La C N T Y La Revolucion Social (1931

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Título: La CNT y la Revolución Social (1931-1939) Prólogo: Francisco de Paula Fernández Gómez

Autor: Marciano Cárdaba Edición: Sindicat d’Oficis Varis de la CNT-AIT Sabadell 7 Ningún derecho reservado. Animamos a la reproducción, copia y difusión del

contenido de este libro.

ISBN: 978-84-938538-5-3 Imagen de portada: “Llibertat - FAI”, de Carles Fontseré 1ª Edición. Junio 2011. Sabadell (Barcelona).

Índice Prólogo----------------------------------------------------------------7 Reformas gubernamentales y lucha en las calles-----------------17 El trentismo, al margen y dentro de la CNT----------------------23 Revueltas obreras e insurrecciones campesinas------------------27 La Revolución de Asturias-----------------------------------------33 La CNT ante una República elitista y estéril---------------------39 La CNT frente al golpe de estado----------------------------------45 Comités y milicias---------------------------------------------------49 Las colectividades industriales y comerciales--------------------53 La colectivización agrícola-----------------------------------------57 La Revolución Social------------------------------------------------63 La violencia y el poder----------------------------------------------67 La Contrarrevolución-----------------------------------------------75 Carne de cañón-----------------------------------------------------79 Bibliograf ía----------------------------------------------------------85

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Prólogo

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Sin lugar a dudas el período histórico más conocido del movimiento anarquista en España es el de los tiempos de la II República Española, especialmente en referencia a los años de Guerra Civil y/o Revolución Social (1936-1939). En el ámbito historiográfico nos podemos encontrar con materiales diversos, desde memorias de personas de todos los bandos, a tesis doctorales, monografías de las temáticas más variopintas, estudios estadísticos, sobre violencia política, manuales generales y un largo etcétera de trabajos secundarios que, sin duda, hacen que dicho período de la historia, juntamente con el franquismo, uno de los ejes principales de la producción historiográfica actual en España. Marciano Cárdaba Carrascal, el autor de este libro, nació en Olombrada, Segovia, en el año 1954 y es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, Doctor en Historia por la Universitat de Girona y componente del “Institut de Recerca Històrica” de la UdG. Su producción historiográfica se ha especializado en el estudio de las colectividades revolucionarias de las comarcas de Girona1 durante la Guerra Civil. Y, con este libro, analiza la evolución de la CNT de los años ‘30 sin ningún 1 Para más información sobre el autor véase; http://www.udg.edu/tabid/11382/language/ca-ES/default.aspx

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tipo de complejo. Una tentativa difícil y arriesgada, dado que es un período estudiado quizá en exceso, cosa que provoca el peligro obvio de no aportar nada nuevo a lo ya dicho. Como veremos, quizá el estudio aquí publicado no aporte nada especialmente novedoso a la historiografía, pero eso no quita que pueda ser considerado como uno de los mejores pequeños manuales o monografías introductorias al tema en cuestión. No encontraremos en este libro el recuento de cadáveres típico de muchos trabajos historiográficos y de denuncia democrática postmoderna, los cuales terminan culpando de las muertes en el frente y la retaguardia en exclusiva a los excesos de los golpistas y al fervor revolucionario, tampoco encontraremos la caricatura de lxs anarquistas como descerebradxs, asesinxs, lumpen murciano (muy habitual en la historiografía catalana sobre el tema), o las tesis del demonio interior Faísta o confabulaciones e invenciones como las surgidas de los “trabajos” demagógicos y patrañeros de gente como Miquel Mir. Lo que sí encontraremos será un estudio directo y con un buen aparato crítico que nos permitirá adentrarnos más en este episodio concreto de la historia, con una inclinación ideológica sin prejuicios hacia el anarquismo/anarcosindicalismo y que, seguramente, deriva de su simpatía hacia ese objeto de estudio, pero que intenta en todo momento ser riguroso en su oficio, logrando ser claro en sus afirmaciones y no negando el buen debate historiográfico. Condensar en tan pocas páginas lo logrado por Cárdaba tiene enorme mérito. Lxs historiadorxs solemos pecar a menudo de enrollarnos demasiado, hacer hincapié en minúsculos detalles y terminar siendo aburridos para el gran público que, inteligentemente, rehuye apresuradamente de intelectualismos. Marciano Cárdaba logra ese preciado equilibrio que agrada, siendo algo exagerado, tanto al devorador alegre de mamotretos

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como al aficionado a las revistas y periódicos con mucha imagen y poco texto. Una obra que si tuviese que ser definida en una sola palabra, sin duda, ésta sería la de “equilibrada”; por sus formas, rigurosidad, debates reflejados y un largo etcétera que hacen que sea, posiblemente, el mejor o uno de los mejores trabajos introductorios a esta temática. En síntesis, una obra más que notable que se atreve a incidir de nuevo en el, quizá, demasiado explorado período de la CNT durante los años de la II República Española. Sí, ciertamente, quizá no muestre ninguna novedad especialmente impactante, pero sí que nos ofrece un ejemplo claro y contundente de esos escasos trabajos que merecen la pena ser consultados para conocer qué tipo de interpretaciones existen alrededor de estudios de temática idéntica o similar a la por él tratada. Ahora bien, este período, aunque “trillado”, ofrece, a mi entender, aún hoy en día campos de estudio todavía esperando aportaciones significativas, que a buen seguro Marciano Cárdaba en futuros estudios podría realizar. Por ejemplo, en referencia a la violencia política antes y durante la Guerra Civil a menudo nos encontramos con posicionamientos muy críticos con el uso de la violencia política, estando la criminalización de movimientos sociales a la orden del día. Resultando ser dichos estudios, en la práctica, un reflejo de sensibilidades postotalitarias que traspasan su ideología presente a un pasado idealizado. Así nos encontramos a menudo discursos de excesiva sensiblería que terminan reduciendo el conflicto de entonces a una lucha entre lxs Demócratas y el totalitarismo fascista y franquista. De aquí surgirán muchas interpretaciones con matices, pero que, en la práctica, coincidirán en sostener el gran apoyo popular que tenía la República y su carácter básicamente pacífico, obviando, muchas veces, que el conflicto de fondo quizá sería más lógico situarlo en un período de entreguerras y de fuerte debilidad de los sistemas liberales con cariz democrático bajo el empuje

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de las teorías revolucionarias socialistas y las reaccionarias fascistas. El liberalismo democrático de entonces no era tan mayoritario como a veces el discurso dominante nos hace creer, en la guerra civil no sólo estaban lxs partidarixs de la República y de los alzados militarmente, también existían otros motivos y aspiraciones para luchar, y uno de ellos era revolucionario y fuertemente influenciado por los principios de la autogestión. En otras palabras, la Democracia, como sistema político, por aquel entonces, pasaba un mal momento: las capas sociales explotadas dejaban de creer en ella y abogaban por proyectos revolucionarios derivados del marxismo y del anarquismo, mientras que las capas medias y gran parte de la fortunas de muchos lugares, ante dicho empuje, no hay que olvidarlo, en vez de fortalecer el sistema que ellas mismas habían creado, engrosaban las filas del fascismo y proyectos similares de raíz autoritaria, negadores de la lucha de clases y con el objetivo real de preservar las jerarquías sociales. Falta, a mi juicio, indagar más hacia esta dirección, dejarnos de tantos “lloriqueos” sobre los muertos en retaguardia, porcentajes de curas reprimidos, patrimonio artístico y cultural saqueado, incendiado y destruido por la furia anticlerical y demás aspectos que difícilmente nos pueden hacer entender realmente los motivos de lo que entonces sucedió. Xavier Díez, recientemente, con su “Venjança de Classe”, libro editado por Virus editorial, o algunos estudios de otras ramas de las Ciencias Sociales han incidido en cosas como las raíces culturales que explicarían los episodios más sangrientos de la Guerra Civil protagonizados por lxs anarquistas, poniendo sobre la mesa algunas cosas a tener en cuenta: la violencia política no era patrimonio exclusivo de las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas, el Estado, Patronal, sus fuerzas represivas así como grupos violentos de otras tendencias políticas, en muchos casos, actuaron con igual o mayor sangre fría y

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crueldad que la achacada a las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas. Pero también, y el trabajo de Díez lo logra con buen criterio, nos hace entender ese clima cultural existente entre lxs desposeídxs marcado por el sentimiento de venganza y odio contra las clases dirigentes. Otros estudios en las Ciencias Sociales inciden y se aventuran en temas referidos a la violencia anticlerical, destacando lo profundo, común y complejo de dicho sentimiento existente entre amplias capas de la población, siendo las organizaciones de raíz anarquista meros catalizadores del mismo. El anticlericalismo era una mezcla de sentimientos e ideas compartidas por gran parte de lo que hoy se llamarían las izquierdas, y sin entender esto es imposible entender el estallido anticlerical de 1936, una de las múltiples caras del proceso revolucionario que se produjo en muchas zonas estatales aquel verano. El anticlericalismo clava sus raíces, como mínimo, en gran parte de las tendencias liberales de la España del siglo XIX, siendo un movimiento de gran base popular y asumido y heredado por las corrientes críticas del liberalismo adscritas al Socialismo (Anarquismo, Marxismo, etc). Abrir nuevas interpretaciones, hacer un análisis comparativo más allá de estrictos marcos cronológicos y geográficos, interesarse por aspectos más cotidianos, quizá incluso antropológicos, para entender la violencia política popular, por ejemplo, es algo que aún queda por hacer, aunque algo de ese camino se está haciendo. En “Garibaldi. Historia Liberal del Siglo XIX”, obra dirigida por Rafael Farga Pellicer, una de las individualidades anarquistas más conocidas del siglo XIX, con numerosas aportaciones de elementos destacados del anarquismo hispano e incluso internacional, una obra, en definitiva, más que interesante para entender la concepción que tenían de si mismos una parte de lxs anarquistas decimonónicos, ejemplifica como los primeros socialistas, en sentido amplio, provenían

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de las filas del liberalismo más combativo. Y leyendo entre sus polvorientas páginas se aprecia claramente que la religión y la Iglesia Católica, en concreto, eran sinónimos de esclavitud y de los excesos del Antiguo Régimen. Un Antiguo Régimen que, no hay que olvidarlo, privilegiaba a una Iglesia que, más allá de los reinos formalmente existentes, era un Estado en toda regla que compartía el poder en territorios concretos con otros estados aliados. La Iglesia del Antiguo Régimen cobraba impuestos, poseía numerosas tierras y propiedades, era una potencia económica y política, tenía cuerpos represivos y tribunales propios, así como otras características que, pese a las revoluciones liberales del siglo XIX, no lograron que fuese, como institución y fuerza política, marginal en la década de los años ‘30 del siglo XIX en España. Y esa Iglesia, por entonces, fue el aglutinante de las fuerzas reaccionarias, la que apoyó por abrumadora mayoría un golpe de estado fascista y la que unió a gran parte de los reaccionarios en liza, incluyendo a los sectores de aquello que se podría llamar “fascismo puro” y, en teoría, laico. Entender el motivo del odio hacia la Iglesia no se puede completar a partir únicamente de análisis basados en frías cifras o recuerdos más o menos veraces de testimonios más o menos directos de los hechos, ya que se puede caer, como actualmente se está haciendo, en el peligroso y demagógico juego de las “víctimas” y peticiones de revisionismo histórico. Desde la mayor serenidad hace falta más profundidad en los análisis, cómo ya, hace más de 130 años se pedía en las páginas del libro anteroirmente mencionado: “Verdad es que en aquella conmoción [se refiere a los diferentes episodios anticlericales de la España de los ‘30 del siglo XIX en plena Guerra Carlista] se perdieron muchas riquezas artísticas; pero aquella pérdida es poca cosa si se considera que con ella se conquistó la victoria contra el más peligroso enemigo de la libertad, que tan infinitos males amontonó en España a través de una larga serie de siglos. Las ruinas de los conventos

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han inspirado ridículas lamentaciones a muchos historiadores que tienen en más estima un monumento arqueológico que la dignidad humana”.2 La Guerra Civil tuvo cosas increíbles para el estudio de proyectos revolucionarios, no la reduzcamos a un juego de excesos y víctimas desde planteamientos democráticos postmodernos. Ante todo hay que tener presente que era una guerra, y en ellas se mata, y en las guerras industrializadas, y esa lo fue, las víctimas “civiles”, no hay que olvidarlo, no son otra cosa que un objetivo militar más. El ataque a la Iglesia Católica y los brotes iconoclastas hacia su patrimonio artístico no puede ser reducido a un acto visceral y sin sentido de personas sin escrúpulos o embrutecidas moralmente. Más allá del grado de ritualidad del hecho o la tipología de las pasiones desaforadas del ser humano en momentos de tensión social, quizá sería más interesante entrar en hipótesis encaminadas a encontrar fundamentos racionales en dicho ataque. Si la Iglesia era el símbolo que unificaba a la reacción, su ataque y destrucción podría ser interpretado como un mal necesario para realizar la Revolución. Aspecto que, curiosamente, hunde sus orígenes en el insurrecto y vehemente liberalismo radical decimonónico. ¿Se atacaba a la Iglesia y a los suyos por ser reaccionarios o porque la gente era estúpida y no sabía donde descargar su rabia acumulada? Me inclino preliminarmente por lo primero, ¿Se atacaba a un enemigo político o únicamente moral? Reconociendo el poder moral de la Iglesia, entiendo que también es político, y sobre la destrucción de sus templos, ¿Fueron actos simbólicos que propagaban el cambio revolucionario que se estaba produciendo o actos de pillaje y vandalismo de gamberros? Más bien me vuelvo a inclinar por la primera opción. 2 FARGA PELLICER, RAFAEL (Dir.), Garibaldi. Historia Liberal del Siglo XIX, Libro II, parte I, Barcelona, Tipografía La Academia, [1883], p. 802.

