Los impuestos como fuente de ingreso son obsoletos

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Los impuestos como fuente de ingreso son obsoletos

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LOS IMPUESTOS COMO FUENTE DE INGRESOS SON OBSOLETOS por Beardsley Ruml Presidente de la Reserva Federal de Nueva York (Federal Reserve Bank of New York) American Affairs, enero de 1946. Traducido por Sandra Soutto y Laia Martinez de Vera. Enero 2015.

Mr Ruml leyó este trabajo ante el colegio de abogados estadounidense (American Bar Association) durante el último año de la Guerra. Atrajo menos atención de la que merecía y ahora en tiempos de paz, con la estructura tributaria en proceso de cambio es aún más oportuno. Su tesis se basa en dos pilares: un sistema de banca central y una moneda inconvertible. De ese modo, un gobierno nacional soberano esta finalmente libre de preocupaciones acerca del dinero, ya que no necesita recaudar impuestos con el fin de proveerse de ingresos a sí mismo. Por lo tanto, todos los impuestos deberían ser considerados desde el punto de vista de las consecuencias sociales y económicas que provocan. El párrafo que encarna esta idea se encuentra en cursiva en el texto. Mr Ruml no dice exactamente cómo el gobierno pagaría, en ese caso, sus propias cuentas. Se puede suponer que se financiaría recortando gastos, mediante la recaudación fiscal para fines sociales y económicos o imprimiendo el dinero que necesita. Decantarse por uno u otro mecanismo puede resultar ser una cuestión meramente académica. La finalidad de su trabajo es dar un argumento en contra del gravamen de los beneficios empresariales. Editor. La superioridad del gobierno sobre el negocio privado, se ve claramente en el poder que tiene al imponer un impuesto sobre el beneficio empresarial. Muchas de las normas que otorgan poder a las empresas provienen del gobierno, y es el gobierno el que pone los límites al ejercicio de ese poder protegiendo la libertad de las operaciones comerciales en su ámbito. La tributación es una de las limitaciones impuestas por el gobierno al poder empresarial para que este no pueda hacer lo que le plazca. No hay nada reprochable en este procedimiento. El negocio que se grava no es una criatura de carne y hueso, no es un ciudadano. Ni tiene voz para decidir como será gobernado, ni lo debería tener. La cuestión en la tributación sobre los negocios no es un asunto moral, mas bien tiene implicaciones prácticas: ¿Cómo se obtendrían los mejores resultados?¿Cómo se debería grabar a los negocios para que éstos hicieran su mejor contribución al bien común? Esto es a veces instructivo a la hora de afrontar alternativas y de formular preguntas implícitas. Si nosotros tenemos que comprender los problemas que implican una imposición sobre la actividad empresarial, primero debemos preguntarnos: ¿Por qué el gobierno necesita gravarlos? Esto parece ser sencillo y como en el caso de las cuestiones simples, la solución obvia probablemente, sea también sencilla. La respuesta obvia, por supuesto, es que los impuestos proveen al gobierno de recursos, los cuales necesita para pagar sus facturas. Esto ha pasado Si miramos la historia financiera reciente, en apariencia los estados han podido hacer frente a sus pagos a pesar de que sus ingresos tributarios eran inferiores a sus gastos. En

aquellos estados en los que los gastos eran mayores que lo recaudado por impuestos, se pagaban las facturas acudiendo a préstamos. El préstamo, por lo tanto, es una alternativa que utilizan los estados para complementar su ingresos fiscales con el fin de obtener los recursos necesarios a fin de pagar sus facturas. Un gobierno que depende de los préstamos y de la refinanciación de éstos para obtener el dinero que le permita realizar sus operaciones, es necesariamente dependiente de las fuentes (los prestamistas). En el pasado, si un gobierno persistía financiándose en gran parte con préstamos para cubrir sus gastos, los tipos de interés iban haciéndose cada vez más altos y más altos, entonce, los gobiernos debía ofrecer mayores incentivos a los prestamistas. Finalmente, estos gobiernos descubrieron que la única manera de poder mantener su independencia soberana y su solvencia económica era aumentar la presión fiscal (incrementando los impuestos), en cantidad