fumigación. Lo único que el Gobierno esta consiguiendo es que aumente el hambre y la violencia porque todos podemos entender que si ay hambre hay desesperación y un pais desesperado por el hambre desde luego que traerá violencia (carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, julio 26,1998. Transcripción ortográfica original y subrayado mío).

Los cocaleros demandan la presencia del gobierno en la región, mostrando su deseo de ejercer la democracia participativa antes que tomar las armas. Es así como el respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida son también temas centrales de los movimientos cívicos que se gestan durante la presente década. En otra pancarta del movimiento de los cocaleros, se lee: Exigimos solución a los problemas de los campesinos del Putumayo. Queremos la paz. No a la incrementación de la violencia, no a la violación de los derechos de los colombianos (Piñuña Negro). ¿Por qué matas la vida? Dios nos la dio. ¿Qué haces para respetarla? Déjanos vivir6.

"Llamar al Estado al rescate de la sociedad civil" (Walzer, 1991:125) se convierte así en una demanda central en el con-

6

En 1990 se establece, por medio de la Ley 03 de 1990 y por Acuerdo dictado por el Concejo Municipal, el primer Comité de Derechos Humanos en Puerto Asís, conformado por 17 instituciones, del cual fue coordinador uno de los líderes del Movimiento Cívico.

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Henry Salgado Ruiz PROCESOS Y ESTRATEGIAS SOCIO-ORGANIZATIVAS EN EL GUAVIARE

PRESENTACIÓN

Las marchas cocaleras de ios meses de junio y julio de 1996 en regiones del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y el sur de Bolívar suscitaron de nuevo muchos interrogantes frente a los movimientos sociales. ¿Cómo explicar la movilización de más de 200.000 personas en zonas de economía cocalera? ¿Qué factores subjetivos y objetivos generaron esta masiva movilización? ¿En la base de estas movilizaciones está la exigencia por la apertura de canales de participación política y de soluciones socioeconómicas a los campesinos que viven en las zonas de colonización? ¿Fueron las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos y las medidas de control de insumos para el procesamiento de pasta básica de cocaína, emitidas por el gobierno de Samper, las que provocaron ipsofacto la reacción masiva? ¿Fueron los campesinos obligados a movilizarse por el movimiento insurgente? ¿Las marchas campesinas obedecen a procesos organizativos que los campesinos vienen tejiendo desde tiempo atrás? Cómo explicar este fenómeno social a partir no sólo de lo visible, de lo presente y activo -de lo que estaba sucediendo en cada una de estas zonas y de lo que los medios de comunicación estaban registrando diariamente-, sino también del estudio de lo no visible, de las dimensiones socioculturales y políticas que

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posibilitaron el movimiento social: estudio de las redes sociales preexistentes, de las construcciones discursivas, de las orientaciones de la acción, de los lazos de solidaridad. Para poder acercarnos a estas dimensiones no visibles de las movilizaciones en zonas cocaleras, en el Instituto Colombiano de Antropología -ICAN- tomamos la decisión de estudiar las características de este evento en la parte occidental de la región amazónica. Decidimos adentrarnos en el estudio de las redes sociales y procesos organizativos en los departamentos del Putumayo, Guaviare y Caquetá. Para este III Encuentro del Observatorio Sociopolítico y Cultural del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, he querido centrarme en el Guaviare y exponer las dinámicas organizativas que están en la base de las marchas cocaleras de 1996. Sin duda alguna, tratar de explicar lo que había acontecido en este departamento no era fácil. Cuando emprendí el intenso trabajo de campo en la zona, comencé a revisar también las diferentes teorías existentes en torno a los movimientos sociales. ¿Podría explicar la movilización social ocurrida en esta zona de colonización guiado por las perspectivas conductistas (Smelser, 1963; Gurr, 1970) que presentan a la acción colectiva y a los individuos como elementos marginales y negativos y a la movilización como un fenómeno disfuncional impulsado por las frustraciones y las subsecuentes agresiones nacidas de la privación a que son sometidos los colonos por el distanciamiento, la soledad y precariedad económica propia de las zonas de frontera? El modelo de Smelser y Gurr evidentemente me limitaba para interpretar los complejos sucesos sociales que se han tejido en la región amazónica y, de manera específica, en el departamento del Guaviare. Afirmar de manera simple que toda acción colectiva es anormal y disfuncional frente al "orden social establecido" era ob-

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viar, sin responder, los interrogantes planteados por las teorías sociales fundadas en conceptos como las clases o las categorías sociales (Muñera, 1998: 28) y, a su vez, esquivar los problemas relacionados con la estructura de tenencia de la tierra y los procesos históricos que crearon las condiciones críticas y difíciles que en la actualidad enfrentan los pobladores de las zonas de colonización. Tampoco consideré como pertinente el modelo interpretativo sugerido por Olson (1968), quien explica la acción colectiva desde la lógica de la racionalidad económica. Para este autor, a diferencia de Smelser y Gurr, las revoluciones y otras formas de acción "colectiva" no son motivadas por sentimientos psicológicos de privación o de interés en relación con fines sociales; para él, sólo la expectativa de un provecho particular da motivos a los individuos para comprometerse políticamente. Como anotan Dalton, Kuechler y Bürklin (1992: 26), se trata de un modelo de elección racional del actor, en el cual los individuos no participarán en amplias acciones colectivas, a menos que los "beneficios" esperados superen los "costos" de su participación. De no ser así, la persona racional se abstendrá y obtendrá sin esfuerzo los beneficios colectivos. Este modelo interpretativo exige trabajar con el concepto de racionalidad económica capitalista y centrarse en el estudio de las gratificaciones económicas y políticas individuales. Con este modelo teórico hubiera perdido de vista cualquier noción que haga referencia al altruismo o al beneficio social colectivo y, además, hubiera ignorado, por el predominio de una mirada unidimensional y económico-instrumental, las múltiples lógicas discursivas e ideológicas que han nacido en los nuevos espacios sociales y culturales de la Amazonia. El interés de la investigación estaba centrado fundamentalmente en examinar la acción colectiva que había tenido lugar en la Amazonia occidental, y en relacionarla de manera directa con los discursos ideológicos y las redes sociales preexistentes

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en el área. En este sentido, y asumidas como herramientas, aproveché las diferentes teorías que coinciden en señalar que la acción colectiva comienza no sólo por organizaciones, sino por grupos, redes o cadenas informales de personas que tienen relaciones entre sí, que no son individuos aislados, sino que forman redes sociales y que empiezan desde allí a construir determinadas orientaciones discursivas y de sentido y a generar formas diferentes de entenderse (Melucci, 1993; 1996; Escobar y Alvarez, 1992). En esta búsqueda teórica sobre movimientos sociales me apoyé, además de Melucci, Escobar y Alvarez, en autores como McCarthy, McAdam y Zald (1996), quienes desde la teoría de la movilización por recursos y las perspectivas de la construcción de identidades políticas proporcionan un valioso marco conceptual para el estudio de los movimientos sociales. Estos autores obligan a centrar la atención en las organizaciones que le dan sentido y dirección al movimiento social, y subrayan la importancia de la iniciativa individual en la creación y conducción de dichas organizaciones. Tomando como marco de referencia teórica a los mencionados autores, he querido demostrar en esta ocasión que las marchas campesinas que han tenido lugar en el Guaviare -fundamentalmente los éxodos de 1985 y 1986 y las marchas cocaleras de 1995 y 1996- son la punta del iceberg de procesos organizativos dinamizados desde tiempo atrás por líderes agrarios de orientación comunista. Demostraré que a la natural vocación colectiva y asociativa de los colonos del Guaviare, es necesario agregarle la experiencia de líderes campesinos que desde la lucha por la tierra han recogido la ya larga trayectoria organizativa agraria del Partido comunista, y que bajo la orientación política y organizativa de estos líderes se impulsó y consolidó una organización sindical que, al tiempo que defendió los intereses gremiales de los pequeños agricultores del Guaviare, se constituyó en una autoridad política que cubrió el déficit de representatividad institucional del

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Estado y conquistó la legitimidad social de sus objetivos y medios de acción. DE LA ORGANIZACIÓN POR NECESIDAD A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO GREMIAL DE LOS CAMPESINOS

El Comité de colonos: de la alianza por necesidad a la organización político gremial

Las primeras formas organizativas de los campesinos-agricultores del Guaviare surgieron en el marco propio de las necesidades que enfrentaron en su proceso de asentamiento. La familia fue, sin lugar a dudas, un espacio de sociabilidad inicial importante y la que aportó los primeros brazos para "domesticar" la selva, pero el encuentro con los vecinos abrió nuevas posibilidades y esperanzas. Estos niveles de apoyo doméstico y de intercambio de mano de obra con sus pocos vecinos constituyeron el primer germen organizativo en el Guaviare. Las alianzas se daban en el marco de las necesidades propias de los nuevos asentamientos

humanos. Estos primeros vínculos y la llegada paulatina y progresiva de más población fueron constituyendo los primeros lazos de solidaridad y, con ello, la construcción de nuevos discursos y sentidos, nuevas formas de decir, de hacer y de entenderse (Melucci, 1993, 1996; Escobar y Alvarez, 1992). Estas primeras alianzas entre colonos, no obstante, no se transformaron inmediatamente en instancias organizativas formales. Cuando se estaban fortaleciendo las solidaridades entre los colonos y estaban emergiendo las primeras organizaciones de carácter comunitario-veredal, la coca emergió en el contexto guaviarense como un cultivo que retrasó de manera significativa las dinámicas organizativas y desestructuró algunas relaciones de parentesco y compadrazgo que habían surgido en el desarrollo de los primeros asentamientos.

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El trabajo organizativo en contextos sociales y agrarios en donde empezaban a predominar los cultivos ilícitos no fue sencillo. Los líderes que se formaron en el marco de las primeras urgencias de los colonos, así como líderes de orientación comunista que ingresaron al Guaviare a comienzos de los años ochenta, tuvieron que trabajar muy duro para restablecer las solidaridades y crear formas organizativas de mayor alcance. La primera instancia organizativa de carácter interveredal surgió en Calamar en 1981. Se le denominó Comité de Colonos o Comité Cívico-Campesino1. En esencia, se trataba de un trabajo organizativo orientado a generar cohesión comunitaria, a promover la organización político-gremial de los campesinos y a crear las bases sociales y políticas que le darían el soporte y la continuidad a dicha organización. Pese a la corta vida del Comité de Colonos (1981-1983), es necesario señalar que fue a través de esta dinámica organizativa que se logró reactivar en muchos campesinos su pasado de lucha y liderazgo y se empezó a tejer una identidad política y social en los campesinos del Guaviare, inicialmente en La Libertad y Calamar y posteriormente en Miraflores. Con un trabajo continuo y sistemático, el Comité de colonos logró conquistar la simpatía de muchos de los campesinos de la zona y, además, identificar líderes comunitarios que empezaron a ejercer un rol central en sus veredas y a ser interlocutores fundamentales de los líderes agrarios fundadores del comité. En rigor, se puede afirmar que en el transcurso de dos años los líderes agrarios del Guaviare pudieron construir las bases sociales y políticas para impulsar y organizar un ente organizativo de mayor alcance y de carácter político-gremial.

Entrevista con Roberto Castro, Calamar, octubre 31 de 1998.

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CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-GREMIAL DE LOS CAMPESINOS DEL GUAVIARE

El SINPAG; Organización gremial y política de los campesinos

Con el Comité de Colonos, los líderes agrarios empezaron a construir las bases sociales y políticas que le darían vida y continuidad al Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare, SINPAG, una de las organizaciones más fuertes y de mayor incidencia en los procesos sociales y políticos que han tenido lugar en el Guaviare desde 1983 hasta 1998. Se trataba de un sindicato que al tiempo que buscaba representar los intereses gremiales de sus asociados, impulsaba objetivos y acciones de carácter político. Para comprender la relación existente entre una organización formada para dinamizar procesos sociales de carácter reivindicativo y gremial y el modo de acción política de sus líderes, Offe anota lo siguiente: "Una exigencia mínima para poder calificar de 'político' un modo de actuar es la de que su autor pretenda de alguna forma explícitamente que se reconozcan como legítimos sus medios de acción y que los objetivos de la acción sean asumidos por la comunidad amplia"2. Desde el trabajo comunitario iniciado con el Comité de Colonos los líderes agrarios comenzaron a formar en las veredas núcleos organizativos integrados por personas con carisma o de reconocido prestigio en sus veredas. Estos núcleos veredales3 tenían la misión de ampliar la base social de apoyo de la organización y ganar el respaldo político de los líderes naturales de la

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Claus Offe (1990: 175). Adaramos que la denominación de núcleos veredales no hace referencia a una instancia formalmente existente dentro de la estructura del Comité de colonos o del SINPAG; es la manera como en este trabajo interpretamos un modo de acción político-organizativo que ha tenido lugar en la región. 3

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región. Los campesinos que asumieron este rol en las veredas se constituyeron en verdaderos líderes políticos y gremiales del campesinado. En estos líderes campesinos los directivos sindicales depositaron diversas responsabilidades: constituir y fortalecer las juntas de acción comunal, ser interlocutores frente a las autoridades estatales (corregidores, inspectores de policía) y militares, y en la mayoría de los casos, asumir la vocería política de la Unión Patriótica (UP) y la puesta en marcha de la estrategia política veredal de este movimiento político: las Juntas Patrióticas. SlNPAG; autoridad política de la región

Desde su nacimiento, el SINPAG se asumió y fue reconocido como una autoridad. Pese a que se definía como una organización gremial organizativa, desde sus inicios comenzó a cumplir funciones de Inspección de Policía. Al sindicato llegaban las personas a resolver sus problemas personales, de pareja, de linderos de tierras. Los campesinos preferían a los directivos del sindicato como intermediarios para resolver sus problemas; muy raras veces la gente acudía al corregidor, que era la autoridad estatal de los años ochenta. Los campesinos del Guaviare encontraron en el SINPAG un espacio para exponer sus problemas, sus quejas, sus conflictos interpersonales, sus anhelos, sus sueños. Se trata de personas que, cansadas de hablarle a un Estado inexistente -un ente invisible y/ o con oficinas mal dotadas, sin presupuesto y con bajo o nulo nivel operativo-, optaron por acoger como autoridad a la organización sindical. Ésta empezó a jugar las veces de Estado local y de organización gremial. El sindicato se constituyó en la institución que tenía la capacidad de ejercer en nombre de la comunidad los controles, la representación frente a las autoridades locales y regionales y la defensa de los derechos de los campesinos.

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El SINPAG fue visto por los colonos como una organización que supo dimensionar la problemática campesina en contextos agrarios donde predominan los "cultivos ilícitos", y que asumía la vocería para argumentar y defender sus derechos ante las autoridades estatales locales, regionales e incluso nacionales. El SINPAG entró en el Guaviare a llenar el gran vacío que el Estado ha dejado en estas zonas de colonización, y cubrió con su presencia el déficit de representatividad institucional existente4. Los líderes sindicales no sólo trabajaban con los campesinos hombro a hombro en la resolución de sus problemas más inmediatos; también mostraron la capacidad de ser interlocutores válidos e informados frente a las autoridades estatales civiles y militares. Se trataba de personas que tenían la destreza de manejar varias gamas y formas del lenguaje. Cuando dialogaban con las comunidades predominaba un manejo de códigos lingüísticos propios de los campesinos; cuando se sentaban en una mesa de negociaciones con funcionarios del Estado utilizaban códigos lingüísticos mucho más elaborados. Este manejo de formas y espacios de la comunicación nos muestra que se trataba de líderes que dominaban diferentes campos culturales, para expresarnos en términos de Bourdieu5, y que a partir de este dominio de los campos lograban traducir los significados, valores y normas de un lenguaje a otro, seleccionar los contenidos de un idioma local para usarlos en otro. Paulatinamente, el SINPAG fue construyendo en el Guaviare su propia legitimidad. Los líderes con sus acciones y discursos fueron "explicando" los objetivos planteados por la organización

4 Para ampliar el concepto de déficit de representatividad, véase la introducción del libro de Daniel Pecaut (1989). 5 Para Bourdieu, un campo lo constituyen dos elementos: la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación. Véase Bourdieu (1988), especialmente el capítulo IV "La dinámica de los campos" y García Canclini (1990).

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y ganando consenso en torno a los medios requeridos para lograr el éxito de los propósitos perseguidos. Apoyados en los análisis fenomenológicos, podemos plantear que el SINPAG fue tejiendo en la comunidad del Guaviare -de manera específica en Calamar, La Libertad y Miraflores- un modo de interpretar la realidad social y de actuar para transformarla. Progresivamente, los campesinos que apoyaban al SINPAG fueron comprendiendo por qué se debía realizar una acción y no otra y por qué las cosas eran lo que eran6. Los directivos sindicales trabajaron de manera continua y constante en torno a la validación social de sus medios de acción y de los objetivos perseguidos por esas acciones. Se trataba de acciones y prácticas discursivas que se validaban básicamente a partir de tres estrategias, a saber: 1. Reflexión comunitaria cotidiana sobre los más relevantes problemas de la región (campañas de sensibilización y concientización campesina). 2. Crítica permanente a la precariedad del Estado en la región y su incapacidad y falta de voluntad política para resolver los problemas prioritarios identificados (prácticas discursivas orientadas a erosionar de manera progresiva la lábil legitimidad existente del Estado en la región). 3. La promoción y dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales como único recurso campesino para ser escuchados y canalizar las múltiples tensiones sociales presentes en esta región. 6

Berger y Luckmann (1995: 122) arguyen que la legitimación no sólo indica al individuo por qué debe realizar una acción y no otra, sino que también le indica por qué las cosas son lo que son. Para estos autores, la legitimación involucra tanto el elemento cognoscitivo como el elemento normativo. Al respecto Berger y Luckmann dicen: "La legitimación 'explica' el orden institucional atribuyendo validez cognoscitiva a sus significados objetivados. La legitimación justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos".

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Con la implementación de estas estrategias, el SINPAG ganó mayor audiencia y amplió de manera significativa su base social y política de apoyo. Muchos campesinos encontraron allí una entidad que representaba sus intereses; sin embargo, el discurso políticogremial impulsado por los líderes agrarios no tuvo un apoyo irrestricto ni homogéneo. Para otros campesinos y personas vinculados al comercio o al sector educativo, el SINPAG era una entidad con marcados matices de autoritarismo. Aunque se reconocía el rol central de autoridad que ejercía el sindicato, no se estaba de acuerdo con directrices emanadas de los líderes sindicales y, sobre todo, con el modo de actuar que asumieron algunos líderes veredales. El poder que les fue atribuido a estos líderes agrarios fue en muchas ocasiones ejercido de manera autoritaria, llegándose incluso a cometer abusos y arbitrariedades que hirieron susceptibilidades personales y crearon terrenos en donde prosperaron rencores y profundos desafectos y/o indiferencia hacia cualquier propuesta organizativa. Aunque ésta no fue una actitud generalizada de los líderes veredales del SINPAG, si afectó su avance en algunas veredas. Sin embargo, los días del SINPAG en Miraflores, Calamar, La Libertad y El Retorno estaban contados. El ejercicio de autoridad ejercido por el SINPAG fue rápidamente perseguido por las Fuerzas Militares. Luego de acusar a los directivos del SINPAG de ser guerrilleros y/o auxiliadores de la guerrilla, la Vil Brigada del Ejército Nacional comenzó una fuerte persecución contra todos los directivos y asociados del sindicato. Esto provocó el refugio y la salida de la región de algunos líderes del sindicato y un cambio sustantivo en la estrategia organizativa. El SINPAG se vio obligado a ejercer sus funciones de manera clandestina y empezó a fortalecer el trabajo desde (y con) las juntas de acción comunal.

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El SINPAG y su trabajo organizativo desde el movimiento comunal

Luego de la fuerte arremetida que emprendió la Vil Brigada contra los líderes agrarios del Guaviare, el SINPAG se vio obligado a ejercer sus funciones de manera clandestina y empezó a fortalecer su trabajo desde las juntas de acción comunal. Para algunos líderes, la fuerte represión militar estaba provocando una involución en el proceso organizativo de los campesinos del Guaviare. El salto significativo del Comité de Colonos al SINPAG parecía devolverse. Sin embargo, luego de intensas y acaloradas discusiones entre los líderes agrarios, se tomó la decisión de crear la Junta Central (1984), que reunía todas las juntas de acción comunal de Calamar. Esta Junta Central conservó los principios políticos y gremiales del SINPAG y se encargó de orientar y promover la creación y consolidación de las juntas de acción comunales, y de la canalización de los contratos con entidades estatales como el PNR, que para esa época empezaba a tener presencia en la región. Sin embargo, es necesario anotar que si bien la Junta Central fue "la madre del movimiento comunal", ésta no tenía el control sobre todo el proceso de expansión de las juntas de acción comunal (]AC) en el Guaviare. De hecho, como se señaló anteriormente, algunos líderes de la región habían generado en determinadas veredas cierta aversión hacia el discurso de orientación comunista y sobre todo a las prácticas autoritarias que se habían impuesto. Esto posibilitó, en cierta medida, la inserción de los partidos políticos tradicionales en muchas de las veredas y la toma por parte de éstos de algunas juntas directivas comunales. Con la creación de las juntas de acción comunal, entonces, el SINPAG pudo continuar su proceso organizativo, aunque esta vez compartido y disputado con otras orientaciones políticas e ideológicas.

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Las personas que estaban vinculadas desde el Comité de colonos, en lo que hemos denominado en este trabajo los núcleos veredales, tuvieron durante los procesos organizativos jalonados desde las juntas de acción comunal un intenso y arduo trabajo, pues en estos núcleos recayó buena parte del trabajo ideológico y político. Estaba en sus manos volverse a ganar la confianza de los líderes naturales, quienes, ya sea por pragmatismo o por reacción frente a las prácticas autoritarias adelantadas por los líderes agrarios, habían decidido acercarse al accionar politiquero de los partidos tradicionales. Estos núcleos veredales tenían en sus manos la tarea de evitar una fragmentación del movimiento comunal y de darle a éste el alcance de fuerza social, gremial y política con capacidad de interlocución frente al Estado y otros sectores sociales. LOS NÚCLEOS VEREDALES, UNA ESTRATEGIA POLÍTICA Y ORGANIZATIVA

Estrategia de cuadros y combinación de las formas de lucha

Desde que se empezó a estructurar el Comité de Colonos, los líderes de orientación comunista que arribaron al Guaviare a comienzos de los años ochenta emprendieron la tarea de identificar a los líderes de las veredas y a organizar en ellas núcleos de personas que estuvieran de manera permanente al frente de las tareas propias del proceso político-organizativo que se estaba impulsando en el Guaviare. Se trataba de la estrategia leninista de "conformación de cuadros", consistente en identificar y comprometer a las personas más sobresalientes de las veredas, para impulsar procesos organizativos. Si bien, como vimos anteriormente, fue el SINPAG el que fomentó políticas orientadas a la sensibilización y concientización campesina, a la erosión de la legitimidad estatal existente en la región y a la dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales, es necesario señalar que fue en los núcleos veredales en donde recayó buena parte de este trabajo. Este trabajo político-ideológico estuvo centrado más en la práctica que

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en el discurso. Trabajando hombro a hombro con los campesinos, los líderes agrarios de la región fueron ampliando su radio de influencia ideológica y ganando amigos y partidarios. La experiencia sindical y política de los líderes agrarios del Guaviare les había enseñado a darle prioridad a la práctica por encima de los discursos teóricos. Uno de los problemas más serios que tuvieron que enfrentar los líderes agrarios del Guaviare fue el de diferenciar ante el gobierno y la opinión pública sus acciones político-organizativas de las acciones político-militares del movimiento insurgente. Este trabajo, sin duda alguna, no era sencillo, ya que tanto nacional como regionalmente el Partido Comunista venía hablando de la combinación de las formas de lucha. El problema que enfrentaban los líderes, entonces, no era tanto de orden ideológico, ya que para ellos la táctica de la combinación de las formas de lucha era la consecuencia de la violencia desatada desde los años cuarenta y cincuenta contra los campesinos y los sectores populares. De hecho, una de las iniciativas que impulsaron los líderes agrarios del Guaviare, tanto desde el Comité de Colonos como desde el SINPAG, fue la dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales. La experiencia de lucha agraria y sindical les había enseñado que recurriendo a los mecanismos formales de petición establecidos por el Estado no iban a lograr nada. Frente a un escenario de promesas nunca cumplidas y de creciente incredulidad, las acciones extrainstitucionales fueron cada vez más recurrentes, y fueron conquistando de manera paulatina y creciente su legitimidad social. Parafraseando a Rolf Schroers en su documento referido a la situación de los partisanos, los líderes del Guaviare nunca han tenido problema en probar ilegalmente la validez del derecho recusado7.

RolfSchoroes(1962:48).

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Sin embargo, sí estaba en el interés de estos líderes agrarios el que los medios usados para la conquista de sus objetivos político-organizativos fueran diferenciados de los medios militares empleados por los guerrilleros de las FARC. Pese a considerar plausible y legítimo el recurso a la lucha armada como una vía para la defensa de los derechos de los campesinos, los líderes agrarios estaban interesados en mostrar que sus planteamientos ideológicos no los convertían ipso facto en guerrilleros. Una cosa era compartir en la esfera de las ideas políticas la necesidad de la lucha armada en esas regiones, y otra muy diferente la pelea cotidiana que tenían que dar los líderes agrarios para que su trabajo político-organizativo no fuera subsumido por las dinámicas de la guerra. No fue sencillo para los líderes agrarios del Guaviare ganar espacios políticos frente a las fuertes tendencias militaristas que paulatinamente se fueron afianzando en la región. Su trabajo político-organizativo impulsado de manera clandestina y cerrada desde los núcleos veredales, concomitante con su trabajo amplio de organización sindical y de fortalecimiento del movimiento comunal, los fue posicionando políticamente en la región. Tal fue el grado de autoridad política adquirida que, como lo vimos anteriormente, el SINPAG se constituyó rápidamente en una autoridad política de la región, y sus líderes, en interlocutores inevitables tanto para las autoridades estatales como para el rnovimiento insurgente. Progresivamente, las FARC empezaron a validar y reconocer el trabajo político que se estaba adelantando en la región. Este nivel de respaldo de parte del movimiento insurgente de las FARC hacia las organizaciones político-gremiales de los campesinos del Guaviare fue un proceso ganado paulatinamente por los líderes agrarios. Como lo reconocen algunos líderes de la región, fue necesaria una serie de reuniones en donde, al tiempo que se intercambiaban ideas políticas, se explicaban los

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horizontes perseguidos por las acciones de carácter políticoorganizativo impulsadas desde el Comité de Colonos, inicialmente, y, posteriormente, desde el SINPAG y las juntas de acción comunal. En esta relación, los núcleos veredales jugaron el papel de bisagras entre el movimiento insurgente y las organizaciones político-organizativas del campesinado guaviarense. Por una parte, en el seno de los núcleos veredales se maduraban ideales comunistas y se impulsaban acciones colectivas y, por otra parte, eran éstos el escenario social por excelencia en donde se formaban y afianzaban los mejores cuadros políticos que se iban a dedicar a la guerra o a la política activa8. Eran, para expresarnos en los términos de Cari Schmitt, "la escuela donde se formaban los partisanos"9. Del trabajo político-organizativo a la ocupación de los espacios políticos institucionales

El trabajo político-organizativo adelantado por líderes agrarios del Guaviare, tanto desde el Comité de Colonos y del SINPAG,

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Cuando decimos que los núcleos veredales eran una escuela de cuadros políticos que se iban a dedicar a la guerra o a la política activa, no estamos afirmando que allí se impartiera adiestramiento militar, sino que se formaban cuadros políticos que en muchas ocasiones tomaban la decisión personal de vincularse al movimiento insurgente. Cuando esto ocurría, estas personas ingresaban a las FARC como "cuota del Partido". Así se les denomina a los guerrilleros formados política e ideológicamente por el Partido Comunista. 9 En un esfuerzo por definir al partisano, Cari Schmitt (1963: 123) anotaba; "El partisano combate dentro de una formación política y justamente el carácter político de sus acciones valoriza el significado originario de la palabra partisano. En efecto, este término deriva de partido y remite al vínculo con una parte o con un grupo de algún modo combatiente, ya sea en guerra, ya en política activa. Los vínculos con un partido de esta naturaleza se vuelven particularmente fuertes en épocas revolucionarias".

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como desde el movimiento comunal, se centró fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en las veredas de la región. En estos espacios socioculturales fue donde implementaron su "estrategia de cuadros", a través de la creación de lo que hemos denominado los núcleos veredales, y en donde tuvieron que relacionarse de manera directa e inevitable con el movimiento insurgente. Decimos inevitable, ya que fue y ha sido en las veredas en donde se desenvuelve la vida cotidiana del movimiento insurgente. Si bien su presencia no se da en todas las veredas ni son éstas los sitios de residencia de los guerrilleros(as), el nivel de relación entre los pobladores de las veredas y el movimiento insurgente es permanente. Los guerrilleros(as) acuden a las veredas, entre otros aspectos, a adquirir artículos de consumo, a dialogar con sus amigos y amigas, a entrevistarse con los líderes de las juntas de acción comunales, a participar en las reuniones comunitarias, a resolver conflictos interpersonales y de pareja y a dar orientaciones de carácter político e ideológico10. Los líderes agrarios de la región estaban permanente movilizados por la idea de no ver limitadas sus luchas y reivindicaciones a lo estrictamente gremial-comunitario. En el imaginario político de estos líderes, el trabajo puntual y reivindicativo adelantado en las veredas a través de las juntas de acción comunales, y el trabajo interveredal y de alcance regional dinamizado desde el SINPAG, eran significativos en la medida en que tuvieran una dimensión política. Para estos líderes la acción local no podía estar desligada del desarrollo local y regional. Esta perspectiva integral de la acción fue parte fundamental del pensamiento que se reproducía en y desde los núcleos veredales. Allí

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Es necesario tener presente que el movimiento insurgente es la autoridad político-militar de municipios como Miraflores y Calamar, y de un significativo número de veredas de El Retorno y San José del Guaviare.

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se empezaron a formar campesinos que tuvieran, además de sus aspiraciones socioeconómicas, aspiraciones políticas. Se buscó de manera permanente que las campesinos contemplaran la posibilidad política de ser ellos mismos los conductores de su propio desarrollo. Esta idea era parte de la orientación políticaideológica que los líderes agrarios impartían desde sus diferentes instancias organizativas. Este tipo de argumentos políticos empezaron a cobrar mayor fuerza desde la administración de Belisario Betancur (19821986). Durante este gobierno se empezó a impulsar un proceso de diálogo y negociación con el movimiento insurgente -que ofrecía amnistía y ayuda a los antiguos guerrilleros y reforma política y creación de espacios democráticos para el debate y la concertación-, y además se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, como mecanismo complementario, orientado a solucionar los problemas socio-económicos de las regiones marginadas. Para los líderes del Guaviare este momento político creó condiciones especiales y favorables para continuar, esta vez con mayor ímpetu, su proselitismo político. Aprovechando el trabajo organizativo que venían impulsando desde 1981 con el Comité de colonos y contando con el apoyo de líderes naturales y copartidarios que estaban al frente del SINPAG y de las juntas de acción comunales, algunos líderes agrarios de orientación comunista se dedicaron de forma exclusiva al trabajo político, se dieron a la tarea de empezar a difundir y proponer ideas sobre lo que entendían por la paz para la región. Para ellos, la solución del conflicto armado presuponía el logro de objetivos políticos relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la promoción del desarrollo. Este trabajo político lo adelantaron los líderes agrarios del Guaviare de la mano con las FARC, quienes venían negociando con la administración Betancur un cese al fuego y firmaron el acuerdo de tregua con el gobierno en La Uribe (Meta), el 28 de marzo de 1984.

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En el marco de la tregua, que entró en vigencia dos meses después de firmado el acuerdo, las FARC lanzaron la idea de la creación de la Unión Patriótica (UP) como una propuesta que buscaba aglutinar a los diferentes sectores inconformes del país que no estuvieran de acuerdo con la dinámica de los partidos tradicionales y quisieran luchar por "la defensa de la nacionalidad, de la soberanía y de la independencia de Colombia, por la reforma política de las costumbres políticas viciadas, por la defensa de los derechos cívicos, por la ampliación de la democracia, por la paz con justicia social"11. En el Guaviare fueron muchos los líderes que se vincularon a esta iniciativa política de las FARC. Encontraron allí un terreno abonado para continuar trabajando por la concreción de sus ideales. Desde este movimiento, además de luchar por las reivindicaciones propias de la región, estos líderes se convirtieron en actores políticos que empezaron a opinar sobre los grandes problemas del país. La principal forma organizativa creada por la Unión Patriótica para impulsar su trabajo político fueron las Juntas Patrióticas. Estas Juntas Patrióticas fueron impulsadas y puestas en marcha rápidamente en el Guaviare. A ellas se unieron no sólo los líderes agrarios de orientación comunista, sino también líderes naturales de la región y personas que venían trabajando de manera clandestina desde los núcleos veredales, y cuya presencia y participación en las asambleas comunitarias se había caracterizado, para expresarnos en términos académicos, por ser de bajo perfil. A este espacio también concurrieron personas que estaban ligadas al movimiento insurgente, pero que por razones de orden político y personal encontraban en las juntas la posibilidad de retirarse del mundo de las armas y vincularse al trabajo político-organizativo con la comunidad.

José Arizala (1989: 160).

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ÉXODOS Y MARCHAS CAMPESINAS

Como se ha observado, desde comienzos de los años ochenta en el Guaviare se han impulsado procesos organizativos de significativa importancia, a partir de los cuales podemos interpretar las acciones colectivas que allí han tenido lugar. Se trata de éxodos o marchas campesinas orientadas todas a exigir solución a los múltiples problemas socioeconómicos y políticos que enfrentan los pobladores de la región. En 1985 la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Guayabero y el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare impulsaron y lideraron la primera gran marcha de campesinos hacia San José del Guaviare. Ésta fue provocada por un proceso agudo de militarización de La Carpa y La Macarena y fue canalizada por sus líderes para exigir vías de comunicación, escuelas, centros de salud, etc., es decir, para levantar un pliego de peticiones en donde se consignaron todas las necesidades inherentes a las zonas de colonización, una "verdadera lista de mercado", como lo expresaría años después uno de los líderes de la protesta. Un año después, la asociación de juntas y el sindicato promueven de nuevo una segunda gran marcha, esta vez para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados el año anterior. Como protesta, los pobladores del Guaviare llenaron de maíz, yuca y plátano la iglesia, los colegios y escuelas de San José. Se trataba esta vez de protestar contra una de las promesas del gobierno, que consistía en que el Idema se encargaría de comprar la producción campesina de la región. Finalmente, estos productos se perdieron y la gente regresó a sus fincas con el cansancio de la marcha y con algunos problemas solucionados. La adecuación de algunos puestos de salud, la creación de un internado en Calamar y creación de escuelas en algunas veredas fueron puntos conquistados, pero aún continuaban con su problema

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mayor: cómo sustituir los cultivos ilícitos y crear un bienestar campesino en el Guaviare. Este problema aún permanece sin solución. En 1988 la movilización campesina fue para solicitar el levantamiento de la Reserva de la Macarena y garantizar la consolidación de una colonización que hacía presencia allí por espacio de más de una década. Una y otra vez los colonos han marchado a sus cabeceras municipales para exigir solución a sus demandas. Las últimas marchas (1995 y 1996) fueron contra las fumigaciones a los cultivos ilícitos y contra las medidas de control de insumos para el procesamiento de pasta básica de cocaína (cemento y gasolina). Se trata de protestas campesinas que han sido permanentemente anatematizadas y que, pese a la fuerza de su expresión, no han logrado abrir canales democráticos de participación política ni han encontrado solución integral a su principal problema: el de los cultivos ilícitos. En la actualidad el Guaviare ha dejado de ser el principal cultivador de coca y procesador de pasta básica de cocaína. Esto ha incrementado de manera sensible la pobreza en la zona. La solución a sus problemas está cada vez más lejana, la zona de reserva campesina que se está implementando en Calamar camina de manera lenta y sus habitantes temen la solución ofrecida por la actual administración a través del Plan Colombia. Lo que se espera con este plan es el incremento del conflicto armado en la zona. Los lazos de solidaridad, los discursos y acciones compartidos, las redes sociales, no han sido aún desestructuradas en el Guaviare. Con el ingreso de los organismos paramilitares se atacó fuertemente la estructura de las redes sociales; sin embargo, éstas no fueron fácilmente fraccionadas, resistieron. Los golpes que recibieron fueron muy fuertes, pero aún existen y se amplían en el corazón del Guaviare. Son estas redes las que han posibilitado los permanentes levantamientos y protestas campesinas en

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la zona. Es muy posible que dentro de poco nos despertemos de nuevo con la noticia que nos habla de marchas campesinas que se dirigen a San José del Guaviare, a Mocoa, a Florencia o a Bogotá. Se tratará de movilizaciones campesinas que, con toda seguridad, tendrán que sumarle a sus reivindicaciones tradicionales el desmonte de la última medida gubernamental que, por lo general, está orientada a lesionar sus intereses.

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Remo Ramírez Bacca EL MOVIMIENTO CAFETERO CAMPESINO Y SU LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA*

En esta situación lo que nos toca será aguantar hambre más de cuatro y robarnos unos a otros.

ENTREVISTA (1993) A PARMENIO BUITRAGO, LA AURORA-LÍBANO.

En esta ponencia se hará un balance y un análisis de los efectos de la apertura económica en el sector agrícola cafetero, tomando en cuenta el caso del municipio de Líbano (Tolima)1. El autor resalta el papel del movimiento de protesta campesino de carácter minifundista y su lucha en favor de la condonación de las deudas bancarias adquiridas por los caficultores en la última década, y también analiza el carácter organizacional del movimiento y la participación de los principales actores e instituciones (campesinos, guerrillas, Iglesia, FNCC y Estado) de la región.

'El presente trabajo toma en cuenta a uno de los aspectos que el autor desarrolla en su estudio sobre transformaciones sociolaborales en estructuras agrarias especializadas en la caficultura en la vereda La Aurora (Tolima-Colombia). 1 Líbano fue considerado el Potosí agrícola colombiano, debido a la exitosa expansión de la caficultura tradicional -cafetales bajo sombra- en las primeras décadas del siglo xx. Después de haber sido uno de los epicentros de la guerra civil bipartidista durante La Violencia, pasó a ser un modelo de tecnificación cafetera en el país, con base en la variedad caturra. Y en la década de los noventa fue una de las regiones más azotadas por el proceso de globalización económica. Actualmente sigue siendo un municipio dependiente en un 90% de la producción cafetera, y no tiene ningún tipo de infraestructura para el procesamiento industrial del café, y considerado el quinto municipio nacional y el principal productor de café en el departamento del Tolima.

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Para una comprensión global y desde una perspectiva histórica, el autor tiene en cuenta los efectos sociales y económicos del rompimiento del Convenio Internacional del Café, además de algunos aspectos que identifican esta problemática sectorial, como la superproducción cafetera, la expansión de la broca, la deuda económica y las políticas gubernamentales. La factualidad del escrito es resultado de un estudio heurístico basado en diversas fuentes, y del contacto directo del autor en el campo con dirigentes, caficultores y trabajadores agrícolas que han vivido el impacto de lo que ellos llaman "la internacionalización del café" en la década de los noventa. ROMPIMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y sus EFECTOS SOBRE LA CAFICULTURA COLOMBIANA

Los antecedentes de un movimiento social liderado por campesinos cafeteros son escasos2. La Federación Nacional de Cafeteros, FNCC, tenía predominio ideológico sobre los cafeteros, de tal manera que los campesinos no habían actuado como grupo o fuerza social que determinara o pudiera influir en los mecanismos burocráticos y las políticas del gremio. El único centro focal de los distintos grupos había sido el interés económico que representaba el precio del café.

2 Podemos recordar la importancia política de la lucha por la tierra que dieron jóvenes liberales y socialistas durante la fase de hegemonía conservadora en el país. Ésta se cristalizó en una protesta de los campesinos contra los cánones de arrendamiento y aparcería que prevalecían especialmente en las haciendas cafeteras. Hacia 1934 la gobernación de Cundinamarca y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca oficializaron un reglamento interno para las haciendas cafeteras que fue adoptado en las zonas de conflicto. Véase Biblioteca Luis Ángel Arango, BLAA, Documento: Gobernación de Cundinamarca y Comité de Cafeteros de Cundinamarca, "Reglamento para las haciendas cafeteras. Elaborado por la comisión creada por la gobernación de Cundinamarca", Bogotá, Editorial El Gráfico, 1934.

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El 3 de julio de 1989 se produjo la ruptura del sistema de cuotas dentro del Convenio Internacional del Café, seguido de un desplome de las cotizaciones internacionales del grano en casi 60%. Con el rompimiento del Pacto, el sector cafetero fue el primero en recibir el impacto de la economía de mercado y en sufrir profundas transformaciones que afectaron el empleo, la inversión y el ahorro en más de 500 municipios de 16 departamentos. El sector cafetero, uno de los más apoyados y protegidos por el Estado, comenzó a vivir una revolución silenciosa. Hasta ese momento el Estado había centrado su atención en problemas de financiamiento, de investigación tecnológica y de relaciones laborales, entre otros3. El crecimiento del crédito de los bancos privados hacia el sector había contado con el respaldo de la política monetaria del gobierno, por medio de tasas de interés reducidas y, en algunos casos, por debajo del costo real del dinero4. Esta tendencia cambia durante la administración del presidente César Gaviria (1990-1994), con la llamada "apertura económica" y el "Plan de Desarrollo Social y Económico", con lo que se pretendió transferir los ingresos del sector agropecuario hacia el resto de la economía, tal y como se había hecho en otros países de América Latina. Esto redujo la participación en el PIB, de tal manera que creció lentamente la producción y sus exportaciones, afectando el nivel de ingreso de los productores rurales e introduciendo distorsiones en dicho nivel. Es importante señalar también que esta administración inicialmente también actuó apoyando a la FNCC en la realización de políticas más agresivas de comercialización, al tiempo que pronosticó serios ajustes en el Fondo Nacional del Café. Los primeros meses posteriores al rompimiento del Pacto Cafetero son de pleno optimismo. Colombia había sido el que 3 4

Vallejo et al., 1977, p. 95. Ibid., 1977, p. 97.

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mejor había soportado la crisis y, también, mejorado los precios internos del grano 5 . La influencia y liderazgo de la FNCC se había fortalecido en función de proteger a los países productores. Colombia había aumentado los rendimientos por encima de otros países como Brasil, México, Indonesia y Costa de Marfil. Los países productores seguían desarrollando ciertas estrategias a través de la Organización Internacional del Café, OIC, en donde se discutían políticas que permitieran regular el mercado y los precios6. Entre tanto, el sector cafetero, en función de la competencia internacional, redujo los costos de la producción a través de ajustes en una política de precios internos, afrontando las deprimidas cotizaciones del mercado mundial. Esta coyuntura, y las acciones de comercialización, parecieron favorecer el papel de los exportadores privados, aunque para el sector empresarial mixto la decadencia era evidente. El fenómeno se refleja en una disminución del consumo y comercio local de las zonas cafeteras y en una reducción de 25% del ingreso anual del caficultor colombiano en el año posterior al rompimiento del pacto7. Estos impactos adversos ocasionados por las políticas macroeconómicas no alcanzaron a ser compensados con políticas sectoriales agropecuarias, por lo que la crisis del sector industrial y agropecuario se hizo endémica. Esta situación se refleja en la presencia de siete millones de colombianos en condiciones de

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Esto es resultado del desmonte de un subsidio que existía para el consumo interno del grano. El Espectador, 10 de enero de 1990. 6 El desdén por falta de acuerdos entre los dos más grandes productores de café se basaba en el optimismo que se manejaba por parte de los empresarios colombianos en torno a la preparación colombiana para participar con agilidad y flexibilidad en el comercio internacional. Incluso Colombia habló de desmontar definitivamente esta organización, debido a su costo e inoperancia, pérdida de credibilidad y porque no presentaba iniciativas para volver a un acuerdo con los consumidores. 7 Este cálculo es una comparación con 1988.

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extrema miseria, de los cuales 74% habitarían en las zonas rurales8. Los cafeteros empezaron a debatirse entre el pesimismo y la esperanza. Algunos consideraban imposible mantener el índice de oferta en el mercado. Otros, su antípoda, veían lo contrario. No obstante, 1990 fue... E L AÑO DE LA SUPERPRODUCCIÓN

En 1990 la política del gremio cafetero era aumentar la producción hacia el mercado internacional; su reducción significaba una disminución de los ingresos para los exportadores. Se anuncia también una de las más grandes cosechas en la historia de la caficultura colombiana y se espera recoger 18 millones de arrobas9. La producción, en efecto, aumentó 25,3%10. En las zonas del Eje Cafetero la gente parece no darse cuenta de que sus ciudades capitales, poseedoras de un alto ingreso per cápita, empiezan a ser desplazadas en su calidad de vida 1 '. El alto costo de la canasta familiar, a pesar de la liquidez existente por las ventas de café, influyó en el deterioro de su nivel de vida. La pérdida de capacidad de compra se expresó en una disminución de ventas en el comercio. En lo único que no disminuyó la demanda fue en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que a

8 En la actualidad esta cifra llega a 79,7% del 55% nacional. Fuentes: Fedesarrollo, en El Tiempo, 7 de mayo del 2000. Véase también Documento de Trabajo "Jornada Cafetera Libanense", Organizador: Unidad Cafetera de Líbano, Coordinación general: monseñor José Luis Serna Álzate, julio 13 y 14 de 1996, Líbano, Tolima. 9 En marzo se alcanzó la cifra récord de 1'350.000 sacos. El Espectador, 6 de abril de 1990. 10 El Espectador, 12 de febrero de 1990. 1 ' Pereira fue considerada como la ciudad con el mejor ingreso per cápita del país antes de 1989, año a partir del cual empieza a ser desplazada en su calidad de vida.

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la zona cafetera llegaban más de 50 mil cosecheros provenientes de diversas ciudades, que disparaban la demanda 12 . Los pequeños y medianos productores son las principales víctimas de los cambios ocasionados por la caída del precio internacional, del alza en los precios internos que no compensan el ritmo inflacionario, de los costos financieros y de producción, y de la espiral alcista13. En este contexto, la realidad es que mientras las exportaciones crecieron 33%, los ingresos de estos caficultores habían disminuido en 14,8%14.Ajuicio de expertos internacionales, Colombia fue el país más afectado por la ruptura del Convenio Internacional del Café. La consecuencia inmediata es que se desatiende una serie de gastos y programas de estudio económico, de financiación, salud, educación, tecnología y créditos. La respuesta por parte de la administración Gaviria es abandonar el carácter compensatorio y de subsidios, con el propósito de estimular al pequeño productor y permitir una mayor libertad del comercio. En materia de crédito, las tasas de interés subsidiadas, según la administración, deben desaparecer, a cambio de una mayor disponibilidad de recursos. El sector privado, propone el Gobierno, debe dejar el oficio de reclamar compensaciones, para asumir una posición más técnica de promover la productividad y fiscalizar a los entes estatales15.

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El cosechero es un trabajador ambulante que se desplaza especialmente entre los departamentos de Caldas, Tolima, Cundinamarca, Putumayo o Norte de Santander. 13 En esto deben incluirse los costos de fertilizantes y créditos, que empezaron a aumentar de manera desproporcionada. Los insumos sufren alzas periódicas, como consecuencia de que los abonos agrícolas habían quedado en libertad de precios desde 1989, cuando se acordó que serían incrementados trimestralmente, de acuerdo con las variaciones de los costos de la producción. El Espectador, 6 de abril de 1990. 14 El Tiempo, 27 de octubre de 1990. 15 El Espectador, 21 de junio de 1990.

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Además, la FNCC, para contrarrestar los bajos precios y los altos niveles del inventario, reactivó un plan puesto en marcha años atrás16. El plan Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras tendría como objeto convertir al cafícultor en un empresario que planifique, tenga un sistema de organización laboral y maneje su presupuesto. El proyecto pretende disminuir las pérdidas postcosechas, que llegan a 50% de la producción17. El impacto neoliberal se refleja también en la disminución del patrimonio del Fondo Nacional del Café, FNC, el cual era de 1.700 millones de dólares en julio de 1989 y disminuye a 1.300 millones en abril de 199018. Es el comienzo real de la transición a las "nuevas condiciones", por lo que los funcionarios cafeteros anunciaron que había llegado el momento de sentir los efectos del rompimiento del Pacto Cafetero. La primera medida es reajustar en 6% el valor del grano y aumentar los costos de la producción de acuerdo con la inflación en 1991. Gobierno y Federación se recriminan mutuamente; esta última considera que las políticas gubernamentales, establecidas en abril del mismo año, habían sacado del "pacto social" a los caficultores. Los cafeteros sostienen que el ultimo reajuste había generado una pérdida real en sus ingresos. El Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, sostiene que los anteriores acuerdos se habían hecho en condiciones de mercado totalmente distintas19. Las nuevas condiciones tenían un

16 Años antes del rompimiento del pacto cafetero, el país vivía el fenómeno de la sobreproducción cafetera, para lo que se quiso utilizar como políticas los bajos precios del mercado interno y la erradicación de cultivos, como herramientas para desincentivar la producción. Según Ocampo, ninguna de estas dos políticas eran convincentes para frenar la producción. Véase Ocampo, 1987, p. 35. 17 Et Espectador, 21 de octubre de 1990. 18 El Espectador, 18 de mayo de 1990. 19 El ingreso promedio del productor en el país era en julio de 70,34 centavos de dólar por libra, frente a 57 y 57 centavos en Brasil, El Salvador y México, Argüyó,

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costo enorme para el Estado, pues ante la superproducción y una tarifa alta del precio interno, el déficit era cada vez más grande. Hasta ese momento se creía que el déficit ascendería a 135.000 millones de pesos20. El Fondo empieza a hacer balances, contando en recursos unos siete millones de sacos de café, y con las inversiones del Fondo (Bancafé, Empresa Mercante Gran Colombiana, Concasa, entre otros). LA BROCA

Al precio del grano y la incertidumbre de la revolución capitalista neoliberal se le sumó el problema de la broca21. Éste fue otro de los factores que influyó en la descomposición social de los caficultores. Si bien la reacción inicial en torno a su control fue un optimismo moderado, con el tiempo, los ataques agresivos e incontrolados de la broca, y la timidez de la FNCC para afrontar este problema, contribuyeron radicalmente al deterioro de la rentabilidad del cultivo. El hecho es que de 25.000 hectáreas de cultivos afectadas en 1990, se pasó a cerca de 600.000 en 1996, de un total de 1,2 millones de hectáreas dedicas al cultivo (véase Evolución de la broca a nivel nacional, 1988-1996). La broca obligó a la FNCC a trazar un plan de erradicación de cultivos, por lo que muchos desistieron de seguir invirtiendo en la caficultura22. La gente ya no podía recoger el café y empe-

además, que un reajuste del 11% era exagerado, teniendo en cuenta que Colombia tiene el precio al productor más alto del mundo. El Tiempo, 10 de julio de 1991; 10 de agosto de 1991. 20 El Tiempo, 10 de agosto de 1991. 21 El 7 de septiembre de 1988 había sido detectada la broca en el Ecuador y poco después fue detectada en Colombia. 22 A mediados de los noventa se ofrecía un millón de pesos a cambio de erradicar cada hectárea de café broquicado. Este tratamiento fue especial para los grandes

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Evolución de la broca a nivel nacional, 1988-1996

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Fuente: Fedecafé, El Espectador, 3 de mayo de 1996.

zó a abandonar sus fincas. Los caficultores que habían invertido en insumos agroquímicos perdieron. El pesimismo se apoderó de todos. El café dejó de ser un negocio lucrativo para cientos de familias cafeteras. LA DEUDA CAFETERA

Con la recesión económica cafetera, los productores aceleran su endeudamiento con el sector financiero. La deuda es causada por el alto costo de los intereses bancarios y crea una disminución alarmante de la producción. Es importante señalar que esta tendencia se inició con la revolución tecnológica del caturra, la que influyó en un proceso lento de endeudamiento, con el afán de invertir recursos y lograr un buen margen de rentabilidad.

y medianos caficultores, los cuales recibieron subsidios por broca y renovación, debido a las grandes áreas establecidas. Los pequeños propietarios poseedores de parcelas de hasta cuatro o cinco hectáreas no siempre fueron protegidos por esta política.

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Entonces, se contaba con un precio interno estable y crédito con tasas de interés manejables23. La inversión desmedida acumuló un pasivo que se quiso subsanar con la producción o la esperanza de mejores precios, a lo que se sumó el freno de flujo de crédito para la actividad cafetera, especialmente entre 1991-1993, y la ¡liquidez del cafetero obligó al endeudamiento extrabancario, reemplazando la tradicional fuente de la Caja Agraria o Banco Cafetero, para no dejar perder la inversión realizada en los predios, acelerando aún más el endeudamiento. Los intereses por mora rebasaron los límites de la usura, ya que por ley estaban en 3% mensual, según el reglamento del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero, pero crecieron hasta 5,4%, lo que significó 65% anual, sin incluir los costos de abogado, que permitían subirlos hasta 72,5%, en caso de cobro judicial. Medianos y pequeños cultivadores fueron obligados a vender sus fincas a cualquier precio, para pagar sus deudas. Otros, simplemente, fueron sacados del negocio, porque las entidades financieras les embargaron sus fincas. En muchos casos, las ventas se hicieron a precio de ganga. Fincas cafeteras, que en 1992 valían entre 10 y 12 millones de pesos, se vendieron a 6 y 7 millones, es decir, 40% menos24. La situación llegó a tal extremo, que en 1993, y debido a la presión de los cafeteros y otros sectores de la sociedad de los cuales trataremos más adelante, se firmó la Ley 34 del 5 de enero de 1993. Con ella se habló por primera vez de la refínanciación de deudas. La insolvencia del Cafetero y el no pago de sus acreencias estimuló el desespero de las entidades financieras que, te-

23 Esta inclinación aumentó hacia los años ochenta, auspiciada por la bonanza cafetera de 1975. 24 En Risaralda se llegó a vender la hectárea a un millón de pesos, cuando su valor había sido de cuatro millones.

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merosas por la posible pérdida de la deuda, presionaron a los usuarios con los famosos "arreglos de cartera" (Ley 34, Plan de Choque), haciendo refmanciaciones, recogiendo los intereses y capitalizándolos conjuntamente en nuevos pagarés, multiplicando así el monto de la deuda y, por consiguiente, de la cartera, mostrando a su oficina principal una disminución de cartera vencida, pero a costa de lo inalcanzable que se hacía el pago de las nuevas obligaciones25. Por esta razón, en el norte del Tolima, al igual que en las otras regiones cafeteras, el punto central de la crisis del pequeño y mediano caficultor fue la deuda con las instituciones bancarias. El problema consistió en que las deudas adquiridas en 1991 se habían triplicado en su monto nominal en 1996. Este problema era potencialmente un foco de conflicto social, ya que se calculaba que en el país había alrededor de 350.000 familias endeudadas. Tan sólo contando las fuentes de la Caja Agraria, en Líbano fueron contabilizadas 743 obligaciones vencidas, de las cuales 68% pertenecían a clientes que tenían deudas menores de 5 millones de pesos. En este mismo año, 1996, fueron contabilizados 317 casos que estaban en curso en el Juzgado Civil del Circuito de Líbano, de los cuales 160 habían sido diligenciados por el Banco Cafetero. Posterior a la Ley 34, se estimuló la Ley 101 de 1993, que es una ley tributaria. En dicha ley existen unos artículos que tratan sobre la condonación de deuda por primera vez en la historia moderna del país. Esta ley abrió la condonación hasta por tres millones de pesos. Con una nueva norma adicional a la Ley 223 de 1991, durante la administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998), se aprobó una condonación de cinco mi-

25

Documento de trabajo, "Jornada Cafetera Libanense", Organizador: Unidad Cafetera de El Líbano, Coordinación general: monseñor José Luis Serna Álzate, julio 13 y 14 de 1996, Líbano, Tolima.

[184;

RENZO RAMÍREZ BAGGA

Obligaciones vencidas de caficultores con la Caja Agraria en Líbano (1996) Deudas en millones de pesos

Número de obligaciones vencidas

Porcentaje

Menos de 5

502

67,56

De 5 a 10

119

16,00

46

3,19

22

2,96

De 10 a 15 De 15 a 20 Más de 20

54

7,26

Total

743

100,00

Nota: En esta estadística no están incluidos datos para el corregimiento de Santa Teresa y tampoco las deudas adquiridas en el Banco Cafetero. Fuente: Archivo Caja Agraria, municipio del Líbano 26 .

llones de pesos, hecho sin precedentes en la historia del país. Ésta abarcó 28% del total los deudores nacionales, quedando el restante sin solución. La aprobación de estas leyes no se logró sin una fuerte presión del movimiento cafetero interregional y la participación de instituciones y grupos de poder. Y si bien en términos generales la lucha se dio en forma pacífica, no fueron excepción, para el caso de los cafeteros, situaciones de fuerte politización y militarización del conflicto, y de la instrumentación o desborde de la represión, en algunos casos. FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO CAFETERO INTERREGIONAL: EL PROCESO Y SUS ACTORES, 1 9 9 2 - 1 9 9 5

La Federación confiaba que 1992 fuera el último año de la crisis; sus políticas se habían concentrado tan sólo a combatir la

26

Esta información estadística ha sido suministrada por Rafael Orellano, Presidente

ANUC, Líbano.

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broca27. Pero a comienzos del mismo, el sector fue sometido a uno de los más duros ajustes que se recuerde, a fin de reducir el déficit del gremio, seguido de un desplome del precio del grano en el mercado internacional, el cual fue cotizado en 57 centavos de dólar la libra28. Ante estas circunstancias, la Federación se ve obligada a usar el crédito externo, ante la carencia de recursos, con el aval del Estado29. El Congreso de la República y sus legisladores comienzan a intervenir en la crisis, cuestionan duramente al Gobierno y a la Federación, señalados culpables del costo político y social de la crisis; empiezan a promover un paro nacional en el sector y plantean por primera vez la necesidad de una política de refinanciación30. El Gobierno advierte sobre la inconstitucionalidad de este proyecto31.

27

Inicialmente se intentó erradicar la broca con ayuda de la avispa de Mongolia, y se intentó no llegar al uso de fertilizantes, lo que en efecto se produce años después. 28 El desplome se debió, primero, a que Costa de Marfil se había dedicado a vender grandes cantidades de grano, lo que empujó hacia abajo las cotizaciones. Y segundo, porque el mercado internacional no creyó en un nuevo pacto de países productores y siguió trabajando bajo las condiciones de una alta oferta y demanda. El Tiempo, 5 de mayo de 1992. 29 En menos de un año el Fondo ya había prestado 300 millones de dólares; además, el Fondo tendría que conseguir 650 millones en los próximos tres años. Hommes prometía que al resolver el problema del déficit cafetero por esta vía, no se afectaría la demanda general de las 300 mil familias cafeteras. El Tiempo, 2 de noviembre de 1992. 30 La propuesta de refinanciación ya había sido hecha a la Federación por los cafeteros del Tolima y el Valle del Cauca, los departamentos con los niveles más críticos de endeudamiento, por lo que el gremio propuso, en cambio, el plan del Banco Cafetero, que fue imposible de cumplir. La propuesta de refmanciar la deuda se basaba especialmente en ofrecer tranquilidad, evitar mayores costos por honorarios de abogados, secuestres y, en algunos casos, pérdida de la propiedad, con la consecuente emigración a la ciudad para sumar más desempleados y engrosar los cinturones de miseria de las cabeceras municipales. El Tiempo, 19 de febrero de 1992; El Tiempo, 21 de febrero de 1992. 31

El Tiempo, 29 de octubre de 1992.

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Lo cierto es que los caficultores comenzaron a incumplir en el pago de sus deudas, originando una reacción social de gran dimensión. En el transcurso del año fueron organizadas dos marchas en la zona del Eje Cafetero, convocadas por la Unidad Cafetera de Colombia, UCC, y un paro convocado por agricultores y recolectores del municipio de Salgar, al sudoeste antioqueño 32 .

32

La primera marcha fue organizada el 14 de junio de 1992. En ella participaron 11 departamentos y más de 220 municipios. Fue convocada por la Unidad Cafetera de Colombia, UCC, con capacidad para movilizar 50 mil caficultores. El propósito es protestar contra el bajo precio interno del grano y la política cafetera del Gobierno, bajo la consigna "resistencia cafetera". Los productores piden el aumento del precio del grano, la eliminación del impuesto de 3% de retención en la fuente a las ventas del grano, del certificado de cambio para las exportaciones y del Título de Ahorro Cafetero, y el cese inmediato de todos los procesos judiciales que se realizan contra los caficultores que no han podido cumplir con sus pagos. El Tiempo, 11 de junio de 1992. En la segunda marcha, realizada el 11 de agosto, caficultores de todos los estratos firmaron un documento con seis peticiones al presidente Gaviria, y lo entregaron como una "Proclama Cafetera". La agenda propone cambiar a Hommes como ministro de Hacienda, al director de Planeación Nacional, Armando Montenegro, y al presidente del Banco Cafetero, Luis Prieto Ocampo, a quienes tildan de "injustos con los intereses de los caficultores". En resumen, con la movilización, la marcha pretende expresar la inconformidad del gremio por el abandono y la falta de una verdadera atención por parte del Gobierno para con los cafeteros. El Tiempo, 11 de agosto de 1992. En el paro de trabajadores del sector, en el que participaron cerca de 150 agricultores y recolectores de café del municipio de Salgar, al sudoeste antioqueño, los cosecheros, durante ochenta días, exigieron un salario fijo mensual y las garantías que brinda el Estado a los trabajadores. El movimiento se declaró independiente de las acciones de la guerrilla -frentes xxxiv de las FARC y Ernesto "Che" Guevara, del ELN- en la zona, aunque la policía señala que el paro había sido promovido por la guerrilla. Según fuentes periodísticas, se calculaba que de 26.914 caficultores del sudoeste, por lo menos 80% era asediado por la guerrilla. Estos frentes exigen material logístico (radios, sleepings, etc.) y un impuesto de guerra que deben pagar semestralmente, según la capacidad individual del caficultor, con el propósito de ofrecer seguridad en la zona. El Tiempo, 24 de octubre de 1992,

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En 1993 se aprueba la Ley 34 sobre refinanciación, que en medio de esperanzas no cumple con las expectativas de los caficultores33. La movilización social cafetera continúa, y el 30 de marzo de 1993 se da una protesta masiva de unos 2.000 cafeteros en la Plaza de Bolívar de Bogotá34. La posición del Gobierno era que Colombia y su principal sector socio-productivo tradicional estaban preparados para seguir en el mercado libre. Ante la crisis cafetera, la posición de la Iglesia católica es unánime. Los obispos colombianos, en cabeza de monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, y monseñor Jorge Enrique Jiménez, obispo de Zipaquirá, piden al Gobierno condonar la deuda de los pequeños caficultores y eliminar el Título de Ahorro Cafetero, TAC, un papel que se les entrega, en lugar de dinero en efectivo, a los cultivadores en parte de pago por su cosecha35. La alta jerarquía católica invita a la comunidad campesina cafetera a reclamar sus derechos y presentar sus legítimas exigencias. Y al resto de los colombianos pide soli-

33

El Tiempo, 12 de enero de 1993; El Tiempo, 2 de mayo de 1993. Unos dos mil caficultores provenientes de distintas zonas cafeteras del país, en unos 200 camperos Willis, jeeps y chivas o buses escalera protestaron contra las políticas del Comité Nacional de Cafeteros. Los manifestantes reunidos en la plaza lanzaron consignas en contra del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, y del presidente César Gaviria, considerados sus verdugos. Los cafeteros acudieron a símbolos como, por ejemplo, cargar un ataúd para simular el entierro de la caficultura colombiana. También exhibieron máscaras del ministro Hommes, a tiempo que movilizaron pancartas en contra del Gobierno. La plenaria de la Cámara de Representantes recibió una comisión de los manifestantes que expuso sus inquietudes y algunos parlamentarios se comprometieron a continuar buscando una solución para el gremio. La mayoría regresó esa misma noche a sus lugares de trabajo. El Tiempo, 31 de marzo de 1993. 34

3D La Iglesia, además de estos dos puntos, pide la reducción de los plazos establecidos para la conversión del certificado de cambio, el establecimiento de una transferencia de recursos del Fondo de Regalías al Fondo Nacional del Café, la prórroga de los términos fijados en la Ley 34 de 1993 sobre refmanciación de los créditos

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daridad con los afectados36. En este sentido, y desde una perspectiva nacional, esta posición de la Iglesia tampoco había tenido precedentes en el país. Así, el criterio en torno a la condonación de la deuda es cada día más unánime, especialmente entre las asociaciones que luchan por los intereses de los caficultores y entre los miembros del clero católico. La refinanciación para los dirigentes del sector rural significaba alargar la agonía de los cafeteros. Las organizaciones gremiales defensoras del sector también empiezan a mirar con buenas expectativas la condonación de la deuda. El hecho no es para menos: el ingreso real de los cafeteros había disminuido en 60%37. 1 9 9 5 : EL AÑO DEFINITIVO DEL MOVIMIENTO CAFETERO

Hacia 1995 el norte del Tolima es una de la zonas más afectadas del país ante el impacto de la economía de mercado38. La situación es de desempleo, hambre y, en general, falta de recursos. La inseguridad se toma el norte del departamento. Los robos en las fincas, atracos, suicidios, intentos de secuestro, boleteo y extorsiones pasaron al orden del día. Unos 5.000 campesinos

agropecuarios, la reducción de los gastos de administración del Fondo Nacional del Café, y otras más. El Tiempo, 11 de marzo de 1993. 36 Los obispos eran conscientes del acelerado empobrecimiento de los cafeteros, sus estados de hambre, abandono y pérdida de fincas por la imposibilidad de pagar las deudas adquiridas; de la intranquilidad en estas regiones tradicionalmente pacíficas, el incremento de la violencia común, los homicidios y los robos, y de la presencia guerrillera, cuyas filas empezaban a verse engrosadas, con alta frecuencia, porjóvenes que desertaban de las actividades agrarias. El Tiempo, 11 de marzo de 1993. 37 El Tiempo, 25 de abril de 1994. 38 En este año quedaron también desempleados 100.000 trabajadores del sector algodonero y arrocero tolimense.

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de la subregión, que habían adquirido sus parcelas con años de trabajo y duros sacrificios, deciden abandonar sus fincas39. A lo anterior se sumó la incursión de la guerrilla en 1992, con la aparición del autodenominado frente de los Bolcheviques, célula del ELN que tomó el nombre de la primera protesta popular de índole social que tuvo lugar en Líbano en 1929. En el primer comunicado de los "bolchevos" dejaron claro que su intención era impedir los embargos y remates de las fincas por parte de la Caja Agraria y el Banco Cafetero40. A nivel nacional, el entrante gobierno de Ernesto Samper declaraba que no hay más recursos para ofrecer a los cafeteros, contradiciendo lo prometido durante su campaña presidencial41. Los primeros en reaccionar fueron los cafeteros libanenses, ahora agremiados en torno a la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima, ASOPEMA42. Éstos deciden declarar un

39 En Líbano se manejaban estadísticas muy diferentes de las que hasta ese momento tenía el Gobierno. El destino de muchos caficultores había sido la marginalización social y económica en los principales centros industriales del país o el éxodo a los Llanos Orientales, en la recolección de la hoja de coca, lo que influye en una disminución de 25% en el índice poblacional urbano y rural, tomando como referencia el censo poblacional de 1993. 40 El control social en la zona rural se inició simbólicamente dinamitando el puesto de policía del corregimiento de Santa Teresa, sin que se hubieran registrado víctimas. Posteriormente inicia su acción contra los rasgos de vandalismo y robos, al tiempo que impone ciertas normas sociales de comportamiento en la población, que atacaban especialmente la violencia intrafamiliar, la vagancia y el alcoholismo. 41 El 28 de abril de 1994, el candidato Ernesto Samper le dijo a los cafeteros de Calarcá: "Yo voy a devolverles la presencia del presupuesto nacional a las zonas cafeteras. Durante muchos años los cafeteros le dieron la mano, presupuestalmente hablando, al país. Ahora el país va a tener que darles la mano presupuestalmente a los cafeteros. Que regresen los recursos del gobierno nacional a las zonas cafeteras". El Tiempo, 17 de julio de 1995. 42

La organización tiene sus antecedentes desde 1992 con el Gremio Cafetero Unido de Colombia, que duró un tiempo politizado. En ASOPEMA convergieron diversas fuerzas y sectores políticos que se unieron coyunturalmente, a fin de presionar al

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paro cafetero para el 18 de febrero de 1995, en el que se oponen abiertamente a la política de refmanciación de sus deudas y buscan fundamentalmente que las tierras embargadas de los campesinos no sean rematadas. El paro se extendió a 23 días, logrando sus organizadores que el Gobierno, la Federación y la Caja Agraria llegaran a los siguientes acuerdos43. • Refinanciamiento de la deuda, con un plazo de 10 años para su pago y un periodo de gracia de tres años. La Federación también se compromete a condonar automáticamente el 30% de la deuda para los caficultores que se encuentren en los niveles de los fondos rotatorios y cuya deuda ascienda hasta los tres millones y medio de pesos44. • El Ministerio de Agricultura se compromete a otorgar recursos por medio del programa de generación de empleo, para enfrentar el problema de la broca. • La Caja Agraria examinará uno a uno los casos de cobros judiciales en el norte del Tolima, para buscarle salidas viables a estos procesos. • Los agentes del gobierno también se comprometieron a continuar con el análisis de otras propuestas, como la celebración de un convenio entre la Caja Agraria y el Incora para ad-

gobierno nacional y lograr la condonación de la deuda. El éxito más grande fue la realización de un paro cafetero en dos oportunidades durante 1995. Uno duró 23 días y otro 63 días, con epicentro en Líbano. Los principales dirigentes han sido víctimas de amenazas; se recuerda especialmente al dirigente cívico Gonzalo Poveda, quien fue asesinado por un grupo de sicarios el 14 de agosto de 1995. 43 La propuesta del gobierno es la de refinanciar la deuda a diez años de 139 mil millones de pesos de la deuda total, 220 mil millones, a través del Banco Cafetero. La posición de los caficultores es que ellos no están en capacidad de pagar esa deuda, ante el grave deterioro que vive la caficultura y ante la imposibilidad de obtener nuevos créditos para reactivar el sector. La Federación se opone a utilizar los recursos del Fondo Nacional. 44 Es importante señalar que estos acuerdos ya se habían hecho nacionalmente.

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quirir las fincas en conflicto y renegociarlas con sus dueños originales. Y también, a estudiar las propuestas entregadas por los directivos de la Unidad Cafetera Nacional al presidente Samper45. En el nivel nacional, dirigentes cooperativistas consideraron como una farsa la solución de condonar parcialmente la deuda46. Los cafeteros fortalecieron entonces la idea de una nueva Marcha en el Eje Cafetero para el 29 de marzo. La convocatoria a esta movilización tuvo diferentes criterios. De una parte, los obispos de la región apoyaban a los productores de nueve departamentos cafeteros y al presidente de la Unidad Cafetera, Fabio Trujillo Agudelo, encargado de la convocatoria; y de otra, el Comité Nacional de Cafeteros defendía la tarea de la Federación para aliviar la crisis y se oponía al movimiento, que según ellos estaba dirigido por elementos extraños ajenos a los intereses de los productores47. El respaldo de la Iglesia fue definitivo para que en esta marcha hubieran participado caficultores de ocho departamentos 48 . La marcha se realizó con éxito, sin que se hubieran presentado problemas que lamentar, pero sin haberse logrado definir una postura consecuente por parte del Gobierno nacional. Los cafeteros le seguían recordando al Presidente que la revaluación del peso les hizo perder cerca de 1.000 millones de dólares y que no estaban dispuestos a dejar que la situación si-

45

Tolima 7 Días, I o de marzo de 1995. El Tiempo, 29 de marzo de 1995. 4/ El Tiempo, 29 de marzo de 1995. 48 La inquietud de los dirigentes huelguistas era similar a las anteriores, se relacionaba con la deuda de los caficultores, que entonces ya había ascendido a 280 mil millones de pesos, y el reajuste del precio interno, que en ese momento se hacía conforme a las fluctuaciones en el mercado internacional. El Tiempo, 29 de marzo de 1995. 46

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guiera deteriorándose 49 . La postura del gobierno de no seguir aliviando la crisis del sector ante la carencia de presupuesto motiva a que distintas autoridades ofrecieran nuevamente su apoyo a la iniciativa del Primer Paro Nacional de Cafeteros50. A pesar de haberse celebrado algunas reuniones entre el Gobierno y representantes del gremio cafetero, no se lograron acuerdos en los mecanismos de ayuda, de tal manera que el 2 de junio, en Manizales, se dio la orden de Paro Cafetero Nacional, por 24 horas, para el 20 de julio. Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la protesta, contaba con el respaldo y la solidaridad del presidente del Senado de la República, Juan Guillermo Ángel, y de los obispos de la región cafetera (Manizales, Pereira, Armenia, Dorada, Líbano-Honda)51. Días antes a su realización, el movimiento estaba dividido. Voceros del Gobierno cuestionaban la legalidad y el alcance del paro ante los rumores de filtración de la guerrilla52. Los Comi-

49

El Tiempo, 28 de abril de 1995. Los cafeteros, en una nueva dimensión nacional de su reivindicación, agregaron la ayuda inmediata "constante y sonante" para evitar la expansión de la broca. El Tiempo, 30 de abril de 1995. 51 El paro cafetero, lanzado por la ucc, fue acordado tras conocerse un documento de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima, ASOPEMA, según el cual entre los pequeños y medianos caficultores en los últimos cinco años se ha producido un desplazamiento de 80.000 caficultores, que han abandonado sus predios por procesos judiciales, baja rentabilidad, amenazas de muerte, hostigamientos militares y broca. El Tiempo, 6 de junio de 1995. 52 El gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, denunció un plan del F.I.N para filtrar las organizaciones cafeteras y desde allí promover el paro nacional. Se "trata de construir una organización política en aras de levantar un movimiento de masas", como primordial elemento de la creación de "colectivos urbanos y rurales", más conocidos como Milicias Populares. Se afirmó que los 30 grupos de milicias eran un apoyo armado a la actividad política, principal herramienta de trabajo de estos grupos, y cuyo comité serviría como eje y tendría como estrategia la acumulación en el área rural con la intención de preparar el terreno para la defensa de la propuesta política". Los com 50

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tés Municipales de Cafeteros de algunos departamentos también se opusieron abiertamente, por considerar que no era el método adecuado para el logro de los objetivos. El jerarca de la Iglesia, monseñor Pedro Rubiano, también se opuso53, al tiempo que los dirigentes campesinos y cafeteros hacían declaraciones en el sentido de que la guerrilla no estaba organizando el paro, y que eran los cafeteros los que estaban al frente de su propia lucha54. Para varios analistas, la protesta resultaba ser un ingrediente necesario para originar una reacción en cadena. La coyuntura mostraba, por un lado, el desespero y la crítica situación de los dirigentes gremiales que pretenden salvarla. Por otro, el acoso de la guerrilla, que estaba presionando al Gobierno en el proceso de paz. Y, finalmente, el pronunciamiento de Samper, que había calentado el sorbo nacionalista55. Ante el decidido movimiento cafetero y la movilización campesina, el Gobierno nacional hizo duras advertencias: anunció que no iba a permitir el bloqueo de las vías y que el Eje Cafetero sería militarizado56. Finalmente, con la jornada de protesta se

ponentes de trabajo, según el gobernador, consistían en influir los sectores cívicos y estudiantiles y el sector obrero. Para sacar adelante el proyecto, se dice que en este año se realizaron cursillos de líderes guerrilleros especializados en organizaciones cafeteras y se incrementaron las acciones en los comités de cafeteros para difundir estas ideologías. De la misma manera, los frentes del ELN habían recibido la orden de "fortalecer el movimiento obrero" en organizaciones sociales de las organizaciones obreras del café, con la formación de medios, combatientes y premilitantes urbanos. De esta manera, algunos oficiales creen que el paro ha sido infiltrado por la guerrilla o por lo menos iba a ser aprovechado por ésta. El Tiempo, 19 de julio de 1995. 53 El Tiempo, 7 de julio de 1995. 34

El Tiempo, 6 de julio de 1995. De hecho, la preocupación existente en las altas esferas del Gobierno es que el Paro pensaba ser utilizado con propósitos políticos y podía tener efectos muy negativos. Peor aún, la crisis cafetera podría canalizar el inconformismo de otros sectores agrícolas y terminar en pronósticos imprevisibles. 36 El Tiempo, 20 de julio de 1995. 35

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identificaron autoridades eclesiásticas, civiles, municipales y de la guerrilla. Se trató del primer gran movimiento social que buscó cambiar la posición del Gobierno ante las consecuencias del proceso de globalización económica cafetera. La protesta transcurrió en calma y sus proporciones fueron inferiores a lo esperado, aunque al paro se unieron el comercio, las escuelas y el transporte 57 . Pero si bien el paro representó una protesta social masiva, la posición gubernamental no cambió. Finalizado el Paro Nacional, los dirigentes de ASOPEMA, en cabeza de Gabriel Buitrago, deciden continuar con una huelga indefinida58. Era la tercera vez en menos de un año que los libanenses participaban en un paro cafetero. Unos 2.000 caficultores deciden tomarse el parque Murillo Toro de Ibagué, reivindicando la condonación de deudas cafeteras en 50% para todos los afectados, y mayores auxilios al control de la broca59. Al movimiento se unieron también campesinos del departamento del Quindío, Antioquia y Caldas, todos identificados con la condonación de las deudas, a los que también se sumaron temporalmente 3.000 cultivadores de arroz, algodón, sorgo y otros productos60.

ol El tránsito de vehículos también se vio interrumpido en las carreteras que atraviesan las zonas cafeteras. Para las autoridades cafeteras y el Gobierno, el resultado del movimiento fue intrascendente; para la Unidad Cafetera, representó un triunfo, pues por primera vez se realizó un paro de productores que involucró a cerca de cien municipios del país. 58 Algunas versiones aseguraban que los campesinos del norte del Tolima llevaban 20 días preparando la protesta general. Fuentes periodísticas afirmaban que en las reuniones de preparación era evidente la presencia de dos o tres miembros del ELN. Los caficultores, que en su mayoría habían abandonado sus fincas, hablaban de taponamiento de vías y de bloquear el paso al occidente del país. El Tiempo, 19 de julio de 1995. 59 El Tiempo, 20 de julio de 1995. 60 El Tiempo, 20 de julio de 1995.

