Libertad de conciencia y escuela en Estados Unidos 9788490319871, 8490319871
El objeto de esta investigación es el análisis del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el co
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LIBERTAD DE CONCIENCIA Y ESCUELA EN (...)
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I MODELO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN
1. CONSIDERACIONES INICIALES
2. ANTECEDENTES HISTÓRICO-DOCTRINALES DE LA
PRIMERA ENMIENDA
3. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
4. PERÍODO DE NO APLICACIÓN DE LA PRIMERA
ENMIENDA A LOS ESTADOS
5. LA DECIMOCUARTA ENMIENDA A LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL
6. LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS CLÁUSULAS
CONTENIDAS EN LA PRIMERA ENMIENDA
7. EL RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT DE 1993
CAPÍTULO II MODELO DE PLURALIDAD DE ESCUELAS Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2. ESCUELA PÚBLICA VERSUS ESCUELA PRIVADA
3. IDEARIO EDUCATIVO
4. LIBERTAD DE CONCIENCIA DE LOS DOCENTES.
4.1. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas públicas
4.2. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas de titularidad religiosa
4.3. Régimen jurídico de los profesores de religión
CAPÍTULO III MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
1. LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN
2. EL CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN
3. SÍMBOLOS RELIGIOSOS
4. LOS GRUPOS DE DEBATE RELIGIOSOS
5. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN
6. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA A LA
ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA POR MOTIVOS
RELIGIOSOS
CAPÍTULO IV FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE TITULARIDAD RELIGIOSA
1. CONSIDERACIONES INICIALES
2. AYUDAS ESTATALES GENÉRICAS
3. AYUDAS ESTATALES ESPECÍFICAS
3.1. Salario del profesorado
3.2. Ayudas para libros de texto y material didáctico
3.3. Ayudas para transporte escolar
CAPÍTULO V SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
1. UNIVERSIDADES DE TITULARIDAD PÚBLICA
1.1. Foros de debate religiosos
1.2. Libertad de expresión de las asociaciones estudiantiles con fines religiosos
1.3. La práctica de la oración
2. UNIVERSIDADES DE TITULARIDAD RELIGIOSA
2.1. Ayudas estatales específicas
2.2. Ayudas estatales para cursar estudios universitarios de carácter religioso
CAPÍTULO VI CONSIDERACIONES FINALES
BIBLIOGRAFÍA
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LIBERTAD DE CONCIENCIA Y ESCUELA EN ESTADOS UNIDOS
Óscar Celador Angón
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y ESCUELA EN ESTADOS UNIDOS
Universidad Carlos III de Madrid Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
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A María, Alberto y Eduardo ¡Come on Loose, los tenemos donde queríamos!
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................................
13
CAPÍTULO I: MODELO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN ....................................................................
19
1.
CONSIDERACIONES INICIALES.............................................
19
2.
ANTECEDENTES HISTÓRICO-DOCTRINALES DE LA PRIMERA ENMIENDA ................................................................
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3.
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE .........................................
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4.
PERÍODO DE NO APLICACIÓN DE LA PRIMERA ENMIENDA A LOS ESTADOS ...................................................
33
LA DECIMOCUARTA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.......................................................
37
LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN LA PRIMERA ENMIENDA .......................
41
EL RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT DE 1993 .....
46
CAPÍTULO II: MODELO DE PLURALIDAD DE ESCUELAS Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA ..................................................................
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5. 6. 7.
1.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS ...............................................
53
2.
ESCUELA PÚBLICA VERSUS ESCUELA PRIVADA..............
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3.
IDEARIO EDUCATIVO ...............................................................
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4.
LIBERTAD DE CONCIENCIA DE LOS DOCENTES. .............
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Índice 4.1. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas públicas....................................................................................
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4.2. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas de titularidad religiosa ...........................................................
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4.3. Régimen jurídico de los profesores de religión ....................
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CAPÍTULO III: MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS .............................................................................
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1.
LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN ..............................................
77
2.
EL CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN .....................................
84
3.
SÍMBOLOS RELIGIOSOS ...........................................................
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4.
LOS GRUPOS DE DEBATE RELIGIOSOS ...............................
90
5.
LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN .........................................
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6.
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA A LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS ................................................................................. 103
CAPÍTULO IV: FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE TITULARIDAD RELIGIOSA ................................................................... 107 1.
CONSIDERACIONES INICIALES............................................. 107
2.
AYUDAS ESTATALES GENÉRICAS ........................................ 110
3.
AYUDAS ESTATALES ESPECÍFICAS ...................................... 115
3.1. SALARIO DEL PROFESORADO ............................................... 115 3.2. AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO .................................................................................. 126 3.3. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ............................. 131 CAPÍTULO V: SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO ............. 137 1.
UNIVERSIDADES DE TITULARIDAD PÚBLICA ................. 137
Índice
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1.1. Foros de debate religiosos ...................................................... 138 1.2. Libertad de expresión de las asociaciones estudiantiles con fines religiosos .................................................................. 142 1.3. La práctica de la oración ....................................................... 148 2.
UNIVERSIDADES DE TITULARIDAD RELIGIOSA ............. 154 2.1. Ayudas estatales específicas ................................................... 154 2.2. Ayudas estatales para cursar estudios universitarios de carácter religioso .................................................................... 158
CAPÍTULO VI: CONSIDERACIONES FINALES ............................... 161 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 175
INTRODUCCIÓN El objeto de esta investigación es el análisis del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el contexto educativo estadounidense. Se trata de una temática compleja, debido a la relevancia de los Derechos fundamentales implicados en este terreno, como, por ejemplo, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de conciencia de los docentes y los discentes, o el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Asimismo, no resulta baladí el hecho de que la armonización de los derechos mencionados deba realizarse en un ámbito tutelado por los poderes públicos, al que asisten menores en proceso de formación de su conciencia1. La elección del sistema educativo estadounidense como objeto de nuestra investigación no ha sido caprichosa, pues la adecuada comprensión de este sistema educativo es reclamada por la similitud que presenta, al menos teóricamente, con nuestro ordenamiento jurídico. Al igual que en nuestro país, en Estados Unidos la casi totalidad de la enseñanza privada está en manos de las confesiones religiosas, con lo cual la contraposición entre enseñanza pública y libertad de enseñanza se ha reconducido tradicionalmente a la contraposición entre enseñanza laica y enseñanza confesional. Los ordenamientos jurídicos español y estadounidense también coinciden en la formulación de sus modelos constitucionales, pues ambos protegen expresamente el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y ordenan la separación entre el Estado y las creencias o convicciones de sus ciudadanos. 1
Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación “La primavera árabe: integración de los Derechos Fundamentales y las relaciones IglesiaEstado en los procesos constituyentes de las nuevas Democracias”, financiado por el MINECO, Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.: DER 2012-33513).
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Asimismo, es necesario señalar entre los argumentos que reclaman el estudio del tema planteado, la necesidad de conocer en profundidad tanto los problemas como las soluciones que se han suscitado en el ordenamiento jurídico estadounidense en la materia propuesta, pues los conflictos sociales, políticos y culturales, inherentes a la convivencia conjunta de miembros de tradiciones religiosas y culturales diferentes que padece nuestro país, y que en muchos contextos como la educación parecen asustar a nuestro legislador, son similares a los que se llevan planteando y solucionando en el ordenamiento jurídico estadounidense desde hace varias décadas. A partir de este planteamiento se pretende estudiar un Derecho extranjero que procede de una tradición jurídica diferente a la del derecho español, que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante ha conocido una expansión e influjo mundial sin precedentes en la historia jurídica, sobre todo en lo que se refiere al Derecho público y, en concreto, al Derecho constitucional. Pero además, se trata de un derecho que, como consecuencia de la tradicional separación existente entre el Estado y los grupos ideológicos (entre los que se incluyen las confesiones religiosas), puede ofrecernos sugerencias para resolver los problemas que se plantean en nuestro ordenamiento jurídico, eludiendo de esta manera recurrir a soluciones de laboratorio que poco o nada suelen aportar a la solución de problemas reales, y consecuentemente utilizando un ordenamiento jurídico que puede servirnos de espejo para intentar parecernos o diferenciarnos de su silueta jurídica en función de nuestros intereses. Partiendo de estas consideraciones nos proponemos, en primer lugar, estudiar los elementos configuradores del modelo constitucional estadounidense en el terreno de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y en este contexto el papel que desempeña el principio de laicidad del Estado; en segundo lugar, analizar cómo se articula el sistema educativo estadounidense, y especialmente los derechos a la libertad de enseñanza y a elegir la educación religiosa y moral de los hijos; y en tercer lugar, intentaremos determinar si la teórica configuración constitucional se confirma en los supuestos analizados, y de no ser así cuáles son las excepciones y qué nuevo régimen jurídico conlleva y les es aplicable.
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Para ello, en la primera parte de nuestro estudio intentamos explicar los precedentes histórico-doctrinales de la primera enmienda; es decir, aquellas realidades políticas y sociales que han hecho que el modelo estadounidense sea tal y sea diferente en esencia al que se ha desarrollado en Europa. En este contexto intentaremos responder a interrogantes cruciales como, por ejemplo, ¿cuál fue el alcance y contenido de los derechos y libertades fundamentales incluidos en la primera enmienda a la Constitución federal?, ¿por qué la primera enmienda fue promulgada en 1791 pero no fue aplicada a los Estados hasta 1925?, o ¿qué motivos impulsaron a los constituyentes estadounidenses a proteger la libertad religiosa y a establecer la separación entre el Estado y las confesiones religiosas en pleno siglo XVIII, en una sociedad caracterizada por la confesionalidad, la intolerancia y la ausencia de libertad religiosa? La parte central de nuestra investigación estudia cuál ha sido la influencia de la primera enmienda a la Constitución federal en la conformación del sistema educativo estadounidense, desde la perspectiva tanto de la escuela pública como privada. La sistemática utilizada en esta parte de nuestro trabajo difiere de la utilizada previamente, debido a dos factores: En primer lugar, para estudiar adecuadamente esta temática ha sido necesario analizar caso por caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal, en cuanto responsable de delimitar el alcance y contenido de los derechos recogidos en la primera enmienda. El core de esta parte de nuestro estudio versa sobre las decisiones que el alto tribunal ha emitido para solucionar los numerosos conflictos que se han producido en el contexto educativo, ya que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, el papel del legislador en terreno de la resolución de este tipo de conflictos ha sido muy secundario tanto históricamente como en la actualidad. Con este objetivo, analizaremos cuáles han sido las decisiones del Tribunal Supremo federal referidas a la escuela pública, en terrenos como la objeción de conciencia a la escolarización obligatoria, la presencia de símbolos religiosos, la impartición de enseñanza de la religión confesional
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o la práctica de la oración. Respecto a la escuelas de titularidad religiosa, explicaremos cuál ha sido la posición de la jurisprudencia a la hora de permitir (o no) que este tipo de centros pueda beneficiarse de ayudas públicas para financiar tanto sus proyectos educativos, como aspectos específicos de los mismos (libros, material didáctico, transporte escolar o el salario de su profesorado). En esta parte de nuestro estudio, también se estudia el alcance y contenido de los derechos a la libertad de conciencia y de libertad de cátedra de los docentes, cuando estos han entrado en conflicto con el ideario del centro educativo en el que los docentes prestan sus servicios. Y en segundo lugar, el principio de laicidad del Estado, contenido en la primera enmienda, va a desempeñar un papel capital en este contexto, ya que este principio se conforma como un límite al poder de actuación de los poderes públicos. Este principio constitucional ha desempeñado un papel muy importante en la formulación de modelo educativo estadounidense, pues el Tribunal Supremo federal ha resuelto la mayoría de los supuestos relacionados con la presencia de elementos de naturaleza religiosa en las escuela públicas, o la posibilidad de que el Estado coopere con las escuelas de titularidad religiosa, utilizando este parámetro. Aquí radica una de las paradojas del modelo constitucional estadounidense. El derecho a la educación no aparece recogido entre los derechos que garantiza la Constitución federal, por lo que este derecho ha sido protegido y garantizado en los textos de las constituciones de los Estados. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal, en el ejercicio de su función de intérprete de los principios de libertad de pensamiento, conciencia y religión, y de laicidad garantizados por la Constitución federal, ha venido delimitando en gran medida el alcance y contenido del derecho a la educación. En otras palabras, pese a que los Estados miembros son competentes para regular el derecho a la educación en sus respectivos territorios, y a que este derecho no está garantizado por la Constitución federal, el Tribunal Supremo federal ha sido el árbitro de la mayoría de los conflictos y debates que analizaremos en este trabajo. Con esta labor, el Tribunal Supremo federal ha venido uniformizando el alcance y contenido del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en el ámbito educativo en todo el territorio estadounidense; y ha
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delimitado de forma precisa cuáles deben ser las relaciones de cooperación y económicas entre los poderes públicos y las escuelas de titularidad religiosa. En la recta final de nuestro estudio se analizan los conflictos que se han producido en el ámbito universitario en torno al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En concreto, intentaremos explicar los motivos que justifican que, a diferencia de lo que ocurre en los niveles educativos inferiores, los centros de educación superior de titularidad religiosa puedan ser beneficiarios de algunas ayudas económicas públicas. Respecto a las universidades públicas, analizaremos cómo se han resuelto los debates en torno al alcance y contenido de la libertad de expresión de las asociaciones de estudiantes cuando éstas tienen una finalidad religiosa, o en qué medida es factible la existencia de foros de debate o de manifestaciones religiosas en este contexto. En último lugar, hemos creído conveniente realizar un último epígrafe donde, a modo de conclusión, hemos valorado de forma específica los contenidos que hemos desarrollado en los capítulos precedentes, intentando encajar las piezas del puzzle en la que hemos dividido el sistema educativo estadounidense, para poder determinar su congruencia tanto de forma individualizada como global. En otras palabras, una vez conocido el proceso de evolución histórica y la configuración actual del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el contexto educativo, intentaremos ofrecer las claves de lectura de los textos estadounidenses y comprender adecuadamente los conflictos y las soluciones que el ordenamiento jurídico propuesto ha dado en la materia. Para concluir, me gustaría expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a la University of Notre Dame, Indiana, ya que gracias a su amable invitación para realizar una estancia como Visiting Fellow durante el curso académico 2011/12 pude profundizar en esta investigación; después a Dionisio Llamazares por su generosa dirección de mi trabajo, quien, utilizando su propia terminología, me enseñó a tejer este cesto; y por último, a Gregorio Peces Barba, Rector fundador de la Universidad Carlos III de Madrid, por su ejemplo universitario.
CAPÍTULO I MODELO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN
1. Cඈඇඌංൽൾඋൺർංඈඇൾඌ ංඇංർංൺඅൾඌ El eje del modelo constitucional estadounidense en el terreno de la libertad de conciencia, pensamiento y religión, es la primera enmienda a la Constitución federal, según la cual: “el Congreso no hará ley alguna que establezca una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios”. Este mandato constitucional fue establecido en el siglo XVIII, pero no fue vinculante para los Estados hasta el siglo XX, ya que las primeras diez enmiendas a la Constitución federal fueron diseñadas en aquel momento exclusivamente para limitar la capacidad de actuación del Gobierno federal. El ordenamiento jurídico objeto de nuestro estudio presenta una serie de características que le dotan de una peculiaridad propia. Por una parte, los cimientos jurídicos constitucionales del modelo estadounidense fueron establecidos en el siglo XVIII, nada más conseguir las colonias la independencia de Inglaterra, y los derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución federal se conformaron como un límite al poder de actuación al recién creado Gobierno federal; el derecho a la educación no se recoge en el texto constitucional federal, pues en aquel momento las prioridades políticas eran otras, toda vez que fue una competencia que tácitamente se dejó en manos de los Estados. Por otra, el respeto y garantía
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de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, se configuró como la primera de las libertades públicas, debido al papel que las creencias y convicciones religiosas desempeñaron en la historia colonial. Y por último, el alcance y contenido del derecho a la libertad de enseñanza ha venido siendo determinado por el Tribunal Supremo federal utilizando como referente la primera enmienda a la Constitución federal, pues, al igual que ocurre en nuestra propia realidad jurídica, la mayoría de las escuelas privadas que operan en Estados Unidos tienen un ideario religioso, por lo que éstas se configuran como una manifestación de las actividades que desarrollan las confesiones religiosas propietarias de estos centros. Así las cosas, a continuación vamos a dedicar esta parte de nuestro trabajo al estudio de los antecedentes histórico doctrinales que influyeron en la conformación del modelo constitucional estadounidense en el terreno de la libertad de creencias y convicciones, para posteriormente explicar por qué el Tribunal Supremo federal estadounidense no garantizó el respeto de las libertades públicas hasta el siglo XX, y cuál es el alcance y contenido de la primera enmienda en el momento actual.
2. Aඇඍൾർൾൽൾඇඍൾඌ ඁංඌඍඬඋංർඈ-ൽඈർඍඋංඇൺඅൾඌ ൽൾ අൺ ඉඋංආൾඋൺ ൾඇආංൾඇൽൺ El Nuevo Mundo se caracterizó desde su proceso colonizador por el pluralismo religioso, algo en lo que indudablemente tuvieron mucho que ver la reforma protestante y la intolerancia religiosa que asoló la Europa del siglo XVII. Las estructuras de poder que se crearon en las primeras colonias fueron poco partidarias de la tolerancia religiosa. La mayoría de las colonias, si exceptuamos Rhode Island, Pennsylvania y Delaware, establecieron una religión como oficial. El triunfo de la causa separatista en la Guerra de Independencia constituyó el punto de partida del proceso evolutivo de la tolerancia a la libertad religiosa. Varias causas operaron en su consecución, y entre ellas destacan: la importación de las ideas de pensadores europeos como Voltaire o Locke; las aportaciones ideológicas de pensadores locales como Lord Baltimore, William Penn o Roger Williams; la consolidación de doctrinas religiosas no violentas, como el cuaqueris-
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mo, favorables al pacifismo y a la resistencia a la violencia; la necesidad de crear un nuevo Estado donde los múltiples grupos religiosos conviviesen pacíficamente; intereses económicos y sociales; o, lo que parece más probable, la conjunción de varios de los motivos aludidos2. La Declaración de Independencia fue aprobada el 4 de Julio de 1776, y durante el período 1776-1784 las trece colonias se auto declararon Estados y promulgaron sus propios textos constitucionales. Los Artículos de la Confederación y Unión Perpetua fueron aprobados por los Estados miembros en marzo de 1781 para, tal y como establece su artículo IV, “asegurar y perpetuar mejor el intercambio y amistad recíprocos entre los pueblos de los diferentes Estados incluidos en esta Unión”. Para conseguir el objetivo aludido, se constituyó el Congreso de la Confederación, un órgano de gobierno con facultades ejecutivas muy limitadas ya que cada Estado retuvo su “soberanía, libertad e independencia”; en palabras de Asimov, la confederación “estaba formada por trece gobiernos con poder y un gobierno central sin poder”, ya que los Estados debían acordar cuándo se debía acuñar dinero, firmar tratados, el gravamen y el tipo de impuestos, así como lo referente al ejército y al comercio3. 2 Sobre el particular existe una abundante bibliografía, me remito a los siguientes estudios: Ahlstrom, E., A Religious History of the American People, New Haven: Yale University Press, 1973. Allen, H. C., Historia de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 1969. Brebner, J. B., The Explorers of North America, New York, 1951. Morgan, E. S., Roger Williams: The Church and the State, Harcourt, Brace & World, New York, 1967. Morison, S. E., Historia de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1951. Nevins, A., Commager, H., Breve Historia de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. Peterson, D., Vaughan, R., The Virginia Statute for Religious Freedom: its Evolution and Consequences in American History, Cambridge, 1988. Polishook, I. H., Roger Williams, John Cotton and Religious Freedom, New Jersey, 1967. Smith, E. A., Religious Liberty in the United States: The Development of ChurchState Thought Since the Revolutionary Era, Philadelphia, 1972.Tschobick, H., Los Indios de América del Norte, San José, 1952. 3 Asimov, I., Los Estados Unidos desde 1816 hasta la Guerra Civil, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 164. Hernández Sánchez-Barba, M. Historia de Estados Unidos de América. De la República Burguesa al Poder Presidencial, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 144, 157. Richards, D., Foundations of American Constitutionalism, Oxford University press, New York, 1989, pp. 111, 117.
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La falta de confianza de los Estados en el gobierno recién creado, su fragilidad, la ausencia de una intención clara y rotunda de crear una unidad nacional común a los nuevos Estados, y los acuciantes problemas económicos derivados de la Guerra de Independencia, pronto hicieron patente la necesidad de crear un Gobierno nacional fuerte que uniese a las antiguas colonias. Por este motivo, los representantes de los Estados convocaron una Convención, que se constituyó el 14 de mayo de 1787 y finalizó sus deliberaciones el 17 de septiembre de 1787, para promulgar una Constitución federal con el objeto, tal y como dispuso su preámbulo, de “establecer la justicia, afianzar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para ellos y sus descendientes los beneficios de la libertad”. Los Estados miembros de la joven nación se caracterizaron por representar diferentes realidades religiosas e históricas, y por haber aplicado distintas soluciones al hecho religioso. Como señala Mora Mérida, al finalizar la Guerra de Independencia en el Nuevo Mundo había aproximadamente 3.000 congregaciones dependientes de las distintas confesiones, de las que el 98 % eran protestantes: 650 congregacionalistas, 550 presbiterianas, 500 anglicanas, 500 baptistas, 300 reformistas y 300 cuáqueras. Mientras que el otro 2 % lo formaban los católicos con 50 congregaciones y los judíos con 5 congregaciones4. El elevado grado de atomización ideológica y religiosa descrito, añadido a la complejidad inherente al diseño de un modelo de libertades públicas prácticamente desde cero, se tradujo en la existencia de diversos puntos de influencia y de opinión en este terreno, entre los que destacan los siguientes: La primera fuente de influencias en la redacción de la primera enmienda cabe encontrarla en John Locke, según el cual una religión verdadera debía ser una religión tolerante. Locke abogó por delimitar la esfera de lo religioso precisamente a su propia razón de ser: el culto y la práctica
4 Mora Mérida, J. L., Iglesia y Religión en los Estados Unidos y Canadá, Mapfre, Madrid, 1992, p. 42.
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religiosa en armonía con el resto de las religiones, y lejos de una confrontación que inevitablemente finalizase en la prevalencia de una sobre otras. Asimismo aportó dos argumentos fundamentales a favor de la tolerancia religiosa, por una parte, la persecución religiosa nunca había fructificado en el acuerdo o la unidad, y de otra, era imposible determinar con certeza qué religión era la verdadera. El concepto de libertad religiosa en Locke debe rescatarse de sus propios escritos: “la libertad religiosa llega hasta donde, como consecuencia de su ejercicio, se produzca un daño en los derechos de otro individuo o suponga un atentado contra la existencia misma del Estado. Tal libertad es origen y fin de la comunidad política y queda, por consiguiente, segregada de la competencia del Estado, cuya función esencial es la formulación de reglas que aseguren la vida, la libertad y las propiedades de cada ciudadano. El presupuesto de la libertad religiosa es la secularización de la política y exige una tajante distinción entre la esfera civil y la religiosa”5. Sin embargo, Locke excluía a los católicos y a los ateos “que no se sienten sujetos a las promesas, pactos y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana”6. Como expone Páramo, Locke concibe la tolerancia sólo para las creencias religiosas y limita su protección a los intolerantes, pero nunca a sus víctimas, toda vez que la conceptualiza independientemente de la libertad y la igualdad7. En segundo lugar, Roger Williams fue partidario de la completa separación entre la religión y el Estado mediante el uso de un muro imaginario, pues de otra manera la autoridad y el poder del Estado corromperían a la 5 Locke, John, Carta sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid, 1988. p. L. Un análisis preciso de las influencias de Locke en la redacción de la primera enmienda cabe encontrarlo en Holland, R. A., A Theory of Establishment Clause Adjudication: Individualism, Social Contract, and the Significance of Coercion in Identifying Threats to Religious Liberty, en California Law Review, Vol. 80 (1992), pp. 1634-1635. 6 Voltaire, Tratado de la Tolerancia, Crítica, Barcelona, 1984, p. 8. Curiosamente, Voltaire excluía de la tolerancia a los no católicos porque en Inglaterra esta discriminación existía contra los católicos. 7 De Páramo Argüelles, J. R., Tolerancia y Liberalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 29-44.
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religión. En sus palabras: “limitar la elección de los magistrados civiles a los miembros de la Iglesia es como escoger pilotos y médicos de acuerdo con sus planes de salvación, en vez de por su habilidad en ambas profesiones”8. En tercer lugar y paralelamente a la ideología defendida por Williams, las aportaciones de William Penn al desarrollo de la libertad religiosa fueron también notables. Penn definió la libertad de conciencia como: “el derecho al culto público”. Para Penn, la persecución y la intolerancia religiosa no debían existir porque la persecución por motivos religiosos no es competencia de la sociedad civil, “tan sólo sería del dominio exclusivo de Dios” y supone un ataque frontal a los Derechos naturales del hombre9. En cuarto lugar, Thomas Jefferson defendió un concepto de libertad religiosa que protegiese, además de a los creyentes, a los ateos y a los no creyentes, y se manifestó a favor de la plena libertad religiosa en cuanto un instrumento necesario para preservar los intereses de ambas partes: el Estado y la religión. Jefferson concibió la libertad religiosa como un derecho natural del hombre que emana de su libertad de conciencia. Para él, la religión es un asunto entre el hombre y su Dios, y el poder legislativo del gobierno sólo debe alcanzar a las acciones y no a las opiniones, por lo que el hombre no debe rendir cuentas de su culto al gobierno10. 8
Charles, A., Beard, M. R., Historia de la Civilización de los Estados Unidos de Norte América, Tomo I, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1946, p. 102. Con carácter monográfico Vid. Bruno Leone (Ed.), Cotton, John, Roger Williams’s Banishment Was Justified, en Puritanism: Opposing Viewpoints, Green Haven, San Diego, 1994. Hall, T. L., Separating Church and State: Roger Williams and Religious Liberty, University of Illinois, Chicago, 1998. Morgan, E. S., Roger Williams: The Church and the State, Harcourt, Brace & World, New York, 1967. Vowel, S., The Wordy Shipmates, Riverhead, New York, 2008. 9 Kamen, H., Nacimiento y Desarrollo de la Tolerancia en la Europa Moderna, Alianza, Madrid, 1987, pp. 198-202. Corwin, E. S., The Basic Doctrine of American Constitutional Law, en Michigan Law Review, Vol. 12 (1914), pp. 247-249. Morris, K. R., Theological Sources of William Penn´s Concept of Religious Toleration, en Journal of Church and State, Vol. 35 (1993), pp. 83-111. 10 Vid. Koch, A., Pedem, W., Thomas Jefferson, Autobiografía y otros escritos, Tecnos, Madrid, 1972, pp.346-347. Butler, N. M., Los constructores de los Estados Unidos, Compañía General Editora, México, 1944, pp. 107-131.
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En quinto lugar, y en la misma línea que Jefferson, James Madison concibió la libertad religiosa desde la perspectiva de la pluralidad de grupos religiosos, sirviendo cada uno como un medio de elección contra el otro, toda vez que la religión debía carecer de financiación estatal. En su opinión, el cobro de un impuesto para fines religiosos no sólo es una medida coercitiva, sino que además viola el ejercicio de la libertad religiosa, para cuya efectividad es necesaria la igualdad, pero no sólo entre los grupos religiosos sino también entre la religión y el resto de los Derechos naturales11. Las ideas de Jefferson y Madison ya habían sido testadas en el Estado de Virginia. En 1776 el Congreso de Virginia promulgó un estatuto que estableció que: “todos los disidentes de cualquier denominación religiosa de la Iglesia anglicana a partir de este momento son libres y están exentos de cualquier impuesto o imposición que financie dicha Iglesia”12. Sin embargo, en 1784 Patrick Henry propuso al Congreso de Virginia un Bill Establishing a Provision for Teachers of the Christian Religion, con el objeto de establecer un impuesto que financiase la enseñanza de la religión cristiana. Cada uno de los ciudadanos podría decidir a qué confesión de la rama cristiana quería pagar el impuesto, y en el caso de que un ciudadano se opusiese a financiar la religión su dinero se dedicaría al fomento del saber en su condado. Asimismo, la ley permitía la exención de aquellos que no practicasen religiones relacionadas con el cristianismo13. Los argumentos de Henry fueron respondidos en la Asamblea de Virginia por Madison en su Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments14, donde manifestó su profunda oposición a cualquier tipo de 11
Vid. Butler, N. M., cit., pp. 79-107. Hudson, W. S., Corrigan, J., Religion in America, Macmillan, New York, 1992, p. 104. Para un análisis sistemático de las influencias de Locke en Madison Vid. Holland, R. A., pp. 1638-40. Mora Mérida, J. L., cit., p. 42. Weber, P. J., Gilbert, D. A., Private Churches and Public Money, Greenwood Press, Connecticut, 1985, p. 4. 12 Weber, P. J., Gilbert, D. A., cit., p. 14. 13 Weber, P. J., Gilbert, D. A., cit., pp. 11-12. 14 El texto completo del Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments puede encontrarse en http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/sacred/madison_m&r_1785.
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financiación estatal de la religión. Madison partió de la diferencia fundamental entre la financiación estatal de las actividades educativas y la del culto religioso. En su opinión, la religión de cada hombre debía depender de sus convicciones y conciencia, toda vez que el hecho de que el Estado pudiese financiar a una religión (en este caso la cristiana) podría implicar que en un futuro el Estado obligase a sus ciudadanos a financiar otra religión o a estar de acuerdo ideológicamente con ella15. El segundo argumento de Madison fue el de la igualdad. En su opinión, la norma impugnada limitaba el derecho de los sujetos a practicar su religión de la manera que libremente les impusiese su conciencia, en concreto restringía la libertad de aquellos que carecían de creencias religiosas y potenciaba la de los creyentes16.
html. El parágrafo 15 de la propuesta es preciso al decir: “the equal right of every citizen to the free exercise of his Religion according to the dictates of conscience” is held by the same tenure with all our other rights. If we recur to its origin, it is equally the gift of nature; if we weigh its importance, it cannot be less dear to us; if we consult the “Declaration of those rights which pertain to the good people of Virginia, as the basis and foundation of Government,” it is enumerated with equal solemnity, or rather studied emphasis. Either the, we must say, that the Will of the Legislature is the only measure of their authority; and that in the plenitude of this authority, they may sweep away all our fundamental rights; or, that they are bound to leave this particular right untouched and sacred: Either we must say, that they may controul the freedom of the press, may abolish the Trial by Jury, may swallow up the Executive and Judiciary Powers of the State; nay that they may despoil us of our very right of suffrage, and erect themselves into an independent and hereditary Assembly or, we must say, that they have no authority to enact into the law the Bill under consideration”. 15 Hemos utilizado la recopilación que se recoge en los apéndices A (A Bill for Establishing Religious Freedom, 1786) y B (Memorial and Remostrance Against Religious Assessments, 1785) de: Miller, R. T., Flowers, R. B., Towards Benevolent and Neutrality: Church, State, and the Supreme Court, Waco, Texas, 1992, pp. 740-741. 16 El parágrafo 4 es preciso a este respecto: “Because the Bill violates the equality which ought to be the basis of every law, and which is more indispensable, in proportion as the validity or expediency of any law is more liable to be impeached. If all men are by nature equally free and independent, all men are to be considered as entering into Society on equal conditions; as relinquishing no more, and therefore retaining no less, one than another, of their natural rights. Above all are they to be considered as retaining an equal title to the free exercise of Religion according to the dictates of Conscience. Whilst we assert for ourselves a freedom to embrace, to profess and to observe the Religion which we believe
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Y en último lugar, estaría la posición de aquellos para los que la libertad religiosa no fue más que un ingrediente fundamental para la consecución de la convivencia pacífica de los grupos. Para el historiador May, el concepto de libertad religiosa que aparece en el último cuarto del siglo XVIII “fue una reacción contra las culturas religiosas dominantes y que se representaban en la Iglesia congregacionalista en Nueva Inglaterra y la Iglesia anglicana en el Sur, y no una consecuencia del clima intelectual basado en la ley natural y en el deísmo reinante en la época”17. Asimismo, en palabras de Durham: “fue la propia diversidad de grupos religiosos la que exigió la aparición si no de la libertad al menos de la tolerancia para que dichos grupos pudiesen coexistir en un contexto nacional común”18.
3. Lൺ Aඌൺආൻඅൾൺ ർඈඇඌඍංඍඎඒൾඇඍൾ La Convención de Philadelphia se constituyó el 25 de Mayo con 55 representantes de todos los Estados a excepción de Rhode Island y, ante la dificultad que entrañaba revisar y adecuar cada uno de los Artículos de la Confederación, la Convención optó por redactar la Constitución federal. El elevado número de los representantes de los Estados miembros, si lo comparamos con el de Estados representados, no fue más que una paradoja
to be of divine origin, we cannot deny an equal freedom to those whose minds have not yet yielded to the evidence which has convinced us”. 17 MAY, H., The Enligtenment in America, capítulo XIV (1976), en el análisis de McConnell, M. W., The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion, en Harvard Law Review, Vol. 103 (1990), p. 1437. En la misma línea Vid. Digman, P. J., A History of the Legal Incorporation of the Catholic Church Property in the United States (1784-1932), Washington D.C., 1933, p. 41. Kurland, P. B., The Irrelevance of the Constitution: The Religion Clauses on the First Amendment and the Supreme Court, en Villanova Law Review, Vol. 24 (1978), pp. 5-7. Veltri, S., Nativism and Nonpreferentialism: A Historical Critique of the Current Church and State Theme, en University of Dayton Law Review, Vol. 13 (1988), pp. 229-265. 18 Durham, C., Treatment of Religious Minorities in the United States, en The Legal Status of Religious Minorities in the Countries of the European Union, Universidad de Milán, 1994, p. 328.
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debido a que la Convención invitó a cuantos delegados estatales quisiesen asistir, sin embargo cada Estado tenía sólo un voto independientemente de los delegados que enviase19. La Constitución no estableció nada acerca de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La única referencia a la religión surgió como consecuencia de que el 20 de agosto de 1787 el Gobernador Morris de Pennsylvania y Charles Pinckney de South Carolina propusieran a la Convención federal la ilegalidad de toda discriminación religiosa para acceder a un puesto público, y se plasmó en el artículo sexto, párrafo tercero, de la siguiente manera: “Los senadores y representantes ya mencionados, los miembros de las distintas legislaturas locales y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos Estados, se obligarán mediante juramento o promesa a sostener esta Constitución; pero nunca se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún mandato o empleo público de los Estados Unidos”20. La aprobación del artículo sexto en la cámara fue casi unánime, la única excepción la constituyó Roger Sherman, para quien la referencia a la religión era del todo innecesaria porque la tolerancia reinante garantizaba la libertad religiosa21. Según Hudson y Corrigan, el motivo de que no se incluyese ningún precepto acerca de la libertad religiosa en el texto constitucional fue que ésta ya estaba garantizada en los diferentes Estados, y por lo tanto la proyección de este derecho ya no era objeto de debate22. Mientras que para Richards el artículo sexto de la Constitución fue una manifesta19 Hamilton-Jay-Madison, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1943, pp. X-IX. 20 “The Senators and representatives before mentionated, and the members of the several States legislatures, and all executive and judicial officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by oath or affirmation to support this Constitution; but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States”. 21 Vid. Blau, J., Cornerstones of Religious Freedom in America, The Beacon Press, New York, 1964, pp. 72-76. Digman, P. J., cit., p. 43. Kurland, P. B., p. 7. 22 Hudson, W. S., Corrigan, J., cit., p. 103.
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ción del concepto de igualdad republicano que, de esta manera, anularía las disposiciones de los Estados que requerían la adhesión o práctica de determinada religión para ocupar un cargo público23. Sin embargo, la preocupación por asegurar los Derechos individuales frente al Gobierno federal pronto hizo patente la necesidad de incluir en la Constitución federal lo que ya era una realidad en las Constituciones estatales: una Declaración de derechos. Para parte de los constituyentes la inclusión de una Declaración de derechos era innecesaria y peligrosa para la protección de los Derechos individuales, ya que era extremadamente difícil redactar una norma en la que estuviesen recogidos todos los Derechos individuales, lo cual podría dar pie a la interpretación de que aquellos derechos no incluidos debían carecer de protección. Finalmente los constituyentes decidieron redactar una Declaración de derechos, cuyas primeras diez enmiendas fueron propuestas al Congreso durante su primer período de sesiones24. La redacción de la Declaración de derechos federal no fue sencilla. Los constituyentes estaban divididos en dos partidos. De un lado los federalistas, partidarios de un poder centralizado fuerte, y para los que la Declaración de derechos no era necesaria porque la Constitución no otorgaba al Gobierno federal la facultad de violar los Derechos individuales; toda vez que, en su opinión, estos derechos ya estaban suficientemente garantizados por los Estados. Y de otro los antifederalistas o republicanos, partidarios de conservar la independencia política y administrativa de cada Estado y para los que la Constitución no protegía suficientemente los Derechos individuales, lo cual podría traducirse en una posible tiranía del Gobierno federal para con los diferentes Estados. Los antifederalistas fueron partidarios de un Estado político en el que los individuos, por su propia naturaleza humana, fuesen titulares de determinados derechos
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Richards, D., Foundations of American Constitutionalism, Oxford University Press, New York, 1989, pp. 111- 117. 24 Flaherty, M. S., History Lite in Modern American Constitutionalism, en Columbia Law Review, Vol. 95 (1995), pp. 523-590. Heffner, R., Historia Documental de los Estados Unidos, Arayu, Buenos Aires, 1955, pp. 47-95.
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y donde el Estado debía ser el encargado de asegurar que los individuos disfrutasen de sus Derechos naturales. Como afirma Morán, “el logro de la Constitución fue una labor de los federalistas, el Bill of Rights, que defenderá los Derechos cívicos, se debió a los republicanos de Jefferson, siendo una conquista de los sectores populares”25. Todo ello motivó que la Declaración de derechos estadounidense, a diferencia de las leyes inglesas que se limitaban a proteger los derechos de sus antepasados, reconociese y protegiese un derecho natural innato al ser humano y exigible al Estado26. Como expone Peces-Barba: “el modelo inglés verá los Derechos del hombre desde el problema y el modelo francés lo verá desde el sistema; el modelo norteamericano intentará combinar ambos”27. El debate acerca de la redacción que debía tener la primera enmienda se centró fundamentalmente en dos discusiones: si la enmienda debía contemplar las palabras libertad religiosa o derechos igualitarios de conciencia (free exercise of religion o equal rights of conscience), y el alcance competencial -estatal o federal- que debía tener la protección de la libertad religiosa28. El 8 de junio de 1789 Madison propuso a la House of Representatives, en el primer período de sesiones, que “los Derechos civiles de las personas no podrán limitarse como consecuencia de sus creencias religiosas, no podrá establecerse una religión con carácter nacional, ni podrá infringirse por ningún motivo el derecho de igualdad o de libertad de conciencia […] Ningún Estado podrá violar el derecho a la igualdad de conciencia”29. Según McConnell, de la propuesta de Madison se deduce que éste era consciente 25 Morán, G., La Protección Jurídica de la libertad religiosa en USA, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico Universitario, Santiago de Compostela, 1989, p. 29. 26 Aparisi Miralles, M.A., La Declaración de Independencia Americana de 1776 y los Derechos del Hombre, en Revista de Estudios Políticos, Vol. 70 (1990), p. 214. 27 Peces-Barba, G., Los Derechos del Hombre en 1789. Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración Francesa, en Anuario de Filosofía del Derecho, Vol. VI (1989), pp. 63-70. 28 Vid. Kurland, P. B., cit., pp. 6-10. McConnell, M. W., cit., p. 1481. Morán, G., cit., pp. 30-31. 29 Annals of Congress I: 450-52. “The civil rights of none shall be abridged on account of religious belief of worship, nor shall any national religion be established, nor shall
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de la importancia de proteger el libre ejercicio del culto religioso, así como de que la neutralidad religiosa fuera de aplicación tanto al Gobierno federal como a los Estados miembros. Para él es patente la idea de diferenciar entre el régimen federal y estatal y se mostró partidario de establecer la protección en ambos niveles. Además, su intención fue otorgar la máxima protección posible a los derechos que emanan de la libertad de conciencia30. La proposición de Madison fue rechazada por la Asamblea, básicamente porque su ámbito competencial afectaría a los Estados con Iglesias oficiales31. El intento por encontrar una redacción que contuviese el equilibrio adecuado entre la protección de la libertad religiosa, y las consecuencias de establecer una religión como oficial, propició que el 15 de agosto la House of Representatives estudiase la siguiente redacción: “ninguna religión podrá ser establecida por ley, ni el derecho a la libertad de conciencia podrá ser infringido”32. Esta redacción no tuvo buena acogida en el Congreso, debido a que en aquel momento histórico todavía no estaba clara la diferencia entre establecer una religión como oficial y su mero reconocimiento. De esta manera, Mr. Sylvester, representando al Estado de New York, expuso su temor a que al no reconocerse expresamente el derecho a la libertad religiosa éste careciese de protección legal, y que en consecuencia pudiera negarse a las organizaciones religiosas la posibilidad de adquirir personalidad jurídica o de actuar en el tráfico jurídico privado33. Posteriormente la enmienda de Madison tuvo como protagonista a la igualdad, y fue que: “ningún Estado podrá violar el derecho a la igualdad en el ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, libertad de prensa, de expresión o el derecho a demandar ante la jurisdicción criminal”34. the full and equal rights of conscience be in any manner or in any pretext, infringed...No State shall violate the equal right of conscience...”. 30 McConnell, M. W., cit., p. 1481. 31 Weber, P. J., Gilbert, D. A., cit., p. 15. 32 Annals of Congress I: p.757: “No religion shall be established by law, nor shall the equal rights of conscience be infringed”. 33 Weber, P. J., Gilbert, D. A., cit., pp. 16-17. 34 “No State shall infringe the equal rights of conscience, nor the freedom of speech or the press, nor of the right of trial by jury in criminal cases”.
