Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador : ensayos sobre 1932

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Erik Ching Coautores Carlos Gregorio López Bernal Virginia Tilley

Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador Ensayos sobre 1932

UCA Editores

D. R. © 2007 Erik Ching D. R. © 2007 UCA Editores Portada Héctor Lardé Edición y revisión de estilo Carolina Córdova UCA Editores Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” Apartado postal 01-575 San Salvador, El Salvador, Centroamérica Teléfono y fax: (503) 22 10 66 50 [email protected] www.ucaeditores.com.sv 1.aedición 2007

972.84 C539111 Ching, Erik Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador : ensayos sobre 1932 / Erik Ching, Carlos Gregorio slv . López Bernal, Virginia Tilley. -1 .a Ed.- San Salvador, El Salv.: UCA Editores, 2007. 230 p . ; 21 cm. - (Estructuras y procesos. Serie mayor; v. 30). ISBN 978-99923-49-86-1 1. El Salvador-Historia—Levantamiento campesino, 1932. 2. El Salvador-Política y gobiermo, 1932-1939.1. López Berna], Carlos Gregorio, coaut. II. Tilley, Virginia, coaut. III. Título. Derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización escrita de UCA Editores. (P) 2007. Impreso en El Salvador por Talleres Gráficos UCA, 2007.

índice

A gradecimientos 7 G losario 9 I ntroducción 11 I

C omunismo ,

indígenas y la insurrección de

1932

E rik C hing

Introducción 35 La formación del partido 40 La debilidad del partido 55 La rebelión 70 Nahuizalco: elecciones e insurrección 81 Conclusión 92 II I ndígenas, en

militares y la rebelión de

1932

E l S alvador

E rik C hing

y

V irginia T illey

Introducción 95 El dilema de la identidad indígena salvadoreña: la medición del etnocidio 100 Las consecuencias de la rebelión: los militares formulan una política hacia el campo 111

Indice

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Los militares y los indígenas 124 Conclusión 134 III

El

clientelismo

y la

política bajo

M artínez

1931-1939

E rik C hing

Introducción 139 El ascenso de Martínez al poder 140 La política y las elecciones previas al martinato 146 Pro-Patria y el retorno del clientelismo 158 Las irregularidades electorales 171 La elección presidencial de 1935 175 La elección presidencial de 1939 181 Martínez en el contexto de El Salvador del siglo XX 183 IV

L ecturas

desde la derecha y la izquierda

SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE 1932 : IMPLICACIONES POLÍTICO-CULTURALES C arlos G regorio L ópez B ernal

Introducción 187 Anticomunismo, historia y derecha en El Salvador 189 “Una ideología extraña y peligrosa”: el discurso anticomunista en 1932 200 La persistencia del miedo 208 Resistencia, lucha y revolución: la interpretación izquierdista de la historia de El Salvador 213 Consideraciones finales 218 S obre

los autores

Í ndice

analítico

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223

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Agradecimientos

Los autores dejan constancia de su agradecimiento a las personas e instituciones que han colaborado en la investiga­ ción, traducción y publicación de este libro. En primer lugar, agradecen al personal de archivos y bibliotecas, especial­ mente al del Archivo General de la Nación de El Salvador, no solo por el acceso a sus fondos documentales, sino por su autorización para usar las fotografías que ilustran este libro. Asimismo agradecen al archivo de Comintern, en Moscú, en especial a Svetlana Rosenthal por el apoyo a la investigación sobre el Partido Comunista de El Salvador. Asimismo Erik Ching agradece al Council of International Education Exchange (CIEE) por una beca Fulbright que facilitó su estancia en El Salvador, en 2005, cuando escribió la introducción de este libro e hizo una parte de las revisiones de los tres primeros capítulos. También agradece el apoyo de la Universidad de Furman por facilitar el trabajo que condujo a la elaboración de esta obra. Las versiones de los tres primeros capítulos se publicaron originalmente en inglés. Los autores agradecen a Cambrid­ ge University Press, que publica la revista Journal o f Latín

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Agradecimientos

American Studies; a University of Pittsburg Press y a Academy of American Franciscan History, que publica la revista The Americas, por permitir la publicación de esos trabajos, revisados y traducidos al español. También se publicó una versión inicial del capítulo i, “In Search of the Party: The Communist Party, the Comintern and the Peasant Rebellion of 1932 in El Salvador”, The Americas 55:2 (octubre, 1998): 204-239. Asimismo se publicó una primera versión del capí­ tulo 2, “Indians, the Military and the Rebellion of 1932 in El Salvador”, Journal o f Latín American Studies 30:1 (febrero, 1998): 121-156. Y una versión del capítulo 3, “Patronage and Politics under General Maximiliano Hernández Martínez, 19 3 t- 3 9 : The Local Roots of Military Authoritarianism in El Salvador”, en Lauria, Aldo, y Leigh Binford (Eds.), Landscapes o f Struggle: Politics, Society and Community in El Salvador (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2004), p p .50-70. Carlos Gregorio López reconoce el aporte de la Universi­ dad de El Salvador por su apoyo a la investigación histórica. Finalmente, agradecemos a Knut Walter por el esmerado trabajo de traducción, y a UCA Editores, en especial a Ro­ dolfo Cardenal, quien aprobó este proyecto cuando fungía como director de la editorial, y a Carolina Córdova por sus sugerencias en el trabajo de edición.

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Glosario

BC (Buró del Caribe). Comité regional del Comintem que tenía la obligación de dirigir las actividades comunistas en el área del Caribe, que incluía a América Central. Su sede estaba en Nueva York. CC (Comité Central). Órgano administrativo y de dirección del Partido Comunis­ ta Salvadoreño. Estaba conformado por casi una docena personas. El voto de los miembros del Comité fue decisivo para el levantamiento de 1932. Comintem. También conocida como la Tercera Internacional Comunista. Existió entre 1919 y 1943. Su sede estaba en Moscú, y su misión era dirigir todos los partidos comunistas del mundo para facilitar el creci­ miento del socialismo en el ámbito mundial. Sus miembros eran inter­ nacionalistas, pero el régimen soviético tenía una influencia despropor­ cionada sobre ella. La Primera Internacional existió entre 1864 y 1876, con sedes en Londres y Nueva York. La Segunda Internacional funcionó entre 1889 y 1916, y su sede se encontraba en Bruselas. FRTS (Federación Regional de Trabajadores de El Salvador). Se fundó en 1924, a finales de la década de 1920. Su dirección fue conducida por ac­ tivistas del Partido Comunista Salvadoreño. Popularmente se le conocía como “la regional”. Guardia Cívica. Organización paramilitar fundada por el ejército salvadoreño en 1932, después del levantamiento de 1932. Estaba conformada por los ciudadanos locales, quienes tenían la obligación de patrullar sus municipios para guardar el orden y reprimir actividades insurreccionales. Los gastos de la guardia eran suplidos con donaciones. Mejoramiento Social. Programa social del presidente Maximiliano Hernán­ dez Martínez, fundado en 1932 como repuesta al levantamiento de 1932.

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Glosario

Sus objetivos eran la protección de los trabajadores, la construcción de casas baratas, un tímido esbozo de reforma agraria, etc. El régimen lo promocionó como un proyecto mayor que buscaba ayudar a la gente po­ bre del país, pero, de hecho, era un programa muy modesto. Sin embargo, generó una impresión positiva en algunos sectores de la población. ORDEN (Organización Democrática Nacionalista). Organismo paramilitar creado en 1962, el cual se caracterizó por un anticomunismo radical. Entre sus principales ideólogos destacan el general José Alberto Medrano y el mayor Roberto D’Abuisson. Sus actividades estuvieron muy vinculadas al “servicio territorial” y la inteligencia de los cuerpos de seguridad, es­ pecialmente la Guardia Nacional. Fue la base de la contrainsurgencia en el campo; sus miembros espiaban y delataban a las personas que consideraban militantes o simpatizantes de la izquierda, que muchas veces terminaban asesinadas. Después del golpe de Estado de 1979, fue proscrita; sin embargo, en la práctica, siguió funcionando al amparo de las “defensas civiles”. Su desmovilización militar y política ocurrió solo después de los acuerdos de paz. Partido Pro-Patria. Es el partido del presidente Hernández Martínez. Se for­ mó en 1933 para la elección presidencial de 1935. Fue el único partido que el régimen permitió en el país. Tenía secciones locales en casi cada municipio de El Salvador. En general, era el órgano del autoritarismo político de Hernández Martínez. Desapareció en 1944, cuando Martínez fue derrocado. PCS (Partido Comunista Salvadoreño). Fundado en 1930 por aproximadamente una docena de activistas laborales y radicales, en las riberas del lago de Hopango. En 1931, tenía cerca de 500 miembros, pero su influencia se con­ centraba principalmente en las zonas urbanas, en especial en la capital, San Salvador. Fue diezmado por la matanza de 1932, pero sobrevivió hasta el final de la guerra civil (1981-1992). SRI (Socorro Rojo Internacional). Otra organización radical internacional con sede en Moscú. Estaba vinculado al Comintem, pero tenía una dirigencia distinta. Se formó en 1922. En 1924 tenía secciones en 19 países, pero en América Latina solo trabajaba en México. Su objetivo era ofrecer ayuda a trabajadores y personas que sufrían a causa del capitalismo y de la perse­ cución de los gobiernos capitalistas. Tuvo un rol importante en España, durante la guerra civil. La sección salvadoreña se creó en 1930, y su líder era Farabundo Martí. Aunque tenía diferencia con el Partido Comunista Sal­ vadoreño, ambos trabajaron juntos. Asimismo había diferencias ideológi­ cas entre Martí y los líderes del Partido Comunista, en tomo a organización y la práctica de insurrección. Estas diferencias eran fuertes, especialmente entre Martí y el mexicano Fernández Anaya, quien llegó a El Salvador en 1929 para ayudar al movimiento radical. Tercer período. Es una fase ideológica ultraizquierdista del Comintem, en­ tre 1928 y 1935, durante el régimen de Stalin. Los dirigentes del Comintem insistían en que todos los partidos y sindicatos afiliados debían romper cualquier alianza o relación con partidos políticos u organizaciones no radi­ cales. Esta fase terminó, de repente, con el inicio del Frente Popular, cuyo objetivo era confrontar el crecimiento del fascismo en Alemania.

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Introducción

El corto lapso que media entre fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930 fue decisivo en la historia moder­ na de El Salvador. En el centro de este período se ubican los eventos horripilantes de 1932 —la insurrección campesina y la masacre a manos de los militares de miles de personas en toda la región occidental del país, hacia fines de enero y comienzos de febrero—. En este período también se ubica el comienzo de la gran crisis económica, la primera reforma democrática (que permitió la elección de un presidente me­ diante comicios populares, en enero de 1931), y la toma del poder por los militares en diciembre de 1931. El golpe de Estado de 1931 le otorgó a El Salvador el dudoso honor de haber vivido el período de gobierno militar ininterrumpido más largo de la época moderna en América Latina. Cuando escribo estas palabras, en 2005, la investigación académica de este período crítico, y muy especialmente los acontecimientos de 1932, se encuentra en su etapa de mayor avance jamás logrado. Durante los últimos años, se ha di­ fundido un número sin precedentes de escritos académicos y documentales cinematográficos de gran calidad, y otros se

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encuentran aún en proceso de elaboración1. La razón que ex­ plica esta abundancia de estudios es sencilla: los académicos tienen acceso sin precedente a nuevas fuentes de evidencia histórica. Si bien es cierto que tanto salvadoreños y salvado­ reñas como personas de otras nacionalidades siempre han expresado gran interés por la época de fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, la ausencia de fuentes impi­ dió su estudio. Los archivos indispensables en El Salvador y otros países no eran accesibles, lo cual limitó en extremo la disponibilidad de evidencia documental; mientras que otros tipos de fuentes, como los testimonios orales, tampoco se podrían utilizar porque la situación política en El Salvador impedía la investigación in situ. Por suerte, el entorno ha cambiado a raíz de la caída del Muro de Berlín, en 1989, y el fin de la guerra civil en El Salvador, en 1992. Los archivos se han abierto, la investigación se ha viabilizado y los frutos académicos de estos cambios se empiezan a observar. A partir de mis propios esfuerzos por dominar el castellano, conozco en carne propia la importancia que supone imponerse a las barreras del idioma que obstaculizan los intercambios intelectuales y los conocimientos colectivos. Por esta razón, el proyecto impulsado por la Dirección de Publicaciones e Impresos de Concultura, durante los últimos años, que ha re­ sultado en la publicación de un poco menos de veinte obras clave de historia de El Salvador —algunas en versión caste­ llana por vez primera— tiene tanta importancia. La misma inspiración se encuentra tras este volumen. Tres de los cua­ tro capítulos han sido publicados previamente en inglés. Mi objetivo en el presente volumen es actualizar estos es­ 1.

Véase, por ejemplo, Jeff Goul y Aldo Lauria, “They Cali us Thieves and Steal Our Wage”, Hispanic American Historical Review 84:2 (mayo de 2004), pp. 191-237; y Jeff Gould, ‘‘Revolutionary National and Local Memories in El Salvador”, en Joseph Gil (Comp.), Reclaiming the Political in Latín American History: The View from the North, Durham: Duke University Press, 2001, pp. 138-171. Hoy en día, Gould y Lauria también colaboran en un libro sobre 1932. Dos documentales de cine recientes que se nutren de investigaciones nuevas, en especial de entre­ vistas, son Jeff Gould y Carlos Henríquez Consalvi, 1932, cicatriz de la memoria, 2002; y Daniel Flores, Ama: La memoria del tiempo, 2003.

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critos y ofrecerlos en castellano por vez primera. Soy el autor de dos de ellos; el segundo lo escribí con Virginia Tilley, una cientificista política de Estados Unidos2. El cuarto lo escribió Carlos Gregorio López Bernal, director de la Escuela de His­ toria de la Universidad de El Salvador. Cada capítulo analiza un aspecto específico de 1932 y/o del régimen militar del general Maximiliano Hernández Mar­ tínez. En el primer capítulo se estudian las causas del levan­ tamiento de 1932 y se pregunta si el comunismo y el Partido Comunista de El Salvador (PCS) tuvieron un papel determi­ nante. También se contempla el papel que jugó la etnicidad en la revuelta. En el segundo capítulo se analiza la masacre horrorosa que ocurrió después de la revuelta. Además de ofrecer algunas explicaciones sobre por qué el Estado desató semejante ola de terror contra la población de las áreas rura­ les del occidente del país, el capítulo escudriña el tema de la etnia y se investiga si la evidencia disponible respalda la tesis de que el gobierno de Martínez intentaba cometer un etnocidio o eliminar a la población indígena de El Salvador. En el tercer capítulo se estudia la estructura política del régimen de Martínez y establece una comparación con las dictaduras civiles que le precedieron. Por último, el cuarto capítulo, de López Bernal, analiza cómo los salvadoreños han recordado los eventos de 1932 y por qué esos recuerdos todavía tienen tanta importancia política hoy en día. En vista de que los cuatro capítulos son analíticos, no pro­ porcionan mucha narrativa histórica o información de fondo. Por esta razón, ofrezco el siguiente repaso de la historia de El Salvador, entre aproximadamente 1880 y 1940, incluyen­ do un recuento extenso de los eventos de 1932. Espero que las lectoras y los lectores que buscan refrescar su memoria sobre la historia de El Salvador lo encuentren útil. Por otra parte, este repaso me permite incluir alguna información de fondo importante que se basa en estudios académicos recientes. 2.

Virginia Tilley es profesora adjunta de Ciencia Política de la Univer­ sidad de Hobart, y William Smith, en el Estado de Nueva York. Es la autora de Seeing Indians: A Study o f Race, Nation and Power in El Salvador, Albuquerque: University o f New México Press, 2005.

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El Salvador entre 1880 y 1940: un repaso Más que cualquier otra variable, el café se encontraba en el centro de los acontecimientos de El Salvador de fines de la déca­ da de 1920 y comienzos de la de 1930. Hacia fines de la década de 1920, el café era el producto motor de la economía salvadore­ ña: el 90 por ciento del valor de las exportaciones lo consti­ tuía el café, por lo tanto, el origen de casi todas las divisas que entraban al país provenía del café. En otras palabras, El Salvador se había convertido en una clásica economía monoexportadora, una llamada “república bananera”, excepto que era, por supuesto, una república “cafetalera”. Pese a que la república bananera típica se caracterizó por la incursión ma­ siva de capitales extranjeros, como la United Fruit Company, en Honduras, o la incursión de los cafetaleros alemanes, en Guatemala, El Salvador no se identificó con este patrón. Su sector cafetalero era propiedad salvadoreña, al igual que su sector financiero. Así, cuando el precio del café caía y se ponían de manifiesto las implicaciones negativas de una economía monoexportadora, los partidos en oposición no podían arremeter contra los extranjeros o una empresa ex­ tranjera, sino que, más bien, debían enfrentarse entre ellos mismos. Por fortuna, para El Salvador, el precio del café se man­ tuvo elevado durante gran parte de la década de 1920. Pero sin que nadie lo anticipara en esos tiempos, el fin de la bo­ nanza se aproximaba con la Gran Depresión. Como activi­ dad económica, El Salvador no tenía muchas alternativas al cultivo del café, y, por lo tanto, las crisis, como la de la Gran Depresión, eran una realidad ineludible. Sin embargo, las formas en que se podía cultivar el café eran bastante numero­ sas. Por cierto, los países productores de café, en América Latina, adoptaron una variedad de estrategias productivas para organizar su tierra, mano de obra y recursos de capital. La versión que se arraigó en El Salvador no fue, en absoluto, la más adecuada para sobrellevar un descenso económico fuerte sin provocar conflictos sociales generalizados. El hecho de que El Salvador se había vuelto dependien­ te de la exportación de un bien primario significó que no se

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apartó del modelo de desarrollo económico en toda América Latina, de fines de siglo diecinueve y comienzos del veinte, durante la llamada “edad de oro” o “los años dorados de las exportaciones”. La incipiente revolución industrial en Euro­ pa y Estados Unidos constituyó un mercado en apariencia ili­ mitado para el consumo de las materias primas latinoameri­ canas. Ciertamente ocurrían altibajos ocasionales en el mer­ cado, como ocurrió durante los años de la Primera Guerra Mundial, pero, por lo general, las cinco décadas que median entre 1880 y 1930 ofrecieron oportunidades constantes para un crecimiento económico basado en la demanda de mate­ rias primas en el norte. Algunos de los países más grandes de América Latina, como México, Argentina y Brasil, lograron insertarse en la bonanza industrial mediante la inversión de algunas de sus utilidades agrícolas en empresas industriales. Sin embargo, el crecimiento del sector industrial en América Latina fue modesto, en términos generales, y en un país pe­ queño como El Salvador, el impacto de la revolución indus­ trial se limitó casi en su totalidad a lo rural y agrícola. Esto no quiere decir que las zonas urbanas de El Salvador no fueron afectadas por la bonanza cafetalera. San Salvador y otros centros urbanos crecieron durante este período, al grado que San Salvador, hacia 1930, tenía aproximadamente 100 000 habitantes. La economía en auge tenía que adminis­ trarse, y surgieron una variedad de empleos de cuello blanco administrativo y burocrático. Muchos de estos empleos es­ taban en el sector privado, pero un gran número también se creó en el sector público, en la medida que el Estado nacio­ nal se fortalecía y centralizaba aún más. Este nuevo Estado fortalecido buscó supervisar y proteger la bonanza económica, en parte mediante la promoción de obras de infraestructura que contribuirían a incrementar aún más la producción ca­ fetalera. Para llevar a cabo estas iniciativas, se necesitaban empleados. No obstante, los sectores medios emergentes continuaron reduciéndose en la década de 1920; y más bien, la mayor parte del crecimiento urbano se debió al incremento en el número de trabajadores. La nueva clase de trabajadores urbanos es­

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taba conformada principalmente por artesanos, obreros en pequeñas fábricas y los empleados de varias ramas del sec­ tor servicios. Muchos de estos eran inmigrantes que recién llegaban de las zonas rurales, donde las pocas oportunidades de trabajo en la agricultura los impulsaban a buscar empleo en las ciudades. Hacia fines de la década de 1920, estos traba­ jadores urbanos se convirtieron en una fuente importante de la movilización política y social. Al igual que en el resto de América Latina, el liberalismo proporcionó el trasfondo ideológico para la bonanza expor­ tadora en El Salvador. En teoría, el liberalismo propugnaba gobiernos pequeños, laissez faire en lo económico y liber­ tades individuales y sociales, así como libertad de culto. De estos, solo en lo económico coincidieron teoría y práctica. Las barreras arancelarias se redujeron, las exportaciones se promovieron y se codificaron las disposiciones legales en de­ fensa de la propiedad privada. Sin embargo, en El Salvador, al igual que en toda América Latina, el liberalismo económi­ co fue impuesto por gobiernos autocráticos fuertemente centralistas, que no hicieron suyas las libertades individual y política. Las elecciones siguieron siendo asuntos muy con­ trolados, y los regímenes liberales apenas prestaban aten­ ción a las mayorías pobres y rurales de la población. En comparación con otros países de América Latina, las autocracias liberales en El Salvador presentaban algunas ca­ racterísticas particulares. Mientras que en México, por ejem­ plo, un solo personaje, Porfirio Díaz, se mantuvo en el poder sin interrupciones durante tres décadas y media, en El Salva­ dor el poder pasó de mano en mano entre varios individuos y grupos, y sus políticas apenas se distinguían una de otra. El primero de los llamados regímenes liberales tomó el poder en El Salvador después de derrocar a Francisco Due­ ñas, en 1871. A continuación se estableció un patrón que duró más o menos cuatro décadas. Cada gobierno liberal era en­ cabezado por un militar (casi siempre un general) y cada uno lograba mantenerse en el poder por lo general hasta poco antes de cumplir su período presidencial de cuatro años, cuando de­ bían celebrarse elecciones. Los debates sobre quién debía

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sucederle y las acusaciones de fraude electoral terminaban, casi siempre, en un golpe de Estado, poco antes o después de la fecha de elecciones. Los golpistas, entonces, organizaban una elección sin oposición y se instalaban en el poder, hasta la próxima elección, cuando, a su vez, después serían derro­ cados, y así se repetían los ciclos3. El último traspaso de poder por golpe de Estado ocurrió con el general Regalado, en 1898; el último militar en ocu­ par la presidencia antes del general Martínez fue el general Figueroa (1907-1911). A pesar de estos cambios, la política si­ guió siendo un asunto bastante autocrático, y las elecciones se decidieron de antemano hasta las reformas democráticas impulsadas por el presidente Río Romero Bosque (1927-1931). Este patrón de comportamiento de la política durante la era liberal anticipó, de manera extraña, el comportamiento de los regímenes militares entre 1931 y 1979. Uno de los impactos más decisivos del liberalismo en El Salvador tuvo que ver con la tenencia de la tierra. Antes de la llegada de los regímenes liberales, la tenencia de la tierra se di­ vidía en tres tipos de extensión casi iguales: las tierras privadas (casi todas constituidas por grandes haciendas, heredadas de los tiempos coloniales); las tierras públicas, conocidas como baldíos; y las tierras comunales (que se subdividían, a su vez, en los ejidos, propiedad de los municipios, y las tierras de las comunidades). Al comienzo de la era liberal, El Salvador tenía alrededor de 250 municipios y 50 comunidades reconocidas 3.

El panorama de las condiciones durante la era liberal se basa en Aldo Lauria, Una república agraria: Los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX, San Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos, Biblioteca de Historia Salvadoreña, Vol. 15, 2003, publicado originalmente como An Agrarian Republic: Commercial Agriculture and the Politics o f Peasant Communities in El Salva­ dor, 1823-1914 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999); Erik Ching, “From Clientalism to Militarism: The State, Politics and Authoritariansim in El Salvador, 1840-1940”, tesis doctoral, Universidad de California, Santa Bárbara, 1997; Patricia Alvarenga Venutolo, Cultura y ética de la violencia: El Salvador, 1880-1932, San José: EDUCA, 1996; Carlos Gregorio López Bernal, “Proyecto liberal de nación en El Salvador. 1876-1932”, tesis para optar al grado de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1998.

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de manera formal como tales. La mayor parte de las comu­ nidades eran indígenas, pero había algunas ladinas también. Con la creencia de que la tenencia comunal y pública obsta­ culizaba la empresa privada y el progreso nacional, las elites políticas liberales aprobaron una serie de decretos de privati­ zación, en 1880 y 1881, que ordenaban la venta de las tierras públicas y la distribución de todas las tierras comunales para convertirlas en parcelas de propiedad individual. Quienes han estudiado El Salvador, desde tiempo atrás, han identificado la privatización de las tierras como uno de los elementos determinantes de la historia reciente del país. En un país pequeño, densamente poblado como El Salvador, donde la riqueza llegó a ser controlada por un puñado de in­ dividuos, una elite, la transferencia de enormes cantidades de tierras comunales y estatales para convertirlas en propie­ dad privada se habría entendido como un momento deter­ minante de su historia. Pero no fue sino hasta la apertura de los archivos en El Salvador, a finales de la década de 1980, que se conoció en detalle el proceso de privatización. Antes, el argumento historiográfico dominante era que el proceso de privatización resultó en la transferencia rápida y total de las tierras de manos de los campesinos pobres de las comunidades a las familias ricas de empresarios bien conectados. Gracias a los trabajos recientes de Aldo Lauria, ahora se sabe que la historia fue algo más compleja4. De acuerdo con Lauria, los arquitectos del programa de privatización visualizaron un país de agricultores de clase me­ dia, algo así como el granjero mítico que se imaginó Tomás Jefferson en Estados Unidos. Por lo tanto, los decretos de pri­ vatización estipulaban que los primeros en recibir parcelas de las tierras comunales recién privatizadas serían los mismos ocupantes. Por cierto, parece que eso fue lo que ocurrió la mayoría de las veces. En todo el país, miles de pequeños campesinos que habían cultivado tierras ejidales y comu­ nales se convirtieron en dueños de pequeñas parcelas parti­ culares. Siguieron practicando la misma agricultura que an­ 4.

Launa, Una república agraria, ibíd.

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tes de la privatización, solo que ahora lo hacían en su propia tierra. Las nuevas parcelas rara vez tenían dimensiones de más de cinco manzanas, pues consideraban que era la canti­ dad mínima de tierra necesaria para darle sustento a una fa­ milia e impedir que sus integrantes abandonaran la tierra en busca de empleo adicional. La privatización de las tierras co­ munales creó la clase de pequeños propietarios campesinos de El Salvador, cuyos remanentes todavía se pueden encon­ trar en varios rincones del país. Por supuesto, hubo muchos casos de empresarios ricos y especuladores de tierras que ad­ quirieron tierras otrora comunales por medio de compra legal o prácticas corruptas. Pero, en general, el proceso de privati­ zación fue bastante tranquilo —si bien prolongado— y no se caracterizó por protestas masivas ni conflictos violentos en­ tre elites capitalistas y campesinos. De hecho, Lauria señala que los conflictos eran más probables entre y dentro de las comunidades, por temas concernientes a los linderos o la can­ tidad de tierra que le sería adjudicada a cada persona, que entre miembros de comunidades y gente extraña. No obstante el hecho de que la privatización resultó ser más complicada de lo que se pensaba, reconoce, sin embargo, que dentro del largo plazo no impidió el surgimiento de un grupo numeroso de trabajadores rurales proletarios y empo­ brecidos. En la medida que las familias crecían por repro­ ducción natural, las parcelas originales resultaban a menudo demasiado pequeñas para suplir las necesidades de consumo de las generaciones sucesivas. Esto obligó a las familias a to­ mar decisiones difíciles. Una opción consistió en dividir las ya de por sí pequeñas parcelas en lotes aún más pequeños, de esta manera las siguientes generaciones podrían tener acceso a algo de tierra, al menos. Esta situación obligó a que, en diver­ sos momentos, durante el transcurso del año, la mayoría de miembros de la familia buscara algún empleo remunerado para complementar los limitados frutos que les proporciona­ ba la tierra. Por lo general, el trabajo temporal disponible se encontraba en las nuevas fincas de café, o en las ya estable­ cidas haciendas azucareras y ganaderas. Otra opción para la familia fue conservar la parcela intacta y entregársela a un solo miembro de la familia, por lo general el hijo mayor.

