La moralidad del aborto 9786070300745

Table of contents :
PORTADA
PRÓLOGO
1. CONSERVADORES, LIBERALES Y MODERADOS: UN MAPA DE POSICIONES
2. LA MORALIDAD DE LA LEY Y LA MORALIDAD DEL ABORTO
3. EL ABORTO, EL HOMICIDIO Y LA HIPOCRESÍA DE LA LEY
4. ¿ES LA ADOPCIÓN UNA SOLUCIÓN REAL AL PROBLEMA DEL ABORTO?
5. ABORTO, DIGNIDAD HUMANA Y DISCRIMINACIÓN
6. ABORTO: DOCE SEMANAS Y UN DÍA
7. EL ABORTO Y LAS PERSONAS POSIBLES
8. EL ABORTO, LA SUBJETIVIDAD DE LA MORALIDAD Y LA LEY
9. EL ABORTO Y EL DERECHO DEL HOMBRE A LA PATERNIDAD
10. EL ABORTO, LA BIBLIA Y LA IGLESIA
11. ESTADO LAICO, DERECHOS REPRODUCTIVOS Y DEMOCRACIA
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE

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filosofía

LA MORALIDAD DEL ABORTO por

Gustavo Ortiz Millán

MÉXICO ARGENTINA ESPAÑA

siglo xxi editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, MÉXICO, D.F.

siglo xxi editores, s.a. GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA

siglo xxi de españa editores, s.a. MENÉNDEZ PIDAL 3 BIS, 28036, MADRID, ESPAÑA

HQ767.15 O77 2009 Ortiz Millán, Gustavo La moralidad del aborto / por Gustavo Ortiz Millán. — México : Siglo XXI, 2009. 127 p. — (Filosofía) ISBN: 978-607-03-0074-5 1. Aborto — Aspectos morales y éticos, 2. Aborto — Aspectos sociales 3. Aborto — Leyes y legislación — México. I. t. II. Ser.

primera edición, 2009 © siglo xxi editores, s. a. de c. v. isbn 978-607-03-0074-5 derechos reservados conforme a ley impreso en impresora gráfica hernández capuchinas 378 col. evolución 57700, estado de méxico

A las mujeres de mi familia, de quienes tanto he aprendido, con mucho cariño.

PRÓLOGO

El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf) aprobó una serie de reformas al Código Penal del df que redefinían al aborto como la interrupción del embarazo después de la duodécima semana de gestación. Es decir, hasta las primeras doce semanas, la interrupción del embarazo es legal y no se considera jurídicamente un aborto, por lo tanto, no se penaliza. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, bajo el argumento de que una norma no puede “permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación”, la Procuraduría General de la República (pgr), que depende del Ejecutivo, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) en contra de estas reformas. Curiosamente, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), José Luis Soberanes —sin tomar en cuenta la opinión de su Consejo Consultivo—, presentó otro recurso de inconstitucionalidad en términos similares el mismo día. A pesar de la impugnación, desde su aprobación en la aldf, la ley que despenalizó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas se ha aplicado con muy buenos resultados en la ciudad de México. De abril de 2007 a agosto de 2008 se han realizado en la ciudad alrededor de 12 679 interrupciones legales del embarazo, éstas se han practicado en óptimas condiciones de seguridad en catorce hospitales del gobierno capitalino y una clínica. El 85% de las mujeres que se practican un aborto reciben pastillas vía oral para embarazos de menos de 63 días, mientras que el resto se realiza con procesos como la aspiración manual o eléctrica endouterina, lo que reduce de manera significativa los riesgos para la salud y la vida de la mujer. Me[9]

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nos del 3% de las interrupciones del embarazo se han llevado a cabo por medio del procedimiento quirúrgico del legrado.1 En todo este tiempo se reportó sólo un deceso por un caso de interrupción de embarazo de más de doce semanas que no debió haberse realizado por las condiciones de salud de la mujer; el médico involucrado fue suspendido por no seguir el protocolo de atención médica. Sin embargo, de no haberse despenalizado el aborto, el número de decesos muy probablemente habría sido mayor. Uno de los efectos positivos de la despenalización es que ahora se tiene información confiable y precisa acerca de quienes se practican abortos. También sabemos que, en el mismo periodo mencionado, de 26 mil mujeres que han solicitado información en instituciones de salud del df, menos de la mitad (12 679) decidieron interrumpir su embarazo en los servicios públicos. No se sabe cuál fue la decisión final de estas mujeres: si se reconciliaron con el embarazo, abortaron o continuaron con el mismo para luego dar al niño en adopción. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud del df, sólo un 3% se ha reconciliado con el embarazo. Muy probablemente muchas de las mujeres que solicitaron información habrían recurrido a un aborto clandestino e inseguro de no haber recibido la orientación y consejería que ha posibilitado la despenalización. Si esto es cierto, entonces, contra lo que dicen sus impugnadores, la despenalización protege la salud y salva las vidas de las mujeres que habrían recurrido a abortos clandestinos e inseguros, arriesgando su salud y su vida. El recurso de inconstitucionalidad fue finalmente rechazado por la scjn más de un año después de aprobada la ley, el 28 de agosto de 2008. Fue así como ocho de once ministros votaron en contra del proyecto del ministro Sergio Aguirre Anguiano, 1   Estos son datos proporcionados por el secretario de Salud del df, Armando Ahued Ortega. Cf. Ana Paola Lara, “Prevalecen abortos seguros”, Excélsior, 27 de septiembre de 2008, p. 3 Comunidad; Bertha Teresa Ramírez, “Ahued: que no haya más abortos en la ciudad, meta de Salud local”, La Jornada, 29 de septiembre de 2008.

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quien proponía declarar inconstitucional la despenalización en el df y así volver al orden jurídico anterior, en el que se penalizaba con cárcel a las mujeres que recurrían al aborto (aun cuando de hecho este castigo no se aplicaba). La decisión de la Corte fue histórica en varios sentidos: i] por primera vez se reconoce claramente el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo; según palabras del ministro Sergio Valls pronunciadas en la sesión del pleno: los preceptos constitucionales… no pueden sino entenderse como una protección especial a la mujer que comprende su derecho a la igualdad y la no discriminación y su dignidad humana; como también sus derechos de libre desarrollo personal, así como sus derechos sexuales y de reproducción, de decidir libremente el número de hijos que desee, o no tener hijos y su espaciamiento; además, del derecho a recibir la información para ello, y los servicios de salud necesarios para que el embarazo y el parto no conlleven riesgos para ella; la libertad reproductiva vinculada estrechamente con el derecho a la salud, debe ser protegida por el Estado, a través de medidas que asistan a la mujer que desee procrear, o en su caso, al disponer de medios y servicios que eviten el riesgo que implica un aborto clandestino.2

ii] En segundo lugar, se afirma que el derecho a la vida no es un derecho absoluto o un “superderecho”, que todos los derechos que reconoce la Constitución mexicana están al mismo nivel y que, cuando entran en conflicto, es tarea del legislador hacer un ejercicio de ponderación; iii] se afirma también la libertad que tienen los congresos locales para decidir sobre cuestiones de normas optativas para el legislador. Las consecuencias de esto son muy importantes porque de ser una legislación local para el df, la Corte facilitó el camino para que el resto de los congresos estatales en México reformen sus códigos penales y despenalicen el aborto del mismo   Esta cita proviene de la versión estenográfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la scjn, del día 27 de agosto de 2008. Cf. . 2

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modo que se ha hecho en la capital del país.3 Lo que ha sido visto por muchos como el triunfo del movimiento por la reivindicación de los derechos reproductivos de la mujer no es sino la victoria en la primera batalla de una lucha a largo plazo por el reconocimiento de los derechos de la mujer que se empieza a librar en México. El presente libro pretende aportar un grano de arena en el debate público sobre el aborto, un debate del que sin duda seremos testigos en los próximos años en todo el país. El texto parte de un punto de vista filosófico, aunque los artículos que lo conforman fueron escritos pensando en un público no filosófico. No se tratan aquí cuestiones jurídicas, sociales, psicológicas, médicas o de salud, más que en casos excepcionales y cuando me han parecido relevantes para el debate y análisis de los argumentos. La filosofía puede aportar un punto de vista diferente a la cuestión del aborto. Una de nuestras herramientas básicas es el análisis argumental y conceptual. Aquí analizo muchos de los argumentos que oímos cotidianamente acerca del aborto. Los argumentos más socorridos en el debate público, tanto del lado conservador como del liberal, tienen problemas y la gente los utiliza sin darse cuenta de las consecuencias que conllevan o de los compromisos que adquieren al esgrimirlos. Mi labor ha consistido en analizar los problemas de estos argumentos, tratar de sacar a la luz las consecuencias que tienen y mostrar los compromisos que implican. De entre todas las disciplinas, la filosofía es la más apta para desarrollar una labor de análisis argumental. Tal vez es ésta una de las mayores contribuciones que los practicantes de dicha disciplina podemos hacer a la vida pública de una sociedad. 3   Me parece que las razones de la scjn posibilitan una mayor libertad para los congresos locales en distintas materias, pero dada la justificación que dio la Corte, esta argumentación se puede aplicar también al caso de la eutanasia activa. Dado el reconocimiento de que el derecho a la vida no se puede manejar como un derecho absoluto, éste puede entrar en colisión con el derecho a una muerte digna. Si eso se combina con la mayor libertad que tienen los congresos locales, la puerta está abierta para legislar sobre la eutanasia activa. Sobre la eutanasia pasiva (u “ortotanasia”) ya legisló la aldf en 2007.

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He tratado de analizar argumentos, pero también de defender una posición propia. Es difícil situarse en una postura neutral con respecto a asuntos tan controvertidos como el aborto. Yo también soy un participante más en el debate y he querido defender lo que llamo una posición liberal-moderada, que básicamente argumenta a favor de una despenalización parcial del aborto, es decir, hasta las doce semanas de la gestación, tal como la que despenalizó la aldf. El primer capítulo del libro consiste en un mapa de posiciones que explican mi uso de términos como “liberal”, “conservador” y “moderado”. El libro se basa, en buena medida, en mi experiencia sobre el proceso de despenalización del aborto en el df, y muchos de los ejemplos y las cifras provienen de este contexto, pero al mismo tiempo trato de ir más allá de este debate particular. Creo que los argumentos que presento pueden servir para contextos similares en los que se debata la despenalización del aborto. Pienso específicamente en los debates de los congresos estatales en México, donde ya se libra una batalla tras la decisión de la Corte (los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora han aprobado leyes antiaborto induciendo modificaciones a las constituciones estatales para que incluyan la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción). Espero que este libro no sólo sirva para el caso de México, sino también para otros países de América Latina y del Caribe, donde (con excepción de Cuba, Barbados y Guyana, en los que el aborto está despenalizado) el aborto es ilegal y las leyes que lo penalizan suelen ser muy restrictivas. Los movimientos por la despenalización del aborto están cobrando fuerza en toda América Latina, y es lamentable que, en un momento en que partidos de izquierda gobiernan nuestros países, estos gobiernos, supuestamente progresistas, no sólo no promuevan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino que se opongan a él. (El caso reciente del veto del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a la ley que despenalizaba el aborto en ese país, ya aprobada por el Congreso en noviembre de 2008,

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echa por tierra las esperanzas de miles de mujeres que ven escatimado el reconocimiento de sus derechos por la monolítica posición antiabortista de casi todos los gobiernos de América Latina. En Uruguay se estima que anualmente se realizan 33 mil abortos en condiciones clandestinas, lo que resulta en la primera causa de muerte materna en el país. Es todavía más lamentable el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, quien se ha manifestado en varias ocasiones en contra del aborto. En dicho país se estima que se realizan más de medio millón de abortos ilegales por año, lo que constituye la primera causa de muerte materna en la nación, con 27.4% de las defunciones maternas, según datos del propio gobierno argentino.4) Junto con el sureste asiático y África, América Latina tiene los índices más altos de mortalidad materna por abortos inseguros en todo el mundo.5 Es decir, hablamos del grueso de los países del tercer mundo. Estoy consciente de que este libro puede tener limitaciones, aunque anticipo que no coincidiré con muchos críticos acerca de dónde se encuentran. Con más tiempo para pensar en los variados problemas teóricos que presenta el aborto podría tal vez ahondar en muchos de los argumentos, pero he preferido mantener la brevedad de los capítulos y su carácter más o menos informal para facilitar la lectura, y tratar al mismo tiempo de no perder la profundidad filosófica. El lector advertirá que hay un cierto grado de repetición en algunos argumentos. Cualquiera que haya debatido seriamente la cuestión del aborto sabrá lo crucial que es la consideración del feto como una persona a la que se le pueden adjudicar derechos. A fin de cuentas, todos los 4   Mariana Carbajal, “La situación del aborto en la Argentina. Un debate pendiente” y “Una demanda ciudadana: la despenalización en Uruguay”, en Debate feminista, año 17, vol. 34 (2006). Ministerio de Salud de la Nación, “Mortalidad materna en la Argentina”, . 5   World Health Organization, Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5a ed., 2003, .

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caminos llevan a ese punto. Hay también ciertas omisiones. No ha sido mi intención cubrir todos los temas en torno al aborto, ya no digamos los aspectos sociales o de salud, y tampoco los filosóficos. Es por ello por lo que incluyo una bibliografía general al final del libro con textos que presentan otras perspectivas. Cuando en 2007 se presentó el proyecto de ley en la aldf empecé a escuchar los argumentos esgrimidos por los partidarios de la ley y por sus opositores. Al analizar los argumentos de ambos bandos, además de la indignación moral que siempre me ha provocado el tema de la penalización del aborto, empezó a crecer en mí una especie de indignación argumentativa. Simplemente me preguntaba si la gente se daba cuenta del modo en que argumentaban y a dónde los conducían sus argumentos. Empecé a publicar artículos en algunos periódicos para dar mi perspectiva. Pero en realidad no fue hasta que, una vez aprobada la ley, y la cndh y la pgr presentaron sus recursos de inconstitucionalidad ante la scjn, que empecé a escribir los artículos que conforman este libro (varios de los textos, o versiones anteriores de ellos, fueron originalmente publicados en las revistas Nexos y DFensor, revista de la Comisión de Derechos Humanos del df, así como en los diarios La Jornada, Reforma y La letra S). Es por ello por lo que debo un reconocimiento especial a los recursos de inconstitucionalidad presentados por estas organizaciones, porque de no haber sido presentados, este libro no se habría escrito. Me parece que muchos deberíamos estarles agradecidos a los titulares de estas dependencias, José Luis Soberanes y Eduardo Medina Mora, porque sin sus impugnaciones, la fuerza que tuvo la argumentación jurídica (y de otros tipos) a favor de la despenalización, a partir de su discusión en la scjn, no se hubiera proyectado a nivel nacional como lo hizo. Sin embargo, más que a estos personajes, debo un agradecimiento especial a mis colegas Margarita Valdés y Juan Antonio Cruz Parcero. Entre los tres elaboramos un documento de amicus curiae a partir de ideas generadas en el simposio Aborto: un debate abierto, que organizamos entre varios colegas de la unam y

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de otras universidades y ong. Este documento recibió el apoyo entusiasta de numerosos miembros de la comunidad filosófica mexicana. Ya con ese amicus, los tres nos entrevistamos con la mayoría de los ministros de la scjn para hacerles ver nuestra posición. Margarita y Juan Antonio han ayudado a mejorar de forma sustancial las ideas contenidas en los capítulos de este libro. De ellos he aprendido mucho. Debo también agradecer a Francisco Barrenechea, Patricia Grether, Laura Manríquez, María Luisa Sánchez Fuentes, Blanca Rico y Mariana Winocur, quienes hicieron útiles comentarios a versiones anteriores de algunos capítulos de este libro. Les debo un agradecimiento especial a Guillermo Lariguet y a Nathalie Goldwaser, quienes leyeron todo el libro y realizaron observaciones siempre interesantes y críticas incisivas y provocadoras. Sobra decir que la responsabilidad del texto, con todos sus errores y posibles virtudes, es completamente mía. También quiero reconocer a Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la unam, por su apoyo decidido a la idea de que, desde la filosofía, discutamos los problemas que nos afectan como sociedad. Asimismo, agradezco a las distintas audiencias de las conferencias y los seminarios en los que presenté ideas del libro. Finalmente, quiero agradecer a las compañeras del Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (gire), de Católicas por el Derecho a Decidir, de International Pregnancy Advisory Services (ipas) así como de otras organizaciones no gubernamentales que trabajan desde hace más de treinta años por los derechos de las mujeres en este país. De ellas he recibido un valioso apoyo y he aprendido mucho a lo largo de los meses que corrieron desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad hasta la decisión de la scjn. En especial, he aprendido que un pequeño grupo de ciudadanas comprometidas con sus ideales puede realizar algunos de los grandes cambios que esta sociedad tanto necesita. A todas ellas, muchas gracias. Gustavo Ortiz Millán

1. CONSERVADORES, LIBERALES Y MODERADOS: UN MAPA DE POSICIONES

El tema del aborto parece dividir a la gente en dos posiciones encontradas: o se está a favor o se está en contra de su despenalización. Cualquiera diría que no hay medias tintas. Pero el asunto en realidad no es tan simple: hay muchas más posiciones. Creo que más que ver el problema como un asunto dicotómico, habría que verlo como una gradación, como un espectro de posiciones que van de la más radical oposición a cualquier tipo de despenalización del aborto hasta la más férrea defensa de los derechos reproductivos de la mujer por sobre la vida del feto. A quienes sostienen la primera posición se les suele llamar conservadores y, a los otros, liberales (aunque estas etiquetas no siempre coincidan con las del ámbito político). Sin embargo, al igual que en muchos otros casos de dicotomías, éstas no reflejan cabalmente la realidad; me parece que la mayoría de la gente nos encontramos en algún lugar entre estos dos extremos. Algunos más cerca de un lado, otros del otro, pero muchos (la mayoría creo) estamos más o menos cerca del centro, es decir, de una posición moderada. ¿Qué involucra cada una de estas posiciones? Todas las posturas con respecto al aborto oscilan entre dos ejes: por un lado el valor de la vida del feto y, por el otro, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y plan de vida. Puesto en dichos términos, el debate se ha polarizado en las llamadas posiciones “pro-vida”, por un lado, y “pro-decisión” (pro-choice, como se le conoce en inglés), por el otro. Sin embargo estos términos llaman a confusión. Pareciera que quienes no comparten la posición pro-vida, estarían a favor de la muerte, cosa que dista de ser cierta. Nadie dentro de este debate es “pro-muerte” —a pesar de lo que quieran hacernos creer los [17]

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conservadores. Además, me parece que la retórica del “a favor o en contra”, del todo o nada, sólo polariza el debate y no ayuda al diálogo racional y mucho menos a llegar a ningún tipo de compromiso o de acuerdo consensuado entre las partes —si es éste verdaderamente posible. También habría que decir desde ahora que, a pesar de que la gente suele afirmar que está a favor o en contra del aborto, nadie está propiamente a favor del aborto, sino sólo de su despenalización; nadie quisiera que las mujeres tuvieran que recurrir al aborto, sea éste legal o ilegal. Todos lo vemos como una situación extrema y triste a la que una mujer tiene que recurrir cuando han fallado los métodos anticonceptivos o cuando no se desea llevar a término un embarazo por la razón que sea. Ninguna mujer aborta por placer o por deporte, por así decirlo. Empecemos entonces por analizar el espectro de posiciones.

La posición conservadora La postura conservadora extrema —como la que se encuentra en la posición mantenida por el Vaticano— comienza por sostener la premisa de que la vida humana inicia en el momento de la concepción. La unión de un óvulo y un espermatozoide crean un nuevo ser humano, no uno potencial o parcial, sino un ser humano en toda la extensión de la palabra. Como ser humano que es, el embrión tiene naturalmente el derecho que se supone sería el más básico de todos los derechos: el derecho a la vida. Es por esa razón que abortar, en cualquier momento del embarazo, debe verse como equivalente a un asesinato o un infanticidio, es decir, un hecho de igual valor que el asesinato de un adulto o de un niño ya nacido. Según esta posición nada, ni los altísimos costos sociales y de salud pública que tiene la penalización del aborto, justifica que se permita el asesinato de seres inocentes no nacidos y que se despenalice el aborto en ningún momento de la gestación. Esta defensa a

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ultranza del derecho a la vida es lo que en muchas ocasiones ignora el liberal cuando argumenta a favor de la despenalización invocando las consecuencias en términos de salud pública que tiene el aborto o cuando habla de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. En términos de salud pública y de derechos de la mujer no se mina en lo absoluto la fuerza del argumento conservador. El liberal parece no entender dónde radica la fuerza de este argumento y, así, sus críticas nunca lo tocan. Ahora bien, el conservador tendría que decirnos en qué se basa para afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Hay dos caminos que puede tomar: el primero es de orden religioso y nos dice que Dios nos ha dado la vida desde el momento de la concepción y añade que nadie, sino Dios mismo, puede quitárnosla. Sin embargo, ese argumento resulta débil en el contexto de un Estado laico como el mexicano; ni el Estado ni los no creyentes que viven bajo ese Estado tendrían que sentirse obligados a aceptarlo. Es por eso que el conservador se ha visto obligado a recurrir a un tipo de argumentación que pueda ser aceptado tanto por creyentes como por no creyentes. El segundo camino que puede tomar es el de recurrir a una argumentación no religiosa, sino científica. La ciencia hoy en día parece ser la única que nos puede dar criterios de aceptación universal, así es que deberíamos recurrir a ella para obtener un criterio neutral y objetivo para decidir si un cigoto es una persona humana (si, en efecto, la ciencia puede garantizar criterios neutrales y objetivos de aceptación universal, es otra cosa). De acuerdo con el conservador hay una respuesta científica a este asunto. Pero, ¿nos da la ciencia efectivamente un concepto de vida humana? Si lo hace, éste se da en términos de su pertenencia a la especie o de su información genética. Desde el momento de la concepción, nos dice el conservador, el cigoto, al ser producto de la unión de dos miembros de la especie Homo sapiens, pertenece a esta misma especie. Por otro lado, con la unión del óvulo y el espermatozoide se crea un individuo que ya tiene la información genética de un ser

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humano completo. No obstante, como trataré de argumentar más detenidamente en el capítulo 2, no es claro que la sola pertenencia a una determinada especie o tener una cierta información genética, incluso si es nuestra especie y nuestro genoma, nos explique por qué deberíamos darle un valor especial a la vida de un cigoto. Tampoco es claro que el concepto de “el valor de la vida humana” o incluso el de “persona” formen parte del vocabulario científico. Estas son cuestiones que tendría que responder la postura conservadora. Para el conservador extremo, entonces, la premisa principal es que el cigoto es un ser humano completo desde el momento de la concepción y que tiene derecho a la vida. Este derecho, nos dice, es el más básico de los derechos, es preeminente, absoluto y no puede ser restringido por ningún otro derecho. La razón que se aduce es que sin la vida no se podría ejercer ningún otro derecho, constituye el precepto de todos los demás derechos. Es una especie de “superderecho”, que derrotaría a cualquier otro derecho con el que entrara en conflicto. De hecho, según el conservador, incluso si se le reconociera a la mujer el derecho sobre su propio cuerpo, el derecho a la vida del concebido lo derrota. Pero entonces, ¿qué sentido tendría hablar de un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y a decidir sobre su embarazo si en el único caso en que se puede hablar de él éste es derrotado? En el discurso del conservador extremo no tiene ningún sentido y, por ello, no es casual que, por ejemplo, tanto en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la cndh y la pgr, como en el proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano a la scjn, los derechos de la mujer no sean tomados en cuenta. No obstante, desconocer los derechos de la mujer hasta el punto en que lo hacen los conservadores ha llevado a sus críticos liberales a tildarlos de misóginos o machistas. En el caso del ataque a la jerarquía de la Iglesia católica, los liberales los critican diciendo que son gente incapaz de comprender la situación de la mujer debido a su celibato y al patriarcalismo que caracteriza la mentalidad clerical. Pero el liberal no advierte

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que el conservador ha llegado a esta posición no como consecuencia de alguna forma de misoginia inherente a su pensamiento, sino como consecuencia directa de sostener que la vida humana empieza con la concepción y que tenemos un derecho a ella desde ese momento. El conservador quiere defender el valor de la vida humana a cualquier precio, pero eso es algo que el liberal no siempre parece entender. El desconocimiento de los derechos y la situación de la mujer revelan un rasgo importante de la posición conservadora extrema y es precisamente el que le otorga su carácter radical. Al afirmar que el concebido no nacido es un ser humano inocente desde el momento de la concepción y que tiene derecho a la vida, esta postura no considera factores fortuitos o circunstanciales como que el concebido haya sido producto de una violación, de incesto o que tenga enfermedades genéticas o congénitas. Estos factores no le quitan ni le disminuyen su derecho a la vida, no tendrían por qué hacerlo.1 Una vez que ha sido concebido, del modo en que lo haya sido o con los problemas genéticos que tenga, es un ser humano y tiene derecho a la vida y nadie tiene el derecho de privarlo de ella. Es por esta razón que en los códigos penales de muchos países católicos (como Chile, El Salvador o Nicaragua) no se contemplan la violación ni las malformaciones genéticas entre las causas por las que el aborto no se castiga. La prohibición al aborto es total. Una de las razones por las cuales los conservadores extremos ven como reprobable abortar un feto con defectos genéticos o congénitos es que, de permitirse, se abriría la puerta a una pendiente resbaladiza que podría llevarnos a la eugenesia. De ser así el caso, podríamos permitir poco a poco abortos de fetos  Una campaña en contra de la despenalización del aborto en la ciudad de México tomaba esta postura extrema al afirmar: “Si no hay pena de muerte para el violador, ¿por qué sí la hay para su hijo?”. Esta posición enviaba un mensaje contradictorio muy propio de algunos grupos conservadores extremos que al tiempo de defender la vida del feto bajo el argumento de un derecho inviolable a la vida proponen la pena de muerte para violadores (una violación del mismo derecho que dicen defender). 1

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con discapacidades menores o con características que nos parecieran indeseables, como que el feto no sea del sexo deseado, etc. Lo mejor es no permitir el aborto ni siquiera en casos de fetos con daños y malformaciones severos que, a fin de cuentas, también tienen derecho a la vida. Habría un solo caso en que el conservador extremo aceptaría el aborto: cuando está en riesgo la vida de la madre. Éste es el aborto terapéutico. La jerarquía de la Iglesia católica sólo acepta el aborto en este caso y lo hace invocando la llamada “doctrina del doble efecto”, según la cual si para salvar la vida de la madre hay que realizar un aborto, entonces es permitido.2 En estos casos no se busca intencionalmente la interrupción del embarazo, no se intenta causar un aborto y no se puede culpar a nadie de homicidio. Sin embargo no todos piensan así, algunos conservadores dentro de la propia Iglesia católica son realmente extremos y sostienen que la mujer que muere al dar a luz se convierte en una imagen ejemplar de una maternidad bendecida y de un autosacrificio cristiano. Ésta es, por ejemplo, la postura que se desprende de las beatificaciones que realizó el Papa Karol Wojtyla en abril de 1994. Una de estas beatificaciones fue de Gianna Beretta, una pediatra embarazada de su cuarto hijo y que padecía de un cáncer uterino, pero que insistió en que, de ser necesario, se debía sacrificar su vida a favor de la de su hija. El sacrificio fue necesario y esta mujer murió para que su hija viviera. Falleció el 28 de abril de 1962 repitiendo las palabras “Jesús, te amo; Jesús, te amo”. Como cuenta Marta Lamas que señaló Frances Kissling, quien fuera presidente de Catholics for a Free Choice (Católicas por el Derecho a Decidir), …al premiar el Papa a una madre que sacrifica su vida por la de un hijo que aún no ha nacido, de alguna manera está diciendo que sólo una mala madre pensaría en preservar su propia vida. Desde ese punto 2  Un análisis de esta doctrina se encuentra en Philippa Foot, “El problema del aborto y la doctrina del doble efecto”, en Las virtudes y los vicios, México, unam, 1994.