suficiente para cubrir una parte sustancial de sus necesidades financieras, y para estar preparados (en caso de una gran presión), gravando más y cubriendo todas sus necesidades. La necesidad que tiene un gobierno de financiarse a través de los impuestos con el fin de mantener tanto su independencia como su solvencia se da para los gobiernos locales y regionales, pero no para los gobiernos nacionales. Dos de los mayores cambios se produjeron en los últimos veinticinco años los que ha alterado sustancialmente la posición del gobierno nacional con respecto a la financiación de sus necesidades actuales. El primero de ellos es la adquisición de una nueva y gran experiencia en la dirección de la banca central. El segundo cambio es la eliminación, con fines nacionales, de la convertibilidad de la moneda en oro. Liberación del mercado de dinero. La libertad definitiva del mercado monetario nacional se da para cada estado soberano, donde exista una institución, la cual funciona como un banco central moderno y cuya moneda no es convertible en oro o en alguna otra commodity (materia prima). Los Estados Unidos es una nación que cuenta con un sistema de banca central, la Reserva Federal, y cuya moneda (de aplicación en territorio nacional) no es convertible en materias primas (commodity). De lo que se deduce que nuestro Gobierno Federal esta liberado del mercado de dinero para satisfacer sus necesidades financieras. Por consiguiente, las inevitables consecuencias sociales y económicas de cualquier y de todos los impuestos, se han convertido ahora, en la principal consideración en la tributación. En general, se puede decir que todos los impuestos tienen consecuencias de carácter social y económico y el gobierno las debe tener en cuenta cuando formule su política fiscal. Todos los impuestos federales tienen que cumplir con los criterios de las políticas públicas a efectos prácticos. El interés público es servir a los ciudadanos y nunca debería verse enmascarado bajo la obtención de ingresos. ¿Para qué son realmente los impuestos? Los impuestos federales pueden haber sido creados para servir a cuatro principales propósitos de carácter social y económico. Estos propósitos son: 1. Como instrumento de política fiscal para ayudar a estabilizar el poder de compra del dólar. 2. Para expresar las políticas públicas de la distribución de la riqueza y de la renta, como en el caso de los impuestos progresivos sobre la renta y sobre los bienes inmuebles. 3. Para expresar las políticas públicas de subsidiar o penalizar diversas industrias y

agentes económicos. 4. Para aislar y asignar directamente los costes de ciertas prestaciones nacionales, como las carreteras y la seguridad social. En el pasado reciente hemos utilizado nuestro programa federal de impuestos conscientemente para cada uno de estos fines. Al servir a estos fines, el programa fiscal no es más que un medio para un fin. Los fines en sí son asuntos de política nacional básica que deben establecerse principalmente, con independencia de cualquier programa fiscal nacional. Entre las cuestiones de política con las que tenemos que tratar tenemos las siguientes: • ¿Queremos un dólar con un poder adquisitivo razonablemente estable a lo largo de los años? • ¿Queremos una mayor equidad en la distribución de la riqueza y de la renta que resultan sólo del funcionamiento de las fuerzas económicas? • ¿Queremos subsidiar ciertas industrias y a ciertos agentes económicos? • ¿Queremos que los beneficiarios de determinadas actividades federales (servicios que da el Estado) sean conscientes de lo que cuestan? Estas preguntas no son tributarias, son preguntas sobre el tipo de país que queremos y el tipo de vida que queremos llevar. El programa de impuestos debe ser un medio para el fin acordado. El programa de impuestos debe ser concebido como un instrumento, y debe ser juzgado por lo bien que sirve a su propósito. Contra todo pronóstico, el objetivo principal (mantener el dólar constante) ha ser cumplido mediante la imposición de impuestos federales, el dolar ha de tener un poder adquisitivo estable a lo largo de los años. A veces, el objetivo establecido es “evitar la inflación”, y sin el uso de los impuestos federales todos los demás medios de estabilización, como la política monetaria y los controles de precios y subsidios, son