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Madison intentó que la primera enmienda fuera de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros, ya que si existía algún motivo para aplicar estas restricciones al Gobierno federal éste sería suficiente para exigir su cumplimiento a los Estados35. La idea de limitar la facultad legislativa de los Estados no fue del agrado de la mayoría de los constituyentes. Una facción mayoritaria, y que a la postre convencería al resto de los constituyentes, representada por Mr. Tucker, representante del Estado de Carolina del Sur, se mostró contraria a que el ámbito de aplicación de la enmienda fuese el estatal por dos motivos. En primer lugar, al amparo de los precedentes históricos coloniales y el miedo patente a que el Congreso federal pudiese establecer una religión oficial, éste no debía estar capacitado para promulgar ninguna ley que regulase el hecho religioso, o pudiera establecer a una religión como oficial. Y en segundo lugar, el ámbito competencial que la Constitución otorgó al Gobierno federal y la existencia de una gran diversidad de grupos religiosos garantizaban plenamente la libertad religiosa36. Una parte minoritaria de los constituyentes, y que finalmente perdería el debate de redacción, fue partidaria de que la primera enmienda fuese aplicable directamente a los Estados. Su posición puede reconducirse a dos argumentos: En primer lugar, la libertad religiosa debía tener la misma protección en los niveles estatal y federal por motivos de uniformidad política, es decir, por el principio de igualdad, cuya efectividad también exige la equiparación entre la libertad religiosa y el resto de los Derechos fundamentales37. Y en segundo lugar, de acuerdo con la reciente historia colonial, el disfrute de la libertad se configuró como uno de los pilares fundamentales en que debía sostenerse la joven nación norteamericana; y qué mejor manera de defender los derechos y libertades que un Gobierno federal fuerte y con facultades legislativas en la materia38. 35
Vid. Drakeman, D., Religion and the Republic: James Madison and the First Amendment, en Journal of Church and State, Vol. 25, (1983), pp. 427-445. 36 Weber, P. J., Gilbert, D. A., cit., p. 18. McConnell, M. W., cit., p. 1479. 37 Hamilton-Jay-Madison, cit., pp. XL III. 38 Digman, P. J., cit., p. 44. Hamilton-Jay-Madison, cit., p. 45. Richards, D., cit., p. 173.
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El 20 de agosto la House of Representatives envió al Senado la siguiente enmienda: “el Congreso no podrá promulgar ninguna norma que establezca una religión, que evite su libre ejercicio o infrinja los derechos de conciencia”39. El Senado rechazó esta proposición y le devolvió esta redacción: “el Congreso no podrá promulgar ninguna norma que establezca una doctrina o forma de culto oficial, ni prohibir el libre ejercicio de la religión, o limitar la libertad de expresión y de prensa”40. Finalmente el 21 de septiembre, y ante la imposibilidad de que el Congreso y el Senado llegasen a un acuerdo sobre los términos en que debía formularse la enmienda, un comité mixto aprobó la siguiente: “el Congreso no dictará leyes acerca del establecimiento de una religión o de la prohibición de su libre ejercicio”, a la que Madison, en su posición de presidente de la comisión, introdujo los términos libertad de expresión, de prensa y de asociación41.
4. Pൾඋටඈൽඈ ൽൾ ඇඈ ൺඉඅංർൺർංඬඇ ൽൾ අൺ ඉඋංආൾඋൺ ൾඇආංൾඇൽൺ ൺ අඈඌ Eඌඍൺൽඈඌ Las diez primeras enmiendas a la Constitución estadounidense se dividen en dos grupos. Las enmiendas primera a octava regulan aquellos Derechos individuales que el Gobierno federal no puede violar; y las enmiendas novena y décima delimitan el ámbito competencial del Gobierno federal. La novena enmienda establece que: “no por el hecho de que la 39
“Congress shall make no law establishing religion, or to prevent the free exercise thereof, or to infringe the rights of conscience”. 40 “Congress shall not make law establishing articles of faith or a mode of worship or prohibiting the free exercise of religion; or abridging the freedom of speech or of the press”. 41 La redacción de la primera enmienda y el hecho de que Madison incluyese junto a la libertad religiosa las libertades de expresión, reunión y prensa, no parece casual. Madison ya había expuesto (8-2-1788) que “en un gobierno libre la seguridad de los Derechos civiles (libertad de prensa, expresión y asociación) debe ser la misma que la de los derechos religiosos. En el primer caso reside en la multiplicidad de intereses y en el segundo en la multiplicidad de confesiones. El grado de seguridad depende en ambos casos del número de intereses y de confesiones; y éste puede aventurarse que dependerá de la extensión del país y del número de personas sometidas al mismo gobierno”. Vid. Hamilton-Jay-Madison, cit., p. 222.
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Constitución enumere ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”; mientras que la décima enmienda establece que: “los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados exclusivamente a los Estados respectivamente o al pueblo”. De acuerdo con la formulación constitucional federal, los Estados miembros son competentes para regular aquellas materias que les atribuyan sus respectivas constituciones, salvo que la Constitución federal les deniegue expresamente tal facultad. Por lo tanto, inicialmente el Gobierno federal carecía de la competencia para regular la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y al mismo tiempo los Estados retuvieron la competencia para regular libremente el ejercicio de este derecho, e incluso limitando o prohibiendo su ejercicio42. Previamente a la redacción de la primera enmienda, y como expone Artola, las libertades religiosa y de expresión estaban protegidas en varios textos constitucionales aprobados por los Estados, por lo que la primera enmienda a la Constitución federal no proclamó ningún derecho que no estuviese ya protegido, tan sólo estableció su protección al nivel federal43. Por ejemplo, el Bill of Rights de 13 de febrero de 1689 ya protegía la libertad de expresión, con la fórmula: “la libertad de expresión, los debates y actuaciones en el parlamento, no puedan ser juzgados ni investigados por otro tribunal distinto del Parlamento”; la Declaración de derechos de Virginia del 12 de junio de 1776 establecía en su punto 12 que: “la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida sino por un gobierno despótico”, y en su artículo 16 que: “todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión de acuerdo a los dictados de su conciencia”; y la Declaración de derechos 42 Casad, R., The Establishment Clause and the Ecumenical Movement, en Michigan Law Review, Vol. 62 (1964), p. 424. En palabras del juez Stewart, la primera enmienda fue adoptada exclusivamente con el objeto de limitar el poder del recién creado Gobierno nacional, y en este contexto la establishment clause aseguró que el nuevo Estado no pudiera establecer una religión oficial o interferir en las religiones ya establecidas. School District of Abington v. Schempp, 309-310 (1963). 43 Artola, M., Los Derechos del Hombre, Alianza, Madrid, 1986, p. 21.
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de Massachusetts de 1780 establecía en su artículo 16 que: “la libertad de prensa es esencial para garantizar la libertad del Estado, y por consiguiente no debe restringirse en este”44. La configuración inicial de la primera enmienda a la Constitución federal permitió a los Estados optar entre un gran abanico de posibilidades; estos podían, bien proteger la libertad religiosa, bien proteger sólo la libertad religiosa de unos pocos, o bien proteger la libertad religiosa y a la vez conceder beneficios a uno o varios grupos religiosos45. Por todo ello, podemos decir que la protección de la libertad religiosa y la neutralidad estatal quedaron en manos de la arbitrariedad de cada Estado. Esto nos permite clasificar a los Estados, en función de cómo regularon el hecho religioso con posterioridad a la promulgación de la primera enmienda en sus Constituciones. En el primero de los grupos, que constituye la mayoría, están aquellos Estados que, si bien incluyeron expresamente en sus Constituciones el derecho a la libertad religiosa, introdujeron límites al poder del gobierno (prohibiendo la discriminación por motivos religiosos, para acceder a un cargo público, para ser testigo o que el Estado financiase la religión) y reconocieron expresamente derechos a las confesiones religiosas (en el contexto de su personalidad jurídica o su estatus fiscal), pero lejos de contener una referencia expresa a la laicidad del Estado. Por ejemplo Arizona (1912), Arkansas (1874), Colorado (1876), Delaware (1897), Florida (1887), Illinois (1870), Indiana (1851) y Kansas (1861). 44
Artola, M., cit., pp. 82, 91, 97. Por ejemplo, la Declaración de derechos de Connecticut de 1818 estableció en su artículo primero, secciones 3 y 4, la no discriminación y la igualdad en el ejercicio del culto religioso exclusivamente para la religión cristiana. En New York los católicos no pudieron ocupar un cargo público hasta 1806 y en New Hampshire el acceso a dichos cargos estuvo reservado exclusivamente a los protestantes hasta 1877, e incluso hasta 1961 en el Estado de Maryland era necesario prestar juramento de creyente para acceder al oficio de notario. Por su parte, las Constituciones de New Hampshire (1819) y Massachusets (1833) contenían disposiciones similares a las descritas. (Vid. Hudson, W. S., Corrigan, J., cit., p. 103. Burstein, A., Religion, Cults and the Law: Religious Clauses in Selected State Constitutions, New York 1980, p. 69). 45
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Un segundo grupo de Estados, como Massachusetts, New Hampshire, Carolina del Sur o Connecticut, permitieron que el Estado financiase la religión y se opusieron a ratificar la primera enmienda en sus Constituciones46. Es más, los Estados aludidos establecieron una iglesia cuasi-oficial donde “todos los ciudadanos estaban obligados a pagar un impuesto religioso para financiar la parroquia de la Iglesia congregacionalista de donde residiesen, salvo que fuesen fieles pertenecientes a otra religión reconocida, y en cuyo caso el Pastor de ésta recibiría el impuesto”47. Esta situación no se alteró hasta 1833 en Massachusetts, 1818 en Connecticut y 1817 en New Hampshire; e incluso la Declaración de derechos de Connecticut de 1818 prohibió que el Estado promulgase un impuesto para financiar la religión, pero estableció en su artículo primero, secciones 3 y 4, la no discriminación y la igualdad en el ejercicio del culto religioso exclusivamente para la religión cristiana48. El tercer grupo, claramente minoritario, lo componen los Estados que, además de la libertad religiosa, garantizaron la neutralidad ideológica y
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Melusky, J., Ridgway, W., The Bill of Rights: Our Written Legacy, Krieger Publishing Company, Florida, 1993, pp. 142-143. La Constitución de Carolina del Sur establecía la religión protestante cristiana como oficial. “The Christian Protestant religion shall be deemed, and is hereby constituted and declared to be, the established religion of the State”. Asimismo, la Constitución del Estado de Carolina del Norte de 1868 establecía, en su artículo sexto, sección octava, la obligación de ser creyente para acceder a un cargo público, “Disqualification for office. The following classes of persons shall be disqualified for office: first, all persons who shall deny the being of Almighty God“(Burstein, A., cit., p. 86.) 47 Morison, S. E., Historia de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1951, p. 239. 48 Sección 4 (artículo 1): “No preferences in Christian sects or modes of worship. No preference shall be given by law any Christian sect or mode of worship”. Sección 1 (artículo 7): “Compulsory support of religion prohibited; all denominations of Christians to have equal rights. It being the duty of all men to worship the Supreme Being, the great Creator and Preserver of the Universe...But every person now belonging to such Congregation, church or religious association shall remain a member thereof until he shall have separated himself there from. And each and every society or denomination of Christians in this state, shall have and enjoy the same and equal powers and privileges; and shall have power and authority to support and maintain the ministers or teachers of their respective denominations, and to build and repair houses for public worship, by tax on the members of any such society...”.
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religiosa de los poderes públicos o la separación entre el Estado y las confesiones religiosas en sus Constituciones. Por ejemplo, Louisiana (1921), New Jersey (1947), Pennsylvania (1776) y Utah (1896)49.
5. Lൺ ൽൾർංආඈർඎൺඋඍൺ ൾඇආංൾඇൽൺ ൺ අൺ Cඈඇඌඍංඍඎർංඬඇ ൿൾൽൾඋൺඅ Finalizada la Guerra Civil estadounidense, la defensa de la libertad se convirtió en un objetivo primordial para la nación debido, entre otros factores, al interés de los Estados por proteger la libertad del hombre frente a la esclavitud, al temor a la arbitrariedad demostrada por los Estados en la protección y defensa de los Derechos individuales, y al surgimiento de los conceptos de nacionalidad e identidad común. Consecuencia de esto, el Congreso promulgó dos enmiendas. La decimotercera enmienda establece que: “Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas”. Por su parte, la decimocuarta enmienda señala que: “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción serán ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados donde residiesen. Ningún Estado privará a las personas de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”50. Para comprender adecuadamente el efecto que tuvo la promulgación de la decimocuarta enmienda en lo referente a la garantía de las libertades públicas protegidas en las enmiendas a la Constitución federal, es necesario tomar como referencia la decisión del Tribunal Supremo federal en el asunto Marbury v. Madison51, pues en la misma el tribunal estableció que: “los términos precisos
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El texto completo de las Constituciones de los Estados citados puede encontrarse en la recopilación que realiza Burstein, A., cit., pp. 54-101. 50 Cuchillo, M., Jueces y Administración en el Federalismo Norteamericano, Civitas, Madrid, 1996, pp. 98-99. Heffner, R., cit., pp. 87-95. 51 Marbury v. Madison, 1 Granch 137 (1803).
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de la Constitución de los Estados Unidos confirman y refuerzan el principio, esencial en todas las Constituciones escritas, de que es nula toda ley contraria a la Constitución; y de que los tribunales, así como todos los demás departamentos están obligados a obedecerla”52. Aquí surge una corriente jurisprudencial clara y precisa, tendente a reconocer al Tribunal Supremo federal la competencia para anular las normas tanto estatales como federales que vulneren lo dispuesto en la Constitución y en sus enmiendas. En palabras de Morán, “desde entonces y hasta hoy, el Tribunal Supremo norteamericano ha venido desarrollando una importante función de control de constitucionalidad de las leyes, adecuando los principios constitucionales a la realidad de la sociedad”53. Un siglo y medio después, en la sentencia que resolvió el caso Palko v. Connecticut54, el Tribunal Supremo recuperó el precedente Marbury, y acuñó la doctrina de la incorporación; en función de la cual las libertades contenidas en las enmiendas primera a décima se incorporaron al texto constitucional y, por una parte, pasaron a ser de aplicación directa a los Estados a través de la decimocuarta enmienda, y por la otra, el Tribunal Supremo federal se conformó como el órgano responsable de interpretar el significado de los derechos contenidos en dichas enmiendas, y sus decisiones en este terreno pasaron a ser de obligado cumplimiento por parte de los Estados55. En otras palabras, si bien la intención de los redactores de la decimocuarta enmienda fue conceder protección federal a la prohibición de esclavitud, recogida a su vez en la decimotercera enmienda, la decimocuarta enmienda se ha convertido en un mecanismo eficaz para exigir a los Estados el cumplimiento de los derechos contenidos en las diez primeras enmiendas56. 52 Sobre la relevancia de la sentencia Marbury en el plano constitucional y administrativo Vid. Adams, A., Barringer, G., The Doctrine of Accommodation in the Jurisprudence of the Religion Clauses, en DePaul Law Review, Vol. 37 (1988), pp. 317-45. Cuchillo, M., cit., pp. 98-99. Heffner, R., cit., pp. 87-95. 53 Morán, G., cit., pp. 39-40. 54 302 U.S. 319 (1937). 55 Vid. Palomino, R., Las objeciones de Conciencia, Montecorvo, Madrid, 1994, p. 28. Morán, G., cit., pp. 41-43. 56 Vid. Choper, J., The Free Exercise Clause: A Structural Overview and an Appraisal of Recent Developments, en William and Mary Law Review, Vol. 27 (1986), pp. 943-61.
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La consecuencia del activismo judicial mencionado en el terreno del control de constitucionalidad de la libertad religiosa no ha sido baladí, ya que supone que el modelo de libertades públicas contenido en la primera enmienda, y diseñado inicialmente para limitar el poder del Gobierno federal, se expandiese a los Estados miembros limitando su capacidad de actuación en este terreno. De acuerdo con estos parámetros, el Tribunal Supremo federal ha emitido una jurisprudencia a lo largo del siglo XX tendente a proteger el libre ejercicio de la libertad de creencias o convicciones religiosas; pero también limitando la capacidad de actuación de los poderes públicos, en cuanto instituciones ideológica y religiosamente neutrales. La primera vez que la free exercise clause fue aplicada a los Estados a través de la decimocuarta enmienda fue en 1940, a través de la sentencia que resolvió el caso Cantwell v. Connecticut57. Cantwell impugnó, al amparo de la free exercise clause, la constitucionalidad de un estatuto del Estado de Connecticut que prohibía solicitar dinero, servicios u objetos de valor para fines filantrópicos, religiosos o benéficos, a personas ajenas a tales organizaciones, salvo autorización de la Secretary of Public Welfare Council58. El Tribunal Supremo aplicó la jurisprudencia del caso Palko y estimó que el concepto de libertad de la decimocuarta enmienda incluía las libertades que protege la primera enmienda. En consecuencia invalidó la norma estatal porque en su opinión atentaba contra la libertad religiosa59. El asunto Cantwell tuvo tres consecuencias inmediatas en la materia que nos ocupa: Primero, las libertades contenidas en la primera enmienda a la Constitución (pensamiento, conciencia y religión, prensa, asociación y expresión) se configuraron en el ordenamiento jurídico norteamericano como Laycock, D., Waelbroeck, S. E., Academic Freedom and Free Exercise of Religion, en Texas Law Review, Vol. 66, (1988), pp. 1455-75. Pepper, S., Taking the Free Exercise Clause Seriously, en Brigham Young University Law Review, Vol. 1986, (1986) pp. 299-336. 57 310 U.S. 296, 303 (1940). 58 310 U.S. 301-2. 59 310 U.S. 302.
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una subespecie de la libertad de pensamiento o conciencia que propugna la decimocuarta enmienda, y por lo tanto contenidas en ella. Segundo, los Estados no podrán promulgar ninguna norma que infrinja el libre ejercicio de los derechos mencionados, en cuyo caso el Tribunal Supremo federal será competente para determinar cuándo se ha producido dicha infracción. Tercero, a partir de la sentencia Cantwell podemos decir que los derechos a la libertad religiosa, de prensa, asociación y expresión, adquirieron la consideración de Derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico estadounidense, toda vez que su libre ejercicio debe ser respetado tanto en el plano estatal como federal. La primera vez que el Tribunal Supremo aplicó la establishment clause a los Estados a través de la decimocuarta enmienda fue en la sentencia que resolvió el caso Everson v. Board of Education60. El Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse acerca de la constitucionalidad de un estatuto del Estado de New Jersey que permitía que las escuelas religiosas se beneficiasen de determinadas ayudas para transporte escolar. El hecho impugnado fue que el Estado recaudase coactivamente impuestos y que una porción de los mismos se destinase a las escuelas privadas de titularidad religiosa61. La sentencia Everson tuvo dos consecuencias de extrema importancia. En primer lugar, amplió el ámbito de aplicación de la establishment clause al contexto estatal; y en segundo lugar, y consecuencia de la anterior, desde su aplicación podemos decir que el principio de neutralidad ideológica y 60
330 U.S. 1 (1947). Para algunos autores, como Smith, partidarios de una interpretación originalista, la sentencia Everson falsea la interpretación de la establishment clause, que debe ser exclusivamente la que previeron los constituyentes (Smith, S., Symbols, Perceptions, and Doctrinal Illusions: Establishment Neutrality and the No Endorsement Test, en Michigan Law Review, Vol. 86 (1987), pp. 266-332). Mientras que para otro sector de la doctrina, los tribunales deben prescindir de las interpretaciones originalistas y remitirse a las necesidades de la sociedad y la evolución pareja de las normas (Vid. Van Patten, J., In the End is the Beginning: An Inquiry in to the Meaning of the Religion Clauses, en Saint Louis University Law Journal, Vol. 27 (1983), pp. 1-93). 61
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religiosa de los poderes públicos, contenido en la primera enmienda, se aplica de forma uniforme en los ámbitos estatal y federal62.
6. Lൺ උൾඅൺർංඬඇ ൾඇඍඋൾ අൺඌ ൽඈඌ ർඅගඎඌඎඅൺඌ ർඈඇඍൾඇංൽൺඌ ൾඇ අൺ ඉඋංආൾඋൺ ൾඇආංൾඇൽൺ La primera enmienda contiene un mandato positivo en la free exercise clause (garantizando las libertades de pensamiento, conciencia y religión, asociación, prensa y expresión) y otro negativo en la establishment clause (que el Estado sea ideológica y religiosamente neutral). En el terreno de la libertad de creencias y convicciones, la free exercise clause se diferencia de la establishment clause en que impide las invasiones gubernamentales en materia ideológica o religiosa, mientras que la establishment clause asegura que el gobierno será neutral en sus relaciones con los grupos ideológicos y religiosos63. Ambas posiciones pueden reconducirse al principio de que el Estado debe relacionarse con las organizaciones ideológicas y religiosas en el más estricto plano de la igualdad64. En este sentido, el Tribunal 62 Notes, Rebuilding the Wall: The Case for a return to the Strict Interpretation of the establishment clause, en Columbia Law Review, Vol. 81 (1981), p. 1463-1490. La judicatura, en su intento por acomodar los límites de la establishment clause a la acción del gobierno, ha sentenciado en muchos supuestos de manera opuesta al espíritu de la primera enmienda. El autor propone la teoría de la estricta neutralidad (Strict Neutrality) para conseguir y reafirmar la separación entre el Estado y la religión que exige la primera enmienda, lo cual implica que la primera enmienda sea un muro de separación alto e impregnable entre el Estado y la religión. (Reinols v. United States 98 U.S. 145, 164), y que el único supuesto en el que las confesiones religiosas se beneficien de la acción del Estado sea cuando las ayudas que reciban sean parte de un programa general de bienestar social del que se beneficie toda la sociedad. En este sentido, Vid. Palomino, R., Legal Dimensions of Secularism: Challenges and Problems, en Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 14 (2012), p. 208. 63 Como expone Morán, el fin de la primera enmienda es conseguir la libertad religiosa y no la separación entre la Iglesia y el Estado, ya que la separación es un mecanismo necesario para obtener la libertad. Morán, G., cit., p. 110. 64 Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (I), Libertad de Conciencia y Laicidad, Civitas, Madrid, 1997, p. 147.
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Supremo federal ha establecido que “la libertad que protege la decimocuarta enmienda es la libertad para creer y la libertad para actuar, la primera es absoluta, pero la libertad para practicar el propio credo es relativa, y admite límites”65. Así las cosas, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, se configura en el ordenamiento jurídico estadounidense como un derecho fundamental cuyo ejercicio deben garantizar los poderes públicos, pero al mismo tiempo su ejercicio puede ser limitado cuando éste entre en conflicto con la establishment clause. A modo de ejemplo del conflicto aludido en el terreno educativo, baste señalar que las escuelas religiosas se configuran en el ordenamiento jurídico estadounidense como una manifestación de la libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos en la religión que crean conveniente. Sin embargo, los centros escolares son susceptibles de beneficiarse de determinadas ayudas estatales que, debido a que pueden suponer la financiación estatal de una institución con fines religiosos, podrían violar la establishment clause. En otras palabras, en el caso de que el Estado financie las escuelas de titularidad religiosa estaría fomentando el ejercicio del derecho de libertad religiosa, pero al mismo tiempo esta actividad puede lesionar el principio de neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos, por lo que la afirmación de una cláusula implica la negación de la otra66. La doctrina ha intentado solucionar el conflicto aludido, bien mediante la interpretación extensiva de una cláusula y restrictiva de otra (que prime la free exercise clause sobre la establishment clause o viceversa), o bien mediante la interpretación conjunta de ambas cláusulas de forma que, en función de las circunstancias que rodeen cada caso concreto, los tribunales opten por una interpretación extensiva o restrictiva de cada cláusula. Para 65
310 U.S. 303-4, 1940. Acerca de la distinción que ha hecho el Tribunal Supremo entre actos y creencias protegidos por la primera enmienda, CLARCK describe la problemática que genera la falta de criterios uniformes (Clarck, M., Guidelines for the Free Exercise Clause, en Harvard Law Review, Vol. 83 (1969), pp. 327-365). 66 Vid. Anastaplo, G., Church and State: Explorations, en Loyola University of Chicago Law Journal, Vol. 19 (1987), pp. 61-193. Cornelius, W., Church and State - The Mandate of the Establishment Clause: Wall of Separation or Benign Neutrality?, en Saint Mary’s Law Journal, Vol. 16 (1984), pp. 1-39.
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los partidarios de la interpretación conjunta, ambas cláusulas son complementarias y no excluyentes; así la free exercise clause protege el derecho individual a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, mientras que la establishment clause defiende la configuración pluralista de la sociedad estadounidense, es decir, protege al grupo, y por lo tanto es un mecanismo para hacer efectivo el derecho del individuo67. Como exponen Pfeffer y Holland, la separación entre el Estado y la religión garantiza la libertad religiosa, y ésta, a su vez, requiere la separación entre el Estado y la religión68. La establishment clause se configura como un límite necesario al poder del Estado que permite garantizar la neutralidad ideológica y religiosa del Estado. En este sentido, el Tribunal Supremo estableció en la sentencia que resolvió el caso Lemon v. Kurtzman que las normas del Estado deben cumplir tres requisitos para no ser invalidadas a tenor de la cláusula de no establecimiento: su fin debe ser secular, su principal efecto no debe ser inhibir o fomentar a la religión y no deben generar una relación excesiva entre el Estado y la religión69. 67
Vid. Esbeck, C., Toward a General Theory of Church-State Relations and the First Amendment, en Public Law Forum, Vol. 4 (1985), pp. 325-354. Bradlet, G., Dogmatomachy - A ‘Privatization’ Theory of the Religion Clause Cases, en Saint Louis University Law Journal, Vol. 1986 (1986), pp. 275-286. Notes, Reinterpreting the Religion Clauses. Constitutional Construction and Conceptions of the Self, en Harvard law Review, Vol. 97 (1987), pp. 1473 y ss. Smith, S., Separation and the ‘Secular’: Reconstructing the Disestablishment Decision, en Texas Law Review, Vol. 67 (1989), pp. 955-970. Davis, D., Resolving not to Resolve the Tension between the Establishment and the Free Exercise Clauses, en Journal of Church and State, Vol. 38, (1996), pp. 247 y ss. 68 Holland, R. A., cit., p. 1641. Pfeffer, L., Freedom and/or Separation: The Constitutional Dilema of the First Amendment, en Minnesota Law Review, Vol. 64 (1980), pp. 561, 564. Acerca del concepto de neutralidad y su relación con la separación entre el Estado y la Religión Vid. Kauper, P., Church and State: Cooperative Separatism, en Michigan Law Review, Vol. 60 (1961), pp. 1-2. Kurland, P., Of Church and State and the Supreme Court, en University of Chicago Law Review, Vol. 29 (1961), pp. 1-6. Laycock, D., Nonpreferential Aid to Religion: A False Claim about Original Intent, en William and Mary Law Review, Vo. 27 (1986), pp. 875-923. Lieder, M., Religious Pluralism and Education in Historical Perspective: A Critique of the Supreme Court´s Establishment Clause Jurisprudence, en Wake Forest Law Review, Vol. 22 (1987), pp. 813, 867-73. 69 403 U.S. 602 (1971). Holland, R. A., cit., pp. 1655-1658.
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El lemon test se configura como un mecanismo de protección del libre ejercicio de la religión frente a las normas estatales, fundamentado en la establishment clause. Sin embargo, existen determinados supuestos en los que el libre ejercicio de las convicciones religiosas colisiona con una norma estatal que cumple con los requisitos del lemon test. Por ejemplo, las normas urbanísticas que determinan donde deben localizarse los lugares de culto o las normas de patrimonio histórico artístico que regulan cómo deben conservarse algunos edificios religiosos; en estos supuestos el objeto de las normas es acorde con el lemon test: cumplir con un plan urbanístico o proteger un patrimonio por su valor cultural, pero pueden limitar el ejercicio de la libertad religiosa70. El Tribunal Supremo viene determinando caso por caso qué bien jurídico debe prevalecer en caso de colisión, la libertad religiosa o el interés legislativo estatal, desde la sentencia que resolvió el caso Reynolds v. United States71. En el asunto Reynolds, el tribunal concibió la libertad religiosa utilizando la distinción entre creencias y actos (action-belief). De acuerdo con esta construcción jurisprudencial, las normas estatales no pueden interferir en las creencias o convicciones religiosas, pues pertenecen a la esfera interna de los individuos, pero pueden limitar sus manifestaciones externas cuando éstas sean contrarias a la salud, la seguridad ciudadana, el orden público o el bienestar de la sociedad72. La sentencia Reynolds supone que el alcance y contenido de la free exercise clause enfrentado al interés estatal carece de contenido alguno, al menos cuando las normas estatales no atenten frontalmente contra el ejercicio de la libertad religiosa. Para paliar la situación descrita, el Tribunal Supremo creó la teoría del balancing test, que se compone de tres fases:
70 Ambos intereses en conflicto están protegidos por el ordenamiento jurídico estadounidense: la libertad religiosa por la free exercise clause y las normas estatales en la consecución de fines legislativos legítimos. 71 98 U.S. 145 (1879). 72 “Laws are made for government of actions, and while it cannot interfere with mere religious beliefs and opinions, they may with practices”.
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Primero, la norma estatal debe obstaculizar o generar una lesión efectiva al ejercicio de la libertad religiosa, para lo que la judicatura deberá valorar, por una parte, la sinceridad y la relevancia de la práctica religiosa cuyo ejercicio obstaculiza la norma; y por otra, en qué medida (el grado de interferencia) la norma estatal impide o limita el ejercicio de la libertad religiosa73. Segundo, aplicando la teoría del compelling state interest, el tribunal debe determinar cuándo el interés del Estado (que tendrá la carga de la prueba) en que su norma sea efectiva es tan importante como para prevalecer sobre la libertad religiosa en ese caso concreto74. Y tercero, es necesario que el Estado no disponga de soluciones alternativas (alternative means) para ejecutar sus normas que obstaculizar el ejercicio de la libertad religiosa, en cuyo caso deberá utilizar los medios menos restrictivos (less restrictive means) para ésta75. Como ha expuesto Giannela, la ponderación se produce entre valores seculares (representados en la norma estatal) y religiosos. La importancia de los valores seculares debe determinarse teniendo en cuenta tres factores: la importancia del interés secular que protege la norma estatal; el mecanismo que el Estado ha previsto para alcanzar el fin de su norma, es decir, la forma de ejecutar la norma y su concordancia con la consecución del interés secular; y el perjuicio que sufriría el interés que protege la norma en el caso de que se eximiese a los sujetos de su aplicación por motivos religiosos76. 73
Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972), Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). En opinión de Lupu, la judicatura debe determinar cuándo se está infringiendo la libertad religiosa utilizando los mismos criterios para defender los derechos de los no creyentes, para lo que aboga por utilizar la equal protection clause (Lupu, I., Were the Rights Begin: The Problem of Burdems on the Free Exercise of Religion, en Harvard Law Review, Vol. 102 (1989), pp. 933-990). 75 Esta doctrina se incorporó al balancing test en la sentencia que resolvió el caso Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961); siendo posteriormente ratificada en la sentencia Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). Acerca de las dificultades inherentes al balancing test Vid. Fried, C., Two Concepts of interest: Some reflections on the Supreme Court´s Balancing test, en Harvard Law Review, Vol. 76 (1963), pp. 755-758. 76 Giannella, D., Religious Liberty, Nonestablishment and Doctrinal Development: Part I. The Religious Liberty Guarantee, en Harvard Law Review, Vol. 80 (1967), pp. 1381, 1390. 74
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El balancing test supone que el Estado amplía el alcance y contenido del derecho a la libertad religiosa, el cual pasa a configurarse como un derecho fundamental que protege tanto las creencias y convicciones como sus manifestaciones en la sociedad civil, y cuyo ejercicio no puede ser obstaculizado o limitado, ya sea directa o indirectamente, salvo que el Estado demuestre que su ejercicio colisiona con otro derecho o interés público que deba prevalecer en ese caso concreto77.
7. Eඅ Rਅਉਇਉਏਕਓ Fਅਅਏ Rਅਓਔਏਁਔਉਏ Aਃਔ ൽൾ 1993 El último intento del legislador estadounidense tendente a delimitar el alcance y contenido de la libertad religiosa fue el Religious Freedom Restoration Act (RFA), aprobado el 16 de noviembre de 199378. El motivo que impulsó al Gobierno federal a promulgar el Acta para restaurar la libertad religiosa cabe encontrarlo en la sentencia que resolvió el caso Employment Division v. Smith79. El señor Smith trabajaba como consejero en un centro dedicado a la prevención y rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos dependientes, cuya política laboral preveía el despido de aquellos trabajadores que consumiesen drogas. Smith fue despedido por consumir peyote, una droga alucinógena, durante un rito religioso. Posteriormente, el Estado de Oregón denegó al demandante su derecho al subsidio de desempleo debido a que su despido fue procedente, por lo que Smith denunció la vulneración de su derecho a la libertad religiosa80. Ante esta demanda el Tribunal Supremo federal estableció que la misma autoridad que permitía al Estado de Oregón prohibir el consumo de peyote también le facultaba para denegar el derecho al subsidio de desempleo por idénticos motivos, sin que ello vulnerase la free exercise clause. Para el 77 Garvey, J., Freedom and Equality in the Religion Clauses, en Supreme Court Review Vol. 1981 (1981), pp. 779-802. Lupu, I., cit., pp. 933-90. 78 El Senado ratificó el Religious Freedom Restoration Act el 27 de octubre de 1993 con 93 votos a favor y 3 en contra. 79 494 U.S. 872 (1990). 80 494 U.S. 872.
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tribunal, las creencias religiosas individuales no pueden excusar del cumplimiento de aquellas conductas que el Estado considera inapropiadas y así lo hace constar en sus normas. En opinión del juez Scalia, representando a la mayoría, el compelling state interest no puede ser aplicado a todos los supuestos en los que se denuncia la vulneración de la libertad religiosa, pues, de otra manera, la libertad religiosa se configuraría como un derecho ilimitado que ampararía el incumplimiento de cualquier obligación civil81. El Tribunal Supremo no aplicó el balancing test, y estableció que no era necesario que en todos los supuestos en los que se produjese un conflicto entre una norma estatal de carácter neutral y el ejercicio de la libertad religiosa, el Estado demostrase que el fin de sus normas era lo suficientemente relevante como para limitar el ejercicio de la libertad religiosa. Por lo tanto, el tribunal anuló su jurisprudencia anterior dando un paso atrás en la protección de la libertad religiosa y aplicó la jurisprudencia de la sentencia Reynolds82. En la sentencia que resolvió el caso Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah83 el Tribunal Supremo ratificó los postulados de la sentencia Smith. La ciudad de Hialeah promulgó una ordenanza municipal que prohibía el sacrificio de animales en ceremonias religiosas, consciente de que esto era fundamental para el culto religioso de la Iglesia de la Lukumi Babalu Aye y la religión santería; por este motivo la confesión alegó que la ordenanza vulneraba su libertad religiosa. La ciudad de Hialeah expuso en su defensa que la ordenanza pretendía prevenir la crueldad contra los animales, evitar la posible comercialización y consumo de restos cárnicos, e hipotéticos problemas de sanidad e higiene. En su estudio del caso, el tribunal estableció que “el gobierno no puede imponer selectivamente límites a las creencias religiosas”, y estimó que las ordenanzas
81
494 U.S. 878-879. Vid. Notes, Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah and the burdening of Free Exercise: The Solidification of the Employment Division v. Smith Doctrine and the Congressional Response, en Saint Louis University Law Journal, Vol. 38 (1994), pp. 1041-1074. 83 113 S. Ct. 2217. (1993), y 508 U.S. 520 (1993). 82
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municipales no eran neutrales y por lo tanto eran inconstitucionales ya que afectaban directamente la libertad religiosa de los demandantes. Lo relevante del caso Lukumi Babalu Aye es que el tribunal no lo resolvió aplicando la doctrina del balancing test, es decir, valorando las agresiones indirectas al ejercicio de la religión. De esta manera, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que las normas neutrales (aquellas que cumplen el lemon test), pero que perjudican la libertad religiosa pudiesen ser efectivas, reforzando la jurisprudencia de la sentencia Smith y limitando notablemente la protección que la free exercise clause concede a la libertad religiosa84. El Gobierno federal aprobó el RFA con el objeto de restaurar la teoría del balance de intereses. Su ámbito de aplicación son los Derechos individuales que emanan del ejercicio de la libertad religiosa, y la única excepción al respecto será que el Estado demuestre que la norma que pretende aplicar es de tal importancia que debe preponderar sobre el libre ejercicio de la libertad religiosa, en cuyo caso la norma deberá aplicarse utilizando los medios menos restrictivos. El RFA se expresó en los siguientes términos: “Congressional findings and declaration of purposes. (a) Findings. The Congress finds: (1) the framers of the Constitution, recognizing free exercise of religion as an unalienable right, secured its protection in the First Amendment to the Constitution; (2) laws neutral toward religion may burden religious exercise as surely as laws intended to interfere with religious exercise; (3) governments should not substantially burden religious exercise without compelling justification; (4) in Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990) the Supreme Court virtually eliminated the requirement that the government justify burdens on religious exercise imposed by laws neutral toward religion; and (5) the compelling interest test as set forth in prior Federal court rulings is a workable test for striking sensible balances between religious liberty and competing prior governmental interests. (b) Purposes. The purposes of this 84
Los votos particulares de los jueces Scalia, Souter y Blackmun coincidieron en que, si bien no estaban de acuerdo con el resultado obtenido, no así con los razonamientos expuestos por el tribunal para establecer la sentencia; quizás un elemento más de los que influyeron en la promulgación del Religious Freedom Restoration Act.
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Act are: (1) to restore the compelling interest test as set forth in Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963) and Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972) and to guarantee its application in all cases where free exercise of religion is substantially burdened; and (2) to provide a claim or defense to persons whose religious exercise is substantially burdened by government. SEC.3. Free exercise of religion protected. (a) In general: Government shall not substantially burden a person’s exercise of religion even if the burden results from a rule of general applicability, except as provided in subsection (b). (b) Exception: Government may substantially burden a person’s exercise of religion only if it determines that application of the burden to the person: (1) is in furtherance of a compelling governmental interest; and (2) is the least restrictive means of furthering that compelling governmental interest”85. El Congreso promulgó el RFRA amparado en la competencia que le atribuye la sección quinta de la decimocuarta enmienda, en virtud de la cual éste puede promulgar normas que garanticen el ejercicio de los Derechos civiles protegidos por la decimocuarta enmienda. Con este fin, el Congreso puede aprobar normas que, bien garanticen la igualdad en el ejercicio de las libertades contenidas en la decimocuarta enmienda contra la acción de los Estados, bien protejan su ejercicio con carácter preventivo o mediante acciones de remedio. El límite a esta facultad legislativa es que no se altere el significado de los derechos protegidos por la decimocuarta enmienda, es decir el Gobierno federal puede limitar pero no suplantar el ámbito jurisdiccional de los Estados. En palabras de Corwin, la acción del Congreso dentro del marco de la sección quinta de la decimocuarta enmienda está limitada a la armonización de los derechos contenidos en dicha enmienda, “una cosa es que el Congreso apruebe una ley que convierte en delito federal asaltar a alguien para evitar que el asaltado ejerza un derecho constitucional; y otra cosa muy distinta que el Congreso intente aprobar una ley que convierte en delito federal un simple asalto cometido en el territorio de un Estado”86. 85
La norma puede encontrarse en http://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chap-
ter-21B. 86 Corwin, E., La Constitución americana y su significado actual, Fraterna, Buenos Aires, 1987, p. 681.
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El Tribunal Supremo se manifestó acerca de la constitucionalidad del RFRA en la sentencia que resolvió el asunto City of Boerne v. Flores, Archbishop of San Antonio87. La normativa de patrimonio histórico de la ciudad de Boerne, en el Estado de Texas, incluyó un lugar de culto propiedad de la Iglesia católica en el inventario de patrimonio histórico de dicha ciudad. Por este motivo, la solicitud del grupo religioso para remodelar su iglesia fue desestimada por las autoridades municipales, ante lo cual el Arzobispado de San Antonio denunció la constitucionalidad de la normativa urbanística al amparo del RFRA. Pese al objeto inicial de la controversia, el debate judicial se centró en la constitucionalidad del propio RFRA. El Tribunal de Distrito que, en primera instancia, decidió el caso expuso que el RFRA era inconstitucional, ya que, en su opinión, dicha norma excedía las competencias legislativas que la sección quinta de la decimocuarta enmienda atribuye al Congreso federal88. Sin embargo, el Tribunal del quinto circuito desestimó esta sentencia en apelación y estableció que el RFRA era constitucional. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló a su vez esta sentencia, pues interpretó que el RFRA era inconstitucional. El RFRA fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, por los motivos que a continuación se exponen: En primer lugar, el RFA modificó el alcance y contenido de la protección constitucional del derecho de libertad religiosa, al mismo tiempo que “prohibió a los Estados lo que la decimocuarta enmienda, en sí misma, no prohíbe”89; por lo que el RFRA suponía una seria intrusión del Congreso 87
521 U.S. 507 (1997). U.S. Constitution - Amendment XIV. Section 1: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”. Section 5: “The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article”. 89 En palabras del tribunal, “exigir a un Estado que pruebe un compelling interest y que demuestre que ha utilizado los medios menos lesivos constituye el test más exigente del derecho constitucional”. 88
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federal en las competencias legislativas de los Estados90. En este sentido, baste tomar, a modo de ejemplo, el hecho de que la norma de patrimonio histórico fuera impugnada al amparo del RFRA, en vez de al amparo de la free exercise clause. En segundo lugar, el RFA no tenía una función preventiva, pues su ámbito de aplicación no eran las normas que lesionasen la libertad religiosa, sino también aquellas (como las del caso objeto de estudio) cuyo sujeto pasivo fuese un colectivo de ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas, y donde la libertad religiosa sólo se veía afectada de forma incidental. De esta manera, para el tribunal, el RFRA ofrecía una protección desmedida a la libertad religiosa, que, además, carecía de justificación y de proporcionalidad con el contexto legal estadounidense. Y en tercer lugar, para el tribunal, el RFA excedía del ámbito competencial del Congreso federal. En palabras del juez Kennedy, redactor del voto mayoritario, el RFRA fue diseñado para controlar la decisión de los casos y controversias, y las decisiones de los tribunales deben regirse por la stare decisis (la regla del precedente), que para este supuesto era la sentencia Smith, por lo que el RFRA vulnera el principio de separación de poderes91. Los jueces Stevens y O´Connor protagonizaron un interesante debate en sus votos particulares. Para O´Connor, partidario de una interpretación extensiva de la free exercise clause, ésta implica “una garantía positiva del derecho a participar en actividades religiosas, sin que el Estado pueda interferir 90 Recordando su posición en la sentencia Smith (494 U.S. 887), el tribunal expuso que un derecho constitucional no puede quedar exento de la aplicación de las normas neutrales de carácter general (no se trata de que estén exentas de las normas generales sino de las normas neutrales -aquellas cuyo fin poco o nada tiene que ver con la religión-), pues esto produciría una anomalía en el ordenamiento jurídico, la cual se acentúa cuando los tribunales deben determinar el grado del perjuicio que las normas estatales generan a la libertad religiosa. 91 Desde la sentencia Marbury v. Madison (1 Granch 137, 1803). La separación de poderes entre el Congreso y la judicatura que impone la propia Constitución impide que el Congreso interprete el alcance y contenido del derecho de libertad religiosa, labor que compete en exclusiva a los órganos judiciales.
