Jurisdicción constitucional y el procedimiento de defensa de los derechos 9788491480280, 8491480285

Table of contents :
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y EL PROCEDIMIENTO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS --
PÁGINA LEGAL --
ÍNDICE --
1 APROXIMACIÓN A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL --
1.1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN (....) --
1.2. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA REFORMA DE LA LEYORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 2007 --
1.3. LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL --
2.LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDADDE LAS NORMAS Y LAS ACTUACIONES (....) --
2.1. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD --
2.2. EL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA (...) --
2.3. LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA --
2.4. LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA ACTUACIÓN (....) --
2.5. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO --
3.LA DEFENSA JURISDICCIONAL DE LOSDERECHOS FUNDAMENTALES EN LAJURISDICCIÓN ORDINARIA (....) --
3.1. EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO REGULADO EN LACONSTITUCIÓN --
3.2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓNCONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA --
3.3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓNCIVIL --
3.4. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓNSOCIAL --
3.5. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓNMILITAR --
3.6. LA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO (...) --
3.7. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN DE DETERMINADOSDERECHOS FUNDAMENTALES --
4.LA DEFENSA DE LOS DERECHOSFUNDAMENTALESEN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL (.....) --
4.1. OBJETO Y LEGITIMACIÓN --
4.1.1. Objeto del recurso de amparo --
4.1.2. Legitimación --
4.2. REQUISITOS PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DEAMPARO1 --
4.2.1. La demanda de amparo --
4.3. A DMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE AMPARO --
4.4. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO --
4.5. LAS MEDIDAS CAUTELARES --
4.5.1. Presupuestos necesarios para adoptar medidascautelares --
4.5.2. Tipología de medidas cautelares --
4.5.3. Procedimiento. 4.5.4. Modi cación de las medidas cautelares --
4.6. LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO --
4.6.1. La estructura de las sentencias que resuelvenrecursos de amparo --
4.6.2. Contenido de la sentencia --
4.6.3. Alcance de las decisiones del TribunalConstitucional --
4.6.4. Las sentencias que otorgan el amparo --
4.6.5. La cuestión interna de inconstitucionalidad --
PREGUNTAS TIPO TEST --
ANEXO 1.

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JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y EL PROCEDIMIENTO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS

MARÍA GARROTE DE MARCOS BEATRIZ VILA RAMOS

EDITORIAL DYKINSON

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Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos ReprográÀcos) À si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

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ÍNDICE 1.

2.

APROXIMACIÓN A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.................................................. 1.1 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS ..................... 1.2 LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA REFORMA DE LA A LEY Y ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 2007 .......................................... 1.3 L ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL ......... LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS Y LAS ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.................................................. 2.1 EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD............... 2.2 EL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PROYECTOS DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Y SUS PROPUESTAS DE REFORMA A .........................

2.3 2.4

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA A ...................... LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA ACTUACIÓN DEL ABOGADO EN LA

................................. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. SENTENCIAS Y AUTOS ...................................... JURISDICCIÓN ORDINARIA A

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3.

Índice

LA DEFENSA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES .................................. 3.1. EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO REGULADO EN LA A CONSTITUCIÓN ...................................... 3.2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA... 3.3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN CIVIL ................................. 3.4. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL............................... 3.5. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN MILITAR .............................. 3.6. LA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO DE DEFENSA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA PENAL

3.7. 4.

PROCEDIMIENTOS

....................

ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

DE DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES .......

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68 69

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: EL RECURSO DE AMPARO ........................................ 73 4.1 OBJETO Y LEGITIMACIÓN .................................. 76 4.1.1. Objeto del recurso de amparo o ....................... 76 4.1.2. Legitimación ................................................ 85 4.2 REQUISITOS PROCESALES PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE AMPARO ................................. 89 4.2.1. La demanda de amparo................................ 89 4.3 ADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE AMPARO ..... 95 4.4 TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO ............... 98 4.5 LAS MEDIDAS CAUTELARES ................................. 102

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Índice

4.5.1. Presupuestos necesarios para adoptar medidas cautelaress ...................................... 4.5.2. Tipología de medidas cautelares.................... s 4.5.3. Procedimiento.............................................. 4.5.4. ModiÀcación À de las medidas cautelaress .......... 4.6 LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO .. 4.6.1. La estructura de las sentencias que resuelven recursos de amparo...................................... 4.6.2. Contenido de la sentencia a ............................. 4.6.3. Alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional en la resolución de los recursos de amparo...................................... 4.6.4. Las sentencias que otorgan el amparo............. o 4.6.5. La cuestión interna de inconstitucionalidad d ......

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PREGUNTAS TIPO TEST ..................................................... 119 PREGUNTAS .............................................................. 119 SOLUCIONES ............................................................. 133 ANEXO I. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ................ 135

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1. APROXIMACIÓN A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL La jurisdicción constitucional nace como mecanismo que garantiza no sólo la supremacía de la Constitución frente al resto del ordenamiento, también el esquema político y social normado en ella. La Constitución española regula el modelo de justicia constitucional que impera en Europa, un sistema concentrado en el que la función de control de la constitucionalidad se atribuye a un órgano expresamente conÀ Àgurado para desempeñarla, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es pues una pieza esencial de la organización del Estado que mediante su regulación constitucional y siguiendo una corriente dominante, persigue una progresiva juridiÀ Àcación de las relaciones políticas en aras del principio de superioridad de la Constitución. La existencia de una jurisdicción especial diferenciada de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, tiene sentido cuando analizamos el objeto de la jurisdicción constitucional y la naturaleza de la Constitución. La Constitución es norma jurídico-política de naturaleza axiológica, interpretable y sujeta a valoraciones políticas lo que supone para su defensa la articulación de mecanismos y principios que diÀ Àeren de los establecidos para el ámbito jurisdiccional ordinario. Cierto es que toda norma jurídica traduce de alguna manera, más o menos directa y más o menos implícita, un sistema de valores jurídicos y metajurídicos, pero la singularidad de la norma constitucional es que su función es precisamente explicitar de forma concreta este sistema de valores, siendo la labor de la justicia constitucional la de salvaguardar no ya el texto formal sino los elementos valorati-

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vos que contiene la Constitución respecto al resto del ordenamiento, garantizando la supremacía de aquellos valores constitucionales que no son siempre estrictamente jurídicos sino que con frecuencia responden a valoraciones sociales y políticas. Desde el reconocimiento de la superioridad de la Constitución frente al resto del ordenamiento podemos deÀnir À la jurisdicción constitucional como el conjunto de procedimientos de carácter procesal y variada índole cuyo objeto es la defensa de la Constitución y de los principios y derechos en ella regulados. El Tribunal Constitucional es por ello un órgano de naturaleza especial que no sólo debe asegurar la supremacía de la Constitución sino garantizar la adecuación a ésta de todo nuestro ordenamiento. Precisamente desde esta perspectiva debemos poner de relieve que esta garantía de orden constitucional no pertenece en exclusiva al Tribunal Constitucional, de igual forma que la labor de positivación y normativización e interpretación de los valores constitucionales no pertenece en exclusiva a los órganos estrictamente políticos y representativos, el gobierno y el parlamento; o la labor de aplicación del ordenamiento a los tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación de la Constitución, pero el resto de los órganos del Estado mediante su labor diaria también, conforme a la naturaleza de norma abierta de las Constituciones democráticas como la nuestra, interpretan la Constitución. La interpretación de los órganos representativos será visible tanto en la aprobación de normas concretas como en acciones determinadas que indudablemente se vinculará a las mayorías variables que resulten de los diferentes procesos electorales. En el caso de los órganos jurisdiccionales ordinarios y en los operadores jurídicos esa interpretación podrá observarse en la concreta aplicación del ordenamiento jurídico que se produce al dar resolución a hechos concretos. En ambos casos la función del Tribunal Constitucional será que los poderes del Estado y los operados jurídicos que legítimamente interpretan y aplican la norma constitucional no rebasen los límites incorporados al sistema político, jurídico y social derivado de ella.

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Esta reÁexión Á nos lleva a considerar que el objeto de la justicia y la jurisdicción constitucional no se agota en el texto constitucional sino que se proyecta en la defensa del orden constitucional concreto de nuestra Constitución no siendo éste estático, pues el Tribunal Constitucional tiene la capacidad conforme a los mecanismo procesales establecidos en la jurisdicción constitucional para establecer una línea evolutiva de ese orden constitucional. 1.1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN,

ORGANIZACIÓN,

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS

La conÀguración À del Tribunal Constitucional está conÀ Àada por la Constitución a una ley orgánica cuyas directrices fundamentales quedan establecidas suÀcientemente À dentro del propio texto Constitucional. El Titulo IX de la Constitución en los artículos 159-165 pone de relieve su consideración como órgano constitucional y jurisdiccional con competencia para todo el territorio nacional. Ni las características singulares respecto a su composición, que procedemos a analizar, ni la función como garante del orden constitucional desvirtúan la naturaleza de órgano jurisdiccional del Tribunal aun cuando no se haya encuadrado en los órganos del Poder judicial. El método de actuación del Tribunal es típicamente procesal al dar satisfacción a una pretensión sobre la base de razonamientos jurídicos fundados con arreglo a las normas establecidas y siguiendo un procedimiento. Ahora bien, esta aÀrmación À no nos impide negar la existencia de un elemento indubitadamente político en el Tribunal y en sus resoluciones, que deriva de la singularidad de su función que es básicamente la apreciación y valoración de los límites que tienen otros poderes y operadores jurídicos en aras al respeto del sistema político, jurídico y social derivado de la Constitución. El Tribunal Constitucional es pues único en su género y competente en todo el territorio nacional esto supone, no sólo que no está integrado en el poder judicial sino que al ser único en su jurisdicción no se le pueden plantear conÁ Áictos de competencia, siendo el propio Tribunal quien delimita su ámbito jurisdiccional y competencial imposibilitando promover contra el Tribunal cuestión de jurisdicción o competencia

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pudiendo éste tomar cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo declaración de nulidad de los actos o resoluciones que pudieran menoscabarla. En el mismo sentido se impide que cualquier otro órgano jurisdiccional del Estado Español, enjuicie las resoluciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tal y como proclama el artículo 161 de la Constitución tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y es competente para conocer: - “Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencia recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. - Del recurso de amparo por violación de derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. - De los conÁictos Á de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí. - De las demás materias que le atribuya la Constitución o las leyes orgánicas”.

El artículo 163 de la Constitución dispone: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso podrán ser suspensivos”, en consecuencia es competente también para conocer de las cuestiones de inconstitucionalidad. Desde esta visión y teniendo en cuenta el objeto del presente libro vamos a analizar detalladamente las funciones asignadas al Tribunal Constitucional cuando tengan relación con la interpretación que realizan los operadores jurídicos o la jurisdicción ordinaria en la defensa de los derechos de los ciudadanos o en la resolución de los conÁicÁ tos que dan origen a un proceso judicial, y por ello no incidiremos en profundidad en aquellos recursos sustanciados ante el Tribunal

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Constitucional cuyo objeto principal es el ejercicio del control de constitucional directo de la normas, el recurso de inconstitucionalidad y los conÁ Áictos de competencias. Comenzaremos analizando la composición del Tribunal, ésta respeta la naturaleza jurisdiccional especial del Tribunal y su consideración como órgano separado del poder judicial. Tal y como prescribe el artículo 159.1 de la Constitución el Tribunal está integrado por doce miembros, todos ellos juristas de reconocido prestigio, nombrados por el Rey, de los cuales cuatro son a propuesta del Congreso (por mayoría de 3/5), cuatro a propuesta del Senado (elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas), dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La procedencia de los magistrados que componen en Tribunal Constitucional se haya pues dividida entre órganos de carácter político y de carácter técnico, siendo la que procede de carácter político considerablemente superior. Ahora bien, esta aÀrmación À no debe menoscabar la consideración del Tribunal como órgano jurisdiccional independiente. La designación por parte de órganos políticos no genera automáticamente un clientelismo en los magistrados y tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 3/1979 de 3 de octubre garantizan adoptando determinados mecanismos, no sólo la independencia de actuación de los magistrados también autonomía en su funcionamiento. Para asegurar la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional (consagrada en el artículo 59.5 de la LOTC) se establece su nombramiento para un periodo de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres. Cada tres años se procede a la designación de cuatro magistrados por los órganos que precisa el artículo 159 de la Constitución, lo que supera con mucho el periodo de mandato de los órganos de carácter político que proponen a los magistrados y permite además reÁejar Á en la composición del Tribunal los cambios en las mayorías en los órganos políticos, si es que las hubiera habido. Hay que considerar también que los miembros del Tribunal no sólo deben reunir los requisitos de idoneidad comunes para el ejercicio

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de cargos públicos (ser español, mayor de edad, tener plena capacidad...etc) tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Á El segundo bloque de garantía de independencia está reÁejado en su estatuto. Los magistrados no son reelegibles para otro periodo inmediato salvo que hubieran ocupado el cargo por un periodo inferior a tres años, son inamovibles y están sujetos a durísimas incompatibilidades que les impiden compatibilizar su cargo, evitando los conÁictos Á de intereses o tráÀ Àco de inÁ Áuencias, con casi cualquier otro salvo la docencia o la investigación. La inamovilidad es una de las garantías clásicas de independencia que se predican de los órganos jurisdiccionales y se reÀ Àere a que no podrán ser suspendidos ni destituidos salvo las causas de cese que establece la propia LOTC (fallecimiento, renuncia, incompatibilidad sobrevenida, por incurrir en causa de incapacidad, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, por violar la reserva propia de su función o por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso por culpa grave). En lo que se reÀere À a recusaciones o/y abstenciones de los magistrados, se establece como derecho supletorio la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así mismo los magistrados quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer como abogados ante el Tribunal Constitucional, y los Letrados durante los tres años inmediatamente posteriores al cese de sus funciones. Los magistrados tienen prerrogativa de inviolabilidad y fuero de manera que no responderán por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones (art. 22 LOTC) y su responsabilidad criminal y civil sólo es exigible ante el Tribunal Supremo. Tanto el Presidente como el Vicepresidente son elegidos de entre sus miembros por cooptación, a propuesta del Pleno y por un periodo reelegible de tres años, lo que sin duda incide aún más en la autonomía organizativa y de funcionamiento del Tribunal. Para su elección se exige mayoría absoluta en primera vuelta y, si ésta no se alcanza, la simple en segunda vuelta. En caso de empate debe realizarse una nueva votación que si persiste, se resuelve a favor del magistrado de

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mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad en el desempeño del cargo por el de mayor edad. El Tribunal actúa en pleno, en sala o en sección. En este punto la Àcación de la LOTC aprobada el 24 de mayo de 2007 conÀere modiÀ una nueva dimensión a los distintos órganos de trabajo que componen el Tribunal, aplicando el principio de división de trabajo y ampliando las competencias de las secciones y las salas. El pleno está integrado por los doce magistrados que componen en Tribunal y será presidido por el Presidente, el Vicepresidente y, a falta de ambos el Magistrado más antiguo en el cargo, en igualdad de antigüedad el de mayor edad. Tal y como dispone el art. 10 LOTC el pleno conocerá de: la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Tratados internacionales; de los recursos de inconstitucionalidad, salvo los de mera aplicación de doctrina; de las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; de los conÁictos Á constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; de las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución; de los conÁictos Á de defensa de la autonomía local; de los conÁ Áictos entre órganos constitucionales del Estado; de las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3 LOTC; de la veriÀcación À del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional; de la recusación y cese de los magistrados del Tribunal Constitucional; de la aprobación y modiÀcación À de los reglamentos del Tribunal Constitucional; de la elaboración del presupuesto del Tribunal Constitucional y de los demás asuntos que recabe para sí. Las salas son dos y están compuestas cada una por 6 magistrados nombrados por el pleno del Tribunal. El Presidente del Tribunal lo será también de la sala 1ª, que presidirá en su defecto el magistrado de mayor antigüedad y, en caso de igualdad en la antigüedad, el de mayor edad. La sala 2ª es presidida por el Vicepresidente y, en su defecto se aplicarán las mismas reglas de nombramiento que para la sala 1ª. Con la reforma aprobada en 2007 resultaron modiÀ Àcadas las competencias atribuidas a las salas en un intento de dar resolu-

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ción a un mayor número de asuntos, atribuyendo la resolución de los recursos de amparo a las salas y a las secciones, aunque el pleno reserva para sí la capacidad de invocación de los asuntos que crea le corresponden. Las salas se ocuparán de: el conocimiento de los recursos de amparo no atribuidos a las secciones; de las cuestiones de constitucionalidad que el pleno no reserve para sí; de la admisión de los recursos de inconstitucionalidad cuando suponga mera aplicación de doctrina y, si el pleno lo estima de la admisión a trámite y la decisión de fondo sobre los conÁictos Á constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de entre estas entre si y de las impugnaciones previstas en el artículo 161 de la Constitución. Las secciones están integradas por tres magistrados y se ocuparán principalmente de: la decisión o propuesta de la admisibilidad de los procesos constitucionales; del conocimiento de los recursos de amparo que sean diferidos por la sala que deberán ser resueltos por unanimidad, en caso contrario se trasladará la decisión a la sala. Para la adopción de acuerdos el quorum exigido precisa de la presencia de dos terceras partes de los magistrados, lo que supone ocho magistrados en el pleno y cuatro en las salas. En el casos de las secciones el quorum requerido exige la presencia de dos de los tres miembros, pero en caso de discrepancia deberán estar presenten los tres miembros que integran la sección. Las discrepancias entre los magistrados en las deliberaciones o los fallos se salvan merced al voto particular en el que el magistrado discrepante expresa y motiva su disconformidad con la decisión de la mayoría, lo que sin duda refuerza la independencia de cada magistrado en el ejercicio de su cargo. Los votos particulares pueden ser concurrentes, cuando el magistrado está de acuerdo con el fallo pero no con las razones que fundamentan el fallo; o discurrente, que expresa la disconformidad con el fallo. Los votos particulares se incorporan a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones y se publicarán en el Boletín OÀcial À del Estado.

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1.2. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA REFORMA DE LA A LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 2007 La aceptación prácticamente general por parte de los constituyentes de la jurisdicción constitucional como mecanismo de defensa de la Constitución hizo que el debate del Título IX de la Constitución no plantease diÀ Àcultades importantes, prueba de ello es también la rapidez con la que el Parlamento elaboró y aprobó en octubre de 1979 la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979 de 3 de octubre, que se ha mantenido sin modiÀcaciones À trascendentes hasta 2007. Tras casi de 30 años de actividad del Tribunal y por la experiencia acumulada en 2007 se procedió a la aprobación de la modiÀcación À de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional a través de la Ley orgánica 6/2007 de 24 de mayo, que supone la reforma de quizás mayor calado en lo que se reÀ Àere a los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal. La LOTC ha sido objeto de posteriores reformas, a través de la ley orgánica 1/2010 de 19 de febrero se modiÀca À la disposición adicional quinta y por aprobación de la ley orgánica 8/2010 de 4 de noviembre, que introduce el artículo 16.5, se regula el régimen para las vacantes que se produzcan en el Tribunal; las reciente reforma aprobada mediante la Ley Orgánica 12/2015 de 22 de septiembre establece el recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de Ley orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modiÀcación À y, la Ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre atribuye el carácter de título ejecutivo a las sentencias del Tribunal constitucional y establece un régimen especíÀ Àco para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal. Así mismo determina el derecho supletorio de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional si bien estas reformas posteriores a la aprobada en 2007 no afectan a cuestiones esenciales que incidan directamente en el objeto de la labor jurisdiccional. La justicia constitucional y también la jurisdicción constitucional se actualiza por medio de las competencias concretas que la integran. En sus orígenes y tal como podemos ratiÀcar À en los debates parlamentarios la función del Tribunal Constitucional se centra indubitadamente en el control de constitucionalidad de las normas, y concretamente

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en las dos vías procesales el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, donde prima para el Tribunal la dimensión objetiva sobre cualquier Ànalidad subjetiva que pudiera existir en los sujetos legitimados para instar el control de constitucionalidad. Sin embargo la práctica ha demostrado, especialmente si atendemos al número de asuntos que llegan al Tribunal, que el elevado número de demandas de amparo, tantas, que llegan a ocupar casi todo el tiempo y los medios personales del Tribunal transforma, al menos en la práctica, lo que parecía ser el objeto central del funcionamiento del Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad, y pasa a centrarse en la resolución de los recurso de amparo que llegan al Tribunal; en 2014 de los 7878 recursos que llegaron al Tribunal 7663 eran recursos de amparo. Según revela la exposición de motivos de la reforma aprobada en el 2007, las razones de fondo que justiÀcan À la reforma radican en cuestiones de organización por la carga de trabajo del Tribunal y la constatación de la lentitud de los procedimientos que se desarrollan en el Tribunal. La reforma, en lo que aquí nos interesa ha introducido tres novedades: — La habilitación de las secciones para la resolución de los recursos de amparo. — La reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre. — E introduce una nueva conÀguración À del trámite de admisión del recurso de amparo. Respecto a la primera de las cuestiones poco que analizar además de lo señalado en el epígrafe previo, el legislador aplica el principio de división de trabajo para permitir una mayor eÀ Àcacia y celeridad en la resolución de los asuntos de los que se ocupa el Tribunal, únicamente se exige, y nos parece más que acertado dadas las consecuencias que puede ocasión la inadmisión de los recursos que, los tres magistrados que integran la sección tengan que expresar el parecer unánime de la Sección o remitir la actuación a la Sala correspondiente.

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En lo que se reÀ Àere al trámite de la cuestión interna de constitucionalidad, nos ocuparemos detalladamente en el epígrafe correspondiente. Respecto a la tercera de las cuestiones y a la vista de la reforma cabria aÀ Àrmar que el legislador ha adoptado una concepción objetiva de recurso de amparo, entendiendo por tal la determinación del contenido de los derechos fundamentales para su posterior aplicación por los Jueces y Tribunales ordinarios en detrimento de la concepción subjetiva del recurso de amparo de tutela de los derechos fundamentales. Se conÀ Àgura por el legislador, siguiendo la doctrina Àjada por el Tribunal, un sistema de garantías de los derechos fundamentales encomendados a Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos (STC 22/1999 de 13 de diciembre FJ1), conÀriendo À a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derecho a través de la una nueva regulación de la nulidad de actos procesales ex artículo 241 de la Ley orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Hasta la aprobación de la reforma de la LOTC en 2007, el recurso de amparo se concebía como recurso de tutela de derechos fundamentales primando el carácter subjetivo sobre el objetivo. A la vista de la reforma quizás pueda considerarse una concepción objetiva del recurso de amparo, entendiendo por tal la determinación del contenido de los derechos fundamentales y la À Àjación de doctrina para su posterior aplicación por los Jueces y Tribunales ordinarios, en detrimento de una concepción subjetiva del recurso de amparo de tutela de los derechos fundamentales. La modiÀ Àcación es, sin duda, sustancial. Como bien señala el magistrado Eugenio Gay Montalvo en su voto particular al Auto 289/2008 de 22 de septiembre, entra en la lógica de la nueva Ley hacer un esfuerzo para que sean los órganos judiciales ordinarios quienes reparen, en última instancia, las vulneraciones de los derechos fundamentales que puedan producirse, especialmente a través del proceso de la aplicación del artículo 241.1 LOPJ. Las pretensiones sobre la vulneración de derechos deben ser reparadas en principio, por la jurisdicción ordinaria y sólo “en su

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caso” por el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo. Como reitera la jurisprudencia del Tribunal desde la sentencia 1/1981 de 26 de enero en el FJ2 “ la Ànalidad esencial del recurso de amparo es la protección en sede constitucional, de los derechos y libertades... cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias” (Criterio reiterado en SSTC 167/1986 de 22 de diciembre, 193/1987 de 9 de diciembre, 93/1990 de 23 de mayo, 363/1993 de 13 de diciembre y 78/1997 de 21 de abril) concediendo al justiciable una última ocasión en el ámbito jurisdiccional español de reparación. En deÀnitiva, À la reforma de 2007 parece estimular un leve cambio en nuestro sistema de justicia constitucional. Hasta hoy aÀ Àrmar que el sistema de justicia constitucional español sigue el modelo europeo de jurisdicción concentrada, lo que supone que el control de constitucionalidad se realiza por un único órgano, el Tribunal Constitucional, era indubitado, y ello a pesar de que el artículo 41.1 de la LOTC aÀ Àrma que la violación de los derechos fundamentales es susceptible de amparo “sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia” si bien, tras la aprobación de la reforma de 2007, nos atrevemos a constatar un cambio en el sistema que realizan concesiones al sistema de jurisdicción ordinaria para analizar cuestiones que afectan a la constitucionalidad; la regulación reserva para el Tribunal la declaración de inconstitucionalidad y autoriza a jueces y Tribunales a inaplicar las normas con rango inferior a la ley que consideren contrarias a la Constitución, a plantear cuestiones de constitucionalidad y a resolver conÁ Áictos en materia de derechos fundamentales. Progresivamente el número de cuestiones de inconstitucionalidad que se plantean al Tribunal Constitucional se ha visto incrementado desde la aprobación de la reforma y entendemos que, progresivamente, los jueces y Tribunales se ocuparán con mayor “enfoque” constitucional de las violaciones de derechos llevando a efecto, no un control de constitucionalidad, reservado al Tribunal Constitucional, pero si una declaración de posible inconstitucionalidad o reclamación de inconstitucionalidad lo que puede derivaría en un cambio del sistema de justicia constitucional en aras a la eÀcacia À y

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a la subsanación de la lentitud de los procedimientos que se desarrollan en el Tribunal Constitucional. ¿Puede esta nueva regulación hacernos considerar un cambio en la posición del Tribunal como garante de los derechos fundamentales? ¿De la jurisdicción constitucional? ¿Nos encontramos más cercanos a la concepción de jurisdicción difusa del sistema norteamericano? De momento nuestra respuesta es no. Desde la aprobación de la reforma en el 2007 el carácter del recurso de amparo es objetivo, lo que podría inducir a contestar en sentido aÀ Àrmativo a la pregunta formulada, si bien no podemos descartar que en algunos supuestos se imponga exclusivamente la protección subjetiva si la lesión de un derecho fundamental se deriva de un perjuicio especialmente grave para el recuÀ la trascendencia constitucional rrente en amparo cuando se justiÀque en función del perjuicio que deriva de la misma. Sólo fundada en esta posibilidad, nuestra respuesta a la pregunta formulada es negativa, máxime cuando en el FJ2 de la SSTC 155/ 2009 de 25 de junio el Tribunal reconoce “el carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de especial trascendencia constitucional como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación” sin excluir la reparación de una vulneración sufrida y no reparada y no sólo la aplicación de la concepción objetiva del recurso, lo que deja abierta una pequeña vía a la consideración subjetiva del recurso. Además el propio Tribunal parece mantener en la SSTC 155/2009 de 25 de junio que no supone alteración del sistema jerárquico de la jurisdicción constitucional por cuanto el Tribunal mantiene su jerarquía como garante último y como máximo intérprete del sistema constitucional, lo que supone mantener, a juicio del Tribunal, la función de ambas jurisdicciones. 1.3. LA

ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL

Como constatábamos en el epígrafe previo, de las muchas modiÀÀ caciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que introduce la LO 6/2007 de 24 de mayo, destaca la referida al trámite de admisión del recurso de amparo. Antes de la aprobación del artículo 50.1 b) de la LOTC el Tribunal Constitucional podía acordar motivadamen-

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te la inadmisibilidad del recurso de amparo si concurrían alguno de los supuestos como: extemporaneidad, defectuosa presentación de la demanda, invocación de derechos no susceptibles de amparo, carencia maniÀesta À de contenido constitucional y que el Tribunal hubiese desestimado con anterioridad supuestos sustancialmente iguales. Tras la reforma el control de admisión pasa a sustentarse, de un sistema de causas de inadmisión tasadas, a otro en el que el recurrente debe, además de los motivos prescritos en la LOTC antes de la reforma, alegar y acreditar también que el contenido del recurso justiÀ Àca una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional (Art. 50.1.b LOTC) (Auto 290/2008 de 22 de septiembre en su FJ 1). Ello supone una inversión del juicio de admisibilidad por cuanto que el Tribunal debe veriÀcar À en el trámite de admisión si la demanda reúne todos los requisitos previstos en la LOTC. La demanda de amparo debe pues incluir la argumentación respecto a la especial trascendencia constitucional, lo que obliga a cambiar el contenido típico de la demanda. De la interpretación del artículo 50 LOTC y disposiciones concordantes, estos son los aspectos que el Tribunal debe veriÀ Àcar para la admisión de la demanda que se presente solicitando el amparo: — Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 de la misma Ley Orgánica, lo que implica la invocación por el recurrente de la lesión de un derecho fundamental tutelable en amparo ex art. 53.2 y 161.1 CE y 41 LOTC. — Que al escrito se acompañen los documentos y copias exigidos por los artículo 49.2 y 3 LOTC (Este requisito es subsanable y resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 49.4 LOTC que permite en el plazo de 10 días subsanar el defecto). — Que la lesión sea debida a la actuación de un poder público y en el caso concreto de un órgano judicial, se exige haber agotado la vía judicial establecida por ley (art. 44.1 a) LOTC) y haber denunciado la lesión tan pronto como ésta se hubiera manifestado (art. 44.1 c) LOTC) debiendo interponerse la demanda dentro del plazo Àjado (en este caso 30 días conforme al artículo 44.2 LOTC).

