Militares contra Pinochet : los que defendieron la Constitución frente al golpe de 1973 en Chile
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«el Dipió»

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Carlos Gutiérrez

Militares contra Pinochet Los que defendieron la Constitución frente al golpe de 1973 en Chile

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Carlos Gutiérrez

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CAPITAL INTELECTUAL

© Carlos Gutiérrez © Capital Intelectual S.A., 2009 Capital Intelectual S. A. edita, también, el periódico mensual Le Monde diplomatique, edición Cono Sur Director: Carlos Gabetta Coordinador de la Colección Le Monde diplomatique: Carlos Alfieri Director de la serie "Los otros militares": Ernesto López Diseño de tapa e interior: Carlos Torres Imagen de tapa: el general constitucionalista Carlos Prats junto al presidente Salvador Allende. Foto: Luis Poirot Edición y corrección: Alfredo Cortés Producción: Néstor Mazzei Suscripciones: [email protected] Pedidos en Argentina: [email protected] Pedidos desde el exterior: [email protected] Capital Intelectual S. A. Francisco Acuña de Figueroa 459 (1180) Buenos Aires, Argentina Teléfono: (54-11) 4866-1881 / Telefax: (54-11) 4866-1881 www.editorialcapin.com.ar Primera edición: 3.000 ejemplares ISBN: 978-987-614-181-9 Hecho el depósito que ordena la Ley 11.723 Libro de edición argentina Impreso en Argentina. Printed in Argentina.

Gutiérrez, Carlos Militares contra Pinochet: los que defendieron la Constitución frente al golpe de 1973 en Chile 1a ed. - Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009 128 p.; 14x21 cm - (Los otros militares: 2 / Ernesto López) ISBN 978-987-614-181-9 1. Historia Latinoamericana. I. Título CDD 980 Fecha de catalogación: 12/06/2009

ÍN D ICE

Introducción

9

Capítulo 1 Tensiones y conflictos entre los años 1964 y 1969

13

Capítulo 2 Del “Tacnazo” al triunfo de Salvador Allende

23

Capítulo 3 La comandancia del general Carlos Prats: concepciones y acciones

43

Capítulo 4 El ojo de la tormenta

59

Capítulo 5 Otros aportes y compromisos

81

Capítulo 6 A modo de conclusiones

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Apéndice Listado de militares constitucionalistas y/o comprometidos con la Unidad Popular

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Bibliografía

125

IN T R O D U C C IÓ N

Las Fuerzas Armadas chilenas han sido un actor muy rele­ vante en la política nacional desde la conquista de la Inde­ pendencia, a principios del siglo XIX, hasta la más profunda y violenta intervención que destruyó la democracia republi­ cana a inicios de los años setenta del siglo XX. Un conjunto de líderes militares que alcanzaron la Presi­ dencia de la República, otras tantas revueltas y movimientos castrenses que llevaron a conflictos bélicos internos como parte de las disputas de las élites nacionales por el control del Estado caracterizaron la vida independiente chilena a lo largo del siglo XIX, incluso en medio de guerras externas que cala­ ron profundamente en nuestra idiosincrasia y en la instala­ ción del propio “mito heroico” de nuestras instituciones mi­ litares, como fue la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. El proceso de modernización militar en matriz prusiana iniciada en la década del ’80 del siglo XIX vino a romper con una tradición doctrinal francesa que promovía en las institu­ ciones castrenses un acercamiento a las nociones básicas de la vida republicana. Esta inclinación estaba fuertemente arrai­ gada en una gran cantidad de oficiales que emigraron a nues­ tro país portando ideales de la Revolución Francesa. Por el contrario, las sucesivas misiones alemanas, que se prolonga­ ron hasta después de la Primera Guerra Mundial, produjeron un profundo giro que volcó a las instituciones militares tanto hacia la elitización y el nacionalismo como hacia un marcado

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sentimiento antipopular que se expresó progresivamente en la crítica y el rechazo de las posturas políticas de izquierda, así como de las organizaciones obreras y campesinas de princi­ pios del siglo XX, que estuvieron sometidas a violentas y san­ grientas represiones por parte de los uniformados. Con el avance del siglo XX, esas concepciones nacionalis­ tas y antipopulares se orientaron a combinar un fuerte anti­ partidismo y un enconado anticomunismo con una visión que acentuaba el papel de un Estado centralista y benefactor. Esta perspectiva era portadora, además, de esquemas económicos inclinados hacia un desarrollismo nacional que apuntaba a la generación de una cierta autonomía nacional-estatal respecto de las grandes potencias internacionales. El período de los intensos y agitados años que van de 1924 a 1932, caracterizado por una gran inestabilidad política, pro­ ducto del choque de elites por el control del Estado, más la irrupción de las masas subalternas organizadas en poderosos movimientos sociales y políticos, colocó a las Fuerzas Arma­ das en una coyuntura de activa participación proselitista, a través de la cual trataron de imponer sus visiones de mundo al sistema político, lo que desencadenó una seguidilla de mo­ vimientos y alzamientos de distinto signo ideológico. Paradojalmente, este proceso culminó hacia el año 1932 en una re­ acción civilista que encapsuló a los militares en sus cuarteles, los alejó de la vida política nacional y los despojó de un pro­ yecto doctrinario propio. Con el paso del tiempo se hicieron presentes y convivieron dos grandes tendencias en el mundo militar. Por una parte, una fuerte tradición anticomunista y elitista que hundía sus raíces en el pasado y se sentía ampliamente identificada y ape­ gada a las ideas de moda generadas desde el campo ideológi­ co estadounidense, expresadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta tendencia quedará totalmente imbuida en la contradicción generada por el conflicto Este-Oeste y la vi­ gencia de la Guerra Fría, y seguirá el modelo de intervención

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y participación militar en los asuntos del Estado que se inició con el golpe militar brasileño de fines de marzo de 1964. Por otra, se configuró también un espacio con una visión más nacional, propiciadora de un desarrollo hacia adentro, que adjudicaba un papel central al Estado en lo económicosocial, buscaba cierta equidistancia con los centros de poder internacionales, reconocía ciertas falencias estructurales del modelo chileno y era más proclive a la aceptación de ideas progresistas. En el interior de este espacio se fue constituyen­ do una reflexión doctrinaria que se amparaba en el profesio­ nalismo y en el constitucionalismo, como bases de sustenta­ ción de su aporte al desarrollo nacional. Aceptaba cambios más de fondo, de cierto carácter socialista -sin ser marxistas los oficiales y suboficiales que se agrupaban en esta tenden­ cia- y miraba con atención y expectativa otras experiencias mundiales, en las que los hombres de armas se ponían al ser­ vicio de proyectos de desarrollo, como eran los casos especí­ ficos de los militares egipcios -con el liderazgo de Gamal Abdel Nasser- y el de los peruanos -con el general Juan Velasco Alvarado-. Estas fuerzas estuvieron en permanente choque, en busca de conseguir el liderazgo institucional y de alguna forma en procura de favorecer y propiciar su proyección hacia la esfe­ ra política y/o su forma de relacionamiento con los poderes civiles. La primera de las opciones que hemos señalado mos­ trará una firme vocación intervencionista, inclinada hacia el control del orden interno. La segunda buscará relacionarse con los poderes cívicos a partir del respeto al orden constitu­ cional, de la no deliberatividad y del apoyo al desarrollo nacio­ nal. Las arenas en las que estas concepciones distintas choca­ ron fueron varias: el modo de componer los cuadros militares, la formación educativa de los oficiales y suboficiales, la orien­ tación doctrinaria y las reflexiones generadas desde las acade­ mias de guerra, entre otras. Estos clivajes, que dieron lugar con el paso del tiempo a duros enfrentamientos que llegaron,

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incluso, a la tortura y el asesinato entre camaradas de armas, serán claves en la disputa librada de los álgidos años sesenta y en la resolución política de los conflictos de los setenta, como se tratará de mostrar en las páginas que siguen.

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Capítulo 1 T E N SIO N E S Y C O N F L IC T O S E N T R E LO S AÑ O S 1964 Y 1969

Los programas de ayuda militar estadounidense a la región, que comenzaron con la Ley de Seguridad Mutua aprobada por el Congreso de Estados Unidos en octubre de 1951, abrieron las posibilidades para el establecimiento de lazos bi­ laterales más estrechos que los que venían de antaño, que se materializaron en los llamados Pactos de Ayuda Mutua (PAM), que a partir de ese momento se convirtieron en cana­ les determinantes para procesar la influencia estadounidense en el área, particularmente en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas. El Ejército de Chile en el año 1953 empezó a adquirir todo su material bélico en Estados Unidos, iniciando con ello una transformación y estandarización según los patrones que de allí emanaban. Los cambios más importantes se dieron a nivel de la organización, de los procedimientos tácticos y formas de combate modernas, así como de los métodos de instrucción. La puesta al día que esta opción implicaba impulsó la moto­ rización de las distintas armas y la consiguiente modificación de los sistemas de apoyo logístico. Este proceso se dio, sin embargo, en un marco general de precariedad institucional reflejada, entre otros planos, en el escaso presupuesto de que gozaban las Fuerzas Armadas y en el total descuido de la con­ ducción política en materia de generación de un pensamien­ to estratégico y elaboración de una política de defensa. Estas deficiencias alimentaron un constante sentimiento reactivo

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de los cuadros oficiales más jóvenes, que se involucraron en varios complots sin duda menores, pero que eran una signifi­ cativa muestra de la insatisfacción y el malestar reinantes. En el marco de estos descontentos y tensiones aparecieron y se fueron sumando preocupaciones de orden contextual re­ gional y global, colocadas por el conflicto Este-Oeste y su co­ rrelato de Guerra Fría, y por el triunfo de la Revolución Cu­ bana y el surgimiento de muchas experiencias locales de mo­ vimientos guerrilleros. Asuntos que, junto a las recurrentes crisis de nuestros países, pusieron en tensión a las dos almas de las Fuerzas Armadas: la del énfasis en el desarrollo nacional y la del énfasis en el orden interno y la contención subversiva. En este contexto se llega a las elecciones generales del 4 de septiembre de 1964, que motivaron una de las más controversiales campañas políticas de la historia chilena y plantearon una disputa presidencial fuertemente polarizada. En este plano se enfrentaron las candidaturas de Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana (DC), que simbolizaba la expectativa de un proyecto reformista bajo las nuevas políticas del go­ bierno estadounidense de John Kennedy, y Salvador Allende por el Frente de Acción Popular (FRAP), que encarnaba los profundos deseos de cambios estructurales, organizados en torno a movimientos sociales populares y los clásicos partidos de tendencia marxista. Después de una campaña virulenta, cargada de imágenes de terror y amenazas veladas, los resul­ tados finales le dieron a Eduardo Frei el 56,09% de los votos (1.409.012); a Salvador Allende el 38,93% (977.902) y a Julio Durán del Partido Radical el 4,99% (125.233), alcanzando la Presidencia de la República el candidato democratacristiano. La derecha, atemorizada por la posibilidad de un triunfo electoral del FRAP, desistió de presentar fórmula presidencial y se volcó masivamente en apoyo a la candidatura de Frei. Es que en esta oportunidad se había sentido, como nunca antes en forma tan palpable, la posibilidad de triunfo de un candi­ dato y de una alianza de izquierda con fuertes componentes

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marxistas. Desde esta percepción, esa derecha optó por el candidato centrista de la Democracia Cristiana, que repre­ sentaba -para ella- el mal menor ante la eventualidad de una vorágine izquierdista. Sin su apoyo, es decir, si aquélla hubie­ ra terciado en la disputa electoral con un candidato propio, tal vez Frei no hubiera podido ganar. La DC obtuvo así una notoria diferencia de sufragios a su favor, que en cierto senti­ do escondió los reales alcances de la votación. Por otra parte, una campaña electoral realizada bajo un molde mediático a través del cual la derecha explotó el miedo a la izquierda, enturbió la percepción del carácter de los pro­ gramas de gobierno de las dos fuerzas mayoritarias, que tení­ an contenidos que interpretaban, con distintos énfasis y pro­ fundidades, anhelos populares que significaban poner en mo­ vimiento nuevas fuerzas en el escenario político. En cual­ quier caso, esa campaña anticipó, también, los tiempos de enorme complejidad y polarización que se avecinaban, que terminarían mostrando un afianzamiento del esquema bipo­ lar de Guerra Fría, transformando la política chilena y el de­ sarrollo social en un campo de batalla profundamente ideo­ lógico, con proyectos mutuamente excluyentes, en el que ningún actor nacional quedaría al margen del torbellino po­ lítico que culminaría en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que derrocó a Salvador Allende. El gobierno de Eduardo Frei logró entender adecuada­ mente el período que le tocaba administrar y, sintiendo las fuertes pulsaciones sociales extendidas tanto en Chile como en una inquieta América Latina, se arrimó al poder en base a una plataforma de gobierno de corte reformista, que tenía a la base los planteamientos esenciales del proyecto estadouni­ dense de la Alianza para el Progreso, que el gobierno de John Kennedy había diseñado pensando en un modelo que fuera una alternativa eficaz a la opción más radical que ya veía a la Revolución Cubana como el paradigma revolucionario. Su gestión quedó irremediablemente atenazada, sin embargo,

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entre el amenazante crecimiento de la izquierda y la belige­ rancia anticomunista de la derecha. Debe consignarse, por otra parte, que Salvador Allende y la alianza de izquierda comenzaban a convertirse en una pe­ sadilla, tanto para sus opositores internos como para el go­ bierno de Estados Unidos. En 1958 habían estado a sólo 30.000 votos de ganar la Presidencia de la República y en 1964, habían obligado a Washington a intervenir más o menos abiertamente, y a la derecha a desistir de presentar candidato a la presidencia, para cerrarles el paso a Allende y al FRAP, y asegurar el triunfo de la Democracia Cristiana. Numerosos antecedentes pusieron en evidencia y dieron cuenta -durante el gobierno de Frei- tanto de la inquietud estadounidense cuanto de la vernácula. En 1965, el Pentágo­ no intentó llevar adelante en Chile el llamado Plan Camelot, una operación de inteligencia encubierta tras una investiga­ ción sociológica. Buscaba anticipar el posible comportamien­ to de los militares chilenos ante un eventual triunfo de la iz­ quierda en un futuro próximo. Su implementación pudo ser detenida a partir de las denuncias que se plantearon en el Par­ lamento, que hicieron de este tema un debate que logró sacar a relucir las verdaderas intenciones y dimensiones que alcan­ zaba el mencionado proyecto. El 13 de junio de 1967, el diario El M ercurio publicó una carta firmada por “NN Coronel de las Fuerzas Armadas” en la que pedía mejores sueldos para los uniformados y advertía que el país “se encaminaba a una disyuntiva ideológica única en las próximas elecciones presidenciales: democracia o co­ munismo”. (Después del golpe de 1973, el coronel NN fue identificado como el oficial de la Fuerza Aérea, Orlando Gu­ tiérrez.) En 1968, la oficialidad del Ejército manifestó su inquietud por el bajo nivel de las remuneraciones y las dificultades de diverso orden que presentaba el ejercicio profesional. Sus ex­ presiones condujeron a las salidas del Comandante en Jefe de

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la institución y del ministro de Defensa, cuyos sucesores no alcanzaron, de todos modos, a solucionar plenamente los pro­ blemas. Un informe de la embajada de Estados Unidos en Santia­ go de Chile, fechado el 1 de septiembre de 1969, entrega va­ liosos antecedentes que fueron usados en su momento para elaborar un perfil de los uniformados, así como una caracte­ rización de la situación política chilena en curso y las prime­ ras conclusiones de una mirada prospectiva. Estos datos brindan información acerca de las preocupaciones de la inte­ ligencia militar y de la dirigencia estadounidenses, que lleva­ ron a una creciente intervención norteamericana en la polí­ tica chilena, especialmente por la inquietud que producían los avances de los sectores sociales y políticos de izquierda. También examinaba cuáles podrían ser los cursos de acción de las Fuerzas Armadas chilenas. Este informe aparece cara­ tulado como Equipo País a petición de CA-44044 D epartam en­ to de Estado sobre el “Rol de los m ilitares en América Latina Fue preparado con la ayuda fundamental del Equipo M ilitar de la Embajada y funcionarios de las Misiones M ilitar y Naval que operaban en Chile al amparo del antes mencionado Pacto de Ayuda Mutua (PAM). En una primera aproximación general sobre las tendencias y vinculaciones de los militares chilenos expresaba lo siguiente: Aunque no es posible caracterizar con precisión las tendencias po­ líticas de las Fuerzas Armadas como conjunto, es posible hacer al­ gunas observaciones. La oficialidad no puede integrar partidos polí­ ticos, pero tiene derecho a voto; los suboficiales y soldados a contrata no tienen, en cambio, derecho a sufragio. Se cree que la mayoría de los oficiales tienen una orientación política m oderadam ente p rogre­ sista, centrista con comprensible adhesión hacia un tipo de sociedad en que está garantizado su estatus. Con origen esencialm ente de clase media, m antiene algunos lazos a través de conexiones fa m ilia­ res con los elem entos más conservadores y privilegiados de la socie­

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dad, especialm ente entre los oficiales más antiguos. Lo mismo puede decirse respecto del otro extremo del espectro político para los oficia­ les jóven es, cada vez más representativos de las clases m edia baja y las clases trabajadoras.1 Un poco más adelante, el informe apuntaba: Ya que simpatizan con una reform a moderada, las Fuerzas Ar­ madas no m irarían favorablem ente ninguna alteración drástica o repentina de la estructura política del país aunque se justificara p or necesidades propias del crecim iento económico de Chile. Por lo tanto, la posibilidad de una victoria electoral democrática de un candidato marxista o que sea apoyado p or los marxistas en las elecciones presidenciales de 1970 planteará un serio dilem a para los m ilitares chilenos moldeados en la m entalidad constitucionalista. Es entera­ m ente concebible que en determ inadas condiciones los m ilitares p u e­ dan dejar de lado sus escrúpulos tradicionales y actúen para p rev e­ n ir un am enazante cambio revolucionario en el sistema existente y en especial si se viera amenazada la propia institución militar. Tal acción dependerá, no solam ente de las circunstancias específicas del m om ento, sino también requerirá de un grado de cohesión m ilitar y de liderazgo que a m enos p o r el m om ento parecen fa lta r? Con la mirada fijada ya en las futuras elecciones de 1970, y la apreciación de un posible triunfo de izquierda, su interés se centra sobre el punto de tensión que podría eventualmen­ te existir entre la visión doctrinaria de los militares moldea­ dos en la m entalidad constitucionalista y la lesión de los intere­ ses corporativos que aquel triunfo podría ocasionar. Señala además -con razón según se verá más adelante- el papel cru­ cial que podría llegar a jugar un sólido y carismático lideraz­ go castrense que lograra cohesionar a las Fuerzas Armadas y 1. Soto, Hernán y Gutiérrez, Carlos (2001), p. 98. 2.

Idem anterior, p. 100.

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actuara a fin de p reven ir un amenazante cambio revolucionario. Agregaba el mismo informe: M ientras el Cuerpo de Oficiales no ha llegado al punto de actuar directam ente, hay indicios de incitación para que lo hagan. Por ejemplo, políticos derechistas piensan en un golpe m ilitar como única solución si el ex presidente J o r g e Alessandri decide no presentarse a las elecciones de 1970. D urante las recientes diferencias internas al interior del Partido Demócrata Cristiano numerosos m ilitantes, p e­ simistas ante las perspectivas para 1970, hablaron esperanzados de una solución m ilitar para que continuara el gobierno del Presiden­ te Frei más allá del período constitucional. La desesperación de más de un sector político busca refugio en una solución militar. Sin em ­ bargo, los m ilitares carecen de la necesaria cohesión y de estímulo para responder a las incitaciones de los civiles? Como se ve, el diagnóstico no era del todo alentador para los sectores derechistas internos y los intereses estadouniden­ ses que alentaban una “solución militar”, dada la ausencia real de un liderazgo cohesionador. Merece destacarse, asimismo, que la alternativa de un golpe militar se destacaba ya con cier­ ta nitidez contra el horizonte de un triunfo de la izquierda en las ya para entonces cercanas elecciones de 1970, aunque sus posibilidades de producirse -al momento de la redacción del documento que se viene considerando- no fueran del todo ciertas. El informe, no obstante la dosis de realismo que pre­ senta, preveía un escenario alternativo. No perdía del todo las esperanzas de que las cosas pudieran cambiar drásticamente frente a un escenario de fuerte y constante violencia que ter­ minara por sobrepasar a las fuerzas de orden interno, en par­ ticular a Carabineros, y tuviera que recurrirse al Ejército para recuperar el control. De esa forma, se generaría una coyun­ 3.

Idem anterior, p.

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tura en la que las instituciones castrenses asumirían el control de ciudades y lugares claves, y gravitarían decisivamente sobre los acontecimientos. Finalmente, indicaba que los golpes o so­ luciones militares más exitosos eran aquellos ejecutados en forma rápida y eficiente, en circunstancias inesperadas, lo que ponía a esa clase de acciones al abrigo de ser descubiertas con antelación. Así, pues, la intervención castrense se barajaba como hipó­ tesis en un momento político que amenazaba los intereses es­ tadounidenses y del centro-derecha chileno, lo que podía ocurrir ante una situación de caos generalizado o ante la con­ quista del gobierno por parte de la izquierda. Esta última al­ ternativa era la más peocupante, aunque ambos escenarios podían ser complementarios. Gravitaba con más fuerza a me­ dida que se acentuaba el fracaso político de la administración del gobierno del presidente Eduardo Frei, se aproximaba la renovación presidencial y la derecha percibía el riesgo de una división de las fuerzas antiizquierdistas. La experiencia del apoyo popular recibido por la candidatura de Salvador Allen­ de en las elecciones de 1964 estaba demasiado fresca en la memoria de los analistas nacionales y estadounidenses. No obstante el relativo pesimismo del informe recién alu­ dido respecto de la viabilidad de un golpe militar, su posibili­ dad empezó a ser manipulada por sectores ultraderechistas. Ese proceso eclosionó el 21 de octubre de 1969, cuando el general Roberto Viaux Marambio, removido del mando de la I División del Ejército, se acuarteló en el Regimiento Tacna de Santiago, encabezando una acción conocida como el “Tacnazo El general Viaux venía de la Comandancia de la I Di­ visión del Ejército con asiento en Antofagasta, y se había con­ vertido en el líder principal de los reclamos y reivindicaciones de los militares tanto en lo que respecta a sus condiciones ma­ teriales de vida, como en relación al abandono y a la precarie­ dad institucional en que se encontraba el Ejército. En su em­ presa agitadora y desestabilizadora, Viaux realizó múltiples

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reuniones con oficiales y suboficiales en servicio activo, así como tomó contacto con altos oficiales en actividad y en re­ tiro, que abiertamente propiciaban la desobediencia a los altos mandos. Finalmente, el escenario deliberativo e intervencio­ nista que el informe antes citado veía relativamente lejano, en realidad no lo estaba tanto. Estos movimientos del general Viaux fueron conocidos tanto por el presidente Frei como por el Comando en Jefe del Ejército, lo que a la postre le significó su llamado a retiro, a principios de octubre de 1969.