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Esto le permitía a ese hijo y a su familia, al menos, seguir trabajando como campesinos sin tener que buscar otros em­ pleos, aunque todos los hermanos y las hermanas termina­ ran como proletarios. Si la familia no se inclinaba por alguna de estas dos op­ ciones, podía decidirse por una tercera alternativa, más drás­ tica: vender su parcela. Las familias campesinas amaban su tierra, así que esta opción rara vez era la deseable, pero a ve­ ces no había alternativa. Si una familia no quería tomar la decisión difícil de dividir la parcela o dejar sin tierra a algu­ nos de sus miembros, terminaba vendiendo la tierra. O si la familia enfrentaba una emergencia financiera, a veces hipo­ tecaba su tierra a un terrateniente de la localidad, a menudo a intereses altos, lo que prácticamente aseguraba que termi­ naría vendiendo la tierra en algún momento. Si la parcela se encontraba en una zona donde se producía café, el precio de la tierra que iba al alza hacía un poco más atractiva la de­ cisión de vender. Así, el hecho de que más familias campesi­ nas vendieran sus parcelas, entre la década de 1880 y finales de la de 1920, permitió que ocurriera un proceso de concen­ tración de la tierra, en la medida que empresarios y especu­ ladores compraban propiedades. Una de las grandes preguntas acerca del proceso de pri­ vatización es por qué los nuevos pequeños propietarios cam­ pesinos, que vivían en las regiones aptas para el cultivo del café, no se convirtieron en productores de café, tal como ocurrió en Costa Rica o Venezuela. Por el contrario, la indus­ tria del café en El Salvador se centró en grandes fincas (gene­ ralmente de unas 100 manzanas de extensión) pertenecien­ tes a un grupo pequeño de terratenientes ricos, quienes con frecuencia eran dueños de varias propiedades. El café, por supuesto, tenía el potencial para enriquecer al productor. Su precio en el mercado internacional se mantuvo alto durante la mayor parte de años comprendidos entre 1880 y 1930. Hasta un campesino con pocas manzanas de tierra podría, en principio, sobrevivir de manera holgada si lograba sem­ brar café en lugar de maíz y frijoles. Las razones por las que no surgió un campesinado productor de café son numerosas

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y complejas, pero según Héctor Lindo, otro historiador que estudia el siglo diecinueve en El Salvador, la ausencia de ca­ pital para inversiones fue una causa principal5. Un arbusto de café tenía que crecer durante aproximadamente cinco años antes de producir granos aptos para la venta. Esto implicaba que un cafetalero incurriría en gastos sin percibir un ingreso durante cinco años. A menos que el cafetalero que se iniciaba en el negocio poseyera una fortuna personal adquirida por otros medios, tendría que pedir prestado. Lindo argumenta que El Salvador tenía un sistema crediticio muy particular y sumamente discriminatorio que no apoyaba a los pequeños productores, en especial si eran indígenas analfabetos. En resumen, los ladinos ricos y educados fueron quienes le prestaron dinero a otros ladinos ricos y educados y, en con­ secuencia, ellos fueron los únicos con capital suficiente para comprar parcelas de tierra y utilizarlas para el cultivo del café. Algunos campesinos lograron sembrar café en sus par­ celas particulares con el paso de los años, pero el proceso fue lento y el número de arbustos no sobrepasaba unas cuantas decenas en vista de que habían sembrado a la par maíz, fri­ joles y frutales, más como un pequeño complemento del in­ greso familiar que como una iniciativa de naturaleza empre­ sarial. Por supuesto que la siembra de café estaba fuera de toda consideración, en el caso de aquellos campesinos cuyas tierras no eran aptas para su cultivo. Para los campesinos que vendían su fuerza de trabajo en las fincas y haciendas (de café, azúcar, ganado y otras), por lo general, los contratos que se les ofrecían eran de dos ti­ pos: trabajo asalariado o aparcería. En el trabajo asalariado, el campesino recibía un pago por un determinado período de tiempo de trabajo (un día, una semana o un mes, por ejemplo), además de un modesto tiempo de comida durante el día. Los salarios rurales eran extremadamente bajos, que 5.

Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo XIX, San Sal­ vador, Dirección de Publicaciones e Impresos, Biblioteca de Historia Salvadoreña, Vol. 12, 2003, publicado originalmente como Weak Foundations: The Economy o fE l Salvador in the Nineteenth Century (Berkeley: University o f California Press, 1990).

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apenas llegaban al nivel de subsistencia, esto es, unos 25 cen­ tavos diarios en la década de 1920. Un aparcero o colono era un trabajador que residía en la finca o hacienda y a quien se le permitía sembrar una pequeña parcela para él y su familia. A cambio tenía que trabajar en la finca o pagar por el derecho a cultivar la tierra con la entrega de una porción de la cose­ cha. En cualquiera de los casos, los ingresos del colono no eran mucho mejores que los del obrero asalariado, pero al menos gozaba de un poco de seguridad en tanto su perma­ nencia en la propiedad estaba asegurada durante toda una temporada. En algunas regiones donde la demanda de mano de obra era muy alta, incluyendo las zonas cafetaleras de occidente, los terratenientes dependían a veces de un sistema de peo­ naje por deudas para conseguir trabajadores. Un finquero podía anticiparle dinero al trabajador a cambio de un con­ trato de trabajo o pagarle en fichas que solo se podían gastar en tiendas ubicadas en la misma propiedad. En cualquiera de los casos, el trabajador terminaba endeudado con el finquero y, debido a que los salarios eran tan bajos, resultaba muy difícil cancelar la deuda por completo. El peonaje por deudas nunca se institucionalizó como sistema, tal es el caso de Guatemala, pero de hecho existía. Así las cosas, el proceso de privatización tuvo alcances na­ cionales, pero en vista de lo que ocurriría hacia fines de la dé­ cada de 1920 y comienzos de la de 1930, su mayor impacto se sintió en los departamentos occidentales de Sonsonate, La Libertad, Ahuachapán y Santa Ana. Las tierras altas de esos cuatro departamentos tenían el mayor potencial para el cul­ tivo de café, junto con las tierras altas de Usulután, en el oriente. En los departamentos occidentales también estaban ubicadas algunas de las más grandes y mejor desarrolladas propiedades comunales, y muchas estaban en manos de in­ dígenas. En pocas palabras, el occidente era el centro de un complejo entramado de producción cafetalera, privatización de tierras y etnicidad que resultó de importancia crítica para el estallido de la rebelión de 1932.

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La población indígena de El Salvador, a comienzos del si­ glo XX, se estima entre 150 000 y 250 000 personas, o alre­ dedor del 10 al 20 por ciento de la población total del país de 1.5 millones, en 1930. La mayoría de estos indígenas vivían en los cuatro departamentos occidentales, en particular en las tierras altas que tenían el potencial para convertirse en tierras de cultivo de café. En dos de estos departamentos, Sonsonate y Ahuachapán, los indígenas sumaban casi la mitad de la población, y en determinados municipios, donde la in­ surrección alcanzó mayor fuerza, como Izalco, Nahuizalco y Tacuba, los indígenas representaban una proporción de la población mucho mayor —a veces más del 90 por ciento—. La experiencia de las comunidades indígenas durante el proceso de privatización fue bastante similar a la de cualquier otro propietario comunal. Sus tierras fueron divididas, a menudo con la participación de los mismos comuneros para asegurar una partición justa, y distribuidas como parcelas individuales a los residentes de la comunidad. Al igual que todos los demás beneficiarios, los indígenas eventualmente se enfrentaron a las mismas presiones para conservar sus parcelas, ya sea que tuvieran que dividirlas en unidades más pequeñas o venderlas a especuladores. Quizás la principal diferencia entre beneficiarios indígenas y no indígenas (ladi­ nos) radicaba en que los indígenas tendían a conservar un mayor espíritu de identidad comunal, aunque los miembros de la comunidad ya no administraran una propiedad grande de manera conjunta. Todavía tenían sus cofradías y muchos otros vínculos culturales, políticos y familiares que los man­ tenían unidos. Los documentos en los archivos demuestran que muchas de estas comunidades indígenas continuaban pre­ sentándose ante el gobierno como unidades cohesionadas hasta entrado el siglo XX, irrespectivo de la disolución de sus tierras comunales. Este tema de las identidades comunales tiene relevancia cuan­ do se abordan las motivaciones individuales en los asuntos políticos, incluyendo el levantamiento de 1932. Las comu­ nidades se constituyen en depositarías de memorias, iden­ tidades y movilización. Los miembros de una comunidad a

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menudo actúan de forma concertada para defender sus in­ tereses colectivos, tal como son percibidos. Por ejemplo, si la privatización de las tierras comunales hubiera sido percibida por las comunidades como un ataque directo e injustificado a su propia supervivencia, lo más seguro es que hubieran de­ safiado unidas el proceso. Pero semejante oposición, masiva y violenta, no ocurrió. Por el contrario, parecería que las co­ munidades aceptaron, en términos generales, el proceso de privatización, siempre y cuando sus miembros recibieran el título de las tierras que habían venido labrando. Sin embar­ go, como bien lo demuestra Lauria, el proceso de privatiza­ ción tuvo un impacto negativo, a largo plazo, para muchos de los beneficiarios. Resultó en una distribución sesgada de la riqueza, mediante la cual unos pocos ricos se tornaron aún más ricos y la mayoría pobre se empobreció más. Esto permite enfrentarse a preguntas importantes y difíciles, en torno a cómo las subsiguientes generaciones de población rural pobre vincularon este proceso a su propia existencia y a quiénes responsabilizaron por los problemas que enfren­ taron en sus vidas. Hay que tener en mente que habían pasa­ do cincuenta años desde los decretos de privatización de las tierras comunales, a inicios de la década de 1880, hasta el levantamiento campesino de 1932. Hacia esta última fe­ cha, ya era la segunda o la tercera generación que vivía las consecuencias de la privatización y el cultivo del café. Unas comunidades cohesionadas con una larga historia de par­ ticipación colectiva estarían bien preparadas para conservar una memoria histórica y para movilizar a sus integrantes individuales en asuntos políticos, ya sea en actividades tran­ quilas, como las elecciones, o en acontecimientos más radi­ cales, como una revuelta armada. Por cierto, los individuos tenían la capacidad para interpretar su entorno, formular un plan de acción y asociarse con otras personas que pensaban igual con la finalidad de constituirse en una fuerza política eficaz o tomar las armas. Pero las comunidades existentes ya estaban configuradas para tomar medidas de hecho. Tal como se mencionó antes, la era liberal en El Salva­ dor, al igual que en casi toda América Latina, se caracteri­ zó por su autocracia política en vez de su libertad política.

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Aun después que terminaron los golpes de Estado y la racha de generales en el poder, en 1898 y 1911, respectivamente, la política en El Salvador siguió siendo poco democrática. Después del asesinato, en 1914, de Manuel Enrique Araujo, el sucesor del general Figueroa, el poder ejecutivo quedó en manos de una sola familia, los Meléndez-Quiñónez, durante los siguientes 13 años. Se mantuvieron al frente del gobierno al derrotar a los partidos de oposición que surgieron poco antes de las dos elecciones presidenciales, en 1919 y 1923. En varias regiones del campo, el régimen de los Meléndez-Qui­ ñónez se amparó en una organización semipopulista y pseudoparamilitar —las llamadas Ligas Rojas— para amedrentar a sus opositores y llevar a cabo sus propósitos electorales. En 1927, el miembro saliente de la familia presidencial, Alfonso Quiñónez Molina, escogió como su sucesor a un aliado, en apariencia leal, que mantendría todo en su lugar. Este fue Pío Romero Bosque, quien había ocupado la vicepresidencia y la cartera de guerra, entre otros cargos, durante la era de los Meléndez-Quiñónez. Romero llegó a la presidencia mediante una elección sin oponente (como de costumbre), en enero de 1927. Para sorpresa de Alfonso Quiñónez, y por razones que to­ davía no son claras, Pío Romero rompió con la tradición y propuso reformas genuinamente democráticas. Durante los siguientes cuatro años, él y su gabinete trabajaron de manera asidua desde sus oficinas en el Palacio Nacional para cambiar la forma en que se hacía política y se organizaban elecciones. Su objetivo fue asegurar que los funcionarios de elección di­ recta, desde los regidores municipales hasta el presidente de la república, fueran escogidos por medios democráticos. Su estrategia para efectuar los cambios se tradujo en declaracio­ nes que anunciaban los planes de reforma seguidos por un examen exhaustivo de cada elección realizada. Recibían las quejas de irregularidades electorales de todas partes del país, examinaban con detalle la evidencia disponible, y anulaban aquellas elecciones donde se comprobaba alguna irregulari­ dad. Tal como era de esperarse, el proceso fue lento, pero, en verdad, sus esfuerzos dieron frutos. La culminación de

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las reformas fue la elección presidencial de enero de 1931, la cual ganó Arturo Araujo en una contienda libre y justa6. De nuevo, el caso de El Salvador fue similar al de muchos otros países de América Latina a comienzos del siglo XX. En todo el continente, diversos dirigentes políticos al frente de nuevos sectores sociales (obreros y clase media) emergieron durante la era liberal y exigieron a los arquitectos autocráticos de las políticas económicas del laissezfaire que acepta­ ran que el liberalismo también contemplaba reformas socia­ les y políticas. Algunos de los ejemplos más tempranos de procesos reformistas exitosos fueron los de los regímenes de José Batlle y Ordóñez, en Uruguay (1903-1907 y 1911-1915) e Hipólito Irigoyen, en Argentina (1916-1922 y 1928-1930). México también conoció la reforma social, pero de manera muy particular en aquel levantamiento enorme y violento cono­ cido como la Revolución Mexicana. De tal manera que no es extraño que El Salvador haya experimentado también un perío­ do de reforma política, pero, en comparación con la mayoría de otros países de América Latina, ocurrió más tarde y duró menos tiempo (solo cuatro años, entre 1927 y 1931). Fue durante esta breve apertura política, hacia fines de la década de 1920, que aparecieron las organizaciones obre­ ras y se escucharon sus demandas de reforma. El principal sindicato obrero en El Salvador, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS), se fundó en 1924. Hacia fines de la década había crecido hasta incorporar a unas vein­ ticinco organizaciones obreras con una membresía de unos po­ cos miles de trabajadores, repartidos en toda la república. La mayoría de sus miembros vivían en centros urbanos, espe­ cialmente en la capital de San Salvador. Su presencia en el campo era muy reducida. En 1929, una pequeña facción radicalizada apareció den­ tro del sindicato e hizo llamados para que se adoptara una agenda más de izquierda. Hacia mediados de 1929, la fac­ ción se había hecho lo suficientemente fuerte para hacerse 6.

Ching, “From Clientelism to Militarism”, ibíd.; Alvarenga, Cultura y ética, ibíd.

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del consejo ejecutivo y reorientar al sindicato hacia posturas más radicales. La FRTS perdió un número de afiliados durante esa transformación, pero la mayoría de sus bases se mantu­ vieron intactas. Poco después, en marzo de 1930, los radicales, recién fortalecidos, formaron un Partido Comunista y se afi­ liaron a la Tercera Internacional, o Comintern, con sede en la Unión Soviética. El nuevo Partido Comunista Salvadoreño (PCS) no contó sino con unos pocos centenares de miembros durante su primer año de vida, y la mayoría vivía en San Salvador. El partido tenía pocas células en otras partes del país, principalmente en la región occidental y casi de mane­ ra exclusiva en las cabeceras departamentales de Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad (Santa Tecla). En 1930 apareció otra organización de izquierda en El Salvador, el So­ corro Rojo Internacional (SRI). Al igual que el PCS, también tenía sus oficinas centrales en Moscú y era muy cercano al PCS. A diferencia del Partido Comunista, no se suponía que sería una organización clandestina o que se convertiría en la vanguardia revolucionaria de las masas obreras. Más bien, el SRI tendría una faz pública de activismo obrero con la cual denunciaría la represión gubernamental y proporcionaría asistencia a los trabajadores que habían sido golpeados por el sistema capitalista o el terror gubernamental. Así, hacia fines de la década de 1920, se habían hecho pre­ sentes nuevos sectores en la sociedad salvadoreña: una clase obrera organizada, organizaciones de izquierda, una clase burocrática de clase media, un creciente proletariado rural y una pequeña pero poderosa elite. Fue dentro de este entorno de cambio social y consolidación de la riqueza que irrumpió la Gran Depresión. Como ocurrió en gran parte de América Latina, el impac­ to de la Gran Depresión no se sintió de inmediato. El derrum­ be del precio del café y las dificultades económicas asocia­ das sucedieron como un año después del crack de la bolsa de Nueva Cork, a finales de 1929. Si bien es cierto que nadie sabía cuánto tiempo duraría la crisis, las interrogantes de cómo respondería el país ocuparon la atención de los parti­ cipantes en la campaña presidencial hacia fines de 1930 y

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comienzos de 1931. El ganador de la elección, Arturo Araujo, se identificó con una agenda semipopulista y prometió cosas como un incremento del gasto social. Por lo visto, algunos de sus activistas también anunciaron que si Araujo resultaba victorioso, promulgaría una reforma agraria para beneficiar a los pobres del campo, aunque él nunca mencionó eso. Cuando Araujo asumió la presidencia, en marzo de 1931, la crisis económica arreciaba y las presiones políticas aumenta­ ban. Los seguidores de Araujo exigían que cumpliera sus pro­ mesas de campaña al mismo tiempo que los ingresos del Estado se reducían, debido fundamentalmente a la mengua de los impuestos aduaneros. Araujo no tuvo más remedio que re­ cortar el gasto público. Trató de resolver la crisis mediante la contratación de un préstamo grande a un banco estadouni­ dense, en julio de 1931. Sin embargo, esta acción tuvo un efecto inesperado, pues lo distanció de algunos de sus simpa­ tizantes, quienes lo acusaron de entregar el país a los “grin­ gos”. El fin le llegó a Araujo cuando permitió que se atrasara el pago de los salarios de los militares. Un grupo de oficiales jó­ venes lo derrocó mediante golpe de Estado, en diciembre de 1931, y esgrimieron, como razón principal, la falta de apoyo del gobier­ no para el ejército. Araujo salió al exilio hacia Guatemala. Unos días después del golpe, los confabulados anunciaron que el vicepresidente de la república, el general Maximiliano Hernández Martínez, sustituiría a Araujo en la presidencia. Martínez había sido candidato a la presidencia en 1930, pero entrada la campaña, Araujo lo invitó a unírsele como candidato a vicepresidente. No se sabe si Martínez contribuyó a organi­ zar el golpe, pero él y sus seguidores justificaron su llegada al poder con el argumento legal de que el vicepresidente estaba obligado a asumir la presidencia, una vez que Araujo había abandonado el país. Entre los muchos que se mostraron poco convencidos por este argumento se encontraba Esta­ dos Unidos, que negó el reconocimiento diplomático al ré­ gimen de Martínez. Estados Unidos adujo que su llegada al poder violaba los Tratados de Washington de 1923, a los cuales El Salvador se había suscrito junto con los demás países de Centroamérica. Los Tratados estipulaban que ningún go­

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bierno sería reconocido si llegaba al poder por medios no democráticos. Martínez se defendió dentro y fuera del país, pero sin resultados; Estados Unidos rehusó cambiar su pos­ tura. Hacia mediados de enero de 1932, la situación no pin­ taba bien para Martínez, en términos de su permanencia en el cargo a largo plazo. Se enfrentaba a una oposición interna, una crisis diplomática con Estados Unidos, el derrumbe de la economía y, de repente, una insurrección campesina en gran escala en el occidente del país. El levantamiento comenzó hacia la medianoche y la ma­ drugada del 22 y 23 de enero7. La actividad de los rebeldes se centró en seis puntos geográficos de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad: Tacuba, la ciudad de Ahuachapán, Juayúa/Salcoatitán/Nahuizalco, Izalco, Sonzacate/ ciudad de Sonsonate y Colón. Varios otros lugares periféricos experimentaron alguna actividad rebelde. El patrón típico de asalto de los rebeldes fue el de atacar primero el cabildo, las oficinas de la policía o la Guardia Nacional, y la oficina del telé­ grafo. A excepción de Sonsonate y Ahuachapán, ninguna de las municipalidades tenía más que un pequeño contingente de agentes de policía o de la Guardia Nacional, así que, en la mayoría de los casos, los rebeldes no tuvieron dificultad para hacerse del control de la localidad, a pesar de su pobre armamento. Casi todos los insurrectos peleaban con machetes y palos. Es difícil estimar el número de rebeldes que con­ formaba cada grupo de ataque debido a las discrepancias de los diversos informes, pero parecería que la mayoría de los primeros grupos de atacantes estaban conformados por unos pocos centenares de individuos, cuyo número aumen­ taba una vez que se hubiera dominado un municipio. En los pueblos que ocuparon, los rebeldes se dedicaron por lo gene­ ral a saquear algunas casas y negocios, y a dañar un número 7.

La siguiente crónica de 1932 se basa en Thomas Anderson, El Salva­ dor, 1932, San Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos, Bi­ blioteca de Historia Salvadoreña, Vol. 10, 2000; Joaquín Méndez, Los sucesos comunistas de 1932 en El Salvador, San Salvador: Imprenta Fu­ nes y Ungo, 1932; y Erik Ching, “In Search of the Party: Communism, the Comintem and the 1932 Uprising in El Salvador”, The Americas 55:2 (octubre de 1998): 204-39.

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de propiedades, pero no se ensañaron en masa con la po­ blación. Durante los tres días enteros que duró la rebelión, los insurrectos mataron a menos de cien personas, incluyen­ do el asesinato de varios residentes conocidos e influyentes, como Emilio Redaelli, en Juayúa, el general Rivas, en Tacuba, y Miguel Cali, en Izalco. Los primeros ataques estuvieron dirigidos contra Izalco y Juayúa/Salcoatitán poco antes de la medianoche del 22 de enero. Juayúa y Salcoatitán cayeron en manos de los rebel­ des antes de que pudieran enviar advertencias a Sonsonate o Ahuachapán, pero el telegrafista de Izalco logró enviar un tele­ grama al destacamento militar en Sonsonate, antes de sucumbir frente a sus atacantes. En respuesta, el comandante del destaca­ mento en Sonsonate, el coronel Ernesto Bará, comenzó a orga­ nizar una fuerza expedicionaria para salir en auxilio de Izalco. Puso al mayor Mariano Molina al frente de esta fuerza. Poco antes del amanecer, el 23 de enero, Molina organizaba su tropa en la plaza frente al cuartel de Sonsonate, después de enviar a varios grupos por el pueblo en busca de vehículos. Uno de estos grupos se dirigía en carro hacia el norte, a la municipalidad vecina de Sonzacate, cuando se topó con un gran contingente de rebeldes. Los rebeldes atacaron el carro y obligaron a sus ocupantes a retirarse al cuartel a pie. Los rebeldes los persiguieron y se encontraron con los soldados del mayor Molina, en la plaza frente al cuartel, cuya puerta estaba abierta. Se desató, entonces, una lucha feroz cuerpo a cuerpo, mientras los soldados se replegaban al interior del cuar­ tel. En apariencia, algunos rebeldes lograron introducirse al cuartel, pero fueron repelidos de inmediato. Ya seguros tras los muros del cuartel, los soldados dominaron a los asaltantes con fuego de ametralladoras. Los rebeldes suspendieron el ataque al cuartel y se retiraron en dirección a Sonzacate, no sin an­ tes atacar una oficina de la policía cercana y saquear varias propiedades. El número de muertos durante las acciones en Sonsonate se estima en cincuenta a setenta rebeldes y cinco soldados, además de media decena de soldados heridos. Casi al mismo tiempo que los grupos rebeldes atacaban Juayúa, Salcoatitán, Izalco y Sonsonate, otra fuerza rebelde ata­

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caba el cuartel de Ahuachapán. Allí se repitió lo de Sonsonate: soldados bien armados y con la seguridad que ofrecían los muros del cuartel, repelieron a los rebeldes, quienes, no obstan­ te, lanzaron tres ataques fútiles, pero igualmente decididos. Si bien es cierto que los asaltos a los cuarteles de Ahuachapán y Sonsonate fueron fracasos militares, resultaron victorias tác­ ticas importantes que explican la persistencia de la rebelión. En cada cuartel, los oficiales al mando no podían sacar a su tro­ pa, hasta que no tuvieran la seguridad de que no se enfrenta­ ban a un ataque inminente. Esto le permitió a los grupos re­ beldes retener el control de los pueblos ocupados por mucho más tiempo de lo que hubiera sido, si la tropa en Sonsonate o Ahuachapán hubiera salido de inmediato. El poder supe­ rior de fuego del ejército se tradujo en una victoria rápida para las fuerzas del gobierno, al darse un enfrentamiento di­ recto entre soldados y rebeldes. Los otros dos pueblos principales atacados en la noche del 22 de enero fueron Tacuba y Colón, en los departamen­ tos de Ahuachapán y La Libertad, respectivamente. Lo que transcurrió en Tacuba se ajustó al patrón de Izalco, Juayúa y Salcoatitán. Los rebeldes sorprendían a las autoridades lo­ cales y se apoderaban del pueblo en poco tiempo. Colón, sin embargo, se apartó de este patrón. Allí los rebeldes ocuparon el pueblo, pero al rato emprendieron la marcha por la carre­ tera hacia Santa Tecla, la cabecera del departamento de La Libertad. Intentaban atacar la ciudad, supuestamente, pero antes de llegar se encontraron con una patrulla militar que venía bajando de la cabecera. Después de un breve enfrenta­ miento, los rebeldes huyeron de vuelta hacia Colón. Llegaron al pueblo como a las ocho de la mañana, pero a esa hora, los ciudadanos de Colón se habían organizado y repelieron a los rebeldes, quienes se dispersaron en los campos vecinos. El último lugar importante de actividad rebelde fue el mu­ nicipio de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate. De acuerdo con una fuente, a las nueve de la mañana del 23 de enero entró un carro al pueblo lleno de dirigentes rebeldes, quienes anunciaron que estarían de vuelta a las diez de la noche, y que el pueblo tendría hasta entonces para unirse a