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Lo antes planteado, sin embargo, no reniega de los estudios que se han realizado hasta el momento, sencillamente aboga por centrar este tema y darle un poco de esa dignidad que a veces escasea en la historiografía. Sería lamentable, por ejemplo, un estudio que endulzase el papel de la CNT y que afirmase que ella no tuvo nada que ver en la represión en la retaguardia, como lo sería igualmente un estudio que la demonizase hasta convertirla en una organización despreciable llena de malhechores. Así que, rehuyendo de estos arquetipos, cabe señalar que incluso en el abundante ámbito historiográfico de lo cuantitativo (de víctimas y victimarios), actualmente existen lagunas sorprendentemente aún por resolver, por ejemplo, no existe, que yo sepa, una monografía que analice cuantitativamente las muertes y personas reprimidas adscritas al anarquismo durante esa, a veces, mitificada república, especialmente durante la contienda bélica y alrededor de Mayo de 1937. Este último tema planteado, lo reconozco, me llama mucho la atención. Pese a estar más interesado en la historiografía del anarquismo decimonónico, el interés por dicho tema me apareció cuando estudiaba hace unos años la licenciatura de Historia y una compañera me ofreció para leer un pequeño trabajo que había realizado para una asignatura. Esta compañera, la actualmente historiadora Neus Olivé, en base a una documentación secundaria no demasiado extensa -cuatro o cinco cabeceras del periodo y de alguna documentación referida a colectividades aragonesas transcritas en formato libro-, ofrecía unos datos bastante impactantes sobre la represión hacia las bases del anarquismo y anarcosindicalismo durante la Guerra Civil. Unas cifras que se manejarían por millares de personas y que, después de una investigación con más profundidad y contrastación de datos, darían seguramente como resultado un estudio inédito que podría servir, no tanto para el típico recurso

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de contar víctimas pasadas para hacer política en el presente, más bien para entender de las consecuencias de los enfrentamientos violentos y cómo un movimiento revolucionario cayó, en este caso, por la razón de la fuerza. Sin más dilación, os invito a leer las sugerentes páginas que el compañero Marciano Cárdaba ha escrito y que lxs compañerxs del SOV de Sabadell de la CNT-AIT han editado. Para no olvidar los hechos que aún hoy siguen siendo importantes y que, pese a quien le pese, son la herencia de muchas luchas sociales de hoy en día. Francisco de Paula Fernández Gómez

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En una España dominada por el caciquismo, la proclamación de la república fue recibida con bailes, música popular, alborozo generalizado y toma de las calles; tampoco faltaron las manifestaciones unitarias en las que participaron los anarcosindicalistas, ni alocuciones de militantes destacados de la CNT, que reivindicaron la amnistía general, la disolución del somatén y el reconocimiento oficial de la Confederación. Con la libertad afloraron también los conflictos sociales reprimidos por la dictadura. Las manifestaciones con motivo del 1º de mayo plasmaron el alto número de reivindicaciones que las clases trabajadoras tenían pendientes para el gobierno de coalición. Largo Caballero, que representaba a la UGT en el nuevo gobierno, asumió la cartera de Trabajo y se sumó a la ola de reformas tratando de regular las relaciones laborables y favoreciendo sin disimulos a la central socialista.

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Proclamación de la II República Fotografía de Alfonso Sánchez Portela (1902-1990)

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Reformas gubernamentales y lucha en las calles

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En un contexto de virulenta conflictividad social, con huelgas contra la patronal en Asturias, Cataluña, Andalucía y Zaragoza, entre las más importantes, para la CNT era el momento de reorganizarse y definir una estrategia, para lo cual convocó el correspondiente congreso, que tuvo lugar entre los días 11 y 16 de junio de 1931 en Madrid. Aunque no faltaron las discrepancias entre los partidarios de aprovechar las libertades formales para crecer e implantarse en todo el país y los que optaban por intensificar la lucha ante unas condiciones sociales favorables, la mayoría de los delegados apoyaron la línea más moderada, estableciendo un programa mínimo de reivindicaciones. El antiparlamentarismo y la acción directa seguirían siendo los principios y las tácticas de la CNT en el marco de una nueva estrategia: las federaciones de industria, aprobadas por tres cuartas partes de los 418 delegados, que representaron a 529 sindicatos con unos 535.000 afiliados. El dictamen, obra de Peiró, fue criticado por quienes veían en las federaciones el peligro de una ruptura de la unidad de acción de la Confederación y una estructura, por corporativista, burocrática en ciernes. Mientras García Oliver expuso que las federaciones anularían a los sindicatos únicos, los críticos ponían el acento en que no se trataba de planificar un tipo de producción mediatizado por la economía capitalista, sino de

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organizar la economía libertaria, Peiró las defendió como la futura organización posrevolucionaria. Con la aceptación por parte de todos de que el sindicalismo era sólo un medio hacia la finalidad compartida: el anarquismo, los votos zanjaron la cuestión. Las regionales, sin embargo, no las impulsaron con posterioridad y, en la práctica, el acuerdo quedó reducido al papel.

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En las calles, a pesar de las motivaciones políticas de algunas huelgas urbanas, que se desencadenaron enseguida, los conflictos respondían a motivos reales de subsistencia. Los problemas sociales Congreso de Madrid de junio de 1931 no eran exclusivos de Fotograma del documental las ciudades y, en el Außerordemtlicher Kongress der spanischen Syndikalisten campo, mientras los Fuente: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG-Amsterdam arrendatarios pedían una disminución de la renta que pagaban a los propietarios, los jornaleros exigían trabajo y salario dignos. Las expectativas de campesinos y obreros en el nuevo marco republicano eran bastante más amplias que los decretos firmados por Largo Caballero, y durante todo el verano la CNT secundó una campaña de huelgas por toda España, que, a menudo, acababan enfrentando a los anarcosindicalistas con la guardia civil y el ejército, cuando no con los esquiroles de la UGT, como en el caso de la huelga contra la compañía telefónica, iniciada el 6 de julio y extendida por varias ciudades, entre las que destacaron Barcelona, Madrid, Córdoba y Sevilla, dando pie a la “semana sangrienta sevillana” catorce días después. El protagonismo de los militares en la

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represión, que incluyó la declaración del estado de guerra y la clausura de todos los sindicatos de la CNT en Andalucía,1 evidenció que, en lo relativo al orden público, republicanos y socialistas ponían en práctica la misma política llevada a cabo por la monarquía o por la dictadura de Primo de Rivera, en la que Largo Caballero había sido nombrado consejero de Estado el 14 de octubre de 1924. La represión social empezó pronto, destacando los pescadores muertos en la marcha de Pasajes en mayo, y menudearon hasta el extremo que Luis Araquistáin, el ideólogo del ministro de Trabajo, comenzó a partir del 18 de julio a justificar desde la prensa la brutalidad de la represión con la excusa de defender la república y neutralizar las agresiones que la debilitaban. Días después, tras pedir el gobierno mano dura a Maura contra la huelga general de Sevilla, el 23 de julio se utilizó la artillería contra Casa Cornelio, una taberna donde resistían los libertarios; esta huelga, con aplicación de la ley de fugas, dejó 22 muertos. En Barcelona, donde la CNT se había reorganizado con rapidez, las huelgas eran constantes, e incluso instigadas contra la voluntad de los moderados dirigentes de la organización, como la del 3 de septiembre; los conflictos se prolongaban al no aceptar los anarcosindicalistas ningún tipo de intermediación con los patronos, razón por la que éstos comenzaron a coaccionar a los trabajadores para que ingresaran en la UGT. Si en las ciudades los huelguistas presionaban mediante huelgas generales con la esperanza de conseguir mejorar su situación laboral y económica, el movimiento reivindicativo se extendió al campo a lo largo del otoño. No sólo eran los anarcosindicalistas organizados quienes ponían en práctica la acción directa, también lo hacían los campesinos, incluidos los afiliados a la UGT, mediante huelgas, protestas y esporádicas ocupaciones de 1

CASANOVA, Julián, De la calle al frente, Crítica, Barcelona, 1997, p. 20.

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fincas por toda la geografía española, desde Andalucía a Navarra pasando por Aragón, aunque destacando en Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga, donde la influencia anarquista era mayor. Con la represión, los muertos también llegaron al campo y en ocasiones provocaron la respuesta airada de los campesinos que pedían trabajo o traslado de autoridades, como en el caso de Castilblanco, donde descuartizaron a cuatro guardias civiles el último día de 1931, tras matar uno de ellos a un hombre en el intento de disolver una protesta. La guardia civil, dirigida por Sanjurjo, se vengaría inmediatamente en Jeresa, Zalamea, Calzada de Calatrava o Epila. En Arnedo, la matanza de hombres, mujeres y niños fue indiscriminada y gratuita.

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La esperanza de las clases trabajadoras en un cambio rápido de sus condiciones de vida comenzó a romperse ante la evidencia de la represión. No luchaban contra la república, sino contra los propietarios, pidiendo unas bases de trabajo más justas que, además, los políticos les habían prometido. En la medida en que éstas no llegaban y el principio de igualdad entre los individuos chocaba con la actitud despectiva de los propietarios y con las balas de la guardia civil, no era difícil para la prensa anarquista comenzar a equiparar república y monarquía si, en la práctica, la actuación del nuevo sistema de gobierno no difería del anterior. Estas comparaciones exasperaban a los políticos socialistas, pero no a los frustrados braceros que intentaba controlar la UGT y que, en ocasiones, se unieron a los anarcosindicalistas2 en el sur rural ante el entorpecimiento de la reforma agraria por parte de los propietarios y la pasividad del gobierno, que, paralizado por los intereses de grupo, no atajaba las trabas y se perdía en diatribas.

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PRESTON, Paul, La destrucción de la democracia en España, Turner, Madrid, 1978, p. 126.

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La Ley de Defensa de la República, firmada por Casares Quiroga el 21 de octubre tras sustituir a Maura, podía aplicarse indiscriminadamente a cualquier intento de presión social y la CNT la contempló como una ley contra la Confederación, ya que sancionaba hasta las expresiones que redundaran en menosprecio de los organismos del estado y las huelgas que no se sometiesen a un procedimiento de arbitraje o conciliación. Era el caso de la CNT, que rechazaba los jurados mixtos y que no disociaba la lucha laboral de la social. La guardia de asalto, el nuevo cuerpo de policía republicano que coexistiría con la guardia civil, se constituyó el 30 de enero de 1932 y llegaría a tener unos 11.700 miembros este mismo año, superando las fuerzas represivas de la república en un 50% a las de la dictadura.

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Fragmento final del Manifiesto de los Treinta

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(...) Fácil será pensar a quien nos lea que no hemos escrito y firmado lo que antecede por placer, por el caprichoso deseo de que nuestros nombres aparezcan al pie de un escrito que tiene carácter público y que es doctrinal. Nuestra actitud está fijada, hemos adoptado una posición que apreciamos necesaria a los intereses de la Confederación y que se refleja en la segunda de las interpretaciones expuestas sobre la revolución. Somos revolucionarios, sí; pero no cultivadores del mito de la revolución. Queremos que el Capitalismo y el Estado, sea rojo, blanco o negro, desaparezca; pero no para suplantarlo por otro, sino para que hecha la revolución económica por la clase obrera pueda ésta impedir la reinstauración de todo poder, fuera cual fuere su color. Queremos una revolución nacida de un hondo sentir del pueblo, como la que hoy se está forjando, y no una revolución que se nos ofrece, que pretenden traer unos cuantos individuos, que si a ella llegaran, llámase como quieran, fatalmente se convertirían en dictadores al día siguiente de su triunfo. Pero esto lo queremos y lo deseamos nosotros. ¿Lo quiere también así la mayoría de los militantes de la Organización? He aquí lo que interesa dilucidar, lo que hay que poner en claro cuanto antes. La Confederación es una organización revolucionaria, no una organización que cultive la algarada, el motín, que tenga el culto de la violencia por la violencia, de la revolución por la revolución. Considerándolo así, nosotros dirigimos nuestras palabras a los militantes todos, y les recordamos que la hora es grave, y señalamos la responsabilidad que cada uno va a contraer por su acción o por su omisión. Si hoy, mañana, pasado, cuando sea, se les invita a un movimiento revolucionario, no olviden que ellos se deben a la Confederación Nacional del Trabajo, a una organización que tiene el derecho de controlarse a sí misma, de vigilar sus propios movimientos, de actuar por propia iniciativa y de determinarse por propia voluntad. Que la Confederación ha de ser la que, siguiendo sus propios derroteros, debe decir cómo, cuándo y en qué circunstancias ha de obrar; que tiene personalidad y medios propios para hacer lo que deba hacer. Que todos sientan la responsabilidad de este momento excepcional que todos vivimos. No olviden que así como el hecho revolucionario puede conducir al triunfo, y que cuando no se triunfa se ha de caer con dignidad, todo hecho esporádico de la revolución conduce a la reacción y al triunfo de las demagogias. Ahora que cada cual adopte la posición que mejor entienda. La nuestra ya la conocéis. Y firmes en este propósito la mantendremos en todo momento y lugar, aunque por mantenerla seamos arrollados por la corriente contraria. Barcelona, agosto de 1931. Juan López, Agustín Gibanel, Ricardo Fornells, José Girona, Daniel Navarro, Jesús Rodríguez, Antonio Valladriga, Ángel Pestaña, Miguel Portoles, Joaquín Roura, Joaquín Lorente, Progreso Alfarache, Antonio Peñarroya, Camilo Piñón, Joaquín Cortés, Isidoro Gabín, Pedro Massoni, Francisco Arín, José Cristiá, Juan Dinarés, Roldán Cortada, Sebastián Clará, Juan Peiró, Ramón Viñas, Federico Uleda, Pedro Cané, Mariano Prat, Espartaco Puig, Narciso Marcó, Jenaro Minguet.

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El trentismo, al margen y dentro de la cnt

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En la CNT, como en cualquier otra organización política o social, siempre han convivido diferentes puntos de vista sobre la estrategia a seguir. Mientras las bases estaban afiliadas para defender sus intereses de grupo o clase, los “notables” tomaban partido por una u otra táctica. Los moderados, sindicalistas y partidarios de consolidar posiciones negociando acuerdos, y por ello siempre más cerca de la política que de la acción directa, aunque no rechazasen esta última, criticaban con frecuencia las tácticas de los anarquistas. Éstos, sin embargo, veían el sindicalismo como un campo de operaciones donde ejercitarse continuamente para el gran momento del golpe definitivo al viejo orden: la revolución social. Mientras los primeros convivían con los políticos y con frecuencia ampliaban sus filas, los segundos despreciaban a la clase política, en la que sólo veían un grupo de embaucadores, preparados siempre para vender en su interés las aspiraciones de las clases populares. En la CNT eran conocidos respectivamente como treintistas y faístas, por el manifiesto del 11 de agosto de 1931 los primeros y por su proximidad a los postulados de la FAI los segundos. El manifiesto, firmado por treinta destacados militantes de la CNT partidarios de la línea sindicalista y contrarios a la insurrección, entre los que figuraban Pestaña y Peiró, expresaba que el gobierno nada había hecho ni nada haría en el aspecto económico, criticaba el asalto al poder

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por inútil y pretendía planificar la revolución sobre la base de concienciar a la sociedad hasta hacerla viable. Los militantes más activos de la Confederación, sin embargo, no relacionaban crecimiento de afiliados con proximidad de la revolución, recelando de la adaptación al sistema, que podría desvirtuar el ideario anarquista de la CNT, por lo que entendieron el manifiesto como una declaración de guerra. Federica Montseny acusó a los firmantes de alentar la represión contra los cenetistas más activos, y algún treintista tampoco se quedo corto tildando a los radicales de asesinos por lanzar las masas a la metralla. El 25 de agosto la redacción de Solidaridad Obrera, controlada por los firmantes del manifiesto, dimitió, pero con la salida el 6 de noviembre de Cultura Libertaria, los treintistas tenían de nuevo un órgano de propaganda. El grupo se consolidó y pronto empezaron a dar conferencias fuera de la ciudad de Barcelona e incluso se desplazaron a Huelva y Galicia.3

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La insurrección de los mineros de Figols el 18 de enero de 1932, además de extenderse por las cuencas del Llobregat y del Cardoner, trajo la proclamación del comunismo libertario en algunas poblaciones, la intervención militar y la clausura de todos los sindicatos de la CNT en Cataluña, aunque los libertarios ni siquiera habían atacado el cuartel de la guardia civil, un objetivo fácil, por lo que no hubo derramamiento de sangre. Sí existió un comité revolucionario, milicias y una organización incipiente basada en el trabajo voluntario y en el economato tras abolir el dinero. La insurrección había sido tan espontánea que los dirigentes de la CNT en Barcelona casi ni se habían enterado y, cuando lo supieron, se negaron a generalizar el conflicto. El 23 llegaron las tropas y se optó por no resistir, por lo que todo acabó como empezó: sin un sólo muerto. Con la clausura de 3

VEGA, Eulàlia, Entre la revolució i la reforma. La CNT a Catalunya, 19301936, Pagès, Lérida, 2004.