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Capítulo 2 DEL “TA C N A Z O ” AL T R IU N FO DE SALVADOR A LLE N D E

El 17 de octubre de 1969, después de la actuación de la Junta Calificadora dirigida por el Comandante en Jefe del Ejército, general Sergio Castillo, se cursó el retiro al general Viaux, debido a los innumerables antecedentes -de los que había constancia- sobre sus acciones sediciosas. Como Viaux estaba al mando de la I División del Ejército en la ciudad de Antofagasta se encomendó a los generales Ramón Valdés y Galvarino Mandujano desplazarse hacia aquel destino para asumir las responsabilidades de una intervención. Pero el general Viaux había viajado hacia su comando el día anterior en un avión privado y provocó la abierta rebeldía de los oficiales bajo su mando, lo que generó una tensa situación con los en­ viados por el Comandante en Jefe. Un manifiesto firmado por la mayoría de los oficiales de la guarnición fue recogido por El M ercurio y prontamente puesto a circular. En él se expresaba abiertamente el apoyo al general Viaux, que se fundamentaba en las solicitudes de mejoramiento en las remuneraciones del personal así como en la solución de los graves problemas de equipamiento institucional. Después de arduas horas de negociaciones, el día sábado 18 Viaux hizo entrega de su cargo a los generales enviados de Santiago, instalándose una tensa calma. El general rebelde viajó a Santiago; el día 21 se sucedieron las noticias y los he­ chos que hablaban del levantamiento del Regimiento Tacna y de la Escuela de Suboficiales, a los cuales se sumaron luego el

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Batallón Blindado N° 2 y el Batallón de Transportes N° 2. Estos acontecimientos liderados por el general Viaux fue­ ron presentados por sus protagonistas como demostraciones de las inquietudes de la oficialidad motivadas por las insatis­ factorias condiciones de vida y precarias condiciones de desa­ rrollo institucional existentes, que obligaban a los oficiales jefes a iniciar medidas de presión para inducir el abordaje gu­ bernamental de estas legítimas demandas. Poco fue lo que se transparentó sobre los fines políticos coyunturales de esta se­ guidilla de acciones sediciosas, las que fueron vigorosamente enfrentadas por los líderes constitucionalistas del generalato, en lo que le cupo una destacada labor al general Carlos Prats, como Comandante de la III División del Ejército. En sus M emorias, Prats asienta un juicio muy clarificador respecto de esas acciones sediciosas, que sería casi una pre­ monición de lo que pasaría años después. Dice el general: El “acuartelam iento” del Tacna tenía una finalidad política clara, gestada en varios pasillos durante los m eses inm ediatam ente precedentes. Oscuros personajes civiles y uniformados se prepararon para m over las piezas del tablero de ajedrez, usando a Viaux de peón de partida. El jaq u e m ate que condujera al derrocam iento de F rei se habría logrado p o r la dinámica de los acontecimientos, si antes de 24 horas se hubieran materializado m ovidas m aestras de otras piezas claves; pero la actitud del G eneral Cheyre, p or una parte -aunque pueda calificarse de pasiva, p or la presunta fa lta de disposición de algunos mandos a sus óirden,es para reaccionar coerci­ tivam ente contra sus compañeros sublevados-, la inm ovilidad de la I División del Ejército de Antofagasta p or otra y, p or último, la abierta disposición de la III División del Ejército para desplazarse en defensa del régim en constitucional, frustraron un conato golpista cuyo líder inicialm ente visible habría sido Viaux, hasta que la se­ guridad del triunfo hiciera em erger a sus instigadores? 4. Prats (1996), p. 127.

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El fracaso del levantamiento trajo consecuencias en los más altos escalones de la conducción institucional. El general Sergio Ossa reemplazó al general Tulio Marambio en el M i­ nisterio de Defensa, mientras que el general Sergio Castillo hasta entonces Comandante en Jefe del Ejército, fue reem­ plazado por el reciente ascendido a general de división René Schneider. Por su parte, el general Carlos Prats asumió la Je ­ fatura del Estado Mayor de la Defensa. La continuación de las tensiones políticas e institucionales marcaría a fuego la gestión del general Schneider como Co­ mandante en Jefe, a tal punto que sólo dos meses después de la sublevación de Viaux se descubriría un nuevo complot que implicaba a jóvenes oficiales de distintas reparticiones. El día 8 de diciembre se hizo pública la noticia sobre el episodio, que pasó a ser conocido como el complot de la calle Gay; como consecuencia del mismo fueron arrestados el coronel en retiro Raúl Igualt, los mayores Guillermo Alvarez y Héctor Orellana, los capitanes Pedro Ferrand, Raúl S lateryju lio Sa­ rria, el subteniente Patricio Castro y el suboficial mayor Al­ berto Valdebenito. También se descubrió como implicados a oficiales de la Fuerza Aérea. A propósito del complejo panorama socio-político que se vivía en Chile, producto de la enconada fricción política pro­ ducida por la proximidad de las elecciones presidenciales del año 1970, se le había encargado al Estado Mayor de la Defen­ sa Nacional (EMDN) la elaboración de un informe sobre la situación nacional y sus proyecciones. Esta tarea recayó en manos del general Prats, quien el día 30 de diciembre de 1969 entregó un documento titulado “Síntesis de la situación na­ cional”, a los tres Comandantes en Jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y al propio ministro de Defensa. Este documento, que se transformó en un hito relevante de la interpretación política del momento, generó mucho im­ pacto en el ámbito gubernamental y en las propias institucio­ nes militares, por la claridad de su exposición y por las con­

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tundentes conclusiones a las que arribaba, las que resultaron tiempo después irremediablemente acertadas. Algunos párrafos del informe son bastante crudos, como el que sintetiza la situación política a finales del año 1969, par­ ticularmente por los efectos sociales que habían generado el avance democrático y las políticas gubernamentales impulsa­ das por Frei. Dice el documento: Tales logros han traído un efecto sicológico conexo, nuevo en Chile: el ansia de los aún postergados p or ascender.; con sum a rapi­ dez, a más altos niveles de consideración y bienestar. Como el tope de este ascenso está en la débil expansión del volu­ m en de bienes y servicios con que cuenta el país, hay pánico entre los aún privilegiados ante la perspectiva de verse despojados de sus p rerrogativas, lo que ha generado una gu errilla politiquera, laboral y estudiantil en la que los sectores políticos extremos han puesto en agitación todos los factores que perturban el orden económico y la paz social, para cercar al gobierno y cortarle los caminos de conti­ nuidad de su régim en .5 Todavía más impresionante fue la certeza de los pronósticos sobre los resultados de la contienda presidencial que se aveci­ naba, para la que faltaban todavía nueve largos meses y para la cual aún no estaba definido el candidato de la Unidad Popular (UP), coalición de izquierda formada por los Partidos Socia­ lista, Comunista y Radical, en noviembre de 1969. Según el informe, en caso de presentarse un abanderado único por la coalición izquierdista, la estimación -que se aproximó asom­ brosamente a lo que efectivamente sucedió- era la siguiente: ®Jorge Alessandri, del Partido Nacional (derecha) 35% ®Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana 27% ®Candidato de la Unidad Popular 38% 5. Prats (1996), p. 140.

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Otro punto relevante del informe del general Prats tenía que ver con el diagnóstico que se realizaba sobre las Fuerzas Armadas, que contenía una caracterización muy interesante sobre las orientaciones políticas de sus integrantes, su com­ posición social y su rol institucional. Exponía asimismo trans­ formaciones y rupturas respecto de los modelos que se habí­ an venido configurando a partir de los años ’60, y examinaba las polaridades resultantes de las confrontaciones ideológicas en el plano local y global, que se desprendían de la fuerte in­ fluencia que se proyectaba desde Estados Unidos, a través de paradigmas que priorizaban la defensa del statu quo regional. Una parte del informe describe lo siguiente: Las Fuerzas Armadas están integradas en un 80% de su perso­ nal p or una planta de tendencia política centro-izquierdizante, no proclive al marxismo. El 20% restante está dividido en un sector pequeño de los n ive­ les altos de la oficialidad y suboficialidad de inclinaciones derechistas y otro, pequeño también, en la oficialidad y suboficialidad baja, in­ filtrado p or la propaganda marxista. El 90% del contingente habitual de las Fuerzas Armadas es j u ­ ventud de procedencia obrera y campesina; el 10% restante es es­ tudiantado de clase media. En gen era l, no hay conscripción de la clase alta. Sin perjuicio de lo anterior, la conciencia profesional de las F uer­ zas Armadas las constituye en un fa ctor de poder tradicionalm ente m arginado de la política contingente y seguro salvaguardia del im ­ perio de la Constitución y de la legalidad. Su real efectividad, como tal fa cto r de poder, depende básicamen­ te de su fir m e cohesión espiritual bajo sus mandos legítim os, tarea que es hoy la fundam ental de los Comandantes en J e fe , a raíz de la crisis local de octubre del presente año. Debe velarse p or que el contingente del Ejército para 1970 sea pluriclasista, con un porcentaje m ínim o de un 40% de ju ven tu d de la clase m edia, un 10% de la clase alta y un 50% de la clase baja.

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Asegurada la cohesión de las Fuerzas Armadas, sus Comandan­ tes en J e fe están en condiciones de garantizar el siguiente rol del poder militar, fr en te al m om ento político analizado: Apoyar firm em en te al Poder Ejecutivo actual ante cualquier co­ nato de Golpe de Estado o de situación anárquica pre-electoral. Apoyar al candidato triunfante en un proceso electoral completo, sujeto a las norm as constitucionales vigentes. Las conclusiones a las que llegaba este estudio, por otra parte, eran muy claras respecto a la necesidad de lograr acuer­ dos al más alto nivel político nacional, que mantuviesen la base de desarrollo alcanzada con las reformas impulsadas por la Democracia Cristiana, y a la conveniencia de que el próxi­ mo gobierno tuviese fuerzas suficientes como para garantizar la permanencia de un sistema pluripartidista y una democra­ cia representativa, que diera continuidad a las necesarias y ur­ gentes transformaciones económicas y sociales en curso. De no alcanzarse lo anterior, estimaba que las posibilidades de que el país quedara expuesto a situaciones tensas que desequi­ libraran el poder iban a dominar la escena nacional, lo que hacía posible una confrontación política a gran escala. La situación fue transcurriendo tal como preveía el infor­ me del general Prats. El día 25 de marzo de 1970 se detuvo a nuevos conspiradores contra la democracia, esta vez encabe­ zados por el general en retiro Horacio Gamboa, junto a los ex oficiales Neiraad, Sarria, Morales, Catalán, los capitanes Droguett y Piedra, y el ex mayor Marshall. También eran de la partida los suboficiales en retiro Squerra, Ríos y Ruiz, así como el teniente coronel Edgardo Fuenzalida y los suboficia­ les en servicio activo Leiva, Herrera, Quintana y Morales. Pretendían sublevar a la Escuela de Suboficiales y a los Regi­ mientos Yungay y Buin, operando contra el Presidente de la República y otras autoridades nacionales, en concomitancia con el general Viaux. La campaña presidencial de 1970 fue la más turbulenta y

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radicalizada en la historia política chilena, producto de la concentración de contradicciones sociales y económicas aso­ ciada a una creciente participación política de sectores subal­ ternos que presionaban por nuevos espacios de poder y por la solución de demandas materiales largamente postergadas. Las compuertas del protagonismo social ya habían sido abier­ tas por el gobierno encabezado por Eduardo Frei bajo la con­ signa de la “Revolución en Libertad”. Conquistas importan­ tes para los sectores poblacionales urbanos y para el campesi­ nado, la chilenización del cobre, las reformas educativas, etc., generaron condiciones ideales para un estadio superior del crecimiento y desarrollo nacional, que hacían verosímil una victoria de sectores políticos de izquierda en las elecciones presidenciales de 1970. La actuación de estos últimos en las anteriores elecciones presidenciales (1964) abonaba también esta percepción. Diversos análisis, tanto nacionales como extranjeros, con­ cluían en la posibilidad cierta de un triunfo de la opción que se aglutinaría en torno de la figura de Salvador Allende y la nueva coalición de izquierda. En este contexto socio-político, todos los actores partidistas pusieron especial atención en el rol que jugarían los militares en la coyuntura, desde los que esperaban ver cómo reafirmaban una cierta tradición republi­ cana de subordinación a los poderes públicos y no delibera­ ción institucional, hasta aquellos que pensaban utilizarlos como fuerza material para intervenir en la interrupción del proceso democrático, para lo cual desataron fuerzas conspirativas que fueron apoyadas por grupos civiles ultraderechistas, así como por el conservadurismo estadounidense. Dos personalidades militares jugaron un papel decisivo en esta fase del agitado proceso político que se viene examinando: el Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneidery su sucesor en el cargo, general Carlos Prats. Ambos configu­ raron un cuerpo de ideas que fundamentaron la opción constitucionalista de los institutos castrenses y proyectaron su li­

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derazgo al resto de las instituciones militares, constituyéndo­ se objetivamente en un muro de contención para los arreba­ tos conspirativos de las fuerzas reaccionarias. Un papel menos brillante -pero no por ello m en o s indicativo de su convicción constitucionalista- desempeñó el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, almirante Raúl Montero, quien no sólo fue un gran obstáculo para los marinos golpistas, sino que fue el único Comandante en Jefe en actividad que no estuvo impli­ cado en el golpe del 11 de septiembre de 1973, por lo que en este caso los conspiradores no sólo lo hicieron contra el Su­ premo Gobierno, sino también contra su legítimo y legal Comandante, siendo su reemplazante el almirante Merino un usurpador de su investidura, tal cual lo denunció el presi­ dente Allende en su última alocución desde el Palacio de La Moneda.

R etrato d e un soldado lea l René Schneider Chereau nació el día 31 de diciembre de 1913 en la ciudad de Concepción; ingresó a la Escuela M ili­ tar el 20 de febrero de 1930 terminando en ésta su formación secundaria y egresando el año 1932 como oficial con el grado de alférez, del arma de infantería. Estuvo destinado en el Re­ gimiento Buin y en el Regimiento Esmeralda de la ciudad de Antofagasta, alcanzando una destacada hoja de servicio. Fue reconocido también por sus pares debido a sus condiciones de mando y su perfil de educador. Posteriormente prestó servi­ cios como oficial instructor en la Escuela Militar, en el año 1941. En 1949 egresa de la Academia de Guerra, en la que había realizado sus estudios de oficial de Estado Mayor, ocu­ pando el segundo puesto de su promoción. El desarrollo de sus cualidades militares e intelectuales lo llevará a ocupar las cátedras de Táctica y de Historia M ilitar y Estrategia en esta propia Academia. En 1953 fue destinado a la Misión M ilitar

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en Washington, de la cual regresó con una experiencia que volcó positivamente en el desempeño de sus funciones formativas y de mando. Se le asignaron nuevas tareas de comando; entre ellas le tocó asumir la Jefatura del Regimiento Guardia Vieja. Al término de ésta fue designado agregado militar en Paraguay. De vuelta en Chile, asumió una sensible tarea ins­ titucional, como es la de Secretario General del Ejército. En base al reconocimiento intelectual que supo cosechar, y a su gran vocación de educador, así como a sus cualidades huma­ nas en las relaciones y trato con su personal subalterno, fue designado en el año 1967 Director de la Escuela Militar. Fi­ nalmente, ya como general, desempeñó funciones de Alto Mando al hacerse cargo de la Comandancia y de las Divisio­ nes II y V del Ejército. El día 27 de octubre de 1969 fue nom­ brado Comandante en Jefe del Ejército por el presidente Eduardo Frei. El contexto en que le tocó asumir la máxima dirección ins­ titucional se caracterizaba por una situación interna muy compleja, que había dado origen a varios actos de indisciplina derivados de demandas por el mejoramiento de las condicio­ nes de vida de los uniformados, así como por las cuestiones presupuestarias y materiales de la institución que, como se ha mencionado ya, se habían manifestado durante los meses de abril y mayo de 1968, dando lugar a revueltas de oficiales de distintas unidades a lo largo del país. Tales fueron algunas de las causales que desembocaron en el levantamiento del gene­ ral Roberto Viaux con el Regimiento Tacna, como se ha seña­ lado precedentemente. Pero la situación se hacía más comple­ ja y problemática dado que estos reclamos venían contamina­ dos con la pugna y la polarización políticas que vivía Chile, particularmente ante la cercanía de las cruciales elecciones presidenciales de 1970. El general Schneider se abocó con prontitud y firmeza a encarar las demandas de su institución. Realizó para ello una gira nacional en la que visitó cada unidad del Ejército, asu­

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miendo, con un método persuasivo, las relaciones con el con­ junto de la oficialidad y suboficialidad en procura de encon­ trar a través de los mecanismos institucionales la resolución de las demandas materiales. También era su propósito restau­ rar el orden y la disciplina en las filas bajo su mando. Lo graficaba muy bien en una entrevista que dio en enero del año 1970, donde con claridad señalaba lo siguiente: Trataremos de equipar debidamente a las unidades. Creo que ese es un fa ctor m uy importante. Con ello, más los reajustes de rem u­ neraciones, el soldado tendrá mucha tranquilidad personal para cum plir su misión profesional. Con estas necesidades como prioridades institucionales, encargó al Estado Mayor del Ejército diversos estudios que concluyeron en dos proyectos específicos: uno relativo al au­ mento de remuneraciones del personal y otro concerniente a la adquisición de material bélico en Europa, los que fueron aprobados por el Supremo Gobierno. Una vez alcanzados estos objetivos, reposicionó al Ejérci­ to como una fuerza de real capacidad militar y logró avanzar en la cohesión de la institución, sustrayéndola en gran parte de la contingencia pre-electoral del año 1970, la que estaba ocasionando un daño inmenso al interior de las filas. Pero la­ mentablemente, poco tiempo después, se demostraría cuán profunda era la polarización del personal y lo inevitable que se hacía la politización de sus mandos. En estas circunstancias afloraron con fuerza su convicción doctrinaria, su vocación institucional, su liderazgo militar y su decisión de mando de actuar apegado estrictamente a la le­ galidad constitucional y al orden democrático. Reorganizó el Comando del Ejército, pasando a once generales a retiro, as­ cendió a otros once, e inició un recorrido por todas las uni­ dades del país, como ya se ha señalado. Tenía plena concien­ cia de la importancia de mantener a la institución alejada de

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la contingencia política y dentro de los cánones constitucionalistas, y de evitar con toda firmeza una escalada de involucramiento fáctico a la cual procuraban arrastrarla las fuerzas partidistas que avizoraban una derrota electoral del centroderecha. Es en este contexto que el Comandante en Jefe concluyó en la necesidad imperiosa de hacer explícitos y públicos los contenidos fundamentales de la doctrina institucional que im­ pulsaba, que se transformaron en un conjunto de preceptos que intentaron normar el accionar de las Fuerzas Armadas al interior del ordenamiento jurídico y político del país. Esta explicitación fue muy significativa debido al particular momen­ to de contienda electoral que vivía el país, en la cual las orga­ nizaciones castrenses, a su juicio, debían actuar como garan­ tes del Estado de Derecho y de la voluntad popular. En una entrevista concedida al diario El M ercurio del 8 de mayo de 1970, titulada “La intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas”, René Schneider respondió a preguntas clave sobre el papel del Ejército en las elecciones presidenciales que se avecinaban y, más en general, sobre el escenario que podría resultar de ellas. Veamos qué dijo en ese reportaje:

—¿Qué piensa el Comandante en Jefe con respecto a la participación de personal militar en actividades políticas? —Esa intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del país. Por ello no se puede permitir que se realicen tales actividades. Es nuestra doctrina garantizar la estabilidad interna y a ello deben tender nues­ tros esfuerzos y es una razón poderosa por la cual no debe­ mos tener preferencias por ninguna tendencia, candidatura o partido.

—¿Cuál es su pensamiento con respecto a la próxima elec­ ción que se vislumbra como un proceso difícil? M ilita re s c o n tra P in o ch e t

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—Vamos a llegar a la elección manteniendo nuestra tradi­ ción de pleno respaldo a las decisiones del Gobierno Consti­ tucional de la República, vamos a garantizar la normalidad del proceso eleccionario y a dar seguridad de que asuma el Poder Ejecutivo quien resulte electo.

—Puede darse el caso de que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta en septiembre. Se ha dicho en va­ rios tonos que podría ocurrir por primera vez que el Congre­ so chileno no ratificara al poseedor de la mayor cantidad de votos y en cambio designara como Presidente de Chile a quien obtenga la segunda mayoría. ¿Cuál sería en ese caso la actitud del Ejército? —Insisto en que nuestra doctrina y misión es de respaldo y res­ peto a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión de nuestro hacer que sea respetado en su decisión.

—¿Ysi en ese caso se produce una situación de seria con­ vulsión interna que incluso podría degenerar en algo mayor?

—Si se producen hechos anormales nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución. El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional.

—Después de las circunstancias vividas últimamente ¿cuál es, según su concepto, la situación del Ejército? ¿Puede asegu­ rar que existe estabilidad total?

—Pequeñas situaciones locales no implican un síntoma de ines­ tabilidad. Hay solidez institucional. Los hombres del Ejército viven en una sociedad viva , que vibra; es imposible, entonces, que estén totalm ente al m argen de lo que ocurra a su alrededor.; pero es in­ dispensable que no participen. Y, en último caso, quien tenga una inquietud grande con respecto a cieñ a s ideas, ciertas tendencias o cieñ a s actividades políticas y desee participar en ellas, lo m ejor es que deje el uniform e y las abrace como un civil. Esa es nuestra posición.

—Los mismos sucesos mencionados hacen pensar a mu­

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chos que se ha relajado la disciplina en el Ejército. ¿Existe la misma obediencia y disciplina de antes? —La disciplina se m antiene inalterable, naturalm ente que con los cambios derivados de la época en que vivimos. La disciplina se fundam enta en la conciencia de superior y subalterno, en el ascen­ diente de mando; lógicam ente no es como antaño cuando no había acceso a la gestación de las órdenes. Ahora el subordinado piensa e incluso sugiere y esto es un apone a la efectividad de esa orden; pero, llegado el m om ento de cum plir lo resuelto, se cumple sin discusión. Estas declaraciones generaron malestar entre los dirigen­ tes políticos de la derecha, pues colegían de ellas una cierta amenaza velada hacia su sector en relación a los resultados de la elección presidencial. En cualquier caso, sin embargo, las firmes posiciones del general Schneider se justificaban por el clima beligerante y radicalizado que envolvía a la pugna elec­ toral y por los antecedentes de provocación tendientes a pre­ cipitar una crisis cuya resolución impidiera una posible asun­ ción presidencial por parte del candidato de la izquierda. A través del propio diario El M ercurio, el general Schnei­ der recibió, el 10 de mayo, la réplica del senador por la De­ mocracia Radical, Julio Durán, que fue posteriormente res­ paldada por la dirección de su partido (14 de mayo). Durán planteó que la de Schneider era una declaración eminente­ mente política y que constituía una abierta intromisión en el acto eleccionario. El día 13 de mayo se sumaron a estas decla­ raciones las opiniones del comentarista Oscar Fenner, que consideró inoportunas las palabras de Schneider y estimó que se basaban en apreciaciones equívocas que suscitaban inquie­ tud. Finalizó sus comentarios con una apreciación muy seve­ ra para el momento político y el ambiente interno de las Fuer­ zas Armadas, al decir que las aseveraciones de aquél y su fina­ lidad podían no ser compartidas por los otros Comandantes en Jefe, así como tampoco por la masa de la oficialidad. Por último, fue la propia línea editorial de El M ercurio la

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que, en el día 15 de mayo, planteo que las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército podían ser consideradas como deliberativas y podían crear una situación confusa ante la opinión pública. En medio de este agudo intercambio, el Cuerpo de Gene­ rales de la Guarnición de Santiago, el día 12 de mayo, emitió una expresión de apoyo público al general Schneider, por medio del Boletín de Informaciones N° 8. El mencionado Cuerpo de Generales enumeró allí principios básicos del pen­ samiento doctrinario constitucionalista, como los siguientes: a) El Ejército es garante del régim en constitucional, uno de cuyos actos trascendentes es la elección del Presidente de la República. b) Si el veredicto de las urnas no determ ina la m ayoría absoluta para uno de los candidatos, deberá ser el Congreso Nacional quien designe al Presidente entre las dos prim eras mayorías. Esta fa cu l­ tad la ejerce el Parlamento con absoluta soberanía y su decisión debe ser respetada y apoyada p or el organismo armado. c) Por lo tanto, no es aceptable discrim inar sobre esta facultad ni antes que se realice el acto eleccionario y menos aún después de él; ello implicaría ejercer presión sobre el Parlam ento, pero sí es indis­ pensable que el organismo armado conozca el verdadero sentido de esta disposición y cómo ella será garantizada para tranquilidad de quienes confían en nuestro régim en de gobierno. Y agregaba: Es tendencioso y malintencionado que se asigne un alcance polí­ tico a estas declaraciones, pues precisam ente al reconocer la autori­ dad del Congreso Nacional para resolver, en última instancia, el proceso electoral, se está colocando a la institución en la posición de prescindencia que ha sido tradicional y que se m antendrá en form a inconmovible. Finalm ente, el Comandante en J e fe del Ejército m a­ nifiesta que no siente inhibición alguna para proclam ar pública­ m ente, y cada vez que sea necesario, los deberes y responsabilidades