ineficaces. En todo caso, todos los otros medios deben estar integrados en la política fiscal federal para tener un dólar cuyo valor sea cercano al que tiene hoy. La guerra ha enseñado al gobierno, y el gobierno ha enseñado a la gente, que la fiscalidad federal tiene mucho que ver con la inflación y la deflación, con los precios que tienen que ser pagados por las cosas que se compran y venden. Si los impuestos federales son insuficientes o el tipo impositivo no es de la proporción correcta, es probable que el poder de compra en manos del público sea superior a la producción de bienes y servicios, con los que esta demanda puede ser satisfecha. Si la demanda aumenta demasiado sin un aumento proporcional en la cantidad de productos a la venta, el resultado será un aumento de los precios. Esto significaría que el dólar valdría menos de lo que valía antes. Así pues, tiene lugar un proceso inflacionario. Por otro lado, si los impuestos federales son demasiado altos, el poder adquisitivo efectivo en manos del público será insuficiente para adquirir todos los bienes y servicios ofertados por los productores. Esto significará el desempleo generalizado. Los dolares que se gasta el gobierno, se convierten en poder de compra en manos de las personas que lo reciben. Los dolares que el gobierno recibe por los impuestos no pueden volver a la ciudadanía en forma de dinero, y no pueden ser utilizados para adquirir los productos disponibles para la venta. Por tanto, la tributación es el instrumento de mayor importancia en la administración de cualquier política fiscal y monetaria. Para distribuir la riqueza. La segunda función básica de los impuestos es lograr la equidad en la distribución de la riqueza y de la renta que unicamente resultan del trabajos de los agentes económicos.

Los impuestos eficaces para estos fines son el impuesto progresivo sobre la renta, el impuesto progresivo sobre el patrimonio y sobre las donaciones. Lo que estos impuestos deberían ser depende de la política pública con respecto a la distribución de la riqueza y de la renta. En este sentido, es importante tener en cuenta que los impuestos estatales y el de donaciones tienen poca o ninguna importancia como medidas fiscales para estabilizar el valor del dólar. Su propósito es de carácter social, previniendo, lo que de otra manera resultaría la alta concentración de la riqueza y la renta en unos pocos, como resultado de la inversión y la reinversión de la renta no gastada en las necesidades cotidianas de consumo. Estos impuestos deben ser defendidos o combatidos en función de sus efectos sobre el carácter de la vida estadounidense, y no como medidas de ingreso. La tercera función de los impuestos federales es para proveer de un subsidio por algún interés industrial o económico. El ejemplo más notable es el de los aranceles a la importación. Originalmente, estos impuestos eran impuestos para servir a un doble propósito, ya que hace siglo y medio el gobierno nacional obtenía con ellos los ingresos necesarios para pagar las facturas. Actualmente, los aranceles a las importaciones ya no son necesarios para obtener ingresos. Estos impuestos no son nada más que los medios para proporcionar subsidios para industrias seleccionadas; su función social es la de proporcionar un precio mínimo por encima del cual la industria nacional puede competir con los productos que se producen en el extranjero y se venden en este país de forma más barata, a excepción de la protección arancelaria. El subsidio no se paga en el puerto de entrada de las mismas, lugar donde se gravan las mercancías importadas, sino al elevar el nivel de los precios de los bienes similares vendidos en el país. La cuarta función a la que deben servir los impuestos federales es la evaluación directa y visible del coste de determinadas prestaciones. Dicha tributación es altamente deseable para limitar las cantidades de las prestaciones que los beneficiarios están dispuestos a pagar. Los ejemplos más notables de estas medidas son las prestaciones de la seguridad social, de jubilaciones y de un seguro de desempleo. Los efectos sociales de otorgar estas prestaciones y de la evaluación de éstas con los impuestos específicos para cubrir los costes son obvias. Desgraciadamente e innecesariamente, en ambos casos, los programas han