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en dichas prácticas, incluso cuando las prácticas religiosas atenten contra una norma de carácter general”. Concretamente, O´Connor se decantó a favor de que el derecho de libertad religiosa, al igual que la libertad de expresión, gozase de una protección especial, pues ambas libertades forman parte del contenido esencial del derecho de la libertad de pensamiento o conciencia. De forma opuesta, el juez Stevens fue partidario de la inconstitucionalidad del RFRA, y expuso, a modo de ejemplo, que si el bien declarado patrimonio histórico hubiera sido, por ejemplo, un museo o una galería de arte y su propietario fuese ateo, éste no podría solicitar su exención de la normativa de patrimonio histórico, de forma contraria a si el propietario del bien hubiese tenido convicciones religiosas. Con lo cual, “el RFRA concede a la confesiones religiosas un arma que no concede a los agnósticos y a los ateos”, lo que es opuesto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha establecido que la legislación no puede conceder un tratamiento preferencial a la religión con respecto al resto de las creencias ideológicas92. Stevens argumentó su decisión recurriendo a la posición del Tribunal Supremo en la sentencia que resolvió el caso Welsh v. U.S.93, donde éste enjuició la constitucionalidad de una ley federal que regulaba la objeción de conciencia en las Fuerzas Armadas, y llegó a la conclusión de que el Congreso no puede diferenciar entre objetores con creencias teístas o no teístas y objetores con creencias seculares, sin vulnerar la establishment clause94.
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El debate de los votos particulares se centró en una desaforada discusión, de una parte, acerca de la congruencia de la sentencia Smith al amparo de los antecedentes históricos, y de otra, sobre su valor como precedente jurisprudencial. El juez Stevens sustentó su posición en la sentencia Wallace v. Jaffree (472 U.S. 38, 52-55, 1985). 93 398 U.S. 333, 356 (1970). 94 En la misma línea Vid. Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 215, 248-249 (1972). Sobre la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico estadounidense Vid. MartínezTorrón, J., Navarro-Valls, R., Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, Iustel, Madrid 2011. Palomino, R., Las objeciones de conciencia en el derecho norteamericano, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2001. Palomino, R., Las objeciones de conciencia: conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, Montecorvo, Madrid, 1994.
CAPÍTULO II MODELO DE PLURALIDAD DE ESCUELAS Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA
1. Aඇඍൾർൾൽൾඇඍൾඌ ඁංඌඍඬඋංർඈඌ Las primeras escuelas que se crearon en el Nuevo Mundo fueron religiosas, concebidas con la finalidad de proveer a los fieles puritanos de la colonia de Nueva Inglaterra de una formación académica que les permitiese leer las escrituras y aprender las reglas puritanas de convivencia. El modelo educativo colonial se caracterizó por la pluralidad religiosa inherente al proceso colonizador, determinada geográficamente por los asentamientos religiosos. Las escuelas religiosas establecidas en las colonias impartían asignaturas con un contenido netamente religioso, el clero supervisaba sus enseñanzas, y sus métodos pedagógicos se fundamentaban en una doctrina religiosa95. De esta manera, al igual que en la Europa del momento, en las colonias la educación surgió estrechamente ligada a los grupos religiosos aliados del poder político. Por ejemplo, la colonia de Nueva Inglaterra promulgó en 1647 una norma que obligaba a las localidades con 50 o más familias
95 En este sentido, Vid. Bruchey, S., Raices del Desarrollo Económico norteamericano (1607-1861), México, 1965, pp. 160-163. Richards, D., Foundations of American Constitutionalism, New York, 1989, pp. 150-151. Durham, C., Treatment of Religious Minorities in the United States, en The Legal Status of Religious Minorities in the Countries of the European Union, Milán (1994), pp. 331-333. Nevins, A., y Commanger, S., Breve Historia de los Estados Unidos, México, 1994, pp. 160-186.
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a crear una escuela elemental, y a las de más de 100 familias a tener una escuela para la enseñanza del latín, por lo que en el período 1640-1700 el 95% de los varones se formaron en las escuelas puritanas, que era la Iglesia oficial en aquella colonia. Por su parte, las colonias del Sur se caracterizaron por la proliferación de escuelas parroquiales afines a la Iglesia oficial y financiadas por los poderes públicos96. Los primeros atisbos de separación entre el Estado y la religión en el terreno educativo se manifestaron con la independencia de las colonias. De esta manera, pese a que la América de finales del XVIII puede definirse como una nación en construcción, carente de una identidad propia, que no fuera la de colonización y la búsqueda de fortuna, en este periodo aparecieron los primeros intentos conducentes a la constitución de un modelo educativo secular. En este sentido destacaron las propuestas de Thomas Jefferson, creador del plan Jefferson de 1799, el cual ordenó la construcción de una escuela de primaria por cada 100 familias, controlada por el Estado y financiada por sus ciudadanos; Benjamín Rush, promotor no sólo de las primeras universidades públicas estadounidenses sino de que en cada pueblo con más de 100 familias se crease una escuela financiada directamente por el Estado; o Philip Lindsley, quien abogó por la escolarización obligatoria y por la constitución de un modelo escolar que permitiese que los miembros de las clases más desfavorecidas pudieran acceder a la educación. El punto en común de las posiciones mencionadas, fue que todas fueron partícipes de la idea de que la escuela debía estar al servicio de la sociedad y ambas debían avanzar unidas97. El impulso definitivo hacia el modelo de educación pública surgió en el primer tercio del siglo XIX, principalmente por la recepción de los modelos educativos alemán y suizo. Concretamente, podemos datarlo en 1811 en South Carolina, en 1827 en Pennsylvania, en 1829 en Ohio, y en 1834 en 96
O´Hair, M. Freedom Under Siege, California, 1974, p. 84. Wilmarth, A., The Original Purpose of the Bill of Rights: James Madison and the Founders Search for a Workable Balance between Federal and State Power», en American Criminal Law Review, Vol. 26 (1988-89), p. 1262. Aparisi Miralles, M.A., La Declaración de Independencia Americana de 1776 y los Derechos del Hombre, en Revista de Estudios Políticos, Vol. 70 (1990), p. 214. 97
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New York, Maryland y New Hampshire. La creación de un modelo educativo público en Estados Unidos intentó reconciliar el concepto de libertad con el de libertad religiosa y pronto se convirtió en una manifestación de la democracia, en concreto del derecho de los sujetos a recibir una educación que les capacitase para participar e integrarse plenamente en la sociedad98. La posterior evolución del modelo de escuela pública estadounidense se sustentó fundamentalmente en argumentos de tipo político, y especialmente en la necesidad de unificar la población de un país compuesto en su gran mayoría de emigrantes con diferentes culturas y connotaciones sociales, pues “si los hijos de los recién emigrados acudían a la escuela con los hijos de los nativos las diferencias entre ambos desaparecerían, a la vez que se crearía una sociedad más homogénea”99. Esta concepción escolar integradora fue especialmente necesaria como consecuencia de la atomización poblacional que caracterizó el siglo XIX. Baste señalar a este respecto que en 1.900 Estados Unidos tenía una población de 75 millones de habitantes, de los cuales un tercio bien había nacido en el extranjero, o era descendiente de nacidos en el extranjero. De los 25 millones de nuevos americanos 8 eran de procedencia germánica, 5 de origen irlandés, 2 millones y medio procedían de Austria, Hungría, Polonia e Italia, y otros dos millones y medio procedía de los países escandinavos, 850.000 eran canadienses de origen francés, y 774.000 procedían de Rusia. Donde mayor incidencia tuvo este proceso fue en las grandes ciudades como, por ejemplo New York, que pasó de tener 60.000 habitantes en 1.800 a tener en 1.850 una población de 550.000. Los principales problemas que plantearon las comunidades emigrantes fueron su desconocimiento del idioma inglés, y la mala reputación entre la población nativa que tenían algunos grupos de emigrantes como, por ejemplo, los irlandeses100. 98 Las primeras Universidades norteamericanas nacieron con claras connotaciones religiosas, normalmente para la formación sacerdotal: Harvard en 1636 y Yale en 1701. Destacando que la primera Universidad pública fuera la de Virginia, creada en 1818. 99 Miller, R. T., Flowers, R. B., Towards Benevolent and Neutrality: Church, State, and the Supreme Court, Waco, Texas, 1992, pp. 617-618. 100 De forma complementaria, es necesario tener en cuenta que Estados Unidos ya tenía un nutrido grupo de población que, a finales de siglo, eran nietos de las emigraciones
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Con el objeto de integrar a la nueva población, los Gobiernos federal y estatales apostaron por un modelo de escuela pública (las common schools), donde los emigrantes se educasen con la población nativa y, por lo tanto, eludiendo que el Estado financiara escuelas religiosas que profundizaran las diferencias religiosas de la población e impidiesen la integración de los emigrantes101. Las common schools han sido descritas por Lieder como un modelo escolar que tuvo como principal misión enseñar a sus alumnos a ser americanos, independientemente de sus orígenes, a compartir un idioma y una cultura común, y donde en vez de religión confesional los alumnos recibieron lecciones sobre moral aconfesional cristiana, soportada en la lectura de la Biblia sin comentarios y la enseñanza de los diez mandamientos102. La Iglesia católica fue especialmente crítica con la filosofía inherente a las common schools, ya que era partidaria de un sistema educativo confesional financiado por el Estado. La presión de la Iglesia católica fue especialmente intensa en algunos Estados, como en New York, donde se concentró la población procedente de la católica Irlanda. Las presiones de la población católica fueron especialmente duras en 1840, coincidiendo con las elecciones locales de New York, cuando solicitaron al Estado que financiara las escuelas religiosas que crearon las congregaciones católicas en sus parroquias103. Este contexto propició la constitución de diversas asociaciones, como la American Sunday-School Union en 1824, con el objetivo de erradicar la educación religiosa de las escuelas, y promover que la población del periodo 1840-1860. Vid. Hudson, W. S., Corrigan, J., cit., p. 206. 101 Lieder, M., Religious Pluralism and education in Historical perspective: A critique of the Supreme Court Establishment Clause Jurisprudence, en Wake Forest Law Review, Vol. 22, 1987, p. 850. 102 Sin embargo, como el propio autor aclara, esto no se tradujo en la erradicación de lo religioso de las escuelas públicas, ya que los miembros del clero a menudo eran contratados como profesores en estas escuelas, los libros de texto hacían propaganda de los principios protestantes, y el edificio escolar, bien había sido una escuela religiosa, o bien era un edificio vecino a un lugar de culto religioso. Lieder, M., cit., p. 852. 103 Lieder, M., cit., p. 844.
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cristiana fuera educada los domingos en las Iglesias en la fe protestante común al Gran Despertar104. En la misma línea, la Free School Society realizó una campaña a nivel nacional defendiendo que las escuelas impartiesen educación religiosa aconfesional, que consistiese en la lectura de la Biblia sin comentarios, y que los escasos recursos económicos que los Estados dedicaban a la educación no se destinaran a financiar a las escuelas religiosas105. Finalmente, y pese a las presiones de las confesiones religiosas, ningún Estado accedió a sus peticiones, y especialmente después de la Guerra Civil norteamericana, cuando el Gobierno federal decidió que la escuela, y más concretamente la escuela pública, debía configurarse como una institución integradora donde se formasen las nuevas generaciones sin distinción de su ideología106. Lieder es preciso al afirmar que la política educativa que se gestó en el XIX en Estados Unidos no tuvo por objeto discriminar entre la escuela pública laica y la escuela privada religiosa, y financiar con el presupuesto estatal solo a la primera; sino diferenciar entre la escuela pública y privada, y fomentar la primera como un ingrediente más de las vastas políticas de integración social que Estados Unidos tuvo que desarrollar como consecuencia de la emigración constante que el país padeció durante este periodo. Por lo que respecta a la población católica, como el mismo autor aclara, pese a las presiones de su Iglesia, la regla general durante este periodo fue que sus fieles fueran educados en escuelas públicas, debido a la precaria situación económica de sus familias, y a que curiosamente fueron los miembros de las confesiones protestantes y los judíos acomodados los 104
Lieder, M., cit., p. 844. Lieder, M., cit., p. 845. La Sociedad Bíblica Americana, creada en 1826, fue otro de los movimientos sociales emblemáticos a nivel nacional en este terreno, con el objeto de que la población no abandonase la lectura de la Biblia. Este movimiento fue coordinado desde el ámbito nacional, a través de reuniones o congresos a los que asistían los líderes locales para que el mensaje nacional fuese uniforme, y se creasen criterios económicos de solidaridad para ayudar a las sociedades bíblicas locales más necesitadas. Vid. Hudson, W. S., Corrigan, J., cit., p149. 106 Lieder, M., cit., p. 855-6. 105
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que crearon un pequeño monopolio escolar, que les garantizó una educación privada de mayor calidad107. En la actualidad, y dado el esquema de reparto de competencias prevista en las enmiendas novena y décima a la Constitución federal, los Estados son los responsables de diseñar sus propios modelos educativos, con el límite de respetar, entre otros principios, los derechos y libertades recogidos en la primera enmienda a la Constitución federal, y especialmente el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los docentes y los discentes, y la laicidad de los poderes públicos (entendida como neutralidad ideológica y religiosa y separación entre el Estado y las creencias o convicciones de la sociedad). En otras palabras, los Estados gozan de total autonomía en el terreno educativo, y son competentes para regular los planes de estudio, métodos didácticos y pedagógicos y, con carácter general, todo lo referente a la educación en su ámbito territorial; sin embargo, en cuanto órgano responsable de tutelar y garantizar los principios constitucionales, las decisiones del Tribunal Supremo federal pueden limitar la capacidad de actuación de los Estados en este ámbito108. De esta manera, a grandes rasgos cabe señalar que en el ordenamiento jurídico estadounidense la libertad de enseñanza nació como una manifestación de la filosofía de libertad inculcada en la primera enmienda a la Constitución, que ha evolucionado hacia un modelo de pluralidad de escuelas públicas y privadas (religiosas o no religiosas). La creación de un sistema de educación pública secular fue el mecanismo a través del cual el Estado intentó reconciliar el concepto de libertad con el de libertad religiosa, y que culminó, en palabras del Tribunal Supremo, en el reconocimiento del derecho a una educación laica y ajena a cualquier elemento religioso109. 107
Lieder, M., cit., p. 885. Vid. González del Valle, J.M., Posición Jurídica de las Confesiones Religiosas en la Enseñanza Primaria y Secundaria en los Estados Unidos, en Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, Vol. VI (1990), pp. 352-357. Polo, J. R., La enseñanza de la religión en la escuela pública: fundamento constitucional y desarrollo normativo, en Revista General de Derecho Administrativo, Vol. 33 (2013), pp. 1-16. 109 McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 216 (1947). 108
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2. Eඌർඎൾඅൺ ඉනൻඅංർൺ ਖਅਓਕਓ ൾඌർඎൾඅൺ ඉඋංඏൺൽൺ En el ordenamiento jurídico estadounidense las escuelas públicas y privadas se diferencian por dos factores. En primer lugar, en las escuelas públicas por imperativo del principio de laicidad contenido en la primera enmienda a la Constitución federal está prohibida la enseñanza de la religión. Y en segundo lugar, las escuelas privadas no están incluidas en el ámbito de protección de la decimocuarta enmienda, que establece que “Ningún Estado privará a las personas de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”110. Las escuelas religiosas se configuran en el ordenamiento estadounidense como un subtipo de las escuelas privadas, en concreto como escuelas privadas con un ideario religioso. La distinción entre escuelas privadas religiosas y no religiosas depende de que en las mismas se impartan o no clases de religión y de que la escuela esté o no afiliada a una confesión religiosa. Luego todas las escuelas religiosas son privadas, pero las escuelas privadas no tienen por qué ser necesariamente religiosas111. El derecho a dotar a los centros educativos privados de un ideario se configura en el ordenamiento jurídico estadounidense como “un derecho derivado de la libertad de creación de centros docentes”112, pero este derecho puede ser limitado por los Estados ya que, en palabras del Tribunal Supremo, “los Estados miembros de los Estados Unidos tienen competencia en materia educativa, por lo que son competentes para promulgar la legislación que crean necesaria para regular las escuelas privadas, y por lo tanto las de titularidad religiosa”113. La legislación estadounidense establece que las escuelas religiosas, a efectos de su personalidad jurídica, se consideran como una parte integral 110
McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 216 (1947). Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). 112 Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (I), Libertad de Conciencia y Laicidad, Cívitas, Madrid, 1997, p. 36. Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (II), Libertad de Conciencia, Identidad Personal y Derecho de Asociación, Cívitas, Madrid, 1999, p. 83. 113 Wisconsin v. Youder, 406 U.S. 205, 213 (1972). 111
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de la confesión religiosa cuyo ideario representan, a la vez que comparten su status jurídico. Por su parte, la jurisprudencia también se ha mostrado partidaria de configurar a las escuelas religiosas como partes integrales e infungibles de la confesión religiosa que representan, incluso en el supuesto de que la confesión y la escuela no estén totalmente asociadas. Por ejemplo, la mayoría de los planes urbanísticos establecen que las escuelas religiosas pueden situarse en las mismas zonas urbanísticas que las confesiones religiosas. Asimismo, el régimen fiscal de las escuelas religiosas es el mismo que el de las confesiones religiosas114. Por este motivo, la mayoría de las escuelas privadas con ideario religioso que existen en los Estados Unidos se configuran como escuelas religiosas, debido a que normalmente están integradas orgánicamente en una confesión religiosa particular o están supeditadas a su dirección. Como expone Hammar, cuando una organización religiosa decide crear una escuela puede elegir entre tres opciones a efectos de la personalidad jurídica del nuevo ente: En primer lugar, la organización religiosa puede optar por no constituir una corporación independiente de la confesión, y que por lo tanto la escuela comparta la personalidad jurídica y capacidad de obrar de la confesión. Este supuesto sólo es factible cuando la confesión religiosa ejerce un control real y efectivo sobre la escuela. La organización religiosa también puede pretender crear una escuela sin estar ella misma constituida como corporación; en ese caso la organización religiosa primero debe constituir una corporación religiosa, y la escuela, en la medida en la que esté integrada en la estructura orgánica de la organización religiosa, adquirirá este status automáticamente115. Una segunda posibilidad, un tanto excepcional, es que la organización religiosa cree dos corporaciones y obtenga doble personalidad jurídica, una 114
Hammar, R., Pastor Church & law, Christian Ministry Resources, Springfield, 1983, p. 300. 115 Esta posibilidad es muy ventajosa para las confesiones religiosas, ya que obtienen la exención fiscal de sus actividades por el mero hecho de dedicarse a la labor educativa sin tener que crear una segunda corporación.
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por sus actividades religiosas y otra por las educativas. Para que esta opción sea factible, es necesario que la organización religiosa no ejerza ningún tipo de control sobre la labor educativa. Esta opción normalmente se utiliza cuando la corporación religiosa no posee un status fiscal ventajoso, por cuanto su alternativa será crear dos corporaciones siendo la educativa la que obtenga los beneficios fiscales que la legislación otorga a las corporaciones sin ánimo de lucro. Con lo que se podría producir la paradoja de que una corporación religiosa que opera con ánimo de lucro cree una escuela -que promoverá su religión lucrativa-, pero que su labor educativa esté exenta del pago de impuestos116. La tercera posibilidad se puede realizar conjuntamente con las dos vías anteriores o de manera independiente, y consiste en que la organización religiosa constituya un fideicomiso a favor de su escuela religiosa, y obtenga un status fiscal beneficioso mediante la gestión de la masa patrimonial afecta para dicho fin117.
3. Iൽൾൺඋංඈ ൾൽඎർൺඍංඏඈ El derecho de las confesiones religiosas a crear centros docentes y a dotarlos de un ideario propio no está recogido en la Constitución federal estadounidense. El motivo probablemente cabe encontrarlo en que cuando los constituyentes redactaron la Declaración de derechos, las confesiones religiosas disponían de plena capacidad para ejercitar los derechos referidos118. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el derecho de las confesiones religiosas a crear escuelas y a dotarlas de un ideario propio en el asun116 Klein, A., Income Taxation and Legal Entities, en Ucla Law Review, Vol. 20 (1972), p. 13. 117 Hammar, R., cit., p. 302. 118 No es de extrañar que no conste el presente derecho en la Constitución, pues ni tan siquiera se hizo una referencia expresa al libre ejercicio de la religión, salvo la ya referida para ocupar un puesto público, hasta la promulgación del Bill of Rights de 1791 (Vid. González del Valle, J.M., cit., pp. 352-353).
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to Pierce v. Society of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary119. El Estado de Oregón promulgó una ley en que establecía que los padres, tutores o las personas responsables de los niños con edades comprendidas entre los 8 y 16 años debían matricularlos en las escuelas públicas del citado Estado120. La eficacia de esta norma suponía la desaparición de las escuelas religiosas que se dedicaban a la escolarización básica, por lo que la Society of the Sisters demandó la constitucionalidad de la norma. La confesión religiosa estaba constituida como corporación de derecho para realizar sus labores educativas, y desde 1880 el Estado de Oregón la reconocía personalidad jurídica para gestionar un orfanato, educar e instruir a los jóvenes, y para crear y gestionar escuelas privadas. La confesión poseía escuelas de primaria en las que estudiaban alumnos con edades comprendidas entre los 8 y 16 años. Los alumnos, en virtud de la norma impugnada, debían ser transferidos a las escuelas públicas del Estado de Oregón. La efectividad de la norma suponía que las escuelas de la confesión, que generaban beneficios anuales superiores a 30.000 dólares, pasasen a tener elevadas pérdidas económicas121. La demanda se fundamentó en que las escuelas religiosas tienen derecho a participar en todos los niveles de la actividad educativa en base al derecho que tienen los padres a elegir la educación religiosa que crean más adecuada para sus hijos, y en el derecho de los individuos al ejercicio de su derecho a la libertad de enseñanza. El Tribunal Supremo estableció que, pese a que el objetivo de la norma era conseguir la escolarización de los niños del Estado hasta el octavo grado, ésta violaba el derecho de los padres a elegir la educación que quisieran dar a sus hijos. En su opinión, “los niños no son propiedad del Estado, y las personas responsables de los mismos son las encargadas de su prepa119
268 U.S. 510. Para la adecuada comprensión de la presente sentencia es necesario tener en cuenta que la free exercise clause no sería aplicable directamente a los Estados hasta la sentencia Cantwel (310 U.S. 296). 120 La ley pese a promulgarse en 1922 no debería entrar en vigor hasta el 1 de septiembre de 1926, y exponía que “every parent, guardian, or other person having control or charge or custody of a child between eight and sixteen years to send him to a public school shall be held during the current year” (268 U.S. 510). 121 268 U.S. 532.
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ración académica, por lo que el Estado no puede decidir unilateralmente que los niños acudan exclusivamente a escuelas públicas”122. Asimismo, el tribunal estableció que: “los derechos garantizados por la constitución federal no pueden ser violados por la legislación estatal salvo que el Estado persiga un fin legítimo y tenga atribuida la competencia legislativa en la materia”123. La jurisprudencia al respecto es uniforme, y establece que el Estado no puede interferir en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren dar a sus hijos imponiendo límites excesivos e irracionales a las actividades de las escuelas privadas124. De esta manera, el Estado no puede regular de manera exhaustiva la educación que imparten las escuelas privadas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo del Estado de Ohio anuló las normas dictadas por la Ohio State Board of Education que regulaban el estándar mínimo a seguir por las escuelas privadas, ya que dicho estándar no permitía la existencia de clases de religión, y negaba la autonomía de las escuelas privadas al determinar exhaustivamente el contenido de las enseñanzas a impartir, el método didáctico, el número de horas lectivas y el aspecto físico de los edificios de las escuelas125. Las confesiones religiosas tienen derecho a crear centros educativos y a dotarlos de un ideario propio, pero esto no quiere decir que el ideario religioso pueda establecerse en las escuelas públicas. Como estableció el Tribunal Supremo en el asunto McCollum v. Board of Education, “para 122
268 U.S. 535. El Tribunal Supremo utilizó el precedente Meyer v. State of Nebraska (262 U.S. 390, 1923), en función del cual el Estado no puede limitar el ejercicio de la libertad protegida por la decimocuarta enmienda con acciones legislativas irracionales o carentes de lógica. La sentencia Meyer estableció la constitucionalidad de una ley del Estado de Nebraska que prohibía la enseñanza en las escuelas en un lenguaje diferente del inglés (268 U.S. 535). 124 El Tribunal Supremo estableció en Cook v. Hudson (429 U.S. 165, 1976) que los padres tienen derecho a enviar a sus hijos al centro educativo que crean conveniente, y el único límite al respecto es que el centro educativo cumpla los requisitos curriculares (imparta las materias básicas) que exige la ley. El Tribunal utilizó los precedentes Pierce v. Society of Sisters (268 U.S. 510, 1925) y Wisconsin v. Yoder (406 U.S. 205, 1972). 125 State of Ohio v. Whisner, 351 N.E. 2d 750 (Ohio 1976). (Ohio Supreme Court, North Eastern Reporter). 123
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que la escuela pública cumpla su función educativa es necesario que sea libre de toda presión religiosa, las escuelas públicas por su carácter secular son una muestra de la unidad que impera en la sociedad norteamericana. El efecto de la primera enmienda en el campo educativo es que la educación pública sea libre de cualquier establecimiento religioso, y que las escuelas públicas no impartan la asignatura de religión. La mayor muestra de la separación entre el Estado y las confesiones religiosas en el terreno educativo es la posibilidad de que las confesiones religiosas puedan crear escuelas privadas y dotarlas de un ideario religioso”126. Por lo tanto, el derecho a dotar a los centros educativos de un ideario, al igual que en el derecho español, se configura en el ordenamiento jurídico estadounidense como “un derecho derivado de la libertad de creación de centros docentes”127. Sin embargo, este derecho puede ser limitado por los Estados128. Esta posición se sustenta en la responsabilidad que tiene el Estado en la educación de sus ciudadanos, por lo que debe imponer y controlar su nivel de educación básica129. 126
McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 217-18 (1947). Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (I), cit., p. 643. 128 En palabras del Tribunal Supremo: “los Estados miembros de los Estados Unidos tienen competencia en materia educativa, por lo que son competentes para promulgar la legislación que crean necesaria para regular las escuelas privadas, y por lo tanto las de titularidad religiosa” Wisconsin v. Youder, 406 U.S. 205, 213 (1972). 129 Vid. San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). En el asunto San Antonio Independent School District, los padres de alumnos de escuelas públicas elementales y secundarias denunciaron la constitucionalidad del sistema educativo del Distrito escolar de San Antonio, en el Estado de Texas, ya que el Estado no distribuía uniformemente su presupuesto de educación entre las diferentes escuelas. El Tribunal Supremo revocó la demanda y estableció que la cláusula de igual protección no exige que el Estado distribuya uniformemente su presupuesto educativo. El Tribunal resaltó que, si bien la educación es uno de los servicios más preciados que presta el Estado, éste carece de protección constitucional, “only where state action inpinges on exercise of fundamental constitutional rights or liberties must it found to have chosen the least restrictive alternative” (411 U.S. 1). Asimismo, los Estados miembros son los únicos competentes para determinar cómo debe ser repartido su presupuesto educativo entre las board of education locales, y en este caso el Estado aseguraba la educación básica de sus niños, lo cual le capacita para distribuir sus fondos de la forma que mejor crea conveniente. 127
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Con carácter general, los límites que los Estados pueden imponer a la autonomía de las escuelas privadas son cuatro: 1)
Deben impartir determinadas asignaturas regladas idénticas a las que imparten las escuelas públicas, las cuales configuran su currículo escolar.
2)
Están obligadas a cumplir determinadas medidas de higiene y seguridad.
3)
Su profesorado debe estar académicamente cualificado.
Y 4) deben remitir un informe periódico a la board of education en el que consten los nombres, apellidos y domicilio de sus estudiantes130.
4. Lංൻൾඋඍൺൽ ൽൾ ർඈඇർංൾඇർංൺ ൽൾ අඈඌ ൽඈർൾඇඍൾඌ. 4.1. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas públicas En las escuelas públicas el derecho a la libertad de conciencia de los docentes se configura como una manifestación cualificada del derecho a la libertad de expresión de creencias y opiniones, contenida en la primera enmienda a la Constitución federal. El hecho de que los docentes de las escuelas públicas estén legitimados para denunciar la violación de su libertad de expresión en el terreno docente se ha traducido, en palabras de Polo Sabau, en que “no pueden por lo general ser sancionados por el ejercicio de su libertad de expresión”131. Esto no quiere decir que la libertad de cátedra de los docentes que trabajan en los centros públicos sea ilimitada. El principal límite que deben respetar estos docentes es el principio de laicidad recogido en la primera enmienda a la Constitución federal, que ha sido interpretado por el Tribunal Supremo federal en el contexto educativo como la obligación de 130
Notes, Forward: Equal Protection: Developments in the Law, en Harvard Law Review, Vol. 82 (1969), pp. 1054-1055. 131 Polo, J.R., La libertad de Enseñanza en el Derecho Norteamericano, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1999, p. 251.
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los docentes de respetar los principios de: neutralidad ideológica y religiosa estatal, separación entre el Estado y las confesiones religiosas y los grupos ideológicos, y de libertad de conciencia de los alumnos132. La principal manifestación del principio de laicidad en el contexto educativo es que los profesores de las escuelas públicas no pueden adoctrinar a sus alumnos, y el contenido de sus enseñanzas no puede estar informado por principios religiosos o ideológicos que no sean los principios constitucionales. Como ha expuesto de forma unánime la doctrina133, la primera enmienda a la Constitución federal no sólo exige el exilio de la asignatura de religión de las escuelas públicas, sino también que la religión no pueda estar presente en los programas docentes que imparten estas escuelas. El Tribunal Supremo federal se ha pronunciado sobre los límites que el principio de laicidad impone a los contenidos de las asignaturas que imparten las escuelas públicas, estableciendo que estas enseñanzas no pueden incorporar contenidos ideológicos o confesionales. El tribunal se ha mostrado partidario de que las escuelas públicas puedan impartir asignaturas religiosas de carácter objetivo, como el estudio de las religiones desde un punto de vista literario, histórico o cultural; sin embargo, el tribunal ha venido entendiendo que es inconstitucional que tanto los Estados como los docentes, amparándose en sus derechos a la libertad de conciencia o de cátedra, incorporen a los programas docentes contenidos adoctrinadores o proselitistas de naturaleza ideológica o religiosa134.
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Los padres están legitimados, a través del derecho de libertad de conciencia que protege la primera enmienda a la Constitución federal, para denunciar cualquier ejercicio de la libertad de cátedra que atente contra la libertad de conciencia de sus hijos, y no se supere el filtro de la neutralidad o imparcialidad. Vid. Notes, Development in the Law, Academic Freedom, en Harvard Law Review, Vol. 81, 1968, p. 1063. 133 Vid. Note, Freedom of Religion and Science Instruction in Public Schools, en Yale Law Journal, Vol. 87, 1978, p. 515. Caudil, D., Law and Worlview: Problems in the Creation Science Controversy, en Journal of Law and Religion, Vol. 3, 1985, p. 5. Blinderman, C., Unnatural Selection: Creationism and Evolutionism, en Journal of Church and State, Vol. 24, 1982, p. 73. 134 Vid. Epperson v. Arkansas 393 U.S. 97 (1968), Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1986).
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4.2. Libertad de conciencia de los docentes de las escuelas de titularidad religiosa La relación entre las escuelas confesionales y sus profesores es de carácter contractual por tiempo definido o indefinido. En el supuesto de la contratación por tiempo determinado el profesor no puede ser despedido hasta la finalización de su período contractual, y en caso contrario el docente tendrá derecho al reembolso de los salarios que le quedaban por percibir hasta la finalización de su contrato, salvo que sea despedido por las causas previstas en el mismo135. En el caso de que el contrato sea por tiempo indefinido, el profesor puede ser despedido con o sin causa, pero dicho despido no puede sancionarse con la readmisión del trabajador136. Como expone Diégues Cuervo, “el derecho de despido estadounidense deriva inmediatamente de la forma arquetípica de contratación libre del trabajo: la contratación a voluntad. Se trata de un contrato que en esencia se corresponde con nuestro antiguo arrendamiento de servicios de duración indefinida”137. La consecuencia de esto es que en aquellos supuestos en que
135 Martínez Girón, J., El Despido en el Derecho de los Estados Unidos, Civítas, Madrid, 1988, pp. 74-75. “el contrato de trabajo a término puede ser extinguido en cualquier momento por el empresario en caso de incumplimiento intencionado por el trabajador de sus deberes... pero como regla general, no es necesario que el empresario pruebe que la conducta del trabajador le causó un daño”. 136 La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular se sustenta en las sentencias Younger v. Harris (401 U.S. 60, 1971) y Dombrowski v. Pfister (380 U.S. 479, 1965). El common law no prevé la demanda de readmisión, la cual se puede plantear en equity -una condena de hacer o no hacer una cosa-, la cual, según Girón, supondría una falta de reciprocidad pues el empresario no puede ejercer ese derecho en el caso de que sea el trabajador el que abandone la empresa sin justa causa. (Martínez Girón, cit., pp. 90-91). El procedural due process protege los conceptos jurídicos indeterminados de “life, property, liberty”, no quedando encuadrado en ninguno de los mismos la facultad de recurrir el despido ante el Tribunal Supremo. Las vías al respecto son optar por un Writ of mandamus -la solicitud de una sentencia que obligue a un tribunal inferior, una persona jurídica o a un individuo a hacer algo- o un Writ of certiorari -un procedimiento voluntario que pueden ejercitar los tribunales de apelación (incluido el Tribunal Supremo si lo solicitan cuatro de sus jueces) para cerciorarse de que los tribunales inferiores aplican correctamente la Ley). 137 En prólogo a Martínez Girón, cit., pp. 18-19.
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el despido sea ilegal o contrario a derecho, el remedy será “la condena al empresario por daños y perjuicios, pero nunca la readmisión”138. Las escuelas privadas religiosas están exentas de las disposiciones del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, que regula la discriminación laboral por motivos religiosos139. Inicialmente, la exención estaba destinada a las relaciones laborales de carácter estrictamente religioso, y por lo tanto excluían al personal laico de las escuelas de titularidad religiosa; sin embargo, en la actualidad la exención aplicable a las organizaciones religiosas es de carácter amplio y permite que los titulares de los centros privados religiosos puedan discriminar a cualquiera de sus empleados por motivos religiosos140. 138 En prólogo a Martínez Girón, cit., pp. 18-19. Cualquiera de las partes puede finalizar la relación contractual en cualquier momento y por cualquier causa, teniendo la judicatura la mera obligación de asignar una compensación por daños y perjuicios en el caso de que lo crea conveniente. La protección del empleado es precaria o cuando menos depende en excesiva medida de la compensación por daños que concedan los jueces. Los daños y perjuicios se determinarán: para el trabajador contratado por tiempo determinado, mediante los salarios que le quedaban por percibir; y para el trabajador por tiempo indeterminado, mediante el cómputo de tiempo que tarde en encontrar un nuevo empleo o una cantidad valorable en función de criterios objetivos, pero siempre caso por caso. 139 42 U.S.C. & 2000e (b). Dichas disposiciones establecen la ilegalidad de toda práctica laboral discriminatoria realizada por un empleador en los siguientes supuestos: (1) La no realización, renuncia a emplear, el despido de un individuo, o cualquier otra clase de discriminación respecto al pago salarial, términos, condiciones, o privilegios laborales, por razón de raza, color, religión, sexo, nacionalidad u origen. (2) Limitar, segregar, o clasificar a los empleados o a los pretendientes a serlo, de manera que se les prive de las mismas oportunidades o se les afecte de alguna manera en su status de empleados, por razón de raza, color, religión, sexo, nacionalidad u origen. 42 U.S.C. & 2000e-1 42 U.S.C. & 2000e (b).El ámbito de aplicación de la norma son las personas jurídicas que empleen al menos quince o más empleados por cada día laborable en las últimas veinte semanas del presente o del anterior año laboral. 140 42 U.S.C. & 2000e-1, “This subchapter shall not employ to an employer with respect to the employment of aliens outside any state, or to a religious corporation, or society with respect to the employment of individuals of a particular religion to perform work connected with the carrying on by such corporation, or society, association, educational institution of its activities”.
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En base a esta norma, una escuela de doctrina católica pudo denegar la renovación de su contrato a un profesor que se casó por segunda vez, después de su divorcio, sin seguir el pertinente proceso canónico141. En esta línea, en la sentencia que resolvió el caso Ohio Civil Rights Comission v. Daiton Christian Schools142, una profesora de una escuela religiosa denunció que no le fuese renovado su contrato porque había violado la normativa interna del centro. El ideario de la escuela establecía que las madres deben pasar el mayor tiempo posible en casa al cuidado de sus hijos hasta que estos alcanzan la edad escolar. La profesora denunció a la escuela ante la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Ohio alegando discriminación laboral por razón de sexo. El Tribunal Supremo del Estado de Ohio estableció que el despido era procedente, ya que la normativa de la escuela establecía que sus disputas internas (incluidas las disputas con su personal docente) debían ser resueltas por la directiva del centro, excluyendo la jurisdicción de los tribunales estatales, por lo que la profesora al vincularse laboralmente a esta institución había renunciado tácitamente a ejercer su derecho a la tutela judicial. La conjunción de los factores expuestos, y especialmente la exclusión de las escuelas privadas de titularidad religiosa de la aplicación del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, se ha traducido en una especie de derecho al despido libre, siendo suficiente con que las escuelas aleguen que la libertad de conciencia de sus docentes atenta contra el ideario del centro. La delicada situación de los docentes de las escuelas privadas, así como la subordinación de sus Derechos fundamentales a lo establecido en un contrato de trabajo, se aprecia en las decisiones judiciales a las que a continuación pasamos a referirnos: En la sentencia que resolvió el caso Bishop Carroll High School v. Unemployment Compensation Board of Review el debate se centró en la posibilidad de que el contrato de trabajo que vinculaba al docente y a la
141 142
Little v. Wuerl, 929 F. 2d 944 (3rd Cir. 1991). Ohio Civil Rights Comission v. Daiton Christian Schools Inc., 106 S. Ct. 2718 (1986).
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escuela contuviese una cláusula de remisión a la doctrina del grupo religioso propietario de la escuela, en el cual se establecía que el docente debía acomodar su conducta a dicha doctrina religiosa. Utilizando esta cláusula contractual, el docente de una escuela católica fue despedido ya que convivía con una mujer divorciada, y su matrimonio con otra mujer era canónicamente valido al no haber sido declarado nulo de acuerdo con el derecho canónico. El conflicto se produjo entre la vida extra académica del docente y el ideario de su centro de trabajo. El tribunal entendió que el despido era procedente debido a que, de acuerdo con la legislación laboral aplicable, éste había incumplido su contrato, ya que cuando el docente se vinculó laboralmente con la escuela éste era consciente de que debía seguir la doctrina de la Iglesia católica para poder conseguir y mantener su empleo. Por lo tanto, con independencia de la legitimidad de la vida sexual y de pareja del profesor, el despido era procedente por incumplimiento contractual de una de las partes143. Un supuesto parecido lo encontramos en la sentencia que resolvió el caso Bischoff v. Brothers of the Sacred Heart. El Tribunal de Apelaciones del Estado de Louisiana se pronunció sobre la validez del despido de un docente que fue despedido por ocultar a la escuela católica para la que trabajaba que, con anterioridad a su matrimonio vigente, se había divorciado civilmente de otro matrimonio que canónicamente era todavía válido. El tribunal sentenció a favor de la escuela católica, al entender que el docente había ocultado información trascendental al titular del centro escolar cuando firmó su contrato de trabajo, de forma que la mala fe del docente (que conocía de antemano el fuerte ideario religioso de la escuela) había provocado que el centro le contratase, cuando de haber conocido sus antecedentes familiares no lo hubiera hecho144. Los únicos supuestos, y con carácter excepcional, en los que la libertad de cátedra de los docentes de las escuelas privadas goza de protección jurisdiccional es cuando la actividad de la escuela puede ser considerada, aunque sea indirectamente, como una acción gestada por los poderes públi143 144
En Polo Sabau, J.R., La libertad de Enseñanza, cit., p. 269. Polo Sabau, J.R., La libertad de Enseñanza, cit., p. 270.
