Introducción jurídica a la historia de las relaciones de trabajo 9788490318287, 849031828X

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Índice
Prólogo
Capítulo 1. Concepto e historia de la relaciones de trabajo
I. Conceptos previos: nacimiento y evolución del concepto de trabajo de las relaciones que de él se derivan
1. El concepto de Trabajo
2. La multidisciplinariedad en la historia de las relaciones de trabajo
3. La historicidad del Derecho del Trabajo: del contrato civil al contrato laboral
II. Derecho social
III. Derecho obrero
IV. Derecho del trabajo
1. El trabajo objeto del Derecho del Trabajo
2. Especificidad del Derecho del Trabajo
3. Naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo
V. Propuesta de periodificación de la historia de las relaciones de trabajo
VI. Las mujeres en la historia de las relaciones de trabajo
Bibliografía
Capítulo 2. La herencia de la antigüedad: de las relaciones de trabajo en Roma hasta los sistemas gremiales de cofradías y hermandades medievales
I. De la esclavitud al estatus de persona libre: organización, relaciones e instituciones de trabajo en el mundo antiguo
1. Estatus libertatis: la condición de persona libre o esclava
2. La condición jurídica especial del liberto
3. Visión y valoración del trabajo
4. Organización del Trabajo
5. Modalidades contractuales: los contratos de obra y servicios
6. Instituciones de trabajo en el mundo romano
7. El trabajo de la mujer en el mundo romano
II. El legado romano en la sociedad visigoda
III. Las relaciones de trabajo en el ámbito rural medieval
1. Conquista, repoblación y régimen jurídico del poblamiento
2. La Encomendación medieval: los hombres de Behetría
3. La ordenación jurídica de las relaciones de trabajo en el ámbito rural
IV. Del sistema corporativo romano al sistema corporativo medieval: razones de su evolución histórica e hipótesis explicativas
V. Las relaciones de trabajo en el ámbito urbano: el trabajo por cuenta propia (taller y oficios menestrales) y por cuenta ajena (proletariado medieval)
1. La modalidad contractual de los oficios menestrales: el contrato medieval de servicios
2. El trabajo de la mujer en las ciudades medievales
Capítulo 3. Las relaciones de trabajo en la España moderna
I. Características de las relaciones de trabajo en la España moderna: mercantilismo, intervencionismo estatal y proteccionismo
1. El Mercantilismo
2. El Arbitrismo
II. Del esplendor a la decadencia del sistema gremial
1. Ordenanzas gremiales
2. Organización del taller agremiado
3. Decadencia del sistema gremial
III. El trabajo de la mujer en la edad moderna
IV. Especial consideración a las relaciones de trabajo en las indias occidentales: esclavismo bajo el proteccionismo estatal de la encomienda
1. Repartimiento y Encomienda
2. Manifestaciones de la relación de trabajo
3. La Corona y el respeto a los indios: su incidencia en las relaciones de trabajo
V. Ilustración y fisiocracia
Capítulo 4. Revolución industrial y revolución burguesa: la libertad como régimen de trabajo
I. La revolución industrial: el nacimiento del proletariado
1. Origen, causas y consecuencias de la revolución industrial
2. La revolución industrial en España
3. La proletarización de la mano de obra
II. La revolución burguesa: el liberalismo político y el liberalismo económico
1. El liberalismo político
2. El liberalismo económico
III. La libertad como régimen de trabajo: el contrato de arrendamiento de servicios
1. Nueva visión y valoración del trabajo
2. El fin del “status” en la relación individual de trabajo: la abolición de los gremios
3. El predominio del “contrato”: el contrato civil de arrendamiento de servicios
IV. La libertad como régimen de trabajo: supresión del trabajo servil y abolición de la esclavitud
1. La supresión del trabajo servil o servidumbre adscrita a la tierra
2. La abolición de la esclavitud
V. El trabajo de las mujeres tras la revolución industrial
Capítulo 5. Cuestión social y antecedentes del Derecho Obrero
I. La "cuestión social": condiciones de vida de las clases trabajadoras y primeras protestas obreras
1. Condiciones de vida de las clases trabajadoras
2. Primeras protestas obreras
3. Primeros movimientos asociacionistas
4. La primera huelga general
II. La formación de una doctrina jurídico-social: la ideología del movimiento obrero
1. El socialismo utópico
2. El socialismo científico
3. El Krausismo
III. Orígenes del asociacionismo obrero en España: partidos y sindicatos obreros (1868-1923)
1. La primera etapa de desarrollo legal bajo el derecho de libertad de asociación: el Sexenio Democrático (1868-1874)
2. El desarrollo asociacionista durante el periodo de la Restauración española (1874-1923)
IV. La primera legislación obrera
1. Los precedentes de un intervencionismo normativo en materia laboral
2. Las primeras normas de derecho obrero en España
V. El papel de las instituciones públicas en la formación del derecho obrero
1. La Comisión de Reformas Sociales y el Servicio especial de Estadística del Trabajo
2. El Instituto de Reformas Sociales
3. Otros servicios laborales
4. El Ministerio de Trabajo
Capítulo 6. El nacimiento de un derecho de la clase obrera
I. La consolidación del derecho obrero en la década de los veinte
1. Causas para la consolidación del Derecho Obrero
2. Principales normas de Derecho Obrero
II. Principios económico-sociales de la dictadura de Primo de Rivera: nuevos marco político para las relaciones de trabajo
1. Medidas proteccionistas para la reactivación económica
2. Control de la cuestión social y derecho de asociación
III. La labor codificadora de la dictadura: el código de trabajo de 1926 y el contrato de trabajo
1. Labor codificadora
2. El contrato general o común de trabajo
3. El contrato de trabajo en relación a las obras y servicios públicos
4. Otros contratos de trabajo: el contrato de embarco y el contrato de aprendizaje
IV. Los comites paritarios y la organización corporativa nacional
1. Comités Paritarios y Comisión Mixta de Cataluña
2. Delegación regia o regional de Trabajo en Cataluña
3. Desarrollo de Comités Paritarios y Delegaciones regionales en otras regiones españolas
4. La Organización Corporativa Nacional
5. El fin de la Dictadura y su estructura corporativa
Capítulo 7. La protección jurídica internacional de los trabajadores
I. Manifestaciones internacionales hacia la defensa del trabajador en las relaciones de trabajo
II. La emergencia de un derecho obrero de carácter internacional
1. Obstáculos y soluciones
2. La naturaleza del Derecho Obrero de carácter internacional
III. La organización internacional del trabajo
1. La cuestión laboral en la Conferencia de Paz: el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones
2. La Parte XIII del Tratado de Versalles: la OIT
3. La Declaración de Filadelfia de 1944
4. Una nueva Constitución para la OIT de 1946
5. Estructura orgánica de la OIT
6. Funcionamiento de la OIT
7. Prescripciones generales y disposiciones diversas de la Constitución de la OIT
IV. Las nuevas condiciones de trabajo tras la OIT
1. Duración de la jornada laboral, descanso semanal y vacaciones remuneradas
2. El trabajo nocturno
3. El trabajo de mujeres y niños
4. Prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo e higiene industrial
5. Seguridad Social
V. Principios programáticos en materia de relaciones de trabajo de la sorganizaciones internacionales
Capítulo 8. El nacimiento del régimen jurídico de las relaciones laborales: el Derecho del Trabajo
I. La segunda república y la formación de un estado "social" de derecho: el reconocimiento constitucional de los derechos de los trabajadores
1. El Estado Integral
2. El Estado Social: el reconocimiento constitucional de los derechos de los trabajadores
II. La ley de contrato de trabajo de 1931
1. El orden de prelación de las normas laborales
2. Caracteres del Contrato de Trabajo
III. El desarrollo del derecho del trabajo tras la ley de contrato de trabajo de 1931
1. La jornada laboral
2. La resolución de conflictos y despenalización de acciones obreras
3. La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
4. La previsión social
5. La lucha contra el paro obrero
6. El asociacionismo profesional
IV. La reorganización administrativa del ramo: instituciones públicas laborales
1. El Ministerio de Trabajo
2. Órganos consultivos
3. Delegaciones provinciales de Trabajo
V. El asociacionismo profesional: los sindicatos mayoritarios durante la República
VI. La jurisdicción laboral: tribunales industriales y jurados mixtos
VII. La reforma agraria
1. Medidas para la Reforma Agraria
2. La Ley de Reforma Agraria
3. Paralización de la reforma agraria y movilización del campesinado
VIII. El derecho del trabajo durante la guerra civil en la España Repubicana (1936-1939)
Capítulo 9. El sistema de relaciones laborales durante el franquismo
I. El derecho del trabajo durante la Guerra civil en la España Nacional (1936-1939)
II. Bases del nuevo estado "nacionalsindicalista"
III. El fuero del trabajo de 1938
IV. La legislación laboral en el primer periodo de la dictadura
V. Administración y jurisdicción laboral
VI. El sindicalismo vertical
VII. La época del aperturismo y el desarrollismo económico
VIII. El movimiento opositor y el fin del régimen
Capítulo 10. El sistema de relaciones laborales durante la transición democrática
I. La transición democrática
II. La transitoriedad del nuevo marco en las relaciones jurídico laborales
III. La ley de las relaciones laborales: eficacia y aplicación
1. Caracteres del trabajo objeto de regulación
2. Sujetos especiales de la relación laboral
3. Caracteres y contenido del contrato de trabajo
4. El Fondo de Garantía Salarial
5. Eficacia de la ley
IV. Principios preconsitucionales de un nuevo marco de las relaciones jurídico laborales
1. Derecho de huelga
2. Conflictos colectivos de Trabajo
3. Negociación colectiva
4. Reglamentación del despido
5. Derecho de sindicación
V. Amodo de epílogo: la constitucionalización del derecho del trabajo en 1978 y la aparición del estatuto de los trabajadores de 1980
Bibliografía
Selección de textos

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iguel Ángel Chamocho Cantudo es profesor titular de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén donde enseña historia del derecho español y europeo comparado e historia de las relaciones de trabajo. Es autor de siete monografías, de cuarenta artículos y coordinador de seis obras colectivas. Es también Académico de la Andaluza de la Historia e investigador del Centro de Historia del Derecho de la Universidad de Rennes.

M. Á. Cඁൺආඈർඁඈ Cൺඇඍඎൽඈ I. Rൺආඈඌ Vගඓඊඎൾඓ

Miguel Ángel Cඁൺආඈർඁඈ Cൺඇඍඎൽඈ - Isabel Rൺආඈඌ Vගඓඊඎൾඓ

INTRODUCCIÓN JURÍDICA A LA HISTORIA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Introducción jurídica a la historia de las relaciones de trabajo

C

on la presente monografía, los autores pretenden imbuir a los lectores en un básico aprendizaje de los procesos configuradores de las relaciones de trabajo a lo largo de la historia. Partiendo de una perspectiva jurídica, se analiza el rol desempeñado por los agentes y fuerzas sociales en juego, empleados y empleadores, por el Estado y su reflejo primario en la normativa jurídica emanada del mismo, el nivel de desarrollo económico en cada etapa histórica, los partidos políticos y las corrientes ideológicas que contribuyen a articular o impugnar esas relaciones, grupos de presión y estrategias de actuación. La relectura de los textos histórico-jurídicos, así como su análisis crítico es una de las fortalezas que han pretendido traer a este estudio sus autores, para proceder a un análisis crítico de las leyes y textos histórico-jurídicos relativos a las relaciones de trabajo y a su formulación contractual, es decir, sintetizar las relaciones laborales en cada momento histórico, mediante la recopilación e interpretación de fuentes históricas y jurídicas que reflejen tanto la demanda social como la respuesta jurídica contractual al mundo laboral, y todo ello partiendo en todo momento de la historicidad del derecho, es decir, del convencimiento de la necesidad de adaptación del derecho y las instituciones jurídicas a la mentalidad que cada sociedad tiene en un momento histórico determinado.

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sabel Ramos Vázquez es profesora titular y Vicedecana de Derecho de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Doctora en Derecho (Universidad de Jaén, 2001), y Doctora en Historia (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006), ha trabajado sobre historia de la administración pública, del derecho penal, penitenciario o laboral, siendo autora de seis monografías y más de una veintena de artículos y capítulos de libros.

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Miguel Ángel CHAMOCHO CANTUDO - Isabel RAMOS VÁZQUEZ

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Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

© Copyright by Miguel Ángel Chamocho Cantudo Isabel RamosVázquez Madrid Imagen de cubierta: La nena obrera. Obra de Joan Planella i Rodríguez, Barcelona, 1882. Óleo sobre tela (182cm×142cm). Museo de Historia de Cataluña. Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69 e-mail: [email protected] http://www.dykinson.es http://www.dykinson.com Consejo Editorial véase www.dykinson.com/quienessomos ISBN: 978-84-9031-828-7 Depósito Legal: M-31107-2013 Preimpresión por: Besing Servicios Gráficos S.L. e-mail: [email protected]

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Índice

Prólogo ...............................................................................................

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Capítulo 1 Concepto e historia de las relaciones de trabajo I. CONCEPTOS PREVIOS: NACIMIENTOY EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO Y DE LAS RELACIONES QUE DE ÉL SE DERIVAN .............. 1. El concepto de Trabajo ............................................................ 2. La multidisciplinariedad en la historia de las relaciones de trabajo .................................................................................. 3. La historicidad del Derecho del Trabajo: del contrato civil al contrato laboral ..................................................................... II. DERECHO SOCIAL....................................................................... III. DERECHO OBRERO ..................................................................... IV. DERECHO DEL TRABAJO .............................................................. 1. El trabajo objeto del Derecho del Trabajo ................................. 2. Especificidad del Derecho del Trabajo ...................................... 3. Naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo.............................. V. PROPUESTA DE PERIODIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO ............................................................ VI. LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO ...... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 2 La herencia de la antigüedad: de las relaciones de trabajo en Roma hasta los sistemas gremiales de cofradías y hermandades medievales I. DE LA ESCLAVITUD AL ESTATUS DE PERSONA LIBRE: ORGANIZACIÓN, RELACIONES E INSTITUCIONES DE TRABAJO EN EL MUNDO ANTIGUO ...................................................................... 1. Estatus libertatis: la condición de persona libre o esclava ...........

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Índice

2. La condición jurídica especial del liberto ................................. 3. Visión y valoración del Trabajo ................................................ 4. Organización del Trabajo ........................................................ A) Agricultura ........................................................................... B) Otras actividades de trabajo remuneradas ........................................... C) Los distritos mineros .................................................................. 5. Modalidades contractuales: los contratos de obra y servicios ..... A) Locatio conductio rei ................................................................. B) Locatio conductio operis.............................................................. C) Locatio conductio operarum.......................................................... 6. Instituciones de trabajo en el mundo romano ........................... A) El colonato ........................................................................... B) Los collegia profesionales ............................................................ 7. El trabajo de la mujer en el mundo romano ............................... II. EL LEGADO ROMANO EN LA SOCIEDAD VISIGODA .......................... III. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO RURAL MEDIEVAL ....... 1. Conquista, repoblación y régimen jurídico del poblamiento ...... 2. La Encomendación medieval: los hombres de Behetría ............... 3. La ordenación jurídica de las relaciones de trabajo en el ámbito rural ..................................................................................... IV. DEL SISTEMA CORPORATIVO ROMANO AL SISTEMA CORPORATIVO MEDIEVAL: RAZONES DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA E HIPÓTESIS EXPLICATIVAS............................................................................. V. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO URBANO: EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA (TALLER Y OFICIOS MENESTRALES) Y POR CUENTA AJENA (PROLETARIADO MEDIEVAL) ............ 1. La modalidad contractual de los oficios menestrales: el contrato medieval de servicios...................................................... 2. El trabajo de la mujer en las ciudades medievales ...................... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 3 Las relaciones de trabajo en la España moderna I. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA ESPAÑA MODERNA: MERCANTILISMO, INTERVENCIONISMO ESTATAL Y PROTECCIONISMO. ...................................................... 1. El Mercantilismo.................................................................... 2. El Arbitrismo ......................................................................... II. DEL ESPLENDOR A LA DECADENCIA DEL SISTEMA GREMIAL ............ 1. Ordenanzas gremiales ............................................................ 2. Organización del taller agremiado ...........................................

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A) El Aprendiz .......................................................................... B) El Oficial ............................................................................ C) El Maestro ............................................................................ 3. Decadencia del sistema gremial ............................................... III. EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA EDAD MODERNA.......................... IV. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LAS INDIAS OCCIDENTALES: ESCLAVISMO BAJO EL PROTECCIONISMO ESTATAL DE LA ENCOMIENDA ...................................................... 1. Repartimiento y Encomienda .................................................. 2. Manifestaciones de la relación de trabajo ................................. A) Trabajo forzoso vinculado y en régimen de esclavitud ............................... B) Trabajo libre, por cuenta propia y por cuenta ajena................................. 3. La Corona y el respeto a los indios: su incidencia en las relaciones de trabajo.................................................................... V. ILUSTRACIÓN Y FISIOCRACIA........................................................ BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 4 Revolución industrial y revolución burguesa: la libertad como régimen de trabajo I. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: EL NACIMIENTO DEL PROLETARIADO .... 1. Origen, causas y consecuencias de la revolución industrial......... 2. La revolución industrial en España .......................................... A) Industria textil ....................................................................... B) Siderurgia ............................................................................ C) Minería ............................................................................... D) Ferrocarril ............................................................................ 3. La proletarización de la mano de obra ...................................... II. LA REVOLUCIÓN BURGUESA: EL LIBERALISMO POLÍTICO Y EL LIBERALISMO ECONÓMICO ......................................................... 1. El liberalismo político ............................................................ 2. El liberalismo económico ........................................................ III. LA LIBERTAD COMO RÉGIMEN DE TRABAJO: EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS .................................................. 1. Nueva visión y valoración del trabajo ....................................... 2. El fin del “status” en la relación individual de trabajo: la abolición de los gremios .............................................................. 3. El predominio del “contrato”: el contrato civil de arrendamiento de servicios ................................................................ A) Naturaleza jurídica del contrato .................................................... B) Régimen jurídico y características del contrato ......................................

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IV. LA LIBERTAD COMO RÉGIMEN DE TRABAJO: SUPRESIÓN DEL TRABAJO SERVIL Y ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD .......................... 1. La supresión del trabajo servil o servidumbre adscrita a la tierra ....... 2. La abolición de la esclavitud.................................................... V. EL TRABAJO DE LAS MUJERES TRAS LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL .... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 5 Cuestión social y antecedentes del Derecho Obrero I. LA “CUESTIÓN SOCIAL”: CONDICIONES DE VIDA DE LAS CLASES TRABAJADORAS Y PRIMERAS PROTESTAS OBRERAS ......................... 1. Condiciones de vida de las clases trabajadoras .......................... 2. Primeras protestas obreras ...................................................... 3. Primeros movimientos asociacionistas ..................................... 4. La primera huelga general ...................................................... II. LA FORMACIÓN DE UNA DOCTRINA JURÍDICO-SOCIAL: LA IDEOLOGÍA DEL MOVIMIENTO OBRERO ........................................ 1. El socialismo utópico.............................................................. A) Tradición anglosajona................................................................ B) Tradición continental ................................................................ 2. El socialismo científico ........................................................... A) El Comunismo o Marxismo ........................................................... B) El Anarquismo ........................................................................ 3. El Krausismo.......................................................................... III. ORÍGENES DEL ASOCIACIONISMO OBRERO EN ESPAÑA: PARTIDOS Y SINDICATOS OBREROS (1868-1923).............................................. 1. La primera etapa de desarrollo legal bajo el derecho de libertad de asociación: el Sexenio Democrático (1868-1874)............... 2. El desarrollo asociacionista durante el periodo de la Restauración española (1874-1923)........................................... IV. LA PRIMERA LEGISLACIÓN OBRERA .............................................. 1. Los precedentes de un intervencionismo normativo en materia laboral ............................................................................. 2. Las primeras normas de derecho obrero en España .................... V. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA FORMACIÓN DEL DERECHO OBRERO .............................................................. 1. La Comisión de Reformas Sociales y el Servicio especial de Estadística del Trabajo.............................................................. 2. El Instituto de Reformas Sociales ............................................. 3. Otros servicios laborales ......................................................... 4. El Ministerio de Trabajo .......................................................... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 6 El nacimiento de un derecho de la clase obrera I. LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO OBRERO EN LA DÉCADA DE LOS VEINTE ................................................................................ 1. Causas para la consolidación del Derecho Obrero ..................... 2. Principales normas de Derecho Obrero .................................... II. PRINCIPIOS ECONÓMICO-SOCIALES DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: NUEVO MARCO POLÍTICO PARA LAS RELACIONES DE TRABAJO .......................................................................................... 1. Medidas proteccionistas para la reactivación económica ........... 2. Control de la cuestión social y derecho de asociación ................ III. LA LABOR CODIFICADORA DE LA DICTADURA: EL CÓDIGO DE TRABAJO DE 1926 Y EL CONTRATO DE TRABAJO............................. 1. Labor codificadora................................................................. 2. El contrato general o común de trabajo .................................... 3. El contrato de trabajo en relación a las obras y servicios públicos.................................................................................... 4. Otros contratos de trabajo: el contrato de embarco y el contrato de aprendizaje ............................................................... IV. LOS COMITÉS PARITARIOS Y LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA NACIONAL ................................................................................. 1. Comités Paritarios y Comisión Mixta de Cataluña...................... 2. Delegación regia o regional de Trabajo en Cataluña ................... 3. Desarrollo de Comités Paritarios y Delegaciones regionales en otras regiones españolas ..................................................... 4. La Organización Corporativa Nacional ..................................... 5. El fin de la Dictadura y su estructura corporativa ...................... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 7 La protección jurídica internacional de los trabajadores I. MANIFESTACIONES INTERNACIONALES HACIA LA DEFENSA DEL TRABAJADOR EN LAS RELACIONES DE TRABAJO ............................. II. LA EMERGENCIA DE UN DERECHO OBRERO DE CARÁCTER INTERNACIONAL ........................................................................ 1. Obstáculos y soluciones .......................................................... 2. La naturaleza del Derecho Obrero de carácter internacional ...... III. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO ....................... 1. La cuestión laboral en la Conferencia de Paz: el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones .......................................... 2. La Parte XIII del Tratado de Versalles: la OIT ..............................

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Índice

3. La Declaración de Filadelfia de 1944 ......................................... 4. Una nueva Constitución para la OIT de 1946 ............................. 5. Estructura orgánica de la OIT .................................................. A) La Conferencia General de representantes de los Estados miembros ................. B) El Consejo de Administración ........................................................ C) La Oficina internacional del Trabajo. ............................................... 6. Funcionamiento de la OIT....................................................... 7. Prescripciones generales y disposiciones diversas de la Constitución de la OIT ........................................................... IV. LAS NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO TRAS LA OIT ..................... 1. Duración de la jornada laboral, descanso semanal y vacaciones remuneradas .................................................................... 2. El trabajo nocturno ................................................................ 3. El trabajo de mujeres y niños ................................................... 4. Prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo e higiene industrial ..................................................................... 5. Seguridad Social .................................................................... V. PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ................. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 8 El nacimiento del régimen jurídico de las relaciones laborales: el Derecho del Trabajo I. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA FORMACIÓN DE UN ESTADO “SOCIAL” DE DERECHO: EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ................................... 1. El Estado Integral ................................................................... 2. El Estado Social: el reconocimiento constitucional de los derechos de los trabajadores....................................................... II. LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO DE 1931 .................................. 1. El orden de prelación de las normas laborales ........................... 2. Caracteres del Contrato de Trabajo .......................................... III. EL DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJO TRAS LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO DE 1931.................................................. 1. La jornada laboral .................................................................. 2. La resolución de conflictos y despenalización de acciones obreras ................................................................................. 3. La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales .............................................................................. 4. La previsión social..................................................................

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Índice

5. La lucha contra el paro obrero ................................................ 6. El asociacionismo profesional ................................................. IV. LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RAMO: INSTITUCIONES PÚBLICAS LABORALES .......................................... 1. El Ministerio de Trabajo .......................................................... 2. Órganos consultivos ............................................................... 3. Delegaciones provinciales de Trabajo ....................................... V. EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL: LOS SINDICATOS MAYORITARIOS DURANTE LA REPÚBLICA ...................................... VI. LA JURISDICCIÓN LABORAL: TRIBUNALES INDUSTRIALES Y JURADOS MIXTOS ....................................................................... VII. LA REFORMA AGRARIA ................................................................ 1. Medidas para la Reforma Agraria ............................................ 2. La Ley de Reforma Agraria ...................................................... 3. Paralización de la reforma agraria y movilización del campesinado................................................................................... VIII. EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA ESPAÑA REPUBLICANA (1936-1939) ................................................ BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 9 El sistema de relaciones laborales durante el franquismo I. EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA ESPAÑA NACIONAL (1936-1939) ..................................................... II. BASES DEL NUEVO ESTADO “NACIONALSINDICALISTA” .................... III. EL FUERO DEL TRABAJO DE 1938 ................................................... IV. LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL PRIMER PERIODO DE LA DICTADURA ............................................................................... V. ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN LABORAL................................. VI. EL SINDICALISMO VERTICAL ......................................................... VII. LA ÉPOCA DEL APERTURISMO Y EL DESARROLLISMO ECONÓMICO ............................................................................. VIII. EL MOVIMIENTO OPOSITOR Y EL FIN DEL RÉGIMEN ........................ BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Capítulo 10 El sistema de relaciones laborales durante la transición democrática I. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ................................................... II. LA TRANSITORIEDAD DEL NUEVO MARCO EN LAS RELACIONES JURÍDICO LABORALES ................................................................. III. LA LEY DE LAS RELACIONES LABORALES: EFICACIAY APLICACIÓN ........

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Índice

1. Caracteres del trabajo objeto de regulación .............................. 2. Sujetos especiales de la relación laboral.................................... A) El trabajo de menores y jóvenes ...................................................... B) El trabajo de la mujer ................................................................ 3. Caracteres y contenido del contrato de trabajo ......................... 4. El Fondo de Garantía Salarial................................................... 5. Eficacia de la ley..................................................................... IV. PRINCIPIOS PRECONSTITUCIONALES DE UN NUEVO MARCO DE LAS RELACIONES JURÍDICO LABORALES ........................................ 1. Derecho de huelga ................................................................. 2. Conflictos colectivos de Trabajo ............................................... 3. Negociación colectiva ............................................................ 4. Reglamentación del despido ................................................... A) Despido disciplinario................................................................. B) Despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento de la empresa ................................. 5. Derecho de sindicación .......................................................... V. A MODO DE EPÍLOGO: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 1978Y LA APARICIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE 1980 ................................................... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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SELECCIÓN DE TEXTOS .......................................................................

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Prólogo

Los hombres y las mujeres, desde tiempos remotos, han tenido que dedicar una parte de su tiempo diario a la actividad individual o colectiva del trabajo, bien como medio para subsistir con lo exclusivamente necesario que da la naturaleza, o bien como actividad social y económica generadora de riqueza. Entre una y otra situación equidistante en la historia de la humanidad, los individuos, en las distintas etapas históricas, han estado permanentemente vinculados al establecimiento de reglas y conductas para la realización de actividades vinculadas al ámbito del trabajo. Una actividad individual de trabajo que, como en otras manifestaciones sociales de cualquier colectividad humana, ha estado regulada por un determinado marco jurídico. Esta es la misión de la presente Introducción jurídica a la historia de las relaciones de trabajo, cuyos autores, Miguel Ángel Chamocho Cantudo e Isabel Ramos Vázquez, ambos profesores de Historia del Derecho y de las Instituciones, han pretendido ordenar en diez capítulos, la regulación jurídica que las distintas sociedades históricas han plasmado para la ordenación de las relaciones individuales de trabajo. Esta perspectiva no es nueva, más bien al contrario. Desde que la relación individual de trabajo se regula específicamente por un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo, naciente en el primer tercio del siglo XX, toda una pléyade de intelectuales y especialistas en esta rama del derecho se preocuparon por reconstruir estas nuevas relaciones jurídico-laborales. Una actividad de trabajo regulada por el Derecho del Trabajo que tenía como caracteres específicos la libertad en la contratación laboral, la ajenidad y la dependencia respecto de los medios de producción y el salario o retribución como contraprestación por la realización del trabajo. Con estas características, somos conscientes de que las relaciones jurídico-laborales, vinculadas a un derecho específico como es el Derecho del Trabajo, tienen una vida muy corta, de apenas un siglo, en relación con la historia de la humanidad en materia de relaciones de trabajo. Ahora bien, preguntémonos ¿existieron relaciones individuales de trabajo, reguladas por un marco jurídico, con anterioridad al nacimiento de la regulación específicamente laboral? Como el lector podrá intuir la respuesta no sólo es afirmativa, sino que la experiencia histórica nos demuestra que toda actividad de trabajo desempeñada por los individuos reunidos en sociedades, más o menos avanzadas y evolucionadas, ha estado regulada por un marco jurídico, ya fuera éste consuetudinario o legal, privado o público, civil o laboral.

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Tres estatus personales han marcado la actividad individual de trabajo y por ende, el marco jurídico aplicable: esclavitud, servidumbre y libertad. Tres estatus que han acompañado a las personas, hombres y mujeres, y que han determinado su relación jurídica con la actividad de trabajo. En todas ellas, con carácter general, es el derecho privado, y en menor medida el derecho público, los encargados de regular las modalidades de vinculación de las personas con el trabajo: a las personas esclavas en su condición de cosas u objetos que desempeñan un trabajo para su propietario; a las personas en servidumbre porque a través de la relación señorial se establecen las contraprestaciones personales, de trabajo, para con el señor; y por último, conquistada la libertad individual con la revolución francesa, esta libertad individual se manifiesta en todos los individuos a partir de su propia libertad a comerciar con algo que le pertenece, su fuerza de trabajo. Y todo ello sin ignorar, de un lado, la heteronomía que, con carácter general, caracteriza al conjunto normativo que regula estas relaciones individuales de trabajo, muy ajenas a la propia capacidad individual contractual que disponían las personas; y de otro, a las mujeres, a las que también se han hecho visibles en esta monografía, entendiendo que también son sujetos de las relaciones jurídicas vinculadas al trabajo, a pesar de que dicha visibilidad ha estado históricamente supeditada, diríamos mejor anulada, por la concepción androcéntrica de la sociedad, y de las fuentes que utilizamos para su reconstrucción histórica. Con la consagración de este principio de la libertad de trabajo, y la progresiva abolición tanto del trabajo servil como de la esclavitud, las relaciones entre empleados y empleadores, obreros y empresarios, cambiaron significativamente de rumbo, hacia una relación jurídica individual de trabajo. La revolución industrial no hizo sino denunciar que la prestación de trabajo conllevaba además otra serie de situaciones paralelas, a las que el Estado debía proponer soluciones. Surgen así las primeras normas de carácter social dispuestas por el Estado, que emergen en un primer estadio del siglo XIX, básicamente para proteger a los más desfavorecidos en la relación individual de trabajo, mujeres y menores. Con posterioridad, emerge un derecho de carácter netamente obrero, cuando con ocasión de la mecanización de las empresas, la emigración de enormes masas de trabajadores provocan, además de un problema social, sanitario y de orden público, una nueva conciencia de clase, la de los trabajadores, a la que el Estado le debe buscar soluciones, ya no coyunturales, sino estructurales. De ahí, del Derecho Obrero al Derecho del Trabajo sólo dista la caracterización constitucional del mismo, su internacionalización, y la concretización de las características del trabajo objeto del mismo. Con todo, la historia de las relaciones individuales de trabajo y, en su caso, los precedentes históricos de la regulación jurídica de dichas relaciones de trabajo en la formación ya en el siglo XX, del Derecho del Trabajo, está teniendo recientemente un auge importante, como disciplina independiente, sobre todo en algunos planes de estudios de Universidades europeas o americanas. En España, con la reciente aprobación de la actual configuración del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se identifica nítidamente un módulo de créditos básicos en el que se especifica la materia “Historia y Teoría de las Relaciones Laborales”. Materia que se desdobla en dos disciplinas básicas, de carácter troncal e interdisciplinar, dirigida la primera al estudio de la Historia de las Relaciones Laborales, y la segunda a la Teoría de las Relaciones Laborales.

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Prólogo

El Decreto que aprueba el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ha dotado al Grado en sí mismo, pero y sobre todo a esta disciplina “Historia de las Relaciones Laborales” de una dimensión más jurídica e institucional, entendiendo que el desarrollo de las relaciones laborales ha venido marcado por una profusa regulación normativa, que en los planes de estudio anteriores no estaba siendo objeto de estudio, por cuanto anteriormente se ofrecía un programa basado únicamente en aspectos históricos, sociales, políticos y económicos de las sociedades contemporáneas tras la revolución industrial, adoleciendo de una formación jurídico-institucional necesaria para un estudiante del Grado de Relaciones Laborales, ya que no olvidemos, la representación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social puede ser ostentada, desde hace ya años, por estos profesionales. Esta es la razón por la que se presentan estos diez capítulos realizados desde una perspectiva histórico-jurídica que pretende, de un lado, abundar fundamentalmente en la formación de los principales cuerpos normativos que han regulado la actividad individual de trabajo, sin menoscabar por ello los acontecimientos políticos, sociales y económicos que los patrocinan y promueven, y de otro, diseccionar los caracteres fundamentales de la institución jurídica básica, el contrato que regula esta actividad, desde el proyectado por el derecho civil, el contrato de obra y servicios, hasta el contrato de trabajo, emanado ya en pleno siglo XX. Pretensión que ha sido bien definida, entre otros muchos por Borrajo Dacruz, en su Introducción al Derecho del Trabajo (Madrid, 2005, 5455): “La Historia y solo la Historia puede informar, en cada momento dado, sobre la idea de Justicia que inspira las normas que, también en ese momento, quieren lograr un orden en paz en un sector determinado de relaciones de la vida del hombre en sociedad. En consecuencia, el concepto y la delimitación ideológica y material del Derecho del trabajo sólo se alcanzarían después de un estudio histórico-jurídico, así como al cerrar el estudio sistemático de sus pretendidas instituciones”. Con la presente monografía, los autores pretenden imbuir a los lectores en un básico aprendizaje de los procesos configuradores de las relaciones de trabajo a lo largo de la historia, partiendo desde una perspectiva jurídica e intentando vehicularla de una forma lo más amplia posible, que comprenda no sólo a los agentes y fuerzas sociales en juego, empleados y empleadores, sino también al Estado y la normativa jurídica emanada del mismo, el nivel de desarrollo económico en cada etapa histórica, los partidos políticos y las corrientes ideológicas que contribuyen a articular o impugnar esas relaciones, grupos de presión y estrategias de actuación. Se pretende realizar una proyección del conocimiento general de la historia jurídica de las relaciones de trabajo a otras formas de ver la historia de las relaciones laborales en España. La relectura de los textos históricojurídicos, así como su análisis crítico es una de las fortalezas que han pretendido traer a este estudio sus autores, para proceder a un análisis crítico de las leyes y textos históricojurídicos relativos a las relaciones de trabajo y a su formulación contractual, es decir, sintetizar las relaciones laborales en cada momento histórico, mediante la recopilación e interpretación de fuentes históricas y jurídicas que reflejen tanto la demanda social como la respuesta jurídica contractual al mundo laboral, y todo ello partiendo en todo momento de la historicidad del derecho, es decir, del convencimiento de la necesidad de adaptación del derecho y las instituciones jurídicas a la mentalidad que cada sociedad tiene en un momento histórico determinado.

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Para el caso de que los lectores fueran estudiantes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, estos capítulos estarían dirigidos a desarrollar las siguientes competencias y resultados del aprendizaje propuestos en las directrices generales del Grado: de un lado, fortalecer la capacidad del alumnado para contextualizar, comparar y analizar críticamente los fenómenos, sucesos y procesos que tienen lugar en la evolución histórica del trabajo y las relaciones jurídicas que de él se derivan en materia laboral. Ello les permitirá tener capacidad de análisis y síntesis de datos, leyes y situaciones actuales comparables con otros procesos históricos, con lo que ello conlleva de capacidad de interpretación y gestión de la información aplicable a la búsqueda de nuevas soluciones a nuevos problemas.Y de otro lado, capacitar al alumnado para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones de trabajo, y del orden jurídico que las regula, lo que le servirá como factor para discriminar y comprender la relación entre los procesos sociales, las relaciones de trabajo y el ordenamiento jurídico como elemento canalizador, es decir, un conocimiento crítico del derecho y las decisiones emanadas de los agentes que intervienen en las relaciones laborales, y una mejor capacidad para interpretar, comprender y solventar nuevas situaciones jurídico-laborales, basadas en la experiencia empírica del pasado. En suma, con esta introducción jurídica a la historia de las relaciones de trabajo sus autores han pretendido que los lectores culminen un proceso de formación intelectual en el conocimiento de la historia de las relaciones individuales de trabajo y el marco normativo e institucional sobre las que se han desarrollado. Miguel Ángel CHAMOCHO CANTUDO – Isabel RAMOS VÁZQUEZ Jaén, julio de 2013

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Capítulo 1

Concepto e historia de las relaciones de trabajo

I. CONCEPTOS PREVIOS: NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO Y DE LAS RELACIONES QUE DE ÉL SE DERIVAN Si partimos de la consideración de que el individuo para subsistir, en cualquier clase y condición de vida, debe alimentarse y vestirse, debemos comprender que desde siempre el individuo ha debido realizar una actividad física o intelectual que le permita obtener recursos –generalmente económicos– para lograr esas necesidades primarias y básicas. Esta satisfacción de necesidades, ya sean propias o ajenas, como eje vertebrador del trabajo, se encuentra históricamente sometida a leyes sociales, lo que nos permitiría afirmar que sólo puede existir actividad de trabajo dentro de un entorno o medio social. El trabajo es, por tanto, en sí mismo, tan antiguo como el propio individuo, acompaña a éste desde que se desenvuelve, bien sea individualmente, bien sea en grupo social o en comunidad. El individuo necesita trabajar, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, para generar una riqueza que le permita subsistir. El trabajo es, en suma, una actividad fundamentalmente socio-económica que vincula al individuo de una forma particular con las cosas, con las personas, con la sociedad. Esta vinculación da lugar a una relación laboral en la medida en que se interrelacionan necesidades objetivas, por un lado, la persona que aporta la cualidad del trabajo –la que trabaja, el obrero, el trabajador– y de otro, la persona que aporta los elementos básicos para que el trabajo pueda desempeñarse, el capital para el desarrollo del proceso productivo –capitalista, propietario, terrateniente, empleador, empresario, patrono–. El trabajo es, por lo tanto, base y objeto de la relación laboral. Una relación laboral que vincula al que emplea, que puede ser tanto persona física como jurídica, con el empleado o trabajador, que también puede ser una persona física o jurídica, aunque prevalezca la primera sobre la segunda. Así por relaciones laborales podemos sintetizar al conjunto de prácticas y reglas que estructuran las relaciones entre los empleadores, los empleados y el Estado en diferentes ámbitos: empresa (fábrica, industria), rama de la actividad (minería, gremiales, acerería), un territorio determinado o la economía en general.

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Estas relaciones laborales pueden desarrollarse de forma individual o colectiva, de tal manera que los actores en juego, empleadores, empleados y Estado, pueden relacionarse bien directamente, bien a través de sus representantes, patronales y sindicatos, y en el caso del Estado, a través de sus instituciones. Y en la relación laboral es fundamental la regulación jurídica de la misma. La historia de las relaciones laborales muestra que, sin perjuicio de los componentes sociales y económicos, pero también políticos aunque con diferente intensidad, finalmente la relación entre empleador y empleado está regulada por un marco jurídico, que permite darle estabilidad y seguridad a dicha relación. Si históricamente esta vinculación jurídica de la relación individual de trabajo ha estado marcada por la condición social de los individuos, ya fuera a través de la esclavitud, servidumbre o en régimen de libertad, en las sociedades modernas y contemporáneas, esta relación jurídica vinculada al ámbito laboral siempre ha dado lugar a la formulación de un contrato de trabajo, en el que la libertad de contratación, y por tanto la libertad de trabajo, ha sido el elemento diferenciador de otras épocas. Con el paso del tiempo, la revolución industrial, la mecanización de las fábricas, el trabajo colectivo, provocó que el empleado, obrero o trabajador, entendido de forma individual, aislada, se encontrara en una situación de debilidad frente al empleador. Esta situación de desequilibrio en la balanza de la relación de trabajo, pronto hizo aparecer instituciones sociales que protegieron los intereses del obrero, del trabajador. El asociacionismo obrero, el movimiento sindical, evidenció la necesidad de fijar unas condiciones colectivas que garantizaran unos mínimos exigibles a los propietarios capitalistas y unos derechos a los obreros y trabajadores. Quizá por ello, convenga aclarar que desde que existe una actividad de trabajo, ésta está sometida a un régimen jurídico concreto, aunque este régimen jurídico quede muy lejos de configurar y caracterizar a dicha relación como jurídico laboral, sino simplemente como una relación jurídica de trabajo, al amparo de figuras contractuales procedentes del derecho civil, como el arrendamiento de obra o servicio. De esta relación de trabajo a una relación específicamente laboral, se debe dar el paso histórico de fijarse libremente, bajo la consolidación de la libertad de trabajo y sometida específicamente a unas formalidades contractuales que difieren de las tradicionales del derecho privado para vehicularlo a un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo, creado en los primeros decenios del siglo XX, y que ahora sí caracterizaría a dicha relación de trabajo como específicamente laboral. 1. El concepto de Trabajo Desde hace siglos vivimos lo que se ha denominado la civilización del trabajo. El trabajo se ha convertido, no sólo en el eje de la economía de los individuos, de las sociedades y de los Estados, sino que se ha convertido en eje de la vida social: hay una cultura del trabajo, una estética del trabajo, una ética del trabajo, una estrategia del trabajo, e incluso, y en una visión más negativa, una esclavitud al trabajo. Debemos partir de la idea de que lo que hoy denominamos trabajo o más bien empleo, ha sido una concepción adoptada en tiempos recientes, hacia el siglo XVIII, no existiendo con anterioridad, sin perjuicio de que existieran relaciones de trabajo, no conceptuali-

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zadas como laborales. Igualmente, no aparecerá el término desempleo hasta la segunda mitad del siglo XIX, todo ello enmarcado en el contexto de la revolución industrial. Ya se ha indicado que el trabajo es la base y objeto de las relaciones laborales. Preguntémonos ahora, ¿cómo concebimos el trabajo?, ¿bajo qué criterios?, ¿qué elementos caracterizan al trabajo? A poco que intentemos aproximarnos a una idea de trabajo advertimos su carácter polisémico o ambivalente, y en función de la posición de acercamiento a dicha idea, obtenemos una concepción u otra. Etimológicamente, las distintas lenguas han aportado una concepción positiva y otra negativa del trabajo. Positiva en tanto que conciben al trabajo como una actividad productiva, útil, eficaz, que contribuye al desarrollo social y económico del individuo y del grupo en el que se inserta. Negativa por cuanto se percibe como tarea degradante, desarrollada bajo el signo de la necesidad y la subsistencia, penosa, fatigosa, mecánica, esforzada. Con carácter general, cuando hablamos de trabajo incorporamos a su campo semántico los siguientes elementos:  Actividad humana (física o intelectual), lo que equivale a una realización de obra o prestación de servicios.  Individual o colectiva, consciente, realizada por el individuo o por el grupo mecanizado o en cadena. Desde esta perspectiva, percibimos el trabajo como empleo, como colocación del trabajador en función de la oferta de empleo del dador de trabajo, que demanda el empleador o empresario.  De carácter marcadamente social, lo que equivale a percibir el trabajo como agrupación de trabajadores, o más contemporáneamente como la clase social de los trabajadores.  Medio racional para lograr el sustento material. El trabajo equivale a un salario, a remuneración.  Fuente de riqueza. El trabajo percibido como cosa elaborada, tras la realización de una obra o elaboración de un producto, vinculado indisolublemente a las figuras contractuales, tanto de contrato o ejecución de obra, como de arrendamiento de servicios. 2. La multidisciplinariedad en la historia de las relaciones de trabajo El marco de acercamiento a las relaciones de trabajo, en su configuración histórica, está vinculado a distintas disciplinas que, lejos de ser compartimentos estancos, se interrelacionan como eslabones de una cadena que proyectan la regulación final de la relación de trabajo. Si la historia de las relaciones de trabajo es la historia de los elementos políticos, sociales, económicos y jurídicos, que conforman fundamentalmente la vinculación del individuo con el trabajo, colegimos que todas estas perspectivas, entendidas como ramas del conocimiento (historia social, histórica económica, historia jurídica), confluyen necesariamente para dotar de una mayor y mejor comprensión del objeto de estudio. En la elaboración de una historia de las relaciones de trabajo confluye necesariamente una aproximación a la historia del trabajo, porque como se ha dicho, el trabajo es

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objeto y base de dichas relaciones. Pero no todos los aspectos de una historia del trabajo serán útiles para una historia de las relaciones laborales, dado que para ésta no es necesario abordar los aspectos técnicos, herramientas, instrumentos o técnicas con las que se desempeñaba el trabajo. Por su parte, la historia de las relaciones que se derivan de la actividad individual de trabajo, necesita del aprendizaje de la historia social porque, como es evidente, los sujetos de las relaciones de trabajo se insertan dentro de un orden social, el cual caracteriza, en tiempos históricos, y en función de la estructura antropológica y cultural, al propio individuo, que participa de dicha relación en función de su condición social de esclavo, siervo u hombre libre. Asimismo, la complejidad de la sociedad contemporánea, bien entendida desde la historia social, nos permite comprender el rol desempeñado por nuevas organizaciones sociales e institucionales emergentes, tales como la empresa, los sindicatos, el Ministerio de Trabajo, o la Organización Internacional del Trabajo, en el ámbito de las relaciones de trabajo, por y para el establecimiento de unas reglas en las que se desenvuelva el trabajo. Surge así, de forma más o menos autónoma, y como especialidad de la Historia social, la Historia social del trabajo, incardinándose al estudio del mundo del Trabajo, desde la perspectiva del proceso evolutivo de la técnica de trabajo. De otro lado, si las relaciones de trabajo tienen como finalidad la producción de riqueza, es evidente que la historia económica es en sí misma, objeto básico y fundamental que enriquece el conocimiento de una historia de las relaciones laborales. La confluencia en el trabajo de una multiplicidad de factores económicos (materia prima, crisis de subsistencias, inflación, política de precios) la convierten en una disciplina aliada en la construcción de una historia de las relaciones de trabajo. Sin embargo, en todo proceso histórico que trate de teorizar sobre las relaciones de trabajo, éstas, en su totalidad, están siempre reguladas por un marco jurídico, sea éste civil, sea éste social, sea éste laboral. El elemento jurídico civil y social han marcado la práctica totalidad de la historia de las relaciones jurídicas de trabajo, en el sentido de que los individuos que prestaban la relación de trabajo la realizaban, según su situación en la jerarquía social, y siempre o generalmente, en función de los roles marcados por la comunidad, y asumidos como hábitos, usos o costumbres que ligaban a los individuos a dicho grupo social. Asimismo, muchas de estas relaciones de trabajo han estado reguladas jurídicamente por la institución del contrato que, utilizada desde el ámbito civil, ha servido para regular las contraprestaciones del empleador y empleado, básicamente a través de dos instituciones contractuales, el contrato de obra y el de servicios. Finalmente, cuando el trabajo, objeto de la relación laboral, se objetiva y se hace visible, como elemento diferenciador, para el ámbito de lo jurídico, nacerá el derecho del trabajo, un derecho que no regulará todo el trabajo, pero sí todas las relaciones jurídico laborales. 3. La historicidad del Derecho del Trabajo: del contrato civil al contrato laboral Desde los primeros tiempos civilizados, muchas de las actividades consideradas de trabajo que conforman una relación laboral entre un empleador y un empleado, en el que se establecen las condiciones y reglas a prestar por cada uno de ellos, mediando en ellas siempre un salario, se conformaron a través de la firma de un contrato. Contrato

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que a lo largo de la llamada civilización de trabajo, ha tenido el incuestionable recurso de la madurez mostrada por el derecho romano imperial, a través del importante desarrollo del derecho de obligaciones. Sólo bien entrado el siglo XIX, el fenómeno laboral se fue convirtiendo en una producto social, al que progresivamente el ordenamiento jurídico le fue otorgando una mayor especificidad y luego independencia, primero como derecho social, después como derecho obrero y finalmente, ya en pleno siglo XX, como derecho del trabajo. El Antiguo Régimen que precede a la proyección de un derecho marcadamente social para los trabajadores en el siglo XIX, está caracterizado por un modelo de ordenación jurídica que proyecta las siguientes características: a) Inexistencia de principios jurídicos específicos o propios vinculados a un posible ámbito laboral o de trabajo. b) Uso del derecho privado de obligaciones como único recurso, luego venido a subsidiario. c) El régimen jurídico que regula la actividad de trabajo es tremendamente heterónomo, es decir, está al margen de la voluntad del trabajador, de tal manera que no tiene capacidad ni libertad, en la mayoría de las ocasiones, para negociar con el empleador las condiciones de trabajo o salariales. d) Inexistencia de órganos específicos vinculados al ámbito de la ordenación jurídica laboral, o lo que es lo mismo, pluralidad de órganos no específicos que establecen normas relativas a la relación de trabajo. Como se ha indicado más arriba, hasta el siglo XIX, el contrato que vinculaba la relación de trabajo entre empleadores y empleados, tenía carácter privado y venía regulado por el derecho civil de obligaciones, a través de dos figuras contractuales: el arrendamiento de servicios y el contrato de obra. Los códigos contemporáneos, comenzando por el código civil francés de 1804, incorporaron en su derecho de obligaciones y contratos esta vieja modalidad contractual procedente del derecho romano. Inicialmente no supuso una realidad diferente y autónoma laboral, pero permitió que, gracias a la consolidación del principio de libertad de trabajo, con el tiempo se fuera fraguando un contrato autónomo específico laboral, hasta consolidar a finales del siglo XIX, la libertad de contratación y la progresiva aparición de normas específicas laborales, y de ahí al contrato de trabajo y al derecho que lo regula, como se verá más adelante. He aquí lo que caracteriza la denominada historicidad del Derecho del Trabajo, como en general la de cualquier otro sector del ordenamiento jurídico. La historicidad consiste en tener la conciencia y la convicción de que las bases y fundamentos del Derecho del Trabajo, y por ende la especificidad que le hace nacer, se encuentran en un concreto marco histórico, con un fuerte y marcado condicionamiento político y económico vinculado a la emergencia del movimiento obrero, y a la necesidad de dar una respuesta al mismo. Las fuerzas sociales, políticas y económicas que marcan el tránsito de un contrato civil a un contrato de trabajo, para vehicular los derechos y obligaciones de las partes, empleador y empleado, en la relación laboral, y dotarle así de una especificidad a este sector del ordenamiento jurídico, son las claves para comprender la historicidad del mismo.

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II. DERECHO SOCIAL Interesa aquí el viejo aforismo latino ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas, para resaltar que el orden jurídico, el derecho, es el encargado de estructurar el orden social en un tiempo y lugar determinados. Los comportamientos de los individuos que viven en comunidad son regulados por el orden jurídico, con el ánimo de establecer unas reglas básicas coercitivas e imperativas de conducta, las cuáles, provocadas su incumplimiento, permiten a su vez asegurar la reparación. Se busca con dicha ordenación jurídica un orden social justo. En suma, permite resolver los conflictos sociales que pudieran generarse. En la civilización de trabajo, los ámbitos normativos pueden ser públicos y privados. Públicos por cuanto, las instituciones y órganos que representan a los individuos, personalizados en la idea de Estado, tienen la facultad para regular todos los ámbitos de comportamiento de los individuos que caen bajo la esfera del derecho. Por su parte, el derecho privado regula las relaciones jurídicas entre particulares. Los cambios en las formas de vida hicieron vertebrar, dentro del ámbito del derecho público, a un sector normativo dirigido precisamente a eso, a regular la vida social con fuerza vinculante, pero con el ánimo de corregir, y en la medida de lo posible, compensar las desigualdades existentes entre los distintos grupos o clases sociales. En el siglo XIX nació el Derecho Social con una fuerte presencia en el ámbito laboral, de la seguridad social, del mundo agrario, y con la finalidad nítida y clara de corrección y protección indicadas. Con la consolidación, en las sociedades contemporáneas, de los derechos del hombre y del ciudadano procedentes de la revolución francesa, poco a poco, se fue asentando en la sociedad la necesidad de regular ciertos hechos sociales concebidos como derechos sociales, como una faceta más de los derechos fundamentales. Entre estos derechos sociales destacarán de forma notoria, los que posteriormente conformarán el derecho del trabajo, a saber:  derecho a un empleo o trabajo digno  derecho a un salario por la prestación laboral  derecho a la protección social, en caso de necesitarlo  derecho a la jubilación  derecho a un seguro de desempleo  derecho a bajas laborales por maternidad, enfermedad, accidentes, entre otros. Ya fuera del ámbito laboral, serán también considerados derechos sociales, todos ellos con el tiempo constitucionalizados, los siguientes:  derecho a una vivienda digna  derecho a la educación  derecho universal a la sanidad  derecho a un ambiente sano y saludable  derecho de acceso a la cultura. III. DERECHO OBRERO El Derecho Obrero, como un producto del derecho social, comenzó a reivindicarse desde el momento en el que los Estados contemporáneos y sus gobiernos, vieron la ne-

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cesidad de intervenir en las relaciones laborales entre empleadores y empleados, patronos y obreros. Si durante siglos, el trabajador que prestaba servicios de forma subordinada, había pasado de la esclavitud a la servidumbre, y de ésta a la libertad de poder contratar la prestación de un trabajo, tocaba ahora la intervención del Estado para garantizar a este sujeto libre que contrata una actividad de trabajo, el reconocimiento de unas condiciones mínimas de trabajo para garantizar una cierta estabilidad social. Gracias a las revoluciones industriales, en las que se transforma la producción artesanal por una nueva forma de producción en la fábrica, los obreros tuvieron la necesidad de asociarse para la reivindicación de sus derechos como trabajadores, como obreros. El maquinismo como factor de producción e instrumento de trabajo, concentró en las industrias y en las fábricas a un buen número de obreros, que fueron progresivamente generando una conciencia de clase colectiva. La aparición y consolidación de este colectivo, de esta clase obrera, con plena conciencia de su rol social y por tanto con aspiraciones a mejorar su calidad y condiciones laborales, permitió su asociacionismo para reivindicar a sus propios patronos, pero también ante el Estado, una serie de demandas sociales a través de la exigencia del reconocimiento de ciertos derechos modernos de los trabajadores, tales como el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de sindicación y a la negociación colectiva. El Derecho Obrero, de marcado carácter proteccionista, surgió para un tipo de trabajador concreto, para aquel que realiza un trabajo subordinado y dependiente y con una marcada dependencia a la industria y la fábrica. Las profesiones liberales u otras independientes, no sometidas a subordinación y dependencia, quedaron al margen de este Derecho Obrero. Las bases sobre la que se construye el Derecho Obrero coinciden en gran medida en los países civilizados, internacionalizándose así un nuevo orden jurídico. Un derecho obrero supranacional, que consolidará las bases para la construcción de un sector propio del ordenamiento jurídico, luego denominado Derecho del Trabajo. Todo un prontuario de leyes internacionales que regulan el mundo obrero comenzarán a ser objeto de debate doctrinal e intelectual, llenándose la imprenta de obras jurídicas en torno a la legislación internacional del trabajo y el llamado Derecho Internacional Obrero. IV. DERECHO DEL TRABAJO Cuando el trabajo se convierte en objeto de una regulación jurídica diferenciada, propia y específica, vinculada al trabajo voluntario, personal, dependiente, por cuenta ajena y remunerado, es cuando surge el Derecho del Trabajo, como un sector diferenciado del ordenamiento jurídico. Los factores que han sido puestos de manifiesto para consolidar la aparición genuina de este derecho del trabajo son los siguientes:  Internacionalización de los derechos laborales Los congresos internacionales sobre el trabajo, celebrados desde la segunda mitad del siglo XIX, permitieron sacar fuera de las fronteras nacionales la conflictividad laboral, el movimiento obrero o las precarias y penosas condiciones laborales. La reacción internacional no se hizo esperar, y desde el compromiso adoptado en el Tratado de Versalles (1919),

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por el que se suscribe una declaración de principios en materia de políticas socio-laborales, se pasó a la consolidación de un Organismo Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de la Sociedad de Naciones, encargado de velar por la implantación de políticas sociales, al margen teóricamente, de presiones gubernativas o patronales, y de salvaguardar los derechos básicos de los trabajadores.  Constitucionalización de los derechos laborales Un paso decisivo en la especificidad del Derecho del Trabajo como sector del ordenamiento jurídico lo encontramos en la incorporación en el marco de las constituciones europeas y americanas de una amplia gama de derechos laborales. Si la Constitución mejicana de 1917 fue la pionera en los Estados americanos, en Europa lo fue la efímera Constitución de Weimar de 1919, y poco después la española de la II República de 1931, cuyo artículo 1 establecía que “España es una sociedad de trabajadores libres que se asocian bajo los principios de libertad y justicia”. La constitucionalización de estos derechos laborales, y el posterior desarrollo de esta legislación laboral, permitió consolidar las estructuras jurídicas básicas para la ordenación de, ahora sí unas relaciones específicamente laborales, y por ende dando lugar a un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo. La progresiva y sistemática expansión irrefrenable de esta legislación laboral, ha convertido a la civilización del trabajo, y al Derecho que lo regula, en uno de los de mayor protagonismo y expansión en el siglo XX, y es sin duda hoy, uno de los ejes básicos del ordenamiento jurídico, en esta cultura que hoy vivimos y que denominados cultura del trabajo. Como se verá a lo largo de los próximos capítulos, los hitos españoles en la formación de este Derecho del Trabajo, en su doble vertiente normativa e institucional, comenzarán a fraguarse a partir de los primeros años del siglo XX. Es comúnmente admitido en la doctrina laboralista que es en la década de la Dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, cuando se produce el verdadero tránsito de un Derecho Obrero al nacimiento de un derecho nuevo, el Derecho del Trabajo. Jurídicamente, a través de un conjunto de disposiciones normativas dirigidas a regular y mejorar la condición de los trabajadores en sus lugares de trabajo, sobre todo en las fábricas, tales como la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres de 1912, las llamadas leyes de fábrica dirigidas a regular las condiciones de salubridad y protección de mujeres y menores en el trabajo, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, el primer Código de Trabajo de 1926, o la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, entre otras. Institucionalmente a través de la progresiva aparición de una administración propia y específica para el ámbito del trabajo, que encuentra sus hitos en la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, la Inspección de Trabajo en 1906, el Ministerio de Trabajo en 1920, o la jurisdicción laboral con la creación de la Magistratura de Trabajo en 1940. Es sin embargo, el ya citado Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926, el que proyecta una mayor especificidad hacia el tránsito al Derecho del Trabajo, por cuando es la primera vez que se regula, al margen del ámbito del derecho civil, al contrato de trabajo que debe regular la relación individual laboral. En consonancia, surge un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo, entendido como derecho especial de los trabajadores dependientes, o como de-

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fine Montalvo Correa, sistema de principios y normas emanados del Estado y de los propios interlocutores sociales en ejercicio de su autonomía colectiva, para regular el esfuerzo laboral prestado para otro en el marco de la relación de trabajo. Este Derecho del Trabajo como sector específico naciente del ordenamiento jurídico comenzará a construir su propio ámbito de aplicación, como marco regulador de una determinada relación de trabajo, así como sus propios caracteres y principios. 1. El trabajo objeto del Derecho del Trabajo El principio básico es que no toda actividad de trabajo es objeto del Derecho del Trabajo. Aunque esta afirmación debe ser matizada hoy en día, dado que, como otros tantos sectores del ordenamiento jurídico, el carácter expansivo del Derecho del Trabajo abarca actualmente relaciones de trabajo que antaño quedaban al margen de su regulación específica. Para que la relación de trabajo quede sometida a las reglas del Derecho del Trabajo debe comprender los siguientes aspectos básicos:  Libertad en la prestación de trabajo. Sólo el trabajo libre, prestado en función de la autonomía de la voluntad es objeto de esta nueva regulación. El derecho a la libertad individual, incorporado en la mayor parte de las constituciones liberales, se extiende al ámbito de la relación de trabajo que debe ser también prestada libremente. Se abolen los trabajos vinculados, y ahora el trabajador, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, decide cómo y con quien contrata su libertad de trabajo.  Remuneración. El trabajo objeto del Derecho del Trabajo es una prestación personal que conlleva explícitamente una remuneración, un salario. Aquí las viejas fórmulas sinalagmáticas del contrato civil llevan aparejado que al contraprestación al “dar” o “hacer” es siempre una remuneración de carácter económico.  Ajenidad. El Derecho del Trabajo, con carácter general, sólo regula la relación individual de trabajo realizada por cuenta ajena, en la que el empleado se encuentra al margen tanto de la titularidad de la explotación u organización empresarial, como de los costes de la producción, riesgos de la misma o beneficios que conlleve.  Dependencia. Significa trabajar por cuenta de otro o bajo la dirección de otro. El empleado, libremente, decide contratar la prestación de su fuerza de trabajo para un tercero, el empleador, bajo cuya dirección y en su beneficio realiza la prestación laboral. 2. Especificidad del Derecho del Trabajo El Derecho del Trabajo como sector específico del ordenamiento jurídico incorpora una serie de principios que le son propios y que le identifican de otros sectores jurídicos. Sistematizados por Montalvo Correa podemos destacar los siguientes:  Principio pro operario. Derivado del mismo principio visible en otros sectores del ordenamiento jurídico, el principio “pro operario” implica que, desde un punto de vista interpretativo, jurisprudencial y doctrinal, los operadores jurídicos se

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decantarán por aquella interpretación o aplicación normativa laboral que más y mejor favorezca a los intereses del trabajador. Irrenunciabilidad de derechos del trabajador. De la misma manera que la normativa civil incorpora el principio de irrenunciabilidad de derechos, o hacer viable esta renuncia siempre que no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros, el derecho del trabajo enajena al trabajador la posibilidad de renunciar a sus derechos, muchos de los cuáles tienen un marco regulador de derecho público, como la Seguridad Social. Estabilidad laboral. Derivado del principio civil de conservación de contratos, la legislación del trabajo tiende progresivamente a la estabilidad en el empleo a través de contratos indefinidos. Consciente el legislador de la desigualdad existente en la relación laboral entre empleador y empleado, dota a las normas que regulan el contrato de trabajo, la seguridad y continuidad en el mismo, en la búsqueda de un fin programático del Estado, cual es el pleno empleo. Igualdad laboral y salarial. A igual trabajo igual salario, sin discriminación de ningún tipo, ni de raza, credo, nacionalidad o sexo. Es sin duda éste uno de los principios en el que incluso hoy estamos aún lejos de alcanzar. Heteronomía de la relación individual de trabajo. La característica de trabajo libre que se incorpora al derecho del trabajo, tiene una limitada capacidad negociadora en las condiciones del contrato de trabajo. Más bien al contrario, la libertad del empleado o trabajador se concreta a la decisión del tipo de trabajo al que puede acceder, dado que las condiciones del mismo, derechos y obligaciones de la relación individual de trabajo, viene generalmente marcadas, de forma heterónoma, a la propia autonomía de los contratantes, ya sea porque han sido legisladas por el Estado, ya sea porque han sido fijadas a través de la negociación colectiva.

3. Naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo Como ya se ha indicado anteriormente, la relación individual de trabajo objeto del Derecho del Trabajo, incorpora una serie de actores en juego que redundan en la caracterización de su naturaleza jurídica. Así, empleadores y empleados, a través de manifestaciones jurídicas procedentes de la autonomía de la libertad, y por ende del derecho privado, regulan los derechos y obligaciones propios del contrato de trabajo, consistentes básicamente en la prestación de trabajo y la contraprestación salarial, así como otros aspectos que desarrollan la propia relación laboral y las condiciones para su extinción. Cuando empleadores y empleados, en la configuración de las condiciones generales de contratación laboral de los sectores productivos, recurren a sus representantes, patronal y sindicatos, a través de una negociación colectiva, la fijación de los derechos y obligaciones del contrato de trabajo marchan de un ámbito privado a un ámbito de relaciones jurídico públicas, debido a la naturaleza de las organizaciones que las sustentan, tales como el sindicato de naturaleza o consideración pública o cuasi-pública. De hecho, la autonomía en favor de la negociación colectiva, ha sido hasta fechas recientes, uno de los aspectos fundamentales del Derecho del Trabajo.

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Por último, cuando es el Estado, a través de sus instituciones jurídico-públicas el que interviene en el establecimiento de las relaciones laborales, la relación individual de trabajo se enmarca dentro del ámbito de lo público. Como bien ha indicado Montalvo Correa, el intervencionismo estatal reviste un triple aspecto:  normativo, en referencia a las fuentes jurídicas del ordenamiento laboral elaboradas por las instituciones del Estado, al margen de la libre autonomía de las partes, y que redundan en la característica de la heteronomía de la relación jurídico laboral;  administrativo, por cuando la Administración del Estado interviene en las relaciones laborales a través de las políticas de empleo, ya sean medidas de policía (inspección laboral, sanciones administrativas a empresas incumplidoras de aspectos como seguridad e higiene en el trabajo), de fomento y promoción del empleo, o de servicio público, a través de agencias públicas de colocación;  jurisdiccional, en la medida que con la especificidad del Derecho del Trabajo surge la jurisdicción laboral, a través de juzgados y tribunales específicos que conocen de los asuntos exclusivamente procedentes de las relaciones de trabajo, así como el procedimiento, propio y específico, del ámbito laboral. En este triple abanico de desarrollo del ámbito de las relaciones de trabajo, es evidente que en la medida en la que el intervencionismo estatal se sobredimensiona por encima de los otros dos, el carácter público del Derecho del Trabajo se acentúa. V. PROPUESTA DE PERIODIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO La periodificación utilizada para el resto de fenómenos que caracterizan la historia de la humanidad, no es fácilmente adaptable al objeto específico del trabajo y de la relación laboral, sin perjuicio de que los hitos que jalonaron, desde la historia universal, una periodificación general, sean susceptibles de encontrar aspectos concurrentes con una propuesta de periodificación de la historia de las relaciones de trabajo. Estamos convencidos de que los grandes períodos históricos nos permitirán encontrar vínculos de unión para poder adaptarlos a la peculiaridad propia de un objeto de conocimiento diferenciado y nítido, en cada sociedad histórica, como es el de la relación de trabajo. Por ello, esta propuesta de periodificación debe partir necesariamente desde una doble perspectiva o criterio de aproximación: subjetivo y objetivo, sin perjuicio de la existencia de otros criterios ideológicos (en función del papel o rol que desempeña el trabajo dentro de cada sociedad o grupo social), criterios técnicos de producción (que vinculan la actividad propia del empleado como artesanal, mecánica, fabril o industrial –era de la herramienta o de la máquina), o criterios económicos (que atienden a la organización de los medios y fuerzas productivas). En atención al criterio subjetivo, la esclavitud, la servidumbre y la libertad del trabajador han sido las claves para comprender el proceso evolutivo de las relaciones de trabajo. Unas relaciones de trabajo en las que una de las partes fundamentales, el empleado o trabajador, las ha ejercido en función de su condición jurídica o su posición como sujeto dentro del orden social y jurídico. En función del estatus social, el esclavo en su

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condición de objeto o cosa, no es sujeto del derecho y por tanto su rol en la relación de trabajo está caracterizado por la negación en sí misma de su condición de persona. Igualmente, en función del estatus social, el siervo, pese a ser sujeto jurídico, por tanto individuo libre, que desempeña en la relación de trabajo el rol obligacional en función de su vinculación personal con el patrono o con la tierra (obligación personal o real). En tercer lugar, y también en función del estatus social, el hombre libre, sujeto jurídico autónomo, desempeña en el rol de la relación de trabajo, ahora sí laboral, una prestación de servicios basada en la autonomía de la libertad para contratar, relacionarse y obligarse libre y voluntariamente a realizar una prestación de trabajo mediando un salario. Bajo este criterio subjetivo, las tradicionales edades históricas vendrían entremezcladas con estos tres estatus sociales y el rol desempeñado en la relación de trabajo. Tanto es así que, desde la época antigua hasta la configuración de la libertad individual, como base para la libertad de trabajo, ya en el siglo XIX, dichos tres estatus han convivido y coexistido simultáneamente, predominando una u otra en función del período histórico. Así, durante la Antigüedad romana y visigoda, la esclavitud predominaba sobre la servidumbre y la libertad; durante la Edad Media y Moderna predominaba la servidumbre frente a la esclavitud y la libertad; y finalmente, durante la Edad contemporánea prima la libertad, frente a la esclavitud, evidenciándose la desaparición del estatus servil, gracias a la abolición del régimen señorial en 1813. No obstante, la esclavitud se siguió proyectando por los españoles en las colonias americanas y Filipinas, y sólo desde el último tercio del siglo XIX se fue progresivamente aboliendo, primero en Cuba y Puerto Rico, gracias a la ley de 4 de julio de 1870, luego reiterada de forma definitiva esta abolición mediante la ley de 22 de marzo de 1873 para Puerto Rico, y la de 13 de febrero de 1880 para, lo que se consolidará con la firma del Convenio de Bruselas de 2 de julio de 1890. A este respecto, el proceso de liberación jurídica del trabajo, o si se prefiere, de la conquista de la libertad jurídica de trabajo es, a la vez que un fenómeno humano de máximo valor, un fenómeno histórico y social de máxima significación. Si ensayamos una propuesta de periodificación de la historia de las relaciones de trabajo partiendo del criterio objetivo, que es aquel que regula u ordena normativamente y da seguridad jurídica a la relación de trabajo sometiéndola al Derecho, nos encontramos con una multiplicidad de etapas, también todas ellas convergentes y yuxtapuestas a las grandes etapas históricas. Así, durante la época antigua, primará el derecho privado de obligaciones romano en la citada regulación jurídica, a través de los contratos de obra y servicio. La primera edad media encontrará en la costumbre ligada a los fueros municipales el ámbito normativo de las relaciones de trabajo. A partir del siglo XII, la recuperación para los nuevos burgos de las viejas normas imperiales romanas, más concretamente del Código de Justiniano, permitirá reutilizar los modelos contractuales de arrendamiento de obra o servicio, lo cual se proyectará hasta el final del Antiguo Régimen. No osbtante, y durante todo este amplio período histórico, baja Edad Media, Edad Moderna y Antiguo Régimen, la regulación del trabajo en el marco del derecho privado se verá completada con una diversidad de normas relativas al trabajo y procedentes de diversos órganos e instituciones, tales como: contratos agrarios que incorporan relaciones de trabajo dentro del amplio marco de las relaciones señoriales, entre señor y hombre de señorío; los gremios y sus ordenanzas gremiales que regulaban las relaciones de trabajo artesanales o mercantiles en función de

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los oficios; o los municipios a través de sus ordenanzas municipales que incorporaban algunos aspectos relacionados con la regulación de las relaciones de trabajo. Con el comienzo de la revolución industrial surgieron las primeras normas jurídicas dirigidas a regular el derecho de los trabajadores en la industria, lo que dio lugar a un impropio y, en ocasiones equívoco, derecho industrial, en puridad un derecho obrero industrial. El siglo XIX se caracteriza, desde el punto de vista de la ordenación jurídica del trabajo como la época del derecho social y del derecho obrero, dado que es el período en el que comienza a consolidarse una incipiente y luego pujante legislación obrera, tal y como se ha indicado en páginas atrás. Es el momento histórico en el que por fin se utiliza la expresión relaciones laborales, procedente del término anglosajón industrial relations, término que aparece por primera vez en 1885 y se consagra como expresión hacia 1924, gracias a la institucionalización de un departamento de relaciones industriales en el Ministerio de Trabajo británico. Finalmente, el siglo XX tiende a la superación de la legislación proteccionista del Estado en materia laboral, para conformar un sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo que se expande y desarrolla a través de sucesivas etapas históricas: la primera durante la Segunda República con el reconocimiento constitucional de los derechos laborales, y la segunda con la configuración jurídica del trabajo dada por el Estado nacional-sindicalista a través del Fuero del Trabajo de 1938. Finalmente, y siguiendo a Borrajo Dacruz, interesa retener como propuesta metodológica básica lo que venimos a denominar, con carácter general, la línea de la vida del Derecho, y que en el ámbito de la ordenación jurídica del trabajo se manifiesta de la siguiente manera: “Las ideas, convertidas en sistemas de creencias y usos sociales, tratan de realizarse en instituciones políticas, en estructuras económico-sociales y en normas jurídicas, y como este proceso se desenvuelve en el tiempo y, a su vez, no se realiza en el vacío sino en un orden concreto, en el que hay, a su vez, instituciones, estructuras y normas que responden a otras ideas y creencias, resulta que en cada momento dado es posible observar líneas estructurales distintas y contrapuestas, que estarán en distintas fases vitales, unas naciendo, otras consolidándose, otras, en fin, anquilosándose o fosilizadas, pero todas ellas cuentan con una realidad y obligan, por su parte a contar con ellas”.

VI. LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO Que las mujeres, a lo largo de la historia, han desempeñado labores de trabajo, es un hecho incuestionable en todas las culturas y civilizaciones. Pero también es un hecho incuestionable que el no reconocimiento de la mujer como un sujeto jurídico, ha proyectado su invisibilidad en el marco de las relaciones de trabajo. Tanto es así, que hasta siglos recientes, la mujer, aun estando de hecho incorporada al esquema de las relaciones de trabajo, ha estado jurídicamente al margen de las mismas. Varias razones han podido provocar esta invisibilidad de la mujer con respecto a su papel en la actividad de trabajo: de un lado, la existencia de una división del trabajo entre hombres y mujeres; de otro lado, que esta división del trabajo ha sido construida desde una perspectiva androcéntrica, es decir, contada y reconstruida por hombres y retroalimentada por una especie de alianza entre el sistema patriarcal y el capitalismo, derivado

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o justificado a través de la diferenciación natural o biológica, para algunos incluso bíblica –cuando Dios castigó a Adán le encomendó el trabajo agrícola, y a Eva el cuidado de la prole–; y por último, y sobre todo, por la ignorancia del derecho a considerar a las mujeres como sujetos jurídicos. A lo largo de los tiempo se ha demostrado la evidencia de que la división del trabajo no es una cuestión natural, de sexos, de fortaleza o debilidad, sino que ha venido determinada por las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, supeditándolas siempre a tareas consideradas femeninas, y en gran medida, desvalorizadas, desprestigiadas y con poco peso social: cuidado de infantes, personas ancianas o enfermas, labores domésticas –lavado de ropa, preparación de alimentos, tareas del hogar, etc. En los últimos decenios la nueva perspectiva de género, que se viene imponiendo de forma transversal en las distintas disciplinas, nos ilustra con la diferenciación del género respecto del sexo. Por género debe entenderse una categoría cultural o construcción social que diferencia a hombres y a mujeres de forma impuesta y no por una simple diferenciación de sexo, masculino y femenino. Estas construcciones culturales y sociales son en sí mismas artificiales, o al menos, interesadas para satisfacer los deseos de sus constructores ideológicos.Y quienes construyeron esta categoría pronto encomendaron lo público al hombre y lo privado a la mujer. El ámbito de lo público, productivo, de prestigio y reconocimiento, quedó así históricamente monopolizado por el hombre, mientras que el ámbito de lo privado, improductivo, de ahorro de la economía familiar, carente de reconocimiento, quedaba reducido a la mujer. El hombre era el encargado de mantener a la familia con su trabajo, con su aporte económico, era el cabeza de familia. La mujer era la encargada de velar por la economía familiar, por administrarla, siendo marginada del mundo laboral, entendido éste como el asalariado y libre. En las sociedades patriarcales, generalizadas y dominantes en la historia universal, las tareas domésticas, de cuidado de los hijos y demás miembros de la familia, han sido la principal obligación impuesta a las mujeres. Esta obligación derivada del modelo social, no sólo enajenará a las mujeres del ámbito laboral, sino que aun formando parte del mismo seguirán estando y siendo invisibles. Así, junto a las labores impuestas a la mujer en el ámbito doméstico, también la encontraremos realizando tareas agrícolas, en las familias campesinas, o trabajos en el taller u obrador, para las familias de menestrales. Pero, en ningún caso, estos trabajos estaban remunerados para la mujer, al concebirse como una prolongación de las tareas domésticas, salvo excepciones. El ámbito de lo jurídico, regulador en gran medida de las relaciones de trabajo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, se nos presenta como una excelente fuente para estudiar la presencia de las mujeres en el desempeño de cualquier actividad de trabajo por la que recibe una remuneración. Ordenamientos de Cortes como el de Menestrales de 1351, Ordenanzas municipales u otro tipo de fuentes jurídicas son un claro espejo de la actividad de trabajo por cuenta ajena y remunerada realizada por las mujeres. Éste será otro de los objetivos de esta introducción jurídica a la historia de las relaciones de trabajo: rescatar en la medida de lo posible, y reconstruir la participación de las mujeres en el mundo del trabajo a través de la visión que de ellos nos ofrece el derecho.

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BIBLIOGRAFÍA M. Alonso Olea, Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, 1974. C. Arenas Posadas, Histora económica del Trabajo (siglo XIX y XX), Madrid, 2003. J. Beneyto, Historia social de España y de Hispanoamérica, Madrid, 1961. J. M. Blanch (coord), Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos, ed. UOC, 2003. J. Bonilla, Breve historia de la técnica y del trabajo, Madrid, 1975. E. Borrajo, Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid (Tecnos), 1995, 8ª edic. P. Jaccard, Historia social del trabajo, Barcelona, 1971. J. Montalvo Correa, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, 1975. A. Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, ed. Tecnos, Madrid, 2003. C. Segura, “El trabajo de las mujeres en las sociedades preindustriales”, en Maternidad, Familia y Trabajo: de la invisibilidad histórica de las mujeres a la igualdad contemporánea, I Jornadas de Estudios Históricos Cátedra Sánchez-Albornoz, Ávila, 2006, pp. 147-161. J. Vida Soria, J. L. Monereo Pérez y C. Molina Navarrete, Manual de Derecho del Trabajo, ed. Comares, Granada, 2008. Villa Gil, L. E. de la, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, ed. Comares, Granada, 2003. VVAA. El trabajo de las mujeres a través de la historia, Madrid, 1992.

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Capítulo 2

La herencia de la antigüedad: de las relaciones de trabajo en Roma hasta los sistemas gremiales de cofradías y hermandades medievales

I. DE LA ESCLAVITUD AL ESTATUS DE PERSONA LIBRE: ORGANIZACIÓN, RELACIONES E INSTITUCIONES DE TRABAJO EN EL MUNDO ANTIGUO La historia de las relaciones de trabajo en la antigüedad está nítidamente marcada por la diferenciación de la condición o estatus de personas libres y esclavas. Situación jurídica que con el tiempo fue dando pasos hacia la condición servil, vinculada inicialmente a la condición de esclavitud, pero también a la del hombre libre que entra a formar parte, se vincula, a otra persona en régimen de servidumbre. Estas situaciones jurídico-sociales darán lugar a una fuerte impregnación en la organización y en las relaciones de trabajo en el mundo antiguo, y sobre todo en la aparición de determinadas instituciones vinculadas a la actividad de trabajo. 1. Estatus libertatis: la condición de persona libre o esclava La esclavitud venía siendo justificada desde antiguo por filósofos como Platón, Aristóteles, Jenofonte, Cicerón o Tácito, como una condición consustancial a la propia naturaleza de la humanidad. Aristóteles defendió la existencia de distintos tipos de hombres, reconocidos por sus características físicas, que habían nacido naturalmente para servir, para luchar, para gobernar, o para dedicarse al trabajo intelectual. La condición jurídica de la persona esclava era la de privación de libertad personal, considerándose en dominio de otra persona libre. En el mundo romano, ésta podía ejercer su condición o estatus de libertad bajo la situación jurídica de ciudadano romano, latino o peregrino –extranjero–. La condición jurídica de la persona esclava se sintetiza en el reconocimiento de su personalidad natural, de su capacidad de obrar, pero también con la negación de su capa-

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cidad jurídica. Empezando por esta última, los esclavos no se consideran capaces jurídicamente ni para realizar negocios personales –connubium– o patrimoniales –comercium–, dado que su condición jurídica es la de cosa –res–. Por su parte, y sin perjuicio de carecer de personalidad jurídica, sí tienen capacidad de obrar, ya sea negocial o penal, es decir, pueden realizar negocios jurídicos –aunque los frutos pasan al dueño, incluso si fuera causahabiente o heredero– y cometer delitos, siendo responsable con carácter privado el dueño, que podía liberarse de dicha responsabilidad entregando la persona esclava a la persona perjudicada. La persona esclava sí posee personalidad natural, ya que puede constituir relaciones naturales propias como las personas libres, tales como el contubernio, que no difiere en general del matrimonio, si bien carece de sanción legal. Asimismo, y dada su personalidad natural, puede poseer una cantidad moderada de bienes –peculio– conferido por el dueño, quedando para éste la propiedad. Las causas que generan la esclavitud están nítidamente marcadas por el Derecho clásico romano:  Nacimiento. Se nace esclavo de madre esclava, aún concebido por persona libre.  Guerra. Es la causa de esclavitud más generalizada, la captivitas, sobre todo a partir de las grandes guerras de conquista y expansión del Imperio romano desde el siglo III a.C. al siglo III d.C. Habría que señalar la gran cantidad de pueblos y ciudades dediticias, cuyos habitantes fueron hechos esclavos. Inicialmente pasan a propiedad del Estado, quien los destina a servicios públicos o vende a particulares.  Sentencia penal condenatoria. Sólo por la comisión de determinados delitos sancionados con penas muy graves –minas, galeras, muerte–.  Por imperativo legal. Aquellas personas libres que se vendían a sí mismas como esclavas, en fingimiento de un negocio jurídico en fraude de ley; la mujer libre que mantiene relaciones con esclavo; desertar del ejército. La esclavitud se extinguía por acto voluntario del dueño, la llamada manumissio, o por disposición legal. Por su parte, las personas que gozaban del status civitatis se distinguían entre ciudadanos romanos –con plenos derechos civiles, públicos y privados–, ciudadanos latinos –con reconocimiento de ciertos derechos civiles, públicos y privados–, y los extranjeros –peregrini– que considerados libres, se les reconoce plena capacidad jurídica por parte del Imperio para poder realizar negocios jurídicos, incluso con los ciudadanos romanos y latinos, a través del Derecho de Gentes –Ius Gentium–. Desde el punto de vista de los vínculos o posibles relaciones de trabajo existentes entre las personas libres y las esclavas, esta relación era jurídicamente imposible, aunque de hecho, entre ambos existiera una relación obligacional del esclavo frente al dominus. Desde este punto de vista, existe una vinculación de dependencia con desarrollo de actividad de trabajo servil de la persona esclava, a favor de la persona propietaria o dominus, si bien, esta relación laboral, desde el ámbito jurídico es inexistente, dado que no se puede relacionar jurídicamente una persona –dominus– con una cosa –persona esclava–.

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Capítulo 2 La herencia de la antigüedad: de las relaciones de trabajo en Roma hasta los sistemas gremiales de cofradías y hermandades medievales

2. La condición jurídica especial del liberto El esclavo manumitido o libertado –libertus– por su dominus adquiere la plena ciudadanía, y por tanto la plena capacidad jurídica y de obrar, sin perjuicio de que nunca podrá equipararse en derechos públicos y privados al nacido libre –ingenuus–, sobre todo en el acceso a determinados cargos, y sin perjuicio de la permanente relación de dependencia para con el patrono –derecho de patronato–. Este derecho de patronato existente entre dominus y libertus obligaba a éste para con aquél a una serie de prestaciones de cosas y servicios –obsequium–, y otras en virtud de promesa dada –operae liberti– tales como: servicios personales a favor del dominus, o a un tercero, cuya remuneración compartía con aquél. En uno u otro caso, el trabajo del liberto pasó a ser considerado, desde un punto de vista social y jurídico, como la prestación de un hombre libre. 3. Visión y valoración del trabajo Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en cuanto a la concepción que del trabajo se tiene en las civilizaciones antiguas es la visión y la valoración que se tiene del mismo. Heredada de la visión y valoración griega sobre el trabajo, la Roma, tanto republicana como imperial, valoraron el trabajo siempre desde una perspectiva absolutamente negativa. Las virtudes que debían acompañar a las personas libres, al objeto de elevar su categoría social y dignidad personal, se desarrollaban cultivando el espíritu a través del ocio y la vida contemplativa, dado que les acercaba a los dioses. Por el contrario, la actividad que generaba el trabajo, necesario por ser útil, pero innecesario por no ser bello, convertía a las personas que lo realizan en viles, por ser incompatible con la actividad lúdica. Bajo este prisma, y dado que el trabajo es generalmente necesario, se requería que hubiera personas viles que lo desempeñaran, generalmente esclavas, de ahí que la esclavitud fuera un estado natural, como natural era la actividad de trabajo. Incluso las personas libres que desarrollaron actividad de trabajo mediando salario, fueron consideradas personas viles e indignas, aunque necesarias. Tanto es así, que el hecho de dedicarse al trabajo por cuenta ajena y remunerada, les convertía de facto en personas libres pero igualadas, según las mores romanas, a los esclavos. Al respecto Cicerón ya escribía, en su obra De Oficiis, que el trabajo de un asalariado al que se paga por su labor y no por su capacidad artística es indigno de un hombre libre, y es innoble por naturaleza, pues en este caso, el dinero es el precio de la esclavitud. Consideraba negativos y por tantos despreciativos aquellos trabajos basados en la mano de obra y no en el talento. Por el contrario, las artes liberales, la medicina, la arquitectura, eran profesiones honorables y dignas de valoración, siempre que se ejercieran libre y desinteresadamente, y no mediando salario o lucro. Tan sólo los sectores del comercio mayorista y el de la agricultura hacían al hombre libre y digno, por dedicarse a una labor fecunda, no así el asalariado que trabajaba en las tierras de otro (Texto 1). Ahora bien, la concepción del trabajo en las provincias del Imperio, incluso entre los propios cives romanos, difería de la anterior concepción más propia de la ciudad Estado.

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En las colonias romanas y ciudades federadas en las provincias del Imperio, como en la Bética, el trabajo tenía un mayor reconocimiento, con independencia del tipo de trabajo y retribución, promocionándose así el fenómeno asociativo de los collegia profesionales. 4. Organización del Trabajo El Estado ciudad de Roma, en sus distintas fases de evolución política, República e Imperio, basó la organización del trabajo en una población activa compuesta de cinco tipologías de trabajadores: la de los hombres libres, la de los libertos, la de los esclavos, la de los colonos, y la de los encomendados. Los sectores productivos eran básicamente la agricultura, obras y servicios y la industria minera. A) Agricultura Los hombres libres trabajadores, solían pertenecer a la clase más baja, y se articulaban como pequeños propietarios labradores y ganaderos, pequeños artesanos y comerciantes. No obstante, la expansión republicana e imperial, llegando incluso hasta la Península Ibérica, consolidó una nueva mano de obra, esclava, por sometimiento de poblados y ciudades dediticias, que perjudicó notablemente a aquella primera base de población activa, sobre todo en la de trabajadores no propietarios, que lo hacían por un salario. Muchos pequeños propietarios, al no poder hacer frente a la explotación de sus tierras, no tuvieron más remedio que venderlas y someterse al trabajo asalariado, en dura competencia con la mano de obra gratuita proveniente de la esclavitud. Asimismo, del minifundio se pasó al latifundio, y muchos de aquellos primigenios pequeños propietarios, o bien emigraron a las grandes ciudades para demandar un trabajo asalariado, o bien se enrolaron en la milicia como último recurso de subsistencia. Se intentaron diversas reformas de la propiedad de la tierra, tales como la llevada a cabo por Tiberio Sempronio Graco, Tribuno de la Plebe, en el 133 a.C., por la que se pretendía realizar un reparto de tierras latifundistas para pequeños propietarios. El mismo Tribuno denunciaba la falta de tierras sobre las que sustentar una vida: “Las fieras salvajes que rondan Italia tienen cuevas y cavernas donde dormir, mientras que los hombres que van a la guerra y dan su vida por Italia, sólo poseen aire y fuego. No tienen lugar donde habitar permanentemente con sus mujeres e hijos, llevan una vida errabunda. Los soldados van a la guerra y mueren por lujos y riquezas ajenos, se llaman los dueños del mundo y al mismo tiempo no poseen un terrón de tierra propia”.

Esta denuncia de la falta de tierras propició su propuesta de iniciar una colonización de territorios ocupados, con el consiguiente reparto de tierras a los soldados romanos allí establecidos. Muchas de estas colonias –pequeños Estados-ciudad de Roma– florecieron y germinaron como núcleos urbanos importantes, favoreciendo un importante florecimiento de actividades mercantiles, agrícolas, artesanales, etc. Pronto los enemigos de estas reformas llevadas a cabo en el siglo II a.C., una vez controladas las instituciones, las paralizaron, suspendiendo los repartos de tierras para que entraran al mercado, a través de la venta pública. Ello permitió su adquisición por

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los ricos propietarios, que a su vez, las explotaban a través de mano de obra esclava. Latifundio y explotación esclava fueron las constantes hasta finales de la República. Muchos pequeños propietarios desposeídos se acercaron a las urbes conformando una especie de proletariado urbano de escasa formación técnica, lo que unido a la negativa visión del trabajo, extendió sobre ellos un cierto desprecio, una minusvaloración de su condición de cive romano. Con la llegada del Imperio, sobre todo en sus dos primeros siglos (I-II d.C) se produjo un incremento notable de las condiciones de vida, y de las relaciones de trabajo, siendo la sociedad romana más permisiva con la visión negativa del trabajo y sobre todo, con determinadas dedicaciones laborales. Pero esto era así en la urbe, mientras que en el campo se consolidaba el latifundio, enviando a la ruina cada vez más, a un importante volumen de pequeños propietarios libres. La explotación agrícola dependía del régimen de propiedad, existiendo distintos tipos: a) Grandes dominios imperiales o del Estado de Roma –saltus–, entregados y explotados en régimen de arrendamiento por particulares –conductores–, que a su vez subcontrataban esta explotación a colonos extranjeros mediando un pago en especie. b) Saltus privati. Nos referimos también a grandes explotaciones agrícolas de propietarios absentistas, explotados como los saltus, o bien entregados directamente, en régimen de arrendamiento a colonos extranjeros, o explotados por esclavos, a cuyo frente se encuentra un supervisor –villicius–. c) Bienes de propios municipales, cuya propiedad era de todos los habitantes de la ciudad. La explotación nunca era realizada por sus dueños, sino por asalariados en régimen de arrendamiento. d) Pequeña propiedad, muy minoritaria, explotada por sus propietarios. B) Otras actividades de trabajo remuneradas La demanda de servicios y obras fue la que proporcionó la necesidad de distintas inversiones o recursos, ya sea por el Estado, Administraciones locales o particulares, y marcó principalmente la distribución del trabajo en el Imperio de Roma. Constatamos cómo algunos municipios de la Bética, como Irni (ley 17) tenían previsto en sus presupuestos una partida económica para la financiación de la construcción o reparación de edificios, monumentos u otras obras públicas. Tanto es así, que determinadas obras eran costeadas exclusivamente por la Administración (también la imperial) –vías públicas, acueductos– ya que exigían la contratación de obreros especializados. También la inversión privada fue importante para generar demanda de obra o servicios. Así por ejemplo, algunas leyes municipales, como las 77 y 78 de Urso, o la 82 de Irni, recogen la vinculación existente entre las magistraturas municipales y su competencia para la construcción, mantenimiento o reparación de vías, fosas, cloacas, bien financiadas por el erario local, bien apelando a derramas forzosas entre los ciudadanos, o bien a la mano de obra voluntaria: es el sistema llamano munitio, recogido en las leyes 98 de Urso y 83 de Irni.

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También en la Bética tenemos documentados la existencia de obreros de la construcción en general y artesanos especializados en distintas modalidades decorativas. Los fabri subaediani –artesanos– o los fabri tignuari –carpinteros–. El sector de la piedra o el mármol en canteras, tanto públicas como privadas, generalmente explotada por esclavos, está también constatado. La materia prima que procedía de las canteras era la base del trabajo de los escultores y lapidarios, ya realizado por libertos o serviles, dado que exigía una importante dosis de especialización. Un lugar importante tuvo en los municipios romanos hispánicos el trabajo organizado en el ámbito de la enseñanza básica, cuyos maestros o profesores eran generalmente libertos, contratados por las demandas de las oligarquías municipales. En el ámbito de la medicina se conservan restos epigráficos de una importante medicina profesional, incluso efectuada por libertos. C) Los distritos mineros Mantener en actividad una explotación minera exige trabajos de rango y cualificación muy diversos: desde responsabilidades de dirección técnica y gestión administrativa hasta las actividades de picador, entibador, fundidor, así como otras muchas necesarias para atender a los servicios de abastecimiento (manutención de la población minera y producción/importación de útiles y herramientas) o bien los cuidados personales de la población minera (médicos, barberos, zapateros, pregoneros). En una antigua mina situada en Portugal –Aljustrel– de cobre y de plata, se encontraron unos bronces que, con dificultades de datación cronológica, incorporan normas especiales para los operarios y trabajadores de los distritos mineros. En uno de ellos –lex locationis– se fijan los derechos de los distintos arrendatarios de servicios, bajo las fórmulas contractuales de la locatio conductio: arriendo del impuesto de las subastas, del pregón, del baño público, de la zapatería, de la barbería, de la tintorería, compra de mineral extraído. El segundo bronce incorpora una lex para todas las minas del fisco, en la que se determina, desde un punto de vista jurídico y técnico, el régimen de explotación minera: regula el régimen de concesiones de explotación, medidas de policía en el trabajo y otras prescripciones de carácter técnico. En tanto que organización social, la mina estaba sujeta al procurador, representante del Emperador, encargado de dirigirla cual pequeña ciudad se tratara. Del producto surgido de las minas, metales preciosos, oro, plata, etc., era posteriormente utilizado por oficios especializados en pequeños talleres, tales como los plateros (argentarius), broncistas (aerarius), doradores (inauratores), etc. En gran medida, fueron esclavos los que se dedicaron a la labor del trabajo en las minas. Al respecto, la descripción realizada por Diodoro de Sicilia en su Biblioteca histórica (V, 36-38) es elocuente: “Gran número de itálicos llenaron las minas obteniendo de ellas inmensas riquezas. Pues compraban una gran cantidad de esclavos a los que ponían en manos de los capataces de las mismas (…). Pasan –los esclavos– sus vidas dedicadas a los trabajos en las minas, bajo tierra, en las galerías, trabajando duramente día y noche; muchos mueren por la gran dureza de su trabajo. Apenas descansan, ya que los capataces, a golpes,

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les obligan a aguantar sus duras condiciones de modo que van perdiendo su vida bajo estas condiciones miserables; hay, en cambio, algunos con mayor fortaleza física y psíquica que soportan estos padecimientos durante mucho tiempo”.

5. Modalidades contractuales: los contratos de obra y servicios Es de sobra conocido el extraordinario desarrollo que alcanzó el derecho privado del pueblo romano, sobre todo durante el Imperio, no sólo en el occidente europeo, sino y sobre todo en la zona oriental del Imperio, gracias al Código de Justiniano. Un derecho privado asentado sobre la base de las personas y las cosas, vehiculándose sobre ambas distintos modelos contractuales en función del trabajo de las primeras, y del rendimiento de las segundas. Sistematizados en el derecho de obligaciones, bajo la rúbrica de contratos consensuales, pactados por personas consideradas libres, se desarrollaron determinadas actividades de trabajo que generaron una relación de trabajo: nos referimos a los contratos de arrendamiento civil, y dentro de ellos a los arrendamientos de cosas –locatio conductio rei–, arrendamiento de obras –locatio conductio operis– y arrendamiento de servicios –locatio conductio operarum–. Bajo el arrendamiento, en tanto que contrato consensual, un sujeto –locator o arrendador– se compromete con otro, a través de una relación obligacional, a procurar el uso y disfrute de una cosa –locatio conductio rei–, a que se realice una obra –locatio conductio operis–, o a que se le presten determinados servicios –locatio conductio operarum–, por parte del conductor –arrendatario– quien paga una cantidad en el primero de los casos, y recibe una remuneración en el caso de los segundos. A) Locatio conductio rei El arrendamiento de cosas genera un contrato obligacional, y por tanto, un vínculo personal entre el arrendador –locator– y el arrendatario –conductor–, por el que el primero permite el uso y disfrute de una cosa al segundo, el cual se obliga a pagar la contraprestación pactada. Entre las obligaciones del arrendador –locator– destacan las de: a) procurar el uso y disfrute de la cosa pactada en arrendamiento. La imposibilidad de este uso y disfrute de la cosa siempre recae sobre el locator, obligado a indemnizar por daños y perjuicios al conductor. b) pagar gastos para la conservación de la cosa arrendada procedente del uso ordinario. c) reembolso al conductor de los gastos realizados sobre la cosa, siempre que sean necesarios y útiles. d) soportar las cargas e hipotecas que pesen sobre la cosa. Y entre las obligaciones del arrendatario –conductor– se encuentran las de: a) pagar la merces, o precio convenido. b) usar la cosa según la finalidad de la misma o lo estipulado en el pacto. c) restituir la cosa al término del plazo del arrendamiento.

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B) Locatio conductio operis En el arrendamiento de obra, el pacto generado entre locator y conductor versa sobre una obra finalizada. El conductor se compromete a la entrega de un producto final ya acabado al locator que previamente han contratado: construcción de una casa, confección de un traje, herrería, zapatería, etc. El locator se compromete a pagar el precio estipulado al conductor. En este caso el conductor es un obrero que contrata una relación laboral con el locator para la ejecución de una obra. Los materiales los suministra el contratante y paga la merced al contratista, al obrero. Tenemos constancia que en los municipios hispanos, la mayor parte de la elaboración de proyectos de edificios, dirección y ejecución de obra, trabajo artesanal de decoración interior, y otros tantos oficios que intervenían, todos ellos de elevado grado de especialización, requerían la contratación de profesionales para realización de estas obras, que encontraban en esta fórmula contractual el recurso jurídico aplicable. Tanto es así, que la ley 63 de los municipios de Málaca e Irni exigían a los contratistas, para con sus obreros, la garantía de que entregarían la obra en el cumplimiento de su obligación. C) Locatio conductio operarum En el arrendamiento de servicios, el pacto entre locator y conductor se centra exclusivamente en la prestación de un servicio, durante un cierto tiempo, por el que se pacta y paga un precio –transporte, labores agrícolas, etc–. No entraban dentro de esta categoría la prestación de servicios procedentes de artes liberales, tales como la abogacía o la medicina, que se hacían bien gratuitamente, bien a través de estipendios voluntarios, y que en cualquier caso se sistematizaban dentro de los valores de la sociedad romana destinados a la vida contemplativa y a la formación del espíritu. Esta modalidad contractual ha sido bien documentada en las leyes de colonias y municipios que se han conservado en la Bética, de tal manera, que conocemos las prestaciones de servicios, en función de este contrato, prestados por los obreros –apparitores–, generalmente libres o libertos, contratados por las ciudades para ayudar a los magistrados locales en diversas tareas. Así la ley 73 de Irni hacía referencia a la prestación de servicios de los scribae, fundamentales para la burocracia. En las leyes 62 y 63 de Urso se constata la categoría y sueldos de estos apparitores, con tiempo de contrato anual, renovable a juicio de la curia municipal y los magistrados, mediando remuneración económica –scribae adscritos a los duunviros–. La remuneración en todos estos contratos solía ser siempre mediante el pago de una cuantía fijada previamente en moneda, o en especie. 6. Instituciones de trabajo en el mundo romano A) El colonato Esta es una institución típica que se prodigó sobre todo en explotaciones agrícolas y tiene como objeto la vinculación del trabajador agrícola a la producción. Esta institución encuentra su punto álgido tras la terminación de las conquistas romanas, allá por el siglo I a.C., cuando las grandes masas de esclavos son temidas por los grandes latifundistas,

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con el inconveniente de su encarecimiento de precio. Los grandes propietarios optaron entonces por el colonato, en función del cual, parcelaban sus propios latifundios entregándolos a trabajadores libres, generalmente por un período de 5 años, por una renta en dinero o en especie –generalmente un porcentaje de la cosecha entre un 1/3 y 1/4–. Los trabajadores libres, pequeños propietarios venidos a menos, encontraron en esta institución una fórmula para seguir subsistiendo, trabajando en lo que mejor sabían hacer. El latifundista encuentra en el colonato la forma de explotación de la tierra sin hacerlo de forma directa, y sin la obligación de cuidar de las personas esclavas. El colono por su parte, prefiere cultivar él mismo las tierras en régimen de colonato, antes que confiárselas a los esclavos, incorporando elementos técnicos en el trabajo que mejoraron la producción. El escritor agronómico Lucio Julio Moderado, más conocido como Columela, natural de la Bética y contemporáneo del siglo primero de nuestra era, escribía en el año 42 su obra De Rústica, y narraba todas las actividades de trabajo vinculadas al mundo agrario romano. Entre las muchas referencias nos interesa ésta referente al colonato: “Si el clima y el terreno son satisfactorios, la explotación directa por parte del propietario dará siempre frutos mejores que la concesión en arriendo a colonos; también la explotación por medio de un administrador será más ventajosa, siempre que éste no sea esclavo negligente y ávido. Pero en las fincas aisladas que el propietario no esté en condiciones de visitar con frecuencia, será preferible encargar cualquier tipo de trabajo a los colonos libres antes que aun administrador esclavo; esta regla se refiere particularmente a los campos cultivados con cereales, a los que el colono puede causar daños mucho menores que a los viñedos o a los huertos, mientras que los esclavos sí causan daños a esos cultivos”.

Pero como en todas las instituciones, en épocas de penuria económica, los colonos también vieron reducidos sus ingresos, y en muchas ocasiones se vieron incapaces de hacer frente a lo pactado con el propietario, por lo que se vieron sujetos irremisiblemente a la tierra; tanto que las transferencias en régimen de propiedad privada que realizaba el propietario de la tierra, incorporaba también a los mismos colonos, incapaces de vivir si no es gracias a la sujeción a la tierra. Cives romanos, colonos incapaces de hacer frente a sus obligaciones, cayeron en una especie de servidumbre. La incapacidad de muchos de estos colonos por hacer frente a las obligaciones propias de la institución, evidenció la necesidad de la intervención imperial, corroborada por el envío progresivo de una especie de administradores de fincas que incluso llegaron a imponer sanciones penales, como denunciaron al emperador Cómodo (161-192): “El administrador envió soldados a la misma finca y mandó arrestar y torturar a alguno de nosotros, ordenando ponerlos en cadenas; a otros, incluso ciudadanos romanos, mandó golpear con barras y garrotes, y todo esto por el solo hecho de haber escrito una carta implorando tu majestad, porque sufrimos una injuria que, en vista de nuestra condición humilde, fue grande”.

B) Los collegia profesionales Es muy común que en todas las civilizaciones antiguas, la mayor parte de los profesionales dedicados a una actividad de trabajo, procedieran a asociarse en una especie de

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colegios profesionales, bien sea para dignificar la profesión, bien sea para protegerse y ampararse entre ellos. Entre los fines de los collegia se encuentra los de carácter religioso, de culto a las divinidades protectoras, los de ayuda mutua y solidaridad entre los colegiados, los de carácter funerario para el cumplimiento de ritos funerarios, o los de transmisión hereditaria de los oficios. Los trabajadores de la fundición de metales preciosos, herreros, tintoreros, zapateros, curtidores o alfareros, entre otros, solían conformar un colegio profesional, con sede para celebración de asambleas, actos festivos y ritos religiosos. Los colegiados eran pequeños propietarios de sus respectivos negocios o bien los obreros que tuvieran la condición de hombres libres. Los collegia tuvieron sus defensores y detractores, por lo que en sucesivas etapas fueron declarados ilegales y luego restablecidos. Algunos emperadores impulsaron la fundación de ciertos colegios profesionales, tales como Trajano (98-117) que fundó en Roma el Colegio de Panaderos con el fin de garantizar el suministro a la ciudad. Alejandro Severo (222-235) impulsó los colegios vinícolas, de hortalizas, etc., también con el mismo ánimo, y con la peculiaridad de que con el paso del tiempo, estos colegiados se convirtieron en funcionarios públicos. Este control imperial de los colegios profesionales evidenció que, el movimiento asociativo y corporativo de determinados grupos profesionales, pronto se convirtió en una fuerza y un elemento social preponderante al que el Estado quiso controlar bajo su esfera de poder, la pública. De ahí que el Estado beneficiara con ciertos privilegios a estos colegios profesionales, tales como subvenciones de la Hacienda pública, exención de impuestos, exención del servicio militar, monopolio para el control de determinadas actividades profesionales. Los colegios profesionales ahora bajo la supervisión y control del Estado, permitían el abastecimiento de los productos básicos y servicios de los que eran responsables ante el Estado las propias corporaciones. La politización era inevitable y poco a poco, esta responsabilidad subsidiaria de los colegios de responder por la prestación del trabajo, convirtió a los oficios en una especie de servidumbre, cuyas cargas se transmitían hereditariamente. Estos colegios “públicos” supeditados al Estado, pasaron a ser instrumentos fiscales y de gobierno al servicio del Emperador; mientras que los “privados”, aquellos que no se dedicaban a las profesiones básicas –banqueros, prestamistas, madereros, tejedores de mantas, mercaderes de loza, médicos o maestros– subsistían humildemente gracias a su trabajo, y generalmente, sin mano de obra adscrita, ya fuera mano de obra libre o esclava. Como fenómeno esencialmente urbano, se dotaban los collegia de una ley fundacional, estatutos para los miembros, sus órganos directivos, sus ingresos procedentes de las cuotas de los colegiales, sus sedes, todo ello con autorización imperial. Entre los collegia municipales más destacados encontramos el de los fabri (documentado en Córdoba), o el de los dendrophori (carpinteros). Destacado es en la Bética el collegium illychiniariorum de Igabrum (fabricantes de mechas para lámparas).

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7. El trabajo de la mujer en el mundo romano En el mundo romano las mujeres siempre fueron consideradas seres dependientes o jurídicamente vinculadas a un hombre, por su inferioridad natural, aunque se pueden distinguir diversas situaciones o estatus de la mujer, y también diversas etapas desde la época de la República hasta el Imperio. De entre las distintas situaciones o estatus jurídicos de la mujer romana, destacan todos aquellos que giran en torno a la importante figura del paterfamilias, que era la primera autoridad de derecho público y privado en el mundo romano. Todas las mujeres del núcleo familiar, así como las esclavas, estaban bajo su potestad a través de diversas fórmulas:  La patria potestas, que el paterfamilias tenía sobre sus hijas o descendientes, sin ninguna capacidad jurídica.  La manus, que el paterfamilias tenía sobre su esposa o matrona.  La dominicata potestas, que el paterfamilias tenía sobre sus esclavas, con condición jurídica de cosa (res) y las mismas capacidades jurídicas que más arriba se señalaron con respecto a los esclavos varones. Otras situaciones jurídicas de la mujer romana fueron:  La viuda, que en los primeros tiempos tenía que ser amparada por sus padres, hijos o hermanos, o bien vivir de la caridad, puesto que las mujeres no podían heredar y, en consecuencia, carecían de autonomía.  La liberta, que era la esclava manumitida, y dependía doblemente de su marido, en caso de estar casada, y de su antiguo dominus, a quien debía servicios. Estas suponían, junto a las esclavas, la principal clase de mujer trabajadora en las ciudades.  La sierva, que era la trabajadora del campo, también doblemente dependiente de su señor y de su padre o marido, y que aumentó como clase social con el desarrollo del colonato y la adscripción a la tierra.  La religiosa, que en la Roma politeísta se consagraba a la diosa Vesta durante treinta años en los que hacía voto de castidad so pena de ser sepultada viva. En este tiempo, las vestales quedaban libres de la patria potestad, pero entraban bajo el poder del Pontifex.  La concubina, prostituta o meretriz, que con grandes diferencias según el tipo de hombres a los que dirigía sus servicios, era la mujer que gozaba en definitiva de mayor independencia. Dejando a un lado la situación especial de las esclavas o siervas, las mujeres que podemos considerar honradas y libres permanecieron absolutamente excluidas del derecho público (no tenía derecho al sufragio durante la República, no podían ostentar oficios públicos, etc), y dependientes de algún hombre en el derecho privado, aunque dentro de estos parámetros hubo importantes cambios que han llevado a algunos autores a hablar incluso de un cierto feminismo o periodo de liberación de la mujer durante el Imperio romano, que afectó sobre todo a las costumbres. La imagen idílica que se tenía de la mujer libre y honesta durante los primeros tiempos de la República romana, era la de la matrona, que debía ser una mujer virtuosa, casta,

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limpia, trabajadora, ahorradora y poco dada a salir de su casa. La sujeción de las mujeres a la vida del hogar era mucho más férrea en este tiempo, y el poder que ejercían sobre ellas sus padres o maridos no tenía límite, estando justificado en derecho castigarlas hasta la muerte por haber cometido adulterio o algún otro delito contra la honra del hombre, o incluso azotarlas por el simple hecho de beber vino en público o sin permiso del marido. Que la moral de esta época era mucho más rígida que la de tiempos posteriores, nos dan buena muestra leyes como la Ley Oppia (216 a.C.), que limitaba los ornamentos y vestuario de las mujeres honradas, y que no fue abolida hasta el año 195 a.C. En el derecho privado, como se ha dicho, la mujer de la República no podía obligarse por sí misma, ni tener bienes propios debido a la Lex Voconia de mulierum hereditatibus datada en el 169 a. C, que les prohibía ser instituidas herederas. De tal manera, su dependencia del paterfamilias era absoluta. El padre era el que decidía su matrimonio y, una vez casada, la mujer pasada indefectiblemente a la familia del marido, al que se dejaba in manus, cediéndole todas las potestades que sobre ella había gozado antes el padre. En este contexto jurídico y social, la mujer tan sólo realizaba el trabajo vinculado al hogar familiar, menaje doméstico, reproducción y enseñanza de la prole. No obstante, siempre participó, aunque de forma invisible, en la mejora de la economía doméstica, a través de tareas agrícolas, artesanales, confección de vestidos, o elaboración de alimentos de consumo cotidiano. Nunca recibía remuneración por estas actividades, la cual era recibida, en su caso, por el marido. Con la expansión romana, sobre todo durante los siglos I y II d.C., es decir, a comienzos de la época del Imperio, miles de mujeres esclavas provenientes de los numerosos pueblos conquistados, inundaron las ciudades romanas, ocupando los lugares de trabajo domésticos de las mujeres. Así las mujeres de cierta capacidad económica fueron abandonando las viejas tareas domésticas, encargadas ahora a sirvientas o esclavas; y, al igual que hacían los hombres, fueron asumiendo una visión negativa del trabajo, dedicándose al ocio contemplativo, ya fuera en los baños, acudiendo al circo, a banquetes, espectáculos, carreras o clubes, lo que afectaría decididamente a la nueva imagen de la mujer. La salida de la mujer del ámbito doméstico y su acceso a la vida social durante la época del Imperio, no sólo se manifestó en una evidente relajación de las costumbres (aumento de los adulterios, abortos provocados por la mujer o divorcios, lo que dió lugar a leyes como la Lex Iulia de adulteriis coercendis o la Lex Iulia de maritandis ordinibus), sino que también tuvo importantes consecuencias económicas y jurídicas. En este sentido, aunque siguieran siendo jurídicamente dependientes de los hombres, las mujeres lograron alcanzar cierta independencia económica, lo que les permitió una mayor capacidad de obrar (especialmente si eran de la aristocracia), debido a la abolición, en el siglo I, de la antigua LexVoconia de mulierum hereditatibus que les prohibía heredar. Alcanzada la capacidad de heredar, es decir, convertidas legítimamente en herederas en igualdad de condiciones que los varones, las mujeres lograron ser propietarias y, en ocasiones, incluso administradoras de sus propios bienes. Bien es cierto que, mientras estuvieran casadas in manus, la administración de dichos patrimonios pasaba al marido, pero los bienes propios revertían a sus manos en caso de divorcio o viudedad, pudiendo en este caso administrarlos ellas mismas, lo que da lugar a una nueva figura de mujer trabajadora, capaz de gestionar sus propios negocios.

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Otra importante consecuencia de la asunción por la mujer de una cierta capacidad o independencia económica, fue la posibilidad ofrecida a partir de este momento al paterfamilias para decidir si las hijas se casaban ad manus, forma legal que como se ha dicho transfería todo el poder y la capacidad de administrar su patrimonio al marido, o bien sine manus, nueva figura por la que la mujer seguía bajo la autoridad de un padre o tutor, aun viviendo en una casa distinta, fundamentalmente al objeto de no perder la capacidad de administrar sus bienes. Todos estos avances, que se tradujeron en un nuevo modelo de mujer mucho más capacitada y culta, que incluso se permitía opinar en los foros sociales, no dejaron impasibles a los más conservadores, que pronto comenzaron a clamar por la recuperación de la imagen tradicional de la mujer: “Examinad todas las leyes relativas a las mujeres con las que vuestros antepasados sujetaron las libertades de las mismas y mediante las cuales las sometieron a los maridos.Y aun estando limitadas por todas estas restricciones, apenas las podéis dominar. ¿Qué ocurriría si les permitiérais desbaratar esas leyes una a una, dislocarlas y, en fin, que se igualasen a sus maridos? ¿Creéis que podríais soportarlas? En cuanto comiencen a ser iguales, serán superiores” (Tito Livio, 34.3).

A este fin político-social de reconducción de la mujer al ámbito doméstico, vendría a coadyuvar la conversión oficial del Imperio Romano al Cristianismo en el año 380, y la crisis económica que a partir de ese mismo (siglo IV) fue imponiendo paulatinamente una forma de vida rural en el Imperio Romano de Occidente (hasta su desmantelamiento final en el año 476 d.C). Tanto la nueva moral cristiana, como la imagen de la mujer que aportaron los pueblos germánicos o bárbaros que se introdujeron en el Imperio Romano de Occidente, ayudaron sin duda a recuperar la idea de una mujer virtuosa, dependiente y trabajadora, al servicio de su padre o marido. Durante este último periodo de crisis, sólo las clases más adineradas pudieron mantener a sus esclavas, debiendo recuperar el resto de las mujeres la realización de las labores domésticas o del campo. La nueva clase que comenzó a despuntar en esta época de ruralización o abandono masivo de las ciudades, fue sin duda la de la sierva o trabajadora adscrita a la tierra a través de su padre o de su marido, como veremos más abajo. Aunque hubo logros en la situación jurídica de la mujer, como los relativos a su capacidad de heredar o de obrar en atención a sus bienes, que ya fueron incontrovertibles y quedaron consolidados para el futuro. II. EL LEGADO ROMANO EN LA SOCIEDAD VISIGODA Ya desde el siglo V, muchos pueblos germánicos habían tomado contacto con el Imperio de Roma, incluso algunos se habían asentado dentro de sus fronteras, tales como los Vándalos, Alanos y Suevos asentados en tierras de Iberia, cuyas ciudades y habitantes se habían convertido en ciudadanos romanos desde la Constitución de Antonino Caracalla del año 212. Uno de estos pueblos germánicos, el pueblo visigodo, pactó con Roma entre el 415 y el 418. Se comprometieron a ayudar al Imperio para expulsar al resto de pueblos germánicos de sus fronteras, recibiendo a cambio como contraprestación la entrega tierras

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donde asentarse como pueblo. Así ocurrió, y con el segundo foedus del 418 se decidió que se asentaran en el sur de la Galia, teniendo como centro político la ciudad de Tolosa –Toulouse–. Un siglo después, reinando Alarico II, sufrieron una importante derrota en la batalla de Vouillé del año 507 contra el pueblo franco, opresor por el norte, en la que murió el Monarca, lo que obligó a su éxodo a tierras de la Península, situando su nuevo centro político en Toledo, hasta la desaparición del imperio visigodo, con la ocupación musulmana. Con el asentamiento y el reparto de tierras ofrecido por los romanos a los visigodos, éstos pasaron de ser una sociedad nómada y afecta a bienes muebles, con una economía básica y de subsistencia, a una sociedad sedentaria, fusionada con la población hispanorromana, afecta a bienes inmuebles y sobre todo a la agricultura, como recurso más importante, aunque también a la caza y otras actividades. “Los Emperadores Arcadio y Honorio. En cualquier ciudad en que estuviéremos nosotros mismos, o en que se detengan los que nos sirven en la milicia, quedando excluida toda injusticia tanto de los mediadores como también de los huéspedes, de tal modo posea sin miedo y seguro el dueño dos porciones de su propia casa, habiendo destinado la tercera parte al huésped; que, dividida la casa en tres partes, tenga el dueño la facultad de elegir la primera, y reclame el huésped la segunda que quisiere, debiendo dejar la tercera para el dueño. Porque es conforme a equidad y a justicia que el que la disfruta por sucesión, o la goza por compra o por construcción tenga en primer término su parte elegida a su juicio y la dejada” (Código de Justiniano 12,41 (40)2).

La romanización del pueblo visigodo se hizo evidente en múltiples factores, también en la organización social del trabajo, dependiendo ésta en gran medida de la condición social de los hispano-visigodos. Esta división social se hizo más visible desde que se realizó el reparto de tierras pactadas con Roma en el sur de la Galia. Dado que no todos los visigodos recibieron tierras, los desposeídos tuvieron que incorporarse en régimen de dependencia y servilismo a los afortunados, nuevos terratenientes. La división social se agrandó entre nobles –honestiones–, hombres libres –humiliores– y siervos, recayendo la actividad de trabajo en los dos últimos. De tal manera, los datos conocidos sobre el reparto de tierras son fundamentales para comprender el nuevo orden social y las nuevas relaciones de trabajo vinculadas a la tierra. El foedus del 418 no se conserva y germanistas y romanistas mantienen tesis divergentes en torno al reparto de tierras; no obstante, a través del texto del Liber Iudiciorum citado más arriba, creemos que se repartieron toda clase de fundos, grandes y pequeños, a través de un sistema de reparto por el que los romanos mantendrían 2/3 de sus propiedades, entregando 1/3 a los visigodos (sortes goticae). Con esta fórmula, la mayor parte de los historiadores convienen en afirmar que sólo la clase dirigente visigoda se benefició de su nueva condición de terrateniente. Con este desigual reparto de tierras y la ausencia de un poder político consolidado y estable, se producirán unas peculiares condiciones sociales y políticas. Los desposeídos buscan protección y entran en la dependencia de los poderosos latifundistas, quienes comparten sus tierras con los desposeídos. Estos incrementan su poder constantemente, preparando así las condiciones sociales y económicas para el nacimiento de un derecho feudal basado en la institución del vasallaje. Comenzaron así unas relaciones que podrían

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considerarse como pre-feudales, en las que unos, los nobles establecen relaciones entre sí reforzando su posición, y orientando nuevas alianzas con otros nobles menos poderosos y con los desposeídos en el reparto de tierras (Textos 2 y 3). Como ya ocurriera con la concepción del trabajo en las provincias del Imperio, que había perdido gran parte de su visión negativa, lo mismo ocurrirá, de forma heredada, por la población hispano-visigoda. Sobre la plebe, constituida por los hombres libres, recae en gran medida la organización del trabajo, tanto en el ámbito urbano –artesanía, comercio–, como y sobre todo en el ámbito rural –latifundio o pequeña propiedad–. En su mayor parte, estas relaciones de trabajo creemos que se realizaban bajo la fórmula contractual de la locatio conductio, a pesar de que algunos autores como Gibert se opongan a esta afirmación considerando que las leyes visigodas –Liber Iudiciorum fundamentalmente–, no hacían ninguna referencia a esta modalidad contractual. Lo que sí recogía era un amplio principio de libre autonomía contractual entre las partes para la fijación de las condiciones de trabajo, si bien con algunas cláusulas de protección, como la imposibilidad del trabajo de niños menores de 12 años (Liber Iudiciorum10,1,17), o de trabajar el domingo. Tampoco el trabajo de las personas esclavas varía respecto del período anterior. Siguen teniendo la consideración jurídica de objetos, de cosas, y recaen sobre ellos los trabajos más duros, ya fueran en la esfera pública –minas–, ya fuera en el ámbito privado –servicio doméstico y medio rural–. A medio camino entre los humiliores y los siervos, se encuentran grupos sociales tales como los encomendados, los colonos y los libertos –esclavos manumitidos–, quienes soportaban condiciones de trabajo servil, vinculado o no plenamente libre. No hay grandes diferencias entre estos grupos sociales de los que vimos para el Imperio de Roma. La encomendación, fruto de la dependencia personal o territorial de unos sobre otros, apenas si afecta a las relaciones de trabajo. La personal se realiza mediando protección por el precio en dinero o en bienes, y en menor medida, a través de la prestación de servicios, dando lugar a una especie de trabajo por cuenta ajena. En la territorial, más difundida, el encomendado recibe una porción de tierra mediando la entrega de una parte de los frutos o renta, y además la prestación de determinados servicios militares –se trataría de una incipiente sociedad pre-feudal– (Texto 4). El colonato no varía un ápice de lo dicho para Roma; y en cuanto al liberto, éste apenas tendrá reconocido en las leyes visigodas capacidad laboral, quedando reducida al trabajo bajo la condición de encomendado o de colono. Tampoco los collegia romanos sufrieron una evolución notable en la sociedad visigoda, con la importante excepción de que había desaparecido la adscripción obligatoria al oficio, siendo más flexibles las fórmulas de afiliación. III. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO RURAL MEDIEVAL La inmensa mayoría de los pobladores de los siglos VIII al XII vivirán en el ámbito rural, y sólo un porcentaje menor vivirá en algún núcleo urbano. Con la explosión del ámbito ciudadano a partir del siglo XII, las ciudades experimentarán un auge muy relevante, proyectando que muchos abandonaran su vida agrícola e intentaran una vida ciu-

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dadana. Las relaciones laborales distan mucho en uno u otro ámbito, vinculadas unas al sector agrario y ganadero y otras al sector artesanal, gremial o industrial. 1. Conquista, repoblación y régimen jurídico del poblamiento A la ocupación musulmana de la Península Ibérica producida por la desintegración interna del propio Reino visigodo, le siguió la formación de núcleos cristianos independientes al nuevo poder musulmán, que comenzarán un régimen de conquistas, recuperación del territorio ocupado por los musulmanes, progresiva repoblación cristiana de dichos territorios y finalmente la dotación de un régimen jurídico a los nuevos pobladores, con una clara finalidad de regular la vinculación de los pobladores a las tierras y su explotación. La repoblación fuera privada o pública exigía la aprissio o presura de las tierras ocupadas, lo que conllevaba una especie de reparto de tierras, por el que el nuevo poblador debía exteriorizar la posesión con actos simbólicos como el señalamiento de la heredad o la roturación de la tierra. Muy pronto, y desde el mismo siglo VIII, comenzaron a surgir una nueva clase de personas libres, pequeños propietarios pobladores que comienzan a explotar tierras yermas y despobladas o recuperadas a los musulmanes. El impulso oficial de la conquista y posterior repoblación de las tierras proyectó nuevas fórmulas de ocupación, tales como el donadío y el heredamiento. Por el primero, grandes lotes de tierras eran entregados, por lo general, a miembros de la familia real, nobles, eclesiásticos o miembros de las Órdenes militares, sin contraprestación o exigencia obligacional de ningún tipo; por el segundo, lotes de bienes –casas y tierras de labor– se entregaron a familias de diferente categoría social con la condición o exigencia de establecerse en el lugar repoblado, trabajar y defender la explotación de posibles ataques. Surge así una minoría privilegiada, nobleza y clero, y una masa de no privilegiados, convertidos ahora en campesinos y en menor medida, artesanos, hasta que, el desarrollo de las ciudades, a comienzos del siglo XII, hará que muchos de estos campesinos venidos a menos, acudan a las ciudades a probar suerte con la artesanía u otra actividad gremial. El régimen jurídico que regula estas nuevas explotaciones agrícolas se encuentra en las cartas de población, y en menor medida, en los fueros municipales, vinculados éstos a otro tipo de relaciones de trabajo. La carta de población es el documento jurídico en el que el soberano o el señor –laico o eclesiástico– haciendo uso de licencia dada por aquél, fija las condiciones a las que pueden acogerse los que pueblen un determinado lugar. Son la fuente primigenia de regulación y atracción de nuevos pobladores a las tierras recién recuperadas. Estas cartas de población eran para unos, auténticos contratos agrarios colectivos concertados entre el señor y todos los pobladores, mientras que para otros eran contratos de adhesión, por el que, y en cualquier caso, se fijan las condiciones de habitabilidad y explotación agrícola. Estudios medievales verifican la preponderancia de la pequeña propiedad agraria que se vertebra como una pequeña explotación agrícola, generalmente explotada por su propietario y demás miembros de la familia, y sólo en contadas excepciones, a través de contratos de arrendamiento de servicios.

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De un sistema minifundista con ocasión de la repoblación, pronto se pasó a un sistema latifundista en función de diferentes razones: donaciones reales, entrega de tierras en compensación de préstamos impagados, despojo por la fuerza o coacción, penas o arancel judicial de entrega de tierras como pago de multas o caloñas, cesión voluntaria de tierras por motivos religiosos (donaciones pro ánima, post obitum). Este sistema latifundista, generalmente constituido a través de señoríos, ya fueran de realengo, abadengo, o solariego, caracterizaron las relaciones laborales del mundo rural, como trabajo vinculado, hasta bien entrado el siglo XIX. En estos señoríos la explotación de la tierra varía según la realice el titular del señorío –terra dominicata–, bien directamente, bien a través de sus siervos, colonos o trabajadores asalariados; o bien aquellas cedidas por el señor, en régimen de vinculación a sus vasallos o pequeños propietarios cercanos a las tierras del señorío –terra indominicata–. En este último caso se realizaba bajo la figura jurídica de un contrato consensual llamado prestimonio, por el que se contraprestaba la concesión de tierras con el pago de un censo (Texto 2). Se observa por tanto, en el primer caso, la existencia de relaciones de trabajo basadas en labores agrícolas asalariadas por cuenta ajena a través de figuras contractuales de carácter civil muy variadas, y en el segundo caso, las relaciones de trabajo vinculadas, bien sea a través de siervos de la gleba, o a trabajadores por cuenta ajena, que teniendo capacidad de obrar han sido desposeídos de tierras y sin establecimiento de contrato agrario alguno, realizan un trabajo asalariado por cuenta ajena. Son trabajadores del campo llamados yugueros con motivo de tirar de una yunta de bueyes. Se ha constatado que en Andalucía donde la mayor parte de las grandes extensiones de propiedad agrícola eran explotadas por yugueros asalariados, en la mayor parte de los territorios de las Coronas hispánicas, los señores, solariegos o abadengos, pronto renunciaron al cultivo directo de sus propiedades, utilizando la modalidad contractual para la explotación de las mismas, reservándose así unas rentas y desligándose de la explotación agrícola. Esta realidad altomedieval marcó un antes y un después en la estructura social, que responde ahora a una concepción organicista de la sociedad, en función de la cual, cada grupo social nace, crece y se desenvuelve desarrollando una función concreta. La comunidad política se compone ahora de estamentos u órdenes sociales, en el que unos, el sector nobiliario, deben dedicarse al noble arte de la guerra –bellatores– y compuesta por una alta nobleza (magnates y ricos-hombres) y una baja nobleza (infanzones e hidalgos), beneficiarios de un régimen jurídico privilegiado basado en inmunidad jurisdiccional y exención de impuestos; otros, el clero cumplía la función cultural y educativa de la sociedad medieval teocéntrica –oratores–, y finalmente un tercer sector social, el más importante de la población, se presenta carente de homogeneidad y dirigido al mantenimiento de la economía social –labratores–, destacando entre ellos a un importante sector de personas libres, pequeños propietarios, encomendados, habitantes del burgo o villanos, colonos y siervos. La mujer va a desarrollar un papel importante en la explotación agrícola, sin perjuicio de que nunca formará parte de las relaciones de trabajo, aunque sí un rol fundamental en la realización del mismo. Estas mujeres agricultoras suelen ser las mujeres e hijas de los pequeños propietarios, yugueros o siervos de la gleba, con quienes compartían las duras tareas de la siembra, siega y cosecha, además de otras vinculadas al ámbito puramente doméstico: abastecimiento de agua, fuego, elaboración de pan, cerveza, alimentación, cuidar de la prole y personas mayores, así como determinadas labores textiles de uso familiar.

