Los invisibles: por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad 9568639276, 9789568639273

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LOS INVISIBLES. POR QUÉ LA POBREZA Y LA (...)
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ÍNDICE
PRÓLOGO
LAS FORMAS Y USOS DE LA VULNERABILIDAD
ATRIA, FINNIS Y NOZICK: UNA CRÍTICA A NUESTRAS (...)
LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL
EXCLUSIÓN INTERGENERACIONAL: NOTAS PARA (...)
LOS INMIGRANTES Y LA FORMACIÓN DE INSTITUCIONES
PEDRO MACHUCA Y DANIEL ZAMUDIO: VIDAS PARALELAS
CÁRCEL, MARGINALIDAD Y DELITO
EL ALLEGAMIENTO O LA PROXIMIDAD INVISIBLE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE: IDENTIDAD, (...)
LAS BUENAS INTENCIONES Y LA REALIDAD: CÓMO (...)

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LOS INVISIBLES

por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad Catalina Siles V. (ed.)

LOS INVISIBLES

POR QUÉ LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEJARON DE SER PRIORIDAD

Comité editorial: Pablo Chiuminatto, Jorge Fábrega, Joaquín Fermandois, Braulio Fernández Hugo Herrera, Daniel Mansuy, Héctor Soto y Alejandro Vigo.

LOS INVISIBLES POR QUÉ LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEJARON DE SER PRIORIDAD

CATALINA SILES (ED.)

De la presente edición: ©  Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015 ©  Catalina Siles V., Olof Page, Claudio Alvarado, Pablo Beytía, Pablo Ortúzar, Jorge Fábrega, Sergio Micco, Pilar Larroulet, Consuelo Araos, Lésmer Montecino, María Cristina Arancibia, Andrés Biehl y Germán Vera. Instituto de Estudios de la Sociedad, IES Dirección de Publicaciones Teléfonos (56-2) 2321 7792 / 99 Nuestra Señora de los Ángeles 175 Las Condes, Santiago, Chile www.ieschile.cl Primera edición: abril 2015 1000 ejemplares ISBN:978-956-8639-27-3 Diseño de interior y portada: Huemul Estudio Impresión: Andros Impresores Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier sistema –electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de recuperación o de almacenamiento de información– sin la expresa autorización del Instituto de Estudios de la Sociedad.

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POR QUÉ LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEJARON DE SER PRIORIDAD

Catalina Siles V. (ed.)

Agradecemos el apoyo que nos ha dado la Fundación Hanns Seidel para hacer posible la publicación de este libro.

ÍNDICE 11

Prólogo Catalina Siles V. Las formas y usos de la vulnerabilidad

29

Olof Page Atria, Finnis y Nozick: una crítica a nuestras prioridades políticas

49

Claudio Alvarado La estructura interna de la pobreza multidimensional



71

Pablo Beytía Exclusión intergeneracional: notas para una previsión integral intergeneracional



89

Pablo Ortúzar Madrid



Los inmigrantes y la formación de instituciones



109

Jorge Fábrega Pedro Machuca y Daniel Zamudio: vidas paralelas



129

Sergio Micco Cárcel, marginalidad y delito

157

Pilar Larroulet El allegamiento o la proximidad invisible



195

Consuelo Araos Bralic Personas en situación de calle: identidad, exclusión e invisibilización

233

Lésmer Antonio Montecino Soto, María Cristina Arancibia Aguilera Las buenas intenciones y la realidad: cómo ampliar los beneficios del trabajo formal Andrés Biehl L., Germán Vera C.

259

He conocido a una sola persona a quien la miseria de los hombres impedía vivir: Simone Weil. Ella siguió su camino y finalmente se fue en busca de la santidad. A nosotros, a quienes la miseria de los hombres no nos impide vivir, que por lo menos no nos impida pensar. Raymond Aron El fanatismo, la prudencia y la fe (1956)

PRÓLOGO

Catalina Siles V.1

“La conciencia del pobre es limpia; sin embargo, se siente avergonzado […]. Se siente apartado de los demás, andando a tientas en la oscuridad. La humanidad no se ocupa de él. En medio de la multitud, […] se encuentra tan a oscuras como en una cueva o en un desván. No le censuran ni reprueban sus actos; lo que ocurre es que nadie repara en él […]. Ser totalmente ignorado, y saberlo, es intolerable”. John Adams, Discursos sobre Dávila (1790-1791)

i. Pobreza y exclusión En su libro Sobre la revolución, Hannah Arendt intenta desentrañar el sentido de la frase de Adams que sirve de epígrafe a este texto. Según Arendt, esta aguda observación suele estar ausente de la reflexión sobre la pobreza, pese a que expresa una de las mayores injusticias cometidas contra quien vive en esa condición: el olvido. De ahí que se atreva a afirmar que “la maldición de la pobreza radica más en la invisibilidad que en la indigencia”2. Ayudar a visibilizar este problema es precisamente el propósito de este libro. En primer lugar, Los invisibles aborda el problema de la exclusión social, entendida, en términos generales, como la permanente imposibilidad de participar en la toma de decisiones de la vida política, social y cultural. Se trata

1

Licenciada y magíster en Historia. Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) en temas de filosofía política, familia y género. Autora, junto con Manfred Svensson, de Vivir juntos. Reflexiones sobre la convivencia en Chile (Santiago: IES, 2013). Tradujo del inglés Los fundamentos conservadores del orden liberal, de Daniel J. Mahoney (Santiago: IES, 2015).

2

Arendt, Hannah, Sobre la revolución (Madrid: Alianza Editorial, 2013), 91.

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de un fenómeno complejo y multidimensional, que implica la falta o negación de recursos, bienes (de todo tipo) y servicios; y, por tanto, la imposibilidad de participar en las relaciones y actividades que normalmente están a disposición de las personas “decentes” o “respetables” de una sociedad3.

Esto ya lo observó el propio Adam Smith: las necesidades no se refieren solo a aquellas cosas imprescindibles para subsistir, sino a todo aquello que la costumbre de un país hace indispensable4. En este sentido, las variables son difíciles de definir, puesto que dependen en gran medida del contexto: el concepto de exclusión social refiere a (y depende de) un tiempo y espacio particulares5. Con todo, pueden mencionarse algunos elementos básicos, tanto materiales como simbólicos, presentes en la mayor parte de los análisis de exclusión: niveles de empleo, acceso a educación, estado de salud, calidad de vivienda y entorno, acceso a servicios públicos y privados, seguridad, redes de apoyo, posibilidades de esparcimiento y recreación, y participación en la vida cívica, entre otros6. El artículo de Pablo Beytía apunta a este carácter multidimensional, a partir de una reflexión sobre la estructura interna de la pobreza, entendida como una red de variables vinculadas entre sí y cuyas propiedades no serían observadas al analizar los indicadores por separado o sumados entre sí. Desde luego, la exclusión social se agudiza cuando esta ausencia de participación de ciertos bienes se mantiene en el tiempo; es decir, cuando existen bajas perspectivas de un mejor porvenir7. Con esos antecedentes, bien puede pensarse que de las distintas variables que influyen en el hecho de la marginalización (tales como la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, las discapacidades físicas o mentales, 3

Levitas, Ruth, “The concept and measurement of social exclusion”, en Pantazis, Christina, David Gordon y Ruth Levitas, Poverty and Social Exclusion in Britain (Brístol: Policy Press, 2006), 122-160.

4

Smith, Adam, Sobre la riqueza de las naciones (México: FCE, 1981), 769.

5

Atkinson, Anthony B., “Social Exclusion, Poverty and Unemployment”, en Atkinson, Anthony B. y John Hill (eds.), Exclusion, Employment and Opportunity (Londres: LSE, 1998), 13-14.

6 Levitas, Ruth, et al., The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion (Londres: Department for Communities and Local Government, 2007). 7

Atkinson, “Social Exclusion, Poverty and Unemployment”.

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etc.), hoy en Chile, la pobreza es la más gravitante de todas. Olof Page, en su artículo, explora esta perspectiva desde el concepto de vulnerabilidad y se cuestiona sobre las exigencias de justicia que supone dicha condición. Pero por paradójico que parezca, lo peor de todo es que las consecuencias más gravosas de la pobreza no se agotan en el ámbito de lo material. Por supuesto, las carencias materiales no pueden ser subestimadas en su capacidad de violentar, a veces radicalmente, la dignidad de quien las padece; pero la escasez de bienes materiales mínimos es solo la manifestación más visible de la pobreza. En efecto, la maldición de la que habla Arendt no se restringe al hecho mismo de tener bajos ingresos, sino que también implica la incapacidad de acceder al espacio público, el de las cosas comunes, del cual emana una fuente insustituible de realización humana8. En otros términos,

aquellos que viven en pobreza se ven impedidos de acceder a recursos que, en la expresión del premio Nobel de economía Amartya Sen, hacen posible llevar una vida significativa y participar activamente en la vida de la comunidad9. Así, estas personas son quienes por excelencia experimentan el problema de la exclusión o marginación social. Más allá del vestido de mala calidad, la mesa modesta o el techo precario, el problema del pobre es la oscuridad, el hecho trágico de que nadie repara en él. El artículo de Lésmer Montecino y María Cristina Arancibia revisa justamente esta realidad, a propósito de las personas en situación de calle y la indiferencia que el discurso cotidiano manifiesta al respecto. En suma, el concepto de exclusión social puede presentarse como contrapunto, entonces, con el de participación, con el hecho de sentirse parte de una sociedad y poder efectivamente incidir en ella. Desde una perspectiva convergente con la que hemos seguido acá, Amartya Sen afirma que la exclusión guarda relación estrecha con la pobreza, con el hecho de tener una

8 “El malestar que siente el pobre, una vez que ve asegurada su propia conservación, consiste en vivir una vida sin sentido y en permanecer fuera de la luz que irradia de la esfera pública, donde puede descollar la excelencia; permanece a oscuras donde quiera que vaya”, en Arendt, Sobre la revolución, 91. 9 Sen, Amartya, “Social exclusion: Concept, Application, and Scrutiny”, en Social Development Papers, nº 1. Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank (2000), 3-6.

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“vida empobrecida”10. Esto, como ya señalamos, no solo desde el punto de vista material (bajos ingresos), que es como comúnmente ha sido definida la pobreza, sino en términos de una vida “humanamente disminuida”, de una carencia de los recursos necesarios para desplegar las capacidades propiamente humanas. Para Sen, estos recursos deben ser juzgados en su capacidad de ofrecer una libertad sustantiva, real. No se trata, por tanto, de una libertad meramente formal, en el sentido de que nadie coaccione exteriormente a la persona y le prohíba elegir ciertas cosas. Eso es necesario, pero no basta para estar en presencia de una libertad verdadera: ello exige acceso a recursos habilitantes, sin los cuales la libertad tiende a ser poco más que una ilusión11. Por esa razón, participar de los espacios en que estos

recursos se distribuyen, tales como la familia, la escuela, el trabajo, la vida cívica, entre otros, es imprescindible para que las personas puedan realizarse como tales. El problema, entonces, es que los pobres carecen de los recursos que van más allá de la subsistencia, y esa carencia dificulta en extremo la plenitud o realización humanas12. El capítulo de Sergio Micco desarrolla esta idea con profundidad, a partir de dos casos paradigmáticos: uno real, el de Daniel Zamudio, y uno ficticio, el de Pedro Machuca.

ii. El problema de la integración Lo que a nivel subjetivo hemos descrito como la crisis de realización que padecen los marginados constituye, al mismo tiempo, un problema de la sociedad en su conjunto. El motivo de esto se remonta a la constitución misma de la comunidad política y a los mecanismos que hacen posible su existencia como unidad de personas y agrupaciones. Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, afirma que la integración social es el principio que

10 Sen, La idea de Justicia (Buenos Aires: Taurus, 2014). 11 Sobre esto resulta interesante la crítica de Charles Taylor al concepto de libertad negativa en “¿Cuál es el problema de la libertad negativa?”, en La libertad de los modernos (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2005). 12 Esto ya lo advirtió Aristóteles en su Ética a Nicómaco, libro X.

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unifica las partes del todo social13. Una de las preocupaciones del sociólogo francés era cómo los seres humanos pueden lograr formar una unidad pese a la gran tendencia a la individuación que poseen. Desde luego, cada individuo tiene sus propios intereses, perspectivas, sentimientos y aspiraciones, y estos no necesariamente coinciden con los de los demás. Es decir, existe una gran pluralidad. ¿Qué hace, entonces, que las sociedades humanas no sean simplemente un conjunto abstracto de seres humanos aislados? Ante esta pregunta cobra relevancia el concepto de integración social, que describe los mecanismos y formas que mantienen a las personas vinculadas entre sí y con la sociedad como un todo unido dentro de su diversidad. Cuando estos mecanismos de integración se debilitan por algún motivo, ciertos individuos —u ocasionalmente grupos completos— pueden resultar apartados de la vida social, con consecuencias a veces altamente problemáticas. La sociología, a partir de Durkheim, ha designado esto como “anomia”, concepto que, grosso modo, puede definirse como la falta de adhesión a las normas sociales, lo que tiene como expresiones habituales la violencia, la corrupción y la desconfianza; la inestabilidad social en general. En particular, Robert K. Merton define la anomia como el producto de un conflicto existente entre los ideales valorativos de una sociedad y la posibilidad de realización de esos mismos ideales14. La cultura propone

valores al conjunto de los miembros de la sociedad, pero en ocasiones la estructura social no brinda a todos las mismas oportunidades de lograr la realización de sus aspiraciones, muchas de ellas inspiradas por la misma cultura. Esto genera, por supuesto, una tensión conflictiva. Es decir, cuando la estructura social dificulta a las personas alcanzar los medios legítimos para conquistar los fines que se han propuesto, por ejemplo, lograr cierto nivel de bienestar material, crece la presión para usar medios ilegítimos que sí permitan lograrlos, como el sobreendeudamiento, un problema cada vez más extendido en las familias más vulnerables en Chile15. De ahí que 13 Durkheim, Émile, De la división del trabajo social (Buenos Aires: Schapire, 1967). 14 Merton, Robert K., “Estructura social y anomia”, en Teoría y estructuras sociales (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1964). 15 IdeaPaís, “Endeudamiento y pobreza en Chile”, Informe social n°1 (2014).

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en condiciones de desintegración social las conductas anómicas broten con mayor frecuencia. Por cierto, la estructura social es dinámica y puede asumir formas que favorezcan o perjudiquen este acceso a recursos, con su consecuente integración o desintegración social. Para Merton, estructuras sociales altamente desiguales en ingresos y oportunidades tienden a aumentar el potencial de desarrollar conductas anómicas en los sectores menos privilegiados, sobre todo cuando uno de los valores predominantes es la acumulación de riqueza, símbolo de éxito y prestigio, de estatus social. Esto pone en evidencia la importancia de atender a los procesos sociales que se vinculan con las diversas formas de integración social y sus problemas. El artículo de Pilar Larroulet, que a partir de la evidencia explora la controvertida relación de marginalidad y delito, es muy ilustrativo al respecto.

iii. Modernización y mercantilización: el caso chileno Entre los diversos procesos sociales que podrían revisarse de cara a estos asuntos, es especialmente importante la expansión experimentada en la sociedad moderna por el mercado y el dinero como medios de integración social. En La gran transformación, Karl Polanyi analiza críticamente la tendencia de la modernización capitalista al establecimiento de una “sociedad de mercado”16. Es decir, una sociedad en que, si no todas, al menos la gran mayoría de las operaciones sociales se coordinan a través de interacciones mercantiles. Naturalmente, este proceso otorga al dinero una centralidad para la integración que en otros contextos no posee. Este proceso usualmente pone más dinero en poder de todas las personas, aunque de manera profundamente desigual. Así, para Polanyi, el costo que se paga por el incremento (dispar) de las condiciones materiales de vida de las personas es una “dislocación social”17, en que las minorías privilegiadas pasan a llevar una vida fundamentalmente ajena a la que desarrollan los más pobres y vulnerables. Desde luego, el desacoplamiento de los intereses de ambos grupos atentaría seriamente contra la integración social. En este sentido, el 16 Polanyi, Karl, La gran transformación (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003). 17 Polanyi, La gran transformación.

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establecimiento de una sociedad de mercado sería una potencial fuente de marginación. Con todo, debemos advertir que no toda desintegración genera exclusión o marginación, sino solo aquella en que algunos quedan privados de los recursos necesarios para llevar una vida buena18. El mercado mismo es una

fuente de integración social, y es precisamente el mercado la institución que, a juicio de autores como Habermas, se convierte en un medio dominante de integración en la sociedad contemporánea19. Sin embargo, son sus límites, en buena medida trazados por la posesión de dinero, los que excluyen de hecho a muchas personas, cuando él se convierte en el principio que determina el reparto de la inmensa mayoría de los bienes. Como ha enfatizado Michael Sandel, el hecho de carecer de suficiente dinero tiende a significar un problema de acceso a prácticamente la totalidad de los recursos y procesos sociales relevantes20. También porque, como observaba el propio Polanyi, la expansión mercantilizadora suele ser correlativa a un segundo efecto importante, al menos en aquellas ocasiones en que esta se desarrolla como 18 Las personas que cuentan con mayores recursos, por ejemplo, aunque pueden vivir en un contexto de desintegración social, no necesariamente se ven marginadas, pues cuentan con una posición individual más fuerte y con recursos que les permiten una mayor participación social. 19 Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa (Madrid: Taurus, 1999). Para Habermas, si bien es cierto que la sociedad contemporánea puede describirse a partir de procesos de especialización funcional, es probablemente ingenuo desconocer que ello no desemboca aun en una sociedad “acéntrica” como postula Luhmann, porque ciertos mecanismos funcionales, como el dinero, la burocracia y el poder, tienden a colonizar ámbitos de la vida social que, a juicio del autor alemán, sería deseable que estuvieran integrados mediante comunicaciones discursivas, es decir, que impliquen diálogo, argumentación y, en fin, procesos de deliberación conscientes. 20 Sandel, Michael, Lo que el dinero no puede comprar (Barcelona: Debate, 2013). “Mientras más capacidad adquisitiva tenga el dinero, mientras más pueda comprar, más relevante es la tenencia o falta de este”. Ya lo decía Marx: “El dinero, en la medida en que posee la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es el objeto por excelencia […]. Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero […]. Lo que soy y lo que puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Por tanto, no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, queda anulado por el dinero. Según mi individualidad, soy tullido, pero el dinero me procura veinticuatro piernas: luego: no soy tullido […]. ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario?” (Manuscritos económicos y políticos de 1844).

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un proceso sin límites políticos. Este efecto consiste en el notable aumento de las desigualdades materiales que es facilitado por el desarrollo de la modernización capitalista. Las explicaciones que vinculan la desigualdad a la expansión de los mercados son variadas y muchas de ellas objeto de múltiples discusiones. En términos generales, podemos señalar que el mercado, siendo una forma muy abstracta de coordinación de vínculos sociales, tiene, sin embargo, muchas dificultades para reunir toda la información relevante para una transacción equitativa. En concreto, es incapaz de hacerse cargo de las diferencias extramercantiles (producto de variables individuales, como las capacidades personales, y estructurales, como el nivel socioeconómico de origen) y que tienden a reproducirse a través del propio mercado. Es justamente tarea de las instituciones políticas hacer visibles estas desigualdades y regularlas; pero cuando la lógica mercantil se expande a casi todas las esferas de la vida social, o, peor aún, cuando la economía y la política se entrecruzan —es decir, cuando el poder y el dinero operan conjuntamente—, estas desigualdades suelen verse aún más acentuadas, con graves consecuencias para el sistema político y económico, cuestión sobre la que volveremos más adelante. El sociólogo Eduardo Valenzuela, en La rebelión de los jóvenes21, destaca

el hecho de que, entre las distintas vías posibles hacia la modernidad22, el caso chileno es un buen ejemplo de modernización por vía del mercado. Este proceso tiene importantes consecuencias en el modo en que se desarrolla la integración social y, por tanto, a la hora de distinguir los grupos socialmente integrados de los marginales. Desde que Ferdinand Tönnies desarrollara esta 21 Valenzuela, Eduardo, La rebelión de los jóvenes (Santiago: Ediciones SUR, 1984). Esto, que en ocasiones puede desarrollarse de forma natural, en el caso chileno contó con una importante dosis de premeditación, contenida en el llamado “proyecto neoliberal”, desarrollado en los años 80 por los Chicago boys. 22 La teoría social ha señalado distintos mecanismos como aquellos que caracterizan la modernización de la sociedad. Muchas veces estos mecanismos son complementarios, pero en ocasiones constituyen explicaciones del fenómeno que rivalizan entre sí. Así, se ha caracterizado la modernidad a partir de la especialización funcional, de la industrialización, de la burocratización y de la masificación social, entre otros. En el caso chileno, el énfasis que aquí se pone es que la modernización puede ser descrita especialmente como un proceso de mercantilización.

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distinción en su clásica obra Comunidad y sociedad23, es posible diferenciar la integración que es propia de contextos premodernos (que podemos designar como “comunitarios”) de aquella propia de la modernidad (que podemos llamar “societarios”). En el caso de los órdenes comunitarios (tanto las sociedades premodernas como las comunidades de raigambre tradicional que siguen operativas en la modernidad, tales como las familias, las amistades y las comunidades religiosas), la integración se desarrolla sobre la base de vínculos personales fundados en el conocimiento mutuo, y en la semejanza de fines y valores. En el caso de los órdenes societarios, por contraparte, la integración se basa, fundamentalmente, en la interdependencia funcional que surge en el contexto de sociedades altamente complejas, cuyos participantes no se conocen personalmente, pero se relacionan entre sí porque sus intereses particulares los conducen a hacerlo. En este caso podemos hablar de un modo “contractual” de integración, a diferencia del modo “presencial” que caracteriza a los órdenes comunitarios. Todo esto explica que para Valenzuela la modernización chilena represente un proceso de contractualización de las relaciones sociales, que de alguna manera sustituye la cohesión que ofrecen los fines y valores comunes por una forma de integración que, si bien coordina a las personas, no garantiza la cohesión social y, de hecho, tiende a prescindir de ella, lo que favorece la atomización de las relaciones sociales24. Por cierto que este fenómeno tiene múltiples manifestaciones en nuestro orden social; en su artículo, Pablo Ortúzar aborda el tema desde el punto de vista de la justicia intergeneracional, y cómo esto se traduce en algunos de los problemas de nuestro actual sistema previsional. Así, las relaciones entre las personas pierden su contenido personal y se vuelven casi exclusivamente funcionales. Este es el modo de integración que caracteriza una sociedad gobernada por el mercado, pues, como reconoce Friedrich von Hayek, el mercado puede ser entendido como la ausencia de comunidad de fines y valores25. En este proceso confluyen los dos 23 Tönnies, Ferdinand, Comunidad y sociedad (Buenos Aires: Losada, 1927). 24 Valenzuela, La rebelión de los jóvenes, 19. 25 Hayek, Friedrich, “Los principios de un orden social liberal”, en Estudios Públicos, n°6 (1982). Trabajo presentado en el encuentro de Tokio de la Sociedad Mont Pelerin, en septiembre de

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problemas señalados antes. Por un lado, la desintegración social implicada en la impersonalidad de las relaciones sociales mediadas por el dinero: un medio muy universal y al mismo tiempo insensible a las características y relaciones personales de los sujetos vinculados por él26. Y por el otro, el acrecentamiento

de las desigualdades dada la expansión ilimitada del mercado a esferas de la vida social que tradicionalmente le eran ajenas. Ambos procesos dan forma a un orden social que, amén de su notable incremento en la capacidad de producir riqueza, deja a quienes no están debidamente dotados de los recursos que el mercado demanda —por excelencia, dinero— en una posición de marcada exclusión, tanto de los asuntos públicos como, muchas veces, de los bienes elementales requeridos para llevar una vida plenamente humana. Mientras más bienes (materiales y no materiales) pueda comprar el dinero, más problemática y relevante pasa a ser la desigualdad. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz advierte en El precio de la desigualdad27 sobre algunas problemáticas generadas por los elevados grados de desigualdad. Estos últimos bien pueden convertirse en una amenaza para un sano funcionamiento de la democracia. En efecto, la “colonización” del mercado28 también se produce en la vida cívica, poniendo en peligro la estabilidad del sistema político. Su frase “un dólar un voto” —más allá de su tono evidentemente polémico— sirve para comprender cómo la desigualdad puede entrar en tensión con los ideales democráticos, y con la idea misma de justicia. Aunque naturalmente se trata de un problema de múltiples dimensiones, Stiglitz piensa que la desigualdad producida por el mercado se ve radicalizada por las fallas de la política, que enfrenta serias dificultades para regular estas ineficiencias. Esto conduce a la pérdida de confianza, como motor de cohesión social, y del sentido de identidad, que puede llevar a altos 1966.

26 El dinero puede operar con un mínimo de requisitos “sociales”, vale decir, no presupone, para operar adecuadamente, la vigencia de ningún vínculo social significativo (el dinero puede operar sin que seamos amigos, parientes, etc.). Y dado que no los necesita, no tiene ningún problema en erosionarlos, debilitarlos o derechamente quebrarlos con tal de operar adecuadamente. 27 Stiglitz, Joseph, El precio de la desigualdad (Madrid: Taurus, 2011). 28 Habermas, Teoría de la acción comunicativa.

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niveles de conflictividad. Y al mismo tiempo, a una economía menos eficiente y productiva29. Desde luego, Chile no ha estado ajeno a estos problemas. El proceso de modernización llevado a cabo en el país ha sido ambivalente. Si bien los niveles de crecimiento fueron notables durante las últimas tres décadas, no todos se vieron beneficiados de él. Al otro lado de la moneda nos encontramos con que, en el mejor de los casos, el 14,4% de la población continúa en la pobreza y el 4,5%, en la indigencia30. Que 4 de cada 10 familias se encuentran

en situación de vulnerabilidad. Y que quienes más se ven afectados son las mujeres, los niños, aquellos que pertenecen a algún pueblo originario y quienes viven en zonas rurales: ese es el rostro de los excluidos en el Chile de hoy. Asimismo, el país encabeza la lista de los índices de desigualdad de los países que conforman la OCDE, con un coeficiente de Gini del 0,56, con brechas salariales de 29 veces entre el primer y el último decil, en un país como el nuestro31, y donde la participación del 1% más rico del país es del 30,5% del ingreso total. El 0,1% se lleva el 17,6%, y el 0,01% acapara el 10,1% del total, según un estudio realizado por académicos de la Universidad de Chile32.

iv. ¿Qué hacer? Hasta acá, hemos dicho que el problema central que ocasiona y da forma a la exclusión social es el de la pobreza, que además se ve acentuada por nuestros altos niveles de desigualdad. Así también, he señalado que en sociedades que otorgan un papel preponderante al mercado esta vinculación es aún más directa. Ello no implica desconocer que hay otros factores de marginación 29 El buen funcionamiento de la economía necesita de ciertas condiciones sociales: estabilidad, confianza, empleabilidad, entre otras, que hagan posible un verdadero crecimiento. Véase Stiglitz, El precio de la desigualdad. 30 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013. 31 Casen 2013. Además, el 70% de los asalariados gana menos de $400 mil líquidos al mes. La mediana de ingresos formales es de $260 mil líquidos. Eso significa que la mitad de los asalariados gana menos que eso cada mes. 32 López, Ramón E., Eugenio Figueroa B. y Pablo Gutiérrez C, “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Serie de Documentos de Trabajo, nº 379, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2013).

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que en ocasiones llegan a ser determinantes, e incluso hirientes. Dichos mecanismos, que ya mencionamos al inicio, como por ejemplo la raza, el sexo, la religión, las discapacidades de distinto tipo, entre muchos otros, no deben desatenderse. En este sentido, por ejemplo, el artículo de Jorge Fábrega analiza los obstáculos institucionales que impiden a los inmigrantes —sobre todo a aquellos con menos recursos— integrarse socialmente como ciudadanos con plenos derechos, y las consecuencias negativas que esto supone para ellos mismos y para el país. No obstante, muchas veces las prioridades políticas parecieran centrarse casi exclusivamente en reivindicaciones identitarias, y que a quienes padecen el problema de la pobreza les ha sido añadido el insulto del olvido33. En este sentido, cobra relevancia la tesis defendida por

Walter Benn Michaels en su obra The Trouble with Diversity34, para quien las banderas propias de algunas minorías bien posicionadas o vinculadas con elites relevantes terminan por llevar a segundo plano injusticias elementales. La preocupación por una agenda política razonable y justa debe volver a poner su mirada sobre aquellos que, carentes de los recursos necesarios para influir en las élites que dirigen el curso del país, ven sus problemas relegados al segundo o tercer plano. En Chile hay, en la actualidad, una amplia porción de la población que carece de acceso a bienes básicos, como salud, vivienda, educación y justicia. El hecho de que sean ignorados es la señal más clara de que, al día de hoy, ellos siguen siendo los principales marginados. Basta pensar en la situación de los niños del Sename, en los barrios controlados por el narcotráfico o aquellos en que no hay acceso a servicio básico alguno —la marginación urbana—, en la situación de los presos de nuestras cárceles — develada brutalmente por el incendio de la cárcel de San Miguel— y en las duras condiciones que viven los inmigrantes en nuestro país. En este contexto, el artículo de Claudio Alvarado ahonda en ciertas ideas que dificultan la 33 En estricto sentido, existe una afinidad profunda entre el liberalismo económico y las reivindicaciones identitarias, pues ambas ponen el acento en los derechos individuales, desde los cuales no es posible fundar una acción común, indispensable para la política. Mansuy, Daniel, “Rehabilitar la política”, en Bellolio, Cristóbal (ed.), #dondeestaelrelato (Santiago: Instituto Democracia y Mercado, 2011), 90-92. 34 Michaels, Walter Benn, The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (Nueva York: Owl Book, 2007).

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existencia de una agenda política más justa, a partir del concepto de justicia distributiva propuesto por John Finnis. Por último, nos parece importante apuntar a las posibles vías de solución respecto de las problemáticas perfiladas a lo largo de este texto. Desde luego, se trata de fenómenos sumamente complejos, por lo que no existen soluciones unívocas. Sin embargo, pensamos que las dificultades señaladas pueden mitigarse, en la medida en que repensemos algunos aspectos de nuestro actual modelo de desarrollo. Si, como hemos afirmado, el problema de la exclusión guarda relación con los mecanismos de integración social, y estos actualmente parecen descansar muy marcadamente en medios impersonales como el dinero, una solución o atenuación insustituible está dada por la preservación de ámbitos personalizados de integración, que favorezcan cierta dosis mínima de cohesión social. Como bien afirma Eduardo Valenzuela, “toda sociedad necesita mecanismos de integración no contractuales”35.

Estos ámbitos o mecanismos de integración personalizados guardan una relación estrecha con la que fue, a juicio de Robert Nisbet, la principal idea política del siglo XIX, a saber, la idea de comunidad36. La preservación de formas de integración comunitarias supone fijar la mirada más allá de los dominios del Estado y el mercado, y situarla más bien en el papel de la sociedad civil. Ahora bien, urge pensar esta no tanto como una extensión del mercado, es decir, no como un ámbito meramente privado de la vida social, sino como una dimensión cuyo papel es eminentemente público. En muchos sentidos, la asociatividad espontánea de las personas da lugar a comunidades que están más cerca de los marginados y de los excluidos, mientras que el Estado y el mercado —en especial considerando el carácter centralista y concentrado que, respectivamente, presentan en Chile— tienen muchas dificultades para concitar un sentido de pertenencia, una identidad común. Así, el surgimiento, mantención y fortalecimiento de una sociedad civil robusta parece ser una vía privilegiada de integración de aquellos a quienes el poder y el dinero parecen 35 Valenzuela, La rebelión de los jóvenes, 12. 36 Nisbet, Robert, La formación del pensamiento sociológico (Buenos Aires: Amorrortu, 2010).

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estar incapacitados de ver. Al fin y al cabo, quienes necesitan de una sociedad civil robusta no son tanto los más favorecidos, sino sobre todo los invisibles, para quienes sus relaciones con los otros a veces constituyen su único soporte. Consuelo Araos advierte esta necesidad en su capítulo sobre el allegamiento, como solución residencial de las familias más pobres, para garantizar la proximidad familiar. En este sentido, favorecer familias cohesionadas y estables, barrios y juntas de vecinos activos y vitales, sindicatos y organizaciones laborales con capacidad de acción es una forma de asociación cuya fuerza para integrar a los excluidos y superar la pobreza es probablemente más penetrante que la burocracia estatal y el dinero. Estas comunidades de sentido exigen un vínculo moral y convicciones comunes por las que se está valerosamente dispuesto a responder, con la conciencia de que el bien del individuo está estrechamente vinculado con el bien de los demás. No obstante lo anterior, no debe desestimarse el lugar que les cabe a las grandes instituciones modernas, Estado y mercado. El Estado, por su parte, cumple un rol insustituible en la regulación política de la vida social, y especialmente de la actividad económica. Es probablemente el agente que con más fuerza puede asegurar una cierta distribución equitativa de algunos bienes básicos, cuyo acceso el mercado ha revelado ser incapaz de asegurar por sí solo. En este sentido, el énfasis en la sociedad civil no puede constituir un olvido del Estado, ni una subestimación de su función. Con todo, Andrés Biehl y Germán Vera muestran con razón en su artículo, a través de un análisis de la regulación del mercado laboral chileno, que las políticas estatales deben tener en cuenta las condiciones concretas de aquellos a quienes intentan beneficiar, pues de otro modo se termina perjudicándolos. Al mismo tiempo, estas afirmaciones a favor de la sociedad civil y el Estado tampoco excluyen la conciencia del lugar que le cabe al propio mercado en la superación de la pobreza, pues esta institución ha revelado que, mientras no se salga de control político, es la que más eficazmente opera al momento de producir la riqueza, sin la cual la superación de la pobreza resulta imposible. En este sentido, es urgente cuestionarse sobre el papel y alcance que debiese detentar el mercado, y sobre el significado de ciertos bienes y prácticas sociales. Esto se vincula, por ejemplo, con la discusión de los últimos años

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respecto al tratamiento de bienes públicos, como la educación, la salud, la seguridad o el medio ambiente, como bienes de consumo o commodities. Esas discusiones no admiten simplismos, pero no pueden ser ignoradas. No es exagerado decir que, en muchos sentidos, hoy vivimos cada vez más apartados, segregados y desvinculados unos de otros. Y todo indica que mientras más cosas pueda comprar el dinero, menos ocasiones de encuentro habrá, con la consecuente erosión social. Como nos recuerda Sandel: la democracia no requiere de una igualdad perfecta, pero sí de compartir una vida en común, pues solo así podrá importarnos el bien común, aquello que nos afecta a todos, y aprenderemos a negociar nuestras diferencias37.

Esperamos que las páginas que siguen ayuden en ese propósito, comenzando por al menos vislumbrar la realidad de aquellos que menos tienen y, por lo mismo, más nos necesitan. Para terminar, quisiera agradecer a cada uno de los autores que participaron en este libro, quienes, con un trabajo serio y dedicado, aportan una mirada diversa e interdisciplinaria a un problema muy complejo, que no admite aproximaciones unívocas. Asimismo, esta publicación no sería posible sin el trabajo de todo el equipo del IES, especialmente de Joaquín Castillo, quien esmeradamente se ocupa de cada uno de los libros de nuestra colección. Y, finalmente, agradezco a quienes aportaron con sus ideas y comentarios a la elaboración de este prólogo, particularmente a los investigadores del IES, y a Cristóbal Ruiz-Tagle y a Eduardo Galaz.

37 Sandel, Lo que el dinero no puede comprar.

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Bibliografía Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro X. Arendt, Hannah, Sobre la revolución (Madrid: Alianza Editorial, 2013). Atkinson, Anthony B., “Social Exclusion, Poverty and Unemployment”, en Atkinson, Anthony B. y John Hill (eds.), Exclusion, Employment and Opportunity (Londres: LSE, 1998). Durkheim, Émile, De la división del trabajo social (Buenos Aires: Schapire, 1967). Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa (Madrid: Taurus, 1999). Hayek, Friedrich, “Los principios de un orden social liberal”, en Estudios Públicos n°6 (1982). Trabajo presentado en el encuentro de Tokio de la Sociedad Mont Pelerin, en septiembre de 1966. IdeaPaís, “Endeudamiento y pobreza en Chile”, Informe social n°1 (2014). Levitas, Ruth, “The concept and measurement of social exclusion”, en Pantazis, Christina, David Gordon y Ruth Levitas, Poverty and Social Exclusion in Britain (Brístol: Policy Press, 2006), 122-160. Levitas, Pantazis, Fahmy, Gordon, Lloyd y Patsios, The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion (Londres: Department for Communities and Local Government, 2007). López, Ramón E., Eugenio Figueroa B. y Pablo Gutiérrez C, “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, en Serie de Documentos de Trabajo, nº 379, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2013). Mansuy, Daniel, “Rehabilitar la política”, en Bellolio, Cristóbal (ed.), #dondeestaelrelato (Santiago: Instituto Democracia y Mercado, 2011). Marx, Karl, Manuscritos económicos y políticos de 1844. Merton, Robert K., “Estructura social y anomia”, en Teoría y estructuras sociales (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1964). Michaels, Walter Benn, The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (Nueva York: Owl Book, 2007). Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013 (Santiago: Ministerio de Desarrollo Social, 2015).

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Nisbet, Robert, La formación del pensamiento sociológico (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2010). Polanyi, Karl, La gran transformación (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003). Sandel, Michael, Lo que el dinero no puede comprar (Barcelona: Debate, 2013). Sen, Amartya, “Social exclusion: Concept, Application, and Scrutiny”, en Social Development Papers, nº 1. Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank (2000). Sen, Amartya, La idea de Justicia (Buenos Aires: Taurus, 2014). Smith, Adam, Sobre la riqueza de las naciones (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1981). Stiglitz, Joseph, El precio de la desigualdad (Madrid: Taurus, 2011). Taylor, Charles, La libertad de los modernos (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2005). Tönnies, Ferdinand, Comunidad y Sociedad (Buenos Aires: Losada, 1927). Valenzuela, Eduardo, La rebelión de los jóvenes (Santiago: Ediciones SUR, 1984).

Las formas y usos de la vulnerabilidad Olof Page1

Introducción Se podría pensar que la discusión en torno a la vulnerabilidad es inofensiva, teórica y políticamente, en la medida en que existe consenso en que si una persona o grupo es vulnerable, proteger o atender a esa persona o grupo es algo que, en principio, se debe hacer. Nadie, en el uso corriente del término, está a favor de la vulnerabilidad o afirma que esta no es mala. Este consenso normativo no se da, por ejemplo, con el tema de la desigualdad, que es, incluso más que la vulnerabilidad, otra de las cuestiones políticamente relevantes discutidas hoy en nuestro país. Para algunos la desigualdad es justa cuando es responsabilidad de los involucrados —en el supuesto de que el principio de igualdad de oportunidades haya sido satisfecho— y para otros es justa o moralmente aceptable cuando tiene buenas consecuencias o cuando no tiene malas consecuencias, como cuando se dice que ciertos niveles y tipos de desigualdad amenazan la paz social2. Sin embargo, al ser 1

Académico del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en filosofía de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Doctor en filosofía por la Universidad de Pisa.

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El punto es, por supuesto, más complejo. En relación con la desigualdad y la responsabilidad es necesario decir que una desigualdad no es responsabilidad de los involucrados A y B cuando el hecho de que A esté peor que B y B mejor que A no se debe a la responsabilidad ni de A ni de B, sino a la suerte (y no al tipo de suerte que alguien pudiera decidir correr). Para que, en relación con determinado bien, existan desigualdades justas, se requiere que las decisiones que han llevado a B a estar mejor que A y a A a estar peor que B, hayan sido tomadas en un contexto de igualdad de oportunidades, de manera que no sea posible atribuir a la desigualdad del bien en cuestión el tipo de decisión que se tomó. Esta es una descripción muy estilizada de lo que se conoce como “igualitarismo de la suerte” (luck egalitarianism), algunos de cuyos exponentes son Cohen, G. A., “On the currency of egalitarian justice”, en Ethics, vol. 99 (1989), 906-44; Arneson, Richard, “Equality and equal opportunity for welfare”, en Philosophical Studies, vol. 56 (1989), 77-93; Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000); Nagel,

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la vulnerabilidad una condición involuntaria de serio riesgo —es decir, una condición cuya precariedad no depende de que eso a lo que se es vulnerable llegue a verificarse—, difícilmente podría haber discusión en torno a si tal vulnerabilidad debe ser o no, en principio, atendida. Pueden darse, por supuesto, diferencias respecto de, por ejemplo, el orden en el cual los distintos tipos de vulnerabilidad deberían ser atendidos y la manera en la cual deberían serlo o, también, diferencias más fundamentales relativas a la identificación de una persona o grupo como vulnerable y al análisis (causal o no) que se ofrece para explicar tal vulnerabilidad. Con la desigualdad no ocurre lo mismo —es decir, que no puede ser calificada de justa o moralmente aceptable— porque no es una condición que, en sí misma, implique precariedad. Una persona puede estar peor que otra sin que esto implique que quien está peor sea, por esa razón, vulnerable a algún mal. De todas formas, como veremos, la relación entre vulnerabilidad y desigualdad no es tan simple como esta afirmación podría hacernos pensar. En lo que sigue quisiera destacar algunos rasgos relevantes del concepto de vulnerabilidad (sección 2), para referirme después a lo que hay de malo con ella (sección 3). Luego abordaré brevemente la relación entre vulnerabilidad y justicia (sección 4) y, con el fin de mostrar en qué sentido pueden existir desigualdades que implican vulnerabilidad, distinguiré entre la vulnerabilidad absoluta y la relacional (sección 5). Además, la introducción del componente relacional contribuye a no reducir la vulnerabilidad a mera carencia material



Thomas, Equality and Partiality (Nueva York: Oxford University Press, 1991). Por razones que he dado en Page, Olof, “Igualdad, suerte y responsabilidad“, en Estudios Públicos, nº 106 (2007), 153-174, me parece que esta teoría no es convincente. En relación con las razones para objetar o no la desigualdad desde el punto de vista de sus consecuencias, es necesario decir que quienes adoptan este criterio consecuencialista sostienen que es injusta la desigualdad que produce malas consecuencias en la medida en que esas consecuencias son peores que los beneficios (posibles) que la disminución o eliminación de la desigualdad implica. En relación con el uso de los términos “justo” y “moralmente aceptable”, es suficiente aclarar que, para algunos, en el caso de la existencia de desigualdades que tienen malas consecuencias pero que no son responsabilidad de nadie (por ejemplo, desigualdades debidas a cuestiones genéticas, desastres naturales y otras) no es correcto invocar la categoría de la justicia, pues no hay de por medio acción humana reprochable y, por esa razón, prefieren el uso de “moralmente aceptable”. Sobre este punto, véase Parfit, Derek, “Equality and priority”, en Mason, Andrew (ed.), Ideals of Equality (Oxford: Blackwell, 1998).

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y a incorporar en ella la carencia del debido reconocimiento y la existencia de relaciones de poder desigual que conllevan vulnerabilidad. Finalmente trataré, de manera más bien esquemática, la relación entre la vulnerabilidad, las capacidades humanas básicas y el contexto político y económico en el que la vulnerabilidad se da (sección 6).

i. Sobre el concepto de vulnerabilidad Intuitivamente entendemos que, en este contexto, el uso de la idea de vulnerabilidad refiere a una condición específica y no al hecho obvio, pero no banal, de que el mero existir nos hace vulnerables a una serie de cosas, que van desde la enfermedad a las quemaduras por exposición al sol (esta es la vulnerabilidad en sentido biológico). También somos obviamente vulnerables los unos para con los otros en la medida en que somos seres relacionales, es decir, seres que vivimos juntos y que nos necesitamos para satisfacer necesidades, desarrollar capacidades cognitivas y afectivas y constituir nuestra identidad (esta es la vulnerabilidad en sentido antropológico o, si se quiere, ontológico). Ninguno de estos dos sentidos son directamente relevantes para lo que pretendo hacer aquí, aunque, por supuesto, el segundo sentido es más directamente relevante que el primero. Si bien es evidentemente cierto que, desde el punto de vista antropológico, estamos irreductiblemente expuestos los unos a los otros, y eso nos hace mutuamente vulnerables, también es evidentemente cierto que, desde el punto de vista social, económico y político, hay personas que son más vulnerables que otras, y hay personas que son vulnerables y otras que no lo son3. Por esta razón, la vulnerabilidad a la que me refiero aquí es esa de la que no todos somos objeto por el mero hecho de existir y de ser el tipo de seres que somos y que implica ser vulnerable a algo social, económica y/o políticamente negativo en un sentido fuerte4 (sobre el sentido fuerte del mal al que está expuesto quien 3

Cf. Garrau, Marie y Cecile Laborde, “Relational equality, non-domination, and vulnerability”, en Fourie, Carina, Fabian Schuppert e Ivo Walliman-Helmer (comps.), Social Equality. On What it Means to be Equals (Oxford: Oxford University Press, 2015).

4 La distinción entre las esferas económica, social y política tiene mucho de artificial, es decir, estipulativo y, por esa razón, es ella misma una distinción que tiene un importante contenido

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se encuentra en una condición de vulnerabilidad diré algo más adelante). Para distinguir más detalladamente qué implica hacer juicios de vulnerabilidad quisiera identificar algunas características del concepto. Podemos decir que una persona o grupo se encuentra en una condición de vulnerabilidad si tal persona o grupo tiene:

a. una cierta propiedad tal que, tener esa propiedad, en un determinado contexto, implica ser vulnerable a algo negativo en sentido fuerte, donde b. “ser vulnerable” se entiende como “estar expuesto a sufrir un mal en sentido fuerte” y, a su vez, c. “estar expuesto” se entiende como “no tener los medios suficientes —a causa de tener una cierta propiedad en un determinado contexto— para evitar sufrir ese mal y, además, d. sufrir ese mal es “significativamente probable”. Es decir, el mal en cuestión es un mal al que la persona que tiene cierta propiedad está expuesta porque tiene esa propiedad en determinado contexto. El hecho de estar expuesto indica que la conexión entre la propiedad y el mal en cuestión no es de carácter necesario, en el sentido de que podría no ser el caso que porque la persona tiene esa propiedad en determinado contexto, entonces sufra el mal al que es vulnerable. Por ejemplo, es posible afirmar que los adolescentes que viven en condiciones de pobreza, en un contexto en el que la droga es de fácil acceso y donde no existe una educación formal que les dé herramientas efectivas de movilidad social, espíritu crítico, etc., son vulnerables al consumo de drogas, sin que ello implique que todo adolescente que vive en condiciones de pobreza consumirá drogas. Ejemplos de una propiedad en virtud de la cual, dado el contexto, una persona es vulnerable a determinado mal, o conjunto de males, pueden ser (aparte del ya citado) los siguientes: estar desempleado, ser niño, ser anciano, ser pobre, sufrir de una enfermedad, pertenecer a una determinada etnia, profesar una determinada religión, ser inmigrante, ser madre soltera, etc. Estos modos de ser o de estar pueden darse conjuntamente y aumentar así el político. La uso aquí simplemente para enfatizar ciertos aspectos a los que grupos o personas podrían ser vulnerables.

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nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, suponiendo iguales contextos —es decir, ceteris paribus—, la mujer que es pobre y madre soltera es más vulnerable que la mujer que es solo pobre o solo madre soltera, porque al mal al que es vulnerable una mujer que es pobre se le suma el mal al que es vulnerable una mujer que es madre soltera. Deberíamos notar que si una mujer que es pobre es vulnerable a la explotación y una mujer que es madre soltera es vulnerable al menosprecio social, entonces una mujer que es pobre y madre soltera, junto con ser vulnerable a la explotación y al menosprecio social, también es vulnerable, por el hecho de tener esas dos propiedades, a tener, por ejemplo, una comprensión de sí misma moldeada por una baja autoestima. Es decir, quien es, por ejemplo, vulnerable a la pobreza es vulnerable a todo aquello que implica ser pobre. Por esta razón cabe referirse a la vulnerabilidad como multidimensional o multifacética5.

Los recién dados son ejemplos de propiedades que pueden dar origen a una condición de vulnerabilidad. Si esto se verifica o no depende, como ya he dicho, del contexto. Los siguientes son ejemplos de contextos en los que la posesión de cierta propiedad da origen a una condición de vulnerabilidad. Ejemplos de un mal o conjunto de males a los que una persona o grupo pueden ser vulnerables son los siguientes: quien siendo de ingresos bajos o medio-bajos está desempleado en una sociedad en la que no existe seguro de cesantía es vulnerable a la extrema pobreza o a la pobreza; quien es niño, en un contexto de precariedad sicológica y material, es vulnerable a la manipulación de los adultos y a una baja escolarización; quien es anciano, en un contexto en el cual las pensiones son bajas y, en parte por eso, ser anciano es visto como una condición negativa (es decir, como una “carga”), es vulnerable al abandono y a la precariedad material; quien es pobre, en un contexto de economía capitalista (en el cual, por tanto, existen otras personas que no son pobres y el dinero es considerado un valioso símbolo de poder y estatus), es vulnerable a la explotación y al menosprecio clasista; quien sufre de una enfermedad que no tiene los medios para costear es, en un contexto 5 Radley, Alan, Darrin Hodgetts y Andrea Cullen, “Visualizing homelessness: a study in photography and estrangement”, en Journal of Community & Applied Social Psychology, vol. 15, nº 4 (2005), 274.

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donde la salud depende de los recursos propios, vulnerable a un daño físico irreparable o a la muerte; quien pertenece a una determinada etnia, en una sociedad en la que quienes detentan el poder político son indiferentes a dicha etnia, es vulnerable a la discriminación arbitraria o dominación; etc. Como resulta claro, entonces, no es el mero tener una determinada propiedad lo que hace que alguien sea vulnerable a un determinado mal o conjunto de males, sino que es el contexto en el que la posesión de dicha propiedad se da lo que genera la vulnerabilidad en cuestión. En algunos casos, esto es así porque es el contexto el que genera dicha propiedad (como, por ejemplo, es el caso de la pobreza, la inmigración o el desempleo). Estos ejemplos también muestran que los tipos de vulnerabilidad pueden ser cualitativamente distintos en, al menos, dos sentidos. En un primer sentido aquello a lo que se es vulnerable guarda relación con cuestiones materiales (económicas y/o de acceso a bienes). En un segundo sentido aquello a lo que se es vulnerable guarda relación con el no reconocimiento de aspectos de la propia identidad y/o con la pertenencia a determinado grupo (étnico o culturalmente definido). En muchos casos, las razones que nos llevan a considerar a una persona o grupo como materialmente vulnerable deberían también llevarnos, si se quiere ser consistente, a considerar una persona o grupo como vulnerable en términos de reconocimiento, es decir, vulnerable a no ser reconocido como teniendo igual estatus moral, a no ser reconocido como un sujeto que es fuente legítima de afirmaciones y pareceres sobre su propio destino y el de la comunidad política de la que es parte (o del planeta en el que vive), como un sujeto que debe ser tratado con igual respeto y, por tanto, como un sujeto que no debe ser objeto de humillación y menosprecio, etcétera6. Si la disminución significativa de la autonomía es lo que hace que una persona o grupo pueda ser considerado vulnerable, entonces, tanto la carencia material como la falta de reconocimiento y la existencia de relaciones de explotación o dominación deben ser consideradas causas posibles de vulnerabilidad. Por supuesto, en algunos casos, el que una persona 6 Sobre la relación entre reconocimiento y distribución, véase Fraser, Nancy y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político filosófico (Madrid: Ediciones Morata, 2006).

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o grupo sea vulnerable en términos de reconocimiento puede implicar que también lo sea en términos materiales y/o que esté sometido a relaciones de dominación y explotación. Aunque la autonomía individual es un buen criterio para determinar por contraste lo que significa ser vulnerable, es bueno ser cautos respecto de su interpretación, es decir, no es necesario interpretar este concepto en términos individualistas. Una interpretación individualista explica la autonomía personal como si esta fuera el resultado de un proceso puramente individual en el que las relaciones con otros individuos tienen un rol más bien secundario y, lo que es quizás más importante, un proceso cuya meta última es un tipo de independencia de los demás con el fin de que estos no sean un potencial obstáculo para mi propia felicidad, como si cualquier tipo de dependencia de los demás redujese mi autonomía. Bajo esta interpretación “el propósito de crear una sociedad justa es visto como el permitir que las personas sean lo menos dependientes posible de los demás” y, por esa razón, se llega a creer que “la autonomía aumenta con el dinero” y que “la membrecía no escogida en una comunidad representa una amenaza a la autonomía personal”7. A esto se debería agregar una cierta concepción de la

identidad personal (en términos de autoconciencia), que es entendida como previa a la conformación social y política en la que se organizan los individuos y que, por esa razón, pretende justificar la existencia del poder político y de la vida en sociedad en la medida en que estos son instrumentos útiles para proteger la propia autonomía8. Esta interpretación puede contrastarse con aquella que entiende la autonomía como una “capacidad que existe solo en el contexto de las relaciones sociales que la sostienen y solo en conjunción con el sentimiento interno de ser autónomo”9. Por esta razón cabe aquí hablar de 7 Anderson, Joel y Axel Honneth, “Autonomy, vulnerability, recognition and justice”, en Christman, John y Joel Anderson (comps.), Autonomy and the Challenges to Liberalism (Cambridge University Press, 2005), 128. 8 El locus classicus de esta interpretación se encuentra en el Leviatán (1651), de Hobbes, y, con matices, en el Segundo tratado del gobierno civil (1690), de Locke. 9 Nedelsky, Jennifer, “Reconceiving autonomy: Sources, thoughts and possibilities”, en Yale Journal of Law and Feminism, vol. 1, nº 1 (1989), 25, citado en Anderson, Joel y Axel Honneth, “Autonomy, vulnerability, recognition and justice”, 129.

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autonomía en sentido relacional y, por tanto, cabe hablar de dicha autonomía como susceptible a vulnerabilidades derivadas de su carácter relacional10. Estas consideraciones son suficientes para entender en qué sentido es que la vulnerabilidad es una amenaza a la autonomía personal.

ii. Vulnerabilidad, responsabilidad y justicia Si la vulnerabilidad demanda asistencia o protección, ¿son razones de justicia las que fundamentan esa demanda? ¿Todo juicio de vulnerabilidad implica un juicio de injustica? El vínculo entre vulnerabilidad e injusticia no es inmediato y, por tanto, la relación entre ambas no es banalmente obvia. Es posible afirmar que cierta persona o grupo es vulnerable sin que eso implique que, por esa razón, se deba creer también que esa vulnerabilidad es injusta. Por ejemplo, si se piensa que existen vulnerabilidades debidas a la mala suerte natural (genética), se puede también pensar que, por esa razón, esas vulnerabilidades no son ni justas ni injustas y que, a lo más, lo que es justo o injusto es el modo que podemos tener de lidiar con ellas11. Pero que se crea eso no implica afirmar que porque esas vulnerabilidades no son injustas ni justas, entonces no tenemos el deber de atenderlas. Por ser la vulnerabilidad un criterio-umbral —es decir, un criterio cuyo uso y aplicación refiere a la existencia de dimensiones vitales bajo el mínimo—, no son relevantes, a la hora de justificar el deber de atenderla, los criterios que podrían ser usados para catalogar tal o cual vulnerabilidad como justa o injusta o como ni justa ni injusta, como podría ser, por ejemplo, el criterio de la responsabilidad. De hecho, la sola idea de hablar de vulnerabilidades que sean justas —cosa que, como vimos, sí podría decirse de ciertas desigualdades— es, a lo menos, extraño. Esto prueba el hecho de que la vulnerabilidad no es algo que, bajo alguna circunstancia, alguien pudiese merecer, a menos que creamos que hay personas que merecen vivir de manera indigna. Entonces, no parece moralmente aceptable no proteger a 10 Anderson y Honneth, “Autonomy, vulnerability, recognition and justice”, 132. 11 Cf. Rawls, John, A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), 87.

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una persona vulnerable simplemente porque es —en algún sentido sin duda problemático— responsable de encontrarse en esa condición. Sin embargo, aunque fuese correcto considerar a esa persona responsable, existen razones para no aplicar ese criterio a la hora de evaluar si tal vulnerabilidad debe ser o no atendida12. La razón de esta inmunidad sería que la vulnerabilidad implica

una relación de dependencia riesgosa en sentido fuerte de la fortuna y/o del poder económico, político y social de algunos, y con ello la destrucción del tipo de autonomía personal que posibilita una vida digna. El tipo de urgencia que la condición de vulnerabilidad reclama sobrepasa cualquier otro criterio moral que pudiese ser usado para limitar dicha urgencia.

iii. ¿Qué hay de malo con la vulnerabilidad? Vulnerabilidad y desigualdad Puede afirmarse, en términos generales, que lo malo de la vulnerabilidad es que socava de manera significativa las condiciones de posibilidad de una vida realizada. Quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad carece de esos mínimos constitutivos de toda vida que esté en condiciones de poder ser una vida realizada. Esto es lo que se entiende por mal en sentido fuerte. Por esta razón nadie podría (públicamente) estar a favor de ella o, al menos, no considerarla como algo negativo que debe ser, en principio, atendido. Que una persona no tenga los mínimos cubiertos (o no tenga alguno de ellos cubierto) implica que esa persona es vulnerable a todas esas cosas a las que la ausencia de esos mínimos la exponen. Por ejemplo, si creemos que un mínimo es tener acceso a buenas prestaciones de salud, las personas que no tienen eso son vulnerables a todas aquellas cosas que es razonable asociar con la ausencia de ese mínimo (enfermedades crónicas y, eventualmente, la muerte). Si creemos que un mínimo es tener las capacidades para ejercitar nuestros derechos políticos, pero existen, en nuestra comunidad política,

12 Seguramente, si los medios para atender determinada vulnerabilidad son especialmente escasos, podría alguien creer que, en igualdad de condiciones, se justifica discriminar entre quienes son vulnerables por motivos que tienen que ver con la propia responsabilidad y quienes lo son por razones ajenas a la propia responsabilidad.

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personas con bajos niveles de escolarización, tales personas son vulnerables a la manipulación política. Entonces, nos preocupa el que alguien —un grupo o una persona— se encuentre en una condición de vulnerabilidad porque eso significa estar expuesto a algo especialmente negativo que, de verificarse, destruye la posibilidad de desarrollar algo (objetivamente) importante para nuestras vidas. Por supuesto, que nos preocupen los mínimos cuya ausencia implica vulnerabilidad no significa que, por esa razón, nos deberíamos focalizar solo en ellos y no en la desigualdad, es decir, en los efectos diferenciales que tiene la existencia de una determinada estructura socioeconómica en ciertas dimensiones de la vida de las personas. Como decía, en una relación en la que hay desigualdad de poder económico, es posible —dado el contexto— que quien tiene menos poder sea vulnerable a la dominación de quien tiene más. En este caso es la desigualdad de poder económico lo que explica la vulnerabilidad de esa persona13. La idea entonces es que si te preocupa la

vulnerabilidad, te debería preocupar también toda desigualdad que implique dominación en la medida en que la dominación es un mal al que ciertas personas o grupos son vulnerables. Por supuesto, también es posible que la preocupación por los mínimos sea acompañada por una preocupación por la desigualdad por motivos que no tienen que ver con la vulnerabilidad. En este caso no hay conexión entre vulnerabilidad y desigualdad que explique la preocupación por ambas: simplemente te preocupa la vulnerabilidad y la desigualdad sin que de por medio existan razones comunes que justifiquen tal preocupación.

iv. Vulnerabilidad en sentido absoluto y relacional Se puede desprender de los ejemplos presentados anteriormente (sección 2) que el contexto al que se alude —entendido como eso que hace que tener determinada propiedad implique ser vulnerable a algo— es eminentemente

13 Para una elaborada defensa de esta posibilidad, véase Vrousalis, Nicholas, “Exploitation, vulnerability and social domination”, en Philosophy and Public Affairs, vol. 41, nº 2 (2013), 131-157.

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relacional14. Puede decirse que una persona o grupo es relacionalmente vulnerable cuando en la explicación de esa vulnerabilidad es necesario hacer referencia a otros individuos. En contraste, una persona o grupo es vulnerable en sentido absoluto (es decir, no-relacional) cuando en la explicación de esa vulnerabilidad no es necesario hacer referencia a otros individuos. La vulnerabilidad a la que están sujetos quienes habitan en zonas expuestas a desastres naturales no se explica haciendo referencia a otros individuos como causantes (directos o indirectos) de esa vulnerabilidad. En este sentido esa vulnerabilidad no es ni social ni económica ni política15. En cambio, el

tipo de vulnerabilidad que caracteriza a los ejemplos aludidos no puede sino explicarse haciendo referencia a otros individuos. No sería posible explicar la vulnerabilidad del pobre, la del anciano, la del niño, la de la mujer madre soltera, sin hacer referencia a otros individuos que, como agentes, directa o indirectamente, son causa de la vulnerabilidad en cuestión. Por esta razón hablo aquí de vulnerabilidad social, económica y/o política, en el entendido de que lo social, lo económico y lo político son dimensiones eminentemente interpersonales. Esto significa que la vulnerabilidad no debería ser desligada del tipo de orden socioeconómico en el que una comunidad política vive, que es el contexto en el que dicha vulnerabilidad se da. Por lo tanto, una atención exclusiva por satisfacer aquellos mínimos que evitarían la vulnerabilidad podría llevarnos a —o ser usada para— tratar esta condición como si su existencia no tuviese un componente relacional vinculado a las condiciones sociales, políticas y económicas en las que tiene lugar. Como decía, un ejemplo de vulnerabilidad en sentido relacional que es el resultado de la existencia de desigualdad de un determinado bien es el de la dominación. Para que haya dominación se requieren al menos dos personas. Una de estas tiene que estar, en relación con algún bien estimado relevante, 14 Tomo el término de Vrousalis y también la manera de entenderlo que expongo a continuación. 15 Por supuesto, el que estas personas habiten en una zona expuesta a desastres naturales podría explicarse por factores sociales, económicos y/o políticos. El ejemplo usado para ilustrar la distinción supone que esos factores no explican, en este caso, la vulnerabilidad en cuestión.

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en una posición ventajosa respecto de la otra, es decir, tener más de ese bien. La relación entre estas personas es de dominación cuando, por el hecho de tener más del bien relevante, la persona que tiene más puede interferir arbitrariamente en alguna dimensión reconocidamente importante en la vida de la otra persona, por ejemplo, interferir en la capacidad para expresarse libremente. La interferencia en cuestión es arbitraria porque no es una interferencia consentida en igualdad de condiciones, como puede ser, por ejemplo, el tipo de interferencia potencial que es concedida a quienes, en una democracia, detentan el poder de imponer el orden público. Si estamos de acuerdo en que el no tener libertad de expresión puede ser descrito como un caso de vulnerabilidad, entonces este caso sirve no solo para ejemplificar la dominación, sino también para remarcar el hecho de que no debemos ceder a la imagen de la vulnerabilidad como mera carencia material (o sea, como una cuestión puramente distributiva). Por supuesto, es perfectamente entendible que, si establecemos una línea de gradación con los diferentes niveles de vulnerabilidad, seguramente pondremos cierto tipo de vulnerabilidad material en el primer lugar. Sin embargo, esto no es razón para negar la existencia de otros tipos de vulnerabilidad no-material cuya supresión también es de vital importancia para nuestra existencia en cuanto seres humanos y en cuanto ciudadanos autónomos.

v. Vulnerabilidad, capacidades e institucionalidad política y económica Si fuera necesario escoger una imagen para describir la vulnerabilidad, creo que la pobreza sería la imagen correcta. Independientemente del tipo de vulnerabilidad de la que estemos hablando, la idea de que encontrarse en una condición de vulnerabilidad es estar privado de algo, y de que esa privación amenaza nuestra autonomía y dignidad, hace de la pobreza una imagen adecuada para captar lo que significa ser vulnerable a algo. Si entendemos la pobreza como “la falta de libertad para hacer ciertas cosas valiosas”16, 16 Sen, Amartya, “Social exclusion: Concept, application, and scrutiny”, en Social Development Papers, nº 1, Asian Development Bank (2000), 5.

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podemos notar la diferencia entre la vulnerabilidad y el mero hecho de estar expuesto a algo malo. Lo segundo es algo a lo que, de diferentes maneras, todos estamos sujetos, pero lo primero no. La razón de esto —ya planteada cuando me referí al mal al que está expuesta la persona o grupo vulnerable como un mal en sentido fuerte— es que dicho mal dice relación con la privación de cosas valiosas donde, por supuesto, qué deba considerarse como valioso debe ser especificado. Aunque no pretendo detenerme en esto, creo que podríamos entender, de manera intuitiva, a qué cosas refiere esta expresión. Sin duda habrá diferencias al respecto, pero es posible asumir que, en relación con ciertas capacidades mínimas de agencia, no deberían existir grandes discrepancias. Estas capacidades de agencia darán la pauta para identificar aquellos casos que sería acertado describir como casos de vulnerabilidad. A modo de ejemplo se puede considerar la propuesta de Nussbaum —basada en el trabajo previo de Sen17— de elaborar una lista de

capacidades (“capacidades humanas básicas”) que sea operativa y que pueda funcionar, por ejemplo, como parámetro normativo para la elaboración de políticas públicas, sin que esto suponga adherir a una “metafísica profunda” del ser humano18. Esta lista de capacidades, que a continuación presento de manera incompleta, está compuesta por capacidades relativas a: - la salud física como “poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir”; - las emociones como “poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos de nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros mismos, y dolernos por su ausencia”; - la razón práctica como “poder formarse una concepción del

17 Sen, Amartya, “Capability and well-being”, en Nussbaum, Martha y Amartya Sen (comps.), The Quality of Life (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1993), 30-53.

18 La expresión “metafísica profunda” alude a cualquier concepción del ser humano que incluya premisas religiosas o ideas filosóficas evidentemente controversiales como, por ejemplo, que el ser humano es hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, destinado a la vida eterna, o que es solo materia o que es mente y materia, etc. Nussbaum, Martha, Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión (Barcelona: Paidós, 2013), 191.

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bien y reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida. (Esto implica una protección de la libertad de conciencia y a la observancia religiosa)”; - -

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el juego como “poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas”; el control sobre el propio entorno en términos políticos como “poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación”; la afiliación como “poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser capaz de imaginar la situación de otro”; y a otras capacidades más19.

Estas capacidades deberían ser entendidas como mínimos bajos los cuales la dignidad humana no sería respetada. Por esta razón, tales capacidades deben ser protegidas, tanto mediante los derechos de primera generación (libertades políticas y civiles) como mediante los derechos de segunda generación (los derechos económicos y sociales)20. No es mi intención detenerme a examinar la plausibilidad de la propuesta de Nussbaum. He querido referirme a este enfoque por dos razones. La primera es que sirve para imaginar formas posibles de vulnerabilidad (todas aquellas que refieran a la existencia de capacidades bajo el mínimo) que no se limitan a carencias materiales básicas (por ejemplo, vivienda y comida). La segunda es que sirve para plantear preguntas que me parecen importantes. Por ejemplo, la satisfacción de esta lista (i. e., que las capacidades mencionadas no se encuentren bajo el mínimo) ¿es indiferente al tipo de estructura socioeconómica en la que viven las personas? La satisfacción de 19 Nussbaum, M., Las fronteras de la justicia, 88-89. 20 Nussbaum, M., Las fronteras de la justicia, 283.