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del Ejército fren te a cualquier actividad que sea de su incumbencia, tanto más aún cuando se inspiran en la ética profesional, cuando no entrañan intenciones de ninguna índole y cuando su capital trascen­ dencia obliga a que sean conocidos y comprendidos p or toda la ciu­ dadanía. En la reunión del Consejo M ilitar del 23 de julio de 1970 se expresó nuevamente en forma muy categórica el pensa­ miento doctrinario militar constitucionalista, ante la muy sen­ sible situación generada por la polarizada disputa presidencial entre el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, y el candidato de la derecha, Jorge Alessandri. En este Consejo participan los generales Manuel Pinochet, Schaffhauser, Va­ lenzuela, Goriroitía, Prats, Amagada, Poblete, Augusto Pino­ chet, Larraín, Mandujano, Urbina, Garín, Torres de la Cruz, Bonilla, Rodríguez, Valenzuela, Canales, Bravo, Sepúlveda, Araya, Cano, Del Río y Rodríguez. La esencia del documen­ to se expresa en el siguiente texto: Como se ha manifestado anteriorm ente, en nuestro país impera un régim en legal; este régim en definido en una Constitución Polí­ tica del Estado, establece en form a m uy clara la form a y la vía por la cual se deben renovar los diferentes poderes del Estado; fija en form a m uy clara quiénes son los que tienen la opción de llegar a estos poderes; en estas definiciones no figu ra n las Fuerzas Armadas con opción de llegar a estos poderes, p or el contrario, como ya se ha manifestado, le da a ellas la misión de garantizar el funcionam ien­ to del régim en legal y p or lo tanto, de respaldarlo para que por la vía norm al se elijan los diferentes poderes del Estado, entre ellos el Poder Ejecutivo, o sea el Presidente de la República. Para cum plir con este cometido se les ha entregado a las Fuerzas Armadas un poder representado por sus annas, fundam entalm ente por un Mando absolutamente independiente, para que, en cien o modo, pueda ser­ v ir de árbitro en el cumplim iento de estos preceptos legales; en con­ secuencia, el hacer uso de estas armas, de estos poderes, para tam ­

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bién asegurarse una opción para llegar ci la conducción del país, im plica sim plem ente un desconocimiento y, aím más, una traición al país que le ha entregado esta tarea y que confía en su cum plim ien­ to integral e im p a rcia llu ego , m ientras se viva un régim en legal, las Fuerzas Armadas de Chile no son una alternativa de poder. Es adecuado, sin em bargo, dejar claram ente expresado el hecho de que esta posición y este pensam iento em inentem ente legalistas, tienen como tínica limitación el hecho de que el poder del Estado que se está sustentando y respaldando, abandonara su propia posición legal. En este caso, las Fuerzas Armadas -q u e se deben a la Nación - que es lo perm anente, más que el Estado que es lo temporal, quedan en libertad para resolver el problem a; o fi rente a una situa­ ción: absolutamente anorm al que p or lógica se sale de los marcos en que se ha planteado el régim en que sustenta la conducción del país. Con todo, debe quedar claro que ésta es una urgencia que sale de toda norm alidad y que en ningún caso justifica la concepción de las Fuerzas Armadas como “una alternativa de p od er”. Finalmente, entre sobresaltos y tensiones se llegó a las elec­ ciones del 4 de septiembre. Como ya se ha indicado los secto­ res de izquierda habían constituido una nueva coalición -la Unidad Popular- e insistían en la candidatura de Salvador Allende. El Partido Nacional, a diferencia de lo hecho en la elección presidencial de 1964, esta vez sí presentó candidatu­ ra: la de Jorge Alessandri. Y la Democracia Cristiana llevó como candidato presidencial a Radomiro Tomic. Los resultados electorales, pese a la incredulidad de mu­ chos, se acercaron a las predicciones que algunos habían for­ mulado. La votación terminó con una primera mayoría rela­ tiva para Salvador Allende, seguido a pocos votos por el can­ didato derechista Jorge Alessandri. Los porcentajes fueron los siguientes: Salvador Allende alcanzó un 36,3%; Jorge Alessandri un 34,9%; y Radomiro Tomic un 27,8%. El pro­ nóstico del general Prats -véase más arriba- se cumplió casi a cabalidad. Como ninguno de los candidatos había obtenido la

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mayoría necesaria para ser proclamado Presidente de inme­ diato, la decisión -conforme al mecanismo constitucional chi­ leno- se trasladó al Congreso Pleno. De esta forma, se abrie­ ron en Chile los cuarenta días más tensos de su historia con­ temporánea. Es posible sostener, por otra parte, que la etapa política que se inició con el triunfo de la Unidad Popular y concluyó con su derrocamiento en septiembre de 1973, colocó objeti­ vamente a las Fuerzas Armadas en medio de una durísima dis­ puta política, convirtió a todos sus integrantes en actores per­ manentes de las tensiones y conflictos que la atravesaron, y transformó específicamente a los altos mandos de aquéllas en los decisores de esta complejísima y trágica coyuntura. Así, no bien se conocieron los resultados de la contienda presiden­ cial, la turbulencia política se hizo más evidente y cada vez más profunda la presión sobre los comandantes militares, particularmente sobre las figuras de Schneider y Prats. El día 7 de septiembre, a las 11:30 hs, el Comandante en Jefe del Ejército reunió a los generales de la Guarnición de Santiago, Manuel Pinochet, Schaffhausen, Camilo Valenzuela, Poblete, Urbina, González, Garín, Torres, Bonilla, Ervaldo Rodríguez, José Valenzuela, Canales, Bravo, Sepúlveda, Araya, Cano, Del Río y José Rodríguez. Nuevamente expuso en forma categórica su ideario constitucionalista, remarcando el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas al candidato que el Congreso, en ejercicio de sus facultades constitucionales, declarara vencedor. Hizo un crudo análisis de las condiciones políticas, económicas y sociales que vivía el país, como pro­ ducto de la incertidumbre y la presión ejercida por determi­ nados grupos económicos y sociales, que a su juicio podían llevar al descalabro al país. Destacó que entre estas presiones la más fuerte y difícil recaería sobre las Fuerzas Armadas, a las que se les reclamaría que actuaran para evitar el triunfo de los izquierdistas, y para que por lo tanto dirimieran el conflicto. Su énfasis más vigoroso estuvo dirigido a advertir que los días

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que se avecinaban tenían más que ver con una solución polí­ tica antes que militar. Insistió en la idea de que para ayudar a que se transitara este camino, las instituciones militares debí­ an mantener una disciplina férrea, resguardar su independen­ cia profesional y sostener la cohesión del mando. Los generales Schneider y Prats siguieron jugando un rol muy importante frente al mundo político, dando señales muy claras de que respetarían la decisión del Congreso. El 9 de septiembre, por ejemplo, los Comandantes en Jefe del Ejér­ cito y el general Prats mantuvieron una reunión con la direc­ tiva de la Democracia Cristiana, en la que en forma conjunta y consensuada opinaron que hasta ese momento había cohe­ sión en las instituciones castrenses, que ellos se ajustarían al apoyo irrestricto a la Constitución, que la solución política dependía de la dirigencia política, y que debía actuarse con prontitud para producir una definición y evitar que los espa­ cios vacíos que pudieran quedar fuesen ocupados por actores y tentativas rupturistas. El día 21 de septiembre, en una nueva reunión de genera­ les convocada por el general Schneider, éste denunció hechos de insubordinación en el sur del país que implicaban a seis oficiales, ante lo cual designó al general Arriagada como fis­ cal de la investigación que debía ser de inmediato desarrolla­ da. También mencionó que percibía la existencia de dos líne­ as sediciosas: una, accionada por políticos que presionaban a las Fuerzas Armadas para que tomaran el poder; y otra, for­ mada por políticos de ultraderecha, que buscaban en Viaux a un sujeto que encabezara un golpe de Estado, interrumpien­ do de esta forma el desarrollo del mecanismo de ratificación presidencial en el Congreso. Schneider insistió, asimismo, en el valor fundamental que tenía la prescindencia política de las Fuerzas Armadas, en la particular coyuntura que se estaba vi­ viendo. A pesar del cúmulo de señales y evidencias sobre el apego a la Constitución que promovía para el Ejército y del celo

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profesional que propugnaba para las Fuerzas Armadas, el Co­ mandante en Jefe del Ejército no dejó de seguir siendo pre­ sionado por fuerzas derechistas para que provocara una inte­ rrupción del proceso electoral a fin de evitar la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Unidad Po­ pular. En testimonios dados a conocer luego de la muerte de Schneider, sus hijos señalaron que recibía llamadas telefóni­ cas diarias incentivándolo a un golpe militar. Incluso, que desde la República Argentina recibió una carta de la organi­ zación Alianza Anticomunista Argentina -la celebérrima Tri­ ple A - conminándolo a una acción militar, la que fue publica­ da en Chile por el diario La Segunda, en su edición del día 3 de octubre de 1970. El día 22 de octubre de 1970, un grupo terrorista de ultraderecha intentó secuestrar al general Schneider tras una ac­ ción audaz de intercepción de su vehículo en camino a sus funciones institucionales. Ante la respuesta defensiva del ge­ neral con intercambios de disparos, se abortó el secuestro pero René Schneider quedó herido gravemente, agonizando durante tres días, con un desenlace fatal el 25 del mismo mes. Por primera vez en la historia de Chile un Comandante en Jefe del Ejército era asesinado por motivos políticos, en una conspiración con participación de la Agencia Central de Inte­ ligencia de Estados Unidos, civiles ultraderechistas chilenos y miembros de la propia institución castrense, como lo demos­ tró el acucioso proceso de investigación que fue dirigido en parte por el general Cheyre. Se ponía así fin a un militar ejemplar, que había explicitado un cuerpo doctrinario que re­ cogía preceptos establecidos en la Constitución de la Repú­ blica, y enfatizaba la función eminentemente profesional, apolítica, no deliberativa y de subordinación a los poderes pú­ blicos de las instituciones militares, así como reclamaba disci­ plina y cohesión internas. Esta vocación constitucionalista cobró mayor importancia aún por el contexto político que la comprendía, situación que

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fue cabalmente entendida por el general Schneider y que re­ salta todavía más el papel republicano que le tocó jugar, con­ teniendo todo posible arrebato de golpismo proveniente de las fuerzas políticas de derecha, así como de uniformados que seguían bebiendo de la cantera anticomunista iniciada en la tradición prusiana, renovada por las tesis de la insurgencia y la confrontación ideológica Este-Oeste que provenían desde los centros de elaboración estratégica estadounidense. El cuerpo doctrinario que impulsó el general Schneider y se asentó sobre su firme liderazgo, permitió frenar temporal­ mente los intentos sediciosos y consiguió mantener la conti­ nuidad democrática al garantizar la asunción a la Presidencia del candidato vencedor con la primera mayoría relativa en las elecciones de septiembre, Salvador Allende, que en el mes de octubre había sido, finalmente, elegido por el Congreso Pleno. Eduardo Frei, en las postrimerías de su administración pre­ sidencial, designó al general Carlos Prats como nuevo Co­ mandante en Jefe, el 26 de octubre de 1970. Prats fue ratifi­ cado en su cargo el 6 de noviembre del mismo año, por el re­ cién asumido Presidente de la República, el doctor Salvador Allende. Los contenidos sustanciales del pensamiento militar institucional impulsado por Schneider tuvieron, entonces, la posibilidad de seguir desarrollándose con nuevos bríos e in­ corporaciones conceptuales.

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Capítulo 3 LA CO M AN D A N CIA D EL GENERAL CARLO S PRATS: CO N C E PC IO N E S Y ACCIO N E S

Carlos Prats González nació el día 2 de febrero de 1915 en la ciudad de Talcahuano; ingresó a la Escuela M ilitar el 1 de abril de 1931, a la edad de 16 años. Egresó con el grado de al­ férez en enero de 1934; ocupó el primer lugar de su promo­ ción y era del arma de artillería. En el tramo inicial de su ca­ rrera le correspondió estar destinado en el Grupo de Artille­ ría a Caballo N° 10 Velásquez y el Grupo de Artillería a Ca­ ballo N° 2 Maturana. En su paso por la Academia de Guerra ocupó el primer lugar del curso de oficiales de Estado Mayor en 1949; un año después obtuvo su título de profesor militar de academia en las asignaturas de Servicio de Estado Mayor e Historia M ilitar y Estrategia, posteriormente también recibi­ ría su título como profesor de Logística. Fue graduado en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, en el año 1954, y posteriormente fue destinado a la misión militar de ese país, desempeñándose como agregado militar adjunto. En el ámbito educacional desempeñó cátedras en la Escuela M ilitar y la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Hizo sus experiencias de mando de tropas al frente del comando de los Regimientos de Artillería N° 3 Chorrillos, y N° 1 Tacna, en Santiago; fue ascendido a general de brigada en 1968 y ejerció el Comando de la III División del Ejército con sede en Concepción. En 1969 llegó a ser el Jefe del Esta­ do Mayor de la Defensa Nacional. También fue agregado mi­ litar en Argentina.

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Su aporte al perfeccionamiento del Ejército fue muy di­ versificado y cubrió aspectos esenciales en su desarrollo. En el ejercicio de sus cátedras como profesor de academia reali­ zó innovaciones que perfeccionaron el sistema logístico y, después, como oficial superior desempeñó un trabajo notable en la Dirección de Operaciones del Ejército en lo referido a la actualización de la planificación de la guerra terrestre. En el campo de la investigación y en el de los estudios de la historia militar realizó importantes aportes, como así tam­ bién en el de la táctica en el que trabajó, por ejemplo, en el tema de la conducción de las unidades en el teatro de opera­ ciones. Pero indudablemente su contribución mayor provino de sus estudios y cualidades de pensador estratégico, que le permitieron concebir síntesis y sistematizaciones que fueron plasmadas en un reglamento de conducción estratégica, obra que con las actualizaciones propias de esta época, sigue ri­ giendo hasta el presente. A todo esto se debe agregar los múltiples intereses que de­ sarrolló en los ámbitos del deporte, donde se destacó en la es­ grima y la equitación, así como en las letras militares. Especialmente significativas, por el reconocimiento postu­ mo que implican, son las siguientes palabras del entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien le rindió un homenaje institucional, el 30 de sep­ tiembre de 2004: De clara inteligencia, de personalidad reservada, tranquila y racional; de vasta cultura político-estratégica - m uy superior a la m ayoría de sus contemporáneos-, fu e autor de numerosos estudios socioeconómicos, políticos y de carácter m ilitar.; que constituyeron documentos señeros en su oportunidad y posibilitaron avances insti­ tucionales de importancia en aspectos logísticos, operativos y doctrinarios. La im agen que proyectaba la figu ra del gen era l Prats era la de un dedicado profesional, de un certero y oportuno asesor y la de un

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prudente m ilitar en el ejercicio del mando.6 Le correspondió el ejercicio de la máxima jerarquía del Ejército entre los años 1970 y 1973, en los que actuó como un Comandante en Jefe que siempre estuvo guiado por sóli­ dos principios de respeto y cariño hacia su institución, así como por un acendrado patriotismo, lealtades a toda prueba y declaradas convicciones democráticas, las que pudo poner en desarrollo cuando le tocó asumir tareas propias del ejerci­ cio del gobierno. Fue un ejemplar sucesor del general Schneider, que supo interpretar y poner en práctica, sobre todo en los más turbu­ lentos momentos atravesados por la Unidad Popular, los plan­ teamientos institucionales que se constituyeron en una mar­ cada doctrina, a sabiendas del importante rol que les cabría a las Fuerzas Armadas en el desarrollo del gobierno de la Uni­ dad Popular y las expectativas que éste generaba en el conjun­ to de los sectores sociales y políticos de Chile. Sus concepciones doctrinarias generales habían despunta­ do ya en ocasión de la elaboración del informe que le fuera solicitado al Estado Mayor de la Defensa, que fue menciona­ do en páginas anteriores. En el sepelio del general Schneider pronunció unas palabras que merecen ser rescatadas, pues de una manera muy sucinta bosquejaron la dura y dilemática op­ ción que se le estaba presentando a Chile. Dijo entonces: Chile enfrenta una encrucijada en su destino que lo obliga a optar solo entre dos alternativas dinámicas, para la realización na­ cional: la de la violencia trastocadora o la del sacrificio solidario. Era efectivamente así. Tanto la pretensión de los sectores políticos que en el último tramo del gobierno de Frei habían

6. Cheyre, Juan Emilio (2005), p. 8.

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buscado el modo de frenar el ascenso izquierdista sin reparar en modos ni en procedimientos, cuanto la de los militares se­ diciosos y golpistas, prefiguraban una violencia trastocadora, tal como conceptualizaba Prats. Ahí estaba el asesinato de Sch­ neider, sin ir más lejos, como palpable demostración de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Por otro lado -tal como había atisbado en el informe que como Jefe del Estado Mayor de la Defensa había elevado al ministro de Defensa y a los tres Comandantes en Jefe- existía la opción de un sacrificio solida­ rio: la que tenía a la Unidad Popular como protagonista cen­ tral, que exigía adecuaciones a los sectores sociales más bene­ ficiados en favor de los menos beneficiados, respeto por el orden republicano, compromiso con el Estado de Derecho, responsabilidades cívicas a la oposición y profesionalismo y encuadramiento constitucional a las instituciones militares. En el primer acto de trascendencia que llevó a cabo como Comandante en Jefe del Ejército, que consistió en la difusión de una circular que se denominó “Definición de la Doctrina Institucional”, expuso por primera vez en su carácter de auto­ ridad máxima de la institución su visión general de las cosas. Señalaba el documento, en una parte medular: 1. La fu nción del Ejército es exclusivamente p ro fesio n a l; es la misma mantenida con firm ez a en el pasado, ratificada p or el Ge­ neral Schneider en m om entos críticos del acaecer nacional y confir­ mada taxativam ente p or el Comandante en J e fe infrascrito, desde que asum ió el cargo. El sentido profesional de nuestro Ejército ha sido su m ayor v ir­ tud cívica y una garantía inobjetable de la vigencia del mandato popular. La confianza nacional descansa en esta digna tradición sesquicentenaria. En consecuencia, todos los m iembros de la Institución tienen en el p ro fesio n a lism o militar el único cauce legítim o de sus inquietu­ des y realizaciones.

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2. La Institución tiene plena conciencia de que la tradicional unidad entre el pueblo y su Ejército es más fu erte que cualquier ac­ ción de la política contingente. 3. La misión perm anente de la Institución -d e garantizar la so­ beranía nacional ante amenazas externas e internas- se m antiene invariable. En el presente, el resguardo de la integridad de la comunidad nacional impone al Ejército la responsabilidad prioritaria de acre­ centar vigorosam ente su poder coercitivo. Pero, como parte intrínseca del pueblo de Chile, no puede m an­ tenerse al m argen de la legítim a ambición gen era l de lograr el más alto grado de desarrollo autárquico en aras del bienestar ciudadano; por lo que, com plem entariam ente, debe elevar y am plificar su “ap­ titud participativa ”, para asum ir aquellas tareas específicas que contribuyan eficazm ente al fortalecim iento del potencial económicodefensivo del país. 4. Como fu erz a arm ada en un Estado de D erecho, el Ejército co­ noce y cumple la prem isa de que le está vedado deliberar fren te a las alternativas políticas nacionales; p or lo tanto, no le compete califi­ car aquellos actos de los Poderes del Estado que resultan conflictivos en el libre ju eg o de una democracia, puesto que cada uno de ellos tiene atribuciones y responsabilidades constitucionales exclusivas y definidas. 5. Conforme el artículo 22 de la Constitución Política del Esta­ do, el Ejército es parte constitutiva de la “Fuerza Pública Por lo tanto, asegurará leal y firm em en te -lo ha hecho siem pre- la esta­ bilidad del gobierno institucional. Su participación eventual en situaciones internas la dispone ex­ presam ente el Supremo Gobierno para im poner el imperio de la ley, cuando exigencias de la seguridad nacional la hacen indispensable. Por consiguiente, el Ejército m antendrá su perm anente alistam ien­ to y sus medidas internas de seguridad, para reaccionar oportuna y eficazmente -cuando el Ejecutivo lo req u iera - en resguardo de los grandes intereses nacionales. 6. La disciplina y la cohesión institucional son el fa ctor fu n d a ­

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m ental para que el Ejército cumpla el rol superior que le compete dentro de la sociedad chilena. Un Ejército sólidamente cohesionado, fén ea m en te disciplinado, de alta eficiencia de com batey de elevada conciencia cívica, es - -junto a sus pares (Armada y Fuerza Aérea) y a C arabineros- la garan­ tía suprem a de la paz social y de la idealidad dem ocrática, en lo in­ terno, así como del respeto a nuestro legítim o derecho a autodeter­ m inación, en lo internacional. 7. El señor Presidente de la República está consciente de la im ­ portancia prioritaria que tiene el Ejército en el ámbito de la D efen­ sa Nacional, y en virtu d de las legítim as atribuciones que le consig­ na la Carta Fundamental, ha definido claram ente su política de se­ guridad nacional. Ju n to con expresar su respeto p or la intangibilidad profesional de nuestro Instituto Armado, está prestando, con hechos concretos, su más decidido apoyo a fin de capacitarnos racionalm ente para cum ­ p lir nuestra noble misión. Este clarísimo documento fue producido y dado a conocer inmediatamente después de la conversación que sostuvo el 6 de noviembre con el presidente Salvador Allende, en la que fue ratificado como Comandante en Jefe del Ejército. Su im­ portancia radica no sólo en la reiteración de los postulados del general Schneider, que fueron sustancialmente manteni­ dos, sino también en el trazado institucional que proponía frente a un gobierno popular que pretendía llevar adelante transformaciones fundamentales. Los temas centrales del mismo pueden sucintamente ser puntualizados de la siguien­ te manera: a) Valorización del profesionalismo; no deliberatividad; acrecentamiento de la disciplina y la cohesión instituciona­ les; subordinación a las instituciones públicas, tal como lo disponía la Constitución y compromiso con la defensa de su estabilidad. b) Defensa de la soberanía nacional definida como la mi­

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sión militar prioritaria; complementariamente se reconocía la importancia que para Chile tenía el impulso del desarrollo económico, y se establecía la conveniencia de una “aptitud participativa” de la institución militar, que coadyuvara a for­ talecerlo. c) Desarrollo y fortalecimiento institucional, con el objeto de mejorar las capacidades del Ejército para cumplir con sus misiones - “acrecentar el poder coercitivo”, dice el documen­ to- y responsabilidades. La temática del profesionalismo, la no deliberatividad, la subordinación y el compromiso con la defensa de las institu­ ciones públicas, además de referirse a cuestiones de principio básicas de cualquier orden republicano, se relacionaban di­ rectamente con la grave situación interna del Ejército, en el que existía una fuerte pulsión intervencionista y golpista. La apelación a la cohesión y a la disciplina corría en un sentido parecido: cuestiones de principio indiscutibles para cualquier organización armada eran también en la coyuntura un recur­ so para darle firmeza a la opción constitucionalista que con­ ducía al Ejército. En lo referido a las misiones de la fuerza armada se señala la habitual de la defensa de la soberanía nacional, pero debe destacarse también la referencia explícita a la colaboración en materia de desarrollo, como misión complementaria. Esta re­ ferencia abría la puerta a un compromiso de otro tipo, que sería efectivamente transitada durante la gestión de Prats. Finalmente, el tema del desarrollo y fortalecimiento insti­ tucional respondía a un doble requerimiento. Por un lado, a una objetiva necesidad de puesta al día y mejoramiento; por otro, a la necesidad de ofrecer respuestas a las demandas en materia de sueldos y condiciones de vida que se habían hecho explícitas durante la gestión del general Schneider. El general Prats le dio un fuerte apoyo a la reforma de la Constitución Política, sancionada mediante la ley 17.398 del 9 de enero de 1970, en lo relativo a la modificación de su ar-

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tí culo 22, con la intención de establecer con absoluta claridad la composición y el carácter de las Fuerzas Armadas.7 La re­ dacción final del capítulo constitucional quedó de la siguien­ te forma: La fu erz a pública está constituida tínica y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialm ente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Solo en virtu d de una ley podrá fija rse la dotación de estas instituciones. Vale la pena, por lo demás, hacer mención aquí a la carta de renuncia del general Prats a la Comandancia en Jefe del Ejército, del 23 de agosto de 1973, aunque implique un salto en el tiempo, porque complementa y confirma lo que se ha expuesto hasta aquí. Escribió allí: Comprendí que el Ejército ya había dejado de ser un comparti­ m ento estanco de la comunidad nacional y que las presiones, tensio­ nes y resistencias -propias de un proceso de cambios profundos que debía realizarse dentro de las norm as constitucionales y legales v i­ g en tes- inevitablem ente iban a perturbar cada vez más intensa­ m ente la tradicional m arginación del Ejército del quehacer político contingente. M e tracé entonces, como objetivos fundam entales de m i acción de mando, luchar.; p or una parte, p or afianzar la cohesión intrainstitucional y garantizar la verticalidad del mando, para encauzar la maircha del Ejército en los moldes doctrinarios profesionalistas, que se desprenden del rol constitucional asignado a la fu erz a pública. Por otra parte, concentré mis esfuerzos en la planificación y ejecu­

7. El texto del artículo 22 de la Constitución del año 1925 decía así: “La fuerza públi­ ca es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”.