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2. La Encomendación medieval: los hombres de Behetría Siguiendo el esquema ya visto en otros períodos históricos, los desfavorecidos por la repoblación o pequeños propietarios venidos a menos, buscan protección social en manos de los beneficiados o poderosos. Esta vinculación viene denominándose, desde el mundo rural romano como Encomendación o Patrocinio, bajo la cual, los que carecían de propiedad rural entraron al servicio de los miembros de la nobleza en régimen de vinculación personal, mientras que otros, aún siendo pequeños propietarios, también se vincularon a estos poderosos, cediendo total o parcialmente sus propiedades, a fin de recibir protección. Se generó así una doble encomendación, ya fuera personal, en la que no mediaba contraprestación en bienes raíces, y territorial, en la que sí mediaba entrega de propiedad rural, siendo ésta segunda mucho más conocida. Esta fórmula institucional de vinculación o patrocinio se denominó en Castilla Benefactoría, en la que dos personas libres, de diferente condición social, acuerdan libremente formar un pacto consensual, por el que uno, el más poderoso, ofrece protección social, económica y militar al pequeño propietario, mientras que éste, el patrocinado, se compromete a la entrega de sus tierras en régimen de propiedad, o al pago de un canon o censo en especie, quedando afectadas las tierras en garantía del pago. Con el tiempo, estos hombres de Benefactoría –en su mayor parte familias, pero a veces también aldeas, villas y comarcas enteras– fueron conocidos como hombres de Behetría, y las tierras poseídas y con cuyos frutos pagaban la renta, se conocían como tierras de Behetría, o simplemente Behetrías. Estas behetrías fueron asumiendo cada vez más características del régimen señorial, tales como colectividad agraria, carácter vitalicio de la Encomendación, incluso hereditario, tanto del benefactor –transmisión a los herederos– como del patrocinado. Para este último, y desde una perspectiva positiva, esta vinculación a la tierra que obligaba al benefactor a no desahuciar al patrocinado en contra de su voluntad. Estas behetrías de linaje fueron transformándose, incorporando multitud de situaciones de dependencia, y dando lugar a un último estadio evolutivo, por el que los miembros del linaje o deviseros se convirtieron en titulares de un derecho a participar de los beneficios de la Behetría. El Libro Becerro de las Merindades de Castilla o de las Behetrías elaborado en 1352, gracias a la petición de los hidalgos castellanos realizada en las Cortes de Valladolid de 1351, muestra, según Martínez Díez, el estado de las behetrías a mediados del siglo XIV. Por su parte, las Devysas que an los señores en sus vasallos es un conjunto de 36 capítulos donde se regulan los derechos y obligaciones de deviseros o señores de Behetría respecto de los patrocinados u hombres de Behetría. 3. La ordenación jurídica de las relaciones de trabajo en el ámbito rural La explotación de la tierra y la ordenación jurídica de esta explotación fue el resultado de un conjunto de variables: fertilidad de las explotaciones y la condición libre o servil del trabajador. Cada propietario optó por una fórmula jurídica que le permitiera explotar su propia propiedad, la que ha adquirido con motivo de la firma de un contrato

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agrario, y poder contratar a trabajadores del campo, o poder ocupar a sus trabajadores serviles para la explotación agrícola. El prestimonio agrario es sin duda una de las fórmulas jurídicas más institucionalizadas en las cartas de población agrarias. Generalizado el señorío, el prestimonio era una concesión de tierras por el que el propietario del fundo concede una facultad de explotación a un tercero con cargo a una serie de prestaciones, personales y reales, de ahí el carácter vinculado de la relación de trabajo. El prestatario reconoce el carácter señorial del propietario, al que se vincula, sirve y guarda fidelidad y paga un canon anual –prestación real– así como una serie de trabajos o prestaciones personales, tales como las sernas –labores agrarias que el prestatario realiza sobre las tierras del señor–, fazendera y castillería –obligación de reparar caminos y fortalezas–, anubda –servicio de vigilancia de los límites del señorío a veces contratado a un tercero por el pago de un precio–, mandadería –servicio de mensajería–, yantar y hospedaje –obligación de sustentar y hospedar a comitivas señoriales–. Otras fórmulas jurídicas que permitieron la explotación de la tierra por personas libres tuvieron carácter enfitéutico, como los censos perpetuos, o a través de contratos de aparcería, tales como los contratos ad populandum, ad laborandm y ad conmplantandum. Según Escudero, los contratos ad populandum se dirigieron fundamentalmente a la explotación de las tierras ocupadas con ocasión de la repoblación. Basadas en las reglas jurídicas de la enfiteusis, estos contratos establecían como contraprestaciones, por un lado el disfrute de la cosa, la apropiación de los frutos y la posible transmisión hereditaria del fundo, previo consentimiento del dueño, bajo el pago de un canon anual. El contrato para trabajar la tierra ad laborandum comprende tanto el otorgamiento del derecho a la mitad de la propiedad del predio o de sus frutos, como la fórmula según la cual el concesionario procede a la roturación y cultivo, teniendo que abonar sólo una parte de determinados productos de la cosecha. Una tercera fórmula contractual es el contrato ad complantandum en función del cual, tanto propietario como agricultor disfrutan comunalmente de la propiedad y de los frutos de la tierra. El propietario cede el predio para su explotación temporal y el agricultor se encarga de producir la tierra, roturarla con un determinado cultivo y finalmente entregar los frutos pactados. Transcurrido el plazo, el propietario divide el fundo entregando la propiedad al agricultor. IV. DEL SISTEMA CORPORATIVO ROMANO AL SISTEMA CORPORATIVO MEDIEVAL: RAZONES DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA E HIPÓTESIS EXPLICATIVAS Es una constante histórica el que por determinadas circunstancias, colectivos sociales decidan asociarse para la defensa de intereses comunes. Así durante la Edad Media, algunas ciudades o grupos sociales que las habitaban, en virtud de unos intereses comunes, de entre los que se encontraba fundamentalmente el mantenimiento de su autonomía municipal frente a las injerencias del Monarca, intentaron buscar los mecanismos institucionales para defenderse de dicha injerencia. Surge así, en el siglo XIII, a raíz de la existencia de estos elementos comunes y la necesidad de su mantenimiento y defensa, un

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movimiento asociativo, las hermandades, integrado por personas, ciudades y entidades sociales, cuya única y última razón de ser no es otra que la unificación de fuerzas entre los asociados para la defensa de sus intereses. Con esta misma lógica asociativa para la defensa de intereses comunes aparecieron también movimientos de carácter benéfico-asistencial, las llamadas cofradías, que pretendían prestar seguridad social a sus miembros. Muchas de estas cofradías estaban caracterizadas porque sus cofrades ejercían un mismo oficio, convirtiéndose progresivamente en cofradías profesionales, que, bajo la advocación de un patrón, la cofradía regulaba las actividades profesionales de sus cofrades, velaba por sus intereses laborales, a la vez que establecía un régimen asistencial y de seguridad social. De este inicial fin religioso y asistencial, se fue pasando a una finalidad exclusivamente profesional, de regulación del oficio de los cofrades, que ya en el siglo XIII son reemplazadas por las corporaciones de oficios, con una mayor vocación de regulación del trabajo y la pequeña industria de los talleres de artesanos. En este sentido, desde el momento en el que estas cofradías se dirigieron a organizar la defensa de los intereses artesanales, se convirtieron en cofradías de oficios. Estas corporaciones profesionales llegaron a convertirse en el único vehículo que permitía las condiciones de trabajo libre, remunerado y por cuenta propia desarrollado en las ciudades. Si la unidad productiva era el taller artesano en el que se desarrollaba el oficio, la corporación profesional, también llamado gremio, era la superestructura que disciplinaba el régimen de trabajo de los talleres, así como el régimen jurídico de los mismos, y las fórmulas contractuales por las cuáles se prestaban las relaciones de trabajo. A pesar de que la agremiación, entendida como la asociación de un taller u obrador a un colectivo profesional, era voluntaria durante la Edad media, ésta ejercerá una dura presión sobre los no agremiados, marginándolos en la prestación de servicios en las ciudades, de tal manera que, el trabajo en las ciudades se prestaba en los talleres agremiados, siendo de difícil subsistencia los que se enajenaban de la pertenencia al gremio. Cuando la agremiación se hace obligatoria durante el reinado de los Reyes Católicos, es obvio que el gremio se convierte en el único centro productivo ciudadano de relaciones de trabajo libres y remuneradas. Tradicionalmente a estas corporaciones de oficios medievales se les ha denominado gremios, aunque en puridad, esta terminología no aparece hasta la Edad Moderna, quizá forzada por la obligación de estar vinculado a una corporación, tal y como establecieron los Reyes Católicos. El gremio era en suma una evolución más de la cofradía o corporación profesional, ejerciendo un mayor y directo control sobre la producción, la división y las relaciones de trabajo o la jerarquización interna. Así, cofradías o corporaciones de oficios, con notable división técnica del trabajo y especialización profesional, las encontramos en todas las ciudades y con carácter general, en la mayor parte de los fueros locales, tales como los oficios del cuero, zapateros o pellejeros; del metal, herreros, armeros, caldereros o plateros; de la construcción, carpinteros, tejeros, pedreros, canteros y obreros; de la confección, sastres, tejedores, tintoreros, como puede apreciarse en el Fuero de Andújar, entre otros (Texto 8). La monarquía, en los primeros siglos bajomedievales, no vio con buenos ojos estos movimientos asociativos de cofradías profesionales, por cuanto suponían un peligro social por el carácter cerrado, monopolístico y de control de productos y precios que

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podían proyectar, de ahí que fueran prohibidas en ocasiones, como hiciera Alfonso X en Partidas. Igualmente los grupos sociales emergentes, caballería villana o de quantía, se habían quejado al Monarca precisamente por la falta de control sobre estas cofradías profesionales que conseguían controlar el mercado, subiendo los precios en épocas de carestía, provocando desabastecimiento de mercados. Varias razones han sido expuestas para justificar la prohibición de estas cofradías: de un lado, la posibilidad de que estas cofradías de oficios –corporaciones socio-profesionales– se convirtiera en poderes fácticos no controlados por los poderes oficiales del concejo; y de otro lado, la posibilidad implícita de estas cofradías de oficios de monopolizar qué productos acceden a los mercados y a qué precio, lo que suponía el ejercicio de una potestad para la que no estaban autorizados, de ahí el recelo de los oficiales capitulares. Éstas y otras razones están en la base de por qué estos oficios menestrales fueron excluidos de la vida política de las ciudades. Así por ejemplo, el Fuero de Sepúlveda, en su redacción extensa, establece expresamente que ningún menestral podrá ser nombrado ni juez, ni alcalde, ni ningún otro oficio perteneciente al concejo. V. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO URBANO: EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA (TALLER Y OFICIOS MENESTRALES) Y POR CUENTA AJENA (PROLETARIADO MEDIEVAL) Con la consolidación del burgo, del núcleo urbano, como espacio social de vida y de relaciones personales, profesionales y de trabajo, éstos se convierten en un semillero de relaciones de trabajo, en el que se pasa de una economía de subsistencia a una auténtica economía de mercado. Las primeras formaciones municipales, en los primeros siglos altomedievales, conforman una economía sencilla, de escasa producción, generalmente para la satisfacción de las exigencias personales y no generadora de importantes relaciones de trabajo. El trueque y la permuta se imponían en un sistema económico basado únicamente en la subsistencia. El progresivo incremento poblacional obligaba a los pequeños productores, propietarios de talleres y obradores en los que se elaboraban productos de primera necesidad y de consumo cotidiano, a incrementar su producción para garantizar el abastecimiento. Sin perjuicio de vender sus productos en los propios talleres donde obraban, pronto generaron un excedente que comenzaron a vender, gracias a los privilegios reales concedidos a los municipios, en mercados y ferias. Se pasó así de una economía de subsistencia, basada en el autoconsumo, a una progresiva economía de mercado en donde unos artífices obraban en los talleres productos de consumo que posteriormente se vendían en los mercados y ferias, bien directamente o bien a través de intermediarios, los comerciantes. A los mercados, propios de cada localidad, les afectaban generalmente las normas incorporadas en los propios fueros, en donde se regulaban también los oficios menestrales, mientras que para las ferias, desarrolladas en lugares apartados de las localidades, extramuros, en los que se aglutinaban mercaderes de distinta procedencia, incluso extranjera, surgió la necesidad de dotarles de un nuevo régimen jurídico, propio y específico para este tipo de intercambios comerciales, ajenos a un municipio u otro, y directamente vinculado con el carácter perecedero de las mercaderías, de ahí que fuera ágil y no so-

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metido a excesivas complejidades formales (Texto 6). Partiendo de los usos tradicionales de los mercaderes y comerciantes, surge un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el derecho mercantil para regular las transacciones comerciales en las ferias. Centrándonos en los municipios, conforme se consolidaba el excedente en la producción de los talleres y éste era ofrecido en venta al público local, se concibió la necesidad de demandar mano de obra que pudiera incorporarse a los talleres y obradores, con el objeto de seguir mejorando la calidad y cantidad del producto a vender. Se vertebran así dos tipos de manifestaciones de trabajo: por un lado, un trabajo autónomo, por cuenta propia y remunerado con la venta del producto elaborado; y por otro lado, un trabajo dependiente por cuenta ajena, asalariado, de un proletariado medieval y urbano, en gran medida procedente de antiguos pequeños propietarios rurales venidos a menos. Estos demandantes de trabajo en las ciudades, accederán a pequeños contratos de obra y servicio (locatio conductio operis y locatio conductio operarum), basados en los viejos modelos contractuales romanos, aunque con menos formalidades. La consolidación de las relaciones de trabajo libre en las ciudades, contrastará con las relaciones de trabajo vinculado en el campo, siempre con carácter general. Esta dicotomía se constata aún más a partir de los siglos XII y XIII, en el que la vida ciudadana se expande y se generaliza una forma, absolutamente diferenciada, de concebir el modo de vida, las relaciones personales y las relaciones de trabajo en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Un texto legal configurado en la segunda mitad XIII, aunque ley vigente ya en el siglo XIV, el Código de las Siete Partidas de Alfonso X, distingue en una de sus normas la distinción existente entre labor y obra, que a su vez distinguirá el ámbito rural y municipal de relaciones laborales. La labor, según el texto legal, está vinculada a la realización de trabajo en el campo o en el monte, labrando o arando, guardando ganado, sufriendo frio o calor, según las estaciones. La obra se hace en interior, en casas, en talleres, con la maestría de labrar objetos preciosos, fabricando metales u otras materias. A los primeros se les llamará labradores porque se dedican a las cosas de labor, mientras que a los segundos se les denominará menestrales, porque se dedican a obras de maestría (Texto 5). 1. La modalidad contractual de los oficios menestrales: el contrato medieval de servicios Estudiado por Gibert, el contrato medieval de servicios se encuentra regulado en la mayor parte de las fuentes municipales y constituye la modalidad más generalizada de regulación contractual entre empleados del taller o menestrales y trabajadores u operarios urbanos. En la versión latina del Fuero de Cuenca se puede colegir la existencia, por un lado de un contrato de servicios modelo o tipo, llamado operarium conducticiorum, sobre el que pivotarían la mayor parte de las relaciones de trabajo en los obradores, pero también la existencia en determinados oficios menestrales, de contratos de servicios específicos, tales como los de yuguería (el que conduce los yugos de los bueyes), hortelanía, quinteros (porque cobraban un quinto de la cosecha trabajada), pastoreo, molino, horno, servicios domésticos, nodriza.

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Las partes contratantes, propietario del taller y trabajador, y sin perjuicio de que la modalidad contractual fuera libre, por cuenta ajena y asalariada, la libertad de contratación es escueta debido al carácter heteronómico de las relaciones de trabajo, dado que éstas, en su mayor parte, ya están fijadas en las normas municipales. Es por esto que, muchos fueros municipales y normas procedentes de las Cortes, ya regulaban estas condiciones laborales, como la duración, condiciones y tiempo de la jornada de trabajo, el descanso dominical y los festivos, incluso los salarios a través de la llamada tasa de salario. Un ejemplo, como otros tantos, lo podemos encontrar en las leyes 206 a 215 del Fuero de Soria en el que se establecen las condiciones de trabajo de los viñeros (Texto 7); o también cómo en el Ordenamiento de Cortes de Jerez de 1268 se indicaban los siguientes aspectos, entre otros la tasa de salario: “El ama para criar fijo diez mrs. En el Andalusia ala que mas dieren, e en Castilla e en tierra de Leon den les asy como les suelen dar. El peon con su açada e con su foce aya por jornal al dia en el mes de julio e de junio e de agosto tres sueldos de pepiones cada dia por jornal al que mas dieren, e esto en el Andalusia fasta el puerto del Muladar adelante asy en Castilla como en tierra de Leon; e en Estremadura vala el peon al dia para cavar con su açada siete dineros alfonsís, el podador ocho dineros alfonsos, e quel non den a comer”.

La naturaleza jurídica del contrato de servicios es la de una relación obligacional consensual, bilateral y perfecta, por la que ambas partes se comprometen al cumplimiento de determinadas prestaciones. El contrato de servicios nace con la vocación de ser un contrato temporal y duradero, sin perjuicio de la existencia de contratos por temporada, en función del tipo de producto a elaborar, temporales de corta duración, mensuales e incluso de jornada diaria. A este respecto, el Ordenamiento de Valladolid de 1351 regulaba la fórmula de este contrato de servicios diario, al establecer cómo se debe desarrollar la jornada, los puntos de contratación, etc: “Los peones y obreros y obreras y jornaleros, que salgan a las plazas desde cada lugar donde son moradores y acostumbran a alquilarse, al despuntar el alba, con sus herramientas y sus viandas, de manera que salgan de la villa o del lugar para hacer las labores a que fueron alquilados, en saliendo el sol.Y que trabajen todo el día.Y salgan en tal tiempo de dichas labores, que lleguen a la villa o lugar donde fueron alquilados, al ponerse el sol” (Texto 10).

La formulación del contrato no suele proponer demasiadas cláusulas en lo que se refiere a la prestación de trabajo, y a salvo de las establecidas en normas de carácter municipal, el establecimiento de estas prestaciones queda a expensas del empleador, encargado de fijar la extensión de la jornada laboral diaria, el tipo de trabajo, etc: “Otrossi que den a los peones que andan a jornal desde el primero dia de octubre fasta el postrimero dia de febrero, cada dia que labraren a cada uno un mr. Et que den por su jornal cada día a las mujeres que labraren, a cada una en el dicho tiempo, quatro dineros, et coman dos vezes en las labores; et desde el primero día de marzo fasta el postrimero día de mayo, que den a cada obrero que labrare, por el día quinze dineros; et a las mujeres a cada una cinco dineros, et coman tres vezes en las labores. Et desde

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el primero día de junio fasta el postrimero día de septiembre que se cumple el año, que den a cada obrero, el dia que segare, diez y ocho dineros, et a las mujeres a cada una de las que segare, por cada día, un mr”.

La fijación del salario, aunque podía llegar a quedar al margen de la negociación libre del contrato, a veces se realizaba a la baja. La explicación se encuentra en la fijación del salario por la prestación de determinados trabajos menestrales que se recogía generalmente en las normas municipales, aunque a veces también en otras de rango superior, como la fijada por Pedro I en el Ordenamiento de Menestrales de 1351. La tasa de salario evidenciaba la fijación del tope máximo de pago de salario por la realización de una obra o producto. Esto significaba que la norma regulaba el precio máximo a pagar por un producto, quedando la autonomía de la libertad de contratación entre empleador y trabajado en respetar el precio fijado, o en negociarlo a la baja, con el correspondiente perjuicio del trabajador (por hacer el mismo símil con la actualidad, hoy el Estado fija un salario mínimo interprofesional del que los empleadores y trabajadores no pueden negociar a la baja, en cualquier caso negociarán al alza, quedando garantizado cuando menos dicho salario). Así por ejemplo, la ley 11 del citado ordenamiento de menestrales regula que a los maestros carpinteros se les abone diariamente en concepción de salario la cuantía de dos maravedíes (como cuantía máxima), y la de uno por cada uno de sus peones. Quien superara la tasa de salario vulneraría lo preceptuado en el ordenamiento y sería penalizado con una multa (Texto 12). Dado el carácter temporal del contrato de servicios, éste se extingue terminada la obra para la que fue realizado, o terminado el tiempo por el que fue pactado. En cualquier caso, el empleador del taller u obrador debe realizar un acto formal de rescisión del contrato –que hoy denominaríamos despido laboral–. Por otra parte, la rescisión del contrato de forma unilateral, sea por cualquiera de las partes contratantes, exige causa justificada, entrando de lo contrario en juego posibles cláusulas indemnizatorias. El impago de los salarios por parte del empleador, o el incumplimiento por parte de los empleados de cualquier norma incorporada en el Ordenamiento dado por Pedro I, conllevaba una sanción en forma de pena pública de azotes, que se incrementaba en función del carácter reincidente del infractor. 2. El trabajo de la mujer en las ciudades medievales La mayor parte de las normas municipales medievales están redactadas desde una perspectiva androcéntrica, de ahí que las referencias a los oficios y labores sean en versión masculina, y la capacidad de trabajo y productiva de la mujer se vea supeditada a la del padre o a la del cónyuge. Así por ejemplo, el Fuero Juzgo, luego Fuero de Toledo o de Jaén, deja nítidamente claro que la mujer no debe recibir ningún tipo de contraprestación o beneficio de lo que pudiera ganar el marido con el rendimiento de trabajo de los siervos de la mujer (Fuero Juzgo 4, 2, 16). Como sabemos, la razón jurídica de esta realidad se encuentra en la potestad marital por la que el hombre tiene capacidad de disposición sobre los bienes de la mujer, heredada del mundo romano. En la época medieval, la situación de dependencia jurídica de la mujer sigue siendo muy similar a la del mundo antiguo en el campo del derecho privado (sólo tiene

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capacidad jurídica para heredar y ser titular de derechos, y su capacidad de obrar sigue vinculada al padre o marido), y ni que decir tiene que continua completamente excluida del derecho público (no puede ostentar cargos públicos, ni ser fiadora o testigo en juicios, salvo excepciones). Sin embargo, hay quien ha querido ver una cierta mejora de la situación jurídica de la mujer casada medieval debido a la influencia del Cristianismo, por cuanto, aunque todavía estuviera sometida al consentimiento del marido, al menos la mujer podía obligarse junto a él, siendo considerada una compañera y no una mera propiedad del mismo. La mujer casada medieval alcanzó así una cierta capacidad de disponer, aunque el marido administrase los bienes:  La mujer heredaba en igualdad a los hombres, y mantenía la propiedad de sus bienes propios o raíces (anteriores al matrimonio), aunque en la práctica este sistema de divisibilidad igualitario quedaba burlado por instituciones como los fideicomisos y los mayorazgos, que beneficiaban a los varones (primogénitos).  Se mantenía la tradición de las arras (precio que pagaba el hombre al constituirse el matrimonio por la virginidad de la mujer), que pasaban al patrimonio personal de ella, y en la Baja Edad Media se recuperó la antigua institución romana de la dote (precio que la mujer aportaba al matrimonio), que se había perdido durante la Alta Edad Media.  Constituido el matrimonio con el consentimiento de los padres, los bienes gananciales y los bienes raíces eran administrados por el marido. Sin embargo, la mujer tenía responsabilidad por las deudas del marido y respondía con él de las obligaciones de la sociedad de gananciales o de las enajenaciones hechas de forma conjunta.  Normalmente el marido no podía disponer de los bienes propios de la mujer sin el consentimiento de ésta. Si lo hacía, al disolverse el matrimonio, ella o sus herederos podían reivindicarlos. Todo ello nos permite atisbar una mayor participación de la mujer en la vida económica y laboral de las ciudades medievales, sobre todo en el caso de las viudas, que recuperaban su dote y bienes raíces, se reservaban determinados bienes de la herencia y, además, podían disfrutar el usufructo de la mitad de todos los bienes mientras siguieran en ese estado. Las viudas adquirieron así plena capacidad obrar, pudiendo administrar sus propios bienes, obligarse a deudas propias y contratar por sí mismas. Podían, incluso, dirigir sus propios negocios inscribiéndose en el gremio correspondiente.Y, lo que es más importante, podían participar de la vida pública y ostentar determinados títulos u oficios en nombre de sus hijos, hasta que éstos alcanzaran la mayoría de edad. Así ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Jaén, con el importante personaje de Aldonza de Toledo, que ostentó los oficios de Alguacil mayor y Alcalde de los alcázares de Jaén tras el fallecimiento de su marido Juan de Fonseca y hasta la mayoría de edad de su hijo. Junto a las viudas, investigaciones locales sobre documentos de aplicación del derecho, ordenanzas municipales o protocolos notariales, nos muestran una amplia gama de oficios desempeñados en las ciudades por todo tipo mujeres libres, casadas o solteras: pa-

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nadera, mesonera, pescadera, frutera, hortelana, candelera, pastora, lavandera, hilandera, hornera, pastelera, etc. Es decir, todos aquellos oficios que tradicionalmente también desempeñaban los hombres, además de aquellos propios del espacio social de la mujer, como era el trabajo doméstico, labores de costura y cuidado de niños y ancianos. En este último sentido, muchas mujeres estaban sujetas, mediante algún tipo de vinculación contractual laboral, a la labor de sirvientas o nodrizas. En 1351,el rey Pedro I estipuló la tasa de salario para este oficio indicando que a las mujeres destinadas al trabajo doméstico de criar hijos ajenos se les pagara una cuantía de dinero dependiendo de si lo criaban en casa ajena o en su propia casa, siendo en este último caso el salario superior (Texto 11). Ahora bien, el porcentaje de mujeres trabajadoras, en comparación al de hombres, era muy inferior si concebimos a la mujer trabajadora como aquella que contrataba la prestación de una obra, servicio o labor, bajo una jornada laboral concreta y remuneración pactada. La mayor parte de las mujeres en las ciudades medievales, trabajaban de sol a sol, sin remuneración y en actividades menos productivas, desde el punto de vista económico, que la de los hombres. La producción textil fue el sector más vinculado al trabajo de las mujeres, de tal manera que incluso iconográficamente se nos presentan a las mujeres medievales hilando o tejiendo. No era extraño encontrar en la mayor parte de las casas una rueca y un huso con el que se abastecía de ropa de abrigo a los miembros de la familia, de ahí que tradicionalmente haya sido considerado como un oficio doméstico, de primera necesidad, pero por lo mismo improductivo y no remunerado, especialmente en el ámbito rural, mientras que en el ámbito urbano parte de esta labor podría haber acabado en los mercados. También son muy ilustrativos los supuestos que se han encontrado de mujeres trabajando en el sector de la piel, del curtido, o en la actividad artesanal. La presencia de la mujer como tendera en los mercados fue asimismo muy significativa, siendo generalmente las mujeres de cada familia de menestrales o artesanos las que se ocupaban de las labores de venta. Las esposas de los artesanos, fundamentalmente panaderos y tahoneros, colaboraban con su actividad de trabajo, aunque de forma no remunerada, no sólo en las labores de venta sino también a la hora de realizar otras tareas propias del oficio, tales como pesar la harina, amasar, hornear, etc. El trabajo de la mujer medieval en la agricultura ha quedado asimismo contrastado en las leyes y los documentos de aplicación del derecho, no sólo en las tierras de señorío en régimen de vinculación o adscripción a la tierra, sino también en tierras privadas o de realengo a jornal y como trabajadoras libres. Vemos así, por ejemplo, cómo en el Ordenamiento de Menestrales dado en Valladolid en 1351 por Pedro I, ante la denuncia de que muchas mujeres se negaban a trabajar y andaban vagabundeando junto con los hombres incrementando las situaciones de peligrosidad social, se obligó a ocupar a todas las mujeres ociosas en labores agrícolas a cambio de un salario, que no obstante era sensiblemente inferior al que se abonaba al hombre por la prestación del mismo servicio, normalmente un tercio. Entre los factores que contribuyeron al aumento del trabajo de la mujer en la época medieval, se encuentran fundamentalmente los relacionados con la crisis económica y una economía de subsistencia familiar, prácticamente autárquica, a la que a las mujeres

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no les quedó otro remedio que contribuir, aunque de forma callada, no reconocida y generalmente no remunerada. Pero también hay que tener muy en cuenta la nueva concepción organicista de la sociedad impuesta por el Cristianismo, así como la importante reducción del número de esclavos y de esclavas que se va produciendo paulatinamente durante la Edad Media, cuando la esclavitud dejó de estar bien vista entre cristianos y sólo se permitió sobre otros pueblos. Terminada la Reconquista, la principal fuente de esclavitud, que era la del pueblo musulmán cuando no preferían intercambiarse o venderse los cautivos, dejó de aportar este tipo de mano de obra, que en adelante se fue reduciendo poco a poco. BIBLIOGRAFÍA España romana AAVV, El modo de producción esclavista, ed. Akal, Madrid, 1978. AAVV, La transición del esclavismo al feudalismo”, ed. Akal, Madrid, 1975. S. Crespo, “Las profesiones en la sociedad de Hispania romana”, en Hispania Antiqua, 6, 1976, pp. 53-78. H. Gimeno, Artesanos y técnicos en la epigrafía de Hispania, Barcelona, 1988. A. Gómez-Iglesias Casal, “De la locatio conductio al contrato de trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1995, Nº 70. A. Hernández, “El Derecho laboral romano”, en Revista del Trabajo, nº 5, 1956. J. Iglesias, Derecho Romano, ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1999. J. Mangas, Esclavos y libertos en la España romana, Salamanca, 1971. — “El trabajo en las minas de la Hispania romana”, en El trabajo a través de la Historia, S. Castillo (coord), Córdoba, 1996, pp. 45-59. J. Pérez Leñero, Trabajo, ocio y oficios en las “Empresas Políticas” de Saavedra Fajardo, Murcia, 1988. J. F. Rodríguez Neila, “El trabajo en las ciudades romanas de la Bética”, en El trabajo a través de la Historia, S. Castillo (coord), Córdoba, 1996, pp. 11-27.

España visigoda A. García Gallo, “Notas sobre el reparto de tierras entre visigodos y romanos”, en Hispania, 4, 1941, pp. 40-63. E. Pérez Pujol, Historia de las instituciones sociales de la España goda, Madrid, 1896, 4 vols. M. Torres López, “Instituciones económicas, sociales y político-administrativas de la península hispánica durante los siglos V, VI y VII”, en Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, t. III.

Edad media R. Gibert, “El contrato de servicios en el derecho medieval español”, en Cuadernos de Historia de España, 15, 1951. O. von Gierke, Las raíces del contrato de servicios, Madrid, 1982.

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C. Merchán, “La relación jurídico-laboral en los Fueros extensos castellano-leoneses (siglo XIII)”, en RPS, nº 116. J. M. Monsalvo Antón, “La debilidad política y corporativa del artesanado en las ciudades castellanas de la Meseta (primeros pasos, siglos XIII-med. XIV), en El trabajo a través de la Historia, S. Castillo (coord), Córdoba, 1996, pp. 101-124. L. García de Valdeavellano, Curso de historia de las instituciones españolas, Madrid, 1982.

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Capítulo 3

Las relaciones de trabajo en la España moderna

I. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA ESPAÑA MODERNA: MERCANTILISMO, INTERVENCIONISMO ESTATAL Y PROTECCIONISMO A fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, más del 80% de una población ascendiente a nueve millones, se dedicaba al trabajo vinculado en la agricultura, con excepciones puntuales de pequeños propietarios libres que explotaban sus propias tierras. El resto de la población hispánica se dedicaba a los oficios menestrales, a la artesanía o al trabajo remunerado en la ciudad (12%), al ámbito eclesiástico (1%), o a la clase aristocrática (1,6%), quedando el resto para los grupos sociales mudéjares, moriscos o judíos. A partir del reinado de los Reyes Católicos, la diferenciación campo-ciudad se hizo mucho más evidente, produciéndose un paulatino éxodo hacia estas últimas de una masa de campesinos que no encontraban un modo de construir un futuro en el ámbito rural. Máxime si colegimos que más del 90% del suelo rural estaba en manos de un 3% de los propietarios terratenientes latifundistas. Junto al señorío medieval, las leyes de Toro de 1505, regularon la institución del mayorazgo, la cual permitirá vincular, junto a títulos y derechos personales, un conjunto de tierras que enajenadas del mercado, y manteniéndolas pro-indiviso, debían ser transmitidas íntegramente al heredero primogénito, y así de generación en generación hasta la abolición de esta institución en la época contemporánea. Junto al señorío y el mayorazgo, también se encontraban fuera del mercado las tierras amortizadas pertenecientes al estamento eclesiástico, una inmensidad de hectáreas improductivas, en manos muertas, que con la política mercantilista de los tiempos modernos, cayeron aún más en la improductividad y el olvido de los poderes públicos. Una reducidísima clase media, apenas un 4% de la población era propietaria de un humilde 5% del suelo rural. En estas condiciones, los Reyes Católicos decidieron en una pragmática de 1481 establecer el derecho de cualquier campesino a liberarse de las cargas personales y reales

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que tenían para con sus señores. Esta desvinculación en forma de libertad de movimiento no era sino una forma de acceder a las ciudades, dado que en el campo estaban vinculados a los señores propietarios, civiles o eclesiásticos. Pero los allí llegados encontraban las dificultades de acceder al trabajo, que estaba férreamente intervenido por los gremios, y la mayoría pasaba a engrosar esa masa que se ha venido a denominar proletariado urbano, sin ningún tipo de cualificación profesional. El duro trabajo de labor del campesinado español, es decir, la inmensa mayoría de la población, era el que alimentaba a la minoría ociosa de las ciudades, de las que formaban parte la aristocracia, los eclesiásticos o los financieros, entre otros. En este escenario, a comienzos de la Edad Moderna, los Reyes Católicos apostaron por el desarrollo de una política intervencionista denominada Mercantilismo, que se impuso prácticamente en todos los Estados europeos de la Edad Moderna siguiendo las ideas económicas del ministro francés Colbert. El Colbertismo o Mercantilismo se basaba en la idea de que el desarrollo económico de un Estado debía medirse exclusivamente en la cantidad de metales preciosos o riqueza acumulada (Texto 13). Pero en España, a partir de un más que prometedor desarrollo económico procedente de los metales preciosos venidos de las Indias Occidentales en los primeros decenios del siglo XVI, éste se vio retraído por las viejas estructuras económicas basadas en el intervencionismo regio en la actividad gremial a través de una más que evidente legislación proteccionista, y sobre todo una riqueza improductiva situada en el mundo agrícola, con amplios latifundios muchos de ellos inexplotados, en manos muertas y un considerable crecimiento de la mano de obra agrícola e improductiva. 1. El Mercantilismo El Mercantilismo fue la política económica común europea que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII, coincidiendo con la escalada absolutista de las grandes Monarquías europeas, que se basaba en un férreo control de la economía por parte del Estado. Debido a la llegada masiva de oro y plata de América, esta doctrina consideraba que la prosperidad de una nación debía medirse exclusivamente por el capital acumulado, es decir, por la cantidad de metales preciosos que cada Estado tuviera en su poder. Para aumentar el capital, los Estados debían mantener una balanza comercial positiva frente a otros Estados, o lo que es lo mismo, tratar por todos los medios que sus exportaciones fueran superiores a sus importaciones. Se exigía para ello una política proteccionista que dirigiera la economía, la creación de grandes monopolios y la imposición de aranceles comerciales, que fueron los pilares de la política mercantilista europea. Entre los autores mercantilistas de la primera Edad Moderna, se puede destacar a teólogos como Martin de Azpilcueta, Tomás de Mercado o Jean Bodin. No por casualidad, estos hombres trataban de legitimar la nueva política económica desde presupuestos cristianos, conscientes de que el Mercantilismo era un nuevo factor de esencial importancia para la consolidación de los Estados nacionales soberanos y la preeminencia europea en el escenario internacional. En España, los principales caracteres de esta concepción mercantilista fueron:  El monopolio del oro y la plata. Descubiertos estos metales preciosos en las Indias Occidentales, la Corona estimuló el descubrimiento de yacimientos, su

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Capítulo 3 Las relaciones de trabajo en la España moderna

explotación minera, su depósito en la Metrópoli y la prohibición de su exportación fuera de España (Texto 14).  El proteccionismo de la ganadería lanar con el fortalecimiento de la agrupación de ganaderos a través de la Mesta, y su órgano estatal, el Honrado Consejo de la Mesta.  El fomento de la industria textil mediante el intervencionismo y control de las estructuras gremiales y la prohibición de importación de tejidos mediante la imposición de fuertes tasas aduaneras.  La estimulación de la exportación en el comercio internacional, con la mejora de las redes de comunicaciones, y el proteccionismo de productos nacionales con medidas como la prohibición de embarcar mercancías en naves extranjeras si había naves españolas disponibles.  El control de todo el comercio indiano a través del puerto de Sevilla mediante instituciones monopolísticas como la Casa de Contratación de Sevilla (1503) y el Consejo de Indias (1524). Esta política mercantilista tuvo consecuencias que afectaron de forma decisiva a las relaciones de trabajo:  El empobrecimiento del mundo agrícola, que se dejó en manos de la explotación servil, siendo abandonadas muchas explotaciones por el florecimiento económico de las ciudades, el éxodo a América y el proteccionismo de otros sectores.  El crecimiento económico motivado por la política intervencionista sólo se centró en las ciudades y estuvo fuertemente controlado a través de los gremios de artesanos o consulados de comerciantes.  El comercio se vio entorpecido por las aduanas internas, por las instituciones monopolísticas y por la prohibición de las importaciones extranjeras en defensa de los productos nacionales.  El estímulo de exportaciones y prohibición de importaciones provocó el desabastecimiento del mercado.  La bajada estrepitosa de los precios provocada por la entrada en España de grandes cantidades de metales preciosos, provocó en breve el efecto inflacionista contrario de incrementar desmesuradamente los precios para empobrecer aún más a los nacionales.  Como consecuencia de esta última circunstancia, la Monarquía debió llevar a cabo nuevas políticas monetarias que paliaran este progresivo empobrecimiento, tales como acuñar moneda en metal más económico, una nueva política fiscal ajustada a reducir los ingresos por impuestos directos o indirectos, y acudir al endeudamiento público, fundamentalmente con banqueros extranjeros, produciéndose a la larga la fuga de los metales preciosos acumulados. 2. El Arbitrismo La crisis económica se hizo galopante conforme avanzaba la modernidad española, y ya desde el mismo siglo XVI era evidente, aumentándose en el XVII. El desprecio que las políticas de los monarcas españoles mostraron para con la agricultura, conllevó el empobrecimiento de ésta a la misma vertiginosa velocidad que la de la Monarquía.

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Nuevas corrientes de pensamiento económico pretendían resolver los males del país, primero a través de doctrinas heterogéneas y quizá un poco utópicas, como las de los arbitristas, y otras más compactas y homogéneas, como las de los fisiócratas. El Arbitrismo, doctrina económica del siglo XVII, partía de la adopción de medidas económicas, a veces impopulares, que pretendían únicamente encontrar nuevas fuentes de riqueza, nuevos arbitrios, para paliar la difícil situación de las arcas públicas (Texto 15). Los arbitristas, tales como Luis Vives, Juan de Mariana, López de Deza, Pedro de Valencia, entre otros, con sus discursos y memoriales, ponían en tela de juicio la actitud de los distintos gobiernos en materia política, social, fiscal y financiera, proponiendo soluciones, no carentes de imaginación, para paliar la grave crisis social, incidiendo de forma importante en la concepción de las relaciones laborales de la época (Texto 16). De entre las medidas que proponían podemos encontrar las siguientes:  Labrar moneda en hierro, más económica, para así ahorrar plata y oro y poder seguir controlando la reserva de dicho material, a la vez que permitía una mejora de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.  Prohibición de realización de importaciones de mercancías siempre que hubiera producto nacional por consumir del mismo tipo.  Hacer los ríos navegables que sirviera de canal de comunicación, a la vez que de vía de explotación.  Cobrar un canon por el paso por Gibraltar, perteneciente a la Corona británica desde el siglo XVIII.  La exigencia generalizada de la necesidad de una reforma agraria.  Crítica de las barreras arancelarias internas, por las que un nacional o extranjero debía desembolsar sumas de dinero para pasar de un reino a otro, o de una ciudad a otra. Al respecto, Rodrigo Arriaga, un jesuita, filósofo y teólogo español de comienzos del siglo XVII, escribió:



“Diré lo que yo mismo he experimentado: cuando fui a Roma y a Alemania pagué, muy grande derecho a la salida de Castilla de cosas de mi propio uso y que eran de devoción; segundo, en la entrada a Aragón; tercero, en Zaragoza casi la décima parte; cuarto, en la salida de Aragón; quinto, en la entrada de Cataluña, sexto en la embarcación; en cuyas seis partes, y casi por todas las que iba, pagué por entero la décima y vigésima parte de las cosillas que llevaba”.

Reformas agrarias de distinta factura que vulneraban y modificaban el estatus de los propietarios latifundistas o de los privilegiados miembros del Consejo de la Mesta, por lo que nunca fueron atendidas, como las propuestas por Pedro de Valencia, quien a juicio de Joaquín Costa, ya comenzó a vertebrar propuestas de colectivismo agrario como fórmula para resolver el problema de la agricultura.

II. DEL ESPLENDOR A LA DECADENCIA DEL SISTEMA GREMIAL En el siglo XVI, los artesanos, los oficios menestrales, y la gran masa de trabajadores venidos del campo sin cualificación, conforman el 80% de la población de las ciudades. La mayor parte de esta mano de obra era absorbida por el esplendor que vivió el sistema gremial, protegido por la política intervencionista de los reyes. Tal es el grado de pro-

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Capítulo 3 Las relaciones de trabajo en la España moderna

tección, que fuera de los talleres agremiados no existía el trabajo libre por cuenta ajena. Los gremios se habían convertido en las únicas corporaciones laborales y profesionales capaces de defender la profesión y reglamentar el proceso de producción de cada producto artesanal. La protección de la monarquía católica les convertía en importantes corporaciones que monopolizaban en gran medida el producto artesanal que producían. La agremiación obligatoria no sólo excluyó del mundo laboral a quienes no estuvieran afiliados, sino que estableció en gran medida, una especie de categorías socio profesionales en función del oficio. Las industrias más importantes en España fueron la del metal del norte, y la de textil de Castilla, gracias a la enorme protección que a través de la Mesta recibió el sector ganadero y lanar. Pero también existieron numerosas pequeñas y medianas industrias agremiadas, y que necesitaron mucha mano de obra, tales como la fabricación de armas y azulejos o cueros, terciopelos y sedas en Sevilla, la vidriería en Aragón, la seda también en Granada, los paños de Castilla, etc. El incremento cuantitativo y cualitativo de los gremios es abrumador a partir del siglo XVI, concentrando un cuasi monopolio del oficio específico en las ciudades, que pueden contarse con decenas en las más importantes. No obstante, el movimiento renacentista, humanista, de recuperación de lo clásico, griego y latino, vuelve a recuperar, con más fuerza si cabe, la vieja concepción grecoromana de desprecio por el trabajo, que considera viles y despreciables a los menestrales, que considera indigno el trabajo de la aristocracia, hidalgos y caballeros, razón por la cual, enajenaba a los menestrales, como venía ocurriendo desde la Edad Media, de los oficios públicos como cargos de responsabilidad, reservados a las élites sociales aristocráticas, con la excepción de los privilegiados caballeros villanos, quienes no obstante, eliminado el peligro musulmán en España, irán perdiendo cada vez la repercusión social con la que nacieron para las zonas de frontera. Quizá por esta misma razón, algunos sectores gremiales pretendieron aristocratizarse, como ocurrió en la villa de Madrid, donde se constituyeron los cinco Gremios Mayores, compuestos por los talleres de pañeros, sederos, lenceros, joyeros y especieros, una especie de élite mercantil que reivindicaba una posición social y profesional más elevada que la del resto de gremios. 1. Ordenanzas gremiales Los gremios tenían la facultad, reconocida a otras tantas corporaciones medievales y modernas, de autonormarse redactando sus propias ordenanzas, que no son ni más ni menos que normas de organización y funcionamiento de cada uno de los oficios gremiados o corporativos. La competencia para la elaboración de la propuesta de ordenanza dependía del propio gremio corporativo, si bien la aprobación se enajenaba a éstos, dependiendo o bien de la corporación local, el concejo, o bien del propio soberano a través del Consejo Real, tales como los gremios del concejo madrileño. Se conocen ordenanzas aprobadas para cofradías, corporaciones de oficios o gremios ya desde el siglo XIII.

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El contenido de estas ordenanzas gremiales se vertebraba en un doble aspecto: por un lado, la parte que podríamos denominar como orgánica, dirigida a regular al personal trabajador del gremio –maestros, oficiales y aprendices–, sus condiciones de acceso, exámenes de obra maestra para acceder al grado de maestro, derechos de unos y otros, relación con las autoridades locales, establecimiento de multas por infracciones laborales (Texto 17); y por otro lado, una segunda parte dirigida a regular aspectos más técnicos o peculiares de la prestación de trabajo propia del oficio, tales como, establecimiento de salarios, fijación de jornadas de trabajo, reglamentación de los descansos laborales o la generalización de beneficios asistenciales (Texto 18). Tal fue el ámbito regulador de estas ordenanzas gremiales que eclipsaron y obviaron la posibilidad de libertad de contratación de las condiciones laborales entre maestros y oficiales o aprendices del gremio. Esta inexistencia de la posibilidad de fijar, en régimen de libertad de contratación, las condiciones del contrato –jornada, salario, técnica de trabajo– se encuentra directamente vinculado a que dichas condiciones ya estaban reguladas en las ordenanzas gremiales. De ahí la preocupación por parte de los redactores de las ordenanzas de reflejar hasta el más mínimo detalle que permita un control exhaustivo de la organización y del proceso productivo. Como en otros sectores normativos, a partir del siglo XVI, la tendencia a recopilar las normas propias de los gremios se generaliza en algunas ciudades como Sevilla, Granada o Toledo, teniendo así un carácter local, y siendo excepcional la recopilación de normas gremiales de diferentes ciudades. En una ciudad como Burgos los oficios agremiados regulados por ordenanzas fueron los hortelanos (1509), zapateros (1528), albañiles (1529), bordadores (1544), bolseros (1570), carboneros (1574), sombrereros (1589); o en Zaragoza donde se reglamentaron los gremios de libreros (1537), herradores (1540), tejedores y sastres (1550), cerrajeros (1556), tejedores textiles (1566), o carreteros y cocheros (1590). En 1674 se creó la Junta de Comercio y Moneda, organismo dependiente de la Administración central de Hacienda, y que tuvo como misión la de controlar, fiscalizar y supervisar los aspectos económicos, gubernativos y técnicos de las ordenanzas gremiales. 2. Organización del taller agremiado El modelo de taller que se incorporaba en el gremio, solía ser de ámbito familiar, bajo la titularidad del propietario, el maestro, padre de familia, en el que la mujer, hijos e hijas completaban la mano de obra necesaria para las tareas propias del oficio. Sólo se requerían, en ocasiones, algunos oficiales y aprendices en medianos talleres, siendo los grandes talleres y obradores los que mayor mano de obra contrataban. Pronto se exigió una organización interna en el gremio que partió por establecer tres tipos de profesionales o elementos personales integrantes de las relaciones de trabajo: aprendiz, oficial y maestro. A) El Aprendiz El primer escalón en la relación de trabajo interna del gremio lo conforma la figura del aprendiz, generalmente jóvenes varones que con una media de entre 12 y 14 años,

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según el oficio, se integran en una estructura socio-profesional para la realización de una doble función, la de ser receptor de una formación profesional proyectada fundamentalmente por el maestro, si bien y en ocasiones con ayuda de los oficiales, a la vez que convertirse en mano de obra productiva. Obviamente, dado el carácter de menor edad y soltería que representaban estos aprendices, hacía entrar en escena a los padres o tutores de los futuros aprendices, encargados de negociar las condiciones de formación y aprendizaje del oficio en el gremio, en suma los titulares de los contratos de aprendizaje gremial. La perspectiva pedagógica, referida a la formación profesional del aprendiz, se verifica con la limitación del número de aprendices por taller, lo que implicaba una mayor relación entre maestro y aprendiz, en dicho proceso de formación profesional. Tanto es así, que los padres solían transmitir su potestad al maestro para que educara y formara íntegramente al aprendiz. Relación aprendiz/maestro que iba mucho más allá de la profesional, extendiéndose también a la vida personal, dado que el aprendiz se convierte en un discípulo, en el amplio sentido de la palabra, no sólo vinculado al trabajo gremial, sino a la propia vida, dado que el aprendiz, no sólo trabaja al servicio del maestro, sino que vive con él, en su propia casa, comparten vida familiar, social, económica, proyectándose con ello además, una obediencia personal de una especie de patria potestad derivada del rol que ambos desempeñan. Obviamente, los aprendices hijos de los maestros del taller u obrador, gozaban de cierta prioridad en perjuicio de los demás, lo que provocaba ya desde la base de la jerarquía laboral del gremio un marcado carácter cerrado y en beneficio de grupos familiares. En cuanto a la perspectiva laboral, de prestación de mano de obra del propio aprendiz, éste era considerado, a pesar de todo, como un trabajador libre, productivo, dependiente por cuenta ajena y asalariado, si bien su labor se limitaba a los primeros esbozos o propuestas de elaboración de manufactura, dado que el producto final siempre era revisado y terminado por los oficiales o por el maestro. El salario del aprendiz tenía una doble naturaleza: de un lado, recibía un pago en especie, en referencia a los gastos del maestro en la manutención, cuidado y formación del aprendiz, y de otra recibían gratificaciones por los trabajos realizados, fuera de su formación –masías o sobretareas– retribuidas conforme a lo estipulado para los oficiales. La temporalidad del carácter de aprendiz varía en función del tipo de gremio y maestría. Los cuatro años suele ser la media para pasar a ser oficial, aunque en algunos talleres y oficios se retrasaba hasta los ocho años. B) El Oficial El elemento personal clave del gremio, productor de trabajo final y auténtica base laboral y económica del mismo, lo conforma el oficial. Su posición dentro del organigrama gremial es intermedia, habiendo pasado la etapa de formación como aprendiz, se encuentra en el camino hacia la maestría. Al igual que el aprendiz, también es un trabajador libre que contrata las condiciones de trabajo con el maestro en un auténtico contrato de trabajo. Contrato de trabajo, que como se ha indicado más arriba, no depende de la liber-

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tad de contratación de las partes en la relación laboral, sino que ya vienen previamente marcadas en las ordenanzas gremiales. De nuevo la heteronomía de la relación laboral se impone: el oficial decide contratar con el taller de forma libre, pero las condiciones de trabajo ya se encuentran estipuladas externamente. Por su trabajo recibe un salario, participa en la administración del taller, tenían derecho a participar en la designación de los distintos cargos propios del gremio, recibían en beneficio toda la cobertura asistencial y de socorro propia del sistema gremial, si bien tenían como prohibición trabajar por cuenta propia, hasta superar el examen de maestría. El tiempo de la oficialía tampoco está generalizado, dependiendo de cada taller o gremio. Incluso se diferencia notablemente entre los oficiales hijos de los maestros, del resto de los oficiales, siendo más corto para aquellos que para estos. Dos años suele ser el tiempo mínimo en el ejercicio de la oficialía, ya que, según las ordenanzas gremiales, la edad mínima para poder acceder a la maestría era la de 18 años, aunque la realidad demostraba que eran excepcionales los que accedían al grado de maestros con 25 años. Si como se verá más adelante, la competencia entre los oficiales para acceder a la maestría era exigente, también existían fricciones de éstos con los aprendices, sobre todo en época de carencias y de demanda de productos, dado que la mano de obra más barata del aprendiz, perjudicaba la retribución del oficial, quien a veces estaba remunerado en función de los productos terminados. C) El Maestro El eslabón principal en la cadena gremial es el maestro, propietario generalmente del taller, es a la vez, empleador de los profesionales oficiales contratados, enseñante del oficio a los aprendices a su cargo y comerciante de los productos elaborados, ya fueran por venta directa al público a través de contratos simples de compraventa, ya fueran realizados por encargo, a través de la figura contractual de la locatio conductio operis. El objetivo de cualquier miembro incorporado al gremio es el de llegar a ser maestro. Nadie podía abrir taller propio sin haber superado el examen de maestría. Para ello se requiere el carácter de oficial del aspirante, haber superado los años de oficialía, tener capacidad económica para abrir taller o la vacancia del oficio de maestro y por supuesto, la superación del denominado examen de obra maestra, verificado por el resto de maestros del gremio o por los veedores reales. Dicho examen era variado en función del tipo de taller u oficio gremial, y con carácter general estaba fijado en las ordenanzas gremiales. El control ejercido sobre los gremios por parte de la Monarquía limitó el número de maestros por cada taller, encorsetando así las aspiraciones de muchos oficiales a adquirir la maestría. Se instala así en el taller la codicia de unos contra otros por atraerse la simpatía del maestro, los mejores encargos, los más artísticos o los más económicos. Del compañerismo propio de épocas pasadas, la modernidad proyecta en el ámbito interno de los talleres a una celosía excesiva, y al ejercicio de prácticas mezquinas para hacer caer al otro oficial y así atraerse los favores del maestro. Asimismo, los maestros recelarán de estas prácticas provocando una tremenda desconfianza en sus oficiales, prefiriendo aún con menor cualificación a los miembros de la propia familia, generando así mayor celosía

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y recelo por parte de los oficiales. Tanto es así que con el tiempo los maestros optarán por la patrimonialización del oficio, heredándose de padres a hijos con el consiguiente malestar del resto de trabajadores del taller que ven cercenadas sus futuras aspiraciones. Así, oficiales y aprendices no ligados familiarmente al maestro, encontrarán cada vez más difícil el acceso a la maestría. 3. Decadencia del sistema gremial La causa principal de la quiebra del taller y del gremio en general, se encuentra en el hecho de la mecanización de la industria, en la llamada revolución industrial. No obstante, hasta este momento de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, hubo otras causas o factores que nos permiten teorizar sobre el hecho de que siglos atrás la decadencia del régimen gremial era ya un hecho. El propio modelo de explotación del taller, y las relaciones entre los maestros y operarios, oficiales y aprendices, se había deteriorado desde el siglo XVII, fundamentalmente por una cadena de abusos promocionados por los maestros que no eran capaces de abastecer el mercado por el incremento de la demanda, y eran incapaces de contratar nueva mano de obra con el ánimo de acumular riquezas, y por la incapacidad de poder optar a nuevas maestrías, al estar controladas por la Monarquía. Las injerencias de los poderes públicos, ya sean estatales o municipales, sobre los gremios los convierten en pagadores de impuestos a la Hacienda. El triunfo de nuevas corrientes de pensamiento económico, iban en contra del modelo tradicional de obrador o taller, favoreciendo una industria capitalista beneficiada por la revolución mecánica, y un giro radical hacia el concepto y papel que desempeñaba la agricultura en el mantenimiento de la sociedad española. La industria choca con el gremio en múltiples aspectos. Por un lado, genera más rápidamente el producto manufacturado, gracias a la mecanización, que el proceso más lento, aunque más artesanal del taller. De ahí que el mercado se abastezca más rápidamente con los productos salidos de la industria que del taller, el cual había quedado absolutamente desbordado de su capacidad abastecedora como unidad productiva. Esta afirmación se hace más efectiva durante las etapas de prosperidad en las que el ritmo de producción y exportación, sobre todo las derivadas de las demandas de productos de las Indias Occidentales, rebasaron con mucho las posibilidades de los gremios, incapaces de cubrir esta demanda. Para algunos autores, esta realidad pudo provocar la contratación de gente no cualificada, básicamente obreros del campo que acceden a las ciudades, a los que por la falta de profesionalidad, aceptarán cualquier encargo, mal remunerado, y encontrándose como trabajadores libres en el escalafón social más débil. Igualmente, y debido al menosprecio que se iba apoderando de los oficios menestrales, incorporando mano de obra procedente del ámbito rural, con menosprecio de la calidad del producto final, y recuperada una visión negativa del trabajo, no era de extrañar que estos oficios se fueran abandonando en manos de extranjeros, que ya en el siglo XVII es muy cotidiano verlos en talleres y obradores. Asimismo, frente al taller que exigía un oficio cualificado, una maestría, la industria divide el trabajo con obreros menos cualificados, aunque más tecnificados, pasándose de

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una modalidad, en cuanto a importancia, del trabajo individual, propio del taller, que comienza y acaba el producto, a desempeñar una actividad dentro de la industria, aislada, aparentemente carente de valor, pero que en conjunto conforma el ensamblaje de un nuevo producto. El taller, el obrador, el gremio en general se convierte en una rémora del pasado, creciendo la hostilidad contra ellos, criticando su carácter hermético y cerrado, además de privilegiado; instando a la supresión de los mismos. Pronto, las corrientes de pensamiento propondrán el establecimiento de la libertad de establecer fábricas y talleres sin licencia alguna, eliminando así el carácter cerrado y privilegiado de los gremios, al no exigirse la obligación de la agremiación. La libertad de industria y de ejercicio de oficio útil, constitucionalizada en 1812 y desarrollada en el Decreto de 8 de junio de 1813, supone el fin del modelo gremial (Texto 23). No obstante, los titubeos iniciales del sistema constitucional y de sociedad liberal basada en el mercado de libre cambio, promoverán el restablecimiento mediante Real Orden Circular de 29 de junio de 1815 de las ordenanzas gremiales, derogando el anterior Decreto de 1813. La definitiva consolidación del Estado liberal tras la muerte de Fernando VII, y la del Estado constitucional, desde el verano de 1836, restablecerán definitivamente las libertades de industria y trabajo, pereciendo así el sistema gremial, convirtiéndose ahora los talleres en pequeñas empresas, cuyos empleadores contratan libremente con los trabajadores que requiera el taller, libre y no agremiado, en función de la demanda. III. EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA EDAD MODERNA Desde la Edad Media, la incorporación de la mujer al trabajo, tanto en el campo como en las ciudades, fue creciente. La mujer se vio obligada a salir del ámbito doméstico y a participar de la vida económica familiar, si bien a través de una labor no reconocida, dependiente jurídicamente de la del hombre cabeza de familia, muchas veces silenciada en las fuentes documentales, y generalmente no remunerada. Pocos cambios pueden señalarse en cuanto a su situación jurídica durante la Edad Moderna. Carente de derechos públicos y limitada su capacidad jurídica o de obrar, la mujer siguió interviniendo en las relaciones de trabajo con las mismas características que en la época anterior. Sin embargo, participó de las modificaciones generales que se produjeron en dichas relaciones en este peculiar momento histórico. De tal manera, aunque el trabajo servil o adscrito a la tierra siguió siendo mayoritario, con la abolición de los malos usos señoriales por parte de los Reyes Católicos a finales del siglo XV, se inauguró una nueva etapa en este tipo de relaciones de trabajo, teóricamente menos abusivas, y se permitió un mayor crecimiento de las ciudades por la libertad concedida a los siervos de poder emigrar a las mismas. Por su parte, en la ciudad, la prestación de trabajo que realizaban las mujeres en talleres y obradores propios del padre o marido, también se mantuvieron tras la obligatoriedad y generalización de los gremios decretada por los Reyes Católicos. Bien es cierto que, en este peculiar marco de las relaciones obligaciones, el trabajo de la mujer fue especialmente ignorado dado su no reconocimiento ni como aprendices, ni como oficiales, ni por supuesto como maestras, aunque su función era tan eficiente como las de los otros

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eslabones del sistema gremial. Las mujeres no pudieron acceder en régimen de igualdad al trabajo desempeñado en los gremios, incluso en los familiares, y solían extender al taller las mismas tareas que realizaban en el hogar, en una clara división del trabajo en función del sexo. Los talleres textiles y de confección continuaron siendo los oficios propios de las mujeres, hilanderas, tejedoras, costureras o sastras, y también siguieron manteniendo una importante participación en los oficios vinculados a la producción y venta de alimentos o bebidas, al igual que en la Edad Media. Ahora bien, con la crisis que atenazó a los talleres por la escasez de pedidos y el incremento de la mano de obra masculina dentro de los mismos a finales del siglo XVII, las mujeres fueron siendo paulatinamente excluidas del mundo gremial, debiendo acudir a otro tipo de oficios más tradicionales en su género, como el trabajo a domicilio, el cuidado de niños o ancianos. La progresiva decadencia del sistema gremial, y la llegada de la mecanización a los talleres, en fase de conversión en pequeñas industrias a finales del siglo XVIII, fueron también determinantes para la exclusión de la mujer del trabajo manufacturero. Téngase en cuenta que las primera máquinas se introdujeron fundamentalmente en el sector textil, propio del trabajo femenino, haciendo que éstas fueran las primeras víctimas de este tipo de industria, hasta que el liberalismo económico, avanzada la Revolución industrial, volviera a recuperar la mano de obra femenina por resultar mucho más barata que la de los hombres, como veremos más adelante. Otro de los sectores del trabajo femenino que merecen una especial atención en la Edad Moderna, fue el de la prostitución. Con la llegada masiva de las mujeres a las ciudades debida al éxodo rural, que apartó a muchas de ellas de la protección de sus familias, aumentó muy significativamente el número de prostitutas, “mujeres públicas” o “del común”. Hay que tener en cuenta que, a comienzos de la Edad Moderna, la prostitución no sólo estaba perfectamente legalizada a través de la teoría del mal menor o el bien común, que justificaba jurídicamente la existencia de mujeres públicas para evitar otros peores delitos de lujuria que pudieran cometer los hombres (raptos o violaciones, incestos), sino que incluso se había regulado escrupulosamente a través de las ordenanzas municipales y se gestionaba a través de las mancebías públicas que los Ayuntamientos, o Señores propietarios, solían arrendar a los llamados padres o madres de la mancebía a cambio de una tasa anual. Para poder ejercer la prostitución legalmente, era necesario inscribirse en la mancebía y cumplir las normas de higiene, salubridad o pago de aranceles establecidas por las ordenanzas. Ante esta realidad, muchas prostitutas comenzaron a ejercer su labor en situación clandestina, a veces con la intermediación de sus rufianes, y la prostitución comenzó a convertirse en un importante problema para la seguridad y el orden público. La Contrarreforma Católica que se inició en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, se unió también a la campaña emprendida por los poderes públicos contra la prostitución, en defensa de una nueva moral católica mucha más férrea de continencia de las pasiones que logró acabar con la teoría del mal menor. La acción combinada de la Iglesia y la Monarquía terminó por imponer la prohibición de las mancebías a principios del siglo XVII, criminalizándose durante el resto de la Edad Moderna una conducta de la que vivían un gran número de mujeres.

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IV. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LAS INDIAS OCCIDENTALES: ESCLAVISMO BAJO EL PROTECCIONISMO ESTATAL DE LA ENCOMIENDA El 3 de agosto de 1492 zarpaba Cristóbal Colón del puerto de Palos rumbo a Canarias, incorporada a la Corona de Castilla en 1479, y desde allí proseguía hacia el futuro desembarco en las Indias occidentales. Setenta días después, el 12 de octubre, Colón tomaba posesión solemne de la tierra de Guanahaní en nombre de los Reyes Católicos, con quienes había firmado las Capitulaciones en Santa Fe por las que recibía el oficio de Almirante de la mar, con carácter vitalicio y hereditario, así como de Virrey y Gobernador de las tierras descubiertas. Derivadas de la pugna con Portugal en la expansión Atlántica, el Papa Alejandro VI concedió cuatro bulas, las Inter Cetera y Eximie Devotionis de 3 de mayo de 1493, la Inter Cetera de 4 de mayo y la Dudum Siquidem de 26 de septiembre, por las que repartía las posesiones descubiertas entre las potencias europeas. Castilla tendría los mismos derechos que Portugal para las Indias occidentales descubiertas, concediendo una serie de privilegios a los Reyes Católicos. Asimismo se trazó una línea imaginaria entre los polos ártico y antártico, distante cien leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, de tal manera que todo lo que quedaba a occidente correspondería a Castilla, y lo que quedaba a Oriente a Portugal. 1. Repartimiento y Encomienda Con todo ello, una nueva tierra con todos sus pobladores indígenas se incorporaron a los dominios de Castilla, y cuando ésta, junto con la Corona de Aragón, construyeron un imperio moderno, burocrático, militar, y potencia mundial, en las Indias occidentales se mantendrán las mismas estructuras sociales, económicas y laborales de la España medieval. Así la generalización del trabajo forzoso sobre los indígenas, la servidumbre impuesta a los colonizados, con el simple recurso del derecho de conquista prometido a los españoles, ya fuera a través del repartimiento o la encomienda, y la esclavitud reservada a los negros traídos de África, con el único ánimo de desocupar la mano de obra de españoles e indígenas, son la clave y las constantes de las relaciones laborales existentes en las Indias Occidentales hasta bien entrado el siglo XVIII. Dos instituciones fueron fundamentales para comprender el inicio de las nuevas relaciones sociales y laborales de los españoles con los indios americanos: el repartimiento y la encomienda. Partiendo inicialmente de la entrega a cada colono español de un lote de indígenas para cultivar la tierra sobre la que se asienta, en la que se observa una estricta finalidad económica –Repartimiento–, se pasa en poco espacio de tiempo, a la exigencia legal añadida de educación, formación espiritual, cuidados y protección del indio y su familia –Encomienda–. Surgen así las bases sobre las que se asientan las nuevas relaciones de trabajo, la dependencia servil, vinculada del indígena para con el colono, y el trabajo forzoso como moneda de cambio para la educación cristiana y la protección legal que ahora se da a los indios desde la metrópoli (Textos 19 y 20). Dada la cada vez más dirigida política de extracción de metales preciosos, oro y plata, procedentes de los yacimientos americanos, el trabajo forzoso más denigrante se pro-

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yectó precisamente en las minas, convirtiéndose el servilismo casi en esclavitud de los indígenas (Texto 21). Es por ello que muchos esclavos negros fueron traídos de las costas africanas con el ánimo de liberar mano de obra indígena, con el fin de que la encomienda no se convirtiera en una esclavitud encubierta. 2. Manifestaciones de la relación de trabajo A) Trabajo forzoso vinculado y en régimen de esclavitud De lo dicho anteriormente, colegimos que dos son las causas que provocan la existencia de un trabajo forzoso vinculado o en régimen de esclavitud: en primer lugar, la existencia en sí misma, de la propia institución de la encomienda, que vincula a lotes de indígenas para el trabajo indicado por los colonos; y en segundo lugar, la llegada de esclavos negros.Y en ambos casos, la división del trabajo obedeció a la necesidad de explotación minera y agrícola, ambas residenciadas en ambos grupos sociales. Así pues, comprobamos la existencia de distintas manifestaciones del trabajo forzoso en régimen de vinculación y dependencia de los indios americanos para con los colonos españoles. Entre estas manifestaciones encontramos la Mita, al parecer procedente de la cultura Inca, por la que se establecía un duro régimen de trabajo, prohibido por esta razón a mujeres y niños, y mal remunerado, en las explotaciones mineras en las que el mitayo trabaja por turnos (mitas). Felipe II, en 1589, estableció unos principios generales para el trabajo de los indios en las minas, un régimen que al menos, sobre el papel, pretendía establecer ciertas garantías en la prestación de la actividad de trabajo vinculado. Así, indicaba la necesidad de, además de instruirles en la doctrina cristiana, dotar de provisiones para poderse sustentar y realizar el trabajo, jornada “templada”, salario adecuado pagado por los mineros. Igualmente, se establecían ciertas medidas protectoras o preventivas de posibles riesgos en el desempeño de la actividad de trabajo, tales como la protección de la salud de los trabajadores mineros, tomando para ello decisiones que evitaran daño físico, la obligación de tener una dotación sanitaria que permita la asistencia y curación de los enfermos o accidentados en el trabajo. Otra manifestación, de menor exigencia física, pero igual de dura en lo que se refiere a la jornada laboral, es la del Obraje, concepto que englobaba el trabajo en fábricas de tejidos de lana y algodón para confeccionar alpargatas, costales, mechas, pólvora, monturas, sombreros, etc., donde los indígenas tenían que trabajar días y noches, y en el que sí estaba habilitado el trabajo para mujeres. Igualmente, encontramos en las relaciones de trabajo desarrolladas en la América española, manifestaciones del trabajo forzoso en régimen de esclavitud, de aquellos esclavos de raza negra traídos de las costas africanas, y que iba dirigido a las explotaciones agrícolas e industriales para los hombres, y al servicio doméstico para las mujeres. B) Trabajo libre, por cuenta propia y por cuenta ajena Junto a la existencia de un trabajo vinculado y esclavo, dirigido a determinadas explotaciones mineras y agrícolas, también encontramos manifestaciones de relaciones de trabajo establecidas de forma libre, por cuenta propia o ajena y asalariada, en suma, a través de un auténtico régimen de contratos de trabajo.

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Encontramos trabajo libre por cuenta propia en aquellas manifestaciones laborales realizadas por los conquistadores españoles, por sus descendientes nativos, llamados criollos, y de aquellos indios a quienes se les respetó su propia propiedad a costa del pago de un canon en forma de tributo a la metrópoli (Texto 22). Igualmente encontramos manifestaciones de trabajo libre, por cuenta ajena y asalariado en aquellas colectividades de españoles y criollos no propietarios, que contratan con terceros la prestación de obras o servicios a cambio de una remuneración. Igualmente, y con el tiempo, a estos trabajadores libres se sumarán aquellas colectividades de indios americanos que han sido liberados del trabajo servil y han sido manumitidos de su condición de esclavos. A estos indios se les garantiza una especie de libertad de trabajo en aquellos oficios y ocupaciones que estimen oportunos, con la condición de que lo hicieran vestidos. “Los Indios, que fueren Oficiales, se ocupen, y entiendan en sus oficios, y los labradores en cultivar, labrar la tierra, y hacer sementeras, procurando que tengan bueyes con que alivien el trabajo de sus personas y mantenimientos para su propio sustento, venta y cambio, con otros”.

Ambos grupos, españoles y criollos no propietarios e indios liberados del trabajo servil, formarán mano de obra barata para el ejercicio de determinadas actividades, vinculadas sobre todo a la explotación agrícola, mercantil o gremial. En este último sentido, cabe decir que la actividad gremial o corporativa que tan protegida estuvo en la metrópoli, apenas si alcanzó un desarrollo importante en las Indias españolas, existiendo un número muy reducido de gremios, aunque la estructura y funcionamiento fuera paralelo. Igualmente, aquellos indios que no pudieran trabajar por cuenta propia, lo harán por cuenta ajena, bien destinados a obras públicas o a cualquier otra ocupación en la ciudad o en el campo, “siendo necesario sean compelidos a no estar ociosos”. El salario para este tipo de actividades de trabajo se cifra legalmente, no sólo por el tiempo de trabajo, las horas diarias dedicadas a la actividad laboral, sino también debe incluir el tiempo que les lleva ir y venir de sus hogares al trabajo, siempre que la distancia sea superior a diez leguas. El sector ganadero también se precisa en régimen de libertad para los indios, ya sea por cuenta propia o ajena, no existiendo prohibición para la crianza de cualquier especie de ganado mayor o menor. Y todo ello sin limitación en el tráfico laboral y comercial entre españoles e indios, el cual se garantiza bajo el principio de la libre autonomía de las partes. 3. La Corona y el respeto a los indios: su incidencia en las relaciones de trabajo El modelo de relaciones de trabajo planteado en las Indias occidentales, enormemente vinculado a la falta de libertad de las partes implicadas, en un régimen básicamente servil del indio a favor del colono, pronto llegó como preocupación y sensibilidad a la Corte. Ya en el testamento de la Reina Isabel I de Castilla se dejaron constancia de ciertos principios directamente relacionados con el respeto a los indios por parte de las autori-

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dades públicas de la Monarquía hispánica. Allí dejó escrito que ningún indio reciba agravio en su persona o bienes, que fueran justa y respetuosamente tratados, proponiendo remedios urgentes a los desagravios que recibieren. Las denuncias de los constantes abusos y del trato inhumano de los españoles hacia los indios, como las pronunciadas por Fray Bartolomé de las Casas, en su obra Breve destrucción de Indias, movieron a los Monarcas españoles a que actuaran en consecuencia. Primero Fernando el Católico organizó una Junta de teólogos y juristas para revisar el sistema y la legislación sobre las encomiendas, y en general, todas las leyes que regulaban las relaciones entre españoles e indígenas, y particularmente las referentes a las relaciones de trabajo. Dicha Junta se reunió en Salamanca en 1512 y en ella se formularon y debatieron los principios que debían presidir las relaciones con los indios. Fórmulas y principios que se materializaron en las Leyes de Burgos promulgadas el 27 de diciembre de ese mismo año. Aunque en estas leyes se mantenía la Encomienda, dada la necesidad de trabajo de los indios para atraer metales preciosos a la metrópoli, se decide proteger a los indios de los abusos de los españoles. Al respecto se consideró al indio un ser humano libre y racional, que debía ser instruido en la fe. En materia de trabajo se estableció la obligación de los indios al trabajo en beneficio de la metrópoli española, reglamentándose su trabajo para que éste fuera llevadero, el cual será remunerado, aunque no en numerario sino en bienes raíces o muebles, que con el tiempo les permitieran tener hacienda y casa propia, se les reconocía un descanso de cuarenta días después de cada riguroso período de cinco meses de trabajo, y a las mujeres embarazadas se les garantizaba el descanso necesario para la maternidad. La propia Reina Juana, el 28 de julio de 1513 aprobó cuatro leyes más a incorporar a las de 1512, en las que se eximía, entre otras, de la obligación de trabajo a las mujeres y menores de 14 años en las minas. Fruto de estas leyes protectoras a favor de las condiciones de trabajo de los indios americanos, se formó una nueva Junta para que siguiese revisando el contenido y alcance de la institución de la Encomienda. Del trabajo de estos teólogos y juristas se formularon las denominadas Leyes Nuevas promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, por las que se regulaba un mejor trato personal a los indígenas, y una nueva regulación a las encomiendas, que si bien no son abolidas, si que recibirán una severa reducción de su significado institucional. Al socaire de la polémica planteada en España con los justos títulos de propiedad de las Indias Occidentales, y en gran medida, por el enfrentamiento dialéctico entre De las Casas y Ginés de Sepúlveda sobre la presencia de los españoles en las Indias y el derecho de éstos a someter a los indios en aras de su conversión al catolicismo, surgieron una serie de propuestas, vertebradas a través del Requerimiento y sobre todo, a través de la tesis de Francisco de Vitoria, Relectio de Indis (Salamanca, 1539), por el que la consideración laboral del indígena varió, al menos, sobre la ley. Vitoria, basándose en lo que había sostenido Tomás de Aquino, que defendía el derecho de los indios a sus posesiones en tanto que legítimos propietarios, lo que descartaba la validez de las bulas alejandrinas por cuanto los indios ya eran propietarios, desarrolló hasta ocho justos títulos que justificaban la presencia española en las Indias occidentales. De entre estos 8 justos títulos destaca, en función de su incidencia en el marco de las relaciones de

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trabajo, el primer título, el cual declara el derecho de libre tránsito y de circulación por el orbe, siendo contrario al derecho natural, cualquier ley que impidiera el ejercicio de esta libertad. En aras del reconocimiento de este primer título, los indios se consideran personas libres, con libertad de movimiento, y por tanto con libertad para decidir dónde, cómo y con quien desean realizar y mantener relaciones de trabajo, de ahí que puedan ser considerados como trabajadores libres, asalariados, por cuenta propia o por cuenta ajena. Con posterioridad, numerosas normas incorporadas en las Leyes de Indias recopiladas en 1680 prescribieron una detallada regulación, no sólo de la libertad de los indios, sino del trabajo de los Indios americanos, de entre las que destacan la continuidad en la imposición del trabajo forzoso, bajo un coherente régimen de horario de trabajo, prohibiéndose en determinados sectores de la producción, como la minería, el trabajo nocturno, o el de las mujeres y menores de 14 años en las minas, tal y como ya regulaban las Leyes de Burgos. Igualmente se establecieron normas que disciplinaron el trabajo libre, prestado en régimen contractual bajo el principio de libertad de trabajo, con remuneración salarial no sometida al régimen medieval de fijación de tasa, lo que permitía la negociación al alza del salario. Hubo trabajos especialmente reglamentados por las dificultades que conllevaba, pero también por la importancia de su explotación para la metrópoli. Nos referimos al llevado a cabo en las minas, sobre el que la Monarquía evidenció una cada vez mayor preocupación por establecer un sinfín de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, a fin de mejorar la calidad de la prestación laboral de los trabajadores. V. ILUSTRACIÓN Y FISIOCRACIA Frente al carácter heterogéneo del pensamiento arbitrista, en el siglo XVIII, y procedente de Francia, como la nueva Monarquía hispánica, llega a España una explicación más compacta y homogénea de la economía que afecta a las relaciones de trabajo. Surge así el pensamiento fisiócrata, la Fisiocracia, que contraria a muchos de los postulados mercantilistas, critica fundamentalmente el régimen proteccionista e intervencionista del Estado. Surgida esta escuela de pensamiento económico en Francia de la mano de Quesnay y seguida por Mirabeau, afirmaba la existencia de una sociedad de libre cambio, de una especie de ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno, es decir, a partir del libre juego de las fuerzas económicas. Sólo la excepción de la agricultura, pauperizada y abandonada por el sistema mercantilista, se erige en la única que debe convertirse en sector protegido e intervenido por el Estado, al concebirse como la principal fuente de la riqueza nacional. A la sinergia de un nuevo Estado, el borbónico, que ya asume la liberalización del comercio internacional acordado en el Tratado de Utrech de 1713, y partidario de una política de fomento y desarrollo de la economía y de la libertad de trabajo, comercio e industria, se une el influjo de las Sociedades Económicas de Amigos del País, con una obsesiva preocupación por la reforma agraria a partir del acercamiento de los terratenientes respecto de las tomas de decisión sobre nuevas y más productivas prácticas agrarias. Estas Sociedades Económicas, concebidas como centros culturales difusoras de las ideas ilustradas, fueron impulsadas por el Estado, quien a través de su fiscal del Consejo

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Capítulo 3 Las relaciones de trabajo en la España moderna

de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, propuso su generalización en todas las provincias españolas. Convertidas en escuelas de pensamiento ilustrado, pretendieron regenerar la economía a través de los dos pilares del pensamiento fisiócrata, la reforma agraria y la libertad de comercio, industria y trabajo. La reforma agraria recibió un encarecido empuje gracias al pensamiento de Pablo de Olavide (Proyecto de ley de reforma agraria para Andalucía, 1768), Campomanes (Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, 1777) o Jovellanos (Informe a la Junta general de comercio sobre la libertad de las artes, y Expediente de ley agraria, 1795), entre otros. Estas propuestas teóricas de los ilustrados españoles pronto se vertebrarán en leyes concretas que pretenden una liberación de las relaciones de trabajo. Así en 1778 se decreta la enseñanza y trabajo libre de mujeres y niñas; en 1778 se establece la Ordenanza del libre comercio con América, eliminando el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla; en 1785 se decreta la libertad para el ejercicio de las nobles artes de dibujo, pintura, escultura y grabado, o la libertad en la explotación de telares y libre contratación de personal en el gremio, eliminando así el control del Estado. Finalmente el impulso económico en el nuevo marco que se está configurando de las relaciones de trabajo, se consolida gracias al importante nacimiento de nuevas organizaciones empresariales, fruto de la importancia de la industria y el comercio, tales como la Real compañía de Barcelona (1756), la Junta de Comercio de Cataluña (1759), o la Compañía de Hilados de Algodón (1772), entre otras. BIBLIOGRAFÍA R. Carande, CarlosV y sus banqueros, 3 vols., Madrid, 1944-1949 — “El Despotismo ilustrado de los Amigos del País”, en Estudios de Historia de España, 2ª ed. Ariel, pp. 143-181. S. Coronas, “Espíritu ilustrado y liberación del tráfico comercial con Indias”, en Anuario de Historia del Derecho y de las Instituciones, 62, 1992, pp. 67-116. P. Deyon, Los orígenes de la Europa moderna: el Mercantilismo, Madrid, 1970. J. L. Gutiérrez Nieto: “El pensamiento económico, político y social de los arbitristas”, en Historia de España de Menéndez Pidal, tomo 26, 1986. E.J. Hamilton, El Tesoro americano y la revolución de los precios en España, Barcelona, 1975. A. Merchán, La reforma agraria en Andalucía. El primero proyecto legislativo (Pablo de Olavide, Sevilla, 1768), Sevilla, 1998.

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Capítulo 4

Revolución industrial y revolución burguesa: la libertad como régimen de trabajo

I. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: EL NACIMIENTO DEL PROLETARIADO A finales del Antiguo Régimen se vivieron cambios sustanciales en las relaciones de trabajo, que propiciaron el inicio de un nuevo modelo económico capitalista, surgido de la mano del liberalismo económico que defendieron los primeros Estados de Derecho contemporáneos. Tales cambios supusieron una ruptura radical con el antiguo modelo de la Edad Moderna basado en: a) El trabajo gremial en las ciudades, libre, pero controlado por corporaciones muy estrictas como manifestación de la política intervencionista de la época (colbertismo o mercantilismo). b) El trabajo servil o trabajo en régimen de dependencia (servidumbre adscripticia o de gleba) propio de la sociedad feudal o señorial. c) El trabajo forzoso en régimen de esclavitud, que prevalecía fundamentalmente en las colonias. Estos tres tipos de relaciones de trabajo propios de la Edad Moderna fueron superados a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, para dar lugar a un nuevo modelo basado en la libertad de los agentes intervinientes (fin de las relaciones señoriales y esclavistas) y de carácter no intervencionista (fin de los gremios), en el que el trabajador, jornalero o proletario/operario, vendía su fuerza de trabajo al empresario agrícola o industrial a cambio de un salario. La conquista de la libertad de trabajo exigía la puesta en marcha de un mercado de trabajo, en el que estaban obligados a entenderse los propietarios de la fuerza de trabajo, los trabajadores, y los propietarios del capital, los empleadores. Pronto la oferta y la demanda hicieron acto de presencia en este mercado de trabajo, de tal manera que los empleadores buscaron mano de obra eficaz pero barata, mientras que los propietarios de

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la fuerza de trabajo buscaron implementar sus destrezas y habilidades con la consecución de un salario ventajoso. Los motores del cambio, por su propia magnitud, son conocidos como las “revoluciones” industrial y burguesa, y supusieron realidades muy complejas que implicaron al mismo tiempo factores de carácter económico, social, ideológico, político y jurídico. 1. Origen, causas y consecuencias de la revolución industrial La revolución industrial, originada en Inglaterra en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, fue el proceso por el cual se consolidó un nuevo modelo de producción capitalista a gran escala en las nuevas fabricas, sobre la base del maquinismo y la innovación técnica. Supuso un fenómeno de gran trascendencia, pues el reemplazo del trabajo artesano o manual por la manufactura o industria trajo consigo una serie de transformaciones de amplio calado, no sólo económicas, sino también culturales, sociales, políticas y jurídicas, habiendo sido considerada esta revolución por algunos autores como la más importante de la humanidad desde el Neolítico. Estas transformaciones se materializaron particularmente en un importante incremento de la producción, en un generalizado intercambio de mercancías en una nueva sociedad de mercado, en innovaciones tecnológicas y en la proletarización de la mano de obra. La revolución científica que tuvo lugar en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, por su mayor desarrollo económico (gracias a su imperio colonial y el fenómeno insular, que la mantuvo al margen de las guerras y conflictos continentales), y la continua búsqueda del progreso como clave para mantener la preponderancia del Estado y la felicidad del pueblo, posibilitó avances técnicos tan importantes como la máquina de vapor, que sin duda fue la principal impulsora de la industrialización y llegó a convertirse en su símbolo. Creada por el escocés James Watt en 1769, la máquina de vapor consistía en la aplicación de un nuevo tipo de energía, el vapor, para cuya producción se requería carbón, y pudo aplicarse a multitud de industrias, como la textil, la minera, la siderúrgica, la de transportes o la agrícola, que fueron pioneras en la industrialización. La industria textil algodonera fue, en concreto, el sector líder de la mecanización durante la primera revolución industrial inglesa, y gracias a ella se consiguió la acumulación de capital que abrió paso, en una segunda fase, a la siderurgia y al ferrocarril. Antes de introducir la máquina de vapor, en el sector textil algodonero inglés ya se aplicaba la innovadora Spinning Jenny (inventada en 1733 por John Kay y perfeccionada en 1780 por Samuel Crompton), que sustituía el tradicional hilado manual de la lana o el algodón mediante la rueca por un mecanismo que, accionado por una manivela, permitía obtener simultáneamente varias bobinas de hilo. Más adelante, la Waterframe, permitió sustituir la energía humana por la hidráulica; y, finalmente, Cartwright aplicó el movimiento de vaivén de la máquina de vapor a los telares en el año 1781, dando lugar al nacimiento del telar mecánico. La mecanización de la industria textil fue seguida por la de la industria siderúrgica y la de transportes, que requería hierro de aquélla para poder desarrollarse. La revolución de los transportes y la mejora en el tratamiento del metal eran claves para la expansión

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del comercio, sin la que el desarrollo del nuevo sistema capitalista de producción a gran escala hubiera sido imposible. Por ello, se mejoraron las rutas de transporte en general con la construcción de caminos y canales, y se crearon nuevos medios de transporte más rápidos y más baratos gracias a la introducción de la máquina de vapor: el barco de vapor y el ferrocarril. El ferrocarril, es decir, los vagones que circulaban sobre unas vías de hierro, eran ya utilizados en el siglo XVIII para la extracción minera, si bien tirados por la fuerza motriz de caballos o personas. En 1825, Stephenson les aplicó por primera vez la máquina de vapor a través de una locomotora como fuerza de tracción, apareciendo el ferrocarril moderno, que permitía transportar materias pesadas con una velocidad desconocida, de entre 30 a 40 Km por hora. Hacia 1870 ya se habían construido dos tercios de la red ferroviaria británica, la más extensa y densa de Europa, que fue seguida por el rápido desarrollo del sistema ferroviario belga u holandés. Alemania, Italia, Suiza, Francia o España, debido a la mayor extensión de su territorio o las dificultades orográficas, desarrollaron de forma más lenta su red ferroviaria. La fuerza del vapor se empleó también en la navegación. Como las hélices tuvieron ciertas dificultades para adaptarse al oleaje, los vapores de rueda trasera se aplicaron fundamentalmente en la navegación fluvial, mientras que para el tráfico marítimo se prefirieron buques mixtos, dotados de dos grandes ruedas laterales movidas a vapor, pero conservando mástiles y velas para aprovechar la fuerza del viento. Los barcos se aprovecharon también de las innovaciones en la siderurgia o tratamiento del metal, acorazándose o forjándose con hierro, lo que permitió aumentar su tonelaje y su velocidad. La industria siderúrgica no sólo se vio impulsada, pues, por la mecanización de las fábricas y el campo, como veremos más abajo, sino también, y principalmente, por la fabricación de vías, locomotoras, vagones y barcos. La siderurgia y las máquinas de vapor incrementaron, además, las necesidades de carbón, potenciando la minería. En este sector, las innovaciones consistieron fundamentalmente en la mejora de la combustión en el carbón y la mayor calidad del hierro. Lo primero se consiguió utilizando como combustible un tipo de carbón llamado coque o hulla refinada, cuya combustión se avivaba a elevadísimas temperaturas con la inyección de aire caliente. La mayor producción de carbón que se obtenía con esta técnica permitió que descendiera su precio y el carbón extendiera su uso tanto industrial como doméstico (cocina, calefacción). Por su parte, para mejorar el producto final del hierro se idearon las técnicas del pudelado, consistente en batir la masa de metal incandescente para obtener un hierro más maleable, y el laminado, por la que la masa de hierro fundido se transformaba en barras a través de unos rodillos para adaptarse a usos industrial. Finalmente, aplicada al campo, la innovación y la mecanización propias de la época también potenciaron la llamada revolución agrícola, que interaccionó directamente con la revolución industrial. A ella coadyuvaron diversos factores:  La mecanización o introducción de máquinas para la siembra, el arado o la recolección.  El desarrollo de nuevas técnicas o sistemas de cultivo, como la mejora y ampliación de los regadíos, la sustitución del sistema de barbecho por la rotación

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de cultivo, el paso del openfield o sistema de campos abiertos a los enclosures o campos cerrados, y la aparición de la ganadería en establos, alimentada con el forraje cosechado en vez de con los pastos al aire libre.  La aplicación de productos químicos fertilizantes.  La introducción de nuevos cultivos originarios de América, como la patata, el maíz, empleado como forraje, o el pimiento.  Los cambios que se produjeron en la distribución de la propiedad de la tierra, de forma paralela al desarrollo del liberalismo económico y jurídico. No debemos olvidar que todavía en el siglo XIX, la principal fuente de riqueza de la mayor parte de los Estados europeos, sobre todo España, fue la producción y comercialización de productos agrarios y las rentas agrarias derivadas de ellas. A pesar de la revolución industrial, la población activa seguía perteneciendo mayoritariamente al sector agrícola. Si en Europa, en 1700, la agricultura empleaba al 72% de la población activa, aún en 1870 empleaba al 40%, mientras que el sector industrial pasaba del 12,6% al 36,5% en el mismo período. La producción a mayor escala de alimentos con una menor necesidad de mano de obra humana, alentó a la población que no podía encontrar trabajos agrícolas a buscar otros empleos en la ciudad, originando migraciones masivas del campo a la ciudad, el éxodo rural que favorecía la aparición de nuevas fábricas que podían servirse de mano de obra barata. Otros factores concomitantes de la revolución industrial, fueron el desarrollo del comercio internacional (que se liberalizó a partir del Tratado de Utrecht de 1713, gracias al incipiente desarrollo de una política económica liberal e imperialista frente a la anterior filosofía proteccionista o mercantilista de los Estados), la creación de mercados financieros, y la acumulación de capital, que se produjo gracias al aumento de la tasa de ahorro en la agricultura y al desarrollo de instituciones financieras de préstamo capaces de concentrar capitales, como las compañías de seguros y las empresas de capital anónimo o por acciones. Además, la mecanización de las industrias no sólo supuso un cambio estructural en sí mismo, sino que propició la introducción de otras transformaciones cualitativas en el modo de producción, con la finalidad de hacer descender al máximo los costes de producción e incrementar la capacidad productiva de las fábricas. Dichas transformaciones consistieron fundamentalmente en la división del trabajo, el trabajo en cadena, la producción en serie, y la especialización o exigencia de formación profesional a los trabajadores. Todo ello motivó, en última instancia, la radical transformación de las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores. El trabajo salió del ámbito doméstico. De los pequeños talleres familiares o artesanos con varios operarios se pasó a las grandes fábricas. Los empresarios concentraron toda la propiedad y los recursos económicos, mientras que la nueva clase proletaria (sin otra propiedad que su “prole”, según el significado romano) sólo fue capaz de aportar al sistema su fuerza de trabajo. La división entre propiedad y trabajo puso fin a una época en las que las relaciones laborales eran serviles o dependientes, y éstas se mercantilizaron con el único fin de obtener mayores beneficios.

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De tal manera, el trabajo asalariado comenzó a ser comprado y vendido dentro del libre juego de la oferta y la demanda, como una forma más de reducir los costes unitarios y generar plusvalías. A mediados del siglo XVIII, el sistema ya se había afianzado en Inglaterra, manteniendo ésta su supremacía y liderazgo en el mundo industrial, financiero y comercial hasta 1870, aproximadamente. Las exposiciones universales, desde la celebrada en Londres en 1851, se convirtieron en un escaparate idóneo para el conocimiento de las innovaciones, y la mecanización, fundamentalmente textil, se difundió en el continente europeo, especialmente en Francia, Bélgica, Alemania o España, sobre todo en Cataluña, aunque en estos países el taller mecánico aún coexistiría durante algún tiempo con el manual. En una primera revolución industrial, países como Francia, Alemania y Bélgica habrían alcanzado ya un importante nivel de industrialización antes incluso de declararse la Primera Guerra Mundial en 1914, mientras que otros países tendrán que esperar a una segunda revolución industrial, como Italia, Rusia, el Imperio austrohúngaro o España, que a finales del siglo XIX, sólo habrían iniciado un tímido desarrollo que culminarían después en el período de entreguerras. 2. La revolución industrial en España En España, la industrialización fue tardía y sesgada. Tardía, porque las difíciles circunstancias políticas y económicas que vivía el país impidieron que pudiera impulsarse hasta la tercera década del siglo XIX.Y sesgada, porque se desarrolló fundamentalmente en la periferia, es decir, en Cataluña y Levante, y en las regiones del norte de España, especialmente las provincias vascongadas, ocasionando un importante contraste económico entre estos lugares y el resto del país. A) Industria textil El motor de la industrialización española fue, como en Inglaterra, la industria textil catalana, que gozaba de una larga tradición, y que, tras la Guerra de la Independencia y la pérdida del mercado americano derivada del proceso independentista colonial, fue capaz de resurgir con rapidez gracias a un importante aporte de capital privado procedente de cultivadores de vid o indianos repatriados, y al aprovechamiento de las nuevas técnicas desarrolladas en Gran Bretaña. Su progreso resultó especialmente rápido entre 1830 y 1860, que fueron los años de la mecanización del sector. Para protegerse de la competencia, la industria textil catalana se articuló de forma jerarquizada, con una serie de talleres y fábricas dependientes de unos pocos empresarios. Los pequeños talleres que movían sus máquinas con los ríos del interior, fueron trasladados a la costa, donde podían abastecerse mejor de algodón y carbón, y se convirtieron en grandes naves industriales donde cabían las máquinas y un mayor número de obreros. Para luchar contra los bajos precios de la industria textil inglesa, la industria algodonera catalana gozó además de una especial protección estatal, con la prohibición en 1827 de la importación de algodón hilado del extranjero, y en 1832 de manufacturas de algodón. Así, la industria consiguió hacerse con todo el mercado interior y el de las pocas colonias restantes.

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Cuando la guerra de Secesión en Estados Unidos disparó el precio del algodón crudo, la lana ocupó su lugar con sus centros de producción catalanes, fundamentalmente en Sabadell y Tarrasa, y la industria logró sobrevivir. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la industria de la seda en Valencia. En las décadas de 1850-1860, una plaga acabó con las plantaciones de seda que se mantenían desde la época musulmana, y la industria no pudo competir con la aparición de tejidos extranjeros a más bajo precio. B) Siderurgia Si la industria textil española debe contemplarse en el área de la costa catalanalevantina, la siderurgia quedó a su vez circunscrita a la cornisa norte, y en especial al área vasco-navarra, donde se utilizaba la energía hidráulica para trabajar el hierro y el acero de las minas de Vizcaya. El hierro se extraía con la ayuda de empresas de extracción inglesas, aunque con capital español, y se exportaba en gran parte a Inglaterra, especialmente desde que en 1865 se enlazara la mina con los puertos a través del ferrocarril. A cambio, se obtenía carbón inglés, ya que el carbón asturiano era poco apto para ser transformado en coque. Las diversas Sociedades Anónimas que se crearon, principalmente con capital vasco y catalán, para construir y gestionar los hornos donde se fundía el mineral se fusionaron en 1902, dando lugar a la Sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya, que supuso un importante refuerzo para este sector industrial. A principios del siglo XX España era el primer exportador mundial de minerales ferrosos, y a su vez un notable importador de artículos de hierro y de maquinaria. El desarrollo de la siderurgia permitió, además, el nacimiento de la fabricación de maquinaria, la construcción naval y las compañías navieras. En Barcelona La Maquinista Terrestre y Marítima se creó a mitad de siglo y permitió que a finales de éste salieran las primeras locomotoras. En 1888 se crearon los Astilleros del Nervión con sus modernos barcos de hierro movidos a vapor que enriquecieron la flota española.Y en 1881 se creó la Compañía transatlántica que uniría España con Cuba, nuevamente con capital vasco y catalán. C) Minería La minería, por su parte, se desarrolló de forma aún más lenta que otros sectores ya que pertenecía a la Corona y, debido a la debilidad financiera del gobierno y la enorme deuda pública que arrastraba, cuando se consolidó el Estado de Derecho permaneció en poder del Estado. La gestión pública sólo se vio relevada por una mucho más eficiente gestión privada a partir de 1868, cuando el gobierno cedió la explotación de las minas a compañías extranjeras, por medio de largas concesiones que permitieron modernizar los procedimientos y agotar los recursos, pero que también privaron al gobierno español de los enormes beneficios obtenidos. Los minerales extraídos eran el plomo, el cobre y el mercurio. El plomo se extraía fundamentalmente de Sierra Morena; el cobre del norte de Huelva, de donde las compañías francesas e inglesas extrajeron dos terceras partes del cobre del mundo hasta la I Guerra Mundial; y el mercurio, de las minas de Almadén, en manos de la familia

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Rothschild en una concesión de noventa años conseguida del gobierno revolucionario a cambio de un importante préstamo de dinero. D) Ferrocarril Algo similar ocurrió con el ferrocarril. Ante la incapacidad económica de la Hacienda pública para afrontar su construcción, se convocaron subastas para otorgar concesiones de tramos de la red a empresas extranjeras y españolas. Así, en 1848 Miguel Biada hizo la primera línea peninsular Barcelona-Mataró, y en 1851 el ministro José de Salamanca impulsó la construcción de la línea Madrid-Aranjuez. Al margen de estos tramos, la construcción de la red de ferrocarril en España fue muy lenta hasta la promulgación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que establecía condiciones muy favorables para fomentar su desarrollo: concesiones de 99 años, materiales libres de aranceles durante 10 años, financiación pública de las pérdidas, etc. El problema era que, a falta de capital español, la mayor parte de las concesiones tuvieron que hacerse a empresas extranjeras, fundamentalmente francesas. Con todo, en pocos años la red ferroviaria creció espectacularmente y acabó por tomar forma siguiendo el trazado radial propuesto por el gobierno, que quería enlazar el centro con la periferia, y las zonas productoras de materias primas con los puertos o empresas que las trabajaran. Antes de 1866 se había construido la tercera parte de la red prevista y, aunque la crisis financiera de 1866 paró momentáneamente las labores de construcción, a partir de 1876 se reemprendieron con ahínco. Aunque más lentos que en otros países europeos, estos cambios tuvieron también un importante reflejo en la realidad social, política y jurídica española. La red ferroviaria permitió el crecimiento de las ciudades y la mejor conexión de las distintas zonas del país. Las mejoras en la agricultura y el crecimiento demográfico se sumaron al proceso, permitiendo un cierto éxodo rural, que aunque no fuera tan importante como en Inglaterra, tuvo su manifestación más evidente en el aumento de la población urbana, sobre todo en lugares como Barcelona, Valencia, Bilbao o Madrid. Las industrias mineras, siderúrgicas y textiles, que se habían duplicado, hicieron emerger una nueva clase proletaria con los mismos problemas que se vivían en otros lugares. Y, en definitiva, los cambios sociales, derivados no sólo de la revolución industrial, sino también de la revolución burguesa que vamos a estudiar a continuación, impulsaron un nuevo escenario al que el derecho tendría que dar respuesta. 3. La proletarización de la mano de obra A consecuencia de la revolución industrial, a comienzos del siglo XIX se produjo la llamada proletarización de la mano de obra. Una proletarización que fue aún mayor en Europa debido a la relación existente entre los factores de capital, tierra y trabajo, dado que la oferta de mano de obra de los propietarios de la fuerza de trabajo era muy superior a la del capital y de la tierra. El asalariado o proletario devino en un grupo social muy numeroso, característico de las populosas ciudades europeas del siglo XIX. El trabajo asalariado se extendió entonces como la única forma de trabajo, generalizándose en todo el mundo.

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Los principales factores del proceso de proletarización de la sociedad contemporánea, fueron:  El aumento de la población y su concentración en las ciudades.  La expansión de la economía de mercado favorecida por las innovaciones de la revolución industrial y la concentración de capitales.  La privatización de la propiedad de la tierra que permitió una mayor producción agrícola para el abastecimiento de la población.  Las políticas estatales dirigidas a emplear a todos los ciudadanos. Incremento poblacional y proletarización es un binomio indiscutible. La conquista de la libertad individual convirtió a su propietario en libre para comerciar con su fuerza de trabajo, la única que le va a permitir ganarse la vida a través del salario para el mantenimiento de la prole. La economía de mercado propició la división del trabajo. Si el medio de vida se generalizaba a través de la venta de la fuerza de trabajo para recibir un salario y mantener a la prole, gracias a ese salario invertido en el mercado se adquirían los productos de primera necesidad. Rápidamente, los ámbitos de la producción excedieron el núcleo familiar, produciéndose una clara división del trabajo. Además, en función de las necesidades básicas de una familia, el fenómeno de la proletarización de la misma afectará a varios de sus miembros. Para poder vivir de los exiguos ingresos que se obtenía del trabajo asalariado, muchas familias proletarizaron el mayor número de hijos, aún a pesar de ser menores de edad, incorporándose también las mujeres de forma creciente al mercado de trabajo. Esta realidad fue consecuencia de una nueva cultura, la del triunfo de la burguesía y el capital, que se revistió del ropaje jurídico de la libertad de trabajo. En atención al mismo, el propietario de la fuerza de trabajo contrataba teóricamente en régimen de libertad e igualdad con los propietarios del capital. Pero esta realidad formal escondía otra realidad material, cual era que el Estado liberal burgués del siglo XIX, a través de sus políticas no intervencionistas, se ponía claramente de parte de los propietarios del capital frente a los propietarios de la fuerza de trabajo. II. LA REVOLUCIÓN BURGUESA: EL LIBERALISMO POLÍTICO Y EL LIBERALISMO ECONÓMICO La revolución burguesa fue el proceso por el cual la burguesía se convirtió en la clase social dominante a principios del siglo XIX, desplazando a los principales estamentos (nobiliario y eclesiástico) que lo habían sido junto con la Monarquía durante el Absolutismo, e imponiendo al resto de la sociedad sus nuevos esquemas político-jurídicos y económicos, basados en el sistema liberal sobre el que se construyeron los primeros Estados de Derecho. Si en lo político, el liberalismo se tradujo en la aparición de un nuevo orden jurídico-constitucional, en lo económico supuso la consolidación de un nuevo sistema de producción acorde con los intereses de la nueva clase social dominante frente a la rigidez de los comportamientos económicos precedentes propios del mercantilismo, y la defensa de la propiedad privada como valor fundamental (derecho natural o individual) frente al antiguo sistema de propiedad amortizada, de realengo o señorial.

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Ambas formas de ser liberal, en lo económico o en lo político, se basaban en el individualismo o autonomía del individuo.Y podría decirse que, en este sentido, el liberalismo primero fue económico e impulsó el cambio político. Para poder consolidarse en la nueva estructura social, la burguesía necesitaba un nuevo marco económico, determinado por el acceso a la propiedad, el reconocimiento de un nuevo valor de propiedad inmobiliaria, el librecambio comercial, y la desaparición de las aduanas interiores. En definitiva, se trataba de poner fin al sistema mercantilista o proteccionista, que no había conducido sino a una crisis recurrente en defensa de los intereses de unos pocos, y abrir los mercados a todos los ciudadanos. 1. El liberalismo político Para imponer su nuevo sistema económico y hacerse, por ende, con el poder político, la burguesía necesitaba un cuerpo ideológico coherente que expresase sus opiniones y que defendiese sus intereses. Dicho cuerpo ideológico fue el liberalismo político, nacido del iusnaturalismo filosófico o filosofía racionalista a finales del siglo XVIII, y en el que se vertebró perfectamente el liberalismo económico. Frente a la tradicional visión escolástica que legitimaba las Monarquías Absolutas como única forma de gobierno, según la cual la soberanía tenía un origen divino y los hombres nacían en una sociedad estratificada en la que nunca podrían ser ni libres ni iguales, los filósofos del iusnaturalismo racionalista como Puffendorf, Locke, Montesquieu, Rousseau o Voltaire, opusieron la que se derivaba de un nuevo paradigma, el del estado de Naturaleza, para reconstruir el orden social según los únicos dictados de la razón. Racionalmente, afirmaba Montesquieu en De l´esprit des lois o Del espíritu de las leyes publicada en 1748, sólo la Naturaleza es la situación previa a la formación de cualquier estado o comunidad política en la que los hombres se encuentran y relacionan entre sí, quedando condicionados por sus leyes preexistentes a la hora de crear un derecho propio, derivado, o derecho positivo. Entre esas leyes previas de la naturaleza, se encontraban sin duda los llamados derechos fundamentales o individuales, es decir, aquellos a los que racionalmente ningún hombre renunciaría a la hora de constituirse en estado social o comunidad política. La libertad, la igualdad o la seguridad, fueron esgrimidas como tres de estos principales derechos fundamentales, y junto a ellos, se consolidó también desde un primer momento el derecho de propiedad, hasta entonces monopolizado por los grupos privilegiados, monarquía, nobleza y clero. Sin la defensa de este renovado principio de la propiedad, la transformación de la sociedad y el triunfo de la revolución burguesa hubieran sido imposibles.Y por ello, todas las Declaraciones de Derechos, desde la originaria Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, consecuencia de la revolución francesa, se esforzaron por reconocer como el principal y, desde luego, el más protegido de los derechos individuales del hombre el derecho a la propiedad. La propiedad se convirtió en un elemento estructural del nuevo régimen y tuvo múltiples implicaciones, no sólo económicas, sino también jurídicas. Por un lado, permitió que los intereses de mercado y los criterios económicos se impusieran en el poder, frente a los antiguos criterios legitimadores de naturaleza teológica; por otro lado, rom-

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pió la ancestral división estamental de la sociedad, proponiendo una nueva separación entre propietarios, los verdaderos ciudadanos en plena potestad de sus derechos civiles y políticos, y los no propietarios, con sólo derechos civiles; y finalmente, el derecho de propiedad dio entidad a la fuerza de trabajo, ahora ya sólo libre, no esclavo, y en propiedad del hombre que lo vendía, sustrayendo las relaciones de trabajo de cualquier connotación pública y relegándolas a la esfera privada. 2. El liberalismo económico En una sociedad teóricamente compuesta por individuos y no por estamentos ni por clases, la separación entre hombres y ciudadanos fue un presupuesto necesario para la constitución de los nuevos Estados de Derecho derivados de la revolución burguesa. En ellos, el poder o la soberanía, ahora en manos del pueblo y no del Monarca, no podía ejercerse efectivamente por todos los hombres, porque los intereses de la burguesía se hubieran dispersado, sino sólo por unos pocos: los propietarios. El arquetipo del homo economicus de Adam Smith, principal teórico del liberalismo económico, encontró así su correspondencia jurídica con la definición del ciudadano como el único que, en base a su riqueza, podía disfrutar de los derechos políticos. De esta forma, el derecho de sufragio durante todo el siglo XIX se reservó en Europa sólo a quienes tenían una determinada capacidad de renta y, en su caso, a las capacidades intelectuales. El resto fueron considerados nacionales, que no ciudadanos, lo que les permitía ser sujetos de derechos civiles pero no de derechos políticos. A los no propietarios, excluidos de las esferas del poder que no podían votar ni presentarse a las Cortes durante el primer liberalismo decimonónico, sólo les quedaba, en consecuencia, su fuerza de trabajo para relacionarse en el nuevo régimen burgués. Eso sí, su trabajo era libre, ni esclavo ni servil, y les pertenecía en propiedad, pudiendo venderlo al mejor postor dentro del libre juego de la oferta y la demanda diseñado por el liberalismo económico de Smith (laissez faire, laissez passer), frente al corporativismo y la estructura gremial del Antiguo Régimen. El propio Smith, en su paradigmática obra The Wealth of Nations (La Riqueza de las Naciones), arremetió contra el corporativismo de los gremios, definiendo al aprendiz como aquel “cuyo entero trabajo pertenece al empresario”, y criticando fundamentalmente la larguísima duración de los aprendizajes. Ésta fue una de las críticas fundamentales de los filósofos del liberalismo contra el régimen gremial, al que finalmente comenzó a ponerse fin en Francia con el famoso Edicto de Turgot de 1776 (Edit du Roi portant suppression des jurandes & communautés de commerce, arts & métiers), que inauguró en Europa una nueva etapa en las relaciones de trabajo. Por su parte, en el segundo de sus Two Treatises of Civil Government (Dos ensayos sobre el gobierno civil), John Locke ya había elevado el trabajo a un lugar protagonista dentro de la teoría liberal, al calificarlo como el medio principal de consecución de la propiedad (labour makes the greatest part of the value things we enjoy in this world). Convertido en mercancía, el trabajo resultó a partir de ese momento en un elemento clave de las relaciones económicas. Pero, también, quedó constreñido al ámbito de las relaciones puramente privadas o individuales. Si el trabajo era considerado una propiedad o mercancía por el liberalismo decimonónico, sólo podía entenderse como una manifestación más de la libertad civil del indivi-

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duo y, por tanto, las relaciones jurídicas derivadas del trabajo debían regularse exclusivamente a través del derecho privado o contractual regido por la autonomía de la voluntad. El Estado tenía que mantener, también en este sentido, una actitud abstencionista o no intervencionista, propia del liberalismo económico, y dejar que el propio trabajador y el empleador o empresario negociaran las condiciones de trabajo en atención, exclusivamente, al libre juego del mercado. Los nefastos efectos de esta concepción, en un mercado en el que, tras la revolución industrial, se ofrecía mucha más fuerza de trabajo de la que demandaban los empresarios o propietarios, fueron el detonante del movimiento obrero que más adelante, obligaría a los Estados a cambiar el rumbo de su política abstencionista y comenzar una primigenia regulación de las relaciones laborales a finales del siglo XIX. Con todo, la verdadera legislación del trabajo no se consolidará hasta el siglo XX, pudiendo decirse que hasta entonces la libertad contractual determinó las relaciones de trabajo. III. LA LIBERTAD COMO RÉGIMEN DE TRABAJO: EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Como acabamos de ver bajo el epígrafe anterior, el liberalismo consideró el trabajo como una propiedad individual y una mercancía de libre disposición en el mercado, dentro del marco del abstencionismo estatal. De tal manera, el trabajo se sustrajo de las estructuras corporativas o gremiales de carácter intervencionista o proteccionista, y se dejó en el ámbito contractual de la autonomía de la voluntad en las relaciones privadas. Podría decirse, en consecuencia, que del status característico de sociedad corporativa del Antiguo Régimen, en los Estados liberales de comienzos del XIX se pasó al contrato como elemento clave en la regulación de las relaciones de trabajo de la sociedad liberal. En todo ello se produjo un claro cambio ideológico en torno a la visión y valoración del trabajo, que del tradicional enfoque negativo, en el que las personas libres se cultivan a través del ocio y la vida contemplativa, pasamos a una visión y valoración fundamental del trabajo, como fuente de todas las virtudes, como escribiera Saint-Simon. 1. Nueva visión y valoración del trabajo La ideología liberal y burguesa provocó una nueva visión y valoración, ahora sí positiva del trabajo. El individuo libre, como propietario de su fuerza de trabajo, y en el ejercicio de su libertad, contrata con ella su propia relación laboral, al margen de estatus procedentes del sistema gremial, o de vinculación a la tierra, propia del sistema señorial, o de esclavitud, aún existente en las colonias españolas hasta finales del siglo XIX. El desarrollo de una nación se concibe ahora a partir de la necesidad de trabajar, sin distinción de clases o grupos sociales, de tal manera que se dignifica el trabajo, por muy vil que fuera considerado antaño. En palabras de Jovellanos emitidas en un informe dado a la Junta General de Comercio y Moneda sobre el libre ejercicio de las artes y oficios decía: “El hombre debe vivir de los productos de su trabajo. Esta es una pena de la primera culpa, una pensión de la naturaleza humana, un decreto de la boca de su mismo Hacedor.

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De este principio se deriva el derecho que tiene todo hombre á trabajar para vivir; derecho absoluto, que abraza todas las ocupaciones útiles, y tiene tanta extensión como el de vivir y conservarse. Por consiguiente, poner límites á este derecho, es defraudar la propiedad más sagrada del hombre, la más inherente á su ser, la más necesaria para su conservación”.

El ejercicio que se tiene del más sagrado derecho a la propiedad de la propia fuerza de trabajo conlleva el cambio en aquella visión y valoración del trabajo negativa, para dignificar aquellos viejos oficios considerados viles. La normativa estatal de fines del Antiguo Régimen, antes incluso de la consolidación de la libertad constitucional de comienzos del siglo XIX, ya acusa esta nueva visión del trabajo. Oficios de antaño, tales como los de curtidor, herrero, sastre, zapatero o carpintero, considerados como viles, son ahora calificados de honestos y honrados. Así lo declaró Carlos III en 1783, mediante una Real Cédula por la que se establecía la posibilidad de obtener empleos en cualquier lugar del Reino para el ejercicio de las artes y los oficios, con la expresa declaración de que estos oficios fueran considerados honestos y honrados (Texto 25). Esta norma luego será reiterada por un Real Decreto de 25 de febrero de 1834, por el que se declaraban dignos de honra y estimación a todos los operarios y trabajadores que ejercían artes y oficios mecánicos. Una habilitación que el propio Jovellanos extiende, en aras a la igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, a estas últimas, con la simple salvedad de la fuerza en el trabajo: “El Criador formó las mujeres para compañeras del hombre en todas las ocupaciones de la vida, y aunque las dotó de menos vigor y fortaleza para que nunca desconociesen la sujeción que les imponía, ciertamente que no las hizo inútiles para el trabajo. Nosotros fuimos los que contra el designio de la Providencia, las hicimos débiles y delicadas. Acostumbrado á mirarlas como nacidas solamente para nuestro placer, las hemos separado con estudio de todas las profesiones activas, las hemos encerrado, las hemos hecho ociosas, y al cabo hemos unido á la idea de su existencia una idea de debilidad y flaqueza, que la educación y la costumbre han arraigado mas y mas cada día en nuestro espíritu (…). Considerado así el trabajo con respecto á las fuerzas de las mujeres, examinémosle ahora con relación al decoro de su sexo. (…), yo no puedo reconocer cuáles sean las artes que repugnen á la decencia del sexo femenino. Si hay algunas, ciertamente no las usurparán las mujeres (…). De todo esto concluyo, que la única excepción opuesta á la libertad de las mujeres, debe suprimirse como inútil, y que lejos de fijarla ó declararla por medio de un reglamento, es más conveniente abolirla del todo” (Texto 26).

2. El fin del “status” en la relación individual de trabajo: la abolición de los gremios El tránsito del status al contrato para el desempeño de la actividad de trabajo no fue conflictivo ni vino acompañado por quejas ni revueltas sociales. La disolución gremial se esperaba y alentaba desde hacía tiempo desde el ideario del liberalismo económico ilustrado, previo al político, y así, en el periodo más álgido del Despotismo ilustrado ya pueden encontrarse las primeras estocadas contra el régimen gremial, como por ejemplo las normas dictadas por Carlos III y Carlos IV eximiendo de la necesidad de hacer exámenes a los extranjeros para poder agremiarse, la creciente aparición de montepíos laicos para

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hacerse cargo de la función social de las antiguas cofradías, o el nacimiento de nuevas y diversas profesiones que no se agremiaban a la manera tradicional. La artesanía gremial estaba superada y la burguesía ya no tenía ningún interés en ella. Por lo que la ley sólo vino a decretar, en los ritmos propios del establecimiento del régimen liberal en España (1808-1814, 1820-1823, y 1834-1843), una situación de hecho, la de la debilidad propia de los gremios, con la única oposición de los maestros de algunos de ellos, que trataron de mantener sin éxito sus privilegios amparándose en sus propias reglamentaciones sectoriales. Para la abolición de los gremios y la consolidación del principio de libertad en las relaciones de trabajo, se siguieron en España de forma casi mimética los precedentes asentados por la legislación francesa. Allí ya se había proclamado el paradigmático Edicto de Turgot de 1776, el primero que suprimió en Europa cualquier corporación proteccionista (Texto 24); y poco después se dictaban el Decreto d’Allarde de 1791, que establecía el principio fundamental de la libertad de trabajo, y la Ley Chapelier de 17 de junio de 1791, que, como corolario de lo anterior, prohibía en su artículo 1, el establecimiento de cualquier corporación de oficios, así como la creación de asociaciones de patronos y obreros “bajo cualquier precepto o forma que sea”. Siguiendo esta misma estela, en las Cortes de Cádiz se dictó un primer Decreto de 8 de junio de 1813, el llamado “Decreto del Conde de Toreno”, en el que se afirmaba que “todos los españoles y los extranjeros avecindados, o que se avecinden en los pueblos de la Monarquía, podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de cualquiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten a las reglas de policía adoptadas, o que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos” (Texto 23). La norma fue derogada, como el resto de la labor legislativa gaditana, al regreso de Fernando VII en 1814, concretamente por un Decreto de 29 de junio de 1815 que restablecía las corporaciones gremiales con todas sus antiguas atribuciones. Durante el Trienio Liberal volvería a promulgarse por decreto de mayo de 1820, pero nuevamente sería derogada tres años más tarde con el restablecimiento del Absolutismo; y habrá que esperar a la definitiva consolidación del régimen liberal, tras la muerte de Fernando VII en 1833, para que su implantación sea definitiva. Concretamente, el fin del sistema gremial y la libertad de industria quedaron entonces reinstaurados por un Decreto de 20 de enero de 1834, que establecía en su artículo 1: “las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su denominación o su objeto, no gozan fuero privilegiados y dependen exclusivamente de la autoridad municipal de cada pueblo”. El artículo 8 corroboraba que “todo individuo puede ejercer simultáneamente cuantas industrias posea, sin otra obligación que la de inscribirse en los gremios respectivos de ellas”, con lo que el régimen se liberalizaba. Tres años después, por sendos Decretos de 2 y 6 de diciembre de 1836, se declararon definitivamente abolidos los gremios, consolidándose como un derecho fundamental del individuo la libertad de industria (Texto 27). Sólo el vacío que la prohibición de los gremios dejó en materia de protección social, vino a cubrirse poco tiempo después por la Orden Circular de 28 de febrero de 1839, que permitía a los obreros constituir Sociedades de Socorros mutuos para auxiliarse mutuamente en desgracias o enfermedades, y en la que

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la mayoría de la doctrina ha querido ver el más incipiente precedente del asociacionismo obrero en España. 3. El predominio del “contrato”: el contrato civil de arrendamiento de servicios Habiéndose suprimido toda la legislación gremial, de carácter privilegiado y monopolístico, el contrato de arrendamiento de servicio u obra se convirtió en la única fuente constitutiva y reguladora de las relaciones jurídicas derivadas de la actividad individual del trabajo por las que el trabajador libre cedía una mercancía, su fuerza de trabajo, al empresario, a cambio de un precio o salario. Este contrato no era ninguna novedad. Tenía su base en el antiguo contrato de arrendamiento de servicios romano, la locatio conductio, recibido en Castilla a partir del siglo XIII en las normas de Partidas y utilizado durante toda la Edad Moderna, como se comprueba en las leyes recogidas finalmente en la Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de 1805. En ellas, junto al trabajo de los esclavos, el de los siervos o criados, y el trabajo gremial, se regulaba el arrendamiento de servicios a cambio de un precio por parte de menestrales o jornaleros. A) Naturaleza jurídica del contrato Este contrato civil de arrendamiento de servicios, reelaborado dogmáticamente por la ciencia romanística francesa en el siglo XVIII y la pandectística alemana en el XIX, fue el que se consolidó finalmente en los primeros Códigos Civiles europeos, y en un principio lo hizo dentro de formas contractuales de carácter personal, basadas en el dominio del propietario, y en ocasiones vinculadas al ámbito más estrictamente doméstico. El mantenimiento del arrendamiento de servicios dentro del derecho de personas en los primeros Códigos liberales, se justificó doctrinalmente como lógica consecuencia de la relación cercana, de confianza o cuasi-doméstica, desde la que se fraguaba. Al estar el trabajador, decía Bentham, en “situación doméstica derivada de institución legal”, la relación derivada del arrendamiento de servicios forma parte del derecho de personas y no del de contratos. Para Blackstone, el arrendamiento de servicios también representaba una de las “grandes relaciones domésticas”, precediendo a las matrimoniales, las paterno-filiales y las tutelares.Y, en este mismo sentido, también se pronunció en España Pedro Rodríguez de Campomanes en 1775 con su célebre Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. Desde estos presupuestos doctrinales, la regulación del contrato de arrendamiento de servicios en los primeros Códigos liberales todavía dejaba al trabajador en una relación de cierta dependencia o sujeción cuasi-doméstica con el empresario. En palabras de Alonso Olea, existía una cuasi-propiedad sobre los servicios basada en una potestad cuasi-dominical sobre quien los prestaba, y ello puede demostrarse por la coercibilidad directa de la obligación de hacer que existió hasta bien entrado el siglo XIX. Prueba de esta realidad es, por ejemplo, que en Inglaterra se castigara con pena de prisión la ruptura del contrato por el trabajador hasta el año 1875; o que en España Campomanes, amén

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de otros juristas de prestigio, defendiera el deber de indemnizar al empresario cuando el trabajador tuviera que poner fin a su contrato de arrendamiento de servicios, pudiendo el empresario finalizar dicho contrato libremente. B) Régimen jurídico y características del contrato Temporalidad. La principal premisa adoptada por los liberales para marcar distancias entre este tipo de contratos personales cuasi-dominicales y los anteriores sistemas serviles o esclavistas, fue la exigencia de una efectiva limitación temporal en los contratos, prohibiéndose los contratos por tiempo indeterminado o por vida. El artículo 1789 del Código Napoleónico, que influiría poderosamente en la redacción de otros textos europeos y especialmente en el español, así los reconocía al afirmar que “on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée”. Dicha exigencia apareció por primera vez en España en el Proyecto de Código de 1821, según el cual “los convenios por los que se obliga uno a prestar a otro un servicio personal honesto..., en virtud de recompensa determinada tiene que un valor” (art.456), “(...) son, por naturaleza, temporales. Todo convenio perpetuo es reprobado por la ley” (art.457). Estas disposiciones se inscribían, no obstante, en un título que llevaba por nombre “De la condición de superior y dependiente”, dentro del libro “De los derechos y obligaciones con respecto a las personas según su diferente condición doméstica”, que también incluía las relaciones matrimonial, paterno-filial y de guarda de menores e incapacitados. La ubicación de los contratos de trabajo en los textos españoles sólo cambiaría, del ámbito del derecho de las personas al de obligaciones y contratos, a partir de mediados del siglo XIX, siendo el Proyecto de Código Civil de 1851 el primero que los introdujo bajo el título “Del contrato de arrendamiento”. La limitación temporal seguiría reconociéndose, sin embargo, como condición sine qua non del contrato: “no puede contratarse esta clase de servicios (de los criados y trabajadores asalariados), especie de arrendamiento de trabajo, sino para cierto tiempo o para obra determinada”, decía el art.1524 del Proyecto de Código Civil de 1851, que se cerraba con el inciso “el arrendamiento hecho por toda la vida es nulo”. El mismo inciso pasaría posteriormente al Anteproyecto de la Comisión de Codificación redactado entre 1884 y 1887 (art.39), y finalmente al Código Civil de 1889 (art.1583), aún vigente, bajo el título “Del contrato de arrendamiento”, el capítulo “Del arrendamiento de obras y servicios”, sección “Del servicio de criados y trabajadores asalariados”: “Puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho para toda la vida es nulo” (Texto 28). El arrendamiento de obra o servicio para toda la vida, argumentaba García Goyena, se acercaría demasiado a la situación de servidumbre, “que es la más vil cosa de este mundo”, y debía prohibirse tajantemente por ser depresivo de la libertad individual. Tipología. Por lo demás, una vez separado o diferenciado del contrato de arrendamiento de cosa y del de ejecución de obras, el contrato de arrendamiento de servicios se clasificaba a su vez en tres tipos distintos:  El arrendamiento de servicios domésticos.

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El arrendamiento de servicios agrícolas. El arrendamiento de servicios industriales, que supuso una importante novedad en la época, y que se refería específicamente a los “menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados”. Ahora bien, los cinco artículos dedicados por el Código Civil a la regulación de esta cuestión (arts.1583-1587), no sólo resultaban a todas luces imperfectos e insuficientes desde el punto de vista jurídico, sino que además consagraban meramente una situación heredada del pasado, esto es, el interés o beneficio de los patronos o nuevos caciques del campo frente a los trabajadores domésticos, industriales o agrícolas, quienes resultaban la parte más débil del contrato. Retribución. El código se conformaba meramente con consagrar la libertad de trabajo, y la necesidad de retribuir dicho trabajo mediante un precio o salario cuyos mínimos no se especificaban, dejando a las partes libertad para pactar sus condiciones. En la práctica, esto permitió que sólo una de las partes del contrato, la parte contratante o patrono, fijara libremente la retribución de la parte contratada o trabajador, con el beneplácito de la doctrina jurídica de la época, la cual argumentaba que ningún patrono pactaría condiciones de trabajo que impidieran al trabajador alimentarse convenientemente para poder realizar su trabajo y reproducirse para el futuro, mientras que ningún obrero, apostillaba, podría exigir salarios tan elevados que supusieran la ruina del patrono, argumento éste completamente espurio en el momento. El trabajador o contratado asumía, además, todos los riesgos que por fuerza mayor, accidente o causa sobrevenida se ocasionaren. De manera que si, por ejemplo, a causa del mal tiempo, retrasos en la llegada del material al lugar de trabajo o enfermedad, el trabajador no podía prestar el trabajo convenido, el patrono quedaba liberado de su obligación de pagarle el salario. Asimismo, si por cualquier circunstancia el trabajo debía detenerse antes de su conclusión, el salario se podía disminuir a prorrata según el tiempo realmente trabajado. El trabajador no sólo asumía los riesgos que pudieran producirse en el trabajo, mediante la pérdida de su salario, sino que también contraía la obligación de resarcir los daños ocasionados por su omisión. Tanto si la causa era justificada como si no, cuando un trabajador no cumplía el servicio, o no llegaba a satisfacer la cantidad de industria o trabajo que se hubiese convenido, debía pagar los daños ocasionados al patrono o empresario. Despido. La misma obligación de indemnizar los daños y perjuicios al patrono, se devengaba cuando un trabajador agrícola o industrial se despedía antes de terminar el trabajo sin causa justa; única materia ésta, la del despido, sobre la que sí reguló el Código Civil en tres de los cinco artículos consagrados al arrendamiento de servicios, debido a su importancia. El Código distinguía en esta situación entre los trabajadores domésticos y el resto de los trabajadores agrícolas o industriales. En el caso de los trabajadores domésticos o “destinados al servicio personal de su amo”, el despido era libre por parte del trabajador, y sólo se exigía alegar justa causa al amo para su despido antes de tiempo, estableciéndose en caso contrario la obligación de indemnizarles con el pago del salario devengado y el de quince días más. Ahora bien, la presunción de veracidad en cuanto al tanto del salario y el pago de los devengados, se otorgaba por la ley exclusivamente

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al amo, salvo prueba en contrario del trabajador doméstico. Según García Goyena, ya que “no está en práctica que se pidan recibos de los salarios que se les pagan”, se hace “preciso que se defiera el juramento á alguno, y debe deferirse al amo porque es el demandado”. Por su parte, los trabajadores agrícolas o industriales, “criados de labranza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término para cierta obra”, decía la ley, no podían ni despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin justa causa. En este caso, a diferencia del de los trabajadores domésticos, la justificación del despido se exigía a ambas partes, y también ambas quedaban obligadas al pago de una indemnización cuando la causa no estaba justificada. Algunos de los autores más influyentes de la época, como Pothier, opinaban, incluso, que el trabajador agrícola e industrial estaba obligado a pagar una indemnización al patrono habiéndose despedido con causa justificada: “Aunque el servidor haya abandonado antes de tiempo el servicio de su amo por causa lícita – por ejemplo: para casarse o para atender a su padre o madre – no por eso deja de deber daños y perjuicios a su amo, porque de su acto voluntario ha dependido el incumplimiento de su obligación; pero los daños deben en este caso ser estimados menos rigurosamente que cuando abandona sin motivo, por pereza, por libertinaje, o por la esperanza de ganar más en otra parte” (Texto 29).