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cos. Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido de forma unánime que el hecho de que los Estados regulen las enseñanzas que se imparten en las escuelas privadas, que éstas sean receptoras de algún tipo de ayuda pública, que sus planes de estudio y currículo académico sean homologados por los poderes públicos, o la consideración de la actividad educativa como una actividad estatal, no constituyen un vínculo suficiente para considerar que la actividad educativa de estas escuelas es una actividad estatal145. Por los motivos aludidos, la regla general es que los profesores que prestan sus servicios en escuelas religiosas se adhieran a la doctrina religiosa de la escuela, bien de manera expresa previendo su contrato la sumisión del docente al ideario de la escuela, bien tácitamente cuando la escuela disponga de un ideario al que deba someterse su personal. 4.3. Régimen jurídico de los profesores de religión El Tribunal Supremo federal se ha pronunciado sobre el régimen jurídico de los profesores de religión de las escuelas religiosas, en la sentencia que resolvió el caso Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC146. En este caso el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad del despido de una profesora de religión de la escuela Hosanna-Tabor, perteneciente a la Iglesia Evangélica Luterana localizada en Missouri. De acuerdo con los estatutos de la escuela, sus profesores podían ser de dos tipos: 1) profesores con vocación, que eran aquellos que habían recibido la llamada divina, tenían vocación religiosa, y cumplían determinados requisitos como, por ejemplo, haber recibido cierto grado de formación teológica acreditada o impartida por el Sínodo luterano; o 2) profesores 145
Polo Sabau, J.R., La libertad de Enseñanza, cit., p. 259. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School, Petitioner v. Equal Employment Opportunity Commission, et all. Docket nos.10-553. El asunto fue presentado ante el Tribunal Supremo el 5 de octubre del 2011 y decidido el 11 de junio del 2012. El texto completo del fallo judicial puede encontrarse en http://www.supremecourt.gov/ opinions/11pdf/10-553.pdf. 146
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laicos que desempeñaban funciones muy similares a los profesores con vocación, pero con la diferencia de que sólo podían ser contratados cuando no había profesores con vocación disponibles. La señora Cheryl Perich realizó los cursos de formación requeridos. La Iglesia Evangélica Luterana le concedió la credencial de commissioned minister, y la contrató como profesora con vocación. A partir de ese momento, la profesora impartió asignaturas con contenido tanto secular como religioso, lideraba a sus estudiantes en la práctica del rezo diario, periódicamente les acompañaba a la capilla y dos veces al año dirigía los servicios religiosos en la escuela. Posteriormente, la profesora desarrolló el trastorno neuronal conocido como narcolepsia, por lo que tuvo que solicitar diversas bajas médicas de elevada duración temporal. Finalmente, una vez que la profesora se recuperó de sus problemas médicos, ésta solicitó a la escuela reincorporarse a su actividad docente. La escuela se negó a reincorporar a la profesora, alegando que ya había contratado a un profesor laico para realizar las funciones que venía realizando la señora Perich, pero se ofreció a pagar una parte del seguro médico de la profesora a cambio de que ésta renunciase a su posición de profesora con vocación. La profesora rechazó la oferta de la escuela y, después de una larga negociación, la dirección de la escuela decidió retirar a la profesora su credencial docente. Ante estos hechos, Perich denunció a la escuela ante la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), alegando que su despido suponía una violación del Americans with Disabilities Act (ADA)147, que prohíbe a los empleadores discriminar entre sus empleados por razones de minusvalía. Por su parte, la EEOC demandó a la escuela. La escuela se defendió en los procedimientos judiciales previos a la decisión del Tribunal Supremo alegando que su comportamiento encajaba dentro de la “excepción aplicable a los ministros de culto” contenida en el ADA. A grandes rasgos, el ADA reconoce a las organizaciones con fines religiosos el derecho a poder discriminar como empleadores entre aquellos candidatos cuyas creencias se acomoden mejor con el ideario de la organización religiosa, y paralelamente habilita a las confesiones religiosas a exigir a todos 147
Disabilities Act, 104 Stat. 327, 42 U. S. C. §12101 et seq. (1990).
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sus empleados que compartan las creencias o convicciones religiosas de la organización religiosa148. Así las cosas, la cuestión que tuvo que resolver el Tribunal Supremo federal fue si la señora Perich podía considerarse o no como un ministro de culto, y en qué medida la escuela podía despedirla legalmente utilizando la excepción aplicable a los ministros de culto. De acuerdo con el Tribunal Supremo estadounidense, la primera enmienda a la constitución federal tiene una doble lectura en este terreno. En primer lugar, permite a las confesiones religiosas decidir libremente quienes pueden ser sus ministros de culto, y en consecuencia discriminar entre los potenciales candidatos en este sentido. Y en segundo lugar, pero de forma complementaria a lo anterior, la primera enmienda habilita a las confesiones religiosas para decidir libremente cuando un ministro de culto ha dejado de ser tal o cuando no realiza sus funciones adecuadamente149. La jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha emitido en este terreno ha permanecido inmutable en el tiempo desde la sentencia Watson v. Jones, resuelta en 1872, y se conforma como uno de los principales pilares del principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas y la neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos, 148
El ADA contiene 2 mecanismos para proteger a las entidades religiosas, de forma que, en primer lugar, “[t]his subchapter shall not prohibit a religious corporation, association, educational institution, or society from giving preference in employment to individuals of a particular religion to perform work connected with the carrying on by such [entity] of its activities. Disabilities Act, 104 Stat. 327, 42 U. S. C. §§12113(d) (1) (2006 ed., Supp. III). Y en segundo lugar, “[u]nder this subchapter, a religious organization may require that all applicants and employees conform to the religious tenets of such organization”. Disabilities Act, 104 Stat. 327, 42 U. S. C. §12113(d) (2) (2006 ed., Supp. III). 149 En palabras del tribunal, “Given this understanding of the Religion Clauses—and the absence of government employment regulation generally—it was some time before questions about government interference with a church’s ability to select its own ministers came before the courts. This Court touched upon the issue indirectly, however, in the context of disputes over church property. Our decisions in that area confirm that it is impermissible for the government to contradict a church’s determination of who can act as its ministers”.
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contenida en la primera enmienda a la Constitución federal estadounidense150. La EEOC reconoció tanto en los procedimientos judiciales previos como el celebrado ante el Tribunal Supremo la relevancia de la denominada exención ministerial, así como la importancia de esta exención para garantizar tanto el pleno ejercicio del derecho de libertad religiosa, como para salvaguardar el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Ahora bien, para la EEOC la exención ministerial no podía ser aplicada a Perich, ya que era una profesora de una escuela religiosa y no un sacerdote o ministro de culto. La posición de la EEOC, que había sido avalada por un tribunal del sexto circuito, fue desestimada por el Tribunal Supremo, por los motivos que a continuación se detallan. En primer lugar, el tribunal del sexto circuito no valoró adecuadamente el hecho de que la señora Perich fuera una commissioned minister; pues, pese a que dicho título por sí mismo no significaba que Perich fuera un ministro de culto, en este caso concreto implicaba que Perich había recibido una formación teológica y religiosa muy concreta, y que, gracias a dicho nombramiento y formación, podía desempeñar funciones en la escuela que no podían desempeñar los profesores laicos. En segundo lugar, el hecho de que los profesores laicos y con vocación pudieran realizar excepcionalmente funciones similares, solo ocurría cuando la escuela no disponía de profesores con vocación; lo cual indicaba que la escuela jerarquizaba entre sus docentes para poder llevar a cabo su labor docente/religiosa primando para realizar ambos cometidos a aquellos docentes que dispusieran de la credencia ministerial. Y en tercer lugar, pese a que Perich dedicaba una parte muy importante de su labor docente a la impartición de asignaturas con un claro contenido secular, dicha labor do150 Watson v. Jones, 13 Wall. 679 (1872). Como ha expuesto el Tribunal Supremo “our opinion in Watson radiates ... a spirit of freedom for religious organizations, an independence from secular control or manipulation—in short, power to decide for themselves, free from state interference, matters of church government as well as those of faith and doctrine”. Vid. Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral of Russian Orthodox Church in North America, 344 U. S. 94, 116 (1952). En este sentido, Vid. Palomino, R., Religion and neutrality, en Brighan Young University Law Review, N 3 (2001), pp. 657-690.
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cente no podía deslindarse del hecho de que la profesora hubiera aceptado realizar el total de sus labores educativas en el marco de su nombramiento como commissioned minister. Por último, es necesario señalar que, como expuso unánimemente el fallo mayoritario, “the purpose of the exception is not to safeguard a church’s decision to fire a minister only when it is made for a religious reason. The exception instead ensures that the authority to select and control who will minister to the faithful is the churches alone”. En otras palabras, la exención del personal de las confesiones religiosas de la legislación laboral aprobada con el objeto de evitar la discriminación por motivos religiosos no es aplicable a las confesiones religiosas, pero no porque el legislador pretenda que las confesiones religiosas puedan discriminar a sus empleados, sino porque, en cuanto mecanismo que salvaguarda su derecho a la libertad religiosa, las confesiones religiosas deben ser completamente libres para seleccionar y controlar qué personas pueden representar o transmitir su ideología religiosa a la sociedad.
CAPÍTULO III MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
1. Lൺ ඉඋගർඍංർൺ ൽൾ අൺ ඈඋൺർංඬඇ La oración religiosa se configura como una manifestación del derecho de los individuos a su libertad religiosa. Los individuos deben ser libres para decidir cómo y cuándo quieren orar. Sin embargo, el principio de laicidad, contenido en la primera enmienda a la Constitución federal, a priori impide la existencia de manifestaciones religiosas de esta naturaleza en determinados ámbitos. Las escuelas públicas, en cuanto instituciones dependientes del Estado, son uno de estos contextos en los que el Estado debe evitar la existencia de toda manifestación religiosa. Consecuentemente, una vez más las dos cláusulas contenidas en la primera enmienda entran en conflicto, por lo que resulta de especial relevancia conocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia. A este respecto, vamos a tomar como primer punto de referencia la sentencia Engel v. Vitale, decidida por el Tribunal Supremo federal en 1962151. El objeto del debate fue una oración que se realizaba en las escuelas públicas del distrito escolar de New Hyde Oark, en el Estado de New York, en presencia de un profesor y al principio de cada día escolar. La oración fue adoptada por el distrito escolar como consecuencia de la recomendación de la State Board of Regents, una agencia gubernamental crea-
151
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da por la Constitución del Estado de New York, con poderes legislativos en materia educativa152. La oración recomendada por la State Board of Regents se componía de un agradecimiento a Dios todopoderoso y de una petición de su bendición para los alumnos, sus padres y los profesores, sin realizar una referencia a una religión concreta. La práctica de la oración no era obligatoria, y los alumnos podían, bien recitarla, bien permanecer en silencio, o, previa petición, abandonar el aula temporalmente. Los padres de diez alumnos recurrieron ante el Tribunal Supremo la legalidad de dicha oración, por cuanto era contraria tanto a sus prácticas y creencias religiosas como a las de sus hijos153. El Tribunal Supremo estableció que la oración impugnada, si bien no atentaba contra la free exercise clause porque los alumnos eran libres para participar o no en la misma, era contraria a la establishment clause ya que este principio constitucional ordena la separación entre el Estado y la religión, y la invocación a Dios es indudablemente una actividad religiosa que, por lo tanto, no puede realizarse en las aulas de las escuelas públicas. Asimismo, en opinión del tribunal, cuando un Estado permite que se realice una oración religiosa en una de sus instituciones está introduciendo un elemento de división en la comunidad, ya que normalmente las oraciones no satisfacen a todos los grupos religiosos154. El juez Douglas expuso en su voto particular, favorable a la sentencia, que si se realizaba un cálculo económico del coste salarial de los profesores y el tiempo que duraba la oración el coste era mínimo, pero que el elemento determinante para considerar la práctica de la oración como inconstitucional era que con la misma el Estado estaba legitimando la prestación de un servicio religioso en una institución tutelada por los poderes públicos155. Por su parte, el juez Stewart, que votó en contra de la sentencia, manifestó en su voto particular que la oración no podía ser contraria a la establis152 153 154 155
370 U.S. 422-23. 370 U.S. 425. 370 U.S. 442. 370 U.S. 439.
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hment clause porque carecía de contenido religioso. En su opinión, es realmente difícil determinar cuando el Estado ha establecido una religión como oficial cuando la participación en la misma es voluntaria, toda vez que, en su opinión, impedir a los estudiantes practicar la oración en la escuela es negarles la oportunidad de compartir la herencia espiritual de su nación156. Tan sólo un año después, en la sentencia School District v. Schempp157, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse acerca de la constitucionalidad de que algunas escuelas públicas comenzasen cada día escolar con una lectura de la Biblia. La ley del Estado de Pennsylvania establecía la lectura obligatoria de al menos diez versos de la Christian Holy Bible sin comentarios. Los alumnos que así lo manifestasen podían ser excusados de la lectura o de su estancia en dicho acto158. Los demandantes eran miembros de la Iglesia unitaria, cuyo texto religioso de referencia es la Jewish Holy Scriptures que, a diferencia de la Christian Holy Bible, no contiene lecturas del Nuevo Testamento porque su lectura es ofensiva para la tradición judía. El Estado alegó en su defensa que la mayoría de los alumnos del Estado de Pennsylvania practicaban la lectura de la Christian Holy Bible159. Finalmente, el tribunal estableció que la ley era inconstitucional porque violaba el principio de neutralidad estatal, que exige al Estado que no prefiera una religión sobre otra y que no fomente un culto religioso, incluso aunque éste sea el que practique la mayoría160. El voto particular más interesante de la sentencia fue el del juez Brenann, según el cual “la establishment clause implica que el Estado no puede relacionarse con la religión en ninguno de estos tres supuestos: 156
370 U.S. 445-450. El juez Stewart citó a modo de ejemplo que en 1954 el Congreso federal añadió a la plegaria de lealtad a la bandera la frase “una nación debajo de Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos”, así mismo desde 1865 la moneda norteamericana lleva impreso el mensaje “confiamos en Dios”. 157 374 U.S.203 (1963). 158 374 U.S. 205. 159 374 U.S. 230. 160 374 U.S. 225.
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primero, cuando el único objetivo de la ley estatal sea promover las actividades religiosas de las confesiones; segundo, cuando los organismos dependientes del Estado sean utilizados para fines religiosos; y tercero, cuando el Estado utilice a las confesiones religiosas para conseguir objetivos estatales”161. Para Brenann, las prácticas demandadas convertían al Estado en el patrocinador de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, lo cual se agravaba por el hecho de que los beneficiarios de la ley fuesen niños fácilmente impresionables y adoctrinables que no estaban privados de libertad para practicar su religión, pues sólo acudían a la escuela cinco días por semana. Continuando con esta línea jurisprudencial, en 1985 el Tribunal Supremo estableció en la sentencia Wallace v. Jaffree162 los principios actuales que regulan la práctica de la oración en las escuelas públicas. En este supuesto se enjuiciaron tres leyes del Estado de Alabama: la ley nº 1978 que establecía la existencia de un minuto de silencio para meditación en las escuelas públicas; la ley nº 1981 que preveía un período de silencio para meditación u oración voluntaria; y la ley nº 1982 que autorizaba a los profesores a dirigir a los estudiantes que así lo deseasen en una plegaria dirigida a “Dios todopoderoso. El creador y juez supremo del mundo”163. El tribunal estimó que las leyes nº 1981 y nº 1982 eran contrarias a la primera enmienda a la constitución164, en base a los criterios descritos para la sentencia Engel v. Vitae165. Sin embargo, estableció que la ley nº 1978 era constitucional porque, a diferencia de la ley nº 1981, se aplicaba exclusivamente a los estudiantes de los grados primero a sexto mientras que la segunda era de aplicación a todos los grados; asimismo, la primera utilizaba el término podrán mientras que la segunda usaba el término deberán. Por su parte la ley nº 1978 hablaba exclusivamente de meditación mientras que la nº 1981 decía expresamente meditación u oración166. 161 162 163 164 165 166
374 U.S. 298-299. 472 U.S. 38 (1985). 472 U.S. 41. 472 U.S. 61. 472 U.S. 48. 472 U.S. 58-59.
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De acuerdo con el planteamiento del tribunal, el objetivo de las leyes nº 1981 y 1982 era devolver la oración religiosa a las aulas de las escuelas públicas y no proteger el derecho de los estudiantes a su libertad religiosa, ya que este derecho ya estaba protegido en la ley nº 1978. En consecuencia, el tribunal estimó que la promulgación de la ley nº 1981 no tenía un objetivo secular, ya que solo pretendía promover la práctica de la oración religiosa en las aulas de las públicas167. En su voto favorable a la sentencia, el juez Powell expuso que cuando el Estado establece un minuto de silencio no está ordenando la actividad que debe realizarse en el mismo, y por lo tanto no la está promocionando168. El estadio final en la evolución a la que ha sido sometida la práctica de la oración en las escuelas públicas cabe encontrarlo en el año 1985, cuando veinticinco Estados norteamericanos establecieron en sus ordenamientos que los estudiantes de las escuelas públicas tienen derecho a disfrutar de un minuto de silencio al inicio de sus clases para meditación, oración, o reflexión acerca de lo que va a ser ese día, e incluso algunos Estados han establecido expresamente que el minuto debe utilizarse para meditación en silencio169. Respecto a la constitucionalidad de las oraciones religiosas que se realizan en el marco de las actividades escolares no curriculares, en la sentencia que resolvió el caso Santa Fe Independent School v. Doe170 el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de una ora167
472 U.S. 60. 472 U.S. 63-79; Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). 169 Vid. Choper, J., Religion in the Public Schools: A proposed Constitutional Standard, en Minnesota Law Review, Vol. 47 (1963), p. 329. Dellinger, W., The Sound of Silence: An Epistle on prayer and the Constitution, en Yale Law Journal, Vol. 95 (1986), pp. 1631, 1634-1637. Stone, G., In Opposition to the School Prayer Amendment, en University of Chicago Law Review, Vol. 50 (1990), p. 823. Teitel, R., The Constitutionality of Equal Access Polices and Legislation Allowing Organized Student-Initiated Religious Activities in the Public High Schools: A Proposal for a Unitary First Amendment Forum Analysis, en Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 12 (1985), pp. 529 y ss. 170 530 U.S. 290 (2000). 168
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ción que se realizaba al inicio de los partidos de fútbol que se celebraban en las instalaciones deportivas de la escuela Santa Fe en horario extraescolar. La oración se realizaba de acuerdo con el siguiente procedimiento. En primer lugar, la escuela supervisaba que los estudiantes eligiesen a dos alumnos, para que estos decidiesen si debía llevarse a cabo la oración previamente a cada uno de los partidos de fútbol en los que participaba la escuela. Y en segundo lugar, en el supuesto de que la decisión de los alumnos fuera positiva, estos procedían a elegir a la persona encargada de pronunciar la misma. A priori, la oración no tenía por qué ser de carácter religioso, ya que su objetivo era contribuir a solemnizar el evento deportivo; sin embargo la regla general era que, por decisión de los alumnos, ésta contuviera referencias a la existencia divina y a la religión. Estos hechos fueron denunciados por un grupo de padres de los alumnos católicos y mormones del centro, al entender que la oración vulneraba la primera enmienda a la Constitución federal. En primera instancia, un Tribunal de Distrito estimó que era necesario diferenciar entre las actividades patrocinadas y fomentadas por el Estado de carácter religioso, las cuales vulneran la establishment clause, y las actividades realizadas por los individuos a título personal de carácter religioso que disfrutan de la protección de los derechos de libertad religiosa y de expresión; toda vez que para el Tribunal de Distrito la práctica de la oración enjuiciada en este caso era un ejemplo de la segunda actividad y consecuentemente constitucional. La sentencia fue recurrida ante el quinto Tribunal de circuito, el cual estimó que incluso en el supuesto de que la oración fuera neutral o careciese de ánimo proselitista suponía una vinculación excesiva entre los poderes públicos y la religión, y que por lo tanto la práctica de la oración vulneraba la establishment clause. El Tribunal Supremo dio la razón al Tribunal de circuito sobre la base del precedente establecido en la sentencia Lee v. Weisman171, donde el tribunal estableció que una oración celebrada por un rabino durante el acto de graduación en una escuela pública violaba la establishment clause ya que, pese 171
505 U.S. 577.
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a la madurez de sus receptores, implicaba que el Estado estaba promocionando las creencias religiosas. Como expuso el tribunal, la elección por parte de los estudiantes de la forma de ejercer derechos en el contexto escolar “está llamada a generar numerosos problemas constitucionales de difícil solución, especialmente cuando no existen mecanismos de salvaguarda de la libertad de las minorías, toda vez que el ejercicio de derechos y libertades fundamentales no puede ser sometido a votación”172. En palabras del juez Stevens, “el hecho de que la escuela participe indirectamente en la selección del orador implica que el Estado promueve y apoya los contenidos de su mensaje, y al ser éste de tipo religioso se vulnera la establishment clause”. Por lo que respecta a la free exercise clause, el Tribunal Supremo estimó que también se lesionaba en este supuesto pues, al igual que ocurría en el del acto de graduación enjuiciado en el asunto Lee en el cual la asistencia de los alumnos era obligatoria, en este caso existían determinados miembros de la comunidad escolar cuya libertad de conciencia podía verse lesionada como, por ejemplo, las animadoras, los jugadores o los miembros de la banda de música, que estaban obligados a asistir a los partidos, e incluso en algunos casos porque su participación se convalidaba por créditos escolares. Los jueces Rehnquist, Scalia y Thomas, votaron en contra de la sentencia, ya que en su opinión ésta suponía una interpretación extensiva de la establisment clause que podía calificarse de “hostil hacia cualquier tipo de manifestación religiosa en la vida pública”. Para los jueces aludidos, la práctica de la oración enjuiciada era coherente con el lemon test173, ya que la finalidad de la norma que permitía la práctica de la oración no era promover la religión, sino “solemnizar el evento deportivo para promocionar el juego limpio, y establecer el marco más adecuado para la competición”. Asimismo, eran los alumnos los que a título particular decidían democráticamente la forma de solemnizar el acto deportivo, con lo cual era la comunidad escolar y no la escuela la que decidía sobre la realización o no de la oración.
172 173
Vid. West Virginia v. Barnette 319 U.S. 624, 638 (1943). Lemon v Kurtzman 403 U.S. 602 (1971).
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2. Eඅ ർඈඇඍൾඇංൽඈ ൽൾ අൺ ൾൽඎർൺർංඬඇ La doctrina estadounidense ha venido estableciendo de forma prácticamente unánime que la primera enmienda a la Constitución federal exige no sólo que las escuelas públicas no oferten la asignatura de religión escolar en su currículo escolar, sino también que el currículo escolar esté libre de contenidos ideológicos o religiosos174. La primera demanda sobre la que tuvo que pronunciarse el Tribunal Supremo relativa al contenido de la enseñanza que se imparte en las escuelas públicas fue la que resolvió el asunto Epperson v. Arkansas175. El asunto planteado fue la constitucionalidad del anti-evolution statute adoptado por el Estado de Arkansas en 1928. Esta norma prohibía la enseñanza en las universidades y escuelas públicas del citado Estado de la teoría de que el ser humano es ascendiente o descendiente de animales de clase inferior; asimismo la norma prohibía que los centros públicos utilizasen los libros de texto en los que se explicase dicha teoría. A tales efectos, la norma establecía que aquellos profesores que impartiesen esta teoría en sus clases serían sancionados con el despido176. El tribunal estableció que el estatuto era contrario a la establishment clause, ya que, si bien en las escuelas públicas se pueden impartir asignaturas religiosas de carácter objetivo como el estudio de la Biblia desde un punto de vista literario o histórico, el Estado no puede promover en estos centros programas que sean favorables o contrarios a la religión. En palabras del tribunal, “esta prohibición es de carácter absoluto y no admite matizaciones en ningún supuesto” y, por lo tanto, el Estado no puede suprimir 174
Vid. Blinderman, C., Unnatural Selection: Creationism and Evolutionism, en Journal of Church and State, Vol. 24 (1982), p. 73. Carter, S., Evolutionism Creationism, and Treating Religion as a Hobby, en Duke Law Journal, Vol. 1987 (1987), pp. 977-994. Caudill, D., Law and Worldview: Problems in the Creation Science Controversy, en Journal of Law and Religion, Vol. 3 (1985), p. 5. Goldberg, S., The Constitutional Status of American Science, en University of Illinois Law Faculty, Vol. 1979 (1979), pp. 1-10. Note, Freedom of Religion and Science Instruction in Public Schools, en Yale Law Journal, Vol. 87 (1978), p. 515. 175 393 U.S. 97 (1968). 176 393 U.S. 98-99.
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de los planes académicos aquellas enseñanzas que sean contrarias a ciertas creencias religiosas177. Así las cosas, la ley del Estado de Arkansas fue declarada inconstitucional porque eligió y prohibió una de las teorías de la evolución del hombre por ser opuesta a determinadas creencias religiosas, en concreto a la interpretación del libro del Génesis. En 1986, en la sentencia que resolvió el asunto Edwards v. Aguillard178, el Tribunal Supremo se pronunció de nuevo sobre la constitucionalidad del contenido de la educación que se impartía en las escuelas públicas del Estado de Louisiana. En este supuesto se trató de un estatuto de dicho Estado, promulgado en 1982, y en virtud del cual se prohibía a los profesores de las escuelas públicas la enseñanza de la teoría de la evolución salvo que se acompañase de la instrucción en la teoría de la creación. Las escuelas públicas no estaban obligadas a impartir ninguna de las dos teorías, pero si impartían una estaban obligadas a impartir la otra. Tal y como establecía el estatuto “ambas teorías son las evidencias científicas de la creación o evolución del ser humano”179. El Estado de Lousiana alegó en su defensa que el fin de la norma era proteger la libertad académica, proporcionando a los alumnos la enseñanza de todas las evidencias posibles acerca de una asignatura. En el primer estudio del caso, el Tribunal de Distrito sentenció que la norma era contraria a la establishment clause, porque prohibía indirectamente la enseñanza de la teoría de la evolución por ser opuesta a determinadas doctrinas religiosas180. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal de Distrito y estableció que el objeto de la norma no era maximizar la comprensión y 177
393 U.S. 106. Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1986). 179 482 U.S. 585-86. 180 El Tribunal Supremo valoró los efectos incidentales e indirectos que pueden tener las normas estatales sobre la libertad religiosa, concibiéndola en el sentido amplio del término, pues de otra manera -utilizando el criterio de los ataques solapados y directos a la libertad religiosa- hubiese llegado a la conclusión de que la norma era acorde a la primera enmienda. 178
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los conocimientos de la asignatura, sino reestructurar el programa educativo para que fuese conforme con un punto de vista religioso particular, ya que la norma requería el destierro de la teoría de la evolución de la escuela pública o su presentación conjunta con un punto de vista religioso que rechazaría esta teoría181.
3. Sටආൻඈඅඈඌ උൾඅංංඈඌඈඌ Las instituciones públicas norteamericanas están inundadas de símbolos que reflejan la ideología e historia de su nación. De esta manera, basta con pasear por las calles de una ciudad cualquiera de este país para contemplar múltiples banderas federales o estatales, así como infinidad de símbolos que recuerdan la identidad del país. Las escuelas públicas no son ajenas a este fenómeno y, a diferencia de nuestras instituciones escolares, suelen mostrar símbolos que identifican la libertad o la ideología que guía la existencia de estas instituciones182. El principal debate de finales del siglo XX en el contexto de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en Estados Unidos, ha sido la posibilidad de que los espacios tutelados por los poderes públicos puedan exhibir símbolos religiosos. El Tribunal Supremo federal se ha pronunciado sobre esta temática utilizando dos criterios: por una parte, cuál es el grado de madurez del receptor del mensaje y, en consecuencia, en qué medida se lesiona sus libertades ideológica y religiosa; y por la otra, la
181
482 U.S. 597-609. Acerca de la relevancia que tienen los símbolos religiosos en cuanto manifestación de la libertad religiosa, Vid. Devins, N., Religious Symbols and the establishment clause, en Journal of Church and State, Vol. 27 (1985), pp. 19-46. Dolgin, J., Religious Symbols and the Establishment of a National Religion, en Mercer Law Review, Vol. 39 (1988), pp. 495516. Grabb, K., Religious Symbols, American Traditions and the Constitution, en Brigham Young University Law Review, Vol. 1984 (1984), pp. 509-563. Polo, J. R., Símbolos religiosos, escuela pública y neutralidad ideológica estatal: el caso del crucifijo, en Revista de Derecho Político, Vol. 85 (2012), pp. 273-292. 182
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diferenciación entre símbolos religiosos que tienen un fuerte componente cultural y los que son exclusivamente religiosos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de la constitucionalidad de la existencia de símbolos religiosos en espacios tutelados por los poderes públicos. En el asunto Thomas Van Order v Rick Perry183 el tribunal se pronunció sobre la posibilidad de que pudieran exhibirse símbolos religiosos en el capitolio del Estado de Texas. Los símbolos objeto de debate formaban parte de un mosaico compuesto por dos tablas pequeñas con los diez mandamientos, localizadas debajo de un águila que ondeaba la bandera estadounidense, y junto a una escultura que representaba un ojo dentro de una pirámide, debajo de las cuales había 2 estrellas de David y los símbolos religiosos griegos Chi y Rhi. Los símbolos estaban localizados en un monumento de granito de 6 pies de alto, en una zona de monumentos relacionados con la historia del Estado de Texas. El monumento con el mensaje religioso fue donado por la Orden Fraternal de las Águilas, una asociación privada de carácter cívico, y llevaba expuesto desde 1961 sin que se produjese conflicto alguno. El Tribunal Supremo estableció que la presencia del monumento no vulneraba la laicidad del Estado, ya que los símbolos descritos servían para reconocer el esfuerzo de la Orden Fraternal de las Águilas en la erradicación de la violencia juvenil. Según el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Supremo, el monumento era un ejemplo de cómo es factible reconciliar el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas con la herencia cultural e histórica de la nación estadounidense. Entre los ejemplos a los que recurrió el tribunal para justificar su decisión, así como para explicar cuándo es factible armonizar la presencia de símbolos religiosos con el principio de laicidad, destacan dos: en primer lugar, la existencia de un fresco en la sede del Tribunal Supremo federal, donde aparece pintado Moisés con las tablas de los diez mandamientos escritas en hebreo, y que se localiza en el pórtico Este de la sede del tribunal; y en segundo lugar, las representaciones de los diez mandamientos que adornan las puertas metálicas Norte y Sur de la sede judicial federal. 183
Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677 (2005).
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En la sentencia que resolvió el caso McCreary County, Kentucky v American Civil Liberties Union of Kentucky184, el Tribunal Supremo federal se pronunció sobre la constitucionalidad de que los juzgados de dos condados del Estado de Kentucky pudieran exhibir unas copias en marcos dorados de las tablas con los diez mandamientos con el subtítulo “el legado cristiano de Estados Unidos”. Los condados aludidos justificaron su decisión en las influencias del decálogo en la legislación penal del Estado de Kentucky; y para reforzar su carácter cultural e histórico ordenaron la inclusión en los postes de ocho pequeños documentos con referencias religiosas a la historia de Estados Unidos como, por ejemplo, “la declaración de independencia otorgada por el Creador”. La principal diferencia entre este supuesto y el del Estado de Texas residió en el carácter histórico y cultural de los símbolos religiosos. En Texas los símbolos habían sido donados muchos años antes -concretamente en 1961- de que se produjese el litigio, pero en este caso el debate se centró en la posibilidad de colocar las tablas con los diez mandamientos en un lugar donde antes no estaban; es decir, el debate no se centró en el carácter histórico del símbolo, sino en si éste podía localizarse ex novo en un centro de titularidad estatal dado su marcado carácter religioso. El Tribunal Supremo federal entendió que la exhibición de los símbolos religiosos mencionados vulneraba el principio de laicidad porque su objetivo era la promoción de la religión, e indirectamente se presentaba dicho mensaje con una conexión artificial y carente de sentido con la historia estadounidense. Para el tribunal, los símbolos religiosos no pierden su naturaleza por el hecho de su inclusión en un contexto histórico o, como ocurre en este caso, intentado subsumir el símbolo religioso en un contexto secular. En resumen, el tribunal interpretó que se trataba de un grupo de documentos, algunos históricos y otros religiosos, sin conexión entre ellos y sin un claro carácter histórico o cultural, por lo que decidió que su exhibición vulneraba la primera enmienda a la Constitución federal.
184
McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844 (2005).
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Respecto a la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas, en la sentencia que resolvió el caso Stone v. Grahan185 el Tribunal Supremo federal consideró la constitucionalidad de una ley del Estado de Kentucky, que permitía la existencia de un poste con los diez mandamientos adquirido con contribuciones privadas en las aulas de las escuelas públicas. El fin de la norma impugnada era inculcar valores morales en dichas escuelas, ya que los diez mandamientos constituyen la base de los códigos de conducta legales vigentes en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo del Estado de Kentucky, ratificando la sentencia de un tribunal inferior, sostuvo que el poste no era contrario a la establishment clause, pues: su fin era secular, no fomentaba ni restringía la práctica de la religión, y no suponía una intrusión estatal excesiva en materias religiosas186. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal desestimó ambas sentencias, al entender que la norma que ordenaba la presencia del poste mencionado no era ideológica o religiosamente neutral, ya que los diez mandamientos tienen un doble significado: una primera parte tiene un claro contenido secular al prohibir matar, el falso testimonio o el adulterio; pero otra parte de los mandamientos tienen un fuerte y exclusivo contenido religioso, por ejemplo, cuando se prohíbe la idolatría o usar el nombre de Dios en vano. Por otra parte, el decálogo es innegablemente un texto de naturaleza religiosa para las religiones cristiana y judía, y su exposición pública podría implicar que los estudiantes los leyesen, meditasen y los obedeciesen187. La posición minoritaria del tribunal estuvo representada por el juez Rehnquist, para quien el objetivo de la norma era secular, ya que objetivamente los diez mandamientos constituyen la base de los códigos legales vigentes en la actualidad, y la establishment clause no requiere que el Estado se aísle totalmente de las manifestaciones que tengan origen religioso. En su opinión, la norma impugnada mostraba a los estudiantes exclusivamente la faceta secular que tienen los diez mandamientos188. 185 186 187 188
449 U.S. 39 (1980). 449 U.S. 40. 449 U.S. 42. 449 U.S. 46.
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La disyuntiva con la que se enfrentó el tribunal fue si la faceta religiosa del poste de los diez mandamientos era tan relevante como para anular la secular, y por lo tanto que su exposición en las escuelas públicas implicase que el Estado está fomentando la religión. La respuesta fue taxativa, la establishment clause significa que el Estado no puede permitir ninguna manifestación religiosa, ya sea específica o de carácter general, en las escuelas públicas.
4. Lඈඌ උඎඉඈඌ ൽൾ ൽൾൻൺඍൾ උൾඅංංඈඌඈඌ En 1984 el Congreso norteamericano promulgó el Equal Access Act, con el objeto de que las escuelas secundarias con una política de foros abiertos no discriminasen a los estudiantes que participasen en dichos foros por motivos religiosos, políticos o filosóficos. El Acta también prohibió que los monitores escolares participasen en este tipo de actividades, que las escuelas las patrocinasen y que personas ajenas a la escuela participasen o dirigieran los foros escolares189. 189 Acerca de la interpretación que ha hecho la doctrina del Equal Access Act, es necesario destacar que para algunos autores, como Stone y Smith, la promulgación del Equal Acces Act se configura como una manifestación de la establishment clause, y no como argumentan otros de la libertad de asociación y expresión, ya que la free exercise clause protege al individuo concreto. La establishment clause, en cambio, impide que la religión como un todo sea objeto de la discriminación estatal. Vid. Smith, R., Now is the Time for Reflection: Wallace v. Jaffrey and its legislative Aftermath, en Alabama Law Review, Vol. 37 (1986), pp. 345-388.Stone, G., The Equal Access Act Controversy: The Religion Clauses and the Meaning of Neutrality, en Northwestern University Law Review, Vol. 81 (1986), pp. 168-172. Sin embargo, para otros autores, como Teitel, la existencia de foros de debate religiosos en las escuelas públicas vulnera la establishment clause, porque el Estado está financiando indirectamente a los grupos religiosos: no pagan el alquiler de un local, disfrutan de calefacción, y se ahorran los demás costes implícitos a la obtención de un lugar de reunión; por lo que vulneraría la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en el lemon test. Vid. Teitel, R., The Constitutionality of Equal Access Polices and Legislation Allowing Organized Student-Initiated Religious Activities in the Public High Schools: A Proposal for a Unitary First Amendment Forum Analysis, en Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 12 (1985), pp. 529-572.
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En 1990, la judicatura federal estableció en Board of Education of Westside Community Schools v. Mergens190 las líneas que deben guiar la existencia de tales grupos. El contexto en que se centró la sentencia fue una escuela pública de secundaria de la ciudad de Omaha, en el Estado de Nebraska. Los estudiantes del centro podían crear grupos de debate y acudir a los mismos después de su horario escolar y de acuerdo con las normas que a tales efectos creó la escuela. La School Board Policy estableció que los grupos de debate podrían ser patrocinados por cualquier tipo de organización que no fuese política, religiosa u otra que discriminase por motivo de sexo, religión, raza, credo o convicciones políticas. En base a estos hechos, un alumno solicitó a la escuela su autorización para crear un grupo de carácter religioso cristiano, con el fin de que sus miembros leyesen y discutiesen acerca de la Biblia y practicasen la oración juntos. Sin embargo, la escuela desestimó la solicitud por motivo de su patrocinador, aludiendo además una posible vulneración de la establishment clause191. El tribunal estableció que las escuelas públicas no pueden inculcar entre sus objetivos educativos los religiosos. El objetivo de los grupos de debate es mejorar la formación de los alumnos para que puedan enfrentarse a la sociedad con una mayor preparación, pero la entrada de grupos religiosos en este contexto sería peligrosa ya que la sociedad podría interpretar que la escuela pública está interesada en inculcar valores religiosos a sus alumnos. A partir de estas premisas, el tribunal estableció los criterios que deben guiar la presencia de los grupos de debate religiosos en las escuelas públicas: en primer lugar, la creación de un grupo de debate religioso en una escuela en la que ya existen numerosos grupos ideológicos no viola la establishment clause, por cuanto el riesgo de que los estudiantes atribuyan erróneamente el enfoque religioso al ideario de la escuela es mínimo; en segundo lugar, la promoción de grupos de debate religiosos en las escuelas
190 191
101 S. Ct. 2356 (1990). 101 S. Ct. 2362.
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públicas que carecen de foros de debate, o cuando estos están estrechamente vinculados a la imagen educativa del centro vulnera la neutralidad estatal en materia educativa. En el supuesto a debate, la solicitud de un grupo religioso era única, y no existía ningún grupo de debate ideológico en la escuela, por lo que su aprobación supondría que los poderes públicos promoviesen una religión. Por este motivo, el tribunal denegó la solicitud del grupo religioso192. En otras palabras, la lectura conjunta de la primera enmienda y el Equal Access Act supone que, si bien la existencia de grupos religiosos e ideológicos en las escuelas públicas es coherente con el marco constitucional, esta regulación no es aplicable a todas las escuelas, sino sólo a aquellas con una política de foros abierta e independiente de la imagen institucional del centro educativo. Los jueces Marshall y Brennan expusieron que el principal problema residía en que los grupos de debate de la escuela eran promovidos de forma integral a su labor educativa, y con carácter institucional mediante anuncios en el periódico escolar y publicidad en determinados lugares de la escuela como los tablones públicos. En consecuencia, la existencia de grupos de debate religiosos provocaría que la escuela promoviese la religión, toda vez que la escuela carecía de grupos ideológicos, y el programa, pese a ser una actividad extra académica, estaba integrado en la misión educativa de la escuela193. Ahora bien, aunque ésta fue la posición mayoritaria de los jueces, es posible distinguir dos posturas adicionales. La primera, representada por los jueces Kennedy y Scalia, fue partidaria del resultado de la sentencia, pero no así de la argumentación de la que fue consecuencia. En su opinión, el debate no debía centrarse en una posible discriminación por motivos religiosos, sino en la imposibilidad de que existan foros religiosos en las escuelas públicas194. El objeto de los foros de 192
101 S. Ct. 2380. 101 S. Ct. 2381. 194 101 S. Ct. 2363. Para este sector de los jueces, el tribunal debería haber utilizado el precedente de la sentencia Widmar v. Vincent (454 U.S. 263), donde el Tribunal Supremo 193
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debate en la educación obligatoria es crear un mecanismo de definición y transmisión de valores fundamentales, mientras que en el contexto universitario es la promoción de los derechos de libertad de asociación y expresión de sus estudiantes. Así las cosas, el tribunal debería haber valorado el objetivo que los centros educativos pretenden promover con sus foros, y en base a este argumento excluir los foros religiosos195. La segunda posición, representada por el voto contrario del juez Stevens, sostuvo que el fin del Equal Access Act era garantizar a los grupos religiosos el acceso a los foros educativos y, a tenor de la norma, es indiferente el carácter religioso del grupo y el hecho de que se cree un foro de debate limitado, pues la norma habilita esta posibilidad. Por lo tanto, debe ser la discrecionalidad de cada centro educativo la que decida la inclusión o no de los grupos religiosos. De esta manera, lo que habría que plantearse es cuándo la norma en sí vulnera la establishment clause, incluso pese a que incluya los foros de debate entre las actividades extracurriculares del centro y las prive de todo carácter institucional, ya que “la educación pública simboliza la democracia de nuestro país... y la labor más importante que puede realizar el Estado en este terreno es salvaguardarla de toda fuente de discordia”196. En esta línea, en la sentencia que resolvió el caso Lamb´s Chapel v. Center Moriches Union Free School District197, un grupo religioso evangélico denunció que la ley del Estado de New York vulneraba su derecho a las libertades religiosa y de expresión, ya que no le permitía exhibir una serie de 6 documentales sobre los valores familiares religiosos durante el horario extraescolar. La ley de New York autorizaba a las local School boards estableció que los alumnos de las escuelas, a diferencia de los de las Universidades, carecen de la suficiente madurez intelectual para integrarse en estos grupos de manera aislada a la labor de adoctrinamiento que la existencia de estos grupos implica. En Widmar, la Universidad de Missouri dejó claro que no identificaba su nombre con ninguno de sus grupos de estudiantes, pero en este supuesto la escuela promovía a todos sus grupos de debate en cuanto faceta fundamental de la educación y el desarrollo intelectual de sus estudiantes. 195 101 S. Ct. 2376-2383. 196 101 S. Ct. 2383-2393. 197 113 S.Ct. 2141 (1993).