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ción de un plan de desenrollo institucional que constituía un im pe­ rativo inaplazable, para acrecentar la eficiencia operativa de las grandes unidades que articulan el despliegue institucional. Contribuí a [...] una participación realista de las Fuerzas Ar­ madas en las grandes tareas del desarrollo del país, que tienen tras­ cendente incidencia en la Seguridad Nacional, bajo la inspiración del nuevo concepto de “soberanía geoeconóm ica ”. Queda clara en estos párrafos de su carta de renuncia la enorme tarea que como Comandante en Jefe pesaba sobre sus hombros, resumida en las tres dimensiones que se han men­ cionado precedentemente: afirmar la orientación doctrinaria constitucionalista, con su correlato de profesionalidad, no deliberatividad, subordinación, disciplina y cohesionamiento; abordar la preocupación por el desarrollo y el fortalecimien­ to institucional, y encarar la necesaria articulación con los cambios que se vivían, particularmente en el terreno del de­ senvolvimiento económico, que planteaba nuevos desafíos nacionales y populares, impulsados con una orientación pro­ gresista que aspiraba a un nuevo modelo social, económico y político, pero que él ligaba, sobre todo, a la incidencia positi­ va que el desarrollo tendría sobre la seguridad interna y sobre la pretensión de soberanía geoeconómica. La fundamental cuestión del constitucionalismo - y conco­ mitantes- de las Fuerzas Armadas, que había sido formulada por el general Schneider, fue repetidamente planteada por el general Prats desde los comienzos de su gestión, y defendida, luego, en forma asertiva ante los recurrentes reclamos de los opositores políticos al gobierno popular. Al cumplir un año de su gestión, por ejemplo, realizó una exposición ante el curso de Alto Mando, compuesto por co­ roneles y capitanes de navio de las instituciones armadas, ti­ tulada “Política de Seguridad Nacional”, donde se explayó sobre las peculiaridades de la seguridad de Chile, las diferen­ cias en calidad y procedencia de las amenazas a la seguridad

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nacional entre las décadas transcurridas desde 1930 a 1970 y los problemas teóricos y prácticos que debían abordarse para consolidar la unidad del pueblo y sus Fuerzas Armadas. Co­ locó especial énfasis en los problemas teóricos de la forma­ ción de una conciencia pública respecto del desarrollo profe­ sional apolítico de las Fuerzas Armadas, deconstruyendo la concepción que le atribuía un papel de mantenimiento del statu quo político, y buscando el reforzamiento de los lazos con las tradiciones patrias. Como corolario de este primer aniversario, formuló una declaración pública, cuyo párrafo final decía: Es propicia esta oportunidad para elevar un fervoroso llamado a todos los chilenos, pidiéndoles que respeten la serena posición profesionalista que - irreductiblem ente- sostiene y sostendrá el Ejército bajo m i mando, a fín de que se le m antenga m arginado del acaecer político cotidiano. Debe entenderse claram ente que a los m iem bros del Ejército les asiste la más plena convicción de que a un cuerpo legalm ente arm a­ do, como es el nuestro, no le compete calificar las situaciones conflic­ tivas que surgen en el libre ju eg o de una democracia, regida p or cla­ ras disposiciones constitucionales. El Supremo Gobierno tiene plena conciencia de que el Ejército debe acrecentar su capacidad operacional, en aras del resguardo de la Soberanía Geoeconómica Nacional. Tengo plena f e en el fu tu ro venturoso de la Institución que m e honro en comandar. M ás allá de la transitoriedad de los hombres, su destino se proyecta como instrum ento de esencial vigor en la De­ fen sa Nacional. Después, cuando en el año 1972 la agitación social, los mo­ vimientos de intención golpista y las maniobras políticas ur­ didas por la oposición para deslegitimar al gobierno de Allen­ de hicieron eclosión, Prats volverá una y otra vez sobre esta temática.

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De manera simultánea con esta preocupación, se intensifi­ có la tarea de cohesionar espiritual y doctrinariamente a los cuadros medios e inferiores, lo que significó un constante y completo programa de visitas a las unidades e instalaciones del Ejército, a lo largo de todo el país, que le permitió expo­ ner ampliamente el pensamiento institucional del Coman­ dante en Jefe ante los oficiales y cuadro permanente, así como establecer una relación más estrecha para el fortalecimiento de la moral institucional. En materia de desarrollo y fortalecimiento institucional, le tocó poner en marcha la aplicación del Plan Regulador de Reorganización de Paz del Ejército para el período 1971-76, que fue un avance fundamental en la combinación de eficacia y economía para la nueva readecuación institucional. El Plan contemplaba la dotación de nuevo equipamiento sobre la base del Programa de Adquisiciones iniciado en tiempos del Comandante Schneider y encaraba, asimismo, las nuevas pro­ puestas que habían sido planteadas bajo su propia administra­ ción. Esta mejora en el equipamiento requería, a su vez, de un significativo aumento de los cuadros oficiales y suboficiales, y de un incremento de los soldados conscriptos, así como de la expansión de la red de la infraestructura militar en lo relativo a cuarteles, instalaciones y polvorines; el crecimiento de la in­ fraestructura social de la institución, como por ejemplo las vi­ viendas fiscales, los casinos para el personal soltero, lugares de recreación veraniega, establecimientos asistenciales y otros, para lo cual se contó con una estrecha labor conjunta con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU). Otro aspecto sustancial del desarrollo de este Plan estuvo dado por la variable tecnológica, a la que se le asignaba un rol sustancial para las áreas de fabricaciones militares y desarro­ llo nuclear. En el cumplimiento de los objetivos del Plan, le cupo un papel muy destacado a la labor asesora del Estado Mayor, que

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compatibilizaba la racionalidad del mismo estableciendo una correspondencia entre el proceso de adquisiciones en el exte­ rior con su incorporación en tiempo y espacio al patrimonio institucional, sin generar fricciones ni desacoples institucio­ nales. Esta tarea significó realzar el trabajo de dicho Estado Mayor y darle un status esencial en la labor organizativa de la fuerza. También empezó a tener una mayor relevancia la Junta de Comandantes en Jefe, presidida por el ministro de Defensa, en la que se tomaban decisiones de coordinación tridimensio­ nal, con la activa participación del Estado Mayor de la Defen­ sa Nacional. Sin lugar a dudas se trató de una instancia muy importante de asesoría al escalón político, que reflejaba el in­ terés por un desarrollo armonioso de las capacidades de las instituciones militares. La fuerte sintonía entre los planes de desarrollo del con­ junto de las Fuerzas Armadas, y el rol particularmente activo jugado por el general Prats, permitieron que ese año se hicie­ se un notable avance en la coordinación entre las institucio­ nes armadas y el gobierno en la asignación del presupuesto para las adquisiciones militares, que por primera vez incluyó la posibilidad de comprar implementos bélicos para el Ejérci­ to en países del bloque socialista, que ofrecían mejores pre­ cios y facilidades crediticias que eran muy concordantes con la economía nacional. En efecto, como consecuencia de una apreciación político-estratégica que puso el acento en las amenazas y peligros que el Estado chileno enfrentaría en un tiempo futuro -que fue elaborada contando con la asesoría del Estado Mayor General del Ejército y elevada a la consi­ deración de instancias superiores, como el Consejo Superior de Seguridad Nacional- se adoptaron medidas pertinentes en el ámbito de la prevención y en todos aquellos campos en los que se requería de actualización y renovación. Particularmen­ te en uno muy sensible, como era el relativo a la adquisición de nuevo material de guerra, para lo cual se realizaron giras

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por distintos países de Europa y la Unión Soviética, dando con ello un giro en lo que había sido la constante desde la in­ mediata posguerra, de dependencia de los sistemas de armas estadounidenses. También' a mediados del año 1971, ante la peligrosa escala­ da de organizaciones y atentados terroristas, impulsa la apro­ bación de la Ley N° 17.708 relativa al Control de Armas y Ex­ plosivos, como medio para una mejor tipificación y sanción de los delitos que conllevaban una violencia política. Puede mencionarse, asimismo, que Prats trabajó en una organización más racional y dinámica de la defensa nacional; en la reforma del servicio militar obligatorio, con el objetivo de hacerlo más moderno y democrático, y en la planificación de las tareas de participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico, en las áreas de educación (superior, media y básica), en la industria pesada, en los sistemas de in­ fraestructura del país y en la colonización de territorios no consolidados. Promovió también una polémica iniciativa relacionada con el derecho al voto para los suboficiales de las Fuerzas Arma­ das, un proyecto de ley que se le presentó al presidente Allen­ de, pero que no alcanzó a ser sancionado. Su fundamentación se basaba en evitar la discriminación que afectaba a los subo­ ficiales, ya que los oficiales contaban con ese derecho al igual que los conscriptos que entraban a su servicio militar (otor­ gado a raíz de la reforma que amplió el derecho a voto a los mayores de 18 años, en 1970). En función de esta realidad, la opinión en el Alto Mando del Ejército fue que todos los miembros de las Fuerzas Armadas debían estar inscriptos en los registros electorales, pero mientras estuvieran en servicio activo no deberían ejercer el derecho a voto. Esta posición fue la que primó en la Junta de Comandantes en Jefe y en el ministro de Defensa, adoptándose el acuerdo de presentar de esta forma el anteproyecto. En lo que respecta a la articulación de la institución mili­

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tar con las cuestiones relativas al desarrollo económico, es conveniente regresar a los conceptos de “potencial económi­ co defensivo” y “soberanía geoeconómica” utilizados por el general Prats. Entendía que el Ejército estaba en condiciones de hacer un aporte participativo que beneficiase tanto al in­ cremento del primero cuanto a la ampliación de la segunda. Las capacidades institucionales podían ponerse al servicio de un desenvolvimiento en áreas específicas que entroncaran con el desarrollo económico y ayudaran a sostenerlo, al tiem­ po que fuera capaz de incrementar las aptitudes demandadas por la misión de defensa de la soberanía. Las industrias pro­ piamente militares, la industria química y el desarrollo de la energía nuclear se encontraban entre esas áreas. A mediados del año 1971, el general Prats pudo mostrar notables avances en sus planes, al iniciarse la ampliación de la actividad industrial de FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército) y la construcción del complejo químico de Talagante, ambas dentro del subsistema de fabricaciones militares. Asimismo, ya había dado inicio el programa de energía nucle­ ar, para lo cual el gobierno había cedido los terrenos del par­ que Lo Aguirre, con el apoyo especial del Ministerio de Agri­ cultura, dirigido en ese entonces por Jacques Chonchol. Actuando en esta dirección, se colocaba a las Fuerzas Ar­ madas como un actor nacional -junto con otros- dispuesto a ponerse a tono con los desafíos de cooperación y de cambio a los que convocaba el gobierno de la Unidad Popular, sin sa­ lirse de la lógica doctrinaria constitucionalista que se venía impulsando desde los tiempos de Schneider. En los hechos ello implicaba una nueva forma de articulación de las institu­ ciones castrenses con los desafíos de desarrollo nacional, que propiciaba relaciones civiles y político-militares acordes con la existencia de espacios de profundización democrática. La cooperación para el desarrollo incluía también otra clase de iniciativas. En febrero de 1972, por ejemplo, se celebraron reuniones con la CORA (Corporación para la Reforma Agra­

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ria), con el objeto de coordinar el apoyo del Ejército a la re­ alización de cursos sucesivos de tractoristas entre los campe­ sinos de los asentamientos, debido a que este renglón se en­ contraba con serios problemas prácticos cuya superación era conveniente para el logro de la extensión del área cultivable del país. El propio Prats definió con elocuencia esta otra forma de participación, en una entrevista concedida a la revis­ ta Eva, el 2 de mayo del año recién mencionado. Ante una pre­ gunta sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz que se le formuló en el cuestionario, que contiene una re­ ferencia a la “labor de bien social”, el general Prats respondió lo siguiente: En el presente, la lucha fro n t eriza, como expediente de preserva­ ción de la soberanía, es solo un concepto estático de la seguridad na­ cional. La defensa del patrim onio nacional es hoy una dinámica concepción “geoeconóm ica”', p or lo que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación activa y perm anente en aque­ llas grandes tareas de desarrollo económico-social, que inciden direc­ tam ente en la seguridad nacional, dada la estrecha interdependen­ cia entre ésta y el desarrollo. Esta participación, p or lo tanto, no consiste exactamente en una “labor de bien social” como usted lo expresa (salvo en los casos de em ergencia o catástrofes nacionales), sino en colaborar al Supremo Gobierno en tareas tales como la deform ación de una conciencia de seguridad nacional y la prom oción de una actitud patriótica gen e­ ral; como en las destinadas a cim entar las bases económ ico-defensivas del país y a racionalizar su dispersión; como en las de contraloría de las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica del país; como en las de incorporación a la economía nacional de territorios fronterizos no consolidados, o bien en desarrollar una acción cívica específica, como la que realiza el Ejército en la form ación de tracto­ ristas, verdadero “cuello de botella” nacional, para la extensión del área cultivable. Lo importante es cautelar que ninguna tarea de participación

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tar con las cuestiones relativas al desarrollo económico, es conveniente regresar a los conceptos de “potencial económi­ co defensivo” y “soberanía geoeconómica” utilizados por el general Prats. Entendía que el Ejército estaba en condiciones de hacer un aporte participativo que beneficiase tanto al in­ cremento del primero cuanto a la ampliación de la segunda. Las capacidades institucionales podían ponerse al servicio de un desenvolvimiento en áreas específicas que entroncaran con el desarrollo económico y ayudaran a sostenerlo, al tiem­ po que fuera capaz de incrementar las aptitudes demandadas por la misión de defensa de la soberanía. Las industrias pro­ piamente militares, la industria química y el desarrollo de la energía nuclear se encontraban entre esas áreas. A mediados del año 1971, el general Prats pudo mostrar notables avances en sus planes, al iniciarse la ampliación de la actividad industrial de FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército) y la construcción del complejo químico de Talagante, ambas dentro del subsistema de fabricaciones militares. Asimismo, ya había dado inicio el programa de energía nucle­ ar, para lo cual el gobierno había cedido los terrenos del par­ que Lo Aguirre, con el apoyo especial del Ministerio de Agri­ cultura, dirigido en ese entonces por Jacques Chonchol. Actuando en esta dirección, se colocaba a las Fuerzas Ar­ madas como un actor nacional -junto con otros- dispuesto a ponerse a tono con los desafíos de cooperación y de cambio a los que convocaba el gobierno de la Unidad Popular, sin sa­ lirse de la lógica doctrinaria constitucionalista que se venía impulsando desde los tiempos de Schneider. En los hechos ello implicaba una nueva forma de articulación de las institu­ ciones castrenses con los desafíos de desarrollo nacional, que propiciaba relaciones civiles y político-militares acordes con la existencia de espacios de profundización democrática. La cooperación para el desarrollo incluía también otra clase de iniciativas. En febrero de 1972, por ejemplo, se celebraron reuniones con la CORA (Corporación para la Reforma Agra-

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ría), con el objeto de coordinar el apoyo del Ejército a la re­ alización de cursos sucesivos de tractoristas entre los campe­ sinos de los asentamientos, debido a que este renglón se en­ contraba con serios problemas prácticos cuya superación era conveniente para el logro de la extensión del área cultivable del país. El propio Prats definió con elocuencia esta otra forma de participación, en una entrevista concedida a la revis­ ta Eva, el 2 de mayo del año recién mencionado. Ante una pre­ gunta sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz que se le formuló en el cuestionario, que contiene una re­ ferencia a la “labor de bien social”, el general Prats respondió lo siguiente: En el presente, la lucha fronteriza, como expediente de preserva­ ción de la soberanía, es solo un concepto estático de la seguridad na­ cional. La defensa del patrim onio nacional es hoy una dinámica concepción “geoeconóm ica ”, p or lo que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación activa y perm anente en aque­ llas grandes tareas de desarrollo económico-social, que inciden direc­ tam ente en la seguridad nacional, dada la estrecha interdependen­ cia entre ésta y el desarrollo. Esta participación, p o r lo tanto, no consiste exactamente en una “labor de bien social” como usted lo expresa (salvo en los casos de em ergencia o catástrofes nacionales), sino en colaborar al Supremo Gobierno en tareas tales como la de form ación de una conciencia de seguridad nacional y la prom oción de una actitud patriótica gen e­ ral; como en las destinadas a cim entar las bases económ ico-defensi­ vas del país y a racionalizar su dispersión; como en las de contraloría de las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica del país; como en las de incorporación a la economía nacional de territorios fronterizos no consolidados, o bien en desarrollar una acción cívica específica, como la que realiza el Ejército en la form ación de tracto­ ristas, verdadero “cuello de botella ” nacional, para la extensión del área cultivable. Lo importante es cautelar que ninguna tarea de participación

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am engüe la capacidad operativa de los cuerpos armados. Para finalizar este capítulo conviene apuntar ya -aunque el tema será desarrollado más adelante- que no fueron pocos los oficiales que se incorporaron a la gestión de gobierno en áreas predominantemente técnicas: incluso el propio general Prats y otros altos oficiales ingresaron al gabinete de Salvador Allende en 1972. Esta dimensión relativa a la incorporación de un número respetable de oficiales a la gestión pública cons­ tituye otra faceta del apoyo militar al desarrollo.

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Capítulo 4 EL OJO DE LA T O R M E N T A

A comienzos de enero del año 1972, el general Prats se reu­ nió con todos los directores de escuelas y comandantes de unidades para orientarlos sobre la situación y materias de de­ sarrollo institucional y sobre la política de mando a ejecutar ante los avatares políticos que se evidenciaban en las presio­ nes de la ultraderecha e infiltraciones de la ultraizquierda. Puso énfasis, como era ya habitual, en el ejercicio de la verti­ calidad del mando y en la necesidad de la total marginación de los militares respecto de las preocupaciones políticas. En esta línea volvió a insistir en cuatro ideas fundamenta­ les, que sintetizó así: 1. En el actual Estado de Derecho chileno, nuestro Ejército res­ peta la norm a de la subordinación del poder m ilitar al control civil; es leal al gobierno legítim am ente constituido y lo respalda. 2. No le com pete a l Ejército calificar las situaciones conflictivas que surgen en el líbre ju eg o de una democracia constitucional, regi­ da p or los tres poderes del Estado. 3. Rechazamos todo conato de intromisión política en nuestras filas; p or lo tanto, tampoco deliberamos ni nos pronunciamos en los asuntos de política contingente. 4. La unidad y cohesión del Ejército es vital para su propia su­ pervivencia como cuerpo armado; el fa ctor fundam ental de ella es el ejercicio invariable del profesionalismo apolítico.8 8. Prats (1996), p. 240.

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Sucedía que las aguas habían comenzado a encresparse. La acción de gobierno de la Unidad Popular había tenido tiem­ po ya como para mostrar de lo que era capaz, con la naciona­ lización del cobre y la puesta en marcha de la reforma agra­ ria, entre otras iniciativas. La oposición política endurecía sus posiciones y sus propósitos. Las elecciones de renovación le­ gislativa que debían realizarse a comienzos de marzo del si­ guiente año se encontraban ya próximas, y aquélla empezaba a fantasear con un triunfo lo suficientemente holgado como para abrir la posibilidad de una deposición legal de Salvador Allende. En las filas militares la nunca desaparecida opción inclinada a la “acción trastocadora”, como la había denomina­ do con sutileza Prats, cobraba nuevos bríos. Y la agitación so­ cial de corte reaccionario, por su parte, también iba en cami­ no de sentar sus reales. El desabastecimiento de productos de consumo inmediato se hacía sentir desde mediados del año anterior, y contribuía a la formación de un clima político en­ rarecido y tenso. Cabe mencionar, asimismo, que la situación económica general del país había desmejorado sensiblemente. En agosto de 1972 se constituyó la Confederación Demo­ crática (CODE), en la que se asociaron la Democracia Cris­ tiana y el Partido Nacional, para enfrentar a la Unidad Popu­ lar. La DC y el centro-derecha integraron así una alianza electoral que esperaban les posibilitase un triunfo amplio en las elecciones legislativas de marzo de 1973. Repetían el mo­ delo de convergencia que habían ensayado con éxito en las elecciones presidenciales de 1964. La situación política, por lo tanto, tendía a polarizarse en un sentido semejante al que se observaba en las calles, en los medios y en las diversas for­ mas de expresión de la protesta social. Un mes después, el alto mando militar dispuso el pase a retiro del general Alfredo Canales, acusado de conspiración contra el gobierno: la otra punta de la pinza desestabilizadora comenzaba a mostrarse. La prensa de derecha, lanzada ya a una campaña de desprestigio contra las principales figuras

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del gobierno, embistió contra el general Prats. Uno de los puntales de esta operación fue la periodista María Eugenia Oyarzún, del diario La Segunda y miembro del Colegio de Periodistas, quien acusó con dureza al Comandante en Jefe del Ejército de actuar de manera inequitativa y parcial en el manejo de la institución bajo su mando. Prats le respondió del siguiente modo, en una carta pública dirigida a dicha gre­ mial profesional: [...] p or las Fuerzas Armadas los hombres pasan. Lo que impor­ ta es la inmaculada supervivencia de instituciones que son baluarte de la soberanía y de los intereses perm anentes de la Nación. Para este solo fin , el Estado y su pueblo entregan arm as a la fu erz a p ú ­ blica; por lo que es ilícito usar el poder m ilitar para atentar contra la integridad misma de la comunidad nacional y contra su sistema de vida democrático. Cuando se pone en m archa todo un aparato sicológico-publicitario, con el propósito de hacer dudar a la opinión pública respecto a la legitim idad o sentido de equidad de las actuaciones o resoluciones de un Comandante en J e fe , se puede presum ir que se pretende -tam bién ingenua o m aliciosam ente- prom over la tibieza o el que­ brantamiento de la disciplina institucional. Ello no se logrará, porque el Ejército tiene plena conciencia de su rol constitucional, y porque los hombres de arm as entendemos m eridianam ente que desarticular o desmoronar la verticalidad del mando arrastraría al país a una es­ calada de violencia de siniestras proyecciones para el destino nacio­ nal. Los soldados no com eterem os el crim en de lesa patria de adop­ tar iniciativas espurias, que nos conduzcan a empapar nuestras arm as y uniform es con la sangre de m iles de compatriotas. Una vez más el general respondió con apego a la doctrina constitucionalista que sustentaba, sin dejar de señalar, de ma­ nera discreta, que se había puesto en marcha una operación de deslegitimación. El 9 de octubre se desencadenó un paro de camioneros,