Asimismo, al trabajador se le exigía prueba de las causas alegadas para su despido que se imputaran al empresario o patrón, tales como abusos o malos tratos, falta de pago del salario, situaciones de trabajo inhumanas, atentados contra el honor en el caso de las mujeres, etc. Si no lograba demostrar la culpabilidad del patrón, cuya inocencia siempre se presumía, no sólo perdía el derecho a la indemnización, sino que incluso podía ser obligado a incorporarse a su lugar de trabajo y pagar al patrón los daños y perjuicios ocasionados durante su ausencia. Accidentes de trabajo. Al comentar los escuetos cinco artículos del Código Civil sobre el arrendamiento de servicios, algunos autores comenzaron a plantearse también el tema de la responsabilidad por los accidentes de trabajo, que, en principio, venía siendo asumida exclusivamente por el trabajador. Aunque pareciera para algunos que éste era el riesgo que más evidentemente debía asumir el empresario o patrón, a quien debía corresponder la obligación de velar por el buen estado del material y las instalaciones, así como por la seguridad de sus obreros, no todos opinaban de igual manera, por los enormes costes que podían suponer a los patronos adoptar medidas de seguridad o indemnizar, en caso contrario, las numerosas lesiones, mutilaciones o muertes que se producían. Por eso, el debate no quedó zanjado en todo el siglo XIX, y hubo que esperar hasta principios del siglo XX para que se promulgara en España la primera ley de accidentes de trabajo de 1900. Finalmente, para concluir el capítulo de los contratos de arrendamiento de servicios, cabe decir que el primer Código de Comercio español, de 30 de mayo de 1829, y posteriormente, el de 22 de agosto de 1885, regularon también, por su parte, la contratación de los servicios de auxiliares terrestres del comercio o comerciantes (factores, dependientes y mancebos), así como de los capitanes, patronos, oficiales, tripulantes y

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sobrecargos del comercio marítimo. Pero de contrato de trabajo propiamente dicho, distinguiéndose en su regulación del ámbito puramente civil, no comenzó a hablarse en España hasta comienzos del siglo XX, siendo el Código de Trabajo de 1926 la primera norma que lo consagró en nuestro país. IV. LA LIBERTAD COMO RÉGIMEN DETRABAJO: SUPRESIÓN DELTRABAJO SERVIL Y ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Consecuencias ineludibles del principio de libertad en el régimen de trabajo, además de la disolución de los gremios, eran la supresión del trabajo servil y la abolición de la esclavitud; dos propósitos hacia los que se volcó el régimen liberal en las primeras etapas de su funcionamiento, con diversos resultados. 1. La supresión del trabajo servil o servidumbre adscrita a la tierra La servidumbre adscrita a la tierra, adscripticia o de gleba, es decir, “la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”, subsistió en Europa hasta el siglo XIX, en la que fue abolida lentamente. En España, la abolición del régimen señorial en el que se desarrollaban estas relaciones serviles, ya comenzó a plantearse por los ministros ilustrados Carrasco o Campomanes a finales del siglo XVIII, cuando se pudieron recuperar para la Monarquía aquellos señoríos cuya posesión no pudo ser demostrada documentalmente por sus titulares. La abolición de estos señoríos se realizó a través de distintos procesos judiciales, y se basó exclusivamente en la carencia o pérdida de sus títulos de propiedad por parte de los señores, por lo que a la larga no fue demasiado importante. Es por ello que los inicios del movimiento de abolición señorial se han vinculado unánimemente por la historiografía a los comienzos del régimen liberal a principios del siglo XIX. La primera medida que los liberales dictaron en este sentido, en las Cortes de Cádiz, fue un muy temprano Decreto de 6 de agosto de 1811, que nos da idea de la premura o importancia que se quería imprimir a esta cuestión. En él se declaraban abolidos todos los derechos de carácter jurisdiccional o feudal de los señores, y entre ellos las relaciones de servidumbre adscripticia, aunque se mantenían, como no podía ser de otra manera en el régimen liberal, los derechos de propiedad sobre la tierra de los señores (Texto 30). El tenor literal del Decreto, a los efectos de la abolición de las relaciones serviles, quedó contenido en un artículo IV según el cual quedaban “abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad”. El artículo V concluía que “los señoríos territoriales y solariegos quedan ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación, o de los en que no se haya cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición”.

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El problema que entonces se planteó fue el de determinar si un conjunto de derechos, en situación indefinida (los derechos del señor sobre los elementos de su señorío, bosques, ríos, montes, molinos, fraguas…), debían ser considerados derechos de propiedad, como defendían los señores, o bien derechos jurisdiccionales que debían ser abolidos, como defendían los campesinos. La dificultad para resolver este problema radicaba en determinar a cuál de las partes correspondía la carga de la prueba. Pero la cuestión quedó sin resolver al regreso de Fernando VII en mayo de 1814 y la consecutiva derogación de toda la obra legislativa de Cádiz. Dos meses más tarde, el propio monarca Fernando VII restablecía la abolición del régimen señorial por Real Cédula de septiembre de 1814, en los mismos términos que el anterior decreto, resolviendo que en caso de litigio sobre la naturaleza de algún derecho del señor, la carga de la prueba recaería sobre los campesinos, que de este modo perdían la batalla judicial. En el siguiente periodo liberal, se dictó el Decreto de 3 de mayo de 1823, en el que se reiteraron las disposiciones anteriores, consagrando el derecho absoluto de propiedad de los señores. La última ley sobre la abolición de los señoríos, la Ley de 26 de agosto de 1837, siguió fortaleciendo el poder de los grandes propietarios de la tierra para ganarse el favor de la nobleza contra el bando carlista, y porque no hubo ningún movimiento campesino organizado que obligara a los liberales a realizar una verdadera redistribución de la misma. En esta situación, los señores, convertidos en grandes propietarios privados sólo de sus derechos feudales o jurisdiccionales, dieron lugar a la figura del cacique, trascendental para comprender buena parte de las relaciones laborales durante todo el siglo XIX español. Y los campesinos se convirtieron en jornaleros agrícolas, comenzando a albergar un arraigado sentimiento antiliberal que les llevaría a engrosar, alternativamente, las filas del carlismo o del anarquismo, movimientos ambos que negaban el régimen liberal. Junto con la abolición del régimen señorial, la reforma liberal sobre el régimen de tenencia de la tierra, se completó con la desvinculación de los mayorazgos (por leyes de 11 de octubre de 1820 y 30 de agosto de 1836), y los dos grandes periodos de desamortización de los bienes de la Iglesia y de los pueblos, acometidos respectivamente por los ministros Mendizábal y Madoz. La desamortización de los bienes de la Iglesia de Mendizábal se llevó a cabo en dos fases: el Real Decreto de 19 de febrero de 1836 declaró desamortizados todos los bienes del clero regular; y la ley de 29 de julio de 1837, que no pudo entrar en vigor hasta el 2 de septiembre de 1841, declaró desamortizados todos los bienes del clero secular, si bien en 1844 se suspendieron las ventas de estos bienes, ordenándose la devolución de los que aún no hubieran sido enajenados al clero tras alcanzarse un acuerdo con la Iglesia. Por su parte, la desamortización de los bienes comunes y propios de los pueblos, que aún quedaban fuera del mercado, se llevó a cabo por Pascual Madoz durante el Bienio Progresista, por medio de la Ley de 1 de mayo de 1855. A consecuencia de estas medidas, la burguesía impulsora del cambio consiguió poner en el mercado libre una gran cantidad de tierras. Pero, en contra de las propuestas más progresistas, como la de Flórez Estrada, que proponía entregar las tierras desamortizadas a los campesinos en régimen de enfiteusis (contrato agrario de larga duración por

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el que se cede el dominio útil de una finca reservándose el propietario, en este caso el Estado, el domino directo y el derecho de percibir una renta anual del enfiteuta); todas ellas se declararon bienes nacionales y su propiedad fue subastada públicamente al mejor postor, consolidándose la estructura latifundista de la tierra. En este nuevo panorama, los campesinos o nuevos jornaleros agrícolas no sólo quedaron excluidos de la posibilidad de acceder a la tierra en régimen de propiedad, sino que además vieron cómo ascendían los precios de sus arrendamientos, dejaron de beneficiarse de los antiguos contratos agrarios vitalicios que les facilitaban la posesión de la tierra a un precio modesto, y perdieron su derecho tradicional de uso de las tierras comunes de los pueblos. El movimiento social conocido estrictamente como movimiento obrero encontró también así, en el campo, un buen número de adeptos o simpatizantes contra la imposición del régimen capitalista burgués. 2. La abolición de la esclavitud La cuestión de la esclavitud fue, en palabras de Alvarado Planas, una de las mayores contradicciones del Estado liberal de Derecho en sus orígenes. En un sistema que partía, ideológicamente, del estado de Naturaleza y la defensa del principio de libertad individual, la esclavitud no podía tener cabida. Pero, paradójicamente, en el primer sistema capitalista burgués en el que se imponía el liberalismo como forma política, la esclavitud asociada a la explotación de las colonias era un elemento fundamental del que no podía prescindirse. ¿Cómo resolver la aporía? Frente a los argumentos abolicionistas de Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otros filósofos de la Revolución, otros autores contemporáneos como Adam Smith, Blackstone o Pothier, siguieron defendiendo la esclavitud colonial, utilizando la excusa, sin más argumentos que los puramente pragmáticos, de que los esclavos negros sólo podían adquirir la libertad al llegar a Europa: “la tierra cristiana hace libre”, dijo Fichte. En este contexto ideológico, el cronograma de abolición de la esclavitud en los principales países esclavistas europeos, no siguió necesariamente el ritmo derivado de la consagración del principio de libertad individual en sus distintos ordenamientos jurídicos, como hubiera sido de esperar, sino que más bien estuvo relacionado con el progresivo desarrollo de la revolución industrial y la paulatina imposición, frente al sistema esclavista, de un sistema de trabajo remunerado. De ahí la contradicción o aporía señalada más arriba. Merece la pena reparar, siquiera brevemente, en lo sucedido en Francia, por ser el detonante de la Revolución y la cuna del pensamiento filosófico liberal. Allí, a pesar de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, tras el levantamiento de los esclavos de la colonia francesa de Santo Domingo en 1790, sendos decretos de 13 y 15 de mayo de 1791 se apresuraban a mantener la esclavitud en las colonias, en contra de la opinión de diputados como el abate Gregoire, Dupont de Nemours, Peton, o el mismo Robespierre, quien dijo la célebre frase de “perezcan las colonias antes que los principios”. Este espíritu se plasmó por primera vez en la letra de la ley durante el gobierno revolucionario jacobino, que en la convención de 4 de febrero de 1794 declaraba abolida la

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esclavitud. Pero en 1802, esta disposición sería abolida por Napoleón, restableciéndose la esclavitud colonial en Francia hasta 1848. Para aquel entonces, Inglaterra ya se había adelantado como adalid en Europa del movimiento abolicionista. Desde 1787 funcionaba en Londres la Asociación inglesa para la abolición de la trata de esclavos, fundada por Clarkson, y ya en 1807 se dictó en el país la primera ley que prohibía la trata (captura y venta) de esclavos, como paso previo a la abolición de su posesión. La esclavitud quedaba totalmente abolida en Inglaterra por una ley de 1 de agosto de 1833 que transformaba a los esclavos en aprendices e indemnizaba a sus propietarios. Pero quizá el aspecto más reseñable del movimiento abolicionista inglés, no sea simplemente su carácter pionero, sino la influencia que ejerció en el resto de Europa. Bajo la presión británica, en reuniones internacionales o acuerdos bilaterales, otros países europeos como Holanda, Dinamarca o Suecia, declararon abolida la esclavitud, y la propia España suscribió varios tratados, a partir de 1814, comprometiéndose a prohibir la trata de esclavos, aunque con escasos resultados. Alterando el contenido de la conocida frase de Robespierre, la idea que se impuso en la España de comienzos del siglo XIX fue la de “sálvense las colonias y piérdanse los principios” (acuñada por el diputado catalán Puig y Llagostera). Es cierto que ya en las Cortes de Cádiz hubo algunos diputados abolicionistas, como Isidoro de Antillón, José Miguel Guridi Alcocer o el propio Agustín de Argüelles, y que a instancia de los mismos hubo un gran debate en las Cortes acerca de la esclavitud el 2 de abril de 1811. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para acabar con un sistema de trabajo sobre el que sustentaban buena parte de los capitales españoles, y finalmente la esclavitud colonial se mantuvo, si no expresamente, sí de forma tácita en el artículo 5 de la primera Constitución española de 1812. En 1817, Fernando VII suscribió un tratado con Inglaterra comprometiéndose a prohibir la trata de esclavos, a cambio de 400.000 libras. Pero este tratado nunca fue cumplido. El debate se reabrió durante el Trienio Liberal, debido a la propuesta de un plan gradual de abolición de la esclavitud por parte del diputado de Cuba Félix Varela, aunque la cuestión no prosperó antes del regreso del Absolutismo en 1823. Tras la muerte de Fernando VII, nuevamente la influencia inglesa condujo al nuevo gobierno liberal de carácter moderado a firmar en 1835 un ineficaz tratado sobre la prohibición del tráfico o la trata de esclavos, e influyó en la promulgación, el 5 de marzo de 1837, de la primera ley sobre abolición de la esclavitud en nuestro país (Texto 31). Pero dicha prohibición sólo se dictaba para la metrópoli o Península, quedando las colonias expresamente excluidas de ella debido a la presión que ejercieron los oligarcas de Cuba y Puerto Rico, que amenazaron con anexionarse a Estados Unidos (Texto 32). La ley de 1837 carecía de sentido en la propia metrópoli, porque en la Península apenas quedaban esclavos desde que, a finales del siglo XVIII, el embajador del sultán de Marruecos comprara los últimos esclavos musulmanes que quedaban en Barcelona, Sevilla y Cádiz. Sin embargo, supuso un interesante refrendo a la teoría, generalizada en toda Europa, según la cual el territorio continental o la antigua “tierra cristina” hacía libre a cualquier hombre: “todo esclavo, cualquiera que sea su procedencia, adquiere su libertad por el solo hecho de pisar... la Península, Islas adyacentes y posesiones de España en África”.

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El movimiento abolicionista siguió creciendo en todo el mundo occidental, e impulsó en gran medida el proceso independentista colonial que España vivió a partir de la década de los 20. Por ello, en las pocas colonias que quedaron tras la segregación (Cuba y Puerto Rico), España ejerció una especial represión contra quienes defendieran la libertad de los esclavos. Tras la Guerra de Secesión, Estados Unidos se sumó a Inglaterra en sus presiones abolicionistas sobre España, y el 2 de abril de 1865 se creaba la Sociedad Abolicionista española, con el apoyo de los políticos que fraguaron la Revolución “Gloriosa” de 1868 que destronó a Isabel II. En 1867 se produjo la definitiva prohibición de la “trata”, y a partir de ese momento el movimiento de abolicionista en España siguió los mismos derroteros que los partidos, progresista, demócrata y, más adelante, republicano, que sustentaban la Revolución Gloriosa. La Declaración de Derechos que contenía la filosofía política de la Revolución de 1868, ya declaraba que “la esclavitud de los negros es un ultraje a la naturaleza humana y una afrenta para la nación que, única ya en el mundo civilizado, la conserva en toda su integridad”. La cuestión se consideró urgente por los revolucionarios, y tras la salida de Isabel II del país volvía a autorizarse la Sociedad Abolicionista. Pero los puntos programáticos de las juntas revolucionarias se encontraron, una vez formado gobierno, con los problemas de la oposición. En consecuencia, dos años después de los acontecimientos revolucionarios, bajo el amparo de la nueva Constitución democrática de 1869, y siendo Ministro de Ultramar Segismundo Moret, sólo pudo promulgarse una ley llamada de “vientres libres”, que concedía la libertad a los futuros hijos de las esclavas, a los que alcanzaran los 60 años, o a los que hubiesen luchado con el ejército español, pero no abolía la esclavitud en su totalidad. Tras muchos obstáculos, dicha ley de 1870 pudo comenzar a aplicarse tras la promulgación del Reglamento de 5 de agosto de 1872. Ese mismo año de 1872, La Junta directiva de la Sociedad Abolicionista presentó en el Senado una proposición de ley de abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico; y el propio gobierno de Ruiz Zorrilla elaboró un nuevo proyecto de ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que desató una feroz oposición, constituyéndose en varias ciudades la “Liga Nacional” antiabolicionista. A pesar de la oposición de los esclavistas, canalizada en la Liga y otros medios de presión como periódicos de gran tirada o manifestaciones públicas, el 22 de marzo de 1873 se aprobaba finalmente la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, tan sólo un mes de que, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, se hubiera proclamado la Primera República española. Cinco años después, en 1878, se firmó la Paz de Zanjón con los independentistas cubanos. Y el 13 de febrero de 1880, durante el gobierno conservador de Cánovas del Castillo, formado paradójicamente por muchos de quienes antes habían formado parte de la Liga nacional antiabolicionista, se dictó finalmente la definitiva ley de abolición de la esclavitud que afectaba a Cuba (Texto 33). En ella se proponía una abolición gradual de la esclavitud durante un tiempo máximo de ocho años, y se formaba un Patronato formado por los antiguos dueños para limitar la libertad de los ex esclavos, que se mantuvo hasta el 7 de octubre de 1886.

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La esclavitud quedaba así abolida en España, como en la mayoría de los países occidentales. Aunque ello no supuso, en ningún caso, el pleno reconocimiento de derechos para los emancipados y, mucho menos, el reconocimiento de los derechos políticos que suponía la ciudadanía. Se impuso entonces la doctrina del “separat but equal”, que permitió una discriminación de hecho sobre las razas “inferiores”, con el ejemplo paradigmático de lo ocurrido en Estados Unidos con la población negra, hasta mediados del siglo XX. V. EL TRABAJO DE LAS MUJERES TRAS LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Si la cuestión de la esclavitud ha sido señalada como una de las mayores contradicciones que se sostuvieron en los primeros Estados de Derecho decimonónicos, la desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres no lo fue menos. A pesar de las esperanzas puestas en la Revolución por mujeres como Olimpia de Gouges, Rosa Lacombe, Mary Wloostonecraft, o las españolas Cecilia Böhl de Faber, Frasquita Larrea o Mª del Carmen de Silva, muy comprometidas con el ideario liberal radical, ninguna mujer pudo presentarse a las elecciones de diputados, votar o ni siquiera participar en las asambleas políticas que marcaron el nuevo orden jurídico constitucional, y quedaron completamente excluidas de las primeras Declaraciones de derechos del “hombre” y también de las primeras Constituciones decimonónicas. Una vez prohibidas las incipientes organizaciones femeninas surgidas del movimiento revolucionario francés, las primeras Constituciones liberales burguesas se desentendieron absolutamente del problema de la mujer y la excluyeron de los principios fundamentales de libertad, igualdad y propiedad. Ajenas a la nueva condición de “ciudadano”, las mujeres quedaron apartadas del juego político, no pudiendo votar ni ser votadas, y perdieron absolutamente su primera batalla en el terreno del derecho público. Desde el punto de vista jurídico, la mujer decimonónica continuó siendo consideraba meramente depositaria de las formas de vida privada y su único lugar estaba en el seno familiar. En consecuencia, los Códigos civiles que surgieron en toda Europa siguiendo el modelo del Código napoleónico de 1804, en España, el Código Civil de 1889, realizaron una artificiosa argumentación jurídica para continuar sosteniendo la desigualdad entre los sexos en un nuevo régimen que se basaba en los derechos fundamentales de la libertad y la igualdad. Sus argumentos se basaban fundamentalmente en la “naturaleza” de la mujer frente a la del hombre (debilidad, sensualidad, irracionalidad), en la tradición, en el argumento biológico de la procreación y cuidado de los hijos, o en la necesidad de una única voluntad en caso de disensión conyugal, para mantener el modelo jurídico histórico de dependencia conyugal de la mujer y sometimiento a la autoridad del padre o del marido. Aunque se le reconocería una cierta capacidad jurídica para heredar o realizar ciertos negocios jurídicos con el consentimiento del hombre (salvo las viudas), a la mujer se le siguió negando a principios de la Edad Contemporánea cualquier capacidad política y capacidad de obrar. El marido era quien decidía el voto de la unidad familiar, determinaba la nacionalidad y el domicilio, asumía la patria potestad de los hijos, representaba a la mujer ante los tribunales y en los negocios jurídico-privados, o prestaba su consen-

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timiento para que ella pudiera realizarlos, y disponía libremente de los bienes del matrimonio, castigándose jurídicamente a las madres solteras y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Sin embargo, aunque nada había cambiado para ella en el ámbito jurídico, la mujer empezó a alcanzar un importante protagonismo en el siglo XIX, especialmente en el ámbito de las relaciones de trabajo. De hecho, la importancia que se ha dado al acceso masivo de la mujer al trabajo a partir de la revolución industrial se ha convertido ya en un tópico muy extendido. La revolución industrial, se dice, permitió la proletarización de la mujer, su salida del ámbito doméstico y su independencia económica, siendo clave también para entender su larga lucha por la igualdad jurídica, que comenzaría a reconocerse a las mujeres en el siglo XX. Curiosamente, las estadísticas existentes sobre la clase trabajadora durante la primera revolución industrial, tanto en España como en otros países de Europa, no contemplan a las mujeres, sino sólo al cabeza de familia, por lo que es difícil sustentar documentalmente esta afirmación, aunque conocemos el trabajo de la mujer por fuentes indirectas, testimoniales o literarias. Además, sabemos que la incorporación de la mujer al trabajo ya venía realizándose de forma creciente mucho tiempo antes de la revolución industrial, siendo muchas las mujeres que trabajaban en el campo, en servicios como el de criada o nodriza, o en los talleres y comercios como hilanderas, modistas, orfebres, pasamaneras, cerveceras, lecheras, etc. ¿Por qué, entonces, en el siglo XIX la mujer trabajadora se convierte en especial objeto de atención y debate? La mujer trabajadora fue un producto de la revolución industrial no sólo porque aumentó en número y se hizo más visible, debido a las necesidades económicas del proletariado, sino también porque la mecanización le dio la posibilidad de trabajar en lugares o sectores en los que hasta entonces no se había incorporado, y porque en torno a ella se abrió un importante debate moral y científico. Que la mujer tuviera que trabajar, saliendo masivamente del ámbito doméstico para incorporarse a las fábricas, era simplemente para muchos burgueses una de las más nefastas consecuencias del capitalismo industrial, y había que hacer todo lo posible por “salvarla” de esa situación, restableciendo la natural oposición entre el ámbito doméstico y el trabajo. En palabras del legislador francés Jules Simon, “una mujer que se convierte en trabajadora ya no es una mujer”. Aunque este debate no logró finalmente apartar a la mujer del trabajo, influyó muy decisivamente en que a lo largo del siglo XIX se realizara una cierta división del mismo basada exclusivamente en razón del sexo. Frente a las estructuras de trabajo cooperativo familiar de la Edad Moderna, en el que hombres, mujeres y niños colaboraban en distintas funciones tanto en el campo como en los talleres, la industrialización de la primera Edad Contemporánea reservó ciertos trabajos a la mujer, tales como aquellos que podía prestar mientras cuidaba de la familia (trabajos en domicilio o en jornadas más cortas), o aquellos que eran propios de su naturaleza, como los del servicio doméstico o el sector textil (hilanderas, costureras, sastras), que se convirtieron junto a la agricultura en los principales destinos laborales de las mujeres. En estos sectores en los que las mujeres podían emplearse por requerir “menos habilidad o menos fuerza”, según el pensamiento de la época, las mujeres suponían además para el empresario una oferta de mano de obra barata y no reglamentada, y un impor-

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tante ahorro en los costes de producción, porque su salario era “naturalmente” inferior al del hombre. En 1840, escribía Eugène Buret que “la mujer, desde el punto de vista industrial, es un trabajador imperfecto”. Al igual que los niños, las mujeres fueron consideradas fuerzas medias, y como tales recibían un salario sensiblemente inferior al de los hombres. A ellos se reservaban los mejores sueldos no sólo en atención a su mayor fuerza o destreza, sino también en reconocimiento a su estatus de padre de familia. Paradójicamente, esta particular teoría de los salarios desarrollada por la economía política decimonónica, se basaba en una especie de espiral argumentativa según la cual los bajos salarios de las mujeres eran a su vez la principal causa y la principal prueba de que las mujeres eran menos productivas que los hombres. Es decir, se les pagaba menos porque se presuponía su menor productividad, y esta menos productividad se justificaba por el simple hecho de que las mujeres recibían menos dinero por su trabajo, sin atenderse en ningún caso a los resultados del mismo. La misma realidad salarial se extendió, conforme avanzaba el siglo, a las llamadas áreas de expansión del trabajo femenino, los llamados trabajos de “cuello blanco”, en los que las mujeres lograron una especial preeminencia por sus particulares características. Se consideraron así labores propiamente femeninas, además de la educación, en creciente desarrollo desde la constitucionalización del derecho a la educación en 1812, todos los trabajos de oficina, que se suponían adecuados a su naturaleza detallista y sumisa, así como a su capacidad de repetición, y cuando se desarrollaron las comunicaciones, los trabajos de telefonistas, taquígrafas, operadoras, etc. También la enfermería era típicamente femenina, aunque estaba mayoritariamente en manos de religiosas. La mayoría de las mujeres trabajadoras, como ocurría en épocas pasadas, eran jóvenes y solteras. De hecho, muchos empleadores fijaban un límite de edad para sus trabajadoras y les prohibían el matrimonio, que podía ser causa de despido. Otro elemento de discriminación en el trabajo de la mujer decimonónica, se encuentra en su relación con los sindicatos. Las primeras asociaciones o sindicatos obreros mantuvieron a las mujeres al margen, considerándolas una amenaza a su trabajo por cobrar salarios más bajos, y sólo defendieron los intereses masculinos. En la cuestión de las mujeres, los sindicalistas se sumaron mayoritariamente a las voces burguesas que clamaban por el regreso de la mujer al ámbito doméstico. Así por ejemplo, Broadhurst tomó la palabra a este respecto en el Congreso de Sindicatos británicos celebrado en 1877 para advertir que lo mejor que podían hacer los sindicalistas allí reunidos, en su doble condición de obreros pero y sobre todo como maridos, era “apelar a todos sus esfuerzos para mantener un estado tal de cosas en que sus esposas se mantuvieran en su esfera propia en el hogar, en lugar de verse arrastradas a competir por la subsistencia con los hombres grandes y fuertes del mundo”. Sólo a finales del siglo XIX, algunos sindicatos, particularmente de la industria textil o del calzado, comenzaron a admitir a las mujeres como afiliadas. En este momento, mejor organizadas e instruidas, las mujeres comenzaban a asumir un papel mucho más activo políticamente en toda Europa. Proliferaban las asociaciones y asambleas de mujeres, en un movimiento que comenzó a llamarse “feminista”, y que no sólo se manifestó en el ámbito laboral, por ejemplo, con la creación de la Liga Sindical Británica de Mujeres en 1889, sino también en el terreno de la participación política, con el denominado “movimiento sufragista”, o en el terreno de la educación.

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La primera Universidad que abrió sus puertas a la mujer en 1837 fue la Universidad estadounidense, seguida en 1848 por la Universidad inglesa. En España, las primeras mujeres que asistieron a la Universidad pertenecían a la generación del 98, aunque Concepción Arenal se quejaba en esta época de que todavía la mujer ocupaba un puesto muy inferior al del hombre en la formación, la opinión y la ley, viéndose rebajada intelectual y moralmente. El movimiento feminista alcanzó su mayor desarrollo a largo del siglo XX. En un primer momento era un movimiento de marcado carácter político para la consecución del derecho al voto de la mujer, aunque las sufragistas sólo consiguieron dicho derecho después de una larga lucha, en el año 1919 en los Estados Unidos de América, y en la Constitución Republicana de 1931 en España. Sin embargo, a este movimiento político se sumó también, más adelante, un feminismo socialista, para el que las mujeres estaban doblemente explotadas por su sexo y como trabajadoras, y fue el que comenzó a reivindicar una serie de derechos laborales y sociales para ellas. Las primeras leyes laborales que se habían dictado para las mujeres en la segunda mitad del siglo XIX eran leyes meramente proteccionistas, como las que les prohibían realizar trabajos peligrosos, como el trabajo en las minas, prescribían para ellas unas especiales condiciones de trabajo por razón de su debilidad, trataban de proteger la maternidad, etc. Y lo que el movimiento feminista comenzó a reivindicar en el siglo XX fue la igualdad jurídica y social, que tuvo un primer reflejo en la misma Constitución de 1931 de la Segunda República española que les había concedido por vez primera el derecho al voto. Dicho reflejo fue, no obstante, muy efímero puesto que, tras la Guerra Civil, la Dictadura Franquista volvió a relegarlas a un papel secundario en todos los sectores de la vida, restableciendo su condición de dependencia con respecto al hombre, como veremos en el capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA Revolución industrial M. Alonso Olea, “La revolución industrial y la emergencia del Derecho del Trabajo”, Revista del Trabajo, Madrid, 1970. B. Martín, Los problemas de la modernización. Movimiento obrero e industrialización en España, Madrid, 1992. J. Nadal, El fracaso de la Revolución Industrial en España, 1814-1913, Barcelona, 1975. J. B. Vilar Ramírez, El despegue de la revolución industrial española, 1827-1869, Madrid, 1995. — La primera revolución industrial española (1812-1875), Madrid, 1998.

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J. M. Jover, Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea, Madrid, 1952.

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Cuestión social y antecedentes del Derecho Obrero

I. LA “CUESTIÓN SOCIAL”: CONDICIONES DE VIDA DE LAS CLASES TRABAJADORAS Y PRIMERAS PROTESTAS OBRERAS La “cuestión social” fue el término que se acuñó en Europa, a principios del siglo XIX, para poner nombre a los problemas derivados de las nuevas relaciones de trabajo que surgieron con el liberalismo económico y el desarrollo del sistema capitalista. La mecanización de la agricultura y otras mejoras higiénicas y sanitarias, propiciaron un enorme crecimiento demográfico en Europa, la llamada “revolución demográfica”, y un importante éxodo rural, convirtiendo a los antiguos labradores en nuevos obreros para la industria. Sin embargo, las ciudades industrializadas, en las que se había impuesto un nuevo sistema económico basado en la concentración de la propiedad y la mercantilización del trabajo asalariado, no pudieron absorber todo el excedente de población del campo. La oferta de trabajo en la ciudad, muy superior a la demanda, y el marco de absoluta libertad jurídica en el que éste podía contratarse, permitieron así fácilmente que la sistemática explotación del obrero fuera utilizada como un mecanismo más para la generación de beneficios para la industria. 1. Condiciones de vida de las clases trabajadoras Debido al exceso de mano de obra provocado por la industrialización y a la falta de protección jurídica del trabajador en el sistema liberal, los obreros, como un efecto perverso de la garantía jurídica de la libertad de trabajo, se vieron sometidos a pesarosas condiciones de vida:  Jornadas de trabajo de más de 14 horas, incluidos los sábados en jornada completa y domingos hasta mediodía.  Salarios extremadamente bajos.  Desigualdad en los salarios y trabajo de mujeres y niños, las llamadas “medias fuerzas”, e incluso de los primeros inmigrantes extranjeros, a los que se podía contratar más barato (cuestión irlandesa).

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Desarrollo de prácticas abusivas como el truck, consistente en el pago del salario en especie o en vales canjeables sólo por productos del establecimiento o los establecimientos del propietario. Los empresarios fomentaron especialmente el trabajo de las mujeres y niños, ya que las labores más duras podían hacerlas las máquinas, y éstos recibían salarios dos y tres veces inferiores a los de los hombres. Los niños fueron empleados especialmente en la industria textil, en las minas y en la industria siderúrgica, sin que apenas se levantara ninguna voz en contra hasta bien entrado el siglo XIX. Una de las leyes pioneras en esta cuestión, The Factory Act inglesa de 1833, simplemente redujo la jornada laboral de los niños de 9 a 13 años a 9 horas diarias, y de 13 a 18 años a 10 horas y media. Otros problemas fueron los derivados de la falta de vivienda. La carencia de habitaciones propició el surgimiento de grandes suburbios en torno a las fábricas, formados por grandes barracones, en los que las epidemias y enfermedades eran muy frecuentes. Tampoco las condiciones de trabajo dentro de las fábricas eran buenas, dado que las fábricas solían ser húmedas, oscuras, poco ventiladas y ruidosas, debiendo soportar los obreros las insalubres consecuencias del uso de las primeras máquinas, sin ningún tipo de protección ante los más que evidentes riesgos laborales. La situación se veía amparada, además, por la prohibición de los gremios, asociaciones o corporaciones de trabajadores, que se estaban viendo paulatinamente eliminadas en toda Europa desde el célebre Edicto de Turgot de 1776, también en nombre de la libertad individual y el no intervencionismo del Estado. Pero ello no pudo impedir que los obreros, concentrados de hecho en las fábricas y los suburbios, tomaran conciencia de su situación y acometieran algunas acciones colectivas para protestar y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Estas primeras acciones de resistencia obrera tuvieron que ser, necesariamente, ilegales y violentas, careciendo todavía de un cuerpo de doctrina unificado, un órgano público de defensa, o mecanismo alguno de presión política. 2. Primeras protestas obreras Las protestas obreras se canalizaron originariamente a través del movimiento conocido como antimaquinismo o ludismo, caracterizado por la realización de acciones violentas de sabotaje y destrucción de medios de producción. Los primeros obreros no supieron distinguir el sistema de producción capitalista que verdaderamente les explotaba del mero hecho de la mecanización o introducción de máquinas en las industrias, y simplemente centraron sus primeros ataques sobre los medios materiales: máquinas y fábricas. El movimiento ludita o ludismo surgió en Inglaterra, instigado por el obrero tejedor inglés Ned Ludd, y se extendió rápidamente por varios condados de Inglaterra donde la industria textil se había convertido en la principal manufactura. En España también tenemos temprana noticia del mismo, y ya en 1821 se vivieron los sucesos de Alcoy, donde se quemaron telares y máquinas de hilar, seguidos muy de cerca por el asalto a la manufactura de Miquela Lacot en la Villa de Camprodón en 1823, en el que también se destruyeron las máquinas de cardar e hilar. En 1825, se incendió asimismo en Barcelona la primera fábrica que funcionaba con máquinas de vapor, llamada precisamente “El Vapor”, de la familia Bonaplata.

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Tales acciones fueron duramente reprimidas por el ejército, y el 24 de junio de 1824 se dictaba una Real Orden a instancia de un “fabricante de paños y balletas en la villa de Camprodón en Cataluña, en que de resultas de haberse arrojado una multitud desenfrenada a desmontar las máquinas de hilar y cardar de sus fábricas”, pedía que no se repitieran tales acontecimientos. Las medidas adoptadas en dicha norma fueron, por un lado, que el Ayuntamiento llamara a todos los obreros de la industria textil para explicarles el beneficio del uso de las máquinas; y por otro, que los “Gefes de la fuerza armada” protegieran en adelante las fábricas y previnieran los desórdenes; y que finalmente, se ocupara a los desocupados en caminos u otras obras públicas de la provincia. Medida ésta última que, al igual que las dictadas reiteradamente para emplear a vagos o mendigos, quedó en pura demagogia, debido a que las instituciones públicas no tenían dinero suficiente para llevar a cabo dichas obras, y además, a ellas eran también destinados los presos de los presidios correccionales. Ante la ineficacia de las acciones violentas, en Inglaterra, que siempre estuvo a la cabeza del movimiento obrero, surgió entonces el llamado movimiento cartista, que debe su nombre a la Carta del Pueblo de 1838, a la que llegaron a adscribirse con su firma cientos de miles de obreros para pedir al Parlamento participación política. A partir de ese momento, aunque acompañado por huelgas y manifestaciones, el movimiento obrero inglés trató de vertebrarse en torno a un proyecto político, y lo consiguió gracias al temprano desarrollo de su sindicalismo, representado por las Trade Unions. 3. Primeros movimientos asociacionistas En España, la prohibición de los gremios o asociaciones profesionales a principios del siglo XIX, impidió que en un primer momento el asociacionismo obrero pudiera desarrollarse como movimiento político desde la legalidad. Con la promulgación de la Orden de 28 de febrero de 1839, el gobierno moderado formado tras la muerte de Fernando VII, sólo permitió que pudieran crearse algunas asociaciones obreras de ayuda o socorro mutuo, destinadas a la protección corporativa de los obreros enfermos o más necesitados a través de fondos de ahorro conjuntos. Al amparo de esa norma, se crearon sin embargo las primeras asociaciones precedentes del movimiento sindicalista (Texto 34). En el año 1840 se fundó en Barcelona, bajo la inspiración del tejedor Juan Munts, la Asociación Mutua de Obreros del Algodón; y a su imagen y semejanza se fueron creando otras asociaciones entre los artesanos de las distintas ciudades españolas. Sus objetivos declarados eran los de una mera mutualidad, pero en la práctica sirvieron para impulsar acciones claramente sindicales, promoviendo las reuniones clandestinas entre obreros para discutir acciones contra la patronal, y reclamando en lo posible la libertad de asociación y derechos obreros. El creciente movimiento de este tipo de asociaciones, llevó a los patrones catalanes, legítimamente asociados desde 1833 en la llamada Comisión de Fábrica, a presionar al Regente del Reino, el General Espartero, para prohibir y disolver las mismas a través de diversas órdenes dictadas en 1840, 1841 y 1842, con escaso éxito (Texto 35). Las asociaciones, especialmente la de Obreros del Algodón, siguieron funcionando desde la

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clandestinidad, convencidos, como rezaba su manifiesto tras la prohibición, de que no necesitaban “ni de la aprobación ni de la reprobación de nadie; con los derechos que nos concede la naturaleza y la ley, tenemos bastante” (Texto 36). Los sucesos acontecidos en Barcelona en 1843 supusieron, sin embargo, un durísimo golpe para el incipiente asociacionismo obrero. Aprovechando el alzamiento general de la nación contra el General Baldomero Espartero, un importante grupo de sublevados tomó la ciudad, expulsando u obligando a esconderse a las autoridades, organizándose en una junta popular que dirigió la lucha contra la milicia nacional. La represión contra el pueblo, una vez tomada nuevamente la ciudad por parte del ejército, determinó un importante debilitamiento de las asociaciones obreras de carácter secreto que, perseguidas y prohibidas, no pudieron volver a despuntar hasta el Bienio Progresista (1854-1855). Algunos años antes, nuevas circulares de los gobernadores civiles de Barcelona, dictadas entre 1850 y 1853, en el empeño de volver a perseguir y disolver las asociaciones obreras ilegales, ya nos dan una idea de que el movimiento se estaba reorganizando. Una Real Orden de 25 de agosto de 1853 llegaba a prescribir, incluso, la prohibición de sociedades de seguros mutuos, quedando en suspenso las normas permisivas precedentes (Texto 37). A pesar de ello, el abrigo del nuevo gobierno liberal con el que se sentían más identificadas, permitió que las asociaciones obreras se atrevieran a acometer sus acciones más significativas hasta el momento durante el Bienio progresista. Así, en 1854 se produjeron numerosos movimientos de protesta contra las nuevas máquinas automáticas, llamadas selfactinas, introducidas en las fábricas barcelonesas, algunos de los cuales terminaron incluso con la destrucción de las mismas. Ese mismo año de 1854 apareció en Barcelona la primera Confederación de Sociedades Obreras, denominada la Unión de Clases; en 1855 se fundaba en Madrid el primer semanario obrero de España, El eco de la clase obrera; y también en ese año de 1855 se declaraba en Barcelona la primera huelga general de España. 4. La primera huelga general El detonante de la primera huelga general fue la orden cursada nuevamente en Barcelona por el Capitán General Zapatero, el 24 de junio de 1855, para disolver todas las asociaciones obreras, incluidas las de socorros mutuos. La Unión de Clases publicó un manifiesto en el que exhortaba a sumarse a la misma, y la huelga, aunque ilegal, fue masivamente seguida en Barcelona y su entorno industrial, bajo el lema “asociación o muerte”. Sus principales reivindicaciones eran:  Derecho de asociación.  Limitación de la jornada laboral.  Jurados mixtos para conflictos laborales.  Posibilidad de entrar en la Milicia Nacional. La huelga fue duramente reprimida. El 9 de julio la ciudad de Barcelona se vio prácticamente tomada por el ejército, y el día 11 la revuelta se consideró controlada (Texto 38). Las penas para los participantes detenidos fueron especialmente duras: penas económicas y de prisión, castigos corporales e, incluso, deportación. Estas penas se impusieron al amparo del art. 461 del Código Penal de 1848, el cual reproducía en este sentido el

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mismo espíritu del anterior artículo 461 del Código Penal de 1822, que inauguró en España la represión penal de la acción sindical bajo la figura o delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas: “Los que se coligaren con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones serán castigados, siempre que la coligación hubiera comenzado a ejecutarse, con las penas de arresto y multa”.

La ilicitud penal de las sociedades de resistencia se extendía naturalmente a sus instrumentos de acción sindical habituales, huelgas, pactos colectivos, etc. Tras la huelga de 1855, se vivió un periodo de profunda reacción contra el movimiento obrero en cualquiera de sus manifestaciones. No sólo por los problemas derivados de las asociaciones pretendidamente mutualistas, que se vieron nuevamente prohibidas por un Real Decreto de 31 de abril de 1857; sino también por los problemas paralelos que comenzaban a manifestarse en el campo, sobre todo en Andalucía, con las insurrecciones de 1857 y 1861, que aglutinaron a miles de jornaleros. Con todo, el movimiento obrero siguió desarrollándose desde la clandestinidad, entrando en contacto asimismo con asociaciones culturales, principalmente clubes políticos o asociaciones como la madrileña Fomento de las Artes o el barcelonés Ateneo Catalán de la clase obrera, en donde se les comenzaba a instruir en una concreta ideología política. Buena prueba de ello fueron la severa represión sufrida nuevamente por la huelga de la fábrica “España Industrial” en 1858, o las nuevas disposiciones represivas contra las asociaciones obreras dictadas en 1861. II. LA FORMACIÓN DE UNA DOCTRINA JURÍDICO-SOCIAL: LA IDEOLOGÍA DEL MOVIMIENTO OBRERO La “cuestión social” se convirtió en el centro de un profundo debate político y jurídico, en el que se pronunciaron durante el siglo XIX distintos sectores ideológicos. Desde el conservadurismo se defendieron originariamente posturas como el moderantismo o el providencialismo, que trataban de mantener la estela del primer liberalismo y la estructura del capital, con sólo ciertos matices, dejando la situación de desamparo y pobreza fundamentalmente en manos de la caridad privada o beneficencia pública. En el sector católico y conservador también se desarrolló, ya a finales del siglo XIX, un incipiente catolicismo social que proponía reformas de mayor calado para las clases trabajadoras, basadas en una filosofía social ético-religiosa. La base de este movimiento se encuentra en la Encíclica Rerum Novarum, dada por el Papa León XIII en 1891, en la que se condenaba la explotación de las clases trabajadoras y se exigía a los Estados la obligación de proteger a lo más débiles: “Si el obrero presta a otros sus fuerzas a su industria, las presta con el fin de alcanzar lo necesario para vivir y sustentarse y por todo esto con el trabajo que de su parte pone, adquiere el derecho verdadero y perfecto, no solo para exigir un salario, sino para hacer de este el uso que quisiere”.

Paralelamente, en sus asociaciones mutualistas y culturales, los obreros se fueron dotando desde fecha temprana de ideología a través de nuevas corrientes doctrinales que

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surgieron precisamente en defensa de sus intereses: el socialismo utópico, el socialismo científico o el anarquismo. Todas ellas coadyuvaron a la definición y emergencia de los primeros derechos sociales, dotando de contenido ideológico a las nuevas asociaciones obreras, partidos y sindicatos. Por último, ya a comienzos del siglo XX, la filosofía krausista impuso en España la necesidad de imponer una reforma social “armonicista” o de consenso, dotando de contenido concreto a los derechos sociales, a través de la creación Comisión de Reformas Sociales y el Instituto de Reformas Sociales; y sentando las bases para que, ya durante la II República española, entre 1931 y 1936, los esfuerzos socialistas y republicanos inauguraran el modelo de Estado “social” de Derecho, frente al anterior modelo de Estado “liberal”. Otros ejemplos de tendencias que buscaron soluciones a la cuestión social en Europa fueron los nacionalismos y los fascismos, que consideraban a los obreros una parte fundamental en el desarrollo productivo de la nación y proponían una mayor protección de los mismos por parte del Estado. Pero aquí no repararemos en todas las corrientes sobre la “cuestión social” en toda su complejidad, sino sólo en aquellas que forjaron la ideología del movimiento obrero en sí mismo, o que coadyuvaron desde el poder a su positivización en España a través de leyes concretas. 1. El socialismo utópico El nombre de “socialismo” o “socialismos utópicos” se predica de una serie de propuestas ideológicas críticas con la sociedad de su época, y que aspiraban a crear un nuevo modelo de sociedad ideal, justa y libre de todo tipo de problemas sociales. La expresión “socialismo utópico” fue acuñada por Engels, con un sentido peyorativo, en Del socialismo utópico al socialismo científico, para marcar las distancias entre uno y otro. Estas primeras doctrinas de la primera mitad del siglo XIX, previas al auge del marxismo y del anarquismo, estuvieron representadas principalmente por Robert Owen en Inglaterra y América (tradición anglosajona), y Charles Fourier, Étienne Cabet y Henri de Saint-Simon en Francia (tradición continental). A) Tradición anglosajona El sociólogo inglés Robert Owen (1771-1858), que influiría posteriormente en la formación de los sindicatos ingleses y en el desarrollo de la Primera Internacional, proponía comunidades modelo, villages of cooperation, de población limitada, en las que se participara de la agricultura, industria y educación por igual, y logró llevar a cabo en Inglaterra y América algunos ensayos que fracasaron. El pensamiento owensiano no llegó a España. B) Tradición continental Un antecedente de todos ellos fue el revolucionario francés Babeuf (1760-1797), en puridad el primer propagandista de un socialismo popular, que desarrolló cierta teoría

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insurreccional en clave de lucha de clases, proponiendo la transformación de la sociedad burguesa en una sociedad comunista por medio de las armas: “La Revolución es destruir la desigualdad y restablecer la felicidad de todos”, “todos los poderes procedentes de la pretendida Constitución de 1795 son ilegales y contrarrevolucionarios” y “los que han puesto la mano sobre la Constitución de 1793 son culpables de lesa majestad”.

Fue guillotinado por ello a los 37 años de edad. A diferencia de él, sus sucesores no alentaron la insurrección armada o el ataque violento contra la estructura social del régimen burgués. Se consideraban filósofos y pretendían la restauración moral y pacífica de un nuevo orden social que creían desdibujado por la historia. Para ello concibieron comunidades ideales, en las que todos los individuos vivieran en igualdad y participaran en las decisiones de poder de forma democrática. Sus ideas se difundieron a través de sus publicaciones y artículos en periódicos, fundamentalmente de ideología republicana. Pero eran absolutamente inviables y entraron en franca decadencia a partir de 1848 en toda Europa. Charles Fourier proponía crear establecimientos agrarios-industriales también con un número limitado de personas, alojadas todas en un edificio especialmente diseñado al efecto, el falansterio, en el que se compartirían las ganancias y se recompensaría especialmente el talento y el trabajo, consignándose así en incrementos salariales. Sus ideas se difundieron por Francia y llegaron a España, traduciéndose en 1842, aunque existe constancia previa del pensamiento fourierista en el movimiento obrero español por medio de la Democracia Pacífica. Sin embargo, nunca pudieron llevarse a la práctica, y Fourier se pasó la vida intentando encontrar un potentado filantrópico que sufragara su proyecto, sin conseguirlo. Por su parte, Étienne Cabet, que había recibido la influencia de Owen durante su exilio en Inglaterra, predicaba un comunismo pacífico en colonias de propiedad común, haciendo especial hincapié en la educación y la moral, partiendo así de un cristianismo primitivo. Su novela utópica publicada en 1842 Viaje a Icaria, dio nombre a sus seguidores, los icarianos, que en América lograron poner en práctica por poco tiempo algunas colonias agrícolas comunitarias.También influyó en el movimiento obrero español, sobre todo en Cataluña. Finalmente, Saint-Simón, heredero de una corona ducal y grande de España, también abogó por reformas sociales, pero desde la estructura del régimen burgués. Él no confiaba en que el pueblo por sí mismo fuera capaz de dirigir la política y la economía de un país, y atribuía dicha función sólo “a los más capaces” de la sociedad, industriales o sabios. Ahora bien, la acción de éstos debía estar condicionada al beneficio de la colectividad y no sólo al suyo propio, afirmando, en su obra El sistema industrial de 1821, que en la sociedad ideal no podía hablarse de “proletarios”, sino de “productores”. De tal manera Saint-Simón aspiraba a la organización científica de la Humanidad. Su utopía consistía en un capitalismo equitativo, en el que el reparto justo de las riquezas impidiera las situaciones de pobreza o guerra entre las naciones. Todo ello desde un pensamiento puramente cristiano, que pretendía trasladar a la política. En España, además de las ideas de Fourier, difundidas principalmente por el gaditano Joaquín de Abreu, Manuel Sagrario de Veloy, Francisco José Moya, Fernando Garrido

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o Sixto Cámara, y las de Cabet, difundidas por icarianos entre los que podemos encontrar a Abdón Terradas, Narciso Monturiol, Anselmo Clavé o Ceferino Tresserra, influyeron principalmente las propuestas de Saint-Simón entre los años 20 y 40 del siglo XIX. El saintsimonismo se difundió principalmente desde Barcelona, por Monlau, y desde Madrid, por Ramón de la Sagra, quien propuso reformas sociales no sólo para el proletariado, sino también en el sistema penitenciario o la educación. En términos generales pueden señalarse, en consecuencia, tres polos de difusión del socialismo utópico en España: Cataluña, Madrid, y Andalucía. Esta última carente de industria, se sumaba a la cuestión social con un cada vez más fuerte movimiento campesino. Díaz del Moral dice que en ella comenzó a desarrollarse en estos primeros momentos un “socialismo indígena”, que no era más que “una vaga tendencia de pobres contra ricos”. En este sentido hay que entender todo el movimiento del primer socialismo o socialismo utópico, el cual terminaría por disolverse o integrarse, en una etapa posterior, en el vasto movimiento socialista, el “socialismo científico”, impulsado fundamentalmente desde la Iª Asociación Internacional de Trabajadores por las ideas de Marx y Bakunin. 2. El socialismo científico Tras la etapa del “socialismo utópico”, en la primera mitad del siglo XIX, comienza en la segunda mitad de este siglo el verdadero desarrollo del pensamiento socialista moderno, que se desprende de cualquier idea quimérica o inalcanzable y busca soluciones reales. Autores como Engels, Marx, Blanqui, Proudhon o Bakunin, entre otros, asentaron así las bases de una nueva época en la historia del movimiento obrero. A) El Comunismo o Marxismo En el origen de este nuevo movimiento, que se ha dado en llamar “socialismo científico”, existía todavía una gran confusión entre las palabras socialismo y comunismo. En 1847, decía Engels en su prefacio a la edición inglesa del Manifiesto del Partido Comunista, que “se llamaban socialistas, de una parte, todos los adeptos a los diferentes sistemas utópicos: los owenistas en Inglaterra y los fourieristas en Francia, reducidos a meras sectas y en proceso de extinción paulatina; de otra, toda clase de curanderos sociales que prometían suprimir, con sus diferentes emplastos, las lacras sociales sin dañar el capital ni el beneficio. En cambio, la parte de la clase obrera que había llegado al convencimiento de la insuficiencia de las simples revoluciones políticas y proclamaba la necesidad de una transformación fundamental de toda la sociedad se llamaba comunista”. Engels, a la temprana fecha de 1837, en su libro Situación de la clase obrera en Inglaterra, fue el primero en utilizar el término revolución industrial y poner de relieve los problemas que tenía que afrontar el proletariado unido. En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx, colaborando ambos en obras como La Sagrada Familia (1844), La ideología alemana (1844-46) o el Manifiesto Comunista (1848). Aunque sería posteriormente Carl Marx, en la obra El capital, quien sistematizaría los argumentos contra el nuevo modelo social burgués adelantados por Engels, y propondría como línea de acción la revolución proletaria y la abolición de la propiedad privada, fijando las bases del marxismo o, en palabras de Engels, el comunismo.

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Para Marx, el único motor que hacía evolucionar la historia era la lucha entre las clases opresoras y las clases oprimidas, el llamado materialismo histórico. Primero fue el esclavismo, después el feudalismo, y en su momento era el tiempo de superación del capitalismo, controlado por la burguesía, a la que había que derrocar para que una nueva clase dominante, el proletariado, controlara los medios de producción y el aparato del Estado. En ese nuevo modelo de producción que representaba el último estadio de la evolución histórica, se impondría la idea de igualdad económica y jurídica entre todos los hombres y no existirían desigualdades sociales. La primera misión de la revolución sería, según el pensamiento marxista, la socialización de la propiedad, que pasaría al Estado. Pero esta etapa “socialista” sólo era una fase intermedia en el nuevo ideario político, ya que la desaparición de las diferencias sociales supondría la disolución de las clases sociales, y, al desaparecer éstas, tampoco habría Estado, entendido como una expresión de dominación de clase. El Estado se iría disolviendo poco a poco para dar paso a una nueva sociedad “comunista”. El comunismo, basado por tanto en la ausencia de Estado y la comunidad de los medios de producción, pasó a identificarse a partir de este momento con el pensamiento marxista, mientras que del “socialismo científico” original se desprendió también otra corriente de pensamiento conocida como anarquismo. B) El Anarquismo El anarquismo constituyó, junto al comunismo o marxismo, la segunda corriente de pensamiento que se derivara del “socialismo científico”. Ambas coincidían en la crítica al sistema capitalista burgués y en la necesidad de su eliminación, pero diferían radicalmente en cuanto a los métodos propuestos para conseguirlo. Hasta tal punto, que a lo largo del siglo XIX ambas corrientes de pensamiento se fueron separando cada vez más, convirtiéndose en propuestas absolutamente irreconciliables o antagónicas. El anarquismo se forjó fundamentalmente a partir de las ideas iusracionalistas de la Revolución francesa, y partía de la consideración del hombre en Naturaleza, al que el Estado sólo venía a oprimir. Algunos de sus representantes fundamentales fueron, en consecuencia, revolucionarios franceses como Louis Auguste Blanqui, quien, impregnado de un ideario socialista de carácter radical impulsó el movimiento estudiantil parisino a principios del siglo XIX, o Pierre-Joseph Proudhon, a quien tradicionalmente se ha situado junto a los rusos Bakunin y Kropotkin como uno de los padres del pensamiento anarquista. Proudhon difundió sus ideas a través de varias obras de importancia, tales como ¿Qué es la propiedad?, La creación del orden en la humanidad, o El sistema de las contradicciones económicas o la Filosofía de la miseria, mediante el periódico Le representant du peuple, y también como diputado a la Asamblea Nacional en 1848, donde llegó a pronunciar un célebre discurso en el que afirmaba que “el proletariado realizará un nuevo orden, por encima de la ley establecida, y procederá a una liquidación de la burguesía”. Con el mismo espíritu beligerante, se pronunciaba desde Rusia su contemporáneo Bakunin, posiblemente el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas. Frente al mutualismo de Proudhon, el defendió la tesis colectivista del anarcocolectivismo o

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anarquismo colectivista, que suponía la supresión de los Estados, las clases sociales y los partidos políticos, la abolición de la propiedad y la herencia, y la formación de federaciones igualitarias de hombres y mujeres basadas en asociaciones libres agrícolas e industriales. En defensa de estas ideas, Bakunin participó en la insurrección de Dresde de 1849, por la que fue detenido y condenado a muerte, aunque no llegaría a ser ejecutado, y fundó en 1868 la llamada Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Sin embargo, cuando se rechazó la entrada de la Alianza en la Primera Internacional Obrera, sus miembros se integraron separadamente en ésta y aquélla terminaría por disolverse. Las diferencias acuciadas entre su pensamiento y el de Marx en esta Primera Internacional, determinaría finalmente la expulsión de los anarquistas del seno de la organización durante el congreso de La Haya de 1872. El socialismo científico, tanto en su vertiente comunista como en la anarquista, con sus múltiples implicaciones o derivaciones, llegaría a España fundamentalmente a partir de la Revolución Gloriosa de 1868. En un clima de mayor libertad o tolerancia, aunque aún bajo la represión penal de la acción sindical, las asociaciones obreras crecieron y comenzaron a impregnarse de las tesis marxistas y bakuninistas, tomaron contacto con el movimiento internacional, que también se difundiría a través de periódicos y publicaciones, y forjaron a partir del mismo los primeros sindicatos y partidos obreros bajo el signo republicano, tales como la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El anarcosindicalismo se materializó en la creación de organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CNT), que jugó un importante papel en el primer tercio del siglo XX.Y el anarquismo más radical, que preconizaba la acción violenta, también se vio ampliamente representado en nuestro país propiciando la ejecución de diversos atentados terroristas. 3. El Krausismo Finalmente, ya desde finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, sería la filosofía krausista la que lograría impulsar reformas sociales de importancia en España. Este movimiento intelectual, que arraigó profundamente en España, debe su nombre al filósofo alemán Krause (1781-1832), quien construyó el llamado “racionalismo armónico” como sistema de pensamiento, proponiendo la creación de un mundo en perfecta sintonía con Dios mediante la racionalización progresiva de las instituciones humanas. Aunque partía de una creencia religiosa, más que en la metafísica, el krausismo se basaba esencialmente en la aplicación de la ética al derecho, buscando en última instancia el entendimiento armónico del hombre y la sociedad. El movimiento fue introducido en España en la segunda mitad del siglo XIX por Julián Sanz del Río, y otros pensadores como Fernando de Castro o Vicente Romero Girón. Pero sería más adelante, a partir del siglo XX, cuando se desarrollara con una segunda generación de krausistas como Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate o Segismundo Moret, adquiriendo fuerza con la creación de la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Con su propuesta ética y armónica, los krausistas jugaron un papel trascendental en la redefinición de la cuestión obrera, hasta entonces enquistada en una frontal lucha de clases. Para ellos, la cuestión obrera sólo era parte de una más amplia cuestión social que

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había que resolver necesariamente para que el Estado pudiera funcionar sin fricciones, y su solución pasaba por buscar un entendimiento o compromiso entre las partes afectadas (obreros y patronos) arbitrado por la Administración. Esta idea trató de impulsarse en la práctica con la temprana creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883, a iniciativa de Moret, “para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”.Y, más adelante, se reflejaría en la fundación del Instituto de Reformas Sociales, presidido, no por casualidad, por el propio Gumersindo de Azcárate desde su creación en 1903. III. ORÍGENES DEL ASOCIACIONISMO OBRERO EN ESPAÑA: PARTIDOS Y SINDICATOS OBREROS (1868-1923) 1. La primera etapa de desarrollo legal bajo el derecho de libertad de asociación: el Sexenio Democrático (1868-1874) A pesar del Real Decreto de 31 de abril de 1857, por el que se disolvían todas las asociaciones obreras, y las represiones acometidas en 1858 o 1861, el movimiento asociacionista obrero siguió creciendo alentado por las nuevas ideas que llegaban del extranjero. Los obreros españoles tuvieron noticia, a través del semanario catalán El obrero, de la celebración en Londres de la Primera Internacional Obrera en 1864, inspirada por Marx y con la participación de Bakunin, y de la creación a partir de la misma de una Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Los contactos se establecieron desde entonces, tratándose del problema español en el extranjero, y recibiéndose mensajes de las asociaciones obreras españolas, aún clandestinas, en el II Congreso de la AIT celebrado en Lausana (Suiza) en 1867. Las cosas comenzaron a cambiar de signo tras la revolución liberal de “La Gloriosa” en 1868, que se vio alentada desde el exilio por liberales y republicanos. La revolución septembrina consiguió finalmente poner fin al largo periodo del moderantismo español, propiciando la salida de Isabel II de España y la formación de un nuevo gobierno de carácter democrático. Entre sus fines principales se contaban el reconocimiento del sufragio universal y del derecho de reunión y asociación, como claves para que el juego político quedase de hecho abierto al pueblo, como proponía la ideología liberal-democrática. Por ello, un temprano Decreto de 20 de noviembre de 1868, publicado pocas semanas después del comienzo de la revolución y antes incluso de la promulgación del nuevo texto constitucional, se apresuró a reconocer por primera vez en España la libertad general de asociación. Además, el Decreto preveía otras medidas de control administrativo más leves, como la necesidad de que toda asociación pusiera en conocimiento de la autoridad local su objeto, fines y reglamento por el que había de regirse. La Constitución de 1869 sancionó poco después ese mismo derecho, otorgándole por vez primera protección constitucional, en un amplio artículo 17 que permitía su ejercicio con total libertad y sin ninguna clase de restricciones, proscribiendo sólo aquellos fines asociativos que fueran contrarios a la moral pública: “Tampoco podrá ser privado ningún español: (…) Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública”.

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La amplitud conferida a este derecho de asociación sorprende si se compara con la actitud ferozmente represiva que hasta el momento había tenido el gobierno con respecto a las asociaciones obreras. Para entenderla hay que partir de dos consideraciones: en primer lugar, que el reconocimiento del derecho de asociación obedecía a una filosofía general del pensamiento liberal-democrático sobre los derechos innatos como “derecho inherentes a la persona humana” de carácter ilimitado y absoluto; y, en segundo lugar, que el reconocimiento de dicho derecho no se hizo pensando tanto en las asociaciones obreras o políticas como en otro tipo de asociaciones que permitieran avanzar en fines educativos o de beneficencia. Para las asociaciones con fines distintos a los previstos, o de actividad marcadamente ilegal, el propio texto constitucional vino a establecer en el artículo 19 un mecanismo de control que permitía su disolución: “A toda asociación cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérseles la pena de disolución. La autoridad gubernativa podrá suspender la Asociación que delinca, sometiendo incontinenti a los reos al Juez competente. Toda Asociación cuyo objeto o cuyos medios comprometan la seguridad del Estado podrá ser disuelta por una ley”.

A pesar de ello, el nuevo clima general de tolerancia hacia el asociacionismo permitió que el movimiento obrero se fortaleciera con la aparición de nuevas organizaciones, como por ejemplo, Las Tres Clases de Vapor, que se constituyó en Barcelona en 1868 unificando todos los oficios del textil, y con un mayor contacto intelectual con el extranjero. Así, el español Antonio Marsal Anglora pudo asistir por primera vez al III Congreso de la AIT, celebrado en Bruselas en 1868; y ese mismo año, tras los acontecimientos de la Revolución de La Gloriosa, el propio Bakunin envió a España a Fanelli para divulgar sus ideas y exhortar a los españoles a unirse a la Internacional. Sus entrevistas, primero en Madrid con el grupo Fomento de las Artes, y después en Barcelona, permitieron que en ambas ciudades se formaran los primeros grupos o secciones de la Primera Internacional Obrera en España, que se adhirieron a los Estatutos Generales de la AIT y durante los primeros años se impregnaron de la filosofía de los aliancistas o anarquistas, sin saber distinguir muy bien su contenido programático del de los marxistas o comunistas. Ante el preocupante crecimiento asociativo, un año después de la revolución, el 25 de septiembre de 1869, el Ministro de la Gobernación Sagasta promulgó una Orden restrictiva que permitía un mayor control estatal y ampliaba las causas de suspensión de las asociaciones, declarando que “los derechos de reunión y asociación son, por desgracia, de los que más impunemente se ha abusado, faltando a las prescripciones de la Constitución y de las leyes y dando ocasión a perturbaciones que empañan la revolución, a abusos que desprestigian la liberad y a crímenes que deshonran los partidos en cuyo nombre su comenten”. El artículo 556 del Código Penal de 1870 siguió manteniendo, por lo demás, la represión penal de toda acción sindical que se considerara ilícita, tales como huelgas o manifestaciones. Pero el movimiento obrero ya era muy difícil de detener. Las secciones españolas de la Internacional se habían desarrollado rápidamente durante estos años, y en 1870 se constituía formalmente la Federación Regional Española (FRE), que promovió la publicación de periódicos propios como La Federación, La Solidaridad, La Emancipación o

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El Condenado”, y consiguió extenderse a doscientas federaciones locales, la mayoría en Cataluña, Valencia y Andalucía, con unos 30.000 afiliados. Tras la experiencia de la Comuna de París, en 1871, Paul Lafarge, yerno de Marx, entró en España junto a otros exiliados franceses, y se afilió en Madrid al grupo Nueva Federación madrileña. Lafarge trajo a España por primera vez El Capital de Marx o el Manifiesto del Partido Comunista (Texto 40), consiguiendo cada vez más adeptos para el comunismo, como el grupo redactor del periódico La Emancipación, o el grupo de tipógrafos que crearía más adelante en Madrid, en 1874, un sindicato independiente que propagaba las ideas marxistas y defendía la creación de un partido, con Pablo Iglesias como presidente. En este sentido, podría afirmarse que la escisión entre marxistas y bakunistas en España precedió a la escisión oficial entre Marx y Bakunin, que se produjo en el Congreso de La Haya de septiembre de 1872. La I República española, proclamada el 11 de febrero de 1873 tras la renuncia de Amadeo I al trono de España, supuso su ruptura definitiva, por cuanto los bakunistas o anarquistas españoles optaron por la insurrección al margen de los republicanos o socialistas, sobre todo en el cantón de Alcoy en el que promovieron acciones armadas y el incendio de fábricas. En cualquier caso, este primer periodo republicano fue especialmente convulso y efímero. Tras sólo once meses de gobierno republicano, el 29 de diciembre de 1874 comenzaba la llamada época de la Restauración borbónica en España, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, que precipitó el regreso de Alfonso XII desde Inglaterra. 2. El desarrollo asociacionista durante el periodo de la Restauración española (1874-1923) El golpe de Estado que puso fin al frustrado intento de la I República española, volvió a condenar las asociaciones obreras a la clandestinidad por un Decreto de 10 de enero de 1874 que ilegalizaba nuevamente todas las asociaciones de trabajadores, incluida la Federación Regional Española de la Internacional. La orden se llevó a cabo con diligencia, cerrando locales y periódicos obreros, confiscando documentos, e incluso apresando y deportando a los principales dirigentes del movimiento, fundamentalmente a las islas Filipinas, Marianas o Canarias, y a los presidios de África. También se atacaron las asociaciones extranjeras con una activa propaganda intelectual contra la Primera Internacional que trataba de deslegitimarla y enturbiar sus principios y a sus ideólogos. Para ello se fundó incluso una revista en 1872, La Defensa de la sociedad, cuyo subtítulo rezaba, Revista de intereses permanentes y fundamentales contra las doctrinas y tendencias de la internacional. Sin embargo, la experiencia de la Restauración monárquica, que se inauguraba buscando el consenso político en el país, recuperaría nuevamente el derecho de asociación en un genérico y difuso artículo 13 de la Constitución de 1876, pero limitándolo, en el artículo 14, por los “derechos de la Nación” y “los atributos esenciales del Poder público”, es decir, esta vez se consideraba un derecho otorgado propio de la ideología moderada y no innato de la ideología liberal-democrática. Ello conllevó la necesidad de que el derecho fuera regulado por ley, aprobándose la primera Ley general sobre asociaciones de España el 30 de junio de 1887, bajo el gobierno liberal de Sagasta (Texto 39).

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La conflictividad social en la década que precedió a la entrada en vigor de la ley de asociaciones estuvo marcada por huelgas y manifestaciones encaminadas a la demanda de mejoras en las condiciones de trabajo y salariales, tanto en las zonas rurales como urbanas. En las primeras, tenían al hambre como principal eje de la conflictividad social, y el hambre no entiende de ideologías, de ahí que las alteraciones del orden público, con ataques directos a la propiedad, ya fueran por incendios u ocupaciones, estuvieran a la orden del día en las zonas rurales, sobre todo en Andalucía. En las zonas urbanas las demandas del movimiento asociativo se centraron en la mejora de los salarios para poder cubrir las necesidades básicas, que a muchos les llevaba a la mendicidad como medio de subsistencia. El ámbito de aplicación de la ley abarcaba no sólo a asociaciones de trabajadores y obreros, sino de todo tipo, ya fueran políticas, científicas, artísticas, benéficas o religiosas, eso sí, sin ánimo de lucro. La ley de 1887 no establecía una libertad de asociación absoluta, sino mediatizada por la intervención gubernamental para prevenir situaciones ilícitas o contrarias al orden público. De hecho, la ley tenía un marcado carácter preventivo al anticiparse a posibles asociaciones con fines contrarios al orden público. No obstante, alcanzó un amplio consenso político y dilatada vigencia, y permitió de hecho la constitución de numerosas asociaciones. Los principales mecanismos de intervención previstos en la ley eran: el envío al Gobernador de cada provincia de los estatutos, reglamentos y acuerdos de cada asociación antes y después de su constitución; la inscripción de las mismas en un Registro provincial; y políticas de control preventivas como la obligación impuesta a las asociaciones de comunicar con 24 horas de antelación el lugar y la fecha de las reuniones, o el hecho de que la autoridad pública pudiera entrar en cualquier momento en dichas reuniones o domicilio de las asociaciones. Ahora bien, sólo los tribunales de justicia podían decretar la disolución de una asociación constituida al amparo de esta ley. En este marco legislativo nacieron los principales partidos y sindicatos obreros tales como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879, la Federación deTrabajadores de la Región Española (FTRE), en 1881, la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1919 y el Partido Comunista de España (PCE) en 1921, que canalizaron en adelante el movimiento obrero. El PSOE se constituyó concretamente el 2 de mayo de 1879, inspirado por la ideología marxista. Desde París el tipógrafo José Mesa, en contacto con Engels y Lafargue, animó a sus compañeros madrileños a fundar este partido. Fue Pablo Iglesias el que propuso el nombre del partido y se erigió en su primer Secretario General en la primera Asamblea del nuevo partido celebrada el 20 de junio de 1879 en una taberna de la calle Visitación. En abril de 1880 fueran aprobados su Declaración de Principios, Programa y Estatutos, y en 1886 empezaron a publicar El Socialista en Madrid, y El Obrero en Barcelona, donde habían ganado numerosos adeptos, si bien en otras localidades surgirían en adelante otros periódicos de inspiración socialista. En el Congreso que celebraron en 1888 en Barcelona, aprovechando la celebración de la Exposición Universal en esta ciudad, estuvieron representadas ya un total de 28 poblaciones españolas. Ese mismo año de 1888, los obreros de Mataró decidieron crear un sindicato, y convocaron para ello a 44 sociedades, principalmente de Cataluña y Castilla, dando lugar al nacimiento de la UGT, que tuvo su sede en Barcelona hasta 1899 y después en

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Madrid. Sus principales reivindicaciones eran la jornada de ocho horas, el salario mínimo, la igualdad de salarios de mujeres y hombres, y la reforma del sistema de forma pacífica, aceptando la huelga como instrumento, pero nunca de forma espontánea, violenta o como insurrección permanente. Mientras tanto, en 1881 antiguos anarquistas catalanes habían fundado la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), que se extendió por Cataluña, el Levante, Castilla y especialmente Andalucía, en las zonas rurales. Pronto el grupo se dividió en dos corrientes: los partidarios del anarcocomunismo de Kropotkin, que desconfiaban de los sindicatos y apostaban por la violencia armada; y los partidarios del anarcocolectivismo, que se decantaron por la lucha sindical. Debido a las tensiones, la FTRE se disolvió en 1888, dando paso a una época de terrorismo individualista por la vía de la llamada “propaganda de hecho”, que fue especialmente dura en los años noventa, con atentados contra personalidades, en el Liceo de Barcelona, en la procesión del Corpus, represión contra los anarquistas de 1882 con la excusa de la “mano negra”, o el asesinato de Cánovas en 1897. De otra parte, al fundarse la II Internacional en 1889 se había decidido que el 1º de mayo hubiera una manifestación pacífica por todo el mundo para exigir la jornada de ocho horas. En España, dicha manifestación se convocó por primera vez en 1890, con nuevas desavenencias entre los socialistas, que propugnaban la manifestación pacífica, y los anarquistas, que pretendían una huelga general indefinida para colapsar la sociedad burguesa, aunque finalmente fueron juntos a la huelga, siendo ésta la manifestación obrera más importante de las habidas en España hasta el momento. Los primeros años del siglo XX fueron de especial dureza para el movimiento obrero y sus asociaciones. Mientras el PSOE y la UGT afianzaban su presencia en las sociedades de socorros mutuos, mutualidades obreras o sociedades de resistencia que se mantenían desde el siglo anterior, los anarquistas veían fracasar una y otra vez su táctica terrorista, sufriendo duras represiones y condenas de muerte como las acaecidas tras la revuelta agraria de Andalucía de 1892, y comenzaban a mostrar su desesperación. Para frenar el auge de Lerroux, que había ocupado el espacio político de los anarquistas con el republicanismo radical, en 1907 nació en Barcelona Solidaridad Obrera, con el apoyo de la escuela moderna de Ferrer i Guardia. Tras los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona de 1909, esta agrupación decidió recuperar necesariamente la lucha política constituyéndose como CNT en 1911. Sus primeras manifestaciones fueron contra la guerra de Marruecos y en solidaridad con movimientos huelguísticos de toda España, extendiéndose en pocos años por toda España. El punto álgido de la lucha de clases tuvo lugar en 1919 y 1920. La revolución bolchevique de Rusia en 1917 sirvió de revulsivo a los movimientos obreros de otros países, que vieron la posibilidad de acceder realmente al poder. En España, se acuciaron las manifestaciones de protesta, y además de la dura huelga andaluza sostenida en las minas de Rio Tinto, en Huelva, en 1920, una huelga feroz en la fábrica barcelonesa La Canadiense paralizó el abastecimiento de gas y electricidad en la ciudad, decretándose el estado de guerra y deteniéndose a miles de obreros. El gobierno Romanones logró finalmente llegar a un acuerdo con los huelguistas catalanes, prometiendo la jornada de ocho horas, el aumento de los salarios y la liberación de los más de mil detenidos. Pero el acuerdo fue incumplido, y tanto la patronal como

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los cenetistas que dirigían la huelga volvieron a rearmarse, dando comienzo a la etapa del “pistolerismo” (sindicatos libres de los patronos y sindicatos obreros en manos de bandas de pistoleros). Activistas de la CNT como Durruti, García Oliver, los hermanos Ascaso o Ricardo Sanz, llamados “los solidarios”, se convirtieron en el sector más duro del movimiento, realizando atracos, fabricando granadas de mano para sus atentados y asesinando al cardenal Soldevila. Pese a todo, los líderes cenetistas Ángel Pestaña y Peiró siempre se opusieron expresamente a estas acciones. Tanto el líder anarquista Ángel Pestaña, como una delegación socialista española encabezada por Fernando de los Ríos, acudieron a Moscú tras la revolución soviética, para participar en la III Internacional, en la que no sabían muy bien qué postura adoptar. Pestaña se vio sorprendido por la sumisión anarquista al nuevo Komintern ruso y, al regresar a España, fue detenido y encarcelado hasta 1922. Los socialistas propusieron mantener la lucha dentro del juego democrático, y sufrieron escisiones importantes a su regreso, sobre todo de los grupos más radicales del País Vasco y Asturias, que junto a algunos cenetistas descontentos fundaron finalmente el PCE en 1921. En esta época surgieron también otros sindicatos católicos y antirrevolucionarios, como la Confederación Nacional Católico-Agraria (CONCA) en 1917, o sindicatos libres que a partir de 1923 se unen con los sindicatos católicos, sobre todo con los vascos ligados al Partido Nacionalista Vasco, creándose en Pamplona la Confederación Nacional de Sindicatos Libres de España. Defendían la familia y las corporaciones profesionales como base social, y, aunque no eran muy numerosos, recibieron un fuerte apoyo durante la posterior Dictadura de Primo de Rivera, creciendo y fortaleciéndose lo suficiente para servir de base a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), ya durante la II República. Tras el nuevo Golpe de Estado de 1923, durante la Dictadura de Primo de Rivera el derecho de asociación sufrió un mayor recorte y más controles, aunque siempre bajo el amparo de la ley de 1887, que no resultó derogada. De tal manera, como veremos más adelante, la UGT fue tolerada para que el dictador pudiera reforzar su posición entre los trabajadores, mientras que la CNT fue prohibida y sus líderes quedaron nuevamente a la deriva. Clandestinamente surgió entonces, en 1927, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), para la insurrección armada y revolucionaria. Pero todas estas cuestiones serán estudiadas de forma más detallada en el capítulo correspondiente. IV. LA PRIMERA LEGISLACIÓN OBRERA 1. Los precedentes de un intervencionismo normativo en materia laboral La respuesta a la “cuestión social” no sólo se afrontó desde abajo, con la organización y movilización de los proletarios y jornaleros a través de sindicatos y partidos políticos en defensa de sus intereses, sino que también trató de afrontarse desde arriba, propiciándose un incipiente intervencionismo estatal en el siglo XIX a través de la primera legislación obrera, aunque todavía no pueda hablarse propiamente de un Derecho del Trabajo. El intervencionismo normativo que iniciaron tímidamente los Estados europeos en el siglo XIX, dando lugar a las primeras leyes obreras, no pretendía ser una contradicción

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o corrección al régimen de la autonomía de las partes impuesto por el liberalismo en las relaciones de trabajo, sino que se llevó a cabo, precisamente, como medio necesario para mantenerlo. Se trataba de dar unas normas particulares o especiales, que no generales, protectoras principalmente de los más débiles, mujeres y niños, para que el sistema no se resintiera en su conjunto y pudiera seguir funcionando. Es decir, era una intervención “excepcional”, representada por normas que limitaban sólo en cierta medida la discrecionalidad empresarial, y que afectaban exclusivamente a determinados sectores y determinadas cuestiones o aspectos de las relaciones de trabajo, tales como horarios de trabajo, trabajos peligrosos, trabajo nocturno, entre otros. No se trató, en ningún caso, de realizar una legislación de carácter general para regular el mercado de trabajo, que seguía regido por la autonomía de las partes. Pero, al menos, a través de esta primera legislación obrera, el derecho logró ir más allá de la mera regulación del intercambio contractual que suponía la relación de trabajo, vehiculada a través del Código Civil y de Comercio, y de la vertiente represora que hasta entonces había tenido en la cuestión social, mediante las leyes prohibitivas de huelgas y asociaciones obreras, comenzando por primera vez a ocuparse de las condiciones del trabajo. Con este carácter se promulgaron, por ejemplo, en la pionera Inglaterra, la Health and Morals of Apprendices Act (1802), para la preservación de la salud y la moralidad de los aprendices en las fábricas de algodón y lana, o la Althorp Act (1833), creadora de la inspección de fábricas. El mismo proceso se siguió en los demás países industrializados de Europa, si bien es cierto que en España, debido a sus particulares circunstancias históricas, tales como el freno de la revolución burguesa por el regreso del Absolutismo hasta 1833 y la tardía industrialización, la primera legislación obrera apareció con cierto retraso. En respuesta a las altas cotas de conflictividad que estaba alcanzando el movimiento obrero, durante el Bienio Progresista entre 1854 y 1856, hubo un primer intento de legislación protectora de las clases trabajadoras. A iniciativa del Ministro de Fomento, Francisco Luxán, y del Presidente del Congreso, Pascual Madoz, un proyecto de Real Decreto, en enero 1855, disponía la creación de una Comisión para “reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las dificultades suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de nuestras provincias manufactureras y proponer al Gobierno los medios más oportunos de terminarlas felizmente”. Pero el intento no prosperó, como tampoco lo haría, poco después, el proyecto de ley sobre “ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera” realizado a instancia del nuevo Ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez, y presentado ante las Cortes el 8 de octubre de 1855, tras los sucesos de la huelga general realizada ese año en Barcelona. Con el restablecimiento de un gobierno moderado al finalizar el Bienio Progresista, la cuestión quedó relegada a un segundo plano, aunque no olvidada. El movimiento obrero seguía clamando por soluciones, sobre todo en cuanto al trabajo de mujeres y niños y la limitación de horarios, como hemos visto, y estas reivindicaciones calaron sobre todo en los programas de demócratas y republicanos. De tal manera, ya en 1872 el Ministro, Manuel Becerra, presentaba ante las Cortes una proposición de ley sobre la mejora de las condiciones de las clases trabajadoras, en la que proponía la limitación del trabajo infantil, que no llegó a ser aprobada.Y ese mismo

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año, una Comisión nombrada al efecto por el partido republicano redactó un Dictamen para mejorar las condiciones de las clases jornaleras que fue presentado ante la Tercera Asamblea de representantes del partido republicano. Hubo que esperar, no obstante, hasta la proclamación de la efímera I Republica española en 1873 para que estas ideas se plasmaran, por primera vez, en la letra de la ley. La primera ley obrera en España fue la conocida como Ley Benot, impulsada por el entonces Ministro de Fomento Eduardo Benot, de 24 de julio de 1873, sobre regulación del trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. Dicha ley prohibía el trabajo en fábricas, talleres, fundiciones o minas a los menores de 10 años, y limitaba la jornada laboral para los niños menores de 15 años y las niñas menores de 17. Sin embargo, su importancia fue más simbólica que real, porque en la práctica resultó muy difícil controlar su cumplimiento (Texto 42). Es por ello que, al margen de esta primera norma, el periodo por antonomasia de nacimiento de la legislación obrera fue el que se abrió durante la época de la Restauración monárquica. 2. Las primeras normas de derecho obrero en España En el periodo de la Restauración (desde 1874 a 1923, aunque formalmente hasta 1931, primero en la figura de Alfonso XII, después durante la regencia de Mª Cristina, y finalmente en la figura de Alfonso XIII), se acometieron importantes avances en el terreno laboral. De un lado, porque se pretendió alcanzar el consenso o equilibrio entre todos los partidos políticos a través del turno de partidos, y, de otro, porque se consideró una prioridad dar respuesta a los problemas sociales más acuciantes, como el del movimiento obrero, para garantizar la paz social y el orden público. Las bases organizativas del movimiento obrero se asentaron mediante la aprobación del derecho de asociación y la formación de partidos y sindicatos obreros, como se ha visto más arriba, pero también se crearon órganos laborales, que veremos más abajo, como la Comisión de Reformas, el Instituto de Reformas Sociales, el Servicio especial de Estadística del Trabajo, el Servicio de Inspección del Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión¸ y finalmente el Ministerio de Trabajo; y se aprobó el primer cuerpo normativo de carácter unitario y coherente al que podemos dar con propiedad el nombre de Derecho obrero (Texto 41). Este Derecho Obrero comenzó a forjarse con algunas normas que Ruiz de Grijalba ha denominado de “caridad legal”, tales como:  Ley de 26 de junio de 1877 que convirtió los antiguos pósitos públicos en auténticas instituciones de crédito agrícola para el trabajador del campo.  Ley de 11 de junio de 1886, que obligaba al contratista a asegurar la vida de sus operarios para todos los accidentes que dependieran directamente del trabajo, salvo los causados por negligencia, ignorancia o temeridad del propio obrero.  Ley de 11 de enero de 1887, por la que se creaba un asilo para inválidos del trabajo en Madrid.  Reglamento de policía minera aprobado por Real Decreto de 15 de julio de 1879 en desarrollo de una anterior ley de 1868.

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Pero, teniendo en cuenta que éstas normas fueron sesgadas o parciales en su ámbito de aplicación, y que la mayoría de ellas no lograron salir de la “categoría de buenas intenciones sin efecto positivo sobre la reglamentación efectiva de las relaciones de trabajo”, se puede afirmar que la primera legislación obrera reconocida en España estuvo compuesta, en puridad, por las tres siguientes leyes:  La ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900, desarrollado reglamentariamente el 28 de julio, que establecía la responsabilidad del empresario por accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realizaran (Texto 43).  La ley de 13 de marzo de 1900 sobre el trabajo de las mujeres y los menores, luego desarrollado por Reglamento aprobado el 13 de noviembre, que establecía las condiciones de trabajo de mujeres y niños de ambos sexos imponiendo límites a las “medias fuerzas” por razón de la edad (prohibición a menores 10 años o de 9 en el caso de que acreditasen saber leer y escribir, y limitaciones en edades superiores) y del sexo (alumbramiento, periodo de lactancia), así como obligaciones de índole sanitaria o higiénica. Con anterioridad, la Ley de 26 de julio de 1878 había prohibido determinados trabajos peligrosos a niños y mujeres, como el trabajo en las minas.También se les limitó, antes que a los hombres, la jornada de trabajo (11 horas), asegurándoles, también antes que a los hombres, el descanso dominical.  La ley de 3 de marzo de 1904 relativa al descanso dominical y el Reglamento de desarrollo aprobado el 19 de abril de 1905, que venía a prohibir el trabajo material por cuenta ajena los domingos, salvo los que no fueran susceptibles de interrupción, la reparación y limpieza, y los trabajos eventualmente perentorios por la inminencia de los daños, accidentes naturales u otras circunstancias especiales (Texto 45). Las dos primeras leyes citadas, del año 1900, conocidas como las Leyes Dato por su inspirador, supusieron un importante cambio en la doctrina civilista que se había venido manteniendo hasta entonces en torno al contrato de arrendamiento de obra o servicios. Si antes cualquier incidencia o accidente del trabajador era interpretado como un riesgo que corría de su cuenta al amparo de la libertad contractual, a partir de este momento comenzó a interpretarse que era el empresario o patrono el que debía asumir los riesgos de la explotación y la producción de su empresa, incluyendo los que recayeran sobre sus trabajadores (Texto 43). Según esta nueva “teoría del riesgo profesional”, la protección del trabajador se fundamentaba en el riesgo objetivo de la empresa, lo que supuso un cambio de trascendental importancia en el desarrollo del derecho protector de los trabajadores. El empresario tendría que pagar una indemnización en caso de accidente laboral, o bien proteger al trabajador mediante una póliza de seguros contratada con una aseguradora reconocida legalmente por el Estado. Además, la ley de accidentes de trabajo establecía un listado de incapacidades profesionales y las posibles indemnizaciones que habían de corresponderles. Otro aspecto a reseñar es que se introducía el concepto de indisponibilidad de los derechos del trabajador, en virtud del cual, toda cláusula contractual por la que el trabajador quedase obligado a renunciar a los derechos que el legislador le otorgara, sería considerada nula.

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A partir de estas normas, el desarrollo del derecho obrero, impulsado por las instituciones públicas que veremos bajo el siguiente epígrafe, se hizo imparable. Entre 1900 y 1910 se publicaron un total de 531 disposiciones de carácter social y laboral, que se multiplicarían en los años siguientes, en el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. En general, existía consenso sobre que el Estado no podía legislar en lo relativo al trabajo de los varones adultos por considerarlo contrario al principio de libertad, pero sí en relación a las mujeres y menores, o sobre determinados aspectos mínimos de las condiciones del trabajo. Dichas cuestiones o contenidos mínimos de la primera legislación protectora del trabajador se estaban determinando, además, a nivel internacional en las Conferencias internacionales del Trabajo celebradas en Berlín en 1890 y en Zurich en 1897, a las que España había asistido como invitada. En atención a las mismas, los principales temas que comenzaron a regularse y las más significativas leyes dictadas en esta etapa anterior a la Primera Guerra Mundial, fueron: a) Mujeres, niños y jóvenes o aprendices, con leyes como:  Ley sobre la protección de la infancia de 12 de agosto de 1904.  Reforma a la Ley de 1900, con protección a la maternidad de 8 de enero de 1907.  Ley sobre el contrato de aprendizaje de 17 de julio de 1911.  Ley de la silla para las mujeres en establecimientos no fabriles donde se vendieran o expusieran artículos de 27 de enero de 1912.  Ley de prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en talleres y fábricas de 11 de julio de 1912. b) La jornada de trabajo y los periodos de descanso, con leyes como:  Ley sobre el descanso dominical de 3 de marzo de 1904.  Ley fijando en 9 horas la jornada máxima en las minas de 27 de diciembre de 1910.  Ley sobre la jornada mercantil de 4 de julio de 1918. c) Los salarios, con leyes como:  Ley por la que se modificaba la de Enjuiciamiento civil sobre inembargabilidad de los salarios hasta determinada cuantía de 12 de julio de 1906. d) La seguridad e higiene en el trabajo y la prevención de accidentes, con leyes como:  Ley sobre accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900.  Reglamento sobre seguridad e higiene en el trabajo, preventivo de los accidentes de trabajo de 2 de agosto de 1900.  Reglamento sobre andamios de seguridad en las construcciones de edificios de 2 de junio de 1902 y 23 de enero de 1916.  Reglamento de policía minera de 28 de enero de 1910. e) La previsión y la asistencia sociales, con leyes como:  Ley por la que se crea el Instituto Nacional de Previsión de 27 de febrero de 1908.  Ley de emigración de 21 de diciembre de 1907.  Ley de construcción de casas baratas para los trabajadores de 12 de junio de 1911.

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f) Los conflictos y controversias de trabajo, con leyes como:  Reglamento para el Servicio de la Inspección de Trabajo de 1 de marzo de 1906.  Ley sobre Consejos de conciliación y arbitraje industrial de 19 de mayo de 1908.  Ley sobre Tribunales Industriales de 19 de mayo de 1908, con competencia sobre las reclamaciones surgidas entre patronos y obreros o entre obreros del mismo patrono, sobre cumplimiento o rescisión de los contratos de arrendamiento de servicios o de aprendizaje, y sobre las controversias surgidas en aplicación de la ley de accidentes de trabajo, reformada por Ley de 22 de julio de 1912 (Texto 46).  Ley sobre huelgas y coligaciones de 27 de abril de 1909, que permitió y reguló por vez primera el derecho a la huelga tras los violentos acontecimientos vividos durante la “Semana Trágica” de Barcelona en abril de 1909 (Texto 47). La pregunta obligada es si esta incipiente legislación laboral se cumplió verdaderamente en la práctica. Y, en este sentido, los indicios no son muy halagüeños. La prueba más irrefutable utilizada por los historiadores en apoyo de esta tesis es el enorme desfase que se comprueba entre la letra de la ley y la realidad de los hechos, aunque también son significativas las quejas y reclamaciones, las protestas obreras y el elevado número de circulares o disposiciones dictadas por las autoridades para tratar que los patronos de las fábricas o del campo cumplieran las normas y los inspectores de trabajo pudieran realizar sus funciones. V. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA FORMACIÓN DEL DERECHO OBRERO Para la redacción, ejecución y control de las primeras normas del Derecho Obrero, fueron erigidas determinadas instituciones públicas, que supusieron otro paso en firme hacia la consolidación del mismo en España. A su creación coadyuvaron tanto las demandas sociales promovidas por el movimiento obrero, como, posiblemente, las dos conferencias internacionales del Trabajo celebradas en Berlín en 1890 y en Zurich en 1897, en las que comenzó a debatirse vivamente sobre la necesidad de un intervencionismo del Estado en las relaciones de trabajo, determinándose y coordinándose a nivel europeo los contenidos mínimos de esa primera legislación protectora del trabajador. Dicho intervencionismo estatal en materias laborales, aún de carácter excepcional en el marco más amplio de la autonomía de la voluntad de las partes, también comenzaba a ser debatido en el ambiente científico español, especialmente auspiciado por el pensamiento krausista. La tendencia se había heredado del movimiento revolucionario anterior, auspiciado por demócratas y republicanos que, si bien no consiguió desarrollar plenamente ninguna legislación obrera, al menos sí la había proyectado y reivindicado como una de las reformas más perentorias a las que debía enfrentarse el Estado. A esta demanda intelectual y científica, se unió además durante la Restauración el pensamiento krausista, para el que la cuestión obrera no sólo era una lucha frontal y pri-

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vada entre patronos y proletarios o jornaleros, sino una parte sustancial de la cuestión social en la que el Estado debía intervenir para garantizar la paz pública, sirviendo de árbitro o mediador entre las partes afectadas. Pensadores y políticos de adscripción krausista como Gumersindo de Azcárate, Concepción Arenal, Eduardo Dato, Segismundo Moret, Eza o Canalejas, difundieron estas ideas, favoreciendo ya la temprana aparición de la Comisión de Reformas Sociales y el Servicio especial de Estadística del Trabajo, como las primeras instituciones específicamente laborales españolas. 1. La Comisión de Reformas Sociales y el Servicio especial de Estadística del Trabajo La Comisión de Reformas Sociales se creó en virtud del Real Decreto de 5 diciembre de 1883, a iniciativa del Ministro de la Gobernación Segismundo Moret, “para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. La Comisión obtuvo informes de la Institución Libre de Enseñanza, del Ateneo de Madrid, del Fomento de las Artes, de la Agrupación Socialista madrileña, y del político e ideólogo socialista Jaime Vera, para quien, resumiendo el pensamiento socialista, dicha institución no sería sino un órgano al servicio del poder burgués y “su intervención en beneficio de la clase trabajadora ha de ser necesariamente nula”. A pesar de esta oposición de la clase trabajadora, que nunca se vio representada por ella y siguió planteando la lucha en términos revolucionarios, desde su fundación la Comisión realizó una notable labor de recogida de datos y elaboración de informes orales y escritos sobre el estado y las necesidades de los trabajadores, en orden a impulsar, frente a la revolución social, una reforma pacífica por medio de la intervención pública. A tal fin se creó también, por Real Decreto de 9 de agosto de 1894, un Servicio especial de Estadística del Trabajo dentro del Ministerio de la Gobernación, con el objetivo de realizar las primeras estadísticas fidedignas sobre las condiciones de los trabajadores para poder empezar a trabajar en su mejora. Dichas estadísticas versaban sobre cuestiones como la población obrera por sexos, edades y oficios, los movimientos migratorios dentro del territorio nacional por causa laboral, los salarios y condiciones de trabajo en distintos lugares, la cultura y educación de la clase obrera, sus organizaciones o sociedades de ayuda, etc, y se publicaban en forma de boletín mensual y memoria anual. Ni los informes de la Comisión, ni las primeras estadísticas de este Servicio sirvieron en principio para impulsar la labor legislativa. Pero su mérito fue recabar la información necesaria para preparar la labor que realizaría, a partir de 1903, el Instituto de Reformas Sociales. 2. El Instituto de Reformas Sociales En 1902 había tratado de crearse, a iniciativa del Ministro José Canalejas, un Instituto del Trabajo que, siguiendo las experiencias extranjeras, sirviera como centro de estudio e información de todo lo concerniente al trabajo y como medio para procurar la mejora de las condiciones del mismo. Los trabajos preparatorios fueron realizados por Adolfo A.

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Buylla, Adolfo G. Posada, Luis Morote, Aniceto Sela o Rafael Altamira, todos ellos krausistas, que llegaron a remitir un proyecto de ley al Parlamento el 11 de abril de 1902, sin que llegara a superar su discusión en el Senado. El precedente sirvió, no obstante, para la inmediata creación del Instituto de Reformas Sociales en el seno del Ministerio de Gobernación, por Real Decreto de 23 de abril de 1903, con el encargo de “preparar la legislación del trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras” (Texto 44). Con él se asentaba definitivamente el “intervencionismo científico” del Estado en las relaciones laborales (su investigación y estudio como paso previo y necesario a su positivización legislativa). El Instituto estuvo presidido por el catedrático Gumersindo de Azcárate, acusado representante del krausismo, desde su creación en 1903 hasta la muerte de éste en 1917, y en la práctica fue el inspirador y principal impulsor de la primera legislación obrera en España. La Comisión de Reformas Sociales se integró en él con toda su documentación, libros e informes, que fue aumentada con nuevas adquisiciones bibliográficas hasta dar lugar a la más completa biblioteca especializada sobre la cuestión. Además, el Instituto fue considerado cuerpo consultivo permanente de los distintos Ministerios con competencias en lo laboral, tanto del de Gobernación, como de Industria, Comercio y Obras Públicas, de Gracia y Justicia o de Agricultura, y podría intervenir como “mediador” en los conflictos de trabajo. No obstante, a partir de la creación del Ministerio de Trabajo en 1920, el Instituto quedó integrado en el mismo y perdió gran parte de sus competencias, quedando relegado prácticamente a la función de cuerpo consultivo hasta 1924, en que desaparece. 3. Otros servicios laborales Otro órgano de importancia en materia laboral fue el Servicio de Inspección del Trabajo, creado por Real Decreto de 1 de marzo de 1906, y cuya principal labor era la de fiscalizar el cumplimiento de las “leyes y disposiciones protectoras y reguladoras del trabajo dictadas o que puedan dictarse en lo sucesivo”. La Inspección de Trabajo fue diseñada y dirigida en su origen por el General José Marvá, quien también influyó decisivamente en la posterior creación del Instituto Nacional de Previsión, y con el tiempo se convirtió, en palabras de Borrajo Dacruz, en “la espina dorsal del sistema español de seguridad social” por obra de Severino Aznar Maluquer, Inocencio Jiménez, Luis Jordana de Pozas y otros importantes actores de la acción social pública en España. A través de la Ley de 27 de febrero de 1908, al proyecto de la Inspección de Trabajo se sumaba también, en orden a garantizar una cierta asistencia social a los trabajadores, el Instituto Nacional de Previsión. Entre sus principales funciones se contaban la de difundir y favorecer la idea de previsión social entre los trabajadores, especialmente en lo concerniente a la necesidad de pensiones de retiro o jubilación, y la de administrar la mutualidad de asociados que voluntariamente quisieran ser miembros del mismo. En Cataluña también, debido a su especial conflictividad laboral, se creó en esta época la Comisión Mixta de Trabajo, compuesta por igual número de patronos y obreros,

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por Real Decreto de 11 de octubre de 1919. La Comisión dependía directamente del Consejo de Ministros y tenía consideración de Instituto oficial, y tenía amplias competencias para la resolución de las numerosas controversias laborales en la industria catalana: mediar en los conflictos pudiendo incluso dictar bandos, fijas los salarios profesionales, asesorar sobre la legislación laboral, intervenir en los incidentes que se produjeran. 4. El Ministerio de Trabajo Finalmente, siendo Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros, consiguió hacerse realidad el ansiado proyecto del Ministerio de Trabajo, por Real Decreto de 8 de mayo de 1920. En él quedaron integrados los Institutos de Reforma Sociales y Nacional de Previsión, así como otras unidades administrativas con competencias laborales. Tuvo una evolución muy accidentada, sufriendo numerosos cambios en su denominación y su estructura, hasta del punto de que se contabilizan hasta doce reorganizaciones en sus primeros quince años. De entre ellas, quizá las más significativas fueron las del año 1922, en el que el Ministerio cambió de nombre y composición, pasándose a denominar Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Posteriormente se produjo una reorganización corporativa realizada en 1926, en la que se distinguieron los servicios centrales, como la secretaría técnica o la asesoría, de las diversas Direcciones Generales, como la de Trabajo y Acción social, quizá la más activa, con competencia sobre conflictos y movimientos sociales, crisis, reglamentación del trabajo, previsión y seguros sociales, etc); también la Dirección General de emigración, o la de Acción social agraria, la de Comercio, industria y seguros, la de Inspección general del trabajo, del Servicio general de estadística, y por último la Dirección General de cultura social. La última restructuración de este Ministerio antes de la proclamación de la Segunda República Española fue en 1930, y a cargo del mismo estuvieron, antes de la Dictadura de Primo de Rivera (1923), cuatro primeros ministros del partido conservador (Carlos Cañal, Severino Eduardo Sanz Escartín, Leopoldo Matos Massieu y Abilio Calderón), y dos ministros del partido liberal (Joaquín Chapaprieta y Luis Armiñán Pérez). Tras la proclamación de la Dictadura, por Decreto de 15 de septiembre de 1923 se crea el Directorio Militar, asumiendo el General Primo de Rivera todas las carteras ministeriales, y dejándose al frente de cada Ministerio a un Subsecretario General (en el Ministerio de Trabajo lo fueron José Alejandro García, Juan Flórez, y Eduardo Aunós) hasta que en 1925 el propio Eduardo Aunós fue nombrado Ministro, siendo sucedido por otros dos ministros hasta la proclamación de la República: Pedro Sangro y Ros de Olano y Gabriel Maura Gamazo. Estos fueron los hombres encargados de impulsar las primeras leyes obreras en un clima especialmente conflictivo y no siempre favorable. Como hemos dicho, los propios trabajadores desconfiaban de las instituciones públicas creadas para la reforma laboral y no se sentían representados por ellas, especialmente los anarquistas, rechazando las leyes obreras. A esta oposición, se unió además la de ciertos sectores sociales, fundamentalmente la nobleza, el clero y los grandes propietarios agrícolas y la del llamado “conservadurismo social”, con amplios sectores del Partido Conservador, la derecha del Partido Liberal, carlistas, integristas y tradicionalistas, que en defensa del principio de libertad y la propiedad privada rechazaban toda reforma en este ámbito.

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Para estos últimos las protestas de los obreros eran exageradas, sus condiciones de vida razonables. Decía Romero Robledo en las Cortes de 1902, que “no es verdad que las clases obreras vivan en la estrechez y en la miseria”, y que su falta de dinero se debía a que dilapidaban los salarios en los cafés y las tabernas en vez de dedicarlo al ahorro, y, en consecuencia, cualquier beneficio o derecho que se les garantizase sólo serviría para afianzar “el derecho a la haraganería, derecho al despojo, derecho a vivir sobre el país”, palabras estas últimas pronunciadas por Ignacio M. de Ferrán en 1882. Apoyados por estos razonamientos, la patronal o conjunto de patronos o empresarios industriales o del campo, también rechazaron la aplicación de las normas que pretendían propiciar la reforma. Son numerosos los testimonios sobre su resistencia a aplicar la ley Benot de 1873, que apenas tuvo cumplimiento, y la misma actitud mostraron ante la promulgación del resto de las leyes obreras, de cuya difícil ejecución dan buena muestra las Memorias anuales de la Inspección del Trabajo en esta primera época. Sólo el Partido Socialista Obrero Español, a partir de su fundación en 1879, mantuvo en esta cuestión una posición propicia al distinguir entre su “programa máximo”, que pretendía la completa emancipación revolucionaria de la clase trabajadora, y su “programa mínimo”, consistente en conseguir al menos los medios “eficaces para preparar la realización de sus aspiraciones”, a través de la consecución de derechos o libertades individuales y reformas económico-administrativas. Por ello, no dudó en apoyar los esfuerzos de la nuevas instituciones, aunque no confiaran completamente en ellas, en orden a la creación de “una legislación protectora del trabajo que refrene la explotación patronal”, tal y como se escribió en el Manifiesto del Comité Nacional del PSOE a sus correligionarios y a todos los trabajadores, el 2 de mayo de 1898. BIBLIOGRAFÍA Cuestión social y movimiento obrero M. Izard, Industrialización y obrerismo 1869-1913, Barcelona, 1973. C. E. Lida, Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (1835-1888), Madrid, 1973. M. Nash, Mujer y movimiento obrero en España (1875-1936), Barcelona, 1983. M. Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la Historia de España, 3 vols., Barcelona, 1977.

Doctrina jurídico-social G. Capellán de Miguel, La España armónica: el proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Madrid, 2006. R. de la Cierva, Historia del socialismo en España, 1879-1983, Barcelona, 1983. E. Díaz, La filosofía social de Krausismo español, Madrid, 1973. E. Durkheim, El socialismo (1895-1896), Editora Nacional, Madrid, 1982. A. Elorza, Socialismo utópico español, Alianza, Madrid, 1970. J. Maluquer de Motes, El socialismo en España, 1833-1868, Barcelona, 1977.

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Asociacionismo obrero en España M. García Jiménez, “La Constitución de 1812 y el debate por las libertades de asociación”, en M.A. Chamocho y J. Lozano, Sobre un hito jurídico. La Constitución de 1812, Jaén, 2012, pp. 343-359. E. Lucas Murillo, El derecho de asociación, Madrid, 1996. G. Peces Barba y otros, Sobre las libertades políticas en el Estado español (expresión, reunión y asociación), Valencia, 1977. J. D. Pelayo Olmedo, “El Derecho de Asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964”, en Historia Constitucional (revista electrónica), nº 8, 2007. http://hc.rediris.es/08/index.html G. Rojas Sánchez, Los derechos políticos de asociación y reunión en la España contemporánea (1811-1936), Pamplona, 1981. J. Uña Sartou, Las asociaciones obreras en España. Notas para su historia, Madrid, 1990. J. A.Yborra, Los orígenes del derecho de asociación laboral en España (1800-1869), Valencia, 1978.

Primera legislación obrera L. E. De la Villa Gil, “Nacimiento del derecho obrero en España”, en Actas del I Simposio de Historia de la Administración Española, Alcalá de Henares, 1970, pp. 551-600. F. Montero García, “La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera en España (1890-1900). Primera parte: el debate académico”, y “Segunda parte: el debate político-parlamentario”, en Revista del Trabajo, nums. 59-60, 1980-1981, y 61-62, 1982, respectivamente. A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje de las primeras leyes laborales de España, Madrid, 1975. A. Núñez Orgaz, “Gestación de la primera Ley de regulación del trabajo de la mujer (18831900)”, en El trabajo de las mujeres. Siglos XVI-XX.VI Jornadas de investigación interdisciplinar, Madrid, 1989.

Primeras instituciones públicas laborales M. D. de la Calle, La Comisión de Reformas sociales (1883-1903). Política social y conflictos de intereses en la España de la Restauración, Madrid, 1989. C. Illades, De los gremios a las sociedades de socorros mutuos, Instituto de Investigaciones históricas, vol.13, 1990, en http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc13/164.html. J. I. Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1988. F. Rubio López de la Llave, “Las Juntas de Reformas sociales y el reformismo social de la Restauración (1900-1924)”, en Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 1 (1987), en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-8DCA1D61-0C73F08B-7F83-1DDF44DBA673&dsID=PDF

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Capítulo 6

El nacimiento de un derecho de la clase obrera

I. LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO OBRERO EN LA DÉCADA DE LOS VEINTE Si tratar de clasificar en cualquier estudio histórico es muy arriesgado, por cuanto la Historia no actúa a saltos sino que es un continuum de antecedentes y consecuentes, aún lo es más cuando nos planteamos la evolución del derecho que regula las actividades de trabajo, máxime cuando éstas se individualizan a través de una específica legislación, dirigida al mundo obrero que da lugar, con posterioridad, al nacimiento de un nuevo sector del ordenamiento jurídico, el Derecho del Trabajo. Aunque los distintos periodos políticos de los convulsos siglos XIX y XX pudieran afectarle, éste no evolucionó al mismo ritmo de los cambios de gobierno, sino envuelto en un movimiento mucho más amplio de carácter internacional e impulsado también por las protestas o revolución obrera. De tal manera, para establecer el momento de eclosión o mayor desarrollo del Derecho Obrero en España, no hay que fijarse tanto en el marco político como en el puramente legislativo; y, desde esa perspectiva, estamos necesariamente de acuerdo con autores como De la Villa Gil, quien afirmaba que en la década de los veinte, durante los últimos años del reinado de Alfonso XIII y la posterior Dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1931, se vivió el principal periodo de consolidación del derecho obrero español, coincidente con una fuerte preocupación por las relaciones de trabajo en el ámbito internacional, como se verá en el tema siguiente. Durante dicha década, se superó la primigenia legislación obrera de carácter proteccionista, y se dio comienzo a la elaboración de un nuevo derecho formado por un conjunto mucho más amplio, coherente y ordenado de principios y normas que iban más allá de la mera protección de los trabajadores para comenzar a regular las condiciones y el mercado de trabajo, incluido el hasta ahora vetado contrato de trabajo. A este Derecho Obrero o “industrial”, aún le faltaba mucho para poder considerarse un cuerpo completo de “Derecho del Trabajo”, pero al menos sí que puede considerarse origen del mismo.

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1. Causas para la consolidación del Derecho Obrero Las causas que situaron en la citada década de los veinte, a partir de 1919, el periodo de consolidación del Derecho Obrero, son varias: a) Los ecos de la Revolución Rusa de 1917, y el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que supuso para España una disminución de la demanda extranjera y un importante alza de precios, se tradujeron en nuestro país en un aumento de la conflictividad laboral con nuevas huelgas, multitud de acciones de protesta e incluso atentados. b) La firma del Tratado de Versalles por el que se ponía fin a la guerra, implicó además un nuevo escenario internacional con la creación de la Sociedad de Naciones, en cuyo seno surgió la Organización Internacional del Trabajo, a la que España se adhirió por ley de 14 de agosto de 1919. c) El creciente intervencionismo científico del Estado, que ya se había manifestado con la creación de otros órganos de importancia, culmina con la aparición del Ministerio de Trabajo en el año 1920, del que ya se hizo mención. d) La Dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1931, como ocurrió en otros regímenes totalitarios europeos, se propuso como uno de sus objetivos fundamentales la desactivación del movimiento obrero a través de la regulación y el control de todo el ámbito laboral, llevando hasta el extremo la política de “armonización” pública puesta en marcha en épocas anteriores mediante una intervención mucho más férrea. 2. Principales normas de Derecho Obrero Las causas más arriba citadas, que se cifraban fundamentalmente en un aumento de la conflictividad social, un mayor interés público por su control y una tendencia internacional que marcaba el curso de las reformas, influyeron en el desarrollo en España de un nuevo periodo legislativo en el ámbito socio-laboral, en el que se pueden citar normas tan significativas como:  Real Decreto de 11 marzo de 1919, que por primera vez establecía el “retiro obrero”, primer seguro social obligatorio de la historia de la previsión social española (Texto 48).  Real Decreto de 3 abril de 1919 que fijaba la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales, adelantándose a la mayoría de los países industrializados y a los acuerdos de la OIT sobre el tema, dando así respuesta a una de las más antiguas reivindicaciones laborales de los trabajadores (Texto 49).  Decreto de 11 de octubre de 1919, que constituyó la Comisión Mixta del Trabajo en Barcelona, abriendo el camino a nuevos proyectos de organización corporativa similares (Texto 50).  Ley de 10 de enero de 1922, que modificaba la anterior de 1900 sobre accidentes de trabajo.  Ley de 13 de julio de 1922, ratificando el Convenio OIT concerniente al trabajo de las mujeres antes y después del parto, y para la creación de una caja de seguro

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obligatorio de maternidad, considerado como el primer subsidio de maternidad en España, con retraso respecto a otros países europeos, desarrollada por el Real Decreto de 21 de agosto de 1923 y modificativa de la anterior Ley de 13 de julio de 1922.  Real Orden de 25 de enero de 1924, creando los Servicios provinciales de inspección industrial, llamados a actuar como oficinas provinciales del Ministerio de Trabajo.  Real Decreto-Ley de 8 de junio de 1925, para adaptar la normativa sobre descanso dominical a lo convenido por la OIT, aumentando el número de trabajos u oficios beneficiados con este descanso, aunque seguía habiendo excepciones. El Real Decreto-Ley de 17 de diciembre de 1926 lo completó, aprobando un nuevo reglamento de descanso dominical.  Real Orden de 20 de octubre de 1925, estableciendo que, al término de cada contrato, el patrono o contratista entregara al obrero un certificado acreditativo del tiempo y de la clase de trabajo o servicio prestado.  Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1926, que reguló el trabajo a domicilio, definido como el que, siendo de la naturaleza permitida por la ley, ejecutasen los obreros en el local en que estuviesen domiciliados por cuenta de su patrono, y del cual recibiesen retribución por obra ejecutada. Según De la Villa Gil, esta disciplina legislativa se aplicó fundamentalmente al llamado “trabajo de la aguja”, y fue una de las normativas más importantes de la legislación laboral en España (Texto 51).  Real Orden de 31 de agosto de 1929, obligando al Instituto de reeducación profesional, los Institutos de orientación y selección profesional, los centros de formación profesional y las escuelas sociales, a cooperar al estudio y prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. También se reguló en atención a sectores concretos, como la minería, el ferrocarril, la banca o la navegación, en previsión del paro, sobre salubridad e higiene en los centros de trabajo, para mejorar el acceso y las condiciones de las viviendas de los trabajadores, sobre facilidades de acceso al crédito y promoción del ahorro, sobre seguros especiales para trabajadores, como por ejemplo, para familias numerosas de más de 8 hijos en 1926, o en promoción de acciones benéficas y de asistencia social, en relación a los trabajadores más desfavorecidos. La cada vez mayor abundancia y dispersión de esta creciente normativa, pronto puso de relieve la necesidad de recopilarla en un único texto que le diera coherencia y sistematización, dotándola además de la doctrina necesaria para conocerla e interpretarla de forma unitaria. Los esfuerzos en este sentido culminarían con la ley más importante del derecho obrero promulgada hasta el momento: el Código de Trabajo de 1926, publicado durante la Dictadura de Primo de Rivera de acuerdo con los nuevos principios económico-sociales que se impusieron entonces en las relaciones de trabajo. II. PRINCIPIOS ECONÓMICO-SOCIALES DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: NUEVO MARCO POLÍTICO PARA LAS RELACIONES DE TRABAJO Los partidos socialista y republicano, y los sindicatos UGT y CNT, que se habían constituido legítimamente tras el definitivo reconocimiento del derecho de asociación

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en la Constitución de 1876, fueron adquiriendo cada vez mayor relevancia durante los últimos años del periodo de la Restauración, al tiempo que este sistema político basado en el turno de partidos se iba debilitando. Como ya se dijo, el punto álgido de la lucha de clases tuvo lugar entre 1919 y 1920, tras la revolución rusa de 1917, sucediéndose en España durante estos años numerosas manifestaciones de protesta en forma de huelga, principalmente en Andalucía y Cataluña. En Cataluña, algunos anarquistas descontentos dieron comienzo además a la etapa más negra de su historia, conocida como la del “pistolerismo”, con grupos tan violentos como el de “los solidarios”, que se formó entre 1922 y 1923 por Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Gregorio Jover y García Oliver, entre otros, como respuesta a la guerra sucia emprendida contra los sindicatos. La respuesta gubernamental ante la escalada de este clima de crispación no se hizo esperar, primero con la suspensión de garantías constitucionales y la declaración del estado de excepción como forma de combatir el pistolerismo, y finalmente, con la sublevación militar del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. El golpe de Estado, alentado en gran medida por la patronal catalana, se extendió a Madrid con el apoyo de un buen número de unidades militares. El propio Alfonso XIII cedió el poder a Primo de Rivera dando comienzo el periodo de la Dictadura. El establecimiento en España de este régimen totalitario coincidía en el tiempo con el ascenso del totalitarismo en buena parte de Europa, acuciado por el miedo a la revolución del proletariado. Así en 1920 surge en Alemania el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP), el fascismo de Benito Mussolini se implanta en Italia en 1922, ese mismo año de 1922 Stalin era nombrado Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias, sometiendo el desarrollo de la revolución bolchevique a su propia dictadura, y finalmente los regímenes totalitarios también se implantaron durante este periodo en la Hungría de Horthy en 1920, en la Polonia del mariscal Pilsudski en 1926, o incluso en el Portugal de Antonio de Oliveira Salazar en 1932. Primo de Rivera admiraba especialmente el régimen totalitario de Benito Mussolini, con quien se reunió en alguna ocasión, y cuyo sistema intervencionista y corporativista quiso importar a España. Sus claves para resolver la cuestión social española fueron, en consecuencia, una reactivación de la economía a través de la intervención pública, y una mayor intervención también en las relaciones de trabajo a través de un incremento legislativo y, sobre todo, del control institucional de las asociaciones u organizaciones obreras. 1. Medidas proteccionistas para la reactivación económica Por lo que se refiere a la reactivación económica, la favorable situación internacional permitió a la Dictadura fortalecer el crecimiento económico español durante los primeros años de su gobierno. Para ello, tuvo que inyectar un importante capital público a la economía, supliendo la falta de capital privado, y poner en marcha una política de acusado carácter proteccionista frente al liberalismo de épocas anteriores, en la misma línea que se estaba siguiendo en la Europa del momento. El principal artífice de este tipo de medidas económicas fue el ministro Calvo Sotelo, quien destinó sobre todo la inyección de capital público al desarrollo de obras públicas

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e infraestructuras, el principal motor de la economía fue su ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras, así como a la industria pesada y minería, aunque también podría señalarse importantes medidas públicas dirigidas a la mejora de la agricultura, con un interesante proyecto hidráulico, y el comercio exterior. Parte de la política económica proteccionista de la Dictadura se tradujo, asimismo, en la regulación pública de los mercados, fijando precios y aranceles y limitando la producción por medio del Consejo de Economía Nacional, y cobraron una enorme importancia las ayudas y subvenciones estatales. Se consiguió con ello que la economía viviera momentos de expansión, y que en las regiones ya industrializadas como Cataluña o las provincias vascongadas aumentaran los puestos de trabajo por primera vez en la historia de España, produciéndose un nuevo ciclo de migraciones intrapeninsulares que favoreció el desarrollo económico de algunas zonas en detrimento de otras. Ahora bien, estas inversiones y ayudas públicas no sólo afectaron a la desigual concentración de la riqueza en España, sino que también produjeron a medio plazo un importante incremento de la deuda pública. Para resolver el déficit presupuestario no se desarrolló ninguna política fiscal específica, sino que simplemente se recurrió a la venta de monopolios como la tabacalera, telefónica, CAMPSA en petróleo, la lotería nacional, en episodios a veces poco transparentes o de evidente favoritismo político, como por ejemplo, la entrega del monopolio del tabaco de Marruecos a Juan March, con lo que la situación de la Hacienda Pública no hizo más que agravarse, condicionando los últimos años de la Dictadura y también la posterior política económica de la Segunda República. 2. Control de la cuestión social y derecho de asociación Por su parte, en lo relativo al control de la cuestión social, la Dictadura trató de contentar a la clase obrera mediante la promulgación de nuevas leyes del trabajo de claro signo populista, como la vivienda de protección oficial, el retiro obrero, la protección de familias numerosas o la protección de la maternidad, siendo su mayor esfuerzo legislativo el Código de Trabajo de 1926. Pero también trató de intervenir mediante la creación y el control de Comités Paritarios en todas las empresas, como órganos mixtos para reglamentar las condiciones de trabajo y los salarios y resolver conflictos, coordinando todos ellos a través de la Organización Corporativa Nacional. En ella tuvieron cabida los sindicatos más moderados, fundamentalmente la UGT y sindicatos libres, que participaron del juego político mientras que se persiguió a los miembros de la ilegalizada CNT. El derecho de asociación sufrió así un duro golpe porque, aunque teóricamente se mantuvo la ley de asociaciones de 1887, se aumentaron los controles para impedir la acción de la CNT, que fue prohibida y tuvo que pasar a la clandestinidad siendo encarcelados algunos de sus militantes. La UGT, sin embargo, fue tolerada para que el dictador pudiera reforzar su posición entre los trabajadores, aunque sus vías de acción quedaron absolutamente intervenidas por el Estado a través de la creación de los Comités Paritarios. El PSOE, por su parte, continuó su línea de acción colaboracionista al objeto de conseguir, al menos, su “programa de mínimos”, e incluso se avino a que Largo Caballero fuera nombrado Consejero de Estado en el nuevo régimen para tratar de impulsar reformas desde dentro.

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La lucha revolucionaria quedó, por tanto, en manos de la ilegalizada CNT, y también de un nuevo grupo anarquista que surgió en 1927 en la clandestinidad, la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Ellos fueron los responsables de la mayoría de acciones o intentos terroristas, incluido el asesinato frustrado del rey Alfonso XIII en 1926, atribuido al grupo “los solidarios”. Y, frente a su política del terror, la Dictadura respondió con una aún mayor presión, llenando las cárceles de presos sindicalistas y provocando la huida de muchos de ellos a Francia, desde donde seguirán actuando. El semanario Solidaridad Obrera vio censurados gran parte de sus contenidos hasta mayo de 1924, fecha en la que fue definitivamente prohibido, aunque inmediatamente después comenzaría a publicarse un nuevo semanario de clase bajo el nombre de Solidaridad Proletaria. III. LA LABOR CODIFICADORA DE LA DICTADURA: EL CÓDIGO DE TRABAJO DE 1926 Y EL CONTRATO DE TRABAJO 1. Labor codificadora El intervencionismo científico en materia laboral y el creciente desarrollo del derecho obrero, determinaron que ya en 1924, mediante la Real Orden de 22 de febrero, se constituyera una Comisión para el estudio, recopilación y refundición sistemática de las leyes relativas al trabajo, siendo responsable de la misma Eduardo Aunós Pérez, Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, quien además había sido presidente de la XIII Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra. Esta Comisión para la codificación por materias del Derecho Obrero, estaba compuesta por juristas y técnicos especialistas en la materia, pero también por representantes de la patronal y de las asociaciones obreras, y consiguió culminar su trabajo con un alto grado de consenso en un tiempo de dos años. El proyecto presentado al Gobierno por la citada Comisión fue aprobado prácticamente en su integridad, constituyendo, por Real Decreto-Ley de 23 de agosto de 1926, el primer Código de Trabajo español. El movimiento codificador, propio del pensamiento racionalista de la época, estaba por aquel entonces en pleno apogeo, y se consideró, que al igual que se codificaban otros sectores del ordenamiento jurídico, como el derecho penal, civil o mercantil, también era necesario codificar el derecho obrero o industrial, aunque sin reparar quizás en que el derecho relativo al trabajo era todavía una rama demasiado viva para su codificación. De hecho, la propia Exposición de Motivos del texto reconocía que el llamado “código” no lo era en puridad, por cuanto estaba incompleto, pues se afirmaba que “el código no abarca todo el derecho del trabajo; es, por lo tanto, parcial”. Pero aun así fue muy bien recibido por la doctrina y la sociedad en general, ya que al menos suponía una primera ley unitaria sobre el Derecho Obrero, y un primer paso en orden a posteriores elaboraciones legislativas de carácter sistemático. Aunque su mérito más destacado fue la regulación, por primera vez en España, del contrato de trabajo de forma autónoma, separándolo definitivamente del contrato de arrendamiento de servicios civil (Texto 52). El Código se dividía en cuatro libros que también atendieron a otros temas según la siguiente estructura: Libro 1: Del contrato de trabajo.

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Libro 2: Del contrato de aprendizaje. Libro 3: De los accidentes de trabajo. Libro 4: De los tribunales industriales. En la parte relativa a los accidentes de trabajo, el Código recogió fundamentalmente la regulación ya contenida en la ley de 1922, así como su normativa de desarrollo, tratando de darle un nuevo impulso, especialmente en lo relativo al fondo de garantía de los trabajadores accidentados. Pero la ley resultó confusa, y en ocasiones contradictoria (por ejemplo, mantenía el aseguramiento potestativo del trabajador en tierra y obligatorio en mar), y al parecer no logró un alto grado de cumplimiento, como denunció la doctrina en años posteriores. Sí resultó ser más eficaz el Código en cuanto a la reforma que acometió de la jurisdicción laboral en manos de los Tribunales Industriales. Se basó para ello en la primigenia regulación de la Ley sobre Tribunales Industriales, de 19 de mayo de 1908, reformada por Ley de 22 de julio de 1912, que daba a estos tribunales competencia sobre las reclamaciones surgidas entre patronos y obreros o entre obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento o rescisión de contrato, y sobre las controversias surgidas en aplicación de la ley de accidentes de trabajo. Pero el Código amplió el ámbito competencial de los Tribunales Industriales, modificó su estructura o composición, y reformó también cuestiones procedimentales, añadiendo la posibilidad de nuevos recursos y mayor celeridad en la ejecución de las sentencias, para superar las dificultades y errores que la práctica llevada a cabo durante esos años había puesto de relieve. En definitiva, consiguió que efectivamente esta primigenia jurisdicción laboral pudiera funcionar mejor, y para ello se previó también la creación de una sección especial en el Tribunal Supremo para entender de asuntos laborales y, asimismo, secciones especiales en las salas de lo civil hasta que ya en la Segunda República se creara la sala de lo social. Entramos ahora a analizar la parte principal del Código, cuya primera regulación se dirige específicamente al contrato general o común de trabajo y, junto a él, se analizará las otras tres modalidades de contrato de trabajo que en él se previeron (Texto 53). 2. El contrato general o común de trabajo El contrato de trabajo vino a refundir y superar las dos antiguas figuras del contrato de arrendamiento de servicios y el contrato de arrendamiento de obra, otorgándole además autonomía propia. Se definía como el contrato por el cual el obrero se obligaba a ejecutar una obra o prestar un servicio a un patrono por un precio cierto, incorporándose ya en la propia esencia del contrato de trabajo, los caracteres que lo impregnarán como propios del naciente Derecho del Trabajo: libertad, ajenidad, dependencia y remuneración. Confusiones conceptuales. No se definían expresamente los conceptos de patrono y obrero, lo cual dio lugar a un considerable confusionismo en la época, dudándose si determinadas actividades y colectivos podían considerarse obreros o no, por ejemplo, en las actividades artísticas. En principio, se interpretó que el obrero debía realizar un trabajo manual, poniéndose más el acento en este hecho que en el intercambio de trabajo

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por salario, cualquiera que fuera el tipo de trabajo, que más adelante definiría efectivamente esta clase de contrato. Otra cuestión confusa fue la distinción entre los contratos de grupo y los contratos colectivos, que en cualquier caso debían realizarse siempre por escrito recogiendo especiales garantías para los trabajadores. También era obligatorio realizar por escrito los contratos superiores a 1.500 pesetas; aunque para menores cuantías se permitía el contrato verbal, e incluso el contrato de trabajo tácito, que era el que se presumía entre todo aquel que prestara un trabajo y el que le pagara por ello. Capacidad contractual. Según el Código, tenían capacidad contractual en este nuevo ámbito laboral:  Los mayores de 18 años por sí mismos.  Los mayores de 14 años emancipados con el consentimiento de sus padres o abuelos (es decir, que vivieran independientes de éstos), también por sí mismos.  Los mayores de 14 años con autorización del padre, la madre, el abuelo paterno, el materno, el tutor, o las personas o instituciones que lo tuvieran a su cargo, por ese orden.  La mujer casada con autorización de su marido, excepto en el caso de separación de derecho o hecho. Condiciones contractuales. Las condiciones del contrato se regularían por las propias estipulaciones pactadas en el mismo, ya fueran escritas o verbales, y sólo en segundo lugar por los usos y costumbres de cada lugar. Habría que respetar, por lo demás, las normas generales que reglamentaban el trabajo en el ámbito nacional, es decir, las leyes vigentes sobre limitación de la jornada laboral, descanso dominical, etc. En los contratos de personal contratado para prestar servicios en las administraciones públicas, ya fuera del Estado, de la provincia o del municipio, o de empresas o establecimientos subvencionados o intervenidos públicamente, el trabajo debía quedar en suspenso, reservándose la plaza al obrero que fuera llamado a filas, durante la prestación de este servicio militar. Dicha reserva de plaza durante el servicio militar, que el Código previó sólo para las empresas o servicio públicos, fue extendida por la doctrina también a las empresas privadas. Salario. Especialmente tuitiva o garantista se mostró la regulación del salario:  El pago debía realizarse en moneda de curso legal, prohibiéndose el truck-system o práctica consistente en pagar al obrero con mercancías propias del patrono o vales intercambiables sólo en sus tiendas o establecimientos.  Se prohibió toda condición contractual que obligase a los obreros a consumir artículos en establecimientos del patrono.  Se prohibió el abono de los salarios en tabernas, cantinas o establecimientos de recreo.  Los créditos salariales se consideraron privilegiados frente a otro tipo de créditos, con arreglo a la preferencia determinada en el Código Civil y el Código de Comercio.  Los salarios sólo podrían embargarse en la forma y cuantía prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que en ningún caso el haber diario del trabajador embargado pudiera ser inferior a 4 pesetas.