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de vista, sólo una mala madre se creería merecedora a vivir, aunque ya no pueda parir un hijo, y la situación empeora si ella piensa que tiene mayores dones para ofrecer al mundo que un hijo, o si su vida vale más para ella misma, su familia o su comunidad, que la de alguien todavía no nacido. 3

No permitir ninguna causal de aborto ni por violación ni por malformaciones congénitas o genéticas e incluso con riesgo para la salud o la vida de la madre, es algo que ofende a la conciencia liberal, a la que esto le parece una inhumanidad. Para el liberal la vida de una mujer hecha y derecha tiene mucho más valor que la de un posible hijo; su muerte no sólo cegaría una vida en plenitud sino que destruiría relaciones familiares y sociales ya existentes. En el caso de la violación, nos dirá, la mujer que ha sido violada no tiene por qué llevar a término su embarazo si no ha tenido ninguna responsabilidad en él; si además de haber sufrido el trauma de una violación, debe padecer un embarazo forzado. Dar a luz y luego criar a un hijo producto de una violación (como en el caso Paulina, en México), un hijo al que se le obligó a tener, resulta cruel, inhumano y degradante.4 Tampoco tendría por qué cargar con un hijo con serios problemas de sa  Marta Lamas, Política y reproducción. Aborto: la frontera del derecho a decidir, Plaza y Janés, México, 2001, p. 70; la referencia a Frances Kissling es a “El Papa les dice a las mujeres: ¡feliz día de las mártires!”, Fem 140 (octubre 1994). La vida de Gianna Beretta se encuentra descrita en el sitio web del Vaticano, . 4   En marzo de 2009, el arzobispo de Recife, Brasil, José Cardoso Sobrinho, excomulgó a la madre, a los médicos, y a otros vinculados en la interrupción del embarazo de una niña de 9 años que había sido violada por su padrastro. La niña corría el riesgo de morir de haberse continuado el embarazo. El padrastro, según la policía, había confesado que abusaba continuamente de ella y que sería el padre de los mellizos que esperaba. El aborto por violación y por riesgo de la vida de la madre son legales en Brasil, sin embargo, el arzobispo argumentó que el aborto, incluso en esas circunstancias, era un crimen que se oponía a la ley de Dios, que está por encima de la legislación humana. El arzobispo admitió que el padrastro de la niña “cometió un pecado muy grave, pero el aborto es un crimen aún más grave”. El cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los Obispos, justificó la excomunión y dio su apoyo al arzobispo brasileño. (“Arcebispo excomulga médicos e parientes de menina que fez aborto”, O Globo, 5 de marzo de 2009.) 3

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lud (pensemos en la anencefalia 5 o en casos graves de espina bífida, que no tienen posibilidades de sobrevivencia), si estos problemas terminarán por alterar cualquier tipo de plan de vida que haya tenido la mujer y le impondrán una carga emocional y económica que frecuentemente la mujer no puede sobrellevar. La maternidad, suele decirnos el liberal con respecto al aborto, tiene que ser una experiencia gozosa y no, según el estereotipo, un ejercicio de sacrificio y abnegación. Violaciones o enfermedades congénitas suponen cargas emocionales que sería más humano evitarle a la mujer, a su pareja y a su familia. Para el liberal, no mostrar ninguna consideración por la situación de la mujer, sino sólo por la vida del feto, únicamente demuestra un menosprecio generalizado por los intereses, la salud y las vidas de las mujeres. Para el conservador es imperativo que la mujer tenga al hijo porque el balance entre quién se ve más afectado si la mujer decide abortar resulta negativo para el concebido no nacido, no para la mujer; lo anterior porque mientras para ella tener al hijo es una “afectación temporal”, que padecería por unos cuantos meses o años, y sus derechos se verían afectados sólo por un cierto lapso de tiempo, para el feto la afectación es permanente y total dado que al negarle el derecho a la vida se le priva completamente de cualquier existencia futura. La prohibición radical del aborto hace que el conservador vea sólo una salida: que la madre tenga al hijo y luego lo dé en adopción (la propuesta de algunos conservadores en un afán de lograr un consenso). Pero esta salida tampoco parece tener en consideración la carga emocional y económica que para una mujer significa sobrellevar un embarazo no deseado por nueve meses para luego dar al producto en adopción. Son en realidad pocas las mujeres que están dispuestas a pasar por todo el proceso del embarazo para luego dar al bebé en adopción. La cuestión central es si la adopción es verdaderamente la solu5   Éste fue el caso K.Ll., en Perú, en 2001, en el que a una joven adolescente que llevaba en su vientre a un feto anencefálico (es decir, sin cerebro), se le negó la posibilidad de practicarse un aborto terapéutico en un hospital público.

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ción ante un embarazo no deseado para evitar un aborto, tema que analizaré en el capítulo 4. Para el conservador extremo la ley debe hacer valer los principios morales que defienden la vida del feto por sobre la de la mujer. Dado que esta perspectiva ve al aborto como un homicidio y como una violación grave del derecho a la vida del “concebido no nacido”, si la ley es coherente, debe entonces penalizar a quien cometa ese homicidio —sin embargo, ninguna legislación del mundo equipara al aborto con el homicidio. La penalización trata de castigar a las mujeres que se practican un aborto, y al mismo tiempo trata de disuadir a aquellas que quisieran realizarse uno. Criminalizar significa llevar a la cárcel a las mujeres que aborten, y también a todos aquellos que las ayuden a abortar, es decir, médicos, enfermeras, comadronas, etc. Sin embargo, el liberal argumentará que la criminalización del aborto no es la forma de solucionar el problema, pues no tiene ningún efecto disuasorio sobre las mujeres que quisieran realizarse un aborto, y sólo constituye un doble castigo a alguien que, muchas veces, no ha sido responsable de su embarazo o de los problemas que éste pueda conllevar. Pero incluso si fuera responsable de su embarazo, por ejemplo, si éste fuera producto de la no protección al tener relaciones sexuales, la penalización constituye una violación de su derecho a decidir sobre la fertilidad y reproducción que acontece en su propio cuerpo. La respuesta del conservador ante la afirmación de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo es que un embrión no es parte del cuerpo de la mujer, sino que se trata de un ser fisiológicamente autónomo que con el tiempo se convertirá en una persona independiente. No es un mero apéndice del cuerpo de la mujer que simplemente se pueda eliminar como se extirpa un tumor. Claro que es parte de la tarea del conservador probar que en efecto se trata de un ser humano fisiológicamente autónomo (cosa que suele hacerse argumentando que distintos sistemas, como por ejemplo el inmunológico, son “autónomos” desde etapas muy tempranas de la gestación). Y tiene que probarlo porque para posiciones liberales, tanto extremas

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como moderadas, esta supuesta autonomía no se alcanza sino hasta que el feto es viable, es decir, hasta que es capaz de sobrevivir fuera del veinte materno. En lo anteriormente expuesto he tratado de caracterizar algunos de los rasgos más relevantes de la posición conservadora más extrema. Sin embargo, me parece que no es la posición que la mayoría de la gente que se opone al aborto suele adoptar. En el caso de México, un buen porcentaje de la población, en su mayoría católica, así como la mayor parte de las leyes que penalizan el aborto en los códigos penales estatales, no suscriben la postura del conservador extremo, sino una postura conservadora-moderada. La posición del conservador se inclina hacia el centro, hacia una posición moderada, mientras más causales de aborto acepte. El conservador moderado suele aceptar el aborto terapéutico, por violación y el eugenésico (por malformaciones congénitas), aunque tiene mayores dificultades para aceptar el aborto por problemas económicos o por casos en los que fallan los métodos anticonceptivos.6 Aceptar estos últimos casos nos inclina hacia la postura liberal moderada, que también incluye el caso del aborto a petición de la mujer (que no requiere ningún tipo de justificación). Pero, ¿por qué afirmo que ésta es una posición moderada? Parecería que en realidad es una posición liberal extrema dado que permite el aborto a solicitud de la mujer. No, y no lo es porque, como veremos a continuación, la diferencia entre una postura 6   En una encuesta realizada en México en 2006 por el Population Council, la mayoría de los participantes estuvo de acuerdo “en alguna medida” o “mucho” con el aborto en casos de violación (68%), incesto (53%), riesgo para la vida de la mujer (72%), o en casos de malformaciones congénitas serias (59%). Sin embargo, el apoyo al aborto disminuía en casos de fallas en los métodos anticonceptivos (11%) o falta de recursos económicos (13%). Por ello, se puede decir que la mayoría de la gente en México defiende una posición moderada-conservadora con respecto a la despenalización del aborto. Véase Population Council, Mexican National Opinion Survey on Reproductive Health and Social Issues, . Muchas de estas causales son aceptadas en la mayoría de los códigos penales estatales. Véase Jorge Carpizo, “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, en J. Carpizo y D. Valadés, Derechos humanos, aborto y eutanasia, México, unam, 2008, pp. 63-64.

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liberal extrema y una moderada, reside en el plazo en el que se permite la in­terrupción del embarazo. Un pacto entre las dos posiciones extremas, entre los derechos en conflicto que reclama cada uno, sólo puede darse en términos del plazo en que se permite dicha interrupción.

La posición liberal Vayamos ahora al otro lado del espectro, al extremo opuesto. La premisa básica del discurso del liberal extremo se encuentra en el otro eje que he marcado como central en la discusión: el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y decidir su plan de vida y realizarlo. Para el liberal este derecho se deriva de considerar que la mujer es una persona plena, con dignidad, autonomía, libertad e igual en derechos a los hombres. Si la mujer es un agente autónomo y libre, entonces debe tener uno de los derechos más básicos que puede haber: el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Éste es un derecho fundamental porque se relaciona con la posesión más inmediata que tenemos, nuestro propio cuerpo. Si tenemos derechos de propiedad sobre cantidad de cosas, es natural pensar que, antes que nada, tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo. Este derecho va aparejado con otros derechos: a la privacidad, a la integridad corporal, a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación por condición de género, al libre desarrollo personal, sexual y de reproducción. Reconocerle estos derechos a la mujer significa reconocer su plena autonomía moral, es decir, reconocer que es una persona adulta con capacidad para decidir la dirección que le dará a su vida. Es natural que la posición liberal extrema haya sido abanderada por distintos grupos de feministas que reclaman la reivindicación de estos derechos para las mujeres (aunque hay que decir que no todos los grupos feministas suscriben esta posición liberal extrema; la mayoría de los grupos feministas se adhirieron a una posición liberal-moderada en el proceso de

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defensa de las reformas aprobadas por la aldf). Son derechos que tradicionalmente se le han reconocido a los hombres y no reconocerlos a las mujeres sólo puede ser tomado como discriminatorio, como una incongruencia del estado de derecho que refleja el machismo imperante en la sociedad y como un mecanismo más de dominación del hombre sobre la mujer. Durante la Marcha a Favor del Aborto en Washington dc el 9 de abril de 1989, una dirigente feminista afirmó: “El derecho a decidir incluye la sexualidad también, el aborto no es un asunto relacionado con la vida sino con las relaciones sexuales, se trata de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales sin temor al embarazo.” Todos estos derechos se deben reconocer despenalizando completamente el aborto. Si estos derechos entran en conflicto con el supuesto derecho a la vida del feto, nos dice el liberal, tienen que prevalecer sobre éste. Deben prevalecer porque son los derechos de una persona nacida y no de una supuesta persona o una “persona potencial”. En realidad el liberal extremo suele negar por completo la atribución de derechos al feto. Suele invocar la idea, que se encuentra presente en distintos lugares de la legislación, de que los derechos sólo se adquieren con el nacimiento; no hay derechos antes de que nazca la persona que pueda gozarlos y posteriormente reclamarlos y ejercerlos. Es por eso que el aborto es más una cuestión de los derechos de la mujer que del supuesto derecho a la vida del feto. Sin embargo, lo que se deriva de todo esto y lo que caracteriza el discurso liberal más radical es que, así como el conservador extremo desconoce el derecho de la mujer, el liberal llega a desconocer cualquier derecho a la vida del producto de la concepción. De este modo, no ve por qué no se pueda practicar un aborto a petición de la mujer en cualquier momento del embarazo, incluso por ejemplo, a los ocho o nueve meses. A fin de cuentas se trata del derecho de una persona moral y jurídicamente reconocida contra el derecho de alguien que, jurídicamente hablando, todavía no es una persona; el derecho de la mujer debe prevalecer. Estas con-

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clusiones no sólo escandalizan al conservador, también llegan a ofender a gente que se consideraría a sí misma como moderada. Abortar a un feto de ocho o nueve meses es algo que resulta inaceptable, es casi un infanticidio, dirán muchos. En esas etapas de la gestación (o incluso antes) el feto ya es viable y podría sobrevivir fuera del útero materno si las condiciones de salud están dadas. La posición liberal extrema está reflejada en las leyes de países como Bahrain, Canadá, China, Cuba, los Países Bajos y Vietnam, así como algunos territorios de Australia, en donde se acepta el aborto a demanda de la mujer sin límite de tiempo, o sea, no se marca ningún plazo para la interrupción del embarazo. En cualquier momento del proceso de gestación éste puede interrumpirse a petición de la mujer y sin que ella tenga que aducir ningún tipo de razones (sociales, de salud, etcétera). 7 Otro argumento que apoya el discurso liberal no se da en términos de derechos, sino de las consecuencias que tiene la penalización para las mujeres que se ven orilladas a recurrir a él de manera clandestina e insegura. Los índices de morbi-mortalidad materna en aquellos lugares donde se penaliza el aborto son muy altos y contrastan con los bajos índices que hay donde el aborto está permitido: son miles las mujeres que mueren anualmente en el mundo debido a complicaciones por abortos inseguros. Estos abortos son una consecuencia directa de su carácter restrictivo e ilegal. A esto se refieren muchos cuando hablan de que el aborto es un problema de salud pública. Y aquí vuelve a entrar el argumento en términos de derechos: las leyes que penalizan el aborto se ven entonces como una violación directa al derecho a la salud y a la vida que tienen las mujeres. Así, como parte de ese derecho, las mujeres que desearan abortar deberían tener garantizado el acceso a servicios de salud que ofrecieran condiciones para realizar abortos seguros, sin complicaciones ni riesgos para las mujeres.   Carpizo, op. cit., pp. 55-57. Los datos, a su vez, provienen del Annual Review of Population Law de Harvard, . 7

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Hay que hacer notar que los argumentos del liberal y del conservador se originan en niveles distintos. Hablan de dos cosas muy diferentes, porque mientras uno habla del valor y el derecho a la vida del no nacido, el otro habla del derecho a la vida y a la salud de las mujeres y de las consecuencias que tiene la penalización. Mientras el conservador se enfoca en la moralidad del aborto en sí mismo, el liberal se suele enfocar en la moralidad de las leyes que lo penalizan. Ahondaré en esta diferencia en el siguiente capítulo.

La posición moderada Las conclusiones que se derivan de llevar a sus últimas consecuencias las premisas básicas tanto de un lado como del otro, nos conducen a extremos que parecen igualmente inaceptables para muchos. La premisa conservadora de que el feto es un ser humano completo y en cualquier circunstancia debe respetarse su vida lleva a la conclusión de que incluso en casos de violación o de malformaciones tendría que respetarse. Por lo anterior, no deberían aceptarse estos casos como causales permitidas por la ley; también esos casos deberían penalizarse. Por otro lado, la premisa liberal de que el derecho de la mujer debe prevalecer en cualquier circunstancia nos llevaría a negar el derecho a la vida del feto. Muchos pensamos que tiene que haber un punto medio entre ambas posturas y tratamos de colocarnos en un lugar intermedio del espectro en el que se encuentran ambos extremos. Las posiciones moderadas en general se presentan como una tercera vía entre posturas extremas, posiciones que tratan de satisfacer los dos valores que están en disputa de un modo parcial; de esta forma, aceptan el aborto si éste es realizado bajo ciertas condiciones que a ambas partes les parezca razonable aceptar. Sin embargo, para entender el debate, hay que tener presente que, en buena medida, el desacuerdo radica en lo que a cada parte le parece razonable aceptar, en si las condiciones a las

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que se quiere llegar son ejemplos de racionabilidad. Lo que es razonable varía: para algunos será razonable que el aborto se practique sólo en casos de violación, o cuando hay riesgo para la vida de la madre; para otros será razonable marcar un plazo de tres meses; y, para otros, de seis o hasta el momento en que el feto sea viable.8 Una postura moderada básicamente busca un balance entre los valores que están en juego; trata de reconocer tanto el derecho de la mujer a decidir como el del feto a vivir. Esto se puede lograr de dos maneras: 1] justificando un criterio sobre el cual se pueda adjudicar la condición de persona al ser en gestación y sobre esa base adjudicar a su vez el derecho a la vida. De acuerdo con lo anterior, la condición de persona y el derecho a la vida no se adquieren en el momento de la concepción, con la unión de un óvulo y un espermatozoide, sino en un momento posterior del proceso de gestación. Esto permitiría fijar un plazo para la permisividad moral del aborto. 2] Reconociendo que existen ambos derechos y desarrollando un ejercicio de ponderación para evaluar cuál tiene más peso en relación con el otro. En este libro voy a argumentar sobre todo a favor de la primera estrategia, por lo menos para el primer trimestre de la gestación. Sin embargo, después de ese momento se hace necesaria la ponderación de derechos. La primera estrategia trata de responder la pregunta de si el feto, desde el momento de la concepción, es una persona a la que se le pueda adjudicar el derecho a la vida. Para ello tiene que responder antes la pregunta “¿qué es una persona?”. A reserva de analizar detenidamente este punto en el siguiente capítulo, aquí sólo diré que hay muchas respuestas que la gente suele dar a esta cuestión, algunas ya las he mencionado: una persona humana es i] un miembro de la especie Homo sapiens; ii] aquel ser que comparte el código genético de dicha especie; iii] aquel ser al que se le pueden adjudicar predicados mentales o psicológicos. Aquí abogaré por la tercera opción. Me parece   Cf. Guillermo Lariguet y David Martínez, Els dilemes morals, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2008. 8

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que es ésta la que ha favorecido la mayoría de los filósofos a lo largo de la historia y hay buenas razones para ello. Es la posibilidad de que podamos predicar estados mentales (que pueden ir desde las formas de conciencia más simples, como sensaciones de dolor o placer, hasta formas de racionalidad y pensamiento autoconsciente más complejas) lo que posibilita que podamos decir de algo o alguien que es una persona. Sin embargo, dichos estados mentales sólo son posibles tras la aparición de una base cerebral (sistema nervioso, corteza cerebral, etc.) que no aparecen en el momento de la concepción, sino muchas semanas después. Estudios sobre el desarrollo neuronal del embrión nos muestran que es precisamente hasta las semanas 24-25 del embarazo que el feto es capaz de tener sensaciones conscientes; sólo entonces es posible decir que es una persona.9 (Hay que tener presente que la conciencia es una condición necesaria para adjudicar personalidad, pero no suficiente, dado que otros animales no humanos también comparten ese rasgo. Recordemos que, a fin de cuentas, lo que queremos explicar es aquello que le da a los seres humanos una condición especial, aquello que le da valor a la vida humana, que nos hace personas.) Marcar un plazo para permitir legalmente la interrupción del embarazo sobre la base de la adjudicación de la condición de persona al feto trata de conciliar las posiciones más conservadoras y las más liberales. Por un lado, permite reconocer el derecho a la vida del feto a partir del momento en que es reconocido como persona, de este modo, esta posición no justificaría moralmente, por ejemplo, abortos realizados a demanda en los últimos meses del embarazo, salvo por razones de salud, riesgo de vida, malformaciones o violación. Por otro lado, reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo por lo menos hasta el momento en que al feto se le reconoce la condición de persona, y el derecho a la vida que esta condición le confiere.   ¿Por qué si aquello que posibilita que hablemos de personas aparece hasta las semanas 24-25 las leyes de la mayoría de los países que permiten la interrupción del embarazo suelen marcar el plazo de 12 semanas? Esto es algo que analizaré en el capítulo 6. 9

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En posturas moderadas el plazo es variable: puede ir de las 8 o 12 semanas de embarazo hasta las 24 semanas. Este compromiso entre los dos derechos en juego en el problema del aborto justificaría la despenalización parcial del mismo (recordemos que después del plazo marcado el aborto es penado). La segunda estrategia a la que me he referido es aquella que reconoce que existen dos derechos en conflicto y que trata de satisfacer ambos por medio de un ejercicio de ponderación. Aquí podemos tomar como modelo la posición moderada que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) de México al justificar la constitucionalidad de la ley que despenalizó parcialmente el aborto en la ciudad de México. La Corte prefirió no involucrarse en el asunto filosófico de qué es una persona y a partir de cuándo podemos predicar esa condición del feto. Supongo que hicieron bien, dado que no es función de la Corte tratar de resolver problemas filosóficos. Como lo afirmó el ministro Juan Silva Meza en la justificación de su voto ante el pleno de la scjn, durante la sesión de discusión sobre la ley que despenaliza el aborto en el df: “No es tarea de este tribunal constitucional determinar cuándo se adquiere la condición de persona humana dentro del proceso de gestación, pues existen numerosas teorías al respecto, y será a otras ciencias a las que les competa debatir el tema.” 10 De esta manera, los ministros que votaron por la constitucionalidad de la despenalización simplemente aceptaron que la Constitución protegía ambos derechos, el derecho a la vida del concebido no nacido y el derecho de la mujer a decidir, y que éstos entraban en conflicto. El argumento de la mayoría de los ministros consistió en afirmar que la Constitución reconoce ambos derechos y los protege, pero dado que se encuentran en conflicto, tanto el legislador como el juez constitucional tienen que desarrollar un ejercicio de ponderación que nos diga cuál de los dos derechos tiene mayor peso. En contra de la posición conservadora, los ministros argu10   Todas las citas de los ministros de la Corte refieren a la versión estenográfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la scjn, del día 27 de agosto de 2008. Estas versiones se encuentran en la página web .

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mentaron que la Constitución no reconoce derechos absolutos, es decir, derechos que siempre tengan un peso preponderante sobre otros derechos y que los derroten. El derecho a la vida no es un derecho absoluto (aspecto que se reconoce, por ejemplo, en casos de asesinato en defensa propia). Así, el ministro José Ramón Cossío Díaz argumentó, al justificar su posición con respecto a la despenalización parcial: “Nuestra Constitución no establece, en mi opinión, derechos absolutos ni preeminencia per se de unos sobre otros de los derechos, aun en el caso del derecho a la vida existen excepciones constitucionales y legales; pongo por ejemplo el artículo 10 de la Constitución que establece el derecho a la legítima defensa y, por supuesto, es generalizada la aceptación de que pueda haber excusas absolutorias y excluyentes de responsabilidad.” Si la Constitución no establece derechos absolutos y los distintos derechos entran en conflicto, forma parte de la labor de los legisladores en el Congreso, y de los jueces constitucionales en la Corte, decidir cuál de estos derechos pesa más. Ante derechos en conflicto, la mayoría de los ministros de la Corte argumentó que se debe realizar un ejercicio de ponderación de derechos. 11 Así, por ejemplo, lo hizo el ministro José Fernando Franco González Salas en su intervención en el pleno de la Corte: Un aspecto muy importante […] es que la Asamblea Legislativa no tomó su decisión sobre una consideración aislada sobre el aborto, no, ello fue el producto de un juicio de ponderación, entre los derechos que protegen al producto de la gestación en esas primeras semanas, y los derechos constitucionales que protegen la dignidad, la igualdad, la salud, y sobre 11   Cf. Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 157 ss.; véase también Carlos Bernal Pulido, “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”, en Enrique Cáceres et al. (coords.), Problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, unam, México, 2005; véase, sin embargo, para una crítica desde el punto de vista conservador, “La ponderación de derechos es un método inadecuado respecto del aborto”, entrevista con Jorge Adame, Mensual de Humanidades y Ciencias Sociales 29 (marzo de 2008).

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todo la intimidad de la mujer, que en mi opinión, conlleva también su derecho de autodeterminación, para que no le sea impuesta una maternidad contra su voluntad, bajo la amenaza de ser recluida en la cárcel.

Franco añade que el “juicio de ponderación constitucional que sostengo en este asunto, para afirmar que el bien jurídico tutelado, el ser en gestación, tiene un tratamiento y protección diferenciados, según el momento del proceso de gestación”. Estas palabras ejemplifican bien la posición moderada según la cual la permisividad del aborto depende del momento en el proceso de gestación. Marcar un plazo en el que se permita la interrupción del embarazo es una postura moderada porque reconoce el derecho de la mujer en los primeros tres meses del embarazo, para luego proteger el derecho del feto. De esta manera, el juez constitucional justifica un plazo en que resulta permisible la interrupción del embarazo solicitado por la mujer en ejercicio de su derecho a decidir. Sin embargo, es claro que después de ese plazo el aborto es penado, de modo que así se protege el derecho a la vida del feto. Es así como se reconocen ambos derechos, pero se les da un peso diferente dependiendo del momento en el proceso de gestación. Hay razones que justifican el predominio del derecho de la mujer por encima del producto de la concepción en la primera etapa del embarazo, como lo argumentó el ministro Juan Silva Meza: …la penalización de la etapa primaria de la interrupción del embarazo, no resulta idónea para salvaguardar la continuación del proceso de gestación, puesto que constituye una realidad social que las mujeres, que no quieren ser madres, recurran a la práctica de interrupciones de embarazos clandestinos con el consiguiente detrimento para su salud e incluso, con la posibilidad de perder sus vidas. Haciéndose hincapié en que no por la existencia a la prohibición penal, las mujeres embarazadas vayan a abstenerse de realizar abortos, con lo cual no se asegura la vida de la madre ni las condiciones mínimas de salubridad para estos procedimientos, y menos aún, que el proceso de gestación llegue a su fin.

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Reconocer el derecho de la mujer a abortar en la primera etapa del embarazo, es decir, en las primeras doce semanas, ayuda a aminorar los abortos clandestinos y, consecuentemente, la mortalidad materna durante esa etapa. Las razones de salud pública constituyen una razón de peso para justificar la despenalización en la etapa primaria del embarazo; también es importante el reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer, el derecho a decidir si continúa o no con su embarazo y el derecho a condiciones de salubridad y seguridad a la hora de practicarse la interrupción del mismo. Se reconocen estos derechos pero no completamente, pues se limitan tras un plazo de doce semanas, en que se da prioridad a los derechos del feto. En lo anterior estriba el compromiso que busca la posición moderada, en tratar de satisfacer ambos derechos de manera parcial. Éstas son las dos posturas moderadas que solemos encontrar con mayor frecuencia en el debate sobre el aborto. Como cualquier solución moderada, quienes se encuentran en los extremos suelen no aceptarla, dado que no reconocen a cabalidad uno u otro de los derechos reclamados. Aunque si para el liberal la despenalización parcial constituye un avance significativo frente a la penalización total que prevalece en muchos países, para el conservador esta despenalización constituye un retroceso. El conservador no puede entender esto como una posición de compromiso, pues cualquier despenalización permite que se viole el derecho a la vida del feto, que él considera absoluto. Éste es grosso modo un mapa de las posiciones que encontramos en el debate sobre el aborto. Este mapa ha intentado caracterizar algunas de las posturas más significativas dentro del debate sobre el aborto, tal como se ha dado en México, así como en otros lugares del mundo. Sin embargo, no es un mapa exhaustivo, no creo haber caracterizado todas las posturas en torno a este debate (pienso, por ejemplo, en las posiciones libertarias). Considero que los mapas ayudan a guiarse en territorios que, o bien pueden parecer demasiado complejos, o bien el debate público ha simplificado, al omitir detalles y polarizar

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posiciones. Una vez trazado el mapa, se hace más sencillo encontrar una postura propia. A continuación adoptaré una posición moderada (o liberal-moderada), la cual considera que es moralmente justificable la despenalización parcial del aborto hasta la duodécima semana de gestación, tal como lo establece la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sostendré que hay razones que justifican moralmente la interrupción del embarazo en ese momento.