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los rebeldes o sufrir las consecuencias. Los rebeldes volvie­ ron antes de la hora prevista, a las tres de la tarde, y como no se mostraron satisfechos con el nivel de apoyo, quemaron unos cuantos negocios y atacaron a un puñado de ciudadanos, dándole muerte a dos e hiriendo a dos más, por lo menos. Hacia la tarde del 23 de enero, los rebeldes habían atacado cuando menos nueve municipios de toda la región de occidente y habían tomado el control en seis: Tacuba, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Izalco y Sonzacate. Pero el fin se aproxima­ ba. En la mañana del 24 de enero, las tropas de Sonsonate comenzaron a salir del cuartel y su poder de fuego superior puso fin con rapidez a la ocupación de la ciudad. El día ante­ rior, el comandante de Sonsonate había enviado una patrulla de reconocimiento a Sonzacate, bajo el mando del coronel Tito Calvo. La patrulla se encontró con un grupo grande de rebel­ des y estalló una batalla feroz que terminó con bajas en ambos bandos. Superado en mucho el número de rebeldes, la patrulla se retiró hacia el cuartel para preparar un ataque más grande y mejor coordinado. La segunda fuerza expedicionaria salió del cuartel en la mañana del 24 de enero, bajo el mando del coronel Marcelino Galdámez. Esta vez, sin embargo, Sonza­ cate estaba vacío, aunque varios fuegos seguían ardiendo en el pueblo. El contingente de tropa siguió hacia el norte con dirección a Izalco. Los informes que narran lo que aconteció después son confusos. Uno de ellos dice que a la tropa de Sonsonate se le unió una fuerza de avanzada que venía desde San Salvador. Otro informe indica que en lugar de ingresar a Izalco, los soldados se ubicaron en posición defensiva al pie de la cuesta que lleva a la municipalidad y esperaron a que los rebeldes los atacaran. Los rebeldes, entonces, arremetieron como supuesto por la cuesta y cayeron directamente en la trampa del ejército, y sufrieron un tremendo número de ba­ jas por el fuego de ametralladoras. Independientemente de si los rebeldes lanzaron o no un ataque tan descabellado, los soldados expulsaron con rapidez a los ocupantes de Izalco y retomaron el control del pueblo. Uno de los personajes más connotados, y quien fuera capturado durante la contraofen­ siva, fue Feliciano Ama, cacique de una comunidad indígena de la localidad. Existen opiniones encontradas en torno a la

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figura de Ama sobre si en realidad fue un dirigente rebelde y, en caso de que lo hubiera sido, por qué. Poco después de su cap­ tura, una turba fue a sacarlo de su celda y lo linchó, lo ahorcó en un árbol de aceituno, en la plaza, frente a la iglesia de la Asunción, mientras los soldados se hacían los indiferentes. La columna principal de la tropa que retomó el control de Izalco abandonó el pueblo, hacia fines de la tarde del 24, y se dirigió a Nahuizalco. En el desvío hacia el pueblo, se encon­ traron con una fuerza rebelde que desarticularon después de un combate de quizá unos treinta minutos. Los informes son contradictorios en relación con lo que la tropa hizo después. Un informe dice que avanzaron sobre Nahuizalco y retoma­ ron el control del pueblo esa noche. Otros informes sugieren que al terminar el combate, ya había caído la noche, así que la tropa decidió acampar en las afueras de Nahuizalco y esperar hasta la mañana. En cualquiera de los casos, en la mañana del 25, Nahuizalco estaba de nuevo bajo control del gobier­ no. Esa tarde, las mismas tropas procedieron en Salcoatitán y Juayúa, donde llegaron como a las tres. Hacia fines de ese día habían retomado el control de esos dos pueblos también. Esa misma mañana, la del 25, una fuera expedicionaria salió del cuartel de Ahuachapán hacia Tacuba, que volvió también a ser controlada por el gobierno. Al final del día 25, la rebelión había sido sofocada, y los pueblos tomados por los rebeldes estaban de nuevo en ma­ nos del gobierno. Sin embargo, la derrota de la insurrección fue solo la primera fase de los acontecimientos horrorosos que llegaron a conocerse sencillamente como “el 32”. Los princi­ pales refuerzos del gobierno llegaron a Sonsonate por tren, el día 25, bajo las órdenes del general José Tomás Calderón. A continuación, los militares sometieron a las zonas rurales de occidente a una brutal represalia. Unidades militares fuerte­ mente armadas se movieron con rapidez a través de los campos occidentales y asesinaron a los campesinos de manera indiscriminada. Para agilizar las masacres, una de las tácticas más conocidas del Ejército fue ordenar a todos los hombres, de un determinado pueblo, a presentarse en la plaza para en­ tregarles salvoconductos, y después ametrallarlos en masa.

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Durante las siguientes dos semanas, miles tras miles de personas fueron asesinadas por el Ejército y unidades para­ militares locales como retribución por la insurrección. Los cadáveres de los fusilados yacían en las orillas de los cami­ nos y en montones, dispersos en el campo. En la medida de lo posible, los soldados o los habitantes de la localidad enterraban a los muertos en fosas comunes para prevenir una epidemia, pero el número de muertos sobrepasaba la capacidad para darles sepultura, y muchos cadáveres quedaron expuestos durante días enteros. Al fin de cuentas, nadie se molestó por llevar un registro de los muertos; y si el ejército, al menos, contabilizó los muertos, esos documentos no se han dado a conocer. Como muchos salvadoreños y salvadoreñas saben, la estimación del número de personas asesinadas oscila entre diez y treinta mil. Algunas de estas personas eran rebeldes, pero las víctimas, en su mayoría, fueron civiles inocentes, que no tuvieron ninguna participación en los acontecimientos. La masacre de 1932 es uno de los peores episodios de repre­ sión estatal en la historia moderna de América Latina. Resulta irónico, pero la rebelión de 1932 pudo haber sido la tabla de salvación del régimen de Martínez. La reacción des­ medida del Estado frente a la rebelión le permitió a Martínez eliminar a sus oponentes, presentar al ejército y a su persona como los salvadores de la nación, y consolidar su poder, a pesar de la imparable crisis financiera. Durante los próximos trece años, él y sus allegados construyeron un sistema de go­ bierno que se convirtió en el precedente para otras cuatro décadas de gobierno militar autoritario. Los acontecimientos de 1932 y la llegada al poder del ge­ neral Martínez han generado mucha discusión. Algunas de las preguntas que las personas se han formulado incluyen las siguientes: ¿Quiénes eran los rebeldes y cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué el ejército mató a tantas personas y qué buscaba lograr? ¿En qué consistió el sistema político que creó Martínez? ¿Cómo nos afectan, hoy en día, los recuerdos de esos acontecimientos? Los siguientes cuatro capítulos in­ tentan ofrecer respuestas a esas interrogantes. Erik Ching

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I Comunismo, indígenas y la insurrección de 1932 Erik Ching Universidad de Furman Estados Unidos

Introducción El levantamiento y la matanza de 1932 son un parteaguas en la historia de El Salvador, no solo para los acadé­ micos que se interesan en el estudio de esos acontecimien­ tos, sino también para la población salvadoreña en general que, en su memoria colectiva, retiene con firmeza los hechos de 1932. A pesar de su gran importancia para El Salvador y, de manera más específica, para el sentimiento de identidad nacional de las salvadoreñas y los salvadoreños como per­ sonas, el significado de los hechos de 1932 sigue siendo un tema bastante polarizado. Para la izquierda política, 1932 simboliza la intransigencia de las elites económicas del país, su alianza con los militares y su disposición colectiva de lle­ var a cabo actos brutales de represión frente a una movili­ zación popular. Para la derecha política, 1932 confirma los planteamientos de una real amenaza comunista a la sobera­ nía nacional. Sin embargo, uno de los aspectos sorprendentes de la memoria de 1932 es que la izquierda y la derecha, pese a sus

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Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador

diferencias fundamentales, han coincidido en un aspecto bá­ sico, que tuvo una naturaleza comunista, en el sentido de que el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y/o sus aliados internacionales lo propiciaron y organizaron, y que dirigie­ ron a los rebeldes campesinos en los ataques. Las razones de esta coincidencia entre la derecha y la izquierda es que am­ bos se benefician cuando presentan su argumento. La izquier­ da fortalece su imagen de vanguardia histórica de las masas, con independencia del desenlace trágico del levantamiento o, quizás, gracias al mismo. La derecha se presenta como el defensor histórico de un país que rechazó una arremetida comunista. Esta línea de argumentación puede identificarse como “causalidad comunista”. Los estudiosos y los legos han adoptado la “causalidad comunista” como respaldo, en parte, a sus propias agendas políticas, pero también porque la evidencia que tenían a la mano era limitada en extremo y respaldaba esa línea de ar­ gumentación. Ahora bien, los tres trabajos más citados sobre 1932 son: (a) el vistazo periodístico de occidente, de Joaquín Méndez, inmediatamente después del levantamiento: Los sucesos comunistas de 1932 en El Salvador; (b) el análisis periodístico de Alfredo Schlesinger, publicado en Guatemala en 1946, Revolución comunista: ¿Guatemala en peligro?; y (c) el testimonio personal de Miguel Mármol y Roque Dalton, Miguel Mármol: los sucesos de 1932 en El Salvador, publicado por vez primera en 19721. Si bien es cierto que es­ tos tres escritos se publicaron como libros, también cumplen un papel importante como fuentes de información primaria. El libro de Méndez incluye muchas entrevistas a testigos oculares; Schlesinger basó su estudio en documentos propor­ cionados por el gobierno salvadoreño, además de que re­ produjo muchos de estos documentos; y Miguel Mármol y

1.

Joaquín Méndez, Los sucesos comunistas de 1932 en El Salvador (San Salvador: Imprenta Funes y Ungo, 1932); Alfredo Schlesinger, Revo­ lución comunista: ¿Guatemala en peligro? (Guatemala: Unión Tipo­ gráfica Castañeda, Avila y Cía., 1946); Roque Dalton, Miguel Mármol: los sucesos de 1932 en El Salvador (San Salvador: UCA Editores, 2005 [San José: EDUCA, 1972]).

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Roque Dalton proporcionan lo que es ostensiblemente una narrativa, en primera persona, de las experiencias de Már­ mol durante y después de la masacre. También se encontraron con facilidad otras fuentes de evidencia primaria, entre estas, reportajes periodísticos, edi­ toriales, testimonios de testigos oculares e informes de las legaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, la información de fuentes primarias sobre estos aconteci­ mientos no ha sido nada abundante, razón por la cual los tres escritos, de Méndez, Schlesinger y Mármol/Dalton, han figurado de manera tan recurrente entre las obras citadas en todo estudio que intenta analizar estos hechos en cuestión. Estas tres obras se han complementado con otros estudios notables tomados de las pocas fuentes primarias disponibles. Uno de los más conocidos es el estudio del historiador estadou­ nidense Thomas Anderson, publicado en inglés, en 19712. Con independencia de su origen en la derecha o la izquier­ da, estas fuentes, tanto primarias como secundarias, se han inclinado por definir a los rebeldes como comunistas y han descrito la rebelión como una conspiración comunista. Por ejemplo, el subtítulo original del libro de Thomas Anderson fue La revuelta comunista de El Salvador de 19323. El estu­ dioso costarricense, Rodolfo Cerdas Cruz, le asigna a la In­ ternacional Comunista una “influencia determinante” dentro del PCS y en el estallido de la revuelta4. Una tercera estu­ diosa plantea que la rebelión ocurrió porque el comunismo se tornó “hegemónico” entre el campesinado occidental, en­ tre 1930 y 19325. Con pocas excepciones, el enfoque de cau­ 2.

3. 4.

5.

Thomas Anderson, El Salvador, 1932 (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2001) [Matanza: El Salvador Communist Revolt o f 1932, publicación original] (Lincoln: University o f Nebraska Press, 1971). Ibíd. Rodolfo Cerdas Crúz, The Communist International in Central Ameri­ ca, 1920-1936 (Houndsmill: Macmillan Press, 1993), p. 126, publicado en español, La hoz y el machete: la Internacional Comunista, América Latina y la revolución en Centro América (San José: Editorial Univer­ sidad Estatal a Distancia, 1986). Patricia Alvarenga, Cultura y ética de la violencia: El Salvador 18801932 (San José: EDUCA, 1996).

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salidad comunista ha prevalecido en las interpretaciones más aceptadas de la insurrección6. Y entre las excepciones se en­ cuentra el breve estudio de Héctor Pérez Brignoli, que centró su atención en las comunidades indígenas y dejó a un lado el comunismo, aunque no tuvo disponible ninguna evidencia nueva cuando escribió a comienzos de la década de 199o7. El propósito de este capítulo no es encontrar errores en los estudios previos, en vista de que han aportado mucho al conocimiento sobre El Salvador y los acontecimientos de 1932. Más bien, el autor ofrece una nueva evidencia de los archivos recién abiertos en Rusia y El Salvador, los cuales cuestionan la hegemonía del enfoque de la “causalidad co­ munista”. La documentación rusa, fuente principal de este capítulo, emergió después de 1991, cuando el gobierno de Rusia comenzó a desclasificar el enorme acervo documental de la antigua Unión Soviética. Uno de los archivos abiertos de manera reciente es el del Comintern, ubicado en los pisos 6.

7.

El grado en que predomina esta interpretación dentro de los conoci­ mientos actuales sobre 1932, se manifiesta con claridad en los estudios que se fundamentan en fuentes secundarias. En su escrito sobre el Comintem, en América Latina, Manuel Caballero, por ejemplo, se refiere a la rebelión de 1932 como “la primera insurrección comunista en el hemisferio occidental”. Lo que resulta interesante es que Caballero mi­ nimiza el rol del Comintern-. “El Comintern prácticamente no tuvo nada ver que con eso. Hasta donde sepamos, parece haber sido una iniciativa espontánea de los comunistas salvadoreños”. Manuel Caballero, Latín America and the Comintern, 1919-1943 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 52 y pp. 2 y 9. Otras obras que destacan el papel del PCS son: Jeffery Paige, Coffee and Power: Revolution and the Rise o f Democracy in Central America (Cambridge, Massachussetts: Har­ vard University Press, 1997); Jorge Arias Gómez, Farabundo Martí: esbozo biográfico (San José: Educa, 1972); y Alfredro Schlesinger, ibíd. Héctor Pérez Brignoli, “La rebelión campesina de 1932 en El Salvador”, en Anderson, El Salvador, 1932, pp. 19-54 [“Indians, Communists and Pesants: The 1932 Rebellion in El Salvador”, publicación original, en William Roseberry (Ed.), Coffee, Society and Power in Latín Ameri­ ca (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995), pp. 232-61. Otros investigadores que han planteado un rol más limitado del PCS son Rodolfo Cerdas Cruz, “Farabundo Martí, la internacional comu­ nista y la insurreción salvadoreña de 1932”, Estudios del Centro de In­ vestigación y Adiestramiento Político Administrativo 7 (septiembre de 1982), y Liisa North, Bitter Grounds: Roots o f Revolt in El Salvador (Toronto: Between the Lines, 1981).

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tres y cuatro del Centro para el Estudio y la Conservación de Documentos de Historia Reciente8. Allí se encuentra la correspondencia entre la Tercera Internacional y sus par­ tidos comunistas y sindicatos obreros afiliados durante su existencia, entre 1919 y 1943. El archivo contiene material producido en Rusia, así como en los países con los cuales el Comintern mantuvo correspondencia, porque los afiliados tenían que enviar informes y documentación para que fuera analizado. Los materiales que con mucha probabilidad fueron destruidos en El Salvador se conservaron en Moscú. La nue­ va evidencia señala, en palabras de los mismos dirigentes del PCS, que el partido tuvo un papel más modesto en los acon­ tecimientos de 1932 que el que se ha sugerido en la mayoría de estudios anteriores. El autor de este ensayo tuvo la oportunidad de conversar sobre los nuevos materiales de Moscú en varios foros de El Salvador, en años pasados, pero aquellas disertaciones fueron más esquemáticas que el presente capítulo9. Y para valorar a plenitud la nueva evidencia, hay que examinar el creci­ miento inicial del partido porque sus orígenes determinaron su capacidad para organizar una revuelta de la envergadura de la de 1932. Por lo tanto, el capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera sección se describe la formación del PCS, en marzo de 1930, y su posterior maduración. En el segundo apartado se analizan los intentos del partido de 8.

9.

Una descripción en inglés del archivo es el de Erilc Ching y Jussi Pakkasvirta, “Latin American Materials in the Comintern Archive”, Latín American Research Review 35:1 (2000): 138-49. Conocido pre­ viamente como el Centro Ruso para la Conservación y Estudio de Do­ cumentos de Historia más Reciente (Rossiiskii tsentr khraneniia i izucheniia dokumentov noveishei istorii—RTsKhIDNI), el archivo recién ha cambiado su nombre al de Archivos del Estado Ruso de Historia Social y Política (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsialno-politicheskoi istorii—RGASPI). Los documentos están organizados por fondo, in­ ventario, carpeta y página. De aquí en adelante, las citas de este archivo se abreviarán de la siguiente forma, por ejemplo: 495:119:10, p. 25. Erik Ching, “Los Archivos de Moscú: una nueva apreciación de la insu­ rrección del 32”, Tendencias 3:44 (septiembre de 1995), pp. 28-31. Este escrito fue publicado de nuevo en Anderson, El Salvador, 1932, pp. 57-63; “Suplemento Cultural Tres Mil”, Diario CoLatino, 16 de abril de 2005, pp. 5-6; y El Diario de Hoy, 21 de febrero de 1999, pp. 8-9.

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organizar al campesinado en occidente, durante la segunda mitad de 1931. En el tercero se detalla la respuesta del parti­ do ante la rebelión de enero de 1932. En la última sección se presenta un breve caso de estudio del pueblo de Nahuizalco, como una propuesta que intenta dar una explicación alter­ nativa de la rebelión. Una de las consecuencias de la aten­ ción que se le ha prestado al PCS, ha sido la ausencia de un análisis de los rebeldes desde su propia perspectiva. La evi­ dencia desde Nahuizalco demuestra que los indígenas tenían un largo historial de movilización política autónoma y que la rebelión estalló en un entorno de crecientes conflictos políti­ cos con un trasfondo étnico muy claro. El autor sugiere que el PCS fue un actor de segunda im­ portancia en 1932, porque tenía poca capacidad organizativa en la región occidental. Durante el primer año de su exis­ tencia, el partido se empantanó en pleitos de facciones, y cuando al final le prestó atención a occidente, a mediados de 1931, ya era muy tarde para ganarse a los campesinos que, en todo caso, se inclinaron por rechazar cualquier liderazgo proveniente de fuera.

La formación del partido Si bien es cierto que algunos izquierdistas salvadoreños se habían incorporado a un partido comunista centroameri­ cano, a comienzos de la década de 1920, los orígenes princi­ pales del Partido Comunista Salvadoreño se encuentran en el movimiento sindical encabezado por la Federación Re­ gional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS). A diferencia de algunos de los países más grandes de América Latina, donde existían movimientos sindicales fuertes hacia finales del si­ glo XIX, los primeros sindicatos obreros no aparecieron en El Salvador sino hasta finales de la década de 1910. Una de las primeras huelgas de tamaño regular ocurrió en 1917, y no fue sino hasta 1924 que ya habían suficientes sindicatos como para que se unieran en torno a la FRTS. Desde su base en San Salvador, la FRTS coordinó la actividad sindical e intentó fomentar la creación de nuevos sindicatos afiliados. Hacia 1929, su membresía llegaba a treinta y un sindicatos,

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diecinueve de los cuales se ubicaban en solo tres ciudades, San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán, lo cual determinó su orientación decididamente urbana10. El Comintem, o Tercera Internacional Comunista, se in­ teresó un poco en El Salvador más o menos al mismo tiem­ po en que la FRTS comenzó a dar señales de vida, en la década de 1920. Aunque sus oficinas centrales estaban en Moscú, la Tercera Internacional supuestamente tendría una orientación internacional y no sería controlada por el régi­ men bolchevique. Sin embargo, los bolcheviques llegaron a ejercer una influencia poderosa sobre su dirección organi­ zativa, como era de esperarse, en especial bajo el gobierno autoritario de Stalin, después de 1929. En cualquier caso, el Comintern era un aparato administrativo con un personal internacional, cuyo objetivo era coordinar el movimiento comunista en todo el mundo con la esperanza de promover la inevitable revolución socialista mundial. El Comintern di­ vidió el mundo en regiones y colocó en cada una oficinas bu­ rocráticas, ubicadas en ciudades de todo el globo, como fue el caso del Secretariado Latinoamericano, en Buenos Aires, y el Buró del Caribe, en Nueva York, dentro del cual se ins­ cribía la región centroamericana. Hacia mediados de la década de 1920, el Comintern sos­ tenía relaciones de tipo formal con Centroamérica, en vista de que su contacto con Guatemala era a través del Partido Comunista de México (PCM)11. El interés rezagado de Co­ mintern hacia Centroamérica era de esperarse. Su ideología, 10. Hay varios estudios sobre la FRTS y las primeras épocas de organiza­ ción sindical en El Salvador, en especial Aristides Larín, Historia del movimiento sindical de El Salvador (San Salvador: Editorial Univer­ sitaria, 1971); Rafael Menjívar, Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño (San Salvador: UCA Editores 1987); Antonio Murga Frassinetti, Economía agraria y movimiento obrero en Centroa­ mérica, 1850-1933 (Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana, 1984); y Roque Dalton, Miguel Mármol. La información del número de sindicatos afiliados a la FRTS, en 1929, se encuentra en una lista que envió la FRTS al Comintern, RGASPI, 534:7:455, p. 7. 11. Arturo Taracena, “El primer partido comunista de Guatemala (19221923): diez años de una historia olvidada”, Anuario de Estudios Centromericanos 15:1 (1989), pp. 49-63.

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fundada en el marxismo, no otorgaba prioridad a las peque­ ñas naciones rurales de Centroamérica. No fue sino hasta fi­ nales de la década de 1920 que el Comintern “descubrió” a América Latina, es decir, ubicó espacios teóricos en donde América Latina asumía una mayor prioridad en la lucha que, para entonces, se libraba contra el capitalismo global y, en particular, contra el imperialismo de Estados Unidos12. Cuando el Comintern se comunicó por vez primera con El Salvador, en 1925, lo hizo al precio más bajo. En vez de en­ viar a una persona para que investigara las condiciones en El Salvador y buscara alianzas, echó mano del correo. El Co­ mintern envió cartas de presentación a cuanta organización obrera, en El Salvador, tuviera una dirección de correo. La mayoría de estas cartas se enviaron desde oficinas filiales en Nueva York y París. Las cartas expresaban el interés por conocer la actividad obrera y solicitaban entrar en corres­ pondencia. Una carta a un sindicato de zapateros comenza­ ba así: “Queridos Camaradas: No tenemos aún muchas rela­ ciones con las organizaciones sindicales de lucha de clase de San Salvador, cuya orientación tampoco conocemos suficien­ temente”13. No resulta claro de dónde sacaron las direccio­ nes los intemacionalistas del comunismo, en vista de que algunas cartas estaban dirigidas a sociedades mutualistas ya fenecidas14. De manera eventual, sin embargo, el Comin­ tern y el Buró del Caribe, después de su creación en 1929, entraron en contacto con la FRTS y se inició un intercambio constante de correspondencia15. 12. Varias fuentes en inglés sobre la perspectiva estratégica del Comintern incluyen a Jane Degras, The Communist International, 1919-1943, 3 volúmenes (Nueva York: Oxford University Press, 1956-65); Kevin Mcdermott y Jeremy Agnew, The Comintern: A History o f International Communism from Lenin to Stalin (Nueva York: St. Martin’s Press, 1997), capítulos 1 y 2; Milorad Drochkovitch (Comp.), The Revolutionary Internationals, 1864-1943 (Stanford: Stanford University Press, 1966), tercera parte. 13. Secrétariat International, París, a la Unión de Zapateros, San Salvador, 11 de enero de 1928, RGASPI 534:6:128, p. 5. 14. Las diversas cartas se encuentran en RGASPI 534:7:455; 534:6:128; y 534:6:128. 15. En un comienzo, la correspondencia se llevaba a cabo a través de ofici­ nas intermedias en Europa, pero en algunos casos directamente desde

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Para ese tiempo, la FRTS no era una organización revolu­ cionaria. Más bien, sus dirigentes eran reformistas que no creían en el derrocamiento del capitalismo a través de una revolución, sino que buscaban reformarlo de tal manera que los obreros recibieran mejores oportunidades. Sus relacio­ nes con el gobierno eran medianamente amistosas. Algunos documentos posteriores del partido han permitido ver que el sindicato estaba recibiendo un subsidio de mil dólares men­ suales del gobierno, suma que parecería alta, no obstante, no se ha encontrado todavía alguna evidencia que lo corro­ bore16. A pesar de su poco radicalismo, la FRTS era la prin­ cipal central obrera en El Salvador, y el Buró del Caribe sa­ biamente mantuvo contacto con ella. Con base en esta corres­ pondencia fue posible enterarnos de la división que ocurrió en el seno de la FRTS, la cual culminó en la formación del Partido Comunista. En algún momento, alrededor de 1928, se formó una pequeña facción radical dentro de las filas de la FRTS. Es­ taba conformada por pocos miembros jóvenes que se lanza­ ron al ruedo en marzo de 1929, durante el Quinto Congreso Anual, al crear un subcomité denominado “Congreso Obre­ ro y Campesino”, bajo la dirección de un consejo ejecutivo integrado por siete miembros17. El documento de fundación del Congreso se pronunció en contra de todas las expre­ siones de “política burguesa” y a favor de la revolución so­ cial. Los miembros se referían entre sí como “militantes” y se esperaba que cada uno se identificara con determinados valores radicales, so pena de enfrentarse a medidas disci­ plinarias. El Congreso también estableció un contacto por aparte con el Buró del Caribe18. Moscú. Después de la creación del Buró del Caribe, en 1929, la mayor parte de la correspondencia pasaba por sus oficinas en Nueva York. 16. Las referencias se encuentran en el informe sobre El Salvador y Guatemala de Anaya al Buró del Caribe, 9 de abril de 1931, RGASPI, 500:1:5, p. 18. 17. Las fuentes no revelan los afiliados al Congreso, pero probablemente no eran más de unas veinticinco personas. 18. Los documentos relativos al Congreso se encuentran en RGASPI, 534:7:455. También se hace referencia reiterada al Congreso en el primer documento extenso, difundido por el PCS, en mayo de 1930. RGASPI, 495:119:10.

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El creciente radicalismo del Congreso se evidenció más tarde ese año cuando cinco de sus miembros fueron sancio­ nados, y dos de ellos, Gumercindo Ramírez y Raúl Monterrosa, habían ocupado cargos en el consejo ejecutivo. Los comu­ nicados de prensa del Congreso explicaban que las sanciones se derivaban de una malversación de fondos, pero Monterrosa redactó una defensa pública en la cual expresó que, en reali­ dad, los acusados estaban siendo castigados por haberse afiliado a organizaciones indeseables. Aclaró que las acusaciones de malversación eran falsas y que él y los otros estaban siendo castigados por mantener relaciones con la Confederación de Obreros Pan Americanos (COPA), organización que el Con­ greso calificó de “burguesa” debido a sus vínculos con la es­ tadounidense American Federation of Labor (AFL). En su carta, Monterrosa también acusó al Congreso por dividir al movimiento obrero, al introducir una agenda radical19. Varios documentos internos, que no se conocieron sino hasta aho­ ra, comprueban que Monterrosa estaba en lo cierto y que las sanciones que les impusieron se derivaban de la orientación más radical que había asumido el Congreso.