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los derechos económicos y sociales a los que Nussbaum alude cualifica de manera importante, por ejemplo, el tipo de capitalismo a la luz del cual se debería organizar la vida económica contemporánea de una determinada comunidad política. Se podría pensar —como a menudo se hace— que aquello que es necesario para satisfacer los derechos económicos y sociales entra en colisión con el tipo de incentivos que son necesarios para que los agentes económicos hagan aquello que genera los recursos para satisfacer tales derechos. De lo contrario, satisfacer la lista de capacidades supondría un lazo de solidaridad entre los seres humanos (o, en un ámbito más restringido, entre ciudadanos) que no parece plausible suponer. Es decir, solo la existencia de este tipo de lazos podría explicar por qué algunos seres humanos estarían dispuestos a no considerar la disminución de los incentivos como una razón para no hacer aquello que beneficia a quienes, según la lista de Nussbaum, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Entonces la pregunta aquí sería: la satisfacción de la lista, ¿supone la existencia de lazos de fraternidad entre los seres humanos que, desde el punto de vista de la sicología moral, no sería del todo plausible suponer? Estas preguntas sirven para remarcar el hecho de que detrás de todo uso del concepto de vulnerabilidad existe una cierta imagen de lo que significa vivir una vida digna y de lo que significa vivir en una sociedad decente, es decir, una sociedad en la que las vulnerabilidades son atendidas porque los miembros de esa sociedad creen que la condición de vulnerabilidad no es compatible con el respeto a la dignidad de la persona. La decencia en cuestión no pasa entonces por el hecho de atender la vulnerabilidad, sino por el motivo que hay para hacerlo. Se podría atender la vulnerabilidad por razones instrumentales, es decir, para evitar cierto tipo de conflicto social o para tener más gente capacitada para labores productivas. Esto no es lo que haría que una sociedad amerite ser calificada como decente, pues no es —o no es necesariamente— el respeto al igual estatus moral del otro lo que motiva la acción. Hasta qué punto esto puede verificarse es por supuesto una cuestión complicada de establecer, pero no del todo imposible. Por ejemplo, la circulación de un discurso público que tenga cierto contenido, el tipo de políticas públicas que se diseñan y la justificación que se ofrece

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para su existencia, además de las discusiones legislativas que se tengan sobre aspectos vinculados con estas cuestiones, podrían todas servir para discriminar el contenido de las motivaciones asociadas al ejercicio del poder y la deliberación pública y, con ello, comprobar si existe o no (y en qué medida) el tipo de ethos comunitario sin el cual nuestra atención a los demás queda reducida a la ocasional satisfacción de nuestros propios intereses. Esto significa, entre otras cosas, que el tipo de lectura que se haga de la vulnerabilidad —es decir, el tipo de explicación que se ofrece de su existencia— determina la manera de enfrentarla. En una primera lectura, la vulnerabilidad se vincula estrechamente —a modo de consecuencia necesaria— con un cierto modo de organizar la vida económica y política (o sea, con un cierto modelo), por lo que se puede considerar que no es posible atender esa vulnerabilidad sin alterar, en ciertos aspectos importantes, ese modelo21. Pueden aquí aplicarse, a modo de contraste, las palabras que T. H.

Marshall usa, en Ciudadanía y clase social, para referirse al modo en el que a finales del siglo XIX se enfrentaban cuestiones como la pobreza: “El objetivo común del esfuerzo legal y voluntario era aliviar la molestia de la pobreza sin alterar el modelo de desigualdad, del que la pobreza era el resultado más obviamente desagradable”22. La lectura alternativa coincide con la anterior en la relación causal estrecha entre la vulnerabilidad y la institucionalidad económica y política, pero disiente respecto del modo de enfrentarla porque la entiende como el precio que hay que pagar por aceptar un modelo que, en su conjunto, es visto como beneficioso (o, en una variante de la misma idea, se considera que la vulnerabilidad es superable, a la larga, si el modelo en cuestión no es alterado). Entonces, la respuesta inmediata pasa aquí por adoptar medidas paliativas (bonos, seguros de cesantía, ayudas al adulto

21 Cuando me refiero a la vulnerabilidad como un resultado necesario de un cierto modelo quiero decir que tal vulnerabilidad existe porque existe tal modelo. Evidentemente, si solo existe una vulnerabilidad que sea el resultado necesario de cierto modelo, podría ser el caso que la atención de esa vulnerabilidad no implique la alteración significativa de ese modelo, pero si existe un conjunto de vulnerabilidades que sean el resultado necesario de cierto modelo, sí podría ser el caso que la atención de esas vulnerabilidades implique la alteración significativa de ese modelo. 22 Marshall, T. H., Ciudadanía y clase social (Madrid: Alianza Editorial, 1992), 51.

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mayor, erradicación de campamentos, etc.). En cambio, en el primer tipo de lectura la vulnerabilidad no es entendida como el precio a pagar por un modelo considerado, en su conjunto, beneficioso, y la razón es que tal modelo no es visto —por una serie de razones— como, en su conjunto, beneficioso. Por esta razón, atender las vulnerabilidades existentes implica, según esta lectura, realizar ciertas alteraciones relevantes al modelo como, por ejemplo, defender la existencia de ciertos derechos económicos y sociales que implicarán (eso es lo que se espera) que ciertas dimensiones importantes para la vida de las personas (protegidas por los derechos civiles y políticos) no sean dimensiones en las que algunos puedan encontrarse en condición de vulnerabilidad, es decir, dimensiones en las que algunas personas tengan la capacidad real de ejercitar tales derechos y otras no. Estos dos tipos de lectura (entre otros posibles) dan cuenta del sentido político que la vulnerabilidad puede adquirir. Al hablar de “político” me refiero a que el tipo de lectura que se decida realizar no depende únicamente de establecer relaciones de tipo empírico entre la vulnerabilidad y la institucionalidad política y económica —y tratar así esta cuestión en términos “técnicos”—, sino también de la realización de juicios de valor que dan cuenta del diferente peso moral que se les asigna a los elementos en discusión (en la terminología introducida en la sección 2, estos elementos son: el sujeto de la vulnerabilidad y la(s) propiedad(es) de ese sujeto que, en virtud del contexto, explican la vulnerabilidad). Al no ser esta una cuestión que pueda zanjarse y, además, zanjarse mediante evidencia empírica, de lo que se trata es de fijar posiciones y defender una cierta idea de lo que hace que una vida humana sea digna y de lo que significa vivir juntos políticamente. Si creemos que la interpretación de un fenómeno puede convertirse en un criterio de acción, entonces en la interpretación de la relación entre la vulnerabilidad y el contexto político y económico en el que ella ocurre se juega, en parte, la suerte de quienes son considerados sujetos vulnerables, quienes, a raíz de la propia vulnerabilidad en la que se encuentran, suelen ser los menos capaces para hacer notar esa condición.

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Atria, Finnis y Nozick: una crítica a nuestras prioridades políticas Claudio Alvarado R.1

i.Nuestra ceguera Roxana Miranda fue una de las candidatas menos votadas en la elección presidencial de 2013, y su discurso a ratos rememoraba los peores momentos de las “planificaciones globales”2. Con todo, Miranda tuvo al menos un mérito: logró dar tribuna, en pleno debate presidencial, a las magras condiciones en que aún viven muchos compatriotas (basta recordar su alegato sobre el uso de “La Gotita” para intentar solucionar problemas dentales, al parecer extendido en varias poblaciones del país3). Esta clase de denuncia es muy relevante, pues alude a la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas, realidad que afecta no solo a los más pobres o vulnerables, sino también a los privados de libertad y a los menores que viven bajo el amparo del Estado — situaciones muchas veces vinculadas por lo demás4—. Escándalos recientes como el incendio en la cárcel de San Miguel o las irregularidades del Sename también han puesto en el tapete ese Chile profundo que no queremos ver y, con ello, las consecuencias de nuestra indiferencia.

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Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Abogado y magíster en derecho, mención derecho constitucional, de la Universidad Católica de Chile. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de los Andes (Chile).

2 Como es sabido, esta expresión abarca al período comprendido entre 1964 y 1980, y en particular, a las diversas “utopías” que en ese entonces buscaron “partir de cero” y “modelar” el futuro de Chile. Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Editorial Universitaria, 2011), 304. 3

Así lo ratificó a Emol Roberto Irribarra, entonces presidente del Colegio de Cirujano Dentistas (27 de octubre de 2013).

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Un crudo retrato de hasta dónde pueden entrecruzarse esas realidades en Fluxá, Rodrigo, Solos en la noche. Zamudio y sus asesinos (Santiago: Catalonia, 2014). Como señala Óscar Contardo en el prólogo, “hay algo hondamente triste, incluso aterrador, no tan solo en el hecho mismo del crimen, sino en las biografías de todos los involucrados”.

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Digámoslo de este modo: existe una desproporción en el tono y los énfasis de nuestro debate público. Desde luego, este déficit se ha agudizado en el último tiempo (por dar solo un ejemplo, compárese la fascinación por la gratuidad universitaria con la apatía ante el masivo analfabetismo funcional5). Todo indica, empero, que el fenómeno tiene poco de novedoso.

Hace casi una década, Gonzalo Vial se quejaba por la incapacidad de la sociedad chilena para sopesar la marginación de los grupos más desposeídos. En su opinión, ello no solo impedía el desarrollo armónico del país, sino que constituía una verdadera fractura social, susceptible de provocar una crisis de proporciones. Hasta ahora, ella no se ha producido (no al menos como Vial intuía: los movimientos de 2011 responden a otra lógica), pero la inquietud del historiador era cualquier cosa menos infundada. Más allá de los porcentajes, Vial subrayaba que el número de personas en condición de pobreza — alrededor de dos millones— se mantenía relativamente estable desde 1970. Pero no solo eso. Vial también notaba que la canasta de necesidades a partir de la cual se medían la pobreza y la indigencia ya estaba obsoleta y, quizás lo más relevante, que las cifras nunca evidencian a cabalidad la menguada calidad de vida de los más desvalidos6. Por cierto, un estudio del economista y posterior ministro de Hacienda Felipe Larraín respaldaba los problemas de medición denunciados por Vial: al corregirse el cálculo, la cantidad de chilenos pobres o indigentes superaba los cuatro millones7. En rigor, la “media de Chile” es muy distinta a la que suponen los discursos más complacientes. Esto fue refrendado por las conclusiones de la “Comisión para la Medición de la Pobreza” —encargada por el expresidente Piñera y de 5 Un 44% de la población no entiende lo que lee; y un 51% de ella es incapaz de efectuar operaciones aritméticas elementales. “Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta 2013 y Comparación Chile 1998-2013”, Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y Corporación de Capacitación de la Construcción. 6 Vial, Gonzalo, Chile cinco siglos de historia: desde los primeros pobladores prehispánicos, hasta el año 2006 (Santiago: Zig-Zag, 2009), 1.385-1.396. Vial, además, probablemente veía que de algún modo se repetía la historia: su estudio sobre el cambio de siglo (1891-1920) ilustra con nitidez la ceguera de las elites frente a las precarias condiciones de vida de las capas más populares. Ver más en Vial, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973) (Santiago: Zig-Zag, 2001), volumen I, tomo II, capítulo noveno (La cuestión social). 7 Larraín, Felipe,“Cuatro millones de pobres en Chile: actualizando la línea de pobreza”, en Estudios Públicos, n° 109 (2008), 101-148.

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composición transversal—, presentadas en enero de 2014: pese a los avances de las últimas décadas, son cuatro de cada diez los chilenos que todavía viven en indigencia, pobreza o vulnerabilidad social (alta inseguridad económica)8. Ello volvió a confirmar que es crucial contar con una medición adecuada en estas materias: “Cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien”, sentencia Angus Deaton9. Y junto con eso (¿habrá que decirlo?),

lo anterior corrobora lo desproporcionado de los énfasis y prioridades de nuestro debate político: tal vez hablamos de cosas importantes, pero no de las más graves y urgentes. ¿Cuál es la razón de esto? Dado el panorama descrito, ¿cómo se explica que en nuestra esfera pública las dificultades de los más pobres y vulnerables no ocupen un lugar prioritario? ¿Por qué, de hecho, pareciéramos marchar en sentido inverso? La respuesta, desde luego, no es fácil ni unívoca, por lo que pueden ensayarse varias hipótesis. Entre ellas, la escasa capacidad de presión de los grupos más desventajados y el eventual impacto del “voto voluntario”10. Pero estas explicaciones, aunque plausibles en su ámbito, son insuficientes. Digámoslo así: las ideas tienen consecuencias, y no hay motivos para pensar que el problema que nos convoca sea la excepción. Esa es la perspectiva en la que descansan las líneas que siguen. Ellas examinan algunas nociones y conceptos que, según intentaremos mostrar, nublan la comprensión del papel central que tanto la opinión pública como el actuar del Estado debieran brindar a las necesidades de los más desposeídos. Si se quiere, nuestro propósito es contribuir a respaldar una crítica sólida a esa falta de prioridad. Sin duda es difícil palpar hasta qué punto esta responde a tendencias o corrientes intelectuales. Pero tal como advierte Isaiah Berlin, al 8 “Informe Final Comisión para la Medición de la Pobreza” (Santiago, 2014), 94-97. Cabe añadir la amplia y heterogénea composición de los llamados “grupos medios”. Un diagnóstico crítico en Boccardo, Giorgio y Carlos Ruiz, Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social (Santiago: Nodo XXI; El desconcierto, 2014), 116 y ss. 9 Deaton, Angus, El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad (Santiago: Fondo de Cultura Económica Chile, 2015), 15. 10 Existe una amplia discusión al respecto, pero antes que esta reforma entrara en vigencia ya se prevenía sobre el posible incremento en la estratificación del sufragio. V. gr., Luna, Juan Pablo, “Jóvenes, inscripción automática y voto voluntario: ¿El tipo de reforma que debemos evitar”, en Temas de la Agenda Pública, n° 46 (2011), 10.

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analizar las tensiones de una comunidad política no es razonable limitarnos a los procesos o estructuras: es menester, también, consultar las ideas que subyacen a los modos en que personas y grupos se relacionan entre sí11.

ii. ¿Trabajo forzado? En el plano de las ideas políticas, uno de los conceptos que quizás más influyen en la falta de prioridad de los más desvalidos es el de “Estado mínimo”. En términos muy esquemáticos, sus partidarios suponen que el papel del Estado, independiente de las circunstancias, necesariamente debe reducirse a la administración de justicia y a las funciones de policía. Desde esta óptica, no cabe una autoridad pública más activa en materia de justicia distributiva o bienestar social. Es lo que piensa Robert Nozick, para quien “cualquier Estado más extenso [que el mínimo] viola los derechos de las personas”12. Conviene reparar en los planteamientos de este filósofo. Por un lado, en ellos se contiene una de las formulaciones más explícitas y audaces de la tesis en comento, a menudo tildada de “neoliberal”13. Por otra parte, nociones semejantes, de la mano de la versión divulgada por Axel Kaiser, han alcanzado cierta presencia en la discusión pública chilena. Por de pronto, la idea de que los esfuerzos redistributivos del Estado con fines de bienestar social (v. gr., vía tributación) son análogos a la imposición de trabajos forzados y otras injusticias de esa especie14. Este y otros planteamientos similares encuentran su exposición

11 Berlin, Isaiah, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las ideas (Barcelona: Ediciones Península, 2002), 37-39. 12 Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1988), 153. 13 El tópico nos excede, pero la voz “neoliberalismo” es extremadamente equívoca. Ver más en Boas, Taylor C. y Jordan Gans-Morse, “Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to AntiLiberal Slogan”, en Studies in Comparative International Development, vol. 44, n° 2 (2009), 137161. 14 Kaiser, Axel, La tiranía de la igualdad. Por qué el proyecto de la izquierda destruye nuestras libertades y arruina nuestro progreso (Santiago: Ediciones El Mercurio, 2015), 74-75. Una síntesis crítica de esta obra en Ortúzar, Pablo, “La tiranía de la igualdad” y “Anarquía sin rebelión”, columnas publicadas en El Líbero. Disponibles en: http://ellibero.cl/autor/pablo_ortuzar/ (última fecha de consulta: 23 de febrero de 2016).

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más sofisticada en Nozick15, quien defiende el carácter esencialmente coactivo de cualquier actividad estatal que exceda el mínimo. ¿Cuáles son los argumentos con los que Nozick justifica esa aproximación? Ellos se despliegan en la segunda parte de Anarquía, Estado y Utopía (la primera sección defiende el surgimiento del Estado mínimo frente al anarcoindividualismo); pero su núcleo radica en la llamada teoría retributiva. Veamos. Nuestro autor comienza del supuesto —en principio muy razonable— de que no existe algo así como una “distribución central”: “lo que cada persona obtiene, lo obtiene de otros que se lo dan a cambio de algo, o como obsequio” y, en consecuencia, el “resultado total es el producto de muchas decisiones individuales que los diferentes individuos tienen el derecho de hacer”16. A partir de estos antecedentes, Nozick arriba a un criterio formal

(denominado título válido o posesorio), el que permitiría dilucidar cuándo son justas la adquisición y distribución de las pertenencias o posesiones de cada sujeto (los términos son de Nozick: quiere ser lo más neutral posible). En sus palabras, “una distribución es justa si cada uno tiene derecho a las pertenencias que posee según la distribución”17. Esto, desde luego, solo indica que si la adquisición de una pertenencia ha sido justa, su posesión también lo es; pero eso es precisamente lo que el norteamericano quiere transmitir. Para Nozick, el quid del asunto se encuentra en la “historia real”, y no en algún tipo de pauta o resultado fijado a priori: que una distribución sea justa dependerá única y exclusivamente de cómo ella se produjo. Por lo mismo, no cabe abordar la distribución y la producción de bienes en forma separada: “quienquiera que hace algo, habiendo comprado o contratado […] tiene derecho a eso”18. Esa es la razón por la que Nozick es capaz de resumir su teoría diciendo “de cada quien como escoja, a cada quien como es escogido”19. Aunque sería insensato descartar sin más la argumentación de Nozick (por ejemplo, algunos de sus postulados guardan semejanza con ciertos 15 Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía, 170-171.

16 Ibid., 153. 17 Ibid., 154. 18 Ibid., 162. 19 Ibid., 163.

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principios del derecho privado20), es indudable que su teoría exige, al menos, matices y precisiones21. Por de pronto, desde Aristóteles se está al tanto de que tras intercambios y acuerdos en apariencia libres, pueden esconderse situaciones de hecho en las que una persona, movida por la necesidad, presta su consentimiento de manera en parte voluntaria y en parte involuntaria (sin ir más lejos, esta es una de las premisas que subyacen al nacimiento del derecho laboral). Esto se vincula con otro aspecto de la obra de Nozick: antes de indicar las definiciones formales que condensan su teoría retributiva, el norteamericano asume una premisa curiosa: “Si el mundo fuera completamente justo…”22. Pues bien, sabemos que el mundo no es tal: la ambigüedad y la imperfección son inherentes al fenómeno humano. No es imposible pensar que nuestro autor habría arribado a conclusiones más matizadas de detenerse más en este (elemental) aspecto de la condición del hombre. Probablemente, habría dedicado algo más que unas líneas a la eventual rectificación de adquisiciones y transferencias que, como el propio Nozick sugiere a regañadientes, abre las puertas a un Estado más activo23. Con todo, esas no son las únicas dificultades que presenta la articulación de Nozick. Así lo nota John Finnis, tal como veremos a continuación.

iii. El hecho básico Nozick rechaza cualquier atribución del Estado que exceda el mínimo sobre la base de la “historia real”: su teoría procura no circunscribirse a ninguna pauta prefijada. Pero, ¿efectivamente son esas las características de su propuesta? El filósofo australiano John Finnis se detiene en un pasaje de Anarquía, Estado y Utopía que deja muchas dudas al respecto. Antes de concluir que una 20 Schwember, Felipe, “La teoría del título válido de Robert Nozick: Un balance”, en Estudios Públicos, n° 140 (2015), 61. 21 Lo mismo se puede decir, por cierto, del razonamiento de John Lock respecto de la propiedad, el que en muchos sentidos prefigura la argumentación de Nozick. Véase Strauss, Leo, Derecho natural e historia (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2014), 278-283. 22 Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía, 154. 23 Ibid., 226-227. Una mirada más benevolente con Nozick en Schwember, op. cit., 76-79.

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distribución justa es aquella que emana del intercambio libre de los agentes, Nozick afirma expresamente que: Las cosas entran en el mundo ya vinculadas con las personas que tienen derechos sobre ellas. Desde el punto de vista de la concepción histórica retributiva sobre la justicia de pertenencias, los que comienzan nuevamente a completar “a cada uno según sus ______” tratan los objetos como si aparecieran de ningún lugar, de la nada24.

La razón por la que Finnis se detiene en este pasaje puede ser comprendida a partir de la pregunta siguiente: ¿en qué sentido cabe afirmar que las cosas “entran en el mundo ya vinculadas”? En rigor, ¿es así? Si ocupamos los (problemáticos) términos de Nozick, parece más adecuado afirmar que los bienes y recursos naturales, que se encuentran en la raíz de toda apropiación posterior, en último término sí emergen “de ningún lugar, de la nada”: ellos no entran en el mundo “ya vinculados”25. El tema de fondo que subyacen al cuestionamiento del australiano —el origen y destino de los bienes de la tierra— es complejo y de largo aliento, pero la objeción manifiesta un punto importante: Nozick no está libre de supuestos o pautas prefijadas. Sin duda puede alegarse que la situación originaria es un simple hecho, mientras que la propiedad, como institución jurídica, tiene su estatuto propio. La pregunta, sin embargo, sigue en pie: ¿cuál es ese estatuto? ¿Es posible comprender el mismo sin ninguna referencia al origen “no vinculado” de los bienes? Si abogamos por una teoría que en alguna medida sea fiel a la realidad o la historia, no es imposible pensar que ese “hecho básico condiciona todos los títulos subsiguientemente derivados del trabajo, las donaciones, la compraventa u otras fuentes justas de propiedad privada”26. La crítica de Finnis, desde luego, no es inocua. Si los bienes y recursos de una u otra forma están orientados al beneficio de todos los seres humanos; si, por tanto, no se vislumbran razones para sostener que ellos “pueden apropiárselos razonablemente unos pocos con la sustancial exclusión de

24 Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía, 162. 25 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2000), 215, nota 30. 26 Ibid., 215-216.

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todos los otros”27, el planteamiento de Nozick, centrado en la ilegitimidad de la coacción estatal, pierde buena parte de su fuerza. Nótese: si los bienes en última instancia están al servicio de todos, ¿por qué el titular de propiedad privada, por ser tal, carecería de ciertos deberes en el campo de la justicia distributiva? ¿No es apresurado asumir que únicamente el Estado (o la sociedad en su conjunto) es responsable de ella?28 Y a su vez, si las relaciones

de justicia, cualesquiera sean, derivan en primer lugar de los vínculos y responsabilidades de ciudadanos y agrupaciones, ¿por qué habría de sorprendernos que el Estado establezca determinadas medidas que protejan el bienestar de los más desfavorecidos? ¿Acaso no es esperable? Hacia allá apunta Finnis justamente: dichas medidas, en su opinión, solo explicitan y concretan “unos deberes que el propietario ya tenía”29. Para entender mejor todo esto conviene ahondar más en el análisis de Finnis (quien acá, como en otros ámbitos, realiza una renovada lectura de lo que Isaiah Berlin llamara tradición central de Occidente30). Según Finnis, las exigencias de justicia se retrotraen al hecho de que las personas nos desplegamos y realizamos no aisladamente, sino mediante la participación activa en comunidades del más diverso tipo, tales como colegios, entidades artísticas, agrupaciones deportivas, parroquias, empresas, sindicatos y universidades, entre muchas otras. Esa realidad exige colaboración y coordinación de individuos, recursos y asociaciones, incluyendo restricciones y no interferencias recíprocas. Ahora bien, es sabido que esto conlleva no solo beneficios, sino también dificultades y tensiones, máxime en comunidades políticas complejas como las nuestras. Entre esas tensiones, unas muy importantes son aquellas que versan sobre el acervo común de la sociedad: 27 Ibid., 215. 28 Finnis señala que este malentendido se remonta al comentario del cardenal Cayetano a la obra de Santo Tomás de Aquino. Ibid., 213. Sobre este tema, véase Hocevar, Mayda, “La justicia según Finnis”, en Dikaiosyne, n° 18 (2007), 47-50. 29 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 216. 30 Berlin, Isaiah, El fuste torcido de la humanidad, 72. Véase también George, Robert P., Para hacer mejores a los hombres: libertades civiles y moralidad pública (Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias S. A., 2002), 33; García-Huidobro, Joaquín, El anillo de Giges: una introducción a la tradición central de la ética (Santiago: Instituto Res Publica, 2014), 229-237.

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hay problemas de distribución de recursos y oportunidades; de cargas, bienes y responsabilidades. Es aquí, afirma Finnis, donde emerge la pregunta por la justicia distributiva: a quién y cómo hacer la asignación necesaria de aquellos bienes que, siendo comunes al final del día, son divisibles mediante la asignación a los miembros de la sociedad31.

Estamos en presencia, por supuesto, de un campo vasto y poco delimitado: nada conduce a creer que acá existan patrones muy exactos, ni menos un único criterio capaz de resolver ex ante todas las demandas de distribución de bienes y recursos que se suscitan al interior de una comunidad. Naturalmente, ello se presta para confusiones, y quizás la más acuciante sea esta: ¿implica lo dicho hasta ahora una minusvaloración de la propiedad privada? No para Finnis, al menos. Recapitulemos. Recién decíamos que el florecimiento o despliegue humano se caracteriza por la participación activa en un sinfín de asociaciones o comunidades. Pues bien, ese criterio nos permite no solo comprender las limitaciones de la propiedad privada, sino también, y antes que todo, su razón de ser. El acervo común y en general las tareas y bienes comunes son relevantes precisamente en la medida en que contribuyen a la plenitud de cada persona. Ellos son “formas de ayudar a los individuos a ‘ayudarse a sí mismos’”, pues —valga la redundancia— “ninguna empresa común puede producir por sí misma la plena realización de ningún individuo”32. Las personas, si se quiere, están llamadas a ser protagonistas de su propio destino, y por eso la propiedad privada dista de ser trivial. En efecto, puede pensarse que ella estimula la productividad y el cuidado de los bienes. Además, se trata de una institución que favorece la iniciativa y responsabilidad de personas y grupos. Esto es fundamental, porque la realización humana es sencillamente inviable si los ciudadanos pierden la capacidad de actuar por sí solos. Asimismo, la libertad, cuando no la existencia de familias y asociaciones, se ve amenazada cuando ellas no cuentan con bienes propios: el desarrollo de las actividades humanas, casi sin excepción, requiere en mayor o menor medida de bienes económicos. A ello cabe añadir, 31 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 195-197. 32 Ibid., 198.

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por cierto, los aportes de la propiedad en relación con la certeza jurídica y la distribución equilibrada del poder33. En suma, la propiedad privada resulta valiosa por variados motivos, y la argumentación que hemos seguido no desconoce esa realidad, sino más bien la confirma. Con todo, así como Finnis considera que la distribución del acervo común debiera estar, en general, mediada por dicha propiedad, también sugiere que su estatuto y sus deberes se asemejan, en último término, a los del fideicomiso civil34. La interrogante, entonces, sigue en pie: ¿en qué se traducen dichos

deberes? ¿Qué consecuencias derivan del razonamiento seguido hasta acá? ¿Acaso el trasfondo de todo esto es algún tipo de igualitarismo? Estas son preguntas ineludibles, y su respuesta nos invita a dar un nuevo paso adicional.

iv. Utopía y necesidad Si bien en estas materias, insistimos, no se perciben patrones demasiado precisos, sería un severo equívoco asumir que todo es difuso: la argumentación de Finnis tiene sus implicancias. Ellas pueden sintetizarse como sigue: lo dicho en favor de la propiedad privada no insinúa de ninguna forma que exista un solo régimen o modo de hacerla valer, ni menos que ella sea “incondicionalmente justa”. Como sostiene el filósofo australiano, “el propietario privado de un recurso natural o de un bien de capital tiene el deber de justicia de destinarlo a un uso productivo” y, por tanto, son contrarias a la justicia no solo las “posiciones o arreglos monopólicos y oligopólicos”, sino también “la adquisición y disposición especulativa de la propiedad, con fines de ganancia meramente financiera no correlativa a ninguna explotación”35. 33 Ibid., 199-202. Véase también Messner, Johannes, La cuestión social (Madrid: Ediciones Rialp S. A., 1976), 459-460; y Casanova, Carlos, “Título y justificación de la propiedad”, en Ars Boni et Aequi, n° 2 (2014), 112-113. 34 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 202. Finnis alude expresamente a los deberes del “propietario fiduciario en el derecho civil continental”. Téngase presente el artículo 794 de nuestro Código Civil: “Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el solo hecho de verificarse una condición”. 35 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 202. Desde esta perspectiva, puede pensarse que en el Chile de mediados del siglo XX el problema no fue el mero hecho de haber planteado una “reforma agraria”, sino más bien su instrumentalización y su radicalidad (v. gr.,

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Sin embargo, también sería un error creer que Finnis aboga por un Estado omnicomprensivo o un igualitarismo de viejo cuño de cara a solucionar esas injusticias. Lo que venimos diciendo, recordemos, supone que aquí la primera responsabilidad es de ciudadanos y agrupaciones. Ello no solo abre un amplio campo a los intercambios libres. Además, da lugar a la primacía de personas y asociaciones al momento de cumplir con los deberes de justicia distributiva. Finnis ilustra los diversos modos en que un propietario puede hacerlo: Invirtiendo su excedente en la producción de más bienes para su posterior distribución y consumo; proporcionando empleos remunerados a la gente que busca trabajo; mediante donaciones o préstamos a hospitales, escuelas, centros culturales orfanatos, etc.; o directamente [ayudando] a los pobres36.

El punto, empero, es que esa legítima primacía de personas y grupos no significa Estado mínimo ni nada semejante. En palabras de Finnis, cuando los propietarios no cumplan estos deberes, o no puedan coordinar efectivamente sus respectivos esfuerzos para cumplirlos, entonces la autoridad pública puede con razón ayudarles a cumplirlos diseñando y aplicando sistemas de distribución37.

Ahora bien, esto no debe ser malentendido. Desde luego, Finnis considera que las grandes desigualdades al interior de una comunidad política son problemáticas (ellas evidencian que los más pudientes han sido incapaces de distribuir aquella porción de su riqueza que podría ser mejor utilizada por las personas menos favorecidas38). Pero nótese: ello no implica que el Estado esté exento de establecer objetivos prioritarios a la hora de promover el bienestar social. En rigor, la autoridad pública tiene mucho que decir acá, pero no de sin indemnización). Véase la opinión de Joaquín García-Huidobro: García-Huidobro, Joaquín, y Renato Cristi, “Las fuentes intelectuales de Jaime Guzmán. Un diálogo”, en Cristi, Renato, y Pablo Ruiz Tagle, El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y poder constituyente (Santiago: LOM Ediciones, 2014), 198 y 207. 36 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 202. 37 Ibid. 38 Ibid., 203. Una interesante reflexión sobre la desigualdad en Sen, Amartya, Sobre la desigualdad económica (Barcelona: Editorial Crítica, 1979).

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cualquier manera. En ese sentido, las ideas defendidas en estas líneas no pugnan solo con planteamientos como los de Nozick. Ellas también chocan con la creencia de que el Estado no debe fijar prioridades en su actuar. Esta es una arista cada vez más importante en nuestro país, en especial por el auge de la discusión en torno a los derechos sociales y su posible garantía universal. Por supuesto, es inviable agotar en este breve trabajo el debate al respecto. A continuación nos detendremos únicamente en la (influyente) propuesta formulada por Fernando Atria, intentando mostrar por qué ella resulta incompatible con el argumento desarrollado por Finnis. Si se quiere, el propósito de Atria es avanzar hacia un nuevo género de relación colectiva. Se trata, nos dice, de tomarnos en serio que “el bienestar de cada uno es responsabilidad de todos”, “una deuda recíproca, de todos los ciudadanos respecto de todos los ciudadanos”39. Eso, en concreto, significa

terminar con la “hegemonía neoliberal” y, por tanto, pasar de “instituciones neoliberales” (como la focalización de los recursos públicos) a un régimen de derechos sociales caracterizado por transferencias y garantías universales. Esta sería la vía para “descomodificar, es decir, remover del mercado ciertos aspectos del bienestar de los individuos”40. Aunque los planteamientos del profesor de derecho a ratos son excesivamente binarios (solo habría dos alternativas: el futuro sería o “radicalmente neoliberal” o “uno socialista”41), ellos exigen una respuesta razonada. Por de pronto, es indudable que su pregunta por cómo evitar “la reproducción de la estructura de privilegios” (fácticos, no jurídicos)”42 ha adquirido importancia durante los últimos años. Es plausible, además, sostener que el modo en que se ha entendido la focalización de los recursos públicos admite ser repensado (sobre esto volveremos más adelante). Con todo, la argumentación de Atria no está exenta de dificultades. Quizás ellas se originan en su particular comprensión de la realización 39 Atria, Fernando, Veinte años después: Neoliberalismo con rostro humano (Santiago: Catalonia, 2013), 49. 40 Ibid., 34. La cursiva es de Atria. 41 Ibid., 16. 42 Ibid., 94.

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humana como tarea recíproca43. Digámoslo así: ¿es efectivo que todos somos igualmente responsables de los demás miembros de la comunidad? Al parecer, responder en forma negativa a esta pregunta para Atria es sinónimo de egoísmo, individualismo y —en términos políticos— neoliberalismo. Sin embargo, la perspectiva adoptada por Finnis, que dudosamente merece esos calificativos, conduce a responder que no. Esto, desde luego, no se debe a que el australiano apoye un Estado mínimo ni nada que se le parezca: ya sabemos qué piensa este filósofo al respecto. De hecho, Finnis señala que la autoridad pública debe velar por que los bienes y recursos no sean acaparados por un reducido número de sujetos en perjuicio de los demás, y también sostiene que todos los miembros de una comunidad política gozan, en principio, de igual derecho a ser considerados una vez que surge el problema de la distribución44.

Ello, empero, no significa que todos seamos responsables por igual de todos los ciudadanos, ni menos que el Estado deba seguir un criterio estrictamente matemático o igualitario a la hora de promover la prosperidad social. En rigor, la interrogante es la inversa: ¿por qué habríamos de suponer que tratar a todas y cada una de las personas de igual manera favorecería su bienestar? Por un lado, téngase presente la manera en que naturalmente se desenvuelven las relaciones humanas: otorgar igual peso o consideración a los intereses de toda persona en todos los casos resulta tan inviable como insensato. Por otra parte, al evaluar criterios de justicia indagamos qué exige ella de personas específicas en su trato con otros. Y esa evaluación, por supuesto, depende en buena medida de una compleja red de vínculos de interdependencia (actual y potencial). A fin de cuentas, la justicia no es tanto una propiedad de los estados de cosas, sino más bien una cualidad de las decisiones específicas de personas determinadas45. Esto es crucial para los diversos tipos de relaciones y vínculos humanos, y no se advierten motivos por los que habría de existir un criterio diferente en la interacción entre el Estado y los ciudadanos.

43 Ibid., 139-141. 44 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 202. 45 Ibid., 205-207.

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Pero en concreto, ¿cuál es el criterio que debe guiar esa interacción? Si el Estado debe cuidar que los bienes y recursos no sean acaparados por un grupo reducido al punto de perjudicar a los demás, ¿cuál es la medida de ese perjuicio? Para contestar estas preguntas es útil detenernos en un ejemplo esgrimido por Fernando Atria (aunque, como veremos, el ejemplo es útil por razones distintas a las que Atria asume). Nos referimos al caso de la quiebra, al que Atria recurre con vistas a ilustrar en qué sentido su visión de los derechos sociales ofrece “un modo alternativo de enfrentar la escasez” y, por tanto, un “criterio [alternativo] de distribución de los recursos disponibles”46. Con este

ejemplo, el profesor de derecho busca acreditar que “afirmar que algo es un derecho social no implica sostener que no es escaso, sino que, como aquello que es escaso es parte del contenido de la ciudadanía, su distribución debe ser igualitaria entre todos los que tienen derecho”47. Que esto es verosímil y factible es lo que reflejaría el mecanismo de la quiebra: cuando un deudor incurre en cesación de pagos, la ley establece un concurso de acreedores asegurando, en la medida de lo posible, un pago a todos los interesados. Pues bien, ese sería precisamente el modelo a seguir en una comunidad política: un régimen que, ante la escasez, “garantice igualitariamente a todos” la mayor satisfacción posible de los derechos de cada uno48. Un régimen de esa índole, cree Atria, permite avanzar hacia un nuevo modelo de relación colectiva, en que “el interés de cada uno se identifica con el interés de los demás, porque solo en la medida en que haya recursos para todos habrá recursos para cada uno”49. ¿Está en lo correcto Atria? Veamos. Al reflexionar sobre la justicia distributiva, Finnis también se detiene en el procedimiento de quiebras. Tal vez el principal motivo sea que este, al tratar los bienes del deudor como una propiedad común a todos los acreedores, evidencia la incapacidad de cierta

46 Atria, Fernando, Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM Ediciones, 2014), 56. 47 Ibid., 57. 48 Ibid., 58. 49 Ibid., 60.

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lógica individualista para dar cuenta de algunas realidades50. Pero solo hasta ahí podemos coincidir con Atria: tal como previene Finnis, no es casual que la quiebra sea una de las pocas ocasiones en que la ley mandata la división formal de un fondo común. Ello se comprende por al menos dos razones, estrechamente relacionadas entre sí. La primera es que las exigencias de justicia, tal como ya señalamos, en ningún caso anulan las libertades y responsabilidades de personas, familias y asociaciones. La segunda razón, en tanto, es que “los criterios razonables para valorar la justicia distributiva no generan un único modelo de distribución (ni siquiera un conjunto determinable de modelos) en el que todos los hombres razonables estarían obligados a concordar”51. Así, los mismos motivos por los que el

procedimiento de quiebras es excepcional explican por qué este, a diferencia de lo que cree Atria, no sirve como ícono de relación colectiva. Nótese que al tiempo que dicho procedimiento trata como bienes comunes los derechos de los acreedores, limita rigurosamente —por razones obvias— la libertad del deudor caído en cesación de pagos. ¿Es deseable (y factible) apuntar a un modelo de relación social basado en un único régimen y que restrinja a tal nivel la iniciativa personal? ¿Es el acreedor caído en cesación de pagos el estándar a partir del cual cabe organizar la distribución? No obstante, antes dijimos que la quiebra sí es útil para entender el papel que debiera jugar el Estado al ayudar a cumplir con la justicia distributiva. Expliquemos esto. Si bien en la quiebra se recurre a varios criterios al dividir la propiedad del deudor —piénsese en los diferentes privilegios y preferencias—, uno de esos criterios suele primar a todo evento: la necesidad. No es casual, por ejemplo, que se excluyan ciertos bienes del fondo común, tales como las herramientas de trabajo de quien cayó en insolvencia. Tampoco es fortuito que las legislaciones de quiebras otorguen preferencia a las remuneraciones de los dependientes del deudor. Antes de la división del acervo, la ley reconoce las necesidades básicas del fallido y sus trabajadores, y esto es muy sintomático del rol que la autoridad pública debe desempeñar en estas

50 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 217. 51 Ibid., 220.

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lides. Según hemos dicho, la justicia distributiva depende en primer orden de ciudadanos y agrupaciones, pero ello no significa que el Estado esté exento de responsabilidades. La autoridad política, tal como en la quiebra —aquí radica la verdadera utilidad del ejemplo—, está llamada a promover y resguardar un nivel de vida adecuado, que permita a cada persona cubrir al menos sus necesidades básicas en forma satisfactoria. Sin ello, es sencillamente imposible ser protagonista del propio destino52. Todo esto puede resumirse

afirmando que el papel del Estado es tan indispensable como subsidiario. Pero explicar qué queremos decir con esto nos obliga a dar un último paso adicional.

v. ¿Subsidiariedad vs. focalización? Quizás es esperable que a estas alturas el lector se encuentre algo decepcionado. Después de todo, la subsidiariedad no goza de buena prensa (basta recordar la insistencia del expresidente Lagos en terminar con el “Estado subsidiario”53). Pensamos, sin embargo, que no podemos eludir este concepto si deseamos acabar con la falta de prioridad política de los más pobres y vulnerables54. Nuestra reflexión, empero, no debe ser malentendida. Cualquiera que sea la explicación del fenómeno —ahí hay mucho por explorar—, en Chile partidarios y detractores suelen imaginar que la subsidiariedad representa un Estado ausente o derechamente mínimo; pero ese no es el significado ni el propósito del principio (y nadie lo comprende así en el mundo). La subsidiariedad no conlleva necesariamente la abstención del Estado, ni tampoco se reduce a las relaciones entre este y el mercado. En rigor, se trata de un principio que busca proteger la vitalidad de la sociedad civil y, por tanto, resguardar las competencias de las diversas agrupaciones humanas. De este modo, la subsidiariedad bien puede llegar a exigir inhibición, ya sea 52 Con todo, hay otros criterios de justicia distributiva (aunque la necesidad, insistimos, es el principal). Suelen mencionarse la función, la capacidad y los méritos, entre otros. Ver más en Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 203-204. 53 V. gr., El Mercurio, 31 de agosto de 2014 (D 11). 54 En Finnis, por lo demás, la subsidiariedad ocupa un lugar muy destacado. Véase Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 174-176.

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del Estado u otra entidad, pero también ayuda, apoyo o alivio, tal como indica su raíz etimológica (y por ende, a nadie debiera sorprender que subsidiariedad y solidaridad vayan de la mano para la enseñanza social del cristianismo55). El punto es que aun cuando las circunstancias demanden un Estado muy activo, este ha de intervenir de una manera tal que potencie la vida interna y el mejor despliegue de las comunidades que conforman la sociedad civil56.

No es casual, entonces, que nuestra argumentación concluya apelando a la subsidiariedad. Si hay un ámbito en el cual el Estado debe intervenir, ese es precisamente el de las necesidades básicas insatisfechas de los más pobres y vulnerables; pero ello siempre debe tender a impulsar la dignidad y la iniciativa de cada persona57. Desde luego, no estamos en condiciones de ofrecer soluciones o recetas que agoten las múltiples facetas de dicha intervención. Nuestro propósito ha sido únicamente examinar determinadas nociones y conceptos que, según intentamos mostrar, nublan la comprensión del carácter prioritario que en justicia merecen las necesidades de los más desvalidos. Es ese camino el que nos ha llevado a la subsidiariedad. Con todo, nos permitiremos agregar una última idea, que de algún modo ilustra las implicancias de nuestro argumento: urge repensar —no eliminar— el criterio de focalización de los recursos públicos. Ello se explica del modo siguiente. Por un lado, la articulación de Fernando Atria se apoya en ideas (más o menos equívocas según el caso), pero también en consideraciones de hecho, y estas no siempre son infundadas. Es difícil negar que “hoy ‘Chile’ es el nombre para (al menos) dos países: uno de clínicas, consultas y colegios, y otro de hospitales, consultorios y escuelas”58, y que las diferencias entre ambos son demasiadas desde cualquier prisma. Por otra parte, incluso desde la óptica económica, se advierte que la focalización requiere complementos. Como sostiene Jorge Fábrega, parece lógico que ella “solo será deseable en 55 V. gr., Benedicto XVI, Caritas in Veritate (2009), 57 y 58. 56 Una amplia reflexión sobre este principio en Ortúzar, Pablo (ed.), Subsidiariedad: más allá del Estado y del mercado (Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015). Una reseña de esta obra en Fábrega, Jorge, “Subsidiariedad: El eslabón olvidado”, en Estudios Públicos, n° 140 (2015), 165-174.

57 Messner, Johannes, La cuestión social, 618 y ss. 58 Atria, Fernando, Veinte años después: Neoliberalismo con rostro humano, 35.

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la medida en que los beneficios marginales de focalizar […] superen a los costos marginales de hacerlo y, por lo tanto, todo buen análisis económico no debe partir del supuesto que ello siempre ocurre”59. Lo principal, sin embargo, es esto: si la necesidad es la clave a la hora de justificar y priorizar por parte del Estado, conviene recordar que ella no existe solo en el primer decil de la población. Por supuesto, en este ámbito asoman un sinfín de dificultades técnicas, y los campos de acción son muy variados. Pero si cuatro de cada diez chilenos viven en indigencia, pobreza o vulnerabilidad60, no es imposible

pensar en una focalización corregida que, en todas las esferas de acción relevante, tienda a apoyar entre el 30% y el 40%” más necesitado. Insistimos: la traducción y concreción de esta orientación naturalmente es muy heterogénea, máxime cuando la política social utiliza un sinnúmero de herramientas, no solo (ni principalmente) transferencias directas. En parte por eso las discusiones sobre estos asuntos exceden los criterios de justicia: acá también importan la eficiencia y el costo de las diversas perspectivas y modelos61. Pero aún así, la orientación que sugerimos nos parece plausible, en especial teniendo en cuenta que la discusión pública chilena va siendo progresivamente capturada por enfoques binarios. Digámoslo de esta forma: entre el Estado mínimo de Nozick y los derechos sociales de Atria hay un sitio muy amplio, y es ahí donde la idea de una focalización corregida emerge como una alternativa razonable. Por lo demás, ella es convergente no solo con las ideas planteadas en este trabajo, sino también con una comprensión más sofisticada y flexible de los derechos sociales62. No es descabellado, de hecho, aventurar que la orientación que esbozamos ofrece un horizonte beneficioso para la convivencia de la sociedad en general (sobre todo si es conjugada con otras variables, como la importancia de los espacios públicos). Pero sea ese u otro el camino, apremia otorgar una mayor prioridad 59 Fábrega, Jorge, “Focalización versus universalidad: ¿El fin del consenso entre economistas en Chile?”, en Reflexión y Debate, n°1 (2015), 5. 60 Supra cit., véase nota 7. 61 Finnis, John, Ley Natural y Derechos Naturales, 211. 62 Alvear, Julio, “Los derechos sociales: develando el mito. Justificación y búsqueda de coherencia”, en García, José Francisco (coord.), ¿Nueva Constitución o Reforma? Nuestra propuesta: Evolución Constitucional (Santiago: Legal Publishing Chile, 2014).

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política a las demandas de los más desposeídos. Ellos requieren el concurso del aparato estatal y, por tanto, de quienes más influyen en la conducción del país. Desde luego, aquí también tienen mucho que decir las innumerables organizaciones de la sociedad civil: ya vimos que la justicia distributiva es, antes que todo, una responsabilidad de personas y comunidades. Por lo mismo, empero, la autoridad pública no puede tratar a todos por igual, ni menos permanecer indiferente ante la realidad de quienes más nos necesitan.

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La estructura interna de la pobreza multidimensional Pablo Beytía1

Introducción Las políticas públicas que buscan la superación de la pobreza necesitan un acuerdo inicial sobre qué considerar oficialmente como pobreza. Ello permite identificar quiénes se encuentran en dicha situación, definir la magnitud social del fenómeno, entender sus causas y consecuencias, diseñar soluciones apropiadas y evaluar la eficacia de los programas o medidas sociales que se desarrollen al respecto. En su versión primaria, el problema político que se impone es el siguiente: ¿a quién debe dirigirse una política pública que busca superar la pobreza? Y la respuesta parece simple: hacia “el pobre”. ¿Pero quién es “el pobre”? ¿Cuáles son las características que lo distinguen de otros ciudadanos? Esta es la importante respuesta que nos entregan los indicadores de pobreza2. La creación de dichos indicadores es indispensable para una adecuada aplicación de las políticas sociales. Sin embargo, ellos deben ser seleccionados con extremo cuidado, porque la información que ofrecen genera consecuencias sociales en la población que se intenta describir. Cada indicador funciona como un par de lentes ópticos con un filtro determinado: visibiliza una realidad, al costo de esconder todo lo demás. Si definimos, por ejemplo, la pobreza según los ingresos de cada hogar, no observaremos las condiciones 1

Profesor de la cátedra “Pobreza y segregación urbana”, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director del Centro de Investigación Social de Techo-Chile, entre los años 2013 y 2014. Sociólogo y magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y magíster en filosofía por la Universidad de Chile.

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Esta es una tarea conceptualmente compleja, dadas las múltiples definiciones de “pobreza”. Sobre esto, véase Spicker, Paul, “Definiciones de pobreza: doce grupos de significados”, en Spicker, Paul, Sonia Álvarez y David Gordon (eds.), Pobreza: un glosario internacional (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Clacso, 2009).

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de trabajo, vivienda, salud y educación, y ello tiene efectos importantes en nuestra comprensión de la situación social y en las propuestas de políticas públicas que podamos diseñar al respecto. Los indicadores sociales son, entonces, simplificaciones con efectos políticos y ciudadanos. Ellos encasillan a las personas en categorías, lo cual frecuentemente tiene consecuencias en su posterior acceso a recursos públicos. Según el indicador de referencia, se identificarán distintas personas como pobres, se apreciarán diferentes magnitudes de pobreza en la población y se crearán diversas estrategias para abordarla. El tipo de indicador suele condicionar, finalmente, el nivel de atención y sensación de urgencia que presenta la pobreza en un contexto social específico. Por todas estas razones, no es trivial que un país entre en un proceso de reflexión sobre sus indicadores oficiales de pobreza. Tal ha sido el caso de Chile en los últimos años. El interés político por actualizar y complementar la medición se inició oficialmente en diciembre de 2012, cuando fue constituida la “Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Línea de la Pobreza y la Pobreza Extrema”. Durante trece meses, esta delegación desarrolló un proceso participativo, en el cual trabajaron diez especialistas con el apoyo de un centenar de personas y decenas de instituciones. El resultado fue un informe publicado en enero de 2014, en donde se hicieron dos grandes propuestas: a) una manera de actualizar la medición de pobreza por ingresos —la cual se venía aplicando en Chile desde el año 1987— y b) una forma multidimensional de medir la pobreza3. Ambas ideas fueron recibidas por el Ministerio de Desarrollo Social, que durante un año elaboró nuevas metodologías oficiales para la medición de la pobreza, publicadas en enero de 20154. En ese mismo mes, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) efectuada el año 2013, aplicando estas nuevas metodologías de análisis a la muestra nacional5. 3

Comisión para la Medición de la Pobreza, Informe final (2014). Disponible en: http://www. cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_comision_pobreza_2014. pdf (consultado en mayo de 2015).

4

Ministerio de Desarrollo Social, “Nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional”, en Serie de Documentos Metodológicos, nº 28 (2015).

5

Ministerio de Desarrollo Social, “Situación de la pobreza en Chile. Presentación de la nueva

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El mayor cambio realizado en este proceso fue la inclusión de un indicador oficial de pobreza multidimensional, que se construye a partir de doce variables distribuidas en cuatro dimensiones —educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda—. Tradicionalmente el Estado chileno había entendido la pobreza únicamente a través del nivel de ingreso per cápita del hogar, lo cual en el mejor de los casos era una aproximación indirecta a otras múltiples expresiones del fenómeno. Ahora, en cambio, se dio el paso de observar directamente las carencias en los cuatro ámbitos señalados, entendiendo que la pobreza es un fenómeno complejo, con manifestaciones y soluciones diversas. Si hasta agosto de 2012, el Ministro de Desarrollo Social podía argumentar públicamente que solo existen dos elementos claves para entender el aumento y la disminución de la pobreza en Chile —el precio de los alimentos y el nivel de empleo—6, hoy esa frase parecería simplemente absurda. Es necesario entender también las dinámicas educativas, sanitarias y habitacionales, e incluso observar la composición de los vínculos sociales y del entorno urbano7. Ahora bien: la generación de un indicador multidimensional no solo permite entender la pobreza en un nivel mayor de complejidad, sino que también abre la puerta a un nuevo tipo de análisis, centrado en observar las relaciones entre las distintas variables que componen la pobreza multidimensional. En otras palabras, desde que existe en Chile un indicador complejo (con múltiples variables), es posible analizar la estructura interna de la pobreza, algo que hasta el momento no ha sido efectuado sistemáticamente en ningún estudio. Imaginemos, por un momento, que el indicador de pobreza se compone de doce variables primarias y que ellas se relacionan entre sí en diverso grado. Si metodología de medición de la pobreza y síntesis de los principales resultados”. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_Chile.pdf (consultado en mayo de 2015). 6 Exposición de Joaquín Lavín, entonces ministro de Desarrollo Social, el 8 de agosto de 2012 en el Centro de Estudios Públicos. El video del seminario y sus diapositivas se encuentran disponibles en: http://www.cepchile.cl/1_5104/doc/videos_seminario_la_encuesta_casen. html#.VVn_-Np_Okp 7

Según ha declarado el Ministerio de Desarrollo Social, el proyecto de la medición multidimensional de la pobreza se completará en la próxima encuesta Casen, al incluir una quinta dimensión sobre el entorno y las redes sociales.

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pudiéramos graficar estas relaciones —por ejemplo, con una línea más débil o gruesa según la fuerza del vínculo—, veríamos que entre las doce variables se establece una especie de red de relaciones, en donde algunas variables son más centrales que otras. A mi juicio, este entendimiento reticular de la pobreza ofrece buenas pistas sobre las dinámicas internas del fenómeno, y ello podría ayudar en la orientación de las políticas públicas. El objetivo de este artículo es analizar la estructura interna de la pobreza multidimensional en Chile, entendiendo que este fenómeno funciona como una red de variables vinculadas entre sí, y que dicha red presenta propiedades que no serían observadas al analizar los indicadores por separado o sumados entre sí. Para ello, presentaré en primer lugar una metodología que permite observar esta estructura interna. Luego mostraré los principales resultados de este tipo de análisis. Finalmente, expondré las conclusiones que se pueden extraer de estos datos, tanto sobre el concepto de pobreza multidimensional como sobre la manifestación de la pobreza en Chile.

i. Desde la “suma de indicadores” hacia la “red de relaciones”: una metodología para estudiar la estructura interna de la pobreza La medición multidimensional de la pobreza consiste en evaluar si las personas logran superar umbrales mínimos en diferentes dimensiones del bienestar individual8. Es un enfoque que se ha popularizado en el último tiempo, tanto por los escritos conceptuales del premio Nobel de economía Amartya Sen9 como por la creciente disponibilidad de datos que permiten describir en detalle a las poblaciones vulnerables. Actualmente existen 8

Bourguignon, François y Satya Chakravarty, “The measurement of multidimensional poverty”, en Journal of Economic Inequality, vol. 1 (abril de 2003). También: Cepal, La medición multidimensional de la pobreza (Pucón: Cepal, 2013), 4.

9 Algunos escritos de Amartya Sen que apuntan en esta dirección son: “Poverty: An ordinal approach to measurement”, en Econometrica, nº 44 (1976); “Well-being, agency and freedom: The Dewey lectures 1984”, en The Journal of Philosophy, nº 82 (1985); The Standard of Living (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); “Capability and well-being”, en Nussbaum, Marta y Amartya Sen (eds.), Quality of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993); Desarrollo y libertad (Ciudad de México: Planeta, 2000).

LOS INVISIBLES

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diversas metodologías para elaborar indicadores multidimensionales. En el caso de Chile, se utilizó como base la propuesta metodológica de Sabina Alkire y James Foster, desarrollada en 2007 en el marco de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford10. Este modelo fue

utilizado previamente por algunos países de América Latina —como México y Colombia— y por las Naciones Unidas en su confección del Índice de Pobreza Multidimensional. La metodología específica de Chile utiliza a los hogares como unidad de análisis. Los individuos serán pobres según la situación de vida que tengan sus hogares en cuatro ámbitos: a) educación, b) salud, c) trabajo y seguridad social, y d) vivienda. Cada una de estas dimensiones está medida por tres indicadores, sumando un total de doce variables primarias, todas ellas disponibles en la encuesta Casen. La organización interna de cada dimensión, incluyendo los indicadores específicos que la componen, puede observarse en el siguiente esquema:

ii. Dimensiones e indicadores primarios de pobreza multidimensional11 Educación

Salud

Trabajo y seguridad social

Vivienda

Asistencia escolar

Malnutrición infantil

Ocupación

Hacinamiento

Rezago escolar

Adscripción a sistema de salud

Seguridad social

Estado vivienda

Escolaridad

Atención sanitaria

Jubilaciones

Servicios báscios

10 Alkire, Sabina y James Foster, “Counting and multidimensional poverty measurement”, en OPHI Working Paper, nº 7 (2007). 11 Ministerio de Desarrollo Social, “Nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional”, en Serie de Documentos Metodológicos, nº 28 (2015), 29.

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Cada una de estas doce variables primarias posee un umbral específico, a partir del cual se determina si existe o no una privación12. Todas las privaciones se suman entre sí con igual ponderación, para elaborar el indicador general de pobreza multidimensional. Una vez sumado este indicador, se considera que un hogar está en situación de pobreza si tiene al menos un 25% del total de privaciones posibles (tres variables que no superen su umbral específico), lo que es equivalente a una dimensión completa13. Para el desarrollo de este estudio, se replicaron con exactitud las doce variables con sus umbrales específicos, utilizando la encuesta Casen 2013 y siguiendo la programación de indicadores documentada por el Ministerio de Desarrollo Social14. Pero en vez de sumar los indicadores —tal cual se procede en la generación del indicador multidimensional—, se calcularon las correlaciones entre todas estas variables15. Con esta información, se prepararon los datos en una matriz de doble entrada, para ser analizados como una red de correlaciones. En esta red se incluyeron las correlaciones entre variables que cumplían con dos requisitos: a) tener un vínculo estadísticamente significativo16 y b) que este vínculo sea positivo, es decir, que la carencia en una variable esté vinculada estadísticamente con la carencia en otra variable17. Los datos de estos vínculos se analizaron en un programa computacional de análisis de redes sociales (Agna), que permitió graficar la red de correlaciones y observar los patrones estructurales que en ella se desarrollan. Con este programa, cada vínculo significativo entre dos variables se graficó 12 Cada uno de los umbrales es explicado en ibid. 13 Ibid., 45. 14 Ministerio de Desarrollo Social, “Pobreza multidimensional: anexo programación de indicadores y medición”, en Serie de Documentos Metodológicos, nº 28 (2015), 29. 15 La correlación entre cada par de variables fue medida con el coeficiente estadístico de Pearson, que mide el nivel de relación entre dos variables cuantitativas. El mínimo de relación es representado por un coeficiente de 0, mientras que el máximo tendría un coeficiente de 1 (cuando la relación es positiva) o -1 (cuando la relación es negativa). 16 A un nivel de significancia de 0,01 (bilateral). 17 No se consideraron las relaciones negativas entre variables, dado que ellas no implicarían un aumento o disminución en el indicador general de pobreza multidimensional: si la carencia de una variable se relaciona con la no carencia de otra, no hay un cambio en el escenario global de indicadores —no hay mayor ni menor pobreza multidimensional—, porque es un juego de suma cero.

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con una línea que las une y que aumenta su grosor mientras más fuerte es el vínculo entre dichas variables. Además, se calcularon distintos coeficientes que permiten indagar en el peso estructural que tiene cada una de las doce variables incorporadas en el indicador de pobreza multidimensional. Finalmente, se sumaron las tres variables (privaciones) que componen cada dimensión, para formar índices de pobreza dimensionales. Ello permitió calcular las correlaciones entre las cuatro dimensiones de pobreza, formando una segunda red de análisis. En esta segunda red, se calculó también el peso estructural y el porcentaje de variación mutua que tiene cada dimensión con las otras restantes18.

iii. La pobreza como red multidimensional de privaciones Como se ha mencionado, los indicadores de pobreza multidimensional se caracterizan por incluir varias dimensiones de análisis, cada una de ellas compuesta a su vez por distintas variables, donde cada variable representa un tipo de privación posible. De esa manera se configura la medición oficial en Chile, que se compone de cuatro dimensiones, todas ellas integradas por tres variables primarias, sumando un conjunto de doce carencias posibles. Esta nueva medición se ha entendido como una oportunidad para expandir el nivel de complejidad en que actualmente entendemos la pobreza y para observar directamente algunos fenómenos de privación que antes quedaban velados o aproximados indirectamente por medio del ingreso. Esta nueva forma de medición, no obstante, también permite el entendimiento de la estructura interna de la pobreza: observar las relaciones entre los doce indicadores primarios y las propiedades estructurales que surgen en esta red de correlaciones. Dado que normalmente las privaciones no funcionan de manera aislada, sino que se vinculan entre sí en manifestaciones coordinadas, es importante observar la complejidad interna de este fenómeno. Con esta orientación, la pobreza multidimensional no se entenderá simplemente como una suma de privaciones, sino que como un 18 Este último porcentaje se obtiene calculando el “coeficiente de determinación” de cada correlación.

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fenómeno reticular con dinámicas internas y propiedades que emergen al observar la red completa de relaciones. En otras palabras, la pobreza sería más que la suma de sus indicadores, ya que en la estructura relacional de las distintas privaciones surgen sinérgicamente propiedades no observadas con la simple separación o agregación de indicadores. Como puede notarse, esta forma de observar la pobreza se caracteriza por un enfoque holista, que contrasta con la visión analítica tradicionalmente utilizada en los estudios sobre pobreza. El primer paso para entender la estructura interna de la pobreza multidimensional de Chile es graficar las correlaciones entre los diversos tipos de privaciones que la componen. El gráfico 1 muestra los vínculos directos y estadísticamente significativos entre los doce tipos de carencias que se agregan en el indicador de pobreza multidimensional: Gráfico 1. Red de correlaciones entre privaciones Servicios básicos

Asistencia escolar

Estado de vivienda

Rezago escolar

Hacinamiento

Escolaridad

Jubilación

Malnutrición

Adscripción sistema salud

Seguridad social Ocupación

Atención salud

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Las variables de este gráfico están ordenadas según las cuatro dimensiones que comprenden la medición de pobreza multidimensional: en el extremo superior izquierdo se encuentran los indicadores de vivienda; en el superior derecho, los de educación; en el inferior izquierdo, los de trabajo y seguridad social, y en el inferior derecho, los de salud. Mientras más gruesa es la línea que une dos variables, mayor es la correlación entre dichas variables. Dicho de otra forma: mientras más marcado se muestra un vínculo en el gráfico, es más común que los dos tipos de privaciones se manifiesten al mismo tiempo en los hogares del país. Al observar gráficamente esta red de privaciones, inmediatamente se entiende que hay variables que estructuralmente tienen mayor peso que otras. Esto no es un dato menor: la medición oficial de la pobreza en Chile, con su método de sumar carencias, pretende igualar el peso que tiene cada variable en el indicador general de pobreza. Sin embargo, la observación de las relaciones entre dichos indicadores muestra que las variables no son equivalentes al momento de manifestarse en los hogares: es muy diferente, por ejemplo, tener una deficiente atención en salud a tener privación de escolaridad, porque esta segunda carencia tiene un vínculo mucho mayor con otras manifestaciones de pobreza. Los hogares que están privados de niveles básicos de escolaridad suelen estar acompañados por otras privaciones, algo que es menos común entre quienes carecen de una atención sanitaria mínima. Para medir el peso estructural de cada variable de pobreza se calcularon los “grados nodales” de todos los indicadores. Siguiendo la terminología de análisis de redes, los “nodos” son los elementos incorporados en la red —en este caso, los doce indicadores de pobreza—. Sucesivamente, el grado nodal sería un coeficiente que suma el total de relaciones de cada nodo, ponderándolas según la fuerza de dicha relación. El resultado, entonces, es más alto mientras más relaciones tenga un indicador con otras variables y mientras más fuertes sean dichas relaciones, siendo una excelente aproximación al peso estructural de cada variable en la conformación de la red de privaciones. El gráfico 2 muestra el grado nodal de cada indicador en la red multidimensional de pobreza:

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Gráfico 2: Peso estructural de los indicadores de pobreza, según su grado nodal 0,94

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

e

ist

As

ia nc

0,76 0,66

0,64

0,54

0,48 0,35

0,35

0,25

0,21

0,16

0,11

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la

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Como puede observarse, son cinco las variables que tienen mayor peso estructural en la red de relaciones (en orden de mayor a menor peso): escolaridad, hacinamiento, estado de la vivienda, seguridad social y servicios básicos. Se trata de tres variables incluidas en la dimensión de vivienda, una de educación y otra de trabajo y seguridad social. La privación de escolaridad en un hogar, desde esta perspectiva estructural, sería el mejor predictor simple de que en ese hogar existe pobreza multidimensional, porque es el indicador que se relaciona en mayor grado con otras carencias dentro de esta red. En contraste, la dimensión de salud es aquella que posee indicadores con menor peso estructural, ya que sus privaciones están poco vinculadas con otras privaciones. Para evaluar más completamente la importancia de cada variable en la manifestación conjunta de distintas privaciones, también es necesario evaluar su papel como “nodo intermediador”. Por ejemplo, la existencia de malnutrición en un hogar no está estadísticamente vinculada con la privación de una jubilación adecuada; sin embargo, ella sí se relaciona con la carencia de escolaridad en el hogar, y esta última se vincula con la privación en términos de jubilación. En este ejemplo, la carencia de escolaridad actuaría como “intermediador”, ya que es el enlace que permite reunir en un mismo hogar otras dos privaciones que no están vinculadas directamente entre sí. Cada actuación de intermediación, entonces, permite que se manifiesten tres

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carencias en un mismo hogar, lo cual sería equivalente a que las personas de ese hogar sean consideradas como pobres multidimensionalmente. El gráfico 3 muestra el grado de intermediación19 que tiene cada indicador en la red de pobreza: Gráfico 3: Grado de intermediación de los indicadores de pobreza 7,00

6,52

6,00 5,00

4,47

4,79

4,15

4,00

3,89 2,95

3,00

2,10

2,00

0,58

1,00

2,10

1,44

1,02

0,00

0,00

en

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vi

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b os

Como puede notarse, el déficit en el estado de la vivienda es el mayor intermediador entre carencias que no se relacionan directamente, lo que lo convierte en un indicador clave para comprender la dinámica interna de la pobreza multidimensional. Por ejemplo, la privación de atención en salud no se relaciona significativamente con la carencia en ningún aspecto educativo —asistencia, rezago o escolaridad—, ni con el hacinamiento o las privaciones de seguridad social y de servicios básicos en el hogar. Sin embargo, su principal vínculo es con el mal estado de la vivienda, y este sí se vincula significativamente con los seis indicadores recién señalados. Por lo tanto, la carencia de atención sanitaria tiende a manifestarse junto a esas otras privaciones cuando existe también una carencia en el estado de la vivienda. Muchas veces hay más de un intermediador posible entre dos privaciones no relacionadas directamente; no obstante, al sumar todas las intermediaciones, 19 El coeficiente de intermediación expresa la cantidad de “rutas mínimas” (o distancia geodésica) en que cada variable funciona como intermediadora para que se relacionen dos variables entre sí.

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el estado de la vivienda aparece como el indicador que permite reunir a más privaciones y de la manera más directa. Por otra parte, la red de pobreza multidimensional puede ser analizada en un segundo nivel de abstracción. Hasta el momento hemos observado las relaciones entre las doce privaciones que componen la medición general de pobreza. No obstante, estas carencias están organizadas en cuatro dimensiones —educación, salud, trabajo y vivienda—, que muestran diferentes niveles de centralidad en el fenómeno global. Para entender la estructura de relaciones entre estas dimensiones de pobreza, se formaron índices que suman la cantidad de privaciones que tienen los hogares en cada dimensión. Luego se calcularon las correlaciones entre estos índices dimensionales de pobreza. El gráfico 4 muestra los vínculos directos y estadísticamente significativos entre las cuatro dimensiones de pobreza consideradas en el indicador multidimensional: Gráfico 4. Red de correlaciones entre las dimensiones de pobreza 5,02%

Vivienda

0,85%

Trabajo y seguridad

2,5%

Educación

0,42%

0,77%

0,1%

Salud

En este caso, cada línea va acompañada con un número que expresa el porcentaje de variación conjunta entre las dimensiones de pobreza vinculadas20. Por ejemplo, las carencias de vivienda se relacionan un 5,02% 20 Este número es el “coeficiente de determinación”, indicador estadístico que permite expresar

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con las privaciones de educación, siendo estas las dimensiones mayormente vinculadas en la red de pobreza multidimensional. La privación educacional también se correlaciona en gran medida con la pobreza de trabajo y seguridad social (2,5%). En contraste, la dimensión de salud parecer ser la más desconectada de la red, teniendo una escasa variación conjunta con la educación (0,1%), la vivienda (0,42%) y el trabajo (0,77%). Para comprobar el peso estructural de cada dimensión en la red de pobreza multidimensional, se utilizó el mismo procedimiento efectuado con los doce indicadores de pobreza: se calculó el “grado nodal” de cada dimensión, es decir, aquel coeficiente que suma el total de relaciones de cada ámbito de la red, ponderándolas según la fuerza del vínculo. El resultado de este ejercicio puede observarse en el gráfico 5: Gráfico 5. Peso estructural de las dimensiones de pobreza, según su grado nodal

0,45

0,41

0,38

0,40

0,34

0,35 0,30 0,25

0,18

0,2o 0,15 0,10 0,05 0,00

Educación

Salud

Trabajo y seguridad

Vivienda

Como puede notarse, la educación es la dimensión con mayor peso estructural en la red de pobreza multidimensional, seguida de cerca por las dimensiones de vivienda y de trabajo y seguridad. Llama la atención que las carencias sanitarias sean notoriamente aquellas que están menos conectadas con otros tipos de privaciones: eso significa que tienen una menor centralidad en la estructura multidimensional de la pobreza chilena. el porcentaje de correlación entre dos variables.