2. LA MORALIDAD DE LA LEY Y LA MORALIDAD DEL ABORTO

Hay varias cuestiones morales en torno al aborto que solemos encontrar mezcladas en las discusiones sobre el tema y que es importante diferenciar. Quiero distinguir aquí dos: 1]  la moralidad de la ley que penaliza el aborto y 2] la moralidad del aborto mismo. Éstas son cuestiones que se deben analizar de manera independiente, aunque es claro que la primera depende en algún sentido de la segunda. En buena medida, la moralidad de las leyes sobre el aborto depende de si se considera o no moralmente permisible la interrupción del embarazo. Antes de analizar estas dos cuestiones quiero subrayar que mi discusión parte de un punto de vista moral desde el que me parece tiene que analizarse, sobre todo, la ley que penaliza el aborto. Subrayo la cuestión moral porque es algo que deliberadamente suele dejarse de lado, en especial por parte de quienes tienen una posición liberal a favor de la despenalización del aborto. Muchos de ellos creen que, si se ve al aborto como un problema moral, entonces le darán argumentos a los conservadores que están en contra de la despenalización —cuya posición tiene en principio un fundamento religioso. Pareciera que si se ve el problema desde un punto de vista moral llevaríamos el debate al terreno religioso, y ahí la discusión se enreda y se atasca en asuntos de dogma. Por eso muchos liberales suelen argumentar a favor de la despenalización diciendo que el aborto no debe verse como un asunto moral, sino como un asunto social y de salud pública. Creo que lo anterior sólo revela una concepción muy estrecha de la moral, según la cual ésta necesariamente depende de la religión. Pero quienes creemos en una ética laica —como lo son, por cierto, las principales teorías filosóficas de la moralidad desde el siglo [38]

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xvii— sostenemos que la moral no tiene que verse como teóricamente dependiente de la religión (aunque puede ser que históricamente lo sea en muchos aspectos, pero son cuestiones diferentes). Por supuesto que el aborto es un problema social y de salud pública, pero también —y por esa misma razón— es un problema moral. Creo que el liberal no debe tener miedo de ver todo este asunto como un problema moral, puesto que hay argumentos morales a favor de la despenalización del aborto que no tienen un origen religioso. Claro que hay que empezar por distinguir la moralidad de la ley, de la moralidad del acto mismo de interrumpir el embarazo. Primero me centraré en los efectos negativos que tienen las leyes que penalizan el aborto y en la violación de derechos fundamentales de las mujeres y argumentaré por qué esta problemática debe verse como un asunto moral; pero, como dije antes, la moralidad de las leyes dependerá, por lo menos en parte, de si es moralmente permisible interrumpir un embarazo, y si lo es, a partir de cuándo lo es. El derecho penal contempla el valor moral de los actos para determinar si merecen ser castigados o no. Hay que retomar la cuestión del valor moral del aborto, pero con una perspectiva más amplia, la de la complejidad moral que conllevan las leyes que lo penalizan. La moralidad de la ley Hay dos perspectivas a partir de las cuales se puede juzgar la moralidad de la ley que penaliza el aborto: una en términos de los efectos o las consecuencias que tiene la ley, y otra en términos de que la penalización del aborto puede, y de hecho así sucede, infringir los derechos de la mujer. Aunque las analizaré separadamente, no me parece que estas dos perspectivas sean incompatibles en lo que se refiere a este tema, en especial porque ambas nos dan conclusiones muy similares acerca de la moralidad de la ley y a favor de la despenalización parcial del aborto.

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a] Las consecuencias negativas de la ley Una ley que es ineficaz porque no logra cumplir su objetivo y que tiene más consecuencias negativas que positivas es una mala ley. Si las consecuencias, además, son graves para el bienestar de la comunidad, será una ley inmoral. La ley que penaliza el aborto tiene más consecuencias negativas que positivas: en la mujer que quiere abortar, en la criatura no deseada y en la sociedad en general. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2007), a nivel mundial 42 millones de mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado deciden realizarse un aborto, y cerca de 20 millones se ven forzadas a recurrir a un aborto inseguro. En América Latina y el Caribe 3 millones 700 mil mujeres por año se sometían a abortos ilegales. Además, según este organismo, por cada 100 mil niños nacidos se presentan 30 muertes por aborto inseguro. En buena parte del mundo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo, ésta es una práctica ilegal y clandestina, por esta razón no hay modo de saber con certeza cuántos abortos inducidos se realizan anualmente. En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula en 102 mil el número de abortos inducidos o espontáneos por año; distintas organizaciones internacionales y ong calculan que ocurren entre 500 mil y un millón 700 mil abortos al año.1 Conapo también indica que 17.8% de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto. Cualesquiera que sean las cifras reales, estos datos nos muestran que las leyes que prohíben el aborto no lo detienen; si éstas pretenden tener efectos disuasorios, es claro que no los tienen, pues las mujeres igualmente abortan. El efecto que sí tienen dichas leyes es que orillan a las mujeres que deciden abortar a la ilegalidad: recurren a abortos clandestinos y, en muchos casos, con riesgo de su salud y de su vida, dadas las condiciones en que se realizan, la mayoría de   Consejo Nacional de Población, ; Grupo de Información en Reproducción Elegida, ; crlp (Center for Reproductive Law and Policy), 2000, Mujeres del mundo: leyes y políticas que afectan sus vidas reproductivas. América Latina y el Caribe, . 1

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las veces insalubres y sin ninguna regulación sanitaria oficial. Las mujeres que abortan normalmente lo hacen porque están deses­peradas; tanta es su voluntad de interrumpir un embarazo no deseado o no aconsejable, que están dispuestas a ir a la cárcel o incluso a arriesgar su vida. Como en alguna ocasión me dijo una alumna de mi clase de ética: “Una mujer que espera a un hijo deseado es capaz de dar la vida porque nazca, pero una mujer que espera a un hijo no deseado es capaz de perder la vida para que no nazca.” Muchas mujeres están dispuestas a perder la vida y muchas de hecho mueren al practicarse abortos clandestinos e inseguros en este país. Estas muertes son evitables; recordemos que es menos riesgoso practicarse un aborto que parir, en particular en mujeres jóvenes adolescentes. Las mujeres que desean interrumpir su embarazo y no tienen acceso a servicios de salud adecuados y seguros, acuden a remedios caseros y se autoinducen abortos con ganchos para ropa, agujas de tejer, jeringas, infusiones, brebajes, entre otros, que las ayudarán a expulsar al embrión, muchas veces a costa de su salud (en internet, Google reporta miles de páginas en español de mujeres preguntando por “remedios caseros para abortar”). Estas mujeres acuden también a comadronas, yerberas o médicos no calificados o sin ninguna certificación oficial que les realizarán un aborto en condiciones con frecuencia inseguras e insalubres, que resultarán en complicaciones médicas muy serias, en esterilidad y, en ocasiones, en la muerte. En el mundo, cada año alrededor de 70,000 mujeres mueren a causa de complicaciones por un aborto inseguro; en México, de acuerdo con datos oficiales de 2005, el aborto representa la tercera causa de muerte materna.2 En contraste, un aborto realizado por un médico calificado en condiciones técnicas e higiénicas adecuadas es una operación médica bastante segura. 2   World Health Organization, Unsafe Abortion. Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality, 5a ed., 2007, ; ipas (International Pregnancy Advisory Services), ; Gladis Torres Ruiz, “Aborto, tercera causa de muerte materna en México”, 2 de abril de 2007, Cimacnoticias, .

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En estas cifras y hechos se piensa cuando se dice que el aborto no es un problema moral sino de salud pública. Sin embargo esto tiene una dimensión moral: yo lo pondría en términos de la insensibilidad o la ceguera moral que para una sociedad significa negarse a reconocer estos hechos y condenar a sus mujeres a arriesgar su salud y su vida en abortos inseguros y clandestinos. La penalización no impide que se sigan realizando ni que se reduzca el número de abortos, por el contrario, los hace más complicados, incrementa los riesgos y provoca la muerte de mujeres, en su mayoría pobres. Éstas son consecuencias negativas y son moralmente condenables. ¿Por qué preferir, bajo el lema de proteger la vida de miembros “potenciales” de la sociedad, sacrificar la vida de sus miembros activos y dañar con ello la estructura de familias y relaciones personales ya existentes? Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que la experiencia de la mayoría de los países que han despenalizado el aborto ha resultado en una disminución significativa en el número de abortos que se realizan cada año, es decir, la despenalización ha tenido consecuencias positivas. El jurista Luigi Ferrajoli nos recuerda el caso de Italia, en el que No sólo la prohibición del aborto […] no tuvo el efecto de prevenir los abortos, sino que, por el contrario, éstos han disminuido enormemente, casi a la mitad, después de su supresión. Se puede discutir si entre la legalización de los abortos y su disminución existe una relación de causa a efecto, ligada quizá a su desdramatización, al consiguiente crecimiento de conciencia y responsabilidad y por ello a la mayor libertad de disponer del propio cuerpo y de decidir sobre la procreación, conquistada por las mujeres. Pero, a partir de la experiencia adquirida, es indiscutible que la penalización del aborto ya no puede ser racionalmente invocada ni siquiera para defender la vida de los fetos. Pues la misma no equivale, por efecto de magia, a la prevención de los abortos, es decir, a la tutela de los embriones, sino al aborto ilegal y masivamente clandestino. 3   Luigi Ferrajoli, “La cuestión del embrión: entre el derecho y la moral”, Debate feminista, año 17, vol. 34 (2006), p. 41. 3

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Ferrajoli tiene razón: igual que en países como Holanda, Suecia o Dinamarca, en Italia la despenalización del aborto en 1978 condujo a una gradual reducción en el número de abortos. De 17.2 abortos, por cada 1,000 mujeres entre 15 y 49 años, realizados en 1978, Italia pasó a 9.9 en 1999.4 La experiencia del df desde que se despenalizó el aborto en abril de 2007 también ha mostrado que un modo de reducir el número de abortos es suprimiendo la ley que lo criminaliza, ya que la despenalización posibilita programas y políticas públicas de orientación y consejería en salud sexual y reproductiva a mujeres que deciden abortar. De las 11 462 mujeres que llegaron a las clínicas del gobierno del df al año de la aprobación de la ley, sólo 7 820 decidieron finalmente practicarse un aborto. Sin la ley, muy probablemente las más de 11 mil se hubieran practicado el aborto y muchas de ellas hubieran muerto, en especial las mujeres pobres, de escasos recursos, jóvenes e indígenas. Es así como se muestra que la despenalización salva vidas. Ahora bien, quien está a favor de la penalización del aborto quiere hacernos creer que la mayoría de las mujeres que se embarazan y luego quieren abortar son jóvenes irresponsables que deberían asumir responsabilidad de sus actos, llevar a término su embarazo y hacerse cargo de su maternidad (aunque alguien podría pensar que, precisamente por ser irresponsables, no deberían tener un hijo). Encuestas realizadas entre mujeres que llegan a hospitales por complicaciones en abortos inducidos muestran que un 69% tiene ya una criatura o más y que deciden abortar porque su situación económica o familiar no les permite adquirir esta nueva responsabilidad, y en esa situación son incapaces de darle un mejor futuro o educación a ese posible hijo. 5 Contrario a lo que dicen quienes apoyan la   Angela Spinelli y Michele Grandolfo, “Abortion in Italy”, ben, Notiziario iss, vol. 14, núm. 4, abril de 2001, . 5   Miradas sobre el aborto, gire, México, 2000, p.  19. Sin embargo, compárese con los datos de Agnès Guillaume y Susana Lerner, El aborto en América Latina y el 4

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penalización, la mayoría de las veces estas mujeres están más conscientes de su imposibilidad para brindarle un mejor futuro a un posible hijo de lo que ellos quieren creer; y ciertamente están conscientes de los muchos problemas que un hijo no deseado traería a sus vidas. Supongo que muy pocas de estas mujeres recurrirán al aborto poniéndolo en términos de que un hijo estropeará sus planes de vida, puesto que, entre otras cosas, muchas de ellas carecen de cualquier clase de “plan de vida”. Y muy probablemente carecen de él porque, según estos mismos datos, 60% de estas mujeres o son analfabetas o no terminaron la primaria; un 28% terminó la primaria y sólo un 3% es profesionista. Es decir, el grueso de las mujeres que abortan son pobres: mujeres que muy probablemente no tuvieron ningún tipo de educación sexual, que desconocen o no tienen a su alcance un método anticonceptivo o temen tomarlos, que viven en contextos sociales machistas o en los que con frecuencia sufren violencia por parte de sus propias parejas o no se atreven a pedirle al hombre que se ponga el condón, dado que no están suficientemente empoderadas. Un gran número son jóvenes que por embarazo ven truncados sus estudios, o las despiden de sus empleos o las corren de sus casas. Muchas de ellas no tuvieron ni la oportunidad ni las condiciones para decidir tener sexo seguro y protegido. Es por ello por lo que resulta injusto culparlas y luego exigirles que tengan un hijo que ellas no desearon. La ley que penaliza el aborto castiga a estas mujeres no sólo por la falta de prevención de la que muchas veces ni siquiera estaban conscientes, sino también por su falta de educación, su ignorancia, su desconocimiento de métodos anticonceptivos y, a fin de cuentas, su marginación y falta de opciones. La ley las castiga por diversas razones para las que el Estado ni siquiera ha creado las condiciones adecuadas, para así ejercer una sexualidad protegida e informada. Sabemos que el aborto recorre todas las clases sociales. Las mujeres con poder adquisitivo también recurren al aborto, claCaribe, París-México, Institut de Recherche pour le Développement-El Colegio de México, 2007, cap. 4.

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ro que ellas tienen los medios para buscar un buen ginecólogo quien les practicará un aborto igualmente ilegal, pero en óptimas condiciones sanitarias. De este modo, ésta es una ley que penaliza en su mayoría a las mujeres pobres y, en ese sentido, es una ley injusta y discriminatoria. Es una ley que acentúa las desigualdades existentes en la ya de por sí muy desigual sociedad mexicana. Se podría decir que incluso ayuda a perpetuar las condiciones de pobreza en las que estas mujeres viven imponiéndoles la carga extra de mantener a un hijo no deseado en circunstancias precarias. También perpetúa estas condiciones al favorecer que haya más niños que crecerán con madres que, en primer lugar, no los desearon y que, de manera consciente o no, los rechazan. Madres que en su mayoría no tenían las condiciones para mantenerlos ni para educarlos. Son niños que crecerán en la pobreza y que, muy probablemente, permanecerán ahí. Los efectos negativos no terminan aquí. La ley que penaliza el aborto también tiene efectos negativos para la criatura y para la sociedad. Si es cierto que la mayoría de las mujeres que recurren al aborto son pobres, también lo es que no tendrán los recursos económicos para criar al hijo de manera adecuada y darle algún tipo de educación formal. Es posible que muchos de estos niños lleguen a formar parte de los llamados “niños de la calle”. Muchas mujeres, tal vez conscientes de que no podrán criar al hijo o tal vez por pura desesperación, lo abandonen al nacer. Como dato indicativo de esta situación, es interesante realizar una búsqueda en internet de los términos “bebé en la basura” en español y encontraremos miles de páginas que nos hablan de cuántos bebés vivos o muertos son abandonados en la vía pública. Otras, sin embargo, los abandonan con familiares o en orfanatos. Con insistencia se dice que la adopción es una solución al problema del aborto, pero la desproporción entre el altísimo número de abortos y el bajo número de adopciones en el país hacen que esta opción sea poco realista. Analizaré esta cuestión más adelante. Quienes decidan mantener a un hijo, a pesar de no haberlo deseado, seguramente no le darán los mismos cuidados y aten-

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ciones que a un hijo deseado. Muchos de estos niños crecerán en el abandono y el maltrato. Suelen trazarse diversas correlaciones entre embarazos no deseados y sus efectos en la salud psíquica tanto de las madres como de los niños, así como en las consecuencias sociales que tiene la penalización del aborto. 6 En síntesis, son numerosos los efectos negativos de la ley que penaliza el aborto sobre la mujer, la criatura y la sociedad. El filósofo liberal inglés, John Stuart Mill, afirmaba: “Todavía no se ha llegado a reconocer que dar la existencia a un hijo sin tener una seguridad fundada de poder proporcionar no sólo alimento a su cuerpo, sino instrucción y educación a su espíritu, es un crimen moral contra el vástago desgraciado y contra la sociedad.”7 Seguramente Mill enfocaría el asunto en términos de la de infelicidad por sobre la felicidad que las leyes que penalizan el aborto generan, y para él esto constituiría la inmoralidad de la ley. Aún más, podemos ponerlo en términos de bienestar y el balance resulta negativo. Si concebimos a la mo  Tal vez el estudio más significativo en este sentido sea el de Steven Levitt y John Donohue. Según estos autores, en Estados Unidos la reducción de los embarazos no deseados por la aprobación del aborto en los años setenta parece haber sido el principal factor detrás de la disminución de la criminalidad que se observó en los años noventa. Dado que la incidencia del aborto en los setenta fue muy alta entre mujeres pobres de grupos minoritarios, el número total de jóvenes que podrían tener problemas de delincuencia en los noventa fue menor. En estados que legalizaron el aborto antes de 1973, los índices de criminalidad bajaron antes. Levitt y Donohue afirman que, dado que esos hijos no deseados hubieran nacido en medio de un ambiente de pobreza y falta de amor materno, la probabilidad de que hubieran tenido problemas de criminalidad o de inadaptación psicológica o social era mayor. Éste es otro de los efectos negativos de la ley que penaliza el aborto. (“The Impact of Legalized Abortion on Crime”, Quarterly Journal of Economics vol. 116, núm. 2 (2001), pero también se encuentran resumidas en Steven Levitt y Stephen Dubner, Freakonomics, Ediciones B, Barcelona, 2006). Sin embargo, este estudio ha sido objeto de muchas críticas y habría que tomar sus conclusiones con ciertas reservas. Al mencionarlo no afirmo que la despenalización del aborto sea un mecanismo para evitar la criminalidad o incluso para favorecer la justicia social. Obviamente nuestros problemas sociales no se resuelven por esa vía, sin embargo, la despenalización favorece la reducción de algunos problemas sociales; es decir, puede tener efectos positivos. 7   John Stuart Mill, Sobre la libertad [1859], trad. P. de Azcárate, Madrid, Alianza, 1997. 6

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ralidad como un sistema de valores y normas tendente a promover, entre otras cosas, el bienestar de los individuos dentro de una sociedad y de la sociedad misma en su conjunto, entonces la ley que penaliza el aborto no promueve ese bienestar. Pero ésta no es la única línea de argumentación moral en contra de la penalización del aborto. b] La ley y los derechos de la mujer Hay otra línea de argumentación moral a favor de la despenalización del aborto que se relaciona con que la ley que lo penaliza infringe los derechos de la mujer. ¿En qué sentido tiene que ver esto con la moralidad de la ley? En que estos derechos no son sino una consecuencia directa del hecho de que las mujeres son agentes morales autónomos. Penalizar el aborto significa no reconocer que lo son. Significa no reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, y a planear libremente su futuro y realizarlo. Éstos son derechos morales que tienen las mujeres, falta que la ley los reconozca cabalmente con la despenalización del aborto. No hay otro caso en que la ley requiera a un individuo sacrificar su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal y su vida futura de la manera en la que un código penal lo hace cuando criminaliza el aborto. Como nos recuerda el filósofo Rodolfo Vázquez palabras que sentenció el también filósofo Luis Villoro al respecto, penalizar el aborto es una verdadera violencia contra los derechos de la mujer: 8 a] contra el derecho de todo individuo a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violenta el derecho de la mujer a la privacidad; b] contra el derecho de todo individuo a decidir su propio plan de vida y realizarlo, es decir, violenta el derecho de la mujer a la autonomía; 8   Rodolfo Vázquez, “Algo más sobre el aborto”, Debate feminista año 17, vol. 34 (2006), p.  30; Luis Villoro, “¿Debe penalizarse el aborto?”, en Margarita Valdés (comp.), Controversias sobre el aborto, México, fce-unam, 2001, p. 247.

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c] contra el derecho de todo individuo a la preservación de la salud, a su integridad física y mental, es decir, violenta el derecho de la mujer a la dignidad; d] contra la igualdad de oportunidades porque la penalización del aborto, como bien lo ha mostrado el pensamiento feminista, es un factor más de discriminación, es decir, violenta el derecho de la mujer a la igualdad. Una ley que violenta los derechos a la privacidad, autonomía, dignidad e igualdad de las mujeres —mientras que el resto de la legislación se los reconoce a los varones—, es una ley discriminatoria e injusta. Ahondaré en los temas de la discriminación y de los derechos reproductivos más adelante. En este punto debería resultar claro por qué afirmo que la penalización del aborto es una cuestión moral y no sólo de salud pública. Un buen sistema legal tiene que reconocer la autonomía de todas las personas, promover una mayor igualdad, una mayor libertad y minimizar la discriminación y la desigualdad entre los miembros de la sociedad; la ley que penaliza el aborto, entonces, no debería formar parte de ese sistema.

La moralidad del aborto Muy probablemente todo lo expresado hasta ahora no impresione a ningún defensor de la ley que penaliza el aborto. Por un lado, quienes están a favor de esta ley argumentan que el derecho a la vida del feto es aún más fuerte que cualquier derecho reproductivo de la mujer y que, como derecho supremo, debe prevalecer. Por otro lado, nos dicen que nada, ni la muerte de mujeres ni los efectos negativos que pudiera tener la prohibición del aborto en hijos no deseados o en las vidas de los o las implicadas, puede justificar el horror de matar a un ser humano inocente con derecho a la vida. El aborto es un crimen, nos dice, y si en efecto lo es, entonces nada puede justificar que no se penalice; ninguna argumentación debe engañarnos, porque

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nunca es moralmente permisible terminar con la vida de un feto y la ley debe hacer valer la moralidad. Lo que afirma el conservador parece tener mucha fuerza y, si tiene razón, ése sería un argumento muy poderoso a favor de la moralidad de la ley. Yo creo que no la tiene. Quienes favorecen la penalización del aborto sostienen que un feto es un ser humano inocente y que, por lo tanto, es moralmente incorrecto matarlo. Todos estamos de acuerdo en que matar a un ser humano inocente es un acto inmoral. Sin embargo, no todos estamos de acuerdo sobre si el feto es un ser humano con todos los derechos, dignidad y valor que tienen los seres humanos ya nacidos. Los juicios que hagamos acerca de la moralidad del aborto dependerán esencialmente de cómo concibamos qué es un ser humano y qué le da un valor especial a la vida humana. El asunto no es poca cosa. Algunas de las respuestas a estas cuestiones son problemáticas y suelen estar implícitas en muchas de las opiniones que se han vertido en contra de la despenalización. Quiero examinar aquí algunas de las más relevantes. 1] Para algunas personas, ser humano significa ser miembro de la especie Homo sapiens o tener el código genético o el genoma de dicha especie, y dado que los fetos humanos satisfacen esa condición consideran que son seres humanos y que, por lo tanto, es inmoral abortarlos. Dejemos de lado la cuestión de que todas nuestras células tienen el código genético humano, por la sencilla razón de que no las consideramos “seres humanos” —puesto que, al rascarnos, por ejemplo, matamos células humanas y entonces estaríamos matando seres humanos, lo cual es absurdo; el código genético no basta para dar la categoría de ser humano a algo o a alguien. Resulta más importante señalar que el hecho de pertenecer a una determinada especie no basta para fundamentar ningún juicio moral. Si ser humano significa ser miembro de una determinada especie o tener una cierta información genética, entonces todavía quedaría por explicar por qué este mero hecho tiene alguna significación moral. Pertenecer a una especie o

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tener un código genético determinado, en sí mismos, no tienen ningún valor moral, desde ningún punto de vista, pues es un mero hecho biológico que, por cierto, todos los seres vivos comparten. Plantas y animales tienen códigos genéticos específicos, pero eso no justifica que tengan ningún valor especial. Si eso es así, entonces no es claro por qué matar a un miembro de una especie, incluso si es la nuestra, sea moralmente incorrecto. Quienes siguen esta línea de argumentación tendrán que aceptar que la defensa que hacen de la vida del feto no está basada en una característica con valor moral y no habrán mostrado por qué es moralmente incorrecto interrumpir el embarazo. Quien sostiene que esa interrupción es inmoral podría responder que tiene valor moral porque no se trata de la información genética de cualquier especie, sino de la de un ser humano; pero entonces habrá caído en un círculo vicioso y ése es un mal argumento. 2] Otros afirman que tenemos que respetar la vida del feto porque se trata de una “persona potencial”, es decir, sostienen que el feto es un ente que tiene el poder de convertirse en una persona real y que eso hace a su vida valiosa. Es un hecho que, a partir de la valoración que hacemos de las capacidades y características típicas de los humanos nacidos, podemos valorar en consecuencia a los fetos. Sin embargo, el problema que plantea el argumento de quienes reprueban el aborto alegando que el feto es una persona potencial es que también tienen que admitir que es posible que el feto no llegue nunca a convertirse en una persona real (de hecho, de cada 100 óvulos fecundados, 40 se pierden espontáneamente). Lo que tiene potencia para ser, dice Aristóteles, también la tiene para no ser (Metafísica 1050b 8-11). Y si el feto no se convierte en una persona real (si se aborta) y, por lo tanto, no llega a tener en el futuro las características que confieren valor a las personas, entonces no hay nada en el presente de donde se pueda derivar su valor moral. 9 Es un hecho además que en la vida cotidiana   Cf. Margarita Valdés, “Aborto y personas”, en Valdés (comp.), op. cit.