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— Que la demanda de amparo satifaga los requisitos de contenido y forma del artículo 49 LOTC, que suponen la exposición clara y concisa de los hechos que la fundamenten y la cita de los preceptos constitucionales que se estimen infringidos, À Àjando con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad vulnerado (ATC 188/2008 de 21 de julio FJ 2). El Tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia que tiene la demanda en amparo como escrito rector para acotar, deÀ Ànir y delimitar la pretensión y por tanto, la resolución del recurso de amparo (por todas SSTC 7/2008 de 21 de enero FJ1). No son meros formalismos al estar justiÀ Àcados en la necesidad de proporcionar elementos necesarios para la formulación del juicio que corresponde hacer al Tribunal (SSTC 82/1995 de 5 de junio FJ 5), que considera que quien presenta la demanda ha de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente cabe esperar, y que se integra en el deber de colaborar con la jurisdicción constitucional, sin que corresponda al Tribunal suplir los razonamientos de las partes, ni reconstruir la demanda de oÀcio À (SSTC 76/2007 de 16 de abril) y ello integrado en el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional (SSTC 68/2006 de 13 de marzo). — Y por último se exige se dé cumplimiento a dispuesto en el artículo 49.1 y 50.1 a LOTC de justiÀcar À expresamente la especial trascendencia constitucional del recurso, presupuesto necesario para el examen preliminar de fondo por parte del Tribunal (art. 50.1 b LOTC). À de la especial trascendencia constitucional se reÀeLa justiÀcación re a la inclusión como requisito de admisión de la demanda de un À el interés constitucional más allá de la razonamiento que justiÀque mera denuncia. El recurrente en amparo tiene la obligación formal de argumentar la especial trascendencia constitucional de su demanda. Es pues un requisito formal autónomo de la demanda que es distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamen-

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tal o libertad pública tutelable en amparo, y por ello requiere la inclusión de un apartado en la demanda dedicado a la justiÀ Àcación de la trascendencia constitucional, ello sin perjuicio claro está de la apreciación que sobre esta cuestión realice el Tribunal, atendiendo a los criterios señalados por el artículo 50.1 b) LOTC acerca de si, cumplida la exigencia por el recurrente, el recurso de amparo reviste una especial trascendencia constitucional que justiÀ Àque una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal. La Sentencia 155/2009 de 25 de junio en su FJ 2 clariÀca À el contenido que el Tribunal Constitucional entiende debe tener de fondo el recurso de amparo para la admisión y el cumplimiento del requisito de especial trascendencia constitucional. El Tribunal entenderá cumplido el requisito si el fondo del asunto: — Tiene importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución o para su general eÀ Àcacia. — Si da lugar a un pronunciamiento del Tribunal que permita determinar el contenido y alcance de los derechos fundamentales. — Si se plantea una cuestión en la que el Tribunal pueda sentar nueva doctrina que hasta ese momento no haya tenido oportunidad (SSTC 70/2009 de 23 de marzo FJ1). — O bien da ocasión al Tribunal para cambiar o aclarar su doctrina. También contempla la posibilidad de que la vulneración o la lesión de derechos o libertades fundamentales se produzca por: — Una ley o una disposición de carácter general. — Por una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución. — Cuando la doctrina del Tribunal Constitucional esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretado de mane-

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ra distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros. — En el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa maniÀ Àesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. — O siempre que el asunto suscitado trascienda del caso concreto y se plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, económica o tenga consecuencias políticas, especialmente en determinados amparos electorales o parlamentarios. Ahora bien, el Tribunal no establece que sea ésta una enumeración números clausus, dejando abierta la posibilidad a considerar otros supuestos debido al carácter dinámico del ejercicio jurisdiccional. La propia naturaleza sustantiva y la función que cumple la carga establecida en el inciso À Ànal del artículo 49.1 LOTC, en relación con lo dispuesto en el artículo 50.1 LOTC, impide considerar que el requisito de especial trascendencia constitucional sea de naturaleza subsanable. Se trata de una exigencia inexcusable en cuanto requisito de orden sustantivo, reÁ Áejada en el expresión “en todo caso”, cuyo cabal cumplimiento se conecta con la mejor ordenación, en su conjunto, del recurso de amparo tal y como resulta de la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007 (ATC 188/2008 de 21 de julio FJ 3). La pretensión de argumentar la trascendencia constitucional constituye un sustrato material que de admitirse su subsanación trastocaría los principios generales del proceso y las garantías de seguridad jurídica que quedarían seriamente dañadas si se permitiera que las argumentaciones que tienen como consecuencia la admisión del recurso, pudieran ser introducidas ex novo con posterioridad a la presentación de la demanda. Es una realidad que la nueva regulación ha diÀcultado À la admisión de los recursos de amparo, sólo hay que ver el número de autos de inadmisión de los recurso, pero debemos tener presente el objeto de la reforma y la naturaleza del Tribunal Constitucional que los constituyentes pretendieron conferir al Tribunal Constitucional, un objeto

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desvirtuado por la práctica y que ha provocado una enorme carga de trabajo del Tribunal y, tras la aprobación de la reforma un elevado número de providencias y autos de inadmisión. La memoria publicada por el Tribunal en 1999 reÁeja Á que ese año tuvieron entrada 5651 asuntos, de los cuáles el 98,77% eran recursos de amparo. En 2014 al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.878 asuntos jurisdiccionales, de los cuáles 7663 fueron demandas de amparo y, aunque sigue siendo un número inferior a los 11.471 asuntos nuevos ingresados en 2006, un año antes de la reforma, son todavía un número elevado de asuntos para un órgano cuya función originaria es el control de constitucionalidad de las leyes. A lo largo del año 2014, las salas y secciones admitieron a trámite 73 recursos de amparo, inadmitieron por auto otros tres –la sala primera inadmitió dos recursos de amparo electoral en los AATC 52/2014 y 53/2014, de 24 de febrero, y la sala segunda inadmitió un recurso de amparo en el ATC 300/2014, de 15 de diciembre– y dictaron 6.662 providencias de inadmisión. Tres de esas providencias fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. De modo que del total de decisiones del Tribunal adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (6.738, cifra que resulta de sumar a los tres autos de inadmisión y 6.662 providencias de inadmisión, las 73 providencias de admisión de recursos de amparo dictadas) el 98,92 por 100 supuso la inadmisión del recurso. La última memoria publicada por el Tribunal Constitucional en 2014 elaborada por los servicio del Tribunal reÁeja Á las cifras totales y los motivos de inadmisión de los recurso de amparo, nos detendremos sólo en el análisis de dos de ellas. De los 7663 recurso de amparo que llegaron al Tribunal en 2014 un 31, 37% de los recursos fueron inadmitidos por la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado y un 36,24 % por falta o la insuÀciente À justiÀ Àcación de la especial trascendencia constitucional. À En el primero de los supuestos creemos que la razón que justiÀca la elevada inadmisión de los recursos es la transformación que la

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práctica jurídica ha provocado en la función asignada al Tribunal Constitucional convirtiéndolo, por la práctica de los operadores jurídicos, en una 4ª instancia que permite defender las causas de los justiciables, forzando en ocasiones la interpretación de la lesión del derecho provocada por los órganos judiciales cuando dictan sentencias contrarias a los intereses de las partes implicadas. Respecto a la trascendencia constitucional creemos que en la mayoría de las ocasiones la práctica diaria de los operadores jurídicos, en especial los abogados que son quienes plantean los recursos de amparo, diÀculta À el enfoque de las cuestiones objeto de recurso en la argumentación de las violaciones de derechos centrados en la norma Constitucional obviando que la Constitución no es sólo una norma Áeja un concreto sisjurídica, sino una norma jurídico política que reÁ tema político, por lo que enfoque reproduce las argumentaciones de la jurisdicción ordinaria limitando en ocasiones sus argumentaciones al principio de legalidad. Debiera favorecerse el “tratamiento constitucional” de los asuntos objeto de estudio del Tribunal. En 1999 la invocación del artículo 24 de la Constitución constituía el 82,42% de los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional, y en 2014 se mantiene el predominio habitual, tendencia de los últimos años, de los recursos de amparo promovidos en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal y centradas en las garantías constitucionales de los artículos 17, 24 y 25 de la Constitución; de los 5.570 recursos presentados en 2014 se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución en el 72,68 % de las demandas de amparo. Áexionar sobre la necesidad de recomendar un Ello nos lleva a reÁ nuevo enfoque a la hora de preparar las demandas de amparo; los abogados deberían tener en cuenta que la jurisdicción constitucional diÀ Àere de la jurisdicción ordinaria básicamente en su argumentación, y que para justiÀ Àcar la trascendencia constitucional o argumentar sobre la lesión y vulneración de un derecho fundamental deben tener en consideración la naturaleza de la Constitución como norma jurídicopolítica y del Tribunal Constitucional como garante del sistema constitucional en ella reÁ Áejado, quizás sea esa la forma de disminuir los autos y providencias de inadmisión.

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2. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS Y LAS ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cada una de las funciones que asume el Tribunal Constitucional se actúan por medio de una serie de procesos en virtud de los cuales el Tribunal Constitucional responde a las distintas pretensiones que se le plantean en relación con sus propias competencias. Los procesos constitucionales, como todos los procesos en general se caracterizan por conÀgurarse À como una unidad directamente articulada para la satisfacción de las pretensiones jurídicas en las que se integran los elementos constitutivos de todo proceso: sujetos legitimados, el objeto y la actividad que supone la satisfacción de la pretensión que da inicio al procedimiento. La Constitución establece dos vías de acceso al control de constitucional, la directa, el recurso de inconstitucionalidad (art. 161 a) CE) y la incidental, la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE). Las dos tienen en común el objeto sobre el que recae el proceso, en ambos casos el objeto del recurso será una norma con rango de ley de la que se duda de su constitucionalidad, lo que implica necesariamente un juicio de contraste entre la Constitución y la ley. Como expusimos al comienzo del presente libro, el objeto de éste se centra en el análisis de aquellos procesos de la jurisdicción constitucional en los que participan activamente los abogados en defensa de los derechos de sus clientes. Esta y no otra es la razón por la que hemos englobado en epígrafes diferenciados el recurso de inconstitucionalidad, junto con otros procesos constitucionales que tienen cabida en el Tribunal Constitucional, y la cuestión de inconstituciona-

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lidad, pues a efectos meramente académicos tal distinción no tendría sentido. 2.1. EL RECURSO

DE INCONSTITUCIONALIDAD

El objeto del recurso de inconstitucionalidad es la pretensión procesal presentada al Tribunal Constitucional por los sujetos legitimados para ello en la que se denuncia, con los fundamentos adecuados, la posible inconstitucionalidad de una norma o disposición con fuerza de ley en vigor; la inconstitucionalidad puede ser tanto formal como material. El artículo 27 LOTC concreta el contenido del artículo 161.1 a) CE. De la enumeración que hace el precepto de las normas legales que pueden ser objeto de control de constitucionalidad se pueden abstraer dos tipos genéricos: por un lado, normas con rango de ley formal, es decir aquéllas que proceden del legislativo a través de los procedimientos legislativos especíÀcos À de elaboración y aprobación; y de otro normas, con rango asimilable a la ley formal (como es el caso de los Reglamentos parlamentarios tanto de las Cortes, como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, la legislación delegado y de urgencia o los Tratados Internacionales). Como las leyes gozan de un principio de presunción de legitimidad constitucional, la interposición de un recurso no implica la suspensión de la ley impugnada que sigue en vigor y produciendo efectos jurídicos mientras no sea declarada expresamente su inconstitucionalidad por sentencia del Tribunal Constitucional (art. 30 LOTC). Así también es entendido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” la norma legal, aun contraria a la Constitución, está vigente en tanto que este Tribunal no la declare inconstitucional “ (SSTC 23/1988, de 22 de febrero). Sólo cabe la suspensión de la norma sobre la que se plantea el recurso en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución que desarrolla el artículo 30 LOTC, que contempla la posibilidad de que el Gobierno por medio del Presidente impugne leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas,

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solicite la suspensión con la intención de evitar situaciones jurídicas de difícil o imposible reparación si la norma impugnada es declarada inconstitucional; el plazo máximo de suspensión es de cinco meses, transcurrido este tiempo sin que el Tribunal haya dictado sentencia deberá éste ratiÀ Àcar o levantar la suspensión La capacidad para instar un recurso de inconstitucionalidad recae en el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, siempre que las normas denunciadas por inconstitucionalidad afecten a la Comunidad Autónoma recurrente [arts. 162.1.a) CE y 32 LOTC]. Es pues una legitimación claramente institucional que responde a una enumeración números clausus, lo que impide presentar el recurso no sólo a las personas físicas y jurídicas sino también a cualquier poder o instancia pública no incluida en la relación especíÀ Àca de los artículos 162 CE y 32 LOTC, por lo que tanto los litigantes activos como los pasivos en el recurso de inconstitucionalidad serán poderes públicos. La conexión entre los órganos legitimados y la naturaleza de la norma que puede ser objeto del recurso de inconstitucionalidad pone de maniÀ Àesto que, salvo en el caso del Defensor del Pueblo, se procederá a la interposición del recurso de inconstitucionalidad cuando no exista acuerdo político sobre el contenido de la norma impugnada. Si la regulación de la ley es fruto de un acuerdo político, entre mayorías y minorías o bien entre órganos estatales y autonómicos, aquélla no será recurrida por muy inconstitucional que se sospechara que pudiera ser, porque ninguno de los órganos legitimados para hacerlo estarán interesados en ello; la realidad es que el recurso de inconstitucionalidad sólo se interpondría, recordemos que el Tribunal sólo puede actuar a instancia de parte (salvo en la autocuestión de inconstitucionalidad), en el supuesto de que no hubiera sido posible el acuerdo político; es decir cuando la ley hubiera sido aprobada únicamente con los votos de la mayoría sin integración por lo tanto de las minorías que son las que plantearían el recurso de inconstitucionalidad, o bien por la sola voluntad de un órgano estatal o autonómico, se planteará el recurso de inconstitucionalidad.

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Para la interposición del recurso de inconstitucionalidad los sujetos legitimados tienen un plazo de tres meses desde la publicación oÀcial À de la norma impugnada (art. 33.1 LOTC). El plazo se puede elevar a nueve meses cuando el Presidente del Gobierno o los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas interpongan el recurso y, con el Àn de evitar la interposición del recurso intenten resolver previamente sus discrepancias sobre la norma legal objeto de discordia (art. 33.2 y 3 LOTC) siempre que se cumplan los requisitos que enumera el artículo 33.2 de la LOTC. El trámite de admisión o inadmisión del recurso corresponde a las secciones del Tribunal que apreciarán si éste reúne los requisitos formales necesarios para que pueda darse paso al proceso de inconstitucionalidad, en la mayoría de las ocasiones será el pleno quien se ocupe de su resolución. Admitida a trámite la demanda el Tribunal procederá a emplazar a los sujetos legitimados y siguiendo lo prescrito en el artículo 34 LOTC dará traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado (por conducto de sus Presidentes), al Gobierno (por conducto del Ministerio de Justicia), y, en el caso de que la norma recurrida fuese una ley autonómica, a los órganos legislativos y ejecutivos de la Comunidad Autónoma autores de la norma recurrida. La ÀnaÀ lidad de la comunicación de la demanda a los órganos legitimados pasivamente no es otra que éstos «puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas». Tras la personación y la formulación de alegaciones el Tribunal deberá dictar sentencia. 2.2. EL

RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PROYECTOS

DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y SUS PROPUESTAS DE REFORMA

La Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modiÀ Àcación de la LOTC, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modiÀcación À ha introducido un procedimiento de control de constitucionalidad especíÀ Àco frente a Los Estatutos

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de Autonomía. Se trata de un recurso previo de inconstitucionalidad que permite controlar la adecuación de las normas estatutarias con la Constitución antes de su entrada en vigor. La existencia del recurso previo de inconstitucionalidad se encontraba instituida por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, aunque fue suprimido tras la promulgación de la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio. Esta reforma se ha articulado mediante la adición de un nuevo Título VI bis y un nuevo artículo 79 (que se había dejado sin contenido la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio). Según declara su Exposición de motivos, se hace necesario y conveniente para evitar el cuestionamiento constitucional e institucional y vertebrar con rigor jurídico y cohesión social el Estado.Los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución (art. 147 CE), siendo el Tribunal Constitucional quien ostenta el monopolio de su control de constitucionalidad.Se argumenta, citando el informe del Consejo de Estado sobre las reformas de la Constitución española que el sistema de control a posteriori hasta ahora existente puede que no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía normativa. À El recurso previo tiene por objeto la impugnación del texto deÀnitivo del proyecto de Estatuto o de la propuesta de reforma de Estatuto tras su tramitación en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con la LOTC, están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.Por lo demás, el procedimiento se rige por lo previsto para los recursos de inconstitucionalidad, si bien, por la naturaleza propia de este recurso, el plazo para su interposición es extremadamente breve, tres días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín OÀ Àcial de las Cortes Generales». La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes.Y para evitar dilaciones indeseables en su resolución, se establece un plazo

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improrrogable de seis meses para que el Tribunal resuelva con carácter preferente. El nuevo artículo 79 precisa ademásque cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el À Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modiÀcado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.La Sentencia estimatoria del recurso tendrá como consecuencia la imposibilidad de seguir el procedimiento en tanto los preceptos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modiÀ Àcados por las Cortes Generales. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa. 2.3. LOS

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

La labor de la justicia constitucional consiste en salvaguardar no ya el texto formal de la Constitución, sino los elementos valorativos que contiene la Constitución respecto al resto del ordenamiento, garantizando la supremacía de aquellos valores constitucionales que no son siempre estrictamente jurídicos sino que con frecuencia responden a valoraciones sociales y políticas y con ello preservar el sistema que concreta nuestra Constitución. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional articula una pluralidad de procesos constitucionales que tienen como Ànalidad que el Tribunal preserve, con la línea evolutiva que crea más adecuado establecer, el sistema jurídico-político de nuestra Constitución y por ello reconoce el papel del Tribunal Constitucional en lo que se reÀ Àere a los conÁ Áictos de competencia. En relación con los repartos de competencias establecidos por la Constitución y los órganos implicados a tenor de lo prescrito en el artículo 59 LOTC podemos enunciar cuatro tipos de conÁ Áictos: los conÁictos entre el Estado y las Comunidades

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Autónomas o entre las Comunidades Autónomas entre sí, los conÁ Áictos entre órganos constitucionales del Estado y los conÁ Áictos en defensa de la autonomía local. Los artículos 161.1 c) de la Constitución y 59.1 y 2 de la LOTC articulan los conÁ Áictos de competencias que se pueden plantear entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre estas entre sí. El conÁ Áicto se presentará como un conÁicto Á entre poderes públicos del Estado referido al reparto competencial constitucionalmente establecido y derivado de la estructura autonómica del Estado, pudiendo manifestarse tanto como conÁ Áicto positivo (ambos se creen competentes para conocer de la materia objeto de conÁicto) Á como negativo (ninguno de los entes territoriales se cree competente para conocer). En los primeros años de andadura del Estado autonómico fueron Á de competencias que se plantearon, y de henumerosos los conÁictos cho la doctrina emanada de las sentencias por medio de las cuales el Tribunal dio respuesta a aquellos conÁictos Á ha incidido de forma sustancial en la articulación del modelo territorial, precisando los ámbitos competenciales y el alcance de las facultades del Estado y de los entes territoriales. Como es lógico, en la medida en que el Estado de las autonomías se ha ido asentando y deÀ Àniendo el número de conÁictos planteados ha ido decreciendo signiÀcativamente, en 2014 el Á Tribunal dictó 20 sentencias en conÁictos Á positivos de competencia y se inadmitieron 3 conÁictos Á de competencias negativos. Todos ellos fueron planteados por Gobiernos autonómicos en relación con disposiciones y resoluciones de la Administración del Estado. À de los En la misma línea aunque los sujetos implicados diÀeren conÁ Áictos de competencia tratados en epígrafes previos, los conÁictos Á en defensa de la autonomía local siguen el procedimiento descrito en el artículo 16.1.d); el procedimiento tiene desarrollo en los artículos 75 bis, ter, quater y quinque de la LOTC. El objeto del procedimiento son las normas del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local garantizada constitucionalmente. Están legitimados para presentar el conÁicto Á el municipio o provincia que sea destinatario único de la ley, o, si la ley afecta a varios, los municipios o las provincias afectados, siempre que cumplan

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determinados porcentajes de representatividad (art. 75.ter. 1 b) y c) plasmados en que lo presenten un determinado número de municipios o provincias que representen un determinado porcentaje de la población. Antes de plantear el conÁicto Á se requiere el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales y se deberá solicitar, en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, un dictamen preceptivo aunque no vinculante al Consejo de Estado o del órgano consultivo correspondiente de la Comunidad Autónoma. Áicto ante el Tribunal Recibido el dictamen se plantea el conÁ Constitucional que dará traslado del mismo a los órganos legislativos o ejecutivos de quien hubiese emanado la ley. Tras la personación y la formulación de alegaciones, el Tribunal dictará sentencia sobre si existe o no vulneración de la autonomía local precisando según proceda a quien corresponde la titularidad de la competencia controvertida y resolverá, en su caso, a través de declaración de inconstitucionalidad si así lo apreciara. En este último caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la LOTC respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad y lo que se reÀere À en el artículo 38 LOTC sobre los efectos de las sentencias recaídas en procesos de constitucionalidad. Áictos de competencia es el El último de los supuestos sobre conÁ referido a órganos constitucionales del Estado y es desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en sus artículos 2.1.d), 59.3 y 73 a 75 LOTC en base al art. 161.1.d) CE. Los órganos que pueden suscitar estos conÁ Áictos de competencia son: el Gobierno, cada una de las Cámaras que integran las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial. Como puede observarse, todos los órganos legitimados son órganos constitucionales, aunque no todos los órganos constitucionales están legitimados para plantear el conÁicto. Á Sin embargo, desde el momento en que la articulación de este tipo de conÁ Áictos se hace en la LOTC, al amparo del art. 161.1 d) CE, la legitimación concreta puede ampliarse por medio de la misma LOTC, o de otra ley orgánica, lo que de hecho ya sucedió en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, que

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incluyó al Tribunal de Cuentas como órgano legitimado para instar el conÁicto Á de competencias. El conÁ Áicto no cabe plantearlo más que cuando uno de aquellos órganos “estima que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas conÀ Àeren al primero ... » (art.73.1 LOTC), lo que supone que se trata siempre de un conÁicto Á positivo con la Ànalidad de llegar a la anulación de la decisión cuestionada que puede ser desde la aprobación de una norma con rango de ley, hasta la simple decisión o acto. La regulación que hace la LOTC de este procedimiento es la misma que la del proceso llamado a resolver los conÁictos Á positivos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque hay que considerar que se trata de un proceso constitucional cuyo uso ha sido muy limitado y previsiblemente seguirá siendo poco frecuente, ya que de la naturaleza de los órganos constitucionales legitimados para suscitar el conÁ Áicto se deduce que éstos se plantearán, en la mayoría de los casos, en planos tan estrictamente políticos que remitirán su solución a instancias igualmente políticas. 2.4. LA

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA ACTUACIÓN DEL ABO-

GADO EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

La Constitución establece dos vías de acceso al control de constitucional, la directa, el recurso de inconstitucionalidad del que ya nos hemos ocupado en las páginas precedentes, y la incidental, la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE). Las dos tienen en común el objeto sobre el que recae el proceso, en ambos será una norma con rango de ley de la que se duda de su constitucionalidad, lo que implica necesariamente un juicio de contraste entre la Constitución y la ley. Para no reiterar las materias sobre las que pueden ser objeto de la cuestión nos remitimos a la regulación sobre el recurso de inconstitucionalidad, baste decir que serán leyes, disposiciones o actos con rango de ley. La cuestión de inconstitucionalidad se estructura como cuestión incidental en un proceso de jurisdicción ordinaria en el curso del cual

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el juez o Tribunal llamado a resolverlo, se plantea la duda sobre la constitucionalidad de una norma legal en base a la cual debe emitir su fallo. El artículo 163 de la Constitución establece: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”. El Capítulo III de la LOTC se ocupa del desarrollo de la cuestión de inconstitucionalidad, y en su artículo 35 dispone: “Cuando un juez o Tribunal, de oÀ Àcio o instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley”. El artículo 5 LOPJ conviene así mismo: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica” En su apartado 2º proclama que: “procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional”. El órgano judicial podrá plantear la cuestión al Tribunal Constitucional una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución judicial que procediera y deberá concretar: — La ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona — El precepto constitucional que se supone infringido y — EspeciÀ Àcar y justiÀ Àcar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. En este sentido el ordenamiento da la posibilidad a jueces y Tribunales de “salvar” la constitucionalidad de norma por vía de la interpretación o bien mediante la inaplicación de la norma cuestionada, por ello resulta un requisito fundamental de admisión de la cues-

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tión de inconstitucionalidad que la norma sobre la que se plantea la duda resulte aplicable al caso y que de su validez dependa el fallo. Àcar o El artículo 35.2 establece que el órgano judicial deberá especiÀ justiÀcar À en el auto de planteamiento de la cuestión en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma. Es decir, la norma cuestionada debe superar el denominado “juicio de relevancia”, o lo que es lo mismo, la justiÀcación À de que la decisión del proceso depende de la validez de la norma. El Tribunal ya ha advertido que la cuestión de inconstitucionalidad no puede resultar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y Ànalidad propias, lo que sucedería si se permitiera que se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que la cuestión se suscita (STC 42/2013, FJ 2, con cita de otras). Dicho juicio de relevancia ha sido deÀ Ànido por el Tribunal Constitucional como “el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada” (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1, y AATC 93/1999, de 13 de abril, FJ 3, y 21/2001, de 30 de enero, FJ 1, por todos) y constituye “una de las condiciones esenciales para la admisión de la cuestión, pues, en la medida que garantiza una interrelación necesaria (STC 28/1997, de 13 de febrero, FJ 3) entre el fallo del proceso a quo y la validez de la norma cuestionada, asegura la realización efectiva del antedicho control concreto de la constitucionalidad de la Ley” (STC 64/2003, de 27 de marzo, FJ 5; AATC 24/2003, de 28 de enero, FJ 3; 25/2003, de 28 de enero, FJ 3; y 206/2005, de 10 de mayo, FJ 3, entre otros) (STC 146/2012, de 5 de julio, FJ 3, con cita de la STC 166/2007, de 4 de julio, FJ 7). Es claro que la formulación del juicio de relevancia lleva implícita la realización de un juicio de aplicabilidad es decir, la exteriorización del precepto o preceptos aplicables al caso y de cuya constitucionalidad el órgano judicial duda como lógico paso previo a la determinación de por qué se consideran éstos aplicables y determinantes de la decisión que se pretende obtener en el proceso judicial, ya que sólo una vez que han sido concretados dichos preceptos puede aquél exteriorizar el expresado nexo entre su validez y el fallo que debería recaer (STC 64/2003, de 27 de marzo, FJ 5).