implicado asombrosas consecuencias deflacionarias como resultado del exceso de ingresos corrientes sobre los actuales desembolsos. El impuesto malo. El impuesto federal sobre los beneficios empresariales (en adelante Impuesto sobre sociedades) es el más importante, en cuanto a sus efectos sobre las operaciones comerciales. Hay otros impuestos que son de gran interés para algunas clases específicas de negocios. Hay muchos problemas en el impuesto de sociedades a nivel local y estatal, que se convierten extremadamente en urgentes, sobre todo cuando las empresas no obtienen ningún beneficio. Sin embargo, limitaremos nuestra discusión al impuesto sobre la renta federal, ya que es con este impuesto con el que fundamentalmente se grava el negocio. Asimismo, limitaremos nuestras discusiones a los problemas que plantean los impuestos en tiempo de paz, ya que en tiempos de guerra muchas de las medidas fiscales, como el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, tienen una justificación especial. El impuesto sobre sociedades tiene tres consecuencias fundamentales, todas ellas malas. Sucintamente, los tres malos efectos del impuesto sobre sociedades son: 1. El dinero es recaudado de las empresas con los impuestos mediante tres formas distintas: puede provenir de la gente, cuando pagan mayores precios por las cosas

que compran; de los trabajadores de la empresa, al recibir salarios inferiores a los que recibirían en otro caso; o de los accionistas de las empresas, con una menor tasa de retorno de sus inversiones. Sin importar de donde viene el dinero ni en que proporción este impuesto es perjudicial para la producción, para el poder adquisitivo y para la inversión. 2. El impuesto sobre sociedades es un factor de distorsión en el criterio de gestión, es un factor perjudicial para una análisis claro desde el punto de vista de la ingeniería y de la economía de lo que será mejor para la producción y la distribución de los productos para ser usados. Y cuanto mayor sea el impuesto mayor será la distorsión. 3. El impuesto sobre sociedades es la causa de la doble imposición. Al contribuyente se le grava una vez, cuando la empresa obtiene beneficios, y una vez más cuando recibe el beneficios en forma de dividendos Esta doble imposición hace más difícil que la gente invierta sus ahorros en negocios que si los beneficios empresariales fueran gravados sólo una vez. Por otra parte, con el impuesto sobre sociedades los accionistas con ingresos pequeños soportan una carga tan pesada como los accionistas con grandes ingresos. Análisis Analizaremos estos tres efectos negativos del impuesto sobre sociedades más de cerca. El primero de los efectos que observamos fue que el impuesto sobre sociedades resultó provocar un aumento de los precios, salarios más bajos o reducción de la rentabilidad de la inversión, o una combinación de las tres. Cuando el impuesto sobre sociedades fue impuesto por primera vez, puede que se creyera que una imposición impersonal se cargaría sobre los beneficios de una sociedad a la que sólo le interesa la obtención de beneficios, exacción que no sería ni un impuesto sobre las ventas, ni un impuesto sobre los salarios, ni un doble impuesto sobre los accionistas. Obviamente, en un sentido real esto es imposible. Una empresa no es más que una forma de hacer negocio que se materializa en una hoja de papel. El impuesto debe ser pagado por una o más personas que son parte de del interés del negocio, ya sea como cliente, empleado o como accionista. Es imposible de saber exactamente quien y cuanto se paga del impuesto sobre sociedades. El accionista paga parte de el,en el sentido de que la devolución de su inversión será menor de lo que sería de no haber impuesto. Pero, es igualmente cierto que el accionista no paga todo el impuesto sobre sociedades -ciertamente, paga muy poco. Después de cierto tiempo, el impuesto de sociedades representó un coste de producción y se consiguió cargarlo sobre el precio de los bienes y servicios producido por las empresas, y bajar los salarios, incluyendo condiciones de trabajo inferiores a las que de otro modo podrían ser. Las razones por las que el impuesto sobre sociedades tenía tal repercusión deben ser claramente comprendidas. En las operaciones de una empresa, la gestión de los negocios es dirigida por el afán