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Despido. En cuanto al despido o extinción del contrato, se previó que los contratos por tiempo determinado no podían ser denunciados por ninguna de las partes antes de su vencimiento, salvo que concurriese causa justa. Para el patrono se consideraban como tales:  Las faltas repetidas del obrero a las condiciones del contrato.  La pérdida de confianza para los trabajos a los que se dedicase.  Los malos tratamientos o falta grave de consideración al propio patrono, su familia o compañeros de trabajo. Por su parte, eran consideradas causas justas de recisión del contrato para el obrero:  La falta de pago en plazo y forma.  El incumplimiento de las condiciones del contrato por parte del patrono.  Los malos tratamientos o falta grave de consideración por parte del patrono, su familia o compañeros de trabajo. Los contratos por tiempo indefinido podían extinguirse unilateralmente por cualquiera de las partes según venía dictaminando la jurisprudencia. El Real Decreto de 22 de julio de 1928, que reformaba la organización corporativa nacional, también atribuyó a los Comités Paritarios competencia en materia de despidos, estableciendo que su junta directiva, o bien un jurado del mismo integrado por un número paritario de patronos que de obreros, podía resolver todas las reclamaciones presentadas en este sentido por obreros que hubieran sido despedidos antes de la terminación del contrato, alegando o sin alegar el patrono causa justa. Las reclamaciones debían interponerse en un plazo máximo de 48 horas, o 96 si se residía fuera de la localidad, y si el jurado no hallaba causa justa en el despido el patrono estaba obligado a readmitir al obrero en otro plazo máximo de 48 horas, salvo que el obrero hubiera encontrado otro trabajo, debiendo pagarle el salario de los días en que no hubiese trabajado. También podía pactarse una indemnización en el caso de que el patrono no quisiera readmitir al obrero. 3. El contrato de trabajo en relación a las obras y servicios públicos Tras la regulación del contrato general o común de trabajo, el Código regulaba en especial el contrato de trabajo en obras y servicios públicos, entendiéndose que en todo lo no especificado en dicha regulación especial sería aplicable el régimen general previamente establecido. Se trataba simplemente de garantizar una mayor seguridad jurídica en los contratos públicos de trabajo, estableciéndose que todo concesionario de obras públicas del Estado, provincia o municipio, debía realizar un contrato por escrito, no verbal, con los obreros estipulando todas las condiciones del trabajo: duración, horario, precio, causas de suspensión, procedimiento de avenencia o conciliación en caso de reclamaciones, etc. Un posterior Real Decreto-Ley de 6 de marzo de 1929 abundó en la cuestión de forma mucho más extensa y detallada, fijando medidas para evitar que los contratistas de obras públicas y sus obreros incumplieran sus contratos, y estableciendo los requisitos de los pliegos de condiciones.

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4. Otros contratos de trabajo: el contrato de embarco y el contrato de aprendizaje Desde que comenzaran a regularse las relaciones de trabajo, tanto la doctrina como la jurisprudencia venían entendiendo que trabajar en un barco requería de una regulación especial, por las especiales condiciones de dicho trabajo, fuera del territorio nacional, alejado del control de las autoridades públicas, en lugar en el que se requiere una especial disciplina, etc. Para prever estas especialidades ya se dictó una primera ley de 26 de marzo de 1925, que aprobaba el reglamento sobre contratación de las dotaciones para los buques mercantiles, y éste régimen se plasmó asimismo por escrito en la parte correspondiente del Código de Trabajo. Finalmente, por lo que respecta al contrato de aprendizaje, regulado en el libro segundo del Código de Trabajo, no supuso ninguna novedad de importancia. Simplemente, se trató de recopilar y ordenar la legislación previamente existente sobre la enseñanza técnica de los jóvenes en las empresas y la orientación profesional, especialmente lo contenido en la ley de 1911. IV. LOS COMITÉS PARITARIOS Y LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA NACIONAL La Dictadura de Primo de Rivera, como se ha dicho antes, trató de poner fin a la lucha de clases mediante la intervención o injerencia del Estado en todo lo relativo al trabajo, y para ello, además de incrementar la labor legislativa, buscó el apoyo fundamental de estructuras u órganos profesionales que pudieran servirle de enlace entre el ámbito privado de la empresa y la esfera pública estatal. Los antecedentes con los que se contaban hasta el momento en este sentido, se habían desarrollado fundamentalmente en el área catalana con la temprana creación de los llamados Comités Paritarios y la Comisión Mixta del Trabajo de Barcelona en 1920, y la aparición de la Delegación Regia del Ministerio de Trabajo en 1923. Dichos Comités Paritarios fueron los órganos de base elegidos por la Dictadura para tejer su red de control sobre el movimiento obrero, extendiéndolos desde el área catalana a todo el país. Se trataba de unos órganos de influencia fascista italiana, compuestos por el mismo número de representantes de patronos y obreros y un representante del gobierno, cuya función era fijar las condiciones de trabajo y resolver los conflictos laborales, sirviendo así de freno a las huelgas o cualquier otra acción reivindicativa. Los sindicatos de UGT y algunos otros sindicatos libres se avinieron a participar en tales Comités Paritarios en representación de los obreros. Pero fueron duramente criticados por los comunistas y anarquistas, que provocaron una espiral de conflictividad social hasta conseguir, finalmente, la marcha del Dictador el 28 de enero de 1930. Los Comités Paritarios se mantendrían, no obstante, hasta 1931, cuando fueron sustituidos por los Jurados Mixtos. Veamos su evolución desde los antecedentes de Cataluña.

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1. Comités Paritarios y Comisión Mixta de Cataluña Los Comités Paritarios se crearon originariamente en Cataluña por Real Decreto de 24 de abril de 1920, y en principio eran seis, según los ramos de banca, seguros, transportes, venta al por mayor, venta al detalle, y alimentación, luego reducidos a 4 en 1924, desarticulándose los dos últimos. Estaban constituidos por el mismo número de patronos que de obreros o empleados, en total entre 12 y 40 miembros, para servir como órgano de conciliación y toma de decisiones conjuntas. Todos ellos convergían en la llamada Comisión Mixta, cuya principal función era aprobar los acuerdos adoptados por los diferentes Comités Paritarios, puesto que sin su aprobación tales acuerdos no podían entrar en vigor, y resolver las cuestiones que no hubieran podido solventarse en los Comités. A tal fin, la composición prevista para la Comisión fue de siete miembros, que duraban cuatro años en el cargo y se renovaban por mitad cada dos: tres representantes de los patronos, tres de los obreros y un magistrado de la Audiencia de Barcelona que realizaría la función de presidente de la Comisión. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión eran vinculantes, y sólo podían ser recurridos ante el Ministerio de Trabajo, creado asimismo en 1920. Con ello, la vinculación pública de estos organismos, absolutamente necesaria para su eficacia, quedaba fuera de duda, entretejiéndose con ella la primera red de relaciones institucionales entre el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, y las estructuras profesionales colectivas. 2. Delegación regia o regional de Trabajo en Cataluña También en Cataluña y con jurisdicción sobre las cuatro provincias catalanas y Baleares, debido a su especial crecimiento industrial, se estableció una novedosa “Delegación regia” del Ministerio de Trabajo por Real Decreto de 9 de febrero de 1923, que un año después, por Real Orden de 8 de julio de 1924, pasó a denominarse Delegación Regional de Trabajo quedando limitada a las cuatro provincias catalanas. La Delegación debía realizar labores de vigilancia e información de los movimientos o circunstancias que pudieran afectar al trabajo, controlando la acción de las organizaciones profesionales existentes, e incluso pudiendo nombrar Comités Paritarios circunstanciales o permanentes, previa autorización del Ministro, para resolver conflictos. 3. Desarrollo de Comités Paritarios y Delegaciones regionales en otras regiones españolas Los antecedentes ensayados en Cataluña sirvieron de base para que el Ministerio de Trabajo tratase de crear Delegaciones regionales y otros Comités Paritarios circunstanciales o permanentes en el resto de provincias españolas a partir de 1922, consolidándose especialmente con el Real Decreto de 26 de noviembre de 1926, con la única excepción de la creación de los Tribunales de Trabajo ferroviario en 1923, que sustituyeron a estos Comités paritarios para la resolución de los conflictos de trabajo por vía de la negociación. Para formar uno de estos Comités se preveía la necesidad de que las autoridades regionales o provinciales de aquellos lugares en que existieran conflictos en determinadas

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industrias o ramas de producción, se pusieran previamente de acuerdo con el Ministerio. Una Real Orden de 30 de agosto de 1924 estableció que por las Delegaciones regionales de trabajo se admitirían y registrarían las instancias presentadas en solicitud de constitución de tales Comités Paritarios circunstanciales o permanentes, que podían pedir los patronos o los propios obreros que representasen al menos un diez por ciento del sector profesional. Ello permitió que a partir de esa fecha se fueran creando diversos Comités por ramas laborales (tocineros, peluqueros y barberos, camareros de hoteles y cafés) en distintos lugares. Una de las funciones de los citados Comités Paritarios, ya fueran éstos permanentes o circunstanciales, era la de mediar entre las asociaciones o sindicatos obreros legalmente inscritos y la patronal, velando porque los patronos conociesen siempre de las reclamaciones o peticiones de carácter colectivo presentadas por aquellos, y tratando en caso contrario de conciliar ambas posturas y reanudar negociaciones si éstas se hubieran paralizado por cualquier motivo. Sólo si la labor del Comité Paritario resultaba infructuosa, el Ministerio de Trabajo podría someter este tipo de conflictos al Instituto de Reformas Sociales para que informase sobre la cuestión antes de proponer al Gobierno la adopción de las medidas más oportunas. Pero aún en estos casos, el Comité Paritario debía seguir reuniéndose para encontrar una solución consensuada, sin que ni las huelgas ni los paros, habiendo sido legalmente convocados, afectasen a su labor. El movimiento sindical de la clase obrera se veía de este modo intervenido en cierta medida por la reforma corporativa, debiendo tramitar todas sus acciones, incluso la solicitud de huelga, a través de estos órganos paritarios. También se intentó desde fecha temprana que se creasen sindicatos profesionales libres, bien de oficio, de rama o de demarcación, que, debidamente inscritos en las Delegaciones del Ministerio de Trabajo, pudiesen formar parte de los Comités. Con ello se pretendía sustituir los antiguos sindicatos revolucionaros de clase, representados fundamentalmente por la UGT y las secciones sindicales que fueron toleradas a pesar de la prohibición de la CNT, por unos nuevos sindicatos, más pequeños y deslavazados o inconexos, para su mejor control por parte del gobierno. Pero, aunque se crearon algunos sindicatos libres, estos nunca llegaron a reemplazar a los anteriores, quedando frustrado el proyecto gubernamental. 4. La Organización Corporativa Nacional El proyecto puesto en marcha a partir de 1922, culminó con el Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, del Ministro de Trabajo Eduardo Aunós, que estableció con carácter general y obligatorio los Comités Paritarios y las Comisiones Mixtas, relacionados entre sí, en gradación jerárquica, como estructura básica de la Organización Corporativa Nacional, de la que eran su principal pilar (Texto 54). El objetivo era articular todo el trabajo nacional en grupos corporativos, a los que se pudiera acceder fácilmente desde el gobierno, “domesticando” la acción sindical. Para ello se establecieron tres grupos de producción: primaria para sectores como la minería y la pesca; secundaria para sectores como las eléctricas, gas, agua, siderurgia, metalurgia

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y derivados, construcción, madera, textil o conserveras; y terciario, de servicios o de comercio, entre otros. Los Comités Paritarios de las distintas ramas pasaban a crearse por Real Orden del Ministerio de Trabajo en los distintos lugares, y eran considerados instituciones públicas, e integraban en su conjunto la corporación nacional según el siguiente esquema: los Comités Paritarios locales o interlocales dependían de las Comisiones Mixtas de Trabajo, éstas de los Consejos de Corporaciones, y éstos de la Comisión Delegada de los Consejos de corporaciones. a) Los Comités Paritarios estaban formados por igual número de representantes de los patronos y de los trabajadores (la UGT siguió copando la mayoría de los puestos), siendo su presidente un representante del gobierno. Se encargaban de regular las condiciones laborales y de resolver los conflictos entre la patronal y los obreros. b) Las Comisiones Mixtas de trabajo eran agrupaciones de Comités constituidas por Real Decreto, y sancionaban los acuerdos de éstos, sin perjuicio del oportuno recurso de casación. c) Los Consejos de Corporación eran los órganos centrales de cada profesión, y trataban de asuntos comunes a todo el ramo, actuando asimismo como órganos consultivos para el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. d) La Comisión Delegada de Consejos era el órgano central que adoptaba, en definitiva, las últimas decisiones vinculantes para todos los obreros y patronos. Esta organización corporativa se trasladó también al campo, extendiéndose al sector agrícola por Real Decreto-ley de 12 de mayo de 1928. Se culminaba así un intenso proceso de oficialización o burocratización de las relaciones laborales, en el que participaron algunos sindicatos obreros, pero del que quedaron excluidos sectores mucho más críticos que terminaron por poner cerco y fin al régimen. 5. El fin de la Dictadura y su estructura corporativa Desde el año 1927, la CNT, que no había dejado de actuar clandestinamente, acentuó sus contactos orgánicos con otros grupos legalmente establecidos en Cataluña y en el Norte, donde subsistían algunos periódicos confederales. Ese mismo año de 1927, en Valencia, se constituía la Federación Anarquista Ibérica (FAI), como unión de las organizaciones anarquistas, de un lado la portuguesa Unión Anarquista Portuguesa y, de otro la española Federación Nacional de Grupos Anarquistas, convirtiéndose en adelante esta última en una de las organizaciones revolucionarias más activas del país. En julio de 1928 se celebró en Barcelona una asamblea general de la CNT para tratar de coordinar la acción subversiva contra la Dictadura. Un año después se producía un intento de golpe de Estado en Valencia que, aunque frustrado, vino a demostrar la debilidad del régimen. A él se sumaba el aumento de la conflictividad social y una deuda pública muy difícil de reducir para que, finalmente, la oposición obligara a dimitir a Primo de Rivera el 28 de enero de 1930. Tras su marcha a París, el rey puso al frente del gobierno a Dámaso Berenguer en un último intento de mantener el régimen, la llamada “dictablanda”.

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Durante este breve periodo, la CNT volvió a conseguir su legalización el 30 de abril de 1930, el 9 de julio de ese mismo año reaparecería el periódico Solidaridad Obrera, y en general se reorganizaba el movimiento revolucionario al margen de las estructuras corporativas, al tiempo que crecían las aspiraciones republicanas. A la vista de tantas dificultades, Dámaso Berenguer acabó dimitiendo el 14 de febrero de 1931. Tras las elecciones de abril, en las que los republicanos consiguieron una amplia mayoría en las principales ciudades del país, Alfonso XIII se apresuraba también a abandonar el país, proclamándose pacíficamente la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. BIBLIOGRAFÍA Derecho obrero A. Elorza, “El proyecto de ley de Alonso Martínez sobre el trabajo en la industrial”, en Revista del Trabajo, 1969. M. J. Espuny i Tomas, “El tiempo del trabajo: la ordenación histórica de una conquista laboral”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 67, 1997. J. I. García Ninet, “Elementos para el estudio de la evolución histórica del Derecho Español del Trabajo: regulación de la jornada de trabajo desde 1855 a 1931”, Revista del Trabajo, 1975. J. Montalvo Correa, Fundamentos del Derecho del Trabajo, Madrid, 1975. A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España: la crisis de 1917-1923, Murcia, 1977. L. E. de la Villa Gil, “Nacimiento del derecho obrero en España”, en Actas del I Simposio de Historia de la Administración Española, Alcalá de Henares, 1970.

Principios económico-sociales de la dictadura de Primo de Rivera A. Aguado, La modernización de España (1917–1939). Ed. Síntesis. Madrid, 2002. A. Gallego, El Socialismo durante la Dictadura, Madrid, 1979. E. González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria (1923–1930). Alianza Editorial. Madrid, 2005. M. A. Perfecto, “Corporativismo y Catolicismo Social en la Dictadura de Primo de Rivera”, Studia Historica- Historia Contemporánea, vol. II, n.° 4, 1984. — “Bases ideológicas de la Política Social de la Dictadura”, en Studia Zamorensia Histórica, vol. VII, 1986, pp. 513-522.

Contrato de trabajo A. Gómez-Iglesias Casal, “De la locatio conductio al contrato de trabajo”, en Revista Española del Derecho del Trabajo, nº 70, 1995. P. Pérez Díez, El contrato de trabajo y la cuestión social, Madrid, 1921. A. Ruiz de Grijalba, El contrato de trabajo ante la razón y el derecho, 2º ed., Madrid, 1922. Mª T. Solana Mancha, La emergencia del contrato de trabajo. La codificación civil y los proyectos de ley de contratos de trabajo, 1821-1924, Madrid, 2002.

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Comités paritarios y organización corporativa nacional E. Aunós Pérez, La organización corporativa del trabajo, Madrid, 1928. M. J. Espuny i Tomás, “La Comisión Mixta del Trabajo en el comercio de Barcelona”, en Estado, protesta y movimientos sociales, Actas del III Congreso de Historia Social de España, VitoriaGasteiz, 1998, pp. 165-170. S. Fernández Riquelme, “Política, autoridad y trabajo. Eduardo Aunós y Estado corporativo en España”, en La Razón Histórica, nº 10, 2010, pp. 17-31. S. Giner y M. Pérez Yruela (eds.), El Corporativismo en España, Madrid, 1988. F. Largo Caballero, Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores, Madrid, 1925. M. A. Perfecto, “El corporativismo en España: desde los orígenes a la década de 1930, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp.185-218. J.L. Prieto Pérez, “Apuntes para la aproximación a los intentos de unificación sindical en España desde 1872 a 1936”, en Cuadernos de Derecho del Trabajo, 1978, nº 4. A. Zaragoza y J.Varela, “Pactos sociales y corporativismo en España”, en A. Zaragoza, Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Madrid, 1988, pp. 43-75.

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Capítulo 7

La protección jurídica internacional de los trabajadores

I. MANIFESTACIONES INTERNACIONALES HACIA LA DEFENSA DEL TRABAJADOR EN LAS RELACIONES DE TRABAJO A comienzos de la Edad Contemporánea, el estatismo del sector agrícola, pendiente permanentemente de una reforma agraria que acomodase los intereses de los propietarios y de los operarios agrícolas, y la consolidación de la revolución industrial en Centroeuropa, particularmente en países como Francia, Alemania o Bélgica, además de Inglaterra, provocó un efecto llamada para muchos obreros que se sumaron a movimientos migratorios temporales en busca de un trabajo fuera de su país. Los años finales del siglo XIX, y sobre todo las dos primeras décadas del siglo XX, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, supusieron la constatación de una gran movilización de mano de obra de trabajadores de la industria, conformándose una importante emigración internacional obrera. Este fenómeno trajo consigo un problema social añadido, que trascendía de las meras condiciones de las relaciones de trabajo de los países de acogida, para devenir en un problema de más calado que afectaba a otras cuestiones como la vivienda, sanidad, educación, familia, etc. La visión idílica del primer liberalismo, según la cual la libertad de trabajo permitiría que los trabajadores pudieran optar por una especie de movilidad ideal a fin de conseguir el tipo de empleo que mejor favoreciera sus cualidades de capacidad, destreza y mérito, pronto reveló la otra cara de la moneda. La proletarización de la masa obrera, desnaturalizada, desnacionalizada, sin hogar, se presentó como una burbuja flotante que fluctuaba en función de las necesidades industriales del mundo civilizado, en dura competencia con la masa obrera nacional, y que comportaba situaciones sociales de urgente solución, tales como enfermedades, situaciones de paro obrero, beneficencia o asistencia social obrera. Las asociaciones internacionales no tardaron en comprender que era necesario proponer distintas vías de solución a esta demanda laboral y social. Para ello, atendieron en

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primer lugar a las soluciones propuestas por las partes interesadas, generalmente representadas por las propias asociaciones internacionales; y, en segundo lugar, trataron de favorecer la creación de acuerdos internacionales marco entre los Estados parte del fenómeno migratorio –países exportadores e importadores de mano de obra obrera extranjera– a fin de establecer unas reglas mínimas en las relaciones de trabajo, lo más homogéneas posibles a las existentes en dichos Estados. La manifestación internacional más temprana de la acción de los representantes de los trabajadores, fue la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), fundada por Marx y Engels en 1864. A modo de un sindicato obrero internacional, la AIT pretendía hacer valer los derechos de los trabajadores, cualquiera que fuera el país donde se desempeñase la relación de trabajo. Bajo el lema “proletarios de todos los países, uníos”, se reivindicaban las ideas consagradas en el Manifiesto del Partido Comunista: los obreros no tienen patria; los proletarios, por mor de la lucha de clases, deben en primer lugar conquistar el poder político; y los proletarios deben finalmente erigirse en la única clase de cualquier nación, a fin de poder emanciparse de la clase opresora, propietaria del capital y de los medios de producción. Por esta vía de sindicalismo internacional, también surgieron otros modelos tales como la Federación Internacional de Mineros fundada en Londres en 1892, la Federación Litográfica Internacional de 1896, la Federación Internacional Textil, el Comité Internacional de Trabajadores del Ferrocarril, o la Federación Internacional de Transportes, todas ellas creadas a finales del siglo XIX. Por su parte, la idea de crear acuerdos internacionales marco o unas normas mínimas que vinculasen a los distintos Estados, tuvo su punto de partida en la primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada a instancias del gobierno suizo en 1889, y que fue seguida por la Conferencia Internacional de Berlín celebrada en marzo de 1890. Allí se propusieron por primera vez fijar las bases para la reglamentación internacional del trabajo de mujeres y niños, y también las del duro trabajo en las minas, pero en realidad el foro apenas sirvió para intercambiar puntos de vista sobre estas cuestiones, sin conseguir de hecho ninguna aplicación práctica. Lo mismo ocurrió en los dos Congresos Internacionales celebrados en 1897, uno para la protección obrera convocado en Zurich, y otro sobre la legislación del trabajo celebrado en Bruselas. En el primero, la mayoría socialista proclamó la necesidad de establecer una reglamentación internacional sin preocuparse de las dificultades prácticas, mientras que en el segundo, los economistas allí reunidos, de todo tipo de ideologías, constataron la dificultad, por no decir imposibilidad, de tales acuerdos internacionales. No obstante, aunque no ofrecieran resultados inmediatos, la función desempeñada por estos primeros congresos fue esencial para la emergencia de una legislación internacional proteccionista de los trabajadores. Su acción facilitó el acercamiento de las legislaciones internas de los países, sin perjuicio de seguir constatando, debido al celo de los Estados, la dificultad de acuerdos diplomáticos en algunas materias laborales. El Congreso Internacional para la protección legal de los trabajadores, organizado en París en 1900, en continuidad de los de Bruselas y Zurich, tuvo como objetivo esencial la constitución de una unión o Asociación Internacional para la protección legal de

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los trabajadores. Creada en la última sesión del Congreso, la nueva Asociación fue la base para el desarrollo de posteriores acciones internacionales, tales como las Conferencias diplomáticas obreras celebradas en Berna (1905-1906), e incluso nacionales, a través de la constitución de secciones nacionales de la Asociación, sobre todo en Alemania, o en España, creada su Sección en 1907. Su misión era la de favorecer la recopilación y difusión de todos los documentos legislativos o estadísticos concernientes a la legislación obrera en los principales países civilizados de Europa, pero también de Estados Unidos, a la vez que favorecer la celebración de Congresos Internacionales en los que se pudiera seguir avanzando en la creación de nueva legislación internacional obrera. Finalmente, para el ámbito del trabajo en el mundo rural, surgió en este primer momento de la colaboración internacional el Instituto Internacional de la Agricultura, previsto en la Conferencia de Roma de 1905, y puesto en marcha en 1908. El Instituto estableció una oficina central de trabajo agrícola a fin de regular el fenómeno de la emigración de los obreros del campo, y profirió el establecimiento de una reglamentación internacional en materia de seguros de cobertura de riesgos derivados de accidentes de trabajo agrícola. La mayor parte de los países europeos, así como algunos países de América del Sur, Japón o Estados Unidos, aceptaron este convenio, pero no así España, que no formó parte del mismo. II. LA EMERGENCIA DE UN DERECHO OBRERO DE CARÁCTER INTERNACIONAL “Por la paz y por el derecho, hacia la justicia social”. Así comenzaba el profesor de Derecho de la Universidad de Dijon, Barthélemy Raynaud, un libro editado en 1906 sobre la emergencia de un nuevo sector del ordenamiento jurídico de carácter mixto: de un lado, derecho obrero por tener como objeto de preocupación el marco jurídico de las relaciones de trabajo, ahora sí individualizadas, y, de otro lado, derecho internacional por cuanto su ámbito espacial trascendía del carácter meramente nacional, para intentar producir un sistema jurídico de relaciones de trabajo más cohesionado y convergente entre los países de Europa. El profesor Raynaud definió al Derecho internacional obrero como “la parte del Derecho internacional que regula la situación jurídica de los obreros extranjeros en materia de relaciones de trabajo”. Un derecho internacional obrero que es público porque se ocupa de acercar las relaciones interestatales en materia de trabajo, pero que también es privado, porque en la relación jurídico-laboral los elementos intervinientes son obreros y empresas extranjeras entre sí. Imaginando la masa obrera que emigra en busca de un trabajo industrial, y que finalmente lo encuentra en un país diferente al suyo, ¿qué legislación de trabajo le era aplicable? La respuesta era obvia: aquella legislación interna del Estado contratante. Pero dicha respuesta, en los albores del siglo XX, puso de relieve la necesidad de homogeneizar, o más bien de armonizar, aquellas cuestiones que más separaban a las legislaciones internas de los Estados en materia de relaciones de trabajo, como la duración de la jornada laboral, condiciones de trabajo, salarios, protección social, etc. Argumentos de orden humanitario, político y económico se difundían en los foros internacionales sobre la necesidad de instaurar normas internacionales de trabajo:

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De orden humanitario porque el número de obreros asalariados por cuenta ajena no paraba de crecer, vivían y trabajaban en condiciones intolerables, bajo explotación y sin ningún tipo de prevención de riesgos laborales, o ayudas sanitarias o familiares. De orden político porque era necesario tomar conciencia que las grandes masas de trabajadores que emigraban por mor de la industrialización, si no encontraban buenas condiciones laborales y de vida, podían convertirse en un problema de orden social que podía hacer tambalear a los propios gobiernos de los países que los acogían. De orden económico, porque la no adopción por parte de cualquier país de leyes en favor de los trabajadores supone un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que quieren mejorar con dichas reformas la economía de sus países.

1. Obstáculos y soluciones La puesta en marcha de una legislación internacional obrera se encontró con diversos obstáculos de difícil solución, debido a que los actores en juego, los Estados, celosos de sus competencias en materia de legislación laboral interna, buscaron múltiples artificios para evitar que los obreros extranjeros tuvieran los mismos beneficios que los nacionales. Así, aunque a finales del siglo XIX casi todos los países europeos ya tenían en su legislación interna normas protectoras de los trabajadores nacionales, estos mismos países pusieron muchas trabas para que los obreros extranjeros se beneficiaran de las mismas medidas proteccionistas. Asimismo, existían obstáculos objetivos que dificultaban el establecimiento de reglas internacionales aplicables por igual en los distintos Estados, exportadores e importadores de mano de obra, en determinadas cuestiones como:  La jornada laboral: la jornada de 8 horas de trabajo, tan demandada por el socialismo europeo, fue en sí misma un obstáculo, incluso a nivel de legislación interna de un país, dado que sólo era aplicable para determinados tipos de actividad, sobre todo la metalúrgica y la minera, soportando otras muchas actividades laborales jornadas muy superiores a las 8 horas.  El precio de venta: la política de precios de las empresas redundaba directamente en la contratación de trabajadores, y en las relaciones de trabajo con la empresa o industria. La diferencia de precios de venta de un mismo producto, de un país a otro, dificultó la homogeneidad de las reglas de trabajo. El grado de perfeccionamiento de los medios de producción, la profesionalidad del trabajador, el tipo de actividad, las facilidades de transporte o la situación económica del país, fueron razones determinantes de que la política de precios fuera diferente en cada país.  El incumplimiento del pacto internacional: muchos Estados, reticentes a la legislación internacional obrera, expusieron la dificultad para la resolución de conflictos procedentes del incumplimiento de dicha legislación internacional, al carecer de instancias internacionales que lo garantizaran. Así, por ejemplo, muchos Estados recelaron sobre la solución de conflictos que procedían de la

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aplicación de las leyes que hacían referencia a los seguros obreros para extranjeros, en la mayoría de las ocasiones inexistentes o con peores condiciones que la de los nacionales. Los partidarios del establecimiento de un derecho obrero de carácter internacional entendían, no obstante, que estos obstáculos podían atenuarse, cuando no desaparecer con el tiempo. La mejora de los medios de transporte y comunicación, la perfección del maquinismo, no sólo en la gran industria, sino incluso en los pequeños talleres, y la progresiva tendencia hacia la homogeneidad de los precios de los productos finales, permitieron con el tiempo ir fijando con carácter internacional una jornada laboral modelo, que bien podría situarse en las 10 horas de trabajo diario, con limitaciones legales comunes a todos los países para reducirla en función de la exigencia física del trabajo.Todo ello pudo hacerse estableciendo mecanismos de control uniformes en todos los países que sirvieron para vigilar e inspeccionar el cumplimiento de estas normas internacionales. 2. La naturaleza del Derecho Obrero de carácter internacional El progreso del Derecho Internacional, tanto en el ámbito del derecho público, como, en menor medida, en el ámbito del derecho privado, también favoreció decididamente el desarrollo de éste otro derecho internacional, de carácter mixto, tendente a la regulación del mercado de trabajo y de las condiciones de los obreros. El Derecho Obrero internacional participa del carácter privado de la relación de trabajo, entre empleador y obrero, y de materias como la reparación de accidentes de trabajo, seguros obreros o duración de la jornada de trabajo; y también de un carácter público que se especifica en la necesidad de la intervención directa de los Estados para resolver la mayoría de los conflictos laborales, dada la desigualdad existente entre las partes. Al respecto, este nuevo Derecho Obrero de ámbito internacional comparte los mismos caracteres del resto de las ramas del derecho internacional, tales como ser un derecho de naturaleza escrita, dirigido a la justicia social, y por tanto humanitario, uniforme para los diferentes países que lo ratificasen debido al principio de territorialidad, y basado en el principio de la reciprocidad diplomática:  Se trata de un derecho escrito para dotarse de precisión, claridad y seguridad jurídica, cualidades necesarias en un sector del ordenamiento que pretende regular realidades tan cambiantes como la vida económica y social de las relaciones de trabajo, en constante transformación.  Se trata de un derecho humanitario porque se inspira en principios de justicia social que, prevaleciendo sobre los trabajadores nacionales, deben hacerse extensivos a los extranjeros.  Se trata de un derecho uniforme porque, de un lado, la eficacia de las reglas internacionales de trabajo dependen de que se apliquen por igual en todos los países que las aceptaran, y, de otro, porque partiendo de que las legislaciones internas de los Estados presentan similitudes en algunos aspectos, la uniformidad permite avanzar en la misma respuesta para problemas comunes en el ámbito de las relaciones de trabajo internacional, siempre bajo la aplicación del ámbito de soberanía territorial.

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Y se requiere reciprocidad diplomática para que esta legislación internacional obrera se apruebe progresivamente a base de convenios internacionales de Estado a Estado. Es evidente que un Estado receptor de mano de obra extranjera, no otorgaría a estos trabajadores los beneficios de su legislación obrera interna, si previamente el país que exporta tal masa obrera no aceptase las mismas condiciones para con los extranjeros del país receptor. Este principio fue regulado por la Organización Internacional del Trabajo para la conservación de los derechos adquiridos por los nacionales de los Estados firmantes del Tratado. La fórmula jurídica genéricamente aceptada para la consolidación de esta legislación internacional obrera fue y aún sigue siendo el Tratado internacional, pudiendo distinguir dentro del mismo el Tratado bilateral o el Tratado multilateral. Basado en la reciprocidad entre Estados, el modelo más utilizado hasta el momento ha sido el Tratado bilateral, por el que tratan de uniformizarse las legislaciones internas de dos Estados, a través de reglas internacionales, para que los nacionales que trabajaran en alguno de los países firmantes tuvieran las mismas condiciones de trabajo que en su país. Sin sometimiento a plazo de ejecución, estos tratados suelen prever su resolución por incumplimiento de alguna de las partes. Algunos ejemplos ilustrativos son:  El Tratado de trabajo franco-italiano de 15 de abril de 1904, que incorporaba estipulaciones recíprocas sobre seguros obreros, y el compromiso de garantizar y favorecer el desarrollo uniforme de las legislaciones obreras de ambos países. Fue completado por un Reglamento de 1 de diciembre de 1908, y ha sido considerado como un Tratado tipo, dado que pasa revista a todas las cuestiones relativas a la previsión social (ahorro, accidentes de trabajo, jubilación, subsidio obrero), a la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, así como el establecimiento de instrumentos de inspección de trabajo.  El Tratado entre Bélgica y Luxemburgo de 15 de abril de 1905, luego ratificado entre Luxemburgo y Alemania el 2 de septiembre de 1905, sobre accidentes de trabajo. El segundo tipo de reglamentación internacional del Derecho Obrero, son los tratados multilaterales entre los países participantes, y con una cláusula genérica de aceptación de terceros que lo ratifiquen. Es el caso de los tratados surgidos de las Conferencias ya citadas de Berna de 1905 y 1906, en la que la mayor parte de los Estados participantes aceptaron la prohibición del empleo de fósforo blanco en la fabricación de cerrillas, por su peligrosidad y toxicidad, o la prohibición del trabajo nocturno a mujeres. III. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO La industrialización europea había demostrado que los problemas sociales derivados de la cuestión obrera en las grandes industrias del carbón, del acero, textiles y otras, era un problema internacional, y que para la búsqueda de soluciones, era necesaria la cooperación y la colaboración internacional. Las distintas conferencias internacionales de trabajo celebradas a finales del siglo XIX y principios del XX, habían puesto asimismo de manifiesto la necesidad y la influencia de la organización de las clases obreras para el adecuado desarrollo de esta colabora-

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ción internacional y la resolución de los conflictos. Pero la organización internacional de la clase obrera podía verse duramente mermada por la I Guerra Mundial (1914-1918). Por eso, tanto en Leeds en 1916, como en Estocolmo en 1917 y en Berna un año después, los delegados de los trabajadores de los países aliados junto a los de países neutrales, pidieron a las autoridades políticas victoriosas en la gran guerra que en los tratados de paz se asegurara a la clase obrera de todos los países “un mínimo de garantías de orden moral y material, relativas al derecho al trabajo, al derecho sindical, a las migraciones, a los seguros sociales, a la duración, higiene y seguridad en el trabajo”. Los gobernantes se hicieron eco de estas reivindicaciones, y lejos de dejarlas caer en saco roto, provocaron con ellas un nuevo orden vinculado al ámbito de las relaciones de trabajo, en clara sintonía con las reivindicaciones de los trabajadores. 1. La cuestión laboral en la Conferencia de Paz: el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones Tras acabar la guerra y declararse el armisticio, los países aliados triunfantes decidieron reunirse en una Conferencia de Paz para negociar los términos de la misma con los países vencidos, entre ellos Alemania. Esta Conferencia de Paz, desde sus primeras sesiones, fue consciente de la necesidad de constituir una comisión de 15 miembros “para hacer una encuesta en torno a las condiciones de empleo de los trabajadores desde una perspectiva internacional, a fin de examinar los medios internacionales necesarios para asegurar una acción común en referencia a las condiciones de empleo de los trabajadores”. Surgió así, de la Conferencia de Paz, la Comisión de legislación internacional de trabajo, compuesta no sólo por representantes de los gobiernos, sino también por empleadores y trabajadores, la cual se puso a trabajar el primero de febrero de 1919. Durante algo más de dos meses, bajo la presidencia del representante de Estados Unidos, Samuel Gompers, se debatieron distintas iniciativas venidas desde distintos rincones. La más importante fue la procedente de la delegación británica en torno a las organizaciones patronales y obreras. Aunque las discusiones fueron enérgicas, el 11 de abril, tras 35 sesiones de trabajo, el representante británico Barnes, presentó a la Conferencia de Paz los primeros resultados de sus trabajos: por un lado, un proyecto de creación de un organismo permanente para la reglamentación internacional del trabajo, y por otro, un proyecto de declaración que debía formar parte del Tratado de Paz. Estos dos documentos se convirtieron, bajo el título “Trabajo”, en las secciones I y II de la Parte XIII del Tratado de Versalles (Texto 55). El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, aunque entró en vigor el 10 de enero de 1920, fue finalmente el documento con el que se puso fin a la I Guerra Mundial, y supuso la creación de la Sociedad de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, y otras organizaciones internacionales, tales como la Económica y Financiera y la Mundial de la Salud. La Sociedad de Naciones se creó como institución clave para gestionar las nuevas relaciones internacionales surgidas tras la guerra, y a la vez servir de nexo vertebrador del impulso europeo e internacional hacia la consolidación de determinadas políticas, sobre todo en materia de relaciones de trabajo.

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El impulsor de la Sociedad de Naciones fue el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, quien defendía la necesidad de crear una Asociación general de naciones que pudiera garantizar mutuamente la independencia política y la integración territorial, tanto de los Estados grandes como de los pequeños, mediante la constitución de pactos específicos. Se trataba, en suma, de un modelo asociativo interestatal que trabajaba por garantizar la paz internacional, como institución mediadora en los posibles conflictos, y fomentaba el concierto y colaboración entre Estados en aras de la cooperación y el desarrollo social y cultural. La capacidad operativa de la Sociedad de Naciones se vio muy mermada al quedarse inicialmente fuera de ella países tan importantes en el panorama mundial como la Unión Soviética o Alemania, y paradójicamente también Estados Unidos. España ratificó el Tratado para formar parte de la Sociedad de Naciones el 10 de enero de 1920, aunque tras la guerra civil española, el gobierno nacional acordó retirarse de la misma el 9 de mayo 1939. Los miembros originarios de la Sociedad de Naciones fueron: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Italia, Japón, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Persia (hoy Irán), Perú, Portugal, Yugoslavia, Reino Unido, Rumanía, Siam, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. Entre 1920 y 1930 se sumaron a la Sociedad de Naciones los Estados de Abisinia, Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, Costa Rica, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y República Dominicana; y entre 1930 y 1940 lo hicieron los de Ecuador, México, Egipto, Irak,Turquía y la URSS. Con sede en Ginebra –Suiza–, la Sociedad de Naciones se dotó del siguiente organigrama institucional: a) Una Asamblea General, que se reunía una vez al año, en el mes de septiembre en Ginebra, y compuesta por todos los Estados miembros. b) Un Consejo, formado originalmente por 5 miembros considerados permanentes (Francia, Reino Unido, Italia, Japón y los Estados Unidos), y luego reducido a 4 con la no ratificación del Tratado de este último. La vacante dejada por Estados Unidos fue ocupada por Alemania en 1926, creciendo la parte permanente del Consejo en un miembro más cuando se reformaron sus Estatutos en 1934 y se permitió el acceso a la Unión Soviética. La citada reforma de los Estatutos de la Sociedad de Naciones también incrementó a 11 los miembros no permanentes del Consejo, elegidos por la Asamblea. El Consejo se reunía 3 veces al año y en secciones especiales cuando así se entendía oportuno. c) Un Secretariado encargado de gestionar el funcionamiento interno de la Sociedad, organizando y preparando las secciones de los otros órganos. Lo relevante de este tercer órgano es que estaba dotado de un Tribunal Internacional de Justicia con sede en la Haya. Si la Sociedad de Naciones se había caracterizado por importantes políticas de solidaridad para con los Estados miembros, la crisis de 1929 redujo estas políticas, comenzando el declive de la Sociedad. Un declive que debe ser comprendido por una serie de dificultades añadidas a su propia estructura, organización y toma de decisiones:

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La validez de los acuerdos y la ejecución de los mismos dependía de la unanimidad de los Estados miembros pertenecientes a la Asamblea o al Consejo, lo que hizo inviables muchos de sus acuerdos.  La inexistencia de medios de policía para poder garantizar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas, provocó en muchas ocasiones el incumplimiento de las mismas, y la verificación de que la diplomacia no siempre triunfaba.  La cada vez mayor separación política e ideológica de las potencias extranjeras fue vivida muy de cerca por la Sociedad de Naciones, que fue incapaz de acercar posturas y evitar la segunda gran guerra, razón más que suficiente para provocar su disolución. Ahora bien, la disolución de la Sociedad de Naciones vendría seguida, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), de la creación de un nuevo órgano internacional que le sustituiría: la Organización de Naciones Unidas (ONU), nacida en San Francisco, California, el 24 de octubre de 1945. 2. La Parte XIII del Tratado de Versalles: la OIT El Tratado de Versalles de 1919 quedó finalmente redactado en 15 partes y en un total de 440 artículos, de los cuáles, la parte XIII (artículos 387 a 427), fue la dedicada a la institucionalización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todavía hoy vigente, y que nace con la función básica de establecer una colaboración internacional para el estudio de los problemas que se deriven de las relaciones de trabajo, así como la de adoptar normas internacionales de protección de los trabajadores (Texto 55). Paz universal y Justicia social son los fines básicos de la OIT, tal y como se recoge en lo que sería la Exposición de Motivos de la Parte XIII, Sección I, del Tratado de Versalles, dedicada a la Organización del Trabajo: “Visto que la Sociedad de Naciones tiene por objeto establecer la paz universal, y que tal paz no puede ser fundada sino sobre la base de la justicia social”. Así, ya desde el inicio, los designios de la Sociedad de Naciones se entrelazan con los de la OIT a través de la adhesión obligatoria, de tal manera que, todo miembro de la primera lo es de la segunda, y también a nivel presupuestario, dado que el de la segunda se encuadra en el conjunto de la primera. Tal y como se redactó esta parte inicial de la Parte XIII, pareciera que la justicia social no fuera más que un medio de establecer la paz universal, siendo además un fin en sí misma, para la propia OIT y la Sociedad de Naciones. Así lo indicaba el propio texto: “Visto que existen condiciones de trabajo que implican para gran número de personas, la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que engendra tal descontento que la paz y la armonía universales son puestas en peligro”. Y en la base de la consecución de esta justicia social como fin que permita llegar a la paz universal, se encuentran, según esta Exposición de Motivos, la enumeración de los principales problemas del mundo de las relaciones de trabajo, y a las que la OIT debe hacer frente:  Reglamentación de las horas de trabajo y fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo.  Reclutamiento de la mano de obra.  Lucha contra el paro.

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Garantía de un salario que asegure condiciones de existencia convenientes. Protección del trabajador contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes de trabajo.  Protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres.  Pensiones de vejez y de invalidez.  Defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero.  Afirmación del principio de la libertad sindical.  Organización de la enseñanza profesional y técnica. Comprobamos cómo este preámbulo, o Carta de Trabajo, enumera los fines y el programa de acción de la OIT, la cual debe abordar con urgencia y proponer medidas a los gobiernos para que actúen a través de políticas públicas de empleo y mejora de las relaciones de trabajo. Esta Sección I de la Parte XIII del Tratado condensa 4 capítulos y un anexo, dedicados a la organización (Cap. I. arts. 387-399), al funcionamiento (Cap. II. arts. 400-420), al establecimiento de unas prescripciones generales (Cap. III. arts. 421-423), unas medidas transitorias (Cap. IV. arts. 424-426) y una serie de consideraciones para la celebración de la primera conferencia de la OIT a celebrarse en Washington. Como veremos más adelante, a esta Parte XIII se le añade además una Sección II con una serie de principios generales, que no son sino la línea estratégica a seguir para la consecución de las mejoras propuestas en el preámbulo de la Sección I. La primera Conferencia de Trabajo se desarrolló el mismo año de la firma del Tratado de Versalles, 1919, en Washington, con un comité organizativo formado por las grandes potencias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Bélgica y Suiza. Los temas a tratar iban dirigidos:  Primero: a proponer la mejora de las condiciones de los trabajadores, estableciendo la aplicabilidad de la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales.  Segundo: a establecer políticas públicas para prevenir el desempleo.  Tercero: a regular el trabajo de las mujeres antes y después del parto, con el reconocimiento de una posible indemnización por maternidad, el trabajo nocturno o insalubre; e igualmente, el trabajo de los menores de edad, proponiendo la reglamentación de una edad mínima para la admisión al trabajo, el desarrollado de noche o también en actividades insalubres.  Finalmente se establecía un último punto del orden del día por el que se hacía extensible a los Estados miembros la aplicación de los Tratados internacionales aprobados en Berna en 1906 referentes a la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria, y la prohibición del uso del fósforo blanco (amarillo en la industria cerillera). Esta primera Constitución originaria de la OIT sufrirá una primera modificación llevada a cabo en Ginebra, con ocasión de la Conferencia General allí reunida en 1922, modificándose el artículo 393 del Tratado de Versalles, relativo a la composición del Consejo de Administración.

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3. La Declaración de Filadelfia de 1944 Un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y que diera lugar a la creación de un nuevo órgano internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), nacida en San Francisco, California, el 24 de octubre de 1945, y que sustituiría a la Sociedad de Naciones, tiene lugar un acontecimiento vital en el devenir de la OIT, cual fue la Declaración de Filadelfia en 1944, y su inclusión en la Constitución de la OIT de 1946, afectando tanto a los fines y objetivos de la institución, como a las políticas de los Estados miembros, sobre todo tras la consecución de la segunda gran guerra. Si las Naciones Unidas determinaron el marco del sistema político y económico internacional tras la posguerra, la declaración de Filadelfia refleja el afán de la OIT por adaptarse a este nuevo orden mundial, abriendo su abanico de competencias al ámbito económico (Texto 56). Trasladada la sede de la OIT a Canadá con motivo de la guerra, tuvo lugar la 26 Conferencia internacional que se celebró en Filadelfia en 1944, en la que se reafirmaron los principios fundamentales de la OIT tales como:  El trabajo no es una mercancía.  La libertad de expresión y de asociación como principios esenciales para el progreso de la sociedad.  El peligro de la pobreza para la prosperidad de los pueblos.  El esfuerzo internacional por los agentes sociales en el lucha contra la necesidad y el progreso del bienestar común. El principal punto del orden del día de la Conferencia era la de presentar un informe sobre la política, el programa y la posición que deben desempeñar en el futuro la OIT, partiendo del principio fundamental de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, exigiendo para ello políticas de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, que favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento de este principio fundamental. El programa de la Declaración de Filadelfia, recogía los principios generales del Tratado de Versalles, y se exigía como obligación de la OIT:  Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida.  Empleabilidad de los trabajadores en función de su formación profesional para garantizar al máximo el bienestar común.  Conceder a los trabajadores oportunidades de formación profesional y movilidad laboral.  Garantías en favor de un salario mínimo vital, jornada y condiciones laborales adecuadas, protección social y “justa distribución de los frutos del progreso”.  Reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.  Extender las medidas de seguridad social.  Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones.  Proteger a la infancia y a la maternidad.

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 Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados.  Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. Con la formulación de esta nueva política y el programa de la OIT, la organización aspiraba a ejercer una influencia en la conformación de las políticas económicas de los países, tanto internacionales como nacionales. Una declaración de Filadelfia que fue fundamental, no sólo para la configuración de las nuevas políticas de los países del primer mundo, sino también para aquellos que a partir de 1950, período álgido de la independencia de viejas colonias de países europeos, comienzan a conseguir su independencia y a construir los principios fundamentales internos de las relaciones laborales. 4. Una nueva Constitución para la OIT de 1946 Varios meses después de la terminación de la segunda gran guerra, se convocó en París, en los meses de octubre y noviembre de 1945, la 27ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Una Conferencia que destacará por dos aspectos fundamentales: de un lado, por promover una revisión constitucional de la OIT; y de otro lado, porque esta revisión cambiará la naturaleza jurídica de la Organización, en relación con la supeditación que antaño tenía a la ahora extinguida Sociedad de Naciones y su sustitución por la naciente ONU. Efectivamente, el instrumento de enmienda constitucional, compuesto de 6 artículos, desvincula la OIT de la Sociedad de Naciones, ya casi extinta, y de la emergente ONU, ya que los miembros de la nueva organización son los existentes con anterioridad a 1 de noviembre de 1945, así como cualquier otro Estado fundador de Naciones Unidas o admitido con posterioridad que acepte las normas constitucionales de la OIT. El resto de la reforma va dirigido a la formalización de acuerdos financieros entre la OIT y Naciones Unidas, a la adopción de enmiendas a la propia constitución y sus requisitos para que fueran aprobadas, así como a la ratificación, aceptación formal y entrada en vigor del instrumento acordado en París. Se concreta pues una resolución que expresa el deseo de la OIT de establecer una vinculación concreta con Naciones Unidas. Tras las negociaciones llevadas a cabo entre ambas organizaciones se materializó un acuerdo firmado en Nueva York el 30 de mayo de 1946, en el que se afirmaba que la OIT “es reconocida por las Naciones Unidas como una institución especializada investida de la responsabilidad de tomar medidas apropiadas según los términos de su instrumento fundamental para el cumplimiento de los objetivos previstos”, en materia laboral. En el ínterin de esta Conferencia parisina y la 29ª celebrada en Montreal, tuvo lugar la creación de la Organización de Naciones Unidas, nacida en San Francisco, California, el 24 de octubre de 1945, y la disolución de la Sociedad de Naciones, el 18 de abril de 1946. Es la reunión de la Conferencia de la OIT tenida en Montreal la que formaliza finalmente el 9 de octubre de 1946, un nuevo texto constitucional de la organización, que viene a sustituir al anterior después de varias enmiendas al mismo. Otro importante acuerdo tenido en Montreal fue el establecimiento de un nuevo Estatuto del Tribunal administrativo recientemente incorporado a la OIT. Un Tribunal surgido en el organigrama de la Sociedad de Naciones en septiembre de 1927, estableci-

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do como cuerpo jurídico para resolver las controversias entre ambas instituciones, y que tras la disolución de ésta se incorpora a la OIT entre abril y mayo de 1946. Por último, la Constitución de la OIT, que incorpora la Declaración de Filadelfia, está estructurada en dos secciones, la primera dedicada a la Organización del Trabajo está compuesta de cuatro capítulos dedicados a la organización (art. 1-13), funcionamiento (art. 14-34), prescripciones generales (art. 35-37) y disposiciones transitorias (art. 38-40). Incorpora esta primera sección un anexo con los fundamentos de la primera Conferencia Internacional celebrada en Washington en 1919. Una segunda sección intitulada “Principios Generales”, recoge los principios consolidados de la OIT, ya incorporados inicialmente en el Tratado de Versalles y luego recogidos por la Declaración de Filadelfia. Esta reforma del texto constitucional entró en vigor el 20 de abril de 1948. Este texto constitucional acometerá además nuevas reformas llevadas a cabo en la 36ª Conferencia celebrada en Ginebra en 1953, y que entró en vigor el 20 de mayo de 1954, y que se dirigió a la composición del Consejo de Administración, entre otras. Otra reforma acaeció en 1962, con ocasión de la 46ª reunión de la Conferencia, tenida también en Ginebra, cuyo texto entró en vigor el 22 de mayo de 1963, en el que también se dirigió, entre otras cuestiones, al incremento del número de miembros del Consejo de Administración. Otra enmienda tuvo lugar con la 57ª reunión de la Conferencia celebrada en Ginebra en 1972, que entró en vigor el primero de noviembre de 1974, y cuya reforma atañó también a la composición del Consejo de Administración (Texto 57). 5. Estructura orgánica de la OIT Lo que caracteriza a la OIT es sin duda la tendencia a la universalidad y estabilidad con la que nace como organización. Ambos caracteres vienen incorporados en el articulado de la Constitución de la organización, al indicar que se trata de una organización permanente compuesta de los miembros de Naciones Unidas. La universalidad se refleja en varias razones:  Primero porque la OIT debe estar al mismo nivel que la Sociedad de Naciones primero y la ONU después, en la medida que la garantía de la mejora de las condiciones de los trabajadores a nivel internacional, reduce la miseria, las privaciones y las agitaciones sociales de la clase obrera, garantizando así la paz mundial.  Segundo, porque si un solo país mantiene condiciones de trabajo inhumanas puede, por el juego de la competencia internacional, bloquear, paralizar o comprometer el progreso social en el resto de países miembros.  Tercero, por la propia naturaleza de los miembros de la OIT, que son los mismos que se adhieren a las Naciones Unidas. El carácter permanente viene incorporado en su modelo de organización de estructura tripartita: una Conferencia general de representantes de los Estados miembros y una Oficina internacional del Trabajo, bajo la dirección de un Consejo de Administración. A) La Conferencia General de representantes de los Estados miembros Es el órgano representativo y de gobierno de la OIT. Está compuesto por cuatro representantes de cada uno de los Estados miembros, de los cuáles dos serán delegados del

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gobierno, generalmente el Ministro de Trabajo, y los otros dos representarán a empleadores y trabajadores. Esta representación profesional es una muestra del compromiso de la Conferencia y de Naciones Unidas hacia los representantes del mundo obrero, tanto empleadores como trabajadores, dado que una organización con representantes únicamente gubernativos hubiera provocado el recelo y la desconfianza de los agentes laborales. Asimismo, cada delegado puede acompañarse de hasta dos consejeros técnicos por cada una de las materias del orden del día de la sesión, y siempre que se discutan cuestiones que afecten al trabajo de las mujeres, una de estos consejeros técnicos debe ser mujer. Tienen voz y voto los delegados, no así los consejeros quienes no pueden deliberar, salvo que fueran autorizados, ni por supuesto tomar parte en las votaciones. Los poderes de los delegados y de los consejeros técnicos deben verificarse por la Conferencia, pudiendo rechazarse tales acreditaciones con el voto de dos tercios de los delegados presentes. La Conferencia se reúne cuando lo estima oportuno o en el lugar que decida el Consejo de Administración, siendo inicialmente, al menos, una vez al año, en la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra (Suiza). B) El Consejo de Administración Entre sesión y sesión de la Conferencia General, se encuentra el Consejo de Administración encargado de orientar los trabajos de la OIT.Tras alguna modificación de la composición original del Tratado de Versalles, como la introducida en 1922, la Constitución de la OIT indica que el Consejo de Administración está compuesto de 28 representantes de los gobiernos, 10 de ellos nombrados por los miembros de mayor importancia industrial, y los 18 restantes, por los miembros designados al efecto por los delegados gubernamentales en la conferencia. Igualmente compondrán el Consejo de Administración 14 representantes de los empleadores o delegados patronales de la Conferencia, y otros 14 representantes de los trabajadores. El mandato del Consejo es trienal. De entre ellos se elige un presidente, quien impulsa la dotación del reglamento de organización y funcionamiento, y 2 vicepresidentes, representando en todo caso a cada uno de los sectores, gobiernos, empleadores y trabajadores. Inicialmente, el Consejo se reunía 3 veces al año en su sede de Ginebra encargándose de tomar las decisiones sobre las medidas necesarias para la puesta en práctica de la política de la OIT, elaborando el programa y el presupuesto que luego se somete y aprueba la Conferencia. C) La Oficina internacional del Trabajo Es el órgano de gestión de la burocracia que conlleva la OIT, también con sede en Ginebra. Al frente de la Oficina se nombra un Director, designado por el Consejo de Administración, quien a su vez elije al personal administrativo, siempre de distintas nacionalidades y con la inclusión de mujeres. Las competencias de la Oficina son las siguientes:  Centralización y distribución de las informaciones concernientes a la reglamentación internacional de las condiciones y régimen del trabajo y, en particular, el estudio de las cuestiones que tiene el encargo de someter a las discusiones de la

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conferencia para la celebración de convenios internacionales, así como la ejecución de todas las encuestas especiales prescriptas por la conferencia. Preparación de los documentos sobre los puntos del orden del día de las sesiones de la conferencia. Prestar a los Gobiernos, previa petición, la ayuda necesaria para elaborar legislación laboral concerniente a las decisiones de la Conferencia. Labores de fiscalización sobre la aplicación efectiva de los Convenios. Redacción y publicación en francés, inglés y cualquier otro idioma que el Consejo de Administración juzgare conveniente, de un boletín periódico consagrado al estudio de las cuestiones concernientes a la industria y al trabajo que presenten un interés internacional. Cualesquiera otras funciones que la Conferencia juzgara apropiado atribuirle.

6. Funcionamiento de la OIT La convocatoria de la Conferencia general la realiza el Consejo de Administración de la Oficina, encargado de comunicarla a los representantes de los Estados miembros, y a sus delegados, con 4 meses de antelación a su celebración. Reunida en Ginebra, la Conferencia nombra a un presidente para la sesión, actuando como Secretario General el Director de la Oficina. La Conferencia puede establecer cuantas comisiones estime oportunas para la presentación de informes sobre cualesquier cuestiones del orden del día, a la que se pueden incorporar consejeros técnicos, con voz pero sin voto. Los acuerdos o “proposiciones” de la Conferencia deben adoptar la forma de Recomendación o de Convenios internacionales. La Recomendación propone a los Estados miembros la posibilidad de convertirla en ley interna, mientras que el proyecto de Tratado o Convenio internacional obliga a los Estados que lo ratifican. En cualquier caso, tanto una proposición como otra exigen la mayoría de los dos tercios de los votos de los delegados presentes. El cumplimiento de la proposición acordada, sea Recomendación o Proyecto de Tratado, tiene un plazo de 12 meses que cada Estado acepte lo acordado, bien transformando la Recomendación en ley estatal, bien ratificando el Tratado. En ambos casos debe ser notificado al Secretario General de la Conferencia. Si una Recomendación no es seguida de un acto legislativo o no se llegara a ratificar el Tratado, el Estado miembro no se vería sometido a ningún tipo de obligación para con la citada proposición. Aquellos Estados que aprueben y ejecuten cualquier proposición, en ningún caso están obligados a adoptar medidas de condiciones de trabajo que supusieran la disminución de la protección de los trabajadores que ya tuvieran aprobada por ley interna. El conjunto de estos instrumentos jurídicos se recoge en el denominado “Código internacional del Trabajo”. Cualquier queja planteada en el seno de la Conferencia contra la actitud de cualquier otro Estado miembro debe ser objeto de evaluación por una Comisión de encuesta, formada por personas representantes de los Estados, con el fin de redactar un informe con las recomendaciones para resolver la posible queja. De no aceptarse las recomen-

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daciones de la Comisión de encuesta queda expedita la vía de la Corte Permanente de Justicia Internacional. La naturaleza jurídica de esta tipología de normas de carácter internacional debe ser lo suficiente flexible como para adaptarse a las realidades sociales, económicas y políticas de Estados muy diferentes. De ahí que la propia Constitución de la OIT incorporara disposiciones para atender a esta problemática, tales como atender a las condiciones climáticas, orografía, de organización industrial, hábitos sociales y culturales, etc. El contenido de las convenciones y recomendaciones es tan variado, como variados son los asuntos a tratar. Así un tratado internacional en materia marítima pretenderá anexionar a la mayor parte de los Estados que tengan tradición marinera; o si se establece una recomendación sobre poblaciones aborígenes, sólo afectará a aquellos Estados que las acogen. No obstante lo dicho, la naturaleza jurídica de este Código Internacional del Trabajo es precisamente el carácter universal de los asuntos a tratar, y la universalidad en su aplicación en temas tales como libertad sindical, trabajo forzado, protección de las mujeres y los niños en materia de trabajo, seguridad e higiene, duración de la jornada laboral, etc. En todo caso, la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de los mismos por cualquier Estado, nunca podrá menoscabar una ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el instrumento jurídico internacional. La actividad jurídica de la OIT fue incesante, y la adopción por parte de los Estados de los instrumentos jurídicos internacionales también. Así, si en 1921 se adoptaron por la OIT, 16 convenios internacionales y 18 recomendaciones, en 1930 ascendían a 30 y 39 respectivamente, hasta los 130 y 134 de 1969. 7. Prescripciones generales y disposiciones diversas de la Constitución de la OIT Cualquier tratado internacional ratificado por los Estados miembros de la Sociedad de Naciones debe ser aplicado no sólo en las metrópolis, sino también en las colonias y protectorados, con las siguientes reservas: que el Tratado no se haga inaplicable por las condiciones locales, y que las modificaciones que fueren necesarias para adaptar el Tratado a las condiciones locales puedan ser introducidas en ella. De todo ello se debe dar la correspondiente notificación a la Oficina. Las enmiendas a la Constitución de la OIT deberán ser adoptadas por mayoría de dos tercios de la Conferencia, y comenzarán a surtir efectos jurídicos cuando sean asimismo ratificadas por otros dos tercios de los Estados miembros, incluidos cinco de los que representan al Consejo de Administración. Otra prescripción general que se establece radica en que cualquier tipo de interpretación normativa de la Constitución de la OIT, los Estados se comprometen a someterla a la Corte Permanente de Justicia Internacional. IV. LAS NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO TRAS LA OIT Nos tocaría ahora analizar, no ya sobre el papel, sino sobre los hechos, cuáles fueron los logros alcanzados a nivel internacional, por los Estados miembros pertenecientes a

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la OIT, en aquellas materias consideradas como necesarias y urgentes que garantizaran nuevas condiciones laborales, tales como la duración de la jornada laboral, el descanso semanal, trabajo nocturno, el de mujeres y niños, la prevención de riesgos laborales y accidentes de trabajo o la previsión social. 1. Duración de la jornada laboral, descanso semanal y vacaciones remuneradas Una de las principales reivindicaciones del mundo obrero fue la de establecer una jornada laboral de 8 horas diarias y de 48 semanales, garantizando así un día de descanso, o 24 horas a la semana, con la correspondiente gratificación salarial. Reivindicación que, aun incorporándose en el Tratado de Versalles, en su artículo 427, pronto se pensó que le faltaba concreción al no especificar en modo alguno qué categorías laborales, género de actividad, profesión, o cualquier otra cláusula a la que debía beneficiar la nueva jornada laboral, o si por defecto, esta jornada laboral debía aplicarse sin discriminación a cualquier tipo de actividad de trabajo por cuenta ajena. En la primera conferencia de Washington de 1919, pronto se denunció una situación difícil de superar en este sentido, cual es la aplicabilidad de este principio general a la diversidad de actividades de trabajo industrial, en la navegación marítima, en el trabajo agrícola, el de oficina, etc. La Conferencia de Washington se limitó, por un lado, a proponer la reglamentación del trabajo de 8 horas diarias en los establecimientos industriales, minas y ferrocarriles, y por otro lado, a convocar una nueva sesión de la Conferencia para estudiar la reglamentación de esta jornada de trabajo en el espacio marítimo. En cuanto a la primera, se aceptó limitar, entre los Estados miembros, la jornada laboral a 8 horas, la semanal a 48, con un descanso semanal de un día, con la excepción de aquellos trabajos en los que su funcionamiento sea de continuo, por razón de su naturaleza, en el que se podría alargar la jornada semanal a 56 horas, de forma excepcional, con un descanso de medio día, siempre con acuerdo de la patronal y organizaciones obreras. Dos horas suplementarias de jornada laboral podrían ser consideradas en función de los trabajos y del tipo de actividad, con la correspondiente mejora del salario en un 25%. La mayor parte de los Estados participantes en Washington votaron entusiastas esta medida, tanto es así que algunos, como España, ya la habían incorporado en su legislación nacional. 32 países ratificaron este convenio internacional. En la década siguiente, la Oficina internacional de Trabajo ha respondido a múltiples consultas sobre la duración de la jornada laboral en diversas industrias de diferentes países, lo que evidencia la preocupación y el interés por la cuestión. La Oficina ha publicado numerosos artículos a fin de analizar los efectos de la jornada de 8 horas sobre la industria, la economía y el bienestar de la clase obrera. La mayor parte de los Estados miembros de la OIT ratificaron y pusieron en marcha sin condiciones la jornada de 8 horas. Otros por el contrario, habiendo ratificado el Tratado, condicionaron su puesta en marcha, a la ratificación de otros Estados. Así Francia e Italia, condicionaron la puesta en marcha a la ratificación del Tratado por parte de Gran Bretaña o Alemania.

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Sucesivas sesiones de la Conferencia tenidas en Ginebra, trataron de aplicar la cuestión de la jornada laboral y del descanso semanal en otras actividades de trabajo tales como en la industria pesquera, la agricultura, empleados de banca y comercio, con desiguales avances. En cuanto al descanso semanal, muchos países habían ya incorporado a sus legislaciones internas su reglamentación, mientras que otros estaban en vías de hacerlo. En 1921, la OIT, en su tercera sesión estableció una solución para el trabajo industrial, y una recomendación para los establecimientos comerciales. El Tratado fijaba para todos los obreros de establecimientos industriales un descanso de 24 horas consecutivas, por cada período de trabajo de 7 días, que en la medida de lo posibles sería generalizado a todo el personal del establecimiento o empresa, que coincidiría con el día de descanso propio del país o región del establecimiento. Igualmente, muchos Estados ya tenían previsto el mismo tipo de descanso semanal para todo tipo de actividades agrícolas, domésticas, pesca, etc., y siempre para trabajadores por cuenta ajena. En cuanto al reconocimiento a los trabajadores de un período vacacional anual remunerado, la Oficina internacional deTrabajo publicó en 1925 un estudio comparativo con aquellos países en los que su legislación interna ya lo reconocía, y en 1928, exponía los principios sobre los que debía reconocerse el período vacacional remunerado en función dela existencia de Tratados colectivos aplicables a una más que notable categorías de trabajadores de numerosos Estados europeos. El primer convenio fue aprobado en 1936 en el sector marítimo. A modo de resumen, las siguientes conferencias internacionales de la OIT trataron algunos de los aspectos indicados con la correspondiente adopción de convenio internacional, ratificados por España en su mayor parte:  Sobre la duración de la jornada laboral en distintos sectores: convenios aprobados en 1919 (industria), 1930 (comercio y administración), 1931 (minas de carbón, luego revisada en 1935), 1935 (fijación de las 40 horas de jornada, y reducción de la misma en la empresa vidriera), 1936 (reducción de la jornada de 40 horas en obras públicas), 1936 (sector marítimo y trabajadores embarcados), 1937 (sector textil), 1939 (transporte por carretera).  Sobre el descanso semanal: convenios aprobados en 1921 (industria), 1957 (comercio y administración).  Sobre el período vacacional remunerado: convenios aprobados en 1936, 1946 y 1949 (sector marítimo), 1952 (agricultura). 2. El trabajo nocturno El bienestar de la clase trabajadora también se mide, no sólo por el número de horas de actividad de trabajo, sino por el lugar que ocupan estas horas de trabajo en la jornada diaria. De ahí que el trabajo realizado de noche, más perjudicial para la salud y menos conciliable con la vida familiar, sea objeto de preocupación por parte de la OIT. El objetivo, tanto del Tratado de Paz, como de la OIT, es el de la total supresión del trabajo nocturno allá dónde fuera posible, entendiendo la jornada nocturna la que va entre las 22h00 y las 5h00, y en cualquier caso para los grupos de trabajadores considerados más débiles, las mujeres y los niños.

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Desde 1919, la Conferencia general de la OIT se avino a votar un proyecto de convenio internacional prohibiendo la jornada laboral nocturna para las mujeres ocupadas en establecimientos industriales, con la excepción de aquellos establecimientos que dependan exclusivamente de una familia, y sus trabajadores sean sus miembros. Pronto comienzan a surgir los primeros inconvenientes derivados de las complejidades en la producción, dado que algunas explotaciones hacían imposible prever la paralización de la producción, incluso nocturna, por las posibles pérdidas de productos u otras dificultades técnicas procedentes de los medios de producción, o del abastecimiento público, como el trabajo nocturno en las panaderías. En este último sentido, varias sesiones de la Conferencia de la OIT trataron la cuestión encontrando numerosas dificultades para prohibir el trabajo nocturno en el sector panadero, siendo muy pocos los Estados que lo aceptaron en sus legislaciones internas. Así, por ejemplo, en 1921, la sesión de la Conferencia de la OIT dedicada al trabajo agrícola, ve la posibilidad de recomendar, debido al clima de los países ribereños mediterráneos, de permitir el trabajo de noche a las mujeres en la agricultura. 19 Estados ratificaron esta recomendación, legislando internamente. No obstante, la medida tuvo detractores procedentes de diversas organizaciones femeninas, hostiles a una protección especial de la mujer trabajadora, a fin de evitar la vinculación de determinados sectores de producción con exclusividad a las mujeres. Igualmente, otro convenio fue votado en Washington en 1919, prohibiendo el trabajo de noche para niños y jóvenes menores de 18 años, con carácter general, reducido a 16 años para algún sector de la producción. Fue ratificada por 21 Estados. En las siguientes conferencias internacionales, ratificadas por España, se adoptaron algunos de los convenios en esta materia:  1919 (mujeres y niños en la industria), 1925 (panaderías), 1934 y 1948 (revisión del trabajo de noche de las mujeres y niños de 1919), o 1946 (menores en empleos no industriales). 3. El trabajo de mujeres y niños La protección de los niños, adolescentes y de las mujeres en el trabajo, forma parte de las líneas de actuación de la OIT, tal y como establece desde la exposición de motivos de la Parte XIII del Tratado de Versalles. Ya desde la Conferencia de Washington, el trabajo de las mujeres fue objeto de preocupación, especialmente las tocantes al trabajo nocturno, como se ha visto, al empleo antes y después del embarazo y parto, o el trabajo desempeñado en industrias consideradas insalubres. En cuanto a la prohibición del trabajo nocturno para mujeres y niños, ya hemos indicado en el apartado anterior que pronto fue prohibido, y en general, ratificado por algunos Estados miembros de la Conferencia. Igualmente la Conferencia, en su 12ª sesión, en 1929, votó una resolución por la que pedía a los Estados miembros que pusieran fin al trabajo femenino en las minas, gracias a determinados estudios que así lo aconsejaban emitidos por la Oficina internacional de Trabajo.

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Por lo que respecta al trabajo de las mujeres en estado de gestación, cuestión humanitaria de importante calado, también la Conferencia de Washington trató el asunto a través de un proyecto de Tratado internacional. Sus disposiciones eran aplicables, sin distinción de edad o nacionalidad, a todas las mujeres, casadas o no, trabajadoras en empresas industriales o comerciales, luego extendido al trabajo agrícola, con la excepción de establecimientos que no contraten más que a miembros pertenecientes a una misma familia. Se instituye como derecho un permiso de maternidad anterior y posterior al nacimiento: anterior hasta 6 semanas y posterior al nacimiento de hasta 6 semanas también. En todo caso, se trata de un permiso de maternidad retribuido “de forma suficiente” para los cuidados de la madre y del niño durante citado período en buenas condiciones de salubridad y alimentación. Esta retribución por el permiso de maternidad deberá estar prevista sobre fondos públicos o bien a través de un sistema de previsión social de maternidad, exonerando así al empleador. Sólo 11 Estados han ratificado este convenio. Las razones que se han querido ver para tan poco entusiasmo de los miembros de la Conferencia, para su ratificación, se encuentran, a juicio de representantes de la Oficina internacional de Trabajo, en algunas de las cláusulas incorporadas, tales como, la extensión de esta protección social a las madres no casadas, a la previsión social a través de seguros de maternidad, incluso el plazo de 6 semanas se consideró, por algunos Estados, como excesivo. No obstante ello, la Conferencia votaba la recomendación a los Estados miembros de prohibir el empleo de mujeres en un determinado número de trabajos considerados insalubres, tales como el tratamiento de minerales de plomo o de cinc en la fabricación de determinados compuestos o componentes industriales, entre otros. En materia salarial de las trabajadoras, el Tratado de Paz también se pronunciaba bajo el principio de “igual salario por igual trabajo realizado”, en clara alusión a la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Para ello, la Conferencia dispensaba a los Estados a incorporar a las mujeres en las mesas de negociación salariales en aquellas empresas donde el volumen de trabajadores fuera esencialmente femenino, como por ejemplo, la industria textil. En cuanto a la preocupación de los organismos internacionales por el trabajo de los menores, ya venía marcada en el propio artículo 427 del Tratado, cuando establecía la abolición del trabajo de niños, así como la fijación de unos límites al trabajo realizado por adolescentes, con el objetivo de garantizar su educación y asegurar su desarrollo físico. La eclosión de la mano de obra infantil en las fábricas e industrias se vertebra desde los orígenes de la propia revolución industrial, debido a varios aspectos: el incremento de la natalidad proyecta mayores necesidades económicas en el ámbito doméstico por lo que, ahora, el menor se convierte, a pesar de su corta edad, en fuerza de trabajo que permite el sostenimiento familiar. Muchas empresas vieron incrementar su productividad a través de la contratación masiva de mano de obra infantil, debido a los factores de trabajo y salario. Pronto los Estados se vieron obligados a proteger el trabajo de los menores con leyes que regularan dicha mano de obra infantil. Unas leyes en muchas ocasiones inaplicadas, desoídas y en cierta medida, papel mojado, debido a la falta de inspección de trabajo, al

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afán productivo de los propietarios del capital, y a las exigencias económicas domésticas. Recordemos cómo la ley de 13 de marzo de 1900 sobre el trabajo de las mujeres y los menores prohibía el trabajo en las minas a menores de 10 años; y sin embargo, existe la constatación de que en las minas de Riotinto, una década después, en 1910, la contratación de mano de obra infantil menor de 10 años era una realidad. En Washington, en la Conferencia de 1919, se prohibió el trabajo de los menores, y se establecieron módulos de edad reglamentando el acceso al trabajo, fijándose la edad de 14 años. El 1 de enero de 1930, 18 Estados habían ratificado este acuerdo. Otras tantas sesiones de la Conferencia procedieron a recomendar edades variadas para el acceso de adolescentes al trabajo en determinados sectores de la producción: 14 años para el trabajo marítimo o agrícola. En todo caso, la edad de 14 años se hacía coincidir con la edad escolar obligatoria, de tal manera que, superada esta edad, el adolescente puede decidir acceder al mercado de trabajo, sin perjuicio de que la Oficina internacional de Trabajo, en consonancia con la Oficina internacional de Educación con sede en Ginebra, entendiera que a estas edades, los adolescentes son todavía menores de edad, física, intelectual y legalmente hablando, por lo que son objeto de protección. A estas edades, la fatiga física, la reglamentación de la jornada de trabajo, los accidentes laborales, exigen una especial reglamentación por parte de los Estados. Determinadas industrias peligrosas, insalubres o inmorales debían estar vedadas para cualquier menor de edad. Algunos ejemplos de convenciones a este respecto, ratificados por España, en su mayor parte:  1919 (Protección de la maternidad, luego revisada en 1952).  Sobre la edad mínima para el trabajo: 1919 (edad mínima para el trabajo en general e industrial, revisado en 1937), 1920 y 1936 (trabajo marítimo), 1921 (agricultura), 1932 y 1937 (trabajos no industriales), 1946 (examen médico de adolescentes para el trabajo industrial y no industrial), 1959 (pesca), 1965 (trabajos en subsuelo y minas, así como examen médico). 4. Prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo e higiene industrial En materia de prevención de riesgos laborales, la tendencia seguida en Europa partía de la consideración de que la protección y prevención de riesgos en el trabajo dependían de la autoridad pública, mientras que en Estados Unidos se erige la teoría del Safety First, o lo que es lo mismo, que el propio trabajador es el principal responsable de los accidentes que se pudieran cometer en el trabajo. En Europa, el principio de proteger a los trabajadores por los riesgos y accidentes de trabajo ocurridos en la industria o empresa ha sido reconocido y aplicado, antes incluso de crearse las mutualidades que aseguraban estos accidentes. La protección consistía en una serie de disposiciones reglamentarias que los Estados exigían a los empleadores en sus empresas o industrias. Una especie de normas de prevención de riesgos laborales que evitaran posibles accidentes de trabajo. El desarrollo del maquinismo en las fábricas exigía a los Estados intervenir para controlar, a través de sus agentes, el grado de seguridad de dichas máquinas, imponiendo efi-

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caces dispositivos de prevención y protección. Así, los métodos de prevención de riesgos y accidentes laborales tenía una doble vertiente, administrativa y técnica. A comienzos del siglo XX, nace la doctrina americana del Safety First. La anterior doctrina europea no había tenido ninguna aplicación en los Estados Unidos, y en cualquier caso, tan sólo algunos Estados americanos habrían establecido, a través del sistema de seguros de accidentes, la obligación de reparación a los empleadores. El planteamiento para el nacimiento de esta doctrina en Estados Unidos es el siguiente: por un lado, se considera que el accidente de trabajo es costoso tanto para el obrero, que pierde la totalidad o parte de su capacidad de trabajo, como para el empleador y la compañía que lo asegura e indemniza; y por otro lado, que estudios de la Oficina Internacional de Trabajo demuestran que las tres cuartas partes de los accidentes de trabajo incumben, no a un defecto o a una falta de protección de la máquina que el empleador confía al obrero, sino a la forma defectuosa con la que el trabajador la utiliza. De ahí que el principio del Safety First parta de la consideración de que sólo una adecuada formación profesional, tanto de trabajadores como empleadores, para el uso adecuado de la maquinaria, es el mejor medio para prevenir riesgos y accidentes laborales. Frente a estos dos principios de hacer frente a la prevención de riesgos laborales, la OIT se pronuncia en favor de ambos por considerarlos complementarios, y avanza la idea de que sólo a través de acuerdos internacionales es posible incidir en la exigencia de una formación cualificada de empleadores y empleados en el manejo de la maquinaria industrial. Al respecto, cinco recomendaciones han sido aprobadas por la Conferencia en las sesiones tenidas en 1923, 1928 y 1929, dirigidas a la organización de servicios de inspección destinados a:  Asegurar la aplicación de leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores.  Sobre prevención de accidentes de trabajo en general.  Sobre la responsabilidad de aquellos que comercian con dispositivos de seguridad para las máquinas movidas por fuerza mecánica.  Sobre la reciprocidad en materia de protección contra los accidentes de trabajadores dedicados a la carga y descarga de navíos.  Sobre la consulta de las organizaciones profesionales en razón del establecimiento de reglamentos sobre la seguridad de los propios trabajadores. La inspección de trabajo no es solamente prevenir riesgos laborales y accidentes de trabajo, sin perjuicio de que su mayor actividad está dirigida a esta finalidad. Tanto es así que en las sesiones de la Conferencia de 1929, se estableció la recomendación más importante en esta materia, al hilo de la teoría americana del Safety Firts. Esta recomendación pedía a los Estados miembros la puesta en marcha de todos los medios a su alcance para diagnosticar las razones que provocan en sus industrias los accidentes de trabajo. Dirige su mirada a las instituciones y sociedades de seguros para pedirles aportar su granito de arena en materia de prevención, especialmente en materia de subvenciones de cara a la fijación de las primas fijadas para indemnizar a empresas y trabajadores que sufran accidentes de trabajo. Igualmente, recuerda la Conferencia a los Estados miembros que “todo sistema eficaz de prevención de accidentes debe reposar sobre una base legislativa que asegure un grado de seguridad suficiente”. Una legislación que prevea aspectos

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como: formación para la utilización de la maquinaria de la explotación, instrucciones a los obreros sobre cuestiones de seguridad laboral, examen de los locales de trabajo por la inspección de trabajo, etc. De ahí que la propia Oficina internacional de Trabajo creara en su seno un Servicio de Seguridad encargado de editar una revista bimestral que llevaba por título Crónica de seguridad industrial, en la que se publicaban trabajos de diferentes asociaciones o instituciones, en materia de seguridad industrial, informes legislativos y otras prescripciones concernientes a la seguridad. Por último, en materia de higiene industrial, también el Tratado de Paz indicaba que uno de los fines de la OIT es la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales y profesionales, en suma de la salud de los trabajadores. Desde Washington, la Conferencia se preocupa de la higiene industrial votando una recomendación en la que se pedía a los Estados miembros de ratificar lo más rápidamente posible el Tratado de Berna de 1906 que prohibía el empleo de fósforo blanco en la industria cerillera, siendo ratificado por quince Estados, entre otros muchos ejemplos. He aquí un extracto de las conferencias internacionales en las que se adoptaron algunos de los convenios en estas materias, luego ratificados por España en su mayor parte:  Sobre accidentes de trabajo: 1919 (en agricultura), 1925 (sobre reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), 1932 (para trabajadores portuarios), 1936 (sobre la responsabilidad de los armadores en caso de enfermedad o accidente de los trabajadores marítimos).  Sobre prevención de riesgos: 1937 (seguridad en edificios), 1960 (protección contra las radiaciones).  Sobre inspección de trabajo: 1947 (tanto para zonas metropolitanas y no metropolitanas), 1969 (agricultura).  Sobre higiene industrial: 1964 (comercio y administración). 5. Seguridad Social Hasta ahora, la mayor parte de los avances propuestos por parte de la OIT, eran en sí mismos impulsados por décadas de demandas sociales y por el imperativo regulado en el Tratado de Versalles. Sin embargo, en materia de seguridad y previsión social, la OIT ha logrado avances importantes impulsando una obra en parte original. La teoría de la seguridad social parte de la consideración de que los trabajadores asalariados viven bajo la permanente amenaza de la pérdida del salario, no sólo derivado por la pérdida del empleo, sino incluso, en períodos de contratación laboral, por los imponderables procedentes de accidentes de trabajo, enfermedades generales o profesionales, invalidez, vejez, muerte prematura, entre otros. El ahorro por parte de los trabajadores es una fuente para remediar temporalmente estos imponderables, pero se convierte en ineficaz cuando la interrupción laboral se prolonga en el tiempo. La solución que ideaba la OIT pasaba por la previsión y el seguro social, como instrumento capaz de cubrir el salario contra cualquier riesgo que pudiera garantizar, en situaciones de incapacidad laboral temporal, el procurarle una cierta seguridad económica. Esta solución partía de un principio básico: la desaparición de la inseguridad salarial

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es objeto de interés general de la sociedad. Se seguía así lo dispuesto en el propio preámbulo del Tratado de Versalles en el que se indicaba que la OIT tiene como fundamento mejorar la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales, accidentes de trabajo, pensiones de jubilación o invalidez. Es evidente que esta enumeración propuesta por el preámbulo del Tratado, ni es completa ni exhaustiva, sino tan sólo ejemplificativa del conjunto de riesgos o coberturas que deberían integrarse en un sistema homogéneo de previsión social. Esta seguridad social debe ser, a juicio de la OIT, obligatoria, impuesta por ley para las partes de la relación laboral. Sólo en épocas de bonanza económica y bajos porcentajes de paro laboral, este principio de previsión obligatoria garantizada por el Estado, podría devenir en facultativa, a instancia de los actores en la relación laboral. ¿En qué consistiría esta previsión social? Tres funciones desempeñarían la función de previsión social:  Función reparadora o compensatoria: consistiría en compensar económicamente las consecuencias del riesgo de aquellos asegurados que no reciben salario porque temporalmente no pueden acceder al desempeño de la relación laboral.  Función indemnizatoria: consistiría en compensar económicamente a quienes han sufrido un daño o perjuicio en el desempeño de la relación laboral.  Función de prevención: se pretende así evitar al trabajador, en la medida de lo posible, la realización de actividades laborales de riesgo. El resultado de esta política de la OIT pronto tiene su respuesta.Y es que el principio de que todo salario debe estar protegido por un sistema de previsión y seguridad social se impone rápidamente, no sólo en los Estados europeos, sino incluso en los Estados de otros continentes. Ya en 1924, el Consejo de Administración de la OIT solicitaba a la Oficina internacional de Trabajo la preparación de un informe sobre los problemas generales derivados de la previsión social, con el deseo de diagnosticar la problemática y plantear posibles soluciones a los Estados miembros. En la sesión de la Conferencia de 1925, además de discutirse sobre el informe presentado por la Oficina, la OIT va más allá, aprobando una resolución general sobre seguridad social bajo el fundamento de que “un régimen de trabajo fundado sobre la justicia social exige la organización de una protección eficaz de los trabajadores contra los riesgos que pueden poner en peligro su existencia y la de su familia (y) el mejor medio de obtener una protección así consiste en la institucionalización de un sistema de seguridad social”. La Conferencia votó en 1925 dos proyectos de convenio y dos recomendaciones a los Estados. El primer proyecto de convenio se preocupa por el sistema de seguridad social derivado de los accidentes de trabajo en la industria, garantizando que todos los obreros, empleados o aprendices, estén cubiertos por los posibles riesgos de la profesión, en cualquier tipo de explotación o establecimiento industrial. Las indemnizaciones previstas para los accidentes de trabajo, proponían a los Estados regular el pago de una renta que sustituyera al salario, pagado por mensualidades y excepcionalmente en su totalidad, cu-

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briendo además, dicha seguridad social otras prestaciones tales como asistencia médica, quirúrgica o farmacológica derivada del accidente. El segundo proyecto de convenio referente a los accidentes de trabajo tiene su base en la reciprocidad diplomática de aquellos Estados que ratifiquen este convenio, aceptando, de esta manera, el mismo trato para los nacionales del resto de Estados que lo ratifiquen. La materia correspondiente a las cláusulas económicas de las prestaciones por indemnización corresponden a cada Estado, y la OIT se limitó a establecer recomendaciones sobre un mínimo indemnizatorio por incapacidad total o parcial, etc. Una segunda recomendación se refiere a la jurisdicción competente para la solución de los conflictos relativos a la reparación de los accidentes de trabajo, proponiéndose al respecto, la creación de tribunales especiales o comisiones arbitrales compuestos por un número igual de jueces, magistrados o no, representantes de la patronal y las asociaciones obreras. El seguro por enfermedad fue discutido en la Conferencia en 1927 y se acordaron dos proyectos de convenios, concernientes ambos a los trabajadores de la industria y del comercio, y a los trabajadores agrícolas. Se imponen así, a los Estados que lo ratifiquen, la institución del seguro médico obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena, garantizando sus salarios durante las veintiséis primeras semanas de incapacidad, así como la asistencia médica y farmacológica desde el comienzo de la enfermedad. Un último resumen sobre las conferencias internacionales, ratificadas por España en su mayor parte, que trataron algunos de los aspectos indicados:  Sobre paro obrero: 1919, 1934, 1946 (trabajadores marítimos), 1964 (prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).  Sobre seguro médico: 1927 (para la industria y agricultura), 1936 (trabajadores marítimos).  Sobre seguro de jubilación, invalidez o defunción: 1933 (para trabajadores de la industria y la agricultura), que no nos consta que fuera ratificado por España.  Sobre pensiones: 1946 (trabajadores marítimos).  Sobre normas mínimas de seguridad social: 1952, 1967 (prestaciones por invalidez, jubilación y fallecimiento), 1969 (prestaciones sanitarias e indemnización por enfermedad). V. PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Tras la segunda gran guerra, además de la OIT y su ampliación de fines y objetivos tras la Declaración de Filadelfia, se constituyen, tanto en Europa como en el resto del mundo, una serie de organizaciones e instituciones de marcado carácter internacional, en cuyas líneas programáticas incorporan principios, a modo de objetivos y fines a alcanzar por sus Estados miembros que están en íntima conexión con la mejora de las relaciones de trabajo, tanto de los trabajadores nacionales como de los extranjeros. Junto a estas organizaciones de carácter internacional, se suceden una serie de Cartas, Declaraciones o Pactos de naturaleza internacional, en relación con la defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, que

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igualmente, consagran principios formales, a desarrollar sustantivamente por los Estados que los ratifiquen, sobre materias relacionadas con el trabajo. De entre las primeras, organizaciones internacionales, y siguiendo un orden cronológico, destaca la Organización de Naciones Unidas (ONU. San Francisco –California–, 1945), y dentro de ella su Consejo Económico y Social (CES), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE. París, 1960, en sustitución de la Organización Europea de Cooperación Económica); a nivel europeo destaca el Consejo de Europa (CE. Londres, 1949) y la Comunidad Económica Europea (CEE, Roma, 1957, precedente de la Unión Europea). De entre las segundas, y como gestora la ONU, destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948), y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC, 1966); a nivel europeo destacan el Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEPDHLF, 1950), o la Carta Social Europea (CSE aprobada por el CE, Turín, 1961) (Textos 58-67). Entre unos y otros se establecen los siguientes principios programáticos en favor de las relaciones de trabajo:  El reconocimiento del derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones laborales satisfactorias: salario equitativo, descanso laboral, vacaciones remuneradas (Art. 23 y 24 DUDH y Parte I y II de la CSE), y por ende a la abolición de la esclavitud y del trabajo forzado o en servidumbre (Art. 1 CEPDHLF).  Promoción social y cultural de los trabajadores, a través de la mejora de los niveles de vida y desarrollo económico (Art. 55 y 62 de la Carta de la ONU; art. 25 DUDH y art. 1 OCDE).  Derecho de sindicación, reunión y asociación (Art. 23.4 DUDH, art. 8.1 PIDESC y art. 1 CEPDHLF).  Seguridad e higiene en el trabajo (Art. 7b PIDESC y Parte I.3 de la CSE).  Derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales (Parte I.6 de la CSE).  Protección de los menores y las mujeres en el empleo (Parte I.7-8 de la CSE).  Derecho a la protección y seguridad social (Parte I.12-15 de la CSE).  Derecho de libre circulación de trabajadores por los países firmantes de la CEE (Art. 3.1, 39 y 40de la CEE). BIBLIOGRAFÍA J.-C. Javillier (coord), Las normas internacionales del trabajo. Un enfoque global, ed. OIT, Ginebra, 2001. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087694.pdf “Pragmatismo e innovación en el derecho internacional del trabajo”, en Revista Internacional del Trabajo, vol. 113, 1994, pp. 551-569. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/ P/09645/09645%281994-113-4%29551-569.pdf E. Lee, “Orígenes y vigencia de la Declaración de Filadelfia”, en Revista Internacional del Trabajo, vol. 113, 1994, pp. 531-550. Estructura de la OIT. Informe IX, Conferencia Internacional del Trabajo, 59ª Reunion, 1974, (Ginebra). http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1974/74B09_173.pdf

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Capítulo 7 La protección jurídica internacional de los trabajadores

B. Raynaud, Droit international ouvrier, París, 1906, ed. Domat-Montchrétien, 1933. A. Thomas, “La Organización Internacional del Trabajo: origen, evolución y porvernir, Revista Internacional del Trabajo, vol. 115, 1996, pp. 283-299, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1996-115-3-4)283-299.pdf N.Valticos, “Mirada retrospectiva y expectativas de la OIT”, en Revista Internacional del Trabajo, vol. 115, 1996, pp. 515-522. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1996115-3-4)515-522.pdf

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Capítulo 8

El nacimiento del régimen jurídico de las relaciones laborales: el Derecho del Trabajo

I. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA FORMACIÓN DE UN ESTADO “SOCIAL” DE DERECHO: EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES La Segunda República española se proclamó el 14 de abril de 1931, tras la salida del país de Alfonso XIII, y supuso la culminación de los anhelos largamente perseguidos por los partidos de carácter republicano y socialista, que ganaron las únicas elecciones municipales convocadas durante la Dictadura en un intento de salir de la crisis en la que se encontraba sumida. El gobierno provisional que entonces se formó, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, se apresuró a convocar inmediatamente unas elecciones verdaderamente constituyentes y de carácter democrático, que se celebraron en junio de ese mismo año tras reformarse la ley electoral que permitía la intervención caciquil de las elecciones (ley electoral de 1907 reformada por Decreto de 8 de mayo de 1931), y ampliar el derecho de sufragio tanto activo como pasivo, otorgándose por primera vez en España a las mujeres (sufragio universal sin distinción de sexo). El triunfo electoral volvió a corresponder a socialistas y republicanos, que comenzaron a gobernar en coalición durante los primeros momentos de la República, y redactaron de consuno la nueva norma fundamental que abría de recoger los principios constituyentes del nuevo Estado: la Constitución de 1931. Aprobada el 9 de diciembre de 1931, la Constitución republicana fue un texto moderno y ambicioso que pretendía situar a España a la cabeza del progreso social en Europa y ha sido calificada como la primera Constitución española de carácter abiertamente social, popular y democrático. Lo era, ciertamente, por el reconocimiento del principio del sufragio universal igual, masculino y femenino, que permitía de hecho que todos los poderes de los órganos del Estado “emanasen del pueblo”, como indicaba el artículo 1 de

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la Constitución republicana; por la estricta división de poderes y garantías o límites establecidos al poder del Estado; y por el amplio número de derechos de contenido social y económico que por primera vez reconoció en su parte dogmática, a imagen y semejanza de la Constitución alemana de Weimar, dotando de contenido al principio de protección estatal a los trabajadores, demandado internacionalmente desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, se puede afirmar que si hasta el momento todas las constituciones españolas anteriores habían puesto el acento en el principio de libertad, consagrando la estructura del “Estado liberal de Derecho”, esta nueva Constitución de 1931 consagra en su articulado el principio de igualdad, inaugurando en nuestro país el llamado “Estado social de Derecho”. Buena prueba de ello nos la da el primer artículo del texto constitucional, según el cual: “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada”.

1. El Estado Integral Antes de entrar a analizar el contenido “social” de la Constitución, merece la pena que nos detengamos brevemente en otra de las características de esta norma fundamental, esbozada también en el primer artículo más arriba citado: la creación de un Estado “integral” o de las autonomías; ya que en este debate fueron claves las presiones nacionalistas catalana y vasca, donde la industrialización y la cuestión social estaban más avanzadas, y allí también fue donde se sintieron los más acusados cambios. De hecho, antes que en Madrid y el resto de España, la República fue proclamada en Barcelona por la Generalitat de Cataluña, y desde el primer momento la Constitución recogió la promesa de los partidos en el gobierno de conceder autonomía a aquellas provincias que así lo solicitasen a través de la elaboración de un Estatuto. Con ello, la República no hacía sino defender la postura progresista tradicional que se venía manteniendo en el antiguo debate sobre el federalismo o la descentralización política y el unitarismo centralista, otra de las asignaturas pendientes del Estado español. Aún así, los ideólogos del nuevo Estado no se atrevieron a utilizar el término federalismo, para no levantar suspicacias entre los sectores más conservadores, sino que prefirieron omitir toda referencia a la “Nación” española en el texto constitucional, prefiriéndose hablar del “Estado” o la “República” española, y acuñar el nuevo concepto de “Estado integral”, que Pérez Serrano calificó como “un simulacro de organización federal tímida”. Este nuevo Estado “integral”, según el artículo 8, estaría “integrado por municipios mancomunados en provincias”, como hasta el momento, pero también “por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía”. Éstas tendrían que elaborar para constituirse como tales el correspondiente Estatuto de Autonomía, siendo aprobado el de Cataluña el 15 de septiembre de 1932 y el del País Vasco el 6 de octubre de 1936. El Estatuto de Autonomía de Galicia se redactó pero no llegó a ser sancionado por las

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Cortes, y los Anteproyectos de Valencia, Aragón y Andalucía también quedaron sin culminar al declararse la guerra civil española. En la Constitución se previeron qué competencias podrían o no delegarse a las nuevas autonomías (arts.14-21), determinándose que la legislación social o laboral sería competencia exclusiva del Estado, mientras que las regiones autónomas podrían encargase de la ejecución de tales normas según su propia capacidad política y siempre bajo la inspección del gobierno de la República. En este sentido, hay que señalar una primigenia política de transferencia competencial en materia laboral en Cataluña, donde se constituyó la primera región autónoma de España. Manifestación de este temprano trasvase de competencias fueron el Decreto de 25 de abril de 1931, que suprimió la Delegación Superior de Trabajo en Cataluña; el Decreto de 8 de mayo de 1931, que creó en su lugar una Comisión de Cultura Social; el Decreto de 15 de enero de 1933, que constituía una especial Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en la región en lugar del Patronato Social de Previsión del Instituto Nacional de Previsión; o el Decreto de 2 de agosto de 1933, que transfirió a la Generalitat todos los servicios de ejecución de las leyes de trabajo. Tras el acceso al poder de los partidos republicanos de derecha coaligados en la CEDA, en el año 1933, comenzó a darse marcha atrás en esta política, determinándose que todas las competencias que habían sido transferidas a la Generalitat en materia laboral fueran nuevamente asumidas de forma centralizada por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. El País Vasco fue la segunda región de España que pudo aprobar su Estatuto de autonomía antes de la guerra civil, si bien no logró participar de esta política de transferencia competencial en lo laboral por la tardía fecha de aprobación de dicho Estatuto, en octubre de 1936, que hizo imposible su puesta en funcionamiento. 2. El Estado Social: el reconocimiento constitucional de los derechos de los trabajadores En cuanto al reconocimiento constitucional del Estado “social”, no sólo se comprueba en el artículo primero más arriba citado, que dio lugar a la definitiva creación de un verdadero “derecho del trabajo” en España, sino también en otros artículos de la norma fundamental que consagraron por primera vez los derechos económico-sociales de los trabajadores y permitieron la sistematización de las leyes del trabajo (Texto 65). Así, junto al artículo 1, debe citarse también el artículo 7 de la Constitución, que prescribió la adhesión incondicional del Estado español a las normas universales de derecho internacional, incluidas las del derecho laboral, que pasarían a formar parte del derecho positivo español. Por lo demás, no sólo se garantizaron el derecho individual de circular libremente por el territorio nacional y de emigrar o inmigrar “sin más limitaciones que las que la ley establezca” (art. 31), y las libertades de elegir profesión, industria y comercio, salvo por las limitaciones que “por motivos económicos y sociales de interés general impongan las leyes” (art. 33), sino que volvió a reconocerse un amplio derecho de reunión (art. 38), asociación y sindicación (art. 39):

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“Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado. Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley”.

El artículo 39 buscaba la máxima libertad para el asociacionismo, siempre dentro de la legalidad, con la necesidad de inscribirse en un registro público, y con el único límite de “la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad” (art. 42 párrafo 1). Otro aspecto a destacar es que este artículo hacía por primera vez la distinción entre la asociación, para fines diversos, y el sindicato, para fines profesionales, que se perpetuaría en adelante. La ley de asociaciones de 1887 seguiría vigente, si bien añadiéndosele algunas disposiciones adicionales, como la ley de 8 de abril de 1932 que reglamentaba por primera vez de forma específica las asociaciones profesionales. Ni que decir tiene que la libertad de expresión sin censura quedaba asimismo consagrada en el art. 34, estableciéndose en el art. 41 que “no se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales y religiosas”. Igualmente, este artículo establece que los funcionarios públicos civiles también tendrían derecho a asociarse o sindicarse libremente. Los derechos del niño, así como la protección de la maternidad, enfermos y ancianos, quedaron reconocidos en un trascendente artículo 43, que abría la puerta a la aplicación de políticas sociales de carácter intervencionista y asignaba un nuevo papel al Estado frente al sistema liberal anterior: “El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”.

En cuanto al concepto “social” de la propiedad y los bienes, la Constitución reconocía el derecho de propiedad privada, aunque en el artículo 44 establecía un procedimiento de expropiación forzosa de los mismos por causa de “utilidad social” mediante la adecuada indemnización, “a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes”, es decir, incluso sin necesidad de indemnización previa. Con los mismos requisitos se permitía socializar la propiedad, así como la nacionalización de los servicios y las explotaciones que afectasen al interés común. El Estado también se reservaba constitucionalmente el derecho a intervenir en la explotación y coordinación de empresas o industrias privadas “cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional”. Derechos todos ellos que, si bien no pueden tildar propiamente de “socialista” a esta Constitución, al menos si fijaron por vez primera límites constitucionales a la propiedad privada reconociendo el fin social de la riqueza. Así rezaba el artículo 44: “Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional”. Finalmente, siguiendo el orden numérico del articulado pero no por ello relegados a un lugar secundario, llegamos a los dos artículos de contenido social más relevantes para la protección del trabajo industrial o agrícola-pesquero y el desarrollo del derecho del trabajo. El primero de ellos, el artículo 46 concebía el trabajo como un derecho de los españoles que merecía la mayor protección, siendo obligación del Estado garantizar las mejores condiciones de trabajo. Para ello, la legislación social habría de regular:

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Los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte.  El trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y especialmente la protección de la maternidad.  La jornada de trabajo.  El salario mínimo y familiar.  Las vacaciones anuales remuneradas.  Las condiciones del obrero español en el extranjero.  Las instituciones de cooperación.  La relación económico-jurídica de los factores que integran la producción.  La participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas.  Todo cuanto afectase a la defensa de los trabajadores. Por su parte, el artículo 47 se dedicaba a la protección del trabajo en el ámbito agrícola, garantizando al campesino un mínimo de patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, el acceso al crédito agrícola, a una indemnización por pérdida de las cosechas, a las cooperativas de producción y consumo, a cajas de previsión, a escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, a obras para riego y a vías rurales de comunicación. En el mismo sentido, la República se comprometía a proteger en términos equivalentes a los pescadores. El reconocimiento constitucional de los derechos de los trabajadores, fue el detonante o punto de partida de un nuevo sector del ordenamiento jurídico conocido como “Derecho del Trabajo”, que comenzaría a desarrollarse en España a partir de este momento. La Constitución de 1931 fue, en consecuencia, la bisagra que permitió pasar de una legislación meramente proteccionista del obrero, considerado como un “derecho excepcional” a un auténtico “derecho especial”, o como indicara Borrajo Dacruz, “un ordenamiento jurídico integrado por normas inspiradas en unos principios comunes y, por tanto, congruentes entre sí y en marcada fase de expansión”. Frente al anterior Derecho Obrero, el nuevo Derecho del Trabajo pretendía expandirse a toda la población activa como parte esencial del ordenamiento jurídico español. II. LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO DE 1931 La prioridad concedida por el primer gobierno republicano al desarrollo de un Derecho del Trabajo, queda de manifiesto en el hecho de que, antes incluso de que se promulgase la Constitución de 1931, el 9 de diciembre, se aprobara una ansiada Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 (Texto 66). Dicha ley venía persiguiéndose desde principios de siglo, hundiendo sus raíces en unas primeras bases de inspiración krausista elaboradas por el Instituto de Reformas Sociales en 1904. Las citadas bases para la regulación del contrato de trabajo de 1904, avaladas entre otros por Gumersindo de Azcárate, culminaron en un proyecto de 11 de mayo de 1905 que no llegaría a aprobarse.

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Le siguieron otras propuestas del Instituto de Reformas Sociales, como los proyectos legislativos de Dávila en 1906, de De la Cierva en 1908, de Merino en 1910, de Sánchez Guerra en 1914, de Ruiz Jiménez en 1916, o de Burgos y Mazo en 1919. Todos ellos fueron rechazados por la oposición en sede parlamentaria, evitándose su tramitación legislativa. Finalmente, el Instituto de Reforma Sociales aprobaba en 1924 un anteproyecto de ley de contrato de trabajo que, tras el paréntesis que supuso la regulación del contrato de trabajo por el Código de la Dictadura de 1926, fue desempolvado por el primer gobierno de la República, dando lugar a la Ley del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. Esta Ley del Contrato de Trabajo fue una obra de trascendental importancia, no sólo por su vigencia en el tiempo, con principios ordenadores que persistieron incluso tras su derogación y que asentaron las bases del actual contrato de trabajo, sino también porque supuso la regulación definitiva, ordenada y sistemática, de la figura contractual que le daba contenido: el Derecho del Trabajo como sector del ordenamiento jurídico autónomo. Quizá uno de sus principales méritos fue trasladar la protección del derecho al trabajo en sí mismo, cualquiera que fuera la forma de éste, más allá de la mera protección del trabajador manual, de fábricas o industrias, que hasta entonces se venía acometiendo. Con ello, las dudas que hasta entonces se había planteado la doctrina, quedaron despejadas: el trabajador sería todo individuo, persona física, que realizase una actividad retribuida, de forma ajena y dependiente, incluidos los servicios domésticos, de aprendizaje, intelectuales o artísticos. Sólo quedaron excluidos de la norma los trabajos o servicios prestados por amistad, vecindad o de carácter familiar, los de los directivos, gerentes y altos funcionarios de las empresas, y los de los funcionarios de la Administración pública civil o militar, sujetos a sus propias normas, además de a las normas generales sobre descanso dominical, jornada laboral, etc. Por lo demás, la ley reforzó el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador o limitación de la libertad contractual que, aunque previamente señalado, venía siendo sistemáticamente incumplido en la práctica: “Es nulo todo pacto que limite en daño de cualquiera de las partes el ejercicio de los derechos civiles o políticos, así como la renuncia hecha por el trabajador; antes o después de la celebración del contrato, de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes en el trabajo, perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato o cualesquiera otros beneficios establecidos por la ley”.

Otros de sus principales méritos, como veremos a continuación, fueron el establecimiento de un primer orden de prelación a las normas laborales, y la fijación de los nuevos caracteres del contrato de trabajo: 1. El orden de prelación de las normas laborales La Ley del Contrato de Trabajo dotó por primera vez en el ordenamiento jurídico español, de un orden de prelación a las normas laborales, determinando que serían aplicables en este orden jerárquico:

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1. Las disposiciones legislativas de ámbito estatal sobre el trabajo (Leyes, Decretos, Órdenes ministeriales…), añadiéndose expresamente que “las sentencias de los tribunales, los acuerdos conciliatorios y los laudos arbitrales tendrán el mismo carácter, dentro de su respectiva competencia, sobre los casos en ellos resueltos”. Entre las leyes laborales debían entenderse incluidas, además, las normas o convenios internacionales de la OIT, o acordadas tanto bilateral como multilateralmente con otros países. Este tipo de normas habían sido asumidas como parte del ordenamiento jurídico español por la propia Constitución, y durante la República fueron ratificadas en gran número por el gobierno. 2. Las “bases de trabajo” adoptadas por los Jurados Mixtos o Comisiones Paritarias y legalmente reconocidas. Tales acuerdos, que en la práctica fueron la normativa de desarrollo más numerosa en este periodo, tenían una duración inicial de 2 años, luego ampliada a 3 por Decreto de 29 de agosto de 1935. 3. Los “pactos colectivos” celebrados entre una o varias asociaciones obreras y una o varias asociaciones patronales, con una duración mínima de 2 años en el que no pueden ser modificados ni por huelgas ni por cierres patronales, salvo autorización administrativa. Estos pactos, sin embargo, no fueron muy numerosos por la falta de desarrollo reglamentario y el escaso interés por ellos de los sindicatos o asociaciones profesionales, muy distanciadas aún del juego político. 4. Los “reglamentos de trabajo” que se redactaran por cada explotación, fábrica o taller de más de 50 trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la ley acerca del control sindical obrero y a condición de darles la debida publicidad. Como se acaba de decir, aunque la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 supuso la primera aparición formal en el ordenamiento jurídico español de los “pactos colectivos”, precedentes de los modernos convenios colectivos, no promovió en ningún caso el nacimiento de un verdadero sistema de negociación colectiva. El derecho del trabajo continuó regulándose, como hasta entonces se habían regulado las condiciones de trabajo en las primeras leyes obreras, a través de un sistema jurídico-público que orquestaban como “mediadoras” determinadas instituciones laborales, como los Comités Paritarios y los Jurados Mixtos, pero que en la práctica dejaba poco margen de iniciativa o decisión a las partes. 2. Caracteres del Contrato de Trabajo En cuanto a la regulación del contrato de trabajo propiamente dicha, la ley de 1931 marcó importantes diferencias con respecto a la anterior regulación contenida en el Código de Trabajo de 1926, especialmente porque limitó mucho más la libertad contractual de las partes, estableciendo obligaciones tanto para patronos como para trabajadores. Dio comienzo así a la fase que Durán López ha denominado de “juridificación de las relaciones del trabajo”. Formalidades. Como el anterior Código, la Ley admitía tanto el contrato de trabajo expreso como el tácito, que se presumía cuando una persona prestara un servicio o una labor a cambio de remuneración, siendo aplicable a éste las condiciones determinadas en

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las leyes, bases de trabajo, pactos colectivos y usos o costumbres del lugar. Los contratos escritos se dividían, a su vez, entre contratos individuales o colectivos, resolviendo la artificiosa distinción anterior entre contratos “colectivos” o “de grupo”; verbales o escritos; y por tiempo indefinido, por tiempo cierto, o para obra o servicio determinado. Se exigía que fuera por escrito cuando el salario era superior a tres mil pesetas o en contratos de grupo. Temporalidad. Del articulado de la ley se desprende una nítida preferencia hacia el contrato por tiempo indefinido (se prorrogan automáticamente los contratos temporales que no hubieran sido expresamente rescindidos, se limita la capacidad empresarial de resolver el vínculo contractual, etc), admitiéndose sólo el contrato temporal por la naturaleza del trabajo contratado y no por la mera voluntad del empresario (quien debía justificar la temporalidad del empleo). También se presupone en la mayoría de los casos el contrato a tiempo completo, tendiéndose a la estabilización del empleo frente a la anterior libertad contractual burguesa, y asentándose las bases de configuración de una posible “carrera profesional”. Capacidad contractual. Tenían capacidad de contratar el trabajo los mayores de 18 años; entre 14 y 18 se imponían importantes limitaciones por el tipo de trabajo; y por vez primera se establecía la igualdad contractual entre hombres y mujeres, quienes antes requerían para contratar la autorización del marido, que podía incluso pedir la percepción de su salario. Un posterior Decreto de 9 de diciembre de 1931, abundaría en la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y mujeres, incluyendo la igualdad salarial. Prestación laboral. Por lo que respecta al cumplimiento del contrato, si el trabajador no podía prestar su actividad porque el empresario se retrasare en darle trabajo o por cualquier otra falta imputable al mismo (del lugar de trabajo, los materiales, etc), o bien porque el empresario anulase el contrato por su propia voluntad y sin que constara malicia del trabajador, éste conservaba el derecho a la integridad de su salario, del que se debía descontar sólo lo que hubiese ganado en caso de trabajar en otras ocupaciones durante ese tiempo. Por su parte, el trabajador debía cumplir con la prestación personal del trabajo acordado, que si no se fijaba en un quantum determinado por tiempo o resultado, se entendía el “trabajo corriente” o que un trabajador medio pudiera realizar en la empresa. Dicho trabajo debía prestarse con diligencia y con un concepto de fidelidad a la empresa y al empleador que abarcaba el mantenimiento de secretos, el rechazo de sobornos o comisiones de terceros, o la denuncia de los defectos de la explotación para procurar su mejora. Para la resolución de conflictos, la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 admitía y regulaba tanto la huelga como el cierre patronal, lock-out o cierre de fábricas por parte de la empresa como respuesta a una situación de huelga o como medida de presión, determinándose que en principio ninguna de las dos acciones de protesta extinguiría el contrato. Salario. Se mantenían similares garantías a las del anterior Código de Trabajo sobre el salario, para evitar que se pagara en especie, en tabernas o lugares de ocio, o que se obligara a gastar en establecimientos propios del empresario. Los créditos salariales seguían considerándose privilegiados frente a otro tipo de créditos, pudiendo embargarse sólo en determinada cuantía.

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Ahora bien, como novedad se estableció el concepto de “demora” si el empresario no pagaba en el tiempo convenido, que le obligaba a pagar al obrero un cinco por ciento semanal en concepto de interés. También se regularon por vez primera las vacaciones anuales retribuidas (siete días ininterrumpidos por año), aunque si durante ese tiempo el trabajador realizaba otro trabajo perdía el derecho al salario. El despido imputable al trabajador extinguía asimismo el derecho a las vacaciones retribuidas. Extinción del contrato. El esfuerzo que hizo la ley de 1931 por dotar de mayor estabilidad al trabajo se manifiesta, por ende, en la distinción entre las figuras de novación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. La novación suponía el reconocimiento de continuidad de los trabajadores en los casos de cesión, traspaso o venta de la industria, salvo pacto en contrario. La suspensión temporal podía realizarse por parte del trabajador o el patrono. El trabajador podía suspender su contrato por motivos familiares, deberes públicos, incapacidad o enfermedad, embarazo o puerperio, huelga, etc.; y el patrono por falta de materiales o recursos necesarios para la explotación o por lock-out. Finalmente, para la extinción del contrato, además de por muerte o jubilación del trabajador o por la conclusión del tiempo, obra o servicio pactado, se establecen determinadas causas bilaterales (acuerdo mutuo) o unilaterales (incumplimiento o faltas del trabajador o del patrono, fuerza mayor, etc.). El principio de estabilidad se hacía evidente otra vez en esta parte de la regulación al determinarse que, en el supuesto de llegar el término de un contrato a plazo sin que hubiera sido denunciado por ninguna de las partes, éste debía considerarse prorrogado automáticamente. Por su parte, los empleados despedidos injustamente debían ser readmitidos en su puesto de trabajo en un plazo máximo de 48 horas tras el fallo del Jurado Mixto. III. EL DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJO TRAS LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO DE 1931 La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 fue, sin duda, la piedra angular del nuevo derecho del trabajo que se estaba forjando en la República, y buena prueba de su importancia es la dilatada vigencia que de hecho tuvieron casi todos sus preceptos con posterioridad a la derogación formal de la misma. Pero, junto a ella, se redactaron otras muchas leyes laborales durante este periodo, en un intento definitivo de asentar las bases del nuevo sector del ordenamiento jurídico que venía a dar contenido a la proclamación de la “República de trabajadores”. Sin ánimo de ser exhaustivos, veamos a continuación algunas de las más significativas, que supusieron el reconocimiento en España de algunas de las principales directrices internacionales, e importantes avances en la consolidación del Derecho del Trabajo. 1. La jornada laboral Entre las distintas leyes que se dictaron en relación a la jornada laboral, cabe destacar la Ley de Jornada Máxima por Decreto de 1 de julio de 1931 convertido en Ley de 9 de septiembre 1931, que asentaba y extendía prácticamente a todo tipo de trabajo el régimen de jornada legal de 8 horas conseguido en 1919:

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“Para los obreros, dependientes y agentes de las industrias, oficios y trabajos asalariados de todas clases, realizados bajo la dependencia o inspección ajenas, por cuenta del Estado, de las Provincias, de los Municipios, en servicios directos o por administración, o concedidos o contratados como por cuenta de empresas privadas o particulares”.

En esa jornada de 8 horas se computaban los tiempos de espera de materiales o tiempos muertos sin trabajar imputables a la responsabilidad del patrón. También se adaptaba la normativa de la OIT que obligaba a pagar más caras (un 5% más) las horas extraordinarias. Aunque otras normas de desarrollo establecieron particularidades en la jornada laboral de trabajos como el de la minería, las industrias siderúrgica y metalúrgica, etc. 2. La resolución de conflictos y despenalización de acciones obreras Otra de las cuestiones que recibió una especial regulación, sobre todo en los primeros momentos de la República, fue la relativa a la pacificación de conflictos y despenalización de acciones obreras. Así, un temprano Decreto de 14 de abril de 1931 concedía amnistía a todos los condenados por delitos políticos, sociales y de imprenta que se hubieran cometido en defensa de un ideal, y entre ellos los relacionados con el movimiento obrero. También se dictaron normas para que se reincorporasen a sus puestos de trabajo los funcionarios del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística y los agentes de Compañías ferroviarias que habían sido despedidos previamente por participar en huelgas, y en particular en la huelga general de 1917. El Decreto de 29 de febrero de 1936 obligaría, finalmente, a todas las empresas a readmitir a los obreros, empleados o agentes que hubieran sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas a partir del 1 de enero de 1934 (Texto 70). Para ello se crearían unas “Comisiones profesionales” con dos representantes obreros y dos representantes de la patronal, y con la intervención de un representante del Ministerio de Trabajo, como mediador. Al amparo de esta ley, llegaron a crearse distintas Comisiones profesionales en Madrid y otras capitales de provincia, especialmente Oviedo. Por otro lado, hay que señalar el enorme esfuerzo legislativo que se hizo en esta época para la regulación y prevención de riesgos o enfermedades profesionales: Decreto de 28 de mayo de 1931 que prohíbe el empleo de la pintura de cerusa, sulfato de plomo y sus compuestos en ratificación de un convenio de la OIT; Decretos de 9 de diciembre de 1931 y 6 de mayo de 1936 modificando el reglamento de policía minera en lo referente a explosivos y clasificación de minas según el mayor o menor porcentaje de grisón o gas metano; Orden de 19 de junio de 1933 que completaba el reglamento de industrias incómodas, peligrosas e insalubres; etc. 3. La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Entre este grupo de leyes, caben destacar especialmente la Ley de accidentes de trabajo de 8 de octubre de 1932, y la Ley de enfermedades profesionales de 13 de julio de 1936. La primera de ellas hizo obligatorio para el patrono el seguro de accidentes de trabajo, que hasta ese momento era de carácter voluntario. La instrumentalización de este seguro, y la determinación de las personas que debían ser protegidas o incluidas en el

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aseguramiento, dio lugar con posterioridad a una abundante normativa de desarrollo que no será aquí objeto de estudio. Aunque sí cabe señalar que a este fin se creó, por Decreto de 22 de febrero de 1933, la Caja Nacional del seguro de accidentes de trabajo. 4. La previsión social La previsión social experimentó igualmente un enorme desarrollo durante la República, regulándose las ayudas, socorros y subsidios por enfermedad, invalidez o vejez de los distintos sectores profesionales, se implanta el seguro de maternidad obligatorio mediante Decreto de 26 de mayo de 1931, elevado a Ley el 9 de septiembre de 1931 (Texto 68), se crean nuevas Mutualidades como la Comisión de Mutualidades Escolares, se aumenta la inversión social, se refuerza entre otras las ayudas a familias numerosas, y sobre todo tratando de unificar el panorama nacional. En esta línea, un Decreto de 17 de enero de 1935 dispuso que todas las normas sobre subsidios, retiros o pensiones tendían que ser intervenidas por el Instituto Nacional de Previsión o sus Cajas colaboradoras. 5. La lucha contra el paro obrero La defensa del trabajo como un derecho de todo ciudadano, tal y como proclamaba la Constitución, y la consecuente lucha contra el paro, fue otro de los principales y más novedosos frentes de desarrollo del Derecho del Trabajo durante la República. Téngase en cuenta que, tras la crisis económica mundial de 1929, el paro había aumentado de forma muy significativa en el país, cerrándose además toda posibilidad de emigración a otros países en similares circunstancias. Los parados eran mucho más numerosos en el campo que en la ciudad, tratándose de realizar una reforma agraria y dándose especiales leyes contra el paro para ellos, que veremos más abajo; pero la industria también sufrió un importante aumento del desempleo, habida cuenta de que había disminuido considerablemente la exportación de productos al exterior. Para luchar contra el paro se adoptaron numerosas y diversas medidas, aunque la mayoría afrontaron el problema de forma parcial por sectores de producción (en la industria textil, en la minera, en la agricultura, etc.). Con carácter general, se pueden distinguir los siguientes campos de acción:  El desarrollo de una política de obras públicas, de la que fue la primera y más importante manifestación la Ley de 28 de agosto de 1931, que destinaba una importante cuantía de dinero público a la realización de obras nuevas y la intensificación de las ya comenzadas en distintas provincias. Un nuevo impulso a esta política fue la Ley de 22 de marzo de 1934.  La concesión de préstamos a entidades públicas o personas privadas.  La creación de oficinas y servicios públicos de colocación, bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión, a partir de la Ley de 27 de noviembre de 1931.  La creación de órganos específicos para recabar y estudiar la marcha del mercado laboral. Además de los informes pedidos a los Gobiernos civiles y Delegaciones de Trabajo, la Ley de lucha contra el paro de 7 de julio de 1934, que trató de poner en marcha diversas medidas, tales como el incremento de subvenciones, o el estímulo de iniciativas privadas, creó a tal fin una denominada Junta Nacional

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bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo. El Decreto de 9 de mayo de 1936 creó además Delegaciones Provinciales de dicha Junta para coadyuvar a sus labores de impulsar y orientar la política nacional contra el paro. La concesión de subvenciones y prestaciones indirectas o directas. El Decreto de 25 de mayo de 1931 creó una Caja Nacional del Seguro contra el Paro, cuya función era estimular la previsión individual y corporativa contra el paro a través de bonificaciones o prestaciones indirectas, y nunca de forma directa a los obreros parados. Las prestaciones económicas directas se otorgaban a través del Patronato Nacional de Socorros a los parados involuntarios, creado bajo dependencia del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión el 13 de junio de 1935.

6. El asociacionismo profesional Para terminar este rápido resumen del Derecho del Trabajo desarrollado en la República, junto a todas estas normas, que representan meramente la punta del iceberg de la abundantísima legislación socio-laboral, hay que mencionar también por su singular importancia la Ley de asociaciones profesionales de 8 de abril de 1932, que se redactó específicamente por primera vez para la formación y desarrollo de asociaciones profesionales, y que veremos bajo el epígrafe siguiente (Texto 69). IV. LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RAMO: INSTITUCIONES PÚBLICAS LABORALES Descritos someramente los principios básicos y normas de desarrollo del nuevo Derecho del Trabajo de la República, intentaremos ahora bajo este epígrafe entender como fue gestionada dicha normativa por las instituciones públicas responsables del ramo, cuya función era informar, impulsar, ejecutar y velar por el cumplimiento del Derecho del Trabajo. Las principales instituciones públicas laborales de la República fueron el Ministerio del Trabajo, los nuevos órganos consultivos reconocidos junto al Consejo de Trabajo y las Delegaciones provinciales de Trabajo. 1. El Ministerio de Trabajo El Ministerio de Trabajo y Previsión sufrió nuevas transformaciones estructurales con la llegada del primer gobierno de la República en 1931. Al frente del mismo se situó al socialista Francisco Largo Caballero, líder a su vez del sindicalismo, cuya principal preocupación fue la de tratar de ganarse al sindicato UGT para que participara en la acción política apartándose de la línea de acción revolucionaria a la que todavía se dejaba arrastrar por la CNT y otros grupos anarquistas. Además de esta estrategia, la política del Ministerio persiguió los siguientes objetivos:  Mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados, especialmente en el campo, para tratar de detener la escalada de violencia derivada de la crisis económica, el paro y las cada vez peores condiciones de vida de las clases trabajadoras.  Fortalecer la representación de los trabajadores a través de asociaciones más fuertes en los procesos de negociación y toma de decisiones.  Extender y unificar los seguros sociales, así como fortalecer la previsión social.

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Tras su cese el 12 de septiembre de 1933, llegó el nuevo Ministro del partido radical Ricardo Samper, que permanecería en el cargo un brevísimo periodo de tiempo, hasta el 8 de octubre, siendo sucedido por otro corto periodo de dos meses por Carlos Pi Suñer, de Ezquerra catalana (del 8 de octubre al 16 de diciembre de 1933). Ministros posteriores fueron José Estasdella Arnó, del partido radical; José Oriol Anguera de Sojo, de la CEDA; Eloy Vaquero Cantillo, del partido radical; Federico Salmón Azorín, de la CEDA; Alfredo Martínez García-Argüelles, de adscripción liberal-demócrata; Manuel Becerra Fernández, del partido radical; Enrique Ramos y Ramos, de Acción republicana; Juan Lluhí Vallescà, de Ezquerra catalana; y Bernardo Giner de los Ríos, de Unión republicana, que en puridad sólo fue ministro por un día, el 19 de julio de 1936. Por lo que se refiere a su estructura y composición, a partir del Decreto de 25 de diciembre de 1933, el Ministerio de Trabajo y Previsión pasaría a denominarse Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, aumentando sus competencias y haciendo más compleja su organización administrativa, con dos Subsecretarías. De la primera, la Subsecretaría de Trabajo y Acción Social dependían las Direcciones Generales de Trabajo y de Acción Social, y de la segunda, la Subsecretaría de Sanidad y Previsión, las de Sanidad y Asistencia Pública y la de Previsión Social. También se mantuvo el Consejo de Trabajo como superior órgano consultivo; y el Instituto Nacional de Previsión, con competencia en dicha materia. Los Decretos-leyes de 19 y 28 de septiembre de 1935, crearon por su parte un nuevo Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad, en el que se trataba de reunificar servicios para intentar limitar el gasto público, suprimiéndose algunas Direcciones Generales. Aunque tan sólo un año después, la Ley de 30 de abril de 1936 volvería a dividir en dos el Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad, dejando a un lado el Ministerio de Justicia, y volviendo a recuperar la idea del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. 2. Órganos consultivos Junto al único y principal órgano consultivo reconocido hasta el momento, el Consejo de Trabajo, que recibió una nueva normativa durante la República, un Decreto de 19 de abril de 1934 creó el Consejo Nacional de Sanidad y Asistencia Pública, como órgano consultivo del Estado en esta materia; y un posterior Decreto de 30 de octubre de 1935 reconoció también como órganos consultivos:  La Junta Consultiva de Cajas de Ahorro.  La Junta Consultiva de Cámaras de la Propiedad Urbana.  La Junta Central de Emigración.  La Junta Consultiva de Estadística. Finalmente, el Decreto de 1 de abril de 1936 creó un Consejo de Sanidad y Seguros, que, sin embargo, apenas tuvo tiempo de actuar antes de declararse la guerra civil. 3. Delegaciones provinciales de Trabajo Más interesantes fueron las reformas planteadas en cuanto a la organización administrativa periférica, que pasó de un ámbito regional controlado por los Gobernadores civiles, a un ámbito puramente provincial del que quedaron al margen aquellos.