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para que decidieran en su ámbito geográfico qué actividades extraescolares podían desarrollar las escuelas, prohibiendo expresamente que dichas actividades pudieran ser de carácter religioso. El Tribunal Supremo expuso que cuando las escuelas crean un foro de reunión restringido, éstas deben ser neutrales en las restricciones de acceso. No se trata de que el acceso de los grupos religiosos se rija por el principio de igualdad y no discriminación entre ellos, sino que se sometan al mismo régimen que el resto de los grupos ideológicos. La sentencia Lamb´s Chapel, de una parte, ratificó la jurisprudencia que el tribunal estableció en la sentencia Mergens, y de otra, es fiel continuadora de la posición del Tribunal Supremo respecto a la existencia de manifestaciones religiosas en las escuelas públicas, que sólo serán factibles cuando no se identifiquen con la función educativa del centro y existan otros grupos de reunión ideológicos. En la sentencia que resolvió el caso Good News Club v Milford central School198, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad del reglamento de funcionamiento interno de la escuela pública Milford Central. Dicha norma permitía que las aulas de la escuela pudieran ser utilizadas en horario extraescolar para actividades de reunión o debate, ya fueran relacionadas con la actividad escolar o de otro tipo, pero prohibía expresamente su uso para fines religiosos. La dirección del centro justificó su política en su interés por evitar que sus medios materiales pudieran ser utilizados para la transmisión de creencias e ideas religiosas, así como en su intención de que un foro dedicado a la expresión libre de ideas no se transformase en un contexto de proselitismo y apología religiosa o ideológica. El grupo religioso Good News solicitó a la escuela el uso de sus aulas en horario extraescolar para realizar actividades de debate sobre temas religiosos, así como para “cantar himnos, escuchar lecciones bíblicas, memorizar las escrituras y practicar la oración”. La escuela denegó la solicitud del grupo religioso, ya que las actividades que éste pretendía realizar vul198
533 U.S. 98 (2001).
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neraban la política de la escuela. Lo debatido en este supuesto fue en qué medida una escuela que excluye a todos los grupos religiosos, y por lo tanto no discrimina entre estos, está obligada en el supuesto de que adopte una política de puertas abiertas en sus foros de debate extraescolares, a permitir el acceso a los mismos a los grupos religiosos, sin que eso implique una vulneración del principio de laicidad inherente a la establishment clause. Los tribunales que se pronunciaron sobre este asunto antes que el Tribunal Supremo, entendieron que la política de la escuela era constitucional y que el grupo religioso no había sido discriminado, ya que la prohibición afectaba a todos los grupos religiosos. Sin embargo, el Tribunal Supremo dio la razón al grupo religioso Good News, ya que los tribunales que enjuiciaron el asunto previamente no tuvieron en cuenta el precedente Lamb´s Chapel v Center Moriches Union Free School199. Asimismo, el Tribunal Supremo estimó que la participación del grupo religioso en los foros extraescolares no vulneraba la establishment clause porque: por una parte, la asistencia era de carácter voluntario, sin que la escuela valorase, ni positiva ni negativamente, dicha asistencia; por el otro, la actividad se realizaba de forma claramente diferenciada de las actividades escolares, sin transmitir la idea de una vinculación de los fines de la escuela con la ideología del grupo religioso; y por último, porque en este caso concreto “la exclusión de los grupos religiosos de los foros de debate transmitiría a los alumnos y a sus padres la idea de que el Estado es hostil hacia lo religioso, o de que el Estado considera que sus ideas son peligrosas para la sociedad, lo que en cierta manera puede ser más peligroso que la transmisión errónea de la idea de que la escuela apoya dichas ideas”. Los jueces Souter y Ginsburg firmaron un voto particular contrario a la sentencia, ya que en su opinión el sector mayoritario no valoró adecuadamente el hecho de que las intenciones del grupo religioso fueran de carácter proselitista y adoctrinador. En el proceso quedó probado que las actividades realizadas por Good News consistían en: “adoctrinar a los niños de corta edad para que estos fueran conscientes de sus pecados, a través de juegos y canciones, que eran repetidos continuamente durante 199
508 U.S. 395.
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las reuniones, con el objeto de que pudieran redimirse y salvarse”. En otras palabras, la finalidad de las reuniones no era discutir de forma objetiva y aséptica sobre la religión, sino convertir el foro de debate organizado en una escuela pública en un contexto de adoctrinamiento religioso. Asimismo, para Souter y Ginsburg la relación entre la escuela y el grupo religioso era excesiva, lo que se apreciaba en el hecho de que los miembros del grupo religioso esperasen en la puerta de las aulas dedicadas a las reuniones, las que estaban localizadas junto a las aulas de los alumnos más jóvenes, para que una vez finalizadas sus clases regulares estos entrasen en sus aulas. El juez Stevens también votó en contra de la sentencia pues, en su opinión, si bien las escuelas públicas no pueden censurar las creencias que expresen en sus foros de debate extraescolares los participantes del mismo, están obligadas como consecuencia de la establishment clause a controlar que el uso de sus medios materiales sea coherente con el marco constitucional200. En este contexto deben encuadrarse las actividades extracurriculares de las escuelas públicas, las cuales según la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en la sentencia Widmar “forman parte de la misión pedagógica de la escuela, con lo cual las escuelas deben determinar cuál debe ser su finalidad”201. Para Stevens el marco de referencia para resolver supuestos como el presente debe ser la diferencia entre el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los partidos políticos y las organizaciones religiosas y sus actividades proselitistas, pues “una cosa es que las escuelas permitan que el partido republicano o el Ku Klux Klan participen en sus actividades extraescolares para debatir sobre una materia desde una perspectiva ideológica concreta, y otra bien diferente, y prohibida por la primera enmienda, es que dichos grupos utilicen a la escuela pública para ganar adeptos, o que la escuela pública se ponga al servicio del proselitismo de dichas ideologías”202. 200
Vid. Greer v Spock 424 U.S. 836 (1976), Board of Ed. v Mergens 496 U.S. 226, 275 (1990). 201 Widmar v Vincent 454 U.S. 278. 202 Vid. Lehman v Shaker Heights 418 U.S. 298 (1974), donde el Tribunal Supremo prohibió la existencia de publicidad política en los medios de transporte público.
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Después de analizar la jurisprudencia al respecto, y a modo de conclusión, se puede decir que las escuelas públicas, en virtud de la establishment clause, deben permanecer ajenas a cualquier intrusismo religioso en sus aulas. La única excepción al respecto, y como consecuencia de la free exercise clause, la constituye la permisión de la oración religiosa al principio de cada día académico, pero ésta debe realizarse libremente y en silencio. Respecto al contenido de la educación que deben impartir las escuelas públicas, ésta debe ser secular, lo que no significa que no puedan impartirse en sus aulas asignaturas de contenido religioso que se argumenten en datos objetivos como la historia o la geografía. Por su parte, la existencia de grupos de debate de carácter religioso depende de que paralelamente existan otros grupos de carácter secular y de que estos grupos se organicen en el marco de las actividades extra académicas de la escuela. La neutralidad estatal en materia religiosa ha sido interpretada en el terreno educativo de manera que la establishment clause predomina sobre la libertad religiosa. Las escuelas sólo pueden abrir sus puertas a las manifestaciones religiosas en el contexto de los grupos de debate, pero no como una manifestación de la libertad religiosa de sus estudiantes, sino por imperativo del principio de igualdad de trato entre ideología secular y religiosa, y siempre que la segunda no domine o impere en los foros escolares.
5. Lൺ ൾඇඌൾඪൺඇඓൺ ൽൾ අൺ උൾඅංංඬඇ La principal diferencia entre las escuelas públicas y privadas en el ordenamiento jurídico estadounidense reside en que, mientras que las escuelas privadas, por el propio motivo que origina su existencia, son libres para impartir enseñanza de la religión, en las escuelas públicas esta posibilidad entra en conflicto con el principio de laicidad, contenido en la primera enmienda a la Constitución federal estadounidense. La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció acerca de la constitucionalidad de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas fue en Illinois ex rel McCollum v. Board of Education203. El programa recurrido era 203
Illinois ex rel McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 207-209 (1948).
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gestionado por una asociación formada por las religiones católica, judía y protestante, y consistía en la enseñanza de la asignatura de religión a aquellos alumnos cuyos padres así lo solicitasen a la escuela. La instrucción se impartía en los lugares habilitados para tal labor en los edificios de la escuela pública, los instructores no percibían ninguna contraprestación de la escuela, y los estudiantes que no quisieran asistir a las clases de religión acudían a otro lugar en el edificio y dedicaban este tiempo a sus estudios seculares204. Los hijos de Mrs. McCollum asistían a una escuela pública, y ésta denunció el programa de enseñanza de la religión mencionado porque, en su opinión, suponía el uso de recursos públicos para fines contrarios a la Constitución del Estado de Illinois, a la vez que fomentaba la segregación de los alumnos por motivos religiosos. La demanda fue desestimada por un Tribunal de circuito y, en apelación, por el Tribunal Supremo del Estado de Illinois. Ambos tribunales fundamentaron su decisión en que las clases de religión se prestaban de manera voluntaria y no estaban integradas en el programa educativo de la escuela; asimismo, el programa de enseñanza de la religión no generaba coste alguno para la escuela ya que el programa se financiaba por las confesiones religiosas participantes. Un segundo argumento a favor de este modelo de enseñanza de la religión fue el precedente Latimer, según el cual “el Estado no puede reconocer ninguna religión o suscribir ningún ideal religioso, pero tampoco puede denegar la existencia de la motivación religiosa pues estaría negando la inspiración y autoridad de la misma Constitución”205. Finalmente, Mrs. McCollum apeló al Tribunal Supremo federal, el cual anuló las sentencias de los tribunales inferiores al entender que eran 204
333 U.S. 225-227. El programa, denominado de released time, requería que los padres de los alumnos rellenasen unas tarjetas en las que hiciesen constar las creencias religiosas de sus hijos y si deseaban que obtuviesen clases de religión, la cual era entregada al profesor de su hijo. En el caso de que los padres no mostrasen preferencia alguna, o si por motivos diferentes el niño no se inscribiese en las clases de religión, éste asistía a las clases regulares de la escuela. 205 People ex rel. McCollum v. Board of Education, 396 Ill. 14, 71 N.E. 2d 161 (1947). People ex rel Latimer v. Board of Education, 349 Ill. 228, 68 N.E. 2d 305 (1946), 167 A.L.R. 1467.
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contrarias a la primera enmienda a la Constitución federal. El tribunal fundamentó su decisión en cuatro argumentos: primero, el programa utilizaba propiedades públicas para la instrucción religiosa; segundo, generaba una cooperación excesiva entre las autoridades estatales y religiosas; tercero, con este programa las escuelas podrían inundarse de publicaciones y profesores de religión; y cuarto, suponía que los alumnos fuesen clasificados y distribuidos en función de sus creencias religiosas. Todo ello propiciaría, en palabras del tribunal, que el sistema de educación pública tal y como fue concebido -inspirado en el concepto de separación entre el Estado y las confesiones religiosas- desapareciese206. El voto mayoritario, redactado por el juez Black, expuso que el programa era contrario a la primera enmienda porque el Estado permitía a las confesiones religiosas utilizar edificios públicos para enseñar sus doctrinas, lo cual suponía una ayuda económica indirecta al ceder a las confesiones religiosas la estructura organizativa y administrativa estatal, y directa pues suponía el uso gratuito de locales públicos207. El juez Frankfurter, favorable a la sentencia y secundado por los jueces Jackson, Rutledge y Burton, manifestó que el tribunal no se oponía a la existencia de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, pero que el modelo sujeto a examen era inconstitucional ya que suponía el uso de recursos públicos para promocionar la religión208. El juez Reed votó en contra de la sentencia y se decantó a favor de una interpretación más flexible de la establihsment clause, que permitiese una mayor cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Para Reed, en la sociedad estadounidense existen numerosas reminiscencias históricas de carácter religioso cuya constitucionalidad, precisamente amparada en 206
El voto mayoritario utilizó la analogía del muro de separación de Jefferson al que calificó como the great American principle of eternal separation, en el sentido de que “el muro de separación implica justo eso: un muro, y no una delgada línea que pueda ser fácilmente traspasada” (333 U.S. 231). En este sentido Vid. Martínez-Torrón, J., Separatismo y cooperación en la experiencia jurídica norteamericana, en Los acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas minoritarias, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 105-130. 207 333 U.S. 211, 212. 208 333 U.S. 231.
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su carácter histórico, ha sido sostenida por el propio tribunal. En concreto, para este magistrado la colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas objeto de estudio era la misma que la situación de los capellanes que el Congreso norteamericano tiene en cada una de sus cámaras o la figura del capellán castrense en las fuerzas armadas; y citó como ejemplo a la academia militar de West Point, donde los servicios religiosos protestantes se realizan en la capilla de los cadetes; los servicios católicos en la capilla católica, y los servicios judíos en la antigua capilla de los cadetes209. Pocos años más tarde se planteó de nuevo ante el Tribunal Supremo, en Zorach v. Clausen, la constitucionalidad de un programa de enseñanza de la religión. El supuesto de hecho se centró en la ley que regulaba la educación pública en el Estado de New York210, la cual permitía que los estudiantes fuesen liberados de sus obligaciones académicas durante el horario escolar, previa petición escrita de sus padres, para que acudiesen a determinados centros religiosos para recibir instrucción religiosa. Los estudiantes que no quisieran participar en el programa permanecían en su aula211. Lo recurrido en este caso fue la constitucionalidad de: la cooperación entre las autoridades escolares y las religiosas que exigía el programa; la coacción que podía tener la norma impugnada sobre la libertad religiosa de los alumnos; y la repercusión que podía tener el programa en la segregación religiosa de la comunidad escolar212. A diferencia del caso McCollum, en este supuesto la enseñanza de la religión no se realizaba en las escuelas públicas sino en los centros que a tales efectos proveían las confesiones, y la estructura administrativa de las escuelas no participaba en el programa ya que las propias confesiones en209
333 U.S. 255-56. New York Education Law & 3210. 211 Zorach v. Clausen, 90 N.Y. Supp. 2d 750 (Sup. Ct. 1949). El programa se denominó de dimised time. 212 El Estado de New York, fiel observador de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, parece adaptar su programa de enseñanza de la religión a la sentencia McCollum, o por lo menos sus disposiciones rozan el paralelismo con los fundamentos que alegó el Tribunal Supremo para declarar inconstitucional dicho programa. 210
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tregaban semanalmente a la escuela una lista de los asistentes a sus clases. Lo único que hacía la escuela era excusar la asistencia de sus alumnos en una determinada franja horaria de las actividades escolares213. El tribunal expuso, citando el voto del juez Frankfurter en el asunto McCollum214, que la Constitución no demanda que cada uno de los gestos de cooperación que el Estado realice hacia las confesiones religiosas deba ser declarado inconstitucional. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en escuelas privadas, y en el supuesto de que deseen que sus hijos abandonen la escuela un día a la semana para acudir a las clases de religión, la escuela debe acceder a su petición. El elemento determinante para el tribunal fue que los alumnos abandonasen la escuela, de forma que la enseñanza religiosa no se impartiera en la misma215. Respecto a la posible coacción que los profesores podrían ejercitar sobre la libertad religiosa de sus alumnos, el tribunal estimó que estos actos son sancionables, pero no por ello el programa era inconstitucional216. El juez Douglas, representando el voto mayoritario, expuso que “la primera enmienda a la Constitución no impone una separación entre el Estado y las confesiones religiosas en todos los terrenos como, por ejemplo, en el terreno fiscal o en el de seguridad policial y de incendios. La actividad judicial comienza con el suplicatorio Dios salve a los Estados Unidos y a este honorable tribunal, nuestra nación está llena de gente religiosa que cree en la existencia de un ser superior, pero también somos un pueblo tolerante para con la religiosidad de los demás. El gobierno no puede mostrar su parcialidad hacia una confesión particular. Pero cuando 213
333 U.S. 222-23. El término released time tiene su origen en la exposición de George U. Wenner, el cual tomando como ejemplo a la tercera república francesa, expuso en la Interfaith Conference on Federation Help en New York que los niños, previa solicitud de sus padres podían abandonar las escuelas públicas para ser instruidos en su religión, mientras que el resto de los niños continuarían en clase. 214 333 U.S. 231. 215 343 U.S. 320-21. 216 343 U.S. 306 (1952).
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el Estado permite una instrucción religiosa como la del presente caso está permitiendo que continúe una tradición histórica”217. Por su parte, el juez Jackson, que votó en contra de la sentencia, se mostró partidario de un programa de enseñanza de la religión impartido fuera del horario escolar, pues, de otra manera, la escuela se convierte en la cárcel temporal de aquellos niños que no quieran asistir a las clases de religión. Por este motivo, para Jackson el programa enjuiciado prefería a los creyentes (que asistían a las clases de su religión) sobre los no creyentes (que permanecían encerrados en el aula durante un período de tiempo)218. El juez Frankfurter, que secundó el voto del juez Jackson, expuso en su voto particular la necesidad de crear una alternativa a la asistencia a las clases seculares de las que se libraban los alumnos que acudían a las clases de religión (un claro incentivo para asistir a éstas), y se decantó a favor de las clases de ética o de música como posibles alternativas; aunque en su opinión sólo son un mal menor, ya que la escuela sigue cooperando con las confesiones al proveerles de su estructura organizativa, y por lo tanto vulnerando la establisment clause219. Asimismo, para Frankfurter el programa de enseñanza de la religión coaccionaba a los alumnos para que asistieran a las clases de religión. En resumen, la principal diferencia entre las sentencias de los casos sentencia Zorach220 y McCollum221 fue el uso o no de los edificios públicos por parte de las confesiones religiosas para impartir enseñanza de la religión. En otras palabras, la determinación de la constitucionalidad de un
217 El elemento clave es que la institución no promueve, cuando menos directamente, la enseñanza de la religión, pues de otra manera podría interpretarse que es la escuela pública, institucionalmente, la que está fomentando las clases de religión. Todo ello debe realizarse conjuntamente con el libre acceso a la instrucción religiosa, es decir los alumnos no pueden ser coaccionados en ningún momento por su acceso o abstención a las clases de religión (343 U.S. 312). 218 343 U.S. 324-25. 219 343 U.S. 321-323. 220 343 U.S. 316-320. 221 333 U.S. 256.
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modelo u otro de enseñanza de la religión se realizó valorando la percepción o no de ayuda estatal por parte las confesiones religiosas222. La última decisión relevante en este contexto fue la que resolvió el asunto Board of Education of Westside Community Schools v. Mergens223, donde se establecieron las líneas básicas que deben guiar la existencia de grupos de reunión religiosos en las escuelas públicas, de acuerdo con los siguientes parámetros: los alumnos deben acudir a los mismos después de su horario escolar, su existencia debe estar condicionada a que también haya grupos de reunión seculares y la escuela no puede promover su existencia, simplemente puede poner el local a disposición de los alumnos. Así las cosas, el proceso evolutivo del modelo de enseñanza de la religión en las escuelas públicas, aplicadas las conclusiones de la sentencia Mergens, curiosamente sería el que describen los votos particulares de la posición minoritaria de la sentencia Zorach, en concreto los de los jueces Jackson y Frankfurter: se realizaría fuera del horario escolar (evitando la relación organizativa entre la actividad educativa de la escuela y las confesiones, tal y como expuso Jackson), y permitiendo a los alumnos que no asistan a las clases de religión que realicen actividades seculares diferentes de las escolares (desapareciendo la discriminación y coacción indirecta aludida por Frankfurter).
6. Lൺ ඈൻඃൾർංඬඇ ൽൾ ർඈඇർංൾඇർංൺ ൺ අൺ ൾඌർඈඅൺඋංඓൺർංඬඇ ඈൻඅංൺඍඈඋංൺ ඉඈඋ ආඈඍංඏඈඌ උൾඅංංඈඌඈඌ La mayoría de los Estados modernos han promulgado normas que ordenan la escolarización obligatoria de sus ciudadanos a partir de una determinada edad y hasta un grado educativo, debido a la importancia que tiene que sus ciudadanos posean el mayor grado posible de conocimientos para integrarse y desarrollarse plenamente en la sociedad. Los Estados Unidos no son una
222 223
343 U.S. 316. 101 S. Ct. 2356 (1990), 8th Cir.
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excepción a este fenómeno y, pese a que su Constitución federal no contiene ninguna referencia expresa al derecho a la educación, su Tribunal Supremo otorga a este derecho el rango de derecho constitucionalmente protegido y los Estados miembros han creado normas de desarrollo tendentes a asegurar la educación básica de sus ciudadanos. A continuación explicaremos como ha resuelto el ordenamiento jurídico estadounidense aquellos supuestos en los que el interés estatal en que sus ciudadanos obtengan un nivel educativo mínimo colisiona con el derecho de libertad religiosa. El Tribunal Supremo federal se pronunció sobre este particular con ocasión del asunto Wisconsin v. Yoder224. El tribunal decidió sobre la constitucionalidad, al amparo de la free exercise clause, de que Jonas Yoder y Wallace Miller, miembros de la Old Order Amish, se negasen a la escolarización de su hijo después de los 14 años (el octavo grado escolar) violando la ley del Estado de Wisconsin, que establecía la escolarización obligatoria hasta los 16 años225. El tribunal diseñó un triple test para decidir si la legislación del Estado de Wisconsin vulneraba el derecho a la libertad religiosa de los demandantes: en primer lugar, el Estado debe interferir en una creencia religiosa legítima, sincera y veraz; en segundo lugar, el derecho a la libertad religiosa de los padres debe ser obstaculizado hasta el extremo de impedir completamente la práctica de su religión; y en tercer lugar, para que prevalezca la norma estatal, el Estado debe demostrar que su norma protege un interés más relevante que el derecho que se vulnera226.
224
406 U.S. 205 (1972). Los amish no objetaron contra los grados educativos inferiores al octavo porque eran conscientes de la necesidad de que sus hijos adquiriesen una formación educativa básica, que les capacitaría, por ejemplo, para leer la Biblia o para realizar competentemente sus labores agrícolas. 226 406 U.S. 219. Este test tiene una importancia capital para la adecuada comprensión del contenido y alcance del concepto de libertad religiosa, pues por primera vez el Tribunal Supremo estableció que debía ser el Estado el que pruebe que el interés que promueven sus normas es más importante que el ejercicio de la libertad religiosa. Recordemos que hasta entonces la jurisprudencia del Tribunal Supremo (366 U.S. 599) era que el Estado alegase que no disponía de mecanismos alternativos para ejecutar sus normas que lesionar la libertad religiosa. 225
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Los seguidores de la religión amish demostraron durante el proceso judicial que su doctrina religiosa les obligaba, para obtener la salvación eterna, a vivir en comunidad alejados del resto del mundo, y un nivel de educación superior al octavo grado supondría que sus hijos adquiriesen conocimientos y valores intelectuales incompatibles con su religión. Todo ello fue contrastado mediante el testimonio de expertos e historiadores religiosos, los cuales declararon que esta práctica tenía más de doscientos años de edad, y que existían evidencias sustanciales de que una educación superior al octavo grado dañaría gravemente el sistema de vida de los amish227. En este supuesto concreto, el tribunal estimó que el interés del Estado en escolarizar a los menores hasta un determinado nivel educativo debía ceder frente al derecho a la libertad religiosa de los amish, debido a que los conocimientos que se adquirían en los dos grados educativos de los que los amish querían eximir a sus hijos no eran imprescindibles para que estos se desarrollasen plenamente en un entorno agrario y religioso como es el que sustenta la religión amish228. De esta manera, el ordenamiento jurídico estadounidense reconoció el derecho a la objeción de conciencia a la escolarización obligatoria por motivos religiosos, ya que la ley era aplicable a todos los niños de una determinada edad e impone una sanción a sus padres, pero en este supuesto concreto, y en base a motivos exclusivamente religiosos, la aplicación de la ley fue limitada y la conducta de los padres no fue sancionada; toda vez que supone que el Tribunal Supremo solucione el conflicto entre el derecho a la libertad religiosa y el principio de igualdad a favor de la primero229.
227 228 229
406 U.S. 219. 406 U.S. 222). 406 U.S. 213-15.
CAPÍTULO IV FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE TITULARIDAD RELIGIOSA
1. Cඈඇඌංൽൾඋൺർංඈඇൾඌ ංඇංർංൺඅൾඌ Una de las peculiaridades del ordenamiento jurídico estadounidense es que, pese a que ninguna norma prohíbe expresamente a los Estados financiar a las confesiones religiosas, el Tribunal Supremo federal ha interpretado que la financiación de las confesiones religiosas con recursos públicos es incompatible con el mandato contenido en la primera enmienda a la Constitución federal230. Para el tribunal, no se trata de que el Estado pueda decidir entre financiar a todas las confesiones religiosas o a ninguna, sino de que, con independencia de cuál sea la cantidad económica, al Estado le está vedado por razón de su neutralidad ideológica y religiosa la promoción de las creencias o convicciones de cualquier tipo231. El hecho de que los Gobiernos federal o estatales no puedan financiar a las confesiones religiosas se contrarresta con el generoso régimen fiscal del que disfrutan estas entidades, pues, en otro caso, según el Tribunal Supremo, el Estado estaría gravando fiscalmente el ejercicio de un derecho fundamental232. Las organizaciones religiosas se configuran a efectos fis230
Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 1940. Walz v. Tax Commission of the City of New York 397 U.S. 664, 1970. Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574, 1983. Texas Monthly v. Bullock 489 U.S. 1, 1989. 232 Celador, O., El estatuto jurídico de las confesiones religiosas en Estados Unidos, Dykinson, Madrid, p, 24-26. 231
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cales como entidades benéficas, que es el subtipo de las organizaciones sin ánimo de lucro que realizan principalmente actividades de carácter asistencial, religioso, educativo, científico o literario. Las escuelas de titularidad religiosa se conforman como una manifestación del derecho de las confesiones religiosas a transmitir sus creencias o convicciones, en este caso a través de la educación, por lo que viene siendo habitual que la escuelas de titularidad religiosa, bien compartan la personalidad jurídica y capacidad de obrar del grupo religioso titular de la escuela, o bien que las organizaciones religiosas creen escuelas con personalidad jurídica propia, pero que en todo caso disfrutan del mismo estatuto financiero y fiscal que las organizaciones religiosas233. Las donaciones que los particulares realizan a las confesiones religiosas disfrutan de incentivos fiscales, ya que las personas físicas pueden deducirse hasta un máximo del cincuenta por ciento de sus ingresos anuales, y el diez por ciento en el caso de las personas jurídicas234. Los donantes no pueden deducirse aquellas donaciones que les originen un beneficio personal que no sea la mera satisfacción personal, lo que excluye los pagos destinados a la educación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo federal es-
233
Respecto a la cuestión de qué es o qué no es religioso a efectos fiscales, el Tribunal Supremo respondió a esta pregunta en el asunto Walz v. Tax Commission of the City of New York (1970), estableciendo que para que un grupo tenga la consideración de religioso a efectos fiscales es necesario que tramite su solicitud ante la Agencia Tributaria, que se auto declare grupo religioso, que carezca de ánimo de lucro, y que su patrimonio sea administrado exclusivamente para la consecución de sus fines. Walz v. Tax Commission of the City of New York 397 U.S. 664, (1970). Por ejemplo, en 1993 la Agencia Tributaria reconoció a la Iglesia de la cienciología como una organización religiosa, porque ésta fue capaz de probar después de un largo proceso que, con independencia de su peculiar sistema de creencias, sus promotores carecían de ánimo de lucro y sus líderes no cobraban sueldos desproporcionados ni utilizaban el patrimonio de la confesión para fines personales. Las sanciones por fraude fiscal no son baladíes, y suelen ser la pérdida del estatus fiscal referido y penas privativas de libertad para los infractores. Vid. Hernandez v. Commissioner, 490 U.S. 680, (1989). 234 Celador, O., El estatuto jurídico de las confesiones religiosas en Estados Unidos, Dykinson, Madrid pp., 174-176. Torres, A., Régimen Fiscal de las Confesiones Religiosas en España, Colex, Madrid, 2001, p. 12 y ss.
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tableció en Hernandez v. Commissioner235 que los precios de las escuelas religiosas no tienen la consideración de donación, ya que la escuela ofrece un servicio educativo como contraprestación al pago de un precio. En esta misma línea, se pronunció el Tribunal Supremo federal en Davis v. United States236, cuando estableció que los pagos que los padres de los misioneros mormones realizan para sufragar los gastos de sus hijos en las misiones no pueden considerarse donaciones para fines religiosos, pues los beneficiarios de las donaciones eran los misioneros y no la confesión religiosa. Las escuelas de titularidad religiosa se configuran en el ordenamiento jurídico estadounidense como escuelas privadas, y consecuentemente se financian gracias a las matrículas que pagan sus estudiantes y sus propios recursos económicos. El Estado, en cuanto responsable de la educación de sus ciudadanos, suele prever la existencia de ayudas económicas para que las escuelas tanto públicas como privadas desarrollen sus actividades. Así las cosas, se plantea el interrogante de en qué medida la faceta educativa estrictamente secular de las escuelas religiosas puede beneficiarse de este tipo de ayudas. En una primera aproximación, y utilizando una interpretación extensiva de la establishment clause, parece que el Estado no puede subsidiar las escuelas religiosas, por cuanto su finalidad última es la propagación de su doctrina religiosa mediante la enseñanza. Pese a esto, los diferentes Estados han concedido determinadas ayudas a la educación privada de las que se benefician las escuelas religiosas, por lo que se hace necesario conocer en qué supuestos y en base a qué fundamentos dichas ayudas son viables al amparo de la primera enmienda a la Constitución. A este respecto, y debido a la abundante jurisprudencia que existe en la materia, hemos optado por diferenciar entre las ayudas genéricas, en las que se encuadran aquellas dirigidas a sufragar el coste económico general de la educación o su perceptor es la escuela en cuanto tal, y las ayudas específicas, diseñadas para subsidiar un aspecto concreto de la actividad educativa.
235 236
Hernandez v. Commissioner, 490 U.S. 680, 1989. Davis v. United States, 446 U.S. 291, 298–301, 1980.
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2. Aඒඎൽൺඌ ൾඌඍൺඍൺඅൾඌ ൾඇඣඋංർൺඌ En Pearl v. Nyquist237 el Tribunal Supremo consideró la constitucionalidad de un programa de ayuda económica dirigido a las escuelas de educación primaria y secundaria del Estado de New York. Las escuelas beneficiarias de la norma debían ser privadas, carecer de ánimo de lucro y las rentas anuales de los padres de sus alumnos no podían superar unos límites238. Las ayudas impugnadas fueron de tres tipos: la primera comprendía la financiación de las medidas de seguridad y sanitarias de la escuela (tales como luz, calefacción, agua y ventilación); el segundo tipo de ayuda estaba dirigido a la devolución de un porcentaje del precio de la escuela que pagaban aquellos padres que tenían un determinado nivel de renta, y la ayuda podía llegar hasta el límite del 50 % del total del coste educativo; y por último, los padres con rentas superiores a las anteriores podrían deducir de su declaración anual de la renta, en el capítulo de donaciones a organizaciones benéficas o religiosas, una cantidad fija por cada hijo que asistiese a una escuela privada239. El tribunal, siguiendo la jurisprudencia establecida en el asunto Lemon, concretó el perfil de las escuelas cualificadas para percibir las ayudas impugnadas, llegando a la conclusión de que el 20 % de los alumnos de las escuelas de educación primaria y secundaria del Estado de New York acudían a escuelas privadas, y de éstas el 85 % estaban afiliadas a una confesión religiosa (mayoritariamente a la Iglesia católica). La política educativa de las escuelas religiosas que potencialmente podían beneficiarse de las ayu237
Committee for Public Education and Religious Liberty v. Nyquist, 413 U.S. 756
(1973). 238 El fin del programa de ayudas era solventar la grave situación económica que atravesaba la educación privada en el Estado de New York, y específicamente en algunas áreas urbanas con residentes con bajos niveles de renta. 239 El montante de las ayudas económicas se determinaba mediante una ratio entre la antigüedad de las instalaciones educativas y una cantidad fija por alumno, siempre que dicho coste no superase el 50 % del coste por alumno en las escuelas públicas (413 U.S. 762-63).
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das, puede resumirse en que éstas imponían restricciones a la religiosidad de sus alumnos y profesorado, sus alumnos debían asistir obligatoriamente a las actividades religiosas de las escuelas, y estaban integradas orgánicamente en la estructura de una confesión religiosa240. De acuerdo con el lemon test, el fin de la norma enjuiciada era secular, ya que pretendía preservar las medidas de seguridad y de higiene de las escuelas privadas. Sin embargo, el tribunal estableció que las ayudas a la seguridad e higiene fomentaban tanto las actividades religiosas como seculares de las escuelas, convirtiéndose en una ayuda económica directa a las escuelas religiosas. El hecho relevante no fue que las escuelas religiosas se beneficiasen de las ayudas estatales, sino que la consecuencia de estas ayudas fuese el fomento de sus actividades religiosas241. El segundo programa fue considerado igualmente una ayuda directa a las escuelas confesionales, porque, aunque el dinero se entregaba directamente a los padres de los alumnos, el efecto económico era similar a que el Estado se lo entregase directamente a las escuelas (el Estado fomentaría la educación pero inevitablemente también a la religión). El tercer supuesto, la deducción fiscal, fue desestimado porque, al igual que la ayuda anterior, el Estado no podía garantizar que sus ayudas no fomentasen la religión242. El Estado alegó en su defensa que la ley promovía la libertad religiosa de aquellos padres que carecían de recursos para enviar a sus hijos a las escuelas religiosas; asimismo, el Estado intentó probar estadísticamente el escaso impacto que las ayudas tendrían sobre la labor religiosa de las escuelas religiosas. Sin embargo, en opinión del tribunal este mecanismo de financiación escolar era contrario al principio de neutralidad estatal, ya que el Estado estaría incentivando a los padres para que enviasen a sus hijos a las escuelas privadas243. Los votos contrarios a la sentencia fueron especialmente críticos con el hecho de que el tribunal declarase inconstitucional la deducción fiscal 240 241 242 243
413 U.S. 767-78. 413 U.S. 769. 413 U.S. 788. 413 U.S. 773.
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prevista para los padres que envían a sus hijos a escuelas confesionales. Como expuso el juez Rehnquist, secundado por el juez White y utilizando el argumento del juez Burger en la sentencia Walz: “las exenciones fiscales de que se benefician las instituciones religiosas no vulneran la establishment clause, pues el Estado evita que las confesiones le trasfieran parte de su renta y no financien al Estado. De esta manera cuando el Estado exime a las instituciones religiosas no está ordenando el destino de la exención”244. En la sentencia que resolvió el caso Committe for Public Education and Religious Freedom v. Regan245, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley del Estado de New York que disponía el reembolso a las escuelas privadas del coste de realización de determinados exámenes intelectuales obligatorios a sus alumnos. La ley impugnada establecía expresamente que ninguna de sus disposiciones debía redundar en la financiación del culto o la educación religiosa de las escuelas246. El tribunal estimó que la norma era constitucional, porque el examen era preparado y redactado por el Estado, siendo irrelevante que éste fuese entregado a los alumnos por autoridades diferentes a las estatales. El punto más conflictivo de la sentencia se centró en que la norma preveía el reembolso a las escuelas privadas de sus costes de administración y graduación de los exámenes; sin embargo, para el tribunal este pago, comparado con el presupuesto total de las escuelas, era insignificante, por lo que estimó que su propósito no era fomentar la religión247. El juez Stevens votó en contra de la sentencia, y sostuvo en su voto particular que esta decisión podría suponer un precedente que desencadenase que el Estado pagase a las escuelas privadas, por ejemplo, el coste de la instrucción sobre la alarma de incendios o el mantenimiento de las medidas anti-incendios que exige la ley. En palabras de Stevens, “el tribunal no puede aprobar, amparado en su mínima transcendencia, el subsidio público de determinadas actividades escolares que se desarrollan en 244 245 246 247
413 U.S. 806. 444 U.S. 646 (1980). 444 U.S. 646. 444 U.S. 659.
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las escuelas religiosas. Por cuanto todas las actividades que realizan estas escuelas están impregnadas de la religiosidad que origina la existencia de estos centros”248. Los jueces Blackmun, Brennan y Marshall, también votaron en contra de la decisión mayoritaria, pues, en su opinión, ésta autorizaba al Estado a financiar un coste escolar que debían pagar las escuelas confesionales; y por lo tanto autorizaba al Estado a financiar la religión subsidiando su misión educativa249. Solamente tres años después, en Muller v. Allen250, el Tribunal Supremo se pronunció de nuevo sobre la constitucionalidad de que el Estado de Minnesota concediese deducciones fiscales a los padres de los alumnos que acudían a las escuelas religiosas. En este caso, la ley impugnada preveía una deducción fiscal global en concepto de libros, transporte y el coste de la educación de los alumnos de las escuelas públicas y privadas. Las deducciones impugnadas no podían exceder de 500 o de 700 dólares sobre los ingresos brutos de sus padres, y se determinaban en función del grado escolar de los alumnos. A este respecto, de los 820.000 estudiantes de educación primaria y secundaria del Estado de Minnesota, 91.000 acudían a una de las 500 escuelas privadas, de las cuales el 95 % eran religiosas251. El tribunal tomó su decisión utilizando el precedente Pearl v. Nyquist252, pero en este supuesto estableció que la norma impugnada era conforme a la establishment clause porque a diferencia del caso Nyquist, en el que la ley afectaba exclusivamente a las escuelas privadas, en este supuesto los beneficiarios de las ayudas eran los padres de los alumnos de las escuelas tanto públicas como privadas. Para el voto mayoritario, la deducción fiscal enjuiciada era equivalente a las deducciones permitidas para las donaciones benéficas, y sus efectos sobre la labor educativa religiosa eran incidentales.
248 249 250 251 252
444 U.S. 671. 444 U.S. 663-671. 463 U.S. 388 (1983). 463 U.S. 391. 413 U.S. 756 (1973).
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El juez Marshall votó en contra de la sentencia, secundado por los jueces Brennan, Blackmun y Stevens, y manifestó en su voto particular que “cualquier ayuda a las escuelas religiosas no sólo redunda en su faceta secular, sino también en la religiosa, y por lo tanto vulnera la primera enmienda a la Constitución; toda vez que no existen medios efectivos para garantizar que las ayudas estatales a la educación privada tengan un destino exclusivamente secular y neutral”253. Para la posición minoritaria, la norma estatal, al igual que la anulada en Nyquist, era un incentivo para que los padres enviasen a sus hijos a escuelas privadas que en este supuesto, como en el resto de los estudiados, eran en su mayoría de titularidad religiosa254. El hecho de que la deducción fuera aplicable a los padres de los alumnos que asistían a las escuelas públicas era una ficción, porque los beneficiarios reales de la norma eran los alumnos de las escuelas religiosas, ya que lo único que podían desgravarse los padres de los alumnos de las escuelas públicas era el coste de los lápices y los cuadernos de notas porque el resto lo pagaba la escuela. Asimismo, era imposible gastar 500 o 700 dólares en estos conceptos, mientras que los padres cuyos hijos asisten a escuelas religiosas podían desgravarse el 100 % de lo deducible en la mayoría de los supuestos255. En resumen, el voto contrario a la sentencia, y por ende posición minoritaria, fue favorable a una interpretación amplia o extensiva de la establishment clause, es decir, de la inconstitucionalidad de toda norma que fomente directa o indirectamente la religión, la cual se expresa en la máxima: “No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, wathever they may be called, or wathever 253
463 U.S. 405. 463 U.S. 407. 255 463 U.S. 409, 415. En este supuesto, a diferencia del caso Board of Education v. Allen (392 U.S. 236) donde la exención se limitaba a los mismos libros utilizados en las escuelas seculares, la exención fiscal no se limita a los libros seculares, por cuanto es factible que los padres desgraven los libros de carácter religioso que las escuelas prescriben a sus hijos. Asimismo, las ayudas para libros de texto y transporte escolar deben analizarse desde la perspectiva de que los libros seculares también contribuyen a la misión educativa de las escuelas religiosas. 254
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form they may adopt to teach or practice religion”. Asimismo, la posición minoritaria fue partidaria de que el tribunal estimase para cada caso concreto quién y en qué medida era el beneficiario real de la norma estatal; por ejemplo, en este caso concreto eran los padres de los alumnos de las escuelas religiosas (que constituían el 95 % de las privadas).
3. Aඒඎൽൺඌ ൾඌඍൺඍൺඅൾඌ ൾඌඉൾർටൿංർൺඌ 3.1. Salario del profesorado El primer tipo de ayudas estatales de carácter específico sobre cuya constitucionalidad se ha pronunciado el Tribunal Supremo es el subsidio, total o parcial, del salario de los profesores que prestan sus servicios en las escuelas confesionales. En la sentencia que resolvió el caso Lemon v. Kurtzman256, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de dos normas de los Estados de Rhode Island y Pennsylvania que permitían que el Estado pagase una parte del salario de los profesores que impartían clases en las escuelas privadas. El objetivo del Rhode Island Salary Suplement Act de 1969 era equiparar el salario de los profesores de las escuelas públicas y privadas, para 256
403 U.S. 602 (1971). El tribunal elaboró su sentencia utilizando el precedente de la sentencia Walz v. Tax Commn (397 U.S.664), según el cual la primera enmienda obliga al Estado a evitar toda intrusión en materias de contenido religioso, y en el supuesto fiscal este objetivo se cumple mejor no cobrando un impuesto que cobrándolo (397 U.S.664). Esta sentencia se sustenta en la teoría de que es inevitable que exista determinada relación entre el Estado y las confesiones religiosas, ya que la separación absoluta es imposible. El método para determinar cuándo se produce un excesivo establecimiento es examinar: el carácter y propósito de las instituciones que se benefician, el tipo de ayuda que el Estado otorga, y la relación resultante de los dos análisis anteriores (403 U.S. 614). La sentencia creó la línea jurisprudencial que posteriormente el tribunal aplicó a los supuestos de las ayudas para libros de texto y material escolar (Meek v. Pittenger, 421 U.S. 383-84,1975) y transporte escolar (Wolman v. Walters, 433 U.S. 229, 1977).