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La opinión pública y dirigentes de diversos sectores también se manifestaron en torno a esta protesta campesina; se unieron voces críticas de intelectuales como Alfredo Molano, quien cuestionó fuertemente el papel de la Federación acusándola como culpable del deterioro social de los pequeños campesinos, debido a su burocratización, defensa elitista de intereses comercializadores y política de tecnificación. Las reacciones en defensa de la Federación también se hicieron sentir. Funcionarios del gremio intentaban demostrar la importancia histórica de la gestión institucional haciendo balances de los beneficios traídos al sector rural y, en general, al país61. Monseñor José Luis Serna, obispo de la arquidiócesis Líbano-Honda, señalaba a la opinión pública el drama y la impotencia de los campesinos, tomando como referencia lo sucedido en el corregimiento de Tierradentro (Líbano), abandonado en su totalidad. El dirigente de ASOPEMA, Gabriel Buitrago, también revelaba el caso de las 2.000 fincas que habían sido abandonadas en el norte del departamento; el problema de la inseguridad, registrada en las estadísticas de la Policía, y los suicidios de caficultores producto del acoso económico; el debate de los campesinos, en su condición de convivir con la angustiosa situación o hacerles juego a los ofrecimientos de la guerrilla, donde se ofrecían hasta dos salarios mínimos mensuales. En el Eje Cafetero, los dirigentes de Unidad Cafetera descartaban la posibilidad de realizar otra protesta masiva y se mostraban indiferentes a las estrategias y los criterios de ASOPEMA; según ellos, ahora existían otros mecanismos, como la discusión abierta y democrática. En el transcurso de la protesta se dieron provocaciones, pero la actitud de los manifestantes, así como la de las autoridades civiles de Ibagué, estuvo evitando permanentemente un enfren-

Et Espectador, 21 de agosto de 1995.

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tamiento entre los campesinos y la fuerza pública62. Fuentes periodísticas afirmaron que mientras los campesinos se concentraban en Ibagué, los "bolchevos" azuzaban a los propietarios de fincas y de vehículos transportadores que no habían participado 63 . Entre tanto, para muchos campesinos el espacio ganado por los "muchachos" y su intervención en el paro era de vital importancia. De hecho, la última esperanza para no ver embargar sus fincas era el apoyo y la asistencia a las reuniones convocadas por los Bolcheviques64. Después de 63 días, los campesinos decidieron volver a sus parcelas. El ministro de Agricultura, Castro Guerrero, les ofreció como punto principal la condonación de 70% de las deudas hasta de cinco millones de pesos a los pequeños agricultores65. Además de lo anterior, los campesinos asumieron como propia la formación de la Comisión Accidental del Senado, cuyos integrantes se encargaron de analizar la política cafetera y de recomendar modificaciones en materia de deudas, precios y control

62

En el paro se produjo un intento de suicido que pudo ser controlado. A cambio de su permanencia en la subregión, impusieron multas de hasta un millón de pesos. Lo mismo ocurrió con los dueños de los carros, a quienes también se les impusieron multas. 64 Desde que comenzaron los rumores de paro cafetero, la guerrilla se acercó a los campesinos de las veredas para escucharlos y orientarlos sobre la manera más efectiva para que el Gobierno comprendiera su situación. Un labriego manifestó por aquellos días lo siguiente: "Hasta el momento, por lo menos en Líbano, ellos nunca han amenazado a nadie. Lo de la plata es por asustarnos. Pero ellos son muy amables y ya se han ganado el cariño de la gente. Cómo no le vamos a dar un plato de sancocho a quienes nos están apoyando, porque eso sí, el paro es cafetero, sino que a ellos les ha tocado colaborar, porque si no es así la gente prefiere morirse de hambre en su parcela". El Tiempo, 9 de agosto de 1995. 63 Las negociaciones siguieron el mismo esquema de las desarrolladas previamente en Líbano. Representantes de ASOPEMA, directivos de la Caja Agraria, Bancafé y el Incora, y el ministro de Agricultura, Castro Guerrero, discutieron los mecanismos del diálogo y de acuerdo. El Tiempo, 20 de septiembre de 1995. 63

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de la broca. La huelga, según sus organizadores, despertó el letargo sindical y obligó a la Federación a trazar una nueva política para el control de la broca, para lo cual destinó 200.000 millones de pesos. "Permitió que los diversos sectores de la sociedad se pronunciaran al respecto, y se convirtió en un hecho histórico para el departamento", dijo Gabriel Buitrago66. El ejemplo de este movimiento influye posteriormente para que la Asociación Agropecuaria del Huila logre movilizar cerca de 50.000 personas en las vías de este departamento, logrando que el Gobierno redacte la Ley 203 de 1996 en el Congreso, que abarcaría deudas que no eran sólo de los cafeteros67. Si bien este movimiento logró que el Gobierno se pronunciara en favor de una condonación de la deuda, los problemas de fondo, como la definición de una política de precios del grano nacional y la política cambiaría, no fueron discutidos. En realidad, el aumento de los costos internos no compensaba con el incremento del tipo de cambio. La broca había diezmado la cosecha en seis millones de sacos, después de haberse superado la cifra de quince millones bajo la consigna: "Cafeteros, a sembrar como locos"68.

66

Durante la movilización de protesta se presentaron detenciones, hostigamientos alevosos, negociaciones infructuosas, enfermedades broncorrespiratorias, dos intentos de suicidio, cinco nacimientos, un campesino cayó muerto mientras participaba en una marcha de protesta en Bogotá, también murió en confusos hechos un líder campesino de la vereda La Uribe del municipio de Villahermosa, y otro fue detenido en Ibagué. La protesta albergó oficialmente a más de 1.000 campesinos, entre los cuales había unas 30 mujeres. Los campesinos agradecieron el apoyo moral de la ciudadanía, más que el apoyo económico. El Tiempo, 16 de septiembre de 1995. 67

El paro también fue punta de lanza en el país del movimiento que buscaba el mejoramiento en los salarios en el sector de la salud. 68 El Tiempo, 5 de diciembre de 1995.

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LA DINÁMICA POSTERIOR

Después de la condonación, el sector gremial oficial cafetero entró en conflicto directo con el gobierno de Samper. La falta de claridad entre el Banco de la República, el Congreso y el Gobierno lo llevó a asumir actitudes radicales como la de amenazar con declarar al Congreso en sesión permanente 69 . La situación llegó a un punto de equilibrio cuando en 1997 el Gobierno y la FNCC llegaron a ciertos acuerdos que, ajuicio de varios académicos y el gremio exportador, no atacaban de fondo el antiguo esquema de manejar la política de comercialización del grano dentro de un marco tradicional de sector primario, y sin que hubieran tenido en cuenta el modelo neoliberal70.

69 Pese al reajuste de 16,6% del grano, en agosto de 1996 se produce una nueva marcha cafetera en Armenia, con el apoyo de delegados del Valle del Cauca. El incremento parece ridículo a los productores, por lo que la protesta es orientada a revisar el precio interno del grano y a recordar al Gobierno los compromisos adquiridos con el sector. A pesar de la aprobación de la condonación de la deuda con la Ley 223 y 206, el Gobierno no manifestaba voluntad para hacer cumplir estas leyes. Al igual que las veces anteriores, los obispos son apoyo principal en este proceso. El Tiempo, 22 de agosto de 1996. 70 El Estado es orientado a seguir haciendo las veces de organismo administrador, y la Federación, de agente comercial. La Federación seguiría siendo un mecanismo tradicional de concertación. A la manera como había llevado, por ejemplo, la experimentación tecnológica del caturra en las zonas rojas epicentros de descomposición social durante La Violencia. Estos acuerdos perfeccionaron la funcionalidad operacional de los gremios orientados tan sólo al campo de la comercialización del grano y la administración de la institución; sin embargo, no reflejaron ningún tipo de política social que beneficiara a los caficultores afectados por la apertura económica y la crisis de la caficultura tecnificada. La Unidad Cafetera seguía insistiendo en que era necesario aclarar el futuro de las deudas que fueron refinanciadas, especialmente para el caso de las propiedades hipotecadas. El efecto es evidente: los cafeteros y otras fuerzas sociales (transportadores y agricultores en general) llevan a cabo un paro de transporte en la llamada Zona Cafetera, que afectó la industria macro del café en 1997. El Tiempo, 12 de noviembre de 1997.

El movimiento cafetero campesino y su lucha

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Después de ocho años de la "internacionalización del café", el panorama social se ha transformado sustancialmente. El índice poblacional disminuyó en las zonas más afectadas. Por ejemplo, en 1993 se llegaron a contabilizar, en el Valle del Cauca, 25.000 familias que vivían de ese cultivo, y después, 7.000 habían cambiado de negocio. Los diagnósticos coinciden en señalar que las condiciones sociales del campo en Colombia han empeorado en los últimos años: el analfabetismo es cuatro veces mayor en el área rural que en la urbana, la indigencia llega a 37%, frente a sólo 13% en las ciudades, y 80% de la población no tiene algún tipo de seguridad social71. En forma paralela, aunque no hay datos disponibles, los agricultores han advertido un aumento en la inseguridad rural expresada en el abigeato, el boleteo y el secuestro, lo cual obliga o a abandonar las tierras o a generar un incremento de costos por tener que administrar los negocios desde la ciudad. REFLEXIONES FINALES

El sector cafetero, tradicionalmente ligado al concepto de posesión de la tierra, dependiente de la producción agroindustrial y del mercado internacional, fue el primero en recibir el impacto de la globalización económica. El carácter mixto de la FNCC y las políticas macroeconómicas de los gobiernos de corte neoliberal generaron contradicciones al no definir con claridad políticas sociales que favorecieran a los grupos sociales más débiles. El resultado es la formación de un fuerte movimiento social que presionó a los gobernantes en la búsqueda de soluciones para su difícil condición socioeconómica. Las coaliciones entre los cafeteros se movieron en distintas direcciones. El caos producido por la polarización y fragmenta-

El Tiempo, 29 de julio de 1996.

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ción de los gremios y grupos de poder durante la administración Samper favoreció la intervención de otros actores como el clero católico, el Congreso, guerrillas del ELN y las FARC, los Comités Cafeteros Departamentales y organizaciones como Asopema y Unidad Cafetera. Estos grupos, si bien lucharon por definir políticas para solucionar los problemas propios de la industria y la deuda de los cafeteros, reivindicaron en la práctica el derecho a la propiedad y la defendieron ante la barbarie del capitalismo financiero. En el nivel local, es importante analizar el papel de la Iglesia católica, ASOPEMAy los Bolcheviques. La carencia de organizaciones de tipo nacional que representaran a los campesinos pobres, y la debilidad extrema de los actores políticos, expresada en limitaciones para plantear políticas de estabilización macroeconómica, dinamizaron el accionar del clero y de una organización campesina local, que se vio fortalecido en espacios dejados por el Estado y los partidos tradicionales. La lucha por la propiedad de la tierra permitió retomar el capital político y social de una Iglesia que había visto perder espacios en el campo por las heridas sociales que abrió La Violencia en la zona; el proceso de fragmentación de los núcleos hacendatarios, en donde existieron mecanismos de socialización, que permitían presentar a la propiedad y la familia como pilares de justicia social y progreso en el campo; y el proceso de tecnificación de la caficultura tradicional, que individualizó y monetizó la fuerza de trabajo familiar. De igual manera, ASOPEMA, considerada como organización campesina local, reactivó una nueva fase de un movimiento campesino, en la que ya no son protagonistas arrendatarios, agregados y colonos, sino pequeños propietarios, con reinvidicaciones concretas de problemas locales, y que buscan a su vez no verse infectados por las prácticas políticas de los partidos tradicionales. Entre tanto, en el campo, los Bolcheviques parecen cumplir un función de control social, especialmente

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cuando en el período de mayor degradación social impusieron normas de comportamiento social, como el control de la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la vagancia, medidas con las que pareció frenarse la degradación de los afectados núcleos familiares campesinos. La presión de esta guerrilla también dinamizó la movilización de los campesinos y frenó los presuntos embargos, remates o secuestros que deberían darse con la deuda de los cafeteros por parte de las entidades crediticias. Como efecto, el mercado de tierras local sufrió una paralización total, factor al que se sumó la decadente producción cafetera. La oferta creció y la demanda por tierras descendió, llevando a un abaratamiento sin precedentes de los predios, y a un fin temporal de la especulación rentista de la tierra causada por el café. También es importante señalar que este movimiento cafetero no es un movimiento de trabajadores, es un movimiento de pequeños y medianos propietarios acosados por las deudas con entidades bancarias. Los trabajadores temporales, nómadas por tradición, no son actores vitales del proceso. Éstos se favorecen por la coyuntura expansiva de las zonas cocaleras en la Amazonia y los Llanos Orientales. El movimiento cafetero, si bien en términos generales se desarrolló en forma pacífica, recibió en algunos casos la estigmatizaron política, por lo que algunos dirigentes fueron víctimas de amenazas y otros asesinados. Igualmente, la presión de grupo fue aprovechada por políticos opuestos a la coalición interna burocrática de la Federación, para dictar una ley reglamento de participación democrática directa de los productores en las elecciones cafeteras con sufragio universal, para elegir los comités municipales y departamentales de cafeteros y el Congreso Nacional de Cafeteros72.

Rodríguez, 1998, p. 20.

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Las prácticas de presión social se convirtieron especialmente en paros y marchas masivas. El bloqueo a las vías de transporte, al estilo de los agricultores europeos afectados por las reformas neoliberales, es aplicado en toda su dimensión interregional y local. El comercio, el transporte y la educación también se unen a la protesta, al igual que trabajadores de otros sectores agrícolas. La presión desciende gracias a las políticas de condonación y refmanciación apoyadas por dirigentes bipartidistas -ligados al sector cafetero-, líderes de la jerarquía eclesiástica y dirigentes nacionales del gremio cafetero, y por los actores locales arriba mencionados. El movimiento cafetero no fue un movimiento en la búsqueda de nuevos paradigmas; éste parte de una realidad concreta que responde a un modelo de reestructuración estatal y desarrollo económico, en el que el Estado no estaba preparado para proveer un marco regulador para el sector privado, garantizar una provisión de servicios básicos -salud, educación y seguridad social-, realizar nuevas inversiones en infraestructura básica y propender a una distribución del ingreso más equitativa. En este sentido, el proyecto de transformación socioproductiva individual del modelo neoliberal puede convertirse en una utopía si no se ofrecen programas de recapacitación en el sector rural acoplados a los cambios tecnológicos modernizantes, que generen nuevas formas de producción y que transformen las relaciones consuetudinarias de los productores. De esto se desprende por qué la década de los noventa fue la década de la descomposición del agro y el caos73. En este sentido, la acción del movimiento cafetero respondió a cuestiones materiales y sociales concretas, en las que el campesino deposita su esperanza en la credibili-

73

Un material interesante sobre el proceso de apertura económica y modernización del sistema productivo puede leerse en Machado, 1992.

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1 203 ]

dad ganada por un grupo heterogéneo de dirigentes identificados con una causa común: la condonación de sus deudas y el no embargo de sus fincas. FUENTES

Periódicos El Espectador, 1990-1995. El Tiempo, 1989-2000. Tolima 7 Días, 1995. ENTREVISTAS

Bedoya, Germán: Secretario general de Asopema. Buitrago, Parmenio: Pequeño propietario, La Aurora-Líbano, Dávila, Óscar: Inspector de Trabajo, Alcaldía del Líbano. Orellano Centeno, Gustavo Antonio: Presidente de la ANUC, seccional Líbano. Serna, José Luis, Obispo arquidiócesis Líbano-Honda. Vallejo, Hermes y otros dirigentes de Asopema, Asamblea General en Líbano. FUENTES PRIMARIAS

Documento: Gobernación de Cundinamarca y Comité de Cafeteros de Cundinamarca, Reglamento para las haciendas cafeteras. Elaborado por la comisión creada por la gobernación de Cundinamarca, Bogotá: Editorial El Gráfico, 1934. Documento de Trabajo "Jornada Cafetera Libanense". Organizador: Unidad Cafetera El Líbano. Coordinación general: monseñor José Luis Serna Álzate. Julio 13 y 14 de 1996, Líbano, Tolima.

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Constitución Nacional de Colombia, Artículos 64-66. FUENTES SECUNDARIAS

Dombois, Raines. "Tendencias en las transformaciones de las relaciones laborales en América Latina. Los casos de Brasil, Colombia y México", en Luz Gabriela Arango y Carmen Marina López (compiladoras), Globalización, apertura económica y relaciones industriales en América Latina. Bogotá: CES, Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional, 1999, pp. 308-336. Leal Buitrago, Francisco et al. El agro en el desarrollo histórico colombiano. Ensayos de economía política. Bogotá: Punta de Lanza, 1977. Machado, Absalón (compilador), Desarrollo rural y apertura económica, Bogotá: Fondo DRI, IICA. Ocampo, José Antonio, "Políticas de regulación de la oferta de café", en José Antonio Ocampo (ed.), Lecturas de economía cafetera. Bogotá: Federarrollo-Tercer Mundo, 1987, pp. 13-37. Ramírez Bacca, Renzo, "La situación de los cafeteros y el fin de una era", Macando, N 2 58, 1997. . "Café: su leyenda e imagen", Macando, N- 38, 1995. Rodríguez Vargas, Francisco, "La organización social de los productores de café", Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, N 2 12, julio-diciembre de 1998, pp. 13-32.

TERCERA PARTE

Acción colectiva y etnicidad

Ingridjohanna Bolívar ESTADO Y PARTICIPACIÓN: ¿LA CENTRALIDAD DE LO POLÍTICO?' El espacio político burgués es de condición paradójica, el privilegiado sitio que ocupa no puede hacer olvidar que su presencia es, no pocas veces, la de un emisario... se impone la certidumbre de que sus formas, sus agentes y sus asuntos, son deudores de otros ámbitos. Sus representaciones, como en el universo onírico, hacen patentes otros contenidos, dejan entender aquello que calla. Fernando Escalante en LA POLÍTICA DEL TERROR

El objetivo de este texto es problematizar el vínculo entre lo público y lo político partiendo de la manera como han sido reglamentados y usados algunos de los mecanismos y espacios de participación consagrados en la Constitución de 1991. No nos interesa ofrecer una versión acabada de cómo debe ser la relación entre uno y otro, ni criticar las bondades o los defectos de la carta constitucional. No. Partimos de la Constitución porque ella permite centrar la mirada, y porque al mismo tiempo tiende a formalizar la ambigüedad con que lo público y lo político se expresan en la vida social contemporánea. Además, y aunque no se puede desarrollar aquí, es preciso indicar que partimos del señalamiento hecho por autores como Offe y

* Agradezco los comentarios que sobre la presentación que hice de este texto me brindaron Mauricio Archila, María Emma Wills, Mauricio Romero, Mauricio Pardo, Alejandro Sánchez, Paola Castaño y Franz Hensel. Las imprecisiones y los errores que aquí cometo no son sólo míos, como suele decirse; algunos también son de ellos.

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Kosseleck1, en el sentido de que lo público y lo político históricamente no sólo no coinciden, sino que incluso en algunas ocasiones resultan contrapuestos. Así, pues, nuestro interés es capturar ciertos deslizamientos conceptuales y la creciente fluidez de los fenómenos que hasta hace algunos años podíamos clasificar con tranquilidad como "sociales", "políticos", "públicos", entre otros. Tal vez, el análisis de la acción colectiva, y su relación con el Estado, sea uno de los ámbitos donde más se resiente cierta estrechez de las categorías analíticas tradicionales. En ese sentido, cabe recordar el señalamiento de Boaventura de Sousa Santos, según el cual "el conflicto Este-Oeste es uno de los grandes responsables de que, durante todo el siglo XX, la sociología hubiera sido hecha con los conceptos y las teorías que heredamos del siglo xix" 2 . De ahí que se insista en que éste es un esfuerzo por mostrar la ambivalencia del espacio público promovido por la Constitución de 1991, pero que también eso se utiliza como excusa para ver que algunas de las categorías centrales del pensamiento sobre la sociedad se revelan cada vez más insuficientes. Por esta vía se constata hasta qué punto aquello que se concibe como público o político forma parte de la lucha política misma3.

1

Al respecto, resulta pertinente el señalamiento de Koselleck, para quien "el espacio público ilustrado nace con un déficit político que proviene de su originaria pretensión de emancipación de todo poder político". En ese sentido, el espacio público supone una crisis de lo político, no su transformación. Véase Nora Rabotnikof, "El espacio público: caracterizaciones teóricas y expectativas políticas", en Enciclopedia Iberoamericana de Filoso fia, A/e 13, Filosofía política 1. Ideas políticas y movimientos sociales, Editorial Trotta, Madrid, 1997, pp. 142 y ss. 2

Boaventura de Sousa Santos, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodemidad, Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes, 1998, p. 16. 3 En términos de Lechner "Definir qué es política es parte de la lucha política misma", en La nunca acabada y siempre conflictiva construcción del orden deseado, Madrid, Siglo xxi; cis, 1986.

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El texto está dividido en tres partes. En la primera se hacen algunas precisiones sobre la disciplina desde la cual se piensa el problema y sobre la perspectiva analítica general que orienta la presentación. En la segunda se contextualiza la pregunta por lo público y la participación en la Constitución de 1991. Al mismo tiempo, se presenta la referencia a algunos casos concretos que sugirieron el presente análisis. En la última parte, se revisan algunos de los supuestos y de los implícitos de tal análisis y se plantean algunos de los problemas que, desde nuestra perspectiva, es necesario repensar. EL ESTATUTO DE LO POLÍTICO

El interés por problematizar las relaciones entre lo público y lo político parte de la constatación de que una amplia literatura sobre movimientos sociales insiste en que ellos expresan nuevas formas de ciudadanía, maneras alternativas de construir democracia y, por esa vía, de redefinir lo público y político 4 . Aquí no ponemos en duda "el momento de verdad" de tales enunciados. Más bien, queremos llamar la atención sobre la ambigüedad propia de los conceptos políticos que tales lecturas acogen, pues lo público, lo político, la democracia y la ciudadanía tienen relaciones muy conflictivas entre sí. Se trata entonces de aclarar que aunque distintos análisis de los movimientos sociales se refieren indistintamente a lo público y lo político, y suponen entre ellos una relación armónica, su diferenciación no está exenta de conflictos. Algo parecido sucede cuando se habla de formas alternativas de democracia y ciudadanía pero no se puntualiza

4

Una revisión de los principales puntos orientados en esta dirección puede leerse en Arturo Escobar, "Lo cultural y lo político en los movimientos sociales de América Latina", en El fin del salvaje, Cerec, ICAN, 1999. pp. 50 y ss.

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por qué serían democracia y ciudadanía y por qué serían alternativas. De cualquier manera, hay que insistir en que este trabajo parte de que el análisis de los movimientos sociales constituye una importante fuente para la crítica y redefinición de las categorías centrales del pensamiento político. Y con esto pasamos a otro punto. La discusión sobre lo público y lo político se hace desde la ciencia política, una disciplina bastante joven y que permanece muy centrada en la imagen de la política como representación de intereses, y en el Estado como red organizativa, como aparato. Sin negar la relevancia de esta perspectiva, insistimos en que las crecientes transformaciones en las pautas de identificación y vinculación social exigen redefinir el contenido del análisis de la política. Éste no pasa solamente por la dinámica de representación, sino también por el reconocimiento de los límites cambiantes de lo político, esto es, de la forma en que se experimenta el orden colectivo5. Tal exigencia se torna aún más importante cuando se recuerda que en América Latina, Estado y sociedad no están tan diferenciados como supone la teoría clásica liberal o marxista. De ahí que algunos autores hayan hablado de ámbitos políticos subalternos y paralelos a los ámbitos dominantes 6 . Así, pues, desde nuestra perspectiva, un problema político no es sólo cómo se representan y traducen en políticas de Estado los intereses y objetivos de distintos grupos sociales y como las instancias del Estado se hacen cada vez más representativas, sino sobre todo cómo se construye aquello que denominamos interés o identidad política y qué visión particular del orden social se expresa en ella. Para respaldar este planteamiento reto-

3

Para una distinción entre la política y lo político, véase Norbert Lechner, "Los nuevos perfiles de la política: un bosquejo", en Revista Nueva Sociedad, N 2 130. 6 Arturo Escobar, op. cit., pp. 147 y ss.

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mamos algunas ideas de Escalante y de Lechner. Para Escalante existe en la actualidad un desplazamiento de lo político. Las formas de intermediación política que se sustentaban en la voluntad general ya no encuentran la sociedad que antes podían representar. En sus palabras, "las series de flujos sociales ya no son representables en tales discursos. Aún a tientas, aún seducidos en ocasiones por las viejas fórmulas, las necesidades buscan dar de sí una evidencia más inmediata, afirmar su urgencia con su presencia: fragmentada sí como intermitente, huidiza y multiforme"7. Y es precisamente esa "aparición más inmediata de las necesidades" lo que nos hace retomar el plateamiento de Lechner, para quien "no hay una sociedad per se, un sí misma, sino a través de su representación simbólica"8. Así, pues, las necesidades que nos aparecen como inmediatas, como naturales, como obvias, no lo son, en sentido estricto. Han sido configuradas y articuladas como necesidad a partir de la representación simbólica que la política hace del orden social. De ahí que se insista en que el análisis de la política tiene que dar cuenta de la manera como una sociedad elabora sus necesidades e intereses. Además, porque el análisis de algunos movimientos sociales exige "abandonar el viejo conflicto entre interés e identidad, reconociendo que todo conflicto implica afirmaciones de identidad al igual que el desarrollo de intereses colectivos"9. Todo esto, para insistir en que el análisis de la política tiene que dar cuenta del proceso de representación de intereses, pero también y sobre todo de su configuración. Si los movimientos sociales definen

7

Fernando Escalante, La política del terror, FCE, México, 1991, p. 64. Norbert Lechner, "Acerca del ordenamiento de la vida social por medio del Estado", en Revista Mexicana de Sociología, año XLIII, vol XLIII, N s 3, 1981, p. 1.080. 9 Charles Tilly, "Conflicto político y cambio social", en Los movimientos sociales, Pedro Ibarra, Benjamín Tejerina, Trotta, Madrid, 1998, pp. 33 y ss. 8

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nuevas formas de ciudadanía, es preciso problematizar el estatuto conceptual e histórico de ese vínculo político. ¿EL RECONOCIMIENTO ES POLÍTICO?

Francisco Gutiérrez ha mostrado que el discurso constitucional hace de la participación un momento privilegiado de acercamiento y vinculación del ciudadano con lo público y por esa vía con el "nuevo país" en el que se imagina superado el clientelismo 10 . De ahí que el preámbulo de la Constitución establezca que el pueblo de Colombia persigue, entre otros fines, la vigencia de "un marco jurídico, democrático y participativo". De ahí también que el artículo 2 le atribuya al Estado, como fin esencial, "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación". Se trata, entonces, de pensar qué tipo de espacio público se desprende de la forma en que es pensada la participación, cómo se la entiende y qué tipo de lugar se le asigna en el conjunto de la vida política. En u n trabajo anterior 1 1 se mostraba que la participación, como cualquier vínculo político, está cambiando de carácter perm a n e n t e m e n t e y que en la historia reciente de Colombia ha recibido diferentes connotaciones. Así, por ejemplo, en los años sesenta la participación era considerada u n elemento fundamental para combatir la marginalidad y la exclusión social. En la reforma política de 1968 se piensa la participación como un dis-

10

Francisco Gutiérrez, "Participación, renovación y ciudadanía", en La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá, Tercer Mundo-Iepri, Bogotá, 1998. 1 ' Fernán González; Ingrid Bolívar y Renata Segura, Participación ciudadana y recuperación de la política. Fondo para la Participación Ciudadana, Ministerio del Interior, abril de 1997.

Estado y participación: ¿la centralidad de lo político?

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positivo central para "contrarrestar" aquello que se percibe como manipulación clientelista. Más recientemente, la participación se pone enjuego bien sea para reducir el papel del Estado o para modernizarlo, presionando mejoras en la administración pública. La Constitución de 1991 no es ajena, y no puede serlo, a la ambigüedad propia de esa historia. Así que la consagración constitucional de los distintos mecanismos de participación puede ser leída de diversas maneras. Para algunos analistas, la ampliación de los mecanismos de participación está ligada indudablemente a un proceso de democratización del Estado12. Para otros, tales reformas no pueden entenderse si no es en una perspectiva global, en la cual el Estado se ve presionado a redefinir la forma como regula la sociedad, y principalmente como interviene en el mundo del mercado y de la iniciativa económica. Así, la participación se convierte en uno de los elementos de lo que se ha denominado Estado Neorregulador. En dicho modelo, se establece una "nueva relación Estadociudadano, similar a la que se establece entre productor y consumidor de mercancías, donde el indicador fundamental es la eficiencia en la acepción económica del término"13. Así, se interpreta la participación como una salida a la congestión del Estado y como una garantía de que se van a mantener ciertos niveles de legitimidad.

12

Rodrigo Villar, Natalia Pradilla, recogiendo los argumentos de Ana María Bejarano. "Las ONG y la sociedad civil, oportunidades y retos en un contexto cambiante", Documento de trabajo, febrero de 1995. 13 Alejo Vargas, Participación social, planeación y desarrollo regional. Universidad Nacional, Bogotá, 1994, p. 15. Una discusión más amplia sobre esto en Ingrid Bolívar, Lo público: entre los derechos de propiedad sobre la política y la despolitización del Estado. Tesis para optar al título de Politóloga, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de los Andes, 1996.

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La visión de la participación como expresión de un "proceso de democratización del Estado", si bien parece sobrevalorar el elemento político, es útil para explicar algunos de los mecanismos de participación en la conformación y ejercicio del poder, especialmente los artículos constitucionales 103 a 106 y la Ley 134 de 1994, ley de participación política. Ahora bien, según algunos estudios, esos mecanismos no han sido muy utilizados y no ofrecen muchos incentivos a la ciudadanía14. Así, por ejemplo, hasta 1999 se habían presentado cuatro iniciativas populares legislativas, de las cuales sólo prosperó la de la Fundación País Libre contra el secuestro. Por otro lado, han sido efectuados 11 referendos y 13 consultas populares. En ambos casos, suele tratarse de pequeños municipios. Esto con la excepción de algunas consultas convocadas en Santa Marta, Valledupar y Aguachica, que o no prosperaron o la Registraduría no tiene información al respecto. Algo parecido ha tenido lugar con la revocatoria del mandato, pues se han presentado cinco casos, pero la votación en todos ha sido muy baja15. Este rápido recorrido por algunas de las experiencias de participación amparadas en la Ley 134 de 1994 sólo quiere llamar la atención sobre el tipo de "iniciativas ciudadanas" o, mejor, sobre el "repertorio" de algunos actores sociales. Llama la atención que la iniciativa sobre el Estatuto laboral presentada por la CUT, y con respaldo de un millón de firmas, ni siquiera haya sido considerada por el Congreso y no aparezca en las discusiones que distintos agentes sociales y políticos hacen al respecto. 14

Francisco Gutiérrez, Ibid, p. 50. La información detallada sobre el uso de algunos de los mecanismos de participación y sobre los distintos casos que aquí sólo se nombran puede leerse en Leila Rojas, Análisis contextualizado de la Ley 134 de 1994, Centro de Apoyo Académico al Legislativo-CAAL, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de los Andes, Bogotá, 1999. También se puede leer José Renán Trujillo, La democracia participativa en Colombia. De mito a realidad. Talleres Gráficos de Prensa, 1999. 15

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Por otro lado, se tiene que la visión de la participación como estrategia de Estado para acoplarse a un contexto internacional cada vez más economizado puede explicar el que la sociedad sea llamada a "colaborar" en la ejecución de la política social, y que se haya dado una relativa explosión de espacios de participación en áreas de acción social que antes se consideraban exclusivas del Estado y en las que ahora se involucra a distintos actores sociales16. Y es que la mayor parte de los espacios de participación abiertos por la Constitución y por las leyes que la reglamentan se encuentran fragmentados según los diferentes niveles territoriales o las diferentes áreas temáticas... "Como ciudadano se invita a participar en lo político-electoral, como habitante de una comunidad, a participar en la solución de los problemas comunitarios, como usuario de los servicios del Estado, a participar en la mejor gestión de los mismos, como empleado, a la buena marcha de la empresa, como parte de un género determinado, a una relación más igualitaria"17. Este tipo de afiliación y participación de los actores sociales en los asuntos públicos

16 Un caso interesante al respecto es el de los consejos departamentales y municipales de planeación. En la composición social de estas instancias se destaca la fortaleza de los representantes de los sectores "social" y "económico" contra la de grupos "ecológicos" o "étnicos". Un informe preliminar de una investigación al respecto que está siendo desarrollada por el Consejo Nacional de Planeación señala que sólo en 47% de los municipios se han conformado consejos. Otro dato interesante es la alta participación de funcionarios públicos y representantes políticos de distintos niveles (diputados, concejales, secretarios, entre otros) en las instancias de planeación que, según la ley, son un espacio de la sociedad civil. Véase Boletín del Consejo Nacional de Planeación, Lo Público, N- 8, abril-mayo del 2000. 17

Alejo Vargas, "La democracia en Colombia: al final del túnel o en la mitad del laberinto", en Identidad democrática y poderes populares, Memorias VI Congreso de Antropología en Colombia, julio 22-25, 1992, p. 31. La idea de que el ciudadano es el que participa en lo político-electoral hace necesario recordar que sobre la ciudadanía existen distintas tipologías y clasificaciones. La mayoría reconoce por lo menos tres dimensiones: la civil, la política y la social, según el tipo de derechos a que remite

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parece compatible con lo que Laclau y Mouffe han llamado las múltiples identidades y "posiciones de sujeto"18. Resaltamos el parece, porque, en efecto, la existencia simultánea de esos distintos espacios de participación puede ser vista como el correlato de la no preeminencia de unas identidades sobre otras, de su movilidad y, en general, como una expresión del descentramiento de la vida social en la época (post)moderna. Sin embargo, esas distintas identificaciones no están articuladas a un proyecto de sociedad. Sobre este punto se vuelve después. Por ahora, basta señalar que el hecho de que se participe en esos diferentes espacios desde distintas identidades, y que sólo en lo político electoral se participe como ciudadano, recuerda los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, según los cuales la vida social en la actualidad transcurre en distintos espacios estructurales; el espacio de la ciudadanía es sólo uno, entre otros. Distinto del espacio doméstico, del espacio de la producción y del espacio mundial 19 . Lo que está enjuego aquí, entonces, es el lugar, el estatuto conceptual e histórico de la ciudadanía y de lo político. Ahora bien, para perfilar mejor los problemas conceptuales que emergen aquí es pertinente plantear algunos casos: El estudio de Eduardo Restrepo sobre la construcción de etnicidad de las comunidades negras en las discusiones políticas del artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional, y de su desarrollo en la Ley 70 de 1993, muestra que ha predominado

cada una. La civil a los derechos o libertades personales, la política al sufragio universal y la participación política, y la social a los derechos y el bienestar sociales. Un recorrido histórico sobre las diferenciaciones en el desarrollo de la ciudadanía puede leerse en, Marshall T. H. Class, Citizenship and Social Development, Connecticut, Greenwood Press, 1976. 18 Véase Ernesto Laclau, "Los movimientos sociales y la pluralidad de lo social", en Revista Foro, N 2 4, noviembre de 1987 y Chantal Mouffe, "La democracia radical: ¿moderna o postmoderna?", en Revista Foro, N 2 24. 19 Véase Boaventura de Sousa Santos, op. cit.

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una visión de la comunidad negra como una comunidad marcadamente rural, con un uso colectivo del espacio, y armónica, ambiental y socialmente, entre otras características20. A partir de esta representación de las comunidades negras, se ha hecho que su principal vínculo con el Estado sea la titulación colectiva de baldíos. Tal titulación colectiva constituye, sin lugar a dudas, el derecho mínimo de las comunidades negras que tradicionalmente los han ocupado y conservado, pero no puede agotar la relación con el Estado. En otras palabras, la titulación colectiva favorece la configuración de un espacio público, de una nueva relación del Estado con miembros de un grupo poblacional. Sin embargo, hay que hacer dos señalamientos. El primero, que la titulación tiende a acaparar la relación Estado-comunidades, y aparece cada vez más como un problema administrativo, de eficiencia. Así, por ejemplo, la Ley 70 dispone la configuración de los Consejos Comunitarios como principal procedimiento para acceder a la titulación colectiva. Sin embargo, no hay ninguna consideración similar sobre la manera como tales organizaciones se pueden articular entre sí y con la sociedad regional21. Con 20

Tal predominio tiene que ver con la influencia que algunas organizaciones campesinas y experiencias organizativas del departamento del Chocó tuvieron tanto en el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 como en su reglamentación. Eduardo Restrepo, "La construcción de la etnicidad. Comunidades negras en Colombia", en Modernidad, identidad y desarrollo, editado por María Lucía Sotomayor, ICAN, Bogotá, 1998, p. 357. 21 En la génesis de la Ley 70 no se proponían consejos comunitarios, sino palenques. La decisión final fue resultado de una votación telefónica y, en esa medida, no pudo ser suficientemente discutida. Ahora bien, la ley también dispone la creación de unas consultivas regionales y de alto nivel para "poner en contacto" la experiencia organizativa de distintas zonas del país. Sin embargo, en el desarrollo de tales consultivas no se ha adelantado una discusión sobre los problemas de "otras" comunidades negras, como los raizales de San Andrés. En las reuniones consultivas predominan los asuntos relacionados con la minería y la titulación colectiva de baldíos,

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tal omisión, la organización de las comunidades negras en pro de la titulación y el reconocimiento social de su diversidad queda desperdigada en numerosos consejos comunitarios incomunicados entre sí y carentes de reconocimiento como sujetos políticos. No promueve una organización o la construcción de un tejido asociativo entre esos diferentes consejos, no se favorece la creación de un ámbito común de confluencia de los diferentes actores, sino acuerdos pequeños e inconexos entre los consejos comunitarios y las oficinas públicas22. Segundo, es preciso preguntarse qué pasa en este caso con lo político, entendido, en términos de Lechner, como "el conjunto de formas en que imaginamos, vivimos y valoramos el orden social"23. Es necesario indagar cómo la titulación, y en términos más amplios, la construcción de esa etnicidad se proyecta sobre el conjunto de la sociedad. Cómo tal etnicidad es leída y traducida por los distintos grupos sociales, cómo ellos se sitúan frente a esa nueva identidad, en qué transforma su percepción y valoración del orden. Las mismas preguntas se desprenden de los trabajos de María Lucía Sotomayor y de Margarita Chaves sobre la representación de lo indígena en dos experiencias particulares. Sotomayor analiza los discursos y acciones con que la comunidad indígena del resguardo de Quizgó, en el municipio de Silvia, Cauca, trata

asuntos que sin dejar de ser centrales no son reconocidos como preocupación por algunos grupos negros. Debo estas precisiones a los profesores Jaime Arocha y Mauricio Pardo. Véase el trabajo de Pardo en este mismo volumen, sobre todo su discusión sobre las identidades "autolimitantes y fragmentadas". 22 Véase Ley 70 de 1993, capítulo referido a Consejos Comunitarios. Véase también, Ingrid Bolívar, "Ciudadanía multicultural y construcción de un ámbito público: el caso del Chocó y la Ley 70 de 1993", en Formación de investigadores. Estudios sociales y propuestas de futuro, Compilado por Elssy Bonilla, Bogotá, Editorial Colciencias y Tercer Mundo, 1997. Véase también el artículo de Mauricio Pardo en este volumen. 23 Norbert Lechner, op. cit.

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de redefinirse como indígena. Al hacerlo, se encuentra con el carácter ambiguo del marco constitucional. Aunque la recuperación de lo indígena en Quizgó comienza mucho antes de la reforma constitucional, las distintas atribuciones que tal Constitución da a los resguardos y a las autoridades indígenas, así como el respeto a sus "usos y costumbres", afianzan el proceso de imaginar una comunidad. Ahora bien, en el proceso de construir una identidad cultural y redefinirse como indígenas, se ha generando lo que Sotomayor llama una "invisibilidad" cultural del campesino que, en su perspectiva, podría ser útil al gobierno para neutralizar las luchas campesinas"24. En otros términos, el tipo de dispositivos con que la Constitución de 1991 escenifica el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, su insistencia y forma de leer lo étnico, alimentan, por no decir invierten, la distinción entre indígena y campesino, sin favorecer su articulación. Algo parecido sucede en la Amazonia colombiana. Margarita Chaves encontró que allí la definición constitucional de los derechos de las comunidades indígenas afianza la representación negativa que existe de ellos, tanto en lo político como en lo económico y ambiental, al tiempo que favorece su marginación como sujetos políticos diferenciables. Además, Chaves muestra que los vínculos entre colonos e indígenas pasan cada vez más por la reivindicación de una identidad étnica indígena por parte de los colonos y por sus esfuerzos por pertenecer a una comunidad indígena reconocida como tal 25 . Es preciso pensar qué tipo de relación o de vínculo social resulta fortalecido por las propuestas constitucionales, en qué medida se proyectan sobre el conjunto de la sociedad o se quedan como problema particular de grupos poblacionales definidos.

Ampliando aquí una idea de Cristian Gross, se puede decir que hoy más que nunca en Colombia la etnicidad está sirviendo 24 23

María Lucía Sotomayor, op. cit., p. 419. Margarita Chaves, op. cit., p. 419.

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como paraguas, "como medio eficaz de lucha contra la anomia, la exclusión y la violencia que golpea a los individuos y a los grupos en sus espacios culturales de referencia..."26, y que, en alguna medida, es mejor, más rentable políticamente y más útil para demandar bienes y servicios del Estado ser indígena o negro que ser un mestizo pobre. Pero, incluso -y con lo que se llega de nuevo al punto clave-, la forma como están dispuestos los distintos mecanismos de participación ahonda o invierte la diferencia, la representación negativa y la desarticulación entre los grupos étnicos o culturales que se pueden reconocer como tales, y aquellos otros, ahora desprovistos de defensa y de atención, los mestizos pobres. Y todo este dinamismo social, el esfuerzo por construir una etnicidad, aparece aún aislado del resto de la sociedad, no se ha proyectado sobre ella, no ha trabajado sobre la forma en que se configura a ese otro. Así, por ejemplo, los indígenas u'wa de la comunidad de La Mulera en el municipio de Chitagá, Norte de Santander, se quejaban en enero de 1998 y ante distintas instancias del ELN de que los guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón se pusieron del lado de los colonos en una asamblea en la que se estaba decidiendo qué hacer ante el "atropello cometido y negado por los colonos en perjuicio de un mular que al pasarse de un potrero de los u'wa a otro de los campesinos fue inutilizado a golpes, partiéndole una pata"27. Los indígenas manifiestan su inconformidad por la presencia de los guerrilleros, por estar donde nadie los llamó y por ponerse del lado de los colonos, quienes "históricamente, no obstante ser trabajadores campesinos muchas veces desalojados por la violencia, han despojado de sus tierras a los indígenas". Se quejan de que los

26 Cristian Gross, "Indigenismo y etnicidad: el desafío neoliberal", en Antropología en la modernidad. Bogotá: ICAN, 1997, p. 51. 27 Fotocopia de la queja de los indígenas de La Mulera, Chitagá, Norte de Santander, ante el ELN.

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guerrilleros, antes que "contribuir al esclarecimiento de la verdad y al restablecimiento de la justicia, vienen, según las propias palabras de uno de los guerrilleros, 'no a hacer justicia sino a mantener el orden' ". Este caso se trae a colación para mostrar cómo la nueva relación entre el Estado y los grupos étnicos no ha logrado proyectarse aún sobre otros espacios de la vida social, incluida la relación histórica entre actores armados y colonos. Se hace todo este recorrido no para insinuar que la Constitución como tal es la responsable de la "desarticulación" de algunas iniciativas ciudadanas, o que es el Estado el que con una acción malintencionada pretende fragmentar la "acción social"28. No. Como se verá más adelante, la llamada "desarticulación" o "falta de proyección sobre la sociedad mayor" es parte de un problema mucho más amplio sobre las condiciones en que es posible la política moderna. Se ha hecho este recorrido por las ambivalencias del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y su "marginación" frente a la sociedad mayor por dos razones. Primera, porque se acoge un planteamiento de Escobar, según el cual "en vez de evaluar o medir el éxito de los movimientos principal o exclusivamente con base en cómo las demandas de los movimientos son procesadas dentro de las políticas de representación institucional, hay que indagar sobre la manera como los discursos y las prácticas de los movimientos sociales pueden desestabilizar y, en esta medida, por lo menos parcialmente, transformar los discursos dominantes y las prácticas excluyentes de la democracia latinoamericana actualmente existente"29. De ahí que resulte central para el análisis de los movimientos sociales o de las dinámicas

28

Hago esta aclaración para no dar pie a que se piense que culpo a la Constitución o al Estado de lo que viene sucediendo con distintas iniciativas ciudadanas. 29 Arturo Escobar, op. cit., pp. 147 y ss. En este punto, Escobar sigue a Frazer.

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ciudadanas recientes pensar no sólo el vínculo con el Estado, sino la forma en que tales movimientos leen y son leídos por otros grupos. Con esto llegamos a la segunda razón. Insistimos en la articulación movimiento social otros grupos de la sociedad, porque en ocasiones se suele creer que el reconocimiento constitucional solamente "activa" un actor que está ahí esperando el guiño institucional. O al contrario, que el guiño institucional se produce solamente por la presión recurrente del actor. Tratando de complementar estas lecturas del vínculo político, insistimos en que, en ciertos casos, los cambios constitucionales no activan un sujeto social preexistente, sino que median y enmarcan su propia autoproducción como actor, como movimiento. En palabras que Eduardo Restrepo refiere a la experiencia de producción de la comunidad negra en el Pacífico nariñense, se trata de cuestionar "aquellos análisis que suponen unos movimientos sociales emergiendo en su aislamiento simplemente por la dialéctica moral de la justeza de sus reivindicaciones"30. Así, se insiste en la necesidad de atender al dinamismo social que el cambio constitucional promueve, pero sobre todo al tipo de ciudadanía o de vinculación política que empieza a representar y producir. Ahora bien, lo que hasta ahora se ha señalado no sólo sucede en el terreno de la diversidad étnica y cultural. Francisco Gutiérrez, en su trabajo sobre Bogotá, muestra que una dinámica similar se vive en el nivel de la llamada micropolítica. El autor constata la tensión entre las antiguas juntas de acción comunal y las recientemente creadas juntas administradoras locales. Tal tensión se expresa en distintos niveles. Por un lado, en el personal, que

30

Eduardo Restrepo, "Retóricas y políticas de la alteridad: 'comunidad negra' en el pacífico sur colombiano", texto basado en la ponencia presentada en el simposio "Black Populations, Social Movements and Identity in Latin America", Manchester 27-31 de octubre de 1991.

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alimenta unas y otras, y que paradójicamente tiende a ser el mismo. Sólo que ahora, y como miembros de las JAL, son estigmatizados por venir de las JAC. Pero el punto más importante, para lo que aquí trabajamos, es el malestar en algunas comunidades porque los ediles sólo invierten en sus respectivos barrios. Gutiérrez recoge interesantes testimonios de los propios ediles y de otros miembros de la comunidad, y muestra la ambigüedad que hay frente a esa situación. De un lado, se espera que el elegido trabaje por todos sin distinciones, pero también que defienda sobre todo a su barrio. Se le critica que sólo invierte en las zonas que votaron por él, y a las demás las deja abandonadas a su suerte. Gutiérrez captura la discusión en torno a si esta práctica es "condenable o no", y muestra cómo para gran parte de los ediles no sólo no es condenable sino que, en palabras de los electos, "es inevitable... es el juego de intereses", pues no invertir en las zonas donde resultaron electos "sería una traición"31. Desde nuestra perspectiva, lo que está enjuego aquí, y que se expresa muy bien en los argumentos de los ediles, es que el tránsito entre lo social y lo político no sólo no es tan fácil y natural como solemos creer, sino que incluso ya no pasa de manera privilegiada por la vía de la representación política. En otras palabras, el que los ediles consideren que no es condenable que inviertan en los barrios de sus propios votantes, en detrimento de otros grupos de pobladores que pueden necesitar más esa inversión, es un espacio en el que se materializa y se puede constatar la ambigüedad de la relación entre lo social y lo político. Cada vez menos, lo social y lo político se comportan como esferas diferenciadas y unidas por el vínculo de la representación. Cada vez más se expresan como dinámicas yuxtapuestas, indiscernibles. Este punto se retoma en la sección siguiente.

Francisco Gutiérrez, op. cit., pp. 126 y ss.

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Si se lee con cuidado cada uno de los casos comentados arriba, se puede constatar que la explosión de espacios de participación tiene un correlato en la creciente fragmentación y neutralización m u t u a entre distintas relaciones de exclusión y desigualdad social y política. De ahí que resulte pertinente repensar y desconfiar de que a cada uno de tales espacios se vaya en calidad de representante de u n rol particular, privilegiando una identidad entre otras. Pero, también, de ahí que haya que problematizar las categorías conceptuales con que aquel fenómeno se hace visible y preocupante. Así, por ejemplo, de lo dicho hasta este momento se desprende que el lugar que la Constitución de 1991 y las leyes que la reglamentan dan a la participación, tiende a fortalecer un espacio público que diluye lo político. Esto es, u n espacio en el que aunque se promueven distintas formas de vinculación social, ellas están perfectamente sectorizadas e incomunicadas entre sí y con las formas tradicionalmente políticas de los partidos y movimientos políticos. De tal manera, los consensos y las disputas que distintos actores sociales elaboran en su relación con el Estado no transforman los límites de la vida social, no dejan de ser un encuentro sectorial y poco le dicen al conjunto de la sociedad. Un caso revelador de esta tendencia es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Aunque el Estado y las comunidades han transformado de manera importante su relación, no han logrado proyectarse sobre la sociedad mayor, ni articular en torno de sí propuestas de sociedad. El Estado aparece en las dinámicas de reconocimiento étnico no como el regulador de la vida social, sino como la contraparte de u n a relación que se despolitiza, que se imagina y se construye como un asunto meramente administrativo, de gestión pública. Ahora bien, el objetivo de éste quedaría incompleto si no se discuten, por lo menos de manera preliminar, algunos de los temas implícitos que han acompañado el análisis, las categorías

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con que hemos pensado los fenómenos pero que empiezan (ellas mismas) a revelarse insuficientes. Lo que hacemos enseguida es desconfiar de las categorías con que se ha leído aquí el problema, mostrando que en alguna medida sólo exageran tensiones históricas mucho más amplias. i ... EL MUNDO TIENE SU FORMA?

En las líneas siguientes vamos a plantear dos de las preguntas conceptuales sugeridas por las experiencias antes comentadas. No sobra insistir en que son sobre todo preguntas, problemas, reflexiones que hay que seguir trabajando, pero que derivan su legitimidad del hecho de que implican la redefinición de algunas de las categorías propias de la filosofía y la sociología política; categorías con las que hemos venido pensando el tipo de articulación entre Estado, movimientos sociales y democracia. Primero, hemos dicho que la manera como fueron reglamentados los mecanismos de participación hace énfasis en las distintas identidades y roles de los actores, pero que noprevé la forma en que los consensos en un espacio se articulan con los disensos configurados en otro. Decíamos también que la explosión de espacios de participación como padre, obrero, mujer, maestra, entre otras, parece compatible con lo que Laclau y Mouffe han llamado la pluralidad de lo social y las múltiples identidades y "posiciones de sujeto" 32 . Ahora bien, la pregunta que surge es cómo esa pluralidad de lo social se relaciona con el tipo de identidad al que hasta ahora habíamos llamado ciudadanía. Está claro que la ciudadanía no puede ser más el vínculo que une a un individuo, a un sujeto centrado y totalizado, con el Estado por medio de la ley. Está claro que hay formas colectivas de ciudadanía e, incluso, que ella cada

Véase Ernesto Laclau, op. cit.

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vez se juega, más que en el terreno de la representación política, en el terreno del reconocimiento social. Pero, de nuevo, ¿cuál es la relación entre la identidad ciudadano y la identidad negro, obrero o cualquier otra? ¿Es acaso que la identidad ciudadano no es una, sino una manera de articular las demás? La relevancia de estas preguntas parte de las distintas posiciones encontradas al respecto, y del hecho de que, en el análisis de los movimientos sociales, de la acción colectiva y el Estado, la ciudadanía sea constantemente invocada. Para autores como Boaventura de Sousa Santos, la ciudadanía es uno de los espacios estructurales de la vida contemporánea, pero uno al lado del espacio doméstico, del espacio de la producción y del espacio global. Para un filósofo político como Michael Walzer, la ciudadanía, al tiempo que es un compromiso más, tiene un carácter crucial porque nos sirve de mediador entre los demás compromisos33. En una dirección similar se orienta Mouffe cuando dice que "de la ciudadanía emerge un tipo de asociación más general y que debe tener cierta primacía en relación con otras", pero que lo estratégico hoy es precisamente qué tipo de articulación se construye entre las distintas identidades34. La manera como se resuelve tal articulación no se puede establecer a priori, sino únicamente en la práctica, en la vida social concreta en la que los movimientos sociales configuran tipos de ciudadanía y relaciones diferenciadas entre tales ciudadanías y otras identidades sociales y políticas. Antes insistíamos en que la desarticulación entre esas distintas formas de identidad colectiva no es responsabilidad de la Constitución, ni del Estado colombiano como tal, sino que más bien radicaliza una ambivalencia histórica de la política moderna.

13

Chantal Mouffe, "Conversación con Michel Walzer", en Leviatán, revista de hechos '. ideas, N 2 48, 1992. 14 Ibid, p. 55.

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Al respecto, comenta Offe, "la gestación histórica de sistemas políticos de democracia competitiva puede describirse como un proceso de diferenciación, en el curso del cual los ciudadanos han sido, por una parte, ascendidos a sujetos de la voluntad (mediata) de la soberanía del Estado, mientras que, sin embargo, por otra parte, se han ido cortando los hilos de unión entre las esferas de la vida política y social... la soberanía del ciudadano se conquista históricamente pagando el precio de la separación de ese papel del ciudadano de su inserción en contextos de actividades y vida según su clase, religión... (La conquista de la ciudadanía se paga) con el desgaje entre querer y hacer", con la neutralización del vínculo entre acción social y conciencia política35. Así, pues, la pregunta por el vínculo entre las distintas identidades colectivas y la ciudadanía no es tan nueva como parece. Ella expresa una constante ambivalencia en la relación entre lo político y lo social. Así, para Escalante, el "ciudadano es un tramo de la historia, pero necesita pensarse fuera de ella, portador abstracto de la voluntad racional del pueblo... el ciudadano es un signo que ignora sus determinaciones como tal"36. Lo que está enjuego es el carácter de tales determinaciones. Laclau y Mouffe han mostrado que la ciudadanía o, en términos más amplios, las posiciones de sujeto no se pueden derivar "necesariamente" a partir de categorías como clase social o sexo. Sin embargo, eso no quiere decir que las clases sociales hayan desaparecido. Entonces, ¿cómo aparecen en el nuevo contexto las determinaciones de la ciudadanía? ¿Cómo dar cuenta de ellas y situarlas en la ambigüedad propia de la vida política moderna? En otros términos, ¿cómo reconocer las distintas identidades y posiciones del sujeto que transforman la ciudadanía, pero no

33

Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Editorial Sistema, Madrid, 1990, p. 95yss. 36 Fernando Escalante, op. cit., p. 45.

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permitir que ella se diluya en solipsismos, en el momento meramente subjetivo de la realidad social, en lo que los actores predican de sí mismos y nada más? Como se establecía más arriba, el texto está interesado en plantear y acotar algunas preguntas, pero por ahora no puede siquiera intentar una respuesta. Con esto en mente, podemos pasar al segundo punto. A lo largo de la exposición, y como criterio para diferenciar lo político, insistimos en que implica una manera de proyectarse y de experimentar el orden colectivo. Decíamos que hay un espacio público renovado en las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas o negras, pero también que ese espacio público aparece despolitizado, porque no transforma las coordenadas de la sociedad nacional, porque no se proyecta sobre ella y porque el Estado aparece sólo como el actor a quien se dirige la reivindicación. Lo político se perfila entonces como una relación con la sociedad mayor. Relación que, según dijimos antes, apunta a transformar los límites de la sociedad, las coordenadas en que ella se hace inteligible. ¿Es posible tal enunciado cuando se señala de manera insistente que la sociedad contemporánea ya no tiene un centro y que no se puede representar más en los grandes relatos? ¿No será que aquí se expresa de nuevo el problema que el profesor Archila ha comentado para el caso de los movimientos sociales, y es que en ocasiones "les exigimos mucho?"37. En nuestro caso particular, ¿estaremos exigiendo mucho de lo político, su proyección sobre el conjunto de la sociedad, su capacidad de transformar sus límites? ¿Qué implica exigir esto cuando se insiste en que la sociedad contemporánea no tiene centro y cuando se recalca que la tensión típicamente moderna entre individuo y sociedad tiene que ser contrapunteada

Mauricio Archila, "Vida, pasión y... de los movimientos sociales", en este volumen.

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con la tensión entre los múltiples yoes del individuo, con sus múltiples identificaciones?38. Por otro lado, si se retoman los planteamientos de Mouffe, en el sentido de que "lo político no es una esfera sino la dimensión de antagonismo (parcial) que es propia e inerradicable de las relaciones humanas" 39 , ¿cuándo y cómo la participación de los grupos sociales alimenta y redefine tales antagonismos? ¿Cómo podemos leer desde aquí las tensiones entre comunidades negras, grupos indígenas, colonos y otros grupos sociales? ¿Se ha construido alrededor de tales relaciones un antagonismo político? ¿Cuál sería entonces la particularidad del conflicto social? Destacamos que, desde nuestra perspectiva, el antagonismo no es un dato preexistente, ni tampoco la diversidad social o el otro. Por el contrario, partimos de que un problema político central es precisamente la manera como el otro es construido, inventado, imaginado. Así mismo, el antagonismo social. Él no preexiste a la interacción política, se configura en ella. Así, pues, y como señalábamos antes, las categorías con que hemos leído los distintos procesos sociales tienen que ser repensadas para dar cuenta de las transformaciones y sobre todo de las contradicciones propias del objeto. Y es que el concepto de lo político que construyamos tiene que partir de la premisa de que, citando a Adorno, "la sociedad es contradictoria y, sin embargo, determinable; racional e irracional a un tiempo, es sistema y es ruptura, naturaleza ciega y mediación por la conciencia"40. Así, la invención de lo político tiene que discutir la idea

38

Michael Walzer, Sobre la tolerancia, Paidós, 1998. Chanta! Mouff e, "Pluralismo agonista: la teoría ante la política" (entrevista), en Revista Internacional de Filosofía Política, N 2 8, UAM-UNED, diciembre de 1996. 40 Theodor Adorno, "Sobre la lógica de las ciencias sociales", en La disputa del positivismo en la sociología alemana, varios autores, Barcelona-México D. F., Ediciones Grijalbo, 1973, p. 122. Primera edición en alemán, 1969. 39

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de una sociedad que se autorregula, que no necesita ser mediada y que tiene en lo político el elemento perturbador de los consensos, tanto como la lectura que hace de ella, de la sociedad, un "algo" que simplemente tendría que ser representado, administrado, reproducido de manera especular. Sin negar el momento de verdad que yace en la formulación "para que haya un espejo del mundo es necesario que el mundo tenga una forma"41, es preciso señalar que lo político no es sólo "un espejo" de lo social. Y no lo es, porque cualquier cosa que sea "lo social" no está dada en la naturaleza, no es un dato para ser descubierto y reproducido, sino algo que tiene que ser imaginado y construido. La comprensión de lo político pasa por reconocer que está atado a las contradicciones de lo social, pero que al operar sobre ellas las inventa y hace posibles.

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Eco, Umberto, El nombre de la rosa, editorial Plaza y Janes, 1992. Debo esta referencia y parte de la discusión sobre el vínculo entre lo político y lo social a Franz Hensel.

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Margarita Chaves Chamorro DISCURSOS SUBALTERNOS DE IDENTIDAD Y MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL PUTUMAYO

INTRODUCCIÓN*

En esta ponencia hago un análisis de la competencia de discursos subalternos de identidad que se ha generado en el Putumayo, y sus repercusiones para el movimiento indígena que se insinúa en la región, el cual se halla comprometido con la construcción de una identidad colectiva que los representa en su lucha política por el acceso a mecanismos de poder, pero también en su lucha cultural en la búsqueda de una identidad diferenciada (Escobar y Alvarez, 1992). Entiendo por competencia de discursos la producción conflictiva de narrativas de identidad por parte de sujetos en una posición de subalternidad dentro de una relación de poder y en un contexto de activismo étnico-político. La elaboración de estas narrativas es vista como un medio a través del cual dichos sujetos ordenan y significan una serie de eventos relacionados con sus historias personales y colectivas. Sin embargo, ellas constituyen respuestas que son a la vez reacción a y resultado de su subordinación. Analizo la rivalidad de discursos identitarios que se presenta actualmente entre indígenas y entre ellos y los colonos, en

Quiero agradecer a Diana López y Juana Schlenker su contribución al desarrollo de esta ponencia. La información contenida en sus trabajos de tesis fue definitiva para dar forma a este ensayo. No obstante, los puntos de vista aquí expuestos no las comprometen y son de mi entera responsabilidad.

Discursos de identidad y movimiento indígena en Putumayo

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términos de la relación dialéctica entre situación y contexto; las tensiones entre lo étnico y lo político y las actuaciones de los diferentes actores. ¿Cómo se generan estos discursos? ¿Quiénes los auspician? ¿Por qué esta competencia de discursos? ¿Con qué fines? ¿En qué contextos? ¿Cuáles son los límites del uso estratégico del esencialismo para orientar la acción política del movimiento indígena en el Putumayo? ¿Es posible un tránsito del esencialismo a la gestión? Éstas son algunas de las preguntas que intento responder en este ensayo. Para ilustrar la situación de activismo étnico-político a que nos referimos, se reseñan tres casos que se presentan en un área específica del Putumayo. Sin embargo, quiero dejar en claro que la situación que se describe se presenta en varias de las subregiones del territorio regional. La reflexión conduce a la crítica de las posiciones esencialistas sobre la identidad indígena, las cuales implican una representación de la misma como referente de un conjunto de prácticas y significados culturales fijos, que niegan la multiplicidad de expresiones culturales y las diferencias existentes entre los indígenas. A partir de allí, propongo el diseño de estrategias identitarias más adecuadas a los cambios del contexto político local, regional y nacional, por parte tanto de los líderes de la organización indígena, como de los antropólogos y colaboradores de la misma. La reflexión sobre la esencialización y competencia de discursos identitarios, y sus posibles consecuencias, tiene como finalidad contribuir a ampliar las posibilidades presentes y futuras de los grupos subalternos de ser escuchados en sus reclamos políticos, sin que la inclusión de unos se haga necesariamente a costa de la exclusión de otros. El contexto político regional, con sus múltiples fracturas y disociaciones, hace imperiosa la concepción de nuevas formas de participación política indígena y campesina que tengan en cuenta las particularidades de las historias regio-

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MARGARITA CHAVES CHAMORRO

nales. En últimas, el análisis se dirige a identificar estrategias que permitan unir actores aparentemente involucrados en diferentes tipos de lucha. Los antecedentes históricos de alianzas sociales entre indios y colonos en esta área de colonización de la región amazónica iluminan esta búsqueda. LA CONSTITUCIÓN DEL 91: LAS TENSIONES ENTRE LO ÉTNICO Y LO POLÍTICO

En las diversas regiones del país es posible constatar, con posterioridad a la proclamación de la Constitución de 1991, u n a redefinición de la dinámica de los procesos de identificación y representación entre individuos, y al interior de grupos étnicos y culturales distintos, que ha alterado los referentes sobre los cuales se construyen las relaciones de poder entre éstos, así como frente al Estado y los distintos actores de la sociedad mayor. Es decir, la Constitución de 1991 ha tocado la raíz misma de la tensión entre lo étnico y lo político presente en la interacción entre individuos indígenas y no indígenas. En las áreas de colonización cercanas al piedemonte amazónico, y en particular en el Putumayo, donde la población es mayoritariamente colona y mestiza, pero donde lo indígena se ha hecho hegemónico en la construcción de la identidad regional, el mero hecho de la promulgación de la Constitución ha modificado los referentes -políticos, étnicos, culturales, sociales y económicos- sobre y dentro de los cuales se construye la interacción entre esta población y los indígenas. Esto ha determinado la generación de nuevos discursos de identidad por parte de colonos que reclaman una ascendencia étnica indígena, y de colonos que, sin reclamar esa ascendencia, emulan o imitan las narrativas de grupos indígenas de manera instrumental, con miras a construir una identidad cultural. Sin embargo, ambos actúan también con el fin de obtener u n tratamiento preferen-

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cial y diferenciado por parte del Estado, al que hoy por hoy sólo tienen acceso grupos considerados tradicional o históricamente como étnicos. De hecho, es cada vez más frecuente encontrar individuos indígenas y no indígenas moldeando fluidas categorías étnicas y raciales para identificarse (Chaves, 1998). Los procesos de reetnización -o reindigenización, como se denomina el reclamo de una identidad indígena por parte de individuos y comunidades de colonos- que se han generado desde la proclamación de la Constitución y después de aprobada la Ley 60 de transferencias económicas a los resguardos son de tal magnitud, que han exigido a los funcionarios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior replantearse la pregunta sobre "quiénes son los indios". La misma cuestión ha sido esbozada recientemente por un indígena del Tolima en una reunión con dichos funcionarios, en los siguientes términos: "¿Si nosotros no éramos indios en los cincuenta, qué va a pasar con los indios cuando todos seamos indios?"1. Es ahí cuando los momentos metonímicos de los sujetos subalternos y la hibridación del lenguaje, activada en la angustia asociada con límites o fronteras vacilantes -culturales y territoriales-, pueden ser entendidos, ¿Dónde marcar la línea entre gentes, culturas y lenguajes? Esta situación resulta de la combinación explosiva de dos elementos presentes en la Constitución; el primero, con carácter de principio general, y el segundo, con un contenido específico: 1) el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad colombiana, con el cual se reafirma la concepción liberal, hegemónica, de la autodeterminación de los individuos con voluntad política en la Constitución de la nación colombiana y, 2) la incorporación explícita de derechos territoriales y

1 Agradezco la información suministrada por Sonia Rodríguez, Ariel Uribe y Consuelo Reyes, de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

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privilegios y recursos políticos y económicos de sectores subalternos de la sociedad, más específicamente, de las comunidades indígenas. Es decir, la aplicación de políticas derivadas del reconocimiento a la multiculturalidad y plurietnicidad ha añadido un ingrediente más a las disputas que sobre territorios y recursos sostienen diferentes sectores de la sociedad. La discriminación hacia los colonos -discriminación que los excluye de los discursos y políticas estatales encaminadas a dar reconocimiento efectivo a la diversidad cultural en la Amazonia occidental-, los ha llevado a generar narrativas de identidad étnica y cultural que compiten con las de los indígenas, de cara a la intervención del Estado (Chaves, 1998). Ahora bien, el hecho de que sea posible para grupos sociales no indígenas recrear su identidad cultural y darle una dimensión étnica o indígena tiene implicaciones en planos diferentes: en el plano teórico-antropólogico revela el carácter contradictorio de los procesos de construcción de identidades esencializadas, a la vez que devela la identidad como un proceso inestable, nunca terminado, siempre en construcción (Hall, 1996; Bhabha, 1994); en el plano de la práctica cotidiana pone en cuestión la forma y el contenido de los procesos de creación y representación de los discursos y narrativas mediante los cuales los grupos que históricamente se han considerado a sí mismos como indígenas han construido su identidad étnica. Esta inestabilidad, ahora abiertamente explícita, de los discursos de identidad y representación ha obligado tanto a indígenas como a no indígenas a confluir en la redefinición de los referentes étnicos y políticos con base en los cuales construyen sus discursos identitarios y estructuran sus relaciones de poder. El resultado de esta competencia de discursos subalternos de identidad, pero también de discursos de identidad subalterna, ha sido, de una parte, una intensificación de ese proceso de construcción dialógica de discursos diferenciados y esencializantes

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y, de otra, como resultado de lo anterior y de manera concomitante, la agudización de conflictos de diversa índole e intensidad entre los grupos sociales subalternos presentes en la región. La intensidad de la competencia de discursos y narrativas ha alcanzado hoy por hoy un momentum tal, que en algunos casos la creación de discursos ha adquirido autonomía y dinámica propia, al punto que la preocupación por la cuestión agraria y, de manera más general, por la articulación de las relaciones de poder de estos dos grupos frente al Estado y la sociedad mayor ha pasado a un segundo plano, sin llegar a desaparecer. Cabe preguntarse si la generación de discursos podría dejar de ser, en ese contexto, instrumento en la redefinición de la relación con el Estado y frente a la sociedad mayor, para ambos grupos, para convertirse en tales casos en un fin en sí mismo. Uno de los casos que expondremos más adelante así lo sugiere. Este resultado tendría serias implicaciones, cuyas verdaderas dimensiones políticas e ideológicas aún no han sido estudiadas. Lo que resulta evidente de esta competencia es que los grupos subalternos han quedado atrapados en la lógica del discurso hegemónico implícito en el espíritu liberal de la Constitución de 1991, descubriendo la tensión entre lo étnico y lo político, específicamente la cuestión de la tierra y el derecho a la autodeterminación (Chaves, 1998). Así visto, no resulta extraño constatar el reclamo y la disputa entre indígenas de una misma etnia por la autenticidad de una identidad étnica genuina, como se ilustra en este ensayo. De otra parte, en el plano regional, la lógica del discurso hegemónico se manifiesta en la agudización de tensiones y la intensificación de conflictos interétnicos, la cual se traduce en una creciente dificultad de sostener alianzas estratégicas estables entre los distintos grupos, cuya viabilidad ha sido probada en el pasado, así como en la imposibilidad de forjar nuevas formas de acción conjunta dirigidas a obtener derechos económicos y políticos frente al Estado y la sociedad mayor.

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La crítica realidad social en la Amazonia occidental es, pues, la de una profundización de los procesos de fragmentación y ruptura de las identidades étnicas y culturales de los grupos indígenas y de los colonos, subalternos en su relación frente al Estado y la sociedad mayor, como resultado de la redefinición del imaginario de nación que busca imponer el bloque hegemónico en un contexto de globalización económica. CONSTRUYENDO IDENTIDADES: REETNIZACIÓN, ESENCIALIZACIÓN Y MEMORIA

Tres son básicamente los procesos identitarios que se han generado entre la población indígena y de colonos en el Putumayo en el contexto de la nueva Constitución: y, en particular, de dos hechos tan importantes como la aprobación de la Ley 60 sobre transferencias económicas y autonomía administrativa de los resguardos, y la Ley Ambiental que ordena los procesos de Consulta Previa a las comunidades indígenas. 1) Por una parte, están los procesos de reetnización de indígenas que se desligaron de sus comunidades y se distanciaron de las prácticas culturales asociadas con su identidad étnica colectiva. Por lo general se trata de individuos que residen por fuera de los resguardos, que perdieron o no utilizan su idioma nativo y, en muchos casos, han contraído matrimonios con personas identificadas como colonos. La mayoría de estos individuos conforman asentamientos caracterizados como multiétnicos, en los que conviven indígenas de diferente filiación étnica con individuos y familias de colonos. Entre éstos se destacan numéricamente aquellos en los que la representación indígena está conformada por indígenas migrantes de otras regiones del país (paez, emberá-catío, awa). Los procesos de reetnización se relacionan, en primer lugar, con el cambio dramático de la representación de los indígenas

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en el país, el cual abrió la posibilidad de revertir los procesos de negación y/o debilitamiento de las identidades indígenas por las connotaciones negativas que se les atribuían. En segundo lugar, se relacionan con el uso instrumental de la identidad indígena para acceder a recursos y beneficios del Estado. Aunque se tiende a subvalorar la primera de estas razones, y a considerar como causa principal y única de este fenómeno la búsqueda de incentivos materiales brindados por el Estado a las comunidades indígenas después de aprobada la nueva Constitución, los testimonios y las afirmaciones de indígenas reetnizados entrevistados contradicen esta percepción (Chaves, 1998; Schlenker, 2000). Ahora bien, reconocer la validez de los reclamos de subjetividades indígenas no niega, en ningún momento, las contradicciones y la inestabilidad de los procesos políticos relacionados con la conformación de nuevas identidades grupales. En la mayoría de los casos, los procesos de reetnización son impulsados por individuos particulares que en pocas oportunidades cuentan con el apoyo de las organizaciones indígenas regionales. El primer paso hacia su reconocimiento es la conformación de un cabildo. Seguidamente, las comunidades se organizan para emprender procesos de recuperación de prácticas culturales y apropiación de símbolos de pertenencia étnica, los cuales implican una negociación entre sus miembros sobre sus diferentes historias para recobrar los puntos en común, y significativamente la imbricación de los pasados y presentes. Como lo sugiere Homi Bhabha, "aquí la afiliación puede ser antagónica y ambivalente; la solidaridad puede ser sólo situacional y estratégica; la comunalidad, frecuentemente negociada a través de la 'contingencia' de los intereses sociales y los reclamos políticos" (Bhabha, 1996: 59). 2) Por otro lado, se presentan procesos de esencialización de las identidades étnicas en comunidades indígenas relativamente homogéneas, los cuales están orientados por un núcleo muy visible de actores, los líderes de la organización indígena, quienes

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promueven procesos de recuperación cultural y lingüística y de ampliación territorial de los resguardos a partir de estrategias de reinvención de su identidad étnica. Como lo señalan Dover y Rappaport (1996), estos procesos son, en cierta forma, una estrategia interna de recreación de la identidad indígena, en la cual los aspectos tradicionales recuperados pueden ser vistos como marcadores exóticos de etnicidad, como estereotipos que funcionan para la mirada ajena. No obstante, las representaciones así construidas son productos híbridos en los que es fácil identificar la influencia de imágenes culturales de muy diverso origen y de amplia circulación en los niveles regional, nacional e internacional, las cuales abarcan desde el indígena defensor de la selva amazónica hasta el sabio curandero. Sin duda, el discurso antropológico es materia prima fundamental en todas estas elaboraciones. Esta nueva generación de líderes comunitarios emergió como consecuencia de los cambios en la política estatal indígena acaecidos durante las tres últimas décadas. A diferencia de las autoridades tradicionales, estos "ejecutivos de la identidad" -como los denomina Michel Agier- son mucho más jóvenes, cuentan con mayor educación y están más al tanto de los procesos políticos nacionales. Las estrategias identitarias que producen se caracterizan por tener como interlocutor no sólo al mundo local, sino al nacional e incluso al internacional. En consecuencia, sus discursos identitarios manejan un mismo tipo de repertorio, de lenguaje étnico, que, por demás, ha sido simplificado para poder ser escuchado en la red global. Apoyados por una serie de instituciones gubernamentales y privadas, invierten notables esfuerzos por "revivir", "recuperar" o "detener" el debilitamiento de las "tradiciones" indígenas, favoreciendo el surgimiento de nuevos tipos de conciencia étnica (Agier, 2000). Ambos casos -reetnización y esencialización- son sin duda una respuesta inmediata de la población regional al cambio positivo que ha tenido la representación de los indígenas en los

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discursos oficiales. A fin de cuentas, es el uso de los discursos de identidad como medio para ejercer poder, como medio para alterar o estabilizar la relación de fuerzas por parte de los sujetos en una relación de poder, lo que constituye la política de la identidad. En el Putumayo hoy es fácil observar cómo comunidades disímiles adaptan y modifican formas culturales y sociales existentes para interpretar y responder a las demandas externas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras regiones de la Amazonia donde se ha cuestionado la adecuación de los espacios institucionales precursores y dominantes de la modernidad, como son la escuela y la educación formal, para llevar a cabo la recuperación y fortalecimiento del conocimiento indígena (Véase Londoño, 1998; Hugh-Jones, 1997), en esta zona de colonización de la Amazonia son precisamente éstos los ejes centrales desde donde se desarrollan los procesos de recuperación cultural en el sentido más amplio. 3) Una tercera situación está representada por la construcción de identidades no étnicas por parte de colonos, quienes a partir de la recuperación de la memoria sobre procesos de migración, salida y llegada, es decir, sobre la colonización misma, enuncian su identidad por fuera de una adscripción étnica. LOS CASOS DE DESCANCE, SAN JOSÉ, CASCAJO Y YUNGUILLO

Para ilustrar los anteriores procesos, describiremos sintéticamente las situaciones que se vienen presentando en diferentes asentamientos del Putumayo y de la baja bota caucana, territorio que por sus dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales se encuentra más estrechamente vinculado con el Putumayo, pero que política y administrativamente pertenece al departamento del Cauca. Los casos en cuestión han sido estudiados por las antropólogas Juana Schlenker y Diana López en sus tesis de grado (Schlenker, 2000; López, 2000).