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Con algunos antecedentes previos, finalmente la Ley de 13 de mayo de 1932 suprimió todas las Delegaciones e Inspecciones Regionales de Trabajo y creó unas nuevas Delegaciones Provinciales, transfiriendo a los nuevos Delegados Provinciales, que dependían directamente de la Dirección General de Trabajo, todas las competencias en materia laboral que venían ostentando hasta el momento los Gobernadores civiles y los anteriores Inspectores y Delegados Regionales de Trabajo. Con ello no sólo se buscaba una mayor independencia en lo político, sino también poder realizar un seguimiento mucho más exhaustivo y preciso de los problemas específicos de cada zona. Eran funciones de estos Delegados Provinciales las siguientes:  Velar por el cumplimiento de las leyes y bases del trabajo en su provincia.  Vigilar la actuación de los Jurados Mixtos, especialmente en el sector agrario.  Mantener los registros de asociaciones profesionales en su demarcación.  Constituir nuevos registros y oficinas de colocación para luchar contra el paro, siguiendo las leyes dictadas en ese sentido.  Procurar la prevención y pacificación de cualquier conflicto. Para ello, y según la Orden de 20 de octubre de 1933, los Delegados Provinciales quedaron obligados incluso a remitir diariamente un telegrama a la Dirección General para informarle de cómo estaba la situación de conflictividad social en su provincia. Por Decreto de 12 de octubre de 1935, la figura del Delegado Provincial se refundió por un breve periodo de tiempo con la del Inspector de Trabajo, dando lugar al nuevo cargo del Inspector-delegado en cada provincia. Pero finalmente un Decreto de 4 de marzo de 1936 derogó aquella ley volviendo a restablecer en su integridad la de 13 de mayo de 1933 que constituía las Delegaciones Provinciales originarias. La Inspección de Trabajo seguiría, en consecuencia, actuando de forma paralela a las Delegaciones Provinciales, dando lugar también en este periodo a una importante normativa de desarrollo. Como única excepción a esta estructura organizativa periférica, cabe señalar la constitución en Cataluña, por Decreto de 2 de julio de 1935, de la Delegación Especial de Cataluña. V. EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL: LOS SINDICATOS MAYORITARIOS DURANTE LA REPÚBLICA Las asociaciones profesionales también recibieron durante la República una especial atención para convertirse en los principales interlocutores del gobierno, y para fortalecer la representación de los trabajadores en los procesos de negociación y toma de decisiones. Para ello, por primera vez en la historia de España se aprobó una específica ley de asociaciones profesionales de 8 de abril de 1932 (Texto 69). Dicha ley consideraba las asociaciones o sindicatos una pieza fundamental para el desarrollo del Derecho del Trabajo. Su fin declarado era, según el artículo 1, “la defensa de los intereses de las clases respectivas en determinadas profesiones, industrias o ramos de éstas”, y a tal fin se preveía la constitución tanto de asociaciones de patronos como de asociaciones de obreros. Para constituir éstas últimas era necesario un número de socios superior o igual a 15, mayores de 16 años y con voto a partir de los 18, no pudiendo pertenecer una

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misma persona a más de una asociación de esta naturaleza. Sus estatutos, reglamentos o acuerdos, para considerarse válidos, debían ser aprobados por el Delegado Provincial de Trabajo; y una vez constituidas se inscribían en el Registro especial de asociaciones de cada Delegación. Las asociaciones profesionales quedaban obligadas por ley a participar en los organismos mixtos oficiales de resolución de controversias, así como en los procedimientos establecidos por la ley para la “conciliación y solución armónica de los conflictos”. Tendrían que respetar, en consecuencia, los acuerdos adoptados y las bases de trabajo, pactos colectivos o leyes que se promulgasen. Podrían ser suspendidas en caso de actuación ilegal, aunque sólo tras la resolución emitida en este sentido, por una autoridad judicial. Sólo entonces, el Delegado de Trabajo de la provincia correspondiente, podía proceder a la disolución de la asociación, manteniendo una comisión que él mismo nombraría para continuar la gestión de ésta en los contratos de trabajo y otras acciones de previsión, cultura, socorro o beneficencia. Estas acciones, según el Decreto de 1 de noviembre de 1934, se mantendrían a pesar de la suspensión de la asociación en beneficio de los afiliados. Al margen de las asociaciones de trabajadores del sector privado, se mantuvieron las asociaciones propias de los funcionarios públicos. Su antecedente estaba en la Ley de 22 de julio de 1918 y otras normas posteriores, que fueron confirmadas durante la República por una Orden de 11 de enero de 1936, determinándose que lo no regulado de forma particular, quedarían sujetas a la legislación general sobre asociaciones. Junto al amplio reconocimiento legal, en la práctica los sindicatos mayoritarios se fueron distanciando paulatinamente del juego político. En la UGT, Indalecio Prieto se enfrentaba a Largo Caballero, y la CNT ni siquiera tenía interlocutor político y se dejaba arrastrar por la FAI a sucesivas huelgas revolucionarias para proclamar el comunismo libertario. La acción sindical en esta época, no encontró sintonía con los partidos con representación parlamentaria, republicanos y socialistas, resultando un grave problema para el gobierno de la República. La conflictividad social fue permanente. Las huelgas fueron constantes en las fábricas y, especialmente, los conflictos en el campo andaluz, asolado por el paro y el hambre. Para solucionarlos, el gobierno trató, por un lado, de mantener el orden público bajo la represión de la Guardia Civil, actuando con dureza en el campo al amparo de su autoridad, y por otro lado, de impulsar una Reforma agraria, a la que se opuso la CNT, que se fraguó de forma lenta y que tuvo una escasa aplicación, como veremos más adelante. Tras la llegada al poder de la CEDA y los radicales de Lerroux en 1934, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sección de la UGT creada en 1930, convocó una huelga general que acabó con la detención de unas siete mil personas, cierre de centros obreros y jurados mixtos. Paralelamente, en Cataluña se sublevaba la Generalitat contra la ley de contratos de cultivo, y en Asturias se producía la “revolución de octubre” de 1934, alentada por un frente común de socialistas y anarquistas contra el nuevo gobierno de derechas de la CEDA, del que temían que dinamitara la República. Ante la escalada de los acontecimientos, y el ascenso de los fascismos en Europa, y las disfunciones internas, a la izquierda del PSOE surge en 1935 el Partido Obrero

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de Unificación marxista (POUM), que había conseguido extenderse y crecer al amparo de la República, escindiéndose en Cataluña el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) en 1936. VI. LA JURISDICCIÓN LABORAL: TRIBUNALES INDUSTRIALES Y JURADOS MIXTOS Durante la República se mantuvieron los Tribunales Industriales heredados del periodo anterior, y los Comités Paritarios de la Dictadura fueron sustituidos por unos nuevos órganos jurisdiccionales, los Jurados Mixtos, a partir de la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931 (Texto 67). Aunque hubo un intento de unificar ambas jurisdicciones, tratándose de eliminar los Tribunales Industriales en un plazo de tiempo que nunca se cumplió, y estableciendo que sus causas fueran pasando paulatinamente a los Jurados Mixtos durante dicho periodo transitorio, en la práctica los Tribunales Industriales nunca dejaron de funcionar antes de que otra Ley, la de 30 de mayo de 1936, rectificara la política anterior y volviera a restablecerlos con idéntica competencia y régimen jurisdiccional al que tuvieran previamente. Los Tribunales Industriales siguieron ocupándose, en consecuencia, de los mismos asuntos que se les atribuyeron en el Código del Trabajo de 1926, es decir, por razón de las personas y de las materias, y a través del mismo procedimiento previsto en dicha norma. De tal manera, podríamos decir que se ocupaban de conflictos individuales del trabajo, o de conflictos “no colectivos”, puesto que no existía ninguna norma que permitiese a los sindicatos o asociaciones obreras litigar en nombre de la categoría profesional en que estuvieran constituidos. Para el conocimiento de los conflictos colectivos y otros asuntos generales que les atribuyó la Ley, se crearon precisamente los Jurados Mixtos, inspirados como se ha dicho en los Comités Paritarios de la Dictadura, pero con mayor independencia que aquellos. Su función principal era la de servir como órganos de arbitraje para solucionar los problemas laborales colectivos de forma pacífica y rápida, lo que en puridad rara vez se consiguió. Los Jurados Mixtos tenían una compleja naturaleza jurídica, puesto que, aunque realizaban entre otras funciones judiciales, eran creados por el Ministerio de Trabajo, bien de oficio o bien a instancia de parte, y también podían realizar otras funciones normativas o ejecutivas. Los había de tres tipos: Jurados mixtos de trabajo industrial, Jurados Mixtos de la propiedad rústica; y Jurados Mixtos de la producción y de las industrias agrarias. También podían crearse Jurados Mixtos Menores con jurisdicción sobre más de quinientos obreros industriales o agrícolas cuando se considerase oportuno. Se componían del mismo número de representantes de los obreros que de los patronos, presididos siempre por alguna autoridad pública (lo que recuerda bastante a los Comités Paritarios), si bien parece ser que la función de la autoridad pública era mucho más garantista y menos interventora que en los órganos de la Dictadura con los que la doctrina los viene comparando inevitablemente. Tratando de remediar las colisiones competenciales que de hecho se produjeron entre ambos órganos jurisdiccionales, la Ley de Jurados Mixtos de 1931 venía a especificar, además,

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que los Tribunales Industriales no podían conocer de reclamaciones originadas por la aplicación de los artículos pertinentes del Código de Trabajo cuando estuvieran atribuidas por ley a los Jurados Mixtos y éstos ya se hubieran constituido en sus respectivas jurisdicciones. Los procedimientos previstos ante los Jurados Mixtos fueron los siguientes: a) Procedimiento especial en los conflictos de trabajo. b) Procedimiento especial en materia de despido, cuestión ésta en la que se produjeron los mayores conflictos competenciales entre los Tribunales Industriales, asimismo competentes en despidos, y los Jurados Mixtos. c) Procedimiento especial en materia de reclamaciones de salarios y horas extraordinarias. El primero de ellos, sobre conflictos de trabajo, era sin duda el más significativo, y pretendía evitar que en la práctica se produjesen las situaciones de huelga o paro patronal que venían reconocidas como derecho de los obreros y patronos en la Ley del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931, y también en la propia Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931. Para ello, la Ley de Jurados Mixtos establecía un procedimiento especial, obligando a los obreros y patronos que preparasen una huelga o cierre patronal a informar previamente al Jurado Mixto de Trabajo, o Jurado mixto menor correspondiente a la localidad, para que éste buscase la avenencia de las partes a través de un procedimiento de conciliación. Sin este requisito la huelga o el cierre no podían declararse. Otra fórmula de conciliación prevista era el arbitraje: los Jurados mixtos tenían la facultad de proponer a las partes un árbitro, al que éstas podían someterse o no de forma voluntaria. Ahora bien, aceptada su intervención, la resolución o laudo arbitral devenía obligatorio para las partes. Cuando el Jurado Mixto no conseguía ni la conciliación ni la actuación del árbitro, realizaba un dictamen en el que apreciaba las circunstancias del caso y daba la solución que a su juicio debía aplicarse. Dicho dictamen se elevaba al Ministerio de Trabajo, que decidía si hacerlo público o no. Encontramos aquí otra importante diferencia entre los Jurados Mixtos y los Tribunales Industriales. Como ya se ha dicho, los Jurados Mixtos pertenecían a la Administración laboral y dependían directamente del Ministerio de Trabajo, de manera que no sólo sus resoluciones o dictámenes se elevaban al mismo, sino que también ante el Ministerio debían interponerse las reclamaciones contra ellas. Para hacerlas ejecutivas una vez que hubieran alcanzado firmeza, había que requerir la ayuda del juez de primera instancia de la localidad en la que la resolución fuera aplicable. Y sólo cabía recurso de apelación ante un Tribunal Central de Trabajo, cuya sentencia podía ser recurrida, a su vez, ante la novedosa Sala Quinta del Tribunal Supremo. Por el contrario, los Tribunales Industriales dependían y participaban plenamente del organigrama de la Administración de Justicia, de modo que los recursos de revisión contra sus sentencias debían interponerse directamente ante las distintas Audiencias Provinciales, y los recursos de casación ante una nueva Sala de Cuestiones Sociales o Sala Quinta del Tribunal Supremo, creada a través del Decreto de 6 de mayo de 1931, y que supuso el reconocimiento y el origen de la jurisdicción laboral en España.

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VII. LA REFORMA AGRARIA La reforma agraria era una de las asignaturas pendientes del Estado español, sobre todo tras las desiguales consecuencias de la abolición del régimen señorial y la desamortización, que consolidaron grandes estructuras latifundistas en el país, particularmente en el sur, y dieron lugar al sistema del “caciquismo”. En puridad, había fundamentalmente tres regímenes de tenencia de la tierra en España: el latifundio en el sur; el minifundio en Galicia, la cornisa cantábrica y Castilla; y un nuevo modelo muy minoritario de agricultura moderna en las comarcas de regadío del valle del Ebro y Levante, de escasa importancia en el conjunto nacional. De todos ellos predominaba el latifundismo y una agricultura poco industrializada, que ocupaba, en los años 1930 y 1931, al 51 % de la población española, y que representaba, sólo en la provincia de Andalucía, el 43 % del paro nacional al momento de iniciarse la II República española, en plena crisis económica mundial. Por si éstos no fueran motivos suficientes para acometer la reforma agraria en España, se tenían como antecedente las reformas en el campo que ya se habían abordado en casi todos los países europeos, coincidiendo la mayoría de economistas y reformadores en que el problema agrario era una causa principal de retraso económico español. Por ello, la “cuestión agraria” fue desde el principio una de las claves del primer gobierno de la República, poniéndose en ellas grandes esperanzas que, lamentablemente, a medio y largo plazo resultaron frustradas. La reforma ya se anunció el 14 de abril de 1931, en la “Declaración de principios” del Gobierno provisional republicano, garantizándose al mismo tiempo la protección del derecho de propiedad privada para evitar una violenta oposición de los propietarios: “La propiedad privada queda garantizada por la ley; en consecuencia, no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país, y a la incongruencia del derecho que la ordena con los principios que la inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra”.

1. Medidas para la Reforma Agraria Las primeras medidas a este fin, impulsadas por el socialista Álvaro de Albornoz desde el Ministerio de Fomento, a falta de constituir todavía un Ministerio de Agricultura, se sucedieron rápidamente en los meses siguientes:  Decreto de 28 de abril 1931, elevado a Ley de 9 septiembre de 1931, estableciendo que en los trabajos agrícolas los patronos estaban obligados a emplear preferentemente vecinos del municipio. Más adelante, una Ley de 28 de mayo de 1934 permitió contratar braceros forasteros, pero con jornales no inferiores a los establecidos por los organismos de trabajo o pactos colectivos para los locales.  Decreto de 29 de abril de 1931, prohibiendo los desahucios de fincas rústicas en arrendamiento con renta inferior a 1.500 pesetas.

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Decreto de 7 de mayo de 1931, de laboreo forzoso, que buscaba anticiparse a la reacción patronal de dejar las fincas en barbecho o erial para bajar el nivel de empleo, obligando a los propietarios a realizar todas las labores propias del buen cultivo.  Decreto de 8 de mayo de 1931, sobre Jurados mixtos, que también se creaban en el sector agrícola.  Decreto de 19 de mayo de 1931, por el que se permiten los arrendamientos colectivos, dando personalidad a las asociaciones obreras campesinas para acometer dichas explotaciones agrícolas comunitarias.  Decreto de 12 de junio de 1931, sobre seguros sociales a los trabajadores del campo.  Decreto de 17 de junio de 1931, sobre accidentes de trabajo en el campo.  Decreto de 1 de julio de 1931, sobre la jornada de ocho horas también para los jornaleros agrícolas.  Decreto de 18 de julio de 1931, desarrollado por Decreto de 28 de julio de 1931, que prohíbe el régimen de reparto de obreros parados entre propietarios y arrendatarios. Para remediar el paro se prevén bolsas locales de trabajo financiadas con el recargo voluntario de una décima de las contribuciones territorial e industrial; junto a otras medidas se ordena que en las obras realizadas por contrata, los contratistas utilicen los servicios de los obreros parados en los municipios respectivos.  Orden de 2 de septiembre de 1931 para la constitución de mutualidades patronales. En suma, estas primeras medidas trataron de afrontar el problema del paro, especialmente acuciante en el campo, extender a la agricultura el régimen de accidentes de trabajo y algunos otros derechos obreros, como la jornada de ocho horas, y fomentar la negociación entre propietarios y jornaleros a través de los Jurados Mixtos, lo que suponía un cambio radical en sus relaciones de trabajo que, por supuesto, no fue bien recibido ni cumplido por los patronos. 2. La Ley de Reforma Agraria Paralelamente, se había constituido una Comisión Técnica de carácter mixto para elaborar un proyecto de reforma agraria más general. El problema era llegar a acuerdos, ya que si los socialistas eran partidarios de crear grandes concentraciones de la tierra para su explotación colectiva, los republicanos proponían el reparto de pequeñas propiedades entre los campesinos, y los grupos de la derecha rechazaban ambas propuestas defendiendo la propiedad privada. Por ello, aunque se constituyó una Junta Central de Reforma Agraria presidida por el propio Jefe de Gobierno, ya a finales de 1932 se creó el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por el socialista Marcelino Domingo, en la práctica la reforma agraria quedó enredada en una multiplicidad de proyectos que no lograban el consenso: el proyecto de la Comisión Técnica Agraria de 15 de julio de 1931, un proyecto de Ley de Bases de Alcalá Zamora de 22 de agosto de 1931, con dos Dictámenes de la

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Comisión Parlamentaria, y un Proyecto de Marcelino Domingo de 16 de marzo de 1932, que finalmente terminaría convirtiéndose en la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932, cuya aprobación se vio impulsada en las Cortes por el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en el mes de agosto (Texto 71). El objetivo de la ley era realizar una redistribución de tierras, la mayoría previamente expropiadas, para asentar en ellas campesinos que pudieran trabajarlas en régimen de comunidad o “junta”. Las tierras susceptibles de asentamiento eran las del Estado, y las que constituyeron antiguos señoríos transmitidos desde su abolición por título lucrativo, en toda España (se expropiaron así sin indemnización las tierras de los antiguos grandes de España); y otras que pudieran expropiarse previa indemnización a sus titulares en los territorios de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete o Salamanca: fundamentalmente las mal cultivadas, la pertenecientes a grandes latifundios o de un solo propietario (Texto 72). En principio, por tanto, las expropiaciones sólo iban dirigidas contra los grandes propietarios, aunque en la práctica se vieron afectadas por ellas muchos medianos propietarios que se pusieron por ello en contra del gobierno. Para llevar a cabo estas labores se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), bajo cuya jurisdicción se organizaron unas Juntas provinciales agrarias, encargadas de elaborar el censo de los campesinos que debían realizar los asentamientos. Del IRA también dependerían las comunidades de campesinos ya asentadas, que acordarían la forma de explotación de la tierra, bien individual o por parcelas, o bien colectiva. También se previó la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, con el propósito de realizar préstamos que fomentaran el cooperativismo agrario, pero la iniciativa fracasó ante la cerrada resistencia de la banca privada. Se pretendía asegurar el asentamiento de 60.000 a 70.000 jornaleros en los quince años siguientes a la promulgación de la ley. Pero en los dos años en que fue aplicada apenas llegaron a 20.000 los asentados en una extensión muy reducida, que comenzó por la provincia de Badajoz. A fin de acelerar y garantizar el cumplimiento de la reforma, se promulgaron además una serie de decretos de “intensificación del cultivo”. El primero fue el Decreto de 22 de octubre de 1932, modificado el 1 de noviembre, respecto de las faenas de secano en la provincia de Badajoz, con el propósito de poner remedio a la gravísima crisis obrera. La Orden de 4 de noviembre 1932 extendió este decreto a las provincias de Cádiz, Cáceres, Sevilla, Granada y Málaga; y más adelante se extendería también a Ciudad Real (11 noviembre), Córdoba y Salamanca (12 de noviembre) y Toledo (17 de diciembre). Pero se produjeron numerosas dilaciones en su cumplimiento. También se trató de fomentar el empleo en el campo mediante la limitación del uso de máquinas. Son ejemplos de esta política la Orden de 9 junio de 1934, que sólo permitía usar máquinas que no absorbieran más del 50% del trabajo total; la Orden de 10 de junio de 1935, que imponía una obligación de empleo forzoso frente al uso abusivo de máquinas; o la Orden de 18 septiembre de 1935, que prohibía el uso de las máquinas “con carácter circunstancial y mientras dure la actual crisis del paro”. Nada de ello consiguió resultados satisfactorios, siendo particularmente desalentadoras las consecuencias derivadas del incumplimiento de la Ley de Reforma Agraria. La

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falta de recursos del gobierno, la negativa de la banca privada para invertir en el proyecto, la burocracia en los órganos interpuestos, la propia complejidad de la ley, la oposición de las clases afectadas, etc., produjeron en la práctica una deficiente y lenta aplicación de la reforma. 3. Paralización de la reforma agraria y movilización del campesinado Los campesinos, desengañados y descontentos por el fracaso de la reforma, radicalizaron entonces sus posturas, con el incremento de huelgas o acciones violentas en el sur, donde la CNT se dejaba arrastrar por la FAI para la lucha revolucionaria alejándose cada vez más de los grupos republicano y socialista en el gobierno; y también con el masivo cambio de sentido del voto en Castilla y las regiones del norte, donde predominaba la mediana o pequeña propiedad, siendo éste uno de los factores que propició el triunfo conservador en las elecciones de 1934. También coadyuvaron a este cambio de gobierno acontecimientos como los de Castilblanco o la matanza de Casas Viejas en el verano de 1933, que se ha tomado por la historiografía como uno de los hitos más significativos para señalar al ascenso al poder del Partido Radical y la CEDA en las elecciones de noviembre de ese mismo año. Las protestas sociales contra estas acciones represoras del gobierno, determinaron la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones en octubre de 1933. A finales de ese mismo mes, se fundaba, para concurrir a las elecciones, el partido de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, si bien las elecciones otorgaron finalmente el triunfo al Partido Radical de Alejandro Lerroux y a la CEDA de José Mª Gil Robles, tal y como se ha dicho, dando lugar a un bienio de gobierno radical-cedista contrario a la reforma. Ante el ascenso al poder de los grupos de la derecha, y la paralización de todas las reformas que se habían puesto en marcha hasta el momento (incluida la reforma agraria), el movimiento obrero se radicalizó aún más, sobre todo en el campo. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, convocó una huelga general en 1934, tratando de boicotear la cosecha triguera de ese año. Pero la huelga, que no fue seguida de forma tan masiva como se esperaba, acabó con la detención de unas siete mil personas y con el debilitamiento de la propia federación campesina. En Cataluña también hubo protestas contra la ley de contratos de cultivo, y en Asturias se producía la “revolución de octubre” de 1934, alentada por un frente común de socialistas y anarquistas contra el nuevo gobierno de derechas. Ambas revueltas, catalana y asturiana, fueron sofocadas en octubre de 1934 por fuerzas del ejército traídas de Marruecos. La agitación social, lejos de detenerse, se multiplicó por todo el país, sobre todo ante medidas reaccionarias del gobierno como las que se adoptaron en contra de la reforma agraria, promulgándose la reforma de la Ley de Reforma Agraria el 10 de agosto de 1935. Para hacer frente a los partidos de la derecha en el poder, todos los grupos de izquierdas se unieron en el llamado Frente Popular, que finalmente consiguió ganar las nuevas elecciones de enero de 1936, convocadas por un debilitado gobierno. El nuevo gobierno del Frente Popular puso rápidamente en marcha las reformas que habían quedado en suspenso, entre ellas la reforma agraria, que se trató especialmente de

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acelerar: un Decreto de 3 de marzo de 1936 restableció el de intensificación de cultivos de 1932, y otro Decreto de 20 de marzo de 1936 generalizó la ocupación temporal de tierras por causa de utilidad social. Finalmente, la Ley de Reforma Agraria de 1932 fue restablecida el 19 de junio de 1936. A pesar de ello, algunos grupos anarquistas, cansados de esperar los tediosos trámites gubernamentales, se lanzaron a realizar la reforma por su cuenta ocupando tierras, lo que incitó aún más el rencor de los grandes propietarios y la conspiración del ejército que preparaba el nuevo golpe de Estado. La escalada de acontecimientos violentos, con los asesinatos del teniente José Castillo, de la organización militar antifascista o Juventudes Socialistas, su amigo el capitán Fernando Condes pocas horas después, o el propio Calvo Sotelo, dirigente del partido monárquico Renovación Española, fueron los últimos pasos que condujeron, inexorablemente, a la sublevación del ejército de Marruecos el 17 de julio de 1936, dando comienzo la guerra civil española. VIII. EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA ESPAÑA REPUBLICANA (1936-1939) La guerra civil española, que comenzó con el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, fue una auténtica guerra de clases, en la que se enfrentaron de una forma especialmente sangrienta y cruel las llamadas “dos Españas”, o dos maneras de entender la política y la sociedad (Texto 73). Hubo, por tanto, dos partes geográfica y políticamente divididas: la zona republicana y la llamada zona “nacional”. En una trataron de mantenerse los principios del régimen republicano, no sólo amenazado desde el frente por el nacionalismo que surgió en contra de las reformas por la derecha española, sino también desde su interior por la creciente insurrección o revolución proletaria, insatisfecha con las medidas adoptadas. En otra, comenzó a desarrollarse un régimen autoritario militar que, compartiendo las bases retóricas y simbólicas de los fascismos europeos, finalmente se impondría en la forma de Dictadura. Aquí vamos a ocuparnos sólo de la zona republicana, ya que posteriormente se dedicará un tema completo al sistema de relaciones laborales durante la Dictadura franquista, que se iniciará en los años de la guerra. Sin embargo, aunque la ideología y el lenguaje de las leyes laborales de ambas zonas difirieran sustancialmente, como no podía ser de otra manera, en líneas generales podría decirse que coincidieron en el carácter excepcional o coyuntural de sus disposiciones, que tendieron exclusivamente a la resolución de conflictos de presente, a la suspensión o supresión de garantías jurídicas, y a un mucho más acuciado intervencionismo público. En ambas partes de España se dictaron, asimismo, una serie de normas de austeridad, que incluían el racionamiento de la comida, la prohibición de comidas suntuarias, los toques de queda nocturnos, los cortes o limitaciones de electricidad, etc. Tales normas, socio-económicas más que laborales, no serán aquí objeto de estudio; como tampoco lo serán todas aquellas normas dirigidas a la protección y ayuda de los sectores más débiles de la población durante la guerra, como por ejemplo, la creación en la zona republicana de una Junta Central de Socorros, un Comité Nacional de Mujeres contra la guerra y el fascismo, Hogares de Reposo, o un Comité de Refugiados.

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Frente a ellas, nos centraremos principalmente en este estudio en las normas que afectaron a la prestación y condiciones del trabajo propiamente dicho, teniendo en cuenta que en la España republicana siguió vigente, salvo suspensión o derogación expresa, el ordenamiento jurídico anterior. Éste, no obstante, quedaría muy debilitado en su ejecución ante las crecientes necesidades y la precariedad de la guerra, comenzando a dictarse de forma temprana normas excepcionales y modificativas de la situación precedente, que en términos generales supusieron retrocesos laborales muy considerables. Consecuencia del caos inicial que siguió al levantamiento, y como normas excepcionales de este “estado de guerra”, podemos encontrar el Decreto de 21 de julio de 1936, por el que se cesaba a todos los empleados públicos que hubieran participado en el movimiento subversivo; el Decreto de 15 de agosto de ese mismo año, que disolvía los Jurados Mixtos situados en las zonas rebeldes; o el Decreto de 25 de julio de 1936, que, “sin ser una norma específicamente jurídico-laboral”, en palabras del profesor Montoya Melgar, “tiene evidente trascendencia sobre las relaciones de trabajo” al crear en Madrid un Comité de Intervención provisional en las industrias, que ejercería el control sobre ellas y podría intervenir las que considerara necesarias. El abastecimiento también se vio intervenido públicamente a partir de un decreto de octubre de 1936, que autorizaba al Ministerio de Agricultura a adquirir directamente de los cultivadores los productos para el abastecimiento de combatientes y población civil. Los Consejos Provinciales y los Consejos Municipales serían los órganos encargados en cada provincia o municipio de gestionar el abastecimiento de la población y el ejército, y por Decreto de 16 de noviembre de 1938 se creó asimismo una Junta Reguladora de Abastecimiento para coordinar las acciones de adquisición, distribución y consumo de artículos de primera necesidad de la población civil y militar. A tal fin, una Orden del mismo mes de 1938 relacionaba los artículos considerados de primera necesidad. Otras leyes destinadas a preservar y favorecer la producción y el abastecimiento, fueron las que se dictaron en favor de los arrendatarios en el campo, sobre la continuidad o prohibición de interrumpir labores recolectoras, para la concesión de subsidios especiales, así como normas prohibitivas de la especulación o para la intervención y fijación de precios, desde la de Orden de 8 de octubre de 1937 que creó el Comité Regulador de Precios. Además, junto al Comité de Intervención Provincial en las Industrias creado en Madrid en 1936, otro Decreto de 8 de octubre de 1938 creó el Consejo Nacional de Industrias de Guerra. Sus funciones eran incrementar la producción y proponer, en cada caso, normas de trabajo, salarios y precios, partiendo del principio de que a mayor rendimiento mayor retribución. El trabajador se convirtió así en una pieza clave del entramado bélico, y recibió una especial protección, a pesar de las dificultades y la escasez generalizada. Es cierto que la lucha contra el paro que se había emprendido durante la República tuvo que quedar en suspenso, determinándose que el dinero público destinado a ese fin se invirtiera en la reconstrucción de carreteras, caminos, etc. (Decreto de 7 de octubre de 1936). Pero, en favor del trabajador, se prohibió el embargo de los salarios por Decreto de 7 de febrero de 1937, intentándose que dichos salarios no fueran inferiores a la cantidad fijada por ley para los supuestos de inutilidad temporal o total; se obligó a los patronos a pagar las cuotas de retiro obrero

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y maternidad por Decreto de 16 de febrero de 1937; y se decretó, entre otras medidas, la “reserva de plaza” para quienes fueran movilizados al servicio de la República (en el caso de los trabajadores de la construcción por Orden de 1 de agosto de 1936). Una Orden de 12 de mayo de 1938, insistía asimismo en recordar que no tendrían fuerza de ley las bases del trabajo y acuerdos generales adoptados por asociaciones profesionales que no hubieran cumplido todos los requisitos establecidos por las leyes vigentes; y distintas órdenes de 1938 y 1939 encargaron a la Comisión Especial de Normas del Trabajo del Consejo Nacional de Trabajo, el estudio y elaboración de bases del trabajo para las industrias siderúrgicas, químicas y de la edificación, tratando de mantenerse en lo posible los derechos laborales preexistentes. Excepcionalmente, muchos de estos derechos tuvieron, no obstante, que recortarse.Y en este sentido debe citarse el Decreto de 19 de febrero de 1938, que amplió en determinadas industrias la jornada laboral de ocho horas, aduciendo que en las circunstancias que se atravesaban “es intolerable y execrable regatear los límites del esfuerzo”; o el Decreto de 29 de junio de 1937, que suspendió el derecho a las vacaciones remuneradas de los trabajadores y los permisos anuales durante ese año de 1937, ampliándose después la medida al año 1938. También puede resultar de cierto interés, dentro de la línea rupturista, reparar en el Decreto de 27 de abril de 1937, que modificó el articulado del Código de Trabajo para garantizar a los obreros un procedimiento judicial mucho más rápido y eficaz en tiempos de guerra, justificando en ésta la necesidad de aplazar, por el momento, la revolución social. El desarrollo de la guerra, conllevó asimismo la aparición de normas excepcionales de incautación de bienes, bien por venganza o bien por mera necesidad, como por ejemplo, el Decreto de 7 de octubre de 1936, que acordó la expropiación a favor del Estado de las fincas rústicas pertenecientes a las personas que hubieran intervenido en el movimiento insurreccional contra la República, o el Decreto de 27 de mayo de 1937 que incautó todas las “emisoras radioeléctricas”. Otras normas especiales derivadas de la guerra, fueron las llamadas normas de movilización, como el Decreto de 17 de noviembre de 1936, que dispuso que todos los profesionales sanitarios pasaran a depender del Departamento de Guerra; las Órdenes que en junio y septiembre de 1937 eximieron de incorporarse a filas a los obreros especializados de las fábricas de armamento o fábricas de guerra en general, respectivamente; o el Decreto de 22 de abril de 1938, que afectó a la movilización de los trabajadores de la construcción. Sin ánimo de ser exhaustivos, merece la pena detenerse también, aunque sea sucintamente, en las peculiares relaciones de trabajo derivadas del trabajo forzado en los campos de concentración que se crearon en la zona republicana por Decreto de 26 de diciembre de 1936, para ocupar en ellos a los condenados por Tribunales Especiales Populares y conseguir así la realización de obras públicas de utilidad general. La organización y funcionamiento de estos campos quedó a cargo de un Patronato Nacional. Paralelamente se fomentaba la “cogestión” o “autogestión” de las empresas o industrias entre los trabajadores, con el objetivo de que en ningún momento dejasen de producirse los bienes básicos y necesarios. Las asociaciones profesionales o sindicatos, que

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aumentaron y se hicieron mucho más complejos durante la guerra, a pesar de Órdenes como la de 9 de enero de 1937 que pretendía volver a controlarlos mediante el Delegado de Trabajo provincial, tuvieron un papel muy activo en este proceso de colectivización y cogestión de industrias abandonadas, intervenidas públicamente por causa del bien común, o incautadas a quienes habían apoyado el movimiento insurreccional contra la República. Una Orden de 2 de marzo de 1937, por la que, al margen de intentos anteriores, finalmente se terminó de regular estas situaciones, determinó que al procederse a la intervención o incautación de una industria, se designaría un Comité de control obrero, Consejo de fábrica o Consejo de empresa por los obreros y empleados de la propia industria pertenecientes a UGT o CNT. De especial interés fue, en particular, la legislación desarrollada en Cataluña, a través del Decreto de 24 de octubre de 1936, de la Generalitat, sobre “col-lectivitzacions i control obrer”, que junto a otras normas de desarrollo posteriores puso el marco normativo a la principal y más importante experiencia de colectivización que se vivió en la España republicana durante la guerra. El mismo proceso de colectivización de la industria se produjo también en el campo, a partir de los Decretos de 8 y 17 de agosto de 1936, sobre fincas rústicas abandonadas, o de 7 de octubre de 1936, sobre expropiación de fincas rústicas sin indemnización. La Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de junio de 1937, permitió y reguló finalmente las colectividades de campesinos, permitiendo que en Aragón fueran colectivizadas más de las tres cuartas partes de la tierra, en Castilla se formaran unas 300 colectividades, y también se colectivizaran tierras del Levante, Extremadura, Andalucía y en menor medida en Cataluña. Los resultados de estas experiencias colectivizadoras fueron, al parecer, muy positivos en el campo, en el que lograron aumentarse los rendimientos, pero un absoluto fracaso en las industrias, debido a las dificultades burocráticas, la nacionalización de los transportes, y otros problemas de mera voluntad política (se dio el caso de llegar a comprar uniformes en el extranjero antes que encargarlos a las colectividades textiles catalanas), hasta que finalmente el Decreto de 11 de agosto de 1938 asestó un dura golpe al sistema colectivista militarizando todas las industrias de guerra. BIBLIOGRAFÍA Segunda República y Estado “social” J. L. Delgado, “La II república española. El primer bienio”. III coloquio de Segovia sobre Historia contemporánea de España, Madrid, 1987, pp. 75-93. L. Garrido González,” Constitución y reformas socioeconómicas en la España de la II República”, en Historia Contemporánea, 6, 1991, pp. 173-190. A. Mazuelos, “La política social socialista durante el primer bienio republicano: trabajo, previsión y sanidad”, en Estudios de Historia Social, n° 14, 1980, pp. 135-155. R. Palmer Valero, Los problemas socio-económicos en la Constitución de 1931, Madrid, 1997. I. Sotelo, El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive, Madrid, 2010.

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Capítulo 8 El nacimiento del régimen jurídico de las relaciones laborales: el Derecho del Trabajo

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Capítulo 9

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I. EL DERECHO DEL TRABAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA ESPAÑA NACIONAL (1936-1939) Si en la España republicana preexistía un ordenamiento jurídico que hubo que suspender, limitar o corregir; en la zona nacional no se reconoció ningún ordenamiento jurídico preexistente (el “Movimiento Nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos que revestidos de una falsa existencia legal mantuvieron un ficticio funcionamiento”, diría el art.1 del Decreto de 1 de noviembre de 1936), pudiendo decirse que se creó una regulación completamente nueva en todos los campos, y también en el relativo al Derecho del Trabajo. A pesar de ello, hubo normas que se declararon expresamente derogadas por otras como el Decreto de 13 de septiembre de 1936, que limitó el derecho de asociación prohibiendo todos los partidos o asociaciones de los grupos que conformaron el Frente Popular (Texto 76); o la Ley de 5 de abril de 1938, que abolió, también expresamente, el Estatuto de Cataluña. Al margen de esa diferencia original, hay que reconocer que los objetivos perseguidos por las normas dictadas en una y otra zona, así como los mecanismos para conseguirlos, fueron muy similares durante la guerra. La producción y el abastecimiento de la población también fueron dos de los objetivos principales del Derecho del Trabajo en la zona nacional, protegiéndose, al igual que se hizo en zona republicana, los arrendamientos, y organizándose un régimen de subsidios o ayudas a los trabajadores y, especialmente, los combatientes, como por ejemplo, con el Decreto de 8 de enero de 1937 que establecía un subsidio a favor de las familias de voluntarios, gestionado a través de unas nuevas “Juntas Provinciales” y “Juntas Municipales”. Para favorecer la producción de alimentos, una Orden de 28 de mayo de 1937 declaraba asimismo de carácter preferente la recolección de los productos del campo, limitando o derogando todas las garantías o derechos que se hubiesen consignado hasta el

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momento en bases del trabajo o conciertos económicos anteriores sobre destajos, limitación uso de máquinas, etc. En algunos sectores o industrias en concreto se fijaron tarifas de salarios y trataron de ampliarse las jornadas de trabajo, aunque siempre con carácter excepcional durante la guerra. Una Orden de 24 de marzo de 1938 mantuvo en todo caso el derecho a las vacaciones anuales retribuidas consignado en la antigua Ley del contrato de Trabajo, en clara referencia a que el nuevo régimen no impondría limitaciones a los derechos de los trabadores. Por lo demás, desde fecha temprana se modificaron los días festivos, suprimiéndose algunos como el 1 de mayo, día del trabajo; y fijándose otros en el calendario como el día de la Inmaculada Concepción, el Corpus Christi, el jueves y el viernes santo, o el día del Caudillo, que era el 1 de octubre. La mayor intervención estatal en la zona nacional se hizo evidente a partir de normas como la Orden de 6 de noviembre de 1937, que dispuso la formación de un catálogo para la protección y fomento de la industria nacional; el Decreto de 20 de agosto de 1938, que reguló la autorización previa para la implantación de nuevas industrias; o la Ley de 16 de julio de 1938, que constituyó Comisiones reguladoras de la producción, con carácter provisional, por grandes ramas de la producción. Por su parte, en cuanto al destino de los trabajadores, la Orden de 22 de septiembre de 1937, ordenó a los responsables directos de una fábrica, militar o movilizada, que remitieran a la Comisión de Incorporación y Movilización Industrial (disuelta por Decreto de 3 de mayo de 1938) una relación jurada de los obreros y empleados especializados e insustituibles para que la industria funcionase, pertenecientes a los reemplazos que estuvieran en filas. En 1937 fue creado un novedoso Servicio de Reincorporación al Trabajo, por Orden de 14 de octubre, al objeto de que “la vida social y económica de la Nación y la de los ciudadanos que abandonaron sus profesiones y oficios para incorporarse al ejército y las milicias nacionales voluntariamente y en cumplimiento de deberes militares, no puedan sufrir perjuicio alguno el día de la victoriosa terminación de la guerra”. Para favorecer esta política, el Decreto de 3 de mayo de 1938 creó Comisiones de Incorporación Industrial, encargadas de la normalización de las actividades en las zonas que se fueran liberando y de la reincorporación de los combatientes al trabajo. También hubo en la zona nacional campos de trabajo forzado, creados por un Decreto de 28 de mayo de 1937 para hacer trabajar en beneficio de todos a los “presos rojos” o presos políticos. Su organización dependía de un Patronato Central para la redención de penas por el trabajo, y se gestionaban también a través de Juntas Locales, que se constituyeron en los pueblos donde residían las mujeres e hijos de los presos trabajadores para hacerles llegar su salario. Al margen de estas manifestaciones legislativas propias de la guerra y sus posteriores represalias, hubo otras de mayor calado que se promulgaron con una mayor pretensión de estabilidad en el tiempo. Antes de que se pusiera oficialmente fin a la guerra, en abril de 1939, el nuevo Estado “nacionalsindicalista” comenzó a forjar sus propias instituciones de gobierno y su propio ordenamiento jurídico, sentando las bases del régimen que se consolidaría tras la finalización de la contienda. Destacaron, entre ellas, normas tan importantes como el Fuero de Trabajo, promulgado el 9 de marzo de 1938, o el Decreto que, el 21 de abril de 1938, ya organizaba los

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sindicatos del Movimiento como los únicos permitidos en el nuevo régimen. Pero de todo ello trataremos más detalladamente a continuación. II. BASES DEL NUEVO ESTADO “NACIONALSINDICALISTA” Las bases del nuevo Estado franquista comenzaron a asentarse antes de que Francisco Franco declarase oficialmente el fin a la guerra el 1 de abril de 1939, tras haber tomado Barcelona después de la cruentísima batalla del Ebro y su posterior entrada en Madrid. Un año antes, el 30 de enero de 1938, se promulgaba ya una ambiciosa Ley de Administración Central del Estado, que reorganizaba los ministerios y servicios de la administración, concentrando de hecho todos los poderes en manos de Francisco Franco, Generalísimo de todos los ejércitos. El caudillo asumiría a través de ella la Jefatura del Estado, del Gobierno y del Partido Único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS), delegando en los jueces la aplicación de las leyes que él mismo promulgara (Texto 77). La constitución del partido único también se había realizado durante la guerra. Un temprano Decreto de 13 de septiembre de 1936 ilegalizó para ello, en primera lugar, todas las agrupaciones políticas o sociales del “Frente popular” o las que se opusieran al “glorioso movimiento nacional”.Y, posteriormente, otro Decreto “de Unificación”, de 9 de abril de 1937, fusionó la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, fundadas por Ramiro Ledesma Ramos el 10 de octubre de 1931, y todos los sindicatos o agrupaciones católicas o carlistas que apoyaban el movimiento nacional, en un único partido que se denominaría en adelante “Falange Española Tradicionalista y de las JONS”, y que estaría bajo la jefatura o liderazgo del propio Francisco Franco. Las bases ideológicas que inspirarían el nuevo régimen serían, en consecuencia, las propias del “nacionalsindicalismo” de la doctrina falangista de José Antonio Primo de Rivera, muy influido a su vez por la doctrina social de la Iglesia difundida por la Encíclica Rerum Novarum. La norma programática de la Falange, redactada en 1934, nos puede servir, por tanto, de antecedente para conocer el tono de las reformas en pro de una “justicia social” (Texto 75). En su punto sexto advertía que “nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria.Todos los españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical”. En su punto noveno que “concebimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional” (Texto 74). Aunque en general todo el documento es de un enorme interés, merece también la pena reparar, para terminar de fijar los principales puntos ideológicos sobre los que se asentó el Estado Nacionalsindicalista, en el punto undécimo: “El Estado Nacionalsindicalista no se inhibirá cruelmente de las luchas económicas entre los hombres, ni asistirá impasible a la dominación de la clase más débil por la más fuerte. Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica. Reprobamos e impediremos a toda costa los abusos de un interés parcial sobre otro y la anarquía en el régimen de trabajo”.

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Siguiendo estas directrices, y antes de terminar la guerra, se promulgaba el Fuero del Trabajo, por Decreto de 9 de marzo de 1938, siendo ésta la primera de las siete leyes que después se conocerían como Leyes Fundamentales del Estado franquista, y que servirían, a modo de “carta otorgada”, negándosele así su naturaleza jurídica de Constitución, strictu sensu, para fijar las bases de su funcionamiento. Fue efectivamente el art.10 de la Ley de 26 de julio de 1947, de Sucesión a la Jefatura del Estado, el que confirió el rango de “Leyes Fundamentales” de la Nación al Fuero del Trabajo de 1938, como a otras tantas, como la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 o el Fuero de los Españoles de 1945. No es de extrañar, por la fecha de su publicación, que en la norma predominara sobre todo el tono propagandístico o declarativo para adoctrinar a las masas, y abundasen las promesas para quienes todavía estaban luchando en el frente, asegurándose en el Preámbulo que la ley que se publicaba “entraña ingentes posibilidades para que la vieja lucha de clases abra paso definitivo a un régimen de hermandad en el que el trabajador ocupe lugar más digno en el orden de la producción”. Muy influido por la “Carta di Lavoro” italiana de 1927, el Fuero del Trabajo se convirtió en la principal norma inspiradora del derecho social y laboral del Estado Nacionalsindicalista, y así, según su propio Preámbulo, “tratando de renovar la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano, que informó nuestra legislación del imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción ante el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar, con aire militar, constructivo y gravemente religioso, la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia”. Para ello se prohibieron, como veremos más abajo, los sindicatos libres, creándose un Sindicato Único de carácter vertical que integraba a patronos y obreros. Ni que decir tiene que las huelgas y las manifestaciones, como medios de acción o protesta obrera, quedaron asimismo prohibidas desde la publicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 prohibió y censuró toda libertad de expresión por medio del Ministerio de Información, poniendo los medios de comunicación al servicio del poder; y una Ley de Responsabilidades políticas de 13 de febrero de 1939, comenzó la depuración de los enemigos políticos del régimen, especialmente los marxistas, un par de meses antes de proclamarse el fin de la contienda, a la que se sumaría en 1940 la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. El centralismo del nuevo régimen dictatorial que estaba forjándose, mostró finalmente su temor por los nacionalismos periféricos, que también se vieron duramente reprimidos antes incluso de acabar la guerra, prohibiéndose desde la zona nacional todas sus manifestaciones lingüísticas y culturales mediante normas como la Orden de 21 de mayo de 1938, a la que siguieron otras posteriores. Una vez asentada en el poder, la Dictadura favorecería, sin embargo, especialmente a Cataluña y el País Vasco, por ser los baluartes de la industrialización española. Colegimos de todo ello los principios del nuevo Estado Nacionalsindicalista que quedó constituido a partir de la declaración oficial del fin de la guerra en abril de 1939, hasta 1975, y que se pueden resumir en los siguientes aspectos:

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Concentración de todo el poder político en manos de Franco, bajo la fórmula de un régimen dictatorial.  Militarismo o predominio de lo militar en la sociedad.  Antiparlamentarismo, antiliberalismo, y anticomunismo. Persecución de todos los sectores sociales ajenos a la ideología del régimen: marxistas, socialistas, judíos, masones, etc.  Centralismo, nacionalcatolicismo y nacionalsindicalismo como soportes ideológicos del régimen, apoyándose fundamentalmente en la moral, la religión católica y el tradicionalismo histórico, del que se tomaron los principales símbolos de unidad del Estado: el águila imperial, el yugo y las flechas. En lo socio-laboral, el Estado Nacionalsindicalista surgido de la mano de Franco, supuso la supresión de todas las libertades colectivas (la incipiente negociación o resolución colectiva de conflictos volvieron a verse férreamente intervenidos por el poder público), y la prohibición de los derechos de asociación, expresión y manifestación adquiridos por los trabajadores en épocas precedentes, incriminándose incluso penalmente de nuevo la huelga. Frente a ello, como veremos más abajo, se impuso una visión armonicista de las relaciones laborales en la que el Estado asumía la dirección, normativización y resolución de conflictos, aunque se mantuvieron también algunos de los avances conseguidos por los trabajadores en el terreno de la protección, previsión social o la contratación. III. EL FUERO DEL TRABAJO DE 1938 Según la Ley básica de Administración Central del Estado, de 30 de enero de 1938, el Jefe de Estado asumía la potestad legislativa y, entre ella, la que hacía referencia a la redacción de normas laborales, adquiriendo plenos poderes para fijar las condiciones de trabajo en el nuevo régimen (Texto 77). Haciendo uso de dicha potestad, Francisco Franco designó en fecha muy temprana una comisión de técnicos para la redacción de una primera norma, el Fuero del Trabajo, que, como se ha visto, estaba llamada a fijar los principios económicos y sociales del movimiento nacional. La ley se redactó con rapidez y fue sometida a la deliberación del Consejo de Ministros, primero, y del Consejo Nacional de FET y de las JONS, donde se le realizarán las últimas modificaciones hasta fijar el texto definitivo. No puede dejar de señalarse el curioso procedimiento de tramitación de esta ley, que finalmente fue promulgada por el Dictador por Decreto de 9 de marzo de 1938 (Texto 78). Al ser sobre todo una norma programática, el Fuero del Trabajo resultó un texto breve, dividido en 16 apartados sólo por números, sin titular, que concebía a España como una “unidad de destino” que “en la hermandad de todos sus elementos” debía ver la fortaleza de la Patria, siendo la voluntad en el plano social la de “poner la riqueza al servicio del pueblo Español”. Bajo este paradigma, y en forma de “declaración”, se desgranaban a continuación una serie de principios socio-laborales, que se pueden resumir en los siguientes: 1. El deber de trabajar. El trabajo fue considerado como la participación del hombre en la producción, en orden al mejor desarrollo de la economía nacional. No podía reducirse, en consecuencia, a un concepto material de mercancía. Era un “deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y

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grandeza de la Patria”, y, por tanto, era un deber inexcusable para todos los españoles no impedidos. 2. Intervencionismo y proteccionismo del Estado. En consecuencia, el Estado valoraría y exaltaría el trabajo, y lo protegería con la fuerza de la ley, otorgándole toda la asistencia y tutela necesaria. Es decir, se definía un modelo de Estado claramente intervencionista, aunque “en general, el Estado no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación”. La protección del Estado garantizaría, al menos, muchos de los derechos previamente adquiridos, que se recogieron expresamente en el propio texto del Fuero del Trabajo en una maniobra claramente propagandística:  El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica.  El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo.  Sin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles declaradas por el Estado, siendo declarado el 18 de julio, iniciación del Glorioso Alzamiento, como Fiesta de Exaltación del Trabajo.  Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta disposición.  Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte.  La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna.  Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados. Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo permita el superior interés de la Nación. 3. Sindicalismo vertical. En cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, el Fuero anunciaba el nuevo modelo de intervención estatal a través del sistema de sindicalismo vertical. El Estado sería el único competente para fijar las bases del trabajo para la ordenación de las relaciones entre los trabajadores y la empresa, y a través de un sindicato único conocería si se cumplían dichas bases, velando en todo caso por la seguridad y continuidad en el trabajo. 4. Intervención en la agricultura. Si no una “reforma agraria”, se anunciaban también ciertas especialidades para la agricultura, de particular importancia para la economía, basadas en la educación técnica del productor agrícola, la intervención y revalorización de los precios de los principales productos, el mantenimiento de contratos a largo pla-

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zo para asegurar la estabilidad a los arrendatarios, asegurándose que “es aspiración del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan”, y la concesión a cada familia campesina de una pequeña parcela, el huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesidades elementales y ocupar su actividad en los días de paro. También se preveía perfeccionar la vivienda campesina y mejorando las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos de España. 5. Jurisdicción laboral. Por lo que respecta a la jurisdicción laboral, el fuero aseguraba que se crearía una nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función de justicia corresponde al Estado. 6. El empleador y la empresa. Bajo la genérica declaración de que “el capital es un instrumento de la producción”, se regulaba a continuación la Empresa, como unidad productora que debía ordenar los elementos que la integraran de forma jerárquica. El beneficio de la empresa se aplicaría con preferencia a la formación de las reservas necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento de la producción y a la mejora de las condiciones de los trabajadores; y el crédito en general se ordenaría en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuyera a crear y sostener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial. 7. Previsión social. También se garantizó la previsión social, asegurándose que se incrementarían los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atendería a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente, y a luchar contra el paro. 8. El trabajo como premio patriótico. El Estado se comprometía finalmente en el Fuero del Trabajo a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo que “habían conquistado como héroes” en las trincheras. IV. LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL PRIMER PERIODO DE LA DICTADURA Según la Ley de Administración Central del Estado (Texto 77) y, posteriormente, el propio Fuero del Trabajo, en su Declaración XIV, el Estado sería el único competente para fijar las leyes y las bases del trabajo en el nuevo régimen. A tal fin, la Ley de Administración Central del Estado, adscribió específicamente a uno de los departamentos ministeriales que creaba la competencia socio-laboral: el Ministerio de Organización y Acción Sindical, cuyo Servicio de Jurisdicción y Armonía del Trabajo se dedicó específicamente al estudio y proposición de las reformas legislativas en este campo, siguiendo en todo caso los principios establecidos en el genérico Fuero del Trabajo. La labor comenzó de forma temprana. Una Orden de la citada Dirección de Jurisdicción y Armonía del Trabajo, de 30 de abril de 1938, iniciaba ya el proceso de reforma al ordenar a todos los Delegados provinciales que se asesorasen adecuadamente para proceder a revisar las antiguas bases de trabajo acordadas por los Jurados Mixtos. Para ello, debían reunirse al menos con representantes de la organización sindical y con un representante de la Jefatura Provincial del Movimiento, al objeto de tener también en cuenta los intereses de carácter general.

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Los mismos Delegados provinciales, según la Orden de 26 de abril de 1938, debían realizar propuestas para la reglamentación de los trabajos agrícolas, y en ambos casos, tanto para la reforma de las bases de trabajo como para las nuevas propuestas de regulación, decidiría en última instancia la Dirección General de Jurisdicción y Armonía del Trabajo, remitiendo sus informes al Ministerio y al Jefe de Estado. Los pactos colectivos, reconocidos en la antigua Ley republicana del Contrato de Trabajo de 1931, aunque en la práctica infrautilizados, quedaron formalmente derogados en el nuevo régimen dictatorial, por ser contrarios al principio del Fuero del Trabajo según el cual el Estado era el único competente para fijar las leyes y las bases del trabajo. Así, no sólo se puso fin a la incipiente negociación colectiva prevista en la República, sino que también se acabó tajantemente con las prácticas corporativas que se habían utilizado con anterioridad para establecer las condiciones de trabajo con participación de las partes. Frente a ello, se impuso la más absoluta intervención estatal. El Estado se encargaría en este periodo tanto de legislar con carácter general en materia socio-laboral, como de regular o concretar específicamente las condiciones de trabajo en las distintas industrias a través de las Reglamentaciones de Trabajo y las Ordenanzas Laborales. Las Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales, fueron, en consecuencia, las normas de carácter sectorial dictadas por el Estado para regular las condiciones de trabajo. El artículo primero de la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942 las definió como un tipo especial de reglamento laboral, integrado por un conjunto sistemático de normas dadas por el Estado para regular “las condiciones mínimas” de un sector profesional o de una empresa determinada, convirtiéndose así en las principales normas de desarrollo del derecho laboral, sustitutivas de las antiguas Bases de Trabajo y los menos abundantes Pactos colectivos (Texto 81). Dejando a un lado estas normas sectoriales, dictadas para cada industria en concreto, con carácter general se regularon además diversos temas, en los que se pone de manifiesto la especial preocupación del Estado por el trabajador, considerado como un elemento esencial para el buen funcionamiento de la maquinaria estatal. Así, dentro del marco general de falta de libertades, de reunión, asociación o huelga, entre otras, cabe destacar el especial interés por la protección y previsión social, regulándose de forma garantista cuestiones como la jornada de trabajo o los descansos, por ejemplo a través de la Orden de 24 de marzo de 1938 que mantuvo el derecho a las vacaciones anuales, o a través de las numerosas órdenes que reorganizaron los días festivos, tal y como se indica en páginas anteriores. También se regularon los salarios, fijándose tarifas en determinados sectores; el retiro obrero; la protección asistencial de los trabajadores por parte de las empresas; la previsión de accidentes labores a través del Decreto de 13 de octubre de 1938; la previsión social, especialmente a través de la creación de un subsidio familiar obligatorio por Ley de bases de 18 de julio de 1938; la salubridad en el trabajo mediante el significativo Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940; o incluso la protección de mujeres y niños a través del Decreto de 26 de julio de 1957, en el que se les prohibía realizar algunos tipos de trabajo en relación a su nocividad o insalubridad, etc.

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Con todo, la legislación general más abundante durante la primera época franquista fue la dedicada a la previsión y cobertura del paro. El paro seguía siendo una de las principales preocupaciones del Estado, especialmente durante la guerra, y para paliarlo comenzaron a dictarse un grupo de medidas dirigidas a los Gobernadores Civiles, para que, cada uno de ellos en su provincia de destino, tratase de contener los índices de paro estimulando la actividad en las industrias, promoviendo la ejecución de obras públicas o las labores de siembra y recolección en todos los campos, o procurando el efectivo reparto de subsidios a los desempleados a través de las Cajas Colaboradoras del Insttuto Nacional de Previsión, al objeto de que “que no exista un solo español en paro forzoso o que no reciba en alguna forma socorro proporcional a sus necesidades familiares”, como indicaba la Ley de 7 de enero de 1937. Además del Servicio de Reincorporación al Trabajo de los excombatientes en la guerra creado por Orden de 14 de octubre de 1937, y las Comisiones de Incorporación Industrial establecidas por Decreto de 3 de mayo de 1938, de las que ya se trató en un tema anterior, a este fin coadyuvaron también otras instituciones como la Oficina Central de Colocación, restablecida bajo la inmediata inspección de la Comisión de Trabajo por Orden de 5 de enero de 1938, o las diversas oficinas o comisiones de colocación provinciales y locales preexistentes, que simplemente se reorganizaron y controlaron a través de la organización sindical franquista por Orden de 31 de agosto de 1938, aprovechándose de este modo las estructuras puestas en funcionamiento en el anterior periodo republicano. Los Delegados de Trabajo y secciones sindicales del sindicato único, quedaron asimismo obligados a realizar labores informativas o preventivas del desempleo. Para concluir este apartado sobre la legislación laboral del primer periodo franquista, aún cabe traer a colación la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, Real Decreto de 31 de marzo de 1944, que resultó absolutamente continuista de la de 1931, reproduciendo la mayoría de sus preceptos. Aunque se distinguieron diversos tipos de contrato, común o de aprendizaje, escritos, verbales o tácitos, por tiempo indeterminado o indefinido, etc; se mantuvo en ella la misma preferencia por el contrato de duración indefinida, admitiéndose sólo de forma excepcional por la naturaleza del trabajo los contratos temporales. El despido individual siguió asimismo casualizado y sometido a exigencias formales (el empresario debía probar la causa justificada del despido), y los despidos colectivos sólo podían realizarse, según la ley, mediante una autorización administrativa basada en causas económicas o tecnológicas. En este punto puede señalarse una de las principales diferencias con respecto a la ley anterior, basada nuevamente en la intervención estatal, que alcanzaba también, de este modo, al terreno de los despidos, supliendo nuevamente las funciones que antes estaban llamados a realizar órganos colectivos de carácter mixto. V. ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN LABORAL Siguiendo el principio de la máxima intervención estatal, la Administración laboral también se modificó y desarrolló en los primeros años de la Dictadura, adquiriendo competencias de decisión, y no sólo de inspección, control y sanción. Se trató de una administración “tutelar” que no reconocía inicialmente situaciones de conflicto ni aceptaba medidas de presión, y que para poder realizar sus funciones se ayuda de una nueva

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estructura sindical, caracterizada por la existencia de un sindicato único, representado en el llamado sindicalismo vertical. Tras la constitución, por Decreto de 24 de agosto de 1936, de la llamada Junta de Defensa Nacional, que asumía los poderes del Estado en la zona nacional, se creó también una Junta Técnica del Estado, por Ley de 1 de octubre de 1936, siendo una de sus siete secciones la Comisión de Trabajo, y otra la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola. Tales Comisiones fueron superadas al publicarse la Ley de Administración Central del Estado, de 30 de enero de 1938 (Texto 77), por distintos Ministerios, siendo el que asumió las competencias laborales el Ministerio de Organización y Acción Sindical, que en 1939 recuperaría el nombre de Ministerio de Trabajo, con cinco servicios adscritos:  Servicio Nacional de Sindicatos.  Servicio Nacional de Jurisdicción y Armonía del Trabajo.  Servicio Nacional de Previsión.  Servicio Nacional de Emigración.  Servicio Nacional de Estadística. Por un Decreto de 15 de mayo de 1938 se mantenía, con una nueva composición, el Instituto Nacional de Previsión, encargándole la gestión de la previsión social a través de las Cajas Colaboradoras, y se mantuvieron asimismo otros órganos, como las oficinas provinciales y locales de contratación, en un intento de “aprovechar los elementos disponibles que existen en virtud de las leyes vigentes”, tal y como especificaba la Declaración XIII, nº 7 del Fuero del Trabajo. No obstante, el Decreto de 13 de mayo de 1938 suprimió los Jurados Mixtos, asignando sus distintas competencias a órganos diversos (Texto 80): los Delegados provinciales de trabajo, los Inspectores de trabajo o los Magistrados de trabajo. Persistieron los Jurados Mixtos agrarios, que fueron adscritos al Ministerio de Agricultura por Decreto de 6 de abril de 1938.Y en cuanto a las Comisiones Mixtas Arbitrales, se creó sólo la del azúcar, por Orden de 13 de enero de 1937 y Orden de 5 de julio de 1938. Desaparecidos los Jurados Mixtos, dentro de la Administración civil los Inspectores de Trabajo recibieron sus funciones de inspección en el cumplimiento de las leyes; y los Delegados provinciales de trabajo asumieron sus funciones disciplinarias, consultivas y de estadística, así como las relativas a la regulación de las condiciones de trabajo que se suscitasen en aplicación de las leyes, bases, reglamentos, ordenanzas o contratos de trabajo. Pero su desaparición también afectó a la Administración de Justicia, debiendo modificarse la jurisdicción laboral. Efectivamente, el Decreto de 13 de mayo de 1938 no sólo suprimía los Jurados Mixtos, sino también los antiguos Tribunales Industriales, y para asumir las funciones judiciales de ambos creaba una nueva figura: las Magistraturas de Trabajo (Texto 80). Las Magistraturas de Trabajo fueron tribunales unipersonales establecidos en las capitales de cada provincia para hacerse cargo de todas las causas de carácter laboral, siendo determinados su objeto y procedimiento tanto en el citado Decreto de 1938, como en una posterior Ley Orgánica de Magistraturas de 1940.

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Uno de los aspectos más significativos de las mismas, es que no se adscribieron a la Administración de Justicia, sino al Ministerio de Organización y Acción Sindical, luego transformado nuevamente en Ministerio de Trabajo. Junto a las Magistratura de Trabajo, se mantuvo asimismo la Sala de lo Social, o Sala Cuarta, del Tribunal Supremo por Ley de 27 de agosto de 1938, con lo que la jurisdicción laboral quedó definitivamente asentada durante la Dictadura. VI. EL SINDICALISMO VERTICAL Tras ilegalizarse todos los partidos o asociaciones contrarias al “Movimiento Nacional” por el Decreto de 13 de septiembre de 1936, y constituirse un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, por Decreto de 9 de abril de 1937, sus Estatutos anunciaron ya el sistema que se ha dado en llamar de “sindicalismo vertical”, afirmando que: “FET y de las JONS creará y mantendrá las organizaciones sindicales aptas para encuadrar el trabajo y la producción y reparto de bienes. En todo caso, los mandos de estos organismos procederán de las filas del Movimiento, y serán conformados y tutelados por las Jefaturas del mismo, como garantía de que la organización sindical ha de estar subordinada al interés nacional e infundido de los ideales del Estado”.

Tales Estatutos, aprobados por Decreto de 4 de agosto de 1937, preveían un sistema de único sindicato, en el que la Jefatura Nacional de Sindicación perteneciera a un solo militante del Movimiento, y a partir de él fuera descendiendo una “graduación vertical y jerárquica, a la manera de un ejército creador, justo y ordenado”. En esta misma idea abundó el Fuero del Trabajo de 1938, dedicando todo su Declaración XIII a establecer los principios básicos del sindicalismo vertical: 1. Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización Sindical. 2. La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores de la producción. 3. Los Sindicatos tendrán la condición de corporaciones de derecho público de base representativa, gozando de personalidad jurídica y plena capacidad funcional en sus respectivos ámbitos de competencia. Dentro de ellos y en la forma que legalmente se determine, se constituirán las asociaciones respectivas de empresarios, técnicos y trabajadores que se organicen para la defensa de sus intereses peculiares y como medio de participación, libre y representativa, en las actividades sindicales y, a través de los Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida política, económica y social. 4. Los Sindicatos son el cauce de los intereses profesionales y económicos para el cumplimiento de los fines de la comunidad nacional y tienen la representación de aquéllos. 5. Los Sindicatos colaborarán en el estudio de los problemas de la producción y podrán proponer soluciones e intervenir en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo.

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6. Los Sindicatos podrán crear y mantener organismos de investigación, formación moral, cultural y profesional, previsión, auxilio y demás de carácter social que interesen a los partícipes de la producción. 7. Establecerán oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador de acuerdo con su aptitud y mérito. 8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al Estado los datos precisos para elaborar las estadísticas de su producción. 9. La Ley de Sindicación determinará la forma de incorporar a la nueva organización las actuales asociaciones económicas y profesionales. La citada ley de sindicación que debía organizar los sindicatos del “Movimiento Nacional” se promulgó poco después del Fuero del Trabajo, por Decreto de 21 de abril de 1938 (Texto 79). En atención a la misma, las distintas organizaciones sindicales existentes, o que se quisieran constituir en adelante dentro del Movimiento, se extendieron a prácticamente todas las industrias y sectores del trabajo. En algunos de ellos la sindicación se realizó incluso con carácter obligatorio, siendo quizá el caso más significativo el de la creación del Sindicato Español Universitario para los estudiantes mediante el Decreto de 21 de noviembre de 1937. Todas estas organizaciones sindicales se integraban por provincias en las correspondientes Centrales Nacionalsindicalistas, que dependían directamente del Ministerio de Organización y Acción Sindical. Cada Central Nacionalsindicalista era dirigida por un Delegado, que debía ser miembro del partido único, y era nombrado por el Ministro. Las Centrales tenían la función principal de coordinar la organización nacionalsindicalista en cada provincia, ejecutando las órdenes del Ministerio de Organización y Acción Sindical, a quien debían mantener informado en todo momento a través de los informes o estudios oportunos. También deberían cumplir cualquier otra función que en el terreno socio-laboral le encomendase el Ministerio. Como órgano central y asesor del Ministerio, se creó una Junta Central Sindical de Coordinación, que también podía proponer la creación de Juntas Sindicales de Coordinación en las provincias que lo requiriesen, determinando expresamente su composición y función asesora del Delegado Provincial Sindical. El entramado sindical así constituido dejó de depender directamente del Ministerio de Trabajo por Ley de 8 de agosto de 1939, que adscribió directamente todos los asuntos relacionados con las actividades sindicales al Servicio de Sindicatos de la Falange Española. La Ley de Unión Sindical de 26 de enero de 1940 disponía que la Organización Sindical de la Falange asumiera toda la actividad sindical en el Estado. La Delegación Nacional de Sindicatos de la Falange ejercería sus funciones ordenadoras a través de los Sindicatos Nacionales y de las Centrales Nacional-Sindicalistas en las diversas esferas territoriales, correspondiendo la coordinación a nivel provincial a las Delegaciones Provinciales de Sindicatos, tal como finalmente se contempló en la Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre del mismo año. La Ley de 23 de junio de 1941 fijó finalmente la organización sindical del Movimiento en 24 sindicatos nacionales para las distintas actividades productivas, que se aumentarán posteriormente a 26.Y esta situación se mantuvo hasta la ley Sindical 2/1971, de 17 de

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febrero, que estructuró la Organización Sindical otorgándole naturaleza institucional y carácter representativo, de modo que la actividad sindical volvió a la dependencia del Estado a través del Ministerio de Relaciones Sindicales. Aunque el derecho de asociación se vio con esta nueva estructura muy debilitado, no puede decirse que quedara formalmente suprimido. En ningún momento llegó a derogarse expresamente la antigua Ley de asociaciones de 1887, vigente desde la época de la Restauración, que un posterior Decreto de 25 de enero de 1941 sólo vino a modificar, para permitir una mayor intervención administrativa y policial en las asociaciones, que debían ser todas ellas afines al Movimiento. El artículo 16 del Fuero de los españoles de 1945, una especie de declaración de derechos y deberes basados en la moral católica tradicional que no trajo de hecho ningún tipo de libertades, reconocía igualmente el derecho de asociación, aunque supeditándolo a una posterior norma de desarrollo que vino a ser la Ley de 24 de diciembre de 1964. En ella las asociaciones volvían a definirse, siguiendo los principios asentados, como “instrumentos de los fines estatales” que debían constituirse “de acuerdo con las normas inspiradoras del Movimiento nacional”. En definitiva, el derecho de asociación no llegó a derogarse, pero perdió su objeto y su finalidad como cauce de expresión y reivindicación obrera, quedando convertido simplemente en un instrumento al servicio del Estado. VII. LA ÉPOCA DEL APERTURISMO Y EL DESARROLLISMO ECONÓMICO Tras la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, en los años llamados “azules” de la Dictadura, España quedó aislada internacionalmente. Pudiéndose relacionar sólo en lo económico con las economías de guerra de Italia y Alemania, el Estado se vio obligado a practicar una economía autárquica, sacando los productos agrícolas y ganaderos fuera de las leyes del mercado, fijando precios y limitando el derecho a la propiedad de los bienes producidos. A tal fin, el 25 de septiembre de 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) con un claro carácter intervencionista, y se estableció un control rígido del comercio exterior. Este primer modelo autárquico no fue capaz de sacar a España de la pobreza en que la había dejado la guerra, y sólo consiguió generalizar en el país el sistema de estraperlo con sus más nefastas consecuencias. Por eso, en pocos años se vio la necesidad de dar un giro a la política económica, y comenzaron a liberalizarse parcialmente los precios, el comercio y el tránsito de bienes. En 1952 acabó el racionamiento de alimentos. Pero, aunque estas medidas mejoraron en cierta medida la economía, era evidente que el país no podría salir adelante sin la ayuda internacional. La oportunidad de hacerlo le vino con la “Guerra Fría” declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. De un lado, la Guerra Fría dio un renovado valor al anticomunismo del régimen franquista a los ojos de la ya primera potencia internacional, Estados Unidos, y, de otro lado, el país se le presentaba a aquella como una posición estratégica de alto interés militar. Las relaciones comenzaron a restablecerse en 1949, cuando, con el objetivo último de buscarse un aliado y poder situar bases militares en el país, la banca estadounidense concedió a España un importante préstamo económico. En 1950 se anuló el aisla-

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miento diplomático de la ONU, dos años después España era admitida en la UNESCO, y en 1953 el gobierno español firmaba el Pacto de Madrid con los Estados Unidos de América, con el que se establecían definitivamente bases militares estadounidenses en España a cambio de ayuda militar y económica. Ese mismo año de 1953, también se firmó un importante Concordato con El Vaticano, que refrendaba de cara a la comunidad internacional el régimen franquista. Finalmente, España era admitida en la ONU como miembro de pleno derecho en 1955, y el 15 de septiembre de 1958 entraba en la OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica, predecesora de la OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta época de “aperturismo” político y económico, coincidió con la llegada al gobierno, en 1957, de un grupo de tecnócratas del Opus Dei, que, siguiendo las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, terminaron de transformar la política económica con el Plan Nacional de Estabilización de 21 de julio de 1959. Sus objetivos eran terminar de liberalizar la economía, recortando el gasto público y derogando toda la estructura intervencionista anterior para reducir al mínimo la injerencia del Estado; acabar con la autarquía abriendo el mercado al exterior y facilitándose las inversiones extranjeras; y acabar con el paro, promoviendo entre otras medidas la emigración de unos dos millones de españoles en los años siguientes. Las consecuencias más importantes fueron que a partir de 1961 comenzó una nueva etapa de crecimiento económico, conocida como la época del “desarrollismo”, mejoraron las condiciones de vida y laborales (salarios, seguros sociales, etc), y España comenzó a adentrarse en la sociedad de consumo propia de los países capitalistas occidentales, lo que también abrió sus fronteras a una mayor influencia, no sólo económica, sino también ideológica y cultural, del extranjero. Con todo, no puede decirse que la progresiva apertura y crecimiento económico del régimen, modificara en gran medida los caracteres fundamentales del sistema laboral hasta aquí descrito. Es cierto que hubo una mayor evolución normativa, anclada todavía en las Reglamentaciones de trabajo u Ordenanzas laborales (nombre éste último que se prefirió y generalizó especialmente en este periodo); y que dicha evolución normativa se manifestó sobre todo en la mejora de aspectos concretos en beneficio del trabajador, repercutiendo la nueva época de bonanza económica en cuestiones como las condiciones salariales, las vacaciones o los seguros sociales. De hecho, se podría decir que es en el ámbito de la Seguridad Social donde se produjeron los mayores avances, con el perfeccionamiento de una serie de seguros (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, vejez, invalidez, muerte y paro), y la creación de otros nuevos (familiar, enfermedad y mutualista), que llegaron a formar un sistema bastante adelantado de Seguridad Social. Tanto es así que en 1963 se promulgaba la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre, con la que se ponían los cimientos del sistema general y común de Seguridad Social en España, a pesar de las muchas limitaciones que aún quedaban por superar (Texto 84). Pero, al margen de estas mejoras, el Derecho del Trabajo siguió basado en los mismos principios que hemos visto con anterioridad. La Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 24 de abril de 1958, trató de abrir un pequeño resquicio a la negociación colectiva. Sin embargo, no llegó a modificar sustancialmente el sistema por cuanto supuso un re-

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conocimiento muy limitado de la autonomía colectiva, y sometió dicha negociación a férreos controles y vigilancias administrativas en el marco del sindicalismo oficial, por lo que la negociación colectiva quedó claramente subordinada a la normativa estatal. La regulación sectorial siguió, en consecuencia, en manos del Estado, que normativizaba a través de las Ordenanzas laborales aprobadas por el Ministerio de Trabajo, y los primeros convenios colectivos no tuvieron otra función que concretar y tratar de mejorar sólo a nivel de empresa las condiciones establecidas en las Ordenanzas. Es de señalar, no obstante, el esfuerzo que supuso esta primera Ley de Convenios Colectivos en España, no sólo porque fuera la primera en la Historia, sino porque se dictó en un titánico intento de acompasar el ritmo español al del desarrollo capitalista occidental. La ley pretendía flexibilizar las condiciones laborales de cada empresa en atención a las exigencias del mercado, pero en el caso español se encontró con dos obstáculos claramente contradictorios a su espíritu y difícilmente salvables: el monopolio normativo en la regulación de las condiciones de trabajo que había asumido el Estado; y la estructura del sindicalismo único o sindicalismo vertical. Éste último trató de eludirse estableciendo un mecanismo intrasindical para la contratación colectiva, por el cual se reconocía cierta capacidad de negociación a las agrupaciones de trabajadores y empresarios constituidas en el seno del sindicalismo único. El convenio colectivo alcanzado requería, en todo caso, de la sanción administrativa del Ministerio. También por Decreto de 20 de septiembre de 1962, se regularon por primera vez en España los procedimientos de solución de conflictos colectivos de trabajo, con lo que se admitía, por ende, su existencia. Los procedimientos de solución pasaban siempre por la mediación sindical y administrativa, sin reconocerse aún el derecho a la huelga, tácitamente prohibido desde la prohibición de asociaciones contrarias al Movimiento en 1936. No en vano, la mera participación en un conflicto colectivo ilegal, a través de huelga o cualquier otra manifestación no reglada, aparecía tipificada en la ley como causa de despido. Esta normativa comenzó a ser modifica por el Decreto de 22 de mayo de 1970; y, ya tras la muerte de Francisco Franco, el Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975 sobre Regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo recuperó nuevamente en el ordenamiento jurídico español el derecho a la huelga de los trabajadores. El reconocimiento teórico del derecho se encuadraba, no obstante, en el marco de una regulación muy restrictiva, que no sería superada hasta el Decreto de 22 de mayo de 1977, consagrándose como derecho constitucional en la Constitución de 1978. VIII. EL MOVIMIENTO OPOSITOR Y EL FIN DEL RÉGIMEN Los avances conseguidos en el terreno de lo laboral no implicaron, en ningún caso, una pacificación del movimiento obrero, que en esta época se vio alentado desde el exilio por los socialistas, comunistas y republicanos que habían tenido que abandonar España tras la guerra. Ahora bien, hay que señalar que durante los primeros años del Franquismo esta lucha quedó muy debilitada, y que en lo que pudo no se dirigió específicamente a la mejora de las condiciones laborales, sino sobre todo a acabar con la represión y clamar por la liberación de presos políticos.

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La oposición armada al Franquismo de los primeros maquis no fue ni coordinada ni eficaz, y el intento de invasión del Valle de Arán por fuerzas republicanas en octubre de 1944 quedó absolutamente frustrado, por lo que la resistencia tuvo que organizarse desde el exilio. Dentro del país, socialistas, comunistas y anarquistas vivían en la clandestinidad y habían conseguido ser reducidos y divididos: encarcelados o ejecutados la mayoría (la durísima represión de estos grupos se evidencia incluso en las series demográficas de los años cuarenta); depurados de los órganos públicos en el caso de los funcionarios (especialmente en la enseñanza, donde se vivió un feroz “caza de rojos”); perseguidos todos por la Ley de Represión de 1939; y fuera de cualquier juego político a partir de la ley de Partido Único. Escuchaban las arengas de La Pasionaria desde Radio España Independiente, pero no tenían ninguna capacidad de acción. Entre 1946 y 1947 se vivió un momento huelguístico muy significativo. Pero, como afirma Tuñón de Lara, más que el reinicio de la lucha obrera en España, debe entenderse como su epílogo o final: el último intento de derrocar a la Dictadura, sin ningún resultado, tras la Segunda Guerra Mundial. El movimiento comenzó con la huelga general de Manresa el 27 de enero de 1946, y a finales de año había alcanzado prácticamente a todas las industrias textiles catalanas y gran parte de la metalurgia. La dirigían organizaciones clandestinas de la CNT y la UGT (que en su rama catalana de entonces estaba en manos del PSUC). La situación de conflictividad se trasladó en mayo de 1947 a Vizcaya, donde se produjo la huelga general más importante que tuvo lugar durante el primer decenio de la dictadura Franquista. Bilbao y la margen izquierda de la ría de Nervión se inundaron con pasquines firmados por la Junta de Resistencia y las tres centrales sindicales (UGT, Solidaridad de Trabajadores Vascos –STV– y CNT). Pero el gobierno no tuvo grandes dificultades para reprimirla. Ante esta situación, descabezados y debilitados, tanto la UGT, como el PCE (sometido a la disciplina de la Internacional Comunista, bajo la hegemonía de la Unión Soviética de Stalin), decidieron abandonar la lucha armada en 1948, y optaron por una política que se bautizó como de Reconciliación Nacional. A tal fin, se convocaron la Huelga General Política, la Jornada de Reconciliación Nacional (1958) y la Huelga General Pacífica (18 de junio de 1959), organizadas por el Partido Comunista, que, ante la extrema debilidad de la UGT, trató de impulsar un nuevo sindicato como referente en estos años: la Oposición Sindical Obrera (OSO). Pero las distintas acciones pacíficas convocadas por el PC y OSO tuvieron un seguimiento desigual y ninguna consecuencia que pudiera inquietar al Gobierno ante el temor todavía generalizado de la población. Su fracaso, junto con la también feroz represión que comenzó a llevar a cabo la Unión Soviética contra sus enemigos, se tradujo en una mayor división y debilitamiento del Partido Comunista español, de cuyas filas se fueron personajes tan destacados como Jorge Semprún o Federico Mújica. La oposición del movimiento obrero o estudiantil (iniciado éste en febrero de 1956), se vio enturbiada además por la fundación de ETA en 1959, cuyo primer atentado mortal se produjo dos años después, en 1961. La organización independentista vasca contó, en un primer momento, con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen, aunque conforme iban aumentando y haciéndose cada vez más sangrientos sus atentados fue perdiendo apoyo popular.

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Pero ni la debilidad con la que los grupos opositores partieron en el nuevo régimen, ni el desarrollo económico de los sesenta, ni medidas claramente populistas como la apertura al exterior, la legitimación por referéndum de las leyes fundamentales, o el nombramiento como sucesor a título de rey de Juan Carlos de Borbón, acallaron a quienes seguían reivindicando mayores libertades, especialmente desde las aulas universitarias, aunque también desde las asociaciones obreras clandestinas o ilegales. Con el tiempo y los años de paz, estos grupos se fueron reorganizado y fortaleciendo. Entre los jóvenes universitarios se difundieron sobre todo las renacidas ideas de la izquierda europea tras la Primavera de Praga o el mayo francés de 1968, canalizándose a través del clandestino PC, pero también a través de nuevos grupos de extrema izquierda de orientación trotskista o maoísta. El movimiento estudiantil antifranquista fue en este momento la verdadera pesadilla del régimen. Pero junto a él existió también un movimiento obrero, impulsado por asociaciones sindicales clandestinas, como la antigua UGT, y una nueva asociación, Comisiones Obreras (CCOO), que nació espontáneamente durante estos años de la Dictadura. Hay quien ha situado el antecedente de CCOO en el sindicato, también encubierto, OSO, que formara a finales de los cincuenta el Partido Comunista. Pero la vinculación entre ambos no está tan clara. Lo único cierto es que, de manera espontánea y desde la clandestinidad, a mediados de los cincuenta comenzaron a surgir ciertas comisiones de obreros, primero en las provincias vascas y Asturias (para algunos historiadores los primeros lugares donde se formaron fueron la industria minero-siderúrgica de Ponferrada, en León, o la mina de La Camocha, en Gijón, en torno a la huelga de 1957), y más adelante en Cataluña y Madrid, para negociar con los empresarios. Estas Comisiones de Obreros recibieron el apoyo del Partido Comunista y otros movimientos cristianos obreros, y poco a poco fueron estructurándose y consiguieron infiltrar algunos representantes en los órganos propios del sindicalismo vertical, aprovechando las rendijas abiertas por la Ley de Convenios Colectivos de 1958. En las elecciones del sindicato oficial franquista de 1964 obtuvieron un importante éxito que sirvió de señal de alarma al régimen para su represión. Para perseguir a estas Comisiones Obreras, así como cualquier otra asociación ilícita, el régimen Franquista creó el Tribunal de Orden Público el 1 de abril de 1963, sustituyendo el anterior Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y a los tribunales militares, que hasta entonces juzgaban por delito de sedición a los sindicalistas o miembros de cualquier asociación o partido contrarios al mismo. Se daba comienzo a una década fértil en las manifestaciones huelguísticas, a pesar de su carácter ilegal y de la represión ejercida, tanto por la patronal como por la policía del régimen. Prueba de que el movimiento estudiantil y obrero estaba en pleno auge, fueron también, lamentablemente, las ejecuciones que todavía se produjeron por motivos políticos tras veinticinco años de la finalización de la guerra, y a pesar de la presión internacional. Por ejemplo, en el mes de abril de 1963 se ejecutaba al comunista Julián Grimau, y a los anarquistas Granados y Delgado en el mes de agosto; y en 1970 arrancaba el conocido proceso de Burgos contra 16 personas acusadas de pertenecer a ETA. Podría decirse que este proceso de Burgos tuvo un resultado adverso para el régimen, puesto que puso públicamente de manifiesto la existencia en España de una opo-

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sición ya muy organizada, sobre todo a través del PC y los sindicatos. Para mostrar su apoyo a los detenidos en el célebre proceso, tales asociaciones empezaron a convocar de forma cada vez más frecuente paros y protestas a las que comenzaron a acudir, sorprendentemente, gran parte de los trabajadores que hasta entonces habían permanecido temerosos e impasibles. Ante esta realidad, el 26 de noviembre de 1970, el gobierno respondió con la detención de 19 dirigentes de la oposición (entre ellos Enrique Tierno Galván, Nicolás Sartorius y Pablo Castellano), que se habían solidarizado públicamente con los acusados; y el 4 de diciembre de 1970 la policía reprimió a tiros una manifestación en Eibar, matando al joven Roberto Pérez Jauregi. La represión, en estos últimos años del régimen franquista, fue especialmente dura contra las nuevas CC.OO, coincidente con un estado del movimiento obrero bien organizado, destacando importantes movilizaciones que ponían en jaque las relaciones laborales del régimen, tales como las huelgas de Granada de 1970 (huelga en el sector de la construcción en la que fueron asesinados tres obreros), la huelga general de Vigo de 1972 del sector industrial que aglutinó una manifestación de 15.000 obreros, o la de Bazán en Ferrol, ese mismo año, por la defensa de sus convenios colectivos. El proceso más famoso contra sus dirigentes fue el denominado Proceso 1001, sustanciado ante el Tribunal de Orden Público y por el que se juzgó a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñíz Zapico, y Fernando Soto (conocidos como los diez de Carabanchel), condenándolos a entre 12 y 20 años de prisión por el mero delito de asociación ilícita (estas penas fueron rebajadas un años después a condenas de entre 2 y 6 años). El juicio se inició el mismo día en que fue asesinado Carrero Blanco en un atentado de ETA, el 20 de diciembre de 1973. Un año después, en los últimos estertores del régimen, se produjo asimismo la ejecución por garrote vil del anarquista Salvador Puig Antich (militante del Movimiento Ibérico de Liberación), acusado de asesinar en Barcelona a un subinspector de la Brigada Político Social durante el tiroteo que se desencadenó con motivo de su captura. Corría el año 1974, en el que la represión del Tribunal de Orden Público se multiplicó significativamente (en los tres últimos años del régimen concentró el mayor volumen de causas de toda su historia), lo que da idea de que, a pesar de todos los puentes tendidos hacia la Transición, la Dictadura acabó con la misma brutalidad con la que había comenzado. Una última norma del régimen franquista en materia laboral, el Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo, en el que se regulaba tanto el cierre patronal como el ejercicio de huelga, no fueron suficientes para acallar el descontento del mundo obrero con el régimen. En septiembre de 1975 se produjeron los cinco últimos fusilamientos del régimen, de dos militantes de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). El 20 de noviembre de ese mismo año fallecía el Dictador y comenzaba la nueva etapa de la Transición española.

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Capítulo 10

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I. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Desde la terminación del régimen dictatorial en España, con el fallecimiento de su líder, hasta la proclamación de la nueva constitución española en 1978, la misma transitoriedad que ha caracterizado a la democracia en España, con ese mismo carácter de transitoriedad debe caracterizarse a la legislación laboral que abordaremos en este último tema. Tras la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, un Consejo de Regencia asumió las funciones de la Jefatura del Estado hasta la proclamación del rey Juan Carlos I el 22 de noviembre. El rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, que finalmente presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Adolfo Suárez fue el encargado de la difícil misión de entablar conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales para instaurar un régimen democrático en España de forma pacífica. A tal fin se elaboró una nueva Ley Fundamental, llamada Ley para la Reforma Política, que fue sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976 y se promulgó el 4 de enero de 1977. Esta ley suponía la derogación y desmantelamiento de todo el sistema político franquista, y preveía la convocatoria de unas elecciones democráticas que se celebraron el 15 de junio de 1977. Previamente, se habían legalizado todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista de España (PCE): el PSOE, el PSP de Enrique Tierno Galván, los partidos nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (ERC, CDC y Unió Democràtica de Catalunya), y una serie de grupos de centro-derecha que finalmente formaron la UCD. La legalización del Partido Comunista fue, con todo, el último paso en firme de la transición.Tras la llegada clandestina al país de Santiago Carrillo, y su posterior detención y puesta en libertad, tuvieron lugar una serie de conversaciones entre el líder de este partido y el ya presidente del gobierno, Adolfo Suárez. La violenta reacción de la extrema derecha,

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con la matanza de siete abogados laboralistas del partido comunista en la calle Atocha, el 24 de enero de 1977, fue un duro golpe para el PCE, pero sus militantes y dirigentes supieron afrontarlo con serenidad, ganándose a la opinión pública y la solidaridad de todo el país. El 17 de marzo, el presidente Suárez promulgaba un trascendental decreto de amnistía para los presos políticos, el 9 de abril de 1977, el PCE quedaba legalizado, y el 1 de abril se legalizaban asimismo todos los sindicatos a través de la Ley 19/1977 de Asociación Sindical. Con ello el régimen dictatorial quedaba definitivamente desmantelado y se aseguraban unas elecciones verdaderamente democráticas, siendo en este sentido muy significativo el regreso de la URSS de la presidenta del PCE Dolores Ibarruri, “la Pasionaria”. A las elecciones del 15 de junio de 1977 pudieron concurrir, en consecuencia, todos los partidos democráticos constituidos, pero es cierto que tuvieron muy poco tiempo para organizarse en la legalidad, y ganó la opción más conservadora. La UCD resultó la opción más votada, y aunque no alcanzó la mayoría absoluta, fue el partido encargado de formar gobierno y de promover la redacción de una nueva Constitución, la Constitución española de 6 de diciembre de 1978, en la que predominó el consenso. La Constitución española de 1978 volvió a restablecer el Estado social de Derecho en su artículo 1.1, afirmado genéricamente que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. En el amplio elenco de libertades y derechos fundamentales de su parte dogmática, la Constitución no dudó en consagrar nuevamente los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación o sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga, dedicando todo un capítulo a fijar los principios rectores de la política social y económica. II. LA TRANSITORIEDAD DEL NUEVO MARCO EN LAS RELACIONES JURÍDICO LABORALES No procede aquí el estudio de un sistema que aún está vigente, bajo el amparo constitucional de 1978, pero además del sistema de garantías para la igualdad de los ciudadanos ante la ley que se desarrolla a partir de la Constitución, cabe señalar que el Estado comenzó a orientarse hacia una nueva realidad económico-social, promulgando entre otras disposiciones legales de importancia, el Real Decreto-Ley de 8 de octubre de 1976, por el que la Organización Sindical se había transformado en un organismo autónomo adscrito a Presidencia del Gobierno con el nombre de Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (AISS), un paso que podríamos entender como efímero o transitorio hasta su definitiva desaparición. Desaparición que se produce con la Ley de Asociación Sindical de 1 de abril de 1977, por la que se reconoció finalmente el derecho de asociación sindical, y supuso la definitiva extinción del sindicato único y la sindicación obligatoria, declarada también por Real Decreto Ley de 2 de junio del mismo año. En poco tiempo, todas las unidades y servicios de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales fueron transferidos a la Administración Central y la estructura sindical del Movimiento desapareció definitivamente. Por su parte, el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones de Trabajo, comenzó a modificar el panorama normativo, disponiendo que las reglamentaciones de trabajo sólo podrían dictarse en el futuro “para aquellos sectores de producción

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y demarcaciones territoriales en los que no existen convenio colectivo de trabajo”, y que las ya existentes “continuarán rigiendo en aquellas de sus disposiciones que no sean sustituidas por lo pactado en convenio colectivo”. Este Decreto no sólo esgrimió el convenio colectivo como el principal instrumento de paz social, sino que también reconoció el derecho de huelga como acción de apoyo a reivindicaciones colectivas laborales, elevó las garantías jurídicas sobre el despido a los niveles más altos de la historia española, y consagró la preferencia por los contratos indefinidos. Podría decirse en este sentido que, junto a la Ley de Asociación Sindical, supuso el inicio de la liberalización de las relaciones de trabajo poniendo fin al intervencionismo dictatorial. La transitoriedad de la legislación laboral en el período de la transición española, comienza su punto y final, y por ende, su nueva configuración a través de la constitucionalización en 1978 de los derechos vinculados al ámbito laboral y de seguridad social (derecho y deber de trabajar, derecho de sindicación y huelga para la defensa de sus intereses, derecho a la negociación colectiva), o el establecimiento de principios rectores de la política económica y social del Estado español, tales como la seguridad e higiene en el trabajo, la limitación de la jornada laboral para facilitar el descanso, vacaciones periódicas retribuidas, un régimen público de Seguridad Social o un sistema de pensiones para la tercera edad, entre otros. Lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Constitución de 1978, de que la ley regulará un Estatuto de los Trabajadores, éste verá la luz por Ley 8/1980 y posteriormente Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, y reformado en distintas ocasiones hasta la actualidad. III. LA LEY DE LAS RELACIONES LABORALES: EFICACIA Y APLICACIÓN La primera norma que tiende a romper la eficacia normativa de la legislación laboral del régimen dictatorial anterior fue la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, por la que se pretendía actualizar y perfeccionar aspectos fundamentales de la normativa de trabajo, a la vez que introducir normas nuevas que actualizaran la vieja y caduca legislación laboral. Se trataba en suma de actualizar instituciones y materias laborales, recoger nuevas aspiraciones y reivindicaciones, respaldar las últimas interpretaciones jurisprudenciales en materia laboral y las reflexiones intelectuales de la doctrina laboralista del momento (Texto 83). Desde el propio preámbulo de la Ley, ya se caracteriza su régimen de “plataforma mínima normativa”, que será posteriormente mejorada a través de un texto articulado que incorpore otras normas laborales, sin embargo esta realidad nunca se llevó a cabo, siendo su eficacia y aplicación mermada y sesgada por la difícil situación económica y social que atravesó España en aquel momento. No obstante, y sin perjuicio de la efímera y compleja existencia de esta norma, algunos de los principios rectores de las nuevas relaciones laborales ya se encontraban allí regulados. Veámoslos. 1. Caracteres del trabajo objeto de regulación En los primeros artículos de la norma se caracterizan cuáles son las relaciones de trabajo que serán objeto del nuevo Derecho del Trabajo, y que ya las caracterizábamos así

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en el artículo 1 de la Ley del Contrato de Trabajo de 1931. Las relaciones laborales objeto de regulación son aquellas que se desarrollan de forma libre, por cuenta y dependencia ajenas y retribuidas, quedando al margen no sólo las realizadas por cuenta propia, salvo excepciones puntuales, sino también las prestadas por funcionarios públicos, las prestaciones personales obligatorias, las que procedan como consejeros de administración de empresas, los trabajos ocasionales derivados de amistad, benevolencia o buena vecindad, así como los trabajos familiares, salvo que deriven de contrato remunerado. Excepciones todas ellas que ya se encontraban en otros preceptos legales anteriores. Una importante novedad se produce con la vinculación al Derecho del Trabajo de modalidades laborales que hasta ahora se encontraban excluidas, tales como el trabajo en el hogar, a domicilio, el prestado por personas con deficiencia, el trabajo en el mar o de navegación aérea, o entre otras, el de los deportistas profesionales, relación laboral esta última que la jurisprudencia, siguiendo a la doctrina jurídica ya venía demandando su consagración con rango de ley. No obstante, la eficacia de esta norma queda pendiente al desarrollo legislativo previsto por la Disposición adicional cuarta, quedando más que como regímenes laborales con rango de ley, como promesas de dichos futuros regímenes. Así Montoya Melgar indicará que “se da la paradoja de que relaciones que la LRL califica solemnemente de laborales en su art. 3 (servicio doméstico, altos cargos, etc) siguen siendo verdaderas relaciones extralaborales, en virtud de lo dispuesto en su Disposición Adicional cuarta”. Se consagran igualmente principios propios y específicos del Derecho del Trabajo, recogidos con anterioridad, tales como el principio “pro operario”, especificándose que en el supuesto de concurrencia de dos o más normas laborales se aplicará la que resulte más favorable para el trabajador, o el principio del carácter irrenunciable de los derechos laborales. 2. Sujetos especiales de la relación laboral Cuando el sujeto de la relación laboral corresponde al menor o la mujer, la ley en cuestión garantiza una serie de principios que supongan unas especiales y particulares garantías del trabajo realizado para estos colectivos que necesitan de una mayor protección. No obstante, esta ley no supone una ordenación jurídica completa para estos sujetos especiales, como son las mujeres y los menores, ni los preceptos de la ley son los únicos que se encargan de esta cuestión, sino que recogen normativa ya existente con anterioridad, como es el caso de la consagrada desde 1957 sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores. A) El trabajo de menores y jóvenes La norma establece la plena capacidad contractual laboral a los 18 años. No obstante, prevé excepciones en el caso de los menores, pues se establece la edad mínima para trabajar de 16 años cumplidos, salvo cuando el trabajo sea nocturno, o en actividades declaradas insalubres, penosas, nocivas o peligrosas, que se eleva a 18 años. Igualmente se prohíben las horas extraordinarias para los menores de 18 años, salvo determinados sectores de actividad así autorizados. Únicamente la participación de menores de 16 años

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en espectáculos públicos puede estar autorizada por el Gobierno, pero siempre de forma excepcional. Para estos menores, se establece dos modalidades contractuales propias y específicas: Contrato de formación. Con los menores de 18 años y mayores de 15, y con la asistencia de su representante legal, se podrá formalizar por escrito este tipo de contrato dirigido a la adquisición práctica de las técnicas adecuadas para el desempeño de un puesto de trabajo, compatibilizado con la formación en centros ocupacionales o formativos. La duración máxima es la de 3 años, coincidente con la mayoría de edad. La fijación de la jornada laboral no podrá exceder de 24 horas semanales, fijándose una remuneración que en ningún caso será inferior al salario mínimo interprofesional. Contrato de trabajo en prácticas. Todos aquellos menores y jóvenes que se encuentren cursando ciclos formativos profesionales o universitarios podrán concertar esta modalidad contractual dirigidas a facilitar la práctica profesional en función de su nivel de estudios con empresas previamente homologadas para ello. El contrato se formulará por escrito, con una duración no superior a 12 meses, y estará sujeto a la jornada laboral y condiciones de trabajo que se pacten, siempre dentro del marco regulador de la presente ley, siendo beneficiario de la seguridad social, excepto prestación por desempleo, y recibiendo una retribución correspondiente al puesto de trabajo que desempeñe. Igualmente se consideran derechos laborales de los menores y jóvenes a la promoción profesional y social, si bien su aplicación práctica dependerá de ulterior desarrollo normativo. B) El trabajo de la mujer Consagrada por ley la igualdad laboral, la mujer podrá convenir todo tipo de contratos, eliminado así la anterior autorización marital para la contratación. Montoya Melgar nos recuerda que el paso previo a esta eliminación procedía, de un lado de la Declaración de Naciones Unidas tenida en la Asamblea General celebrada en 1976, por la que se eliminaba cualquier discriminación contra la mujer en las esferas económica y social, lo que se plasmó posteriormente en el ordenamiento jurídico español, a través de la reforma que se realizó en 1975, en el artículo 62 del Código Civil español, por el que se eliminaba cualquier restricción a la capacidad de obrar de los cónyuges que contraen matrimonio. Una igualdad que se manifiesta en las condiciones de trabajo y en la percepción salaria, pero que por el contrario, se rompe en beneficio de la mujer a quien se le excluye de la prestación de determinados trabajos, los especialmente peligrosos, insalubres o penosos, así como aquellos que pudieran afectar a su situación de embarazo o maternidad. En este sentido, y en aras de proteger este estado, la mujer dispondrá de un descanso laboral prenatal de seis semanas, y otro posnatal, de carácter obligatorio, de ocho semanas, incrementando en dos la regulación anterior, al que podrá sumar el no disfrutado con carácter prenatal. Por cada descendiente nacido y vivo la mujer tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años, desde el momento del parto, pudiendo posteriormente solicitar su reingreso en el puesto de trabajo.

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También y como novedad normativa, las mujeres en período de lactancia de sus hijos dispondrán de una pausa de una hora al día en su trabajo, que o bien pueden dividir en fracciones dentro de la jornada laboral, o sustituirla por una reducción de la jornada laboral en media hora para dicha finalidad. Igualmente, la mujer que tenga a su cargo hijos menores de seis años o discapacitados, tendrá derecho a solicitar una reducción de su jornada laboral, de al menos un tercio de la misma, con la corresopndiente reducción salarial. 3. Caracteres y contenido del contrato de trabajo Capacidad contractual y duración del contrato. Se presume que todos los contratos de trabajo firmados por las partes se realizan por tiempo indefinido, procediéndose así, como principio básico a la garantía de la estabilidad de la relación de trabajo. En palabras de Montoya Melgar, se normativiza ahora “la presunción directa en favor de la contratación laboral por tiempo indefinido que sustituye a la presunción indirecta que establecía el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo” de 1931. No obstante, se establecen otras modalidades como las de fijo discontinuo o de duración determinada. En el primer caso, las empresas podrán disponer de contrataciones indefinidas, aunque desempeñadas de forma discontinua en función del carácter estacional de la actividad. En el segundo caso, podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada cuando se contrate para realización de obra o servicio de duración determinada y siempre que fueran inferiores a dos años, para la realización de trabajos eventuales, de sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, de personal artístico o técnico de espectáculos. La oferta y demanda de empleo se realizará siempre a través de agencias de colocación públicas, quedando expresamente prohibidas las agencias privadas de colocación, recogiendo en este sentido lo dispuesto en el Decreto de 22 de marzo de 1975 regulador de los Servicios de Empleo. Estas agencias de colocación, en atención a las reservas de puestos de trabajo realizadas por el Ministerio para atender a trabajadores que necesitan una especial tutela, y que ya se venían así reservando por distintas disposiciones normativas desde 1970, atenderán a la remisión de demandantes de empleo a personas mayores de 40 años, discapacitados, con cargas familiares o jóvenes trabajadores que accedan a su primer empleo. Período de prueba. Con carácter potestativo, se podrán consignar en los contratos de trabajo un período de prueba que no podrá exceder de dos semanas para los trabajos no cualificados, de tres meses para el resto de trabajadores, o de seis para profesionales técnicos o titulados. Durante este período de prueba se mantienen intactos los derechos y deberes del trabajador. Jornada de trabajo. Sin perjuicio de que sean las ordenanzas laborales y los convenios colectivos los que fijen con carácter particular la jornada de trabajo, la ley de relaciones laborales especifica que ésta deberá fijarse en unidad de medida diaria, semanal, mensual o anual, en función de la producción, y siempre con una jornada máxima de 44 horas semanales, reduciéndose así la anterior de 48 horas, a distribuir diariamente con un máximo de 9, y un descanso de 12 horas entre una jornada diaria y la siguiente. En este

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cómputo no se contabilizan las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios, sin perjuicio de su remuneración correspondiente. La jornada pactada bajo horario nocturno, de 22h00 a 6h00, que por la naturaleza de la prestación laboral no fuera obligatoria o necesaria, tendrá una retribución superior en un 20% como mínimo del salario ordinario. El horario de trabajo puede ser continuo o partido y establecido por días o por cómputo de mayor duración. Se prevé la realización de horas extraordinarias con su remuneración correspondiente, salvo en el horario nocturno anteriormente indicado. Descanso laboral. Como novedad normativa se establece que por cada jornada semanal de trabajo, el trabajador dispondrá de un día y medio ininterrumpido de descanso laboral que, como regla general, comprenderá al domingo completo y a la tarde del sábado o a la mañana del lunes. Promoción y formación profesional. Patronal y sindicatos están obligados a permitir la promoción profesional de los trabajadores, sobre todo de los mayores de 16 años, quienes podrán acogerse a una serie de días al año para poder concurrir a exámenes y pruebas de aptitud o evaluación profesional o universitaria, sin variación del resto de derechos laborales, o a solicitar la acomodación de la jornada laboral a la promoción y formación profesional. Igualmente y con el fin de actualizar o perfeccionar los conocimientos profesionales de los trabajadores, éstos tendrán derecho, por períodos cuatrienales, a la asistencia a cursos de formación profesional específica, en función del puesto de trabajo, en centros reconocidos para la prestación de dicha formación, la cual será obligatoria cuando sean formalizados por la propia empresa del trabajador y durante la jornada de trabajo. Esta formación profesional lleva aparejada una serie de connotaciones en la relación laboral, tales como el derecho del trabajador a una reducción de la misma no superior a 2 horas diarias, sin menoscabo del resto de derechos laborales reconocidos, ni de su retribución, o el derecho del empleador a la desgravación fiscal por formación profesional, cuando así le corresponda. Permisos de trabajo. Sin menoscabo de su remuneración, el trabajador podrá ausentarse del trabajo, dentro de su jornada laboral, en algunos supuestos y con cuantificación diferente, tales como, por contraer matrimonio –10 días–, por nacimiento de descendiente, enfermedad grave o fallecimiento de cónyuge, descendiente o ascendiente de uno u otro cónyuge, nietos, abuelos o hermanos –de 2 a 5 días–, por traslado de domicilio –1 día–, por derechos educativos especiales o deberes inexcusables de carácter público o personal –por el tiempo establecido en cada caso–. Igualmente está prevista la posibilidad de que el trabajador indefinido con una antigüedad de 2 años en la empresa, pueda solicitar una excedencia voluntaria de entre 2 y 5 años, exigiéndose una nueva actividad laboral de 4 años para solicitar otra nueva excedencia. Vacaciones. Se normativiza un período vacacional anual de 21 días naturales como mínimo, elevado a 30 para menores de 18 años, fijados de común acuerdo entre las partes contratantes o según convenio. Salario y gratificaciones. El trabajador en el ejercicio de la prestación laboral recibe un salario que le permita, en todo caso, a él y a su familia una vida digna, que se le abonará

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en moneda de curso legal, ya sea en efectivo o mediante talón bancario u otra modalidad bancaria acordada. Modificado este precepto de la ley de relaciones laborales por el Real Decreto-ley 39/1978, de 5 de diciembre, sobre forma de pago de haberes y salarios, se especifica que en los centros de trabajo con más de cincuenta trabajadores, la empresa podrá en todo caso pagar por talón u otra modalidad de pago, a través de Entidades de Crédito, cuando así lo disponga el Gobierno (Texto 89). Dicho salario queda sujeto a la negociación colectiva o a las partes contratantes en la relación de trabajo, si bien, el Estado se compromete a garantizar un salario mínimo interprofesional suficiente, revisable anualmente, teniendo en cuenta para ello, una serie de variables como el coste de la vida, la productividad media nacional, la renta nacional o la coyuntura general de la economía. Igualmente el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a dos gratificaciones o pagas extraordinarias coincidentes con los meses de julio y diciembre, que ascenderán como mínimo a 21 días de salario. Extinción de la relación laboral. La ley de relaciones laborales establece una serie de causas que propenden a la extinción de la relación laboral, aplicables en todo caso a los contratos indefinidos, o en aquellos contratos temporales con anterioridad a la terminación de la obra, servicio o tiempo fijados en el mismo. Además de las causas que procedan por despido disciplinario, heredadas de normativas anteriores (justa causa, participación en huelgas ilegales, reincidencia en faltas muy graves), se prevé ahora la extinción de la relación laboral por parte del empresario cuando concurran algunas de las siguientes causas:  Causas tecnológicas o económicas: corresponde proponerla al empleador y autorizarla el Ministerio de Trabajo, previos informes de los agentes sociales. En todo caso, en la tramitación del expediente de regulación deberá formularse propuesta de indemnización.  Fuerza mayor: la imposibilidad de continuar con la relación laboral, reconocida por la autoridad laboral, exige al empresario un expediente de regulación de empleo que, en todo caso, exonerará al empresario de abonar los salarios correspondientes al período de tramitación del citado expediente, así como a las indemnizaciones por despido correspondiente. Se exceptúa el cambio de titularidad de la empresa como causa de extinción del contrato, estableciéndose expresamente para este caso la novación del contrato laboral por la nueva empresa, subrogándose ésta en los derechos y obligaciones contraídos por la anterior. Si estos despidos laborales fueran tramitados judicialmente, el Magistrado, cuando estime que no hay justa causa para el mismo, establecerá en la sentencia la readmisión inmediata del trabajador a la empresa en las mismas condiciones en las que se encontraba, así como el pago del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta la readmisión del mismo. Norma ésta que será derogada justo un año después, como más adelante veremos. La extinción de la relación laboral por parte del empleado está prevista por las siguientes razones:

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Por razón de matrimonio: se prevé la resolución voluntaria del trabajador sin derecho por ello a indemnización alguna. Por resolución unilateral: siempre que el trabajador demuestre que el empleador ha modificado unilateralmente el contenido de la relación laboral, siempre y cuando estas modificaciones sean sustanciales o redunden en perjuicio grave para su formación o dignidad profesional. El trabajador mantendrá intacto su derecho a indemnización como si de un despido improcedente se tratara, reproduciendo así lo dispuesto en la ley de 1931. Desistimiento: En los contratos de duración superior a un mes, el trabajador podrá resolver el contrato, desistiendo del mismo, sin otra circunstancia o razón que el preaviso de 15 días, anterior a la terminación del contrato.

4. El Fondo de Garantía Salarial El actual organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, llamado FOGASA, que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario, es una destacada innovación de la ley de relaciones laborales de 1976, que encontró su desarrollo normativo mediante Real Decreto 2077/1979, de 14 de agosto, por el que se reestructura este organismo (Texto 88). El FOGASA nace con personalidad jurídica y capacidad de obrar propia, dependiente del Ministerio de Trabajo, como órgano permanente de gobierno y administración y compuesto mediante representación paritaria de los empresarios y de los trabajadores, designados a través de la Organización Sindical, quienes ocuparán, al menos, dos terceras partes del total de miembros. El FOGASA se estructura de la siguiente forma a través de su principal órgano que es el Consejo Rector, junto con el órgano de gestión, la Secretaría General, ambos de ámbito nacional, junto a los que tienen ámbito provincial que son las comisiones provinciales. El Consejo Rector se constituye con una presidencia ostentada por el Subsecretario de Trabajo, tres vocalías ocupadas por los Directores Generales de Trabajo, Empleo y Promoción social, y el de Jurisdicción de trabajo, junto con el Secretario General que actuará como secretario con voz y voto. De entre sus competencias destacan las de elaborar los criterios de actuación del FOGASA, la de estudiar la situación económica del Fondo y proponer al Ministerio de Trabajo las medidas oportunas para el cumplimento de sus fines, así como la de aprobar la memoria y balances resultantes del funcionamiento del Fondo para su elevación al Gobierno. A nivel provincial, las comisiones provinciales estarán constituidas bajo la presidencia del Delegado de Trabajo, y de dos vocales, el Jefe de la inspección provincial de trabajo por un lado, y un letrado de los servicios jurídicos del FOGASA, junto con el secretario de la delegación que hará de dicha función. Entre sus funciones destacan las de resolver en primera instancia los expedientes no atribuidos a la Secretaria General, y la de informar periódicamente a la Secretaría General de la situación y funcionamiento de la comisión provincial.

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En suma, el FOGASA nace con el objetivo de poder garantizar y anticipar a los trabajadores contratados la percepción de sus salarios pendientes de pago de los últimos tres meses, así como para hacer efectivas las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social por igual período, y las prestaciones e indemnizaciones sustitutivas del salario o de las prestaciones sociales, en los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas. Igualmente, el FOGASA se instituye para garantizar y anticipar a los trabajadores jubilados los suplementos de jubilación que deban pagar sus respectivas empresas. Tiene naturaleza interempresarial, constituido con una cuantía concreta (uno coma cinco por mil del volumen anual nacional de la remuneración de los asalariados, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional del año anterior), que se cubrirá mediante un impuesto que grava a los empresarios y que se calcula en base a los salarios, aunque como aclara Alonso Olea, la base no son exactamente los salarios, sino los salarios de cotización a la Seguridad Social. Activada la necesidad del FOGASA, éste asumirá sus obligaciones económicas para con los trabajadores y la Seguridad Social, subrogándose en los derechos y acciones de los trabajadores y demás entidades crediticias, frente a la Empresa por las cantidades satisfechas. 5. Eficacia de la ley Sin perjuicio de la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del Estado, la eficacia de la ley de relaciones laborales se diferirá en el tiempo, por exigencias de la coyuntura económica del momento, por el incumplimiento del Ejecutivo en desarrollarla, y por la derogación normativa posterior. Muchas de las disposiciones adicionales establecidas en la presente ley, dejan en suspenso la vigencia y eficacia de las mismas, o bien las difiere a una aplicación gradual en función de los intereses del Gobierno, o a desarrollos legislativos posteriores incumplidos constantemente. Así, siguiendo a Bayón Chacón se puede advertir una aplicación gradual de la ley, pues en su seno hay distintas clases de normas: a) Normas de inmediata aplicación, que son aquellas para las que no se establece ninguna condición para su entrada en vigor, ni supedita al Gobierno su puesta en marcha gradual, ni tampoco necesitan de ningún desarrollo normativo, como la revisión anual del salario mínimo. b) Normas programáticas que exige la propia ley su desarrollo normativo posterior, según los plazos en las disposiciones adicionales, como las llamadas relaciones laborales especiales. c) Normas de aplicación gradual cuya entrada en vigor queda aplazada por razones socio-económicas, como la duración de la jornada laboral de 44 horas, o por motivos de empleo, como el contrato de trabajo en prácticas. No obstante, el Real Decreto-Ley 17/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, modifica o deja en suspenso muchas de las normas anteriormente estudiadas, con carácter provisional y mientras las tendencias inflacionistas no se reduzcan a niveles soportables para la economía española. Este Real Decreto establece una nueva política de

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precios y una revisión de la política laboral y de empleo anteriormente abordada en la ley de relaciones laborales, beneficiando a las empresas que contraten a personas en situación de desempleo o que accedan a su primer empleo, si bien precariza estas contrataciones al objetivarlas mediante contratos temporales no superiores a seis meses, cualquiera que fuera la ocupación o la profesionalización del trabajador. Uno de los más importantes en modificarse es el relativo al despido disciplinario, dado que ahora desaparece como causa justa la reincidencia en faltas muy graves como causa para el mismo, estableciéndose igualmente algunas modificaciones en el proceso de tramitación (Texto 84). La ley de relaciones laborales de la transición española será derogada finalmente por el Estatuto de los Trabajadores de 1980. IV. PRINCIPIOS PRECONSTITUCIONALES DE UN NUEVO MARCO DE LAS RELACIONES JURÍDICO LABORALES 1. Derecho de huelga La huelga o paro obrero entendido como manifestación de la clase trabajadora a las malas condiciones laborales o salariales, ha pasado en este período de transición de ser considerada como un delito, a dársele legitimidad jurídica a través del Decreto Ley 5/1975, de 22 de mayo sobre regulación de los conflictos colectivos de Trabajo, y finalmente a concederle el rango de derecho de los trabajadores, dentro del marco legal establecido. Un nuevo Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, es el encargado de establecer este derecho de huelga, dentro de un marco riguroso para la legítima utilización de este derecho, para que permita aligerar el procedimiento para su ejercicio y se fijen sus límites en las fronteras que marque la salvaguardia de los intereses superiores de la comunidad (Texto 85). La huelga se convierte así en un derecho del trabajador, dejando así de ser objeto de despido disciplinario, no extinguiendo la relación de trabajo, si bien queda suspendida con la correspondiente detracción del salario, declarándose nulos cualquier cláusula contractual individual o colectiva que suponga una renuncia o restricción a la misma. No obstante, se respeta la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga. Denunciado el conflicto laboral, tienen legitimidad para declarar el derecho a la huelga los trabajadores del centro de trabajo, bien por sí mismos, o a través de sus representantes, mediante acuerdo expreso y mayoritario, que habrá de ser comunicado por escrito al empresario afectado y a la autoridad laboral correspondiente, con 5 días de antelación –10 para el caso de empresas que presten servicios públicos–, con indicación de los objetivos de la misma, las gestiones llevadas a cabo para resolver el conflicto laboral, fecha de inicio y composición del comité de huelga, quien deberá pactar con el empresario los servicios mínimos. No obstante, el empresario, previa comunicación a la autoridad laboral, podrá proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga cuando exista peligro de violencia para las personas o daños graves para las cosas, cuando se haya procedido a la ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca, que la huelga impida gravemente el proceso normal de producción.

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Este cierre patronal se limitará al tiempo exclusivamente necesario, procediéndose a su apertura, incluso aún continuando la huelga. Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de huelga y el empresario, y en su caso los representantes designados por los distintos Comités de huelga y por los empresarios afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo. A este respecto, la Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto. Excepcionalmente, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. En todo caso, siguen considerándose ilegales determinadas modalidades de huelga cuando procedan de motivaciones políticas, ajenas a las relaciones laborales del centro de trabajo, las que quieran ejercerse por razones de solidaridad con otros colectivos en huelga legítima, aquellas que tengan por objeto alterar lo establecido en un convenio colectivo o laudo arbitral, o las que se produzcan contraviniendo la ley o lo pactado en convenios colectivos. En suma, los aspectos más sustantivos que se modifican en la actual regulación del derecho de huelga pueden sintetizarse en los siguientes:  El reconocimiento de la posibilidad de huelga de Empresas encargadas de servicios públicos.  El carácter tasado de las huelgas consideradas ilícitas.  El reconocimiento del Comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto.  La regulación de los efectos de la huelga en la relación jurídica de la Seguridad Social. Algunos de los preceptos relativos al alcance de este derecho de huelga fue objeto de recurso de inconstitucionalidad promovido por 52 parlamentarios españoles, declarando el Tribunal Constitucional, por sentencia de 8 de abril de 1981, la inconstitucionalidad de los artículos 3, relativo a la declaración de huelga, y 11, en su letra b) declarando ahora legal la huelga realizada de forma solidaria y de apoyo a otros sectores productivos. 2. Conflictos colectivos de Trabajo Como se ha indicado en el epígrafe anterior, el reconocimiento del derecho de huelga reconocido en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (Texto 85), supone la derogación del Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo. Este nuevo Decreto sobre relaciones de trabajo es el encargado de establecer una nueva regulación de este procedimiento como medio para solucionar situaciones conflictivas en el ámbito laboral, como opción al otro instrumento que es el derecho de huelga. No obstante, se prima el derecho de huelga para el caso de que si la iniciación del procedimiento del conflicto colectivo de trabajo

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hubiera correspondido a los empresarios y no a los trabajadores o sus representantes, y éstos hubieran optado por el ejercicio del derecho de huelga, se paralizará inmediatamente al archivo del procedimiento de conflicto colectivo. El inicio del procedimiento de conflicto colectivo de trabajo se formalizará por escrito, con identificación de quienes lo incoan, con determinación de trabajadores y empresarios afectados, de los hechos sobre los que verse el conflicto, así como las peticiones concretas que se formulen. Dicho escrito se deberá presentar a la instancia que tenga competencia para conocer de estos conflictos. Por un lado, ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto, o en su caso, a la Dirección General de Trabajo, cuando el conflicto afecte a trabajadores de varias provincias; por otro lado, si la solución que se pretende buscar es jurisdiccional, habrá que presentarlo en dicho orden jurisdiccional laboral y bajo lo establecido en la ley procesal correspondiente. Recibido el escrito, la autoridad laboral, remitirá copia a todas las partes, quienes serán citadas para comparecencia, intentando buscarse la avenencia entre ellos, mediante acuerdos adoptados por mayoría simple, con la eficacia de convenio colectivo. En caso de estancamiento del conflicto, las partes podrán designar uno o varios árbitros quienes dictaminarán su correspondiente laudo en el plazo establecido, teniendo la naturaleza jurídica de acuerdo entre las partes del conflicto. Si por un procedimiento u otro no se llegara a ningún acuerdo y no aceptaran someterse al laudo arbitral, la autoridad laboral remitirá las actuaciones al orden jurisdiccional laboral. 3. Negociación colectiva El reconocimiento del derecho de huelga en el Decreto de 1977, impone la aprobación simultánea de determinadas modificaciones en la vigente ley 18/1973, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo, con el fin de armonizar sus disposiciones con la nueva situación creada. Ahora, el Decreto sobre Relaciones de Trabajo consagra la negociación colectiva, y al convenio resultante como auténtico instrumento de paz social, aplicándose el principio civil de “pacta sunt servanda”, obligándose las partes a respetar lo acordado y a no modificar dicho convenio durante su vigencia (Texto 85). El Convenio Colectivo resultante de la negociación puede afectar, o bien a una única empresa, cualquiera que sea su número de trabajadores y las provincias en las que se encuentren los centros de trabajo, o bien a un grupo de empresas de un mismo sector, con independencia del ámbito territorial de implantación, o bien a la totalidad de las empresas regidas por una ordenanza laboral concreta. En todos estos casos, los convenios colectivos acordados tienen carácter coercitivo para las partes obligándose a su cumplimiento durante la vigencia del mismo, no pudiéndose negociar un nuevo hasta tres meses antes del vencimiento del anterior. La negociación colectiva debe realizarse bajo los principios de buena fe y de recíproca lealtad, no mediando ni prácticas dolosas, fraudulentas o coactivas, quedando en este caso la solución a la autoridad laboral, quien lo tramitará como conflicto colectivo, salvo que los trabajadores acudan a su derecho de huelga, siempre que ésta fuera considerada lícita.

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Si no se alcanzaran acuerdos en la negociación, y como en el procedimiento anterior de conflictos de trabajo, se podrá nombrar uno o varios árbitros, cuyo laudo será plenamente ejecutivo por ambas partes. De no utilizarse tampoco este procedimiento se podrá acudir al de conflictos de trabajo. Vigentes los convenios colectivos y sin mediar denuncia de los mismos se considerará la tácita reconducción por ambas partes de forma anual. La vigilancia del cumplimiento del convenio corresponde a la Inspección de Trabajo y la resolución de los conflictos surgidos en la aplicación de los mismos corresponde a la jurisdicción social. 4. Reglamentación del despido El despido, como causa de extinción de la relación laboral es una de las cuestiones más reguladas y por ello modificadas en la reciente legislación laboral. Regulado en la ley de relaciones laborales de 1976 y modificado por el Decreto del mismo año, sobre medidas económicas, una vez más, el Decreto de 1977 sobre relaciones de trabajo proyecta la necesidad de llevar a efecto una acomodación del despido individual, siguiendo los criterios señalados al respecto por la O.I.T. y teniendo en cuenta los imperantes en los países de la Comunidad Económica Europea (Texto 85). La norma contempla dos tipos diferenciados de despido individual: el de carácter disciplinario y el derivado de la capacidad profesional del trabajador o de necesidades de funcionamiento de la Empresa. En ambos casos, tendrá lugar el despido cuando exista causa relacionada con la conducta del trabajador o con circunstancias objetivas derivadas de la capacidad profesional del mismo o de necesidades del funcionamiento de la Empresa.Y en todo caso, tendrá la consideración de causas injustas y por tanto inviables para el despido:  La pertenencia o participación en actividades legales de una asociación sindical.  Ostentar la condición de representante de los trabajadores.  La presentación de quejas o intervención en procedimiento seguidos frente al empresario por supuesto incumplimiento por éste de normas laborales o de Seguridad Social.  Discriminación por razón de raza, sexo, estado matrimonial, religión, opinión política u origen social. A) Despido disciplinario Será procedente el despido disciplinario por causas consideradas justas como falta injustificada de asistencia al trabajo o disminución voluntaria y continuada del rendimiento laboral, indisciplina o desobediencia, maltrato de palabra u obra, falta grave de respeto y consideración al empresario, jefes o compañeros de trabajo, conflictividad en el entorno de trabajo, fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones confiadas, embriaguez habitual, participación activa en huelga ilegal, o la negativa durante la misma a la prestación de los servicios mínimos pactados. Fuera de las causas tasadas en el Decreto de 1977 se considerará el despido improcedente.

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Producida alguna de estas causas, el despido lo acuerda el empresario de forma unilateral comunicándolo al trabajador, junto con la causa que lo motiva y la fecha en la que comience a producir efectos. Si el trabajador fuera representante sindical, el empresario deberá ponerlo igualmente en conocimiento de los representantes de los trabajadores de la empresa, para llevar a cabo una previa conciliación sindical, que de no hacerse, podrá reclamarse ante la jurisdicción social, siendo entonces nulo el despido, y teniendo los efectos como si hubiera sido declarado improcedente. Los efectos del despido disciplinario son la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización. Si fuera declarado improcedente se procederá a la readmisión en la empresa en las mismas condiciones que ostentaba, así como al pago del salario dejado de percibir desde que éste se produjo. Si no se produjera la readmisión, que en el caso del trabajador representante sindical es obligatoria, el magistrado de trabajo sustituirá esta obligación por la de indemnización por perjuicios derivados de la extinguida relación laboral, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la Empresa, condiciones del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades de encontrar nueva colocación adecuada, dimensión y características de la Empresa y circunstancias personales y familiares del trabajador, especialmente las de ser titular de familia numerosa, mayor de cuarenta años o minusválido. B) Despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento de la empresa Son objeto de despido en base a la capacidad profesional del trabajador o a las necesidades de funcionamiento de la empresa: la ineptitud del trabajador; originaria o sobrevenida, la falta de adaptación a la brecha tecnológica, o las faltas, aun justificadas, de asistencia al trabajo, que produzcan incapacidad continuada de larga duración. El procedimiento para el despido, así como el período de preaviso y los efectos del mismo apenas varían respecto del despido disciplinario, salvo que durante el período de preaviso del empresario al trabajador, a contar desde la notificación del mismo, permitirá al trabajador, sin pérdida de retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. 5. Derecho de sindicación Con mayores o menores mecanismos de control, desde hace más de un siglo que los trabajadores encontraron en el asociacionismo profesional, en el sindicato, el instrumento institucional básico para la defensa colectiva de los intereses de la clase trabajadora. La vieja ley republicana de 1934, había sido sustancialmente modificada por el sistema de sindicalismo vertical de la época de la Dictadura, regulado entre otras, por la ley sindical de 17 de febrero de 1971, que se encargaba de desarrollar la Declaración XIII del Fuero del Trabajo. Ahora, durante la transición, y bajo la pretensión de elevarlo a derecho fundamental y con futuro soporte constitucional, se aprueba la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, con la finalidad de orientar la protección legal de la libertad de asociación sindical de los trabajadores y empresarios, excepto militares y funcionarios públicos, para la defensa de sus intereses peculiares, sin

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otros límites funcionales que los inherentes a la naturaleza profesional de sus fines estatutarios y al deber de acatamiento de la legalidad (Texto 86). Se anticipa el legislador a la ratificación de dicho derecho reconocido primero en el Convenio nº 98 de la OIT, de 1949, y después en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ambos ratificados por España mediante instrumento de 13 de abril de 1977 (Texto 87). Bajo el principio de autonomía y autorregulación estatutaria, las asociaciones que se constituyan no podrán ser suspendidas o disueltas sino es mediante resolución del órgano judicial basada en la realización de las actividades determinantes de la ilicitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos, entendidas como ilegales, y cuyo procedimiento será desarrollado por Real Decreto 1048/1977, de 13 de mayo. Con posterioridad se reconocerá este derecho de sindicación a los componentes de las Fuerzas Armadas mediante Real Decreto Ley 10/1977, de 8 de febrero, y a los funcionarios públicos por Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio. V. A MODO DE EPÍLOGO: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 1978 Y LA APARICIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE 1980 Con la entrada en vigor de la ley que regulaba el derecho de asociación sindical y empresarial, se creó en junio de 1977 la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, como grupo de presión en el ámbito de las relaciones de trabajo y en defensa de los intereses de la patronal. Apenas unos meses después, el 25 de octubre de 1977 tiene lugar la firma de los llamados Pactos de la Moncloa, entre el Gobierno y los principales partidos políticos de ámbito nacional, con el objetivo de canalizar el movimiento obrero y direccionar la lucha social y sindical hacia la salida de la crisis inflacionista que vivía España. Las principales centrales sindicales como UGT y CCOO dieron el visto bueno a estos Pactos de la Moncloa, frente al a tibieza de la patronal. En el debate social se enfrentaban las posiciones de sindicatos y patronal, y en mitad del tablero de juego, la consolidación de los derechos sociales y laborales ya pre-constitucionalizados. El incremento del paro, la presión de la patronal para reducir dichos derechos laborales, hacía inevitable lo que los Pactos de la Moncloa pretendían evitar una huelga general promovida y secundada por UGT y CCOO, que tuvo lugar el 5 de abril de 1978. El paso decisivo para la consolidación actual de los derechos vinculados al ámbito laboral y de la Seguridad Social fue la Constitución de 1978. Sin perjuicio de que esta es una temática que excede de los objetivos marcados y fijados en esta monografía, y es objeto de análisis y estudio por los más doctos profesionales del Derecho del Trabajo, no queremos por ello, dejar constancia en estas páginas, a modo de epílogo final, cuáles fueron los principales derechos sociales constitucionalizados por el legislador español en nuestra actual Constitución de 1978, para así dimensionar el alcance que el legislador constitucional quiso otorgarle a los principios básicos que debieron ordenar las nuevas relaciones del trabajo, ya en el período democrático. Tras el reconocimiento expreso de la Constitución republicana de 1931, de una serie de derechos sociales y laborales, propios de una España configurada como República de

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Trabajadores, y que ya analizamos en el capítulo 8, la actual Constitución vigente de 1978 declara la concepción de España como un Estado social y democrático de Derecho. En sintonía con esta concepción, la Constitución se alinea en una serie de derechos fundamentales y libertades públicas de orden social y laboral, así como en una serie de derechos y deberes y principios rectores de política social y económica, entre las que se enumeran multitud de derechos, deberes y principios en materia laboral (Texto 90). Entre otros cabe destacar el artículo 28, que consagra como derecho fundamental el derecho de sindicación y huelga para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, no en vano, ya desde el Título preliminar de la propia Constitución se reconocía a los sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios como una de las tres instituciones básicas de la sociedad española, junto con los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Entre los derechos y deberes de los españoles destacan los constitucionalizados en el artículo 35 que garantiza no sólo el derecho sino también el deber de trabajar, o el del artículo 37.1, sobre derecho a la negociación colectiva frente a la anterior regulación estatal de las condiciones de trabajo, con la idea de ir sustituyendo poco a poco la antigua regulación estatal de las reglamentaciones o las ordenanzas de trabajo, dictadas por el Ministerio de Trabajo, por una nueva regulación colectiva o fruto de la negociación de los interlocutores sociales. El apartado 2 de este mismo artículo 37, también constitucionalizaba el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Igualmente se constitucionalizaron como principios rectores de la política económica y social del Estado español, los que obligan a los poderes públicos a realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40.1), los de seguridad e higiene en el trabajo, limitación de la jornada laboral para facilitar el descanso, vacaciones periódicas retribuidas (art. 40.2), un régimen público de Seguridad Social (art. 41) o los que garantizan un sistema de pensiones para la tercera edad (art. 50). Estos derechos y libertades laborales constitucionalizados en 1978, y que obligan a todos los poderes públicos, sólo podrán ser suspendidos en caso de declaración de estado de excepción o de sitio, para lo que se exige que así sea declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados (art. 116.3). Finalmente, un pequeño apunte a la importante Ley 8/1980 de 10 de marzo por el que se aprobaba el Estatuto de los Trabajadores de 1980, modificado y refundido posteriormente en 1995, que acometió una regulación más completa de las relaciones de trabajo y la negociación colectiva, regulando las condiciones del contrato de trabajo y pretendiendo impulsar de forma definitiva un proceso de cambio que, aún así, ha sido muy lento y, según algunos autores, ha adolecido de la flexibilidad necesaria. El Estatuto de los Trabajadores se ha convertido en la norma principal de nuestro Derecho del Trabajo en los últimos 30 años, y en coherencia con él se han promulgado otras normas de gran importancia, como la Ley de procedimiento laboral o la Ley básica de empleo. Su estudio pertenece, sin embargo, a otra disciplina y una metodología diferente, pudiéndose poner fin con los primeros años de la Transición al estudio histórico de las relaciones y el derecho del trabajo que en esta monografía se pretende.

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BIBLIOGRAFÍA M.-R Alarcón Caracuel, “Derecho al trabajo, libertad profesional y deber de trabajar”, en Revista de Política Social, nº 121, Madrid, 1979, pp. 5-39. A. Garrorena, El Estado español como Estado social y democrático de Derecho, Murcia, 1980. J. Montalvo Correa, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Madrid, 1975. A. Montoya Melgar, “La aplicación temporal de la Ley de Relaciones Laborales”, en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, I, 1977, pp. 9-26. http://revistas.um.es/analesderecho/ issue/view/7181 “Ejercicio y garantías de los derechos fundamentales en materia laboral”, en Revista de Política Social, nº 121, Madrid, 1979, pp. 315-345. M. Rodríguez-Piñero, “El principio de igualdad y las relaciones laborales”, en Revista de Política Social, nº 121, Madrid, 1979, pp. 381-414. A. V. Sempere Navarro, “El derecho de huelga en el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo”, en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, I, 1977, pp. 141-151. http://revistas. um.es/analesderecho/issue/view/7181 VVAA. Diecisiete lecciones sobre la ley de relaciones laborales, Madrid, 1977.