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iv. Nuevas pistas sobre la pobreza multidimensional y el caso chileno El ejercicio efectuado en este artículo muestra el potencial de desarrollar un método complementario para el análisis de la pobreza multidimensional en Chile. A mi juicio, no solo es importante tener un foco analítico —que muestra información separada para cada indicador y dimensión incorporados en la medición—, sino también un enfoque relacional, que observe los vínculos entre los diferentes tipos de privaciones. Con este método, la pobreza no se entiende únicamente como un fenómeno agregado, sino también como una estructura compleja, con un tipo específico de organización interna. El paso efectuado desde un enfoque analítico-agregado a uno relacionalestructural permite extraer algunas conclusiones generales sobre el estudio de la pobreza multidimensional. En primer lugar, que ella debe ser tratada como un fenómeno con propiedades emergentes, las cuales surgen sinérgicamente al analizar la estructura de relaciones entre privaciones. Elementos como el peso estructural o la intermediación son una parte constituyente del fenómeno estudiado, a pesar de que no hayan sido visibilizados en las investigaciones precedentes. En ese sentido, debe entenderse que la pobreza multidimensional es más que la suma de sus indicadores, aunque la observación de estas propiedades necesite el despliegue de un análisis diferente al que tradicionalmente se ha efectuado. En segundo lugar, del análisis efectuado se desprende que los indicadores de pobreza multidimensional no suelen ser equivalentes entre sí para la comprensión y explicación de la pobreza, a pesar de que sean ponderados con el mismo peso en el indicador agregado. Ello porque es muy difícil que tengan el mismo peso estructural, si se observa la red de relaciones entre los distintos tipos de privaciones. En otras palabras, el análisis relacional-estructural muestra que para la comprensión y explicación de la pobreza multidimensional existen algunas carencias y dimensiones de carencias más importantes que otras; ello sucede a pesar de que conceptualmente entendamos que todos los indicadores y dimensiones son igualmente importantes para que alguien sea considerado como pobre.

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Por otra parte, los datos analizados permiten extraer algunas conclusiones sobre la situación actual de la pobreza en Chile. La más relevante, es que existe una mayor importancia estructural de dos dimensiones: a) la educación —especialmente por el peso y la intermediación del nivel de escolaridad— y b) la vivienda —en donde el hacinamiento, los servicios básicos y el estado de la vivienda destacan por su peso estructural, teniendo esta última variable además un importante rol como agrupadora de privaciones en un mismo hogar—. Este resultado no debe interpretarse de una manera causal, en el sentido de que la educación y la vivienda expliquen en mayor medida que las personas entren o salgan de la pobreza21. Sin embargo, la evidencia muestra

que ambas dimensiones tienen una mayor relevancia para entender cómo se expresa multidimensionalmente la pobreza en Chile, especialmente si se busca comprender la organización interna del fenómeno y reconocer qué privaciones tienden a manifestarse conjuntamente en los hogares. Por otra parte, los resultados de este estudio podrían utilizarse para establecer prioridades en la investigación sobre la pobreza chilena. Sería deseable que futuras investigaciones sobre las causas de la pobreza pongan especial énfasis en el efecto de las privaciones que tienen mayor centralidad en la red de pobreza multidimensional —escolaridad, hacinamiento, estado de la vivienda, seguridad social y servicios básicos—. Estas cinco carencias tienden a manifestarse en los hogares agrupando múltiples privaciones; por ello, si además tuvieran un alto peso en la explicación causal del fenómeno, podrían concebirse como el núcleo o centro de gravedad de la pobreza chilena. Finalmente, la información de este estudio también podría ser utilizada para mejorar la focalización de las políticas sociales. El modelo de pobreza multidimensional tiene enormes virtudes, pero su impronta multifocal también podría confundir a los formuladores de políticas públicas. Dado que ellos cuentan con recursos limitados, constantemente deben priorizar la intervención de algunas privaciones presentadas en la población. Los datos estructurales de esta investigación pueden ser útiles para focalizar los esfuerzos y recursos, dado que sería deseable priorizar la intervención de 21 Para ello se necesitaría desarrollar un estudio longitudinal, con seguimiento de hogares a través del tiempo.

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aquellas carencias que se vinculan en mayor medida con la manifestación de otras carencias. Sin embargo, el criterio estructural no debería ser el único utilizado en las políticas sociales, dado que —al menos como ha sido trabajado en este artículo— ofrece una visión sobre la manifestación de la pobreza actual de Chile, pero no sobre aquello que explica el surgimiento de ella misma. En ese sentido, sería apropiado que las políticas que busquen erradicar la pobreza focalicen sus recursos ponderando al menos tres criterios: el analítico (la cantidad de población privada de cierto bien o capacidad), el estructural (la vinculación de cierta carencia con otras carencias relevantes) y el causal (el grado explicativo de cada privación en el surgimiento o disminución de la pobreza).

Bibliografía Alkire, Sabina y James Foster, “Counting and multidimensional poverty measurement”, en OPHI Working Paper, nº 7 (2007). Bourguignon, François y Satya Chakravarty, “The measurement of multidimensional poverty”, en Journal of Economic Inequality, vol. 1 (abril de 2003). También: Cepal, “La medición multidimensional de la pobreza” (Pucón: Cepal, 2013). Comisión para la Medición de la Pobreza, Informe final (2014). Disponible en :http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_ pobreza_comision_pobreza_2014.pdf (consultado en mayo de 2015) Exposición de Joaquín Lavín, entonces ministro de Desarrollo Social, el 8 de agosto de 2012, en el Centro de Estudios Públicos. El video del seminario y sus diapositivas se encuentran disponibles en: http://www.cepchile. cl/1_5104/doc/videos_seminario_la_encuesta_casen.html#.VVn_-Np_Okp Ministerio de Desarrollo Social, “Situación de la pobreza en Chile. Presentación de la nueva metodología de medición de la pobreza y síntesis de los principales resultados”. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial. gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_Chile.pdf (consultado en mayo de 2015).

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Ministerio de Desarrollo Social, “Nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional”, en Serie de Documentos Metodológicos, nº 28 (2015). Ministerio de Desarrollo Social,“Pobreza multidimensional:anexo programación de indicadores y medición”, en Serie de Documentos Metodológicos, nº 28 (2015). Sen, Amartya, “Poverty: an ordinal approach to measurement”, en Econometrica, nº 44 (1976); —, “Well-being, agency and freedom: The Dewey lectures 1984”, en The Journal of Philosophy, nº 82 (1985); —, The Standard of Living (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); —, “Capability and well-being”, en Nussbaum, Marta y Amartya Sen (eds.), Quality of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993); —, Desarrollo y libertad (Ciudad de México: Planeta, 2000). Spicker, Paul, “Definiciones de pobreza: doce grupos de significados”, en Spicker, Paul, Sonia Álvarez y David Gordon (eds.), Pobreza: un glosario internacional (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Clacso, 2009).

Exclusión intergeneracional: notas para una previsión integral intergeneracional Pablo Ortúzar Madrid

Introducción En estas breves notas trato de presentar un concepto general de justicia intergeneracional y explorar algunas de las exigencias que extiende sobre el presentismo (cortoplacismo) y el individualismo de la cultura occidental moderna. La idea central del texto es que se volverá cada vez más costosa la exclusión del pasado y del futuro en los cálculos políticos y económicos de nuestras sociedades, y que por tanto debemos comenzar a pensar la previsión social de manera integral y sustentable. Hablo de notas porque estoy seguro de que las ideas aquí expuestas requieren más trabajo, discusión y elaboración que la que puedo ofrecer en el contexto de este trabajo. Lo aquí expuesto se encuentra crudo y necesitado de horas de conversación para volverse fácilmente digerible. Invitar a los lectores a participar de esa conversación es, por supuesto, el objetivo de poner estas notas sobre la mesa.

i. Sociedad y libertad individual Las vidas humanas, a diferencia de las vidas salvajes, están atravesadas de lado a lado por el hecho de vivir en sociedades fundadas en la cultura. El ser humano es, esencialmente, mimético: aprende imitando a otros y elaborando su mundo con aquello que aprende, pues sus instintos naturales son débiles. No existen, por tanto, personas que puedan llevar vidas humanas por fuera de los grupos humanos. Los “niños salvajes” (como el “niño lobo” de Puerto Varas o la “mujer gallina” de Lonquimay) son seres humanos que (dada su naturaleza mimética) aprendieron imitando a animales, por lo que llevaban un modo de vida bestial. Esto es lo que enfatiza el antropólogo Clifford

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Geertz cuando advierte que “como nuestro sistema nervioso central —y muy especialmente la corteza cerebral, su coronamiento de capacidad y gloria— se desarrolló en gran parte en interacción con la cultura, es incapaz de dirigir nuestra conducta u organizar nuestra experiencia sin la guía suministrada por sistemas de símbolos significativos”. Así, concluye, “es cierto que sin hombres no hay cultura, pero igualmente, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres”1.

El ser humano, afirma el ecólogo cultural Bernard Campbell, se distingue del resto de los animales por el hecho de que sus medios de adaptación “son aprendidos, se basan en la capacidad de comunicar y son acumulativos”2. A esto denomina “cultura”. En sus palabras, “un sistema de conocimiento, comportamiento y utensilios mediante el cual los seres humanos se comunican con el mundo externo”3, a diferencia de los sistemas naturales, cuya comunicación con el entorno está gobernada por patrones fijos e inflexibles. El medio cultural, nuestra “segunda naturaleza”, en suma, emerge de la comunicación, de la imitación y del aprendizaje en el contexto de vivir con otros. Así, el potencial de cada uno de nosotros, en tanto específicamente humano, se realiza de una sola forma, y esa forma de realizarse, ese modo de ser humano, es siempre un producto de la vida en común, de una forma de cultivar nuestros vínculos. Es decir, de una cultura. Somos “animales incompletos o inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la cultura, y no por la cultura en general, sino por formas en alto grado particulares de ella”4. Aprendemos imitando a otros semejantes, tenemos en el lenguaje (que nunca puede ser privado) nuestra principal herramienta y buscamos toda nuestra existencia el sentido a través del cultivo de relaciones significativas. Es esto lo que quiere decir el mismo Aristóteles cuando nos define como “animales políticos”: nuestro potencial solo puede desplegarse

1

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2005), 55.

2

Campbell, Bernard, Ecología Humana (Barcelona: Salvat, 1996), 12.

3 Ibid. 4

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, 55.

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en relación con otros5. Y esto significa también que podemos ser dañados de maneras específicamente humanas, capaces de introducir rasgaduras en el plano del sentido que pueden llevar al hombre a buscar su propia muerte, en contra del instinto de preservación. De este modo, para bien y para mal, somos con otros. No hay un escape real a esa condición y, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad es inescapable, al igual que el dolor o la muerte, y es la condición de cualquier felicidad realmente humana. Al mismo tiempo que el mundo siempre es experimentado desde un yo que es irreductible, que exige su propio espacio, que disfruta de poder alejarse del “nosotros” y del “todos” para poder ser con otros sin diluirse en la masa. Así, llegamos a la paradoja constitutiva del ser humano que ha sido origen del desvelo de muchos a lo largo de la historia: animal mortal capaz de pensar el infinito, individuo que solo puede desplegar su dignidad viviendo entre otros. En suma, una particularidad que siempre parece tensionada por la posibilidad de fundirse en una otredad, pero cuya vida adquiere sentido justamente a partir de esa otredad. Llegados a este punto, podemos afirmar que el ser humano se caracteriza por vivir en sociedades, pero sabemos también que siempre vive en sociedades determinadas. No hay una sola gran comunidad humana, sino que múltiples organizaciones, basadas en principios distintos, operando a partir de lógicas diferentes. La diversidad cultural es casi tan amplia como la individual. Nos completamos como humanos viviendo en una determinada comunidad y son las costumbres ahí aprendidas, con variaciones y cambios, las que traspasamos luego a nuestros sucesores. Invito ahora al lector a reflexionar respecto de lo leído. En realidad, todo lo dicho es muy simple (y bastante obvio), pero, sin embargo, no son ideas que se lleven muy bien con nuestras concepciones comunes sobre la libertad humana. Después de todo, se nos ha enseñado que la libertad es una especie de reino de la autonomía individual. De hecho, la filosofía moral moderna tiene serios problemas para concebir al ser humano como dependiente y 5

Siendo la polis la forma de comunidad más perfecta, en la cual se logran realizar las demás formas, como la casa, la aldea o la familia. Ver Vigo, Alejandro, Aristóteles. Una introducción (Santiago: IES, 2007), 216.

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vulnerable6. Es decir, tiende a sostener que somos más libres en la medida en que nuestra voluntad no se ve limitada por otras personas o grupos. Sin embargo, tal idea de la realización humana, llevada al extremo, propondría la soledad como la forma más perfecta de libertad, lo que resulta contradictorio con la propia condición humana. Así, se configura la gran paradoja que las sociedades modernas han tratado de resolver: la búsqueda de un equilibrio entre la maximización de la autonomía individual y la integración social. Equilibrio que la fe en el progreso ilimitado que caracterizó a la modernidad prometía que sería no solo rápidamente alcanzado, sino que perfeccionado cada vez más. Pero vamos más despacio.

ii. La soledad de las generaciones Uno de los grandes debates en los inicios de la modernidad tuvo lugar entre quienes consideraban que había que cortar por completo los lazos entre las generaciones, de modo que cada una se autodeterminara y configurara el mundo según sus propios anhelos de libertad, y quienes insistían en que toda sociedad humana era un pacto entre los vivos, los muertos y los que están por nacer, por lo que era imposible destruir esos vínculos, y tratar de hacerlo podría traer graves consecuencias. Los campeones de la primera posición fueron Thomas Paine y Thomas Jefferson, mientras que Edmund Burke aparece como el más importante defensor de la segunda postura: así nace el conservadurismo moderno. El intelectual francés Alain Finkielkraut resume esta disputa de esta manera: “Contrariamente a la orgullosa razón ilustrada, la sabiduría conservadora da crédito a los muertos, es decir, a la razón oculta en las costumbres, las instituciones y las ideas transmitidas. Frente al hombre en general, el conservador opone tradiciones concretas. A la abstracción, la autoridad de la experiencia. Al individuo quimérico, la realidad efectiva del ser social. A las reivindicaciones presentes, la piedad respecto al pasado. A la

6 Esto es muy bien explicado por Alasdair MacIntyre en su libro Animales racionales y dependientes (Barcelona: Paidós, 2001), 15-24.

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filosofía, en fin, la sociología y la historia”7. No sería, a pesar de esto, la razón conservadora la que triunfara en dicho debate. Y buena parte del siglo XIX y XX serían dedicados por la humanidad a disolver todo lo posible el vínculo entre pasado, presente y futuro, guiados por la ilusión del progreso ilimitado. Sin embargo, la ilusión de progreso ilimitado llega a su fin estrepitosamente en el siglo XX con el hundimiento en los totalitarismos, con la consecuente pérdida de confianza en la razón y finalmente con la masificación de posturas existenciales hedonistas que ya no esperan más que cierto bienestar y placer, disociado de todo vínculo significativo. Nuevamente, nos dice Finkielkraut, recordando a Hannah Arendt, “nosotros sabemos, y es doloroso saber, que se puede ser hombre, solo eso. El hombre a secas, el hombre sin determinativos, el hombre liberado de todo anclaje y extraído de toda comunidad, el hombre reducido a sí mismo y exclusivamente identificable con su humanidad, no es una quimera metafísica o una concepción mental. Al hacer de la persona desarraigada su figura distintiva, nuestro tiempo se las ha ingeniado para producir millones de ejemplares de ese hombre. Así pues, el hombre existe; y a todo existir; pero la pertenencia a esa especie es la peor prueba de ese existir: reducido a lo que es, el ser humano pierde a la vez la posibilidad de existir humanamente sobre la tierra y las cualidades que permiten a los otros tratarlo como un semejante”8.

La pérdida de los horizontes de sentido históricos se da junto con un “creciente dominio tecnológico sobre la organización de la sociedad, lo cual ha generado un doble movimiento simultáneo de globalización y de segmentación”9. Dicho proceso puede ser entendido, siguiendo al sociólogo alemán Niklas Luhmann, como una “imposibilidad de jerarquización interna de los sistemas sociales, mediante la cual uno adquiera un rol rector sobre los otros”, comportándose cada subsistema social “selectivamente, procesando solo aquella información que es útil para garantizar su propia información y resultando así una sociedad ‘acéntrica’ o ‘policéntrica’, en el sentido de que su centro dependerá en cada caso del tipo de problema que se trate de 7

Finkielkraut, Alain, La ingratitud (Barcelona: Anagrama, 2001), 120.

8 Ibid., 121-122. 9 Morandé, Pedro, Familia y Sociedad (Santiago: Universitaria, 1998), 76.

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solucionar o de quien posea mejor información para aplicar al caso”10. Esto conlleva la llamada “muerte de las ideologías” y el surgimiento de una “era del pragmatismo ideológico en relación con la toma de decisiones”, caracterizada por una actitud de “todo tiene su precio” que se extiende a “otros ámbitos de la sociedad y de la cultura, creando un clima de relativismo moral, de hedonismo y de permisivismo”11.

El principal motor y signo distintivo de este proceso es la monetarización. Esto es, la autonomización y progresiva expansión de la forma dinero como mediador preferencial de los vínculos sociales. Este fenómeno ocurre cuando “todas las operaciones económicamente relevantes comienzan a ser procesadas única y exclusivamente en términos económicos, es decir, a través del dinero”12. El efecto de esta autonomización del sistema económico es “la emergencia de todo un ámbito de articulaciones sociales que prescinden tanto de la experiencia de la presencia como de la mediación reflexiva por la conciencia (y) en tal sentido, la monetarización introduce una nueva forma de integración social”13. Esta nueva forma de integración social tiene la característica de ser “altamente desocializada”, en la medida en que el dinero, en palabras de Niklas Luhmann, se caracteriza por “lograr un máximo de poder vinculante con un mínimo de información”14. De hecho, una de las características del dinero derivada de lo anterior es su ausencia de memoria. Es decir, que no guarda en sí mismo la historia de las relaciones sociales que lo produjeron. De ahí la fuerza democrática de las sociedades de mercado, donde cada uno es valorado simplemente a partir de lo que logra obtener. De ahí, también, su fuerza destructiva, que amenaza con “desvanecer todo lo sólido en el aire”, poniendo un precio incluso a sus propias condiciones de existencia. No por casualidad Lenin profetizaba que los burgueses serían los primeros en vender a la revolución las horcas con las que serían colgados. 10 Ibid., 77.

11 Ibid., 78. 12 Cousiño, Carlos y Eduardo Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina (Santiago: IES, 2011), 117. 13 Ibid., 118. 14 Ibid.

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Es innegable que la autonomización del sistema económico tiene una serie de efectos virtuosos y es, además, un aliciente de la diferenciación funcional de la sociedad, que es la base de muchas de las libertades modernas. Dicha diferenciación en ningún caso es un fenómeno que se genere ni que se mantenga por sí solo. De hecho, una sociedad funcionalmente diferenciada, o “policéntrica” (por el hecho de que cada subsistema social opera según su propia lógica y, por lo tanto, ninguno se ubica en el “centro” de la coordinación social), puede devenir en una sociedad concéntrica (donde la operación de todos los subsistemas remite finalmente al código de uno solo, como el poder o el dinero). Así, si en una sociedad policéntrica tener, por ejemplo, más dinero no significa necesariamente que uno pueda obtener mejor educación, salud o bienes espirituales, en una concéntrica significa exactamente lo contrario. Lo mismo con el poder político (muchos países socialistas, por ejemplo, simplemente reemplazaron el “capitalismo salvaje” por un “partidismo salvaje”). También es posible que el sistema económico se diferencie y opere simplemente en coordinación con el sistema político, concentrándose así los privilegios, el poder y el dinero. Después de todo, tanto los políticamente poderosos como los económicamente poderosos pueden verse beneficiados por una pantalla de diferenciación funcional que les entregue legitimidad y estabilidad a sus intereses (mucho de esto ha sido puesto sobre la mesa en Chile producto de los escándalos por el financiamiento de la política). El primer caso, propio de países desarrollados, es el identificado por Luigi Zingales en su libro Salvando el capitalismo de los capitalistas. Ahí el economista italiano señala que los mercados libres —que son el correlato económico de sociedades diferenciadas— descansan en un frágil entramado político y que “a pesar de que todos se benefician de mantener los mercados competitivos, nadie en particular hace grandes ganancias con ello”, por lo que muchas veces son los propios capitalistas, en su afán por obtener prebendas gubernamentales, “los que se convierten en los peores enemigos del capitalismo”15. El segundo caso, propio de países en vías de desarrollo, es identificado por Aldo Mascareño —haciendo referencia explícita a Chile— en 15 Zingales, Luigi y Raghuram Rajan, Saving capitalism from capitalists (Nueva York: Princeton UP, 2003), 311.

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su libro Diferenciación y contingencia en América Latina, donde advierte que los medios poder y dinero operan en conjunto, evitando la diferenciación de los sistemas funcionales y manteniendo el poder concentrado en un solo punto, lo que se plasma en el hecho de que la responsabilidad de la producción de muchos bienes colectivos (salud, educación, medio ambiente, transporte) es trasladada “a decisiones basadas predominantemente en criterios parciales de maximización de corto plazo”16. Con esto, Mascareño busca evidenciar que

el cortoplacismo chileno es mucho menos un rasgo cultural que un efecto de la fusión entre el interés político y el económico, que ha terminado por volver imposible cualquier perspectiva de más largo plazo. El efecto de la crisis de la noción de progreso, de la monetarización excesiva y de la orientación hedonista de la vida es un creciente presentismo. Al no poder proyectarnos en un horizonte temporal más amplio, quedamos sujetos, en palabras de Innerarity, a una “tiranía del presente”, “de la actual legislatura, el corto plazo, el consumo, nuestra generación, la proximidad...”17. A pesar de estar estancados en el presente, la sensación que se experimenta es el vértigo de la aceleración. Vivimos cada vez más rápido, pero esa velocidad es la que al mismo tiempo acorta el alcance de nuestra visión. La aceleración “produce la seducción de acercar el futuro, pero realmente lo elimina en tanto que dimensión estratégicamente configurable”18. El efecto de esto, hacia adelante, es “una colonización del futuro que consiste en vivir a costa de él, un imperialismo del presente que absorbe y parasita el tiempo futuro”19. El correlato del presentismo es un individualismo absoluto, cuya manifestación práctica es el egoísmo. Al desaparecer el pasado y el futuro de nuestro horizonte temporal, también desaparecen los vínculos y las obligaciones que podamos tener con otras generaciones. La familia, principal espacio de articulación de la sucesión entre generaciones, queda en este contexto “progresivamente entregada a sí 16 Mascareño, Aldo, Diferenciación y contingencia en América Latina (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2010). 17 Innerarity, Daniel, El futuro y sus enemigos (Barcelona: Paidós, 2009), 22. 18 Ibid., 23. 19 Ibid., 22.

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misma, a la autorregulación de sus propios problemas”, convirtiéndose cada vez más en una “organización informal, de convivencia de hecho, a la que la sociedad en su conjunto presta poca atención, y cuya suerte queda entregada a los propios convivientes”20. Es objeto solo en forma indirecta (y en relación

con sus funciones secundarias) de políticas públicas y pierde libertad en el ámbito de decisión respecto a la reproducción, que pasa a ser tratado en referencia a la “salud reproductiva”. El efecto de esto es una disminución en la cantidad de miembros de la familia, la extinción de la “familia extendida” (es decir, se expulsa a los abuelos) y su redefinición como “un grupo más pequeño y más íntimo, dependiendo su estabilidad y desarrollo cada vez más de la libertad de sus mismos integrantes”21. La contaminación, por su parte, pasa a ser vista simplemente como un “riesgo” necesario para el desarrollo económico. Muchos ni siquiera se toman en serio las consecuencias que dicha contaminación puede tener ni lo injusto que es el legar a las nuevas generaciones un planeta donde bienes básicos para la vida se encuentran degradados. Esto ha llevado al extremo de que un papa de la Iglesia Católica, tradicionalmente ajena a estos asuntos, resalte en una encíclica el problema, denunciando que “la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”22 y alegando que “el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación”23. La misma economía, de hecho, se ve afectada por “la tiranía del corto plazo”, buscándose la ganancia a cualquier precio, generándose estructuras de incentivos perversas y atentando cada vez más las empresas contra el propio libre mercado, tal como mostramos que plantea Zingales. La política, por supuesto, entra en el mismo esquema, reduciéndose a una frenética búsqueda de votos mediante promesas dudosamente realistas financiadas mediante deudas que son arrojadas hacia el futuro 20 Morandé, Familia y sociedad, 80. 21 Ibid., 84. 22 Francisco, Laudato si (Santiago: Ediciones UC, 2015), 19. 23 Ibid., 30.

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sin asco. El gasto público, nos dice Jesse Norman, se ha vuelto “un asunto sin responsabilidades para los políticos, en el cual pueden, sin asumir costo alguno, hipotecar las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer a la generación actual o a sus propios proyectos regalones”24.

El envejecimiento, en tanto, pasa a ser un asunto tabú. Tal como señala Gilles Lipovetsky en La era del vacío, “el miedo moderno a envejecer y morir es parte del neo-narcisismo: el desinterés por las generaciones futuras intensifica la angustia de la muerte, mientras que la degradación de las condiciones de existencia de las personas de edad y la necesidad permanente de ser valorado y admirado por la belleza, el encanto y la celebridad hacen la perspectiva de la vejez intolerable. De hecho, es el proceso de personalización el que, al evacuar sistemáticamente cualquier posición trascendente, engendra una existencia puramente actual (el presentismo), una subjetividad total sin finalidad ni sentido, abandonada al vértigo de su autoseducción. El individuo, encerrado en ese gueto de mensajes, se enfrenta a su condición mortal sin ningún apoyo ‘trascendente’ (político, moral o religioso)”25. El cuerpo y la salud mental, espiritual y física, en este contexto, se ven trastocados y convertidos en objetos ajenos a la propia persona que deben ser sometidos a las exigencias sociales. Así como la conciencia respecto a la naturaleza desaparece, la conciencia respecto a la dignidad y las necesidades del yo físico, mental y espiritual son administradas mediante criterios de maximización que muchas veces resultan nocivos y autodestructivos. El abuso de drogas legales e ilegales, los desequilibrios alimenticios y el abuso de la cirugía estética caracterizan a una época en que el propio cuerpo humano comienza a ser concebido como una máquina disociada de la propia identidad y sometida a intervenciones con base en criterios anclados en la contingencia, sin considerar las consecuencias futuras. Así como la ausencia de conciencia ecológica lleva a destruir el medio ambiente, existe un déficit de autoconciencia que lleva a la autoexplotación. Esto ha sido tratado en profundidad por el filósofo Byung-Chul Han, quien señala que “en nuestra

24 Norman, Jesse, La Gran Sociedad (Santiago: IES, 2014), 253. 25 Lipovetsky, Gilles, La era del vacío (Barcelona: Anagrama, 2003), 61.

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época, el trabajo se presenta en forma de libertad y autorrealización. Me (auto)exploto, pero creo que me realizo. En ese momento no aparece la sensación de dominación. De esta manera, el primer estadio del síndrome de agotamiento (burnout) es la euforia. Entusiasmado, me vuelco en el trabajo hasta caer rendido. Me realizo hasta morir. Me optimizo hasta morir. Me exploto a mí mismo hasta quebrarme […] hoy todo se convierte en objeto de rendimiento. Ni siquiera el ocio o la sexualidad pueden rehuir el imperativo del rendimiento”26.

El paradójico resultado final que nos entrega este panorama es que el miedo de Jefferson y Paine a la dictadura del pasado sobre el futuro se haya vuelto realidad justamente gracias a los intentos por buscar la total autonomía de las generaciones. La despreocupación por nuestros sucesores y la externalización de los impactos del presente en un futuro percibido como ajeno termina por generar un escenario de “irresponsabilidad organizada”, convirtiendo al futuro “en el basurero del presente”27. Por su parte, la democracia, en tanto juego de mayorías contingentes, tiene muy poca capacidad para lidiar por sí sola con estos problemas. Y es ahora, con la quiebra de sistemas completos de previsión social, con la crisis de los sistemas democráticos y con la constatación de la existencia de un proceso de cambio climático que supone enormes riesgos para millones de personas en el mundo, que de a poco comenzamos a internarnos en la basura que nosotros mismos arrojamos desde el pasado. Y es por eso que el concepto de justicia intergeneracional adquiere, por primera vez, relevancia en el debate público: es el nombre de la lección que debemos aprender.

iii. Justicia intergeneracional Envejecer implica asumir a lo largo de la vida distintos roles y establecer relaciones diferentes con personas de otras generaciones. El destino final de este proceso es la muerte, pero los intereses significativos de una persona 26 Han, Byung-Chul, entrevista en el diario ABC (3 de febrero de 2015). 27 Ibid., 31.

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no se agotan en ella. Es decir, las personas tenemos intereses que son trascendentes respecto a nuestra propia desaparición del mundo, y estos intereses son una fuente fundamental de sentido en las distintas etapas del existir. Honrar y preservar la memoria y el legado de las generaciones pasadas, así como configurar nuestra acción en el mundo de modo de dejar un legado significativo a quienes vengan después de nosotros es parte de una existencia humana plena, que es lo mismo que decir que es parte de una vida con sentido. Al ser esto así, los intereses trascendentes de las personas son también fuente de ciertas obligaciones morales. La filósofa australiana Janna Thompson resume esta idea en la siguiente fórmula: “Debemos hacer por nuestros predecesores aquello que creemos que podemos exigir legítimamente a nuestros sucesores”28. El correlato obvio de dicha fórmula

es que podemos exigir a nuestros antecesores aquello que consideramos que nuestros sucesores tienen derecho a exigirnos. Las obligaciones de justicia intergeneracional emanadas de esta visión son personales e impersonales. Las obligaciones personales tienen que ver con nuestros antecesores y sucesores directos: abuelos, padres, hijos o nietos. También, por supuesto, con amigos y otras personas con las que tengamos vínculos directos significativos. Las obligaciones impersonales tienen que ver con nuestra comunidad política en general, así como con la humanidad toda. Por supuesto, estas obligaciones pueden aparecer cruzadas, pero es importante distinguirlas porque en muchos casos importantes no aparecerán así. Las obligaciones personales tendrán mayor fuerza moral que las impersonales, pero las impersonales serán, aunque más débiles (y por lo mismo), más posiblemente traducibles en obligaciones legales. Así, si bien no es posible hacer una ley que obligue a los hijos a amar a sus padres o a los padres a amar a sus hijos, sí se puede establecer un descuento en transporte urbano para los adultos mayores financiado mediante impuestos que afecten principalmente a la generación de sus hijos, o bien aprobarse leyes 28 Thompson, Janna, Intergenerational justice. Rights and responsabilities in an intergenerational policy (Londres: Routledge, 2009), 62.

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que limiten severamente las posibilidades de explotación medioambiental de una generación en función de proteger el medio ambiente para las generaciones siguientes. La orientación de las obligaciones morales intergeneracionales impersonales suele apuntar hacia la preservación de ciertos bienes considerados básicos. Los bienes básicos son aquellos que todo ser humano requiere para desplegar una existencia plena.

iv. Justicia intergeneracional y bienes básicos Los bienes básicos que se pretende resguardar a lo largo de la vida, y preservar de una generación a otra, según explicaba el filósofo chileno Alfonso GómezLobo, pueden ser ordenados en siete grandes conceptos29: la vida biológica (en relación también con la salud, la integridad física y la propia transmisión de la vida), la familia, la amistad (en relación con el afecto, la reciprocidad y el desear el bien al otro), el trabajo (entendido también en su dimensión de autonomía económica) y el juego, la experiencia de la belleza, el conocimiento (teórico y práctico) y la armonía interior. El ámbito de la vida biológica exige una alimentación saludable, una vida no sedentaria, un medio ambiente no contaminado, cierta seguridad respecto al acceso a las prestaciones médicas y a los medicamentos (lo que demanda un sistema de salud, de seguros médicos y de provisión de fármacos que sea eficiente) y también la posibilidad de un buen morir, evitando el encarnizamiento terapéutico y los tratamientos excesivamente invasivos. En cuanto a la salud mental, evitar la depresión se vincula con los demás elementos de una vida física sana, pero también contar con la adecuada integración social y vida interior. En el ámbito de la familia y de la amistad, lo ideal es cultivar vínculos lo suficientemente sólidos como para contar con la familia como una red de apoyo. Asimismo, resulta necesario que existan espacios de encuentro y de actividad que faciliten la actualización de dicha red. El apoyo familiar y de 29 Gómez - Lobo, Alfonso, Los bienes humanos (Santiago: Mediterráneo, 2006), 29-45.

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los amigos, por último, está muy relacionado con la recuperación médica, la salud mental y el sobrellevar enfermedades crónicas30. En cuanto al trabajo, hay que destacar que es muy importante la integración al sistema laboral en ámbitos donde uno pueda sentir que su trabajo es valorado y obtener por ello una retribución. El juego, entendido como distracción o entretenimiento, es y sigue siendo tan necesario como el trabajo y corresponde a su contracara en términos de ocio constructivo. El disfrute de la belleza y del conocimiento (teórico y práctico) tiene muchísimo que ver con el acceso a la cultura a lo largo de la vida. La educación, en efecto, es condición de disfrute de una serie de bienes que hacen más agradable la vida. Y la posibilidad de gozar de estos bienes, a su vez, está relacionado con una mejor salud mental, con una vida menos sedentaria, con una vida social más activa y con la sensación de realización31.

La armonía interior, finalmente, es “la coordinación, dentro de uno mismo, de la búsqueda y apropiación de los diversos bienes […] la persona que organiza su vida tratando de unificar en forma consciente su participación en la enorme diversidad de instancias de los bienes básicos posee este bien”32. Tal armonía se alcanza y se preserva mediante la reflexión y el autoexamen y se manifiesta en la aplicación del conocimiento práctico a nuestras elecciones concretas. De más está decir que “poder alcanzar y disfrutar de estos bienes básicos depende de la posesión de otros bienes […] sin una cierta cantidad de cosas materiales es imposible sobrevivir, tener una familia, disfrutar de la belleza, adquirir conocimientos, etc. […] en otras palabras, necesitamos bienes externos, bienes cuyo valor deriva de aquello que nos permiten alcanzar”33. Estos bienes son instrumentales y carecen, por tanto, de valor intrínseco, siendo el más común de ellos el dinero. También depende, por supuesto, de 30 Beca, Juan Pablo, “La amistad y la recuperación de la enfermedad”, en Jano, nº 1.655 (8-14 de junio de 2007), 66-68. 31 Ver Veenhoven, Ruut, “Capability and Happiness. Conceptual difference and reality links”, en Journal of Socio-Economics, nº 39 (2010), 344-350. 32 Gómez, Lobo, Alfonso, Los bienes humanos, 43. 33 Ibid., 47.

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ciertos bienes llamados “de la fortuna”, que corresponden a elementos no adquiridos (como, hasta cierto punto, la salud mental, la apariencia física, la constitución familiar) que facilitan o dificultan la adquisición de bienes fundamentales. Cuando se habla de previsión integral, se habla de una estrategia para asegurar que la posibilidad de adquirir estos bienes sea traspasada de una generación a otra de manera sustentable, cuidando que las generaciones siguientes puedan también tener la oportunidad de gozar de ellos.

v. Previsión integral, oportunidades vitales y bienes públicos Entenderemos la previsión, en términos generales, como la organización sistemática de algunos ámbitos de la existencia en función de asegurar ciertos bienes durante la vejez. La naturaleza de los bienes que se busca asegurar es diversa, por lo que las relaciones e instituciones de las cuales dependerá su provisión también lo es. Un sistema de pensiones, en este contexto, sería simplemente un subsistema del sistema previsional orientado al aseguramiento de ciertos ingresos monetarios durante la vejez. La combinación general de los bienes involucrados en una vida con sentido, que ya fueron enumerados de acuerdo con Gómez-Lobo, puede abordarse mediante el concepto de “oportunidades vitales”, utilizado por el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf para referirse a la conjunción y el equilibrio de vínculos o lazos sociales y de opciones de acción34. Una vida sin vínculos sociales, aunque posea muchas opciones de acción, sufrirá un serio déficit de sentido: piénsese por ejemplo en un millonario que tiene suficiente dinero como para que la cantidad de opciones entre las que puede elegir en cada momento sea de una enorme amplitud, pero que no tiene familia, amigos ni ningún vínculo significativo en el mundo. Al revés, una vida estructurada por fuertes lazos sociales pero que no posee opciones de acción resulta en buena medida ajena a quien la vive: piénsese en una sociedad tradicional, donde los roles de las personas están fuertemente regulados por la tradición y cada uno debe cumplir un libreto predeterminado. 34 Dahrendorf, Ralf, Oportunidades vitales (Madrid: Espasa-Calpe, 1983), 52.

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La previsión, entonces, tiene como objetivo asegurar una vejez con oportunidades vitales tales que pueda disfrutarse de los bienes humanos básicos. Ello se logra tejiendo redes sociales y relaciones de reciprocidad en el ámbito familiar y de la amistad, las que luego serán un soporte importante durante la vejez. También se logra asegurando ciertos recursos económicos para el momento en que se carezca de un trabajo remunerado. Dicho aseguramiento es fundamental para tener opciones de acción durante la vejez. Los sistemas de pensiones que cada país tiene cumplen la función de asegurar, en la medida de lo posible, dichos recursos. Pero la previsión no se agota en los vínculos sociales y en ciertas estrategias de sustento económico. Ella involucra ciertos bienes públicos que posibilitan que las estrategias previsionales individuales tengan mayor éxito. Luego, un sistema previsional en sentido amplio se refiere a la suma de estrategias previsionales asumidas por una persona, y también a los bienes públicos ofrecidos por una sociedad para hacer más probable el éxito en las estrategias previsionales individuales. Y ya que, como dijimos, los bienes humanos son múltiples, necesariamente esas estrategias involucrarán una amplitud de instituciones y relaciones sociales que no pueden ser reductibles unas a otras. Podemos entonces afirmar que la obtención y la armonización de los bienes básicos depende principalmente de las propias opciones individuales que se toman durante la vida. Sin embargo, hay que reconocer también que una opción siempre existe dentro de un contexto, y que la organización de dicho contexto no depende casi nunca exclusivamente del individuo. Así, llegamos a la pregunta por las condiciones externas que hacen más probable la adquisición y el mantenimiento de estos bienes, y desde ahí podemos movernos a la pregunta respecto a cómo dichas condiciones pueden ser, de alguna manera, aseguradas o al menos incentivadas mediante políticas públicas. Los bienes que hacen más probable la adquisición y el mantenimiento de los bienes humanos básicos y que no dependen exclusivamente del individuo son los llamados bienes públicos. Un ambiente libre de contaminación, un sistema de salud eficiente y accesible, un sistema de transporte urbano que

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facilite el desplazamiento, una ciudad integrada y segura, espacios amplios y adecuados para el deporte y la recreación, una economía próspera, un mercado del trabajo digno y pujante, museos, galerías y bibliotecas accesibles y de calidad, una educación que habilite cognitivamente de manera adecuada a los estudiantes, un sistema de educación y capacitación continua, un Estado eficiente y profesional, una sociedad civil activa y un mercado competitivo y libre son, entre otros, bienes públicos que hacen más fácil obtener y mantener los bienes fundamentales antes mencionados. Un sistema de pensiones eficiente es, por supuesto, también un bien público. Estos bienes públicos, a su vez, son aquellos que resulta imprescindible, desde la perspectiva de la justicia intergeneracional, buscar traspasar desde una generación a la otra. Son públicos, en parte, porque quien los usa debe preocuparse de dejarlos en condiciones tales que puedan ser utilizados por el siguiente usuario, en vez de degradarlos o desmejorarlos. Esta obligación debe ser demostrada en su configuración interna: el régimen institucional de su operación debe estar guiado por esta exigencia de sustentabilidad, y debe ser, a su vez, coherente con la sustentabilidad sistémica del conjunto de los otros bienes35. Un mercado competitivo y libre, pero altamente contaminante,

por ejemplo, no es coherente con su función pública en la medida en que preserva ciertos bienes dañando otros que son igualmente importantes. La previsión integral, luego, se refiere desde el punto de vista individual a todas aquellas estrategias que hacen más probable asegurar ciertos bienes fundamentales durante la vejez, pero desde el punto de vista social se refiere a aquella configuración política e institucional que hace más probable el éxito de esas estrategias individuales mediante la generación y el mantenimiento de un sistema de bienes públicos que sea sustentable y transmisible de generación en generación. De esta forma, no puede pensarse seriamente ni de manera integral la previsión social sin pensar en términos

35 Aquí vale la pena destacar el esfuerzo del profesor Fernando Atria en el sentido de buscar imaginar dicho “régimen de lo público”, aunque no haya tenido mucho éxito, a mi juicio. El resumen de su planteamiento y mis observaciones a él pueden verse en la reseña que hice de su libro Derechos sociales y educación. El nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM, 2014) y que apareció bajo el título “El sueño de la razón” en la revista Estudios Públicos, nº 139 (invierno de 2015), 211-230.

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de justicia intergeneracional. Un verdadero sistema previsional es un sistema previsional integral e intergeneracional.

vi. Conclusiones previsionales provisionales A partir de las notas anteriores, podemos ya vislumbrar algunas ideas que pueden resultar valiosas para iniciar una conversación. La justicia intergeneracional demanda exigir a nuestros antecesores tanto como creemos justo que nuestros sucesores nos exijan a nosotros, y, asimismo, exigir a nuestros sucesores tanto como creemos justo que nuestros antecesores nos exijan a nosotros. El resultado de esto es una perspectiva que favorece la sustentabilidad de las decisiones. La previsión debe ser distinguida de los sistemas de pensiones. La previsión incluye todas las estrategias individuales que buscan asegurar ciertos bienes fundamentales durante la vejez mediante una serie de acciones. Las posibilidades de obtener y cultivar estos bienes a lo largo de la vida pueden ser llamadas “oportunidades vitales”. Un sistema de pensiones, en tanto, es simplemente un mecanismo diseñado para facilitar el aseguramiento de una provisión de dinero, que es un bien instrumental respecto a los bienes fundamentales, durante la vejez. El aseguramiento de ciertos bienes fundamentales durante la vejez, es decir, la expansión de las oportunidades vitales, se ve facilitado por una serie de bienes públicos que vuelven más probable el éxito de las estrategias orientadas a asegurar dichos bienes. El conjunto de estos bienes puede ser llamado “sistema previsional integral”. Estos bienes públicos dependen de delicados equilibrios políticos e institucionales que requieren ser sustentables para poder ser transmitidos de generación en generación. Así, todo sistema de previsión requiere, en última instancia, sostenerse sobre una mirada de largo plazo propia de la justicia intergeneracional. La modernidad, junto con la generación de muchos bienes, ha tenido por defecto la erosión, la destrucción o el dificultamiento de la emergencia y consolidación de una serie de bienes públicos, así como la promoción de

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valores que atentan contra la sustentabilidad de las instituciones orientadas a proveer esos bienes. El contexto actual de crisis nos exige, entonces, avanzar en transformaciones institucionales y políticas que vayan en el sentido de la generación de bienes públicos sustentables.

Bibliografía Atria, Fernando, Derechos sociales y educación. El nuevo paradigma de lo público (Santiago: LOM, 2014). Beca, Juan Pablo, “La amistad y la recuperación de la enfermedad”, en Jano, nº 1.655 (8-14 de junio de 2007). Campbell, Bernard, Ecología Humana (Barcelona: Salvat, 1996). Cousiño, Carlos y Eduardo Valenzuela, Politización y monetarización en América Latina (Santiago: IES, 2011). Dahrendorf, Ralf, Oportunidades vitales (Madrid: Espasa-Calpe, 1983). Finkielkraut, Alain, La ingratitud (Barcelona: Anagrama, 2001). Francisco, Laudato si (Santiago: Ediciones UC, 2015). Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2005). Gómez-Lobo, Alfonso, Los bienes humanos (Santiago: Mediterráneo, 2006). Han, Byung-Chul, entrevista en el diario ABC (3 de febrero de 2015) Innerarity, Daniel, El futuro y sus enemigos (Barcelona: Paidós, 2009). Lipovetsky, Gilles, La era del vacío (Barcelona: Anagrama, 2003). MacIntyre, Alasdair, Animales racionales y dependientes (Barcelona: Paidós, 2001). Mascareño, Aldo, Diferenciación y contingencia en América Latina (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2010). Morandé, Pedro, Familia y Sociedad (Santiago: Universitaria, 1998). Norman, Jesse, La gran sociedad (Santiago: IES, 2014). Ortúzar, Pablo, “El sueño de la razón”, en Estudios Públicos, nº 139 (invierno de 2015), 211-230. Thompson, Janna, Intergenerational justice. Rights and responsabilities in an intergenerational policy (Londres: Routledge, 2009).

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Los inmigrantes y la formación de instituciones Jorge Fábrega1

“Labor markets are the unexploited frontier of globalization” Dani Rodrik The Globalization Paradox, 266. “When everyone in a ‘nation’ believes that everyone else in that nation is trustworthy, or at least more trustworthy than outsiders, then even strangers within that nation can cooperate” Eric Posner Law and Social Norms, 144.

La presencia de inmigrantes suele generar intensos debates públicos, polarización, expresiones xenófobas y, en términos generales, tensión social2. Ello no deja de ser curioso, considerando que los inmigrantes son apenas el 3,2% de la población mundial (233 millones). En parte ello se debe a que su proporción dentro de un país siempre es sobreestimada por los habitantes locales3. En Chile, la proporción de inmigrantes es menor al promedio mundial, solo un 2,1% de la población del país no es un nacido en territorio chileno; siendo poco más de la mitad (55%) proveniente de un país fronterizo4. De la mano del creciente atractivo que ha adquirido Chile como destino, cabe 1 Académico del Centro de Investigación de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Ph. D. y máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Economista y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 2

Naciones Unidas. International Migration 2013. Department of Economics and Social Affairs, Population Division. Disponible en http://www.un.org/en/development/desa/population/ migration/publications/wallchart/docs/wallchart2013.pdf, 2013.

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Ministerio de Desarrollo Social. “Casen 2013. Inmigrantes: Síntesis de resultados” (2013).

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esperar que las inmigraciones aumenten y, por lo tanto, urge repensar las actuales políticas migratorias creadas a mediados de la década de 1970, bajo un contexto histórico y de desarrollo diferente. Consciente de esa necesidad, el actual gobierno ha conducido un proceso de consultas a asociaciones de migrantes, ONGs, académicos y expertos en temas migratorios entre otros para introducir reformas al reglamento de extranjería (1975). Un total de 621 organizaciones participaron en ese proceso consultivo5 y los resultados sugieren que una lógica centrada en los derechos de los inmigrantes ha ido ganando terreno respecto de otra mirada que entiende al inmigrante principalmente como un recurso humano. Sin embargo, la consolidación tanto de un marco institucional como de una realidad migratoria que otorgue a los inmigrantes un igual acceso a las oportunidades en el país está aún lejos de concretarse. Las barreras a la integración del inmigrante son diversas. Existen barreras asociadas a la infraestructura gubernamental, por ejemplo, los trámites migratorios siguen siendo centralizados en Santiago, lo que obliga a muchos extranjeros que buscan obtener papeles de residencia a realizar continuos viajes desde regiones distantes a la capital. Adicionalmente, algunas documentaciones exigidas son de difícil acceso fuera del país de origen, lo que dificulta la obtención de visas a inmigrantes que ya se encuentran viviendo en Chile. Existen también barreras a la incorporación a trabajos formales. Hasta fecha reciente, contratar a un extranjero exigía la obligación de incluir en el contrato una cláusula de viaje que obligaba al empleador a comprar pasajes para que esa persona pudiera volver a su país de origen una vez finalizado el contrato. Esa normativa implicaba un fuerte desincentivo a la contratación de extranjeros. Afortunadamente, esa cláusula fue eliminada; sin embargo, persisten otras trabas como por ejemplo normativas que limitan el número de extranjeros que pueden estar contratados en una empresa y la imposibilidad que tiene el extranjero de realizar emprendimientos, pues no hay acceso a visas temporales para ello. Otro conjunto de barreras se relacionan con las

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Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Ley de Migraciones para el Chile que viene: Conclusiones. Encuentros Consultivos, Nueva Ley de Migraciones” (2015).

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dificultades para acceder a una amplia gama de servicios mientras no se cuenta con un RUT. La carencia de un historial de crédito también genera dificultades para acceder a arriendos y al mercado de capitales. Los procesos de convalidación de títulos siguen siendo poco claros en muchas disciplinas, dificultando el acceso del inmigrante a trabajos mejor remunerados y para los que tienen competencias. No obstante, de todas las barreras, la más importante y compleja es la referida a la integración sociocultural; aquí las expresiones de las trabas son múltiples y su resultado inmediato es la discriminación negativa del inmigrante. En este ensayo, argumento a favor de políticas migratorias inclusivas a partir de dos miradas. Primero, defiendo dichas políticas desde una perspectiva que entiende como legítimo aquello que un conjunto de individuos autónomos e iguales establecen como un acuerdo que los vincula los unos a los otros en un territorio común. Es decir, defiendo políticas migratorias centradas en los derechos de los inmigrantes desde lo que habitualmente se denomina una mirada liberal sobre el fundamento moral del vínculo social, de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos. Segundo, sostengo que las dinámicas institucionales que se generan dentro de un territorio cuando un Estado aumenta las barreras a la libre circulación de trabajadores deteriora la calidad de sus instituciones formales, y cuando hace lo contrario, las mejora; desde ahí, argumento que los inmigrantes pueden ser aliados estratégicos en la mejora de las instituciones del Estado.

i. La construcción social de los inmigrantes invisibles La principal razón por la que las personas deciden abandonar sus lugares de origen para aventurarse en territorios foráneos es la búsqueda de mejores condiciones materiales de vida, huir de la pobreza y/o juntar dinero para enviar a sus familias que dejaron atrás; y para lograr ese objetivo, los emigrantes están incluso dispuestos a renunciar a derechos fundamentales y aceptar condiciones deficitarias de trabajo, salud y vivienda. Los beneficios de tomar esa decisión son elocuentes: por ejemplo, Clemens et al. estiman que un habitante de Yemen aumenta su ingreso en 15,45 veces al emigrar a

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los Estados Unidos respecto a lo que obtiene en su país natal otra persona con similares características sociodemográficas y nivel de capital humano; en el mismo estudio se estima que, al emigrar a Estados Unidos, un chileno aumentaría su ingreso en 3,53 veces y un dominicano lo duplicaría6. Con estas

brechas, es razonable esperar que los beneficios netos (es decir, los beneficios que se obtienen tras descontar los costos reales y subjetivos de migrar) sean positivos para muchos potenciales emigrantes. Como resultado, las demandas de visas de trabajo que reciben países desarrollados se mantendrán elevadas por mucho tiempo. De hecho, los beneficios netos son suficientemente altos como para que los migrantes estén dispuestos a aceptar trabajos informales (de menor calidad y remuneración) y condiciones sociales discriminatorias en los destinos donde las regulaciones para el acceso formal a puestos de trabajo sea exigente. Es decir, las condiciones están dadas para que en torno al fenómeno migratorio, una sociedad pueda crear condiciones desiguales toleradas, e incluso legitimadas, por todos (tanto inmigrantes como locales): un tipo de sociedad con ciudadanos de distinta clase o estatus asociado a su lugar de nacimiento y con procesos de socialización que hacen perdurar esa condición en el largo plazo. Así, por ejemplo, si en la base de esa sociedad existe la creencia compartida que dos personas con igual ambición deben poder acceder a las mismas oportunidades (sentido rawlsiano de la igualdad de oportunidades), ello no sería contradictorio con el acceso a mejores oportunidades para locales y peores para inmigrantes, si en esa sociedad las expectativas de desarrollo son asumidas como diferentes para locales y extranjeros. Esta es una de las caras contradictorias a las que nos expone el fenómeno migratorio. Por un lado, emigrar es una manifestación más de la voluntad de hacerse cargo de la propia vida frente a un variado conjunto de adversidades y, por ende, es una expresión pura de autonomía. Se trata, por lo tanto, de un derecho que no debería estar sujeto a restricción alguna. De hecho, frente a la voluntad de un individuo de emigrar recae sobre los otros la obligación

6 Clemens, Michael, Claudio Montenegro, y Lant Pritchett, “The place premium: wage differences for identical workers across the U. S. border”, en HKS Faculty Research Working Paper Series RWP09-004, John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2008).

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de no impedírselo. Por otro lado, siendo aquello correcto, no es menos cierto que el derecho del emigrante no es condición suficiente para concluir que los miembros de otras sociedades adquieren la obligación de darle acogida. Por este motivo, las restricciones y barreras que los países imponen a la llegada de inmigrantes (visas de trabajo, restricciones de ciudadanía, limitaciones para acceder a bienes y servicios públicos, etcétera) podrían estar justificadas desde una perspectiva liberal y deben ser miradas con detención; no siendo razonable asumirlas como meras expresiones de discriminación injustificada. Es decir, los mismos principios que pueden esgrimirse en defensa del migrante pueden potencialmente fundamentar que se les exija aceptar condiciones desiguales respecto de los nativos de su lugar de destino. Por eso es importante entender correctamente el fundamento tras esas restricciones. Esquemáticamente, podemos distinguir dos categorías de prácticas que dan origen a las barreras sociales e institucionales que enfrenta el extranjero: la primera es aquella basada en preferencias discriminatorias y la segunda se basa en estrategias de reducción de complejidad. La primera es la utilizada más frecuentemente para entender el rechazo al inmigrante y la que suele ocupar portadas en los medios de comunicación masivo. La discriminación sería un acto de defensa ante la sensación de amenaza que algunas personas perciben ante la llegada de extranjeros. Se trataría de una suerte de preferencia por la discriminación7. Es un hecho que los inmigrantes exponen a los locales a cosmovisiones, acentos, costumbres y lenguajes diferentes y, por ende, las reglas de vida en común, acuerdos tácitos, normas y costumbres que los locales habían naturalizado como “la forma de hacer las cosas” quedan expuestas en su origen contingente ante la presencia del extranjero. Como todo extraño que llega a un grupo ya establecido, el inmigrante no entiende plenamente los códigos locales porque no ha formado parte de la larga historia de coordinaciones diarias, informales y descentralizadas que les dieron origen. Cuando el extranjero inquiere por el origen o la justificación de ciertas normas o conductas locales, muchos códigos valóricos y costumbres que los nacionales aprendieron en su vida aparecen súbitamente como 7

Becker, Gary, The Economics of Discrimination (Chicago: University of Chicago Press, 1971).

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menos profundos o naturales de lo que ellos creían. Y, por lo tanto, para segmentos importantes de la población aceptar aquello no resulta fácil y su reacción es defensiva (“el extranjero no entiende”, “el extranjero no sabe”), provocando que la presencia del forastero se torne incómoda. Para esos segmentos, el extranjero se percibe como una amenaza. Una amenaza a las costumbres, formas de vida, hábitos y valores locales. Es además visto como una competencia directa en los mercados laborales y un usuario de servicios públicos muchas veces no bienvenido. Cuando esas reacciones defensivas dominan en el espacio público, el extranjero es tratado como un ciudadano de segunda clase, con menos derechos que los nacidos localmente, mirado con recelo y sospecha, aceptado pero a regañadientes. Emprendedores políticos rápidamente se hacen eco de esas inquietudes y en períodos electorales el chovinismo alimenta la discriminación y el odio al extranjero. La segunda razón es menos evidente pero igualmente relevante. En esta segunda variante, al extranjero no se le rechaza por ser diferente o representar una amenaza, sino como consecuencia no intencional de buscar mecanismos simplificadores que faciliten la cooperación. Bajo este prisma los inmigrantes son la cara más visible de uno de los problemas más significativos y complejos que deben enfrentar los ciudadanos en la era de la globalización: coordinarse en un contexto de multiculturalidad y creciente interdependencia entre extraños. Vivimos una época de mayor incertidumbre permanente, derivada en gran medida de la globalización de los mercados, las comunicaciones y el aumento de escala de las ciudades; ese contexto genera mayores incertidumbres y mayores dificultades para coordinarse. Si bien los precios en los mercados conllevan información que puede servir para generar esa coordinación, esta no siempre es eficiente, especialmente cuando el tipo de transacciones es complejo o extendido en el tiempo. Bajo esa realidad, el conocer los códigos locales es un mecanismo que reduce costos y asimetrías de información. En ese contexto, los localismos son comportamientos que reducen complejidad y facilitan la cooperación. Cuando la discriminación obedece al rechazo a lo extraño y a la defensa de identidades tradicionales, esta finalmente sucumbe. Junto con el desarrollo usualmente florece la diversidad y, por su intermedio, las identidades tarde o

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temprano cambian, las tradiciones se modifican y solo los nostálgicos sufren. Pero cuando la discriminación obedece a una estrategia de señalización, la complejidad de la urbe induce su agudización. En ese plano, las diferencias raciales, de acento y de lenguaje se transforman en señales baratas para clasificar a potenciales contrapartes y seleccionar entre ellas con quien coordinarse8. Así, a mayor tensión social, será mayor el nivel de discriminación

precisamente porque las personas buscan señales confirmatorias que el otro es de fiar y, para ello, los nacionalismos y localismos pueden ser proxies eficientes. Como corolario, bajo esta perspectiva, el extranjero es discriminado no porque sea rechazado, sino porque no es seleccionado para intercambios significativos porque existe una “mejor” alternativa. Sea producto de preferencias discriminatorias o el desarrollo de estrategias de simplificación de complejidad social, cuando la discriminación por lugar de nacimiento se reproduce en una sociedad, el extranjero (en particular aquel de baja calificación) se incorpora socialmente en condiciones desiguales respecto de los locales, accediendo objetivamente a menos derechos que aquellos. En esa dinámica, las reglas de inmigración le dan carácter oficial a esa diferencia y, ya aceptado el acuerdo tácito para su incorporación social, los inmigrantes se convierten en sujetos invisibles para el Estado, con menos derechos y menores oportunidades.

ii. Legitimidad y derechos en un sistema abierto Una sociedad que discrimina negativamente al extranjero y este lo acepta como parte del costo de su integración es una construcción social posible, pero no inevitable. Consiste en la reproducción de un tipo de sociedad donde los inmigrantes aceptan que deben pasar por un largo proceso de integración e inculturación para optar a los mismos derechos de los nativos. Para justificar tal proceso existen varios caminos, pero todos comparten la premisa que hay una diferencia cualitativamente relevante en el hecho de nacer dentro o fuera de la frontera, que se traduce en derechos diferenciados entre locales 8

Posner, Eric, Law and Social Norms (Cambridge: Harvard University Press, 2000).

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y foráneos. ¿Es ese orden consistente con principios liberales? ¿Es legítimo, por ejemplo, que la población kurda en Alemania o la mexicana en Estados Unidos o la peruana en Chile deban someterse a las reglas preestablecidas en el territorio al que han decidido unirse si esas reglas las privan de derechos políticos o beneficios sociales? ¿Es legítimo que los inmigrantes en la sociedad X no tengan los mismos derechos políticos que los nativos? Si entendemos por lo legítimo aquello que una sociedad de individuos autónomos e iguales se autoimpone, deseo argumentar que no sería legítimo que los inmigrantes no tengan los mismos derechos (sociales y políticos) que los habitantes del lugar al que migran. Dentro del pensamiento liberal, antes de la década de 1980, existían tácitamente dos supuestos aparentemente inocentes en la reflexión sobre los fundamentos liberales de un orden social que impedían dar tratamiento adecuado al problema migratorio. Por un lado, se reflexionaba sobre estas materias como si el mundo estuviese conformado por una única sociedad, o bien, por varias sociedades pero cada una de ellas cerrada sobre sí misma. Por otro lado, solía entenderse la pregunta del vínculo social como si fuese un problema de un solo período, o bien, un proceso que acontece por una sola vez. A esta combinación (sociedades cerradas sobre sí mismas y reflexión atemporal) es a lo que denomino una reflexión estática. ¿Qué implica la reflexión estática? Primero, cuando se asume que la reflexión sobre los fundamentos liberales del orden social se da en sociedades cerradas sobre sí mismas, lo que los habitantes acuerden en una sociedad debería ser idéntico a lo que cualquier otra sociedad establezca para sí. Por ejemplo, en el Rawls de la Teoría de la justicia, un grupo de individuos autónomos e iguales, liberados de sus intereses particulares, acordará un set de reglas justas para su vida en común y lo que ellos definan debería ser, procedimentalmente, lo mismo que haría cualquier grupo de individuos autónomos e iguales si pasan por el mismo proceso que ellos. Segundo, al asumir que existe un único período, lo que es legítimo para un grupo que en el momento t cohabita en un territorio Z, debería también ser válido para los que habiten ese territorio en el período t+1.

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En otras palabras, el establecimiento de los derechos ciudadanos es atemporal, de tal modo que sus cambios solo obedecerían a un “perfeccionamiento” de la reflexión conjunta (por ejemplo, porque los cambios tecnológicos pueden obligar a considerar nuevas situaciones que no fueron anticipadas en los acuerdos sociales previos, pero que en ningún caso cuestionan los principios básicos con los que dichos acuerdos fueron establecidos). La reflexión estática sobre los fundamentos liberales del orden social no es inocente, por el contrario, es muy atractiva y obedece a objetivos ambiciosos porque sus dos supuestos tácitos tomados conjuntamente dotan a la reflexión liberal de un carácter con pretensión de universalidad. La mirada estática sobre el fundamento moral de la vida en común no plantea ninguna contradicción entre una visión cosmopolita de los derechos ciudadanos y la particularidad de esos mismos derechos (porque debe recordarse que los derechos ciudadanos son ejercidos y su práctica solo tiene sentido dentro de un territorio, por ejemplo, un Estado). Bajo la mirada estática, estamos obligados a concluir que cada sociedad de hombres libres e iguales definiría su acuerdo social, sin fricciones entre (a) el valor universal de los principios de autonomía e igualdad y (b) su particularización en un territorio (típicamente un Estado). Por ejemplo, un principio de justicia distributiva en una reflexión estática es inmune a la pregunta de si debemos ser más solidarios con los pobres de nuestro país que con los pobres de otras partes del mundo o aquellos del mañana. Pero lo es porque la reflexión simplemente “no ve” más allá del sistema cerrado y atemporal. En otras palabras, bajo la mirada estática, la reflexión sobre los fundamentos liberales del orden social se realiza como si existiese una sociedad “tipo” o representativa. Naturalmente, si aquello fuese válido, los fundamentos de la vida en común que en esa sociedad tipo se obtengan serían necesariamente los mismos a los que otras sociedades llegarían bajo los mismos principios de autonomía e igualdad. Por eso, bajo la mirada estática, la reflexión sobre el orden social termina al deducirse cuáles serían las reglas justas sobre las que cada sociedad, en forma paralela, definirá sus propios derechos de participación política, de obligaciones impositivas, de deberes de contribuir

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en la promoción de bienes públicos, de deberes de respeto y obediencia de su propio marco legal, etcétera. No obstante, la globalización paulatina pero sistemática de la vida moderna (especialmente desde el último cuarto del siglo XX) ha desafiado los cimientos sobre los cuales se sustentaba la reflexión estática acerca de la ciudadanía y sus derechos. Los ha desafiado, primero, porque los costos de migrar se han reducido dramáticamente. Como resultado, aunque proporcionalmente todavía es un porcentaje bajo de la población mundial, es un hecho que más personas migran (es decir, en el mundo existe un mayor stock de migrantes) y, simultáneamente, la migración es más frecuente (es decir, existe un mayor flujo migratorio permanente). Hoy por hoy, más personas eligen libremente vivir en un lugar distinto al de su nacimiento y, al mismo tiempo, es posible migrar varias veces en la vida. ¿Qué impacto tienen los aumentos en el stock y flujo de migrantes sobre la mirada estática? La combinación de un mayor stock y un mayor flujo de migrantes tiene como consecuencia un cambio permanente en la composición de la población de cada territorio. Ello ha impuesto grandes desafíos a la reflexión sobre lo que es legítimo desde una perspectiva liberal porque los sistemas sociales para los que esta reflexión pretende entregar un fundamento coherente ya no pueden ser concebidos como cerrados. ¿Y por qué esto es crítico? Es crítico porque si los sistemas son cerrados, cada individuo solo puede participar del acuerdo social del lugar donde le tocó nacer y no puede elegir unirse a otro acuerdo (es decir, migrar voluntariamente). A su vez, en el set de posibilidades a evaluar en un sistema cerrado no cabe la posibilidad de que el acuerdo/orden deba ser repensado para considerar a los que no están, pero podrían estar en el futuro, si deciden abandonar su lugar de origen para unirse a esa comunidad cívica. En otras palabras, en la mirada estática no existe interdependencia alguna entre la reflexión/deliberación que se hace en un territorio y la que se hace en otro. Pero en sistemas abiertos, asumir que cada individuo solo puede participar del acuerdo social del lugar donde le tocó nacer viola el principio de autonomía. En los tiempos en que la migración era anecdótica, costosa y por oleadas esporádicas, podíamos darnos el lujo de asumir que esta fuente de autonomía del individuo no

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existía. En la actualidad, sería limitar demasiado nuestra reflexión sobre el orden social justo. ¿Cómo cambia la reflexión sobre qué es un orden social justo, cuando tal orden debe respetar la posibilidad de que cada migrante renuncie a participar del acuerdo en su lugar de origen y se una a otro distinto? Por ejemplo, ¿hasta qué punto los deberes redistributivos que exige una teoría de la justicia como la de Rawls a los ciudadanos son significativos, si no puede exigirles la permanencia en su comunidad cívica de origen? En mi opinión, el derecho inalienable del individuo autónomo a elegir la comunidad cívica a la que desea pertenecer remece la visión estática sobre el orden social legítimo, entendido lo legítimo (recordemos) desde una perspectiva liberal. En suma, la justificación para que los migrantes no tengan los mismos derechos es posible, pero solo a condición de no tratarlos como iguales. Es decir, no es posible sobre fundamentos liberales.

iii. El último de la fila y la calidad de las reglas El efecto de las migraciones no pasa por si los que llegan después (los inmigrantes) tienen o no tienen los mismos derechos ciudadanos que los que los anteceden. Sus efectos corresponden al impacto que la dinámica migratoria tiene sobre la comunidad cultural de los lugares donde se produce. La metrópolis moderna es multicultural. Como resultado, comunidad cívica y comunidad cultural dejan de ser lo mismo. Lo que entendemos por “mi autonomía” y “tu autonomía” es relativamente más fácil de precisar cuando compartimos un origen sociocultural, pero sustantivamente más difícil de precisar cuando provenimos de mundos de significados distintos. Como resultado, ya no es posible sostener, en sociedades multiculturales, la estricta separación entre cultura y política, que era posible hacer en el marco de una reflexión liberal cuando se asumían sistemas sociales cerrados. En sistemas cerrados, la cultura queda fuera del análisis porque, en lo esencial, los individuos no deben consensuar significados. En sistemas abiertos, deben hacerlo, y la práctica de consensuar significados es, en los hechos, una negociación política.