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Descance y San José Los procesos de reetnización que describiremos giran alrededor de Descance, u n pueblo de campesinos colonos a orillas del río Caquetá. Sus pobladores se consideran a sí mismos como venideros o colonos, pues muchos de ellos llegaron a este sitio desde otras regiones en la época de la explotación de la quina y el caucho. Aunque reconocen un poblamiento antiguo de indígenas en el sitio d o n d e se ubica su asentamiento, también construyen la memoria del lugar asociada con tempranos pobladores colonos. La mayoría de sus habitantes salieron del Cauca, Nariño y Huila por los años en que el minifundio hizo crisis (1910yl920), y no en pocos casos se reconocen como descendientes de indios en sus regiones de origen 2 . Enmarcados dentro de los procesos identitarios que propició la Constitución de 1991, algunos individuos que desde mediados de los años cincuenta hacían parte del asentamiento de Descance comenzaron a autopercibirse/identificarse como indígenas ingas. A partir de ahí, estas familias iniciaron u n proceso de desmembramiento de Descance, para crear el asentamiento de San José. Para explicar los motivos de su decisión, los líderes de San José señalaron que su vinculación con el asentamiento de Descance se debía tan sólo a la necesidad de dar educación a sus niños en la escuela del lugar, y que si bien su convivencia con los descancefios fue buena, nunca se sintieron representados por la junta de acción comunal que, desde 1971, operaba para atender los proble-

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"La salida de las familias de su lugar de origen y la llegada al actual territorio son marcadores importantes en las historias personales que narran los descanceños; la ruptura de la identidad territorial por la migración hacia Descanse es determinante en la construcción de su identidad como venideros; sus historias recuerdan el lugar de donde vinieron sus familias, las razones por las cuales migraron y las condiciones en que se encontraba este territorio en el momento de su llegada". (Schlenker, 2000: 38).

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mas comunitarios. Preferían, en cambio, participar en "las mingas para arreglar la escuela o los caminos" (Schlenker, 2000: 53). Con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, los líderes de San José organizaron el cabildo y tramitaron la aprobación del resguardo ante el Incora, cediendo para ello las tierras en posesión de las familias del asentamiento. Su meta a mediano plazo es integrarse al resguardo de Yunguillo mediante la ampliación de ambos resguardos. Desde la aprobación del resguardo, en 1994, los habitantes de San José han iniciado un proceso de recuperación de la cultura (lengua, fiestas tradicionales y artesanías) y las tierras. Para encauzar las dinámicas y actividades de recuperación que en este sentido se realizan principalmente desde la escuela, los líderes del cabildo han producido un documento titulado: Control interno del resguardo inga de San José, municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca, en el cual se dictan las directrices de las mismas. Cascajo y San José Durante el proceso de consolidación del resguardo de San José se presentaron problemas relacionados con los reclamos identitarios de algunas familias que, en opinión de los líderes del cabildo, no eran indígenas, es decir, las consideraban como colonos. En 1996, estas familias se escindieron del cabildo de San José y conformaron el de Cascajo. Para ello contaron con el apoyo del CRIC, la misma organización que hacía unos años había apoyado la creación del resguardo de San José 3 . Hoy, los integrantes de Cascajo están a la espera de que el Incora los reconozca

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Sería interesante desarrollar una indagación más profunda sobre el papel político del CRIC en esta área limítrofe.

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como resguardo indígena y legalice la posesión de su tierras (Schlenker, 2000). Mientras tanto, algunas de sus familias continúan residiendo en el asentamiento de Descance. Desde entonces, las rivalidades entre estos dos cabildos se han intensificado, pues los integrantes del cabildo de San José consideran que el reconocimiento de Cascajo como cabildo indígena, y el apoyo brindado por el CRIC a dicho proceso, ponen en peligro los recursos asignados por el Estado a las comunidades indígenas y amenazan seriamente su propio proceso de reconocimiento como pueblo indígena (Schlenker, 2000). Para la comunidad de Cascajo, en cambio, la situación no es problemática. Sus líderes reconocen que sus reclamos en pos de ser reconocidos como indígenas se ven afectados por la pérdida de la lengua y de las tradiciones en el proceso de colonización. Sin embargo, consideran que ello no demerita su derecho a ser reconocidos como indígenas. En palabras de su líder: El cabildo lo conforman cuarenta familias. No son todas que puedan las lenguas, pero pues, ni yo, como le digo, uno antes le decían en la escuela, o le decían los antepasados, eso no aprenda, eso se oye feo. Hoy en día no. Ya uno se va preparando y dice: esto es lo que voy a rescatar, esto es lo que se me ofrece a mí. Y le digo a mis hijos: eso hay que pelear a capa y espada por un profesor, y seguir los profesores bilingües, porque nosotros hemos perdido, pero nosotros tenemos que seguir rescatando nuestras costumbres, nuestra lengua (Schlenker, 2000: 56).

En 1998, las hostilidades entre los dos cabildos llegaron al punto en que los gobernadores de 16 cabildos ingas, incluido el cabildo de San José, conformaron un consejo zonal interno y disolvieron el cabildo de Cascajo, aduciendo que las familias indígenas debían pasar al resguardo de San José y las colonas a la junta de acción comunal de Descance. Naturalmente, los ha-

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hitantes de Cascajo no reconocieron la decisión de ese consejo, reunieron los documentos que los acreditaban como cabildo indígena, y continuaron con sus trámites frente al Incora para la constitución del resguardo. De este modo, enfrentan por la vía legal el descrédito que los cabildos de la zona les han impuesto (Schlenker, 2000: 56). La gente de Descance ha sido testigo del deterioro de las relaciones entre familias que hasta hace poco tiempo compartían un mismo territorio y una misma dinámica social. Para ellos está claro que la reconversión en indígenas de personas que hasta hace poco se consideraban colonas implica una mayor competencia por los recursos que el Estado ha puesto a disposición de los indígenas, y que esto afecta la relación de los cabildos indígenas con los colonos vecinos. Según su manera de ver, los miembros de estos cabildos no son esencialmente diferentes de ellos mismos; por el contrario, ellos, que se consideran venideros, también pueden demostrar un ancestro indígena que, como bien lo señalan, todos en la zona tienen (Schlenker, 2000). En efecto, si bien la instrumentalización de la recomposición indígena o reetnización de individuos es evidente en el contexto particular a que nos referimos, la edificación de fronteras simbólicas visibles frente a los otros grupos de la población regional por parte los líderes de las comunidades no lo es tanto. Yunguillo Este resguardo inga está ubicado a seis horas de camino de Descance, bajando por la cuenca del río Caquetá. Constituido como tal en 1953, Yunguillo es el resguardo más antiguo que existe en la Amazonia colombiana. En sus inmediaciones operan cuatro cabildos: Yunguillo, Osocoche, Tandarido y San Carlos (López, 2000). Su población es relativamente homogénea. Entre sus miembros se diferencian claramente aquellos que per-

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tenecen a la etnia inga. Los pocos colonos que habitan dentro del resguardo, en unión matrimonial con personas de la comunidad, se consideran ajenos al resguardo, por lo que sus derechos para participar en las decisiones del cabildo son restringidos (Schlenker, 2000; López, 2000). Desde mediados de los ochenta, una generación de jóvenes ingas, educados en su mayoría por religiosos católicos, llevan a cabo un proceso de recuperación de la tradición indígena con miras al fortalecimiento de la identidad inga, especialmente a través de la escuela. Las tareas asociadas con la recuperación de la lengua inga se constituyen en el centro de este proceso. Para ello, los docentes indígenas cuentan con la activa colaboración de algunos misioneros franciscanos. En conjunto, han producido una serie de materiales escritos sobre la historia del asentamiento, en lengua inga, que se emplean en la escuela para educar a los niños. Alentados por los misioneros, los profesores y algunos de los líderes del resguardo proponen a la comunidad en general discursos identitarios completamente desligados de la realidad sociopolítica y cultural de la gente y de su contexto regional-nacional. Por ejemplo, en una de las cartillas de historia se asocia el pasado de los ingas con la historia del Perú y del sur del continente, y se vincula la identidad de Yunguillo con la de los incas y el Tahuantisuyo (López, 2000). Paralelamente, los docentes promueven una serie de actividades culturales, como la celebración del carnaval de la cosecha, en la que la esencialización de la tradición indígena se representa como un texto performativo en el que se lee "son indígenas, son indios, hacen fiestas de indios" (para una descripción detallada, López, 2000: 68). Sus líderes, en conjunto con los de la organización regional indígena del Putumayo, han intentado posicionar este asentamiento como baluarte de la identidad inga y, en este sentido, los procesos de re-creación cultural que allí tienen lugar se utilizan como término de referencia por los líderes de San José y Cascajo, para determinar su grado de autenticidad indígena.

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El contexto regional La evaluación de las estrategias identitarias y de las tensiones que se han generado entre individuos y las comunidades particulares debe hacerse a la luz de los procesos políticos regionales. En el Putumayo, desde mediados de los años ochenta, líderes indígenas de diferente filiación étnica vienen conformando un movimiento que reclama su derecho a ser reconocidos como diferentes y a acceder a recursos del Estado a partir de este reconocimiento. Este movimiento se ha estructurado con base en las actividades políticas de las organizaciones regionales indígenas que se han creado, reproduciendo en algunos casos el modelo de otras regiones del país. La organización política regional más importante y de mayor antigüedad es la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP). Fundada en los ochenta por indígenas ingas del resguardo de Yunguillo, cuenta en sus cuadros con dirigentes indígenas de diferentes etnias, mas no de aquellas que no son autóctonas del territorio putumayense. La OZIP ha asumido, principalmente, la vocería de las comunidades indígenas del medio y bajo Putumayo. Después de ratificada la Constitución de 1991, el liderazgo regional de la OZIP se ha hecho evidente, especialmente por su intervención en todas las instancias gubernamentales donde tienen representación los indígenas. Su papel en los procesos de consulta sobre impactos ambientales y regalías petroleras, si bien notorio, ha sido cuestionado por el tipo de estrategias que utiliza en las negociaciones y por el poco respaldo de las bases, a pesar de la representatividad que detenta (Calderón, 1999). Además de la OZIP, existen otras organizaciones que defienden los intereses gremiales de grupos étnicos indígenas particulares como es el caso de Musu Runakuna - q u e representa a los ingas y kamsas del alto Putumayo-, la organización de "Los 16" - q u e reúne a los líderes ingas de 16 cabildos del Putumayo, el alto Caquetá y la baja bota caucana-, y asociaciones de auto-

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ridades tradicionales como la Fundación ZlO-A'l -que agrupa a los ancianos y curacas siona y kofán- y la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia, UMIYAC -que congrega a chamanes curacas, taitas o médicos tradicionales del Putumayo y de otras regiones de la Amazonia colombiana-, las cuales han ido ganando terreno en las negociaciones políticas con las instituciones públicas y privadas que actúan en la región. Ahora bien, políticamente son los ingas quienes están a la cabeza de la organización regional. Este hecho no es gratuito. Actualmente, la población inga representa 40% de la población indígena en el Putumayo; es decir, del total de 30.431 indígenas pertenecientes a 10 grupos étnicos, 12.000 son ingas (Plan Piloto Territorial de Convivencia, 1998-2000)4. La supremacía numérica y espacial de la población inga en el departamento, unida a su fortaleza lingüística, tiene amplias repercusiones en las líneas políticas trazadas por la organización regional5 y, en particular, en el no reconocimiento de las demandas que hacen los indígenas de los cabildos multiétnicos. Si tenemos en cuenta el cuadro de cifras demográficas de la población indígena en el Putumayo, podemos especular que los únicos grupos en capacidad de disputar el dominio de la representación inga son los indígenas pertenecientes a etnias que han migrado de otras regiones del país y que hoy conforman en su mayoría cabildos multiétnicos. Éstos suman hoy más de 30% de la población indígena departamental (Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Putumayo, 1999). ¿Qué implicaciones políticas tiene este balance demográfico en los procesos descritos? Considero que la desautorización por

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La población total del departamento del Putumayo se estima en 314.571, de los cuales 10% es indígena. 3 Cuentan además con cabildos urbanos en Bogotá y otras ciudades capitales, y amplia representación política nacional.

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parte del Consejo Inga de "los 16" de los reclamos identitarios de cabildos recién formados se funda en el temor que existe al verse sobrepasados en sus intereses territoriales y políticos por integrantes de otras etnias y/o indígenas pertenecientes a cabildos multiétnicos, conformados en muchos casos por asociaciones de colonos representantes de otras etnias. ¿Cómo interpretar entonces el papel del CRIC en los procesos descritos? Teniendo en cuenta que el CRIC asume la representación de los indígenas paeces en el Cauca, no sería del todo descabellado deducir que, dado el alto porcentaje de población paez existente en el territorio del Putumayo6, su intervención en un área como la de la baja bota caucana sea el comienzo para una actuación más decidida en los procesos políticos del Putumayo. No hay que olvidar que su apoyo a los procesos de reetnización y de conformación de cabildos se hace sobre la base de los reclamos identitarios de cualquier conglomerado de más de tres familias que puedan demostrar su ascendencia indígena (y en muchos casos sólo el apellido basta), que en el Putumayo son muy numerosos. Por otra parte, el método de alianzas estratégicas con sectores de la población campesina ya ha sido probada por largo tiempo en el Cauca, con buenos resultados en términos del espacio y apoyo políticos ganados entre sectores no indígenas. En este sentido, el CRIC le estaría señalando a la organización indígena del Putumayo nuevos caminos por explorar. SUBALTERNIDAD Y DIFERENCIA

Situaciones como las aquí reseñadas evidencian que el espacio sobre la multiculturalidad que planteó la Constitución del 91 no ha podido superar la aproximación esencialista a la iden6

La población de indígenas paeces representa 8,9% de la población indígena departamental (Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Putumayo).

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tidad cultural como signo referencial de un conjunto de rasgos, prácticas y significados fijos, una herencia perdurable, una serie de costumbres y experiencias compartidas por cada uno de los grupos que se propone reconocer. En otras palabras, la diversidad que se defiende desde el Estado y, en buena parte, por los actores políticos que se movilizan alrededor de ella, se refiere a la existencia de una pluralidad de identidades, vista como una condición de la existencia de los diversos grupos étnicos, mas no como el efecto de la enunciación de la diferencia por la constitución de jerarquías y asimetrías de poder (Hall, 1990; Bhabha, 1994). Dentro de esta lógica, la discriminación de que son y han sido objeto los indígenas aparece dada por la diferencia, cuando es justo al contrario: la diferencia y la notoriedad de la diferencia de los sujetos étnicos son producto de la discriminación, "un proceso que establece la superioridad, la tipicidad o la universalidad de algunos, en términos de la inferioridad, la atipicidad o la particularidad de otros" (Scott, 1995: 6). Una alternativa a esta naturalización de la identidad es introducir el análisis de su producción y, por lo tanto, de las construcciones y de los conflictos por el poder en que ella se enmarca. Al contextualizar históricamente las estrategias identitarias de los indígenas en el Putumayo, por ejemplo, es posible observar sus constantes cambios y transformaciones de acuerdo con las situaciones políticas. En los cincuenta y sesenta asistimos a los procesos de aculturación y/o asimilación de los grupos indígenas a las comunidades campesinas; los setenta y ochenta vieron los procesos de recuperación de la tradición y de reafirmación de la etnicidad. Hoy asistimos a la reetnización (como reconversión), así como a la reinvención de la identidad indígena. Ahora bien, para avanzar en el proceso político de esclarecimiento de la situación actual y definición de los reclamos de derechos territoriales del conjunto de actores de los que hemos ha-

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blado considero pertinente la discusión sobre subalternidad, estrategia y esencialización. A mi manera de ver, el análisis de la situación actual desde la perspectiva de la condición de subalternidad de los actores en cuestión brinda una salida frente a la contradicción de reafirmar las diferencias que se intenta desafiar cuando se reclama una identidad. Si indígenas y colonos son vistos como sujetos subalternos en el sentido propuesto por Gramsci para referirse no sólo a grupos oprimidos, sino a aquellos carentes de autonomía, sujetos a la influencia o hegemonía de otro grupo social, y por lo tanto carentes de una posición hegemónica propia (Gramsci, 1992), la condición de subalterno lleva implícita u n a estrategia ambivalente en la estructura de su identificación. Es decir, la producción de una imagen o de una representación de identidad por parte del sujeto subalterno, y la transformación de ese sujeto al asumir esa imagen o representación, tiene lugar en la demanda de identificación que implica la representación del sujeto en el orden diferenciado de la otredad, el ser para Otro (Bhabha, 1996). Una vez se evidencia la relación que da lugar a la demanda por una identificación es posible llevar a cabo la elaboración crítica - e n cuanto discurso ideológico- de las categorías dominantes privilegiadas sobre la diferencia, es decir, sobre aquellas rupturas de la historia y la cultura creadas por la dominación, conduciéndonos a lo que Escobar (1999) denomina "el final del salvaje". Un resultado positivo de esta aproximación al problema será el diseño de estrategias políticas que permitan crear alianzas entre actores diferenciados, en este caso entre indios reetnizados, "tradicionales", y campesinos colonos. El carácter procesual de las identidades prescribe que la identificación sea una construcción no determinada, en el sentido de que siempre puede ser "adquirida" o "perdida", lo cual no implica que no esté ligada a las condiciones determinantes de existencia que incluyen los

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recursos simbólicos y materiales requeridos para soportarla. La identificación que buscan los sujetos reetnizados con los indígenas no borra la diferencia que existe entre ellos, y aunque la misma idea de identificación sugiere la fusión, ésta no es más que una fantasía, pues, como no los recuerda Hall, "una vez asegurada, ella no borra la diferencia" (Hall, 1996: 3). La no aceptación de este hecho funda el temor y la renuencia de los esencialistas a considerar las alianzas que se pueden tejer entre actores diferenciados. ¿Qué decir de las esencializaciones? Al esencializar la diferencia, el discurso subalterno indígena asume como propias las categorías externas sobre lo que significa ser indígena, y si bien la apropiación de estos signos de diferenciación juega un papel importante en la construcción de la identidad del grupo, el peligro está en que la lógica de la discriminación que crea la diferencia se asuma sin ninguna crítica, olvidando que las diferencias de grupo no deben ser concebidas de manera categórica sino relacional, no como entidades diversas sino como estructuras interconectadas o sistemas creados a través de repetidos procesos de enunciación de la diferencia (Bhabha, 1994). En las esencializaciones que caracterizan las afirmaciones de la cultura política del movimiento regional indígena y de sus ejecutivos de la identidad, es posible identificar un temor a encontrarse nuevamente en una situación de discriminación negativa, pero es también posible leer en esta estrategia un interés político oculto por parte de fracciones del movimiento por acaparar recursos. Sin embargo, el uso proselitista de posiciones esencialistas por parte de los líderes del movimiento indígena del Putumayo puede convertirse en una trampa y, por lo tanto, en algo opuesto a una estrategia. El esencialismo como estrategia sólo puede funcionar a través de una crítica permanente. El momento crítico no debe aparecer sólo en escenarios que permiten prever su esfuerzo como

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exitoso. Por lo tanto, el uso estratégico de una esencia como consigna, como palabra clave de un movimiento -tal como lo puede ser el término indígena o afrodescendiente-, debe usarse con cautela, pues nunca es igual como referente para todos los integrantes de un movimiento político. Aún cuando pareciera ser que la crítica permanente es contraproducente, una distancia prudente con respecto al "carácter fetichista" de los términos identitarios debería persistir a lo largo de todo el camino. La alternativa de aceptar el esencialismo como estrategia definitiva equivaldría a aceptar que la situación que reclamaba el diseño de la estrategia está aparentemente resuelta. En el Putumayo, las condiciones están dadas para avanzar hacia posiciones desesencializantes pues se corre el riesgo de que el "esencialismo" esté operando para esconder divisiones políticas entre miembros del movimiento. El deber de la crítica en este caso sería preguntar quién está representado y quién no. Ahora bien, la crítica de las posiciones esencialistas desde la antropología también corre el riesgo de asumir el papel de autoridad frente a los discursos de los movimientos sociales. Estamos confrontados con una perspectiva etnicista por parte de los propios actores (Agier, 2000), que en todo caso no debe ser reproducida por los antropólogos: no podemos tomar las categorías de los propios actores como incuestionables. Su viabilidad estratégica debe ser probada. ¿En qué momento se hace necesario dar el paso hacia posiciones desesencializantes? CONCLUSIONES

Una comprensión de las dimensiones teóricas y prácticas de la competencia actual de discursos identitarios en sus diferentes momentos y determinaciones desde la doble perspectiva ofrecida por la antropología y la economía política de la modernidad resulta, pues, imperativa. Ello, con el propósito explícito de que

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los diferentes grupos subalternos atrapados en la misma - p e r o a la vez funcionarios públicos con su reinvención del desarrollo y de otros actores presentes en la región- tomen conciencia de dicha competencia, de forma tal que sea posible pensar y hacer viables fórmulas y políticas conducentes al restablecimiento de u n balance de las relaciones de interacción y de poder interétnicas. Sólo así será posible sentar las bases para la creación de alianzas estables y de condiciones para una mayor capacidad de acción de los grupos subalternos comprometidos en el mejoramiento y fortalecimiento de su condición social, económica y política. La tarea es particularmente importante, si se considera que el proceso de reordenamiento territorial ordenado por la nueva Constitución implica una completa reorganización de los espacios políticos y culturales en que tradicionalmente se ha desarrollado la relación entre estos grupos. Será necesaria la definición de mecanismos para asegurar la participación de los colonos en la redefinición del proceso político que implica el reordenamiento territorial en la Amazonia colombiana ordenado por la nueva Constitución. Así, no sólo se entraría en la búsqueda de una solución global a la crítica cuestión agraria en la zona, sino que también se evitaría la generación de tensiones entre indígenas y colonos en áreas en las que éstas están ausentes, y donde la conformación de alianzas estratégicas todavía es viable, o d o n d e éstas ya existen de hecho. La comprensión de los procesos de construcción de identidad y representación de indígenas y colonos como momento central de los procesos políticos, sociales y culturales en la Amazonia occidental es urgente. La irrupción de diferentes actores con fuerte presencia política y militar en el Putumayo, capaces de imponer el conflicto armado y una cultura de la violencia de dimensiones no conocidas en la historia reciente de la región, plantea la necesidad de un análisis antropológico que contribu-

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ya al desarrollo de mecanismos políticos para poner freno a la generalización de nuevos y mayores conflictos armados que inevitablemente afectarán a los habitantes de la misma. La comprensión de estos procesos también es central si se tienen presentes los grandes flujos migratorios de desplazados por la violencia del campo a la ciudad en todo el territorio nacional, y su impacto en la dinámica social en los centros urbanos donde ésta se concentra. Bibliografía Agier, Michel. 2000. "La antropología de las identidades en las tensiones contemporáneas". Revista Colombiana de Antropología, vol. 36. Alvarez, Sonia, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds.). 1998. Cultures of Politics, Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements. Boulder (Colorado): Westview Press. Bhabha, Homi. 1994. "The Commitment to Theory", en Homi Bhabha, The Location of Culture. New York: Routledge. . 1996. "Culture's In-Between", en Stuart Hall y Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity. London: Sage. Calderón, Fernando. 1999. Alternativas de manejo en procesos de consulta previa con comunidades del Putumayo. Documento confidencial. Bogotá. Chaves, Margarita. 1998. "Identidad y representación entre indígenas y colonos de la Amazonia occidental", en María Lucía Sotomayor (ed.), Identidad, modernidad y desarrollo. Bogotá: ICANH-Colciencias. Escobar, Arturo. 1999. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: ICANH-Cerec. Escobar, Arturo y Sonia Alvarez (eds.). 1992. The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy. Boulder (Colorado): Westview Press.

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Carlos Vladimir Zambrano C O N F L I C T O S P O R LA H E G E M O N Í A REGIONAL. U N ANÁLISIS DEL M O V I M I E N T O SOCIAL Y É T N I C O DEL MACIZO COLOMBIANO

INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis está ligado al particular interés por los problemas que implica pensar las distintas formas como la sociedad asume la contingencia de su presente y la construcción y redefinición de las comunidades políticas. Forma parte de un estudio que se ha adelantado, a lo largo de la década de los noventa, sobre el movimiento social del Macizo Colombiano. A principios de ella, durante 1991, el trabajo estuvo concentrado en la dinámica del movimiento indígena yanacona y se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación Etnicidad y sociedad en el Macizo Colombiano. En 1996, se presentó la oportunidad de estudiar algunos aspectos del movimiento campesino de integración del Macizo Colombiano, en el marco de los acuerdos de la II Movilización del Macizo Colombiano y Sur del Cauca. Los dos movimientos fueron estudiados de manera independiente (Zambrano, 1998). A finales de la década, en 1999, por medio del proyecto Gobernabilidad cultural en Colombia, de la Universidad Nacional, se inició la investigación sobre el proceso y dinámica de la producción de la identidad colectiva maciceña, teniendo en cuenta la pugna ideológica de dos movimientos -integración del Macizo y recuperación yanacona- que aunque antagónicos en la arena política, se vinculan en cuanto a la pretensión de construir región en el Macizo Colombiano. Conflictos por

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la hegemonía regional es un análisis que trata de aproximarse a la lucha social dentro del Macizo Colombiano, como una lucha por la unidad y la integración regional, en la que se movilizan varias propuestas políticas diferentes, destacando las vías supramunicipal y etnicista, que se ocultan bajo las etiquetas campesinas e indígenas, respectivamente. En noviembre de 1999 alrededor de 30.000 personas del suroccidente colombiano taponaron la vía Panamericana, cerca de la frontera caucanonariñense, en el sitio conocido como Galíndez, para reclamar sus derechos y exigir al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados en 1996, durante la II Movilización del Macizo Colombiano y Sur del Cauca, y para reiterar su desazón por la exclusión y marginamiento al que han sido sometidas. El gobierno reconoció la legitimidad de la movilización1, a pesar de que durante los 25 días de permanencia en la vía, en no pocas oportunidades trató de criminalizar la protesta y provocó acciones de orden público que hicieron temer un desenlace violento2. Intentó agotar a los manifestantes dilatando la negociación, trató de deslegitimarlos señalándolos como guerrilleros e intentó fracturar la solidaridad interna de la gente. Sin embargo, la fortaleza de los manifestantes demostró organización y responsabilidad, capacidad logística para movilizar cerca de 500 toneladas de alimentos, habilidad para el manejo de la coyuntura y resistencia social sin precedentes. A la vez, la presencia de los integrantes de la manifestación puso de manifiesto que este tipo de movilizaciones crea unos lazos de pertenencia y solidaridad fuertes entre todos ellos, estimula formas de

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"No hubo ni ganadores ni perdedores. El escenario, como lo planteó el gobierno, fue de interlocución con una organización campesina que estaba reclamando unos derechos legítimos, a los cuales el Estado tiene la prioridad de atender en áreas definitivas..." Viceministro del Interior, El Espectador, 28 de noviembre, p. 10A. 2 Cfr. Varios periódicos y varias fechas entre el I o y el 25 de noviembre de 1999.

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socialización y socialidad políticas que permiten la reproducción del sentido de su acción asignándole contundencia y coherencia, y coadyuva al desarrollo y consolidación de las identidades colectivas. La toma de la carretera Panamericana se ha convertido en un emblema que representa a todos los habitantes del Macizo, tanto a los que están en la vía, como a aquellos que los apoyan logísticamente. Los movilizados buscaban que el gobierno se comprometiera a girar recursos, a incorporarlos dentro del Plan de Desarrollo y a definir mecanismos para proyectos de inversión. Demostraron la ineficacia del Estado para atender los sectores marginales de la sociedad y la debilidad de las políticas de desarrollo, dejaron en evidencia que mientras las comunidades tienen planes a largo plazo, el Estado y su dirigencia son cortoplacistas, sin metas nacionales concretas y sin iniciativas para impulsar las regiones. Víctor Collazos, negociador de la protesta, al evaluar los resultados, dejó entrever unos posibles efectos regionales en la dirección del movimiento del Macizo Colombiano: [...] deja la experiencia que acumulan los líderes en el aspecto organizativo; deja una cantidad de nuevos líderes, la solidaridad de todos los sectores regionales... Hacia el futuro las luchas sociales se van a unificar y fortalecer. La región entendió que no podemos seguir siendo la cenicienta en los presupuestos nacionales y que no podemos seguir viviendo de una historia que no nos da calidad de vida (Collazos, 1999).

Se responde aquí a la convocatoria para "hacer un análisis no coyuntural de la reciente coyuntura" que incitó a los campesinos del Macizo Colombiano a tomarse la vía panamericana entre el I o y el 25 de noviembre de 1999. Lo "no coyuntural" pretende demostrar cómo la movilización social en esta región del

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suroccidente del país, en los últimos 10 años, ha fraguado un movimiento regional con dos tendencias integracionistas fuertemente marcadas, una supramunicipalista y otra etnicista, lideradas respectivamente por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), y por el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona (CMY). En tanto que el CIMA y el CMY son organizaciones que protagonizan un conflicto por la hegemonía política dentro del Macizo Colombiano con discursos integracionistas, y al tener ambas una capacidad inusitada de movilización social, la opinión experta es fundamental para interpretarlo, pues parece ser -a la luz del actual desarrollo del movimiento- que el modo de reconstrucción de las comunidades maciceñas pasa por la conformación de una entidad macro, políticamente estable. Teórica y metodológicamente ambos se replantean no como dos movimientos visibles independientes, sino como antagonistas visibles de un mismo movimiento regional. La intencionalidad de tal puntualización no es otra que la de sostener la idea de que la lucha social al interior del Macizo Colombiano busca caminos de inserción en las actuales circunstancias nacionales y globales bajo la forma regional. La crisis de la descentralización política, la incapacidad gubernamental para trazar metas sociales a largo plazo, la capacidad de los movimientos para plantear estrategias propias de desarrollo y la emergencia de procesos de reordenamiento territorial supramunicipales son aspectos de la coyuntura, que serán tratados como decisivos en la estructuración de propuestas regionales en el Macizo Colombiano. Lo señalado hasta aquí son unas consideraciones preliminares para analizar la protesta en el horizonte del movimiento social, la complejidad del movimiento social del Macizo Colombiano que manifiesta los trazos de su conversión en un movimiento regional de enorme complejidad y de difícil desarticulación, pues está redefiniendo las formas de pertenencia y de participación de sus habitantes, y permite precisar algunos ele-

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mentos teóricos y conceptuales para una mejor comprensión de lo que este país está produciendo social y culturalmente en medio de esta, aparente, sin salida de la crisis colombiana. UNA DIGRESIÓN TEÓRICA SOBRE EL ASUNTO

En 1993 eLprofesor yanacona Carlos Horacio Juspián, del Cabildo Indígena de El Oso, Municipio de La Sierra, Cauca, planteó que "La historia es un proceso de identificación. La historia yanacona que nos toca hacer, es la de volver a identificarnos con lo nuestro, que ya es distinto" (Juspián, 1993), para indicar su percepción acerca del trabajo para el fortalecimiento de la identidad indígena yanacona. Sus trazos constructivistas, la profundidad de su pensamiento en torno a la identidad, la sensibilidad para pensarse a través de los cambios, y la percepción de estar haciendo historia, hacen de esta cita un ejemplo de la capacidad analítica y teórica de la gente del Macizo Colombiano. La magnitud del afán teórico puede hacerse evidente si se le compara con una teórica de los movimientos sociales, como Chantal Mouffe. Ella, al respecto, escribió que "La historia del sujeto es la historia de sus identificaciones, y no hay una identidad oculta que deba ser rescatada más allá de la última identificación" (Mouffe, 1998: 14). Juspián se adelantó cinco años a la comprensión teórica del asunto; él es un ejemplo para fortalecer la convicción de que el Movimiento del Macizo Colombiano puede desarrollar sus propias formas de teorización. ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS

Este análisis se fundamenta en los siguientes supuestos: 1. Las identidades étnicas, regionales y nacionales son un tipo de identidades políticas que otorgan coherencia simbólica, dotan de potencia a la acción colectiva y dan sentido a las comunidades

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políticas imaginadas, llámense naciones o etnias. Así, los regionalismos, nacionalismos y etnicismos no son una simple banalidad fundamentalista, sino una fuerza política que coadyuva a dotar de capacidad estructurante de lo social y cultural a las comunidades. 2. Si bien dichas identidades generalmente se sustentan en rasgos culturales, aspectos lingüísticos, normas sociales y referentes cosmovisionales, son producciones colectivas que se forjan en medio de los movimientos sociales. 3. Los movimientos sociales son, pues, la arena de producción de este particular tipo de identidades colectivas, por lo cual en ellos se ponen enjuego no sólo los aspectos vernáculos de sus culturas y sus costumbres sociales y políticas, sino todos los elementos innovadores, externos e internos, en un momento histórico determinado. Se pretende enfatizar el punto de vista según el cual las identidades son reflexivas y dinámicas; y, si bien son consubstanciales a toda colectividad de manera diferenciada, son históricas y se transforman de manera permanente (Arditi, 2000; Bartolomé, 1997; Friedman, 1992; Giddens, 1995; Zambrano, 1998; Laclau, 1987, Mouffe, 1998). Ellas pueden ser movilizadas tanto en la confrontación con otros, como entre sí. La dimensión interna, a veces descuidada, es fundamental para la comprensión de los movimientos sociales, pues éstos, a la vez que son una reacción a la inoperancia del Estado y a la marginación social y política de las comunidades, suscitan un enfrentamiento interno que posibilita el relevo generacional y la reubicación de los sujetos. Un movimiento es sede de muchas visiones distintas, a veces antagónicas, presentes entre miembros de un mismo grupo. Teóricamente, esta indagación se inscribe dentro de los estudios que tratan de la producción y reproducción de las identidades colectivas; en ellos el ámbito de la producción y reproducción de la identidad es el movimiento social en su conjunto (Arditi, 2000; Giddens, 1995; Zambrano, 1998; Laclau, 1987;

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Mouffe, 1998; Türton, 1999). Así, el movimiento no es una coyuntura ni un estado excepcional a que recurre una sociedad cuando carece de algo, sino la fuerza estructurante y progresiva que puede dar como resultado referentes identitarios que coadyuven al desarrollo de procesos de construcción social. El doble movimiento de producción y reproducción identitaria es fruto de la inestabilidad que genera un cambio social, político o institucional, y la estabilidad que nace a medida que surgen y se establecen los nuevos significantes, los cuales circulan a través de lo instituido cabildos indígenas, concejos municipales, juntas de acción comunal, escuelas, marchas y protestas, leyes, decretos, presupuestos nacionales, departamentales, locales, etc.-, transformando sus contenidos y asignándole nuevas posibilidades de acción comunitaria. Por ejemplo, la vinculación de veredas no indígenas a un territorio indígena; la formación de redes colectivas en áreas de propiedad privada. "La dialéctica de inestabilidad/fijación sólo es posible porque la estabilidad no está dada de antemano, porque ningún centro de la subjetividad precede las identificaciones del sujeto" (Mouffe, 1998: 15). Lo que equivale a decir que la estabilidad no se mide por unos resultados preconcebidos y presupuestados, tampoco por su ajuste conceptual a lo previamente definido, sino en la lógica del desenvolvimiento de la sociedad, que es la que produce nuevos sentidos sociales. Quienes han intentado acercarse a la problemática social del Macizo tienden a estudiar por separado al CIMA o al CMY {Cfr. Sotomayor, 1997). Cuando se trata del primero, sin vacilación se define su origen campesino; cuando es del segundo, sin ninguna duda se tipifica como indígena. A pesar de que ambos, aunque desde estrategias distintas, aspiran a la reconstrucción social y política del Macizo Colombiano, nunca son puestos en relación como distintas caras de una misma moneda en la redefinición de la identidad regional maciceña; a lo sumo, se vinculan para fijar sus límites y trazar las fronteras que impone el

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conflicto existente entre ellos, el cual es transmitido por sus respectivos líderes con el fin de alinear la opinión experta a su favor. Son ellos los que en cierta forma definen la perspectiva de los investigadores, y éstos, a menudo reproducen las diferencias clásicas entre indígena y campesino, que hoy cierran más puertas de las que abren para la mejor comprensión de los actuales mecanismos intracomunitarios de institucionalización de los procesos sociales y de los modos de construcción y reconstrucción social de comunidades políticas, en las que la redefinición identitaria regional constituye un aspecto central en la construcción de un orden regional. En suma, se mira el movimiento del movimiento social y se explica cómo la vías campesina e indígena se desplazan, sin perder su identidad, transformándose en supramunicipales y étnicas, hacia una resolución regional de las tensiones que ellas mismas imponen al Macizo Colombiano. Desarrollar tal perspectiva propicia un acercamiento a otros procederes académicos que buscan una mejor elucidación de lo que actualmente sucede en el seno de los movimiento sociales. Éstos tratan de conocer no tanto las condiciones de la protesta, como sus efectos sociales estructurantes, y el Macizo Colombiano manifiesta hechos que lo posibilitan. Se pueden tener en cuenta, por ejemplo, el sentimiento de unidad regional que une a los pobladores del Macizo Colombiano y que es anterior al CIMA y al CMY; los cambios en las maneras de representarse la región como reflejo de las dinámicas propias del movimiento social que en una década se ha redefinido cuando menos cuatro veces; cómo divergen y convergen los procesos de producción de identidad regional desde las estrategias CIMA y CMY, y cómo las transformaciones de sentido reflejan las condiciones de contemporaneidad y reflexividad del movimiento social, para definir su capacidad de influencia en la redefinición regional. Laclau (1987) señaló que la investigación social "explica no las condiciones objetivas o subjetivas que hicieron posible la

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emergencia de un movimiento social, sino el tipo de relaciones entre los agentes sociales que este último supone" (Laclau, 1987: 34), presupuesto que es útil para trazar los eventuales vínculos del CIMA y del CMY en tanto fuerzas de un mismo movimiento, que fijan el nuevo horizonte regional como posibilidad política y como reto analítico. Además, dicha precisión nos distancia de las miradas de distinto cuño que muestran a los movimientos sociales como algo homogéneo, para resaltar en cambio la especificidad de los antagonismos presentes en su interior. La conceptualización mecanicista sobre la inobjetable diferencia entre CIMA y CMY parece no ser adecuada en stricto sensu y es insuficiente. No es adecuada porque tanto el CIMA corno el CMY son organizaciones políticas y como tales representan sólo una parte de las tendencias involucradas en el seno de los movimientos campesino e indígena en el Macizo Colombiano; y es insuficiente, por dos razones: la primera, porque de tratarse como movimientos individuales, ni el CIMA es típicamente campesino, ni el CMY es típicamente indígena; es preciso analizarlos como expresión de una nueva dinámica de los llamados movimientos campesinos e indígenas y, llegado el caso, redefinirlos en el contexto de sus propias transformaciones. Desde este punto de vista, cuando menos, el analista debe introducir tanto las variables indígenas y campesinas del CIMA y del CMY, respectivamente, como las disidencias no organizadas -campesinas e indígenas- que también hacen parte del movimiento. La segunda, corolario de la anterior, hace insuficiente la conceptualización clásica porque ambas organizaciones fomentan un desplazamiento discursivo y estratégico hacia el encuadramiento de las demandas propiamente campesinas e indígenas, en el marco de unas reivindicaciones supramunicipales por parte del CIMA y étnicas por parte del CMY, en las que se puede leer la intención de formar país dentro de un país, vale decir, de hacer región; por lo tanto, de pugnar por hacer hegemónica su

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propuesta política, redefiniendo totalmente el sentido de las peticiones de cubrimiento de infraestructura y necesidades básicas, que los primeros estimulan impulsando la maciceñidad, y los segundos la yanaconidad. Conviene apuntar cuando menos tres cosas: la primera es que el movimiento social puede ser analizado con una orientación constructivista, que dé cuenta de su capacidad estructurante y no exclusivamente coyuntural. Vale decir, una guía metodológica que observe los lazos que se forjan con la movilización y que perfilan sentimientos de pertenencia, unidad y solidaridad que producen el parentesco simbólico necesario para dotar de sentido a esa comunidad imaginada regional, bajo cualquiera de los dos criterios de maciceñidad o yanaconidad. La segunda es que metodológicamente hay que situarse en el avance del movimiento hacia reivindicaciones regionales, pues la producción de las identidades campesinas e indígenas se transforma en propuestas de maciceñidad y yanaconidad, que abren la posibilidad de incoporar sujetos diversos. Es por tal razón, por ejemplo, que bajo la autoridad del CMY existen negros y campesinos que se dicen yanaconas, y en el CIMA hay indígenas que dicen no ser yanaconas, situaciones que han desarrollado procesos de indigenización, reindigenización y etnización, así como de campesinización. La tercera es que a la carretera, la vía Panamericana, si bien se llega a negociar y a presionar recursos para inversión social, existen otras movilizaciones invisibles que es preciso tener en cuenta; por ello se piensa en que el análisis de la protesta social debe incluir unos tiempos sociales de movilización que llamaremos de preprotesta, protesta y postprotesta, con los cuales descalabramos de paso los discursos que la interpretan como espontánea, y los que tratan de desligitimarla asignándole a la movilización social la dirección de fuerzas externas.

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HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO REGIONAL

En los últimos diez años, tanto el CIMA como el CMY del Macizo Colombiano, cada uno por su lado, han logrado sentar en una mesa de negociación a los gobiernos nacional colombiano y departamental caucano en varias oportunidades. Aunque son dos organizaciones relativamente recientes, parece que guardan en su interior, entre otros, la contradicción histórica de los movimientos indígenas y campesinos. Sin embargo, ambas, de alguna forma, reflejan unos movimientos modernos. En primer lugar, el CIMA reclama una región, un territorio, formas de organización propia, una cultura y una identidad que hasta ahora no se encuentra en las mesadas reivindicatorías de los movimientos peculiarmente campesinos. En segundo lugar, el CMY reclama la integración social del territorio, la jurisdicción política y administrativa allende las fronteras de los resguardos y la incorporación -bajo la noción de pueblo como nacionalidad incipientede negros y campesinos, urbanos y rurales, dentro de su espectro de acción. En el Macizo, lo indígena y lo campesino son realidades redefinidas en lo étnico y lo supramunicipal, que constituyen dos líneas ideológico-políticas que pugnan por la hegemonía regional dentro del Macizo Colombiano. Dicha pugna puede ser entendida como la tensión que divide al movimiento en indígena y campesino, individualmente, pero también la que permite conectarlos en la perspectiva regional. Este trabajo desarrollará la segunda opción, por lo cual se presentan los resultados del examen al papel que las líneas campesinista e indigenista -vale decir, supramunicipalista y etnicista- desempeñan en la construcción de la regionalidad y, por ende, en la conformación de un macromovimiento, para sustentar que el Movimiento del Macizo Colombiano es un movimiento social de carácter regional, con capacidad estructurante en lo sociopolítico, en el que la identidad

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regional -la regionalidad (maciceñidad y yanaconidad)- se convierte en el eje de organización social y política. Con esta decisión, que es metodológica, se dejan de lado las respectivas complejidades internas, pues si bien es evidente que el discurso manifiesta la intención de integración regional, sigue siendo una tarea por realizar la comprensión de cómo se resuelve la construcción identitaria al interior de las veredas. Es decir, cómo se ponen en marcha los mecanismos de institucionalización de la identidad colectiva, en un área bastante diversa y heterogénea, con innumerables diferenciaciones sociales y culturales, y en medio de todos los conflictos del país, de los que el Macizo no está exento, sus guerras militares y paramilitares, sus violencias por narcotráfico y sus secuelas sociales, los desajustes producidos por los cambios estructurales del país y los consecuentes desplazamientos de población, etc. Así, pues, tras de las demandas por servicios, vías de comunicación, educación, etc., los habitantes del Macizo desarrollan una lucha para construir y consolidar su región. En este sentido, la profundidad del hiato CIMA-CMY está en formar parte de un movimiento que aspira a configurar una región, una identidad y un nuevo sentido de pertenencia entre sus pobladores. La identidad que se está construyendo emergerá de la solución del conflicto que ha producido la confrontación por la hegemonía de un discurso y de un poder que está siendo movilizado por las líneas de integración política supramunicipal liderada por el CIMA, y la de recuperación territorial étnica, en cabeza del CMY. Tanto el CIMA como el CMY tienen posiciones definidas respecto a la centralidad asignada a la identidad regional en la construcción del orden social y político en el Macizo. Por línea, de modo general, se entienden las propuestas organizativas para demandar unos derechos, las tácticas de lucha elegidas para presionar al Estado, los objetivos estratégicos con una definición ideológica explícita del sector social que defien-

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den, que, a la vez, les permite establecer alianzas con otros movimientos populares en la región. La línea CMY es sustentada por varios sectores yanaconas, no yanaconas, indígenas con resguardo y sin resguardo, organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca, Autoridades Indígenas de Colombia, Alianza Social Indígena, y cabildos indígenas, y está basada en la recuperación territorial, la autoridad de los cabildos y la jurisdicción indígena. La línea CIMA también es sustentada p o r múltiples actores colonos, campesinos pobres y medianos, comerciantes y artesanos, organizados en t o r n o a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, juntas de acción comunal y asociaciones municipales, entre otras, y están aglutinados por la movilización a la vía Panamericana, por necesidades básicas de servicios públicos y una estrategia de toma de poder en las alcaldías y concejos. DINÁMICA ESTRUCTURAL DEL MOVIMIENTO

Todo movimiento regional moviliza cuando menos tres elementos estructurales: u n a base territorial, u n sentimiento de identidad y unos mecanismos de gobierno. No cabe duda de que el CIMA y el CMY los tienen y su horizonte de lucha unas veces se cruza y otras no. Ambas líneas sostienen la defensa del Macizo Colombiano, por lo que la región geográfica es una base para las dos; el CIMA impulsa la maciceñidad y el CMY la yanaconidad para la región, y sus mecanismos de gobierno son, para el CIMA, las alcaldías y concejos municipales, y para los yanaconas, los cabildos indígenas y los consejos territoriales; además, u n o y otro son entidades organizativas orgánicas al movimiento. Social y culturalmente, el Macizo Colombiano se levanta sobre una serie de sedimentos que dejan los movimientos sociales a su paso. Un conjunto de jurisdicciones que se superponen de manera conflictiva, u n palimpsesto de poderes que operan

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simultáneamente, un vaivén cartográfico administrativo sin precedentes. En medio de esto, las dos fuerzas principales del movimiento regional no pierden su identidad ni las características propias, sino que se transforman, cambiando también las formas de relación y los escenarios de conflicto. Si bien sus diferencias en términos de la probabilidad del desarrollo de la lucha se radicalizan, también de manera complementaria sus pretensiones en el horizonte regional se fusionan. De hecho, la observación germinal de esta apreciación es que a lo largo de los últimos diez años el CMY ha reconocido miembros no indígenas, campesinos y negros, y el CIMA ha incorporado indígenas que no se reconocen como yanaconas, y ambos se nutren de otros sectores como el magisterio; y aunque las propuestas no han sido muy claras en términos de la existencia de u n discurso explícito de articulación, cada uno, en la aspiración regional, tiende a asimilar al otro. Dicho coloquialmente, la yanaconidad tiende a asimilar a la maciceñidad, sugiriendo que la yanaconidad sea el baluarte de identidad regional y, a la vez, la maciceñidad anhela asimilar a la yanaconidad para ser el bastión de la regionalidad. Desde luego, las prerrogativas jurídico-políticas que tiene cada línea no son dables sin la resolución de problemas regionales internos, todos ellos complejos, entre los cuales destaca la forma de resolución de la actual discriminación y marginalización de los indígenas y de los sectores campesinos bastante pauperizados dentro de la región, y el tratamiento que le den a la institucionalidad dominante. Ésta es u n a tensión fundamental que transita los caminos de la acción ideológica y de producción de sentido que define a las identidades, a la acción política - p r o p i a m e n t e dicha- que trata de convertir los anhelos en relaciones sociales. En la realidad concreta del movimiento, los alcances y posibilidades de cada línea d e p e n d e n de las tácticas usadas.

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La base socioterritorial

No se sabe con precisión de qué manera se desarrolló el sentido de identidad regional en el Macizo Colombiano, con anterioridad a la presencia del CIMA y del CMY. Lo cierto es que para sus habitantes ésta existía antes de ellos, inducida, seguramente, de manera indirecta por los textos escolares que señalan al Macizo como un referente geográfico de carácter nacional, comúnmente conocido con la metáfora de estrella fluvial, porque allí nacen los ríos Cauca, Magdalena, Patía y Caquetá. El nombre geográfico delimitó con claridad una región cultural, hasta antes de 1991, comprendida exclusivamente por eí área caucana dei macizo geográfico, que cubre los municipios de Bolívar, Almaguer, San Sebastián, Rosas, La Vega, La Sierra y la parte sur de Sotará y norte de Santa Rosa. Ése es el Macizo Colombiano al que aquí hacemos referencia, por lo que podemos decir que su movimiento social es definitivamente caucano. Los demás municipios de los departamentos del Huila, Tolima, Nariño, Putumayo y del mismo Cauca, en que se asienta todo el macizo geográfico, no pertenecían a tal definición de Macizo. Por ejemplo, del departamento del Cauca, la zona de Tierradentro, Paletará, Patía, Timbío e incluso Popayán, y la gente del sur del municipio de Santa Rosa, en el medio Caquetá -áreas del macizo geográfico- no se consideraban del Macizo. Mucho menos la zona de San Agustín y La Plata, en el Huila, o La Cruz, en Nariño. Vale decir, los macícenos eran los habitantes de los municipios enunciados en el párrafo anterior, fueran negros, mestizos, blancos o yanaconas, indígenas, colonos o campesinos, urbanos o rurales. Las empresas de transporte intermunicipal que cubrían las rutas desde Popayán a la región distinguían sus buses con calcomanías que garantizaban algún destino en el Macizo Colombiano. En 1989 una marcha de los municipios de Santa Rosa, San Sebastián y Bolívar fue detenida, en cercanías de la carretera

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panamericana, a la altura de Guachicono (caliente) en inmediaciones del valle del Patía, que marcó, según Walter Aldana, el origen del CIMA3. En 1991 se desarrolló una protesta en la carretera, a la altura de la cabecera municipal de Rosas, en la que participan Rosas, Bolívar, Almaguer, La Sierra, La Vega, San Sebastián, Santa Rosa y el sur de Sotará. El éxito de la protesta divide a los indígenas, a los campesinos y a la incipiente organización. Por esa época el Movimiento yanacona hacía crisis con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y con las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO y se perfilaba como un sector independiente de la zona sur del CRIC. Se había estructurado en movimiento con la Comisión Permanente Yanacona, a la que ocho cabildos la dotaron de autoridad, antecedente inmediato del CMY. Después de esta fecha y de los cambios constitucionales, la base territorial del Macizo va a ser tan consistente como una gelatina. El CMY concentra su estrategia en la unidad de los cabildos, la consolidación de los resguardos y la reivindicación territorial del Macizo Colombiano; procurando una estrategia supramunicipal, intenta la conformación de una comisión de alcaldes para asuntos yanaconas, teniendo en cuenta que su movimiento toca los municipios de La Sierra, Sotará, La Vega, San Sebastián y Almaguer, y se lanza a formar cabildos en Cali, Popayán y Santa Rosa. El CIMA impulsa el movimiento campesino e incorpora, en su afán expansionista, a los referentes del Macizo Colombiano, a los municipios de Timbío, El Bordo, Florencia, Balboa, Argelia y Mercaderes. Así, no bien entrada la década, el Macizo estaba redefiniendo su área de influencia, y las líneas del movimiento regional progresivamente adquirían identidad propia. Después de la Constitución de 1991 otros actores comienzan a intervenir en la definición de la región, sin que se sustitu-

Líder del CIMA hasta 1998.

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yan unos por otros. Con la conformación de la Corporación del Río Grande de la Magdalena se vuelve a la noción geográfica para definir el Macizo Colombiano, por lo cual su extensión, de la noche a la mañana, se cuadriplica y los presupuestos destinados a ella se reducen implacablemente en una proporción similar. La GTZ, entidad de la cooperación económica alemana, también define sus intereses en el Macizo Colombiano y entra a operar en consecuencia con programas de desarrollo destinados de manera particular a cubrir los sectores campesinos de Santa Rosa. También aparecen dos entidades del gobierno departamental, una asociación de municipios del Macizo Colombiano que es conformada por alcaldes que poco se reúnen y que son de Cauca, Nariño y Putumayo; y el Plan Patía, que es un plan técnico para el desarrollo de la zona caliente del Macizo Colombiano. La estrategia del Estado es defender la institucionalidad con campañas de las corporaciones autónomas regionales del Caquetá, Cauca, Grande de la Magdalena y Nariño. Prácticamente, la asociación de corporaciones parece un plan de contención del movimiento social. La base organizativo gubernamental La aparición de jurisdicciones sobre un mismo territorio no sólo aumenta los conflictos, sino que redefine los existentes. Así mismo, es parte de la dinámica de la reestructuración del Estado en la región, de suerte que todas estas fuerzas sólo pueden ser vistas en franca lucha por la hegemonía regional, en un territorio que se está reconstruyendo con argumentos de los sectores dominantes. Con la aparición del CIMA y del CMY se sientan las bases organizativas del movimiento y aparecen legitimados los dos principales interlocutores con el Estado nacional y el gobierno departamental. Ambas fuerzas reivindican derechos otorgados por un mismo Estado neoliberal, mediante procedimientos

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que el mismo Estado les asignó para definir su participación política. Por un lado, los indígenas tienen el cabildo indígena, otrora institución hispana; por el otro, los campesinos tienen los concejos municipales y las alcaldías. Estos hechos no invalidan la acción social y política del movimiento social, que en el fondo es reformador, pues de todas maneras así procede para quitarle al Estado algo de su inoperancia, negociando unos recursos que satisfagan algunas necesidades colectivas maciceñas. La base identitaria regional Amparada en la profundidad histórica de la lucha por la tierra en la región, la cual se remonta a más de 500 años, aparece la base identitaria regional. Aunque hay una pluralidad de registros identitarios, simbólicos, reales e imaginarios, y de que la producción de identidad sea inestable, no significa que la identidad colectiva se produzca de manera arbitraria e inopinada. En la década del ochenta se protestaba municipalmente, así que campesinos e indígenas de un mismo municipio marchaban unidos, sin diferenciación específica, por lo que las dos organizaciones tienen por origen común tales movilizaciones cívicas, tomas de alcaldías y marchas de protesta anteriores a 1991. La diferenciación ocurre en forma paulatina y se le dota de mayor sentido después de la Constitución de 1991. Hacia finales de los ochenta, se habían desarrollado formas intermunicipales de organización campesina y se impulsaba la efímera Directiva Zonal Indígena del Macizo Colombiano, promovida por Gregorio Palechor, uno de los líderes indígenas, inspirador de la histórica ruptura que originó una de las modernas formas de lucha y organización indígena, el Consejo Regional Indígena y la separación definitiva de los indígenas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). El movimiento regional del Macizo Colombiano es reflejo de la sociedad tradicional del Macizo, a la vez que es reflejo de

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la sociedad moderna emancipante, que es a su vez la misma sociedad tradicional regional en proceso de cambio. Laura Valladares resume la idea: Para constituir sus identidades los grupos humanos seleccionan, deliberadamente o no, caracteres que surgen de su experiencia y de su historia, de su memoria colectiva y del patrimonio sociocultural propio y de aquellos con quienes se han relacionado y les resultan significativos. Sin embargo, dichos caracteres no son definitivos, su representatividad obedece a diferentes factores y puede cambiar con el tiempo; por ello, no se trata de uno o varios rasgos acumulados a modo de catálogo, fijos e inamovibles (Valladares, 1985: 160).

El tiempo social de la protesta Mouffe (1997) señala que "el sujeto es el lugar de la carencia... el lugar del anhelo... La carencia es un vacío que subvierte y es la condición de toda constitución de la identidad." (Mouffe 1997: 15). La afirmación resulta interesante de cara a la configuración de la protesta, pues exige pensar cómo se construye socialmente la carencia y cómo desde la carencia se transita a la identidad y de ésta a la formación de una comunidad imaginada. Si, de manera abstracta, la carencia moviliza, la movilización produce identidad y la identidad resultante da sentido al ideal de comunidad que ella representa. Ahora bien, si la carencia se produce socialmente, debe preexistir a la protesta, pues la protesta es un resultado. Además, suponemos que debe subsistir a la protesta para que ésta no sea espontánea. El tiempo social de la protesta no está definido por el orden de los preparativos que permiten su realización, sino por la formación de los aspectos que hacen que ella pueda significar a un conjunto de personas, es decir, produce identificación. Tratare-

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mos el asunto como preprotesta, protesta y postprotesta. La preprotesta es la base de la identificación en la que se dan los procesos de diferenciación y de posicionamiento en relación con la construcción del orden deseado. La protesta genera las formas simbólicas de pertenencia y de acción, y la postprotesta es el lapso para el fomento de los mecanismos de instucionalización y de formación de la comunidad imaginada. La transición de la postprotesta y la preprotesta marca la regeneración del conflicto y los usos políticos de la construcción de la memoria. MOVIMIENTO SOCIAL Y MODERNIDAD El movimiento social del Macizo Colombiano produce y moviliza una identidad colectiva moderna, nodo simbólico de integración para la construcción de u n proceso regional que procura romper con el atraso atávico de la región. Conduce, pues, una acción consciente de la comunidad regional sobre sí misma, y una representación de ella en tanto orden colectivo. Desde la perspectiva de la modernidad, el movimiento se presenta bajo la forma de emancipación social y cultural, con el fin de apropiarse del presente de manera reflexiva, para coadyuvar en la construcción autónoma del orden social y político. Se introducen en la anterior definición las nociones de reflexividad de los movimientos sociales (Giddens, 1995), su rol estructurante del orden social y político (Lechner, 1989) y su cualidad emancipatoria (De Souza, 1997). Con ellas el movimiento se revela reflexivo, autónomo y ciudadano. Reflexivo porque rectifica las formas tradicionales de hacer política y las dota de nuevo sentido (Giddens, 1995: 13), autónomo porque, afirmando su autonomía, los individuos se hacen irremediablemente cargo de organizar su convivencia (Lechner, 1989: 36), y ciudadano por la reivindicación de la realidad social como u n orden determinado por los hombres sujetos de derechos (De Souza, 1997: 9).

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Lo reflexivo

Toda sociedad interactúa, crea y produce sentidos estratégicos, vale decir, es reflexiva (Giddens, 1993: 47). Éste es un rasgo de la modernidad de los movimientos sociales. Los discursos circulan negativa y positivamente, en forma continua, "entrando y saliendo", reestructurando reflexivamente a los sujetos (Giddens, 1993: 50), con lo que se generan conocimientos, destrezas, se racionalizan las decisiones y se transforman las percepciones de sí mismos y de sus culturas. La reflexividad en el Macizo se origina en los cuestionamientos producidos y sus reflexiones en torno a sus virtuales identidades, supramunidpal y étnica, pues éstas no son coherentes con las formas de representación -las prenociones durkheimnianas- que los maciceños tienen de sí mismos. La emancipación social y cultural, con el fin de apropiarse del presente para coadyuvar en la construcción del orden social y político, supone riesgos, por lo que la búsqueda de opciones siempre será racional y el movimiento social encara la racionalidad de manera diferente de la de un administrador de! Estado. El costo de tomar las riendas del destino propio es asumir la angustia de un mundo en el que se es responsable de hacerlo. El orden

El orden es una meta a conseguir, como la democracia, nunca una realidad instituida per se. En este sentido los factores de orden y disciplinamiento político son, definitivamente, el CIMA y el CMY, quienes orientan la institucionalización y consolidación progresiva de lo que genera la nueva tradición fundada por el movimiento, desde identificaciones hasta antagonismos. Teóricamente, el orden está siempre en construcción, su estabilidad está dada por su permanente cambio. El orden del movimiento fluye en los intersticios de lo instituido. El orden comienza a regularse a

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partir de los derechos constitucionales para los sujetos indígenas y para los municipios. Por eso intriga por qué los derechos constitucionales, fundamentales y humanos se convirtieron en el lenguaje de una política progresista para las comunidades locales, como si invocarlos llenara los vacíos del sistema dominante. El orden se produce de manera tensa en la perspectiva regional; por un lado, se da la tensión entre regulación interna CIMA-CMY y la emancipación social externa de la región; por otro lado, se da la tensión entre el Estado y el movimiento regional que lo sustituye, porque no funge ni siquiera como garante de los derechos maciceños. Lo ciudadano La conciencia de la autonomía se deriva de la estrategia del movimiento para tener el control de su proceso histórico. Como intenta decir Bordieu en Desigualdad social y poder simbólico, es la elección de aceptar ser, sea en forma resignada o provocativa, sumisa o rebelde, pactada o intransigente. Es la estrategia del renacer, del resurgimiento. La presencia de esta tensión es normal, en la medida en que la gente no reconoce el presente como parte de la historia. Se devela un cambio en el sentido del ser, que apunta no a exigir un derecho, sino a redefinir al ciudadano y la conciudadanía con la libertad de elegirla, desdibujando los modos habituales de ver en la unidad racial la razón de existencia de las etnias y su autorreproducción, su finalidad, y el facilismo de ver en estos procesos sólo oportunismo. ¿Al producir sentidos, reivindicar derechos, invocar tradiciones, reorganizar el gobierno, batallar electoralmente, demandar la aplicación de las normas constitucionales, no se estaba llevando a cabo de algún modo una acción que permite pensar una nueva forma para que los maciceños se hagan ciudadanos? ¿Ese cuestionamiento acaso no surge de observar un tránsito modernizante que

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los pone en la ruta de representar sus propias prácticas y transformarse en sujetos históricos, vale decir, pasar de los órdenes sociales recibidos a la producción social del orden, buscando inclusiones concretas en los escenarios sociales? CONCLUSIONES

Las identidades colectivas son construidas de manera racional, selectiva y reflexiva. No hay identidad esencial o natural, sino ideas, pensamientos y teorías, discursos y prácticas, que las convierten en esenciales (Cfr. Mouffe, 1997). Se demostró que la movilización social del Macizo Colombiano ha fraguado u n movimiento regional con dos tendencias integracionistas fuertemente marcadas, una supramunicipalista y otra etnicista, lideradas respectivamente por el CIMA y el CMY. Se postuló que la lucha social al interior del Macizo Colombiano busca caminos de inserción en la actuales circunstancias nacionales y globales bajo la forma regional. Se analizó que el movimiento del movimiento social está orientado hacia una resolución regional de las tensiones en el Macizo Colombiano, teniendo en cuenta el sentimiento de unidad regional que une a los pobladores del Macizo Colombiano, los cambios en las maneras de representarse la región, y las transformaciones del sentido regional, para caracterizar al movimiento como forjador de sentimientos de pertenencia, unidad y solidaridad necesarios al parentesco simbólico que dota de sentido a esa comunidad imaginada regional, bajo cualquiera de los dos criterios de maciceñidad o yanaconidad. Se planteó que social y culturalmente el Macizo Colombiano se levanta sobre una serie de sedimentos que dejan los movimientos sociales a su paso. Un conjunto de jurisdicciones que se superponen de manera conflictiva, u n palimpsesto de poderes que operan simultáneamente, u n vaivén cartográfico adminis-

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trativo sin precedentes. También se propuso el concepto de tiempo social de la protesta, para poder analizar la relación entre protesta y producción de identidad colectiva en tres tiempos: preprotesta, protesta y postprotesta. Se concluyó que el movimiento del Macizo produce una identidad colectiva moderna, producto de una acción consciente de la comunidad regional sobre sí misma, y una representación de ella en tanto orden colectivo. Desde la perspectiva de la modernidad, el movimiento se presentó bajo la forma de emancipación social y cultural, con el fin de apropiarse del presente de m a n e r a reflexiva, para coadyuvar en la construcción autónoma del orden social y político. Se introdujeron en el análisis las nociones de reflexividad, orden y emancipación. El Macizo Colombiano enfrenta el reto de su reestructuración simbólica, territorial, administrativa, social y política. Sería útil que los estudiosos de la región y de los movimientos sociales se percataran de las transformaciones ya evidenciadas, con el fin de someterlas al escrutinio de la reflexión, con miras a coadyuvar en el debate regional.

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Astrid Ulloa EL NATIVO ECOLÓGICO: MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA

Durante los últimos 500 años los indígenas han sido estereotipados como salvajes, brujos o menores de edad. Sin embargo, en las últimas décadas se han vuelto importantes y poderosos interlocutores dentro del espacio político nacional, lo que les permite repensar la esfera política y sus predominantes conceptos de nación, ciudadanía, democracia, desarrollo y medio ambiente. En este nuevo contexto, los indígenas ahora son considerados tanto por la comunidad académica como por el público en general, en Colombia y en el ámbito internacional, como indígenas ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental y del desarrollo. Por lo tanto, las representaciones sobre los indígenas han sido transformadas del "sujeto colonial salvaje" al "actor político-ecológico". Así, los movimientos ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales, los programas nacionales y globales de desarrollo sostenible, y las luchas políticas de los indígenas están en constante interrelación, contradicción y negociación, reconfigurando tanto las prácticas locales como globales. Consecuentemente, los significados y las concepciones acerca de la naturaleza y del medio ambiente y de su manejo ecológico son terreno de confrontación en el cual se llevan a cabo diversas luchas políticas sobre los significados.

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Dada la diversidad de orígenes, identidades, intereses políticos, acciones territoriales, coaliciones, alianzas y estrategias organizativas de los movimientos indígenas, este texto se centrará en el papel que algunas organizaciones indígenas y movimientos ambientalistas (regionales, nacionales y transnacionales) han tenido en relación con la construcción de las identidades indígenas ecológicas, para tratar de responder a las preguntas ¿cómo los han y se han situado los movimientos indígenas colombianos y sus identidades y propuestas político-ambientales en los contextos nacionales y transnacionales, y cuáles son sus efectos? En este sentido, miro la singularidad de la relación indígenas/ecología y su papel como protectores de la naturaleza, y problematizo esta autoevidente relación al igual que sus múltiples causalidades y efectos. EL PODER DE LA IDENTIDAD1: E L PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

DE LAS IDENTIDADES ECOLÓGICAS

LAS CULTURAS CON PRINCIPIOS NO SE VENDEN. LA MADRE TIERRA NO SE VENDE. Consigna en la marcha que celebraron los u'wa y los embera-katío frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente, el 3 de febrero del 2000.

En Colombia, las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos y territorios comenzaron a tener efectos en el ámbito legal desde el siglo XVIII. Sin embargo, solamente hacia los años setenta, con la aparición de la primera organización indígena (el CRIC-Consejo Regional Indígena del Cauca-1971), los pueblos indígenas comenzaron a tener participación en la política nacional a través de sus propias organizaciones y basados en u n

Retomo el nombre del libro de Castells de 1997, The Power ofthe Identity.

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discurso étnico que ha buscado su inserción dentro del Estado y la sociedad nacional, al demandar un entendimiento nacional basado en el reconocimiento de sus derechos y diferencias. Sus acciones les han permitido construir nuevas relaciones políticas y una mayor capacidad de negociación con el Estado, los sectores privados, otros grupos y movimientos sociales, al igual que con la guerrilla. Como Epstein resalta, las acciones de los movimientos indígenas h a n expresado conflictos relacionados con problemas étnicos y culturales. Los objetivos de los movimientos sociales incluyen "una revolución cultural, dentro y fuera: lo cual crea movimientos que encarnan los valores de una nueva sociedad y traen cambios fundamentales en los valores sociales" (Epstein 1990: 36). Estos movimientos se han caracterizado por la inclusión de nuevos actores sociales en procesos políticos, formas radicales de acción, organizaciones descentralizadas, rechazo a las instituciones políticas y demandas por la democratización de las estructuras sociales dentro de la sociedad civil como una nueva manera de hacer política. Características que difieren de las viejas concepciones acerca de los movimientos sociales en los cuales los conflictos fueron relacionados con problemas económicos y laborales (Cohén, 1985; Klandermans y Tarrow, 1988; Offe, 1985; Scott, 1995; Touraine, 1985). La presencia y acciones de estos actores sociales no se pueden desligar de las transformaciones generadas desde los setenta por los procesos de democratización y globalización, ligados a la diseminación de la tecnología y las comunicaciones que relacionan procesos locales-globales y transforman situaciones temporales y espaciales del Estado-nación y de los movimientos sociales, a la vez que los articulan con escenarios transnacionales. Así mismo, el proceso de reconocimiento indígena a través de la Constitución del 91 estuvo ligado a los procesos de transformación del Estado p o r m e d i o de la descentralización y la

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implementación de políticas neoliberales (privatización de las instituciones del Estado, supresión de los subsidios y la apertura de Colombia al comercio y los mercados internacionales). Los movimientos indígenas y sus diversas articulaciones (sociales, económicas y políticas que traspasan fronteras), ligados a su reconocimiento como grupos étnicos por la Constitución del 91, han introducido no solamente nuevos espacios democráticos de participación política y redefinición de ideas sobre derechos civiles, sociales y culturales, ciudadanía, igualdades y diferencias individuales y colectivas, sino también nuevas discusiones relacionadas con identidades. El proceso de construcción de identidad de los movimientos indígenas ha estado basado en sus tradiciones, definiciones legales y antropológicas, estereotipos nacionales e internacionales y diversos ideales que responden a situaciones históricas y sociales específicas de cada pueblo y organización. En las últimas décadas el proceso de construcción de identidad de los movimientos indígenas ha estado relacionado con ideas ecológicas. Desde los años setenta alrededor del mundo, los indígenas han comenzado a ser situados como actores importantes dentro del discurso ambiental con la proliferación de documentos de las Naciones Unidas, las ONG y los programas ambientales. Los indígenas ahora son vistos por la comunidad académica, las organizaciones en pro del medio ambiente, los medios masivos de comunicación y el público en general, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, como los guardianes de la naturaleza, eco-héroes2 o nativos ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental global.

2 La revista Time tiene una sección denominada "eco-héroes" donde destacan, por ejemplo, las actividades de indígenas norteamericanos y brasileños en su lucha por salvar el medio ambiente.

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De hecho, en 1984, la organización indígena COICA (la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) recibió el premio internacional alternativo de la paz "Right Livehood Award" por sus propuestas ambientales. La Organización Regional Indígena Embera-Wounan-OREWA (1995) y los embera (1997) también fueron reconocidos por instituciones nacionales p o r sus logros como organización y sociedad ecológicas. A los u'wa les concedieron en 1998 el premio de Medio Ambiente Goldman en Estados Unidos. En 1998 el gobierno suizo, a través del Premio a la Creatividad de la Mujer Rural, destacó la labor en torno a lo ambiental de Milena Duquara Tapiero (gobernadora indígena del cabildo de Guaipá Centro, Ortega, Tolima). Así mismo, en 1999, los kogui fueron reconocidos como indígenas ecológicos en el ámbito global, a través del premio internacional de ecología otorgado por la Organización Internacional de Biopolítica (BIOS)3. Las organizaciones indígenas también han establecido un diálogo con los discursos ambientales nacionales, transnacionales y globales de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, investigadores y organismos multilaterales, entre otros. De esta manera, una identidad ecológica está siendo conferida a los indígenas, quienes al mismo tiempo están construyendo sus identidades al reafirmar sus prácticas y concepciones relacionadas con la naturaleza. Analizar el proceso de construcción de identidades ecológicas requiere que la idea de identidad no sea vista como una categoría fija, sino como un proceso relacional y en negociación con identidades que han sido históricamente conferidas por otros.

3

Los kogui son los primeros en América en recibir este premio, el cual ha sido concedido a personajes como Jacques Cousteau, quien lo recibió en 1996. Bios, que está formada por 103 países, surgió en Grecia para promover el respeto por la vida y realizar cooperación internacional para proteger el medio ambiente.