Lago de Coatepeque. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

19. Los documentos de la FRTS referentes a las expulsiones se encuentran en RGASPI, 534:7:455, pp. 8-14. Las expulsiones se mencionaron en el Diario del Salvador, 28 de julio de 1929, p. 1. La carta de Monterrosa se publicó por vez primera en el Diario Del Salvador, 30 de julio de 1929, p. 1, y de nuevo en el mismo periódico el 21 de agosto de 1929, p. 7.

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En medio de este conflicto sobre las expulsiones, el Con­ greso siguió profundizando su agenda radical cuando sus miembros denunciaron el sesgo urbano de la FRTS y decla­ raron que su intención era centrarse en el campo y organi­ zar a “todos los trabajadores del país”, en especial a los obre­ ros del café en el occidente20. En su declaración, dejaron claro que creían que El Salvador era una nación agrícola, en donde las masas vivían en el campo y, por ende, la revolu­ ción debía comenzar allí. Esta declaración del Congreso es un mojón importante en los momentos iniciales del radicalis­ mo obrero en El Salvador. Al ser uno de los primeros llama­ dos de los militantes radicales urbanos a favor de la orga­ nización campesina, que se conoció públicamente, abrió la brecha que otros partidos transitarían, en especial el partido comunista después de su formación en marzo de 1930. Sin embargo, es indispensable reconocer que una cosa es formu­ lar declaraciones y otra muy distinta lograr resultados. En este caso particular, el anuncio de los radicales no pasó de ser una declaración de principios, no un plan de acción, en vista de que el Congreso, en la práctica, no tenía la capacidad para organizar a los obreros rurales. En aquellos momentos, no era sino un puñado de idealistas citadinos sin dinero y sin nexos firmes con las comunidades campesinas de occi­ dente. Estos eran unos obstáculos grandes que los miembros del Congreso tendrían que superar, si pensaban convertir sus objetivos declarados en acciones concretas. Una acción represiva de la policía, en noviembre de 1929, preparó el terreno para el enfrentamiento final entre los radicales y los reformistas dentro de la FRTS. El incidente ocurrió en Santa Tecla, durante una marcha antiimperialista organizada por la Liga Antiimperialista. La FRTS había sido invitada a participar en la marcha, pero la delegación que se presentó en apariencia estaba integrada por miembros del Congreso Obrero y Campesino, quienes empezaron a repartir volantes que hacían referencia al conflicto de clases, uno de 20. Diario del Salvador, 14 de agosto de 1929, p. 1. Esto también lo infor­ mó la embajada de Estados Unidos. Véase Robbins, San Salvador, al Secretario de Estado de Estados Unidos, 17 de agosto de 1929, United States National Archives (USNA), RG59, 816.504/16.

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los cuales decía: “No es posible que estemos sometidos siempre a la miseria, aguantando hambre, frío y desnudez, mientras los ricos se dan una vida principesca a costa de nuestro sudor y sangre”21. Desde el podio, los delegados hacían llamados a los obreros rurales para que se levantaran en contra de los terratenientes. La policía, que vigilaba el evento, procedió a disolver la manifestación con rapidez, capturó a seis orado­ res e irrumpió en la oficina local de la FRTS22. El ataque de la policía se convirtió en un momento deci­ sivo en la historia de la FRTS. El sindicato, en su totalidad, estaba furioso por la acción de la policía, pero los miembros radicales y reformistas propusieron respuestas muy diferen­ tes. Los reformistas sugirieron que se enviara una protesta formal, pero que la orientación fundamental del sindicato se mantuviera sin cambios. Los radicales respondieron que el ataque de la policía sería solo la primera de muchas acciones represivas, y que el sindicato debería adoptar una postura más militante. Pero los reformistas ocupaban cinco de los siete puestos en el Consejo Ejecutivo y lograron rechazar la propues­ ta de los radicales23. En ese momento, los radicales decidie­ ron tomarse la dirección del sindicato, y fijaron su atención en las próximas elecciones para un nuevo consejo ejecutivo a elegirse en febrero de 1930, durante el VI Congreso Anual. Al mismo tiempo, el Buró del Caribe decidió jugar un papel más activo en El Salvador. No se sabe si este nuevo interés fue resultado del curso de los acontecimientos en El Salvador, o de una decisión reciente del Comintem de realizar 21. Traducido al español a partir de la versión en inglés que envió Schott al Secretario de Estado de Estados Unidos, el 25 de noviembre de 1929, USNA, RG59, 816.00/762. Los incidentes y los volantes también se re­ portaron en el Diario del Salvador, 25 de noviembre de 1929. 22. Los archivos del PCS contienen abundante documentación sobre los acontecimientos de noviembre de 1929. Véase RGASPI, 495:119:7, p. 11; 495:119:10, pp. 120 y 137; 495:119:11, pp. 2-3; 495:119:12, pp. 6-12; 495:119:13, P -18. 23. De acuerdo con un informe preparado por un agente hondureño del Comintem que llevó a cabo una investigación en El Salvador, dos miembros del Consejo Ejecutivo eran aliados del Congreso. Sus nom­ bres eran Aquilino Martínez, tesorero, y Edmundo Amaya, secretario del interior. RGASPI, 495:119:11, p. 2.

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mayores esfuerzos en toda América Latina24. En cualquier caso, poco antes o después del ataque de la policía, en noviembre, el Buró del Caribe envió al menos a tres agentes a El Salva­ dor para apoyar al movimiento radical emergente. Uno de los agentes era hondureño, cuya identidad no se conoce25. Otro era Jorge Fernández Anaya, un mexicano que se iden­ tificaba con su apellido materno. El tercero era Jacobo Hurwitz, un peruano que había trabajado junto al Partido Co­ munista de México (PCM) por cuenta de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)26. Anaya ejerció, de lejos, la mayor influencia. Su experiencia en organización en Méxi­ co le ganó un puesto en el Buró del Caribe27. Los estudiosos habían detectado su presencia en El Salvador, pero carecían de la documentación interna del Buró del Caribe y del PCS para comprender cuán importante fue su participación28. De hecho, 24. Durante su Sexto Congreso en 1928, el Comintem anuncio “el descu­ brimiento de Latinoamérica”. El Comintem consideraba que América Latina tendría utilidad como un frente ante el imperialismo estadouni­ dense. Caballero, Latín America, p. 24, y capítulo 5. 25. El informe del hondureño, en el cual describe su llegada y nacionalidad, se encuentra en RGASPI, 495:119:11. 26. Anaya narra su llegada y la de Hurwitz en RGASPI, 500:1:5, pp. 18-21. También puede verse 534:7:455, p. 23, que contiene más datos sobre la llegada de Anaya. La mejor información que tenemos sobre la identi­ dad de Hurwitz es una entrevista con Miguel Ángel Vázquez, un salva­ doreño que fue miembro del Partido Comunista de Guatemala. Se re­ fiere a Jacobo Hurwitz como un peruano que había fundado una célula de APRA en México, como parte de la iniciativa de Haya de la Torre de acercarse al Partido Comunista Mexicano. Véase Arturo Taracena Arrióla, “Un salvadoreño en la historia de Guatemala”, Memoria (Méxi­ co, D. F.) 4:29 (enero-febrero, 1990), p. 93. Rodolfo Cerdas se refiere a “Jacobo Hurwits” como “Jacobo Jorowics”. Describe a Vásquez como un mexicano que trabajaba para el Comintem y que tenía vínculos con Centroamérica, pero que no trabajó en El Salvador; y a Hurwitz, como un miembro de APRA que llegó a El Salvador en 1930. Véase Cerdas, Communist International, pp. 60 y 98. 27. Tomado de una entrevista con Anaya efectuada, en 1990, por Carlos Figueroa Ibarra, “El “bolchevique mexicano’ de la Centroamérica de los veinte”, Memoria 4:31 (septiembre-octubre de 1990), p. 218. 28. Las referencias a Anaya se encuentran en Anderson, El Salvador, 1932, pp. 10 4,10 8 ,119 ,12 5 y 162; y Cerdas, Communist International, pp. 98 y 103-5. Las palabras del mismo Anaya se encuentran en Jorge Anaya, “La fundación del Partido Comunista de El Salvador”, Memoria 1:10 (mayo-junio de 1985), pp. 232-240.

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Anaya se convirtió en el dirigente de facto de la facción radical y ocupó una posición igualmente destacada en el PCS, durante los primeros meses después de su fundación. La documenta­ ción revela que Anaya fue el autor de muchos de los plan­ teamientos sobre política del partido y que jugó un papel destacado en la formación de los miembros de la dirigencia y los cuadros del partido. Sus exhortaciones ocupaban gran parte del tiempo de las reuniones semanales del partido, hasta que se retiró de El Salvador a finales de 1930, debido a la persecución de la policía29. Bajo la orientación de Anaya, los radicales pasaron a la clandestinidad. Dejaron de organizar eventos públicos y sus esfuerzos se centraron en tomarse el control de la FRTS. Anaya y algunos miembros de la facción radical se dedica­ ron a viajar con frecuencia por todo el país, en diciembre de 1929 y enero de 1930, para ganarse el apoyo de los dele­ gados del sindicato que asistirían al VI Congreso. Los po­ cos estudios que destacan la presencia de Anaya describen a menudo estos viajes a fines de 1929 y comienzos de 1930, como iniciativas de organización mediante las cuales los radi­ cales citadinos establecieron vínculos con los campesinos de las zonas rurales. Thomas Anderson, por ejemplo, sostiene que su conocimiento del náhuatl y sus facciones indígenas le permitieron a Anaya evitar ser detectado por la policía, así como ganarse con rapidez la confianza de los pobres en las zonas de alta densidad indígena en los campos de occi­ dente30. Si bien es cierto que esta argumentación tiene sen­ tido desde la perspectiva de causalidad comunista, de hecho no es precisa. Anaya viajó específicamente a las filiales exis­ tentes de la FRTS con miras a movilizar a los miembros que compartían su línea de pensamiento, para que los radicales tuvieran suficientes votos para desplazar a los reformistas 29. El papel destacado de Anaya en esas reuniones semanales se evidencia en las actas de las mismas que se encuentran en RGASPI, 495:119:7 y 495:119:8. La participación de Anaya como autor de los principales do­ cumentos del PCS, presentados en el VI Congreso, en mayo de 1930, se describe en el informe del Congreso en RGASPI, 495:119:10, p. 63. 30. Anderson, El Salvador, p. 104.

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que buscaban reelegirse. Anaya describe sus esfuerzos en uno de sus informes al Buró del Caribe. Fue necesario comenzar a formar cuadros con miras a ganarnos a los elementos jóvenes de las filas de la FRTS que manifestaban un temperamento revolucionario y que podrían estar dispuestos a emprender la lucha por su clase... Bajo estas condiciones fue que se organizó la Liga Comunista Juvenil, la cual recibió orien­ taciones sobre actividad sindical y los elementos fundamentales del comunismo... Comenzamos a trabajar directamente con las organizaciones... de la FRTS; ya sea enviando delegados en un primer momento a las organizaciones sindicales de los pueblos cercanos y más tarde a todas las organizaciones; o entregando instrucciones por escrito sobre todos los problemas de nuestra FRTS. En la práctica, mediante nuestro trabajo diario, había­ mos neutralizado completamente a los dirigentes traidores [tra­ ducción del inglés]31.

Al momento de inaugurarse el VI Congreso, los radicales habían logrado conseguir los votos necesarios y barrieron con los reformistas. Los siete puestos del consejo ejecutivo pasaron a ser ocupados por Rafael Bondanza, Miguel Mar­ tínez, Carlos Castillo, Víctor Angulo, Ismael Hernández, Pe­ tronilo Linares y Miguel Mármol32. Al menos dos de estos individuos, Hernández y Mármol, pasarían después a ocu­ par puestos importantes en el PCS, mientras que la mayoría de los demás serían expulsados en purgas posteriores. Los radicales también lograron, por un solo voto, expulsar de la FRTS a Luis Felipe Recinos. Como cofundador del sindica­ to y dirigente de la facción reformista, su expulsión eviden­ ciaba cómo el poder dentro del sindicato había cambiado de manos y anticipaba la caza debilitadora de reformistas que estaba por comenzar. Poco después del VI Congreso, la nueva directiva comenzó a purgar a los sospechosos de reformismo. Anaya resumió el impacto de esta campaña en un 31. Anaya al Buró del Caribe, 9 de abril de 1931, RGASPI, 500:1:5, p. 18. 32. Un recuento de la reunión y la votación se encuentran en RGASPI, 4 9 5 :1197. P- 11; 4 9 5 :n 9 :4 . P- 16; 495:119:12, p. 6; 500:1:5, p. 18; y 534:7:455, p. 23. Los nombres de los miembros del consejo aparecen en una carta, quizás enviada por el Partido Comunista Hondureño (San Pedro Sula, Honduras), a la Sección Latino Americana de la Comunista Internacional, 25 de marzo de 1930, RGASPI, 495:119:11, p. 3.

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informe presentado al Buró del Caribe: “Durante los meses de febrero y marzo la organización se debilitó rápidamente en número, debido sobre todo al hecho de que todos los ele­ mentos viejos se atemorizaron ante el carácter creciente­ mente combativo de la FRT[S]” [traducción del inglés]33. En marzo de 1930, poco después de su victoria en el VI Congreso, Anaya y los radicales fundaron el PCS. Aunque controlaban holgadamente la FRTS y habían expulsado a muchos de sus afiliados, creían que la dirigencia y las bases del sindicato todavía eran demasiado afines al reformismo, y que El Salvador estaba listo para emprender su camino ha­ cia la revolución socialista. Vislumbraban al PCS como una verdadera alternativa radical, una vanguardia revolucionaria sin mancha de valores burgueses y un combatiente hermano en la guerra internacional contra el capitalismo. Durante los primeros dos meses de su existencia, el par­ tido reclutó a nuevos miembros y creó los elementos básicos de su administración. Se establecieron células en San Salva­ dor, Santa Tecla, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana. La cé­ lula en San Salvador era la más grande y contaba con unos treinta miembros, y también fue la sede del Comité Central (CC). Después de los primeros meses de labor organizativa, realizada por completo en forma clandestina, debido a la vi­ gilancia policial, el PCS contaba con menos de 100 miem­ bros34. Durante su primer congreso, en mayo de 1930, el partido esbozó sus objetivos en un denso manifiesto de cien páginas, de las cuales Anaya redactó una gran parte. El documento se fundamenta en la retórica convencional del Comintern: El partido habría de encabezar a las masas para lograr el derro­ camiento revolucionario del gobierno burgués, reemplazarlo por una “dictadura del proletariado” y destruir el capitalis­ mo en El Salvador. Como medio para alcanzar este objetivo, el partido adoptó la misma estrategia que la del congreso de 33- Anaya al Buró del Caribe, 9 de abril de 1931, RGASPI, 500:1:5, p. 19. 3 4 - Una descripción de la estructura y una lista de los cuadros del partido, durante estos primeros días, se encuentra en el informe de Anaya, ibíd., p. 18.

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1929, es decir, la organización de los obreros de las fincas de café en el occidente. La estrategia se fundó en la idea de que el café era la base del capitalismo en El Salvador y que los obreros del café serían la causa natural de su extinción. Los autores del documento no se hacían ilusiones de una victo­ ria inmediata, pero como comunistas estaban convencidos de que la revolución era una etapa inevitable en el desarrollo de El Salvador35. A pesar de su llamado para organizar a la población rural, el PCS mantuvo posiciones ambivalentes acerca del campo y sus habitantes. Su posición oscilaba entre una que identifica­ ba a El Salvador como un país semifeudal, que debía pasar por una revolución burguesa, y otra, como un país capitalis­ ta en busca de una revolución socialista. El partido reconoció el agro occidental como una parte medular, pero consideró que las masas que vivían allí no eran lo suficientemente pro­ letarias como para apoyar una revolución en verdad socia­ lista. Es posible que esta ambigüedad refleje la influencia de Moscú a finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, específicamente el cambio estratégico dentro del Comintern conocido como el “tercer período” (1928-1934). Durante ese tiempo y bajo la influencia de Stalin, el Comintem giró con fuerza hacia la izquierda, y mudó su estrategia a una de “clase contra clase”. Se esperaba que sus partidos y organizaciones obreras afiliadas se centraran en la unifi­ cación de los obreros radicalizados y rechazaran todas las organizaciones no proletarias y de corte reformista. Esto in­ cluía la negación de una política anterior, que permitía que las organizaciones radicales establecieran alianzas estraté­ gicas con partidos políticos y sindicatos obreros con miras a promover la causa socialista en toda su extensión. Pero ahora, bajo las directrices del “tercer período”, todos esos vínculos habrían de romperse. Bajo este esquema radicali35. El debate específico en torno a la ausencia de un proletariado industrial y la necesidad de organizar a los obreros agrícolas se analiza en el In­ forme del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI, 495:119:10, p. 125. Una síntesis del programa del Comintern para las naciones “semicoloniales” de América Latina se puede encontrar en Cerdas, Communist Interna­ tional, capítulo 1.

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zado, los pequeños propietarios campesinos ya no serían sujetos de confianza, lo cual se convertía en un serio proble­ ma para una América Latina en donde los pequeños propie­ tarios campesinos constituían un porcentaje elevado de la población de cualquier nación. El historiador Barry Carr observa una dinámica similar en su estudio del comunismo en México y de las relaciones del Partido Comunista Mexicano con los campesinos, a fina­ les de la década de 1920 y comienzos de la de 1930. Demues­ tra cómo los cuadros de orientación urbana cortaron sus vínculos existentes con las ligas campesinas, porque se con­ vencieron de que el liderazgo de las ligas carecía de las cuali­ dades proletarias necesarias. Carr atribuye esto a la influen­ cia del “tercer período”36. El hecho de que el PCS se formara en 1930, en pleno “tercer período”, significa que las tenden­ cias radicales del Comintern eran potencialmente muy in­ fluyentes. Es más, como se verá a continuación, el partido invirtió cantidades significativas de tiempo y energía en sus intentos por purificar las orientaciones ideológicas de sus miembros. Pero hay que reconocer que el partido pudo de­ jar a un lado la ideología, cuando se trataba el tema de con­ seguir información veraz sobre las condiciones materiales de El Salvador. Esto resultó importante en la región crítica del agro occidental. El PCS tenía una comprensión muy precisa y sofisticada de las relaciones de trabajo y propiedad de la tierra en las zonas rurales del occidente salvadoreño. El principal docu­ mento donde presentó estas apreciaciones fue en la “Tesis agraria”, redactada para el congreso del partido, en mayo de 1930. Anaya fue el autor principal de la Tesis, y en ella des­ tacó la enorme brecha de riqueza entre los grandes empresa­ rios agrícolas, en su mayoría caficultores, y las masas rurales pobres, los campesinos. Pero la Tesis también reconocía que los campesinos de occidente exhibían una gama diversa de relaciones de trabajo y propiedad de la tierra. Como habría de suponerse, algunos eran proletarios que buscaban empleo en 36. Barry Carr, Marxism and Communism in Twentieth-Century México (Lincoln: University of Nebraska Press, 1992), p. 29.

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las propiedades de los grandes productores de manera diaria o estacional. Por lo general, recibían un salario miserable y, con suerte, un tiempo de comida o agua durante el día. Además de estos obreros rurales proletarizados, la población de pobres en el agro occidental incluía a muchos campesinos que tenían acceso a la tierra. Una parte estaba formada por colonos, quienes habían negociado acuerdos con los grandes propietarios, mediante los cuales entregaban parte de su fuerza de trabajo o cosecha a cambio del derecho a cultivar una parcela de tierra. Por lo general, estos acuerdos duraban un año; luego tendrían que renovarse o negociarse de nuevo. Además de los colonos, Anaya identificó a otro tipo de campesino con acceso a la tierra en el occidente, el pequeño propietario que era dueño de su propia parcela. Si un peque­ ño propietario era dueño de suficiente tierra, no tendría necesidad de buscar trabajo en las propiedades más grandes, pero si su tierra no alcanzaba para mantener a toda la fa­ milia, entonces uno o más miembros de la familia se incor­ poraban a la reserva de mano de obra para buscar trabajo en las propiedades más grandes, por lo general, de forma esta­ cional. Una observación importante de Anaya y el partido se refería a cómo se habían constituido estos pequeños propi­ etarios, a partir de la privatización de las tierras comunales en las décadas de 1880 y 189o37. Tal como se explicó antes, los historiadores intere­ sados en el pasado de El Salvador han llegado a comprender este proceso complejo desde hace solo diez años más o me­ nos. Conocían el proceso de privatización, pero planteaban que este había transcurrido con rapidez y que terminó volvi­ endo proletarios a todos los antiguos tenedores de tierras comunales. Las investigaciones recientes de Aldo Lauria han echado por tierra esta versión, al demostrar que la privati­ zación fue un proceso dilatado, mediante el cual muchos de los miembros de las comunidades recibieron título de sus tierras. El resultado fue una diversidad de formas de tenen­ cia de las tierras, donde pequeñas parcelas coexistían a la 37. La Tesis Agraria fue redactada, en su mayor parte, por Anaya para el VI Congreso de mayo de 1930. RGASPI, 495:119:10, p. 89.

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par de grandes fincas, de tal manera que algunos campesinos no se volvieron proletarios por completo38. El hecho de que el PCS entendiera esta situación, en 1930, podría haber sido un paso importante en la formu­ lación de una estrategia de organización diversificada y efi­ caz para el agro occidental. El partido se dio cuenta de que la proporción de trabajadores proletarios entre la población pobre del agro occidental era demasiado baja como para centrar solo en ellos sus actividades organizativas. Como solución a este problema, el partido identificó a los colonos como su objetivo principal de actividad política en el occi­ dente, aunque se percató muy pronto de que dicha estrate­ gia era demasiado limitada para producir resultados concre­ tos. No obstante, el principal obstáculo que enfrentó el par­ tido frente a sus esfuerzos en el occidente fue, en verdad, su propia posición ideológica en torno al tema de la tenencia de la tierra. Aun cuando reconoció que una proporción impor­ tante de la tierra estaba en manos de pequeños propietarios privados, condenó todas las formas de propiedad privada. Así, la Tesis Agraria distinguía dos tipos de pequeños pro­ pietarios: aquellos que contrataban a otros trabajadores y aquellos que trabajaban su propia tierra. A los primeros los tipificaba en los siguientes términos: “un pequeño burgués, enemigo o no de la organización clasista de los trabajadores, no podremos considerarlo de confianza. Es sencillamente un explotador de nuestra clase”. Definía a los pequeños propie­ tarios que trabajaban su propia tierra en términos menos duros, pero siempre sospechosos: “Este puede ser aliado de los trabajadores agrícolas asalariados, pero nunca un solda­ do de nuestra clase trabajadora que llegará al final... tiene una enorme cantidad de prejuicios burgueses que le impiden

38. Aldo Launa, Una república agraria: Los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo X IX (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Biblioteca de Historia Salvadoreña, Vol. 15, 2003). Un escrito que plantea una situación similar en el caso de Gua­ temala es el de David McCreery, Rural Guatemala, 1760-1940 (Stanford: Stanford University Press, 1994).

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ser un fiel aliado de nuestra clase”39. Esta postura limitaba al partido cuando buscaba granjearse el apoyo amplio entre los campesinos de occidente, pues muchos querían simple­ mente adquirir su propia tierra antes que propiciar una na­ cionalización de carácter socialista de todas las propiedades privadas. En retrospectiva, el partido asumió una estrategia contraproducente cuando decidió que el occidente sería el frente de lucha de la revolución, mientras calificaba a mu­ chos de sus habitantes pobres como enemigos de clase y con­ trarrevolucionarios.

La debilidad del partido Antes de que el partido pudiera organizar a cualquier per­ sona en el occidente, tendría que poner orden en su propia casa. Los dirigentes del partido —Anaya en particular— le otorgaban mucha importancia a la perspectiva ideológica de sus miembros. Cada miembro tenía que ser ducho en temas de marxismo y, por añadidura, debía rechazar cualquier cosa con visos de “reformismo”, “oportunismo” y “burguesía”. De acuerdo con los dictados del Comintern, el partido creía que la eliminación de los reformistas sería un precedente frente a la destrucción del capitalismo, porque los reformistas po­ drían restarle apoyo popular al partido. Durante el congreso de mayo de 1930, el partido se refirió a los reformistas como “agentes del imperialismo yanqui... no son otra cosa que el peor enemigo de la clase trabajadora... pretenden dar ilusio­ nes y engañar a las masas, para llevarlas a la traición y a la defensa de los intereses de la burguesía”40. Dentro del contexto de esta lucha contra el reformismo es que los orígenes sindicales del PCS adquieren importan­ cia. El partido nació como producto de la lucha contra el re­ formismo en la FRTS, y sus dirigentes estaban convencidos de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el partido seguía infectado por el virus burgués. Los dirigentes sospechaban de los cuadros, que en su mayoría habían sido reclutados de 39. Informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI, 495:119:10, p. 91. En la página 119 se encuentra una crítica similar a los pequeños propietarios. 40. Ibíd., pp. 15 y 57.

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entre los sindicatos de la FRTS, y también existía desconfian­ za entre ellos, pues se habían formado dentro de la FRTS. Las sospechas constantes de reformismo dentro de las fi­ las del partido condujeron a una “campaña de clarificación” [traducción del inglés], según palabras de un importante miembro del partido que se refirió a la purga en ciernes41. Una declaración del congreso, en mayo de 1930, dice: “La lucha fundamental de todo nuestro trabajo deberá ser liqui­ dar esta rivalidad interna personalista e iniciar la lucha ba­ sada en los intereses de nuestra clase, lo cual implica la lu­ cha basada en la teoría revolucionaria. Este carácter peque­ ño burgués, debe ser seriamente combatido... En la medida, que se intensifiquen estas luchas, será cada vez más traidor, anti-proletario, y anticlasista tales rivalidades internas per­ sonalistas”42. Otro documento se refiere a la necesidad de “fumigar la organización de los microbios colaboracionistas, que niegan la radicalización de las masas porque sus nexos con la burguesía les ha hecho olvidar la miseria en que vivi­ mos los obreros”43. Un miembro del CC definió este período como uno de “liquidación de las tendencias oportunistas que existían en nuestro movimiento en aquellos tiempos”44. La campaña nunca se asemejó a las purgas sangrientas de la Unión Soviética en tiempos de Stalin, pero consumió una por­ ción considerable del tiempo y las energías del partido du­ rante aproximadamente un año. Los dirigentes del PCS diseñaron una doble estrategia para eliminar el reformismo. En primer lugar, los miembros serían vigilados para detectar la presencia de “valores bur­ gueses”; después recibirían una amplia formación en ideo­ logía marxista y tácticas comunistas de organización. Sin 41. Tomado del testimonio ante un comité del Buró del Caribe hacia fines de 1932, que investigó lo que habia transcurrido durante los aconte­ cimientos de enero de 1932 en El Salvador; RGASPI, 495:119:4, p. 16. En la Sección III del presente capítulo se describe con más detalle esta investigación. 42. Informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI, 495:119:10, p. 121. 43- Ibíd., p. 147. 44. Testimonio de la investigación realizada por el Buró del Caribe, RGASPI, 4 9 5 :1 9 4 , P- 26.