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Es por tanto responsabilidad del órgano judicial cuestionante en su Auto de planteamiento, la expresión de los juicios de aplicabilidad y, consiguientemente, de relevancia. Lo que no impide que existen supuestos en los que el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus facultades de control externo del juicio de aplicabilidad y de relevancia formulado por los órganos judiciales al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puede declarar su inadmisibilidad por resultar notoriamente inconsistente o equivocada la argumentación judicial sobre la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada, pues con ello se garantiza que la cuestión responde a la À Ànalidad concreta que la justiÀca. À (SSTC 18/2014 de 30 de Enero). Expresamente en el ATC 39/2012, de 28 de febrero en su FJ 5 sostiene el Tribunal en un litigio en que la primera pretensión planteada por los actores era la de determinar si las normas cuestionadas eran o no aplicables a un determinado colectivo y, habiendo decidido expresamente el órgano judicial elevar la cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver sobre este punto destacó el Tribunal que se hacía necesario que en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se hubiera incluido un pronunciamiento del órgano judicial que, aunque provisional, resultara fundado, en orden a garantizar que, una vez valorados otros parámetros legales –en este caso, el relativo a la aplicabilidad de los preceptos al colectivo afectado–, la resolución del proceso dependía realmente de la constitucionalidad de las normas cuestionadas. En este caso, la falta de razonamiento del órgano judicial sobre la aplicación de las normas cuestionadas al colectivo objeto del conÁ Áicto implicó un deÀciente cumplimiento de los juicios de aplicabilidad y de relevancia exigidos en el art. 35 LOTC, pues sólo en caso de considerarse aplicables, su constitucionalidad o inconstitucionalidad resultaría relevante para la decisión del pleito. En idénticos términos se pronuncian también los AATC 191/2012, de 16 de octubre, y 206/2012, de 30 de octubre. Ahora bien la argumentación que plantee el órgano judicial debe ser suÀ Àciente para que el Tribunal pueda conocer el razonamiento sobre el que discurre la decisión del juez o Tribunal. En el Auto 121/2015 de 7 de julio tras constatar que el Auto de planteamiento

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del órgano judicial cumple con los requisitos procesales establecidos en el art. 35 LOTC el Tribunal considera que, en lo que respecta a la primera de las dudas de constitucionalidad que maniÀesta À el órgano proponente “es tan escueto que difícilmente permite conocer con precisión el razonamiento que lleva a cuestionar la disposición legal de referencia”. En esta caso las dudas se centraban en el artículo 9.3 de la Constitución y a juicio del Tribunal Constitucional, el órgano proponente no exterioriza razonamientos de por qué sostiene la retroactividad de la norma ni cuál sería el alcance máximo, medio o mínimo de la misma y ni siquiera maneja doctrina constitucional en sustento de su posición concreta. El art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Tribunal podrá rechazar, en trámite de admisión, mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada.” El Tribunal ya mantuvo (ATC 133/2014, de 6 de mayo, FJ 2) que el concepto de cuestión notoriamente infundada encierra un cierto grado de indeÀnición À que se traduce procesalmente en otorgar a este Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, existiendo supuestos en los que un examen preliminar permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada “sin que ello signiÀque, À necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta sea arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la Cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de múltiples procesos en los que resulte aplicable la norma cuestionada” declarando la inadmisión. El órgano judicial deberán también tener presente que, “en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modiÀ Àcación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modiÀcación, À resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo” (SSTC 218/2013 de 19 de diciembre FJ 2).

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Antes de adoptar mediante auto su decisión deÀ Ànitiva de plantear o no la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial ha de dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por término de 10 días, para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia del planteamiento sobre el fondo de la cuestión. La iniciativa para plantear la À o a instancia de parte, entendiendo por cuestión puede ser de oÀcio estas las que lo son en el proceso, aunque la decisión À Ànal corresponde sólo al órgano judicial. Ya hemos comentado los requisitos a los que debe dar cumplimiento el juez para la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y creemos recomendable que si el abogado que ostenta la dirección letrada de una de las partes en el proceso entiende que debe plantearse la cuestión, en las alegaciones que se presenten ante el órgano judicial deberá respetar la estructura que el propio órgano judicial ha de presentar ante el Tribunal Constitucional. Nada se dice al respecto en las normas procesales, pero entendemos que contribuirá a la toma de decisiones del órgano judicial en el sentido adecuado para la defensa de los intereses de su cliente. Si una de las partes o ambas, creyeran que la presentación de la cuestión debe ser planteada, creemos deberá hacer constar en las alegaciones con todas las precisiones que hemos señalado en páginas precedentes lo mismo que el órgano judicial: — La ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona — El precepto constitucional que se supone infringido y — EspeciÀcar À y justiÀcar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. El momento procesal para presentar las alegaciones, si la iniciativa es a instancia de parte, dependerá del tipo de procedimiento. Entendemos que en las demandas civiles, laborales o contenciosoadministrativo se integrará en la demanda en el suplico o bien en otro sí y, si fuera penal o en juicio oral, verbalmente. Creemos importante que si se solicita la cuestión de inconstitucionalidad se haga

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especial hincapié no sólo en el juicio de relevancia, también en la trascendencia constitucional. El Tribunal Constitucional ha repetido en numerosas ocasiones que el único sujeto legitimado para plantear la cuestión es el órgano judicial, pues es de quien depende el fallo (SSTC 67/1988 de 18 de abril) ahora bien, como señala el artículo 35.2 en el caso de que el juez decidiera no plantear la cuestión ésta “ .. podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia À Àrme” y, aunque el Tribunal Constitucional ha mantenido que “la cuestión de inconstitucionalidad no es un instrumento procesal para buscar una depuración abstracta del Ordenamiento” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 2; o SSTC 55/2010, de 4 de octubre, FJ 2; 20/2012, de 16 de febrero, FJ 4), lo cierto es que las argumentaciones pueden ser utilizadas por el letrado en las siguientes instancias o bien en el propio proceso ante el Tribunal Constitucional siempre que la vulneración de la Constitución quede bien argumentada desde el primer momento. Cierto es que el Juez no puede remitirse en su auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a las dudas que sobre la constitucionalidad de una norma hayan expresado las partes, las cuales carecen de legitimación para proponer la cuestión ante este Tribunal, ni limitarse a manifestar la existencia de su propia duda sin aducir las razones que la abonan, ya que la decisión del Tribunal Constitucional ha de articularse como respuesta a las razones por las que los órganos de la jurisdicción ordinaria vienen a dudar, en un caso concreto, de la congruencia entre la Constitución y la norma con rango de ley (AUTO221/2013 de 9 de octubre), pero creemos pueden contribuir en la línea procesal más adecuada para la parte que propone plantear la cuestión. Si la cuestión es presentada de oÀcio, À la jurisprudencia del Tribunal Constitucional repetida en innumerables autos de inadmisión exige que en el propio auto y cuando de traslado a las partes, el juez realice una identiÀcación À concreta del precepto o preceptos legales cuestionados, pues de lo contrario se impide que el trámite de audiencia cumpla la À Ànalidad para la que está previsto (SSTC 222/2012, FJ 3; y 30/2012, FJ 2) y se imposibilita a las partes a efectuar ade-

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cuadamente el juicio de aplicabilidad y relevancia de las normas cuestionadas. En efecto, el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve “la importancia del trámite de audiencia, que deriva del doble objetivo cuyo logro justiÀ Àca su existencia: garantizar que las partes sean oídas y poner a disposición del órgano judicial un medio que le permita conocer la opinión de los sujetos interesados con el À Àn de facilitar su reÁ Áexión sobre la conveniencia o no de proceder a la apertura de dicho proceso”; por tal razón, se exige que no sea un “ un simple trámite carente de más trascendencia que la de su obligatoria concesión, cualesquiera que sean los términos en los que ésta se acuerde, resultando inexcusable, que en él se identiÀquen À con precisión tanto los preceptos legales sobre cuya constitucionalidad se albergan dudas como las normas de la Constitución que se consideran vulneradas. Es, por lo tanto, un requisito inexcusable, cuya eventual omisión constituye un defecto en el modo de proposición de la cuestión de constitucionalidad que ha de determinar, tras el trámite previsto en el art. 37.1 LOTC, la inadmisión de la cuestión. (Por todas, SSTC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 2; y 140/2008, de 28 de octubre, FJ 2)” (SSTC 146/2012, de 5 de julio, FJ 2; o 222/2012, de 27 de noviembre, FJ 3; AATC 24/2013, de 29 de enero, FJ 3; y 35/2013, de 12 de febrero, FJ 4). Así mismo el Tribunal ha planteado la necesidad de que en el Auto de planteamiento de la cuestión no se introduzcan elementos nuevos que los sujetos interesados en el proceso no hayan podido previamente conocer ni, por ello, apreciar o impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión, privándose así al órgano judicial de la opinión de aquéllos y no facilitándoles su reÁ Áexión sobre los mismos, pues ello es susceptible de desvirtuar el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC (STC 166/2007, de 4 de julio, FJ 6). En este sentido À el ATC 267/2013, de 19 de noviembre, FJ 3) que resulta clariÀcador dispone que: la providencia debe justiÀ Àcar, mínimamente, la duda de inconstitucionalidad ante quienes deben ser oídos, de manera que las partes puedan (i) conocer el planteamiento de la inconstitucionalidad, (ii) situarlo en sus exactos términos y (iii) pronunciarse sobre él.

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Tras la audiencia de las partes, el juez deberá resolver en el plazo de 10 días sin que quepa recurso de ninguna clase. Conforme a lo prescrito en el art. 35.3 LOTC, “El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión”. Ahora bien, aunque se produzca la suspensión, el Tribunal Constitucional ha admitido que el órgano judicial a quo pueda adoptar las medidas cautelares precisas para asegurar las resultas del juicio o incluso los efectos de la futura Sentencia de este Tribunal resolviendo la cuestión, sin que tampoco exista obstáculo para que lleve a cabo otros actos de instrucción y de ordenación del proceso, pero ha exigido que “no guarden relación con la validez de la ley cuestionada, pues el proceso de fondo sigue pendiente ante él en situación procesal de detención” (ATC 313/1996, 29 octubre, FJ 2; ATC 186/2009, 16 junio, FJ 2). De lo contrario podría apreciar el Tribunal que si el órgano judicial dicta una sentencia que se pronuncie sobre el fondo, aunque pueda atribuirle expresamente un “carácter parcial y provisional, y sin perjuicio de regularización cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie” (ATC 277/2013 de 3 de diciembre) la cuestión resultase innecesaria y determine su inadmisión. De esta manera “[l]o determinante es apreciar si, al dictar su resolución, el Tribunal a quo ha venido a dar aplicación a la ley cuestionada, de tal modo que vacía a la cuestión por él suscitada de todo efecto o signiÀcado À práctico dentro del proceso de origen” (ATC 313/1996, FJ 3; y ATC 42/2004, de 10 de febrero, FJ 2) y la cuestión de inconstitucionalidad perdería su objeto. No hay que olvidar que lo que persigue la fase de suspensión prevista en el art. 35.3 LOTC es asegurar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las dudas de constitucionalidad planteadas resulte previo a la aplicación de las normas cuestionadas por el órgano promotor, de forma que incida sobre el litigio concreto que dio origen a la cuestión y respecto al que la resolución judicial se encuentra pendiente de ser dictada (ATC 134/2006, de 4 de abril, FJ 2) lo que afecta directamente al juicio de relevancia del auto presentado por el órganos judicial.

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Concluido este trámite, el órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión junto con los testimonios de los autos principales y las alegaciones, si las hubiere. Una vez admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, las partes del proceso pueden personarse ante el mismo para formular alegaciones (artículo 37.2 LOTC). En este momento se podrá precisar, si fuese necesario, el ámbito de las cuestiones planteadas en las alegaciones. Como se verá más adelante, el art. 56.1 de la LOTC dispone que la interposición de un recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o Sentencia impugnados, concretando el art. 56.2 LOTC que podrá disponerse la suspensión cuando su ejecución “produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su Ànalidad”, si bien se consagra como limitación a esa facultad que À “la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de otra persona”. De ello se deriva, como regla general, que la admisión del amparo no conlleva la automática suspensión de la ejecución de los actos recurridos, como parece se realiza en la cuestión de inconstitucionalidad o en la resolución que a tal efecto dicte el órgano judicial, ni siquiera en el supuesto expresamente previsto de la pérdida de Ànalidad del amparo, dado que la suspensión se condiciona a la no producción de perturbación grave de intereses constitucionalmente protegidos o de los derechos fundamentales y libertades públicas de un tercero (ATC 196/2013 DE 23 de septiembre). Ello nos hace pensar en la posibilidad de plantear una suspensión tras la personación ante el Tribunal Constitucional en las cuestiones de inconstitucionalidad, si el órgano judicial no hubiera considerado un determinado aspecto que fuera de interés para las partes. Ahora bien, el Tribunal sólo ha accedido a la suspensión en los recursos de amparo en casos excepcionales, y nunca por motivos económicos, pues conviene que los efectos económicos son de sencilla reparación. El Tribunal ha puesto de maniÀesto, À en lo que se reÀ Àere a la ejecución de las resoluciones judiciales cuyos efectos son fundamentalmente patrimoniales o de contenido económico que, con carácter general, ni causa un perjuicio irreparable ni puede hacer

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perder al amparo su Ànalidad (lo mismo cabría aplicar en el caso de que nos planteáramos un aspecto que el órgano judicial no hubiese previsto al plantear la cuestión de inconstitucionalidad), al ser posible la restitución íntegra de lo ejecutado. De ese modo, sólo se ha accedido a la suspensión en supuestos excepcionales en que la ejecución de las resoluciones recurridas en amparo acarrearía perjuicios económicos muy difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse (por todos, ATC 81/2012, de 7 de mayo, FJ 2). Recibidas las actuaciones el Tribunal determinará la admisión de la cuestión con los efectos procedentes, o la inadmisión cuando faltaren las condiciones procesales o fuera notoriamente infundada la cuestión, siendo esta resolución motivada. Una vez admitida la cuestión y remitidas las alegaciones de las partes, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la LOTC el Tribunal podrá, en cualquier tiempo anterior a la decisión, comunicar a los comparecidos en el proceso la eventual existencia de motivos distintos a lo alegados, bien para la admisión o inadmisión o para la estimación o desestimación de la pretensión pudiendo plantear la audiencia a las partes en un plazo de 10 días. 2.5. FINALIZACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO.

SENTENCIAS

Y AUTOS

Tras la admisión del recurso, la cuestión, el conÁicto Á de competencias o, en su caso, el recurso de amparo, el Tribunal procederá al estudio de fondo del asunto y a dictar resolución. En el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el Art. 80 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, modiÀ Àcada por la ley orgánica 15/2015 de 16 de octubre, se dispone que se aplicará con derecho supletorio a la presente ley, los preceptos de la Ley orgánica del Poder Judicial y de la ley de Enjuiciamiento civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos y comunicación; también en los actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, computo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oÀ Àcial y policía de estrados.

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También se aplicará con carácter supletorio, la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa en materia de ejecución de resoluciones. No es el objeto de este epígrafe analizar el procedimiento interno del Tribunal hasta que dicta sentencia, si no los efectos de sus resoluciones, por si resultase de interés, nos remitidos señalado en el análisis sobre la composición y funcionamiento del Tribunal en los primeros epígrafes. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la LOTC, las resoluciones del Tribunal pueden adoptar cuatro formas: autos, providencias, declaraciones y decisiones. Las providencias son decisiones no motivadas del Tribunal que suelen ser relativas a la ordenación de los trabajos del Tribunal. Los autos son resoluciones motivadas y revisten esta forma las decisiones de inadmisión, desistimiento, renuncia y caducidad. Suele revestir la forma de declaraciones, las decisiones adoptadas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Tratados Internacionales. Las sentencias À Ànalizan los procesos de amparo y constitucionalidad. Tanto las sentencias como las declaraciones se publican en el Boletín OÀcial À del Estado dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo, aunque el Tribunal también podrá ordenar la publicación de los autos cuando estime pertinente. Las sentencias del Tribunal Constitucional y los autos de inadmisión tienen la estructura formal común que caracteriza a este tipo de decisiones: antecedentes, en los que se recogen las circunstancias de hecho que han llevado a la presentación del recurso constitucional así como el petitum del mismo, junto con las alegaciones presentadas (un resumen de las mismas) por los recurrentes y los legitimados pasivos; los fundamentos en los que el Tribunal expresa los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión; junto a los ratio decidendi, los obiter dicta conÀguran À razonamientos complementarios a aquéllos; Ànalmente el fallo, es decir la decisión del Tribunal Constitucional en relación con el petitum del recurso. La motivación jurídica (arts. 80 LOTC y 218 LEC), que es requisito genérico de estas decisiones judiciales, se integra en los fundamentos de la sentencia como el razonamiento jurídico que lleva al Tribunal a adoptar un determinado fallo, razonamiento que constitu-

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ye, en deÀnitiva, À la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Constitución y de las normas aplicables al proceso en cuestión. También es común a la función jurisdiccional el principio de congruencia de las sentencias en virtud del cual el contenido del fallo debe acomodarse a la pretensión procesal, de tal forma que la sentencia debe responder a las cuestiones planteadas en la pretensión. Estas características genéricas tienen sin embargo peculiaridades especíÀcas À en cada uno de los procesos constitucionales por lo que habrá que precisar la proyección efectiva de dichas sentencias en cada proceso. En este epígrafe nos ocuparemos de los efectos de las sentencias en los procesos de constitucionalidad y, genéricamente cuando la explicación lo requiera, a los recursos de amparo, por cuanto estos son tratados en apartado especíÀ Àco. El Capítulo IV del Título II de la LOTC se ocupa de las sentencias en los procedimientos de inconstitucionalidad y sus efectos. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín OÀ Àcial del Estado. En los procesos de constitucionalidad las sentencias pueden ser estimatorias, o desestimatorias. Si la sentencia es desestimatoria, se conÀrma À la constitucionalidad de la norma recurrida; si la sentencia es estimatoria se declara la inconstitucionalidad, ya sea ésta total o parcial, de la norma denunciada. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como en su caso la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia y, fundará su declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. Salvo en el caso de procesos penales o contencioso- administrativos referentes a un proceso sancionador en el que proceda reducción de pena o de sanción, o una exclusión exención o limitación de la responsabilidad, no procede la revisión de procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.

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Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conÁictos Á en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento posterior fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. Si se trata de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal lo comunicará al órgano judicial que quedará vinculado desde que tuviere conocimiento, y las partes desde el momento en que sean notiÀ Àcadas. La necesidad de garantiza la efectividad real de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, motiva la aprobación de la ley orgánica 15/2015 de 16 de octubre que modiÀ Àca, entre otros, el artículo 87 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y dispone que, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva, pudiendo éste acordar la notiÀ Àcación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que considere necesario. Así mismo se establece que los juzgados o Tribunales, poderes públicos o cualesquiera de las administraciones, prestará auxilio jurisdiccional con carácter urgente y preferente al Tribunal Constitucional cuando éste lo solicite. A estos efectos, las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos. Con la intención de garantizar el cumplimiento efectivo, en la sentencia, resolución o en actos posteriores, podrá el Tribunal determinar quién ha de ejecutarlo, las medidas de la ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. Procederá, cuando así lo estime el Tribunal, a la declaración de nulidad de las resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción. En el supuesto de que el Tribunal advirtiese que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, de oÀcio À o a instancia de las partes del proceso podrá requerir a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares que lleve a cabo su cumplimiento y que informe al Tribunal al respecto. Si transcurrido el plazo À Àjado por el Tribunal, apreciase el incumplimiento total o parcial podrá adoptar cualesquiera de las siguientes medidas:

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Imponer una multa coercitiva de 3000 euros a las autoridades o empleados públicos o particulares involucrados en el incumplimiento, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento integro de lo mandado.

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Acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento.

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En el caso de ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación para que adopte las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de las resoluciones.

—

Puede también deducir oportuno testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal a quien pudiera corresponder.

El art. 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que en el plazo de dos días, a contar desde la notiÀcación, À las partes podrán solicitar la aclaración de la sentencia. Esta actuación judicial, de acuerdo con el art. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá limitarse a “aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión que contengan” sobre puntos discutidos en el litigio, siendo posible también rectiÀ Àcar los errores materiales maniÀestos À y los aritméticos allí contenidos, pero no podrá suponer, sin embargo, variación o modiÀcación À de la Sentencia (entre otros, AATC 363/2007, de 11 de septiembre; 439/2006, de 11 de diciembre; 70/2008, de 26 de febrero, y 32/2010, de 2 de marzo). Sólo nos resta ya analizar la posible tramitación ante el Tribunal una vez dictada sentencia o auto de inadmisión, de la “existencia de un eventual funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional” en la tramitación de las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos de amparo. Conforme al art. 139.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, al Tribunal constitucional corresponde

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el pronunciamiento sobre la posible anormalidad del funcionamiento del Tribunal en la tramitación de recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad a los efectos de la responsabilidad patrimonial. El procedimiento se inicia a instancia de la parte interesada y de corresponder indemnización por funcionamiento anormal del Tribunal el procedimiento para Àjar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. Las “dilaciones indebidas” constituyen una especie del funcionamiento anormal que puede llegar a fundar aquella responsabilidad sobre la que el Tribunal debe pronunciarse necesariamente a través de una declaración de carácter jurisdiccional (entre otros, AATC 106/2012, de 22 de mayo y 120/2012, de 6 de junio). Su apreciación exige el análisis, no de la eventual vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, sino de la posible concurrencia de un presupuesto procesal y material necesario para que el Consejo de Ministros pueda resolver la reclamación indemnizatoria por funcionamiento anormal regulada en el art. 139.5 LPC. (AUTO 172/ 2014 de 23 de junio). Àcado a estos efectos el tiempo empleado Para tachar de injustiÀ en la tramitación de un recurso de amparo o de la cuestión de inconstitucionalidad es preciso que el interesado haya desplegado una doble actividad de diligente colaboración con el órgano judicial y de denuncia de las dilaciones a À Àn de remediarlas (ATC 136/2009, de 6 de mayo, entre otras). A su vez, la duración razonable se corresponde, no con la resultante en abstracto de la suma de los diferentes plazos procesales, sino con la exigida por el caso concreto a la vista de sus circunstancias especíÀcas À y otros criterios como la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración en supuestos del mismo tipo o el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la de las autoridades. En deÀ Ànitiva, la censura de las dilaciones indebidas trata de asegurar que la atención temporal de un caso por la jurisdicción “se preste en los términos usuales o normales, visto el tipo de asunto y demás circunstancias, términos que podrán o no coincidir con la expectativas que se puedan abrigar” (ATC 194/2010, de 2 de diciembre).

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Lo cierto es que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establece plazo alguno para el pronunciamiento del Tribunal en la cuestión o recurso, y que la apreciación de admisión o inadmisión, y en su caso dictar resolución, no consiste en una apreciación mecánica o rutinaria de causas de inadmisión o en la aplicación de un artículo concreto de la norma, consiste en un estudio pormenorizado de requisitos procesales y sustantivos (art. 50.1 LOTC) que a menudo alcanza al fondo de la verosimilitud de las lesiones aducidas (ATC 194/2010). Ello supone una carga de trabajo para la que no sirve de medida la mayor o menor extensión de la providencia de admisión o de inadmisión o en la sentencia en que se traduzca su resultado, por lo que hasta el momento, se han rechazado todas los incidentes que traen caen causa en el mencionado artículo cuando el plazo ha sido más o menos un año, pero sin duda es un procedimiento que da la posibilidad de resolver las dilaciones indebidas en los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal Constitucional.

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3. LA DEFENSA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES La Constitución Española (CE) ofrece un sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales basado en dos vías procesales diferentes: una residenciada ante la jurisdicción ordinaria, esto es, ante los órganos pertenecientes al Poder Judicial; y otra que se sustancia mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los casos previstos en el art. 53.2 CE. La protección jurisdiccional ordinaria presenta, a su vez, un doble modelo. Por una parte, el art. 24.1 CE, al reconocer “el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”, permite a los ciudadanos acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos e intereses legítimos, incluidos lógicamente los derechos fundamentales. Por otro lado, también contamos con el modelo previsto en el art. 53.2 CE, según el cual “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.” El derecho a la tutela judicial efectiva convierte a los tribunales ordinarios en garantes de los derechos reconocidos a los ciudadanos,

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todos ellos, no sólo los derechos fundamentales. En la medida en que todos los derechos fundamentales no operan sólo como valores objetivos del ordenamiento, sino también como derechos subjetivos, todos son invocables por sus titulares ante cualquier órgano judicial en procesos de cualquier orden (civil, penal, contencioso, laboral, etc.). Ello quiere decir que el esquema básico de protección de los derechos fundamentales es su invocación directa ante los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, haciéndolos valer en el proceso que corresponda por razón del objeto del litigio. En deÀ Ànitiva, el Poder Judicial es el garante básico de los derechos fundamentales en todo tipo de procesos, lo que resulta lógico si recordamos que dichos derechos son directamente aplicables. Así lo ha entendido el Tribunal desde el principio, considerando a los jueces y Tribunales los “guardianes naturales de las libertades individuales” (STC 115/1987, de 7 de julio). La tutela de los derechos fundamentales se incorpora claramente como una función propia de la jurisdicción ordinaria. Así se concreta de manera especíÀca À en el art. 7.1 de la LOPJ: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan en su integridad a todos los jueces y tribunales, y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos”. No obstante, la especialidad de los derechos en juego, por ser valores objetivos del ordenamiento jurídico y sobre todo por su eÀcacia À directa, justiÀca À que la intervención jurisdiccional en estos supuestos pueda presentar un régimen procesal singular, que es precisamente lo que prevé el art. 53.2 CE. 3.1. EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN

PREFERENTE Y SUMARIO REGULADO EN LA

El art. 53.2 CE exige que el procedimiento que se desarrolle para la defensa de los derechos fundamentales se base en los principios de preferencia y sumariedad. La especialidad de esta vía de protección no radica en el órgano jurisdiccional, que siguen siendo los jueces y tribunales ordinarios, sino en la delimitación de los derechos

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que pueden ser objeto de este tipo de proceso y en los principios que lo presiden. El proceso sólo es utilizable en relación con los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, más el principio de igualdad ante la ley (art. 14). Los derechos allí recogidos son los que el constituyente ha querido reconocer como verdaderamente fundamentales, al dotarles de una especial garantía jurisdiccional. El procedimiento especial de defensa de los derechos fundamentales no es utilizable para la protección de los derechos contemplados en la Sección 2ª, incluida la objeción de conciencia al servicio militar del art. 30.2 CE, que sin embargo sí es susceptible de tutelarse mediante recurso de amparo. No coinciden los derechos garantizados por el procedimiento preferente y sumario con aquellos que requieren desarrollo por ley orgánica (ex art. 81 CE) o los que se someten al procedimiento rígido de reforma constitucional (art. 168 CE), ya que en ninguno de estos dos supuestos se encuentra incluido el principio de igualdad. Conviene advertir que la concreción normativa de la fórmula genérica contenida en el art. 53.2 CE ha estado llena de vicisitudes, lo que ha hecho que las distintas normas que han desarrollado el art. 53.2 CE hayan restringido la aplicación concreta del procedimiento sumario y preferente, de manera que en deÀ Ànitiva no es aplicable a todos los derechos de la citada sección 1ª sino sólo a los que se han articulado en las normas procesales de desarrollo. Ello es lógico, teniendo en cuenta que a diferencia de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que es un derecho fundamental, la tutela mediante un proceso preferente y sumario es un derecho de conÀ Àguración legal. Además, también hay que tener presente que junto con el procedimiento preferente y sumario, que permite una defensa genérica de los derechos fundamentales en las distintas jurisdicciones y que está regulado en las respectivas normas procesales, nos encontramos con otros procedimientos especiales, que son especíÀ Àcos para la defensa de derechos fundamentales que presentan peculiaridades, o porque se reÀeren À a determinados tipos de lesiones (procesos electorales, habeas corpus, derecho de reunión y manifestación, derecho de rectiÀÀ cación, etc.).