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sindicatos y periódicos, los treintistas, acusados de pasividad por los anarquistas, empezaron a perder el control, que fue pasando a manos más radicales, partidarios de la insurrección, la vía con más defensores entonces en el movimiento libertario y que, sin directrices de nadie, los trabajadores habían puesto en práctica en el Alto Llobregat. La venganza, con presos preventivos y la deportación de más de cien significativos militantes libertarios sin causa penal abierta, fue respondida con huelgas de protesta en todo el país. La brecha entre treintistas y faístas se amplió un poco más. La huelga general con la que respondió la CNT el día 23, ni siquiera tenía el respaldo de la dirección sindical. Pestaña dejó el comité nacional en marzo y Emilio Mira el regional catalán en abril. Con la expulsión de la federación local de Sabadell en septiembre de 1932 se alcanzó el punto álgido de las tensiones entre ambas tendencias y, en enero de 1933, Pestaña creó la Federación Sindicalista Libertaria agrupando la red de ateneos de Cataluña, el País Valenciano, el País Vasco y Huelva en los que se habían organizado. El 17 de febrero de ese mismo año apareció un manifiesto de 44 sindicatos, que el día 25 se constituyeron formalmente como Sindicatos de Oposición. La expulsión definitiva de Sabadell llevó a los moderados a la ruptura con la Confederación y el 4 de junio tuvo lugar el primer congreso de estos sindicatos en Cataluña, que agrupaban a unos 26.000 afiliados, a los que un mes después se sumaron los sindicatos de Huelva; a partir de 1934 también adquirirían solidez en Levante, aportando unos 23.000 afiliados y lo mismo hicieron los ferroviarios de Madrid. Mientras Peiró seguiría manteniendo que sólo a través del anarquismo podrían mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, en enero de ese mismo año, Pestaña constituyó el Partido Sindicalista y, más adelante, tanto la FSL como los Sindicatos de Oposición fueron favorables a

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la Alianza Obrera, rechazada por la CNT por considerar que impulsaría el marxismo en detrimento del anarcosindicalismo. Finalmente, buena parte de los 60.000 afiliados con los que llegaron a contar volvieron a la CNT en mayo de 1936. No todos los treintistas optaron por la ruptura con la CNT, porque Galicia y Asturias, con porcentajes importantes de militantes que secundaban a Peiró, permanecieron en la Confederación, optando por una vía intermedia: acciones de masas, pero dirigidas por los sindicatos. En Santander eran igualmente partidarios del sindicalismo y en Madrid esta tendencia tenía también un grupo destacado. En Galicia, el desplazamiento de los moderados fue bastante más lento que en Cataluña y la huelga general del 15 de febrero en protesta por las deportaciones motivadas por los sucesos de Fígols, fue pacífica, al contrario que en Andalucía, Cataluña, Levante y Aragón, donde se saldaron con muertos, locales precintados y un buen número de presos. En Galicia, al contrario que en el conjunto de España, la CNT siguió creciendo hasta 1934 y llegó a los 40.000 afiliados, colaborando moderados y radicales en la práctica sindical ante huelgas prolongadas, lo que les permitió abrir economatos para distribuir las aportaciones solidarias de productos básicos que llegaban de todo el país.4 26

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PEREIRA, Dionisio, A CNT na Galicia, 1922-1936, Laiovento, Santiago de Compostela, 1994.

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revueltas obreras e insurrecciones campesinas

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Los gobernantes republicanos y socialistas, incapaces de llevar a la práctica las demandas populares, siguieron utilizando la represión para mantener el control social. La CNT ni siquiera se sumó a la celebración del primer aniversario de la república, optando por ir a trabajar ese día. La primavera de 1932 fue trágica, menudeando los motines y los muertos a pesar de la contención de los Casas Viejas, Andalucía. sindicatos controlados Momento del recuento de los rebeldes asesinados por los cuerpos represivos republicanos por los socialistas. Fuente: Web CGT Valencia http://www.cgtvalencia.org/p/1931-1936-la-cnt-en-la-2-reBuena pare del publica.html anarcosindicalismo, sin embargo, había decidido la ruptura con la república y la censura de la prensa libertaria era un hecho cotidiano. El año 1933 comenzó con la matanza de Casas Viejas y acabó con la de Bujalance, ambas en el contexto de sendos intentos revolucionarios, ahora sí, propiciados por los comités directivos de la CNT, con incidencia en Andalucía, Cataluña, Levante y Madrid el de enero. También la lucha en el campo se fue radicalizando a partir del verano,

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aunque la iniciativa partía de la campaña “comed república” y de los terratenientes que, además de no cumplir la legislación social, ya no necesitaban a la guardia civil para disparar Valencia, 1933 contra los campesinos Trabajadores inutilizando un tranvía durante la que entraban a trabajar huelga insurreccional Fuente: Web CGT Valencia en sus fincas o que iban http://www.cgtvalencia.org/p/1931-1936-la-cnt-en-la-2-republica.html a reclamar un salario después de haberlas trabajado. La CNT tenía en mayo de 1933 unos 9.000 presos y en julio los muertos en las luchas sociales desde el inicio de la república ascendían a 525, según denunciaban en un mitin proamnistía en Madrid. A pesar de la censura, los sucesos en la calle anulaban los discursos del parlamento, en crisis profunda, como el resto de los parlamentos europeos ante el avance del fascismo. La CEDA se había constituido el 3 de marzo y en las municipales de abril el partido de Lerroux fue el más votado. En verano, las revueltas anarquistas y los incendios de fincas fueron frecuentes en Extremadura. En septiembre cayó el gobierno de Azaña. El segundo intento revolucionario de aquel año, la CNT lo hizo coincidir con la apertura del nuevo parlamento surgido de las urnas de noviembre. Hubo revueltas en Barcelona, Logroño, Córdoba y Badajoz, aunque el protagonismo más destacado correspondió a Aragón. Al contrario que en Cataluña, donde la lucha de corrientes había dejado a la organización con menos de 200.000 afiliados, en Aragón la fuerza del anarcosindicalismo creció por su capacidad para aglutinar sindicalismo y anarquismo al margen de las disputas. A raíz de la victoria de la derecha el 19

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de noviembre, durante el Pleno nacional del 26 de ese mismo mes, la CNT creó un comité nacional revolucionario con la expectativa de canalizar las previsibles protestas populares. Aunque éstas no se produjeron, la insurrección se llevó a término a partir de la noche del 8 de diciembre con la proclamación del comunismo libertario en algunas comarcas del este de Huesca y el Bajo Teruel, con las gentes en las plazas librando al fuego archivos municipales, judiciales y el registro catastral, símbolos del poder de los caciques y del estado. Algunas zonas de la Rioja secundaron también la insurrección y en Zaragoza se proclamó la huelga general revolucionaria, rota sólo por los ugetistas y con tiroteos nocturnos, calles vacías y tanques en las calles principales. Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Córdoba, Sevilla y Cádiz participaron también en la insurrección, prolongándose los altercados a lo largo de diciembre. El fracaso del movimiento, reprimido por los militares, se saldó con casi un centenar de muertos en toda España, requisa de armas y un aumento considerable del número de presos sin causa, llevando de nuevo a la CNT a la clandestinidad de manera generalizada. En ella seguía cuando la CNT y la UGT convocaron una huelga general de dos días para el 4 de abril de 1934 en la capital aragonesa. El día 6 pasó a ser indefinida y un mes después la resistencia de los huelguistas había convertido Zaragoza en el referente del anarcosindicalismo. La decisión de acoger a los hijos de los huelguistas en Madrid, Barcelona y otros pueblos aragoneses decantó el conflicto a favor de los huelguistas por su repercusión. Aunque trataron de impedir la solidaridad y el gobierno catalán clausuró la Soli el 6 de mayo por este motivo, los niños salieron hacia su destino desde Zaragoza y el conflicto se solucionó con la firma del gobernador civil el 9 de mayo. Al día siguiente La Voz de Aragón, en referencia a su actuación con respecto a los hijos de los huelguistas, comparaba la actitud de

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los servicios de orden público de la Generalitat, dirigidos por Badia, con los de un estado fascista.5 Solidaridad Obrera seguiría clausurada hasta el 29 de junio.

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Por lo que respecta a la esperada reforma agraria, los proyectos se sucedieron y, ante la expectativa contenida de las masas campesinas, se fueron suavizando y retrasando como consecuencia del predominio de los intereses partidistas entre los grupos del gobierno de coalición. Había dejado de interesar a los republicanos e hizo falta el intento de golpe de estado de Sanjurjo para que el gobierno se decidiese y los parlamentarios acordasen aprobar un proyecto, el quinto, publicado el 15 de septiembre de 1932 con demasiadas categorías de tierra expropiable y excesiva burocracia, que ni de lejos incidía en los cambios estructurales mínimos que requería la agricultura para mejorar las condiciones de vida de los campesinos más desfavorecidos. La amnistía de 1934, pensada para beneficiar a los golpistas del 10 de agosto de 1932, restituyó las más de veinte mil hectáreas expropiadas a los terratenientes que implicaron en el golpe. La degradación de las condiciones de vida en el campo, con desahucios, rebajas de dos tercios en los salarios, hambrunas, quema de cosechas e invasiones de fincas llevó a la federación campesina de la UGT a convocar una huelga general de campesinos el 5 de junio de 1934. Abandonados a su suerte por la burocracia sindical ugetista, el ministro Salazar Alonso aprovechó la oportunidad para desmantelar la FNTT, utilizando contra ella todos los métodos y leyes que republicanos y socialistas habían aplicado dos años antes contra los anarcosindicalistas. La federación socialista no volvería a levantar la cabeza hasta la victoria del Frente Popular en 1936. 5

KELSEY, Graham, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, 1930-1938, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1994, p. 272.

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Como las elecciones de noviembre de 1933 habían barrido a los republicanos centristas y habían desalojado definitivamente del poder a los socialistas, éstos recuperaron la vieja retórica y amenazaron con la revolución. La CNT, sin embargo, aunque aceptaba aliarse con la UGT para llevar a cabo un programa revolucionario, no estaba dispuesta a servir de comparsa para que los socialistas volviesen al poder y, en ocasiones, les recordaba la incidencia de su abstención activa. La importancia de ésta en las elecciones de noviembre parece evidente en la ciudad de Zaragoza, Cádiz y zonas de Málaga, Huesca y Teruel, pero en otras ciudades con implantación libertaria, como Barcelona, Valencia o Málaga, los porcentajes de votación no indican lo mismo. No obstante, intentos como la Alianza Obrera, presentada como un programa de frente único contra la derecha, serían inútiles sin el concurso de la CNT, que, con la excepción de Asturias y algunos titubeos de las regionales de Centro y Galicia, se posicionó en contra. Lo mismo hizo la regional catalana ante el 6 de octubre de 1934, por considerarlo un movimiento esencialmente político, dirigido por la facción más nacionalista y reaccionaria de ERC, la que se había ensañado contra los libertarios en las comisarías, tras conseguir las competencias del orden público, y llevaba meses adoptando una parafernalia fascista. 31

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Cartel alegórico sobre la Revolución de Asturias del año 1943 Fuente: Web “Fotos Militares” http://www.fotosmilitares.org/viewtopic.php?f=31&t=380&p=30159

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la revolución de asturias

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La CNT es una organización confederal y, en base a la autonomía de sus órganos, la regional asturiana había firmado el 28 de mayo de 1934 un acuerdo con la UGT para constituir alianzas obreras en Asturias, León y Palencia. Las críticas fueron generalizadas, pero Asturias mantuvo su posición de avanzar hacia la unidad. La revolución, planificada militarmente mediante un comité provincial revolucionario, tuvo un éxito relativo, ya que logró controlar casi la mitad del territorio (las cuencas mineras, la costa central y gran parte de Oviedo y sus alrededores) tras estallar el 5 de octubre siguiendo las órdenes que el día anterior había dado el comité socialista escondido en Madrid, donde hubo algunos enfrentamientos con las fuerzas de orden público y huelga general, como en Andalucía, Galicia, Levante y País Vasco, todas ellas con más o menos participación de la CNT. No fue el caso de Cataluña ni de Aragón. En Madrid, el comité regional de defensa de la CNT creó un comité revolucionario, que contactó con la UGT para obtener armas y coordinarse, pero Largo Caballero, que el día 8 daba el movimiento por fracasado, descartó dar armas a los anarcosindicalistas. Aunque Asturias era una prueba de que las acciones conjuntas eran posibles si la CNT se resignaba a un papel secundario, las diferencias entre ambas concepciones de la revolución también se manifestaron en la práctica, contraponiéndose las asambleas

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generales en las zonas libertarias (La Felguera y El Llano, Gijón) a los comités del partido en las zonas socialistas (Sama), las apelaciones a la población y a la colaboración contra las órdenes tajantes, la toma del montón –sustituida por el racionamiento ante el acaparamiento– contra la dictadura del proletariado.6 Libertarios y socialistas, no obstante, han reconocido la camaradería existente en los frentes de lucha.