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SELECCIÓN DE TEXTOS Texto 1. Cicerón (106-43 a.C.), De Oficiis. He aquí cómo se distingue entre las profesiones y las diversas maneras de obtener ganancias, las que son liberales y las que son sórdidas. Ante todo, se desprecia todo provecho odioso: tal es el de los exactores, de los usureros. Después, se consideran como innobles y despreciables las ganancias de los mercenarios y de todos aquellos a quienes se paga por sus trabajos y no por sus talentos. Porque para éstos su salario es el precio de una servidumbre. También debe hacerse poco caso de los revendedores al por menor; sus beneficios se basan en la mentira.Y la falsedad es lo más bajo que existe en el mundo. Los oficios que merecen menos estima son los que sirven a los placeres del cuerpo; tales son, según Terencio: pescadores, carniceros, cocineros, tocineros. Pon si quieres entre ellos a los perfumistas, los histriones y todos los que viven de los juegos de azar. En cambio, el ejercicio de las profesiones sabias de las cuales la sociedad obtiene grandes ventajas, como la medicina, la arquitectura, la enseñanza de las artes liberales, es honorable para aquellos a cuya categoría conviene. Despreciemos el comercio, si se hace a pequeña escala; pero si es importante y copioso, si hace circular mercancías por doquier y si se efectúa sin fraude, ya no debe ser reprobado… Pero de todos los medios de adquirir, la agricultura es el mejor, el más fecundo, el más dulce, el más digno del hombre libre. Texto 2. Ley que regulaba una modalidad de contrato agrícola por la que se entrega una parcela para cultivo mediando un canon como pago. Liber Iudiciorum, X, 1, 11, Antiqua. Ut, qui terras ad canonem accipit, placitum Servet. Terras, que ad placitum canonis date sunt, quicumque suscepit, ipse possideat et canonem domino singulis annis, qui fuerit definitus, exolvat; quia placitum non potest inrumpi. Quod si canonem constitutum singulis annis inplere neclexerit, terras dominus post suo iure defendat; quia sua culpa beneficium, quod fuerat consecutus, amittit, qui placitum non implesse convincitur. Traducción: Fuero Juzgo, X,1,11: Que aquel que toma heredat a plazo, debe guardar el plazo. Las tierras que son dadas por ciertas rentas, el que las toma pague la renta al señor cada año como conviene. E si la renta no pagare cada año, el señor puede tomar su tierra quitamientre. Ca aquel la pierde por su culpa, que non quiere pagar lo que prometió. Texto 3. Regulación del tipo de interés en los préstamos de productos agrícolas. Liber Iudiciorum, V, 5, 9, Antiqua. De usuris frugum Quicumque fruges aridas et humidas, id est: vinim et óleum, vel quodcumque annone genus alteri commodaverit, non plus ab eo propter usuram quam tertiam partem accipiat; id est, ut super duos modios qui accepit tertium reddat. Traducción: Fuero Juzgo, V, 5, 9: De las usuras del pan. Qui en presta pan o vino o oleo o otra cosa de tal manera, non debe aver más por usura de la tercia parte, assi que si tomare dos moyos (medida de capacidad) de III a cabo del año.

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Texto 4. Patrocinio y clientela en el mundo visigodo. Liber Iudiciorum, V, 3, 3, Antiqua. De rebús in patrocinio acceptis et conquisitis. Ita ut supra premissum est, quicumque patronum suum reliquerit et ad alium se forte contulerit, ille, cui se conmenda verit det ei terram: nam patronus, quem reliquerit, et terram et que ei debit obtineat. Traducción: Fuero Juzgo, V, 3, 3. De las cosas que son ganadas en la lid e de lo que da el señor. Assi cuemo es dicho en la ley de suso si algun omne en defendimiento de su señor gana alguna cosa con él, si non le quisiere ser fiel, o lo quisiere desamparar, el señor debe aver la meetad de quanto ganó con él, e demás todo quantol diera, hy el otra meetad debe aver aquel que lo ganó. Texto 5. Código de las Siete Partidas. Libro II, Título XX, Ley V. Qué partimiento ha entre labor e obra Lavor e obra como quier que sean fechas por maestría, departimiento ha entre ellas, ca labor es dicha, aquellas cosas que los hombres fazen trabajando en dos maneras. La una por razón de la fechura. La otra por razón del tiempo, así como aquellos que labran por pan, e por vino, e guardan sus ganados, o que fazen otras cosas semejantes destas, en que resciben trabajo, e andan fuera por los montes o por los campos, e han por fuerça e sofrir frio e calentura, segund el tiempo que faze. E obras son las que los omes fazen estando en casas, o en lugares encubiertos, así como los que labran oro, e plata, e fazen monedas, e armas, e armaduras, e los otros menestrales, que son de muchas maneras que obran desta guisa, maguer ellos trabajan, por sus cuerpos, non se apodera tanto el tiempo dellos, para fazer les daño, como a los otros que andan fuera. E por ende, a estos llaman menestrales, e a los otros labradores. Pero porque estas cosas han de fazer por maestría, e por arte, conviene que los que las fizieren, deven guardar tres cosas. La primera, que las fagan lealmente, de aquello que conviene, non cambiando las cosas de que las fazen, ni las falseando. La segunda que las fagan complidas, non escatimando nin menguando en ellas. La tercera que sean acuciosos en fazerlas, trabajando e afanando, e faziendo y todo su poder, porque las fagan bien, e sabiéndose aprovechar de los tiempos… Texto 6. Código de las Siete Partidas. Libro V, Título VII, Ley II. Cotos e posturas ponen los mercaderes entre sí, faziendo juras e cofradías, que se ayuden unos con otros, poniendo precio entre sí, por quánto den la vara de cada paño e por quánto den otrosí el peso e la medida de cada una de las cosas, e non menos. Otrosí los menestrales ponen coto entre sí por quánto precio den cada una de las cosas que fazen en sus menesteres. Otrosí fazen posturas que otro ninguno non labre de sus menesteres, sino aquellos que ellos reciben en sus compañías, e aunque aquellos que así fueren recebidos, que non acaben el uno lo que el otro oviere començado. E aun ponen coto en otra manera, que non muestren sus menesteres a otros, sino a aquellos que descendieren de sus linajes dellos mismos. (….) Cofradías e posturas e cotos como estos sobredichos nin otros semejantes dellos non sean puestos sin sabiduría e otorgamiento del rey. Texto 7. Condiciones de trabajo de los viñeros. Fuero de Soria. Leyes 206-216. Ley 206. Los obreros de las viñas salgan de la lavor a campana connosçida et non ante; en la villa a la campana de San Juan de Muriel, et en las aldeas a la campana mayor del pueblo. Et el obrero que ante salliere de la lavor, salvo si fuere acabada, que pierda el jornal. Et si el logador no pagare el loguero en ese mismo dia, quel peche al obrero el loguero doblado.

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Ley 207. El obrero que labrare en las viñas, labre con su açada, et ninguno non lo coja en otra manera; et si lo cogiere et açadal diere, peche V ss, por cada obrero aquí diere açada, sil fuere firmado; sinon, demandare, et la otra mitad a los alcaldes que yudgaren las vinnas. Esta misma pena peche el obrero que labrare con açada agena. Esto que es dicho de los obreros, esso sea de los podadores, que vayan con su foz cada uno. Ley 208. Despues de la Navidad por el danno que fuere fecho ante que las viñas ssean vendimiadas, ninguno non sea tenido de responder. Et otrosi, el viñadero non sea tenido de responder por el daño que en su tiempo fuere fecho; ni el señor de las viñas por los pennos que toviere et fasta aquel dia non fueren redimidos. Ley 209. Si alguna viña entrada et exida non oviere, aquel cuya fuere la viña enplaze a los axercanos pora ante los alcaldes mayores. Et el cabildo de los alcaldes den dos alcaldes dellos que vayan a ver lugar et den carrera a la viña por aquel lugar o menos danno será; et después que asi fuere dada la carrera, si alguno la deffendiere, peche V mr, por la osadía, la meatad aquel aquí fuere dada la carrera et la otra meatad alos alcaldes; et dexe la carrera. Ley 210. Vinna que non fuere en pago, si çerrada non fuere de cinco palmos en alto et tres en ancho, non coia pecho su señor della, sinon como por mies en todo tiempo; et si fuere çerrada como dicho es, que coja pecho assi como si fues en pago. Por viña yerma que non es cavada nin podada, non coja por ella calonna ninguna, si non fuere en pago. Ley 211. Qui çepas ni sarmientos aduxiere fastal dia de Sancta Maria de setiembre, peche V ss, a los alcaldes que yudgaren las viñas; et esto ssea en la villa et non en las aldeas. Ley 212. Del dia de Sant Miguel en ocho días vendimien en las aldeas qui quisiere; et del dia de Sant Miguel en quinze días vendimien en la villa que quisiere. Qui ante vendimiare vinna que ssea en pago, peche V ss, a los alcaldes que yudgaren las vinnas. Pero si fiziere friura por que las vinnas non maduraren tan ayna, que ssean puestas las vendimias a voluntad del concejo. Ley 213. El vinnadero aya por soldada, por su trabajo, de cada arençada I dinero. Pago dezimos V arençadas que se tengan en uno o dent assuso; dent ayuso, non es pago. Ley 214. Des que las viñas fueren vendimiadas fastal primero dia del anno, si buey o cavallo u otro ganado mayor o puerco en viña entrare, peche su señor por cada cabeça un dinero; si fueren ovejas o cabras, peche por cada cabeça I meaia. Ley 215. Por todo danno que de noche fuere fecho en las viñas, ssea la calonna doblada en todo quando sobredicho es, en todo tiempo. Ley 216. El viñadero non responda a ninguno por el daño de las viñas que demandiere por sospecha, mas el señor de la viña puédalo demandar, et el demandado salvese fasta V mencales por su cabeça, et dent assyso salvese segund la quantia de la calonna que fuere demandada. Et el señor de la viña, quier sea de la villa, quier de las aldeas, non faga salva ni firma contra el. Texto 8. Oficios menestrales en el Fuero de Andújar. Título DCXXXV. De los maestros de las obras. Otrosy mando que sy el maestro alguna obra començare así como es torre o iglesia o portal o casa o molino o viña o otra obra qualquier, cúmplala según el paramiento fiziere, e si non, peche el aver que tomare doblado. E sy por aventura ante que la obra se cumpla muriere el maestro, aquél que lo suyo herede tome lo que el maestro oviere meresçido e sy demás oviere tomado, tórnelo. E esto fecho, el señor de la obra demande otro maestro, e si non oviere quien lo suyo herede, los sobrelevadores pechen lo que demás oviere tomado. El maestro que al plazo que pusieren con el señor de la obra non la oviere fecha, peche el aver que oviere tomado doblado. Otrosy, si el señor de la obra si non pagare el aver al plazo, péchelo doblado.

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Título DCXXXVI. De los carpinteros. Sy el carpintero o el maestro que faze las paredes o el que cubre las casas mala obra fiziere en casa ajena, enmiéndela; e sy daño aviniere por ende, refágalo doblado. Título DCXXXVII. De los ferreros et de los ferradores. Sy el ferrero bestia ferrare o enclavare, péchela si licencia viniere por ende, e si ante de IX días la bestia la feradura perdiere, el ferero fiérela adecado. Por la bestia cavallar ferar, prenda el ferero I sueldo, por la bestia mular quarta, por asno VI dineros. Si el señor de la bestia feradura oviere, échela el ferero pro I dinero e si non quisiere, peche I maravedí al almotaçen e al querelloso otrosy. Sy el ferero a cada reja o foz podadera o foz otra o segurón o otra feramienta quebrada vendiere por sana, refágala por jura del comprador en aquel día o déle sus dineros; mas si el ferero non quisiere tornar los dineros nin por fazer la feramienta, préndele el almotaçen por V sueldos e pártalos con el querelloso, así como fuero es. Otrosy, si el ferero si al día que pusiere la obra non diere fecha, doble la señal que tomare; e si azero o fiero canbiare, peche V sueldos, e si non, jure e sea creydo. Título DCXXXVIII. De los orebzes (orfebre). El orebze prenda el oro e la plata a peso e délo a peso; e sy alguna cosa mesclare al oro o a la plata, péchela como ladrón sy vençido fuere, e si non, sálvese según que valiere el daño que fiziere. E si la obra mal la fiziere o quebrantare piedras o canbiare, peche otrosy. E todo orebze obre el marco de la plata por III mencales et según desta cuenta sea obra de todo aquellos que más fuere o menos. Título DCXXXIX. Del fuero de los zapateros. El carpintero (çapatero) que çapatos de carnero vendiere por cabrunos o sardón por cordobán o badana por guadamecí, peche I maravedí al querelloso e al mayordomo de los çapateros, si el querelloso firmar pudiere, e si non, sálvese como fuero es. Qualquier que suelas o abarcas canteare, peche I maravedí al mayordomo otrosy. E todo çapatero que al día del plazo la obra non diere fecha, pierda la señal doblada. Otrosy el comprador que a la ora que pusiere non pagare el preçio, pierda la señal e el çapatero venda la obra a quien él quisiere. Aun el çapatero que los çapatos mal los cosiere e por la costura fallesçieren, cósalos fasta que la suela sea rrota sin preçio ninguno, e si non lo quisiere fazer, préndele el mayordomo por I maravedí e el mayordomo fágale los çapatos coser; e si el mayordomo justicia non quisiere fazer, préndele el almotaçen. Otrosy prende a aquél que el mayordomo non pudiere. Título DCXXXX. De los pellejeros. Sy el pellejero pelleja canbiare, péchela como ladrón. E el pellejero que las pellejas mal las confechare o mal las reparare, peche el daño, e si la costura fallesçiere ante que la piel se rrompa, el pellejero cójala sin preçio, e si non lo quisiere fazer, peche V sueldos al almotaçen e al querelloso. Otrosí, si el pellejero al día que pusiere non diere la obra fecha, peche la señal doblada, e si non toviere la señal, peche I maravedí. E el señor de la obra si al día que pusiere non pagare al pellejero, dé el preçio doblado; e sabida cosa sea que el pellejero ninguna cosa non ha de retener de ventriscas nin de pellejas nin de otras tajaduras. Título DCLXI. De los alfayates. Sy el alfayate alguna cosa furtare de las cosas que le dieren a obrar o a cambiar, péchela como ladrón, ca si tales ay dellos que a las vegadas suelen tomar de los lomos de las pieles e a las vegadas del paño; mas si el señor el daño non podiere probar, sálvese el alfayate como por furto según que valiere el daño. E si en el tayar la dañare, péchela.

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Otrosy, si la vestidura mal apuesta la fiziere o la manzellare, péchela. Otrosy el alfayate de tajaduras nin de cabeçones de los vestidos non prenda nada por costumbre. Sy el alfayate alguna cosa perdiere de lo que le dieren a obrar, péchela e non prenda de lomos nin de pellejas nin de cabeçones, ca todo es de los sennores e de los vestidos. El alfayate si non diere el vestido fecho al día que pusiere, peche I maravedí al almotacén e al querelloso. Título DCLXII. De los texedores. Sy el texedor fillado ajeno canbiare e el querelloso probar pudiere, péchelo doblado e pierda el preçio del texer. Otrosy, después que el paño fuere texido, rréndagelo a su señor enxuto e linpio e aquella pesa que en ante file pesado; e si en ante el paño fue pesado e si el paño menguado fuere de cobdos o de pesa, peche el menoscabo doblado. Otrosy, si el paño mal lo texere, péchelo doblado o si non lo diere al día del plazo. Otrosy, si el señor del paño después que el texedor dixere que lo quite en aquel día non le pagare, peche el preçio doblado. Título DCLXIII. De los picoteros. El picotero prenda por la tela texida e tinta e tendida II mencales e la tela aya en el leugo veinte cañas e anplo II cañas; e mas la bora del tender sea del señor de la tela. El picotero si al día sabido non diere la tela texida, tinta e tendida e aparada, peche X maravedís, e ál tanto peche qualquier que la tela tendiere en clavos o con carillo. Aun el picotero que tuviere más de tres telas ensenble, peche II maravedís; e esto por tanto lo deximos que quanto muchas telas tiñíen ensenble non puede ser, que non se quemen. El picotero que tela canbiare o quemare, peche X maravedís e el daño doblado. E la tela debe ser ordida a X ovillos e aya la ordedura LXX e VIII cuerdas, e la cuerda aya C filos. Título DCXLIIII. De los tenderos de las telas. De los tendedores de las telas e de los tintores al presente non dezinos ninguna cosa, ca ellos deven responder a los texedores por el daño que en las telas fizieren, así commo si la tela fuere rrompida o mal tendida o contra el fuero tendida. E los texedores han de rresponder a los señores de las telas. E debemos saber que por todas estas calonnas el almotacén á de prendar. Título DCXLV. De los vinadores. Los vinadores et los que las tabernas tovieren vendan al coto del conçejo, e si alguno quebrantare el coto del conçejo peche II maravedís. Otrosy, todo aquél que vino aguado vendiere, peche II maravedís, sy probargelo pudieren, e si non, sálvese con II vecinos. E tabernero que con otra mesura mesurare si non con rredonda que no ay arrostro, peche II maravedís. Otrosy, si el tabernero non fiziere rrevertir la mesura teniéndola firme e derecha, peche II maravedís; más las rreverteduras son del comprador. El que vino mesurare si el pulgar metiere en la medida, peche II maravedís. Título DCXLVII. De los levadores. Los levadores e los que las cargas trayeren llaman por do vayan por las calles e por las plaças que non fagan daño. E sy por aventura daño fizieren rompiendo alguno o en enpellando, péchelo. Enpero, si el levador firmar pudiere que clamando andava asy que oyr lo pudiesen, el que el daño prisiere non peche nada. Título DCXLVIII. De los tejeros e de la forma de los ladrillos. Los tejeros de las tejas e de los ladrillos e de las tejas fagan las tejas de dos palmos en luengo en en el cabo más palmo medio, e al cabo más es echo I palmo e I mano; e aya en grueso quanto el artejo del pulgar ha en luengo; e sean cochas asy que nin pluvia nin yelo non las desfaga. E si alguna ante del año conplido fallesçiere por esta manera, el tejero lo peche e el millar véndese por V mencales.

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La forma de los ladrillos aya en ancho II dedos e sean bien cochos. E sy por mal cochos ante del año fallesçieren los ladrillos, péchelos el tejero. E el millar de los ladrillos vala IIII mencales e non más. E sy por aventura pasare deste mandamiento, peche X maravedís al almotacén e al querelloso. El tejero que al plazo que pusiere non pagare las tejas o los ladrillos, péchelos doblado. Título DCXLIX. Del fuero de los olleros. Sy el ollero mal coziere las ollas o los otros vasos e por mal cohos fallesçieren, péchelas. E quantos açumbres copiere la olla o el cántaro o la tinaja por tantos dineros se venda e non más. Otrosy, sy por çivera las vendiere las ollas, venda a razón commo a dineros valieren asy como avemos dicho. Aquél que a este coto non quisiere vender, peche I maravedí al almotacén e al querelloso. Título DCL. Del fuero de los carniçeros. Sy el carniçero carnes mortezinas o de ovejas enfermas o de puerco o carne de cabra a vuelta de la de carnero o carnes pudrientas o fedientes con las frescas vendiere, peche X maravedís. Título DCLIII. De los espeçieros e rrevendedores. De los tenderos e rrevendedores de las espeçias, mando que conpren e vendan todas sus mercaduras al coto del consejo. E qualquier rrevendedor o carniçero o vinador o pescador o alfayate o çapatero o pellejero o texedor o qual menestral quiere que el coto non toviere, peche II maravedís, sy provargelo pudieren, e si non, sálvese con XII vecinos e sea creydo. Texto 9. Conflictos entre agricultores y ganaderos de la Mesta. Cortes de Madrid de 1339. 32. Otrosi, Señor, fue la vuestra merçed de dar a la mesta de los pastores alcalde e escribano apartado por si e que quando alguna demanda quisieres fazer alguno de los pastores a otro qualquier de la vuestra tierra, que la demandase ante este alcalde e escribano, e que fuese y con ellos un alcalde ordinario de cada lugar e un escribano público porque veyesen como pasava; más que este alcalde ordinario que no judgase nin el escribano non ffeziesse ffe, e los pastores que veniesen probando su entençion con dos pastores; e este alcalde de la mesta e los dichos pastores andan demandando nuevamente cañadas en los lugares do nunca las ovo nin fue acostumbrado en tiempos de los reyes onde vos venides ni en el vuestro fasta aquí, et quieren las abrir. Et esto fazen todo por rremedir la vuestra tierra; et por esta razón llevan grand algo de las vuestras villas e lugares de cada anno, por la qual razon señor bien a vos gran deservicio e a los de la vuestra tierra gran daño; porque vos pedimos por merçed, Señor que tengades pro bien de mandar que los lugares do non ovo cañadas desde el tiempo del rey don Alfonso vuestro bisabuelo aca, quelas non aya agora nin daqui adelantre nin las puedan abrir. Otrosi allí do las ovo cañadas antiguamente, que pasen por aquellas e que non abran otras algunas. Et si en algunas tierras o lugares ovieren algunas cañadas de abrir o ensanchar, que las abran e las ensanchen sin pena e sin caloña ninguna et por aquellos lugares do ffue siempre acostunbrado e lo más ssin danno que sser pueda para la vuestra tierra. Et non como las quieren abrir por nos cohechar por medio de las mejores huertas e viñas e heredades e por las aldeas mismas. Otrosi el alcalde ordinario e escribano público de qualquier lugar que con ellas estudiere, que pueda oir e judgar e el escribano fazer fe en todos los pleitos que demandaren los pastores con el alcalde e escribano de la mesta de los dichos pastores. Et la parte que se agraviare que pueda aver alçada para ante vos porque el derecho de los de la vuestra tierra non se esperça. Et fallaredes en verdad, señor, que todo lo que lievan dela vuestra tierra por conffecho, que lo parten entresi alcalde e escribano e personero de los dichos pastores. Responde el Rey que tiene por bien que quando el alcalde de los pastores oviere a judgar algunt pleito, que el alcalde de la villa que esté y que ssea en judgar con el en aquellos pleitos

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que pertenesçen a los pastores e a las cañadas, e que en el lugar do se acaesçiere el alcalde, que el escribano público daquel lugar que pueda dar ffe en los pleitos que sobre esto acaesçieren. Otrosi que el alcalde o los alcaldes de los pastores, quando ovieren de abrir cañadas, quelas abran por aquellos lugares do ffue acostunbrado de abrir antiguamente e las non abran por aldea nin por lugar poblado nin por viñas nin por huertas plantadas, maguer digan que por allí fue la cañada, que la abran por otro lugar que non ssea poblado ni plantado como dicho es. E daqui adelante que guarden las cañadas abiertas. E las que se abrieren segund dicho es, que las non enbarguen nin planten en ninguna manera. Texto 10. Contrato de servicios a día. Ordenamiento de Menestrales dado en las Cortes de Valladolid. 1351, ley 9. Los peones y obreros y obreras y jornaleros, que salgan a las plazas desde cada lugar donde son moradores y acostumbran a alquilarse, al despuntar el alba, con sus herramientas y sus viandas, de manera que salgan de la villa o del lugar para hacer las labores a que fueron alquilados, en saliendo el sol.Y que trabajen todo el día.Y salgan en tal tiempo de dichas labores, que lleguen a la villa o lugar donde fueron alquilados, al ponerse el sol. Texto 11. Tasa de salario en el oficio de ama de cría. Ordenamiento de Menestrales dado en las Cortes de Valladolid. 1351, ley 17. E que den a las amas que han a criar las criaturas e fijos ajenos, por su soldada por un año, sesenta maravedíes a cada una, si lo criare el ama en su casa; et si se avenieren que estén et los crien en casa de los padres de la criaturas, que les den çinquenta mr, a cada una por su soldada al año. Texto 12. Sanción administrativa por el incumplimiento de la Tasa de salario. Ordenamiento de Menestrales dado en las Cortes de Valladolid. 1351, ley 45. Otrossi mando et tengo por bien que los otros omes que ovieren menester los labradores para labrar en sus heredades et fazer otras cosas con las sus faziendas ovieren alquilar maestros o vestias, o vinieren a comprar algunas cosas de las sobredichas, que non den mayor preçio de lo que en este ordenamiento se contiene. Et qualquier que mayor quantia diere, o fuere o pasare contra lo que en este ordenamiento se contiene o contra parte de ello, que peche por la primera vegada cinquenta mr., et por la segunda vegada cien mr., et por la tercera vegada dozientos mrs; et dente adelante por cada vegada dozientos mrs. Texto 13. Martín de Azpilicueta, Comentario resolutorio de cambios, 1556. Todas las mercaderías encarecen por la mucha necessidad que ay, y poca quantidad dellas; y el dinero en quanto es cosa vendible, trocable o conmutable por otro contrato, es mercadería, por lo susodicho, luego también él se encarece por la mucha necessidad y poca quantidad dél... siendo lo al ygual, en las tierras do ay gran falta de dinero, todas las cosas vendibles, y aun las manos y trabajos de los hombres se dan por menos dinero, que do ay abundancia dél, como por la experiencia se ve que en Francia, do ay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, el vino, paños, manos y trabajos de los hombres; y aun en España, el tiempo que avia menos dinero, por mucho menos se davan las cosas vendibles, las manos y trabajos de hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieran de oro y plata. Texto 14. Tomás de Mercado, Summa de tratos y contratos, Sevilla, 1571. Es de advertir, no ser lo mismo el valor y el precio del dinero y su estima. Ejemplo clarísimo es esto, que en las Indias vale el dinero lo mismo que acá (conviene a saber) un real,

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treinta y cuatro maravedís; un peso de minas, trece reales, y lo mismo vale en España. Mas aunque el valor y precio es el mismo, la estima es muy diferente en entrambas partes: que en mucho menos se estima en Indias que en España (...). Tras las Indias, donde en menos se tiene es en Sevilla, como Ciudad que recibe en sí todo lo bueno que hay allá, luego las demás partes de España. Estímase mucho en Flandes, en Roma, en Alemania, en Inglaterra. La cual estima y apreciación es causa lo primero de tener gran abundancia y penuria de estos metales y como en aquellas partes (de las Indias) nace y se coge, tiénese en poco [...]. Clarísimo ejemplo de esto es que aun dentro de España (siendo los ducados y maravedís el mismo valor) vemos que en mucho más tienen mil ducados en Castilla que en Andalucía.Y aun en la misma ciudad, por la diversidad de los tiempos, hallamos el mismo discrimen: que ahora treinta años era gran cosa doscientos mil maravedís, que en la hora presente no se estiman en nada, con ser los maravedís de un mismo precio. Pues, la diferente reputación que han hecho los tiempos dentro de un mismo pueblo en la moneda por varios sucesos, causan las razones que dije en un mismo tiempo en diversos reinos. Texto 15. Miguel de Cervantes, Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, Perros del hospital de la Resurección, que está en la ciudad deValladolid, fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman los perros de Mahude, o El Coloquio de los perros, Madrid, 1613. Yo, señores, soy arbitrista, y he dado a Su Majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho y sin daño del reino; y ahora tengo hecho un memorial donde le suplico me señale persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus empeños; pero por lo que me ha sucedido con otros memoriales, entiendo que éste también ha de parar en el carnero. Mas porque vuesas mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio quede desde este punto público, le quiero decir que es éste. Hase de pedir en Cortes que todos los vasallos de Su Majestad, desde edad de catorce a sesenta años, sean obligado a ayunar una vez en el mes a pan y agua, y esto ha de ser el día que se escogiere y señalare, y que todo el gasto que en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos y legumbre que han de gastar aquel día, se reduzca a dinero, y se dé a Su Majestad, sin defraudarle un ardite, so cargo de juramento; y con esto, en veinte años queda libre de socaliñas y desempeñado. Porque si se hace la cuenta, como yo la tengo hecha, bien hay en España más de tres millones de personas de la dicha edad, fuera de los enfermos, más viejos o más muchachos, y ninguno de éstos dejará de gastar, y esto contado al menorete, cada día real y medio; y yo quiero que sea no más de un real, que no puede ser menos aunque coma alholvas. Pues ¿paréceles a vuesas mercedes que sería barro tener cada mes tres millones de reales como ahechados? Y esto antes sería provecho que daño a los ayunantes, porque con el ayuno agradarían al cielo y servirían a su Rey; y tal podría ayunar que le fuese conveniente para su salud. Este es arbitrio limpio de polvo y de paja, y podríase coger por parroquias, sin costa de comisarios, que destruyesen la república. Riyéndose todos del arbitrio y del arbitrante, y él también se riyó de sus disparates, y yo quedé admirado de haberlos oído y de ver que, por la mayor parte, los de semejantes humores venían a morir en los hospitales. Texto 16. José Pellicer de Ossau Salas y Tovar. Causas de estar tan arruinada España al tiempo que entró en el Gobierno el Rey nuestro Señor, 1641. Biblioteca Nacional, ms. 2.237, fols.138-144, en José María Sánchez Molledo, Arbitristas aragoneses de los siglos XVI y XVII, Zaragoza, 2009. 1. Vicios y demasías de los españoles. 2. No ver el rey por sus ojos los daños. 3. Odio de las naciones extranjeras.

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4. Falta de armas, gente, dineros y caballos. 5. Regalos y afeminaciones. 6. Extensión de la monarquía. Ser fuerza conservar las Indias, Nápoles, Sicilia, Milán y estados de Flandes. 7. Crecimiento de España en ciento veinte años con las Provincias Unidas, Portugal, las Indias Orientales y plazas de África. 8. Guerra fuera de España. 9. Alternada la esterilidad de frutos y otras veces la abundancia, por falta de quien los beneficie y gaste. 10. Demasías de trajes, peste antigua. 11. Rigor de pragmáticas y leyes. 12. Danse todos a tener rentas y juros. Dejar la labranza y oficios. 13. Comercio con extranjeros, gran daño. 14. Sacan los materiales y plata de España para siempre. Mayor perjuicio que el que los naturales se podrán hacer comerciando unos con otros, pues ya resultaría en provecho de alguno del reino, o se quedaría en él. 15. Matan y consumen a España con su misma prosperidad, fertilidad, flotas y remisión de alcabalas. 16. Esta prosperidad la chupa el extranjero y lleva a los enemigos arruinándolos contra ella, siendo de menos riesgo que se pierda. 17. Los extranjeros tenían más de un millón de juros, infinitos censos, toda la Cruzada consignada, gran número de prebendas, encomiendas, beneficios y pensiones. Todo contra las leyes de España y cláusulas del reino en la concesión de los dieciocho millones [del] año 1619. 18. Usaban y ejercían los extranjeros, más diligentes que los españoles, casi todos los oficios, ocupando los puestos de los moriscos, siendo tan importante vedarles estos ejercicios para llevar gran suma de España. 19. Sacaban materiales de mercaderías en lanas, sedas, hierro, tintes de España y de Indias, maderas, etc, contra las mismas leyes, en fraude de la abundancia, en mengua de los obrajes, en útil de los turcos y enemigos de la iglesia, donde los conducían. 20. Vuelven estos materiales labrados a España. Estorban el que no traigan otros de fuera en crudo, y cuando no los traigan pueden ir los de España a por ellos. 21. Vedar sacar la vena del hierro es condición 39 del Servicio de Millones concedido el año de 1619. 22. Estaño, plomo, cobre, latón, pastel, cera, corambre, algodón, madera, cerda, cáñamo, lino, cristal, acero, seda, colores, drogas y otras cosas se pueden sembrar, tener y beneficiar en España, viniendo en crudo. 23. La entrada de las sedas en tejidos es ruina de España, porque no se teje en ellas. Consintióse la entrada de los tejidos, no la seda en mazos, ni en torcidos, porque se gastase la que se cría en Granada, Valencia y Murcia, y fue de mayor daño, porque los tejidos y telas hechas de materiales podridos y falseados y difíciles de conocer. Resultó no tener en qué trabajar la gente pobre.Y cuando España abundase de materias útiles al enemigo, antes era mejor se perdiesen que vendérselas, que es clavar la artillería y arrasar la plata de mar. Con el no sacar de España nada, se verán obligados los cosecheros a beneficiar las cosechas y remediarse. 24. El comprar los extranjeros muy barato, porque tenían repartidos los árbitros para comprar y no dañarse unos a otros, así compraban solos a como querían, siendo los vendedores necesitados, no temen el que los pujase.

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25. La grande baja de las lanas, desde que no se labran en España. 26. No haber puesto en ejecución las leyes que prohíben la entrada de las mercaderías labradas. Seda de Calabria, Nápoles, Calicut, Turquía y Berbería. 27. Las mercaderías labradas extranjeras, causaron ocio y criaron holgazanes en España. Entumecieron y marcaron los ánimos después que entraron hechas papel, paños, cuchillos, y demás cosas. Porque como los oficiales españoles no vendían lo que labraban, cesaban en el trabajo, buscaban otro modo de sustentarse, o se estaban ociosos, en el mayor mal de los males, y la mayor guerra que puede hacer el enemigo es meter acá lo que impide trabajar, cosa que todas las naciones que lo consienten se arruinan. Las que lo previnieran, quedarán ricas. 28. Las mercaderías extranjeras empobrecen a España, por muchas causas: por el gran parte de obraje y fábrica. Unas traen a medias el obraje y el material, como las sedas. Otras, uno de material y diez o doce de obraje, como las lanas, linos, cáñamos, algodones, telas de oro y plata, y otras del género. Otras tienen un valor por la fábrica, siendo los materiales pobres, y que en España se arrojaban, como papel, pinturas y cosas de madera, y las de esta calidad. Con ellas sacaban [los] extranjeros toda la sustancia de España, y la empobrecen. Vese claramente que Francia, Flandes, Génova y Venecia, han enriquecido, labrando mercaderías, siendo pobres.Y España, rica de frutos y poderosísima en flotas, ha empobrecido por comprárselas y no labrarlas. Arrincónanse los comercios y tratos como los llevan Toledo, Burgos, Medina de Rioseco, Sevilla y demás pueblos mercantiles, y están ricos los de las fronteras de otros reinos, donde se contrata, como Bilbao, San Sebastián, y los de esta data. 29. Luego saberse de hombres prácticos que de las seis partes de hombres de negocios en España, los cinco eran extranjeros.Y en las Indias, de diez partes, nueve. Contra lo que establecieron nuestras leyes, que allá no negociasen extranjeros. 30. Sacan materiales y plata por fruslerías, juguetes y cosas superfluas, contra la ley de buen comercio, pues el comercio se estableció para tener lo necesario y llevar lo superfluo. 31. Con la entrada de los tejidos, se introdujo la variedad de trajes, y muchos no se casan, porque no pueden sustentarlos. 32. Como en España se perdió el uso de labrarlos, los venden a como quieren, porque son solos. Luego no duran, y vuelven a los mismos, a comprar otros, y todos entran sin veedor, contra las ordenanzas. 33. Con las mercaderías labradas, sacan los extranjeros veinte millones cada año. Esto en dos formas: Supónese en la primera, que unas ventas con otras, pagaban de alcabala a dos por ciento, ajustando las que pagaban ocho y diez con lo que no paga sino un cuartillo, lo que se beneficia de las rentas reales, y lo que gravaban recaudadores. El encabezamiento general de alcabalas se arrendaba en tres millones. Para pagar esto, era fuerza que el caudal de la negociación llegase a ciento cincuenta millones, en que los extranjeros negociaban más de ciento. De éstos, cuando la cuarta parte fuese de ventas originales, y las tres de los revendedores de mercaderías extranjeras, les quedaban a los extranjeros veinticinco millones, de los cuales quitando y rebajando el diezmo, que sacan de materiales y frutos (aunque no es la veintena parte), queda en limpio que llevan más de veinte millones. En la segunda forma se saca la consecuencia de este medio. Entraban en España en más de quinientos bajeles, más de dos mil quinientos géneros de mercaderías, siendo extranjero todo cuanto se gasta en Indias y en España, y poco el número de lo que no venía de fuera, pues hasta su cabello nos vendían en rodetes, y haciendo la cuenta que cuando en España y en las Indias no hubiese más de cien mil hombres y cien mil mujeres que sólo gastasen en trajes, gastos y menajes de casa cien ducados al año, montaban los veinte millones dichos. Añádase lo que gastan los Grandes, Títulos, Señores, Iglesias y Monasterios, pues ninguno dejaba de tener tapicerías, ropa blanca, vestidos, libros, cuellos y otras mercaderías, sin los pescados de fuera. Y haciéndose el

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cómputo de seis millones de personas que había en España, una con otra, a cuatro ducados, suman los veinte millones.Y esto es moderado respecto de lo que se saca, y nadie dirá que no quedo corto. 34. De lanas, de treinta lavaderos que había en España, sacaban más de quinientas mil arrobas. Costábales a menos de a tres ducados, que montan millón y medio poco menos. Volvíanlas a meter labradas, y solían vender a cien ducados la arroba.Y cuando no fuere más de quince ducados, suman siete millones y medio, defraudando que aquello que llevaban a otras provincias, estorbando el trajinarlas allá, si se labrasen en España. 35. De tapicerías entraban millón y medio, y con una arroba de lana basta, que a lo sumo valdría veinte reales, tejían cuatro paños que vendían a cincuenta reales cada una. Montan doscientos reales. 36. De sedas, un año con otro, que tejidas tenían mitad de material y mitad de obraje, tres millones. 37. Los lienzos bastos, todos eran extranjeros, valía una arroba de cáñamo a lo más doce reales. Conforme se vende la vara en los puertos, saldrá a diez ducados la arroba. De lo que entraban dos millones. 38. La lencería delgada, holandas, cambrayes, hilos, puntas, redes, entraban dos millones.Y no es mucho si vemos una vara de puntas valer tres ducados, y todo era fábrica mucha, y material poco. 39. El hierro y acero que entraba se valuaba en dos millones, en más de cien géneros de especies. Una arroba en el puerto valía cinco reales. Vuelto a entrar labrado, se vendía a ciento. [A] demás de traernos espadas falsas, que faltaban en la ocasión. 40. La mercería y buhonería, en más de mil géneros, se tasaba en tres millones, siendo todo superfluo e inútil. 41. De papel, entraban doscientas mil balas un año con otro, que se gastaban en imprimir, escribir y otros gastos. Cada bala tenía veinticuatro resmas, y cuando no se vendiese sino a diez reales cada resma, suman cuatro millones. El material de la arroba, tenía de costa sólo un real. 42. De algodón en fustanes, milanes y de los bocaires, se contaban dos millones de piezas. Que aunque no fuese más de cada una a dos ducados, hacen cuatro millones,Y cada pieza no tenía más de cuatro libras de material, que valían a lo sumo tres reales. 43. De telas listadas y jubetería, entraban un millón de piezas. Tásanse la mitad a dieciséis varas y la otra mitad a treinta y siete. Las más, a cinco ducados, y las otras a treinta y seis, y vendidas unas con otras a diez ducados, montan diez millones. 44. Bordados, telas de oro y plata, pasamanos de oro y plata hilada, se apreciaban en dos millones de piezas. Cada vara tenía dieciséis reales de material a lo sumo, y valía ocho o diez ducados. Cada onza de oro tenía tres reales de material y la vendían a doce, y hoy pasa por dieciocho y veinticuatro en puntas. 45. De pinturas al temple y al óleo, sobre el perjuicio que hacían a las costumbres las deshonestas, entraban un millón. 46. Los libros se apreciaban en casi otro millón, en que demás del inconveniente del dinero, había en los que venían de herejes, con notas y puntuaciones hebreas algunos, que sin poder antes ver el peligro, eran perjudiciales, y atrasó el arte de la impresión en España, y así se estimaban en más los impresos fuera por la ortografía, acentuación y puntuación. 47. Con lo cual se ajusta que sacaban de España cada año, y entraban de mercadería extranjera, cerca de treinta y cuatro millones. No teniendo de entrada cada flota, sino siete u ocho, con que habiendo venido en ciento veintiún años más de dos mil millones de oro y plata, registrados, y por registrar a lo menos ochocientos, se lo han llevado y chupado con estas sacaliñas.

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Y no entran en esta cuenta lo que se saca de todos los pescados, siendo de fuera del reino casi todo cuanto se come. Ni lo que se arranca de frutos y drogas y otros géneros, lo que llevan aguadores, mendigos, artífices, prebendados, pensiones, encomiendas, cambios, recambios, asientos con el rey y otras cosas que llegan a innumerables sumas. Texto 17. Ordenanzas de pintores, plateros (argenteros) y otros oficios de la ciudad de Pamplona, dadas en Pamplona el 23 de mayo de 1481. En el nombre de Dios. Como pertenezca a los regidores de las ciudades e buenas villas de componer a sus vecinos en sus oficios y buenos usos y costumbres y prevenir los estatutos y privilegios que de bien en mejor vengan en aumento y conservación de la República, por tanto, manifiesto sea a cuantos las presentes vieran y oyeran: Que nos, Juan de Redin (…), jurados regidores de la ciudad de Pamplona, certificados por relación de sus personas dignas de fe de como antiguamente los pintores y argenteros, cerrajeros (…), espaderos, puñaleros, estañeros, asteros, ballesteros y herreros, vecinos de la dicha ciudad de Pamplona, tenían sus ordenanzas en razón de los dichos sus oficios que ninguno que no hubiese hecho y cumplido sus años de aprendizaje en los dichos sus oficios y cada uno de ellos con amo dentro en esta dicha ciudad, no pudiese abrir ni parar tienda, ni vender por menudo en la ciudad. Y con esto, los dichos oficios eran servidos de buenos menestrales y buenas obras hasta que después, puede haber veinte años poco más o menos, causantes en parte las guerras y disensiones que han corrido en este reino, comenzaron a venir mozos guipuzcoanos, vizcaínos, franceses, alemanes y otras naciones, de ellos huidos y salidos a sus amigos sin cumplir sus años de aprendizaje ni saber el oficio, y se pone sobre sí a obrar de las obras tocantes a los dichos oficios y cada uno de ellos vender haciendo muy falsas obras en gran abatimiento de los dichos oficios y decepción de la República, mengua y daño de los otros menestrales expertos del dicho oficio. Sobre lo cual Nos, queriendo quanto podemos obrar a las malicias de los tales e semblantes defraudadores de la República, todos juntamente como estamos, ayuntados a sonido de campana en la casa de la jurería, según costumbre de la dicha ciudad en actos de Universidad con acuerdo de los buenos hombres de la dicha ciudad, establecemos y ordenamos que de aquí adelante a los tiempos a venir a perpetuo, ninguno ni alguno que no haya estado ni cumplido a lo menos seis años de aprendizaje con hombre de los dichos oficios, vecino de la dicha ciudad y habitante en aquel, no pueda ni aya de parar ni tener tienda ni vender por menudo, en la dicha ciudad de Pamplona, cosas algunas tocantes a los dichos oficios ni algunos dellos, ni obrar sobre sí. (...)Y si algún extranjero u otro quisiere venir a vivir en la dicha ciudad y quisiere usar en alguno de los sobredichos oficios y quisiere parar tienda, que ante todas cosas el tal haga representar ante los dichos regidores de la ciudad que de presente son o por tiempo serán, por los cuales dichos regidores o sus diputados el tal o los tales se hagan examinar a los maestros que son expertos en el dicho oficio, vecinos de la dicha ciudad, y si se hallare que sea suficiente para en el dicho oficio, que en tal caso haya de entrar como cofrade en la cofradía y jurar de tener y observar los estatutos y observancias de la dicha cofradía en la forma y manera que los otros cofrades (…). Texto 18. Ordenanzas redactadas por la cofradía de sastres, jubeteros y tundidores de Burgos, aprobadas por los alcaldes de la justicia local, mediante las que se prohíbe el trabajo en días festivos, de 28 de marzo de 1485. (J. D. González Arce, “De la corporación al gremio. La cofradía de sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1485”, en Studia histórica, Historia medieval, 25, 2007). En la muy noble e muy leal çibdad de Burgos, cabeça de / Castilla, cámara del rey e de la reyna, nuestros señores, a veynte e ocho días del mes de março, año del / nasçimiento de

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nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / e ochenta e çinco años. Este dicho día, en avdiençia de cárçel, / en las casas de la justiçia donde a la sazón estauan asenta/dos a juyzio Pedro de Burgos, e Juan de Liaño, e Francisco de / Ryaño, alcaldes que a la sazón risidían en la dicha çibdad, / e en presençia de mí, Ferrando de Santoris, escriuano público de la dicha çibdad por los dichos rey e reyna, nuestros señores, / e escriuano de los fechos del conçejo e cabsas criminales / de la cárçel de la dicha çibdad, por el honrrado Ferrando de / Cuevasrruvias, escriuano mayor, e de los testigos de yuso / escriptos, paresçió y! presente Bartolomé de Sant Martín, sastre, / en nonbre del prior e mayordomos e confadres de los sa/stres, e jubeteros e tundidores de la dicha çibdad, e dixo en / cómo a cabsa que algunos de los dichos ofiçiales, en / gran cargo de sus conçiençias, non temiendo a Dios nuestro señor, labrauan de sus ofiçios las noches vísperas de los domingos, e / de las pascuas, e de las otras fiestas de nuestra Señora e de / los apóstoles, yendo contra el segundo mandamiento que / nuestro Señor dyo, en que manda santificar las fiestas, e / avn non se contentauan en las dichas noches pero labraban / la mayor parte de los dichos días. E por ebitar tan grand / escándalo que dello se siguyría e por descargo de / sus conciençias, en su cabildo avían hordenado e otorgado las hordenanças syguientes: // En el nonbre de Dios nuestro señor, e de la Vyrgen santa María, su / madre, e de los bienaventurados apóstoles, a cuya re/uerençia hordenamos los sastres, e tundidores e jubeteros / esto que se sigue: Primeramente, hordenamos e mandamos que las tres pascuas ge/nerales del año, con cada dos días de las ochabas, non sean osa/dos ningunos sastres, ni jubeteros ni tundidores, así confadres conmo los / que non son confadres, de conmo entrare la viéspera de pascuas des/ pués de candelas ençendidas fasta los dos días de las ochavas / pasados non sean osados de labrar ellos, nin sus [ofiçiales nin] / sus obreros nin sus aprendiçes en los dichos ofiçios en estos / días sobredichos, so pena de trezientos mrs., la terçera parte para / la çibdad, e la terçera parte para el executor e la tercera parte para / los confadres que fueren sacados para pesquisar los que caye/ren en las dichas penas. / Otrosy, hordenamos e mandamos que después de candelas ençendi/das del sábado en la noche fasta el domingo en la noche, después / de candelas ençendidas non sean osados de labrar ningunos de los / sobredichos en los dichos ofiçios, so pena que por cada vega/da que fueren sabido que pague la pena susodicha, e sea / repartyda en la forma que dicha es. Otrosy, hordenamos e mandamos que los días de nuestra Señora de / santa María de agosto, e de santa María de setiembre, e de / santa María de las candelas y de santa María de março, / después de ençendiendo candelas en la víspera fasta / pasado el día aquella ora ninguno de los sobre/dichos ofiçiales, ellos nin sus criados, non sean / osados de labrar en los dichos ofiçios so la / dicha pena, e sea repartida en la forma que / arriba se contyene. Otrosy, ordenamos e mandamos que guarden los días / de los apóstoles, el día de año nuevo y el día // de los Reyes, e el día de sant Juan de junio, e el día de sant Justo / Pastor, y el día de Todos los Santos, y el día de Cuerpos Christo, / desde la víspera de cada vna de las dichas fiestas después / de candelas ençendidas fasta otro día aquella ora, / que ninguno de los sobredichos non sean osados de labrar / en los dichos ofiçios fasta el tienpo susodicho pasado, / so la pena susodicha, la qual sea partida conmo / dicho es. / Otrosy, hordenamos e mandamos que sy algunas ropas, / o jubones o otras ropas tocantes del dicho ofiçio / e paños de tondir, que non sean osados ningunos de los / dichos ofiçiales de lo dar a acabar a los judíos en las / dichas fiestas, synon que las dexen para otro día que / las acaben. E sy alguno lo pasare que pague / la dicha pena por cada vegada que en ello cayere e sea / repartyda en la forma susodicha. / Otrosy, hordenamos e mandamos que sean sacados dos perso/nas de los dichos ofiçios, sastres, e tundidores e jube/teros, los que más deligentes fallaren, para pesquisar e exe/cutar las dichas penas, e sean sacados de medio en me/dyo año, e sean juramentados quando los

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sacaren en pre/sençia de todo el cauildo que executarán bien e lealmente / las dichas penas a todos por ygual en los que fallaren / en culpa, e que los asyenten en vn papel y este papel / que le den quando renunçiaren al dicho ofiçio le den / al prior e sea firmado de sus nombres; e el prior / que jure de non fazer graçia de ninguno poner ni de parte della / a ninguno que en ella cayere, so la pena susodicha, e / que este prior dé cuenta de las penas que caben a la / çibdad. / Otrosy, hordenamos e mandamos que a estos esecutores les // dé el prior copia de todos los sastres, e jubeteros e tundidores / para que sepan en qué han de pesquisar, e quando en/ traren en casa de ofiçial e estos esecutores / les puedan tomar juramento a él, [e a sus ofiçiales], / e a sus obreros e aprentyzes para saber / la verdad, e sy non le quisyeren fazer que pa/ guen la pena sy en ella cayere él, o su muger, / o su obrero o su aprentys, e sy el obrero / non quisyere faser el juramento que non le / dé el maestro la soldada fasta que faga el / juramento, e sy gelo diere que pague por él / la pena susodicha, e sea repartida en la / forma que dicha es. Texto 19. Que estando la tierra pacífica el Gobernador reparta los Indios de ella. Felipe II a 1 de abril de 1580. Recopilación de Leyes de Indias, Libro VI, Título VIII, ley I. Luego que se haya hecho la pacificación, y sean los naturales reducidos a nuestra obediencia, como está ordenado por las leyes, que de esto tratan, el Adelantado, Gobernador o Pacificador, en quien esta facultad resida, reparta los Indios entre los pobladores, para que cada uno se encargue de los que fueren de su repartimiento, y los defienda y ampare, proveyendo Ministro, que les enseñe la Doctrina Christiana, y administre los Sacramentos, guardando nuestro Patronazgo, y enseñe a vivir en policía, haciendo lo demás, que están obligados los Encomenderos en sus repartimientos. Texto 20. Que los Encomenderos doctrinen, amparen, y defiendan a sus Indios en personas y haciendas. Carlos I a 10 de mayo de 1554. Recopilación de Leyes de Indias, Libro VI, Título IX, ley I. El motivo y origen de las encomiendas fue el bien espiritual y temporal de los Indios y su doctrina y enseñanza en los artículos y preceptos de nuestra Santa Fe Católica, y que los Encomenderos los tuviesen a su cargo, y defendiesen a sus personas, y haciendas procurando que no reciban ningún agravio, y con esta calidad inseparable les hacemos merced de se los encomendar, de tal manera, que si no lo cumplieren, sean obligados a restituir los frutos, que han percibido y perciben, y es legítima causa para privarlos de las encomiendas. Texto 21. Ley estableciendo que se puedan repartir Indios a minas. Felipe II en Madrid a 10 de enero de 1589. Recopilación de Leyes de Indias, Libro VI, Título XV, ley I. Declaramos que a los Indios se les puede mandar, que vayan a las minas, como no sea mudando temple, de que resulte daño a su salud, teniendo Doctrina, y Justicia, que los ampare, bastimentos de que poderse sustentar, buena paga de sus jornales y Hospital, donde sean curados, asistidos, y regalados los que enfermaren, y que el trabajo sea templado, y haya Veedor, que cuide de lo susodicho; y en quanto a los salarios de Doctrina, y Justicia, sean á costa de los Mineros, pues resulta en su beneficio el repartimiento de Indios; y también paguen lo que pareciere necesario para la cura de los enfermos.

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Texto 22. Que entre los Indios y Españoles haya comercio –y trabajo– libre a contento de las partes. Carlos I en Burgos a 6 de septiembre de 1523 y en Toledo a 21 de mayo de 1534. Recopilación de Leyes de Indias, Libro VI, Título I, ley XXIV. El trato, rescate y conversación de los Indios con Españoles, los unirán en amistad, y comercio voluntario siendo a contento de las partes, con que los Indios no sean inducidos, atemorizados, ni apremiados, y se proceda con buena fe, libre y general para unos y otros, y no se puedan rescatar, ni dar á los Indios armas ofensivas, ni defensivas por los inconvenientes que pueden resultar; y el que contra voluntad de los Indios en su descubrimiento, o después en otra forma, contra el tenor de esta ley, hiciere el contrato, incurra en pena de todo lo que así rescatare, o hubiere por esta razón. Texto 23. Sobre el libre establecimiento de fábricas y exercicio de qualquier industria útil. Decreto 262 de 8 de Junio de 1813. Las Cortes Generales y Extraordinarias, con el justo objeto de remover las trabas que hasta ahora han entorpecido el progreso de la industria, decretan: I. Todos los españoles y los extranjeros avecindados, ó que se avecinden en los pueblos de la Monarquía, podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de qualquiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten á las reglas de policía adoptadas, ó que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos. II.También podrán exercer libremente qualquiera industria u oficio útil, sin necesidad de exámen, título o incorporación a los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan a esta parte. (…) Dado en Cádiz a 8 de junio de 1813. Texto 24. Édit du roi portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, donné aVersailles au mois de février 1776. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et avenir, salut. Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d’autant plus besoin et le droit d’employer, dans touste leur étendue, les seules ressources qu’ils aient pour subsister. Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu’ont donné à ce droit naturel et commun des institutions anciennes, à la vérité, mais que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés de l’autorité, qui semble les avoir consacrées, n’ont pu légitimer. Dans presque toutes les villes de notre royaume, l’exercice des différents arts et métiers est concentré dans les mains d’un petit nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l’exclusion de tous les citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particulier dont ils ont le privilége exclusif; en sorte que ceux de nos sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent à l’exercice des arts et des métiers, ne peuvent y parvenir qu’en acquérant la maîtrise, à laquelle ils ne sont reçus qu’après des épreuves aussi longues et aussi pénibles que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouve consummée en pure perte. Ceux dont la fortune ne peut satisfaire ces dépenses sont réduits à n’avoir qu’une subsistance précaire sous l’empire des maîtres, à languir dans l’indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu’ils auraient pu rendre utile à l’état.

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Les citoyens de toutes les classes sont privés du droit de choisir les ouvriers qu’ils voudraient employer, et des avantages que leur donnerait la concurrence pour le bas prix et la perfection du travail. On ne peut souvent exécuter l’ouvrage le plus simple, sans recourir à plusieurs ouvriers de communautés différentes, sans essuyer les lenteurs, les infidélités, les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de ces différentes communautés, et les caprices de leur régime arbitraire et intéressé. Ainsi, les effets de ces établissements sont, à l’égard de l’état, une diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux; à l’égard d’une nombreuse partie de nos sujets, une perte de salaires et de moyens de subsistance; à l’égard des habitants des villes en général, l’asservissement à des privilèges exclusifs dont l’effet est absolument analogue à celui d’un monopole effectif, monopole dont ceux qui l’exercent contre le public, en travaillant et vendant, sont eux-mêmes les victimes dans tous les moment où ils ont à leur tour besoin des marchandises ou du travail d’une autre communauté. Ces abus se sont introduits par degrés. Ils sont originairement l’ouvrage de l’intérêt des particuliers, qui les ont établis contre le public. C’est après un long intervalle de temps que l’autorité, tantôt surprise, tantôt séduite par une apparence d’utilité, leur a donné une sorte de sanction. La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d’un même métier, de s’assembler et de se réunir en un corps. Il paraît que, lorsque les villes commencèrent à s’affranchir de la servitude féodale et à se former en communes, la facilité de classer les citoyens par le moyen de leur profession introduisit cet usage inconnu jusqu’alors. Les différentes professions devinrent ainsi comme autant de communautés particulières, dont la communauté générale était composée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissaient entre elles les personnes d’une même profession, leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s’assembler et de s’occuper dans ces assemblées, de l’intérêt commun des membres de la société particulière; intérêt qu’elle poursuivirent avec une activité continue, au préjudice de ceux de la société générale. Les communautés une fois formées, rédigèrent des statuts, et, sous différents prétextes de bien public, les firent autoriser par la police. La base de ces statuts est d’abord d’exclure du droit d’exercer le métier quiconque n’est pas membre de la communauté; leur esprit général est de restreindre, le plus qu’il est possible, le nombre des maîtres, et de rendre l’acquisition de la maîtrise d’une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. C’est à ce but que sont dirigés la multiplicité des frais et des formalités de réception, les difficultés des chefs-d’oeuvre toujours jugés arbitrairement, surtout la cherté et la longueur inutile des apprentissages, et la servitude prolongée du compagnonnage: institutions qui ont encore l’objet de faire jouir les maîtres gratuitement, pendant plusieurs années, du travail des aspirants. Les communautés s’occupèrent surtout d’écarter de leur territoire les marchandises et les ouvrages des forains: elles s’appuyèrent sur le prétendu avantage de bannir du commerce des marchandises qu’elles supposaient mal fabriquées. Ce prétexte les conduisit à demander pour elles-mêmes des réglements d’un nouveau genre, Tendant à prescrire la qualité des matières premières, leur emploi et leur fabrication: ces réglements, dont l’exécution fut confiée aux officiers des communautés, donnèrent à ceux-ci une autorité qui devint un moyen, non seulement d’écarter encore plus sûrement les forains comme suspects de contravention, mais encore d’assujettir les maîtres mêmes de la communauté à l’empire des chefs, et de les forcer, par la crainte d’être poursuivis pour des contraventions supposées, à ne jamais séparer leur intérêt de celui de l’association, et par conséquent à se rendre complices de toutes les manoeuvres inspirées par l’esprit de monopole aux principaux membres de la communauté.

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Parmi les dispositions déraisonnables et diversifiées à l’infini de ces statuts, mais toujours dictées par le plus grand intérêt des maîtres de chaque communauté, il en est qui excluent entièrement tous autres que les fils de maîtres, ou ceux qui épousent des veuves de maîtres. D’autres rejettent tous ceux qu’ils appellent étrangers, c’est-à-dire qui sont nés dans une autre ville. Dans un grand nombre de communautés, il suffit d’être marié pour être exclu de l’apprentissage, et par conséquent de la maîtrise. L’esprit de monopole qui a présidé à la confection de ces statuts a été poussé jusqu’à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur sexe, tels que la broderie, qu’elles ne peuvent exercer pour leur propre compte. Nous ne suivrons pas plus loin l’énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l’humanité et aux bonnes moeurs, dont sont remplis ces espèces de codes obscurs, rédigés par l’avidité, adoptés sans examen dans les temps d’ignorance, et auxquels il n’a manqué, pour être l’objet de l’indignation publique que d’être connus. Ces communautés parvirent cependant à faire autoriser dans toutes les villes principales leurs statuts et leurs privilèges, quelques fois par des lettres de nos prédécesseurs, obtenues sous différents prétextes, ou moyennant finance, et dont on leur a fait acheter la confirmation de règne en règne; souvent par des arrêts de nos cours, quelque fois par de simples jugements de police, ou même par le seul usage. Enfin, l’habitude prévalut de regarder ces entraves mises à l’industrie comme un droit commun. Le gouvernement s’accoutuma à se faire une ressource de finance des taxes imposées sur ces communautés, et de la multiplication de leurs privilèges. (…) Cette illusion a été portée, chez quelques personnes, jusqu’au point d’avancer que le droit de travailler était un droit royal, que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire le ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice, et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d’affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce inaliénable de l’humanité. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l’indigent de vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui son travail a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche; qui éteignent l’émulation et l’industrie, et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances éloignent de l’entrée d’une communauté; qui privent l’état et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent les progrès de ces arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs, auxquelles différentes communautés disputent le droit d’exécuter des découvertes qu’elles n’ont point faites; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les saisies multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenses et dissipations de tout genre, par les procès interminables qu’occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l’étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l’industrie d’un impôt énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l’état; qui, enfin, par la facilité qu’elles donnent aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à supporter la loi des riches, deviennent un instrument de monopole et favorisent des manoeuvres dont l’effet est de hausser, au-dessus de leur proportion naturelle, les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple (…).

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Art. I. Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même à tous étrangers, encore qu’ils n’eussent point obtenu de nous des lettres de naturalité, d’embrasser et d’exercer dans tout notre royaume, et nommément dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d’arts et métiers que bon leur semblera, même d’en réunir plusieurs: à l’effet de quoi nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes. Abrogeons tous priviléges, statuts et règlements donnés auxdits corps et communautés, pour raison desquels nul de nos sujets ne pourra être troublé dans l’exercice de son commerce et de sa profession, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être (…). Texto 25. Habilitación para obtener empleos de República los que exercen artes y oficios, con declaración de ser estos honestos y honrados. Real Cédula del Consejo de Carlos III de 18 de marzo de 1783. Novísima Recopilación de las Leyes de España, libro 8, título 23, ley 8. Declaro, que no solo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos y honrados: que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona que los exerce; ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la República en que estén avecindados los artesanos o menestrales que los exerciten; y que tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía, à los que la tuvieren legítimamente (…).Y mando, se observe inviolablemente esta mi Real resolución, sin embargo de lo dispuesto en las leyes 6 y 9. Tit. 10. Lib. 4 del Ordenamiento Real, la 2 y 3. Tit. 1. Lib 6, y la 9. Título 15. Lib. 4 de la Recopilación que tratan los oficios baxos, viles y mecánicos, y todas las demás que hablen de este punto, aunque aquí no se especifiquen; pues las derogo y anulo en quanto traten y se opongan a lo referido. Texto 26. Informe dado á la Junta General de Comercio y Moneda sobre el libre ejercicio de las Artes por Gaspar Melchor de Jovellanos, en Madrid, 1785. He visto el expediente que antecede, con lo expuesto por el señor Fiscal en su última respuesta; y antes de proceder al desempeño del encargo debido á la confianza de la Junta, creo necesario representarle los inconvenientes que podría producir el reglamento mandado formar en su último acuerdo, para que, enterada de todo, resuelva en este importante asunto lo que fuere de su agrado. Prescindo de las dificultades que ofrece la ejecución de un reglamento comprensivo de todas las manufacturas que pueden trabajarse sin sujeción á gremios. El número de ellas es casi infinito, é imposible de reducir á lista. Cuando no lo fuera, el catálogo que las comprendiese formaría un grueso volumen, seria de mucho embarazo y poca utilidad en su uso, y al cabo no produciría los efectos que se desean. Pero, suponiendo formado este reglamento, siempre resultaría de él uno de dos inconvenientes: esto es, la necesidad de irle aumentando en proporción de lo que creciesen las invenciones de la moda y el capricho, ó la de excluir á las personas para quien se formase la facultad de trabajar en las manufacturas nuevamente inventadas y no contenidas en el catálogo; dos cosas que ciertamente serían contrarias á los fines con que se propone el reglamento. (…) Acaso por esto en las dos Reales cédulas de 1779 y 1784 no se han señalado específicamente á las mujeres manufacturas determinadas en que pudiesen ocuparse. Deseoso el Gobierno de restituirlas á la libertad de trabajar que les había dado la naturaleza, las habilitó, en la de 12 de enero de 1679, para todos los trabajos propios de su sexo, pero sin señalar alguno, y cortó así de un golpe la cadena que había puesto á sus manos la legislación gremial. (…)

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El Criador formó las mujeres para compañeras del hombre en todas las ocupaciones de la vida, y aunque las dotó de menos vigor y fortaleza para que nunca desconociesen la sujeción que les imponía, ciertamente que no las hizo inútiles para el trabajo. Nosotros fuimos los que contra el designio de la Providencia, las hicimos débiles y delicadas. Acostumbrado á mirarlas como nacidas solamente para nuestro placer, las hemos separado con estudio de todas las profesiones activas, las hemos encerrado, las hemos hecho ociosas, y al cabo hemos unido á la idea de su existencia una idea de debilidad y flaqueza, que la educación y la costumbre han arraigado mas y mas cada día en nuestro espíritu. Pero volvamos por un instante la vista á las sociedades primitivas; observemos aquellos pueblos donde la naturaleza conserva sin menoscabo sus derechos, y donde ninguna distinción, ninguna prerrogativa desiguala los sexos, solo distinguidos por las funciones relativas al grande objeto de su creación. (…) Observemos, no obstante, el objeto de estas leyes. ¿Es otro, por ventura, que prohibir a las mujeres todos aquellos trabajos que no convienen a las fuerzas de su sexo? Pues yo no veo la necesidad de esta prohibición. Donde se cree que un trabajo repugna á la debilidad de estas fuerzas, ciertamente que las mujeres no le emprenderán. Para que una mujer no usurpe sus oficios á un herrero, á un albañil, no juzgo que será necesaria una prohibición; de que se sigue que esta no puede ser objeto de una ley, puesto que la primera calidad de la ley es la necesidad. Considerado así el trabajo con respecto á las fuerzas de las mujeres, examinémosle ahora con relación al decoro de su sexo. (…), yo no puedo reconocer cuáles sean las artes que repugnen á la decencia del sexo femenino. Si hay algunas, ciertamente no las usurparán las mujeres. ¿Por ventura habrá algún país donde una doncella ó matrona honesta quieran dedicarse á barberas ó peluqueras de hombres. Pues ¿a qué conducirá la prohibición de unos ejercicios que están resistidos por el mismo pudor? (…) De todo esto concluyo, que la única excepción opuesta á la libertad de las mujeres, debe suprimirse como inútil, y que lejos de fijarla ó declararla por medio de un reglamento, es más conveniente abolirla del todo. Y ¿qué haremos, se me dirá, con los hombres? Formaremos un reglamento para ellos solos, ó les daremos la absoluta libertad de trabajar en cualquier arte sin sujeción á gremio? En esta duda, ¿quién no responderá por la libertad? Si hay muchas razones para persuadir que se les debe á las mujeres, hay muchas más que la reclaman en favor de los hombres. (…) El hombre debe vivir de los productos de su trabajo. Esta es una pena de la primera culpa, una pensión de la naturaleza humana, un decreto de la boca de su mismo Hacedor. De este principio se deriva el derecho que tiene todo hombre á trabajar para vivir; derecho absoluto, que abraza todas las ocupaciones útiles, y tiene tanta extensión como el de vivir y conservarse. Por consiguiente, poner límites á este derecho, es defraudar la propiedad más sagrada del hombre, la más inherente á su ser, la más necesaria para su conservación. Aun suponiendo al hombre en sociedad, se debe respetar este derecho. Ninguno ha renunciado de su libertad natural, sino aquella parte que es absolutamente necesaria para conservar el Estado sin menoscabo de la propia conservación. Sobre este principio se apoya y debe fundarse la santidad de toda ley. De aquí es que las leyes gremiales, en cuanto circunscriben al hombre la facultad de trabajar, no solo vulneran su propiedad natural, sino también su libertad civil. Pero esta ofensa no se causa sólo al artista; se extiende también a los demás individuos que consumen los productos de la industria. Todo ciudadano tiene derecho de emplear en su favor el trabajo de otro ciudadano, mediante una recompensa establecida entre los dos. Los gremios destruyen este recíproco derecho, obligando al consumidor á servirse solamente de aquellos maestros que tienen la facultad exclusiva de trabajar. (…)

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Por una consecuencia de este sistema gremial, la industria se ha reconcentrado en las capitales; esto es, en los lugares menos á propósito para su ejercicio y perfección. El alto precio de los combustibles y habitaciones, el aumento de las necesidades que arrastra consigo el lujo, los regocijos y distracciones frecuentes, la licencia y corrupción de las costumbres, y otros inconvenientes propios de las grandes poblaciones, ofrecen otros tantos obstáculos al aumento y prosperidad de la industria, y hacen desear la libertad como único medio de destruirlos. De aquí se sigue que los gremios sean un estorbo para el aumento de la población, no solo en cuanto impiden la reunión de la industria con otros ejercicios, sino también en cuanto resisten la entrada en ella á las manos sobrantes de la labranza y otras profesiones. (…) Establecidas las maestrías, se estanca el trabajo en pocas manos; esto es, en aquellos solos individuos que han alcanzado el título de maestros, y con él el derecho exclusivo de trabajar. Este estanco se estrecha tanto mas, cuanto para pasar al magisterio es menester haber corrido por las clases de aprendiz y oficial, sufrir un exámen, pagar los gastos y propinas de esta función, tener tienda ó taller en cierta y determinada demarcación, y muchas veces afianzar para abrirla. (…) Estorban también los gremios el progreso de la industria por otro medio indirecto, resistiendo, ya la creación de nuevas artes, ya la división de las antiguas. (…) Este mal es consecuencia de otro, causado también por los gremios, cuyo sistema destruye necesariamente la proporción que debe haber entre las producciones de la industria y sus consumos. Estos crecen y menguan en razón de la celeridad con que caminan las modas, entre tanto que la legislación gremial conspira á fijar las artes y el número de individuos que deben trabajar en cada una. Un nuevo gusto exige de repente una muchedumbre de manos para abastecerle. El interés y la libertad las hallarían; pero las ordenanzas del arte respectivo, permitiendo solo á los maestros trabajar en aquellos objetos, atan las manos de todos los demás. Entonces crece con desproporción el precio de las obras, acude el extranjero con las suyas, nos arrebata las ganancias, y la industria nacional se destruye por los mismos medios que debían hacerla crecer y prosperar. Por último, la legislación gremial parece que ha buscado casi siempre la ruina de la industria con las mismas providencias que dirigía á su fomento. Empeñada en extender sus exclusivas, alejó cada vez más á todos los empresarios, ya prohibiendo á los maestros hacer acopios de materias, ú obligándolos a repartirlas con los demás gremiales, ya concediendo á estos tanteos y preferencias perniciosas, ya vedando á los artistas que trabajasen de cuenta ajena, y ya, en fin, fijando en ellos solos la facultad de vender de primera mano. Por este medio estorba la unión de la industria con el comercio, disminuye la libertad del tráfico, y destruyendo la concurrencia, no deja entrada á la baratura, ni al equilibrio y nivelación de los precios, de donde naturalmente se deriva.(…) Cortemos, pues, de un golpe las cadenas que oprimen y enflaquecen nuestra industria, y restituyámosla de una vez aquella deseada libertad, en que están cifrados su prosperidad y sus aumentos. (…) Texto 27. Decreto de 6 diciembre de 1836, “restableciendo el de las Córtes sobre la libertad en establecer fábricas y ejercer cualquiera industria textil”. Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, y en su Real nombre la Reina Regente y gobernadora, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Córtes generales han decretado lo siguiente: Las Córtes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado: Se restablece el decreto de las Córtes generales y extraordinarias fecha 8 de junio de 1813, por el que ordenaron la libertad en el establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquiera industria útil, en la forma que en él se previene.

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Texto 28. Capítulo III del libro IV del Código Civil de 1889: “Del arrendamiento de obras y servicios”. Sección primera Del servicio de criados y trabajadores asalariados Artículo 1583: Puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. Artículo 1584: El criado doméstico destinado al servicio personal de su amo, o de la familia de éste, por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término; pero, si el amo despide al criado sin justa causa, debe indemnizarle pagándole el salario devengado y el de quince días más. El amo será creído, salvo prueba en contrario: 1. Sobre el tanto del salario del sirviente doméstico. 2. Sobre el pago de los salarios devengados en el año corriente. Artículo 1585: Además de lo prescrito en los artículos anteriores, se observará acerca de los amos y sirvientes lo que determinen las leyes y reglamentos especiales. Artículo 1586: Los criados de labranza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término para cierta obra, no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa. Artículo 1587: La despedida de los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados, a que se refieren los artículos anteriores, da derecho para desposeerles de la herramienta y edificios que ocuparen por razón de su cargo. Texto 29. Traducción de la obra de Robert Joseph Pothier, Tratado del contrato de arrendamiento, sec.4ª, art. II, cap. I, parte 3ª. 165. Cuando un obrero o servidor ha arrendado sus servicios a un amo, si por fuerza mayor no ha podido prestarlos, el amo no debe el precio. Por ejemplo, si al amanecer ha contratado vendimiadoras para ir a vendimiar mis viñas, a tanto la jornada, y ha comenzado a llover de forma que me haya visto obligado a despedirlas: en este caso –de acuerdo con el primero de los principios establecidos en el párrafo primero– no les debo la suma que les había prometido por su jornada, puesto que sus servicios no me han podido ser prestados a causa del accidente de la lluvia. 166. Si el mal tiempo ha acaecido cuando ya la jornada había comenzado, no debo – según el segundo de nuestros principios – el precio de su jornada, sino a prorrata del tiempo que han trabajado hasta que las he despedido. (…). 168. En cuanto a los obreros y servidores que arriendan sus servicios por un año, por un mes, o por cualquier otro tiempo limitado, si una enfermedad les impide prestarlos durante una parte poco considerable del tiempo por el que se han arrendado, el maestro tiene justificación para disminuirles a prorrata la parte del precio de los servicios cuya prestación ha impedido la enfermedad. (…). 169. Si los salarios no son debidos a un obrero o servidor por la parte del tiempo que por fuerza mayor no ha podido servir, con más razón si esto es debido a sus propios actos, como es el caso si abandona el servicio de su amo antes de expirado el tiempo. Aún hay más: en este caso el amo puede pedir que vuelva a su servicio y, que si no lo hace dentro de las veinticuatro horas siguientes a la decisión judicial, sea, por esta misma decisión, condenado a indemnizar daños y perjuicios a su amo, si los ha sufrido, en la forma en que las partes hayan convenido (…).

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170. Aunque el servidor haya abandonado antes de tiempo el servicio de su amo por causa lícita – por ejemplo: para casarse o para atender a su padre o madre – no por eso deja de deber daños y perjuicios a su amo, porque su acto voluntario ha dependido el incumplimiento de su obligación; pero los daños deben en este caso ser estimados menos rigurosamente que cuando abandona sin motivo, por pereza, por libertinaje, o por la esperanza de ganar más en otra parte. (…). 173. Si el abandono del servicio se debe a acto del amo – por ejemplo, malos tratos, o porque el amo no le daba las cosas necesarias para vivir o, tratándose de mujer, porque el amo haya atentado contra su honor – debe admitirse al servidor prueba de estos hechos. Si los demuestra no solamente no debe daños y perjuicios a su amo sino que – según el cuarto de nuestros principios – su amo debe los salarios correspondientes al resto del tiempo, aunque no se hayan prestado servicios, porque esto es debido al acto del amo. Por esta razón, el amo debe, en este caso, pagar al servidor el año entero de sus servicios; incluso puede ser condenado a indemnizarle de daños y perjuicios. Si el motivo por el que el servidor ha abandonado el servicio de su amo no es tan grave, el juez puede ordenar que el servidor vuelva a concluir su tiempo de servicios, imponiendo al amo la obligación de tratarle humanamente y de no reducir sus salarios por el tiempo en que los servicios hayan estado interrumpidos; si no le condena a volver, pero condena al amo a pagar el año de servicios, debe deducir de los salarios la suma que a su juicio el servidor pueda verosímilmente ganar en otro sitio durante el tiempo aún no transcurrido de su servicio, haciendo esta estimación según el salario más bajo. (…). Texto 30. Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, de abolición de los señoríos jurisdiccionales. Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan: I. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición que sean. II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo. III. Los corregidores, alcaldes mayores y demás empleados comprendidos en el artículo anterior cesarán desde la publicación de este Decreto, a excepción de los Ayuntamientos y alcaldes ordinarios, que permanecerán hasta fin del presente año. IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad. V. Los señoríos territoriales y solariegos quedan ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación, o de los en que no se haya cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición. Texto 31. Ley de 5 de marzo de 1837 sobre abolición de la esclavitud en la Península. Art.1. Queda abolida la esclavitud en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África; y libres los esclavos que á la publicación de esta ley existan en ellas. Art.2. Todo esclavo, cualquiera que sea su procedencia, adquiere su libertad por el solo hecho de pisar el territorio expresado en el artículo anterior.

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Art.3. Las autoridades de los puertos de mar y pueblos de la frontera velarán muy particularmente para que tenga efecto lo dispuesto en los artículos precedentes, dispensando á los esclavos que lleguen á aquellos toda protección y amparo. Art.4. El Estado indemnizará a los dueños de los esclavos actualmente existentes en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en África, y el Gobierno propondrá á la aprobación de las Córtes el modo de verificarlo. Art. 5. El Gobierno dispondrá que las personas que quedan libres en virtud de esta ley, tengan ocupación, y reciban la educación correspondiente, si la necesitan, bajo la vigilancia de sus antiguos amos, de otras personas, ó en establecimientos públicos. Texto 32. Reglamento de los esclavos de Cuba, La Habana, 1842. Art. 1. Todo dueño de esclavos deberá instruirlos en los principios de la religión Católica Apostólica Romana para que puedan ser bautizados si ya no lo estuvieren, y en caso necesidad, les auxiliará con agua del socorro, por ser constante que cualquiera pueda hacerlo en tales circunstancias. Art. 2. La instrucción a que se refiere el artículo anterior deberá darse por las noches después de concluir el trabajo, y acto continuo se les hará rezar el rosario o algunas otras oraciones devotas. Art. 3. En los domingos y fiestas de ambos preceptos, después de llenar las practicas religiosas, podrán los dueños o encargados de las fincas emplear la dotación de ellas por espacio de dos horas en asear las casas y oficinas; pero no más tiempo, ni ocuparlos en las labores de la hacienda a menos que sea en las épocas de recolección, o en otras atenciones que no admitan espera, pues en estos casos trabajarán como en los días de labor. Art. 4. Cuidarán bajo su responsabilidad que a los esclavos ya bautizados que tengan las edades necesarias para ello, se les administren los sacramentos cuando lo tiene dispuesto la Santa Madre Iglesia, o sea necesario. Art. 5. Pondrán el mayor esmero y diligencia posible en hacerles comprender la obediencia que deben a las autoridades constituidas, la obligación de reverenciar a los sacerdotes, de respetar a las personas blancas, de comportarse bien con las gentes de color, y de vivir en buena armonía con sus compañeros. Art. 6. Los amos darán precisamente a sus esclavos de campo dos o tres comidas al día como mejor les parezca, con tal que sean suficientes para mantenerlos y reponerlos de sus fatigas, teniendo entendido que se regula como alimento diario y de absoluta necesidad para cada individuo seis u ocho plátanos o su equivalente en buniatos, ñame, yucas y otras raíces alimenticias, ocho onzas de carne o bacalao, y cuatro onzas de arroz u otra menestra o harina. Art. 7. Deberán darles también dos esquifaciones al año en los meses de Diciembre y Mayo, compuestas cada una de camisa y calzón de coleta o rusia, un gorro o sombrero y un pañuelo; y en la de Diciembre se les añadirá alternando, un año una camisa o chaqueta de bayeta, y otro año una frazada para abrigarse durante el invierno. Art. 8. Los negros recién nacidos o pequeños, cuyas madres vayan a los trabajos de la finca, serán alimentados con cosas muy ligeras como sopas, atoles, leche u otras semejantes, hasta que salgan de la lactancia y de la dentición. Art. 9. Mientras las madres estuvieren en el trabajo, quedarán todos los chiquillos en una casa o habitación que deberá haber en todos los ingenios o cafetales, la cual estará al cuidado de una o mas negras que el amo o mayordomo crea necesario según el número de aquellos. Art. 10. Si enfermasen durante la lactancia, deberán entonces ser alimentados a los pechos de sus mismas madres; separando a estas de las labores o tareas del campo, y aplicándolas a otras ocupaciones domésticas.

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Art. 11. Hasta que cumplan la edad de tres años deberán tener camisillas de listado, en la de tres a seis podrán ser de coleta; a las hembras de seis a doce se les darán sayas o camisas largas, y a los varones de seis a catorce se les proveerá también de calzones, siguiendo después de estas edades de orden de los demás. Art. 12. En tiempos ordinarios trabajarán los esclavos de nueve a diez horas diarias arreglándolas el amo del modo que mejor le parezca. En los ingenios durante la zafra o recolección serán diez y seis las horas del trabajo repartidas de manera que les proporcionen dos de descanso durante el día, y seis en la noche para dormir. Art. 13. En los domingos y fiestas de ambos preceptos, y en las horas de descanso los días que fueren de labor, se permitirá a los esclavos emplearse dentro de la finca en manufacturas u ocupaciones que cedan en su personal beneficio y utilidad, para poder adquirir peculio y proporcionarse la libertad. Art. 14. No podrá obligarse a trabajar por tareas a los esclavos varones mayores de sesenta años o menos de diez y siete; ni a las esclavas, ni tampoco se empleará a ninguna de estas clases en trabajos no conformes a su sexo, edades, fuerza y robustez. Art. 15. Los esclavos que por su avanzada edad o por enfermedad no se hallen en estado de trabajar, deberán ser alimentados por los dueños, y no podrán concederles la libertad para descargarse de ellos a no ser que les provean de peculio suficiente a satisfacción de la justicia, con audiencia del Procurador Síndico para que puedan mantenerse sin necesidad de otro auxilio. Art. 16. En toda finca habrá una pieza segura destinada para depósito de los instrumentos de labor, cuya llave no se confiará jamás a ningún esclavo. Art. 17. Al salir para el trabajo se dará a cada esclavo el instrumento de que haya de servirse en la ocupación del día, y tan luego como regrese se les recogerá y encerrará en el depósito. Art. 18. No saldrá de la hacienda esclavo alguno con ningún instrumento de labor, y menos con armas de cualquiera clase, a no ser que fuere acompañando al amo o mayordomo, o a las familias de estos, en cuyo caso podrá llevar su machete y no mas. Art. 19. Los esclavos de una finca no podrán visitar a los de otra sin el consentimiento expreso de los amos o mayordomos de ambas; y cuando tengan que ir a finca ajena o salir de la suya, llevarán licencia escrita de su propio dueño o mayordomo con las señas del esclavo, fecha del día, mes y año, expresión del punto a que se dirijan y término porque se les ha concedido. Art. 20. Todo individuo de cualquiera clase, color y condición que sea está autorizado para detener al esclavo que encuentre fuera de la casa o terrenos de su amo, si no le presenta la licencia escrita que debe llevar, o presentándola advierte que ha variado notoriamente el rumbo o dirección del punto a que debía encaminarse, o que está vencido el término por el cual se le concedió y le deberá conducir a la finca mas inmediata, cuyo dueño le recibirá y asegurará dando aviso al amo del esclavo si fuere del mismo partido; o al pedáneo para que oficie a quien corresponda a fin de que pueda ser corregido el fugitivo por la persona a quien pertenezca. Art. 21. Los dueños o mayordomos de fincas, no recibirán gratificación alguna por los esclavos prófugos que aprehendieren o les fueren entregados a virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, en atención a ser un servicio que recíprocamente se deben prestar los hacendados y redunda en su privativa utilidad. Los demás aprehensores serán remunerados por el amo del esclavo con la cuota de cuatro pesos señalada por la captura en el reglamento de cimarrones. Art. 22. Tendrá el amo que satisfacer además de los gastos de alimento, curación si hubiere sido necesario hacerla, y lo demás que previene el mismo reglamento de cimarrones. Art. 23. Permitirán los amos que sus esclavos se diviertan y recreen honestamente los días festivos después de haber cumplido con las prácticas religiosas; pero sin salir de la finca, ni jun-

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tarse con los de otras, y haciéndolo en lugar abierto y a la vista de los mismos amos, mayordomos o capataces, hasta ponerse el sol a toque de oraciones y no más. Art. 24. Se encarga muy particularmente a los dueños y mayordomos la mas exacta vigilancia para impedir el exceso en la bebida y la introducción en las diversiones de los esclavos de otra finca y de otros hombres de color libres. Art. 25. Los amos cuidarán con el mayor esmero de construir para los esclavos solteros habitaciones espaciosas en punto seco y ventilado con separación para los dos sexos y bien cerradas y aseguradas con llave, en las cuales se mantendrá una luz en alto toda la noche; y permitiéndoselo sus facultades, harán una habitación aislada para cada matrimonio. Art. 26. A la hora de retirarse a dormir (que en las noches largas será a las ocho, y en las cortas a las nueve) se pasará lista a los esclavos para que no queden fuera de su habitación sino los guardieros, de los cuales uno deberá destinarse para vigilar que todos guarden silencio y dar parte inmediatamente al amo o mayordomo de cualquier movimiento de los mismos compañeros, de las gentes que llegaren de fuera, o de cualquier otro acaecimiento interesante que ocurriere. Art. 27. Asimismo habrá en cada finca una pieza cerrada y asegurada con la división oportuna para cada sexo y otras dos además para los casos de enfermedades contagiosas, donde serán asistidos los esclavos que cayeren enfermos por facultativos en los casos graves, y por enfermeros o enfermeras en los males leves en que solo se necesita de remedios caseros pero siempre con buenas medicinas, alimentos adecuados y con el mayor aseo. Art. 28. Los enfermos a ser posible, serán colocados en camas separadas, compuestas de un jergón, estera o petate, cabezal, manta y sábana, o en un tablado que preste el desahogo suficiente para las curaciones de los individuos que en él se reúnan, pero siempre en alto. Art. 29. Los dueños de esclavos deberán evitar los tratos ilícitos de ambos sexos fomentando los matrimonios: no impedirán el que se casen con los de otros dueños, y proporcionarán a los casados la reunión bajo un mismo techo. Art. 30. Para conseguir esta reunión y que los cónyuges cumplan el fin del matrimonio, seguirá la mujer al marido comprándola el dueño de éste por el precio en que se conviniere con el de aquella, y sí no a justa tasación por peritos de ambas partes y un tercero en caso de discordia, y si el amo del marido no se allanare a hacer la compra, tendrá acción el amo de la mujer para comprar al marido. En el evento de que ni uno ni otro dueño se hallare en disposición de hacer la compra que le incumba, se venderá el matrimonio esclavo reunido a un tercero. Art. 31. Cuando el amo del marido comprare la mujer deberá comprar también con ella los hijos que tuviere menores de tres años, en razón a que según derecho hasta que cumpla esa edad deben las madres nodrescerlos y criarlos. Art. 32. Los amos podrán ser obligados por las justicias a vender sus esclavos cuando les causen vejaciones, les den mal trato o cometan con ellos otros excesos contrarios a la humanidad y racionales modos con que deben tratarlos. La venta se hará en estos casos por el precio que tasaren peritos de ambas partes, o la justicia en el caso de que alguno de ellos rehusare hacer nombramiento, y en tercero en discordia cuando fuere necesario, pero si hubiere comprador que quiera tomarlos sin tasación por el precio que exija el amo, no podrá la justicia impedir que se haga la venta a su favor. Art. 33. Cuando los amos vendan sus esclavos por conveniencia o voluntad propia, estarán en libertad de hacerlo por el precio que les acomode, según la mayor o menor estimación en que los tuvieren. Art. 34. Ningún amo podrá resistirse a coartar sus esclavos siempre que se les exhiban al menos cincuenta pesos a cuenta de su precio. Art. 35. Los esclavos coartados, no podrán ser vendidos en más precio que el que se les hubiere fijado en su última coartación y con esta condición pasarán de comprador a comprador.

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Sin embargo, si el esclavo quisiere ser vendido contra la voluntad de su amo sin justo motivo para ello, o diere margen con su mal proceder a la enajenación, podrá el amo aumentar al precio de la coartación el importe de la acaballa y los derechos de la escritura que causare su venta. Art. 36. Siendo el beneficio de la coartación personalísimo, no gozarán de él los hijos de las madres coartadas, y así podrán ser vendidos como los otros esclavos enteros. Art. 37. Los dueños darán la libertad a sus esclavos en el momento en que les aporten el precio de su estimación legítimamente adquirido, cuyo precio en el caso de no convenirse entre sí los interesados se fijará por un perito que nombre el amo de su parte o en su defecto la justicia, otro que elegirá el Síndico Procurador general en representación del esclavo, y un tercero elegido por dicha justicia en caso de discordia. Art. 38. Ganarán la libertad y además un precio de quinientos pesos el esclavo que descubra cualquiera conspiración tramada por otro de su clase o por personas libres para trastornar el orden público. Si los denunciadores fueren muchos y se presentaren a la vez a hacer la denuncia, o de una manera que no deje la menor duda de que el último o últimos que se hubieren presentado no podían tener idea de que la conspiración estaba ya denunciada, ganarán todos la libertad, y repartirán entre si a prorrata los quinientos pesos de la gratificación asignada. Cuando la denuncia tuviere por objeto revelar una confabulación, o el proyecto de algún atentado de esclavo u hombre libre contra el dueño, su mujer, hijo, padre, administrador o mayoral de la finca, se recomienda al dueño el uso de la generosidad con que el siervo o siervos que también han llenado los deberes de fieles y buenos servidores, por lo mucho que les interesa ofrecer estímulos a la lealtad. Art. 39. El precio de la libertad y el premio a que se refiere el párrafo primero del precedente artículo, serán satisfechos del fondo que ha de formarse de las multas que exijan por las infracciones de este reglamento o de cualquier otro de los que pertenecen al gobierno. Art. 40.También adquirirán los esclavos su libertad cuando se les otorgue por testamento, o de cualquier otro modo legalmente justificado, y procedente de motivo honesto o laudable. Art. 41. Los esclavos están obligados a obedecer y respetar como a padres de familias, a sus dueños, mayordomos, mayorales y demás superiores y a desempeñar las tareas y trabajos que se les señalasen, y el que faltare a alguna de estas obligaciones podrá y deberá ser castigado correccionalmente por el que haga de jefe en la finca según la calidad del defecto o exceso, con prisión, grillete, cadena, maza o cepo donde se les pondrá por los pies y nunca de cabeza, o con azotes que no podrán pasar del número de veinte y cinco. Art. 42. Cuando los esclavos cometieren excesos de mayor consideración, o algún delito para cuyo castigo o escarmiento no sean suficientes las penas correccionales de que habla el artículo anterior, serán asegurados y presentados a la justicia para que con audiencia de su amo si no los entrega a la noxa o con la del Síndico Procurador si los entregase o no quisiese seguir el juicio se proceda a lo que haya lugar en derecho; pero en el caso de que el dueño no haya desemperado o cedido a la noxa el esclavo, y este fuere condenado a la satisfacción de daños y menoscabos a un tercero, deberá responder el dueño de ellos, sin perjuicio de que al esclavo delincuente se le aplique la pena corporal o de otra clase que merezcan el delito. Art. 43. Solo los dueños, mayordomos o mayorales podrán castigar correccionalmente a los esclavos con la moderación y penas que quedan prevenidas, y cualquier otro que lo hiciere sin mandato expreso del dueño o contra su voluntad, le causare otra lesión o daño, incurrirá en las penas establecidas por las leyes, siguiéndose la causa a instancia del dueño o en su defecto a instancias del Síndico Procurador, como protector de esclavos, si el exceso no es de aquellos que interesen a la vindicta pública, o de oficio si fuere de esta última clase.

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Art. 44. El dueño, encargado o dependiente de la finca que deje de cumplir o infrinjan cualquiera de las disposiciones contenidas en este reglamento incurrirán por la primera vez en la multa de veinte a cincuenta pesos, por la segunda de cuarenta a ciento, y por la tercera de ochenta a doscientos; según la mayor o menor importancia del artículo infringido. Art. 45. Las multas serán satisfechas por el dueño de la finca o persona que fuere culpable de la omisión o infracción, y en caso de no poderlas satisfacer por falta de numerario sufrirá un día de cárcel por cada peso de los que importe la multa. Art. 46. Si las faltas de los dueños o encargados de regir la esclavitud en las fincas fueren por exceso en las penas correccionales causando a los esclavos contusiones graves, heridas o mutilación de miembros u otro daño mayor, además de las multas pecuniarias citadas, se procederá criminalmente contra el que hubiere causado el daño a instancia del Síndico Procurador o de oficio para imponer la pena correspondiente al delito cometido, y se obligará al dueño a vender el esclavo si hubiere quedado útil para el trabajo o a darle la libertad si quedase inhábil y a contribuirle con la cuota diaria que señalase la justicia para manutención y vestuario mientras viva el esclavo, pagaderas por meses adelantados. Art. 47. Las multas se aplicarán en esta forma, una tercera parte de su importe a la justicia o pedáneo que la imponga y las dos restantes al fondo que ha de formarse en el Gobierno político de cada distrito, para los casos de que trata el art. 38, a cuyo fin se entregarán bajo recibo a la Secretaría de aquel. Art. 48. Los Tenientes de Gobernador, justicias y pedáneos cuidarán de la puntual observancia de este Reglamento, y de sus omisiones o excesos serán inevitablemente responsables. Texto 33. Ley de 13 de febrero de 1880, de abolición de la esclavitud en Cuba e instauración del Patronato. Don Alfonso XII, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: Art. 1. Cesa el estado de esclavitud en la isla de Cuba con arreglo a las prescripciones de la presente ley. Art. 2. Los individuos que sin infracción de la ley de 4 de Julio de 1870 se hallaren inscritos como siervos en el censo ultimado en 1871 y continuare en servidumbre a la promulgación de esta ley, quedarán durante el tiempo que en ella se determina bajo el patronato de sus poseedores. El patronato será trasmisible por todos los medios conocidos en derecho, no pudiendo transmitirse sin trasmitir al nuevo patronato el de los hijos menores de doce años y el de su padre o madre respectivamente. En ningún caso podrán separarse los individuos que constituyan familia, sea cual fuere el origen de ésta. Art. 3. El patrono conservará el derecho de utilizar el trabajo de sus patrocinados y el de representarlos en todos los actos civiles y judiciales con arreglo a las leyes. Art. 4. Serán obligaciones del patrono: Primero. Mantener a sus patrocinados. Segundo. Vestirlos. Tercero. Asistirlos en sus enfermedades. Cuarto. Retribuir su trabajo con el estipendio mensual que en esta ley se determina. Quinto. Dar a los menores la enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer un arte, oficio u ocupación útil. Sexto. Alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a los hijos de los patrocinados que se hallen en la infancia y en la pubertad, nacidos antes y después del patronato, pudiendo aprovecharse sin retribución de sus servicios.

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Art. 5. A la promulgación de esta ley se entregará a los patrocinados una cédula, en la forma que determine el reglamento, haciendo constar en ella la suma de los derechos y obligaciones de su nuevo estado. Art. 6. El estipendio mensual a que se refiere el art. 4º en su párrafo cuarto será de uno a dos pesos para los que tengan más de diez y ocho años y no hayan alcanzado la mayor edad. Para los que la hayan cumplido, el estipendio será de tres pesos mensuales. En caso de inutilidad para el trabajo de los patrocinados, por enfermedad o por cualquier otra causa, el patrono no estará obligado a entregar la parte de estipendio que corresponda al tiempo que dicha inutilidad hubiere durado. Art. 7. El patronato cesará: Primero. Por extinción mediante el orden gradual de edades de los patrocinados, de mayor a menor, en la forma que determina el artículo 8º, de modo que concluya definitivamente a los ocho años de promulgada esta ley. Segundo. Por acuerdo mutuo del patrono y del patrocinado, sin intervención extraña, excepto la de los padres si fueren conocidos, y en su defecto de las Juntas locales respectivas, cuando se trate de menores de veinte años, determinada esta edad en la forma que expresa el art. 13. Tercero. Por renuncia del patrono, salvo si los patrocinados fueren menores, sexagenarios, o estuvieren enfermos o impedidos. Cuarto. Por indemnización de servicios, mediante entrega al patrono de la suma de 30 a 50 pesos anuales, según sexo, edad y circunstancias del patrocinado, por el tiempo que faltare a éste de los cinco primeros años de patronato y el término medio de los tres restantes. Quinto. Por cualquiera de las causas de manumisión establecidas en las leyes civiles y penales, o por faltar el patrono a los deberes que le impone el art. 4º. Art. 8. La extinción del patronato mediante el orden de edades de los patrocinados, a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, se verificará por cuartas partes del número de individuos sujetos a cada patrono, comenzando al terminar el quinto año y siguiendo al final de los sucesivos hasta que cese definitivamente al concluir el octavo. La designación de los individuos que deban salir del patronato mediante la edad, se hará ante las Juntas locales con un mes de anterioridad a la terminación del quinto año y demás sucesivos. Si hubiere de la misma edad más individuos de los que deban salir del patronato en un mismo año, un sorteo verificado entre dichas Juntas designará los que hayan de salir del patronato, que serán los que obtengan número más bajo. Cuando el número de patrocinados siendo mayor de cuatro, no fuera divisible por éste, el exceso aumentará un individuo a cada una de las primeras designaciones. Si el número de patrocinados no llega a cuatro, la designación se hará por terceras partes, por mitad, o de una vez; pero la obligación del patrono no será exigible sino al final del sexto, sétimo u octavo año respectivamente. El reglamento fijará la forma, método y extensión de los registros y empadronamientos que hayan de servir para las designaciones. Art. 9. Los que dejen de ser patrocinados en virtud de lo dispuesto en el art. 7º, gozarán de sus derechos civiles pero quedarán bajo la protección del Estado y sujetos a las leyes y reglamentos que impongan la necesidad de acreditar la contratación de su trabajo o un oficio u ocupación conocidos. Los que fueren menores de veinte años y no tuviesen padres, quedarán bajo la inmediata protección del Estado. Art. 10. La obligación de acreditar la contratación de su trabajo para los que hayan salido del patronato durará cuatro años, y los que la quebranten, a juicio de la autoridad gubernativa, asesorada de las Juntas locales, serán tenidos por vagos para todos los efectos legales y podrán ser destinados a prestar servicio retribuido en las obras públicas por el tiempo que según los casos determine el reglamento. Transcurridos los cuatro años a que este artículo se contrae, los que fueron patrocinados disfrutarán de todos sus derechos civiles y políticos.

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Art. 11. Los individuos que estén coartados a la promulgación de esta ley conservarán en su nuevo estado de patrocinados los derechos adquiridos por la coartación. Podrán además utilizar el beneficio consignado en el caso cuarto del artículo 7º, entregando a sus patronos la diferencia que resulte entre la cantidad que tu vieren dada y la que corresponda por indemnización de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo y caso mencionados. Art. 12. Los individuos que en virtud de lo dispuesto en la ley de 4 de Julio de 1870 sean libres por haber nacido con posterioridad al 17 de Septiembre de 1868, estarán sujetos a las prescripciones de aquella ley, excepto en todo lo que puede serles más ventajosa la presente. Los libertos a virtud del art. 19 de la expresada ley de 1870 quedarán bajo la inmediata protección del Estado y obligados a acreditar, hasta que transcurran cuatro años, la contratación de su trabajo y demás condiciones de ocupación a que se refieren los arts. 9º y 10 de la presente. Art. 13. Se entenderán que son menores para los efectos de esta ley los que no hayan cumplido veinte años, si la edad puede justificarse, y en caso contrario se deducirá ésta por as Juntas locales, en vista de las circunstancias físicas del menor, previo informe pericial. Art. 14. Los patronos no podrán imponer a los patrocinados, ni aun bajo el pretexto de mantener el régimen del trabajo dentro de las fincas, el castigo corporal prohibido por el párrafo segundo del art. 21 de la ley de 4 de Julio de 1870. Tendrán, sin embargo, las facultades coercitivas y disciplinarias que determine el reglamento, el cual contendrá a la vez las reglas necesarias para asegurar el trabajo y el ejercicio moderado de aquella facultad. Podrán también los patronos disminuir los estipendios mensuales proporcionalmente a la falta de trabajo del retribuido, según los casos y en la forma que el reglamento fije. Art. 15. En cada provincia se formará una Junta presidida por el gobernador, y en su defecto por el presidente de la Diputación provincial, el juez de primera instancia, el promotor fiscal, el procurador síndico de la capital y dos contribuyentes, uno de los cuales será patrono. En los Municipios donde convenga, a juicio de los respectivos gobernadores, y previa aprobación del gobernador general, se formarán también Juntas locales, presididas por el alcalde, y compuestas del procurador síndico, uno de los mayores contribuyentes y dos vecinos honrados. Estas Juntas y el Ministerio fiscal vigilarán por el exacto cumplimiento de esta ley y tendrán, además de las atribuciones que la misma determina, las que el reglamento les confiera. Art. 16. Los patrocinados estarán sometidos a los Tribunales ordinarios por los delitos y faltas de que fueren responsables con arreglo al Código penal, exceptuándose de esta regla los de rebelión, sedición, atentado y desórdenes públicos, respecto a los cuales serán juzgados por la jurisdicción militar. Esto no obstante, los patronos tendrán derecho a que la autoridad gubernativa les preste su auxilio contra los patrocinados que perturben el régimen del trabajo, cuando su acción no fuere suficiente para impedirlo, pudiendo aquélla, a la tercera reclamación justificada, obligar al patrocinado a trabajar en las obras públicas por el período que fije el reglamento, según los casos, dentro del tiempo que reste para la extinción del patronato. Si el patrocinado reincidiere después de haber sido destinado una vez al servicio expresado, lo abandonase o perturbase gravemente el orden del mismo, podrá el gobernador general, dando cuenta razonada al Gobierno, ordenar que se le traslade a las islas españolas de la costa de África, donde permanecerá sujeto al régimen de vigilancia que fijare el reglamento. Art. 17. El reglamento a que se refiere esta ley se formará por el gobernador general de la isla, oyendo al arzobispo de Santiago de Cuba y al obispo de la Habana, a la Audiencia de esta última y al Consejo de Administración, dentro de los sesenta días de recibida aquélla, y al cumplirse este plazo improrrogable publicará y planteará simultáneamente dicha autoridad la ley y el reglamento, sin perjuicio de remitirlo por el primer correo a la aprobación del Gobierno, que resolverá definitivamente lo que corresponda en el plazo de un mes, previa audiencia del Consejo de Estado.

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Art. 18. Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos y disposiciones que se opongan a la presente ley, sin perjuicio de los derechos ya adquiridos por los esclavos y libertos conforme a la de 4 de Julio de 1870, en todo lo que no esté expresamente modificado por los artículos anteriores. Texto 34. Real Orden de 28 de febrero de 1839, estableciendo las condiciones bajo las cuales pueden constituirse corporaciones, cuyo objeto sea auxiliarse los socios mutuamente en sus desgracias, enfermedades, etc. Con motivo de haber remitido á la aprobación de S.M. la comisión del Monte Pio particular de Barcelona llamado de nuestra Señora de la Ayuda las nuevas ordenanzas formadas para el régimen de dicha asociación; y con deseo de fomentar las que de su especie existan, se ha servido Su Majestad la Reina Gobernadora resolver que los socios de las corporaciones cuyo instituto sea el auxiliarse mutuamente en sus desgracias, enfermedades, &c., ó el reunir en común el producto de sus economías con el fin de ocurrir a sus necesidades futuras, pueden constituirse libremente y sin otras condiciones que las siguientes: 1º. Presentar á la autoridad civil superior de la provincia los nuevos estatutos ó reformas que convenga hacer en los actuales, para su conocimiento y corrección de lo que puedan contener contrario a las leyes. 2º. Dar conocimiento á la misma autoridad de las personas que dirijan la sociedad, ó que intervengan en sus caudales, siempre que sean nombradas ó reemplazadas. 3º. Avisar al gefe político, ó donde este no resida al alcalde, cuando se celebren juntas generales expresando el lugar y hora de la reunión, la cual podrá ser presidida sin voto por aquel, ó en su caso por el alcalde. Texto 35. Circular del Gobierno político de Barcelona de 1 de mayo de 1841. Las Asociaciones para protegerse y socorrerse mutuamente los trabajadores por medios legales y justos son permitidas; pero en manera alguna ha de emplearse para ello seducción, coacción ni violencia de ninguna especie, ni contra obreros, sean o no asociados, ni contra dueños de fábrica ni de establecimiento alguno industrial. Texto 36. Manifiesto de la Sociedad de Tejedores de Cataluña de 20 de diciembre de 1841. Algunos días hace que se difunde la voz por esta ciudad de que el Gobierno ha decretado la disolución de las sociedades de Socorros Mutuos. Si así fuese, no podemos concebir qué motivos puede alegar el Gobierno para ello, a no ser porque a su tiempo no le hagamos responsable ante la Nación de la espantosa miseria que tanto tiempo nos tiene sumergidos, o con el fin de poder llevar a cabo con más seguridad el tratado de comercio con la Inglaterra, que tanto tiempo nos amenaza: nosotros, como representantes de la Asociación de Tejedores, recomendamos encarecidamente a los asociados que altamente desprecien voces tan misteriosas y de intenciones muy dañadas. Por otra parte, no contamos que el Gobierno haya pensado en eso, a la par que sabemos el empeño que tienen nuestros adversarios de disolvernos, que para lograrlo, se desprenden hasta del oro que poseen, y aún cuando fuese así, que lograsen sus deseos, su triunfo sería perjudicial a ellos mismos. Así, pues, tejedores y demás jornaleros asociados, no os dejéis sorprender, nuestra Asociación no necesita la aprobación ni la reprobación del Gobierno ni de nadie; con los derechos que nos concede la naturaleza y la ley tenemos bastante; y los que digan lo contrario son

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nuestros perturbadores; por consiguiente, nuestra Asociación es un lazo recíproco y voluntario que no está sujeto a disolución. Mucha firmeza y mucho silencio es lo que debemos guardar, y vengan decretos. Prudencia y confianza con los individuos que habéis puesto al frente, ellos os marcarán la senda que debéis seguir; no escuchéis más voz que la nuestra; considerad que hay muchos enemigos que están minando nuestro edificio; permaneced tranquilos en vuestros talleres, y descansad al celo y vigilancia de nuestros protectores. Texto 37. Real Orden de 25 de agosto de 1853, prohibiendo se establezcan sociedades de seguros mutuos sin previa autorización e inspección del Gobierno. Habiendo acudido á S.M. la Sociedad económica matritense llamando su Real atención acerca de los funestos resultados que pueden producir á los intereses públicos y particulares la facilidad y frecuencia con que se establecen sociedades de seguros mútuos sin la conveniente autorización é inspección del Gobierno, y haciendo presente que la ignorancia y mala fe pueden ocasionar abusos que desvirtúen el fecundo y benéfico principio de esta clase de asociaciones, esencialmente necesarias para el desarrollo de los pueblos, la Reina (Q.D.G.), deseosa de evitar los peligros del desórden sin destruir la infatigable acción individual, se ha dignado mandar: 1º. Que en lo sucesivo no autorice V.S. la formación de ninguna sociedad de esta clase, no obstante lo dispuesto en la Réal Orden de 28 de febrero de 1839, quedando en suspenso las disposiciones en ella contenidas. 2º. Que todas las solicitudes que se presenten con el referido objeto se instruyan observando puntualmente lo preceptuado en la ley de 28 de enero y Reglamento de 17 de febrero de 1848 en la parte en que sus disposiciones puedan tener aplicación á las compañías de seguros mútuos, pues si bien aquellas solo tratan de las mercantiles, no habiendo legislación especial para estas, es por ahora indispensable recurrir a la que más analogía tiene con ellas. Y 3º. Que V.S. remita á este Ministerio á la mayor brevedad posible nota expresiva y circunstanciada de todas las sociedades de este género que se hallen establecidas en la provincia de su mando, manifestando su objeto, la autorización en cuya virtud existen, su régimen interior, y actual estado acompañando además sus estatutos, una breve explicación de los resultados que hayan producido, y cuanto conduzca á formar una idea segura de la conveniencia de continuar el actual sistema ó alterarle en beneficio del público; todo á fin de preparar con estos datos un proyecto de ley para la definitiva organización de las expresadas asociaciones. Texto 38. Noticias sobre la huelga general de 1855 en el diario La Corona de Aragón, 4 de julio de 1855. La zozobra, la inquietud, el malestar, la discordia y la desconfianza se han hospedado por fin en Barcelona, en la bella Barcelona. En un día y a una hora dada han cesado los trabajos en todas las fábricas de Cataluña, y cien mil hombres se han lanzado a la calle pidiendo ‘pan y trabajo’ y gritando ‘asociación o muerte’. Al estado a que han llegado ya las cosas, antes de que una colisión venga a sembrar el luto y el dolor en las familias, ya no hay que volver la vista atrás, sino tomar la cuestión en el punto en que se halla, y con la leal protesta de los mejores y más sinceros deseos, decir lo que creemos oportuno para poner en práctica y para terminar esa situación triste y angustiosa, tanto más angustiosa y triste cuando los carlistas enarbolan decididamente su negra bandera y escogen por campo de batalla las llanuras y montañas del antiguo Principado. ¿Qué es lo que piden esas inmensas masas de trabajadores que pueblan nuestras calles, sin manifestarse hostiles sin embargo, sin insultar a nadie, debemos decirlo en su

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favor, sin propasarse a nada? El derecho de asociación. Piden también que se fijen de un modo estable las horas de trabajo y que se constituya un gran jurado de amos y obreros que arreglen buenamente las discordias que entre ellos se susciten. Pues bien, que se forme ese jurado, nosotros también lo pedimos, también lo demandamos en nombre de la libertad, en nombre del orden, en nombre de las familias, en nombre de la pública tranquilidad, en nombre de Barcelona toda. Que se forme ese jurado, sí, pero no de amos y de operarios solo, sino de doce o quince personas en que estén representadas las clases principales, de doce o quince personas cuyos nombres solos sean una garantía para todos los buenos, para todos los liberales, para todos los que, identificados con los principios santos proclamados por la gloriosa revolución de julio, deseen verdaderamente que la libertad, el orden y el progreso lleguen a establecerse por fin de una manera sólida en nuestro infortunado país. Que se forme ese jurado, que se busquen para formarlo hombres de talento, de conocimientos, de acrisolado patriotismo, de principios reconocidos, de arraigo en el país, de influjo en el pueblo, de sentimientos puros, leales y nobles, y que se den a ese jurado amplias facultades por parte de los trabajadores lo mismo que por la de los amos, y que ese jurado, en fin, estudie, investigue, indague y obre en vista de los documentos y de las pruebas que se le sometan, según su leal saber y entender le dicten, interín las cortes, como debieran ya haberlo hecho, se ocupan de asunto tan importante y tan vital. Este es nuestro parecer que francamente emitimos, que sinceramente proponemos, sin segundas miras, sin doble intención, sin más intención ni miras que las de contribuir a la felicidad y al bienestar de los jornaleros hermanos nuestros. Nos atrevemos a pedir al Escmo. señor capitán general, al Escmo. señor gobernador civil, a la Diputación, al Ayuntamiento, a los trabajadores todos que adopten nuestro proyecto, si lo creen oportuno, como un medio honroso de transacción. Nos atrevemos a pedir a la prensa barcelonesa, nuestra hermana, que apoye nuestro proyecto, si lo juzga útil, y le añada lo que su ilustración sabrá encontrar y nuestra ignorancia no nos ha dejado ver. Es preciso que esta situación triste y lamentable concluya, es preciso que se calme esa crisis industrial, es preciso que los ánimos se tranquilicen y sosieguen, a fin de que juntos, unidos y compactos podamos acudir contra nuestro enemigo común que es el carlista, que es el absolutista, que es el reaccionario, que es, en fin, todo el que es enemigo de la libertad. Nosotros proponemos el medio, cumpliendo con nuestra misión de honrados y leales periodistas. Proponga cada cual el suyo y que el pueblo y las autoridades adopten el mejor, pero que se adopte un pronto, pronto, pronto, antes que aprovechando esos momentos para ellos propicios, se aventuren a dar un golpe de mano nuestros enemigos tan incansables como vigilantes, antes de que un tiro disparado al acaso promueva una colisión, antes de que venga la guerra intestina, la guerra civil, y con la guerra civil la miseria, la desolación, el luto y la desdicha de la un día tan opulenta y hoy tan desgraciada Barcelona. Texto 39. Ley General sobre asociaciones de España de 30 de junio de 1887. Don Alfonso XIII, por la Gracia de Dios y de la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad, la Reina Regente del Reino, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: Art. 1º. El derecho de asociación que reconoce el artículo 13 de la Constitución podrá ejercitarse libremente, conforme á lo que preceptúa esta ley. En su consecuencia, quedan sometidas á las disposiciones de la misma las Asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo ó cualesquiera otros lícitos que no tengan por únco y exclusivo objeto el lucro ó la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios, las Sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las cooperativas de producción de crédito ó de consumo.

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Art.2º. Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley: 2. Las Asociaciones de la religión católica autorizadas en España por el Concordato. Las demás Asociaciones religiosas se regirán por esta ley, aunque debiendo acomodarse en sus actos las no católicas á los límites señalados por el art.11 de la Constitución del Estado. 1. Las Sociedades que no siendo de las enumeradas en el art.1º se propongan un objeto meramente civil ó comercial, en cuyo caso se regirán por las disposiciones del derecho civil ó del mercantil, respectivamente. 2. Los Institutos o Corporaciones que existan ó funcionen en virtud de leyes especiales. Art. 3º. Sin perjuicio de lo que el Código penal disponga relativamente á los delitos que se comentan con ocasión del ejercicio del derecho de asociación, ó por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley para que las Asociaciones se constituyan ó modifiquen, el gobernador de la provincia impedirá que funcionen y que celebren reuniones los asociados, poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo. Art. 4º. Los fundadores ó iniciadores de una Asociación, ocho días por lo menos antes de constituirla, presentarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio dos ejemplares, firmados por los mismos, de los estatutos, reglamentos, contratos ó acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto de la Asociación, su domicilio, la forma de su administración ó gobierno, los recursos con que cuente ó con los que se proponga atender á sus gastos, y la aplicación que haya de darse á los fondos ó haberes sociales caso de disolución. Las formalidades prevenidas en el párrafo anterior se exigirán igualmente, y deberán llenarse ante el Gobernador de la provincia en que se constituya sucursal, establecimiento ó dependencia de una Asociación ya formada. Del mismo modo estarán obligados los fundadores, Directores, Presidentes ó representantes de Asociaciones ya constituídas, y de sucursales ó dependencias de las mismas, á presentar al Gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan alguna modificación en los contratos, estatutos ó reglamentos sociales. En el acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de los ejemplares con la firma del Gobernador y sello del Gobierno de la provincia, anotando en él la fecha en que aquélla tenga lugar. También estarán obligados los Directores, Presidentes ó representantes de cualquier Asociación á dar cuenta, dentro del plazo de ocho días de los cambios de domicilio que la Asociación verifique. En el caso de negarse la admisión de los documentos á registro, los interesados podrán levantar acta notarial de la negativa, con inserción de los documentos, la cual acta surtirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos. Art.5º. Transcurrido el plazo de ocho días, que señala el párrafo primero del artículo anterior, la Asociación podrá constituirse ó modificarse con arreglo a los estatutos, contratos, reglamentos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente. Del acta de constitución ó de modificación deberá entregarse copia autorizada al Gobernador ó Gobernadores respectivos, dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que se verifique. Art. 6º. Si los documentos presentados no reúnen las condiciones exigidas en el art.4º, el Gobernador los devolverá á los interesados en el plazo de ocho días, con expresión de la falta de que adolezcan, no pudiendo, por consiguiente, constituirse la Asociación mientras la falta no se subsane.

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Cuando de los documentos presentados en cumplimiento del mismo art.4º aparezca que la Asociación deba reputarse ilícita, con arreglo á las prescripciones del Código penal, el Gobernador remitirá inmediatamente copia certificada de aquellos documentos al Tribunal ó Juzgado de instrucción competente, dando conocimiento de ello dentro del plazo de ocho días que fija el párrafo anterior, á las personas que los hubiesen presentado, ó á los Directores, Presidentes ó representantes de la Asociación, si ésta estuviese ya constituida. Podrá la Asociación constituirse ó reanudar sus funciones, si dentro de los veinte días siguientes á la notificación del acuerdo á que se refiere el párrafo anterior, no se confirma por la Autoridad judicial la suspensión gubernativa. Art.7º. En cada Gobierno de provincia se llevará un registro especial, en el cual se tomará razón de las Asociaciones que tengan domicilio ó establecimiento en su territorio á medida que se presenten las actas de constitución. Se considerarán parte integrante del registro todos los documentos cuya presentación exige esta ley. Art.8º. La existencia legal de las Asociaciones se acreditará con certificados expedidos con relación al registro, los cuales no podrán negarse á los Directores Presidentes ó representantes de la Asociación. Ninguna Asociación podrá adoptar una denominación idéntica á la de otra ya registrada en la provincia, ó tan parecidas que ambas puedan fácilmente confundirese, aplicando el Gobernador, en este caso, lo dispuesto en el párrafo primero del art.6º. Art.9º. Los fundadores, Directores, Presidentes ó representantes de cualquier Asociación, darán conocimiento por escrito al Gobernador civil en las capitales de provincia, y á la Autoridad local en las demás poblaciones, del lugar y días en que la Asociación haya de celebrar sus sesiones ó reuniones generales ordinarias, veinticuatro horas antes de la celebración de la primera. Las reuniones generales que celebren ó promuevan las Asociaciones, quedarán sujetas á lo establecido en la Ley de Reuniones públicas cuando se verifiquen fuera del local de la Asociación ó en otros días que los designados en los estatutos ó acuerdos comunicados á la Autoridad, ó cuando se refieran á asuntos extraños á los fines de aquélla, ó se permita la asistencia de personas que no pertenezcan á la misma. Art.10. Toda Asociación llevará y exhibirá á la Autoridad, cuando ésta lo exija, registro de los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de todos los asociados, con expresión de los individuos que ejerzan en ella cargo de administración, gobierno o representación. Del nombramiento ó elección de éstos deberá darse conocimiento por escrito al Gobernador de la provincia dentro de los cinco días siguientes al que tenga lugar. También llevará uno ó varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administrativos ó directivos, figurarán todos los ingresos y gastos de la Asociación, expresando inequívocamente la procedencia de aquellos y la inversión de éstos. Anualmente remitirá un balance general al Registro de la provincia. La falta de cumplimiento de lo prevenido en este artículo se castigará por el Gobernador de la provincia con multa de 50 á 150 pesetas á cada uno de los Directores ó socios que ejerzan en la Asociación algún cargo de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales que fueren procedentes. Art.11. Las Asociaciones que recauden ó distribuyan fondos con destino al socorro ó auxilio de los asociaciados ó á fines de beneficencia, instrucción ú otros análogos, formalizarán semestralmente las cuentas de sus ingresos y gastos, poniéndolas de manifiesto á sus socios y entregando un ejemplar de ellas en el Gobierno de provincia, dentro de los cinco días siguientes á su formalización.

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La inobservancia de este artículo se castigará por los medios expresados en el anterior. Art.12. La Autoridad gubernativa podrá penetrar en cualquier tiempo en el domicilio de una Asociación y en el local en que celebre sus reuniones, y mandará suspender en el acto toda sesión ó reunión en que se cometa ó acuerde cometer algunos de los delitos definidos en el Código penal. El Gobernador de la provincia podrá también acordar, especificando con toda claridad los fundamentos en que se apoye, la suspensión de las funciones de cualquier Asociación cuando de sus acuerdos ó de los actos de sus individuos, como socios, resulten méritos bastantes para estimar que deben reputarse ilícitos, ó que se han cometido delitos que deban motivar su disolución. En todo caso, la Autoridad gubernativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su acuerdo, pondrá en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente, con remisión de antecedentes, los hechos que hayan motivado la suspensión de la Asociación ó de sus sesiones y los nombres de los asociados ó concurrentes que aparezcan responsables de ellos. La suspensión gubernativa de una Asociación quedará sin efecto si antes de los veinte días siguientes al acuerdo no fuese confirmada por la Autoridad judicial, en virtud de lo prevenido en el art.14. Art.13. Los términos que señala esta ley para que la Autoridad gubernativa ponga en conocimiento de la judicial los acuerdos que adopte respecto de las Asociaciones, se entenderán ampliados, con arreglo á la de Enjuiciamiento criminal, en un día por cada 20 kilómetros de distancia cuando la Asociación no tenga su domicilio en la capital ó residencia del Tribunal competente para instruir las diligencias á que dieren lugar los hechos que motiven el acuerdo. Art.14. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión de las funciones de cualquier Asociación desde el instante en que dicte auto de procesamiento por delito que dé lugar á que se acuerde la disolución en la sentencia. Art.15. La Autoridad judicial será la única competente para decretar la disolución de las Asociaciones constituídas con arreglo á esta Ley. Deberá acordarla en las sentencias en que declare ilícita una Asociación, conforme á las disposiciones del Código penal, y en las que dicte sobre delitos cometidos en cumplimiento de los acuerdos de la misma. Podrá también decretarla en las sentencias que dicte contra los asociados por delitos cometidos por los medios que la Asociación les proporciones, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza y circunstancias del delito, la índole de los medios empleados y la intervención que la Asociación haya tenido en el empleo de dichos medios y en los hechos ejecutados. Art.16. Decretada por sentencia firme la disolución de una Asociación, no podrá constituirse otra con la misma denominación, ni con igual objeto, si éste hubiera sido declarado ilícito. Si no lo hubiere sido, y se constituyera otra Asociación con igual denominación ú objeto, no podrán formar parte de ella los individuos á quienes se hubiese impuesto pena en dicha sentencia. La suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya otra Asociación con la misma denominación ú objeto de que formen parte los individuos de la Asociación suspensa, é incapacitará a los asociados de ésta para reunirse en el local de sus sesiones ó en otro que adoptaren para ello, durante el tiempo que la suspensión deba subsistir. Art.17. De las sentencias ó providencias en que se acuerde la disolución ó suspensión de las funciones de una Asociación, ó en que ésta se deje sin efecto, dará la Autoridad judicial conocimiento al Gobernador de la provincia en el término de segundo día. Art.18. Las Asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la adquisión, posesión y disposición de sus bienes, para el caso de disolución, á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva.