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El principio de preferencia implica que los procedimientos judiciales en los que se solicite la protección o reparación de un derecho fundamental vulnerado disfrutan de prioridad en su tramitación y resolución en relación con los demás procedimientos, con independencia del orden cronológico de entrada de los asuntos. Según el Tribunal la preferencia debe entenderse como prioridad absoluta por parte de las normas que regulan la competencia funcional o el despacho de los asuntos” (STC 81/1992, de 28 de mayo). El procedimiento sumario es aquel que, a diferencia del procedimiento plenario en el que se conocen de todos los aspectos jurisdiccionales sobre los que recae el proceso, tiene limitado su objeto a la defensa de los derechos fundamentales; en consecuencia, los aspectos del proceso no referidos directamente a la salvaguardia de los derechos pasarán a ser considerados en un proceso ordinario. Àca que existe una cognición Desde el punto de vista procesal signiÀ limitada a un solo aspecto, una limitación de los medios de prueba y defensa, y que la resolución recaída no produce los efectos de cosa juzgada. No obstante, el Tribunal Constitucional ha advertido que la sumariedad en este caso no debe entenderse en sentido técnico, sino como equivalente de “rapidez” (STC 81/1992, de 28 de mayo). El objetivo de esta rapidez es poner À Àn lo antes posible a la violación de los derechos fundamentales y restituir al titular en el ejercicio de su derecho cuanto antes. Por ello estos procesos tienen un objeto de protección limitada. La previsión de un procedimiento preferente y sumario fue desarrollada inicialmente por la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (LPJDFP), de 26 de diciembre de 1978. Se trataba de una norma elaborada paralelamente a la propia Constitución con la À Ànalidad de evitar posibles lagunas en la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, que en la actualidad se encuentra totalmente derogada. La LPJDFP, que se dividía en tres secciones –penal, contencioso-administrativa y civil–, provocó diÀ Àcultades técnicas severas pues reunía en una única ley todos los procedimientos de tutela. Hoy existe un amplio consenso sobre la idea de que los derechos fundamentales requieren un tratamiento diverso de sus cauces de protección. Por ello, nos encontramos con una serie de procedimientos

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especiales que podemos denominar generales, por no estar referidos especíÀcamente À a ningún derecho, y otros que podemos denominar especiales especíÀ Àcos, que están concebidos para la protección de derechos fundamentales concretos. Los procedimientos generales se encuentran regulados en las leyes procesales de cada ámbito jurisdiccioÀ se regulan bien en las mismas normas nal, mientras que los especíÀcos procesales, bien en otras leyes de diversa naturaleza. 3.2. LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDIC-

CIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), derogó la Sección segunda de la LPJDFP y pasó a regular en el Capítulo I de su Título V (artículos 114 a 122) el proceso especial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales en el orden contencioso-administrativo, si bien, en realidad, el artículo 122 regula el proceso especial para la protección del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público, que antes desarrollaba el artículo 7.6 de la LPJDFP. De todos los procesos de defensa de derechos fundamentales, el contemplado en la LJCA es, con diferencia, el más utilizado. Ello es así porque está concebido para la defensa frente a las Administraciones Públicas, de las que parten la mayor parte de las vulneraciones de derechos fundamentales –con la excepción de aquellas de índole procesal, referidas al artículo 24 CE–. Conforme al art. 114.1 LJCA “El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley”. Se trata de un procedimiento especial, en el que a diferencia del proceso ordinario no es necesario agotar la vía administrativa. Es más reducido el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción, sólo diez días (art. 115.1 LJCA), tiene una tramitación preferente y más rápida y un sistema de recursos más completo.

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El objeto del procedimiento es la tutela de derechos y libertades fundamentales previsto en el art. 53.2 CE cuya violación sea imputable a una Administración Pública, a través de una disposición, un acto jurídico, la inactividad o la vía de hecho: “Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se reÀeren À los artículos 31 y 32, siempre que tengan como Ànalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.” (art. 114.2. LJCA). Además, a todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente, presidida por la brevedad o sumariedad, lo que se consigue con un diseño decididamente breve de los plazos previstos p p para la sustanciación del procedimiento p (art. ( 114.3 LJCA). ) Éste se desglosa en cuatro fases, que son la de la interposición del recurso, la demanda, la contestación, y la de proposición y práctica de la prueba, en las que el Secretario Judicial asume parte de las funciones de ordenación y tramitación el procedimiento que hasta 2010 correspondían al órgano jurisdiccional (arts. 116-119). El plazo para dictar sentencia se reduce a cinco días. La sentencia “estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo” Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto (art. 121 LJCA). Las características más destacadas de este procedimiento son las siguientes: — Precisamente porque se trata de obtener una protección rápida de los derechos fundamentales, no es preceptivo el recurso administrativo previo, que, sin embargo, sí cabe interponer de manera potestativa. — En el escrito de interposición, a diferencia de lo que ocurre en el recurso contencioso-administrativo ordinario, es preciso indicar concisamente los argumentos sustanciales en que se funda la solicitud de protección de derechos fundamentales (art. 115.2 LJCA). Ello permite al Secretario Judicial convo-

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car una vista preliminar si estima que puede haber algún motivo de inadmisión. — Siempre debe darse traslado al Ministerio Fiscal para que, como defensor objetivo de la legalidad y de la efectividad de los derechos fundamentales, haga las alegaciones que tenga por conveniente. — La LJCA de 1998, sin embargo, ha suprimido la regla especial sobre la suspensión de los actos administrativos en el proceso preferente y sumario, que antes era la de suspensión automática del acto impugnado, de manera que las medidas cautelares en este proceso han quedado sometidas al mismo régimen del proceso contencioso- administrativo ordinario. Ello quiere decir que rigen aquí los criterios generales, recogidos en los arts. 129 y siguientes LJCA. — Contra la sentencia dictada en el procedimiento preferente y sumario cabe siempre recurso de apelación, si la sentencia procede de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (art. 121 LJCA); y de casación, si procede de una Sala de lo Contencioso-Administrativo conociendo en única instancia (art. 86 LJCA). Dado que la ley no establece excepción alguna al respecto, hay que entender que ambos recursos están abiertos no sólo al particular que solicitó la tutela de sus derechos fundamentales y no la obtuvo, sino también a la Administración demandada que se ve condenada. Esta aclaración es importante porque supone una diferencia con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sólo puede ser interpuesto en defensa de los derechos fundamentales, no para reparar eventuales excesos en la protección de los mismos. 3.3.

LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDIC-

CIÓN CIVIL

La Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, en adelante LEC) ha previsto en su art. 249 la tramitación por los cauces

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del juicio ordinario de aquellas demandas cuyo objeto sea la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como las de todas aquellas que pidan «la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental». Aunque esta última referencia no deja de ser un tanto confusa; lo decisivo es que la LEC ha venido a sustituir la remisión que hacía antes la Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil de los derechos del art.18 CE a la ya derogada LPJDFP de 1978, y, sobre todo, el hecho de que dicho artículo 249 LEC atribuye carácter preferente a la tramitación de tales procesos. Por lo tanto, la garantía jurisdiccional civil de la LPJDFP recogida en la sección tercera, arts. 11 a 15, fue derogada por la LEC, instrumentándose a partir de entonces su protección de conformidad con las normas previstas para el juicio declarativo ordinario (arts. 399 a 430 LEC) tal y como se recoge en el art. 249.1.2 LEC: “Las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se reÀ Àeran al derecho de rectiÀcación, À se solventarán por los trámites del juicio ordinario”, con demanda y contestación por escrito, seguida de vista y sentencia. En la actualidad, por tanto, no existe proceso preferente y sumario para la tutela de los derechos fundamentales en este orden jurisdiccional. La primera cuestión es que puede resultar paradójico que el proceso más complejo de la LEC (el ordinario) sea el que deba servir para la rápida protección de los derechos fundamentales. Puede explicarse porque el legislador ha creído que este procedimiento es el que ofrece mejores garantías al ciudadano para defensa de sus derechos, aunque suponga un aumento de trámites. Hay quien considera que hubiera sido mejor remitir las demandas de defensa de derechos fundamentales a los trámites del proceso verbal, aunque dejando la posibilidad de acudir al proceso ordinario en casos especialmente complejos. Àca de este tipo La LEC no hace referencia a la tramitación especíÀ de procedimientos. En la Exposición de motivos se señala que debe tener carácter preferente y sumario. La vista se celebra conforme a lo establecido en el art. 185 y siguientes de la LEC y cada una de las

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partes pueden utilizar los medios de prueba que consideren pertinentes. No hay plazo diferenciado para dictar sentencia. El proceso es plenario, lo que signiÀca À que no existen limitaciones en lo relativo a las alegaciones que pueden efectuar las partes, a los medios de prueba o al conocimiento del litigio por parte del órgano jurisdiccional, ya que el término sumariedad empleado en el art. 53 CE, no es utilizado en sentido técnico procesal de limitación de conocimiento del objeto del juicio, sino como equivalente a celeridad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la LEC contiene, al menos, varias normas especiales en esta materia: El art. 477.2.1. entiende como recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales siempre que se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución; en su artículo 479.2 establece que en el supuesto anterior el escrito de preparación del recurso de casación se limitará a exponer sucintamente la vulneración de derecho fundamental que se considere cometida y en su artículo 487.2 señala que la sentencia que ponga À Àn al recurso de casación en estos casos conÀrmará o casará, en todo o en parte, la sentencia recurrida. À 3.4.

LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURIS-

DICCIÓN SOCIAL

La modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales de carácter laboral, se recoge, por primera vez, en el Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (arts. 174-181), y posteriormente en el Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995 (arts. 175-182), aunque de manera insuÀ Àciente pues sólo contemplaba un proceso especial de tutela de la libertad sindical. Mediante la Ley 13/2009 se modiÀ Àca la denominación del procedimiento pasando a denominarse “tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el Orden Social”, más coherente con el verdadero ámbito material otorgado a dicho procedimiento por la jurisprudencia. Pero no ha sido hasta la aprobación de la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social

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(LRJS), cuando se ha producido una modiÀcación À sustantiva de esta modalidad procesal. La LRJS regula el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en sus arts. 177 a 184. Se distinguen tres bloques de derechos objeto de protección: la libertad sindical y el derecho de huelga (excluidos los funcionarios públicos, personal estatutario y personal del art. 1.3 Estatuto de los Trabajadores); otros derechos fundamentales y libertades públicas (entre los que se pueden incluir, por ejemplo, las vulneraciones del derecho al honor, intimidad, propia imagen, libertad ideológica religiosa o de culto, libertad de expresión etc., que se produzcan en el ámbito de la relación laboral); y una mención especíÀca À relativa a la prohibición del tratamiento discriminatorio y del acoso (art. 177.1 LRJS). Como requisito común a todos ellos, se exige que la vulneración se haya producido “en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del Orden jurisdiccional social, o en conexión directa con las mismas” (art. 177.1 LRJS), lo que permite incluir también las lesiones que proceden de terceros, aunque siempre con una conexión con la relación laboral. Lo más signiÀcativo À es que la LRJS contempla una prohibición de acumulación, de forma que el proceso se limita al conocimiento de la lesión del derecho o libertad, justiÀcada À por las necesarias garantías de preferencia y sumariedad (art. 178 LRJS). Por otra parte, se mantiene la obligatoriedad –contemplada anteriormente en la LPL– de ejercer la tutela a través de la modalidad procesal a la que corresponde el comportamiento empresarial impugnado (despido, modiÀcación À sustancial de las condiciones de trabajo, etc), y que prevalece sobre la modalidad de tutela de los derechos fundamentales. Es decir, si existe una modalidad procesal distinta a la de tutela, y ésta es especíÀ Àca para el comportamiento empresarial que se impugna, tendrá que tramitarse por ese procedimiento y no por el de tutela, lo que al Ànal supone que la mayoría de las vulneraciones de derechos fundamentales no se sustancian mediante el cauce procesal de tutela sino a través de esas otras modalidades, especiÀcadas À en el art. 184 LRJS.

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En cuanto a la tramitación del procedimiento, baste señalar que se aprecia una celeridad en los trámites y brevedad en los plazos, así como que no se requiere previamente ni el intento de conciliación administrativa ni la interposición de la reclamación administrativa previa. La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública (art. 179.2 LRJS). Además, la LRJS prevé normas especiales sobre las medidas cautelares e indemnizaciones (arts. 181 y 183 LRJS). La sentencia, puede declarar haber lugar o no al amparo judicial. En caso de estimarlo, deberá pronunciarse sobre todos o alguno de los extremos que enumera el art. 182 LRJS, dependiendo de cuál fue la pretensión ejercitada. 3.5.

LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDIC-

CIÓN MILITAR

Por lo que se reÀere À al ámbito militar, la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar (LOPM), regula un procedimiento contencioso-disciplinario militar preferente y sumario, disponible frente a las sanciones que pudieran afectar al ejercicio de los derechos fundamentales señalados en el artículo 53.2 de la CE. Se trata pues, de un procedimiento muy concreto, al que sólo pueden acudir quienes se encuentran sujetos a la disciplina militar, y que persigue, frente al procedimiento ordinario, las mismas notas de preferencia y celeridad en la tramitación que caracteriza el amparo ordinario de derechos fundamentales. Su régimen está regulado en el artículo 518 de la LOPM, en el que se establecen ciertas particularidades en la tramitación, dirigidas a obtener con la mayor celeridad posible una resolución sobre el fondo. Contiene, incluso, la previsión de que el Tribunal acuerde la suspensión del acto administrativo impugnado previa ponderación de la defensa del derecho fundamental alegado con los intereses de la disciplina militar. La regla supone una innovación en un ámbito procesal como éste, en el que, como regla general, no se contempla la adopción de medidas cautelares.

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El aspecto más polémico de tal procedimiento fue precisamente el de la pertinencia de atribuir a los propios órganos de la jurisdicción militar la salvaguarda de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha considerado adecuada la atribución de la protección judicial de los derechos fundamentales en el ámbito militar a los órganos judiciales militares, precisamente en virtud de su naturaleza jurisdiccional (STC 113/1995, de 6 de julio). 3.6.

LA

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO DE

DEFENSA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA PENAL

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modiÀ Àcación del procedimiento abreviado, ha derogado expresamente los artículos de la Sección primera de la LPJDFP, que contenían los trámites especiales aplicables a los procesos penales cuando estuvieran motivados por delitos contra derechos fundamentales. En realidad, antes de la aprobación de la Ley 38/2002 sólo se mantenía vigente el art. 3.2 LPJDFP, que permitía al Juez, al iniciar el procedimiento, acordar el secuestro de la publicación o la prohibición de difundir o de proyectar el medio a través del cual se hubiera producido el delito. Hoy en día, esa facultad del órgano jurisdiccional se recoge en el artículo 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El resto de artículos Ley fueron derogados tácitamente a lo largo del tiempo por otras normas. Por lo tanto, actualmente no existen especialidades en la tramitación de los procesos penales que intenten trasladar a este ámbito jurídico las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución. Ello parece un acierto ya que los plazos de los procesos penales no pueden abreviarse desmesuradamente, pues están en juego derechos fundamentales del acusado cuya efectividad tampoco puede verse mermada por un excesivo acortamiento de los plazos procesales. Junto a ello, se ha destacado la diÀcultad À de precisar los bienes jurídicos que deberían protegerse mediante un proceso preferente y sumario en el ámbito penal, pues si se incluyen todas las violaciones de los derechos fun-

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damentales indicados en el art. 53.2 CE que están tipiÀ Àcadas como delito, dicho proceso podría utilizarse contra casi todos los delitos del Código Penal, de manera que el proceso especial podría convertirse, de hecho, en el ordinario. 3.7.

PROCEDIMIENTOS

ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN DE DETERMINADOS

DERECHOS FUNDAMENTALES

Es necesario al menos mencionar los procedimientos especíÀ Àcos de tutela de ciertos fundamentales que se encuentran regulados de manera separada o incluso fuera de las normas procesales generales. a) El procedimiento para la protección del derecho de reunión. Este procedimiento se encuentra regulado en el art. 122 de la LJCA, para los supuestos de “prohibición o de propuesta de modiÀ Àcación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores”. El proceso especial sólo puede iniciarse a partir de la denegación o propuesta de modiÀ Àcación por parte de las autoridades. Cualesquiera otras cuestiones relativas al derecho de reunión deben tramitarse a través del procedimiento general de la LJCA (arts. 114-121), pues se supone que la pretensión de este proceso es únicamente veriÀ Àcar si la prohibición o modiÀ Àcación son conforme a derecho. El plazo para interponer este recurso es muy reducido, 48 horas, lo cual es lógico si se quiere que la resolución judicial se produzca antes de la fecha prevista para la celebración de la reunión o manifestación. El órgano jurisdiccional convocará una audiencia en el plazo de cuatro días y resolverá. Indudablemente este es un procedimiento verdaderamente rápido, ya que de no ser así, la intervención judicial carecería de sentido. b)

El derecho de rectiÀ Àcación (art. 18 CE), que cuenta con una Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de rectiÀ Àcación (LORDR). Se trata de hacer efectivo el derecho de toda persona, natural o jurídica, a rectiÀcar À la información difundida, por cualquier medio de comunicación

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social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio (art. 1 LORDR). A través de este procedimiento se protege el derecho al honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE). En primer lugar, se exige que el interesado remita el escrito de rectiÀcación À al director del medio de comunicación dentro de los siete días siguientes a la publicación o difusión de la información. El director es quien debe publicar o difundir la información dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito. Si dicha publicación o difusión no se produce, entonces el interesado podrá ejercer la acción de rectiÀ Àcación ante el Juez de Primera instancia dentro de los siete días hábiles siguientes (art. 4 LORDR). El proceso se tramitará conforme a las reglas del juico verbal y se dictará sentencia el mismo día o al día siguiente del juicio (art. 6 LORDR). c)

El procedimiento de habeas corpus, regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24, de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus” (LOHC), en desarrollo del artículo 17.4 CE, para los casos de detención ilegal. Se trata de un procedimiento especial, preferente y verdaderamente sumario, para conseguir la inmediata puesta a disposición judicial y eventualmente el restablecimiento del derecho a la libertad personal cuando se haya vulnerado como consecuencia de una detención ilegal. Se inicia de oÀ Àcio o a solicitud del interesado (art. 4 LOHC), frente a detenciones que se reputen ilegales desde el inicio o cuya ilicitud sobreviene posteriormente. Una vez trasladada la solicitud al Ministerio Fiscal, el Juez mediante auto resolverá sobre la incoación del procedimiento (art. 6 LOHC). Si se incoa procedimiento, se requerirá la presencia de la persona detenida en una comparecencia verbal y, tras oír a las partes y practicar prueba en su caso, el Juez dictará resolución entro las 24 horas siguientes a la incoación y se pronunciará sobre la situación personal del privado de libertad (arts. 7 y 8 LOHC).

d) Los procedimientos electorales especiales para la protección del derecho de participación (art.23 CE) cuentan con un ré-

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gimen de recursos judiciales contra las resoluciones de los órganos de la Administración electoral en las distintas fases del procedimiento electoral, previstos en de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que son: i) recurso contra la determinación del Censo electoral, que se interpone ante el Juez de Primera instancia (arts. 39 y 40 LOREG); ii) recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos, que se interpone ante el Juzgado contencioso-administrativo (art.49 LOREG); y iii) recurso contra la proclamación de electos, que se presenta ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia (arts. 109117 LOREG). En todos los casos los plazos son muy breves, dado que el propio proceso electoral es un proceso muy rápido con plazos perentorios. e) El procedimiento de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme ha quedado redactado mediante la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la LOTC, en la que se contempla la posibilidad de declarar, a instancia de parte, la nulidad de aquellas actuaciones procesales en las que se hubiere vulnerado cualquier derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE.

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4. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: EL RECURSO DE AMPARO El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es junto con el procedimiento preferente y sumario la otra vía de protección jurisdiccional reforzada de los derechos fundamentales. La CE se reÀ Àere al recurso de amparo en varios artículos: En el artículo 53.2, en el que tras establecer que los derechos fundamentales de la Sección 1ª, podrán ser protegidos por un procedimiento preferente y sumario, añade “y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”; en el artículo 161.1 b) en la enumeración de las atribuciones del Tribunal Constitucional, se reÀere À al “recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidas en el artículo 53.2 de esta Constitución” en los casos y con las formas que la ley establezca”; en el artículo 162.1 b), que dispone respecto a la legitimación para interponer recurso de amparo que incluye a “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal”; y, À Ànalmente, de manera indirecta, en el artículo 164.1, al referirse a las Sentencias del Tribunal Constitucional. El juego combinado de estos preceptos constitucionales sienta la base de los elementos esenciales del recurso de amparo. El Título III de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 2/1979 de 3 de Octubre, desarrolla la regulación del recurso de amparo. Esta ley ha sido objeto de una importante modiÀcación À que afecta directamente a la regulación de este recurso, mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de Mayo. En concreto, la regulación del recurso de amparo se encuentra en los artículos 41 a 58.

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El recurso de amparo constituye un medio de impugnación extraordinario y subsidiario, que cabe interponer ante el Tribunal Constitucional contra la última resolución judicial deÀ Ànitiva emanada del Poder Judicial por haber vulnerado dicha resolución (o la sentencia, acto administrativo o vía de hecho que aquella resolución viene a conÀrmar) À algún derecho fundamental de los contemplados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución (artículos 15 a 29), el principio de igualdad (artículo 14) o el derecho a la objeción de conciencia (artículo 30.2), y dirigido a obtener la declaración de nulidad de tales resoluciones, el reconocimiento del derecho fundamental infringido y la adopción, en su caso, de las medidas apropiadas para su restablecimiento. A través del recurso de amparo el Tribunal Constitucional protege la defensa de los derechos fundamentales; así, ante cualquier vulneración de una norma constitucional que tutele alguno de tales derechos, el Tribunal Constitucional tiene la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado y a través de la interpretación crea la oportuna doctrina legal que vincula a todos los poderes públicos. Por lo tanto, las principales características del recurso de amparo son: 1) El recurso tiene carácter extraordinario, ya que sólo puede ser empleado para pedir la protección de determinados derechos fundamentales. No puede ser utilizado para solicitar la aplicación de otras normas constitucionales ni, por supuesto, para solicitar la aplicación de la legalidad ordinaria. De esta À Ànalidad exclusiva del recurso de amparo, consistente en ser instrumento de tutela de derechos fundamentales, se desprende una importantísima consecuencia práctica: no cabe el recurso de amparo contra el exceso de protección de los derechos fundamentales. Sólo está abierto a quien pretende la protección de derechos fundamentales; no a quien se opone a ella, aunque sea instando una interpretación correcta de la Constitución. Ello signiÀ Àca que no cabe el llamado «contraamparo», por lo que el recurso de amparo tiene una naturaleza «unidireccional» o «asimétrica». 2) Por otra parte, el recurso de amparo tiene carácter subsidiario: ya que la protección de los derechos fundamentales por

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los tribunales ordinarios, bien mediante los procesos ordinarios, bien mediante un procedimiento preferente y sumario, es el modo normal de dar respuesta a las vulneraciones de aquellos. El recurso de amparo sólo puede operar en aquellos casos que no han recibido satisfacción por los tribunales ordinarios. Así se desprende del inciso «en su caso» del art. 53.2 CE, que indica que el recurso de amparo no ha de ser necesariamente utilizable en todo supuesto de pretendida violación de derechos fundamentales. El constituyente concibió el recurso de amparo como una garantía adicional y última de los derechos fundamentales, que puede activarse sólo cuando todas las demás no han funcionado adecuadamente. 3) Otra característica del recurso que cabe destacar es la de su Áexibilidad procesal. En tanto en cuanto el recurso de ampaÁ ro es una garantía de derechos fundamentales, la interpretación de sus requisitos formales debe estar presidida por una cierta Áexibilidad. Así, ya la STC 28/1982, de 26 de mayo, se reÀ Àrió al amparo como “un recurso concebido en términos escasamente formalistas”. Por lo demás, ésta es la línea seguida por el Tribunal Constitucional en su práctica y jurisprudencia, buscando un equilibrio entre cumplimiento de los requisitos legales y Á Áexibilidad en su interpretación, que, en todo caso, presupone dicho cumplimiento. 4) La cuarta característica del recurso de amparo es su carácter deÀ Ànitivo o “último” (STC 31/1981, de 28 de julio). En efecto, la sentencia recaída en amparo tiene efecto de cosa juzgada y por tanto culmina el sistema interno de protección de los derechos fundamentales, lo que viene conÀrmaÀ do por el carácter irrecurrible de las sentencias del Tribunal Constitucional proclamado por los arts. 164.1 CE y 93.1 LOTC, sin perjuicio de la posibilidad de aclaraciones. Ahora bien, el carácter deÀ Ànitivo de la actuación del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales debe matizarse, pues cabe recurso contra ellas en vía supranacional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ello

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porque aunque técnicamente tampoco sea un recurso, la intervención del Tribunal Europeo es en cierto sentido revisora de la previa actuación del Tribunal Constitucional, ya que el recurso de amparo constitucional resulta exigible para cumplir con la exigencia de subsidiariedad ex art. 35.1 CEDH. El amparo constitucional abre una vía procesal especial que tiene una doble función o À Ànalidad. En primer lugar, subjetiva, en la medida en que su función inmediata es la protección de los derechos y libertades fundamentales frente a las violaciones concretas de los mismos que puedan sufrir las personas, restableciendo al agraviado en la integridad de sus derechos. Junto a ella hay una Ànalidad objetiva, que se centra en la garantía de la integridad de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente como principios sustentadores del ordenamiento del Estado social y democrático de derecho (STC 83/1982, de 22 de diciembre). Se trata de dos dimensiones de una misma realidad, que no hacen más que traducir en términos procesales la doble dimensión que poseen los derechos fundamentales. El Tribunal ha subrayado reiteradamente en su jurisprudencia esta doble dimensión insistiendo en la naturaleza dual de los derechos fundamentales, que en cuanto derechos subjetivos garantizan al individuo un determinado ámbito de libertades, mientras que como elementos esenciales del ordenamiento jurídico garantizan la justicia y la paz sociales (STC 25/1981, de 14 de julio). Tras la modiÀcación À de la LOTC de 2007, se ha potenciado la necesidad de que exista una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado. La trascendencia constitucional, la importancia para la interpretación, À de la Constitución, son requisitos esenaplicación o general eÀcacia ciales para admitir el recurso de amparo. 4.1.

OBJETO

4.1.1.

Y LEGITIMACIÓN

Objeto del recurso de amparo

El objeto del recurso de amparo viene delimitado por una serie de características acumulativas.

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Primera. Su objeto directo es la reparación de una lesión concreta y efectiva de un derecho fundamental; ello supone la existencia de una situación subjetiva real, descartando el Tribunal el recurso en el supuesto de que se aleguen lesiones hipotéticas, eventuales o genéricas (ATC 85/2006, de 15 de marzo). Segunda. El art. 41.1 de la LOTC establece que “Los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 de la Constitución”. Por lo tanto, sólo pueden ser objeto del recurso de amparo los derechos comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I CE (arts. 15 a 29), a los que hay que añadir el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 y la objeción de conciencia regulada en el art. 30.2 CE. El resto de los derechos integrados en el texto constitucional gozan, por supuesto, de la protección jurisdiccional ordinaria, que en deÀ Ànitiva es también la garantía primaria de los derechos fundamentales. Eventualmente se podrían invocar derechos constitucionales distintos a los previstos en los arts. 14 a 30.2 CE pero habrían de conectarse de alguna manera con alguno de los referidos derechos protegibles en amparo. Por ejemplo, para invocar en un recurso de amparo la vulneración del derecho de propiedad habrá de haberse producido también una discriminación del principio de igualdad (art. 14) o una omisión del derecho de defensa (art. 24). Como se puede apreciar, los ámbitos de protección del recurso de amparo y del procedimiento preferente y sumario no coinciden en los mismos derechos (pues éste último no incorpora la objeción de conciencia del 30.2 CE). No obstante, conviene advertir que el Tribunal Constitucional nunca ha entendido que todas las normas que se hallen dentro de los arts. 14 a 30.2 CE declaren derechos fundamentales y, por consiguiente, puedan ser alegadas a través del recurso de amparo. Existen preceptos que no reconocen derechos o libertades sino que incluyen mandatos al legislador, principios y orientaciones. Así lo demuestra

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que se ha excluido del ámbito del recurso de amparo el mandato de cooperación del Estado con las confesiones religiosas del art. 16.3 CE (STC 93/1983, de 8 de noviembre), la Ànalidad rehabilitadora de las penas del art. 25.2 CE (STC 28/1988, de 23 de febrero), o la prohibición de Tribuales de Honor del art. 26 CE (STC 151/1997, de 29 de septiembre). Por otra parte, otros derechos no explícitamente comprendidos en los arts. 14 a 30 CE pueden ser también tutelados, como ha recogido el Tribunal en ocasiones: la prohibición de condena en segunda instancia penal cuando se sustenta en una diferente valoración de la prueba sin contradicción, residenciado en el art. 24.2 CE (STC 173/2009, de 9 de julio); o el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables del art. 9.3 CE, incluido en el art. 25.1 CE (STC 234/2007, de 5 de noviembre); se ha admitido el derecho a la negociación colectiva del art. 37 CE como contenido adicional a la libertad sindical del art. 28. CE, (STC 152/2008, de 17 de noviembre). El derecho a la imparcialidad judicial del art. 117 CE se ha incluido en el art. 24.1 CE (STC 229/2003, de 18 de diciembre), y en el art. 24.2 (proceso con debidas garantías, STC 60/2008, de 26 de mayo). Otros derechos que también se han incluido en el art. 24 CE son: la motivación de sentencias (art. 102.3 CE, STC 144/2007, de 18 de junio); la ejecución de las mismas (art. 118 CE, STC 11/2008, de 21 de enero); o la gratuidad de la justicia (art. 119 CE, STC 9/2008, de 21 de enero). Sintetizando, el elenco de derechos y libertades que pueden ser objeto de protección mediante amparo, sería el siguiente: •

Derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE).