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impulsado por la Confederación Nacional del Transporte, que se estableció por tiempo indefinido y se extendió hasta el 5 de noviembre. Fue un hecho que por su amplitud y extensión conmocionó a la sociedad y representó un fuerte desafío para el gobierno de la Unidad Popular. Hacia comienzos de no­ viembre el presidente Allende, preocupado por el cariz que había tomado el conflicto, decidió incorporar a su gabinete a tres altos jefes militares y a dos dirigentes de la Central Unica de Trabajadores (CUT), con el objeto de retomar control sobre la situación. Fue así que el 2 de noviembre de 1972 asu­ mieron el general Prats como ministro del Interior, el gene­ ral de Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda como ministro de Minas y el contralmirante Ismael Huerta como ministro de Obras Públicas. La jugada intentada por Allende surtió un efecto positivo, pues antes de terminar la primera semana de noviembre, la huelga fue levantada. El general Prats tuvo un destacado papel en la resolución del largo conflicto. Mantu­ vo entrevistas, escuchó, propuso, comprendió y actuó. Todo lo cual le significaría ocupar definitivamente el centro de atención de la crítica de la derecha y su figura se identificó, cada vez más, como el obstáculo fundamental para que los sectores desestabilizadores y golpistas, tanto civiles como mi­ litares, pudieran avanzar en una conspiración abierta y deci­ dida. Desde ese momento esa crítica no le dio tregua: buscó el aniquilamiento de su imagen y trabajó para desacreditar y deslegitimar su mando al interior de la institución militar con miras a producir un efecto removedor que precipitase su re­ tiro como Comandante en Jefe. A principios de ese turbulento noviembre, se trenzó tam­ bién en un debate público con el entonces senador democratacristiano Patricio Aylwin, quien en un artículo publicado en el diario El M ercurio había hecho una interpretación de la doctrina Schneider que no era similar a la acepción que le había dado el general Prats. Aylwin incluso acusaba a las Fuer­ zas Armadas de haberse hecho cómplices de las ilegalidades

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del gobierno. Fue más que evidente, a esa altura, que la De­ mocracia Cristiana había cruzado el Rubicón de la desestabi­ lización. Prats le respondió mediante una carta publicada en el mismo diario, el 5 de noviembre, en la que decía: [...] a pa rtir de 1969y en especial el año 1910 -du rante la cam ­ paña presidencial y en el lapso de 40 días que m edió entre la elec­ ción misma y su ratificación p or el Honorable Congreso N acionalel país vivió días m uy críticos para la estabilidad democrática. Las presiones políticas amenazaban con derrum bar los muros del com ­ partim iento estanco en que, durante muchos años, había vivido su­ m ergido el Ejército, y fu e necesario que el Comandante en J e fe del Ejército, G eneral Schneider.; ratificara con decisión, ante el país, el pensam iento institucional, enfatizando conceptos como los expresa­ m ente mencionados p or el H. Senador Aylwin. Así llegó, vivida­ mente, al plano cívico la comentada “Doctrina Schneider ”. Aunque el Ejército está, en principio, de acuerdo con la descrip­ ción que hace el señor Aylwin del contenido de la Doctrina Schnei­ der, discrepa de los m atices interpretativos que él form u la y estima indispensable hacer claridad al respecto, tanto para una m ejor in­ form ación a la opinión pública en resguardo del prestigio del cuerpo armado, como para que en el seno de la Institución no se introduz­ can elem entos de perturbación o tibieza, en el cumplimiento de su misión perm anente en resguardo del alto interés patrio. En lo fundam ental, se trata de la interpretación del concepto de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, en un Estado de Derecho. En lo literal, así lo entiende el m ilitar chileno, en fu n ­ ción de que las Instituciones Alomadas “son profesionales, jera rq u i­ zadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes” (nuevo artículo 22 de la Constitución). El texto no se priva de hacer una referencia velada a la de­ sestabilización, cuando recuerda las elecciones presidenciales de 1970 y la incertidumbre extendida por cuarenta días, hasta la ratificación de Allende por el Congreso. Reconoce coinci­

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dencias con la interpretación efectuada por Aylwin, pero se­ ñala que existen diferencias de matices. En otro párrafo, asen­ taba en forma clara la relación que a su juicio debía existir entre la fuerza pública, el Estado de Derecho y el gobierno legítimo y soltaba, luego, una andanada crítica. Decía: M ientras subsista el Estado de D erecho, la fu erz a piíblica debe respetar la Constitución, y no compete a ella calificar “a p rio ri” si los poderes del Estado la respetan o la infringen; hacerlo, em plean­ do el poder de la fu erz a , para afirm ar su opinión o sustituir a los órganos constitucionalm ente llamados a decidir controversias, signi­ fica ría paradojalm ente, “echarse la Constitución a l b o ls illo E n cambio, es claro que la fu erz a pública es el instrum ento legítim o que el Presidente de la República puede em plear para hacer que respe­ ten la Constitución quienes atenten contra el orden público, y a sea m ediante actos sediciosos o subversivos o buscando coercitivam ente la paralización del país. [...] No debe quedar duda respecto a que nos empeñamos en ser dignos de la tradición doctrinaria institucional, que tan altiva y lim piam ente reafirm ara el G eneral Schneider. Anhelamos, sí' la comprensión ciudadana, especialmente la de los representantes del pueblo, ante la delicada situación a que nos enfrenta la gra ve esci­ sión que se desea prom over en el seno de la comunidad nacional. Esta sólida visión encuentra una escueta pero clarificante expresión en la imagen de no “echarse la Constitución a l bolsi­ l l o El meollo de su crítica que, en rigor, estaba muy lejos de ser una mera diferencia de matices, radicaba en que no era admisible que las instituciones militares calificaran la acción de los poderes públicos. Menos todavía lo era que, para ha­ cerlo, recurrieran al poder de la fuerza de que disponían. Su impecable argumentación reiteraba un coherente punto de vista que ya había expuesto en ocasiones anteriores. El senador democratacristiano Renán Fuentealba también se sumó a esta discusión, que desde el costado partidario había

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tomado ya visos de hostigamiento. Prats le respondió sin cor­ tapisas, según relata en sus Memorias-. [...] no m e dejaré arrastrar a la lucha partidista, ni dentro ni fu era del gobierno, porque como Comandante en J e fe del Ejército estoy colaborando lealm ente con el J e fe del Estado, en un m omento especial del devenir nacional, que requiere de definiciones trascen­ dentes para el interés patrio y sólo con él y con m i institución tengo el compromiso.9 Estas mismas preocupaciones fundamentales, expresadas frente a la sistemática insistencia de la oposición política al gobierno popular por demostrar la ilegalidad del proceso en curso y por lo tanto buscar el rompimiento de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones castrenses -que a la larga fueron el factor clave para la intervención golpista de las Fuerzas Armadas- fueron nuevamente destacadas en su carta de renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército, un testimonio escrito que ya ha sido mencionado. En la coyuntura del paro de los camioneros a Prats le tocó trabajar en forma muy directa con organizaciones sociales po­ pulares y con líderes sindicales con los cuales tuvo que interactuar. Se formó una opinión muy sólida sobre el papel de­ sempeñado por éstos, que dejó expresada en una entrevista publicada por la revista Chile Hoy, el 10 de noviembre: El desanrollo del m ovim iento de masas es legítim o en la dinám i­ ca del mundo actual, encauzado en la legalidad que le es consustan­ cial. Los líderes populares chilenos comprenden por otra parte que el Ejército no está al servicio de estamentos sociales específicos, sino en custodia de los intereses perm anentes de la Patria. Ante una pregunta referida a la nueva composición del ga9. Prats (1996), p. 111.

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bínete, que incluía a miembros de las Fuerzas Armadas y lí­ deres sindicales de la CUT, respondió: Es una solución m uy adecuada a las circunstancias políticas del momento. Los trabajadores del país han dado un ejemplo de gran responsabilidad cívica durante el desarrollo del m ovim iento de paros y su conciencia social de sentido del orden y de afán productor m ere­ ce el respeto de la esfera militar. El Ejército no tiene complejos cla­ sistas; sus cuadros reflejan la realidad social de Chile, porque son ex­ traídos proporcionalm ente de los distintos niveles de la comunidad nacional. Consciente de la significación del paso que había dado, se afanó por explicar su doble papel de ministro y de Comandan­ te en Jefe, y fue capaz de sintetizar en buena forma el papel que las Fuerzas Armadas tendrían en esa nueva fase. En la misma entrevista que se viene reseñando, lo expresó de la si­ guiente forma: Se trata de colaborar con el Gobierno en la tarea que se ha im ­ puesto de asegurar la paz social, gravem ente amenazada p or las dra­ máticas proyecciones del m ovim iento de paros, y de contribuir a que el proceso electoral que culmina en marzo próximo se realice dentro de las más amplias garantías para todos los sectores de opinión. Y ante una pregunta sobre las acciones concretas que se proponía realizar para cumplir el objetivo de su presencia en el gabinete, el general Carlos Prats respondió: Aplicar con autoridad y sin discriminación las norm as legales v i­ gen tes, de modo que todos los sectores reafirm en su convicción y con­ fian za de que los cambios estructurales se realizarán dentro de una efectiva vigencia dem ocrática, como lo propugna el program a del Gobierno.

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Sin aflojar la presión política que se desató al calor del paro de octubre y poniendo en la mira el rol gubernamental que le tocó asumir al general Prats al ser nombrado ministro del In­ terior -en cuya calidad le correspondió asumir incluso, tem­ porariamente, la Vicepresidencia de la República- el ímpetu derechista pasó a concentrarse en la existencia de grupos paramilitares de izquierda y en los desbordes al Estado de De­ recho que a veces se producían, reclamando un papel más ac­ tivo y efectivo de las Fuerzas Armadas. Claramente, se vivían momentos de alta tensión política -hasta ese entonces, los más álgidos desde el inicio del gobierno de la Unidad Popu­ lar- y la figura del general Prats asomaba en toda su dimen­ sión como muro de contención frente a los sectores desesta­ bilizadores y golpistas. Nuevamente, durante una entrevista concedida a la revista derechista Ercilla del 10 de diciembre, insistió con vehemen­ cia en el papel constitucional de las Fuerzas Armadas e hizo una descripción dramática, pero absolutamente preclara de lo que sería una intervención militar. Expresaba su visión de este modo: Hay algunos chilenos, no muchos p or suerte, que piensan que las soluciones deben ser de fuerza. Ya les dije que cada país tiene sus propias características. En Chile, ésa es una solución sin destino. ¿A qué conduciría? A una dictadura. Tendría que ser implacablemen­ te represiva. Para ello, las Fuerzas Armadas tendrían que trans­ form arse en una policía especializada y refinada y significaría con­ vertir al pueblo en tupamaros. A la semana siguiente de los aplau­ sos al dictador.; los políticos de los bandos más encontrados estarían unidos, gritando “¡G orilas!”, y pidiendo elecciones. Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos m ueven efectivam ente a las masas. No. No­ sotros los m ilitares no acariciamos la idea de reem plazar al poder civil, ni es nuestra misión.

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Superada la crisis suscitada por el paro de los camioneros y no obstante algunos chispazos posteriores, parecía que se abría un espacio para el diálogo y el aplacamiento de la vio­ lencia, amparado en el hecho de la existencia de ese gabinete mixto conformado por políticos de la Unidad Popular y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero el tiempo demostró que no fue más que un pequeño lapso. La pugna iba a retornar prontamente con más violen­ cia y más intolerancia, particularmente atizada por la contien­ da política que se acercaba con las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que ambos sectores cifraban espe­ ranzas de resolver el conflicto. Para los partidarios de la opo­ sición al gobierno popular, la meta era obtener una victoria que le permitiera conquistar dos tercios de las bancas parla­ mentarias y abrir así el camino que le posibilitase acusar cons­ titucionalmente al presidente Allende y desplazarlo del poder. Era una vía técnicamente legal, un poco más prolija que el golpe militar. Por otra parte, las fuerzas políticas y sociales adherentes al proyecto socialista apuntaban, como variante de máxima, a alcanzar una victoria que se cruzase en el camino de las intenciones golpistas y reafirmase al gobierno. Y como variante de mínima, lograr un buen resultado que bloqueara la maniobra de la derecha y la DC. Los meses de enero y febrero se dedicaron de lleno a la campaña electoral y el estío meridional terminó convertido en un caliente verano político. Entre las múltiples activida­ des, manifestaciones e iniciativas que jalonaron dicha campa­ ña, merece señalarse que Pablo Neruda -quien había recibi­ do el Premio Nobel de Literatura en 1971- publicó un texto poético de clara intención política que tituló Incitación al Nixocidio y Alabanza de la Revolución Chilena. En las elecciones del 4 de marzo debían renovarse los 150 diputados que componían esa Cámara, y la mitad de los se­ nadores, es decir, 25. El resultado fue una mixtura. Si bien los partidos opositores reunidos en la coalición CODE

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(Confederación Democrática) obtuvieron una victoria al al­ zarse con el 56,61% de los votos, no les alcanzó para obtener las mayorías necesarias requeridas en los quorums parlamen­ tarios para su opción legalista. En el campo oficialista, los re­ sultados parlamentarios se asumieron también como una vic­ toria al obtener el 43,85% de los sufragios, lo que impactó por ser un incremento de 7 puntos porcentuales en relación a lo obtenido en la anterior elección presidencial, lo que le significó también una mayor presencia en ambas cámaras del Congreso. El resultado electoral fue un duro golpe a las posturas desestabilizadoras, porque aún con toda la campaña opositora desplegada y los problemas de abastecimiento y crisis econó­ mica que padecía el país, el apoyo de los sectores populares al proyecto de la Unidad Popular no sólo se mantenía, sino que alcanzaba también a más y nuevos sectores. Significó, sin em­ bargo, el momento de inflexión en la lucha política, porque se cerró la puerta para una acción legal que facilitara la des­ titución de Allende y se abrió definitivamente el camino de la interrupción violenta, como la única opción viable para la co­ alición centro-derechista, cada vez más empecinada y viru­ lenta. Luego de la elección de marzo, los ministros militares abandonaron el gabinete y pasaron a desempeñar de nuevo, exclusivamente, sus puestos de comando castrenses. En el mismo mes, la Unidad Popular anunció la puesta en marcha de la Escuela Nacional Unificada (ENU), un proyecto de re­ forma educativa que había formado parte de su programa electoral de 1970. Fue inmediatamente rechazado por la De­ mocracia Cristiana y por la derecha, e incluso por la Cámara de Diputados. Es que, en rigor, los comicios de marzo nada habían cambiado. Con el telón de fondo de los resultados electorales recien­ tes, el 14 de abril el general Prats se reunió con los oficiales de la Guarnición de Santiago en la Escuela Militar, donde re­

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alizo una exposición dedicada a examinar la situación de co­ yuntura nacional, que fue recibida con un ambiente tenso. Entre otras cosas dijo, reafirmando sus concepciones y su compromiso: La línea de conducta profesional es considerar que el Ejército es una reserva potencial, como fa ctor de poder.; para garantizar la su­ pervivencia de la Nación. La lucha política deben hacerla - y hay qtie dejar hacerla- a los otros grupos tradicionales, visibles y nuevos. Esta carrera m e lo ha dado todo: Comandante en J e fe del Ejér­ cito, M inistro del Interior.; Vicepresidente de la República. No tengo ambiciones. Si aún estoy aquí es porque estoy consciente de la nece­ sidad de llevar a la Institución p or la senda de la pureza. Contra aquellos que se salgan de la línea actuaré con sacrificio de m i vida; no tengo temor. Otro momento complejo que le tocó enfrentar al general Prats, se desencadenó el día 29 de junio de 1973, cuando se alzó contra el gobierno el Batallón Blindado N° 2, en la ciu­ dad de Santiago, comandado por el coronel Soupper. Para ese tiempo, las fuerzas conspiradoras, tanto civiles como milita­ res, habían desechado ya cualquier salida institucional debido a que las elecciones legislativas recientes habían obturado la alternativa del desplazamiento legal de Allende. En este inci­ dente de tono mayor se revelaron algunas de las personalida­ des militares que jugarían roles muy importantes a medida que se profundizaba la crisis. Mostraron por anticipado que la lealtad con el Comandante en Jefe y con el gobierno consti­ tucional tenía fisuras, y que desde las sombras había mandos que conspiraban subrepticiamente. El general Prats asumió personalmente la contención de la insubordinación. Le ordenó al general Pickering que mantu­ viera alertas a las unidades de Institutos Militares bajo su mando, y aprobó las medidas que ya había tomado el general

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Mario Sepúlveda de movilizar al Regimiento Tacna, que esta­ ba bajo su comando y de dirigirlo hacia la toma del cuartel del Batallón Blindado. Al general Urbina lo instruyó para que mantuviera el contacto con las unidades del resto del país. Mientras todo esto sucedía, el general Prats se dirigió hacia el Regimiento Tacna donde comprobó que los movi­ mientos por él ordenados se estaban cumpliendo. Decidió, entonces, acudir a la Escuela de Suboficiales pues allí su di­ rector, el coronel Julio Canessa, parecía carecer de convicción y se mostraba vacilante ante la orden de atacar a los insubor­ dinados. Esta conducta obligó a que el propio Prats se diri­ giera a la oficialidad de esa unidad, le ordenara dar cumpli­ miento a lo dispuesto y se pusiera a la cabeza de la operación. A partir de las 10:30 de la mañana la unidad comenzó su des­ pliegue hacia el centro de la ciudad. Allí se encontraban ya ubicadas las tropas encabezadas por el general Pickering, a las que posteriormente se agregaron las que encabezaba el gene­ ral Augusto Pinochet, con el Regimiento Buin. Extrañamen­ te era el único de los generales que se encontraba en tenida de combate. El general Prats, acompañado de cuatro oficiales, encaró a uno de los blindados sublevados intimándole la rendición; a la postre, esta unidad fue desarmada por una audaz acción del mayor Osvaldo Zavala. También se exigió la rendición de los tanques ubicados al sur de La Moneda, iniciándose la huida de algunos de ellos, los que posteriormente fueron reducidos en su propio cuartel y se rindieron ante el general Sepúlveda. Esta intentona, al fin fallida, puso de manifiesto que había una clara relación entre varios oficiales jóvenes y el grupo de ultraderecha Patria y Libertad que había estado detrás de la conspiración. En este escenario donde abundaban las acciones para de­ sestabilizar el gobierno y generar el caos que permitieran abrir condiciones para el golpe, el general Prats insistía en se­ guir trabajando incansablemente por encontrar una salida a la

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situación. Con esta intención propuso una fórmula de “tregua política”, que consistía en efectuar algunas concesiones pro­ gramáticas, con el objetivo de desembarcar a la Democracia Cristiana de la sedición, lo que implicaba practicar algunas modificaciones al plan de acción económica en curso, en pro­ cura de alcanzar alguna eficacia en ese terreno. Incluía, asi­ mismo, la constitución de un Gabinete de Administración que contara con la participación de las Fuerzas Armadas. Este planteamiento fue consensuado por Prats con los ge­ nerales de su mayor confianza como eran Urbina, Pickering y Sepúlveda. También se le dio participación a Augusto Pinochet, que por entonces se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor del Ejército. Con el acuerdo ya cerrado con su entor­ no, le presentó su propuesta al presidente Allende, y a los mi­ nistros Fernando Flores y Clodomiro Almeyda, los que mos­ traron su conformidad. Merced al respaldo político que obtuvo, el general Prats consiguió, incluso, una posición colectiva de su Alto Mando, generando así una maniobra que puso un obstáculo a los sec­ tores sediciosos y significó una atadura de manos momentá­ nea en la búsqueda de la excusa golpista. De este modo, se abría una brecha para intentar plasmar un acuerdo nacional que mantuviera a las Fuerzas Armadas como un factor de poder al margen del escenario político. Pero sin embargo, a pesar del estrecho espacio de maniobra que le iba quedando a la Unidad Popular, no existía piso político para tal plantea­ miento en el seno de esa coalición, y por lo tanto la propues­ ta no fue aceptada. Esto condujo a una segunda alternativa que consistía en la formación de un nuevo gabinete, al que se incorporaría a miembros de las Fuerzas Armadas. El 9 de agosto Prats aceptó una nueva nominación para ocupar un cargo ministerial, esta vez en la cartera de Defen­ sa, en el marco de ese nuevo intento conocido como “Gabi­ nete de la Seguridad Nacional”. Durante este breve período ejecutivo, sufrió uno de los actos más bochornosos de su ca­

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rrera profesional: la manifestación del día 21 de agosto pro­ tagonizada por las esposas de generales y oficiales frente a su casa, oportunidad en la que hicieron entrega de una carta en la que se manifestaban las inquietudes de sus maridos y la pre­ ocupación por el descalabro del país, que afecta también a la institución militar. Del cuerpo de generales de la época, sólo Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering se mantuvieron fieles a Prats y a las di­ rectrices doctrinarias de la institución fijadas por éste, trans­ formándose los tres en una verdadera muralla frente a los que se habían sumado a la lógica golpista. En comentarios posteriores dados a la prensa, el general Mario Sepúlveda expresó: Prats se esforzó hasta el último m inuto p or defender su institu­ ción. No tenía ninguna aspiración política. Si la hubiese tenido, po­ dría haber dado diez golpes durante 1973 [...] él luchó p or su Ejér­ cito hasta el final. El 23 de agosto de 1973 considerando ya agotadas sus po­ sibilidades, presentó su renuncia a los dos cargos que osten­ taba en ese momento: el de ministro de Defensa y el de Co­ mandante en Jefe del Ejército. En esta última posición fue re­ emplazado por el general Augusto Pinochet. A la luz de los acontecimientos referidos parecería que la tarea desarrollada por el general Prats no produjo los resulta­ dos esperados, pues la mayoría de los uniformados fue final­ mente atrapada por la variante golpista. Cabe sostener, sin embargo, por un lado, que fue un puntal en el sostén de la Unidad Popular en el gobierno. Por otro, es posible recono­ cer en diversos comportamientos y episodios que lo demues­ tran, huellas de compromiso y sensibilidad social que pauta­ ron la relación de un sector de los militares con el proceso de gobierno de la Unidad Popular, así como la aproximación a una reflexión doctrinaria que puso el acento sobre los desafí­

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os de una seguridad nacional capaz de amalgamarse con las necesidades de crecimiento y desarrollo abordadas con un sentido popular y progresista. Este compromiso del general Prats y de muchos de sus co­ laboradores a nivel de oficialidad y suboficialidad, no requi­ rió de ellos una adscripción partidista ni les exigió dejar de sentirse identificados con sus respectivas instituciones cas­ trenses y con la exigencia profesional correspondiente. Esto habla de la existencia de una posibilidad cierta de articular una relación entre Fuerzas Armadas y gobierno progresista que se basara en el ordenamiento jurídico y político de una democracia participativa y representativa, y tuviera en cuen­ ta los objetivos de desarrollo y bienestar de la nación. Poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, el general Prats abandonó Santiago para trasladarse a Buenos Aires, ciudad en la que se radicó con la intención de comenzar una nueva vida, a pesar de los dolores que le pro­ vocaba la situación chilena. Un acto más de la barbarie que él mismo predijo que se instalaría en Chile si las Fuerzas Arma­ das eran arrastradas al golpismo, lo alcanzó repentinamente. Fue asesinado por una acción terrorista perpetrada por un co­ mando integrado, entre otros, por miembros de su propia institución, el día 30 de septiembre de 1974, en esa ciudad de Buenos Aires a la que había llegado en busca de refugio. Este condenable hecho inició una experiencia negra en materia de terrorismo internacional ejercido contra líderes de la Unidad Popular y políticos demócratas que se habían opuesto al golpe de septiembre de 1973. En Argentina y Chile se llevaron a cabo largos procesos ju­ diciales que permitieron aclarar quiénes habían tenido una participación directa como autores materiales, y quiénes ha­ bían diseñado y coordinado esta misión. En Chile fueron de­ clarados culpables el general Manuel Contreras y el coronel Pedro Espinoza en calidad de autores, como jefes de la aso­ ciación ilícita. Los generales Raúl Iturriaga y José Zara fue­

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ron hallados culpables en calidad de autores, como miembros de la asociación ilícita. A estos se sumaban los oficiales Juan Morales y Christoph W illike, el agente Reginaldo Valdés y la civil Mariana Callejas. En Argentina fue condenado a cadena perpetua el civil Enrique Arancibia Clavel, quien estuvo vin­ culado en Chile a la organización terrorista de ultraderecha Patria y Libertad en tiempos de la Unidad Popular, y que en ese año de 1973 trabajaba en el departamento exterior de la DINA, la Dirección de Inteligencia creada por el régimen pinochetista. En Estados Unidos fue condenado el ciudadano estadounidense Michael Townley, acusado de haber colocado el artefacto explosivo que segó la vida del general Prats. En ocasión de su renuncia a los cargos de Comandante en Jefe del Ejército y ministro de Defensa, Salvador Allende le envió una carta de reconocimiento por su labor institucional y por su desempeño en las tareas de gobierno que le tocó acometer. Las palabras del Presidente de la República son una bri­ llante síntesis del legado del general Prats. Con fecha 25 de agosto de 1973, le transmitió lo siguiente: Expreso, una vez más, el reconocimiento del gobierno p or su va ­ liosa actuación como Vicepresidente de la República, M inistro del Interior y de la Defensa Nacional. Su invariable resguardo del pro­ fesionalism o m ilitar estuvo siem pre acorde con el desempeño de esas difíciles responsabilidades, porque com prendió que, al m argen de contingencias de la política partidista, ellas están ligadas a las gra n ­ des tareas de la seguridad del país. El encauzamiento del Ejército dentro de las funciones que le de­ term inan la Constitución y las leyes, su respeto al gobierno legítim am ente constituido fu eron reafirm ados durante su gestión, de acuerdo con una conducta que ha sido tradicional en nuestra Na­ ción, la que alcanzó especial relevancia fren te a los incesantes es­ fu erzos desplegados p or aquellos que pretenden quebrantar el régi­ m en vigen te y que se em peñan, con afán bastardo, en convertir a los

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Institutos Armados en un instrum ento para sus fines, despreciando su intrínseca form ación. A usted le correspondió asum ir la Comandancia en J e fe del Ejér­ cito en m om entos difíciles paira esa Institución y , por lo tanto, para Chile; sucedió en el Alto Mando a otro soldado ejemplar.; sacrificado por su riguroso respeto a la tradición constitucionalista y profesional de las Fuerzas Armadas. El nombre de ese G eneral, don R ené Schneider Chereau, trascendió nuestras fronteras, como símbolo de la m adurez de Chile, y reafirm ó el sentido o 'higginiano impreso en el Acta de nuestra Independencia y que consagra el derecho soberano de nuestro pueblo para darse el gobierno que estime conveniente. [...] Por eso, su gesto significa una lección m oral que lo m anten­ drá como una m eritoria reserva ciudadana, es decir.; como un cola­ borador de la Patria con el cual estoy seguro ella contará cuando las circunstancias se lo dem anden.10 Pocos días antes de ser asesinado en Buenos Aires, el gene­ ral Prats terminó de escribir sus M em orias, que constituyen un legado indispensable para las generaciones militares que vinieron después. Al día de hoy continúan siendo tanto un claro testimonio de su inclaudicable convicción republicana, como una profunda reflexión sobre el rol que los militares deben desempeñar en una sociedad democrática. Con la ex­ periencia cosechada a lo largo de toda una vida dedicada a la institución militar, jalonada por el desempeño de las más altas funciones institucionales y la adquirida en los altísimos cargos gubernamentales que le tocó asimismo ocupar, y contra el telón de fondo del horror desencadenado por el golpe militar pinochetista, logra sintetizar un clarividente panorama acer­ ca de los problemas que sobrevendrían y deberían ser enfren­ tados por las instituciones castrenses ilegítima y brutalmente empeñadas en un conflicto interno. Es capaz de imaginar, con una asombrosa capacidad para anticipar el futuro, los proble­ 10. Prats (1996), p. 111.