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Art.19. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en cuento se opongan á la presente ley. Artículo adicional. Las Asociaciones existentes quedan sometidas á las disposiciones de esta ley, y deberán cumplir lo dispuesto en el art.4º, si ya no lo hubieren hecho anteriormente, dentro de los cuarenta días siguientes á su publicación en la Gaceta de Madrid, siéndoles aplicable, si no lo verifican dentro de ese plazo, lo prevenido en el art.3º. Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio, á 30 de junio de 1887. Texto 40. La teoría de la lucha de clases, folleto de Paul Lafargue traducido por Juan José Morato y publicado en España en 1897. El hombre vive en dos medios: el cósmico ó natural y el económico ó artificial, creado este último por el arte humano. Las acciones combinadas de estos dos medios determinan la evolución del hombre y de sus sociedades. Cuando se considera el hombre como ser organizado, apenas si se diferencia de los demás animales por ciertas cualidades y ciertos hábitos, y puede tomársele como el producto inmediato de las fuerzas que accionan en la naturaleza. El hombre prehistórico, el hombre de la edad de piedra, tal cual nos le muestran por analogía los pueblos salvajes aun existentes en Oceanía, América y África, no sufría más influencia que la del medio natural. (…) Para explicar la formación de las diversas razas humanas en estas épocas primitivas, el naturalista puede, como hace para otras especies animales, no recurrir más que á la acción de las fuerzas de la naturaleza. La competencia vital, la lucha por la existencia, tal cual existe entre los animales, era la ley de los hombres primitivos. Para perseguir una presa y atraparla, para disputar y apoderarse de una hembra no empleaban otra cosa que la elasticidad de sus músculos y la fuerza de sus brazos y de sus piernas. Desgarraban á sus enemigos con los dientes y las uñas, los golpeaban con piedras y palos; y el vencedor era el más fuerte, el más hábil, el mejor dotado. Pero esta competencia vital, animal, se modifica y adquiere otros caracteres hasta en los mismos tiempos prehistóricos. Cuando el hombre descubre el arte de trabajar los metales, en la edad de bronce, ya no se bate sólo con sus armas naturales; posee armas artificiales, y en el combate no triunfa el más fuerte, sino el mejor armado. Por tal razón, para muchos antropólogos es poco menos que cierto que los hombres de la edad de piedra que habitaban la Europa fueron exterminados y reemplazados por otra raza de hombres que venían del Este y que conocían el uso del bronce (…). Lo que pasó en los tiempos prehistóricos es lo mismo que ocurre hoy. Cuando un Stanley, un Brazza u otro bandido civilizado entra en lucha con un negro del Congo, la victoria no es para el más fuerte, el más ágil y el más valiente, sino para el revólver y la pólvora. Otro tanto ocurre en el campo de batalla de la industria: cuando los tejedores á mano disputaban el campo á los tejedores de la grande industria, el campo no quedó por el obrero más enérgico, más laborioso, más hábil, sino por el telar mecánico, por la fuerza motriz del vapor. Luego en las sociedades humanas las cosas pasan de diferente modo que entre los animales: en éstas no son sólo las cualidades naturales las que aseguran la victoria, sino, sobre todo, los instrumentos de trabajo y las armas. Puede decirse que la verdadera lucha por la existencia no se verifica entre los hombres, sino entre sus órganos artificiales. Esta competencia vital de las armas y de los instrumentos, que

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presentan los caracteres de la competencia vital de los animales y de las plantas, ha sido la causa del maravilloso desarrollo de los ingenios industriales y guerreros. Cuando dos patronos, armados de iguales medios de producción, luchan por expulsarse mutuamente del mercado, combaten sobre las costillas de sus obreros; á más y mejor rebajan los salarios, aumentan la jornada y reemplazan los hombres por mujeres y niños y el obrero hábil por peones. Esta lucha por la existencia de los patronos, si no perfecciona ni física ni intelectualmente á los dos concurrentes, conduce á la degradación física, moral é intelectual de la clase asalariada. (…) No es el hombre el único que en la naturaleza se ha creado un medio artificial: ciertas especies de animales (los castores, las abejas, las hormigas, etc.) han llegado á construirse medios artificiales que les han permitido alcanzar un grado de desarrollo desconocido en otras especies. (…) Los hormigueros son una de las maravillas de la naturaleza. “Su rasgo característico –dice Forel– es la ausencia de un modelo inmutable especial para cada especie, que es el caso de las avispas y las abejas. Las hormigas saben adaptar sus construcciones á las circunstancias y sacar partido de los accidentes del suelo”. Las hormigas construyen murallas, levantan pilares, ponen capas de ladrillos, colocan techos, superponen pisos, y se ha encontrado hormigueros que tenían hasta cuarenta. (…) El comunismo más absoluto reina en el hormiguero. El trabajo es libre: las hormigas le realizan con un ardor sin descanso. (…) No solamente el orden y la harmonía imperan en el seno del hormiguero, sino que á menudo hay establecidas relaciones pacíficas con los hormigueros vecinos, bien que, generalmente, la guerra más activa reina entre ellos. Forel ha observado en una explanada de las cercanías de Ginebra –la Petite Saleve– una nación de hormigas formada por más de cien colonias, que vivían en la paz más perfecta, en una llanura de Alleghanies, en la América del Norte, M. Coock descubrió de 1.600 á 1.700 hormigueros cónicos, de dos á cinco pies de altura; todos sus habitantes estaban estrechamente ligados y no se atacaban jamás, uniéndose para rechazar los enemigos exteriores (arañas, serpientes, etc.), y se auxiliaban también para la construcción y reparación de sus nidos. Era una verdadera federación de hormigueros. (…) Las últimas investigaciones históricas demuestran que el comunismo es el primer molde en que se han vaciado las sociedades humanas. En nuestros días se encuentran en Asia, en Oceanía, en África, y en la misma Europa, pueblos que no conocen la propiedad individual si no es la de la casa y el jardín á ella adyacente. Los campos son poseídos colectivamente por toda la tribu; las tierras arables –según las costumbres locales– se dividen entre las familias todos los años ó cada tres ó siete años; los bosques y los pastos son siempre propiedad indivisa. Esta forma colectiva de la propiedad comporta una organización social y familiar como no se encuentra en ninguna sociedad basada en otra forma de propiedad. Entre los pueblos de propiedad colectiva, á pesar de las diferencias de raza y de clima, se encuentran los mismos vicios, las mismas pasiones é iguales virtudes, así como hábitos y manera de pensar análogos: el medio artificial unifica las razas que diversifica el medio natural. (…) Sin la ayuda de ninguna de las instituciones represivas de las naciones capitalistas que se llaman civilizadas (policía, magistratura, sistema penitenciario, etc.) reinan un orden estable y una harmonía perfectas en el seno de las comunidades primitivas; bien que, como los hormigueros, estén generalmente en guerra entre sí. Todo lo que es extraño ó extranjero les es hostil. Este sentimiento encuentra su verdadera expresión en la palabra latina hostis, que significa á la vez enemigo y extranjero: las palabras huésped y hostilidad derivan de la misma voz latina. Por lo mismo que las sociedades humanas primitivas han evolucionado en medios artificiales, suprimiendo todo antagonismo individual, toda competencia vital darwiniana, es por lo que el hombre ha podido desarrollarse y elevarse por encima de la animalidad. Los antagonismos no

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aparecen en las sociedades sino cuando la forma colectiva de la propiedad se disuelve y cuando la sociedad se divide en clases que tienen intereses opuestos; pero en ningún caso la lucha por la existencia reviste en el seno de las sociedades humanas la forma observada entre los animales y las plantas, y, sobre todo, nunca conduce á iguales resultados. En los hormigueros, con objeto de que puedan realizarse las diferentes funciones indispensables á la vida de la comunidad, las hormigas se dividen en categorías, en clases: clase de reproductores (hembra y macho); clase de las neutras, subdividida en clase guerrera y clase obrera, siendo incumbencia de esta última todos los trabajos. Las demás clases sólo tienen que proveer á la reproducción y defensa de la comunidad. Las diferentes categorías de hormigas desempeñan un papel esencialmente útil. Esta subdivisión de los miembros de una misma comunidad en categorías y en clases se efectúa también en las sociedades humanas: las clases descargadas del cuidado de proveer á su propia alimentación y entretenimiento han llenado en un principio una función útil, indispensable para la vida de la comunidad, la que les procuraba los medios de subsistencia. En las teocracias de los judíos, de los indios, de los persas, de los egipcios, de los galos, etc., cuando aun no se había inventado la escritura silábica, los sacerdotes eran los depositarios de la tradición y de los conocimientos adquiridos; y estaban encargados de la administración de los bienes de la colectividad y de la dirección general del trabajo. Las aristocracias feudales en Europa y en Asia tenían también en su origen cierta utilidad: el campesino-propietario se infeudaba á un señor feudal, al cual se comprometía á pagar un tributo en especie (renta) y en trabajo (corvea), con la condición de ser protegido contra los numerosos enemigos que le cercaban. El señor debía poseer un castillo donde, en caso de ataque, el campesino pudiera poner á salvo su cosecha y su ganado, y debía sostener cierto número de hombres de guerra para rechazar los ataques. Como dice muy bien Engels: “La ley de la división del trabajo es la que yace en el fondo de esta división de la sociedad humana”. Pero las clases emancipadas del trabajo han abusado siempre de su superioridad, y el abuso que han hecho de sus privilegios ha sido tanto más nocivo é insoportable, cuanto que las funciones que debían realizar habían llegado á ser innecesarias, gracias á las transformaciones del medio social que las había dado nacimiento. Todas han recurrido –dice Engels– á la fuerza, á la rapiña, á la astucia y al fraude para extender y consolidar su dominación en detrimento de la clase trabajadora y para transformar la dirección social en explotación de las masas. De útiles y bienhechoras que fueron en su origen, las clases emancipadas del trabajo acabaron por llegar á ser nocivas y opresoras. Para mantener su posición las clases emancipadas, llegadas á clases reinantes, emplean las fuerzas intelectual y brutal sabiamente organizadas. En las precedentes conferencias he mostrado á la burguesía, volteriana cuando luchaba contra la nobleza, convirtiéndose en hipócrita cuando llegó á ser clase dominante, é inventando la religión liberal con sus dioses Progreso, Libertad, Trabajo, Leyes naturales de la Economía política, etc., y en último término, tratando de decretar la inferioridad social de la clase trabajadora en nombre de la ciencia natural. La aristocracia también pasó por las mismas fases de evolución: en un tiempo estaban en guerra el papa y el emperador, el barón y el obispo, el castillo y la iglesia, y, sin embargo, concluyeron por coligarse para oprimir, física é intelectualmente, á los trabajadores de las villas y de los campos. La fuerza brutal y coercitiva (ejército, policía, magistratura, etc.) de que se sirven las clases dominantes, crece á medida que éstas se van haciendo inútiles y que la clase oprimida,

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aumenta y acentúa su antagonismo. La clase inferior no puede efectuar su emancipación más que destruyendo la fuerza intelectual y la fuerza brutal de la clase dominante, haciendo que preceda á la lucha armada una campaña teórica preparatoria. Para resistir á las reclamaciones y á los golpes de mano de la clase oprimida, la clase reinante presenta un frente unido, siquiera la discordia impere en su seno: en 1848 y en 1871 hemos visto á todas las fracciones de la burguesía suspender sus querellas y aliarse para aplastar la sublevación popular. Pero las luchas políticas de las fracciones de esa clase, que se manifiestan en la superficie, revelan imperfectamente las luchas intestinas y sin tregua que se libran en el seno de ella. En efecto, como ha dicho Marx: “Si bien todos los individuos de la burguesía moderna tienen el mismo interés, como individuos que forman una clase enfrente de otra clase, tienen intereses opuestos, antagónicos, cada vez que se encuentran unos frente á otros. Esa oposición de intereses dimana de las condiciones económicas de la vida burguesa”. La competencia industrial y comercial, ese dogma fundamental de la economía burguesa, no es, en definitiva, más que la declaración de guerra de los diversos intereses de la burguesía. Esta guerra conduce fatalmente á la expropiación de los vencidos, que son arrojados en e! proletariado, y la concentración de la fortuna social en manos cada vez menores en número, y, por consecuencia, al compás que la clase burguesa aumenta en riqueza disminuye en número, y es cada vez más incapaz para defenderse á sí misma. La aristocracia ha atravesado las mismas fases de evolución. Las guerras perpetuas de los barones feudales la condujeron á su mutua destrucción; los bienes del vencido y sus hombres de guerra iban á aumentar el ejército y las tierras del vencedor. Esta constante eliminación de sus miembros concluyó por reducir á la clase aristocrática y por facilitar su supresión como clase reinante. La lucha por la existencia entre los animales tiende á perfeccionar al individuo y á desarrollar la especie, en tanto que en las sociedades humanas no mejora el individuo: diezma á la clase dominante y prepara su abolición. Al compás que la clase emancipada del trabajo decrece y se transforma en clase parasitaria u opresora, la clase oprimida crece y recluta en sus filas todas las capacidades intelectuales necesarias para la dirección económica y política de la sociedad, y entonces el antagonismo de las dos clases se intensifica y estalla en luchas civiles. Este antagonismo engendró en la Edad Media las guerras de campesinos y las sublevaciones de las villas, que prepararon la caída de la clase feudal, y en nuestros días engendra huelgas, que trastornan continuamente las relaciones económicas, y revueltas obreras, que perturban el mundo político. La guerra civil, con sus ferocidades y sus horrores, señala el apogeo del antagonismo de clases: la toma por asalto de los poderes políticos del Estado es la base de la emancipación de la clase oprimida, de la clase revolucionaria. El Estado es la fortaleza donde se refugia la clase reinante, incapaz de defenderse á causa de la reducción del número de sus miembros y también á causa de su imbecilidad. El Estado es, pues, la organización de las fuerzas brutales é intelectuales de que necesita la burguesía para asegurar sus condiciones de explotación y para mantener á la clase trabajadora en las condiciones de sumisión (esclavitud, servidumbre, salariado) que reclama el modo de producción actual. Mientras que la sociedad esté dividida en clases antagónicas, es decir, en tanto haya que contener á una clase, el Estado es una fatalidad que ni el agua bendita del libre cambio ni los exorcismos anarquistas pueden destruir. La clase oprimida, que en un momento dado es la clase revolucionaria, debe apoderarse del Estado, transformarle según las necesidades de la lucha y volverle contra la clase á quien se debe desposeer.

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En el siglo último la burguesía francesa era la clase revolucionaria, y no se emancipó sino cuando puso mano en el Estado y le transformó, sirviéndose de sus fuerzas para quebrantar las resistencias de la nobleza y del clero. Pero la burguesía, á pesar de su disfraz filantrópico y de sus declamaciones de fraternidad, se presentó como clase explotadora de la masa obrera. No podía, pues, destruir el Estado, antes al contrario, le fortificó, y el día mismo de su advenimiento al Poder le empleó en reprimir las sublevaciones populares. El Estado no puede ser suprimido más que por la clase que realice la abolición de todas las clases, y las clases no podrán ser abolidas más que cuando se haya resuelto el antagonismo de los intereses económicos, cuando la propiedad individual, que engendró el antagonismo de intereses, sea transformada en propiedad nacional ó común. He aquí, para terminar, unas palabras de Federico Engels: “Cuando no haya clases que mantener en la opresión, cuando la dominación de clase, la lucha por la existencia, basada en la anarquía de la producción, las colisiones y los excesos que de aquí dimanan hayan desaparecido, no habiendo nada que reprimir, el Estado será ya inútil. El primer acto por el cual el Estado se constituirá en verdadero representante de toda la sociedad –la toma de posesión de los medios de producción en nombre de aquélla– será al mismo tiempo su último acto como Estado. El gobierno de las personas será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procedimientos de producción: la sociedad libre no puede tolerar la existencia de un Estado entre ella y sus miembros. La división de la sociedad en clase explotadora y clase explotada, dominante y oprimida, ha sido la consecuencia fatal de la productividad poco desarrollada de la sociedad. Allí donde el trabajo social no rinde más que una cantidad de productos que apenas excede de lo que es estrictamente necesario para mantener la existencia de todos; allí donde el trabajo, por consecuencia, absorbe todo ó casi todo el tiempo de la gran mayoría de los individuos que componen la sociedad, aquella sociedad se divide necesariamente en clases. Al lado de una gran mayoría, consagrada exclusivamente al trabajo, se forma una minoría exenta del trabajo directamente productivo y encargada de los negocios comunes de la sociedad: dirección general del trabajo, gobierno, justicia, ciencias, artes, etc. La posibilidad, mediante la producción social, de asegurar á todos los miembros de la sociedad una existencia material bastante desahogada, que se ensanchará cada día más, y de garantizarles al mismo tiempo el libre desarrollo y ejercicio de todas sus facultades físicas é intelectuales, esa posibilidad, decimos, existe hoy por vez primera, pero existe. Texto 41. El Estado y las clases obreras. Memoria presentada a la Real Académica de Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1892, por Domingo Enrique Aller, Madrid, 1894. ¿Por qué motivo la cuestión obrera ha llegado á sobreponerse á todas las otras cuestiones que se manifiestan en la sociedad de nuestros días? Digámoslo sin rodeos: precisamente por haber variado de un modo radical la condición del obrero desde principios de este siglo. Sin ir más lejos, el gremio sujetaba al oficial y al aprendiz hasta un punto que ambos carecían de personalidad dentro de esta institución. Todo en ella estaba reglamentado bajo el amparo de la ley; apenas les era permitido discutir las bases bajo las cuales se les admitía trabajar, ni su estipendio mezquino, ni, en una palabra, la más insignificante de las onerosas condiciones que pasaban sobre ellos. Hoy, por el contrario, el obrero es tan dueño y señor de sus brazos como el patrón de sus capitales, y los dos tienen que entenderse y concertarse para establecer los servicios recíprocos que se prestan. Bajo el punto de vista jurídico apenas hay diferencia entre ambos; se impone la necesidad del pacto, y el trabajador figura en él como una de las partes contratantes. Pesan y miden sus respectivos intereses, y de aquí la posibilidad de la lucha que se dice “entre el capital y el trabajo”. Así suele llamársele, envolviendo en la concisión de una frase un concepto por demás inexacto; porque, para la mayoría de las gentes, que desconoce el valor de la metáfora, existe un

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verdadero antagonismo entre estos dos agentes económicos, cuando sucede todo lo contrario. El trabajo y el capital, lejos de ser antagonistas, se necesitan y compenetran de tal modo, que no se concibe la eficacia del uno sin el auxilio del otro. (…) ¿Cuál debe ser la misión del Estado ante las aspiraciones “legítimas” y las necesidades “remediables” de las clases obreras? (…) Desde las escuelas socialistas radicales hasta el puro individualismo, cada cual discurre á su modo, y se ensancha ó restringe la esfera de acción del Estado, reduciéndolo los unos a una mera institución de seguridad, y apreciándolo los otros como el único resorte para dirigir y encauzar la sociedad toda, absorbiendo en su seno los varios elementos que la componen. Esto no obstante, es general el acuerdo en considerar al Estado como “la sociedad distribuida en agrupaciones determinadas y cada una de éstas organizada de cierta manera para la declaración y realización del Derecho”; y por consiguiente, sin adelantar ideas, se notará desde luego el “aspecto jurídico” del tema objeto de este estudio. Sabido el concepto del Estado, y partiendo del supuesto de que es ante todo una institución de “Derecho” llamada á declararlo y á hacerlo efectivo, en el Derecho tendremos que buscar los “límites más salientes” dentro de los cuales ha de contribuir aquél a mejorar la condición de los trabajadores”. Texto 42. Ley de 24 de julio de 1873, excluyendo a los niños y niñas menores de diez años del trabajo en fábricas, talleres, funciones o minas, y fijando las horas de trabajo en las mismas. Las Córtes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente ley: Artículo 1º. Los niños y las niñas menores de diez años no serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición ó mina. Art. 2º. No excederá de cinco horas cada día, en cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de trece, ni el de las niñas menores de catorce. Art.4º. No trabajarán de noche los jóvenes menores de quince años, ni las jóvenes menores de diez y siete en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos ó de vapor. Para los efectos de esta ley, la noche empieza á contarse desde las ocho y media. Art.5º. Los establecimientos de que habla el art.1º situados á más de cuatro kilómetros de lugar poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de ochenta obreros y obreras mayores de diez y siete años, tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de nueve años. Es obligatoria la asistencia á esta Escuela durante tres horas por lo ménos para todos los niños comprendidos entre los nueve y trece años y para todas las niñas de nueve á catorce. Art.6º. También están obligados estos establecimientos á tener un botiquín y á celebrar contratos de asistencia con un Médico-cirujano, cuyo punto de residencia no exceda de diez kilómetros, para atender á los accidentes desgraciados que por efecto del trabajo puedan ocurrir. Art.7º. La falta de cumplimiento á cualquiera de las disposiciones anteriores será castigada con una multa de 123 á 1250 pesetas. Art.8º. Jurados mixtos de obreros, fabricantes, Maestros de Escuela y Médicos, bajo la presidencia del Juez municipal, cuidarán de la observancia de esta ley y de su reglamento, en la forma que en él se determine, sin perjuicio de la inspección que á las Autoridades y Ministerio fiscal compete en nombre del Estado. Art.9º. Promulgada esta ley, no se construirá ninguno de los establecimientos de que habla el art.1º sin que los planos se hayan previamente sometido al exámen de un Jurado mixto, y ha-

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yan obtenido la aprobación de éste, respecto sólo á las precauciones indispensables de higiene y seguridad de los obreros. Art.10. En todos los establecimientos mencionados en el articulo 1º, se fijará la presente ley y los reglamentos que de ella se deriven. Art.11. El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución de la presente ley. Artículo transitorio. Interin se establecen los Jurados mixtos, corresponde á los Jueces municipales la inmediata inspección de los establecimientos industriales, objeto de esta ley. Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento. Palacio de las Cortes 24 de Julio de 1878. Texto 43. Ley de 30 de enero de 1900, regulando las responsabilidades por accidentes de trabajo. Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino: A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, entiéndese por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por patrono, el particular ó Compañía propietario de la obra, explotación ó industria donde el trabajo se preste; y por operario, todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena. Art. 2º. El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente. Art. 3º. Las industrias ó trabajos que dan lugar á responsabilidad del patrono serán: 1º. Las fábricas y talleres y los establecimientos industriales donde se hace uso de una fuerza cualquiera distinta de la del hombre. 2º. Las minas, salinas y canteras. 3º. Las fábricas y talleres metalúrgicos y de construcciones terrestres ó navales. 4º. La construcción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo los trabajos de albañilería y todos sus anexos: carpintería, cerrajería, corte de piedras, pintura, etc. 5º. Los establecimientos donde se producen ó se emplean industrialmente materias explosivas ó inflamables, insalubres ó tóxicas. 6º. La construcción, reparación y conservación de vías férreas, puertos, caminos, canales, diques, acueductos, alcantarillas y otros trabajos similares. 7º. Las faenas agrícolas y forestales donde se hace uso de algún motor que accione por medio de una fuerza distinta á la del hombre. En estos trabajos, la responsabilidad del patrono exitirá sólo con respecto al personal expuesto al peligro de las máquinas. 8º. El acarreo y transporte por vía terrestre, marítima y de navegación interior. 9º. Los trabajos de limpieza de calles, pozos negros y alcantarillas. 10º. Los almacenes de depósito y los depósitos al por mayor de carbón, leña y madera de construcción. 11º. Los teatros, con respecto de su personal asalariado. 12º. Los cuerpos de bomberos. 13º. Los establecimientos de producción de gas o de electricidad.

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14º. Los trabajos de colocación, reparación y desmonte de conductores eléctricos y de pararrayos. 15º. Todo el personal encargado en las faenas de carga y descarga. 16º. Toda industria ó trabajo similar no comprendido en los números precedentes. Art.4º. Los obreros tendrán derecho á indemnización por los accidentes indicados en el art.2º, que produzcan una incapacidad de trabajo absoluta ó parcial, temporal o perpetua, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes:(…) Art.6º. Se constituirá una Junta técnica encargada del estudio de los mecanismos inventados hasta hoy para prevenir los accidentes del trabajo. Esta Junta se comprondrá de tres Ingenieros y un Arquitecto; dos de los primeros pertenecientes á la Junta de reformas sociales, y uno á la Real Academia de Ciencias exactas, á propuesta de las referidas Corporaciones. El cargo de Vocal de la Junta técnica de previsión de los accidentes del trabajo, será gratuito. (…). Art.14. Mientras se dictan las disposiciones relativas á los Tribunales ó jurados especiales que han de resolver los conflictos que surjan en la aplicación de esta ley, entenderán en ellos los Jueces de primera instancia, con arreglo a los procedimientos establecidos para los juicios verbales y con los recursos que determina la ley de Enjuiciamiento civil. (…). Art.19. Serán nulos y sin valor toda renuncia á los beneficios de la presente ley, y en general todo pacto contrario á sus disposiciones. Art.20. El Gobierno dictará en el término de seis meses, los reglamentos y disposiciones necesarios para el cumplimiento de esta ley. Art.21. Ejemplares impresos de esta ley y su reglamento se colocarán en sitio visible de los establecimientos, talleres ó empresas industriales á que se refiere. Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á treinta de Enero de mil novecientos. Texto 44. Real Decreto de 23 de abril de 1903, por el que se crea el Instituto de Reformas Sociales. Señor: La legislación social española, en uno de sus fines de mayor transcendencia, puede hoy concretarse en grandes cifras, que permiten apreciar la eficaz solicitud del legislador para procurar la posible reparación económica de los accidentes del trabajo. No es esta ocasión de detallar estadística tan triste por su origen y tan consoladora por el progreso social que revela, siendo suficiente indicar que desde la promulgación de la Ley de 31 de enero de 1900 hasta hoy, y con referencia solamente a obreros asegurados, se han dedicado más de 2 millones de pesetas a indemnizar tales infortunios, en la forma y grado que ha sido factible conciliar intereses respetables, de obreros y patronos. Para perfilar estas y otras materias esbozadas, desarrollar gradual y sistemáticamente nuestra legislación social, y conseguir incorporar a la vida nacional lo que en ella se disponga, se hace ya indispensable un organismo adecuado, y considera el Gobierno, después de estudiado este asunto con atención merecida, que se lograría por medio de una reorganización de nuestros actuales servicios en la orientación significada por ambas Cámaras al examinar el proyecto de ley, que no llegó a votación definitiva, sobre el Instituto del Trabajo. Al efecto se establece dicho organismo en el Ministerio donde tuvo origen este interesante aspecto de nuestra Administración en 1883, y hoy funciona sin dificultades, y en el quedó enlazado a multitud de disposiciones y Centros que sería necesario modificar esencialmente si se trasladase a otro departamento.

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Respétase a la vez la actual organización ministerial en su respectiva competencia de asuntos, con sólo procurar que el Instituto propuesto tenga la expansión suficiente para contrastar sus proyectos en los Ministerios con el mismo más relacionados, que son los de Gobernación, Gracia y Justicia y Agricultura, pero dotándole de la unidad de acción necesaria para traducir sus trabajos en una resultante que evite así los perjuicios del criterio unilateral, como los de la diversidad de direcciones, y armonice convenientemente dicha especial legislación con la general. La esfera amplísima reconocida a la Comisión de Reformas sociales en sus funciones puramente consultivas, ejercidas siempre con elevado, imparcial y patriótico criterio, la tendrá el nuevo Instituto, con una más eficaz acción administrativa y a la que estén atribuidos los medios indispensables para su difícil cometido, a fin de que sea la práctica guía de sus consejos y rija en la realidad el desarrollo de sus proyectos. Es, en suma, la adaptación de la Oficina del Trabajo de Bélgica, con toda su extensión y virtualidad, a la organización nuestra, en que no existe como allí centralizado en un Ministerio especial cuanto afecta la Industria y el Trabajo en sus múltiples aspectos. Resta, por último, indicar, que la representación de patronos y de obreros, admitida ya en los organismos provinciales y municipales que funcionan con éxito para la reforma social, lo será, también en el proyectado Instituto central, y que para la mejor realización de sus fines en beneficio de la clase obrera, solicitará el Gobierno el concurso de cuantos elementos considere útiles, sin distinción de opiniones, en su deseo de mantener apartada de las pasiones políticas la delicada tarea a que se refiere el siguiente proyecto de decreto, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M., que siempre se muestra propicio a iniciar y a patrocinar aspiraciones como las expuestas, de indudable interés patriótico y social. Madrid 23 de abril de 1903. Francisco Silvela. REAL DECRETO Conformándome con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1º. Se establece un Instituto de Reformas sociales en el Ministerio de la Gobernación, que estará encargado de preparar la legislación del Trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernativa, en beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras. Artículo 2º. El Instituto se compondrá de 30 individuos, 18 de libre elección del Gobierno; de los 12 restantes serán elegidos en la forma que preceptúe el reglamento, seis por el elemento patronal y seis por la clase obrera, ambos en la proporción de dos representantes de la gran industria, dos de la pequeña industria y dos de la clase agrícola. Artículo 3º. Se dividirá el Instituto en tres Secciones, afectas respectivamente: al Ministerio de la Gobernación, para los asuntos relacionados con la policía y el orden público; al de Gracia y Justicia, para aquellos de carácter esencialmente jurídico; y, por último, al Ministerio de Agricultura, si se trata de funciones de Administración pública concernientes a las relaciones económico-sociales. Formará parte de las dos primeras Secciones el Subsecretario del respectivo Ministerio, y de la tercera el Director general de Agricultura. Artículo 4º. Se procederá al inmediato nombramiento por Real Decreto de los 18 Vocales de libre disposición del Gobierno y del Presidente del Instituto. Artículo 5º. Dichos individuos nombrados constituirán una Comisión encargada de formular un proyecto de reglamento orgánico del Instituto de Reformas sociales, preparando sus trabajos una ponencia compuesta del Presidente, de tres Vocales, propuestos respectivamente

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a dicho efecto por los Ministerios de la Gobernación, Gracia y Justicia y Agricultura, y de uno elegido por la Comisión. Artículo 6º. La Comisión expresada se constituirá dentro de los cinco días siguientes a la publicación en la Gaceta de Madrid de los correspondientes nombramientos, y en el plazo de un mes elevará al Gobierno un proyecto de reglamento que, entre otras materias, comprenda las siguientes: -Competencia del Instituto y su relación con los demás centros oficiales. -Procedimiento electoral para completar y renovar su personal con la representación de las clases de patronos y de obreros. -Organización de sus trabajos: 1º En las funciones de carácter consultivo. Sesiones generales y de Secciones. 2º En las propias de la Administración activa, Consejo de Dirección. Comisiones. Delegados. -Régimen económico. Reglas para la conveniente inversión de la asignación que se conceda al Instituto, previa la tramitación preceptuada por la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública. Artículo 7º. Habiendo quedado terminada la misión de la Comisión de Reformas sociales del Ministerio de la Gobernación, el Instituto se hará cargo de la documentación y libros que a aquélla pertenezcan. Dado en Palacio a veintitrés de abril de mil novecientos tres. Texto 45. Ley de 3 de marzo de 1904, regulando el descanso dominical. Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España: A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: Artículo 1º. Queda prohibido en domingo el trabajo material por cuenta ajena, y el que se efectúe con publicidad por cuenta propia, en fábricas, talleres, almacenes, tiendas, comercios fijos ó ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, explotaciones de obras públicas, construcciones, reparaciones, demoliciones, faenas agrícolas ó forestales, establecimientos ó servicios dependientes del Estado, la Provincia ó el Municipio y demás ocupaciones análogas á las mencionadas, sin más excepciones que las expresadas en esta ley y el reglamento que se dictará para cumplirla. Los obreros que se empleen en trabajos continuos ó eventuales, permitidos en domingo por excepción, serán los estrictamente necesarios; trabajarán tan sólo durante las horas que señale el reglamento como indispensables para salvar el motivo de la excepción, y no podrán ser empleados por toda la jornada dos domingos consecutivos. La jornada entera que cada cual de ellos hubiere trabajado en domingo, se les restituirá durante la semana. Ninguna excepción será aplicable á mujeres ni á menores de dieciocho años. Se otorgará al operario á quien no corresponda descansar en domingo ó día festivo, el tiempo necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos. Art.2º. Se exceptúan de la prohibición: Primero. Los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones, por la índole de las necesidades que satisfacen, por motivo de carácter técnico ó por razones que determinen grave perjuicio al interés público ó á la misma industria, según especificación que el reglamento hará de unos y otros. Segundo. Los trabajos de reparación ó limpieza indispensables para no interrumpir con ellos las faenas de la semana en establecimientos industriales.

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Tercero. Los trabajos que eventualmente sean perentorios por inminencia de daño, por accidentes naturales ó por otras circunstancias transitorias que sea menester aprovechar, mediante permiso de la Autoridad gubernativa local, cuya concesión normalizará el reglamento. Art.3º. Carecerá de fuerza civil de obligar toda estipulación contraria á las prohibiciones de trabajo estatuídas por esta ley, aunque el pacto haya precedido á su promulgación. Art.4º. Los acuerdos legítimamente adoptados, según estatutos de gremios ó asociaciones que tengan existencia jurídica podrán normalizar el descanso que esta ley preceptúa, y también podrán ampliarlo, con tal que no entorpezcan ó perturben el trabajo ni el descanso de otros operarios según el sistema de cada industria. Art.5º. Las infracciones de esta ley se presumirán imputables al patrono, salva prueba contraria, en el trabajo por cuenta ajena, y serán castigadas por multas de 1 á 25 pesetas, cuando sean individuales; con multa de 25 á 50 pesetas, cuando no excedan de diez el número de operarios que hayan trabajado; y si fueren más, con multa equivalente al total de los jornales devengados en domingo de manera ilegítima. La primera reincidencia dentro del plazo de un año se castigará con reprensión pública y multa de 250 pesetas; las ulteriores reincidencias, dentro de dicho plazo, con multa que podrá ascender hasta el duplo de los jornales devengados contra ley. Conocerán de estas infracciones las Autoridades gubernativas. El importe de las multas se destinará á fines benéficos y de socorro para la clase obrera. Será pública la acción para corregir ó castigar dichas infracciones. Art.6º. El reglamento para la ejecución de esta ley será redactado y puesto en vigor en el plazo máximo de seis meses, á contar desde el día de la promulgación de la misma. El Instituto de Reformas Sociales en pleno será oído sobre la formación y las ulteriores modificaciones del reglamento. Artículo adicional. Para todos los efectos de esta ley, se entenderá que el domingo empieza á contarse desde las doce de la noche del sábado y termina á igual hora del día siguiente; siendo, por consiguiente, de veinticuatro horas de duración el descanso. Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á tres de Marzo de mil novecientos cuatro. Texto 46. Ley de 19 de mayo de 1908, relativa a Tribunales Industriales. Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España; A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: I. Organización de los Tribunales industriales. Artículo 1º. El Gobierno podrá decretar el establecimiento de un Tribunal industrial en la cabeza de un partido judicial, con jurisdicción sobre todo el territorio del partido, siempre que lo estime oportuno y á petición de obreros y patronos del territorio. El Gobierno oirá previamente en todo caso el parecer de las Juntas locales y provinciales, Cámaras Agrícolas y de Comercio correspondientes, y podrá oir también el de cualesquiera otras entidades á quien afecte la creación del Tribunal industrial. Art.2º. Es patrono para todos los efectos de esta ley, la de Consejo de Conciliación y Arbitraje industrial y la de Huelgas y coligaciones, la persona natural o jurídica, propietario ó contratista de la obra, explotación ó industria, donde se preste el trabajo.

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Es obrero la persona natural ó jurídica, el aprendiz ó dependiente de comercio que presta habitualmente un trabajo manual por cuenta ajena y cualquier otra asimilada por las leyes al trabajo manual. Se exceptúan todas aquellas personas cuyos servicios sean de índole puramente doméstica. II. Formación del Tribunal y su competencia. Art.3º. El Tribunal se compondrá del Juez de primera instancia, Presidente; de tres Jurados y un suplente, designados por el litigante obrero entre los que figuren en la lista elegida por los patronos, y de tres jurados y un suplente, designados por el litigante patrono entre los que figuren en la lista elegida por los obreros. Art.4º. El cargo de jurado es gratuito, y una vez admitido, obligatorio. Se entenderá admitido el cargo de jurado por todo aquel que á los ocho días de haber sido proclamado no lo renuncie. Los auxiliares y subalternos del Tribunal y de la Audiencia, en su caso, prestarán gratuitamente su concurso al mismo. En las actuaciones se usará de papel de oficio. La intervención del Procurador y Abogado no es necesaria. Sus derechos y honorarios serán de cuenta del litigante que los utilice. Art.5º. Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita á los Tribunales ordinarios ó de compromiso en árbitros ó amigables componedores cuya determinación compete también al Tribunal industrial, conocerá éste: Primero. De las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obreros ó entre obreros del mismo patrono sobre incumplimiento ó rescinsión de los contratos de arrendamiento de servicios, de los contratos de trabajo ó de los de aprendizaje. Segundo. De los pleitos que surjan en la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo sometidos hasta ahora provisionalmente á la jurisdicción de los Jueces de primera instancia. El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta; á falta de estipulación escrita ó verbal, se atendrá el Tribunal á los usos y costumbres de cada localidad en la respectiva clase de trabajo. Art.6º. Cuando se suscite juicio ordinario en virtud de reserva de derechos, en él atenderá el Tribunal industrial, si el asunto es de su competencia, con arreglo al artículo anterior. III. Sistema electoral. Art.7º. El Real decreto que ordene la creación de un Tribunal industrial se comunicará oficialmente al Presidente de la Junta local de Reformas Sociales de la cabeza del partido en donde el Tribunal haya de constituirse. El Presidente lo hará público en la forma acostumbrada, concediendo además el plazo de un mes para que acudan á inscribirse en las listas electorales, personalmente ó por escrito, todos aquellos que tengan derecho á ser incluídos en ella con arreglo al artículo siguiente. La Junta local de Reformas Sociales de la cabeza de partido formará separadamente las listas de electores de patronos y obreros de todo el territorio, con los que voluntariamente se hubiesen inscrito; admitirá ó informará las reclamaciones sobre inclusión y exclusión, remitiéndolas al Juzgado de primera instancia para su resolución definitiva. Los Ayuntamientos sustituirán á las Juntas locales donde éstas no existan. Art.8º. Tienen derecho á ser electores en concepto de patronos: Primero. Las personas naturales ó jurídicas, nacionales ó extranjeras, sea cual fuere su sexo ó edad, que ejerzan unas industria, comercio, oficio ó fabricación, y paguen por tales conceptos una contribución, siempre que estén comprendidos en la definición del art.2º de esta ley. En caso de incapacidad civil de estas personas, podrán ser excluídas en las listas quienes legalmente las representen.

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Segundo. Todas aquellas otras personas á quienes comprende la definición del art.2º, que sean varones, mayores de edad y lleven dos años de vecindad en algunos de los Municipios del territorio. Tienen derecho á ser electores, en concepto de obreros, todas aquellas personas comprendidas en la definición del art.2º, que reciban trabajo de quienes sean ó puedan ser electores ó patronos, con arreglo á los párrafos anteriores, siempre que hayan llegado á la mayor edad. (…). Art.12. El Cuerpo de Jurados del territorio se compondrá de 15 jurados elegidos por los patronos y 15 elegidos por los obreros, siempre que el número de patronos inscritos en el censo no pase de 20 y el de obreros de 2000. Por cada 200 electores obreros y 2 electores patronos que pasen de los números citados, podrá elegirse un jurado patrono y un jurado obrero más, hasta llegar al máximum de 30 jurados patronos y 30 jurados obreros. (…). Art.15. Las elecciones del Cuerpo de Jurados serán bienales. (…). IV. Procedimiento contencioso. Art.17. Interpuesta la demanda, el Juez señalará dentro de los seis siguientes días para el antejuicio, citando á las partes. Art.18. El Juez intentará la conciliación. Lo convenido por las partes en el acto de conciliación se llevará a efecto por los trámites de la ejecución de la sentencia. Si no hubiese conciliación, el Juez dispondrá que cada una de las partes designe los tres jurados y el suplente que han de constituir el Tribunal. Art.19. Las cuestiones previas se propondrán y resolverán al mismo tiempo que el fondo del asunto. Art.20. El Juez dentro de los ocho días siguientes al en que en vano se intentó la conciliación, señalará á las partes que comparezcan con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y acordando la citación de los jurados electos para el día señalado. Art.21. Si el demandante no compareciese, alegando excusa bastante, se le citará segunda vez, bajo apercibimiento de tenerle por desistido si no compareciese de nuevo. Si el Juez desestimase la excusa alegada ó si no se alegase ninguna, será condenado el demandante á pagar 5 pesetas de indemnización á cada uno de los jurados que hubieren asistido. Art.22. Si alguno de los jurados no asistiese, le sustituirá el suplente. Si faltasen dos ó más y no pudiese celebrarse el juicio, cada uno de los que haya faltado pagará 5 pesetas á cada uno de los que hayan asistido, á no ser que se haya alegado ó se alegue después causa justa estimada por el Juez. Art.23. Constituido el Tribunal, serán oídas las partes y recibidas y practicadas las pruebas. Los jurados podrán hacer, tanto á las partes como á los testigos, las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Art.24. La pertinencia de las pruebas se resolverá por el Tribunal, consignando en su caso en el acta los fundamentos de la denegación. Art.25. Celebrada la vista, el Tribunal deliberará á puerta cerrada; redactará y publicará en el acto de la sentencia. Art.26. Caso de empate, ó cuando no se haya obtenido un acuerdo por mayoría de votos, el Tribunal podrá llamar á más señores, celebrándose nueva vista dentro de los cinco días siguientes, ante los seis jurados, los dos suplentes y otros dos jurados, uno patrono y otro obrero, que con dos suplentes designarán las partes en la forma prevista en el art.21. Si hubiera nuevo empate, decidirá el Presidente con voto de calidad.

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Art.27. Si la sentencia contuviera condena de hacer ó de no hacer, se fijará en ella la importancia de los daños y perjuicios para en caso de incumplimiento por el condenado, cuando el hecho fuese personalísimo. Si el Juez y los Jurados declarasen la malicia ó temeridad de alguno de los colitigantes, podrán imponerle una multa de 10 por 100 del interés del asunto, no pudiendo pasar de 500 pesetas. Art.28. Contra las sentencias del Tribunal industrial podrá interponerse, en el término de cinco días, recurso de apelación ante el Tribunal Pleno, que estará formado por siete jurados y dos suplentes patronos, y siete jurados y dos suplentes obreros, presididos por el Juez. Las partes podrán designar los mismos ú otros jurados de los que intervinieron en la sentencia de primera instancia. Art.29. La vista ante el Tribunal de apelación se celebrará dentro de los cinco días siguientes al en que se interpuso el recurso, y la sentencia se dictará en la misma forma prevista en los artículos 25 y 27. Cuando por justa causa se haya suspendido la vista, se dará por celebrada al segundo señalamiento, con ó sin asistencia de las partes. Art.30. Procederá el recurso de nulidad ante la Sala de lo civil de la Audiencia territorial cuando en cualquiera de las dos instancias se hubiese: Primero. Dictado sentencia sin haber resuelto una cuestión previa propuesta. Segundo. Dictado sentencia por menos de tres jurados patronos y tres obreros en las primera instancia, ó de siete jurados patronos y siete obreros en la segunda. Tercero. Condenado á un menor incapacitado no asistido de la debida representación. Cuarto. Omitido el emplazamiento en forma de las personas que hubieran debido ser citadas para el juicio. Art.31. Interpuesto el recurso de nulidad, el Juez lo remitirá, juntamente con los autos, á la Sala de lo civil de la Audiencia territorial. Si el recurso fuese improcedente en el fondo, ó lo fuera por extemporáneo ó por falta de personalidad en el recurrente, oído el informe del Magistrado ponente, se hará esa declaración en el fallo. Si fuera procedente, se sustanciará con arreglo á la sección 3º del título 6º del libro 2º de la ley de Enjuiciamiento civil, sin más diferencia que la de no ser necesaria en los escritos la firma del Letrado. Art.32. En las sentencias en que se declare haber lugar al recurso de nulidad, se mandará devolver los autos al Juez de que proceda para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los sustancia y termine con arreglo á derecho. Art.33. La sentencia firme se llevará á efecto por el Juez en la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil para la ejecución de las sentencias. Art.34. En todo lo no previsto en esta ley se estará á lo que dispone la de Enjuiciamiento civil. Artículo adicional. Las Juntas locales y provinciales de Reformas Sociales, además de las funciones que les atribuye esta ley desempeñarán la de inspección y estadística del trabajo que el Instituto de Reformas Sociales les encomiende, y bajo la dirección del mismo. El referido Instituto regulará el ejercicio de las diversas funciones que se confieren á las citadas Juntas. Por tanto:

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Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á diez y nueve de mayo de mil novecientos ocho. Texto 47. Ley de 27 de abril de 1909, relativa a coligaciones, huelgas y paros. Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España: A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: Artículo 1º. Tanto los patronos como los obreros pueden coligarse, declararse en huelga y acordar el paro para los efectos de sus respectivos intereses sin perjuicio de los derechos que dimanen de los contratos que hayan celebrado. Art.2º. Los que para formar, mantener ó impedir las coligaciones patronales ú obreras, las huelgas de obreros ó los paros de patronos, emplearen violencias ó amenazas, ó ejercieren coacciones bastantes para compeler y forzar el ánimo de obreros ó patronos en el ejercicio libre y legal de su industria ó trabajo, cuando el hecho no constituya delito más grave con arreglo al Código penal, serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de cinco a 125 pesetas. Art.3º. Los que turbaren el orden público o formaren grupos con el propósito reconocido de imponer violentamente á alguien la huelga ó el paro, ó de obligarle á desistir de ellos, incurrirán en la pena de arresto mayor. A los jefes o promovedores se les aplicará esta pena en su grado máximo, siempre que hubieran tomado parte en los actos delictuosos. Se tendrá por jefes ó promovedores de una huelga ó paro, para los efectos de esta ley y la de Conciliación y Arbitraje, á quienes, por ejerces cargo en Asociación ó Corporación interesada ó participar en ella, los hubieren acordado, a quienes de viva voz ó por escrito exhortaren ó estimularen á los obreros ó patronos, y á quienes, usando ó atribuyéndose representación colectiva, los proclamaren ó notificaren. Art.4º. Los que fueren autores de alguno de los delitos comprendidos en los artículos 2º y 3º de esta ley, por haber inducido á otras personas á cometerlos, serán castigados con el grado máximo, y los ejecutores con el grado mínimo de la pena señalada, siempre que conste la inducción. Art.5º. Las huelgas y paros serán anunciados á la Autoridad con ocho días de anticipación en los siguientes casos: 1º. Cuando tiendan á producir la falta de luz ó de agua, ó a suspender el funcionamiento de los ferrocarriles. 2º. Cuando por la huelga ó paro hayan de quedar sin asistencia los enfermos ó asilados de una población. Art.6º. Las huelgas ó paros serán anunciados á la Autoridad con cinco días de anticipación cuando tiendan á suspender el funcionamiento de los tranvías, ó cuando á consecuencia de ellos todos los habitantes de una población hayan de quedar privados de algún artículo de consumo general y necesario.Tanto en este caso como en el del artículo anterior, al anunciar á la Autoridad la huelga ó paro, se pondrá en su conocimiento la causa que lo motiva. Art.7º. Los jefes y promotores de las huelgas ó paros comprendidos en los artículos 5º y 6º que no los hubieren anunciado á la Autoridad dentro de los respectivos plazos, serán castigados con la pena de arresto mayor. Art.8º. Las reuniones ó manifestaciones que se celebraren con el fin de acordar, de sostener ó de impedir una huelga ó paro, se atemperarán á lo dispuesto en la ley de Reuniones públicas.

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Los delitos penados por la presente ley se considerarán asimilados á los comprendidos en el Código penal para los efectos de la mencionada ley de Reuniones públicas. Art.9º. Las Asociaciones legalmente constituídas podrán formar ó sostener coligaciones, huelgas o paros con arreglo á lo dispuesto en la presente ley. Pero no podrán obligar á los asociados á adherirse á la coligación, huelga ó paro, por medios atentatarios al libre ejercicio de sus derechos. Los asociados que no se conformen con los acuerdos acerca de una coligación, huelga ó paro, podrán separarse libremente de la Asociación, sin incurrir por esta causa en responsabilidad de ningún género para con la misma, salvo los compromisos de carácter civil contraídos con aquella. Art.10. Los Tribunales municipales son los competentes para conocer de las transgresiones previstas y penadas en esta ley, tramitándose según los procedimientos y los recursos establecidos para los juicios de faltas. Los Tribunales municipales aplicarán á los comprendidos en esta ley las disposiciones contenidas en la del 17 de Marzo de 1908 sobre condena condicional. Art.11. Quedan derogados el artículo 556 del Código penal y todas las demás disposiciones que sean contrarias á lo establecido en la presente ley. Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á veintisiete de Abril de mil novecientos nueve. Tema 48. Exposición del Real Decreto de 11 de marzo de 1919, por el que se aprueban los retiros obreros. La implantación del régimen de intensificación de los Retiros obreros es de aquellas medidas que con mayor urgencia reclama nuestra Economía nacional, no sólo por altas consideraciones de justicia social, de bien entendido humanitarismo y aún de utilidad del Tesoro público, abrumado hoy por atenciones de Beneficencia, que deben serlo de Previsión, sino también por razones de conveniencia técnica, toda vez que con el transcurso del tiempo se encarece el Seguro, dificultando así su contratación en términos de facilidad y comodidad para todos. Convencido el Gobierno de esta urgencia y persistiendo en la política social que es sustancial en su programa de reformas beneficiosas para el pueblo, cree llegado el momento de llevar a la realidad aquel régimen, ya preparado, y del que hay derecho a esperar resultados muy provechosos. El régimen de intensificación de Retiros obreros que ahora se somete a la aprobación de V.M. es una ampliación del ya establecido por la ley de 27 de Febrero de 1908, que creó el Instituto Nacional de Previsión con el sistema de la libertad subsidiaria, el cual hacía ya obligatoria la bonificación del Estado para la formación de las pensiones de vejez que libremente contrataran los obreros en aquel organismo. La declaración de ampliable del crédito destinado a realizar esta obligación del Estado preparó el paso al régimen obligatorio que ahora se propone, y que comenzará por la obligación de los patronos para llegar a la de los obreros cuando las circunstancias económicas lo consientan, conservando entretanto el carácter voluntario para las imposiciones individuales, beneficiadas éstas por especiales ventajas, que han de ser eficaz estímulo para su aportación. Sobre estas bases de absoluta equidad, el Gobierno de S.M. sometió a la aprobación de las Cortes un proyecto de ley elaborado concienzudamente por una ponencia nacional, organizada por el Instituto Nacional de Previsión, y en la que tuvieron representación las fuerzas patro-

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nales y obreras de todas las tendencias interesadas en la reforma y hombres significados en estos estudios, que generosamente han aportado su colaboración a tan noble empresa, haciéndose acreedores al agradecimiento del país. Ese proyecto mereció la aprobación del Congreso de los Diputados y fue dictaminado por la Comisión del Senado. Circunstancias políticas de todos conocidas, que han obligado al Gobierno a suspender las sesiones parlamentarias, han impedido que tal proyecto llegara a tener la definitiva aprobación de las Cámaras; pero teniendo en cuenta que ahora más que nunca es de urgente necesidad, para dar justa satisfacción, en parte, a las aspiraciones obreras y para la economía nacional, que se lleve a la práctica tal medida, y no habiendo en el proyecto nada que forzosamente haya de ser materia legislativa parlamentaria, el Gobierno cree conveniente someterlo, en forma de Real decreto, a la aprobación de S.M. Es ese proyecto de Real decreto una reproducción del dictamen de la Comisión del Senado, que aceptó a su vez lo votado por el Congreso. El Gobierno se propone en su día dar cuenta a las Cortes de tal medida y arbitrar en la forma establecida por la ley los recursos económicos necesarios. La reforma llega, pues, al Derecho público como una patriótica transacción asistida con todas las garantías absolutamente indispensables en materia tan delicada y trascendental. Para que la intensificación de retiros obreros pueda ser eficaz en plazo breve, entiende el Gobierno que conviene reglamentarla con la posible urgencia, encomendando esta tarea al Instituto Nacional de Previsión, que, como instrumento oficial del Seguro social, tan eminentes servicios viene prestando a la Patria; y es de esperar que, siguiendo en este periodo de preparación reglamentaria, la misma política de equidad, de amplitud de criterio, de respeto a las autonomías profesionales y locales y de especialización de las materias, logrará el mismo éxito satisfactorio conseguido en la redacción de las bases del proyecto que hoy se somete a la aprobación de V.M. y que será siempre un timbre de honor para aquel preclaro Instituto y sus valiosos colaboradores. Al presentar ya cristalizado ante Vuestra Majestad el anhelo unánime de todas las manifestaciones del país, en una reforma que merece general asentimiento, entiende el Gobierno cumplir uno de sus primordiales y más gratos deberes e iniciar un considerable avance en el progreso social de España. Fundado en estas consideraciones, el Gobierno de V.M. tiene la honra de someter a su Soberana aprobación el adjunto proyecto de decreto. Madrid, 11 de Marzo de 1919. Texto 49. Real Decreto de 3 de abril de 1919, sobre jornada máxima de trabajo. De conformidad con lo acordado por Mi Consejo de Ministros, Vengo a decretar lo siguiente: Artículo 1. La jornada máxima legal será de ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales en todos los trabajos a partir de 1º de Octubre de 1919. Artículo 2º. Los Comités paritarios profesionales se constituirán antes de 1º de Julio, y propondrán al Instituto de Reformas Sociales, antes del 1º de Octubre, las industrias o especialidades que deban ser exceptuadas por imposibilidad de aplicar dicha jornada. Artículo 3º. Dicho Instituto, después de realizar la información necesaria, resolverá en definitiva antes de 1º de Enero de 1920 la jornada que ha de establecerse en los trabajos efectuados. Artículo 4º. Los Comités paritarios que para 1º de Octubre no hayan recurrido al Instituto se entenderán que acatan la jornada máxima legal establecida. Dado en Palacio a tres de Abril de mil novecientos diecinueve.

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Texto 50. Real Decreto de 11 de octubre de 1919, por el que se crea la Comisión Mixta del Trabajo en Cataluña. De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta de su Presidente, Vengo a decretar lo siguiente: Artículo 1º. A fin de llegar a soluciones ético-jurídicas en los conflictos sociales planteados en Cataluña, así como a la determinación de normas para la convivencia armónica del trabajo y la producción, se crea una Comisión del Trabajo, compuesta de igual número de patronos y obreros. Esta Comisión se elegirá por sufragio de los grupos de que habla el artículo 4º, y con arreglo al procedimiento que se determine. El número de Vocales de la Comisión se fijará una vez determinados los censos patronal y obrero. El Presidente de la Comisión será nombrado por Real decreto. Los demás cargos durarán cuatro años, renovándose por mitad cada dos y pudiendo ser reelegidos los que los hayan desempeñado. Art.2º. La Comisión del Trabajo en Cataluña tendrá su residencia en Barcelona, abarcando su jurisdicción las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. La Comisión podrá establecer en éstas las Delegaciones que entienda convenientes. Art.3º. La Comisión del Trabajo dependerá directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros; gozará de la consideración de Instituto Oficial, y tendrá ante el Gobierno y las Autoridades y Corporaciones la representación de los intereses del trabajo y de la producción. Aparte de cuantas atribuciones puedan concedérsele en lo sucesivo, la corresponderán, desde luego, las siguientes: a) Entender en los conflictos que se produzcan entre patronos y obreros de cualquier industria, arte, oficio o profesión, en el territorio de su jurisdicción, procurando resolverlos y pronunciando en todo caso el laudo correspondiente. b) Fijar los jornales profesionales y los mínimos que hayan de regir en cada localidad para cada profesión, arte u oficio. c) Asesorar sobre la reglamentación de la legislación social vigente y de las disposiciones que en lo sucesivo se dicten y cuidar de la fiscalización de sus aplicaciones y ejecución. d) Intervenir en los incidentes que se produzcan con motivo de la implantación de la jornada legal de ocho horas, y en la determinación de lo que es hora de trabajo dentro de cada categoría y especialidad de éste, así como de las excepciones que sea conveniente establecer, y de las prórrogas de la jornada máxima que se puedan autorizar, fijando las remuneraciones especiales que corresponda abonar por las horas extraordinarias. e) Proponer al Gobierno las medidas legislativas o acuerdos del Poder público que estime convenientes para la paz social. f) Informar acerca de todas las consultas que le sean sometidas por el Gobierno, así como prestar su colaboración para la mayor eficacia de la legislación social. Art.4º. Para proceder a la elección de los Vocales patronos y obreros que han de constituir la Comisión del Trabajo, se clasificarán las industrias de la región catalana en los grupos y subgrupos que se expresan en la relación anexa, que se considerará como parte integrante del presente Real decreto, así como las ulteriores modificaciones que en ella se introduzcan por el Gobierno a propuesta de la misma Comisión. El Gobernador civil de Barcelona, asesorado en cada caso por la respectiva Junta local de Reformas Sociales y por las entidades que estime conveniente consultar, acordará a que grupo

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deban asimilarse aquellos oficios o profesiones que no figuren taxativamente en la relación de subgrupos que se acompaña y que tiene carácter profesional, sometida a ulteriores modificaciones a propuesta de la Comisión misma. (…) Dado en Palacio a once de Octubre de mil novecientos diez y nueve. Texto 51. Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1926, para la regulación del trabajo a domicilio. CAPITULO PRIMERO Artículo 1º. A los efectos del presente decreto-ley se entenderá por trabajo a domicilio el que, siendo de la naturaleza permitida por el mismo, ejecuten los obreros, en el local en que estuviesen domiciliados, por cuenta del patrono, del cual recibirán retribución por la obra ejecutada. Estarán además comprendidos en los preceptos del presente decreto-ley: 1.º Los obreros que trabajen en compañía en las condiciones que más adelante se determinan; y 2.º Los obreros de un patrono a domicilio. Artículo 2º. El trabajo a domicilio comprenderá el manual o el que se realice a pedal o con pequeños motores eléctricos, hidráulicos, de gas o vapor, etc., excluyendo para mujeres y niños los trabajos clasificados de peligrosos e insalubres por la legislación vigente. Artículo 3º. Serán objeto de protección de este Decreto-ley: 1.º Los obreros que, aisladamente o formando taller de familia, trabajen en su domicilio a destajo, por cuenta de patronos. Se entenderá por taller de familia el formado por personas pertenecientes a ésta y parientes del jefe de la misma o de su mujer, dentro del tercer grado de consanguinidad, y que además vivan en la casamorada de dicho jefe. Las mujeres y los niños acogidos por la familia, y los parientes del jefe de ésta o de su mujer, desde el tercer grado de consanguinidad, aun viviendo habitualmente con ella, estarán protegidos por este decreto-ley, siéndoles además aplicables las leyes que fijan la duración de la jornada, edad para el trabajo, descanso semanal, trabajo nocturno, labores peligrosas e insalubres y cuantas se dicten para los obreros de su sexo y edad que trabajen en fábricas y talleres. 2.º Los obreros que en el domicilio de uno de ellos trabajen a destajo por cuenta de patronos en compañía a partir ganancias. 3.º Los obreros que trabajen a jornal, por tarea o destajo, fuera de su domicilio, en el de un patrono a domicilio. Artículo 4. No se considerará como trabajo a domicilio para la protección que el presente decreto-ley concede a los obreros: a) El trabajo individual o colectivo, en taller de familia, que se efectúe en un domicilio para satisfacer las necesidades domésticas; y b) El trabajo autónomo, individual o colectivo, o en taller de familia, entendiéndose por trabajo autónomo el que se hace para la venta directa del producto, sin intermedio del patrono. Si el trabajo fuera mixto, para el público y patronos, se calificará todo él como trabajo a domicilio. Tampoco se considerará como trabajo a domicilio el que se realice en habitaciones del domicilio del obrero que se comuniquen, directa o indirectamente, con otros locales en que estén establecidos talleres, fábricas y, en general, centros de trabajo o comerciales de carácter industrial. En tal caso quedará sometido a la legislación general del trabajo.

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Artículo 5. Serán patronos del trabajo a domicilio, a los efectos de este decreto-ley, los fabricantes, almacenistas, comerciantes, etc., con taller, almacén o comercio matriculado; los contratistas, subcontratistas y destajistas que encarguen trabajo o domicilio, pagando a tarea o destajo, dando o no los materiales y útiles de trabajo. Artículo 6. Se considerará como patrono a domicilio, y el taller que en el suyo establezca estará sometido a la legislación general del trabajo de fábricas y talleres, el destajista o quien, obrero o no, tomando trabajo a domicilio, tenga a sus órdenes, como auxiliares, otros obreros, oficiales, aprendices, etc., que trabajen con él y para él, a jornal, tarea o destajo, dándoles o no los materiales. Artículo 7. La jornada de obreros empleados en fábricas o talleres no podrá aumentarse como consecuencia de encargos de trabajo a domicilio. CAPITULO II Artículo 8. Con el nombre de Patronato delTrabajo a Domicilio se constituye en el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria una Comisión especial, con las siguientes atribuciones: 1.ª Informar al Gobierno sobre todo lo referente al trabajo a domicilio, bajo la protección del presente decreto-ley. 2.ª Proponer al Gobierno cuantas medidas estime oportunas para mejorar la condición del trabajo a domicilio, tanto en el aspecto higiénico como en el económico y social. 3.ª Interesar el apoyo de las Instituciones y Asociaciones tutelares y protectoras de los trabajos a domicilio. 4.ª Fomentar la constitución de las referidas Instituciones y Asociaciones. 5.ª Proponer en su día al Gobierno las subvenciones que hayan de otorgarse a las Sociedades expresadas. 6.ª Iniciar el establecimiento de los Comités paritarios de fijación de tarifas de retribución. 7.ª Organizar exposiciones del trabajo a domicilio, y cualesquiera otros actos análogos, encaminados a interesar a la opinión pública sobre este problema. 8.ª Las demás funciones que le encomienda este decreto-ley, o que le sean atribuidas por el Reglamento u otras disposiciones análogas. 9.ª El Patronato se compondrá de 11 miembros: de un Presidente y dos Vocales de libre elección de Gobierno; cuatro designados por el Consejo de Trabajo; uno por cada uno de los grupos patronal y obrero, de nombramiento de entidades de carácter económico, científico y social y del Gobierno, y dos que habrán de ostentar la representación de las Instituciones y Asociaciones tutelares y protectoras de trabajo a domicilio. Serán Vocales natos el Director general del Trabajo y Acción Social y el Inspector general del Trabajo, y por delegación, el Subdirector general y e Subínspector general del Trabajo, respectivamente. CAPITULO III Art. 10. A propuesta del Patronato, o bien a petición de un grupo de obreros o patronos del trabajo a domicilio, según este decreto-ley, o a solicitud de una institución o Asociación protectora tutelar de obreros de dicho trabajo, o de una Asociación de éstos, el Gobierno, previos los informes que considere oportunos, creará un Comité paritario local de trabajo a domicilio, sea para una industria determinada o para un grupo de industrias de una localidad o región donde se practique el referido trabajo. Art. 11. Corresponde a estos Comités paritarios determinar las tarifas de retribución del trabajo a domicilio y entender en los demás asuntos relacionados con la materia, ajustándose a las disposiciones del presente decreto-ley.

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Art.12. Los Comités de fijación de retribución de trabajo a domicilio se compondrán de un Presidente y de los Vocales patronos y obreros cuyo número señalará la disposición que cree el organismo paritario. Art. 13. El procedimiento electoral para la designación de los Vocales patronos y obreros se acomodará a las reglas contenidas en el Real decreto de 5 de Octubre de 1922, sobre Comités paritarios profesionales. Art. 14. Será Presidente del Comité el que nombren las diversas representaciones por unanimidad, debiendo ser necesariamente ajeno a la profesión. Cuando no hubiese acuerdo, lo designará el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a propuesta del Patronato. CAPITULO IV Art. 15. Los Comités paritarios de una industria de una localidad o región en que se trabaje a domicilio determinarán las retribuciones mínimas de mano de obra, teniendo en cuenta las reglas siguientes: 1.º Se fijarán tantos tipos de retribución cuantas sean las clases de trabajo, tareas u ocupaciones. 2.º Se fijará el tipo mínimo general de retribución; esto es, el límite inferior de la que ha de darse al obrero sometido al régimen de trabajo a domicilio, asimilándolo al que un obrero de capacidad media y de igual categoría perciba en los trabajos de la misma clase o de la más semejante posible en los talleres, fábricas y centros de trabajo de la localidad o región no sometidas a dicho régimen, conforme a estas normas. En la retribución por obra ejecutada se tomará como base la que se da a los destajos iguales o semejantes en la localidad o región, y si en ellas no se practicase este género de trabajo, deduciéndolo de las tarifas usuales se multiplicará por el número global de horas que prudencialmente se crean necesarias para la fabricación del objeto. En el caso de que los obreros protegidos trabajen a jornal, se asimilará al que perciban los de las industrias iguales o semejantes en la localidad o región, en jornadas permitidas, según sexos y edades. Se establecerá igual retribución para hombres y mujeres en igualdad de trabajo y profesión. 3.º Se tomarán en consideración las fluctuaciones normales del trabajo por razón de estación y demás circunstancias generales y locales. 4.º No se incluirá en la retribución el valor de los materiales o accesorios necesarios para elaborar los diferentes objetos, que serán proporcionados por el patrono y abonados aparte. 5.º Se tendrá en cuenta para la fijación de los tipos mínimos de retribución los gastos que supongan para el obrero el alquiler de las máquinas o el uso de los motores mecánicos y cualesquiera otros gastos que afecten a la generalidad de los obreros empleados por el patrono, tales como los de traslados de dichos obreros al taller y otro análogos. 6.º Los tipos mínimos declarados obligatorios regirán dos años sin alteración, salvo circunstancias extraordinarias que el Comité apreciará en vista de la denuncia de cualquiera de las dos partes interesadas. Tres meses antes de cumplirse los dos años los Comités procederán a la revisión y fijación de las tarifas que han de regir en los dos siguientes. 7.º El pago de las retribuciones habrá de hacerse por semanas en caso de mayor aplazamiento y en metálico, sin descuento alguno por razón de suministro de materiales o venta a crédito de objetos de comercio del patrono o por cualquiera otra causa. Art. 16. Los patronos de un trabajo a domicilio habrán de regular la entrega y recepción de la obra, de suerte que en ningún caso deba exigirse al obrero más de media hora de espera por cada operación, pagándole lo que exceda con una remuneración proporcional al salario que gane el obrero.

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Cuando se trate de obreras, habrán de ser mujeres las encargadas de distribuir en las tiendas el trabajo que las obreras han de realizar en su domicilio. Están también obligados a proveer a cada obrero del trabajo a domicilio de una tarjeta registrada u hoja talonario en la que se consigne el nombre del interesado, la clase y la cantidad de trabajo, la fecha en que se le entrega y las tarifas acordadas o fijadas, según el decreto-ley, y el valor de los materiales que hayan de suministrar al obrero. Art. 17. Estando sujetos los obreros a quienes se aplica el presente decreto-ley al régimen de retiro obrero obligatorio, deberán los patronos afiliarlos a dicho régimen y cotizar por ellos para constituir a su favor la correspondiente pensión de vejez, gozando los obreros del derecho de mejorar esta pensión para disfrutar en su caso la de invalidez, con sujeción todo a lo dispuesto en el Reglamento general de 21 de Enero de 1921 y demás disposiciones y acuerdos vigentes o que se dicten en lo sucesivo. Art. 18. Los patronos de industrias análogas a las que emplean obreros protegidos por el presente decreto-ley deberán ser oídos, si lo solicitaren por el Comité de la localidad o región respectivas, antes de que éste proceda a la fijación de salarios mínimos. CAPITULO V Art. 19. Fijadas las tarifas o tipos de retribuciones mínimas, por el Comité paritario, en una industria o trabajo para los obreros a domicilio bajo la protección de este decreto-ley, se comunicarán a los patronos y trabajadores interesados, los cuales podrán formular ante este Comité las observaciones que estimen oportunas. El Comité, en el plazo de quince días las examinará y atenderá en lo que considere justo o mantendrá los tipos anteriormente acordados. Contra la decisión del Comité sólo procederá recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, quien resolverá en definitiva, oyendo al Patronato del trabajo a domicilio y a la Comisión permanente del Consejo de Trabajo. Art. 20. Las reclamaciones de índole civil derivadas de la aplicación del presente decretoley, serán de la competencia de los Tribunales industriales. CAPITULO VI Art. 21. Ninguna dependencia del Estado, la Provincia o el Municipio, ni concesionarios de obras y servicios públicos, podrán contratar trabajo alguno al cual se aplique este decreto-ley, sin aceptar los tipos de retribuciones mínimas fijados. Art. 22. Cuando el trabajo se ejecute por cuenta de un patrono a domicilio, no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los mínimos fijados de antemano, con arreglo a las prescripciones de este decreto-ley. CAPITULO VII Art. 23. A los efectos del servicio de inspección, todo patrono que contrate trabajo a domicilio bajo la protección de este decreto-ley deberá comunicar al Comité paritario y a la Inspección provincial del trabajo: 1.º Que contrata la ejecución de determinadas obras o trabajos, fuera de sus dependencias, en el domicilio de los obreros. 2.º El local o locales donde se hace el encargo de la obra y se recibe ésta, una vez ejecutada, con indicación de los días y horas en que se realicen las operaciones indicadas. 3.º Cuando para ello fuera requerido, el registro que deba llevar de los nombres y domicilios de las personas que trabajen para él. Art. 24. Los patronos fijarán en sitios visibles del lugar donde se acostumbre a entregar y recoger la obra las tarifas de retribución acordadas o fijadas según el presente decreto-ley y un ejemplar impreso de éste y de su Reglamento.

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Art. 25. El jefe de taller de familia y el patrono a domicilio estarán obligados a llevar y a exponer al funcionario de la Inspección y persona autorizada al efecto, cuando fueren requeridos para ello, la lista de los obreros que trabajen bajo su dirección y las señas de sus domicilios; siendo responsables de las contravenciones a esta disposición. Art. 26. Se considera como obstrucción al servicio de inspección del trabajo de toda negativa u obstáculo opuesto al ejercicio de la misma en el local donde se trabaja, aunque dicho local forme parte del domicilio de un patrono, o se trate de un taller de familia. Art. 27. Las infracciones a este decreto-ley y las obstrucciones al servicio de inspección, encargado de velar por su cumplimiento, se castigarán con multas, desde 25 pesetas hasta 500, siendo responsables los patronos, salvo pruebas en contrario. La tramitación para la imposición de sanciones y recursos serán los establecidos en el Real decreto de 21 de abril de 1922. El importe de las multas se ingresará en el Instituto Nacional de Previsión, con destino a mejorar las pensiones de retiro obrero. ARTICULO ADICIONAL: Queda comprendido desde luego en los preceptos de este decreto-ley el denominado “trabajo de la aguja”, con las variedades o industrias que a continuación se determinan: Ropa blanca de todo género; ropa interior y exterior, de hombres, mujeres y niños; prendas de uniformes, guarnecedoras, zapatería y alpargatería, corsetería, gorrería, arreglo de piezas de paño (corredoras, escutidoras y emborradoras); guantería, géneros de punto, saquerío, mantones, encajes, blondas, bordados, sombreros y demás variedades análogas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Primera. Los preceptos de este decreto-ley no entrarán en vigor hasta que por el Gobierno, previo informe del Patronato del trabajo a domicilio y de la Comisión permanente del Consejo de Trabajo, no se dicte el Reglamento para su aplicación. Segunda. Por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria se dictarán las disposiciones necesarias para la inmediata constitución del Patronato del trabajo a domicilio. Tercera. El Gobierno, oído dicho Patronato, consignará en los Presupuestos generales de gastos del Estado la cantidad necesaria para el cumplimiento y efectividad de este decreto-ley. Dado en Palacio a veintiséis de julio de mil novecientos veintiséis. Texto 52. Breves consideraciones sobre el contrato de trabajo, manuscrito escrito por José Mª Ventura Pallàs, datado entre 1900-1930. El contrato de arrendamiento en el sistema de los actuales códigos civiles es uno de los más complejos que existen, como quiera que en él se contienen diversas especies ó variedades del mismo (…). Dice Planiol que es esencial en el contrato de arrendamiento que el precio del mismo sea proporcional al tiempo de duración de este contrato. Ahora bien: en el contrato de arrendamiento de la tercera especie de las tres mencionadas anteriormente, “locatio operis” (…) el precio, dice Planiol, se fija no en proporción al tiempo que se emplea sino en razón á la importancia de la obra y esta diferencia es suficiente en su opinión para que deba considerarse este contrato no como arrendamiento sino como un contrato independiente y de naturaleza especial y que debe llamarse contrato de empresa (…). Pero la tendencia moderna no es sólo á hacer del contrato de empresa un contrato independiente y distinto del arrendamiento sino que tiende á hacer lo propio con el que constituye la segunda especie de éste en la clasificación tradicional del mismo ó sea el llamado arrendamiento de servicios (“locatio operarum”) el cual se quiere regular independientemente y con nombre también distinto. ¿Y qué nombre es éste? Pues el contrato de trabajo, del cual sucintamente nos vamos a ocupar.

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El nombre de arrendamiento de servicios con que tradicionalmente se conoce este contrato repugna á la verdadera naturaleza del mismo. El trabajo no es una mercancía, sino el ejercicio de nuestra actividad personal. Se puede arrendar una mercancía, pero no nuestra actividad (…). El contrato de trabajo puede definirse diciendo que es el contrato por el cual una de las partes mediante un precio proporcional al tiempo se obliga á emplear una actividad física é intelectual en la ejecución de una tarea por cuenta ajena. De este contrato, hasta nuestros días apenas se ocupan los jurisconsultos á pesar de su gran importancia como quiera que del trabajo viven la mayoría de los hombres. Dos razones principalmente explican el que los autores y los códigos ó legislaciones civiles apenas se ocupasen de este contrato: 1º El Derecho Romano en este punto no podía inspirarles ni servirles de guía pues no conocía más trabajo que el trabajo servil ó de los esclavos. 2º. En el antiguo régimen el trabajo industrial estaba sometido á la disciplina de las corporaciones, rigiéndose por los estatutos de los gremios, ó á las reglas de las industrias privilegiadas, de suerte que era considerado como una materia de policía más bien que de Derecho civil. Texto 53. Código de Trabajo, promulgado por Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926, Libro Primero, Del contrato de trabajo, Título I, Del contrato de trabajo en general. CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo 1. A los efectos del presente Título, se entenderá por contrato de trabajo aquel por virtud del cual un obrero se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un patrono por precio cierto. Artículo 2. El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta; a falta de estipulación escrita o verbal, se aplicarán los usos y costumbres de cada localidad en la respectiva clase de trabajo. Artículo 3. Los sujetos que celebren el contrato, tanto patronos como obreros, podrán ser, bien personas naturales o individuos, bien personas jurídicas o colectivas. Artículo 4. Podrán contratar individualmente la prestación de sus servicios: a) Los mayores de diez y ocho años, por sí mismos, vivan o no vivan con sus padres. b) Los mayores de catorce años y los menores de diez y ocho, con autorización, por el orden siguiente: del padre, de la madre, del abuelo paterno o del materno, del tutor, a falta o en ausencia de ellos, de las personas o instituciones que hayan tomado a su cargo la manutención o el cuidado del menor; o de la Autoridad local. c) Se reputarán emancipados, a los efectos del presente título, y no necesitarán autorización alguna, los mayores de catorce años y menores de diez y ocho años, solteros, que, con consentimiento de sus padres o abuelos, vivieran independientes de éstos. d) La mujer casada, con autorización de su marido, salvo el caso de separación de derecho o de hecho, en el que se reputará concedida por ministerio de la ley para todos los efectos derivados del contrato, incluso el percibo de la remuneración. Art. 5. La capacidad de las personas jurídicas o colectivas contratantes se regulará por los artículos 37 y 38 del Código civil. Art. 6. El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. Deberán constar por escrito los contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas, y, en general, los colectivos. Art. 7. Será obligatorio para los patronos, contratistas y obreros que intervengan en la construcción de casas baratas que se levanten con el producto de los préstamos del Estado el efectuar

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contratos colectivos de trabajo, debiendo someterse ambas partes al arbitraje obligatorio para la resolución de las diferencias en la interpretación de los contratos. Art. 8. Las acciones derivadas del contrato de trabajo, que no tengan señalado plazo especial, prescribirán a los tres años de su terminación. Art. 9. Las disposiciones del presente título serán aplicables a los contratos que se celebren en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes otorgantes o de una de ellas. Art. 10. En todo contrato se tendrán en cuenta las disposiciones que reglamentan el trabajo. CAPITULO II De los efectos del contrato de trabajo Art. 11. El contrato de trabajo podrá celebrarse sin tiempo fijo, por cierto tiempo o para obras o servicio determinado. Art. 12. En el contrato de trabajo se determinarán expresamente sus condiciones en relación con el artículo anterior. Cuando no se hubieren pactado y se tratase de prestación de un número de días de trabajo o de ejecución de obra por unidades, piezas o por medidas, u otras modalidades de trabajo susceptibles de cumplimiento parcial, se entenderá la obligación divisible, y el obrero podrá exigir que se le reciba por partes y se le abone en proporción al trabajo ejecutado. Art. 13. El pago de los salarios devengados en la industria ha de hacerse con la moneda de curso legal. No podrá verificarse el abono de salarios en lugares de recreos, taberna, cantina o tienda, salvo cuando se trate de obreros empleados en alguno de esos establecimientos. Art. 14. Será válido el pago hecho a la mujer casada, de la remuneración de su trabajo, si no consta la oposición del marido, y al menos, si no consta la oposición del padre, de la madre y, en su caso, de las personas enumeradas en el artículo 4.º Para que la oposición del marido surta efecto, habrá de formularse por éste ante el Juez municipal correspondiente, quien, después de oír a la mujer y en vista de las pruebas practicadas, la autorizará o no a percibir, por sí, el salario y para invertirlo en las necesidades del hogar. En caso de separación legal o de hecho de los cónyuges, el marido no podrá oponerse a que la mujer perciba la remuneración de su propio trabajo. Art. 15. Se prohíbe el establecimiento, en las fábricas, obras y explotaciones, de cualquier clase que sean, de tiendas, cantinas o expendedurías que pertenezcan a los patronos, destajistas, capataces o representantes suyos, o a personas que tengan, por razón de trabajo, alguna autoridad sobre los obreros en la industria respectiva. Se tendrá por nula toda condición que, directa o indirectamente, obligue a los obreros a adquirir los objetos de su consumo en tiendas o lugares determinados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo los Economatos organizados por los patronos o empresarios de trabajo para surtir a los obreros que empleen, siempre que se acomoden a las prescripciones siguientes: 1.º Libertad absoluta del obrero para aceptar el suministro. 2.º Publicidad de las condiciones en que éste se haga. 3.º Venta de los géneros al precio de coste. 4.º Intervención de los obreros en la administración del Economato. Art. 16. Los créditos por salarios o sueldos devengados por los obreros, dependientes o empleados, tendrán la calidad de singularmente privilegiados, conforme a las siguientes reglas: 1.º Gozarán de preferencia sobre todos los demás créditos respecto de los bienes muebles producidos por aquellos, mientras permanezcan en poder del deudor. 2.º Respecto a los demás bienes muebles e inmuebles, gozarán de la preferencia determinada en el artículo 1924, número 2.º, letra D, del Código civil, y en el 913, número 1.º, letra C, del Código de Comercio.

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Art. 17. Los salarios, sueldos y, en general, toda clase de retribuciones por razón de trabajo, sólo serán embargables en la cuantía y en la forma establecidas por las disposiciones vigentes, sin que, en ningún caso, el haber diario que reste al deudor embargado pueda ser inferior a cuatro pesetas. CAPITULO III De la suspensión y de la terminación del contrato de trabajo Art. 18. El contrato de trabajo, cualquiera que sea, durará el tiempo estipulado. A falta de estipulación expresa, y salvo el caso de prueba de costumbre en contrario, se entenderá concertado: por día, cuando la remuneración sea diaria, aun cuando su pago se efectúe por semanas o quincenas; por meses, cuando la remuneración sea mensual, y anual, si es por años. Art. 19. Para el personal del Estado, de la Provincia o del Municipio, o de Establecimientos, Empresas, Sociedades intervenidas, o subvencionadas o que tengan contratos con aquellos, que desempeñen cargo en propiedad y que hubiera sido destinado a Cuerpo del Ejército o de la Armada, se considerará en suspenso el contrato mientras permanezca en filas. Art. 20. Celebrado el contrato por tiempo determinado, ninguna de las partes podrá darlo por terminado antes de su vencimiento, a no mediar justa causa. Art. 21. Se estimarán justas causas a favor del patrono para poder dar por terminado el contrato antes del plazo del vencimiento, las siguientes: 1.º La falta repetida a las condiciones propias del contrato. 2.º La falta de la confianza debida en las gestiones o en la clase de trabajo a que se dedique el obrero. 3.º Los malos tratamientos o la falta grave al respeto y consideración por parte del obrero al patrono, su familia, a su representante y a los compañeros de trabajo. Art. 22. Serán justas causas a favor del obrero para dar por terminado el contrato antes del plazo del vencimiento, las siguientes: 1.º La falta de pago de la remuneración en el plazo y forma convenidos. 2.º La falta de cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones estipuladas en beneficio del obrero. 3.º Los malos tratamientos o la falta grave al respeto y consideración debidas al mismo por parte del patrono, de su familia, de sus representantes, de sus obreros o dependientes. Art. 23. Regirá lo dispuesto en los artículos 300 a 302 del Código de Comercio respecto a las personas en él determinadas. Art. 24. Al término de todo contrato de trabajo, el patrono o contratista empresario queda obligado entregar al obrero, empleado o dependiente que hayan trabajado por su cuenta, y a instancia de éstos un certificado, extendido en papel común, y acreditativo del tiempo y de la clase de trabajo o servicio que aquellos te prestaron. La obligación establecida en el artículo anterior y el correspondiente derecho del asalariado, se considerarán como condición esencial de todo contrato de trabajo, verbal o escrito, y, por consiguiente aunque expresamente no se hubiesen convenido por las partes contrayentes, serán exigibles, ante los Tribunales Industriales, en la misma forma que cualquiera otra condición expresa del contrato. En caso de demanda ante los mencionados Tribunales, éstos, aparte de determinar las indemnizaciones que pudieran corresponder por daños y perjuicios, podrán aplicar el artículo 179. Texto 54. Real Decreto-Ley de 26 de noviembre de 1926, de Organización Corporativa Nacional. I. Articulación del Trabajo Nacional en grupos corporativos. Artículo 1º. Los elementos que integran la vida profesional española se organizarán sobre la base de Cuerpos especializados y clasificados, a cada uno de los cuales se dotará de representación oficial mediante la designación de Comités paritarios de jurisdicción graduada.

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Artículo 2º. A los fines indicados servirá de base a dicha organización la clasificación y definición de las profesiones cuyo conjunto forma el trabajo nacional, comprendida en el artículo 9º. Artículo 3º. Para la representación dentro de cada grupo profesional en los organismos corporativos y paritarios, existirá en la Dirección general de Trabajo y Acción social un Censo de Asociaciones patronales y obreras, anualmente rectificado conforme al Real decreto de 5 de marzo de 1926. Este Censo servirá también de base a las elecciones del Consejo de Trabajo, Delegaciones del mismo y Tribunales industriales. Artículo 4º. Se entenderá por Corporación, a los efectos de este Decreto-ley, el conjunto de Comités paritarios que integran las profesiones, oficios y trabajos comprendidos en cada uno de los apartados del artículo 9º. Para la creación en lo sucesivo de nuevas Corporaciones, bien sea por desglose de alguno de los oficios o profesiones de los detallados en dicho artículo 9º o por formación de una nueva entidad profesional, será necesario la promulgación de un Real decreto señalando su funcionamiento y facultades, previo informe de la Comisión delegada de los Consejos de Corporación, creada por virtud del artículo 33 de este Decreto-ley, y de la permanente del Consejo de Trabajo. II. Representación de los grupos corporativos en Comités paritarios. Artículo 5º. Los Comités paritarios serán Instituciones de derecho público, con el fin primordial de regular la vida de la profesión o grupo de profesiones que corresponda, dentro de la legislación vigente. Artículo 6º. El Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, procederá al establecimiento de estos Comités, los cuales se organizarán en la forma y con las atribuciones que en los artículos siguientes se detallan. Artículo 7º. Los Comités paritarios se crearán por Real orden del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, comenzando por los grandes centros de población industrial obrera y dentro de ellos por las profesiones u oficios en que las especiales condiciones del trabajo lo exijan. Artículo 8º. Los organismos paritarios que comprenderá esta jurisdicción graduada serán: 1º. Comités Paritarios Locales o Interlocales. 2º. Comisiones Mixtas del Trabajo. 3º. Consejos de Corporaciones. 4º. Comisión delegada de los Consejos de Corporaciones. Artículo 9º. A los efectos de la organización paritaria se clasificarán las industrias, trabajos, oficios y profesiones en los siguientes grupos corporativos: (…). III. De los Comités paritarios locales o interlocales de profesión. Artículo 10. Cada unidad corporativa profesional de las clasificadas en el artículo anterior, será representada dentro de su localidad o localidades respectivas por tantos Comités paritarios como oficios o especialidades comprenda. A este fin, los Comités paritarios locales se constituirán en el número necesario para esa representación genuina de los distintos grupos clasificados por el presente Decreto-ley. Podrá admitirse por excepción, cuando así lo requiera la extensión de determinadas industrias, su singular emplazamiento y la propia modalidad de las relaciones de trabajo que los Comités paritarios, para mayor eficacia de su cometido, abarquen varias localidades, siendo el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria quien fijará en todo caso, y para cada grupo de que se trate, estas demarcaciones especiales de carácter industrial. Artículo 11. Los Comités Paritarios locales de cada industria se compondrán de cinco Vocales patronos y cinco obreros y de igual número de suplentes. El Presidente y el

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Vicepresidente deberán ser necesariamente ajenos a la profesión y los designará el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a propuesta, en terna, del Gobernador civil de la provincia. El Vicepresidente segundo, Vicesecretario, Tesorero y Contador se nombrarán por el mismo Comité de entre sus miembros, de manera que sean desempeñados por igual número de patronos y obreros. En casos especiales podrá el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria reducir estos cargos, siempre que se guarde paridad en la elección. El Vicepresidente nombrado por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria cuando concurra con el Presidente actuará con voz, pero sin voto. Artículo 12. La elección para los organismos paritarios de carácter local se acomodará a las reglas siguientes: (…). Artículo 13. Los Comités Paritarios Interlocales estarán formados por siete Vocales patronos y siete obreros, e igual número de suplentes. El Presidente y Vicepresidente serán designados por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a propuesta, en terna, del Gobernador civil de la provincia en que aparezca constituido el Comité Paritario. Existirán también los demás cargos que establece el artículo 11 elegidos en la forma y ponderación en él preceptuados. El Vicepresidente, cuando concurra con el Presidente, tendrá voz, pero no voto. Artículo 14. La elección en los organismos paritarios de carácter interlocal se hará por las Asociaciones o entidades indicadas en el art.12, comprendidas en la demarcación de la industria de que se trate, en forma análoga a la establecida para los Comités locales. Artículo 15. Podrán ser elegidos miembros de los Comités paritarios locales o interlocales los españoles mayores de edad que no se hallen incapacitados para desempeñar cargos públicos. Las mujeres serán electoras y elegibles. En los Comités paritarios interlocales la mayoría de los Vocales de cada representación patronal u obrera tendrán su residencia en la población donde haya de funcionar el Comité Paritario. Artículo 16. Cuando creado por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria un Comité paritario local o interlocal no se logre su funcionamiento, por la resistencia sistemática e inmotivada de una de las dos representaciones a designar los Vocales de su clase, podrá nombrarlos de oficio el Ministerio de Trabajo. Artículo 17. Serán atribuciones de los Comités Paritarios locales e interlocales: 1º. Determinar para el oficio o profesión respectivos, o conjunto de oficios y profesiones, las condiciones de reglamentación del trabajo (retribución, horarios, descanso), y en general las que puedan servir de base a los contratos de trabajo, imponiendo a los contraventores de sus acuerdos las oportunas sanciones. 2º. Prevenir los conflictos industriales e intentar solucionarlos, si llegan a producirse. 3º. Resolver las diferencias individuales o colectivas entre patronos y obreros que les sometan las partes. 4º. Organizar Bolsas del Trabajo para procurar en todo momento dar ocupación a los obreros parados, a cuyo efecto llevarán un Censo profesional de los patronos y obreros que existan de su ramo en la localidad, pudiendo establecer un documento que acredite la incorporación en el Censo de estos últimos; y 5º. Realizar cualquier otra función social que redunde en beneficio de la profesión respectiva. Artículo 18. Los Comités Paritarios interlocales tendrán, además de las facultades y atribuciones enunciadas, la de proponer al Gobierno las medidas de orden técnico y profesional que consideren necesarias para la vida y el desarrollo de su industria.

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IV. De las Comisiones mixtas del Trabajo. Artículo 19. Las Comisiones mixtas del Trabajo serán agrupaciones voluntarias de Comités paritarios enlazados en la vida del trabajo o de la economía: 1º. Por la homogeneidad de funciones industriales similares o de la misma naturaleza. 2º. Por su coordinación en un conjunto económico, perteneciendo a oficios y trabajos que realicen una serie de operaciones materiales, dependientes y conexas, dentro de la organización industrial. 3º. Por la relación directa de su actividad profesional, mediante una acción simultánea y concurrente en la obra de la producción. Artículo 20. Las Comisiones mixtas del Trabajo se formarán con tres representantes de los patronos y tres de los obreros de cada uno de los Comités paritarios, elegidos por ellos mismos. Cada Comisión mixta del Trabajo tendrá un Presidente, un Vicepresidente primero, un Vicepresidente segundo, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero y un Contador (…). Art.21. Las Comisiones mixtas del Trabajo entenderán a los efectos de su aprobación y eficacia, en todos los acuerdos de los Comités paritarios de su grupo respecto de la reglamentación del trabajo, horario, descanso, regulación del despido y demás condiciones que sirvan de norma a los contratos de trabajo, teniendo en este punto las facultades que hoy están atribuídas a los Tribunales Industriales y sin perjuicio del recurso de casación que establecen los artículos 186 y siguientes del Código de Trabajo. Entenderán asimismo en la infracción de estos acuerdos o su inobservancia, imponiendo las oportunas sanciones, sólo de índole económica, una vez justificada la infracción, aunque no medie reclamación alguna particular, y haciéndolas efectivas. Las Comisiones mixtas y sus Comités paritarios velarán también por el cumplimiento de las disposiciones generales relativas al régimen de trabajo de su profesión respectiva u oficio, y propondrán al Poder público las reformas y medidas que consideren convenientes a su finalidad. Aparte de las facultades que les otorga el párrafo 1º de este artículo, procurarán que tengan un término amistoso las discordias y desavenencias que entre obreros y patronos se produzcan, haciendo efectivos los laudos de conciliación que las partes se hayan comprometido a aceptar. Serán también facultades de las Comisiones mixtas del Trabajo y de los Comités paritarios que las integran: 1º. Implantar o estimular y apoyar la implantación o sostenimiento de instituciones de cultura, educación técnica y profesional y protección o beneficencia. 2º. Realizar estudios de carácter social y difundirlos por medio de publicaciones que contribuyan a esta obra de cultura y adelanto. (…) V. De las Comisiones mixtas provinciales del Trabajo. Art.24. En aquellas provincias en que la vida económica tenga escaso desarrollo, sean de carácter análogo sus industrias predominantes o falte la Organización corporativa, el Ministerio de Trabajo podrá crear de Real orden Comités paritarios provinciales y una Comisión mixta que los comprenda y represente. En este caso la Real orden de creación fijará el número de Vocales y las facultades y funcionamiento de la Comisión, para que ésta tenga la mayor eficacia posible. Art.25. Los Comités paritarios provinciales designarán las personas que han de formar la Comisión mixta, la cual ejercerá funciones delegadas de los Comités en cuanto se refiere a la reglamentación del trabajo, actuación conciliatoria y demás atribuciones que puedan asignárseles.

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Los Vocales de la Comisión mixta se irán renovando cada año, conforme a la propuesta de los Comités paritarios. (…). VI. De los Consejos de Corporación. Art.29. Cada Corporación integrada por el conjunto de Comités paritarios de patronos y obreros, intelectuales o manuales, tendrá un Consejo, que será el órgano central de la profesión y su residencia se fijará de Real orden en el lugar donde están más desarrolladas la industria o industrias que comprenda, pudiendo ser convocado en Madrid, en la forma precisada en el artículo 34. (…) VII. De la Comisión delegada de Consejos. Art.33. Como órgano de relación de los distintos Consejos corporativos, existirá la Comisión de Consejos. Esta Comisión actuará, como órgano consultivo inmediato del Ministerio de Trabajo, en todas aquellas cuestiones de índole paritaria y corporativa en que, a juicio del mismo, deba ser oída, y además, por función delegada de los Consejos y con carácter permanente, salvo las facultades conferidas al Ministro de Trabajo en el art.34, entenderá en las cuestiones señaladas en los apartados 3º, 4º y 6º del art.32. Será preceptiva su audiencia, siempre que se trate de introducir reformas en este Decreto-ley, y podrá proponer al Ministerio aquellas que estime más oportunas por la experiencia de su aplicación. La Comisión delegada tendrá un Presidente y un Vicepresidente, designados por Real decreto del Ministerio de Trabajo, y un Secretario general, designado también por éste, a propuesta de dicha Comisión. (…). Dado en Palacio a veintiséis de Noviembre de mil novecientos veintiséis. Texto 55. Pacto de la Sociedad de Naciones, firmado en Versalles, 28 de junio de 1919. Entrada en vigor: 10 de enero de 1920. Fecha de extinción: 18 de abril de 1946 (Creación de Naciones Unidas). Las Altas Partes Contratantes: Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad, importa: Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; Mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor; Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos; Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los Tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados; Adoptan el presente pacto que instituye la sociedad de las naciones. Parte XIII del Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919: Trabajo Sección I Organización del trabajo Visto que la Sociedad de las Naciones tiene por objeto establecer la paz universal, y que tal paz no puede ser fundada sino sobre la base de la justicia social; Visto que existen condiciones de trabajo que implican para un gran número de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que engendra un tal descontento que la paz y la armonía universales son puestas en peligro, y atento que es urgente mejorar esas condiciones: por ejemplo, en lo que concierne a la reglamentación de las horas de trabajo, a la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra la desocupación, la garantía de un salario que asegure condiciones de existencia convenientes, la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes resultantes del trabajo, la protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, las pensiones de vejez y de invalidez, la defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, la afirmación del principio

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de la libertad sindical, la organización de la enseñanza profesional y técnica y a otras medidas análogas. Visto que la no adopción de un régimen de trabajo realmente humano es un obstáculo puesto a los esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países; Las altas partes, contratantes, movidas por sentimientos de justicia y humanidad, tanto como por el deseo de asegurar una paz mundial duradera, han convenido en lo que sigue: Capítulo Primero Organización Artículo 387 Se funda una organización permanente encargada de trabajar en la realización del programa expuesto en el preámbulo. Los miembros originarios de la Sociedad de las Naciones, serán miembros originarios de esta organización, y, en adelante, la calidad de miembro de la Sociedad de las Naciones traerá consigo la de miembro de dicha organización. Artículo 388 La organización permanente comprenderá: 1° Una conferencia general de representantes de los miembros; 2° Una oficina internacional del trabajo bajo la dirección del consejo de administración previsto en el artículo 393. Artículo 389 La conferencia general de los representantes de los miembros celebrará sesiones cada vez que sea necesario, y, por lo menos, una vez por año. Ella se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los miembros, de los cuales dos serán los delegados del gobierno, y los otros dos representarán, respectivamente, por una parte a los empleadores y por la otra parte a los trabajadores dependientes de cada uno de los miembros. Cada delegado podrá ser acompañado de consejeros técnicos cuyo número no podrá exceder de dos por cada una de las distintas materias inscriptas en la orden del día de la sesión. Cuando deban discutirse en la conferencia cuestiones que interesan especialmente a las mujeres, una por lo menos de las personas designadas como consejeros técnicos debe ser una mujer. Los miembros se comprometen a designar los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales, de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas, sea de los empleadores, sea de los trabajadores del país respectivo, bajo reserva de que tales organizaciones existan. Los consejeros técnicos no estarán autorizados para tomar la palabra sino a pedido hecho por el delegado al cual se hallan agregados y con la autorización especial del presidente de la conferencia; no podrán tomar parte en las votaciones. Un delegado puede, por nota escrita dirigida al presidente, designar a uno de sus consejeros técnicos como suplente suyo, y dicho suplente en este carácter podrá participar en las deliberaciones y votaciones. Los nombres de los delegados y sus consejeros técnicos serán comunicados a la oficina internacional del trabajo por el gobierno de cada uno de los miembros. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos serán sometidos a la verificación de la conferencia, la que podrá, por mayoría de dos tercios de los sufragios emitidos por los delegados presentes, rehusarse a admitir a cualquier delegado o consejero técnico que ella no juzgara haber sido designado de conformidad con los términos del presente artículo.

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Artículo 390 Cada delegado tendrá el derecho de votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a las deliberaciones de la conferencia. En el caso de que uno de los miembros no hubiera designado alguno de los delegados no gubernamentales a que tiene derecho, el otro delegado no gubernamental tendrá el derecho de tomar parte en las discusiones de la conferencia pero no tendrá el derecho de votar. En el caso en que la conferencia, en virtud de los poderes que le confiere el artículo 389, rehusara admitir a uno de los delegados de uno de los miembros, las estipulaciones del presente artículo serán aplicadas como si dicho delegado no hubiese sido designado. Artículo 391 Las sesiones de la conferencia tendrán lugar en la sede de la Sociedad de las Naciones, o en cualquier otro lugar que hubiera sido fijado por la conferencia, en una sesión anterior, por una mayoría de dos tercios de votos emitidos por delegados presentes. Artículo 392 La oficina internacional del trabajo se establecerá en la sede de la Sociedad de las Naciones y formará parte del conjunto de las instituciones de la sociedad. Artículo 393 La oficina internacional del trabajo será colocada bajo la dirección de un consejo de administración compuesto de 24 personas, las cuales serán designadas según las distintas posiciones siguientes: El consejo de administración de la oficina internacional del trabajo se compondrá como sigue:  Doce personas representando a los gobiernos;  Seis personas elegidas por los delegados a la conferencia, representando a los patrones;  Seis personas elegidas por los delegados a la conferencia, representando a los empleados y obreros.  Entre las doce personas representando a los gobiernos, ocho serán nombradas por los miembros cuya importancia industrial sea más considerable y cuatro serán nombradas por las miembros designados a este efecto por los delegados gubernamentales a la conferencia, con exclusión de los delegados de los ocho miembros arriba mencionados. Las contestaciones eventuales respecto de la cuestión de saber cuáles son los miembros que tienen importancia industrial más considerable, serán resueltas por el consejo de la Sociedad de las Naciones. La duración del mandato de los miembros del consejo de administración, será de tres años. La manera de proveer los puestos vacantes y demás cuestiones de la misma naturaleza podrán ser regladas por el consejo de administración bajo reserva de la aprobación por la conferencia. El consejo de administración elegirá a uno de sus miembros como presidente y establecerá su reglamento. Se reunirá en las épocas que él mismo fijará. Se celebrará una sesión especial cada vez que diez miembros del consejo, por lo menos, hayan formulado un pedido escrito a este respecto. Artículo 394 Al frente de la oficina internacional del trabajo será puesto un director, designado por el consejo de administración del cual recibirá sus instrucciones y frente al cual será responsable de la buena marcha de la oficina, así como de la ejecución de todas las demás tareas que hubieran podido serle confiadas. El director o su suplente asistirán a todas las sesiones del consejo de administración.

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Artículo 395 El personal de la oficina internacional del trabajo será elegido por el director. La designación deberá recaer, en la medida compatible con la preocupación de obtener el mejor rendimiento, en personas de diferentes nacionalidades. Cierto número de esas personas deberán ser mujeres. Artículo 396 Las funciones de la oficina internacional del trabajo comprenderán la centralización y la distribución de todas las informaciones concernientes a la reglamentación internacional de la condición de los trabajadores y del régimen del trabajo y, en particular, el estudio de las cuestiones que tiene el encargo de someter a las discusiones de la conferencia para la celebración de convenciones internacionales, así como la ejecución de todas las encuestas especiales prescriptas por la conferencia. Estará encargada de preparar la orden del día de las sesiones de la conferencia. Desempeñará, de conformidad con lo estipulado en la presente parte de este tratado, los deberes que le incumbe en lo tocante a todas las diferencias internacionales. Redactará y publicará en francés, en inglés y en cualquier otro idioma que el consejo de administración juzgare conveniente, un boletín periódico consagrado al estudio de las cuestiones concernientes a la industria y al trabajo que presenten un interés internacional. De una manera general tendrá, además de las funciones indicadas en el presente artículo, todos los demás poderes y funciones que la conferencia juzgara apropiado atribuirle. Artículo 397 Los ministerios de los miembros que se ocupan de las cuestiones obreras podrán relacionarse directamente con el director por intermedio del representante de su gobierno en el consejo de administración de la oficina internacional del trabajo, o, a falta de tal representante, por intermedio de cualquier otro funcionario debidamente calificado y designado a este efecto por el gobierno interesado. Artículo 398 La oficina internacional del trabajo podrá pedir el concurso del secretario general de la Sociedad de las Naciones para todas las cuestiones en que tal concurso pudiera ser prestado. Artículo 399 Cada uno de los miembros pagará los gastos del viaje y de estada de sus delegados y de sus consejeros técnicos, así como los de sus representantes que tomen parte en las sesiones de la conferencia y del consejo de administración según los casos. Todos los demás gastos de la oficina internacional del trabajo, de las sesiones de la conferencia o de las del consejo de administración, serán reembolsados al director por el secretario general de la Sociedad de las Naciones con el presupuesto general de la sociedad. El director será responsable, ante el secretario general de la Sociedad de las Naciones, por el empleo de todos los fondos que le hayan sido entregados de conformidad con las estipulaciones del presente artículo. Capítulo segundo Funcionamiento Artículo 400 El consejo de administración establecerá la orden del día de las sesiones de la conferencia luego de haber examinado todas las proposiciones hechas por el gobierno de uno de los miembros o por cualquiera otra organización prevista en el artículo 389 respecto de las materias a inscribirse en dicha orden del día. Artículo 401 El director desempeñará las funciones de secretario general de la conferencia y deberá hacer llegar la orden del día de cada sesión, cuatro meses antes de la apertura de esa sesión, a cada

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uno de los miembros, y, por intermedio de éstos, a los delegados no gubernamentales, cuando estos últimos hubieran sido designados. Artículo 402 Cada uno de los gobiernos de los miembros tendrá el derecho de observar a que uno o varios de los temas previstos sean inscriptos en el orden del día de la sesión. Los motivos justificando esa oposición deberán ser expuestos en una memoria explicativa dirigida al director, quien deberá comunicarla a los miembros de la organización permanente. Los temas a los cuales se haya hecho oposición permanecerán, sin embargo, incluidos en el orden del día si la conferencia lo decide así por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. Todo asunto respecto del cual la conferencia decida, por la misma mayoría de dos tercios, que ella sea examinada (a diferencia de lo previsto en el inciso que antecede), será remitido al orden del día de la sesión siguiente. Artículo 403 La conferencia formulará las reglas de su funcionamiento; ella elegirá a su presidente; podrá nombrar comisiones encargadas de presentar informes sobre cualesquiera cuestiones que estime deba poner a estudio. La simple mayoría de votos emitidos por los miembros presentes de la conferencia decidirá en todos los casos en que una mayoría más fuerte no sea especialmente prevista por otros artículos de la presente parte de este tratado. Ningún voto es válido si el número de sufragios emitidos es inferior a la mitad del número de los delegados presentes en la sesión. Artículo 404 La conferencia podrá agregar a las comisiones que constituya, consejeros técnicos que tendrán voz consultiva, pero no deliberativa. Artículo 405 Si la conferencia se pronuncia por la adopción de proposiciones relativas a un objeto en la orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones deberán tomar la forma: a) de una “recomendación” a someter al examen de los miembros, con el fin de llevarla a efecto bajo forma de ley nacional o de otra manera; b) o bien, de un proyecto de convención internacional a ratificar por los miembros. En los dos casos, para que una recomendación o un proyecto de convención sea adoptado en votación final por la conferencia, se requiere una mayoría de los dos tercios de votos de los delegados presentes. Al formular una recomendación o un proyecto de convención de aplicación general la conferencia deberá tener en cuenta los países cuyo clima, desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan las condiciones de la industria esencialmente diferentes, y ella deberá sugerir aquellas modificaciones que considerara necesarias para responder a las condiciones propias de esos países. Un ejemplar de la recomendación o del proyecto de convención será firmado por el presidente de la conferencia y el director y depositado en manos del secretario general de la Sociedad de las Naciones. Este comunicará una copia certificada conforme de la recomendación o del proyecto de convención a cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros se compromete a someter en el plazo de un año, a contar de la clausura de la sesión de la conferencia (o, si a consecuencia de circunstancias excepcionales es imposible proceder en el término de un año, desde que sea posible, pero nunca después de los dieciocho meses después de la clausura de la sesión de la conferencia), la recomendación o el

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proyecto de convención a la autoridad o autoridades en cuya competencia entre la materia, a fin de transformarla en ley o adoptar medidas de otro orden. Si se trata de una recomendación, los miembros informarán al secretario general sobre las medidas tomadas. Si se trata de un proyecto de convención, el miembro que haya obtenido el consentimiento de la autoridad o autoridades competentes, comunicará su ratificación formal de la convención al secretario general y tomará aquellas medidas que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicha convención. Si una recomendación no es seguida de un acto legislativo u otras medidas de naturaleza tal que hagan efectiva esa recomendación o bien si un proyecto de convención no halla el asentimiento de la autoridad o autoridades en cuya competencia entra la materia, el miembro no será sometido a ninguna otra obligación. En el caso de que se trate de un Estado federal cuyo poder de adherir a una convención sobre objetos concernientes al trabajo esté sometido a ciertas restricciones, el gobierno tendrá el derecho de considerar un proyecto de convención al que se apliquen esas limitaciones como una simple recomendación y las disposiciones del presente artículo en lo que respecta a las recomendaciones no se aplicarán en este caso. El artículo susodicho se interpretará de conformidad con el siguiente principio: En ningún caso podrá pedirse a ninguno de los miembros como consecuencia de la adopción por la conferencia de una recomendación o de un proyecto de convención, que disminuya la protección ya acordada por su legislación a los trabajadores de que se trata. Artículo 406 Toda convención así ratificada será registrada por el secretario general de la Sociedad de las Naciones, pero no obligará más que a los miembros que la hayan ratificado. Artículo 407 Todo proyecto que, en la votación final del conjunto, no consiga la mayoría de los dos tercios de votos emitidos por los miembros presentes, puede ser objeto de una convención particular entre aquellos miembros de la organización permanente que lo deseen. Toda convención particular de esta naturaleza deberá ser comunicada por los gobiernos interesados al secretario general de la Sociedad de las Naciones, quien la hará registrar. Artículo 408 Cada uno de los miembros se compromete a presentar a la oficina internacional del trabajo un informe anual sobre las medidas tomadas por él para poner en ejecución las convenciones a las que se hubiera adherido. Estos informes serán redactados en la forma indicada por el consejo de administración y deberán contener las especificaciones pedidas por este último. El director presentará un resumen de esos informes en la sesión más próxima de la conferencia. Artículo 409 Toda reclamación dirigida a la oficina internacional del trabajo por una organización profesional obrera o patronal, según la cual uno cualesquiera de los miembros no haya asegurado en forma satisfactoria la ejecución de una convención a que dicho miembro se ha adherido, podrá ser transmitida por el consejo de administración al gobierno reclamado y este gobierno podrá ser invitado a hacer en la materia la declaración que juzgare conveniente. Artículo 410 Si no se recibiera ninguna declaración del gobierno reclamado dentro de un plazo razonable, o si la declaración recibida no pareciese satisfactoria al consejo de administración, este último tendrá el derecho de hacer pública la reclamación recibida y, si del caso fuera, la respuesta dada.

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Artículo 411 Cada uno de los miembros podrá depositar una queja en la oficina internacional del trabajo contra otro miembro que, a su parecer, no asegurara de una manera satisfactoria la ejecución de una convención que uno y otro hubieran ratificado en virtud de los artículos precedentes. El consejo de administración puede, si juzga apropiado, y antes de dirigirse a una comisión de encuesta según el procedimiento indicado a continuación, ponerse en relaciones con el gobierno reclamado, en la forma indicada por el artículo 409. Si el consejo de administración no juzga necesario comunicar la queja el gobierno reclamado, o si una vez hecha esa comunicación no se ha recibido respuesta que satisfaga al consejo de administración en un plazo razonable, el consejo podrá provocar la formación de una comisión de encuesta que tendrá la misión de estudiar la cuestión promovida y de poner un informe a su respecto. El mismo procedimiento podrá ser empleado por el consejo, sea de oficio, sea por queja de un delegado a la conferencia. Cuando una cuestión planteada en aplicación de los artículos 410 y 411 se lleve ante el consejo de administración, el gobierno reclamado, si ya no tiene representante en el seno del consejo de administración, tendrá el derecho de designar un delegado para tomar parte en las deliberaciones del consejo, relativas a ese asunto. La fecha en que esas discusiones deban tener lugar será notificada en tiempo útil al gobierno reclamado. Artículo 412 La comisión de encuesta se constituirá de la siguiente manera: Cada uno de los miembros se compromete a designar, en los seis meses que sigan a la fecha de la entrada en vigencia del presente tratado, tres personas competentes en cuestiones industriales, la primera, en representación de los patrones, la segunda, en representación de los obreros y la tercera, independiente de unos y otros. El conjunto de esas personas formará una lista de la que serán elegidos los miembros de la comisión de encuesta. El consejo de administración tendrá el derecho de verificar los títulos de dichas personas y de rehusar, mediante mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los representantes presentes, el nombramiento de aquellas cuyos títulos no satisficieran las prescripciones del presente artículo. A pedido del consejo de administración, el secretario general de la Sociedad de las Naciones designará a tres personas elegidas respectivamente en cada una de las tres categorías de la lista, para constituir la comisión de encuesta y designará, además, una de esas tres personas para presidir dicha comisión. Ninguna de las tres personas así designadas podrá depender de uno de los miembros directamente interesados en la queja. Artículo 413 En el caso en que una queja fuera remitida, en virtud del artículo 411, a una comisión de encuesta cada uno de los miembros, esté o no directamente interesado en la queja, se compromete a poner a disposición de la comisión toda información que se hallara en su posesión, relativa al objeto de la queja. Artículo 414 La comisión de encuesta, después de un estudio a fondo de la queja, redactará un informe en el que consignará sus verificaciones sobre todos los puntos de hecho que permitan precisar el alcance de la contienda, así como las recomendaciones que crea deber formular en cuanto a las medidas a tomar para dar satisfacción al gobierno reclamante y en lo que respecta a los plazos en que han de ser tomadas esas medidas. Ese informe indicará, igualmente, si del caso fuera, las sanciones de orden económico contra el gobierno reclamado que la comisión juzgare convenientes y cuya aplicación por los demás gobiernos le pareciera justificada.

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Artículo 415 El secretario general de la Sociedad de las Naciones comunicará el informe de la comisión de encuesta a cada uno de los gobiernos interesados en la diferencia y asegurará su publicación. Cada uno de los gobiernos interesados deberá significar al secretario general de la Sociedad de las Naciones, en el plazo de un mes, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en el caso de que no las aceptara, si desea someter la diferencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones. Artículo 416 En el caso de que uno de los miembros no tomare, en lo relativo a una recomendación o a un proyecto de convención, las medidas prescriptas en el artículo 405, cualquier otro miembro tendrá el derecho de denunciarlo a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Artículo 417 La decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional concerniente a una queja o cuestión que le hubiere sido sometida de acuerdo con los artículos 415 ó 416, no será susceptible de apelación. Artículo 418 Las conclusiones o recomendaciones eventuales de la comisión de encuesta podrán ser confirmadas, enmendadas o anuladas por la Corte Permanente de Justicia Internacional, la que deberá llegado el caso, indicar las sanciones de orden económico que creyera conveniente tomar respecto de un gobierno en falta y cuya aplicación por los demás gobiernos le pareciera justificada. Artículo 419 Si un miembro cualquiera no se conforma, dentro del plazo prescrito, a las recomendaciones eventualmente contenidas, sea en el informe de la comisión de encuesta o en la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional, cualquier otro miembro podrá aplicar a dicho miembro las sanciones de orden económico que el informe de la comisión o la decisión de la corte hubieran declarado aplicables en el caso. Artículo 420 El gobierno en falta puede, en todo momento, informar al consejo de administración haber tomado las medidas necesarias para conformarse, sea a las recomendaciones de la comisión de encuesta o a las contenidas en la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional y puede pedir al consejo de querer hacer constituir por el secretario general de la Sociedad de las Naciones, una comisión de encuesta encargada de verificar sus afirmaciones. En este caso se aplicarán las disposiciones de los artículos 412, 413, 414, 415, 417 y 418, y si el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional son favorables al gobierno en falta, los demás gobiernos deberán inmediatamente hacer cesar las medidas de orden económico que hubieren tomado contra ese Estado. Capítulo tercero: Prescripciones generales Artículo 421 Los miembros se comprometen a aplicar las convenciones a que hubieren adherido de conformidad con las estipulaciones de la presente parte de este tratado, a aquellas de sus colonias o posesiones y a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por sí mismos, pero con las reservas siguientes: 1° Que la convención no se haga inaplicable por las condiciones locales; 2° Que las modificaciones que fueren necesarias para adaptar la convención a las condiciones locales, puedan ser introducidas en ella.

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Cada uno de los miembros deberá notificar a la oficina internacional del trabajo la decisión que se propone tomar en lo concerniente a cada una de sus colonias o posesiones o cada uno de sus protectorados que no se gobiernan plenamente por sí mismos. Artículo 422 Las enmiendas a la presente parte de este tratado, que fueran adoptadas por la conferencia por mayoría de dos tercios de votos emitidos por los delegados presentes, serán ejecutoriadas cuando hayan sido ratificadas por los Estados cuyos representantes forman el consejo de la Sociedad de las Naciones y por las tres cuartas partes de los miembros. Artículo 423 Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de la presente parte de este tratado y de las convenciones ulteriormente concluidas por los miembros, en virtud de dicha parte, serán sometidas a la apreciación de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Capítulo cuarto: Medidas transitorias Artículo 424 La primera sesión de la conferencia tendrá lugar en el mes de octubre de 1919. El lugar y la orden del día de la sesión son determinados en el anexo adjunto. La convocación y organización de esta primera sesión serán aseguradas por el gobierno designado a este efecto en el anexo susodicho. El gobierno será asesorado en lo concerniente a la preparación de los documentos, por una comisión internacional cuyos miembros serán designados en el mismo anexo. Los gastos de esta primera sesión y de cualquier otra sesión ulterior hasta el momento en que los créditos necesarios hayan podido ser inscritos en el presupuesto de la Sociedad de las Naciones, con excepción de los gastos de desplazamiento de los delegados y consejeros técnicos, serán repartidos entre los miembros en las proporciones establecidas para la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. Artículo 425 Hasta que la Sociedad de las Naciones quede constituida, todas las comunicaciones que debieran dirigirse, en virtud de los artículos precedentes, al secretario general de la sociedad, serán conservadas por el director de la oficina internacional del trabajo, quien las pondrá en conocimiento del secretario general. Artículo 426 Hasta la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional, las diferencias que deben serle sometidas en virtud de la presente parte de este tratado; serán dirigidas a un tribunal formado de tres personas designadas por el consejo de la Sociedad de las Naciones. ANEXO: Primera sesión de la conferencia del trabajo, 1919 El lugar de la conferencia será Washington. El gobierno de los Estados Unidos de América será solicitado para convocar la conferencia. El comité internacional de organización se compondrá de siete personas, respectivamente, designadas por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Bélgica y Suiza. El comité podrá, si lo juzga necesario, invitar a otros miembros a hacerse representar en su seno. El orden del día será la siguiente: 1° Aplicación del principio de la jornada de 8 horas o de la semana de 48 horas; 2° Cuestiones relativas a los medios de prevenir la desocupación y remediar sus consecuencias; 3° Empleo de mujeres:

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a) Antes o después del parto (inclusive la cuestión de la indemnización de maternidad); b) Durante la noche; c) En los trabajos insalubres. 4° Empleo de niños: a) Edad de admisión al trabajo; b) Trabajo de noche; c) Trabajos insalubres. 5° Extensión y aplicación de las convenciones internacionales adoptadas en Berna en 1906 sobre la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria, y sobre la prohibición del empleo del fósforo blanco (amarillo en la industria de las cerillas). Sección II: Principios generales Artículo 427 Las altas partes contratantes, reconociendo que el bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores asalariados es de una importancia esencial desde el punto de vista internacional, han establecido, para llegar a este objeto elevado, el organismo permanente previsto en la Sección I y asociado al de la Sociedad de las Naciones. Ellas reconocen que las diferencias de clima, de costumbres y de usos, de oportunidad económica y de tradición industrial, hacen difícil alcanzar de una manera inmediata la uniformidad absoluta en las condiciones del trabajo. Pero, persuadidas como están de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio, piensan que hay métodos y principios de reglamentación de las condiciones del trabajo que todas las comunidades industriales deberán esforzarse en aplicar, en cuanto lo permitan las circunstancias especiales en que puedan encontrarse. Entre esos métodos y principios, las Altas Partes Contratantes consideran ser de una importancia particular y urgente, los siguientes: 1. El principio director arriba enunciado, de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio; 2. El derecho de asociación para todos los objetos no contrarios a las leyes, tanto para los asalariados como para los empleadores; 3. El pago a los trabajadores, de un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, tal como se comprende en su tiempo y en su país; 4. La adopción de la jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas, como objetivo a alcanzar en todas partes en que aún no haya sido obtenido; 5. La adopción de un descanso hebdomadario de veinticuatro horas como mínimum, que debería comprender el domingo, siempre que fuera posible; 6. La supresión del trabajo de los niños y la obligación de introducir en el trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias que les permitan continuar su educación y asegurar su desarrollo físico; 7. El principio del salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de igual valor; 8. Las reglas dictadas en cada país sobre las condiciones del trabajo deberán asegurar un tratamiento económico, equitativo a todos los obreros que legalmente residan en el país; 9. Cada Estado deberá organizar un servicio de inspección en el que haya mujeres, con el fin de asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos de protección de los obreros. Sin proclamar que esos principios y esos métodos son completos o definitivos, las Altas Partes Contratantes opinan que son apropiados para guiar la política de la Sociedad de las Naciones; y que si son adoptados por las comunidades industriales que son miembros de la Sociedad de las

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Naciones, y si son mantenidos intactos en la práctica por un cuerpo apropiado de inspectores, extenderán beneficios permanentes para los asalariados del mundo. Es traducción fiel de la publicación oficial en idioma francés emanada de la Sociedad de las Naciones. Buenos Aires, setiembre 5 de 1932. Carlos A. Alcorta, Subsecretario de Relaciones Exteriores. Texto 56. Declaración de Filadelfia de 1944 relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adopta, el día diez de mayo de 1944, la presente Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros. I La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y, en especial, los siguientes: (a) el trabajo no es una mercancía; (b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; (c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; (d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común. II La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social afirma que: (a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; (b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional; (c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental; (d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero; y (e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada. III La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan: (a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida;

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(b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común; (c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos; (d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección; (e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; (f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa; (g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones; (h) proteger a la infancia y a la maternidad; (i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; (j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. IV La Conferencia, convencida de que la utilización más completa y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta Declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el progreso económico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y constante volumen, ofrece la entera colaboración de la Organización Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pudiere confiarse parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así como en el mejoramiento de la salud, de la educación y del bienestar de todos los pueblos. V La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las modalidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que todavía son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse por sí mismos interesa a todo el mundo civilizado. Texto 57. Texto constitucional de la Organización Internacional del Trabajo. BOE de 21 de septiembre de 1982. Preámbulo Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra,

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lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. CAPITULO PRIMERO Artículo 1 Organización 1. Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución y en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo a esta Constitución. 2. Serán Miembros de la Organización Internacional del Trabajo los Estados que eran Miembros de la Organización el I de noviembre de 1945 y cualquier otro Estado que adquiera la calidad de Miembro de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo. 3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cualquier Estado admitido como Miembro de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta, podrán adquirir la calidad de Miembro de la Organización Internacional del Trabajo comunicando al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 4. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo podrá también admitir a un Estado en calidad de Miembro de la Organización por mayoría de dos tercios de los delegados presentes en la reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales presentes y votantes. Esta admisión surtirá efecto cuando el gobierno del nuevo Miembro comunique al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá retirarse de la Organización sin dar aviso previo de su intención al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto dos años después de la fecha de su recepción por el Director General, a reserva de que en esa última fecha el Miembro haya cumplido todas las obligaciones financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando un Miembro haya ratificado un convenio internacional del trabajo, su retiro no menoscabará la validez de todas las obligaciones que se deriven del convenio o se refieran a él, respecto del período señalado en dicho convenio. 6. En caso de que un Estado hubiera dejado de ser Miembro de la Organización, su readmisión como Miembro se regirá por las disposiciones de los párrafos 3 ó 4 de este artículo. La Organización permanente comprende:

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Artículo 2 a) La Conferencia General de los representantes de los Miembros; b) El Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artículo 7; y c) La Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la dirección del Consejo de Administración. Artículo 3 1. La Conferencia General de los representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos. una vez al año; se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros. 2. Cada delegado podrá estar acompañado de dos consejeros técnicos, como máximo, por cada uno, de los puntos que figuren en el orden del día de la reunión. Cuando en la Conferencia deban discutirse cuestiones de especial interés para las mujeres, entre las personas designadas como consejeros técnicos una, por lo menos, deberá ser mujer. 3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones internacionales de territorios no metropolitanos podrá designar como consejeros técnicos adicionales para acompañar a cada uno de sus delegados: a) A personas nombradas por dicho Miembro en calidad de representantes de cualquiera de esos territorios para los asuntos que sean de la competencia de las autoridades de tales territorios; y b) A personas nombradas por dicho Miembro para asesorar a sus delegados en los asuntos relativos a territorios no autónomos. 4. Cuando un territorio esté bajo la autoridad conjunta de dos o más Miembros, podrán designarse personas para asesorar a los delegados de dichos Miembros. 5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate. 6. Los consejeros técnicos sólo podrán hacer uso de la palabra a petición del delegado a quien acompañen y con autorización especial del Presidente de la Conferencia no podrán participar en las votaciones. 7. Cualquier delegado podrá, por nota escrita dirigida al Presidente, designar como suplente a uno de sus consejeros técnicos, quien, en tal caso, podrá participar en los debates y en las votaciones. 8. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos serán comunicados a la Oficina Internacional de Trabajo por el gobierno de cada uno de los Miembros. 9. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos serán examinados por la Conferencia, la cual podrá, por mayoría de dos tercios de los votos de los delegados presentes, rechazar la admisión de cualquier delegado o consejero técnico que en opinión de la misma no haya sido designado de conformidad con el presente artículo. Artículo 4 1. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a la Conferencia. 2. En caso de que uno de los Miembros no hubiere designado a uno de los delegados no gubernamentales a que tiene derecho, el otro delegado no gubernamental tendrá derecho a participar en los debates de la Conferencia, pero no a votar.

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3. En caso de que la Conferencia, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 3, rechazare la admisión de un delegado de uno de los Miembros, las disposiciones del presente artículo se aplicarán como si dicho delegado no hubiere sido designado. Artículo 5 Las reuniones de la Conferencia se celebrarán, a reserva de las decisiones que pueda haber tomado la propia Conferencia en una reunión anterior, en el lugar que decida el Consejo de Administración. Artículo 6 Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo lo decidirá la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. Artículo 7 1. El Consejo de Administración se compondrá de cincuenta y seis personas: Veintiocho representantes de los gobiernos; Catorce representantes de los empleadores; y Catorce representantes de los trabajadores. 2. De los veintiocho representantes de los gobiernos, diez serán nombrados por los Miembros de mayor importancia industrial, y los dieciocho restantes, por los Miembros designados al efecto por los delegados gubernamentales a la Conferencia, con exclusión de los delegados de los diez Miembros primeramente mencionados. 3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que sea necesario, cuales son los Miembros de la Organización de mayor importancia industrial y fijará las normas para que todas las cuestiones relacionadas con la designación de dichos Miembros sean examinadas por una comisión imparcial antes de que el Consejo de Administración adopte una decisión al respecto. Toda apelación interpuesta por un Miembro contra la decisión del Consejo de Administración por la que determine cuáles son los Miembros de mayor importancia industrial será resuelta por la Conferencia; pero dicha apelación no suspenderá la aplicación de la decisión mientras la Conferencia no se haya pronunciado. 4. Los representantes de los empleadores y los de los trabajadores serán elegidos, respectivamente, Por los delegados empleadores y los delegados trabajadores a la Conferencia. 5. El Consejo de Administración se renovará cada tres años. Si por cualquier razón las elecciones del Consejo de Administración no pudieren celebrarse al expirar este plazo, el Consejo de Administración continuará en funciones hasta que puedan realizarse. 6. La forma de proveer los puestos vacantes y de designar los suplentes y otras cuestiones análogas, podrán ser resueltas por el Consejo a reserva de la aprobación de la Conferencia. 7. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un presidente y dos vicepresidentes. Uno de estos tres cargos deberá ser desempeñado por una persona que represente a un gobierno y los otros dos por personas que representen, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores. 8. El Consejo de Administración fijará su propio reglamento, así como las fechas de sus reuniones. Se celebrara reunión extraordinaria cuando lo soliciten por escrito por lo menos dieciséis miembros del Consejo de Administración. Artículo 8 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá instrucciones y ante el cual será responsable de la buena marcha de la Oficina y de la ejecución de cualesquiera otras funciones que pudieren serle confiadas.

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2. El Director General o su suplente asistirá a todas las sesiones del Consejo de Administración. Artículo 9 1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Director General, de acuerdo con las reglas aprobadas por el Consejo de Administración. 2. Los nombramientos que efectúe el Director general deberán recaer en personas de diferentes nacionalidades, siempre que ello sea compatible con la eficacia de las labores de la Oficina. 3. Algunas de estas personas deberán ser mujeres. 4. Las funciones del Director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el Director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la Organización. 5. Todo Miembro de la Organización se obliga a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director general y del personal y no tratará de ejercer influencia sobre ellos en el cumplimiento de sus funciones. Artículo 10 1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo comprenderán la compilación y distribución de todas las informaciones concernientes a la reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con miras a la adopción de convenios internacionales así como la realización de encuestas especiales ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de Administración. 2. A reserva de las instrucciones que pueda darle el Consejo de Administración, la Oficina: a) Preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las reuniones de la Conferencia; b) Prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la ayuda posible para elaborar una legislación basada en las decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas administrativas y los sistemas de inspección; c) Cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, los deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los convenios; d) Redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administración considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones relativas a la industria y al trabajo que tengan interés internacional. 3. De un modo general, la Oficina tendrá cualesquiera otras facultades y obligaciones que la Conferencia o el Consejo de Administración considere conveniente encomendarle. Artículo 11 Las dependencias gubernamentales de los Estados Miembros que se ocupen de cuestiones de trabajo podrán comunicarse directamente con el Director General por conducto del representante de su gobierno en el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, o, en su defecto, por conducto de cualquier otro funcionario debidamente calificado y designado al respecto por el gobierno interesado. Artículo 12 1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución, con cualquier organización internacional de carácter general encargada de

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coordinar las actividades de las organizaciones de derecho internacional público que tengan funciones especializadas, y con las organizaciones de derecho internacional público que tengan funciones especializadas en esferas afines. 2. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar medidas apropiadas para que los representantes de las organizaciones de derecho internacional público participen, sin voto, en sus debates. 3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para efectuar consultas, cuando lo considere conveniente, con las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas, comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y de cooperativistas. Artículo 13 1. La Organización Internacional del Trabajo podrá celebrar con las Naciones Unidas los acuerdos financieros y presupuestarios que considere apropiados. 2. Mientras no se hayan concluido tales acuerdos, o si en un momento dado no estuvieren en vigor: a) Cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y estancia de sus delegados y consejeros técnicos, así como los de sus representantes que participen en las reuniones de la Conferencia o del Consejo de Administración, según sea el caso; b) Todos los demás gastos de la Oficina Internacional del Trabajo y de las reuniones de la Conferencia o del Consejo de Administración serán sufragados por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con cargo al presupuesto general de la Organización Internacional del Trabajo; c) Las disposiciones relativas a la aprobación del presupuesto de la Organización Internacional del Trabajo, así como las concernientes al prorrateo y recaudación de las contribuciones, las fijará la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, y en dichas disposiciones se establecerá que el presupuesto y las reglas concernientes al prorrateo de los gastos entre los Miembros de la Organización serán aprobados por una comisión de representantes gubernamentales. 3. Los gastos de la Organización Internacional del Trabajo correrán a cargo de los Miembros, conforme a las disposiciones vigentes en virtud del párrafo 1 o del apartado c) del párrafo 2 de este artículo. 4. El Miembro de la Organización que esté atrasado en el pago de su contribución financiera a la Organización no podrá votar en la Conferencia, en el Consejo de Administración, en ninguna comisión ni en las elecciones de miembros del Consejo de Administración, si la suma adeudada fuere igual o superior al total de la contribución que daba pagar por los dos años anteriores completos. Sin embargo, la Conferencia podrá, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que el retraso se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro. 5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será responsable, ante el Consejo de Administración, del empleo de los fondos de la Organización Internacional del Trabajo. CAPITULO II Funcionamiento Artículo 14 1. El Consejo de Administración fijará el orden del día de las reuniones de la Conferencia, después de examinar todas las proposiciones presentadas al respecto por los gobiernos de los

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Miembros, por cualquiera de las organizaciones representativas a que se hace referencia en el artículo 3, o por cualquier organización de derecho internacional público. 2. El Consejo de Administración fijará reglas para lograr que se efectúe una preparación técnica y cabal y se consulte adecuadamente a los Miembros principalmente interesados, por medio de una conferencia preparatoria o de cualquier otro modo, antes de la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia. Artículo 15 1. El Director General actuara como Secretario General de la Conferencia y cuatro meses antes de la sesión de apertura, pondrá el orden del día de cada reunión en conocimiento de los Miembros y, por conducto de estos, en conocimiento de los delegados no gubernamentales, una vez que hayan sido designados. 2. Los informes sobre cada punto del orden del día serán enviados a los Miembros en tiempo oportuno a fin de que puedan ser examinados adecuadamente antes de la reunión de la Conferencia. El Consejo de Administración fijará las reglas para la aplicación de esta disposición. Artículo 16 1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá derecho a oponerse a la inscripción de una o varias cuestiones propuestas en el orden del día de la reunión. Los motivos que justifiquen dicha oposición deberán ser expuestos en una nota dirigida al Director General, quien deberá comunicarla a los Miembros de la Organización. 2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de oposición continuarán inscritas en el orden del día si la Conferencia así lo decidiere por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. 3. Cuando la Conferencia decida, por la misma mayoría de dos tercios, que una cuestión deba ser examinada (y no se trate del caso previsto en el párrafo precedente), dicha cuestión será inscrita en el orden del día de la reunión siguiente. Artículo 17 1. La Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresidentes. De los tres vicepresidentes uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La Conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse. 2. Las decisiones de la Conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la Conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13. 3. Ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emitidos fuere inferior a la mitad del número de delegados presentes en la reunión. Artículo 18 La Conferencia podrá agregar expertos técnicos, sin derecho a voto, a las comisiones que constituya. Artículo 19 1. Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma: a) de un convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión tratada, o uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio.

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2. En ambos casos para que la Conferencia adopte en votación final el convenio o la recomendación será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. 3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. 4. El Presidente de la Conferencia y el Director General autenticarán, con sus firmas, dos copias del convenio o de la recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se enviará al Secretario General de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los Miembros. 5. En el caso de un convenio: a) El convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación; b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas; c) Los Miembros Informarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas; d) Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio; e) Si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio. 6. En el caso de una recomendación: a) La recomendación se comunicará a todos los Miembros para su examen, a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo; b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas; c) Los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;

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d) Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones: a) Respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales; b) Respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, el gobierno federal; i) Adoptará, de acuerdo con su constitución o las constituciones de los Estados, provincias o cantones interesados, medidas efectivas para someter tales convenios y recomendaciones, a más tardar dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia, a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o adopten otras medidas; ii) Adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los gobiernos de los Estados, provincias o cantones interesados, para celebrar consultas periódicas entre las autoridades federales y las de los Estados, provincias o cantones interesados, a fin de promover, dentro del Estado federal, medidas coordinadas para poner en ejecución las disposiciones de tales convenios y recomendaciones; iii) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter tales convenios y recomendaciones a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales apropiadas, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a las autoridades consideradas apropiadas y a las medidas por ellas adoptadas; iv) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada uno de esos convenios que no haya ratificado con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo; v) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación.

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Artículo 20 Todo convenio así ratificado será comunicado por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, pero sólo obligará a los Miembros que lo hayan ratificado. Artículo 21 1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la Conferencia que en la votación final no obtuviere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los Miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los Miembros de la Organización que así lo deseen. 2. Todo convenio concertado en esta forma deberá ser comunicado por los gobiernos interesados al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 22 Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. Artículo 23 1. El Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las informaciones y memorias que le hayan comunicado los Miembros en cumplimiento de los artículos 19 y 22. 2. Todo Miembro comunicará a las organizaciones representativas reconocidas, a los efectos del artículo 3, copia de las informaciones y memorias que haya enviado al Director General en cumplimiento de los artículos 18 y 22. Artículo 24 Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. Artículo 25 Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. Artículo 26 1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficia Internacional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. 2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerare conveniente y antes de referir el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente la queja, en la forma prevista en el artículo 24. 3. Si el Consejo de Administración no considerare necesario comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo

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prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informará al respecto. 4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja presentada por un Delegado de la Conferencia. 5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada por la aplicación de los artículos 25 ó 26, el gobierno interesado, si no estuviere ya representado en el Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en las deliberaciones del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado. Artículo 27 En caso de que se decidiera someter a una comisión de encuesta una queja recibida en virtud del artículo 26, cada Miembro, le concierna o no directamente la queja, se obliga a poner a disposición de la comisión todas las informaciones que tuviere en su poder relacionadas con el objeto de dicha queja. Artículo 28 La comisión de encuesta, después de examinar detenidamente la queja, redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomendaciones que considere apropiado formular con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse. Artículo 29 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a su publicación. 2. Cada uno de los Gobiernos interesados deberá comunicar el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia. Artículo 30 En caso de que uno de los Miembros no adoptare, para la aplicación de un convenio o de una recomendación las medidas prescritas por los párrafos 5 b), 6 b) o 7 b) i) del artículo 19, cualquier otro Miembro podrá someter la cuestión al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración reconociere que el Miembro no ha adoptado dichas medidas, informará a la Conferencia sobre el particular. Artículo 31 La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. Artículo 32 La Corte Internacional de Justicia podrá confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones que pudiere haber formulado la comisión de encuesta. Artículo 33 En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones.