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nunca pensamos que las entidades potenciales tengan el mismo valor que las entidades reales: no juzgamos igual a quien destruye un costal de semillas que a quien destruye un bosque. Por lo tanto, la muerte de un feto no puede equipararse con la muerte de una persona hecha y derecha. Argumentar que el feto es una persona potencial no necesariamente nos lleva a la conclusión de que el feto tiene el mismo valor moral que una persona real. Otra consideración pertinente al respecto es que un cigoto tiene la potencialidad de convertirse en persona (o no convertirse en nada o nadie, si se aborta espontáneamente); un cigoto también tiene lo que se conoce como totipotencialidad; ésta es la capacidad que poseen las células embrionarias, no sólo de multiplicarse, sino también de diferenciarse en distintos tipos celulares para lograr la reconstrucción de las partes del organismo que pudieran faltar. El cigoto tiene la potencialidad de convertirse en cualquier órgano, tiene la capacidad de dar origen a millones de células, tejidos, órganos diferentes, pero también a embriones. Es por esta razón que las células embrionarias tienen un alto valor para la ingeniería genética, ya que al implantarse en distintos tipos de tejidos, pueden adoptar las características de ese tejido y regenerarlo. De esta manera, un cigoto tiene la potencialidad de convertirse en una persona, de no convertirse en nada, e igualmente de convertirse en tejido de algún organismo. 3] Hay quienes afirman que el feto no es una persona potencial sino una persona real —sólo así se explica la atribución de derechos al feto, como el derecho a la vida y otros—, y sobre esa base se oponen a la despenalización del aborto. Continuamente escuchamos hablar a quienes se oponen a la despenalización de que hay un concepto “científico” de persona, y de que la ciencia demuestra que el feto es una persona. Sin embargo, en muchas ocasiones el llamado “concepto científico de persona” se reduce al de una entidad con el adn humano o simplemente al de “persona potencial”, cosa que, como vimos antes, no permite justificar la condena moral del

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aborto. En otras ocasiones tratan de derivar el concepto de persona del de organismo autónomo, es decir, se afirma que el embrión constituye un organismo autónomo desde muy temprano en el proceso de gestación, por ejemplo, se argumenta que tiene un sistema inmunológico independiente del de la madre, así como otros sistemas autónomos. Pero, ¿qué hay de cierto? Los animales son ellos mismos organismos autónomos y nadie, salvo los defensores de los derechos animales, argumenta que tengan un valor especial. Quien hace esta afirmación tendría que decirnos más acerca de por qué el concepto de organismo autónomo tiene un valor moral (sobre todo porque “autonomía”, en este contexto, no quiere decir “autonomía moral”, que es algo que difícilmente un embrión puede llegar a alcanzar). De igual manera se intenta sostener que hay un concepto científico de persona por distintas vías. En realidad no hay tal concepto “científico” —por lo menos en el contexto de las ciencias naturales, que es de donde se pretende derivar este concepto. La razón es muy sencilla: el concepto de persona no forma parte de ninguna explicación de por qué o cómo ocurre ningún fenómeno natural específico. No encontraremos en ningún texto serio de biología el concepto de persona empleado en un sentido explicativo. Y si alguien no estuviera satisfecho con esta razón, entonces también podríamos decir que el concepto de persona no puede ser un concepto científico debido a sus fuertes características normativas; no es meramente fáctico o descriptivo. Decir que algo es una persona es ubicarlo en una categoría de entidades que tienen al menos algunas propiedades mentales o psicológicas, las cuales pueden plantearnos exigencias morales. Tratar de derivar el concepto de persona de una determinada estructura de adn o de otras propiedades biológicas es cometer una falacia: la falacia naturalista, que consiste en querer derivar valor moral a partir de propiedades puramente naturales. Vayamos ahora a los argumentos positivos para apoyar que el aborto es moralmente permisible; estos argumentos dependen

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también de una cierta caracterización de lo que es una persona o un ser humano. Primero, la gran mayoría de los filósofos contemporáneos (así como muchos filósofos clásicos) coincidimos en que una persona es una clase especial de entidad a la que le podemos atribuir predicados psicológicos o mentales, por mínimos que éstos sean, como la capacidad de sentir dolor o placer, frío o calor. Aunque es cierto que generalmente tenemos un concepto de persona mucho más rico y pensamos que las personas son seres capaces de tener conciencia y autoconciencia, seres que tienen capacidades que implican ciertos grados de racionalidad, que poseen la capacidad de interactuar con otros miembros de la comunidad de personas y de llevar a cabo acciones intencionales. Lo que hace que le otorguemos un valor importante a un ser humano es precisamente que le podemos atribuir toda una gama de predicados psicológicos, que van desde simples rasgos de sensibilidad hasta capacidades de pensamiento y emotivas muy complejas. En segundo lugar, si bien la ciencia no puede decirnos qué es una persona, sí puede decirnos a partir de cuándo se puede afirmar que un embrión ha desarrollado dichas características mentales. Los avances científicos sobre el desarrollo del embrión y la fisiología del embarazo, así como la neurobiología, nos proporcionan información relevante para establecer en qué etapa del desarrollo embrionario se puede decir que el feto ha adquirido las características definitorias del ser humano y la base neurofisiológica necesaria para atribuir estados mentales al embrión. A las doce semanas el desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral ni las conexiones neurofisiológicas indispensables para que podamos atribuir sensaciones y conciencia al feto. “El conocimiento neurobiológico —afirma el neurocientífico mexicano Ricardo Tapia— sobre el desarrollo anatómico y funcional del sistema nervioso humano nos permite establecer que no se puede hablar de persona sino hasta el tercer trimestre del embarazo, y que por eso no hay duda de que el embrión de

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doce semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona.”10 En realidad, si pensamos en las características mentales como aquello a lo que otros se han referido en términos de “alma”, tal vez deberíamos concluir que la posición de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, para quienes (como se verá en el capítulo 10) el alma no penetraba al feto sino hasta el tercer mes del embarazo, es una posición bastante prudente. Y digo “prudente” porque, de acuerdo con la postura que he delineado, no sería sino hasta el tercer trimestre del embarazo que podríamos atribuir al feto la condición de persona. A esta posición moderada quiero sumarme y argumentar a favor de reconocer como moralmente permisible la interrupción del embarazo antes del tercer mes de gestación. Aquello, entonces, que le da valor moral a la vida de un embrión y que lo convierte en persona o en un ser humano no aparece sino más tarde en el embarazo. Si esto es así, podemos afirmar que hay una falla en el argumento que nos quiere probar que es moralmente incorrecto matar al producto de la concepción (sea éste cigoto, embrión o feto) en cualquier momento del embarazo. No muestra lo que quiere mostrar: la incorrección moral de la interrupción del embarazo, por lo menos antes del tercer mes. Si no podemos decir que el feto, antes de ese tiempo, es una persona, entonces tampoco le podemos atribuir derechos, como por ejemplo el derecho a la vida. Una criatura a la que no podemos atribuirle la condición de persona no puede ser sujeto de derechos. De lo anterior se deriva que el conflicto entre los supuestos derechos del feto y los derechos efectivos de la mujer no existe antes del primer trimestre. Si la interrupción del embarazo durante los tres primeros meses no es moralmente incorrecta, entonces desaparece la base moral para afirmar que se debe penalizar. ¿Qué sustenta la   Ricardo Tapia, “La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino, desde el punto de vista de la neurobiología”, El Colegio de Bioética, ; véase también el artículo “La formación del ser humano, el cerebro y el aborto”, Nexos 364, abril de 2008. 10

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consideración del aborto como un crimen sino su incorrección moral? De ser así, entonces se cae el argumento de que su incorrección moral justifica todos los efectos negativos de la ley. No los justifica. Ahora bien, si decimos que la interrupción del embarazo antes del tercer mes es moralmente permisible, esto equivale a decir que es moralmente indiferente o, en otras palabras, que el hecho mismo no es un asunto moral. (A menos, claro, que lo veamos como moral en la medida en que incluso ahí está implícito el derecho de la mujer a decidir y que poder realizarse un aborto es una afirmación de su autonomía moral.) Si el hecho mismo de interrumpir el embarazo antes del tercer mes no es un asunto moral, entonces resulta todavía más claro por qué no es moralmente justificable la ley que lo penaliza. Por último, quien ve el aborto como inmoral y justifica así su penalización puede insistir en que mi caracterización del valor de la vida humana no es cierta y que simplifica el asunto, en que el feto es verdaderamente una persona y un ser humano, que la vida humana es un valor supremo y el derecho a ella es inviolable desde la concepción y que nada justifica disponer de ella en la persona del feto; podría decir que no he demostrado nada. Dado que el concepto de persona y de lo que es un ser humano no es un concepto “científico”, sobre el que todos podamos estar de acuerdo (sin tomar en cuenta que también en la ciencia hay desacuerdos), sino uno esencialmente impugnable, tal vez no sea posible, ni para él ni para mí, “demostrar” que el feto es o no es un ser humano —en caso de que algo así se pueda efectivamente “demostrar”. Supongo que esto es lo que hace tan difícil el asunto del aborto. Pero si ni el liberal, el conservador o el moderado pueden demostrar que el feto es un ser humano, no veo por qué el Estado sí podría demostrarlo —por lo menos ésa es la posición que está implícita en la penalización. Esta problemática la clarifica muy bien Roger Wertheimer: “Los costos sociales de las actuales leyes sobre el aborto son tan severos que sólo la conservación de vidas humanas podría justificarlas. Por lo tanto, para justificar esas leyes el Estado tiene que demostrar

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que el feto es un ser humano. Pero si esto no puede hacerse en absoluto, tampoco puede hacerlo el Estado; de manera que dichas leyes no pueden sino verse como una carga injustificable y, por lo tanto, como un ejercicio ilegítimo de poder.”11 Un ejercicio ilegítimo de poder por medio del cual el Estado trata de imponer a sus ciudadanas y ciudadanos una ley que, si todo lo que he argumentado aquí es correcto, es una ley inmoral.

  Roger Wertheimer, “Comprender la controversia sobre el aborto”, en M. Valdés (comp.), op. cit., p. 55. 11

3. EL ABORTO, EL HOMICIDIO Y LA HIPOCRESÍA DE LA LEY

Muchos pensamos que la ley que penaliza el aborto es ineficaz e inmoral porque: 1] los abortos se practican con o sin ley; 2] es una ley que tiene más consecuencias negativas que positivas, pues entre otras cosas, orilla a las mujeres a arriesgar su salud y provoca la muerte de muchas de ellas en abortos clandestinos; 3] porque violenta los derechos a la privacidad, autonomía, dignidad e igualdad de las mujeres; y 4] porque no reduce el número de abortos ni tiene ningún efecto disuasorio. Ante esta afirmación, es común que quienes están a favor de la ley respondan que no castigar el aborto porque éste sigue en práctica es tanto como no prohibir el homicidio porque continúan los asesinatos. La interrupción del embarazo en cualquier etapa, nos dicen, constituye el asesinato de un ser humano inocente; el aborto es equiparable al homicidio, afirman, y por eso la ley que lo penaliza debe mantenerse. De su razonamiento se deriva que las mujeres que abortan deben ser consideradas como criminales, deben ser aprehendidas, condenadas y encarceladas; también deben serlo los médicos, comadronas o cualquier persona que ayude a una mujer a abortar. Pero, ¿qué tan exacta es la equiparación del aborto con el homicidio? A continuación examinaré este supuesto paralelismo. Existen muchas diferencias entre el aborto y el homicidio. Un homicidio constituye la acción de causar la muerte a una persona, de privar de la vida a un ser humano por la acción de otro. Es un delito tipificado que se persigue de oficio y que se suele denunciar. Por otro lado, hasta ahora, tanto en el Código Penal Federal como en la mayor parte de nuestros códigos penales estatales, el aborto es ilegal y, por lo tanto, está tipificado como un delito (salvo en casos de violación, que aceptan todos [57]

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los códigos, estatales y federal, así como casos de malformaciones congénitas o para salvar la vida de la madre, que también son admitidos por la mayoría de estos códigos). Sin embargo, lo que está en cuestión es si efectivamente se causa la muerte de una persona. La diferencia más importante entre el aborto antes de las doce semanas y el homicidio, es que es debatible que con el aborto se cause la muerte de una persona y que deba ser visto como un delito por la ley. Sin duda éste es el punto medular en la discusión sobre la moralidad del aborto: si éste constituye el asesinato de un ser cuya vida es muy grave terminar, es decir, un ser humano o una persona. En el capítulo anterior argumenté que, para definir lo que es una persona, no es un buen argumento apelar a la pertenencia de la especie, o a tener un determinado código genético, porque todavía quedaría por explicar la razón de que estos meros hechos tienen alguna significación moral. Cuando la gente afirma que el embrión es un ser vivo genéticamente distinto a la madre y que por ello ésta no puede disponer de su vida, comete el error de atribuir valor moral basándose en la mera información genética, pero no nos dice por qué tener esa información genética distinta a la de la madre sea algo que le dé valor moral a la vida de un cigoto o un embrión. El simple hecho de poseer información genética diferente no los convierte en personas humanas. En cambio, argumenté que una persona es una clase especial de entidad a la que le podemos atribuir predicados psicológicos o mentales, por mínimos que éstos sean, en otras palabras, que le podemos atribuir conciencia. Esto aparece en una etapa avanzada del proceso de gestación y no antes del primer trimestre del embarazo, que es el plazo que admiten la mayoría de los países que han despenalizado la interrupción del embarazo. De esta manera, podemos afirmar que el cigoto o embrión, antes de ese plazo, no es una persona y, por lo mismo, que la interrupción del embarazo durante ese periodo no debe considerarse como un asesinato. Si el embrión no es una persona, entonces no debe verse como portador de ningún derecho, como

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el derecho a la vida. Al interrumpir el embarazo no se viola el derecho a la vida de nadie, ni tampoco se mata a nadie, como sí sucede en el caso del homicidio. Ésta es la diferencia radical entre aborto y homicidio, la que sustenta que el aborto no debe verse como un crimen y que su tipificación como un delito dentro de nuestros códigos penales no tiene fundamento. A diferencia de las posturas que admiten la atribución de derechos al embrión en el primer trimestre del embarazo y que admiten que hay un conflicto entre los derechos de la mujer y los del embrión, yo no creo que exista tal conflicto, puesto que durante ese periodo el embrión no es sujeto de derechos desde un punto de vista filosófico. Ni tampoco desde un punto de vista legal: jurídicamente se considera que el embrión no es sujeto de derechos, sino un bien jurídicamente protegido por las leyes. En México, por ejemplo, la Constitución no se refiere de manera explícita al derecho a la vida, aunque lo hace implícitamente al proteger derechos fundamentales de la persona; pero, nos dice el jurista Jorge Carpizo Mac Gregor, “persona sólo es el ser humano y la organización a la cual el derecho atribuye esa cualidad. El embrión no es una persona”.1 Esto no quiere decir que el embrión esté jurídicamente desprotegido; si bien el embrión no es ni una persona ni “titular de derechos”, es un “bien tutelado” por la ley —del mismo modo en que lo son los recursos naturales o el patrimonio nacional, que las leyes protegen sin otorgarles derechos. De esta forma, si desde un punto de vista jurídico el feto no es sujeto de derechos, entonces resulta todavía menos clara la razón por la cual los códigos penales consideran al aborto como un delito. Ahora bien, ésta no es la única diferencia entre el aborto y el homicidio, hay otras: mientras que una de las estrategias para reducir los homicidios es enviando un claro mensaje disuasorio a los homicidas de que tendrán que pagar por sus crímenes, y ese pago consiste en su encarcelamiento, en el caso del aborto parece que, a los ojos de muchas mujeres, la pena de la mater  J. Carpizo, “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, en J. Carpizo y D. Valadés, op. cit., p. 16. 1

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nidad bajo coacción y de tener a un hijo no deseado es mayor que la de la cárcel. El verdadero castigo estriba en ser obligadas a ser madres cuando no lo desean, no en ser llevadas a la cárcel; al abortar, la mayoría de las mujeres están dispuestas a enfrentar el riesgo de la cárcel o aun el de perder la vida. Otra clara diferencia se da en términos de la perspectiva pública de estos dos fenómenos: en el caso del homicidio, todos coincidimos en que es claramente un delito que el Estado debe castigar aplicando la ley; en el del aborto, diríamos que la sociedad, en general, no quiere que se aplique la ley ni que se castigue a quienes abortan. Lo anterior lo corrobora el hecho de que, a diferencia del homicidio, la gente casi no denuncia casos de aborto, a pesar de que muchos saben de ellos; no hay voluntad social para perseguir a mujeres que abortan. Esta falta de voluntad social la confirman datos recientes dados a conocer a partir de la polémica que originaron las reformas al Código Penal del df que promovió la aldf en abril de 2007. El ministro instructor de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la pgr y la cndh ante la Suprema Corte en mayo de 2007, solicitó informes sobre el delito de aborto a partir de 1992 a las procuradurías generales de justicia, tribunales superiores de justicia, tribunales colegiados de circuito especializados en materia penal y mixta, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito en materia penal y mixtos. De acuerdo con esta información, de 1992 a finales de septiembre de 2007, en el df se reportaron 1836 denuncias por aborto y 36 consignaciones.2 Es decir, en un periodo de quince años, hubo en promedio 122.4 denuncias y 2.4 consignaciones por año (de esta última cifra, alrededor de una tercera parte terminaron en sentencias condenatorias, pero ninguna en encarcelamiento). Si, al tomar sólo un año, en 2001 se registraron 24 428 abortos en hospitales públicos y privados del df (a los que habría que añadir los abortos no registrados, para los que no hay datos), el porcentaje de consignaciones fue 2   Ibid, p. 79; véase también Ana Cortés, Persecución legal del aborto en la ciudad de México: un atentado al derecho a decidir, México, gire, 2006; y Claudia Bolaños, “La legislación muerta del aborto”, El Universal, 13 de abril de 2008.

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del 0.009%, y el de sentencias condenatorias de 0.003%. Cabe mencionar que las sentencias condenatorias no son equivalentes a encarcelamientos, pues en ocasiones las denuncias las hacen las mismas mujeres en contra del cónyuge, por haberles provocado la interrupción del embarazo y, en algunos casos, las penas se conmutan por multas. En quince años no se ha encarcelado a nadie por aborto en el df. Como algunos han dicho, el aborto como un acto penado es letra muerta. Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del df, ha afirmado que: “Casi nadie denuncia a una mujer que aborta porque todos sabemos el dolor y el sufrimiento por el que pasa. Me parece que hay que ubicar el tema en que la mujer es una víctima.”3 Al enterarnos de que alguna mujer ha abortado, pensamos en lo mal que debió haberlo pasado, pero no en que esa mujer es una criminal que debe denunciarse y ser llevada a la cárcel. En general, tampoco solemos pensar que el embrión ha sido la víctima de un homicidio, sino en que la víctima ha sido la mujer: ella ha sido víctima de la ley. En su mayoría, quienes realizan las denuncias suelen ser médicos que no desean verse involucrados con ministerios públicos, para así librarse de cualquier responsabilidad cuando las mujeres llegan a los hospitales por complicaciones en abortos clandestinos mal practicados. En un pequeño número de casos son las mismas mujeres quienes realizan la denuncia puesto que han abortado debido a que alguien más, típicamente su propia pareja, les ha provocado el aborto. En todos los casos en que hubo consignaciones, como dice el jurista Luis de la Barreda Solórzano, “no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada… no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto procurado y del consentimiento de aborto”.4 Las mujeres con recursos económicos suficientes acuden a clínicas privadas, en las que no hay ningún riesgo de enfrentar   Ibid.   Luis de la Barreda Solórzano, El delito de aborto. Una careta de buena conciencia, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales y Miguel Ángel Porrúa, 1991. 3 4

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una denuncia. Esto muestra que la ley que criminaliza el aborto es una ley injusta y discriminatoria. Estos datos revelan que la ley que penaliza el aborto es una ley ineficaz que en realidad casi no se aplica, que no hay voluntad social para aplicarla y, por lo demás, que tampoco puede aplicarse. Aplicar la ley conllevaría meter a la cárcel a por lo menos 102 mil mujeres cada año, que es el número de abortos que el Consejo Nacional de Población estima que se realizan en México anualmente. También implicaría encarcelar a un número muy grande de médicos, comadronas y enfermeras que participan en dichas intervenciones quirúrgicas. La sociedad no lo quiere y sería virtualmente imposible encarcelar a toda esta gente: el sistema penitenciario resultaría insuficiente para hacerlo y, al mismo tiempo, para ocuparse de encarcelar a auténticos criminales. Si por ejemplo, se metiera tras las rejas a una cuarta parte de esa gente, en menos de un año se habría sobrepasado la capacidad del sistema penitenciario en México, cuya capacidad total es de 163 867 internos, misma que desde hace tiempo ha sido rebasada. A nivel local, de haber sido encarceladas las mujeres que abortaron entre 2005 y 2007, 2 920 habrían terminado en los reclusorios femeniles del df, con capacidad para 1 608 internas.5 Como sociedad no podemos ni queremos recluir a toda la gente que podría sancionarse por el delito de aborto. ¿Por qué ejercer los recursos públicos y utilizar a las fuerzas encargadas de la seguridad en esto si es claro que los necesitamos para asuntos de seguridad pública importantes? Hay una cuestión más significativa aún: ¿por qué criminalizar el aborto si no hay intención ni capacidad verdadera para ejercer la ley y para llevar a toda la gente que se podría sancionar a la cárcel? Quienes defienden la penalización a sabiendas que no se va a ejercer la ley, ni se van a ejercer recursos públicos para perseguir a toda esta gente y que, por lo demás, la ley no tiene ningún efecto en la reducción del número de abortos,   Datos provenientes de la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública, . 5

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simplemente son cómplices del sistema de simulación e hipocresía que está detrás de esta ley. Despenalizar la interrupción del embarazo antes de las doce semanas, no considerarla como un homicidio es un hecho que apunta a reconocer la ineficacia de la penalización, y también a reconocer el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Estas medidas eliminan un elemento de discriminación en la ley y ayudan a que la sociedad se quite esa “careta de buena conciencia”, como la ha llamado Luis de la Barreda. Las leyes que penalizan el aborto son leyes para cuya aplicación no existe voluntad social, que el Estado prácticamente no aplica, y que tampoco pueden aplicarse, pero que sí han tenido el efecto de vulnerar los derechos de mujeres en una situación ya de por sí desfavorable, como es la pobreza; de hacerles más difícil la interrupción del embarazo al poner en riesgo su salud con abortos clandestinos e inseguros y, en muchos casos, hasta su vida. En México han muerto miles de mujeres debido a estas leyes que no podemos dejar de considerar sino hipócritas. Esta situación sí es un crimen.

4. ¿ES LA ADOPCIÓN UNA SOLUCIÓN REAL AL PROBLEMA DEL ABORTO?

Ante el argumento de que la penalización del aborto tiene consecuencias negativas para la sociedad, muchos sostienen que de ser así, simplemente hay que tratar de remediar dichas consecuencias, pero no con la despenalización porque sería tratar de remediar un mal con un mal mayor. Lo correcto es llevar a término el embarazo. Si la mujer quiere criar o no al hijo es otra cosa, lo importante es preservar su vida. Si no lo quiere criar entonces debería darlo en adopción. La adopción es una forma de remediar las consecuencias negativas del aborto. A fin de cuentas, sostienen, hay una gran cantidad de parejas que quieren un hijo y no pueden tenerlo. No es justo que las mujeres que pueden tenerlo opten por el aborto: deberían ofrecerlo en adopción, darle a la criatura padres que lo críen. También es una forma de manifestar que la mujer se preocupa por su hijo y que quiere darle aquello que ella no puede. Este argumento sentencia: “adopción sí, aborto no”. Éste es uno de los razonamientos de la posición conservadora que defiende la penalización del aborto, pero creo que tiene muchos problemas y es muy cuestionable. Antes que nada es discutible que el aborto sea moralmente incorrecto, tema que he abordado en los capítulos anteriores, y ahora quiero enfocarme de manera específica en la cuestión de la adopción. Siempre me pregunto si la gente que formula este argumento ha pensado seriamente lo que dice cuando afirma que la adopción es una solución para las consecuencias negativas de la penalización del aborto. Me pregunto también si esta gente tiene un mínimo de información acerca de la situación de las adopciones en el país o incluso en el mundo. En principio la adopción supone que una mujer que no ha [64]

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deseado su embarazo está dispuesta a llevarlo a término para luego dar en adopción a la criatura. Es decir, supone que la mujer que lleva a término su embarazo ha sobrellevado nueve meses de gestación para que, al momento de tener al hijo, se deshaga de él dándolo en adopción. Supone que, en su desesperación, no abandonará a la criatura al nacer, por ejemplo, echándola a la basura (todos los días se encuentran muchos niños vivos o muertos en los basureros o en la calle);1 también supone que estas mujeres no abandonarán a la criatura con parientes (de hecho, en un gran número de casos, son los parientes los que terminan adoptando a los niños). Supone que una mujer, a pesar de no haber querido su embarazo, está dispuesta a llevarlo a término y a dar en adopción al hijo no deseado. Supone también que los nueve meses de embarazo no afectan en nada a la mujer ni económica ni emocionalmente. Cualquier persona que haya visto telenovelas sabe que dar en adopción a un hijo, aunque éste no haya sido deseado, no es fácil para ninguna mujer (para empezar porque los trámites de adopción no son sencillos). Esta situación no sólo puede crearle una culpa mucho mayor que la que tendría si hubiera recurrido al aborto, sino que, a los ojos de la sociedad, puede ser vista como una “mala madre”, capaz de entregar a su hijo a extraños —mientras que el aborto es un asunto privado y, por consiguiente, la mujer no tiene que pasar por ningún enjuiciamiento público, como sucede en el caso de ceder al hijo. También puede ocurrir que las mujeres que decidan dar a su hijo en adopción vivan preocupadas por el futuro de la criatura (entre otras cosas porque no hay garantía de que el niño será efectivamente adoptado, si es que lo da a una casa hogar). Más 1   Cabe hacer notar que tras la despenalización del aborto antes de las doce semanas en el Distrito Federal se redujo el número de bebés abandonados en la vía pública, según datos de la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. El número de niños abandonados –entre vivos y muertos– en 2006 y 2007 fue en promedio de 2.2 por mes, mientras que en 2008 el promedio es de 1.2. Ángel Bolaños Sánchez, “Decae cifra de bebés dejados en la calle”, La Jornada, miércoles 27 de agosto de 2008, p. 39.

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allá de los problemas psicológicos que la adopción pueda crear en la mujer —que por lo demás pueden ser cuestionables—, ¿es la adopción una solución real al problema del aborto? En Estados Unidos, donde el aborto es legal desde 1973, la adopción ha demostrado no ser una verdadera solución. En 2003, menos de 14 000 infantes recién nacidos fueron cedidos voluntariamente para adopción por sus madres, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos; este número es insignificante comparado con los 1.3 millones de abortos que se realizan en ese país cada año. Estas cifras nos indican que las mujeres prefieren practicarse un aborto antes que llevar a término su embarazo para luego dar en adopción al hijo.2 Por otro lado, hay cantidad de prejuicios y de racismo en los procesos de adopción: los niños disponibles son con mayor frecuencia negros e hispanos, y las personas que tienen los medios económicos para adoptar suelen ser blancos que prefieren niños blancos (o asiáticos, según la moda actual). Este fenómeno crea un gran número de niños sin adoptar, que a la larga pueden tener problemas para integrarse a la sociedad. En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula en 102 000 el número de abortos inducidos o espontáneos por año; organizaciones internacionales y ong calculan más de medio millón anualmente.3 Dado que el aborto es todavía una práctica ilegal y clandestina en la mayor parte del país, no hay modo de saber con certeza cuántos abortos inducidos se realizan al año. Por otro lado, según datos del Conapo y del inegi, en 2006 había en nuestro país alrededor de 28 000 niños en casas hogar, orfanatos y casas cuna (esta cantidad es resultado de la acumulación de niños que llegan a estos lugares en el transcurso   Cory Richards, “The Adoption vs. Abortion Myth. Why Politicians are Wrong to Trumpet the Former as a Solution to the Latter”, Los Angeles Times, 29 de octubre de 2007. 3   Información tomada del Consejo Nacional de Población, ; Center for Reproductive Law and Policy, Mujeres del mundo: leyes y políticas que afectan sus vidas reproductivas. América Latina y el Caribe, 2000, ; y gire, . 2

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de varios años). Incluso si consideramos la conservadora cifra de 102 000 abortos, la comparación entre estas dos cantidades nos muestra que el número de niños disponibles en adopción es mucho menor que el número de abortos realizados cada año. De estos 28 000 niños sólo un pequeño porcentaje es adoptado. Por ejemplo, en 2006, por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) y los sistemas estatales y municipales, el número total de adopciones realizadas y concluidas en México fue de 1 922 (es decir, el 6.8%, 94% de las cuales fueron hechas por nacionales, 6% por extranjeros, en su mayoría españoles, franceses y canadienses). Durante ese año hubo sólo 2 817 solicitudes de adopción.4 Estas cifras están muy por debajo de los 28 000 niños disponibles en adopción, y ciertamente de los 102 000 abortos que se realizan al año en el país. Estos datos muestran que la adopción no puede ser, ni de lejos, una solución al problema del aborto en México: simplemente no es posible cambiar abortos por adopciones. Sin embargo, supongamos que se pueden convertir en adopciones el número de abortos; tendríamos 102 000 niños más cada año en situación de adopción. Hay que tomar en cuenta que este número se incrementaría con el paso del tiempo por la acumulación de menores, aun descontando el pequeño porcentaje de niños que fueran adoptados. En pocos años alcanzaríamos una población de varios cientos de miles de niños en situación de adopción, lo que supondría un sistema de orfanatos, casas cuna y casas hogar mucho más grande que el que actualmente existe. La situación no mejora si también tomáramos en cuenta a las fundaciones e instituciones de asistencia privada que hay en el país. En todo caso, es difícil pensar que el gobierno empezará ahora a invertir más en la creación de nuevas casas 4   dif, Diagnóstico de la adopción en México, 2007, . En México, el dif, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, es la instancia competente y responsable de personas en situación de vulnerabilidad, como los menores víctimas de maltrato o abandono. También es la encargada de “supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores” (art. 9, inciso XIV).