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La aceleración del fenómeno migratorio y la multiculturalidad a la que ella ha dado impulso han moldeado nuevas metrópolis, con nuevos desafíos sobre su vínculo social ante los cuales parece insuficiente la mirada estática basada en la idea de una sociedad representativa. Como resultado, el fenómeno migratorio y su multiculturalidad han revelado una tensión entre la pretensión de universalidad de los principios de igualdad y autonomía sobre los que una mirada liberal funda los derechos ciudadanos y la particularidad del Estado donde tales derechos se ejercen. Ahora bien, más allá de estas consideraciones teóricas, las sociedades han tenido una respuesta práctica para las disyuntivas que emergen por la llegada de los inmigrantes. Dicha respuesta está claramente definida tanto en los regímenes legales basados en un código civil como en aquellos que usan la ley común. Dicha respuesta consiste en el establecimiento de la ciudadanía por lugar de nacimiento (jus solis) o según la ciudadanía de los progenitores (jus sanguinis) o por una combinación de ambas. De tal modo que podría argumentarse que los inmigrantes saben de antemano dónde y bajo qué condiciones ellos podrán considerarse ciudadanos con iguales derechos a los otros habitantes de sus lugares de destino y si pueden o no aspirar a tales derechos. Así, por ejemplo, no existiría transgresión alguna a su autonomía si al inmigrante se le exige un mínimo de residencia antes de acceder a derechos políticos que poseen otros ciudadanos. Mal que mal, él debería demostrar algún grado de compromiso con la comunidad cívica a la que se une para poder integrarse a ella en igualdad de condiciones. Este es un argumento seductor a favor de la imposición de limitaciones a los derechos políticos de los inmigrantes: a saber, el inmigrante debería demostrar un compromiso con su lugar de destino. No obstante, es un argumento falaz. Primero, cabe constatar que la evidencia empírica indica que los marcos institucionales han sido históricamente sensibles al fenómeno migratorio. O dicho de otro modo, las reglas del juego cambian al aumentar el stock de migrantes. Y lo hacen con un patrón bien claro. Bertocchi y Strozzi muestran que al aumentar el stock de inmigrantes, los países que tienen un régimen de jus solis tienden a imponer mayores restricciones a los derechos de los inmigrantes y los que tienen un régimen de jus sanguinis no introducen

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reformas para dotar de mayores derechos a los inmigrantes9. Es decir, la evolución de los derechos de ciudadanía ante el proceso migratorio muestra que las sociedades tienden a limitar los derechos de los que no participaron del acuerdo original y que no son sus herederos. Como vimos en la sección 1, la razón de economía política para este patrón evolutivo es que los inmigrantes y los que provienen de culturas distintas son vistos como amenazas. En consecuencia, se les imponen restricciones de diverso tipo y mientras más sean, más restricciones. En otras palabras, la evolución de la idea de imponer límites al reconocimiento de sus derechos ciudadanos, aunque sean límites temporales, es falaz porque esos límites no se imponen para garantizar que el inmigrante demuestre compromisos con el territorio al que inmigró, sino con el objeto de legitimar su condición de ciudadano de segunda clase. Mi impresión es que si hiciéramos el ejercicio de preguntar a cada ciudadano de este país cómo deben establecerse los derechos de los inmigrantes, nos moveríamos lenta, pero sistemáticamente, hacia la imposición de un orden social donde, en definitiva, no todos seríamos considerados como iguales. Por eso considero peligrosos los argumentos a favor de los límites de ciudadanía hacia los extranjeros. No obstante, creo que existen razones más profundas aún para rechazar dichas limitaciones, por ser injustas. Un tipo de reflexión habitual para justificar la imposición de restricciones sobre los inmigrantes es lo que denominaré la perspectiva marginal. Según esta, los inmigrantes deberían recibir los mismos derechos que los habitantes locales siempre y cuando las instituciones sociales que sostienen a la sociedad liberal no se deterioren como consecuencia del flujo migratorio. Es como si, en un salón de eventos donde se realizará una actividad, los participantes acordáramos que cada persona que ingresa poseerá derechos de participación, pero si el número de nuevos integrantes crece demasiado, entonces empezáramos a imponer restricciones al ingreso y a los derechos de participación de los últimos en llegar. A mi juicio, existe la falsa presunción que si la sala se llena, el que llega tarde simplemente no tiene los mismos derechos que tienen quienes llegaron antes que él. Suena lógico 9

Bertocchi, Graziella y Chiara Strozzi, “The evolution of citizenship: Economic and institutional determinants”, en The Journal of Law and Economics (2010), 95-136.

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que no entre, incluso parece ser conveniente para todos. Pero tal justificación para definir de ese modo la restricción de derechos al que llega último se basa en algo distinto a las premisas de autonomía e igualdad. Dicho de otro modo, la justificación para imponer límites a los que llegan después (porque así se protege la mera posibilidad de que la actividad se realice) no se basa en un principio liberal, sino en un principio —probablemente— fortuito que hace que unos están aquí antes que otros. Ahora bien, la escasez es real. Siguiendo con el ejemplo, las salas de eventos en algún momento se llenan. ¿Qué puede decirse, entonces, sobre los derechos de los últimos en llegar? El criterio es simple: solo existe espacio para, digamos, p individuos. Ergo, si existen menos que p, se acepta que participen los suficientes para alcanzar esa cifra, pero no al individuo p+1. No obstante, si hemos de respetar el principio de igualdad para fundar un orden social justo, la llegada de un individuo adicional no significa que deba ser ese individuo a quien se le prive del derecho de participación. Tácitamente, en dicho argumento, el que llega último es “acusado” y cargado con un problema colectivo, como si la gota que derrama el vaso fuese ella, y no otra la causante de la incapacidad del vaso para contenerlas a todas. Como el inmigrante, por definición, siempre es el último en llegar, al justificar límites en sus derechos, se impone sobre él toda la responsabilidad de cargar con la escasez. Pero como el inmigrante no es responsable de haber nacido en otro territorio, imponerle límites a él no se sostiene en un orden liberal. ¿Bajo qué principio liberal podríamos justificar que el que llegue último no puede entrar? ¿Qué justifica que los que llegaron antes puedan ser participantes (léase, ciudadanos) y por ende sujetos de derechos preferentes frente a los que llegaron después? Podrán darse razones de diversa índole, pero me atrevo a aventurar que ninguna de ellas se basaría en los principios de autonomía e igualdad sobre los que un razonamiento liberal se funda. Por lo tanto, si primero, vamos a reflexionar en torno a cuál es un orden social legítimo en una sociedad abierta y, segundo, lo legítimo lo vamos a entender como aquello acordado por individuos autónomos e iguales; entonces, inmigrantes y locales deben tener los mismos derechos sociales y políticos.

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Aunque la justificación de los límites a los derechos políticos de los inmigrantes no es aceptable desde una perspectiva liberal, sigue siendo válido el motivo que lleva a pensar en dichas restricciones. Todo territorio necesita de un marco institucional para que sus habitantes puedan disfrutar de su autonomía. Dicho marco es un medio para la realización de cada individuo. Es dicho marco el que permite que los principios universales de autonomía e igualdad se “particularicen” en un orden social específico. No obstante, la reflexión sobre esta materia no debe hacerse asumiendo que tal marco institucional está dado. Planteado así, proteger el marco institucional solo puede interpretarse como el defenderlo de las amenazas. Por este motivo, es necesaria una mirada dinámica sobre el orden social que lo entienda en su constante reformulación. Una que mueva nuestro foco sobre cómo defender el orden ante lo que lo amenaza, hacia otra que nos lleve a reflexionar sobre cómo fortalecer o engrandecer dicho orden social. Bajo esa premisa, el inmigrante no es una amenaza al orden social establecido, sino un potencial socio estratégico en el fortalecimiento del marco institucional. A través de los precios, los mercados competitivos pueden mantener el orden social evitando que algunos se aprovechen de los otros de forma sistemática. Ello funciona (y funciona bien) en la medida en que lo intercambiado sea un bien relativamente homogéneo y que el intercambio sea simultáneo. En esos casos existe muy poco espacio para el comportamiento oportunista. Por ejemplo, las manzanas son un bien relativamente homogéneo, y la feria un lugar donde el intercambio de manzanas por dinero se da en forma simultánea. Existe poco espacio en una feria para que unos se aprovechen sistemáticamente de otros, y por eso la feria es un ejemplo paradigmático de un mercado competitivo. Pero el mercado laboral no se asemeja a una feria. Tu trabajo y el mío no son, probablemente, tan similares como lo son dos manzanas y el intercambio que hacemos de nuestro esfuerzo por dinero no ocurre simultáneamente como en una feria. Esa falta de homogeneidad y simultaneidad abre la posibilidad de múltiples formas de oportunismo de lado y lado, por ejemplo, sacar la vuelta (por parte del trabajador) y no pagar lo prometido (por parte del empleador).

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En estos casos, los contratos, es decir, el imperio de la ley, se justifican como un bien público que nos protege mutuamente a trabajadores y empleadores ante el oportunismo de uno o del otro. Pero los costos de implementación de la ley no son triviales. Por eso, muchas relaciones laborales no se basan en contratos. Allí donde acudir a los sistemas de justicia es muy caro, los individuos basan sus relaciones laborales en otros mecanismos que garanticen la cooperación mutua. Uno de particular importancia para nuestra discusión son las redes y el valor de la reputación personal que se transmite a través de ellas. Cuando lo que falta es confianza, los bienes no son homogéneos, el intercambio no es simultáneo y el marco legal es caro, la red provee un mecanismo barato para evitar el oportunismo. Simplemente, porque engañar en una relación laboral a alguien con quien se tiene una relación social (aparte de la económica) puede dañar muy fácilmente la propia reputación. Los migrantes dejan atrás sus redes y todo el capital social que tenían en ellas. Por eso, cuando participan en intercambios económicos, los inmigrantes son los más interesados en que las leyes del territorio al que arriban sean eficientes. De ahí que puedan convertirse en socios estratégicos en el perfeccionamiento de las instituciones formales del territorio al que arriban10. Si ellos tuviesen derechos políticos (por

ejemplo, a voto), serían los más interesados en que se perfeccionen dichas instituciones porque ellos no tienen redes, o bien en dichas redes existe menor capital social. Por ejemplo, los trabajadores inmigrantes son los más interesados en que se eviten prácticas abusivas en el mercado laboral, porque ellos no tienen otro modo para defenderse de un mal empleador. Los emprendedores inmigrantes son los más interesados en que se reduzcan las ineficiencias en las burocracias porque a diferencia de los emprendedores locales, que mediante sus contactos pueden quebrantar las reglas, “apitutarse” y acelerar la tramitación de licencias y otros papeleos, a los emprendedores inmigrantes, carentes como están de contactos en los territorios a los que llegan, solo les quedan tres opciones: a) sobornar para seguir adelante con sus emprendimientos, b) recurrir a 10 Clark, J. R., Robert A. Lawson, Alex Nowrasteh, Benjamin Powell y Ryan Murphy, “Does immigration impact institutions?”, en Cato Working Paper nº 19, Cato Institute, Massachusetts.

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la vía ilegal como indocumentados o c) anhelar que las reglas formales funcionen eficientemente. En suma, los que no tienen otros mecanismos para defenderse que no sea la ley son, potencialmente, los más beneficiados de tener instituciones formales que son eficaces. Por este motivo, un inmigrante con derecho a voto o con participación en el diseño institucional es, potencialmente, un ciudadano más activo en procurar hacer que las reglas del juego sean equitativas. Ellos, los últimos de la fila, más que los que les anteceden, necesitan del Estado para proteger sus intereses. Ellos, los desprovistos de capital social, son los que demandan con urgencia un Estado de personas libres e iguales. Pero cuando el país receptor trata a los inmigrantes como ciudadanos de segunda clase (al ponerles restricciones en sus derechos), los obliga a someterse o a intentar reproducir sus comunidades de origen para sostener no solo relaciones sociales, sino también económicas dentro de ellas. En ese escenario, el inmigrante, en vez de integrarse, es impulsado a refugiarse en guetos sociales marginales. Lo primero es injusto desde una perspectiva liberal y lo segundo es ineficiente desde una perspectiva económica. Por ambos lados, el país receptor está deteriorando sus instituciones formales. Seamos realistas. Con este discurso no se gana ningún voto. Es políticamente inviable pretender que se disminuyan a cero las restricciones al libre flujo migratorio. Ni mencionar otros derechos políticos como el derecho a optar a cargos de elección popular. Sin embargo, el valor de hacer este tipo de reflexiones consiste en fijar un punto de comparación desde el cual poder juzgar y opinar sobre la realidad migratoria. Específicamente, si mis planteamientos son aceptados, no es legítimo desde una perspectiva liberal que se impongan más restricciones a quienes quieran inmigrar a un territorio. Podrán existir otras justificaciones, pero ellas no estarían basadas en los principios de igualdad y autonomía. En sistemas cerrados era posible aislar la política de la cultura porque la comunidad de origen garantizaba que todos entenderían lo mismo por los principios de autonomía e igualdad. En cambio, en sociedades abiertas, el significado concreto de esos principios debe ser literalmente negociado y reinventado permanentemente. Así, sea que se trate de mayorías o de

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minorías culturales, es perfectamente aceptable que individuos autónomos e iguales, pero provenientes de mundos de significado diferente o culturas distintas, acuerden proteger aspectos de sus culturas de origen y soliciten un financiamiento compartido de las mismas. Pero ello solo será legítimo desde una perspectiva liberal si tales derechos culturales no suponen la limitación de los derechos de otros a participar en la comunidad cívica. Dicho de otro modo, si la protección de una cultura requiere cerrar un territorio y establecer derechos especiales a los miembros de esa cultura en ese territorio, impidiendo para ello que otros individuos puedan elegir integrarse a dichas comunidades cívicas con igualdad de derechos, entonces no sería justo proteger dicha cultura. Si para proteger una cultura debemos sacrificar ya sea el principio de igualdad o el de autonomía, estaremos abriendo una caja de Pandora desde la cual podrían justificarse diversos tipos de sometimiento de unos sobre otros. Por eso, los derechos culturales son legítimos, pero al menos con una condición: que la ratificación de esos derechos no implique renunciar a que nos concibamos los unos a los otros como individuos iguales y libres para decidir a qué comunidad cívica queremos pertenecer. En resumen, cuando un conjunto de individuos autónomos e iguales construyen un sistema social justo, el orden de llegada al espacio físico compartido no debe ser fuente desde la cual fundamentar derechos. El lugar de nacimiento no fue decidido por la persona y, por ende, no es justo que sobre la base de ese hecho fuera de su control se determinen los derechos a los que puede acceder cuando toma la decisión de elegir una sociedad a la cual integrarse. No hay, por lo tanto, una justificación a que los locales y forasteros tengan un estatus diferente sobre la base de su nacionalidad. Por otro lado, las reglas que la sociedad se dé en esta materia no solo afectarán a los inmigrantes, sino que tendrá efectos sobre toda la población. Cuando la sociedad progresa, los incentivos para migrar a ella aumentan y la evolución que tendrán sus instituciones formales será afectada por las políticas migratorias. Reglas que introducen barreras a la integración del extranjero no son un incentivo a que no inmigre, sino a que lo haga de forma irregular. La formación de guetos de extranjeros marginados, la expansión del trabajo informal mal remunerado e inseguro y la construcción de un acuerdo social tácito donde hay ciudadanos

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de distinta clase sobre la base de su origen son las consecuencias de esas regulaciones. Al contrario, reglas del juego que incentivan la integración y le dan a la multiculturalidad la relevancia y centralidad que posee en los tiempos globalizados generan las condiciones para que el extranjero se convierta en un aliado estratégico del perfeccionamiento institucional. Ello es así porque nadie más que los marginados —los sin voz, los excluidos, los que no tienen redes y los que recién llegan, en definitiva, los invisibles— tienen una demanda mayor porque el Estado construya reglas eficaces y justas para la convivencia.

Bibliografía Becker, Gary, The Economics of Discrimination (Chicago: University of Chicago Press, 1971). Bertocchi, Graziella y Chiara Strozzi, “The evolution of citizenship: Economic and institutional determinants”, en The Journal of Law and Economics (2010), 95-136. Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Ley de Migraciones para el Chile que viene: Conclusiones. Encuentros Consultivos, Nueva Ley de Migraciones” (2015). Clark, J. R, Robert Lawson, Alex Nowrasteh, Benjamin Powell y Ryan Murphy, “Does immigration impact institutions?”, en Cato Working Paper nº 19, Cato Institute, Massachusetts. Clemens, Michael, Claudio Montenegro, y Lant Pritchett, “The place premium: wage differences for identical workers across the U. S. border”, en HKS Faculty Research Working Paper Series RWP09-004, John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2008). Ministerio de Desarrollo Social. “Casen 2013. Inmigrantes: Síntesis de Resultados” (2013). Naciones Unidas. International Migration 2013. Department of Economics and Social Affairs, Population Division. Disponible en http://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/ wallchart2013.pdf (2013).

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Posner, Eric, Law and Social Norms (Cambridge: Harvard University Press, 2000). Rodrik, Dani, The Globalization Paradox: Democracy and the future of the world economy (Nueva York: Norton, 2011). Sides, John y Jack Citrin, “How large the huddled masses? The causes and consequences of public misperceptions about immigrant populations”. Documento presentado en la edición 2007 de la Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois.

Pedro Machuca y Daniel Zamudio: vidas paralelas

Sergio Micco1

Introducción La delincuencia duele y mucho. Sobre todo aquellos robos con violencia, los ya célebres “portonazos” o, peor aún, ladrones, drogados y agresivos, que irrumpen en nuestras casas, golpean e incluso amenazan con violar a sus dueños. En el metro, en la calle, en el bus y en la escuela a veces son partes de pequeños actos y gestos llenos de violencia contenida. A veces, estalla en suburbios de ciudades ricas como Los Ángeles, en California, Londres o París. Todos hemos visto los niveles de violencia que se desatan en algunas protestas sociales. Surgen actos de vandalismo que tildamos de completamente irracionales e incluso absurdos. Carabineros heridos, jóvenes golpeados, bombas incendiarias, locales comerciales destruidos, liceos arruinados, señaléticas públicas, paraderos de buses y semáforos retorcidos a golpes. En no pocas oportunidades estos actos se producen en los propios lugares en los que viven o estudian sus agresores. Por cierto, si son cien mil quienes salen a protestar, los que están detrás de estas acciones son unos pocos cientos; pero son los más visibles. Todos nos preguntamos ¿qué se saca con todo esto?, ¿viviremos en un país más justo aplicando estos métodos? Nuestra respuesta es, obviamente, casi unánime: no. De esta conclusión ciudadana, abrumadoramente mayoritaria, surge la base de la respuesta estatal que resulta evidente: detener, juzgar y castigar a los promotores y ejecutores de tanta violencia irracional. Carabineros, PDI y Gendarmería aumentan en número y tecnología; fiscales y jueces son apremiados para que estén con las víctimas y no los victimarios. Las cárceles se llenan y las armas se distribuyen entre los hogares. Pero es evidente 1

Sergio Micco. Abogado, máster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en filosofía de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

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que no nos sentimos más seguros y que cada cierto tiempo vuelve a reventar la violencia delincuencial y social que, a ratos, se hace política. Haríamos bien en preguntarnos: ¿por qué surge esa violencia?, ¿por qué América Latina y el Caribe es una de las regiones con más violencia delictiva del mundo?2, ¿por qué se despliega en nuestro Chile, que tanto ha avanzado

en bienestar material, derechos sociales y consolidación de su democracia?, ¿qué nos está ocurriendo?, ¿qué nos demuestran las ciencias sociales a este respecto?, ¿qué relación hay entre la violencia que llega de Palacio y la que se expresa en la calle?, ¿qué decir del vínculo que une el sadismo discriminatorio con el egoísmo que excluye a los marginados?, ¿qué podemos hacer para apagar esta hoguera de violencia que, a ratos, se desata en nuestras calles? En este artículo sostendremos que detrás de esta violencia se esconde la marginación de cientos y cientos de miles de chilenas y chilenos. Estos son objeto de distintas clases de violencia, como es vivir en una sociedad desigual pero que proclama la igualdad; en la que se dice que resultarán vencedores los que estudian y trabajen más, pero la mayoría de las veces ello no es así; en que las personas se valoran por lo que tienen y no por lo que son, lo que hace que los marginados vivan entre la envidia, el resentimiento y la vergüenza propia; y en que la respuesta penal estatal solo aumenta la ira y la desesperanza. ¿Podemos hacer algo? Por cierto ya hemos hecho mucho. La violencia de hoy no es la de octubre de 1972, septiembre de 1973 ni la de agosto de 1983. Por lo mismo, si hemos podido hacer tanto, podemos hacer mucho más. Para ello necesitamos ver que la pobreza ya no es más simple ausencia de ingresos; que el crecimiento económico es un vital elemento del desarrollo, pero solo uno; que los marginados, pobres y clases medias precarias cuentan con potencialidades humanas, políticas, sociales y económicas enormes si se les ofrecen las oportunidades para desplegarlas y, finalmente, que hay motivo de sobrada esperanza, pues contamos con experiencias en las que el Estado, el mercado y la comunidad pueden ser actores fundamentales de un país que siendo más justo, será mucho más pacífico. En todas estas reflexiones tendremos en el recuerdo a Pedro Machuca y Daniel Zamudio.

2

Cada año, cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños —un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo. OEA-PNUD, Nuestra democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 2010).

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i. Daniel Zamudio: la violencia de los mil rostros3 Daniel Zamudio Vera4, como sabemos, fue brutalmente asesinado a los 24 años. Su biografía era del dolor. Hijo de padres dolorosamente separados, vivía con su madre y abuela. Trabajaba en una tienda donde vendían ropa china. Daniel reconoció su homosexualidad a los 17 años. No terminó sus estudios escolares y se introdujo en el mundo del alcohol. Antes de ser asesinado retomó sus estudios, contaba con un trabajo estable y postuló a una academia de modelaje. El día viernes 2 de marzo fue asesinado a punta de puñetazos, patadas y piedras estrelladas contra su cabeza y al son de gritos nazis y homofóbicos. Sus homicidas eran unos marginados de la sociedad, con prontuario criminal y vida de drogas, verdaderas escorias de la sociedad, como alguien afirmó5. Sin embargo, y no sin serias simplificaciones que en nada contribuyen a tener un buen diagnóstico y una mejor solución, se decretó que se trató de un acto de sadismo gatillado por la homofobia. ¿Y las evidentes causas socioeconómicas que se encontraban en las agónicas biografías de estos jóvenes nacidos en hogares precarios, subocupados, con educación incompleta, consumidos por las drogas y condenados por sistemas penales que solo empeoraron su marginación social6? Dictada la Ley Zamudio, hemos 3

Entendemos por violencia, en un sentido lato, lo que está fuera de su natural estado y que se ejecuta deliberadamente y con brusquedad, contra los otros o uno mismo y que produce daños físicos o sicológicos.

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Para un análisis más extenso acerca del contexto social e ideológico del asesinato de Daniel Zamudio, ver: Micco, Sergio y Eduardo Saffirio, “Discriminación, desigualdad y violencia: El homicidio de Daniel Zamudio” en Asuntos Públicos, Informe n° 983 (2012). http://www. asuntospublicos.cl/2012/08/discriminacion-desigualdad-y-violencia-el-homicidio-dedaniel-zamudio/.

5 Las biografías de Patricio Ahumada, Alejandro Angulo, Raúl Flores y Fabián Mora, los condenados por el homicidio de Daniel Zamudio, nos describen un Chile violento hasta la obscenidad, por parte de ellos y en contra de ellos. 6 Richard Rorty reclama en contra de la izquierda cultural norteamericana, nacida en torno a 1968, la que se ha centrado en el sadismo y dejado a un lado el egoísmo como causa de la injusticia. Freud reemplaza a Marx. Estados Unidos, a partir de 1980, avanzó mucho en materia de integración de minorías discriminadas, pero la desigualdad no dejó de crecer. Pelear contra el sadismo desde el Estado no es cosa fácil; si todos son grupos en pugna, la idea de nación e interés general se difuminan y las luchas sociales se vuelven confusas cuando obreros votan por “patriotas y tradicionalistas republicanos” y en contra de las élites liberales demócratas, que pueden ser de derecha o izquierda, empresariales o académicas.

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querido creer que la intolerancia comenzará a abandonar nuestras tierras. Pero, ¿es Chile una sociedad crecientemente vez más rica, liberal y tolerante?, ¿realmente hemos erradicado las causas de dicha intolerancia?, ¿son estas principalmente culturales? A las tres preguntas contestamos que no. Un filósofo de moda, Slavoj Zizek, viendo los niveles de violencia en las sociedades desarrolladas de Occidente, ha escrito que ellas son falsamente progresistas, liberales y abiertas de mente7. Con una mano se proclama la

igualdad de derechos de las mujeres, los niños y de la tercera edad. Este humanitarismo con pretensiones universales declara la no discriminación de LGBT, inmigrantes y descendientes de extranjeros. Pero cada cierto tiempo, los suburbios de Los Ángeles, Londres o París revientan en violencia por parte de los marginados. Normalmente nos quedamos en el análisis de esta violencia “de los de abajo”, esa que quema, saquea e incluso viola y asesina. Pero no se mencionan otras tres que podríamos llamar “de los de arriba”. La primera violencia que se ejerce deliberadamente podríamos llamarla oficialista. Esta se expresa en los discursos de las autoridades, élites y locutores de los medios de comunicación de masas. El relato oprobioso es simple y evidente, autoexplicativo. Quienes destruyen y saquean son desquiciados mentales, fundamentalistas religiosos, neonazis, delincuentes cuando no terroristas. Fin de la historia y a la cárcel con ellos. A quienes han salido a protestas por causas justificadas tal versión y reacción no deja de causar gran daño psicológico. Les provoca ira, frustraciones extremas y terror. Sí, terror, porque saben que incluso buena parte de las clases bajas y medias apoyan el populismo represivo e incluso la justicia por mano propia: la retaliación. Hay una segunda clase de la violencia “desde arriba” que Zizek llama “ultrasubjetiva” y que consiste en los discursos y prácticas agresivamente

Rorty, Richard, Forjar nuestro país (Barcelona: Paidós, 1999), 71-96. 7

La violencia racial en Los Ángeles el año 1991 costó en propiedades mil millones de dólares. Heifetz, Ronald, Liderazgo sin respuestas fáciles (Barcelona: Paidós, 1997), 21. Los disturbios que se desataron en los suburbios de Francia en 2005 significaron cuarenta y cinco mil autos quemados: Ferry, Luc, Familia y amor (Taurus: México, 2008), 64. Los saqueos en Nueva Orleans tras el huracán Katrina o la revuelta en Londres son buenos ejemplos de estos reventones de la violencia de los excluidos y marginados.

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intolerantes8. Hay quienes especulan que nuestra especie, los homo sapiens, partió eliminando sistemáticamente a otros miembros de su humanidad: los hombres de Neandertal9. Los primeros vestigios de humanidad están llenos de armas hechas para matar e incluso comer a congéneres menos diestros en el arte de la guerra10. La entrada del pueblo judío a la tierra prometida,

la violencia de macedonios, romanos, egipcios, hititas, persas, asirios, germanos y hunos, la destrucción del cristianismo en Arabia, las cruzadas contra los musulmanes, los genocidios totalitarios del siglo XX, incluida la Shoá, ahorran mayores comentarios. Darwin, Nietzsche y Freud nos hablan del lado oscuro de nuestra especie. En Occidente, el odio y terror contra los comunistas ha sido reemplazado por los fundamentalistas islámicos, terroristas, narcotraficantes o delincuentes. Los grupos susceptibles de ser discriminados, como las mujeres, niños, personas de color, discapacitados e inmigrantes, aún se encuentran en el banquillo de los “sospechosos” de siempre. Y, atención, nuevamente “los de abajo” pueden sumarse gustosos a estas formas de discriminación. Hay una tercera violencia que Zizek llama “ultraobjetiva”. Esta es la de vivir en un capitalismo globalista que margina a cientos y cientos de millones de pobres, subocupados o desocupados que no tienen poder de compra, que asimila a las culturas locales e incluso globales alternativas que aspiran a ser igual de modernas que las occidentales y que hace de la naturaleza una mercancía más a producir, vender y consumir sin fin11. Zizek se ríe con ira en contra de este falso globalismo liberal-progresista que con una mano saca y con la otra algo devuelve. Se propala un bello discurso fundado en las libertades públicas, la tolerancia cultural y el cuidado del medio ambiente. No se quedan en palabras y realizan una filantropía de miles de millones de dólares, la que es, evidentemente, anunciada con trompetas. Georges Soros o Bill Gates se levantan por la mañana y se parecen a unos vulgares burgueses 8

Zizek, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales (Buenos Aires: Paidós, 2009), 25

9 Harari, Yuval, De animales a dioses. Breve historia de la humanidad (Barcelona: Debate, 2014), 30-32. 10 Pinker, Steven, La tabla rasa (Barcelona: Paidós, 2003). 11 Zizek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, 15.

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capitalistas que todo lo reducen, vidas humanas incluidas, a mercancía y que no practican otra relación que el “frío pago al contado”. Pero, ¡oh sorpresa!, esos mismos caballeros, al caer la tarde, realizan jugosas donaciones al servicio de los discriminados del mundo y la pobre naturaleza expoliada. Incluso algunos promueven grandes causas liberales como son la despenalización de la marihuana o del aborto (causas en las cuales tampoco pierden oportunidad

de lucrar). A la taxonomía de Zizek, levemente alterada, podríamos agregar una cuarta forma de violencia cultural distinta a la intolerancia y la discriminación. Esta se da en sociedades democráticas que son escandalosamente desiguales y que proclaman una ética de los winners y de los losers. No es lo mismo ser un campesino o un trabajador doméstico en una sociedad jerárquica a ser un marginado en una sociedad liberal-democrática que proclama la igualdad. Tampoco es igual ser un ciudadano que vive con lo mínimo en una sociedad austera, que vivir así en una sociedad opulenta y consumista12. En estas sociedades, quienes pierden en la batalla del consumo están condenados a mirar a los ricos con envidia y a sí mismos con vergüenza. Tampoco es igual ser un excluido en una sociedad anterior a la revolución de las TICs, que en una en la cual en todo somos hiperintegrados, de modo virtual y falso, a la sociedad del consumo. No es lo mismo vivir en una sociedad moderna, en la que los pobres son víctimas de una sociedad que reconoce no haberles dado oportunidades, que en otra en la que se dice que se es ganador por los propios méritos o perdedor por las faltas propias. Hay una quinta forma de violencia que podríamos llamar político-estatal. Cuando la violencia de los de abajo explota, ya sea en forma individual o masiva, el Estado recurre al derecho penal, con el entusiasta apoyo popular. Si los costos del delito son bajos, y los beneficios altos, será la fiesta de los delincuentes. Si Bill Clinton está siendo impopular por la inseguridad ciudadana, ordena duplicar la población carcelaria. Exultante nos cuenta su asesor comunicacional que “con el doble de delincuentes en prisión, ¡el

12 Lipovetsky, Gilles, La sociedad de la decepción (Barcelona: Anagrama, 2009), 35.

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crimen se redujo a la mitad!”13. Se tiende a “criminalizar la pobreza”, pues el encarcelamiento afecta sobre todo a jóvenes, varones, pobres, extranjeros e indígenas. Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador. La forma más fácil de convertir a una persona no violenta en violenta es mandarla a la cárcel14. A nadie le gusta ser humillado. El estatus

económico es muy importante para la autoestima de todos, e incluso para tu atractivo sexual. Si se vive mal, hay veces que la vida carece de sentido, la violencia está a un paso. Una posibilidad es desahogar las frustraciones y rabias dirigiéndolas en contra de uno mismo, desarrollando comportamientos autodestructivos15. La otra es agrediendo físicamente a otros. Aparece “la microviolencia en los entresijos de la sociedad civil (el asesinato de niños) y la macroviolencia que se extiende a todo el cuerpo social (el nacionalismo)”16. Esto es especialmente cierto en los jóvenes que han vivido en un hogar sin padre, pues pueden desarrollar “conductas masculinas rígidamente compensatorias”17. Por eso los hombres tienen hasta cinco veces más posibilidades de ir a la cárcel18. ¿Y cuál es la respuesta de nuestra valiente sociedad de la libertad y de la igualdad?: “¡A la cárcel con ellos!”. Y tras ella, la cesantía o la subocupación, pues ¿quién le daría un empleo a un exconvicto? Hemos llegado al final del camino, retornando a su comienzo. Cuando no se tiene empleo, o el que se posee es a tiempo parcial, precario, de baja calidad, generando ingresos despreciables; cuando se vive en hogares disgregados, con padres “dimisionarios” y se tienen relaciones afectivas inestables que generan responsabilidades con pareja e hijo que no se podrán satisfacer; cuando se habita en barrios y urbes con pésimos servicios de seguridad, de transporte, educativos y hospitalarios; en sociedades en las que los Estados son débiles y los criminales organizados no solo violentan, sino que también 13 Morris, Dick y Luis Rosales, El poder. Cómo usarlo en beneficio de América Latina (Buenos Aires: Sudamericana, 2007), 90. 14 Wilkinson, Richard y Kate Pickett, Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Madrid: Turner, 2009), 178. 15 Zizek, Sobre la violencia, 96. 16 Keane, John, Reflexiones sobre la violencia (Madrid: Alianza Ensayo, 2000), 101. 17 Wilkinson y Pickett, Desigualdad…, 169. 18 Ibid., 205.

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ofrecen trabajo y protección en las barriadas, y observando la televisión e internet, que nos muestran la ostentación más escandalosa de los ricos, en una sociedad en la cual se nos juzga por lo que tenemos y se proclama la igualdad, no es raro que los jóvenes se sometan a la violencia ultrasubjetiva: “¡Matar, ser matado, ¡pero haber vivido!”19. Por cierto, no queremos que el

lector concluya que toda sociedad desigual es violenta; menos que la pobreza es indicador irrefutable de propensión a la delincuencia o que el abandono infantil hace del niño un abusador consumado de adulto. Las causas de la violencia hasta el día de hoy son objeto de debate, a un punto tal que unos creen que ella es una invención cultural y otros, un elemento inseparable de la naturaleza humana20. Sin embargo, resulta razonable suponer que la violencia estará siempre presente en las vidas de jóvenes, sobre todo hombres, llenas de injustas frustraciones, que se desarrollan en sociedades en las que las instituciones son precarias o no existen, y en las que la desigualdad obliga a las más duras luchas por la sobrevivencia y el reconocimiento. Cuando se sufren las formas de violencia que hemos descrito, hay veces que algunos, la minoría pero no pocos, salen a las calles y dirigen “irracionalmente” su ira contra autos, escuelas, sinagogas, locales comerciales, mujeres y ancianos de sus propios barrios. Estos grupos han visto cómo los medios de comunicación social los han silenciado; cómo una sociedad de consumo, abiertamente desigual, los ha despreciado y, traición de traiciones, la democracia liberal les ha hecho promesas de éxito que se han visto frustradas. Cuando tanta rabia y frustración se transforma en adicción o delincuencia, el sistema los reprime y encarcela21. La vida de estos marginados vale poco o nada. Nadie los ve salvo en esos momentos en que gritan que existen, que son un problema que no puede ser más ignorado y que, gracias a su violenta y mediática acción, aparecen en la 19 Rouquié, Alain, A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010), 257. 20 Pinker, La tabla rasa. 21 De acuerdo con Gendarmería de Chile, del total de la población penal (mayoritariamente varones jóvenes), el 43,9% de los internos son personas que solamente tienen enseñanza básica completa o incompleta. Esto en un Chile en que la deserción escolar no llega al 5%. Más del 90% de los condenados reinciden a lo menos una vez.

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televisión diciéndonos: “Guste o no, estamos aquí, no importa cuánto desees no vernos”22.

ii. Amartya Sen: el desarrollo como libertad23 Daniel Zamudio no era un joven pobre, pero sí vivía en los márgenes de una sociedad injusta y violenta. Decimos esto pues normalmente concebimos a los pobres como quienes carecen de ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, Amartya Sen nos enseñó que mucho más clarificador es entender que un pobre es una persona a la cual la sociedad le ha privado de capacidades que, por ser humano, tiene y de sobra. Todos, salvo casos extremadamente graves de discapacidad original, nacemos dotados para poder ser libres. No nos referimos solo a lo esencial que está dado por el hecho de que cada hijo de la especie humana nace con dignidad y derechos inalienables. Las religiones nacidas de la Biblia nos enseñan que todos somos hijos de Dios y, por ende, iguales como son los hermanos. Más laicamente, todos tenemos razón, libertad y voluntad, y somos miembros de una misma comunidad republicana, como se proclama ser Chile. Biológicamente, casi todos los niños llegan al mundo dotados de los recursos físicos, mentales, emocionales y espirituales que les permitirían ser arquitecto de su propio destino. Si esto es así, ¿por qué optan por vivir como indigentes o pobres? Sen responde: “Porque no eligen ser pobres, sino que la pobreza se les impone”. Ser pobre es ser miembro de una sociedad que le niega el desarrollo de capacidades humanas debido a que se le excluye de las posibilidades de tener una vida digna. A cada pobre, en las palabras del economista Amartya Sen, se le niega “la libertad para hacer cosas a las que se les asigna valor”. Todos queremos amar y poder cuidar a nuestras familias, vivir decentemente, tener un trabajo gratificante, habitar en una casa acogedora y educar bien a nuestros hijos. Sin embargo, al excluirlos, los inhabilitamos para desarrollar 22 Zizek, Sobre la violencia. 23 Nos basaremos en el premio Nobel de Economía 1998, Sen, Amartya, Desarrollo y libertad (Barcelona: Planeta, 2000); “Teorías del desarrollo”, en revista Leviatán, nº 84, verano (2001), II Época, Madrid.

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lo que quieren y pueden potencialmente hacer con sus vidas. Como dijimos, esta pobreza no es solo material. La pobreza es entonces privación de la capacidad de ser libres, y ciertamente el carecer de recursos pecuniarios adecuados hace mucho más difícil alcanzar esa vida lograda y plena. Hasta cierto nivel de ingresos, el dinero hace la felicidad. Sin embargo, observa Sen, la relación renta-capacidad depende mucho de la edad, del sexo y de los papeles sociales, del lugar, de la situación epidemiológica y de otros factores que una persona puede controlar poco o nada. Una cosa es la falta de renta y otra las dificultades para transformar esos ingresos en funciones valiosas y queridas. Una mujer que no puede educarse ni trabajar remuneradamente fuera de su casa, podrá vivir en una familia de ingresos medios, pero no será plenamente libre. Un anciano, con el mismo ingreso que un joven, será más pobre que este por el costo de las medicinas. Un discapacitado requerirá una serie de condiciones bastante caras para él y la sociedad: prótesis, rampas, señaléticas especiales, trabajos adecuados, establecimientos educaciones habilitados para integrarlos, etc. Los ingresos que tiene una persona, que pueden ser adecuados en términos absolutos, bien pueden ser relativamente escasos; es el caso de una persona de clase media que vive en un país o región de alta riqueza material. La pobreza es, por definición, contraria al desarrollo. Tantas veces ha sido dicho, pero como aún no se ha compartido cabalmente, el crecimiento económico es solo uno de los cuatros elementos del desarrollo. Pues “no solo de pan vive el hombre”. Lo humano es carne, razón y espíritu personal y comunitario, individual y relacional. Por eso un pueblo se desarrolla cuando va pasando de condiciones menos humanas a más humanas. ¿Qué es lo humano? Que todo ser humano, hombre o mujer, esté dotado de una dignidad intrínseca e inviolable, que mediante su razón, voluntad, libertad y el apoyo de su comunidad, puede aspirar a alcanzar la felicidad. Hoy tales condiciones suponen contar con una sociedad que garantice integración sociocultural, bienestar material, democracia de calidad y sustentabilidad medioambiental. El nivel de bienestar material es condición necesaria, vital, pero no es condición suficiente para ser un país desarrollado. ¿Cómo se reparte entre los grupos sociales, etarios, étnicos, regionales, sexuales y de género? ¿Cómo

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se relaciona el crecimiento económico con el medio ambiente: lo destruye, degrada o conserva? Y, finalmente, ¿este bienestar material es generado por una autocracia o una democracia? Ahora bien, si el desarrollo se centra en la persona y la comunidad, es obvio que la libertad de cada uno es principio y fin de este. La libertad tiene múltiples dimensiones o, si se quiere, no hay una sola24.

La libertad liberal o negativa la ejerce quien no está obligado a hacer lo que no quiere hacer ni constreñido a realizar un acto que no quiere ejecutar. Se parte de la base de que cada uno de nosotros es el mejor guardián de sus propios deseos e intereses. No es el Estado, ni las Iglesias, ni el sindicato, el gremio o la empresa los que nos van a decir qué queremos hacer con nuestras existencias. Esta libertad afirma que se puede hacer en la vida privada cualquier cosa con tal de que no afecte la misma libertad del otro. La libertad política o republicana se tiene cuando se vive en una comunidad política independiente que se autogobierna. No es libre quien vive bajo un gobierno tiránico; por muy rico y emancipado que sea en su vida privada. La libertad republicana la tiene quien es capaz de mirar a los ojos al poderoso, pues vive en una comunidad de los igualmente libres. La libertad comunitaria o social o positiva la tiene quien goza efectivamente de derechos sociales como lo son los que garantizan la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la previsión social. No basta con que a un ser humano no se le coaccione ni se le constriña. Se necesita además ser parte de una comunidad que provea de las oportunidades para que se puedan intentar realizar los proyectos valiosos que se han trazado. La libertad económica la tiene quien efectivamente tiene la oportunidad de generar las bases materiales de su bienestar personal y familiar, ya sea mediante un trabajo asalariado o un emprendimiento autónomo. Hoy por hoy ya no se discute que es indispensable contar con un mercado abierto para que puedan trabajar dignamente todas las personas. No hay mercado libre cuando se excluye arbitrariamente a, por ejemplo, mujeres, inmigrantes, castas o minorías sexuales o religiosas o solo se les permite ingresar a

24 Me baso en: Bobbio, Norberto, Igualdad y libertad (Barcelona: Paidós, 1993).

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trabajos de inferior calidad. Por otro lado, la capacidad de emprender, competir y beneficiarse económicamente del propio esfuerzo puede no solo enriquecer materialmente a quien la ejerce con habilidad y fortuna. Además, lo puede gratificar espiritualmente, y potencialmente genera un aumento de la riqueza material de la sociedad, a través de la generación de trabajos, pago de mayores impuestos y filantropía activa. La libertad espiritual, que afirma que incluso un esclavo puede enfrentarse a la tiranía de uno o de los muchos afirmando sus convicciones más profundas, a lo menos en el seno de su conciencia. Esos son los que se atreven a decir que “no” cuando el tirano, o una brutal campaña publicitaria, grita “sí”. Para esto no basta ninguna de las libertades anteriores, pues una persona libre, contando con una vida privada no coaccionada ni constreñida y viviendo en una comunidad que se autogobierna, puede ser completamente dominada por la hegemonía cultural de la sociedad en la que vive. Esto es crucial, pues perfectamente se puede ser libre “de algo”, pero no “para qué”. ¿Con qué fin quiero ser libre política y económicamente, negativa y positivamente? La libertad conservadora nos recuerda que los derechos de los demás son nuestros deberes, que el ser libre nos exige poderosas virtudes y que la libertad sin responsabilidad puede terminar por destruir la comunidad, sin la cual el ser humano no puede ser libre. No hay libertad espiritual ni negativa si no exigimos una comunidad pluralista que nos respete en nuestras convicciones; no hay libertad republicana si no la fortalecemos cumpliendo nuestras cargas públicas, y no somos libres activamente si esa comunidad no nos da las condiciones para ello; etc. Otro punto más denso es que la libertad de los conservadoras no confunde la potestas con la libertas. Se puede ser libre en el sentido de poder hacer cualquier cosa; pero si ello es para realizar lo malo y no lo bueno, no se ve razón para calificar tal fuerza o potencia de valiosa. Quien goza de estas libertades no es pobre; por el contrario, es rico en múltiples dimensiones de su personalidad, aunque no sea un potentado. Parece tonto señalarlo, pero personas así dotadas no solo se acercan a tener una vida gratificante, sino que contribuyen mucho mejor al avance de su comunidad. Seres humanos más sanos, educados y que tienen trabajos

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gratificantes, que no sufren muertes prematuras e injustas, que tienen viviendas adecuadas, que cuentan con buenos servicios de transporte, que viven en barrios seguros rodeados con bellas áreas verdes y participan en el gobierno de su nación producen económicamente más y mejor. Insistamos en que el desarrollo también supone un régimen democrático. Quien no participa pierde una dimensión de su personalidad, corre el riesgo de que sus gobernantes sean tiránicos, corruptos o incompetentes. Normalmente las tres cosas van juntas. Esto es muy importante para el desarrollo, pues las políticas públicas que un gobierno conciba, ejecute y evalúe son centrales para que las personas puedan ser felices en una comunidad desarrollada. Piénsese simplemente en el impacto de la educación y la salud públicas en el desarrollo personal, o la importancia de viviendas adecuadas o ciudades bien planificadas para la felicidad individual, familiar y comunitaria. Que un buen Estado, democrático por ende, para que sea transparente, eficaz y eficiente requiere de ciudadanos libres y medios de comunicación social libres y pluralistas. La libertad es medio y fin del desarrollo.

iii. Pedro Machuca: un pobre con muchos capitales potenciales25 Pedro Machuca, personaje central de la película homónima de Andrés Wood, a diferencia de Daniel Zamudio, es un personaje ficticio cuyo destino final no alcanzamos a conocer. La película no nos relata qué fue de él. Sin embargo, Pedro Machuca representa a centenares de millones de niños latinoamericanos que no pudieron ejercer su derecho a desplegar plenamente sus capacidades. En la película de Andrés Wood, Pedro Machuca es un niño proveniente de la más absoluta miseria y ante sus ojos se desenvuelve el proceso revolucionario chileno de la Unidad Popular. Gracias a la labor profética del padre McEnroe es becado y matriculado en un colegio de la clase alta: el Saint Patrick School

25 Nos basamos sobre todo en: Robison, Lindon J., Marcelo Siles y Allan Schmid, “El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro”, en Fukuyama, Francis, Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma (Santiago: Cepal, 2003).

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for Boys. El sacerdote norteamericano sabe que nuestro subcontinente es rico en capital natural, pero carece de capital financiero para explotarlo26. No es raro entonces que el capital físico —edificios, maquinarias, autopistas, puertos y aeropuertos— sea completamente insuficiente para desencadenar el desarrollo, a lo menos el crecimiento económico. Así, observa que las tierras más católicas son las más desiguales del mundo. La historia de Estados Unidos y Europa nos ha enseñado la importancia que tienen la estabilidad y calidad de las instituciones políticas para el desarrollo. McEnroe aspira a que el capital político de la democracia chilena se siga expandiendo entre los pobres. Pero sabe muy bien de las dificultades que ello significa. McEnroe es un idealista como Don Quijote y aspira a la justicia social. Pero también es un realista como Sancho Panza, y sabe muy bien que poco puede incidir en recursos naturales, financieros, físicos y políticos. Pero hay algo en lo que sí puede aportar: en la integración entre ricos y pobres y en una buena educación para todos los niños y niñas. Así es como Pedro Machuca entra a un colegio de élite y se hace amigo de un hijo de la burguesía: Gonzalo Infante. Pedro Machuca proviene de una familia y barrio muy pobres. Su mundo carece de libros y bibliotecas, escritorios y cuadernos. Peor aún, el lenguaje con el cual se comunica con su abnegada madre y alcoholizado padre es pobre, terriblemente pobre. En suma, su capital cultural es bajo. Sin embargo, sus potencialidades son enormes. Al ingresar al colegio el padre McEnroe le ofrece una doble oportunidad. En primer lugar, acrecentar su capital humano mediante la educación. Personas más educadas y sanas tendrán más conocimientos y habilidades para desarrollar sus capacidades y realizar sus proyectos de vida. Por el contrario, un pobre carecerá de esta potencialidad. En segundo lugar, Pedro Machuca incrementó su capital social al ingresar a una red social rica en todo tipo de recursos. Gonzalo Infante le mostrará otra vida, le abrirá horizontes nuevos y podrá tenderle la mano que tanto necesita 26 Usamos la palabra capital cuando estamos frente a determinados recursos que, de ser movilizados, producen beneficios económicos y socioemocionales. Usar este concepto para referirnos a las personas y a las comunidades resulta bastante perturbador por lo deshumanizante, pero lo haremos como tributo que hemos de pagar a las ciencias sociales del capitalista mundo en el que habitamos.

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Pedro Machuca para salir del pozo de miseria en el que se encuentra. En la medida en que el mundo de Machuca sea solo un campamento a orillas del Mapocho, la marginalidad será seguramente su destino. Por el contrario, con más educación y confianza en sí mismo, hubiese ingresado a redes sociales que le habrían permitido conocer otros mundos y realizar alianzas con amigos llamados al éxito, como Gonzalo Infante, de Vitacura. Su padre alcohólico le reprocha su tonta ilusión de creer que Infante podría ser su amigo. A la postre tuvo razón, pero no vio la oportunidad que tal relación podía significar para ambos y que se truncó el 11 de septiembre de 1973. Hasta aquí la historia del film que tan mal concluyó, pero ella nos abre los ojos para mirar las potencialidades que tiene un niño pobre para ser feliz. Un niño, normalmente y por muy pobre que sea, tiene las increíbles capacidades propias de la especie humana: razón, voluntad y libertad. Si se le da la posibilidad, ¡cada niño es capaz de crear un mundo! Pero la falta de afecto, la mala alimentación y una educación pobre o inexistente irán apagando, la mayoría de las veces, esa llama de formidable creatividad. El no tener acceso a una educación de calidad significa mayores posibilidades de mantenerse o caer en la pobreza, estar cesante, acceder a trabajos de baja productividad, inestables, temporales y mal pagados, escaso acceso a las herramientas conceptuales y tecnológicas de la vida moderna, marginalidad sociocultural, mayor vulnerabilidad en la salud de las familias, además de discontinuidad y bajos logros en la educación de los futuros hijos27. Es una tragedia. Por el contrario, una buena educación es una palanca formidable para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Una sociedad que aumenta la cobertura de su sistema educativo, invierte en sus profesores, mejora la infraestructura de sus colegios, eleva la calidad de sus recursos pedagógicos y orienta la educación para una ciudadanía plena y una productividad competitiva del más alto nivel construye sobre roca y no sobre arena. Vendrán las tempestades, se desbordarán los ríos y se desatarán los vientos, pero esa sociedad resistirá y se hará más fuerte. Pero con esto no basta.

27 Hopenhayn, Martín y Ernesto Ottone, El gran eslabón (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000), 98.

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El ser más saludable y educado es condición necesaria, pero no suficiente para desplegar todas las capacidades que otorga la libertad humana. Ello por tres razones que la historia de Pedro Machuca bien puede ayudarnos a explicar. Por espectacular que sea la nueva educación que reciba, él ha vivido en la miseria en una etapa de la vida que es esencial para el despliegue de las capacidades humanas. Un entorno negativo le rodea y en él pasa mucho más tiempo que en el colegio. Un padre ignorante y subocupado sabe muy bien que no les dará a la mujer que ama y a los hijos que ella cuida la oportunidad que se merecen. No es raro que hunda sus penas en una botella de alcohol. La madre de Pedro, por mucho que se esfuerce, ha visto a su madre envejecer y morir prematuramente, por la dureza de la existencia que tuvo. A veces se entristece hasta la desesperación pensando que el futuro de su amado hijo será el mismo que el de sus padres28. La segunda razón por la

que la educación no basta es que la calidad y efectividad de las escuelas dependen en forma superlativa de los niveles de ingreso de sus alumnos. Pedro Machuca puede salvar esta diferencia, pero los niños de su barrio que se quedaron en el colegio público, por mucho que avancen en sus estudios, recibirán una educación para pobres, es decir, pobre. La educación reproduce las desigualdades en una sociedad desigual. La tercera razón es la equidad tras la salida exitosa del sistema educacional. Aun cuando Pedro Machuca termine su carrera profesional, se enfrentará con las desigualdades al momento de buscar y encontrar trabajo. Pues las redes de contactos, según orígenes socioeconómicos y pertenencia social, pasan a ser determinantes en la inserción productiva y en el desarrollo social y cultural de los alumnos de una misma escuela y universidad. Pedro, sano y educado, a pesar de todo, si es fuerte y perseverante, con un poco de fortuna, podrá salir adelante. Eso se llama hoy resiliencia. Pero hay dos cosas más, distintas a un hogar rico y culto, con las que puede contar si su patria lo quiere de verdad: capital social y político. 28 Si alguien cree que exagero, por favor que lea el dramático diagnóstico con el cual Bernardo Kliksberg inicia su alegato a favor de una economía humana para América Latina. Kliksberg, Bernardo, Hacia una economía con rostro humano (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002).

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Pedro Machuca cuenta con una familia. Por muy disfuncional que ella sea, es indispensable para su desarrollo. Entre más duro sea el mundo, la familia más cuenta, es “refugio seguro”29. Con todo, en ella existe la solidaridad y cooperación esenciales que distinguen, como pocas cosas, a la especie humana. En el barrio podría haber existido una junta de vecinos, un centro de madres o un club deportivo que intentaban mejorar la vida allí: hacerla más sana, alegre y segura. Quizás el padre de Pedro perteneciese a un sindicato o a un partido político que bregaba por mejorar los derechos de sus miembros. Seguramente no eran muy efectivos, pero al menos otorgaban afectos y esperanzas a los camaradas y compañeros. Mucho mejor le iría si trabajase en una empresa productiva y justa. Su hijo, al ingresar al colegio, ha dado un salto más: ingresó a una red social mucho más poderosa que, como una escalera, puede elevarlo a otro nivel de vida. Estamos hablando de lo que ayer se conocía como cuerpos intermedios y hoy, como capital social; comunidades y sociedades que existen entre el individuo y el Estado. Se trata del conjunto de normas, valores y redes compartidas que hacen posible la cooperación y la solidaridad30. Nadie puede vivir solo. Necesitamos a los demás para satisfacer

nuestras necesidades materiales y emocionales. Requerimos del amor y del afecto que solo los otros nos pueden dar. La confianza, la reciprocidad y la cooperación son indispensables para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Estos valores se plasman en organizaciones e instituciones que hacen posible la solidaridad. Todos, y particularmente los más pobres, necesitamos de amigos. Social viene de socius, que justamente significa en latín amigo. Tener amigos, camaradas y compañeros es un capital invaluable al cual los pobres sí pueden acceder (a diferencia del capital financiero). Redes de amigos que se apoyan en caso de adversidad, dando “una mano”, o prestando servicios cotidianos, como el consejo desinteresado. Este capital es duradero y flexible, pues los amigos verdaderos nos acompañarán toda la vida y podremos acudir a ellos para diversos efectos. La amistad constituirá un motivo de confianza y autoestima, 29 Fukuyama, La gran ruptura (Barcelona: Ediciones B, 2000), 315. 30 Fukuyama, “Capital social y desarrollo: la agenda venidera”, en Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe.

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pues ella es valiosa en sí misma. A un amigo le damos crédito, porque confiamos en él. Luego sin necesidad de recurrir a avales ni compromisos notariales podremos al amigo prestarle dinero, confiarle un bien valioso o darle una oportunidad laboral. Un pobre tendrá muchas más posibilidades de salir de su estado socioeconómico acrecentando su capital social. Al interior de su familia y comunidad más cercana existe un capital social de unión, pues pocas cosas pueden unir como el amor31. En una pareja, familia o grupo oprimido hay

sentimientos intensos de conexión que se pueden expresar en preocupación, afecto e interés. Como sabemos, la calidad de las relaciones familiares es central para la felicidad personal y el desarrollo social. Además hay un capital de vinculación. La gente pobre es parte de una misma relación social de exclusión. Si se unen, conformando una cadena de solidaridad, aumentarán su fuerza. Cada eslabón es pequeño en tamaño y resistencia, y está sometido a igual presión, pero si se unen se harán más fuertes. Sin embargo, es muy ingenuo creer que los pobres progresarán con solo organizarse. Entre otras cosas porque el dedicar tiempo a la organización social significa no dedicarlo a otras actividades que podrán aportar ingresos que son vitales para la sobrevivencia. Además, los pobres han sido tantas veces maltratados o engañados que tienden a desconfiar de todos. Ellos saben muy bien que con sus solas fuerzas, capitales y recursos muy difícilmente saldrán de la situación en la que se encuentran. Es lo que dirá a Machuca su alcoholizado padre: “Te quedarás limpiando baños hasta que te mueras”. Hay, pues, necesidad de otro capital social: el de aproximación. Los pobres necesitan, además, de capital social de aproximación32. Este es aquel que actúa como un puente o escalera que une a los que integran grupos sociales absolutamente diversos en poder y recursos. La experiencia nos demuestra que pueden nacer sentimientos de conexión entre un empresario y un trabajador, una persona famosa y un admirador, un profesional y un 31 Robison, Siles y Schmid, “El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro”. 32 Acerca de las distintas formas del capital social, ver: Fukuyama, Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, 62 y ss.

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poblador, un religioso inspirado y un humilde creyente, un profesor y un alumno, en fin. La solidaridad es un impulso humano. Naturalmente tendemos a ponernos en el lugar del que sufre cuando lo vemos en una situación de menoscabo. Ello pues existe entre nosotros una coherencia esencial entre sentimientos y pensamientos que brotan cuando experimentamos situaciones similares. La risa o el llanto son idiomas universales. Además, estamos interconectados mediante señales visibles y comprensibles. “Ojos que ven, corazones que sí sienten”. Con tal aproximación atacamos además una potencialidad muy negativa que está en el corazón del capital social: el corporativismo o, peor aún, la antipatía o franca enemistad con los otros, los que están fuera del unido nosotros33. Las familias de los niños de la clase

alta, no sin razones, temen que sus hijos sufran de agresiones por parte de los nuevos moradores. Son tan distintos que es muy humano que surja el temor y el conflicto. Los niños recién integrados se sentirán menos capaces o descubrirán las oportunidades que no se les han dado. Un sordo resentimiento y rabia podrán nublarle la vista. Es vital entonces tender puentes entre estas dos orillas y no caer en ilusiones. A pesar de toda la nobleza del experimento del padre McEnroe, este terminó abruptamente. La democracia no aguantó la lucha desatada; se impuso la violencia de lado y lado, siendo reemplazadas las voces por las balas. Ciertamente que para salir de la pobreza requerimos invertir en el capital humano y social de los pobres. Unidos tendrán toda la información y conocimientos del grupo, podrán utilizar en forma más eficiente los recursos que tienen y generarán trabajo en equipo, que podrá incrementar los bienes públicos, como son una plaza, una sede social, o aguas y tierras. Al unirse podrán negociar de mejor manera con el Estado y con los empresarios. El Estado democrático los necesita, pues son ellos los que aportan, mediante sus votos, legitimidad al gobierno. Los empresarios requieren de la mano de obra de los pobres o de los recursos naturales de que dispongan. Unidos podrán salir victoriosos en tales intercambios. Sin embargo, los pobres también necesitarán de capital político, es decir, de su voto y de su capacidad de movilizarse para 33 Ibid., 63.

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obtener del Estado mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo. Todos necesitamos de poder, es decir, de capacidad para realizar nuestros proyectos, la que ejercemos sobre la naturaleza y también sobre los hombres. No se trata de luchar por el poder para dominar a otros. Se trata de crear las condiciones sociales para autoafirmar la vida de todos, rompiendo toda resistencia que se oponga a ello. Tal capacidad requiere de éxito. Es un error de los doctrinarios irresponsables o de soñadores románticos el no darse cuenta de la importancia de alcanzar el éxito. El poder político supone eficacia. Lamentablemente, muchas veces quienes se han propuesto realizar reformas sociales mediante la lucha política han olvidado este aserto de realismo. Y los perjudicados normalmente han sido los pobres. Los pobres requieren de líderes, organizaciones y movimientos que generen instituciones que sirvan de canal para el gobierno popular. Los pobres requieren de voz y voto para hacer valer sus demandas políticas. Y ello es bueno para el desarrollo de economías poderosas y sociedades igualitarias. Múltiples son los efectos positivos de la igualdad en la economía, en la vida personal y familiar, y en el desarrollo democrático. Una sociedad más segura aumenta la legitimidad de las instituciones que son capaces de garantizar la integridad física y psicológica de sus miembros. Un Estado que garantiza la propiedad y la inversión privadas es un actor más capacitado para encauzar el desarrollo nacional. Un Estado de derecho que logra que las leyes se cumplan hace que la comunidad recurra a los tribunales de justicia, evita la justicia por mano propia y mantiene a las Fuerzas Armadas lejos de los problemas de seguridad ciudadana y orden público34. Una sociedad más educada, organizada e igualitaria aumenta la formación de ahorro nacional, amplía el mercado interno, mejora la salud pública, acrecienta la formación en gran escala de capital humano calificado, eleva la confianza en las instituciones básicas de las sociedades y en el liderazgo político. Extender la posibilidad de acceso al agua potable de toda la población sería una inversión muy eficiente, pues su retorno sería cuantioso en términos de salud pública, lo que repercutirá desde ya en la productividad de la economía. 34 OEA-PNUD, Nuestra democracia, 181-196.

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La tasa de retorno en educación es una de las más altas posibles para una sociedad. Actualmente, la competitividad de los países está fuertemente ligada al nivel de capacitación de su población35. Pedro Machuca tuvo una oportunidad. Al ingresar a un colegio de élite accedió a formas de capital humano y social que le pudieron haber ayudado a tener una vida mejor. La pérdida de la democracia y su obligada vuelta al mundo de la pobreza quizás frustraron esa posibilidad que el padre McEnroe le ofreció. Pero no desesperemos, el solo hecho de que haya habido una posibilidad para este ficticio joven chileno nos debe llamar a meditar. Su historia, como la vida de Daniel Zamudio, podría haber tenido un final feliz. No lo tuvieron porque nosotros como sociedad fallamos.

iv. Una reflexión final: podemos vivir en una sociedad justa Daniel Zamudio no murió asesinado simplemente por obra y gracia de la intolerancia contra la homosexualidad. Su vida, como la de los asesinos, nos describe una sociedad violenta. Ellos sufrieron agresiones, físicas y psicológicas, por parte de una nación que los segregó socialmente, los degradó al despreciarlos como perdedores, les mintió al hablarles de libertades e igualdades de oportunidades para todos, los castigó penalmente en sórdidos lugares y los silenció hasta que sus vidas estallaron en el horror de la más brutal violencia. Ello ocurrió en un Chile que desde 1984 no ha dejado de crecer económicamente y que, a partir de 1989, cuenta con una estabilidad política y paz social como pocas veces la ha tenido en toda su historia. ¿Por qué? Porque siendo indispensable contar con un fuerte y sostenido crecimiento económico, este debe ser causa y efecto de una creciente integración sociocultural. El aumento del bienestar material normalmente discrimina entre clases sociales, géneros, etnias, regiones y grupos etarios. Además puede generar comportamientos individualistas y utilitaristas que corroen las comunidades y la naturaleza, que son partes indispensables del desarrollo. Si no hay integración sociocultural, la productividad, la estabilidad 35 Kliksberg, Hacia una economía con rostro humano.

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económica, la propia calidad de la democracia —legitimidad y eficacia— e incluso la identidad nacional quedan comprometidas36. La historia de Pedro Machuca nos enseña que puede haber otro Chile y una América Latina distinta. Los seres humanos nacemos dotados de potencialidades increíbles que nos permiten ser libres. Los pobres y marginados reclaman que sus vidas privadas y derechos civiles deben ser respetados; viviendo así libres de toda injerencia arbitraria por parte del Estado. Además quieren ser libres para desarrollar sus proyectos de vida. Requieren que la sociedad y sus comunidades, centralmente el gobierno y las empresas, les den las herramientas para edificar una vida valiosa. La experiencia del siglo pasado demuestra que no es una desmedida planificación estatal la que permitirá el desarrollo, sino que la libertad económica de trabajadores, emprendedores y empresarios. Todas estas capacidades se basan en un intelecto y espíritu libres de la ignorancia y de la manipulación. No ser objeto de la injerencia estatal despótica, contar con los recursos sociales y económicos para desplegar proyectos valiosos y contar con una mente abierta y libre requiere una comunidad que se autogobierne, es decir, en la que el pueblo practique la libertad política. Finalmente, todas estas libertades deben ser dignas de respeto activo, por lo que deben estar orientadas por una cierta concepción del bien, de la virtud y de los deberes sin los cuales la libertad se queda sin fundamentos éticos y la comunidad que los debe garantizar se corroe desde sus más profundos fundamentos. Detrás de las vidas de un ficticio Pedro Machuca y un terriblemente real Daniel Zamudio debemos ver no una tragedia, sino que un drama. La primera es relato de un camino que inevitablemente nos conduce al desastre. El drama es, al igual que la tragedia, sangre y lucha, sudor y trabajo, agonía en suma. Pero, a diferencia de la tragedia, el desenlace del drama no es necesariamente el fracaso. A la salida del campamento a orillas del río Mapocho se abrió, por un instante, un sendero hacia el desarrollo. Las familias que no poseen capital cultural pueden recibirlo de la sociedad y del Estado37. Sociedades nacionales, 36 Stiglitz, Joseph, El precio de la desigualdad (Madrid: Taurus, 2012), 136-138 y 170-171. 37 Fukuyama afirma que a quienes dudan de que el Estado pueda fomentar el capital cultural y social más allá de la acción educativa, “les bastará con observar al Cuerpo de la Infantería de Marina de los Estados Unidos para convencerse de lo contrario”. Fukuyama, La gran ruptura, 333.

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por pobres que sean, podrán ofrecer mucho mejor calidad de vida si invierten en la salud y educación de sus miembros. Familias sin recursos pueden organizarse entre sí. Las condiciones de vida de los marginados pueden mejorar si estos logran establecer vínculos, aproximándose a sociedades más educadas y ricas. En la democracia, en la medida en que se extiende políticamente y va consolidando una sociedad civil autónoma, el pueblo va demandando cada vez políticas públicas que garanticen progresivamente los derechos sociales38. En suma, quienes no cuentan con recursos financieros,

naturales o físicos, sí pueden desarrollar sus capitales culturales, humanos, sociales y políticos. Si logramos tejer una red de confianza, reciprocidad y valores compartidos, la cooperación y la solidaridad pueden ayudarnos a alcanzar lo que un sabio llamó la “vida buena de la multitud”. ¿Podemos ser libres, es decir, vivir en una sociedad más justa, sin el escándalo de la pobreza y de la marginación? Amartya Sen contesta que sí. Sabemos mucho ya acerca del desarrollo. El listado que nos describe el premio Nobel de Economía es impresionante y, en buena medida, esperanzador: la acelerada reconstrucción posbélica de Alemania; el crecimiento económico sin precedentes de Estados Unidos y Europa; la creación del Estado de bienestar; el advenimiento de Asia Oriental; la rápida expansión económica de parte de América Latina, con o sin reducción de la pobreza ni de la desigualdad; las crisis económicas de la Unión Soviética y Europa oriental; la rápida transformación de China; la eliminación de la dependencia alimentaria del Tercer Mundo, incluida Asia meridional; las hambrunas en África subsahariana, junto con la reducción de las mismas en India o China después de 1962; el extraordinario aumento del volumen del comercio internacional y del flujo de capitales a escala mundial; la alta expansión de la longevidad tanto en países con crecimiento económico, como es el caso de Corea del Sur, como en aquellos con menor desarrollo, como Costa Rica. Los latinoamericanos podemos alcanzar a vivir bajo libertades civiles y políticas robustas, contar con buenos servicios sociales, dar oportunidades económicas a la mayoría, contar con Estados más transparentes, eficaces y 38 Bobbio, El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 157.