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Los preparativos de la revolución fueron planificados al más alto nivel por Largo Caballero y Prieto, que se encargó de proporcionar las armas, mientras Avance, el periódico del SOMA, preparaba a los mineros para la insurrección. Las armas se habían intentado descargar en San Esteban de Pravia el 10 de septiembre, pero, ante la llegada de los carabineros, sólo desembarcaron una tercera parte del alijo del Turquesa, y aunque pudieron trasladar los fusiles, buena parte de la munición quedó en la playa. La entrada de la CEDA en el gobierno Lerroux el 3 de octubre activó el plan socialista para volver al poder. La “huelga general” paralizó Madrid el día 5, pero se saldó con tiroteos esporádicos, un atentado fallido contra Gobernación y el simulacro de asalto a Correos por parte de las milicias socialistas. Los dirigentes no salieron de casa y Largo Caballero acabó detenido. En el País Vasco, San Sebastián y Bilbao fueron controladas sin mayores problemas al no implicarse en la lucha los nacionalistas, pero destacaron los combates en Eibar, Mondragón, Pasajes, Baracaldo y Durango, mientras algunos focos mineros aguantaron hasta el día 18. En León, Zaragoza, Santander y Albacete también hubo tiroteos y algunos muertos, aunque sin llegar a la cuarentena del País Vasco o de Madrid. Tampoco faltaron incidentes más locales desde Salamanca hasta Murcia pasando por La Mancha. En Asturias, el plan era tomar los cuarteles de las cuencas mineras 6

VILLAR, Manuel, El anarquismo en la insurrección de Asturias, FAL, Madrid, 1994.

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con los fusiles desembarcados del Turquesa, unos centenares de pistolas, escopetas de caza y dinamita, armar a los milicianos que no lo estuviesen y avanzar hacia la capital. La toma de las fábricas de armas y explosivos de la región estaban también entre los objetivos, que lograron.

Camión de revolucionarios de Pola de Lena a Campumanes, octubre de 1934. Fuente: Web “Fotos Militares” http://www.fotosmilitares.org/viewtopic.php?f=31&t=380&p=30159

Tras su llegada a Oviedo la noche del 6 de octubre, los mineros empezaron a ocupar los edificios de la ciudad, adueñándose de una parte importante en días sucesivos, aunque el día 11 comenzaron los bombardeos aéreos contra ellos. Conocedores del fracaso de la revolución en el resto de España y ante la llegada de las tropas, los dirigentes socialistas, apoyados por algunos cenetistas, optaban por abandonar la lucha y ahorrar vidas. Ante la oposición de los comunistas, acordaron un “repliegue” y el comité se dispersó, por lo que los comunistas formaron otro, que duraría un par de días, ya que el general López Ochoa consolidaba posiciones y Yagüe avanzaba desde

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Gijón, aunque los milicianos optaron por resistir y ambos contendientes utilizaron a prisioneros como escudos humanos. El día 12 seguían los bombardeos de la ciudad, ambos mandos militares entraban en contacto y comenzaron la recuperación de la ciudad. Los regulares y el tercio hacían escasos prisioneros y el 14 Oviedo estaba tomada y devastada por las bombas, los obuses y la dinamita. El día 18 sólo quedaban las cuencas mineras y Belarmino Tomás pactó la rendición con López Ochoa a condición de que las tropas africanas se situasen en la retaguardia durante la ocupación, que se produjo sin apenas resistencia.

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Para vencer la insurrección, con Franco en un despacho del Estado Mayor en Madrid dirigiendo la estrategia, se habían necesitado casi 15.000 militares, artillería, bombardeos aéreos y navales y fuerzas de orden público de las zonas adyacentes. La represión para desmontar la revolución fue dura y conllevó la detención de unas 20.000 personas, que al cabo de un par de meses quedaron reducidas a un tercio. No faltaron las venganzas, destacando la de Carbayín, con el asesinato de 24 prisioneros sacados de Sama, un pueblo donde la represión revolucionaria había hecho lo mismo con 27 guardias civiles y de asalto rendidos para vengar su resistencia al avance de los mineros. Las torturas por parte de la policía para recuperar el mayor número de armas posible formaron parte de una represión salvaje y despiadada, silenciada por la censura, y las penas de muerte dictadas, incluidas las de Cataluña, rondaron la treintena, aunque los que acabaron frente al pelotón el 1 de febrero de 1935 fueron un minero, que había ejecutado a ocho guardias civiles, y el sargento Diego Vázquez, que se había pasado a los revolucionarios e hizo de chivo expiatorio por su condición humilde, mientras Prieto, no sin dificultades, fue llevado a Francia desde Madrid en el cajón del asiento trasero de

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Tarjeta Postal OVIEDO CIUDAD MARTIR. Se muestra un camión blindado utilizado por lxs revolucionarixs. 1934. Fuente: Web “Stamp Circuit” www.stampcircuit.com

un coche. Largo Caballero se negó a asumir la responsabilidad de los hechos y con idéntica cobardía actuó el máximo dirigente político de la insurrección en la zona, González Peña, diputado socialista y dirigente del sindicato minero, cuando fue juzgado en febrero de 1935. Condenado a muerte fue indultado al mes siguiente por el consejo de ministros y amnistiado tras la victoria del Frente Popular. El 14 de abril de 1935, el presidente Alcalá Zamora había condecorado a López Ochoa y a Batet para homenajear su humanismo en Asturias y Barcelona. Las medallas dejan más rastro que el altruismo y la bonhomía que caracterizó a la inmensa mayoría de milicianos anónimos que decidieron combatir.

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El protagonismo de la CNT en la revolución de Asturias, más allá de la consigna “¡Uníos, Hermanos Proletarios!” y de la solidaridad entre las bases socialistas y anarquistas, fue secundario, porque su fortaleza se encontraba en Gijón y el La Felguera y en ambas hubo algunas reticencias para emprender acciones. En Gijón, aunque pudieron controlar buena parte de la ciudad, disponían de pocas armas y fueron discriminados –traicionados, a decir de otros–, ya que el comité provincial revolucionario sólo les hizo llegar, previo pago,7 algunas docenas de fusiles, con los que atacaron el puerto, punto estratégico fundamental, y el cuartel de carabineros. Era tarde, porque no pudieron impedir la llegada de buques de guerra, que el día 8 bombardeaban la ciudad. El día 10 bombardearon El Llano, que fue tomado por las fuerzas de asalto. En La Felguera se quemaron las iglesias, pero se respetó la vida de los eclesiásticos y ni siquiera se persiguió a los guardias civiles que escaparon del cuartel tras el tiroteo al vencimiento del plazo que les dieron para rendirse. Se fabricaron balas de fusil y los ingenieros y técnicos de la Duro Felguera sólo fueron retenidos. Algunos vehículos blindados salieron de la factoría y fueron utilizados en las luchas por las calles de Oviedo. Hubo anarcosindicalistas en el comité regional de la Alianza Obrera Revolucionaria, como José María Martínez y Avelino González Entrialgo, pero sin tener un papel destacado y supeditados a la dirección socialista. El primero, artífice y defensor en el seno de la CNT de la Alianza Obrera en Asturias, comunicó el día 11 a sus compañeros de La Felguera la disposición del comité provincial a abandonar la lucha, que éstos no aceptaron de buen grado. Martínez partió para Gijón y al día siguiente apareció muerto en Sotiello, en las inmediaciones de la ciudad portuaria, con un tiro en el pecho, aún por aclarar. 7

CNT, El Congreso Confederal de Zaragoza, Zero, Madrid, 1978, p. 178, según reconoció Acracio Bartolomé, “el más indicado a hablar de lo ocurrido en Asturias”, a decir de Mineros de Asturias (p. 175).

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La CNT ante una república elitista y estéril

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Tras la dictadura de Primo de Rivera, las clases trabajadoras vieron la posibilidad de resarcirse y mejorar sus condiciones de vida, pensando que el nuevo régimen republicano las ayudaría en su empeño. La coalición de republicanos y socialistas, sin embargo, optó por las reformas moderadas y la quietud social. Dadas las expectativas puestas en la república, ambas eran incompatibles en aquel contexto histórico y el protagonismo pasó a las fuerzas de orden público, ya que era la única manera de mantenerse en el poder sin llevar a cabo cambios estructurales. La insurrección de Fígols, aunque intentaron capitalizarla los más radicales dentro de la CNT, había sido espontánea y obra de las bases. Sirvió de lección para todos y, a partir de entonces, la FAI procuró controlar los levantamientos populares decidiendo el momento de la acción. El problema era que sin la estructura orgánica de la CNT, la “específica” no tenía posibilidades de conseguirlo y, ante su incapacidad para controlar la Confederación, intentaron colocar en los diferentes comités el mayor número de simpatizantes con su estrategia. Ayudaron bastante posiciones como la de Azaña ante Fígols, despectivo en el parlamento sobre si se cumplían o no las bases de trabajo de los mineros, pero airado ante “la rebeldía contra la República”, lo que ponía de manifiesto su dejación en el cumplimiento de la ley cuando afectaba a los trabajadores y la utilización de la fuerza militar

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para defender un sistema que facilitaba el incumplimiento de la legalidad. Esta lógica llevaría a los “tiros a la barriga” de Casas Viejas, ante un levantamiento básicamente pacífico que la CNT de Andalucía reivindicaba, aunque la fecha la hubiese puesto la FAI. La insurrección en Aragón y La Rioja a finales de año también fue esencialmente pacífica en las zonas rurales; otra cosa fue en las ciudades, donde menudearon las acciones violentas. También esta vez el momento de la acción lo había decidido la FAI, justificando ambas como “gimnasia revolucionaria” para mantener la iniciativa, aunque conscientes de su fracaso.

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A pesar de que el propio comité nacional decía en 1933 que la CNT “nunca sabe el número de afiliados que cuenta”, sabía que el dinero que llegaba al comité en concepto de cuotas había bajado de 17.000 a 1.000 pesetas mensuales. Las tendencias y los fracasos habían hecho daño y mermado la Confederación cuando estalló la revolución de Asturias, que la CNT no secundó en el resto de España por cuestiones ideológicas, aunque tampoco faltaron algunas razones prácticas, ya que había perdido parte de su poder de movilización como consecuencia de la división interna y de la represión tras diciembre. Que la unidad del proletariado era deseada por la inmensa mayoría de los trabajadores lo demuestran los cientos, quizás miles, de sociedades obreras donde convivían trabajadores de todas las tendencias como defensa frente al caciquismo, porque era la única manera de conseguir algunos objetivos, ya que la república se mostraba incapaz de mitigar las diferencias sociales. Ahora bien, los dirigentes no eran las bases y, evidentemente, los dirigentes de la UGT nunca renunciarían a la actuación política dentro de las instituciones del estado al margen del PSOE, porque para ellos el sindicalismo era un activo más político que social. Si los anarquistas tampoco estaban dispuestos a supeditar la lucha social a la política, siguiendo sus principios, el acuerdo

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entre dirigentes era imposible aunque las bases lo deseasen. Es lo que pasó en octubre, con las bases peleando juntas en Asturias pero aisladas del resto del país, porque Largo Caballero no quería compromisos con la CNT y los anarquistas no querían servir de carne de cañón para que la corriente que él encabezaba se hiciese con el poder y tuviese la oportunidad de acabar con la Confederación. Lo que quedó meridianamente claro en octubre fue que sin la participación de los anarcosindicalistas el socialismo era incapaz de hacerse con el poder por la vía revolucionaria. El año 1935 fue de baja intensidad para la CNT, que, con buena parte de sus sindicatos clausurados, al igual que sus medios de comunicación, se refugió en actividades culturales con la nueva generación para seguir combatiendo contra el esquema mental de sumisión desarrollado por la iglesia y el estado. La UGT tampoco estaba mucho mejor y los socialistas se desinteresaron de la Alianza Obrera, porque pensaban que ya no necesitaban aliados para representar al marxismo. En la Confederación, los reproches contra los aliancistas asturianos no pararon por ello, y más cuando se supo que el comité de socorro en el exilio incluía a políticos republicanos y que algunos anarcosindicalistas asturianos habían recibido dinero de él. La crisis política obligó a elecciones y en esta ocasión la CNT optó por moderar bastante su campaña abstencionista. En febrero de 1936 el porcentaje de votantes se disparó en las ciudades de Sevilla, Málaga y Zaragoza, y subió bastante en la provincia de Cádiz. El cinturón industrial de Barcelona y las ciudades de Murcia y Valencia también destacaron en este aspecto. Con un 73% de participación, el Frente Popular recibió 4.600.000 votos, cien mil más que la derecha. En Madrid, mientras Besteiro fue el más votado en la lista del frente popular, Largo Caballero fue el último, pero optó por tomar las calles, organizando desfiles

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de milicias y juventudes socialistas por toda España, con el consiguiente reguero de disturbios, heridos y muertos. Las juventudes de la CEDA optaron también por la violencia, igual que los falangistas, y Azaña y Prieto se deshicieron de Alcalá Zamora. Todos los diques de contención habían saltado y las pistolas decidían quién ocupaba el espacio urbano. Mola aceleró el golpe de estado que venían preparando los militares y Largo Caballero y Prieto –que jugaba a dos cartas, como siempre– se mantenían al acecho para aplastarlo y hacerse con el poder. Era cuestión de tiempo.

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Componentes de las Juventudes Libertarias de Cuatro Caminos, Madrid, en el Congreso de la CNT de Zaragoza. Mayo de 1936 Fuente: Web “Vivir de Pie. Las guerras de Cipriano Mera” http://www.vivirdepie.net/1935-36.htm

La alianza revolucionaria con la UGT no dejó de estar presente. El PSOE había sido el partido más votado en febrero, por lo que la CNT optó en el congreso de Zaragoza, casi por unanimidad, por constituir dos comités nacionales de enlace, uno por cada sindical, para intentar lograr un acuerdo que tendría que ser ratificado por el 75% de los sindicatos de ambas. Pura retórica, porque las contradicciones eran insalvables, aunque hasta los

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radicales hicieron autocrítica en el comicio y estaban de acuerdo en evitar “la declaración desordenada de huelgas”. El congreso se había convocado para reorganizar la CNT reunificada, extremo al que ya habían llegado con antelación todos los Sindicatos de Oposición menos los de Cataluña, más reticentes, que deseaban una ratificación poscongresual por parte de sus sindicatos. Los de Sabadell, de la mano de José Moix, acabarían en la UGT y el dirigente en el PSUC, en la vicepresidencia de la UGT catalana y en el último gobierno Negrín. Los hombres de Pestaña, diputado del frente popular por Cádiz en 1936, también siguieron su camino. Las reivindicaciones de trabajadores y campesinos volvieron a tener protagonismo, especialmente las ocupaciones de tierras en Extremadura y Andalucía, pero también en Toledo, Madrid o Salamanca, ahora con una represión bastante más contenida, aunque tampoco faltaron muertos y alguna matanza como la de Yeste, el 29 de mayo. El acuerdo con la UGT seguía sin ser factible, porque los principios de una y otra eran incompatibles a pesar de que ambas daban por amortizada la república en una situación francamente revolucionaria y con una guerra internacional en ciernes, ambas circunstancias previstas en el dictamen sobre la situación político-militar del congreso de Zaragoza. Para la CNT, el objetivo debería ser impedir la dictadura que se avecinaba tras el fracaso republicano; también estaba prevista en el dictamen citado, aunque ignoraban si sería obra de los marxistas o de los militares, porque ni siquiera imaginaban la revolución libertaria. La revolución bolchevique había fracasado en toda Europa y en la propia Rusia había degenerado en el estalinismo, un régimen de terror como forma de dominio de la población, bien escondido por los dirigentes comunistas europeos. Así que, con el beneplácito más o menos intervencionista de las potencias occidentales, la dictadura sería militar. Tras el fracaso del golpe, degeneraría en fascista.