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hogar si las ya existentes tienen numerosas limitaciones, ya que en el pasado no se invirtió lo necesario en ellas. No veo que el actual gobierno conservador haya hecho mucho en ese sentido ni le haya prestado al problema la atención necesaria. (Tampoco observo que nadie que haya propuesto la adopción como solución al aborto haya adoptado; vamos, tampoco he visto que los panistas, los jerarcas de la Iglesia ni otros defensores de la penalización hayan hecho nada en el pasado para tratar de reducir los abortos en el país o para remediar las consecuencias negativas que la penalización tiene.) Por otro lado, en todo el país, debido a obstáculos administrativos, vacíos legales y problemas de discrecionalidad en el proceso o ausencia de información, el proceso para la adopción no garantiza el derecho de los niños a tener una familia. En 2007, a nivel nacional, el dif tenía en su custodia 11,075 menores en situación de desamparo, pero sólo 517 reunían las condiciones para ser adoptados.5 Es cierto que habría que revisar y flexibilizar la legislación respecto a la adopción (que varía de estado en estado), pero incluso aunque se cambiaran las leyes para facilitar el proceso, no es seguro ni que los niños ni las familias que los desean (suponiendo que haya bastantes) reúnan todos los requisitos y que el proceso sea lo suficientemente sencillo como para garantizar que un número significativo de niños sea adoptado. Sin embargo, hay que tener presente que en los procesos de adopción, es de suma importancia que la situación jurídica de los menores esté regularizada y que existan ciertas normas y requisitos mínimos que las personas que adopten tienen que cumplir, pues la adopción se puede prestar a casos de tráfico de menores o de tráfico de órganos. De igual manera que en Estados Unidos, en México hay todo tipo de discriminación hacia los niños en procesos de adopción, ya sea por discapacidad, defectos físicos, rasgos indígenas o simplemente por ser mayores de tres años.6 Por esta razón 5   dif, op. cit.; véase también Ángeles Cruz Martínez, “Trámites y vacíos legales impiden la adopción de niños en el país”, La Jornada, 4 de octubre de 2007. 6   Angélica Simón, “Discriminan a niños en procesos de adopción”, El Universal,

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conforme pasa el tiempo, es más difícil para muchos niños encontrar una familia que los adopte, con lo cual la acumulación de niños en casas hogar se acrecienta —sobre todo si pensamos que el tiempo promedio del proceso de adopción por medio del dif, a nivel nacional, es de catorce meses. El acto de la adopción es uno de los actos más loables de los que puede ser capaz un ser humano; alguien que decide criar y darle su amor a niños que no son sus hijos biológicos —con todos los problemas, sacrificios, pero también satisfacciones que ello implica. Eso nadie lo duda ni es el punto de discusión. El punto es que plantear la adopción como una solución al problema del aborto no sólo no es realista, es incluso absurdo e irresponsable. Además de no solucionar las diversas consecuencias negativas que tiene la penalización, muy probablemente podría agravar algunas de ellas. Con seguridad agravaría la situación del sistema de casas hogar y orfanatos del país, llevándolo incluso al colapso. Cambiar abortos por adopción es irreal y sería bueno que la gente que afirma “adopción sí, aborto no” pensara un poco más lo que dice y se informara antes de hablar.

29 de abril de 2007; Fundación Christlieb, Adopción en México y la experiencia internacional, .

5. ABORTO, DIGNIDAD HUMANA Y DISCRIMINACIÓN

Hay un argumento en contra de la despenalización del aborto que escuchamos con frecuencia: despenalizar la interrupción del embarazo constituye un acto de discriminación hacia el “concebido no nacido”. Cuando se permite la interrupción del embarazo antes de las doce semanas se discrimina al embrión de manera injusta y se violan sus derechos. Históricamente se ha discriminado a mucha gente cuando no se debía haber hecho: los conquistadores españoles discriminaron a los nativos americanos y cometieron uno de los más grandes exterminios de la historia. Los conquistadores argumentaban que los indígenas no eran seres humanos, puesto que —según lo justificó el religioso y cronista español Ginés de Sepúlveda— no tenían alma. Más tarde, los europeos discriminaron a los negros, los trataron como animales y los esclavizaron; los nazis discriminaron a los judíos con el argumento de que eran una raza inferior, “subhumana”. Estas maneras de pensar justificaron la discriminación masiva de mucha gente, y perpetraron los grandes genocidios de la historia. Ahora estamos mayormente de acuerdo en que no había ninguna justificación para discriminar a los indígenas, a los negros o a los judíos. Ahora, se nos dice, podemos permitir la interrupción del embarazo durante el primer trimestre, pero luego podríamos darnos cuenta de que eso era un error, dado que esta acción se basaba en un concepto equivocado del valor de la vida, de la dignidad humana y de lo que es una persona. Hacer depender el valor de la vida humana de un feto y su dignidad, de la conciencia y la vida mental, aspectos de los cuales ignoramos tantas cosas, es peligroso. Así como antes se discriminó a grupos humanos dando lugar a grandes masacres, hoy se puede discriminar igualmente a los concebidos no nacidos sobre la base de una gran ignorancia acerca de lo que supues[70]

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tamente hace que alguien sea una persona o un ser humano, y podemos terminar justificando un genocidio de iguales o mayores dimensiones que los otros. Éste es a grandes rasgos uno de los argumentos conservadores en contra de la despenalización del aborto realizado antes de las doce semanas de gestación. ¿Estamos en efecto ante un acto de discriminación? ¿No terminaremos en el futuro dándonos cuenta de que hemos cometido un error? Entonces seguramente será demasiado tarde porque ya habremos perpetrado una gran masacre. Este razonamiento merece una contestación por partes. Empecemos por definir la discriminación. El Diccionario de la Real Academia Española define el acto de discriminar del siguiente modo: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.” Se trata de rechazar a una persona o de considerarla como inferior sólo por su pertenencia supuesta o real a cierto grupo con base en su raza, su religión, su clase social, su sexo, su edad, sus capacidades físicas y su preferencia sexual, entre otros. A los indios, negros y judíos se les ha discriminado por razones fundamentalmente raciales. Sin embargo, hoy en día estas razones nos parecen subjetivas y arbitrarias, y el racismo, inmoral. El color de la piel o las características raciales no son algo que nosotros elijamos y por lo que se nos pueda responsabilizar, de modo que resulta injusto discriminar a la gente por algo que está más allá de su control. Las diferencias raciales no justifican un trato distinto en ningún sentido, ya que en aspectos más importantes somos iguales. Indios, negros, judíos o mexicanos (a quienes también se discrimina racialmente en Estados Unidos) somos iguales en dignidad a cualquier otro grupo étnico. La equidad que introdujo el discurso de los derechos humanos nos ha hecho ver que todas las personas tienen igual dignidad sólo por el hecho de ser personas, independientemente de su raza, color de piel, sexo, religión o preferencia sexual. Es por esa dignidad que como seres humanos merecemos un trato justo e igualitario. La dignidad es el valor o el estatus moral

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que atribuimos a las personas humanas sólo por el hecho de serlo. El filósofo alemán Immanuel Kant definió el término de un modo que pervive en nuestra concepción contemporánea. De acuerdo con el pensador, la dignidad humana está basada en la capacidad para la racionalidad práctica, en especial la capacidad de ser agentes autónomos que rigen sus vidas morales por las leyes que se dan a sí mismos. Kant afirmaba que esta capacidad era la fuente del valor y de la normatividad que rige nuestras vidas; puesto que los seres humanos son creadores de valor, eso les da un valor intrínseco, diferente al valor que le asignamos a otras cosas en el mundo. Esta capacidad de ser autónomos no tiene precio y no puede sacrificarse por nada. “Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es la dignidad.” 1 La dignidad inherente a los seres humanos nos otorga un valor intrínseco y eso, para Kant, es lo que hace que todo ser humano sea un fin en sí mismo y no deba ser tratado como un simple medio. Hacerlo vejaría su dignidad. La dignidad de cada uno exige de los otros un cierto trato, un trato respetuoso e imparcial que reconozca ese valor intrínseco. En el transcurso del tiempo hemos reconocido que la dignidad humana es un valor central que corresponde a todos los seres humanos simplemente por nuestra capacidad para la racionalidad práctica y la autonomía, es decir, por aquello que nos distingue como seres humanos de otras criaturas vivientes. La dignidad exige cierto trato hacia otros seres humanos. Hay maneras de tratar a un ser humano que son incongruentes con el hecho de reconocerlo cabalmente como miembro de la comunidad de personas con dignidad. Desde un punto de vista moral, los intereses de todos son igualmente importantes ya que somos iguales en dignidad —y esto a su vez, según pensadores como el estadunidense Ronald Dworkin, da lugar a una   Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. M. García Morente, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, p. 93. 1

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igualdad en nuestros derechos fundamentales. Para una moral imparcial no hay personas privilegiadas. Esta exigencia de imparcialidad y de trato respetuoso excluye cualquier esquema en que se trate a los miembros de grupos particulares como moralmente inferiores, se les discrimine y se violen sus derechos. Si no hay buenas razones para tratar a la gente de un modo distinto, entonces estamos frente a un caso de discriminación y eso es moralmente inaceptable, arbitrario e injusto. Quien posea aquellas características de las que habla Kant merece ser considerado como alguien con dignidad. Pero tal vez Kant estableció estándares de dignidad muy altos, pues el criterio de la racionalidad parece excluir a niños pequeños o a gente con discapacidades cognitivas a las que también les atribuimos dignidad. Quizá deberíamos ir sólo un paso atrás y decir que aquello que posibilita la racionalidad está en la base de la dignidad, a saber: tener estados mentales, por más simples que sean, estados que nos permitan establecer comunicación consciente con el mundo circundante y desarrollar la capacidad de pensar. El que podamos atribuir estados psicológicos a alguien, sensaciones o conciencia es la condición que posibilita alcanzar la racionalidad y, en último término, la dignidad. Es así como están en la categoría de la dignidad los grupos a los que he dicho que se ha discriminado, y también se encuentran los niños pequeños y la gente con discapacidades cognitivas. Sin embargo, cuando se da un paso atrás con respecto a la concepción de Kant del modo en que yo lo he hecho, se llama a la pregunta de por qué no dar otro paso más y sentar las bases para la atribución de dignidad en otro aspecto como por ejemplo, en la pertenencia a la especie o en tener cierta información genética. Lo anterior nos lleva al tema de la condición de persona, que ya hemos tratado, pero cabe enfatizar que la condición de persona está íntimamente ligada al concepto de dignidad. La cuestión aquí es si podemos dar otro paso más atrás y decir que los embriones humanos de antes de doce semanas pertenecen al conjunto de las personas con dignidad. Si pueden clasificarse con justicia en el grupo de las personas con

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dignidad, entonces los estaríamos discriminando y masacrando en una especie de genocidio a través de la despenalización del aborto. En realidad la pregunta que hay que responder es si son efectivamente personas, de ser así, les corresponde el valor de la dignidad. En el capítulo 2 argumenté de forma detallada que ser una persona no es algo que derive del mero hecho de tener un determinado código genético o de pertenecer a la especie Homo sapiens. Un cigoto, por el solo hecho de poseer una determinada información genética, no es una persona con dignidad. La dignidad no está en los genes. Tampoco cuenta para esa categoría tener la potencialidad de convertirse en una persona, dado que un cigoto tiene también la potencialidad de no convertirse en nada, pues el 40% de los óvulos fecundados se abortan espontáneamente. Esto último, por cierto, suele suceder sin que la mujer se dé cuenta de que ya había concebido. Como también afirmé, decir que algo o alguien es una persona es ubicarlo en una categoría de entidades que tienen al menos algunas propiedades mentales o psicológicas, por mínimas que éstas sean. Hablo de la capacidad de tener sensaciones, de ser conscientes de esas sensaciones, de nosotros mismos y de lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, la conciencia es una característica básica para atribuir la condición de persona. Una característica necesaria, mas no suficiente. Si pensamos en ello, la posición que centra el valor de la persona en la conciencia no es tan lejana de muchas concepciones que a lo largo de la historia han situado ese valor en el alma. Mencioné antes a Ginés de Sepúlveda, quien negaba que los indígenas americanos fueran seres humanos porque no tenían alma; asimismo, otros esclavistas han pensado que los negros no eran personas porque carecían de alma. Hoy en día nuestro vocabulario sobre la mente y la conciencia ha sustituido la terminología del alma, pero nos referimos a cosas muy similares. Hoy sabemos que las condiciones fisiológicas para atribuir mente y conciencia no residen en el color de la piel sino en el desarrollo del cerebro.

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También afirmé que “persona” es un término con una alta carga normativa, lo que, entre otras cosas, quiere decir que esa sola afirmación nos plantea ciertas exigencias morales hacia el individuo. En resumen, las mismas características que permiten atribuir la condición de persona son las que hacen que se pueda decir que esa persona posee dignidad. La dignidad no proviene del hecho de tener un determinado código genético o de pertenecer a una cierta especie, sino de las exigencias que impone afirmar que alguien es capaz de ser consciente, de sentir o de pensar. Si un embrión antes de doce semanas no es una persona, entonces no podemos decir que se le discrimine. Y no lo hacemos, ya que discriminar —recordemos la definición del diccionario— es “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera”. No se le da un trato inferior al embrión puesto que ni siquiera es una persona. Ésta es una diferencia notable entre el embrión y las personas a las que reconocidamente se ha discriminado, como los negros o los mexicanos. Al abortar embriones de menos de doce semanas tampoco se comete ningún genocidio: este término se refiere a una gran matanza de gente, de personas, y los embriones no lo son. Por otro lado, si el aborto no implica ninguna forma de discriminación hacia los embriones, las leyes que lo penalizan sí implican una discriminación hacia la mujer. No hay ninguna duda de que la mujer, con todos sus derechos consagrados por el orden jurídico, sí es una persona con dignidad. A la mujer sí se la discrimina. ¿Por qué? La ley que criminaliza la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres porque no reconoce sus derechos básicos. El derecho “más básico” que tiene una persona, el derecho sobre su propio cuerpo, no lo reconoce esta ley y así la discrimina. No reconoce sus derechos a decidir su propio plan de vida y llevarlo a cabo, a la privacidad y a la autonomía, entre otros. Las razones que subyacen a la penalización nos parecen a muchos malas razones, pues en primer lugar la ley no protege la vida de

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nadie (porque si el embrión no es una persona, entonces no es un “alguien”, todavía no ha llegado a serlo), y en segundo lugar, la penalización no reduce el número de abortos y sí tiene el efecto, seguramente no deseado por el legislador, de la muerte de muchas mujeres en abortos clandestinos. Si la ley no da una buena razón, más allá de proteger la vida de supuestas personas, para tratar a las mujeres de modo diferente a los varones —a quienes sí reconoce los derechos que le escatima a la mujer—, entonces estamos frente a una ley discriminatoria. De igual manera es una ley que penaliza mayormente a las mujeres pobres y en ese sentido también es discriminatoria. Es una ley que acentúa las desigualdades existentes en la ya de por sí muy desigual sociedad mexicana. Se podría decir que incluso ayuda a perpetuar las condiciones de pobreza en las que estas mujeres viven imponiéndoles la carga extra de mantener a un hijo no deseado en circunstancias precarias. Además es una ley que no se aplica a mujeres con recursos, que también abortan, pero en óptimas condiciones sanitarias y sin ningún riesgo ni para su salud ni de ser denunciadas. Si efectivamente ésta es una ley discriminatoria, entonces es una ley inmoral, puesto que la discriminación, como dije antes, es moralmente inaceptable.

6. ABORTO: DOCE SEMANAS Y UN DÍA

Cuando se habla de despenalizar el aborto después de un plazo de doce semanas, mucha gente que está en contra de la despenalización presenta la siguiente objeción: ¿Esto quiere decir que la interrupción realizada el día 90 del embarazo es legal y la que se realiza el día 91 no? ¿Cuál es la diferencia fisiológica en el desarrollo del feto de un día para otro? ¡Ninguna! Entonces, ¿qué fundamentos se tienen para permitir el aborto un día y al día siguiente no? ¿Es acaso la posibilidad de tener conciencia? La conciencia es todavía un misterio para nosotros y no podemos decir con certeza qué es ni cuándo surge. Mientras no se tenga un conocimiento aceptable sobre el asunto de la conciencia no es posible tomar decisiones adecuadas y por lo tanto no se debe despenalizar el aborto. Debemos considerar al feto como un ser humano cuya vida es valiosa desde el momento de la concepción. ¡Es absurdo y arbitrario el criterio de despenalizar la interrupción del embarazo a las doce semanas! ¡Ese parámetro temporal no es objetivo ni razonable!

Creo que la anterior es una versión bastante completa del argumento conservador sobre este punto. Parece un argumento muy sólido, ¿cómo podemos rebatirlo? Hagámoslo por partes. Ciertamente tenemos una concepción moral diferente de un cigoto y de un feto de nueve meses o de un bebé recién nacido. No consideramos que esté justificado tratarlos de la misma manera. Si, en un caso hipotético, tuviéramos que optar entre salvar una veintena de probetas con óvulos fertilizados o salvar a un bebé recién nacido, coincidiríamos en que lo correcto es salvar al bebé (si los conservadores coinciden, entonces deberían preguntarse por qué no le damos el mismo valor a los óvulos fertilizados que al bebé ya nacido). Si la diferencia fuera [77]

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tan clara en todos los casos, tal vez no habría mayor discusión sobre este punto. Sin embargo, ¿qué diferencia fisiológica hay entre un embrión de doce semanas y uno de doce semanas y un día (suponiendo que puede medirse con precisión la edad por días de un feto)? Con seguridad casi no hay diferencia y esa es la razón por la que el tema es tan complicado. El proceso de desarrollo embrionario es continuo y gradual, no hay saltos significativos en ningún momento. ¿Qué justifica entonces diferenciar entre uno y otro día para justificar a su vez el valor de la vida de un feto? Si comparamos lapsos cortos en el desarrollo embrionario no se encontrarán diferencias significativas —y de esta manera, sin notar diferencias significativas de un día para otro, la vida del cigoto valdrá tanto como la del bebé de nueve meses (o incluso la del bebé recién nacido o, por qué no, la de un adulto). Pero si aceptamos este argumento, entonces tendríamos que aceptar argumentos análogos para casos similares: por ejemplo, como no hay ninguna diferencia significativa entre un adolescente de 17 años, 11 meses y 29 días y uno de 18 años (y así sucesivamente, día a día antes o después de esas fechas), entonces no habría ninguna razón para justificar que un día no se le considere mayor de edad a alguien y al día siguiente sí, que se le dé licencia de manejo, se le permita votar o tomar otras responsabilidades. Sin embargo, casi nadie objeta esta norma (u otras similares) en estos términos.1 En realidad no parece haber ninguna diferencia en el desarrollo normal de la vida de una persona si sólo se comparan periodos cortos; es decir, diferencias que justifiquen un trato distinto por parte de la ley, como el que establecen las normas que señalan la mayoría de edad a los 18 años. Es absurdo exigir el momento exacto en que alguna diferencia notable hace que una persona pase de la adolescencia a la edad adulta; estos cambios son continuos y graduales. Generalmente tomamos criterios como la madurez emocional, la capacidad de tomar responsabi  En México se alcanza la mayoría de edad a los 18 años, en otros países, como Estados Unidos o Argentina, a los 21. 1

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lidades, etc., (relacionados, por cierto, con cambios anatómicos en el cerebro adulto emergente); aunque sabemos que estos factores varían de persona a persona y que hay gente que a los 25 años (o mucho después) no ha alcanzado ningún tipo de madurez. No obstante, se impone la necesidad de trazar una frontera entre una edad y otra. Por lo regular las diferencias se destacan durante periodos más largos que el desarrollo diario en la vida de un individuo, y también en la de un feto. Si comparamos las diferencias entre un embrión de 30 días con uno de 90 o con uno de nueve meses, entonces los cambios son notables y estas diferencias justifican un trato distinto y también una consideración moral distinta. Como nos dice la filósofa Margarita Valdés: No podemos ser crueles con una blástula, pero sí podemos serlo con un feto de seis meses o más aún con otro que esté a punto de nacer. No podemos exigir que la reflexión sobre la moralidad del aborto arroje como resultado fechas matemáticamente exactas dentro de las que el aborto hubiera de ser moralmente irreprochable; lo que sí tenemos que exigir es que nos proporcione ciertas guías razonables que nos ayuden a tomar decisiones en casos concretos.2

Como el desarrollo embrionario es una cuestión continua y gradual, debemos trazar límites más o menos grandes, pero también dar razones para proceder de ese modo. Hay buenas razones para trazar una frontera entre la adolescencia y la edad adulta (que, como dije, están relacionadas con la madurez), o entre ésta y la “tercera edad” (que tienen que ver, entre otras cosas, con la capacidad laboral); pero no las hay para trazar una línea, por ejemplo, entre los 52 y los 53 años de edad. De tal manera, en el caso del desarrollo embrionario, tal vez no podemos dar razones para trazar una frontera entre uno y otro día, pero se impone la necesidad de trazar diferencias en términos de semanas o meses. Es en términos de semanas que se hace   Margarita Valdés, “Aborto y anticoncepción en México”, en Mark Platts (comp.), Dilemas éticos, México, fce-unam, 1997, p. 90. 2

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la diferenciación, por ejemplo, entre un cigoto, un embrión y un feto. Es por ese motivo que para los efectos de la moralidad y de la ley se puede hacer la distinción en estos términos. Asimismo se suele hacer la diferenciación en términos de meses y, muchas veces, de trimestres. Médicamente, por ejemplo, se suele trazar la diferenciación por trimestres. Ahora, ¿por qué trazar la frontera en el primer trimestre, es decir, en las doce semanas? El criterio que muchos pensamos debe emplearse para distinguir a la célula que es el cigoto de un feto de nueves meses, es que se pueda predicar de él la condición de persona y, por lo tanto, atribuir conciencia. Lo que hace que demos un valor especialmente importante a un ser humano es que le podamos atribuir una gama de predicados psicológicos que tienen que ver con la conciencia. Esto sólo se origina después de que ha aparecido el sustrato biológico que posibilita dichas características, es decir, el sistema nervioso central, y en específico la corteza cerebral. Como afirma el neurobiólogo Ricardo Tapia: “hasta las semanas 12-13 no hay aún corteza cerebral, sino apenas la llamada placa cortical que le dará origen […] el feto humano es incapaz de tener sensaciones conscientes y por lo tanto de experimentar dolor antes de la semana 22-24”.3 ¿Por qué entonces si el feto humano no es capaz de tener sensaciones conscientes hasta las semanas 22-24 se establece la semana 12 como límite para la permisividad del aborto? Hay por lo menos tres razones: la primera se debe a que trazar el límite en las doce semanas es ir a lo seguro, es decir, al tomar un momento temprano del embarazo es seguro que todavía no podemos predicar conciencia ni vida neuronal y mental del embrión. La segunda razón, y probablemente la más importante, tiene que ver con la salud de la mujer: si se realiza la interrupción durante el primer trimestre de la gestación, menor será el riesgo para su salud. Un embarazo interrumpido antes de las doce semanas puede realizarse sin que intervenga ningún pro3   Ricardo Tapia, “La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino, desde el punto de vista de la neurobiología”, El Colegio de Bioética, .