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embargo, nunca se definió con claridad el significado de “va­ lores burgueses”. La versión más utilizada hacía referencia a “los compañeros que traicionen nuestra causa, consciente o inconscientemente”45. Cuando este nivel de ambigüedad se combinó con el fervor ideológico, el resultado fue tan volátil, que redujo la habilidad del partido para iniciar las activi­ dades de organización en el agro occidental. Durante los meses siguientes, diversos miembros del par­ tido fueron sancionados por exhibir una variedad de com­ portamientos que, ante los ojos de los dirigentes del partido, demostraban una falta de compromiso a la causa comunista. Algunos miembros fueron expulsados por mostrarse parti­ darios de posiciones ideológicas reformistas. Otros fueron suspendidos por dormirse en las reuniones o por faltar a ellas, y algunos fueron suspendidos por manifestar que algún com­ pañero les desagradaba. Muchos miembros fueron suspendi­ dos o expulsados porque se les acusaba de haberse asociado a partidos políticos burgueses. Un individuo fue suspendido por haber aceptado dos colones a cambio de su firma en un manifiesto a favor de un “candidato burgués” a la presiden­ cia. En tal sentido, gran parte de las sesiones semanales, al menos en la seccional de San Salvador, se dedicaban a in­ vestigar a aquellos miembros dé quienes se desconfiaba o a escuchar charlas sobre ideología. Mientras censuraba a los miembros por su trabajo de organización poco activo, Anaya describía la entrega total que se requería de un comunista: “No por ello hay que estar nervioso, es necesario compren­ der que la nerviosidad de los dirigentes estorba el buen de­ sarrollo de la organización, y por ello es necesario compren­ der que el temperamento combativo revolucionario consiste en ser un dinamo de energías revolucionarias al servicio de nuestra clase, con una cabeza muy fría, capaz de que nada, ni nadie sea capaz de alterarla”46. Un miembro de apellido Flores fue expulsado después que hizo comentarios acerca del efecto negativo que esta45. Informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI 495:119:10, pp. 27 y 140. 46. Ibíd., p. 126.

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Ranchos de nativos. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

ban produciendo las sanciones en el partido. Al explicar el castigo, Luís Díaz, un alto dirigente, dijo que Flores exhibía “oscilaciones” en su entrega al partido47. Las reprimendas no se reservaban nada más para los cuadros; hasta los más al­ tos niveles fueron un blanco. Luís Díaz, por ejemplo, fue ex­ pulsado en noviembre de 1930, aunque se acordó “que se le deje un campo fuera de nuestra línea, para su actuación en las organizaciones sindicales”48. Todas las células del partido participaron en la campaña contra el reformismo, aunque el CC en San Salvador dirigió el proceso. En febrero de 1931, los dirigentes seguían creyendo que el reformismo estaba presente en el partido. Uno de ellos se lamentó, en forma retrospectiva, de que “el oportunismo seguía intentando reorientar nuestro movimiento en apoyo al partido de gobierno y sus políticas”49. No fue sino hasta 47. Los procesos de expulsiones y sanciones se encuentran en las actas (números 7 al 11) de las reuniones del PCS, entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 1930. RGASPI, 495:119:8, pp. 1-9. El proceso que se le siguió a Flores se encuentra en el informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI, 495:119:10, p. 35. 48. El proceso contra Díaz se encuentra en el acta de la reunión semanal del 12 de noviembre de 1930. RGASPI, 495:119:8, p. 5. Posteriormen­ te, Díaz fue reincorporado cuando los cargos contra su persona fueron anulados. RGASPI, 495:119:8, p. 15. 49. Testimonio de la investigación llevada a cabo por el Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:4, p. 24.

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marzo o abril de 1931 que los dirigentes se convencieron de que el partido tenía la capacidad para dedicarse a activi­ dades de organización. Así, una reunión importante de re­ organización se llevó a cabo el 15 de mayo de 1931, a la cual asistieron 74 delegados del PCS, la FRTS y el Socorro Rojo Internacional (SRI). Allí los delegados reconocieron que el año previo de purificación ideológica los había debilitado, pero ahora que la campaña había culminado, las organizaciones debidamente radicalizadas estaban listas para iniciar los tra­ bajos de organización. Tal como lo resumió un informe, la reunión llevó a una “intensa actividad que comenzó a corregir los errores de la sección en su trabajo en el año anterior. Al mismo tiempo para tratar de trabajar para el mejoramiento de la orga­ nización”50. Otro informe que analizó esa reunión destacó que, hasta ese momento, “el movimiento intentó centrar su atención en las ciudades sin tomar en consideración la indus­ tria básica del país que era la agricultura”51. Así las cosas, en los meses posteriores a la reunión de mayo, el partido expe­ rimentó un incremento constante de sus afiliados y de su po­ pularidad, en la medida que las condiciones económicas del país empeoraban y la represión gubernamental aumentaba. No obstante, cuando el partido finalmente reparó en el agro occidental, se encontró con múltiples obstáculos, los cuales dificultaron aún más su habilidad para establecer vínculos con las masas. El partido no tenía en absoluto ningún re­ curso económico y sus activistas tenían que desplazarse a todas partes a pie. Los dirigentes le reclamaron al Buró del Caribe el que no les enviaran más de cincuenta dólares al mes, mientras, según ellos, que otros partidos del Caribe re­ cibían más52. De manera simultánea, aumentaba de forma 50. Informe de la sección de El Salvador, rendido por el camarada Hernán­ dez en la junta del Secretariado del Caribe del SRI, 12 de julio de 1932, 495:119:12, p. 25. 51. Testimonio de la investigación llevada a cabo por el Buró del Caribe, RGASPI 495:119:4, p. 22. 52. Los pagos de 50 dólares se mencionan en una carta del Buró del Caribe a la sección salvadoreña del SRI, del 8 de febrero de 1931. RGASPI, 539:3:1060, p. 2. Las quejas por falta de dinero y las descripciones de

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incesante la vigilancia y la represión por parte de la policía y el ejército. Los activistas se referían en forma reiterada a la amenaza de encarcelamiento o deportación53. Estas penurias limitaban su habilidad para lograr una vinculación directa con las masas, lo cual resultaba indispensable para estable­ cer contactos personales, por un lado, y porque la mayoría de campesinos eran analfabetos y no podían leer manifies­ tos impresos, por el otro. Un miembro del partido declaró después, frente una comisión investigadora del Buró del Ca­ ribe, “no tuvimos un canal directo a las masas... casi nunca po­ díamos organizar manifestaciones”54. Los problemas del par­ tido en el occidente se complicaron aún más debido al tema de la etnia. Los indígenas constituían una mayoría considera­ ble en muchos de los municipios occidentales, mientras que el partido estaba constituido por ladinos de origen urbano. Una investigación reciente en tomo a las partidas de nacimien­ to demuestra que, en 1930, los indígenas representaban el 10 por ciento de la población total de la nación; pero en los tres departamentos occidentales de Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad, el porcentaje se acercaba al 40 por ciento, y en algunos municipios, en especial en aquellos que se involu­ craron más en la revuelta de 1932, el porcentaje era de casi

los viajes a pie se encuentran en Hernández al Secretario del Caribe, 29 de noviembre de 1931, RGASPI, 539:3:1060, pp. 8-12. Otras quejas en relación con el dinero se encuentran en el testimonio de la inves­ tigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:1, p. 14; en una carta del PCS al Buró del Caribe, 8 de octubre de 1931, RGASPI 495:119:7, p. 16; y en una carta de Anaya al Buró del Caribe, 9 de abril de 1931, RGASPI 500:1:5, 24. Las referencias a los otros países que recibían más dinero se encuentran en la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:4. PP- 3-4 53. Las listas de los camaradas encarcelados se incluyen en dos cartas de Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, al Secre­ tariado del Caribe SRI, Nueva York, 29 de noviembre de 1931 y 8 de diciembre de 1931, RGASPI, 539:3:1060, pp. 8-12; y en el informe de Anaya, 12 de agosto de 1930, RGASPI 495:119:12, pp. 6-7. 54. El problema del analfabetismo aparece en el testimonio de la investi­ gación del Buró del Caribe, RGASPI 495:119:4, p. 64. Las descripciones de las penurias que pasaban los activistas se describen en las cartas de Hernández, ibíd.

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el 100 por ciento55. La desconfianza tradicional entre indíge­ nas y ladinos generó sospechas entre los primeros, cuando los segundos se presentaron como portadores de promesas de redención política y económica. Es más, el ateísmo propio del comunismo estaba muy reñido con el papel destacado que jugaban las cofradías en la vida de los indígenas. Los organizadores comunistas también se dedicaron a una actividad potencialmente alienante, la de reemplazar o con­ vertir a los líderes tradicionales de las comunidades indíge­ nas, quienes por lo general habían sido escogidos de acuerdo con las antiguas tradiciones de la cofradías. Tal como se ex­ presó un cuadro, el partido debía ser el único representante en “todas las campañas que tienen que ver con las demandas de las clase obrera”56. Si bien es cierto que el PCS poco podía hacer para resolver algunas de las contradicciones intrínse­ cas que lo separaban del campesinado en occidente, sus propias políticas también debían tomarse en cuenta. Optó, entonces, por no formular una estrategia específica para abordar el tema de la etnia y se inclinó por ignorar la hete­ rogeneidad étnica a favor de la homogeneidad de clase. El resultado, tal como lo expresó un miembro del partido, fue “la falta de trabajo entre los indios nativos”57. A pesar de estas limitaciones graves, el partido logró adqui­ rir influencia en algunas comunidades campesinas mediante una estrategia organizacional astuta. Centró su atención en aquellas reivindicaciones que les planteaban los mismos campesinos. Los dirigentes del partido reconocieron que un proselitismo basado en la nacionalización de la tierra, la re­ volución mundial o la instauración de una “dictadura del proletariado” terminaría generando probablemente más re­ chazo que apoyo. A los activistas del partido se les indicó que 55. Erik Ching, y Virginia Tilley, “Indians, the Military and the Rebellion of 1932 in El Salvador”, Journal o f Latín American Studies 30:1 (febrero de 1998), pp. 121-156. 56. Testimonio de la investigación del Buró del Caribe, RGASPI 495:119:4, p. 24. 57. Informe de la sección de El Salvador, rendido por el camarada Hernán­ dez de la junta del Secretariado del Caribe del SRI, 12 de julio, 1932, RGASPI, 495:119:12, p. 25.

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debían educar a las masas en forma gradual: "... a las masas es necesario explicarles detenidamente, en todas las formas posibles, tantas veces como sea necesario”58. La queja más frecuente externada por los campesinos te­ nía que ver con la disminución del jornal en las fincas de café. Los precios del café se habían desplomado debido a la Gran Depresión y los cafetaleros respondieron, en parte, con la disminución de los salarios59. El PCS se aprovechó de esta oportunidad y se apropió del incremento de los salarios co­ mo punta de lanza de acción proselitista. Los cuadros se presentaban estratégicamente en las fincas de café el día de pago. También apoyaban las huelgas organizadas por los tra­ bajadores de café y encabezaron algunos paros laborales. La mayoría de estas huelgas fueron acciones pequeñas, pero al­ gunas fueron exitosas, en gran medida porque el partido se propuso objetivos específicos y alcanzables, como un incre­ mento salarial modesto o mejor alimentación para los tra­ bajadores60. El partido esperaba que una serie de victorias pequeñas se fueran acumulando hasta alcanzar cosas mayo­ res. Durante este período de movilización activa, el número 58. Informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI 495:119:10, p. 140. 59. Entre 1929 y 1932, el precio del café salvadoreño bajo de 16.7 por quin­ tal a 7.5 dólares. Véase Max Brannon, Breves consideraciones sobre la industria cafetalera en México y en El Salvador (San Salvador: Im­ prenta Nacional, 1934), p. 18. (Un quintal equivale a 46 kilogramos.) Por consiguiente, las exportaciones de café bajaron de 120.4 millones de libras, en 1931, a 87.5 millones de libras, en 1932. Véase Victor BulmerThomas, The Political Economy o f Central America Since 1920 (Cambrid­ ge: Cambridge University Press, 1988), p. 50. La reducción de los salarios en las fincas de café fue observada por funcionarios del servicio diplo­ mático británico; véase Rodgers, San Salvador, a Sir John Simón, Foreign Office, 7 de enero de 1932, PRO, FO, 371/15812, A612/918. 60. Las huelgas se encuentran descritas en los testimonios recabados duran­ te la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:4, pp. 40-1 y 46. La llegada de los comunistas a las fincas el día de pago se menciona en Administrador General de Concha G. V. de Regalado al Gobernador de Sonsonate, 6 de enero de 1932, AGN, MG, SS, caja No. 2. Algunas de las huelgas llegaron a incluirse en las páginas de los periódicos de la épo­ ca. Por ejemplo, una huelga en una finca de los Sol, cerca de Talnique, departamento de La Libertad, se mencionó en el Diario Latino, 31 de diciembre de 1931, que se encuentra en una colección de recortes de prensa en el Archivo General de la Nación (AGN), SI, capítulo 1, caja No. 17.

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de afiliados al partido sobrepasó la cifra de 400, la más alta jamás alcanzada en aquellos tiempos. Sin embargo, las célu­ las principales todavía estaban centradas en zonas urbanas, es más, en San Salvador representaban más de las tres cuar­ tas partes de todos los miembros. Es de notar que la célula de Sonsonate era la más pequeña, pues contaba con solo 18 miembros61. La disputa de facciones dentro del movimiento radical también se proyectó en una división entre el PCS y el SRI. El SRI era otra organización obrera intemacionalista de cor­ te radical con sede en Moscú. La rama salvadoreña parece haberse fundado poco después del PCS, en 1930. Operaba en forma paralela y en alianza con el PCS, pero tenía su propia organización burocrática y su misión era ligeramente diferente. Mientras que el PCS se percibía a sí mismo como la columna vertebral de la revolución social venidera, el SRI tenía una presencia más pública y moderada. Su misión era fungir como una especie de Cruz Roja comunista, que proporcionaría asis­ tencia a obreros que perdieran su empleo, sufrieran recortes de salario y fueran perseguidos por la policía, entre otros. El jefe del SRI en El Salvador era el conocido activista Farabundo Martí. Asumió el cargo a petición de sus superio­ res intemacionalistas en Nueva York, al igual que cuando se desplazó a Nicaragua a finales de la década de 1920, como secretario de Augusto C. Sandino, durante la campaña guerri­ llera contra la ocupación estadounidense. Cuando Martí re­ gresó a El Salvador, procedente de Nicaragua, en 1930, ya se había convertido en una especie de héroe popular, aun entre algunos miembros de la clase media y alta que se identifica­ ban con su posición antiimperialista. Entre 1930 y 1931, Martí participó en varias movilizaciones que destacaron aún más su perfil. En abril y mayo de 1931, después que fue capturado por su labor proselitista, se declaró en huelga de hambre du­ rante casi un mes, acción que provocó amplias manifestacio­ nes callejeras en apoyo a su causa, en especial en la región 61. Esta cifra se menciona dos veces en los testimonios de la investigación que llevó a cabo el Buró del Caribe. RGASPI, 495:119:4, pp. 5 y 55.

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de Sonsonate, donde estaba encarcelado. Más tarde, ese mis­ mo año, después de volver de un breve exilio, se reunió con el presidente Araujo para conversar sobre las relaciones entre el gobierno y el movimiento obrero. Al igual que el PCS, el SRI experimentó un crecimiento lento y parejo a partir de sus orígenes modestos, en 1930. Los in­ formes de los dirigentes de ambos, el PCS y el SRI, revelan que, hacia fines de 1930, el SRI tenía doce sedes y tres mil personas que se habían comprometido a adquirir sus credenciales de afiliados. Sin embargo, un informe indicaba que menos del 10 por ciento de quienes se habían comprometido a comprar las credenciales lo habían hecho, lo cual cuestionaba la verdadera magnitud de la influencia de esta institución. El mismo in­ forme también menciona que el SRI atravesó un nadir en la organización entre diciembre de 1930 y marzo de 1931, cuando la mayoría de sus seccionales dejaron de funcionar debido a la “intensa ola de terror contra las organizaciones revolucio­ narias”, desatada por el gobierno62. El mismo informe refiere que el SRI pasó por una fase compleja de depuración ideo­ lógica como el PCS. No obstante, después de la reunión de reorganización, en mayo de 1931, las afiliaciones al SRI cre­ cieron con rapidez. Un informe menciona que el número de sus sedes aumentó a 49, incluyendo ocho en Sonsonate y doce en Ahuachapán, y que había entregado casi 6 000 credencia­ les. El encarcelamiento y la huelga de hambre de Martí le pro­ porcionaron un fuerte ímpetu a esta afluencia de miembros63. Si bien es cierto que el PCS y el SRI eran aliados y bre­ gaban juntos para alcanzar los objetivos revolucionarios, manifestaban importantes diferencias personales e ideológi­ cas que se asemejaban a una disputa de facciones. Gran parte de esta disputa estaba personificada en sus dos diri­ gentes principales: Martí por el SRI y Anaya por el PCS. Tal como se analizó antes, Anaya era el jefe de facto del PCS, y aun después de su salida, a fines de 1930, el partido siguió 62. Informe de la sección de El Salvador, rendido por el camarada Hernán­ dez de la junta del Secretariado del Caribe del SRI, 12 de julio de 1932, RGASPI, 495:119:12, p. 25. 63. Ibíd. Véase también 495:119:12, p. 12, que contiene un informe previo de Anaya que hace referencia al número de locales del SRI, en 1930.

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reconociendo su influencia y seguía adherido a la postura ideológica que había contribuido a formular como funda­ mento del partido. Entre sus muchos aportes a la postura ideológica del partido, una de las más importantes tenía re­ lación con el tema del potencial insurreccional de El Salva­ dor. Como leninista estricto y seguidor leal de la línea del Comintem, Anaya propugnaba por un enfoque vanguardista dentro del trabajo de organización. Insistía, al igual que el Comintem, en que las condiciones económicas y sociales de El Salvador no estaban maduras para la revolución, y que el PCS necesitaba más tiempo para preparar a las masas y con­ vertirse en su líder reconocido. Si una revolución estallara en forma prematura, solo atrasaría el éxito revolucionario a largo plazo, porque expondría al partido y a sus aliados de la clase obrera a un terror contrarrevolucionario antes de que estuvieran preparados para defenderse. El Buró del Caribe definió los movimientos revolucionarios prematuros como “insurreccionales de izquierda” o “putchista de derecha”, am­ bas acusaciones serias que rara vez dejaban de castigarse. Como eran compañeros de lucha de línea radical y activis­ tas del comunismo internacional, Anaya y Martí trabajaron de cerca en varias ocasiones, pero como adversarios ideo­ lógicos no sentían mucha simpatía el uno por el otro. Martí, en particular, era proclive a una postura insurreccional más inmediata en comparación con Anaya y la línea oficial del PCS y el Buró del Caribe. No es fácil precisar las diferencias específicas entre Martí y Anaya en torno al tema de la in­ surrección, pero es evidente, al leer los informes de Anaya, que Martí era partidario de una postura insurreccional más agresiva. Esto condujo a críticas reiteradas por parte de Ana­ ya, a veces a través de la correspondencia que le enviaba di­ rectamente a Martí, y otras en los informes que enviaba a sus superiores. Por ejemplo, a finales de 1930, Anaya le es­ cribió a Martí y lo acusó de ignorar las líneas de mando es­ tablecidas y de adherirse a una gama de posturas ideológicas falaces, en especial en lo referente al momento propicio de la insurrección. En una carta, Anaya cita en forma repetitiva a Marx y Lenin para demostrarle a Martí los errores en su forma de actuar. En informes que envió después a sus su-

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periores, Anaya acusó a Martí de ser un “oportunista”, una acusación grave. Aun después de la muerte de Martí, en 1932, y a finales de su vida, Anaya insistió en sus críticas contra él. En una entrevista, publicada en una revista mexicana en la década de 1980, el anciano Anaya recordó sus tiempos en El Salvador y dijo: “el problema con Farabundo Martí era su im­ pulsividad. A veces pienso que ese fue uno de los problemas graves que hubo allí”54. Martí también fue criticado por la dirigencia del PCS después de la partida de Anaya, en 1930, en particular por su reunión con Araujo en agosto de 1931. Martí había ignorado la jerarquía del partido y se reunió con Araujo sin permiso o instrucciones del partido. Desafortunadamente, la documentación histórica no pro­ porciona las respuestas personales de Martí a estas acusa­ ciones, pero los informes de otros dirigentes del SRI revelan que las acusaciones no pasaron desapercibidas. En un infor­ me a sus superiores en Nueva York, Gregorio Ramírez, otro dirigente del SRI, expresó su desprecio hacia el PCS cuando afirmó que sus líderes “se sienten Dictadores, su palabra es ley y nada más”. A continuación, atribuyó al SRI una serie de avances en cuanto a la organización entre las masas obreras, pero acusó a los “comunistas sin preparación” por destruir ese progreso. Al precisar sus críticas, Ramírez resaltó las diferencias ideológicas entre el PCS y el SRI. Expresó que el SRI entendía que el objetivo de la labor organizativa era la creación de un partido “bolchevique”, que solo se lograría mediante la organización efectiva de las masas en sindicatos específicos. En resumen, Ramírez acusaba al PCS de inac­ ción proselitista y de no asumir una postura activa ante la organización de las masas obreras6 65. 4 64. Véase Carlos Figueroa Ibarra, “El ‘bolchevique mexicano’ de la Centroamérica de los veinte”, Memoria 4:31 (septiembre-octubre de 1990), p. 220; también puede verse el testimonio del propio Anaya en Fernández Anaya, “La fundación del Partido”, p. 237. Las críticas de Anaya a Martí también se encuentran en un informe de Anaya a Alberto Moreau, Se­ cretario General del Departamento Colonial del Partido Comunista de Estados Unidos (“Colonial Department o f the Communist Party USA”), RGASPI, 495:119:12, p. 8. 65. Gregorio Ramírez, Santa Ana, 22 de abril de 1931, al Compañero A. Herclet, París, Francia, RGASPI, 534:7:455, p. 18.

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Los conflictos entre el SRI y el PCS, y entre Martí y la dirigencia principal del PCS sugieren la posibilidad de que Martí y el SRI estaban organizando al campesinado de oc­ cidente con independencia del partido. El autor expresa su escepticismo ante semejante posibilidad, porque no existe evidencia alguna que lo sugiera, pese a la posición insurrec­ cional de Martí. Por otro lado, sería lógico suponer que si Martí había estado intentando organizar al campesinado, su impacto habría sido limitado. Él y sus seguidores habrían comenzado su labor con el mismo atraso que el partido, eran igualmente pocos y enfrentaban los mismos obstáculos como los miembros del partido. También es lógico suponer que los activistas del PCS se habrían dado cuenta de cualquier avance importante dentro del campesinado de parte de una facción del SRI, y lo habrían calificado como una amenaza grave para el partido. Además, como se verá a continuación, Martí trabajó de cerca con el partido en los últimos meses de 1931, en especial durante las dos semanas críticas previas a la fecha prevista para la insurrección. Por lo que se sabe, Martí no fue capaz de aportar más en aspectos específicos a la causa insurreccional que cualquiera de los otros dirigen­ tes del partido, por ejemplo, en el establecimiento de víncu­ los directos y muy desarrollados con los líderes campesinos de occidente. A pesar de su popularidad y la muy visible naturaleza de algunas de sus acciones, incluyendo su encar­ celamiento y la huelga de hambre de mayo de 1931, al au­ tor le parece que atribuirle la rebelión a Martí o al SRI nos conduce a los mismos errores de argumentación que si se le atribuyera al PCS. Hace poco, Jeff Gould, Carlos “Santiago” Henríquez Consalvi y Aldo Lauria66 presentaron una variante importante de 66. Jeff Gould, “Revolutionary Nationalism and Local Memories in El Sal­ vador”, en Gilbert M. Joseph (Ed.), Reclaiming the Political in Latín American History (Durham: Duke University Press, 2001), pp. 138-71; Jeff Gould y Carlos Henríquez Consalvi, 1932: Cicatriz de la memoria, Museo de la Palabra y la Imagen, 2002; y Jeff Gould y Aldo Lauria, ‘“They Cali us Thieves and Steal our Wage:’ Toward a Reinterpretation of the Salvadoran Rural Mobilization, 1929-1931”, Hispanic American Historical Review 84:2 (2004), pp. 191-237. Gould y Lauria se encuen­ tran preparando un libro sobre sus planteamientos.

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la tesis de la participación del SRI. La película documental 1932: Cicatriz de la memoria es, quizás, la versión más cono­ cida de sus planteamientos disponible hoy en día en El Sal­ vador. Cualquier estudioso que adopta la perspectiva de la “causalidad comunista” en relación con el levantamiento de 1932, ha debido explicar cómo los cuadros ladinos y urbanos del partido establecieron vínculos de organización fuertes y duraderos con el campesinado indígena de occidente. Las versiones anteriores de la causalidad comunista, como las elaboradas por Anderson, Mármol/Dalton, Schlesinger y Mén­ dez, entre otros, le atribuían a la FRTS, el PCS y/o Martí el haberse hechos presentes entre el campesinado de occiden­ te para convertirlos a la causa del radicalismo militante, y después encabezarlos durante la rebelión en enero de 1932. Gould, Henríquez Consalvi y Lauria presentan una variación sobre este planteamiento, cuando le atribuyen un papel or­ ganizativo determinante al SRI en lugar de atribuírselo al PCS. Sin embargo, enseguida argumentan que el SRI, en vez de conservar las características originales de una orga­ nización de orientación urbana encabezada por ladinos, fue tomado por el campesinado occidental, que asumió el con­ trol de las seccionales del SRI y les imbuyó un significado propio de la localidad. Los pobres de las zonas rurales acep­ taron el nombre del SRI y sus vinculaciones con militantes urbanos con la esperanza de formar alianzas políticas más extensas, pero en última instancia reconfiguraron el SRI a su propia imagen y semejanza. En lugar de acatar las direc­ trices de comunistas urbanos o países extranjeros, los indí­ genas y los campesinos utilizaron al SRI para expresar sus propias creencias y defender sus identidades locales, en es­ pecial lo indígena. Dentro del contexto de este argumento étnico más amplio, Gould, Henríquez Consalvi y Lauria ex­ plican de manera novedosa la revuelta con base en las inter­ pretaciones étnicas en torno al género y la violencia sexual. En breve, plantean que los hombres indígenas resentían las pretensiones de los ladinos de ejercer un control sobre las normas sexuales de las mujeres indígenas. Uno de los princi­ pales aportes de estos estudiosos ha sido la enorme cantidad de entrevistas personales, efectuadas a finales de la década

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de 1990 y comienzos de la de 2000, con residentes ya mayo­ res del campo occidental, quienes conocieron de primera mano los acontecimientos de 1932. En la medida que estas personas fallecen con el paso del tiempo, la importancia de haber recabado su testimonio adquiere todavía más relevancia.