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De esta manera, la construcción de identidad es una negociación entre la historia, el poder, la cultura y las situaciones específicas (de acuerdo con categorías de clase, sexualidad, género, raza o religión) en las cuales se está dando. Las identidades tienen que ser analizadas como relaciónales y no como la emergencia histórica de entidades categóricas. Por lo tanto, el proceso de construcción de identidades étnicas es el resultado de la autoidentificación en relación -y oposición- con identidades conferidas dentro de un proceso específico tanto histórico como de relaciones de conocimiento/poder que implica negociaciones y conflictos. La construcción de identidades étnicas colectivas conforma u n juego relacional de múltiples actores sociales y situaciones que permiten que estas identidades se redefinan constantemente como nuevas entidades sociales. Esto también implica analizar, en una perspectiva histórica y teniendo en cuenta las relaciones de poder/conocimiento, la manera como los actores construyen sus identidades, hablan acerca de su vida diaria, de sus situaciones sociales y de sus prácticas (Hall, 1990; Scott, 1995; Wade, 1997; Castells, 1997; Comaroffy Comaroff, 1997). Siguiendo a Cohén (1985), una de las características más sobresalientes de los movimientos sociales no es que "ellos se articulen en acciones expresivas o afirmen sus identidades, sino que relacionan actores conscientes de su capacidad de crear identidades y de las relaciones de poder relacionadas en sus construcciones sociales" (p. 694). Los movimientos indígenas están embebidos en identidades colectivas que se reafirman a través de prácticas y elementos simbólicos que producen efectos políticos. Por otro lado, las identidades indígenas que los reafirman d e n t r o de las naciones influencian la conciencia pública. Esto ha ayudado a formar nuevas identidades nacionales, como se refleja en las políticas culturales nacionales, caso concreto de los "diálogos de nación" propuestos por el Ministerio de Cultura, o las políticas ambienta-

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les del Ministerio del Medio Ambiente. En la perspectiva de Comaroffy Comaroff (1997), este proceso puede ser visto como el resultado de la capacidad de acción (agency) de los movimientos indígenas, la cual, como una actividad significativa, trae consecuencias y articula discursos sobre su representación dentro del Estado-nación. De esta manera, los indígenas "usan" su identidad colectiva como una estrategia performativa para establecer relaciones (políticas, económicas, etc.) con el Estado (Gros, 1999), y como una estrategia política que les permite manipular su situación histórica y cultural. La identidad colectiva se convierte en una construcción histórica que les permite a los movimientos indígenas luchar por sus intereses políticos en el ámbito nacional e internacional, como ocurre con las identidades ecológicas. Consecuentemente, los indígenas tienen, en términos de Gros, una "etnicidad abierta", lo que significa nuevas concepciones sobre los indígenas como flexibles para poder tratar con las contradicciones de la modernidad y del Estado-nación. Los movimientos indígenas como identidades colectivas se han originado en las tres fuentes sugeridas por Castells (1997). Los movimientos indígenas fueron reconocidos como actores étnicos por las instituciones estatales dominantes (identidad legitimadora) a través de la Constitución del 9 1 , en la cual se establece su reconocimiento como indígenas. Las luchas de los pueblos indígenas desde los setenta han ayudado a conformar su identidad como resultado de un proceso de resistencia (identidad de resistencia). Finalmente, los movimientos indígenas están en proceso de construcción de nuevas identidades (identidad proyecto), basados en las tradiciones étnicas y en relación con los discursos globales y nacionales sobre el medio ambiente, la diversidad cultural, los desarrollos alternativos y las identidades colectivas. Por lo tanto, los movimientos indígenas como identidades colectivas tienen u n espacio político para proponer y confrontar el sistema oficial. De esta manera, siguiendo a Cas-

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tells, las acciones de los movimientos indígenas transforman "los valores y las instituciones de la sociedad" (p. 3). Alvarez, Dagnino y Escobar (1998) consideran que los procesos de construcción de identidades colectivas y las acciones de los movimientos sociales son elementos esenciales para los análisis contemporáneos de dichos movimientos en América Latina. Así mismo, consideran que las acciones de los movimientos sociales como resultado de su política cultural 4 buscan cambiar o interrumpir la política cultural dominante. De esta manera, los movimientos indígenas están confrontando y redefiniendo la modernidad al proponer nuevas concepciones sobre derechos (étnicos, culturales, entre otros), economías, desarrollos, condiciones sociales y, en este caso, condiciones ambientales (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). En esta perspectiva, las acciones de los movimientos indígenas pueden ser analizadas de una manera diferente. De hecho, la pregunta no es solamente "por qué emergen" o "cómo actúan", sino también cómo la política cultural de los movimientos indígenas y sus procesos de construcción de identidad han ayudado a resignificar la política cultural nacional al abrir nuevos espacios democráticos y cambiar la forma de hacer política. De la misma manera, analizar las estrategias indígenas de construcción de sus identidades nos permite comprender sus efectos dentro del contexto político nacional y transnacional. El estudio de los movimientos sociales, y específicamente de los movimientos

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Política cultural puede ser definida como "el proceso generado cuando diferentes conjuntos de actores políticos, marcados por prácticas y significados culturales diferentes, y encarnándolas, entran en conflicto. Esta definición de política cultural supone que las prácticas y los significados -particularmente aquellos teorizados como marginales, opositivos, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos y disidentes, entre otros, todos éstos concebidos en relación con un orden cultural dominante- pueden ser la fuente de procesos que deben ser aceptados como políticos" (p. 7) Alvarez, Dagnino y Escobar 1998.

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indígenas -emergencia, desarrollo y eventual desaparición-, incluye la interrelación de las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y las dimensiones culturales (procesos conceptuales) en el ámbito nacional e internacional. Esto también implica analizar, en una perspectiva histórica y teniendo en cuenta las relaciones de poder/conocimiento, la manera como los actores construyen sus identidades, hablan acerca de su vida diaria, de sus situaciones sociales y de sus prácticas. Esto implica que los movimientos sociales son reflexivos de los procesos sociales de formación de identidades, los cuales reinterpretan normas, construyen nuevos significados, reforman el discurso público, desafían fronteras entre los espacios públicos y privados y los campos políticos y culturales, y crean nuevas maneras de ser políticos, en lo cual las diferencias culturales se convierten en el elemento esencial para entender estos movimientos (Escobar 1992). Más aún, el estudio de los movimientos indígenas se refiere al análisis de los actores étnicos como actores sociales cuya capacidad de acción la autotransforman en acciones colectivas, y no sólo al análisis de dichos actores como grupos dominados o víctimas (Bonfil Batalla, 1981; Cohén, 1985; Touraine, 1985; Escobar, 1992; McAdams, McCarthy y Zald, 1996;Tarrow, 1998; Brysk, 2000). Por lo tanto, el nativo ecológico es el producto de discursos diversos generados por varios actores sociales situados en diferentes puntos del espectro del poder. De esta manera, explorar las múltiples causalidades que han ayudado a reconfigurar las identidades indígenas colectivas en torno a lo ambiental implica rastrear las relaciones históricas y las condiciones sociales relacionadas al menos con dos dinámicas que están en permanente interacción: el surgimiento de la "conciencia ambiental global" como respuesta a la crisis ambiental y económica expresada en el desarrollo sostenible y en los movimientos ambientalistas nacionales y globales; y la política cultural y am-

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biental de los indígenas, sus procesos de construcción de identidad y sus efectos en el ámbito nacional y transnacional. El surgimiento de la conciencia ambiental Durante los setenta, las discusiones internacionales sobre los límites de crecimiento en el Club d e Roma-1972, el r e p o r t e Meadows-1970, entre otros, los cambios ambientales y el surgimiento de los movimientos ambientales, afectaron el contexto colombiano de dos maneras diferentes: la introducción de políticas internacionales, con la consecuente creación de instituciones nacionales para implementar políticas en torno al manejo del medio ambiente, y la formación de diversos grupos, movimientos y ONG ambientalistas. En particular, desde los años setenta, diversas ONG (la Fundación Herencia Verde, Cosmos, entre otras) y grupos locales (Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental-CERCO, Grupos Ecológicos de Risaralda, GER, etc.) trajeron nuevas perspectivas en torno a lo ambiental, las cuales han interrelacionado la conservación, los problemas sociales y protestas en contra del desarrollo. Esta mirada social ha permitido la interacción de estas organizaciones y grupos ambientales con las demandas sociales, económicas y políticas de los movimientos de indígenas, campesinos y afrocolombianos. Paralelo a estos procesos, se h a n venido incrementando las ONG, los programas, las instituciones, las políticas y las investigaciones relacionadas con los cambios ambientales y las estrategias de conservación de los recursos naturales. De manera similar, se ha dado un incremento en los programas académicos ambientales de las universidades de todo el país. Todos estos actores tienen diferentes actividades, intereses y concepciones respecto a la naturaleza y a las estrategias de conservación (desde la protección de los animales silvestres y ecosistemas hasta la promoción de los programas de desarrollo sostenible), las cuales

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combinan con intereses particulares como, por ejemplo, los derechos humanos, la paz, los derechos étnicos, al igual que desarrollos alternativos (Palacio, 1997; Alvarez, 1997; Carrizosa, 1997). A partir de 1992, Colombia se posicionó como el segundo país de mayor diversidad biológica en el ámbito mundial 3 . La declaración de Rio de Janeiro (UNCED) implicó la implementación de programas globales de desarrollo sostenible y un llamado para la articulación de las diversas posiciones frente al medio ambiente. En este nuevo contexto nacional y de articulación con la conciencia ambiental global es que diferentes propuestas ambientales comenzaron a ser incluidas. De hecho, los conocimientos indígenas, sus territorios 6 y sus recursos empezaron a ser parte del interés nacional y a ser considerados de manera más sistemática en los estudios antropológicos y biológicos acerca de las concepciones sobre la naturaleza y el manejo de los recursos por parte de los indígenas (Reichel-Dolmatoff, 1968; 1976; Hildebrand, 1983; Reichel-Dolmatoff, 1989; Correa, 1990; Van der Hammen, 1992; Ulloa, 1996). Consecuentemente, las categorías de lo indígena y sus sistemas de conocimiento han sido reposicionados. De acuerdo con Moseley (1991), el significado práctico de lo indígena puede ser apreciado por la contradicción en los procesos de industrialización, las dificultades en los programas de desarrollo, y la urgencia de nuevos patrones de producción. Este reconocimiento comenzó a ser expresado en los discursos políticos de las organi-

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De hecho, la mayoría del territorio colombiano está clasificado como biodiversity hot spot y el área de la Amazonia como tropical wilderness área. 6 Las poblaciones indígenas (aproximadamente 800 mil individuos cerca de 2% de la población colombiana) legalmente poseen 259?; del territorio nacional continental, y gran parte de los territorios indígenas están en las regiones de alta biodiversidad (véase Posey 1984, Moran 1996, Ulloa 1996, Correa 1990).

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zaciones gubernamentales, no gubernamentales e indígenas y a través de los programas de desarrollo sostenible. La política cultural y ambiental de los indígenas El reconocimiento nacional e internacional de los movimientos indígenas como ecológicos no se puede desligar de las luchas políticas de los indígenas por el derecho a sus territorios y por mantener el manejo de sus recursos naturales. En estas luchas han estado presentes elementos de identidad basados en ideas ecológicas y en concepciones que difieren de las nociones y relaciones modernas con la naturaleza. Las luchas indígenas en torno a lo ambiental se han manifestado en acciones ligadas al fortalecimiento, protección y respeto de la identidad cultural, la cual se basa en la relación cultura/territorio. Así, por ejemplo, en el plan de vida de la OREWA (1996) denominado "Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio" está explícita esta relación al plantear que Para los pueblos indígenas del departamento [Chocó] el bienestar está basado en el sentido de pertenencia a la Naturaleza como un legado ancestral de su origen; la Naturaleza y el mundo están constituidos por múltiples espíritus donde cada uno de ellos representa una de las especies de los seres vivos o muertos que existen. El tejido simbólico de la cosmovisión de los pueblos indígenas juega un papel definitivo en el equilibrio de los ecosistemas que se encuentran en su territorio. Es por eso que cuando se atenta contra la Naturaleza se atenta contra la cultura y viceversa (p. 423).

Acciones más puntuales en torno a lo ambiental han sido realizadas por los movimientos indígenas a través de mecanismos legales, como las demandas y procesos legales liderados por los embera-katío desde 1993, las tutelas y las audiencias públi-

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cas presentadas por los u'wa; y el lobby ante organizaciones nacionales e internacionales realizado por diversos miembros de organizaciones nacionales y regionales. Así mismo, han liderado manifestaciones directas, como la paralización de la construcción de la carretera Panamericana por los embera en 1992, el bloqueo de la carretera hacia Buenaventura por los emberachamí, paez y wounan en abril de 2000, la ocupación de Pueblo Rico (Risaralda) por los embera-chamí y katío en marzo de 2000, la ocupación de oficinas del Estado por parte de los wayuu en 1995 y los embera-katío en 1999, al igual que la movilización nacional en torno a los u'wa y embera-katío el pasado 4 de abril de 2000, con 5.000 delegados de 48 grupos étnicos. Las denuncias en torno a lo ambiental también han sido expresadas en vetos a los programas de investigación antropológica, biológica y genética 7 . Las acciones de los movimientos indígenas en torno a lo ambiental no se pueden desligar de los territorios indígenas, los cuales son presentados como figuras de defensa de la biodiversidad y los ecosistemas. De hecho, varios pueblos indígenas están planteando diversas propuestas alternativas en torno al manejo de sus territorios y de la biodiversidad a través de sus planes de vida, los cuales plantean su visión de futuro y desarrollo acorde con sus necesidades y prácticas culturales. Por lo tanto, la política cultural y ambiental de los movimientos indígenas propone como vital para la conservación y protección de la biodiversidad, el reconocimiento de la propiedad de los territorios indígenas y la garantía de que los resguardos puedan asumir su función ecológica, a la vez que los indígenas puedan

' Caso concreto, la declaración realizada en 1996 por la ONIC y diversas organizaciones indígenas en contra de los programas de investigación y toma de muestras sobre información genética humana realizados por la Universidad Javeriana. Por otro lado, en 1999, COICA logró la revocación de la patente del yagé, la cual había sido otorgada a un investigador norteamericano.

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ejercer sus funciones como autoridades ambientales en sus territorios, articulando así sus propuestas con las políticas nacionales de desarrollo sostenible. LOS EFECTOS NACIONALES Y TRANSNACIONALES DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SUS IDENTIDADES ECOLÓGICAS

Los movimientos indígenas y sus políticas culturales y ambientales han permitido situar la identidad cultural como u n fin en sí mismo dentro de los espacios políticos. Más aún, procesos de construcción de identidades ecológicas han permitido a los movimientos sociales establecerse como fuerzas sociales concretas para generar cambios sociales dentro del espacio político y social en el ámbito nacional y transnacional. Así mismo, los procesos de construcción de identidad de los movimientos indígenas han permitido confrontar los lazos tradicionales entre los procesos culturales, políticos y socioeconómicos dentro y fuera de los espacios institucionales y dentro de las fronteras nacionales, al igual que en los flujos transnacionales (Bonfil Batalla, 1981; Touraine, 1985; Escobar, 1992; Brysk, 2000). Los movimientos indígenas están dentro de las representaciones, confrontaciones, negociaciones y replanteamientos de lo ambiental, en donde sus acciones político-ambientales han afectado las esferas nacionales y transnacionales de diferentes maneras al darse una dispersión de significados a través de estas redes de movimientos sociales. De esta manera, analizar el impacto de los movimientos indígenas en torno a lo ambiental implica mirar la circulación y dispersión de las propuestas de estos movimientos no solamente dentro del marco institucional, sino también en otros espacios culturales y políticos. De manera similar, las acciones de los movimientos indígenas tienen que ser vistas en relación con la sociedad civil que permite cooperación a través de fronteras, y construcción de identidades transnacionales. De he-

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cho, la política cultural de los movimientos sociales puede ser aprehendida a través del papel que tienen en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la consolidación de los procesos de democratización dentro y fuera de lo público y lo nacional (Escobar y Alvarez, 1992; Findji, 1992; Avirama y Márquez, 1992; Brysk, 1993, 1994, 1996, 2000; Várese, 1995; Pardo, 1997; Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998; Dagnino, 1998; Warren, 1998; 1999; Gros, 1999). Las acciones de los movimientos indígenas en torno a lo ambiental pueden ser resumidas en los efectos que éstas han tenido como movimientos; y los efectos que se han generado sobre los movimientos. Efectos de los movimientos indígenas Las luchas indígenas en torno a lo ambiental y sus identidades ecológicas han sido estratégicas para los pueblos indígenas que han encontrado soporte de actores nacionales y transnacionales al establecer lazos, alianzas y redes (desde apoyo conceptual y político hasta apoyo financiero) con organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) y movimientos sociales, al igual que con otros movimientos indígenas que han abierto espacios de acción, les han dado mayor poder político y nuevas identidades dentro del Estado-nación 8 . De esta manera, los indígenas han accedido a los regímenes internacionales (Brysk, 1993, 1994) conformados por redes de ONG y movimientos ambientalistas, las cuales presionan por el establecimiento de nuevas relaciones con la naturaleza. De manera similar, las ONG ambientalistas han influenciado corpora-

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J. Beneria-Surkin (2000) describe cómo en Bolivia la capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) y sus alianzas con movimientos ambientales han permitido mayor espacio político para los indígenas, y el poder para elaborar una estrategia descentralizada de desarrollo sostenible para las comunidades izoceño-guaraníes.

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clones, políticas nacionales y globales, al igual que patrones de consumo de ciudadanos comunes alrededor del planeta. Las concepciones indígenas sobre la naturaleza han influenciado el discurso ambientalista global al brindar a las ONG ambientalistas tanto nacionales como internacionales 9 y a grupos ecológicos locales herramientas conceptuales para luchar por nuevas relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. De la misma manera, han contribuido a la redefinición de estrategias de conservación de dichas organizaciones. Estas dinámicas han ayudado a situar a los indígenas como ambientalistas en espacios internacionales, lo cual permite una mayor defensa de su territorio y de sus recursos. Las ONG ambientalistas han establecido lazos entre los contextos políticos locales, nacionales y globales 10 que contribuyen al cambio social (Princen, 1994; Sethi, 1993; Wapner, 1994, 1995). En otros países latinoamericanos, como Ecuador, Brasil, México, Bolivia y Nicaragua, los pueblos indígenas y los ecologistas han liderado luchas en contra de compañías madereras y petroleras, programas de desarrollo (hidroeléctricas, carreteras, etc.) e investigaciones de bioprospección. En Colombia, desde 1993 los embera-katío han estado en contra de la construcción de la hidroeléctrica Urrá en el río Sinú. Aunque no pudieron detener la construcción, el pasado 23 de abril de 2000 lograron la inclusión de nuevos territorios y la suspensión de Urra II. Estas situaciones han ayudado a consolidar una red internacional ambiental de apoyo y denuncia de este proceso, con la solidaridad de Global

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Como el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF, The Nature Conservancy, TNC, Conservation International, ci, la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, UICN y la Fundación Natura. 10 Sin embargo, diversas ONG ambientalistas han ayudado a implementar programas de desarrollo que no consideran las concepciones locales sobre la naturaleza y el desarrollo. Por lo tanto, es importante llamar la atención sobre las diferencias que existen entre las ONG ambientalistas, dado que hacer una generalización sobre ellas impide ver las contradicciones que existen entre ellas y entre sus intereses particulares.

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Response, Amnistía Internacional y Survival International, entre otros. En el caso de los u'wa, se ha consolidado una red nacional e internacional de ONG ambientalistas y de derechos humanos, la cual ha organizado protestas en diferentes países11. El pasado 22 de marzo de 2000, una misión extranjera conformada por miembros de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de El Salvador, Paraguay, Alemania, Argentina, Ecuador y Brasil, entre otros, recomendó la suspensión de las actividades de la multinacional Occidental de Colombia (OXY) en terrenos aledaños al territorio u'wa. Así mismo, el pasado 31 de marzo de 2000 una juez dictaminó la suspensión de las exploraciones petroleras. Paralelamente, en Estados Unidos, activistas ambientalistas y de derechos humanos presionarán en contra de la candidatura presidencial de Al Gore por sus nexos con la OXY. De igual manera, los indígenas han establecido relaciones con comunidades étnicas alrededor del mundo, trascendiendo las fronteras nacionales para reafirmar una identidad panindígena (Bonfil Batalla, 1981; Castells, 1997; Brysk, 2000) al crear varias redes transnacionales de intercambio y apoyo en torno a lo ambiental con otros pueblos indígenas. Estas redes utilizan las nuevas tecnologías de comunicación como nuevas estrategias que permiten unas dinámicas más ágiles de interacción y respuestas casi inmediatas de los miembros de los grupos étnicos alrededor del mundo. Por ejemplo, en 1997, en la región amazónica colombiana se realizó el segundo encuentro de ancianos y sacerdotes indígenas de América organizado por la Fundación Sendama, en

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Action Resource Center, Amazon Watch, Earthjustice Legal Defense Fund, EarthWays Foundation, Indigenous Environmental Network, Project Underground, Rainforest Action Network, Sol Communications, U'wa Defense Project, Intemational Law Project for Human Environmental and Economic Defense y Beyond Oil Campaign. Además hay comités u'wa en países como Finlandia, Dinamarca y España.

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donde se discutieron las estrategias ambientales para proteger sus territorios. En junio de 1999 se realizó el Encuentro de Taitas en Yurayaco 12 , Caquetá. En dicho encuentro, los participantes destacaron la importancia de sus conocimientos sobre el yagé y las plantas medicinales, por lo que hacen u n llamado para que se respeten sus territorios y los derechos de propiedad intelectual colectiva. De igual manera, se realizó en la Sierra Nevada de Santa Marta-Nabusímake, el "ll Encuentro Internacional Indígena de América" en enero de 1999, que buscó la integración de los pueblos indígenas participantes (ijka, maya, entre otros) en torno a la naturaleza. Así mismo, los kogui han establecido relaciones con la red de indígenas norteamericanos denominada Tribalink, la cual viene estableciendo nexos con varios pueblos indígenas de diferentes partes del m u n d o y realizando denuncias en torno a la problemática ambiental de sus territorios (www.tribalink.com). Otros ejemplos de las redes indígenas internacionales en torno a lo ambiental son la red denominada Nativenet, la cual está dedicada a "proteger y defender la madre tierra y los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo" (www.natnet.com), y la red denominada Indigenous Environmental Network (lEN), la cual busca proteger la Madre Tierra de la contaminación y la explotación, al fortalecer, mantener y respetar las técnicas tra-

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Este encuentro se realizó del I o al 8 de junio de 1999 con la participación de 40 médicos indígenas representantes de los pueblos inganos de Caquetá, Bota Caucana, Mocoa y valle del Sibundoy; cofanes del valle del Guamuéz, Santa Rosa de Sucumbíos, Afilador y Yarinal; sionas del bajo Putumayo, kamsás del valle del Sibundoy; la anciana carijona del Tablero; coreguajes venidos de Orteguaza, en el Caquetá, y los payes tatuyos invitados del Vaupés. Encuentro de Taitas en la Amazonia Colombiana. Unión de Médicos Indígenas Yageceros de Colombia-UMIYAC. 1999. Este encuentro se realizó gracias a una red internacional conformada por la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de Colombia (UMIYAC), la organización ingana Tanda Chiridu Inganokuna y la ONG ambientalista Amazon Conservation Team.

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dicionales y las leyes naturales (www.alphacdc.com/ien). La coalición con diferentes actores ha ayudado a los indígenas no sólo a consolidar sus identidades, sino también a producir cambios sociales en las instituciones, las políticas y las concepciones nacionales y transnacionales. Así, se han producido cambios en las constituciones políticas en América Latina, y legislaciones relacionadas con el manejo de los recursos, la biodiversidad y territorios indígenas, hasta el fortalecimiento de la sociedad civil global a través de acciones ambientales que trascienden el ámbito local y generan acciones globales. Las acciones de los movimientos indígenas han confrontado el derecho (nacional e internacional), usando c! mismo derecho al resituarse dentro de las constituciones nacionales y el derecho internacional (Lazarus-Black y Hirsch, 1994). Así, los movimientos indígenas han "manipulado" el sistema legal no sólo usándolo, sino también redefiniéndolo. El reconocimiento nacional de la diversidad cultural y biológica y los derechos que esto conlleva están ligados al derecho internacional [convenio de la OIT 169 (1989), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (1992) y el Convenio de la Biodiversidad (1992) (artículo 8j y 15), entre otros] los cuales han ayudado a repensar la soberanía, las dinámicas territoriales nacionales y los derechos indígenas en el ámbito local. En cuanto al convenio de la diversidad biológica (CDB), la reglamentación del artículo 8j (que busca formas legales de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los grupos étnicos y comunidades locales), los movimientos indígenas han generado propuestas que permiten replantear las concepciones de soberanía nacional, propiedad individual y derechos de autor, entre otros. Específicamente, COICA propone, entre otros, incorporar en la reglamentación el concepto de patrimonio cultural colectivo de los pueblos indígenas; establecer regímenes especiales y sistemas sui generis de protección del conocí-

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miento indígena; valorar las innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas como innovaciones informales, y reconocer los pueblos indígenas como tales y evitar los acuerdos individuales de acceso a los recursos genéticos. Los movimientos indígenas están construyendo alianzas con investigadores, centros académicos, movimientos indígenas internacionales y organizaciones ecológicas, lo cual les permite articular mayores demandas por sus derechos y repensar el derecho nacional. Estas alianzas han ayudado a situar la identidad ecológica en contextos nacionales e internacionales. Los pueblos indígenas y sus lazos políticos transnacionales han ayudado a formar una sociedad civil global que, al mismo tiempo, está impactando la sociedad civil nacional al ampliar sus derechos, mediar entre las relaciones entre lo local y el Estado, e m p o d e r a r los movimientos sociales locales y acumular una autoridad no estatal (Wapner, 1995; Brysk, 2000). Santos (1998) considera que las demandas de los pueblos indígenas por los derechos colectivos de autodeterminación permiten formas alternativas de derecho y justicia y nuevos regímenes de ciudadanía. Así mismo, las propuestas de los indígenas en torno a lo ambiental se articulan con las acciones que Santos (1998) denomina "la herencia común de la humanidad", lo cual implica acciones globales relacionadas con, por ejemplo, cambios ambientales. Las acciones de los indígenas y la herencia común de la humanidad son, en términos de Santos, "globalizaciones de abaj o hacia arriba" o "globalizaciones contrahegemónicas", dado que son expresiones de resistencia que buscan construir espacios más participativos y democráticos, generando alternativas al desarrollo. Esta dimensión multiforme de territorio, redes sociales y relaciones políticas que trascienden las fronteras nacionales y construyen lo que se podría llamar una eco-comunidad indígena transnacional basada en la política cultural y ambiental de los

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movimientos indígenas abre espacios políticos que ayudan a cambiar la realidad social en Colombia, y a la vez promueve concepciones ecológicas alternativas. Sin embargo, las políticas ambientales nacionales y globales no son neutrales, dado que el acceso, los beneficios y los costos de los recursos naturales están mediados por relaciones desiguales de poder que afectan los movimientos indígenas. Por lo tanto, la interacción y negociación con lo ambiental también ha traído efectos sobre los movimientos indígenas en relación con, por ejemplo, los recursos genéticos de los territorios indígenas, las representaciones y la autonomía, que afectan sus derechos como grupos étnicos. Efectos sobre los movimientos indígenas

De acuerdo con Gupta (1998), el surgimiento del interés en los indígenas es ambivalente porque puede estar relacionado con los imaginarios colonialistas y nacionalistas sobre el "nativo tradicional" que están presentes en los proyectos de desarrollo. De manera similar, los conocimientos indígenas en torno a la biodiversidad están también relacionados con los procesos capitalistas que los introducen en los circuitos de producción y consumo a través del turismo (ecológico y étnico), la búsqueda de materias primas para la industria (el petróleo, la madera y los minerales) y de nuevos recursos genéticos. La inclusión de los conocimientos indígenas ha sido importante para los discursos de desarrollo, ecológico y agrológico transnacionales porque los indígenas han servido como informantes y como herramientas de validez para implementar los programas. Por otro lado, la inclusión de los conocimientos indígenas en los procesos de bioprospección reduce costos y aumenta los beneficios de las corporaciones farmacéuticas transnacionales (Baptiste y Hernández, 1998), lo cual ocurre ahora cuando la "naturaleza" se ha vuelto una inminente mercancía global frente a la destruc-

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ción ambiental y donde las prácticas indígenas son necesarias para este nuevo "eco-mercado" libre (Gupta, 1998; McAfee, 1999; Escobar, 1999). Así mismo, el reconocimiento de los indígenas como nativos ecológicos no es impedimento para que los poderes económicos nacionales y transnacionales confronten los derechos indígenas de autodeterminación y autonomía en sus territorios. Dado que los territorios indígenas tienen una gran biodiversidad, al igual que minerales y petróleo, se ha venido d a n d o una intervención nacional e internacional en los territorios indígenas (la OXY en el territorio u'wa, la construcción de la hidroeléctrica en el territorio embera-katío, por ejemplo). En Colombia, los indígenas tienen el derecho de gobernar en sus territorios y tienen la autonomía, entre otros, para coordinar los programas a realizarse sobre sus territorios, diseñar planes y programas de desarrollo económico y social, y cuidar los recursos naturales, los cuales deben estar "en armonía con el plan nacional de desarrollo" (CN 1991, Art. 330). Lo que implica implementar sus prácticas de manejo de los recursos bajo los estándares de seguridad ecológica que reproducen los patrones internacionales del desarrollo sostenible. Los proyectos de desarrollo sostenible que h a n sido introducidos en el "Tercer Mundo" muchas veces imponen un manejo global para los recursos naturales, desconociendo las prácticas y estrategias indígenas. Por otro lado, el desarrollo de los planes en sus territorios requiere de la participación de diversos entes gubernamentales, lo que implica alianzas políticas con partidos tradicionales y con la maquinaria burocrática. Jackson (1996) resalta cómo en este proceso las "organizaciones indígenas se convierten, en muchas maneras, en agentes del Estado, con burocracias similares, lenguajes y construcciones de lo que es necesario hacerse y cómo debe hacerse" (p. 140). Por otro lado, la coalición de los indígenas con movimientos ambientalistas, aunque estratégica, ha tenido implicaciones ne-

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gativas para la autonomía de los indígenas dentro de sus territorios, dado que algunas ONG ambientales con visión biocéntrica buscan la preservación de lo "silvestre", sin considerar los territorios indígenas y los espacios que ellos usan (Arvelo, 1995; Várese, 1995). Paralelamente, el interés económico que tiene la biodiversidad, y la falta de la reglamentación del artículo 8j del convenio de Biodiversidad (CDB), tanto a nivel nacional como internacional, también son una amenaza para la autonomía indígena y sus territorios, especialmente en los lugares de sobreposición de áreas protegidas sobre territorios indígenas. Así mismo, los introduce en una normatividad occidental donde las concepciones de individuo y de recursos son impuestas a las concepciones locales sobre naturaleza y a los sistemas jurídicos internos. De hecho, posiciones como la de Lorenzo Muelas han criticado las implicaciones que sobre la autodeterminación indígena tiene el convenio de la diversidad biológica, y rechazan la introducción de formas legales que regulen la relación que han mantenido con la naturaleza. De manera similar, las representaciones de los indígenas asociadas a lo ecológico alimentan imaginarios occidentales del "noble primitivo" (el buen salvaje), que vive una vida comunal y tiene una relación cercana y armónica con el medio ambiente, enfrentada a los programas de desarrollo que han destruido su cultura (Tennant, 1994). En el imaginario de los programas de ecoturismo, por ejemplo, el retorno a las tradiciones indígenas es presentado como una esperanza para las personas citadinas. Estas representaciones han servido para alimentar diversos movimientos sociales (ambientalistas, religiosos, pacifistas, etc.) y proveer una crítica a Occidente y al pensamiento y vida modernos, donde vivir en armonía con la naturaleza se ha vuelto una metáfora y un imperativo en el discurso global frente a la crisis ambiental. Sin embargo, la noción de armonía responde a ideales occidentales de u n Edén perdido y prístino, lo que im-

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plica una naturaleza que se escapa del orden cultural y, por consiguiente, el nativo ecológico se torna parte integral de esa naturaleza ideal, donde los indígenas representan el deseo de retornar a u n m u n d o primitivo, a un estilo de vida preindustrial y a un m u n d o ecológicamente sostenible. De esta manera, los indígenas son situados como "silvestres", en oposición a la gente de las sociedades industriales. Así mismo, esto también implica la intervención externa de un conocimiento experto (antropólogos, abogados ambientales, ambientalistas, biólogos, conservacionistas, etc.) para proteger a los pueblos indígenas de la destrucción y la extinción, lo que significa una concepción naturalizada de los indígenas, a la par con las especies biológicas que hay que proteger 1 3 . En la visión de muchos de los ambientalistas, los indígenas tienen que asumir la tarea histórica de salvar el planeta Tierra manteniendo y perpetuando sistemas tradicionales ecológicos ideales, bajo una visión romántica del nativo ecológico. Sin embargo, no hay una claridad ni u n conocimiento sobre los discursos locales sobre la naturaleza y sus perspectivas frente al desarrollo. Por otro lado, dentro del discurso ecológico global, la extinción y la contaminación son presentados como el resultado de las actividades humanas, sin desglosar las causas, convirtiéndose en un problema ambiental global cuya solución pertenece a todos los ciudadanos del planeta, especialmente a aquellos que han tenido una relación armónica (es decir, los indígenas) con la naturaleza, quienes deben salvar el planeta Tierra (la Madre Naturaleza). De esta manera, los pueblos indígenas son llamados ahora a dar sus conocimientos (los cuales fueron anteriormente desco-

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En la página web www.solcommunications.com los indígenas y las especies son presentadas y representadas como necesitadas de protección y carentes de soluciones propias.

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nocidos por Occidente) y recursos genéticos a la humanidad, como expresiones de solidaridad con el resto de las poblaciones humanas y porque se presume que ellos son parte de la "naturaleza". Los pueblos indígenas tienen la responsabilidad histórica de mantener la "vida" (recursos genéticos) y ayudar a reproducir la humanidad y las demás especies. En este sentido, tienen la responsabilidad histórica de proteger sus territorios y mantener la biodiversidad, sin cambiar sus prácticas culturales. Pero no es claro quiénes compartirán los beneficios de estos nuevos tesoros de la biodiversidad. Todas estas representaciones presentan al nativo ecológico asociado a la Madre Naturaleza, dado que se supone que una sensibilidad y espiritualidad femeninas naturales pueden ser encontradas en las tradiciones y la espiritualidad de los indígenas 14 , por estar éstos en contacto más directo con lo natural, asociación que responde a la visión occidental de la naturaleza, donde ésta es vista como un ente femenino, lo que implica relaciones de poder. Por lo tanto, los indígenas son pensados, ahora más que nunca, como parte de la naturaleza y, por extensión, son feminizados, lo que bajo las concepciones occidentales de género implica una relación de poder (de dominación o protección) sobre los indígenas. Así, las representaciones asociadas a una naturaleza prístina, como

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Vale la pena mencionar cómo dentro del ecofeminismo se propone la conexión entre género y medio ambiente y se considera que "las ideologías que legitiman las injusticias basadas en género, raza y clase están relacionadas con las ideologías que admiten la explotación y la degradación del medio ambiente" (Sturgeon 1997). En esta teoría, visiones del desarrollo y del desarrollo sostenible pueden ser consideradas en conflicto con los derechos de las mujeres, dado que se plantea que el medio ambiente es un punto importante a considerar en las desigualdades de género. Aun cuando hay varias posiciones dentro del ecofeminismo, éste propone a grandes rasgos la esencialización de la relación mujer/naturaleza y presenta un punto importante al considerar el medio ambiente como un aspecto importante relacionado con nociones de género. De igual manera, hay perspectivas que critican la conexión mujer/naturaleza.

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identidades impuestas, ayudan a continuar estereotipando a los indígenas como el "otro exótico" o el "buen salvaje". Las situaciones anteriores introducen al nativo ecológico en una nueva "eco-gubermentalidad"15 y ecodisciplinas sobre los indígenas y sus territorios, que parece que tienen como objetivo ayudar a mantener los estándares de vida de las sociedades industriales que no desean cambiar los patrones capitalistas de producción y consumo. REFLEXIONES FINALES

Las situaciones analizadas anteriormente traen cambios en comunidades específicas y en las prácticas diarias de los indígenas, al igual que en sus epistemologías e identidades. Así, el nativo ecológico es el producto de las interacciones entre la política cultural y ambiental de los movimientos indígenas y las políticas ambientales nacionales y globales, y de los diversos discursos generados por los diferentes actores sociales situados en diferentes puntos del espectro del poder, dado que es una constante interacción, contradicción y negociación con procesos ambientales globales que reconfiguran prácticas e identidades tanto locales como globales. Consecuentemente, los significados y las concepciones acerca de la naturaleza y del medio ambiente y de su manejo ecológico son terreno de constante confrontación política. De hecho, la cultura política de los movimientos indígenas está confrontando y reconfigurando constantemente estas concepciones y, por

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Utilizo el concepto gubernamentalidad (govermentality) de Foucault, que se refiere a "todos los proyectos o prácticas que intentan dirigir a los actores sociales a comportarse de una manera particular y hacia fines específicos, en los que la política gubernamental es sólo uno de los medios de regular o dirigir dichas acciones" (Watts, 1993/1994).

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ende, las situaciones en torno a lo ambiental, dado que las representaciones no significan una imposición vertical y totalitaria. Aunque las identidades ecológicas son conferidas, las dinámicas de construcción de identidad de los movimientos indígenas establecen relaciones con ellas. Los indígenas han disputado estas representaciones a través de la resistencia. Por esta razón, se puede decir que las representaciones occidentales y de los indígenas están en un encuentro permanente en el cual los indígenas se han apropiado, han repensado y han revertido estas representaciones. Diferentes organizaciones indígenas han empezado a confrontar las representaciones occidentales de nativo ecológico, una imagen que, aunque estratégica en espacios internacionales, ha permitido el desplazamiento de lo político por intervenciones de manejo ambiental, en aras de la seguridad ambiental global (Brosius, 1999). Así mismo, ellos han usado esas identidades conferidas como una estrategia esencialista, para así luchar por su diferencia (Gupta, 1998). De acuerdo con las situaciones anteriormente descritas, pareciera que los movimientos indígenas están en una situación histórica particular para situarse como actores políticos poderosos dentro de la ecopolítica nacional y global, dado que ser reconocidos como actores sociales requirió un cambio de la concepción moderna de la democracia, al considerar los derechos indígenas y sus diferencias, lo que a su vez requiere un cambio de concepciones acerca de la naturaleza (tanto dentro de la modernidad como dentro de los movimientos indígenas). Las concepciones indígenas acerca de la naturaleza están situadas dentro de los discursos globales ambientales, y por sus diversas perspectivas permiten luchas internas dentro de los mismos discursos, dado que están en proceso de formación. Por lo tanto, dichos discursos pueden ser reinterpretados, confrontados, transformados, contestados o asumidos por los indígenas. El interés global en el medio ambiente, a pesar de su tendencia a la mercantilización

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de la naturaleza, permite pensar en la necesidad de nuevas relaciones no solamente entre los humanos, sino también entre los humanos y los no humanos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Luke (1997, 1999), Gupta (1998), Santos (1998) y Escobar (1998) en considerar que los discursos ambientales también permiten el surgimiento de una nueva "eco-gubermentalidad" que resitúa a los conocimientos indígenas y replantea las relaciones actuales de conocimiento/poder, para proponer desarrollos alternativos ecológicos o ecologías alternativas lideradas por los movimientos indígenas.

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Mauricio Pardo E S C E N A R I O S ORGANIZATIVOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES EN T O R N O AL M O V I M I E N T O N E G R O EN C O L O M B I A 1

INTRODUCCIÓN

Desde hace unas tres décadas se ha hecho cada vez más evidente que el panorama político que había sido registrado por los estudios clásicos de la sociedad había entrado en una etapa de significativas transformaciones. El orden social mundial de la postguerra - d e consolidación del Estado de bienestar en los países capitalistas, del socialismo estatista en buena parte del planeta y de una oscilación entre autoritarismo, socialismo y democracia populista en los países capitalistas periféricos, muchos de ellos apenas saliendo de la dominación colonial- acusaba síntomas de agotamiento. La delimitación de los actores políticos en la arena nacional entre agentes de los Estados nacionales de norte homogéneo, partidos políticos tradicionales, grupos marxistas de múltiples tendencias, uniones sindicales, da paso a una crisis de las definiciones nacionales, a la irrupción de una serie de nuevos actores políticos, los cuales reclaman u n heterogéneo

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El contenido de este artículo se deriva de cortos viajes que hice en el Pacífico colombiano en 1993, 1994 y 1998, y también de numerosas conversaciones con líderes populares, académicos y funcionarios, en los últimos seis años. Debo una parte importante de las ideas aquí consignadas a las comunicaciones verbales o escritas con mis compañeros de investigación del proyecto "Poblaciones negras y modernidad. Movimientos sociales, sociedad civil y Estado en el Pacífico colombiano", patrocinado por el ICANH y Colciencias. Por supuesto, la responsabilidad sobre el contenido del artículo es exclusivamente mía.

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espectro de reivindicaciones; a un desprestigio de los partidos tradicionales y a una declinación de las acciones de protesta guiadas por alguna de las muchas tendencias de la izquierda marxista. Con el ascenso del neoliberalismo anglosajón se inicia un desmonte del Estado de bienestar; al poco tiempo, los regímenes socialistas de Europa oriental se desploman. Los términos del crédito internacional sufren un vuelco radical y la crisis de la deuda propicia una retirada generalizada de los gobiernos de sus responsabilidades sociales, dentro de programas de ajuste estructural exigidos por el FMI, al tiempo que las interconexiones internacionales se exacerban en el proceso que viene a ser denominado como globalización. La crisis latinoamericana de la deuda durante el fin de los setenta y comienzos de los ochenta propicia aún más el decaimiento del ideal nacional y la deslegitimación de los partidos tradicionales y de la izquierda ortodoxa. Surgen entonces varios tipos de los nuevos actores políticos, entre los que han sido notorios los movimientos locales por servicios o atención estatal, movimientos por los derechos humanos, movimientos por la restauración democrática, movimientos de mujeres, movimientos barriales de solidaridad en la crisis, movimientos cristianos de base, movimientos ambientales y movimientos étnicos. En Colombia, la década de los setenta vio una explosión de movimientos cívicos y el nacimiento del movimiento indígena organizado. De la misma época datan los primeros intentos de constituir un movimiento negro por la reafirmación étnica y contra la discriminación, con la creación de grupos de discusión de estudiantes e intelectuales en algunas de las principales ciudades. A mediados de los ochenta surgieron organizaciones de campesinos negros en el Chocó. Estas organizaciones étnicas planearon un viraje de anteriores reclamos por inclusión y ciudadanía -ser reconocidos plenamente como colombianos-, a reclamos por la legitimación de la diferencia -ser reconocidos como

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colombianos diferentes-. Esta exigencia, que iba en contravía de la Constitución vigente de 1886, dirigida a un conjunto de ciudadanos libres e iguales ante la ley, vino a tener cabida dentro del orden político que proclamó la Constitución de 1991. Este artículo pretende reflexionar sobre las interacciones entre actividades institucionales y el movimiento negro en Colombia durante el período comprendido entre 1993 y 1999, es decir, en los siete años siguientes a la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre comunidades negras2. Para ello se presentan brevemente aspectos del movimiento negro antes, durante su estudio y después de la puesta en vigencia de dicha ley, y de sus relaciones con entidades nacionales, regionales o locales. MOVIMIENTO SOCIAL NEGRO EN COLOMBIA: ORGANIZACIÓN, IDEOLOGÍA Y POLÍTICA

La tesis central de este escrito es la de que las actividades, políticas y discursos gubernamentales en buena parte derivados de los desarrollos de esta ley han condicionado significativamente la iniciativa y repertorio de acciones de las distintas expresiones del movimiento social negro en Colombia. Sin corresponder a un accionar deliberado por parte del Estado, el conjunto de proyectos, escenarios institucionales y actividades de los diferentes organismos y funcionarios han copado, fragmentado y dispersado el tiempo y el accionar de activistas, grupos y organizaciones del movimiento negro, restándole posibilidades de elaborar nuevas

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En 1991 se eligió en Colombia una Asamblea para reformar la Constitución política. Una vez expedida la nueva Constitución, en ésta se incluyó el Artículo Transitorio 55 que ordenaba al gobierno constituir una Comisión especial, la cual redactaría para estudio del Congreso el texto de un proyecto de ley para la protección del territorio y la cultura de las comunidades negras de la costa del océano Pacífico y otras poblaciones de características similares.

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propuestas o de reexaminar sus presupuestos ideológicos, sus estrategias organizativas, su posición dentro del concierto nacional o las perspectivas de coordinación y comunicación entre las distintas vertientes del movimiento. La dispersión de la movilización y el enfriamiento ideológico nacional han coexistido en varios casos con notoria actividad de dinámicas locales, como en algunas organizaciones de río en el Pacífico, en organizaciones y grupos en los centros urbanos, especialmente en eventos sobre la cultura y la historia negras, en el inicio de un movimiento pedagógico negro con diferentes expresiones a través del país, o en la radicalización del movimiento sanandresano. Esta situación hace que sea difícil hablar de un movimiento negro en Colombia como un fenómeno consistente. Esta dificultad para articular acciones y propuestas de alcance nacional puede verse como consecuencia de la combinación de dos factores: de un lado, la carencia de un manejo hacia convergencias mínimas a partir de la heterogeneidad ideológica de las organizaciones de movimientos sociales negras y, por otro lado, la institucionalización de un modo de asignar recursos por parte del Estado a organizaciones locales y pequeñas ONG {cf. Gamson y Meyer, 1996: 283-290). El hecho de haber logrado u n amplio espectro de concesiones en un tiempo relativamente corto a través de la Ley 70 se interpuso en la posibilidad para los grupos y organizaciones negras de haber consolidado redes de dimensión nacional, y provocó u n viraje hacia u n cariz más instrumental que subcultural del conjunto del movimiento {cf Kriesi, 1996: 158). Aunque con diferentes énfasis, los estudiosos de los movimientos sociales reconocen contemporáneamente en su mayoría que el desarrollo de la acción colectiva depende tanto de las formas de organización, de los planteamientos ideológicos como de los contextos políticos. En cuanto a este último aspecto, la

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tendencia denominada del "proceso político", especialmente los escritos de Tilly y de Tarrow, ha subrayado que los movimientos sociales varían de acuerdo con las características de los regímenes políticos a los que se enfrentan. Los procesos de formación o transformación nacional, ya sea de integración territorial, de expansión de los medios de comunicación, de reforma política, de protagonismo de determinados actores o sectores sociales, de presencia d e conflictos, son el medio a través del cual los movimientos sociales aparecen, se desarrollan o languidecen. El repertorio de tácticas, y formas de acción colectiva, el cual nace de forma paralela al estado contemporáneo, es difundido y transmitido por medio de esos procesos de dimensión nacional, los cuales se inscriben a su vez en tendencias internacionales (Tarrow, 1994: 7). En el caso de los movimientos negros colombianos, se observa que en un nivel más inmediato, preocupaciones de rango nacional -como el mejoramiento de las instituciones políticas y el reconocimiento de la multiculturalidad, particularmente dentro del proceso que llevó a la Constitución de 1991, o la integración al concierto de la nación de la región del Pacífico bajo imaginarios de biodiversidad- fueron contextos que propiciaron y facilitaron la visibilidad y entrada al concierto nacional del movimiento negro. En una instancia algo menos reciente, se tiene el surgimiento de movimientos étnicos, principalmente indígenas en Latinoamérica, entre los cuales el movimiento indígena colombiano mostró particular dinamismo. La organización indígena en el Chocó se posicionó notablemente como una expresión de organización de base en lucha por sus derechos, aportando de esta manera un paradigma de organización y de reclamos que influyó decisivamente en el surgimiento de la organización campesina negra en el Chocó, pionera del movimiento negro contemporáneo articulado en torno a lo territorial y a lo étnico.

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De otra parte, otros autores han notado que frecuentemente los movimientos actuales, como reacción a la prolongada dominación del populismo, paternalismo y cooptación de los partidos políticos tradicionales, se han distanciado de ventilar agendas políticas ambiciosas y se han concentrado en elaboraciones identitarias "autolimitantes". Por razones similares, algunos movimientos argumentan defender su autonomía como justificación para persistir en situaciones de fragmentación y para evitar esfuerzos hacia la coordinación o la unidad de acción en escenarios nacionales. (Foweraker, 1995: 61). En efecto, las diferentes expresiones del movimiento negro en Colombia han participado de manera muy limitada en actividades de coordinación con otros sectores de los movimientos sociales y populares, o aun en procesos reflexivos de exploración de posibles desarrollos comunes de los distintos discursos e imaginarios. Como se comentó al comienzo, algunos analistas de los movimientos sociales han anotado que el avance de éstos depende de una sumatoria de factores que combinan la coyuntura política nacional, las costumbres políticas locales, las formas de organización interna de los movimientos y sus contenidos ideológicos (McAdam, McCarthy, Zald, 1996). Otros académicos han señalado que las organizaciones pueden ser impulsoras del movimiento social pero también pueden ser sus anestesistas o sepultureras. Así mismo, en diversas oportunidades los teóricos de la acción colectiva han notado que ante la carencia de versatilidad organizativa y de solidez ideológica, los logros institucionales producto de las acciones confrontacionales del movimiento pueden anular su impulso y ocasionar retrocesos bien considerables (Tarrow, 1994). La reflexión sobre el movimiento negro en Colombia pone en evidencia la compleja articulación de circunstancias como las mencionadas arriba, su carácter fragmentario, desigual y heterogéneo. Revela que conceptos o entidades como comunidades

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negras, identidad negra y movimiento negro tienen diversas acepciones y están en continua construcción, que los parámetros identitarios están inmersos en procesos en constante realineamiento y que hay varias concepciones sobre "lo negro" en Colombia. Dichas concepciones pasan por múltiples ejes, algunos anclados más en lo local que otros, pero todos cruzados por las comunicaciones que la globalización propicia, ya sea para reafirmar las luchas territoriales y prácticas ambientales de productores locales o para propiciar intercambios internacionales entre descendientes de la diáspora africana occidental (Wade, 1998; Agier, 1999: 197-204). De otra parte, los avances políticos de los movimientos sociales no pueden ser medidos únicamente por sus adelantos organizativos o por sus logros reivindicativos. De acuerdo con planteamientos como los de Gramsci (1997) y Touraine (1987) en cuanto a los aspectos culturales del conflicto político, y con recientes tendencias sobre la dimensión cultural de la política de los movimientos sociales, la construcción discursiva con la cual los movimientos hacen reclamos, plantean reivindicaciones o buscan nuevas definiciones sobre su posicionamiento en la sociedad y frente al Estado son importantes piezas de política cultural, la cual, en muchos casos, busca no sólo participar en las estructuras del poder, sino replantear su ejercicio, o sea transformar las culturas políticas prevalecientes (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). Siguiendo esta argumentación, puede verse entonces que el movimiento negro colombiano desarrolla continuamente distintas propuestas político-culturales, las cuales están algunas veces en diálogo dinámico entre ellas, y otras veces en confrontación. Aquí, también, los discursos e idearios que apuntalan la creación y consolidación de los territorios colectivos han tenido mayor desarrollo y posicionamiento. Estos planteamientos involucran visiones sobre el medio ambiente, la diversidad cultural y biológica, los patrones culturales de asentamiento y de uso de los

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recursos naturales, que se contraponen a los imaginarios del desarrollo basados en el lucro, la acumulación y la expoliación de las poblaciones locales y el medio ambiente (Villa, 1998: 443444). Sin embargo, otros discursos dentro del movimiento negro -como los antes mencionados, centrados en la reivindicación de aspectos expresivos y artísticos de la cultura negra, en diálogos internacionales con otros pueblos negros, en el avance de procesos educativos enfocados hacia la especificidad cultural negra, en reivindicaciones económicas y políticas de la población negra urbana y de otras áreas fuera del Pacífico-, están localizados en pequeñas organizaciones y no han logrado ubicarse en un terreno sólido de negociación con el Estado, pese a estar contenidos también dentro de las consideraciones de la Ley 70. Estos reclamos tampoco han logrado ampliar significativamente su base social o motivar movilizaciones de considerable impacto. Los activistas y organizaciones que plantean estas reivindicaciones tienen el reto de ampliar su inserción en las bases sociales, de dinamizar puntos de articulación con los planteamientos de los campesinos negros del Pacífico y de configurar escenarios de alcance nacional (Agudelo, 1988: 33), y de retomar tanto los reclamos más recientes como los aspectos más idiosincrásicos de la sociedad negra, localizados en los asentamientos rurales, ya sea en cuanto a su organización social, sus creaciones expresivas o sus estrategias productivas para avanzar en la conformación de enunciados identitarios. Es muy diciente, respecto a las dificultades del movimiento negro para articular demandas de alcance nacional, que las exigencias de los raizales sanandresanos para detener el proceso de sobrepoblación de inmigrantes continentales y recuperar por parte de los isleños nativos el control territorial, político y cultural del archipiélago -planteado recientemente al gobierno como un proyecto de ley para aprobar un Estatuto Raizal-, no

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hayan sido parte de una estrategia concertada con otras organizaciones o sectores del movimiento negro en el país. El movimiento de los raizales con notoria base social en el archipiélago sanandresano -que ha involucrado paros, tomas de la isla y agitadas manifestaciones, y que ha logrado la presencia de delegaciones negociadoras del gobierno nacional-, constituye, junto con las acciones colectivas en pro del territorio de los campesinos del Atrato y con las movilizaciones en pro de la inclusión de la cuestión negra en la Constituyente, el conjunto de expresiones más notables del movimiento negro que han involucrando significativa participación colectiva. Muñera ha subrayado que los énfasis en la parte emotiva de los movimientos sociales de los tempranos enfoques funcionalistas sicologizantes, en la racionalidad pragmática de la escuela de movilización de recursos, o en la formación identitaria o de valores de los analistas de la llamada tendencia de los "nuevos" movimientos sociales, no son excluyentes o equivocados, sino expresiones posibles de los movimientos de acuerdo con sus niveles de consolidación política3 (Muñera, 1988: 471-473). En efecto, en el movimiento negro en Colombia se puede ver cómo

3 La teo fa sobre movimientos sociales surge en un principio como parte del análisis sobre comportamiento colectivo, y acudía a explicaciones sobre desadaptaciones o expresiones marginales respecto del contexto social (Smelser, Turner y Killian). Este enfoque funcionalista de los años cincuenta y sesenta en Norteamérica fue sucedido por el enfoque llamado de movilización de recursos, en el que los integrantes de los movimientos sociales eran vistos como actores racionales tomando decisiones sobre el uso de recursos, ya fueran económicos, políticos u organizativos en la instrumentación de sus reclamos (Olson, McCarthy y Zald). Otros sociólogos norteamericanos vieron la necesidad de examinar el desarrollo de los movimientos sociales en estrecha relación con las acciones del Estado, en la que se ha dado en llamar la teoría del proceso político (Tilly, Tarrow). Por otro lado, principalmente en Europa, la tendencia conocida como de los "nuevos" movimientos sociales hace énfasis en las construcciones de identidad, por la cual los movimientos se autodefmen y construyen propuestas alternativas de orientación de la sociedad (Touraine, Melucci,

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han predominado aspectos emotivos y pragmáticos en la búsqueda de elementos identitarios y programáticos que pudieran ampliar la trascendencia y convocatoria política. Las organizaciones de pobladores rurales con territorios susceptibles de titulación colectiva han preferido proteger su independencia y su interlocución con el Estado, a buscar escenarios de concertación con otras expresiones del movimiento negro. A su vez, otras organizaciones con planteamientos diversos en defensa de otros aspectos de las poblaciones negras no han logrado tampoco avanzar en la consolidación de propuestas y acciones hacia la conformación de un movimiento negro de alcance nacional. LA BÚSQUEDA DE UN CONCIERTO NACIONAL Y EL SURGIMIENTO DE LO RURAL

Con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991, el movimiento negro colombiano se hallaba disperso en esos varios frentes, con diferentes antecedentes y procesos en lo ideológico y en lo organizativo, y no había encontrado escenarios de encuentro de alcance nacional o por lo menos regional. Hacia los años setenta, un par de organizaciones impulsaban grupos de discusión estudiantiles acerca de la discriminación y de luchas por el pleno reconocimiento ciudadano de las gentes negras en las principales ciudades del país. Algunos de estos activistas impulsaban en la costa atlántica la organización de trabajadores negros (Cassiani, 1999). De reciente formación, remontándose a mediados de los ochenta, se tenían las organizaciones campesinas de las princiOffe). En la actualidad la mayoría de los analistas coinciden en que son necesarias visiones complejas que consideren aspectos emotivos, instrumentales, expresivos, de los movimientos sociales en complejos contextos políticos de alianzas y confrontaciones, de oportunidades y dificultades, e inscritos en coyunturas específicas dentro de las tendencias estructurales generales del Estado y del capitalismo.

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pales cuencas fluviales en el Chocó, de las cuales la más notable era ACIA, la Asociación Campesina Integral del Atrato. Esta organización había logrado avanzar notablemente en su confrontación con las compañías madereras, lo cual obligó al gobierno a negociar el futuro de esos territorios. Poco después se forman otras organizaciones de cuenca fluvial en el Chocó. La conformación de estas organizaciones no sería explicada enteramente si se pasara por alto la importancia de la organización indígena departamental establecida en 1980, OREWA, la cual, en el escenario regional, había mostrado la factibilidad de organizar las comunidades locales alrededor de reivindicaciones propias centradas en la propiedad colectiva del territorio y en el gobierno propio, y argumentadas desde el derecho a la diferencia cultural. Las líneas gruesas de este estilo de reclamación política fueron adoptadas por ACIA inicialmente y después por las otras organizaciones campesinas chocoanas (Archila, 1995: 280; Wade, 1995). El impulso del movimiento de base se da entonces en el Chocó en el reclamo territorial por asociaciones de campesinos negros en las cuencas fluviales, y constituye un objetivo claro con convocatoria de movilización. Presenta una convergencia de aspectos organizativos y reivindicativos, en un ámbito geográfico muy concreto, que no se había dado anteriormente en la historia republicana del país entre las poblaciones negras. En la sección sur del litoral pacífico, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño a finales de los ochenta, existían también procesos organizativos de variada naturaleza. Entre ellos estaban algunas organizaciones para el progreso regional, asociaciones gremiales (agricultores, carboneros, pescadores) y culturales, e incipientes organizaciones de campesinos en unos veinte municipios (seis en el Valle, tres en Cauca y diez en Nariño), algunos de ellos producto de los trabajos de acción social por parte de los programas de pastoral social de las diócesis católicas y de algunas parroquias. Se perfilaba también un grupo de activistas de ori-

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gen estudiantil que planteaban la necesidad de impulsar un movimiento de amplio cubrimiento entre la población negra del país. Los temas de construcción identitaria o marcos ideológicos de estos sectores del movimiento negro eran análogamente heterogéneos. Las organizaciones campesinas del Chocó se orientaban hacia la protección, el control y el acceso al territorio y sus recursos naturales. Asociaciones culturales trataban de consolidar procesos de conciencia colectiva a partir de las tradiciones estéticas y expresivas, mientras que las asociaciones de productores defendían su ingreso en situaciones hostiles de mercado. Grupos de intelectuales trataban de articular los reclamos porjusticia social, con fortalecimiento de la conciencia étnica o la inclusión de la población negra en espacios de ciudadanía (Cassiani, 1999; Wade, 1996). El panorama en cuanto a los parámetros organizativos internos era también variado. Las asociaciones campesinas giraban alrededor de un modelo federativo de comunidades locales agrupadas zonalmente, el cual sigue en sus rasgos principales al modelo concéntrico de representación delegada que de manera exitosa habían implementado las organizaciones indígenas, mientras que intelectuales de clase media se agrupan en pequeñas ONG, ejercen activismo individual o tratan -sin mucho éxito, dada la tendencia centrífuga de la organización étnico-territorial-, de impulsar procesos regionales (Pardo, 1998). En la costa atlántica, en cambio, en ausencia de un movimiento rural de dimensión significativa, el núcleo de profesionales y estudiantes ha mantenido un mayor activismo en pro de la consolidación del movimiento negro regional (Cassiani, 1999). En cuanto a los contextos políticos regionales y nacionales y a las tradiciones políticas locales vernáculas -o según la terminología de una escuela de sociología anglosajona sobre los movimientos sociales, las oportunidades políticas, compuestas por la estructura institucional política y las relaciones de poder informales (McAdam, McCarthy y Zald, 1996)-, en el Pacífico se dan unas

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características comunes. La política tradicional bipartidista y clientelista colombiana encuentra en esta región una de sus expresiones más exacerbadas. Las actitudes de las clases medias y de la mayoría de los cuadros intelectuales negros se orientan a ser incluidos en los circuitos políticos, sociales y económicos dominantes en el país. Esta situación es u n factor importante para entender cómo las organizaciones étnicas y sus promotores originales, los equipos misioneros católicos no encontraron eco ni aliados entre las clases medias urbanas de la región, y tuvieron que buscar apoyo en el movimiento indígena y en algunos sectores académicos del centro del país. Dicho contexto político institucional facilitará también la comprensión de ulteriores desarrollos del movimiento negro en cuanto a acceso a recursos estatales. Las otras regiones de importante población negra como la costa atlántica y el archipiélago sanandresano no escapan de los altos niveles de clientelismo, pero tienen actividades económicas más diversificadas y complejas. A pesar de la alta población urbana que se reconoce como negra, comunidades negras como tales están muy específicamente localizadas, sin pasar de unas veinte localidades de dimensión variada, incluyendo desde algunos barrios en las ciudades capitales hasta municipios y corregimientos. La comunicación entre estas localidades es entonces relativamente fácil, haciendo más expedita la coordinación regional del movimiento; su proceso ha sido entonces una consolidación paulatina (Cassiani, 1999). En San Andrés, el problema del marginamiento de la población raizal nativa frente al crecido número de inmigrantes continentales tiene connotaciones políticas, culturales y ambientales y ha mostrado solidez y considerable apoyo popular. Los apartes anteriores muestran entonces cómo a principios de la década de los noventa el panorama de las distintas expresiones del movimiento negro en Colombia era el de una gran heterogeneidad y dispersión regional, tanto en los aspectos or-

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ganizativos como en cuanto a los planteamientos ideológicos y los procesos identitarios. EL MOVIMIENTO NEGRO Y LA CONSTITUYENTE

En el nivel nacional, con anterioridad a la Constitución de 1991, era muy escasa la recepción a las inquietudes que algunos embrionarios movimientos negros pudieran brindar, y los espacios institucionales y políticos con alguna accesibilidad para los activistas negros eran muy restringidos. El espacio político estaba copado por los dos partidos tradicionales y era abiertamente hostil a los reclamos de inclusión política por parte de los sectores populares, organizaciones de base y movimientos étnicos. Los movimientos y partidos de izquierda no consideraban la especificidad política de los grupos étnicos y no tenían ninguna propuesta peculiar para la población negra, a la cual se consideraba como parte de los sectores explotados del país. En Colombia, la convocatoria y las deliberaciones de la Asamblea Constituyente de 1991 abrieron espacios políticos en los que sectores sociales y políticos anteriormente excluidos o ignorados vieron la posibilidad de expresarse en el concierto nacional. El orden político liberal, encarnado en la antigua Constitución, que trazaba un imaginario nacional de homogeneidad cultural y de delegación de la representación política a través del cerrojo parlamentario bipartidista, apareció entonces sujeto a replanteamiento. Pero aun en este marco de apertura la consideración de la población negra dentro de las discusiones de los constituyentes no parecía tener acogida (Wade, 1995). La mayoría de las organizaciones negras que no pudieron ponerse de acuerdo para unificar candidatos a la constituyente cuando habían efectuado un encuentro preconstituyente, tuvieron que coordinar entonces acciones y llevaron su movilización a las calles y recintos políticos para presionar a la Asamblea.

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Esta coyuntura marcó una notable oportunidad política que permitió aglutinar a los dispersos núcleos de activistas y a las heterogéneas organizaciones negras en torno a las banderas muy concretas del reconocimiento de la especificidad sociocultural de la población negra del país y a la necesidad de expedir una normatividad que protegiera los fundamentos territoriales y culturales de esa especificidad, y que propugnara por el bienestar de dicha población. Estos reclamos intersectaban en un común denominador el espectro de orientaciones ideológicas de los distintos grupos: la de aquellos que reclaman el cese del racismo velado que ha marginado a la población negra dentro del concierto nacional, la de algunos grupos culturales que propugnaban el reconocimiento y fortalecimiento de las manifestaciones culturales y artísticas de la población negra, la de las organizaciones campesinas chocoanas que aspiraban a asegurar sus territorios y recursos naturales, la de los raizales de San Andrés y Providencia frente a la sobrepoblación inmigrante continental, y la de algunos activistas que propugnaban la construcción y afirmación de una identidad étnico-cultural como medio para avanzar hacia la eliminación de las desigualdades. La época de preparación y de las sesiones de la comisión redactora de la ley para comunidades negras, y los meses que siguieron a su expedición, no tienen paralelo en cuanto a la movilización de las ideas y de las acciones nacionales de las organizaciones, voceros y simpatizantes de la población negra colombiana. Los diferentes grupos pudieron expresarse y confrontarse en la búsqueda de un estatuto para los descendientes de africanos. La necesidad de representatividad de los deliberantes llevó -con patrocinio gubernamental a la difusión de las discusiones en las regiones con población negra del país-, a una actividad sin precedentes de divulgación de las discusiones y procesos de elaboración de la ley para comunidades negras (Agudelo, 1998).

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DESPUÉS DE LA LEY 70

En los prolegómenos y deliberaciones para la redacción de la ley se expresaron y discutieron preocupaciones muy diversas de los representantes de los grupos negros. En repetidas ocasiones se hizo mención de lo restrictivo que era el sector poblacional concebido por el artículo transitorio 55, de cómo la situación de la alta población urbana negra, los problemas de los raizales sanandresanos, de numerosos grupos laborales negros, quedaban por fuera, así como de la discusión sobre numerosas situaciones de exclusión, discriminación y marginamiento en contra de las personas negras. Como ha sido notado por comentaristas en numerosas ocasiones, el artículo transitorio 55 y la Ley 70 de 1993 se refieren a las zonas rurales del Pacífico (por ejemplo, Villa, 1998). Estas piezas normativas aluden a una región y a una zona específica; la Ley de Comunidades Negras es en realidad, en la mayoría de su texto, una ley de comunidades negras rurales del Pacífico. Los integrantes de la Comisión Especial trataron de suplir en parte esta gran limitación al establecer un cubrimiento amplio de la comisión consultiva de alto nivel, de manera que en el seguimiento de la ley estuvieran representantes de la costa atlántica y de las islas de San Andrés y Providencia. Para muchos pobladores negros colombianos hubo por primera vez noticia o conciencia de una comunidad de factores históricos y culturales que servían de fundamento para la postulación de una serie de intereses compartidos. Pero bien pronto, incluso antes de la aprobación de la ley, las organizaciones territoriales del Chocó se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento negro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las organizaciones de base.

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La Ley 70 contiene 8 capítulos y u n total de 68 artículos, de los cuales los primeros 5 capítulos se refieren a la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos en el Pacífico, y los otros son dirigidos a las comunidades negras en términos más generales en cuanto a los derechos, la identidad cultural y el desarrollo económico y social. La ley establece una gran cantidad de instancias de participación de los miembros de la población negra y de sus organizaciones en organismos oficiales y en procedimientos de planeación y ejecución relacionados con la población negra, sus territorios y los respectivos recursos naturales. Los recursos del Estado, contratos y empleos se constituyen en una importante fuente de recursos para las organizaciones y activistas negros. Como consecuencia de la Ley 70 y sus desarrollos, hay en la actualidad miembros de las organizaciones o individuos respaldados por dichas organizaciones en las juntas directivas de entidades regionales, o como empleados y contratistas en instituciones regionales o nacionales. Los logros derivados de la ley han permitido notables avances hacia el reconocimiento de los derechos de u n sector importante de la población negra colombiana -los pobladores ribereños de los bosques del Pacífico-, y h a n abierto espacios para interesantes perspectivas de configuración societal alternativos a las premisas de propiedad privada de la tierra, de homogeneización cultural y de economías de acumulación. Pero, de otra parte, no se han proyectado efectivamente hacia otros aspectos del espectro de reivindicaciones y derechos de las gentes negras del resto del país, particularmente de aquellas por fuera de las áreas rurales del Pacífico4. La Ley 70 de 1993 y sus consecuentes implementaciones institucionales han ocasionado una apre-

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Según algunas interpretaciones, en el último censo nacional de 1993 aproximadamente 30% de la población nacional total de 34 millones de habitantes se recono-

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ciable constricción de la iniciativa política, ideológica y organizativa nacionales, respecto de las perspectivas que se presentaron durante la movilización en pro de la inclusión de los derechos negros en la Constituyente y durante la discusión originada por el artículo 55 transitorio de la Constitución, que condujo a la promulgación de la Ley 705. De otro lado, al haber previsto la Ley 70 el establecimiento de territorios colectivos en el Pacífico administrados por consejos comunitarios, las localidades con títulos o en proceso de titulación en la mayoría de los casos terminan prefiriendo interlocutar directamente con el gobierno y con las instituciones y se desligan de las coordinaciones regionales con sede urbana. Esta

ce como perteneciente a la etnia negra. De este total, un número mucho más reducido corresponde a comunidades negras, es decir, localidades con población mayormente negra en las que están vigentes prácticas culturales y relaciones sociales de características específicas de este grupo étnico. Estas comunidades se asientan principalmente en el Pacífico, en un número aproximado de 800.000 personas; de ellas, la mitad en asentamientos selváticos ribereños o costeros y la otra mitad en cabeceras municipales, mayormente en Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Hay unas cien mil personas en comunidades negras en la región atlántica o caribeña. Hay grandes cantidades de población negra en barriadas de inmigrantes negros en Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades colombianas. El sector de Aguablanca en Cali, con unas 200.000 personas negras oriundas mayormente del Pacífico surcolombiano, es la mayor concentración urbana de población negra en Colombia; otras 100.000 personas negras viven en otros barrios de Cali (Barbary, 1998a, 1998b). 3 La Ley 70 establece los procedimientos para reconocerles territorios colectivos a las comunidades negras que ocupen y usufructúen territorios selváticos, se organicen en Consejos Comunitarios y soliciten la titulación. La Ley ordena un manejo concertado y sostenible de dichos territorios, otorga derechos especiales a las comunidades negras en la actividad minera, e instaura medidas para la protección cultural y la promoción socia) y económica de la población negra colombiana; crea la Dirección de Comunidades Negras en el Ministerio del Interior y las Comisiones Consultivas departamentales y nacional para concertar políticas entre los representantes de las comunidades negras y las instituciones estatales.

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situación, que ya se había consolidado en el Chocó6 desde los tiempos de discusiones de la ley en 1992 y 1993, en donde las organizaciones rurales tenían cierta solidez, se ha generalizado ahora hacia el sur, al resto del Pacífico. El resultado especialmente palpable desde hace unos dos años es el de un número creciente de organizaciones ribereñas étnico-territoriales con muy poca coordinación entre ellas, destinatarias de la mayoría de los recursos institucionales previstos por la Ley 70, y el de otra cantidad de organizaciones de escaso número de miembros y de objetivos diversos -ambientales, educativos, cívicos, culturales, étnico-políticos-, radicadas en los centros urbanos y en las regiones por fuera del Pacífico, con análoga poca coordinación en los escenarios regionales y nacionales. Aparece entonces claro que, como lo ha sugerido un estudioso de los movimientos sociales en América Latina, en ausencia de sólidas conformaciones identitarias y de claros y concisos objetivos políticos a largo plazo, después de un proceso de negociación con el Estado, los movimientos sociales pueden verse abocados a competir entre ellos mismos por recursos, a administrar logros económicos para satisfacer a sus miembros, y a entrar en un proceso de institucio-nalización (Foweraker, 1995: 65-82). En la situación antes descrita, las organizaciones étnico-territoriales se concentran sobre los recursos derivados de la Ley 70, mientras que organizaciones negras de otro tipo carecen de marcos institucionales que les provean recursos para satisfacer o engrosar sus bases, y no encuentran una manera de ampliar el efecto de sus reclamos para motivar una movilización social.

6 El Pacífico colombiano es una franja selvática de tierras bajas que se extiende de norte a sur entre Panamá y Ecuador, limitada al oriente por la cordillera de los Andes. Tiene aproximadamente 1.000 km. de largoy unos 100.000 km 2 . Políticamente, está dividido en cuatro departamentos, de norte a sur: Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El Chocó está enteramente en la llanura del Pacífico, mientras los otros tres departamentos tienen buena parte de su territorio y sus capitales en las montañas y valles interandinos.

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Las Comisiones Consultivas departamentales y nacional, que establece la Ley 70, se han convertido en los únicos terrenos de encuentro de las distintas vertientes del movimiento negro, pero mucho más de una manera reactiva ante ciertos puntos de la agenda institucional que como espacios de convergencia que pudieran ser utilizados para retomar la iniciativa frente al gobierno o reconstruir las bases programáticas hacia una mayor inclusión y coordinación. A este respecto, es sintomático que en la Consultiva Nacional de 1999 los puntos más álgidos en discusión hayan girado en torno a los territorios colectivos, como los de planes de manejo de recursos naturales, el estatus de los manglares dentro de los territorios colectivos y los derechos de los mineros artesanales, mientras que otras temáticas que pudieran reforzar las dimensiones nacionales del movimiento negro -como la población negra desplazada por la guerra, la cátedra afrocolombiana 7 , las facilidades de acceso a estudiantes negros en la educación superior, la problemática poblacional de los raizales isleños o la situación marginal de la población negra asentada en las grandes ciudades- tienen una figuración muy secundaria. CONCLUSIONES

La Ley 70 creó una agenda de proyectos por cumplir y unos escenarios de participación institucional y de representación legal que se convirtieron en un guión preestablecido para el movimiento negro. Desde la puesta en vigencia de la ley, las expresiones de acción colectiva de la población negra no han podido eludir este libreto, limitando de esta forma su capacidad de convocatoria y movilización y, por lo tanto, de una calificación de sus métodos de organización, de sus demandas, de sus mecanismos identitarios

' La Ley 70 ordena la implementación de una estrategia educativa sobre los valores y realidades de la población negra.

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y, en últimas, de impacto y posicionamiento en el conjunto de la vida política nacional. La filtración de tradiciones políticas partidistas tradicionales circundantes y los estilos organizativos internos en el Pacífico han conducido a que la mayoría de las dirigencias de las organizaciones entraran sin mayor reflexión previa a disputarse empleos, posiciones directivas y recursos provenientes del Estado, perdiendo de esta manera la iniciativa en el trazado de la agenda política y quedando así restringidas a una perspectiva puramente institucional trazada por la Ley 70. Se han ubicado así en la situación desventajosa de que para poder continuar en sus reclamaciones al Estado, y la profundización de la dinámica organizativa, las organizaciones dependen casi exclusivamente de los recursos del Estado. Puede decirse entonces que la apertura de espacios políticos no reportó mayor comodidad de maniobra a las organizaciones negras, sino, por el contrario, una limitación conceptual y logística de su accionar. Las previsiones de la Ley 70 sobre participación de las organizaciones y personas negras en la planificación y la gestión concernientes a la población negra y sus territorios han acentuado el faccionalismo y una disminución del dinamismo organizativo, al entrar en competencia las organizaciones tanto de base como ONG por el protagonismo y reconocimiento oficial, y al haberse debilitado los escenarios de coordinación entre los actores del movimiento negro subregional, departamental y nacional. Dentro de este panorama, se han consolidado de una forma fragmentada las organizaciones de base territorial en proceso de titulación o manejo de territorios colectivos, pero otros tipos de organizaciones han visto disminuir notablemente su dinamismo y protagonismo, y han sido opacadas las reivindicaciones de otras poblaciones negras fuera del Pacífico. Este proceso basado en federaciones de organizaciones locales con reclamos territoriales que había irrumpido con fuerza

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en el Chocó, en los siete años siguientes a la expedición de la ley, ha ido extendiéndose por todo el Pacífico, ya que la Ley 70 prevé la creación de Consejos Comunitarios para la solicitud, trámite y posterior administración de territorios colectivos. En consecuencia, los modelos organizativos de estas poblaciones se estructurarán a partir de los Consejos Comunitarios, ya sea individualmente o en federaciones de éstos, y dado que el grueso de los recursos estatales derivados de la Ley 70 se destina a los procesos de los territorios colectivos, se crea así una distancia con organizaciones étnicas de otro tipo, ya sea cultural, gremial, ambiental o de algún tipo de proyección política, que quedan por fuera del acceso a dichos recursos. Este hecho va a llevar a que, aunque no ha habido una ruptura formal de los Palenques como forma federativa departamental en el sur del Pacífico, paulatinamente el liderazgo centralizado en los núcleos urbanos se vaya debilitando mayormente en favor de liderazgos locales y subregionales con base territorial, y en menor medida, a favor de algunas organizaciones con base poblacional urbana que reclaman tener acceso directamente a los recursos estatales de apoyo a procedimientos de titulación y organizativos. Algo bien diferente se presenta en la costa atlántica, en donde ante la ausencia de adjudicación de territorios colectivos, se ha conservado el carácter regional del movimiento en el que confluyen asociaciones rurales, gremiales, culturales, grupos de estudio, en donde los dirigentes, ya sea de las organizaciones locales o de formación universitaria con proyección regional o nacional, trabajan mancomunadamente por los intereses zonales del movimiento negro y de su representación nacional. Como se ha mencionado anteriormente, en las islas de San Andrés y Providencia, en los últimos tiempos se ha ido intensificando el movimiento en pro del control del territorio y de la administración regional por los raizales, pobladores negros an-

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glófonos establecidos desde hace tres siglos. Pero este movimiento n o ha tenido mayor coordinación ni procedimientos solidarios con otras expresiones del movimiento negro en la parte continental. Aunque en el ámbito local se estén dando interesantes procesos de organización y gestión que no hubieran sido posibles sin la Ley 70, y aunque algunos grupos culturales han intensificado su actividad, la diversidad de reclamos y de expresiones identitarias del movimiento negro colombiano no ha hallado un camino de concertación de estrategias que conduzca a un mutuo enriquecimiento y refuerzo. En detrimento de esta perspectiva, sin que sea una estrategia instrumentalmente consciente, el Estado ha logrado fragmentar al movimiento negro, tras el fugaz momento de encuentro en los tiempos de la Constituyente y de estudio de la Ley 70, y concentrar gran parte de los esfuerzos de las diferentes manifestaciones del movimiento negro colombiano en la competencia por el acceso a posiciones, empleos y recursos institucionales. Como ha sido señalado por un politólogo británico, en Latinoamérica la participación democrática de los movimientos sociales muchas veces ha tomado más el camino de u n contrapunteo por recursos con los poderes ejecutivos que un verdadero accionar en los escenarios políticos nacionales en pro de derechos políticos, sociales y culturales (Fowereker, 1995). La historia reciente del movimiento negro en Colombia parece ser un ejemplo palpable de esto.