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Fragmentos de la carta pastoral de 1937 firmada por casi todos los obispos de España

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(...) Se han profanado las tumbas y cementerios. En el famoso monasterio románico de Ripoll se han destruido los sepulcros, entre los que había el de Vifredo el Velloso, conquistador de Cataluña, y el del obispo Morgades, restaurador del célebre cenobio. En Vich se ha profanado la tumba del gran Balmes y leemos que se ha jugado al fútbol con el cráneo del gran obispo Torras y Bages. En Madrid y en el cementerio viejo de Huesca se han abierto centenares de tumbas para despojar a los cadáveres del oro de sus dientes o de sus sortijas. Algunas formas de martirio suponen la subversión o supresión del sentido de humanidad. (...) La revolución fue «bárbara», en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos. Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal. Saqueó o incendió los archivos, imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de los hechos de orden jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre deshechas. Podemos decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido estúpidamente destrozado en unas semanas en las regiones dominadas por los comunistas (...) (...) La revolución fue esencialmente «antiespañola». (...) Pero sobre todo la revolución fue «anticristiana». No creemos que en la historia del cristianiso, y en el espacio de unas semanas, se haya dado explosión semejante, en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión, del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. (...) (...) Contamos los mártires por millares. Su testimonio es una esperanza para nuestra pobre patria, pero casi no hallaríamos en el martirologio romano una forma de martirio no usada por el comunismo, sin exceptuar la crucifixión, y en cambio hay formas nuevas de tormento que han consentido las sustancias y las máquinas modernas. (...) (...) Ha sido espantosa la profanación de sagradas reliquias. Han sido destrozados o quemados los cuerpos de San Narciso, San Pascual Bailón, la Beata Beatriz de Silva, San Bernardo Calvó y otros. Las formas de profanación son inverosímiles y casi no se conciben sin sugestión diabólica. Las campanas han sido destrozadas y fundidas. El culto, absolutamente suprimido en todo el territorio comunista, si se exceptúa una pequeña porción del Norte. Gran número de templos, entre ellos verdaderas joyas de arte, han sido totalmente arrasados. En esta obra inicua se ha obligado a trabajar a pobres sacerdotes. Famosas imágenes de veneración secular han desaparecido para siempre destruidas o quemadas. En muchas localidades, la autoridad ha obligado a los ciudadanos a entregar todos los objetos religiosos de su pertenencia para destruirlos públicamente. Pondérese lo que esto representa en el orden del derecho natural, de los vínculos de familia y de la violencia hecha en la conciencia cristiana (...)

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La cnt frente al golpe de estado

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El 17 de julio de 1936 los militares inician el golpe en Melilla y al día siguiente Queipo de Llano llegó a Sevilla, donde el golpe de estado había sido preparado hasta los últimos detalles y los trabajadores no pudieron acceder a las armas de la Maestranza, aunque resistieron varios días en los barrios populares, que caerían posteriormente en manos de los legionarios y de las tropas moras con una matanza indiscriminada en sus calles, que se extendió a las comarcas del valle del Guadalquivir.8 Cádiz, Algeciras, Jerez y Córdoba fueron controladas por los golpistas. En Granada, ante las dudas, los trabajadores se manifiestan pidiendo armas, que tampoco consiguieron. En Málaga la CNT sí las logró y en Huelva las autoridades entregaron algunas a los obreros. En Valladolid, los falangistas asaltaron los locales de la CNT y, en La Coruña, el mitin organizado por la Confederación no podía impedir el golpe; en Galicia, sólo Tuy aguantara unos días. El gobierno seguía paralizado, aunque un colaborador militar de Largo Caballero entregó unos cinco mil fusiles a los partidos y sindicatos madrileños, que sirvieron para efectuar controles callejeros y para el asalto al cuartel de la Montaña, que caería a las cuatro de la tarde del día 20. En Madrid, los libertarios habían sido liberados de la cárcel el día anterior y los 8

GUTIÉRREZ MOLINA, José l., “El ramo de la construcción de Sevilla y la jornada de seis horas (1870-1936)” en VV. VV., La jornada de seis horas, Libre Pensamiento, Sevilla, 2001, p. 74.

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locales de la CNT abiertos. En Zaragoza, donde los guardias de asalto habían iniciado las detenciones en la noche del 18 al 19, Cabanellas, con continuas proclamas republicanas, engañó a los sindicalistas, que acabaron detenidos e, igual que los dirigentes políticos, fusilados. En Oviedo, Aranda hizo lo mismo con los mineros, enviándolos hacia Madrid con algunos centenares de viejos fusiles; volverían para asediar la ciudad. En Gijón sí consiguieron armas y, en Barcelona, donde los anarcosindicalistas derrotaron a los militares en todos los puntos decisivos, el golpe fue abortado con la ayuda de los guardias de asalto. Milicianos libertarios llegaron desde Galicia a San Sebastián para combatir a los militares de la capital guipuzcoana; el día 23 incluso se harían Barricada en Barcelona en la Avenida del Paralelo frente al popular “El Molino”. con un torpedero en Pasajes, con el que bombardearon a los rebeldes, que resistirían hasta el día 28, recogiendo los libertarios buena parte del armamento de los cuarteles de Loyola. La fortaleza de la CNT en Cataluña, Andalucía y algunas provincias manchegas dio un papel predominante a los libertarios en los comités locales, comarcales o provinciales. A Madrid, el día 22, ya habían llegado los primeros milicianos procedentes de Valencia, en la que los golpistas seguían sin salir de los cuarteles, que acabarán asaltados por los anarquistas tras una actuación de suboficiales y soldados contra los mandos. Madrid había resistido los primeros ataques en las sierras, y las columnas de milicianos catalanes se esparcían por Aragón. El

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golpe había triunfado en casi la mitad del país y la represión comenzó en ambos territorios, especialmente contra el estamento eclesiástico y derechistas significativos en la zona republicana, y contra los sindicalistas y los dirigentes políticos

Calle Ample de Barcelona, jornadas de julio de 1936. Obreros y guardias de asalto celebran la victoria contra los sublevados

en la zona rebelde, donde las patrullas mixtas de falangistas y guardias civiles destacaron en este sentido. En los primeros enfrentamientos armados, casi todos los que empuñaban un arma y eran derrotados fueron ejecutados y los heridos rematados. Zuera es un ejemplo bien estudiado de la represión sistemática a la que fueron sometidos los militantes de la CNT en el territorio aragonés que quedó en manos de los golpistas.9

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MATEO OTAL, Raúl; PALACIO, Luis A., Rueda, rueda, palomera, el autor, Zaragoza, 2008.

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Cartel de Carles Fontseré, 1936. Fuente: Web “La Guerra Civil, 1936-1939”

http://www.guerracivil.org/Carteles/Fontsere/Fontsere.htm

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comités y milicias

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Pulverizada la estructura del estado, éste desapareció como órgano de poder y de control social para dar paso a toda una serie de organismos y comités, constituidos por quienes habían derrotado a los militares, asaltado los cuarteles y conservado las armas. El control social, económico y buena parte del militar estaba en sus manos. Enfrentarse a los sublevados era prioritario e inmediatamente se formaron columnas de milicianos que salieron a combatir en las sierras de Madrid o, desde Barcelona, Tarragona y Valencia, se dirigieron hacia las capitales aragonesas.10 Eran voluntarios entusiastas, convencidos de una victoria fácil en la que el pueblo arrollaría a la reacción. Ante la escasa aceptación de los batallones de voluntarios dirigidos por militares profesionales, fueron las milicias las que defendieron el territorio bajo control republicano en los primeros meses. En el País Vasco, las milicias antifascistas de la CNT tuvieron un papel determinante frente al avance de las columnas navarras. Posteriormente, los comités de obreros y soldados nacerían para controlar a los militares en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Además, para disgusto de Azaña, los que defendían el territorio exigían el poder, porque no era la hora de los discursos y la grandilocuencia, sino de la acción. Aunque parece evidente 10 Una relación exhaustiva en ÍÑIGUEZ, Miguel, Enciclopedia histórica del anarquismo español, Asociación Isaac Puente, Vitoria, 2008.

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Barcelona, julio de 1936. García Oliver junto a otros destacados anarquistas y anarcosindicalistas celebrando la victoria en las calles de Barcelona contra los facciosos Fuente: web “Homenatge a Josep Maria Alomà” http://josepaloma.blogspot.com/2010/12/entrevista-heleno-sana-sobre-la.html

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que sin la oposición de los milicianos el golpe habría triunfado en pocos días, éstos tampoco podían parar a Yagüe, que entró en Badajoz el 14 de agosto, donde tuvo lugar otra sangrienta represión, y avanzaba unos quince km diarios por el valle del Tajo hacia Madrid sin hacer prisioneros, como en Asturias. Así llegó el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre, que por fin había conseguido el poder y empezó, por una parte, ofreciendo un ministerio sin cartera a la CNT, para intentar acallarla, y por otra, a ser adulado por los comunistas, que se integraron en el gobierno por orden del Kremlin aunque eran partidarios de permanecer en la sombra. Los republicanos comenzaron también a adular el activismo contrarrevolucionario de los comunistas y éstos a militarizarse. En Cataluña ya habían absorbido a los socialistas y el mismo camino llevaba la Juventud

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Socialista Unificada. El poder de decisión, sin embargo, continuó en manos de comités, consejos y secretariados, que intentaban controlar organizaciones supralocales como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, las juntas de defensa de Madrid o Vizcaya, o los consejos de Asturias o de Aragón. La CNT de Cataluña ya tenía decidido entrar en el gobierno catalán y lo haría el 23 de septiembre. Mes y medio después, el 4 de noviembre, tres hombres y una mujer de la Confederación formaban parte del gobierno español. Abandonar Madrid fue la primera decisión que tomó –por unanimidad– el primer ejecutivo donde estaban representados todos los sectores de la alianza antifascista. Quedaba claro que los dirigentes políticos daban por perdida la capital. Republicanos y comunistas pronto se posicionarían también contra la revolución social impulsada por los comités locales, los trabajadores y los campesinos, que debieron tener claro que si ellos no la llevaban a cabo nadie lo haría por ellos. La Columna de Hierro ha pasado a la historia por la radicalidad de sus posiciones anarquistas. Salió de Valencia el 8 de agosto hacia el frente de Teruel, quedando clavada a veinte km de la capital tras ocupar un sector y detener el avance fascista. Formada por anarquistas y presos liberados, se manifestó en contra de la entrada de la CNT en el gobierno y de la militarización. Buena parte de la misma acabaría por abandonar el frente ante la disyuntiva de disolverse o militarizarse. El resto acabaría militarizado en marzo e integrada su brigada en la 41 división. La Columna Durruti, que partió de Barcelona el 24 de julio para conquistar Zaragoza, también quedó estacionada cerca de la ciudad. Estaba formada por voluntarios, enrolados por los comités de defensa, y espontáneos. El 13 de octubre, en Seriñena, una reunión de mandos al más alto nivel intentaría establecer un mando único en el frente de Aragón. Con unos

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mil hombres, Durruti se desplazó al frente de Madrid en noviembre, donde llegó con cuatro mil tras pasar por Lérida, Barcelona y Valencia. Allí moriría de un disparo en el pecho el 20 de noviembre, tras lo que buena parte de la columna decidió regresar a Aragón. Tras conseguir militarizarla en enero de 1937, unos 700 hombres la abandonaron. Pasó a ser dirigida por Ricardo Sanz como la 26 división. En el frente de Madrid, sometido a la presión de los ataques de los golpistas, sí fue introducido un mayor grado de disciplina por el comité de defensa de la CNT. El 10 de noviembre, García Oliver entró a formar parte del Consejo Superior de Guerra en representación de la CNT. En un país en guerra, el compromiso gubernamental implicaba necesariamente cierto grado de militarización, aunque el consejo resultó inoperante. Mera, que había visto personalmente la misma inoperancia en el Estado Mayor Central y comprobado, además, como los comunistas desprotegían expresamente a su columna, contribuyó a crear, en octubre, un Estado Mayor de las Milicias Confederales a las órdenes del Comité de Defensa, y optó por la disciplina militar ante el elevado número de bajas entre sus compañeros en la defensa de Madrid.11 Bien armado, aguantó hasta el final de la guerra con más de treinta mil hombres en formaciones confederales, que tuvieron un alto grado de autonomía. En Bilbao, la CNT creó su propio comité militar, presidido por Primitivo Rodríguez, reconvertido en febrero de 1937 en Comandancia General de Milicias de la CNT, que coexistió con la Comisión de Guerra de la Confederación Regional Norte, constituida el 25 de octubre y presidida por José Labarri.12

11 MERA, Cipriano, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Ruedo Ibérico, París, 1976. 12 VARGAS ALONSO, Francisco M., “Anarquismo y milicias de la CNT en Euzkadi” en Vasconia, nº 24, 1996, p. 259-299.

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Las colectividades industriales y comerciales

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Con el triunfo de la revolución los trabajadores se hicieron con el control de todas las industrias importantes y buena parte de los talleres y de las empresas de servicios, colectivizando el transporte, las empresas de agua, luz y gas, la metalurgia, el textil, la maderera, los curtidos, el calzado, la construcción y las industrias químicas, cementeras y papeleras. El comercio al por mayor también fue colectivizado, así como los mercados, las sastrerías, los cines y los hoteles.13 En Cataluña y Valencia la colectivización industrial fue casi total, y en la Andalucía resistente y en La Mancha mayoritaria, siendo menor en Madrid. Los intermediarios fueron barridos en todo el territorio. Con el sistema que la legitimaba, había desaparecido buena parte de la propiedad. El movimiento colectivista afectó también a talleres, pequeñas empresas comerciales, artesanos y propietarios de viviendas. Los comités de control, formados por trabajadores de la CNT y de la UGT, fueron por norma general los encargados de control, incluso en las empresas no colectivizadas, y su firma era imprescindible para cualquier operación comercial de la empresa. La CNT llevó a cabo procesos de concentración industrial allí donde tenía fuerza para hacerlo, como en Cataluña 13 CASTELLS DURAN, Antoni, Les col·lectivitzacions a Barcelona, 1936-1939, Hacer, Barcelona, 1993.