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eficientes, y garantizar razonablemente derechos sociales39. Estas libertades y derechos, servicios y oportunidades, garantías y seguridades suponen tres instrumentos: un Estado liberal, un mercado justo y una comunidad pluralista que respeten y promuevan los derechos humanos, y enseñen y hagan valer los deberes. Estas últimas décadas hemos aprendido que ni el estatismo paternalista ni el mercado desregulado son capaces de consolidar un crecimiento económico adecuado, estable ni justo. La lección fundamental es que tiene que haber un equilibrio entre el papel del Estado y el de los mercados. Demasiado gobierno o muy poco llaman al fracaso. Aunque resulte sorprendente para muchos, por su papel tan crítico de la economía capitalista actual, Joseph Stiglitz se autocalifica como un economista de “centro”. Sus estudios económicos y experiencia política lo llevan a recelar de los extremos estatistas y libremercadistas. Ni el Estado puede resolver todos los fallos del mercado, pero tampoco los mercados pueden resolver temas como la desigualdad, la cesantía o la contaminación40. Por el contrario, cuando se

logra el equilibrio adecuado se crece vigorosamente. Si al Estado y al mercado agregamos una comunidad fuerte y autónoma de uno y otro, el desarrollo se acerca. Estados muy despóticos y abarcadores requieren de una sociedad civil que los controle. Es la lección de Europa Oriental bajo el comunismo. Mercados muy codiciosos y expoliadores de la naturaleza requieren de redes de solidaridad social que los limiten. Comunidades que se corporativizan requieren de buenas leyes que las regulen y mercados que las aireen. El caso alemán en esto es muy elocuente. Por ejemplo, cuando llegaron las crisis de 1973 y 1992, los poderosos sindicatos entendieron que su nivel de vida tenía que bajar, pero no a costa del desempleo. Por otro lado, los empresarios, bien organizados, se sumaron al pacto social. No despidieron trabajadores ni dejaron de invertir en la empresa. El estado alemán se comprometió a reducir grasa fiscal y apoyar el acuerdo social41. ¿Resultados? Ale-

39 Acerca de lo que aprendimos los latinoamericanos cuando apostamos con un Estado desarrollista muy distinto al asiático, ver: Pipitone, Ugo, Asia y América Latina (Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 1996), 68 -87. 40 Stiglitz, Caída libre (Buenos Aires: Taurus, 2010), 70. 41 Ormerod, Paul, Por una nueva economía (Madrid: Anagrama, 1995), 157, 176, 177 y 202.

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mania es una de las sociedades más desarrolladas del mundo. ¿Muy lejano el ejemplo? “Nosotros no somos alemanes”, declara adolorido un sudamericano con un poco de racismo autodespreciativo inoculado en lo más profundo de su alma. Claro, somos latinoamericanos. En buena hora. Como una vez Gabriela Mistral se lo enrostró al muy etnocéntrico Giovanni Papini, que si bien nuestra cultura era mucho más niña que la europea, que ella había sido truncada en 1492 y que aun así en nuestras tierras se habían levantado Tikal, Chichén Itzá, Bonampak y para qué hablar de Teotihuacán, Cuzco y Machu Picchu42. El imperio español regaló al mundo a Miguel de Cervantes, Francisco Vitoria, Bartolomé de las Casas, Diego de Velásquez, sor Juana Inés de la Cruz y tantas otras cosas. Fue una civilización en la que no se escondía nunca el sol. Nuestras repúblicas partieron corriendo, cuando la monarquía absoluta ahogaba los experimentos liberales en Europa. ¿Qué decir de los movimientos culturales de 1910 o de la poesía de mediados del siglo XX? En fin. Si fuimos capaces de edificar o ser parte de impresionantes reinos indígenas, hispánicos y republicanos, no se ve razón para que no podamos edificar repúblicas tan democráticas como prósperas, integradas y sustentables. Países como Costa Rica, Chile o Uruguay, con todas sus incoherencias y dificultades, nos muestran que es posible avanzar en el camino del desarrollo. Edificar una sociedad más igualitaria, sin la violencia desatada, no solo es deseable, es además posible; por lo tanto, es nuestro deber el levantarla. Es la deuda que aún tenemos con los Pedro Machuca y Daniel Zamudio de hoy y del mañana. Ellos pueden alcanzar una vida plena y lograda.

42 Mistral, Gabriela, Recados para hoy y mañana (Santiago: Editorial Sudamericana, 1999), tomo II, 71-77.

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Latina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010). Sachs, J., Economía para un planeta abarrotado (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2008). Sen, Amartya, Desarrollo y libertad (Barcelona: Planeta, 2000). —, “Teorías del desarrollo”, en revista Leviatán, nº 84, verano (2001), II Época, Madrid. Stiglitz, Joseph, Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial (Buenos Aires: Taurus, 2010). —, El precio de la desigualdad (Madrid: Taurus, 2010). Wilkinson, Richard y Kate Pickett, Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Madrid: Turner, 2009). Zizek, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales (Buenos Aires: Paidós, 2009).

Cárcel, marginalidad y delito Pilar Larroulet1

La idea de aumentar el uso de la cárcel como medio de castigo ante la sensación de inseguridad que aqueja a la sociedad civil parece resonar en la opinión pública, planteándose como la solución en el corto plazo al problema del delito. Sin embargo, esta solución no solo desconoce las causas profundas que llevan a que una persona se involucre en un comportamiento delictual, sino también las consecuencias de largo plazo que tiene el encarcelamiento para quienes lo experimentan y para la sociedad en la que están insertos. Entre los hechos empíricos reconocidos del delito está su concentración en ciertas áreas geográficas y ciertos grupos de la población. Sabemos que las mayores tasas de delito se concentran en los barrios más marginalizados, con mayor desorganización social y más aislados de la ciudad2, y que los grupos económicamente más vulnerables, los hombres jóvenes y las minorías presentan un involucramiento delictual mayor, más frecuente y más severo3. Son estos mismos grupos quienes tienen mayores índices de victimización y constituyen mayoritariamente la población en contacto y bajo supervisión del sistema de justicia4. Mientras en el siglo XIX predominó un enfoque biológico e individualista, que tendió a ver al delito como consecuencia de patologías individuales y al delincuente como un ser moralmente inferior, limitado en su capacidad 1 Licenciada en Historia y máster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile; máster en Criminología y Justicia Criminal, Universidad de Maryland. Actualmente, cursando Ph. D. en Criminología y Justicia Criminal, Universidad de Maryland.  2

Sampson, Robert J., Great American City (Chicago: University of Chicago Press, 2012).

3

Hagan, John y Ruth D. Peterson, “Criminal Inequality in America: Patterns and Consequences”, en Hagan, John y Ruth Peterson (eds.), Crime and Inequality (Stanford: Stanford University Press, 1995), 14-36.

4 Laub, J., “Understanding inequality and the justice system response: Charting a new way forward”, William T. Grant Foundation (2014).

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de tomar decisiones y con características físicas distintivas5, el siglo XX vio surgir tempranamente una serie de teorías que bajo una mirada sociológica plantearon el delito como la reacción normal de un individuo ante condiciones sociales anormales (pobreza, exclusión, desorganización social). La relación entre marginalidad y delito ha estado desde entonces en el foco de atención de la teoría criminológica que pone el énfasis en el contexto social en que viven los individuos como explicación del involucramiento delictual. Para la criminología, el vínculo entre pobreza y delito sigue siendo hasta hoy una relación controvertida. Sabemos que, a nivel agregado, los lugares con altos niveles de pobreza y marginalidad concentran también las mayores tasas de delito6. Pero la evidencia es contradictoria respecto al

efecto que tienen los cambios en las condiciones económicas de los países —por ejemplo, disminución del desempleo— en las tasas de delito7. A nivel individual la relación pareciera ser aún más compleja. Así como hoy sabemos que el delito se concentra en determinados barrios, también sabemos que son solo algunos de sus habitantes quienes cometen delito, y que la gran mayoría de quienes los habitan creen en la ley y la siguen8. Por tanto, aun ante condiciones extremas de vulnerabilidad, solo unos pocos individuos violan la ley, hecho que ha sido explicado a partir del involucramiento con pares desviados9, por la falta de vínculo con instituciones convencionales como son los padres y el colegio10, e incluso por características individuales —bajo autocontrol— que harían a ciertos individuos más propicios a involucrarse en delitos por su incapacidad de medir sus consecuencias en el mediano y largo plazo11. 5

Hooton, Earnest, The American Criminal (Boston: Harvard University Press, 1939).

6 Sampson, Great American City. 7 Bernard, Thomas J., Jeffrey B. Snipes y Alexander L. Gerould, Vold’s Theoretical Criminology (Nueva York: Oxford University Press, 2010). 8 Warner, Barbara D., “The role of attenuated culture in social disorganization theory”, en Criminology, vol. 41, nº 1 (2003), 73-97. 9 Akers, Ronald L., Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance (Boston: Northeastern University Press, 1998). 10 Hirschi, T., Causes of Delinquency (Berkeley: University of California Press, 1969). 11 Gottfredson, M. R. y T. Hirschi, A General Theory of Crime (Stanford, California: Stanford

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El estudio de la relación entre marginalidad y delito conlleva una serie de complejidades. En primer lugar está la discusión sobre cómo se mide clase social, o cómo se mide pobreza, y la necesidad de incorporar elementos subjetivos que hasta hace poco no habían sido tomados en cuenta. Luego, está el riesgo de culpar a quienes viven en pobreza de su propia suerte, desconociendo el hecho de que aun si asumimos que los individuos toman decisiones, no podemos desconocer que lo hacen con las restricciones que les impone el contexto donde viven12. Además está el problema de la multicolinealidad: en general no es solo

pobreza, sino una serie de factores que coocurren conjuntamente y que hacen difícil, si no imposible, distinguir una relación causal entre pobreza y delito, lo que ha llevado a la literatura reciente a enfocarse en la idea de concentración de desventajas13. Finalmente, está la discusión sobre cómo se generan las leyes y qué hace que ciertos actos sean considerados ilegales y otros no, una discusión que ha estado en la base de la criminología crítica y que apunta justamente al hecho de que quienes tienen mayor poder “criminalizan” a quienes ven como potenciales enemigos de ese poder. Si bien la evidencia empírica para este último punto es a lo menos limitada en cuanto a la generación de la ley, existe evidencia que muestra el sesgo que tiene el sistema de justicia criminal en la aplicación de la ley. El sistema de justicia puede ser visto como un proceso tipo embudo: de los muchos delitos que son denunciados, solo un subgrupo logra ser clarificado llevando a la detención de un potencial culpable. De aquellos detenidos, solo un subgrupo posee las pruebas necesarias para ser declarado culpable. De los declarados culpables, un porcentaje es condenado a penas alternativas y otro menor es condenado a penas privativas de libertad14. University Press, 1990). 12 Sampson, R. J. y J. H Laub, “A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency”, en Thornberry, T. P., Developmental Theories of Crime and Delinquency: Advances in Criminological Theory (Nuevo Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Publishers, 1997), 133161. 13 Sampson, Robert J. y William Julius Wilson, “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”, en Hagan, John y Ruth Peterson (eds.), Crime and Inequality (Stanford: Stanford University Press, 1995), 37-54. 14 Esta es, claramente, una versión sumamente simplificada de un proceso muchísimo más complejo, que solo sirve para ejemplificar el punto.

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En cada paso de este proceso no solo se reduce el número de individuos, si no que se reduce de forma no aleatoria y por tanto no representativa, dando cuenta en parte de una selección sobre la base de diferencias en el comportamiento: las personas con antecedentes previos o que cometieron los delitos más graves son quienes tienen mayores probabilidades de continuar en el proceso. Sin embargo, existe también evidencia de que el sistema de justicia incorpora factores extralegales en el proceso de decisión en cada etapa del proceso. Un ejemplo que la literatura ha analizado profusamente15 y que tiene cierta evidencia en Chile16 es el de las mujeres,

a quienes los jueces tienden a juzgar con mayor benevolencia aún ante tipos de delito y antecedentes delictuales similares, algo que Daly atribuye particularmente al rol tradicional que cumple la mujer en la familia17. Sin embargo, los sesgos del sistema de justicia no serían solo en torno a factores de género. Como muestra Sampson, el nivel socioeconómico afecta a nivel agregado las probabilidades de ser arrestado y a nivel individual las probabilidades de ser sometido a proceso, aun después de controlar en ambos casos por involucramiento delictual18. Es decir, individuos que viven en barrios más vulnerables tendrían mayores probabilidades de ser arrestados independientemente de su comportamiento. Sesgos socioeconómicos similares han sido reportados para las distintas etapas del proceso de justicia19, generando una sobrerrepresentación de los más vulnerables en el sistema que pareciera exceder las diferencias existentes en comportamiento. Esta sobrerrepresentación es particularmente nítida en la población penal. Ahora bien, el aumento en la población penal que han experimentado 15 Sealock, Miriam D., y Sally S. Simpson, “Unraveling bias in arrest decisions: The role of juvenile offender type-scripts”, en Justice Quarterly, vol. 15, nº 3 (septiembre 1, 1998), 427–57; Daly, Kathleen, “Neither conflict nor labeling nor paternalism will suffice: Intersections of race, ethnicity, gender, and family in criminal court decisions”, en Crime & Delinquency, vol. 35, nº 1 (1989), 136–68. 16 Medina, E., “Discriminación por criterios de género en sentencias criminales”. Tesis para optar al grado de magíster en Sociología, P. Universidad Católica de Chile (2007). 17 Daly, “Neither conflict nor labeling nor paternalism will suffice…” 18 Sampson, Robert J., “Effects of socioeconomic context on official reaction to juvenile delinquency”, en American Sociological Review, vol. 51, nº 6 (1986), 876–85. 19 Laub, “Understanding inequality and the justice system response…”.

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algunos países en las últimas décadas —Estados Unidos y Chile, entre ellos— ha llevado a varios autores a considerar el encarcelamiento como un motor de inequidad social20. Como Wakefield y Uggen argumentan, la cárcel no solo refleja las desigualdades preexistentes, sino que se ha convertido en una nueva institución de estratificación social, al limitar aún más y de manera diferenciada el acceso a oportunidades futuras21. La evidencia acumulada sobre

las consecuencias del encarcelamiento masivo en Estados Unidos da cuenta de una política que ha reforzado las desventajas existentes —en términos de empleabilidad, familia, salud y participación ciudadana—, aumentando la vulnerabilidad de quienes salen en libertad y de las comunidades a las que vuelven22. Es por eso que en este ensayo se busca abordar la dualidad de causa y selección que existe en la relación cárcel–marginalidad, para lo cual se caracterizó en primer lugar a la población privada de libertad de la Región Metropolitana, a partir de un estudio representativo de esta realizado en 2010, comparándola con la población general en términos de marginalidad, y a la vez insertando estas diferencias en la literatura sobre el problema del delito. Luego se presenta la evidencia empírica existente sobre lo que la literatura ha llamado las consecuencias colaterales del encarcelamiento23, particularmente la relativa a las consecuencias en los ámbitos de trabajo, familia y comunidad/barrio, que da cuenta de los altos costos asociados a una política pública que aun cuando en el corto plazo puede disminuir el número de delitos, en el mediano y largo plazo no solo no aborda la complejidad de un problema en su multidimensionalidad, sino que aumenta la ya existente marginalidad de quienes cumplen condenas privativas de libertad y de la estructura social en que están insertos, disminuyendo las probabilidades de deserción del delito. 20 Western, B., Punishment and Inequality in America (Nueva York: Russell Sage Foundation, 2006).

21 Wakefield, Sara y Christopher Uggen, “Incarceration and stratification”, en Annual Review of Sociology vol. 36, nº1 (2010), 387–406. 22 Ibid. 23 Travis, J., But They All Come Back: Facing The Challenges of Prisoner Reentry (Washington D. C.: The Urban Institute Press, 2005).

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i. La cárcel y la concentración de las personas vulnerables24 Los datos que se presentan fueron obtenidos en el estudio sobre consumo problemático de drogas en unidades penales de la Región Metropolitana, realizado por el Instituto de Sociología UC en 201025. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de consumo de droga y necesidad de tratamiento al interior de las unidades penales, y al mismo tiempo validar el autorreporte de consumo por medio de un test de orina26. Ahora bien, la encuesta incorporó una serie de preguntas sobre eventos y condiciones de vida previos al ingreso a la cárcel, que permiten dar cuenta de la vulnerabilidad que caracteriza a quienes cumplen condena en prisión y que muchas veces antecede al involucramiento delictual. En términos generales, la población penal refleja parcialmente el hecho de que el delito se concentra mayoritariamente en hombres y jóvenes. Casi el 92% de quienes cumplen condenas en la Región Metropolitana en 2010 son hombres, porcentaje que ha permanecido relativamente estable en las últimas décadas en Chile y es consistente con la realidad de la población penitenciaria en otros países. En términos etarios, un 67% declara tener 35 años o menos, lo que se condice con la literatura que indica que la prevalencia

24 Hay que tener claro que la caracterización de la población penal no se puede extrapolar a una caracterización de personas involucradas en delito, sino que es solo una submuestra no representativa de un grupo mayor. La relación entre cárcel y delito está fuera del alcance de este paper. Sin embargo, a pesar de no ser un claro reflejo de la población de personas que violan la ley, también es cierto que las diferencias en encarcelamiento basándose en clase social, género y edad reflejan al menos en parte una diferencia en el involucramiento delictual. Ver Wakefield y Uggen, “Incarceration and stratification”. 25 El estudio fue realizado a muestras representativas de tres regiones de Chile: Metropolitana, Ia Región de Tarapacá y X Región de Los Lagos. Dada la alta presencia de extranjeros condenados por ley de drogas en la Primera Región, con características sociodemográficas que difieren a las del resto de la población penal, los resultados reportados en este ensayo serán solo relativos a la Región Metropolitana. Para más información sobre el estudio, ver Hurtado y Larroulet (2012). 26 Hurtado, C. y P. Larroulet, “Drug use and self-report validation in chilean prisons”, en 7th National Congress of Research on Violence and Criminality (Santiago: Fundación Paz Ciudadana, 2012), 135–45; Berry, Marianne et al., “Wives and mothers at risk: the role of marital and maternal status in criminal activity and incarceration”, en Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, vol. 90, nº 3 (2009), 293–300.

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delictual alcanza su peak alrededor de los 18 años y desciende a partir de entonces27. Aun así, el 13% declara tener más de 45 años, porcentaje que asciende a 26% en el caso de las mujeres, lo que podría dar cuenta de lo que se ha llamado un inicio tardío en el delito, que es más común en el caso de ellas. La diferencia en la distribución etaria entre hombres y mujeres también pareciera estar vinculada a la participación de la mujer en delitos contra la ley de drogas28.

Del total de personas condenadas a penas privativas de libertad, el 80% reporta no tener educación escolar completa, con una media algo inferior a 8 años de educación alcanzados, lo que contrasta con la media de 10,6 años que reporta la encuesta Casen 2011 para la población general29. Más preocupante aún —contra la evidencia que muestra un aumento en los niveles de escolaridad a través de las generaciones30—, la distribución de nivel de educación aprobado en la población carcelaria se mantiene prácticamente estable en los distintos tramos etarios sobre los 25 años (alrededor de un 25% de los internos declaran haber terminado su educación media), pero es significativamente menor en los jóvenes entre 18 y 25 años (solo el 9,2% declara haber terminado su educación media), quienes deberían tener mayores niveles de escolarización dada la obligatoriedad de 12 años establecida en 2003 (ver tabla nº 1). Lo que estos datos muestran es que son los más jóvenes quienes presentan mayor desigualdad relativa en sus niveles de escolaridad, lo que podría ser consecuencia o bien de la nivelación de estudios que un alto porcentaje de internos realiza al interior de las unidades penales31— 44%

27 Piquero, Alex R., David P. Farrington, y Alfred Blumstein, Key Issues in Criminal Career Research: New Analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 28 Larroulet, Pilar, “La relación droga/delito. Construcción de un modelo de atribución”. Tesis para optar al grado de magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile (2012). 29 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/2013_04_01_ Educacion_CASEN_2011.pdf (revisado en junio de 2015). 30 Ver informe OCDE en: http://www.oecd.org/edu/Chile_EAG2013%20Country%20Note.pdf (revisado en junio de 2015). 31 La pregunta directa era sobre el máximo nivel de educación alcanzado, por lo que no da cuenta de si ese nivel se completó en libertad, durante el cumplimiento de una condena anterior o durante el cumplimiento de la condena actual.

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reporta haber adelantado estudios en la Región Metropolitana— o bien de una creciente marginalización de jóvenes involucrados en delito que desertan tempranamente del sistema escolar. De hecho, el 84% de los internos reporta haber desertado del sistema escolar, con la mitad de ellos habiéndolo hecho antes de los 14 años. La evidencia internacional da cuenta de un vínculo entre deserción escolar y delito32, en un proceso que se desarrolla tempranamente en la vida

escolar, a partir de los que se han considerado indicadores tempranos tanto de deserción como de comportamiento desviado: absentismo, cimarra, inicio temprano en el uso de drogas33. Además, la literatura establece los efectos de largo plazo de la deserción escolar, que limita las oportunidades laborales y aumenta el riesgo de involucrarse en delito o extender una ya iniciada carrera criminal34. Tabla nº 1: Escolaridad promedio por grupo etario1 Media años educación

  Edad

Población penal RM2

Casen 2011 zona urbana3

18-24

7,09

12,5

25-44

8,08

12,3

45-64

8,25

10,3

65-74

6,25*

7,7

1 La comparación solo da noción de las diferencias, dado que los datos no son directamente comparables. 2 Datos obtenidos del estudio “Estimaciones de consumo problemático de drogas, necesidades y demandas de tratamiento en cárceles chilenas”. Datos representativos de las personas privadas de libertad en la Región Metropolitana, 2010. 3 Datos representativos de zonas urbanas del país, reportados en http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ layout/doc/casen/2013_04_01_Educacion_CASEN_2011.pdf * El número de casos es muy pequeño para obtener un dato confiable.

32 Thornberry, Terence P., Melanie Moore, y R. L. Christenson, “The effect of dropping out of high school on subsequent criminal behavior”, en Criminology, vol. 23, nº 1 (1985), 3-18. 33 Sweeten, Gary, Shawn D. Bushway y Raymond Paternoster, “Does dropping out of school mean dropping into delinquency?”, en Criminology vol. 47, nº 1 (2009), 47-91; Laub, J., “Understanding inequality and the justice system response…”. 34 Bernburg, Jön Gunnar y Marvin D. Krohn, “Labeling, life chances, and adult crime: the direct and indirect effects of official intervention in adolescence on crime in early adulthood”, en Criminology, vol. 41, nº 4 (2003), 1.287-1.318.

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Respecto a los antecedentes laborales, el 55% reporta haber trabajado todo el día u ocasionalmente antes de ingresar a la cárcel, porcentaje bajo si consideramos que casi un 70% de la muestra es menor de 36 años. Ahora bien, entre aquellos que reportan trabajar tiempo completo, casi el 40% reporta un sueldo mensual menor a 200 mil pesos, bajo el ingreso autónomo promedio del segundo decil reportado en Casen 201135, lo que da cuenta de

una alta precariedad económica. Como se ha señalado, la relación entre pobreza —medida mayoritariamente vía ingreso— y delito ha estado en el foco de la teoría criminológica particularmente desde el siglo XX, el cual vio surgir una serie de teorías con el objetivo de explicar precisamente el porqué de la alta concentración de comportamiento desviado en ciertos grupos sociales: hombres de clase baja en zonas urbanas36. Ahora bien, la evidencia empírica relativa a esta relación está lejos de ser consistente37, no solo a nivel individual (la gran mayoría de los individuos expuestos a altos niveles de pobreza y marginalidad no cometen delito), sino también a nivel agregado38. Es cierto que el análisis de esta relación sufre el problema de multicolinealidad: las zonas con mayores tasas de delito y de violencia no solo presentan altos nivel de pobreza, sino también de otra serie de problemas sociales, un hecho que aparece ya en el trabajo pionero de la Escuela de Sociología de Chicago en los años 2039. Estos barrios se caracterizan por sus mayores niveles de desempleo, de familias uniparen35 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/001_ingreso_2011. pdf (revisado en julio de 2015). 36 Merton, Robert K., “Social structure and anomie”, en American Sociological Review, vol. 3, nº 5 (1938), 672-682; Shaw, Clifford y Henry McKay, Juvenile Delinquency in Urban Areas (Chicago: University of Chicago Press, 1942). 37 Tittle, Charles R. y Robert F. Meier, “Specifying the ses/delinquency relationship by social characteristics of contexts”, en Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 28, nº 4 (1991), 430-455. 38 Bernard, Snipes y Gerould, Vold’s Theoretical Criminology. 39 En los años 20 y 30, la Escuela Sociológica de Chicago realizó una serie de estudios sobre sociología urbana que derivaron en la que hasta el día de hoy es una de las principales teorías del delito, la teoría de la desorganización social (Shaw y McKay, Juvenile Delinquency in Urban Areas). En un contexto caracterizado por la urbanización, migración e industrialización de las ciudades estadounidenses, esta teoría fue una de las primeras en poner la atención en el orden social como causa del delito, alejándose de la mirada patológica que caracterizó el análisis del mismo desde mediados del siglo XIX.

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tales, de densidad de población, de concentración de minorías y de movilidad residencial40. Por lo mismo, la literatura reciente se ha movido desde la simple relación de pobreza y delito a la idea de la marginalidad como una “concentración de desventajas”, concentración que genera zonas aisladas de la sociedad convencional, sin modelos a seguir y donde los valores normativos se vuelven inviables41. En ese contexto, el uso de la violencia aparece como un

medio tolerado para mantener la seguridad individual allí donde el Estado se muestra incapaz de proveer ese bien, y para hacerse respetar en condiciones donde los medios tradicionales de acceso a estatus aparecen inalcanzables42. Por tanto, no sería la pobreza per se la que se relacionaría con mayores tasas de delito, sino la concentración de los más desaventajados y el aislamiento con la sociedad convencional, lo que genera barreras estructurales y adaptaciones culturales que a su vez minan la organización social de esas comunidades43. La evidencia sí muestra, de hecho, una relación clara entre la acumulación de desventajas y el delito, relación mediada por la capacidad de organización de una comunidad44. En una línea similar, la investigación se ha movido desde un foco en pobreza absoluta hacia el rol de la desigualdad económica en el delito, mostrando que mayores índices de desigualdad estarían asociados a mayores tasas de delitos violentos45. Ahora bien, no son solo características sociodemográficas las que distinguen la población penal de la población general. Quienes cumplen 40 Shaw y McKay, Juvenile Delinquency in Urban Areas; Sampson, Robert y W. B. Groves, “Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory”, en American Journal of Sociology, vol. 94 (1989), 774-802. 41 Sampson, Robert y William J. Wilson “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”, en Hagan y Peterson (eds.), Crime and Inequality (Stanford: Stanford University Press, 1995), 37-54.

42 Anderson, Elijah, Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City (Chicago: University of Chicago Press, 1999). 43 Sampson y Wilson, “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”. 44 Sampson, Robert, Stephen Raudenbush y Felton Earls, “Neighborhoods and violent crime: a multilevel study of collective efficacy”, en Science, vol. 277 (1997), 918-24. 45 Kennedy B. P. et al., “Social capital, income inequality, and firearm violent crime”, en Social Science & Medicine, vol. 47 (julio de 1998), 7-17; LaFree, G., “A summary and review of crossnational comparative studies of homicide”, en Smith, M. D. y Zahn, M. A. (eds.), Homicide: A sourcebook of social research (Thousand Oaks, California: Sage, 1999), 125-145.

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condenas privativas de libertad poseen una precariedad de vida que antecede su paso por la cárcel, y muchas veces su involucramiento delictual: pobreza, abandono parental, fragilidad y resquebrajamiento familiar, victimización, abuso de drogas y alcohol, transición temprana a roles adultos. Cada uno de estos elementos ha sido vinculado en la literatura internacional con un aumento en las probabilidades de involucrarse en algún delito. Hablamos de una población altamente marginada, marginalidad que se puede trazar desde los primeros años de la infancia. Un 30% reporta haber experimentado el divorcio de sus padres siendo menores de 10 años, también un 30% señala haber estado expuesto a violencia entre sus padres siendo menor, y más de un 35%, haber tenido familiares cercanos con problemas de alcohol en esa etapa. El 27% de los internos de la Región Metropolitana declara haber estado en Sename como medida de protección de derechos, lo que una vez más da cuenta de la vulnerabilidad familiar experimentada en la niñez y adolescencia. Casi un 30% de los internos reporta haber vivido en la calle antes de cumplir 18 años, porcentaje que es algo mayor entre los hombres. La cifra es alta si pensamos que en el segundo catastro de personas en situación de calle en el país se da cuenta de 5.700 personas que viven en esta condición en la Región Metropolitana, con solo un 20% correspondiendo a menores de 18 años46. Este

factor también está directamente vinculado con la realidad disfuncional de las familias: individuos que reportan divorcio de sus padres a temprana edad, haber visto violencia entre sus padres, haber tenido familiares cercanos con problemas de alcohol o drogas y haber estado en Sename como medida de protección de derechos tienen probabilidades significativamente mayores de haber vivido en la calle. Aunque en números agregados, solo un 2% reporta haber sido víctima de abuso sexual o violación antes de los 16 años, el porcentaje difiere enormemente por género: 14% de las mujeres privadas de libertad en la Región Metropolitana señalan haber sufrido abuso sexual siendo menores de edad. La cifra es consistente con resultados descriptivos de otros países que también dan cuenta de la mayor probabilidad que tienen las mujeres

46 Ministerio de Desarrollo Social, “En Chile Todos Contamos. Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle” (2012).

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presas de haber sido víctimas de delitos sexuales en comparación tanto con los hombres presos como con mujeres en la población general47. En la misma línea, la evidencia internacional da cuenta de la superposición que existe entre delincuencia y victimización48, es decir, del hecho de que

quienes se involucran en la comisión de un delito tienen también mayores probabilidades de ser víctimas de un delito. Ahora bien, recientes avances en la teoría criminológica feminista también dan cuenta del rol que puede jugar la experiencia de victimización en el inicio delictual, particularmente, en el caso de las mujeres49. Si bien ambos géneros presentan un patrón de involucramiento que la literatura ha llamado “de la calle”50 —y que caracteriza a individuos que habiendo experimentado abuso, maltrato y negligencia parental, abandonaron su hogar siendo menores, insertándose en redes delictuales y que hoy presentan altos niveles de marginalidad y un amplio prontuario de antecedentes penales—, solo las mujeres exhiben un patrón en que el involucramiento delictual es consecuencia de la victimización de su pareja, involucramiento que por tanto se inicia en edades adultas51. Por tanto, si bien hombres y mujeres parecieran compartir experiencias de abuso y negligencia parental siendo menores, las mujeres tienen mayores probabilidades de seguir experimentando victimización dentro de la familia a lo largo de la vida, y parecieran tener mayores probabilidades de involucrarse en la comisión de un delito como consecuencia de estas experiencias. No es solo la caracterización de una infancia cargada de dificultades y precariedad, la población penal se caracteriza también por tener una infancia 47 Lindquist, Christine H. et al., “Prisoner reentry experiences of adult females: Characteristics, service receipt, and outcomes of participants in the SVORI multi-site evaluation”, Departamento de Justicia de EE. UU. (2009). 48 Lauritsen, J. L., y J. H Laub, “Understanding the link between victimization and offending: new reflections on an old idea”, en Crime Prevention Studies, vol. 22 (2007), 55-76. 49 Daly, Kathleen, “Women’s pathways to felony court: Feminist theories of lawbreaking and problems of representation”, en Southern California Review of Law and Women’s Studies, vol. 11 (1992), 11-52; Simpson, Sally S., Jennifer L. Yahner y Laura Dugan, “Understanding women’s pathways to jail: Analyzing the lives of incarcerated women”, en Australian & New Zealand Journal of Criminology, vol. 41, nº 1 (2008), 84-108. 50 Daly, “Women’s pathways to felony court…”. 51 Ibid., Simpson, Yahner y Dugan, “Understanding women’s pathways to jail…”.

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corta y por su pronta transición a roles adultos. El abandono del hogar y la deserción escolar se relacionan con ello. Pero, además, del 75% que reporta tener hijos, el 42% declara haber sido padre o madre por primera vez a los 18 años o antes. La cifra es más extrema en el caso de las mujeres: del casi 90% que tiene hijos, 66% tuvo a su primer hijo a los 18 años o antes. Lo que en la criminología del desarrollo se ha llamado transiciones precoces —aquellas transiciones que ocurren fuera del rango de vida normativo52— han sido

relacionadas en la literatura con mayores probabilidades de involucramiento delictual y con una extensión de la carrera criminal53, pero además con una serie de consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, como desempleo, pobreza e inestabilidad familiar. En el caso particular del embarazo adolescente, ser padres a temprana edad estaría asociado con mayores niveles de estrés económico y conflicto de pareja54, lo que a su vez debilita las ya escasas herramientas parentales, aumentando las probabilidades de comportamiento problemático en los hijos55. Esta no es la única vía en que la realidad de los padres puede afectar el comportamiento de los hijos. El 52% de los internos en la Región Metropolitana reporta haber tenido un familiar cercano preso. De ellos, casi el 60% experimentó este evento por primera vez antes de los 15 años56. La literatura apunta a una serie de consecuencias negativas que esta experiencia puede tener para los hijos: aumento en la marginalidad económica por la pérdida de uno —a veces el único— de los sostenedores del hogar, problemas de 52 Elder Jr., Glen H., “Time, human agency, and social change: perspectives on the life course”, en Social Psychology Quarterly, vol. 57, nº1 (1994), 4-15.

53 Thornberry, Terence P., “Explaining multiple patterns of offending across the life course and across generations”, en The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 602, nº 1 (2005), 156-95; Carbone-Lopez, Kristin, y Jody Miller, “Precocious role entry as a mediating factor in women’s methamphetamine use: Implications for life-course and pathways research”, en Criminology, vol. 50, nº1 (2012), 187-220. 54 Conger, Rand D. et al., “Economic pressure in African American families: a replication and extension of the family stress model”, en Developmental Psychology, vol. 38, nº 2 (2002), 179-93. 55 Thornberry, Terence P. et al., “Linked lives: the intergenerational transmission of antisocial behavior”, en Journal of Abnormal Child Psychology, vol. 31, nº 2 (2003), 171-84. 56 Aun cuando la encuesta no preguntó por número de veces, es esperable que un alto porcentaje haya experimentado más de una vez el encarcelamiento de un familiar, dadas las altas tasas de reincidencia (Morales et al., 2012).

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salud mental, aumento de probabilidades de deserción escolar, inestabilidad residencial, e incluso problemas de comportamiento como abuso de drogas e involucramiento delictual57. Aun cuando estos niños parecieran haber estado expuestos a riesgos similares incluso antes que sus padres fuesen encarcelados, la evidencia mostraría que, en promedio, la experiencia genera un aumento en esta marginalidad, punto al que se volverá más adelante. Finalmente, respecto al involucramiento delictual, 36% de los internos reporta haber estado en el Sename por infracción de ley, lo que da cuenta de un inicio temprano en el delito. De hecho, el 50% de los hombres reporta haber cometido su primer delito a los 14 años, y en el caso de las mujeres el 50% se habría iniciado ya a los 18 años58. Consistente con la evidencia

internacional59, las mujeres presentan en promedio edades de inicio más tardías y una proporción mayor de individuos que se inician siendo mayores de edad. Además, un 54% declara haber estado en la cárcel al menos una vez antes de la actual condena. En cuanto al tipo de delitos, la mayor proporción de personas privadas de libertad en la Región Metropolitana lo están por delitos contra la propiedad (casi el 70% en 2010), una parte de los cuales no son violentos (el 50% declara no haber portado arma en el momento del delito). En el caso de las mujeres, sin embargo, el 50% está condenada por delitos contra la ley de drogas (es solo el 15% en el caso de los hombres), lo que incluye personas presas por microtráfico. Más allá de los datos agregados, es interesante destacar que lo que aparece en estos datos es consistente con la distribución de roles en 57 Murray, J., D. P. Farrington e I. Sekol, “Children’s antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: a systematic review and metaanalysis”, en Psychological Bulletin, vol. 138, nº 2 (2012), 175-210; Wakefield, S. y C. Wildeman, Children of the Prison Boom: Mass Incarceration and the Future of American Inequality (Nueva York: Oxford University Press, 2013). 58 Entre los delitos considerados en la encuesta: cometer hurto o robar a una persona o en algún lugar sin necesidad de ocupar la fuerza; entrar a la fuerza a algún lugar no habitado para robar algo; entrar a la fuerza a algún lugar habitado para robar algo; robar un auto (o artículos de su interior); asaltar o robarle a alguien amenazándolo o usando la fuerza; agredir sexualmente a alguien; matar o asesinar a alguien; traficar o vender drogas; lesionar gravemente a alguien. 59 Block, Carolyn et al., “Long-term patterns of offending in women”, en Feminist Criminology, vol. 5, nº 1 (2010), 73-107.

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el mercado de la droga, que ha sido reportada en la evidencia internacional: contrario a la creencia popular de que el mercado de drogas ha otorgado a las mujeres mayores oportunidades para la generación de ingresos, pareciera ser que también en estos delitos se reproducen las inequidades de género presentes en la sociedad60. Mientras los hombres acceden a posiciones de

mayor responsabilidad y por ende mayor ganancia en el mercado ilegal61, las mujeres son recluidas a posiciones menores, en general en directo contacto con el consumidor y con menor rentabilidad que sus contrapartes masculinas62. En nuestros datos, del total de mujeres condenadas por delitos de drogas, poco más del 50% reporta haber vendido por papelillo, frente a solo un 23% de los hombres privados de libertad presos por delitos de drogas. Esto no solo implica menores ganancias, sino además estar expuestas a mayores riesgos de violencia y victimización, y a mayores probabilidades de ser detenidas y por tanto condenadas a penas privativas de libertad. Como se muestra en la tabla nº 2, la población penal también se caracteriza por su alta prevalencia de consumo de drogas, que excede significativamente las prevalencias de vida de la población general. Más de la mitad de los internos declara haber consumido pasta base alguna vez en la vida, porcentaje que es 11 veces mayor que el reportado en la población general. El 67% reporta haber consumido cocaína y el 83%, marihuana alguna vez en la vida. Además, casi un 50% declara haber consumido pasta base y/o cocaína el mes anterior al ingreso a la cárcel y el 51%, marihuana, lo que da cuenta de continuidad en el consumo. El inicio temprano en el consumo de drogas ha sido relacionado en la literatura con una serie de efectos negativos de mediano y largo plazo, como mayores probabilidades de desarrollar dependencia y abuso de sustancias, de deserción escolar, depresión y comportamiento delictual63. 60 Maher, Lisa, Sexed Work: Gender, Race, and Resistance in a Brooklyn Drug Market (Nueva York: Clarendon Press, 1997). 61 Levitt, Stephen D. y Sudhir A. Venkatesh, “An economic analysis of a drug-selling gang’s finances”, en The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, nº 3 (2000), 755-789. 62 Maher, Sexed Work. 63 Odgers, Candice L. et al., “Is it important to prevent early exposure to drugs and alcohol among adolescents?”, en Psychological Science, vol. 19, nº 10 (2008), 1.037-1.044; Henry, Kimberly L. y David H. Huizinga, “Truancy’s effect on the onset of drug use among urban adolescents

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Entre quienes declaran haber consumido marihuana al menos una vez, el 73% declara haberlo hecho por primera vez antes de los 15 años. Los porcentajes son de 46% y 44% para cocaína y pasta base, respectivamente. Esto contrasta nuevamente con los datos que se pueden obtener del estudio en población general de Conace: de quienes declaran haber consumido la droga, el 26% dice haberlo hecho por primera vez antes de los 15 años en marihuana, el 9% en cocaína y el 16% en pasta base64. Los resultados son consistentes también con

la mayor proporción de la población que puede ser clasificada con consumo problemático a partir de la escala de dependencia de DSM-IV65. Tabla nº 2: Consumo de drogas alguna vez en la vida, población penal 2010 y población general 2008* Edad

Población general 20081

Casen 2011 zona urbana

Marihuana

40,7

82,6

Pasta base

5,1

57,3

Cocaína

12,5

67,2

Inhalables

2,6

34,7

Chicota

0,0

44,0

* Solo individuos de la Región Metropolitana, entre 18 y 40 años de edad. 1 Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población General, Conace, 2008.

En relación con el consumo de drogas, es interesante notar cómo las diferencias de género que existen en la población general disminuyen hasta casi desaparecer en la población penal. Mientras en población general por cada mujer que declara haber consumido pasta base alguna vez en la vida hay 4 hombres que lo han hecho, la relación en la población penal es solo de 1,3 hombres por cada mujer. Las relaciones son similares para la cocaína, pero menores para la marihuana (1,7 en la población general frente a 1,3 placed at risk”, en The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, vol. 40, nº 4 (2007); Loeber R. y D. P. Farrington, “Young children who commit crime: epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications”, en Development and Psychopathology, vol. 12, nº 4 (2000), 737-62. 64 Los datos de inicio temprano fueron calculados para el total de la muestra nacional entre 18 y 40 años, en ambos casos. 65 Hurtado y Larroulet, “Drug use and self-report validation in chilean prisons”.

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en la población penal66. Quizás aún más interesante, en la declaración de consumo de drogas durante los días previos a la entrevista (dentro de la cárcel), el porcentaje de mujeres que declara haber consumido pasta base y el que declara consumo de cocaína excede significativamente al porcentaje de hombres que declara consumo en ambas drogas67. Por tanto, se puede

concluir que la mujer privada de libertad tiene un consumo de drogas relativamente mayor que su par masculino, resultado que es consistente con la evidencia en otros países68. La literatura internacional ha asociado el consumo de drogas en mujeres con las situaciones de adversidad y/o frustración que experimentan, argumentando que mientras los hombres tienden al delito como forma de enfrentar situaciones adversas, las mujeres tenderían en mayor medida al consumo de drogas69. Por ejemplo, el estudio cualitativo de Carbone-Lopez y Miller da cuenta de mujeres que se inician en el consumo de metanfetamina como una forma de sobrellevar las dificultades económicas y emocionales de la crianza de sus hijos como madres adolescentes70. Ahora bien, independiente del mecanismo que pueda explicar esta diferencia, el relativamente mayor consumo es una señal más de las “múltiples marcas de vulnerabilidad”71 que la literatura ha señalado presentan las mujeres privadas de libertad. La evidencia norteamericana muestra que las mujeres en prisión tienen mayores probabilidades de reportar consumo de drogas, enfermedades mentales o haber vivido en situación de calle el mes previo a ingresar a la cárcel72, una realidad que pareciera ser similar en el caso chileno. 66 Datos para el total de la muestra nacional entre 18 y 40 años. Los de población general fueron calculados a partir del Estudio Nacional de Drogas de Conace en 2008. 67 Hurtado y Larroulet, “Drug use and self-report validation in chilean prisons”. 68 Mumola, C. J., Incarcerated parents and their children (Washington D. C.: Bureau of Justice Statistics, 2000). 69 Broidy, Lisa, y Robert Agnew, “Gender and crime: a general strain theory perspective”, en Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 34, nº 3 (1997), 275-306. 70 Carbone-Lopez y Miller, “Precocious role entry as a mediating factor in women’s methamphetamine use...”. 71 Wildeman, Christopher, y Kristin Turney, “Positive, negative, or null? The effects of maternal incarceration on children’s behavioral problems”, en Demography, vol. 51 (2014), 1.041-1.068. 72 Mumola, Incarcerated parents and their children.

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En resumen, los datos presentados dan cuenta de las condiciones de marginalidad que caracterizan a quienes cumplen condenas privativas de libertad, y en incluso mayor medida a las mujeres en esta situación. Ahora bien, como se ha señalado, la cárcel pareciera no solo concentrar a las personas con menos recursos, menos capital social, más problemas sociales y mayor vulnerabilidad, sino a la vez incrementar estas condiciones de marginalidad. Es esta evidencia la que se presenta a continuación.

ii. La cárcel y la producción de marginalidad La necesidad de investigar las consecuencias no deseadas del encarcelamiento se hace más evidente y factible a partir del aumento en la población penal experimentado por Estados Unidos a partir de los años setenta, lo que la literatura llama la era de la encarcelación masiva (mass incarceration). Si bien es cierto que la cárcel está llamada a ser una institución de reinserción social y podría presentar una oportunidad única para contrapesar las desventajas con que vienen quienes la habitan, lo cierto es que hay poca evidencia de que este haya sido el caso73. Aun cuando se ofrece nivelación de estudios, cierta capacitación laboral y programas vocacionales, estas ofertas son limitadas y exentas de una intervención integral que dé cuenta del problema multidimensional del delito. En cambio, lo que la evidencia muestra es la serie de barreras a la reinserción que enfrentan quienes salen de la cárcel, barreras que han sido consideradas como “castigos invisibles” que exceden a la sentencia por medio de la cual “se pagó” la deuda con la sociedad74. Si bien la lista es larga —pérdida de derechos civiles, problemas de salud en el mediano y largo plazo, acceso a vivienda—, me concentraré en tres de las áreas que, a mi parecer, han mostrado tener un vínculo claro tanto con la inserción en el mundo delictual como con el desistimiento del mismo: el efecto de la cárcel en el trabajo, la familia y la comunidad o barrio donde se habita. Si bien es cierto que el empleo y el delito no son dos actividades 73 Wakefield y Uggen, “Incarceration and stratification”. 74 Travis, Jeremy, But They All Come Back: Facing the Challenges of Prisoner Reentry (Washington D. C.: The Urban Institute Press, 2005).

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contradictorias, y que una gran parte de quienes cometen delito lo hacen al mismo tiempo que mantienen un empleo legal —formal o informal—75, la literatura ha relacionado el estar empleado con mayores probabilidades de desistir del delito76. El trabajo, particularmente un trabajo estable y de calidad,

no solo da un ingreso mensual, sino además pone al individuo en contacto con pares convencionales, entrega una rutina diaria que consume gran parte del día, disminuyendo el tiempo para involucrarse en actividades delictivas, provee mecanismos de control social y permite el desarrollo de una identidad prosocial77. La evidencia muestra que la cárcel reduce aún más las perspectivas laborales, en una población que ya ingresa, como reflejan los datos presentados, con bajos niveles de educación y pocas herramientas laborales. Esta reducción podría deberse a tres tipos de mecanismos: selección, transformación o estigma78. Por la primera se entiende que quienes van a la cárcel poseen de antemano características que disminuyen sus posibilidades de encontrar trabajo: bajo nivel educacional, altos niveles de enfermedades mentales y abuso de drogas, inestabilidad laboral. A pesar de que los datos muestran que esto es cierto, el estudio experimental hecho por Pager que asignó aleatoriamente antecedentes criminales a los currículos de un grupo de postulantes ficticios, blancos y negros, da cuenta que el efecto de los antecedentes va más allá de las características individuales preexistentes. En su estudio, el 34% de los blancos sin antecedentes fueron llamados por el empleador frente a un 17% de los blancos con antecedentes. El caso es más 75 Nguyen, Holly, “One foot in, one foot out: Towards understanding the legal and illegal work overlap”. Tesis para optar al doctorado en Criminología y Justicia Criminal, Universidad de Maryland, Estados Unidos (2015). 76 Uggen, Christopher, “Work as a turning point in the life course of criminals: A duration model of age, employment, and recidivism”, en American Sociological Review, vol. 65 (2000), 529-546; Laub, J. H. y R. J. Sampson, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70 (Cambridge: Harvard University Press, 2003); Arriagada, Isabel, “Cesación delictiva en adolescentes infractores de ley”. Tesis para optar al grado de magíster en Sociología, P. Universidad Católica de Chile (2015), con datos chilenos. 77 Laub y Sampson, Shared Beginnings, Divergent Lives... 78 Pager, Devah, Marked: Race, Crime, and F inding Work in an Era of Mass Incarceration (Chicago: University Chicago Press, 2009).

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dramático para los afroamericanos y muestra la intersección entre el problema de la discriminación racial y la discriminación fruto de los antecedentes criminales: de los negros sin y con antecedentes solo un 14% y un 5% fueron llamados, respectivamente79. Otro mecanismo sería la transformación: la

cárcel cambia a quienes la experimentan, haciéndolos menos atractivos como empleados, al generar no solo una discontinuidad en la historia de empleabilidad, sino además fortalecer aptitudes que, siendo necesarias para sobrevivir al tiempo en prisión, no son necesariamente valoradas en el mundo del trabajo. Por ejemplo, una discusión pendiente en la materia es el proceso de infantilización que se experimenta en el mundo penitenciario, que va asociado a la imposibilidad en los internos de tomar mínimas decisiones del día a día, desde la hora de levantada hasta dónde y con quién se trabajará80, lo que no solo no promueve el desarrollo de la responsabilidad individual, sino que no se condice con las necesidades del mundo laboral en el exterior. Finalmente, el haber estado en prisión se transforma per se en un estigma que genera barreras en el mundo del trabajo, independientemente de las actitudes y el comportamiento de quienes salen en libertad. El trabajo de Pager evidencia estas barreras, al igual que un estudio reciente de características similares realizado por Uggen, que muestra cómo el tener un antecedente de arresto, aun sin haber sido condenado, afecta las posibilidades de empleo futuras81, en un efecto que además perdura largamente en el tiempo82. A pesar de que las unidades penales en Chile ofrecen cursos de capacitación y empleo, el acceso a estos varía enormemente según zona geográfica y género83. Además, como se señala en el informe sobre el trabajo penitenciario 79 Pager, “The mark of a criminal record”, en American Journal of Sociology, vol. 108, nº 5 (2003), 937–975. 80 Petersilia, J., When Prisoners Come Home. Parole and Prisoner Reentry (Nueva York: Oxford University Press, 2003). 81 Uggen, Christopher, et al., “The edge of stigma: An experimental audit of the effects of lowlevel criminal records on employment”, en Criminology, vol. 52, nº 4 (2014), 627-54. 82 Blumstein, Alfred, y Kiminori Nakamura, “Redemption in the Presence of Widespread Criminal Background Checks”, en Criminology, vol. 47, nº 2 (2009), 327-59. 83 Cárdenas, Ana, Trabajo Penitenciario en Chile. Universidad Diego Portales-ICSO, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Ministerio de Justicia de Chile (2010).

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en Chile realizado por Cárdenas, la gran mayoría de las capacitaciones laborales apuntan al sector industrial de la economía, y no al de servicios, que es hoy en día más dinámico, y en muchas ocasiones las capacitaciones ofrecidas no se condicen con la realidad del mercado laboral a la que podrán acceder en libertad. Esta realidad pareciera ser especialmente cierta en el caso de las mujeres, que no solo experimentan menores oportunidades de capacitación, sino que acceden a labores y oficios apegados a roles tradicionales (costura, manipulación de alimentos) que son de poca rentabilidad futura, un hecho preocupante dada la alta proporción de ellas que declara ser sostenedoras de su hogar84.

Quienes cumplen condenas en prisión no son individuos socialmente aislados, sino imbuidos en redes sociales —familia, vecindario—, redes que a su vez se ven afectadas por la acción del sistema de justicia85. Como se señaló, casi un 90% de las personas privadas de libertad en Santiago tienen al menos un hijo, y aunque un porcentaje menor declara haberse casado (26% en nuestros datos), sabemos que son muchos quienes mantienen relaciones de convivencia estable hasta que ingresan en prisión. La evidencia ha mostrado cómo el encarcelamiento debilita a las familias, aumentando la probabilidad de divorcio86 y dificultando la formación de familias biparentales, no solo porque la persona con antecedentes penales sería menos “atractiva” como esposo/esposa dada su inestable proyección laboral (Edin, 2000), sino también a través del imbalance de género presente en comunidades con altas tasas de encarcelamiento. En un estudio reciente publicado en The New York Times, Wolfers y sus colegas hablan de 1,5 millones de hombres afroamericanos “perdidos” en Estados Unidos: por cada 100 mujeres negras en libertad, hay solo 83 hombres negros en libertad87. La diferencia —1,5 84 Ibid. 85 Comfort, Megan, Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison (Chicago: University of Chicago Press, 2008). 86 Siennick, Sonja E., Eric A. Stewart y Jeremy Staff, “Explaining the association between incarceration and divorce”, en Criminology, vol. 52, nº 3 (2014), 371-98. 87 Wolfers, Justin, David Leonhardt y Kevin, Quealy, “1.5 Million Missing Black Men”, en The New York Times, 20 de abril de 2015, http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/upshot/ missing-black-men.html.

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millones— están “perdidos”, por muerte temprana (muchas veces asociadas a delito) o por estar en prisión. Esto genera a nivel agregado un mayor número de familias uniparentales, lo que ha sido vinculado en la literatura con menores probabilidades de movilidad social tanto para los niños de esas familias como para niños de familias biparentales que viven en áreas con alta concentración de familias uniparentales88.

Pero además el encarcelamiento tiene evidentemente consecuencias negativas en los hijos de quienes son condenados a prisión. Como algunos autores han planteado, la política de ser duros contra el delito se ha traducido en una política de ser duro con los niños89, un problema que hasta hace poco era invisible para la sociedad, pero que se ha convertido en los últimos años en un trending topic en la academia y las políticas públicas. A pesar de que el encarcelamiento de un padre o madre puede en ciertos casos beneficiar a un niño —particularmente en casos de padres abusivos90—, la evidencia más reciente y seria muestra que el encarcelamiento parental genera problemas de ajuste en los niños y adolescentes91, aumentando las probabilidades de depresión y problemas de salud mental92, bajo desempeño y mayores niveles de deserción escolar93, abuso de sustancias94, comportamiento agresivo95

88 Chetty, Raj et al., “Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States”, en The Quarterly Journal of Economics, vol. 129, nº 4 (2014), 1.553-1.623. 89 Phillips, S. y Bloom, B., “In whose best interest? The impact of changing public policy on relatives caring for children with incarcerated parents”, en Child Welfare, vol. 77 (1998), 531-541. 90 Hagan, John y R. Dinovitzer, “Collateral consequences of imprisonment for children, communities, and prisoners”, en Prisons, Crime and Justice, vol. 26 (Chicago: Chicago University Press, 1999), 121-162. 91 Murray, Joseph, Rolf Loeber y Dustin Pardini, “Parental involvement in the Criminal Justice System and the development of youth theft, marijuana use, depression, and poor academic performance”, en Criminology, vol. 50, nº 1 (2012), 255-302. 92 Wakefield, Sara y Christopher Wildeman, “Mass imprisonment and racial disparities in childhood behavioral problems”, en Criminology and Public Policy, vol. 10, nº 3 (2011), 793–817. 93 Cho, Rosa M., “Understanding the mechanism behind maternal imprisonment and adolescent school dropout”, en Family Relations, vol. 60, nº 3 (2011), 272–89. 94 Murray, Loeber y Pardini, “Parental involvement in the Criminal Justice System and the development of youth theft, marijuana use, depression, and poor academic performance”. 95 Wildeman, C., “Paternal incarceration and children’s physically aggressive behaviors: Evidence from the fragile families and child wellbeing study”, en Social Forces, vol. 89, nº 1

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e involucramiento delictual96. Lo interesante es que no solo los niños que residían con sus padres en el momento del encarcelamiento parecieran verse afectados: aunque el efecto es más fuerte para aquellos que vivían con su padre, sigue siendo negativo para quienes no vivían con ellos previo al encarcelamiento97, lo que apunta a un efecto que no es solo debido a la

separación. La literatura también ha planteado que el encarcelamiento materno sería más perjudicial para los niños, debido principalmente al hecho de que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres vivía con sus hijos antes de ser detenidas, y en muchos casos en hogares uniparentales. Sin embargo, la evidencia al respecto es contradictoria y limitada metodológicamente, con estudios que muestran un efecto negativo y significativo98 y otros que muestan un efecto agregado nulo99, que puede ser atribuido al alto perfil de riesgo que presentan las mujeres privadas de libertad. El estudio de los efectos negativos del encarcelamiento materno fue el objetivo de la investigación realizada por Valenzuela y su equipo en Chile100. Con una muestra representativa de madres privadas de libertad en la Región Metropolitana, los resultados dan cuenta de la alta vulnerabilidad en que quedan los hijos de las madres privadas de libertad. Dado el alto porcentaje de hijos que vivían con sus madres y sin padre biológico presente, el 70% de ellos queda al cuidado de una tercera persona, en general los abuelos u otros (2010), 285-310. 96 Huebner, Beth M. y Regan Gustafson, “The effect of maternal incarceration on adult offspring involvement in the criminal justice system”, en Journal of Criminal Justice, vol. 35, nº 3 (2007), 283-96; Murray, Loeber y Pardini, “Parental involvement in the Criminal Justice System and the development of youth theft, marijuana use, depression, and poor academic performance”. 97 Geller, Amanda, et al., “Beyond absenteeism: Father incarceration and child development”, en Demography, vol. 49, nº 1 (2012), 49-76. 98 Huebner y Gustafson, “The effect of maternal incarceration on adult offspring involvement in the criminal justice system”. 99 Wildeman, Christopher, y Kristin Turney, “Positive, negative, or null? The effects of maternal incarceration on children’s behavioral problems”, en Demography, vol. 51 (2014), 1.041-1.068. 100 Valenzuela, Eduardo, Ximena Marcazzolo, Ana María Stuven, Pilar Larroulet y Sefania Simonetti, “Impacto social de la prisión femenina en Chile”, en Pontificia Universidad Católica de Chile, Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2012, (2012), 293-321.

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familiares, al momento en que la madre es detenida. Además, los autores señalan que al comparar las declaraciones de ingreso de las madres previo al encarcelamiento con las de los custodios que cuidan actualmente a sus hijos, se percibe que en el 38% de los casos los menores viven en hogares más vulnerables101. Aunque el estudio es transversal y no da cuenta de un efecto

causal, las madres reportan una serie de problemas de desajuste escolar y familiar de sus hijos que ellas atribuyen a su encarcelamiento. Ahora bien, los resultados también señalan el alto perfil de riesgo que presenta un porcentaje de estas mujeres. El 35% de ellas reconoce consumo abusivo de pasta base y/o cocaína, lo que los autores plantean podría estar asociado con una parentalidad negligente. Además, el 43% declara haber tenido una condena privativa de libertad anterior, reforzando la necesidad de analizar las consecuencias del encarcelamiento como un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, donde los niños son expuestos a continuos ciclos de encarcelamiento y reinserción, más que como un momento único en el tiempo, como ha sido planteado por algunos autores102. El rol que los padres juegan en el involucramiento delictual está detrás de al menos dos de las principales teorías del delito. Las teorías del aprendizaje social plantean que los padres pueden afectar las probabilidades de que sus hijos se involucren en comportamiento desviado directamente a través de la transmisión de valores favorables a la violación de la ley103, o indirectamente a través de la interacción diaria padre-hijo que, dada la falta de herramientas parentales adecuadas, promueve el uso de comportamiento coercitivo como vía de solución de conflictos e interacción social104. En contraste, la teoría del control social apunta al rol supervisor de los padres —tanto directo como 101 Ibid. 102 Braman, Donald, y Jenifer Wood, “From one generation to the next: How criminal sanctions are reshaping family life in urban America”, en Travis, Jeremy y Michael Waul (eds.), Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities (Washington D. C.: Urban Institute Press, 2003), 157-88. 103 Giordano, P. C., Legacies of Crime: A Follow-up of the Children of Highly Delinquent Girls and Boys (Nueva York: Cambridge University Press, 2010). 104 Patterson, Gerald R., John B. Reid y Thomas J. Dishion, Antisocial Boys (Eugene, Oregón: Castalia Pub. Co., 1992).

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indirecto a través del vínculo afectivo— en la prevención del delito105. Lo cierto es que, independiente de la teoría, la evidencia empírica confirma la relevancia del vínculo afectivo, la supervisión parental y la exposición a una disciplina consistente y receptiva en la prevención del delito de sus hijos106. Aun cuando quienes cumplen penas privativas de libertad poseen

menos herramientas para ejercer una parentalidad efectiva incluso antes de ingresar a la cárcel —probablemente como consecuencia de su propia experiencia con padres agresivos y abuso físico y sexual—107, la cárcel no hace más que extremar esta debilidad: la pérdida de contacto diario entre padres e hijos, las visitas infrecuentes en contextos no necesariamente adecuados para menores y la falta de oportunidades tanto económicas como de capital humano para contribuir al desarrollo de los niños108 pueden implicar un efecto en los hijos que se extiende más allá del período mismo de encarcelamiento. Finalmente, la cárcel también puede aumentar la marginalidad de las comunidades donde regresan las personas que salen en libertad. Al igual que las tasas de delito, el encarcelamiento se concentra de manera clara en ciertos barrios109, barrios a su vez caracterizados por altos niveles de pobreza y marginalidad. Si bien la delincuencia en esas áreas puede verse reducida en el corto plazo a través de la incapacitación de quienes cometen delito, lo cierto es que prácticamente todas las personas que van a la cárcel salen de ella —muchas veces en un continuo ciclo de encarcelamiento y libertad— y

105 Hirschi, Causes of Delinquency. 106 Leve, Leslie D. et al., “Multidimensional Treatment Foster Care as an intervention for juvenile justice girls in out-of-home care”, 2012; Olds, David, Peggy Hill y Elissa Rumsey, “Prenatal and early childhood nurse home visitation”, en Juvenile Justice Bulletin, Departamento de Justicia de EE. UU. (1998); Valenzuela, Eduardo, “Padres involucrados y uso de drogas: un análisis empírico”, en Estudios Públicos, nº 101 (2006), 147-164, para datos en Chile 107 Eddy, J. Mark y John B. Reid, “The adolescent children of incarcerated parents: A developmental perspective”, en Travis, Jeremy y Michelle Waul (eds.), Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Reentry on Children, Families, and Communities, 233-58. 108 Travis, But They All Come Back... 109 Clear, Todd R., Imprisoning Communities: How Mass Incarceration Makes Disadvantaged Neighborhoods Worse (Nueva York: Oxford University Press, 2007).

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en su gran mayoría vuelven al mismo lugar donde vivían anteriormente110. Vuelven a comunidades con altas tasas de desempleo teniendo aún menores probabilidades de encontrar trabajo que antes de ingresar en prisión. Vuelven a comunidades caracterizadas por un alto número de mujeres jefas de hogar, pero sin aportar al número de familias biparentales. Vuelven a comunidades con baja participación cívica, pero sin tener derecho a voto para modificar esa realidad. Todo esto altera profundamente la vida de esos barrios y comunidades, debilitando el control social informal, particularmente por medio de las familias, que se ven limitadas en su capacidad de supervisión de sus propios hijos y los de otros y en su disponibilidad para involucrarse en asuntos de la comunidad. Los ex-presos traen además consigo el estigma de haber estado en la cárcel, estigma que se extiende al mayoritario grupo de ciudadanos no involucrados en el mundo delictual que viven en esos mismos barrios. Ellos también se pueden ver afectados por este estigma, tanto por la desconfianza de la sociedad convencional que utiliza el lugar donde habitan como “señal” de características individuales como por un potencial aumento en los niveles de control policial que puede llevar a un incremento en las probabilidades de ser detenido independientemente del involucramiento delictual111. La

evidencia también señala que las condiciones de marginalidad112 y las altas tasas de encarcelamiento113 en ciertos barrios pueden generar un proceso de creciente desconfianza en la ley y en el sistema de justicia entre las personas que los habitan, lo que ha sido asociado con mayores niveles de delito a nivel agregado114. 110 Petersilia, When Prisoners Come Home. Parole and Prisoner Reentry.

111 Sampson, “Effects of socioeconomic context on official reaction to juvenile delinquency”; Lin, Tai “Alcances y limitaciones de la intervención física para la recuperación de barrios violentos. El caso de Legua Emergencia”, VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, Paz Ciudadana (2014), 70-91, con datos cualitativos relativos a la Legua Emergencia en Santiago. 112 Sampson, Robert J. y Dawn Jeglum Bartusch, “Legal cynicism and (subcultural?) tolerance of deviance: The neighborhood context of racial differences”, en Law & Society Review, vol. 32, nº 4 (1998), 777-804. 113 Sampson, Robert J., y Charles Loeffler, “Punishment’s place: The local concentration of mass incarceration”, en Daedalus, vol. 139, nº 3 (2010), 20-31. 114 Kirk, David, y Andrew V. Papachristos, “Cultural mechanisms and the persistence of

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Sampson y Loeffler analizan datos de Chicago y muestran cómo la tasa de encarcelamiento responde tanto a la tasa de delitos como al nivel de vulnerabilidad (concentración de desventajas) de los distintos barrios115. Ahora bien, barrios altamente desaventajados experimentan tasas de encarcelamiento hasta tres veces mayores que otras comunidades con tasas de delito similares. Más aún, la tasa de encarcelamiento en un período de tiempo (1990-1995) predice el nivel de concentración de vulnerabilidad futura (2000) incluso al controlar por tasas de delito, dando cuenta una vez más de esta dualidad de causa y selección que vemos en la relación cárcel-marginalidad, esta vez a nivel agregado: mientras comunidades más vulnerables tienen mayores tasas de encarcelamiento (selección), las tasas de encarcelamiento profundizan la preexistente concentración de desventajas (siempre controlando por tasas de delito).

iii. La solución que genera un problema En una reciente columna escrita en The Washington Post, Michael Gerson responde a la pregunta sobre si el encarcelamiento ha traído orden y seguridad a las comunidades más vulnerables con un concepto tomado de la medicina: iatrogenia. El concepto se refiere a la enfermedad causada por la intervención médica, es decir, a “un intento de cura que se convierte en una complicación”116. La cárcel y en general la idea del castigo en la ley penal tiene como objetivo responder al problema de la inseguridad y disminuir el número de delitos, y puede hacerlo por medio de la incapacitación de delincuentes activos, por la disuasión de potenciales delincuentes que deciden no cometer delito ante el riesgo de castigo (disuasión general), o por cambios en la trayectoria delictual de quienes fueron castigados bajo la premisa de que la experiencia de la cárcel los haría menos propicios a cometer nuevos delitos para evitar volver a experimentar el castigo (disuasión específica). La evidencia norteamericana neighborhood violence”, en American Journal of Sociology, vol. 116 (2011), 1190-1233. 115 Sampson y Loeffler, “Punishment’s place...”. 116 Gerson, Michael, “Politicians must get bolder about treating America’s urban problems”, en The Washington Post, 4 de mayo de 2015.

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señala que el aumento de la población penal a partir de los años setenta trajo consigo una disminución en las tasas de delito117, y atribuye gran parte de esta disminución a la incapacitación118. Sin embargo, la evidencia también muestra que el retorno en disminución de delito decrece a medida que la población penal aumenta119, lo que puede

ser explicado por el hecho de que el aumento de la población penal en general está asociado a un castigo menos selectivo, que implica el encarcelamiento de personas menos involucradas en el mundo delictual y condenadas por delitos menos serios. Por otro lado, siendo la incapacitación el principal medio, esta solo tiene un efecto temporal en el tiempo (mientras se está en prisión). En contraste, la evidencia es negativa para la prevención específica: quienes cumplen condenas privativas de libertad reinciden en porcentajes mayores que quienes cumplen condenas en medio libre, algo que también ocurre en el caso chileno120. Esta diferencia no es solo atribuible a un problema de selección. La literatura reciente que controla por diferencias en involucramiento delictual muestra o bien que el efecto de la cárcel en reincidencia es nulo121, o que es positivo —aumenta la reincidencia—, particularmente para personas sin antecedentes penales previos y con menor involucramiento delictual122. Este efecto criminógeno de la prisión puede ser atribuido directamente a un aprendizaje ocurrido por medio de la experiencia carcelaria y el contacto con pares desviados en ella, bajo la premisa de que las cárceles constituyen

117 Levitt, Steven D., “Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not”, en Journal of Economic Perspectives, vol. 18, nº 1 (2004), 163-190. 118 Paternoster, Raymond, “How much do we really know about criminal deterrence?”, en The Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 100, nº 3 (2010), 765-824. 119 Raphael, Steven y Stoll, Michael A., “A new approach to reducing incarceration while maintaining low rates of crime”, The Hamilton Project, documento de debate 2014-03 (2014). 120 Morales, Ana María, Nicolás Muñoz, Gherman Welsch y Jorge Fábrega, La Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno (Santiago: Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibáñez, 2012). 121 Loughran, Thomas A., et al., “Estimating a dose-response relationship between length of stay and future recidivism in serious juvenile offenders”, en Criminology, vol. 47, nº 3 (2009), 699-740. 122 Nieuwbeerta, Paul, Daniel S. Nagin, y Arjan A. J. Blokland, “Assessing the impact of first-time imprisonment on offenders’ subsequent criminal career development: A matched samples comparison”, en Journal of Quantitative Criminology, vol. 25 (2009), 227-257.