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cedimiento quirúrgico, por ejemplo, puede hacerse por medio de una aspiración endouterina o con medicamentos (como el misoprostol o la mifepristona). Estos métodos son de muy bajo riesgo para la salud de la mujer. Después de las doce semanas los procedimientos cambian: hay que recurrir al legrado uterino instrumental y el personal médico que realiza el procedimiento debe tener mayor grado de especialización. Los procedimientos quirúrgicos por lo general tienen tasas más altas de complicaciones que los métodos que se usan antes de las 12 semanas. La tercera razón es probablemente secundaria pues tiene como base las dos anteriores: está relacionada con cuestiones de derecho comparado. De los 61 países en el mundo que permiten la interrupción voluntaria del embarazo (la mayoría de ellos países occidentales democráticos con sistemas legislativos que protegen los derechos humanos), más de la mitad establecen el plazo de doce semanas como límite. Países como Alemania, Noruega, Suiza, Dinamarca o Canadá establecen un límite de 18 semanas; Estados Unidos y Gran Bretaña, 24 semanas. 4 Comparada con estas últimas, el criterio de las doce semanas resulta bastante moderado. Éste es un plazo prudente que puede interpretarse como un compromiso entre posiciones conservadoras y liberales extremas. Desde ese punto de vista el plazo de las doce semanas no es ni absurdo ni arbitrario. Está fundado en etapas perfectamente delimitadas (en términos de semanas) en el desarrollo embrionario y que también están relacionadas con el desarrollo de la conciencia y de la vida mental del feto, así como con el bajo riesgo para la salud de la mujer que decide interrumpir su embarazo. Por último, se nos dice que sabemos tan poco acerca de la conciencia que resulta preocupante tomar decisiones basadas en el desconocimiento, y que mientras no se sepa cuándo sur  “Abortion Laws of the World” en el Annual Review of Population Laws de Harvard, . 4

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ge la vida mental y la conciencia, y se tenga un conocimiento aceptable de éstas, no se pueden tomar decisiones adecuadas; por lo tanto, no se debe despenalizar el aborto. Ante esta objeción podemos responder que el que no se conozca a cabalidad un fenómeno no tiene por qué impedir el tomar decisiones y avanzar: la psicología, por ejemplo, se ha desarrollado ampliamente como una ciencia sin necesidad de tener que responder de manera exhaustiva a la pregunta por la naturaleza de la conciencia y de nuestros estados mentales en general. En todo caso, hay aspectos básicos que se conocen acerca de la naturaleza de la conciencia y de la mente que nos permiten afirmar con seguridad que sin una base cerebral no hay estados mentales, que sin el desarrollo de la corteza cerebral en el embrión es im­posible que aparezcan estados de conciencia. Lo que sí sabemos es cuándo se empieza a desarrollar la corteza cerebral. Otros aspectos de la conciencia pueden ser misteriosos, pero ése, sin duda, no lo es. Por lo anterior, creo que existe una base razonable para justificar la acción del legislador al despenalizar la interrupción del embarazo a las doce semanas. Finalmente, quiero enfatizar que lo que la aldf hizo cuando despenalizó la interrupción del embarazo antes de las doce semanas fue una redefinición de términos: podemos hablar de Interrupción Legal del Embarazo (ile) hasta las doce semanas y de aborto a las doce semanas y un día; recordemos también que el aborto aún es penado. 5

  Después de este tiempo, el aborto se permite hasta la semana veinte en casos de violación, riesgo de la salud de la madre y por malformaciones. 5

7. EL ABORTO Y LAS PERSONAS POSIBLES

Existe un argumento utilizado con frecuencia en contra del aborto y que se suele plantear más o menos de la siguiente forma: “Yo he tenido una vida maravillosa y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de vivir todo lo que he vivido. Si mi madre hubiera optado por el aborto en vez de seguir adelante con mi gestación, me habría hecho un gran daño: no habría yo tenido la oportunidad de vivir nada de lo que he vivido. Si el asesinato es malo porque le niega a un ser humano la posibilidad de vivir su vida en el futuro, entonces el aborto tiene que ser igualmente malo, si no es que peor, dado que le niega a una persona la posibilidad de vivir toda una vida”. Encontramos este argumento en muchas formulaciones diferentes, pero la idea es básicamente la misma (“Si nuestras madres hubieran abortado, ¡nosotros no estaríamos aquí!”, se exclama con pasión). Sin embargo, el argumento tiene tantos problemas que es extraño que la gente continúe utilizándolo y que nos hagan creer que tiene fuerza. De seguir la misma línea argumental, entonces deberíamos concluir que si mi madre hubiera empleado algún método anticonceptivo durante el tiempo en que fui concebido, entonces yo no habría nacido y me habría hecho un gran daño. Pero si llevamos más lejos esta línea argumental, si el día en que fui concebido, mi madre le hubiera dicho a mi padre que esa noche ella no quería…, que le dolía la cabeza…, que lo dejaran para el día siguiente…, o si mi padre hubiera estado cansado y se hubiera quedado dormido, entonces yo no habría nacido y me habrían hecho un gran daño. Es más, si hubieran hecho cualquier cosa diferente de lo que hicieron seguramente yo no habría existido, porque ese óvulo y ese espermatozoide particulares que dieron lugar a mi vida no se habrían juntado y yo no existiría, sino tal vez alguien [83]

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más o incluso nadie en absoluto. Por lo tanto, si el asesinato es malo porque le niega a una persona la posibilidad de vivir su futuro, entonces cada vez que una pareja emplea algún método anticonceptivo, deciden no tener sexo o simplemente se quedan dormidos, esos actos son también malos porque le niegan a un ser humano la posibilidad de vivir una vida y tener un futuro. Se puede dar un paso más y decir que cada vez que hay la posibilidad de tener sexo con fines reproductivos y no lo hacemos, le negamos a alguien la posibilidad de vivir. Como ésa es una circunstancia bastante común en la vida de mucha gente, entonces deberíamos decir que cada vez que no lo hacen son responsables de algo tan malo o peor que el asesinato. Quizá deberíamos verlos como peores que asesinos. La consecuencia de usar ese argumento que tanto oímos es descabellada. Es obvio que decidir no tener sexo, usar un método anticonceptivo o quedarse dormido en vez de tener sexo no son equivalentes a un asesinato. Son actos perfectamente permisibles. (Claro que no todos pueden aceptar estas conclusiones. Sectores ortodoxos dentro de la Iglesia católica también dirán que cualquier método anticonceptivo es tan malo como el aborto, más o menos por las mismas razones y tal vez sólo permitan los métodos naturales. Pero, en general, sería malo que un matrimonio dejara de tener sexo con fines reproductivos cada vez que tuviera la oportunidad: interferirían con los planes de Dios, que quiere que nos reproduzcamos.) En el caso del asesinato, hay una persona a la que efectivamente se le hace un daño y se le priva de algo valioso, una vida con futuro y proyectos que no realizará jamás. En el caso de abstenerse de tener sexo o de usar algún método anticonceptivo, no hay ninguna persona a la que se dañe. No se corta la vida de una persona ni se le quita la posibilidad de llevar a cabo sus sueños, metas, planes y proyectos. Ello se debe simplemente a que no hay ninguna persona cuya vida se trunque. En el caso del asesinato, se daña a una persona real, en el de la abstinencia o la anticoncepción no hay daño a ninguna persona, sólo se previene un embarazo.

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¿Qué hay con el aborto? Se me objetará que se parece más al asesinato porque en ese caso sí se interrumpe la vida de una persona. Creo que podemos contestar que no. Se parece más al caso de la abstinencia porque si el aborto se realiza durante el primer trimestre de la gestación, no podemos asegurar que el embrión sea una persona; por eso afirmo que no es equivalente al asesinato. (Ahora bien, si me presionan, podría decir que el aborto se parece más al caso de la anticoncepción que tampoco daña a ninguna persona; simplemente se previene que exista. El aborto, aunque no es deseable verlo de esa manera, es de algún modo el último método anticonceptivo disponible para alguien que no desea tener un hijo.) El argumento que aquí presento no tiene nada de nuevo, lo formuló en el siglo i a.C., el filósofo y poeta romano Lucrecio en su libro De la naturaleza de las cosas (V, 174-180): ¿Qué de malo hubiera habido para nosotros en no nacer? ¿Acaso —supongo— yacía la vida en tinieblas y tristeza hasta que trajo la luz el día genital de las cosas? Quienquiera que ya nació, en efecto, desea permanecer en la vida, en tanto que lo retenga el suave placer; pero quien nunca probó el amor por la vida, ni fue nadie, ¿qué le perjudica no haber nacido? *

Un cigoto o un embrión no es nadie, es decir, personas que hayan probado el amor por la vida, su suave placer, pero tampoco el dolor. No se les puede dañar porque no son sujetos de sensaciones ni tienen conciencia de la vida, porque no existen todavía como personas. No han nacido y por ello no son nadie y, de no nacer, no se les habría perjudicado en nada. Otra forma que toma este argumento es la que aparece cuando se nos dice que si las madres de Mozart, Beethoven o Einstein (o, para el caso, Chespirito) hubieran decidido abortar, entonces no contaríamos con esos genios en nuestra historia. ¡De *

Agradezco a Francisco Barrenechea por su ayuda en la traducción del texto.

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cuántos genios nos perdemos con todos los abortos realizados en el mundo! ¡Con el aborto le negamos la vida a futuros Mozarts, Beethovens y Einsteins! Pero hay algo que es obviamente erróneo en este argumento: si sus madres hubieran decidido abortar, entonces no nos habríamos perdido de nada ni lo lamentaríamos porque ni siquiera sabríamos que existieron. La idea de perderlos nos parece horrible desde nuestro presente, por el conocimiento que de ellos tenemos y por el modo en que los valoramos. Si no conociéramos a esas personas simplemente porque no hubieran existido nunca, entonces tampoco las valoraríamos y no lamentaríamos su inexistencia. En el caso de nuestra propia existencia sucede algo similar: el supuesto daño que nuestras madres nos habrían hecho si hubieran decidido abortar sólo lo podemos atribuir desde nuestra perspectiva presente, en la que ya valoramos la vida, así como nuestros planes futuros. Obviamente si no hubiéramos nacido, no lo haríamos. Cuando se afirma que privamos al mundo de genios como Beethoven o Mozart, también se olvida que no basta con que dejemos que venga al mundo el mayor número de personas posibles para que de ahí se produzcan genios como ellos. Se suele olvidar que hacen falta muchas más cosas para que una persona llegue a ser quien es. No basta, por ejemplo, con su genoma (que es, por cierto, lo que olvida la gente que hoy en día piensa en clonar a sus seres queridos para producir copias idénticas de ellos). En el caso de Mozart hicieron falta muchos más elementos que su mero genoma, como nos recuerda el psiquiatra estadunidense Leon Eisenberg: Para producir otro Mozart necesitaríamos no sólo su genoma, sino el útero de su madre, las lecciones de música de su padre, a su hermana Nannerl, a sus amigos y a los de él, al estado de la música en Austria en el siglo xviii, el generoso apoyo de Haydn, la interacción con su alumno, el joven Beethoven, la devoción (y la modestia) de su esposa Constanze, el patronato del emperador Joseph II, la competencia de Salieri como compositor de la corte, y así en círculos cada vez más amplios. Concedemos que sin su genoma único, el resto no hubiera sido suficiente, después de

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todo, sólo hubo un Mozart. Pero no podemos hacer la inferencia opuesta: que su genoma, cultivado en otro mundo y en otro tiempo, resultaría en un genio musical creativo igual.1

En resumen se necesita más que la información genética. También se necesita más que simplemente dejar que vea la luz toda la gente posible para que el mundo disfrute de genios y de seres que vivirán vidas tan maravillosas como la que uno ha vivido —de ser así el caso. En general, más que privarnos de genios o de gente como uno mismo —con vidas que tanto valoramos—, la posibilidad de realizarse un aborto permite que no vengan al mundo personas que no han sido deseadas por sus madres y padres, que podrían no recibir los cuidados y la atención que todo niño merece y de la que también sabemos que, muy probablemente, no tendrán un buen futuro. No se daña a una persona si se previene que exista a través del aborto (o de la anticoncepción o de la abstinencia); en cambio, sí se daña a una mujer cuando la ley le impide practicarse un aborto —en principio, se dañan sus derechos. Despenalizar el aborto y reconocer los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo evita muchos daños que afectarían sus vidas y, en los casos de las mujeres que mueren por complicaciones de abortos clandestinos, las vidas de otros. De esta manera se impide dañar la vida de las mujeres y de gente que sí son personas reales.

  Leon Eisenberg, “Human Cloning: Arguments Against”, en Enciclopedia of the Human Genome, David Cooper (comp.), Wiley, 2003, p. 300, citado por Juliana González, Genoma humano y dignidad humana, Madrid, unam-Anthropos, 2005, pp. 171-172. 1

8. EL ABORTO, LA SUBJETIVIDAD DE LA MORALIDAD Y LA LEY

Es común escuchar que quienes están a favor de la despenalización usan argumentos como el siguiente: “Ante un problema de salud pública no es válida la argumentación de que ‘el aborto es una violación a la moral’, ya que la ‘moral’ es algo subjetivo basado en los sentimientos, costumbres, valores y normas de una persona, y la cuestión del aborto es un problema de salud pública que presenta una alta taza de morbi-mortalidad materna”. Es cierto que el aborto es un asunto de salud pública, eso nadie lo niega pero, ¿es también un asunto de moralidad? La respuesta que se da a esta pregunta es más bien confusa: primero se nos dice que no es un asunto de moralidad, pero a continuación se afirma que la moral es algo subjetivo, o sea, una cuestión que pertenece al ámbito de la conciencia y la decisión personal y nada más. Así se implica que el aborto pertenecería a ese ámbito. Esto no quiere decir que el aborto no sea un asunto moral en lo absoluto, sino que, si lo es, es un asunto que compete a cada quien y el Estado no debe inmiscuirse. Por esa razón se concluye diciendo que la cuestión del aborto no es de incumbencia de la ley. Esta línea argumental tiene diversos problemas y sólo conduce a una gran incomprensión de la posición contraria, que aboga por la penalización del aborto porque considera que éste constituye el asesinato de un ser inocente con derecho a la vida. Argumentos como el inicial no ayudan a la mejor comprensión de las partes involucradas en un debate ya de por sí complicado. Además, un problema igualmente grave es que refleja una gran incomprensión de lo que es la moralidad y el pensamiento moral. Empecemos por identificar los problemas de dicho argumento. [88]

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El primer problema se encuentra en la afirmación de que el aborto no es un asunto moral porque la moralidad es algo subjetivo. Aquí hay dos cuestiones que habría que distinguir: i] si el aborto es un asunto moral y ii] si la moralidad es subjetiva. Antes he afirmado que el aborto es un asunto moral, pero que hay que distinguir entre la moralidad del aborto en sí mismo y la moralidad de la ley que lo penaliza. Por un lado, el aborto en sí mismo puede ser un asunto moral si lo que se hace es matar a un ser humano con derecho a la vida. Por otro lado, la ley que penaliza el aborto es claramente una cuestión moral, dadas las consecuencias que puede ocasionar en términos de morbi-mortalidad, porque la ley orilla a las mujeres a practicarse abortos de forma clandestina y no reconoce sus derechos reproductivos. Por estas razones es que el aborto y la ley que lo penaliza son asuntos morales. Afirmo que el aborto en sí mismo puede ser un asunto moral porque mientras que para una perspectiva liberal o una moderada, el aborto realizado antes de las doce semanas no tiene por qué verse como una cuestión moral, pues no se mata a ninguna persona, para la perspectiva conservadora el aborto es en definitiva una cuestión moral porque se trata del asesinato de una persona con derechos. Para el liberal, las leyes que penalizan el aborto no se justifican porque no defienden la vida de nadie (es decir, de ninguna persona, en el cabal sentido del término) y sí tienen consecuencias negativas en la vida de las mujeres y sus derechos. Para el conservador, la penalización es perfectamente moral porque está protegiendo la vida de seres humanos inocentes y con derechos; permitir su asesinato es inmoral. Aquí, claro está, habría que determinar si un embrión de antes de doce semanas es un ser humano o una persona con derechos. Éste es el asunto central en el debate sobre el aborto y un tema que ya hemos examinado. El aborto y su penalización entonces, deberían verse como asuntos morales. Sin embargo, esta afirmación, se realice para apoyar uno u otro lado del debate, pierde toda su fuerza si luego se sostiene que la moralidad es una cuestión meramente

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subjetiva. Esta supuesta subjetividad de la moralidad del aborto puede entenderse de dos maneras, mismas que examinaremos a continuación, pues conllevan más problemas de los que pretenden solucionar. Esta posición subjetivista la encontramos cuando la gente afirma cosas como: “¿Quién soy yo para decir si una conducta es objetivamente inmoral o si el aborto es objetivamente malo? Después de todo, sólo expreso mi parecer. Pero, ¿por qué pensar que mi perspectiva es mejor que la de otros? Yo veo las cosas a mi manera; ellos las ven a su manera. Sólo somos diferentes, eso es todo, y tenemos que respetar las diferencias. Fin de la historia.” Creo que ésa es una versión muy generalizada pero a la vez muy pobre de la moralidad; es una versión subjetivista muy simple que se debe analizar para apreciar dónde radica su pobreza. En su versión más radical, afirmar que la moralidad es subjetiva significa que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos, gustos o preferencias y nada más. Desde este punto de vista, no hay tal cosa como algo “objetiva­mente” correcto o incorrecto en términos morales. Si la moralidad está basada en nuestros sentimientos, entonces parecería que no hay modo de argumentar de manera racional sobre asuntos morales porque en cuestiones de sentimientos, así como en cuestiones de gustos, no hay discusión que valga (“de gustibus non est disputandum”, decían los antiguos; “contra gustos no hay disgustos”, diríamos hoy en día). Este subjetivismo simple no se sostiene por al menos tres razones: 1] si fuera correcto, entonces cada vez que expresamos sinceramente nuestras opiniones morales, no podemos estar equivocados puesto que suponemos que tenemos un buen conocimiento de nuestros propios sentimientos. El subjetivismo supone nuestra infalibilidad moral. Sin embargo, a veces estamos equivocados, así es que el subjetivismo no puede ser correcto. 2] Asimismo, con frecuencia cambiamos de opiniones morales y pensamos que tenemos una justificación racional al hacerlo, sin embargo, si el subjetivismo es cierto, entonces no podríamos pensar en dicha justificación, sino en que los cambios de opinión sólo reflejan cambios de gustos o

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sentimientos, nada más. El subjetivismo suele concebir gustos y sentimientos como más allá de la justificación racional. Esta posición va en contra de nuestro modo de pensar cotidiano acerca de los cambios de opinión moral. 3] El subjetivismo no puede dar cuenta de desacuerdos. Si simplemente expresamos nuestros sentimientos o nuestros gustos, entonces no podemos estar en desacuerdo. Por ejemplo, no podemos decir que dos personas que expresan sus diferentes gustos acerca del café están en desacuerdo; simplemente a una le gusta y a otra no. Sobre cuestiones subjetivas no hay desacuerdos. Sin embargo, con respecto a la cuestión del aborto hay un desacuerdo. El desacuerdo no reside en si consideramos que la vida humana tiene o no valor, sino en qué es lo que consideramos que le da valor a la vida humana y a quiénes incluimos dentro del conjunto “seres humanos” o “personas”. ¿Se debe incluir a los embriones de menos de doce semanas o incluso más desarrollados dentro de este conjunto? Mientras que unos piensan que sí, otros dicen que no, y hay claramente un desacuerdo, de modo que el subjetivismo no puede dar cuenta de ello. El subjetivismo es una teoría tan pobre de la moralidad que no puede dar cuenta de hechos básicos de nuestras vidas morales. 1 El subjetivismo moral tampoco nos ayuda a entender la naturaleza del desacuerdo moral en torno al aborto. Convierte a los otros en gente que simplemente expresa sus sentimientos personales, pero que no tiene razones verdaderas para hacerlo. También ignora cualquier justificación para que alguien quiera imponer su punto de vista y sus razones; unas razones no son mejores que otras, son sólo diferentes y todos tenemos que respetar las diferencias. Detrás de una posición de tolerancia y de respeto a la diversidad se esconde una mala comprensión de por qué los otros actúan como actúan y, lo que es peor, de por qué nosotros mismos actuamos del modo en que los hacemos. Hacer juicios morales va más allá de expresar sentimientos personales. Cuando decimos que lo que los nazis hicieron con  Un examen más detallado del subjetivismo moral se encuentra en el libro de James Rachels, Introducción a la filosofía moral, México, fce, 2007. 1

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los judíos durante el holocausto fue inmoral, por lo regular no pensamos que esto expresa una mera opinión subjetiva y que no hay nada malo en ello. Pensamos más bien que el holocausto fue en sí mismo moralmente malo. El subjetivismo no da cuenta de esto, y tampoco da razón de que en general pensamos que otras cosas que consideramos inmorales lo son objetivamente, por ejemplo: la corrupción, el modo en que contaminamos el medio ambiente o las maneras crueles en que mucha gente trata a los animales. Todos son asuntos morales y no por ello son meramente subjetivos. El que podamos predicar objetividad de nuestros juicios morales depende, en primer lugar, de que podamos dar razones y justificar nuestros puntos de vista. Si nuestros juicios morales son como nuestros gustos, entonces se cierra la puerta a la justificación (aunque en última instancia me parece que también podemos justificar nuestros gustos). Asimismo depende de que las razones que invoquemos puedan ser públicamente aceptadas y no reflejen sólo mi punto de vista, emociones, prejuicios personales, ideológicos o inclinaciones idiosincrásicas. Objetividad quiere decir, entre otras cosas, adoptar un punto de vista imparcial y desprejuiciado. Una segunda forma de entender la supuesta subjetividad de la moralidad es que, si cuando afirmamos que el aborto es una cuestión subjetiva sólo queremos decir que es un asunto personal, individual o privado y que cada quien debería guardarse sus asuntos personales para sí mismo, entonces nos enfrentamos al problema de explicar el carácter social de la moral. Es cierto que la moral tiene una dimensión individual, relacionada con ideales de vida o con compromisos personales con ciertos valores (una dimensión que muchos llaman “ética personal”), pero también es cierto que tiene una dimensión social relacionada con la observancia de una normatividad que posibilita la existencia de una sociedad. Este aspecto se deja de lado si sólo se interpreta “subjetividad” como “asunto personal o privado”. Adicionalmente, hay otros problemas con esta afirmación, por ejemplo, sospecho que sería difícil dar cuenta de aquello que se conoce como “morali-

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dad pública”. La moralidad pública tiene que ver con nuestros deberes para con la sociedad, la nación o el Estado. Cuando se afirma que la moralidad es un asunto personal se limita su esfera de acción al ámbito privado. Hay, pues, una contradicción al afirmar que la moralidad es una cuestión meramente personal o privada y hablar, como lo hace mucha gente hoy en día, de los problemas de la moralidad pública (en especial en lo referente a la moral en la vida política). Algo que sería en esencia privado tendría dificultades para acomodar el aspecto público de la moralidad. Si interpretamos la presunta subjetividad de la moralidad en este sentido, ignoramos buena parte del fenómeno moral e incluso no podríamos dar cuenta de gran parte de nuestro discurso y pensamiento cotidiano con respecto a la moral. Esta visión de la moralidad como un asunto exclusivamente privado tiene otra consecuencia en el debate sobre el aborto. Se nos dice que hay un ámbito de moralidad privada que no es de la incumbencia de la ley. La ley no tiene por qué meterse en la esfera de la vida privada de la gente, siempre y cuando no se cause daño a nadie. Las leyes tienen, entre otras cosas, el propósito de prevenir que se dañe a otros. De esta manera, se nos dice que no deben existir leyes relacionadas, por ejemplo, con las relaciones homosexuales consensuadas entre adultos, la prostitución, el consumo de marihuana y otras drogas, juegos, vagancia, etc. Todos estos son “crímenes sin víctimas”, es decir, infracciones del derecho penal sin ningún individuo identificable que haya sufrido daño alguno en tal infracción. En este tipo de crímenes se incluye al aborto. Se afirma que el aborto es un crimen sin víctima porque no hay nadie, ningún individuo identificable, a quien se infrinja daño alguno. El embrión, para quienes sostienen este punto de vista, no debe contar verdaderamente como una víctima en ningún sentido relevante. Este punto de vista suele tener como corolario la afirmación de que, puesto que la moralidad es un asunto privado, nadie tiene el derecho de imponer su propia moralidad al resto de la sociedad (aquí aparece de nuevo el “tenemos que respetar las diferencias”, que siempre nos hace sentir tan tolerantes y respetuosos).

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En una sociedad pluralista, no es función de las leyes ni del Estado hacer valer una moral en particular. En una sociedad plural se deben tolerar las diferentes perspectivas morales y el Estado debe dejar estos asuntos en manos de los individuos, en este caso, de las mujeres que deciden abortar. Sin embargo, este punto de vista parece no entender que justo lo que está en discusión en el debate sobre el aborto es si efectivamente hay una víctima o no, si al realizar un aborto hay alguien a quien se afecta. Quienes piensan que sí hay una víctima, sostienen que el aborto constituye un asesinato y debe ser penalizado por la ley. Esto no es un asunto de una determinada moralidad sino de las leyes y del sistema penal, que tienen que valer para todos independientemente de sus convicciones morales. En cierta forma, también es un asunto de moralidad si pensamos que la mayoría de los sistemas morales no admite el asesinato de personas inocentes. No obstante, si pensamos que esta gente sólo expresa sentimientos subjetivos, se terminará por verlos como individuos irracionales sobrecogidos por su ideología y sus prejuicios, lo que no ayuda a evaluar sus argumentos ni a ponderar el peso de sus razones. Es obvio que este asunto implica la cuestión de si el embrión es una persona y de si se viola su derecho a la vida de permitirse el aborto. Éste es un asunto que ya he examinado antes y sobre el que no ahondaré aquí. Ahora bien, independientemente de cómo se resuelva esta cuestión, el argumento de que nadie debería tratar de imponer al resto de la sociedad su punto de vista moral, porque éste es subjetivo y personal, descansa en una comprensión negativa del fenómeno moral. Como afirma el filósofo australiano Peter Singer: “Mi punto de vista de que lo que Hitler hizo a los judíos es incorrecto es un punto de vista moral, y si hubiera alguna posibilidad de que el nazismo reviviera, ciertamente haría todo lo que pudiera para forzar a los otros a no actuar de modo contrario a este punto de vista”. 2 Todos pensamos que hay conductas   Peter Singer, Practical Ethics, 2a ed., Nueva York, Cambridge University Press, 1993, p. 144. 2

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que son objetivamente malas y moralmente incorrectas —ya he mencionado antes los casos de la corrupción, la contaminación y el trato a los animales—, y que si hay gente que opina lo contrario se debe a algún tipo de ceguera o insensibilidad moral. Si estas conductas implican daño a terceros y ni las leyes ni el Estado hacen nada para remediar la situación, entonces no sólo parece estar justificada nuestra crítica moral, sino también nuestra intervención directa en el asunto. Así han pensado líderes sociales, rebeldes y revolucionarios, que han cambiado a la sociedad y a su moralidad con base en lo que pensaban que era objetivamente correcto. Del mismo modo actúan quienes piensan (como lo hacen muchas feministas en grupos pro derechos de las mujeres) que las leyes que penalizan el aborto son inmorales (objetivamente malas) y luchan porque sean derogadas. Pero del mismo modo también actúan quienes sostienen que el aborto es inmoral y que hay razones objetivas para oponerse a que se realicen abortos en el país. La cuestión entonces depende de las razones que tengamos para pensar que en efecto el aborto en sí mismo es inmoral, y de si estas razones pueden ser aceptadas por todos o sólo por algunos dentro del contexto de una cierta visión religiosa del mundo o de cierta ideología. Lo que no deberíamos hacer (como lo hacen muchos liberales) es descalificar la posición conservadora sobre la base de que la moralidad es subjetiva y es un asunto que pertenece al ámbito privado. Y no lo deberíamos hacer porque esto no sólo resulta en desprecio e incomprensión de la postura contraria, sino que tampoco ayuda al diálogo y al entendimiento entre las partes y mucho menos a ningún tipo de consenso. Tampoco lo deberíamos hacer porque apunta hacia una incomprensión más general de la moralidad misma, y deberíamos tratar de entenderla mejor porque a fin de cuentas constituye una parte importante no sólo de la cuestión del aborto, sino también de nuestra vida cotidiana.