•

Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE).

•

Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 CE).

•

Libertad y seguridad personales (art. 17 CE).

•

Derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1 CE).

•

Derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE).

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•

Derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).

•

Libertad informática (art. 18.4 CE).

•

Libertades de residencia y circulación (art. 19 CE).

•

Libertad de expresión y libertad de información (art. 20 CE).

•

Derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE).

•

Derecho de asociación (art. 22 CE).

•

Derecho a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).

•

Derecho de acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE).

•

Tutela judicial efectiva sin indefensión y garantías procesales (art. 24 CE).

•

Principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).

•

Derecho a la educación, libertad de enseñanza y autonomía universitaria (art. 27 CE).

•

Libertad sindical (art. 28.1 CE).

•

Derecho de huelga (art. 28.2 CE).

•

Derecho de petición (art. 29 CE).

•

Derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2 CE).

Tercera. La lesión del derecho tiene que provenir del acto de un poder público. El art. 41.2 LOTC señala que son susceptibles de recurso de amparo las lesiones originadas “por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes”. Ello es objeto de desarrollo en los arts. 42 (órganos parlamentarios), 43 (órganos administrativos y gubernamentales) y 44 (órganos judiciales) de la LOTC. À de los dereEl recurso de amparo es una protección cualiÀcada chos fundamentales en su concepto de límites a la acción de los poderes públicos por lo que resulta esencial, para delimitar el ámbito

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de aplicación de dicho recurso, precisar qué actos pueden ser objeto de amparo y de qué poderes públicos pueden emanar aquellos actos lesivos. Cualquier actuación de los poderes públicos que sea idónea para vulnerar los derechos fundamentales puede ser objeto del recurso de amparo, lo que incluye tanto las disposiciones normativas sin valor de ley (reglamentos, órdenes, etc), cuanto los actos no normativos y las simples vías de hecho. La interposición del recurso por omisiones de los poderes públicos de las que se deduzca una lesión de derechos fundamentales sólo está prevista en el ordenamiento español en el amparo frente a la actuación de los órganos jurisdiccionales. Como puede verse, el único tipo de actuación de los poderes públicos que no es susceptible de ser combatido mediante el recurso de amparo es la ley y los demás actos con fuerza de ley, aunque pueden ser combatidos por otros cauces procedimentales, como son el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad, a los que se hizo referencia en páginas anteriores. Sólo hay un supuesto en que la imposibilidad de amparo directo contra leyes supone una verdadera laguna de protección de los derechos fundamentales: las llamadas «leyes autoaplicativas», entendiendo por tales aquellas que no necesitan de acto alguno de aplicación (administrativo o jurisdiccional) para desplegar sus efectos. Un ejemplo clásico de ley autoaplicativa sería la ley de caso único que expropia un bien determinado. Aquí sí hay laguna de protección porque ni cabe atacar indirectamente una ley que no necesita de actos de aplicación ni, por deÀnición, À cabe atacarla directamente. Precisamente en un caso de estas características, la importante STEDH Ruiz Mateos c. España de 23 de junio de 1993 consideró que la inexistencia de amparo directo contra leyes en el ordenamiento español puede dar lugar a situaciones de denegación de justicia, incompatibles con el derecho a un proceso equitativo del art. 6 CEDH. La LOTC omite los actos de los particulares como posible objeto del recurso de amparo. Frente a las violaciones de los derechos fundamentales causados por particulares y entes privados, en nuestro ordenamiento jurídico es la jurisdicción ordinaria la que debe res-

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tablecerlos, sea por la vía procesal común sea por la reforzada que ofrece el procedimiento preferente y sumario. No hay que olvidar que el amparo, pese a la importancia que pueda tener, es un recurso subsidiario que la CE ofrece como garantía adicional a la ordinaria en el supuesto en el que el particular pudiera verse más indefenso, es decir cuando se tiene que enfrentar con los poderes públicos. Cuando el enfrentamiento es entre particulares, las armas son parejas y entiende el ordenamiento que es suÀciente À la protección que ofrece la jurisdicción ordinaria. No obstante, el Tribunal Constitucional ha asumido en ocasiones la defensa en amparo por las lesiones de derechos fundamentales causadas por particulares sobre la base de entender que el derecho vulnerado no ha sido protegido suÀcientemente À por los órganos de la jurisdicción ordinaria, que eran los llamados a restituirlo; en esos casos, una interpretación amplia del art. 44.1 LOTC ha abierto la posibilidad de que se haya podido interponer un recurso de amparo contra la decisión del órgano jurisdiccional que ha incumplido su función de garantía del derecho vulnerado por un particular (SSTC 55/1983, de 22 de junio, 18/1984, de 7 de febrero). Veamos detenidamente cómo regula la LOTC los diferentes actos que pueden ser objeto de recurso de amparo: Actos del poder legislativo. Son los actos del “Parlamento”, excluyéndose, por lo tanto, los actos de los parlamentarios individuales o incluso de los grupos parlamentarios. Se trata de actos sin fuerza de ley de las asambleas legislativas, que incluyen los actos parlamentarios de cada una de las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), de sus órganos (Presidentes, Pleno, Comisiones, etc.), así como los de los parlamentos autonómicos y sus respectivos órganos (art. 42 LOTC). Tienen que ser actos parlamentarios, no incluyéndose los referidos a materia de personal, administración y gestión patrimonial, que son objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pueden ser también omisiones o incluso vías de hecho, como por ejemplo las decisiones de la Presidencia en la dirección del debate. Se suelen invocar el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23 CE); el derecho a la tutela judicial efectiva

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(art. 24 CE), el derecho a la legalidad sancionadora (art. 25 CE); y el derecho de petición al Parlamento (art. 29.1 CE). Este es el único supuesto en el que el amparo no tiene carácter subsidiario, ya que no es necesario acudir a la vía judicial previa. En efecto, el recurso se interpone en el plazo de tres meses desde que los actos parlamentarios son Àrmes, de acuerdo con las normas internas de la Cámara (art. 42 LOTC). La razón de ser de esta excepción a la regla general respecto de la subsidiaridad del recurso radica en una de las notas características de todas las asambleas legislativas, que es su inviolabilidad. Ello comporta la exclusión de responsabilidad de las Cámaras y de sus órganos por los actos y decisiones que tomen en el ejercicio de su función parlamentaria, y se impide que exista ninguna vía procesal ante los tribunales ordinarios para impugnar tales actos. De ahí que recurrirlos en amparo cuando violen derechos fundamentales es la única posibilidad de revisión de aquellos actos parlamentarios cubiertos por la inviolabilidad. Se debe tener en cuenta que la eÀ Àcacia de los fallos que otorgan el amparo en este ámbito es ciertamente restringida y se limitan a reconocer el derecho sin anular el acto lesivo (STC 169/1995, de 20 de noviembre), o incluso a no restablecerlo por haber concluido la legislatura (SSTC 28/1984, de 28 de febrero, 205/1990, de 13 de diciembre, 95/1994, de 21 de marzo, y 118/1995, de 17 de julio), por lo que el alcance de este amparo es reducido. Actos del ejecutivo. En este caso, el objeto del recurso incluye con un sentido muy amplio los actos emanados del poder ejecutivo, como señala el artículo 43.1 LOTC. Del tenor de dicho artículo se deduce que los sujetos de los que pueden emanar los actos lesivos son el Gobierno (sus autoridades, funcionarios o agentes), los órganos ejecutivos de las CCAA (sus autoridades, funcionarios o agentes); las Administraciones locales, los Entes Públicos de carácter Corporativo o institucional; y por asimilación los de los órganos constitucionales como el CGPJ, Cortes Generales y Asambleas Legislativas, el Defensor del Pueblo y el Tribual de Cuentas, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

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En cuanto al objeto, el mismo artículo 43.1 LOTC cita expresamente las disposiciones generales, los actos jurídicos (actos administrativos a los que se reÀ Àere la LJCA en su art. 25, esto es, actos expresos o presuntos, deÀnitivos À o de trámite cualiÀcados, pero también los actos gubernativos o “políticos”), la inactividad de la Administración, o la simple vía de hecho. Este tipo de recurso de amparo frente a la actuación de la Administración requiere en todos los casos el agotamiento de la vía judicial precedente, interponiéndose el recurso en el plazo de 20 días a partir de la notiÀ Àcación de la resolución que pone À Àn al proceso judicial previo (art. 43.2 LOTC). À que se deEl agotamiento de la vía judicial precedente signiÀca ben interponer los recursos legalmente previstos, tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, que sean conducentes a la reparación de la lesión del derecho fundamental por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios. Junto a los procedimientos previstos en al LJCA, también constituyen vía judicial previa a este tipo de recurso de amparo, la que procede del orden jurisdiccional social respecto de las cuestiones de Seguridad Social; la jurisdicción militar; el contencioso electoral y, las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria, en materia de administración penitenciaria. El plazo de interposición del recurso es de 20 días hábiles desde la notiÀcación À de la resolución recaída en el previo proceso judicial. El término de 20 días es de caducidad, lo que implica que no es susceptible ni de suspensión, ni de ampliación o reapertura. El amparo no puede interponerse antes de haber agotado los recursos judiciales (sería prematuro), pero tampoco puede presentarse cuando se hayan interpuesto recursos innecesarios que puedan suponer una prolongación artiÀcial À de la vía judicial (el recurso sería entonces extemporáneo). Actos u omisiones de un órgano judicial. El art. 44 LOTC regula el recurso de amparo frente a las vulneraciones procedentes del Poder Judicial, incluyendo en este concepto todos los órganos que integran su estructura (jueces y tribunales).

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El objeto de tutela en este caso son los derechos y libertades comprendidos en los arts. 14-29 CE y la objeción de conciencia del 30.2 CE, por lo tanto engloba derechos sustantivos y procesales (especialmente los del art. 24 CE y el art. 14.1 CE). La vulneración puede provenir por el desconocimiento del derecho por un juez o por su protección deÀ Àciente. En todo caso, el acto recurrible debe tener naturaleza judicial (realizado por un juez o tribunal en el ejercicio de jurisdicción), lo que incluye providencias, autos y sentencias. La resolución además debe ser Àrme, en el sentido de no ser susceptible de recurso. El art. 44.1 LOTC señala tres requisitos para la interposición del recurso de amparo judicial, que son: a) Agotamiento de la vía judicial previa. Requiere la interposición de todos los recursos pertinentes y útiles, en tiempo y forma. Si no se interponen, o se hace de forma incorrecta dando lugar a su inadmisión (por irrazonable), no se cumple este requisito. Los recursos pertinentes vienen determinados por las leyes procesales. No cabe, por tanto, la interposición de “recursos maniÀestamente À improcedentes” que supongan una prolongación artiÀ Àcial del plazo de interposición del recurso, si bien este extremo ha sido objeto de una interpretación restrictiva (SSTC 131/2004, de 19 de julio, y 41/2009, de 9 de febrero). b) Se exige que haya una lesión efectiva contra el derecho fundamental y que dicha lesión se deba de forma directa e inmediata a la actuación del órgano jurisdiccional, incluyéndose también las vulneraciones derivadas de particulares cuando no han sido reparadas por los Tribunales. La inactividad achacable al órgano judicial plantea un supuesto de omisión, expresamente previsto como objeto del recurso de amparo cuando de ella se derive una lesión a los derechos fundamentales (SSTC 81/1986, de 20 de junio, 87/1986, de 27 de junio, 96/1993, de 22 de marzo, 123/2010, de 29 de noviembre, y 7/2011, de 15 de enero); tal es el caso, por ejemplo, del retraso injustiÀ Àcado en dictar sentencia, de

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la denegación de la personación en un proceso, etc., es decir, omisiones que anulan o restringen las garantías debidas en el proceso. En ningún caso el Tribunal entrará a conocer los hechos, como prescribe el art. 44.1 b) LOTC (aunque en ocasiones los interprete), ni tampoco las cuestiones de legalidad ordinaria (salvo que se haya incurrido en irrazonabilidad, error o arbitrariedad). c)

La necesaria invocación formal del derecho fundamental lesionado (art. 44.1 c) LOTC) es un requisito procesal, que no obstante se entiende de manera Á Áexible. La denuncia debe ser inmediata, en el primer momento procesal del que se disponga, para dar oportunidad al juez de proteger el derecho.

El plazo de presentación del recurso es de 30 días a partir de la notiÀ Àcación de la resolución del último recurso utilizado que ponga razonablemente Àn a la vía procesal ordinaria (art. 44.2 LOTC). La posibilidad de interposición del recurso de amparo contra un acto gubernamental o administrativo (art. 43 LOTC) y simultáneamente contra una decisión jurisdiccional sobre aquel acto del ejecutivo adoptada en la vía judicial previa al recurso de amparo (art. 44 LOTC) puede devenir en los llamados recursos de amparo mixtos. El fundamento de estos recursos es doble: por una parte, se denuncia la lesión inmediata de un derecho fundamental causado por la actividad administrativa, y la vulneración de otro u otros derechos fundamentales diferenciados por los Tribunales, con ocasión del ejercicio de su jurisdicción. En estos casos, una interpretación sistemática conduce a que el plazo de interposición común a ambas pretensiones sea de treinta días (plazo para los amparos judiciales del art. 44.2 LOTC). 4.1.2.

Legitimación

El artículo 162.1 b) CE otorga legitimación para interponer el recurso de amparo a “toda persona natural o jurídica que invoque un

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interés legítimo”, además de la legitimación institucional que ostentan el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. La legitimación estrictamente subjetiva, es decir la que la CE atribuye a la persona con un interés legítimo, ha sido matizada por la LOTC (art. 46.1), que diferencia los requisitos de legitimación en función del autor de la lesión denunciada. No obstante, la existencia de un interés legítimo es un requisito ineludible para ostentar legitimación –privada– en el proceso constitucional. Por ello, puede corresponder no sólo al titular del derecho o libertad supuestamente violado, sino también a otras personas (representantes legales, sucesores, y otros). La LOTC establece que cuando la vulneración del derecho fundamental proceda de un órgano del Poder legislativo, podrá presentar el recurso la “persona directamente afectada”. El Tribunal Constitucional, en una reiterada jurisprudencia (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, 47/1990, de 20 de marzo, y 84/2000, de 27 de marzo, entre otras), ha identiÀ Àcado los términos “interés legítimo” y “persona directamente afectada”, de forma que están legitimados para interponer el recurso de amparo tanto el titular del derecho fundamental violado como todas aquellas personas que tengan un interés legítimo en su restablecimiento, aunque no sea titular del derecho fundamental que alega como vulnerado. Se ha concedido por esta vía legitimación a los partidos políticos o agrupaciones electorales respecto de los integrantes de las candidaturas, o a grupos parlamentarios respecto de los miembros de las Cámaras. Cuando el recurso se interponga contra un órgano del Poder ejecutivo o del Poder judicial, la LOTC establece como requisito de legitimación haber “sido parte en el proceso judicial correspondiente”. La naturaleza subsidiaria del amparo se traduce en la obligación de acudir con carácter previo a los tribunales ordinarios, requisito que se impone tanto a los titulares del derecho como a los que sólo ostentan un interés legítimo en él. Esta exigencia es un elemento inexcusable (STC 48/1989, de 21 de febrero), que el Tribunal valora como esencial en la articulación de las jurisdicciones constitucional y ordinaria desde el momento en que ésta es la llamada a restaurar en primera

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instancia las lesiones que puedan sufrir los derechos fundamentales (STC 174/2011, de 7 de noviembre). El requisito en cuestión incluye a todos los que hubieran sido parte en el proceso judicial previo, al margen de que la resolución del mismo les fuese favorable o no a sus pretensiones. El requisito que analizamos se conÀgura À más como un requisito de procebilidad que de legitimación, de manera que el Tribunal ha hecho prevalecer el concepto de interés legítimo, admitiendo la legitimación activa de quienes, teniendo dicho interés, no fueron parte en el proceso a quo por causa no imputable a ellos (entre otras, SSTC 41/1982, de 2 de julio, 83/1985, de 8 de julio, y 58/2002, de 11 de marzo). De igual modo, pese a haber sido parte en el proceso previo, no se ha reconocido la concurrencia de interés legítimo en amparo al absuelto del delito (STC 165/1987, de 27 de octubre). De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha precisado el alcance de la legitimación personal con una interpretación muy amplia. Así, están legitimados para presentar el recurso de amparo: 1º) Las personas físicas, tanto nacionales como extranjeros, pudiendo actuar por representación o sustitución; 2º) Las personas jurídicas privadas en defensa de sus propios derechos, así como los órganos representativos (por ej. Sindicatos, partidos políticos, asociaciones de consumidores, etc.) en defensa de los intereses de los colectivos a los que representan y de sus miembros en particular; 3º) Mención aparte merece la consideración de la legitimación activa de las personas jurídicas de derecho público. El Tribunal les ha negado la titularidad de los derechos de naturaleza sustantiva aunque les reconoce, de forma excepcional y condicionada, la titularidad del derecho de acceso a la tutela judicial (art. 24.1 CE). Como regla general, el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a la tutela judicial efectiva protege, antes que nada, a los individuos frente al poder, interpretando que las personas públicas sólo pueden disfrutar este derecho de manera excepcional cuando estén en una situación procesal análoga a la de los particulares. En cualquier caso, el requisito de haber sido parte en el proceso judicial previo se impone también a las personas jurídicas públicas.

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El artículo 162.1 b) CE conÀgura À una legitimación activa institucional atribuida al Defensor del Pueblo (art. 54 CE) y al Ministerio Fiscal (art. 124 CE). En ambos casos se trata de una legitimación de carácter objetivo y autónoma de la de los particulares, lo que quiere decir que no actúan necesariamente en sustitución del agraviado, cuando éste no puede o no quiere defenderse por sí mismo. Actúan en su condición de instituciones que tienen encomendada la función de defensa de los derechos de los ciudadanos, por lo que ni siquiera necesitan el consentimiento del interesado, aunque, interpuesto el recurso, el Tribunal tiene que dar traslado del mismo a las personas agraviadas y a los interesados para que se personen, si lo desean. Por esta razón, el art. 46.2 LOTC exige la publicación en el BOE de la interposición del recurso de amparo. Conviene distinguir entre los agraviados (que tomaron parte en el juicio previo y sufrieron vulneración de un derecho fundamental por el órgano judicial, pero no demandan en amparo), y los interesados (que no fueron parte en el proceso previo, pero ostentan un interés legítimo en relación con el resultado). En todo caso, si comparecen estas personas cuando el amparo ha sido interpuesto por el Defensor del Pueblo o por el Ministerio Fiscal actúan como coadyuvantes, ostentando una posición subordinada. La exigencia de haber sido parte en el proceso judicial previo no es aplicable a ninguna de las dos instituciones, pero no pueden presentar el recurso de amparo, que no deja de ser subsidiario, sino una vez que haya recaído en la vía jurisdiccional ordinaria una resolución Àrme. À La actualización de esta competencia en el caso del Defensor del Pueblo resulta complicada dados los plazos que establece la LOTC para interponer el recurso y la diÀcultad À que puede tener la institución para hacer un seguimiento de los procesos judiciales tramitados y concluidos en los que se hayan podido lesionar derechos fundamentales. El Ministerio Fiscal sólo está legitimado para presentar el recurso por la vulneración de derechos fundamentales de terceros, y de forma especial cuando los afectados están en situación de indefensión (STC 221/2002, de 25 de noviembre). La legitimación del Ministerio Fiscal por vulneración de derechos propios, especíÀ Àcamente los vincu-

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lados al artículo 24 CE, cuando recurre como parte procesal ha sido normalmente rechazada por el Tribunal (AATC 63/199, de 22 de marzo y 310/2005, de 18 de julio). Al margen de su legitimación activa, el Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo (art. 47.2 LOTC). La escasa actuación de las dos instituciones a la hora de interponer recursos de amparo (diez el Defensor del Pueblo, treinta y tres el Ministerio Fiscal en prácticamente treinta años) pone de maniÀ Àesto que su legitimación es complementaria de la legitimación subjetiva, que se conÀ Àgura como la principal en este tipo de procesos. Por último, y en relación con la legitimación pasiva, del tenor del art. 47.1 LOTC cabe distinguir entre la Àgura del demandado y la del coadyuvante. El primero trata de mantener la conservación del acto recurrido en amparo –que le favorece–, mientras que el segundo ostenta un mero interés legítimo. 4.2.

REQUISITOS

PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE

AMPARO1

El capítulo II del Título III de la LOTC se dedica a la tramitación del recurso de amparo. Según el art. 48 LOTC la tramitación de los recursos de amparo corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones. Esto signiÀca À que la resolución ordinaria de los recursos corresponde a las Salas, sin perjuicio de que tratándose de cuestiones que pueden resolverse mediante la aplicación de doctrina consolidada del mismo, corresponda a las Secciones. 4.2.1.

La demanda de amparo

La demanda de amparo es el acto de iniciación procesal en el que se incluye la pretensión de amparo solicitada al Tribunal 1 Para la elaboración de esta parte del libro y la referida al procedimiento y sentencia de amparo se han seguido los Comentarios a la L.O.T.C., realizados por Letrados del Tribunal Constitucional y dirigidos por Juan José González Rivas, publicados por La Ley en 2010.

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Constitucional. En el recurso de amparo no se produce la separación entre la interposición del recurso y la presentación de la demanda. Sólo se distingue entre el anuncio del recurso y la formalización de la demanda cuando el recurrente solicite asistencia letrada, por carecer de ella. En ese caso, el anuncio no supone un acto de iniciación del recurso sino que sólo produce el efecto de interrumpir el plazo de caducidad legalmente previsto para el ejercicio del amparo. No obstante, el momento en el que se enjuicia el cumplimiento de los requisitos procesales del recurso de amparo (necesaria invocación previa y agotamiento de la vía judicial) es el de su anuncio. Contenido de la demanda. Según lo dispuesto en el art. 49 LOTC, la demanda de amparo debe incluir: 1) La exposición de los hechos que fundamenten la pretensión No es necesario dedicar un apartado especíÀ Àco para ellos, pueden exponerse al hilo de las argumentaciones jurídicas. Como viene aÀrmando À el Tribunal Constitucional, no se deben enumerar lesiones imputables a las resoluciones recurridas sin ofrecer las razones en que se apoyan esas vulneraciones, pues el Tribunal no puede reconstruir de oÀcio À las demandas, suplir razonamientos ni suscitar motivos relevantes para el amparo (salvo cuando se aplica el art. 84 LOTC). El incumplimiento de esta carga supone la inadmisión a limine. 2) La identiÀcación À del acto o actos impugnados. El objeto de la impugnación, como ya se ha dicho, pueden ser las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos, en los términos previstos en el art. 41.2 LOTC). Aunque el autor real de la vulneración no sea un poder público, basta que éste intervenga en un momento posterior (por ejemplo, en los casos de no renovación de los contratos a los profesores de religión por parte del Obispo del lugar, que no son poder público, pero posteriormente interviene la Administración educativa que sí lo es). Si la lesión es ocasionada por particulares, el recurso debe dirigirse contra resolución judicial que no ha reparado la lesión (STC

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27/2004, de 4 de marzo). En relación con las disposiciones reglamentarias, aunque en principio están incluidas en el art. 41.2 LOTC, la jurisprudencia considera que el recurso de amparo no es la vía adecuada para resolver la inconstitucionalidad de las mismas (SSTC 40/1982, de 30 de junio y 184/1995, de 12 de diciembre). Àrmatoria de otras, Cuando se impugna resolución judicial conÀ se entiende que la demanda incluye el recurso contra esas otras, aunque no lo recoja expresamente. Hay que tener en cuenta que en los amparos mixtos se produce la acumulación de dos pretensiones en una misma demanda (art. 43, actuación administrativa y art. 44, resolución judicial) 3) La fundamentación jurídica consiste en citar los preceptos constitucionales que se estimen infringidos. Aquí rige el principio de antiformalismo. No es imprescindible la invocación expresa de la norma si se traslada el contenido del derecho o libertad vulnerado con claridad en las alegaciones o en la pretensión. Pero como el recurso de amparo no es una instancia más sino un recurso extraordinario, y autónomo del iter procesal anterior, el Tribunal Constitucional no puede “adivinar” la pretensión de amparo entre los argumentos manejados en la vía judicial previa (STC 143/1994, de 9 de mayo). 4) En la pretensión se debe precisar el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. Posteriormente no se podrán incluir nuevas pretensiones ni incorporar nuevas vulneraciones de derechos. Aunque el art. 55 LOTC prevé tres tipos de pronunciamientos cuando el recurso es estimado, el Tribunal Constitucional no está vinculado por las peticiones del recurrente a la hora de fallar, y posee un amplio margen de libertad. Por eso no es causa de inadmisión el no haber concretado cuáles son las medidas que el Tribunal debe adoptar para el reconocimiento o restablecimiento de la integridad del derecho fundamental del recurrente. 5) JustiÀcación À de la especial trascendencia constitucional. Como ya se ha analizado anteriormente, este requisito se in-

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trodujo con la reforma de la LOTC operada por la LO 6/2007. SigniÀca À que el recurso no puede admitirse si el recurrente no cumple la carga de justiÀ Àcar la especial trascendencia constitucional, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional aprecie si efectivamente existe dicha especial trascendencia constitucional que justiÀ Àque una decisión sobre el fondo. Este requisito es distinto a razonar una vulneración de un derecho fundamental, y además es insubsanable. El mismo art. 49.1 prevé que la demanda vaya acompañada de otros contenidos accidentales o coyunturales que normalmente se incorporan mediante la clásica fórmula de otrosí. Son, por ejemplo, la petición de medidas cautelares (art. 56.4 LOTC); la solicitud de celebración de vista oral o pública (52.2 y 85.3 LOTC); la petición de práctica de prueba (83 LOTC) o que se devuelva al Procurador el poder notarial de representación procesal. No está permitida la ampliación posterior de la demanda, dado À Àjados el petitum y la que en la misma quedan ya deÀnitivamente causa petendi. Excepcionalmente se permite ampliar el objeto del proceso siempre que se mantenga la “no variación del derecho fundamental invocado y que se trate de hechos sobrevenidos a la presentación de la demanda, íntimamente conexos con los anteriores y no susceptibles de una nueva demanda y posterior petición de acumulación” (ATC 336/1995, de 11 de diciembre), pero siempre antes del trámite de alegaciones previsto en el art. 52 LOTC. Junto a la demanda, el art. 49.2 LOTC señala una serie de documentos que se deben aportar. Con la demanda se acompañarán: a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo. En este sentido, cabe distinguir, la representación procesal por medio de Procurador, y la representación cuando se trata de una persona jurídica, un ente sin personalidad o una persona física que no se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Para ello se requiere documento con fuerza probatoria por sí sólo, sin necesidad de cotejo alguno, y no exonera de

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esta carga el hecho de haber presentado dicha acreditación ante los Tribunales, por el carácter diverso de la jurisdicción constitucional. b) En su caso, la copia, traslado o certiÀcación À de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo. Ante la duda de qué resolución es la que debe ser aportada, se reÀ Àere la LOTC a la que se atribuya la vulneración de algún derecho fundamental. No obstante, puede resultar necesario aportar otras: la anterior (para demostrar que se denunció la vulneración tan pronto como hubo ocasión), o las posteriores (para acreditar el agotamiento de la vía judicial previa). Pero siempre se debe acreditar la fecha de la notiÀcación À de la última resolución recaída en procedimiento judicial, cualquiera que sea su contenido, para comprobar que la demanda se presenta en plazo. En ocasiones es necesario aportar otros documentos para que el Tribunal juzgue debidamente la admisibilidad del recurso; por ejemplo, escritos de parte (cuando se argumenta la incongruencia, dilaciones indebidas u omisión del órgano judicial), o incluso otro tipo de documentos si se quiere justiÀ Àcar un error fáctico. En todo caso, de estos documentos se requiere una copia simple, porque el Tribunal, una vez admitida a trámite la demanda, solicita originales o testimonios de los mismos. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. La postulación, como facultad de dirigirse directamente al órgano que ejerce jurisdicción formulando pretensiones, está reservada, como regla general en nuestro Derecho a los profesionales jurídicos. La defensa técnica se atribuye a los abogados y la representación general a los procuradores. Según el art. 81.1 LOTC, las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir su representación a un procurador y actuar bajo la dirección de un Letrado.