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CUARTA PARTE

Movimientos de mujeres

Patricia Tovar LAS POLICARPAS DE FIN DE SIGLO: MUJERES, REBELIÓN, CONCIENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Una pregunta que se hace con frecuencia cuando se habla de mujeres, rebelión y conciencia es si estamos hablando de movimientos sociales de mujeres o de la participación de las mujeres en los movimientos sociales. En este ensayo se examinan los ejes teóricos alrededor de los cuales se han estudiado los patrones de acción colectiva de las mujeres, tomando como ejemplo los intereses y los objetivos de los movimientos de final de siglo en Colombia. Por movimiento social se entiende, en este caso, un grupo organizado de mujeres que se han unido para propiciar un cambio o resistir una situación que se percibe como injusta, indigna o inmoral. Algunos de estos movimientos tienen efectos a largo plazo y producen u n cambio social significante; otros son pasajeros, pues son creados alrededor de u n asunto inmediato, y mueren una vez se resuelve el problema. En este momento existe un vasto número de organizaciones, asociaciones y agrupaciones de mujeres con una amplia variedad de orientaciones políticas, religiosas y sociales, con objetivos y maneras de accionar que a veces pueden parecer abiertamente contradictorios. La mayoría intenta reformar algún aspecto de la sociedad, dejando de ser simplemente asociaciones de mujeres aisladas, para transformarse en coaliciones de grupos alrededor del tema de la paz y los derechos humanos. Las tácticas de estos movimientos no siempre se describen como políticas, ni se incluyen dentro de los análisis académicos, ni se les brinda la atención que otros movimientos sociales reciben. Los procedimientos de organización, de movilización de recursos, de reclutamiento y retención de integrantes, y la selección de líderes también varían.

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A pesar de los diversos intereses e identidades de grupo, sobresalen ciertos temas que han servido tradicionalmente a las mujeres como base de estrategia de resistencia, empoderamiento y rebelión. Esta aproximación al estudio de los movimientos sociales de mujeres en Colombia sale del trabajo previamente realizado en Portugal con el Movimiento Esperanza y Vida, MEV1. Ésta es una organización compuesta de más de diez mil mujeres viudas, conformando la mayor ONG de mujeres de todo el país. Las integrantes de MEV se definen como mujeres católicas con la misión de dar apoyo moral y económico, en caso de ser necesario, a mujeres que han perdido a sus maridos. Su interés colectivo incluye la transformación de las prácticas culturales relacionadas con la viudez y la muerte, como el usar luto riguroso por el resto de sus vidas y no volver a considerar un segundo matrimonio como posibilidad. Como dicen ellas mismas, su labor como grupo es servir a los vivos y no a los muertos. Este movimiento de viudas se desarrolló a partir de los años setenta, reflejando el clima político del país y las luchas de las mujeres en otros campos. MEV es pluriclasista, con representantes de todos los estratos sociales y regiones del país, aunque no de todas las edades, pues tiende a ser caracterizado por mujeres mayores de cincuenta años, ya que el número de viudas jóvenes ha disminuido drásticamente. MEV ofrece una voz y el medio para ventilar agravios y la posibilidad de acceso a ciertos recursos a muchas mujeres a las que previamente se les fueron negados. MEV fue descrito (Tovar, 1995) como un movimiento social emergente, ya que simultáneamente desafía y se acomoda a las expectativas tradicionales sobre el matrimonio y los roles de

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Este trabajo, "Historias de amor y muerte: las vidas de las viudas portuguesas", fue presentado como disertación doctoral al Departamento de Antropología de The Gradúate Center, City University of New York, en 1995.

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género, y porque su intención no es cambiar el orden establecido, por lo menos no abiertamente a través de la organización, sino lidiar con un problema específico como el de la viudez. Este tipo de organizaciones tienden a no ser incluidas dentro de los rígidos modelos y esquemas sobre lo que se considera un "verdadero" movimiento social. En el caso de los estudios sobre movimientos de mujeres, esto se complica, pues se traduce en la discusión sobre cuáles son los "verdaderos" movimientos feministas y cuáles no. Este análisis parte de que los movimientos de mujeres también son agentes de cambio social, defendiendo y demandando no sólo lo que consideran que les corresponde por derecho propio, sino lo que sienten como injusto, abusivo o agresivo. Vale la pena resaltar que está claro que estos movimientos no se pueden agrupar todos dentro de una misma categoría, sólo por el hecho de que sus integrantes sean mujeres, ni que todas las mujeres están de acuerdo con las demandas relacionadas con su condición de género. Éste es el caso de las organizaciones en pro del aborto, un tema controvertido que afecta a las mujeres directamente, ya sea por la búsqueda de lo que se considera el derecho sobre el propio cuerpo y la despenalización del aborto, o lo que ocurre en Estados Unidos con los movimientos fundamentalistas que buscan la eliminación del derecho que existe a abortar. Las acciones de estos movimientos se materializan en una multiplicidad de estrategias, a veces violentas, como el caso de las bombas colocadas en las clínicas donde se practican abortos. Los cambios sociales y legislativos que han resultado de este accionar son regresivos, como, por ejemplo, la eliminación de los subsidios estatales para el funcionamiento de las clínicas, y el aumento de dificultades legales para que las adolescentes se practiquen abortos, y que lo puedan hacer sin notificar a sus familiares. Dada la exclusión sistemática de las mujeres de los espacios políticos tradicionales, a menudo se recurre a otras rutas para

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participar en los procesos sociales, que pueden dar como resultado actos de rebelión abierta. Como ya lo dijo Kaplan (1982), las mujeres no siempre quieren cambiar los sistemas de desigualdad de género o la división sexual del trabajo. Para entender el tema de la conciencia femenina en las organizaciones de mujeres populares, se debe clarificar cómo se define e interpreta la división sexual del trabajo, pues ésta está relacionada con lo que las mujeres hacen y, por lo tanto, provee un sentido de lo que ellas son dentro de la sociedad y la cultura. Por esto, muchas de las actividades que las mujeres hacen como parte de sus vidas diarias tienen el potencial de ser parte de un proceso político, tomando a veces proporciones revolucionarias. A menudo, las mujeres manipulan las instituciones políticas y económicas, llegando a constituir una estructura paralela, respecto a las estructuras formales de la sociedad, utilizando el acceso y la información que tengan a las vías informales. Como ocurre en el caso de Portugal y como veremos más adelante en el caso de Colombia y los movimientos centrados alrededor de la paz y los derechos humanos, las mujeres manipulan conscientemente los modelos y roles de género para dar significado a su activismo político. "YO NO SOY FEMINISTA, PERO LUCHO POR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES"

Esta frase se oye a menudo entre mujeres activistas en diferentes organizaciones no sólo colombianas, sino de otros países. Luchar por la igualdad social y el mejoramiento de las condiciones de la mujer no se considera como equivalente de ser "feminista". Según esto, el feminismo quiere decir muchas cosas, todas ellas negativas, como el odio a los hombres, a la maternidad o a la familia y otros extremos similares, tanto que es mejor no ser identificada como tal, a pesar de estar luchando a diario por los intereses específicos de género, que incluyen luchar contra el

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odio y el desprecio que la sociedad tiene hacia las mujeres y su trabajo, y las desigualdades en la familia resultantes del ejercicio de la maternidad. La contradicción que existe en la manera como las mujeres mismas ven su activismo político está relacionada con la manera como se han teorizado y analizado estos movimientos sociales, y con la clase social de sus integrantes. En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, las condiciones extremas de pobreza han propiciado el activismo y la protesta alrededor de la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia de la familia. Estos movimientos han sido comparados con los llamados movimientos feministas europeos y norteamericanos de la última mitad del siglo XX que no incluían entre sus reivindicaciones la búsqueda de vivienda digna, el acceso a servicios públicos, guarderías, cocinas comunales, y la protesta contra el alto costo de la vida, pues como mujeres de clase media, residentes en países con mejores niveles de vida, tenían estos problemas resueltos, mientras que éstos han sido los motivos principales para la organización política, especialmente de mujeres de sectores populares, en Latinoamérica. Otros intereses que han aglutinado a mujeres de diversos sectores han sido la salud y la reproducción y las luchas obreras tradicionales. Pero más recientemente, como ya se dijo, se ha visto un incremento de las organizaciones de mujeres por los derechos humanos, en contra de diferentes clases de violencia y del secuestro y la búsqueda de la paz. Aunque el activismo en estas organizaciones ya lleva muchos años, es tal vez a partir del reconocimiento internacional de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y de los testimonios de figuras como Rigoberta Menchú que se ha incrementado la atención a este fenómeno. Las ideas de estos grupos y sus estrategias de movilización se han tomado como ejemplo en muchos países, tal vez con la esperanza de obtener resultados similares. Vale la pena resaltar

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sus experiencias como grupos para entender mejor el caso de Colombia. Por ejemplo, las mujeres guatemaltecas refugiadas en campos del sur de México han transformado el trauma y el exilio en herramientas de empoderamiento, logrando organizarse en una fuerza productiva para el avance social. Las integrantes de Mama Maquin, nombre escogido en honor a una líder indígena que murió en una masacre en Guatemala, se acogieron desde u n principio al tema de la subordinación de la mujer, insistiendo en que se les dejara decidir, pensar y actuar por sí mismas, pues estaban cansadas de que les dijeran que "las mujeres no valían nada" (Light, 1992). Esta subordinación de género, según ellas, debe ser resuelta al mismo tiempo que los otros problemas que confrontan como refugiadas y víctimas de la violencia. La comunicación entre estos grupos y el intercambio de experiencias y estrategias de trabajo nunca antes había sido tan fácil. De manera que las decisiones de u n grupo pueden ser difundidas y apropiadas por otro. En el caso de Conavigua, otra organización guatemalteca conformada por mujeres viudas, en su mayoría indígenas, es ampliamente conocida su contribución a los Acuerdos de Paz. Su plataforma incluye la lucha contra la "injusticia, explotación, discriminación, marginación, opresión, represión y militarismo y que las mujeres sufrimos estos atropellos el doble, y más todavía las mujeres indígenas y particularmente las viudas" 2 . Por otro lado, en Apartado un número creciente de viudas de la violencia de Urabá se han unido, conformando un centro de atención y apoyo con la ayuda de diversas entidades religiosas y privadas 3 . Las organizaciones de las mujeres de la clase trabajadora han sido tratadas como separadas y/o paralelas a lo que se ha considerado como feminismo organizado. Es

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Véase su página web: http://wwwc.net.gt/fmaya/conavi.html. "Enséñame a sonreír y a reconstruir el mundo", El Colombiano, p. 1 IA. Medellín, domingo 25 de junio de 1995. 3

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decir, las demandas de reforma social que han buscado las mujeres de clase media alrededor de la discriminación de género. Estos movimientos, clasificados como feministas, tienden a ser analizados en oposición a los de las mujeres de sectores populares aglutinados dentro de los llamados movimientos de mujeres. Llama la atención que muchos de estos movimientos se construyen alrededor de la identidad y la labor como madres y esposas y los roles y representaciones específicas de género, lo que a su vez permite y limita la participación política. Como vimos en el caso de MEV, es precisamente el haber perdido la identidad de esposas y la reconstrucción de ésta como viudas lo que motiva la participación política; igual ocurre con Conavigua y con las mujeres de Apartado. Esta identidad femenina está muchas veces por encima del origen e interés de clase social o étnico de sus integrantes. La mayoría de los movimientos de mujeres de fin de siglo en Colombia están enlazados por la búsqueda de la paz, la protesta por la violación de los derechos humanos, el secuestro y las desapariciones forzosas. El punto en el que se ha argumentado y se supone que no se coincide es en el del desafío de la explotación y desigualdad de género. Nuevamente, el caso de Portugal nos sirve para ver estos movimientos de manera diferente. En MEV ocurre, al igual que en el caso de Colombia, que sus integrantes no se definen como feministas, pues también consideran este término como problemático; sin embargo, su reto principal como grupo gira alrededor de u n asunto primordial de desigualdad de género: el ser tratadas de manera diferente en la sociedad por haber perdido a sus maridos. La muerte y la violencia han tocado a las mujeres de todas las clases sociales, y a través de esta experiencia común se sienten identificadas para actuar en conjunto. La cuestión de la interpretación del significado de los movimientos sociales de mujeres está determinada muchas veces no

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sólo por la clase social de las integrantes de la organización, componente que también se manifiesta en las estrategias de movilización, sino por la clase social de la persona que interpreta. Las contradicciones de estas luchas las podemos ver todos los días a nuestro alrededor. En Colombia un grupo pequeño de mujeres de clase media organiza una marcha mundial en contra del patriarcado y el neoliberalismo, palabras que resalto pues pueden sonar huecas y sin sentido, especialmente a las mujeres que en este mismo momento se encuentran tomando por la fuerza edificaciones públicas con la intención de conseguir cupos para sus hijos en las escuelas locales. En las publicaciones académicas también se habla de los grupos de mujeres y los grupos feministas como si una cosa fuera diferente, paralela o excluyera a la otra. Los grupos feministas son descritos como los únicos encargados de luchar por la aplicación y reconocimiento de los derechos económicos, sociales y civiles de las mujeres (López, 1998), mientras que a los llamados grupos de mujeres se les resta importancia y se disminuye el alcance social que puedan tener. También se ha hecho una diferencia entre movimientos populares y movimientos sociales. Los primeros han sido vistos en términos marxistas como parte de la lucha de clases, y no son vistos como situados en un ámbito postindustrial o postmoderno en donde los actores están tratando de moverse de un grupo al otro (Stephen, 1992). En el caso de las organizaciones de mujeres, éstas han sido excluidas del análisis, pues su identidad y motivaciones de clase y de género no se solidifican claramente en categorías opuestas como masculino/femenino o ricos/pobres; sin embargo, las mujeres que participan en estos movimientos lo hacen muchas veces con una conciencia clara de su estrato social y las limitaciones que esto acarrea, de las ocupaciones que les han sido asignadas y de sus responsabilidades como esposas, madres e hijas. La manera como las categorías de clase y de género son vividas por las mujeres

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puede ser diferente, pero éstas son fundamentales para la participación política. Dentro de los estudios sobre la participación de las mujeres en los movimientos sociales se han enfatizado el sindicalismo, las luchas campesinas y étnicas y la presencia de la mujer en los grupos alzados en armas, comparativamente y con respecto a las actividades de los hombres. Se ha analizado el tema de la conciencia como trabajadoras, la capacidad y obstáculos para la movilización y el desempeño como líderes, siempre girando alrededor de un tema fundamental de género: las dificultades que se producen por la maternidad, el cuidado de los hijos y otras responsabilidades familiares producto de la división sexual del trabajo. Durante mucho tiempo se asumió que la militancia se oponía a las obligaciones de las mujeres con su familia, factor que también se citaba como impedimento para el desarrollo de una conciencia política. Por el contrario, es más bien esta visión paternalista, junto con las jerarquías sexuales en el trabajo, la familia y los sindicatos, las que han obstaculizado la movilización en ese campo. A pesar de esto, existe una historia importante de participación de la mujer colombiana en las luchas obreras en diferentes capacidades. También vale la pena resaltar la militancia de la mujer dentro de los partidos políticos tradicionales o dentro de los llamados grupos alzados en armas, temas que merecen atención independiente. También se han comenzado a investigar otras formas de protesta informal, actos de resistencia y estrategias diseñadas para establecer control y ganar ventajas en el sitio de trabajo. Lo que se ha llamado "cultura laboral de la mujer", es decir, las ideologías, los rituales y otras prácticas que permiten lograr mejores condiciones en el trabajo que no se pueden conseguir de manera formal. Ejemplos de esto son los rumores y el chisme en espacios netamente femeninos como los baños, donde se intercambia información sobre casos de acoso sexual y se bus-

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can estrategias para evitarlo. También en estos espacios se fraguan tácticas para desafiar la imposición de controles excesivos sobre horarios, salarios inadecuados, restricciones de movimiento y condiciones ambientales extremas, entre otras cosas. Son bien conocidas las estrategias que tienen las secretarias para obtener control y agilizar o demorar trámites o para permitir o negar el acceso a las oficinas. También son bastante conocidas las manipulaciones de las empleadas de servicio doméstico para lograr un trato decente. Cuando estos actos no son individuales ni aislados y conforman un patrón de comportamiento, se habla de las "formas diarias de resistencia," de las armas de los débiles, que son también actos políticos y que pueden llegar a ser tan efectivos como una rebelión abierta (Scott, 1990). La tendencia a clasificar los movimientos de mujeres en dos categorías principales, "los verdaderos movimientos feministas" y los "movimientos de mujeres populares", tiene varios problemas. Analizando los movimientos colombianos y latinoamericanos, vemos que no es tan fácil hacer esta separación, especialmente si tenemos en cuenta que las ideologías e intereses cambian acomodándose a las circunstancias sociales del momento. Esta clasificación tiene una connotación de idea de progreso y alcance de un nivel de conciencia e intereses considerados en determinado momento como superiores o feministas, siguiendo los modelos teóricos de movimientos de mujeres europeas o norteamericanas. Esto ha oscurecido la riqueza y complejidad de nuestros movimientos, disminuyendo su importancia, sin brindar atención a los puntos en común, creando divisiones, dificultando alianzas y estigmatizando el término "feminista". Por otra parte, hay que tener en cuenta que en los movimientos existen transformaciones graduales o radicales, los discursos se adaptan a nuevas circunstancias, se crean nuevas conciencias y objetivos, y entran nuevos líderes. Algunos han pasado de tener objetivos políticos limitados a ser movimientos más cons-

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cientes, siguiendo el ejemplo de otras organizaciones locales o internacionales, o uniéndose con ellas para poder hacer demandas más amplias y tener así mayores efectos políticos. Muchos de los temas tradicionalmente considerados feministas, como la violencia doméstica y el control de la sexualidad, han sido incorporados dentro de las agendas políticas e ideológicas de movimientos de diferentes sectores y clases sociales. A mi manera de ver, las acciones y eventos de estas organizaciones han sido interpretados y experimentados de diferentes maneras. El análisis que se ofrece a menudo muestra una clara influencia de los trabajos pioneros sobre los estudios de género y del uso de dicotomías como naturaleza/cultura y público/privado. EL FEMINISMO COMO MOVIMIENTO SOCIAL

Dentro de la teoría social, el feminismo se ha considerado u n movimiento social de y para mujeres, que reside y está al mismo tiempo fuera de otras determinaciones teóricas y epistemológicas. El sujeto está conceptualizado como movible y a su vez organizado dentro de una variedad de ejes de diferencia en donde hay muchas formas de opresión, por lo que muchas veces es mejor hablar de feminismos en plural, especialmente cuando se mira desde los prismas de clase y de etnicidad. El gran punto en común que une los discursos teóricos de estos feminismos es la crítica de la supremacía masculina en muchos aspectos de la vida social. Como decía Simone de Beauvoir (1981), "la humanidad es masculina", ya que la mujer no está definida en sí misma, sino en relación con el hombre. Ella es el otro. J u n t o con el marxismo, el feminismo es una teoría sobre el estudio del poder y la desigualdad, basada en la división sexual del trabajo. Ya se ha dicho que la sexualidad y la reproducción son al feminismo lo que el trabajo es al marxismo. Si ver al m u n d o desde la perspectiva del proletariado le permite a Marx entender la ideólo-

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gía del burgués, la teoría feminista permite entender la ideología y las instituciones patriarcales que definen y controlan a la mujer (MacKinnon, 1987). La identidad femenina está determinada por el trabajo biológico de la reproducción y la maternidad y por la responsabilidad cultural de la crianza de los hijos. Debido a que el cuerpo de la mujer es un instrumento de producción, ella se construye culturalmente en relación con otras personas, mientras que los hombres se definen en cuanto a sí mismos. En otras palabras, la identidad sexual y social de las mujeres se construye externamente. El entendimiento de los mecanismos de dominación presentes tanto en el m u n d o privado como en el público, como las condiciones del matrimonio, la dependencia económica de las mujeres, la discriminación laboral, el acoso sexual y la violación, fomentan y permiten el control sobre la mujer y coexisten con otras estructuras sociales y con las normas culturales. Dentro de la antropología y la teoría de los movimientos sociales ya se ha descartado la oposición entre lo público y lo privado como única explicación sobre por qué las actividades colectivas de las mujeres se relacionan con sus papeles de madres y esposas. Muchos de estos trabajos se basan en los escritos de Molineux (1986) y Kaplan (1982) realizados en la década de los ochenta. Kaplan desarrolla la teoría de "conciencia femenina" al examinar los sucesos ocurridos en Barcelona a comienzos del siglo XX, donde una rebelión masiva de mujeres en protesta por el incremento de los precios de los artículos básicos de subsistencia asalta los mercados, decomisa víveres y los reparte entre las personas necesitadas. En resumen, Kaplan explica cómo las mujeres que han interiorizado sus roles como proveedoras y cuidadoras de su familia, cuando se ven impedidas de llevar a cabo sus tareas y obligaciones, se sienten movidas a participar en acciones que les permitan cumplir con sus roles sociales. Esta idea de conciencia femenina es similar a lo que Molyneux llama

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"intereses prácticos de género". Intereses que emergen de los roles atribuidos a cada género, y el reclamo de derechos basados en esos roles. Estos intereses no son vistos como u n reto directo a la discriminación, sino que más bien son considerados circunstanciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los objetivos de estos movimientos incluyen mecanismos para aliviar las cargas de la subordinación, como la lucha por la mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico y la búsqueda de alternativas para el cuidado de los niños. Dentro de los llamados movimientos feministas se insistió en la necesidad de que la mujer saliera del campo de lo privado al público como una estrategia para ganar acceso a las áreas dominadas por los hombres, y se criticaba a los movimientos populares de mujeres con "intereses estratégicos" o de "supervivencia", con el argumento de que mantenían el lugar asignado a la mujer en la sociedad. Este dualismo entre movimientos "utilitarios o estratégicos" y movimientos de "interés de género" asume que éstos no pueden ser simultáneamente una estrategia de supervivencia y una estrategia política que desafía el orden social establecido. La búsqueda de soluciones a los impedimentos en busca de la resolución de necesidades básicas no es u n asunto de supervivencia únicamente, sino que es el resultado de una construcción de identidad y el entendimiento de las relaciones de poder alrededor del género. La palabra conciencia tiene un potencial de liberación, implicando la noción de lucha con u n entendimiento de las bases de la opresión. La formación de conciencia es otro de los puntos fundamentales en el análisis, el método y la teoría feminista (De Lauretis, 1990). Los mecanismos de la inferioridad se han hecho visibles y, al igual que ocurre con las relaciones de clase, las relaciones de género ya no son personales sino colectivas. La conciencia feminista también critica los discursos, las representaciones y las ideologías. Es una transformación subjeti-

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va de las concepciones asumidas como naturales en relación con la construcción de la mujer. El feminismo ha redefinido la opresión de la mujer como una categoría política diferente de la categoría económica de explotación, es una manera de conceptualizar una experiencia, entendiendo conceptos como políticas sexuales, identidad y dominio patriarcal en relación con la subjetividad y con la identidad, por una parte, y a la capacidad de resistencia y de agencia, por otra. Paralelo al uso del término de conciencia feminista se ha usado el término empoderamiento, para definir una amplia gama de actividades de carácter político que van desde actos de resistencia individual hasta movilizaciones políticas masivas que intentan desafiar las relaciones básicas de poder en la sociedad (Bookman y Morgen, 1988). La palabra empoderamiento, la cual, a pesar de llevar años de ser utilizada aun produce levantadas de cejas y miradas cruzadas. Magdalena León (1997) analiza el origen de esta palabra castiza y aclara que implica que el sujeto se convierte en agente activo como resultado de un accionar. Por eso, cuando se analizan los movimientos sociales de mujeres es importante determinar los factores que motivan al empoderamiento dentro de las condiciones sociales en que se vive. El vocablo empoderamiento ha adquirido significado por su pertinencia para las experiencias prácticas de las mujeres, principalmente a nivel de base y su uso en consignas militantes. El feminismo es considerado como uno de los "nuevos movimientos sociales", por funcionar fuera de las instituciones formales y por su énfasis en asuntos de identidad, más que en intereses económicos. Otra característica de estos movimientos es la politización de la vida diaria, que en términos feministas se ha identificado con el lema de lo "personal es político". Si queremos entender las acciones colectivas realizadas por mujeres, no podemos seguir pensando en si son o no feministas, dependiendo de la definición que se tenga, ni cuánto grado

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de avance tienen en su conciencia, sino más bien en los intereses de género, clase social y de grupo étnico, y las estrategias de movilización. Lo que hay que ver más de cerca es la interrelación de estos movimientos con otras actividades políticas y con las condiciones de la comunidad donde viven, y la situación general de la sociedad. Por otra parte, el asumir que estos movimientos no tienen objetivos feministas claros expresa una posición paternalista que implica que las mujeres de sectores populares y con poca educación formal no pueden tener ni claridad, ni conciencia política. LAS POLICARPAS DE FIN DE SIGLO

Las mujeres colombianas han sido y continúan siendo participantes activas en los diferentes movimientos sociales que ha vivido el país a lo largo de la historia, llegando a crear los suyos propios cuando los que existen no se adecúan a sus necesidades. Como sabemos, la heroína de la Independencia, Policarpa Salavarrieta, es una de las pocas mujeres que ha recibido atención por la historia. Ella se ha convertido en un símbolo que representa a miles de mujeres anónimas y olvidadas que no han tenido reconocimiento, pero que han dejado en claro que ellas también han sido componentes importantes en acciones y esferas generalmente asumidas como masculinas. Desde los tiempos de la Conquista hasta el presente, las mujeres se han rebelado en contra de los lugares y roles que se les han asignado. Indígenas, esclavas, sirvientes, hijas y esposas, se han escapado de sus amos, han participado en revueltas o en episodios diarios de subversión y actos colectivos de desobediencia y rebeldía, pero sus luchas no han recibido toda la atención seria que merecen. Una de las razones de esta oscuridad recae en la manera como definimos una acción política, colectiva o un movimiento social, y como interpretamos esa participación de acuerdo con los roles de gé-

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ñero. Policarpa fue fusilada por su participación como espía en las luchas de la Independencia del país. Costurera, de origen humilde, nunca se casó ni tuvo hijos; sin embargo, ha pasado a la historia como "una madre comprometida con la supervivencia de su cría" (Guhl, 1997). Se dice que ella y otras heroínas de la Independencia no asumieron roles masculinos sino que "encontraron un espacio para la dimensión maternal de la guerrilla patriota" {op. cit, p. 129). En este momento, las Policarpas de fin de siglo están congregadas en más de 300 organizaciones de y para mujeres, con intereses estratégicos e intereses de género, con orientaciones políticas, religiosas y laborales muy diversas. Algunos ejemplos de la heterogeneidad de estos grupos son la Asociación Cristiana Femenina, asociaciones de mujeres campesinas o indígenas de todas las regiones del país, el Grupo de Mujeres Maltratadas, Mujeres Afrocolombianas, Chicas Unidas por la Vida, Mujeres Nuevas, Hijas del Rey, Mujeres Empresarias, Sueños de Mujer, la Unión de Ciudadanas Colombianas y el Movimiento por la Igualdad ante la Ley, y la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Muchas de las integrantes de estas organizaciones han trabajado en conjunto convocando a la participación política en la búsqueda de alternativas para la paz y en contra de la violencia, y se han pronunciado públicamente ante hechos como el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. En este caso particular, cuarenta organizaciones de mujeres dejaron de lado sus intereses particulares y representativos para unirse con otros grupos, y con mujeres no afiliadas, luchando por un mismo objetivo. Entre los logros de estas organizaciones vale la pena resaltar el de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, creada en 1985 (León, 1998), quienes con su esfuerzo han conseguido que la titulación de tierras sea hecha a nombre de la pareja, y no como se hacía tradicionalmente, a nombre del hombre designado por la ley como

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cabeza de familia. La presión de grupos como éste ha promovido legislaciones, dando derechos explícitos de igualdad a hombres y mujeres para poseer y heredar la tierra a nombre propio. Dentro de las organizaciones creadas específicamente como respuesta a la violencia y el abuso de los derechos humanos se encuentran grupos como el de Escritoras por la Vida y por la Paz, Foro Mujer, Justicia y Paz, Madres por la Vida, Mujeres en Vigilia por la Vida y por la Paz, Mujeres Actoras y Autoras de Paz y Mujeres Creadoras de Paz. Algunas zonas de Colombia se destacan más que otras por la presencia y amplia participación política de las mujeres, como en el caso de Barrancabermeja, donde la violencia cotidiana y el elevado número de muertes, en vez de amedrentar, han contribuido a un mayor activismo. Se destaca allí la Organización Femenina Popular (Barreto, 1998), con más de veinte años de existencia. También participan en estos movimientos las Mujeres Cabeza de Familia y las Madres Comunitarias, movimientos que de ninguna manera se pueden considerar como "estratégicos" únicamente, pues las motivaciones de acción se han ampliado, creando alianzas con otros grupos, embarcándose en u n movimiento mucho mayor aglutinado alrededor de la paz y los derechos humanos. Otras organizaciones que no fueron creadas específicamente como organizaciones de mujeres, sino a l r e d e d o r de u n p r o b l e m a de derechos humanos o de desapariciones, como ASFADDES (Asociación de Familiares de Desaparecidos) o CREDHOS (Comisión regional de Derechos Humanos), tienen una amplia mayoría de mujeres entre sus integrantes. Es importante resaltar de nuevo que las acciones colectivas y tácticas usadas han tomado el ejemplo de experiencias de grupos de otros países, como el de Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y de otras organizaciones creadas como respuesta a los excesos y las violaciones de los derechos humanos ejercidos por militares y dictadores en otros países latinoamericanos. Los contactos y los intercambios

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entre organizaciones son cada vez más amplios, y noticias de éstos llegan a lugares apartados, gracias a la globalización. Esta actividad política que han emprendido las familiares de las víctimas de la violencia y el secuestro tiene riesgos serios, que incluyen amenazas, atentados y, en casos extremos, la muerte de ellas, de sus hijos o de sus nuevos esposos, como ocurrió con Blanca Cecilia Valero, secretaria de CREDHOS y madre de tres hijos, quien fue asesinada por haber continuado su labor de defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja, a pesar de la intimidación. Otras que han corrido con mejor suerte han tenido que abandonar el país. Estas amenazas se extienden a los abogados, periodistas y otras personas involucradas en investigaciones para esclarecer desapariciones y secuestros. ASFADDES ha tenido que cerrar sus oficinas en algunas ciudades, en respuesta a las constantes amenazas y acusaciones de "simpatizar con la guerrilla". Como en el caso de Urabá, otras viudas colombianas también han utilizado sus experiencias y traumas de violencia y viudez como instrumentos de activismo político en diferentes regiones del país, y continúan valerosamente, a pesar de la intimidación y el peligro que esto implica. Los medios de comunicación han resaltado las acciones colectivas de mujeres dentro de diferentes campos. En 1999 hubo, entre otros hechos, protestas de esposas y hermanas de reclusos de la cárcel de Villahermosa de Cali y la Penitenciaría de Palmira, para exigir el desmonte de la justicia sin rostro. En Bogotá, en las cárceles Modelo y La Picota, las mujeres se enfrentaron con la fuerza pública, apoyando el amotinamiento de sus esposos dentro de la cárcel, mientras que en Cucuta e Ibagué se presentaron acciones simultáneas. Ciento trece mujeres desempleadas por el cierre de la empresa Mancol han permanecido frente a la fábrica donde trabajaron durante muchos años, para evitar que saquen las máquinas y en espera de que se les paguen sus prestaciones. Curiosamente, son definidas por la prensa como "amas

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de casa" y no como operarías4. Estas mismas trabajadoras ya se habían tomado el Ministerio de Trabajo en Popayán, para reclamar un pago justo 5 . Describió como una "turba enfurecida" al grupo de mujeres que agredieron a un sacerdote cerca de Cartagena, en protesta por lo que ellas consideran "conductas sexuales impropias". Más de 500 mujeres de diferentes organizaciones y regiones del país se congregaron en Cartagena, en lo que llamaron "la ruta pacificadora" y en solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia en el sur de Bolívar6. Pero las acciones que más atención han recibido de la prensa son las relacionadas con la protesta por el secuestro de familiares, especialmente donde las madres de los soldados retenidos por la guerrilla se han unido con las madres de guerrilleros, llevando a cabo actividades conjuntas como la toma de iglesias. Igualmente, las madres de líderes campesinos secuestrados por las Autodefensas han utilizado los medios de comunicación para hacer llamados de apoyo a la opinión pública. Mujeres anónimas también tratan de realizar actos individuales de protesta como el de "Doña Soledad", madre de uno de los secuestrados del avión de Avianca por el ELN, quien con el rostro cubierto se sitúa por horas frente a edificaciones públicas. Mujeres vestidas de negro o de blanco han inscrito en sus cuerpos una serie de consignas en contra de la violencia y por la liberación de los secuestrados, mostrando las fotografías de sus seres queridos ausentes, movilizándose a través de misas, marchas, vigilias y protestas de varios tipos, llamadas por la prensa "teatrales", restándoles su importancia política7. Igualmente, mujeres desplazadas, muchas de ellas viudas de la violencia, se han unido, logrando en algunos casos aten-

El Tiempo, domingo 23 de mayo de 1999, p. 10A. El Tiempo del sábado 10 de abril de 1999, p. 7A. "Mujeres por una vida en paz". El Espectador, 25 de noviembre de 1998, p. 4A. "El silencio de Doña Soledad", El Tiempo, domingo 17 de octubre de 1999, p. 10A.

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ción a sus dramas personales. De la misma manera, las "Madres de la Plaza de Berrío", como se les conoce en Medellín, se reú n e n una vez por semana para clamar justicia por sus hijos desaparecidos. Mujeres, algunas de ellas excombatientes de los grupos alzados en armas, se han unido con mujeres de organizaciones de familiares de miembros de las fuerzas a r m a d a s y de familiares de civiles secuestrados, que nunca antes habían participado en ninguna organización de carácter político. Es precisamente el trauma de la violencia lo que propicia este activismo y las conexiones entre grupos nacionales e internacionales, pues tiene el potencial de transformarse en una herramienta de empoderamiento y, como en el caso de Guatemala, sirve como una terapia efectiva que incluye el fortalecimiento de la identidad de género, permitiendo sobrellevar las debilitantes secuelas del trauma de la violencia. Esta unión entre grupos bajo la bandera de la paz y los derechos humanos no está exenta de problemas. Existen corrientes dentro de estos grupos que argumentan que las mujeres, por definición, y siguiendo el ejemplo de las griegas inmortalizadas por Aristófanes en Lisístrata, deben ser enemigas de la guerra, pues las guerras las hacen los hombres, quienes desde su perspectiva de género son socializados para resolver los conflictos por medio de la fuerza, la violencia y las armas (Pineda, 1998). Es decir, las mujeres, por la misma condición de madres, tienen la obligación d e evitar que sus hijos, esposos, amantes y hermanos vayan a la guerra. Éste es un punto que divide y crea contradicciones entre organizaciones. Además, por otro lado, hay miles de mujeres luchando por el derecho a hacer parte de las fuerzas armadas y a obtener entrenamiento militar j u n t o con los hombres, como parte del derecho a la inclusión completa como ciudadanas, o escogiendo el camino de la lucha armada. De cualquier manera, la entrada de la mujer en áreas dominadas por los hombres, como el ejército o la política gobiernista, no nece-

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sariamente afecta las instituciones como tal, ni cambia automáticamente los sistemas de género. En cuanto a la movilización y la protesta contra la violencia sexual y la violencia doméstica, se ha logrado atención hacia esta área, al exigir el tratamiento de la violación no como u n crimen meramente sexual, sino como un asalto a los derechos humanos, con connotaciones similares a la tortura política. Estos actos afectan la vida diaria de muchas mujeres y niñas en proporciones más amplias que las de víctimas de otros tipos de violencia, incluso en situaciones donde no hay conflicto armado. Vale la pena destacar el activismo del movimiento Mujeres Rompiendo Silencio que surgió en la ciudad de Cali. El Colectivo de Mujeres de Bogotá, además de participar en diversas actividades para promover la causa de la no violencia contra la mujer, elaboró un proyecto de ley sobre la violencia intrafamiliar (Ramírez, 1997), presentado al Congreso por Piedad Córdoba, quien era entonces representante a la Cámara. Otros temas que ha propiciado el activismo político de las mujeres son las propuestas de las empleadas domésticas por un trato justo y digno y u n salario decente, que se notó a partir de la década de los setenta. Más recientemente, y a partir del incremento del sida, también las trabajadoras sexuales se han politizado y organizado alrededor de temas de salud y reproducción. En este último tema, un punto álgido en el que no todo m u n d o está de acuerdo es el aborto, aún ilegal en nuestro país, aunque, como se sabe, se practica clandestinamente en condiciones aterradoras. Antes de la década de los cincuenta las luchas de las mujeres se centraron principalmente alrededor del acceso a la educación superior, la apertura de espacios laborales y el derecho a elegir y ser elegidas, campos donde se ha logrado u n gran avance.

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CONCLUSIÓN

Es importante examinar la cuestión relativa a los modos de representación de grupos marginales o excluidos del dominio de la política formal y replantear la manera como se han analizado y clasificado estos movimientos. Esta reflexión permite sacar a la luz las prácticas organizativas y asociativas que hasta entonces se habían ignorado o menospreciado, además de dar el lugar que merecen en la historia a los actos colectivos de rebelión donde las protagonistas son mujeres. Hay que recordar que cada época crea un modelo de mujer diferente, que usa las armas que tenga a su alrededor para protestar por las cosas que considera injustas y para defender lo que considera que es su obligación o su derecho, según las necesidades del momento. Si en la colonia la lucha fue por la independencia de los españoles, a mediados del siglo XX lo fue por el acceso al voto y ahora lo es por la búsqueda de la paz, por la equidad y por el respeto de los derechos humanos. Igualmente, las ideas que se tengan sobre la maternidad y las responsabilidades y roles de la mujer repercuten en la interpretación de las actividades políticas de la mujer dándoles una perspectiva específica. Las mujeres han estado activas en campos laborales y políticos que se han asumido como masculinos, y no viven en un mundo doméstico aislado y ajeno a lo que ocurre en el resto de la sociedad. El análisis de las acciones colectivas de mujeres debe considerar a sus participantes como estrategas y actores políticos forjando tácticas y comportamientos para enfrentar una variedad de problemas a su alrededor. Teniendo en cuenta que las ideologías y jerarquías de género estructuran los roles de la mujer en el campo político, económico y social, la participación en organizaciones relacionadas con los derechos humanos, los desaparecidos, secuestrados o los muertos que ha dejado la violencia, se ha convertido en instrumento de resistencia, ya que re-

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percute en otros aspectos normativos de la vida diaria. La participación y el activismo político propiciado por la situación de violencia del país se transforman en acciones políticas con el potencial de provocar un cambio en la sociedad. Usando los medios a su alcance como mujeres, esposas, madres o víctimas, se adquieren un mecanismo de empoderamiento y la conciencia y el deseo de cambiar determinadas condiciones existentes en la sociedad. Para las mujeres que han sido afectadas directamente por la violencia, la participación en estos movimientos ofrece beneficios adicionales, pues se obtiene un sentido de autoestima, de utilidad y de apoyo hacia otras personas que han pasado por circunstancias similares, como ha sido documentado para el caso de las viudas de MEV (Tovar, 1995), o para el caso de las viudas guatemaltecas. Vemos cómo la participación de las mujeres en actividades en contra de la violencia y el secuestro ha sido un factor importante para la formación de coaliciones y alianzas estratégicas temporales o permanentes entre grupos de mujeres totalmente disímiles, fomentando la creación de nuevas conciencias y nuevos estilos de rebelión. Lo que los medios de comunicación no resaltan son los mecanismos que intentan suprimir, ridiculizar o restarle importancia a la participación política de las mujeres. Algunos de estos mecanismos han llegado a actos extremos de violencia como la violación y el acoso sexual, o amenazas de muerte hacia ellas, sus esposos e hijos. El activismo político de las mujeres, especialmente de los sectores populares, ha sido un capítulo olvidado en el estudio de los movimientos sociales. Estas acciones se materializan en una multiplicidad de estrategias que no siempre producen un cambio general en la sociedad. Teniendo en cuenta la exclusión sistemática de la mujer en los espacios políticos tradicionales, sólo le resta escoger otros caminos que a veces generan verdaderos actos de rebelión. Queda pues planteada la necesidad de

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escribir la nueva historia y los mecanismos de la participación política de la mujer colombiana*.

* Este artículo se benefició de la valiosa ayuda de Martha López y Adriana Ramírez, estudiantes de antropología de la Universidad Nacional en semestre de tesis, quienes colaboraron en la documentación de este trabajo, y de María Eugenia Vásquez y Astrid Ulloa, por sus puntuales comentarios y sugerencias.

Las Policarpas de fin de siglo

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Julio Eduardo Benavides Campos MOVIMIENTOS DE MUJERES POPULARES EN EL PERÚ: MADRES APRENDIENDO JUNTAS A GESTAR CIUDADANÍA*

INTRODUCCIÓN

El año 1984 marca un momento particular en la historia política del Perú; por primera vez se daba inicio a una gestión municipal de un alcalde de izquierda para Lima Metropolitana. Alfonso Barrantes Lingán se convirtió en el primer burgomaestre representante de una alianza de partidos de izquierda, llamada Izquierda Unida (iu). Hacía tan sólo cuatro años que se había retornado a la normalidad democrática, luego de doce años de dictadura, una dictadura militar que había cambiado la estructura misma del Estado y se había propuesto construir una relación distinta entre Estado y sociedad1.

* Este trabajo es una versión revisada de aquel que se hiciera como trabajo final para el Seminario "Aspectos de la Historia Social Latinoamericana", dictado por el profesor Mauricio Archila, en el marco del doctorado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Primer semestre de 1999 y que fue presentado en el xvn Encuentro Académico de AFACOM, "Medios de comunicación, movimientos sociales y ciudadanía: nuevos retos para la democracia". Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, septiembre de 1999. 1

La dictadura militar se inicia en octubre de 1968, como resultado del golpe militar del general Juan Velasco Alvarado, quien, luego de 7 años, sería a su vez "golpeado" por el general Francisco Morales Bermúdez, quien gobernaría desde 1975 hasta 1980. Es así que la dictadura se divide en "Primera fase" y "Segunda fase". La primera fase se caracteriza por su carácter eminentemente reformista y modernizador del Estado, mientras que en el segundo se trata de frenar el proceso iniciado por Velasco.

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Son éstos los primeros rasgos del contexto que rodea la problemática a desarrollar, la de los movimientos de mujeres que surgen en el Perú a principios de la década de los ochenta como resultado de un proceso que tiene lugar en los sectores populares, cuando la crisis económica iniciada en el segundo lustro de la década de los setenta enfrenta, a las madres de familia en especial, a tomar acciones colectivas para aliviar los problemas de alimentación de sus familias. Ahora bien, dentro de un contexto particular y en un momento particular, se trata de poder dar cuenta de cómo, comunicativamente, estos movimientos de mujeres populares son el síntoma de una reconfiguración del espacio público, luego de reanudado - e n 1980- el proceso de continuidad en la democracia representativa peruana, que volvería a interrumpirse en abril de 1992, con el autogolpe del actual presidente peruano, ingeniero Alberto Fujimori. Cabe anotar que a partir de los ochenta se dio una explosión de medios masivos de comunicación; en pocos años se pasa de contar con 3 canales de televisión a tener 7 canales, y en prensa diaria es posible encontrar más de una docena de diarios en Lima. Esto puede requerir de una caracterización de la situación política y del conjunto de los actores presentes socialmente en el proceso político, pero la envergadura de la tarea hace que, más bien, se delineen ciertos rasgos predominantes en la dinámica política peruana que, a modo de matriz de lectura, le dan ubicación y sentido al movimiento de mujeres populares en el Perú. Se pondrá especial atención en ciertas marcas históricas de la sociedad peruana que son importantes en la configuración de un escenario público político. Asimismo, se plantearán algunos elementos de la complejidad de un movimiento popular de mujeres que no encuentra, en la definición de movimiento feminista, un marco suficiente para explicar el sentido que tiene la inscripción de las acciones

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femeninas colectivas como parte de los movimientos de mujeres; este hecho, como veremos más adelante, se convierte en un rasgo que afecta al conjunto del movimiento en el nivel mundial, que verá redefinidas las fronteras y los propios contenidos de sus reivindicaciones como mujeres, haciendo de lo feminista (o de lo femenino) algo mucho más amplio y diverso. Una visión que se incorpora al presente ensayo es la de quien suscribe. Es un testimonio de alguien que fue partícipe de una parte del proceso desde su rol de comunicador promotor de una ONG2, lo cual es aprovechado para que a lo largo de la exposición ciertas reflexiones puedan cobrar un espesor distinto al de la sola fuente bibliográfica. Con esto, se trata de exponer una vivencia que se da en el ámbito urbano de un país que, a la vez que buscaba consolidar el retorno al cauce democrático, ingresaba en la vorágine del imparable deterioro económico y en un proceso político en el que la violencia y la crisis de representación de los partidos políticos se hacían presentes. SOBRE LA HISTORIA Y SUS HEREDADES

El año 1968 no es sólo el del mayo francés o el de la masacre de estudiantes en México; para el Perú es el punto de inicio de un proceso de dictadura, liderado por un grupo de militares reformistas que vieron en el panorama político de ese año u n

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En la Asociación de Comunicadores Sociales, CALANDRIA, de la cual soy socio comndador, ejercí la labor como integrante del equipo de producción del programa radial "Nuestra vida", cuya primera emisión se hizo en septiembre de 1984 y que se mantuvo al aire por diez años; luego pasé a integrar el Área de Trabajo con las Organizaciones Populares (ATOP) en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, y finalmente conformé el equipo de trabajo que le dio nacimiento a un programa de video de emisión comunitaria llamado "Como nosotros".

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"teatro de operaciones" cargado de peligro, en tanto la polarización política estaba en marcha y la necesidad de una acción preventiva de la guerra contrainsurgente [...] la pronta realización de reformas estructurales de índole nacionalista y comunitaria que favorecieran la integración política de las masas al aparato estatal, disolviendo su autonomía política3.

Durante casi 150 años de vida republicana, los sectores hegemónicos de la sociedad peruana habían excluido, más que incorporado a un proyecto de sociedad, a las grandes mayorías, careciendo de capacidad para articular un ejercicio del poder basado en el desarrollo del capitalismo como elemento inte-grador, desde la gestación de un mercado nacional, en el efectivo manejo político propio de un Estado centralista como el peruano y en el rompimiento de un sentimiento aristocrático que hacía (y hace) imborrable la marca étnica como una marca social. Si se revisa con mayor atención a quienes han mirado el caso peruano encontramos, por ejemplo, que se alude a una formación social peruana en cuya historia "la carencia de un margen significativo de autonomía de las clases propietarias peruanas y su falta de hegemonía política - e n términos de Gramsci-, así como la falta de integración política de las capas populares, dejaron pendiente la constitución de u n Estado y de una Nación que se viera representada en él" 4 . Huellas de esa persistente herencia colonial se encuentran en la cotidianidad de una ciudad como Lima: empleadas de servicio indígenas o mestizas, uniformadas, que caminan detrás de la patrona cargando bebé y pañalera en un día caluroso al lado del mar, sin dejar que ellas

' Julio Cotler, Clases, Estado y nación en el Perú, Lima: Ed. Instituto de Estudios Peruanos, 1985, pp. 357, 364. 4 Ibid., solapa.

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disfruten del goce del baño "con" los patrones, o por lo menos en el mismo espacio. De algún modo, es el reflejo de la "persistencia de las relaciones sociales de la explotación de la población indígena [...] de ahí que las relaciones sociales de dominación en el Perú estén cargadas de un fuerte ingrediente de naturaleza étnica"5. Este carácter aristocrático de la sociedad ha impregnado las relaciones económicas, al punto que se podría decir que hay ciertas ocupaciones, ciertos trabajos que son sólo realizados por los "cholos". Decía Guillermo Nugent, sociólogo peruano, que el modo de discriminación existente en el campo laboral no corresponde al que se da en otras realidades, principalmente, la del llamado Primer Mundo. Comentaba que mientras en una sociedad como la norteamericana al interior de los trabajadores de la construcción civil puede encontrarse que los negros, latinos o asiáticos son tratados de manera discriminatoria frente a los blancos, en el Perú eso no se da porque sencillamente no hay obreros blancos, sino que todos forman parte de eso que él llama "choledad"; que la sociedad peruana discrimina laboralmente a partir de lo étnico: trabajadores de la construcción, de la recolección de basuras, por ejemplo, son casi exclusivamente indígenas, mestizos o negros. Ciertos oficios los realizan, preferencialmente, ciertos sectores de la sociedad y no otros. En el marco de esa herencia colonial, la formación social peruana no transitó por una definitiva secularización de la sociedad, en términos de romper con una sociedad estamentaria, cuyos cortes hacían imposible la creación de un entre, como espacio común, de unas esferas públicas varias, movibles y entrelazadas: local, regional, nacional, abierta al mundo; en donde lo nacional surgiera como engranaje, en tanto justicia interna y recomposición

Ibid., p. 366.

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de ubicación en el mundo 6 . Dicho en otras palabras, de una capacidad para construir lo nacional como espacio público en el que fuera posible establecer aquello que acercaba y dividía a los distintos sectores de la sociedad. SOBRE LA HISTORIA, UN MARCO PARA LOS MOVIMIENTOS POPULARES DE MUJERES

Resulta sugestivo iniciar este acápite citando a Virginia Vargas, una de las más connotadas feministas peruanas, quien en un escrito titulado El movimiento feminista latinoamericano: entre la esperanza y el desencanto1, aludiendo a los encuentros feministas que se realizan en América Latina, afirma que éstos, además del testimonio del avance de la lucha de las mujeres por su liberación, "nos han dejado también algunos 'nudos', que acumulan en sus hilos desencuentros, impaciencias, intolerancias, paradojas, efectos enfrentados, que evitan de mil maneras que estas mismas mujeres - n o s o t r a s - expresemos también de mil maneras y lenguajes la validez de nuestras rupturas, nudos que salen con más fuerza cuando, como ahora, los cambios en el clima político, económico y cultural no logran generar aún un nuevo horizonte referencial" 8 . Este planteamiento, hecho público en 1994, prefigura esa idea acerca del conjunto de incertidumbres que surgen del significado que adquiere la gesta de las mujeres en ese

6 En la historia peruana aparecen en este siglo movimientos que van en esta dirección. Por ejemplo, se reconoce que el movimiento indigenista peruano (1920-1930), nació con el propósito de reivindicar lo nacional postergado -lo indígena-, en su posibilidad de expresarse a partir de un proyecto modernizador, lo que iba en la dirección de darle existencia pública y reconocimiento nacional a una identidad cultural andina, mayoritaria (y a la vez diversa) en el territorio del Perú. ' Publicado por Magdalena León (compiladora), Mujeres y participación política. Avances y desafios en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994. 8 Ibid., pp. 45-46.

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momento, y sugiere un descentramiento en la óptica con que se mira el fenómeno, es decir, redefinir el lugar desde donde se lanzan las preguntas. Pero el movimiento popular de mujeres que irrumpe con fuerza en la primera mitad de los ochenta, no es un fenómeno aislado y tampoco una derivación directa del movimiento feminista peruano; es parte de una dinámica de la sociedad iniciada en la década de los setenta, en donde los pobladores urbanos, los llamados sectores marginales, irrumpen en la "escena nacional como colectivo organizado y movilizado" 9 , sin poder ser nombrados como movimientos sociales, sino como movimientos de pobladores o movimientos populares, al no constituir, como los obreros, una clase social, como u n actor colectivo no definible desde su posición de clase. Es evidente dentro de los estudiosos de los movimientos sociales en Latinoamérica hay una discusión no zanjada entre aquellos que propugnan mirar con cautela la dirección y el sentido que pueden tener los movimientos populares cuando se coloca el rol de unos actores en la transformación de la estructura de la sociedad y quienes defienden un modelo menos ortodoxo para definir a los movimientos sociales por fuera de la lucha de clases y las relaciones de producción, gesta que cobra valor desde el potencial transformador de los discursos de estos nuevos actores que se hacen presentes en el escenario social, y que cuentan con una gran capacidad para interpelar, desde otros aspectos de la vida social, al poder 1 0 . Un caso que paso a citar es el del personaje Superbarrio en México, un héroe urbano cuya

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Teresa Tovar, "Barrios, ciudad, democracia y política", en Movimientos sociales y democracia: la fundación de un nuevo orden. Eduardo Bailón (editor), Lima: Deseo, 1986, p. 71. 10 Dos textos han servido de referencia central para una revisión del debate; el primero es de Alberto Adrianzén y Eduardo Bailón (editores), Lo popular en América

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imagen ha sido inspirada en quienes participan en la lucha libre, deporte-espectáculo popular que dio origen en la historia de la cultura masiva a personajes como El Santo o Blue Demon, enmascarados que luchaban de manera altruista por el triunfo de la justicia en la sociedad; Superbarrio lucha contra Catalino Creel, un casero voraz11. En el particular contexto peruano se hace necesario subrayar cierto hilo de continuidad y mencionar algunos acontecimientos que les dan sentido a la aparición y al desarrollo de los movimientos populares. El primero de ellos es el descabezamiento del que fuera objeto la cúpula sindical, luego del paro nacional del 19 de julio de 1977, y la secuela de despidos selectivos en las empresas en las que laboraban quienes conducían un movimiento social que buscaba derrocar a la dictadura. Esto ocurre con mayor fuerza durante la llamada "segunda fase" de la dictadura militar (19751980). El segundo es el agravamiento de la situación de la economía peruana, que se inicia con la crisis petrolera mundial (1973) y cuyos síntomas más visibles (inflación y devaluación) no cesarán sino hasta 1990. Al respecto dice Teresa Tovar: Si la coyuntura del treinta ( p r i m e r a crisis oligárquica) constituyó a la naciente clase o b r e r a e n m o v i m i e n t o social, la coyuntur a 76-80 (crisis e c o n ó m i c a y polarización social) c o n f o r m a defini-

Latina, ¿una visión en crisis?, Lima: Ed. Deseo, 1992; el segundo, Leopoldo Muñera, Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia, 1968-1988, Bogotá: CEREC-IEPRI-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 1998. " Daniel Camacho, "Los movimientos populares", en Pablo Vuskovíc, etal.,América Latina, hoy, México: Universidad de las Naciones Unidas, Editorial Siglo xxi, 1995, p. 138.

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tivamente a los barrios como movimiento, y éstos se insertan gravitantemente en la vida nacional de distintas maneras 12 .

El tercero es el proceso político que se generó durante la primera fase de la dictadura militar y cuyo análisis no es el objetivo del presente documento13, pero que significó un cambio innegable en la sociedad peruana. "El Estado devino en productor de la sociedad en todo orden de cosas"14, es decir, el grupo de militares encabezado por el general Velasco se propuso construir un proyecto nacional que pudiera convencer a la mayoría de peruanos de la legitimidad identitaria de una serie de procesos liderados por el Estado: la Reforma Agraria; la nacionalización de todas las industrias consideradas estratégicas; la creación del Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS; la expropiación de las grandes cadenas radiales, canales de televisión y diarios de circulación nacional para su posterior entrega a los grupos organizados de la sociedad; todo apuntaba, en esa dirección, a modificar una situación en términos del acceso a la propiedad, ya sea de la tierra o de la posibilidad de expresar públicamente una voz. Aspectos de orden discursivo y simbólico, como la abolición del término "barriada" y su reemplazo por el de "pueblo joven", como una forma de pensar en la futura madurez y mejora de condiciones de los sectores marginales; la implantación de un uniforme único para toda la población escolar, que borrara las distinciones entre el vestir diario de estudiantes de escuelas públicas y privadas; la erradicación de la palabra indio o indígena

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Teresa Tovar, op. cit., p. 71. Entre los escritos al respecto puede consultarse la obra de Francisco GuerraGarcía, Velsaco: del Estado oligárquico al capitalismo de Estado. Lima: Ed. CEDEP, 1983. 14 Eduardo Bailón, "Estado, sociedad y sistema político: una aproximación inicial", en Eduardo Bailón (editor), op. cit., p. 20. 13

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y su conversión a "campesino" (para el caso de los habitantes campesinos de la sierra), rescatando su rol productivo o "nativo" (para referirse al poblador de la región amazónica), en una defensa de lo peruano: todas estos hecho que suenan anecdóticos fueron, entre otros aspectos manejados por la dictadura, maneras de generar un sentir nacional incluyente que mirara de cara al futuro las reivindicaciones de los sectores mayoritarios del Perú, con capacidad para aglutinar a los peruanos en torno a un "nosotros como nación". El cuarto es el gran telón que marca una etapa cruenta en la vida peruana: la aparición de Sendero Luminoso con su proyecto revolucionario de carácter maoísta-polpotiano, que inició su lucha armada en las elecciones de 1980, en el pueblo de Chucchis, quemando las ánforas electorales y dando vivas a la lucha armada. Aunque sus principales líderes han sido capturados, es aún difícil evaluar la total extinción de dicho movimiento, cuya secuela de violencia, paralela a la guerra sucia, traería como correlato 25.000 muertos entre 1980 y 1990, pero cuya incidencia en la vida política del país aún está por escribirse. MOVIMIENTOS DE MUJERES DESDE EL TESTIMONIO. INICIOS.

Corría 1984, cuando, a fines del mes de agosto, el equipo del programa radial "Nuestra Vida"15 preparaba la primera emisión de una propuesta que formaba parte de un programa asistencial llamado El Vaso de Leche (PVL), cuyo mentor era el gobierno muni-

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"Nuestra Vida" fue un programa radial cuya producción estaba a cargo de la Asociación de Comunicadores Sociales, CAIANDRIA. Estuvo al aire durante 10 años y en ese tiempo tuvo un proceso lleno de transformaciones y que aún está por escribirse. Inicialmente era el programa de las mujeres organizadas alrededor del PVL, luego se expandió a la mujer popular organizada. Formé parte del equipo de producción desde que salió al aire, hasta 1989, y ahí aprendí mucho de esas mujeres.

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cipal de Izquierda Unida (lU), con Alfonso Barrantes a la cabeza. Yo formaba parte de ese equipo. Salíamos a recoger testimonios sobre lo que había significado para la gente, para las madres del pueblo joven 1 6 El Nazareno, del municipio de San J u a n de Miraflores, el haber sido las primeras beneficiarías del PVL. Recuerdo que, luego de tomar sus declaraciones, decidimos que ellas solicitaran al programa alguna canción de su gusto, todas vacilaban y se reían, parecía que nuestra solicitud había propiciado la descompostura. Dudaron por un momento, cuando una mujer morena dijo: "A mí me gusta Mary es mi amor, de Leo Dan". Esa anécdota aún resuena en mi cabeza, y sería intrascendente si no fuera porque para quienes se comprometen con las luchas populares, era difícil "pegar" el sentir colectivo y solidario de unas mujeres, con el gusto por canciones que formaban parte de lo masivo y no de lo popular (por lo menos de las comprensiones que se tenían sobre esto), quizás porque el tiempo de las fronteras definidas, de lo propio y de lo ajeno, se había acabado sin darnos cuenta, o se trataba de una visión de la realidad carente de la complejidad de un mestizaje que no remitía a la Colonia, sino a lo popular-urbano. La canción se emitió, no sin haber discutido dentro del equipo sobre el asunto, sabiendo que no había otra salida; por añadidura, tuve que buscarla entre aquella discografía de mi adolescencia primera y que ya había desterrado en algún rincón de mi casa. ¿Paradoja? H a n pasado más quince años y me parece interesante retomar el ejemplo porque dice de ciertas lógicas que construían unas definiciones tan precisas de lo que acontecía en la realidad, en

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Nombre con el que se llama a las invasiones que forman nuevos asentamientos humanos. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado los nombró así para desterrar el sentido misérrimo que tenía la palabra "barriada", que era la manera usual de llamarlos. El ser pueblo joven alentaba la idea de esperanza, de futuro, de un pueblo naciente, que algún día maduraría, progresaría.

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particular de aquellos sujetos que irrumpían como nuevos actores en la escena pública, poblando las calles como vendedores ambulantes, habitando la ciudad desde (y en) la periferia, "colonizando" musicalmente la ciudad17 y haciendo sentir sus demandas en aspectos básicos de la vida. En ese sentido, el conjunto de anécdotas presentes en este texto prefiguran intuiciones expuestas cronológicamente y que son pertinentes como posibilidad de ver más allá del pasado formalizado, para dar lugar a una mirada en los intersticios, y como refiere Hobsbawm, romper con el así no es como siempre se han hecho las cosas16, al referirnos a los movimientos populares como "nuevos" movimientos sociales. Este testimonio empieza con la puesta en marcha de un programa de corte asistencialista que, a diferencia de programas similares, condicionaba la entrega de un recurso, en este caso la leche en polvo, a la organización del grupo de madres 19 de una manzana, una zona, un sector o un barrio de los 44 distritos de Lima Metropolitana 20 . Esta iniciativa municipal, realizada a partir de una promesa electoral del programa de Izquierda

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A principios de los ochenta se da en Lima un fenómeno musical urbano, llamado el de la "música chicha". Éste era la expresión musical de un proceso, de una manera de asumir la vida en la ciudad desde las raíces andinas, retomando ciertos ritmos tropicales. Tuvo su gran momento de auge a mediados de la misma década e incluso llegaron a tener un espacio de televisión, dado el carácter masivo del gusto por esta música. 18 Eric Hobsbawm, Sobre la historia, Barcelona: Ed. Crítica, 1998, p. 24. 19 Las mujeres (excepcionalmente había hombres) debían reunirse para nombrar a una representante del grupo de familias y establecer turnos de preparación de la leche en la comunidad. El recurso debía prepararse y repartirse comunitariamente, solidariamente, no en la privacidad de cada hogar. Éste fue el germen de la organización, de otra manera, no habría sido sino un programa de beneficiencia más. 20 La división política del Perú, establece que dentro del área metropolitana de la capital existan otros municipios. Así, existe una municipalidad metropolitana, pero, a la vez, existen un sin número de municipios distritales cuyos alcaldes se eligen por votación popular desde la primer década de este siglo, pero fueron suspendidas por

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Unida, tomó el nombre de Programa de Vaso de Leche (PVL). Pero la historia no empieza ahí, en 1984; ya en Lima, hacia 1978, los llamados comedores populares, nacientes formas autogestionarias21, para resolver el problema de la alimentación familiar, aparecen en la escena de un país cuya crisis económica se aceleraba cada día más22. Para el caso del PVL, la génesis del mismo se centra en el desarrollo de un programa de gobierno municipal, concretamente el de Lima Metropolitana; mientras que para el caso de los Comedores Populares Autogestionarios (CPA), la iniciativa la toman las mujeres, apoyadas por sectores eclesiales y las ONG23.

50 años. Dentro de los municipios hay urbanizaciones, sectores o zonas; el concepto de barrio es más la dimensión subjetiva de un colectivo que delimita, ya sea por las relaciones que construye y/o por los espacios que ocupa, lo que se considera como barrio. 21 Siguiendo a Arturo Granados, en su libro Madresantas, maquiavélicas y bulliciosas. Mujeres y negociación política. Lima: Ed. Calandria, 1996, p. 50; "los comedores populares nacen inspirados en parte por la experiencia de ollas comunes durante las huelgas del SUTEP y por un esfuerzo de la Iglesia católica". El SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Organizó huelgas que duraron varios meses, en 1978 y 1979. 22 Para 1978 la inflación anual acumulada llegó a 75%, para 1987 ésta bordeaba el 115%, mientras que la devaluación para ese mismo año fue de 136%. Una de las medidas para cortar la espiral inflacionaria y la devaluación consistió en aplicar una devaluación de 240% en septiembre de 1990, y una nueva denominación monetaria. En 1985, el gobierno de Alan García adoptó una nueva unidad monetaria, el inti, que equivalía a 1.000 soles; en ese momento la cotización del dólar era de 17 intis; en 1990, el gobierno de Alberto Fujimori adoptó como nuevo signo monetario el nuevo sol, que equivalía a 1.000.000 de intis, y la cotización del dólar se estableció en 0,8 nuevos soles. En 10 años, la moneda había "perdido" nueve ceros. Si en 1985, 800.000 intis equivalían a más de 47.000 dólares americanos, cinco años después valían apenas un dólar. Datos de Gustavo Riofrío y Romeo Grompone Cidiag, Lima, ¿para vivir mañana?, Lima: Ed. CIDIAG/Fovida, 1991, gráfico # 2, Inflación y devaluación; 1977-1987. Para 1990, la inflación anual llegó a 7.650%. 23

Afirma Arturo Granados, op. cit., p. 49, que "en el año 86, en el mes de julio, gracias a un evento convocado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se crea una Comisión Provisional Nacional de Comedores (CNC)", actúa principal-

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Esto marca una diferencia que no será sólo de carácter formal, sino que creará afirmaciones organizativas de carácter identitario que valoraban cada "partida de nacimiento", para equipararlas con menor o mayor autonomía frente al gobierno local o el gobierno central. Quiero anotar que al respecto hay algo que llamó mi atención en Colombia, y es el saber que las madres comunitarias reciben una especie de sueldo por su labor en la comunidad. ¿Un Estado que copa espacios? Pero las menciones al Programa del Vaso de Leche o a los Comedores Populares Autogestionarios no eran las únicas entidades de mujeres populares. Existían, por ejemplo, los Clubes de Madres creados por el Programa de Asistencia Directa (PAD)24, pero con un carácter más oficial y ligados al gobierno central. Éste era el panorama que se configuraba, el de programas que poco a poco, sea gracias a la asistencia del gobierno municipal o a la labor de grupos de iglesia y de las ONG, fueron haciendo que las mujeres reconocieran que la alimentación, en particular en el binomio madre-hijo, era un derecho fundamental y no una caridad, y que, por lo tanto, les correspondía a ellas iniciar un proceso de gestión de una organización, que realizando una la-

mente en la capital y su objetivo es logar la centralización del movimiento en una organización; sus iniciadoras forman parte de los distritos de Comas y El Agustino. Por otro lado, Celia Aldana, Revueltas íntimas. Aventuras y aprendizajes en los liderazgos de las mujeres, Lima: Ed. Calandria, 1996, p. 24, nos dice que "las discusiones y capacitaciones dadas por las ONG de este tiempo se concentraron en la comprensión de la recepción de alimentos donados como un derecho, y no como limosna, actitud que sentó las bases para una mayor autonomía". 24 Según Celia Aldana, op. cit., p. 25, era un "órgano encargado de ejecutar la política social impulsada por el gobierno aprista, presidido por Alan García (1985-1990). Han existido distintos Clubes de Madres; este nombre recibieron las primeras agrupaciones de mujeres. Sin embargo, los Clubes de Madres a los que nos referimos fueron creados por el gobierno aprista y fortalecidos, al destinárseles recursos públicos, desarrollaron distintos tipos de actividades, especialmente talleres productivos y restaurantes populares".

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bor diaria y cotidiana cercana al derecho a la vida, planteara también sus demandas a las autoridades locales y al gobierno central. Volviendo a "mi historia", el papel del programa radial "Nuestra Vida", cuya producción había sido encargada a la Asociación de Comunicadores Sociales "Calandria" hacia mediados de 1984, era el de ser difusor del PVL y un portavoz de las mujeres que empezaban a formar parte de este programa municipal. Es así que empieza sus emisiones el día 2 de septiembre con un programa semanal de una hora de duración, en dos emisoras locales: en Radio Santa Rosa -propiedad de la congregación de los padres dominicos- y en Radio Imperial II, emisora comercial, ubicada en el distrito de Villa El Salvador25. Esto significó un acercamiento desde la producción a una dinámica concreta dentro de este naciente movimiento de mujeres, y que dejó una serie de constataciones que se constituían en insumos para futuros planes de trabajo, no sólo del programa "Nuestra Vida", sino de un papel ligado al apoyo en la gestión organizativa. Se mencionan las siguientes: 1. Algunas de las dirigentes populares habían participado en la militancia política, principalmente de grupos de izquierda. No es posible dar información estadística al respecto, pero se fue haciendo notorio, sobre todo cuando la organización fue surgiendo y se fueron creando cargos de dirigencia distritales o metropolitanos. Esto hizo que la estructura organizativa del PVL retomara la de los partidos políticos o la de los sindicatos, sin

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Distrito ubicado a 19 kilómetros al sur de Lima, en una zona desértica, ocupa unas 2.700 hectáreas. Surge el 12 de mayo de 1971, como producto de una invasión que es reubicada y que se convierte en un laboratorio de autogestión en el gobierno bajo una forma organizativa que lleva el nombre de Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES). Tomado de Gustavo Riofrío y Romeo Grompone Cidiag, op. cit., pp. 211-212.

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que existiera una actitud crítica a la necesidad de contar con determinada forma organizativa, no por desidia, sino porque sencillamente eso ya estaba inventado y al alcance de la mano. 2. Esta militancia no era óbice para excluir a las no militantes, dado que mujeres militantes populares y dirigentes no eran muchas: los partidos de izquierda (por mencionar a aquellos que propugnaban el cambio social radical) y los sindicatos habían reproducido en su interior el machismo imperante de la sociedad que criticaban. Los cargos de dirigencia populares, en particular aquellos de las Asociaciones Vecinales, eran ocupados por hombres26; el PVL y la paulatina organización de las mujeres fue generando un espacio para que las mujeres empezaran a formar parte de la vida pública barrial. 3. Por otro lado, no sólo la actividad sindical se había visto afectada por el golpe que le diera la dictadura militar en 1977; las organizaciones vecinales también veían declinar su actividad en la medida que se iban consiguiendo aquellas reivindicaciones básicas colectivas, como la titulación de tierras, la instalación de servicios básicos domiciliarios como agua y desagüe, la pavimentación de calles, etc. Parecía que su norte se cifraba muy fuertemente en dinámicas participativas para logros concretos, sin generar horizontes políticos distintos, de presencia en el espacio público. 4. Aun cuando las mujeres afirmaban su autonomía, las formas organizativas que se adoptaban repetían las formas de organización de los partidos políticos; la misma estructura organizativa, los mismos cargos y la misma tendencia a la burocratización. La 26

Véase Rosa María Alfaro Moreno, De la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra, Lima: Ed. Tarea. En este libro se relata el proceso de asunción de las mujeres a los cargos de dirigencia, en un mercado popular cooperativo donde sólo había un hombre y era quien ocupaba la presidencia casi de modo permanente, por elección de todas -en este caso-, las integrantes. Se subraya cómo las mujeres llegan a tomar la palabra para sí mismas como integrantes de una organización y en ese momento se sienten con la capacidad y en la necesidad de asumir los cargos de dirigencia.

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verdad es que tampoco había propuestas renovadoras en ese aspecto. 5. Las mujeres enfrentaban un proceso de liberación al interior de sus hogares. Liberación que no implicaba una actitud feminista, en tanto verse en perspectiva de opresión, con sus derechos individuales conculcados, sino dentro de una posición donde el binomio madre-hijo hacía que la negativa y/u oposición del esposo a que ella tuviese que salir de la casa para juntarse con las vecinas y preparar la leche o asistir a las asambleas en horas de la noche -como fuente de conflicto en la pareja-, se viera desde un imperativo cuya actuación tenía como eje a la maternidad. Ésta las movilizaba a hacer comprender a la pareja (no siempre con éxito) la importancia y la necesidad de su participación en la organización. 6. Las dirigentes no tenían un modelo claro de referencia para ejercer como tales, y tampoco lo tenían las integrantes de la organización. Los modelos de organización partidaria hicieron funcionar a la organización, pero me aventuro a afirmar que existieron otros ingredientes más cercanos a esa maternidad social27, como actuación pública, no sólo en el horizonte de trabajo de la organización -lo hacemos por nuestros hijos-, sino en la mirada que podía tener la dirigente frente a una integrante28 que incumplía con su labor dentro de la organización, acercándose a ella desde otra ribera, desde aquella definida por los conflictos más íntimos. Esto facilitaba formas distintas de relación dentro de la organización, por fuera de los espacios hegemónicos formales para compartir (asambleas), como instancias para venti-

27

Véase Rosa María Alfaro Moreno, op. cit. Anoto un caso que tomo de mi experiencia en el asentamiento humano de San Francisco de Ate, en el distrito de Ate-Vitarte en Lima, en 1989-1990. La dirigente no sabía qué hacer con una señora que incumplía permanentemente su labor en la 28

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lar los problemas individuales que afectaban al colectivo, y en la toma de decisiones. HISTORIA DE MUJERES DESDE EL TESTIMONIO. LOS INTERROGANTES

Según Aldana, son cuatro los momentos en que se divide el desarrollo del movimiento popular de mujeres en Lima Metropolitana: 1. Primer período: Los orígenes (1978-1984). 2. Segundo período: Centralización y consolidación (19851990). 3. Tercer período: Retraimiento por la violencia (1991-1992). 4. Cuarto período: La reconstrucción (1993-...) 29 . Comunicativamente hablando, el primero define una etapa de reconocimiento de sí mismas en su capacidad para tomarse la palabra pública. Esto tiene unas características y un proceso. La manera de hacer uso de la palabra por parte de las mujeres marcaba una diferencia respecto del modo en que los hombres tomaban la palabra públicamente. Mientras los dirigentes tendían a exponer u n conjunto de argumentos lógicamente ordenados, racionalmente dispuestos en sus implicaciones (primero los considerandos y, luego, el por lo tanto), las mujeres dirigentes asumían la palabra en u n tono más vivencia!, haciendo visible lo cotidiano como argumento, dando espacio a la dimensión sensible y a la d e m a n d a sentida.

preparación comunitaria de la leche; las demás integrantes decían que había que castigarla quitándole el recurso. Ella no sabía qué hacer, puesto que los perjudicados iban a ser los niños. Así, se acercó como mujer a conversar con ella y lograr que le contara sus problemas personales con el esposo. Fue así que en ese diálogo encontraron una manera de poder hacer que ella cumpliera con su labor y que el esposo no se enterara. 23 Celia Aldana, op. cit., pp. 26-27.

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Pero esto no fue un producto espontáneo e inmediato; se trató de una expresión tensionada, en la medida que la herencia organizativa de partidos y sindicatos seguía dando una pauta para expresarse en público, ya sea directa o mediáticamente30. También nos habla del reconocimiento "entre ellas", es decir, de conocer a otras mujeres que tenían vidas similares y se expresaban con un discurso más cotidiano, más cercano y, por ende, compartían otros espacios de carácter público -no sólo las asambleas—, con identidad organizativa (estar juntas en una fiesta o pollada31), lo que generó un sentido de comunidad, más cercano a la vecindad (entre ellas, se llamaban vecinas), subrayando el carácter tensionado entre formas opuestas; una política y la otra no política. En Calandria, al segundo año de su gestión del programa radial, se plantea la necesidad de darle un rumbo distinto al trabajo. Era válido concederle un espacio a las mujeres populares que ya estaban organizadas, pero no era suficiente para consolidar un proceso organizativo. Es por esa razón que se decide extender el trabajo hacia el acompañamiento de sus organizaciones. En particular, el PVL se iba convirtiendo poco a poco en la Organización del Vaso de Leche (OVL) y cada día aumentaba el número de Comités del Vaso de Leche -instancia organizativa básica-; para el año 1990 había un total de 7.458 comités que atendíun a cerca de un millón de niños entre los cero y los 13

30

Recuerdo claramente a una dirigente del Vaso de Leche que luego de darnos una entrevista para el programa "Nuestra Vida", le planteamos que si deseaba enviar algún saludo o felicitación por cumpleaños. Ella nos dijo que los medios de comunicación debían ser usados para decir cosas serias, que no había que desperdiciar esos espacios en asuntos propios del entretenimiento, que para eso estaban los medios de comunicación comerciales. 31 En el Perú, se suele denominar parrillada a lo que en Colombia se conoce como asado. Por extensión, y ante la imposibilidad económica de hacer actividades para recaudar fondos usando carne de res, se reemplazó ésta por carne de pollo; nace así la pollada.