9. EL ABORTO Y EL DERECHO DEL HOMBRE A LA PATERNIDAD

Se objeta la despenalización del aborto por distintas razones, pero hay una en particular que es interesante y obliga a la reflexión: la despenalización viola el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, pues viola el derecho a la paternidad del hombre. El hombre tiene, tanto como la mujer, el derecho a la procreación. Es claro que el hombre no ha sido dotado por la naturaleza de la anatomía para dar a luz, sin embargo, él ha contribuido con un 50% de la información genética necesaria para gestar una nueva vida. De acuerdo con lo anterior, el hombre tiene el mismo derecho a la procreación y a la paternidad como la mujer. Si se reconocen derechos reproductivos únicamente a la mujer y se permite que sea ella quien, de manera unilateral, decida interrumpir su embarazo, entonces se violará el derecho del hombre a la paternidad. Las reformas aprobadas por la aldf que despenalizan el aborto hasta las doce semanas violan ese derecho básico de los hombres, un derecho consagrado en el artículo 4º de la Constitución mexicana y, por lo tanto, hay razones para pensar que la despenalización es violatoria de —literalmente— los derechos del hombre y, por consiguiente, de la Constitución. Para enfrentar este argumento debemos ir por partes: empecemos por analizar algunos hechos, para pasar después a los derechos. Según las estadísticas realizadas por la Secretaría de Salud del df hasta enero de 2008, 53.2% de las mujeres que recurrieron a la interrupción legal del embarazo son solteras, 3.6 divorciadas, 17.2 casadas y 25.6 vivían en unión libre. En el caso de las mujeres solteras (que supongo es muy similar al de las divorciadas) se trata de mujeres que al ejercer su sexualidad fuera del matrimonio se han embarazado general[96]

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mente sin desearlo. Las razones pueden ser diversas: les falló el anticonceptivo; no lo tenían a la mano; no saben o saben poco de anticonceptivos o les tienen miedo; de manera inconsciente desearon embarazarse, pero conscientemente no pueden aceptar una criatura; otra razón es que, puesto que son humanas, fallaron o —y ésta suele ser frecuente— porque han sido abusadas sexualmente, ya no digamos por un extraño (como en el conocido caso de Paulina, una niña de 13 años que fue violada en Baja California y a la que se le impidió interrumpir su embarazo), sino por parte de algún miembro de su familia o por su propia pareja (su novio, por ejemplo).1 En los casos de las solteras, estas mujeres con frecuencia recurren al aborto porque el hombre no quiere asumir su paternidad, le recomienda a la mujer que aborte o simplemente no quiere hacerse responsable y desaparece abandonando a la mujer (así, de hecho, el hombre “no existe”). La mayoría de las veces el hombre no acepta ninguna responsabilidad porque piensa que la anticoncepción es un asunto que le compete sólo a la mujer y no a él (como lo demuestra el incremento del sida entre la población femenina, ocasionado en buena medida porque los hombres suelen delegar la responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres y se niegan a usar condones). “Si ella no tomó las medidas necesarias —suele pensar el hombre—, entonces la responsabilidad del embarazo es de ella.” El caso es que las mujeres solteras recurren al aborto porque el hombre o se esfuma o no quiere cargar con la responsabilidad de tener un hijo, y ellas no quieren llevar a término un embarazo solas, ya sea por cuestiones de honor y de rechazo social, ya porque económicamente no pueden cargar solas con un hijo que no desearon y que muchas veces viene   Conforme a la Encuesta nacional de violencia de pareja en usuarias de servicios públicos de salud en México 2003, del Instituto Nacional de Salud Pública, el abuso sexual en la infancia (antes de los 15 años) se reporta en el 7.6% de las entrevistadas: el agresor con mayor frecuencia fue el padre, padrastro u otro miembro masculino de la familia (5.2%), otros no familiares (2%), y el novio en 0.3% de los casos. Cf. . No hay datos de los casos que no llegan a los servicios públicos de salud. 1

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a estropear cualquier plan de vida que pudieran haber tenido.2 En estos casos, si hubiera un derecho a la paternidad por parte del hombre, éste no desea ejercerlo (lo que recuerda el refrán popular: “Padre no es el que engendra, sino el que cría”, es decir, no es el que pone un espermatozoide para fecundar al óvulo, sino el que acepta la responsabilidad de criar al hijo y, de hecho, lo cría). Pero renunciar a un derecho, se me dirá con razón, no quiere decir que los hombres no lo tengan.3 En el caso de la violación, es claro que no hay nadie que reclame el derecho a la paternidad sobre la criatura que ha sido el producto de la violación. Si lo hubiera, deberíamos estar de acuerdo en que ese hombre no tiene ningún derecho a la paternidad, pues abusó sexualmente de la mujer y cometió un delito penado por la ley, lo que lo exime de reclamar su derecho a ser padre de la posible criatura. Ahora bien, el 42.8% de las mujeres que abortan son casadas o viven en unión libre. En la mayoría de estos casos, se me dirá, debe ser decisión de los dos miembros de la pareja si recurren o no a la interrupción del embarazo. En casi 70% de los casos, las mujeres que recurren al aborto tienen de uno a más de cinco hijos. Parece claro que si la mujer o la pareja deciden no tener otro hijo es porque ya no pueden mantenerlo.4 Si la pa2   Hay que destacar que muchas mujeres abortan porque han sido objeto de violencia por parte de sus parejas y esto les ha provocado el aborto. Según la encuesta antes referida, 4.4% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sido golpeadas o pateadas en el abdomen mientras estaban embarazadas. 3   Aquí cabe hacer notar que la paternidad o la maternidad se pueden ejercer individualmente: la mujer puede decidir tener un hijo prácticamente sola ligándose a una pareja casual o por medio de la inseminación artificial. Claro que es más fácil para una mujer ser madre que para un hombre ser padre. En general si el hombre quiere ser padre, tiene que conquistar a una mujer y embarazarla; la contraparte de la inseminación sería conseguir a una madre suplente o “de alquiler” (lo que en inglés llaman surrogate mother) y lograr un embarazo con su semen. Esto se puede hacer, pero no parece ser un tema de interés para el varón. 4  Según datos de otra encuesta, del universo total de mujeres que se practican un aborto, en un 34% de los casos, las razones que llevaron a las mujeres a abortar fueron económicas (la imposibilidad de mantener a otro hijo); en un 16%, la imposibilidad de darle una mejor educación y futuro a sus hijos; en un 12% problemas conyugales; un 9%, problemas familiares; en 5%, problemas de salud;

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reja decide de común acuerdo la interrupción del embarazo, entonces tendremos que decir que ambos renuncian a su derecho a la paternidad. En los casos de las mujeres solteras que deciden interrumpir su embarazo tras ser abandonadas por sus parejas, sucedería algo similar, tanto ella como el hombre que la preñó renuncian a ese derecho: el hombre, al abandonar a la mujer; ella, al recurrir al aborto (esto nos llevaría a pensar que, si una mujer está embarazada, la renuncia al derecho a la paternidad en el hombre se llama abandono, mientras que en la mujer se llama aborto). El caso, a fin de cuentas, que parecen objetar quienes esgrimen este argumento es aquel en que no hay acuerdo en la pareja, en el que la mujer decide unilateralmente practicarse un aborto sin el consentimiento del hombre, quien sí desea tener un hijo. Aquí el hombre no renuncia al derecho a la paternidad, por lo que la mujer violaría ese derecho al decidir interrumpir su embarazo (y, se nos dice, lo estaría violando el Estado al permitir que eso suceda). Éstos son muy pocos casos. Según me lo han referido médicos especializados en perinatología y diagnóstico prenatal, suele tratarse de casos de fetos enfermos en los que la mujer prefiere interrumpir el embarazo para luego no tener un hijo enfermo, pero debido a la religiosidad del marido, éste quiere continuarlo —no los mueve precisamente el deseo de ser padres o la reivindicación de su derecho a la paternidad. Sin embargo, aunque sean pocos casos, ¿se viola verdaderamente el derecho del hombre a ser padre? Si se admite el derecho a la paternidad del hombre, tendríamos que preguntarnos si se viola este derecho o, algo distinto, cuál de los dos derechos, el de la mujer o el del hombre, debería prevalecer. Creo que más que de violación de derechos, deberíamos hablar de balance o de ponderación. Aquí hay muchos argumentos que se pueden utilizar para cuestionar la prevalencia del derecho de paternidad del hombre sobre los derechos de la mujer. Pasemos entonces de los hechos a los derechos. el resto de las encuestadas no habían pensado en los motivos. Cf. Miradas sobre el aborto, México, gire, 2000.

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Si en efecto se trata de un conflicto de derechos, entonces tal vez deberíamos recurrir a una ponderación de derechos y ver cuál de los dos lados pesa más. Por un lado, tenemos el derecho del hombre a la paternidad, que es el derecho al que quienes favorecen la penalización le dan más peso.5 Por el otro, hay varios derechos que se suelen englobar bajo lo que llamamos “derechos reproductivos”: 1] el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo (o su derecho a la privacidad), que no tiene equivalente en el hombre durante el proceso de reproducción, ya que, fuera del acto de fertilización, el hombre no involucra su propio cuerpo; 2] el derecho de la mujer a decidir su propio plan de vida y realizarlo (es decir, su derecho a la autonomía). Como ha afirmado el asambleísta y psicólogo Víctor Hugo Círigo, de preferirse el derecho de la mujer, la afectación sería transitoria, pues el hombre puede ser padre posteriormente; pero de preferirse el del hombre, la afectación a la mujer sería permanente, ya que ésta tendría que llevar la carga no sólo durante su embarazo, sino por el resto de su vida. Un hombre que quiera tener un hijo puede buscar con quién tenerlo, y de seguro encontrará una pareja para tenerlo; pero si un hombre quiere tener un hijo con una mujer específica, y ella no quiere, no puede obligarla a continuar un embarazo. 3] El derecho de la mujer a la preservación de la salud, puesto que, a fin de cuentas, el embarazo y los riesgos que éste conlleva, así como los de su posible terminación, los carga ella, no él; y 4] el derecho de la mujer a la no discriminación, dado que negarle la posibilidad de un aborto seguro implica una discriminación entre mujeres ricas y pobres (las mujeres con recursos ejercen el “derecho a un aborto seguro” en la práctica, mientras que a las mujeres pobres les está negado). Alguien podría añadir que también hay discriminación entre mujeres y hombres, pero precisamente el punto que está en discusión es el de si hay bases para un trato   Aunque aquí doy por sentado el derecho del hombre, y también el de la mujer, a tener hijos, este derecho tiene que matizarse, puesto que hay límites para su ejercicio. Véase Mary Warnock, Fabricando bebés. ¿Existe un derecho a tener hijos?, Barcelona, Gedisa, 2004. 5

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diferenciado. En cualquier caso, parecería que la comparación involucra más derechos de la mujer que del hombre, en consecuencia, el derecho de la mujer debería pesar más. Cuando se habla del derecho del hombre a la paternidad parece que se implica un derecho de veto que el varón ejercería sobre la decisión de la mujer a practicarse un aborto o, en otras palabras, un derecho de veto del hombre sobre el cuerpo de la mujer. En este caso, como ha afirmado la consejera jurídica del gdf, Leticia Bonifaz, bastaría con que un óvulo femenino hubiera sido fertilizado por un espermatozoide para que la mujer perdiera sus derechos sobre su propio cuerpo, a su autonomía, etc., ya que éstos habrían sido avasallados no sólo por el supuesto derecho a la vida del cigoto o el embrión, sino también por el derecho a la paternidad del hombre.6 Pero, ¿tenemos efectivamente los hombres este derecho de veto sobre el cuerpo de la mujer? En 1992, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos argumentó que los hombres no tenemos ese derecho. En el caso Planned Parenthood contra Casey, una mayoría de jueces conservadores decidió echar abajo una regulación del estado de Pensilvania que requería que una mujer casada tuviera el consentimiento previo de su esposo para realizarse un aborto. La Corte argumentó que este requisito le daba demasiado poder al hombre sobre la mujer y contribuía a empeorar situaciones de abuso del hombre sobre la mujer. Éste era un argumento de discriminación inversa, en el que se trataba de reparar la situación de injusticia ancestral a la que se ha visto sometida la mujer por parte del hombre. Cabe mencionar un grave problema práctico que tendría el ejercicio de este derecho masculino: es muy difícil saber quién es el padre antes de que nazca la criatura. Alguien podría reclamar esos derechos de paternidad y de veto, pero no sabremos si verdaderamente le corresponderían esos derechos sino hasta   Tanto la comparecencia de Leticia Bonifaz, como la de Víctor Hugo Círigo, en las audiencias públicas de la scjn, se encuentran en el libro Despenalización del aborto en la ciudad de México. Argumento para la reflexión, coordinado por Lourdes Enríquez y Claudia de Anda, México, unam-gire-ipas, 2009. 6

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que la criatura nazca y se realice una prueba de adn. No se tendría la certeza de que esos derechos le correspondieran al hombre sino hasta que fuera demasiado tarde para la mujer. Hoy en día se pueden hacer pruebas prenatales a través de la biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis, pero el procedimiento implica cierto riesgo de aborto —con lo cual se llegaría al resultado que se busca evitar. Es posible que en el futuro exista algún método sin riesgo para identificar la paternidad en la etapa prenatal a través del análisis del adn o arn fetal libre de sangre materna, pero incluso este hecho no debería hacernos dudar de la prevalencia del derecho femenino dadas las razones antes expuestas. Todas estas consideraciones nos deberían llevar a pensar que se equivocan quienes le dan más peso al derecho del hombre a la paternidad que a los derechos de las mujeres. De prevalecer el derecho masculino se perpetuaría un modelo patriarcal de sociedad en el que la mujer estaría subordinada al hombre, es decir, un modelo no igualitario y machista de sociedad. Esto, como han afirmado muchas feministas, también nos llevaría a ver a las mujeres como simples medios o instrumentos de reproducción (“incubadoras con patas”, podría decir Vicente Fox), y no como fines en sí mismos, como seres humanos autónomos y dignos, con derechos a decidir sobre su propio cuerpo y a decidir sus vidas. Por las razones antes expuestas, en este conflicto de derechos deben prevalecer los derechos de la mujer por sobre el derecho del hombre a la paternidad.

10. EL ABORTO, LA BIBLIA Y LA IGLESIA

Actualmente muchos cristianos (católicos o de otras denominaciones) piensan que el aborto es un pecado muy grave y que es causa de excomunión, pero, ¿es obligatorio que los cristianos piensen que el embrión es un ser humano desde el momento de la concepción y que la interrupción del embarazo es inmoral y constituye un asesinato? Las bases de este pensamiento se encuentran en por lo menos tres lugares: 1] la Biblia, 2] la tradición eclesiástica o 3] la autoridad papal, aunque podemos encontrar otros argumentos también.

La Biblia Quiero argumentar aquí que no encontramos esas bases en la Biblia. En su libro Introducción a la filosofía moral, el filósofo estadunidense James Rachels nos recuerda un pasaje bíblico en el que se habla sobre el aborto y que suelen citar los cristianos pro-vida o conservadores.1 En Jeremías 1:4-8, se nos dice: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué.” Esto se toma como una aprobación de Dios de la posición conservadora. Sin embargo, quien tenga el cuidado de revisar el pasaje completo se dará cuenta de que estas palabras se toman fuera de contexto: son palabras en las que Dios le dice a Jeremías que Él había planeado que éste fuera un profeta incluso antes de nacer. No se refieren a cualquier criatura y hacer esta generalización resulta ilegítimo. Quien cita pasajes de la Biblia fuera de contexto para apoyar su punto de vista moral, que de antemano considera correcto, y   James Rachels, Introducción a la filosofía moral, México, fce, 2007, cap. iv.

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lee en ellos la conclusión que desea encontrar, comete un acto de arrogancia e irreverencia, nos dice Rachels: supone que Dios mismo debe compartir las opiniones morales propias. Ahora bien, aunque en muchos lugares de la Biblia se habla de gente a la que Dios ha conocido desde el vientre materno, eso no quiere decir nada con respecto al aborto. La mera idea de que Dios nos haya conocido desde el momento de la concepción no debe tener ninguna implicación moral. Si aceptamos la idea de que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, entonces tenemos que aceptar no sólo que Dios conocía a Jeremías, sino también a cualquier otro ser humano desde antes de nacer. Pero, ¿qué hay con eso? ¿Le da un valor especial a la vida humana? A fin de cuentas, Dios, en su omnisciencia, no sólo conocía a todos los seres humanos desde antes de nacer, sino también a las vacas, a los cerdos o a los pollos desde el momento de su concepción. El que conociera a estos últimos no tiene ninguna implicación sobre la corrección moral de hacer abortar o incluso matar a estos animales —algo que, salvo los defensores de los derechos animales, nadie objeta. Se me dirá que estos casos no son iguales, dado que los seres humanos tenemos un lugar especial en la creación divina y que estos animales fueron creados por Dios para nosotros. Tal vez a eso se refiere aquello de que desde “antes que salieses de la matriz te santifiqué”: la vida humana es sagrada de un modo en que no lo es la vida de ninguna otra criatura. Para finalizar, los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Analicemos el argumento por partes. El que los otros animales hayan sido creados por Dios para nosotros se complica si nos preguntamos para qué creó Dios a los dinosaurios, que vivieron en la Tierra millones de años antes de que hubiera seres humanos; evidentemente no fueron creados por Dios para nosotros. El argumento de la supuesta supremacía de los seres humanos no tiene por qué tener ningún valor para alguien que crea en la teoría de la evolución. A fin de cuentas los humanos somos producto de la evolución tanto como las vacas, los cerdos o los pollos y desde ese punto de vista no tenemos

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un lugar privilegiado ni fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Más bien somos producto de un proceso de cambios y adaptaciones bastante aleatorio. El problema es que no todo el mundo cree en la teoría de la evolución, que hasta la fecha es la teoría que sienta las bases para explicar la historia natural y que es esencial en muchos avances científicos de hoy en día. Cuando se habla de la santidad de la vida, me parece que lo que se quiere decir es que Dios le ha dado a la vida humana un valor absoluto, un valor preeminente a cualquier otro valor. Sin embargo, los teólogos y filósofos morales contemporáneos aceptan excepciones a este valor. Ningún código moral, por ejemplo, condena a alguien por matar en defensa propia o de algún ser querido, por matar en defensa del país o la nación (como Jehová pedía a los israelitas que mataran a gente de pueblos vecinos).2 Aquí habría que pensar si el aborto se encuentra dentro de esas excepciones, si la vida de la mujer y sus derechos pueden justificar la interrupción del embarazo. No obstante, otros pasajes de la Biblia no parecen confirmar la idea de que la vida humana sea sagrada desde la concepción y que practicarse un aborto constituya un asesinato. En ningún lugar de este libro hay una condena explícita al aborto. Sin embargo, hay una parte en donde se describen leyes concernientes al aborto. En el Éxodo 21 se hace la referencia bíblica más cercana a la cuestión. Ahí se describe la ley de los antiguos israelitas y se dice que la pena por un asesinato es la muerte; pero se dice también que si se causa un aborto a una mujer embarazada, la pena es sólo una multa que se le deberá pagar a su esposo. En el caso de que la mujer fallezca, se le dará muerte al asesino. La muerte de un feto no era considerada un asesinato, la Ley de Israel no veía a los fetos como seres humanos completos. Evidentemente no se pensaba que la vida de un feto fuera sagrada, como sí lo era la de una persona ya nacida. Por otro lado, se puede interpretar un pasaje del libro de los Números (Nm 5:12-31) como una especie de regulación a   Para un análisis más detallado de la cuestión de la santidad de la vida, véase Alejandro Herrera Ibáñez, “La vida humana no es santa” (manuscrito). 2

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ciertos casos de aborto; ahí se nos dice que si un esposo desconfía de que el hijo que espera su mujer sea realmente suyo, debe llevarla con un sacerdote quien le realizará un procedimiento abortivo, con el objeto de descubrir si es realmente adúltera. En este pasaje se dan indicaciones que el sacerdote ha de seguir para que la mujer, en caso de ser adúltera, aborte: se le daba a ingerir agua amarga con cenizas de una vaca para que se endureciera su vientre, se hinchara y la mujer expulsara al feto. Las aguas amargas tenían un efecto abortivo. Este método funcionaba si la mujer era en verdad adúltera, “mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre, y será fecunda” (Nm 5:28). Todo ello quiere decir que en la Biblia no sólo no se condena el aborto, sino que se recomienda para ciertos casos, como aquellos en que el producto de la concepción es resultado del adulterio. Ahora bien, si en la Biblia no encontramos una condena al aborto, sí encontramos pasajes en que se llama a matar, no embriones o fetos, sino bebés ya nacidos. El profeta Isaías, por ejemplo, que habla directamente por Dios, llama a estrellar contra la roca a los pequeños de Babilonia (Is 9-14). En el Libro de los Salmos encontramos, en los últimos versículos del salmo 137, palabras muy semejantes que exhortan a la venganza: “Oh, hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras.” En este caso, se alaba a aquel que mate a los niños babilonios. Así, no sólo no se califica al aborto como un asesinato, sino que la Biblia llama directamente al infanticidio. Si bien los mandamientos de Dios hablan de un “No matarás”, repetidamente se encuentra en el Antiguo Testamento la idea de que la conducta a seguir con los enemigos es odiarlos, hacerles daño y matarlos (por ejemplo en Lv 26:7; Gn 14:19; Is 1:24). El Antiguo Testamento llama a matar niños que desobedezcan a sus padres, a mujeres adúlteras, a homosexuales y a los que adoren a otros dioses. Es evidente que el “No matarás” bíblico no es irrestricto, sino que está restringido a los miem-

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bros del pueblo de Israel que se ajusten a ciertos mandamientos religiosos; sin embargo, si le hacemos caso al pasaje del Éxodo 21 que cité antes, esto no incluye a los “concebidos no nacidos”. Dadas las muchas incongruencias que tienen las Escrituras, creo que incluso si halláramos algún pasaje donde hubiera alguna prohibición al aborto (aunque tendría que haber ardua labor hermenéutica de por medio), no veo por qué un cristiano o un judío estarían obligados a condenar el aborto. Si el creyente pensara que está obligado a hacerlo porque la Biblia lo dice —y ésta es palabra de Dios, que es eterna e inmutable—, entonces tal vez también debería pensar que debe hacer ofrendas a Dios sacrificando ovejas y corderos en el altar (Lv 1:9-10), que puede vender a su hija en esclavitud (Ex 21:7), comprar esclavos de las naciones vecinas (Lv 25:44), que no debe acercarse al altar si tuviese una discapacidad física o aun defectos de visión (Lv 21:18-20), entre otras muchas cosas que, según la Biblia, un creyente tiene que hacer. Quiero creer que nadie (o muy poca gente) hoy en día se siente obligado a seguir estos preceptos bíblicos. Por fortuna para los creyentes, no encontramos ninguna condena al aborto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento (aunque, como suele suceder con la lectura de la Biblia, siempre es posible interpretar los textos para que digan más o menos lo que uno quiere que digan y entonces, como dice Rachels, hacer que Dios mismo comparta las opiniones morales propias).

La tradición eclesiástica Ahora bien, tampoco encontramos tal “ley de Dios contra el aborto” en la tradición eclesiástica. No la encontramos, por ejemplo, en los padres de la Iglesia. Uno de los padres latinos de la Iglesia, San Agustín, pensaba que el alma no podía vivir en un cuerpo sin forma, por lo tanto, el aborto no era un asesinato porque no destruía el alma. Sólo el aborto de un fetus animatus, es decir, después del tercer mes del embarazo, debía castigarse

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como un homicidio. San Agustín afirmaba: “no puede decirse que haya un alma viviente en un cuerpo que carezca de sensación cuando no está formada la carne y por ello aún no está dotada de sensibilidad”, y también sostenía que “puede probarse que el alma no está presente sin la forma. Y si es infundida en el cuerpo una vez que éste ya está formado, entonces el alma no nace en la concepción.”3 De ahí se desprende que afirmara que: “La gran pregunta sobre el alma no se decide apresuradamente con juicios no discutidos y opiniones temerarias: según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos.”4 Otros teólogos de los primeros siglos del cristianismo, como San Jerónimo (también padre de la Iglesia), coincidían en que el aborto no era un homicidio y lo hacían por razones muy similares: no puede existir un alma humana en algo que carece de sensibilidad y forma humana. Cabe mencionar que, aunque ésta fue la opinión mayoritaria, había opiniones diferentes, como la de Tertuliano, quien consideraba el aborto como un crimen; sin embargo, dado que el poder de la Iglesia no estaba centralizado en ese tiempo, no se llegó a ningún acuerdo durante los primeros siglos de la cristiandad. Aunque estos santos varones no consideraban que se cometiera un asesinato al abortar un feto menor de tres meses, pensaban que el aborto era inmoral porque se usaba para ocultar la fornicación y el adulterio. El aborto indica que la pareja que se unió no lo hizo con la intención de procrear. Sin embargo, lo ven como un pecado menor por el cual uno tiene que hacer penitencia si el intento fue ocultar esos otros pecados. Al mismo tiempo condenaban no sólo el aborto, sino cualquier forma   San Agustín, Questionum Heptateucum, II, 80, PL XXXIV, 626 y Questiones ex Veteri Testamentum, XXIII, PL XXXV, 2229. 4  San Agustín, Sobre el Éxodo, 21.80, citado en Jane Hurst, La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia Católica (lo que no fue contado), Católicas por el Derecho a Decidir, México, 2002, p. 14. Véase también Anthony T. Padovano, Opciones de vida. Hacia una teología católica sobre reproducción elegida, México, Demac-Católicas por el Derecho a Decidir, 2007, cap. i. 3

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de control natal porque destruía la conexión necesaria entre el acto sexual y la procreación. En realidad, su condena al aborto no proviene del argumento que después utilizará la Iglesia según el cual se comete un homicidio, sino de una moral sexual muy restrictiva, para la que cualquier acto sexual que no esté encaminado a la procreación es moralmente incorrecto (por ejemplo, la masturbación y la homosexualidad, también el sexo protegido e incluso el sexo después de la menopausia). Así, en los primeros siglos del nacimiento de la Iglesia no se consideraba al aborto como un homicidio, sino sólo como un acto que ocultaba pecados sexuales. Esta postura de la Iglesia va de la mano de una concepción de la mujer según la cual ésta ha sido creada por Dios para procrear, ésa es su función natural. La mujer es un mero instrumento de procreación. Desde este enfoque, el aborto es una desobediencia directa a las leyes divinas; por eso se afirma que las mujeres que “asesinan a sus hijos” anteponen sus deseos egoístas a la vida de sus propios hijos, y a su vez, a los deseos de Dios y de la función natural que Él les ha asignado. El creyente debería cuestionarse esta visión de la sexualidad y del papel de la mujer de los que habla la Iglesia. Sigamos con nuestra revisión de las ideas sobre el aborto en la tradición eclesiástica. En el siglo xiii Santo Tomás de Aquino, el teólogo más importante de la Iglesia católica hasta el día de hoy, también pensó, siguiendo la teoría hilemórfica de Aristóteles, que no se puede tener alma humana hasta que el cuerpo tenga una forma reconociblemente humana. El embrión humano no tiene esa forma desde el momento de la concepción; la adquiere hasta después del tercer mes de la gestación. Hasta entonces es una persona. Esta opinión fue aceptada por la Iglesia en el Concilio de Viena en 1312 y nunca ha sido oficialmente rechazada. (Si los jerarcas eclesiásticos actuales se dieran cuenta de cómo los padres de la Iglesia sostenían estas teorías, tal vez serían más cautos al amenazar con excomulgar a los legisladores y los jueces que aprobaron la reforma que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las

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doce semanas; si fueran congruentes, tendrían que empezar por excomulgar también a sus propios santos ya que sostenían una postura muy similar acerca de la permisividad del aborto hasta los tres meses.) Todos estos santos de la Iglesia sostuvieron lo que se conoce como la teoría de la “hominización o animación retardada”, en oposición a la de la “hominización o animación inmediata” que sostiene hoy en día la Iglesia católica. De acuerdo con la primera, el alma no entra al cuerpo de un embrión sino hasta que éste tiene forma humana; para la segunda, entra en el momento de la concepción. En el siglo xvii la Iglesia aceptó la teoría preformacionista, que sostiene que la forma de un organismo se encuentra contenida en la célula a partir de la cual se origina. Desde que se formuló esta teoría ha gozado de popularidad entre teólogos y creacionistas. Según esta teoría el óvulo fertilizado tenía ya la forma de un humano, de un pequeño hombrecito al que llamaron “homúnculo”. Así se estableció la idea de que —como dice el cardenal Norberto Rivera— “el embrión humano es humano desde el principio”. Es decir, que el embrión es una criatura completamente formada que sólo necesita crecer hasta llegar a nacer. Hoy sabemos que esa teoría es falsa: no hay tal homúnculo. Sin embargo, aunque la ciencia corrigió su posición, la Iglesia ya no dio marcha atrás; sostuvo, como lo sigue haciendo hoy en día, que la vida humana como tal comienza en el momento de la concepción.5 Esta condena eclesiástica no inició propiamente sino hasta el siglo xvii.