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lo que preveía el pago de un suplemento del quince por ciento de su salario a los profesores de las escuelas privadas, con el límite de que su retribución salarial no fuese superior a la de los profesores de las escuelas públicas. Su ámbito de aplicación eran los profesores de las escuelas privadas que impartiesen las mismas asignaturas que se imparten en las escuelas públicas, quedando excluidos los profesores de religión. La norma impugnada financiaba una parte del sueldo de los profesores de las escuelas religiosas que impartían asignaturas de contenido secular, independientemente de su relación laboral con el centro docente en que desempeñaban sus funciones. Para determinar en qué supuestos las normas del Estado no vulneran la establishment clause el tribunal creó el siguiente criterio, que la jurisprudencia y la doctrina vienen denominando lemon test: primero, el fin de la norma debe ser secular; segundo, su principal efecto no debe ser inhibir o fomentar a la religión; y tercero, la ayuda prevista en la norma no debe generar una relación excesiva entre el Estado y la religión257. A partir de este planteamiento, el tribunal procedió a determinar las características de los centros docentes que se beneficiaban de las ayudas que preveía la norma del Estado de Rhode Island, y llegó a las siguientes conclusiones: 1)
El 25 % de los alumnos del Estado de Rhode Island acudían a escuelas privadas, y de estos el 95 % a escuelas afiliadas a la Iglesia católica. En este sentido, 250 profesores de estas escuelas habían solicitado los beneficios del Acta.
2)
La mayoría de los edificios escolares estaban, interior y exteriormente, adornados con símbolos religiosos, y situados junto a parroquias católicas para un mejor acceso a la educación religiosa que las escuelas impartían como parte de su programa educativo.
3)
Una autoridad religiosa, normalmente la Diocesan Superintendent of Schools, controlaba la dirección, gestión y financiación de la actividad económica de las escuelas.
257 403 U.S. 602., Garvey, J., Another Way of Looking at School Day, en Supreme Court Review, Vol. 1985 (1985), pp. 61-85.
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4)
Los profesores laicos constituían un tercio del total de su profesorado, eran contratados por el sacerdote de la parroquia y se sometían a la disciplina y autoridad de las autoridades religiosas.
5)
Las escuelas se gobernaban de acuerdo al Handbook School Regulations, el cual enfatizaba la importancia de que los profesores estimularan el interés de sus alumnos por la vocación religiosa y el mundo misionero, a la vez que configuraba a las escuelas como un vehículo de transmisión de la fe católica a las próximas generaciones, y especialmente por lo que respecta al alumnado de corta edad258.
El Pennsylvania Nonpublic Elementary and Secondary Act de 1968 fue promulgado para paliar los elevados costos y la crisis económica que sufrieron las instituciones educativas de dicho Estado a finales de los años sesenta, para lo cual establecía que el Estado reembolsaría a las escuelas privadas el salario de los profesores que enseñasen las asignaturas que se impartían en las escuelas públicas, y por lo tanto con contenido secular259. El examen de los beneficiarios de las ayudas estatales que preveían el Rhode Island Salary Suplement Act de 1969 y el Pennsylvania Nonpublic Elementary and Secondary Act de 1968 demostró que sus principales beneficiarios eran escuelas religiosas. Por lo tanto, el tribunal estimó que las normas aludidas no cumplían ninguno de los requisitos establecidos en el lemon test, y las declaró inconstitucionales. Continuando con la línea jurisprudencial descrita, en la sentencia que resolvió el caso Aguilar v. Felton260 el Tribunal Supremo decidió la constitucionalidad de un programa educativo del Estado de New York, mediante el cual el Estado pagaba a los profesores de las escuelas públicas para que impartiesen determinadas asignaturas de carácter extracurricular en las escuelas privadas, entre las que se incluían las de titularidad religiosa. Las asignaturas objeto del subsidio eran las de: lectura, matemáticas, inglés 258 259 260
403 U.S. 616. 403 U.S. 606-7. 473 U.S. 402 (1985).
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como segundo idioma y cursos de orientación académica. La norma impugnada también preveía un programa de supervisión de que el contenido de la enseñanza fuese estrictamente secular. De manera complementaria, el título primero del Elementary and Secundary Education Act de 1965 autorizaba a la Secretary of Education a conceder ayudas económicas a instituciones educativas para paliar las necesidades educativas de aquellos alumnos cuyos padres tuviesen rentas económicas bajas261. Siguiendo con la línea jurisprudencial descrita en la sentencia Lemon, el tribunal estimó que en el bienio 1981-82 el 13.2 % de los beneficiarios de la norma estudiaban en escuelas privadas, de los cuales el 84 % acudían a escuelas religiosas afiliadas a la Archidiócesis de la Iglesia católica en New York y en Brooklyn, mientras que el 8% asistían a escuelas judías. Asimismo, el tribunal determinó que las instituciones tenían en especial consideración las creencias religiosas tanto de su alumnado como de su profesorado, y su primer objetivo era inculcar sus valores religiosos. El tribunal aplicó el lemon test y estimó que la norma no tenía un objeto secular, pues su principal beneficiario en el terreno privado eran las escuelas católicas; y fomentaba la religión (concretamente la católica y judía). Como apuntó el juez Powell, el hecho de que el Estado subsidie a las escuelas religiosas mediante la impartición de una enseñanza de la que éstas carecen no es una ayuda indirecta o incidental, pues su consecuencia es el subsidio de la misión religiosa que fundamenta la existencia de estas escuelas. Por último, según Powell, el programa educativo del Estado de New York generaba una relación excesiva entre el Estado y la religión, ya que suponía que el gobierno controlase y supervisase las actividades escolares. En consecuencia, la norma fue declarada inconstitucional262. 261
Las ayudas se definían como: “To the extent consistent with the number of educationally deprived children in the district of the local educational agency who are enrolled in private elementary and secondary schools, such agency shall make provisions for including special educational services and arrangements...and the programs must supplement, not supplant, programs that would exist absent funding under Title I” (473 U.S. 404-406). De esta manera, las asignaturas eran complementarias (supplement) no sustitutivas (supplant) de las que las escuelas privadas están obligadas a impartir. 262 473 U.S. 406, 415.
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Para solucionar los problemas descritos, el juez Powell expuso que la decisión del tribunal podría haber sido otra en el caso de que el Estado hubiese diseñado un programa del que se beneficiasen tanto las escuelas públicas como privadas, que pudiese ser administrado sin la supervisión estatal de las escuelas religiosas, y al mismo tiempo no fuese posible desviar las ayudas de su destino secular263. La sentencia no fue unánime, destacando el hecho de que cuatro jueces votasen en contra. El juez Burger expuso en su voto particular que la sentencia discriminaba a los alumnos en función del carácter secular o religioso de su elección escolar, lo que vulnera el principio de neutralidad264. Por su parte, el juez O´Connor denunció el efecto trágico que suponía la sentencia porque, si bien los estudiantes de las escuelas religiosas que viven en áreas urbanas podrían disfrutar de los beneficios de la norma asistiendo a las escuelas públicas, otros muchos carecían de esta posibilidad de elección y consecuentemente perderían determinadas ventajas educativas de las que disfrutaban sus equivalentes en las escuelas públicas265. En último lugar, el juez Rehnquist apuntó la falta de lógica de la posición de la mayoría, ya que, si bien es necesario que el Estado controle el destino de las ayudas para asegurarse que éste sea secular, dicho control, por sí mismo, supone una relación excesiva entre el Estado y la religión e igualmente vulnera la establishment clause266. En la sentencia que resolvió el caso School District of the City of Grand Rapids v. Ball267, el Tribunal Supremo enjuició dos programas educativos subsidiados por la ciudad de Grand Rapids para escuelas privadas, en su mayoría religiosas. En el primero de los programas las actividades 263
473 U.S. 418. 473 U.S. 419-420. 265 En este sentido, el juez Rehnquist secundó su voto particular, en el que resalta el sarcasmo con que apuntó que “no por el hecho de que un profesor de una escuela pública traspase las puertas de una escuela confesional se transforma en un profesor de religión” (473 U.S. 421-431). 266 473 U.S. 420-421 Citando sus votos particulares en las sentencias Wallace v. Jaffree (472 U.S. 38) y Aguilar v. Felton (473 U.S. 402). 267 473 U.S. 373 (1985). 264
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académicas eran impartidas por el profesorado de las escuelas de titularidad religiosa durante el horario extraescolar y su salario corría a cargo de la ciudad, por lo que tenían la consideración de profesores a tiempo parcial de la escuela pública. El segundo programa consistía en que algunos profesores de la escuela pública, pero en este caso contratados a tiempo completo por las autoridades educativas, diesen clases en las escuelas privadas de asignaturas complementarias a las curriculares268. El tribunal declaró inconstitucionales ambos programas en base a cuatro argumentos: en primer lugar, el Estado estaba pagando al profesorado para que impartiese clases de contenido secular pero en un contexto religioso; en segundo lugar, el hecho de que el Estado contratase a los profesores transmitía el mensaje simbólico de que financia la religión; en tercer lugar, los programas educativos beneficiaban la faceta religiosa de las escuelas, ya que el Estado asumía una parte de la enseñanza reglada liberando de su coste a las escuelas, y éstas podían utilizarlo para su labor religiosa; y en cuarto lugar, el hecho de reunir en las mismas aulas a profesores religiosos y laicos produciría una relación impermisible entre el Estado y la religión269. En este supuesto, al igual que en la sentencia Aguilar v. Felton, los jueces Rehnquist, Burger, O´Connor y White votaron en contra de la decisión mayoritaria, por idénticos motivos a los ya expuestos270. La jurisprudencia del Tribunal Supremo descrita fue matizada con ocasión de la sentencia que resolvió el caso Zobrest v. Catalina Foothills School District271. En este supuesto el tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de que, al amparo del Individual Disabilities Educational Act (IDEA), el Estado pagase los intérpretes de los niños mudos que asistían a una escuela de educación superior católica. Con carácter previo, el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelación establecieron que las ayudas eran inconstitucionales, pues el intérprete se configuraba como el canalizador de la adoctrinación religiosa que la escuela inculcaba a los niños. 268 269 270 271
473 U.S. 375-76. 473 U.S. 397-398. 473 U.S. 399-401. 509 U.S. 1 (1993).
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Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que la ayuda era constitucional por los siguientes motivos: en primer lugar, el beneficiario de la ayuda era un individuo y no un colectivo; en segundo lugar, los beneficiarios del IDEA eran los niños mudos (independientemente del carácter religioso o secular de la institución educativa a la que asistiesen) y no la escuela; y en tercer lugar, porque el intérprete sólo traduce o interpreta por lo que su función no es adoctrinar. El juez Blackmun votó en contra de la sentencia, secundado por el juez Souter y en parte por los jueces Stevens y O´Connor, y alertó de los serios problemas de constitucionalidad que plantearían tanto a la escuelas como al Estado el hecho de que, por ejemplo, muchas escuelas religiosas impusiesen a sus alumnos y profesorado determinados formas de conducta o de vestimenta, lo cual podría atentar contra la libertad religiosa de los intérpretes. Asimismo, para Blackmun, la diferencia entre financiar a las escuelas mediante transacciones financieras o mediante sus recursos humanos era meramente formal. La jurisprudencia de la sentencia Zobrest fue matizada por el Tribunal Supremo en la sentencia que resolvió el caso Agostini v. Felton272, donde se pronunció de nuevo acerca de la constitucionalidad de la legislación educativa del Estado de New York. Los padres de los alumnos debían tener unos niveles de renta concretos, residir lejos de cualquier escuela pública, y las asignaturas que impartían los profesores de las escuelas públicas eran supletorias y no sustitutivas de las curriculares. En otras palabras, a diferencia del programa sobre el que se pronunció el Tribunal Supremo en el asunto Aguilar, en este caso sólo podían beneficiarse los alumnos que asistiesen a las escuelas privadas cuando en su vecindario no hubiera escuelas públicas, y las ayudas públicas tan sólo podían destinarse para asignaturas complementarias no curriculares que redundasen en la mejora de la calidad de enseñanza de un colectivo social y económicamente desventajado. El tribunal estimó que el programa era constitucional, y fundamentó su decisión en tres argumentos. En primer lugar, los beneficiarios de las ayudas 272
521 U.S. 203 (1997).
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eran tanto las escuelas con ideario religioso como secular. En segundo lugar, las ayudas estatales preveían mecanismos de salvaguarda que evitaban que las ayudas se destinasen para la faceta educativa religiosa. Y en tercer lugar, el beneficiario de las ayudas no eran las escuelas sino sus alumnos. Los jueces Souter, Stevens, Ginsburg y Breyer, votaron en contra de la sentencia. Para este sector de los jueces del Tribunal Supremo el Elementary and Secundary Education Act concedía ayudas, si bien de carácter incidental, a las escuelas religiosas, lo cual fomentaba su labor adoctrinadora y vulneraba la establishment clause. En este supuesto a diferencia de la sentencia Zobrest, donde el alumno a título individual solicitaba la asistencia del traductor, era la escuela la que institucionalmente solicitaba y se beneficiaba de la ayuda. Las sentencias Zobrest y Agostini han modificado de forma puntual la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las escuelas de titularidad religiosa podrán beneficiarse de las ayudas estatales que no redunden en su labor educativa religiosa o el resto de sus asignaturas curriculares. En otras palabras, las escuelas religiosas, si bien pueden beneficiarse de la ayuda del profesorado para impartir, por ejemplo, clases de perfeccionamiento de inglés (una asignatura extracurricular), no podrán obtener ayudas para impartir la asignatura de lenguaje o de literatura (una asignatura curricular). Con lo cual, el Estado no libera a las escuelas confesionales de sus costes educativos, simplemente mejora, pero no sustituye, en supuestos excepcionales el nivel básico de enseñanza que estas escuelas están obligadas a impartir. En la sentencia Zellman v Simmons Harris273, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de un programa financiero del Distrito escolar de Ohio. El objetivo del programa era mejorar el precario estado de la educación que impartían las escuelas públicas del Distrito de Ohio, para lo cual se preveía la concesión de ayudas económicas en función del nivel de renta de los padres de los alumnos, para ayudar a estos a, bien poder pagar parte del coste de la matrícula de sus hijos en escuelas privadas, o bien, en el caso de que sus hijos asistieran a la escuela pública, para 273
536 U.S. 639 (2002).
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financiar clases de apoyo complementarias. El único control que el Estado realizaba sobre las ayudas, además del nivel de renta de sus beneficiarios, era que el número de ayudas que recibiesen los alumnos que asistiesen a las escuelas públicas fuera idéntico al de las ayudas destinadas a los alumnos que asistiesen a escuelas privadas. En el periodo 1.999-2.000 de las 56 escuelas privadas que participaron en el programa 46 fueron religiosas, y de éstas 35 eran católicas. El Tribunal Supremo entendió que el programa escolar no vulneraba la establishment clause, ya que era coherente con la jurisprudencia en la materia establecida en la sentencia Agostini v Felton274. Los beneficiarios directos del programa eran los padres de los alumnos, con independencia de que sus hijos asistiesen a escuelas públicas o privadas (laicas o confesionales), y existían mecanismos para evitar que las ayudas pudieran utilizarse para fomentar la labor ideológica de las escuelas. Asimismo, según el voto mayoritario, el programa de ayudas no incentivaba la asistencia a las escuelas religiosas, ya que sus alumnos sólo podían disfrutar de la mitad de las ayudas y éstas no cubrían el total del coste de la matrícula escolar, mientras que las escuelas públicas no sólo son gratuitas sino que, además, a través del programa de ayudas mejorarían notablemente la calidad de su educación. El marco de referencia que el tribunal utilizó para determinar la constitucionalidad de las ayudas escolares, fue en qué medida el Estado estaba promoviendo la escolarización en las escuelas religiosas; lo cual según el tribunal no ocurría en este caso, ya que el programa de ayudas se limitaba a conceder becas a los alumnos para que estos mejorasen su nivel de formación, ya fuese en una escuela pública o privada. Asimismo, el hecho de que la mayoría de las escuelas privadas fuesen religiosas no debía afectar a la constitucionalidad de las ayudas, ya que se trata de algo muy común en el ámbito educativo, y porque lo contrario podría suponer que el programa se aplicase exclusivamente en aquellas partes de Ohio donde existiese mayor paridad entre escuelas privadas laicas y religiosas. De forma complementaria, el tribunal estimó que el programa de ayudas tampoco generaba una 274
521 U.S. 203, 222-2223.
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vinculación excesiva entre el Estado y la religión, pues “el posible fomento indirecto de la misión religiosa de las escuelas, o la posibilidad de que la sociedad perciba que el Estado patrocina la transmisión de un mensaje religioso, no puede ser atribuido al Estado, sino a la capacidad de elección de sus ciudadanos, ya que el campo de actuación del Estado finaliza con la concesión de las ayudas económicas”. En otras palabras, el programa escolar no fue declarado inconstitucional porque el tribunal estimó que no obliga a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas religiosas, tan solo ampliaba el abanico de opciones de los padres con escasos recursos económicos, permitiendo que estos, bien mejorasen la calidad de la educación de sus hijos en el caso de que los enviasen a la escuela pública, o bien pudiesen optar por la educación de mayor calidad que ofrecían las escuelas privadas del Distrito de Ohio275. El juez Souter votó en contra de la sentencia, ya que en su opinión el proyecto educativo permitía que el Estado financiase indirectamente las escuelas religiosas pues, si bien las escuelas religiosas no recibían más ingresos que las cuotas que pagaban los padres de sus alumnos, al ser éstas parcialmente pagadas por el Estado éste financia indirectamente el coste de la enseñanza, y por lo tanto vulnera la establishment clause. Los jueces Breyer y Stevens también votaron en contra de la sentencia. En palabras de Breyer, “la capacidad de elección de los padres de los alumnos no puede servir para obligar a los contribuyentes a financiar la educación religiosa”. Asimismo, Breyer subrayó el hecho de que en la práctica sólo pudiesen beneficiarse del programa de ayudas las confesiones religiosas mayoritarias, o con carácter general aquellas que tienen un número suficiente de fieles como para fundar una red escolar, con lo cual, este tipo de políticas públicas fomentan la transmisión de las ideologías 275 Los datos sobre la calidad de la educación de las escuelas religiosas así lo demostraban, pues en el año 1999, por lo que respecta a los alumnos del octavo grado que intentaron superar el proficiency test, el 95% de los alumnos de las escuelas católicas aprobaron el examen de lectura, mientras que sólo el 57% de los alumnos de la escuela pública lograron superarlo; de la misma manera que el 75% de los alumnos de las escuelas católicas aprobaron el examen de matemáticas, mientras que sólo el 22% de los alumnos de la escuela pública lograron superarlo.
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de las confesiones religiosas mayoritarias, y además discriminan a las minorías religiosas o a aquellos grupos religiosos a los que sus principios les prohíben participar en programas financiados por el Estado276. En resumen, el eje del debate de la sentencia Zelman residió en la diferente interpretación de la establishment clause que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Para el sector mayoritario, sólo se vulneraría el principio de laicidad si el objeto de la norma fuese financiar directamente a las escuelas religiosas, lo que no ocurría en este caso, ya que la finalidad del programa de ayudas era mejorar la calidad de la enseñanza del Distrito de Ohio; pero, y he aquí lo importante, de forma que fuera el padre y no el Estado el que decidiese el ideario de la escuela a la que asistiese el alumno. Mientras que el sector minoritario de los jueces fue partidario de una interpretación extensiva de la establishment clause, al entender que lo relevante para determinar si una norma la vulnera no es su objetivo, sino las consecuencias de su aplicación, que en este caso concreto podría ser que un elevado número de alumnos abandonase las escuelas públicas y se matriculasen en la escuelas de titularidad religiosa (al ser éstas mayoritarias en el Distrito escolar de Ohio). La línea jurisprudencial que el Tribunal Supremo ha abierto con las decisiones Zobrest, Agostini y Zellman, está llamada a desempeñar un protagonismo central en la futura jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto sobre el alcance y contenido de la primera enmienda a la Constitución federal, como sobre la propia conformación del modelo educativo estadounidense. Con estas decisiones, el Tribunal Supremo ha decido fomentar el ejercicio de un derecho individual, pero no el de libertad religiosa, sino el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, permitiendo que aquellos Estados que lo crean conveniente pueden recurrir a un sistema que, por una parte, no crea vínculo alguno entre el Estado y las escuelas religiosas, y por el otro, convierte a los padres en los protagonistas del sistema, ya que son libres para gastar las ayudas estatales en un centro público o en un centro privado. 276 Sobre el concepto de minoría en el ordenamiento jurídico estadounidense Vid. Torres, A., Minorías y Multiculturalismo en USA, Servicio de Publicaciones de la UCM, Madrid, 2002.
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Esta línea jurisprudencial necesita ser interpretada de acuerdo con la cultura social estadounidense, es decir en el marco de un modelo político que se caracteriza por un Estado de bienestar muy precario, y donde el triunfo social y profesional depende en gran medida de la institución educativa en la que se forman los alumnos, y en el cual la escuela pública se ha configurado a grandes rasgos, como el lugar en el que se educan las clases sociales más desfavorecidas. Para remediar esta situación, los distritos escolares podrían haber optado por invertir más dinero en la escuela pública, ya que sus alumnos son las auténticas víctimas del sistema; sin embargo, el modelo estadounidense ha preferido utilizar un método más rápido y rentable económicamente, es decir, el modelo de cheque escolar, que financia directamente a los padres de los alumnos e indirectamente a los centros.
3.2. Ayudas para libros de texto y material didáctico La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de que el Estado pagase los libros de texto y material didáctico de los alumnos de las escuelas privadas fue en 1930, en la sentencia que resolvió el caso Cochran v. Lousiana State Board of Education277. La demanda no se planteó sobre la base de la primera enmienda a la Constitución, sino por vulnerar la prohibición de la Constitución federal de utilizar fondos públicos para fines privados. La ley del Estado de Lousiana establecía que el Estado, a través de su board of education, debía proveer gratuitamente a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de dicho Estado de los libros escolares, incluidos los alumnos de las escuelas privadas. El hecho denunciado fue que el Estado financiase con los impuestos de los contribuyentes el material escolar de los alumnos de las escuelas privadas278. El tribunal sentenció que la ley era constitucional porque sus beneficiarios eran exclusivamente los alumnos, independientemente de que asis277 278
Cochran v. Lousiana State Board of Education, 281 U.S. 370 (1930). 281 U.S. 374.
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tiesen a escuelas públicas o privadas de carácter secular o religioso, y no los centros educativos. El efecto de la norma era fomentar la educación y el medio para alcanzar dicho fin: que el Estado concediese ayudas a todos los alumnos en el plano de la igualdad. Por lo tanto, los beneficiarios de la norma eran los alumnos y no las escuelas privadas279. La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció al amparo de la primera enmienda, acerca de la constitucionalidad de que el Estado pagase el material escolar de los alumnos de las escuelas religiosas fue en Board of Education v. Allen280. La norma impugnada establecía la distribución gratuita de libros de texto a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas desde el séptimo al undécimo grado escolar, con dos condiciones: primero, que estos fuesen utilizados como libros de texto al menos durante un semestre escolar; y segundo, era necesario que la board of education, previa determinación y comprobación de que el uso del libro era utilizado en las escuelas públicas, autorizase su inclusión en una lista, de la que después se servirían los alumnos para elegir sus libros de texto. El argumento de la demanda fue que los libros de texto seculares eran fundamentales para la labor educativa de las escuelas religiosas, luego el Estado estaría fomentando la enseñanza de las escuelas religiosas y vulnerando la establishment clause. El Tribunal Supremo desestimó la demanda utilizando el precedente Pierce v. Society of Sisters281, según el cual: la función de las escuelas religiosas es la instrucción tanto secular como religiosa, y la ayuda para libros fomenta exclusivamente su faceta secular. La demanda al establecimiento de la religión también fue desestimada porque los libros que facilitaba el Estado no podían ser utilizados por las escuelas religiosas para enseñar su doctrina282.
279
281 U.S. 375. 392 U.S. 236 (1968). 281 268 U.S. 510 (1925). En este supuesto el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la ley del Estado de Oregón que preveía que los niños con edades comprendidas entre ocho y dieciséis años asistiesen exclusivamente a escuelas públicas. 282 392 U.S. 248-49. 280
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El tribunal fue partidario, como apuntó el juez Harlam en su voto favorable a la sentencia, de aplicar la teoría de la disociación. Esta tesis defiende que es posible diferenciar, sin por ello vulnerar la establishment clause, entre las actividades de contenido secular y religioso de las escuelas y beneficiar exclusivamente a las seculares283. La posición minoritaria de los jueces estuvo representada por Black, Fortas y Douglas. El juez Black expuso en su voto particular que la ley constituía una violación flagrante de la establishment clause, ya que cuando el Estado paga los libros de las escuelas religiosas está financiando el motivo por el que éstas han sido creadas: la propagación de sus doctrinas religiosas a través de la educación secular284. El voto más interesante fue el del juez Fortas. Para Fortas, el voto mayoritario no tuvo en cuenta que los libros de texto que financiaba el Estado eran los que elegían las escuelas religiosas y no sus alumnos, sus padres o el Estado. El motivo es que, pese a que la Public School Board decidía con criterios seculares los libros que financiaba el Estado, ésta los elegía entre los libros que le solicitaban las escuelas religiosas. Por lo tanto, el Estado estaba financiando dos programas de ayudas para libros: uno general, del que se benefician los alumnos de las escuelas públicas; y otro específico, que consistía en los libros que prescribían las escuelas religiosas primero a la Public School Board y luego a sus alumnos. Siguiendo la argumentación de Fortas, para que la norma fuera neutral hubiera sido necesario que los libros que utilizaban ambos centros educativos, religiosos y seculares, fuesen idénticos, lo que no ocurría en este caso285. En la sentencia que resolvió el caso Meek v. Pittenger, el Tribunal Supremo juzgó al amparo de la establishment clause la constitucionalidad de las actas nº 194 y nº 195 del Pennsylvania Public School Code de 1972, las cuales preveían diversas ayudas para las escuelas privadas, de las que el 75 % eran religiosas286. 283 284 285 286
392 U.S. 249-50. 392 U.S. 253. 392 U.S. 271. 421 U.S. 349 (1975).
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El objetivo de la norma impugnada era que cada alumno de las escuelas de primaria y secundaria, independientemente de que acudiese a una escuela pública o privada, percibiera los mismos beneficios estatales en lo referente a la provisión de libros de texto, material educativo y servicios auxiliares. Con este fin, el acta nº 194 preveía que el Estado financiase servicios médicos psicológicos, y ciertas medidas educativas para niños con problemas especiales (por ejemplo, disminuidos psíquicos) que atendían a las escuelas privadas. El acta nº 195 autorizaba a la Secretary of Education a distribuir material escolar, libros de texto y material instructivo (periódicos, fotografías, mapas, gráficos, material de sonido, videos y cualquier otro material de idénticas características) a los alumnos de las escuelas privadas, pero los libros de texto debían ser los mismos que los utilizados por los alumnos de las escuelas públicas. Las escuelas de titularidad religiosa eran las principales beneficiarías del programa de ayudas, y éstas se caracterizaban en su mayoría por integrarse orgánicamente en una organización religiosa, tenían un fuerte ideario religioso, imponían restricciones religiosas en el proceso de selección de su alumnado y profesorado, y sus alumnos debían asistir obligatoriamente a las clases de religión y participar en actividades de culto organizadas por la escuela287. El Tribunal Supremo aplicó el precedente Board of Education v. Allen288 y llegó a la conclusión de que la ayuda para libros de texto era constitucional289. Respecto al resto de las disposiciones contenidas en los actas nº 195 y nº 194, el tribunal estimó que vulneraban la establishment clause, básicamente por dos motivos: primero, la norma estatal beneficiaba exclusivamente a los alumnos de las escuelas privadas, en su mayoría religiosas y con claras funciones adoctrinadoras; y segundo, debido al fuerte ideario religioso de las escuelas de titularidad religiosa que participaban en el programa, era imposible disociar los efectos que la norma tenía en los fines seculares de los fines religiosos de las escuelas de titularidad religiosa290. 287 288 289 290
421 U.S. 356. 392 U.S. 236 (1968). 421 U.S. 360-65, en 392 U.S. 236. 421 U.S. 366-375.
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En este supuesto, a diferencia de las sentencias Allen o Everson, el tribunal valoró quién y en qué medida era el beneficiario de las ayudas estatales. El motivo cabe encontrarlo en que en este caso incorporó a su razonamiento los principios de la sentencia Lemon. El juez Burger votó en contra de la sentencia, al entender que la inconstitucionalidad de la norma supondría que los padres de los niños con problemas de aprendizaje tuvieran que optar entre su libertad religiosa o que su hijos, debido a sus deficiencias físicas, acudieran a una escuela pública. En su opinión, la sentencia privaba a los alumnos de su derechos protegidos en la free exercise clause debido a una interpretación demasiado extensiva de la establishment clause291. El punto de cohesión de los votos contrarios a la sentencia fue que los alumnos de las escuelas religiosas deben beneficiarse de las ayudas que el Estado prevé para sus equivalentes seculares, pero no como una manifestación de la free exercise clause, sino por imperativo de la establishment clause en su faceta de igualdad entre los entes seculares y religiosos. En resumen, las escuelas religiosas no pueden beneficiarse en ningún supuesto de las ayudas estatales para fomentar su labor religiosa, siendo aquí donde surge la disyuntiva principal: para un sector de los jueces del Tribunal Supremo, la establishment clause se vulnera siempre que el Estado concede ayudas a las escuelas religiosas porque éstas se benefician como un todo, y por lo tanto el Estado fomenta inevitablemente su faceta religiosa; para otro sector de los jueces, el principio de igualdad que propugna la establishment clause permite que el Estado beneficie el aspecto secular de la labor educativa sin que ello repercuta en la religiosa; y para un tercer sector, incluso aunque el Estado fomente el aspecto educativo religioso, siempre que éste no sea el principal fin de sus normas, no vulnera la establishment clause porque su fin prioritario es el fomento de un interés público esencial: la educación secular.
291
421 U.S. 387.
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3.3. Ayudas para transporte escolar El Tribunal Supremo consideró en la sentencia que resolvió el caso Everson v. Board of Education292 la constitucionalidad de una norma del Estado de New Jersey, que autorizaba a los distritos escolares locales a proveer de transporte escolar a los alumnos de las escuelas privadas sin ánimo de lucro. Uno de los distritos escolares recurrió contra el hecho de que sus beneficiarios fuesen las escuelas religiosas, en este caso de titularidad católica. Las escuelas católicas eran parte integral de la labor adoctrinadora de la confesión, destacando por la instrucción religiosa que recibían sus alumnos, y porque su dirección recaía sobre un sacerdote de dicha confesión. La demanda denunció, por una parte, la violación de la establishment clause que suponía que el Estado financiase a las escuelas confesionales, y de otra, que el Estado cobrase un impuesto para financiar la religión293. El tribunal dejó claro que una ley estatal que financie a una escuela religiosa vulnera la establishment clause, pero dicha norma tampoco puede dificultar el libre ejercicio de la religión, y por lo tanto no puede excluir a los individuos de los beneficios que prevé la legislación estatal para el bienestar común294. La tesis mayoritaria, y que finalmente estableció que la norma era constitucional, se sustentó en tres argumentos: Primero, proveer a los alumnos de transporte escolar es lo mismo que proveerlos de protección policial para que crucen las calles próximas a la escuela sin que sean atropellados, de protección anti-incendios o del uso de las aceras y las autopistas; y excluir a los alumnos de las escuelas de titularidad religiosa de este tipo de ayudas supondría discriminarlos por motivo de su religión295. 292 293 294 295
330 U.S. 1 (1947). 330 U.S. 4-7. 330 U.S. 16. 330 U.S. 17-18.
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Segundo, el tribunal interpretó que con estas ayudas se beneficiaba a los individuos en la faceta de su derecho a la libertad religiosa, en concreto a los alumnos y a sus padres y no a la institución religiosa. El resultado de la norma impugnada era ayudar económicamente a los padres para que sus hijos, sin ser discriminados por razón de su religión, pudiesen acudir a las escuelas que los mismos eligieran, y no financiar a las escuelas religiosas296. Y tercero, la primera enmienda exige que el Estado sea neutral en sus relaciones con los grupos religiosos y no religiosos. En consecuencia, “si se privase a los alumnos de las escuelas privadas religiosas de los beneficios de los que disfrutan las escuelas públicas se estaría privando a los alumnos, por razón de su religión, de los beneficios que la legislación estatal prevé para sus compañeros de las escuelas públicas”. En opinión del tribunal, el servicio de transporte escolar era equivalente a los servicios públicos básicos, y por lo tanto la exclusión de las escuelas religiosas supondría dificultar su labor educativa, vulnerando la neutralidad estatal debido a que el Estado sería hostil hacia la religión. El tribunal tomó su decisión por una ajustada mayoría de cinco votos a cuatro, por lo que los votos particulares adquieren una importancia notable. El juez Jackson, que votó en contra de la sentencia, expuso que la relación entre el fin de la establishment clause (la separación entre el Estado y las confesiones religiosas) y la sentencia (permitiendo que los alumnos de las escuelas religiosas utilicen los transportes públicos gratuitamente) no era racional297. La norma impugnada no negaba a los alumnos de las escuelas confesionales el acceso a los autobuses escolares, sino que devolvía a los padres el importe del billete de autobús, pero, aunque dicho importe no se devolviese, el viaje sería igual de rápido o seguro298. Para el juez Jackson, la sentencia debió valorar el hecho de que la totalidad de las escuelas beneficiarias fuesen religiosas, pues esto suponía que el Estado estaba recaudando impuestos para financiar la labor adoctrinado296 297 298
330 U.S. 18. 330 U.S. 19. 330 U.S. 22.
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ra de las escuelas de titularidad religiosa, y por lo tanto estableciendo a una religión como oficial. De esta manera, el juez Jackson se mostró partidario de utilizar una interpretación extensiva de la establishment clause; para él la cuestión clave no fue si el Estado beneficiaba a la escuela, a sus alumnos o a ambos, sino cuándo el Estado estaba financiando una manifestación religiosa, independientemente del carácter directo o indirecto de la ayuda299. Por su parte, el juez Rutledge, secundado por los jueces Frankfurter, Jackson y Burton, se mostró disconforme con la sentencia, y manifestó en su voto particular que la misma ejemplificaba el establecimiento de la religión, ya que las local board of education no discriminaban entre escuelas públicas y privadas o religiosas y seculares, sino entre escuelas con o sin ánimo de lucro; por lo que la sentencia limitaba el tamaño del muro imaginario que debe separar al Estado de la religión300. Para Rutledge, en el supuesto a examen, los beneficiarios de la norma eran los alumnos de las escuelas públicas y católicas, pues no existían otras escuelas privadas en el distrito escolar; por lo tanto, los impuestos de los no creyentes o los creyentes de religiones diferentes de la católica financiaban el programa de transporte escolar301. En resumen, la posición minoritaria sostuvo que el trasporte escolar es un elemento integrante de la actividad educativa de las escuelas confesionales, al igual que los libros o el material deportivo, pues sin ellos no podría llevarse a cabo la labor educativa; en consecuencia, cuando el Estado financia cualquiera de estos elementos está financiando los fines religiosos que promueven las escuelas confesionales302. 299 330 U.S. 24. “It is not of importance in this situation whether the beneficiary of this expenditure of tax-raised funds is primarily the parochial school and incidentally the pupil, whether the aid is directly bestowed on the pupil with indirect benefits of the school. The state cannot maintain a Church and it can no more tax its citizens to furnish free carriage to those who attend a Church. The prohibition against establishment of religion cannot be circumvented by a subsidy, bonus or reimbursement of expense to individuals for receiving religious instruction and indoctrination”. 300 330 U.S. 32. 301 330 U.S. 32, 38-42, 63. 302 330 U.S. 58-62.
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La línea jurisprudencial en el terreno de la financiación estatal del transporte escolar fue matizada en la sentencia Wolman v. Walter303, donde el Tribunal Supremo enjuició un programa escolar del Estado de Ohio que autorizaba ciertas ayudas para las escuelas privadas de grado elemental y secundario. Las ayudas estatales impugnadas comprendían libros de texto, exámenes que determinaban la capacidad intelectual de los estudiantes, servicios psicológicos a los alumnos por parte de personal especializado contratado a tales efectos por la board of education, servicios terapéuticos, material e instrumentos educativos y transporte escolar para las actividades culturales de las escuelas. El tribunal aplicó el precedente Meek v. Pittenger (donde utilizó el lemon test), según el cual es necesario determinar la constitucionalidad de las ayudas estatales a las escuelas privadas en función de su beneficiario304. El tribunal estimó que durante el año escolar 1974-1975 el 96 % de los alumnos de las escuelas privadas acudían a escuelas religiosas, y el 92 % de éstas eran católicas. Las escuelas de titularidad religiosa eran supervisadas por el obispado de la Diócesis de Ohio, un tercio de los profesores eran miembros de la confesión religiosa, la mayoría del profesorado practicaba la religión católica, permitían que sus alumnos no católicos no asistiesen a las clases de religión o al resto de las actividades religiosas, y sus profesores no estaban obligados a enseñar su doctrina religiosa en las asignaturas seculares que impartían305. El Tribunal estableció que las ayudas para libros de texto, exámenes intelectuales, servicios psicológicos y servicios terapéuticos, eran constitucionales porque las escuelas probaron que su disfrute se realizaba fuera de la atmósfera religiosa escolar. Por ejemplo, los servicios terapéuticos no se realizaban en las escuelas religiosas, sino en centros públicos de salud o unidades móviles. Las ayudas de transporte escolar y material escolar fueron declaradas inconstitucionales. El tribunal fundamentó su decisión en que, a diferen303 304 305
433 U.S. 229 (1977). 421 U.S. 383-84 (1975). 433 U.S. 234-35.
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cia de la sentencia Everson donde los autobuses escolares constituían una necesidad diaria de los alumnos, en este supuesto se trataba de transporte para visitas culturales, y era la escuela y no el Estado la que determinaba los horarios y periodicidad del transporte; por lo tanto las ayudas para transporte servían más a la escuela que a los alumnos. Por otra parte, el Estado debería controlar el uso que hiciesen las escuelas confesionales de los autobuses, lo que podría generar una relación excesiva entre el Estado y la religión306. Respecto al material e instrumentos educativos, el tribunal estimó que su principal beneficiario era la escuela y no los alumnos, ya que su coste no lo pagaban los padres sino la escuela. El juez Stewart expuso que el material escolar tenía un contenido estrictamente secular (era el mismo que el utilizado en las escuelas seculares), sin embargo el objeto de los educadores de las escuelas confesionales es inculcar valores y creencias religiosas a sus alumnos, lo cual sería llevado a cabo con el material que el Estado proveía a las escuelas307. La posición minoritaria de los jueces fue partidaria de denegar el total de las ayudas. Como expuso el juez Stevens, “no es posible diferenciar entre ayudas directas e indirectas a la religión o entre material instructivo (mapas y material de laboratorio) y libros de texto”; en su opinión, el Estado no puede conceder ningún tipo de ayuda, grande, pequeña, directa o indirecta, a las instituciones religiosas sin vulnerar la establishment clause308. En la misma línea, el juez Marshall sostuvo en su voto particular que las ayudas médicas, psicológicas y terapéuticas estaban enfocadas a la mejora de la educación de aquellos centros en los que tiene lugar y, por lo tanto, en este caso fomentaban la faceta religiosa de las escuelas309. Después de analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, la conclusión parece sencilla: las escuelas religiosas pueden ser beneficiarias de determinadas ayudas estatales como transporte escolar o libros 306 307 308 309
433 U.S. 252-255. 433 U.S. 249-251. 433 U.S. 265-266. 433 U.S. 261-262.
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de texto, siempre que el objetivo de estos servicios sea claramente secular. El motivo de que las escuelas religiosas no sean acreedoras de otro tipo de ayudas estatales es que éstas normalmente constituyen una parte integral de la confesión religiosa cuya doctrina imparten, por lo que dichas ayudas podrían fomentar su misión religiosa. La postura de los jueces del Tribunal Supremo respecto de los programas de ayuda estatal para financiar el salario del profesorado de las escuelas religiosas se puede sintetizar del siguiente modo. Un sector de los jueces opina que las escuelas de titularidad religiosa pueden beneficiarse de estas ayudas cuando sean excepcionales y puntuales, y se destinen a enseñanzas extracurriculares. Por su parte, el otro sector de los jueces es partidario de aplicar el lemon test, y en consecuencia de no conceder ninguna ayuda estatal a las escuelas de titularidad religiosa porque el Estado estaría beneficiando indirectamente la faceta religiosa de la actividad educativa que desarrollan estos centros.
CAPÍTULO V SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
1. Uඇංඏൾඋඌංൽൺൽൾඌ ൽൾ ඍංඍඎඅൺඋංൽൺൽ ඉනൻඅංർൺ La principal diferencia, desde la perspectiva del alumnado, entre los centros de educación de primaria y secundaria y los universitarios, reside en el diferente grado de madurez de los discentes, y consecuentemente en que los estudiantes universitarios tienen formada su personalidad. Asimismo, en el caso de la educación superior el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos se convierte en inoperante dada la edad de los discentes, que se convierten en titulares plenos y autónomos de sus derechos y libertades fundamentales. En el contexto educativo universitario se han producido conflictos similares a los de los niveles educativos inferiores, en terrenos como, por ejemplo, la práctica de la oración, la existencia de foros de debate religiosos o los límites que pueden establecerse a la libertad de expresión de los alumnos. Como hemos visto, cuando los debates mencionados se producen en el seno de instituciones públicas, el Tribunal Supremo ha venido pronunciándose utilizando el principio de laicidad del Estado, contenido en la establishment clause, para medir cuál es el parámetro de actuación de los poderes públicos. De ahí que sea especialmente relevante para nuestro estudio conocer en qué medida, pese a tratarse de conflictos similares a los ya analizados en el caso de la escuela pública, la posición del Tribunal Supremo ha sido diferente por tratarse del contexto universitario.