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Mujeres trabajando en una fábrica textil colectivizada durante la Guerra Civil y tranvía de Barcelona colectivizado Fuente: blog “CNT-AIT de Toledo”

http://cntaittoledo.blogspot.com/2010/05/ las-colectivizaciones-en-catalunya-1936. html

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y Levante, que comportaron el cierre de bastantes pequeñas empresas o talleres y el paso de sus propietarios a la condición de asalariados, aunque a veces, cuando no fueron colectivizados o cerrados para racionalizar y reducir costes de producción, estos pequeños propietarios autónomos quedaron como encargados o técnicos, con el mismo salario que el resto de los trabajadores, aunque una parte de las industrias optaron por el salario familiar o compensaciones en función del número de miembros de la unidad familiar. Las industrias metalúrgicas y químicas se pusieron al servicio de la guerra, reestructurándose para producir armas y municiones. En Barcelona, esta tarea empezó inmediatamente, produciendo armas cortas y largas, municiones, bombas de mano y camiones protegidos por chapas y otros materiales de hierro, como habían hecho en La Felguera durante la revolución de Asturias. Eugenio Vallejo, metalúrgico de la CNT y delegado del comité central de milicias de Cataluña para las incautaciones industriales, elaboró

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el primer plan de producción. En Levante, algunas industrias del calzado, maquinaria ligera e, incluso, de juguetes, fueron reconvertidas para hacer frente a la demanda de armas por parte del gobierno, a la par que los talleres suministraban pedidos a las empresas, nacionalizadas al inicio de febrero de 1937 con la excepción de Cataluña, aunque la militarización de las mismas el 11 de agosto del año siguiente también las afectó. La guerra y los ataques sobre Madrid obligaron al traslado del proceso de producción a lugares más seguros como Reus, Alicante o Cartagena, ésta con una capacidad de producción elevada, que llegó a los dos millones de cartuchos y balas diarios. Otras siguieron con su especialización para vestir y calzar al ejército republicano. El movimiento colectivista, espontáneo en la mayoría de las ocasiones, fue dirigido y gestionado por los propios trabajadores, en buena parte bajo las siglas de la CNT, cuyos sindicatos regularon la producción a partir de octubre impulsando la concentración industrial a través de los comités sindicales y de las asambleas generales que controlaban su actuación. En Cataluña también lo hacía el interventor de la Generalitat, nombrado por el gobierno con la función de coordinar las decisiones políticas y las productivas, especialmente la planificación con respecto a las necesidades de la guerra. La disminución de las diferencias sociales y salariales, y la mejora en las condiciones de trabajo y en el acceso a la asistencia médica mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, tanto física como psicológicamente, ya que el grado de alienación disminuyó en la misma medida en que aumentó su participación activa en el proceso de producción. Aunque el objetivo de una sociedad igualitaria, que propugnaban, no pudieron lograrlo, entre otras razones por las dificultades inherentes al conflicto bélico, aunque también tuvo un papel relevante en este fracaso

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la lucha por el control social entre las diferentes formaciones políticas, que caracterizó a la retaguardia a partir de noviembre de 1936.

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Al contrario que en el campo, en la industria no se discutió la propiedad colectiva de los medios de producción, aunque sí hubo un proceso continuo de enfrentamiento con los dirigentes políticos republicanos y comunistas, que propugnaban la autonomía de las pequeñas empresas y de los negocios de la pequeña burguesía, a la que organizaron a través del GEPCI. Los comunistas eran, además, partidarios de la nacionalización como forma de sustraer el control de los medios de producción a los obreros para pasarlo al estado, anulando las conquistas de la revolución y los avances conseguidos en la autogestión. Cartel de Josep Obiols (1894-1967) referente a la colectivización del ramo del transporte. 1936. Fuente: Web “La Guerra Civil, 1936-1939” http://www.guerracivil.org/Carteles/Obiols/Obiols.htm

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la colectivización agrícola

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En las zonas rurales, aunque un poco más tranquila –no siempre–, la actuación de los comités fue similar a la de las ciudades. Fincas, tierras, cosechas, locales, rebaños, maquinaria y herramientas pasaron a ser controlados por los comités que, posteriormente, las repartieron entre los campesinos o las colectivizaron.14 En los casos más extremos se municipalizó todo el término municipal, controlando la producción, la distribución y el consumo de toda la población, en una actuación más próxima al comunismo de guerra que al comunismo libertario. En todas las regiones, la iniciativa correspondió a las bases de las organizaciones sindicales o a los propios campesinos. Si en Levante y Cataluña los proyectos globales, que abarcaban al conjunto del municipio, constituyeron la excepción en el conjunto de las iniciativas revolucionarias locales, no pasó lo mismo en Aragón, una región donde el desarrollo colectivista con carácter integral abarcó comarcas enteras, como modelo de vida y de organización social alternativa al anterior régimen de propiedad y explotación de la tierra.15 14 Un análisis sobre la colectivización agraria en Alternativas al capitalismo, jornadas organizadas por el ICEA en Barcelona, 9-24 abril 2010, con ponencias de W. BERNECKER sobre Aragón, J. L. GUTIÉRREZ MOLINA sobre Castilla y Andalucía, Manuel VICENT sobre el País Valenciano, M. CÁRDABA sobre Cataluña y aportaciones del público. En vías de publicación. 15 DÍEZ TORRE, Alejandro, Trabajan para la eternidad, La Malatesta, Madrid, 2009.

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En La Mancha, Extremadura y Andalucía, a la experiencia de los arrendamientos colectivos y a la viva conciencia de clase, se añadió la estructura de la propiedad como factor determinante del desarrollo colectivista, ya que los latifundios, el cultivo extensivo y el elevado número de jornaleros propiciaron la formación de grandes colectividades, destacando en este sentido las 46.000 ha colectivizadas en Andújar –una extensión superior a la del propio término municipal– o las 35.000 en Alcázar de San Juan. En Cataluña y Levante, con una estructura agraria diferente, mayor parcelación y predominio de los cultivos intensivos, las colectividades agrarias fueron más reducidas, aunque tampoco faltaron algunas colectividades que integraron todas las tierras de un término municipal, como las de La Nucia, Elda, Jávea o Alborache en el País Valenciano, y las de Hospitalet y El Prat en la comarca catalana del Bajo Llobregat. Amposta y las ciudades de Barcelona y Lérida constituyeron también colectividades importantes, agrupándose en la primera los diferentes barrios de la ciudad, con unas 850 ha, y teniendo un desarrollo más problemático la de Lérida, en cuyas proximidades el POUM controló la colectividad de Raimat, que abarcó unas 3.000 ha. En la región de Girona, sólo dos colectividades, formadas con la agrupación de los mansos del municipio, superaron las 500 ha, aunque no todas fueron explotadas. En Cataluña y Levante, los comités controlaron desde los primeros días la explotación de las fincas abandonadas por los propietarios fugitivos o represaliados y, más tarde, muchas de estas fincas fueron trabajadas colectivamente, constituyendo la base del proceso colectivista. En ocasiones las grandes colectividades incorporaron parcelas de pequeños propietarios, que carecían de la fuerza necesaria para enfrentarse al impulso revolucionario. Otras fueron repartidas entre los campesinos con poca o sin tierra que optaron por el cultivo familiar, como también sucedió en La

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Mancha, región donde la UGT tuvo un protagonismo activo. Las aportaciones de tierra a las colectividades, por regla general, sólo supusieron una mínima parte de la superficie que cultivaron, ya que agruparon básicamente a jornaleros y pequeños propietarios y arrendatarios. Hasta donde sabemos, la espontaneidad fue una característica generalizada en la formación de las colectividades agrarias en todas las regiones, aunque en algunas comarcas aragonesas fueron los comités locales de la CNT los que las impulsaron. Las asambleas generales de toda la población para decidir la forma de explotación de la tierra fueron frecuentes en Aragón y no faltaron en otras regiones, aunque, en Cataluña, las cuestiones relativas a la tierra se decidieron con frecuencia en los locales de los sindicatos agrícolas existentes o constituidos tras el triunfo de la revolución. En Andalucía, Extremadura y La Mancha, los sindicatos campesinos jugaron un papel importante en la constitución de las colectividades. No siempre, sin embargo, tuvieron el poder de decisión, ya que, tras la revolución, el poder del comité superó con frecuencia la fuerza del sindicato. En la Andalucía oriental que resistió al golpe, la colectivización integral fue bastante espontánea en casi todo el territorio. Los intereses de las bases sindicales eran los mismos, y la colaboración entre la UGT y la CNT en las regiones del sur fue un hecho real, igual que en la manchega, una zona donde la implantación de la Confederación era menor que la de la UGT, pero enseguida ganó adeptos a favor del colectivismo impulsado por la CNT. En Aragón, aunque el avance de las columnas anarquistas pudo facilitar la hegemonía anarcosindicalista en algunos casos, los buenos resultados de la colectivización también influyeron,

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como en el caso de Mas de las Matas, donde, desde febrero, la colectivización se extendió desde la capital comarcal por 18 de los 19 municipios que se integraban en la comarca. Con la excepción de Aragón, donde hubo un proceso colectivista más integral, con la abolición del dinero y la implantación de la tarjeta de consumo familiar, las grandes similitudes predominaron en el resto de las regiones. Si, en la teoría y en el sistema distributivo, podemos apreciar claras diferencias entre las colectividades agrarias autogestionadas por los propios campesinos –inspiradas generalmente por los anarcosindicalistas–, las secciones de trabajo colectivo – tuteladas por los consejos municipales– o las cooperativas de base múltiple –estimuladas por los ugetistas–, en la práctica, la ideología se difuminó ante la colaboración sindical, primando los beneficios que en todas obtuvieron los campesinos. Tampoco debemos olvidar las colectividades mixtas, las de desplazados y el buen número de refugiados que se integraron en el sistema colectivista en todas las regiones.

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La falta de una organización específicamente agraria en la CNT limitó, sin duda, las expectativas colectivistas de la Confederación tanto en Cataluña como en Levante. En esta última región, que comprendía Murcia, los libertarios tuvieron que compartir sus proyectos con los socialistas, partidarios también de la colectivización, pero mediante cooperativas de base múltiple, un sistema de producción más próximo a las secciones de trabajo colectivo, con gestión del consejo local, del ayuntamiento o del sindicato agrícola oficial, que a la colectividad autónoma y autogestionada por los propios colectivistas, tal y como propugnaba la CNT. En la región Centro, con la estabilización de los frentes y la constitución de la Federación Regional de Campesinos en abril de 1937, las colectividades libertarias crecieron en número y en efectivos.

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A pesar de que en todas las regiones las colectividades fueron impulsadas por las bases sindicales y los campesinos, la consolidación de las mismas necesitó del trabajo, del soporte y de la intercesión de las centrales sindicales, que, aunque colaboraron, no dejaron de lado sus diferentes ideologías, compitiendo frecuentemente entre ellas por conseguir sus objetivos. Si en Extremadura las colectividades agrícolas siguieron mayoritariamente los postulados socialistas, el equilibrio de influencias caracterizó a Andalucía, Murcia y la amplia región Centro. La hegemonía anarcosindicalista fue clara en Aragón, con algún protagonismo ugetista en el colectivismo oscense, y mayoritaria en Levante. También en Cataluña el colectivismo agrario fue básicamente libertario, aunque tampoco faltaron las colectividades mixtas con una presencia minoritaria de la UGT en las provincias de Barcelona y Tarragona. En contraposición a la estrategia procolectivista de la UGT en Levante, destaca el anticolectivismo activo, por razones políticas, de la UGT en Cataluña y de la Federación Provincial Campesina en Valencia, ambas bajo control comunista, igual que las divisiones militares, dirigidas por Lister, encargadas del ataque armado a los colectividades toledanas en abril de 1937, que se extendido después por otras regiones y fue especialmente violento en Aragón y en el sur de Cataluña en agosto de ese mismo año. En Andalucía, la estrategia de los dirigentes comunistas se inclinó por anular, desde dentro de las mismas, el carácter revolucionario que pudieran tener.

Las imágenes mostradas son sellos de las colectividades agrarias de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), transformado su nombre en 1937 en Pins del Vallés. Fuente: “Web de José Fernando Mota Muñoz” http://www.nodo50.org/casc/mota/El-proces-revolucionari-en-l-economia?lang=ca

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Cartel de Bausset sobre la Revolución y la mítica Columna de Hierro, 1936. Fuente: Web “La Guerra Civil, 1936-1939” http://www.guerracivil.org/Carteles/Bausset/Bausset.htm

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la revolución social

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El colectivismo llevado a la práctica por los anarcosindicalistas durante la revolución de 1936 supuso el primer paso de su alternativa al modelo de producción y distribución capitalista. Como sabemos, el colectivismo, aunque niega la propiedad privada de los medios de producción, admite la posesión individual o colectiva de los frutos del propio trabajo y, en este sentido, era sólo un paso hacia la socialización o comunalización de un área territorial –generalmente el municipio o parte del mismo– autogestionada por sus pobladores y confederada con otras áreas –municipios aledaños, subcomarcas o comarcas–. El segundo estadio sería la propiedad colectiva de todos los medios de producción, donde ésta vendría determinada, en cantidad y calidad, por las necesidades del conjunto de la población, aportando cada persona sus capacidades, con libertad, y recibiendo cada cual lo necesario para desarrollar una vida personal fecunda al servicio de la colectividad, porque la actividad económica dejaría de estar determinada por los intereses personales. La incautación de los medios de producción en las ciudades y en los campos representó, sin duda, la negación de la propiedad privada, que afectó a más de tres cuartas partes de la industria en Cataluña, a más de la mitad en Levante y a un tercio, quizá escaso, de la industria localizada en Madrid. Importantes

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extensiones de tierra también fueron colectivizadas, casi la mitad de la superficie útil del territorio que resistió al golpe de estado, aunque este porcentaje pudo llegar en Aragón al 70%. Tras la incautación de campos, fábricas, talleres, maquinaria y demás medios de producción, el control de éstos pasó a los comités de fábrica, a los delegados de taller o, en los municipios rurales, a los comités locales. En las ciudades primaron también los comités de control y vigilancia en las colectividades y en las empresas industriales y comerciales, con la misión de mantener dichos medios en manos de los trabajadores o bajo su control.