de lucro que mantiene la mirada en lo que queda de beneficios para los accionistas. Como la empresa deberá pagar el impuesto sobre sociedades antes que los dividendos, este será considerado igual que cualquier otro gasto incontrolable, como un gasto que será cubierto por precios más altos, o bajando los costes, de los cuales el coste principal es el salario. Puesto que toda competencia en la misma línea de negocios piensa de la misma manera, los precios y los costes tenderán a estabilizarse en un punto en el que producirá un beneficio, después de impuestos, suficiente para permitir la entrada de nuevas inversiones a un precio razonable. Cuando esto finalmente sucede, como la industria tiene que mantenerse, el impuesto sobre sociedades se absorve en gran medida por los precios más altos y los salarios más bajos. El efecto del impuesto sobre sociedades es, entonces, subir los precios ciegamente y bajar los salarios en una

cantidad indeterminada. Ambas opciones están enfocadas en la dirección equivocada y son perjudiciales para el bienestar público. ¿A dónde va el dinero? Supongamos que el impuesto sobre sociedades fuese eliminado ¿A dónde iría el dinero destinado a pagar el impuesto? Esto depende. Si la industria es altamente competitiva como en el caso de los minoristas, una gran parte se reflejaría en precios más bajos, en menor proporción en salarios más altos y en un mayor rendimiento de los ahorros invertidos en la industria. Si los trabajadores están bien organizados, como en el ferrocarril, en el acero, en la industria del automóvil, la proporción destinada a salarios tiende a aumentar. Si la industria no es muy competitiva ni organizada ni está bien reglada (de las cuales hay pocas), una gran parte iría a los accionistas. Si se eliminara el actual impuesto sobre sociedades, los precios bajarían y se elevaría el nivel de vida de todos. El segundo efecto negativo del impuesto sobre sociedades es que se trata de un un factor de distorsión en la valoración de la gestión, afectando a cada decisión ya que las medidas adoptadas no se hubieran adoptado sólo por razones de negocio. Las consecuencias fiscales de todos los contratos importantes tienen que ser evaluados. A veces, alguna acción que debería llevarse a cabo no puede realizarse porque los resultados fiscales dejan sin valor la transacción, o la empeoran. A veces, las acciones absurdas están justificadas por la obtención de beneficios fiscales. Los resultados de este razonamiento fiscal es destruir la integridad del criterio empresarial actual y establecer una estructura de negocio y una tradición, las cuales no sean coherentes en lo referente a una imposición de una economía propia y una industria eficiente. Recargo sobre la Deuda El ejemplo más notable del efecto perjudicial del impuesto en el criterio empresarial se ve en la posición de preferencia que tiene la financiación de la deuda sobre la financiación del capital. Esta preferencia se debe a que los intereses y las rentas pagadas sobre el capital empleado en la actividad empresarial , son deducibles como gastos; mientras que los dividendos pagados no lo son. El resultado es que la balanza siempre se inclina a favor de la financiación de la deuda, ya que al deducirse los gastos financieros las rentas del capital no pagan impuestos. Esta tendencia continúa, aunque se acordó universalmente que las empresas y el país en general estarían en una posición más fuerte si la proporción más grande de la inversión recae sobre las acciones y participaciones en capital, y una más pequeña sobre hipotecas y bonos. Hay que reconocer que en muchos casos un impuesto sobre sociedades alto induce a la dirección empresarial a hacer gastos,que alguien con sentido común evitaría. Esto es particularmente verdad si a largo plazo puede dar beneficios, un beneficio que no puede o no necesita ser capitalizado. A largo plazo el gasto es compartido involuntariamente por el gobierno con las empresas, y en estas circunstancias, una gran oportunidad, a menudo vale la pena aprovecharla. La investigación científica y la publicidad institucional son los vehículos preferidos para usar el dinero barato. Puesto que estos gastos reducen las ganancias, al mismo tiempo reducen los impuestos, y el coste para la empresa es sólo el margen que queda después de impuestos -el