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1.1. Foros de debate religiosos La existencia de foros religiosos en las universidades públicas plantea una problemática específica, pues estamos haciendo referencia al derecho que tienen los grupos a participar en los foros de discusión y debate públicos, y su denegación a las organizaciones religiosas a priori podría suponer su discriminación por motivos religiosos310. La diferencia entre los foros de discusión públicos con carácter general y los universitarios reside en que, en los segundos, las autoridades universitarias pueden limitar el derecho a la libertad de expresión y asociación por motivos educativos311. De forma complementaria, el Tribunal Supremo ha interpretado que la existencia de asociaciones y grupos de debate en las universidades de titularidad pública es una manifestación del derecho a la libertad de asociación y reunión, protegido por la primera enmienda312. En Widmar v. Vincent313 el Tribunal Supremo federal estableció en qué supuestos una universidad estatal, que permite la creación de foros ideológicos entre sus estudiantes, puede denegar su acceso a aquellos que quieran utilizar dichos foros para el culto y discusiones acerca de su religión314. En este supuesto, la Universidad estatal de Missouri, en su campus de Kansas, preveía la existencia de locales para las reuniones de unos 100 grupos de estudiantes aproximadamente, entre los que había varios grupos religiosos. Sin embargo, la universidad prohibió el uso de los edificios de la universidad para la enseñanza de la religión y la práctica del culto religioso. Uno de 310
Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268 (1951). Police Dep. of Chicago v. Mosley, (408 U.S. 92, 1972). El Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que las instalaciones de las universidades públicas constituyen un foro público para sus alumnos. La restricción al derecho de los estudiantes a reunirse y a propagar sus creencias e ideas sólo puede ser factible al amparo de los fines educativos del centro, pudiendo demandarse tal limitación al amparo de la primera enmienda. El mismo tribunal expuso en Cox v. Louisiana, que “si bien es posible penalizar a los sujetos que alteran la paz pública al expresar y difundir creencias anti-populares, no así cuando la difusión sea una manifestación de la libertad de expresión” (379 U.S. 536, 1985). 312 Healy v. Homes, 408 U.S. 169. 313 Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981). 314 454 U.S. 263. 311
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los grupos religiosos recurrió la norma porque, en su opinión, vulneraba su derecho a la libertad religiosa, a la igualdad de los grupos y la libertad de expresión315. En un primer estudio del caso, el Tribunal de Distrito declaró la norma constitucional, e incluso necesaria al amparo de la establishment clause, ya que si la universidad permitiese el acceso de los grupos religiosos a sus foros de discusión estaría fomentando la religión316. Esta sentencia fue revocada por un Tribunal de Apelación del octavo circuito, el cual estableció que cuando una universidad crea un foro de reunión para sus estudiantes y excluye a uno de sus grupos por motivos religiosos está violando los derechos a la libertad de asociación y expresión de los estudiantes, a la vez que los discrimina por motivos religiosos317. Finalmente, la universidad apeló esta sentencia ante el Tribunal Supremo federal, alegando que si cumplía la sentencia del Tribunal de Apelación y garantizaba el acceso igualitario de los grupos religiosos y seculares a sus foros de discusión violaría la establishment clause318. El Tribunal Supremo tuvo que determinar cuándo una universidad con una política de foros abiertos podía discriminar entre sus candidatos por razón de su religión. La universidad simplemente se limitaba a poner a disposición de sus estudiantes sus locales para que se reuniesen. Para el tribunal, la existencia de foros abiertos en las universidades no vulneraba el lemon test: su fin era secular (fomentar la libertad de expresión y asociación de los estudiantes), ni inhibía ni fomentaba la religión (podían acceder voluntariamente todos los grupos que lo solicitasen fueran o no religiosos), y no generaba una relación excesiva entre el Estado y la religión (la universidad no se representaba en los foros). Por lo tanto, según el tribunal, salvo que los grupos religiosos dominasen los foros universitarios, su creación no fomentaba la religión. Sin embargo, de no existir una política de foros abiertos la solicitud del grupo religioso sería denegada en base al principio 315 316 317 318
454 U.S. 266, 268. 454 U.S. 267. 454 U.S. 270. 454 U.S. 271
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de igualdad, ya que supondría una discriminación favorable a los grupos religiosos319. El juez Stevens, representando a la mayoría, sostuvo que las universidades públicas son competentes para juzgar el destino que quieran dar a sus recursos, pero el criterio que debe determinar su distribución debe ser el interés público. De esta manera, si la universidad priva a un grupo de estudiantes del acceso a las facilidades que tienen otros debe tener un fundamento y éste debe ser exclusivamente académico. Por los mismos argumentos, la universidad no puede facilitar el acceso de grupos de una religión y negárselo a otros grupos religiosos ni tampoco a grupos que fomenten ideas antirreligiosas, y siempre desde el plano de la igualdad de acceso de los grupos. Todo ello fomentado, en cierta manera, por el hecho de que, tal y como establecía el Student Handbook, los grupos de debate no podían identificar el nombre de la universidad con sus actividades, programas, políticas, opiniones o fines320. Por su parte, el juez White manifestó en su voto particular, contrario a la sentencia, que, si bien la establishment clause establece límites a la actuación del Estado, ésta no establece lo que éste debe hacer sino lo que no puede hacer, y prohíbe que los edificios de las universidades públicas se utilicen para fines religiosos321. En este caso las actividades que se pretendían realizar en el local propiedad de la universidad eran las de oración, cánticos religiosos, lectura de textos religiosos y la enseñanza de principios bíblicos; por lo que, en su opinión, el caso debía resolverse aplicando el balancing test, lo cual supondría que el tribunal ponderase, por una parte, el perjuicio que supondría a la libertad religiosa de los estudiantes, en este caso reunirse a un bloque y medio del campus, y por otra, la posible vulneración de la establishment clause a que estaría expuesta la universidad322.
319 320 321
454 U.S. 275. 454 U.S. 274, 281. Por los mismos argumentos el juez White votó en contra de las sentencias Niquist
y Lemon. 322
454 U.S. 284-284.
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En la sentencia que resolvió el caso Rosenberg v. Rector and Visitors of University of Virginia323, el Tribunal se pronunció de nuevo sobre la constitucionalidad de que los grupos religiosos universitarios pudiesen beneficiarse de ayudas estatales; en este caso para la publicación de un periódico. La Universidad pública de Virginia distribuía parte de los fondos obtenidos con las matriculas de sus estudiantes para financiar los gastos de imprenta de sus medios de comunicación. Pese a esto, la universidad excluía de dichos beneficios a un grupo católico, pues, en su opinión, esto supondría que la universidad vulneraba la establishment clause. El Tribunal Supremo estimó que la exclusión del grupo católico del programa de ayudas era discriminatorio porque, de una parte, los periódicos de los estudiantes se configuraban como un medio de comunicación independiente de la universidad, de otra, la universidad ni se identificaba ni respaldaba sus contenidos y, finalmente, porque excluir a los grupos religiosos supondría su discriminación con respecto al resto de los grupos ideológicos. Asimismo, como expuso O´Connor, favorable a la constitucionalidad de las ayudas, éstas eran pagadas a terceros diferentes del grupo religioso y los beneficiarios eran quince medios de comunicación, por lo que la universidad no trasmitía a la sociedad el mensaje de que estaba fomentando las creencias religiosas de sus estudiantes. Los jueces Souter y Stevens votaron en contra de la sentencia, pues, en su opinión, la consecuencia de que el Estado no pueda discriminar entre creencias religiosas y no religiosas supone que, por ejemplo, en el caso de existir publicaciones contrarias al racismo, la universidad debería financiar también publicaciones favorables al mismo. En conclusión, la posición del Tribunal Supremo en lo referente a la financiación y la existencia de foros de discusión religiosos en las universidades públicas difiere del estudiado para las escuelas de primaria y secundaria. La lectura de la jurisprudencia es sencilla: las universidades pueden beneficiarse de determinadas ayudas estatales y de la existencia de foros religiosos sin violar la establishment clause. Por lo que cabe afirmar que el 323
515 U.S. 819 (1995).
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alcance y contenido de la establishment clause varía en función del nivel educativo en que se aplique. Esta dicotomía encuentra su apoyatura en el diferente grado de madurez intelectual del que gozan los estudiantes universitarios, y el elevado grado de libertad de expresión y académica que impera en los centros universitarios. De manera complementaria a lo anterior, la posición del Tribunal Supremo es que cuando una universidad con una política de foros abiertos permite el acceso a los mismos a los grupos religiosos no está promoviendo o fomentando sus ideas, sino permitiendo que sus alumnos ejerzan su libertad de expresión y asociación en régimen de igualdad con los grupos seculares y, en definitiva, no obstaculizando el ejercicio de la libertad ideológica. 1.2. Libertad de expresión de las asociaciones estudiantiles con fines religiosos En el asunto University of California v Martínez324 el Tribunal Supremo se pronunció sobre un conflicto entre el ideario del Hastings College of the Law y las libertades religiosa, de expresión y asociación, de un grupo de estudiantes. La Facultad de Derecho Hastings, perteneciente al sistema universitario público del Estado de California, reconocía oficialmente a las asociaciones de alumnos que cumpliesen determinados requisitos y les concedía diferentes beneficios como, por ejemplo, el acceso a subvenciones públicas y a los canales de comunicación universitarios, el uso de espacios universitarios, y la posibilidad de utilizar el nombre y el logo de la universidad. A cambio del disfrute de los beneficios mencionados, las asociaciones debían comprometerse a cumplir con la política antidiscriminatoria de Hastings, denominada all comers, según la cual todos los alumnos debían poder participar en cual324
El asunto Christian Legal Society Chapter of the University of California, Hastings College of the law, Aka Hastings Christian fellowship v. Martinez et Al., fue resuelto por el Tribunal Supremo federal el 28 de junio del 2010 (561 U.S. 34, 2010). El texto completo de la sentencia puede encontrarse en http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1371.pdf
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quier asociación de estudiantes o acceder a su liderato con independencia de orientación sexual, creencias o convicciones ideológicas o religiosas325. La Christian Legal Society (CLS) estaba inscrita en el registro de asociaciones de Hastings, y al afiliarse a una asociación cristiana de ámbito nacional decidió modificar sus estatutos para introducir la obligación de que todos sus miembros subscribiesen una serie de “principios de fe”326; sin embargo, Hastings se negó a reconocer a la nueva asociación al entender que sus estatutos contradecían la política de all comers. La CLS demandó a Hastings alegando que se vulneraban sus derechos, contenidos en la primera y decimocuarta enmiendas a la Constitución federal, a la libertades de asociación, religiosa y de expresión. El Tribunal de Distrito que se pronunció en primera instancia sobre el supuesto, estimó que los derechos mencionados no fueron lesionados, ya que Hastings no ordenó a la CLS que admitiera a ningún estudiante o prohibió a la asociación expresarse libremente; por el contrario, Hastings se limitó a aplicar la normativa universitaria que regulaba las condiciones para poder utilizar los recursos económicos y los espacios de la facultad, y dicha normativa era ideológica y religiosamente neutral. La apelación presentada por la CLS ante la jurisdicción del noveno circuito fue desestimada. 325
La Law School’s Policy on Nondiscrimination (Nondiscrimination Policy) establecía que: “[Hastings] is committed to a policy against legally impermissible, arbitrary or unreasonable discriminatory practices. All groups, including administration, faculty, student governments, [Hastings]-owned student residence facilities and programs sponsored by [Hastings], are governed by this policy of nondiscrimination. [Hasting’s] policy on nondiscrimination is to comply fully with applicable law. “[Hastings] shall not discriminate unlawfully on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, disability, age, sex or sexual orientation. This nondiscrimination policy covers admission, access and treatment in Hastings-sponsored programs and activities”. 326 Los principios de fe que debían suscribir los miembros de la CLS eran de naturaleza claramente excluyente, pues decían “One God, eternally existent in three persons, Father, Son and Holy Spirit. God the Father Almighty, Maker of heaven and earth. The Deity of our Lord, Jesus Christ, God’s only Son conceived of the Holy Spirit, born of the virgin Mary; His vicarious death for our sins through which we receive eternal life; His bodily resurrection and personal return. The presence and power of the Holy Spirit in the work of regeneration. The Bible as the inspired Word of God”.
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El Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la política all comers, la cual, si bien salvaguardaba el derecho de todos los alumnos a participar en las asociaciones universitarias, impedía a las asociaciones elegir libremente a sus miembros lo cual podía indirectamente incidir en los derechos a las libertades de asociación, religiosa y de expresión de los estudiantes. El Tribunal Supremo decidió el supuesto de acuerdo con el siguiente planteamiento: 1)
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido en reiteradas ocasiones que es inconstitucional que las universidades públicas discriminen entre sus asociaciones de estudiantes por motivos ideológicos327. Por ejemplo, en el caso Rosenberger el tribunal estimó que era inconstitucional que una universidad pública denegase a una asociación de estudiantes determinados beneficios por el mero hecho de que su ideario fuera religioso, pues “una vez que una universidad abre un foro público debe respetar determinados límites legales inherentes a su propia constitución, y esto supone que no puede limitar su libertad de expresión o discriminar a los participantes en el mencionado foro, salvo que salvaguarde un interés preponderante”328. Asimismo, esta jurisprudencia ha establecido que “las entidades públicas, al regular y gestionar su propio patrimonio, pueden imponer restricciones a la libertad de expresión, siempre que sean objetivas y razonables en función de los fines que persiga la creación del foro”329. En otras palabras, a priori las universidades no pueden regular el asociacionismo estudiantil utilizando parámetros ideológicos, salvo que pretendan salvaguardar otro bien jurídico de naturaleza superior en ese contexto, como el orden público o la paz social.
327 En referencia a Healy v. James, 408 U. S. 169; Widmar v. Vincent, 454 U. S. 263; y Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819, 829. 328 Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819. 329 El tribunal se refirió a su jurisprudencia establecida en los casos: Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819, 829, y Roberts v. United States Jaycees, 468 U. S. 609, 623. Boy Scouts of America v. Dale, 530 U. S. 640, 648.
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2)
Hastings justificó su política all comers con los siguientes argumentos. Primero, esta política aseguraba que el liderazgo, y las oportunidades sociales y educativas inherentes a la participación en sus foros (como subvenciones, exclusión del pago de algunas tasas o el uso del logo de la Universidad), estuviesen abiertos a todos los estudiantes. Segundo, la aplicación práctica de all comers fomentaba la tolerancia, la cooperación y el respeto mutuo entre los estudiantes. Tercero, la exclusión de la CLS de los foros de la facultad de derecho no implicaba que la CLS no pudiese actuar como una asociación privada, pues, al igual que las fraternidades o hermandades de alumnos –que tienen la consideración de asociaciones de alumnos privadas-, ésta podía utilizar las aulas de la universidad o los tablones de anuncios universitarios para organizar sus reuniones. En otras palabras, Hastings denegó a la CLS la posibilidad de conformarse como una asociación con cuyos fines se identificaba, lo que se traducía en el terreno de la libertad de expresión en la imposibilidad de utilizar la imagen institucional, mandar mensajes o convocar a los alumnos mediante las redes sociales internas de Hastings330.
3)
Por el contrario, para la CLS all comers no era una política ideológicamente neutral por los siguientes motivos. Por una parte, esta política limitaba el pluralismo ideológico que debe estar presente en los foros universitarios. Por otra, la CLS alegó que en el supuesto de que la asociación no pudiera incluir en sus estatutos cláusulas que restringieran el acceso a la asociación, podría ocurrir que los estudiantes a los cuales no les gustasen sus ideas optasen por darse de alta en la asociación para así controlar su liderazgo y difusión. Y por último, según los demandantes, Hastings carecía de un interés legítimo para limitar los fines estatutarios de sus asociaciones de estudiantes, toda vez que dicha
330 De esta manera, se evita sacrificar completamente el derecho fundamental, tal y como viene reiterando la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators Assn., 460 U. S. 37, 53.
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limitación tenía consecuencias per se en la libertad de expresión de los alumnos. Finalmente, el Tribunal Supremo estableció que all comers era una política ideológicamente neutral, pues no discriminaba a los grupos por razón de las opiniones o ideas que estos pudieran defender ni pretendía impedir el acceso a sus foros a determinadas asociaciones, limitándose a determinar quién podía recibir subvenciones y disfrutar del estatus de asociación universitaria. En palabras del tribunal, “Hastings ha tenido que optar entre acceder a los deseos de una asociación de estudiantes, que pretendía poder excluir a otros alumnos, o a la demanda de los demás estudiantes que reclamaban una política de igualdad y no discriminación en el acceso a este tipo de asociaciones, y para ello trazó una clara línea divisoria que permite a todas las asociaciones estudiantiles expresar libremente lo que quieren pero sin poder discriminar entre quienes pueden (o no pueden) ser miembros de la asociación”. El juez Stevens se pronunció a favor del voto mayoritario, pero escribió un voto particular para explicar su posición con más detalle. Para Stevens, el elemento determinante fue el contexto en el que se produjo el conflicto, es decir, el ámbito universitario. Según Stevens, all comers simbolizaba la posición política de Hastings en el terreno del asociacionismo estudiantil, entendiendo que la discriminación por razón de raza, religión sexo u orientación sexual, debía ser tolerada en menor medida que el resto de los posibles supuestos de discriminación. Asimismo, en este caso concreto no cabía hablar de una prohibición creada exclusivamente para limitar la posibilidad de constituir asociaciones con una concreta ideología religiosa, ya que la prohibición se dirigía a cualquier asociación ideológica cuyos fines estatutarios promovieran la discriminación. En palabras del magistrado, “una sociedad libre debe tolerar este tipo de grupos –en referencia al CLS-, pero no tiene porque subsidiarlos, darles la imagen de asociaciones oficiales, o garantizarles un acceso en condiciones de igualdad a los recursos de la facultad de derecho”331. 331 En palabras de Stevens: “To be sure, the policy may end up having greater consequence for religious groups –whether and to what extent it will is far from clear ex ante– inasmuch as they are more likely than their secular counterparts to wish to exclude students
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Los jueces contrarios a la sentencia (Alito, Scalia y Thomas) se adhirieron al voto particular firmado por el juez Alito, que fue muy duro con el fallo de la mayoría. Para este sector de los jueces del Tribunal Supremo, en este supuesto se limitó inconstitucionalmente la libertad de expresión de un grupo de estudiantes universitarios porque ésta no era políticamente correcta para Hastings. En el momento de los hechos, había 60 asociaciones de estudiantes registradas en Hastings, y pese a que algunas eran de carácter religioso (musulmán y judío), otras defendían posiciones favorables o contrarias a temas íntimamente relacionados con los Derechos fundamentales (como el aborto o la eutanasia), la CLS fue la primera asociación de estudiantes a la que le fue denegado el registro. Según Alito, la política all comers no era ideológicamente neutral, ya que su aplicación práctica podía generar la discriminación en función de los diferentes idearios de las asociaciones estudiantiles. La clave del conflicto surgió cuando los líderes de la CLS modificaron sus estatutos para exigir a todos sus miembros firmar una declaración donde se comprometían a seguir determinados principios religiosos. Sin embargo, la intención de la CLS no fue excluir a nadie de la asociación, sino asegurarse de que existiera cierta coherencia entre la ideología y las ideas expresadas por la asociación y sus miembros. El problema de fondo residió en que las asociaciones con fines religiosos, a diferencia de lo que ocurría con las organizaciones no religiosas, no podían permitir que sus miembros no compartiesen sus creencias, y menos aún que pudieran (sin compartir dichas creencias) participar en la gestión de la organización o incluso dirigir la misma. En otras palabras, la principal crítica del voto minoritario de los jueces fue que la regulación universitaria no previese en este supuesto la especificidad que presentan las creencias religiosas frente a las no religiosas. La denegación del estatus de organización estudiantil, a diferencia de lo que señaló el voto mayoritario, tuvo graves consecuencias para las of particular faiths. But there is likewise no evidence that the policy was intended to cause harm to religious groups, or that it has in practice caused significant harm to their operations. And it is a basic tenet of First Amendment law that disparate impact does not, in itself, constitute viewpoint discrimination”.
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asociaciones excluidas, pues se les impidió comunicarse con los alumnos de Hastings mediante los canales sociales habilitados expresamente para dicha finalidad. Asimismo, las asociaciones excluidas debían presentarse ante los estudiantes y la sociedad civil como entidades que a priori no tenían la calidad suficiente para ser respaldadas por la imagen institucional de la universidad, y en consecuencia no podían utilizar las facilidades previstas en el campus exclusivamente para las asociaciones de estudiantes inscritas. Un último argumento que expuso Alito, fue que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido en reiteradas ocasiones que la primera enmienda garantiza el derecho de los grupos a decidir libremente quién pueden formar parte de los mismos, con el objeto de evitar la entrada al grupo de personas que no compartan sus creencias y pretendan impedir u obstaculizar su difusión332. Hastings preveía la posibilidad de que las asociaciones estudiantiles pudieran expulsar a aquellos miembros que impidieran al grupo expresar sus ideas, o que intentasen boicotear sus actividades; por lo tanto la CLS pretendía hacer lo mismo que las asociaciones que expulsan a sus miembros por obstaculizar sus actividades, pero realizando el control aludido a priori y no a posteriori.
1.3. La práctica de la oración La sentencia del Tribunal Federal del cuarto circuito que resolvió el caso Mellen v. Bunting333, en apelación a una sentencia del Tribunal de Distrito de Virginia, es especialmente relevante es este contexto, debido a la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo federal sobre la prác-
332 Vid. Boy Scouts of America v. Dale, 530 U. S. 640, 648; Roberts v. United States Jaycees, 468 U. S. 609, 623 (1984); see also New York State Club Assn., Inc. v. City of New York, 487 U. S. 1, 13 (1988). 333 El caso fue decido el 30 de abril del 2003, por el United States Court of Appeals for the Fourth Circuit. Nos. 02-1215 (L) (CA-01-26-6). El texto de la decision de la United States Court of Appeals for the Fourth Circuit puede encontrarse en http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/021215.P.pdf
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tica de la oración en el contexto universitario, y al hecho de que el proceso fuera promovido por la Sociedad Americana para la Separación entre el Estado y las confesiones religiosas, la Liga antidifamación, y el Comité judío americano. El Virginia Military Institute (VMI) es una Universidad estatal fundada en 1839 y localizada en Lexington (Virginia), la cual, si bien no forma parte de las Fuerzas Armadas, educa a sus alumnos de acuerdo con un estándar de disciplina militar, que se materializa en el hecho de que sus alumnos vivan en barracones, vistan uniformes militares y reciban instrucción militar. La práctica religiosa enjuiciada se realizaba en el comedor de la universidad, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Los alumnos formaban en las puertas de sus barracones, para posteriormente dirigirse en formación al comedor. La asistencia al comedor no era obligatoria, pero los alumnos debían pagar una cuota mensual por dicha manutención, independientemente de que asistiesen o no al comedor. Una vez en la sala, y siempre en formación, los alumnos, representados por el cadete de mayor antigüedad, presentaban sus saludos a la máxima autoridad académica en el comedor. A continuación, el Comandante ordenaba descanso, aunque la capacidad de movimiento de los cadetes continuaba limitada al espacio circundante a su mesa, se leía el orden del día y, excepto los sábados, el cadete capellán leía una oración que era redactada por el capellán de la escuela. La oración se componía de dos partes bien diferenciadas: en primer lugar, se solicitaba la bendición divina para la universidad y sus alumnos, y se agradecían tanto el apoyo como el amor de los familiares y amigos; y en segundo lugar, los alimentos eran bendecidos de acuerdo con la siguiente fórmula: “recibimos estos alimentos y compartimos los mismos con agradecimiento a Dios. Amén”. Durante la oración los cadetes debían permanecer agrupados y en silencio, pero no estaban obligados a recitar la oración o a adoptar una posición de reverencia. En enero del 2001, un grupo de cadetes solicitó a las autoridades académicas que se les permitiese abandonar el comedor durante la práctica de la oración, toda vez que denunciaron que dicha práctica vulneraba tanto la Constitución del Estado de Virginia como la primera enmienda a la
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Constitución federal. El General Bunting, que era la máxima autoridad académica, desestimó la petición alegando que la primera enmienda no prohibía la realización de una oración de las características aludidas, y que ésta constituía una parte fundamental de la tradición militar y cultural del centro escolar. Ante la negativa de las autoridades académicas, en mayo del 2001 el grupo de cadetes denunció la situación ante el Tribunal de Distrito. El abogado del Estado defendió la constitucionalidad de la oración, ya que, en su opinión, ésta tenía un objetivo secular y técnicamente los cadetes eran adultos que podían optar libremente entre practicar o no la oración; en sus palabras, “¿acaso la práctica de la oración en las Fuerzas Armadas no se mantiene porque los Comandantes creen que ésta contribuye al desarrollo de las aptitudes espirituales de los miembros de las Fuerzas Armadas?”. Desde la óptica de la free exercise clause, el principal problema fue la determinación de en qué medida el nivel de disciplina que existe en las academias militares afecta a la libertad de los cadetes para asistir o no al comedor, ya que, aunque teóricamente la asistencia era voluntaria, para poder ausentarse del comedor era necesaria una excusa justificada. Por lo que respecta a la establishment clause, se plantearon dos debates: por una parte, el hecho de que se produjese una vinculación entre una institución estatal y la religión, ya que en palabras del juez de primera instancia Norman Moon: “estamos ante una práctica de naturaleza similar a la práctica de bendecir los inicios de las sesiones de los tribunales, o algunas comidas oficiales de carácter civil”; y por la otra, si bien la primera enmienda a la Constitución federal no prohíbe que los cadetes puedan realizar prácticas religiosas antes, durante, o después de las comidas, no es tan evidente que la establishment clause no prohíba que el Estado o una de sus instituciones pueda promover dicha actividad. En enero de 2002 el Tribunal de Distrito sentenció a favor de los demandantes, al entender que dicha práctica vulneraba el lemon test334, y por lo tanto la establishment clause, porque “las autoridades académicas de la universidad guiaban la práctica de la oración, llegando incluso a determinar sus contenidos, lo cual generaba una relación excesiva entre el Estado y la religión”. 334
Lemon v. Kurtzman 403 U.S. 602 (1971).
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La sentencia fue apelada por la universidad ante el cuarto Tribunal de circuito. La universidad defendió su política referida a la práctica de la oración, argumentando que se trataba de una práctica similar a la que enjuició el Tribunal Supremo federal en la sentencia Marsh v Chambers335. En el asunto Marsh, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de que la apertura de las sesiones parlamentarias del Estado de Nebraska comenzasen con una oración, entendiendo que no se vulneraba la primera enmienda porque se trataba de una actividad que tenía un carácter más histórico y cultural que religioso; ahora bien, como expuso el Juez Burger en la sentencia Marsh “se trata de un supuesto excepcional y único en el cual los padres fundadores no vieron un posible atentado contra la establisment clause, pero sin que esto implique que prácticas parecidas sean constitucionales”. El Tribunal federal entendió que la jurisprudencia Marsh no era aplicable en este supuesto, ya que el elemento decisivo para decidir este caso fue el hecho de que en 1789, es decir a la vez que fue aprobada la Declaración de derechos federal, el propio Congreso ordenase “nombrar y pagar un capellán para cada uno de los Congresos estatales”. Asimismo, la sentencia Marsh ha sido utilizada como precedente en escasos supuestos, debido a que el Tribunal Supremo federal estableció en County of Allegheny v ACLU que la práctica de un juez del Estado de Carolina del Norte de comenzar sus sesiones judiciales con una oración era inconstitucional, toda vez que la sentencia Marsh “no debe interpretarse de forma que todas las prácticas aceptadas desde hace 200 años, o sus equivalentes, sean constitucionales hoy en día”336. Una vez determinado que el caso no podía decidirse utilizando el precedente Marsh, el Tribunal de circuito analizó el supuesto de acuerdo con un triple planteamiento: el estatus constitucional de la práctica de la oración en la educación preuniversitaria (debido a la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo federal sobre la práctica de la oración en el ámbito universitario), la posición de la jurisprudencia de los tribunales federales de circuito sobre asuntos similares, y la interpretación que el 335
463 U.S. 783 (1983). County of Allegheny v ACLU 492 U.S. 573 (1989), North Carolina Civil Liberties Union Legal Foundation v Constangy, 947 F. 2d 1145 (4 th Cir. 1991). 336
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Tribunal Supremo ha hecho de la establishment clause para el contexto educativo. Por lo que respecta a la jurisprudencia de los Tribunales de Circuito federales, hay que señalar que ésta no es uniforme. En Anderson v Laird337, el Tribunal federal de Apelación por el Distrito de Columbia entendió que el hecho de que una academia militar obligase a sus estudiantes a asistir los domingos a servicios religiosos católicos, judíos, o protestantes, vulneraba la establishment clause; e incluso en el supuesto de que la asistencia de los cadetes fuera voluntaria, y se previese su exención por motivos de conciencia, esta práctica también sería inconstitucional, ya que “ninguna institución estatal puede solicitar a los individuos participar en actividades religiosas, o estar presente en servicios religiosos”. En Tanford v Brand338, el séptimo Tribunal de circuito entendió que la inclusión de una invocación a Dios durante una ceremonia de graduación no vulneraba la establishment clause, ya que la asistencia de los alumnos a dicha ceremonia era voluntaria, siendo lo habitual que tanto ellos como sus familiares entrasen y saliesen constantemente durante la misma, y porque según el tribunal se trataba “de un simple acto de expresión de las creencias de la mayoría de la población estadounidense”. En Chaudhuri v Tennessee339 el sexto Tribunal de circuito estableció que una oración aconfesional que se recitaba durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Tennessee no vulneraba la establishment clause, ya que se trataba de solemnizar un acto académico utilizando una oración aconfesional, y “ni la lectura de oraciones aconfesionales ni el establecimiento de minutos de silencio genera una relación inconstitucional entre el Estado y las confesiones religiosas”. El tribunal se inclinó por resolver el caso de acuerdo con los parámetros que el Tribunal Supremo ha utilizado en las sentencias Lee v. Weisman y Santa Fe Independent Scholl v. Doe. En otras palabras, el tribunal se decantó por determinar si existía una vulneración o no de la establisment 337 338 339
466 F.2d 283 (D.C. Cir. 1972). 104 F.3d982 (7th Cir. 1997). 130 F.3d 232 (6th Cir. 1997).
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clause utilizando el lemon test, en virtud del cual las normas del Estado deben cumplir tres requisitos para no vulnerar la primera enmienda constitucional: su fin debe ser secular, su principal efecto no debe ser inhibir o fomentar la religión y no deben generar una relación excesiva entre el Estado y la religión. Comenzando por el primer criterio del lemon test, es decir la finalidad de la práctica religiosa, según la dirección de la escuela se trataba de una actividad netamente secular. En opinión del General Bunting la oración servía a un propósito militar, al fomentar que los cadetes desarrollasen su espíritu religioso en el contexto castrense, ya que “la ceremonia de agradecimiento por los alimentos servía para reforzar la cohesión de la familia militar de la que eran parte la totalidad de los cadetes”. Por su parte, el tribunal entendió que era necesario diferenciar entre la enseñanza voluntaria de la religión y la transmisión coactiva de creencias, entendiendo que en este caso estábamos ante la segunda opción ya que, si bien en este caso los alumnos eran adultos, al estar sometidos a un régimen castrense “eran susceptibles de ser presionados en su libertad de conciencia”. Sobre la posibilidad de que la oración tuviera como principal efecto no inhibir o fomentar la religión, y pese a que la escuela intentó probar que se trataba de una oración aconfesional, el tribunal fue rotundo al establecer que la oración promovía la religión, y transmitía a la sociedad el mensaje de que la universidad apoyaba institucionalmente los mensajes religiosos contenidos en la oración. Esta situación se agravaba por el contexto en el cual se realizaba la oración, es decir en el lugar donde se reunía toda la comunidad universitaria para comer, por lo que: “cualquier observador objetivo del acto percibiría que se trata de una actividad promovida por el Estado que fomenta la religión”. En último lugar, en opinión del tribunal, la práctica de la oración generaba una relación excesiva entre el Estado y la religión, debido a que la universidad introducía, ordenaba y componía, diariamente un elemento religioso en la libertad de expresión institucional de la escuela que podía ser divisivo para la comunidad escolar.
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2. Uඇංඏൾඋඌංൽൺൽൾඌ ൽൾ ඍංඍඎඅൺඋංൽൺൽ උൾඅංංඈඌൺ El régimen jurídico de las universidades de titularidad religiosa no difiere del descrito para las escuelas confesionales de enseñanza primaria y secundaria. Las universidades de titularidad religiosa se configuran como universidades privadas y son una manifestación del derecho de las confesiones religiosas a crear un centro educativo y a dotarlo de un ideario propio. Sin embargo, como a continuación veremos, las universidades de titularidad religiosa, a diferencia de lo que ocurre con los centros educativos religiosos de niveles inferiores, pueden beneficiarse de determinadas ayudas económicas públicas.
2.1. Ayudas estatales específicas La establishment clause prohíbe que el Estado financie o conceda ayudas a las universidades de titularidad religiosa para que éstas realicen labores propiamente religiosas, pero lo que no está tan claro es en qué medida la faceta estrictamente educativa, y por lo tanto secular, de dichas universidades puede beneficiarse de las ayudas que el Estado concede a los centros educativos seculares que realizan la misma actividad. La posibilidad de que las universidades de titularidad religiosa puedan ser beneficiarias de ayudas estatales fue discutida en la sentencia Tilton v. Richardson340. La norma impugnada fue el título I del Higher Education Facilities Act of 1963. El fin de la norma citada era satisfacer la fuerte demanda de educación superior que se produjo en los Estados Unidos durante los años sesenta, para lo que preveía la concesión de ayudas económicas a centros universitarios para la construcción de edificios y adquisición de material escolar, incluyendo entre sus posibles beneficiarios a las universidades de titularidad religiosa que no empleasen las ayudas para construir edificios en los que se enseñase religión o que se utilizasen como lugar de culto. El límite a la disponibilidad de los edifi-
340
403 U.S. 672 (1971).
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cios era de 20 años, y si una universidad lo incumplía debía devolver el dinero al Estado341. La norma fue impugnada porque, en opinión de la parte demandante, fomentaba el ejercicio de la religión. Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que el objetivo de la norma era claramente secular: asegurar que en el futuro los jóvenes pudiesen acudir a las universidades para finalizar sus estudios superiores; asimismo, las universidades probaron que los edificios no habían sido utilizados para los fines prohibidos en el Acta, luego el dinero había sido utilizado de la misma manera que lo habría hecho una universidad con un ideario secular342. El segundo argumento de la demanda fue que el Estado estaba subsidiando instituciones educativas en las que se impartían doctrinas religiosas. El tribunal también desestimó este argumento porque en los edificios construidos no se impartían clases de religión ni estaban adornados con manifestaciones religiosas; es más, las cinco universidades beneficiarias del programa de ayudas se distinguían por respetar la libertad religiosa de su alumnado, no imponían condiciones religiosas en su política de admisión, ni obligaban a sus alumnos a asistir a las clases de religión343. Por último, la demanda alegó que las universidades de titularidad religiosa no podían ser beneficiarias de las ayudas estatales porque constituían una parte integral de las organizaciones religiosas, es decir, participaban de su labor adoctrinadora, y por lo tanto vulneraban la establishment clause. El Tribunal Supremo sentenció que la norma impugnada era acorde con el contenido de la primera enmienda344. Según el tribunal, a diferencia de las escuelas de primaria y secundaria en las que el objetivo de la enseñanza es asegurar el control de la educación pre-universitaria de los sujetos que practican una fe particular, las universidades se distinguen por el elevado grado de libertad religiosa que impera en sus campus. Asimismo, el 341 342 343 344
403 U.S. 675-6. 403 U.S. 679-80. 403 U.S. 682. 403 U.S. 689.
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subsidio era mínimo por cuanto era único, al tratarse de un solo pago para un solo propósito (la construcción de un edificio)345. La posición minoritaria en esta sentencia (Douglas, Black y Marshall), expuso que el Estado no puede controlar periódicamente si se imparten o no asignaturas religiosas en los edificios de las universidades sin violar la establishment clause. Es más, las universidades eran libres para utilizar los edificios para sus fines religiosos una vez pasado el plazo de 20 años, por lo que el presente supuesto suponía que “se tomase el dinero de los contribuyentes y se ingresase directamente en los cofres de la Iglesia”, ya que cuando una universidad de titularidad religiosa adquiere un edificio gratuitamente libera el montante que le hubiera reportado su construcción, el cual puede ser dedicado para sus actividades de contenido religioso346. Cinco años después, en la sentencia que resolvió el caso Roemer v. Board of Public Works of Maryland347, el Tribunal Supremo tuvo que decidir de nuevo acerca de la constitucionalidad de las ayudas estatales de las que eran beneficiarias las universidades de titularidad religiosa. En este supuesto el mecanismo de financiación consistía en desgravaciones fiscales que el Estado de Maryland concedía anualmente a las universidades privadas, incluidas las de titularidad religiosa, en el caso de que éstas utilizasen el dinero para fines seculares. Cuatro universidades católicas demandaron su derecho a ser beneficiarias de las ayudas estatales. El tribunal tomó su decisión en base a la política religiosa de los demandantes de la ayuda estatal, y estableció que las universidades de titularidad religiosa podían beneficiarse de las ayudas estatales por cinco motivos: 1.
345 346 347
Pese a su afiliación a la Iglesia católica, gozaban de un elevado grado de autonomía, ninguna recibía financiación o remitía informes de sus actividades a la confesión, y no existían evidencias de que la confesión religiosa tomase parte en las decisiones de gestión y administración de las universidades. 403 U.S. 688. 403 U.S. 695-697. 426 U.S. 736 (1976).
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2.
Las universidades empleaban capellanes católicos, pero los ejercicios religiosos tenían carácter voluntario y la adoctrinación religiosa de sus alumnos era un objetivo secundario.
3.
Los sacerdotes católicos impartían cursos de religión y teología de manera complementaria a la enseñanza secular, pero también impartían cursos no teológicos en los que la atmósfera era de libertad intelectual y sin presiones religiosas. Asimismo, las universidades suscribían el Statements of Principles on Academic Freedom of the American Association of University Professors de 1940.
4.
La contratación del profesorado, salvo para el Departamento de Teología, no se hacía utilizando criterios religiosos.
5.
La mayoría de los alumnos que asistían a las universidades demandantes eran de religión católica, pero este elemento no se tenía en cuenta en el proceso de selección del alumnado348.
Como consecuencia de este análisis, el tribunal estableció que las universidades no estaban tan impregnadas por su faceta religiosa como para no poder diferenciar entre el carácter secular y religioso de sus actividades, y la faceta secular de estas organizaciones era acreedora de las ayudas estatales. Asimismo, la norma que preveía las ayudas tenía un objetivo secular claro (mejorar la calidad de enseñanza en las universidades privadas)349. Los jueces Brennan, Stevens, Stewart y Marshall votaron en contra de la decisión mayoritaria. En su opinión, la establishment clause prohíbe cualquier tipo de ayuda económica a las universidades cuyo propósito sea el fomento y propagación de una religión, ya que estas ayudas inevitablemente benefician al resto de los programas de la institución. Para la posición minoritaria, cuando una universidad de titularidad religiosa se beneficia de una ayuda, el Estado está financiando a ambas partes de la institución, la secular y la religiosa. En otras palabras, para los jueces citados es imposible disociar las facetas seculares de las religiosas350. 348 349 350
426 U.S. 755-758 (1976). 426 U.S. 770 (1976). 426 U.S. 772, 744-755..
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Después de analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, podemos decir que existen dos corrientes claramente diferenciadas en el seno del tribunal: La posición mayoritaria es partidaria de la teoría que denominaremos de la disociación, en función de la cual es posible diferenciar entre las funciones seculares (educativas) y religiosas (doctrinales y que sustentan la existencia de la institución) de las universidades religiosas. El Estado puede conceder ayudas a la faceta secular de la universidad, pero por los mismos motivos por los que concede ayudas al resto de las universidades privadas: por la prestación de un servicio de interés público. De esta manera, si bien la regla general es que el Estado no puede conceder ayudas a las universidades religiosas por motivo de sus actividades religiosas, en el supuesto de que las actividades seculares puedan independizarse de las religiosas, las primeras podrán beneficiarse de las ayudas estatales. La posición minoritaria de los jueces del Tribunal Supremo entiende que es imposible disociar las actividades seculares que realizan las universidades confesionales de las religiosas. Un segundo argumento a favor de que las universidades religiosas no reciban ayudas estatales cabría encontrarlo en la función inspectora que el disfrute de dichas ayudas conlleva, pues el Estado debe controlar que el destino del dinero público no fomente la religión, lo cual podría vulnerar el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.