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Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado se requerirá estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de España en calidad de ejerciente (art. 81.2 LOTC). No obstante, para ejercer ante el Tribunal Constitucional por el turno de oÀcio À se necesitan al menos diez años de ejercicio profesional. Estarán inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo (art. 81.3 LOTC) La representación procesal puede ser conferida a cualquier Procurador incorporado al Colegio de Madrid, lugar en la sede del Tribunal Constitucional (art. 23 LEC) La acreditación de la representación se realiza mediante apoderamiento apud acta o poder notarial, normalmente antes de que se inicie el proceso, pero también puede producirse dentro del plazo de subsanación Àjado. Durante ese plazo de subsanación se puede presentar un poder ya otorgado pero no acreditado u otorgar y presentar el poder. À La demanda se puede presentar en una serie de lugares caliÀcados como hábiles : a) En la sede del Tribunal Constitucional, donde se encuentra el Registro General (art. 85.2 LOTC). b) Tras la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, los recursos pueden presentarse en la oÀcina À o registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad (art. 135 LEC). Se excluye la posibilidad de presentarlo en los Juzgados de guardia de Madrid y tampoco se reconoce la posibilidad de hacerlo en los lugares idóneos para el procedimiento administrativo (art. 38 Ley 30/1992). Una interpretación pro actione ha Á Áexibilizado estas reglas y permite presentar la demanda en la oÀcina À de Correos en supuestos especiales (cuando el recurrente carece de asistencia letrada

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y representación procesal, y está alejado (STC 287/1994, de 27 de octubre). Otra excepción permitida se reÀ Àere a los establecimientos penitenciarios, y se entiende presentado el recurso cuando es entregado a los órganos de la Administración penitenciaria. 4.3.

ADMISIÓN

A TRÁMITE DEL RECURSO DE AMPARO

La LOTC atribuye al Tribunal Constitucional amplias facultades para examinar ab initio el cumplimiento de los requisitos formales y procesales y la viabilidad sustancial del recurso. Estas facultades se han incrementado incluso tras la reforma de la LOTC operada por LO 6/2007 que introduce tres novedades: a) una nueva conÀguración À del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ); b) la atribución a las Secciones de competencia para resolver los recursos de amparo; y c) la modiÀ Àcación del trámite de admisión del amparo. La competencia para acordar la admisión o inadmisión del recurso corresponde a las Secciones. El asunto se asigna a una Sección del Tribunal y se atribuye a un Ponente, de acuerdo con un orden prestablecido. Un Letrado analiza la demanda y tras su informe, el Magistrado Ponente emite una propuesta: Existen varias posibilidades: a)

Acuerdo por unanimidad

a. 1) Se acuerda la admisión a trámite. En este caso la demanda cumple prima facie los requisitos de los arts. 41 a 46 y 49 de la LOTC. a. 2) Se acuerda la admisión parcial. Es poco frecuente, pero puede darse cuando las pretensiones están bien diferenciadas y no son conexas. a. 3) Se acuerda la inadmisión. En este caso se dicta una providencia en la que se especiÀca À el requisito incumplido, notiÀcándose al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Se da traslado al recurrente para que formule alegaciones en tres días. Este

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recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna (art. 50.3 LOTC). También puede inadmitirse el recurso posteriormente en la sentencia, pese a la inicial admisión de la demanda de amparo, ya que los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción pueden volverse a abordar en la sentencia. b)

No hay acuerdo por unanimidad

Cuando la admisión a trámite, pese a obtener el voto favorable de la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución (art. 50.2 LOTC). La Sala decide por mayoría, y en caso de empate dirime el voto del Magistrado que la presida. c)

Defecto subsanable

Si concurre en la demanda algún defecto subsanable se otorga un plazo de subsanación de diez días. De no producirse la subsanación dentro del plazo Àjado, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno Si se subsana, la Sección se encuentra en la situación inicial, debiendo pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la demanda (art. 50.4 LOTC). El plazo se computa desde que se ponga de maniÀesto À el defecto apreciado. La posibilidad de subsanar afecta lógicamente a los requisitos que son subsanables: defectos en el modo de redactar la demanda de amparo; defectos referidos a la intervención de abogado y procurador; o defectos en la documentación que es preceptiva. Pero hay requisitos no subsanables cuya acreditación sí lo es. No es subsanable la presentación de la demanda fuera de plazo pero sí lo es la acrediÀ de la fecha de tación del cumplimiento de este requisito (justiÀcación la notiÀcación À de la última resolución impugnada). No es subsanable en ningún caso la justiÀ Àcación de la especial trascendencia constitucional del recurso.

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La admisión a trámite de la demanda viene determinada por el cumplimiento de una serie de requisitos: a) que la demanda cumpla con lo dispuesto en los arts. 41 a 46 y 49 LOTC; b) que el contenido justiÀque À una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eÀ Àcacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Ello viene a signiÀcar À de manera más exhaustiva la exigencia de los siguientes requisitos: a) Que en la demanda se expongan con claridad los hechos y los preceptos infringidos, y se Àje con precisión el amparo que se solicita (art. 49.1 LOTC). b) Que sea presentada por Procurador y esté À Àrmada por un Letrado (art. 81 LOTC). c)

Que, en caso de actuar el recurrente por representación, se acredite la misma (art. 49. 2 LOTC).

d) Que se acompañe de la copia, traslado o certiÀ Àcación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo (art. 49.2 LOTC). e) Que se acompañen copias de la demanda y demás documentos para las partes y el Ministerio Fiscal (art. 49.3 LOTC) f)

Que se presente en el plazo legalmente establecido (arts. 42, 43 y 44.2 LOTC).

g) Que se dirija contra actos susceptibles de ser recurridos en amparo (arts. 41.2, 42 y 44.1 LOTC). h)

Que se deduzca respecto de derechos o libertades susceptibles de ser protegidos en amparo (arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC).

i)

Que se pretenda el restablecimiento o preservación de tales derechos o libertades (art. 41.3 LOTC).

j)

Que el recurrente ostente legitimación para recurrir (arts. 162.1 CE y 46 LOTC).

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k)

Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si se pudo, la vulneración del derecho tan pronto como hubiera lugar para ello (art. 44.1 LOTC).

l)

Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto en la vía judicial (arts. 43.3 y 44.1 LOTC).

À una decisión sobre el m) Que el contenido del recurso justiÀque fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC). 4.4.

TRAMITACIÓN

DEL RECURSO DE AMPARO

En la tramitación del recurso de amparo podemos distinguir hasta siete fases, aunque no siempre se dan necesariamente todas ellas: a) Reclamación de actuaciones precedentes. b) Emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento precedente. c)

Puesta de maniÀ Àesto de las actuaciones.

d) Alegaciones. e) Prueba. f)

Vista pública.

g) Deliberación. a)

Reclamación de actuaciones precedentes

Una vez admitida a trámite la demanda, la Sala correspondiente dictará una resolución acordado la reclamación de las actuaciones precedentes. La Sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita las actuaciones o testimonio de ellas.

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De acuerdo con el art. 88.1 LOTC, el Tribunal Constitucional puede solicitar otro tipo de documentación, distinta a la aportada por el recurrente para enjuiciar la admisibilidad. Por ello, la petición de algún documento conforme a este precepto no presupone la admisibilidad del recurso, pues en caso de admitirse se reclamarían preceptivamente las actuaciones con arreglo al art. 51.1 LOTC, y no un documento concreto. La À Ànalidad de ello es que las partes puedan deÀ Ànir sus argumentos en las alegaciones y que el Tribunal Constitucional pueda dictar sentencia. b)

Emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento precedente

El art. 51.2 LOTC dispone además que el órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento que le plantea el Tribunal Constitucional, cumplimentará el envío (de las actuaciones precedentes) dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez días. Los emplazamientos los realiza el órgano, autoridad, juez o Tribunal ante el que se ha seguido el procedimiento del que dimana el recurso de amparo. En el caso de órganos judiciales, si se han seguido actuaciones en diversos grados, será el de primera instancia. Es el Tribunal Constitucional quien emplaza al Abogado del Estado y Ministerio Fiscal. Respecto a las personas que deben ser emplazadas, según la LOTC serán las que fueron parte en el procedimiento antecedente. Esta mención se debe interpretar junto con el art. 47.1 LOTC. Por lo tanto, el haber sido parte en el proceso no es condición suÀ Àciente ni siempre necesaria. Se emplazan como demandados o coadyuvantes las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso o que ostenten un interés legítimo en el mismo, requisito éste último verdaderamente imprescindible. Estos comparecientes sólo pueden formular alegaciones y a ellos se les notiÀ Àcarán las resoluciones que recaigan en el proceso.

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El plazo para comparecer es de 10 días desde el siguiente al que fueron debidamente emplazados, pero nunca antes de que se admita la demanda. Sin embargo, sí se permite la personación tardía, aunque sin posibilidad de participar en los trámites ya precluidos. c)

Puesta de maniÀesto À de las actuaciones

Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Publica y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común que no podrá exceder de veinte días, y durante él podrán presentarse las alegaciones procedentes (art. 52.1 LOTC). En algunos casos el Tribunal acepta una ampliación de este plazo, siempre que la complejidad del recurso lo justiÀ Àque y previa solicitud de parte. d)

Alegaciones

Pueden efectuar alegaciones: el demandante, los comparecidos, los representantes de las Administraciones Públicas concernidas y el Ministerio Fiscal. Las alegaciones no pueden modiÀ Àcar el escrito inicial de demanda, pero pueden servir para corregir iniciales imprecisiones y Àjar el amparo que se solicita, proponer práctica de prueba, incorporar documentos, o pedir celebración de vista. Las partes demandadas también pueden alegar causas de inadmisión, así como de desestimación. No es posible en este trámite realizar una ampliación del contenido de la demanda incorporando nuevas pretensiones, pues el objeto del proceso ya quedó À Àjado en la demanda. En cuanto a los coadyuvantes, no pueden ejercitar una pretensión de amparo independiente. e)

Prueba

El art. 89.1 LOTC contiene una previsión general aplicable a todos los procesos constitucionales en relación con la fase de prueba, según la cual, el Tribunal Constitucional, de oÀ Àcio o a instancia de parte,

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podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta días (art. 89.1 LOTC). La petición de prueba puede anticiparse a la demanda o solicitarse en el escrito de alegaciones. Debe distinguirse este trámite de la reclamación de las actuaciones precedentes prevista en el art. 51.1 LOTC y de la petición de documentación a que se reÀere À el art. 88.1 LOTC, que puede realizarse en cualquier momento sin necesidad de recibir el pleito a prueba. La práctica de prueba sólo puede acordarse después de la fase de alegaciones. El Tribunal oirá al resto de partes y resuelve mediante auto. La À Ànalidad de la prueba puede ser diversa. Efectivamente resulta fundamental acreditar la violación de derechos fundamentales susceptibles de amparo, teniendo en cuenta que el proceso de amparo no es una nueva instancia en la que se puedan introducir hechos nuevos o revisarse los que se hubieran tenido como probados por los órganos judiciales. El Tribunal sólo puede supervisar el razonamiento lógico seguido por el órgano jurisdiccional cuando relaciona la actividad probatoria con el relato de los hechos. Por esta razón no suele ser frecuente la práctica de la prueba en los procesos de amparo, aunque ésta sí cobra relevancia en los incidentes, de suspensión o de recusación, pues en ellos puede hacer falta acreditar aspectos que no se apreciaron en la vía precedente. En todo caso, el recibimiento a prueba sólo procede cuando no hay acuerdo entre las partes sobre la concurrencia de determinados hechos. f) Vista pública Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá señalar día para la celebración de vista (art. 52.2 LOTC). La celebración de una vista oral sigue siendo facultativa, pero antes de la reforma operada por la LO 6/2007 se contemplaba como una trámite alternativo al de las alegaciones escritas. Desde la

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entrada en vigor de dicha reforma, el trámite de alegaciones es preceptivo y posteriormente el Tribunal puede acordar o no la celebración de vista. Lógicamente esta vista sólo cobra sentido si se intercala con una actividad probatoria, pues de otro modo quizá sería un trámite redundante. Pese a todo, su celebración ha sido poco frecuente. g)

Deliberación

Transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, celebrada la vista, se podrá señalar un día para la deliberación y votación del recurso (art. 52.2 LOTC). El régimen de deliberación y votación se ajusta al art. 80 LOTC, a la LOPJ y a la LEC. El Magistrado Ponente propone la decisión, previa exposición de los hechos y fundamentos de derecho. Después se somete a votación, dirigida por el Presidente. El recurso se decidirá por mayoría de votos, y en caso de empate decide el voto de calidad del Presidente (art. 90.1 LOTC). Una vez que queda decidido el fallo, la Sala dispone de 10 días para redactar la sentencia (art. 52.3 LOTC). La redacción de la sentencia corresponde al Ponente, salvo que no estuviera de acuerdo con el voto de mayoría y formule voto particular. La sentencia la Àrman todos los magistrados que han participado de la votación, y aquellos que no estén de acuerdo pueden formular voto particular sobre la decisión o la fundamentación. La sentencia se notiÀ Àca a las partes y se publica en el Boletín OÀcial À del Estado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la decisión (art. 86.2 LOTC). 4.5. LAS

MEDIDAS CAUTELARES

La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados (art. 56.1 LOTC), por lo tanto, no afecta a la vigencia, efectividad o ejecutoriedad de las disposiciones, resoluciones o actos que constituyen su objeto, dada la presunción de legitimidad que tienen las actuaciones de todos los poderes públicos.

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Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su Ànalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2 LOTC, de oÀ Àcio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona (art. 56.2 LOTC). Desde la perspectiva procesal la suspensión aparece como una medida cautelar, y se conecta con la garantía de efectividad de la tutela judicial ex art. 24 CE. La justiÀ Àcación de esta medida proviene del riesgo o certeza de que la ejecución ocasionará un perjuicio que haría perder al amparo su À Ànalidad, convirtiendo a la sentencia favorable en una declaración desprovista de eÀcacia À práctica. Pero hay que tener en cuenta que supone siempre una perturbación de la función jurisdiccional, que comprende la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE), y que también afecta a la tutela judicial efectiva de las demás partes procesales. Por ello, la regla general es la improcedencia de la suspensión, por ser una medida carácter excepcional y por tanto de aplicación restrictiva. Sólo resultaría procedente cuando cause un perjuicio irreparable en los derechos fundamentales invocados. 4.5.1.

Presupuestos necesarios para adoptar medidas cautelares

a) Que la ejecución ocasione un perjuicio al recurrente. b) Que dicho perjuicio pueda hacer perder al amparo su ÀnaÀ lidad. Podrá denegarse, no obstante: a) Cuando la suspensión provoque perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido. b) Cuando la suspensión provoque perturbación grave de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero.

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El perjuicio irreparable es aquel que provoca que el restablecimiento del recurrente en el derecho fundamental vulnerado sea tardío y convierta al amparo en ilusorio o nominal. La suspensión estaría À por afectar a bienes o derechos de imposible resentonces justiÀcada titución a su estado anterior (ATC 274/2006, de 17 de julio). Por eso, las resoluciones de contenido patrimonial no se suspenden, mientras que aquellas que afectan a bienes y derechos de difícil reparación sí pueden ser objeto de suspensión, aunque el Tribunal pondera las circunstancias de cada caso (ATC 251/2000, de 30 de octubre). Es importante señalar que la decisión sobre la suspensión no depende del posible sentido de la sentencia que resuelva el amparo (fumus bonis iuris), y se hace sin prejuzgar el contenido de fondo. No obstante, el recurrente tiene la carga de acreditar el perjuicio irreparable y ofrecer un principio razonable de prueba. 4.5.2.

Tipología de medidas cautelares

a) Suspensión de actos o resoluciones de contenido patrimonial. Estas resoluciones en principio no causan perjuicios irreparables, pues la reparación posterior es meramente económica. Por lo tanto, no procede la suspensión en el caso de: Pago de multas (penales o administrativas); Costas procesales; Abono de indemnizaciones o intereses. No obstante, sí procede la suspensión cuando la resolución acarrea perjuicios patrimoniales difícilmente reparables por su entidad, por la imposibilidad de repercutir su costo, o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas, por ejemplo, en el caso de una posible transmisión del dominio como consecuencia de una subasta o el lanzamiento de una vivienda o local. b) Suspensión de penas privativas de libertad. Estas penas suelen suspenderse pero el criterio no es absoluto. En estos supuestos el Tribunal pondera otros criterios relevantes, entre los que se encuentra la gravedad o naturaleza de los hechos enjuiciados, el bien jurídico protegido y su trascendencia so-

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cial, la duración de la pena y el tiempo que resta para su cumplimiento, el riesgo de eludir la acción de la justicia o la desprotección de las víctimas. Entre ellos, el más relevante es la gravedad de la pena impuesta, que lógicamente se mide por su duración. Las condenas de hasta cinco años suelen ser objeto de suspensión, primero porque dada la duración de los procesos, su ejecución conduciría a la pérdida de À Ànalidad del amparo, y en segundo lugar porque esa duración expresa un grado de reprobación del hecho por el Ordenamiento jurídico signiÀcativamente À menor. En estos supuestos, también se incluye el criterio relativo al tiempo transcurrido en prisión preventiva o el de ejecución de la pena tras la Àrmeza de la condena, e incluso la trayectoria posterior a la condena. c)

Penas limitativas de derechos. Ante estas penas, como por ejemplo, la prohibición aproximación a la víctima, o uso y porte de armas, el Tribunal Constitucional es poco favorable a la suspensión, en atención a los criterios mencionados, pero sobre todo el bien jurídico protegido (evitar la posible desprotección de víctimas).

d) En los casos de violencia de género tampoco se suspende la pena privativa de libertad, aunque sea corta, porque puede suponer una perturbación grave de los derechos fundamentales de un tercero (art. 56 LOTC), como el de integridad física de la víctima ante el riesgo de eventuales nuevos ataques. e) La responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de una multa no se suspende porque es una eventualidad incierta y futura y en caso de adoptarse, puede modiÀ Àcarse la decisión ex art. 57 LOTC. f)

Las penas accesorias se consideran igual que las principales (inhabilitación absoluta, suspensión empleo o cargo público, inhabilitación derecho sufragio pasivo, privación derecho a residir en determinados lugares, prohibición aproximación a la víctima o comunicación con ella).

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g) Sanciones penitenciarias. Se pueden suspender, aunque se hayan ya cumplido porque su no suspensión puede generar efectos negativos (denegación beneÀ Àcios penitenciarios). h) Suspensión de la tramitación del proceso penal. Si la vulneración alegada se está produciendo en el proceso penal, el Tribunal Constitucional no suspende porque la estimación del amparo lleva aparejada la anulación de las actuaciones judiciales, con efectos retroactivos. Sería diferente si es a la existencia del propio proceso penal a la que se le atribuye la vulneración. Se produciría el mantenimiento en el tiempo de la vulneración y por tanto una mayor intensidad de la lesión. (infracción derecho defensa, juez predeterminado por la ley, juez imparcial). Otras medidas diferentes a la suspensión. Según el art. 57.3 LOTC, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su À Ànalidad. Estamos ante supuestos en los que procede, por ejemplo, la anotación de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad (y otros, como el Mercantil, OEPM..). La À Ànalidad de esta medida es garantizar los derechos de los recurrentes frente a eventuales actos de disposición. No impide el tráÀco À jurídico de bienes o derechos litigiosos pero permite enervar, en su caso, el principio de fe pública registral y aparición de terceros de buena fe. La publicación de notiÀcaciones À o resoluciones judiciales en medios de comunicación suele suspenderse pues dicha publicación supone perjuicios irreparables sobre la credibilidad del medio y sus profesionales y no afecta a intereses generales. 4.5.3.

Procedimiento

La iniciación del incidente puede ser de oÀcio À o a instancia de parte, mediante otrosí en el escrito de demanda o mediante escri-

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to aparte “en cualquier tiempo antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse en amparo de otro modo”. Pero sólo se acuerda la apertura de la pieza de medidas cautelares una vez que se ha admitido a trámite el recurso. Conforme a lo establecido en el art. 56.4 LOTC, el incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión, en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suÀ Àciente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse. Se resuelve por auto. A veces si se deniega se acuerda acelerar la resolución del recurso, anteponiendo en el orden de señalamientos. Se puede impugnar la denegación mediante recurso de súplica, que no tiene efectos suspensivos (art. 93.2 LOTC). Fijación de garantías (art. 56.5 LOTC). La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna ÀanÀ za suÀciente À para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Se trata de exigir la previa prestación de una À Àanza que asegure la indemnización de los daños que pueda ocasionar la medida cautela. No procede, sin embargo, cuando se ha consignado judicialmente el principal reclamado. Respecto a su cuantiÀ Àcación, se remite al órgano judicial a quo. Adopción de medidas cautelares inaudita parte (art. 56.6 LOTC). En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notiÀcación, À por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno. Se debe dictar resolución motivada posterior tras oír a las partes en la que se expresen las razones para mantener, modiÀcar À o levantar la medida cautelar.

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4.5.4.

ModiÀcación À de las medidas cautelares

La suspensión o denegación de medidas cautelares puede ser modiÀ Àcada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oÀÀ cio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión (art. 57 LOTC). La revisión se puede producir: a) A través de recurso de súplica contra la decisión que acuerde o deniegue la medida cautelar; y b) Mediante el incidente regulado en el art. 57 LOTC. Las diferencias entre una y otra vía se reÀeren À a: a) Quién puede instar la modiÀcación: À en el recurso súplica siempre es a instancia de parte, mientras que en modiÀ Àcación ex art. 57 LOTC puede acordarse de oÀ Àcio. b) Plazo: Recurso súplica tiene un plazo de tres días, mientras que la modiÀcación À se puede instar en cualquier momento. c)

El recurso de súplica se sustenta en una discrepancia con la resolución, mientras que la modiÀcación À exige acreditar circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al adoptarse la medida cautelar.

Ambos cauces obedecen a presupuestos diferentes, por lo tanto no son vías alternativas. El presupuesto fundamental para la aplicación del art. 57 LOTC (modiÀcación À de medidas cautelares) es el cambio de circunstancias: a) Circunstancias desconocidas. Si recibidos testimonios recabados a los órganos judiciales, los datos se contradicen con lo alegado por el peticionario. b) Circunstancias sobrevenidas. Para las penas privativas de libertad, si se alcanza un período de cumplimiento de prisión provisional que entre en los parámetros Àjados por el Tribunal; concesión de indulto parcial; petición del propio beneÀciario À porque le condenan por otros hechos y quiere acogerse al beneÀcio À de refundición de condenas; responsa-

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bilidad personal en caso de impago de multa; modiÀcación À de garantías. El incidente se tramita de acuerdo con las siguientes reglas: À o a instancia de parte. a) Puede iniciarse de oÀcio b) Puede promoverse en cualquier momento del proceso de amparo. c)

Puede solicitarse el levantamiento o la modiÀcación À de medidas ya adoptadas o la adopción de otras denegadas o nuevas.

d) Antes de resolver hay que dar audiencia a las partes (personadas). Si no se da dicha audiencia, las partes pueden acogerse al mismo art. 57 LOTC aunque no es esa su Ànalidad. Una solución más idónea sería aplicar el art. 56.6 LOTC (medidas cautelares adoptadas inaudita parte), que obliga a dictar una resolución motivada posterior, o interponer un recurso de súplica. e) Cabe proposición y práctica de prueba para acreditar el cambio de circunstancias. f)

Resolución por auto, contra el que cabe recurso de súplica.

La LOTC también prevé el resarcimiento de daños derivados de la concesión o denegación de medidas cautelares. Este resarcimiento está previsto para los casos en que las decisiones del Tribunal Constitucional sobre medidas cautelares produzcan perjuicios indemnizables. El riesgo de que una resolución cautelar ocasione perjuicios existe porque se adopta sin la concurrencia del bonus fumus iuris, sólo para evitar que el amparo pierda su À Ànalidad. Está regulada en el art. 58 LOTC, según el cual: 1. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se pondrán las Àanzas constituidas. Por tanto, corresponde a la jurisdicción ordinaria

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conocer de la acción indemnizatoria, quien dispone de las Àanzas constituidas. À 2. Las peticiones de indemnización, que se sustanciarán por el trámite de los incidentes, deberán presentarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. 4.6.

LA

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO

El procedimiento termina con la sentencia, que es la forma ordinaria de conclusión del proceso de amparo. La sentencia puede ser estimatoria o desestimatoria. Existen además otras formas de Ànalización anticipada del procedimiento, como el desistimiento (auto), la caducidad (auto), la desaparición sobrevenida o inexistencia originaria del objeto (auto motivado o providencia sin motivación) (art. 86 LOTC). También podemos incluir otras formas de Ànalización, como la inadmisión a trámite del recurso de amparo (auto), o la estimación parcial del recurso (sentencia). 4.6.1.

La estructura de las sentencias que resuelven recursos de amparo

En la estructura de las sentencias encontramos cuatro partes: encabezamiento, antecedentes, fundamentos jurídicos y fallo. À a las partes y a sus represenEn el encabezamiento se identiÀcan tantes. A veces estos datos se ocultan dependiendo de la naturaleza del asunto y si afectaran a la intimidad personal o familiar. Los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos se presentan de forma separada. Suelen ser muy exhaustivos y pormenorizados, y se exponen con bastante claridad (sin “considerandos” ni “resultandos”) El fallo es la parte dispositiva. Las sentencias también pueden contener los votos particulares de los magistrados que lo consideren oportuno, ya sean concurrentes o discrepantes con el fallo. Todas las

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sentencias y los autos se publican en el BOE, no así las providencias, que sólo se notiÀ Àcan a las partes. 4.6.2.