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“escuelas del delito” que cuenta con cierta evidencia empírica reciente123. Pero también la cárcel aumenta la reincidencia indirectamente al aumentar las barreras para la reinserción en el mundo convencional y disminuir así las probabilidades de desistir del delito. Esto es lo que sostienen Sampson y Laub con su idea de “acumulación de desventajas”: el encarcelamiento genera un debilitamiento en los vínculos con las instituciones de la sociedad convencional —familia, escuela, trabajo—, lo que a su vez aumenta el riesgo de involucrarse nuevamente en delito, extendiendo las trayectorias delictuales y dando cuenta de la continuidad del comportamiento delictual124. El resultado de este proceso depende además, dicen los autores,

de la posición que el individuo tenga en la estructura social: en sectores más vulnerables, las desventajas se acumulan de manera más rápida, generando lo que llaman trampas del entorno (environmental traps), que explicarían la persistente acumulación del delito y de otros problemas sociales en ciertos grupos de la sociedad. La evidencia relativa a las consecuencias colaterales del encarcelamiento confirma esta aproximación, sustentando la hipótesis de que más allá de las desventajas preexistentes, la cárcel como medio de castigo establece barreras a la reinserción social por medio del debilitamiento de las familias y los vínculos parentales, la reproducción y concentración de la marginalidad y generación de un mayor aislamiento de ciertos grupos de la sociedad convencional. Todos estos, factores que dificultan la deserción del delito y aumentan las probabilidades de involucramiento delictual en las mismas comunidades. En resumen, plantear la cárcel como la solución al delito es desconocer los enormes costos asociados a esta solución y ser ciegos a los problemas de fondo que causan el mal que queremos controlar. De ahí la respuesta de Gerson ante el uso de la cárcel como medio de control del delito: es iatrogénica. A pesar de que puede dar una solución al delito en el corto plazo, 123 Nguyen, Holly, “One foot in, one foot out: Towards understanding the legal and illegal work overlap”. Tesis para optar al doctorado en Criminología y Justicia Criminal, Universidad de Maryland, Estados Unidos (2015). 124 Laub, J. H. y R. J. Sampson, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70 (Cambridge: Harvard University Press, 2003).

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necesitamos tener en cuenta los altos costos del encarcelamiento para los individuos y para la sociedad, que no solo podrían llevar a un aumento en los niveles de delito, sino que llevan claramente a un aumento en la inequidad en un país que ya se caracteriza por sus altos niveles de desigualdad.

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El allegamiento o la proximidad invisible

Aportes etnográficos al estudio del espacio doméstico en contexto de pobreza urbana en Chile. Consuelo Araos Bralic1

“No tenía padre ni madre, solo su sombra” (huayno quechua) José María Arguedas, Los ríos profundos

Introducción. Marginalidad y allegamiento: el estudio de la dimensión espacial de la vida doméstica en Chile La marginalidad ha sido una de las perspectivas privilegiadas con las que las ciencias sociales han descrito y explicado la pobreza urbana en la América Latina contemporánea. Si bien no es el objetivo de este artículo sintetizar la evolución y las múltiples revisiones críticas que esta tradición ha tenido desde su emergencia en la década de 19402, ni sus diferencias específicas con respecto a otras descripciones (como la underclass anglosajona o la exclusion europeo-continental3), me interesa subrayar dos elementos relevantes para este artículo. Primero, el énfasis que esta perspectiva le ha otorgado a la dimensión espacial en la configuración de la pobreza urbana, bajo la 1

Profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ph. D. (c) en Sociología en la Escuela Normal Superior de París. Agradezco a Techo Chile y a Fundación Vivienda por facilitarme el acceso a una parte importante de los casos de estudio mencionados en este artículo. Agradezco también a Conicyt e ISUC por el soporte financiero e institucional de esta investigación.

2

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orientación del clásico esquema centro/periferia. El término marginalidad ha servido tradicionalmente para designar el correlato geográfico de la posición de ciertos grupos de la población que reproducen, en la escala local de la organización urbana, la posición dependiente de la región en la economía capitalista en la escala global4. Dicho en términos más actuales, la noción de

marginalidad resulta útil para indicar al mismo tiempo la posición social de ciertos grupos caracterizados por desventajas o exclusiones acumuladas5 y su posición geográficamente segregada —generalmente periférica— con respecto a los servicios urbanos6. Segundo, la centralidad que la perspectiva de la marginalidad les ha otorgado a las redes de sociabilidad doméstica, las que han sido formalizadas en términos de “estrategias familiares de sobrevivencia”7. Las estrategias de sobrevivencia constituyen la otra cara de la marginalidad, es decir, se trata de dos conceptos complementarios. En condiciones de privación material estructural y multidimensional, los individuos hacen uso del único recurso disponible: las redes de parentesco y de amistad entre conocidos, las cuales posibilitan formas de intercambio y ayuda recíproca8. Ambos elementos constitutivos de la perspectiva de la marginalidad convergen en uno de sus objetos de estudio privilegiados: la distribución residencial de los miembros de un grupo de parentesco dado o morfología residencial familiar. Uno de los ejemplos clásicos de ello se encuentra en el 4 Adler Lomnitz, Larissa, Networks and Marginality. Life in a Mexican Shantytown (Nueva York: Academic Press, 1977); Quijano, Aníbal, “Redefinición de la dependencia y proceso de marginalización en América Latina”, en Weffort, Francisco y Aníbal Quijano (eds.), Populismo, marginalización y dependencia (San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1973), 171-329. 5

Luhmann, Niklas, “Inclusión y exclusión”, en Beriain, Josetxo y José María García Blanco (eds.), Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia (Madrid: Editorial Trotta, 1998), 167-195.

6 González de la Rocha, Mercedes, “De los ‘recursos de la pobreza’ a la ‘pobreza de recursos’ y a las ‘desventajas acumuladas’”, en Latin American Research Review, vol. 39, nº 1 (2004), 192-95. 7 Wallace, Claire, “Household strategies: Their conceptual relevance and analytical scope in social research”, en Sociology, vol. 36, nº 2 (2002), 275-292; Schmink, Marianne, “Household Economic Strategies: Review and research agenda”, en Latin American Research Review, vol. 19, nº 3 (enero de 1984), 87-101; Adler Lomnitz, Larissa, Cómo sobreviven los marginados (México: Siglo XXI, 1975).

8

Adler Lomnitz, Networks and Marginality, 3.

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libro Cómo sobreviven los marginados, de Larissa Adler Lomnitz, publicado en 19759. A través de la etnografía de una población de la periferia de la ciudad de México, Adler describió el modo predominante de organización familiar que tenía lugar allí en los términos de una cercanía residencial estrecha entre unidades familiares emparentadas por vínculos consanguíneos o de compadrazgo. Esta “unidad doméstica de tipo complejo” constituía para la autora el centro neurálgico de la producción de una red más amplia “de ayuda recíproca fundada sobre la reciprocidad” entre parientes y vecinos. En contextos de marginalidad estructural, esta red es descrita como un “mecanismo socioeconómico” que vendría a substituir los múltiples déficits en acceso a bienes, servicios y seguridad, “resolviendo positivamente el problema de la adaptación a un medio urbano hostil”10. Desde aquí, morfologías

familiares y residenciales observadas en contextos de marginalidad urbana son atribuidas a las estrategias de adaptación que forman parte de las redes más amplias de ayuda mutua que garantizan la sobrevivencia. Fuertemente influenciada por esta tradición del estudio de la marginalidad en América Latina, la investigación chilena sobre las morfologías residenciales familiares de los pobres urbanos se ha articulado en torno al estudio de lo que localmente se ha denominado “allegamiento”11. En Chile se utiliza una acepción particular de la palabra española “allegar”

9 Esta obra fue publicada más tarde en inglés: Adler Lomnitz, Networks and Marginality. 10 Adler Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, 27-28. 11 Ver, entre otros: Arriagada, Camilo, Ana María Icaza y Alfredo Rodríguez, “Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago”, en Temas Sociales. Boletín del Programa de pobreza y políticas sociales de SUR, nº 25 (1999); Espinoza, Vicente y Ana María Icaza, “Hogares y allegados en el área metropolitana de Santiago. Análisis de los datos de la encuesta Casen 1987” (SUR, 1991); Mayol, María Soledad, “El fenómeno de los allegados: una forma de marginalidad urbana. Estudio de caso: comuna de Estación Central” (Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, 1988); Mercado, Olga, “Allegamiento: operacionalización del concepto y características relevantes”, en Allegados: Caracterización y propuestas para una política de vivienda (Santiago: Cepal, 1993); Necochea, Andrés, “Los allegados: una estrategia de supervivencia solidaria en vivienda”, en EURE, vol. 13, nº 39-40 (1987), 85-99; Saborido, María Soledad, “El allegamiento: una forma de habitar popular” (Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos. Documento de trabajo n˚ 148, 1985); Santa María, Ignacio, “Los allegados: ¿Una catástrofe ambiental inevitable?”, en EURE, vol. 15, nº 44 (1988), 79-86.

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(“recoger, juntar”; “arrimar o acercar algo a otra cosa”12) para designar a aquellos individuos que son transitoriamente acogidos en la casa de parientes o conocidos (“allegados”)13. Si en el lenguaje común este uso de la palabra existe también en otros países de la región, solamente en Chile ha sido adoptado por el lenguaje técnico de las políticas habitacionales y de las ciencias sociales aplicadas. En la década de 1980, en medio de una crisis aguda del déficit habitacional urbano14, la definición de allegamiento fue

formalmente conceptualizada y operacionalizada, siendo hasta hoy utilizada transversalmente por policy-makers e investigadores. Estos han adoptado la definición de allegamiento como “la estrategia utilizada por los hogares y núcleos familiares para solucionar la falta de vivienda, compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo”15. Desde 1990, las medidas estandarizadas de allegamiento han sido sistemáticamente incluidas en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de los hogares (Casen)16 con el fin de estimar el déficit habitacional. Desde entonces, este concepto de allegamiento y sus indicadores han sido incorporados por defecto en los estudios sobre morfologías residenciales familiares, tanto cuantitativos como cualitativos. Con ello, la investigación chilena en la materia ha estado subordinada a las prioridades y lógicas de la política habitacional, lo cual conlleva al menos tres limitaciones. La primera limitación está relacionada con la escala residencial y la unidad de análisis usada para observar la proximidad residencial entre familias emparentadas. El estudio del allegamiento ha sido reducido a la escala del domicilio o la corresidencia, con lo cual se ha descuidado la observación de las morfologías y prácticas de proximidad familiar que sobrepasan los límites de la vivienda o 12 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22da edición, 2012, www.rae.es. 13 Academia Chilena de la Lengua, Diccionario de uso del español de Chile (DUECh) (Santiago: MN Editorial, 2010); Morales, Félix, Nuevo diccionario ejemplificado de chilenismos y de otros usos diferenciales del español de Chile (Valparaíso: Puntángeles, 2006). 14 Sagredo, Rafael y Cristián Gazmuri, Historia de la vida privada en Chile 3: El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días (Santiago: Taurus, 2013). 15 Ver http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_vivienda.php (último acceso: 4 de enero de 2016). 16 Ver http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_obj.php (último acceso: 4 de enero de 2016).

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del sitio. La segunda limitación es el sesgo economicista de esta perspectiva. Se ha sobreestimado el rol de las condiciones materiales desfavorables (déficits socioeconómicos) y la lógica de racionalidad de maximización económica (estrategias de sobrevivencia), desestimando el rol de las normas y prácticas del parentesco para explicar la búsqueda de proximidad residencial familiar. La tercera limitación es que, sobre la base de una oposición entre familia nuclear y familia extendida, el allegamiento ha sido frecuentemente cargado de una connotación moralmente negativa, como una morfología residencial que obstruye el desarrollo adecuado del modelo ideal de la familia nuclear. Con ello, se ha desatendido el estudio de las interdependencias residenciales y relacionales entre familia nuclear y extendida. En síntesis, se ha generalizado el prejuicio de que la búsqueda de proximidad residencial estrecha entre los miembros de un grupo extendido del parentesco sería un affaire de las familias pobres: una estrategia de sobrevivencia frente las condiciones de privación material. En este artículo me propongo sistematizar una serie de ideas e hipótesis en torno al estudio de la proximidad residencial familiar en Santiago, las cuales buscan orientar un programa de investigación que pueda sobrepasar estas tres limitaciones del enfoque predominante sobre el allegamiento. Estas ideas han ido emergiendo a lo largo de etapas sucesivas de investigación etnográfica, cuyos primeros trabajos de campo fueron realizados en 2006 y los últimos recientemente en 2015, en el contexto de mi tesis doctoral17. Hasta la fecha, mi trabajo de campo suma más de cuarenta casos de estudio, cada uno de los cuales reconstruye la morfología residencial de los miembros de un grupo de descendencia de al menos tres generaciones (lo que incluye miembros consanguíneos y por alianza). 17 Las etapas de trabajo de campo fueron realizadas en 2006-2007, 2013, 2014 y 2015. Algunos de los resultados preliminares han sido sistematizados en dos tesis de máster: Araos, Consuelo, “La puissance du rapprochement: Corésidence intergénérationnelle au sein des familles aisées à Santiago du Chili” (máster, Escuela Normal Superior de París, 2013); Araos, Consuelo, “La tensión entre conyugalidad y filiación en la génesis empírica del allegamiento. Estudio cualitativo comparado entre familias pobres de Santiago de Chile” (máster, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008).

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Para este artículo considero solamente los casos de estudio que, de acuerdo a criterios bastante generales, pueden ser clasificados en principio como familias pobres o que, habiendo conocido una movilidad ascendente reciente, han experimentado la condición de pobreza durante el ciclo de vida familiar18. Este subgrupo comprende una veintena de casos, a los cuales

en las páginas que siguen haré referencia explícita, y con fines solamente ilustrativos, a un número restringido de entre ellos. Por medio del análisis aún en curso de estos datos, planteo tres ideas que buscan discutir la identificación existente entre allegamiento y marginalidad, y las limitaciones recién señaladas que subyacen a esta perspectiva. La primera idea (sección II) tiene que ver con la unidad de análisis a partir de la cual se observa el allegamiento, donde propongo pasar de la unidad estrecha de la corresidencia a la unidad más laxa de “configuraciones residenciales familiares”. Este paso implica ampliar la observación de la corresidencia hacia las prácticas de casi-corresidencia entre miembros de un grupo de filiación, las cuales se articulan para configurar unidades complejas de proximidad residencial. Desde aquí, es posible crear tipologías destinadas a la comparación de las morfologías de proximidad residencial en contextos socioeconómicos o socioculturales diversos, así como vincular el estudio cualitativo y cuantitativo del fenómeno. El segundo planteamiento (sección III) tiene que ver con la perspectiva explicativa del allegamiento, donde propongo pasar del modelo económico de estrategias de sobrevivencia a un modelo sociocultural de “estilos de domesticidad”. Este último resulta de la consideración de tres dimensiones interactuantes: el parentesco, la residencia común y la subsistencia material cotidiana19. Entre las familias de mi estudio pude observar transversalmente un estilo de domesticidad constituido por 18 Desde el punto de vista de la selección de casos de acuerdo a su condición socioeconómica, seguí una estrategia orientada por las zonas de residencia de las familias. Así, las familias pobres de mi estudio residían en poblaciones o campamentos ubicados en las siguientes comunas: Peñalolén (2006, 2006, 2014, 2015), Conchalí (2007), La Pintana, Lampa, Macul y Puente Alto (2015). 19 Bender, Donald R., “A refinement of the concept of household: Families, co-residence, and domestic functions”, en American Anthropologist, New Series, vol. 69, nº 5 (octubre de 1967), 493-504.

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tres rasgos: hiperfiliación (parentesco), copresencia (residencia) y dependencia intergeneracional (subsistencia). Por último (sección IV), discuto la manera en que se ha buscado intervenir en la realidad (considerada como problemática) del allegamiento, y propongo pasar del modelo de la solución residencial al modelo del “horizonte de posibilidades residenciales”. Con ello, pongo en cuestión la idea de que la proximidad residencial familiar es una característica exclusiva de los pobres, una morfología residencial poco deseable, obligada por las circunstancias deficitarias. En cambio, planteo que los individuos, dentro de las restricciones y oportunidades relativas a su contexto, “juegan” con las posibilidades que tienen a la mano en la búsqueda por concretizar las morfologías residenciales familiares valorizadas y deseadas.

i. Observar el allegamiento: de la corresidencia a la configuración residencial de proximidad La estandarización de un set de indicadores cuantitativos para medir el allegamiento fijó la escala de observación de la proximidad residencial familiar en los límites (administrativos) del domicilio. Esta reducción del allegamiento a la corresidencia ha dominado los estudios cuantitativos y cualitativos en la materia y condicionó también mi aproximación inicial al fenómeno. Sin embargo, ya los primeros resultados de mi trabajo de campo revelaron una serie de prácticas cotidianas similares a las que posibilita la corresidencia, pero que tenían lugar entre parientes que residían en domicilios distintos. Esto es lo que, siguiendo la línea de ciertos autores europeos, llamo prácticas de “casi-corresidencia”20.

20 La terminología presente en la literatura internacional para señalar las prácticas de casicorresidencia es variada: “fussion of households”, en Willmott, Peter y Michael Young, Family and Kinship in East London (Routledge and Kegan Paul, 1957); “intimité à distance”, en Weber, Florence, Le sang, le nom, le quotidien: Une sociologie de la parenté pratique (París: Aux lieux d’être, 2005), y Attias-Donfut, Claudine y Sylvie Renaut, “Vieillir avec ses enfants. Corésidence de toujours et recohabitation”, en Communications, vol. 59 (1994), 29-53; “famille-entourage locale”, en Bonvalet, Catherine, “La famille-entourage locale”, en Population, vol. 58, nº 1 (2003), 9-43; “quasi-cohabitation”, en Pfirsch, Thomas, “Proximité familiale et organisation résidentielle de la parentèle dans les élites d’une ville d’Europe du Sud. L’exemple de Naples”, en Journal of Urban Research, nº edición especial 1 (2009).

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En 2006 entrevisté a Patricia Gómez21 (50 años) y a sus dos hijas (23 y 36 años). Patricia era propietaria de una vivienda de dos pisos, ubicada en una población de Peñalolén. Hace treinta años, ella y su exmarido (padre de sus tres hijos mayores) adquirieron el sitio a través de una ocupación irregular o “toma”, cuya propiedad pudieron regularizar posteriormente. Separada tardíamente, Patricia se había vuelto a emparejar hace casi una década, instalándose (vía arriendo) junto con su nuevo cónyuge y los dos hijos de su nueva unión en la vivienda contigua a la suya. Sus dos hijas mayores y su exmarido se mantuvieron en la casa original. Sobre esta situación, Olga, la hija mayor (36 años), relata: Mi mamá tiene otra pareja con dos chiquititos, que viven acá al lado de nosotros, entonces compartimos mucho con ellos, y mi mamá está siempre cerca, pasa aquí en la casa.

La estrecha proximidad entre ambas residencias les permitió mantener una interacción cotidiana entre madre e hijas, pudiendo Patricia continuar ejerciendo, aunque con ciertas restricciones, su antiguo estatus de dueña de casa, a pesar de haber partido. En sus palabras: Yo vengo a tomar el desayuno todos los días con mis hijas y hoy día ellas me invitaron a almorzar, pero no hay ningún día que deje de venir. Yo estoy siempre al tanto de lo que pasa aquí, no puedo dejar de venir [...] cuando hay un problema, la única que lo soluciona soy yo, todo recae sobre mí.

Se observa así la configuración de un grupo familiar de casi-corresidencia entre las dos familias de descendencia de Patricia, en la cual esta última ocupa la posición central. Instalándose en una vivienda próxima, Patricia pudo en cierta medida amortiguar los efectos disruptivos de su separación conyugal sobre la morfología residencial preexistente. Hijos pequeños y nietos de Patricia forman parte de una misma unidad práctica de residencia, junto con sus dos hijas mayores, sus yernos y sus dos parejas sucesivas. Este

21 Con el objetivo de asegurar el anonimato de los participantes de mi estudio aquí mencionados, todos los nombres propios han sido reemplazados por nombres ficticios.

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tipo de configuración está definida por las prácticas cotidianas de interacción cara-a-cara entre parientes próximos, resultando invisible para las categorías estándares de clasificación basadas en las nociones de hogar y la corresidencia y cuya reconstrucción requiere de una aproximación etnográfica. Entre mis casos de estudio, esta “de-cohabitación a proximidad” suele darse más frecuentemente por medio de la partida y reinstalación de los hijos o nietos (de-cohabitación descendente), que de los padres o abuelos (de-cohabitación ascendente). Un ejemplo de ello es el caso de Cristina Campos (30 años), a quien entrevisté también en Lo Hermida el año 2007. Cristina había logrado acceder a una vivienda social en Peñalolén a través de un comité de allegados, luego de haber vivido varios años con su madre: Yo tengo dos niños, pero mi hijo mayor se quedó donde mi mamá cuando yo me vine para acá […]. Fue porque él no quiso venirse. Él se había acostumbrado con mi mamá. Ella lo crió, pero él viene a pasar todos los fines de semana con nosotros.

Esta cita es ilustrativa de otra forma recurrente de casi-corresidencia: uno o varios de los nietos permanecen viviendo con sus abuelos (todos o algunos días de la semana) una vez que los padres se van. Tales prácticas que podríamos definir como de “doble filiación”, entre otras múltiples formas de circulación e intercambio cotidiano entre las familias, explican en buena parte la preferencia de las personas por las alternativas de decohabitación a proximidad (“mientras más cerca, mejor”) y, cuando estas no están disponibles, el rechazo o la indiferencia con respecto a las ofertas para acceder a la vivienda social22. El pasaje relativamente fluido entre corresidencia y casi-corresidencia puede operar en las dos direcciones, lo cual implica que los procesos de de-cohabitación sean flexibles e incluso frecuentemente reversibles. Pero ello solo puede captarse una vez que se modifica la unidad de análisis del allegamiento. Así, lo que observado desde la escala del domicilio podría parecer un proceso de nuclearización (residencial) de la familia saliente (y, 22 Retomo esta cuestión más adelante, en la discusión final (sección IV).

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por lo tanto, como término del allegamiento), desde una escala espacial más laxa se muestra como una reorganización relativa de la estructura familiar y las interacciones del allegamiento, de forma que la lógica de la proximidad residencial sigue operando. La observación de las constantes idas y venidas entre corresidencia y casi-corresidencia, así como de las morfologías que combinan ambas modalidades dentro de un mismo grupo de parentesco cercano, permite cuestionar la visión dualista que, tanto en el campo de las políticas habitacionales como en el de la investigación, opone la familia nuclear a la familia extendida23. En contextos de pobreza urbana como los

que he podido observar, la corresidencia es solo un elemento parcial, quizás el más inmediatamente visible y problemático, del fenómeno más amplio y complejo de la proximidad residencial familiar, que envuelve también prácticas de casi-corresidencia dentro del grupo de parentesco cercano. La pregunta que surge aquí entonces es cuál sería la unidad de análisis más satisfactoria para aprehender el fenómeno de allegamiento en la variedad y el dinamismo de sus morfologías posibles. Intentando responder a esta pregunta, tomo el concepto de “configuración residencial familiar”24 que algunos autores han desarrollado para estudiar, en otros contextos, la proximidad residencial familiar. De acuerdo con Thomas Pfirsch, el concepto de configuración residencial expresa que: la inscripción residencial y la movilidad residencial de un individuo sufren la influencia de la localización residencial de los otros miembros de su familia y de su movilidad, y no pueden por lo tanto ser comprendidos sin referencia a la constelación de los lugares familiares en la cual se inscriben25.

23 Esta crítica ha sido planteada por otros autores, para otros contextos. Ver, por ejemplo: Bonvalet, “La famille-entourage locale”, en Population, vol. 58, nº 1 (2003), 9-43; Woortmann, Klaas, “Casa e família operária”, en Anuário Antropológico, vol. 80 (1980), 119-150. 24 Así, por ejemplo, la noción de “configuración de casas”: Motta, Eugênia, “Houses and economy in the favela”, en Vibrant, vol. 11, nº 1 (2014), 118-158; Marcelin, Louis Herns, “A linguagem da casa entre os negros no Recôncavo Baiano”, en Mana, vol. 5, nº 2 (1999), 31-60. 25 Pfirsch, Thomas, “Des territoires familiaux dans la ville. Classes supérieures, relations familiales et espace urbain à Naples” (Defensa de tesis doctoral en la Universidad de París Nanterre, 2008), 205, traducción libre del francés.

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Pensar el allegamiento desde una perspectiva “configuracional”, como propone Pfirsch, implica entonces que sus límites no pueden ser trazados por una decisión a priori del investigador —que por lo demás es forzosamente arbitraria: la vivienda o el sitio, la cuadra, etc.—, sino que debe ser una delimitación que tome en cuenta las prácticas relacionales y los criterios de observación de los individuos y grupos domésticos estudiados. El concepto de configuración residencial familiar permite así describir el hecho de que ciertas familias emparentadas mantienen recíprocamente una distancia espacial mínima, la cual no es definida en primer lugar por una medida geográfica dada, sino por una medida relacional: las prácticas cotidianas de interacción cara-a-cara. Con ello, se trata de capturar la dimensión experiencial de tal proximidad, puesto que se trata de parientes que no solo viven cerca, sino que viven juntos, es decir, configuran una suerte de unidad residencial compleja. Partiendo entonces de la idea de configuración residencial familiar — definida antes por las prácticas relacionales de la residencia común cotidiana que por una escala espacial dada—, es posible considerar como “equivalentes” (en el sentido de respuestas alternativas a un problema similar) un amplio rango de morfologías residenciales que la literatura ha considerado, al menos en Chile, como totalmente heterogéneas y, por lo tanto, no comparables. Por ejemplo, varias familias emparentadas que viven en el mismo domicilio; en domicilios adyacentes pero separados; en domicilios no adyacentes e incluso separados por algunos kilómetros; o diversas combinaciones entre estas posibilidades. Metodológicamente, esto puede ser formalizado en los términos de una tipología de configuraciones de proximidad residencial26. Una tipología que pueda servir a la comparación —y comprensión— entre las formas que toma la proximidad residencial en contextos socioeconómicos, históricos o culturales diferentes, así como a la articulación entre la investigación cualitativa y cuantitativa.

26 En trabajos previos he propuesto versiones preliminares de esta tipología: Araos, “La puissance du rapprochement: Corésidence intergénérationnelle au sein des familles aisées à Santiago du Chili”. Una versión más acabada de ella está en proceso de elaboración en el marco de mi tesis de doctorado.

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ii. De las estrategias de sobrevivencias a los estilos de domesticidad: hiperfiliación, co-presencia y dependencia intergeneracional Los modelos explicativos del allegamiento en Chile han estado fuertemente influenciados por la perspectiva de estrategias de sobrevivencia27. Esta última propone que bajo contextos estructurales de déficit socioeconómico, los individuos desarrollarían estilos sui generis de organización doméstica como estrategia para aprovechar de forma intensiva los recursos disponibles en las redes de parientes y de conocidos. Las amplias y fuertemente integradas redes dentro del parentesco extendido, los mecanismos de ocupación ilegal del territorio y de autoconstrucción de las viviendas, así como la organización de una economía informal sobre la base de la reciprocidad entre conocidos han sido considerados desde aquí como formas “racionales”28 de resistencia y de compensación frente a las deficientes oportunidades de inclusión social de ciertos sectores de la población. El ámbito doméstico ha sido así designado como “el escenario primario de sobrevivencia”29. Frente a la realidad de las desventajas acumuladas30 resulta tentador atribuir a las prácticas de corresidencia una función meramente

27 Según Wallace, las primeras utilizaciones de la noción de household strategies se encuentran en investigaciones realizadas en América Latina y África que buscaban comprender los comportamientos económicos de los pobres urbanos, especialmente en contextos de economía informal: Wallace, “Household strategies”; Schmink, por su parte, señala que en América Latina el concepto de family survive strategies fue utilizado por primera vez en 1973 en un estudio realizado por Duke y Pastrana sobre familias pobres de una zona periférica en Santiago de Chile. Según la autora, la investigación bajo esta perspectiva fue estimulada por el Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en América Latina (Pispal) a partir de 1978: Schmink, “Household Economic Strategies”. 28 De Soto, Hernando, El otro sendero: La revolución informal (Lima: El Barranco, 1986); Portes, Alejandro, “Rationality in the slum: An essay on interpretive sociology”, en Comparative Studies in Society and History, vol. 14, nº 3 (1972), 268-86; Adler Lomnitz, Cómo Sobreviven Los Marginados. 29 González de la Rocha et al., “From the marginality of the 1960s to the ‘new poverty’ of today: A LARR Research Forum”, 92. 30 González de la Rocha, “De los ‘recursos de la pobreza’ a la ‘pobreza de recursos’ y a las ‘desventajas acumuladas’”; Paugam, Serge, “Les formes contemporaines de la pauvreté et de l’exclusion en Europe”, en Etudes Rurales, vol. 3, nº 159-160 (2001), 73-95.

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compensatoria en el ámbito doméstico respecto de las carencias en los ámbitos no domésticos de la vida social. Esta lectura permite observar el hecho innegable de que el ámbito doméstico constituye un ámbito basal de inclusión social de los individuos. Como una suerte de colchón altamente resistente a la decepción de las expectativas (como, por ejemplo, no tener empleo, no terminar la educación escolar, desarrollar conductas normativamente desviadas, entre otras), el ámbito doméstico garantiza en la gran mayoría de los casos un ámbito de inclusión en un contexto social altamente excluyente31. En este sentido, el ámbito doméstico constituye

efectivamente un escenario primario de sobrevivencia y mis observaciones de campo lo confirman ampliamente. Sin embargo, estas observaciones permiten cuestionar la reducción del ámbito de la domesticidad al estatus de resultado secundario (o “epifenómeno”32) de la realidad social no doméstica. La idea del allegamiento como respuesta ad hoc a los déficits socioeconómicos supone que la morfología residencial de las familias pobres es ante todo el correlato espacial de las presiones y restricciones socioambientales de las mismas. Mirado desde el punto de vista de las preferencias (entendidas como expectativas individuales socioculturalmente estructuradas), el allegamiento sería entonces apenas la realización de un modo de hacer familia no deseado y forzado por las circunstancias extrafamiliares. Lo que he podido observar, en cambio, es una interacción compleja entre tales presiones socioambientales y el campo de las operaciones internas de la sociabilidad doméstica. Este último ha sido clásicamente identificado como el ámbito de la vida social que emerge en el cruce de tres dimensiones: el parentesco, la residencia y la subsistencia material33. Mi hipótesis es que el allegamiento, entendido como morfología residencial que posibilita prácticas estables de corresidencia y casi-corresidencia entre individuos emparentados, es también el correlato espacial de preferencias relativas al ámbito de la vida doméstica. Considerando globalmente mis casos de estudio, estas 31 Luhmann, “Inclusión y exclusión”. 32 Bender, “A refinement of the concept of household…”. 33 Ibid., Verdon, Michel, “Shaking off the domestic yoke, or the sociological significance of residence”, en Comparative Studies in Society and History, vol. 22, nº 1 (1980), 109-132.

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preferencias pueden resumirse en un “estilo de la domesticidad” caracterizada por tres rasgos relativos a cada una de las dimensiones que componen esta última: hiperfiliación (dimensión del parentesco), co-presencia (dimensión residencial) y dependencia intergeneracional (dimensión de la subsistencia cotidiana).

Hiperfiliación Desde mis primeras incursiones en el campo de estudio he podido identificar, en el ámbito del parentesco, un rasgo estructurante de la vida doméstica que llamo hiperfiliación34. Aquí, el vínculo filial, en sus múltiples variantes prácticas (que trascienden el criterio estricto de consanguineidad), es experimentado por los individuos como el eje estructurante y, en ciertos casos, totalizante, de la experiencia de hacer familia. La filiación práctica determina lo que “es” la familia, cuándo ella emerge, quiénes son sus miembros, así como lo que estos deben esperar recíprocamente en términos afectivos, morales y económicos. Correlativamente, el vínculo conyugal es poco relevante, frágil y muchas veces considerado como fuente de amenaza a la estabilidad de la vida familiar asentada en la filiación. El caso de Nadia Domínguez es particularmente ilustrativo de este modo de estructurar el parentesco práctico. En julio y agosto de 2015 pude entrevistar en diversas ocasiones a Nadia (39 años), su hermana Paola (38 años) y su madre, Andrea (56 años). Estas tres mujeres vivían, junto con cuatro de los cinco hijos de Nadia, en la casa de Andrea, ubicada en una población de La Pintana. Como salta a la vista en el esquema genealógico presentado en la figura 1, la descripción del grupo de parentesco por parte de mis interlocutoras tiene una lógica marcadamente matrifocal35: el eje estructurante es la línea de 34 En mis trabajos precedentes he utilizado otros términos para designar este fenómeno, tales como “hipertrofia del vínculo filial” o “hipervalorización del vínculo filial”. 35 Ocupo el término “matrifocal” y no “matrilineal”, ya que se trata de una configuración práctica organizada en torno a la figura de la abuela materna, pero que opera sobre un sistema de filiación indiferenciado o bilateral. No se trata así propiamente de un sistema de filiación matrilineal: Loudon Gonzalez, Nancie, “Rethinking the consanguineal household and matrifocality”, en Ethnology, vol. 23, nº 1 (1984), 1-12; Yanagisako, Sylvia Junko, “Women-centered

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filiación que vincula a Nadia con su madre (Andrea) y con su abuela materna (Lidia). En torno a este eje, son incluidos luego los descendientes de estas tres mujeres, es decir, los parientes consanguíneos maternos de Nadia: tíos y tías, primos y primas, (medios) hermanos y (medias) hermanas por parte de madre. En cambio, la línea paterna es apenas visible para cada una de las generaciones incluidas en el esquema36. Figura 1: Esquema genealógico de Nadia Domínguez

1era

Lidia

2da

3era

2

Andrea 1

1era

56 1975-1979 (aprox.)

0

1980-1987 (aprox.)

Paola

Nadia

1era

39

1996-2000 (aprox.)

Kevin

2da

2da

38

3era 1987-2001 (aprox.)

Miguel

Anita

1987-2011 (24)

25

1era

2da

2009-2013 (aprox.)

Jazmín

Eva

16

6

Joseph

Mila

-1 19

5

2

14

8

1

kin networks in urban bilateral kinship”, en American Ethnologist, vol. 4, nº 2 (mayo de 1977), 207-26. 36 Esta asimetría entre el lado materno y el lado paterno del parentesco de Nadia se refuerza con una situación recurrente durante la entrevista: Nadia y su madre se referían espontáneamente a sus respectivas parejas evitando mencionar sus nombres propios, usando expresiones indirectas (“mi pareja”, “el papá de mis hijos”) y a veces cargadas de una connotación negativa (“ese hombre”, “este roto”).

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Desde el punto de vista de la conyugalidad, el patrón se repite sistemáticamente para cada una de estas mujeres. A pesar de tener hijos de cada unión sucesiva, las relaciones conyugales son de corta duración y prácticamente no han conocido la cohabitación conyugal. Los pocos períodos de cohabitación conyugal fueron esporádicos y muy conflictivos. Como lo ilustran las palabras de Nadia: Cuando quedé embarazada de mi hijo mayor, yo contenta [...] le digo que estaba embarazada y me dice que él estaba contento, así de malas ganas, y después un día salí y ya no lo encontré. Y volvió cuando ya tenía ocho meses de embarazo [...] eran como cinco casas más allá que me arrendaron una pieza y ahí nos fuimos [...] y después ya [...] quedé embarazada de mi segunda hija, [...] también me dejó. Después volvió cuando ya me iba a mejorarme, le volví a dar otra oportunidad para ver qué resultaba de nuevo [...]. Con los dos hombres que yo he tenido [...] he tenido muy mala experiencia, muy mala [...] fue todo maltrato, golpiza [...] fue todo negro, todo oscuro.

Con respecto a esta figura conyugal masculina casi inexistente (un mero “accidente —o una cadena de incidentes— en la vida de su prole”37) y fuertemente desvalorizada por mis interlocutoras, contrasta la descripción que las mismas hacen del único hombre de la fratría de Nadia, Miguel. Así puede notarse en el relato de Nadia, a propósito del fallecimiento de este último en 2011 en la cárcel, a los 24 años: Todavía llevamos un dolor muy grande, no lo hemos podido superar, porque él era el pilar de la casa, él no estaba con nosotros, él estaba detenido, pero el llamado, ese llamado que nos decía, ‘hermana como estái, cómo están los niños,

37 A modo de pista para posibles extensiones sociohistóricas de esta investigación, llaman la atención las notables similitudes entre esta figura masculina descrita por mujeres que habitan en una población periférica de Santiago en el siglo XXI y la figura histórica del peóngañán. Como lo describiera Gabriel Salazar para el caso de Rosaria Araya, registrado hacia mediados del siglo XIX en Illapel, aquí el padre no es más que “un accidente —o una cadena de incidentes— en la vida de su prole”. Se trata de hombres que, como Mateo Vega, el padre de los hijos de Rosaria, “no formaban familia. Se sentían compelidos, más bien, a ‘andar la tierra’ [...] Apareciendo, desapareciendo”: Salazar, Gabriel, “Ser niño huacho en la historia de Chile (siglo XIX)”, en Proposiciones. Chile historia y bajo pueblo, vol. 19 (1990), 55-83. Ver también: Salazar Orellana, Benito y Gabriel Salazar Vergara, Memorias de un peón-gañán (18921984) (LOM Ediciones, 2008).

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cómo está mi mamá’ [...]. Todos los días, pa’ saber de nosotros, cómo estábamos, qué estábamos haciendo [...]. Me retaba porque los chiquillos estaban enfermos [...]. Él era el único hombre aquí de la casa, el único hombre.

En su posición de hermano y de hijo, Miguel es considerado como el “único hombre de la familia” y “el pilar de la casa”. Es decir, la única figura masculina que ha estado presente incondicionalmente al lado de las mujeres, viviendo con ellas y preocupándose afectivamente de sus sobrinos; su detención y estadía en la cárcel no significó un debilitamiento de ese rol, llamando dos veces al día para saber cómo estaban. En contraste, del punto de vista de la conyugalidad, Miguel no hizo nada diferente a lo que hicieron las respectivas parejas de sus hermanas, de su madre, de su tía o de su abuela. Él tenía una pareja y una hija, con quienes sin embargo nunca convivió. De acuerdo con su madre, Andrea, esta situación replica exactamente la situación que ella vivió con el padre de Miguel: Él era muy buen hombre, muy buen hombre, pero era irresponsable [...]. No quería hacerse cargo de nada. No tenía responsabilidad, hasta el día de hoy po. Si el día de hoy murieron sus papás y él todavía vive ahí, apegado a sus hermanas, tiene mujer, tiene hija, pero él vive en su casa y ella vive en su casa. Así le gusta a él.

El mismo individuo adquiere connotaciones sociales (expectativas, obligaciones y valorizaciones) completamente opuestas en función de su rol como hijo/hermano o cónyuge. Este ejemplo es casi arquetípico de la posición paradójica de los hombres en esta configuración práctica del parentesco38, lo cual es revelador de la primacía estructurante de la filiación. Pero la figura masculina es solo un elemento entre los muchos que configuran esta 38 Esta figura evoca similitudes con diversas figuras clásicas de la antropología del parentesco relativas a sistemas de filiación unilineal, como el tío materno, en el caso de sistemas patrilineales, Lévi-Strauss, Claude, Les structures élémentaires de la parenté (Berlín: Mouton de Gruyter, 2002), y el marido visitante, en el caso de sistemas matrilineales: “Recordemos a los ‘maridos furtivos’ de los menangkabaus, a los ‘esposos visitadores’ de los ashantis o a los ‘cónyuges ausentes’ de los nayares, otros tantos ejemplos que ilustran que la familia puede existir sin que haya vida en común de los padres”, en Burguière, André et al., Historia de la familia I, vol. I (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 74-75.

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praxis del parentesco caracterizada por la hiperfiliación. Mientras el rol de la conyugalidad es aquí reducido al mínimo de la procreación, el de la filiación es altamente redundante. Un buen indicador de esto es la práctica, muy extendida en mis casos de estudio, de llamar “mamá” (o algún término equivalente) a todas o varias de las mujeres adultas que participan cotidianamente de la crianza de niños y jóvenes. Así se aprecia en la conversación siguiente con Nadia: ¿Cómo le dicen tus hijos a tu mamá y a tu hermana? Nadia: Mamá. Somos todas mamás pa’ ellos. A las tres. A la Paola, a mi mamá Andrea y a mí, todos nos dicen mamá. Tienen tres mamás. Nadia: Sí. La Paola ha tenido que criar a la Eva. Porque yo con la depresión que tengo, a mí me iban a quitar a la Eva. Y ella se hizo cargo [...]. Tuve que entregarle la custodia a ella.

La custodia legal de una de las hijas de Nadia le fue asignada a su tía Paola hace algunos años. Sin embargo, ello vino solamente a reforzar una filiación práctica que ya estaba fuertemente afianzada entre tía y sobrina. En las palabras de Paola: A Eva, cuando nació, yo no tenía hijos. Y yo siempre he sido apegá así a los niños. Y yo me quise hacer la mamá de ella. Y como justo la Nadia quedó embarazá del Joseph, yo ahí yo aproveché. Y le dije a la Nadia que yo acaso podía dormir con la niña, si ella estaba aquí mismo po, caso me la prestaba pa’ dormir.

Este caso muestra el profundo anclaje temporal de la experiencia de la hiperfiliación. Aquí, la particular articulación entre el lugar asignado a la filiación y a la conyugalidad, por un lado, y a las figuras masculinas y femeninas, por otro, se repite sistemáticamente a lo largo de cuatro generaciones. Así, la experiencia cotidiana del hacer familia cuenta con una suerte de matriz heredada y aprendida que se ve confirmada y reactualizada por la experiencia.

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Desde aquí, mi hipótesis es que la morfología residencial del allegamiento39 expresa y hace materialmente posible toda una praxis del parentesco, la cual contiene una serie de elementos característicos y fuertemente arraigados en la experiencia heredada. Estos se sintetizan en la hiperfiliación, matriz cultural estructurante de las nuevas experiencias de hacer familia.

Co-presencia La posición central del vínculo de filiación en la estructuración del parentesco no solo se manifiesta en una mayor valoración relativa con respecto al vínculo conyugal. La hiperfiliación condiciona las formas concretas en las que las relaciones familiares se realizan cotidianamente. En mis casos de estudio he observado, por ejemplo, que las relaciones filiales y fraternales, sobre todo respecto de la línea materna, son muy exigentes en términos de proximidad física cotidiana, se trate de relaciones armoniosas o conflictivas40. En contraste, como señalé en el punto anterior, la no cohabitación o la cohabitación intermitente son cómodamente toleradas en lo que respecta a las relaciones conyugales. Se trata así de una marcada valorización de las interacciones cara-a-cara frecuentes, idealmente cotidianas, entre los miembros de un grupo de filiación que puede abarcar tres o cuatro generaciones41.

39 En este caso el allegamiento comprende fundamentalmente la corresidencia intergeneracional que he descrito en el domicilio de Andrea (de la cual también ha sido parte, hasta hace muy poco tiempo, su hija menor, Anita), pero también comprende la casi-corresidencia con los miembros de la familia de origen de Andrea: su madre, su hermana y sobrinos y su hermano. Estos viven todos juntos en el sitio del cual es propietaria la hermana de Andrea, ubicado en el pasaje colindante al de Andrea. 40 Es importante aclarar que la expectativa de co-presencia y las exigencias asociadas dependen mucho menos del grado de armonía o conflictividad de las relaciones que de su cualidad, es decir, del hecho de que se trata de relaciones constitutivas de un grupo de filiación. 41 Adler Lomnitz llamó “gran familia” a este grupo de filiación de tres o más generaciones, el cual constituye para ella la unidad básica de solidaridad familiar en México, de forma transversal a las distintas clases socioeconómicas: Adler Lomnitz, Larissa y Marisol Pérez Lizaur, “La gran familia como unidad básica de solidaridad en México”, en Anuario Jurídico XIII. Primer Congreso Interdisciplinario sobre la Familia Mexicana, 1986, 147-64.

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De acuerdo con Thomas Pfirsch y otros autores42, la “valorización de las interacciones cara-a-cara dentro de la familia y los grupos primarios es una característica estructural de los sistemas de vínculos fuertes”. Se trataría aquí de un modelo cultural familiar reconocible en ciertas regiones del mundo, en especial las mediterráneas o de herencia mediterránea43, el cual constituiría

“una de las causas principales de la proximidad residencial familiar”44. A diferencia de lo que tiende a ser enfatizado por la literatura de estrategias de sobrevivencia, este modo de valorización de los vínculos familiares extendidos no solo se explica por las múltiples formas de ayuda mutua que permite (y que la proximidad residencial facilita considerablemente), sino que se caracteriza también por formas de sociabilidad cotidiana, consideraciones morales y estilos de construcción de la confianza específicos: En las familias estudiadas, a la ayuda material cotidiana aportada por la domesticidad se agrega un apoyo moral intenso aportado por la parentela [...]. La forma de entreayuda más extendida [...] consiste simplemente en ‘acompañarse’ (se tenir compagnie) [...]. Sobre todo, esas visitas y esos contactos cara-a-cara en la familia son buscados y valorizados. [...] Así, se trata menos de la entreayuda material propiamente dicha que este apego más general a un modo de vida fundado en la frecuencia de las interacciones cada a cara en el seno de la parentela45.

Esto queda bien expresado en el relato de Carolina (23 años), una de las hijas de Patricia Gómez, del caso de Peñalolén estudiado en 2006 ya citado: 42 Pfirsch, “Proximité familiale et organisation résidentielle de la parentèle dans les élites d’une ville d’Europe du Sud. L’exemple de Naples”; Reher, David Sven, “Family ties in Western Europe: Persistent contrasts”, en Population and Development Review, vol. 24, nº 2 (1998), 203-234; Höllinger, Franz y Max Haller, “Kinship and social networks in modern societies: A cross-cultural comparison among seven nations”, en European Sociological Review, vol. 6, nº 2 (septiembre de 1990), 103-124. 43 Ver Reher, “Family ties in Western Europe: Persistent contrasts”; Goody, Jack, “Comparing family systems in Europe and Asia: Are there different sets of rules?”, en Population and Development Review, vol. 22, no. 1 (marzo de 1996); Hajnal, John, “Two kinds of preindustrial household formation system”, en Population and Development Review, vol. 8, nº 3 (1982), 449; Adler Lomnitz y Lizaur, “La gran familia como unidad básica de solidaridad en México”. 44 Pfirsch, “Proximité familiale et organisation résidentielle de la parentèle dans les élites d’une ville d’Europe du Sud. L’exemple de Naples”, 5. 45 Ibid., 4-5, traducción libre del francés.

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Yo siempre he dicho, me encantaría vivir sola [...], sería más fácil, yo haría mis cosas, porque de repente te aburres. Pero yo lo analizo y digo, cuando vivamos cada uno en su casa, vamos a echar de menos esta vida, porque es estar con tu papá, con tu hermana, con tu sobrino, y somos una familia en el sentido de […] del día a día, estar cerca, ¿me entiendes? No hay frialdad, yo por ejemplo, puedo retar al hijo de mi hermana, porque ella me conoce a mí, no va a haber frialdad, somos una familia, su hijo es tan mi hijo como lo son los míos, y lo mismo para ella.

Aquí, la ruptura de las condiciones que permiten la co-presencia cotidiana entre los miembros de un grupo de filiación es representada como algo doloroso e incluso sancionado moralmente. Siguiendo con este ejemplo, al casarse, Carolina se instaló en la casa de sus suegros, período que ella relató como extremadamente difícil, por lo que finalmente decidió regresar a la casa de sus padres: Yo me fui y me casé y no me pude encontrar allá, fue muy brusco, y mi mamá me llamaba y nos poníamos a llorar por teléfono entre todos, mis hermanos, yo y ella. La pasé súper mal, así que me devolví nomás. Igual he tenido opciones para irme, pero no.

Por su parte, el hermano mayor de Carolina, Juan, llevó a cabo el proceso exactamente inverso al de su hermana. Inicialmente vivió junto con su mujer y su hijo en la casa de sus padres, pero luego de algunos años partió de ahí para instalarse donde sus suegros. Desde la perspectiva de la mujer de Juan (nuera de Patricia), esta trayectoria es exactamente la misma que la de Carolina: la hija de-cohabitó para integrar la residencia de la familia de origen de su pareja, pero posteriormente retornó donde sus padres. Sin embargo, desde el punto de vista de Carolina (así como de su madre y de su hermana mayor), la partida de Juan es sancionada, lo que revela la expectativa de que este permaneciera en la casa materna: El hijo de mi hermano también era como mi hijo porque nació aquí, yo lo crié, ahora lo siento como lejano, porque se fue. Ahora no hay esa confianza que había cuando ellos vivían acá, con la mujer de mi hermano o con mi hermano, ya no existe, en cambio con mi hermana sí, porque vive aquí, sabemos todo lo que nos pasa, lo que tenemos, lo que no tenemos.

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Antes mostré cómo la preferencia por la filiación se expresaba en una cierta tolerancia a la no cohabitación conyugal. Sin embargo, esta también se hace presente en las situaciones, como la recién citada, donde los hijos o las hijas establecen relaciones de cohabitación conyugal relativamente estables, viéndose enfrentados a la tensión de escoger entre la proximidad residencial con su propia familia de origen o con la de su cónyuge. Esto mismo se puede observar en la hermana menor de Nadia Domínguez, del caso de La Pintana ya descrito. Anita vivió durante varios años en una casa construida por su primera pareja, al fondo del sitio de Andrea, junto con el hijo de ambos. Más tarde, Anita se separó y se volvió a emparejar, conviviendo por varios años en la misma casa con su segundo y actual cónyuge, con quien tuvo una hija. Cuando yo visité a su madre y hermanas, Anita había partido hace aproximadamente un año a vivir con sus suegros, en Renca, llevándose con ella a sus dos hijos. Según Andrea, su yerno “se llevó” a Anita de su casa, debido a los conflictos frecuentes que se suscitaban entre ellos: Y por eso se fueron, porque un día peleamos, porque él como que le pegó a ella. Entonces, se armaban las medias peleas. Un día me metí yo, desgraciadamente me metí y después estaban juntos igual po. De ahí prometí no meterme más, pero de ahí agarró que me quitó al niño y todo. Y un día me gritó, ‘ya, me voy a llevarme a la Anita’, dijo, y yo le dije, ‘llévatela, me da lo mismo’. Así que ahí se la llevó.

Tal como en el caso de Patricia, el foco del problema está puesto en la partida de los nietos y nietas, quienes se asume pertenecen por defecto a la familia materna (como una regla de filiación práctica). Muy frecuentemente, ellos han sido efectivamente criados por abuelas y tías y son considerados por estas como “hijos”. Así, es muy común escuchar a las abuelas reclamar que sus hijos, al partir, les han “quitado” a sus nietos, como reclamando un derecho legítimo sobre ellos46, como bien lo reflejan las palabras de Andrea y Nadia: 46 Así también, en un caso que estudié el año 2007 en una población de Cerrillos, Hilda Castro (45 años) me narró con estas palabras la partida de su nieta, cuando su hija dejó su casa para ir a vivir con su pareja: “Claro, yo tenía a la que tiene la guagüita aquí viviendo, y ella se encontró su pareja y me volvió la espalda, me quitó la niña, cuando yo más necesitaba la niña, ella vino y me la quitó, a mi nietecita, yo la crié de cuando ella la parió y después ella me pegó la puñalada, me la quitó cuando yo más necesitaba a la niña […]. Fue como que me quitó algo

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Andrea: Pero si el niño lo crié yo, hasta los 8 años. Ahí me lo quitaron y se lo llevaron [...]. Ellos vivían aquí con él, pero ellos pasaban saliendo. Entonces, quién lo cuidaba, era yo [...]. Yo lo iba a dejar al colegio, lo iba a buscar, le lavaba la ropa, lo bañaba, le daba su comida, todo. Nadia: Pero preferiría que se viniera mi sobrino con nosotras, pero no lo quiere entregar mi hermana. Andrea: Yo le he dicho todas estas veces. Porque el niño igual sufre allá.

Estas palabras dejan ver que la partida de Anita es experimentada como un hecho reversible, probablemente transitorio, donde la expectativa de que la hija menor regrese a la casa materna o a proximidad se mantiene latente. Ello no solo se manifiesta en las demandas explícitas de parte de Andrea a su hija para que vuelva o al menos “entregue” al nieto, sino también en que la casa de Anita no ha sido ocupada desde su partida. Se trata de una casa de buena calidad (“abajo es sólido y arriba es así como esto, pero forrada”), relativamente espaciosa (tiene dos pisos, dos dormitorios separados además del espacio común y baño propio), que está vacía hace casi un año. Mientras tanto, la antigua mediagua que servía de dormitorio común para todo el resto (las tres mujeres adultas y los cuatro niños) estaba en muy malas condiciones, y solo hace dos meses Nadia había conseguido reemplazarla por una nueva mediagua gracias a la ayuda de una fundación. Para mí resultaba difícil entender que, bajo estas condiciones, la casa de Anita no hubiese sido ocupada en su ausencia. En la explicación de mis interlocutoras aparecen diferentes justificaciones, que van desde el “respeto” por lo que pertenece a la hermana, hasta la sugerencia de que la casa de esta está cargada con fuerzas sobrenaturales negativas47. A pesar de su diversidad, estas explicaciones coinciden en una suerte de “tabuización” del espacio residencial dejado por la hermana menor:

de mi vida, algo mío de adentro” (Caso 6, madre, 45 años, receptora). 47 Paola: “Yo escucho la puerta, cuando se escucha la puerta, se escucha arriba que caminan”; Nadia: “Y los pasos [...]. Yo durmiendo y se escuchaban pasos allá atrás. Y yo dije van a abrir la puerta, se me van a meter por la ventana, terror… No, yo le tengo terror a esa casa, me da miedo hasta entrar en el día a esa casa”.

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¿O sea que mientras tanto nadie ha ocupado su casa [de Anita]? Nadia: No, si nadie puede ocupar su casa. Es de ella, ella tiene sus cosas ahí, no. Aunque tengamos que dormir todos amontonados aquí, pero su casa es de ella, su casa es de ella [...]. Es que yo no me iría para allá tampoco. ¿Por qué? Nadia: Porque le tengo miedo a esa casa [...]. Como que tiene malas vibras. No me iría a esa casa.

Una suerte de prohibición moral impide a mis interlocutoras apropiarse de la casa de la hermana menor. En parte, esto puede estar relacionado con la posibilidad, siempre abierta, de su regreso, lo cual se ve amplificado por la fragilidad de la relación conyugal de Anita. Ocupar la casa sería equivalente a declararle que ella y sus hijos no son bienvenidos en la casa materna, como lo expresan las palabras de Andrea: Y más encima que mi hija está que se viene, que no se viene. Claro, se lleva así, con la pareja están ahí, que pelean, que no pelean, si la otra vez llegó aquí, mamá, en julio me vengo [...]. Anoche también, ya, a fin de año me vengo, mamá. Sí o sí. Ya, hija, véngase pa’cá. Ahí está su casa. Entonces, nosotros no tocamos eso porque eso es de ella, y si no es de ella, es de su hijo [...] porque el niño [el hijo mayor de Anita] dice cuando yo crezca, mamá, yo me voy a ir pa’ mi casa y voy a vivir contigo, pero yo en mí casa. Me lo ha dicho.

Dependencia intergeneracional Además del parentesco y la residencia común, el ámbito de la sociabilidad doméstica está definido por el conjunto de prácticas que hacen posible la subsistencia material cotidiana48. De acuerdo con David S. Reher49, los diferentes sistemas culturales familiares se distinguen por el grado de involucramiento de los miembros del grupo familiar extendido en la resolución práctica de los problemas de subsistencia que se presentan a lo largo del ciclo 48 Weber, Le sang, le nom, le quotidien... 49 Reher, “Family ties in Western Europe: Persistent contrasts”.

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de vida individual, sean estos esperados (ej., formación de nuevos núcleos, cuidado de los hijos pequeños o de los adultos mayores dependientes), o no (ej., desempleo, enfermedad, ruptura conyugal, desastres naturales, cambio de casa). Según Reher, un sistema de vínculos débiles es aquel donde los mecanismos sociales disponibles para resolver este tipo de situaciones dependen sobre todo de los propios individuos y de su familia nuclear. Así, las relaciones entre generaciones están caracterizadas por una autonomía recíproca. Al contrario, los sistemas de vínculos fuertes se caracterizan por un marcado protagonismo del grupo familiar extendido en la organización de las respuestas a tales situaciones. Las relaciones entre generaciones se caracterizan por una fuerte dependencia recíproca durante el ciclo de vida. Se trata, en otras palabras, de las expectativas y prácticas efectivas de solidaridad entre los miembros del grupo de filiación. En el caso de las familias de mi estudio, se observan fuertes dependencias intergeneracionales de diverso tipo —materiales, afectivas, morales— que operan tanto de forma ascendente como descendente. Por defecto, los individuos asumen y consideran apropiado que los hijos desarrollen su vida familiar adulta al alero de las generaciones precedentes, al mismo tiempo que los adultos deben envejecer bajo el cuidado de las generaciones más jóvenes. Observemos el caso de Magdalena Flores (45 años), a quien pude entrevistar en octubre de 2014 en su casa ubicada en una población de Peñalolén. En el momento de la entrevista, Magdalena vivía en su casa junto a su esposo, su hija menor y sus dos padres ancianos. Esta casa había sido construida por Magdalena y su esposo a lo largo de los años en un sitio heredado por Magdalena. La madre de Magdalena, Estela (73 años), padecía una enfermedad crónica grave que exigía cuidados médicos cotidianos, de los cuales Magdalena se encargaba desde hacía ya varios años. En el último tiempo esta enfermedad había empeorado, lo cual, según Magdalena, había contribuido a la decisión de instalar definitivamente a sus padres con ellos. Así, esta configuración de corresidencia ascendente (i. e. donde los padres son acogidos por el hijo o la hija) queda explicada aparentemente por la necesidad de cuidado cotidiano de Estela y la incapacidad económica de externalizarlos. Sin embargo, tal explicación se revela insuficiente apenas

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indagamos un poco más en la historia residencial de Magdalena. En efecto, esta corresidencia tardía no es más que la continuación casi natural de una trayectoria de proximidad residencial ininterrumpida en el ciclo familiar, acompañada por una diversidad de prácticas de solidaridad ascendente y descendente y, por lo tanto, por una fuerte dependencia intergeneracional. Las dos hijas de Magdalena y su esposo, ya adultas al momento de la entrevista, nacieron y pasaron sus primeros años de vida en la casa de sus abuelos maternos. Unos años más tarde, la pareja se cambió a un sitio que le fue ofrecido a Magdalena por un familiar materno, ubicado a unos quince minutos a pie de la casa de sus padres. Magdalena se desplazaba entonces diariamente junto a sus hijas con la casa paterna, donde pasaban la jornada, para volver a dormir a su propia casa en la noche: Yo me iba caminando o en bicicleta [...], caminando son 15 minutos. [...]. El tema de cocinar siempre lo hacía allá por el hecho de que almorzábamos juntas, lo hacíamos juntas y así hacíamos comida entre las dos. Después, yo me traía el almuerzo pa’ mi marido que llevaba al otro día [...]. Mis hijas, por ejemplo, las pasaban a dejar en furgón allá [...]. Y después ya nos veníamos tarde en la noche, cosa que mi mamá ya quedara con todos sus remedios [...]. Era de lunes a domingo.

Las dos hijas de Magdalena se quedaban frecuentemente a dormir en la casa de sus abuelos maternos, donde siguieron teniendo un dormitorio propio. Incluso, la hija mayor se trasladó durante un tiempo a vivir con ellos: Mi hija, la mayor, se fue un tiempo con ellos, como para alivianarme la carga. A pesar de la pena que nos daba, porque somos como bien apegados nosotros, mi hija se fue. Y se iba a estudiar, trabajaba y estudiaba, llegaba tarde en la noche [...]. Se fue a vivir con mis papás. Y si mi papá salía fuera de Santiago [a trabajar], estar alguien con la mamá en la noche [...]. Fueron como dos años.

Las prácticas de casi-corresidencia entre ambos núcleos familiares vinieron a sobreponerse con naturalidad a la corresidencia preexistente. La participación activa de los abuelos maternos en la crianza de las hijas de Magdalena no se vio interrumpida por la partida de esta última. Por otra parte, Magdalena comenzó a dedicarse al cuidado cotidiano de la salud de su madre mucho

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antes de que tomaran la decisión de trasladarlos a su casa, de forma que la corresidencia reciente se desarrolló en relativa continuidad con las prácticas de casi-corresidencia mantenidas durante años. Este caso ilustra bien cómo la proximidad residencial es un proceso que se configura en el tiempo largo del ciclo familiar, facilitando prácticas de reciprocidad intergeneracional como la co-crianza de los niños, el cuidado de los miembros enfermos o vulnerables y la puesta en común de recursos, entre otras. Las etapas sucesivas de corresidencia descendente (donde las familias de los hijos adultos son acogidos por los padres) y de corresidencia ascendente (donde los padres ancianos son acogidos por los hijos) se conectan en una continuidad temporal garantizada por prácticas de casi-corresidencia. Instalarse en la casa de los padres, abuelos o hijos suele ser, entre mis casos de estudio, la solución “a la mano”, disponible por defecto frente a cualquier evento problemático: separación conyugal, enfermedad, pérdida del empleo, incluso la llegada de un nuevo hijo. El caso de Magdalena y Estela es interesante también porque muestra que la fidelidad filial no solo se activa en las situaciones donde el vínculo conyugal está completamente debilitado o es prácticamente inexistente, sino también (aunque no carente de tensiones y conflictos) en las cuales existen formas estables de conyugalidad. En síntesis, hiperfiliación, co-presencia y dependencia intergeneracional son tres aspectos sobresalientes de un complejo de prácticas de la sociabilidad doméstica (o estilo de la domesticidad) encontrado transversalmente —en manifestaciones más nítidas o más sutiles— entre mis casos de estudio, complejo del cual la proximidad residencial entre los miembros del grupo de filiación es su correlato espacial. Más que una mera respuesta adaptativa a una acumulación dada de déficits socioeconómicos, el allegamiento es visto aquí como una configuración residencial que permite realizar, bajo condiciones materiales específicas (las cuales pueden ser más o menos deficitarias, más o menos problemáticas) y en una temporalidad que abarca varias generaciones, un conjunto de expectativas y de modos de valorización, es decir, una orientación cultural de la vida doméstica. Su morfogénesis debe ser explicada, por lo tanto, en los términos de una co-producción entre las dimensiones constitutivas del ámbito de la domesticidad: parentesco, residencia común y subsistencia cotidiana.

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iii. Discusión. Pobreza, allegamiento y políticas de vivienda: de la “solución habitacional” al “horizonte de posibilidades residenciales” La perspectiva de la marginalidad le ha otorgado un lugar clave al estudio de la organización espacial del ámbito doméstico en la comprensión de la pobreza urbana en América Latina. Al mismo tiempo, sin embargo, lo ha llevado a cabo bajo presupuestos que conllevan ciertos reduccionismos, de los cuales el estudio del allegamiento en Chile constituye un buen ejemplo. Aquí, la observación de las prácticas de residencia común entre miembros del grupo familiar extendido se ha reducido a la escala del domicilio y su explicación, a una estrategia de sobrevivencia. Esto ha implicado que el allegamiento familiar sea visto como una marca de la marginalidad, un indicador de la acumulación de déficits que ella implica, al mismo tiempo resultado y fuente de reproducción de estos. Con lo anterior, se han invisibilizado aspectos fundamentales para comprender los procesos de morfogénesis residencial familiar en contextos de pobreza urbana. Al mismo tiempo, se ha simplificado en exceso la explicación de las interacciones entre las condiciones socioeconómicas de vida de las familias y las formas que toma la vida doméstica. Por un lado, se ha descuidado la observación de las prácticas de casi-corresidencia (punto 2). Por el otro, se ha minimizado la importancia de las normas y prácticas culturales relativas al parentesco y a la vida doméstica en la explicación de las morfologías residenciales familiares (punto 3). A la luz de los ejemplos evocados someramente hasta aquí, he buscado mostrar que la proximidad residencial estrecha (en corresidencia y/o en casi-corresidencia) entre miembros de un grupo de filiación de tres o más generaciones expresa un estilo cultural de sociabilidad doméstica, y no solo ni fundamentalmente un conjunto de déficits socioambientales de las familias. De esta manera, resulta discutible considerar a priori el allegamiento (definido en su forma laxa como configuración residencial de proximidad) como una morfología residencial menos deseable que la independencia residencial entre núcleos familiares emparentados.

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Desde el punto de vista de las familias de bajos recursos que he podido estudiar, lo anterior se observa, por ejemplo, en las distintas formas de resistencia que estas, en cuanto beneficiarias potenciales de la política habitacional, oponen frente a la oferta de “soluciones residenciales” de la misma. Esta resistencia puede manifestarse de muchas maneras. Por medio del desinterés, del rechazo explícito o de estrategias para forzar a los programas a responder a sus demandas de localización (ej., tomas, protestas, comités de allegados). O bien, a través de desviaciones en las formas esperadas y sancionadas del uso de los beneficios. Así, entre las familias de mi estudio no es raro encontrar situaciones en las que, habiendo obtenido un subsidio habitacional, los individuos no han ocupado efectivamente la vivienda entregada o lo han hecho solo transitoriamente, arrendándola, cediéndola o abandonándola posteriormente. No me interesa indagar aquí en las diferentes razones que explican esta resistencia de algunos beneficiarios potenciales o efectivos de los programas habitacionales existentes50, sino subrayar que tales razones están lejos de

reducirse al desconocimiento o a la falta de información. En muchos casos, los individuos conocen relativamente bien cuáles son las alternativas reales que la política de vivienda les ofrece y justamente por eso la rechazan. Mis entrevistados suelen asociar tales alternativas a ciertas características comunes: lejanía (con respecto a la ubicación actual y, por lo tanto, a las redes activas de parentesco y de vecinazgo), mala localización (con respecto al acceso de servicios urbanos fundamentales) y bajo valor patrimonial, entre otras. Las ofertas de vivienda social son evaluadas por los individuos no solo en relación unas con otras, sino también en relación con las alternativas residenciales que están fuera del marco de la política habitacional. Por ejemplo, continuar 50 Entre otros estudios que han indagado más específicamente en esta cuestión, ver: Tapia, Rodrigo, Consuelo Araos y Carolina Salinas, “Condominios familiares: una alternativa de solución residencial para las familias allegadas en lotes tipo 9x18”, en Propuestas para Chile. Concurso Políticas Públicas 2013 (Santiago: Universidad Católica de Chile, 2012), 101-137; Ducci, María Elena, “The dark side of Chile’s housing policy”, en Social Development in Latin America, the Politics of Reform (Boulder, Colorado: Woodrow Wilson Center Current Studies on Latin America. Lynne Rinner Publishers, 2000), 149-175; Brain, Isabel, Andrés Iacobelli, y Francisco Sabatini, “Calidad y valor de la vivienda social: un problema de localización y barrio”, en Publicación ProUrbana, nº 2 (2006).