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mas y dificultades que se les iban a presentar a las institucio­ nes que se comprometieron con la violencia trastocadora -según la expresión que utilizara en el sepelio del general Schneider, como se ha visto- cuando, el paso del tiempo, marcase el arribo de lo que él llama una “democracia avanza­ da”. A esta reflexión le dedica el siguiente corolario de sus Memorias-. Cuando se instaure en Chile la nueva “democracia avanzada” uno de los más importantes problem as institucionales que surgirán será el de la recuperación del prestigio y de la eficiencia profesional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El prestigio de los cuerpos armados estará gravem ente deteriora­ do p or un masivo sentim iento de odiosidad y desprecio que despena­ rá el recuerdo de las atrocidades y arbitrariedades en que incurrie­ ron las tropas durante la etapa represiva. El odio cerval, en muchos casos, incitará a actos de venganza y vejám enes constantes a los miem bros de las distintas instituciones. Más difícil aún es la solución del problema de recuperar la efi­ ciencia profesional de los Institutos Armados, que no debe confun­ dirse con el espíritu combativo. Si bien pudiera estimarse que la participación prolongada de fracciones armadas en una situación de mantención del orden interno m ediante la exacerbación de los pro­ cedimientos represivos -aunque estos repugnen a la conciencia hu­ mana especialmente si se ejercitan en contra de com patriotas- pudo vigorizar y endurecer el espíritu de combate del soldado, m arino, aviador y carabinero, aquel tipo de empleo de los efectivos m ilitares es científicam ente negativo para el m antenim iento de la capacita­ ción operativa perm anente que requieren en particular las Fuerzas Armadas, para cum plir su rol esencial en la defensa de la soberanía nacional. La eficiencia profesional requiere de una escuela sistematizada y en perm anente renovación. Necesita de form ación estratégica, ope­ rativa y táctica, que exige una absorta dedicación al estudio y apli­ cación de complejas m aterias técnico-profesionales p or parte de los

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distintos niveles jerárquicos. Ello impone una total m arginación de las Instituciones Armadas de las contingencias internas de la vida del país y , fundam entalm ente, no adm ite improvisaciones.11 Más adelante continúa su reflexión en torno de cuáles de­ berían ser las relaciones entre las instituciones castrenses, sus funciones estatales y la estructura político-gubernamental. Mantiene y profundiza su concepción basada en la subordina­ ción y la prescindencia partidista, pero su pensamiento alcan­ za un vuelo extraordinario por su capacidad de previsión y de anticipación, sobre todo si se considera que escribe en el año 1973. Dice el general Prats: Desde luego, no se concibe la existencia, dentro de un Estado m o­ derno, de una fu erz a pública que no sea esencialm ente profesional. Lo contrario es im aginar una fu erz a param ilitar como guardia pretoriana del gobierno de turno, destinada a sostenerlo en el poder, con prescindencia de los intereses perm anentes de la seguridad de la nación como cuerpo social. Sin em bargo, la posición “profesionalista” no debe entenderse como total indiferencia política, lo que significaría la ausencia de una m eta nacional. En tal sentido, el profesionalismo m ilitar debe identificarse con la prescindencia propiam ente partidista. En tales térm inos, la prem isa esencial para la vigencia del Esta­ do de Derecho consiste en que cada institución sea utilizada en su m arco fu ncion al apropiado y específico. La sujeción, de la fu erz a pública al poder civil excluye perento­ riam ente los sofismas de la presunta “autonom ía” del órgano de fu erz a respecto de los poderes constitucionales del Estado, para cons­ tituirse en el “súper contralor del interés nacional y de los altos des­ tinos de la Patria ”, sustituyendo la voluntad soberana del pueblo. No entender así el rol institucional de las Fuerzas Alomadas y 11. Prats (1996), p. 111.

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Carabineros, es n egar la esencia misma de la dem ocracia, en la que se “delega ” el quehacer nacional en autoridades representativas, /jero íé1 “usurpa ” i'z¿ 7tzzo72 ¿/e í'ét por la decisión emocional de caudillos del poder armado. Se requiere de una nueva concepción estructural de los cuerpos armados que, ju n to con dar satisfacción a la filosofía de la irrestric­ ta subordinación al Poder Constitucional, se aproxime orgánica­ m ente a las modalidades de empleo estratégico de fu erz as conjuntas, en la eventualidad de una agresión exterior.:12 Finalmente, en su modelo democrático, la conquista de un proyecto nacional democrático pasa invariablemente por la construcción de una mayoría efectiva, funcionando en un pleno Estado de Derecho, que dé garantías a todos los acto­ res políticos de participar en el juego institucional y donde las Fuerzas Armadas recuperen su papel y sus misiones en base a la compenetración con, precisamente, los intereses de las ma­ yorías populares. Anota en el párrafo final de sus Memorias-. Una vez que sus m iem bros tom en conciencia individual de la in­ cuestionable necesidad patriótica de una estrecha identificación de los Institutos Armados con los intereses del pueblo, que son comunes a la gran m ayoría nacional, y desplieguen en conjunto un sincero y supremo esfuerzo doctrinario verticalista para anteponer al egoísmo y a la pasión la divisa del honor y del espíritu militar, el gu errero podrá pasar a l reposo anímico y el sol de la convivencia cívica logra­ rá disipar la espesa niebla que cubre el cam pam ento.11.

12. Prats. (1985), p. 607. 13. Prats (1985), p. 610.

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Capítulo 5 O TRO S APO RTES Y CO M PR O M ISO S

La Armada siempre se caracterizó por ser la más conservado­ ra de las instituciones militares chilenas. Y aunque fue, como conjunto, reticente a apoyar el proyecto del gobierno popu­ lar, también vivió en forma muy profunda las contradicciones del momento político. Sin embargo, contó entre sus mandos con algunos oficiales que se apegaron a la doctrina constitu­ cional -que en el Ejército expresaron los generales Schneider y Prats- entre ellos la importante figura del Comandante en Jefe, almirante Raúl Montero Cornejo. Pero si entre los ofi­ ciales el constitucionalismo era escaso, tuvo en cambio en sus cuadros de suboficiales y gente de mar quizás al sector más numeroso y activo en lo referido a la participación en el pro­ ceso de reformas que se vivía. A tal punto, que previo al golpe de Estado de septiembre se encontraba ya un grado incipien­ te de organización entre ellos, que les permitió mantener con­ tactos con sectores políticos de izquierda. Sobre ellos, asimis­ mo, recayó la primera represión sistemática perpetrada por las fuerzas golpistas, que entre otras cosas significó el inicio de juicios en su contra, acusados por el delito de sedición.

Un marino constitiicionalista Raúl Montero Cornejo nació el 11 de abril de 1914 en la ciu­ dad de Santiago. Hizo su ingreso a la Escuela Naval Arturo

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Prat el 1 de mayo de 1929 y egresó en 1934. En 1970 fue nombrado por el presidente Salvador Allende como Coman­ dante en Jefe de la Armada, sucediendo al almirante Hugo Tirado; permaneció en su puesto hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando fue destituido por los oficiales golpistas encabe­ zados por el almirante José Toribio Merino. Entre el 9 y el 27 de agosto de 1973 fue ministro de Hacienda del gobierno po­ pular. En este cargo fue sucedido por el almirante Daniel Arellano. Sin ser una persona que compartiera los postulados políti­ cos de Salvador Allende, siempre mantuvo buenas relaciones con el gobierno y particularmente con el Presidente. Actuan­ do en base a su convicción republicana logró mantener la dis­ ciplina y subordinación de la Armada a las autoridades guber­ namentales, habiéndose opuesto siempre a las intentonas golpistas. En las semanas previas al golpe de septiembre, fue el único Comandante en Jefe que se mantuvo en una fuerte posición profesionalista, constitucionalista, ajena a la intervención y, por lo tanto, leal al presidente Allende, dado que ya había re­ nunciado Carlos Prats en el Ejército siendo sustituido por Augusto Pinochet, como se ha indicado precedentemente, y Gustavo Leigh estaba a cargo de la Fuerza Aérea. Por este motivo, en esos días clave previos al movimiento militar que terminó con el gobierno de la Unidad Popular se transformó en el blanco central de los ataques de la derecha política, de la prensa opositora y de los militares confabulados, tal como unos meses antes lo había sido el general Prats. El nombramiento de Montero como ministro de Hacienda había implicado que el golpista almirante Merino quedara de­ signado como Comandante Subrogante, lo que le facilitaba el contacto con las unidades y, por lo tanto, la actividad conspirativa. A pesar de esta circunstancia, en el Consejo Naval del 21 de agosto de 1973 Montero recibió opiniones discrepantes sobre su presencia en el gobierno y se lo incitó a renunciar.

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Consciente de qne su posición al frente de la fuerza no era muy sólida, Montero había ya presentado en más de una oportunidad su renuncia a Allende, con la sana intención de facilitarle las cosas. Pero había sido siempre rechazada por el Presidente, bajo el argumento de que todavía se lo necesitaba por un tiempo más; lo que en el caso de la última presenta­ ción de su renuncia coincidía con la iniciativa gubernamental en curso de llamar a un plebiscito para dirimir la encrucijada política. Finalmente, por propia sugerencia del almirante Montero, el presidente Allende realizó un cambio de gabinete el día 27 de agosto, reemplazándolo en la antedicha cartera por el al­ mirante Daniel Arellano, lo que le permitió volver a asumir la Comandancia, sacar a Merino de esta tarea y obstaculizarle la actividad conspirativa. Poco después, en sucesivas asambleas, los días 31 de agos­ to y 1 de septiembre los altos mandos golpistas junto a oficia­ les jefes e intermedios lo presionaron nuevamente para que renunciara, con el argumento de que carecía de la confianza de la mayoría de la oficialidad. Montero rechazó la presión y les recordó a los oficiales levantiscos que tanto su nombra­ miento como su remoción eran una facultad presidencial. Dentro del alto mando de la Marina sólo tres almirantes -e l ya mencionado Daniel Arellano, Hugo Cabezas y Hugo Poblete- apoyaban las posturas de su Comandante y denun­ ciaban abiertamente la conspiración existente. Por ejemplo, en una reunión del Consejo Naval realizada el 1 de septiem­ bre en presencia del ministro de Defensa, el almirante Poble­ te se refirió al movimiento conspirativo en marcha, de la si­ guiente manera: M ire M inistro, aquí lo que se está planteando es un acto de in­ subordinación inaceptable. Usted tiene la razón en lo que ha dicho. Yo quiero hablar con usted delante de todos los alm irantes, con la más absoluta franqueza. Dentro de la Armada se está alterando la

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disciplina, hay personas alrededor de esta mesa que están en una ac­ titud conspirativa.14 A pesar de esta denuncia tan directa, ninguno de los golpistas se dio por aludido, incluido el almirante Merino, quien afirmó que no le interesaba el cargo de Comandante en Jefe y que lo único que esperaba eran los próximos cuatro meses para poder pasar a retiro. Tras este episodio, una vez más el almirante Montero le ofreció su renuncia al presidente Allende, que fue rechazada apelando a la confianza en su gestión institucional. Aceptó continuar al mando para mantener a la Armada dentro de los cauces profesionales y de subordinación al poder legítimo re­ presentado en la figura presidencial. Quedó en esta situación hasta el día 11 de septiembre. Ese día quiso asistir bien tem­ prano a su oficina, pero no lo pudo hacer porque le habían re­ tirado su chofer. Recibió luego un llamado telefónico del al­ mirante Cabezas pidiéndole que no saliera de su casa. Hizo caso omiso de la sugerencia pero prontamente comprobó que su casa estaba rodeada de soldados en tenida de combate, que un helicóptero sobrevolaba el lugar y que en esas condiciones no podía abandonar el lugar. Se transformó así en el primer prisionero del golpe militar; secuestrado en su propia casa, se le impidió el ejercicio de su legítimo mando. Dos días después, el 13 de septiembre, una comisión con­ currió a su domicilio con el objeto de que materializara su re­ tiro del puesto de Comandante en Jefe. En esta ocasión infor­ mó de manera general sobre su actuación y sobre los planes de desarrollo institucional que había impulsado, e hizo entrega del dinero de fondos reservados de su competencia. Poco des­ pués partió a vivir en el exilio. En una entrevista realizada por la periodista Mónica Gon­

14. Magasich (2008), p. 247.

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zález en el año 1984, el almirante Montero declaró: Yo siempre he asumido mis responsabilidades. Amo la verdad y confío mucho en un ju ez infalible que es el tiempo. El cual siempre todo clarifica. ¡Siem pre! Tarda a veces, pero a todos les llega su hora... ¡Ya v erá !ls Como bien decía el almirante Montero, el tiempo clarifi­ ca. Lentamente se ha empezado a reivindicar a los hombres de armas que mantuvieron su juramento de lealtad, practica­ ron el respeto y la subordinación al poder constitucional, y que bajo distintas formas intentaron oponerse o evitar el éxito de las acciones desestabilizadoras, a pesar de las enormes fuer­ zas con que contaban los golpistas tanto en Chile como en el extranjero, y del apoyo con que alcanzaron tanto entre los mi­ litares como entre las élites políticas. Junto a las grandes figuras de Schneider, Prats y Montero como emblemas de la postura constitucionalista y no delibe­ rante de las Fuerzas Armadas, también logró adquirir un pro­ tagonismo otro grupo de oficiales y suboficiales que se carac­ terizaron por continuar la línea de sus principales líderes en el ámbito institucional, pero también respondieron con un alto nivel profesional ante las tareas que les fueron encomen­ dadas por el gobierno, que contaron con el aval de sus respec­ tivas ramas. Se desempeñaron en distintos ámbitos del ejercicio de las políticas públicas, donde pudieron demostrar las competen­ cias profesionales aplicadas a las nuevas necesidades derivadas de las transformaciones que llevaba adelante el gobierno, así como en áreas sensibles que tenían que ver con los aspectos económicos y sociales. La gran mayoría de estos cuadros militares se sintió plena­

15. Magasich (2008), p. 247.

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mente identificada con el aporte que podían hacer las Fuer­ zas Armadas en el nuevo contexto político y social que se vivía en el país, así como con las expectativas de cambio que ofre­ cía el programa del gobierno popular. También hubo ejemplos de militares destacados en su de­ sarrollo castrense que se opusieron a las tendencias golpistas que se plasmaron el 11 de septiembre, apoyando el rol del Comandante en Jefe del Ejército, y denunciando los compor­ tamientos y acciones conspirativas de parte de los altos man­ dos. Ellos asumieron una clara posición contraria al involucramiento de los militares en el derrocamiento del gobierno popular. Algunos optaron por aunar voluntades para oponer­ se materialmente a las tendencias golpistas y otros presenta­ ron sus renuncias ante lo que vivieron como el honor manci­ llado de sus instituciones. Ambos grupos de uniformados sintieron todo el peso del odio y del revanchismo de la reacción política y militar, y pa­ garon su lealtad al mando institucional así como su compromi­ so y respeto con el gobierno constitucional con la persecución política, la detención arbitraria, la exoneración, la tortura, el exilio y en algunos casos la muerte.

Los cuadros m ilitares en las tareas de gobierno En el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, había un capítulo dedicado a los planteamientos para la “Defensa Na­ cional”; uno de los puntos que lo componían señalaba que se tendería a una integración y a un aporte de las Fuerzas Arma­ das en diversos aspectos de la vida social, particularmente en aquellas materias que tuvieran relación con el desarrollo eco­ nómico del país, sin por esto descuidar su misión principal re­ ferida a la defensa de la soberanía nacional. En base a esta definición se apuntaba a que las Fuerzas Ar­ madas tuvieran un lugar importante en el proceso de trans­

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formaciones económicas, sociales y políticas que esperaba im­ pulsar el nuevo gobierno, aportando sus cuadros, especialistas y capacidades para el cumplimiento de las metas de moderni­ zación y desarrollo que proponía para el país. En una conferencia de prensa del año 1972, el presidente Allende había dicho: No hay Fuerzas Armadas poderosas si hay pueblos diezmados p or la enferm edad o castigados p or la incultura. No hay Fuerzas Armadas poderosas en países dependientes en lo económico, lo cul­ tural y, a veces, y con demasiada frecuencia, en lo político. Por eso, sin olvidar jam á s la esencia vita l que destaca señeram ente el hecho tan significativo de ser ustedes profesionales en el más alto sentido de la técnica y de la ciencia, de la jerarq u ía y de la disciplina, como G eneralísimo, p or mandato de la Constitución, de las Fuerzas Ar­ madas de Chile, yo reclamo su presencia en esto, que es un esfuer­ zo de Chile p o r un Chile donde la ju sticia, el trabajo, la salud, el derecho al descanso y a la recreación, sean patrim onio de todos los chilenos. Este fue el marco que procuró contener la participación de los militares en tareas de gobierno. Algunos de ellos debieron asumir responsabilidades muy complicadas y comprometedo­ ras, en los momentos más álgidos de la lucha política. Y su­ pieron responder basados en su profesionalismo y en la asun­ ción de una doctrina constitucionalista -cuando no en la identificación con las metas de modernización y desarrolloque había sido instalada por Schneider y Prats. Una de esas tareas tuvo que ver con los efectos de la crisis desencadenada con el objeto de conseguir la desestabilización económica del gobierno, que había sido incluso anunciada por el propio presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Con posterioridad al paro de los camioneros de octubre de 1972, un acento especial del gobierno popular estuvo coloca­ do en los problemas de abastecimiento y distribución de bie­

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nes esenciales para la población. Para eso ya se habían dado pasos como la creación de las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios) y la Secretaría Nacional de Distribución y Comer­ cialización, las que debían actuar de manera coordinada con el Consejo Nacional de Distribución y Comercialización. Estas medidas tuvieron un señalable impacto en el plano prác­ tico de la vida material de las personas. La secretaría recién mencionada y las jefaturas máximas de los organismos de dis­ tribución estatal estuvieron conducidas por uniformados.

El gen era l de la Fuerza Aérea A lheño Bachelet Al frente de estos organismos estatales de apoyo social se en­ contraba el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, que fue acompañado por los siguientes oficiales: el coronel Patri­ cio Torres Rojas, el teniente coronel Manuel Barros Recabarren, el capitán de navio Alfonso Parodi y el coronel (R) Ornar Blanchait. Desde el primer momento el general Bachelet sufrió los embates de la oposición política, particularmente por su con­ dición de uniformado, pero también por la alta sensibilidad que manifestaba en el desempeño de su puesto gubernamen­ tal. En una entrevista a la revista Chile Eloy, respondió a los reproches y descalificaciones que le espetaban quienes soste­ nían que su nombramiento se había realizado más por razo­ nes de simpatías allendistas y partidario de izquierda, que en su condición de militar, de la siguiente forma: [...] no debe suponerse al que viste uniform e una condición polí­ tica, de cualquier tendencia. El uniformado es totalm ente apolítico. Ese es un concepto clave: todas las Fuerzas Armadas son esencial­ m ente obedientes, apolíticas y defienden la Constitución. Por lo demás, desde hace algún tiempo a las Fuerzas Armadas se les ha llamado a colaborar en el campo de la planificación. Lo novedoso

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ahora es que se nos ha destacado más; hay gen te nuestra que está trabajando en diferentes complejos, desde hace bastante tiempo. El Comandante en J e fe hace las designaciones en aquel oficial que es­ tima está en condiciones de representar m ejor a la institución.16 El general de brigada de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet fue detenido el día 11 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la oficina de la Secretaría General de la Fuerza Aérea, ubi­ cada en las dependencias del Ministerio de Defensa, donde fue encañonado con un revólver por el general Orlando Gu­ tiérrez, a quien acompañaban los oficiales Ceballos y Vargas. En forma violenta fue despojado de su arma de servicio y re­ gistrado en forma vejatoria. Después de estar detenido en la oficina de la Dirección de Contabilidad, fue dejado en liber­ tad a las 6 de la tarde del mismo día. El día 14 fue conducido a una reunión con el general Claudio Sepúlveda, Jefe del Es­ tado Mayor de la Fuerza Aérea, en la que se le informó que debería comparecer ante la Fiscalía de Aviación por denun­ cias en su contra. Ese mismo día quedó detenido e incomuni­ cado, siendo trasladado a la Base Aérea de Colina, junto con el coronel Rolando Miranda y el comandante Ernesto Galaz. El día 17 se les sumó el capitán Raúl Vergara y el día 20 fue­ ron conducidos en helicóptero a la Academia de Guerra Aérea, donde se los sometió a la práctica sistemática de la tor­ tura; se los ubicó en el subterráneo de dicha instalación, ata­ dos de manos, con ojos vendados y capuchas en la cabeza, y se los interrogó a diario con acompañamiento de descargas eléctricas. Cuando se encontró en el interrogatorio con el fiscal, el general Gutiérrez, éste le increpó diciéndole: —Usted ha sido siem pre un oficial izquierdista. A lo que el general Bachelet respondió, afirmando: —Si a los conceptos de Libertad, Igualdad y Fraternidad, él [re­ 16. García (1974), p. 115.