Rastreando café. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

Pese a la sofisticación y los matices de su planteamiento, además de lo novedoso de sus fuentes, el autor se mantiene algo escéptico sobre cualquier argumento que se incline por el enfoque de la causalidad comunista, porque considera que tiene que abordar ciertas preguntas claves: ¿Cuándo, cómo y bajo qué condiciones pudo el PCS y/o el SRI cerrar la bre­ cha que separaba al campo de la ciudad, a los ladinos de los indígenas, y a los proletarios de los pequeños propietarios? ¿Fueron capaces de lograr esto en el corto lapso de seis me­ ses, después que resolvieron sus propios problemas internos y comenzaron a orientar sus esfuerzos hacia la organización? La búsqueda de respuestas a estas preguntas dará pie a un debate historiográfico intenso durante los próximos años. No obstante, los perfiles del debate ya adquieren forma cuando se compara Cicatriz de la memoria con otra pelícu­ la sobre 1932, Ama: la memoria del tiempo, del cineasta Daniel Flores67. Basada también en entrevistas personales con ciuda­ 67. Daniel Flores, Ama: la memoria del tiempo, 2003.

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danos mayores, la película de Flores sostiene que Feliciano Ama, el supuesto líder de la insurrección de Izalco, no era un co­ munista, sino un “comunero” que luchó por defender los dere­ chos del pueblo indígena. La película cuestiona el grado de su participación en el levantamiento y sugiere que su asesinato pudo haber sido motivado por los ladinos de la localidad, que se aprovecharon del levantamiento para eliminarlo.

La rebelión Pese a sus logros organizativos, el PCS fracasó, en última instancia, en la obtención de su objetivo de convertirse en la vanguardia de las masas de occidente. De manera recurren­ te, tuvo que hacerle frente a su influencia limitada sobre el campesinado, pero dos casos son ilustrativos. El primero fueron las elecciones municipales de diciembre de 1931. El partido consideraba que dichas elecciones eran “burguesas”, y decidió boicotearlas en un inicio para que sus militantes pudieran permanecer anónimos y seguir centrados en la la­ bor de organización. Resultó decepcionante para el partido enterarse del fuerte apoyo de las masas al proceso electoral. La participación masiva en las elecciones de 1931 fue posible gracias a las reformas políticas del presidente Pió Romero Bosque (1927-1931). Su sucesor, Arturo Araujo (marzo-diciembre de 1931) fue producto de las reformas. No debe causar sorpresa que el PCS haya denigrado a ambos in­ dividuos; se refirió a Araujo, entre otras cosas menos agrada­ bles, como un “demagogo filantrópico”68. Cuando decidió en un inicio no presentarse a las elecciones, el partido subes­ timó el grado de identificación de los sectores populares con la política local. Ante la posibilidad de quedar distanciado de su base entre las masas, el partido cedió y se unió a la com­ petencia electoral. Así se expresó un miembro del CC más tarde ante un comité del Buró del Caribe: “¿Qué alternativa tuvimos?”69 68. Informe del VI Congreso, mayo de 1930, RGASPI, 495:119:10, p. 117. 69. Testimonio de la investigación llevada a cabo por el Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:4, p. 47.

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El partido elaboró una plataforma electoral bastante mo­ desta para estos comicios al centrarse en temas políticos más que económicos. La plataforma hacía referencia a la asisten­ cia a la niñez y a los desempleados, pero obvió toda referen­ cia a ideas revolucionarias e incluso socialistas. Los dirigen­ tes del partido llegaron a la conclusión de que una platafor­ ma con referencias a doctrinas comunistas solo terminaría alienando a las masas y provocaría a las fuerzas de la repre­ sión70. El partido obtuvo cierto éxito en algunas zonas urba­ nas, donde su número era más grande. En San Salvador, por ejemplo, el candidato comunista para alcalde alcanzó un apre­ tado tercer lugar y recibió más de i 400 votos71. El partido logró este buen resultado en San Salvador porque el nuevo régimen del general Martínez había concretado una tregua de facto con el partido en las zonas urbanas. Esta “tregua” provocó abundantes comentarios en los editoriales de los periódicos, en tanto los columnistas se dedicaron a debatir la conveniencia de dejar que los comunistas participaran en las elecciones72. Pero en las zonas rurales, la represión guber­ namental continuó sin descanso, lo cual obligó al partido a mantenerse al margen de la movilización electoral73. 70. La plataforma es analizada por un miembro del CC en su testimonio en la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:4, pp. 24-6. Los analistas del Buró del Caribe criticaron mucho esta estrategia, RGASPI, 495:119:1, pp. 11-16. 71. Diario Latino, 5 de enero de 1932, p. 1, en una colección de recortes de prensa en el Archivo General de la Nación (AGN), SI, capítulo 1, caja No. 17. La elección en San Salvador también fue analizada por un miembro del CC en su testimonio en la investigación del Buró del Cari­ be. RGASPI, 495:119:4, p. 44. 72. El tema de la anuencia del nuevo gobierno de Martínez de permitir la participación del PCS en las elecciones se analiza en el Diario Latino, 12 y 22 de diciembre de 1931; y Patria, 21 de diciembre de 1931. Todas estas referencias se encuentran en la colección de recortes de prensa del AGN, SI, capítulo 1, caja No. 17. 73. La influencia más evidente del partido en las elecciones se aprecia en los nombres de algunos partidos políticos. Un par de ejemplos son el del “Partido Sindicalista de Trabajadores”, en Juayúa, y el “Sindicato de Trabajadores del Campo”, en Izalco. Véase Emilio Redaelli, alcalde de Juayúa, al Gobernador de Sonsonate, 18 de diciembre de 1931, AGN, MG, SS, caja No. 3; y telegrama de Valdez, alcalde de Izalco, al Gober­ nador de Sonsonate, 15 de diciembre de 1931, AGN, MG, SS, caja No. 1.

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El segundo momento en que el partido mostró su incapa­ cidad para controlar a las masas fue en los últimos meses de 1931, cuando el PCS y el SRI se dieron cuenta de una insur­ rección en ciernes de proporciones potencialmente enormes, en las zonas rurales de occidente. Enviaron una serie de car­ tas a sus superiores de Nueva York, entre octubre y diciem­ bre de 1931, en solicitud de consejo, armas, combatientes internacionales y dinero. El tono de las cartas sugiere una si­ tuación desesperada: “La situación es apremiante”, escribió el PCS en octubre de 1931, “... estos camaradas están bajo la ilusión de que con sus machetes estarán suficientemente pre­ parados para sostener un movimiento de esta clase” [traduc­ ción del inglés.]. La misma carta revela la resignación del partido ante su incapacidad para impedir que se materiali­ zara la insurrección: “Estuvimos de acuerdo desde un prin­ cipio con el propósito de combatir con nuestras teorías revo­ lucionarias de clase todas las tendencias izquierdistas que co­ menzaban a desarrollarse al comienzo de nuestro movimien­ to, pero ahora hemos llegado al momento en que no podemos frenar la ola revolucionaria que está surgiendo por todas partes, dispuesta a alcanzar el poder, vivos o muertos”74. El SRI hizo eco de la urgencia expresada por el PCS. En una carta a Nueva York, fechada el 29 de noviembre de 1931, el Secretario General del SRI escribió: “La situación es grave y tiende a ponerse más grave cada vez. No deben ustedes ver con indiferencia estas cuestiones, ni tampoco a concretarse a simples resoluciones teóricas”75. En una carta fechada una semana antes, el Secretario General había escrito: "... en Sonsonate especialmente los camaradas sólo hablan ya de insur­ rección, no creemos del caso perder la acción de esa fuerza contenida sino que esperamos ligarla más y no hacer que aborte desconectada”76. 74. Secretario del CC del PCS al Buró del Caribe, 8 de octubre RGASPI, 495:119:7, pp. 14-16. 75. Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, tariado del Caribe SRI, Nueva York, 29 de noviembre de 1931, 539:3:1060, p. 9. 76. Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, tariado del Caribe SRI, Nueva York, 22 de noviembre de 1931, 539:3:1060, p. 7.

de 1931, al Secre­ RGASPI, al Secre­ RGASPI,

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En vista de que sus cartas eran solicitudes de ayuda ma­ terial, tanto el PCS como el SRI aseguraron a sus superiores que controlaban la situación, y que cualquier ayuda pro­ duciría resultados tangibles. El Secretario General del SRI se refirió a “nuestros campesinos organizados” y manifestó que “las masas responden inmediatamente pero para controlar la acción urgen los fondos suficientes para que se puedan menear con desahogo todos los camaradas, activar las dele­ gaciones, editar mas material, etc.”77. También hizo ver que “cada camarada que milita en ellas, no piensa que lo hace simplemente por ayudar a los que caen, ni a las victimas, ni a sus familias, ellos entienden que los carnets son como las boletas del Ejercito Rojo, eso piensan y nada mas”78. El PCS escribió que “los trabajadores agrícolas están esperando las órdenes del CC del Partido Comunista de esta sección para comenzar la insurrección agraria [...] Estamos a la espera de que nos envíen inmediatamente todo el material necesario para nuestra insurrección agraria anti-imperialista”79 [tra­ ducción del inglés]. No llegó ningún dinero o asistencia, lo cual no es para sor­ prenderse. Nueva York y Moscú habían proporcionado solo apoyo nominal a Centroamérica, hasta ese momento, y los encargados del Buró del Caribe seguramente se extrañaron ante las noticias de una revuelta a punto de estallar. Hasta las solicitudes de ayuda del PCS y el SRI denotan su poco dominio de la situación. Una de las cartas del Secretario General del SRI, en San Salvador, reconocía su incapaci­ dad para proporcionar más información sobre la situación en occidente debido al “completo divorcio entre la ciudad y

77. Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, al Se­ cretariado del Caribe SRI, Nueva York, diciembre 8 de 1931, RGASPI, 539:3:1060, p. 11. La referencia a “campesinos organizados” se encuen­ tra en la página 8. 78. Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, al Secre­ tariado del Caribe SRI, Nueva York, 29 de noviembre de 1931, RGASPI, 539:3:1060, p. 979- Secretario del CC del PCS, San Salvador, al Buró del Caribe, Nueva York, 8 de octubre de 1931, RGASPI, 495:119:7, p. 15.

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el campo”80. Informó a sus superiores que había enviado a un delegado a occidente para recabar información, pero que este no había regresado aún ni se había comunicado. La diri­ gencia del PCS se mostró también desconectada de los acon­ tecimientos de occidente. El partido, a excepción de una pequeña minoría de sus miembros, se oponía a una rebelión armada. Los dirigentes del partido estaban convencidos de que las condiciones apro­ piadas para una revolución todavía no existían en El Salva­ dor. Anaya había escrito, en septiembre de 1930, que “hoy día nosotros no podemos considerar que existen las verdade­ ras condiciones revolucionarias, lo que existe es una fuerte agudización de la crisis que terminara en una verdadera si­ tuación revolucionaria”81. El partido no se desvió de esa lí­ nea después de la partida de Anaya. Los dirigentes del parti­ do reconocieron que sus cuadros carecían de experiencia, las masas no compartían sus perspectivas ideológicas y, aún más importante, ni el partido ni las masas poseían el arma­ mento necesario para enfrentarse al ejército salvadoreño. A pesar de la oposición del partido a la insurrección ar­ mada, diversos elementos del campesinado de occidente es­ taban empeñados en rebelarse. Tal como lo expresó después uno de los miembros del CC, que sobrevivió a la matanza, “las masas estaban hastiadas de recibir golpes y querían pa­ sar a niveles más altos de enfrentamiento”82 [traducción del in­ glés]. Los informes enviados en esos momentos desde El Salva­ dor indicaban que la represión militar contra el campesinado occidental iba en aumento, durante las últimas semanas de 1931. El ministro británico, por ejemplo, informó “de buena fuente” que la Guardia Nacional había matado a sesenta tra­

80. Ismael Hernández, Secretario General del SRI, San Salvador, al Secre­ tariado del Caribe SRI, Nueva York, 29 de noviembre de 1931, RGASPI, 539:3:1060, p. 8. 81. Anaya, Guatemala, al compañero Alberto Moreau, Secretario General del Departamento Colonial del Partido Comunista de Estados Unidos (P.C.E.E.U.U.), 8 de septiembre de 1930, 495:119:12, p. 10. 82. Testimonio de la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:1, p. 19.

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bajadores en huelga, en una finca del occidente83. El encar­ gado de negocios de Estados Unidos escribió sobre otro inci­ dente, en el cual la Guardia Nacional desarticuló una huelga en una finca cerca de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. En ese enfrentamiento murieron catorce obreros, y sus cuerpos fueron lanzados a una zanja; mientras que otros quince resultaron heridos84. El gobernador del departamen­ to de Sonsonate se refirió al activismo creciente del campesi­ nado, pero lo atribuyó a “la Secta llamada impropiamente Co­ munismo, que no es otra cosa que la contienda abierta del proletariado contra el potentado, por razón no más de su misma situación de miseria en que se encuentra, agravada con la crisis económica porque atravesamos. Pues bien, esas ideas malsanas están arraigadas principalmente entre las personas indígenas que es [entre] las que más se acentúa la pobreza y de quienes se entre saca por lo regular el número indispensa­ ble para llenar los individuos de Tropa”85. ¿Qué debía hacer el partido: apoyar una rebelión conde­ nada al fracaso, u observar pasivamente mientras las masas se enfrentaban solas al enemigo de clase? Los dirigentes del parti­ do se encontraban enfrascados en un dilema serio, tal como lo revela el Secretario General en uno de sus informes: “las condiciones en que nos encontramos son insuperables”86. Para descubrir cómo el partido respondió a esta pregunta, se utiliza una fuente documental con una riqueza sin precedentes, las transcripciones de un comité de investigación que organizó el Buró del Caribe, a finales de 193287. Durante las seis semanas previas a la rebelión, el partido se distanció del Buró y solo le envió los mensajes breves que se mencionaron antes. El 83. Rodgers a Sir John Simón, Foreign Office, 7 de enero de 1932, PRO, FO 371/15812, A612/918. 84. Finley al Secretario de Estado, 3 de octubre de 1931, USNA, RG 59, 816.00B/42, Caja 5507, archivo No. l. También se hace referencia al ataque a estos trabajadores en RGASPI, 495:119:12, p. 28. 85. Gobernador de Sonsonate al Ministro de Guerra, 23 de noviembre de 1931, AGN, MG, SS, caja No. 4. 86. Secretario del CC del PCS, San Salvador, al Buró del Caribe, Nueva York, 8 de octubre de 1931, RGASPI, 495:119:7, p. 16. 87. Testimonio de la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:1 y 495:119:4.

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Buró envió numerosas cartas que no fueron contestadas en ningún momento. Hasta despachó a dos agentes desde México para reestablecer contacto, pero el PCS los desestimó con el argumento de que carecían de las credenciales necesarias88. El Buró conformó un comité investigador para enterarse de lo que había sucedido, durante el tiempo en que las comu­ nicaciones estuvieron interrumpidas. El testigo se identificó como el camarada “H” o “Hernández”, un miembro del CC que sobrevivió a la matanza y logró escapar de El Salvador. Las transcripciones de la investigación revelan que los miembros del partido no sabían cómo responder ante la revuelta inminente. En las reuniones del partido reinaba la confusión y el mismo CC estaba dividido. Algunos miembros insistían en que una participación en la rebelión era absurda, mientras que otros razonaban que la revuelta era inevitable y que el partido no tenía más opción que incorporarse. Por último, el 10 de enero, apenas diez días antes del estallido de la revuelta, el CC decidió participar. Refiriéndose a la de­ cisión, el camarada H declaró que “las masas estaban muy an­ siosas de liberarse, y el Partido Comunista [era] débil... y [dejó] llevarse por el impulso de las masas... Ni un solo camarada podía anticipar las repercusiones de los acontecimientos... Estimamos que saldrían bien las cosas. Nos equivocamos, y los más aguerridos de nuestro movimiento pagaron con sus vidas... Pusimos lo mejor de nuestra parte... lo que se hizo fue necesario”89. En la medida que se acercaba la fecha de la revuelta, los mandos del PCS se dividieron aún más. Un camarada pro­ puso que la rebelión se postergara, pero sus contrarios en el CC eran mayoría y votaron seis contra tres, a favor de seguir adelante. Hernández opinó sobre la votación: “Tan­ tos de nuestros camaradas estaban presos en casi todas las ciudades del país, se efectuaban más capturas y era evidente que todos nuestros camaradas iban a ser fusilados y ellos [los que apoyaban la rebelión] pensaban que sería mejor que todos nosotros compartiéramos el mismo destino. Ningu­ 88. RGASPI, 495:119:1, p. 5. 89. RGASPI, 495:119:1, p. 1; y 495:119:4, p. 2.

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no de ellos manifestó lógica alguna ni un análisis claro, [ni podían explicar] por qué se justificaba esta acción”90. A pesar de esta incertidumbre, Hernández reconoció que era inútil tratar de frenar la rebelión: “Si la insurrección, por una razón u otra, hubiera sido pospuesta por el CC, el impulso de las masas era de lucha, y ésta [fue la situación] desde el comienzo, de tal manera que, en cualquier caso, este [levantamiento] sola­ mente podía terminar como efectivamente terminó”91. En los días finales antes de la revuelta, el partido puso a su disposición los pocos recursos que tenía para influir en la dirección. La evidencia es escasa en relación con lo que se hizo en concreto, pero parecería que el partido dirigió sus esfuerzos principales a la coordinación. La rebelión parece haber sido un conglomerado de levantamientos de comuni­ dades discretas, quizá en contacto entre sí, que atacaron las instancias del poder local. En apariencia, el PCS ejerció la in­ fluencia que tenía para convencer a las comunidades de sin­ cronizar sus ataques para crear la impresión de una sola re­ vuelta masiva. Hernández declaró que después de que el CC votó a favor de unirse a la rebelión, el 10 de enero, de inme­ diato envió instrucciones a occidente, a través de mensaje­ ros, desde San Salvador92. Las memorias de Miguel Mármol se refieren a “llevar esta nueva disposición a la masa enar­ decida”, y trasladar propuestas a la dirigencia en las áreas de operación a las cuales habían sido asignados miembros individuales del Partido Comunista93. Los destinatarios de estas instrucciones eran los llamados Comandantes Rojos, a quienes nunca se identificó, pero se presumía eran personas residentes en la localidad, ya fueran cuadros del partido o personas de su confianza94. 90. RGASPI, 495:119:4, p. 59. 91. Ibíd., p. 67. 92. El envío de estas instrucciones se menciona en el testimonio de la in­ vestigación del Buró del Caribe. RGASPI, 495:119:4, pp. 47-9. También se hace referencia a ellas en otro testimonio en RGASPI, 495:119:1, p. 13. 93. Dalton, Miguel Mármol (2005), p. 248. 94. Se analiza el papel de los Comandantes Rojos en los testimonios de la investigación del Buró del Caribe, RGASPI, 495:119:1, p. 21. El testimo­ nio de Mármol también los menciona, p. 246.

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El partido también hizo un llamado a sus simpatizantes dentro del ejército. El PCS había estado buscando adeptos dentro del ejército durante los últimos seis meses. La mayo­ ría de soldados eran reclutas jóvenes de las zonas rurales y el partido estimó que eran candidatos ideales para unirse a la causa comunista. Los dirigentes del partido informaron que sus esfuerzos habían producido frutos, pero no menciona­ ron ni la identidad ni el número de conversos. Parece que un número de soldados acató el llamado del partido de dominar a sus compañeros de armas. Hernández atestiguó que “esos soldados con quienes teníamos contacto participaron en los acontecimientos”. Pero eran minoría y fueron detectados y fu­ silados o encarcelados95. Los funcionarios que presidieron el comité investigador del Buró llegaron a la conclusión de que el PCS se había equi­ vocado al unirse a la rebelión. Tal como se expresó un miem­ bro del comité: “Digo que el análisis presentado por el CC el 10 de enero era muy incompleto e incorrecto y, por lo tanto, condujo a una decisión equivocada”96. A continuación resumió las debilidades del partido: “El partido era muy pequeño, unas doscientas personas, y mal organizado, de manera muy insuficiente en el sector estratégico de la economía salvadore­ ña. Un partido que manifestaba un liderazgo débil, sin pre­ paración en la aplicación de los métodos leninistas de orga­ nización estratégica de las masas. Sin movimiento campesi­ no organizado que valiera la pena, y con una organización de masas revolucionarias nada fuerte... El CC, como tal, es­ taba prácticamente fuera de servicio durante el levantamien­ to. No había CC que liderara las masas... ninguna dirección central, ninguna dirección nacional, solamente una serie de insurrecciones locales”97. Pero cuando el miembro aconsejó al camarada H sobre lo que debió haberse hecho, la reco­ mendación fue tan vaga que no representó una alternativa práctica: “En mi opinión, esto es lo que el CC debió haber de­

95. RGASPI, 495:119:4, pp. 52 y 65; y 495:119:1, p. 22. 96. RGASPI, 495:119:1, p. 20. 97. Ibíd., pp. 19 y 21.

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cidido en su plenaria del 10 de enero. No comenzar los pre­ parativos para un toma del poder por la vía de la lucha armada sino iniciar un despliegue sistemático de las luchas de masas más amplias posibles en respaldo a las demandas inmedia­ tas, políticas, económicas y otras como mencioné anterior­ mente, mediante la organización de organizaciones revolucio­ narias en el proceso, mostrándole a las masas cómo proceder, y preparando al partido en esos sitios donde la lucha armada parecia inevitable con miras a colocarse a la cabeza de estas luchas y liderarlas de acuerdo a estas demandas y en función de estas demandas”98.

Carreta llevando café. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

En cuanto al número de miembros del partido que par­ ticiparon en los ataques, no se tiene ninguna información. Los rebeldes se contaron por miles y se concentraron en seis lugares: Juayúa (que también incluía a Nahuizalco y Salcoatitán), Izalco, Tacuba, Ahuachapán, Sonsonate/Sonzacate y Colón. Solo dos de estos lugares tenían células del PCS, Ahuachapán y Sonsonate, con menos de cien miembros del partido entre las dos. Existen indicios de que el SRI tenía seccionales en Nahuizalco e Izalco99, pero no se sabe si sus 98. Ibíd., p. 20. 99. Un informe preparado por Anaya, en octubre de 1930, hace referencia a que grupos del SRI “existen en formación en Comasagua, Los Amates, La

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afiliados participaron en los ataques a estos dos pueblos. La remota municipalidad de Tacuba no contaba con una célula del partido como tal, pero de todos los lugares donde hubo actividad rebelde de cierta magnitud, en este sitio se dieron las expresiones más radicales. Quizá esto se debe a que la familia Cuenca era de Tacuba, y varios de sus miembros esta­ ban inscritos en el partido. Dos o más miembros de la fa­ milia se encontraban en Tacuba al momento de la revuelta, lo que podría explicar por qué este lugar fue el único pueblo ocupado que supuestamente organizó un soviet antes de que el ejército lo retomara. En los otros centros principales con presencia rebelde, no había células comunistas ni nin­ guna presencia comunista de la que se tenga conocimiento, aunque es posible que miembros del PCS y/o del SRI se hayan congregado en esas regiones anticipando el estallido de la revuelta. Al igual que en el caso del Buró del Caribe, las oficinas del SRI, en la ciudad de Nueva York, decidieron evaluar la situación de El Salvador después del levantamiento de 1932. Un informe fue entregado al secretariado del SRI, el 12 de julio de 1932. Este fue redactado y leído por el camarada “Hernández”, cuya identidad se desconoce. No se sabe si pro­ venía de El Salvador o si era un agente del SRI quien lo re­ dactó con base en la correspondencia acumulada que se in­ tercambió con El Salvador. Tampoco se sabe si fue el mismo Hernández quien presentó un informe al Buró del Caribe con el pseudónimo de “camarada H.”. En cualquier caso, este documennto resume las actividades del SRI hasta enero de 1932. En términos similares al testimonio de “H” ante el Buró del Caribe, el informe de Hernández dice que el SRI y el PCS actuaron bastante unidos, aunque hace notar el problema de “la confusión entre el SRI en El Salvador y otras organizacio­ nes revolucionarias como el Partido Comunista”. Después de describir el auge y la mengua de los éxitos organizativos pre­ vios a mayo de 1931, el informe se centra en la intensificación de las actividades durante la segunda mitad del año. DesJoya, Izalco y otros muchos lugares”. En ese mismo informe menciona que el Comité Central “funciona aún deficientemente”, 495:119:12, p. 16.

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taca la represión creciente contra los obreros organizados y la abundancia de oportunidades para que el SRI cumpliera con su papel de proveer asistencia a los obreros que sufrían. El informe reconoce el aumento impresionante del apoyo al SRI después de abril y mayo de 1931, tal como se reflejó en la venta de tarjetas de afiliación, pero lamenta las limitantes regionales de la organización. Este fue el informe citado con anterioridad, que criticaba “la falta de trabajo entre los in­ dios nativos”100. Desde una perspectiva más amplia, el informe de julio de 1932 describe al SRI casi de la misma manera que el PCS, en el testimonio que “H” presentó ante el Buró del Caribe. Lo que emerge es una imagen de dos organizaciones que tra­ bajaban más o menos en paralelo y que conocieron algunos altibajos en su actividad de organización, durante su primer año de existencia. Ambas experimentaron un incremento en cuanto apoyo y membresía, en la medida que el impacto de la crisis creaba un entorno propicio para el activismo radi­ cal. No obstante, siguieron siendo organizaciones relativamente pequeñas, urbanas y ladinas, que no planificaron ni ejecuta­ ron la tarea monumental de organizar una insurrección ar­ mada en los campos de occidente.

Nahuizalco: elecciones e insurrección Si se acepta la tesis de la ausencia del papel directo del co­ munismo, entonces hay que enfrentarse a profundas lagunas en las fuentes históricas en torno a quiénes eran los rebel­ des, cómo se organizaron y qué buscaban a través de la in­ surrección armada. Los indígenas y los campesinos, ya sea como individuos o comunidades, rara vez dejaron documen­ tos, debido, en parte, a que el gobierno no investigó la rebe­ lión, sino que la aplastó con lujo de violencia. Un miembro del comité investigador del Comintern observó, en 1932, con visos proféticos, que “es imposible enfrentarnos en este momento a las lecciones de la insurrección misma... porque 100. Informe de la sección de El Salvador, rendido por el camarada Her­ nández de la junta del Secretariado del Caribe del SRI, 12 de julio de 1932. RGASPI, 495:119:12, p. 25.