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años32. Lo mismo ocurría con los CPA, los cuales, para 1995, sumaban un total de 2.400 comedores y atendían a un promedio de 500.000 limeños33. En esta etapa la intervención comunicativa se hace más evidente, en términos de un diagnóstico que se empezó a construir sistemáticamente. Una de las líneas de trabajo que se implementan se relaciona con la posibilidad de develar el potencial de las mujeres en la actuación pública como producto del estar juntas -un sentido de comunidad-, del valor de su palabra y de su capacidad para construir propuestas y pensarse como interlocutores frente a los gobiernos locales y el gobierno central. Pero, también, en la mirada interna, en la construcción de la dimensión subjetiva; aquí, trabajando en el significado de ser dirigente, en la relación con las demás integrantes, en la generación de dinámicas participativas que propiciaran un relevo en la conducción de la organización y en la defensa por la autonomía de la misma. Con el apoyo de las ONG y los sectores progresistas de la Iglesia, se discute en momentos distintos, tanto para el Programa del Vaso de Leche, como para los Comedores Populares Autogestionarios, que existan leyes que amparen el derecho fundamental a la vida. Así, el 17 de diciembre de 1984 se aprueba la Ley del Programa del Vaso de Leche, que garantizaría los recursos necesarios para la continuidad del programa; para el caso de los CPA, se aprueba la ley 25307 el 15 de diciembre de 1990. En este apretado resumen, se ve reflejada una dinámica en la que la organización consolida procesos de centralización organizativa y de actuar público, no sólo en marchas y propuestas al Congreso, sino en su presencia en los medios. Sus rostros empiezan a aparecer en los noticieros, son protagonistas de la 32

Gustavo Riofrío, Romeo Grompone, op. cit., Cuadro l y Arturo Granados, op. cit., p, 51. 33 Arturo Granados, op. cit, p. 50.

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noticia, pero también nuevos actores de un movimiento que por momentos tenía dificultad para dialogar con sus pares. En efecto, por un lado, la necesidad de afirmar la identidad del grupo, se convirtió en un espíritu de cuerpo que, en muchos casos, dificultaba el diálogo entre organizaciones. En un principio, hacer dialogar a las mujeres populares de los CAP y a las de la OVL se volvía más difícil que sentarlas en la misma mesa con la autoridad a la que le reclamaban algo. Surgían los celos, los CPA se sentían más autónomos que la OVL, por no depender del gobierno local. En parte, esto se debía, a modo de hipótesis, a la posición de trinchera desde la que siempre actuaban como organización; se protestaba, se reclamaba, el otro no era visto como un interlocutor, era más un enemigo que un adversario. Esta práctica, a mi modo de ver, permeó el modo de relacionarse con el "afuera" de la organización. En relación con la actuación frente a los medios masivos, se hicieron esfuerzos por generar estrategias comunicativas en las que se tuvieran claros aspectos como el significado de aprovechar las oportunidades para aparecer en los medios masivos, el manejo del discurso frente a la cámara, el aprender a reconocer quiénes eran los periodistas que cubrían esas noticias, a qué medios había que llamar porque se interesaban en sus problemas; así como el de transformar esa imagen negativa que suele tener el manifestante que reclama, como alguien lejano y que sólo busca generar problemas. El período, llamado por Aldana, del retraimiento por la violencia, está signado por la presencia en la capital del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, (PC del P-SL), que inicia una "campaña de desprestigio y amedrentamiento contra las organizaciones y sus líderes"34. Este retraimiento afecta también

Celia Aldana, op. cit., p. 18.

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la labor de las ONG, quienes son sindicadas de estar con el sistema, al no plegarse a la lucha senderista. Sendero había cuestionado el trabajo de las ONG y había lanzado una advertencia generalizada. Varios líderes campesinos, sindicales y barriales, así como miembros "onegeístas" habían sido asesinados por Sendero Luminoso. Muchas coordinadoras de Comités de Vaso de Leche se ven en la obligación de colaborar con ellos, asignando raciones de leche a través de un empadronamiento ficticio de niños. Es una etapa de relativo silencio, en una Lima donde los estallidos de bombas resonaban desde 1983. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

No deseo internarme en la mirada de lo que Aldana señala como el cuarto período, y que llama la reconstrucción (1993-...). En este período, según la autora, se reactivan las organizaciones, se mantiene como objetivo la participación política, y el papel de las ONG se hace menos indispensable para sostener la dinámica organizativa35. Y no deseo ahondar en éste, quizás porque uno no se siente un buen testigo de ese momento, quizás porque me hacen falta elementos de juicio, referencias a otras reflexiones que me sitúen en el ojo del huracán, más allá de lo evidente: de la dictadura embozada de Fujimori, del fenómeno de violencia que embarga a la juventud y que se expresa en barras bravas que en muchos casos funcionan como pandillas (¿o viceversa?), de un movimiento popular femenino que logró gestar una dimensión política de la organización, de aparecer como un nuevo actor en el escenario político, frente al Estado, pero,... del noventa para acá, el Estado ha sufrido una drástica reducción, todo se ha privatizado sin titubear: ya no hay sectores estratégicos de la eco-

Ibid., p. 28.

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nomía; podría decirse que sólo el ejército y el Banco Central de Reserva (equivalente al Banco de la República colombiano) no se han privatizado. Para 1992, el desempleo en el Perú era menos de 10% de la PEA, pero, a la vez, sólo 15% eran asalariados y casi 75% subempleados. Los síntomas del país económicamente enfermo han desaparecido (hiperinflación e hiperdevaluación), pero sigue la enfermedad; el empleo no se reactiva y la recesión sigue en aumento. La situación del sistema financiero peruano no es halagadora; para 1996, 20% de la cartera de crédito de los bancos era de consumo, ahora el crédito para consumo es 80% del crédito bancario, tal como lo hacen saber las informaciones que llegan a través de los canales peruanos, lo que quiere decir que no se está invirtiendo en el país; sólo el 20% se destina para préstamos de capital. Teniendo como telón de fondo los trazos gruesos de u n contexto peruano contemporáneo, aparecen algunas líneas de trabajo, que no pueden ser profundizadas en este texto, pero cuya mención es obligada para futuros desarrollos. Una primera línea es la que nos conduce a establecer, históricamente, la manera como se pasó de un orden recibido a u n orden producido, en otras palabras, y retomando de diversos autores 36 , cómo fue el proceso de producción social de una sociedad que le apostó al proyecto moderno; en particular, la manera como la modernización social afecta la esfera de la comunicación; "cabe señalar la configuración de nuevos espacios de comunicación, dentro de los cuales se facilita el encuentro de personas y colectivos con frustraciones, convicciones y vivencias parecidas. [...] la urbanización [...] y la expansión de los medios

36

Eric Hobsbawm, op. cit.; Julio Cotler, op. cit.; Norbert Lechner, en "Democraciay modernidad", en Revista Foro N 2 10, septiembre de 1989; por mencionar a algunos.

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de comunicación permiten la superación del aislamiento característico de la sociedad agraria"37. Esto nos conduce a una mirada cultural del problema, un análisis en ese sentido, lo cual "no significa introducir un 'tema' más en un espacio aparte, sino focalizar el lugar en que se articula el sentido que los procesos económicos y políticos tienen para una sociedad. Lo que, en el caso de los medios masivos, implicaría construir su historia desde los procesos culturales en cuanto articuladores de prácticas de comunicación -hegemónicas y subalternas- con los movimientos sociales"38. Desde lo histórico, se puede seguir pensando en el papel que le puede caber o no a las persistencias coloniales que vienen empujando desde el pasado a ser lo que ahora son (somos) los peruanos, desde el rol que tiene en el ordenamiento de la sociedad el factor étnico, en su hálito aristocrático, en el modo en el que las relaciones sociales de dominación están impregnadas por este aspecto. Retomo una idea de Raymond Williams, presentada por Jesús Martín Barbero, quien aborda metodológicamente los procesos constitutivos de lo social, "mediante la propuesta de una topología de las formaciones culturales que presenta tres 'estratos'; arcaico, residual y emergente. Arcaico es lo que sobrevive del pasado pero en cuanto pasado, objeto únicamente de estudio o de rememoración". A diferencia de la anterior, lo residual es "lo que formado efectivamente en el pasado se halla todavía hoy dentro del proceso cultural [...] como efectivo elemento del presente. Es la capa pivote, y se torna la clave del paradigma, ya que lo residual no es uniforme [...] la tercera capa

37

Ludger Mees, "¿Vino viejo en odres nuevos?", en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (editores), Los movimientos sociales. Transformaciones y cambios, Madrid: Ed.Trotta, 1996, p. 297. 38 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, México: Ed. Gustavo Gili, 1991, p. 178.

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es formada por lo emergente que es lo nuevo, el proceso de innovación de prácticas y significados. [...] La diferencia entre arcaico y residual representa la posibilidad de superar el historicismo sin anular la historia y una dialéctica del pasadopresente sin escapismos ni nostalgias"39. El sentido que tiene el proceso vivido por la sociedad peruana desde la aparición de Sendero Luminoso y de su real dimensión política. La percepción personal es que, si bien es cierto Sendero Luminoso jamás pensó en su inserción dentro del escenario político de las democracias representativas, como sí se evidencia en las propuestas de negociación en Colombia por parte de los grupos alzados en armas, el enfoque unidimensional con el que se ha tendido a analizar su emergencia y su accionar terrorista excluye toda posibilidad de un análisis político más profundo. Estos aspectos, entre otros, forman parte de una deuda que se tiene con el Perú y que es necesario empezar a subsanar. Que las mujeres populares configuraron un movimiento social parece ser un hecho. Un movimiento con una identidad no homogénea, con un proyecto político en construcción, que incorpora dimensiones comunicativas distintas a las tradicionalmente entendidas como propias del quehacer político, girando alrededor de esa idea de la maternidad social, configuradas sobre esa matriz de lectura de su existencia ciudadana, haciendo visible un aspecto de la vida que había sido confinado a lo doméstico y que bien se leía como un derecho fundamental: el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Pero, también, de un movimiento que ha contado con una alianza bastante clara de un grupo significativo de las ONG, que han estado al lado del proceso, no sólo acompañando, sino cumpliendo el rol de interlocutores críticos del proceso político peruano; una crítica

Ibid., p. 90.

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que tiene el carácter pedagógico de no pensarse como un punto de partida, sino resultado de un proceso y posibilidad de construcción de un proyecto político distinto. Un movimiento con discontinuidades, en un país con discontinuidades, con quiebres inesperados, como el de la aparición de Fujimori y su elección como presidente en 1990. ¿Crisis de la representación política... o algo más? ¿Victoria de los marginados frente a un Vargas Llosa aristocrático? ¿Un movimiento en crisis? ¿Qué tanto depende del apoyo de las ONG y de la Iglesia? ¿Un espacio de articulación de la llamada sociedad civil? Percibo que las preguntas aún resultan algo endebles; el curso del análisis del movimiento de mujeres debería pasar por el sentido que tiene hablar de sociedad civil, por profundizar más, qué implicaciones tiene para la dimensión de género. Quizás haya que repetir las palabras expresadas por Virginia Vargas, al referirse a la época que le toca vivir al movimiento feminista:... aparecen unos nudos que salen con más fuerza cuando, como ahora, los cambios en el clima político, económico y cultural no logran generar aún un nuevo horizonte referencial.

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QUINTA PARTE

Movilizaciones por la paz y derechos humanos

M a u r i c i o Romero MOVILIZACIONES POR LA PAZ, COOPERACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA

La constitución de 1991 fue considerada como u n "tratado de paz" por las sectores políticos que participaron en su elaboración, luego de una década de violencia política y enfrentamientos armados no vistos desde la época de La Violencia 40 años atrás. Sin embargo, a pesar del pluralismo político logrado en la asamblea constituyente que discutió el nuevo texto, hecho sin precedentes, el fracaso de las negociaciones con los grupos guerrilleros que no participaron en la asamblea -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN-, y la ausencia de cambios significativos en los mecanismos de acceso a los espacios de representación pública y su funcionamiento, prolongaron una vez más la crisis política que venía desde finales de los años setenta. Esos mecanismos continuaron amarrados al clientelismo y la corrupción, acompañadas ahora de una gran fragmentación de las agrupaciones políticas y de una abrumadora influencia de narcotraficantes en la actividad electoral (Entrevista C. González, febrero 8 del 2000). Así, si bien la nueva Constitución avanzó en la democratización de la vida pública y en la apertura de canales de participación ciudadana, la crisis de gobernabilidad casi permanente que siguió a su promulgación, pusieron en la agenda de discusión otra negociación entre gobierno y guerrilla (Zuluaga, 1999, p p . 321-326). El objetivo era intentar p o r fin u n a solución al enfrentamiento armado, con u n elemento adicional, reducir el

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narcotráfico asociado con él. Esa negociación debería no sólo restituir los conflictos societales al terreno político, en reemplazo de su resolución por la vía militar, sino también hacerlo bajo unas reglas del juego nuevas y concertadas. Esto supondría unas condiciones en donde los antiguos insurgentes formarían parte de ese nuevo orden, lo cual iría más allá de una simple reinserción social al Estado que antes habían combatido (Arnson, 1999, pp. 1-28). Esta ronda de negociaciones iniciada en el año 1992, no sin tropiezos ni interrupciones, ha enfrentado, sin embargo, unas condiciones radicalmente diferentes a las de la década anterior. Este trabajo hace referencia a las que han facilitado la cooperación y movilización en favor de la paz. Una mirada global ayuda a tener una apreciación del incremento de esa movilización en contra de la prolongación del conflicto armado. En los años setenta la acción colectiva en busca de la paz representaba 1,6% del total de las luchas cívicas. Esa proporción pasó al 19% durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), aunque tuvo un descenso al 15,8% durante el período de César Gaviria (19901994). Esto fue un resultado indirecto de las expectativas despertadas por la nueva Constitución y la desmovilización de los actores armados durante los dos primeros años de ese gobierno. Como efecto del escalamiento del conflicto armado desde finales de 1992, la proporción de movilizaciones en favor de la paz, por el respeto a los derechos humanos y por falta de seguridad ascendieron al 22% del total de la protesta cívica en las zonas urbanas, y al 28% en el área rural en el primer año del período presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) (Fundación Social-Cinep, 1996, p. 17). Hay que advertir, sin embargo, que varios de los participantes en esas movilizaciones lo hicieron más por motivos estratégicos que con el propósito de impulsar innovaciones y aprendizaje en términos de prácticas y marcos normativos no violentos o de mayor justicia social.

Movilizaciones por la paz en Colombia

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Hay varias razones para el incremento de la acción colectiva por la paz. Una es la mayor "visibilidad" del conflicto armado colombiano dentro de los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales de derechos humanos, promotoras de desarrollo sostenible y protección ambiental, lo mismo que dentro de los gobiernos de la región y de la comunidad europea e internacional. Esa mayor atención llegó acompañada por un cambio en las agendas de las organizaciones de financiación y cooperación internacional, el cual ha dado un mayor protagonismo a los diversos grupos de la sociedad civil en los diferentes proyectos que financian. La actitud nueva está a tono con una estrategia de democratización diferente al estatismo social o a un énfasis exclusivo en los mecanismos del mercado (Rabotnikof, Riggirozzi y Tussie, 1999, pp. 2-9). Esa "apertura" internacional favoreció y coincidió con una creciente movilización social por una resolución negociada del enfrentamiento armado, hecho que tampoco se presentaba en la década de los ochenta. En ese entonces, la visión dominante del conflicto en el exterior y en lo doméstico era la de una perspectiva de seguridad estatal, asociada al entorno de Guerra Fría prevaleciente, contexto que entorpecía y estigmatizaba cualquier acción colectiva por fuera de los cálculos estratégicos de los actores del momento. Así, la movilización de diferentes sectores sociales por la paz en los años noventa ha marcado u n hito, no sólo por la autonomía frente a los diferentes partidos políticos, incluidos los actores armados, sino también por la coincidencia entre sectores que tradicionalmente habían sido opositores en otros ámbitos o en anteriores negociaciones. ¿Cómo surgió esa cooperación y movilización por fuera de los partidos tradicionales y los actores armados? ¿Cómo llegaron a acuerdos para la acción colectiva sectores tan diversos en u n ambiente de desconfianza política tan marcado?

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DIVISIONES "NATURALES", BIPARTIDISMO Y COOPERACIÓN

La respuesta a esas preguntas es relevante porque el contexto pronosticaba un comportamiento opuesto al de la cooperación. En efecto, la preponderancia de la sociedad política en la vida pública en Colombia ha sido tal, que algunos autores hablan de una "colonización" de la sociedad civil por las redes políticas liberal-conservadoras (Pecaut, 1999, p. 226). Ha existido un influjo claro de aquéllas hacia las diferentes asociaciones horizontales con capacidad de movilización, hecho que no ha sido correspondido con un efecto similar en el sentido contrario, al menos en el de una receptividad a las demandas de una representación organizada y colectiva. Esas redes han respondido más a demandas individuales, moldeando lo que se ha denominado una "democracia sin ciudadanos", la cual no ha creado una idea de ciudadanía común que haga las veces de barrera en contra de discriminaciones y en defensa de la aplicación de derechos mínimos o, para el caso, que se movilice en una acción conjunta en busca de la paz. Igualmente, la convergencia entre grupos afínes ai bipartidismo y sectores cercanos a la oposición a los dos partidos históricos también es significativa. El Frente Nacional (1958-1974) y su evolución posterior marcó casi una división "natural" entre el bipartidismo y sus críticos. Ese tutelaje de los espacios asociativos por las redes bipartidistas, en particular de las organizaciones con potencial de oposición como los sindicatos o las juntas de acción comunal, JAC, fue uno de los dispositivos para delinear las inclusiones/exclusiones definidas por el régimen político organizado por los dos partidos (Romero, 1999, pp. 1-8). Así, las oportunidades para la interacción en encuentros "suma-positiva" entre estas dos tendencias de la sociedad civil, es decir, en donde ambos lados obtuvieran beneficios, habían sido escasos hasta el inicio de la década del noventa. Uno de esos momentos fue la constituyente de 1991 (Romero, 1999, pp. 26-31).

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Lo usual hasta la asamblea constituyente eran interacciones de "suma-cero", en donde las ganancias de un lado necesariamente representaban una pérdida en igual proporción para el bando contrario. Esta forma de relación había empezado a cambiar a nivel municipal y regional durante los paros cívicos de finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta, en protesta por las alzas en las tarifas de los servicios públicos, su cobertura limitada y calidad deficiente, responsabilidades que en ese entonces estaban a cargo del gobierno central. Los efectos de esa centralización administrativa generaron una reacción unificada en las regiones más afectadas, rompiéndose a nivel local la barrera para la cooperación y alianzas entre el bipartidismo y sus opositores, línea hasta entonces casi infranqueable. El proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) contribuyó también a ir diluyendo esa barrera, sobre todo con los intelectuales. El mismo hecho se hizo evidente en la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, en donde confluyeron liberales, conservadores, comunistas y otros grupos pertenecientes a diversas vertientes de la izquierda (Romero, 1999, pp. 26-31). A partir de la Constituyente de 1991, esas relaciones de suma-positiva pasaron a ser más frecuentes. ¿Cuáles fueron las razones para el incremento de esos intercambios que plantearon cooperación, aprendizaje e innovación? En este texto se van a explorar cuatro factores: el primero, un cambio dentro de las diferentes iglesias, y en particular la católica, hacia una posición más favorable y activa en relación con una solución negociada al conflicto armado; el segundo, la elección por voto directo de alcaldes (1987) y gobernadores (1992), lo cual permitió iniciativas de paz locales y regionales más autónomas de los poderes centrales; tercero, la decisión de redes de activistas de izquierda, ex-guerrilleros, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de desaparecidos, periodistas y actores, organizaciones sindicales, ONG, entre otros, para buscar una

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salida negociada a la confrontación bélica; y por último, la reacción de individuos y grupos sociales afectados por el secuestro y la extorsión y de quienes optaron por pronunciarse y movilizarse públicamente en contra de esos hechos. Si bien cada uno de estos grupos tuvo razones específicas para pronunciarse y emprender acciones a favor de una solución negociada o en contra del enfrentamiento armado, el rechazo a la "guerra sucia" rural y urbana y al escalamiento de las acciones bélicas como medio para resolver un conflicto político fue un común denominador (Entrevista A. Garzón, febrero 16 del 2000). La confluencia de estos cuatro escenarios diferentes y sus protagonistas facilitó los acercamientos, los debates y la acción colectiva en busca de la paz. Aunque la coyuntura que aceleró los hechos y abrió oportunidades fue la declaración de "guerra integral" en contra de los grupos alzados en armas en noviembre de 1992. En efecto, el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994), por intermedio del primer ministro de defensa civil desde 1953, prometió someter la guerrilla a la ley en 18 meses (Pardo, 1996, pp. 353-387). La prohibición presidencial de cualquier contacto, mediación o diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad civil y los insurgentes, o la posibilidad de entablar diálogos regionales entre aquéllos y sectores interesados en la paz, desencadenó primero desconcierto y luego una gran oposición. Hubo obispos que plantearon el "derecho a la paz de los colombianos" y llamaron a una "desobediencia civil" frente a la política presidencial (Entrevista C. Castellanos, febrero 7 del 2000). Es en este contexto en donde surgieron las posibilidades para esa dinámica de confluencia, aprendizaje e innovación. MOVIMIENTO POR LA VIDA Y RENOVACIÓN DISCURSIVA

La Compañía de Jesús fue uno de los grupos pioneros dentro de la sociedad civil que se planteó como objetivo primordial crear

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condiciones para la consecución de la paz. Hasta mediados de 1985 este era un propósito liderado por la sociedad política, al cual el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) le dio u n impulso sustancial, esfuerzo que contrastó con la posición adversa de las dos administraciones liberales que le antecedieron. Los jesuitas apoyaron el proceso de paz de Betancur, aunque "el objetivo era disminuir la violencia, que estaba adquiriendo proporciones de animal grande, antes que la paz" (Entrevista H. Arango, febrero 18 del 2000). Vendieron "La Lechuga" -reliquia colonial de oro macizo y cubierta de piedras preciosas- al Banco de la República en 1985, y el producto de la transacción sirvió para organizar u n fondo cuyos réditos han financiado el Programa por la Paz, el cual inició operaciones en 1987. En los primeros 10 años de actividades el programa financió cerca de 1.000 proyectos para fortalecer la sociedad civil, en particular en las zonas de conflicto y áreas marginales (Entrevista H. Arango, febrero 18 del 2000). Esta intervención incluyó proyectos productivos y actividades de educación y reflexión con grupos pobres o marginados, encaminadas al fortalecimiento de la noción de sujetos colectivos y su reconocimiento como agentes portadores de derechos. Según su primer director, el sacerdote jesuita Horacio Arango, las diferentes comunidades mostraron una gran capacidad para respuestas coyunturales, pero una gran dificultad para articular propuestas hacia propósitos más grandes. Sobre este punto, Arango indica que "hay u n interés partidista muy hostil, desde la izquierda o del bipartidismo, hacia esa articulación". Este aspecto vale la pena resaltarlo, porque ese excesivo faccionalismo de la vida pública colombiana, la competencia resultante por el control de los recursos estatales y de los mecanismos de decisión, y la dificultad para la cooperación, pueden tener como anverso un asedio permanente desde el ámbito político a la autonomía de la vida asociativa.

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Una de las iniciativas financiadas por el Programa por la Paz desde finales de los años ochenta fue la del Movimiento por la Vida, antecesor de uno de los principales colectivos que conformaron a Redepaz en los noventa, organización que ha sido una de las mayores impulsoras de las diversas manifestaciones colectivas para poner un alto a la confrontación armada (Entrevista A. T Bernal, febrero 17 del 2000). La cooperación entre estas redes de activistas sociales y cívicos, el Programa por la Paz y el Cinep -otra institución de los jesuitas- es una experiencia de asociación notable. El Movimiento por la Vida se agrupó como resultado de los dramáticos acontecimientos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por el movimiento guerrillero M19 en noviembre de 1985, y la reacción del ejército para contrarrestar el acto. La muerte de aproximadamente 110 personas a doscientos metros de la casa presidencial, incluidos la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el comando guerrillero y empleados de la institución causó una gran conmoción pública, en especial dentro de los grupos interesados en el "diálogo nacional" propuesto por la insurgencia armada al gobierno del conservador Belisario Betancur. Grupos de mujeres que apoyaban un diálogo entre gobierno y guerrilla como Mujeres por la Democracia, Casa de la Mujer y Mujeres del M-l9 organizaron un año después de los hechos un concierto para recordar el insuceso, al cual nombraron "concierto con flores para la vida y el amor" y en donde se proclamó un manifiesto en defensa de la vida y contra la muerte. En el evento participaron artistas internacionales y se celebró en frente del palacio en ruinas (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Además de los grupos de mujeres, el Movimiento por la Vida también incluyó a periodistas, actores y artistas, quienes se denominaron "locos por la vida" y efectuaron varias expresiones lúdicas en lugares públicos de la capital, desafiando los estrictos controles de las autoridades y el miedo provocado por

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el ambiente político belicoso. También se organizaron "colectivos por la vida" en Pasto, Cali y Medellín, en donde la participación de grupos de mujeres fue igualmente destacada. Un hecho sobresaliente en Bogotá fue la proliferación de "grafitis" en los muros y paredes del centro y algunas de las principales vías, aludiendo con humor y sarcasmo a la violencia y a los excesos de autoridad: "Do... Re... Mi., edo..." decía u n o de esos grafitis. La dinámica del movimiento tomó u n giro hacia la educación para la convivencia dirigida a jóvenes y niños, experiencia que desembocó en la organización anual de una semana por la paz, la cual se ha realizado sin interrupción desde 1987 con el apoyo del Programa por la Paz. Durante la primera semana, en septiembre de 1987, se lanzó un "manifiesto de sueños infantiles" y se les pidió a los niños reflexionar sobre el país "que querían y que soñaban". A través de talleres de pintura y narrativa, los niños expresaron sus expectativas a lo largo de la semana en los centros educativos. La figura pictórica que más se repitió fue la de "un soldado y un guerrillero dándose la mano" (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Esta p r i m e r a semana se clausuró con u n acto al que asistieron aproximadamente 50.000 niños en la plaza de Bolívar, el centro institucional e histórico de Bogotá, en su gran mayoría provenientes de colegios oficiales y de religiosos. La organización de la semana se hizo a partir de "redes de amigos y la gran colaboración de los padres de familia y los rectores de los colegios", aunque con una gran hostilidad de las autoridades políticas de la capital, quienes no aprobaron la realización del acto y ordenaron a la policía el desalojo de la plaza, orden que finalmente no se cumplió (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Para los jóvenes se organizó una "consulta ciudadana por la paz" en la cual tenían que responder la pregunta "¿Usted cómo cree que se construye la paz?". Además de talleres de discusión

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en los colegios, otros grupos recorrieron los principales centros de la capital entrevistando y discutiendo sobre el tema con otros adolescentes. A pesar de los propósitos pedagógicos y por la convivencia que pretendía la acción, la hostilidad de la administración conservadora del nuevo alcalde Andrés Pastrana era latente. Tres jóvenes fueron arrestados por "alterar el orden público" y liberados más tarde tras las gestiones del procurador de entonces, el liberal Horacio Serpa. Éste recriminó telefónicamente al alcalde por el arresto, le inquirió "¿Qué clase de gorila tiene en la secretaría de gobierno?", e instó por la liberación de los estudiantes (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). La respuesta de las autoridades de la capital a estas primeras acciones colectivas por la paz indican la animosidad a lo no bipartidista en la década de los ochenta, así aquéllas incluyeran llamados a la convivencia y a la civilidad. Si bien esas actividades no tuvieron mayor resonancia en los medios, sí consolidaron un "contra-público" (Fraser, Nancy; 1997) o una red comunicativa y de prácticas en competencia con las de la esfera oficial o de grupos radicalizados, a los cuales les disputaban la creación de un marco de interpretación y de sentido de la conflictiva realidad del momento. En efecto, uno de los aspectos más significativos de estas primeras movilizaciones fue la innovación en el lenguaje y la intención de no polarizar, y más bien crear mediaciones simbólicas entre las partes enfrentadas. Un ejemplo fue la decisión explícita por no reproducir la división entre lo popular y lo no popular, oposición que aludía a los imaginarios "clasistas" que habían dado origen al conflicto armado (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Se quería congregar a "todo el país, sin exclusiones", y por eso el lenguaje utilizado reflejaba ese esfuerzo. Sin embargo, esa intención por "desarmar el lenguaje" no significaba la negación de los conflictos, sino un llamado a enfrentarlos y resolverlos pacíficamente (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

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A pesar de ese objetivo por ir más allá de las divisiones del momento, esta posición encontró críticos severos. Fue atacada desde la izquierda por conciliadora, derrotista y por borrar las exclusiones sociales y políticas, y mirada con indiferencia por el establecimiento liberal-conservador, aún confiado en derrotar militarmente a la guerrilla. Con todo, el experimento del Movimiento por la Vida fue un intento por crear un marco discursivo común para aquéllos ajenos a la confrontación armada y convencidos de una salida negociada al conflicto. Igualmente, las iniciativas que desarrolló ese colectivo a finales de los años ochenta prefiguraron varias de las acciones desarrolladas por Redepaz, Unicef y Fundación País Libre, casi una década después. Esta tendencia de la sociedad civil resurgiría con fuerza luego de la declaración de guerra integral a la guerrilla por el gobierno Gaviria (1990-1994) a finales de 1992, pero esta vez con más simpatizantes, con apoyo desde diversos sectores sociales y con aliados más poderosos. Esto supuso superar recelos y desconfianzas, crear puentes entre grupos que hasta el momento tenían poco en común y, por lo tanto, innovar y aprender. Como todo camino nuevo, también incluyó riesgás y equivocaciones. LOS AÑOS NOVENTA: DISCUSIÓN DE UNA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS

Durante la década del noventa el enfrentamiento armado tuvo un escalamiento sin precedentes, a pesar de las expectativas de paz y reconciliación originadas por la aprobación de una nueva constitución en 1991. De igual forma, paralelo a ese incremento de las acciones armadas ocurrió una significativa confluencia de diferentes grupos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para apoyar la búsqueda de una negociación del conflicto armado. A la política de guerra integral del presidente Gaviria se propuso una de "paz integral" desde la socie-

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dad civil (Entrevista L. Sandoval, febrero 3 del 2000). La dimensión de esa confluencia y movilización era una hecho nuevo frente a las negociaciones de la década pasada. Con excepción de las acciones colectivas regionales para buscar acuerdos sociales y reducir la violencia política, como las de los trabajadores del banano en Urabá, en los años ochenta los diversos grupos civiles participaron en las negociaciones de paz siguiendo una invitación de los grupos guerrilleros, más que como resultado de una iniciativa propia. Esa actitud por fortalecer una tercería frente a los dos bandos enfrentados contrasta con la amplitud de la polarización característica de las guerras civiles, situación que no se había presentado en la disputa armada colombiana, y con pocas probabilidades de tomar fuerza en el futuro. La búsqueda de la paz por sectores sociales organizados y movilizados representaba una postura definida a favor de una solución política pactada, hecho sin antecedentes en las negociaciones anteriores (Entrevista C. González, febrero 8 del 2000). En efecto, a finales de 1992 se constituyó una red de iniciativas por las paz, compuesta por 12 organizaciones de diferente naturaleza: centros de educación popular como Ismac; organizaciones de los jesuitas como Cinep, el Programa por la Paz y la Fundación Social; ONG de derechos humanos como Centro Jurídico Colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas; y experiencias regionales como la Mesa de Trabajo por la Vida de Medellín, Derrotemos la Guerra de Santander, y La Iniciativa por la Vida de Bogotá, entre otros. El objetivo era articular las experiencias de gestión de paz que estaban surgiendo en todo el territorio, y darle fuerza y resonancia a sus demandas. "Hacer un mar de muchos ríos", según el director del Programa por la Paz (Entrevista H. Arango, 2000). La dinámica de la red culminó en el primer encuentro de "iniciativas ciudadanas contra la guerra y por la paz", realizado en Bogotá a finales de 1993 y con participación de más de 300 personas provenientes de 20

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regiones del país. El encuentro dio origen a Redepaz, cuyo principal objetivo fue definido como "el de derrotar la guerra", según monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de la provincia de Socorro y San Gil, en el nororiente del país, y destacado impulsor de la iniciativa. El grupo inicial en el que habían tenido u n importante influjo ex-guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M-l9, fue luego reforzado por asociaciones de ex-guerrilleros, ahora "reinsertados" a la vida civil, como los de la Corriente de Renovación Socialista, provenientes del ELN. La red debía propender por la representación propia de la sociedad civil, y hacer énfasis en actividades educativas y de carácter simbólico en contra de la guerra y por la paz (Villarraga, 1998, p p . 72-82). Para los antiguos excombatientes, la generalización de la violencia a todo nivel había llevado a una situación en la que "las armas perdieron su brillo", y se necesitaba un imaginario de cambio diferente al de la lucha armada (Fundación Social-Cinep, 1996; p . 32). Los debates suscitados por la definición de la agenda a seguir dentro de la red fueron reveladores. Su propósito era el de congregar, antes que el de separar, aunque la exclusión de los grupos guerrilleros no fue bien acogida por sectores con alguna afinidad con éstos. Estas diferencias se ahondaron con la discusión sobre derechos humanos y las violaciones por agentes del Estado, énfasis de las organizaciones encargadas de velar por su defensa y de la legislación internacional, las cuales no consideraban las que cometían las guerrillas. Un consenso dentro de la red coincidió en hacer también visibles las violaciones cometidas por la guerrilla. La tensión aumentó con la discusión sobre el paramilitarismo y su origen. Se consideró que éste no se podía ver sólo como u n a "política de Estado", sino que también se alimentaba de los efectos surgidos de la extorsión y el secuestro cometidos por la guerrilla (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

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Otro punto de discusión álgido fue el del alcance de la convocatoria al país. En efecto, se propuso un cambio de actitud hacia empresarios y militares, y se consideró que la paz era imposible sin el concurso de ellos, abriéndose canales de acercamiento e intercambio. En suma, se inició un proceso de innovación y aprendizaje al tratar de moldear una propuesta civilista, y al mismo tiempo intentar transgredir las barreras casi "naturales" entre las dos grandes tendencias de la sociedad civil creadas por el Frente Nacional y su evolución posterior. La búsqueda de una interacción de suma-positiva entre sectores sociales que se consideraban ubicados en orillas políticas e idelógicas opuestas, y aún sin un claro reconocimiento mutuo como actores legítimos, fue un paso más hacia la redefinición de los antagonismos característicos de la herencia del Frente Nacional. La decisión del presidente Gaviria (1990-1994) de llevar por la fuerza a la mesa de negociación a la guerrilla, o de derrotarla, contradecía el artículo 22 de la nueva constitución, el cual expresaba que la "paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento" (Comisión de Conciliación Nacional y otros, 1998, p. 53). Redepaz inició una ferviente campaña nacional para hacer efectivo ese derecho en 1994 y 1995, promoviendo consultas ciudadanas, encuentros y reuniones, con el fin de impulsar la iniciativa popular legislativa y presionar por la reglamentación de ese artículo constitucional. También, en asocio con la iglesia menonita, trabajó con jóvenes en edad de reclutamiento para hacer efectiva la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Igualmente, Redepaz propuso la creación de consejos de paz regionales y locales, y ampliar el marco jurídico con mecanismos de conciliación y mediación (Villarraga, 1998, pp. 75-76). En el plano legal, la creación del Consejo Nacional de Paz por decreto presidencial en 1998, fue un logro tardío de esa campaña, aunque su inoperancia en la práctica describe las limita-

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ciones de la sociedad civil colombiana para influir sobre el poder político o, mejor, el autismo social de éste. Gobernadores y alcaldes, ahora elegidos por voto directo, acogieron las diferentes iniciativas con variado entusiasmo, aunque la inclemencia de los efectos del conflicto armado sobre la población civil le abrió al tema de la paz un lugar central en las diferentes agendas regionales y locales. El Consenso de Apartado, en la zona bananera del noroeste del país, durante la alcaldía de Gloria Cuartas (1995-1997) fue un esfuerzo fallido por construir convivencia en medio de una intensa disputa armada. La alcaldía del sacerdote Bernardo Hoyos (1995-1997) en Barranquilla, cuarta ciudad del país, fue una experiencia exitosa de apertura democrática. Otro caso significativo fue el de la Consulta por la Paz en el municipio de Aguachica, zona agroindustrial y ganadera del sur del departamento del Cesar, en el nororiente del país, y eje de un enconado enfrentamiento social por derechos sindicales y por apoyo a la economía campesina, y entre guerrilla (principalmente el ELN) y fuerzas bipartidistas. La consulta se realizó a mediados de 1995, con el ánimo de "derrotar a los violentos", y utilizando una de las nuevas herramientas constitucionales sobre participación popular. La convocatoria contó con el apoyo de la iglesia católica -cuyo párroco la apoyó desde el pulpito-, la cámara de comercio, el alcalde saliente y el candidato derrotado por el alcalde elegido, Fernando Rincón (1995-1997), un ex-guerrillero del M-19. Este fue el principal impulsor de la consulta, y su candidatura triunfó gracias al apoyo de la fracción mayoritaria del liberalismo en el municipio (Romero, 1997, pp. 34-40). El propósito era el de consolidar un "territorio de paz", a partir del plebiscito popular. Sin embargo, el desarrollo de la consulta puso de presente los riesgos de su realización. Los votos depositados no alcanzaron el mínimo legal para convertirse en "mandato", y el tono antiguerrillero de algunos de los convocantes, lo

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mismo que la consolidación posterior de los paramilitares como fuerza dominante en el municipio, terminaron por polarizar aún más la situación. Los críticos de la consulta indicaron que el diseño del tarjetón era maniqueista. La pregunta pidió marcar una de dos opciones: Sí a la guerra o Sí a la paz, y aquéllos afirmaron que con esa formulación era obvio que nadie iba a votar por la guerra (Romero, 1997, p p . 34-40). Además, con la posterior evolución política del municipio, quedaron planteados los riesgos de un ejercicio ciudadano como el de Aguachica, en el que parece que no fue suficiente hacer un llamado por la paz si éste no iba acompañado de una demanda por democracia y justicia social. Igualmente, la experiencia indicó que el contexto nacional de estancamiento o consolidación de las negociaciones con la guerrilla influía en el sentido y trayectoria final que tomara la iniciativa. Tal y como se desarrolló, en u n ambiente de estancamiento de aquéllas, la consulta se deslizó a un terreno "gris" en donde la confianza, la cooperación y las posibilidades de reconciliación no fueron las más beneficiadas. La guerrilla consideró que la consulta se había organizado en contra de ella, el alcalde que la promovió fue acusado -sin p r u e b a s - de apoyar a los paramilitares, y la población siguió padeciendo los efectos de la violencia. Con todo, para mediados de 1995 los esfuerzos de paz empezaron a tener unas dimensiones significativas a nivel nacional, así no fueran unificados. La jerarquía de la iglesia católica organizó la Comisión de Conciliación Nacional, con la intención de mediar y acercar a las partes enfrentadas y estructurar una política nacional permanente de paz (Comisión de Conciliación Nacional y otros, 1998, pp. 51). En ella participaron, además de los obispos, políticos, líderes sindicales, ex-militares, periodistas y empresarios. Si bien el cambio de actitud de los obispos no fue resultado de una reformulación del papel de la iglesia en la vida nacional, sino de los efectos de la guerra en la población,

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el nombramiento del cardenal Alfonso López Trujillo a una posición dentro de la burocracia del Vaticano en Roma, figura conservadora y dominante dentro de la dinámica de la jerarquía, permitió en Colombia oír nuevas voces y propuestas de obispos m á s cercanos a posiciones m e n o s c o m p r o m e t i d a s con el bipartidismo (Entrevista H. Arango, febrero 17 del 2000). Este hecho contrastó con la reticente disposición de los obispos hacia las negociaciones de paz durante la década de los ochenta. Por su lado, las confederaciones obreras y los sindicatos nacionales, las ONG de derechos humanos y los activistas de izquierda organizaron el Comité de Búsqueda por la Paz para contribuir a ésta desde una "perspectiva popular" (Villarraga, 1998, p. 76). En asocio con Redepaz, este comité realizó seminarios sobre "paz integral y sociedad civil" en las principales capitales departamentales, con participación de trabajadores, indígenas, grupos de mujeres, de jóvenes y ambientalistas con la intención de "construir un gran movimiento social por la paz". Así mismo, la Fundación Social impulsó dentro del sector privado la discusión de la conveniencia de una solución negociada al conflicto armado, lo cual tuvo como resultado inmediato la organización del grupo Empresarios por la Paz, compuesto por las principales agremiaciones patronales: Asociación Nacional de Industriales, ANDI; Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF; Asobancaria; Asociación Nacional de Exportadores, Analdex; Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Acopi, entre otros. El hecho representaba una posición radicalmente opuesta a la asumida por el empresariado en las negociaciones de la década anterior, cuando formaron una voz con la oposición militar al proceso de paz (Romero, 1999, p . 19). La nueva actitud también se notó con el rechazo al impuesto de guerra propuesto por la administración Samper y con la crítica a la ineficiencia del gasto militar (Fundación Social-Cinep, 1996; p. 17).

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Igualmente, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, dependencia de la Presidencia, organizó con Ecopetrol -la empresa petrolera estatal- y la Unión Sindical Obrera, USO, un plan conjunto para discutir la política energética y su relación con un eventual proceso de paz, colaboración que llevó a la Asamblea por la Paz en 1996. De este evento surgió la idea de convocar a la constitución de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la cual se realizó en 1998 con cerca de 4.000 delegados de todo el país, en donde confluyeron una impresionante variedad de grupos, experiencias y propuestas locales y regionales para "construir la paz con democracia y justicia social". El evento tuvo un apoyo decidido de la Fundación Social, otras entidades de la iglesia católica y organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el PNUD, y fue instalado por Danielle Mitterand, viuda del ex-primer ministro francés. EL MANDATO CIUDADANO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD

Para mediados de la década del noventa era un hecho el activismo de diferentes grupos de la sociedad civil para abrir espacios y mecanismos de participación. Éstos buscaban presionar al gobierno y a los actores armados para que llegaran a una solución del conflicto o al menos para que respetaran a la población civil. Mientras tanto, crecía la vinculación a la guerra de menores de edad, aumentaba el número de secuestros y de desapariciones forzadas de civiles, se ampliaba la dimensión de la población desplazada, se incrementaban los lisiados por heridas de guerra, se multiplicaba la eliminación de presuntos simpatizantes no armados de uno u otro bando, al igual que las bajas de los enfrentamientos directos entre éstos. El nuevo marco constitucional sobre consultas ciudadanas ofrecía oportunidades para hacer oír la voz del "constituyente primario" de una forma civilista. Se realizó un primer ensayo con el Mandato de los Niños

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y las Niñas por la Paz y sus Derechos en octubre de 1996, ya que este grupo es uno de los primeros afectados en las guerras, y uno de los menos atendidos. Con el apoyo de Unicef y la Registraduría Nacional, Redepaz y otras ONG como Semilleros de Medellín organizaron en los colegios de 300 municipios una consulta sobre los derechos de los infantes, y con la participación de dos millones setecientos mil niños y niñas. El derecho a la vida y el derecho a la paz, entre otros diez derechos, obtuvieron la mayoría de votos (Entrevista A. T Bernal, febrero 17 del 2000). Entre tanto, la reacción a otro drama provocado por la guerra tomaba su impulso propio. Para finales de 1996 la Fundación País Libre organizó cinco marchas contra el secuestro en cinco ciudades -Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Valledupar- con una movilización que rompió las expectativas de sus impulsores. En Bogotá, movilizaron cerca de 50.000 personas bajo la consigna "por el país que queremos, no al secuestro". El propósito inicial de la Fundación era el de apoyar a las familias de los secuestrados, y a éstos mismos, una vez liberados. En la primera parte de los años noventa, País Libre recolectó más de un millón de firmas para apoyar un proyecto de ley Antisecuestro, el cual tuvo éxito, y apoyó el pago de recompensas por el Estado para quienes dieran información a las autoridades que condujeran a la liberación de secuestrados o a la captura de los implicados en estos hechos. La cabeza visible de la Fundación es el periodista Francisco Santos, secuestrado durante 8 meses por el traficante de drogas Pablo Escobar a finales de los años ochenta, y directivo del periódico El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país. La Fundación también recibe el apoyo del sector privado en general, y de ganaderos y empresarios agrícolas en particular, los grupos sociales más afectados por el secuestro y la extorsión de la guerrilla y la delincuencia común (Archivo de prensa, Fundación País Libre).

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Los orígenes y objetivos de Redepaz y País Libre no permitían predecir su confluencia y cooperación, aunque cada uno, a su manera, representaba formas diferentes de experimentar el mismo fenómeno - u n a confrontación a r m a d a - y sus efectos en individuos y grupos concretos. La violencia del conflicto los igualó y los puso en el mismo terreno de demandar derechos y garantías comunes, es decir, para todos, hecho que contrastaba con la evidente desigualdad social de la que partían. La forma como llegaron a u n acuerdo para la acción unificada supuso la inexistencia de la protección estatal, la cual habría que redefinir y reconstruir una vez superado el enfrentamiento. En efecto, la invitación de País Libre a Redepaz a participar en las marchas de diciembre de 1996 fue aceptada, siempre y cuando a la protesta contra el secuestro se le agregara otra contra la desaparición forzada. País Libre aceptó y a su causa, "que era un dardo hacia la guerrilla, añadió la nueva contra la desaparición, que era un dardo hacia el Estado" (Guerrero, 1998, p . 124). Estaba planteado el terreno para una causa común, y no sólo particular. El hecho tenía un significado más allá de la simple suma de esfuerzos, lo cual ya era un logro para reconocer. Como cada uno de los grupos representaba a la tendencia en que históricamente había estado dividida la sociedad civil colombiana, la cooperación entre ellas abría posibilidades de recomponer esa separación casi natural. Algo similar había ocurrido con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, o durante la asamblea constituyente en 1991. Cada vez que esa división histórica se ponía en entredicho, aumentaban las posibilidades de crear un campo para el desarrollo de una ciudadanía más inclusiva, ampliar los sujetos portadores de derechos y para que sectores que se desconocían mutuamente se reconocieran entre sí. Esto fue claro en el caso de las marchas contra el secuestro de diciembre de 1996. Allí se encontraron por primera vez en la calle los familiares de los desaparecidos, codo a codo, agitando

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pancartas con los familiares de los secuestrados (Guerrero, 1998, p. 124). Este primer acercamiento entre sectores tan diversos dejó perplejos a muchos. Era nada menos que proyectar una imagen menos clasista de la sociedad, para promover una centrada alrededor de una causa común, en este caso el derecho a la vida y a la libertad. Semanas después se llegó a un acuerdo entre Unicef, Redepaz y País Libre para realizar una consulta que tuviera la fuerza de un mandato del constituyente primario. Había que aprovechar las elecciones locales y regionales de octubre de 1997, para lo cual se debería contar con el apoyo del gobierno, quien costearía la consulta. A la idea del Mandato por la Paz y la Vida, se le agregó la palabra Libertad, y la propuesta del mandato ciudadano empezó a tomar forma. La dinámica surgida de la organización de la consulta permitió nuevas interacciones entre personas y sectores que rara vez tenían oportunidad de compartir una causa común, como los miembros del Consejo Gremial y los representantes de las centrales obreras, o miembros de organizaciones de derechos humanos con representantes de grupos económicos. "Debemos superar el esquema de estar siempre los mismos con las mismas", explicó la vocero de Redepaz (Guerrero, 1998, pp. 126-129). Las reacciones de los actores armados frente a la "troika" fueron variadas. Para el jefe máximo de las FARC, "los partidos y los tres poderes... ahora, en las proximidades de una campaña electoral, quieren tapar el sol con las manos proponiendo el voto por la paz" (Guerrero, 1998, p p . 126). El ELN fue más receptivo y reconoció el hecho como u n acto de soberanía popular; los paramilitares mostraron interés en participar y apoyaron públicamente la consulta; y los militares vieron la oportunidad para llevar a cabo una "operación psicológica" (Entrevista A. T. Bernal, 2000). Como reconociera un dirigente de la CUT, la convocatoria es abierta y sirve a agendas diferentes, y por eso "tiene lecturas distintas" {El Tiempo, septiembre 26 de 1997).

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El proceso que culminó con cerca de 10 millones de votos apoyando el mandato ciudadano fue un ejercicio de pedagogía política sin antecedentes. Igual sucedió con la mezcla entre técnicas de comunicación masiva y la acción colectiva. Por ejemplo, el uso del internet para informar y promover las movilizaciones de colombianos en el exterior fue una novedad notable (Entrevista L. Sandoval, 2000). El voto por el mandato en el exterior fue casi tres veces más que los conseguidos por los candidatos a la presidencia juntos, seis meses después. Con todo, no faltaron quienes acusaron a unos y otros de estar colaborando con la extrema izquierda o con la extrema derecha, según el caso (Pontón, 1998, pp. 136). Sin embargo, para el presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, como mínimo, el mandato "vinculó a la gente a la discusión sobre la paz, y ese elemento es positivo" {El Tiempo, septiembre 26 de 1997). Para el representante de los exportadores, las discusiones alrededor de la paz permitieron conocer otras facetas más prepositivas de los líderes sociales, diferentes a las capacidades para organizar luchas reivindicativas, y esto fue importante (Entrevista J. Díaz, febrero 23 del 2000). Para la vocero de Redepaz, además de influir en la agenda de discusión pública, se logró la aplicación de la prohibición legal de la participación de menores de 18 años en la guerra, de la legalización de la vinculación de civiles en actividades de inteligencia y vigilancia a través de las cooperativas de seguridad Convivir, y se propició un acercamiento entre miembros de la sociedad civil y el ELN. De aquí surgió el encuentro en Maguncia, Alemania, patrocinado por el episcopado católico alemán, y en donde se reunieron 40 representantes de organizaciones gremiales, sociales y de la iglesia, y otras personalidades. Éstos acordaron realizar en el futuro una "convención nacional" entre la sociedad civil y el ELN en territorio colombiano, la cual se frustró con el cambio de gobierno en 1998.

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En suma, la experiencia del mandato puso en evidencia la diversidad y número de iniciativas en busca de la paz, las cuales no sólo representaban esfuerzos diferentes, sino perspectivas, ritmos y aliados distintos en un eventual proceso de negociación. Mientras Redepaz hacía énfasis en una propuesta civilista, en defensa de la población civil no vinculada al conflicto armado, por la aplicación del derecho internacional humanitario, y buscaba un alto en la guerra y negociación inmediata entre gobierno y guerrilla, las propuestas provenientes de las organizaciones sociales tenían otras prioridades. En efecto, sin estar en desacuerdo con los objetivos anteriores, anteponían los de justicia y concertación social. Igualmente, País Libre tenía la denuncia del secuestro como su prioridad, aunque también estaba interesado en un cese de la guerra. En la práctica, estos matices y diferencias se reflejaban en los escenarios, las convocatorias y los aliados. Sin embargo, el grado de cooperación logrado entre sectores tan disímiles fue notable durante la convocatoria del mandato, dados los orígenes y propósitos tan diversos. Por un corto tiempo, algunas de esas divisiones históricas parecieron desvanecerse y atisbos de un posible "nuevo país" dejaron ver sus rasgos. COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES Y EL REGISTRO EN LOS MEDIOS

El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) inició su mandato con la decisión de consolidar un proceso de negociación política con las FARC. Por el contrario, los avances logrados con el ELN por el gobierno anterior no fueron considerados, decisión a la cual este grupo respondió con represalias sobre la población civil. Una secuencia de hechos resultaron especialmente traumáticos: el secuestro de un avión comercial con 46 pasajeros a bordo en abril de 1999, el secuestro de más de 100 feligreses que asistían

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a misa en una iglesia de la ciudad de Cali a finales de mayo del mismo año, y el secuestro de más de 10 miembros de un club privado de pesca y recreo en la ciudad de Barranquilla el mismo fin de semana. 1999 no había comenzado como un año normal. A finales de enero tres miembros del Instituto Popular de Capacitación, IPC, de Medellín, fueron secuestrados por paramilitares acusados de "auxiliadores de la guerrilla", y su jefe, Carlos Castaño, lanzó amenazas contra las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, defiende a esas organizaciones y manifiesta que "los líderes de derechos humanos son constructores de paz" {El Tiempo, 2 de febrero de 1999). Aunque los secuestrados del IPC fueron liberados, tuvieron que abandonar el país y fue asesinada la coordinadora de Redepaz en el departamento del Cesar a mediados de ese año. La senadora liberal Piedad Córdoba, enérgica vocera por el respeto a los derechos humanos, también fue secuestrada por los paramilitares y, aunque fue liberada a los pocos días, también tuvo que salir al exilio en el exterior. País Libre se movilizó para organizar marchas en contra del secuestro en todo el país, en asocio con los gremios empresariales. Redepaz, la Comisión Colombiana de Juristas, Asfades y otras ONG también se unieron a la campaña, pidiendo la inclusión de la desaparición forzada. Éstas últimas estaban empeñadas en la tipificación de ésta como delito, lo cual no se había podido lograr, no obstante las continuas solicitudes a los diferentes gobiernos desde la década pasada. La ausencia de estatus jurídico para este delito implicaba una serie de problemas legales para sus familiares, además de la imposibilidad de adelantar alguna acción penal en contra de sus ejecutores, generalmente agentes del Estado (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000). Al igual que durante la organización del Mandato Ciudadano, la ampliación de la consigna inicial, esta vez en contra del

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secuestro, y la inclusión de la desaparición forzada, creó u n terreno de cooperación y un frente colectivo para la defensa de un derecho común, esta vez el de la libertad personal. También se buscó sensibilizar a la sociedad acerca de la privación de la libertad e involucrarla pacíficamente en su defensa (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000). Miles de personas y familias de diferente condición social realizaron marchas masivas en contra del secuestro y la desaparición forzada en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Aunque el "equilibrio" en el momento de hacer las declaraciones ante televisión, radio y prensa no se guardó, y los medios hicieron énfasis en el secuestro olvidándose de la desaparición (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000). A la par que se organizaban las marchas, sus impulsores iniciaron una campaña de cabildeo en el congreso para la elaboración del proyecto de ley tipificando la desaparición forzada, y luego para presionar por su aprobación. Igualmente, se mantuvo informado al cuerpo diplomático, en particular a los embajadores de la Comunidad Europea, sobre el avance del proyecto. En esto, la oficina delegada para los derechos humanos de la Naciones Unidas en Colombia ofreció u n apoyo definitivo. Un hecho para realzar fue la posición del representante de los empresarios durante el cabildeo en el congreso. No obstante la intensa discusión sobre si el proyecto era una estrategia para debilitar al Estado y a la fuerza pública, debate en el que participaron Asfades, País Libre y Mario Gómez, miembro de la j u n t a directiva de Fenalco -Federación Nacional de Comerciantes- y representante de los empresarios, una vez llegado a un acuerdo, aquél se hizo presente en el congreso para abogar a favor del proyecto. Pese a las críticas de algunos congresistas y de militares por "andar con esos revoltosos", Gómez se mantuvo en su criterio (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000). Para el cierre de las marchas se planeó una gran movilización nacional en octubre con epicentro en Bogotá. Para ese en-

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tonces los publicistas asociados a País Libre habían convertido la campaña ciudadana por la libertad, contra el secuestro y la desaparición forzada en un estruendoso ¡No Más!, el cual redujo en los medios el sentido de la acción al sólo rechazo del secuestro y, en el contexto en el que se realizó, a convertir la marcha en una condena a la guerrilla, y no a sus acciones, lo que debilitaba el proceso de paz. Aproximadamente cuatro millones de personas marcharon en todo el país para expresar su rechazo al secuestro y a la violencia, hecho que fue convertido en los medios en una "cuenta de cobro" en contra de la guerrilla. En opinión de la vocero de Redepaz, "el ¡No Más! ya era otra cosa. La marcha no se había pensado hacerla en contra de ninguno de los actores armados, ni para polarizar aún más el ambiente" (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Los resultados de la gran marcha de octubre dejaron un sabor amargo dentro de Redepaz y sus asociados. Se llegó a sostener por los más descontentos que los créditos del esfuerzo "se los había robado la oligarquía", representada por la familia Santos, propietaria del periódico El Tiempo, afirmación que no fue bien recibida en País Libre. Además, el Mandato Ciudadano había dejado de existir como un hecho que generó una convergencia amplia de diferentes grupos, y pasó a convertirse en una organización no gubernamental más, dirigida por un sector de esa convergencia. Igualmente, alrededor del ¡No Más! se organizó otra ONG apoyada por empresarios y gremios económicos, para quienes el objetivo primordial era parar la guerra, y con esto el secuestro, pero quienes no tenían ningún propósito de transformación social, punto importante para Redepaz (Entrevista L. Sandoval, febrero 3 del 2000). Si bien el nuevo milenio comenzó con los principales actores de las movilizaciones por la paz distanciados, quedaron los puentes y las enseñanzas para futuras acciones.

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EL PDPMM: DESARROLLO Y PAZ "EN CALIENTE"

Una de las iniciativas más innovadoras en la segunda parte de la década de los noventa ha sido el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM, impulsada por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el Cinep y la Pastoral Social de Barrancabermeja. Además del fortalecimiento de la sociedad civil, esta iniciativa incluye un componente de desarrollo sostenible y cooperación con las instituciones estatales y organismos internacionales, combinación que hasta entonces había sido inexistente, si no impensable, en proyectos de intervención similares y llevados a cabo por organizaciones no estatales. El PDPMM está ubicado en Barrancabermeja, eje de la industria petrolera estatal, de un sindicalismo militante, progresista e influyente, y centro de una de las regiones más afectadas por la disputa armada. Su radio de acción llega a 4 departamentos e incluye a 29 municipios de esta zona. El programa es una confluencia al nivel subnacional de sectores de la sociedad civil, agencias del gobierno nacional, banca multilateral y organizaciones de cooperación internacional. Igualmente, es una experiencia piloto de democratización diferente al estatismo social, o a una solución de mercado sin otro tipo de mediación. Liderado por la comunidad de los jesuitas y la diócesis de Barrancabermeja, y con la estrecha participación de comunidades locales agrupadas en una "red de pobladores", el PDPMM ha generado un espacio público per se, con la posibilidad de poner como una prioridad las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena medio en la agenda de desarrollo y paz. El objetivo del PDPMM es cambiar lo que ellos denominan "dinámicas perversas" en el desarrollo regional y sentar las bases para la reconciliación política en el Magdalena medio (Romero, 1999a, pp. 64-71). El PDPMM nació del interés mutuo de la empresa estatal de petróleo, Ecopetrol, y su sindicato, la Unión Sindical Obrera,

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USO, para llegar a un acuerdo sobre formas de seguridad para los oleoductos e instalaciones petroleras, diferente a la militarización. Los atentados de la guerrilla a esa infraestructura estaban produciendo cuantiosas pérdidas económicas y daños ambientales considerables. Se acordó una inversión social en la región, hecho que puso las bases del programa, el cual fue tomando una dinámica propia y cada vez de mayor envergadura y alcance. En el PDPMM han confluido la banca multilateral como el Banco Mundial, agencias de cooperación como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; diferentes niveles, programas y agencias del Estado como la Red de Solidaridad de la Presidencia, el programa de Municipios Saludables del Minsalud, o el Departamento Nacional de Planeación, que con su patrocinio ha facilitado la obtención del aval de la nación para los préstamos del Banco Mundial al PDPMM. Además, por la iglesia Católica han participado la Diócesis de Barrancabermeja y el Cinep. En esa confluencia también se han incorporado profesionales y líderes de la región como funcionarios y asesores del PDPMM, y más importante aún, éste ha promovido la conformación de núcleos comunitarios en los 28 municipios en los que opera, y a partir de éstos, una red de pobladores del Magdalena medio. Ésta, aunque en proceso de consolidación, ha permitido la participación directa de grupos organizados a nivel local en la selección, diseño y planeamiento de los proyectos en los 28 municipios que incluye el programa, hecho que se ha constituido en uno de sus mayores activos, junto con el del pluralismo político e ideológico en su interior. Al igual que con el Movimiento por la Vida, el PDPMM ha generado un espacio en donde se oyen voces y propuestas alternativas, opuestas o coincidentes, según el caso, a las del gobierno, los partidos tradicionales o los actores armados. Esa "voz propia" de sectores marginados es lo que se conoce como u n contra-público a la esfera oficial generada por el Esta-

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do y sus prácticas, sus proyectos y sus discursos, el cual no excluye las posibilidades de cooperación entre estos dos polos. Además, en el caso del Magdalena medio, ese espacio comunicativo y práctico creado por el PDPMM no sólo le disputa la creación de significados y de un marco de interpretación de los hechos a los diferentes niveles y organizaciones estatales, sino también a los grupos guerilleros, por un lado, y a los paramilitares y autodefensas, por el otro. Se podría decir que cada acción y pronunciamiento del PDPMM pretende ser "una tacada a tres bandas": hay por los menos tres audiencias diferentes observando cuidadosamente su actividad. En efecto, la diversidad de voces, perspectivas e intereses que se ventilan en la red de comunicación y cooperación que constituye el PDPMM, la posibilidad de poner como una prioridad en la agenda de desarrollo y paz las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena medio, y las reducidas posibilidades de corrupción en el manejo de los recursos, hechos difíciles de lograr en las instituciones estatales regionales manejadas por los dos partidos tradicionales, han convertido al PDPMM en una experiencia piloto para la superación de la pobreza y la construcción de la paz. Esta modalidad de asociación entre organismos de cooperación internacional, banca multilateral, agencias estatales y grupos de la sociedad civil, incluyendo a los sectores populares como sujetos portadores de derechos, y no como clientelas, está a tono con las demandas domésticas de democratización y participación, y con las nuevas corrientes internacionales sobre desarrollo social. Éstas ya no centran toda la responsabilidad del desarrollo en el Estado, sino abogan por una ¡nteracción positiva entre Estado y sociedad civil, dos polos que antes se consideraban excluyentes o al menos contradictorios (Montúfar, 1996, pp. 11-23). Al invocar la defensa de derechos universales como los derechos humanos, la convivencia y defensa de la vida, la satisfac-

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ción de necesidades básicas y otros puntos, el PDPMM ha vuelto a poner en la discusión regional la noción de bien común o colectivo, sin confundirlo con lo estatal, pero reconociendo la importancia de éste para su implementación y estabilización en un complejo de derechos sancionados por ley y respetados en la práctica. Esto también supone la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos por las administraciones locales, que en muchos casos están "privatizadas" por las diferentes redes políticas, incluyendo las de los actores armados. De ahí que el control de las municipalidades, sobre todo cuando recaudan recursos derivados de regalías de la explotación de petróleo o gas, se haya convertido en uno de los puntos álgidos de la disputa armada. Una de las mayores dificultades del PDPMM es la gran desconfianza frente al Estado central y sus aliados locales en el Magdalena medio. La explotación de recursos naturales como el petróleo y el gas no ha tenido los efectos regionales esperados y prometidos, y la riqueza del subsuelo de esta zona no ha ofrecido progreso a su población, debido al modelo de economía extractiva utilizado y a la ausencia de encadenamientos productivos sólidos con la región (de Roux, 1996). En esta situación de desconfianza, no sólo frente al Estado, sino dentro de la misma sociedad, el trabajo del PDPMM ha sido difícil debido a esa ausencia de "capital social", definido como la capacidad para asociarse, para crear redes de solidaridad, confianza y reciprocidad, no sólo dentro y entre los miembros de los diferentes grupos sociales, sino entre los potenciales ciudadanos y las distintas organizaciones estatales. Esa capacidad para asociarse está relacionada con el desarrollo económico, y tiene mucho que ver con la sinergia entre Estado y grupos de la sociedad, de la cual el PDPMM es un resultado relativamente exitoso. Sin embargo, el escepticismo originado por el conflicto armado ha sido una barrera para la coope-

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ración, y las perspectivas de su recrudecimiento, al convertirse la región, y la misma ciudad de Barrancabermeja, en un territorio en disputa entre guerrilla y paramilitares, demandarán una dosis mayor de optimismo y esfuerzo por parte del PDPMM. Con todo, lo obtenido hasta el momento por esta iniciativa ha demostrado los beneficios de esas nuevas posibilidades de asociación. CONCLUSIONES

La movilización por la paz en Colombia ha tenido muchas facetas y múltiples actores en los últimos 15 años. Éstos han fluctuado entre seguir interactuando estratégicamente para sacar ventajas en el conflicto o cooperar para innovar y aprender, y, de paso, redefinir las divisiones de la sociedad civil heredadas del Frente Nacional y su desarrollo posterior. Así se puede entender la dinámica del sector sindical, que de un faccionalismo extremo pasó a la cooperación entre diferentes tendencias rivales y a la creación de la CUT en 1986, o lo sucedido con ciertos sectores políticos e intelectuales durante el proceso de paz de la década de los ochenta. La movilización por la paz de la década del noventa puede ubicarse en la misma dirección. La confluencia de los cuatro factores mencionados al comienzo del trabajo han facilitado esa cooperación y aprendizaje. Diferentes obispos a través de las obras de pastoral social han coincidido con otras comunidades como la de los jesuitas, o con sectores laicos, para impulsar acciones que faciliten una solución negociada del conflicto armado o al menos un respeto a la población civil. Por su lado, los alcaldes y gobernadores, ahora elegidos y más autónomos del poder central, han tenido que responder a las situaciones de violencia en sus territorios. Así, aunque la invocación de la paz hace parte de un juego estratégico, también es parte de un proceso de aprendizaje e innovación política. Esto ha sido claro en el caso de la diversidad de asociaciones, redes,

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ONG, grupos e individuos provenientes de las diferentes tendencias de la izquierda, quienes han impulsado acciones para presionar por una negociación política y el respeto a la población civil, como parte de un paradigma de cambio político nuevo, diferente al de la lucha armada. Finalmente, la movilización de sectores empresariales y de profesionales en contra del secuestro y por u n alto a la guerra, y la cooperación con otros sectores sociales como los mencionados antes, indicaron que es posible, así sea por corto tiempo, crear condiciones para avanzar en un propósito colectivo y en la idea de una ciudadanía común mínima, que ayude a generar confianza entre grupos sociales que históricamente han pertenecido a redes políticas rivales, lo mismo que a crear barreras culturales e institucionales en contra de violación de derechos y discriminaciones. La dimensión de las marchas contra el secuestro ha llevado a algunos a pensar que la movilización por la paz y sus diferentes formas puede ser reducida a esa sola manifestación. Si bien aquéllas h a n constituido u n o de los hechos más controvertidos, y por tanto reveladores, dentro de esa variedad de formas de expresar una preferencia colectiva por la solución negociada del conflicto armado, o al menos por el respeto de la población civil, en este trabajo se ha tratado de mostrar la complejidad y diversidad de esa movilización por la paz. Ésta y su significado no p u e d e n reducirse a u n único hecho como el de las marchas, las cuales ganaron notoriedad no sólo por el número de población involucrada, sino por el registro positivo en los medios de comunicación, en comparación con otras expresiones o procesos que no han merecido despliegues semejantes. Finalmente, el secuestro se ha convertido en un verdadero flagelo para la sociedad colombiana. Sin embargo, su uso como recurso estratégico para alimentar un "revanchismo" -entendibleen contra de la guerrilla, sin reconocer otras violaciones de derechos que afectan a sectores específicos de la población que son

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asociados con "la izquierda" y, por extensión, con "la guerrilla", cierra las posibilidades de cooperación entre grupos de la sociedad agredidos por aparatos armados. Esto impide la formación de condiciones sociales para el fortalecimiento de barreras institucionales y culturales en contra de la violación de derechos. Por fortuna, las distintas movilizaciones por la paz de la ultima década en Colombia han sido u n avance en la cooperación de los sectores afectados por la violencia para impulsar el respeto, la promoción y el lenguaje de los derechos. Aunque, sin duda, todavía falta mucho por hacer.

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Arango, Horacio, provincial general de la Comunidad de Jesús en Colombia, director por 10 años del Programa por la Paz de esta comunidad, Bogotá: febrero 18 del 2000. Bernal, Ana Teresa, coordinadora nacional de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra), Bogotá: febrero 17 del 2000. Castellanos, Camilo, director de ILSA (Instituto Legal de Servicios Alternativos) y antiguo miembro del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), Bogotá: febrero 7 del 2000. Díaz, Javier, miembro del Consejo Gremial Nacional y director de Analdex (Asociación Nacional de Exportadores), Bogotá: febrero 23 del 2000. Garzón, Angelino, antiguo dirigente sindical, ex-constituyente y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, Bogotá: febrero 16 del 2000. González, Camilo, exministro por el Movimiento 19 de Abril, M-19, durante la primera parte del gobierno de César Gaviria (1990-1994) y actual coordinador del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, Bogotá: febrero 8 del 2000. Quintero, Yolima, miembro de Asfades (Asociación de Familiares de Desaparecidos), Bogotá: marzo 13 del 2000.

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Sandoval, Luis, miembro del consejo directivo de Redepaz y director del Ismac (Instituto María Cano), Bogotá: febrero 3 del 2000.

Flor Alba Romero EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

Al igual que otros movimientos sociales en Colombia, el movimiento de derechos humanos ha estado influido y es producto de la difícil situación que vive el país en todos los niveles -económico, social y político-, y aunque su existencia es relativamente corta -desde la década del setenta-, su trayectoria e incidencia a favor de la vigencia de los derechos humanos del país ha sido determinante. El presente ensayo hace una presentación de los Derechos humanos como movimiento; luego adelanta u n breve recorrido histórico desde su surgimiento, pasando por las diversas actitudes tomadas frente al Estado y las respuestas de éste, hasta llegar a la situación actual, en la que, si bien el movimiento de derechos humanos sigue existiendo, presenta debilidad, sobre todo en las regiones. Finalmente, analiza que en los últimos dos años la labor de los defensores de derechos humanos pasó de la defensa de los afectados a convertirse en la búsqueda de la propia protección de los activistas. LOS DERECHOS HUMANOS COMO MOVIMIENTO SOCIAL

Los movimientos sociales en Colombia buscan recuperar el espacio público y en particular el de la ciudadanía, en u n contexto donde el Estado bipartidista es débil pero a la vez excluyente,

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y en donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados 1 . Tomando en cuenta la categorías que definen un movimiento social, consideramos que el de derechos humanos reúne dichas características: ... Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir, que denotan conflictos y que tienden a ser propositivas. Todo ello en contextos históricos... 2 .

Efectivamente, el movimiento de derechos humanos ha adelantado acciones colectivas que tienen que ver con reivindicaciones de otros y, a pesar de las dificultades, su actividad permanece, y aunque su comportamiento ha variado en el tiempo y la forma, mantiene ante el Estado una actitud de reclamo respecto de la responsabilidad que a éste le corresponde, sin que esto riña con una participación que busca ser prepositiva y de construcción de democracia; intenta hallar, j u n t o con otros, mecanismos alternativos para lograr que su relación con el Estado responda a las obligaciones institucionales y legales. Aunque el movimiento de derechos humanos no es homogéneo, sus acciones no alcanzan una verdadera cobertura nacional y padecen de cierto centralismo; pero su existencia ha sido definitiva para exigir una política estatal en materia de derechos humanos, y sus acciones han tenido trascendencia en el aconte -

1

Francisco Leal B., "Los movimientos políticos y sociales. Un producto de la relación entre Estado y sociedad civil", Revista Análisis Político, N 2 13, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, mayo-agosto/1991, pp. 7-21. 2 Véase capítulo 7, de Mauricio Archila Neira, en En busca de la estabilidad perdida, Francisco Leal (compilador), IEPRI, Bogotá, 1995.

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cer nacional, porque su labor ha visibilizado las diferentes facetas de la violación de los derechos humanos. La acción en defensa de los derechos humanos representa una posibilidad de trabajar construyendo democracia real y planteando soluciones; es una forma de dirimir conflictos frente a los abusos de poder del Estado. En este sentido, como otros movimientos sociales, el de derechos humanos está inscrito en una dinámica de construcción de consensos y no de imposición por la vía armada 3 .

Si bien se habla de las organizaciones no gubernamentales como el quinto poder 4 , con solvencia económica y capacidad de gestión, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han enfrentado desde siempre dos obstáculos considerables: por un lado, recortes y limitaciones presupuéstales, y por otro, los riesgos que implica para la vida de los activistas este trabajo. A pesar de estos obstáculos, cuyas consecuencias han sido devastadoras, el movimiento de derechos humanos ha logrado movilizar a la opinión pública, obtener protección, colaborar en desarrollos legislativos importantes e incidir en la sensibilización y denuncia de la situación de derechos humanos del país. En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, este movimiento se concentró, en una primera etapa, en los derechos civiles y políticos; desde hace unos cinco años incluyó la preocupación por los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos a la paz, al desarrollo y al medio ambiente sano. Las características del conflicto colombiano hicieron que el movimiento de derechos humanos, muy señalado por su escaso pronunciamiento frente a las violaciones al Derecho Internacio-

3 4

Alain Touraine, citado por Mauricio Archila, op. cit. Véase revista Semana, 938, 24 de abril a I o de mayo, Bogotá, pp. 33-38.

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nal Humanitario, DHI, por parte de la insurgencia, incluyera en sus análisis e informes, desde 1995, reflexiones y datos sobre infracciones al DHI por parte de todos los actores armados. El movimiento de los derechos humanos comporta en su accionar los tres principios básicos de todo movimiento social 5 : La identidad, es decir, la definición del actor por sí mismo; la oposición, en la cual su contradictor es el Estado, y la totalidad, es decir, una actividad reivindicativa con proyección en el ámbito social. Según los tipos de relaciones, este movimiento sostiene relaciones de articulación, de oposición y de exclusión. De articulación, en la medida en que en el transcurso de su historia ha creado formas progresivas de coordinación, interlocución y adhesión a otros movimientos, atrayendo especialmente a las organizaciones sindicales, a los grupos eclesiásticos o al movimiento popular. De oposición, porque define una postura indeclinable de rechazo a cualquier forma de abuso contra la vida humana, tanto frente al Estado como ante los particulares y los grupos armados de izquierda o de derecha. De exclusión, en cuanto a la actitud diferenciada de admisión de sus miembros, de aceptación de alianzas y de evitar provocaciones provenientes de sectores que pretenden silenciarlo.

5 Véase Leopoldo Muñera, Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988, IEPRI, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colom-

bia, CEREC, Bogotá, 1998.

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TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 6

Primera etapa: confrontación contestataria El movimiento alrededor de la defensa de los derechos humanos surge a comienzos de la década del setenta 7 en una relación de abierto conflicto con el Estado. En esta primera etapa, la labor de las organizaciones no gubernamentales se centra en la denuncia, la confrontación y la educación 8 , ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Los miembros de las primeras ONG de derechos humanos provienen del movimiento popular y democrático, de activistas populares, sindicales y de oposición; su actividad se adelantó a través de foros nacionales e internacionales. Su labor se desarrolla en medio del auge del movimiento social y popular de finales de la década del setenta, cuando se registraron huelgas obreras, tomas de tierras, protestas estudiantiles y paros cívicos por el derecho al acceso a los servicios públicos, la educación, la salud y la vivienda. Paralelo a ello, se cons-

6 Véase Jaime Prieto M., "La relación Estado-ONG y su incidencia en la situación de derechos humanos", trabajo de grado para la especialización en derechos huma-

nos, ESAP, agosto de 1999.

' La primera organización no gubernamental de derechos humanos fue el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, creada en 1973 por personalidades democráticas. A la cabeza de ellas estaban el premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, líderes sociales como Noel Montenegro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la señora Carmen de Rodríguez, del movimiento de los barrios nororientales, y miembros de la academia como Jorge Villegas, Diego Arango y Nirma Zarate. 8

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se dedicaron a enseñar en los sectores populares y sindicales las normas de protección nacional e internacional de derechos humanos, instrumentos legales de defensa y forma de acceder a ellos.