Contenido de la sentencia

Según el artículo 53 LOTC: “La Sala o en su caso la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos: a) Otorgamiento del Amparo b) Denegación del Amparo” El contenido de la sentencia viene delimitado por la propia demanda, aunque puede verse modiÀ Àcado o ampliado por dos vías: la ampliación de las alegaciones de las partes personadas y del Ministerio ÀcaFiscal, previstas en el art. 52 LOTC (en las que no cabe una modiÀ ción esencial del objeto litigioso ya que produciría indefensión para las partes); o cuando el Tribunal Constitucional suscita nuevas cuestiones a las partes, previsto en el art. 84 LOTC, siempre con audiencia obligatoria para las partes. À vicios proceEn la sentencia también pueden apreciarse de oÀcio sales que hagan inviable la demanda, o suscitarse cuestiones prejudiciales o incidentales (art. 3 LOTC). Puede hablarse de un deber de congruencia de la sentencia con lo demandado por las partes, aunque no es entendido como en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Respecto a las pretensiones sí debe haber congruencia, pero en cuanto a los motivos de impugnación, aquí la congruencia es relativa pues el Tribunal puede introducir motivos no apreciados por las partes, que le permite el art. 84 LOTC sin violar el principio de contradicción. Y en relación con las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes, el principio de “iura novit curia” y “da mihi factum, dabo tibi ius” permite al Tribunal fundar el fallo en los preceptos constitucionales que sean pertinentes, y utilizar argumentaciones jurídicas diferentes a las planteadas por las partes. Ànitiva, la sentencia debe dar respuesta a todas aquellas En deÀ pretensiones y motivos de impugnación planteados en el proceso, sea

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por el demandante, por otras partes personadas, sea por el propio Tribunal de oÀ Àcio. Ahora bien, en ocasiones el Tribunal Constitucional justiÀ Àca su decisión de no resolver, por ser innecesario o improcedente, todas las pretensiones o motivos de impugnación formulados (como cuando advierte algún vicio de procedibilidad que le impide entrar en el fondo del asunto). Las sentencias de amparo no sólo pueden contener el otorgamiento o denegación del mismo, también caben otros contenidos: Sentencias de inadmisión de la demanda. El Tribunal Constitucional ha reiterado en muchas ocasiones que los defectos insubsanables del recurso no resultan subsanados por haber admitido a trámite inicialmente el recurso, de forma que los presupuestos procesales pueden reabordarse o reconsiderarse en la sentencia, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión (STC 174/2007, de 23 de julio). Sentencias que aprecian la falta de objeto. El Tribunal aprecia la falta de objeto cuando hay una satisfacción del derecho fundamental en la vía ordinaria, lo que deja sin contenido el proceso constitucional (cuando la Administración o el órgano judicial revocan el acto que dio lugar al recurso, STC 40/1982, de 30 de junio). 4.6.3.

Alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional en la resolución de los recursos de amparo

Según el artículo 54 LOTC, cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Este precepto debe interpretarse de acuerdo con el art. 44.b) LOTC, en relación con la vulneraciones provenientes “de modo inmediato y directo de una acción u omisión del órgano judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional”.

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Este alcance limitado se justiÀ Àca por varias razones: a) La vía de amparo no se considera como una nueva instancia. El Tribunal Constitucional tiene vedado conocer de los hechos que dieron lugar al proceso cuando la violación del derecho fundamental cometida por el órgano judicial lo sea con independencia de tales hechos. Sólo se exceptúa esta regla cuando las consecuencias jurídicas de los hechos que haya extraído el órgano judicial afecten a un derecho fundamental (STC 130/1991, de 6 de junio), o cuando los hechos sean de relevancia para ilustrar los antecedentes (STC 59/1990, de 29 de marzo). También es cierto que el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los Jueces y tribunales una resolución fundada en Derecho, por lo que cuando la resolución judicial sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Todo ello permite al Tribunal valorar el cierto modo ese razonamiento judicial. (SSTC 21/2003, de 10 de febrero, 79/2003, de 28 de abril, 122/2003, de 17 de junio). b) No corresponde al Tribunal Constitucional revisar la valoración del material probatorio efectuado por los Tribunales ordinarios, sino tan sólo la supervisión externa de la razonabilidad entre prueba y relato fáctico resultante. c)

Tampoco corresponde al Tribunal Constitucional seleccionar la normativa aplicable a los hechos probados en vía judicial, ni corregir errores o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas por parte de los órganos judiciales, salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional (STC 16/2002, de 28 de enero).

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4.6.4.

Las sentencias que otorgan el amparo

Conforme al art. 55 LOTC, la sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos y libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos. b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. c)

Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

Las dos Salas del Tribunal Constitucional estructuran de manera diferente el fallo en las sentencias estimatorias. Las sentencias de la Sala Primera adoptan la siguiente estructura: a) reconocer al recurrente el Derecho lesionado, b) anular los actos o resoluciones que hayan vulnerado el derecho reconocido, c)

retrotraer si procede las actuaciones al momento que corresponda.

Y las sentencias de la Sala Segunda se limitan a: a) declarar vulnerado el derecho fundamental, b) restablecer al recurrente en su derecho y, a este À Àn, declarar la nulidad de los actos y resoluciones que corresponda, retrotrayendo así las actuaciones si procede. La declaración de nulidad sólo se produce respecto de actuaciones positivas, nunca respecto de omisiones o actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho, por ejemplo, el cobro de multas impuestas sin haberse observado procedimiento alguno (STC 18/1981, de 8 de junio).

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Cuando se recurra en amparo una resolución conÀ Àrmatoria de otras precedentes, se presume que aquéllas también son impugnadas, aunque no se haya solicitado de modo expreso. Asimismo, la declaración de nulidad puede extenderse a actos o resoluciones que sin ser presupuesto de la impugnada, estén en íntima conexión con Àrmeza de otras, corrigen ella, como por ejemplo las que declaran la À errores materiales o aclaran la resolución impugnada (STC 61/2002, de 11 de marzo). Cuando la vulneración del derecho fundamental se ha producido en la misma sentencia no procede anular las actuaciones o trámites previos a dicha sentencia (STC 20/1987, de 19 de febrero), pero por ejemplo sí cabe la anulación parcial de las resoluciones impugnadas. La anulación de una sentencia no conlleva necesariamente la anulación de posteriores, recaídas en una instancia superior, cuando éstas hayan tenido un objeto o contenido ajeno a lo debatido en amparo y sean compatibles con lo resuelto por el Tribunal (STC 256/1994, de 26 de septiembre). Respecto al alcance de la declaración de nulidad, pese a que según el art. 62.1 LRJPAC y los arts. 238.3 y 240.1 LOPJ, ésta tendría efectos ex tunc, y por tanto se trataría de una nulidad radical, el Tribunal Constitucional ha modulado estos efectos, teniendo en cuenta la presencia de otros bienes jurídicamente relevantes: derechos de terceros, principio de conservación de los actos, economía procesal, buena fe, seguridad jurídica (SSTC 99/1994, de 11 de abril y 90/1995, de 9 de junio). Por lo tanto, se aplica el principio de máxima conservación de los actos procesales y mínima perturbación de los derechos de terceros. En cuanto al reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, a veces supone el único contenido de la sentencia, por ejemplo cuando los efectos de la lesión del derecho han cesado en el momento de dictarse ésta, ya que la sentencia debe referirse al momento y circunstancias en las que se formuló el amparo. De hecho, este tipo de pronunciamiento debería ser el único obligatorio en las sentencias que otorgan el amparo.

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El reconocimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de medidas apropiadas para su conservación signiÀ Àca que en ocasiones será necesario acordar que las actuaciones judiciales o administrativas se retrotraigan a un momento anterior a la vulneración del derecho o libertad, para dictar una nueva resolución respetuosa con el mismo. También pueden llevarse a cabo actuaciones distintas por parte del Tribunal Constitucional para lograr el restablecimiento o conservación del derecho. Veamos brevemente estas posibilidades: a)

La retroacción de actuaciones

Si se han producido vulneración de los denominados derechos procesales (arts. 24, 14, 17 y 25 CE) se retrotraen las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior para que el órgano judicial dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho vulnerado. Si la vulneración afecta a los derechos materiales o sustantivos, la nulidad de la resolución o acto es consecuencia de un análisis de fondo del Tribunal Constitucional, de ahí que la retroacción de las actuaciones judiciales para resolver de un modo distinto el litigio no sería procedente por el valor de cosa juzgada de las mismas (art. 164.1 CE). En ocasiones el Tribunal ha entendido que para restablecer al demandante en la integridad de su derecho debía, además de anular la resolución judicial (de apelación, súplica o casación) impugnada, declarar la Àrmeza de una resolución judicial anterior recaída en la primera instancia. Esto sólo es posible si el objeto del recurso de amparo coincide plenamente con el objeto del proceso a quo. Esta doctrina no ha estado exenta de tensiones con el Tribunal Supremo, quien en el Pleno de la Junta No Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2000 declaró que “En aquellos procesos penales en los que se haya dictado sentencia de casación posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional en recurso de amparo deberá necesariamente la Sala de lo Penal del TS como última y máxima instancia interpretativa de la legalidad penal ordinaria, Ànalizar el procedimiento penal dictando la sentencia que

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corresponda en términos procedentes de conformidad con la nulidad y los efectos decididos por el Tribunal Constitucional...” En los amparos de naturaleza mixta, cuando el Tribunal Constitucional no aprecia vulneración del derecho por el acto administrativo pero sí por la resolución judicial, el contenido de la sentencia consistirá en el reconocimiento al recurrente a la tutela judicial efectiva y la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas, pero sin ordenar la retroacción de las actuaciones, manteniéndose la validez de la actuación administrativa. Cuando la lesión del derecho fundamental se produce en el ámbito de las relaciones entre particulares, las exigencias procesales de la LOTC requieren la mediación de un proceso judicial a quién se le imputaría la lesión del derecho fundamental por reiterar, conÀ Àrmar y no corregir la lesión. Se anula la sentencia recurrida y se retrotraen las actuaciones al momento procesal oportuno para que el órgano judicial, en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional, dicte una nueva sentencia resolviendo la pretensión. b)

Otras medidas de restablecimiento o conservación del derecho o libertad

Aunque el Tribunal Constitucional goza de un amplio margen para À las medidas que permitan el restablecimiento y conservación del Àjar derecho o libertad, existe algún criterio ya consolidado: Respecto a las vulneraciones imputables a omisiones, éstas serán remediadas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55.1.c) LOTC, de forma que por ejemplo, para las dilaciones indebidas, el Tribunal Constitucional exigirá al órgano judicial que ponga Àn a la inactividad procesal. Sin embargo, el Tribunal carece de jurisdicción para resolver peticiones de reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios y es la jurisdicción ordinaria a la que debe dirigirse este tipo de resarcimiento.

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4.6.5.

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La cuestión interna de inconstitucionalidad

En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los arts. 35 y siguientes (art. 55.2 LOTC). En este punto nos remitimos a lo ya expuesto sobre el procedimiento a seguir en la cuestión de inconstitucionalidad, que fue tratado con anterioridad. Aunque el recurso de amparo no está concebido para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, nada impide que los recurrentes aleguen en el amparo la posible inconstitucionalidad de la ley, siempre, claro está, que los recurrentes hayan soportado una vulneración real y efectiva de un derecho fundamental y haya una intrínseca relación entre el amparo constitucional y la inconstitucionalidad de la ley. De hecho, éste es un motivo que implica una especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, de 25 de junio). El planteamiento de la autocuestión de inconstitucionalidad puede provenir de las partes pero también de oÀcio. À Se acuerda mediante auto, siempre antes de dictar sentencia, cuyo plazo queda en suspenso hasta la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad.

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PREGUNTAS TIPO TEST 1. Podemos deÀ Ànir la jurisdicción constitucional como: a)

El conjunto de procedimientos de índole constitucional cuyo objeto es la garantía de los derechos subjetivos de los ciudadanos.

b)

El conjunto de procedimientos de carácter procesal y variada índole cuyo objeto es la defensa de la Constitución y de los principios y derechos en ella regulados.

c)

Es la jurisdicción jerárquicamente superior a la ordinaria conforme a lo dispuesto en el Titulo VI de la Constitución de 1978.

d)

Los procedimientos que pueden afectar tanta al ámbito de la jurisdicción ordinaria, como al Tribunal Constitucional en defensa de la primacía de la Constitución.

2. La Garantía del orden constitucional a)

Pertenece en exclusiva al Tribunal Constitucional.

b)

No pertenece en exclusiva al Tribunal Constitucional, lo comparte con la jurisdicción ordinaria.

c)

No pertenece en exclusiva al Tribunal Constitucional, lo comparte con el resto de órganos del Estado.

d)

No pertenece en exclusiva al Tribunal Constitucional, lo comparte con todos los operadores jurídicos.

3. El Tribunal Constitucional es a)

Único en su género y competente en todo el territorio nacional.

b)

Es un tribunal no jurisdiccional competente en todo el territorio nacional.

c)

Un órgano ante el cual es posible plantear problemas de competencia y jurisdicción.

d)

Un tribunal con especial jerarquía dentro del poder judicial.

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4. El Tribunal Constitucional es competente para a)

Conocer únicamente del control de constitucionalidad de las normas.

b)

Actuar de oÀ Àcio siempre que los actos o disposiciones del Gobierno o del Parlamento pongan en entredicho la supremacía de la Constitución.

c)

A instancia de parte, establecer los límites que tienen otros poderes y operadores jurídicos en aras al respeto del sistema político, jurídico y social derivado de la Constitución.

d)

Realizar el control previo de constitucionalidad de los Tratados Internacionales.

5. La procedencia de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional a)

Se divide entre órganos técnicos y políticos.

b)

Es de naturaleza política y por ello se aÀ Àrma su naturaleza dual.

c)

Se divide entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado y se eligen de entre los magistrados de mayor antigüedad.

d)

Sigue el mismo procedimiento que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución de 1931.

6. Los mecanismos que garantizan la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional son: a)

El Estatuto, la inamovilidad del cargo, el sistema de incompatibilidades y el periodo de tiempo en el que desempeñan su labor.

b)

El sistema de designación de su Secretario General, por cooptación, que garantiza un funcionamiento autónomo.

c)

El periodo de 3 años por el que se nombran, la imposibilidad de cambio de destino, el Estatuto y el sistema de incompatibilidades, sólo pueden compatibilizar su labor de magistrados en puestos de trabajo del sector privado.

d)

El Estatuto, la inamovilidad del cargo, su nombramiento por 7 años y el sistema de incompatibilidades.

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7. La modiÀ Àcación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobado en el 2007 permite: a)

Que el Pleno asuma mayores funciones para garantizar la legalidad de la toma de decisiones.

b)

Que las secciones asuman mayor carga de trabajo para permitir una mayor celeridad en la tramitación de los asuntos.

c)

La designación de magistrados suplentes para aliviar la enorme carga del trabajo del Tribunal.

d)

Que varíe el número de miembros de las salas (hasta 8) para que las decisiones se asemejen, en legalidad y legitimidad, a las tomadas por el Pleno.

8. Las tres novedades de mayor trascendencia que incorpora la modiÀ Àcación a la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional aprobada en 2007 son: a)

La habilitación de las secciones para la resolución de los recursos de amparo, la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre y la nueva conÀ Àguración del trámite de admisión del recurso de amparo.

b)

La habilitación de las salas para la resolución de un número mayor de asuntos, la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre y la nueva conÀ Àguración del trámite de admisión del recurso de amparo.

c)

La habilitación de las secciones y las salas para la resolución de los recursos de amparo, la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre y la nueva conÀ Àguración del trámite de admisión del recurso de amparo.

d)

La reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 2/1979, la nueva conÀ Àguración del trámite de admisión del recurso de amparo y la reorganización de los órganos de trabajo del Tribunal.

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9. Respecto a la defensa de los derechos de los ciuda-danos a)

Los órganos judiciales ordinarios son quienes reparan, en última instancia, las vulneraciones de los derechos fundamentales que puedan producirse, especialmente a través del proceso de la aplicación del artículo 241.1 LOPJ.

b)

El único órgano competente para conocer de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos contenidos en la Constitución es el Tribunal Constitucional.

c)

El Tribunal Constitucional se ocupara de la protección en amparo de los derechos y libertades de los ciudadanos contenidos en la Constitución, cuando las vías ordinarias de protección hayan resultado insatisfactorias.

d)

AÀ Àrmamos que existe un sistema de jurisdicción constitucional abstracta.

10. El requisito de especial trascendencia constitucional a)

Supone la inclusión como requisito de admisión de la demanda de amparo un razonamiento que justiÀ Àque el interés constitucional más allá de la mera denuncia de la violación del derecho.

b)

Es un requisito subsanable.

c)

Supone que el demandante ha tenido que probar que se ha vulnerado un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución, por un poder público.

d)

Contempla la posibilidad de que la vulneración del derecho fundamental se deba a actos o disposiciones, que no necesariamente tienen que tener rango de ley, que tengan trascendencia para una pluralidad de sujetos y no sólo para el demandante en amparo.

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11. El recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad a)

Tienen en común el objeto del proceso, la constitucionalidad de cualquier norma sobre la que se dude de su constitucionalidad.

b)

DiÀ Àeren en los sujetos legitimados para su interposición. En el recurso de inconstitucionalidad los operadores jurídicos y en la cuestión los abogados que son parte del proceso.

c)

Tienen los mismos efectos, la posible declaración de inconstitucionalidad de una norma, ya se total o parcial.

d)

Producen la suspensión automática de la norma con efectos generales desde el momento de su presentación.

12. Determine cuál de estar aÀ Àrmaciones es falsa a)

En el recurso de inconstitucionalidad la legitimación es claramente institucional.

b)

La legitimación para la interposición del recurso de inconstitucionalidad es una enumeración números clausus.

c)

Para la interposición del recurso de inconstitucionalidad existe un plazo de 3 meses desde que la norma ha sido publicada en el Boletín OÀ Àcial del Estado.

d)

El trámite de admisión o inadmisión del recurso de inconstitucionalidad corresponde a las salas del Tribunal Constitucional.

13. Los conÁ Áictos de competencia sobre los que resolverá el Tribunal Constitucional a)

Excluyen a los conÁ Áictos en defensa de la autonomía local, por pertenecer al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa.

b)

En el caso de los conÁ Áictos entre órganos constitucionales del Estado, la regulación contempla sólo los conÁ Áictos positivos de los órganos constitucionales del Estado, excluyendo los negativos.

c)

Se tramitarán todos por el mismo procedimiento que los conÁ Áictos de competencia que puedan producirse entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

d)

Requieren todos del trámite previo de solicitud de Dictamen ante el Consejo de Estado.

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14. La cuestión de inconstitucionalidad es a)

Un recurso directo de constitucionalidad que pretende la derogación de una norma inconstitucional.

b)

Una cuestión incidental en un proceso no constitucional.

c)

Un procedimiento discrecional que debe ser autorizado por el juez y que sólo procede a instancia de parte.

d)

Un procedimiento constitucional ante la jurisdicción ordinaria.

15. Antes de plantear la cuestión de inconstitucionalidad a)

El órgano judicial deberá dar traslado a las partes de la interpretación de la norma objeto de controversia una vez que ha dictado sentencia.

b)

El órgano judicial deberá dar audiencia en vista oral y comunicar a las partes y al Ministerio Fiscal, salvo en cuestiones que afecten al ámbito civil de: La ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional que se supone infringido.

c)

Como requisito de admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial deberá justiÀ Àcar mediante el juicio de relevancia que la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada.

d)

El órgano judicial deberá dar audiencia a las partes en un plazo no superior a 30 días.

16. La cuestión de inconstitucionalidad a)

Servirá para declarar inconstitucionales aquellas normas sobre las que los órganos políticos no hayan presentado r recurso de inconstitucionalidad, por ello los jueces deben plantear la cuestión de inconstitucionalidad en cualquier momento del procedimiento que sustancian.

b)

Sólo puede ser planteada de oÀ Àcio, nunca a instancia de parte.

c)

Puede ser planteada en cualquier ámbito jurisdiccional.

d)

Será resuelta en el plazo máximo de 30 días desde la presentación del auto de planteamiento por parte del órgano judicial ante el Tribunal Constitucional.

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17. Los autos del Tribunal Constitucional son a)

Resoluciones no motivadas que admiten la pretensión que da origen al recurso.

b)

Resoluciones motivadas que son siempre de inadmisión dictadas por el pleno del Tribunal Constitucional.

c)

Resoluciones motivas de inadmisión, emitidas por las secciones.

d)

Decisiones relativas a la ordenación de los trabajos internos del Tribunal.

18. En el Tribunal Constitucional las sentencias a)

Recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos, tienen valor de cosa juzgada y tienen efectos desde su publicación en el BOE.

b)

Que se dicten en las cuestiones de inconstitucionalidad tendrán efectos inter-partes y valor de cosa juzgada y por ello no son publicadas en el BOE.

c)

Interpretativas no tienen efectos erga omnes por cuanto salvan la constitucionalidad de la norma para un caso concreto.

d)

Recaídas en recursos de inconstitucionalidad imponen la obligación al legislador de dictar una norma ex novo que respete la constitucionalidad de la norma en un plazo no superior a 3 meses.

19. En los procesos constitucionales a)

No procede aclaración de sentencia, habrá que acudir a la interpretación que exprese el Tribunal en sus fundamentos jurídicos.

b)

Procede aclaración de sentencia conforme al artículo 93.1 LOTC en el plazo de 5 días desde que se comunica a las partes la sentencia.

c)

Procede aclaración de sentencia conforme al artículo 93.1 LOTC en el plazo de 2 días desde que se comunica a las partes la sentencia, en el escrito de solicitud se procederá a solicitar la modiÀÀ cación del fallo, como último recurso del justiciable.

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María Garrote de Marcos – Beatriz Vila Ramos d)

Procede aclaración de sentencia conforme al artículo 93.1 LOTC en el plazo de 2 días desde que se comunica a las partes la sentencia, en el escrito de solicitud no se procederá solicitar la modiÀÀ cación del fallo.

20. El Procedimiento de eventual funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional a)

No existe en la jurisdicción constitucional española.

b)

No existe, sólo cabe invocar este tipo de procedimiento en la jurisdicción ordinaria.

c)

Sólo procede en los recursos de inconstitucionalidad, por la carga política de este tipo de recursos.

d)

Procede para la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado.

21. Los derechos que pueden ser objeto del Procedimiento especial preferente y sumario previsto en el art. 53 CE son: a)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE (arts. 15-29).

b)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II de la CE, además del principio de igualdad del art. 14.

c)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II de la CE, además del principio de igualdad del art. 14 y la objeción de conciencia del art. 30.2.

d)

Todos los del Título I de la CE.

22. El procedimiento especial preferente y sumario de protección de derechos fundamentales: a)

Se encuentra regulado en la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (LPJDFP) de 1978.

b)

Se encuentra parcialmente regulado en la LPJDFP de 1978 y en otras leyes.

c)

Se encuentra regulado en las leyes procesales exclusivamente.

d)

Se encuentra regulado en las leyes procesales y en otras leyes especiales.

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23. En el procedimiento preferente y sumario previsto en al LJCA: a)

No es necesario agotar la vía administrativa para interponer el recurso.

b)

Se debe agotar la vía administrativa para interponer el recurso.

c)

No se da traslado al Ministerio Fiscal.

d)

Se prevé un régimen especial de suspensión de los actos administrativos que se impugnan.

24. En la Ley de Enjuiciamiento Civil: a)

Hay un procedimiento especial preferente y sumario de tutela de derechos fundamentales que se recoge en el art. 249.

b)

Hay una remisión a la LPJDFP de 1978.

c)

El artículo 249 señala que se seguirá el cauce previsto para el juicio ordinario.

d)

La LEC sólo se reÀ Àere a la tutela del derecho al honor, intimidad y propia imagen.

25. En la Jurisdicción social: a)

El procedimiento especial preferente y sumario se utiliza con carácter preferente sobre el resto.

b)

Para la tutela de los derechos fundamentales se requiere siempre un acto de conciliación o reclamación administrativa previa.

c)

Para la tutela de los derechos fundamentales Existen plazos de prescripción y caducidad especiales.

d)

Si hay una modalidad procesal especíÀ Àca debe utilizarse con carácter preferente sobre el procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales.

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María Garrote de Marcos – Beatriz Vila Ramos

26. Señale la respuesta correcta: a)

En el ámbito penal no hay un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales.

b)

En el ámbito militar no hay un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales.

c)

En el ámbito penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, referido a determinados delitos.

d)

El procedimiento especial preferente y sumario de la jurisdicción militar fue declarado inconstitucional.

27. Se prevé un procedimiento especial, diferente al general preferente y sumario para (señale la respuesta incorrecta) a)

El derecho de reunión.

b)

Los derechos de participación política-electoral.

c)

La detención ilegal.

d)

El acoso sexual.

28. Los derechos susceptibles de amparo constitucional son: a)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE (arts. 15-29).

b)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II de la CE, además del principio de igualdad del art. 14.

c)

Los de la Sección 1ª del Capítulo II de la CE, además del principio de igualdad del art. 14 y la objeción de conciencia del art. 30.2.

d)

Todos los del Título I de la CE.

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29. En relación con el objeto del recurso de amparo: a)

Puede estar referido a una lesión genérica o eventual.

b)

Pueden ser tutelables las vulneraciones de ciertos derechos que en principio se encuentran excluidos, si se relacionan con algunos que sí están protegidos.

c)

Se requiere siempre una actuación de los poderes públicos, excluyéndose las omisiones.

d)

No caben lesiones de derechos o libertades producidas por particulares, en ningún caso.

30. ¿Cuáles de los siguientes actos no estarían incluidos en los actos emanados del poder ejecutivo, a efectos del art. 43.1 LOTC? a)

Los del Gobierno.

b)

Los del Tribunal de Cuentas en materia de gestión patrimonial.

c)

Los de las Entidades Locales.

d)

Los de las Asambleas Legislativas en el ejercicio de su función parlamentaria.

31. Los recursos de amparo mixtos: a)

Àeren a lesiones producidas por un particuSon aquellos que se reÀ lar y por un poder público.

b)

Son aquellos que se reÀ Àeren a una lesión producida por un acto del poder ejecutivo y otra producida por un órgano judicial.

c)

Son aquellos que se reÀ Àeren a una lesión producida por un acto del poder legislativo y otra producida por un órgano judicial.

d)

Son aquellos en los que se alega la vulneración de más un derecho fundamental.

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María Garrote de Marcos – Beatriz Vila Ramos

32. La legitimación para interponer el recurso de amparo: a)

En los amparos parlamentarios corresponde sólo al titular del derecho o libertad vulnerados.

b)

El defensor del Pueblo sólo ostenta legitimación si el particular que ha sufrido la lesión del derecho consiente en su participación.

c)

Es necesario, como regla general, haber sido parte en el proceso judicial previo.

d)

En Ministerio Fiscal puede interponer el recurso de amparo como parte agraviada.

33. La demanda de amparo: a)

Puede ampliarse posteriormente siempre que se trate de invocar un derecho fundamental distinto.

b)

Debe incluir la especial trascendencia constitucional, aunque su omisión es subsanable.

c)

Debe ir acompañada de la copia de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo previo.

d)

Debe ir acompañada del documento que acredite la representación procesal, aunque se puede exonerar de este requisito si ya se presentó ante los Tribunales ordinarios.

34. Para ejercer como abogado ante el TC: a)

Basta estar incorporado a un Colegio de Abogados de España.

b)

Se requiere estar colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, con tres años de ejercicio.

c)

Para ejercer en el turno de oÀ Àcio se requieren cinco años de ejercicio profesional como mínimo.

d)

Los ex Letrados del Tribunal Constitucional podrán ejercer como abogados, siempre que el Pleno lo autorice.

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35. La admisión a trámite de la demanda de amparo: a)

Corresponde a las secciones del Tribunal Constitucional, en todo caso.

b)

Sólo se requiere unanimidad cuando se acuerda la inadmisión.

c)

Puede ser una admisión parcial.

d)

Se resuelve siempre mediante auto.

36. El plazo de subsanación de la demanda de amparo es de: a)

Diez días.

b)

Tres días.

c)

Cinco días.

d)

No hay posibilidad de subsanación.

37. Las alegaciones en el procedimiento de amparo:

38.

a)

Pueden consistir en proponer una ampliación de la demanda.

b)

Los coadyuvantes pueden en ese momento ejercitar una pretensión de amparo distinta e independiente del recurrente.

c)

El demandante no puede presentar alegaciones.

d)

Los demandados pueden alegar causas de inadmisión, además de desestimación.

Respecto a las medidas cautelares consistentes en la suspensión: a)

Las resoluciones de contenido patrimonial suelen suspenderse siempre.

b)

Las penas privativas de libertad se suspenderán siempre si la condena es superior a cinco años.

c)

Las penas accesorias tiene un régimen de suspensión distinto a las principales.

d)

En los casos de violencia de género no se suspende la pena privativa de libertad aunque sea corta.

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María Garrote de Marcos – Beatriz Vila Ramos Señale la aÀ Àrmación correcta: a)

La iniciación del incidente de medidas cautelares siempre será a instancia de parte.

b)

La denegación de las medidas cautelares solicitadas no es susceptible de recurso.

c)

En casos de urgencia, la adopción de medidas cautelares podrá efectuarse inaudita parte en la resolución de admisión a trámite.

d)

La petición de medidas cautelares puede presentarse en cualquier momento anterior a la sentencia, pero siempre después del trámite de alegaciones.