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viviendo en la casa de familiares, conseguir una vivienda de emergencia para instalar en esta última, arrendar una pieza o una vivienda secundaria en el barrio, trasladarse a una toma o a un campamento cercanos, etc. Así, la oferta de programas públicos de vivienda está lejos de ser considerada por los individuos como una “solución residencial” predefinida y externa, que viene a sacarlos de una situación residencial problemática. Más bien, esta oferta pasa a formar parte, como un elemento importante pero no exclusivo, de un horizonte de posibilidades condicionado por la configuración doméstica preexistente. Entre las oportunidades y restricciones materiales a las que se enfrentan, que pueden ser más o menos estrechas, las familias “juegan” con las alternativas residenciales que tienen a la mano, pero no solo considerando lo que fácticamente está disponible, sino también las expectativas sobre la configuración doméstica deseable51. Esta última está

constituida por matrices de valorización del parentesco heredadas, hábitos residenciales arraigados y formas de organización de la producción doméstica que vinculan fuertemente tres o más generaciones. Es todo este horizonte de valorización y prácticas el que se pone en juego cuando los individuos se enfrentan a una intervención o a la promesa de una intervención residencial dada. Desde aquí puede comprenderse la producción, empíricamente muy variada, de arreglos residenciales que permiten combinar ciertos grados de independencia para cada núcleo familiar con la cercanía respecto de otros miembros del grupo extendido de filiación. Como he podido observar en el ejercicio comparado de trabajo de campo (que por razones de extensión no pude ejemplificar aquí), la preferencia por combinar autonomía nuclear y proximidad residencial con la familia extendida está lejos de ser un affaire de los pobres52. No se trata, como

51 Eugênia Motta señala algo similar a partir del estudio etnográfico de la interacción entre políticas públicas habitacionales y las configuraciones residenciales familiares en una favela de Río de Janeiro: “Two factors are decisive here: the place occupied by plans and perceptions of the future, and the perception that choices exist (and indeed they do exist) to be made”, en Motta, “Houses and economy in the favela”, 154. 52 Araos, Consuelo, “La puissance du rapprochement: corésidence intergénérationnelle au sein des familles aisées à Santiago du Chili”. Reporte de máster 2. Escuela Normal Superior de París, Francia, 2013.

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suele plantear la perspectiva de la marginalidad, de una suerte de trade-off entre inclusión doméstica e inclusión no doméstica, es decir, que la primera es intensificada cuando la segunda se debilita o viceversa, de forma que los vínculos familiares extendidos tendrían una mayor importancia en los contextos de pobreza. Mi hipótesis de trabajo, en cambio, es que el equilibrio relativo entre autonomía y proximidad residencial familiar constituye una aspiración transversal a familias con recursos socioeconómicos muy diversos. Paradójicamente, las posibilidades de llevar a cabo tal aspiración son mucho más restringidas para las familias pobres que para las familias más acomodadas de Santiago. En parte, porque las políticas habitacionales han sido concebidas desde una lógica que desvaloriza o al menos desconoce la importancia de tales preferencias, valoraciones y prácticas ligadas a la proximidad familiar. Para los más pobres de nuestro país, el escenario de oportunidades residenciales está fuertemente condicionado por la oferta de la política pública y por otros factores, como el curso que ha tomado el desarrollo urbano. En este contexto, gran parte de las familias con menos recursos se enfrentan a un escenario reducido a dos alternativas. En un extremo está la alternativa de la corresidencia, la cual permite niveles máximos de proximidad espacial con la familia de origen, pero niveles mínimos de intimidad desde el punto de vista de las familias nucleares. En el otro extremo está la alternativa de la vivienda propia vía subsidio para la familia allegada, la cual garantiza la autonomía residencial de la familia de destino, pero casi siempre al precio de una pérdida dramática de la proximidad respecto de la familia de origen, con la cual hasta ese momento se había hecho familia de forma conjunta. Así, lo específico de las familias pobres no sería propiamente la búsqueda de la proximidad residencial intergeneracional, sino su morfología residencial estrecha, precaria y, sobre todo, su fuerte asociación con el hacinamiento. En cambio, a medida que los recursos de las familias aumentan, también aumentan las oportunidades con que ellas cuentan para producir configuraciones residenciales que combinan diversos grados de proximidad y diversos grados de intimidad entre familias nucleares emparentadas. Se

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podría decir, en otras palabras, que las familias con más recursos cuentan con más alternativas para desarrollar prácticas de casi-corresidencia. Hasta ahora, estas morfologías de proximidad casi-corresidentes han permanecido invisibles desde el punto de vista de las estadísticas oficiales sobre los hogares chilenos. A nivel internacional, las estadísticas sobre proximidad residencial intergeneracional en sus diversas morfologías urbanas vienen desarrollándose hace varias décadas, asociadas al interés por estudiar las condiciones de vida de los adultos mayores en contextos de fuerte envejecimiento poblacional53. En Chile, se pueden observar

primeros esfuerzos incipientes54, pero nos queda aún mucho por avanzar al respecto. Solo en esta medida, esta fuente adicional de desigualdad entre las oportunidades residenciales de las familias chilenas podrá hacerse visible.

53 Ver, entre otros: Fors, Stefan, y Carin Lennartsson, “Social mobility, geographical proximity and intergenerational family contact in Sweden”, en Ageing & Society, vol. 28 (2008), 253-270; Glaser, K. y C. Tomassini, “Proximity of older women to their children: A comparison of Britain and Italy”, en The Gerontologist, vol. 40, nº 6 (diciembre de 2000), 729-737; Hank, Karsten, “Proximity and contacts between older parents and their children: A European comparison”, en Journal of Marriage and Family, vol. 69, nº 1 (2007), 157-173; Fontaine, Roméo, Agnès Gramain, y Jérôme Wittwer, “Les configurations d’aide familiales mobilisées autour des personnes âgées dépendantes en Europe”, en Économie et Statistique, nº 403-404 (2007), 97-116; Leopold, Thomas, Ferdinand Geissler, y Sebastian Pink, “How far do children move? Spatial distances after leaving the parental home”, en Social Science Research, vol. 41, nº 4 (2012), 991-1002; Rogerson, Peter A., Richard H. Weng y Ge Lin, “The spatial separation of parents and their adult children”, en Annals of the Association of American Geographers, vol. 83, nº 4 (1993), 656-671, DOI: 10.2307/2563598; Bonvalet, “La famille-entourage locale”. 54 Pienso aquí fundamentalmente en las diversas encuestas sobre condiciones de vida de los adultos mayores que viene realizando hace algunos años Soledad Herrera y su equipo (ISUC), las cuales contienen medidas inéditas de proximidad residencial intergeneracional más allá de la corresidencia. El análisis de estos datos estadísticos será parte de mi tesis doctoral.

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Personas en situación de calle: identidad, exclusión e invisibilización Lésmer Antonio Montecino Soto1 María Cristina Arancibia Aguilera2

Introducción En el discurso cotidiano de los habitantes de Santiago de Chile, se reproducen nombres como viejo del saco, alcohólico, limosnero, mendigo, pordiosero, vago, ocioso, vagabundo, loco, delincuente3, etc., para designar a la persona que deambula desaseada y sin destino por las calles del centro de la ciudad con sus pertenencias a cuestas. Asimismo, dada su apariencia, generalmente provoca miedo, razón por la cual discursiva y físicamente se le evita porque constituye una amenaza constante a la integridad de los otros y al orden establecido. El orden, según Bauman, supone monotonía, regularidad, repetición y previsibilidad4. Esta homogeneidad se ve subvertida por la existencia de sujetos extraños. Algunos de esos sujetos extraños son las personas en situación de calle. Una persona estaría en situación de calle porque quiere, porque no le gusta trabajar, porque es microtraficante, porque encuentra que es más fácil machetear. En síntesis, para un vasto sector que está dentro del sistema — modernidad líquida5—, quienes están en situación de calle no producen ni consumen, por lo tanto, dejan de ser interpelados por la sociedad de consumo; esta no los cuestiona y tampoco los interrumpe e irrumpe en ellos, fun-

1

Profesor asociado de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Filología Hispánica (Lingüística), Universidad de Valladolid, España.

2

Profesora auxiliar asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

3

En el registro coloquial del español de Chile, con estas denominaciones se alude despectivamente a las personas en situación de calle.

4

Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida (México: Fondo de Cultura Económica, 2002).

5

Ibid.

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damentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores6. En consecuencia, se les construye, discursivamente, como los que están al margen, los extraños, los locos, los delincuentes, los inconsecuentes e insanos7. De ellos, incomoda su presencia, pues desafían y desestabilizan el sistema en cuanto sujetos agentes de desorden y de conflicto, hecho que motiva políticas inclusivas asistencialistas o simplemente la negación y la invisibilización8. Dado que discursivamente la realidad es construida en cada práctica social en que participamos, es en la interacción cotidiana, en los medios y en las políticas que emanan de organismos oficiales donde deberíamos intervenir con el propósito de evitar estigmatizaciones excluyentes. Red Calle ha dado el primer paso y, con el propósito de evitar en la actualidad una mayor exclusión, ha “propuesto el término: personas en situación de calle, dando cuenta con ello que se trata de personas cuyas circunstancias de vida han generado una condición de exclusión social” (Red Calle, 2010). No obstante lo anterior, se les construye discursivamente como los asistidos, los que necesitan ayuda, en otros términos, como sujetos carentes de agentividad positiva, sin considerar el discurso a través del cual ellos construyen su propia identidad, que difiere en muchos casos de lo que las definiciones institucionales señalan y simplifican. Así, el objetivo de nuestro estudio de corte cualitativo consiste en dar cuenta de las representaciones discursivas que permiten, en el contexto del Análisis Crítico del Discurso9, visibilizar el prejuicio y la exclusión de la que son objeto las personas en situación de calle, producto de una construcción identitaria que les niega, desde las instituciones, su posibilidad de resistencia y de proyecto10. Pretendemos, en consecuencia, relevar la manera como las

6

Bauman, Vida de consumo (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).

7

Foucault, Michel, El discurso del poder (Barcelona: Tusquets Editores, 1999).

8 Fairclough, Norman, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research (Londres: Psychology Press, 2003). Coracini, M. J., “Vozes (des)ordenadas e (in)fames”, en A (des)ordem do discurso (Sao Paulo: Contexto, 2010), 105-126. 9 Fairclough, Analysing Discourse…

10 Castells, Manuel, La era de la información: Economía, sociedad y cultura (Madrid: Alianza, 2003), vol. 2.

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personas en situación de calle de Santiago de Chile se construyen a través de lo que narran, piensan, sienten y experimentan, en relación con diversos temas que se vinculan tanto con sus vivencias concretas como con su visión de la realidad social en general. En otras palabras, nuestro objetivo apunta a visibilizar la exclusión tal como está plasmada en su discurso, considerando el momento sociohistórico, aquí-ahora, de su relato de vida. Para ello, en el marco de un estudio de casos, hemos seleccionado episodios de tres entrevistas representativas de un corpus de treinta analizadas. Estas treinta entrevistas forman parte de un total de 150 recolectadas en casas de acogida de Santiago de Chile, entre 2008 y 2009, con el fin entregar evidencias acerca de la construcción del prejuicio, de la exclusión, de la identidad e invisibilización de las personas en situación de calle, a través de un análisis lingüístico-discursivo, con énfasis en la construcción de la experiencia a través de recursos tales como las relaciones taxonómicas (repeticiones, sinónimos y contrastes), relaciones nucleares y secuencias de actividades11.

i. El lenguaje como práctica social El lenguaje es un modo de acción, en otras palabras, una práctica social a través de la cual una persona puede actuar sobre el mundo y, especialmente, sobre otros. En consecuencia, el discurso contribuye a la construcción de identidades sociales y posiciones subjetivas; a la conformación de los sistemas de creencias y de conocimiento de cada actor social y, asimismo, a la construcción de relaciones sociales entre las personas. De este modo, el discurso como práctica social significa el mundo, no solo lo representa, sino que lo constituye y construye su significado. Como actividad social, el lenguaje implica variedades discursivas, es decir, los distintos modos de actuar, de generar la vida social. Ejemplos de esto son la conversación cotidiana, una clase de aula, un juicio oral y público, los más diversos tipos de reuniones, según la naturaleza de las organizaciones en que

11 Martin, J. M. y D. Rose, Working with discourse: Meaning beyond the clause (Bloomsbury Publishing, 2007).

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se llevan a cabo; las entrevistas políticas, de trabajo o de otro tipo, etc.12. Así, en sus narrativas, los actores sociales, desde las más diversas perspectivas, construyen su propia representación de la vida social según su posicionamiento en la realidad representada discursivamente. En este contexto, el Análisis Crítico del Discurso es una herramienta para llevar a cabo estudios comprometidos con objetivos éticos y políticos; su realización apunta a transparentar discursos que naturalizan y disimulan problemas e injusticias sociales, mostrando cómo se realiza tal naturalización en instanciaciones discursivas concretas, a partir de un análisis minucioso de elementos lingüísticos en los textos, denominados también representaciones discursivas13.

ii. Discurso e identidad Desde una perspectiva sociológica y discursiva, todas las identidades son construidas. Lo que importa, básicamente es desde dónde, por quién y para quién. La construcción de las identidades implica utilizar, discursivamente, materiales del contexto socio-histórico-cultural, incluidas “la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas”14. Todos estos materiales son procesados por individuos, grupos sociales y sociedades que los reordenan y les confieren sentido, según los dictámenes de la sociedad y los proyectos culturales impuestos en un marco espacial y temporal del que se da cuenta a través de la representación discursiva, que permite clasificar y establecer semejanzas y diferencias en relación con otros actores sociales15. Castells señala que toda identidad siempre se da en contextos marcados por relaciones de poder16. En consecuencia, propone tres formas de construc12 Fairclough, Analysing Discourse... 13 Fairclough, Analysing Discourse…; y Resende, V., Análise de discurso crítica e realismo crítico (Campinas, San Pablo: Pontes, 2009). 14 Castells, La era de la información…, 35. 15 Fairclough, Analysing Discourse… 16 Castells, La era de la información...

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ción de identidad: la identidad legitimadora, la identidad de resistencia y la identidad de proyecto. La primera es introducida por las instituciones dominantes de la sociedad con el fin de extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. La segunda es generada por actores sociales que se hallan en condiciones o en posiciones desvalorizadas y/o estigmatizadas por el discurso dominante, hecho que motiva la construcción de trincheras de resistencia o de supervivencia. Un ejemplo latente en Chile es el del pueblo mapuche y su causa. Finalmente, la identidad de proyecto se define por su búsqueda de la transformación de toda la estructura social, sobre la base de la redefinición de la posición de los actores sociales en su contexto, sustentada en los materiales culturales de que disponen. Así, considerando su discurso, no podemos entender a una persona en situación de calle como una fuente aislada de significados, sino como un actor social único, cuyo posicionamiento en la realidad supone un modo de hacer con el lenguaje. Lo anterior implica un orden de su discurso en dicha red u orden social, permeado por un modo de generar significados. Nuestro problema, en consecuencia, se centra, específicamente, en lo relativo al orden del discurso17 de las personas en situación de calle, tomando en cuenta su

posicionamiento en el mundo, pues se trata de actores invisibilizados por el discurso dominante, frente al cual los discursos de resistencia y de proyecto están completamente deslegitimados.

iii. Representaciones discursivas y agentividad Estudiar las representaciones discursivas en un texto implica observar cómo se construye una visión de mundo a partir del discurso. Para ello son de especial relevancia todos los recursos léxicos, semánticos y sintácticos18 que permiten a los actores sociales dar cuenta de su sistema de creencias en un determinado contexto. Por ejemplo, para nuestros fines importa visibilizar aquellos recursos lingüístico-discursivos que permiten a los actores sociales entrevistados construir su concepto de exclusión. A lo anterior, debemos 17 Foucault, El discurso del poder. 18 Pardo, María Laura, El discurso sobre la pobreza en América Latina (Santiago: Frasis, 2008).

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agregar la noción de agentividad, referida fundamentalmente a la causa y al cambio. Desde esta perspectiva, la agentividad contribuye a la representación de un actor social responsable de la modificación de una situación dinámica que controla un estado de cosas. En otros términos, lo que nos importa es visibilizar la representación de la realidad considerando quién hace qué a quién, cuándo, dónde, por qué y cómo19. Lo anterior implica centrarnos en el conte-

nido del discurso, en otras palabras, en los participantes (personas, lugares, objetos), en los procesos (verbos) y en las relaciones que surgen entre tales elementos con el propósito de dar cuenta de cómo ellos son construidos y se relacionan entre sí a medida que un texto avanza20. Tanto los procesos como los participantes y las circunstancias asociadas a ellos son los elementos que dentro del texto nos ayudan a determinar desde qué ángulo es presentada una experiencia (material o simbólica). En consecuencia, en los discursos que analizaremos serán de mucha relevancia las repeticiones, los sinónimos y los contrastes referidos a la gente, cosas, procesos, lugares y cualidades asociadas a tales procesos. Finalmente, las secuencias de actividades implican procesos que dan cuenta de la serie de pasos que se han llevado a cabo a nivel discursivo para construir el campo de la experiencia. Veamos el siguiente ejemplo: 1. yo he tenido como para arrendar pieza, pero me chorea me aburre porque // llegar a / a estar en cuatro paredes no hay con quien conversar…

La cita nos permite observar que el actor social se representa a través de procesos tales como “haber tenido […] para arrendar”; “me chorea”, “me aburre”; “estar en cuatro paredes”; “no haber con quien conversar”; acciones que explicitan una representación de relaciones de causa y efecto y de contrastes implícitos: soledad/compañía; silencio/conversación; entretenimiento/aburrimiento.

19 Halliday, M. y C. M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar (Londres: Routledge, 2014). 20 Martin y Rose, Working with Discourse.

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iv. Materiales y método Dado que se trata de episodios de relatos que constituyen una historia de vida, la presencia del yo es un rasgo inherente al género que se funda en una reconstrucción realizada en el momento preciso de la narración. Las historias de vida no son exactamente ni la vida ni la historia misma del narrador, sino una construcción discursiva negociada en el aquí-ahora de la interacción. Cabe hacer notar que nuestras historias de vida se caracterizan porque la interacción se lleva a cabo en un espacio no cotidiano para los entrevistadores: la casa de acogida; la relación entre los participantes, en principio, es de desconocimiento y de ausencia de experiencias comunes; uno de ellos funcionalmente ocupa una posición jerárquica superior —el entrevistado—. En ningún momento la interacción es simétrica. En términos de conocimiento, quien sabe más —el narrador— impone su estatus. Constantemente, a través de su relato, el narrador evalúa su sistema de creencias, su situación pasada y presente, las posibilidades de una realidad alternativa, el medio social en que se mueve y que lo determina discursivamente21. Lo que nos interesa, en consecuencia, es interpretar el significado construido a través de las relaciones taxonómicas y las relaciones nucleares que están colaborando en la configuración de un retrato del sujeto en su experiencia. Con esto nos referimos al aspecto del significado, que se relaciona tanto con las declaraciones evaluativas explícitas como implícitas que muestran el posicionamiento del actor social en el contexto al que se hace referencia en el discurso22.

21 Montecino, Lésmer, “Historias de vida de personas en situación de calle: hacia una descripción del género discursivo”, en Montecino, L. (ed.), Discurso, pobreza y exclusión en América Latina (Santiago: Cuarto Propio, 2010), 245-272. 22 Fairclough, Analysing Discourse…

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Pieza / cuatro paredes /



Clasificación de la experiencia

desde una realidad física no hay con quien conversar / me chorea / me aburre

Clasificación de la experiencia

desde la realidad mental Tener para arrendar / no hay con quien conversar

Clasificación de la experiencia

desde lo material y existencial

En este contexto, y con el propósito de dar cuenta de las representaciones discursivas de las personas en situación de calle referidas a la exclusión, contamos en la actualidad con 150 historias de vida, tomadas y transliteradas entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en diversas entidades: Hogar de Cristo (Estación Central), Comedor “Dad de Comer al Hambriento” (Independencia), Moviliza (Santiago Centro), Comedor Fray Andresito (Recoleta), Fundación Gente de la Calle (Recoleta), Hospedería de Mujeres Santa Francisca Romana (Recoleta) y Hospedería Padre Lavín (Santiago Centro). Del corpus total, hemos analizado treinta historias, de las cuales hemos extraído los episodios temáticos pertinentes para ilustrar nuestro análisis y sustentar nuestra interpretación: FGC_Pe_280808, FGC_RI_021008, PL_AL_O30409 y FGC_ RI_02100823i23. Utilizando un criterio semántico, entendemos por episodios temáticos aquellas unidades relativamente cohesionadas y dinámicamente focalizadas en un espacio temático coherente, que poseen un inicio o instauración temática, un desarrollo y un cierre. Dicha cadena de habla puede considerarse como la unidad a través de la cual se realiza naturalmente la interacción24. Los episodios temáticos referidos a la exclusión corresponden a aquellas zonas del discurso en las cuales el actor social alude a las actividades que realizó él o de las cuales fue beneficiario en su pasado y que inciden en su presente de persona en situación de calle. La instauración o zona de inicio puede realizarse de dos formas. Por un lado, mediante una alusión directa por parte 23 Las historias de vida están codificadas del siguiente modo: (I) lugar_, (II) iniciales del nombre del entrevistado_y (III) fecha de grabación: FGC_Pe_280808, PL_AL_O30409 y FGC_ RI_021008 24 Linell, Per, Approaching dialogue: talk, interaction and contexts in dialogical perspectives (Ámsterdam: John Benjamins, 1998).

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del entrevistado al tópico de la exclusión y, por otro, puede llevarse a cabo de forma indirecta a través de tópicos de trayectoria25. Los tópicos de trayectoria corresponden a temas de diversa índole, aludidos por el entrevistado o por el entrevistador, que no se relacionan necesariamente con el tópico de la exclusión. Respecto de la fase de desarrollo del episodio temático, es posible observar cómo el entrevistado construye la representación discursiva de la exclusión a través de recursos tales como sinónimos, contrastes, repeticiones y secuencias de actividades que dan cuenta de su agentividad o pasividad en relación con su experiencia en el mundo. Por último, el cierre corresponde al límite entre el episodio temático exclusión y otro episodio temático (familia, trabajo, abandono, etc.).

v. Análisis y resultados A continuación, presentamos los episodios cuyo análisis da cuenta de las representaciones discursivas y los recursos que las realizan. En seguida, se presenta el cuadro síntesis del análisis y la interpretación con énfasis en el significado construido por cada uno de los hablantes.

v.i. FGC_Pe_280808: “Aquí en la calle adonde uno va a almorzar conversa” uno como que se ahoga en un claro eh / no yo he tenido como para arrendar pieza, pero me chorea me aburre porque // llegar a / a estar en cuatro paredes no hay con quien conversar eh en cambio claro claro en cambio aquí / no solamente aquí en la calle adonde uno va a almorzar conversa y de repente, yo estuve un tiempo durmiendo ahí en la Católica al frente de al frente de al frente la está ahí estuve en Portugal estuve mucho tiempo durmiendo ahí / y y conversábamos pues / entonces uno se entretenía pues él era mi compañero de cama mi compañero de pieza ahí en la Católica el que está aquí y conversábamos en la noche pues y después ya ahora no pues, ahora no se puede dormir porque cerraron cerraron esa parte donde era un alero grande que uno dormía llegaba en la noche uno a tirar los monitos ahí y en la noche llegaban los tíos a darnos comida cafecito // 25 Ibid.

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Como señaláramos en el marco referencial, todo texto supone establecer relaciones entre las cláusulas que lo constituyen. Es así que en el cuadro anterior quedan en relieve relaciones léxicas tales como la repetición de procesos, pronombres y marcas de lugar que representan la experiencia del actor social del siguiente modo: Tabla 1 Actor social

[yo-me / uno / nosotros]

Secuencia de actividades (procesos)

yo he tenido como para arrendar me chorea me aburre llegar a / a estar en cuatro paredes no hay con quien conversar

Circunstancias de lugar + proceso

Aquí-ahí (en la calle-comedor) adonde uno va a almorzar / conversa […] en Portugal estuve mucho tiempo durmiendo ahí / y y conversábamos pues / entonces uno se entretenía pues

Repetición

conversábamos en la noche pues

Circunstancia temporal

y después

Circunstancia temporal

ya ahora no pues,

Circunstancia temporal + proceso

ahora no se puede dormir

Causalidad

porque

Agente indeterminado (ellos) / + generalización (uno)

cerraron cerraron esa parte donde era un alero grande que uno dormía

Generalización

llegaba en la noche uno a tirar los monitos ahí

Temporalidad + proceso + actores so- y en la noche llegaban los tíos a darnos comida caciales + beneficiarios (nosotros) fecito //

En el discurso de FGC_Pe_280808, se pueden observar contrastes implícitos y explícitos que suponen evaluaciones sobre la vida en la calle y la vida en la casa de acogida. Las representaciones se realizan a través de procesos mentales graduados: entretenerse versus aburrirse, chorearse, ahogarse, vinculados al espacio pieza: [cuatro paredes = soledad = silencio] / [calle = conversación = compañía = entretención]. Asimismo, surge en términos de actores sociales, la oposición asistido (yo-me-uno-nosotros) / asistente (tío). Finalmente,

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tenemos la relación del todo con la parte: la calle (espacio urbano) / Portugal / ahí en la Católica / esa parte donde era un alero grande (lugar específico). El análisis entrega evidencias de que las personas que habitan la calle construyen discursivamente una representación paradójica: por una parte, la calle es el espacio de lo insólito, del miedo, del anonimato, de la exclusión (cerraron); no obstante, según la Corporación Programa Caleta Sur, también es el espacio de la seguridad, del afecto, de la autonomía, de la sociabilidad y de la solidaridad; en otros términos, de la inclusión (casa, calle, amigos), tal es el caso de FGC_Pe_280808. En síntesis, nuestro análisis, entrega evidencias de que para el actor social representado como yo-me / uno / nosotros, el espacio de la calle es el bienestar; la institución desde su perspectiva le ofrece lo que supone es lo correcto; no obstante, surge la evaluación negativa por parte de FGC_Pe_280808, quien representa su experiencia en la casa de acogida a través de procesos mentales de evaluación negativa: me chorea / me aburre / me ahoga. Asimismo, en la casa se produce la infantilización del actor social. La evidencia está en el uso de la expresión “en la noche llegaban los tíos a darnos comida cafecito”. El mismo significado construye AM-27030: “Tengo la ayuda de los de los tíos acá en el Padre Lavín/ y se los agradezco”; lo propio sucede en el discurso de PL_Cr_081008: “Yo sé con quién hablar po cachái con qué tío te va a decirte que sí qué tío te va a poner problemas, ¿cachái?”. La exclusión se aprecia en el discurso de FGC_Pe_280808 a través del proceso material que supone una transformación de la realidad: “cerraron esa parte donde”; asimismo, en otros discursos, surgen representaciones tales como: - me miraron feo (proceso actitudinal) - por la presencia te catalogan (proceso de percepción) - empecé a tener antecedentes [por robo] (proceso material) - ya se me cerraban las puertas (proceso actitudinal) FGC_Pe_280808 se construye como agente en la búsqueda de la compañía, del diálogo y de la entretención (discurso inclusivo), hecho que en cuanto meta se alcanza, pero que es obstaculizado por un agente indeterminado, cuyo proceso de inscripción en el discurso es cerraron. Así, el espacio público

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no es de todos, se privatiza expulsando a los habitantes no deseados que lo pueblan bajo el supuesto de que representan la fealdad, el desorden, la amenaza, la inseguridad. El lugar aludido en el discurso de FGC_Pe_280808 está ubicado en un sector urbano céntrico, el cual, dadas sus características arquitectónicas, permitía el albergue de personas en situación de calle. No obstante, el vecindario amparado en la ley cerró todo posible ingreso y uso de los espacios que, de públicos, pasaron a ser solo comunes para los propietarios del edificio. En consecuencia, el actor social Pe, como es usual en el discurso de las personas en situación de calle, tuvo que dar un paso más hacia el margen. El episodio netamente evaluativo da cuenta de cómo FGC_Pe_280808 se posiciona respecto de su estar en la calle y de lo que tal situación suscita. Habitar el espacio público no es lo esperado, por lo tanto, debe asumir la exclusión: “Cerraron esa parte donde era un alero grande que uno dormía. Llegaba en la noche uno a tirar los monitos ahí y en la noche llegaban los tíos a darnos comida, cafecito”. De lo expuesto, debemos concluir que alguien —en este caso un colectivo de personas desde dentro del sistema— hace algo excluyente a alguien. Se trata de un agente indeterminado que ve amenazada su seguridad y bienestar. En dicha posición de poder, puede hacer valer sus determinaciones en contraposición a quien está en situación desmedrada y que solo acata hechos consumados: vivir en la periferia del centro invisibilizado por un sistema que lo aparta.

v.ii. Hay veces que no puedo dormir en la calle FGC_RI_021008, en oposición a lo expuesto anteriormente, señala: RI: hay veces que no puedo dormir en la calle / porque es muy peligrosa la calle / hay veces anda mucha gente tomando y y gente que nos PEga de GUSto26 / de gusto / en el lugar que que dormimos es es público así que/e la ge/eeeh no falta el / nos han tirado hasta boTEllas PIEdras palos E: quiénes RI: e gente en la calle o / gente que anda curada drogada/e también los los 26 El uso de mayúscula muestra el énfasis del informante en determinadas sílabas.

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((medios)) nazis hemos tenido que salir arrancando de ahí/hemos tenido problemas/e/incluso a mí me pegaron unas patadas por ahí que tengo marcado/aquí me cortaron la cara E: (( )) SÍ RI: no lo tenía esto yo / me cortaron/estando ahí acostado /he/ he pasado por una etapa difícil / acá me / me tuvieron que llevar de urgencia a la posta/o sea menos mal que una señora pasó con un caballero y y/y llamaron a la ambulancia/si no me hubiera muerto ese día porque quedé tirado ahí / me pegaron hartos cadenazos / palos

Tabla 2 Actor social Valoración del lugar + generalización

Agentividad indeterminada Identidad de colectivo Nosotros/a mí/me Agente indeterminado

Yo/me/a mí/nos Es muy peligrosa la calle Anda mucha gente tomando Gente que nos pega de gusto / de gusto Nos han tirado hasta botellas piedras palos Gente que anda curada drogada/e También los los ((medios)) nazis Hemos tenido que salir arrancando de ahí/ Hemos tenido problemas/e/ Incluso A mí me pegaron unas patadas por ahí que tengo marcado/aquí me cortaron la cara Me cortaron/estando ahí acostado

Actor social asistido

Me tuvieron que llevar de urgencia a la posta/o sea menos mal que una señora pasó con un caballero y y/y llamaron a la ambulancia/si no me hubiera muerto ese día porque

Yo + circunstancia de lugar

Quedé tirado ahí

Agentividad indeterminada

Me pegaron hartos cadenazos / palos

En primer término, el episodio nos muestra un contraste: mientras la calle para FGC_RI_021008, en cuanto espacio público, puede ser un lugar para dormir, para otros [medio nazis] es el espacio de la violencia. Así la calle se construye como el espacio del peligro. Las representaciones discursivas de la gente en la calle es de violencia y transgresión: mucha gente tomando / gente

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que nos pega de gusto / gente que anda curada drogada. La violencia de la exclusión es expresada a través de procesos materiales: tirar botellas, tirar piedras, tirar palos, dar patadas; las consecuencias son inmediatas y expresadas a través de procesos materiales y mentales al mismo tiempo: salir arrancando; tener problemas; recibir golpes en el cuerpo y cortes en la cara; recibir cadenazos, hasta llegar a la evaluación que cierra el episodio: he pasado por una etapa difícil. Las representaciones discursivas que emergen son ambivalentes: la calle es el espacio de la precariedad, de la impersonalidad, del peligro, es un “ahí” que no es más que un no lugar27, ese lugar transitorio, riesgoso, donde la

identidad se desdibuja; no obstante, para otros es el lugar del descanso, del estar en el mundo mirando el adentro desde adentro sin la agentividad que el sistema quisiera. La violencia en este discurso surge de la intolerancia del otro frente a la pasividad del yo/nosotros. La inclusión supone una mirada solidaria hacia el que está al lado y no precisamente fuera, como suele ser el significado construido desde la intolerancia.

v.iii. PL_AL_O30409: “…uno quiere buscar la oportunidad” A: Por eso le digo/ el diablo siempre es sapo/ me entiende/ sobre todo en esta condición que estoy/ en esta condición que estoy que/ que ella/ como que me entiende y no me entiende/ yo le digo/ hoy día tengo tres hojas de antecedentes/ hoy día no me/ no me es fácil buscar un trabajo/ me entiende/ eh/ me cuesta/ me cuesta encontrar un trabajo/ me cuesta eh/ quiero reinser/ insertarme/ y siento que estoy insertado/me entiende/ porque no he querido robar/ pero me cuesta/ me entiende/ me cuesta/ estar/ en esta situación/ me entiende/ de saber que/ ella/ igual que/ no puedo ir a verla/ ah/ viven allá en el diecinueve/ de Vicuña Mackenna/ porque a qué voy a ir pues/ si no les/ no les llevo un dulce/ un chocolate/ nada/ me entiende/ me decía ayer mi hija que/ Papá/ ayer por teléfono decía/ Papá/ eh/ que me falta un cuaderno/ que me falta/ yo no/ me pasó la lista/ no tengo/ me entiende/ no tengo/ y eso/ como que eh/ como que es un/ como que de repente es un detonante/ me entiende/ para/ para volver 27 Augé, Marc, Los no lugares. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad (Barcelona: Gedisa, 1998).

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a lo mismo/ porque (( pensar)) que uno/ quiere buscar la oportunidad/ mire/ la semana pasada/ entré a un restaurant/ le pedí agua al caballero/ me dice/ Cien pesos/ le digo/ Sabe que/ no tengo cien pesos/ ya me dijo/ pasa pasa pasa/ y me trató como carne de cogote/ entré pues/ y le vi los baños sucios/ y le dije Amigo/ ese día yo había salido temprano de aquí y le digo/ Amigo si yo te lavara los baños/ me regalarías un plato de comida/ porque están sucios/ me dijo/ No te pongas fresco pues huevón/ si ya te convidé agua/ o sea/ él no vio lo que yo iba a hacer/ que me la ganaba/ él vio lo que iba a perder no más/ así es el/ el negocio hoy día//

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Tabla 3 Valoración negativa del presente

el diablo siempre es sapo/ me entiende/ sobre todo en esta condición que estoy/ en esta condición que estoy

Secuencia de procesos o actividades que construyen la agentividad del actor social

hoy día tengo tres hojas de antecedentes/ hoy día no me/ no me es fácil buscar un trabajo/ me entiende/ me cuesta/ me cuesta encontrar un trabajo/ me cuesta quiero reinser/ insertarme/ y siento que estoy insertado/me entiende/ porque no he querido robar/ pero me cuesta/ me entiende/ me cuesta/ estar/ en esta situación/

Representación del actor social proveedor

a qué voy a ir pues/ si no les/ no les llevo un dulce/ un chocolate/ nada/ me entiende/ me decía ayer mi hija que/ Papá/ ayer por teléfono decía/ Papá/eh/ que me falta un cuaderno/ que me falta/ yo no/ me pasó la lista/ no tengo/ me entiende/ no tengo/ y eso/ como que eh/ como que es un/ como que de repente es un detonante/ me entiende/ para/ para volver a lo mismo/

Secuencia de procesos que construyen la valoración del presente desde la causalidad

Causalidad Generalización + proceso actitudinal

Escenificación + repetición intensificadora de la exclusión Percepción de la exclusión a través del proceso actitudinal + circunstancia de comparación

porque (( pensar)) que uno/ quiere buscar la oportunidad/ mire/ la semana pasada/ entré a un restaurant/ le pedí agua al caballero/ me dice/ cien pesos/ le digo/ sabe que/ no tengo cien pesos/ ya me dijo/ pasa pasa pasa/ y me trató como carne de cogote/

Actor social agente

entré pues/ y le vi los baños sucios/ y le dije Escenificación + repetición Amigo /le digo/ Amigo si yo le lavara los baños/ me intensificadora de procesos verbales regalaría un plato de comida/ porque están sucios/ Valoración negativa a través de me dice/ No te pongái fresco poh huevón/ si ya te procesos actitudinales convidé agua/ Valoración de la agentividad

o sea/ él no vio lo que yo iba a hacer/ que me la ganaba/ él vio lo que iba a perder no más/

Juicio de sanción social

así es el/ el negocio hoy día//

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De acuerdo con la síntesis de los recursos lingüístico-discursivos usados por el actor para construir el significado de su experiencia, es el tópico trabajo el que permea el discurso de PL_AL_O30409. La selección léxica (sinónimos, contrastes y repeticiones) da cuenta de ello. El no tener trabajo representa la posibilidad de cometer delito; se construye como el detonante en cuanto se transforma en agente de exclusión del actor social. El trabajo le permitiría el acceso a bienes materiales (posesiones); la cesantía se los niega (carencias). El actor social construye su imagen de persona agente desde una visión moderna del trabajo como factor dignificador; prima lo volitivo; no obstante, la realidad se impone a través de las posesiones: para encontrar trabajo tiene en contra tres hojas de antecedentes que se constituyen en su obstáculo para la inclusión y que perpetúan su estado de marginalidad. PL_AL_O30409, al carecer de trabajo no es digno, no es proveedor; sus posesiones lo construyen como sujeto discursivamente desagentivado y, socialmente, imposibilitado de progreso y de futuro. El trabajo en la primera década del siglo XXI se caracteriza por la temporalidad, la fugacidad y la carencia de un vínculo afectivo con el oficio desempeñado28. PL_AL_O30409 es un buen ejemplo de ello: él era comerciante, guardaespaldas, contacto entre prostitutas y posibles clientes, etc., todas ocupaciones de relativo o ningún prestigio. El actor social, responsable único de sus actos, debe lidiar con una individualidad construida sobre la base de la fugacidad e instantaneidad de un oficio; sobre la precariedad que significa el no estar sujeto a contrato ni a previsión alguna.

28 Arancibia, M. y L. Montecino, “Trabajo, desigualdad y corrupción en Chile: representaciones discursivas en ciberperiódicos chilenos”, en Pardo, Neyla, Estudios del discurso en América Latina. Homenaje a Ana María Harvey (Bogotá: Proceditor, 2013).

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Figura 1: Secuencia de procesos que construyen la exclusión Hoy día tengo tres hojas de antecedentes Hoy día no me es fácil buscar un trabajo Me cuesta encontrar un trabajo Sujeto no deseable

Quiero reinsertarme No he querido robar Me cuesta estar en esta situación No tengo (dinero) Como que de repente es un detonante […] para volver a lo mismo [delinquir]

El actual modelo económico nos hace sentir que tenemos un papel trascendente en la red que supone el sistema; no obstante, la responsabilidad de nuestros actos, antes compartida por toda la comunidad (Estado moderno), ahora es individual (neoliberalismo). La responsabilidad mayor que tenemos en el eslabón de la sociedad de consumidores es el trabajo. Es nuestro deber producir y, al mismo tiempo, por medio del trabajo, obtener los beneficios que nos ofrece el sistema. En esta sociedad de consumidores, las relaciones interhumanas se construyen “a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre consumidores y objetos de consumo”. Nadie puede convertirse en un sujeto sin antes convertirse en producto y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo29. La idea fundamental es, en consecuencia, transformarse en un producto deseable y deseado. PL_AL_O30409 está excluido de dicha lógica: no es consumidor ni sujeto de consumo; en otras palabras, no es deseable ni deseado por el sistema que lo ha expulsado y que discursivamente produce y reproduce estrategias de perpetuación de un estado de cosas en el cual simplemente dicho actor no tiene cabida: así es el/ el negocio hoy día. La asociación metafórica de la vida como negocio, desde una perspectiva cognitiva, da 29 Ibid., 25.

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cuenta de la reproducción de un discurso en que todo se transa y en el cual cabe el concepto de emprendedor, solo que en este caso sin respaldo alguno. La secuencia de procesos da cuenta de ello: Figura 2: Escenificación de la exclusión Búsqueda de la inclusión

Uno quiere buscar la oportunidad La semana pasada entré a un restaurant Le pedí agua a un caballero me dice/ Cien pesos/ le digo/ Sabe que/ no tengo cien pesos/ me dijo/ pasa pasa pasa/

Evaluación

me trató como carne de cogote/ le vi los baños sucios le digo/ Amigo si yo le lavara los baños/ me regalaría un plato de comida/

Búsqueda de la inclusión

me dice/ No te pongái fresco poh huevón/ si ya te convidé agua/o sea/ él no vio lo que yo iba a hacer/ que me la ganaba/ él vio lo que iba a perder no más/

así es el/ el negocio hoy día

PL_AL_O30409 construye el significado de su experiencia en la calle a través de proyecciones mentales volitivas y afectivas que implican un fuerte contenido emotivo: me cuesta, quiero reinsertarme, siento que estoy, no quiero robar. Este posicionamiento contrasta con lo que la realidad y la agentividad de los otros imponen. La familia pide; PL_AL_O30409 no tiene, no puede, quiere y siente, pero eso no basta, en consecuencia, está excluido; así, la familia discursivamente es el agente expulsor. A través de la alusión a los cuadernos que solicita la hija, y de la carencia de dinero, se construye la noción de sujeto excluido del sistema en cuanto no proveedor: no puede consumir, pues para ello debe tener un trabajo. Con el fin de entregar evidencias de su búsqueda de oportunidades, introduce un relato en estilo directo que intenta reproducir

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con las palabras exactas del discurso que lo margina. Con este fin, utiliza el proceso verbal decir (me dice / le digo). A través del discurso del otro, se siente discriminado: me trató como carne de cogote30. Lo que PL_AL_O30409 dice busca la inclusión; lo que el otro dice lo margina. A través de un mismo proceso mental en contraste, lo que uno ve no es lo que ve el otro: las miradas no confluyen; se impone la metáfora del dentro y del afuera. Finalmente, es importante considerar las constantes evaluaciones del actor social sobre su estado actual en el mundo: como individuo, construye su identidad sobre la base del tener, estar y del ser. No solo se evalúa a sí mismo, también evalúa a los otros con quienes interactúa y al sistema del que se encuentra excluido. Para PL_AL_O30409, discursivamente, no hay trabajo; no hay oportunidad; quien podría cooperar, se niega a ello. Se reproduce el topos excluyente que habita en el discurso cotidiano: algo habrá hecho que se encuentra en esta condición.

v.iv. FGC_RI_021008: “De repente […] como que se me le ha achicado el espacio no sé” RI: […] estoy agradecido de las casas de/por ser de esta casa de acogida y de de varios lugares/de varios lugares que me han brindado ayuda porque incluso hasta para los pasajes tuve que ir a pedir plata o sea/el pasaje a la intendencia/desde aquí me mandaron/y/para poder viajar para buscar trabajo en otro lado/lo he intentado por todos lados/pero de repente/como que yo/ como que se me le ha achicado el espacio no sé/no sé qué/qué pasa po/pero E: y qué edad tiene usted RI: cuarenta y siete y/y cuesta en las construcciones encontrar con cuarenta y siete años pega en algunas E: SÍ RI: porque tiene que tener/e/más le echan preferencia a los niños jo a los jóvenes/me ha costado bastante de repente hago sus pololitos por allá/ando todo el día en la calle prácticamente/si a veces no almuerzo/ahora como me/ me veía/pasé a buscar unos tomatitos y…

30 En el español de Chile, expresión que literalmente alude a carne poco apreciada. En términos metafóricos, implica menospreciar.

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El discurso de FGC_RI_021008, como el de muchos otros en situación de calle, se caracteriza por la alta frecuencia de uso del proceso relacional estar + atributo + circunstancia con el propósito de significar agradecimiento o lugar. Construye, de ese modo, la representación de la infantilización en la cual el actor social no trata con personas, sino con instituciones que lo asisten y le restan agentividad, en términos de causa y transformaciones respecto de sí y de su contexto: estoy agradecido de las casas de/por ser de esta casa de acogida y de de varios lugares. Estar + atributo

+



circunstancias de lugar

A través de la repetición y sinonimia total o parcial, el informante describe su trato con entidades abstractas [casas/casa de acogida/lugares]. Se configura de este modo una forma de exclusión en la cual una persona humana no establece vínculos con otra persona humana, sino con entidades asistenciales visibilizadas a través de nombres que dan cuenta de entidades impersonalizadas. Se podría decir que el informante naturaliza un tratamiento aséptico en que él y los otros evitan tocarse en un plano concreto. FGC_RI_021008 posee una concepción moderna del tópico trabajo y se aferra a ella como posible vía de inclusión; no obstante, la perspectiva que se impone es la neoliberal, que supone que el individuo debe ser autogestor de su estado de bienestar. No hay trabajo decente para el informante; solo existe el trabajo precario: el pololito. Así, el único modo posible es el asistencialismo. Recupera la agentividad [tuve que ir a pedir plata o sea/el pasaje a la intendencia] y junto con ello remarca la exclusión del sistema, pues no puede autofinanciar su búsqueda. El proceso material y al mismo tiempo de comportamiento pedir en su modalidad deóntica u obligativa tener que ir a pedir, aparece vinculado a la noción de beneficiario de la actividad de asistencia solidaria. El actor se asume como afectado y representa la búsqueda de inclusión de modo intensificado [lo he intentado por todos lados]; no obstante, la siguiente representación metafórica [pero de repente/como que yo/como que se me le ha achicado el espacio] muestra una absoluta desagentivación

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que no posee otro significado que la exclusión. La vida y sus estructuras sociales se imponen sobre la persona en situación de calle que no puede hacer nada frente a lo inexorable, a lo que no tiene explicación: [No sé qué pasa]. Si observamos las relaciones nucleares, es decir, aquellas relaciones léxicas que se establecen dentro de las cláusulas, considerando el proceso y el medio a través del cual se realiza el discurso, el análisis revela que FGC_RI_021008 se inscribe como agente, no obstante, en todos los casos su agentividad se ve circunscrita a lo que el contexto y los otros imponen: Figura 3: Asistencialismo, exclusión y abandono Agentividad

Resultado

me han brindado ayuda para los pasajes tuve que ir a pedir plata he intentado por todos lados me ha costado bastante cuesta en las construcciones encontrar con cuarenta y siete años pega no sé/no sé qué/qué pasa po/pero hago sus pololitos por allá/ ando todo el día en la calle si a veces no almuerzo/ ahora como me/me veía/ pasé a buscar unos tomatitos y…

asistencialismo

exclusión

abandono

como que se me le ha achicado el espacio

El trabajo de FGC_RI_021008 consiste en buscar, para ello debe andar (construcción de la itinerancia de una persona en situación de calle) y esporádicamente hacer sus pololitos (trabajo precario)31. Así, la agentividad de FGC_ RI_021008 está reducida a actividades que poco o nada se vinculan con la ética de la producción (trabajo decente). El actor social vive en una sociedad neoliberal signada por la estética del consumo de bienes y servicios32, por lo 31 Cabe señalar que en el español coloquial de Chile, pololito alude a trabajo ocasional de baja remuneración y sin contrato legal de por medio. 32 Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres (Barcelona: Gedisa, 2005).

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tanto, se trata de un excluido más en un espacio individualista como es actualmente Santiago de Chile. En consecuencia, los discursos analizados muestran que, mientras la perspectiva de FGC_RI_021008 y de otros como él se focaliza en el trabajo como vía de dignificación e inclusión (modernidad), lo que el sistema impone es la precariedad, la fugacidad y la falta de vínculo identitario entre lo que el actor es y lo que hace o quisiera hacer (neoliberalismo). En el momento de la entrevista, a FGC_RI_021008 le parece exactamente lo mismo trabajar en una construcción que en la recolección de la fruta: en ambas ocupaciones prima la transitoriedad y el futuro se desdibuja, pues no es posible elaborar un proyecto de vida. Todo es en el momento presente; su agenda de inclusión depende de él y de las instituciones que le brindan ayuda, perpetuando, al mismo tiempo el estado de exclusión. Las últimas palabras del episodio describen la itinerancia de FGC_ RI_021008 y de la diferencia entre él y los que están dentro del sistema. Su deambular supone además no comer, pero no como una opción, sino por carencia de recursos. Alrededor de las cinco de la tarde, su único alimento del día son unos tomatitos que lo construyen discursivamente como una persona sin trabajo, sin dinero, por lo tanto, sin libertad de saciar su hambre de otro modo que no sea el acto individual de conseguir asistencia, en otras palabras, pedir, hecho que lo infantiliza y degrada.

vi. Consideraciones finales Luego de observar procesos y recursos léxico-gramaticales que permiten significar el mundo de la experiencia, podemos afirmar que, discursivamente, en los casos analizados, una persona en situación de calle se construye, en su heterogeneidad, como un actor social que producto de un quiebre en su existencia llega a habitar el espacio público. Producto de este quiebre, pierde su legitimidad discursiva y el lugar jerárquico que ocupaba en su grupo. La sociedad lo invisibiliza físicamente, obligándolo a abandonar los espacios elegidos para pernoctar, en bien de los “dueños” del lugar. La representación discursiva con agente indeterminado da cuenta de ello: cerraron. Asimismo, la calle es el

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espacio de la ambivalencia: acoge, pero al mismo tiempo amenaza y agrede: hemos tenido que salir arrancando de ahí. Quien busca la inclusión choca contra el prejuicio que supone querer transar su trabajo (precario) por un plato de comida. La identidad construida es la de un aprovechador. En el último microanálisis, se da preferencia a los jóvenes, pues a los 47 años el informante es un viejo obligado a ocupar el margen del margen y condenado a la eterna búsqueda de un trabajo precario. Como habita espacios periféricos —no lugares— y siempre está en tránsito, el actor social no establece apropiación ni identidad en relación con las instituciones que lo acogen temporalmente. El discurso de las personas en situación de calle es invisible y silenciado por el sistema. Las instituciones asistencialistas adquieren el estatus de persona que niega la agentividad y promueve la infantilización de los sujetos. El espacio de oportunidades se reduce y, desde el individualismo, quienes están en situación de poder no ven lo que la persona que está en la calle ve y de ese modo se construye y naturaliza la exclusión. El contexto situacional, que implica una práctica social particular dentro de una comunidad, restringe el margen de maniobra del hablante y, en consecuencia, la gama de recursos léxico-gramaticales de la que dispone. Es así que en nuestro microanálisis surge la representación discursiva referida al trabajo como la mayor posibilidad de inclusión y al mismo tiempo de marginación: hoy tengo tres hojas de antecedentes […] me cuesta encontrar un trabajo / cuesta […] encontrar con 47 años pega. Así, solo quedan trabajos temporales y precarios, cuyo efecto nuevamente es la exclusión y la perpetuación del estado de cosas: ausencia de contratos, carencia de previsión social y de políticas salariales inclusivas. Es relevante en el análisis la gran cantidad de procesos relacionales que desde la emoción y la ética dan cuenta del estado del sujeto y del estado de la sociedad. A un actor social el espacio se le achica; a otro, le cuesta estar en esta situación de búsqueda y de espera, pues se sabe y se siente discriminado: me trató como carne de cogote. El discurso de una persona en situación de calle no circula como el de los otros; su palabra está degradada y sin valor; no posee credibilidad ni importancia, es el discurso del loco de Foucault. Su identidad es construida desde las instituciones como aquel a quien hay que asistir; sin agentividad, el actor

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social no posee identidad de resistencia, pues no constituye grupo; finalmente, tampoco en su discurso se construye con identidad de proyecto, dado que no posee la agentividad y fuerza de grupo que le permitiría modificar las estructuras sociales que lo excluyen.

Bibliografía Arancibia, María Cristina y Lésmer, Montecino, “Trabajo, desigualdad y corrupción en Chile: representaciones discursivas en ciberperiódicos chilenos”, en Pardo, Neyla, Estudios del discurso en América Latina. Homenaje a Ana María Harvey (Bogotá: Proceditor 2013). Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad (Barcelona: Gedisa, 1998). Bauman, Zygmunt. Modernidad Líquida (México: Fondo de Cultura Económica, 2002); —, Trabajo, consumismo y nuevos pobres (Barcelona: Gedisa, 2005); —, Vida de consumo (México: Fondo de Cultura Económica, 2007). Castells, Manuel, La era de la información. El poder de la identidad (Madrid: Alianza, 2003). Chouliaraki, L. y Fairclough N., Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999). Coracini, M. J., “Vozes (des)ordenadas e (in)fames”, en A (des)ordem do discurso (Sao Paulo: Contexto, 2010), 105-126. Fairclough, Norman, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research (Londres: Routledge, 2003). Foucault, Michel, El orden del discurso (Barcelona: Tusquets, 1999). Ghio, Elsa y María Delia Fernández, Lingüística sistémico-funcional. Aplicaciones a la lengua española (Santa Fe: UNL y Waldhuter Ediciones, 2008). Halliday, M. A. K. y C.M.I.M Matthiessen, An introduction to functional grammar (Londres: Arnold, Tercera edición, 1994). Lepin, C., “El trabajo en el discurso de personas en situación de calle de Santiago de Chile”, en Montecino, L. (ed.). Discurso, pobreza y exclusión en América Latina. (Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2010), 195- 210.

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Las buenas intenciones y la realidad: cómo ampliar los beneficios del trabajo formal1 Andrés Biehl L.2 Germán Vera C.3

i. La política de las buenas intenciones En noviembre de 1933 el escritor Jenaro Prieto vio en nuestra legislación laboral el principal obstáculo para la recuperación de la crisis mundial: “Cada ley social le cuesta, sin duda, a los patrones, un ojo de la cara y al pueblo muchos miles de cesantes, puesto que el industrial reduce el número de obreros a medida que empeora su negocio. Pero, ¿qué hay en esto de criticable? Cada uno paga con lo que puede: Los ricos con su dinero y los pobres con su persona”. Prieto anticipa un argumento que se ha repetido incansablemente para caracterizar nuestro mercado laboral: que la seguridad social encarece los costos laborales, que protege al trabajador y castiga al desempleado, y que por consiguiente, incrementa las desigualdades entre trabajadores formales — aquellos que están empleados en el marco de la ley—, informales —aquellos que trabajan al margen— y desempleados. Que después de regular, los ricos siguen pagando en dinero y los pobres con su persona. ¿Por qué las críticas de comienzos de siglo XX resuenan en las del comienzo del XXI? Las líneas de Prieto ilustran muy bien un tipo de problemas que puede ocurrir en la intersección entre las instituciones del Estado y las personas, cuando el Estado intenta regular, desde arriba, la vida social que se desarrolla en toda su complejidad entre individuos y sus comunidades, desde abajo. En ocasiones, el Estado trata de uniformar y ordenar comportamientos en vistas 1

Agradecemos los comentarios de Guillermo Wormald y del equipo del IES, Catalina Siles y Santiago Ortúzar. Asumimos la responsabilidad de cualquier error que quede en el texto.

2 Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster y doctor en Sociología, Universidad de Oxford, Reino Unido. Profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile.  3

Ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Economista de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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a un plan general sin consideración de las condiciones locales en las que habitan las personas. En el proceso de imponer reglas sin conseguir la cooperación de comunidades e individuos, el Estado derrotaría los principios que lo animaron originalmente a regular, por ejemplo, si para conseguir crecimiento o equidad quiebra la solidaridad de una comunidad4. Por supuesto, hay oca-

siones en que el Estado debe coaccionar “desde arriba” (ej., para mantener la ley); hay otras donde la coacción no produce ningún efecto (ej., si la evasión tributaria se mantiene a pesar de leyes más duras y más fiscalización). Pero forzar un “modelo”, por perfecto que parezca, a una realidad más compleja puede producir consecuencias no deseadas que socavan en la práctica las muy buenas (o malas) intenciones que animaron su diseño y aplicación. Puede romper las condiciones sociales necesarias para que estos planes sean sustentables en el tiempo. En este ensayo vamos a estudiar las consecuencias de la regulación laboral para iluminar la conexión entre los diseños de planificación del Estado y la marginalidad que pueden producir si esta planificación no suscita cooperación ni atiende los límites concretos que tiene la aplicación de la ley. Los vínculos de empleo son cruciales para explorar la relación entre individuo e instituciones al menos por cuatro motivos: (1) la regulación laboral está centralizada desde el Estado y tiene, por lo tanto, alcance nacional, (2) asimismo, está diseñada con las mejores intenciones de protección a los trabajadores frente a la discreción de los empleadores. Adicionalmente, el empleo (3) vincula a nivel individual la relación entre múltiples variables agregadas. Por ejemplo, el crecimiento económico y la distribución del ingreso están mediadas por el empleo y por los incentivos individuales que este trae aparejado para acumular capital humano y ahorrar. Finalmente, (4) más allá de definir un conjunto de oportunidades económicas, el empleo también es fuente de vínculos sociales significativos fuera del ámbito doméstico: como dice Voltaire, “el trabajo nos libera de tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y 4

Tanto Easterly como Tilly ilustran las consecuencias no deseadas de programas económicos de asistencia impuestos “desde arriba” que han fracasado por no considerar la autonomía de los más pobres: Easterly, William, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor (Nueva York: Basic Books, 2015); Tilly, Charles, “Power-top down and bottom up”, en The Journal of Political Philosophy, vol. 7, nº 3 (1999), 330-52.

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la necesidad”. Por eso mismo, el desempleo puede llegar a ser tóxico para el bienestar de las personas5. A pesar de las razones que acabamos de enumerar, sabemos que nuestro mercado laboral produce exclusión y desigualdades económicas importantes; la pregunta que queda es si la exclusión y desigualdad son culpa del Estado que no fiscaliza, de empresarios que no cumplen o de una legislación desconectada de la realidad del país. Jenaro Prieto le estaba achacando a la legislación de la década de 1920 nada menos que la perduración de una crisis mundial. Inspirados por la legislación francesa y las convenciones laborales del Tratado de Paz de Versalles, nuestros gobiernos adoptaron las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y por ley regularon las relaciones de empleo. El Código del Trabajo, propuesto en 1921 por el gobierno de Alessandri y ratificado por medio de decreto bajo Ibáñez, consolidó un cuerpo de regulaciones que aumentaban algunos salarios, limitaban las horas de la jornada de trabajo, mejoraban las condiciones del trabajo femenino y aseguraban la organización sindical. También ataba el empleo regulado formalmente por la ley a la protección social. Con eso se esperaba proteger a los trabajadores, incentivar su organización y evitar su radicalización6. La crítica puede interpretarse desde

la insensibilidad de clase de la época. ¿Quién podría hoy objetar la obligación de ofrecer buenos sueldos, seguridad y condiciones decentes en el lugar de trabajo? La crítica, sin embargo, no es al espíritu de la ley ni a las buenas intenciones, es al detalle y sus consecuencias. El problema más general es la inocencia de copiar y/o aplicar un modelo de regulación sin atender a las condiciones económicas locales: pensar que un modelo importado, técnicamente 5

Analizando el desempleo en Estados Unidos, tras la crisis financiera de 2008, Deaton calcula que el malestar que causa estar desempleado hace que para compensarlo se requiera un monto igual a seis veces el ingreso de la misma persona empleada. Ver también el efecto que bajas expectativas laborales podrían tener sobre la mortalidad entre hombres blancos en: Case, Anne y Angus Deaton, “Rising morbidity and mortality in midlife among white nonHispanic Americans in the 21st century”, en Proceedings of the National Academy of Sciences, (2015). Disponible pronto en línea.

6 Ver, por ejemplo: Poblete-Troncoso, Moisés, “Labour Legislation in Latin America: I”, en International Labour Review, vol. 17 (1928a), 51–67; “Labour Legislation in Latin America: II”, en International Labour Review, vol. 17 (1928b), 204–30.

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razonable y aparentemente neutro, puede funcionar con independencia del poder y los grupos de presión locales. El Estado estaba bien inspirado, pero sabía menos de lo que creía de la realidad que quería formalizar. Quiso un mercado laboral francés sin ser un Estado francés. Al centralizar la legislación laboral sin crear herramientas que permitieran ajustar la regulación al cambio social y económico, puso una “camisa de fuerza” institucional que reventó. La regulación favoreció a unos pocos con la capacidad de autorregularse y cumplir con la legislación existente, pero perjudicó a muchos que quedaron marginados. En este capítulo vamos a ver que la flexibilización del mercado laboral en la década de 1980 pecó de problemas similares: lejos de disminuir la exclusión, la mantuvo y en ciertos indicadores la aumentó. Adicionalmente, compararemos las continuidades del mercado laboral a través del tiempo y en relación con países que han enfrentado desafíos económicos comparables al nuestro. En lo que sigue, introducimos algunos conceptos que guiarán el análisis. Luego, discutiremos los límites y riesgos que tiene nuestra economía en relación con el mercado internacional. En las dos secciones que siguen, veremos cómo la protección puede generar exclusión. En la primera ofreceremos un análisis más histórico de nuestra experiencia y en la segunda, una reflexión más general. Finalmente, concluimos con una discusión acerca de los modelos que intentamos imponer a la sociedad y las consecuencias no deseadas que pueden producir. En la conclusión repasamos las discusiones más importantes que a nuestro juicio deberíamos tener acerca de nuestro mercado laboral para mitigar la marginalidad que está generando actualmente.

ii. Algunos conceptos económicos En este capítulo hablaremos de los efectos que tiene la legislación laboral sobre aquellos que trabajan y aquellos que buscan entrar en el mercado laboral. Para ello basaremos nuestro diagnóstico y recomendaciones sobre una serie de premisas que se encuentran habitualmente en la literatura económica y que pueden conciliarse con hallazgos de investigaciones sociológicas.

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La primera y más sencilla es que asumiremos que las personas, en sus decisiones, maximizan su utilidad esperada, descontando de alguna forma su bienestar futuro. Asimismo, asumiremos que esta utilidad es marginalmente decreciente en el consumo. La consecuencia de estos dos supuestos es que las personas buscarán suavizar su consumo en el tiempo: un shock negativo (por ejemplo, perder el empleo) golpea mucho más fuerte que un shock positivo equivalente (por ejemplo, recibir un aumento que doble el sueldo) en el bienestar intertemporal de la persona. Por lo tanto, en igualdad de condiciones existiría un consumo menor y constante en el tiempo que será preferible al nivel actual sujeto a la volatilidad natural. Un consumo así “suavizado” permite asegurar el bienestar resguardándose de caídas bruscas que se producen por los cambios económicos. De ello se concluye que el Estado puede jugar un papel importante en ayudar a las personas a mantener un bienestar superior en el tiempo, a pesar de las ineficiencias de la acción estatal. La objeción más común al respecto —argüir la equivalencia ricardiana— radica en decir que cualquier gasto que un gobierno haga en subsidiar la demanda en un momento dado tendrá que ser pagado en el futuro por los mismos beneficiados en la forma de impuestos más altos, por lo que el beneficio neto sería cero. Sin embargo, esto supone que la capacidad de ahorro o de endeudamiento de las personas no está limitada, lo cual es especialmente falso en el caso de los más excluidos, que están absolutamente fuera del sistema bancario formal y que tienen poca capacidad de ahorrar para sortear cambios bruscos en las condiciones económicas7. Esto no implica que no existan mecanismos de ahorro para tratar de suavizar el consumo entre los más excluidos, el problema es que los mecanismos existentes son tremendamente ineficientes: ya en los años 80, De Soto mostraba cómo en ausencia de un sistema bancario formal, los pequeños empresarios peruanos ahorraban usando cemento, ampliando permanentemente 7

Para Luhmann, por ejemplo, la exclusión está mucho más integrada que la inclusión: en este caso, estar excluido de acceso al sistema bancario implica estar automáticamente excluido de otros (ej., salud, previsión, etc.). Luhmann, Niklas, “Inclusión y exclusión”, en Complejidad y modernidad: De la unidad a la diferencia (Madrid: Trotta, 1998), 121-42.

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sus hogares para aumentar el valor de sus viviendas8. De la misma forma, Banerjee y Duflo nos cuentan cómo el microcrédito en India es usado por algunos como un mecanismo de ahorro (¡con tasa de interés negativa!)9. Estos ejemplos ilustran cómo la intervención estatal para suavizar el consumo sirve para compensar la carencia de acceso individual al ahorro o el crédito. Otra crítica que se realiza frecuentemente a la intervención estatal es que peca de paternalismo, impidiendo que los más desposeídos tomen sus propias decisiones. Acá nuevamente Banerjee y Duflo sirven de contrapeso al mostrarnos cómo los que viven en condiciones extremas tienen que tomar muchas más decisiones que involucran un riesgo personal que el resto de nosotros, y en materias que el resto de nosotros damos por sentadas: si es posible o no tomar de cierta agua en ausencia de agua potable, si se puede o no salir a la calle en cierto horario o bien a qué momento deja de ser conveniente asistir a la escuela. Para la mayoría, estas son decisiones “obvias” que se nos dan por defecto y que no involucran una carga cognitiva; y, sin embargo, nadie habla acerca del “paternalismo” que tiene que la empresa de agua potable no nos haga discriminar con respecto a la calidad del agua que tomamos. El paternalismo radica más bien en defender supuestos teóricos que tienen un efecto concreto para el resto, pero donde uno no “arriesga el pellejo”10. Todo esto supone un llamado a tomar los supuestos clásicos del homo economicus con cierta cautela, tal como Rabin señala: el objetivo no es que los economistas abandonen la suposición de que las personas son inteligentes y tengan capacidad de agencia, sino que se consideren aquellas ocasiones en que se les exige a las personas una racionalidad sobrehumana (con la consiguiente capacidad de anticipación) a la hora de tomar una decisión no

8

De Soto, Hernando, El otro sendero: La revolución informal (Lima: El Barranco, 1986).

9 Banerjee, Abhijit y Esther Duflo, Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to F ight Global Poverty (PublicAffairs, 2011). En este caso, la persona que pide el microcrédito obtiene liquidez inmediata para planificar un gasto en el futuro (ej., comprar un auto en un mes más). Por lo tanto, no usará el crédito de forma productiva y utilizará la obligación de pago (que implica obtener un crédito) para financiar su consumo. 10 Taleb y Sandis consideran que arriesgar el pellejo es una condición necesaria para lidiar con problemas de agencia en condiciones de opacidad y asimetría de información. Taleb, Nassim Nicholas y Constantine Sandis, “The skin in the game heuristic for protection against tail events”, en Review of Behavioral Economics, vol. 1, (2014), 115-35.