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firiéndose al gen era l G utiérrez] los encuadraba en un marco como concepto de izquierda, quería decir que era izquierdista; pero que no olvidara que estos postulados nacidos en la Revolución Francesa, debidamente adecuados al siglo XX., m antenían plena vigencia} 1 Finalmente, en esa oportunidad fue puesto en libertad. Pero a fines del año 1973 fue apresado nuevamente; el 18 de diciembre fue detenido y enviado a la cárcel pública, esta vez en calidad de prisionero de guerra en base a una actuación llevada por el Consejo de Guerra denominada “Contra Bachelet y Otros”, acusado de conspiración con dirigentes polí­ ticos de izquierda, de haber proporcionado información re­ servada de la institución y de tener conocimiento de movi­ mientos de armas dentro del Banco del Estado. El mismo 11 de septiembre, mediante escuetas cartas, había presentado sus renuncias a la Fuerza Aérea, al Club del Tiro al Vuelo y al Club de Fútbol Deportivo Aviación. Durante el gobierno de la Unidad Popular se desempeñó como Jefe de la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización que, como se ha indicado, era el organismo encargado de resolver los problemas de abastecimiento de artículos de primera ne­ cesidad. Pasó a cumplir estas tareas en enero de 1973, pro­ puesto por su propia institución, al momento que se desem­ peñaba como director de Finanzas de la Fuerza Aérea. Aquel organismo cumplía una función clave después de la gran cri­ sis de agosto de 1972, ante el desabastecimiento desatado por los empresarios del comercio y la industria, que se mostraban disconformes con las reformas estructurales que llevaba ade­ lante el gobierno popular. En esta área se concentró el apor­ te de muchos uniformados por su formación y experiencia en temas logísticos. El general Bachelet, afectado por las torturas físicas y psi­

17. Claro y Word (2006), p. 30.

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cológicas a las que se lo sometió en la Academia de Guerra Aérea, murió el 12 de marzo de 1974, a raíz de un ataque car­ díaco y sin el tratamiento expedito ni apropiado que hubiera correspondido. Vale la pena recordar que el Informe Rettig18 afirma que falleció “como consecuencia de los malos tratos y tortu­ ras sufridas p or obra de sus captores Del libro escrito por María Luisa Claro y María Elena Word titulado Las cartas del G eneral Bachelet, se transcriben los tres siguientes textos. El primero de ellos revela el estupor de un oficial que está convencido de que ha actuado conforme a la ley, ante el com­ portamiento brutal de sus camaradas de armas: Cuando la escala de valores se cambia violentam ente, cuando los conceptos, las ideas y los ideales son destruidos, cuando en fin , todo el templo arquitectónico se den rumba, uno se encuentra indefenso fr en te a algo absolutamente nuevo, fren te a algo realm ente opresor y fu erte. Y cuando uno ha sifrid o la experiencia de esa opresión, preso e incomunicado p or largo tiempo, con cargos infundados, v er­ daderas felonías y traiciones de personas que uno creía eran sus am i­ gos, entonces y a no se piensa, sino que se asegura que algo anda mal, que el mundo está loco o que uno ha estado equivocado durante cin­ cuenta años.19 En el segundo remarca su vínculo de lealtad con Salvador Allende, con la Constitución y con el pueblo chileno. Pero además hace un explícito reconocimiento de su pertenencia a la masonería. Dice Bachelet: Había que elim inar al herm ano Bachelet, porque trabajó al lado

18. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada el 25 de abril de 1990, presentó su Informe Final el 9 de febrero de 1991. Su presidente fue el jurista Raúl Ret­ tig; por esa razón comúnmente se la denominó Comisión Rettig. 19. Claro y Word (2006), p. 43.

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del herm ano Allende, porque le fu e leal como herm ano y como am igo, porque fu e leal a la Constitución, porque fu e leal al pueblo, porque fu e leal y consecuente con sus principios, los mismos que se le inculcaron en los tres gibados de la M asonería Simbólica.20 El tercero, finalmente, expone el fundamento constitucionalista hacia el gobierno de la Unidad Popular, de los milita­ res que adherían a esa doctrina. Dice Bachelet: Somos muchos oficiales y suboficiales los que nos encontramos en igual situación, sin otro cargo o delito que el de haber defendido y respetado la Constitución Política del Estado, haber sido leal al g o ­ bierno legalm ente constituido, haber sido leal con losjuram entos que como conscriptos, que como cadetes, como oficiales, hicimos fren te a la bandera, es decir, d efen d erla Constitución y los poderes legalm en­ te establecidos, y como hemos sido consecuentes con dichos principios, como hemos sido honestos, como creem os que la libertad, la igualdad y la fratern id ad aún m antienen vigencia, estamos en la cárcel bajo proceso?1 La siguiente apreciación del general Bachelet, escrita mien­ tras estaba detenido en el hospital de la Fuerza Aérea, contie­ ne una interesantísima referencia al papel jugado por los su­ boficiales en apoyo del gobierno de la Unidad Popular. Dice Bachelet: Indudablemente que el grupo de suboficiales (cincuenta más o menos) está compuesto p or hombres de gran calidad, tanto humana como técnica. Pero lo técnico si bien tiene una importancia en la vida y en el desarrollo del país, no aprovechada m om entáneam ente, no in­ teresa tanto, como la calidad humana de ellos. Claro que si no la tu­ vieran no estarían en la cárcel. Podrán retrucar que la gran mayo­ 20. Claro y Word (2006), p. 54. 21. Claro y Word (2006), p. 79.

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ría no lo está, pero esto, ju n to con ser una falacia, confirma el hecho aquel, y m uy especial en este caso, que por prim era vez en la histo­ ria algunos suboficiales se interesan p or su país, su proceso y su clase. Estos suboficiales, ju n to con cum plir fielm en te con sus obligacio­ nes como tales, se asomaron al balcón y vieron que había algo más allá de m i teniente o m i comandante. Pudieron apreciar que las es­ tructuras de una nación y sus bases no las componían unos pocos, sino que ellos también form aban parte y tenían un grado de pa rti­ cipación y de responsabilidad ju n to a los de su clase.11 En su sólida formación académica, cultural y filosófica ocu­ paban destacado lugar nociones como las de respeto a la ley y al Estado de Derecho, y la de justicia social, así como la trilo­ gía conceptual de la Revolución Francesa sustentada sobre los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran plenamente coherentes con su cosmovisión masónica.

Una coyuntura muy particular, en la que una vez más se apeló al trabajo conjunto y al involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas gubernamentales tuvo que ver con un hito internacional: el desarrollo de la Tercera Asamblea de la UNCTAD, que fue inaugurada por el Presidente Salvador Allende el día 13 de abril de 1972. Este era un acontecimien­ to muy significativo para el gobierno chileno, debido al im­ pacto de respaldo internacional y simpatías que despertaba el proyecto nacional en curso, así como al carácter del organis­ mo que se reunía, pues tenía mucho que ver con los intereses políticos de la Unidad Popular, tanto por la instalación de los temas del desarrollo como por las opciones tercermundistas en el esquema de poder internacional que propugnaba. Por eso fue que los esfuerzos que se hicieron fueron gigantescos;

22. Claro y Word (2006), p. 87.

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entre otros, la construcción del enorme edificio que alberga­ ría a este evento mundial, que se constituyó en todo un hito del calendario del gobierno de la Unidad Popular. En el caso del Ejército, al destacado general Orlando Urbina le tocó desempeñar un papel muy importante al hacerse cargo de la Vicepresidencia de la Comisión Organizadora de la UNCTAD. Era oficial de Estado Mayor, había realizado cursos en Estados Unidos y era especialista en Inteligencia Militar. Llegó a desempeñarse en el Comando de la II Divi­ sión del Ejército. El mismo reconoció que su nombramiento en la Comisión Organizadora fue parte de la visión y decisión que el gobierno tenía en relación al nuevo rol que las Fuerzas Armadas debían desempeñar conforme a la concepción que lo animaba, particularmente en el desarrollo económico del país. Y que estas funciones no eran un obstáculo para el apoliticismo de las instituciones castrenses y su estricto apego a las de­ finiciones constitucionales. En una entrevista a la revista Qué Pasa del 2 marzo de 1972, ratificó estos conceptos sobre el rol que los militares debían jugar en el proyecto de desarrollo que vivía Chile. Sus afirmaciones fueron las siguientes:

—¿Cómo interpretó su nombramiento en la Comisión Organizadora de la UNCTAD? —Como el deseo del Gobierno de que las FF.AA. participaran en el desarrollo económico del país en todas las esferas.

—¿Y qué hay de la tan pregonada marginación de las Fuerzas Armadas en las tareas concretas y productivas del país? —Todos los gobiernos han tenido buen cuidado en nom brar a ofi­ ciales en cargos netam ente técnicos. No puede considerarse esto como una intervención de tipo político. —

Entonces, ¿cómo define la democracia?

—Como lo que hemos vivido siem pre y lo que estamos viviendo en este momento.

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—¿Con qué se siente usted comprometido? —Con una política chilena, p or sobre las políticas partidistas. Una política que cuide de los intereses nacionales y de las relaciones internacionales.

—¿Cree que la ciudadanía piensa que las FF.AA. son ver­ daderamente apolíticas?

—No sólo lo creo, sino que estoy cierto que la ciudadanía desea y exige que seamos realm ente apolíticas. Si yo m e pronunciara en estas m aterias sería criticado, y con razón. Y le aseguro que a usted mismo le parecería condenable y tendría todo el derecho a criticarm e P Esta misma revista, en un breve noticiario aparecido en su edición número 38 del 6 de enero de 1972, hacía mención a la existencia de muchos “rumores” que planteaban que el ge­ neral Orlando Urbina sería un hombre de ideas de izquierda, que además tenía un hermano que militaba en el partido de gobierno USOPO (Unión Socialista Popular). Otro ámbito destacado en el que hicieron un gran aporte los militares fue en el sector de la minería, que desde la na­ cionalización decretada en agosto del año 1971 se había visto afectada por la conspiración internacional, las demandas de las grandes compañías contra el gobierno de Chile y el éxodo de muchos de sus profesionales y técnicos, lo que llevó a una tarea inmensa para sobreponerse a estas limitaciones, y cum­ plir con los planes de producción y desarrollo que les fijaba el gobierno y la realidad económica nacional. En el año 1972 se nombró como ministro de Minería al general de la Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda, quien en la Conferencia de Países Exportadores de Cobre que se desarrolló en Chile, expresó en su discurso lo siguiente: Chile ha nacionalizado su cobre como un medio de acelerar su de­ sarrollo económico y de acuerdo a una posición de principios en la 23. Revista

Qué Pasa, N° 40, del 2 de marzo de 1972, pp.

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que concurre la unanimidad de la ciudadanía. Durante todo el pro­ ceso de nacionalización no se dejó oír una sola voz discrepante con él y , por el contrario, todas las organizaciones representativas le die­ ron su apoyo expreso a la iniciativa del gobierno. Chile no aceptará imposiciones de empresas o de gobierno algu­ no, en cuanto a l ejercicio de su soberanía. La nacionalización del cobre, acto soberano, ejecutado conform e al ordenamiento jurídico interno, no puede ser cuestionado p or terceros: no renunciarem os a la defensa de la justicia y la razón. A los nombres hasta aquí mencionados debe agregarse el de otros uniformados que tuvieron un perfil más bajo, pero que igualmente hicieron un aporte sustantivo a las tareas de desarrollo que impulsaba el gobierno de la Unidad Popular, sobre todo en áreas estratégicas como eran los sectores pro­ ductivos del cobre, acero y los ámbitos de la energía nuclear y del Consejo de Investigación y Desarrollo Científico. Una parte importante de ellos fue destinada a las direccio­ nes de empresas públicas y departamentos ministeriales, den­ tro de los cuales destacaron las labores que cumplieron mili­ tares que se desempeñaron en el ámbito minero, que era un puntal del programa y de la estrategia de desarrollo del go­ bierno popular, pues la nacionalización de esta riqueza básica la había constituido en piedra angular de la economía nacio­ nal. Para esto se nombró y contó con una participación entu­ siasta y altamente profesional del general Pedro Palacios, quien asumió tareas en la Compañía de Cobre de Chuquicamata. El coronel de aviación Claudio Sepúlveda, que estuvo en la Sociedad Minera El Teniente y el capitán de navio Ho­ racio Justiniano en la Compañía de Cobre El Salvador. Tam­ bién colaboraron militares en las minas de Sagasca, Andina y Exótica. La estratégica industria química Du Pont quedó bajo la di­ rección del general Sergio Ñuño, una vez traspasada al área social, ya que producía alrededor del 75% de los explosivos

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del país, insumo fundamental para la explotación minera. También prestaron una enorme colaboración la industria militar FAMAE -que aportaba la fabricación de implementos agrícolas que eran comprados por la Corporación de Refor­ ma Agraria (CORA)- y el Instituto Geográfico M ilitar -que se involucró en el estudio de los suelos- Se crearon, asimis­ mo, brigadas de defensa de la riqueza forestal, en distintas guarniciones militares. Unidades especializadas del Ejército y la Armada colabora­ ron con el rescate y atención de personas localizadas en zonas aisladas, particularmente en las islas y canales del sur del país, donde además practicaban labores de salud pública y reparti­ ción de medio litro de leche diario para los niños, en conjun­ to con el Servicio Nacional de Salud.

Los que se opusieron al golpe desde las instituciones m ilitares Tal vez el primer nombre que hay que señalar en este renglón es el del edecán naval del presidente Allende, Comandante Arturo Araya, quien fue asesinado el día 26 de julio de 1973 en su casa, por el disparo de un francotirador perteneciente a un comando terrorista que componían jóvenes de Patria y L i­ bertad y del Partido Nacional. El Comandante Araya había tenido una destacada partici­ pación en defensa del gobierno popular, al momento del alza­ miento de junio del 1973 -llamado también el “Tanquetazo”acompañando al Presidente Allende en su traslado desde la Casa Presidencial de Tomás Moro al Palacio de Gobierno. En esta oportunidad hubo un conato de enfrentamiento entre la custodia del Presidente y un grupo de soldados con los que se toparon en su trayecto. Aquéllos realizaron un despliegue operativo de defensa con sus armas desenfundadas, dispuestos a proteger a toda costa la dignidad presidencial. Afortunada­

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mente, esos soldados eran también leales al Presidente. Este episodio reflejó su profundo compromiso constitucional, y su subordinación y lealtad hacia el Presidente de la República, lo que le costó la vida sólo un mes después. El 11 de septiembre de 1973, a las 8:30 de la mañana, el ge­ neral Raúl Benavides, Comandante de Institutos Militares, reunió a los jefes y oficiales del Cuartel General y Comandan­ tes de Agrupaciones de las Escuelas de Montaña y de Caba­ llería a quienes dio a conocer las verdaderas razones del acuar­ telamiento que se había producido en Santiago y regiones desde el día anterior y que tenían que ver con la toma del control del país, la deposición de las autoridades y la disolu­ ción del Congreso. Seguidamente preguntó por la compren­ sión y disposición de cada uno de ellos frente a esta contin­ gencia. En ese momento, el coronel José Ramos Albornoz, entonces Jefe del Estado Mayor del mencionado Comando presentó su pase a retiro de la institución. En un memorando que certifica estos antecedentes, expresó lo siguiente: Que su decisión no tenía carácter político sino de desacuerdo ab­ soluto con el camino adoptado para la solución de la situación nacio­ nal, habida consideración a la comprensión y profunda convicción personal que sobre la Doctrina Schneider o del Ejército ha sustenta­ do y sentido hasta el m om ento este en que se perm ite solicitar su in­ clusión en la cuota de retiros que la Ju n ta Calificadora de Oficiales del Ejército debe resolver en b reve? 13* Este brillante militar fue el único oficial de alto rango en servicio activo del Ejército que el mismo día del golpe pidió su pase a retiro. Al momento de la concreción de esta solici­ tud, había desempeñado una labor notable como Jefe de Plaza en la Provincia de Linares durante el paro de los camioneros

24. Ramos (2001), Anexo 12.

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de octubre de 1972; había sido Director de la Escuela de Ar­ tillería, Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos M i­ litares y se esperaba su ascenso a general para fines de 1973. En un párrafo de su libro El piloto Wenche y otros relatos del Alférez Ra, reflexiona: [...] cavilando acerca de la corrupción que suele acompañar al poder.; ¿por qué sentí tan profundam ente las lecciones del coronel Arnaldo Carrasco y de la pléyade de maestros que rodearon su m an­ dato en la estructura de aquel alcázar de la calle Blanco Encalada, donde nos educara el gen era l Schneider.; los tenientes y capitanes del Alpatacal? ¿Sería acaso yo el único que entendió que el honor.; la le­ altad, la patria, son atributos sublimes del alma humana que se ju eg a p or la justicia, el buen trato en la puesta en práctica del arte de m andar del capitán G avet y de todos los intérpretes de la tradi­ ción m ilitar en el Ejército de Chile? ¿ Qué explicación dará la his­ toria m ilitar de ese período de atentados en una gu erra concebida y llevada adelante como una revolución, para pasar de una Constitu­ ción a otra que no term ina de interpretar los m ejores conceptos de la democracia y de la seguridad?25 El mismo 11 de septiembre también pidió su retiro el mayor Osvaldo Zavala, quien fue edecán del Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats y posteriormente, cuando asu­ mió ese cargo, del general Augusto Pinochet. En Talca, el ca­ pitán Jaque se negó a participar del levantamiento. El día 12 fue detenido el coronel Renato Cantuarias, Comandante de la Escuela de Alta Montaña. Días después fueron excluidos de la Institución el general Joaquín Lagos, Comandante de la I Di­ visión, por oponerse a la ejecución de prisioneros y el mayor Iván Lavanderos fue encontrado asesinado después de haber puesto en libertad a varios prisioneros uruguayos.

25. Edición del autor, Santiago de Chile, 2001, p. 154.

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También sufrieron los rigores del golpismo el coronel Efraín Jaña, Comandante del Regimiento de Montaña; Fernando Reveco, Comandante del Regimiento de Calama, quien fue torturado y detenido durante 15 meses; el capitán Vergara, del Regimiento Rancagua de la ciudad de Arica, quien estu­ vo incomunicado durante tres meses; a estos tres debe sumar­ se a los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires, Patricio Carmona y Manuel Fernández. En lo que respecta a la Marina, cabe reiterar que no hubo una presencia muy activa de oficiales en la línea doctrinal de prescindencia política. Fuera de los almirantes Montero, Arellano, Cabezas y Poblete, es posible identificar sólo casos muy puntuales. A los almirantes Montero y Arellano se les inten­ tó vincular al Partido Comunista como una forma de deslegi­ timarlos ante la oficialidad, así como al almirante Poblete que fue detenido después del golpe de septiembre. Hubo oficiales que si bien no tuvieron una acción muy de­ cidida contra el golpe, nunca estuvieron de acuerdo con él y al poco tiempo fueron excluidos de la institución o ellos mis­ mos buscaron su alejamiento. Este fue el caso, por ejemplo, del comandante del buque Almirante Latorre, Carlos Fanta, quien fue prontamente pasado a retiro, y el del capitán de navio Mario Poblete, que fue exonerado. El caso del comandante Fanta Núñez está recogido como testimonio en el Informe Rettig, que señala lo siguiente: El Comandante Carlos Fanta Niíñez fu e llamado a retiro el 29 de octubre de 1973, cuarenta y ocho días después del Golpe Militar, siendo su hogar vigilado y su correspondencia violada. No se incor­ poró a l Cuerpo de A lmirantes y Oficiales en Retiro y se n egó p or dos décadas a concurrir al buque Escuela Esmeralda, respecto del cual fu e testigo de su utilización como centro de detención y torturas. El subsecretario de Marina, capitán de navio Jorge Do­

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mínguez, se alejó de la Institución el mismo día del golpe. También existen los casos del teniente Horacio Larraín y del capitán Gerardo Hiriart, un brillante oficial ingeniero que se encontraba realizando un curso de doctorado en la Naval Postgraduated School en Monterey, Estados Unidos, que al enterarse de las noticias del golpe decidió exiliarse en México y renunciar a una brillante carrera en la Armada. Desde allí envió una carta en la que solicitaba su retiro, un fragmento de la cual dice lo siguiente: Desde que ocurriera el cambio de Gobierno en Chile el 11 de sep­ tiembre pasado, he estado profundamente conmovido. La intensidad del trabajo en la Escuela, en la etapa fin a l de m i Memoria, no m e perm i­ tió detenerme a analizar objetivamente lo ocurrido ni mantenerme al día con el desarrollo de los acontecimientos diarios. Ahora lo he hecho con sinceridad y a la luz de mis principios y con­ vicciones básicas. Con profundo dolor he decidido dejar lasfilas de la Ar­ mada, institución a la cual dediqué la mayor parte de m i vida y por la que guardo un profundo cariño y respeto. A pesar de las seguridades que en ella pudiera tener he preferido alejarme y radicarme en algún otro país en espera de que se restablezcan cienos valores que para m i con­ ciencia son factores indispensables. Apenas esto ocurra, regiresaré a m i Patria y m e dedicaré con todo entusiasmo a servirla donde quiera que pueda ser útil. Tengo gran respeto y cariño por m i Patria y por la Armada, pero desgraciadamente lo que hoy ocurre m e impide continuar por el mo­ mento en ellas.26 En el cuartel de detención conocido como Silva Palma, se ha reconocido que estuvieron detenidos tres oficiales, los que recibieron ayuda de otros detenidos que eran suboficiales y gente de mar, que sentían una total solidaridad con ellos, por­

26. Magasich. (2008), p. 296.

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que en los hechos estaban sufriendo las mismas represalias y consecuencias por haber querido ser leales al presidente Allende. La mayor operación contra los uniformados que estuvie­ ron vinculados a las ideas doctrinales profesionalistas y constitucionalistas se concentró en cuatro causas judiciales, en los juzgados navales de Talcahuano y Valparaíso (roles 3879, 3913, 3926 y 3941), que actuaban contra marineros que se habían organizado para prevenir y oponerse desde el interior de la Armada a cualquier intentona golpista. La mayoría de ellos fueron detenidos en el transcurso del mes de agosto de 1973, cuando ya arreciaba el plan golpista, que tenía justa­ mente en la Armada a su núcleo central. La organización de los marineros constitucionalistas tenía representación en las cuatro secciones de la Armada: la Es­ cuadra, las Escuelas de Especialidades, la Unidad de Aviación Naval y los Astilleros. Efectivamente, tenían algún nivel de organización, a pesar de sus diferencias con respecto a las tác­ ticas a emplear, que fueron perfeccionando y profundizando en la medida que avanzaba la tendencia y el accionar de los sectores golpistas. Se estima que para mediados del año 1973 había alrededor de 150 marineros organizados a nivel de la flota, con el com­ promiso de otros 300 en caso de una acción contra el golpe. En la Base Naval de El Belloto, eran alrededor de 50 los or­ ganizados con una llegada a otros 100. En la Escuela de Ope­ raciones eran más de 200 los activos y en la Escuela de Inge­ niería alrededor de 400.27 Uno de los planes más audaces de este sector tenía que ver con la oposición al golpe, que presentaba dos variantes (esta diferencia terminó dividiendo a los marinos antigolpistas). Una promovía, en lo sustancial, la toma preventiva de los bu­