gobierno paga la parte restante. Admitiendo que cierta cantidad de gasto producido con propensión al riesgo resulta del incentivo fiscal, es una manera insana de subvencionar irregularmente lo que, al final, suavizará el carácter de la gestión y dará lugar a un exceso de adversidad al riesgo. La tercera consecuencia desafortunada del impuesto sobre sociedades es que las mismas ganancias son gravadas dos veces, una cuando se ganan y otra cuando se distribuyen. Esta doble imposición hace que el margen de beneficios inicial lleve una tremenda carga fiscal, haciendo difícil justificar la inversión de capital en un nuevo y creciente negocio. También funciona contra el principio del impuesto progresivo sobre la

renta, ya que el pequeño accionista, con una pequeña renta, paga la misma tasa del impuesto sobre sociedades por su parte de ganancias que el accionista cuyo ingresos totales son los mayores previstos en la escala de gravámenes. Este defecto de doble imposición es serio, tanto en lo que afecta a la equidad en la estructura tributaria, como un obstáculo para la misma, y como un obstáculo para la inversión de los ahorros en los negocios. En breve, un mal Cualquiera de estos tres efectos negativos del impuesto sobre sociedades sería suficiente para ponerse seriamente a la defensiva. Los tres efectos, en conjunto, crean un caso abrumador en contra de este impuesto. El impuesto sobre sociedades es un impuesto malvado y debe ser abolido. El impuesto sobre sociedades no puede ser abolido hasta que se encuentre algún método para evitar que la forma corporativa no pueda ser usada como un refugio del impuesto sobre la renta individual y como un medio de acumular excedentes innecesarios. De alguna manera se ha de gravar adecuadamente las ganancias de las sociedades, las que redundan en ingresos de los accionistas, por lo que serán gravadas como ingresos individuales de éstos. Las debilidades y los peligros del impuesto sobre sociedades son conocidos desde hace años y en 1936 hubo un malogrado intento de abolirlo con la propuesta de un impuesto sobre los beneficios no distribuidos. El cuál, fue impuesto por el Congreso, tenía cuatro debilidades que pronto se llevaron a los libros. Primero, el impuesto sobre sociedades no sólo no fue eliminado en la legislación definitiva, sino que además, se añadió como uno de los puntos principales de dicha legislación el impuesto sobre los beneficios no distribuidos. Segundo, nunca estuvo muy claro ni en el reglamento ni en la ley, que formas de ganancias distribuidas serían retenidas y que formas de ganancias reinvertidas podrían ser gravadas a los accionistas y no a las empresas. Tercero, la Comisión de Bolsa y Valores no estableció regulaciones especiales ni simples que abarcasen valores emitidos para capitalizar ganancias retenidas. Cuarto, las ganancias de una empresa estaban congeladas en un año fiscal particular, sin ofrecer facilidades para utilizar las disposiciones (provisiones contables) con el fin de imputar a ejercicios anteriores o posteriores las perdidas registradas. Una vez garantizado que el impuesto funcionará, no será fácil idear medidas de protección que sean completamente satisfactorias. Las dificultades no son simplemente dificultades técnicas ni procedentes de evitar los escollos de una solución perfecta imposible de administrar, pero son cuestiones de principio que plantean temas como el lugar propio de poder sobre nuevas inversiones de capital. ¿Puede el gobierno permitirse el renunciar al impuesto sobre sociedades? En realidad esta no es la pregunta. La pregunta es: ¿Es esta la manera de determinar los impuestos sobre el pueblo (sobre el consumidor, los trabajadores y los inversores), que después de todo son los únicos contribuyentes reales? Esta claro desde cualquier punto de vista que los efectos del impuesto sobre sociedades son perjudiciales. Así pues, el fin público de financiarse mediante impuesto no se cumple de esta manera. Los efectos de los impuestos sobre la estabilización del dólar, son inciertos, y esto es injusto como parte de un gravamen progresivo sobre la renta individual. Tiende a aumentar los precios de los bienes y servicios. Tiende a mantener los salarios más bajos de lo que podrían ser. Se reduce el rendimiento de la inversión y el flujo de ahorros hacia las empresas.