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habitual y con el mínimo de información11. Bajo esta perspectiva, analizaremos en el siguiente punto cuáles son los riesgos que presenta una pequeña economía abierta, como la nuestra, para los trabajadores y las instituciones, y qué se puede hacer al respecto.

iii. Competitividad y riesgo: los límites de una pequeña economía abierta Desde el despegue económico a mediados del siglo XIX, la economía chilena se ha caracterizado por algunas constantes: tenemos un mercado interno pequeño y bases productivas reducidas para exportar. Por lo tanto, no gozamos de la economía de escala suficiente para protegernos frente a los cambios globales del mercado. Es evidente que esta posición es compartida por otras economías pequeñas y exportadoras, como los países nórdicos y de Oceanía, los que al enfrentar esta situación han diseñado mecanismos para protegerse y administrar los riesgos de los ciclos económicos. Es en el mercado del trabajo donde usualmente se ha buscado esa protección con el fin de mantener la capacidad de consumo de los trabajadores. El doble límite que impone la pequeñez y la apertura comercial12 tiene efectos concretos sobre la inseguridad que enfrenta la fuerza laboral. La volatilidad de este tipo de economías hace que la naturaleza de nuestras ocupaciones ofrezca poca capacidad de ahorro, puesto que los trabajadores tradicionalmente han tenido que migrar de trabajos (por estaciones: piénsese en la agricultura) y de empresas (por cambios tecnológicos y de demanda). Adicionalmente, nuestra matriz productiva se ha basado en productos no complejos, lo que también se ajusta por medio del despido o precarización de la fuerza laboral13. En países con mercados internos más grandes y con bases de 11 Rabin, Matthew, “Psychology and economics”, en Journal of Economic Literature, vol. 36, nº1 (1998), 11-46. 12 Incluso durante la época de “sustitución de importaciones”, porque la promoción de la industria urbana se hizo a costa de la exportación de recursos naturales. 13 Ver, por ejemplo, los trabajos de Hidalgo, César, Why Information Grows: The Evolution of Order, from Atoms to Economies (Basic Books, 2015); Hausmann, Ricardo, César Hidalgo, et al., The Atlas of Economic Complexity (The MIT Press, 2014), donde Chile aparece como una

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exportación más diversificadas, usualmente las empresas tenían el tamaño suficiente para proveer, al menos por un tiempo, protección (mediante mayores salarios y prestaciones no monetarias como la vivienda) y así sostener el consumo de los trabajadores14. De este modo, el riesgo económico es, en

general, asumido por la empresa. Sin embargo, las economías pequeñas y basadas predominantemente en la extracción de recursos naturales, tienen un rango de acción más limitado. No siempre tienen ventajas tecnológicas para producir más eficientemente y enfrentan precios, de insumos y productos, fijados por el mercado global. Por lo tanto, como advierten Buchanan y Nicholls, en este tipo de economías “el precio relativo del trabajo es usualmente la ventaja sobre la cual se crea la competitividad internacional”15. Por eso, si los productos exportados están en industrias de baja complejidad, la presión por aumentar los salarios será mayor. Los Estados deben balancear entonces dos motivos que aparecen contrapuestos: cómo proteger de la inseguridad económica tanto a trabajadores como a empleadores. La primera es vital para la cohesión social; la segunda, para el crecimiento. Durante la expansión del capitalismo y del Estado de bienestar, ambos motivos se manifestaron en un fuerte conflicto distributivo, marcado por la desigualdad y la lucha de clases, y la búsqueda por autonomía y eficiencia económica16. Lo que parece un enfrentamiento irreconciliable entre trabajadores y empresarios se ha resuelto, sin embargo, de diversas maneras. Sin atender al conflicto distributivo, piénsese a principios de siglo pasado, es imeconomía poco compleja en relación con su PIB. 14 Swenson argumenta que en Estados Unidos, las grandes empresas manufactureras lograron conseguir la lealtad de sus trabajadores mediante salarios situados por sobre el nivel de mercado y prestaciones no monetarias. En comparación, en Suecia, las empresas se libraron rápidamente de las prestaciones no monetarias y pagaron, vía negociación colectiva, sueldos por debajo del nivel de mercado. Con ello lograron mantenerse competitivas traspasando al Estado la prestación de servicios sociales. En este caso, el Estado de bienestar logró un apoyo importante entre los empresarios. Swenson, Peter A., Capitalists against Markets: The Making of Labor Markets and Welfare States in the United States and Sweden (Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2002). 15 Buchanan, Paul G. y Kate Nicholls, Labour Politics in Small Open Democracies: Australia, Chile, Ireland, New Zealand, and Uruguay (Basinkstoke: Palgrave, 2003), 1. 16 Iversen, Torben, Capitalism, Democracy, and Welfare (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

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posible dotar de legitimidad a la economía y a la labor empresarial. Pero la administración del conflicto no pasa necesariamente por aumentar el consumo: el crecimiento a largo plazo puede estar comprometido por la expansión del consumo en el corto plazo, por lo que es necesario llegar a acuerdos distributivos que permitan disminuir la volatilidad del consumo. Desde el punto de vista de las empresas, hay un interés en diversificar el riesgo del cambio económico hacia el Estado y, en ausencia de mecanismos estatales de protección, hacia los trabajadores17. Quién asume los costos laborales se convierte en un asunto crítico para la sobrevivencia de este tipo de economías.

iv. Modelos, protección y marginalidad Chile ha experimentado con dos formas de administración de riesgos económicos que han intentado conciliar protección con crecimiento. Son “modelos” en tanto elaboran un conjunto de reglas explícitas para los agentes económicos y conllevan una narrativa acerca de la justicia y el bienestar que es compartida por la mayoría de la población (lo que puede dar paso a reglas implícitas de comportamiento). El primer modelo, que se extendió desde la década de 1920 hasta comienzos de la de 1980, es el que criticaba Prieto. Se sostenía bajo el supuesto del contrato, escrito, entre trabajador y empleador (incluso si había negociación colectiva). El Estado se convirtió en el mediador del conflicto distributivo buscando la cooperación de sindicatos, que tenían que ser reconocidos por el Estado18, con las empresas. A cambio de mayores salarios, ofreció protección mediante derechos aduaneros altos y selectivos a empresas dispuestas a cooperar. El riesgo entonces se diversificó: el que enfrentaban los trabajadores fue compensado, al menos en el papel, por mayor consumo y mayor protección social. La capacidad de consumo se sostuvo sobre una relación paternalista con la empresa, que debía ofrecer prestaciones monetarias y no 17 Hall, Peter A. y David W. Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage (Oxford: Oxford University Press, 2001). 18 El ejecutivo podía vetar la formación de sindicatos no afines y se utilizó entonces como una herramienta política más que económica. Alexander, Robert J., Labor Relations in Argentina, Brazil, and Chile (Nueva York: McGraw-Hill, 1968).

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monetarias (una “conquista” que permitía proteger el consumo de la inflación). La seguridad social estaba basada en contribuciones de empleadores y trabajadores, y era otorgada en razón del estatus ocupacional. El código del trabajo distinguía entre trabajadores manuales y empleados, y los seguros de desempleo y pensiones se estratificaron de acuerdo con esa distinción y las diferencias internas por cada grupo19. Llegaron a existir múltiples cajas de

protección que administraron los fondos de pensiones para cada nicho ocupacional20. En esto Chile trataba de emular el ejemplo alemán (a la Bismarck) y francés de dividir las prestaciones según ocupación, entregando un premio mayor a las ocupaciones con mejor poder de organización. Las empresas debían pagar una indemnización por despido y, de 1966 en adelante, justificarlo. Los sindicatos se asociaron con distintos agentes políticos para asegurar sus demandas. Al mismo tiempo, el Estado otorgó protección con el objeto de aislar a Chile de los cambios bruscos de la economía mundial y consolidar el mercado interno bajo la idea de que la protección nos conduciría a la autonomía. En definitiva, la idea de que la empresa debía velar por la seguridad (extrasalarial) del trabajador y que el Estado contribuía a la industrialización autónoma de Chile, favoreciendo a grandes empresas, recibió el apoyo de los sectores políticos y sociales más relevantes. Como notó Drake, el modelo funcionó por medio de un círculo de favores “personales” entre actores sociales específicos: los empleados y trabajadores mejor organizados exigían mayores sueldos, el gobierno intervenía (especialmente si el sindicato lo apoyaba) y demandaba que la empresa subiera los sueldos a cambio de mayor protección arancelaria, con lo cual la empresa cumplía traspasando los costos al consumidor21. La asociación selectiva entre grupos de trabajadores, empresarios y gobierno condenaba a la exclusión a

19 Arellano, José Pablo, Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984 (Santiago: Cieplan, 1985). 20 Esto fomentó la pertenencia a más de una caja de compensación y llevó a un aumento de la evasión de las contribuciones. El modelo no promovía la cooperación de los que estaban incluidos en el sistema al mismo tiempo que dejaba marginados a los trabajadores por cuenta propia —informales y más pobres—. Así, aumentaron las inequidades ocupacionales y geográficas. Mesa-Lago, Carmelo, “El desarrollo de la seguridad social en América Latina”, en Estudios e Informes de la Cepal. Naciones Unidas, nº 43 (1985), 302-307 21 Drake, Paul W., Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone in Comparative Perspective (Baltimore y Londres: John Hopkins University Press, 1996).

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quienes no podían entrar o no eran relevantes para esta cadena de favores. Además, el Estado podía proteger a las empresas de la competencia externa, pero no de la interna, donde comenzó a surgir un importante sector informal (a causa de las barreras de entrada al mercado formal). A nivel de trabajador, la protección social no resolvió el conflicto distributivo ni creó incentivos de inversión a largo plazo. Al contrario: la asociación con el poder explotó las divisiones ideológicas entre sindicatos. Además de fallas de gestión, el modelo intentaba asegurar el consumo de corto plazo del trabajador sacrificando la eficiencia de largo plazo. Ni las empresas ni el trabajador tenían incentivos para invertir en capital humano puesto que, dado que el conflicto distributivo no estaba resuelto, las empresas preferían invertir en lealtad personal, tal como ocurre, según algunos estudios, hasta el día de hoy en buena parte de América Latina22. El segundo modelo nace en dictadura, en 1979, con la formulación del “Plan Laboral” y con la nueva legislación decretada en 1984. Desde entonces este modelo ha experimentado reformas importantes durante los gobiernos de Aylwin, Lagos y Bachelet. Más allá de las reformas, la nueva legislación tuvo como eje la eficiencia más que la equidad y protección, en consonancia con la nueva vocación exportadora de la economía. Se liberalizó el mercado laboral, se puso un límite a indemnización por años de servicio, se relajaron las justificaciones para despedir a trabajadores y se individualizó el riesgo mediante incentivos al ahorro para pensiones y salud. El objetivo era dinamizar la economía23. Si bien es imposible saber cuánta adhesión tuvo, la narrativa del trabajo individual y la apelación al crecimiento (como mecanismo para asegurar una redistribución subsidiaria) parecen haber sido acogidas por la opinión pública en las décadas de 1990 y 200024. El costo del riesgo econó-

22 Rodríguez, Darío y René Ríos, “Paternalism at a crossroads: Labour relations in Chile in transition”, en Employee Relations, vol. 31, nº 3 (2009), 322-33; Schneider, Ben Ross, “Hierarchical market economies and varieties of capitalism in Latin America”, en Journal of Latin American Studies, vol. 41, nº 3 (2009), 553–75. 23 Álamos, Rodrigo, “La modernización laboral”, en Estudios Públicos, nº 26 (1987); Wisecarver, Daniel, “Regulación y desregulación en Chile: Septiembre 1973 a septiembre 1983”, en Estudios Públicos, nº 22 (1986), 115-167. 24 Ver, por ejemplo, las encuestas de opinión del Centro de Estudios Públicos.

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mico se traspasó al individuo. La liberalización de las leyes de contratación, se esperaba, iba a aumentar la contratación formal, mejorar la capacidad de ahorro personal, a la vez que reducir los costos laborales. Al respecto, defensores de la liberalización del mercado laboral cuestionaron que se mantuviera la indemnización por años de servicio, pero la verdad es que el régimen no diseñó un mecanismo alternativo de protección al desempleo. Si bien se esperó que la liberalización mejorara las ventajas comparativas de los trabajadores, la desigualdad de salarios aumentó desde los años 80 hasta fines de los 90 en la medida en que el desarrollo tecnológico premió especialmente a los trabajadores más calificados25. El primer modelo de regulación laboral enfatizaba el rol del Estado, la sujeción de los sindicatos y asociaciones empresariales, una detallada estratificación de profesiones con sus respectivos derechos y los grados de protección que les eran otorgados. El segundo modelo enfatizaba la seguridad privada, el contrato individual entre empleador y trabajador, la liberalización del mercado, el rol del Estado como garante de la ley y no como mediador. Pero lo interesante, francamente, son las continuidades de los dos modelos. Ambos están basados en una misma premisa: asumen una relación contractual formal, en el presente “indefinida”, y por lo tanto otorgan protección vía contrato (en el pasado por el estatus asociado a la ocupación) independientemente de si la seguridad es administrada pública o privadamente (o mixta). Los dos sistemas de protección asumen un trabajador que estará empleado por la mayor parte de su vida laboral en un solo lugar, que tendrá capacidad de ahorro y podrá contribuir a su pensión y seguro de desempleo junto con el empleador. La protección asociada al contrato excluye en el largo plazo, por lo tanto, a trabajadores independientes y a trabajadores formales con contratos de plazo fijo o por tareas. Si bien hoy existen cambios que obli-

25 Para la relación entre reformas, desigualdad y competitividad, ver entre otros, a Altimir, Oscar, “Economic development and social equity: A Latin American perspective”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 38, nº 2/3 (1996), 47-71; Beyer, Harald, Patricio Rojas, y Rodrigo Vergara, “Trade liberalization and wage inequality”, en Journal of Development Economics, vol. 59, nº 1 (1999), 103-23; Huber, Evelyne y Fred Solt, “Successes and failures of neoliberalism”, en Latin American Research Review, vol. 39, nº 3 (2004), 150-64; Larrañaga, Osvaldo J., “Distribución de ingresos y crecimiento económico en Chile”, en Serie Reformas Económicas, vol. 35 (1999), 1-56.

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garán a los trabajadores independientes a ahorrar, el grueso del seguro de desempleo y la recapacitación laboral ha beneficiado a trabajadores con contrato indefinido26. En definitiva, nuestros dos modelos han conciliado la protección al trabajador y al empleador a costa de generar exclusión social. En ambos se aplica el mismo supuesto sobre la realidad: que esta es una economía cuyas empresas e individuos tienen la capacidad de absorber los shocks del mercado global a partir de relaciones laborales estables, a largo plazo y formalmente acordadas27.

No es de extrañar entonces que ambas estrategias hayan tenido dificultades de conciliar distribución, legitimidad y crecimiento. La primera sacrificó el largo plazo sin conciliar intereses económicos contrapuestos (el conflicto era una vía tácitamente asumida para conseguir prebendas). La segunda tiene problemas de confianza en las instituciones políticas y de mercado. El acento por el ahorro y el crecimiento ha tenido costos para la cohesión social en el corto plazo a medida que se mantiene la desigualdad y las percepciones de privilegio. Últimamente, la crisis de confianza se manifiesta en la asociación entre grandes empresas y política, lo que podría llevar a una parte de la población a no incluirse en los mecanismos formales de protección (i. e. isapres y AFPs) por considerar que benefician a los más ricos. ¿Qué consecuencias han tenido los modelos para la marginalidad? La principal cara de la exclusión laboral es el desempleo que no puede ser atribuido solamente a la regulación. Desde 1980 hasta la actualidad el desempleo ha fluctuado entre 4 y 10%, con un tope de casi 20% producto de la crisis de 1982. Se trata por cierto de trabajadores que quedan desprotegidos y deben asumir “con su persona” los costos del cambio económico. La exclusión más interesante, sin embargo, es la que se da dentro del mundo del trabajo: aquellos que no pueden o no quieren trabajar dentro del marco legal vigente. La informalidad ha sido definida y estimada de distintas

26 Sehnbruch, Kirsten, The Chilean Labor Market: A Key to Understanding Latin American Labor Markets (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2006). 27 En ese sentido, la continuidad de la indemnización por años de servicio es otra forma de “anclar” a los trabajadores en una posición y de castigar al empleado que busca mejores oportunidades en un nuevo puesto.

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maneras. Por supuesto, sin regulación no existiría informalidad porque esta es simplemente la contracara del trabajo que ocurre bajo relaciones legalmente aseguradas y que usualmente se verifica en prestaciones hacia el trabajador e impuestos hacia el Estado28. La informalidad es una estrategia para

lidiar con el riesgo en el corto plazo. Empresas y trabajadores se ahorran los costos de pagar impuestos, contribuciones y esperan recibir una seguridad mínima por parte del Estado. Una empresa puede traspasar los costos laborales y el riesgo a sus trabajadores al subcontratar producción o pagando por servicios sin mediar contrato de trabajo29. Portes consideró a trabajadores que no tenían control sobre sus medios de producción y condiciones de trabajo o que eran remunerados por sueldos casuales, y estimó el trabajo informal de Chile en 26 y 27% entre 1970 y 198030, y en 31% a fines de 199031. Los números son parecidos a los que entrega la Organización Internacional del Trabajo para la suma de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares, y que van entre un 24 y 28% entre los años 1990 y 2000. Otras estimaciones sugieren números similares para el trabajo informal urbano (de hasta 27%), pero si se incluyen trabajadores independientes, familiares, domésticos y en empresas pequeñas, pueden variar entre 37 y 50%32. Los números chilenos están en el rango de los argentinos y uruguayos, pero se sitúan por debajo de países más pobres en América Latina (donde la informalidad puede alcanzar al 90% de los trabajadores). Aun así, nuestras cifras son muy altas comparadas a otros países abiertos y con mercados laborales flexibles como los de Escandinavia y Oceanía, donde el 28 Fernández-Kelly, Patricia y Jon Shefner (eds.), Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America (Pennsylvania State University Press, 2006). 29 En la literatura comparada, el Estado no siempre persigue la informalidad porque se trata de un mecanismo alternativo para proveer bienes de consumo a bajo costo: Centeno, Miguel Ángel y Alejandro Portes, “The informal economy in the shadow of the state”, en FernándezKelly, Patricia y Jon Shefner (eds.), Out of the Shadows… (2006), 23-48. 30 Portes, Alejandro, “Latin American class structures: their composition and change during the last decades”, en Latin American Research Review, vol. 20, n°3 (1985), 7-39. 31 Portes, Alejandro y Kelly Hoffman, “Las estructuras de clase en América Latina: Composición y cambios durante la era neoliberal”, en Desarrollo Económico, vol. 43, nº 171 (2003), 355-87. 32 Huber, Evelyne, John D. Stephens, Thomas Mustillo y Jennifer Pribble, Social Policy in Latin America and the Caribbean Dataset, 1960-2006 (University of North Carolina, 2008).

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fenómeno de la informalidad apenas se conoce. Estos números también sugieren que a pesar de la flexibilidad laboral, que supuestamente reduce las barreras de entrada al mercado formal, la informalidad no ha disminuido significativamente desde el cambio de un modelo a otro, aunque depende de las definiciones que uno utilice para el cálculo33.

Aun admitiendo que un tercio trabaja informalmente, eso no quiere decir que los dos tercios restantes trabajen bajo los estándares de contrato escrito e indefinido que supone el código del trabajo. Chile ha estado sujeto a un fenómeno mundial de “precarización” mediante el cual la relación de trabajo se vuelve más inestable e insegura. El contrato formal no asegura protección frente a cambios económicos abruptos. Este fenómeno no solo compete a trabajadores con pocas habilidades, también ha afectado a profesionales. Se ha ido pasando de contratos “relacionales”, caracterizados por un compromiso a largo plazo donde la empresa tiene incentivos para invertir en su fuerza de trabajo, a contratos “transaccionales”, caracterizados por relaciones de corto plazo y tareas específicas34. En nuestro caso, tanto la informalidad como la formalidad precaria afectan por sobre todo a los trabajadores con menos habilidades y experiencia laboral, es decir, a los más pobres, quienes tienen menos herramientas para asumir un shock negativo. Los trabajadores informales o con contratos atípicos también son más proclives a quedar desempleados ante cambios en la economía35. Desde luego, no solo cambios gatillados desde el exterior im-

33 Albagli, Elías, “Mercado laboral y crecimiento económico. Recomendaciones de política para Chile”, en Estudios Públicos, nº 99 (2005), 135-164. 34 Kalleberg, Arne L., “Precarious work, insecure workers: employment relations in transition”, en American Sociological Review, vol. 74, nº 1 (2009), 1-22. 35 Sehnbruch reporta, por ejemplo, que la tasa de empleo con contrato entre los trabajadores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza bajó de 61 a 47% entre 1990 y 2003. Del mismo modo, los trabajadores pobres sin contrato subieron de 20 a 35%. Tendencias similares se observan para trabajadores indigentes y también, aunque en mucho menor medida, para los trabajadores no pobres: Sehnbruch, The Chilean Labor Market, 131. Asimismo, en una encuesta realizada a principios de 2000, entre los trabajadores dependientes que trabajan por un salario, el 66% tenía un contrato indefinido mientras el resto tenía contratos atípicos (por tarea, por tiempo definido y honorarios) o no tenían contratos escritos. Entre los desempleados (del tramo dependiente) de ese periodo, solo el 30% había trabajado, en su última ocupación, con un contrato indefinido. Ibid., 155.

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pactan sobre nuestra informalidad. El hecho de que nuestra matriz productiva sea menos compleja incide en salarios o trabajos poco atrayentes que favorecen la rotación y derrotan, una vez más, el supuesto de que el trabajo formalmente acordado entre las partes garantizará el consumo y la seguridad social36.

En definitiva, la seguridad y estabilidad que los trabajadores creen tener por estar contratados puede ser engañosa. Una legislación que empuja hacia la formalidad y previene cualquier modificación en el estatus de empleo introduce rigideces que terminan por ocasionar una mayor fragilidad del mismo. En jerga financiera: el trabajador tiene el equivalente de una opción con un potencial de valorización limitado (mantener el empleo actual) con el riesgo de que —en una gran crisis— se pierda el trabajo con mínima posibilidad de recuperarlo. El escenario negativo es catastrófico, aunque su probabilidad sea menor. Cuando la volatilidad es alta —como sucede en las economías abiertas y con una base de producción no compleja—, la posibilidad de este evento catastrófico se incrementa, eliminando cualquier efecto positivo que los salarios estables previos hayan tenido37. Proceder con este tipo de supuestos termina por perjudicar incluso a trabajadores con un contrato formal, puesto que la precariedad explota otras vetas (legales o ilegales) para abaratar el costo del trabajo. La legislación asume un mercado laboral alejado de la realidad donde la tendencia de la economía es hacia arreglos laborales no estándares38. Sehnbruch llamó a este proceso la “reinterpretación” de la legislación laboral desde los años 90 hasta ahora: los empleadores, sobre todo de las empresas más pequeñas, han buscado formas alternativas de contratación (con o sin contrato escrito) para ajustarse más rápidamente al cambio y mantener su rentabilidad. Las empresas más 36 Una señora subcontratada para realizar labores de limpieza en la institución donde uno de los autores trabaja nos explicó que prefería la estabilidad del empleo formal durante los meses más complicados del año (de marzo a noviembre), lo que garantiza un salario apenas sobre el mínimo legal, para luego invertir y vender regalos de Navidad durante diciembre. El trabajo informal le reporta en cinco días el salario que es capaz de ganar en el empleo formal de un mes. 37 El perjuicio del evento catastrófico es desproporcionadamente mayor a su probabilidad dado el supuesto de beneficios marginalmente decrecientes. 38 Sehnbruch, The Chilean Labor Market.

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grandes, en cambio, han podido absorber parte del riesgo y les interesa invertir en la productividad de su fuerza laboral para mantener una relación de largo plazo: tienen los recursos y la escala para poder proteger a sus trabajadores. El problema no es necesariamente la disposición a cumplir con la ley o la falta de fiscalización del Ministerio del Trabajo39, es simplemente que

las reglas no se ajustan a la realidad de nuestra posición económica, asumen como premisas de la legislación el mismo fin que tratan de alcanzar. No debe extrañar entonces que el Estado no cumpla cabalmente con su propia legislación (piénsese en quienes boletean en sus reparticiones) e introduzca relaciones laborales al margen de la legislación formal para ajustarse a los ciclos políticos y resguardar su discreción para contratar y despedir. A modo de ejemplo, la tabla 1 muestra los costos de indemnización que por ley debe pagar el empleador al trabajador despedido. Las cifras que estima el Banco Mundial corresponden al número de semanas de trabajo que en promedio el empleador debe pagar al trabajador contratado indefinidamente. Nuestras cifras son idénticas a las argentinas y parecidas a las uruguayas, pero son mucho más altas que otros países exportadores e incluso de países que dependen más de sus mercados internos, pero comparten una tradición legal parecida a la nuestra, como Francia y España.

39 La falta de preocupación por el desempleo se produce, en parte, porque el ministerio a cargo es un Ministerio del Trabajo y no tiene como objetivo aumentar el empleo, sino proteger el de los que ya trabajan.

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Tabla 1: Indemnización, en semanas pagadas, por trabajador con uno, cinco y diez años de servicio, en 2014, en el sector manufacturero Países en situación económica similar

Un año de trabajo

Cinco años de trabajo

Diez años de trabajo

Promedio

Argentina

4,3

21,7

43,3

23,1

Chile

4,3

21,7

43,3

23,1

Uruguay

5,2

26

31,2

20,8

Australia

4

10

12

8,7

Nueva Zelanda

0

0

0

0

Escandinavia

0

0

0

0

Países con tradición legal similar Alemania

2,2

10,8

21,7

11,6

Francia

0,9

4,3

8,7

4,6

España 2,9 14 28,6 15,2 Los tres países escandinavos que tomamos no reportan indemnización por años de servicio. Fuentes: Banco Mundial (2014).

La indemnización por años de servicio tiene sentido para proveer seguridad durante el desempleo: pero se trata de un mecanismo ineficiente porque favorece solo a los que ya participan del mercado laboral. En parte, las cifras de Europa y Oceanía se explican porque tienen seguros de desempleo alternativos y de cobertura universal para proteger a sus trabajadores y habilitarlos para retornar prontamente al mercado laboral; los costos los asume la sociedad entera vía impuestos —no las empresas— y los beneficios favorecen particularmente a los marginados. Por otra parte, la indemnización está lejos de ser el mejor mecanismo para proveer seguridad durante el desempleo por varios motivos: los ingresos dependen de los años trabajados y aquellos con menos años de experiencia podrían necesitar mayor protección para encontrar un trabajo más estable. Además, parte de los trabajadores chilenos rotan constantemente de empleo, y las empresas favorecen contratos “atípicos” para minimizar los costos de despido a futuro. En ocasiones, el despido tiene que ver con la quiebra de la empresa, lo que implica que los trabajadores y empleadores tienen que resolver la indemnización por varios años en los tribunales. No se trata de un ingreso que pueda proteger por mucho tiempo

LOS INVISIBLES

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ni que entregue, necesariamente, herramientas para volver a encontrar trabajo. Por estas razones, no es raro que sean pocos los que se benefician de la indemnización40. Se trata de un mecanismo de protección al trabajador que individualiza el riesgo, a diferencia de los seguros universales de desempleo donde el desempleado se beneficia del aporte de todos los trabajadores (sea vía impuestos o contribuciones). En otras palabras, la indemnización sigue estando estratificada, si no en la forma, sí en la práctica, como a principios de siglo pasado, favoreciendo a quienes tienen mejores oportunidades en el mercado del trabajo. Dadas las circunstancias económicas del despido, la indemnización no se paga completamente en la realidad, pero sí es un factor que contribuye a que los trabajadores tengan contratos de peor calidad porque las empresas prefieren ahorrar mediante contratos inestables41.

Los modelos de regulación no solo tienen consecuencias sobre la marginalidad, sino que también sobre la normatividad que expresan o buscan concretar, en este caso, la conciliación de estabilidad con cohesión social. Tiene sentido, como argumenta Rodrik, pensar que el aparato estatal de las economías más expuestas a los mercados internacionales tienden a ser los más “grandes”42. La apertura debería incentivar a los países a administrar el riesgo económico mediante mayor gasto social y programas contracíclicos para proteger a la población ante shocks y recesiones43. La verdad es que la relación no es muy clara y, en la práctica, los Estados menos ricos tienden a seguir una política procíclica. La figura 1 muestra la asociación entre gasto social de Estado, excluyendo los gastos en educación, y la apertura económica, para una selección de países de la OCDE. La relación es tenue y está muy marcada por 40 La Dirección del Trabajo estimó, a comienzos de 2000, que solo en el 20% de los casos de despido, con contrato indefinido, las empresas pagaron la indemnización completa. Sehnbruch, The Chilean Labor Market, 146-7. 41 La estratificación se produce porque la legislación no se hace cargo de un sesgo real: las personas con más educación y habilidades acceden a mejores contratos de trabajo, por lo tanto, la protección que presta el contrato tiende a favorecer a los que ya tienen mejores herramientas y capital humano. 42 Rodrik, Dani, “Why do more open economies have bigger governments?”, en Journal of Political Economy, vol. 106, nº 5 (1998), 997-1.032. 43 Ver crítica de Alesina, Alberto y Edward L. Glaeser, Fighting Poverty in the U. S. and Europe: A World of Difference (Nueva York: Oxford University Press, 2004).

278 •

Bélgica y Escandinavia: países muy abiertos con gasto social muy alto. Abajo aparece Chile, como un país relativamente abierto pero con un gasto social relativamente bajo. El resultado no sorprende porque Chile tiende a individualizar el riesgo de la protección y el ahorro. Figura 1: Gasto social y apertura económica (importaciones y exportaciones) como porcentaje del PIB en 2011

Apertura económica (% del PIB)

250 200

Irlanda

Estonia

Bélgica

150 Corea del Sur

100

Eslovaquia

Dinamarca Finlandia

Chile

50

México

Francia

Japón

0 5

10

15

20

25

30

35

Gasto social (% del PIB)

Fuentes: OCDE (2012), Banco Mundial (2014b).

Uno puede juzgar los modelos de protección por la estabilidad que generan frente a los riesgos de la apertura. La figura 2 muestra los posibles efectos en el crecimiento. Las cifras corresponden a la volatilidad medida en desviaciones estándar de cada año. El primer período excluye las crisis económicas del 29 y del 70. Incluyéndolas en el segundo período, naturalmente, la inestabilidad aumenta. El mismo ejercicio se hace para los dos períodos posteriores: en el primero se excluye la crisis del 80. Comparando el primer con el último periodo, y los dos del medio, la figura sugiere que hemos ganado en estabilidad económica, en parte porque el manejo macroeconómico ha minimizado los shocks en la economía (las caídas ya no son tan abruptas como en el pasado). Pero todavía estamos lejos de mitigar los vaivenes económicos como en economías más desarrolladas, que han logrado ganar y mantener la estabilidad del crecimiento en el tiempo.

LOS INVISIBLES

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Figura 2: Volatilidad del crecimiento en desviaciones estándar (porcentajes anuales) 4,40

6,40

5,24

4,58

5,84

6.25 4.03

2,34

2,72

3,42

3,65

4,06

4,22

5,29

5,07

1,93 1,78

1,62

Chile

5.13

Uruguay

6,24

1930 - 1073

2,12

1,77 1,74

1,74

Nueva Zelanda

Suecia Australia Noruega

1980 - 2003

1,55

1,79

1933 - 1970

5,14

5,93 2,24

6,42

Argentina

8,03 3,70

5.52

5,88

1983 - 2000

1,68 1,67

Dinamarca

España

1980 - 2003

Fuente: Calculado de Maddison (2003).

A pesar de alguna ganancia en estabilidad, el actual modelo de administración de riesgos está marcado por la estratificación, por dentro, y por la exclusión, hacia fuera, dos características que comparte con el modelo más estatal de los años 20 al 80. Uno puede usar los datos de desigualdad como una aproximación al conflicto distributivo, interesa no solo el crecimiento, sino la cohesión: mayor desigualdad podría poner en riesgo la legitimidad de los logros económicos. La figura 3 muestra diferencias en el salario de empleados masculinos: el ratio del salario de los trabajadores más ricos vs. los más pobres. Las primeras dos columnas son incomparables a las últimas cuatro. Las primeras dos muestran la diferencia

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de salarios entre el 10% más rico y el 15% más pobre de los trabajadores. Los datos de las dos primeras columnas provienen de las cajas de protección social en Chile y Argentina, y de declaraciones de impuestos en los otros países. Lo que importa señalar es que nuestras figuras son comparables a países más igualitarios en el primer periodo, pero los datos vienen justamente de los trabajadores protegidos por la ley, que no son la mayoría. Todo el trabajo informal está al margen de esos números. La exclusión está “excluida” de las cifras. Las últimas cuatro columnas toman a toda la fuerza de trabajo masculina, por lo tanto, también incluyen a los trabajadores informales. El 10% más rico de nuestros trabajadores ganaba en promedio 6,3 veces más que el 10% más pobre hacia el año 2000. Figura 3: Distribución de salarios entre empleados masculinos (razones de percentiles) 7,30

Argentina

3,26

Australia

Nueva Zelanda Dinamarca Suecia

3,19

3,82

2,53

2,41

3,63

3,40

5,23

1950

Argentina

3,66 5,50

4,35

Chile

9,30

3,85

1060

P90 / P15

2,56

2,24

1970

2,83

2,87

2,21

2,32

2,13

2,16

2,03

2,01

1080

6,25

3,01

2,53 2,51

2,34

Chile

Australia

Nueva Zelanda

Dinamarca Suecia

1990 2000

P90 / P10

Nota y fuentes: Datos para 1950 y 1960 no son comparables a los de 1970 en adelante porque las fuentes cambian. Datos de 1950 y 1960 cubren a trabajadores urbanos masculinos. Datos para Argentina y Chile provienen de seguro social y cajas de compensación. Los de los demás países corresponden a datos fiscales. Provienen de Lydall (1968). Datos de 1970 en adelante provienen de Oficina Internacional del Trabajo (2012) y OCDE. (2012).

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Lo interesante de la desigualdad en este contexto es que también refleja los problemas del riesgo económico: bajo un modelo que individualiza la inseguridad, hay personas con mucha mejor capacidad para protegerse. La figura 4 es ilustrativa al respecto porque muestra que nuestro gasto social tiene dificultades para disminuir la desigualdad del ingreso de los hogares. Las cifras interesan por dos motivos. Primero, muestran que la desigualdad de “mercado” (antes de impuestos y transferencias) no es tan distinta entre los países (particularmente la de Australia). Segundo, las cifras de Argentina y Uruguay podrían parecerse a la redistribución de países más desarrollados si se les agregan las transferencias directas de los gobiernos a sus ciudadanos. Vía subsidios, la desigualdad en esos países baja a 0,37 y 0,39, respectivamente. Ese tipo de transferencias, sin embargo, están atadas a los ciclos electorales de cada país. Pueden eventualmente utilizarse como herramientas para conseguir apoyo político44: no se trata de una redistribución permanente y no

necesariamente tiene efectos para estabilizar las expectativas económicas de los ciudadanos. Lo relevante de esta aclaración es lo siguiente: las transferencias directas del Estado crean una falsa seguridad para contener la desigualdad45. Esto sugiere que países con relativamente menor capacidad institucional pueden crear una apariencia de mayor igualdad, pero con un riesgo subyacente alto de que esa desigualdad se dispare ante un cambio brusco en la economía (como ocurrió en Argentina en 2002).

44 Bueno de Mesquita y Smith ilustran extensamente este tipo de problemas en África en: Bueno de Mesquita, Bruce y Alastair Smith, The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics (Public Affairs, 2011). 45 Diversos estudios han estimado el efecto del crecimiento y el gasto en la desigualdad. Con las limitaciones de los datos de los años 1950 a 1970, Adelman y Taft Morris mostraron que el crecimiento económico solo impacta en la igualdad cuando está acompañado de mejor educación: Adelman, Irma y Cynthia Taft Morris, Economic Growth and Social Equity in Developing Countries (Stanford, California: Stanford University Press, 1973). Trabajos recientes sugieren una conclusión similar para los programas del Estado: el gasto social solo reduce la desigualdad en el largo plazo cuando está acompañado de aumentos significativos en educación: Afonso, António, Ludger Schuknecht, y Vito Tanzi, “Income distribution determinants and public spending efficiency”, en The Journal of Economic Inequality, vol. 8, nº3 (2010), 367-89.

282 •

Figura 4: Coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias 0,53 0,49

0,5

0,49

0,46

0,47

0,45

Chile Uruguay Argentina

0,45 0,44 0,42

0,33

0,41

0,32

0,27 0,25

Australia Nueva Zelanda

Suecia Noruega

0,24 Dinamarca

Antes de impuestos y transferencias

Después de impuestos y transferencias

España

Nota y fuentes: Para Argentina y Uruguay, ver Lustig et al. (2013), para el resto, OCDE (2012).

En su conjunto, las consecuencias de las transferencias sobre marginalidad, estabilidad y cohesión generan un conjunto de desafíos. Producen una falsa sensación de seguridad frente a la economía que puede dañar instituciones frágiles. En ese sentido, la forma del gasto es relativamente más importante que los montos absolutos. Buena parte del éxito de las instituciones nórdicas y oceánicas para generar una seguridad más robusta tiene que ver con el pragmatismo con que enfrentaron la realidad de sus economías. Un caso ilustrativo es el sistema de pensiones. En una serie de interesantes artículos, Samuel Valenzuela compara el efecto de nuestro sistema de pensiones estratificado de los años 20 con el sistema de pensiones sueco instaurado

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en 1915 y otorgado universalmente46. Ambos países empezaron el siglo XX enfrentando desafíos similares y luego de implementar agendas de protección social, sus destinos fueron muy distintos. El argumento de Valenzuela es que el sistema universal de pensiones instaurado por Suecia ayudó a que disminuyera su tasa de fertilidad, incentivó a padres a invertir en el capital humano de sus hijos y por lo tanto contribuyó al crecimiento47. En cambio, nuestro sistema contributorio y estratificado fomentó que los excluidos compensaran el riesgo económico futuro teniendo más hijos en el corto plazo y por lo tanto el crecimiento de la población se “comió” el crecimiento económico posterior (con un costo para los logros educativos del país). El ejercicio contrafactual de Valenzuela, invirtiendo las tasas de crecimiento de la población, sugiere que Chile hubiera crecido más que Suecia si hubiera tenido la tasa de crecimiento de la población sueca, pero eso supone justamente que hubiéramos crecido más con menos trabajadores: que nuestra seguridad social hubiera impactado en la formación de capital humano. Lo interesante, más allá del efecto, es que este tipo de políticas respondió a situaciones históricas particulares. Si pensamos en los países de Oceanía (donde la natalidad fue notoriamente más alta que en Escandinavia) y Escandinavia, las dos regiones instauraron sistemas universales aunque con acceso más restrictivo en Oceanía de pensiones financiados con impuestos a la renta48. Las dos regiones tenían perfiles ideológicos y coaliciones políticas distintas: lo que llevó a esos países a instaurar pensiones universales fue justamente el hecho de que se trataba de economías cuya fuerza laboral

46 Valenzuela, J. Samuel, Eugenio Tironi, y Timothy R. Scully (eds.), El eslabón perdido: Familia, modernización y bienestar en Chile (Santiago: Taurus, 2006); Valenzuela, J. Samuel, “Families, welfare institutions and economic development: Chile and Sweden in comparative perspective”, en Working Paper nº 374 (Kellogg Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 2011). 47 Sin embargo, esta tendencia se observa desde el siglo XIX: una mayor esperanza de vida influyó en el aumento de capital humano: De la Croix, David, Thomas Lindh, y Bo Malmberg, “Swedish economic growth and education since 1800”, en The Canadian Journal of Economics, vol. 41, nº 1 (2008), 166-85, y una mayor esperanza de vida incidió en la creación de un sistema universal de pensiones: Rausing, Lisbet, “The population question: The debate of family welfare reforms in Sweden, 1930-38”, en European Journal of Political Economy, vol. 2, nº 4 (1986), 521-56. 48 Con un acceso mucho más restrictivo en Oceanía.

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migraba y que no tenía capacidad de ahorro individual. Los partidos agrarios llevaron la seguridad social al campo intentando limitar a partidos laboristas y social demócratas que hubieran preferido una seguridad social más bien urbana, siguiendo el sistema de Bismarck y protegiendo sus bases electorales. Reconocieron entonces que la única forma de proveer seguridad era colectivizando el riesgo y financiándolo mediante impuestos. Por ello fueron reacios a copiar modelos de seguridad de Alemania o Francia, que eran más avanzados a comienzos de siglo y con quienes podían tener afinidades culturales: la pensión universal no contributoria fue un modo original de enfrentar el riesgo económico dadas las capacidades institucionales de esos países49.

Hoy también se discute si vale la pena copiar modelos extranjeros para proveer seguridad, consolidar la democracia y el crecimiento económico. Por ejemplo, la experiencia danesa ha sido citada ampliamente para mostrar un modelo exitoso que combina seguridad con flexibilidad (aunque el nombre sea menos exitoso): flexicurity. En Dinamarca los empleadores tienen plena libertad para contratar y despedir, a pesar de acordar los salarios vía negociación colectiva. Pero esa completa flexibilidad en el mercado laboral, sin costos por despedir y contratar, se compensa con una seguridad social bastante cara y financiada por impuestos50 siguiendo una tradición histórica51. Con ello las empresas mantienen costos laborales bajos, pero el financiamiento corre por parte de los individuos: se individualiza el sacrificio, no el riesgo. El Banco

49 Ver Baldwin, Peter, The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875-1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). El vínculo entre impuestos al ingreso, subsidio a regiones agrícolas y pensiones universales se puede ver para el caso sueco en: Edebalk, Gunnar y Mats Olsson, “Poor relief, taxes and the first universal pension reform: The origin of the Swedish welfare state reconsidered”, en Scandinavian Journal of History, vol. 35, nº 4 (2010), 391-402. Para Oceanía, consultar a Gilbert, James H., The Tax Systems of Australasia (Eugene, Oregón: University of Oregon Publications, 1943); Mendelsohn, Ronald, The Condition of the People: Social Welfare in Australia 1900-1975 (Sídney: George Allen & Unwin Ltd, 1979). 50 Solow, Robert, “The Danish Story”, en Westergaard-Nielsen, Niels (ed.), Low-Wage Work in Denmark (Nueva York: Russell Sage Foundation, 2008), 1-15; Westergaard-Nielsen, Niels, “Low-Wage Work in Denmark”, en Westergaard-Nielsen, Low-Wage Work in Denmark, 16-31. 51 Un trabajador pobre en Dinamarca puede llegar a pagar el 75% de sus ingresos en impuestos, a pesar de que reciba proporcionalmente mucho más del Estado.

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Mundial llamó a emular a Dinamarca52, pero ciertamente es un modelo caro y que exige una relación de cooperación y confianza con el Estado. En nuestro caso, no es claro que tengamos la capacidad institucional o la legitimidad de aumentar la base tributaria (al menos de los impuestos directos hacia las capas medias y bajas) ni que exista la confianza necesaria en el Estado para proveer servicios o utilizar los recursos públicos eficientemente. Sumado a nuestra posición económica, se trata de otros dos aspectos de nuestra realidad que un modelo de administración de riesgo debería asumir.

v. Oportunidades en el pluriempleo y por qué la legislación tiene que tenerlo en cuenta Después de situar a Chile en relación con países que enfrentan desafíos similares, nuestra economía aparece como (1) abierta, (2) pequeña, (3) con una matriz productiva simple y (4) con problemas de confianza y legitimidad de las instituciones. Ello obliga a pensar en medidas que podrían flexibilizar el mercado laboral sin generar exclusión y cuidando la cohesión social. Queremos discutir cómo nuestro mercado laboral puede incorporar la incertidumbre de su entorno para generar mayor inclusión. Como regla general, creemos que hay que tener en cuenta la realidad. Esto puede sonar obvio, pero cumple un rol al saber a quién se le debe asignar el peso de la prueba al diseñar nuevos mecanismos o legislación laboral que altere la estructura del mercado de trabajo de los más desposeídos. En una de las áreas en que esto se hace patente es en cómo la legislación laboral enfrenta el pluriempleo. Existe abundante evidencia de que a menor nivel de capital humano es más común encontrar trabajadores que no se especializan en una función53. Esto puede explicarse como una consecuencia de que la productividad laboral es marginalmente decreciente por capital añadido; de este modo, si el trabajador posee muy poco capital humano (no es especializado), la mayor productividad total (la suma de las productividades) 52 Ver análisis y crítica de Fukuyama, Francis, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2012). 53 Banerjee, Abhijit y Esther Duflo, Poor Economics…

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se logrará contribuyendo muy poco de su tiempo en cada una de las funciones que realiza. La baja especialización se debe, asimismo, al hecho de que estos trabajadores enfrentan riesgos individualmente. Ante la ausencia de oportunidades de recapacitación laboral es mejor no especializarse: esto permite mantener la capacidad de adaptación ante cambios económicos y rotar entre trabajos. Esta tendencia actual es una consecuencia directa de la baja especialización: para combatirla, el mecanismo clave es aumentar las habilidades (el capital humano) de los trabajadores y no introducir una legislación que rigidice, en la forma, el número de trabajos a los que se puede acceder. En el fondo, se trata de tomar la realidad laboral tal como es, y no como nos gustaría que fuese. La pregunta es si ampliar el acceso a distintos tipos de trabajos poco especializados aumenta el capital humano: no necesariamente, pero es preferible a especializarse en un solo trabajo que va a quedar obsoleto en el tiempo; el pluriempleo permite compensar las habilidades que uno no tiene con la posibilidad de trabajar en otros rubros. El pluriempleo hace necesario aumentar la seguridad social del trabajador. Consagrar la flexibilidad en la legislación laboral implica introducir mecanismos para que la cobertura de salud y de pensiones no se vea menoscabada, ceteris paribus, con la de un trabajador que efectúa las mismas labores pero con un solo empleador. Asimismo, implica ampliar los medios por los cuales se puede acceder a capital formalmente. En otras palabras, el costo de la flexibilidad debería ser un aumento de la cobertura y de la seguridad por otros medios (extralaborales), ya que por las características de nuestra economía, el empleador no es quien puede ofrecer seguridad social en el largo plazo.

vi. A modo de conclusión: “modelos”, instituciones y realidad Tal como advirtió Sehnbruch (2006), en nuestras discusiones sobre el mercado laboral corremos el riesgo de meternos en un laberinto, incluso animados por buenas intenciones y con la genuina intención de emular a países más ricos e igualitarios. El laberinto consiste en no reflexionar sobre las condiciones de posibilidad que permitirían implementar con éxito un

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sistema que asegure eficiencia con legitimidad. Cuando miramos “modelos” más exitosos olvidamos que se trató de reacciones innovadoras a problemas prácticos de un momento histórico. De ahí, las instituciones evolucionan54. Hablar de “realidad” no significa dejar de lado la normatividad. Eficiencia, legitimidad, cohesión social son fines normativos que todos los sistemas de protección social y crecimiento económico buscan concretar. Pero el éxito de ciertas pautas sociales ocurre bajo las condiciones que dicta la realidad (ej., la geografía) y que limitan el radio de nuestra voluntad. En nuestro caso, la economía enfrenta cuatro parámetros: apertura, pequeñez, una matriz productiva simple y niveles altos de desconfianza en las instituciones. Estos parámetros tienen consecuencias bien específicas y documentadas en la literatura: afectan las expectativas de consumo y riesgos durante toda la vida de las personas. Nuestra fuerza de trabajo es móvil, dependió históricamente de los ciclos económicos, y buena parte de ella tiene poca capacidad de ahorro. Al mismo tiempo, la apertura comercial implica jugar con las reglas de la economía mundial ajustándose a la tecnología y a cambios en la demanda. Nuestros trabajadores, además, deben tomar múltiples decisiones (ej., previsión, salud, desempleo), muchas veces con poca información y tiempo. Esto ha hecho que aquellos no protegidos por instituciones ni buenas relaciones laborales favorezcan el consumo de corto plazo por sobre la inversión de largo plazo en capital humano. Esta realidad de nuestra posición obliga a plantear soluciones desde los que están excluidos del marco institucional y no tanto desde los principios o modelos que nos gustaría emular. Por cierto, compararnos ayuda siempre y cuando consideremos las condiciones desde las cuales fueron planteadas distintas soluciones. La comparación con Escandinavia y Oceanía es pertinente porque comparten dos parámetros con nosotros (apertura y pequeñez), pero lograron avanzar hacia matrices productivas más complejas desde un pasado marcado por la extracción y exportación de recursos naturales. La normatividad que postulan 54 Por ejemplo, el marco para negociar acuerdos colectivos en Suecia ha mantenido una notable estabilidad desde la década de 1930 hasta hoy: Elvander, Nils, “Two labour market regimes in Sweden: A comparison between the Saltsjöbaden Agreement of 1938 and the Industrial Agreement of 1997”, en Industrielle Beziehungen, vol. 10, nº 1 (2003), 146-59.

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nuestros modelos e instituciones, las que intentan garantizar cohesión y crecimiento, debe estar, por lo tanto, históricamente situada. De lo contrario, no logrará generar una disposición generalizada a cumplir con las normas ni inspirará confianza en las instituciones: la disposición simplemente no va a existir si la realidad no lo permite. Estos cuatro parámetros estructuran nuestro mercado laboral y se expresan en dos niveles adicionales: (1) la existencia de una economía heterogénea donde conviven empresas con capacidades productivas y tamaños muy diferentes y (2) la racionalidad individual que expresa la informalidad. En ambos ámbitos existe una racionalidad que maximiza el bienestar en corto plazo ante la incertidumbre de un consumo suavizado en el tiempo. Es una racionalidad que surge de arriesgar el “propio pellejo” día a día, que asume un mínimo de protección del Estado y alguna capacidad de ahorro, pero que aprovecha al máximo las ventanas de oportunidades que abre la incertidumbre. Por lo tanto, la discusión acerca de modelos debe ser en realidad una discusión acerca de instituciones que suavicen el consumo, estabilicen expectativas y aprovechen la inestabilidad de su entorno para funcionar mejor. Entre las típicas discusiones que se levantan cada año, la negociación colectiva obligatoria es un buen ejemplo. De implementarse en Chile, serviría a la fuerza laboral sindicalizada (alrededor de un 10%) y excluiría al resto, probablemente empeorando sus condiciones de trabajo. Por ello algunos plantean aumentar la sindicalización. Si asumimos que los sindicatos son actores independientes, con capacidad de autodisciplina y acción colectiva, este sería un excelente objetivo porque permitiría mejorar la capacidad de coordinación entre empresas y trabajadores, estabilizando las expectativas laborales y permitiendo que más personas fuesen protegidas por el marco institucional. Por el contrario, se podría argumentar que en contextos donde la sindicalización disminuye en todas partes (salvo Escandinavia) la medida no tendría ningún efecto: simplemente más empresas preferirían utilizar otras formas, más precarias, de contratación precisamente porque los empleadores no tienen esa capacidad de acción colectiva. Es por ello que en cualquier proceso de sindicalización lo esencial es la autonomía: es lo que les

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permite tener la autodisciplina suficiente para aceptar el congelamiento o reducción de sueldos durante períodos de crisis conservando la solidaridad interna. Esto requiere confianza entre actores colectivos responsables. Si las herramientas que se discuten apuntan a independizar a los sindicatos (y uno podría sugerir: también a empleadores) y aumentar su capacidad de acción colectiva, disciplina y responsabilidad, entonces se pueden convertir en agentes indispensables para nuestro crecimiento económico. Esta posibilidad, sin embargo, se enfrenta con nuestra realidad: el tamaño y función de las empresas. Los sindicatos prosperan en contextos de empresas grandes y complejas: por lo tanto, si el objetivo es un aumento virtuoso de la sindicalización, es necesario que nuestras empresas se vuelvan más grandes y complejas. El punto es importante: el aumento de tamaño de las empresas fomenta sindicatos más robustos, pero es difícil pensar que la causalidad sea al revés: que por promover la sindicalización, aumente el tamaño de las empresas. La empresa solo crecerá si su matriz productiva se lo permite. Finalmente, la coordinación de la información a través de la cadena productiva sería deseable y no conllevaría riesgos de colusión si no hay un gran actor relevante, y lo que se ofreciese fueran productos o servicios afectos a la competencia internacional55.

Al respecto vale la pena mirar las condiciones bajo las cuales la negociación colectiva y la sindicalización fueron exitosas en promover la igualdad y el crecimiento. En estos casos, la negociación colectiva nunca fue impuesta desde arriba por el Estado, por el contrario, respondió a coyunturas particulares del mercado laboral. En el caso de Escandinavia, la negociación colectiva fue ratificada por el Estado, particularmente por los tribunales del trabajo, como una forma de reconocer la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales en la conducción de sus propios asuntos. Ambas organizaciones eran celosas de su independencia porque no querían ser instrumentalizadas. La negociación colectiva ocurrió, a comienzos del siglo XX,

55 Que las empresas estén sujetas a competencia internacional puede ser la diferencia fundamental con respecto a los casos de colusión que hemos visto en el país (ej., farmacias). En el caso del papel higiénico parece ser que una empresa dominante pudo asegurar su posición de mercado limitando la participación de la competencia internacional.

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para contener el crecimiento de los salarios y ajustarlos para que las empresas se mantuvieran competitivas en el mercado internacional. Se trataba de evitar con esto la grúa o pirateo de trabajadores por parte de distintas empresas y rubros (si una industria local ofrecía mejores condiciones, como la construcción en los meses de verano, la productividad de las empresas que exportaban se dañaba). En ese sentido, las organizaciones sindicales más grandes bajaban su salario con el fin de subsidiar a sindicatos más chicos, usualmente más radicales, que podían romper con los acuerdos colectivos para buscar mejores condiciones56.

La sindicalización, en ese sentido, creció, con la excepción de Noruega, gracias a que los sindicatos se financiaban con aportes directos de sus miembros y ofrecían seguro de desempleo (y cuando los industriales se organizaban para bajar los salarios, con cierres patronales o lockouts, despidiendo a todos los trabajadores de una industria, existía incentivo por entrar a los sindicatos). En otras palabras, el Estado consolidó un proceso que descansaba en la capacidad de acción colectiva de trabajadores y empresarios. En el caso de la sindicalización obligatoria, Nueva Zelanda ofrece un buen ejemplo. El Estado puso incentivos para que las empresas contrataran a trabajadores sindicalizados: a cambio de pagar un sueldo vital, las empresas recibían protección arancelaria. Estas medidas proteccionistas se fueron abandonando con el tiempo y los esquemas de salario vital se extendieron a sindicalizados y no sindicalizados con el fin también de mantener salarios comparables y hacer a la economía más competitiva para exportar. Con ello se buscó mantener la capacidad de consumo del trabajador (en contraste con los escandinavos, que la contuvieron) y dejar prestaciones universales en educación y pensiones, variables que afectan la disposición a invertir en capital humano (en otras áreas, el gasto fue más focalizado).

56 Al igual que en Chile, los sindicatos escandinavos enfrentaban problemas de acción colectiva: a sindicatos más pequeños les convenía incumplir acuerdos colectivos para conseguir mejores condiciones. En Escandinavia, la capacidad de sostener la acción colectiva del sindicato pasó, muchas veces, por el subsidio que sindicatos de industrias más complejas, con trabajadores mejor pagados y educados (ej., metalúrgicos), ofrecían a las asociaciones más pequeñas. Fahlbeck, Reinhold, “Industrial relations and collective labour law: Characteristics, principles and basic features”, en Scandinavian Studies in Law, vol. 43 (2002), 87-133; Galenson, Walter, Labor in Norway: A Study in Industrial Peace (Nueva York: Russell & Russell, 1970).

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La pregunta es si esas medidas lograrán conciliar la idealidad buscada con la realidad. Como hemos discutido, el principal desafío que surge del mercado laboral consiste en asegurar un nivel mínimo de consumo en el largo plazo, así como la protección de una fuerza laboral transicional, con poca capacidad de ahorro y enfrentada a un conjunto de decisiones complejas. Nuestro sistema de protección de salud y vejez debe hacerse cargo de las transiciones en el mercado laboral (el cambio de empleo) y de los sesgos “ideológicos” de la población. En buena parte, nuestra regulación laboral ha operado bajo la premisa del contrato escrito, indefinido, y ha atado la protección a este (por ejemplo, la indemnización por despido). Esa premisa no se respeta en la realidad y es una forma poco eficiente para que las empresas y trabajadores puedan ajustarse al cambio de los ciclos económicos; por ejemplo, la indemnización por años de servicio y el seguro de desempleo solo cubren en la práctica a una fracción de los trabajadores. El deber del Estado es velar también por aquellos que no están incluidos: los desempleados de hoy, los trabajadores y empleadores del futuro. Nuestra legislación también opera bajo el supuesto de una confianza saludable entre las personas y las instituciones del mercado y del Estado: un supuesto que no siempre se verifica en la realidad57. No sabemos cuántas personas prefieren

no ahorrar en el sistema privado de pensiones porque no confían en la empresa privada (por ejemplo, bajo el conocido argumento de que las AFP están para enriquecer a la élite) o porque prefieren invertir personalmente, ya que creen tener mejor información sobre el mercado. En ese sentido, el Estado puede ayudar a formalizar las relaciones de empleo con la configuración de una red de protección en salud y pensiones: las empresas y los trabajadores tendrían incentivos para trabajar bajo un contrato formal cuando los costos de cobertura mínima no son asumidos directamente por las partes. Con el fin de suavizar el consumo a través de la vida laboral, el Estado podría intervenir en aquellas situaciones donde las personas no tienen suficiente 57 Las tasas de confianza en las empresas y en el Congreso son bajas, por decirlo de alguna forma (de 15% y 6%, respectivamente, en la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y Adimark, 2014).

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información ni pueden cubrir adecuadamente el riesgo del cambio económico. La intervención consiste en la provisión universal y básica que se construya de manera tal que afecte en la menor medida los incentivos al ahorro individual. Solo para mencionar dos ejemplos que se discuten hoy, (1) en el plano de la salud el Estado podría proveer cobertura en accidentes catastróficos: considerando que estos accidentes son de tal magnitud que una persona no podría solventarlos por sí sola (incluso previéndolos). Este seguro permitiría a las personas decidir cuál nivel de cobertura (privada o estatal) desean para el monto no catastrófico. (2) En el plano de la previsión, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015) ha entregado una serie de sugerencias orientadas a mejorar el safety net básico, que para nosotros debería asegurar elementos que garantizasen una pensión mínima, universal, ascendente y gradual de vejez. Acá el acento está en ascendente, ya que lo que queremos es disminuir la presión de las personas sobre su sobrevivencia, porque cuando cotizan no pueden saber a ciencia cierta cuál será la tabla de mortalidad a la hora de jubilar58. Estas discusiones son urgentes para reorientar el debate a nuestra realidad y no tanto a lo que queremos llegar a ser. Se trata de discutir acerca de herramientas institucionales que pueden lograr de mejor forma la cooperación de las personas para ahorrar e invertir su propio capital humano, pero que al mismo tiempo atienden los límites de nuestra geografía, nuestro mercado pequeño y poco complejo, y nuestros sesgos ideológicos. La solución política de estos problemas pasa por que las personas actualmente incluidas estén dispuestas a extender

58 Una sugerencia en esta línea es el seguro de longevidad propuesto por Berstein, Solange, Marco Morales, y Alejandro Puente “Rol de un seguro de longevidad en América Latina: Casos de Chile, Colombia, México y Perú”, en FIAP (2015), 1–99. Esto garantizaría una tasa de reemplazo en la cuarta (o quinta) edad. Junto a ello, es importante discutir acerca de los alcances de una administradora de fondos de pensiones (AFP) de propiedad estatal. Una AFP estatal conlleva riesgos económicos y políticos (por ejemplo, una potencial captura de fondos cotizados para inversiones que sean políticamente provechosas, un reparo expresamente consignado por Sergio Urzúa en el informe de la comisión asesora previsional), pero es una alternativa, en el supuesto de que hay gente que no cotiza por desconfianza en el sector privado. Si una AFP estatal resuelve el problema de los que no cotizan por motivos ideológicos o desconfianza al sistema, podría solucionar en parte las dificultades del ahorro. Creemos que no sería una solución eficiente, pero hay que tomar en cuenta la realidad y esto representa una mejora ante el escenario actual, donde hay personas excluidas del sistema: en este caso, preferimos una solución no óptima a la inacción.

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y contribuir a la inclusión de los excluidos. La observación de Prieto, que inició este capítulo, concluye con una pregunta: “Cierto es que las leyes sociales no las aprovechan ni unos ni otros (ricos y pobres), sino los empleados (en este caso, ‘formales’), pero ¿no es un acto bello, de armonía y solidaridad que el capital y el trabajo aúnen sus fuerzas en favor de los que no trabajan?”. En otras palabras, ¿hasta qué punto aquellos incluidos y beneficiados por la regulación tienen el interés de incluir a los excluidos?

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CATÁLOGO IES 2016

PENSADORES La Colección Pensadores es el pilar de nuestra editorial y, como tal, busca publicar introducciones y textos monográficos acerca de los pensadores más influyentes de la cultura occidental, tanto en el mundo antiguo como en el moderno y contemporáneo.

COLECCIÓN PENSADORES

Junto con Aristóteles, el pensamiento de Platón puede ser considerado como la base de toda la civilización occidental, por lo que un acercamiento a su obra y figura siempre es necesario. Herwig Görgemanns, profesor emérito de la Universidad de Heidelberg, realiza una presentación no solo del pensamiento de este gran filósofo griego, sino que también introduce al lector en aspectos biográficos, históricos y filológicos de su trabajo. El autor explora en el impacto de Platón en la filosofía posterior, lo que hace de este libro una excelente bienvenida al corpus platónico, además de una obra de referencia clave a la hora de su estudio.

La historia del pensamiento occidental está marcada por la referencia a Aristóteles, y no parece exagerado afirmar que, junto a Platón, este filósofo traza las líneas fundamentales en las que comenzará a discutirse el pensamiento filosófico. En este libro, el profesor Vigo ofrece una presentación sistemática, no solo a través de los aspectos fundamentales del pensamiento aristotélico, sino también mediante una lectura actualizada de las discusiones más relevantes entre los especialistas contemporáneos. Su detallada labor de fuentes aristotélicas y de literatura secundaria, y la profundidad con la que articula cuestiones escenciales en temas de lógica, metafísica, psicología y ética, confirman porqué estas propuestas siguen siendo tan sugerentes en la actualidad.

A través de este libro se podrá tener una visión ordenada del pensamiento de Agustín de Hipona. Christoph Horn logra sistematizar los principales temas de la filosofía del Obispo de Hipona, creando un diálogo entre su biografía y sus obras. Su pensamiento ha sido clave para la comprensión de la civilización occidental, contribuyendo no solo en la filosofía y la teología, sino también en diciplinas como literatura, ciencias políticas, estética o historia. El libro Agustín de Hipona. Una introducción, recorre los principales pasajes de la vida de Agustín, identificando y comprendiendo la evolución de las ideas de este pensador. Por medio de la lectura de este volumen se podrán conocer los conceptos filosóficos y teológicos más destacados de su vida, además de la influencia y recepción que ha tenido su obra desde el medioevo hasta nuestros días.

La justificación de la acción política como tal y del Estado como expresión de dicha acción es el tema principal de este libro. Profundizando en una serie de ideas como la agresividad, el egoísmo, la comunitariedad, y las relaciones entre naturaleza y política, el profesor de la Universidad Diego Portales Hugo Herrera realiza un trabajo que escapa a los géneros más usuales de los escritos sobre política. Lo suyo, se anuncia desde el principio, es un ensayo filosófico de justificación del Estado. Algo inusual, pero sin duda relevante para quienes pretenden preguntarse sobre lo político con cierta disciplina.

En este libro convergen una serie de artículos inéditos en español en torno a temas de enorme debate como la democracia, el aborto, la ética empresarial o el concepto de matrimonio. A través de la reintegración del concepto de la moralidad —comprendida como un conjunto de bienes, derechos y deberes fundados en la misma naturaleza de los integrantes del orden social—, Robert P. George realiza un interesante y novedoso aporte a la discusión de asuntos públicos. El autor, profesor de la cátedra McCormick de Jurisprudencia y Filosofía del Derecho en la Universidad de Princeton, se consagró en el debate público anglosajón como uno de los exponentes más destacados de la Nueva Teoría del Derecho Natural.

Frente a la necesidad de abordar con argumentos los diversos temas que son noticia en el mundo de la bioética, María Alejandra Carrasco reflexiona sobre diversos dilemas de actualidad teniendo siempre como centro la dignidad de la persona humana. El aborto, la clonación y la eutanasia son algunos de los debates que la autora aborda en este volumen. Su objetivo es aportar a la discusión pública desde la filosofía. En un tono ameno y cercano, el libro plantea los principales problemas actuales en torno a la persona, presentando una argumentación sólida y, al mismo tiempo, de fácil comprensión para el lector.

A través de una fundamentación filosófica brillante que sintetiza el pensamiento clásico con la filosofía moderna, Robert Spaemann nos invita a reflexionar sobre qué significa ser humano, conjugando los conceptos de dignidad y de evolución, de razón y naturaleza. Lo natural y lo racional es un libro clásico y contingente: clásico pues plantea preguntas centrales sobre qué es el hombre y qué está llamado a ser; contingente, pues las respuestas esbozadas por el importante filósofo alemán llegan en un momento en que los debates contemporáneos obligan a definir los contornos de lo humano, de su dignidad y de su naturaleza. El rescate de la discusión acerca de la naturaleza del hombre, de la mano de la reflexión de Spaemann, es un enorme aporte a la deliberación actual.

A cuarenta años del 11 de septiembre de 1973, Las voces de la reconciliación profundiza, con respeto y altura de miras, sobre un tema aún presente en el debate público: la reconciliación nacional. La obra, cuyos editores son el senador Hernán Larraín y el ex senador, Ricardo Núñez, reúne ensayos de diferentes actores políticos, académicos y sociales, quienes ahondan en temas como violencia, derechos humanos, justicia, perdón, confianza cívica y el rol de las instituciones.

Con la publicación de la traducción de La gran sociedad, el IES propuso un desafío intelectual a nuestro medio político. Porque el libro de Jesse Norman, que analiza el estado presente de la política británica y ofrece críticas ácidas respecto a algunos aspectos de ella, está dirigido precisamente a aquellos que se interesan por las ideas políticas más que por las etiquetas políticas, sean de izquierda o derecha. La gran sociedad no sólo reivindica la libre asociación de las personas en pos de objetivos comunes, sino que nos muestra que hay ciertos bienes públicos que sólo emergen o pueden ser provistos adecuadamente de esta forma. Por ejemplo, Bomberos de Chile y la Teletón.

Páginas: 296 // Formato: Rústico Dimensiones: 15x23cm ISBN: 978-956-8639-23-5 Publicado en 2015

SUBSIDIARIEDAD MÁS ALLÁ DEL ESTADO Y DEL MERCADO Editor: Pablo Ortúzar Madrid Coordinador: Santiago Ortúzar

Las razones para publicar Subsidiariedad. Más allá del Estado y del Mercado son tres: el debate político actual en que el problema del rol del Estado se encuentra en el centro, el uso extendido pero pobre de la noción de subsidiariedad en nuestra discusión pública y el renovado interés por el tema en el contexto académico. En el caso chileno –y como se verá en este libro– la comprensión de la noción de subsidiariedad está muy atada a la visión de Jaime Guzmán, que buscó, al parecer, armonizar la tradición católica del concepto con los desarrollos de Hayek. Esto se traduce en una propuesta que resalta el aspecto “negativo” de la subsidiariedad, entendido como limitación del Estado, y minimiza el aspecto positivo (la intervención habilitante).

FICHA

Páginas: 208 // Formato: rústico Dimensiones: 15x23cm. // Publicado en 2015 ISBN: 978-956-8639-25-9

LOS FUNDAMENTOS CONSERVADORES DEL ORDEN LIBERAL Daniel J. Mahoney Traducción de Catalina Siles V. Este elocuente ensayo nos ofrece una vigorosa defensa de los presupuestos históricos, políticos, espirituales y culturales de las democracias occidentales. En un constante diálogo con los pensadores “liberales conservadores” más importantes —Tocqueville, Solzhenitszyn, Burke y Aron, entre otros—, el autor aborda un amplio rango de preguntas relacionadas con la teoría y práctica de la libertad democrática, además de defenderla de sus enemigos seculares y religiosos, y particularmente de sus “amigos inmoderados”.

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El problema del encuentro, la síntesis y el sincretismo ocurrido en América entre las culturas aborígenes y española inspiran este libro, el cual busca responder el “cómo” de ese proceso y el “porqué” del éxito de semejante empresa. Aquí, Pedro Morandé constata la incompatibilidad profunda entre las religiones negras e indígenas y la religión cristiana. Este valioso libro, resumen realizado por el propio autor de su tesis doctoral presentada en la Universidad de Erlangen —Nürenberg, 1979—, regresa a los lectores después de treinta años, luego que se editara en 1980 en Lima por el Centro Andino de Historia de la Universidad de San Marcos.



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El proceso de modernización de las sociedades latinoamericanas y sus particulares características en relación a la modernización europea es el tema central de este libro. Pro- ducto de la potente reflexión de sociología cultural, histórica y religiosa llevada adelante en el ámbito del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ISUC) entre 1975 y 1995, el texto Politización y monetarización en América Latina constituye una reflexión ineludible a la hora de comprender cuáles son los procesos que en la actualidad vive nuestra región.