2.2. Ayudas estatales para cursar estudios universitarios de carácter religioso En la sentencia que resolvió el caso Locke v Davey351 el Tribunal Supremo federal se pronunció sobre la constitucionalidad de un programa de ayudas económicas del Estado de Washington, que tenía por objeto subvencionar los gastos educativos de los alumnos de educación post secundaria. Además de requisitos académicos y de nivel de renta, el programa 351
540 U.S. 712 (2004).
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establecía que sus beneficiarios no podrían gastar las ayudas para el estudio para financiar o asistir a programas educativos de carácter religioso. El programa de ayudas no prohibía que sus beneficiarios asistiesen a universidades con un ideario religioso, sino la financiación de sus estudios cuando estos fuesen de carácter religioso. Davey solicitó una ayuda de estudios para cursar una licenciatura mixta en dirección y administración de empresas y servicios pastorales en el Northwest Collage, una universidad privada con ideario religioso. La solicitud del señor Davey fue desestimada, pero no por el ideario religioso de la universidad en la que el solicitante pensaba cursar sus estudios, sino porque las autoridades administrativas interpretaron que, de acuerdo con las bases del programa de ayudas, los estudios de Davey no podían ser objeto de subvenciones públicas. Ante la negativa de las autoridades educativas, el señor Davey recurrió la resolución administrativa alegando una vulneración de ambas cláusulas contenidas en la primera enmienda a la Constitución federal. En primera instancia el Tribunal de Distrito rechazó la petición de Davey y estableció que el programa de ayudas era coherente con el espíritu y la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal en este terreno. Esta resolución fue recurrida ante el Tribunal del noveno circuito, el cual, por una parte, anuló la decisión del Tribunal del Distrito, y por la otra, estableció que el programa de ayudas no era neutral y por lo tanto vulneraba la primera enmienda a la Constitución federal, ya que el Estado de Washington había creado un programa de ayudas que financiaba los estudios de sus ciudadanos sobre cualquier ideología, con la excepción de aquellas que fueran religiosas. Por lo tanto, el Tribunal de circuito entendió que se trataba de un programa que lesionaba el derecho de libertad religiosa de Davey y vulneraba la neutralidad estatal, ya que se elegía una ideología concreta y se la excluía de un programa de carácter neutral por el mero hecho de ser tal. Finalmente, el caso se planteó ante el Tribunal Supremo federal, el cual estableció que el programa de ayudas escolares no vulneraba ninguna de las cláusulas contenidas en la primera enmienda constitucional. La libertad religiosa del demandante no se vulneraba porque el programa de ayudas no
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prohibía o sancionaba civil o penalmente una práctica religiosa, tan solo prohibía que el dinero de los contribuyentes del Estado de Washington fuera utilizado para promover la religión. Respecto a la establishment clause, según el Tribunal Supremo el programa de ayudas no la vulneraba, ya que el legislador estatal se limitaba a evitar que el dinero público sirviese para financiar a los grupos religiosos o a la educación religiosa. Asimismo, el tribunal analizó de forma global el programa de ayudas, llegando a la conclusión de que los únicos estudios religiosos excluidos del programa eran los relacionados con la transmisión de la fe religiosa y los dedicados a la formación de los ministros de culto, lo cual era perfectamente congruente con la jurisprudencia de dicho tribunal en el terreno educativo. Los jueces Scalia y Thomas votaron en contra de la mayoría, y expusieron en un voto particular que: “cuando un Estado, como ocurre en este caso, aprueba la creación de un programa de ayudas estatales para todos sus ciudadanos, tiene la obligación de probar por qué excluye de dicho programa a los grupos religiosos, ya que lo contrario supone una vulneración del derecho de libertad religiosa de sus ciudadanos, al elegir un tipo de creencias y excluirlas de los beneficios de una norma de carácter neutral […] Esto es precisamente lo que ha hecho el Estado de Washington, ya que ha creado a través de su red asistencial un programa de ayudas de carácter general, pero sus beneficiarios son discriminados por razón de sus ingresos económicos, potencial académico, y creencias religiosas”. Los jueces aludidos entendieron que el programa de ayudas discriminaba a aquellos ciudadanos cuyas creencias religiosas son tan profundas, como para decidir dedicar sus vidas al ministerio religioso. Las palabras del juez Scalia expresan de forma precisa el posicionamiento minoritario de este sector de los jueces del Tribual Supremo, “¿Qué será lo siguiente? ¿Vamos a negar a los sacerdotes o a los ministros del culto las ayudas estatales para gastos farmacéuticos, de las que disfrutan todos los contribuyentes, alegando que la libertad de conciencia de los contribuyentes impone dicha prohibición?”.
CAPÍTULO VI CONSIDERACIONES FINALES A continuación, vamos a intentar sintetizar el modelo constitucional estadounidense en el contexto del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, para después determinar en qué medida dicho modelo ha influido en la conformación del sistema educativo.
Modelo Constitucional La primera enmienda a la Constitución federal reconoce dos grupos de derechos con el objetivo de proteger el derecho a la igualdad en el ejercicio y titularidad del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El primer grupo de derechos establece la prohibición de que el Estado interfiera en la libertad de los individuos para tener o practicar una u otras creencias, convicciones, ideas u opiniones (free exercise clause); y ordena la neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos y la separación entre el Estado y las creencias o convicciones de la sociedad civil (establishment clause), que implica que el Estado no puede preferir ninguna creencia o convicción u ordenarla como oficial, ni tampoco fomentarla. El segundo grupo lo conforman las libertades de expresión, de prensa y asociación, y suponen la libertad para expresar y manifestar las creencias o convicciones mencionadas. El Tribunal Supremo federal ha desempeñado un papel capital en este contexto, interpretando el alcance y contenido de la primera enmienda en el marco de un modelo de neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos, caracterizado por la ausencia de elementos laicistas, por una actitud de especial protección del derecho individual de libertad de pensa-
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miento, conciencia y religión, y por la valoración positiva de la pluralidad ideológica y religiosa. La Constitución federal estadounidense no hace referencia en ninguno de sus preceptos al derecho a la educación o a la libertad de enseñanza, ya que en el siglo XVIII, cuando se redactó el texto constitucional, la educación no fue una prioridad, por lo que la regulación de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza se conformó como una competencia exclusiva de los Estados. Sin embargo, debido a la doctrina de la incorporación acuñada por el Tribunal Supremo federal, los derechos reconocidos en la primera enmienda pasaron a ser de aplicación directa a los Estados, de forma que, si bien los Estados continúan reteniendo la competencia para regular la educación, el Tribunal Supremo federal ha adquirido la competencia para controlar que dicha regulación sea respetuosa con los principios constitucionales contenidos en la primera enmienda a la Constitución federal. El Tribunal Supremo ha definido la educación como un servicio público cuya prestación es exigible por parte de los individuos a los poderes públicos, y más concretamente como el derecho a recibir una educación secular ajena a cualquier influencia o adoctrinamiento ideológico o religioso. La libertad de enseñanza se ha concretado en el ordenamiento jurídico estadounidense en un modelo de pluralidad de escuelas públicas y privadas, en el que las escuelas privadas, mayoritariamente confesionales, son libres para establecer su ideario o carácter propio con el límite del respeto al orden público y los principios constitucionales. La libertad de enseñanza puede ser limitada por la capacidad de los Estados para regular la educación, pero dicha competencia, a su vez, está limitada por el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. En otras palabras, los Estados pueden regular en el caso de las escuelas privadas los currículos escolares, el cumplimento de medidas de seguridad e higiene o la titulación de los docentes, pero no pueden impedir la impartición de enseñanza de religión o que el ideario de este tipo de escuelas promueva creencias o convicciones ideológicas o religiosas, siempre que éstas sean respetuosas con el marco constitucional. De acuerdo con estos parámetros, el Estado está obligado a garantizar que sus ciudadanos puedan asistir a la escuela pública laica y a ser neutral
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con las escuelas privadas. El Estado no puede promocionar las escuelas privadas en la medida en la que tengan un ideario (con independencia de su carácter ideológico o religioso), ya que en ese caso estaría fomentando una creencia o convicción y, consecuentemente, incumpliendo el mandato de neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos contenido en la primera enmienda. Aquí radica uno de los elementos distintivos del modelo educativo estadounidense, especialmente si se le compara con nuestra realidad jurídica, ya que la temprana separación en el terreno de la ética pública o, si se prefiere, en la delimitación de lo que debe ser público –y compartido por todos- y la ética privada, ha permitido que en un momento económico como el actual todavía exista un gran debate en la sociedad estadounidense en torno al papel que la educación debe desempeñar en el marco del Estado de bienestar; y, sin embargo, exista un elevado nivel de consenso, tanto social como legislativo y jurisprudencial, en torno al protagonismo que las creencias o convicciones privadas deben desempeñar en el sistema de educación pública, o acerca del papel de las ayudas públicas en lo que se refiere a la educación privada.
Libertad de conciencia de los docentes La libertad de cátedra de los docentes se configura como una manifestación cualificada del derecho a la libertad de expresión de las creencias y convicciones en el terreno educativo. Debido al contexto en el que se ejerce este derecho (la escuela) y los sujetos pasivos de su ejercicio (discentes de diferente grado de madurez y en pleno proceso de formación de su conciencia), en el caso de las escuelas públicas los docentes no pueden adoctrinar a sus alumnos, y el contenido de sus enseñanzas no puede estar informado por principios religiosos o ideológicos que no sean los principios constitucionales. Los docentes de los centros educativos privados también tienen derecho a la libertad de cátedra, pero este derecho no puede ejercerse de forma opuesta o enfrentada al ideario del centro escolar. El Tribunal Supremo ha resuelto los conflictos entre la libertad de cátedra y el ideario de los centros privados a favor de los segundos, para salvaguardar el derecho de los
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padres a elegir la educación religiosa y moral que quieren dar a sus hijos. El ordenamiento jurídico estadounidense aplica el derecho de contratos a estos supuestos, de forma que, por una parte, cuando un profesor es contratado en un centro con un ideario religioso se le puede exigir que declare su adhesión a dichos principios, y su contrato laboral se supedita, entre otros factores, a que subordine su libertad de cátedra al ideario del centro (bien de manera explícita previendo su contrato la sumisión a la doctrina religiosa, bien implícitamente, cuando la escuela dispone de un ideario al que debe someterse todo su personal); y por otra, desde la perspectiva del derecho de consumidores, los padres, en cuanto contratantes de un servicio con una empresa de tendencia ideológica, tienen derecho a que sus hijos sean educados ideológicamente de acuerdo con el ideario. De forma complementaria, hay que tener en cuenta que la situación laboral de los profesores de las escuelas privadas religiosas presenta la peculiaridad de que este tipo de centros está exento de las disposiciones del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, donde se prohíbe la discriminación laboral por motivos religiosos. La conjunción de los factores expuestos, se ha traducido en una especie de derecho de las escuelas privadas al despido libre, siendo suficiente con que éstas aleguen que la libertad de conciencia de sus docentes atenta contra el ideario del centro para que el despido sea declarado judicialmente procedente. La exención del personal de las escuelas de titularidad religiosa de la legislación laboral aprobada con el objeto de evitar la discriminación por motivos religiosos, no pretende que este tipo de escuelas pueda discriminar a sus empleados, sino que, en cuanto mecanismo que salvaguarda su derecho a la libertad religiosa, las confesiones religiosas sean completamente libres para seleccionar y controlar qué personas pueden transmitir su ideología religiosa a la sociedad. Manifestaciones religiosas en las escuelas públicas El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la existencia de manifestaciones religiosas en las escuelas públicas en dos contextos claramente diferenciados: la impartición de enseñanza de la religión o de contenidos
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confesionales en los currículos escolares, y la presencia de símbolos o prácticas religiosas en las escuelas públicas. La enseñanza de la religión no es objeto del contenido esencial del derecho a la educación en el ordenamiento jurídico estadounidense, pues, como ha establecido reiteradamente el Tribunal Supremo, se trata de una manifestación de la libertad religiosa cuya impartición por imperativo de la establishment clause no compete al Estado. De acuerdo con esta línea jurisprudencial, las escuelas públicas se limitan a permitir que aquellos alumnos que lo soliciten puedan abandonar el centro para asistir a las clases de religión; pero el Estado no controla el contenido de las clases, no valora ni positiva ni negativamente la asistencia, y su única función es ofrecer a los alumnos que permanecen en el centro la posibilidad de realizar otras actividades. Asimismo, para garantizar una mejor organización de esta docencia, y evitar cualquier influencia en el desarrollo normal del horario escolar, la regla general en muchos centros es que la enseñanza de la religión se imparta fuera del horario escolar. Respecto a las asignaturas que integran el currículo de las escuelas públicas, el Tribunal Supremo ha establecido que los contenidos de carácter ideológico o confesional no pueden estar presentes en los programas docentes. Las escuelas públicas pueden impartir asignaturas religiosas de carácter objetivo, como el estudio de la Biblia desde un punto de vista literario o histórico, pero estos centros educativos no pueden impartir programas que sean favorables o contrarios a la religión; por ejemplo, prohibiendo la enseñanza de la teoría de la evolución, ordenando la enseñanza de la teoría de la evolución junto a la teoría de la creación, o impartiendo la teoría de la creación. De esta manera, si exceptuamos contenidos objetivables o de carácter cultural, histórico o artístico, tanto la enseñanza de la religión confesional como cualquiera de sus manifestaciones no pueden formar parte del currículo escolar, y consecuentemente enseñarse en las aulas de las escuelas públicas. El Tribunal Supremo ha creado una línea jurisprudencial para decidir cuándo la presencia de símbolos religiosos en espacios tutelados por los poderes públicos es constitucional, a partir de dos parámetros: cuál es el
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grado de madurez del receptor del mensaje, y la diferenciación entre símbolos que tienen un fuerte componente histórico o cultural y los que tiene una naturaleza exclusivamente religiosa. En el caso de las escuelas públicas, el tribunal ha interpretado de forma extensiva la establishment clause y ha prohibido la presencia de símbolos religiosos o ideológicos diferentes de los constitucionales en este contexto. Entre los argumentos utilizados por el tribunal en este terreno, conviene resaltar el hecho de que los destinatarios del mensaje que representan los símbolos sean menores, en proceso de formación de su conciencia, que asisten a la escuela por imperativo legal. Asimismo, la jurisprudencia ha valorado el hecho de que los padres que escolarizan a sus hijos en las escuelas públicas han decidido que sus hijos sean educados en un contexto laico, por lo que la presencia de símbolos de naturaleza religiosa en este ámbito supondría lesionar su derecho a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Y por último, para el alto tribunal la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas supone que el Estado está fomentando las creencias representadas por el símbolo, y transmitiendo a la sociedad el mensaje de que los poderes públicos se identifican con determinadas creencias o convicciones. La práctica de la oración en la escuela pública ha suscitado un interesante debate en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y ejemplifica de forma sobresaliente la posición del ordenamiento jurídico estadounidense en este terreno. El Tribunal Supremo ha estimado que es contrario a la establishment clause que el Estado patrocine cualquier tipo de oración con contenido religioso en el contexto escolar, con independencia de que ésta no se refiera a una creencia religiosa concreta, de que los alumnos puedan participar en la misma de forma voluntaria, o de que se realice en el marco de las actividades extracurriculares de la escuela (por ejemplo, al inicio de un partido de fútbol y de forma voluntaria por los alumnos y/o asistentes al partido). El razonamiento del tribunal ha sido muy preciso: cualquier tipo de oración, aunque simplemente sea una referencia a Dios todopoderoso, supone por definición la inclusión de un elemento religioso en un espacio que, por imperativo constitucional, debe ser laico. A este respecto, es indiferente cuál sea el deseo, las creencias o las convicciones, de los alumnos, sus padres o los profesores de la escuela.
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Esta problemática se ha solucionado mediante el establecimiento de un minuto de silencio al inicio del día escolar que los alumnos pueden utilizar para meditación, oración o reflexión. Esta opción ha sido declarada coherente con la primera enmienda por parte del Tribunal Supremo, ya que, en palabras del tribunal, cuando el Estado establece un minuto de silencio no está ordenando la actividad que debe realizarse en el mismo, y por lo tanto no la está promocionando. De forma coherente con esta jurisprudencia, en 1985 numerosos Estados norteamericanos establecieron en sus ordenamientos jurídicos que los estudiantes de las escuelas públicas tienen derecho a disfrutar de un minuto de silencio al inicio del día escolar. La existencia de grupos de debate con fines religiosos en las escuelas públicas sólo es factible en el horario extraescolar, cuando existan grupos de debate seculares y cuando, además, la escuela no se identifique institucionalmente con sus actividades. El Tribunal Supremo ha estimado que la organización en las escuelas públicas de foros de debate exclusivamente religiosos es inconstitucional, ya que se lesiona el principio de laicidad del Estado. Sin embargo, cuando las escuelas públicas permitan la existencia de grupos de debate ideológicos no podrán excluir de estos foros a los grupos religiosos, ya que en ese supuesto se estaría discriminando a los grupos religiosos por razón de su concreta ideología. En otras palabras, en el ordenamiento jurídico estadounidense la presencia de grupos de debate religiosos en la escuela pública no es una manifestación de los derechos a la libertad religiosa, de expresión o reunión, sino del principio de igualdad y no discriminación entre los grupos ideológicos y religiosos. En aquellos supuestos en los que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ha estado en peligro en el contexto educativo, el Tribunal Supremo ha optado por su salvaguarda cuando el conflicto entre la norma jurídica y la norma en conciencia ha supuesto sacrificar completamente las creencias o convicciones a favor del bien jurídico protegido por la norma. Ahora bien, no se trata de un cheque en blanco a favor de las creencias o convicciones, ya que para que la norma estatal ceda ante la norma en conciencia es necesario que concurran cinco factores, a saber: primero, la solución al conflicto no puede suponer la transferencia de recursos económicos públicos para intereses privados; segundo,
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el Estado debe interferir en una creencia religiosa legítima, sincera y veraz; tercero, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, debe ser alterado hasta el extremo de obstaculizar o impedir completamente su práctica; cuarto, la norma estatal solo puede prevalecer sobre la norma en conciencia cuando el Estado demuestre (que es el que tiene la carga de la prueba) que el bien jurídico protegido tiene un interés más relevante que el derecho que se vulnera; y, por último, en el supuesto de que no se cumplan los requisitos señalados, la norma del Estado deberá ejecutarse de la manera menos lesiva posible para las creencias o convicciones. De acuerdo con esta argumentación, el Tribunal Supremo ha reconocido la objeción de conciencia a la escolarización obligatoria por motivos religiosos, al menos en aquellos supuestos en los que quede probado que la escolarización obligatoria suponga un daño irreversible a una creencia religiosa legítima, sincera y veraz. Por ejemplo, el Tribunal Supremo eximió de la escolarización obligatoria a partir del octavo grado a los amish, pues estos fueron capaces de probar en sede judicial que los conocimientos y valores intelectuales que la escuela trasmite a partir de dicho grado eran incompatibles con su religión. Financiación de las escuelas de titularidad religiosa Una de las principales señas de identidad del modelo constitucional estadounidense es que, por imperativo de la establishment clasuse, el Estado no puede financiar a las confesiones religiosas. La traslación de este principio al contexto educativo se ha traducido en que la financiación o subvención estatal de la educación que imparten las escuelas confesionales no sea factible pues, tal y como ha expuesto la jurisprudencia, la principal función de las escuelas religiosas es la trasmisión y enseñanza de valores religiosos. La posición del Tribunal Supremo se fundamenta en el hecho de que cuando el Estado subvenciona cualquier faceta de las escuelas privadas con un ideario está fomentando, aunque sea indirectamente, los principios recogidos en dicho ideario y, por lo tanto, dejando de ser ideológica o religiosamente neutral. Aquí radica una de las principales peculiaridades del modelo constitucional estadounidense, ya que el criterio económico,
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entendido como la imposibilidad de que los recursos públicos puedan dedicarse a fomentar creencias o convicciones particulares, se ha conformado como uno de los principales indicios a la hora de determinar cuándo el Estado incumple o no el mandato contenido en la primera enmienda a la Constitución federal. En las diferentes ocasiones que el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse sobre esta temática, sus jueces han entendido de forma unánime que el Estado no puede fomentar la labor religiosa de las escuelas confesionales. Sin embargo, la unanimidad referida desaparece a la hora de decidir qué tipo de ayudas estatales fomentan la misión ideológica de las escuelas privadas. El sector mayoritario de los jueces se ha decantado por una interpretación extensiva de la establishment clause, al entender que es imposible disociar el carácter educativo secular del aspecto adoctrinador ideológico de estas escuelas, por lo que cualquier actividad de fomento, por remota e incidental que sea, promueve la faceta religiosa, y por lo tanto vulnera la establishment clause. Un sector minoritario de los jueces ha sido históricamente favorable a la teoría de la acomodación en este terreno, en función de la cual el Estado -interpretando extensivamente la free exercise clause- puede cooperar con las escuelas religiosas sin vulnerar la establishment clause; para estos jueces es factible disociar los fines educativos de los ideológicos en la educación, y permitir que sea exclusivamente la faceta educativa secular la que se beneficie de las ayudas públicas. La jurisprudencia ha venido interpretando que las ayudas estatales incidentales para la labor educativa, tales como ayudas para libros o transporte escolar, no vulneran la establishment clause ya que no repercuten directamente en la actividad educativa del centro, por lo que denegar estas ayudas a las escuelas religiosas y concedérselas al resto de las escuelas privadas sería discriminatorio. El Tribunal Supremo interpreta que el beneficiario real de estas ayudas es el alumno, o en última instancia sus padres, y no la escuela, pues su coste lo pagan los padres y no la escuela con independencia de que sus hijos asistan a escuelas públicas o privadas (sean o no confesionales). Ahora bien, este tipo de ayudas sólo serán constitucionales cuando sean idénticas a las que reciben el resto de las escuelas privadas y las escuelas públicas; es decir, el Estado no puede
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subvencionar los libros de texto de religión o el transporte escolar para actividades extraescolares. Un supuesto un tanto excepcional, y que ha sido objeto de cierta evolución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es la financiación del salario del profesorado de las escuelas de titularidad privada. En Estados Unidos las escuelas públicas se financian principalmente con los impuestos locales, por lo que la regla general es que los vecindarios con menor nivel adquisitivo paguen menores impuestos y, consecuentemente, tengan peores escuelas públicas. Este modelo financiero tiene una incidencia muy importante en la estratificación social estadounidense y en la igualdad de oportunidades, ya que normalmente los miembros de las clases sociales más desfavorecidas se educan en las escuelas públicas y los de las más pudientes en las escuelas privadas o en escuelas públicas con mayores recursos económicos. Para paliar esta situación, los Estados y los ayuntamientos han creado programas de refuerzo que se han traducido en la concesión de ayudas económicas para pagar el salario del profesorado que, habitualmente en horario extraescolar, imparte este tipo de programas. Las escuelas privadas religiosas normalmente han sido excluidas de este tipo de programas, pese a que sus alumnos tuviesen un nivel socioeconómico reducido, cuando su ideario religioso era muy estricto, o cuando estadísticamente el principal beneficiario de este tipo de programas fueran las escuelas privadas con un ideario religioso. Sin embargo, en la última década el Tribunal Supremo ha declarado la constitucionalidad de dos programas de ayudas de los que podían beneficiarse los alumnos de las escuelas de titularidad religiosa; uno que permitía que los alumnos con escasos recursos económicos, que no pudieran asistir por problemas de proximidad a una escuela pública, recibieran formación supletoria en horario extraescolar impartida por profesores de las escuelas públicas; y otro que preveía la concesión de ayudas económicas en función del nivel de renta de los padres de los alumnos, para ayudar a estos a, bien poder pagar parte del coste de la matrícula de sus hijos en escuelas privadas, o bien, en el caso de que sus hijos asistieran a la escuela pública, financiar clases de apoyo complementarias.
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En los supuestos referidos, las decisiones del Tribunal Supremo se han adoptado por ajustadas mayorías, y han tenido como principal referente las consecuencias sociales de la configuración del sistema educativo estadounidense, pero en cualquier caso suponen en cierta medida la ruptura de la sistemática jurisprudencial en este contexto, así como la apertura de una puerta hacia la financiación de las escuelas privadas con un ideario religioso.
Ámbito educativo universitario La jurisprudencia ha venido entendiendo que el ámbito educativo universitario se diferencia de los niveles educativos inferiores por el mayor respeto que existe hacia la libertad de expresión y académica de los alumnos. La finalidad principal de estos centros es la transmisión de conocimientos científicos y no el fomento de la religión; sus alumnos son adultos, que han superado el umbral de la madurez psíquica y son plenamente conscientes de su elección religiosa. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con la educación primaria y secundaria, en la educación universitaria la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo se ha decantado en algunos supuestos a favor de aplicar la teoría de la disociación, diferenciando entre las actividades de contenido secular y religioso de estos centros educativos y beneficiando exclusivamente a las segundas. Para poder beneficiarse de ayudas económicas públicas, las universidades privadas deben probar, entre otros factores, que su atmosfera educativa es abierta (su principal misión no debe ser adoctrinar a sus alumnos), o que no discriminan por motivos religiosos entre su alumnado o entre su profesorado. De esta manera, el Tribunal Supremo ha estimado que, cuando se han dado las circunstancias previamente señaladas, las universidades con un ideario religioso pueden beneficiarse de algunas ayudas públicas como, por ejemplo, para construir bibliotecas, pero no para construir una capilla o contratar profesores para su facultad de teología. Una de las peculiaridades de la jurisprudencia expuesta reside en que, si bien las universidades privadas con un ideario pueden beneficiarse de
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ayudas públicas atendiendo al destino final de las ayudas públicas y a lo estricto que sea su ideario, el Tribunal Supremo ha estimado que las ayudas públicas destinadas a financiar las matrículas universitarias de programas educativos de carácter religioso son inconstitucionales. En este supuesto, es independiente que los beneficiarios de las ayudas asistan a universidades privadas con un ideario religioso poco estricto, el hecho relevante es el tipo de estudios (y no el ideario de la universidad) que subvencionan las ayudas públicas. El conflicto entre la potencial discriminación que supone que el Estado subvencione cualquier tipo de estudio universitario, con la excepción de aquellos relacionados con la práctica religiosa (como formación teológica o para ser sacerdote o ministro de culto), y el principio de laicidad de los poderes públicos, se ha resuelto a favor del segundo. La existencia de grupos de debate o foros de reunión de ideología religiosa en las universidades públicas, e incluso durante el horario escolar, también recibe un tratamiento diferenciado en el caso de los centros educativos universitarios. En concreto, el Tribunal Supremo ha estimado que la presencia de este tipo de grupos de debate no vulnera la establishment clause cuando, por una parte, la universidad no se identifique institucionalmente con sus actividades, y por otra, la universidad tenga una política de foros abiertos a cualquier ideología. En estos supuestos, la judicatura ha interpretado que el Estado, primero, no está promoviendo las ideas expresadas en el ideario del grupo, sino permitiendo que los alumnos universitarios ejerzan sus derechos a la libertad de expresión y asociación en régimen de igualdad con los grupos soportados en un ideario secular; y segundo, evita obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad ideológica que debe imperar en el contexto universitario. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha sido partidaria de diferenciar entre la educación pública primaria y secundaria y la universitaria en el terreno de la práctica de la oración. El epicentro de la posición del Tribunal Supremo reside en que cuando las instituciones tuteladas por los poderes públicos promueven la práctica de una oración, con independencia de su contenido o de la voluntariedad de su práctica, el Estado transmite a la sociedad el mensaje de que apoya institucionalmente los mensajes contenidos en la oración. Otro elemento que ha tenido muy en cuenta la judicatura a la hora de prohibir la práctica de la oración en el contexto de las
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universidades públicas, es que con esta actividad los poderes públicos introducen un elemento religioso en la libertad de expresión institucional de la escuela que puede ser divisivo para la comunidad escolar, atendiendo a la adhesión o no de los miembros de la comunidad universitaria al mismo.
Síntesis del Modelo Como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro estudio, la protección y garantía del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el marco de un Estado laico, y por lo tanto ideológica y religiosamente neutral, se conforma como una de las principales señas de identidad del ordenamiento jurídico estadounidense. La interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho tanto de este derecho como del principio de laicidad del Estado (que no opera como un límite al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión sino al poder de actuación de los poderes públicos), ha influenciado de forma contundente el desarrollo del modelo educativo estadounidense. Las escuelas públicas deben ser ajenas a cualquier ideología que no sea la constitucional. Las principales consecuencias de esta política son las siguientes: la presencia de contenidos religiosos confesionales en los programas docentes no es factible; la práctica de la oración, salvo que se realice en silencio en un periodo dedicado a la meditación o reflexión, no está presente en este contexto, al igual que ocurre con la enseñanza de la religión confesional que sólo puede tener cabida en horario extraescolar (no es una asignatura curricular, los alumnos la cursan voluntariamente, el Estado no paga su coste, y sus contenidos no son evaluables a efectos académicos); y la creación de grupos de debate religiosos, o el uso por parte de asociaciones religiosas de los locales escolares, está supeditado a que exista una política de foros abiertos en este terreno y, en cualquier caso, a que la escuela no transmita a la sociedad la idea de que apoya o se identifica con la ideología de los grupos o asociaciones. Por lo que respecta a las instituciones educativas privadas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, la laicidad del Estado ha
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sido interpretada por el Tribunal Supremo como un principio constitucional que impide al Estado financiar a este tipo de instituciones para evitar fomentar, aunque sea indirectamente, la ideología representada en su ideario. Las únicas ayudas públicas que el Tribunal Supremo ha declarado constitucionales en este ámbito, han sido aquellas que benefician a los padres de los alumnos (y no directamente a las escuelas) y que han sido diseñadas con carácter general para los alumnos de las escuelas públicas y privadas, como, por ejemplo, ayudas para libros o transporte escolar. La única fisura, que cabe encontrar en el teórico muro de separación entre el Estado y las creencias o convicciones de la sociedad, es la reciente jurisprudencia que ha declarado constitucionales programas de ayudas dirigidos a las familias con rentas económicas más bajas que asisten a las escuelas privadas, para subvencionar parte de su matrícula o el salario de profesores de refuerzo. El mejor test de pruebas al que puede someterse la jurisprudencia aludida es el contexto educativo universitario, donde el Tribunal Supremo ha aplicado los mismos parámetros de interpretación constitucional que ha utilizado para los niveles educativos inferiores. El Tribunal Supremo solamente ha relajado su nivel de exigencia en aquellos supuestos en los que, bien las ayudas públicas para las universidades privadas, bien la presencia de elementos ideológicos o religiosos en las universidades públicas, primero, potenciaban la prestación del servicio educativo y eran ideológica y religiosamente neutrales; segundo, son consecuencia de los legítimos derechos a la libertad de expresión y a la igualdad y no discriminación por motivos ideológicos de los estudiantes universitarios; y tercero, cuando estos derechos se ejercen en un contexto caracterizado por el pluralismo y el respeto a las libertades públicas de los docentes y los discentes.
BIBLIOGRAFÍA
Adams, A., Barringer, G., The Doctrine of Accommodation in the Jurisprudence of the Religion Clauses, en DePaul Law Review, Vol. 37 (1988). Ahlstrom, E., A Religious History of the American People, New Haven: Yale University Press, 1973. Allen, H. C., Historia de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 1969. Anastaplo, G., Church and State: Explorations, en Loyola University of Chicago Law Journal, Vol. 19 (1987). Aparisi Miralles, M.A., La Declaración de Independencia Americana de 1776 y los Derechos del Hombre, en Revista de Estudios Políticos, Vol. 70 (1990). Artola, M., Los Derechos del Hombre, Alianza, Madrid, 1986. Asimov, I., Los Estados Unidos desde 1816 hasta la Guerra Civil, Alianza Editorial, Madrid, 1985. Blau, J., Cornerstones of Religious Freedom in America, The Beacon Press, New York, 1964. Blinderman, C., Unnatural Selection: Creationism and Evolutionism, en Journal of Church and State, Vol. 24 (1982). Bradlet, G., Dogmatomachy - A ‘Privatization’ Theory of the Religion Clause Cases, en Saint Louis University Law Journal, Vol. 1986 (1986). Brebner, J. B., The Explorers of North America, New York, 1951. Bruchey, S., Raices del Desarrollo Económico norteamericano (1607-1861), México, 1965. Bruno Leone (Ed.), Cotton, John, Roger Williams’s Banishment Was Justified, en Puritanism: Opposing Viewpoints, Green Haven, San Diego, 1994. Burstein, A., Religion, Cults and the Law: Religious Clauses in Selected State Constitutions, New York 1980. Butler, N. M., Los constructores de los Estados Unidos, Compañía General Editora, México, 1944. Carter, S., Evolutionism Creationism, and Treating Religion as a Hobby, en Duke Law Journal, Vol. 1987 (1987). Casad, R., The Establishment Clause and the Ecumenical Movement, en Michigan Law Review, Vol. 62 (1964).
176
Bibliografía
Caudill, D., Law and Worldview: Problems in the Creation Science Controversy, en Journal of Law and Religion, Vol. 3 (1985). Celador, O., El estatuto jurídico de las confesiones religiosas en Estados Unidos, Dykinson, Madrid. Charles, A., Beard, M. R., Historia de la Civilización de los Estados Unidos de Norte América, Tomo I, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1946. Choper, J., The Free Exercise Clause: A Structural Overview and an Appraisal of Recent Developments, en William and Mary Law Review, Vol. 27 (1986). Choper, J., Religion in the Public Schools: A proposed Constitutional Standard, en Minnesota Law Review, Vol. 47 (1963). Clarck, M., Guidelines for the Free Exercise Clause, en Harvard Law Review, Vol. 83 (1969). Cornelius, W., Church and State - The Mandate of the Establishment Clause: Wall of Separation or Benign Neutrality?, en Saint Mary’s Law Journal, Vol. 16 (1984). Corwin, E. S., La Constitución americana y su significado actual, Fraterna, 1987. Corwin, E. S., The Basic Doctrine of American Constitutional Law, en Michigan Law Review, Vol. 12 (1914). Cuchillo, M., Jueces y Administración en el Federalismo Norteamericano, Civitas, Madrid, 1996. Davis, D., Resolving not to Resolve the Tension between the Establishment and the Free Exercise Clauses, en Journal of Church and State, Vol. 38, (1996). Dellinger, W., The Sound of Silence: An Epistle on prayer and the Constitution, en Yale Law Journal, Vol. 95 (1986). De Páramo Argüelles, J. R., Tolerancia y Liberalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. Devins, N., Religious Symbols and the establishment clause, en Journal of Church and State, Vol. 27 (1985). Digman, P. J., A History of the Legal Incorporation of the Catholic Church Property in the United States (1784-1932), Washington D.C., 1933. Dolgin, J., Religious Symbols and the Establishment of a National Religion, en Mercer Law Review, Vol. 39 (1988). Drakeman, D., Religion and the Republic: James Madison and the First Amendment, en Journal of Church and State, Vol. 25, (1983). Durham, C., Treatment of Religious Minorities in the United States, en The Legal Status of Religious Minorities in the Countries of the European Union, Universidad de Milán, 1994. Esbeck, C., Toward a General Theory of Church-State Relations and the First Amendment, en Public Law Forum, Vol. 4 (1985). Flaherty, M. S., History Lite in Modern American Constitutionalism, en Columbia Law Review, Vol. 95 (1995).
Bibliografía
177
Fried, C., Two Concepts of interest: Some reflections on the Supreme Court´s Balancing test, en Harvard Law Review, Vol. 76 (1963). Garvey, J., Another Way of Looking at School Day, en Supreme Court Review, Vol. 1985 (1985). Garvey, J., Freedom and Equality in the Religion Clauses, en Supreme Court Review Vol. 1981 (1981). Giannella, D., Religious Liberty, Nonestablishment and Doctrinal Development: Part I. The Religious Liberty Guarantee, en Harvard Law Review, Vol. 80 (1967). Goldberg, S., The Constitutional Status of American Science, en University of Illinois Law Faculty, Vol. 1979 (1979). González del Valle, J.M., Posición Jurídica de las Confesiones Religiosas en la Enseñanza Primaria y Secundaria en los Estados Unidos, en Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, Vol. VI (1990). Grabb, K., Religious Symbols, American Traditions and the Constitution, en Brigham Young University Law Review, Vol. 1984 (1984). Hall, T. L., Separating Church and State: Roger Williams and Religious Liberty, University of Illinois, Chicago, 1998. Hamilton-Jay-Madison, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1943. Hammar, R., Pastor Church & law, Christian Ministry Resources, Springfield, 1983. Heffner, R., Historia Documental de los Estados Unidos, Arayu, Buenos Aires, 1955. Hernández Sánchez-Barba, M. Historia de Estados Unidos de América. De la República Burguesa al Poder Presidencial, Marcial Pons, Madrid, 1997. Holland, R. A., A Theory of Establishment Clause Adjudication: Individualism, Social Contract, and the Significance of Coercion in Identifying Threats to Religious Liberty, en California Law Review, Vol. 80 (1992). Hudson, W. S., Corrigan, J., Religion in America, Macmillan, New York, 1992. Kamen, H., Nacimiento y Desarrollo de la Tolerancia en la Europa Moderna, Alianza, Madrid, 1987. Kauper, P., Church and State: Cooperative Separatism, en Michigan Law Review, Vol. 60 (1961). Klein, A., Income Taxation and Legal Entities, en Ucla Law Review, Vol. 20 (1972). Koch, A., Pedem, W., Thomas Jefferson, Autobiografía y otros escritos, Tecnos, Madrid, 1972. Kurland, P., The Irrelevance of the Constitution: The Religion Clauses on the First Amendment and the Supreme Court, en Villanova Law Review, Vol. 24 (1978). Kurland, P., Of Church and State and the Supreme Court, en University of Chicago Law Review, Vol. 29 (1961). Laycock, D., Nonpreferential Aid to Religion: A False Claim about Original Intent, en William and Mary Law Review, Vo. 27 (1986).
178
Bibliografía
Laycock, D., Waelbroeck, S. E., Academic Freedom and Free Exercise of Religion, en Texas Law Review, Vol. 66 (1988). Lieder, M., Religious Pluralism and Education in Historical Perspective: A Critique of the Supreme Court´s Establishment Clause Jurisprudence, en Wake Forest Law Review, Vol. 22 (1987). Locke, John, Carta sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid, 1988. Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (I), Libertad de Conciencia y Laicidad, Civitas, Madrid, 1997. Llamazares, D., Derecho de la Libertad de Conciencia (II), Libertad de Conciencia, Identidad Personal y Derecho de Asociación, Cívitas, Madrid, 1999. Lupu, I., Were the Rights Begin: The Problem of Burdens on the Free Exercise of Religion, en Harvard Law Review, Vol. 102 (1989). Martínez Girón, J., El Despido en el Derecho de los Estados Unidos, Cívitas, Madrid, 1988. Martínez-Torrón, J., Separatismo y cooperación en la experiencia jurídica norteamericana, en Los acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas minoritarias, Marcial Pons, Madrid, 1995. Martínez-Torrón, J., Navarro-Valls, R., Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, Iustel, Madrid, 2011. McConnell, M. W., The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion, en Harvard Law Review, Vol. 103 (1990). Melusky, J., Ridgway, W., The Bill of Rights: Our Written Legacy, Krieger Publishing Company, Florida, 1993. Miller, R., Flowers, R., Towards Benevolent and Neutrality: Church, State, and the Supreme Court, Waco, Texas, 1992. Mora Mérida, J. L., Iglesia y Religión en los Estados Unidos y Canadá, Mapfre, Madrid, 1992. Morán, G., La Protección Jurídica de la libertad religiosa en USA, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico Universitario, Santiago de Compostela, 1989. Morgan, E., Roger Williams: The Church and the State, Harcourt, Brace & World, New York, 1967. Morison, S. E., Historia de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1951. Morris, K. R., Theological Sources of William Penn´s Concept of Religious Toleration, en Journal of Church and State, Vol. 35 (1993). Nevins, A., Commager, H., Breve Historia de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. Notes, Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah and the burdening of Free Exercise: The Solidification of the Employment Division v. Smith Doctrine and the Congressional Response, en Saint Louis University law Journal, Vol. 38 (1994).
Bibliografía
179
Notes, Development in the Law, Academic Freedom, en Harvard Law Review, Vol. 81 (1968). Notes, Forward: Equal Protection: Developments in the Law, en Harvard Law Review, Vol. 82 (1969). Notes, Freedom of Religion and Science Instruction in Public Schools, en Yale Law Journal, Vol. 87 (1978). Notes, Rebuilding the Wall: The Case for a return to the Strict Interpretation of the establishment clause, en Columbia Law Review, Vol. 81 (1981). Notes, Reinterpreting the Religion Clauses. Constitutional Construction and Conceptions of the Self, en Harvard law Review, Vol. 97 (1987). Palomino, R., Las objeciones de conciencia: conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, Montecorvo, Madrid, 1994. Palomino, R., Las objeciones de conciencia en el derecho norteamericano, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2001. Palomino, R., Religion and neutrality, en Brighan Young University Law Review, Vol. 3 (2001). Palomino, R., Legal Dimensions of Secularism: Challenges and Problems, en Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 14 (2012). Peces-Barba, G., Los Derechos del Hombre en 1789. Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración Francesa, en Anuario de Filosofía del Derecho, Vol. VI (1989). Pepper, S., Taking the Free Exercise Clause Seriously, en Brigham Young University Law Review, Vol. 1986 (1986). Peterson, D., Vaughan, R., The Virginia Statute for Religious Freedom: its Evolution and Consequences in American History, Cambridge, 1988. Pfeiffer, L., Freedom and/or Separation: The Constitutional Dilema of the First Amendment, en Minnesota Law Review, Vol. 64 (1980). Polishook, I. H., Roger Williams, John Cotton and Religious Freedom, New Jersey, 1967. Polo, J.R., La libertad de Enseñanza en el Derecho Norteamericano, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1999. Polo, J. R., Símbolos religiosos, escuela pública y neutralidad ideológica estatal: el caso del crucifijo, en Revista de Derecho Político, Vol. 85 (2012). Polo, J. R., La enseñanza de la religión en la escuela pública: fundamento constitucional y desarrollo normativo, en Revista General de Derecho Administrativo, Vol. 33 (2013). Richards, D., Foundations of American Constitutionalism, Oxford University press, New York, 1989. Smith, E. A., Religious Liberty in the United States: The Development of Church-State Thought Since the Revolutionary Era, Philadelphia, 1972. Smith, R., Now is the Time for Reflection: Wallace v. Jaffrey and its legislative Aftermath, en Alabama Law Review, Vol. 37 (1986).
180
Bibliografía
Smith, S., Symbols, Perceptions, and Doctrinal Illusions: Establishment Neutrality and the No Endorsement Test, en Michigan Law Review, Vol. 86 (1987). Smith, S., Separation and the ‘Secular’: Reconstructing the Disestablishment Decision, en Texas Law Review, Vol. 67 (1989). Stone, G., The Equal Access Act Controversy: The Religion Clauses and the Meaning of Neutrality, en Northwestern University Law Review, Vol. 81 (1986). Stone, G., In Opposition to the School Prayer Amendment, en University of Chicago Law Review, Vol. 50 (1990). Teitel, R., The Constitutionality of Equal Access Polices and Legislation Allowing Organized Student-Initiated Religious Activities in the Public High Schools: A Proposal for a Unitary First Amendment Forum Analysis, en Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 12 (1985). Torres, A., Minorías y Multiculturalismo en USA, Servicio de Publicaciones de la UCM, Madrid, 2002. Torres, A., Régimen Fiscal de las Confesiones Religiosas en España, Colex, Madrid, 2001. Tschobick, H., Los Indios de América del Norte, San José, 1952. Van Patten, J., In the End is the Beginning: An Inquiry in to the Meaning of the Religion Clauses, en Saint Louis University Law Journal, Vol. 27 (1983). Veltri, S., Nativism and Nonpreferentialism: A Historical Critique of the Current Church and State Theme, en University of Dayton Law Review, Vol. 13 (1988). Voltaire, Tratado de la Tolerancia, Crítica, Barcelona, 1984. Vowel, S., The Wordy Shipmates, Riverhead, New York, 2008. Weber, P. J., Gilbert, D. A., Private Churches and Public Money, Greenwood Press, Connecticut, 1985. Wilmarth, A., The Original Purpose of the Bill of Rights: James Madison and the Founders Search for a Workable Balance between Federal and State Power», en American Criminal Law Review, Vol. 26 (1988-89).
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