27. Magasich (2008), p. 391.

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ques de la Escuadra, y la otra proponía estar preparados para rechazar el golpe en sus inicios, apoderarse de los buques en ese momento y ponerlos a disposición de la defensa del go­ bierno constitucional. Los marineros tenían una importante presencia en los navios. En el destructor Blanco tenían una organización importante, además de un plan concreto de ocu­ pación con tareas específicas para 56 marineros, que cubrían las labores de timonel, señalero, vigía, tele-metrista, radiooperaciones, radar, torres, etc. En el crucero Latorre los ma­ rinos tenían contactos en las divisiones de artillería, máqui­ nas, electricidad, telecomunicaciones. Según estimaciones contaban con el apoyo del 40% de la tripulación. En el cru­ cero Prat se registraban 9 marineros organizados, y al parecer también existía un plan para la toma del buque, y contactos en las divisiones fundamentales. A esto deben sumarse marinos del crucero O'Higgins, del destructor Cochrane y de buques de apoyo. La primera reunión de coordinación de los distintos gru­ pos se produjo a principios de marzo de 1973, concurriendo representantes de los buques Prat y O'Higgins, de la Escuela de Ingeniería, Operaciones y Base El Belloto. Tomaron con­ tacto con sectores políticos del gobierno para informar de los movimientos sediciosos y disponerse a una defensa contra éstos. Especial relevancia tuvieron los contactos que sostuvie­ ron con altos dirigentes del Movimiento de Acción Política Unificada (MAPU), como Oscar Guillermo Garretón; del Partido Socialista, como Carlos Altamirano; del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como Miguel Enríquez, y tam­ bién con funcionarios del gobierno en el Ministerio de De­ fensa, que no fueron muy receptivos a las informaciones que ellos aportaban. Fueron descubiertos por el aparato de inteligencia de la Armada, que ya trabajaba hacía rato para los golpistas, y en junio de 1973 comenzaron las primeras detenciones. A partir de agosto se desató con toda fuerza una gran cacería de los

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elementos pro-gubernamentales de la institución, descabe­ zándose con esta iniciativa cualquier posibilidad de una resis­ tencia organizada ante el inminente golpe de Estado. Estas operaciones generaron las primeras experiencias de detencio­ nes en lugares secretos, los aislamientos y las torturas siste­ máticas, dando lugar a la formación de un verdadero Estado dentro de otro Estado, puesto que todo lo que ocurría a este nivel estaba al margen del conocimiento oficial del gobierno y de los tribunales de justicia. En lo que respecta a la Fuerza Aérea, cabe mencionar que más de 70 oficiales y suboficiales fueron detenidos, acusados de sedición y traición a la patria, por el hecho de haberse opuesto decididamente al golpe militar de septiembre. Todos ellos sufrieron prácticas de tortura en recintos propios de la institución y posteriormente cárcel, siguiéndoseles procesos judiciales en el fuero militar, con acusaciones que nunca pu­ dieron ser constatadas, pero que fueron la base para que se montara el irregular proceso que se les siguió. Las conse­ cuencias y efectos de éstos fueron la exoneración de la insti­ tución, el exilio y en algunos casos la muerte, como ocurrió con el general Alberto Bachelet, como ya se ha visto. El día 14 de septiembre de 1973 se inició en la Fiscalía de la Aviación el proceso que se caratuló como “Aviación/Bachelet y otros Rol 1-73”, a propósito de una denuncia formulada por el general de brigada Enrique González, que había asu­ mido la tarea de presidente del Banco del Estado, que le había encargado la nueva junta militar. Esta actuación abrió proce­ sos de Consejos de Guerra, que culminaron entre julio de 1974 y enero de 1975, con sentencias condenatorias para todos los inculpados. Esto significó la detención de muchos oficiales, aparte de las del general Bachelet y del coronel (de Fuerza Aérea) Ro­ lando Miranda, entre otros, que ya se habían producido. El capitán Vergara fue detenido el 17 de septiembre; el coronel Carlos Ominami fue detenido en su lugar de trabajo, la Es­

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cuela Técnica Aeronáutica, el 19 de octubre de 1973, siendo conducido con sus ojos vendados a la Academia de Guerra Aérea donde sufrió torturas, quedándole marcas como resul­ tado de los colgamientos a los que fue sometido. El comandante Ernesto Galaz cumplía funciones en la Co­ misión Organizadora de los Juegos Panamericanos que debí­ an desarrollarse para 1975; el día 11 de septiembre no se pre­ sentó a la Fuerza Aérea. Según su propio testimonio y en sus propias palabras: D ecidí no presentarm e, en p rim er lu gar p or m i lealtad al Go­ bierno legítim am ente constituido; en segundo lugar.; por m i convic­ ción de que la gestión del Gobierno (contra el cual se atentaba), era la más adecuada para el desarrollo del país y en tercer lugar.; p or­ que era pública y notoria m i adhesión a las políticas gubernam en­ tales de la Unidad Popular,; manifestada en reuniones sociales, en m is clases en la Academia de Guerra de la FACHy en m i conduc­ ta condenatoria durante la asonada m ilitar conocida como el “Tanquetazo ” ocurrida pocos m eses a n tesP Al presentarse el día 14 en el Ministerio de Defensa, fue detenido, interrogado y trasladado a la Base Aérea de Colina. Posteriormente, al igual que otros oficiales detenidos, fue trasladado a la Academia de Guerra Aérea, donde fue cruel­ mente torturado mediante los procedimientos de clavarle agujas en las uñas, los colgamientos, la aplicación de golpes en distintas partes del cuerpo así como de corriente eléctrica y ataques psicológicos. Fue condenado a pena de muerte, que más tarde se le conmutó por 30 años de presidio. Estuvo de­ tenido hasta el año 1978, momento en que se le permitió salir exiliado a Bélgica. El general Sergio Poblete, detenido en la Escuela de Arti-

28. CODEPU: Apelación caso Bachelet, p. 60.

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Hería de Colina, también fue salvajemente torturado. Le tocó presenciar el día 8 de octubre de 1973 el asesinato del sargen­ to de la FACH Rafael Reyes. Fue trasladado a la Academia de Guerra Aérea, luego a la cárcel pública y posteriormente expulsado del país y privado de su nacionalidad. Permaneció exiliado también en Bélgica. Como consecuencia de las torturas padecidas, el cabo José Espinoza falleció y terminó enloquecido el también cabo Pedro Zunini, a raíz de lo cual fue sobreseído. Así también fueron muchos otros los que fueron detenidos y sometidos a torturas en recintos propios de la institución, trasladados posteriormente a la cárcel pública, para luego ser exonerados de la Fuerza Aérea y en muchos casos expulsados del país, u obligados a emprender el camino del exilio debido a las cons­ tantes presiones de los organismos de seguridad del régimen dictatorial. La organización de los aviadores al momento del golpe de septiembre era más bien incipiente. Las conexiones que esta­ blecieron entre sí resultaron de coincidencias doctrinarias, de simpatías compartidas y/o de encuentros casuales en los que intercambiaban opiniones favorables hacia las labores y pro­ yectos del gobierno popular, y en las que criticaban las abier­ tas deliberaciones y confabulaciones de muchos de sus camaradas de armas, incluso de algunos que intentaron plegarse a la asonada de los militares de junio de 1973, con el alzamien­ to del Regimiento Blindado N° 2. Finalmente corresponde destacar que las restricciones deri­ vadas de los principios de profesionalidad, no deliberatividad y obediencia a los mandos, no les permitió obtener a estos di­ ferentes grupos decididos a defender al gobierno de la Unidad Popular, más y mejores resultados a favor del sostenimiento de aquélla. Contradicción o paradoja, aunque mantuvieron espo­ rádicos contactos con instancias gubernamentales y organiza­ ciones de izquierda, fueron por lo general reticentes a mante­

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ner coordinaciones internas y a preparar planes para oponer­ se al golpe de Estado precisamente debido a aquellas concep­ ciones doctrinarias. En esas condiciones, poco pudieron hacer frente al amargo amanecer del 11 de septiembre de 1973.

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Capítulo 6 A M O D O DE C O N C L U SIO N E S

La Dirección de Carabineros emitió con fecha 1 de agosto de 1981 la Circular 344, una lista con 1.583 nombres de perso­ nal militar y policial que tenía prohibido acercarse a los cuar­ teles porque “mantuvieron una posición discordante con la doctrina institucional y con los principios del Gobierno M i­ litar, razón por la cual su concurrencia y permanencia en los recintos debe tenerse como inconveniente para la seguridad de los mismos”. La lista incluía, entre muchos otros, a 30 oficiales del Ejér­ cito (2 coroneles, 9 tenientes coroneles y 19 mayores); 8 ofi­ ciales de la Marina (5 capitanes de corbeta y 3 capitanes de fragata); 11 oficiales de la Fuerza Aérea (1 general, 2 corone­ les, 1 comandante de grupo, 1 comandante de escuadrilla y 6 capitanes de bandada), y 24 oficiales de Carabineros (4 gene­ rales, 5 coroneles, 4 tenientes coroneles y 11 mayores). Las miradas de los especialistas y analistas sobre la compo­ sición e identificación ideológica de los miembros de las Fuerzas Armadas tienden a coincidir en que en la oficialidad se da una repartición similar a la composición de la propia so­ ciedad en cuanto a los valores políticos, atendiendo a capas sociales medias y media altas. El dirigente político Amoldo Camú, encargado del traba­ jo político-militar del Partido Socialista, decía en un análisis de 1973 que las Fuerzas Armadas estaban atravesadas por dos tendencias muy notorias, una dispuesta a enmarcarse en la

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doctrina constitucionalista y otra golpista, que tenía una ins­ piración en el modelo brasileño del golpe del 31 de marzo de 1964, que aunque era fuerte no tenía todavía la capacidad de romper el mando y la raigambre doctrinaria de obediencia y no deliberatividad. El ya mencionado coronel Fernando Reveco, en el año 2003, sostuvo que para 1973, entre un 25 y un 30% de los ofi­ ciales apoyaban al gobierno de Salvador Allende por su apego a las directrices doctrinales, sin ser socialistas ni marxistas; y que sólo de un 10 a un 15% estaban declaradamente por la ruptura institucional, representado el golpismo duro; el resto no expresaba posiciones políticas o estaba absolutamente al margen de la contienda coyuntural. En cambio, entre los suboficiales y cuadros permanentes, las tendencias izquierdistas y constitucionalistas fueron bas­ tante mayores y más decididas, como lo demuestran los lista­ dos de los juicios llevados adelante por la Armada y la Fuerza Aérea. En la primera fueron condenados 88 marinos y en la segunda fueron condenados a distintas penas un total de 18 suboficiales y sargentos, y 36 cabos. Con el comienzo de la transición democrática, se iniciaron demandas por reparación de parte de uniformados que habí­ an sido exonerados a raíz del golpe de Estado de septiembre, lo que es un indicador de la cantidad de militares que también sufrieron los rigores del golpismo y de la dictadura. Después de los estudios efectuados por organismos de derechos huma­ nos y sectores del gobierno, han sido reconocidos en esta si­ tuación de forma definitiva un total de 1.319 militares, mien­ tras que 6.070 están reivindicando este estatus, sin que sus casos hayan alcanzado aún una resolución. La composición por rama de estas demandas de reparación es la siguiente: • Ejército: •M arina: «Aviación:

239 definitivos 327 definitivos 214 definitivos

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1.231 pendientes 2.471 pendientes 486 pendientes

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El resto corresponde al Cuerpo de Carabineros y a la Po­ licía de Investigaciones. La confrontación planteada entre legalismo, constitucio­ nalismo y tendencias nacional-desarrollistas versus miradas conservadoras, integristas e ideologizadas en torno a la segu­ ridad nacional seguirá siendo un espacio de debates y de apa­ rición de nuevas ópticas y formas de abordaje. En las Fuerzas Armadas, evidentemente se encuentran las dos posturas, que estuvieron en una constante tensión en los álgidos años se­ senta y setenta del siglo XX, que sirvieron de escenario para el choque entre estos dos grandes proyectos cosmovisionales. El análisis profundo de las experiencias, las historias de vida y los ejemplos de los uniformados que colaboraron con el gobierno de la Unidad Popular y/o de distintas formas se opusieron o estuvieron en desacuerdo con el golpe de Estado de septiembre de 1973 sigue siendo un asunto pendiente. La tarea tiene sentido no sólo por el valor que en sí mismo tiene el rescate histórico de procesos políticos y de vidas que se comprometieron, de un modo u otro, en una coyuntura determinante en la historia de Chile, sino porque pone en el centro del debate cuestiones fundamentales para una demo­ cracia, como el Estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos y el papel que les caben en ella a las personas e instituciones que son portadoras de instrumen­ tos de fuerza. Muchos de los cuadros castrenses intentaron continuar con sus planteamientos políticos y militares en la lucha con­ tra la dictadura pinochetista, desde sus propias trincheras profesionales. Ayudaron a formar comités de resistencia, de denuncias y sobre todo de agrupamiento de militares demo­ cráticos, los que hicieron también un significativo aporte a la conquista de la democracia. El examen del papel que jugaron los militares intérpretes del profesionalismo y del constitucionalismo en aquellos años sigue siendo una piedra angular para dirimir el debate sobre

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Los

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cuáles deberían ser las funciones, las doctrinas y los modos de relacionarse las instituciones castrenses con el Estado y la so­ ciedad. Es obvio que las Fuerzas Armadas deberían estar siempre sujetas al control civil, político, legal y legítimo que emana de las normas del juego democrático y del conjunto de la institucionalidad establecida por la Constitución y las leyes. Pero es también evidente que lo anterior no siempre se cum­ ple, y que existen interpretaciones y vertientes que abonan di­ ferentes opciones. La transición democrática chilena va teniendo, al interior de las instituciones militares, un correlato más pausado que el que vive la sociedad política. Y seguramente se requerirá de denodados esfuerzos de todos los interesados en afirmar y profundizar la opción republicana vigente, para que ese pro­ ceso se complete. Todavía no son reivindicados en su conjun­ to los militares que se opusieron al golpe y cumplieron sus misiones institucionales apegados a sus definiciones doctrina­ les; todavía quedan pendientes políticas de reparación en as­ pectos económicos y sociales; todavía está por satisfacerse la restauración del honor mancillado a través de acusaciones y juicios espurios en tribunales corruptos; todavía queda a la es­ pera, esta historia, de ser escrita por muchas manos en todas las latitudes nacionales, y todavía falta que se reconozca pú­ blicamente a centenares de uniformados que durante el go­ bierno de la Unidad Popular obraron conforme se lo indica­ ban sus conciencias y sus mandatos profesionales. Recién a partir de 2005 se ven atisbos en el Ejército de re­ cuperación de un pensamiento doctrinal fundamentado en las ideas constitucionalistas y profesionalizantes que dejaron ins­ taladas los generales Schneider y Prats, a las que también se sumaron oficiales y suboficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero las tareas por hacer siguen siendo muchas. Los requerimientos de profesionalidad, subordinación, no deliberatividad y obediencia que tantas veces reclamara el ge­ neral Prats y fueran asumidos por no pocos oficiales y subo­

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ficiales seguirán estando vigentes como sustento de la vida democrática. En su valiente confrontación con los militares que se dejaron consumir por el odio cegador, antipopular, eli­ tista e integrista, aquéllos dejaron como legado una huella in­ deleble, impregnada de sangre, sufrimiento, dolor y muerte, que será fundamental para las nuevas generaciones de milita­ res, en su constante aprendizaje democrático.

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Apéndice LISTADO DE MILITARES CONSTITUCIONALISTAS Y/O COMPROMETIDOS CON LA UNIDAD POPULAR En las páginas que siguen se presentan, distribuidos por cada fuerza, los nombres de algunos uniformados que aportaron al desempeño de tareas gubernamentales durante la gestión de la Unidad Popular y/o se opusieron al golpe de Estado e in­ tentaron frenar la sedición y defender al gobierno legítimo. Actuaron con profundo respeto por la Constitución, las leyes, la subordinación a los poderes públicos y la obediencia a los mandos institucionales. Probablemente también con la con­ vicción de que vivían una insoslayable encrucijada que los co­ locaba, de un modo u otro, en el papel de constructores de la historia. La enumeración propuesta es incompleta y, por lo tanto, provisoria. Se la ofrece meramente a título de ejemplo mien­ tras la ardua y difícil tarea de esclarecimiento se va abriendo camino como fruto de un trabajo múltiple. Se verá que la información no es homogénea, que en algu­ nos casos no ha podido aún completarse sobre rango militar y que en lo que se refiere a la Fuerza Aérea se ha optado por no presentar la columna correspondiente a destinos militares. Todo lo cual no hace más que confirmar la naturaleza todavía provisional de las construcciones que se ofrecen a continua­ ción, a título meramente ilustrativo, como ya se ha señalado.

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EJÉRCITO

UNIDAD

RANGO General

NOMBRE René Schneider

General General General

Carlos Prats Guillermo Pickering

Comandante en Jefe Comandante en Jefe Comando Institutos Militares Guarnición Santiago

General

Alfredo Sepúlveda Ervaldo Rodríguez

Coronel Coronel

José Ramos Efraín Jaña

Coronel Coronel Mayor

Renato Cantuarias Fernando Reveco Osvaldo Zavala

Estado Mayor Regimiento de Montaña Escuela de Alta Montaña Regimiento Calama

Mayor Capitán

Iván Lavados Alberto Jaque

Capitán Capitán

Carlos Vergara

Oficial Oficial

Florencio Fuentealba Héctor González

Oficial Oficial

Rudy Alvarado Jaime Mires Patricio Carmona Manuel Fernández

Oficial Oficial

Misión Militar en Washington

Edecán del CJE

Regimiento Rancagua

Carlos Pérez

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ARMADA

RANGO Almirante Almirante

NOMBRE

Almirante

Hugo Cabezas

Almirante Comandante

Hugo Poblete

Director General de Servicios Jefe Estado Mayor General de la Armada Director de Abastecimientos

Carlos Fanta

Crucero Latorre

Capitán de Navio Capitán de Navio

Raúl Montero Daniel Arellano

UNIDAD Comandante en Jefe

Mario Poblete Jorge Domínguez Gerardo Hiriart Horacio Larraín Jaime Salazar Luis Ayala

Subsecretario de Marina

Marinero Cabo

David Valderrama Juan Dote Miguel González

Crucero Latorre Crucero Latorre Crucero Prat

Marinero Marinero

Guillermo Castillo Bernardo Carvajal

Crucero Prat Crucero Prat

Cabo Marinero Marinero

Teodosio Cifuentes Patricio Cordero Carlos García

Crucero Prat Crucero Prat Crucero Prat

Cabo Cabo Cabo

Víctor López José Maldonado Antonio Ruiz

Crucero Prat Crucero Prat Crucero Prat

Capitán Teniente Marinero Marinero Marinero

Naval Postgraduated School Crucero Latorre Crucero Latorre

Dagoberto Valenzuela Crucero Prat Luis Beldar Crucero Prat

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RANGO

Cabo Cabo Cabo Marinero Marinero Cabo Sargento Cabo Cabo Cabo Marinero Marinero Marinero Marinero Sargento Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo

NOMBRE Edgardo Rodríguez

UNIDAD

Nelson Vargas

Crucero Prat

Patricio Barroilhet

Crucero Prat . Crucero O'Higgins Crucero O'Higgins Crucero O'Higgins

Aurelio Aravena Juan Arestey Maximiliano Domínguez Jaime Balladares Silverio Lagos Juan Carlos Montecinos Juan Cárdenas

Crucero Prat

Crucero O'Higgins Crucero O'Higgins Crucero O'Higgins Destructor Blanco

Ernesto Zúñiga

Destructor Blanco

Pedro Lagos Juan Roldán José Velásquez

Destructor Blanco

Danilo Godoy Sergio Fuentes

Destructor Blanco Destructor Blanco

Claudio Espinosa Oscar Carvajal

Destructor Blanco Destructor Cochrane

Ernesto Suenzen

Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería

José Jara Mariano Ramírez Carlos Alvarado Abdón Villouta José Polanco

Marinero Marinero

Tomás Alonso José Maldonado

Marinero Marinero Cabo

Nelson Córdova Miguel Muñoz Miguel González

Destructor Blanco Destructor Blanco

Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Ingeniería Escuela de Telecomunicaciones

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RANGO

Cabo Cabo

NOMBRE

UNIDAD

Ricardo Tobar

Escuela de Armamentos

José Ojeda Nelson Bravo

Escuela de Armamentos Escuela de Armamentos

Julio Fajardo Luis Jonquera Henry Gómez

Base Aérea El Belloto Base Aérea El Belloto

Operador

Ramón González

ASMAR ASMAR

Operador

Humberto Lagos Víctor Reiman

ASMAR ASMAR

120 |Ed ic io n e s L e Mo n d e d ip lo m a tiq u e «e l D ip l ó » |Ca p it a l In t e le c t u a l

RANGO General General General Coronel Coronel Coronel Comandante de Grupo

NOMBRE Alberto Bachelet Osvaldo Croqueville Sergio Poblete Carlos Ominami Rolando Miranda Pedro Guerrero Ernesto Galaz Alvaro Yánez

Comandante de Grupo Comandante de Grupo

Alamiro Castillo

Comandante de Grupo Capitán

Otto Becerra Carlos Camacho

Capitán Capitán

Raúl Vergara Jorge Silva

Capitán Capitán

Jaime Donoso Daniel Aycimena

Capitán Capitán

Eladio Cisternas

Teniente Teniente

Julio Cerdá Jorge Dixon José Grümblatt

Teniente Teniente

Alejandro Navarro Ricardo Navarro

Teniente Teniente Suboficial

Pedro Pons Humberto Frías

Suboficial

Mario González Belarmino Constanzo

Suboficial

Gustavo Lastra

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RANGO Sargento Sargento Sargento Sargento Sargento Cabo Cabo Cabo

NOMBRE Juan Ramírez Carlos Trujillo Mario Cornejo Miguel Guzmán Rafael Reyes José Yaite José Aya la

Cabo

Domingo Ibáñez Iván Figueroa

Cabo

José Carrial

Cabo

José Contreras

Cabo Cabo

José Jara Francisco Maldonado

Cabo Cabo

Carlos Guerrero José Espinoza Ornar Maldonado

Cabo Cabo Cabo Cabo

Arturo Torres José Carrasco Moisés Silva

Cabo Cabo

Osvaldo Cortés Manuel Moya

Cabo Cabo

Pedro Fontanilla Mario Noches José Koch Pedro (s/n)

Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo

Héctor Rojas Saturnino Goas José Pérez Mario Arenas

122 I E d ic io n e s L e Mo n d e d ip lo m a tiq u e «e l Dip l ó » |Ca p it a l In t e le c t u a l

RANGO

NOMBRE

Cabo Cabo

Manuel López Alberto Bustamante

Cabo

Víctor Adriazola

Cabo Cabo Cabo

Ivar Rojas Sergio Lontano Ramón Pérez

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|Los O tro s M ilita re s | 123

BIBLIOGRAFÍA Claro, María Luisa y Word, María Elena, Las cartas del General Bachelet, Grupo Editorial Norma, Santiago de Chile, 2006. Cheyre, Juan Emilio, “Discurso fúnebre del CJE en las exequias del GDE Carlos Prats González”, Revista Memorial del Ejército de Chile, edición N° 474, enero 2005, Santiago de Chile, pp. 2-12. Diarios El Mercurio, El Siglo y La Prensa. Garay, Cristian, “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y la participación militar (1969-1973)”, Revista Política N° 10, Santiago de Chile, 1986, pp. 7 1-117 . García, Pío, Las Fuerzas Alomadas y el golpe de Estado en Chile, Ediciones Siglo XXI, México, 1974. Magasich, Jorge, Los que dijeron No. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, dos volúmenes, editorial LOM, Santiago de Chile, 2008. Prats, Carlos, Memorias, editorial Pehuén, Santiago de Chile, cuarta edición, 1996. Ramos, José, Las canas del Coronel, Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile, 2001. ------ , El piloto Wenche y otros relatos del Alférez Ra, Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile, 2001. Revistas Cauce, Chile Hoy, Ercilla, Qué Pasa y VEA. Soto, Hernán y Gutiérrez, Carlos, “Los militares chilenos: informe revelador”, Revista Estudios Político Militares N° 1, Año 1, primer semestre de 2001, Universidad ARCIS, Santiago de Chile, pp. 9 5 -111. Urbina, Javier, A l servicio de Chile. Comandantes en Jefe del Ejército. 18132002, Santiago, Chile. Urbina, Javier, “El General René Schneider y la doctrina del Ejército”, Revista Memorial del Ejército de Chile, edición N° 465/2000, Santiago de Chile, pp. 2-11. Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh versus Pinochet. Chile 1960-1980, editorial LOM, Santiago de Chile, 2003.

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Militares contra Pinochet Se terminó de imprimir en el mes de julio de 2009 en los Talleres Gráficos Castiglioni, Hortiguera 1411, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Opcional con Le Monde diplomatique, edición Cono Sur. Distribuye en Capital Federal y GBA: Vaccaro, Sánchez y Cía. S.A. Distribuye en interior: D.I.S.A.