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En todos los territorios, con la excepción de Aragón hasta 1937, sin embargo, subsistieron organismos del gobierno republicano, aunque fuese nominalmente, y ambas centrales sindicales optaron por la colaboración con ellos dado el contexto de guerra civil. Optar por la colaboración con los poderes constituidos, aunque condicionándolos a sus intereses, implicó el reparto del poder entre los representantes de los trabajadores y los de la burguesía o el estado, y, aunque los trabajadores se resistieron en bastantes ocasiones a ceder la gestión de campos, fábricas y talleres, poco a poco se impusieron los pactos, lógicamente en detrimento de los que habían conquistado el poder y conservado las armas para gestionar los medios de producción. Las armas, insistían los dirigentes, debían servir para combatir al fascismo en los frentes y una buena parte de los jóvenes más voluntariosos empezó a desfilar hacia las trincheras enrolados en las milicias. Los trabajadores, encuadrados rápidamente en los sindicatos, continuaron con la gestión y la planificación, aunque necesitados de materias primas y recursos para continuar la producción. La adquisición de ambos necesitó de nuevos pactos. Las concentraciones industriales, agrarias y de servicios casi se impusieron por sí mismas en aras de una mayor rentabilidad y eficacia del proceso productivo. Esta concentración del sistema

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productivo implicó el cierre de pequeñas empresas y talleres e, incluso, el traslado de trabajadores. Desde una perspectiva social, la nueva estructura productiva podemos interpretarla como un paso adelante en la socialización, aunque sin dejar de contemplar que bastantes trabajadores autónomos debieron verla como un paso atrás en su independencia y seguridad económica, que llevaban años forjando entre los engranajes del sistema capitalista. Unos meses después, con los ánimos revolucionarios calmados, este grupo nutriría, en la ciudad y en el campo, las filas comunistas cuando éstos empezaron a encabezar la reacción contrarrevolucionaria. Las ventajas de la colectivización, sin embargo, fueron evidentes para los más desprotegidos hasta entonces por el sistema: enfermos, viejos, parados, jornaleros, inquilinos. Los beneficios de una sanidad pública, controlada por los sindicatos, llegaron a las personas que hasta entonces no podían pagar la visita del médico, a no ser que estuvieran afiliadas en alguna sociedad de socorros mutuos. Los viejos pudieron acceder a una paga, al menos en las empresas colectivizadas de las grandes ciudades, donde podían presentarse a cobrar la semanada si no tenían medios de subsistencia propios o no estaban incluidos en el salario familiar de hijos o familiares. A los parados se les proporcionó trabajo, al principio porque se acomodó el tiempo de la jornada laboral al número de trabajadores y, posteriormente, porque, como consecuencia de las movilizaciones, el trabajo corrió a cargo de las personas disponibles, lo que facilitó bastante la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera de casa. Los jornaleros, integrándose en las colectividades agrarias, dejaron de depender de los jornales estacionales y pudieron acceder a niveles de consumo que, aunque básicos, no habían logrado hasta entonces en un porcentaje bastante elevado. Con la incautación de las viviendas, un hecho frecuente en villas y

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ciudades, se distribuyó el espacio construido entre las personas, accediendo los más necesitados a un espacio vital que hasta entonces no habían podido conseguir. En los núcleos urbanos donde la abolición de la propiedad se extendió a las viviendas, el control sindical cobraba tasas tanto a los propietarios que permanecieron en las suyas como a los nuevos alojados. En las colectividades agrarias de Aragón donde se abolió el dinero o se reservó para intercambios con individualistas, las diferencias sociales se mitigaron, porque la cobertura igualitaria de las necesidades básicas no daba lugar agravios comparativos en lo referente a la subsistencia material. El esfuerzo educativo racionalista, entendido como compromiso con las futuras generaciones, destacó también en el campo y en las ciudades. La capacidad de los trabajadores para regir su propio destino era una realidad y preparaban a los más jóvenes para continuarla.

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la violencia y el poder

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La violencia ligada a los anarquistas durante la revolución de 1936 se puede obviar, justificar, criticar o reivindicar, pero no se puede negar. Hay ejemplos de los cinco infinitivos y precedentes en todas y cada una de las guerras que en el mundo ha habido, como bien saben todos aquellos que tienen en la revolución francesa el referente de su ideario político o social. La vieja historiografía comunista oficial, la seudocomunista academicista y la nacionalista oficiosa critican la violencia anarquista, cargando las tintas contra la FAI, generalizándola a partir de casos concretos y reales, aunque manipulados a veces, de algunos militantes. Los primeros no mencionan nunca la amplia relación de asesinatos planificados y dirigidos desde la cúspide de sus organizaciones, con la finalidad de hacerse con todos los resortes del poder para imponer el control social mediante la dictadura; los últimos añaden un toque xenófobo: “los murcianos de la FAI”, o despectivo: “los faieros”, en ambos casos para identificar anarquista con delincuente, inculto y emigrante.16 Las justificaciones y reivindicaciones de los asesinatos desde el anarquismo o desde el anarcosindicalismo – menos– se han hecho en base a la justicia popular: los trabajadores 16 La difamación del anarcosindicalismo como una constante del catalanismo político desde principios del siglo XX en EALHAM, Chris, La lucha por Barcelona, Alianza, Madrid, 2005.

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se tomaron la justicia por su mano para resarcirse de los agravios físicos o económicos acumulados de toda una vida, que incluso podían remontarse a sus antecesores. Hubo venganzas que pueden interpretarse como justicia popular, especialmente en Andalucía tras escuchar los relatos de la actuación de las tropas africanas por boca de los que huían de ellas. Pero no fueron los trabajadores quienes se tomaron la justicia por su mano, sino, por lo que respecta a los anarquistas, una larga lista de personas concretas, generalmente refugiadas en los cuadros medios de la CNT, como militantes o como advenedizos a la Confederación.

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Propietarios, caseros, encargados, secretarios de ayuntamiento, jueces, comerciantes, políticos de derecha y eclesiásticos fueron las víctimas de estos asesinatos, llevados a cabo por una u otra organización política o sindical, ya que todas actuaron en este sentido con sus propias patrullas represivas y lo hicieron con cierta independencia. Más acuerdo hubo en los asesinatos como represalia por bombardeos de la población o por acciones de guerra del enemigo, que también fueron frecuentes en los primeros meses. En el conjunto de España, la CNT fue una organización más en este sentido, y si en Madrid, con documentos y testimonios, se ha culpado de la violencia a los socialistas del ala izquierda y a los comunistas, por la implantación en la zona de los primeros y por su estalinismo a los segundos; en Cataluña, donde el predominio de la CNT fue claro hasta noviembre de 1936, se ha culpado a los anarquistas de diezmar al estamento eclesiástico, destacando Lérida en este sentido, y de otras muertes injustificadas, primando en esta región los testimonios sobre los documentos. Por lo que respecta a Cataluña, la primera nota de la CNTFAI, en la que exigía acabar con los asesinatos, lleva fecha del 28 de julio, y del 31 la primera del comité central de milicias antifascistas. Algunos militantes significativos de la

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Confederación fueron fusilados por hacer caso omiso de estas advertencias. Peiró, que había considerado de sentido común que la revolución comportase derramamiento de sangre, acabó acusando de terroristas a los asesinos, y García Oliver tuvo que parar los pies a Margarita Nelken en Madrid cuando se hizo cargo del ministerio de Justicia. Los tribunales populares fueron un intento de encauzar la administración de justicia y acabar con los “paseos”, pero éstos persistieron, aunque en descenso continuo. Las patrullas de control, espontáneas al principio como contrapoder en barrios y municipios, fueron conformadas posteriormente por militantes de todos los partidos y sindicatos, como el paso necesario para controlar la violencia. Sus frutos fueron escasos, porque monopolizaron la violencia y actuaron –y fueron temidas– como policía política al servicio de sus respectivas organizaciones y no estuvieron exentas de corrupción. En el campo, donde los asesinatos fueron selectivos, la responsabilidad se extendió también a todas y cada una de las organizaciones, dependiendo de su influencia en la zona, la comarca o el municipio. Algún grupo de milicianos, integrados en la columna Ortiz, fueron responsables de asesinatos colectivos en la retaguardia, que tenían por objetivo acallar a los viejos enemigos de clase o a quienes se oponían a la colectivización de los medios de producción. Ante las protestas del comité regional aragonés, algunos dirigentes de la CNT catalana intentaron en septiembre la destitución de Ortiz por este y otros motivos, al tiempo que negociaban su incorporación al gobierno. No consiguieron sacarla adelante, aunque sí parar la actuación de estos milicinos. En sentido opuesto, bastantes comités controlados por militantes de la CNT en Cataluña evitaron represalias internas en sus municipios, o las aminoraron en la medida de lo posible ante la presión de patrullas forasteras, impidiendo que

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se llevasen a algún vecino, facilitando la salida del cura y de propietarios destacados de la población o integrándolos en un trabajo productivo. Aunque, como pasaría con la represión franquista, las detenciones obedecieron en muchas ocasiones a listas negras o denuncias concretas de los vecinos, la mayoría de la población, salvo en casos contados, no sólo fue ajena a la represión, sino contraria a los asesinatos, o al menos esta idea nos han trasmitido cuando, en investigaciones de todo tipo basadas en entrevistas personales, se les ha preguntado por aquellos días. Actuaciones como las de Melchor Rodríguez – un simple director de prisiones, impuesto por la CNT a García Oliver– impidiendo que los comunistas continuasen las sacas de las cárceles madrileñas cuando tomó posesión del cargo, son hechos que también han de tenerse en cuenta a la hora de analizar la actuación de los militantes de la CNT en lo relativo a la violencia del período.

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Un último ejemplo de cómo se ha tratado este tema en las memorias de militantes libertarios es el reciente libro de Josep Costa sobre el proceso colectivista en Badalona.17 Costa relata los logros, las deficiencias y las vicisitudes del proceso colectivista, que nos interesan, y en las primeras páginas afirma: “Nosotros sólo sabemos que, en Badalona, unas setenta personas [fueron 79, la mitad industriales] cayeron, la mayoría por actos de venganza”. Seguro que Costa sabía más, aunque es cierto que la CNT, como sindicato, nada tuvo que ver con los asesinatos. De hecho, con motivo de los sucesos de mayo de 1937, cuando el autor habla del miedo de los partidos burgueses –ERC y PSUC–, diferencia entre “los elementos confederales” y “los grupos de JJ.LL. y de algunos compañeros de la FAI”, a los que los sindicalistas tuvieron que convencer para que no asaltaran los locales de los partidos. 17 COSTA FONT, Josep, Memorias de un colectivista libertario badalonés (1936-1939), Cedall/F.Montseny, Badalona, 2008.

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Quizás por miedo a perjudicar la imagen de la CNT, Costa no menciona el papel de Joaquín Aubí –miembro de los comités de defensa y de los grupos de acción– en la represión. Otros militantes sí lo han hecho y algunos hasta le han tachado de confidente policial. Es más, el comité de Badalona evitó el 20 de julio el asesinato de casi todos los cartujos de Montalegre y se opuso, en septiembre, a que Aubí formase parte del comité a pesar de haber sido designado por la federación local de la FAI. El propio boletín del comité reprodujo artículos contra la violencia de determinados grupos, que no se mencionaban, y Aubí se personó en la redacción a pedir explicaciones con algunos de sus hombres. El mismo se presentaba, en el semanario de la CNTFAI local, como un justiciero popular, tratando de fascistas encubiertos a sus críticos. Acabaría expulsado de la CNT en Cuba por su condición de policía al servicio de Batista y sus actuaciones contra los refugiados españoles.18 El altruismo del proceso colectivista narrado por Costa forma parte de la historia de la CNT, de la revolución y de Badalona; la actuación de Aubí, de su grupo y del soporte popular que pudiera tener, también. Conocer y delimitar ambas es necesario para no confundir la parte con el todo. La integración de la CNT en las juntas de defensa de Vizcaya y Guipúzcoa, en los consejos de Asturias y de Santander-BurgosPalencia no ha suscitado polémicas, pero sí su entrada en los gobiernos catalán y español, criticada como una conculcación de los principios anarquistas. En aquel contexto, cuando los principios teóricos tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad de la guerra, la mayoría de los dirigentes libertarios optaron por integrarse en los gobiernos, aparcando el ideal teórico o justificándolo en las circunstancias, al tiempo que opiniones 18 VILLAROYA, Joan, Revolució i guerra civil a Badalona, 1936-1939, Mascaró de Proa, Badalona, 1986.

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contrarias a la participación gubernamental comenzaron a salpicar la prensa libertaria y aumentaron con el tiempo. La controversia continúa porque poco o nada consiguieron con ello, ya que las armas no llegaron al frente de Aragón y las políticas comerciales e industriales elaboradas desde los ministerios adjudicados a López y Peiró fueron boicoteadas por Negrín, desde Hacienda, y relegadas a su mínima expresión, acabando derogadas tras la salida de los anarcosindicalistas del gobierno. Montseny, en Sanidad, y García Oliver, en Justicia, sí consiguieron algunos de sus propósitos. En la Generalitat de Cataluña, que los libertarios decidieron no desmantelar, el éxito más destacado de los anarcosindicalistas fue el decreto de colectivizaciones, aunque, en la práctica, relegaba la autogestión y la revolución quedó subordinada a la guerra y, por ello, integrada en el sistema. De ambos gobiernos fue expulsada la CNT cuando dejó de tener utilidad política tras la reconstrucción del estado. El Consejo de Aragón, legalizado el 25 de diciembre de 1936, intentó incidir en la planificación de las actividades económicas y en el proceso colectivista, aunque, en más de una ocasión, topó con la oposición de la federación de colectividades, que lo acusaba de querer controlar el proceso. Previo asalto por las tropas de Lister, Negrín lo suprimió por decreto el 11 de agosto de 1937. El resultado es diáfano. La participación gubernamental de la CNT no sólo no “legalizó” la revolución, sino que sustituyó las iniciativas populares por actuaciones burocráticas que, aisladas, fueron primero manejadas y después barridas por la clase política, nada interesada en el protagonismo de los trabajadores y menos aún en que autogestionasen los medios de producción, ya que sólo concebían –y conciben– el poder como expresión de las clases dominantes mediante el estado.

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Enfrentarse a los partidos políticos quizás hubiera debilitado al bando republicano, pero republicanos y dirigentes socialistas y comunistas no tuvieron estos reparos cuando planificaron deshacerse de la CNT en mayo de 1937 con la colaboración de ERC, ni cuando disolvieron con fuerzas militares comunistas las colectividades de Aragón y del suroeste de Cataluña para evidenciar que la revolución había sido derrotada. El propio García Oliver reconoce en sus memorias que los anarcosindicalistas ya no pintaban nada en mayo de 1937. La única opción que les quedaba a los revolucionarios era arriesgar la vida “libremente” en los frentes, luchando por la democracia burguesa contra el fascismo para, tras la guerra, volver a vender su propia fuerza de trabajo por un salario más o menos miserable. Los dirigentes de la CNT, que pararon a sus militantes en mayo, debieron pensar que era posible derrotar al fascismo y también evitar la dictadura comunista, quedándose con la opción de apostar por la libertad formal de un régimen republicano que, quizás, conservase alguna de sus conquistas sociales. Volverían al gobierno el 6 de abril de 1938, con un ministro testimonial, probablemente huyendo de la absoluta marginalidad política, ahora con los estalinistas controlando todos los resortes políticos, económicos y militares del poder. El comité de defensa de la CNT del Centro decidió al fin enfrentarse a ellos, y el 4 de marzo de 1939 acabó de conformar un Consejo nacional de defensa, presidido por Miaja, en lo que se conoce como el golpe de Casado, ejecutado en realidad por las tropas controladas por Mera, que se enfrentaron a los conatos de resistencia comunista y acabaron derrotándolos el día 12 en las calles de Madrid, dado el desmoronamiento de los apoyos comunistas, que abandonaron a sus cuadros ante la primera condición desfavorable que se les presentó.