 Sin embargo, ante la evidente falsedad de la teoría de los homúnculos, en el siglo xx teóricos conservadores sustituyeron la idea de homúnculos por la del adn y pusieron en marcha el determinismo genético, que es la creencia equivocada de que los genes determinan todas las características de los organismos. Cf. Vivette García Deister, “Biofilosofía ficción y nuevo preformacionismo en las posturas contra el aborto”, en Javier Flores (comp.), Despenalización del aborto en México, México, La Jornada-unam, 2009. 5

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La autoridad papal Si las razones que debería tener un cristiano católico para oponerse al aborto no están en la Biblia ni en la tradición eclesiástica, entonces tal vez deberíamos buscar en la historia más reciente de la Iglesia, concretamente en la autoridad papal, dado que han sido los papas quienes se han opuesto con mayor vehemencia al aborto. No es sino hasta 1869 que Pío IX se manifiesta en contra del aborto y lo castiga en cualquier momento del embarazo con la excomunión. Conforme su epístola Apostolica Sedis, el aborto es un homicidio. Este documento constituye la primera declaración institucional de la Iglesia en contra del aborto. Es también durante el reinado de Pío IX, en 1870, que se promulga la doctrina de la infalibilidad papal, según la cual el Papa es infalible, es decir, no comete errores cuando promulga o declara enseñanza dogmática en temas de fe y moral. Como todas las cuestiones de fe, no se presta a discusión de ninguna índole. Después de Pío IX, varias declaraciones papales se refieren al aborto y lo condenan: Pío XII, Acta Apostolicae Sedis (1951); Vaticano II, Gaudium et Spes (1965); Paulo VI, Humanae Vitae (1968); Juan Pablo  II, Evangelium vitae (1995). Todas se basan en la doctrina de la infalibilidad papal. Sin embargo, es perfectamente legítimo para un católico cuestionar la doctrina de la infalibilidad pontificia. En par­ ticular, si los papas anteriores a Pío IX no estaban en contra del aborto antes del tercer mes (por ejemplo, los que tomaban por buenas las razones de San Agustín o Santo Tomás), entonces eso querría decir que estaban equivocados en esta cuestión de doctrina moral, y si estaban equivocados, entonces no eran infalibles. Cualquiera que revise la historia de la Iglesia católica verá que en muchas otras ocasiones los papas han mostrado estar equivocados en cuestiones de doctrina que luego han sido rectificadas; pero también han errado en muchas otras cuestiones (como lo estuvo Pío XII al conocer de los crímenes de la Alemania nazi y hacerse cómplice de ellos con su silencio). Los

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no creyentes siempre han tomado este dogma como ejemplo de la arrogancia de la Iglesia. Los cristianos no católicos simplemente lo rechazan, y tal como reconoció el propio Pablo VI, esa discrepancia “es sin duda el más grave obstáculo en la ruta ecuménica”.6 Algunos teólogos católicos, como el suizo Hans Küng, han cuestionado al Vaticano por defender una tesis que fuera de la Iglesia es vista como absurda. En realidad, parece que lo que diga el Papa, por el simple hecho de ser opinión papal, no debería constituir una razón de peso para que un cristiano católico la tomara como determinante a la hora de definir sus creencias religiosas. Tal vez lo que pueda persuadir a los creyentes católicos de la incorrección moral del aborto no radique en que el Papa les diga que es inmoral, sino en las razones que se aducen. Analicemos algunas.

Otros argumentos El católico sólo debería sentirse obligado si concuerda con las razones que da hoy en día la Iglesia. Ésta nos dice que la condena al aborto surge del respeto a la vida y a la persona humana. El embrión es una forma de vida humana que debe respetarse. Nos dice que “sólo Dios da la vida y sólo Dios puede quitarla”.7 Sin embargo, esta idea parece contradecir muchos de los pasa6   L. Weil, “The Papacy: An Obstacle or a Sign for Christian Unity?”, International Journal for the Study of the Christian Church 4 (2004), pp. 6-20, citado en “Infalibilidad pontificia”, Wikipedia, . 7  No es fácil encontrar pasajes en la Biblia o en la tradición eclesiástica que justifiquen esta afirmación. No es claro por qué si Dios nos ha dado la vida, y también el libre albedrío, y nos ha dado estos bienes no parcial, sino completamente, entonces la vida no es por completo nuestra y no podemos disponer de ella a nuestra voluntad. Si la vida es un don de Dios, eso querría decir que es un regalo con el que podemos hacer lo que queramos. Y si no podemos hacer lo que queramos con ella, entonces no es un don o un regalo, sino tal vez un préstamo. Pero algo que está en préstamo, por definición, es algo que se devuelve. ¿Para qué querría Dios que le devolviéramos nuestras vidas? Y más aún, si no somos verdaderamente dueños de nuestras vidas, sino que en última instancia pertenecen a Dios, entonces, ¿de qué somos dueños?

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jes bíblicos antes citados en los que Dios incita a los hombres a matar y a vengarse, pero se me puede responder que esto se hace con la autorización de Dios mismo. Alguien podría también objetar que aunque Dios es quien da la vida a los animales, somos nosotros quienes se las quitamos; igualmente se podría responder con el argumento que antes cité sobre el orden jerárquico en el que ocupamos el nivel superior y toda la naturaleza está supeditada a nosotros (por cierto, el tipo de pensamiento que hoy nos conduce a una catástrofe ecológica). También se me dirá que Dios nos ha autorizado a matar a los animales, pero no a los seres humanos y a los embriones. Como dije antes, no sé dónde está ese mandato de Dios de no terminar con la vida de embriones y no es claro que el “No matarás” también los incluya. La cuestión, a fin de cuentas, se centra en si un cigoto (una célula con cierta información genética) o un embrión, son un ser humano y tienen el mismo valor moral que una persona. Si tienen ese valor, entonces esas vidas serían claramente dignas de todo respeto. Pero para resolver esa cuestión, la Biblia no es de mucha ayuda. La creencia de que hay vida humana con valor desde el momento de la concepción es un asunto que la Iglesia ha difundido entre sus fieles desde el siglo xvii. Sin embargo, la misma Iglesia es incongruente al afirmar, por un lado, que los fetos son seres humanos completos y, por el otro, no tratarlos como tales. Por ejemplo, no siempre se les bautiza en caso de abortos espontáneos y casi nunca se les aplica la extremaunción o se les ofrece misa de difuntos. En la práctica, la Iglesia también distingue entre fetos y personas hechas y derechas. Yo sostengo que los creyentes no están obligados ni por los textos bíblicos ni por la tradición eclesiástica anterior al siglo xvii, y tampoco por la autoridad papal, a compartir la concepción de que la interrupción del embarazo antes de los tres meses es moralmente incorrecta. Los creyentes, y en particular las mujeres católicas que deciden practicarse un aborto, no deberían ver la interrupción del embarazo como un pecado, puesto que no es el asesinato de ningún ser humano.

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Muchos pensamos que lo que le da valor moral a la vida humana es la mente, así un embrión tiene valor cuando tiene sensibilidad o, más generalmente, conciencia. La conciencia es un rasgo característico de nuestra vida mental que se origina de manera gradual, pero que no se alcanza sino hasta que se ha formado la corteza cerebral; esto sucede mucho después del tercer mes del embarazo. O sea que —para usar los términos de San Agustín— el embrión no tiene alma desde el momento de la concepción, sino hasta después del tercer mes: no tiene el rasgo esencial de los seres humanos y por eso no es moralmente incorrecta la interrupción del embarazo antes del tercer mes. La animación no es inmediata sino retardada. Por último, hay una diferencia básica entre la Iglesia como institución y los creyentes, los cristianos en este caso, que no siempre viven la religión según lo que dictan los textos sagrados o los jerarcas de la Iglesia, sino interpretando las Escrituras de acuerdo con su propia sensibilidad moral y su información. Como ha afirmado el teólogo Richard P. McBrien: “Si después de un estudio apropiado, reflexión y oración, una persona está convencida de que su conciencia está clara a pesar de un conflicto con la enseñanza moral de la Iglesia, ella no sólo puede sino debe seguir los dictados de su conciencia y no las enseñanzas de la Iglesia.” 8 Muchos creyentes cuestionan la posición oficial de la Iglesia porque, entre otras cosas, cuestionan su autoridad moral como institución. La oposición eclesiástica institucional al aborto, pueden pensar estos creyentes, proviene de una iglesia que, en su mayor parte, se ha mantenido en silencio con respecto a la muerte de mujeres en abortos clandestinos (que seguirán practicándose si continúa la prohibición al aborto). Una iglesia que con una actitud muy patriarcal concibe a las mujeres sólo como instrumentos de reproducción y subordinadas al hombre y no como seres autónomos y con derechos; nos lo dice una iglesia —incluyendo a su Papa y a otros jerarcas— que no ha conde  Catholicism, Harper Collins, Nueva York, 1994, p. 1004, citado en Hurst, op. cit., p. 36. 8

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nado lo suficiente la falta de respeto a la dignidad humana que significa la pederastia, la cual viola los derechos de niños (esos sí, seres humanos inocentes merecedores de respeto y cuidado). Una iglesia en la que muchos de sus miembros apoyan la pena de muerte, misma que contradice el derecho a la vida que tanto dicen defender. No fue sino hasta 1997 que la Iglesia quitó su apoyo explícito e institucional a la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia Católica —hay que decirlo, tras la oposición personal de Juan Pablo II al respecto—; ahora no la apoyan pero, institucionalmente, tampoco la condenan. ¿Por qué se mantiene callada? Una institución tan inconsistente y con una doble moral sobre el valor de la vida, piensan estos creyentes, ¿qué autoridad moral tiene para venir a hablar de respeto a la vida humana en la figura de un cigoto o un embrión, de los que tenemos razones para dudar de su humanidad? Cuando se cuestiona la autoridad moral de la Iglesia de este modo y, al mismo tiempo, se piensa que se puede vivir la religión de manera libre, honrada y responsable, entonces el creyente tiene muchas razones para estar a favor de la despenalización del aborto: 1] Porque mientras que la penalización del aborto continúe, las mujeres de este país (en su inmensa mayoría cristianas) seguirán recurriendo a la práctica de abortos clandestinos en los que arriesgarán su salud y su vida; mientras que, por otro lado, la despenalización del aborto en otros países, así como recientemente en el df, ha mostrado una reducción en el número de abortos, al tiempo que contribuye a desaparecer la mortalidad materna por abortos clandestinos. El número de abortos ha disminuido porque se ha hecho posible instrumentar políticas públicas de orientación a mujeres que desean abortar. La penalización no salva vidas, como sí lo hace la despenalización. Por esta razón, estar a favor de la despenalización es estar a favor de la vida. 2] Porque la despenalización ayuda a que la sociedad mexicana —cristiana en su mayoría—, se aparte de esa doble moral que, por un lado, denuncia la muerte de supuestas personas potenciales y, por otro, se queda callada al respecto de la muerte de mujeres que son, ellas sí, personas

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existentes y con derechos. Una doble moral en la que se nos dice que el aborto es un crimen, pero no se lleva a prisión a nadie, y en cambio se orilla a las mujeres a arriesgar salud y vida. Esa doble moral debe ser erradicada de la moralidad de nuestra sociedad y, ciertamente, de la religión, que al avalar la penalización se hace cómplice de esta situación. 3] Porque la despenalización reconoce los derechos que tienen las mujeres sobre su cuerpo, las reconoce como agentes morales autónomos y no sólo como meros instrumentos de reproducción. La despenalización contribuye a eliminar la discriminación hacia las mujeres en nuestras leyes. Todas son razones muy poderosas para los creyentes (y también para los no creyentes) para apoyar la despenalización parcial de la interrupción del embarazo. Estoy seguro de que hay muchas otras razones de origen cristiano para hacerlo.

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Muchos tenemos la impresión de que la oposición a la despenalización del aborto proviene casi siempre de posturas de inspiración religiosa. En ocasiones esto es claro y la gente que se opone al aborto no tiene empacho en invocar argumentos claramente religiosos relacionados con Dios, la santidad de la vida o la posición papal. Esto resulta evidente en las posiciones de grupos pro-vida, de distintos grupos cristianos o grupos patrocinados por la Iglesia católica, cuando no de la misma Iglesia. No obstante, otras veces el discurso de los opositores a la despenalización se presenta como un discurso no religioso, tal vez porque se dan cuenta de que, en el contexto de una sociedad plural y de un Estado laico, es difícil convencer a quienes no comparten sus creencias con argumentos religiosos. Sin embargo, cuando se busca más profundamente en las razones que motivan dicho discurso, en algún momento encuentra posturas religiosas. La oposición a la despenalización del aborto por lo regular proviene de ahí.1 Es por este trasfondo religioso que tienen las posiciones conservadoras que muchos pensamos que el interés porque la penalización al aborto continúe simplemente responde a presiones religiosas, más que a cuestiones de derechos humanos, como algunos conservadores quieren hacernos creer. Se habla 1  Sé de muy pocas defensas de la penalización que tengan un origen verdaderamente no religioso. Es famosa la postura del escritor estadunidense Nat Hentoff, libertario y ateo, quien se opone al aborto no por razones religiosas, sino como una defensa de los derechos civiles del feto, aunque la posición filosófica que sustenta es más bien cuestionable. Cf. Nat Hentoff on Abortion, . Para otra postura no religiosa en contra del aborto, véase también el artículo de Don Marquis, “Por qué es inmoral el aborto”, en Margarita Valdés (comp.), Controversias sobre el aborto, México, unam-fce, 2001.

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de la inmoralidad del aborto y de cómo la ley debe hacer valer esta moralidad, pero hay razones muy fuertes que nos muestran que las leyes que penalizan el aborto pueden ser consideradas como inmorales desde el punto de vista de teorías morales laicas, debido a los altos costos sociales y la violación de los de­ rechos de las mujeres que implican estas leyes. Además también existen razones para considerar que el embrión antes de las doce semanas no debe considerarse como una persona a la que se le puedan atribuir derechos. De ser así, entonces parece que las razones prevalentes para oponerse a la despenalización del aborto tienen su origen en la religión y en su muy particular visión moral. No es una coincidencia que los países del mundo donde más se penaliza el aborto, la religión (ya sea católica o islámica) tiene una influencia determinante en la vida pública. Tampoco es una coincidencia que los países del mundo en donde ocurren más abortos inseguros y son más altas las tazas de morbi-mortalidad materna sean los países donde las creencias religiosas son muy relevantes en la vida de la gente y en la vida pública de la sociedad. El sureste asiático, África y América Latina tienen los índices más altos de mortalidad materna por abortos inseguros en todo el mundo.2 Es comprensible que en países en los que no hay separación entre Iglesia y Estado, o más generalmente entre religión y política, los Estados apoyen leyes que penalicen el aborto. Sin embargo, en países con un Estado laico, como es el caso de México, resulta muy preocupante que las leyes respondan a una determinada visión religiosa o a una moral que sólo algunos pueden suscribir. Un Estado que se pretenda laico debe ser realmente autónomo ante iglesias y cultos. El sistema jurídico de dicho Estado no debe responder a ideologías religiosas, aunque en muchos casos la ley civil y los mandatos religiosos —la “ley de Dios”— converjan, las motivaciones que justifican a la ley no deben tener ningún carácter religioso. Ni la ley ni 2   World Health Organization, Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5a ed., 2003, .

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la moral derivan teóricamente de la religión y no tienen por qué responder a sus mandatos —puede ser que deriven históricamente de ella, pero eso es muy diferente—. Esto se debe a varias razones. La primera razón básica por la que un Estado laico no puede responder a una determinada moral religiosa, es que en una sociedad plural en la que hay distintas concepciones del bien y de lo que es una vida valiosa, el Estado no debe tomar partido por ninguna concepción moral o religiosa en particular, ya que de hacerlo faltaría al principio de no discriminación con el que se debe gobernar todo Estado laico. Si el Estado opta por seguir una determinada concepción del bien y de lo que es moral, entonces muy probablemente favorezca esa concepción en perjuicio de otras, es decir, las discriminará. La laicidad es la garantía del Estado, para que las personas con distintas concepciones religiosas y morales, puedan convivir y ser tratadas de manera igualitaria. Ante el Estado y sus leyes, todos los ciudadanos deben ser considerados iguales (a menos que exista alguna razón particular que justifique un trato diferenciado). A pesar de nuestras diferencias, morales y religiosas, entre otras, somos iguales en el sentido de que todos somos personas y, como tales, tenemos igual dignidad. Al no tomar partido por ninguna concepción religiosa o moral en particular, el Estado laico manifiesta su respeto por la libertad de conciencia de los ciudadanos. A diferencia de las religiones, un Estado laico no le dice a la población qué es lo que debe creer o considerar como moral o inmoral, como una vida buena o mala. Dicho Estado debe reconocer la capacidad de los individuos para gobernar su vida, obedecer a su razón, pensar libremente y decidir por ellos mismos qué creer y cómo actuar. Esto lo define bien el concepto de autonomía moral. El Estado laico debe respetar la autonomía moral de cada individuo. Ahora, de lo anterior se desprende que si las personas piensan de modos diferentes, el Estado tiene el deber de respetar la pluralidad de puntos de vista morales. Lo que es más, debe defender esa pluralidad ante proyectos que pretendan imponer una sola

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concepción de lo que es la vida moral; el Estado debe garantizar la tolerancia moral. Sería incongruente que un Estado que se dice laico tratara de imponer una determinada concepción de la vida moral sustentada en principios religiosos más que en principios laicos. Dicho Estado violaría los principios de tolerancia, imparcialidad y neutralidad. Aquí, el pluralismo está relacionado con el reconocimiento de que en la sociedad existen diversas moralidades y perspectivas religiosas que pueden estar igualmente justificadas y que, sin embargo, tenderán a entrar en conflicto unas con otras. El Estado laico no sólo tiene que ser imparcial y neutral al no tomar partido por ninguna, sino que debe garantizar que estas distintas perspectivas, a pesar de que puedan entrar en conflicto, convivan. El Estado debe garantizar y respetar la autonomía y la libertad de conciencia de cada individuo, de cada grupo y de cada congregación religiosa, pero al mismo tiempo debe garantizar que éstas convivan sin que ninguna pretenda imponerse al resto de la sociedad. En otras palabras, el Estado debe garantizar la tolerancia entre los distintos miembros de la sociedad. La laicidad exige, como afirma el filósofo italiano Remo Bodei, que “cada quien pueda escoger los valores éticos, políticos o religiosos que prefiera o en los que crea firmemente, pero no debe pretender imponerlos a los demás mediante la violencia o con el apoyo o la complicidad del Estado”.3 De esta manera, la laicidad del Estado se asocia directamente con la libertad de los ciudadanos, sobre todo con sus libertades de conciencia y de credo. Al mismo tiempo, al reconocer la igualdad de los ciudadanos en esas y otras libertades fundamentales, pero también en sus derechos, el Estado laico sustenta una forma democrática de gobierno. Un Estado democrático tiene necesariamente que ser laico. Así nos lo dice el jurista Pedro Salazar Ugarte, en su estudio sobre laicismo: 3   “L’etica dei laici”, en La ragioni dei laici, Roma-Bari, Laterza, 2005, citado por Pedro Salazar, La laicidad: antídoto contra la discriminación, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2007, p. 15.

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La democracia es una forma de gobierno que únicamente rinde frutos en ciertas condiciones sociales. Desde esta perspectiva, el proyecto de la laicidad adquiere una dimensión política, pero también social. La ciudadanía democrática —los hombres y mujeres que integran la comunidad política— se funda en la convicción generalizada de que las personas tienen un derecho igual a ser diferentes y, por lo tanto, en el valor de la tolerancia ante las ideas, creencias, expresiones, etcétera, distintas a las propias. Así las cosas, si bien es cierto que el pensamiento laico tiene una proyección institucional concreta, también lo es que la laicidad debe ser un valor socialmente vivo y activo. Sólo de esta forma, más allá de lo que digan las normas y declaren los políticos, logra ser un pilar del Estado democrático.4

Si la laicidad consiste en buena medida en el reconocimiento de la autonomía y de la libertad de conciencia y de credo de las personas, y si todos tenemos un derecho igual a estas libertades fundamentales y a ser diferentes, entonces en ella están sentadas las bases para un Estado democrático. El reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de las personas son elementos esenciales de un Estado democrático. Ahora bien, ¿qué relación tiene todo esto con el aborto y los derechos reproductivos? En primer lugar, en que si como dije antes la mayoría de los argumentos a favor de la penalización del aborto (por lo menos en el contexto mexicano) tienen un trasfondo religioso, no hay una razón clara por la que un Estado que se dice laico (como el mexicano) pretenda imponer al conjunto de la sociedad, de una sociedad plural, los valores morales y religiosos de una determinada religión, en este caso la católica. La única razón que podemos identificar con claridad a lo largo de la historia es el miedo que el Estado ha tenido al poder de la Iglesia en un país donde la mayoría de la gente es católica. Ni siquiera grupos sociales o partidos políticos de izquierda (que durante mucho tiempo se opusieron a la penalización del aborto) han querido enfrentarse al poder   Pedro Salazar, op. cit., p. 41.

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de la Iglesia. Nuestra condición de país mayoritariamente católico ha sido un impedimento para que los partidos políticos y el Estado se decidan a despenalizar el aborto en todo el país. Sin embargo, aunque la mayoría de la población en México es católica, o más generalmente cristiana, muchos de ellos piensan que no se debe penalizar el aborto, así lo indican diversas encuestas realizadas en años recientes. Una encuesta de World Public Opinion realizada en 18 países y publicada en junio de 2008, reveló que en México el 70% de la población opina que el aborto es un asunto que debe dejarse a los individuos, 15% que se debe tratar de desalentar con el uso de métodos no punitivos, y un 9% que se debe desalentar criminalizándolo.5 Sin embargo, ésta no es la única razón por la que un Estado laico debería buscar la despenalización del aborto. Aquí es conveniente recordar de qué hablamos cuando se hace referencia a los derechos reproductivos. La Organización Mundial de la Salud los define así: Los derechos reproductivos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y oportunidad de sus hijos y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho a alcanzar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva. También incluyen el derecho de todos a tomar decisiones concernientes a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia.6

5  Véase “World Publics Reject Criminal Penalties for Abortion. Public at Odds With Their Country’s Laws in Half of Countries Polled”, . Véase también la encuesta de Population Council realizada en 2006, la cual muestra altos porcentajes de aceptación para despenalizar el aborto en distintas circunstancias. 6   World Health Organization, Gender and Reproductive Rights, . En México el artículo 4 de la Constitución formula así este derecho: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

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Estos derechos están relacionados con una serie de otros derechos humanos internacionalmente reconocidos, como son el derecho a la salud, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la privacidad y a la no coerción. La penalización del aborto implica un no reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, pues no reconoce el derecho que tienen sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su embarazo, y a tener condiciones seguras en las que se pueda realizar la interrupción del mismo. Este es un elemento de discriminación hacia las mujeres que está presente en la legislación y que no debería estarlo. Es discriminatorio porque no se le reconoce a las mujeres, mientras sí se le reconoce plenamente a los hombres. Además, en la práctica, como tanto se ha dicho, implica otro tipo de discriminación entre mujeres de distintas clases socioeconómicas, porque hay un reconocimiento tácito a los derechos reproductivos de las mujeres con recursos que pueden realizarse un aborto en condiciones de seguridad y salubridad, a las que no tienen acceso las mujeres de escasos recursos. Eliminar las leyes que penalizan el aborto puede ser una vía encaminada a erradicar estas formas de discriminación, para crear una sociedad verdaderamente igualitaria. La despenalización iguala ante la ley a hombres y a mujeres, y también a mujeres de distintos niveles socioeconómicos. Los derechos reproductivos están igualmente relacionados con valores fundamentales que son la base de un Estado laico y democrático. No sólo con la igualdad, sino también con la libertad. Como nos dice la antropóloga y feminista Marta Lamas: La defensa de los derechos reproductivos nos conduce a algo central: estos derechos suponen libertad e igualdad; libertad para decidir e igualdad de acceso a la información y a los servicios médicos. Por eso los derechos reproductivos son intrínsecamente derechos democráticos, pues parten de la libertad (en especial, de la libertad sexual) y requieren el piso común de la igualdad de acceso. Es en el acceso igualitario a los servicios de salud —a los cuidados médicos y prenatales económicamente accesibles y de calidad; a la disminución de la mortalidad infantil y materna; a la reducción de los embarazos adolescentes; al aborto como

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servicio de salud— donde radica el argumento de justicia social respecto de los derechos re­productivos. 7

Los derechos reproductivos de las mujeres suponen su libertad para decidir y su autonomía moral, que no es otra cosa sino su capacidad de tomar decisiones por sí mismas (sin ser objeto de coacciones externas); la capacidad individual de conducir y ser responsables del comportamiento propio, de dirigir la vida propia de acuerdo con la conciencia individual, con las creencias y valores morales y religiosos que se han abrazado. Si los derechos reproductivos son esencialmente democráticos es porque suponen la capacidad de los individuos de otorgarse sus propios principios y normas; suponen la autonomía moral. La democracia, a fin de cuentas, se asemeja mucho a la autonomía: en cierto sentido es la autonomía individual llevada al plano colectivo. El aborto y los derechos reproductivos tienen una relación estrecha con la democracia. El reconocimiento de estos derechos conlleva valores fundamentales para la vida democrática: laicismo, libertad, igualdad y no discriminación. Un régimen verdaderamente democrático tendría que honrar estos valores por medio de la eliminación de las leyes que penalizan el aborto. La democracia supone también respeto a la diversidad de puntos de vista morales y religiosos que conviven dentro de una sociedad plural. La posición liberal en torno a la despenalización del aborto suele repetir que los conservadores deberían admitir el hecho de que a mucha gente su conciencia le dice que el aborto no es moralmente incorrecto y que ésta es una decisión personal. Los conservadores piensan que el aborto es un asesinato y que los asesinatos no son una cuestión que se deba dejar a la conciencia moral del asesino, sino que deben ser penados por el Estado. Sin embargo, este juicio descansa en una particular visión religiosa del momento en que se forma la persona humana. Dicho enfoque no puede constituirse en una 7   Marta Lamas, “Desconstrucción simbólica y laicismo: dos requisitos imprescindibles para la defensa de los derechos reproductivos”, Política y reproducción. Aborto: la frontera del derecho a decidir, México, Plaza y Janés, 2001, pp. 77-78.

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verdad absoluta que este grupo pretenda imponerle al resto de la sociedad. En especial porque lo que está en discusión es si el aborto es verdaderamente un asesinato, asunto que, como hemos visto, hay razones para negar. Sin duda existe un desacuerdo, como es natural en cualquier sociedad plural. Pero mientras no se resuelva el tema de si un embrión es una persona humana con todos los derechos que tienen las personas hechas y derechas, y el de si el aborto es en efecto un asesinato, parecería que la vía penal no es la idónea para resolver esta disputa, ya que la penalización tiene altísimos costos sociales en términos de morbi-mortalidad materna. El conservador debería considerar a la posición contraria, así como a las mujeres que emplean sus propios argumentos para justificar la decisión de interrumpir un embarazo, como parte de una moralidad distinta a la que hay que respetar. De eso se trata el ejercicio de la tolerancia dentro de una sociedad plural y democrática. Finalmente, me parece que tenemos que ser más conscientes de lo que implican los derechos reproductivos para una sociedad que se dice democrática y para un Estado que se pretende laico. Detrás de ellos hay muchos valores y libertades que deberíamos tener presentes y no sólo darlos por hecho. No hay nada más peligroso para la democracia que cuando sus ciudadanos dan por sentados sus derechos y sus libertades, porque siempre habrá fuerzas que traten de quitárselos.

BIBLIOGRAFÍA

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índice

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