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tituye la insurgencia, dándose inicio al conflicto armado interno que aún vivimos hoy. En esta época el tema de los derechos humanos es extraño al gobierno nacional; su práctica en esta materia estaba restringida a ciertos derechos civiles y políticos. La firma y ratificación de los tratados internacionales no pasaban del procedimiento formal y legitimador ante la comunidad internacional, pero éste no correspondía a la situación del país. Ante las protestas sociales, la respuesta del Estado es represiva. Es conocido que sucesivos gobiernos hicieron un uso casi permanente del estado de sitio y, por lo tanto, se restringieron las libertades fundamentales, se otorgaron facultades especiales al Ejecutivo, con el fin de dar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas y de policía para el control del orden público. Las violaciones de los derechos humanos ocurren dentro de operativos de control social; se vuelve cotidiano el juzgamiento de civiles por parte de autoridades militares, se adelantan capturas sin orden judicial, se aplica la sanción de arresto hasta por 180 días por alcaldes y gobernadores contra dirigentes sociales, dando como resultado detenciones arbitrarias y masivas, torturas, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al babeas corpus.

La labor de las ONG de derechos humanos se centra, entonces, en la defensa de los derechos civiles y políticos. Se trabajó en las regiones, y se adelantaron denuncias públicas exaltando las causas justas de los sectores sociales, la exigencia por el respeto a las libertades de asociación, expresión, movilización, respeto a la integridad personal y al debido proceso. Con base en la declaratoria del estado de sitio, el 6 de septiembre de 1978 se adoptó el Estatuto de Seguridad, por medio del cual se establecieron nuevas conductas delictivas, se ampliaron penas para delitos políticos, se impusieron penas de arresto y prisión a formas de protesta social, se estableció el juzgamiento

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de civiles por parte de militares, se limitó la libertad de prensa y se dio vía libre para la implementación de la "guerra sucia". En este período se utilizó en forma arbitraria la facultad que daba el artículo 28 de la Constitución nacional de 1886, que autorizaba la retención administrativa, hasta por 10 días, de sospechosos de intervenir en actos contra el orden público. Se destacan en esta primera etapa actividades como la publicación del Libro negro de la represión (1974), editado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el debate en el Congreso por la denuncia de tortura a detenidos en operaciones militares en Santander (1975), la campaña de acción urgente de Amnistía Internacional por torturas y n o atención médica a detenidos políticos y la realización del Primer Foro Nacional de Derechos Humanos (1978), en el cual se denuncian las violaciones dentro del Estatuto de Seguridad. El Primer Foro por los Derechos Humanos dio lugar, en 1979, a la creación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El espacio público para la labor de las ONG era precario en ese período, ya que no contaban con posibilidades de interlocución con las autoridades, las cuales no aceptan la ocurrencia de atropellos denunciados, eludían su deber de promover y difundir los derechos humanos y además le daban tratamiento de prohibido, peligroso y subversivo al tema, calificando a los defensores como enemigos del Gobierno y apatridas. Lo anterior condujo a que se realizaran muchos allanamientos, detenciones arbitrarias (5.000 presos políticos por año), se institucionalizara la tortura y se desconociera la legislación internacional de protección de los derechos humanos. Ante la primera visita de Amnistía Internacional -Al- (1980), el presidente Julio César Turbay negó los hechos violatorios de los derechos humanos y calificó a las ONG como parte de una conjura internacional. Al informe de Al lo calificó de vago e

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impreciso; Hugo Escobar Sierra, entonces ministro de Justicia, señaló que Al había violado la soberanía nacional. Por su parte, AI recomendó el levantamiento del Estado de sitio, la derogación del Estatuto de Seguridad, la publicación de las actas del Consejo de Ministros que ordenaban la retención de personas, por el artículo 28, el traslado a la justicia ordinaria de los procesos de civiles que estaban en la justicia penal militar, la revisión de los procedimientos para acoger denuncias sobre derechos humanos y garantizar el derecho del babeas corpus, crear comisiones de investigación por torturas a detenidos y garantizar la comunicación de los detenidos con los abogados y sus familiares en las 24 horas siguientes al arresto. El ejército, por su parte, ante las acusaciones recibidas, se defendía: Es una campaña contra los jefes de la institución militar, procurando su deshonra, situación en la cual fuerzas disociadoras han mostrado acucioso interés, con la clara estrategia de minar la cohesión que existe dentro del estamento militar y que el país requiere como base insustituible para su tranquilidad y progreso9. Segunda etapa: el acceso a organismos internacionales y la nueva actitud del Gobierno A finales de los setenta, las ONG decidieron acudir a organismos y agencias de cooperación internacional, aunque dudando de su éxito. En 1980 el país fue visitado, como dijimos antes, por Amnistía Internacional (que tiene status consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) y la Comisión

9

Carta pública suscrita el 20 de diciembre de 1977 por el general Luis Carlos Camacho Leyva, comandante general de las fuerzas militares, luego ministro de Defensa del gobierno de Turbay Ayala.

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Interamericana de derechos humanos. Sus informes alertaron sobre la grave situación de derechos humanos prevaleciente en Colombia. Esta intervención propició una actitud esperanzadora en las ONG de derechos humanos, que se decidieron a presentar casos ante el Sistema Regional (de la OEA) y el Sistema Universal de las Naciones Unidas, e influyó para que el gobierno colombiano iniciara algunos cambios de actitud frente al tema. El presidente Belisario Betancur (1982-1986) reconoce la existencia de abusos y atropellos y abre las expectativas para una negociación con la guerrilla. En materia de derechos humanos su discurso es distinto. Betancur atendió parcialmente las recomendaciones del informe de Amnistía Internacional y estableció controles a las actas del Consejo de Ministros. Sin embargo, el tema de los derechos humanos fue perdiendo su lugar; la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Carlos Jiménez Gómez, adelantó la investigación sobre paramilitarismo, la cual no tuvo ninguna repercusión. "El país no toma en serio la defensa de los derechos humanos", señaló el Procurador 10 . Las autoridades militares, por su parte, hablaron del "Síndrome de la Procuraduría", señalando que su intervención limitaba la efectividad de las acciones militares. Este período se caracterizó por la gran contradicción entre el discurso público, favorable al respeto de los derechos humanos, y los resultados prácticos. Paradójicamente, se disminuyeron los allanamientos y las detenciones, pero aumentaron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. El fenómeno paramilitar se extendió y se perfeccionaron los métodos de represión y ocultamiento de la identidad de los

10

Declaraciones del procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en la revista Semana de octubre de 1985.

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victimarios, y el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos se hizo mucho más difícil, por el carácter encubierto de las acciones ejecutadas. Ante el aumento de prácticas de desaparición forzada, las ONG se dedicaron a la búsqueda de pruebas materiales y testigos para aportar a las investigaciones, buscando superar la impunidad. Tercera etapa. La estatizacíón del tema de los derechos humanos y la deliberación con las ONG

Mediante la Resolución 035 del 9 de septiembre de 1986, el entonces procurador general Carlos Mauro Hoyos creó la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría e invitó al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES- a hacer parte de ella. La Comisión recibió casos e hizo seguimiento puntuales. Luego del asesinato del procurador Hoyos, asume la dirección de ese despacho Horacio Serpa Uribe, quien por medio de la Resolución 014 del 14 de junio de 1988 amplía la participación de las ONG y su órbita de actuación, facultándolas para recibir y escuchar quejas. Fueron invitados a participar el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo de Abogados, el Comité de Madres y Familiares de Presos Políticos y el Colectivo por la Vida 5 de Junio. La Procuraduría delegada para derechos humanos ejerció la secretaría de la Comisión. Entre las labores adelantadas por esta Comisión están el pronunciamiento acerca de los inconvenientes por utilizar las instalaciones militares como lugares de detención de civiles, y la presentación del primer proyecto de ley para la tipificación del delito de desaparición forzada.

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Al finalizar el período presidencial de Virgilio Barco, el procurador Alfonso Gómez Méndez amplió el número de participantes y creó comisiones regionales. Este gobierno, aceptando la gravedad de la situación, y ante la presión de la comunidad internacional, creó la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, mediante el Decreto 2211 del 8 de noviembre de 1987, como una instancia asesora del presidente en el diseño de políticas en materia de derechos humanos. La Consejería tomó la iniciativa de adelantar actividades de promoción de los derechos humanos y estuvo abierta al debate público, cambiando de actitud y dando una real importancia a lo que llamó la cultura de los derechos humanos. Aunque se fortaleció la interlocución con las ONG de derechos humanos, la administración Barco planteó un discurso problemático sobre "los derechos humanos como responsabilidad de todos", diluyendo la responsabilidad del Estado. Ante el Informe de Amnistía Internacional, el gobierno respondió que el contexto era de muchas violencias por fuera del control del Estado y que, por lo tanto, había muchos responsables11. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos expresaron que "la situación de derechos humanos es en efecto compleja, pero no confusa". El Gobierno colombiano, que comienza a recibir fondos de las Naciones Unidas, por Servicios de Asesoramiento Técnico en materia de derechos humanos, es requerido por instancias de la ONU y la OEA, y sabe que debe cuidar su imagen y tener una legitimidad internacional; por esto delega a la Consejería la atención de demanda de información e invita al Grupo de Tra-

1

' Véase Por la vigencia de los derechos humanos, Tomo IX, I a parte, Presidencia de la República, Virgilio Barco, agosto de 1988, pp. 109-112.

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bajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas. Delegados de estos mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitaron a Colombia en 1988 y 1989 y formularon importantes recomendaciones, sobre todo ante la ausencia de políticas de protección a los derechos humanos. La actitud de las autoridades fue positiva. Los señalamientos contra el Estado ya no provenían de las ONG de derechos humanos, sino de las Naciones Unidas y la OEA. El reconocimiento de la labor de las ONG de derechos humanos La visita de instancias intergubernamentales al país incidió favorablemente en el reconocimiento del trabajo de las ONG de derechos humanos y de las difíciles condiciones de seguridad y de hostilidad en medio de las cuales se desarrolla la labor de defensa. 138. A los miembros de la misión les impresionó profundamente la valerosa actitud de los activistas de los derechos humanos en Colombia. Al prestar asistencia jurídica y de otro tipo a las víctimas de la violencia, satisfacen una necesidad que no puede atender el Estado. A veces tienen que trabajar en condiciones sumamente arriesgadas. Muchos de ellos han perdido la vida. Merecen que el gobierno les dispense un reconocimiento, un apoyo y una protección mayores que los que parece haberles prestado hasta la fecha12.

12

Contra viento y marea. Conclusiones y recomendaciones de la ONU y la OEA para garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia: 1980-1997. Defensoría del Pueblo, Comisión Colombiana de Juristas, Tercer Mundo Ed., Bogotá, 1997, p. 138.

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Por su p a r t e , el E s t a d o c o l o m b i a n o t a m b i é n h a c e u n r e c o n o c i m i e n t o q u e busca r o m p e r el e s t i g m a c r e a d o a las ONG d e d e r e c h o s h u m a n o s , y d a r l e s su v e r d a d e r a c a t e g o r í a : Detrás de los ataques recientes a los organismos de Derechos Humanos -y que coinciden con la ola de atentados que han tenido que enfrentar algunos de ellos- está a veces un curioso supuesto: el de que si se pide a las Fuerzas Armadas actuar dentro de la ley, respetando los derechos de la población civil, como lo exige la Constitución Nacional y como es su política, se está bloqueando su capacidad de enfrentar eficientemente a la guerrilla. Esto no podría sostenerlo sino quien esté dispuesto a afirmar que para derrotar a la guerrilla es lícito pasar por encima de las leyes, se justifica, por ejemplo, la tortura o el fusilamiento de los capturados, para no correr el riesgo de que los jueces puedan dejarlos libres. [...] Pero ésta no puede ser la posición del Estado, ni de las Fuerzas Armadas, ni de quienes buscan realmente la derrota de la guerrilla 13 . Más a d e l a n t e , y l u e g o d e l r e c r u d e c i m i e n t o d e a t a q u e s , e n j u l i o d e 1997, se d i o a c o n o c e r la Directiva Presidencial 0 1 1 , e n la cual se h a c e u n r e c o n o c i m i e n t o a las ONG d e d e r e c h o s h u m a n o s , s e ñ a l a n d o q u e c u m p l e n l a b o r e s d e asesoría y d e asistencia j u r í d i c a a la s o c i e d a d : El Presidente de la República ordena una actitud comedida con las organizaciones; atender y despachar favorablemente a la mayor brevedad posible solicitudes a entrevistas, reuniones, peticiones de información y suministro de documentos, salvo los so-

13

Pronunciamiento del Consejero de Derechos Humanos, Revista No. 16, Jorge Orlando Meló.

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metidos a reserva legal, circunstancia ésta que se deberá explicar; abstenerse de formular planteamientos de declaraciones que desconozcan la legitimidad de las ONG, que contengan afirmaciones injuriosas o insultantes, que constituyan formas de amenaza u hostigamiento contra aquéllos, y éstos, abstenerse de permitir o tolerar que los servidores públicos sometidos a la autoridad del funcionario de que se trate realicen ese mismo tipo de acto. Así como de instigar o inducir a terceros, directamente o por interpuesta persona, a que incurran en esas mismas conductas. Actuar con diligencia e impulsar el trámite de los procesos disciplinarios contra los funcionarios de la rama Ejecutiva que incurran en contra de los miembros de las organizaciones de derechos humanos, e imponer las sanciones previstas para ello. Abstenerse de incurrir en la formulación de falsas imputaciones, y en caso de recibir información en relación con la eventual comisión de delitos por parte de los miembros de las ONG de derechos humanos, ponerla en conocimiento de las autoridades competentes. Convocar Consejos de Seguridad departamentales y municipales que contengan el examen de las situaciones de riesgo o de agresión contra las organizaciones de derechos humanos y la adopción de medidas tendientes a conjurar dichas situaciones. Promover y efectuar un seguimiento sostenido y sistemático e impulsar las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas relacionadas con las violaciones de derechos humanos y DIH cuyas víctimas sean o hayan tenido la condición de miembros de organizaciones de derechos humanos. Como complemento de lo anterior y en orden al debido cumplimiento por parte de los funcionarios públicos de los deberes impuestos por esta directiva, el Presidente de la República insta y convoca a las entidades que integran la rama Judicial y el Ministerio Público, otorgar prioridad y conducir con especial eficiencia y celeridad las investigaciones penales y disciplinarias relacionados con violaciones a los derechos humanos y del DIH cuyas víctimas tengan o hayan tenido la condiciones de miembros

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de organizaciones de derechos humanos. Responsabilizar de la conducción de las respectivas investigaciones a personal muy idóneo y eficiente, así como asignar agentes especiales del Ministerio Público a los respectivos procesos que a su vez tenga tales cualidades.

La Constitución del 91 y los derechos humanos

Con el reconocimiento de los derechos humanos en la nueva Constitución política del país, se inicia una nueva etapa en la cual el Estado colombiano continúa, desde su perspectiva, la consolidación del tema de los derechos humanos. Siguiendo el mandato constitucional, se crea la Defensoría del Pueblo; es nombrado defensor Jaime Córdoba Triviño, anterior procurador delegado para los derechos humanos, quien ya tenía una estrecha relación con las ONG de derechos humanos. El artículo 32 de la Ley 24/92, que regula las funciones de la Defensoría, contempla la creación del Consejo Asesor del Defensor del Pueblo, en cual participarían 4 delegados de ONG. Este Consejo nunca funcionó, ni en la administración Córdoba Triviño ni en la del actual defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo. Pese a lo anterior, esta etapa fue de una buena interlocución con las ONG de derechos humanos, como el Defensor del Pueblo expresara: El Defensor del Pueblo y las ONG tienen en común fundones como orientar e instruir a la comunidad sobre la defensa de sus derechos; divulgar información sobre violaciones de los derechos humanos, es decir, reuniría, evaluarla y diseminarla; proporcionar asistencia legal a las víctimas de violaciones y poner en práctica los nuevos mecanismos judiciales para proteger los derechos y realizar actividades que expresen los intereses de la

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comunidad, como es el caso de la presentación de proyectos de ley [...]. De lo anterior se deduce que existen muchos frentes de acción en los cuales la Defensoría y las ONG podrían conjugar esfuerzos y recursos para proteger los derechos humanos. Esta cooperación no comprometería la autonomía institucional ni ideológica de las ONG, mientras que sí comprometería a la Defensoría en el ejercicio de sus funciones14. Mediante la circular 7.432 de agosto de 1994 del Ministerio de Defensa al Comandante de las Fuerzas Armadas y al Director General de la Policía, se dan recomendaciones acerca de la relación con las ONG, principalmente sobre el respeto a la integridad física de sus miembros, a fin de disipar los prejuicios o desconfianza hacia estas organizaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales. El debate internacional La interlocución entre las organizaciones de la sociedad civil y los órganos de la ONU, en particular de la Comisión, responden a la definición sobre la labor de las organizaciones no gubernamentales, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, que señalaba: La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importante función que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la promoción de todos los derechos humanos y en las actividades humanitarias a nivel nacional, regional e internacional. La

14

Jaime Córdoba T , El Defensor del Pueblo: antecedentes, desarrollo y perspectiva de la institución del Ombudsman en Colombia. Ed. Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1992, pp. 390-391.

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Conferencia aprecia la contribución de esas organizaciones a la tarea de acrecentar el interés público en las cuestiones de derechos humanos, a las actividades de enseñanza, capacitación e investigación en ese campo y a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si bien reconoce que la responsabilidad primordial por lo que respecta a la adopción de normas corresponde a los Estados, la Conferencia también aprecia la contribución que las organizaciones no gubernamentales aportan a ese proceso. A este respecto, la Conferencia subraya la importanda de que prosigan el diálogo y la cooperación entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales y los miembros de esas organizaciones que tienen una genuina participación en la esfera de los derechos humanos deben disfrutar de los derechos y las libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la protección de las leyes nacionales. Esos derechos y libertades no pueden ejercerse en forma contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Las organizaciones no gubernamentales deben ser dueñas de realizar sus actividades de derechos humanos sin injerencias, en el marco de la legislación nacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos 15 . Para las ONG de Colombia, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido uno de los espacios privilegiados en donde se ha dado el debate entre ONG de derechos humanos y delegados gubernamentales sobre la situación colombiana. A través de diferentes procedimientos y mecanismos de la Comisión, se h a examinado la efectividad de las medidas gubernamentales de protección de los derechos humanos, su agilidad

15

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena.

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o morosidad, profundidad y eficacia, y la influencia de políticas aplicadas por el Gobierno en materia de orden público y seguridad ciudadana. Entre 1988 y el 2000, se han producido numerosas recomendaciones derivadas de órganos de la ONU; entre ellas, la más importante es la "Declaración del Presidente del 52 período de sesiones de la Comisión de derechos humanos", del 23 de abril de 1996, gracias a la cual se suscribió un Convenio entre el Gobierno de Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU, para establecer una oficina permanente en el país y cuyos informes han sido de gran utilidad para el análisis y seguimiento a la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. El más reciente de dichos informes fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en marzo del 2000. Las experiencias nacionales de interlocución Durante los gobiernos de Gaviria (1990-1994) y Samper (19941998) se dieron importantes acercamientos entre las ONG de derechos humanos y el Estado, y valiosas experiencias de interlocución: 1. Comisión de Investigación de Sucesos de Trujillo: surgió como resultado de un acta de entendimiento (suscrita el 26 de septiembre/94), firmada por los delegados del Gobierno de Colombia y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, representante de las víctimas de las masacres, desapariciones, torturas y amenazas en el municipio de Trujillo (Valle), ante la Comisión Interamericana de derechos humanos, siguiendo el procedimiento de solución amistosa16.

Caso N" 11007, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Sus actividades centrales consistieron en la revisión de expedientes judiciales, la realización de entrevistas a testigos, la promoción de medidas de protección para éstos; la formulación de recomendaciones a los órganos de investigación y punición; la evaluación del conjunto de pruebas recogidas; la formulación de recomendaciones sobre medidas compensatorias, y la responsabilidad del Estado frente a los hechos. La Comisión estuvo conformada por 5 miembros de entidades del Estado (de ramas distintas al Ejecutivo); 7 representantes del Ejecutivo; 1 representante del Episcopado de Colombia; uno de la Cruz Roja Colombiana; 5 delegados de ONG: Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES; Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombiana, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. La Comisión se instaló el 13 de octubre de 1994, en un acto público presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García-Peña, y contó con la asistencia de Leo Valladares, representante de la Comisión Interamericana de derechos humanos. La creación de la misma fue ratificada mediante el Decreto Presidencial 2771 del 20 de diciembre de 1994. En enero de 1995 la Comisión aprobó el Informe Final, en el cual señala la responsabilidad del Estado por acción y omisión, y se recomienda investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los autores de los hechos. En discurso del 31 de enero de 1995, el entonces presidente Ernesto Samper reconoce la responsabilidad del Estado en estos atroces hechos. 2. Comisión Nacional de Derechos Humanos (Comisión 1533): la Comisión 1533 se creó como resultado del Foro Nacional de derechos humanos "Retos y propuestas", realizado en julio de 1994, y como parte de los acuerdos firmados entre la Admi-

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nistración de César Gaviria (1990-1994) y una facción del Ejército de Liberación Nacional que se desmovilizó, la Corriente de Renovación Socialista. Los miembros de la Comisión fueron: u n delegado por los ministerios de Gobierno, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Justicia; la Consejería Presidencial de derechos humanos, los Inspectores Generales de las Fuerzas Militares, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, uno de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, u n o de la Fiscalía General de la Nación, uno de la Procuraduría General de la Nación, uno de la Defensoría del Pueblo, uno de las Comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cámara de Representantes, uno de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, uno de la Cruz Roja Colombiana, uno de la Central Unitaria de Trabajadores CUT-, uno de la Corriente de Renovación Socialista y uno de las ONG; Comisión Colombiana de Juristas, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente para la Defensa de los derechos humanos, Fundación Progresar, CINEP, CEDAVIDA, Corporación Avre y Red de Iniciativas por la Paz, más u n observador de la Embajada de Holanda. La Comisión inició sus labores en septiembre de 1994 y se convirtió en un espacio importante de debate sobre propuestas de políticas en materia de derechos humanos; allí se constató el reconocimiento estatal de las ONG de derechos humanos como interlocutores válidos. Éstas, por su parte, demandaron de las autoridades el cumplimiento de las leyes. En la Comisión se deliberó sobre diagnósticos, causas y formulación de soluciones, en materia de derechos humanos. La Comisión contribuyó a la decisión gubernamental de aprobar el Protocolo ll Adicional a los Convenios de Ginebra, la ley que autoriza el pago de indemnizaciones declaradas por la Comisión Interamericana de derechos humanos y el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas a víctimas de graves vio-

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laciones de derechos humanos, y favoreció la creación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de esta exitosa experiencia, se evidenció la ambigüedad del gobierno del presidente Samper, que ratificó las objeciones a la ley de desaparición forzada (que en su momento había expresado el presidente Gaviria) y declaró el Estado de Conmoción Interior, en agosto de 1995, situación que iba en contravía de la política de derechos humanos recomendada por las Naciones Unidas y la OEA, hecho que originó que las ONG se retiraran de la Comisión. 3. Comisión Interinstitucional sobre la situación de derechos humanos en Casanare: fue creada en 1995 y en ella participaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la Consejería Presidencial de derechos humanos, la Procuraduría delegada para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. La Comisión realizó visitas y entrevistas, a fin de recogerlas en un Informe de recomendaciones. Su trabajo también sirvió de base para los reclamos que luego se hicieron a la compañía British Petroleum, por presunto involucramiento con los grupos paramilitares. 4. Comité de Impulso de los casos de Caloto, Los Uvos y Villatina: los casos por las masacres ocurridas en Caloto (Cauca), Los Uvos (Cauca) y Villatina (Antioquia) fueron aceptados por la Comisión Interamericana de derechos humanos; u n Comité de Impulso se creó mediante Acta de entendimiento entre el Gobierno y los peticionarios, con el propósito de dar un nuevo aliento a las investigaciones penales y disciplinarias, favorecer la presencia de testigos de los hechos y formular recomendaciones en relación con la reparación a las víctimas. El Comité inició sus actividades en octubre de 1995; el Gobierno refrendó su existencia mediante la expedición del Decreto

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318/96. En 1998 el Comité de Impulso presentó las recomendaciones al gobierno. El presidente Samper reconoció en alocución pública, el 29 de julio/98, la responsabilidad estatal en los hechos. 5. Comisión Interinstitucional sobre el departamento del Meta: esta Comisión se creó por iniciativa del Comité Cívico de derechos humanos del Meta, ante el asedio de grupos paramilitares, buscando claridad sobre los hechos violentos y sus responsables en esta región. Por diversas circunstancias, la Comisión no logró consolidarse. 6. Comisión Redactora del Código de Justicia Penal Militar: fue creada mediante el Decreto 265 de 1995, conformada por el Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo y el Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Luego de meses de deliberación, hubo consenso en casi toda la propuesta de Reforma, pero no en temas como "obediencia debida", "actos del servicio militar o policial" y "adscripción de la justicia penal militar a la rama Jurisdiccional o la Ejecutiva". En 1999, finalmente, el código fue reformado, pero su vigencia se condicionó a las modificaciones al Régimen Disciplinario Interno. Esto ocurrió en el primer trimestre del 2000, pero su espíritu no recoge los planteamientos básicos formulados por la ONU, la OEA y las ONG17. 7. Comité de Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior: ante la situación de ataques reiterados y hostigamiento a

17 En el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, recomienda: "... 193. La Alta Comisionada insta al gobierno de Colombia y al Congreso a adoptar la normativa requerida para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar. Dicha norma debe tomar en cuenta los principios y recomendaciones internacionales sobre independencia e imparcialidad de los funcionarios encargados de administrar justicia, la formación jurídica de éstos y el carácter restringido del fuero. Así mismo, exhorta a las autoridades competentes a la adecuada aplicación e interpretación de estos principios", Bogotá, abril del 2000.

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los defensores de derechos humanos, y gracias a la presión de la comunidad internacional, mediante la Ley 199 del 95, se estableció la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, adscrita al Ministerio del Interior, y en su artículo 32 contempla la creación del Comité de Reglamentación y evaluación de Riesgos, dirigido a atender a dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos. La labor fundamental de este Comité se centró ya no en la concertación para los diagnósticos y recomendaciones en materia de violaciones a los derechos humanos, sino para la toma de medidas de protección a los defensores de derechos humanos, dado su grado de vulnerabilidad. El Comité asume las medidas necesarias para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en riesgo, bien sea mediante protección armada o "dura" (guardaespaldas, vehículos blindados), el uso de los medios de comunicación, la cobertura de transporte nacional e internacional, la adecuación de sedes con puertas y ventanas blindadas, y la instalación de circuitos cerrados de televisión y de aparatos detectores de metales. Aunque el Comité manifiesta aún lentitud en los procedimientos y trabas en la ejecución presupuestal, tiene importantes resultados. La persecución contra los defensores de los derechos humanos

La situación de los defensores de derechos humanos en el mundo es crítica: muchos de ellos sufren persecución y represión, lo que hace que hayan tenido que adelantar sus trabajos en forma callada, clandestina o desde el exilio. Las formas de persecución a los defensores van desde la deslegitimación de su trabajo, el desconocimiento de su existencia legal, las acusaciones, hasta la realización de acciones intimidatorias y atentados contra su vida, su integridad y su libertad.

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Así, el movimiento de los derechos humanos en Colombia ha sufrido persecución y hostigamiento, al igual que el resto de movimientos sociales. La democracia en Colombia es restringida, la degradación de la guerra y la polarización del país han hecho que los defensores de los derechos humanos sean vulnerables. La lucha cotidiana por los derechos humanos, la democracia y la justicia, se hace cada vez más difícil. En 1996, la Comisión de derechos humanos de la ONU manifestó su preocupación por la situación de emergencia que vive el país en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario y saludó positivamente la creación de la Oficina Permanente en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual solamente entró en funciones en abril de 1997. Respecto de la situación de los defensores de derechos humanos, la Comisión señaló que ésta se había empeorado, y que los Defensores habían tenido que soportar el hostigamiento, las amenazas, los secuestros, las detenciones, desapariciones, los asesinatos y los continuos atentados. En octubre de 1998, la señora Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó a Colombia y se pronunció a favor del establecimiento de responsabilidades estatales que permitieran la supervivencia del trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia. En noviembre del mismo año, fue muy importante la aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos de proteger y defender los derechos humanos, o Declaración de Defensores, la cual establece 18 :

18 ONU. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos, Asamblea General, Ginebra, noviembre de 1998.

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a. El derecho a defender los derechos humanos, como tarea de todos: promoción, prevención y protección. b. El derecho a la información y a la libertad de opinión y de expresión en la defensa de los derechos humanos. c. El derecho a la libertad de reunión y asociación en defensa de los derechos humanos. d. El derecho a defender los derechos humanos de otras personas. e. El derecho de hacer uso de la ley y de las instituciones en la defensa de los derechos humanos. f. El derecho a obtener recursos para la defensa de los derechos humanos. g. La obligación de los Estados de proteger a los defensores de los derechos humanos y promover la defensa de los mismos. En Colombia, los defensores de derechos humanos viven una situación contradictoria: a pesar de sostener contactos con las autoridades colombianas y existir mecanismos de interlocución, paralelo a ello se mantiene una aguda persecución, hostigamiento, amenazas y atentados. El último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia 19 expresa que hay en el país una preocupante situación de los sectores vulnerables, por la degradación de la guerra, entre ellos, los defensores de derechos humanos. Señala el secuestro de cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, de Piedad Córdoba, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y las amenazas, hostigamientos y atentados a defensores de ONG, que, como el Comité de Solida-

19

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la Oficina en Colombia, del 1 o de enero al 31 de diciembre de 1999, Bogotá, abril del 2000.

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ridad con los Presos Políticos, han tenido que cerrar temporalmente sus oficinas. Señala el Informe que si bien el Programa de Protección Especial del Ministerio del Interior, como mecanismo oficial de protección para personas amenazadas, ha funcionado y atendió, en 1999, 93 casos de protección para individuos y para organizaciones, confirma sus problemas administrativos y retraso en la ejecución del presupuesto. Sostiene que el Estado colombiano se comprometió, a través del Procurador General de la Nación, a revisar los archivos de inteligencia militar, y constatar la información que exista sobre las ONG de derechos humanos, y aunque esta revisión ya se realizó, no se conocen sus resultados. El informe plantea: Recomendación N 2 7. La Alta Comisionada insta a adoptar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, así como de sindicalistas, indígenas, periodistas, académicos, religiosos y servidores públicos amenazados como consecuencia de actividades vinculadas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Igualmente, a fortalecer con suficientes recursos los programas de protección para esta población 20 .

Por su parte, las organizaciones de Defensa de los derechos humanos, ante la persecución contra los Defensores de derechos humanos, crearon el Comité Ad Hoc No Gubernamental de Acción y Protección para los Defensores de Derechos Humanos de Colombia. Este Comité coordina un programa de pasantías na-

20

Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, p. 44, E7CN.4/2000/11.

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cionales e internacionales, remite casos al Programa de Prevención de Ataques y protección de los Defensores del Ministerio del Interior, tramita becas de estudios fuera de Colombia, apoya el retorno de defensores exiliados y realiza campañas de sensibilización, información y denuncia ante la opinión pública acerca de la situación de los defensores colombianos. Igualmente, las ONG llevaron a cabo el Seminario Internacional sobre la Protección de Defensores de Derechos Humanos, organizado por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas, en octubre de 1998. Dicho Seminario dio continuidad al realizado en 1996 por Amnistía Internacional en Bogotá sobre el mismo tema. En ambos se analizó la situación de los defensores en América Latina y, en particular, en Colombia; la necesidad de desarrollar e implementar nuevas medidas para lograr una mejor protección de los defensores de derechos humanos, los riesgos y obstáculos en la labor de los defensores de derechos humanos, y las medidas y recursos de protección en el ámbito nacional e internacional. En los meses de abril y octubre de 1999 visitó al país una Misión Internacional sobre Defensores de Derechos Humanos, la última de las cuales contó con la presencia del juez español Baltazar Garzón y la señora Kerry Kennedy Cuomo. La Misión llamó la atención sobre la necesidad de protección por parte del Estado, para que las ONG de Colombia puedan ejercer su labor con libertad y seguridad. Al mismo tiempo, las ONG colombianas desarrollaron un seminario en el que analizaron la situación de los Defensores, los factores de riesgo y fortalezas y las propuestas para poder continuar con su labor. En febrero de 1999 se realizó en Bogotá un Taller de Afirmación y Resistencia, para tratar el impacto de la violencia en los defensores de derechos humanos; en él se trataron temas como

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las formas de afrontar el miedo, las normas de autoprotección y el comportamiento frente al peligro. Según la Misión, la situación de los Defensores de derechos humanos en estos dos últimos años es grave: 30 defensores han sido asesinados, 1 desaparecido, 4 secuestrados y liberados, 4 detenidos, 70 amenazados y 27 forzados al exilio. En su visita expresaron la labor de los defensores en la promoción de los derechos humanos, acopio de información, la denuncia de violaciones, la lucha contra la impunidad, la asistencia a desplazados y la exigencia de retorno o reubicación. La Misión planteó que era necesario retomar una propuesta integral para la prevención de ataques y protección, presentada por las ONG en junio de 1997, cuyo contenido principal destaca los siguientes puntos: • Garantía para el ejercicio de las actividades, legitimidad de su labor, prohibición a los funcionarios de manifestar juicios que los afecten injustamente, definir y desarrollar estrategia de prevención ante la agresión a los defensores de derechos humanos. • Control y verificación de actividades de investigación de los organismos de seguridad que han hecho u n trabajo de seguimiento, interceptación de llamadas y otras formas de control a las ONG de derechos humanos. • Adoptar medidas, acciones judiciales y sanciones a los grupos paramilitares, sus incitadores y financiadores. • Depurar las fuerzas armadas, desvinculando a los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos. • Establecer mecanismos o espacios de distensión entre las ONG y las autoridades civiles y militares. • Desarrollar campañas de sensibilización y concientización de las actividades de las ONG de derechos humanos. • Asegurar la tipificación del delito de desaparición forzada.

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• Reforma del Código Penal Militar. • Abolir de la justicia regional. • Aplicar la Directiva presidencial 07, del 9 de septiembre de 1999, sobre el respaldo, interlocución y colaboración del Estado con organizaciones de derechos humanos. En su Declaración, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en su 55 período de Sesiones, afirma que la situación de los derechos humanos en Colombia es grave; la degradación del conflicto hace necesario que se tomen medidas legislativas frente al paramilitarismo y a los abusos por parte de los actores armados. Plantea: La Comisión expresa su profunda preocupación por la grave situación creada por las agresiones contra los defensores de los Derechos Humanos y deplora la falta de investigaciones judiciales efectivas de esos delitos así como la falta de medidas judiciales, administrativas, de seguridad y financieras efectivas para proteger a esos defensores sociales y de los derechos humanos que se encuentran en situación de peligro. Insta al gobierno de Colombia a que observe la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos aprobados por la Asamblea General. Pide al gobierno de Colombia que consolide su apoyo, por conducto de todas las instituciones del Estado, a todos aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos, y en especial, que aplique la directiva presidencial sobre el reconocimiento del trabajo de los defensores de los derechos humanos adoptada en 1997, y otras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la situación de las organizaciones de defensores de los derechos humanos, y protegerlos efectivamente. Alienta a la autoridades de Colombia a que establezcan un diálogo p e r m a n e n t e con las organizaciones no gubernamentales, sociales y eclesiásticas, con

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miras a realizar la protección de los defensores de los derechos humanos 21 . CONCLUSIONES

La labor de los defensores de derechos humanos en Colombia constituye un esfuerzo mancomunado de muchos sectores, que indica la existencia de un verdadero movimiento social, que ha tenido un reconocimiento nacional e internacional; ha contribuido a la promoción y protección de los derechos humanos, al desarrollo normativo y a la protección de personas víctimas de la violación de sus derechos. En el área de educación, ha desarrollado programas que posibilitan el empoderamiento del tema por parte de los sectores populares. Sobre su legitimidad, hay una gran ambigüedad: mientras los Estados reconocen el papel del movimiento de derechos humanos, en muchos casos en que son seriamente señalados los califican de faltas a la patria, enemigos de las instituciones o cómplices de los actores armados. El movimiento de los derechos humanos ha tenido diversos obstáculos para ejecutar su accionar libremente. El conflicto armado interno, el paramilitarismo, la impunidad, el desplazamiento forzado y, en general, los problemas que aquejan al país han impedido que puedan desarrollar su legítima labor con garantías a su integridad y seguridad personal. Las ONG de derechos humanos pasaron de la confrontación contestataria a la interlocución y apoyo en los debates sobre la materia.

21

Naciones Unidas, 55° período de sesiones, Ginebra, 22 de marzo a 30 de abril de 1999.

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Las experiencias de interlocución de las ONG con el Estado evidencian la posibilidad de encontrar u n espacio en donde dirimir los conflictos mediante el debate argumentado, el diálogo, las controversias. Haciendo un balance de ellas, se puede concluir que se lograron avances para esclarecer casos, identificar situaciones, responsables, y plantear recomendaciones. Este ejercicio ha logrado, en 20 años, darles credibilidad a las ONG ante el Estado; por su parte, las ONG superaron el campo de la denuncia contestataria y u n a actitud defensiva, para examinar propuestas y fórmulas concretas. En general, ha habido una buena disposición de todos; el gobierno se ha mostrado dispuesto a tomar medidas, las cuales no siempre alcanzan a tener correspondencia con la realidad que se vive. A pesar del reconocimiento de las ONG por parte del Estado y de la comunidad internacional, aún pesan persecuciones y hostigamiento a dichas ONG; es por esta razón que muchas aún desconfían del diálogo con el Estado. Quedan, sin embargo, otros aspectos por desarrollar, y sin desconocer su importante labor, las ONG de derechos humanos tienen el reto de ser más argumentativas, manejar con mayor profundidad los análisis sobre la coyuntura nacional y de derechos humanos y DIH, y superar la debilidad propia, recuperando espacios de interlocución.

Bibliografía Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y programa de Acción. Viena, 14 a 25 de junio de 1993. Córdoba T , J a i m e . El Defensor del Pueblo: antecedentes, desarrollo y perspectiva de la institución del O m b u d s m a n en Colombia. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1992, p p . 390391.

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SEXTA PARTE

Imaginarios, territorios y normatividad

Fabio López de la Roche MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES: INCOMPRENSIONES Y DESENCUENTROS

Este ensayo intenta abordar en una primera parte algunos elementos conceptuales sobre la relación entre medios de comunicación y movimientos sociales, así como entre éstos y los primeros, en una época histórica como la presente, marcada por la centralidad de los medios masivos en la experiencia cultural de individuos y grupos sociales. En una segunda parte, sobre la base del estudio de la movilización campesina de noviembre de 1999 en el departamento del Cauca, y de la manera como los medios nacionales dieron cuenta de ella desde su producción informativa, mostraremos algunos problemas que se presentan en la relación que construyen los medios nacionales con los movimientos sociales y con los niveles regionales de la información, como también algunas facetas de cómo el movimiento social se relacionó con la comunicación masiva, con miras a hacer visibles internacional, nacional y localmente sus reivindicaciones. Finalmente, presentaremos algunas sugerencias a los medios y a los movimientos sociales, con miras a la construcción de versiones informativas más equilibradas y más acordes con las complejas realidades de nuestro país y de sus regiones. ANTECEDENTES Y PRECISIONES CONCEPTUALES

Mucho se ha escrito en los últimos años en el mundo y en América Latina, desde mediados de los años ochenta y sobre todo a

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partir de los años noventa, acerca de la influencia de los medios de comunicación masiva en diversas esferas de la vida social. Entre algunos temas que han sido abordados por la investigación, está el de la massmediatización de la política, el desarrollo de la telepolítica o política televisiva, en virtud de la centralidad y la expansión de la televisión en la vida social durante esas décadas y las precedentes (Schmucler y Mata, 1992; Landi, 1991); el de la influencia cultural de la televisión y de las nuevas tecnologías audiovisuales e informáticas en la producción de novedosos procesos cognitivos, nuevas sensibilidades culturales, valores, estilos de vida y nuevas formas de memoria, perceptibles especialmente en las nuevas generaciones; o el de los retos que el nuevo régimen comunicativo les plantea a los intelectuales hacia su interlocución con la sociedad, mediada ahora por nuevas formas de obtención de la visibilidad (Sarlo, 1997). En otro campo, el de la vida cotidiana y la ritualidad social, recientemente nos ha sorprendido un bello trabajo, muy sugerente para la antropología urbana, acerca de la influencia de la televisión sobre la transformación y puesta en escena contemporánea de las fiestas de quince años (Nieto Calleja, 2000). Sobre la massmediatización de la política, no está de más observar que en los años recientes, de forma similar a como en Argentina llegaron a ocupar el poder en sus provincias el automovilista Carlos Reuteman y el cantante y empresario de espectáculos "Palito" Ortega, apoyándose en una visibilidad social y en un reconocimiento colectivo obtenidos en campos diferentes al de la actividad política, Colombia ha vivido u n proceso de llegada a las instituciones parlamentarias de un buen grupo de videopolíticos o políticos televisivos: inicialmente Antanas Mockus, y después el locutor deportivo Edgar Perea, el director de cine Sergio Cabrera, el actor Bruno Díaz, la actriz Nelly Moreno, el humorista Alfonso Lizarazo, la cantante negra Leonor González Mina y la periodista María Isabel Rueda, para nombrar sólo algunos de los casos.

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Para mirar la influencia de la videopolítica sobre las audiencias televisivas convertidas en electorado, quiero narrar una anécdota por cierto bastante expresiva de lo que está pasando con la formación de la decisión electoral del votante. Actuando como jurado oficial en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 1998 en el barrio popular de Las Cruces de Bogotá, en una mesa donde votaban mujeres, muchas de ellas mayores de 30 años, nos sorprendió una mujer que al llegar nos expresó a los jurados electorales presentes en el momento en nuestra mesa que "Yo quiero votar por la de La viuda de blanco". Todos probablemente sabíamos que La viuda de blanco era una telenovela, pero ninguno de nosotros en medio de nuestro desconcierto atinaba a descubrir por quién realmente quería votar la señora. Le entregamos el tarjetón donde figuraban los candidatos a la Cámara de Representantes, y después de varios minutos de búsqueda del candidato de su preferencia nos indicó la foto de Leonor González Mina, la cantante negra, ampliamente conocida como "La Negra Grande de Colombia", quien había representado en La Viuda de Blanco el papel de empleada doméstica. Lo curioso es que no la identificaba como "La Negra Grande de Colombia", sino como "la de La viuda de blanco". Retomando la investigación académica sobre el paisaje mediático de fin de siglo XX y comienzos del XXI, hay que observar que si bien la actividad investigativa y pedagógica de Jesús Martín-Barbero ha dinamizado enormemente en el país el interés de la academia por la comunicación social y por una pluralidad de orientaciones de la investigación comunicativa (su línea central de indagación sobre comunicación-cultura, pero también el interés por la relación entre comunicación y educación, comunicación y democracia, comunicación y desarrollo, comunicación y tecnicidad, etc.), y los trabajos de Germán Rey y Javier Darío Restrepo (Rey y Restrepo, 1996; Rey, 1997) han venido estimulando el interés por la relación medios-democracia, p o r los pro-

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cesos en el interior del periodismo y por la cuestión de la responsabilidad social de los medios, está haciendo falta en el país el desarrollo desde la academia de programas y proyectos de investigación empírica sobre medios, procesos, sucesos y episodios de información y comunicación masiva concretos, y procesos de formación de opinión pública y de pautas de ciudadanía. En los departamentos de ciencia política, si bien está naciendo una preocupación por la relación medios-democracia-ciudadanía, la comunicación política no ha sido un tema principal ni en la producción académica de la politología colombiana, ni en los currículos de las carreras existentes actualmente en el país. En las propias conversaciones de paz con la insurgencia armada, en las propuestas de reforma política y en las plataformas de movimientos sociales y partidos políticos, parece ser un tema de segundo o tercer orden. Dentro de la clase política, con contadas excepciones, prima la práctica que hace que los medios de comunicación y las licitaciones para acceder a espacios dentro de ellos en Señal Colombia y en los canales del sistema mixto se otorguen como pago de favores políticos o personales. No obstante los desarrollos citados de la investigación comunicativa en Colombia y en América Latina, poco sabemos en nuestro país, de una parte, sobre la influencia del nuevo paisaje comunicativo de finales del siglo XX, comienzos del XXI, sobre los movimientos sociales, sobre las formas de ritualidad, de sus integrantes o participantes, sobre sus discursos, los cambios ocurridos en sus simbologías políticas, acerca de sus formas de puesta en escena, de la protesta y de las reivindicaciones1, sobre su comprensión o incomprensión del mundo de los jóvenes y de las

1

Sobre la escenificación de la protesta por los movimientos sociales en la ciudad de México, véase el trabajo del antropólogo Francisco Cruces, "El ritual de la protesta", en Néstor García-Canclini, (coord.), Los ciudadanos imaginados por los medios, UAM-Iztapalapa, México, 1999.

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nuevas mediaciones generacionales de la acción política y social. Y creo que si sobre los temas nombrados algo intuímos, de otra parte, tendríamos que reconocer que muy poco sabemos sobre -y muy poco hemos estudiado-, las formas de representación de los movimientos sociales en medios y formatos específicos de prensa, radio y televisión. Hay que reconocer, no obstante, como antecedentes significativos en el estudio de las maneras como los medios han construido sus representaciones de los movimientos sociales y de la protesta social, el trabajo de Jorge Iván Bonilla y Eugenia García sobre cubrimiento de paros cívicos desde los editoriales de El Tiempo, y la investigación de Carlos Iván García sobre representaciones periodísticas acerca del desplazamiento forzado y de los desplazados. La construcción de lo público también se juega en los medios privados

Es importante subrayar, respecto a la construcción del interés público desde las políticas de manejo de la comunicación y los medios masivos, que ese proceso involucra no sólo a los medios de comunicación público-estatales desde el punto de vista de su propiedad, sino al conjunto de los medios masivos, y dentro de ellos a los privados, que, no obstante su propiedad privada, juegan funciones públicas fundamentales que implican responsabilidades y deberes para con la sociedad. En medios de comunicación, con excepción de aquellos ordenamientos donde todos los medios de comunicación son de propiedad estatal, la construcción de lo público tiene que pensarse y asumirse también desde lo privado y, por ende, la categoría kantiana de "publicidad" no puede concebirse al margen del sistema privado de medios. La esfera pública comunicativa contemporánea, aquello que algunos autores han denominado el agora electrónica, en épocas de fuerte desregulación de los sis-

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temas de medios como la actual, no puede imaginarse sin abocar lo público que se juega en lo privado. No está de más recordar que un factor adicional que ha favorecido el manejo privado de los medios de comunicación ha sido el desprestigio de los modelos estatales de manejo de medios, en virtud de los abusos y manipulaciones llevados a cabo por los gobiernos populistas, los regímenes militares derechistas de los setenta y los socialismos burocráticos cubano y de Europa del este. Es conveniente precisar que este desprestigio de los modelos de propiedad pública sobre los medios de comunicación no implica la descalificación de algunas entidades estatales (como Inravisión, la Radiodifusora Nacional, la Comisión Nacional de Televisión, o de las "oficinas de comunicaciones" de las instituciones estatales) como potenciales agenciadoras de políticas de construcción democrática de lo público, así algunas de ellas en la actualidad no lo sean. Quisiera añadir que cuando me refiero a la necesidad de ver al sector privado de medios como u n lugar importante para el diseño y desarrollo de políticas vinculadas a la promoción del interés público, lo hago desde una mirada políticamente optimista sobre los procesos de campo2 que tienen lugar en las empresas periodísticas, y con una valoración de las posibilidades que pueden incubarse desde aquellos sectores del periodismo y la comunicación social que laboran desde parámetros de profesionalismo y de compromiso con los deberes democráticos del oficio. Este optimismo no es sin embargo ingenuo. En un panorama de desinstitucionalización, de corrupción y de subordinación de lo público a los intereses particulares como el que vivimos actualmente en el país, no podemos ser ingenuos, pero

2

Me refiero a la noción de campo de Pierre Bourdieu, entendida aquí como la esfera del periodismo y de los medios de comunicación, con sus instituciones, agentes y funciones especializadas (Bourdieu, 1998, 1999).

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tampoco apocalípticos e incapaces de ver los gérmenes de renovación de las costumbres y de transformación de la cultura política dominante. Los sistemas de medios como reproductores del orden social Buena parte de la literatura teórica sobre medios y sistema político plantea la relación funcional entre los medios de comunicación y el mantenimiento del statu quo político, económico y social. Para Gaye Tuchman "la noticia es una aliada de las instituciones legitimadas" (1983:16), en la medida en que cubre prioritariamente sucesos de instituciones legitimadas. Tuchman y Van Dijk han mostrado cómo los medios despliegan su red de captura de información noticiosa privilegiando actores e instituciones políticamente legitimadas que les proveen de sus versiones e interpretaciones oficiales e institucionales de los sucesos. Van Dijk ha argumentado así la reproducción del statu quo que realizarían tendencialmente los medios de comunicación: La accesibilidad de las fuentes favorece los relatos de los actores periodísticos que han organizado vinculaciones con la prensa, como los portavoces, los comunicados o las conferencias de prensa. Las rutinas de la producción periodística, de esta manera, reproducen la estructura social mediante su especial selección y atención respecto de las organizaciones, las instituciones y las personas que cumplen con estos requisitos. Esto explica parte del especial interés por las élites política y social, los países más fuertes o las organizaciones importantes. El encubrimiento social y el poder de los actores destacados y sus acontecimientos son reproducidos y confirmados por la prensa. Estas limitaciones sociales tienen antecedentes y consecuencias cognitivos. Esta atención especial y repetida por personas, grupos y países destacados también lleva al periodista a elaborar modelos y marcos en los que estas élites son

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actores dominantes. Es decir, los periodistas internalizan el cuadro social resultante de las limitaciones sociales y profesionales en la escritura de noticias (Atwood y Grotta, 1973). Y este modelo o esquema favorece a su vez la selección y la producción de relatos periodísticos sobre las mismas élites. Se ha demostrado ya que es muy difícil romper este círculo vicioso3.

Los esquemas o "guiones" desde los que se cubren determinados eventos y sucesos Van Dijk ha puesto de presente cómo desde las rutinas periodísticas se configura una serie de guiones o esquemas desde los cuales tienden a cubrirse, desde distintos sistemas de medios, ciertos eventos sociales. Las huelgas laborales, paros y otras manifestaciones de protesta tenderían, por ejemplo, a ser cubiertos desde el esquema del traumatismo que ellos producirían en el funcionamiento normal de las instituciones. En efecto, si prestamos atención a la información televisiva que se difunde en nuestro país en coyunturas de paros cívicos, huelgas y otras manifestaciones de protesta social, encontraremos que los balances que se hacen sobre el día del paro están orientados de manera antinómica y maniquea a dar partes de normalidad o de quebrantamiento del "orden público", y muy pocos informes se orientan a informar sobre las perspectivas y razones de los protagonistas de la protesta. Las rigideces de las rutinas profesionales o ideologías de la noticia Tal vez en virtud de su tendencia a privilegiar instituciones y actores de la noticia políticamente legitimados o política y econó-

Van Dijk (1996), p. 175.

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micamente poderosos, los medios descuidan el seguimiento de actores subalternos, que no por serlo resultan menos importantes para la concordia social, para la construcción de consensos y alternativas negociadas a los conflictos. Gaye Tuchman ha subrayado también cómo a menudo las lógicas profesionales en la producción de la noticia que privilegian la noticia dura (factual, inscrita en la coyuntura, descriptiva, relacionada con hechos concretos) sobre la noticia blanda (contextual, histórica, estructural y analítica) favorecen la narración de hechos sobre el planteamiento de cuestiones: "La conciencia del oficio en el trabajo informativo identifica a los acontecimientos, y no a las cuestiones, como el material fundamental y la sustancia de la noticia dura" (Tuchman, 1983: 153). A L G U N O S A P U N T E S SOBRE EL C U B R I M I E N T O M E D I Á T I C O DEL M O V I -

M I E N T O CAMPESINO DEL MACIZO COLOMBIANO EN NOVIEMBRE DE 1999 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Mi interés por el cubrimiento por parte de los medios nacionales de la movilización campesina del Macizo Colombiano en el departamento del Cauca partió de la constatación de que la información que yo recibía, sobre todo la televisiva, a través de los autodenominados noticieros nacionales, tenía muy poco que ver con la información recibida simultáneamente por vía telefónica, conversando con colegas, amigos y familiares residentes en la ciudad de Popayán. Lo que percibía más fuertemente era la información que descalificaba al movimiento por estar supuestamente "infiltrado" y dirigido por la guerrilla, mientras toda la información que recibía telefónicamente, procedente de fuerzas muy distintas y al mismo tiempo muy confiables, evidenciaba un fuerte y amplio apoyo ciudadano a la movilización.

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Las razones para la movilización campesina y ciudadana Algunas de las razones principales que inspiraron la movilización campesina y de amplios sectores de la población urbana de Popayán, que muy poco figuraron en la información audiovisual, y algo en la información de prensa, serían las siguientes: • El incumplimiento por los sucesivos gobiernos de los compromisos acordados con el movimiento campesino como producto de anteriores movilizaciones. • La permanencia de graves problemas de vías, educación, salud, transporte, electrificación, telefonía. • La aparición de nuevas demandas, con el fin de hacer frente a nuevos problemas que se adicionan a los antes nombrados, de vivienda, ecológicos y de derechos humanos. • La molestia por la no inclusión del Cauca en el Plan de Desarrollo, un sentimiento extendido de marginalidad regional y ciertos motivos de dignidad regional y de descontento con los niveles nacionales, muy presentes en amplios sectores sociales de la capital departamental. Probablemente hayan jugado también su papel el desempleo en una ciudad donde el principal empleador es el Estado, que ha tenido que prescindir en los últimos años de decenas de funcionarios y trabajadores, así como la situación de los pensionados del departamento, afectados por atrasos de tres y cuatro meses en sus mesadas. • Ligado a lo anterior, una sensación de solidaridad ciudadana con la situación social de los campesinos de los municipios del Macizo Colombiano. Este sentimiento de solidaridad ciudadana se expresó en la elaboración de banderines de papel con la consigna "Por vida digna para el suroccidente. Yo te amo Macizo", j u g a n d o con la erótica popular de "Yo te amacizo", con el símbolo del abrazo solidario y la representación de las montañas de una región que tiene también una indudable significación ecológico-simbólica para los caucanos.

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Esta pluralidad de razones quedaba absolutamente subsumida en una versión hegemónica difundida por los medios que hacía énfasis en que en Popayán "no hay gasolina ni hay comida". Como bien lo expresa una de las participantes, en observación interesante para ver cómo la gente construye desde las regiones perspectivas críticas sobre las versiones de los acontecimientos producidas por los medios nacionales, "el filtro nacional en televisión no se pudo evitar. Uno veía solamente que no hay gasolina, que no hay alimentos, que Popayán está con hambre..." 4 . LOS SECTORES PARTICIPANTES EN EL MOVIMIENTO

En el movimiento participaron sectores del magisterio, agrupados en la Asociación de Institutores del Cauca, Asoinca, asociaciones de trabajadores como Fesutrac y otros sindicatos, Funcop y otras ONG de reconocidas cartas democráticas, grupos de mujeres organizadas, madres comunitarias y madres, FAMI, colonias de migrantes residentes en la ciudad, provenientes de Almaguer, La Vega, Santa Rosa, Bolívar, La Sierra, Mercaderes y otros municipios del suroccidente del departamento, juntas de acción comunal y habitantes de distintas comunas y barrios de la ciudad, así como sectores del movimiento indígena. El movimiento gozó también de cierta neutralidad y cierta atención de los gremios y los medios locales, cíclicas es cierto, en la medida en que la movilización se prolongaba y se recibían distintas presiones del gobierno central. Hay testimonios también de la solidaridad espontánea de la gente, en ocasiones gente muy pobre, que contribuía con una libra de azúcar o un frasco de aceite a la recolección de alimentos para ser enviados a las zonas de taponamiento

4

Entrevista con una de los participantes en la movilización ciudadana de apoyo al Movimiento del Macizo en noviembre de 1999, Popayán, mayo 6 de 2000, p. 16.

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de la carretera Panamericana. Si bien no se puede negar la participación de sectores de la insurgencia armada en el movimiento, no se puede descalificar al conjunto del movimiento campesino y ciudadano tildándolo de guerrillero. En este punto quisiera decir que creo que hay que evitar desde el poder central el uso de este recurso a la estigmatización de cualquier movilización social sobre el supuesto muchas veces infundado de que la guerrilla está detrás de ella. Es un recurso maniqueo, irresponsable y estimulante de mayores radicalismos y polarizaciones, por lo cual no está de más sugerir a los periodistas la necesidad de un cubrimiento cuidadoso, matizado y equilibrado de los conflictos sociales. En la teorización sobre la libertad de expresión y la independencia de los medios, uno de los indicadores fundamentales de aquéllas es la cobertura equilibrada y comprensiva de los conflictos sociales (Me Quail, 1998: 187). O T R A S D E F I C I E N C I A S Y SESGOS E N EL C U B R I M I E N T O P O R L O S M E -

DIOS NACIONALES DE LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA

Además de los problemas citados en el cubrimiento por parte de los medios nacionales del conflicto campesino, habría que anotar otras carencias en la acción de los medios: • La desatención de los periodistas hacia las realidades regionales y sus complejidades. Mientras en el caso de la insurgencia armada y las negociaciones de paz se exponen a menudo los puntos de vista de especialistas y analistas del conflicto, generalmente residentes en la capital, en el caso de los cubrimientos de estas movilizaciones regionales pareciera no haber el más mínimo intento de entrevistar a intelectuales y analistas locales. • La reproducción inercial, en muchos casos, de las opiniones de los altos funcionarios del gobierno por parte de los medios. Uno de los episodios que más molestia generó y genera hasta hoy día en la población que tomó parte en la movilización

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fue el de la acusación formulada por el ministro Néstor Humberto Martínez en uno de sus viajes a Popayán, a los líderes del movimiento, de no haber querido recibirlo, de la cual los medios nacionales hicieron eco inmediatamente, apareciendo los campesinos como opuestos al diálogo y a la negociación. La verdad es que los líderes del movimiento se encontraban en ese momento informando a sus bases sobre el desarrollo de la negociación, y para eso se habían desplazado a los dos puntos de bloqueo de la Panamericana, a El Cairo (Cajibío), en el norte, y a Galíndez (Patía), en el sur. • Es evidente que en algún eslabón de la cadena que conecta a reporteros, periodistas asignados para cubrir la movilización, fotógrafos, camarógrafos, y otros trabajadores subalternos de los medios, con editores y jefes de redacción, o se produjeron filtros a la información proveniente de la región sobre lo que efectivamente estaba pasando, y se privilegió la versión gubernamental de los acontecimientos, o simplemente por desconocimiento y falta de preparación los periodistas no pudieron leer y asimilar lo que allí estaba sucediendo. Al hacer estas críticas al comportamiento de los medios masivos nacionales, y sobre todo a la televisión, quisiéramos subrayar el cubrimiento atento y equilibrado realizado por el diario El Colombiano, así como el amplio despliegue otorgado por dicho periódico a la movilización, al punto de dedicarle un informe especial de varias páginas durante los días del conflicto. LA COMUNICACIÓN DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el caso del movimiento campesino del Cauca, el trabajo de las ONG solidarias con la movilización permitió mantener permanentemente informadas a través del correo electrónico a sus contrapartes europeas, constituyendo importantes espacios de presión y fiscalización sobre el gobierno nacional.

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En los niveles local y departamental, se logró mantener más o menos informada a la ciudadanía sobre la negociación y el curso de los acontecimientos, conservando el apoyo ciudadano durante 26 días que duró el movimiento. La formulación de lineamientos que se tradujeron en consignas como "Cualquier propuesta del gobierno debe ser para unir y no para dividir", o aquella dirigida a construir opinión local, "Conocer lo que sucede es avanzar en caminos de solidaridad", fue importante para garantizar la cohesión interna y el apoyo ciudadano. En el sistema local de medios fue importante el apoyo brindado a la visibilidad social del movimiento, por la actitud abierta de Radio Super. Esta emisora, que funciona encadenada con otras pertenecientes a la misma red en otras ciudades del país, logró en alguna medida transgredir el bloqueo informativo nacional, dando la palabra a participantes y líderes de la movilización campesina. Como lo expresa otra de las participantes: "De verdad es que a través de Super, por lo menos, pudimos mantener todos los días la información oficial desde lo popular, de lo que realmente estaba sucediendo, y se podían hacer entrevistas en directo desde El Cairo" 5 . El movimiento no logró superar los bloqueos informativos del nivel nacional, aunque mandó información a varios medios nacionales y a otras instituciones del nivel central, y estableció contactos con la revista Semana, la cual publicó un informe sobre el movimiento. SUGERENCIAS FINALES A TÍTULO DE CONCLUSIÓN

A los medios nacionales hay que decirles que requieren mayor atención hacia los movimientos sociales y las expresiones de la protesta social. Como lo han anotado distintos analistas de me-

Ibidem, p. 16.

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dios, el cubrimiento respetuoso de los conflictos y la capacidad de dar cuenta de manera objetiva y justa de los diversos intereses enjuego puede contribuir a estimular prácticas de tolerancia y de flexibilidad en la negociación y, por ende, a la consecución de la paz social. • Los medios nacionales deben repensar su relación informativa con las regiones y con los escenarios locales, con miras a construir estructuras informativas y comunicativas verdaderamente representativas de lo nacional. En cuanto a la información sobre los movimientos campesinos, hay que anotar que el m u n d o campesino y de las zonas de colonización con sus conflictos, problemas, anhelos y esperanzas, muy poco aparece en los medios masivos, y mucho menos en la televisión. Los medios, arrastrados por la urbanización cultural creciente del orbe y de la vida nacional, descuidan realidades que para el caso colombiano es importantísimo conocer para buscar soluciones a los diversos conflictos que allí se incuban, entre ellos, el de la confrontación armada guerrilla-Estado y el de la existencia en algunas sociedades campesinas y de colonización de u n a base social de apoyo para el proyecto político-militar de la guerrilla. • Es necesario, desde el análisis comunicativo, realizar inventarios regionales y locales de medios y prestar atención a la relación entre los sistemas regionales y locales de medios y la cobertura geográfico-territorial de los sucesos. No está de más anotar aquí cómo para la construcción de la agenda pública en el Cauca, por ejemplo, además de El Liberal, el único diario de prensa escrita en la ciudad, de las emisoras radiales y de los canales televisivos locales, son importantes el diario El País, de Cali, y el Canal Regional "Telepacífico". Es conveniente que los movimientos sociales conozcan estos sistemas regionales y locales de medios masivos, con miras a lograr acceso a ellos y poder representar sus opiniones y perspectivas en torno a distintos asuntos de interés público.

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• Los movimientos sociales deben asumirse como proveedores de información para los medios, y para ello deben construir estrategias comunicativas adecuadas: boletines, organización de ruedas de prensa con sus líderes y voceros, con conocimiento y buen manejo de la especificidad de los distintos medios y formatos. Esto supone saber hablar y gesticular para televisión, saber redactar un comunicado para los medios, conocer el gremio periodístico y cultivar relaciones con periodistas y comunicadores, conocer sus rutinas de trabajo, las horas de cierre de sus ediciones, etc. • Al mismo tiempo, los movimientos sociales y sus líderes tienen también que repensar sus inercias y carencias comunicativas, sus discursos contestatarios rutinarios a menudo convertidos en cantinela, o la confusión de escenarios, como sucedió con la participación de algunos líderes y activistas sindicales durante la audiencia ciudadana en San Vicente del Caguán para discutir políticas de empleo entre empresarios y sindicalistas -audiencia transmitida televisivamente por el canal público Señal Colombia-, donde observamos la poca eficacia del traslado del modelo del miting de plaza pública y del formato discursivo contestatario y de denuncia a la televisión, junto a otros problemas de la puesta en escena de la reivindicación popular y sindical, ligados a la dificultad de escuchar y de dialogar con el contradictor político o con el vocero patronal o empresarial, así como a la posibilidad de construir una buena comunicación con la sociedad. • Es importante considerar, además, ciertas consecuencias comunicativas negativas de acciones reivindicativas, como las tomas de vías, que afectan los intereses de amplios sectores de la población, tener mucha conciencia de su oportunidad y sentido en determinadas coyunturas. Lo anterior lo expreso en la medida en que me tocó ser testigo de expresiones ciudadanas de molestia y al mismo tiempo de intolerancia con el movimiento social caucano durante la pasada Semana Santa (abril del 2000),

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que estuvieron asociadas a dos hechos, que desestimularon notoriamente el flujo de turistas a la ciudad de Popayán, afectando a comerciantes, hoteleros, dueños de tabernas y establecimientos nocturnos, expositores de ferias artesanales, vendedores ambulantes y otros sectores que tradicionalmente se benefician del flujo de turistas a la ciudad durante la Semana Mayor. De un lado, la explosión, en la semana previa a la Semana Santa, de una bomba en la carretera Popayán-Cali, que había quedado sobre la vía luego de una refriega entre guerrilla y ejército, que al tratar de ser manipulada por las fuerzas oficiales mató a un ciudadano, mutiló a otro e hirió a pasajeros que casualmente transitaban por la carretera Panamericana. De otro, un conato de movilización indígena y de bloqueo por ella de la carretera Panamericana, el cual se produjo en esa misma semana anterior a la Semana Santa, que aunque al parecer fue decidido inconsultamente por algunos indígenas sin contar con el aval de la dirección del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue percibido por amplios sectores de la ciudadanía como causante del débil flujo de turistas hacia Popayán. Fui testigo de un grafftti puesto en la pared a la entrada de la sede del movimiento de integración del Macizo, CIMA, insultando a sus miembros e increpándoles porque "se tiraron la Semana Santa". Creo, en cuanto a este asunto, que buscando un comportamiento más maduro y una acción política más responsable, dada la muy compleja y conflictiva situación por la que atraviesa actualmente nuestro país, los movimientos sociales deben tener en cuenta la reflexión desarrollada desde la teoría de la ciudadanía sobre la necesidad de la moderación y el sentido de la oportunidad en las acciones, demandas y reivindicaciones de los movimientos sociales. Finalmente, quisiera decir que a la academia le corresponde desempeñar un papel crítico sobre la producción de medios y la construcción social de la realidad, y simultáneamente un pa-

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peí propositivo que estimule la construcción de espacios de colaboración con aquellos sectores al interior de los medios interesados en un funcionamiento objetivo, democrático y pluralista de los medios masivos. Los trabajos de Teun Van Dijk sobre medios de comunicación, racismo y exclusión social de minorías e inmigrantes en el caso europeo (1997), las investigaciones sobre narrativas y control político y social (Mumby, 1997), los estudios interdisciplinarios dedicados al análisis etnográfico y antropológico de los rituales políticos y las movilizaciones ciudadanas (Cruces, 1998), así como los análisis de los discursos mediáticos constructores de representaciones sociales acerca del conflicto en general y de conflictos específicos, podrían alimentar valiosos estudios empíricos de los movimientos sociales y de las expresiones reivindicativas de sectores subalternos, que contribuyan a la construcción de una representación más equilibrada, plural, matizada y objetiva de una realidad altamente compleja como es la colombiana contemporánea, que requiere para el encuentro de alternativas a su crisis presente, objetividad, crítica de los abusos, parcialidades y subordinaciones indebidas de los medios, y sobre todo, compromisos claros e indeclinables con la verdad.

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ñas", en García-Canclini, Néstor (coord.). Cultura y comunicación en la ciudad de México. Segunda parte: La ciudad y los ciudadanos imaginados por los medios. México: Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Iztapalapa, 1998 Fundación ATUCSARA. "La crisis del modelo neoliberal del desarrollo y la nueva institucionalidad" (mimeo), Popayán, diciembre 6 de 1999. García, Carlos Iván. Los desplazados en laprensa. Bogotá: Ficonpaz, 1999. Kymlicka, W., et al. "Ciudadanía. El debate contemporáneo", La Política. Revista de Estudios sobre el Estado y la sociedad, N 2 3, Paidós, Barcelona, octubre de 1997. Landi, Óscar. Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente. Qué hace la gente con la televisión. Buenos Aires: Planeta Espej o de la Argentina, 1993. Mata, María Cristina. "Entre la plaza y la platea", en Schmucler, H. y María Cristina Mata (coordinadores), Política y comunicación. ¿Hay un lugar para la política en la cultura mediática?, Buenos Aires: Universidad Nacional de Córdoba-Catálogos Editora, 1992. Me Quail, Denis. La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público. Buenos Aires: Amorrortu, 1998. Mumby, Dennis (comp.). Narrativa y control social. Perspectivas críticas. Buenos Aires: Amorrortu, 1997. Nieto Calleja, Raúl. "Videocultura, ritualidad secular y prácticas populares en la ciudad de México" (mimeo), Trabajo presentado en el II Encuentro de Investigación México-Colombia; Medios, cultura y democracia en México y Colombia, Bogotá, marzo del 2000. Rey, Germán. "Visibilidad y corrupción: los medios de comunicación en el Proceso 8.000", en Varios autores, Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del 8.000. Bogotá: Ceper-Fescol, 1997.

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Reinaldo Barbosa Estepa IMAGINARIOS COLECTIVOS Y CRISIS DE REPRESENTACIÓN: LAS DISPUTAS TERRITORIALES EN UN ESTADO EN ENTREDICHO

Practicar la memoria implica disponer de los instrumentos conceptuales e interpretativos necesarios para investigar la densidad simbólica de los relatos; "expresar sus tormentos", supone recurrir a figuras del lenguaje (símbolos, metáforas, alegorías) lo bastante conmovedoras para que entren en relación solidaria con la desatadura emocional del recuerdo. El consenso que reprime esta desatadura emocional- sólo nombra la memoria con palabras exentas de toda convulsión de sentido para que no vayan a alterar el formulismo minuciosamente calculado del intercambio político mediático. Nelly Richard1 Es preciso superar el dualismo entre "filósofos"y "nofilósofos"que se ha traducido muchas veces en una relación de hostilidad entrefilósofosque se entienden a sí mismos como casta especial y políticos que entienden a los filósofos como francotiradores sin compromiso'1. Jorge Luis Acanda

El conocimiento y dominio de la territorialidad puede llegar a ser un arma para la guerra o un instrumento para la coexisten-

1

Nelly Richard, "Políticas de la memoria y técnicas del olvido", en Cultura, política y modernidad. Gabriel Restrepo editor, CES, U.N., 1998. - Jorge Luis Acanda, La contemporaneidad de Antonio Gramsci; Editorial C. Sociales. La Habana, 1991.

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cia dentro de la diferencia. El territorio bien puede ser un polígono de fuerzas en el que se desenvuelven los enfrentamientos por el poder o espacios simbólicos de trascendencia para la producción y reproducción étnica. Del mismo modo que el suelo, o la renta que éste genera, la producción agrícola o minera y la acumulación que logre provocar, tanto como la monopolización de la propiedad de la tierra, son estratégicamente importantes para empresarios capitalistas, ganaderos y terratenientes; en igual medida, aunque dentro de u n significante valorativo distinto, las lagunas, los cerros, las piedras u otros sitios naturales son marcas con significación social para comunidades ancestralmente ubicadas allí; o marcadores naturales que delimitan el área de explotación de un grupo, definen sus derechos a los recursos del medio, o la zona de influencia de sus chamanes y brujos, en caso de las comunidades indígenas. La ponencia en referencia, "Imaginarios colectivos y crisis de representación: las disputas territoriales en un Estado en entredicho", aporta una mirada amplia de la crisis de gobernabilidad, los mecanismos de entramado redes de poder y las respuestas que la población civil da en los territorios disputados por los actores armados. Uno de los factores de la actual crisis institucional de la sociedad colombiana, además de la inoperancia del Estado, lo constituye el papel de las colectividades políticas en su relación con el movimiento social. La llamada crisis de los partidos se expresa en la disfuncionalidad, en el sentido de que buena parte de sus funciones se han venido deteriorando, fundamentalmente en torno de la construcción de identidades y mecanismos de representación, mostrándose incapaces de dar respuesta a las demandas y expectativas de la población; que instauran a la postre condiciones propias de una cultura política atravesada p o r mecanismos de tramitación coercitiva e intimidación, a partir de nuevas formas de lealtad ideológico-política que bien pudiera denominarse "clientelismo armado", cuya

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complejidad merece ser abordada con mayor énfasis en el análisis de coyuntura 3 . En este sentido, el presente d o c u m e n t o constituye u n a aproximación al estudio de las formas de "gobernabilidad alternativa" que van construyendo espontánea y cotidianamente las comunidades, allí donde la precariedad estatal y las disputas armadas por el control territorial colocan a la población civil en estado de indefensión, d a n d o lugar a una particular cultura política, si así puede llamarse a los modos de obrar que surgen como respuesta a las situaciones en las que al Estado y sus instituciones les resulta imposible procesar con efectividad las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía, ganando su propia legitimidad. Recurriendo a la manera como se vivencia, como se recuerda, y sobre todo como se recomponen identidades e imaginarios colectivos en medio del conflicto, y a pesar de los mismos, se presenta a manera de caso, sin pretensión de exhaustividad, y para los estudios comparativos a que hubiere lugar, el análisis no coyuntural de la coyuntura en la región de los Llanos, sector territorial y sociocultural en el que he venido desarrollando mis investigaciones sobre la complejidad de las violencias y su interrelación con el Estado y los partidos políticos en sus connotaciones espacio temporales regionales 4 .

3

Para el objeto de este documento hemos tenido en cuenta los aportes al debate de Luis Jorge Garay, La transición hacia la construcción de sociedad; reflexiones en torno a la crisis colombiana, 1999. Salomón Kalmanovitz, "Rcntismo, crisis y nueva sociedad". Cambio 16, enero 2000. José Antonio Rivas León, "Gobernabilidad, democracia y partidos políticos: Ideas para un debate", en Ciencias de gobierno N- 5, junio 1999. Minrex, PNUD, Fescol, "El fin de la política o su verdadero comienzo". Bogotá, 1996. 4 Puede consultarse: Guadalupe y sus centauros, memorias de la insurrección llanera, IFPRI U. N. CEREC 1992. Orinoquia, Amazonia, conflictos regionales. IEPRI u. N. FESCOL 1998. "Vuelan los Bachacos, economías, sociedades y conflictos interétnicos en los Llanos", 1999 inédito.

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¿Cuáles pueden ser las preguntas desde las cuales abordamos la que consideramos historia de instantes cotidianos o de sueños colectivos de larga duración, que por lo "superfluos", o "vagos" o de "escaso rigor científico", apenas si alcanzan para reconstruir el símbolo político o las transformaciones geográficas del poder? Las respuestas a ¿por qué, en medio de esta "crisis catastrófica", no hemos logrado semantizar las experiencias de la muerte, del genocidio recurrente o la eliminación del oponente? ¿Por qué, en medio de esta carrera loca por la "revolución de la información" se desdeña el pensamiento simbólico mientras se privilegian las cadenas discursivas en las que el ejercicio de la violencia apuesta radicalmente a imponerse como parte del tejido social y el impacto de lo inenarrable sume en la mudez al pensamiento critico? Creo que dan para algo más que una crónica roja o un evento en la página judicial en los periódicos. Incidir sobre las relaciones entre la historia y lo imaginario, a la manera de Lucien Febvre, en el "problema de la incredulidad en el siglo XVI", a propósito de Gargantúay Pantagruel, o de la más reciente obra de Evelyne Patlagean, La historia de lo imaginario, en la que "el dominio de lo imaginario está constituido por el conjunto de las representaciones que rebasan el límite planteado por las constataciones de la experiencia y los encadenamientos deductivos que éstas permiten"; como decir que cada cultura, cada sociedad e incluso cada grupo étnico, con toda su complejidad, tiene sus imaginarios. Incidir, decimos, sobre la violencia y sus imaginarios, los imaginarios de la cultura política, los procesos de construcción y deconstrucción del poder o la subjetividad de la información apenas empieza a ser del interés de los historiadores, quienes en la mayoría de los casos han de acudir a las fuentes literarias, estéticas o al pensamiento religio-

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so, portadores del símbolo y el signo, dos modos de habitar el lenguaje humano y, por tanto, vestigios de la acción social. Los imaginarios en cuanto formas de representación, y las mentalidades, entendidas éstas como visiones de la sociedad y la naturaleza, habitan el lenguaje, viven del lenguaje y se nutren de representaciones y pensamientos. La semantización o, mejor dicho, las palabras son a la vez indicadores que designan cosas, y evocaciones que suscitan la evocación del acontecimiento. Lo imaginario en la historia colombiana pertenece al campo de la larga duración y abarca una amplia variedad de posibilidades, que van desde la iconografía, el manuscrito de un testamento, el "boleto de amenaza" o la declaración libre o juramentada de un testigo o de un acusado en expediente judicial, hasta el canto arrebatado del peón remembrando la gesta cotidiana. Desde la antropología, los estudios etnológicos y sociológicos, el mito y la leyenda de nuestros pueblos, el arrebato de los actores armados o la fecundidad laboriosa de la mujer en sociedades patriarcales en las que el hombre divaga como corsario en busca de territorios por sujetar y saquear, mientras la mujer se funda para crear y recrear, adquieren la estatura del documento monumento y retratan la jerarquización del poder de unos grupos humanos respecto de otros, de unos territorios frente a otros, la mediación de lo sagrado, como escribe Gellner en su capítulo sobre la guerra y la violencia, y permiten explicar algunos de los factores generadores de conflicto en sus formas simbólicas: "Generalmente las sociedades agrarias son autoritarias. El principal factor que determina este notable rasgo es la lógica del derecho de propiedad y el deseo de desarmar, en la medida de lo posible, a todo potencial especialista rival en ejercer la coacción"5. Aunque esta formulación es útil en igual medida para 5

Ernest Gellner, Antropología y política, revoluciones en el bosque de lo sagrado. Gedisa ed. Barcelona, 1997.