40. La Ànalización del procedimiento de amparo: a)

Siempre será mediante sentencia.

b)

La inadmisión del recurso sólo se puede declarar mediante auto.

c)

No cabe el desistimiento en los procesos de amparo.

d)

El reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, es un contenido obligatorio en las sentencias que estiman el recurso de amparo.

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RESPUESTAS CORRECTAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C A C A A B A C A C D B B C C C A D D

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21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

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Anexo 1 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Texto consolidado Última modiÀcación publicada 17/10/2015 DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carácter de Orgánica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: TÍTULO I Del Tribunal Constitucional CAPÍTULO I Del Tribunal Constitucional, su organización y atribuciones Artículo primero Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Artículo segundo Uno. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina: a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución. c) De los conÁictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De los conÁictos entre los órganos constitucionales del Estado. d) bis. De los conÁictos en defensa de la autonomía local. e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

f) De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución. g) De la veriÀcación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley. h) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas. Dos. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el «Boletín OÀcial del Estado», autorizados por su Presidente. Artículo tercero La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta. Artículo cuarto 1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oÀcio o a instancia de parte su competencia o incompetencia. 2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. 3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución. Artículo quinto El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Artículo sexto Uno. El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o en Sección. Dos. El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

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Artículo séptimo Uno. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. Dos. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Tres. El Vicepresidente del Tribunal presidirá en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Artículo octavo 1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirán Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados. 2. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley. 3. Podrá corresponder también a las Secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les deÀera en los términos previstos en esta ley. Artículo noveno Uno. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su Presidente y propone al Rey su nombramiento. Dos. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. Tres. El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un período de tres años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez. Cuatro. El Tribunal en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y por el mismo período de tres años, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda. Artículo diez 1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos: a) De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

b) De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación. c) De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo. d) De los conÁictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía. e) De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución. f) De los conÁictos en defensa de la autonomía local. g) De los conÁictos entre los órganos constitucionales del Estado. h) De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3. i) De la veriÀcación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional. j) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas. k) De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. l) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23. m) De la aprobación y modiÀcación de los reglamentos del Tribunal. n) De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. 2. En los casos previstos en los párrafos d), e) y f) del apartado anterior, en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes. 3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Artículo once Uno. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. Dos. También conocerán las Salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia Sala.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

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Artículo doce La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente. Artículo trece Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno. Artículo catorce El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerirá la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros. Artículo quince El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal. CAPÍTULO II De los Magistrados del Tribunal Constitucional Artículo dieciséis Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo ciento cincuenta y nueve, uno, de la Constitución. Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara. Dos. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos. Tres. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A

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partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que Ànalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados. Cuatro. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años. Cinco. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación. Artículo diecisiete Uno. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para ello. Dos. Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. Artículo dieciocho Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Artículo diecinueve Uno. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: Primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o Àscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el

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desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Dos. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. Artículo veinte Los miembros de la carrera judicial y Àscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados Magistrados y letrados del Tribunal pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen. Artículo veintiuno El Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa: «Juro (o prometo) guardar y hacer guardar Àelmente y en todo tiempo la Constitución española, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional.» Artículo veintidós Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece. Artículo veintitrés Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. Dos. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el Presidente. En los restantes supuestos decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto y por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros en los demás casos.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Artículo veinticuatro Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno. Artículo veinticinco Uno. Los Magistrados del Tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Dos. Cuando el Magistrado del Tribunal proceda de cualquier Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se le computará, a los efectos de determinación del haber pasivo, el tiempo de desempeño de las funciones constitucionales y se calculará aquél sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al Magistrado del Tribunal Constitucional durante el último año. Artículo veintiséis La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. TÍTULO II De los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo veintisiete Uno. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados. Dos. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas. b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo ochenta y dos de la Constitución. c) Los Tratados Internacionales. d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

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e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa. f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Artículo veintiocho Uno. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Dos. Asimismo el Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo ochenta y uno de la Constitución los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad Autónoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgánica o impliquen modiÀcación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido. Artículo veintinueve Uno. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante: a) El recurso de inconstitucionalidad. b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. Dos. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso. Artículo treinta La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional CAPÍTULO II Del recurso de inconstitucionalidad

Artículo treinta y uno El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oÀcial. Artículo treinta y dos Uno. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales: a) El Presidente del Gobierno. b) El Defensor del Pueblo. c) Cincuenta Diputados. d) Cincuenta Senadores. Dos. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto. Artículo treinta y tres 1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la Ànalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones. b) Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modiÀcación del texto normativo. Este acuerdo

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podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado. c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el “Boletín OÀcial del Estado’’ y en el “Diario OÀcial’’ de la Comunidad Autónoma correspondiente. 3. Lo señalado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposición del recurso de inconstitucionalidad por los demás órganos y personas a que hace referencia el artículo 32. Artículo treinta y cuatro Uno. Admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a Àn de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas. Dos. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días. CAPÍTULO III De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales Artículo treinta y cinco Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oÀcio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especiÀcar o justiÀcar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión deÀnitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de

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ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia Àrme. Tres. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva deÀnitivamente sobre la cuestión. Artículo treinta y seis El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, si las hubiere. Artículo treinta y siete Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciará por los trámites del apartado segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada. Dos. Publicada en el ‘’Boletín OÀcial del Estado’’ la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días. Tres. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días.

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CAPÍTULO IV De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos Artículo treinta y ocho Uno. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín OÀcial del Estado». Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conÁictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. Tres. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notiÀcará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notiÀcadas. Artículo treinta y nueve Uno. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. Dos. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. Artículo cuarenta Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional TÍTULO III Del recurso de amparo constitucional CAPÍTULO I De la procedencia e interposición del recurso de amparo constitucional

Artículo cuarenta y uno Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta de la Constitución. Dos. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se reÀere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Tres. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. Artículo cuarenta y dos Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean Àrmes. Artículo cuarenta y tres Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente. Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notiÀcación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

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Tres. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución Àrme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo. Artículo cuarenta y cuatro 1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. 2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notiÀcación de la resolución recaída en el proceso judicial. Artículo cuarenta y cinco. (Derogado) Artículo cuarenta y seis Uno. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional: a) En los casos de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. b) En los casos de los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Dos. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el «Boletín OÀcial del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación tendrá carácter preferente. Artículo cuarenta y siete Uno. Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso que ostenten un interés legítimo en el mismo.

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Dos. El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. CAPÍTULO II De la tramitación de los recursos de amparo constitucional Artículo cuarenta y ocho El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones. Artículo cuarenta y nueve Uno. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se Àjará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justiÀcará la especial trascendencia constitucional del recurso. Dos. Con la demanda se acompañarán: a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo. b) En su caso, la copia, traslado o certiÀcación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo. Tres. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. Cuatro. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de maniÀesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso. Artículo cincuenta 1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos: a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49. b) Que el contenido del recurso justiÀque una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de

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la Constitución, para su aplicación o para su general eÀcacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. 2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución. 3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especiÀcarán el requisito incumplido y se notiÀcarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna. 4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo Àjado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno Artículo cincuenta y uno Uno. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita las actuaciones o testimonio de ellas. Dos. El órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento, cumplimentará el envío dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez días. Artículo cincuenta y dos Uno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Pública, y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común que no podrá exceder de veinte días, y durante él podrán presentarse las alegaciones procedentes. Dos. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación. Tres. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional CAPÍTULO III De la resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos

Artículo cincuenta y tres La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos: a) Otorgamiento de amparo. b) Denegación de amparo. Artículo cincuenta y cuatro Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Artículo cincuenta y cinco Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. Dos. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes. Artículo cincuenta y seis 1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. 2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su Ànalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oÀcio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un

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interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. 3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su Ànalidad. 4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suÀciente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse. 5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna Àanza suÀciente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su Àjación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia. 6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notiÀcación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno. Artículo cincuenta y siete La suspensión o su denegación puede ser modiÀcada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oÀcio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión. Artículo cincuenta y ocho Uno. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se pondrán las Àanzas constituidas. Dos. Las peticiones de indemnización, que se sustanciarán por el trámite de los incidentes, deberán presentarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional TÍTULO IV De los conÁictos constitucionales CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo cincuenta y nueve 1. El Tribunal Constitucional entenderá de los conÁictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan: a) Al Estado con una o más Comunidades Autónomas. b) A dos o más Comunidades Autónomas entre sí. c) Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí. 2. El Tribunal Constitucional entenderá también de los conÁictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma. CAPÍTULO II De los conÁictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí Artículo sesenta Los conÁictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguiente. Los conÁictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas. Artículo sesenta y uno Uno. Pueden dar lugar al planteamiento de los conÁictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos. Dos. Cuando se plantease un conÁicto de los mencionados en el artículo anterior con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier Tribunal, este suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conÁicto constitucional.

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Tres. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos. SECCIÓN

PRIMERA.

CONFLICTOS

POSITIVOS

Artículo sesenta y dos Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conÁicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución, con los efectos correspondientes. Artículo sesenta y tres Uno. Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquélla o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión. Dos. El requerimiento de incompetencia podrá formularse dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación y se dirigirá directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso. Tres. En el requerimiento se especiÀcarán con claridad los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte. Cuatro. El órgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deberá atenderlo en el plazo máximo de un mes a partir de su recepción, comunicándolo así al requirente y al Gobierno, si éste no actuara en tal condición. Si no lo estimara fundado, deberá igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos. Cinco. Dentro del mes siguiente a la notiÀcación del rechazo o al término del plazo a que se reÀere el apartado anterior, el órgano requirente, si no ha obtenido satisfacción, podrá plantear el conÁicto ante el Tribunal Constitucional, certiÀcando el cumplimiento infructuoso del trámite de requerimiento y alegando los fundamentos jurídicos en que éste se apoya.

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Artículo sesenta y cuatro Uno. En el término de diez días, el Tribunal comunicará al Gobierno u órgano autonómico correspondiente la iniciación del conÁicto, señalándose plazo, que en ningún caso será mayor de veinte días, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Dos. Si el conÁicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la Comunidad Autónoma y con invocación del artículo ciento sesenta y uno, dos. de la Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conÁicto. Tres. En los restantes supuestos, el órgano que formalice el conÁicto podrá solicitar del Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conÁicto, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación, el Tribunal acordará o denegará libremente la supension solicitada. Cuatro. El planteamiento del conÁicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del Tribunal por el que se acuerde la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conÁicto serán notiÀcados a los interesados y publicados en el correspondiente «Diario OÀcial» por el propio Tribunal. Artículo sesenta y cinco Uno. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se Àjare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas. Dos. En el caso previsto en el número dos del artículo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciación del conÁicto, el Tribunal deberá resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados de incompetencia por el Gobierno. Artículo sesenta y seis La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conÁicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma. Artículo sesenta y siete Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conÁicto de competencias se tramitará desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la

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existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad. SECCIÓN

SEGUNDA.

CONFLICTOS

NEGATIVOS

Artículo sesenta y ocho Uno. En el caso de que un órgano de la Administración del Estado declinare su competencia para resolver cualquier pretensión deducida ante el mismo por persona física o jurídica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autónoma, el interesado, tras haber agotado la vía administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podrá reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autónoma que la resolución declare competente. De análogo modo se procederá si la solicitud se promueve ante una Comunidad Autónoma y ésta se inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autónoma. Dos. La Administración solicitada en segundo lugar deberá admitir o declinar su competencia en el plazo de un mes. Si la admitiere, procederá a tramitar la solicitud presentada. Si se inhibiere, deberá notiÀcarlo al requirente, con indicación precisa de los preceptos en que se funda su resolución. Tres. Si la Administración a que se reÀere el apartado anterior declinare su competencia o no pronunciare decisión aÀrmativa en el plazo establecido, el interesado podrá acudir al Tribunal Constitucional. A tal efecto, deducirá la oportuna demanda dentro del mes siguiente a la notiÀcación de la declinatoria, o si trascurriese el plazo establecido en el apartado dos del presente artículo sin resolución expresa, en solicitud de que se tramite y resuelva el conÁicto de competencia negativo. Artículo sesenta y nueve Uno. La solicitud de planteamiento de conÁicto se formulará mediante escrito, al que habrán de acompañarse los documentos que acrediten haber agotado el trámite a que se reÀere el artículo anterior y las resoluciones recaídas durante el mismo. Dos. Si el Tribunal entendiere que la negativa de las Administraciones implicadas se basa precisamente en una diferencia de interpretación de preceptos constitucionales o de los Estatutos de Autonomía o de Leyes orgánicas u ordinarias que delimiten los ámbitos de competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas declarará, mediante auto que habrá de ser dictado dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, planteado el conÁicto. Dará inmediato traslado del auto al solicitante y a las Administraciones implicadas, así como a cualesquiera otras que el Tribunal considere competentes, a las que remitirá además copia de la solicitud de su planteamiento y de los documentos

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acompañados a la misma y Àjará a todos el plazo común de un mes para que aleguen cuanto estimen conducente a la solución del conÁicto planteado. Artículo setenta Uno. Dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo señalado en el artículo anterior o, en su caso, del que sucesivamente el Tribunal hubiere concedido para responder a las peticiones de aclaración, ampliación o precisión que les hubiere dirigido, se dictará sentencia que declarará cuál es la Administración competente. Dos. Los plazos administrativos agotados se entenderán nuevamente abiertos por su duración ordinaria a partir de la publicación de la sentencia. Artículo setenta y uno Uno. El Gobierno podrá igualmente plantear conÁicto de competencias negativo cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad conÀeran sus propios estatutos o una Ley orgánica de delegación o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el órgano requerido. Dos. La declaración de incompetencia se entenderá implícita por la simple inactividad del órgano ejecutivo requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere Àjado para el ejercicio de sus atribuciones, que en ningún caso será inferior a un mes. Artículo setenta y dos Uno. Dentro del mes siguiente al día en que de manera expresa o tácita haya de considerarse rechazado el requerimiento a que se reÀere el artículo anterior, el Gobierno podrá plantear ante el Tribunal Constitucional el conÁicto negativo mediante escrito en el que habrán de indicarse los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autónoma a ejercer sus atribuciones. Dos. El Tribunal dará traslado del escrito al órgano ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma, al que Àjará un plazo de un mes para presentar las alegaciones que entienda oportunas. Tres. Dentro del mes siguiente a la conclusión de tal plazo o, en su caso, del que sucesivamente hubiere Àjado al Estado o a la Comunidad Autónoma para responder a las peticiones de aclaración, ampliación o precisiones que les hubiere dirigido, el Tribunal dictará sentencia, que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: a) La declaración de que el requerimiento es procedente, que conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la Comunidad Autónoma deberá ejercitar la atribución requerida. b) La declaración de que el requerimiento es improcedente.

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CAPÍTULO III De los conÁictos entre órganos constitucionales del Estado Artículo setenta y tres Uno. En el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se reÀere el artículo 59.3 de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas conÀeren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se inÀera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque. Dos. Si el órgano al que se dirige la notiÀcación aÀrmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectiÀcase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conÁicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. A tal efecto, presentará un escrito en el que se especiÀcarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará una certiÀcación de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior de este artículo. Artículo setenta y cuatro Recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le Àjará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes. Idénticos traslados y emplazamientos se harán a todos los demás órganos legitimados para plantear este género de conÁictos, los cuales podrán comparecer en el procedimiento, en apoyo del demandante o del demandado, si entendieren que la solución del conÁicto planteado afecta de algún modo a sus propias atribuciones. Artículo setenta y cinco Uno. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de alegaciones a que se reÀere el artículo anterior o del que, en su caso, se Àjare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias, que no será superior a otros treinta días. Dos. La sentencia del Tribunal determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional CAPÍTULO IV De los conÁictos en defensa de la autonomía local

Artículo setenta y cinco bis. 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conÁictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos. Artículo setenta y cinco ter. 1. Están legitimados para plantear estos conÁictos: a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley. b) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oÀcial del ámbito territorial correspondiente. c) Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oÀcial. 2. Para iniciar la tramitación de los conÁictos en defensa de la autonomía local será necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mismas. 3. Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formalización del conÁicto, deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenezcan las Corporaciones locales corresponda a variasoauna Comunidad Autónoma. En las Comunidades Autónomas que no dispongan de órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Estado. 4. Las asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados a Àn de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del presente conÁicto. Artículo setenta y cinco quater. 1. La solicitud de los dictámenes a que se reÀere el artículo anterior deberá formalizarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiona la autonomía local. 2. Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, los

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municipios o provincias legitimados podrán plantear el conÁicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior y alegándose los fundamentos jurídicos en que se apoya. Artículo setenta y cinco quinquies. 1. Planteado el conÁicto, el Tribunal podrá acordar, mediante auto motivado, la inadmisión del mismo por falta de legitimación u otros requisitos exigibles y no subsanables o cuando estuviere notoriamente infundada la controversia suscitada. 2. Admitido a trámite el conÁicto, en el término de diez días, el Tribunal dará traslado del mismo a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de quien hubiese emanado la ley, y en todo caso a los órganos legislativo y ejecutivo del Estado. La personación y la formulación de alegaciones deberán realizarse en el plazo de veinte días. 3. El planteamiento del conÁicto será notiÀcado a los interesados y publicado en el correspondiente Diario OÀcial por el propio Tribunal. 4. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se Àjare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas. 5. La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local. 6. La declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conÁicto requerirá nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestión tras la resolución del conÁicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes y tendrá los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. TÍTULO V De la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución Artículo setenta y seis Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.

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Artículo setenta y siete La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratiÀcarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia. TÍTULO VI De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales Artículo setenta y ocho Uno. El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya deÀnitivamente Àjado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado. Dos. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, según lo previsto en el apartado anterior, a Àn de que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo noventa y cinco de la Constitución, tendrá carácter vinculante. Tres. En cualquier momento podrá el Tribunal Constitucional solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder de treinta días. TÍTULO VI BIS. Del recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía Artículo setenta y nueve Uno. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos.

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Dos. El recurso tendrá por objeto la impugnación del texto deÀnitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma de un Estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales. Tres. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con esta Ley Orgánica, están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía. Cuatro. El plazo para la interposición del recurso será de tres días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín OÀcial de las Cortes Generales». La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes. Cinco. Cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modiÀcado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales. Seis. El recurso previo de inconstitucionalidad se sustanciará en la forma prevista en el capítulo II del título II de esta Ley y deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación. Siete. Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebración de referéndum. Ocho. Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modiÀcados por las Cortes Generales. Nueve. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa. TÍTULO VII De las disposiciones comunes sobre procedimiento Artículo ochenta Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia

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de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oÀcial y policía de estrados. En materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Artículo ochenta y uno Uno. Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir su representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de Letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado. Dos. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado, se requerirá estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de España en calidad de ejerciente. Tres. Estarán inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo. Artículo ochenta y dos Uno. Los órganos o el conjunto de Diputados o Senadores investidos por la Constitución y por esta Ley de legitimación para promover procesos constitucionales actuarán en los mismos representados por el miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado al efecto. Dos. Los órganos ejecutivos, tanto del Estado como de las Comunidades autónomas, serán representados y defendidos por sus Abogados. Por los órganos ejecutivos del Estado actuará el Abogado del Estado. Artículo ochenta y tres El Tribunal podrá, a instancia de parte o de oÀcio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justiÀquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días. Artículo ochenta y cuatro El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la

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pretensión constitucional. La audiencia será común, por plazo no superior al de diez días con suspensión del término para dictar la resolución que procediere. Artículo ochenta y cinco Uno. La iniciación de un proceso constitucional deberá hacerse por escrito fundado en el que se Àjará con precisión y claridad lo que se pida. Dos. Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, en el registro del Tribunal Constitucional, o en la oÀcina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal determinará reglamentariamente las condiciones de empleo, a los efectos anteriores, de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos. Tres. El Pleno o las Salas podrán acordar la celebración de vista oral. Artículo ochenta y seis Uno. La decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adoptarán la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole de su contenido. Dos. Las sentencias y las declaraciones a que se reÀere el título VI se publicarán en el ‘’Boletín OÀcial del Estado’’ dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma forma cuando así lo estime conveniente. Tres. Sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podrá disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas sean objeto de publicación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución. Artículo ochenta y siete 1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notiÀcación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. 2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

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A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos. Artículo ochenta y ocho Uno. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier Administración Pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. Si el recurso hubiera sido ya admitido, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que éstas aleguen lo que a su derecho convenga. Dos. El Tribunal dispondrá las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecte a determinada documentación y el que por decisión motivada acuerde para determinadas actuaciones. Artículo ochenta y nueve Uno. El Tribunal, de oÀcio o a instancia de parte, podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta días. Dos. Si un testigo, citado por el Tribunal, sólo puede comparecer con autorización superior, la autoridad competente para otorgarla expondrá al Tribunal, en su caso, las razones que justiÀcan su denegación. El Tribunal, oído este informe, resolverá en deÀnitiva. Artículo noventa Uno. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. Dos. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reÁejar en voto particular su opinión discrepante, siempre que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se reÀere a la decisión como a la fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarán con éstas en el ‘’Boletín OÀcial del Estado’’. Artículo noventa y uno El Tribunal podrá suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta la resolución de un proceso penal pendiente ante un juzgado o Tribunal de este orden.

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Artículo noventa y dos 1. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. 2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente. 3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. 4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oÀcio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les Àje informen al respecto. Recibido el informe o transcurrido el plazo Àjado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes: a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado. b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal. c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a Àn de que, en los términos Àjados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones. d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. 5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oÀcio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, conÀrmando o modiÀcando las medidas previamente adoptadas.

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Artículo noventa y tres Uno. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos días a contar desde su notiÀcación, las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas. Dos. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo. El recurso podrá interponerse en el plazo de tres días y se resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes. Artículo noventa y cuatro El Tribunal, a instancia de parte o de oÀcio, deberá antes de pronunciar sentencia, subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento. Artículo noventa y cinco Uno. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. Dos. El Tribunal podrá imponer las costas que se derivaren de la tramitación del proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe. Tres. El Tribunal podrá imponer a quien formulase recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria de 600 a 3.000 euros. Cuatro. Los límites de la cuantía de estas sanciones o de las multas previstas en la letra a) del apartado 4 del artículo 92 podrán ser revisados, en todo momento, mediante ley ordinaria. TÍTULO VIII Del personal al servicio del Tribunal Constitucional Artículo noventa y seis Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional: a) El Secretario General. b) Los letrados. c) Los secretarios de justicia. d) Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional. Dos. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con carácter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Tres. Los cargos y funciones relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional

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y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste. Artículo noventa y siete 1. El Tribunal Constitucional estará asistido por letrados que podrán ser seleccionados mediante concurso-oposición entre funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho, de acuerdo con el reglamento del Tribunal, o ser libremente designados en régimen de adscripción temporal, por el mismo Tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, Àscales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de Licenciados en Derecho. Los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de servicios especiales por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional. 2. Durante los tres años inmediatamente posteriores al cese en sus funciones, los letrados tendrán la incompatibilidad a que se reÀere el artículo 81.3. Artículo noventa y ocho El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado por el Presidente entre los letrados, cuya jefatura ejercerá sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas. Artículo noventa y nueve 1. Corresponde también al Secretario General, bajo la autoridad e instrucciones del Presidente: a) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal y la jefatura de su personal. b) La recopilación, clasiÀcación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal. c) La preparación, ejecución y liquidación de presupuesto, asistido por el personal técnico. d) Las demás funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal. 2. Las normas propias del Tribunal podrán prever supuestos de delegación de competencias administrativas del Presidente en el Secretario General. Del mismo modo podrá preverse la delegación de competencias propias del Secretario General. 3. Contra las resoluciones del Secretario General podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.

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Artículo cien El Tribunal tendrá el número de secretarios de justicia que determine su plantilla. Los secretarios de justicia procederán del Cuerpo de Secretarios Judiciales y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo. Artículo ciento uno Los Secretarios de Justicia ejercerán en el Tribunal o en las Salas la fe pública judicial y desempeñarán, respecto del Tribunal o Sala a la que estén adscritos, las funciones que la legislación orgánica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios. Artículo ciento dos. El Tribunal Constitucional adscribirá a su servicio el personal de la Administración de Justicia y demás funcionarios en las condiciones que Àje su reglamento. Podrá, asimismo, contratar personal en régimen laboral para el desempeño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional, y cuyas funciones sean propias de oÀcios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. La contratación de este personal laboral se realizará mediante procesos de selección ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera Uno. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarán al Rey las propuestas de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpirá para las Cámaras por el tiempo correspondiente a los períodos intersesiones. Dos. El Tribunal se constituirá dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación de los últimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo período de sesiones. En otro caso se constituirá y comenzará a ejercer sus competencias, en los quince días siguientes, al término del período de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados previstos en el artículo quinto de esta Ley. Tres. En el primer concurso-oposición la selección de los Letrados del Tribunal Constitucional se realizará por una Comisión del propio Tribunal designada por el Pleno de éste y presidida por el Presidente del Tribunal.

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Segunda Uno. Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conÁicto constitucional comenzarán a contarse desde el día en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposición transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conÁicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos. Dos. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución para conÀgurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la conÀgurada en la Sección segunda de la Ley sesenta y dos/ mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se reÀere el expresado artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución. Tercera Uno. Los sorteos a que se reÀere la disposición transitoria novena de la Constitución se efectuarán dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis años de aquella otra en que se produjo la inicial designación de los Magistrados de Tribunal Constitucional. Dos. No será aplicable la limitación establecida en el artículo dieciséis, dos, de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesarán en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Constitución, a los tres años de su designación. Cuarta El Gobierno habilitará los créditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que éste disponga de presupuesto propio. Quinta En el caso de Navarra, y salvo que de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Constitución ejerciera su derecho a incorporarse al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la legitimación para suscitar los conÁictos previstos en el artículo segundo, uno, c), y para promover el recurso de inconstitucionalidad que el artículo treinta y dos conÀere a los órganos de las Comunidades Autónomas se entenderá conferida a la Diputación y al Parlamento Foral de Navarra.

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Anexo I - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. El número de letrados seleccionados mediante concurso-oposición a los que se reÀere el artículo 97.1 no podrá exceder de 16. 2. La plantilla del personal del Tribunal Constitucional sólo podrá ser modiÀcada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Segunda Uno. El Tribunal elaborará su presupuesto, que Àgurará como una sección dentro de los Presupuestos Generales del Estado . Dos. El Secretario general, asistido de personal técnico, asumirá la preparación, ejecución y liquidación de presupuesto. Tercera. 1. Las referencias a las provincias contenidas en esta Ley se entenderán realizadas a las islas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias. 2. Además de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 75 ter.1 lo estarán también, frente a leyes y disposiciones normativas con rango de Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias, tres Cabildos, y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dos Consejos Insulares, aun cuando en ambos casos no se alcance el porcentaje de población exigido en dicho precepto. Cuarta. 1. Los conÁictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las de cada uno de sus Territorios Históricos se regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de su Estatuto de Autonomía. 2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de los sujetos legitimados a que se reÀere el artículo 75 ter.1, lo estarán también, a los efectos de los conÁictos regulados en el artículo 75 bis de esta Ley, las correspondientes Juntas Generales y las Diputaciones Forales de cada Territorio Histórico, cuando el ámbito de aplicación de la ley afecte directamente a dicha Comunidad Autónoma. Quinta. 1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales Àscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y recono-

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cidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgánica 311979, de 18 de diciembre). El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal. El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a lo dispuesto en el artículo veintiocho de esta Ley. 2. La interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia de los recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regirá por lo dispuesto en el Título II de esta Ley para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente. Los trámites regulados en los artículos 34 y 37 se entenderán en su caso con las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales. En la tramitación de los recursos y cuestiones regulados en esta disposición adicional se aplicarán las reglas atributivas de competencia al Pleno y a las Salas de los artículos diez y once de esta Ley. 3. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conÁictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada. Están legitimadas para plantear estos conÁictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto. Los referidos conÁictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 63 y siguientes de esta Ley. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la presente Ley Orgánica. Dada en Madrid a tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve. JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ.

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