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Arriba. Federica Montseny y García Oliver, ministros de Largo Caballero. Derecha. Retrato del destacado anarquista y anarcosindicalista Buenaventura Durruti. Abajo. Imágenes del entieroo en Barcelona de Durruti, muerto en el frente de Madrid el 20 de noviembre de 1936. Fuente: CNT Madrid http://madrid.cnt.es/historia/la-cnt-en-el-gobierno

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la contrarrevolución

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Hasta mayo de 1937, los dirigentes republicanos, socialistas y comunistas se habían limitado a intentar contener la revolución social con éxito notorio, utilizando su alícuota parte de poder, en aumento constante a medida que el estado se recomponía. Las intervenciones militares tardaron algo más en llegar y la primera estuvo a punto de producirse en el País Vasco, donde el PNV se oponía a ceder cualquier parcela de poder a los anarcosindicalistas, cuando el comité regional a la CNT fue detenido en marzo de 1937, lo que motivó la movilización de las unidades anarquistas e incluso la marcha sobre Bilbao del batallón Isaac Puente. Tras fracasar la estrategia política de la CNT, basada en legalizar la revolución con su participación gubernamental, la oposición a los cambios estructurales conseguidos con la revolución dejó de contemporizar con los anarcosindicalistas a partir de mayo de 1937 y dio un salto cualitativo: el ataque armado, del que “los hechos de mayo” fueron la primera manifestación. El PSUC llevaba meses acaparando armamento y contó con el beneplácito y la colaboración de ERC para desencadenarlos. Los dirigentes de la CNT optaron por la negociación, cavando su tumba política. La nueva estrategia reaccionaria, que perduraría a lo largo de 1938, se encaminó a convertir las profundas transformaciones sociales, conseguidas por las clases trabajadoras, en simples reformas políticas, controladas desde el estado. El objetivo implicaba la

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utilización de las armas y con ellas se destruyó el sistema colectivista desarrollado en Aragón. Los comunistas eran partidarios de la represión militar y Prieto pactó con ellos la disolución del Consejo de Aragón, constituido por los anarquistas en octubre de 1936 para encauzar la guerra y la revolución, aunque las competencias militares quedaron en manos de las columnas llegadas de Cataluña y del País Valenciano. Legalizado en diciembre, tras incorporar a representantes de los partidos políticos, acabó disuelto siete meses y medio después por las columnas militares comunistas, en lo que representó el inicio del ataque armado contra las colectividades agrícolas de Aragón y del sur de Cataluña, continuado en los meses sucesivos por el gobernador general del gobierno Negrín. Pocas semanas después los ataques se cebaron en las colectividades manchegas y levantinas, en esta última región a cargo de la guardia de asalto. En Lérida, los asaltos a cooperativas y colectividades fueron obra de la Legión Roja, una fuerza comunista formada por batallones de aviación y dirigida por Francisco Piquer.

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Atacar con armas a las colectividades industriales era menos factible, porque los sindicalistas urbanos tenían más capacidad de defensa armada que los campesinos y la gestión económica de los sindicatos era aún necesaria para la continuidad de la producción industrial. Como la militarización de la industria tampoco parecía viable, por los riesgos que comportaría enfrentarse directamente con los trabajadores urbanos, los gobiernos español y catalán optaron por el intervencionismo para anular progresivamente la gestión y el control de los comités obreros, a la par que potenciaban la burocratización y el nombramiento de técnicos, en detrimento de los órganos representativos de los trabajadores, con un objetivo: anular en lo posible las transformaciones sociales mediante el control del proceso industrial. Comenzaron por cuestionar la eficacia económica y llegaron a obstaculizar el salario único o el familiar e, incluso, la ayuda solidaria entre colectividades. A partir

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de 1938, el gobierno republicano impulsó la reprivatización a sus antiguos propietarios o a gerentes estatales. En el caso de las industrias de guerra, la nacionalización llegó también a Cataluña a finales de junio de 1937, aunque el proceso de control fue lento por la resistencia de los trabajadores, unos 75.000, y las rivalidades políticas entre la Generalitat y el gobierno español. Tras meses amenazando a los trabajadores con aplicar medidas estrictas en la industria, el proceso culminaría el 11 de agosto de 1938 con la militarización de todas las industrias de guerra en todo el territorio controlado por los republicanos. El sector servicios, dado el limitado tamaño de las empresas que lo componían y el hecho de que en un porcentaje considerable de las mismas habían quedado integrados los antiguos propietarios, fue

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Puerta de Alcalá de Madrid en 1937. Propaganda del poder comunista estalinista Fuente: CNT Madrid

http://madrid.cnt.es/historia/la-revolucion-traicionada/

más fácil de controlar por los gobernantes, dándose en este sector el porcentaje más elevado de retorno a sus anteriores propietarios de las empresas incautadas o colectivizadas.

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En Cataluña, a partir de mayo de 1937, la CNT comenzó a ser arrinconada también en los consejos municipales mediante una alianza de ERC y PSUC, que comenzaron a controlar también el poder municipal, lógicamente en detrimento de los avances sociales conseguidos hasta entonces. Los antiguos poseedores de los medios de producción comenzaron a reclamarlos y conseguirlos en parte, especialmente los talleres, las pequeñas empresas y los comercios, que se organizaron gremialmente a través del GEPCI, bajo protección comunista. También los antiguos arrendatarios de tierras y una parte de los propietarios, avaladas sus demandas por la UGT o por ERC, comenzaron a recuperar a partir del otoño de 1937 las parcelas que cultivaban antes de la revolución. Las colectividades agrarias quedaron aisladas y su producción controlada por los sindicatos agrícolas oficiales, adscritos a la Unió de Rabassaires. Un proceso similar tuvo lugar en Aragón, donde se crearon gestoras municipales tras disolver el Consejo, relegando a la CNT y devolviendo tierras y demás medios de producción a sus antiguos propietarios.19 Los campesinos rehicieron allí una parte de las colectividades, aunque reducidas en número y extensión y sin la fuerza que habían tenido hasta entonces. En el País Valenciano, donde los colectivistas de la CNT-UGT controlaban la mitad de la producción, el gobierno acabó con el control obrero de la exportación de cítricos que llevaban a cabo las colectividades y los particulares, en representación de unas 275 localidades, a través de la CLUEA, dejando en septiembre de 1937 a los sindicatos sin representación en la Central de exportación de agrios, creada para sustituir a la central levantina controlada por los trabajadores. En el sur, mientras los pequeños propietarios andaluces recibían ayuda financiera del IRA, controlado por la burocracia comunista al servicio de la política agraria del PC, el organismo de la reforma agraria ni siquiera proporcionaba simientes a algunas colectividades. 19 DÍEZ TORRE, Alejandro, Trabajan para la eternidad, La Malatesta, Madrid, 2009.

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Carne de cañón

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El fuerte resurgimiento de la CNT en 1931 era congruente, porque tan sólo una docena de años antes había conseguido cohesionar a un importante sector de las clases trabajadoras en un potente movimiento sindical, consciente de su protagonismo social e impregnado de dignidad, cultura e, incluso, orgullo. Con la proclamación de la república, sin embargo, los políticos republicanos y socialistas labraron su propio protagonismo en detrimento del protagonismo activo los trabajadores, presentándose como adalides de las clases trabajadoras y consiguiendo que cuajase, en una parte importante de la población, un movimiento de esperanza en la gestión de la clase política, que a pesar de las continuas decepciones persistiría con más o menos intensidad hasta julio de 1936. La revolución, que arrinconó a buena parte de la clase política durante los primeros meses, devolvió el protagonismo a las clases trabajadoras, y con ello a las organizaciones sindicales donde se agrupaban como asalariados. Fue en este contexto revolucionario que surgieron los grupos y las columnas de milicianos, formadas por hombres y algunas mujeres jóvenes, para combatir a los sublevados, agrupándose por afinidades ideológicas o políticas en bastantes ocasiones, aunque tampoco faltaron grupos heterogéneos, sobre todo en las pequeñas ciudades y en el campo. Sin fuerzas que oponer a los golpistas, las milicias fueron

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al principio alentadas por gobernantes, partidos y sindicatos para que actuasen como fuerzas de choque frente a los golpistas. Voluntarios en su integridad, marcharon al encuentro de los sublevados con entusiasmo, convencidos de su pronta victoria. Aunque ocuparon parte de Aragón, impidieron que los golpistas consolidaran su triunfo inicial en varias ciudades y pararon en las sierras de Madrid los ataques a la capital española, no pudieron impedir el avance de las tropas regulares por el suroeste. Con la estabilización de los frentes llegaron los cambios de estrategia y la militarización. Los milicianos dejaron de ser aquellos jóvenes idealistas dispuestos a luchar y a la posibilidad de morir por una nueva forma de organización social, para convertirse en la carne de cañón con la que dirimían sus intereses los diferentes sectores políticos y militares que luchaban por el poder, los más reaccionarios apoyando a los golpistas, y los más reformistas aliándose con los dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas. Cada vez en mayor grado y con mayor intensidad el destino de millones de españoles quedó ligado a la guerra. Ya hemos mencionado que algunas columnas anarquistas se resistieron durante meses a la militarización, pero ésta también llegó para ellas y, aunque nunca faltaron voluntarios en ambos bandos, la inmensa mayoría combatían forzados. 80

En una fecha tan temprana como el 30 de septiembre de 1936, la portada de El Socialista, portavoz oficial del PSOE, llamaba a los milicianos a asesinar por la espalda a quien desertase del combate. A partir de 1937, con la revolución derrotada, el entusiasmo del pueblo llano por combatir fue decreciendo en buena lógica, ya que a medida que se arrinconaban las transformaciones sociales iban desapareciendo las razones para arriesgar la vida por un proceso social que no controlaban. Salvar la propia vida o la de la familia pasó a ser la razón determinante de las actitudes frente a la guerra. La clase política echó mano de la propaganda

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para convencer a la población de que se luchaba por la libertad contra los militares fascistas, los explotadores de la clase obrera y la iglesia inquisitorial, lo cual era cierto, pero no suficiente, al parecer, para pagar con la vida el intento. La inmensa mayoría optó por sobrevivir, y bastantes mandos militares por incorporarse al partido comunista, que canjeaba la posibilidad de recibir armas rusas por todo tipo de privilegios en armamento, ascensos, comisariatos e incluso hospitales. En buena lógica con su perspectiva estalinista acabaron persiguiendo, fusilando o asesinando a quienes, como los anarquistas, se negaban a someterse a sus dictados. Prieto, ministro de defensa, procuraba también la supervivencia de su hijo y lo tenía lo más alejado posible de las balas, enriqueciéndose con las comisiones de compra de armamento en Francia.20 Lo que no fue obstáculo para que su firma apareciese junto con la de Azaña en junio de 1937 legalizando los juicios sumarísimos contra soldados y milicianos por insubordinación, abandono de servicio o destino, deserción y delito contra el honor militar, entre otros. En una política que se generalizaría con posterioridad en toda la zona republicana, el consejo de Asturias legisló en octubre de 1937 la detención de las esposas y padres de los desertores. Cuatro días después, los firmantes de la medida y buena parte de los dirigentes políticos y militares huirían de Gijón en barcos de pesca, abandonando a su suerte a decenas de miles de soldados republicanos. El comandante Carrocera, de la CNT, fue el único que se negó a abandonar a sus hombres y acabó fusilado por los fascistas. Mientras el hijo mayor de Negrín se enriquecía también con las comisiones por la compra de armamento y su segundo hijo era bien conocido en los cabarets parisinos,21 aumentaron las 20 OLAYA, Francisco, El oro de Negrín, Nossa y Jara, Madrid, 1998, p. 253-268. 21 OLAYA, Francisco, El oro de Negrín, Nossa y Jara, Madrid, 1998, p. 215, 259-

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represalias contra los familiares de los soldados, en un intento de impedir las deserciones o la no presentación a filas, tan común, desde mediado 1938, que los agentes del SIM llegaron a cobrar en función del número de detenciones. Los asesinatos de soldados “in situ” ya fueron recogidos por Peirats en su clásica obra sobre la revolución, y desde que se han ido abriendo los archivos militares, los casos documentados no han cesado de crecer. Los asesinatos en Rubielos tienen su propia monografía.22 También ha pasado a hacerse un hueco en la bibliografía sobre la guerra civil la saña de dirigentes comunistas como Modesto, el Campesino o, especialmente, Lister contra quienes abandonaban sus posiciones en la batalla del Ebro, ante una potencia de fuego tan superior por parte de los franquistas que era imposible de contener por los veteranos, y menos aún por jóvenes bisoños o padres de familia llevados al frente sin apenas entrenamiento y sin haber disparado un tiro con anterioridad. Nada tiene de extraño que las deserciones, la no presentación a filas y la búsqueda de mil y un motivos para no combatir pudieran afectar a la mitad de la población comprendida en las movilizaciones de ambos bandos,23 que incumbió a los hombres entre los 18 y 44 años en la zona republicana –entre 17 y 45 en Cataluña– y entre los 18 y los 33 en la zona franquista, donde marroquíes e italianos suplieron a las quintas de los más mayores. Para la inmensa mayoría de uno y otro bando, la guerra era entonces la de siempre, la de los mandamases, que sacrificaban soldados para colgarse medallas o se preparaban el exilio con cuentas bancarias y empresas comerciales en el exterior. Mientras la clase política huyó en su mayoría, porque tenía el dinero y los medios para hacerlo, a la población, por el contrario, 280. 22 CORRAL, Pedro, Si me quieres escribir, Debolsillo, Barcelona, 2005. 23 CORRAL, Pedro, Desertores, Debolsillo, Barcelona, 2007.

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aún les esperaba el miedo y la miseria de la posguerra, que sufrieron en mayor grado los más pobres, por más indefensos. Las delaciones de los vecinos fueron el primer paso de la represión. Todos aquellos que se habían significado formando parte de los comités, de las juntas sindicales en la industria, en el comercio o en los sindicatos agrícolas, o habían tenido algún grado de participación en los cambios sociales llevados a cabo durante la revolución, serían las principales víctimas de la represión franquista, fruto de la venganza personal o de clase, fusilados o encarcelados para que no quedase la mínima duda sobre el destino que esperaba a quienes cuestionasen cualquier aspecto de la completa y total sumisión social que impondría la dictadura. El terror del primer franquismo desterró la revolución de la conciencia colectiva, e incluso de la familiar, a lo más recóndito del cerebro de los vencidos. Los abuelos no hablaban de... “la guerra”.

Fin

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