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explicar la lógica defensiva de las comunidades nómadas o seminómadas, bien sea el indígena o el peón de sabana, cuya riqueza móvil, difícilmente logra ser sujetada por las leyes del mercado o el fuego de las ametralladoras. Qué útil ha venido siendo para la historia de la sociedades indígenas y marginales la confrontación de las mentalidades europeas con el mito y la magia americana, que se produjo en los albores de la presencia extranjera en nuestro territorio y cuya evolución posterior definió, en medio de la crisis de la modernidad, la caída de los paradigmas que sustentaban el pensamiento occidental racionalista, reivindicando como distinto, como otro, el pensamiento simbólico y mítico, como ya lo planteaba Cassirer en su Filosofía de las formas simbólicas. Bachelard, por su parte, abandona su posición racionalista, filosófica y psicológica, para dedicarse a la interpretación de la poética entendida como una forma de comunicación donde las palabras adquieren nuevos significados y se unen a los símbolos y los pensamientos. De ambos están llenos los estantes de la memoria colectiva de las comunidades territoriales colombianas 6 . Bástenos mencionar la mentalidad cristiana, heroica y de tiempo lineal, propia de los europeos, al contacto con la complejidad de las cosmovisiones indígenas. Se replegó a sus orígenes medievales, levantó mamparas de intolerancia, estigmatizó la sabiduría de brujos y chamanes, sojuzgó a los pueblos de la cultura del maíz y judicializó la diferencia étnico-cultural. Detrás, el apetito por los territorios y sus recursos, el afán del usufructo de la mano de obra indígena; y porque no, en el fondo de su orgullo de honor caballeresco, la búsqueda de gloria en la ritualización de sus hazañas retrotraídas en el recuerdo de olvidados mitos de la antigüedad, como el de las amazonas, los

" Milagros Palma, La mujer es puro cuento. Feminidad aborigen y mestiza.. Bogotá, Tercer Mundo. 1992.

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cíclopes, las sirenas, los encantamientos y hechizos, y al mismo tiempo la urgente necesidad de realizar proezas que superaran las releídas novelas de caballería, que enriquecieron la literatura de la Conquista, contada de primera mano, o de ojos vista, en la versión de los cronistas. Las transmutaciones culturales resultantes llevan siglos de elaboración, puesto que la cosmogonía indígena sufrió un repliegue tras la destrucción de su obra monumental artística y estética; la obra de las misiones religiosas, la introducción de un nuevo modelo económico social y político a través de las reducciones, haciendas y conventos, como en el caso de los jesuitas en el Llano, erigió la impronta de la cultura criolla, arisca y cimarronera; y el estilo romancero del antiguo juglar creó el cantador, coplero relancino que se convierte en el memorialista a través de cuya voz se relata la tragedia, el corrido es símbolo e instrumento y por él y a través de él se personifica, se simbiotiza y se simboliza la vida cotidiana de los llaneros. La historia y el pensamiento eurocéntrico de la modernidad difícilmente pueden referir la importancia de Doña Bárbara de Gallegos o La vorágine de Rivera, que recuperan el m u n d o de las ideas y de la vida del Llano y sus sabanas, de la frontera tejida por la selva entre la civilización y la barbarie, para explicar que no siempre triunfa la lógica racional, que la naturaleza en su formas originarias acaban por configurar el carácter telúrico de la cultura, y que, entre sus complejidades, termina por sucumbir la fuerza del hombre corsario o filibustero (extractor de materias primas para el mercado mundial), quien en su intento por domeñar termina "tragado por el llano o la selva", dando significación al proceso de construcción de territorialidad'.

' Ernest Gellner, Cultura identidad y política. Barcelona, Gedisa, 1998. Varios, Cantan los alcaravanes. Asociación Gravo Norte 1990. Camilo Domínguez y otros, Colombia: Orinoco. Arauca, U.N., Fondo FEN, 1998.

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Constituyen fuentes primarias en el proceso de reconstrucción del saber, del mismo modo que las cadenas discursivas del corrido guerrillero, y muy recientemente el corrido carrancero o la música norteña: retratan los imaginarios de lo inenarrable, reproducen el ejercicio de la violencia constitutiva del tejido social y manifiestan la imposibilidad de someterlo a la resignificación; en igual sentido, tanto la literatura local o sobre lo local, como las expresiones demosóficas, nos permiten una lectura de la cultura política, de los imaginarios de los oponentes, de la capacidad que despliegan las agrupaciones partidistas para proponer un sistema de representación a la totalidad de la sociedad, sin siquiera contemporizar con las transformaciones causadas por los nuevos imaginarios políticos. En territorialidades marginales, en comunidades premodernas como se les ha llamado a los desarrollos fronterizos por fuera del ecumene o espacio vital, los imaginarios políticos ligan íntimamente la vida privada con la colectiva; el sistema de representación auto-otorgado subsume el consenso colectivo, y los imaginarios de la oposición levantan territorios vedados para los oponentes. "Sin embargo, las sociedades que muestran una gran participación militar (y por lo tanto política) de sus miembros constituyen, según parece, una minoría en las sociedades agrarias; bastante más comunes son aquellas sociedades centralizadas, jerárquicas y opresivas, en las que la eliminación de rivales condujo a la concentración del poder" 8 . Antes que el afán por la innovación tecnológica o el incremento de excedentes productivos, la mayor preocupación estriba en ejercer regulación a través del equilibrio de poderes que se controlan recíprocamente mediante el mecanismo de la segmentación o el gregarismo local, según el término usado por Durkheim, procedimiento

Ernest Gellner, Antropología y política, p. 184.

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según el cual los segmentos sociales o de grupo "sólo pueden controlar a sus propios miembros y obtener su apoyo al dominar o invadir todos los aspectos de sus vidas, sus prácticas rituales, matrimoniales, económicas y de otra índole" 9 . Aunque sutil, la expansión territorial de los nuevos actores en armas, en el caso colombiano, genera un triple proceso: de una parte, la homogeneización ideológico-política y, de suyo, la inserción en todas las formas de acción social, político-administrativa y cultural; en segundo lugar, la segmentación en uso de la regulación, la mediación y el control, funciones propias del Estado; y por último, la unificación territorial mediante la consolidación, léase copamiento de nuevos territorios, de territorialidades protegidas por la fuerza de las armas. Estos procesos se nutren de la prestación y contraprestación de favores y servicios, "clientelismo armado"; lo que antaño caracterizaba el comportamiento político de las agrupaciones partidistas tradicionales, se constituye en el modo de obrar de los oponentes armados al régimen, y de las organizaciones paramilitares; elevando a la categoría de "enemigo político" a quienes no cuenten con su aval, bien para la ocupación de cargos públicos o la tramitación de compromisos contractuales, contratos, privilegios o reencauzamiento de los fondos públicos; a la pugna político-militar se le agrega la disputa territorial, y por ese camino se reedifica el paradigma de la identidad. Las identidades resultantes subrayan lo paradójico de la precariedad de la cultura política, se mistifica lo propio, la pertenencia colectiva, pero se estigmatiza la oposición, la negación del otro. La vivencia construida de manera directa otorga legitimidad al imaginario propio y del grupo al que se pertenece, pero

9

Émile Masqueray, Formation des cites chez les populations sédentaires de l'Algerie. París, Edisud, 1983.

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califica de irrelevante y subjetiva la pertenencia e identidad del otro. Proceso resultante de los acuerdos fraguados por arriba durante el Frente Nacional, que en su momento rescató al país de las violencias interpartidistas y de intervención militar en los asuntos del Estado, pero que ahondó las raíces de la crisis político-institucional. Mientras el poder se concentraba en manos del bipartidismo, las emergentes fuerzas de oposición eran excluidas del mismo. Sin competencia ni control político, el clientelismo y la corrupción se instauraron en la vida pública, menguando credibilidad al conjunto del aparato institucional. Las fuerzas insurgentes y paramilitares que se consolidan territorialmente donde el Estado cede sus dominios asumen no sólo el control de la vida pública e institucional en una ambigua combinación entre insurgencia e institucionalidad, sino que también heredaron la rigidez del esquema institucional y los vicios del clientelismo y la corrupción. Por esa vía, a nombre de la revolución, los unos, y de la defensa de la institucionalidad, los otros, tejen los hilos de la nueva cultura política; aunque con significativas diferencias entre unos y otros. Las fronteras naturales que antaño vinculaban los pueblos y su expresiones culturales, se erigen ahora como fronteras de muerte, basta un gesto para iniciar el ataque, una copa de sombrero, una jineta, la posición de los bolsillos en la guerrera o el blandir de un poncho identifica o diferencia, y encontrarse en el momento inoportuno en el lugar no indicado es sinónimo de muerte. Ésa es la metáfora de la cotidianidad en los territorios sumidos en el turbión de la degradación de la guerra, en medio de esta modernización que nos cobijó a todos. La crisis de legitimidad cobija todas las instancias políticas del orden nacional, departamental y local y sus efectos repercuten en la configuración de nuevos modos de obrar pragmático e inmediatista: todo tiene precio, todo es negociable, todo tiene su cuarto de hora, que se aprovecha o se desecha, y lo pactado se cumple o se paga con la vida.

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Superado el Frente Nacional mas no sus efectos, el escalonamiento del narcotráfico agudizó la ruina del régimen político y su sistema de representación partidista; los partidos ya no representan a nadie, sólo son microempresas electorales que se conforman coyunturalmente para negociar empeñando el erario o estableciendo alianzas de distinta naturaleza con los comerciantes de narcóticos y de otras formas de economía subterránea; financiado el clientelismo se asegura el ejercicio de la impunidad de la justicia, la definición y distribución del presupuesto de las entidades territoriales y la formulación de las políticas públicas; el monopolio de la fuerza se fragmenta en manos de la fuerza pública comprometida con la guerra sucia y entregada al mejor postor. Frente a estos fenómenos de crisis de gobernabilidad, crisis de legitimidad y deterioro de la cultura política o su reconfiguración, como dice Norbert Lechner, asistimos más que nada a transformaciones de la política y el surgimiento de nuevas formas que expresan su desceñiramiento, su informalización o desconfiguración del andamiaje institucional, y la reestructuración de lo público y lo privado, reestructuración de la esfera pública y privatización de la política, como postula este autor 10 . Quizá por eso, o como efecto de lo mismo, en las zonas de frontera agrícola los nuevos imaginarios están íntimamente ligados a la rotación geográfica del poder. LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL, EPÍTOME DE LA INCERTIDUMBRE

Observar con detenimiento la política del Estado colombiano, regulador como debiera ser de las relaciones interestatales, interinstitucionales e intersubjetivas, en materia de administración territorial, podemos sugerir, a manera de hipótesis que: "La 10

Norbert Lechner, "Por qué la política ya no es lo que fue", en Nexos, N 2 216, México, 1996.

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geopolítica del Estado colombiano es la geopolítica del caos". Las fronteras vecinales constituyen escenarios en tensión, en los que se vigilan con sigilo los movimientos del vecino, se alertan los fúsiles o se tienden cordones sanitarios mediante el control militar auspiciado desde Washington, en cuanto "Colombia constituye una amenaza potencial para la región". Y la política de fronteras, contenida en la Ley 191, por ejemplo, va desdibujándose frente a la convivencia cotidiana en las zonas de interacción. La crisis institucional y política trasciende las fronteras territoriales colombianas, narcotráfico, violencia insurgente y crisis de derechos humanos son pretexto en el escenario internacional, auspiciado por el Pentágono y el Departamento de Estado norteamericano, para calificar a Colombia de "amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos" y propiciar su aislamiento internacional e interno del gobierno, como en efecto ocurrió durante el período presidencial inmediatamente anterior, 1994-1998. Internamente asistimos a una fragmentación territorial sin antecedentes en la historia, en cuanto se van consolidando pivotes geopolíticas con carácter patrimonial de uso exclusivo de grupos de interés, organizaciones armadas o santuarios de seguridad defendidos con las armas. Su coexistencia se explica o se justifica con argumentaciones que van desde tecnicismos propios del modelo de desarrollo, pertinencia de un plan de ordenamiento territorial propuestos por los ministerios e institutos en la Ley 388 de 1999, hasta proyectos políticos propios del reformismo institucional, Ley 290 de 1996, proceso de descentralización, ley orgánica de ordenamiento territorial; pasando por movimientos regionales, sociales y académicos que se atreven a defender particularidades de la territorialidad ancestral u otras alternativas de ordenamiento territorial. Y al margen o paralelamente con ellos, las concepciones vanguardistas y/o fundamentalistas de los actores armados que se disputan el territorio para la consolidación de sus espacios de poder.

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El proceso político militar asociado a las reestructuraciones territoriales se adentra en la memoria histórica, desde cuando "las guerras civiles del siglo XIX y comienzos del XX fueron guerras de expropiación en las cuales el botín de guerra de los vencedores eran las tierras de los vencidos" 11 . Pero igualmente está asociado con la política de tierras del Estado central, que consideraba los territorios allende la frontera, territorios baldíos y, por tanto, susceptibles de ser otorgados como parte del pago de la deuda pública, y en cuanto desconoce la existencia de comunidades ancestrales, justifica y autoriza la violencia de los nuevos ocupantes. Colonización y ocupación territorial han venido siendo sinónimos de violencia, expulsión y desplazamiento forzado. Las distintas etapas de las violencias político-militares durante el siglo x x se dieron en escenarios productivos que dejaban significativos excedentes como zonas de extracción de materia prima: quina, caucho, pieles, recursos forestales, zonas cafeteras, zonas petrolíferas y, más recientemente, zonas cocaleras, sobre las cuales la presencia paramilitar (pájaros, sicarios y autodefensas) no sólo garantiza el control monopólico del producto extraído y su mercado, sino que agencia la expropiación de pequeños propietarios y el control de los territorios mediante la coacción y la fuerza de las armas. Se impone entonces, la necesidad del control de la fuerza laboral tanto como la necesidad del uso de la fuerza para la defensa. En ambos casos se privilegia y se establece el control de vientres y nacimientos; la colonización también se da en el vientre del ocupado, e n g e n d r a n d o su propia prole de varones para la guerra y para el trabajo; además de la tierra, el recurso más importante viene a ser la fuerza de trabajo; el poder y la seguridad se miden en relación directa con la posesión y control de

" Camilo Domínguez y Fernando Cubides, editores, Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales, CES U.N., 1999.

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territorios y de hombres. Por eso es tan importante homogeneizar a partir del establecimiento de vínculos de lealtad como el endeude económico o pago por anticipado, el vínculo de sangre y la lealtad clientelista. Tanto la insurgencia como el paramilitarismo, al igual que la profesionalización de las fuerzas armadas, se han convertido en fuente de empleo que, a la vez que incrementa los pies d e fuerza, teje la urdimbre del tejido social del territorio que se desea controlar. Quien no se acoja o se enfrente a esta dinámica se asume como desplazado, diferenciando así "regiones expulsoras" de "regiones receptoras", forma actual de la reestructuración territorial. La expansión territorial de las guerrillas y el escalamiento del conflicto a r m a d o frente al Estado h a n incrementado los enfrentamientos entre éstas por el control de zonas de influencia, y contra éstas, el paramilitarismo, en cuanto política de Estado, busca recuperar el control de territorios mediante masacres y crímenes de lesa humanidad. Para el movimiento insurgente el territorio no es sólo su teatro de operaciones bélicas o fuente de recursos; es también el lugar donde se edifican y se controlan los símbolos de la legitimidad, el escenario de cristalización de su proyecto estratégico, para lo cual busca, al menos en teoría, mecanismos de cohesión y de lealtad socio-política, y sobre este territorio ejerce poder, aunque no toda la población esté en armas, aunque, sin embargo, sobre ella se practique la violencia coercitiva. Lo que bien pudiera llegar a ser una lógica transaccional entre actores armados tras el mismo objetivo, el dominio territorial se convierte en factor de confrontación. La expansión de las FARC, entre 1985 y 1999, a lo largo de la geografía colombiana se dio con base en la combinación de tres factores: de una parte, la incapacidad militar de las fuerzas regulares para derrotar a la guerrilla, generando un virtual equilibrio de poderes; de otra parte, la confluencia de la presión social, el fortalecimiento del

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movimiento campesino en lucha por la tierra y las movilizaciones urbanas de pobladores por mejores servicios, coyunturas aprovechadas por la guerrilla para otorgarse la representación de estos sectores e incidir sobre su evolución; y en tercer lugar, las inconsistencias de la política de paz por parte del Estado, que le restaba credibilidad. Mas, sin embargo, las FARC requirieron construir su propia legitimidad a partir de incidir en todos los asuntos de la vida de sus bases sociales de apoyo, fundando su accionar en las raíces históricas y sociales de la insurgencia popular de los años cincuenta y en los procesos de colonización agraria espontánea, armada o coquera. El ELN, pese a los continuos reveses militares, se desplaza hacia el nororiente, desde donde se inserta en las zonas de explotación petrolera sobreviviendo militarmente reducido, a expensas del control del aparato de Estado, en u n a ambigua interacción entre la institucionalidad y la insurgencia, factor por el cual se diferencia y se enfrenta militarmente con las FARC. Las selvas del río Lipa, frontera natural entre el piedemonte oriental y las sabanas araucanas, se convierten en lugar de confrontación entre estos dos actores armados por cuanto allí se dirimen las diferencias por el control de las fuentes de recursos financieros estratégicos para cada una de ellas. Los paros armados del ELN no son otra cosa que un mecanismo de coerción contra las FARC para presionar acuerdos que no se pueden dirimir políticamente en las corporaciones públicas donde tienen asiento. Al margen del fortalecimiento militar de la guerrilla y del eventual desarrollo del movimiento social y político, empieza a desarrollarse desde los años setenta un fenómeno que multiplicaría y haría más complejas las disputas político militares por los dominios territoriales: el narcotráfico. Estimulado por el enorme mercado estadounidense y surtido por la oferta de pasta de coca de Perú y Bolivia, la cocaína encontró en Colombia no sólo una plataforma geoestratégica adecuada, sino sobre todo

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un nicho propicio, generado por el carácter estructural de aguda desigualdad social, ilegalidad y violencia propio de un régimen político corrupto y en crisis. La regulación económica y la intervención social impuestas por las FARC en las zonas cocaleras, y en menor medida prohijadas por el ELN como parte de su política financiera, propiciaron, por un lado, el fortalecimiento financiero y militar de la insurgencia, en contraste con el debilitamiento de su discurso político, y por otro, la confrontación con los organismos de justicia privada, sicarios, pájaros, autodefensas y paramilitares, que el narcotráfico creó y apoyó para contrarrestar los embates de las guerrillas, simultáneamente auspiciados por terratenientes, hacendados, comerciantes y empresarios. Frente a la ofensiva guerrillera, las autodefensas se consolidan, desde principio de los años noventa, con indiscutible participación de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado. Las costas del río Casanare, la confluencia con el río Meta y la red fluvial que recorre los territorios de la Orinoquia se constituyen en escenario de confrontación armada por dominios territoriales entre la insurgencia y el paramilitarismo. Desarrollando una ofensiva estratégica, las AUC desplazan efectivos armados hacia los puntos de entrada de abastecimientos: la carretera Pamplona-Río Frío-Saravena, La Cabuya, carretera del Cusiana, Chocontá-Aguaclara y el cruce del río Upía; el objetivo expresado públicamente es evitar que la cordillera Oriental se convierta en la "Sierra Maestra" de la subversión. Para conseguirlo, han aumentado significativamente su pie de fuerza. Por su parte, las autodefensas del Meta se subdividen territorialmente entre Puerto López, El Castillo, El Dorado, controlando los puntos de acceso al Orinoco y el Atlántico por el eje del río Meta y hacia el occidente, por el filo de la cordillera, impidiendo que las FARC controlen militarmente todo el piedemonte desde Arauca hasta el Putumayo.

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La guerra antinarcóticos desarrollada por el Estado durante los años noventa generó una doble situación: el desplazamiento de los cultivos y las cocinas hacia el nororiente de la Orinoquia, y el incremento de la inversión de narcodólares en la compra de tierras en la sabana y el piedemonte. Y con ellos, los mecanismos de coerción, intimidación y terror sobre la población civil. Sin embargo, no todo propietario puede abandonar sus propiedades; aquellos que tengan fundaciones superiores a las 250 hectáreas, no pueden ni ceder ni vender sus posesiones; por el contrario, deben pagar un impuesto de seguridad de $50.000 promedio. La tributación asegura los excedentes necesarios para sostener la guerra contra la subversión. "Entre 1992 y 1998 fueron asperjados cerca de dos y medio millones de litros de glifosato para erradicar más de 19.000 hectáreas de amapola y 41.000 hectáreas de coca. Hoy, en el año 2000, ninguna autoridad antinarcóticos sabe con precisión cuánta amapola existe en Colombia y la CÍA acaba de señalar que se cultivan en el país 122.500 hectáreas de coca, lo cual se traduce en un potencial de producción de más de 500 toneladas de cocaína para el mercado mundial"12, lo cual revela el rotundo fracaso de la política antinarcóticos. La magnitud del problema de los desplazados dejados por la guerras y la reestructuración violenta del territorio nacional se hacen aún más complejas, frente al impacto de las economías extractivas de influencia internacional como el petróleo. "Debido a las gigantescas ganancias que produce y a las enormes transformaciones que ocurren sobre las regiones en donde actúa, el petróleo tiene efectos explosivos sobre una sociedad y su espacio. En regiones como la Orinoquia o la Amazonia, en donde hay bajas densidades demográficas y la presencia del Estado es 12

Ricardo Vargas Mesa, "Un mal menor ¿erradicar la actual política antidrogas?" en u.N. Periódico, abril de 2000.

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prácticamente simbólica, las compañías petroleras se convierten en el factor determinante en los procesos de ordenamiento espacial..." 13 . Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, Coporo, Tolvanera y otros campos de explotación no sólo se constituyen en territorio vedado para el control efectivo y real del Estado o la sociedad, sino que generan su propia forma de defensa estratégica contra la subversión, que les obliga a pagar la tasa petrolera, a reinvertir socialmente las regalías y regular las relaciones laborales paraestatales que allí se establecen. La postmodernidad cogió al país sumido en el desorden territorial. La precariedad administrativa del territorio dificulta la gestión pública y ciudadana, permitiendo la colisión de funciones y competencias. La sociedad colombiana se enfrenta a la existencia de múltiples y variadas territorialidades. Las interpretaciones de las territorialidades nacionales por parte de los agentes estatales no orientan el desarrollo económico, crean tensiones entre el Estado y los agentes de la producción y restringen los espacios públicos para los agentes económicos. Pero sobre todo las formulaciones recientes sobre reordenamiento territorial excluyen a comunidades negras e indígenas, no reconocen sus territorios, los mecanismos tradicionales de apropiación colectiva de la tierra, o el carácter mágico, ritual y simbólico de los territorios ancestrales. Ni el Estado central, ni los organismos regionales de planificación, como los Corpes, abordan esta complejidad, y planifican en abstracto; las comunidades marginales o periféricas consideradas barbecho social no caben en las estadísticas y, por tanto, están por fuera de toda perspectiva planificadora. Podría resumirse diciendo que el ordenamiento territorial en el actual esquema es equivalente a desconocimiento de las 13

Camilo Domínguez, "Petróleo y reordenamiento territorial en la Orinoquia y la Amazonia", en Cubides y Domínguez, op. cit., p. 41.

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regiones históricas, yuxtaposición de la modernidad tardía a la historia de las provincias, ruptura de las identidades provinciales y desconocimiento de las formas subregionales para el manejo del territorio, provincias y comarcas. Frente a la crisis de territorialidad, fruto de la crisis institucional y política del Estado y la sociedad, pareciera levantarse una opción en los opositores al régimen. Pero vistas en detalle las fisuras que la guerra deja, el territorio como espacio de poder, de producción y reproducción comunitaria, es decir, en cuanto espacio vital, no figura en las agendas de negociación de los actores armados. Al contrario, ante el vacío territorial del Estado colombiano se incrementa la rotación geográfica del poder: retorno a la geopolítica del siglo xix, el territorio es un espacio por conquistar o arrebatarle al otro, y la fuerza de las armas es el instrumento per se. El conocimiento y dominio de la territorialidad puede llegar a ser un arma para la guerra o un instrumento para la coexistencia dentro de la diferencia. El territorio bien puede ser polígono de fuerzas en el que se desenvuelven los enfrentamientos por el poder; o espacios simbólicos de trascendencia para la producción y reproducción étnica. Del mismo modo que el suelo, o la renta que éste genera, la producción agrícola o minera y la acumulación que logre provocar, tanto como la monopolización de la propiedad de la tierra, son estratégicamente importantes para empresarios capitalistas, ganaderos y terratenientes; en igual medida, aunque dentro de una significación valorativa distinta, las lagunas, los cerros, las piedras u otros sitios naturales son marcas con significación social para comunidades ancestralmente ubicadas allí; o marcadores naturales que delimitan el área de explotación de un grupo, definen sus derechos a los recursos del medio, o la zona de influencia de sus chamanes y brujos; en caso de las comunidades indígenas, para defenderlo, los linderos se trazan por

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odios mutuos, fruto de discrepancias programáticas tramitadas mediante la violencia, las fronteras naturales se tornan fronteras de muerte generando soberanías internas y dominios territoriales cuya legitimidad y pertenencia no se discuten. Mientras no existe una política territorial coherente por parte del Estado, la población civil se halla sometida a la arbitrariedad de la guerra y la ambigüedad paraestatal de los poderes locales. Las formas de cogobierno en Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Caquetá, Córdoba o Urabá son solamente las aristas de un polígono territorial de indiscutible presencia. GLOBALIZACIÓN Y CONFLICTOS EN LAS FRONTERAS

Las fronteras geográficas, así como las sociales, caso de nuestra frontera agrícola interior, en permanente proceso de expansión, son ante todos espacios socio-políticos en los que se expresa la diferenciación, la identidad, la pluralidad y la resistencia frente a "los otros" a "lo otro", lo que no es "nuestro". Ello, entonces, fija nuestros límites, nuestro ser y nuestro modo de ser diferentes, nuestra realidad específica de países, nuestra personalidad propia y nuestra expresión internacional particular. Todas ellas realidades sociales que han ido surgiendo en el complejo proceso histórico de nuestro devenir como Estados nacionales, apenas en formación, donde la política, la economía, la construcción territorial y la sociedad han dado origen a las ideas de soberanía y nacionalismo, cemento unificador e identifícador de los mismos. Hablar de fronteras y de conflictos fronterizos en esta era llamada de la globalización en la que, al parecer, las diferencias entre países tenderían a borrarse y, con ello, a ampliarse las esferas de integración y cooperación; las que, a su vez, atenuarían y distenderían los conflictos, parecería no sólo un retroceso en el campo académico, sino un contrasentido frente a los cambios

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mundiales, a las nuevas realidades del mundo post-moderno en el que hoy vivimos. En efecto, para los ideólogos o doctrinarios del "globalismo y del integracionismo", los cambios tecnológicos y sus impactos en la producción, así como en los flujos de información que a partir de 1960 surgen como factores determinantes de la actual evolución industrial a escala nacional e internacional, nos han incitado a olvidarnos de las fronteras, de las diferencias y conflictos, de las trabas y regulaciones que impiden la libertad comercial, la mundialización de las finanzas, la universalización de la producción y del consumo. Es más, los anteriores procesos -según aquellos-, Están facilitando el surgimiento o la ampliación de la sociedad civil y de la democracia, esferas múltiples, donde la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad surgen como los frutos maduros de un mundo libre de los nacionalismos y estatismos, hoy día finalmente en franca derrota. Pero contra toda evidencia, la frontera se torna un escenario de poder virtualmente explosivo. En las llamadas zonas de integración panameña, venezolana, brasileña, ecuatoriana o peruana con Colombia, son los poderes defacto o las formas paraestatales de regulación y mediación, las encargadas de decidir la política fronteriza. En el nororiente el ELN se autoproclama gobierno e incentiva acuerdos y negociaciones con los gobiernos locales venezolanos, y el Estado del país vecino le reconoce condición de beligerancia. En el suroriente, las FARC determinan y deciden las relaciones económicas, laborales, sociales y políticas y exigen su reconocimiento por parte de los países vecinos. El valor geoestratégico que ha alcanzado la frontera sur del país para los diversos actores armados explica la presión del

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subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Peter Romero, sobre los gobiernos de Ecuador y Perú para que trasladen sus tropas de la frontera común tras el término de la guerra hacia Colombia. A lo largo de este año se han venido creando en esta extensa región unos "teatros de operaciones militares" similares a los que tiene el ejército venezolano hace años14. Las múltiples violencias y sus impactos en las relaciones fronterizas convierten a Colombia en una amenaza regional. El Plan Colombia que se discute actualmente en Washington está concebido para llevar a cabo una guerra prioritaria contra la guerrilla y los cultivos ilícitos, pensados en forma complementaria. No apunta a colocar el flagelo de los cultivos ilícitos en un escenario más complejo, en el que juegan otros actores diferentes de la guerrilla que tiene su base en la Amazonia y la Orinoquia. Hacia allá va dirigida toda la tecnología y el equipamiento militares de ese plan de ayuda, escribe el profesor Pizarro Leongómez. Las visiones unilaterales y retóricamente optimistas desde las cuales se analizan los impactos fronterizos del conflicto interno, la esperanza de un mundo nuevo sin fronteras ni conflictos, de ampliación de las libertades y de la democracia, de un mayor disfrute de los avances del desarrollo de la ciencia y de la tecnología que -ellos creen-, han contribuido a la ampliación de la riqueza en el ámbito mundial, tienen que ser comprendidas y analizadas con un enfoque complejo y crítico más equilibrado de las realidades nacionales e internacionales, cuya interacción conflictiva y dinámica es extremadamente rica y diversa. Ello es, sin duda, aplicable al caso de los conflictos regionales y subregionales internos e incluso de los países limítrofes que por

14 Eduardo Pizarro Leongómez, "Colombia: una grave encrucijada", u.N. Periódico, agosto de 1999.

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su condición de países en "vías de desarrollo", como el colombiano, experimentan con más tuerza las crisis institucionales y políticas, tanto como su derivación hacia la violencia; que en los países desarrollados se hacen menos evidentes. Vale la pena insistir en que la otra cara del proceso globalizador se expresa en la integración de bloques industriales y comerciales que, en un nuevo movimiento concentrador y regionalizador de la economía, se disputan no sólo el mercado mundial, sino la hegemonía social, cultural y territorial. Sólo que para el caso colombiano, la producción, procesamiento y comercialización de cocaína y sus derivados, la elevada criminalidad, la crisis de derechos humanos y el escalonamiento del conflicto interno armado producen "una súbita internacionalización en las agendas políticas y en los temas estratégicos del mundo contemporáneo" como globalización negativa. Se da, pues, en el contexto de un proceso de integración entre países de marcadas diferencias económicas y políticas, que conduce a formas de regionalización económica en las que se condensa una fuerte hegemonía política de los países que -como los Estados Unidos, los países del Este, la Unión Europea, y el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial-, han asimilado para su beneficio los adelantos científicos y tecnológicos aparejados a la Tercera revolución industrial. Éstos, a su vez, a partir de tácticas y estrategias diferentes, han incrementado su dominio político, económico y financiero sobre los países económica y políticamente menos poderosos. En este contexto de intensas disputas de los "Grandes" por el poder y la hegemonía sobre los recursos naturales de los diferentes países y de los mercados nacionales de los mismos, el análisis de los conflictos fronterizos requiere de un nuevo enfoque. Esto es, los estudios sobre las fronteras o sobre la abrogación de las mismas, tan en boga actualmente, tienen que ser vistos dentro de un contexto social altamente conflictivo, con la parti-

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cularidad de ser una sociedad polarizada o en trance de serlo, en la que los intereses nacionales e internacionales contrapuestos se sobreponen y determinan los intereses privados, provinciales y locales; donde no sólo los gobiernos (como instituciones que representan el poder y la organización de los países en el ámbito internacional), sino los diferentes sectores sociales, tienen que ser involucrados, sin dejar de considerar las mediaciones e intermediaciones de las organizaciones armadas que dicen representar sus intereses. La migración de trabajadores colombianos a Venezuela, para dar un ejemplo, ha estado determinada por la mayor remuneración y subsidios estatales en el segundo país, y por la concentración de la propiedad territorial en la costa atlántica colombiana, que ha dejado sin oportunidades de ingreso y expulsa a una parte sustancial de los campesinos de la región. La urbanización subsidiada por Venezuela ha distorsionado su mercado laboral, hasta el punto de convertirlo en demandador de trabajadores rurales no calificados, para mantener en funcionamiento su agricultura y su ganadería. El carácter ilegal de este mercado genera múltiples conflictos, en los cuales la violencia y la corrupción operan en sustitución de la justicia. Hay violencia en las relaciones de los patronos y las autoridades policiales venezolanas, brasileñas, peruanas y ecuatorianas con los trabajadores ilegales colombianos. Hay corrupción a todo lo largo de las cadenas de intermediarios que conducen a los migrantes a los puestos de trabajo en los países vecinos. Las guerrillas colombianas aspiran a llenar el vacío de seguridad de los indocumentados y ejercen la violencia del secuestro y la extorsión contra propietarios más allá de las fronteras. En su enfrentamiento con las guerrillas, la fuerza pública de los vecinos ejerce violencia contra los migrantes ilegales y la población fronteriza colombiana. Se ha creado un complejo contrabando de personas, bienes, drogas y armas, que corre paralelo a los flujos e intercambios le-

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gales y que genera fricciones y violencia en las relaciones cotidianas de las poblaciones en contacto. A su turno, la fuerza pública colombiana sostiene una guerra por los dominios territoriales con el ELN y las FARC, que se extiende a lo largo de la frontera. Los derrames de petróleo por sabotajes al oleoducto, usados como acciones de guerra por las guerrillas, contaminan gravemente el sistema hídrico venezolano o ecuatoriano. La militarización de la frontera y la cooperación entre fuerzas armadas binacionales en la lucha contra guerrillera puede aumentar los efectos adversos contra la población civil en los dos países. El Putumayo ha sido geohistóricamente una zona con relaciones complejas entre grupos étnicos, en las que se entrecruzan procesos de colonización europea, misionera, militar y económico-mercantil, hasta las sucesivas interacciones con la "sociedad nacional", y, adicionalmente, el carácter de región fronteriza; sobre este territorio se cierne la incertidumbre, al convertirla en área económica estratégica para Estados como el ecuatoriano o el peruano, para quienes, además, la intensificación de la presencia institucional y sobre todo militar, fruto de la implementación del plan Colombia extendería sus conflictos a sus territorios, según lo analiza Virgilio Becerra, en U.N. Periódico. Hay varias posibilidades de escalamiento del conflicto armado en una situación como la descrita. Pueden aumentar los contactos entre guerrillas y fuerzas armadas venezolanas, peruanas o ecuatorianas; puede aumentar la intensidad de la confrontación entre fuerza pública colombiana y guerrillas, y eventualmente puede haber incidentes militares entre los otros países del área. Otra fuente de cambios acelerados en las relaciones fronterizas es el establecimiento del tráfico de drogas que se origina en Colombia y utiliza a Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador como lugares de paso hacia los Estados Unidos y Europa. Este tráfico induce a la corrupción y violencia y crea resistencias adicionales

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a los migrantes colombianos en esos países. A mediano plazo puede propiciar el surgimiento de mafias locales en estos países y la creación de redes criminales relacionadas con el narcotráfico, como, en efecto, viene aconteciendo. Frente a la actual coyuntura de bonanza y declive de la transferencia de regalías petroleras, los departamentos de la cuenca orinoquense han de pensar en cómo consolidar procesos productivos a largo plazo que garanticen lo que han dado en llamar desarrollo sostenible. En Arauca, particularmente, el desarrollo económico-social del departamento depende en gran medida del aprovechamiento de su posición estratégica en la frontera internacional con Venezuela, en cuya área fronteriza se vivencian de hecho la integración económica y social así como la eclosión de la universalidad de la cultura más allá de los límites naturales y políticos. Estos procesos, uno de los más avanzados del continente y de los de mayor tradición histórica, incumben a toda la Orinoquia, no sólo por la magnitud de los intercambios comerciales, y los dividendos que generen, sino por su carácter estratégico en las relaciones interculturales, interétnicas, interregionales e internacionales. Ahora bien, los procesos de integración, globalización, de internacionalización y de mundialización implican necesariamente agudización de algunas de las anteriores caracterizaciones para asumir nuevas modalidades del conflicto. Cobra vigencia el planteamiento del profesor Ernesto Guhl en La insurgencia de las provincias, acerca de que un Estado no es imaginable sin una base espacial territorial, y es el poder político y militar del Estado el que determina el dominio territorial, fijando sus fronteras como una realidad política. Si reconocemos la validez de los factores antropológicos, etnográficos, sociológicos, y político culturales que hemos venido analizando, tanto como los procesos histórico-políticos asociados a la construcción de territorialidades, tendremos que reconocer igualmente la co-

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existencia de múltiples formas de Estados regionales o "paraestados" que reúnen estas condiciones. En el caso de la Orinoquia colombiana, por ejemplo, nos encontramos frente a una realidad: durante la mayor parte del tiempo en el que se ha venido constituyendo la región, el poder estatal no alcanza todavía a llegar a las zonas fronterizas del espacio geográfico, denotando un vacío territorial; como ocurrió a lo largo de América Latina durante el siglo XIX y parte del XX, los Estados no ejercían poder real sobre sus territorios y debieron adoptar el Uti possidetis. Iniciado el tercer milenio, asistimos no sólo a la fragmentación territorial, política social y económica de la nación y del país, sino también a la ruptura y recomposición de los imaginarios culturales, como consecuencia de la complejidad de los conflictos, en la cual la Orinoquia continúa cumpliendo la importante responsabilidad de amortiguamiento, desde su doble condición de frontera interior, agrícola y en expansión, y frontera política con Venezuela y Brasil. Y lo más grave es que no contamos ni con instituciones, ni con política, ni con tradición, ni con pensamiento sistemático para reaccionar coherentemente frente al desmembramiento y la marginalidad.

Leonor Perilla Lozano ACERCA DE LA NOCIÓN DE PROBLEMA SOCIAL EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1936 Y LA CONSTITUCIÓN DE 1991, COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA

Este análisis, sin ninguna pretensión constitucionalista (no es mi formación), no quiere conceptualizar sobre el Estado o el Estado social de derecho, ni hacer un análisis constitucional -ya se han hecho bastantes y muy rigurosos análisis de los mismos-; la intención, en este caso, es integrar a la lectura constitucional el análisis social desde la perspectiva de lo que se entiende por problemas sociales; es decir, por un lado, subrayar el aspecto que define al Estado colombiano desde la Constitución política como "Estado social de derecho" (menciono, en particular, la Constitución de 1991 y la Reforma Constitucional de 1936, que introduce la noción de Estado social en nuestro país) y, por otro, subrayar, de las constituciones mencionadas, los aspectos que, a mi juicio, expresan una noción particular de problema social. Partiré para el análisis de la pregunta: ¿Por qué interesa revisar la noción de problema social en un texto constitucional?; a la que en principio responderé diciendo que, siendo dichos textos la base de las políticas estatales públicas, ya que es la constitución política de un país el enunciado de principios para la acción política de un Estado -bajo la forma de "ley fundamental"-, deberíamos encontrar concordancia tanto entre los problemas sociales que aquejan a un país y la noción que se tiene de ellos -expresada en el texto constitucional-, como con la respuesta estatal frente a los mismos, en la forma de políticas públicas.

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Para tales efectos, se requiere precisar lo que se entiende por Estado, Estado social de derecho, constitución y problema social, y subrayar aspectos tanto de la Reforma del 36 como de la Constitución del 9 1 , por ser en éstas en las que se define el Estado colombiano como social y de derecho, de tal forma que podamos identificar enunciados que nos permitan una interpretación social de la misma. ACERCA DE LA IDEA DE ESTADO

Hay tal diversidad de ideas y enfoques sobre el Estado - e n cuanto a su naturaleza y finalidad-, que no nos cabrían en estas líneas mencionar ni los autores ni sus perspectivas; por mencionar sólo algunos, diremos que tenemos diversas concepciones de Estado desde Platón, pasando por Aristóteles, Rousseau, Hegel, Savigny, Kant, Marx, Engels, Lenin, Kelsen, Weber, Duguit, Burdeu, Bakunin, entre muchos otros 1 . Para efectos de este análisis mencionaré en principio dos perspectivas de Estado, agrupando, por un lado, las ideas de Rousseau y de Hegel y, por otro lado, la idea marxista de Estado, las que encuentro pertinentes para la reflexión propuesta. En una perspectiva del análisis, ubico la idea de Estado -desde las concepciones de Rousseau y de Hegel, las que, aun siendo distintas, es posible integrarlas, en particular, en la perspectiva del Estado m o d e r n o - como el ente moral que representa la voluntad general por el "bien común" y como realidad del espíritu ético, en espíritu objetivo, en donde lo ético se define como el "bien" que reside en el pensamiento, y la "verdad", la "volun-

1 Me refiero al Estado moderno, en tanto aparece éste en la historia como la forma institucional del poder político -elemento constitutivo del Estado junto con la nación y el territorio-, y como expresión del poder impersonal, cristalizado en una entidad permanente.

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tad sustancial" (que es la voluntad del Estado), la "libertad". Para los dos autores, la idea de la razón es constitutiva tanto del cuerpo social (constituido por la razón de la voluntad general) como de la persona moral (el Estado). Para Rousseau, el Estado es la asociación política que se funda, sobre la base de la libertad y de la voluntad de los contratantes, en la voluntad general: "Si el Estado no es más que una persona moral, cuya vida consiste en la unión de sus miembros y su cuidado más importante es el de su propia conservación, necesita una fuerza moral y compulsiva para mover y disponer todas las partes del modo más conveniente al todo... en el imperio de la razón, del mismo modo que en el imperio de la naturaleza nada se hace sin motivo" 2 . Y, para Hegel, el Estado es "la realidad de la idea ética; es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, por sí mismo sustancial que se piensa y se reconoce, y que cumple lo que sabe y como lo sabe. En lo ético el Estado tiene su existencia inmediata; y tiene su existencia mediata y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, fin y producto de la actividad" 3 y el concepto de idea ética para Hegel es "la objetivación de sí mismo... En consecuencia tal concepto es: a) El concepto ético inmediato o natural: la familia. b) La sociedad civil, la unión de los miembros como individuos, independientes en una universalidad formal, mediante sus necesidades y la constitución jurídica, como medio de garantía de las personas y de la propiedad y en virtud de u n orden externo para sus intereses particulares y comunes.

2

Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, Editorial Cometa de Papel, Bogotá, 1996, pp. 31-32. 3 Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho, Biblioteca Filosófica, Ed. Unidad S.A, Buenos Aires, 1968, p. 212.

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c) Estado externo que se recoge y retrae en el fin y en la realidad de lo universal sustancial y de la vida pública dedicada al mismo, en la constitución del Estado"4. Me tomo entonces el atrevimiento de poner en una sola voz la voces de Rousseau y de Hegel, para los cuales el Estado es "asociación" y "espíritu objetivo", es "persona moral"; así, el Estado sería la asociación de los contratantes en donde lo que prima es la relación social por necesidad, dada por la libertad de asociarse en un estado civil que garantice lo que el estado de la naturaleza no garantiza: el ejercicio de la libertad, la protección, para el "bien común", idea moral del Estado: aquí hay un criterio de lo "bueno", de lo justo de dicha asociación, como unión de voluntades, que representa una voluntad sustancial, la voluntad del Estado; entonces, el Estado, por principio, es ético, es ente moral por excelencia, porque representa la voluntad sustancial, la voluntad de todos y lo que les es común; la búsqueda del "bien" de todos, lo bueno, la verdad, la objetividad. En otra perspectiva, y desde la concepción marxista, el Estado, contrariamente a lo que piensa Hegel, no es la "realidad de la idea moral", ni producto de la evolución de la razón, sino que es "producto de la sociedad cuando ésta llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurarlos..., ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado"5; por lo que el Estado es un instrumento de dominación de clase, "es el aparato de coerción de los hombres, que sólo aparece con la división de la sociedad en clases, división en donde unos explotan a

Hegel, Filosofía del Derecho, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1955, p. 155. V. I. Lenin, El marxismo y el Estado, Editorial Progreso, Moscú, 1973, p. 56.

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los otros, se apropian del trabajo de los otros; la historia demuestra que el Estado como aparato especial de coerción de los hombres surgió únicamente en el lugar y en la época en que apareció la división de la sociedad en clases, es decir, la división en grupos de hombres entre los que unos podían apropiarse siempre del trabajo de otros, donde unos explotaban a otros", y más adelante agrega: "... desde este punto de vista, antes de la división de la sociedad en clases no existía el Estado, pero a medida que surge y se afianza la división de clases, surge y se afianza también el Estado"6. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el Estado es la expresión de una clase que representa sus propios intereses, constituyéndose en una "máquina" para mantener el dominio sobre la clase explotada; así, el Estado evoluciona, se transforma, sólo de acuerdo con los intereses de los que en un momento histórico determinado tienen el poder económico y político, se transforma para representar los intereses del grupo social que emerge, en donde cambia la forma del dominio pero no la esencia de la dominación dada por la estructura económica de la sociedad: "siempre que existe el Estado, existe en cada sociedad un grupo de personas que gobiernan, que mandan, que dominan y que, para conservar el poder, tienen en sus manos una máquina de coerción física, un aparato de violencia, las armas que corresponden al nivel técnico de cada época"7. Según Vladimiro Naranjo, "Es evidente que el Estado aparece como un ser espiritual a la vez que como agrupación humana; que él es tanto un ente ordenador de la conducta, como un titular abstracto y permanente del poder; que puede ser en ciertas circunstancias un instrumento de dominación de clase o un obstáculo para la libertad individual, como puede y debe ser

6

V. I. Lenin, "Acerca del Estado", Conferencia pronunciada en la Universidad Jverdlou el 11 de julio de 1919, en Obras escogidas, tomo III, pp. 262-264. 7 ídem, p. 265.

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también una situación de convivencia en la forma más elevada" 8 , sin embargo, para efectos del presente análisis, interesa resaltar las tres perspectivas teóricas que, a mi juicio, definen y caracterizan al Estado moderno, a saber: • Como producto de la asociación de voluntades en una voluntad general por el "bien común". • Como expresión de la razón, de la "voluntad sustancial", de la libertad y plenitud de los derechos; de la idea ética, como constitutiva de la vida pública. • Como expresión de los antagonismos en la sociedad, dividida entre quienes tienen y quienes no tienen (poder económico y político); por lo que el Estado representaría, antes que el interés general, intereses particulares. Es así que nos encontramos - e n dirección de las concepciones teóricas presentadas- con una concepción "ideal" de Estado, en tanto producto del consenso por el bien común; como agrupación de individuos por este fin en la forma de "persona moral" y, por otro lado, el Estado como expresión "real" de los antagonismos sociales y las pugnas por el poder, por acceder a él o perpetuarse en él 9 . QUÉ DEFINE AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Con las revoluciones liberales en el mundo en los siglos XVII y XVIII -revolución inglesa, 1688; americana, en 1776, y francesa, en

8

Vladimiro Naranjo Mesa, Teoría constitucional e instituciones políticas. Editorial Temis, 1997, p. 73. 9 Como se verá más adelante, así como nos encontramos con un ideal de Estado -que se puede contrastar con la concreción de éste en la vida diaria-, encontraremos también un "ideal" de constitución política, en cuanto enunciado de "buenos " propósitos, de consignar la "voluntad general" por el "bien común", que difícilmente se traduce en la realidad en "bienestar de todos".

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1789-, se instaura el orden social, económico y político basado en la concepción liberal del individuo; es decir, sobre la consideración de que todos los individuos son libres, dignos e iguales ante la ley10. Así, se instaura el Estado moderno -liberal - sobre la consideración de la individualidad de las personas y su consentimiento para participar en la "conformación del Estado". Una de las consecuencias directas de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII es la declaración de cartas o Derechos11 y, más adelante -siglos XIX y XX- la institucionalización jurídica de garantías y derechos en la forma de constituciones políticas de los Estados. Por tal razón, y para efectos del presente análisis, interesa abordar el tema de cómo se define lo que es una Constitución política. La Constitución política de un Estado se define, según Lassalle, como la ley fundamental de un país, en donde la idea de fundamento lleva implícita la noción de una necesidad activa, de una fuerza eficaz que hace por ley de necesidad que sea así y no de otro modo; siendo los factores reales de poder esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de cada sociedad12. Es entonces en la constitución política de un país en donde se consignan "los factores reales de poder", en la forma de normas básicas para la organización del Estado -la población y el

10

Aquí estos valores -libertad, igualdad y fraternidad- son válidos fundamentalmente para efectos del intercambio de mercancías y de apropiación de fuerza de trabajo: valores que responden a las necesidades e intereses de la naciente burguesía, que chocan con la sociedad estamental y la nobleza privilegiada (del siglo xvn). Así, las ideas liberales se traducen en una organización clasista de la sociedad, y jurídicamente en la forma de Estado de derecho. 11 Entre otras, la Declaración de Derechos de EU en 1776 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1789. 12 Ferdinand Lassalle, ¿Quées una constitución?, Ediciones Universales, Bogotá, 1994, pp. 37-39.

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territorio-, y donde se definen -en la forma de normas- las reglas del juego social y la regulación de las relaciones de poder; esto es, la definición de roles, el enunciado de derechos y los deberes de los integrantes del Estado. "La Constitución es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado, que regulan el funcionamiento de los órganos del poder público y que establecen los principios básicos para el ejercicio de los derechos y la garantía de las libertades dentro del Estado"13. Siguiendo con el tema de la evolución de la forma de Estado liberal -de derecho-, es necesario anotar que es en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y en particular en la década del treinta del último siglo, que se evidencia en el mundo capitalista cómo la forma liberal de Estado no representaba las reivindicaciones básicas de sus asociados, menos aún la dignidad e igualdad de los individuos que promulgaba, coincidiendo además con la depresión económica de 1929. El mundo capitalista, entonces, se encuentra convulsionado por la crisis económica, por las protestas populares y por la crisis política: "el liberalismo no terminó siendo todo lo que esperaba, el individualismo, una sociedad indiferente e insolidaria, la pasividad del sistema y, principalmente, la creciente desigualdad material entre la burguesía y la emergente clase proletaria produjo en la teoría política el deseo de superar el modelo liberal"14. Es entonces sobre la base de la evidencia de que el Estado liberal fracasó en su tarea de "procurar" una vida digna, entendida como igualdad de oportunidades y de un orden social y económico para sus "asociados", que se da el viraje en la teoría

13

Vladimiro Naranjo Mesa, op. cit., p. 321. Ramón Eduardo Madriñán, El Estado social de derecho, Ediciones Jurídicas, 1997, p. 33. 14

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política, y en la promulgación por la vía constitucional de los Estados, al concepto de Estado social de derecho15. La principal manifestación de la procura de un mínimo existencial 16 en el Estado social se encuentra en la existencia de los sistemas de seguridad social, con garantía y coadministración estatal, los cuales tienden hacia la disminución de los riesgos sociales de los integrantes del Estado. Por lo tanto, para que un Estado pueda llevar el calificativo de "social" debe procurar existencia de sistemas de seguridad social17.

Así, al Estado de derecho como garante de la ley, los derechos y las libertades de sus asociados, se le agrega otra función, la de procurar a los integrantes del Estado las condiciones para una vida digna, sobre la base de prestar los servicios sociales básicos para el logro del fin de la dignidad humana. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROBLEMA SOCIAL?

En principio anotar que el problema social lo entendemos como: • Un fenómeno social complejo: en tanto realidad tangible e intangible, referido a condiciones de vida cuantificables y calificables.

15

Para Elias Díaz, a pesar de las variantes del Estado social de derecho, éste mantiene las características y exigencias del Estado de derecho como son: el imperio de la ley formalizada en un órgano popular representativo, la separación de poderes, la legalidad y garantía de derechos y libertades fundamentales. Véase Elias Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática, Ed. Taurus, Madrid, 1986, p. 85. 16 Con relación al concepto de "mínimo existencial", Madriñán, citando a Ángel Garronera, dice que es por este concepto que se le otorga al Estado una función asistencial, gestor de prestaciones, servicios y asistencias para asegurar condiciones fundamentales de existencia humana. Madriñán, op. cit., p. 55. 17 Ramón Madriñán, op. cit, p. 57-58.

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• Una realidad construida discursivamente desde el discurso político y social. • Un fenómeno social que puede constituirse en una amenaza: para el régimen político y/o para la vida misma. De tal forma, los "problemas sociales" son "propios" de cada contexto en particular, producto del desarrollo social económico, político y, por lo mismo, corresponden al momento histórico por el que atraviesa cada sociedad en particular; por lo que entendemos que los problemas sociales, tanto en su concepción como en su manifestación y en su consideración social, también cambian. Para Robert Horton, los problemas sociales representan pautas complejas de comportamiento social y, por lo mismo, no es fácil describirlos; sin embargo, hay algunos elementos que nos permiten reconocerlos. Una condición es que son creación humana, tienen origen social, no son productos naturales ni sobrenaturales; los problemas sociales deben tener cierto grado de permanencia; deben afectar a un número importante de personas, ser considerados inconvenientes; que la gente piense que puede y debe hacer algo para corregir cierta condición. Que una situación sea o no deseable, tiene que ver con los valores aceptados por la mayoría de la población, valores que cambian con el tiempo18. Y, más adelante, el mismo autor agrega que "los problemas sociales representan interpretaciones subjetivas de condiciones objetivas"19. Se puede decir, entonces, que el problema social se define por la existencia de: a) Unas condiciones objetivas: como un hecho social de carencia, de necesidad; una situación social permanente verificable, cuantificable, contrastable.

18 19

Robert I. Horton, Problemas sociales, Ateneo Editorial, Buenos Aires, 1978, p. 2-3. ídem, p. 5.

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b) Unas condiciones subjetivas: en principio, un conocimiento de la realidad objetiva (científico); una interpretación negativa de dicha realidad; un valor socialmente compartido de que el hecho afecta a la sociedad y atenta contra ella, y va en contra de cierta conciencia de "orden", de "bienestar" o de "vida humana digna", valores que se comparten y se construyen socialmente. Y la expresión política de las dos condiciones mencionadas en la forma de "correlación de fuerzas", en donde encontramos, por un lado, la presión que ejercen distintos grupos sociales y políticos que pugnan por poner, en el debate y la decisión pública, un problema social como expresión de la necesidad, la carencia, la demanda de distintos grupos de población20 y, por otro lado, la decisión de quienes detentan el poder político, de incorporar o no un problema social como prioritario en la agenda de política pública. Interesa agregar además, y de acuerdo con Alejo Vargas, que el "proyecto político dominante", en cada momento histórico, condiciona también el tipo de respuesta, constituyéndose en un factor determinante que influencia la política pública21. Alejo Vargas, inspirado en Ozslak y O'Donnell, distingue entre "problema social" y "situaciones socialmente problemáticas"; entendiendo el primero como las necesidades, carencias y demandas de la sociedad que en general rebasan la capacidad de respuesta del Estado, y las segundas, como aquellas en las cuales la sociedad, de manera mayoritaria, percibe un problema social como relevante y considera que el régimen político debe enfrentarlo con políticas públicas; dándose un continuo tránsito entre "problemas sociales" y "situaciones socialmente proble-

20

Alejo Vargas incorpora esta discusión, de la presión ejercida por los distintos actores políticos y sociales, en el tema del entendimiento de la política pública. Véase Alejo Vargas Velásquez, Notas sobre el Estado y las políticas públicas, Almuneda Editores, 1999, p. 59. 21 Alejo Vargas V, op. cit., pp. 61-63.

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máticas", en el que la intervención de los actores sociales y políticos con poder es fundamental para hacer que sus intereses específicos sean considerados de interés general, y lograr discusiones y políticas en relación con ellos 22 . Por lo expuesto anteriormente, los problemas sociales están en la base de las políticas públicas, en tanto éstas se plantean como respuesta gubernamental a las demandas y necesidades sociales, a los problemas sociales relevantes (o situaciones socialmente problemáticas, como diría Alejo Vargas). En síntesis, tanto las condiciones objetivas de necesidad y carencias, como las interpretaciones subjetivas de éstas, y la decisión política frente a las mismas - c o m o expresión de poder-, tienen una permanencia relativa en el tiempo y el espacio, en tanto que se transforman o se expresan de distinta forma, aunque se mantengan aspectos estructurales de una situación social determinada. Para el caso, podemos ilustrarnos con el tema de la pobreza como u n problema social estructural, reiterado históricamente, que en cada momento histórico se manifiesta en diferentes formas - e n distintos grupos de población- y se dan respuestas sociales y políticas de diversa índole, según sea considerado éste como u n problema social que amenaza al régimen político o como u n a amenaza a la vida misma; en este sentido, vemos la relación directa de la formulación de políticas públicas con procesos de gobernabilidad y legitimidad del Estado. Además, la insatisfacción social sentida (y reiterada) en u n contexto social determinado significa, a su vez, que existe un conflicto entre la necesidad y el nivel de desarrollo de la sociedad en cuestión. Por tanto, el conflicto social se crea, además, por los problemas sociales no resueltos de distintos grupos de población que expresan una demanda que es desatendida y que genera el conflicto.

Alejo Vargas Velásquez, op. cit., pp. 58-59.

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Desde el proyecto político (del modelo de Estado del que estemos hablando) y, en particular, desde las políticas públicas planteadas como respuestas a los problemas sociales, se afronta el conflicto social que provoca los problemas sociales sin resolver; es decir, desde una perspectiva ideológica y política23 del Estado se da respuesta a los problemas sociales, expresados en demandas sociales al Estado, y/o se "afronta" o se aplaza el conflicto social. A C E R C A DE L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L D E L 3 6 Y LA C O N S T I T U C I Ó N DEL 91 COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y SOCIAL DE DERECHO, Y LA NOCIÓN DE PROBLEMA SOCIAL ALLÍ

Interesa, en principio, precisar aspectos de la Reforma Constitucional de 1936 y de la Constitución de 1991 referidos a la inclusión del tema de los problemas sociales allí y, por ende, lo tocante al campo económico-social, como reconocimiento de ciertos derechos de los individuos; como derechos fundamentales -no sólo políticos, sino también económicos, sociales, culturales- y deberes del Estado y de los particulares para con los mismos, en particular para con los "más necesitados". Con este propósito, enunciaré los principios constitucionales más relevantes, relacionados con alguna noción de problema social allí -en cuanto enunciado de necesidades y carencias de la población-, mencionando la idea de unidad política y de actuación del Estado a este respecto. Entonces, a propósito de la noción de problema social en los textos constitucionales, interesa: • Identificar la visión de totalidad -de unidad- de los principios constitucionales.

23

Aquí entiendo por ideológico el conjunto de ideas que orientan la acción; mientras que lo político se refiere a la acción gubernamental misma.

La noción de problema social en la Constitución

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• Identificar principios en conflicto. • Identificar correspondencia o no con el contexto económico, social y político, interno y externo. • Visualizar en el texto constitucional el "ideal" de organización del Estado. A PROPÓSITO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1936

Se ubica en el contexto internacional de surgimiento del llamado Estado interventor, el Estado de bienestar o Estado social -para nuestro caso-, teniendo como marco una crisis económica, social y política en el mundo capitalista, en general, y en nuestro país, en particular; además que esta reforma, a pesar de las resistencias políticas y económicas internas en el país, promulga la libertad de cultos, la libertad de enseñanza, un intervencionismo de Estado y de orientación social en el régimen de propiedad y de garantías individuales. Los principios enunciados por la Reforma del 36 referidos a la acción social del Estado se expresan en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 20. • Deberes sociales del Estado y de los particulares. • El interés público o social. • Racionalización de la distribución y el consumo de riquezas. • La equidad. • Los fines sociales de la cultura. • La asistencia pública como función del Estado. • El trabajo como obligación social y de protección del Estado.

CON RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE 1991

El objetivo social del Estado, en cuanto a su finalidad de procurar bienestar general, calidad de vida y satisfacción de las nece-

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sidades básicas a la población, aparece consignado de manera expresa. Es así que en el artículo I o de la ponencia del Congreso de la República sobre régimen económico y finalidad del Estado se enuncia: "Es finalidad social del Estado procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población atendiendo a principios de universalidad, integridad y solidaridad, así como la satisfacción permanente de sus necesidades básicas, y entre ellas, prioritariamente, la salud, la educación y el consumo básico de agua potable" 2 4 . • Respeto a la dignidad humana, solidaridad, prevalencia del interés general, artículo I o . • Servir a la comunidad, garantizar derechos y deberes, facilitar participación, asegurar la vigencia de u n orden justo, deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 2 o . • Condiciones para la igualdad real y efectiva, medidas a favor de grupos discriminados o marginados, artículo 13. • Protección integral a la familia y asistencia a personas de la tercera edad, artículos 42 y 46. • Políticas de previsión, rehabilitación e integración social para disminuidos físicos y psíquicos, artículo 47. • Seguridad social; servicio público de carácter obligatorio. Principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, artículo 48. • Atención en salud y saneamiento ambiental, servicios públicos. Garantizar a todas las personas promoción, protección y recuperación de la salud, artículo 49. • El interés privado, ceder al interés público o social (en lo referido a la propiedad). Propiedad como función social que implica obligaciones. Función ecológica, artículo 58. • Deber del Estado: promover acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores, mejorar ingresos y calidad de vida de los campesinos, artículo 64.

Gaceta Constitucional, N 2 53, abril 11 de 1991.

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• Servicios públicos inherentes a la función social del Estado. Asegurar prestación eficiente a todos los habitantes, artículo 365. • Bienestar general y mejoramiento de calidad de vida de la población. Solución de necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, artículo 366. • La ley fijará en cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario; criterios de costos, de^solidaridad y redistribución de ingresos, artículo 367. Hay que mencionar, entonces, que se amplían numéricamente las funciones sociales del Estado en la Constitución de 1991, con relación a la Constitución de 1886 y la Reforma del 36; en tanto que en la del 86 se dedica sólo u n título a la promulgación de derechos civiles y garantías sociales -artículos 19 al 52-, en la Constitución del 91 se habla de los derechos fundamentales como sociales, económicos y culturales; colectivos y del ambiente; de protección y aplicación de los deberes y obligaciones -artículos 11 al 95-, y de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos -artículos 365 al 370-, por lo que se podría presumir que existe un "mayor entendimiento" de los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que aquejan a nuestra sociedad en ésta época y, por lo mismo, una incorporación de éstos como principios orientadores para la acción social y política del Estado colombiano. Hecho que no necesariamente significa una materialización institucional del Estado (en la forma de políticas públicas), en concordancia fiel con los enunciados de los derechos y deberes propuestos en la Constitución. A MANERA DE LECTURA SOCIAL DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

1. En la Reforma del 36 encontramos, como unidad constitucional: La intervención social del Estado para garantizar libertades, racionalización, distribución, asistencia directa en ciertos

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sófica. Buenos Aires: Editorial Unidad, 1968. Y Editorial Claridad, Buenos Aires, 1955. Horton, Robert I. Problemas sociales. Buenos Aires: El Ateneo Editorial, 1978. Mandriñán, Ramón Eduardo. El Estado social de derecho. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997. Mendoza Palomino, Alvaro. Teoría y sinopsis de la Constitución de 1999, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1996. Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Editorial Temis, 1990. Lassalle, Ferdinand. ¿Quées una constitución? Bogotá: Ediciones Universales, 1994. Lenin, V. I. El marxismo y el Estado. Moscú: Editorial Progreso, 1973. . Obras escogidas. Tomo III. Pombo, Manuel y Guerra, José J. Constituciones de Colombia. Bogotá: Imprenta Echeverri H., 1892. Instituto de Estudios Constitucionales, Universidad Externado de Colombia, Restrepo Piedrahita, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de 1995. Revista Foro, N 2 20, mayo de 1993. Revista Estrategia Económica y Financiera, N 2 84. Diciembre de 1984. Revista Javeriana, Vol. 28, N 2 139. Octubre 1947. Rousseau, Juan Jacobo. El contrato social. Bogotá: Editorial Panamericana, 1993. Sáchica, Luis Carlos. Nuevo constitucionalismo colombiano, Bogotá: Editorial Temis, 1992. Vargas Velásquez, Alejo. Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Bogotá: Almuneda Editores, 1999.

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• Servicios públicos inherentes a la función social del Estado. Asegurar prestación eficiente a todos los habitantes, artículo 365. • Bienestar general y mejoramiento de calidad de vida de la población. Solución de necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, artículo 366. • La ley fijará en cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario; criterios de costos, de^solidaridad y redistribución de ingresos, artículo 367. Hay que mencionar, entonces, que se amplían numéricamente las funciones sociales del Estado en la Constitución de 1991, con relación a la Constitución de 1886 y la Reforma del 36; en tanto que en la del 86 se dedica sólo un título a la promulgación de derechos civiles y garantías sociales -artículos 19 al 52-, en la Constitución del 91 se habla de los derechos fundamentales como sociales, económicos y culturales; colectivos y del ambiente; de protección y aplicación de los deberes y obligaciones -artículos 11 al 95-, y de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos -artículos 365 al 370-, por lo que se podría presumir que existe un "mayor entendimiento" de los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que aquejan a nuestra sociedad en ésta época y, por lo mismo, una incorporación de éstos como principios orientadores para la acción social y política del Estado colombiano. Hecho que no necesariamente significa una materialización institucional del Estado (en la forma de políticas públicas), en concordancia fiel con los enunciados de los derechos y deberes propuestos en la Constitución. A MANERA DE LECTURA SOCIAL DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

1. En la Reforma del 36 encontramos, como unidad constitucional: La intervención social del Estado para garantizar libertades, racionalización, distribución, asistencia directa en ciertos

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casos (personas "incapacitadas") y protección al trabajo. Y en la Constitución del 91, se define como Estado social de derecho. 2. En cuanto a principios en conflicto: la presencia del tema de "los particulares"; si bien en lados reformas se enuncia el principio de los deberes sociales del Estado y de los particulares como el conjunto de obligaciones que corresponden al Estado y a los particulares, preocupa este tema en concreto cuando se hace referencia a los servicios públicos o sociales. 3. Existe correspondencia del enunciado de principios constitucionales con el contexto político nacional e internacional (en tanto presencia de grupos de presión y protesta social y presión por reformas políticas); sin embargo, luego del enunciado de principios, el desarrollo de políticas públicas es el que no corresponde con la problemática social del contexto nacional. 4. Según los textos constitucionales, podemos "leer" al Estado colombiano como producto de la "asociación" de todos por el "bien común", en donde no se reconocen diferencias ni intereses en conflicto; se obvian antagonismos en este "ideal" de Estado. En síntesis, podemos decir: 1. Tanto las constituciones políticas del siglo XX como las reformas políticas de esta época dan un paso importante con relación a las de los siglos anteriores, XVIII y XIX: el de incorporar el tema de los "derechos sociales" de los individuos que conforman un Estado (entre otras, están la Constitución de Weimar de 1919, la de la República española de 1931, la Constitución soviética de 1918, el New Deal de 1932 de Roosevelt, y en nuestro país, la Reforma del 3625).

25

Si bien el Acto Reformatorio de la Constitución de 1936 no enuncia de manera explícita el término "derechos sociales", sí habla de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado de los particulares -la propiedad como función social (Art. 9 y 10)-, la libertad de conciencia, de enseñanza y de enseñanza primaria gra-

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Para explicar esta extensión de los textos constitucionales a los problemas económicos y sociales, los economistas hablan generalmente de un acrecentamiento de los derechos individuales. Haciendo notar que a los derechos tradicionales contenidos en las viejas constituciones se añade hoy una nueva categoría a los derechos del individuo: los derechos llamados sociales"26.

2. Las reformas políticas y jurídicas responden a cambios en el orden mundial, referidos tanto a crisis económicas (crisis de acumulación del mundo capitalista que se inicia en 1929) como a revueltas políticas y sociales (guerras mundiales, protestas populares y huelgas generalizadas), que están expresando el "malestar" generalizado por el orden económico, político y social, una organización institucional del Estado que no atiende ni las necesidades básicas de la población pobre -que es la mayoría-, ni responde a valores de dignidad humana. 3. Los procesos de reformas políticas y constitucionales no cuentan en su mayoría con respaldos políticos y económicos de los grupos con poder; es decir, no responden a iniciativas conjuntas de los grupos en el poder, o son iniciativas de personajes políticos en particular o de grupos políticos que no representan a intereses de la mayoría27, por lo que, en la práctica, los gobier-

tuita (arts. 13 y 14) la asistencia pública como función del Estado (art. 16); la protección del Estado al trabajo (art. 17); el derecho a huelga (art. 20). 26 Francesco Vito, "Los problemas sociales en las Constituciones modernas", en Revista Javeriana, vol. 28, N2 139, 1947, p. 278. 27 Para el caso de la constitución política colombiana de 1991, interesaría analizar en qué medida, al ser promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente -presidida por representantes de las tres corrientes políticas más importantes en su momento, Partido Liberal, Partido Conservador yn-19-, realmente responde a los intereses de la mayoría o si quedaron allí consignados los propósitos de una sociedad nacional y el respaldo de la misma.

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nos se encuentran con graves tropiezos de materializar los principios constitucionales en la realidad; es decir, dificultades en traducir los enunciados jurídicos en formas institucionales y políticas públicas. 4. Las reformas constitucionales y políticas, además de no contar con el respaldo de los grupos con poder -los grupos económicos, los grupos políticos en el poder del Estado o fuera de él 28 -, tampoco corresponden con el nivel de "madurez" o "inmadurez" política, ni de la llamada sociedad civil, ni de las instancias políticas encargadas de traducir los principios constitucionales en políticas públicas, es decir, los altos funcionarios de la administración pública del Estado. Nos encontramos con que las constituciones políticas no corresponden a un determinado desarrollo de las conciencias o de las prácticas políticas cotidianas de los miembros de una sociedad29, en cuanto están o más adelante o más atrás de éstas. En este sentido, y refiriéndose a la Constitución del 91, el profesor Luis Carlos Sáchica dice: "La Constitución del 91 será modificada pronto y con frecuencia porque la historia se está desenvolviendo a ritmo vertiginoso. Es una Constitución de empalme, destinada a quedar atrás por su propio dinamismo. Realizarla es llevar a Colombia a los um-

28

Es el caso, entre otros, de la Reforma del 36, a la que luego se opusieron de manera férrea tanto grupos económicos de terratenientes, industriales y banqueros organizados en la Asociación de Propietarios, APEN, como el Partido Conservador y la jerarquía de la Iglesia católica. 29 Un hecho, entre muchos, que nos ilustra esta idea son los escándalos recientes de corrupción política producidos por la Cámara de Representantes, hecho que, sin ser novedoso, sí nos reitera la apreciación de que pueden darse "excelentes" constituciones, en cuanto cartas de derechos y enunciado de principios orientadores de una mejor organización social y política de la sociedad, pero mientras no haya una verdadera "revolución" de las conciencias -como ya alguien dijo- y, como efecto de ésta, cambio en las prácticas, nada ha de cambiar en el orden social, político y económico de nuestro país.

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brales de la modernidad y, con ello, a la necesidad de otra forma de vida"30. 5. Las reformas constitucionales representan una formalización jurídica de un conjunto de principios y propósitos, es decir, un conjunto de normas que responden a una intencionalidad -intencionalidad que es de orden político, social y económico-, pero que luego deben ser traducidas en política pública, para lo que se requiere voluntad política que se materialice en decisión y acción pública y social31. Siendo en este aspecto de la materialización de la norma donde nos quedamos cortos, tanto la administración del Estado como quienes lo conformamos. 6. Si bien las mencionadas reformas sociales del Estado se hacen en el marco del Estado de derecho, lo que supone que los poderes públicos y los particulares deben obrar conforme a la ley, a la norma jurídica establecida por la Constitución política, "en el pleno sentido de la palabra el Estado de derecho presupone no sólo la sujeción del ejercicio del poder a las normas generales, sino, sobre todo, la subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de los derechos fundamentales"32. Sin embargo, para nuestro caso v respecto a la Constitución de 1991, todo el enunciado de los derechos, garantías, deberes y derechos fundamentales está acompañado en la prác-

30 Luis Carlos Sáchica, Nuevo constitucionalismo colombiano. Editorial Temis S.A., Bogotá, 1992, p. 376. 31 Me refiero a decisión y acción pública en lo correspondiente al rol del Estado en cuanto a la formulación, administración y gestión de las políticas: administración pública. En tanto que a decisión y acción social en lo que respecta al papel de la sociedad en general y las comunidades en particular en cuanto al pronunciamiento y al seguimiento del enunciado de principios y de las políticas públicas mismas. 32 Abel Rodríguez Céspedes, "Estado social de derecho y neoliberalismo", en Revista Foro, N 2 20, 1993, p. 73.

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tica de una realidad económica y social y una prácticas políticas y administrativas que van en contravía del Estado social de derecho. 7. Teniendo en cuenta que u n texto constitucional se presenta como un enunciado de principios que prescriben una acción desde unos valores filosóficos y políticos reconocidos y, a su vez, dejan un espacio de discrecionalidad a la labor legislativa 33 , nos encontramos con que, o no todos los principios se traducen en acción legislativa y ejecutiva, o la traducción de los mismos efectivamente queda a discrecionalidad del poder público del momento. 8. No debemos olvidar que el contexto internacional y social en el cual se gesta una nueva constitución o una reforma constitucional - q u e presiona por ampliar una serie de funciones sociales asignadas al Estado- es, paradójicamente, por u n lado el de "minimización del Estado" y, por otro, el de ausencia de éste, en particular, y de manera más evidente, en muchos sectores rurales de nuestro país, hecho que muestra que, o n o hay traducción de los principios constitucionales en la vida de la nación - e n la forma institucional o de formulación de políticas estatales públicas-, o dicha traducción no es fiel a los preceptos constitucionales. 9. En tanto que una determinada noción de problema social conduce a una "toma de posición" de quienes detentan el poder político dominante en un momento histórico determinado,

33

Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, los principios "consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional... expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden... Los principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial". Corte Constitucional, Sala N s 1 de Revisión, sentencia T-406, citada por Ramón E. Madriñán, op. cit, p. 110.

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en este sentido estaría de acuerdo con el profesor Alejo Vargas en cuanto a que los problemas sociales rebasan la capacidad de respuesta del Estado y la acción del mismo no apunta a erradicar definitivamente una situación problemática, sino a volverla "manejable". 10. Finalmente, es de anotar que se requiere profundizar en el análisis constitucional con el fin de identificar valores en conflicto en los textos constitucionales mismos; la correspondencia o no de dichos valores con la situación política, económica y social del país, así como identificar el ideal social y político que, de manera explícita o implícita, se plantea en la Constitución y su correspondencia o no con la materialización que se hace de la norma y, por lo mismo, la concreción del Estado en la vida de la Nación.

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LEONOR PERILLA LOZANO

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