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no sabemos prácticamente nada de cómo se desarrolló el le­ vantamiento en los diversos sitios”101. Sin embargo, se puede obtener evidencia valiosa en los archivos de El Salvador, en particular en los documentos referentes a las elecciones y las disputas políticas en el pueblo de Nahuizalco, un punto focal de ambas, de la rebelión y la matanza. La evidencia revela que la comunidad indígena de Nahuizalco tenía una larga historia de organización autónoma y que competía con los ladinos de la localidad por el control del gobierno municipal. Resulta interesante descubrir que la rebelión estalló justo cuando este conflicto persistente alcanzó un punto álgido102. A Nahuizalco se le reconoce desde hace tiempo como centro de identidad indígena. Una investigación reciente, en los regis­ tros de nacimientos del pueblo, confirma que su población fue indígena en casi el 90 por ciento, durante la primera mi­ tad del siglo XX103. También era un pueblo de tamaño con­ siderable, con más de 15 000 habitantes, en 1930, lo cual representaba más del 10 por ciento de la población total del departamento de Sonsonate. Las fuentes sobre tenencia de la tierra en el pueblo revelan un predominio de peque­ ñas parcelas de origen comunal. Los datos censales de 1858 clasifican a casi el 100 por ciento de los varones adultos del pueblo como “jornaleros”, que en la usanza de aquellos tiem­ pos significaba agricultor campesino. Los decretos de priva­ tización, en las décadas de 1880 y 1890, afectaron en forma negativa el régimen de pequeñas propiedades en el pueblo. No obstante, al igual que sus congéneres en otras regiones, los campesinos de Nahuizalco lograron obtener los títulos de gran parte de sus antiguas tierras comunales, bajo la modali­ dad de parcelas de propiedad individual. Sin embargo, apa­ recieron algunas fincas de propiedad ladina. Una medición de tierras, realizada por el gobierno, en 1913, se refiere a los nuevos terratenientes ladinos y a los indígenas que les traba­ jaban. El informe de la medición también hace referencia a 101. Ibíd., p. 22. 102. Una apreciación alternativa del caso de Nahuizalco basada parcial­ mente en algunas de las mismas fuentes puede encontrarse en Alvarenga, Cultura y ética. 103. Ching y Tilley, “Indians, the Military”.

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la persistencia de la pequeña propiedad: “Unas de las circuns­ tancias que más favorecen al desarrollo y bienestar de esta comarca es la manera como está dividida la propiedad rústi­ ca; ahí cada habitante posee un pedazo de terreno donde ha­ ce sus siembras de primera necesidad para proveerse en el año”. Lo que demuestra este conjunto de evidencias es que Nahuizalco estaba poblado, en su mayoría, por indígenas, cuya presencia económica era considerable, a pesar de los decretos de privatización y el ascenso económico de los ladi­ nos104. Los indígenas de El Salvador rara vez pudieron ocupar cargos municipales o competir con los ladinos por el con­ trol de los gobiernos municipales, aun cuando hayan sido la mayoría de la población. El racismo y los prejuicios étnicos tuvieron que ver en esta separación política, como también el legado del colonialismo español, que dividió a la sociedad en una “república de los indios” y una “república de los espa­ ñoles”. Después de la independencia, las agrupaciones indí­ genas de El Salvador estuvieron sujetos al mandamiento de la ley nacional junto con los ladinos, pero conservaron un grado de autonomía sobre sus comunidades. Los ladinos, a su vez, esperaban que los indígenas aceptaran los límites de su dominio y permanecieran sujetos al gobierno formal, sin as­ piración alguna de participar en su gestión. En algunos ca­ sos infrecuentes, sin embargo, los indígenas traspasaban es­ tos linderos. Nahuizalco fue uno de los pocos lugares donde los indígenas compitieron de manera directa con los ladinos por el control del gobierno local. En los archivos, la evidencia en torno a la actividad po­ lítica de los indígenas de Nahuizalco arranca en el año de 1884 con una revuelta. En la noche del 5 de octubre, cerca de 2 000 indígenas atacaron el pueblo, mataron a los funciona­ rios municipales y quemaron la alcaldía, los archivos y la 104. Las cifras de población de 1930 se encuentran en Población de la Re­ pública de El Salvador (San Salvador: Imprenta Nacional, 1930). La población de Nahuizalco pasó de 5 ooo, en 1858, a 9 000, en 1900, y a 14 000, en 1913. Véase Lorenzo López, Estadística general de la Re­ pública de El Salvador (San Salvador: Ministerio de Educación, 1974 [1858]), pp. 160-2. Las cifras de población de 1900 se encuentran

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casa de habitación de un ladino de la localidad, a quien se le conocía como un gran opresor de los indígenas. Los rebeldes mataron a más de dos decenas de individuos, todos ladinos. Después de suprimir la revuelta y reinstalar a los ladinos en el poder, el gobierno inició una investigación y, de manera even­ tual, ejecutó a diez presuntos cabecillas105. La importancia de esta revuelta es doble: demuestra la existencia de conflictos en función de barreras étnicas, y revela que, a partir de 1884, los ladinos controlaban el concejo municipal. Sin embargo, apenas un año después, en las elecciones de 1885, los indí­ genas recuperaron el control del concejo y lo retuvieron du­ rante los próximos dieciocho años. Los indígenas retomaron el poder en 1885, quizá como resultado del derrocamiento del presidente Rafael Zaldívar (1876-1885), en mayo de ese año. El golpe de Estado fue en­ cabezado por el general Menéndez, quien fue auxiliado por un número de otros generales, incluyendo el general Rafael Gutiérrez, quien, de acuerdo con informes del cónsul de Es­ tados Unidos, comandaba una fuerza de indígenas reclutados en Nahuizalco106. Es posible que los nahuizalqueños hubie­ ran prestado servicio militar en ocasiones anteriores, porque en Informe, Gobernador de Sonsonate, 12 de enero de 1903, AGN, MG, caja sin clasificar. La privatización de las tierras comunales y el predominio de la pequeña propiedad son analizados por Lauria, Una república agraria. Puede verse una lista de fincas y sus dueños ladi­ nos en Directorio comercial, pp. 494-6. El censo de 1913 se encuentra en Cerritos, Ciudad de Sonsonate, al Ministro de Gobernación, 20 de septiembre de 1913, AGN, MG, SS, caja No. 5. Una medición efec­ tuada en 1934 refleja una cantidad abundante de pequeñas propiedades sembradas con maíz y frijoles, y lista los nombres de los campesinos que, en su mayoría, tienen apellidos típicamente indígenas. La medición del 13 de julio de 1934 puede consultarse en AGN, MG, SS, caja No. 3, p. 3. 105. Los pormenores de estos acontecimientos se han tomado de la tesis doctoral de Aldo Lauria, que proporciona más información que su libro. Véase “An Agradan Republic: Production, Politics and the Peasantry in El Salvador, 1740-1920”, tesis doctoral, Universidad de Chica­ go, 1990, pp. 514-9. La evidencia que presenta ha sido extraída de los informes de la investigación oficial de la rebelión. La rebelión también se menciona en el censo de Cerritos, Ciudad de Sonsonate, ibíd. 106. Rodolfo Cardenal, El poder eclesiástico en El Salvador (San Salvador: UCA Editores, 1980), p. 127.

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los testigos oculares de la rebelión de 1884 atestiguaron que algunos rebeldes vestían uniformes militares107. También es probable que a los indígenas les hayan entregado el control político de su municipalidad a cambio de sus servicios du­ rante el golpe de Estado. En cualquier caso, un indígena llamado Nicolás Lúe llegó a ser alcalde en diciembre de 1885. Diversos apellidos indí­ genas, como Lúe, Tepas, Lipe y Cumil, abundan en las listas de funcionarios municipales durante los próximos 18 años108. Un par de solicitudes de anulación de elecciones, en 1887 y 1894, sugieren que los indígenas estaban divididos en al me­ nos dos facciones políticas, porque ambas solicitudes fueron presentadas por indígenas que denunciaron a otros indíge­ nas109. La ausencia de material que permita corroborar estas teorías impide reconstruir estas redes rivales. No obstante, es evidente que los indígenas estaban al mando. Los ladinos mantuvieron un perfil bajo durante la prime­ ra década de dominio indígena, después de 1885. Pero en las elecciones de 1896 suspendieron su inactividad. La familia Brito estuvo a la cabeza y, en particular, Eduardo Brito, pa­ triarca de la familia, un ganadero emprendedor que de for­ ma eventual se hizo de dos fincas grandes en la región de Nahuizalco. Los Brito estaban aliados con otra familia ladi­ na, los Valdés, cuyo principal representante era Sebastián, dueño de la finca “Santa Teresa”. La familia Valdés también se convirtió en un clan de terratenientes destacados, dueños de cinco fincas en los alrededores de Nahuizalco110. 107. El asunto de los rebeldes vestidos con uniformes militares también ha sido extraído de la tesis doctoral de Lauria, “An Agrarian Republic”, pp. 514-9, así como de conversaciones con Lauria, quien describió el contenido de la evidencia con mayor detalle. El autor agradece a Aldo por compartir esta información. 108. Ver apéndice 3.2 en Ching, “From Clientelism to Militarism: The Sta­ te, Politics, and Authoritarianism in El Salvador, 1840-1940”, tesis doctoral, Universidad de California, Santa Barbara, 1997. 109. Junta de Elección, Nahuizalco, 1887, AGN, MG, SS, caja “Política 1890-1899,1900-1908”; Nulo, 1894, AGN, CN, caja No. 1. 110. Las propiedades de las familias Brito y Valdés se encuentran en Lista de agricultores principales, Nahuizalco, 8 de marzo de 1912, AGN, MG, SS, caja No. 3; y Directorio comercial, pp. 494-6.

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En las elecciones de 1896, esta alianza ladina solicitó al gobierno nacional la anulación del triunfo indígena en las elecciones. Un ciudadano de la localidad describió el conflicto en términos claros, aunque sus simpatías se inclinaban ha­ cia los indígenas: El domingo próximo pasado se practicaron en esta población las elecciones de autoridades locales en las que algunos cuantos la­ dinos se proponían elegir como alcalde a don Sebastián Valdéz; pero el pueblo o sean los indígenas no conmoviéndoles dicho Señor para que ejerciera las funciones de tal, eligieron Alcalde al indígena José María Tepaz, y todos los demás que compo­ nen estas autoridades. Con este motivo los interesados a la can­ didatura de Valdéz, están desagradados y han comenzado sus trabajos para nulificar dichas elecciones, contrariando con éste procedimiento la voluntad del pueblo. Yo, Señor, amigo como soy del orden y bien estar de los pueblos, le ruego altamente se digne ordenar a quien corresponde, hacer caso omiso a las pre­ tensiones de los opositores111.

Los ladinos fracasaron en su intento de encontrar aliados en el gobierno nacional, porque el presidente en ese momen­ to era el general Gutiérrez, quien había liderado a los indíge­ nas de Nahuizalco en 1885. Los ladinos también fracasaron en su segundo intento de tomarse el poder, en 1901; pero dos años más tarde tuvieron éxito en las elecciones de 1903. Ganaron porque se tomaron el puesto de votación, y la junta a cargo de la votación le asignó a Eduardo Brito el cargo de presidente del directorio. Otro miembro de la familia Valdés, Arcadio, fue electo alcalde. Es posible que los ladinos se hayan aliado con una facción indígena, porque los otros siete miembros del concejo municipal (Martín Hernández, Eulalio Guzmán, Ambrocio Pérez, Andrés Mauricio, Pedro Crúz, Eu­ lalio Tadeo y José Zacapa) tienen apellidos comunes entre los indígenas de la región. Desafortunadamente, ninguno de los nombres aparece en documentos que permitan corroborar su origen y rastrear las lealtades étnicas o políticas. Lo cierto es que ninguno de ellos pertenecía a familias ladinas cono­ cidas. Si este fue un ejemplo de alianza interétnica, parece 111.

Juan Aviles, Nahuizalco, al Ministro de Gobernación, 23 de diciembre de 1896, AGN, MG, 1896, caja No. 5.

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haber sido un caso aislado, porque en las elecciones siguien­ tes el enfrentamiento se perfiló en términos estrictamente étnicos. El resultado de la siguiente elección no se conoce, pero, en 1905, los ladinos ganaron de nuevo. Diversos miembros de las familias Valdés y Brito controlaron el directorio, y Sebastián Valdés fue electo alcalde112. Los resultados de las siguientes dieciocho elecciones no se conocen, pero parece que los in­ dígenas se agenciaron algunas victorias. Por ejemplo, un tes­ tigo de la localidad explicó que “En esta Villa, compuesta en su gran mayoría de indígenas, el Municipio ha estado casi siempre a cargo de éstos”113. Se sabe con seguridad que los indígenas ganaron una elección muy reñida en 1923. En esa fecha, los ladinos estaban liderados por Rodolfo Brito, heredero del imperio político de Eduardo, y Antonio Contreras, su sobri­ no. Los dos convencieron a los integrantes del puesto cercano de la Guardia Nacional que impidieran el acceso de los indí­ genas al puesto de votación, para asegurar que Contreras fuera electo alcalde114. Sin embargo, los indígenas lograron anular la victoria de Contreras. Después, las facciones de indígenas y ladinos se movieron en forma constante para obtener la mejor posición política y desplazar al contrario en el poder. Un documento con fecha de septiembre de 1926 revela que el alcalde era un indígena de nombre Pedro Rodríguez, pero una carta fechada cinco meses antes revela que Brito y Con­ treras se habían hecho del poder115. 112. Junta de Elección, Nahuizalco, 14 de diciembre de 1903, AGN, MG, SS, caja “Política, 1890-1899,1900-1908”. 113. Ministro de Gobernación al Gobernador de Sonsonate, 26 de abril de 1926, AGN, MG, 1926, caja No. 2. 114. Juan Avilés, Nahuizalco, al Ministro de Gobernación, 23 de diciembre de 1896, AGN, MG, 1896, caja No. 5; véase también Nulo, Nahuizalco, 14 de diciembre de 1923, AGN, CN, caja No. 5; y Lista de electos, De­ partamento de Sonsonate, Gobernador Departamental al Ministro de Gobernación, 13 de diciembre de 1923, AGN, MG, 1923, caja No. 4. 115. La referencia a Rodríguez se encuentra en una nota del Gobernador de Sonsonate al Ministro de Gobernación, 9 de septiembre de 1926, AGN, MG, 1926, caja No. 6. La carta es de los tres ladinos (Leónidas Durán, Manuel González y Alfredo Alvarado) y está transcrita en una nota del Ministro de Gobernación al Gobernador de Sonsonate, 26 de abril de 1926, AGN, MG, 1926, caja No.2. La carta dice que Antonio

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Cuando Pío Romero Bosque asumió la presidencia en 1927, los indígenas tuvieron la oportunidad de retomar el control del concejo municipal de una vez por todas. A partir de la insistencia de Romero de respetar los procedimientos democráticos, y en virtud de su abrumadora mayoría, los in­ dígenas debieron haber gozado de una gran ventaja. Efecti­ vamente, ganaron las elecciones de diciembre de 1927, pero la camarilla de Brito exigió su anulación porque el indígena vencedor, Pedro Mendoza, era analfabeta y, por lo tanto, no estaba calificado para ocupar un cargo público. El gobierno de Romero investigó y falló a favor de Brito, a pesar de los consejos del comandante del departamento de Sonsonate, en el sentido de que “le conviene tener contentos a más de cuatro mil indios y no a cuatro ladinos —que la Alcaldía les ha servido para estafarle a esa pobre gente— cuando he nece­ sitado gente en este cuartel jamás se ha presentado ninguno de esos ladinos que toda la vida han sido los trastornadores del orden público en aquella población”116. N

Salida a Chalchuapa. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

Contreras ha sido nombrado alcalde y Rodolfo Brito, juez de paz, y agrega el siguiente comentario acerca de Brito: “comete tantas vena­ lidades y abusos que es para los pobres, indígenas, una pesadilla”. La carta también expone que Contreras y Brito se las arreglaban para que solo sus amigos y familiares fueran nombrados al cuerpo de policía. 116. Nulo, diciembre de 1927, Nahuizalco, AGN, CN, caja No. 5.

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Durante los siguientes cuatro años, Nahuizalco se con­ virtió en un hervidero de conflicto político. El grupo en el po­ der era acosado en forma constante por las denuncias y de­ mandas de anulación del otro117. Una de las solicitudes pre­ sentada por Brito acusaba a Pedro Mendoza, para entonces miembro del concejo municipal —no obstante su supuesto analfabetismo—, de embriaguez, otra acusación que lo po­ dría descalificar para ocupar un cargo público. Mendoza res­ pondió que la acusación de Brito era producto de su rencor por haber perdido las últimas elecciones118. El gobierno falló en contra de Mendoza. Las esperanzas que despertaron las reformas de Romero chocaron contra la realidad de las relaciones de poder en Nahuizalco. A excepción de un solo caso en 1929, los indí­ genas fracasaron en sus intentos de retomar el control del gobierno municipal, después de su éxito inicial en 1927. Los ladinos manejaban un poder en desproporción a su número, tenían acceso a recursos financieros considerables y contro­ laban la policía municipal. También tenían otros elementos a su favor. El gobierno de Romero, si bien era favorable a los ideales democráticos, se encontraba lejos de las comple­ jidades locales de Nahuizalco. Las autoridades del gobierno eran presas fáciles y quizá compartían las mismas actitudes estereotipadas sobre los indígenas que los ladinos de Nahui­ zalco esgrimían en sus denuncias. Es posible que semejantes influencias convencieran con facilidad a cualquiera de que Mendoza era un borracho, independientemente de que in­ giriera alcohol o no. El gobierno de Romero también se enfrentaba a un to­ rrente de solicitudes de anulación que recibía de todo el país. Los funcionarios del gobierno no tenían tiempo ni recursos para efectuar investigaciones adecuadas y, en situaciones críticas, les resultaba más fácil identificarse con el statu quo 117.

Por ejemplo, entre diciembre de 1929 y enero de 1932, se presentaron cinco solicitudes de anulación desde Nahuizalco. Las fechas correspon­ dientes son: diciembre de 1929, agosto de 1930, septiembre de 1930; diciembre de 1930; y enero de 1932. Véase AGN, CN, cajas No. 7 y 9. xi8. Solicitud de anulación de Pedro Mendoza en su capacidad de regidor, 9 de septiembre, 1930, Nahuizalco, AGN, CN, caja No. 7.

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que, en el caso de Nahuizalco, después de 1926, significó ali­ nearse con los ladinos. Hubo un caso excepcional, y es que el desconocimiento del gobierno obró a favor de los indígenas. En las elecciones de diciembre de 1929, los ladinos ganaron en un inicio, y en una irónica inversión de roles, los indíge­ nas acusaron de embriaguez al ganador, Rodolfo Brito, y exi­ gieron la anulación de las elecciones. El gobierno, a su vez, despachó al vicegobernador departamental, quien, recargado como estaba de trabajo, dejó de lado toda pretensión de des­ cubrir la condición real de Brito. Entonces, falló a favor de los indígenas simplemente porque “es el caso de resolver con­ forme a los dichos del mayor número”119. Esta extraña forma de democracia rara vez favorecía a los indígenas. Cuando se aproximaban las elecciones de enero de 1932, se les acababa la paciencia. Las elecciones municipales que se realizaron en enero de 1932 habían sido pospuestas desde su fecha original, en diciembre de 1931, debido a los acontecimientos políticos sus­ citados a nivel nacional, en especial el golpe de Estado que llevó al general Martínez al poder. El momento no era propi­ cio porque, en toda la región de occidente, las comunidades indígenas y campesinas se estaban movilizando para la in­ surrección, y el día de las elecciones casi coincidía con el día previsto para comenzar el levantamiento. La planilla de los ladinos estaba encabezada por Francisco Brito, mientras que Pablo Cruz estaba al frente de la planilla indígena. Cuando llegó la hora de votar, los ladinos tomaron el control del sitio de votación y permitieron que los indígenas entraran, pero asentaron sus votos a favor de Brito. Los indígenas exigieron anulación. Enviaron su primera solicitud al gobernador de Sonsonate, el 16 de enero. Los indígenas sabían que los pro­ cedimientos de anulación tomaban, por lo general, dos me­ ses, y que las decisiones rara vez llegaban antes de cuatro meses; pero ellos querían resultados inmediatos. Así que, cuatro días más tarde, el 20 de enero, enviaron otra carta a Sonsonate. Una tercera petición llegó al día siguiente. Decía que la inacción tendría graves consecuencias: “Ciertamente 119. Nulo, diciembre de 1929, Nahuizalco, AGN, CN, caja No. 7.

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por un olvido involuntario se invirtió fechas en ese memo­ rial, pero ello no es óbice para que el recurso se deniegue en cuanto que aún verbalmente puede tramitarse un curso de esta naturaleza cuanto que es un asunto de orden políti­ co social”120. No se recibió respuesta y, al día siguiente, Na­ huizalco fue tomado por campesinos armados. Existe evidencia de que los indígenas de Izalco también estaban activos en el proceso político de la región. Después de las elecciones de diciembre de 1929, Feliciano Ama envió al gobierno una solicitud de anulación en la que acusaba a los candidatos ladinos, recientemente victoriosos, de irregu­ laridades electorales. Sin embargo, el gobierno rechazó la solicitud121. La evidencia de Nahuizalco es incompleta, pero muy sugerente. Si bien es cierto que no identifica a los insurgentes ni los detalles de la rebelión, sí revela una larga historia de conflicto político intenso entre indígenas y ladinos que cul­ minó en enero de 1932. La impaciencia indudable de los indíge­ nas ante su última solicitud de anulación confirma la rapidez con la cual se estaban desenvolviendo los acontecimientos. Esta evidencia, combinada con nuestros conocimientos pre­ vios acerca de la contracción económica y la reducción de sa­ larios producto de la Gran Depresión, ofrece explicaciones convincentes de las causas tanto inmediatas como de largo plazo de la rebelión. La evidencia revela, al menos, la mo­ vilización autónoma de los indígenas y su capacidad para identificar objetivos políticos y luchar por ellos de manera in­ cansable. Un extraño que se propusiera establecer vínculos con la comunidad indígena de Nahuizalco necesitaría un conoci­ miento detallado y matizado de la estructura y el funciona­ miento de la sociedad indígena, así como de su historia de actividad política. Por todo lo que se sabe, esto era precisa­ mente lo que le faltaba a la FRTS, el PCS y el SRL

120. Nulo, enero de 1932, Nahuizalco, AGN, CN, caja No. 9. 121. Nulo, diciembre de 1929, Izalco, AGN, CN, caja No. 7.

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Conclusión La rebelión de 1932 en El Salvador muestra semejanzas con la historia del levantamiento indígena en Estados Unidos, la del pueblo algonquiano contra los británicos, en el valle del río Ohio, en 1763. Los investigadores trataron de identificar a un líder, alguien a quien asignarle el papel de agent provocateur y símbolo de todas las aspiraciones de los rebel­ des. Se fijaron en la figura de un indígena llamado Pontiac. Las investigaciones más recientes sugieren que el tradicio­ nal énfasis en la figura de Pontiac ignora la complejidad del acontecimiento. El levantamiento no fue una sola rebelión, inspirada desde un centro y dirigida por una sola persona, sino “un conjunto de rebeliones separadas y débilmente vin­ culadas” de pueblos dispares a todo lo largo del río Ohio. Las semejanzas con la rebelión de 1932 son evidentes, en el sentido de que los análisis se han centrado en un individuo, Martí, o en alguna organización, como el PCS o el SRI122. El desenlace precipitado de los acontecimientos en El Sal­ vador, en enero de 1932, obligó a muchas personas a tomar de­ cisiones difíciles y potencialmente mortales. Los miembros del PCS tuvieron que determinar qué era lo más conveniente para su organización y decidir si ellos, como individuos, estaban dispuestos a convertir su retórica en praxis, en especial por una causa que muchos pensaban que estaba condenada al fracaso. No obstante la fortaleza personal que se requirió para unirse a la rebelión, los miembros del PCS fueron actores periféricos. Al cabo de seis meses previos de actividad organizativa poco sistemática en el agro occidental, no habían logrado estable­ cer sino pocos vínculos duraderos con los campesinos. La rebelión fue ideada y organizada, más bien, por habitantes del occidente y, a pesar de la evidencia limitada, parece que una de las fuerzas principales que la impulsó fue el conflicto de origen étnico, en torno al gobierno municipal. Una de las ra­ zones principales del poco éxito organizativo del PCS en occi­ dente, fue la contradicción entre su ideología y la realidad so­ 122. Richard White, Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Región, 1650-1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1995]). P- 271-

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cial de las zonas rurales. El partido rechazó la pequeña propie­ dad e ignoró a los indígenas, en tanto que las masas del agro occidental eran campesinos indígenas principalmente. Cuando se compara con otros movimientos comunistas de comienzos del siglo XX, en Mesoamérica, el fracaso del PCS en establecer vínculos duraderos con las zonas rurales no fue una constante. En México, por ejemplo, el PCM trabajó afanosa­ mente en la región de La Laguna, a mediados de la década de 1930 >y forjó, de acuerdo con el historiador Barry Carr, una alianza “obrero-campesina”123. Cuba, por su parte, ofrece un ejemplo contrario. El Partido Comunista Cubano (PCC) tuvo una presencia dispareja en las regiones azucareras del cen­ tro y oriente del país. Esto se evidenció con claridad durante la movilización intempestiva de mediados de 1933, cuando los obreros del azúcar se tomaron varias decenas de ingenios y haciendas azucareras. Los activistas y las consignas del co­ munismo estuvieron presentes durante las ocupaciones, y los dirigentes locales a menudo superaron a los cuadros del par­ tido en la conducción de los acontecimientos124. Otro ejem­ plo contrastante es Costa Rica, donde el partido comunista (PC de CR) jugó un papel central en la organización de los trabajadores de las bananeras de la Costa Atlántica, durante la huelga en contra de la United Fruit Company, en 1934. A pesar de la movilización exitosa de miles de trabajadores, el partido no pudo unir a los obreros mestizos y afrocaribeños bajo la bandera de una causa común125. 123. Carr, Marxism, capítulo 3. 124. Barry Carr, “Mili Occupation and Soviets: The Mobilization of Sugar Workers in Cuba, 1917-1933”, Journal o f Latín American Studies 28 (1996), pp. 129-58; “Identity, Class and Nation: Black Immigrant Wor­ kers, Cuban Communism and the Sugar Industry, 1925-1934”, Hís­ pame American Histórical Review 78:1 (1998); y “From Caribbean Backwater to Revolutionary Opportunity: Cuba’s Evolving Relationship with the Comintern, 1925-1934”, en Tim Rees (Ed.), International Communism and the Communist International (Manchester: MVP, 1998). 125. Philippe Bourgois, Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989); y Aviva Chomsky, West Indian Workers and the United Fruit Company in Costa Rica, 1870-1940 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1996), capítulo 9.

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Estos ejemplos destacan los resultados diversos de los es­ fuerzos organizativos de los comunistas, a comienzos de la década de 1930. Un cortador de café, en el occidente sal­ vadoreño; un obrero de los algodonales, de La Laguna; un cortador de caña, en Cuba oriental; y un obrero de las bana­ neras, en la Costa Atlántica de Costa Rica tenían más en común entre ellos mismos que con un obrero industrial de Nueva York o Manchester. Al parecer, sus diferencias determinaron las formas particulares en que percibieron su condición so­ cial y los méritos del partido comunista local. Los historia­ dores de los movimientos obreros le están prestando más atención a las variables locales, como comunidad y etnia, y se están centrando en los aspectos culturales, más que insti­ tucionales, en las vidas y las movilizaciones de los pueblos. El caso de la rebelión de 1932, en El Salvador, sugiere que esas líneas de investigación no son solo correctas, sino indis­ pensables.

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II Indígenas, militares y la rebelión de 1932 en El Salvador Erik Ching / Virginia Tilley Universidad de Furman / África del Sur

Introducción Desde hace varias décadas, se entiende que ninguna “cues­ tión indígena” ha tenido incidencia en la sociedad o la polí­ tica de El Salvador. En este sentido, El Salvador no deja de ser un país inusual en la región centroamericana, donde otros tienen que entenderse, en diversas medidas, con poblaciones indígenas y su lucha reivindicativa. El caso mejor conocido en la región es, por supuesto, Guatemala, donde el movimien­ to maya ha ganado un protagonismo en la reconstrucción del país, después de la guerra civil. De manera destacada en Ni­ caragua, y en menor grado en Panamá, las poblaciones indí­ genas hasta hace poco ganaron autonomía política dentro de territorios ahora formalmente delimitados y reconocidos por el Estado. Hasta en Costa Rica y Honduras, diversas pobla­ ciones indígenas más pequeñas y por mucho tiempo olvida­ das se han organizado, y ahora son reconocidas por los go­ biernos. Pero en El Salvador, la “cuestión indígena” no se ha esclarecido, debido a que la ciudadanía salvadoreña —al igual que los extranjeros, incluyendo la mayoría de académicos—

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han supuesto que ya no existe ningún pueblo indígena en el país1. Un conjunto de ideas contribuyen a crear esta impresión, y entre estas sobresalen dos características emblemáticas de la identidad étnica indígena: el vestido “típico” de los indíge­ nas y el idioma. Ambos han sido abandonados casi por com­ pleto en El Salvador y en una región dominada conceptual­ mente por la colorida presencia maya, la ausencia de estas ca­ racterísticas resulta muy importante para los investigadores no indígenas. No obstante, el planteamiento general de que no quedan vestigios indígenas en el país puede rastrearse, de manera más específica, a partir de la percepción muy difun­ dida en torno a un acontecimiento determinante en la histo­ ria del país: la matanza de 1932. La matanza la describen, la mayoría de salvadoreños y casi todas las historias del país, como un ataque a los pueblos in­ dígenas, hasta el punto de haberse convertido en un etnocidio intencional, o como un intento de eliminar a los indíge­ nas de la población. Muchos sostienen todavía que el gobi­ erno militar, encabezado por el nuevo presidente, el general Martínez, prohibió la vestimenta y el lenguaje de los indíge­ nas. Pero si no se prohibió por completo, se consideró que la identidad indígena habría sido atacada mediante el terror. Tal como lo planteó Thomas Anderson en su trabajo pionero sobre 1932, publicado por vez primera en 1971, “todos aquellos que tenían fuertes rasgos de raza indígena... eran culpables”2.

1.

2.

La idea de la “cuestión indígena” o “problema indígena” se ha analizado desde la perspectiva de una formulación propia de la construcción del Estado liberal, entre otros, Edgar Barillas, El problema del indio du­ rante la época liberal (Guatemala: Universidad de San Carlos, 1997). Se usa el término con cierta prudencia para subrayar cómo los acadé­ micos, y quienes formulan políticas, contribuyen al debate sobre temas étnicos cuando analizan temas indígenas, a través del lente de conside­ raciones específicas de política de Estado. Lo inapropiado de semejan­ tes enfoques, en tanto son incapaces de comprender la complejidad de los discursos étnicos, se ha puesto de manifiesto ante el estallido ines­ perado de conflictos en regiones como Chiapas. Thomas Anderson, El Salvador 1932: Los sucesos políticos (San Salva­ dor: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2001), p. 247.

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Aquellos que transitaban por los caminos vestidos a la usan­ za “indígena” supuestamente eran fusilados de inmediato, y en algunos lugares a los campesinos indígenas los reunían y ametrallaban por centenares. Después del asesinato de miles de muertos en cuestión de semanas, los indígenas, según se dice, abandonaron su identidad étnica, incluidos su lenguaje y su vestimenta tradicional, para poder sobrevivir. Mucha gente salvadoreña acepta que pocos individuos, en su mayoría ancianos, viven todavía como indígenas en los pueblos occidentales de Izalco y Nahuizalco, y en el pueblo de Panchimalco, al sur. Asimismo consideran que los “antiguos indígenas” restantes fueron asimilados por un campesinado étnicamente indiferenciado. La mayoría de investigadores han aceptado la impresión difundida de una nación “carente de indígenas”, y han externado una u otra variante del co­ mentario sucinto de Michael McClintock de que “la masacre [de 1932] marcó el fin de la cultura indígena en El Salva­ dor”3. El que esta idea haya recibido amplia aceptación, al menos en las interpretaciones estadounidenses de la historia salvadoreña, se evidencia en la descripción proporcionada por John Charles Chaspeen, en su muy leído texto de histo­ ria latinoamericana, Born in Blood and Fire: La mayoría de las víctimas —más de diez mil— eran indígenas. Ser “indio” se tornó en algo tan peligroso en la década de 1930 que los indígenas salvadoreños se despidieron gradualmente de su identidad étnica. Escondieron su vestimenta tradicional, hablaban solamente castellano y trataron de pasar desapercibi­ dos. Buena parte de su cultura se perdió para siempre4.

Como resultado, se considera que El Salvador es, hoy en día, un país mestizo, una mezcla de sangre europea e indígena —de hecho, “el país más mestizo de Latinoamérica”5— . De allí la creencia hegemónica, dentro de la tradición oral popular 3. 4. 5.

Michael McClintock, The American Connection, Volume 1: State Terror and Popular Resistance in El Salvador (Londres: Zed Books, 1985), p. 112. John Charles Chasteen, Born in Blood and Fire: A Concise History o f Latín America (Nueva York: W.W. Norton, 2001), p. 238. Los orígenes de esta afirmación no se han determinado, pero datan de, al menos, 1956, cuando Barón Castro la repitió en una conferencia en Madrid. Véase Estudio juridico-penal y penitenciario del indio: tra-

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como también del mundo académico, de que ya no existen más indígenas en el país. En este ensayo se muestran los hallazgos de dos estudios sobre la historia y etnohistoria salvadoreña, que cuestionan algunos postulados básicos de la matanza de 1932: que fue activada por una insurrección dirigida por comunistas, que constituyó un genocidio o etnogenocidio deliberado por par­ te del ejército; y que resultó en la desaparición generalizada de la etnia indígena6. Debe quedar claro que ninguno de los estudios se propuso originalmente verificar dichos postula­ dos, sino que buscó esclarecer sus detalles. El primer estudio consistió en una investigación de la etnopolítica y la etnohis­ toria de El Salvador, en aras de una explicación de las am­ bigüedades de la identidad indígena en la década de 1990, basado, en parte, en un análisis más meticuloso de la debaele étnica de 1932. El segundo estudio analizó la política y el poder social en El Salvador, de manera específica la evolu­ ción del régimen militar encabezado por el general Martínez (1931-1944). Ambos estudios han reunido nueva evidencia que contradice la premisa de un etnocidio rápido y total en 1932; más bien sugieren que la versión predominante es producto, por un lado, de formulaciones de períodos poste­ riores, y que la etnohistoria del país debe ser replanteada. El capítulo se divide en tres secciones. La primera pro­ porciona evidencia obtenida de los registros de nacimientos, que indican que los indígenas sobrevivieron la matanza de 1932 en número similar, o incluso superior, al de la época anterior a 1932. Las dos secciones siguientes sugieren que esta supervivencia fue facilitada por el gobierno militar. La

6.

bajos preparatorios, ponencias, debates y acuerdos del II Congreso Penal y Penitenciario Hispano, Luso-Americano y Filipino (Madrid: Cultura Hispánica, 1956). Erik Ching, “From Clientelism to Militarism: The State, Politics and Authoritarianism in El Salvador, 1840-1940”, tesis doctoral, Universidad de California, Santa Bárbara, 1997; y Virginia Tilley, Seeing Indians: A Study o f Race, Nation and Power in El Salvador (Albuquerque: University of New México Press, 2005). El libro de Tilley es una versión revisada de su tesis doctoral: “Indigenous People and the State: Ethnic Meta-Conflict”, University of Wisconsin, 1997.

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segunda sección desmenuza el enfoque ideológico del régi­ men militar y demuestra que sus dirigentes creían que los campesinos (y, por extensión, los indígenas) tenían derecho a un espacio, si bien subordinado, en la sociedad salvadore­ ña. Al investigar la ideología y el discurso público de los mili­ tares, se pone en evidencia la posibilidad de que los voceros militares utilizaran un lenguaje amañado para encubrir las acciones violentas de su institución. Los dirigentes milita­ res reconocieron abiertamente sus acciones, y se refirieron a ellas como “desafortunadas”, pero “necesarias”, y después hicieron llamados para que se promulgaran políticas que evitaran semejantes campañas, por innecesarias, en el fu­ turo. La sección última detalla las políticas concretas del régimen militar, en especial su papel de vigilancia y castigo frente a los ladinos locales, quienes se mostraban ávidos de vengarse de los rebeldes. También se describe cómo los indí­ genas, tanto a nivel individual como comunitario, apelaron a los militares para que los defendieran de los ladinos que amenazaban sus intereses. En resumen, los hallazgos que se presentan en este en­ sayo demuestran que la versión convencional de los acontec­ imientos de 1932, al menos en aquellos aspectos que se refi­ eren al fin de la identidad indígena, tiene muchas cualidades propias de una leyenda. Todavía quedan muchas preguntas sin contestar, en particular el por qué la presunción de un etnocidio deliberado adquirió tanta fuerza en las décadas siguientes —aunque estas deberán esperar el resultado de futuras investigaciones7—. Este escrito está pensado como el 7.

El estudio de Jeffrey Gould sobre el proceso de mestizaje en Nicaragua proporciona un punto de partida valioso para enmarcar preguntas si­ milares en el caso de El Salvador: To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth o f Mestizaje, 1880-1965 (Durham: Duke University Press, 1998); y El mito de “la Nicargua mestiza” y la resistencia indígena, 1880-1980 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997). Las investigaciones recientes de Gould sobre El Salvador, específicamente so­ bre 1932, se centran en el tema del mestizaje. Jeff Gould y Aldo Lauria, “They Cali us Thieves and Steal Our Wage”, Hispanic American Historical Review 84:2 (mayo de 2004), pp. 191-237; y Jeff Gould, “Revolutionary National and Local Memories in El Salvador”, en Gil Joseph (Ed.), Reclaiming the Political in Latín American History: The View from the North (Durham: Duke University Press, 2001), pp. 138-171.

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primer paso hacia una comprensión más sólida sobre cómo se ha manifestado la identidad étnica, durante el siglo XX, en El Salvador.

El dilema de la identidad indígena salvadoreña: la medición del e tn o c id io Hoy en día, para la mayoría de estudiosos, la sociedad mo­ derna salvadoreña refleja un perfil uniformemente mestizo. Desde la perspectiva ladina popular, la casi total ausencia de vestimenta colorida significa la ausencia de cualquier presen­ cia “indígena”, y las lenguas indígenas del país (náhuatl, cacaopera y potón) parecen haber desaparecido. En su expre­ sión como comunidades corporativas, se presume que los indígenas perdieron su cohesión política interna cuando el Estado eliminó sus tierras comunales y su estatus jurídico, en la década de 1880. La leyenda de 1932 explica, para satis­ facción de todos, su desaparición definitiva (aparente): una insurrección popular que solo fue posible gracias a la coor­ dinación de los comunistas; un genocidio o etnocidio por parte del ejército; el abandono precipitado de símbolos y prácticas étnicas; y, finalmente, la asimilación completa.

Cuartel de Artillería de Santa Ana. AGN, colección Egyptian Tobacco Co., 1927.

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Sin embargo, ciertas inconsistencias, además de diversos acontecimientos políticos recientes, sugieren que la creencia en boga de una nación sin indígenas no deja de ser problemá­ tica. A nivel nacional, un movimiento indígena (todavía aso­ ciado principalmente con el cacique autoproclamado, Adrián Esquino Lizco, para enfado de sus muchos rivales) ganó adep­ tos y reconocimiento internacional en las décadas de 1980 y 1990, denominado Asociación Nacional de Indígenas Sal­ vadoreños (ANIS). Es más, otros movimientos similares han surgido en todo el país. En el suroeste del país, la identidad comunal náhuatl se está expresando, en parte, a través de cofradías, artesanías y un sentimiento generalizado de “ser indígena”. En el noreste, los lenca también mantienen sus cofradías y algunos han iniciado un movimiento para reacti­ var su religión y sus sistemas de gobierno propio8. En el oc­ cidente, y en especial en aquellas comunidades que estuvie­ ron en el centro del levantamiento de 1932, las demandas de los indígenas para que se les reconozca han surgido, en parte, por la apropiación de la memoria de la matanza como un asunto étnico. Estas incluyen la Fundación Ama (FAMA), en Izalco, y la Asociación Nahuizalqueña para el Rescate de la Cultura Indígena (ANARSIS)9. Estos movimientos, en su mayoría, carecen de reconocimiento como “indígenas” desde la sociedad ladina, condicionada como está para compren­ der que el país no tiene indígenas (así como lo está para comprender lo que significa “ser indígena” por el ejemplo de los mayas, en la vecina Guatemala). Hasta las más notables etnografías, tales como el conocido estudio de 1959 de la comunidad indígena de Panchimalco, del antropólogo sal­ vadoreño Alejandro Marroquín, se consideran excepciones y, por lo tanto, no han tenido mayor impacto en el conjunto de ideas sobre la desaparición de la etnia indígena. Aun así, 8.

9.

Una perspectiva desde el interior de esta comunidad se encuentra en Miguel Ángel Amaya Amaya, Historias de Cacaopera (San Salvador: Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones, 1985). Un extenso artículo sobre ANARSIS y la memoria de 1932 aparece en el Diario CoLatino, “Suplemento Cultural Tres Mil”, 29 de enero de 2005. Una versión digital puede verse en www.diariolatino.com/tresmil/3000-785.pdf

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lo indígena no puede borrarse. Los indígenas salvadoreños, como han comentado algunos, son una presencia invisible o fantasmagórica en el país: cautelosos en su presencia pública como comunidad étnica, oficialmente inexistentes, pero to­ davía reconocidos como tales por sus vecinos, por los gobier­ nos municipales y, aún más importante, por ellos mismos10. Esta ambigüedad moderna de una población indígena “fan­ tasmagórica” no calza de manera cómoda con la leyenda del etnocidio de 1932. La versión es vaga en cuanto a la velocidad o la naturaleza del etnocidio, y solo sugiere que los pueblos indígenas abandonaron su vestimenta y lenguaje de manera abrupta, durante la matanza misma o en las semanas o me­ ses inmediatamente posteriores. Todas las fuentes oculares de la violencia, en sus primeros momentos, describieron ase­ sinatos a mansalva en muchos lugares del campo y el fusila­ miento, a primera vista, de campesinos indígenas. Pero ningún autor hace referencia a la prohibición explícita del uso de vestimenta indígena o de expresiones de identidad étnica en general, y no se ha encontrado evidencia documental de se­ mejante orden o política. Tampoco se ha descrito, en términos etnográficos, cualquier proceso de asimilación precipitada por parte de los mismos indígenas. Más bien, un tratado la­ dino de 1934 sobre la etnia indígena consideraba que las co­ munidades indígenas de la costa occidental se encontraban tan lejos de desaparecer, que se requería un programa oficial

10. Pueden verse, especialmente, Alejandro Marroquín, “El problema indí­ gena en El Salvador”, America Indígena, Vol. 35, No. 4 (octubre-di­ ciembre de 1975); y el excelente estudio de Mac Chapín, La población indí­ gena de El Salvador (San Salvador: Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones, 1990). El estudio antropológico más completo de Marroquín sobre Panchimalco se encuentra en su obra clásica Panchimalco: investigación sociológica (San Salvador: Editorial Universitaria, 1959) y Exploración etnográfica: departamento de Sonsonate (San Salvador: Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones, 1975), coordinada por la antropóloga salvadoreña Concepción Clara de Guevarra. Henrik Ronsbo, un antropólogo danés, llevó a cabo investigaciones sobre iden­ tidad indígena en un pueblo pequeño del occidente de El Salvador. Los autores agradecen a Henrik el haber compartido sus observaciones e información.

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deliberado de asimilación para tal fin11. Fue solo en las déca­ das posteriores que la crisis de 1932 adquirió importancia simbólica como fecha de quiebre étnico, después de las cua­ les el tema de “lo indígena” pasa a un plano de indiferencia y desaparece de toda consideración académica o etnopolítica. Los muy escasos esfuerzos por superar esa tendencia, tales como la obra monumental del historiador salvadoreño Ro­ dolfo Barón Castro, La población de El Salvador (1942), y los estudios culturales dirigidos por el antropólogo Richard Adams, a comienzos de la década de 1950, fueron posibles gracias a mucha creatividad o difíciles estudios de campo realizados con escasos recursos12. Todos los estudios de este tipo han sido limitados por la generalizada ausencia de datos demográficos oficiales. A diferencia de la vecina Guatemala, donde la población indígena ha sido incluida en cada censo desde el siglo XIX (aparte de todas las dificultades logísticas o controversias sobre definiciones que las caracterizan), el gobierno salvadoreño dejó de compilar estadísticas oficiales sobre “raza” después del censo de 1930. Aun ese censo, que es­ tima una población indígena del 5.6 por ciento, fue controversial; Adams lo encontró incomprensible y se manifestó de acuer­ do con Barón Castro de que la verdadera cifra era más cer­ 11. Adolfo Herrera Vega, El Indio occidental de El Salvador y su incor­ poración social por la escuela (Santa Ana: Tipografía Comercial de N. Cabezas Duarte, 1935). 12. Véase Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador: estudio acerca de su desenvolvimiento desde la época prehispánica hasta nuestros días (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institu­ to Gonzalo Fernández de Oviedo, 1942), pp. 526-7; y Richard Adams, Cultural Surveys ofPanam a, Nicaragua, Guatemala, El Salvador and Honduras (Detroit: B. Ethridge Books, 1976 [1957]). La historia de po­ blaciones aún más antiguas es analizada por William Fowler, “La distri­ bución prehistórica e histórica de los pipiles”, Mesoamérica, Vol. 4, No. 6 (1983), pp. 348-372. Adams (1957) estimó que de 400 OOO indíge­ nas, el 75 por ciento aproximadamente había sido “ladinizado” y había perdido tanto vestimenta como idioma. En 1975, Alejandro Marroquín calculó que solo el 1 por ciento todavía conservaba su vestimenta y cos­ tumbres indígenas en “pequeños núcleos humanos”; véase su escrito “El problema indígena”, p. 755. Hoy en día, los estimados de población indígena, efectuados por organizaciones no gubernamentales, por lo ge­ neral oscilan entre el 2 y el 12 por ciento, pero dichas cifras estimadas no están basadas en estudios de campo.

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cana al 20 por ciento. Sin embargo, independientemente de su validez, el censo de 1930 marcó el comienzo del silencio oficial en El Salvador sobre el tema de raza o etnia. Ningún censo o informe anual posterior se ha referido al tema13. Esa misma eliminación ha contribuido a afianzar la creencia genera­ lizada acerca de la inexistencia de la comunidad indígena después de 1932. De hecho, los investigadores ladinos han aceptado que la falta de datos constituye un indicativo de que no sobrevivió ninguna población de consideración. No obstante, sí existe una fuente de la cual pueden ex­ traerse algunas pistas acerca de la etnohistoria indígena: el registro civil. Este registro de nacimientos y muertes, que lo introdujo el gobierno central, en la década de 1860, y estu­ vo bajo la responsabilidad de las alcaldías municipales, por lo general contemplaba la inclusión de la identidad “racial” del individuo hasta bien avanzado el siglo XX. La constan­ cia con la cual algunas comunidades asentaban la identidad racial evidencia su importancia local, en especial porque la categoría de “raza” nunca fue contemplada por las leyes na­ cionales o el código civil salvadoreño. Las categorías racia­ les eran pocas, pero consistentes: en casi todos los casos, los vocablos empleados eran ladino e indígena o indio. Después de la década de 1930, el registro comenzó a utilizar con más frecuencia el término mestizo, aunque este alternó de forma inconsistente con los términos antiguos y no se adoptó en to­ das partes. En poco casos, el registro asentaba a las personas como blancas, mulatas o negras. Una redacción típica era “fulana-de-tal, nació hembra indígena, hija ilegítima de...” En algunos casos, la identidad racial se asociaba con los padres: “fulano-de-tal, nació hijo ilegítimo de [padre] y [madre], la­ dinos de esta jurisdicción...” Debido, en parte, a que no era información exigida por ley, la identidad étnica a veces se asentaba en forma errática, de acuerdo con las costumbres y los intereses de cada locali­ dad. Por regla general, el uso de la categoría “raza” llegó a su 13. Muchos salvadoreños y muchas salvadoreñas creen que la Constitución de 1950 eliminó por ley el vocablo raza de los registros municipales y oficiales, pero la Constitución no contiene semejante disposición.

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punto álgido en la década de 1920, luego comenzó a desapa­ recer con el paso del tiempo. Hacia 1950, solo un pequeñísi­ mo número de alcaldías todavía asentaban las identidades raciales de manera rutinaria; el último municipio que lo hizo fue Nahuizalco, que dejó de utilizar términos raciales en sep­ tiembre de ese año. Aunque no se convierten de manera directa en estadísticas de población y no deben aceptarse como evidencia positiva de tendencias demográficas14, las inscripciones “raciales” en los registros de nacimientos son valiosos para los estudios de 1932, porque reflejan un momento social y público: cuando el miem­ bro de la familia se acercaba al escritorio del registro civil de la alcaldía para inscribir el nacimiento, y se asentaba al niño o a la niña en un grupo racial u otro. La identidad racial previamente inscrita por los padres de la criatura (aunque estuviera dis­ ponible) no se confrontaba; no existía la rigurosidad propia del apartheid. Más bien, los funcionarios de la alcaldía se remitían, en apariencia, a la percepción y/o al conocimiento que tenían de las familias de la localidad como producto de su propia residencia en la comunidad. Los registros denotan, por lo tanto, las percepciones raciales del momento, que, dada ya la muy extensa mezcla genética de la población, tienen que haberse fundamentado en los códigos de comportamiento que nosotros ahora denominamos “etnia”. A pesar de sus inconsistencias y de las muchas variables que podrían haber generado variaciones locales en los regis­ 14. Para convertir los registros de nacimientos en datos étnicos de pobla­ ción, se requieren cuatro juegos de datos adicionales: (a) datos étnicos comparables de los registros de defunciones, que no han sido recopila­ dos todavia; (b) las tasas de inscripción, que para la población indígena a menudo eran bajas (aunque es posible que las tasas hayan aumentado después que se exigió la cédula de identidad, a mediados de la década de 1930); (c) las tasas de fecundidad, que quizá eran mayores para las poblaciones indígenas (en su mayoría rurales) que para las ladinas (en su mayoría urbanas); y (d) las tasas de mortalidad infantil (a menudo muy altas), en vista de que, hasta la fecha, los mortinatos no siempre los inscriben los salvadoreños de las zonas rurales. Ahora bien, en vista de que las condiciones locales variaban muchísimo, semejante estudio demográfico requeriría de una investigación local intensa, que no es posible con los recursos actuales.

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tros, estas inscripciones de nacimientos pueden proporcionar pistas sobre cómo la identidad étnica fue cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, después de 1932, las familias indígenas que decidieron “ladinizarse” deberían aparecer o presentarse como ladinos con mayor frecuencia. Por lo tanto, los registros reflejarían cualquier cambio súbito de las proporciones étnicas —un descenso en la proporción de indígenas y un aumento corres­ pondiente en la proporción de ladinos—, lo cual indicaría una decisión generalizada de la población indígena de asimilarse. Hasta hace poco, el acceso de los investigadores a los regis­ tros de nacimientos se vio obstaculizado por las tremendas dificultades logísticas para reunir los expedientes manuscri­ tos de las alcaldías individuales. Por fortuna, esos expedien­ tes fueron microfilmados por el Tribunal Supremo Electoral para efectos de las elecciones de 1994, donde ahora pueden ser estudiados con más facilidad. Al conjugarse con los datos del siglo XIX del Archivo Nacional, estos expedientes ofre­ cen un panorama de las tasas de nacimientos de carácter ét­ nico que develan, por vez primera, las tendencias étnicas de las décadas de 1930 y 1940. Para efectos de este estudio, primero se seleccionaron los nacimientos de cada cinco años, entre 1900 y 1950, de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, el centro del territorio de la matanza. Dos municipios, fuera del área de la matanza —Panchimalco (cuya fama como pueblo “indígena” le fue dado por el sociólogo Alejandro Marroquín) y el pueblo vecino al sur, Rosario de Mora—, fueron incluidos para efectos comparativos, como también el departamento de Morazán, núcleo de población lenca fuera también del territorio de la matanza15. Los resultados, que se presentan en la Tabla 1, son

15. Los nacimientos de indígenas se calcularon con base en el total de na­ cimientos étnicos asentados; por lo tanto, aquellos años con menos del 90 por ciento de nacimientos con identificadores étnicos se desestima­ ron por considerarse incompletos y para no sobreestimar el número de nacimientos indígenas. A veces se sustituyeron por años contiguos. Mediante el estudio de la caligrafía, es posible determinar que los diversos funcionarios a menudo asentaban la identidad étnica de manera preci­ sa, pero otros omitían la categoría étnica del todo.

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reveladores. No se observa ninguna caída brusca, ni siquiera leve, en el porcentaje de nacimientos indígenas después de 1932. Por el contrario, en Izalco y Nahuizalco, dos muni­ cipios en el departamento de Sonsonate con grandes pobla­ ciones indígenas y donde la matanza cobró el mayor número de víctimas, la tasa de nacimientos indígenas se mantuvo cons­ tante hasta que se suprimieron los términos raciales del re­ gistro civil en 1945 y 1950, respectivamente. Otros municipios del departamento muestran variaciones erráticas en vez de una declinación inconfundible. Cuando se totalizan todas las fluctuaciones, la tasa de nacimientos indí­ genas del departamento de Sonsonate, como un todo, tam­ bién se mantuvo constante en general: hasta experimenta un leve aumento —de 32.8 a 34.2 por ciento, entre 1930 y 1950, respectivamente—. Una consistencia similar se observa en el departamento de Ahuachapán. En la tasa de la cabecera departamental no se observa ninguna tendencia decrecien­ te hasta 1925, que fue el último año en que se registró la etnia. La tasa de nacimientos indígenas del departamento de Ahuachapán, en 1950, puede estimarse en un 47.9 por cien­ to —es decir, una tasa prácticamente estable (dada la tasa de fluctuaciones) relativa a la tasa del departamento de 46 por ciento, en 1930— . Es más, los registros de nacimientos revelan, de forma ines­ perada, tasas indígenas significativamente altas y muy difun­ didas en el sureste del país, incluyendo municipios que hoy en día no se consideran “indígenas” (al menos por extraños). En la segunda fase de este estudio, se tomaron muestras de nacimientos en los departamentos costeros contiguos, La Libertad y La Paz, y el sur de Cuscatlán, de los últimos años en que se anotó la etnia16. Esta muestra confirmó que, 16. Al igual que en la primera secuencia, los municipios con menos del 90 por ciento de nacimientos clasificados como indígenas se omitieron; por ende, las variaciones en los años estudiados. En algunos casos, se observan variaciones muy grandes, incluyendo Chiltiupán, Sacacoyo y Tamanique, en La Libertad, y Tapalhuaca y Cuyultitán, en La Paz. En­ tre las explicaciones de estas variaciones se citan: el tamaño pequeño de la muestra es un factor, pero las variaciones administrativas y el su­ bregistro son posibilidades importantes. Un artificio administrativo fue

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