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Artículo 34 El gobierno acusado de incumplimiento podrá informar en cualquier momento al Consejo de Administración que ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta o las contenidas en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y podrá pedir que se constituya una comisión de encuesta encargada de comprobar sus aseveraciones. En este caso, serán aplicables las disposiciones de los artículos 27, 28, 29, 31 y 32, y si el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia fueren favorables al gobierno acusado de incumplimiento, el Consejo de Administración deberá recomendar que cese inmediatamente cualquier medida adoptada de conformidad con el artículo anterior. CAPITULO III Prescripciones generales Artículo 35 1. Los Miembros se obligan a aplicar los convenios que haya ratificado, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, a los territorios no metropolitanos de cuya, relaciones internacionales sean responsables, incluidos los territorios en fideicomiso de los cuales sean la autoridad administrativa, excepto cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan dentro de la competencia de las autoridades del territorio, o cuando el convenio sea inaplicable debido a las condiciones locales, o a reserva de las modificaciones que se requieran para adaptarlo a las condiciones locales. 2. Todo Miembro que ratifique un convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, tan pronto sea posible después de la ratificación, una declaración en la que indique, respecto a los territorios que no estén comprendidos en los párrafos 4 y 5 de este artículo, en qué medida se obliga a que se apliquen las disposiciones del convenio y en la que proporcione las informaciones prescritas en tal convenio. 3. Todo Miembro que haya comunicado una declaración en virtud del párrafo precedente podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración que modifique los términos de cualquiera otra anterior y dé a conocer la situación en lo que concierne a tales territorios. 4. Cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan dentro de la competencia de las autoridades de cualquier territorio no metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones internacionales de dicho territorio deberá comunicar el convenio al gobierno del territorio, tan pronto sea posible, a fin de que ese gobierno promulgue la legislación pertinente o adopte otras medidas. Posteriormente, el Miembro, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte las obligaciones del convenio en nombre de dicho territorio. 5. Cualquier declaración en virtud de la cual se acepten las obligaciones de un convenio podrá ser comunicada al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo: a) Por dos o más Miembros de la Organización, respecto a cualquier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o b) Por cualquier autoridad internacional responsable de la administración de un territorio en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición vigente para dicho territorio. 6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en virtud de los párrafos 4 ó 5 implicará la aceptación, en nombre del territorio interesado, de las obligaciones establecidas en el convenio y de las obligaciones que según la Constitución de la Organización se apliquen a los convenios ratificados. En la declaración de aceptación se podrán especificar las modificaciones a las disposiciones del convenio que sean necesarias para adaptarlo a las condiciones locales. 7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunicado una declaración en virtud de los párrafos 4 ó 5 de este artículo podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las dispo-

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siciones del convenio, una nueva declaración por la que modifique los términos de cualquier declaración anterior o por la que deje sin efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en nombre del territorio interesado. 8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en nombre de un territorio al que se refieren los párrafos 4 ó 5 de este artículo el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional, según sea el caso, deberán informar al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la legislación y la práctica que rigen en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el convenio, y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo. También deberán exponer en el informe las dificultades que impiden o retrasan la aceptación de tal convenio. Artículo 36 Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas o aceptadas por dos tercios de los Miembros de la Organización, incluidos cinco de los diez Miembros representados en el Consejo de Administración como Miembros de mayor importancia industrial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7 de esta Constitución. Artículo 37 1. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los Miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el Consejo de Administración podrá formular y someter a la aprobación de la Conferencia reglas para establecer un tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que le fuere referida por el Consejo de Administración o en virtud de los términos de dicho convenio. Cualquier fallo u opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia obligará a cualquier tribunal establecido en virtud del presente párrafo. Toda sentencia dictada por tal tribunal deberá ser comunicada a los Miembros de la Organización y cualquier observación que éstos formulen al respecto deberá someterse a la Conferencia. Artículo 38 1. La Organización Internacional del Trabajo podrá convocar las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que considere convenientes para la consecución de los fines y objetivos de la Organización. 2. Las facultades, funciones y procedimiento de las conferencias regionales se regirán por reglas establecidas por el Consejo de Administración y sometidas a la Conferencia para su confirmación. CAPITULO IV Disposiciones diversas Artículo 39 La Organización Internacional del Trabajo gozará de completa personalidad jurídica y especialmente de capacidad para: a) Contratar; b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; c) Comparecer en juicio.

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Artículo 40 1. La Organización Internacional del Trabajo, gozará en el territorio de cada uno de sus miembros, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para la consecución de sus fines. 2. Los delegados a la Conferencia, los miembros del Consejo de Administración, así como el Director General y los funcionarios de la Oficina, gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con toda independencia las funciones relacionadas con la Organización. 3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en un acuerdo separado que preparará la Organización para su aceptación por los Estados Miembros. ANEXO (Véase Texto nº 56) ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN El texto original de la Constitución, aprobado en 1919, ha sido modificado por la enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 de junio de 1934; por el Instrumento de enmienda de 1945, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1946; por el Instrumento de enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948; por el Instrumento de enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de mayo de 1954; por el Instrumento de enmienda de 1962, que entró en vigor el 22 de mayo de 1963, y por el Instrumento de enmienda de 1972, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1974. Texto 58. Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945. Capítulo IX Cooperación Internacional Económica y Social Artículo 55 Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. (…) Capítulo X El Consejo Económico y Social. Funciones y Poderes Artículo 62 1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. 2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades. 3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General.

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Texto 59. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Texto 60. Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 1966. BOE de 30 de abril de 1977. PARTE III Artículo 6 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione, como mínimo, a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente Pacto;

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b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Artículo 8 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la Ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar Federaciones o Confederaciones Nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la Ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la Ley en forma que menoscabe dichas garantías. Artículo 9 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Texto 61. Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico celebrada en París el 14 de diciembre de 1960. Considerando que la fortaleza y la prosperidad de la economía son esenciales para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas, salvaguardar las libertades individuales y aumentar el bienestar general (...). Decididos a desarrollar al máximo y a utilizar más eficazmente sus capacidades y sus posibilidades, a través de consultas mutuas y de la cooperación, para promover el más alto crecimiento sostenible de sus economías y aumentar el bienestar económico y social de sus pueblos. Estimando que las naciones económicamente más desarrolladas, utilizando sus mejores esfuerzos, deben cooperar para asistir a los países en proceso de desarrollo económico. Han por lo tanto acordado (…): Artículo I La Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos tiene como objetivos el promover políticas destinadas a: a) realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y a un aumento del nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y a contribuir así al desarrollo de la economía mundial;

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b) contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no miembros en vías de desarrollo económico; c) contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales. Texto 62. Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950. Título I Derechos y Libertades Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. No se considera como “trabajo forzado u obligatorio” en el sentido del presente artículo: a. Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional; b. Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutorio del servicio militar obligatorio; c. Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad; d. Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. (…) Artículo 11: Libertad de reunión y de asociación. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado. Texto 63. Carta Social Europea aprobada por el Consejo de Europa en Turín el 18 de octubre de 1961. PARTE I Las partes contratantes reconocen como objetivo de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecer aquellas condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios siguientes: 1. Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. 2. Todos los trabajadores tienen derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. 3. Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo. 4. Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.

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5.Todos los trabajadores y empleados tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales. 6. Todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a la negociación colectiva. 7. Los niños y los adolescentes tienen derecho a una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos. 8. Las trabajadoras, en caso de maternidad, y las demás trabajadoras, en los casos procedentes, tienen derecho a una protección especial en su trabajo. 9. Toda persona tiene derecho a medios apropiados de orientación profesional, que le ayuden a elegir una profesión conforme a sus aptitudes personales y a sus intereses. 10. Toda persona tiene derecho a medios adecuados de formación profesional. 11. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar. 12. Todos los trabajadores y las personas a su cargo tienen derecho a la Seguridad Social. 13. Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y médica. 14. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social. 15.Toda persona inválida tiene derecho a la formación profesional y a la readaptación profesional y social, sea cual fuere el origen y naturaleza de su invalidez. 16. La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo. 17. La madre y el niño, independientemente de la situación matrimonial y de las relaciones de familia, tienen derecho a una adecuada protección social y económica. 18. Los nacionales de cada una de las partes contratantes tienen derecho a ejercer, en el territorio de otra parte, cualquier actividad lucrativa en condiciones de igualdad con los nacionales de esta última, a reserva de las restricciones basadas en motivos imperiosos de carácter económico o social. 19. Los trabajadores migrantes nacionales de cada una de las partes contratantes y sus familias tienen derecho a la protección y a la asistencia en el territorio de cualquiera otra parte contratante. PARTE II Las partes contratantes se comprometen a considerarse vinculadas, en la forma dispuesta en la parte III, por las obligaciones establecidas en los artículos y párrafos siguientes: Artículo 1. Derecho al trabajo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo. Las partes contratantes se comprometen: 1. A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo. 2. A proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. 3. A establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores. 4. A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas. Artículo 2. Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, las partes contratantes se comprometen:

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1. A fijar una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo, reduciendo progresivamente la semana laboral en la medida en que lo permitan el aumento de la productividad y otros factores pertinentes. 2. A establecer días festivos pagados. 3. A conceder vacaciones anuales pagadas de dos semanas como mínimo. 4. A conceder a los trabajadores empleados en determinadas ocupaciones peligrosas o insalubres una reducción de la duración de las horas de trabajo o días de descanso suplementarios pagados. 5. A garantizar un reposo semanal que coincida en lo posible con el día de la semana reconocido como día de descanso por la tradición y los usos del país o la región. Artículo 3. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Para garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, las partes contratantes se comprometen: 1. A promulgar reglamentos de seguridad e higiene. 2. A tomar las medidas precisas para controlar la aplicación de tales reglamentos. 3. A consultar, cuando proceda, a las organizaciones de empleadores y trabajadores sobre las medidas encaminadas a mejorar la seguridad e higiene en el trabajo. Artículo 4. Derecho a una remuneración equitativa. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes contratantes se comprometen: 1. A reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. 2. A reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares. 3. A reconocer el derecho de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor. 4. A reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo. 5. A no permitir retenciones sobre los salarios sino en las condiciones y límites establecidos por las leyes o reglamentos nacionales, o fijados por convenios colectivos o laudos arbitrales. El ejercicio de estos derechos deberá asegurarse mediante convenios colectivos libremente concertados, por los medios legales de fijación de salarios, o mediante cualquier otro procedimiento adecuado a las condiciones nacionales. Artículo 5. Derecho sindical. Para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas organizaciones, las partes contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las fuerzas armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser determinados por las leyes y reglamentos nacionales. Artículo 6. Derecho de negociación colectiva. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva, las partes contratantes se comprometen:

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1. A favorecer la concertación paritaria entre trabajadores y empleadores. 2. A promover, cuando ello sea necesario y conveniente, el establecimiento de procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores u organizadores de empleadores, de una parte, y organizaciones de trabajadores de otra, con objeto de regular las condiciones de empleo por medio de convenios colectivos. 3. Fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios para la solución de conflictos laborales. Y reconocen: 4. El derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos en vigor. Artículo 7. Derecho de los niños y adolescentes a protección. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes, las partes contratantes se comprometen: 1. A fijar en quince años la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de excepciones para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o educación. 2. A fijar una edad mínima más elevada para la admisión al trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas e insalubres. 3. A prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del pleno beneficio de su educación. 4. A limitar la jornada laboral de los trabajadores menores de dieciséis años para adecuarla a las exigencias de su desarrollo y, en particular, a las necesidades de su formación profesional. 5. A reconocer el derecho de los menores y los aprendices a un salario equitativo o, en su caso, otra retribución adecuada. 6. A disponer que las horas que los menores dediquen a su formación profesional durante la jornada normal de trabajo con el consentimiento del empleador se considere que forman parte de dicha jornada. 7. A fijar una duración mínima de tres semanas para las vacaciones pagadas de los trabajadores menores de dieciocho años. 8. A prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores menores de dieciocho años, excepto en ciertos empleos determinados por las leyes o reglamentos nacionales. 9. A disponer que los trabajadores menores de dieciocho años ocupados en ciertos empleos determinados por las leyes o reglamentos nacionales sean sometidos a un control médico regular. 10. A proporcionar una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos los niños y los adolescentes, especialmente contra aquellos que, directa o indirectamente, deriven de su trabajo. Artículo 8. Derecho de las trabajadoras a protección. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las trabajadoras a protección, las partes contratantes se comprometen: 1. A garantizar a las mujeres, antes y después del parto, un descanso de una duración total de doce semanas, como mínimo, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones adecuadas de la Seguridad Social o por subsidios sufragados con fondos públicos.

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2. A considerar como ilegal que un empleador despida a una mujer durante su ausencia por permiso de maternidad o en una fecha tal que el periodo de preaviso expire durante esa ausencia. 3. A garantizar a las madres que críen a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo. 4. A regular el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales. A prohibir el empleo femenino en trabajos subterráneos de minería y, en su caso, en cualesquiera otros trabajos que no sean adecuados para la mujer por su carácter peligroso, penoso e insalubre. Texto 64. Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea dado en Roma el 26 de mayo de 1957. PRIMERA PARTE PRINCIPIOS Artículo 2. La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros. Artículo 3. 1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previsto en el presente Tratado:  La prohibición, entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente,  Una política comercial común,  Un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales;  Medidas relativas a la entrada y circulación de personas, conforme a las disposiciones del Título IV;  Una política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca;  Una política común en el ámbito de los transportes;  Un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior;  La aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común;  El fomento de la coordinación entre las políticas en materia de empleo de los Estados miembros, con vistas a aumentar su eficacia mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo;  La política en el ámbito social que incluya un Fondo Social Europeo;  El fortalecimiento de la cohesión económica y social; (…)

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 Una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud; (…)  Una política en el ámbito de la cooperación al desarrollo;  La asociación de los países y territorios de Ultramar, a fin de incrementar los intercambios y continuar en común el esfuerzo por el desarrollo económico y social; (…) 2. En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. TÍTULO III LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES CAPÍTULO 1 TRABAJADORES Artículo 39. 1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad. 2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. 3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho: a) de responder a ofertas efectivas de trabajo; b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación establecidos por la Comisión. 4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública. Artículo 40. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará, mediante directivas o reglamentos, las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como queda definida en el artículo 39, en especial: a) asegurando una estrecha colaboración entre las administraciones nacionales de trabajo; b) eliminando aquellos procedimientos y prácticas administrativos, así como los plazos de acceso a los empleos disponibles, que resulten de la legislación nacional o de acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la liberalización de los movimientos de los trabajadores; c) eliminando todos los plazos y demás restricciones previstos en las legislaciones nacionales o en los acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, que impongan a los trabajadores de los demás Estados miembros condiciones distintas de las impuestas a los trabajadores nacionales para la libre elección de un empleo; d) estableciendo los mecanismos adecuados para poner en relación las ofertas y las demandas de empleo y facilitar su equilibrio en condiciones tales que no se ponga en grave peligro el nivel de vida y de empleo en las diversas regiones e industrias.

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Texto 65. Constitución española de 9 de diciembre de 1931. Artículo 1º: España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. Artículo 7º: El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo. Artículo 31: Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria. El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca. Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español (…) Artículo 33: Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes. Artículo 34: Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme. Artículo 38: Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación. Artículo 39: Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado. Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley. Artículo 40: Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. Artículo 41: Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley. No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas. Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley. Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios. Artículo 43: La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa. (…) El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño. Artículo 44: Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

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La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Artículo 46: El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. Artículo 47: La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuaria, obras para riego y vías rurales de comunicación. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores. Texto 66. Ley del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. Capítulo Primero Definición, objeto y sujetos del contrato de trabajo Artículo 1º. Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o a varios patronos, o a una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de éstos, por una remuneración, sea la que fuere la clase o forma de ella. Artículo 2º. El objeto del contrato a que se refiere esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajenas, o todo servicio que se preste en iguales condiciones, incluso el doméstico. No están comprendidos en la regulación del contrato establecido por esta Ley: a) Los trabajos de carácter familiar, donde solamente estén ocupadas personas de la familia o por ella aceptadas bajo la dirección de uno de sus miembros, siempre que los que trabajen no se consideren como asalariados. b) Los trabajos que, sin tener carácter familiar, se ejecutan ocasionalmente, mediante los llamados servicios amistosos, benévolos y de buena vecindad. Artículo 3º. El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que lo presta. A falta de estipulación escrita o verbal, se tendrán por condiciones del contrato las determinadas por las leyes, por las bases o normas de trabajo

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adoptadas por los organismos paritarios profesionales legalmente autorizados, y por los pactos colectivos celebrados entre Asociaciones profesionales, o en defecto de éstos, por los usos y costumbres de cada localidad, en la especie y categoría de los servicios y obras de que se trate. Artículo 4º. Los sujetos que celebren el contrato, tanto patronos como trabajadores, podrán ser bien personas naturales o individuales, bien personas jurídicas o colectivas. Artículo 5º. Es patrono el individuo o la persona jurídica, propietaria o contratista de la obra, explotación, industria o servicio donde se preste el trabajo. Si el trabajador, conforme a lo pactado en la costumbre, tuviese que asociar a su trabajo a un auxiliar o ayudante, el patrono de aquel lo será también de éste. El Estado, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, o bien las entidades oficiales representativas de estas instituciones, quedan equiparados a los patronos definidos en los párrafos anteriores, respecto de las obras o servicios públicos que se ejecuten directamente por administración. Artículo 6º. Trabajadores son: Los aprendices, reciban o no un salario o paguen ellos al patrono algún suplemento, en cuanto no se deriva otra relación de su contrato particular, conforme a la regulación especial del contrato de aprendizaje; Los ocupados en servicios domésticos; Los llamados obreros a domicilio; Los obreros y operarios especializados o no en oficios, profesiones manuales o mecánicas, y los que ejerzan trabajos triviales ordinarios; Los encargados de empresas, los contramaestres, y los jefes de talleres; Los empleados ocupados en comercios, bancos, oficinas, contabilidad y gestión; Los llamados trabajadores intelectuales; Cualesquiera otros semejantes. Artículo 7º. No regirá esta Ley para los directores, gerentes y altos funcionarios de las empresas que por la representación que puedan ostentar de éstas, por su elevada capacidad técnica, importancia de sus emolumentos y por la índole de su labor, puedan ser considerados independientes en su trabajo. Artículo 8º. Los funcionarios públicos se regirán por su legislación especial. Capítulo II Limitación de la libertad contractual Artículo 9º. El contrato de trabajo, siendo su objeto lícito, tiene por norma general la voluntad de las partes libremente manifestada. Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será válido el contrato que sea contrario en perjuicio del trabajador: 1º. A las disposiciones legales; 2º. A las bases de trabajo y acuerdos de los Jurados mixtos o Comisiones paritarias, legalmente reconocidas al efecto; 3º. A los pactos colectivos celebrados por las Asociaciones profesionales acerca de las condiciones del trabajo, en sus ramos, industria y demarcación. Artículo 10. Se entenderán por disposiciones legales las Leyes, los Decretos y las disposiciones ministeriales. Las sentencias de los Tribunales, los acuerdos conciliatorios y los laudos

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arbitrales tendrán el mismo carácter dentro de su respectiva competencia, sobre los casos por ellos resueltos. Tendrán especial aplicación en cada caso la legislación protectora de los trabajadores, las medidas dictadas en beneficio de su emancipación legal y las prescripciones relativas a la previsión y los seguros sociales. Artículo 11. Se entenderá por bases de trabajo las que adopten los Jurados mixtos o Comisiones paritarias legalmente reconocidas al efecto, determinantes de las condiciones de mínima protección para los trabajadores sobre salarios, jornadas, descansos, garantías de estabilidad, medidas de previsión y demás que puedan estipularse en los contratos de trabajo. Las bases de trabajo no podrán establecer ninguna condición menos favorable para los trabajadores que las determinadas en las disposiciones legales. Artículo 12. Se considerará pacto colectivo acerca de las condiciones del trabajo el celebrado entre una Asociación o varias Asociaciones patronales con una o varias Asociaciones profesionales obreras, legalmente constituidas, para establecer las normas a que han de acomodarse los contratos de trabajo que celebren, sean éstos individuales o colectivos, los patronos y trabajadores del ramo, oficio o profesión a que aquéllos y éstos pertenezcan en la demarcación respectiva. Tendrá también el valor jurídico de un pacto colectivo, en defecto del que define el párrafo anterior, lo convenido ante una Autoridad, funcionario o Corporación oficial, como Delegados del Ministerio de Trabajo y Previsión, sobre condiciones del trabajo, entre representantes designados en reuniones públicas, con intervención de la Autoridad, por los elementos patronales y obreros de un determinado ramo, industria y profesión en una localidad o demarcación. No podrá establecerse en los pactos colectivos acerca de las condiciones del trabajo ninguna que fuera menos favorable para los trabajadores que las determinadas en las disposiciones legales, y en las bases adoptadas por los Jurados mixtos o Comisiones paritarias legalmente reconocidos. Los pactos colectivos habrán de constar necesariamente por escrito, y una copia de los mismos deberá ser rigurosamente enviada al Ministerio de Trabajo y Previsión y a la Delegación provincial correspondiente a fin de que sean visados y registrados. La duración mínima de los pactos colectivos será la de dos años, y en este tiempo no podrán ser modificados por huelgas o “lock-outs”, salvo en casos de autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Previsión. Artículo 13. Si en virtud de los preceptos anteriores resultare nula sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante y se completará en lugar de lo anulado como si fuese presumible que lo hubiesen acordado los participantes si hubiesen tenido en cuenta los preceptos jurídicos adecuados a su legitimidad. Si al trabajador, en relación con los deberes pactados en la parte no válida del contrato, le fueren aseguradas recompensas de cierta importancia, podrán ser rebajadas en juicio ante el Tribunal competente a instancia del patrono. Texto 67. Ley de 27 de noviembre de 1931, de Jurados Mixtos. I. Jurados mixtos profesionales. Artículo 1º. La organización mixta profesional regulada por la presente ley comprende las instituciones que a continuación se expresan: Jurados mixtos del trabajo industrial y rural. Jurados mixtos de la propiedad rústica. Jurados mixtos de la producción y las industrias agrarias.

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II. Jurados mixtos del trabajo industrial y rural. Artículo 2º. Los Jurados mixtos del trabajo industrial y rural son instituciones de derecho público encargadas de regular la vida de la profesión o profesiones y de ejercer funciones de conciliación y arbitraje en los grupos que se expresan en el artículo 4. Queda igualmente incluido dentro de esta Ley el trabajo a domicilio, entendiendo por tal el que ejecutan los obreros en su morada u otro lugar libremente elegido por ellos, sin la vigilancia del patrono por cuenta del cual trabajan ni de representante suyo y del que reciben retribución por la obra ejecutada. En tal sentido se considerarán patronos del trabajo a domicilio los fabricantes, almacenistas, comerciantes, etcétera, los contratistas, subcontratistas y destajistas que encarguen trabajo a domicilio, pagando a tarea o destajo, dando o no los materiales y útiles de trabajo. Artículo 3º. Los Jurados mixtos se crearán por el Ministerio de Trabajo y Previsión por iniciativa propia o a instancia de parte, en la forma y con las atribuciones que se señalan en esta Ley. Artículo 4º. A los efectos de la organización de los Jurados mixtos, los trabajos y profesiones industriales y agrícolas se clasifican en los grupos siguientes: (…). Artículo 9º. Los Jurados mixtos del Trabajo se compondrán de seis vocales y de seis obreros, efectivos, y de igual número de suplentes. Si un jurado mixto está integrado por varias secciones, podrá cada una de ellas constar sólo de cuatro vocales patronos y de cuatro obreros, y de igual número de suplentes, y, en todo caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión autorizará, según lo juzgue conveniente, el aumento o disminución del número de vocales, teniendo en cuenta las peticiones de los dos elementos profesionales y la importancia de la industria u oficio que representa el organismo mixto. (…). IV. De la constitución y atribuciones de los Jurados mixtos. Artículo 19. Serán atribuciones de los Jurados mixtos del Trabajo: 1º. Determinar para el oficio o profesión respectivo las condiciones generales de reglamentación del trabajo, salarios, fijación del plazo mínimo de duración de los contratos, horarios, horas extraordinarias, forma y requisitos de los despidos y de todas las demás de la reglamentación referida, que servirán de base a los contratos individuales o colectivos que pueden celebrarse. En el trabajo rural, los Jurados mixtos determinarán también cuanto se refiere al alojamiento de los obreros que no estén a jornal seco. 2º. Entender en todas las cuestiones que se sometan a su conocimiento sobre pago de horas extraordinarias, diferencia de jornales y otras análogas, derivadas de la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre que no se litigue una cantidad superior a 2.500 pesetas. 3º. Prevenir los conflictos entre el capital y el trabajo, procurando la avenencia en los casos en que aquéllos vayan a producirse. A este objeto, los Jurados mixtos del trabajo procederán como se indica en los artículos 39, 40 y 41 de esta Ley. 4º. Inspeccionar, conforme a los legislado, el cumplimiento de las Leyes sociales, y especialmente el de los acuerdos adoptados por ellos, así como los contratos individuales y colectivos, que habrán de ajustarse, por lo menos, a las condiciones mínimas adoptadas por el Jurado. 5º. Formar los censos y mantener las relaciones precisas con el servicio de oficinas de colocación. 6º. Proponer al Gobierno las medidas de orden técnico y profesional que se consideren necesarias para la vida y el desarrollo de su profesión. 7º. Realizar cualquier otra función social que redunde en beneficio del oficio o trabajo que representen.

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8º. Aparte de las funciones señaladas en la regla 3ª del artículo anterior, los Jurados mixtos podrán intervenir en las diferencias entre patronos y obreros en materias en que no aparezca determinado estrictamente su competencias, si patronos y obreros se someten de un modo expreso a su resolución arbitral. (…)”. Texto 68. Decreto de 26 de mayo de 1931, sobre Seguro obligatorio de Maternidad. Uno de los compromisos internacionales que tiene España por cumplir es el de la protección a las madres obreras para garantizarles el debido reposo antes y después del parto. Para realizarlo se ha preparado el Seguro de Maternidad. El origen remoto de este Seguro está en la tendencia legislativa a proteger a las madres obreras, iniciada en nuestra patria en 14 de Abril de 1891, por una propuesta de la primitiva Comisión de Reformas Sociales. Con el proyecto de Ley de 23 de Mayo del mismo año 1891 se concreta esta iniciación legislativa, cuya realización comienza con la primera de las Leyes tutelares del trabajo –la de 1900–, que tenía el fin de regular el trabajo de las mujeres y los niños. En ella se prohibía ya el trabajo de la mujer antes y después del parto. En 1919 España acudió a la primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Wáshington, en la cual se llegó al acuerdo, tomado por cuarenta Estados, por el que se convino que la obrera tiene derecho a descansar seis semanas antes del parto y se le prohibe trabajar hasta seis semanas después, obligándose los Estados a facilitar a las madres obreras la asistencia gratuita de comadrona o médico y una indemnización por los salarios perdidos, todo ello satisfecho por el Tesoro público o por medio de un Seguro. Todos los delegados de España, los que representaban a los patronos y obreros como los que representaban al Gobierno, firmaron el Convenio, y el Estado les hizo honor con la Ley de 13 de Julio de 1922, que autorizaba el Gobierno para proceder a la ratificación. Consecuentemente, las Cortes incluyeron en la ley de Presupuestos de 26 de Julio del mismo año 1922 un artículo, el 32, autorizando al Ministerio de Trabajo para establecer un sistema de seguro, con subvención del Estado, para la efectividad de tales derechos a favor de la mujer obrera, y autorizaron un crédito para hacer efectiva la aportación que correspondiera al Estado al implantarse el mencionado sistema de seguro. Consecuencia de estas Leyes fue el Real decreto de 23 de Agosto de 1923, en el cual, para un período de transición, se estableció el subsidio de Maternidad, para que al propio tiempo que se laborara para el establecimiento de las normas de un seguro obligatorio, fuera éste encarnando en la realidad, y el Instituto Nacional de Previsión, a quien se encargó, desde luego, del servicio, pudiera ir contrastando los resultados del Régimen, para proponer, en su día, normas definitivas en la materia. Salvando las dificultades circunstanciales, se fue preparando el proyecto de Seguro de Maternidad, sumando a la labor técnica las cooperaciones sociales, solicitadas en reiteradas informaciones, hasta redactar el anteproyecto, presentado el 22 de Junio de 1928 al Ministro de Trabajo. Estudiado por éste e informado favorablemente por el Consejo de Trabajo, fue aprobado por Decreto-ley de 22 de Marzo de 1929. En 29 de Enero y seguidamente se preparó el Reglamento de Procedimiento técnico-administrativo. Patronos y obreras habrán de pagar sus cuotas respectivas por trimestres, y a partes iguales habría de corresponder a cada uno al trimestre una peseta ochenta y siete céntimos y medio.Ya se comprende las dificultades que esto traería no sólo para la administración, sino también para los patronos y las obreras, y esas dificultades pueden quedar obviadas señalando cifras redondas a la cotización de unos y otras: 1,90 a los patronos y 1,85 a las obreras. No parece razonable que una obrera pierda los beneficios de este Seguro por el hecho de no estar inscrita en el de Retiro obrero por culpa del patrono. Eso sería castigarla por ser víctima y hacerla responsable de una infracción legal que el patrono habría cometido. A evitar eso responde el artículo 3.º de este Decreto.

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Para poder implantar el Seguro de Maternidad, a más de subsanar la deficiencia de su indotación en el Presupuesto de este Ministerio, lo cual corresponde al de Hacienda, hay que aprobar la reglamentación del procedimiento administrativo y asegurar la cooperación de las entidades locales y otras entidades oficiales a las que, según la legislación y reglamentación de este Seguro, corresponde colaborar en su aplicación. Estudiados, articulados, sometidos a los debidos asesoramientos y aprobados este Seguro de Maternidad y su adecuada reglamentación, sólo habría un motivo suficiente para que su implantación fuese aplazada, el que significara un sacrificio excesivo para la Nación. Entonces habría alguna explicación para pedir a las obreras que continuaran sacrificándose, exponiendo las vidas de madres, que con el Seguro se espera rescatar, y las de sus hijos en su primera infancia, que sin el Seguro quedarían expuestos a serio peligro de enfermedad y de muerte. Pero valorada la cantidad requerida, lo mismo en absoluto que en relación al presupuesto nacional, no justifica tan enorme sacrificio de la clase obrera, ni es peligro alguno para las finanzas del Estado ni para la Economía nacional, ni puede, en fin, detener la noble aspiración generalmente sentida de proteger a las madres y a la infancia de las clases obreras en el trance en que a ellas y a sus hijos les pone el hecho de prestar un gran servicio a la Nación. 1. La aplicación del Seguro de Maternidad comenzará el 1.º de Octubre 1931. 2. Para la mayor facilidad en el pago de las cuotas establecidas en el apartado 4 del artículo 10 del citado Real Decreto, las cuotas trimestrales fijadas por el Artículo 11 del mismo serán de 1,90 pesetas la patronal y de 1,85 la obrera. 3. Para mejor asegurar á la obrera los beneficios de este Seguro, se añadirá un último párrafo al Artículo 6.º del Reglamento general del Régimen obligatorio del Seguro de Maternidad en los siguientes términos:  Tendrán también derecho á todos los beneficios anteriores, excepto el 2.º, aquellas obreras que estando sujetas al Régimen obligatorio de Retiro obrero no figuren inscritas en el mismo por culpa exclusiva del patrono, siempre que lo pongan en conocimiento de la entidad aseguradora o de la Inspección y ésta compruebe la certeza del hecho, lo que deberá hacer con carácter de servicio urgente y preferente.  Por lo que se refiere a la indemnización prescrita en el número segundo de este artículo, la entidad aseguradora competente hará entrega de ella á la beneficiaria, tan pronto como la haya pagado, voluntariamente o en virtud del apremio, el patrono obligado á satisfacerla con arreglo al Artículo 85 de este Reglamento.  Los Ministerios de la Gobernación y de Instrucción pública se encargarán de que las entidades locales y los organismos y servicios de su jurisdicción presten la colaboración prevista en el Decreto-ley de 22 de marzo de 1929 y en los Reglamentos dictados para su aplicación, a fin de dar la mayor y más fácil eficacia á la misión sanitaria y protectora de la madre y del niño procurada por el Seguro de Maternidad. Texto 69. Ley de 8 de abril de 1932, sobre asociaciones profesionales de obreros y patronos. 1. Todas las Asociaciones constituidas o que se constituyan por patronos o por obreros para la defensa de los intereses de las clases respectivas en determinadas profesiones, industrias o ramos de éstas, habrán de sujetarse á los preceptos de la presente ley. 2. Las Asociaciones profesionales que se propongan ostentar o representar los intereses de determinadas industrias o profesiones habrán de estar constituidas exclusivamente: las primeras, por patronos, y las segundas, por obreros. El ingreso en unas y otras será voluntario. (…)

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4. Solamente podrán ingresar en las Asociaciones profesionales obreras los individuos mayores de dieciséis años que pertenezcan á los oficios y profesiones cuyos intereses obreros trate de defender la Asociación. Los menores de dieciocho años sólo tendrán voz, pero no voto, en las Juntas generales. Si se trata de Asociaciones de obreros agrícolas, podrán formar parte de ellas los trabajadores del campo que perciban como retribución asalariada por su mano de obra cien jornales al año, aun cuando sean á la vez pequeños propietarios o arrendatarios. Las mujeres podrán formar parte de las Asociaciones en las mismas condiciones de los varones, sin que las mayores de dieciocho años necesiten autorización paterna, material ni tuitiva. Podrán también formar parte de las Asociaciones los obreros de uno y otro sexo que hayan pertenecido durante un año, al menos, á los oficios o profesiones correspondientes, si no han adquirido la condición de patronos. Una misma persona no podrá pertenecer á más de una Asociación obrera de una determinada profesión en una misma localidad. 5. Las Asociaciones profesionales obreras habrán de reunir quince socios, al menos al tiempo de constituirse, y no podrán subsistir cuando el número de asociados quede reducido á menos de diez. Las Asociaciones profesionales patronales habrán de estar constituídas por tres socios al menos. 6. Los patronos, y asimismo los obreros, podrán separarse libremente en cualquier momento de las Asociaciones de que formaban parte, sin perjuicio del derecho de éstas á reclamar las obligaciones o débitos contraídos por el socio saliente. Toda cláusula o estipulación que niegue o limite aquella facultad será nula. 7. Los obreros y los patronos podrán ser dados de baja en las Asociaciones respectivas, aun contra la voluntad de aquéllos: 1º. Por inhabilitación para el goce de los derechos civiles, decretada en sentencia judicial. 2º. En virtud de sanción que les fuese impuesta por comisión de faltas, conforme á lo previsto en los Estatutos de la Asociación. 3.ª Por haber perdido la condición de obrero o la de patrono; y en relación con los socios patronos, por haber cesado en el ejercicio de la profesión, industria o ramo de ésta á que corresponda la Asociación. 8. Los organizadores o fundadores de una Asociación profesional presentarán, ocho días por lo menos antes de constituirlas, al Delegado de Trabajo de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio, tres ejemplares, firmados por ellos mismos, de los Estatutos, Reglamentos o acuerdos por los cuales la Asociación haya de regirse, en los que se expresarán las denominaciones, fines, extensión territorial é industrial de la misma, domicilio, forma de su administración o gobierno, recursos con que cuente o con los que se proponga atender a sus gastos y aplicación que haya de darse á los fondos o haberes sociales, en caso de disolución. En el acto mismo de la presentación se devolverá a los interesados uno de los ejemplares, con la anotación de la fecha en que aquélla se hizo y con la firma del Delegado y sello de la Delegación. La admisión de los documentos á registro será obligatoria é ineludible en las Delegaciones del Trabajo, y cuando los interesados tropiecen con una negativa, podrán levantar acta notarial, acta que surtirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos y que, además, servirá para exigir responsabilidades al funcionario que haya cometido la falta. 9. El Delegado provincial del Trabajo, dentro del plazo de los ocho días siguientes á la fecha de la presentación de los Estatutos o Reglamentos, podrá devolver éstos á los interesados, señalándose las faltas de que adolezcan, para la debida subsanación. Transcurrido el plazo antes señalado sin que el Delegado provincial de Trabajo haya formulado reparo alguno, podrá la Asociación constituirse con arreglo á los Estatutos presentados y del acta de constitución se re-

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mitirá al Delegado y al Gobernador civil copia autorizada por duplicado, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se verifique. (…). 12. De todos los Reglamentos, Estatutos o modificaciones de éstos que autoricen los Delegados provinciales de Trabajo, remitirán un ejemplar al Ministerio de Trabajo y Previsión, y asimismo de la copia autorizada del acto de constitución, y asimismo de la copia autorizada del acto de constitución de cada Asociación profesional, lo que comunicarán también al Gobernador civil de la provincia respectiva. 13. En la Delegación provincial de Trabajo se llevará un Registro especial de Asociaciones profesionales, dividido en dos Secciones: Una de patronales y otra de obreras, en que serán inscritas todas aquellas cuyos Estatutos o Reglamentos se hayan autorizado. Con la numeración correspondiente a dicho Registro especial, y á medida que sean presentadas las actas de constitución de las Asociaciones, se abrirá un expediente iniciándolo con los Estatutos, Reglamentos, contratos o acuerdos por los cuales hayan de regirse las mismas, é incorporando sucesivamente las referidas actas de constitución y todos los demás trámites, diligencias y resoluciones á que dé lugar la vida de la entidad. (…). 17. También habrán de llevar las Asociaciones profesionales uno o varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administrativos o directivos, figurarán todos los ingresos y gastos de la Asociación, expresando de manera inequívoca la procedencia de aquéllos y la inversión de éstos. Las Asociaciones formalizarán semestralmente las cuentas de sus ingresos y gastos, las publicarán o pondrán de manifiesto á sus socios y entregarán dos ejemplares de ellas en la Delegación provincial de Trabajo, dentro de los cinco días siguientes á su formalización. 18. El Delegado provincial de Trabajo podrá ordenar la práctica de una inspección en los domicilios sociales de las Asociaciones, cuyos representantes legales estarán obligados á exhibir al Inspector los libros-registros, los de contabilidad, de actas y los justificantes de cuentas y demás documentación social, al efecto de las comprobaciones que se estimen necesarias. 19. Son facultades de las Asociaciones profesionales: 1.ª Ejercitar el derecho de petición ante los Poderes públicos y ante las Autoridades conforme a la Constitución del Estado. 2.ª Organizar enseñanzas de especialización para la instrucción y perfeccionamiento profesional de sus miembros, así como talleres, exposiciones, museos, laboratorios, etc. 3.ª Fundar instituciones de previsión y asistencia social. 4.ª Designar las representaciones que hayan de formar parte de toda clase de organismos mixtos y de carácter oficial establecidos por las disposiciones vigentes para entender en los conflictos que surjan, dentro de los gremios u oficios, entre el capital y el trabajo, y para la propuesta y aplicación de la legislación vigente. 5.ª Adquirir y poseer toda clase de bienes, percibir subvenciones, donativos, herencias, contraer obligaciones de todo género y ejercitar los derechos concedidos á las Asociaciones civiles por las leyes vigentes. 6.ª Ejercitar ante los Tribunales de Justicia, por medio de sus Juntas directivas, todas las acciones civiles y criminales que procedan con arreglo á las leyes. 7.ª Designar entre sus socios, cuando se trate de Asociaciones obreras, en la forma y con los requisitos que exijan las leyes sobre la materia, á los representantes que hayan de intervenir en la gestión de las Empresas industriales de determinada importancia. 8.ª Intervenir, á los efectos oficiales, en la celebración de pactos o contratos colectivos de trabajo.

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9.ª Comparecer, por medio de representantes legales, ante los Tribunales Industriales y ante los organismos mixtos oficialmente encargados de la regulación é interpretación de las bases y contratos de trabajo, bien en nombre propio o en representación delegada de sus socios, cuando éstos o algunos de ellos hayan de comparecer como demandantes o demandados. La actuación de la Asociación no impedirá á los interesados renunciar en cualquier momento á la representación sindical, desistir de la demanda, defenderse por sí mismo, por medio de Letrados o Procuradores o por hombres buenos, elegidos libremente, conforme dispongan las leyes. 10ª. Concertar uniones permanentes o circunstanciales para el amparo de los intereses profesionales comunes, mediante acuerdo adoptado en cada Asociación. El acta del acuerdo puntualizará el objeto, el alcance de la adhesión y las obligaciones que se contraigan. Para la eficacia del acuerdo deberá ser comunicado á la Delegación provincial de Trabajo. 20. Las Asociaciones profesionales patronales y las obreras, en sus relaciones para la defensa de los respectivos intereses en la profesión, estarán obligadas á seguir los cauces jurídicos que tracen las leyes para procurar la conciliación y solución armónica de los conflictos y á respetar los preceptos legales, las normas complementarias o bases de trabajo que adopten los organismos mixtos profesionales, legalmente autorizados, y los pactos o contratos colectivos que las propias Asociaciones celebren en el ejercicio de la libertad contractual, permitida por aquéllas para la regulación de las condiciones de trabajo de un determinado oficio o profesión. A este efecto, las Asociaciones establecerán en sus Estatutos, o por acuerdo de sus Juntas generales, el procedimiento y el modo de determinar las sanciones que ellas habrán de imponer á los socios que con sus actos infrinjan o perturben el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley o contraídas por la Asociación. 21. Corresponderá a las Juntas generales de las Asociaciones profesionales, á más de los asuntos y resoluciones que expresamente les asignen los respectivos Estatutos, la elección de las Juntas directivas y administrativas, acordar las reformas y modificaciones estatutarias, los pactos o contratos colectivos de trabajo, la declaración de huelgas o lock-outs, el establecimiento de instituciones de asistencia y previsión social, la unión, federación o confederación con otras Asociaciones, la intervención e inspección de las gestiones de las Juntas administrativas y de los balances y cuentas o la reparación de ellas, la fijación de las cuotas ordinarias y el acuerdo de las extraordinarias, el acuerdo de las bajas definitivas de los socios y el de la disolución de la Asociación. (…) 37. Las faltas de cumplimiento de los preceptos de esta ley, relativos á la publicidad semestral del movimiento de socios y de las cuentas y balances de la Asociación, publicidad de las convocatorias de las Juntas generales y comunicaciones obligadas á las Delegaciones provinciales del Trabajo, así como los actos de obstrucción á las Inspecciones previstas en el artículo 18, serán castigadas con multas de 50 á 150 pesetas, que impondrá el Delegado provincial á cada uno de los Directores o socios que ejerzan en la Asociación algún cargo de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales que fueren procedentes. 38. Las Asociaciones que no cumplan las reglas estatutarias conforme á los preceptos de esta ley para su funcionamiento social, o las obligaciones establecidas en el Artículo 20. Serán objeto de sanciones, que impondrán las Delegaciones provinciales de Trabajo, y que podrán consistir en la suspensión temporal para la Asociación infractora de las facultades consignadas en los apartados 4.º, 7º, 8.º y 9.º del Artículo 19. Cuando hayan transcurrido dos meses desde que fue concedido el cumplimiento de las reglas estatutarias o de las obligaciones que establece el Artículo 201 no podrán imponerse las sanciones anteriormente aludidas. Contra los acuerdos de las Delegaciones provinciales en esta materia, podrán las Asociaciones recurrir en plazo de cinco días ante el Ministro de Trabajo y Previsión, que resolverá, previo in-

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forme de la Delegación y de la Comisión permanente del Consejo de Trabajo, en el término de un mes. 39. Cuando por la gravedad y trascendencia de las transgresiones cometidas por una Asociación profesional, la Delegación provincial de Trabajo estime imprescindible suspender el funcionamiento de aquélla, podrá decretar la suspensión, poniéndolo en conocimiento del Juez de instrucción competente y del Ministerio de Trabajo y Previsión, en el plazo de veinticuatro horas, especificando con toda claridad los fundamentos en que se apoya y remitiendo los antecedentes y los nombres de los asociados o concurrentes que aparezcan responsables de los hechos. El Ministro de Trabajo y Previsión, en plazo de tres días, anulará o confirmará la decisión del Delegado provincial, comunicando su resolución al Juez. La suspensión prevista queda sin efecto si la Autoridad judicial no la confirma en el término de veinte días. 40. En caso de ser suspendida una Asociación profesional, la representación legítima o, en su defecto, una Comisión nombrada por la Delegación provincial de Trabajo, conservará la personalidad de la Asociación para continuar la gestión de ésta en los contratos de trabajo y en la acción de previsión, cultura y beneficencia. Al proceder á designar, en su caso, la Comisión prevista en el párrafo anterior, deberá la Delegación provincial de Trabajo dar preferencia á los elementos de la misma organización. 41. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión de las funciones de cualquier Asociación profesional desde el instante en que dicte auto de procesamiento por delito que dé lugar á que se acuerde la disolución en la sentencia. 42. La Autoridad judicial será la única competente para decretar la disolución de las Asociaciones profesionales constituidas con arreglo á esta ley. Deberá acordarla en las sentencias en que declara ilícita una Asociación profesional, conforme á las disposiciones del Código penal, y en las que dicte sobre delitos cometidos en cumplimiento de los acuerdos de la misma. Podrá también decretarla en las sentencias que dicte contra los asociados por delitos cometidos por los medios que las Asociaciones profesionales les proporcionen, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza y circunstancias del delito, la índole de los medios empleados y las intervenciones que la Asociación profesional haya tenido en el empleo de dichos medios y en los hechos ejecutados. (…). Texto 70. Decreto de 1 de noviembre de 1934, sobre causas legítimas de despido por huelga. Es principio general de derecho que la falta de cumplimiento de un contrato por una de las partes contratantes dé a la otra la facultad de rescisión. La ley de Contrato de Trabajo de 21 de Noviembre de 1931, en su artículo 89, cláusula sexta, establece como causa justificada de rescisión, o sea de despido, las faltas repetidas o injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo. El derecho social, sin embargo, y por modo terminante la legislación española, dadas las peculiaridades de este contrato –que, contra la afirmación, hoy pretérita, de conocidas escuelas del último siglo, excede en mucho, sustancial y esencialmente, del mero acto de venta o locación de un esfuerzo humano por tiempo determinado y precio cierto y que por ello rebasa la naturaleza puramente sinalagmática de los contratos usuales y se diferencia notoriamente de los mismos–, ha reconocido el derecho de huelga íntimamente relacionada con los procedimientos de conciliación determinados por las mismas leyes. De ahí la norma genérica establecida en el artículo 91 de la propia ley de Contrato de Trabajo, a cuyo tenor las huelgas y paros de industrias no implican de por si rescisión del contrato a que afecten.

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Por la misma especialidad de esta norma es obvio que el derecho de huelga ha de hallarse condicionado por dos requisitos esenciales, a saber: su relación con los problemas de trabajo y, consiguientemente, al procedimiento conciliatorio y al cumplimiento exacto de los trámites específicos prevenidos en la Ley. La de huelgas de 1909 estableció el aviso previo obligatorio para determinadas cesaciones de la actividad industrial que afectasen a servicios de interés público. La de Jurados mixtos de 27 de Noviembre de 1931, obra de las Cortes Constituyentes de la República, ha desarrollado el principio básico de nuestra legislación, que para hacer eficiente la conciliación como medio de solucionar los conflictos de trabajo, exige el aviso previo, no sólo en aquellas industrias que funcionan para satisfacer atenciones de carácter público, sino en toda clase de industrias y trabajos, cualesquiera que sean su naturaleza e importancia. Si la huelga se declara por cuestiones ajenas al trabajo, convirtiéndola en manifestación cuyo derecho se rige por preceptos de índole distinta, si se declara prescindiendo de todo aviso a los Jurados mixtos de Trabajo, si no se siguen todos los trámites legales, cuales son los medios conciliadores y de intervención de los organismos del Ministerio de Trabajo, la huelga, lejos de ser el ejercicio legítimo de un derecho, constituye, por una parte, una infracción legal que, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan, lleva anexas las sanciones de orden penal establecidas en los artículos 42, 43 y 44 de la ley de Jurados mixtos y, por otra parte, en el orden contractual, implica una infracción ilegítima del contrato de trabajo, por falta deliberada y no justificada de asistencia al mismo, que da derecho a su rescisión, toda vez que un acto ilegal no puede ser estimado nunca motivo de justificación de la falta de asistencia. Las consecuencias que de ello se deducen se hallan establecidas en la jurisprudencia española del Ministerio de Trabajo, que puede sintetizarse en lo declarado en resolución de 10 de Febrero de 1932, a cuyo tenor “proclamado reiteradamente que derivándose derechos del contrato de trabajo, y concediendo también la legislación el de huelga reglamentado del modo que la Ley respectiva desenvuelve, se está ante una colisión que ha de resolverse atendiendo al modo como se ejecute el derecho de huelga, pues si se emplea tras el agotamiento de los procedimientos conciliadores que las leyes establecen, se usa debidamente; pero si se utiliza contraviniendo la Ley que lo regula y omitiendo las intervenciones legales que fijan los medios de conciliación y arbitraje, hay que diputar de abusivo su ejercicio”. Y en consecuencia, como se expresa en la misma resolución, perdieron los que se encontraren en dicho caso todo el derecho personal derivado de sus contratos de trabajo. Por tanto, la huelga abusiva, si bien no puede afectar a las bases de trabajo establecidas en debida forma, como tiene declarado el Ministerio de Trabajo en Orden de 16 de Octubre último, supone individualmente la rescisión de las relaciones contractuales, rotas por el hecho mismo de la cesación del contrato de trabajo; y si toda huelga declarada sin el aviso reglamentario es ilícita, con más razón tendrá este carácter cuando con la misma no se persiga ninguna reivindicación profesional, sino que, al contrario, se proponga con ello la realización de un fin subversivo y revolucionario, atentatorio a la tranquilidad pública y a la seguridad del Estado. Aunque la claridad de los preceptos de la Ley hace innecesaria una interpretación y a los efectos que en el respectivo caso se deducen de aquéllos, dependen exclusivamente del hecho objetivo de la legalidad o ilegalidad de la huelga, ello no obstante, al efecto de prevenir toda duda y de obviar a la multiplicidad de procedimientos innecesarios, es conveniente una disposición general expresa que, declarando el recto y natural sentido de la Ley, evite en lo sucesivo, para su aplicación, dudas, siempre generadoras de confusión y perjuicio. 1.º Es causa legítima de rescisión de los contratos de trabajo toda huelga declarada por cuestiones ajenas al trabajo o sin someterse á los plazos fijados en el Artículo 39 de la ley 27 noviembre 1931 o en los determinados en otras leyes.

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2.º En los casos prevenidos en el artículo anterior, los patronos enviarán á los Jurados mixtos correspondientes relación de los despidos que hayan efectuado por dicho motivo y de los contratos individuales de trabajo, en su consecuencia, rescindidos. 3.º Los Presidentes de los Jurados mixtos de Trabajo se abstendrán de tramitar cuantas reclamaciones se formulen por despidos de obreros, si estos despidos se han ocasionado como consecuencia de huelgas comprendidas en el Artículo 1. A este efecto, cuando por la fecha del despido y la de la huelga y demás circunstancias que concurran resulte que aquél es debido á la participación del obrero en una huelga ilegal, el Presidente del Jurado mixto sobreseerá las actuaciones que se fundaren en dicho despido. 4.º En lo sucesivo, los Delegados provinciales de Trabajo y, en su caso, de acuerdo con la Autoridad gubernativa, publicarán con la premura posible, en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, relación de las huelgas que se produzcan en el territorio de su jurisdicción, con las prevenciones necesarias en los casos comprendidos en el Artículo 1.º. Este Decreto surtirá efecto desde el mismo día de su publicación en la Gaceta. Texto 71. Ley de Bases para la reforma agraria de 15 de septiembre de 1932. Base 1ª. La presente Ley empezará a regir el día de su publicación en la Gaceta de Madrid. Esto no obstante, las situaciones jurídicas particulares relativas a la propiedad rústica que se hubiesen creado voluntariamente desde el 14 de Abril de 1931 (…). Base 2ª. Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, en orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas desde su abolición hasta hoy por título lucrativo podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión en posteriores etapas, a los fines de asentamiento de las fincas situadas en términos municipales de las 36 provincias restantes, solo podrá realizarse a propuesta del Gobierno, previo informe del Instituto de Reforma Agraria, mediante una ley votada en Cortes. El número de asentamientos a realizar en las condiciones que esta Ley determina se fijará para cada año, incluso para el actual, por el Gobierno, el cual incluirá en el Presupuesto una cantidad anual destinada a tal efecto, que no será en ningún caso inferior a 50 millones de pesetas. A petición de los Sindicatos de campesinos y previa autorización del Gobierno, el Instituto de Reforma Agraria podrá concertar con los propietarios, en cualquier parte del país y fuera de los cupos señalados, todos aquellos asentamientos que no impliquen carga ni responsabilidad económica para el propio Instituto no para el Estado. La aplicación del apartado 12 de la Base 5º a los términos municipales de las provincias no mencionadas en la presente, sólo comprenderá aquellas fincas cuya extensión sea superior a 400 hectáreas en secano o 30 en regadío y a los propietarios cuyos predios en todo el territorio nacional sumen una extensión superior a las indicadas. La expropiación se limitará a la porción que exceda de tales cantidades. Base 3ª. La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano encargado de transformar la Constitución rural española. El Instituto gozará de personalidad jurídica y de autonomía económica para el cumplimiento de sus fines. Estará regido por un Consejo compuesto de técnicos agrícolas, juristas, representantes del Crédito Agrícola oficial, propietarios, arrendatarios y obreros de la tierra. (…). Base 4º. Bajo la jurisdicción del Instituto de Reforma Agraria quedarán las Comunidades de Campesinos. De las resoluciones adoptadas por ellas podrán recurrir los miembros que las integran ante el Instituto de Reforma Agraria, en los casos que se determine. El ingreso y la separación de

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los campesinos en las Comunidades serán voluntarios, pero la separación no podrá concederse sin la extinción previa de las obligaciones contraídas por el campesino con la Comunidad. El Instituto de Reforma Agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación. En las provincias donde estuvieren los Pósitos constituidos en Federación se utilizará ésta como organismo de crédito, con los mismos derechos que los que erija el Instituto. Base 5ª. Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 1. Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de interés por el Instituto de Reforma Agraria. 2. Las que se transmitan contractualmente a título oneroso sobre las cuales y a este solo efecto, podrá ejercitar el Estado el derecho de retracto en las mismas condiciones que determine la legislación civil vigente. 3. Las adjudicadas al Estado, Región, provincia o Municipio, por razón de débito, herencia o legado y cualesquiera otras que posean con carácter de propiedad privada. 4. Las fincas rústicas de Corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquiera otra forma que no sea explotación directa, exceptuándose las tierras correspondientes a aquellas fundaciones en que el título exija la conservación de las mismas, como requisito de subsistencia, si bien en este caso podrán ser sometidas a régimen de arrendamientos colectivos. 5. Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirientes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta. 6. Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se hayan transmitido hasta llegar a sus actuales dueños por herencias, legado o donación. También lo serán aquellas tierras de señorío que se hayan transmitido por el vendedor con la fórmula de a riesgo y ventura, o en las que se haya consignado por el cedente que no vendría obligado a la evicción o saneamiento conforme a derecho, porque enajenaba su propiedad en las mismas condiciones en que la venía poseyendo. 7. Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y favorable situación, permita un cultivo permanente con rendimiento económico superior al actual, cuando se acrediten tales circunstancias por dictamen técnico reglamentario, previo informe de las Asociaciones agrícolas y de los Ayuntamientos del término donde radiquen las fincas. 8. Las que debiendo haber sido regadas por existir un embalse y establecer la Ley la obligación del riego, no lo hayan sido aún, cuando todas estas circunstancias se acrediten previo informe técnico. 9. Las que hubieren de ser regadas en adelante con agua proveniente de obras hidráulicas, costeadas en todo o en parte por el Estado, acreditándose este extremo por dictamen técnico reglamentario, salvo aquellas que, cultivadas directamente por sus propietarios, no excedan de la extensión superficial que para las tierras de regadío se fija en el apartado 13 de esta Base. 10. Las situadas a distancia menor de dos kilómetros del casco de los pueblos de menos de 25.000 habitantes de derecho, cuando su propietario posea en el término municipal fincas cuya renta catastral exceda de la cantidad de 1.000 pesetas, siempre que no estén cultivadas directamente por sus dueños. 11. Las pertenecientes a un solo propietario que, no estando comprendidas en los demás apartados de esta base, tengan asignado un líquido imponible superior al 20 por 100 del cupo total de la riqueza rústica del término municipal en que estén enclavadas, siempre que su extensión superficial exceda de la sexta parte del mismo y expropiándose solamente la porción que sobrepase del mencionado líquido imponible.

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12. Las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento a renta fija, en dinero o en especie, durante doce o más años, excepción hecha de las arrendadas en nombre de menores o incapacitados, los bienes que constituyan la dote inestimada de las mujeres casadas, los poseídos en usufructo, los sujetos a substitución fideicomisaria o a condición resolutoria y los reservables. También se exceptuarán, en su caso, cuando al adquirir la finca el actual propietario no haya podido explotarla directamente por tener que respetar un contrato de arrendamiento otorgado con anterioridad, siempre que por carecer de otras o por cultivar directamente la mayoría de las que le pertenezcan deba presumirse racionalmente que la adquisición tuvo por fin destinarla a la explotación directa. La existencia del contrato de arrendamiento deberá probarse por su inscripción en los Registros de la Propiedad o de arrendamiento, o constar en escritura pública o documento privado que reúna los requisitos exigidos por el artículo 1227 del Código civil. 13.Las propiedades pertenecientes a toda persona natural o jurídica, en la parte de su extensión que en cada término municipal exceda de las cifras que señalen las Juntas provinciales para cada uno de aquéllos, según las necesidades de la localidad, propiedades que han de estar comprendidas dentro de los límites que a continuación se expresan: (…). Base 6ª. Quedarán exceptuadas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes: a. Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias, abrevaderos y descansaderos de ganado y las dehesas boyales de aprovechamiento comunal. b. Los terrenos dedicados a explotaciones forestales. c. Las dehesas de pastos y monte bajo y las de puro pasto, así como los baldíos, eriales y espartizales no susceptibles de un cultivo permanente en un 75 por 100 de su extensión superficial. d. Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como tipo de buen cultivo técnico o económico (…). Base 7ª. En cuanto se constituya el Instituto, procederá a la formación del inventario de Bienes comprendidos en la base 5ª (…). Base 8ª. En las expropiaciones se procederá con arreglo a las siguientes normas: (…). Base 9ª. Los bienes señalados en la Base 5ª y no comprendidos en las excepciones de la 6ª, una vez incluidos en el inventario podrán ser objeto de ocupación temporal para anticipar los asentamientos, en tanto su expropiación se lleve a cabo. (…). Base 10. Bajo la jurisdicción del Instituto se organizarán las Juntas provinciales agrarias, que estarán integradas por un Presidente, nombrado directamente por dicho Instituto, y por representantes de los obreros campesinos y de los propietarios en igual número, que no excederá de cuatro por cada representación. Formarán parte de dichas Juntas, en concepto de asesores, actuando en ellas con voz, pero sin voto, el Inspector provincial de Higiene pecuaria y los Jefes provinciales de los Servicios agronómico y forestal. El Instituto quedarán también facultado para crear, por su iniciativa o a petición de Asociaciones obreras, patronales o Ayuntamientos, otras juntas en aquellas zonas agrícolas en las que se constitución se considere necesaria. Base 11. Constituidas las Juntas provinciales, procederán inmediatamente a la formación del Censo de campesinos que puedan ser asentados en cada término municipal, con relación nominal y circunstanciada en la que se expresen nombres y apellidos, edad, estado y situación familiar de los relacionados. (…). Base 16. Las Comunidades, una vez posesionadas de las tierras acordarán, por mayoría de votos, la forma individual o colectiva de su explotación, y en el primer caso procederán a su parcelación y distribución, teniendo presente la clase de terreno, la capacidad de las familias campe-

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sinas y las demás condiciones que contribuyan a mantener la igualdad económica de los asociados. Estas parcelas serán consideradas como fundos indivisibles e inacumulables, deslindándose en forma que constituyan, con sus servidumbres, verdaderas unidades agrarias. La Comunidad regulará la utilización de las casas y demás edificaciones que existieren en las fincas ocupadas, así como las reparaciones y mejoras de las mismas y la construcción de nuevos edificios. (…). Base 17. El Instituto de Reforma Agraria fomentará la creación de Cooperativas en las Comunidades de campesinos, para realizar, entre otros, los siguientes fines: Adquisición de maquinaria y útiles de labranza; abonos, semillas y productos anticriptogámicos e insecticidas; alimentos para los colonos y el ganado, conservación y venta de productos, tanto de los que pasan directamente al consumidor como de los que necesitan previa elaboración; la obtención de créditos con la garantía solidaria de los asociados y, en general, todas las operaciones que puedan mejorar en calidad o en cantidad la producción animal o vegetal. El funcionamiento de estas Cooperativas se regirá por la vigente legislación sobre la materia. El Instituto de Reforma Agraria tendrá la facultad de inspeccionar siempre que lo estime conveniente, el funcionamiento de aquellas Cooperativas que haya auxiliado en cualquiera forma. (…). Texto 72. La reforma agraria de 15 de septiembre de 1932, comentada con su doctrina parlamentaria y disposiciones complementarias, por F.D. de Arcaya, 1º edición, Madrid, 1933, Primera Parte, Principios fundamentales de la reforma agraria en España, pp. 3-18. Parece como si los cambios de régimen removieran ese, siempre viejo y siempre nuevo, problema del campo. Ya en los tiempos de otra República: la Romana, se trató de resolverlo, y, después de los esfuerzos, de Tiberio y Gayo Graco, para establecer a los indigentes sobre tierras de la República, un tribuno del pueblo, propuso su ley agraria, con la intención de crear un decenvirato o diez comisarios, con poder absoluto, durante cinco años, sobre todos los dominios, para distribuirlos entre los ciudadanos, comprar, vender, colonizar o regular lo poseído. (…) Otras reformas agrarias podían ser objeto de nuestra comparación; pero ello nos alejaría de nuestro propósito, de evitar excursiones históricas, sin utilidad inmediata, ya que para todos es un axioma la universalidad del tema comentado. Nuestros legisladores han sido más afortunados que los repúblicos romanos: con la mitad de artículos o bases, la laboriosidad y constancia de la Comisión dictaminadora parlamentaria, supo elaborar una de las más capitales leyes. Tras la Constitución política, subordinando toda la riqueza del país a los intereses de la economía nacional, y, a la utilidad social, mediante adecuada indemnización, era natural viniera la que muy bien podemos llamar Constitución rural española, ya que, intenta no sólo destruir o corregir abusos del pasado, sino también construir o reconstruir otra estructuración del agro español, con arreglo a las finalidades ministeriales y propósitos de Gobierno que enunciaremos a continuación. Finalidades del proyecto ministerial. Aparte de la finalidad política de cumplir los compromisos previos al advenimiento de la República, ya el llamado Estatuto jurídico de ésta, apuntaba el planteamiento del problema (…). El actual Presidente de la República, antes en funciones de Jefe del Gobierno, hubo de presentar su estudiado proyecto, que, después de modificado por la Comisión correspondiente, originó el que en definitiva fue llevado a las Cortes por el ministro de Agricultura, don Marcelino Domingo. Tres son las finalidades que le asigna el propio ministro en su discurso, pronunciado en la sesión de Cortes el 15 de junio del corriente año de 1932. Primera, remediar el paro campesino

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por medio de los llamados asentamientos. Segunda, redistribuir la tierra: expropiando la de señoríos y, en cambio restableciendo los bienes comunales de los pueblos; incautándose de las que constituyen instrumento sistemático de renta, tierras arrendadas con absentismo de propietarios o latifundios de la propiedad, para entregarla a campesinos o a sus Comunidades para el mejor aprovechamiento individual o colectivo de los bienes sujetos. Tercera finalidad, la racionalización del cultivo a cuyo propósito obedecen las excepciones de las tierras dedicadas al cultivo comunal, forestal y de pastos, procurando no se extienda la furia cerealista que ante la superproducción de grano, representaría en el mercado el derrumbamiento del principal cultivo español. Tendencia de la Reforma agraria española. Parece dominar, como tendencia del proyecto, el criterio alemán y austríaco al respetar la pequeña propiedad e imponer la expropiación cuando no se realiza debidamente el cultivo o se presume por exceso de extensión del predio o intenso líquido imponible la insuficiencia de medios económicos para una buena labranza. No se concede al asentado la propiedad; pero tampoco la ley la niega para lo futuro, reservándola quizá para cuando el labrador haya demostrado su capacidad; así, Austria, ha consignado el título de propiedad a los dos años de haber realizado la reforma agraria. He aquí una tendencia que, seguramente, han de aprovechar los partidos políticos de derecha, si quieren atemperar sus programas al hecho consumado de la revolución agraria llevada a término (...). Es forzoso consignar la posición del Gobierno, ante tan trascendental proyecto, y fue su mismo Presidente del Consejo de Ministros, don Manuel Azaña, quien, en la sesión de Cortes de 8 de septiembre, expresó el carácter revolucionario de la ley, especialmente, con motivo de la base adicional, referente a la expropiación sin indemnización de fincas rústicas a los nobles que tengan Grandeza de España, no en atención a su extinguida personalidad, sino a ser los más caracterizados grandes terratenientes y poseer a lo mejor noventa mil hectáreas de terreno, hecho, que, estimaba pernicioso. En aquella misma sesión, se aprobaba una enmienda, hoy párrafo último de la base segunda, que, en cambio, favorecía extraordinariamente a los pequeños propietarios de tierras arrendadas, en provincias donde esos latifundios no existen, y, así, se exceptuaba de la aplicación de la reforma, las tierras en arrendamiento sitas fuera de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca, siempre que las fincas o propietarios no tengan una extensión superior a cuatrocientas hectáreas en secano o treinta en regadío. En ambos casos de grandes y pequeños propietarios, quedó bien establecido que a estos fines, había de tenerse en cuenta, no sólo la unidad finca, sino la unidad propietario; es decir, que se ha de contar lo que posean en todas las provincias de España, para limitar la expropiación a las posesiones que excedan de las cantidades señaladas por la Ley como de tenencia lícita y discreta. En cuanto a la aristocracia territorial, noble y digna, sector espiritual del siglo XVII, que supervive en la actualidad, como decía el señor Díaz del Moral, se llegó en la misma sesión a puntualizar que, respecto a Grandes de España, era preciso haber llegado al ejercicio efectivo de esa Grandeza, por el acto de cubrirse ante el rey don Alfonso XIII y remitirse a la Guía Oficial, para ver dónde están indicados, como excelentísimos señores gentiles hombres de Cámara, con ejercicio y servidumbre, Grandes de España y primogénitos por el orden en que han tomado posesión. No queremos dejar de recalcar las palabras del señor Presidente del Consejo en la sesión aludida, cuando manifestaba la resolución fundamental de la Reforma y del Gobierno de crear una clase trabajadora del campo, fundada en su trabajo y en la explotación directa de la tierra, y eso no se puede conseguir sino desgajando, deshaciendo, las vinculaciones de propiedad territorial existentes en España... las organizaciones de la propiedad territorial de gran cuantía.

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Todo ello acusa, como se vé, cierto matiz reconstructivo y conservador, al tratar de crear una nueva clase o garantizar la existente de cultivadores directos y tender a respetar las pequeñas propiedades de rentistas y aun las de Grandes de España, siempre que no rebasen los límites máximos de tolerancia, si bien, en estos dos últimos casos, con rectificación del criterio de unidad finca por el de unidad propietario; es decir, con aplicación del principio acumulativo de fincas en todo el territorio español, al objeto de evitar cualquier excesivo multifundismo por parte de estas clases sociales (…). Texto 73. El Frente Popular. Discurso de Largo Caballero en la campaña electoral de 1936, publicado en el Mundo Obrero de 3 de febrero de 1936. Tenemos que unirnos contra la clase burguesa. Nos dicen que hay que defender la Patria, pero para ello se necesita un proletariado sano. El verdadero patriotismo está en desarrollar la economía y la industria nacional, no en provecho de una minoría, sino en provecho de la colectividad. Por encima de críticas y de todo, hemos de unirnos contra la clase reaccionaria, y aunque en ciertos momentos nos unamos a otros elementos, sin renunciar a nuestra independencia política, como en las luchas del día 16, que se presenta en dos frentes; de un lado, la reacción (…), y del otro, los que quieren contener a esa reacción. Comunistas y socialistas, unidos a los republicanos, hemos firmado un pacto que no nos satisface, pero, a pesar de ello, hemos de cumplirlo todos, y el día 16 a votar, pase lo que pase en el acoplamiento de candidatos y vaya quien vaya en las candidaturas. Indudablemente, después, hemos de seguir nuestro camino. Pero, ¿qué sucedería si triunfasen las derechas? Las derechas me acusan de que yo preparo la guerra civil.Yo tengo que decir aquí que cuando yo he dicho que hay que responder con la guerra civil es contestando a sus amenazas de pasquines y prensa que dicen que van a exterminar el marxismo, (…). Todo esto lo hacen para atemorizar a la clase media, presentándonos como salvajes, porque decimos la verdad respondiendo a esas gentes y les advertimos que no hablamos por hablar, sino que cumplimos nuestra palabra. En el Parlamento, puestos en jarras, nos decían: ¿Por qué no la hacéis mañana?, creyendo que era sólo palabrería. Pero hemos demostrado que no somos como ellos; que si se atreven a poner en práctica sus propósitos, les cerraríamos una vez más el paso, puesto que necesitan para sus manejos fascistas a la clase obrera, y ésta, a pesar del soborno, no la conseguirán si algunos elementos no realizan una doble traición. Pero si desde las alturas, a pesar de todo, se realizase una nueva traición, no será al rescate de la República sólo a lo que habrá que ir, sino a algo más. Texto 74. Norma programática de la Falange, redactada por José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 1934. 1. Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. 2. España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La constitución vigente, en cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso exigimos su anulación fulminante. (…). 6. Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará a través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos

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políticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento del tipo conocido. 7. La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles. Pero sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre. A nadie le será lícito usar su libertad contra la unión, la fortaleza y la libertad de la Patria. Una disciplina rigurosa impedirá todo intento dirigido a envenenar, a desunir a los españoles o a moverlos contra el destino de la Patria. 8. El Estado nacionalsindicalista permitirá toda iniciativa privada compatible con el interés colectivo, y aun protegerá y estimulará las beneficiosas. 9. Concebimos a España, en lo económico, como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional. 10. Repudiamos el sistema capitalista, que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes propicias a la miseria y a la desesperación. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también al marxismo. Orientaremos el ímpetu de las clases laboriosas, hoy descarriadas por el marxismo, en el sentido de exigir su participación directa en la gran tarea del Estado nacional. 11. El Estado nacionalsindicalista no se inhibirá cruelmente de las luchas económicas entre los hombres, ni asistirá impasible a la dominación de la clase más débil por la más fuerte. Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica. Reprobamos e impediremos a toda costa los abusos de un interés parcial sobre otro y la anarquía en el régimen del trabajo. 12. La riqueza tiene como primer destino –y así lo afirmará nuestro Estado– mejorar las condiciones de vida de cuantos integran el pueblo. No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos. 13. El Estado reconocerá la propiedad privada como medio lícito para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales y la protegerá contra los abusos del gran capital financiero, de los especuladores y de los prestamistas. 14. Defendemos la tendencia a la nacionalización del servicio de Banca y, mediante las corporaciones, a la de los grandes servicios públicos. 15. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. Las entidades públicas sostendrán necesariamente a quienes se hallen en paro forzoso. Mientras se llega a la nueva estructura total, mantendremos e intensificaremos todas las ventajas proporcionadas al obrero por las vigentes leyes sociales. 16. Todos los españoles no impedidos tienen el deber del trabajo. El Estado nacionalsindicalista no tributará la menor consideración a los que no cumplen función alguna y aspiran a vivir como convidados a costa del esfuerzo de los demás. 17. Hay que elevar a todo trance el nivel de vida del campo, vivero permanente de España. Para ello adquirimos el compromiso de llevar a cabo sin contemplaciones la reforma económica y la reforma social de la agricultura. 18. Enriqueceremos la producción agrícola (reforma económica) por los medios siguientes: - Asegurando a todos los productos de la tierra un precio mínimo remunerador. - Exigiendo que se devuelva al campo, para dotarlo suficientemente, gran parte de lo que hoy absorbe la ciudad en pago de sus servicios intelectuales y comerciales.

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- Organizando un verdadero Crédito Agrícola Nacional, que al prestar dinero al labrador a bajo interés, con la garantía de sus bienes y de sus cosechas, le redima de la usura y del caciquismo. - Difundiendo la enseñanza agrícola y pecuaria. - Ordenando la dedicación de las tierras por razón de sus condiciones y de la posible colocación de los productos. - Orientando la política arancelaria en sentido protector de la agricultura y de la ganadería. - Acelerando las obras hidráulicas. - Racionalizando las unidades de cultivo para suprimir tanto los latifundios desperdiciados como los minifundios antieconómicos por su exiguo rendimiento. 19. Organizaremos socialmente la agricultura por los medios siguientes: - Distribuyendo de nuevo la tierra cultivable para instituir la propiedad familiar y estimular enérgicamente la sindicación de labores. - Redimiendo de la miseria de que viven a las masas humanas que hoy se extenúan en arañar suelos estériles, y que serán trasladadas a las nuevas tierras cultivables. 20. Emprenderemos una campaña infatigable de repoblación ganadera y forestal, sancionando con severas medidas a quienes la entorpezcan e incluso acudiendo a la forzosa movilización temporal de toda la juventud española para esta histórica tarea de reconstruir la riqueza patria. 21. El Estado podrá expropiar sin indemnización las tierras cuya propiedad haya sido adquirida o disfrutada ilegítimamente. 22. Será designio preferente del Estado nacionalsindicalista la reconstrucción de los patrimonios comunales de los pueblos (…). Texto 75. José Antonio Primo de Rivera, Discurso sobre la revolución española pronunciado en el cine Madrid, el 19 de Mayo de 1935. Cuando hablamos del capitalismo –ya lo sabéis todos– no hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capitalismo; la propiedad es la proyección directa del hombre sobre sus cosas: es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sustituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, mediante la competencia terrible y desigual del capital grande contra la propiedad pequeña, ha ido anulando el artesanado, la pequeña industria, la pequeña agricultura: ha ido colocando todo –y va colocándolo cada vez más– en poder de los grandes trusts, de los grandes grupos bancarios. El capitalismo reduce el final a la misma situación de angustia, a la misma situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia, a los patronos y a los obreros, a los trabajadores y a los empresarios.Y esto sí que quisiera que quedase bien grabado en la mente de todos; es hora ya de que no nos prestemos al equívoco de que se presente a los partidos obreros como partidos antipatronales o se presente a los grupos patronales como contrarios, como adversarios, en la lucha con los obreros. Los obreros, los empresarios, los técnicos, los organizadores, forman la trama total de la producción, y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obligacionistas, se lleva, sin trabajar, la mejor parte de la producción, y hunde y empobrece por igual a los patronos, a los empresarios, a los organizadores y a los obreros. Pensad a lo que ha venido a quedar reducido el hombre europeo por obra del capitalismo.Ya no tiene casa, ya no tiene patrimonio, ya no tiene individualidad, ya no tiene habilidad artesana, ya es un simple número de aglomeraciones. Hay por ahí demagogos de izquierda que hablan contra la propiedad feudal y dicen que los obreros viven como esclavos. Pues bien: nosotros, que no

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cultivamos ninguna demagogia, podemos decir que la propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos. La propiedad feudal imponía al señor, al tiempo que le daba derechos, una serie de cargas; tenía que atender a la defensa y aun a la manutención de sus súbditos. La propiedad capitalista es fría e implacable: en el mejor de los casos, no cobra la renta, pero se desentiende del destino de los sometidos. Y en cuanto a los esclavos, éstos eran un elemento patrimonial en la fortuna del señor; el señor tenía que cuidar de que el esclavo no se muriese, porque el esclavo le costaba el dinero, como una máquina, como un caballo, mientras que ahora se muere un obrero y saben los grandes señores de la industria capitalista que tienen cientos de miles de famélicos esperando a la puerta para sustituirle. Texto 76. Decreto de 13 de septiembre de 1936, ilegalizando las agrupaciones políticas o sociales del Frente Popular. Durante largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones políticas desarrolladas por algunos partidos que lejos de cooperar a la prosperidad de la Patria, satisfacían ambiciones personales con detrimento del bien común, pero nunca, como en los momentos anteriores al presente, ha culminado el antipatriotismo en la formación de entidades que, bajo apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras siguieran a sus dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su costa, azuzarlas a la perpetración de toda clase de desmanes y cristalizar al fin en la formación del funesto llamado Frente Popular, de cuyos males, si responsables son las agrupaciones dichas, no lo son menos aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, directa o indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra unos y otros, medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarse para la indemnización procedente en la inteligencia de que medida elemental y básica de saneamiento es declarar fuera de la Ley a las agrupaciones de actividades ilícitas que siempre estuvieron al margen de ella; en vista de lo cual, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con la misma, vengo a decretar: Artículo primero. Se declaran fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en fecha de 16 de febrero del corriente año han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional. Artículo segundo. Se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado. Artículo tercero. Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional. Artículo cuarto. Las correcciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por los jefes del centro en que preste su servicios el funcionario y en su defecto, por el superior jerárquico del corregido, y aquéllos, en su caso, previa la formación del oportuno expediente, propondrán la destitución a la autoridad, empresa o Corporación a quien correspondiera hacer el nombramiento. Artículo quinto. Los generales jefes de los Ejércitos de operaciones o los de columnas o unidad a quienes éstos hayan dado instrucciones al efecto podrán en las plazas ocupadas y que en lo sucesivo se ocupen, tomar las medidas precautorias encaminadas a evitar posibles actuaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsa-

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bles directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional. Artículo sexto. Las autoridades expresadas remitirán a los juzgados de primera instancia relación de las personas y bienes que posean y que a juicio estén comprendidas en el artículo quinto, para que se decrete el embargo de éstos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 600 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes de la de Enjuiciamiento Civil, quedando subsistentes tales medidas hasta la depuración de las responsabilidades criminales o civiles que se declaren. Artículo séptimo. Las medidas precautorias de los artículos anteriores se llevarán a efecto no obstante aparecer los bienes enajenados o gravados a favor de personas distintas de los supuestos responsables, siempre que la enajenación o gravamen haya sido hecho en fecha posterior al 19 de julio último y a reserva de la convalidación de los mencionados actos. Artículo adicional. Para el desarrollo definitivo de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, se dictarán las oportunas normas. Dado en Burgos a trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Texto 77. Ley de 30 de enero de 1938, de la Administración Central del Estado. Exposición: La Ley de 1º de octubre de 1936, creó como algunos principales órganos de la Administración Central del Estado, la Junta Técnica con sus Comisiones, el Gobernador General del Estado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado. Con posterioridad, se agregó la Secretaría de Guerra. En aquella fecha tenía la guerra un carácter exclusivamente nacional, que, de haberse mantenido, hubiera terminado rápidamente el empuje siempre victorioso de nuestras armas.Y muy especialmente al servicio de las atenciones de guerra, que absorbían la parte principal de nuestra vida pública, fue dirigida aquella organización administrativa. La rapidez con que hubo de proveerse a la organización embrionaria del Estado, imprimió a ésta, de modo necesario, un carácter de provisionalidad. En la actualidad la insuficiencia de aquella organización es notoria, tanto si se la considera en su constitución cuanto si se atiende a su funcionamiento. En efecto, a pesar del esfuerzo de los hombres al servicio de aquella organización, exclusivamente administrativa, la normalidad de la vida pública en la parte liberada del solar de la Patria, el volumen y la complejidad crecientes de las funciones de gobiernos y de gestión, y la necesidad de tener montado de modo completo el sistema administrativo, aconsejan la reorganización de los servicios centrales que sin prejuzgar una definitiva forma del Estado, abra cauce a la realización de una obra de gobierno estable, ordenada y eficaz. La experiencia de largos años, en que la administración al mismo tiempo que multiplicaba sus fines perfeccionaba sus medios, no autoriza a prescindir por completo de un sistema de división de trabajo que, teniendo fuerte raigambre en el país, es susceptible de ulteriores perfeccionamientos. En todo caso, la organización que se lleva a cabo quedará sujeta a la constante influencia del Movimiento Nacional. De su espíritu de origen, noble y desinteresado, austero y tenaz, honda y medularmente español, ha de estar impregnada la administración del Estado nuevo. Implantar esta reforma a fondo es aspiración a cuya realización marchamos desde ahora con voluntad decidida y segura. En su virtud dispongo:

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Artículo 1º: La Administración Central del Estado se organiza en Departamentos Ministeriales, al frente de los cuales habrá un Ministro asistido de un Subsecretario. Los Ministerios subordinados a la Presidencia, que constituirá un Departamento especial, serán los siguientes: Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa Nacional, Orden Público, Interior, Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Organización y Acción Sindical. (…). Artículo 15. El ministerio de Organización y Acción Social comprenderá los siguientes servicios:  Sindicatos.  Jurisdicción y armonía del trabajo.  Previsión Social.  Emigración.  Estadística. Artículo 16. La Presidencia queda vinculada al Jefe del Estado. Los Ministros, reunidos con él, constituirán el Gobierno de la Nación. Los Ministros, antes de tomar posesión de los cargos, prestarán juramento de fidelidad al Jefe del Estado y al Régimen Nacional. El Gobierno tendrá un Vice-Presidente y un Secretario, elegidos, entre sus miembros, por el Jefe del Estado (…) Artículo 17. Al Jefe del Estado que asumió todos los poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno y a propuesta del Ministro del ramo, adoptarán la forma de leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos. En el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, en la realización de las funciones administrativas, las resoluciones y disposiciones de los Ministros revestirán la forma de Órdenes. Artículo transitorio.- Constituido el Gobierno, cesarán en sus funciones la Junta Técnica del Estado con sus Comisiones, las Secretarias de Guerra, Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado, y el Gobierno General. La Presidencia y los demás Ministerios se harán cargo de la documentación procedente de aquellos Centros en las materias que le competan. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley. Dada en Burgos, a treinta de enero de mil novecientos y treinta y ocho.- II Año Triunfal. Francisco Franco. Texto 78. Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938. Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia. Para conseguirlo –atendiendo, por otra parte, a robustecer la unidad, libertad y grandeza de España– acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía a la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa.

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Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino, manifiesta, mediante las presentes declaraciones, su designio de que también la producción española, en la hermandad de todos sus elementos, constituya una unidad de servicio a la fortaleza de la Patria y al bien común de todos los españoles. El Estado español formula estas declaraciones, que inspirarán su política social y económica, por imperativos de justicia y en el deseo y exigencia de cuantos habiendo laborado por la Patria forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional. Ante los españoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la esperanza, declaramos: I. 1. El trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional. 2. Por ser esencialmente personal y humano, el trabajo no puede reducirse a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste. 3. El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria. 4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre y, en tal sentido, lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole compatible con el cumplimiento de los demás fines individuales, familiares y sociales. 5. El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos los españoles no impedidos estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional. 6. El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, y es título suficiente para exigir la asistencia y tutela del Estado. 7. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa. 8. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado. II 1. El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. 2. El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo. 3. Sin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles declaradas por el Estado. 4. Declarado fiesta nacional el 18 de julio, iniciación del Glorioso Alzamiento, será considerado, además, como Fiesta de Exaltación del Trabajo. 5.Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta disposición. 6. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte.

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III 1. La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna. 2. Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados. 3. Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo permita el superior interés de la Nación. 4. El Estado fijará las bases mínimas para la ordenación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las empresas. El contenido primordial de dichas relaciones será tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como la ordenación de los elementos de la empresa, basada en la justicia, la recíproca lealtad y la subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social. 5. A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador. 6. El Estado velará por la seguridad y continuidad en el trabajo. 7. La Empresa habrá de informar a su personal de la marcha de la producción en la medida necesaria para fortalecer su sentido de responsabilidad en la misma, en los términos que establezcan las leyes. IV El artesanado –herencia viva de un glorioso pasado gremial– será fomentado y eficazmente protegido por ser proyección completa de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de producción igualmente apartada de la concentración capitalista y del gregarismo marxista. V 1. Las normas de trabajo en la empresa agrícola se ajustarán a sus especiales características y a las variaciones estacionales impuestas por la naturaleza. 2. El Estado cuidará especialmente la educación técnica del productor agrícola, capacitándole para realizar todos los trabajos exigidos por cada unidad de explotación. 3. Se disciplinarán y revalorizarán los precios de los principales productos, a fin de asegurar un beneficio mínimo en condiciones normales al empresario agrícola y, en consecuencia, exigirle para los trabajadores jornales que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 4. Se tenderá a dotar a cada familia campesina de una pequeña parcela, el huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesidades elementales y ocupar su actividad en los días de paro. 5. Se conseguirá el embellecimiento de la vida rural, perfeccionando la vivienda campesina y mejorando las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos de España. 6. El Estado asegurará a los arrendatarios la estabilidad en el cultivo de la tierra por medio de contratos a largo plazo, que les garanticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amortización de las mejoras que hubieren realizado en el predio. Es aspiración del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan. VI El Estado atenderá con máxima solicitud a los trabajadores del mar, dotándoles de instituciones adecuadas para impedir la depreciación de la mercancía y facilitarles el acceso a la propiedad de los elementos necesarios para el desempeño de su profesión. VII Se creará una nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función de justicia corresponde al Estado.

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VIII 1. El capital es un instrumento de la producción. 2. La Empresa, como unidad productora, ordenará los elementos que la integran en una jerarquía que subordine los de orden instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común. 3. La dirección de la empresa será responsable de la contribución de ésta al bien común de la economía nacional. 4. El beneficio de la empresa, atendido un justo interés del capital, se aplicará con preferencia a la formación de las reservas necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento de la producción y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores. IX 1. El crédito se ordenará en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial. 2. La honorabilidad y la confianza, basada en la competencia y en el trabajo, constituirán garantías efectivas para la concesión de créditos. 3. El Estado perseguirá implacablemente todas las formas de usura. X 1. La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio. 2. Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente. XI 1. La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria. Es deber de todo español defenderla, mejorarla e incrementarla. Todos los factores que en la producción intervienen quedan subordinados a su supremo interés de la Nación. 2. Los actos ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes. 3. La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá de ser objeto de sanción adecuada. 4. En general, el Estado no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación. 5. El Estado, por sí o a través de los Sindicatos, impedirá toda competencia desleal en el campo de la producción, así como aquellas actividades que dificulten el normal desarrollo de la economía nacional, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento. 6. El Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación. XII 1. El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado. 2. El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano.

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3. Reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para mayor garantía de su conservación y continuidad, se reconocerá el patrimonio familiar inembargable. XIII 1. Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización Sindical. 2. La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores de la producción. 3. Los Sindicatos tendrán la condición de corporaciones de derecho público de base representativa, gozando de personalidad jurídica y plena capacidad funcional en sus respectivos ámbitos de competencia. Dentro de ellos y en la forma que legalmente se determine, se constituirán las asociaciones respectivas de empresarios, técnicos y trabajadores que se organicen para la defensa de sus intereses peculiares y como medio de participación, libre y representativa, en las actividades sindicales y, a través de los Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida política, económica y social. 4. Los Sindicatos son el cauce de los intereses profesionales y económicos para el cumplimiento de los fines de la comunidad nacional y tienen la representación de aquéllos. 5. Los Sindicatos colaborarán en el estudio de los problemas de la producción y podrán proponer soluciones e intervenir en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo. 6. Los Sindicatos podrán crear y mantener organismos de investigación, formación moral, cultural y profesional, previsión, auxilio y demás de carácter social que interesen a los partícipes de la producción. 7. Establecerán oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador de acuerdo con su aptitud y mérito. 8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al Estado los datos precisos para elaborar las estadísticas de su producción. 9. La Ley de Sindicación determinará la forma de incorporar a la nueva organización las actuales asociaciones económicas y profesionales. XIV El Estado dictará las oportunas medidas de protección del trabajo nacional en nuestro territorio y, mediante Tratados de trabajo con otras Potencias, cuidará de amparar la situación profesional de los trabajadores españoles residentes en el extranjero. XV En la fecha en que esta Carta se promulga, España está empeñada en una heroica tarea militar, en la que salva los valores del espíritu y la cultura del mundo a costa de perder buena parte de sus riquezas materiales. A la generosidad de la juventud que combate y a la de España misma ha de responder abnegadamente la producción nacional con todos sus elementos. Por ello en esta Carta de derechos y deberes dejamos aquí consignados como más urgentes e ineludibles los de que aquellos elementos productores contribuyan con equitativa y resuelta aportación a rehacer el suelo español y las bases de su poderío. XVI El Estado se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes.

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Texto 79. Decreto de 21 de abril de 1938, reorganizando las asociaciones y organizaciones sindicales. Urge imponer unidad y orden en la actuación de las asociaciones y organizaciones Sindicales de carácter económico. Conviene fijar una orientación definida a las del Movimiento y preparar también la incorporación de las existentes a la organización futura, así como evitar que se creen otras nuevas que no respondan en su concepción a nuestra doctrina o a necesidades evidentes e inaplazables. A este fin tiende el presente Decreto, por el que se reorganizan los actuales Sindicatos del Movimiento con la pretensión de capacitarlos para que puedan servir de base a la futura ordenación sindical y contribuyan a terminar con el confusionismo existente en la actualidad. En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Organización y Acción Sindical, y previa deliberación del Consejo de Ministros, Dispongo: Artículo primero. Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el apartado XIII del Fuero del Trabajo, las organizaciones sindicales del Movimiento se integrarán por provincias en las correspondientes Centrales Nacional Sindicalistas, que dependerán directamente del Ministerio de Organización y Acción Sindical. Artículo segundo. Cada Central Nacional Sindicalista será dirigida por un Delegado, que nombrará libremente el Ministro de Organización y Acción Sindical entre los militantes de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Los Delegados Sindicales Provinciales recibirán órdenes y se relacionarán directamente con el Servicio Nacional de Sindicatos del Ministerio. Artículo tercero. Con independencia de las funciones que los Estatutos señalen a la Central Nacional Sindicalista, ésta asumirá los siguientes cometidos: A) Realizar estudios y cumplir las funciones que el Ministerio de Organización y Acción Sindical le señale, con el fin de colaborar en la obra de organización Nacional-Sindicalista. B) Aquellos que les encomiende el Gobierno a través del Ministerio de Organización y Acción Sindical, en relación con los problemas sociales y económicos. Artículo cuarto. La Central Nacional Sindicalista estará en comunicación constante con Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. para realizar ideales políticos de nuestra Revolución Nacional Sindicalista en el campo de la economía. Artículo quinto. Para facilitar el cumplimiento de los fines a que hace referencia el artículo anterior, se crea un organismo asesor denominado Junta Central Sindical de Coordinación, que dependerá del Ministerio de Organización y Acción Sindical, y estará formado por el Subsecretario de dicho Ministerio, que actuará de Presidente; un Representante de la Junta Política de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., designado por la misma, y dos Vocales, uno designado por el Ministro de Organización Sindical y otro por el Secretario General de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.; este último actuará de Secretario. Artículo sexto. La Junta Central Sindical de Coordinación podrá proponer al Ministro de Organización y Acción Sindical la creación de Juntas Sindicales de Coordinación en las provincias con determinación expresa de su composición y función asesora cerca del Delegado Provincial Sindical. Artículo séptimo. Se prohíbe la constitución de nuevos sindicatos o asociaciones cuya finalidad sea la defensa de intereses profesionales o de clase. Quedan derogados los artículos ocho, nueve, diez, once y doce de la Ley de ocho de abril de mil novecientos treinta y dos.

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Las nuevas asociaciones y organizaciones sindicales de carácter económico que intenten crearse necesitarán la aprobación de sus Estatutos por el Ministerio de Organización y Acción Sindical. Se considerarán nuevas a estos efectos todas aquellas que, existiendo en dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, traten de continuar o reanudar su vida al quedar liberadas las zonas en que desenvolvían su actividad. Artículo octavo. Las asociaciones y organizaciones sindicales de carácter económico no comprendidas en el artículo primero podrán solicitar del Ministerio de Organización y Acción Sindical su incorporación a la Central Nacional Sindicalista. En este caso, el Ministro podrá acordar la incorporación, señalando las condiciones en que habrá de efectuarse. Artículo noveno. Por el Ministerio de Organización y Acción Sindical se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución del presente Decreto. Así lo dispongo por el presente Decreto. Dado en Burgos a veintiuno de abril de mil novecientos treinta y ocho. II Año Triunfal. Francisco Franco”. Texto 80. Decreto de 13 de mayo de 1938, suprimiendo los Jurados Mixtos y los Tribunales Industriales, y creando las Magistraturas de Trabajo. La actual jurisdicción de trabajo funciona de modo anormal, y está atribuida, en gran parte, a organismos de composición paritaria, cuya competencia no se circunscribe a la materia contenciosa, sino que se extiende a otras de las que no debiera entender. Las deficiencias de que adolece el sistema y el ser contrario a los principios que informan el Movimiento, exige su inmediata reforma, en espera de una ordenación definitiva, sólo posible cuando se establezca la organización sindical. Por ello, previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del de Organización y Acción Sindical, Dispongo: Artículo primero. Se suprimen los Jurados Mixtos de Trabajo y los Tribunales Industriales. La competencia atribuida a unos y otros se confiere a las Magistraturas de Trabajo que por este Decreto se crean. Para aquella demarcación territorial en que no se designe Magistrado de Trabajo, serán ejercidas sus funciones por los Jueces de Primera Instancia, los cuales actuarán entonces “en funciones de Magistrados de Trabajo”, y lo harán constar así en las diligencias correspondientes. Artículo segundo. El conocimiento de los asuntos que se atribuyen a los Magistrados de Trabajo, se ajustará a las normas procesales señaladas en el actual Código de Trabajo, cuando el Tribunal Industrial funciona sin jurado, con las siguientes modificaciones: La celebración del acto del juicio tendrá lugar en única convocatoria el mismo día de la conciliación sin avenencia, debiendo hacerse a este efecto la citación en forma para ambos fines, sin que pueda suspenderse por falta de asistencia de las partes. En las cédulas de citación se hará constar esta circunstancia, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Ambos actos deberán celebrarse en el mismo día y dentro de los diez siguientes al de la presentación de la demanda. Sólo a petición de ambas partes, o por causas suficientemente acreditadas a juicio del Magistrado, podrá suspenderse la celebración de los actos, señalándose para nuevo día, dentro de los diez hábiles que sigan a la fecha de suspensión. Si el actor intentase asistir al juicio, dirigido por Letrado o representado por Procurador, lo hará constar necesariamente en la demanda; asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia

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en conocimiento del Tribunal, por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a recibir la citación para el juicio, para que, puesto en conocimiento del actor, pueda solicitar en otro plazo igual la designación de Abogado en el turno de oficio, sin que por este motivo se detenga el curso del expediente. (…). Artículo tercero. Contra la sentencia dictada por los Magistrados de Trabajo o Jueces de Primera Instancia, en funciones de tales, sólo cabrá recurso de casación en los casos, forma y plazo previstos en el artículo cuatrocientos ochenta y seis y siguientes del Código de Trabajo. La tramitación de los recursos se ajustará a las normas establecidas en dicho precepto legal. Queda subsistente el recurso extraordinario de revisión que previene el artículos cuatrocientos noventa y seis del Código de Trabajo. Artículo cuarto. Los Delegados de Trabajo asumirán las funciones disciplinarias, consultivas y de estadística que la ley atribuye a los Jurados Mixtos; las Inspectoras pasan a depender de los Inspectores de Trabajo. Las funciones de los Jurados Mixtos relativas a la regulación de las condiciones generales del trabajo que se susciten en la aplicación de las leyes, bases, reglamentos o contratos de trabajo, pasarán a ser de la competencia de los Delegados de Trabajo, quienes la ejercerán en la forma que en su día se establezcan. Artículo quinto. El Ministro de Organización y Acción Sindical procederá libremente a designar las personas que hayan de ejercer el cargo de Magistrado de Trabajo, entre españoles mayores de edad que posean título académico y que, por su competencia y vocación sean considerados aptos para el desempeño de la función. Esta designación se entenderá con carácter provisional, sin que suponga, en ningún caso, reconocimiento de derechos ulteriores ni categorías. En su día se establecerán las normas para la provisión definitiva de dichos cargos. Artículo sexto. Los Secretarios, Auxiliares y subalternos de los Jurados Mixtos que hubiesen obtenido o consolidado sus cargos, por oposición, concurso o examen de aptitud, a su solicitud, y previa la depuración que dispone el Decreto de cinco de diciembre de mil novecientos treinta y seis y sus concordantes, pasarán a depender de los Magistrados de Trabajo, o bien de las Delegaciones de Trabajo respectivas, según la conveniencia del servicio, a cuyo efecto el Ministro de Organización y Acción Sindical dispondrá lo procedente. Artículo séptimo. Los créditos para atender a los gastos de las Magistraturas de Trabajo que se creen no podrán exceder de los actuales señalados a los Tribunales Industriales y Jurados Mixtos. Artículo octavo. El Ministro de Organización y Acción Sindical dictará las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de los preceptos del presente Decreto. Artículo noveno. Quedan derogadas todas las disposiciones, así generales como especiales, que se opongan a los preceptos del presente Decreto, y suprimidos los Tribunales y Comisiones que, por disposición de las Autoridades de todo orden se hubiesen constituido para suplir las funciones de los Jurados mixtos. Disposición transitoria. En el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de esta Decreto, los Jurados Mixtos y Tribunales Industriales harán entrega de su archivo y documentación a los Magistrados de Trabajo o Jueces de Primera Instancia, en su caso, y a los Delegados Provinciales de Trabajo en lo que pase a su competencia. Las reclamaciones que se encuentren en tramitación ante dichos organismos, pasarán igualmente a los Magistrados de Trabajo o Jueces de Primera Instancia, lo que acomodarán la sustanciación de las mismas, sin retrotraer el procedimiento a las normas de este Decreto.

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Dado en Burgos, a trece de mayo de mil novecientos treinta y ocho. II Año Triunfal. Francisco Franco. Texto 81. Ley de 16 de octubre de 1942 por la que se establecen normas para regular la elaboración de las reglamentaciones de trabajo. Artículo primero. Toda la materia relacionada con la reglamentación del trabajo, entendida ésta como regulación sistemática de las condiciones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales concertadas entre los empresarios y su personal en las distintas ramas y actividades, será función privativa del Estado, que se ejercitará, sin delegación posible, por el Departamento ministerial de Trabajo, y dentro de éste, en las condiciones que se establecen en la presente Ley, por la Dirección General de Trabajo. Artículo segundo. Las reglamentaciones de trabajo se clasifican, por su ámbito territorial, en nacionales, regionales, interprovinciales y meramente provinciales, según que sus preceptos, reguladores de una determinada industria o actividad, sean de aplicación, respectivamente, en todo el país en una sola región, en dos o más provincias pertenecientes a región diferente, o únicamente en una sola provincia. Siempre que ello resulte posible y no existan razones que se opongan a este criterio, se procurará que la reglamentación sea de tipo nacional, a fin de evitar el confusionismo que produciría el hecho de que varias reglamentaciones de ámbito territorial restringido regulasen las condiciones laborales de una misma rama de la producción. Artículo tercero. En casos excepcionales y cuando lo aconsejen el volumen o las especiales características de los negocios de una empresa, repartida o no en todo o parte del territorio nacional, podrá acordarse la reglamentación del trabajo sólo en cuanto a ella se refiere; será de aplicación este sistema, preferentemente en aquellas entidades que funcionen en régimen de monopolio o exclusiva, en las que tengan a su cargo un servicio público, objeto o no de concesión, y en aquellas otras en que, sin concurrir estos requisitos, se den tales modalidades en su organización y funcionamiento que las diferencie grandemente de las dedicadas a actividad semejante. Artículo cuarto. Las reglamentaciones de trabajo extenderán sus preceptos a todos los establecimientos, fábricas, talleres y dependencias de la respectiva rama o actividad, cualquiera que sean su importancia, volumen y extensión, a cuyo fin se establecerán, si fuere necesario, las pertinentes diferenciaciones. Únicamente se exceptúan de lo prevenido en el párrafo precedente los establecimientos dependientes de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire y, en su consecuencia, no afectarán a su personal de todas clases, incluso los eventuales, los preceptos que contengan las reglamentaciones de trabajo, si bien procurarán los respectivos Ministerios que el aludido personal goce de condiciones laborales equivalentes a las similares en los distintos oficios y profesiones. Artículo quinto. A fin de mantener el principio de “unidad de empresa”, las reglamentaciones serán asimismo aplicables, con las diferencias que procedan, en atención a las distintas categorías profesionales a todo el personal que preste su trabajo, de cualquier clase que sea, en la rama o ciclo productivo objeto de regulación. Artículo sexto. El estudio y elaboración de una reglamentación de trabajo podrá llevarse a efecto por propia iniciativa del Ministerio de Trabajo, por sugerencia de cualquier otro Departamento ministerial o a propuesta de la Organización sindical. En estos dos últimos casos será necesaria solicitud razonada, a la que se acompañarán cuantos datos o fundamentos hayan sido tenidos en consideración y que justifiquen la modificación o innovación de las normas que hasta entonces resultaran aplicables. Artículo séptimo. Cuando se tratase de propuesta de reglamentación formulada por cualquier Ministerio que no sea el de Trabajo o por la Organización sindical, y aquella hubiera de

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abarcar y extender sus preceptos a todo el territorio del país, el Ministerio de Trabajo, en el término de un mes, contado desde la entrada de la misma en el Registro general del Ministerio, resolverá sobre la conveniencia de reglamentar la industria o actividad a que la propuesta se refiera, comunicándolo seguidamente al centro u organismo de procedencia. Artículo octavo. En las reglamentaciones de ámbito territorial más restringido, las propuestas se elevarán a la Dirección General de Trabajo por conducto de la Delegación o Delegaciones de Trabajo que sean competentes jurisdiccionalmente. La Dirección aceptará o rechazará las propuestas en plazo de quince días hábiles, contados desde su ingreso en el Registro y, en caso de aceptación, las tramitará de acuerdo con las normas contenidas en el artículo noveno, pudiendo encomendar el estudio y redacción del oportuno proyecto a la Delegación territorial competente, o a una de ellas si hubieran de abarcarse provincias dependientes de más de una Delegación, o a un funcionario de la Dirección General de Trabajo si se creyera conveniente destacarle con dicho cometido. Artículo noveno. Cuando la reglamentación tuviera carácter nacional, el Ministerio solicitará de la Delegación Nacional de Sindicatos el nombramiento de un número de asesores, de cuantía variable, que sean expertos en la rama que se pretenda reglamentar, los que necesariamente representarán todos los elementos de los distintos grupos profesionales que integren el Sindicato correspondiente en la Sección o Secciones que pudieran resultar afectadas. También podrá solicitar el Ministerio la designación de asesores de aquellos Departamentos que pudieran informar acerca de la materia en atención a su especialización o por razón de interés que pudiese tener la reglamentación proyectada en los Servicios respectivos. Igualmente podrá recabar el asesoramiento de cuantas personas u organismos considere capacitados sobre la materia. Artículo décimo. En el caso de que los aumentos de salarios y demás retribuciones del personal propuestas en una nueva reglamentación de trabajo puedan influir sensiblemente en la elevación del coste de vida con evidente repercusión en la Economía nacional, será oído el Ministerio de Hacienda, el cual emitirá su informe en el plazo de quince días. Artículo undécimo. El contenido de las reglamentaciones de trabajo se referirá principalmente a establecer las condiciones con arreglo a las cuales han de desenvolverse las relaciones entre las empresas y su personal, y abarcará, necesariamente, los siguientes extremos: ámbito territorial, funcional, personal y temporal en que sus normas han de aplicarse; organización del trabajo y clasificación del personal por especialidades profesionales, incluyendo las definiciones de todas y cada una de ellas; jornada; retribución y cómputo de horas extraordinarias, condiciones sobre el trabajo a destajo, si hubiere lugar a ello, y revisión de destajos y primas; descansos y vacaciones; régimen de sanciones y premios; enfermedades; prevención de accidentes e higiene en los talleres y reglamento de régimen interior. También se consignarán aquellas reglas que puedan ser características en la industria que se reglamente, y se hará constar que las condiciones señaladas tienen el carácter de mínimas y obligatorias, por cuyo motivo son susceptibles de mejora por libre y espontánea determinación de los empresarios, hecha figurar en sus reglamentos de régimen interior o en las relaciones de trabajo convenidas con su personal. Artículo duodécimo. En las materias no reguladas expresamente en las reglamentaciones de trabajo, se entenderá que son de aplicación las disposiciones contenidas en los preceptos legales de índole social dictados con carácter de generalidad, todos ellos irrenunciables. Artículo decimotercero. Las reglamentaciones de trabajo de carácter nacional podrán ser adaptadas a las circunstancias especiales de una determinada zona o localidad, siempre que no se vulneren las orientaciones fundamentales de las mismas ni se disminuyan las condiciones mínimas por ellas marcadas. Esta adaptación se llevará a efecto por la Dirección General de Trabajo, de

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oficio o previa propuesta de las Delegaciones Provinciales de Sindicatos elevadas a los Delegados de Trabajo, que las remitirán, a tal efecto, al Ministerio debidamente informadas. La Dirección habrá de pronunciarse respecto a la propuesta, en el plazo de quince días hábiles computados desde su ingreso en el registro. Artículo decimocuarto. Las reglamentaciones de trabajo de tipo nacional, regional o interprovincial, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, previa aprobación por Orden ministerial. Asimismo podrán publicarse en dicho periódico oficial, aunque tuvieran ámbito de aplicación restringido, e incluso si afectaran a una sola empresa. Las provinciales, a menos que se crea oportuno lo contrario, se insertarán en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, y su aprobación se hará, igualmente, por Orden ministerial. Artículo decimoquinto. Las empresas industriales o mercantiles que ocupen normalmente cincuenta o más trabajadores fijos, contados todos los que presten sus servicios en las distintas factorías, aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a redactar un reglamento de régimen interior para acomodar su organización del trabajo a las normas contenidas en la reglamentación que les sea aplicable y a los principios que inspiran el Fuero del Trabajo y la Ley de Ordenación Sindical. Este mínimo de obreros podrá ser rebajado, e incluso suprimido, por la Dirección General de Trabajo, que en tal caso deberá hacerlo así constar en la reglamentación de trabajo por la cual se rija la industria. En tanto no se determine la forma de designación e investidura del jefe de empresa, a los efectos prevenidos en el artículo séptimo de la Ley de Ordenación Sindical, el reglamento de régimen interior será redactado por la persona que, de hecho, ostente la jefatura de la empresa. Artículo decimosexto. El reglamento de régimen interior, además de las peculiaridades propias del régimen de la explotación, taller o fábrica, consignará las disposiciones necesarias acerca de las organización y jerarquía en el trabajo; plantillas; clasificación del personal; jornada y descanso; vacaciones, salarios; lugar y forma de pago; cómputo y retribución de horas extraordinarias, bases para calcular la retribución y rendimiento del trabajo a destajo, si por la índole de la empresa procediese; condiciones del trabajo en cuanto a los locales en que se realiza; orden que debe guardarse en los mismos; entrega y manejo de material, máquinas e instrumentos de trabajo; entrega de la obra; medidas de seguridad, higiene y sanidad; premios y correcciones disciplinarias; suspensiones de trabajo, etc., y, en general, cuantas prevenciones puedan ser útiles para la buena marcha de la empresa y para el mantenimiento, dentro de la comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencia recíprocos que se deben cuantos participan en la producción. Artículo decimoséptimo. El proyecto de reglamento de régimen interior así confeccionado, se someterá a la aprobación de la Dirección General de Trabajo, si la empresa desenvuelve sus actividades en el ámbito nacional, regional o interprovincial, y a las Delegaciones de Trabajo si las desenvuelve en un área provincial. Tales reglamentos se entenderán aprobados automáticamente si en el término de treinta días hábiles, contados desde su ingreso en los registros correspondientes, no se hubiera decidido sobre ellos. Una vez aprobados, serán dados a conocer públicamente a todo el personal de la empresa, y quedará permanentemente un ejemplar en cada Sección, local o tajo separado, para su consulta y examen cuando se crea conveniente. La aprobación por la tácita, que supone una garantía para las empresas y su personal, no entraña la posibilidad de que acerca de los reglamentos de régimen interior no recaiga resolución dentro del plazo señalado. Por este motivo, se exigirá responsabilidad en el orden administrativo a los funcionarios que con su conducta negligente dieran lugar a la aprobación tácita de dichos documentos. Artículo decimoctavo. De todo reglamento interior aprobado por las Delegaciones de Trabajo, remitirán éstas a la Dirección General un ejemplar sellado, dentro de los cinco días

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siguientes a la resolución aprobatoria, al cual deberá acompañarse copia literal de la misma para conocimiento y archivo. Artículo decimonoveno. Contra la negativa de aprobación de un reglamento de régimen interior, cabrá recurso en el plazo de quince días hábiles a partir del recibo de notificación por la entidad interesada. Habrá de presentarse ante el propio Organismo que dictará el acuerdo que, con su informe, lo elevará a la Superioridad. Cuando hubiere intervenido una Delegación de Trabajo, resolverá acerca del recurso la Dirección General de Trabajo, que a tal fin dispondrá de quince días laborables; si hubiera sido este organismo el que dictó la resolución, decidirá el Ministro del ramo en igual plazo. Artículo vigésimo. Serán nulos y carecerán de todo valor y eficacia, siendo jurídicamente inexigibles, los acuerdos adoptados en esta esfera de reglamentación del trabajo por cualesquiera organismos y autoridades distintos del Ministerio de Trabajo y que puedan significar ingerencia en sus facultades privativas, por referirse a modificación total o parcial de condiciones laborales en una industria o localidad determinadas. Artículo vigésimoprimero. Quedan derogados todos los preceptos que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, que empezará a regir al día siguiente al de su inserción en el Boletín Oficial del Estado. Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos. Francisco Franco. Texto 82. Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. I. Justificación y directrices. 1. El Fuero del Trabajo al otorgar un nuevo rango al régimen protector de los trabajadores en sus estados de infortunio y rodearle de un profundo sentido humano, coincidente con el que más tarde había de informar a los modernos sistemas de Seguridad Social, le imprimió un carácter esencialmente dinámico, por si sólo más que suficiente para explicar los dilatados e intensos avances que se registran en este orden de realizaciones durante los últimos veinticinco años. Atribuida al Estado en el Fuero de los Españoles la función de garantizar dicho amparo o protección; consagrados los derechos a los beneficios de la Seguridad Social en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, y conseguida ya la cobertura de los riesgos básicos, comunes y profesionales –respecto de los trabajadores por cuenta ajena especialmente–, parece llegado el momento de operar el tránsito de un conjunto de Seguros Sociales a un sistema de Seguridad Social. Con ello se va más allá de la simple sistematización y ajuste de los regímenes ya establecidos. Al generalizar la protección a la población activa en un conjunto y al contemplar armónicamente las situaciones de necesidad social que la experiencia ha demostrado que son susceptibles de cobertura, se reacciona contra la insuficiencia de nuestro sistema actual, en parte nacida del largo y complejo proceso de expansión operado y, muy particularmente de la aparición sucesiva y no coordinada de los sistemas parciales de aseguramiento. Conscientes de que sin acudir a la solidaridad nacional ante las situaciones o contingencias protegidas, la Seguridad Social no pasa de ser artificio técnico sin verdadera raíz comunitaria, la Ley concibe a ésta como una tarea nacional que impone sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos, respecto de los enfermos; a los ocupados, respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos, respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares, respecto de los que las tienen; a los de actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos. 2. La Ley está presidida por ciertas directrices, las cuales además de conferirle su más alto valor resumen el alcance de la reforma. Principales directrices son la tendencia a la unidad, la

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participación de los interesados en el gobierno de los órganos gestores, la supresión del posible ánimo de lucro de estos últimos, la conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas, la transformación del régimen financiero, la acentuación de la participación del Estado en el sostenimiento del sistema y la preocupación preferente sobre los servicios de recuperación y rehabilitación. 3. La tendencia a la unidad se manifiesta, principalmente, en que no obstante la existencia de regímenes especiales junto al régimen general de Seguridad Social, responden todos ellos a una misma concepción y a principios homogéneos; pero, muy en especial, se traduce en la adopción de medidas encaminadas a poner término a la complejidad de que adolece nuestro actual sistema de Previsión Social que se manifiesta en una incesante proliferación de disposiciones, causa y efecto a la vez, de la diversidad de organismos y entidades cuyas actividades se entrecruzan e interfieren cuando no aparecen superpuestas en atención a un mismo sujeto y a idéntico estado de infortunio, con la inevitable duplicidad y consiguiente despilfarro de esfuerzos. Sin embargo evidentes razones de orden técnico y político aconsejan la convivencia de que subsistan, con los reajustes que se consideran necesarios, diversos organismos y entidades, o de que se creen incluso nuevos órganos, siempre que la actuación de cada uno de ellos gravite sobre campos diferenciados, elegidos precisamente de acuerdo con la naturaleza y características de tales órganos, con miras a conseguir la mayor eficacia de los servicios. Ésta es la razón de que se prevea la posibilidad de creación de un Instituto Nacional de Seguridad, Rehabilitación y Accidentes que, refundiendo competencias y organismos dispares asume las funciones que se le encomienden. 4. La fecundidad de los ensayos mutualistas y el reconocimiento de los derechos primarios de las personas protegidas por la Seguridad Social contribuye a la exaltación del principio que aboga por la efectiva participación de aquéllas en los órganos rectores. La presencia del Estado en cualquier ámbito no se encamina a empequeñecer la esfera de libertad e iniciativa individuales, sino a garantizar a esa esfera la mayor amplitud posible, tutelando efectivamente, para todos y cada uno los derechos esenciales de la personalidad; la necesaria e ideal aportación de los particulares y de los poderes públicos, en forma proporcionada a las exigencias del bien común en medio de las situaciones variables y de las alternativas humanas, es una de las líneas maestras de la Ley. El mismo principio que justifica la creciente y relevante participación de los interesados en el gobierno de los órganos gestores de la Seguridad Social fundamenta la colaboración a prestar por las empresas particularmente en materia de accidentes, enfermedad, protección familiar y pago delegado de las prestaciones a corto plazo. De este modo se pretende reforzar el sentido de responsabilidad de las personas y entidades interesadas, premisa mayor del éxito de un programa de Seguridad Social y al mismo tiempo facilitar y garantizar la eficacia del sistema. La colaboración o intervención ha de tener, en todo caso, el límite impuesto por las exigencias del bien común. 5. Una de las causas que explica más satisfactoriamente, no sólo la gestión pública de la Seguridad Social, sino también la pervivencia y esplendor a través de los siglos del fenómeno del aseguramiento mutualista, incluso dentro de esquemas de Seguros Sociales Obligatorios, es la inexistencia de ánimo de lucro como móvil de su actuación. Al contarse en nuestra realidad con una vigorosa red mutualista, que viene a unirse a la expansión y consolidación de otros órganos gestores públicos de acreditada eficacia, nacidos en el campo de la Previsión Social, resulta aconsejable dar un paso que, sin duda, es de trascendencia fundamental: la prohibición terminante de actuar en el terreno de la Seguridad Social, obteniendo o buscando un lucro mercantil. La Ley afronta el impacto de la medida y, dispuesta a subordinar los intereses privados y singulares al interés público y común, encomienda la gestión de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, con la acción rectora y coordinadora de una entidad general, a entidades mutualistas, para acabar de este modo con el criterio discriminatorio en la cobertura de los siniestros, en pugna con el espíritu social inexcusable de este ordenamiento, y con el encarecimiento de la gestión misma.

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6. La Ley, superando la regresiva noción de riesgos singulares atendida su causa, delimita situaciones y contingencias susceptibles de protección para la consideración conjunta de las mismas en vista de sus efectos. Semejante consideración conjunta ofrece dos proyecciones claramente apreciables, individual y colectiva, respectivamente. Desde el primer punto de vista se trata de que las situaciones o contingencias, definidas con carácter general, se entiendan unívocamente, sin que circunstancias de lugar o de tiempo determinen variaciones esenciales reflejadas en la desigualdad de las prestaciones, como venía ocurriendo hasta ahora, colectivamente se pretende evitar la constitución de categorías privilegiadas de personas y se tiende a conseguir, en la medida máxima posible, que el trato dado a las mismas no presente diferencias notables, cualquiera que sea el sector económico en que trabajen o la naturaleza de su actividad específica. 7. La financiación de la Seguridad Social española se ha estructurado mediante el sistema de reparto de los pagos anuales en amplios períodos de tiempo, procedimiento que impone la corriente internacional y que asimismo es aconsejado con carácter general por la Oficina Internacional del Trabajo. Este sistema, a cambio de inevitables revisiones periódicas de los tipos de la Seguridad Social, presenta ventajas indubitadas respecto a nuestra situación económica en el umbral del Plan de Desarrollo Económico y Social, ya que de una parte no detrae anticipadamente de las empresas fondos que necesitan para un mejoramiento de sus medios de producción, y de otra, les permite conocer de antemano la cuantía de unos tipos que serán constantes en períodos conocidos de tiempo y que les permitirán programar la estabilidad de sus costes de producción. En el plan financiero se ha previsto la necesidad de que esté dotado de unos fondos de reserva, que garantizarán el funcionamiento del sistema ante las diversas situaciones que la coyuntura económica pueda plantear, actuando así de correctores respecto a las oscilaciones que puedan presentarse. 8. La evidencia de que en el presente no cabe Seguridad Social sin la aportación del Estado, ha determinado que la Ley consagre este principio con carácter general, previendo la consignación permanente en sus Presupuestos Generales de subvenciones destinadas a tal fin, con miras a conseguir la redistribución de la renta nacional. Sabido es que la Seguridad Social puede contribuir eficazmente a una redistribución de la renta total de la comunidad política, según criterios de justicia y de equidad, y puede, por tanto, considerarse uno de los instrumentos para reducir los desequilibrios en el tenor de vida entre los ciudadanos. 9. Respecto de muy numerosas situaciones, los problemas más arduos y difíciles, y quizás por ello los menos abordados, comienzan cuando el siniestro ha concluido de surtir sus efectos inmediatos, dejando tras sí la secuela de una invalidez permanente. La recuperación física o fisiológica del inválido, cuando ésta es posible, y en otro caso, su readaptación y reentrenamiento para una nueva profesión, son objetivos a cumplir, tanto desde el punto de vista estrictamente humano e individual, devolviendo al inválido la conciencia de su dignidad personal y de su utilidad social, cuanto desde el punto de vista estrictamente económico al hacer posible su reincorporación al proceso productivo. No puede discutirse por ello que los costos de recuperación, por cuantiosos que puedan parecer, son ínfimos al lado del derroche de recursos humanos, sociales y económicos e implican el consentir situaciones permanente de invalidez si éstas son corregibles. En tal sentido, la Ley se propone hacer uno de los ejes de la reforma que en ella se contiene: los servicios de recuperación y rehabilitación para trabajadores inválidos, concibiendo la propia recuperación en sentido amplio como un derecho y como un deber de la persona, basado aquél en el reconocimiento de su dignidad humana y de su potencial económico y fundado éste en el principio general de solidaridad nacional de esfuerzos. Ante el caso concreto, sin mengua ni atentado a los derechos inviolables del individuo sobre su propia persona, los servicios de recuperación tratarán a toda costa de que el inválido vuelva a su antiguo trabajo o que adquiera la aptitud necesaria para prestar otro distinto en consonancia con su capacidad reducida.

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II. Acción protectora de la Seguridad Social. 1. Al estructurar un sistema de Seguridad Social, la Ley amplía su campo de aplicación en el que quedarán encuadrados todos los españoles que reúnan las condiciones previstas en la Base segunda, cualquiera que sea su actividad profesional. Por otra parte, la convicción de que la pertenencia a una determinada comunidad política no impide de ninguna manera el ser miembro de la familia humana, hace que se adopten criterios flexibles para extender también sus beneficios a los extranjeros. La generalización de la cobertura afecta, en primer lugar, a los trabajadores por cuenta ajena. La protección se extiende indiferenciadamente a todos los que con arreglo a la normativa vigente tengan aquel carácter, sin que la eventualidad de los trabajos prestados pueda ser obstáculo para su efectiva protección, fijándose la edad de catorce años, mínima laboral ordinaria, como punto de partida de la misma. A los trabajadores por cuenta ajena se equiparan los socios-trabajadores de cooperativas de producción, exigencia impuesta no sólo por su insatisfactoria situación actual, sino sobre todo por su propia condición jurídica. La Ley confirma la extensión de la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia o autónomos y vitaliza y ordena de este modo las manifestaciones protectoras nacidas en los últimos años a su favor. La Ley constituye el texto fundamental que ordena la Seguridad Social española. Se respetan, sin embargo, y aun se amplían, los regímenes cuya existencia es inexcusable en razón a los grupos de personas a que afectan o a la actividad que desarrollan. Todos estos regímenes sólo se enuncian en la Ley a los fines de una contemplación conjunta de la Seguridad Social, pero serán objeto, naturalmente, de la correspondiente regulación, en la que se tenderá a la máxima homogeneidad posible con los principios del régimen general. 2. Desde el punto de vista objetivo, la Ley evita deliberadamente la noción de riesgo, que sustituye por las situaciones o contingencias delimitadas en sus Bases. De este modo no sólo se marca una línea muy visible entre la Seguridad Social –a la que trata de llegar– y los Seguros Sociales –de donde se parte–, basados en la idea de riesgo, sino que además, se favorece, como ya se ha expresado, la conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas para conseguir en la medida de lo posible la uniformidad de las prestaciones ante un mismo evento. Una limitación importante, superable en el futuro, a medida que las circunstancias lo permitan, viene dada por el hecho de que la acción protectora de la Seguridad Social no es homogénea para todas las personas comprendidas en su campo de aplicación. Innovación fundamental de la Ley es la contemplación de una situación común de incapacidad laboral transitoria que, abstracción hecha de sus causas, exige asistencia sanitaria para la recuperación y defensa de la salud. Se acaba así con el fraccionamiento anterior, resultado de una concepción parcelada de la Previsión Social. En la ordenación de los servicios médicos de la Seguridad Social, cuya dedicación abnegada se reconoce como clave de las prestaciones sanitarias de aquélla, se acoge el principio de la libre elección del facultativo; la creación de plazas en función de cupos en relación con el número de personas con derecho a asistencia sanitaria y con el total de población de la localidad correspondiente, y la congelación de las actuales escalas del Seguro Obligatorio de Enfermedad para dar acceso a nuevas promociones médicas, de acuerdo con modernos criterios selectivos, ello sin perjuicio de la obligada utilización de los Médicos Titulares. Se normaliza el régimen de conciertos con instituciones públicas y privadas a efectos de hospitalización, en aplicación del principio de coordinación sanitaria previsto en la Ley de Hospitales, y se establece la supresión del Petitorio de Especialidades Farmacéuticas, si bien, salvo en ciertos casos, el beneficiario de las prestaciones ha de contribuir con cantidades fijas por receta o medicamento dispensado, calculadas, no obstante, de tal modo que, sin repercutir apre-

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ciablemente en las economías individuales, ayude a sus titulares a adquirir conciencia del elevado coste de las prestaciones, lo que, además de fomentar su sentido de responsabilidad, elimina frecuentes abusos y fraudes. Particular relieve merece el avance representado por la concesión obligatoria de prótesis quirúrgicas y ortopédicas. La Ley, al asimilar el espíritu de la Seguridad Social, consagra el derecho de toda persona a su integridad física, sale al paso de su eventual lesión y determina la concesión a costa de cualquier esfuerzo, de los medios artificiales encaminados a eliminarla o aminorarla, cuando menos, en la medida de lo posible. Las distintas prestaciones económicas son objeto de una consideración global que facilita la uniformidad de las mismas, uniformidad que no comparte su igualdad absoluta puesto que su cuantía ha de calcularse sobre distintas bases tarifadas de cotización, que reflejan la diversidad salarial existente. El principio de la conjunta apreciación de las contingencias protegidas alcanza su máxima expresión en las situaciones de incapacidad laboral transitoria y de invalidez, cuya respectiva protección obedece al propósito de prestar más atención al infortunio que a las causas que lo hayan producido. Ello explica, además, que la permanencia de hasta dos años, como máximo, en la situación de incapacidad laboral transitoria determine por sí sola el paso a la situación de invalidez, y el que en las situaciones de incapacidad absoluta y gran invalidez, por sus aludidas repercusiones individuales y sociales, las prestaciones se calculen sobre salarios efectivos o reales, mientras que en las restantes incapacidades se fijen sobre bases tarifadas de cotización, y que únicamente aquellas situaciones den lugar, por su carácter definitivo, al disfrute de pensión vitalicia, mientras que en los supuestos de incapacidades parciales o totales, salvo excepciones optativas muy justificadas, por razón de la edad, aquélla se sustituya por cantidades alzadas según baremo y por la intensificación de las prestaciones técnicas de readaptación y rehabilitación, exigencia primaria a la que la Ley supedita la cuantía y duración de las prestaciones económicas. De ello es un buen exponente, si se prescinde de los Servicios Sociales, la revisabilidad, en todo tiempo, de las declaraciones de incapacidad, determinada por agravaciones, mejorías o errores de diagnóstico. A diferencia del sistema actual de la doble pensión de vejez y de jubilación –de cuantía fija la primera y variable, únicamente en función del salario regulador, la segunda–, la Ley hace depender simultáneamente el cálculo de la pensión única que establece de la cuantía de las bases y de los períodos de cotización. Consecuente con su preocupación de uniformar las pensiones, implanta compensaciones nacionales para garantizar niveles mínimos y homogéneos de aquéllas, y por encima de tales niveles mínimos prevé complementos diferenciales de cuantía variable en función de los colectivos profesionales correspondientes así como compensaciones profesionales federativas. La unidad conseguida afecta tan sólo al primer nivel o nivel mínimo de pensiones. De este modo en el segundo nivel o nivel profesional, las pensiones complementarias podrán diferir entre sí, de acuerdo con dos criterios: las disponibilidades financieras de cada grupo o sector y la composición de los respectivos colectivos. La solución resulta una exigencia primaria de la gestión mutualista al entrañar ésta la existencia de colectivos profesionales de composición demográfica heterogénea, y respeta una cierta proporción en el tránsito de la situación de actividad a la de pasividad, manteniendo vivo el espíritu de aquélla. Las diferencias muy sensibles a que en contrapartida podría conducir la desigualdad admitida en el segundo nivel, se tiende a corregir con el régimen de compensación profesional previsto. Así, en resumen, se mantienen las ventajas de la gestión mutualista, sin que por ello se ponga en peligro la conjunta consideración de las situaciones protegidas. El principio de unidad alcanza igualmente a las prestaciones por muerte y supervivencia, siendo aplicables, no obstante, y en su caso, los criterios establecidos para las pensiones de vejez y por ello extensivas las consideraciones precedentes. En el régimen de protección a la familia se consagra una importante manifestación de la tendencia a la unidad y simplicidad del sistema al decidir la integración progresiva en un solo

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régimen de los del Subsidio y Plus Familiar hoy vigentes, sin alterar la cuantía global de las aportaciones de empresas y trabajadores. Era, no obstante, obligado respetar a título personal situaciones disfrutadas de presente. De este modo, conciliando la situación actual con los objetivos de la reforma, se llegará, aunque no con carácter inmediato, a implantar el principio de justicia distributiva de que a igual carga familiar se perciba igual asignación, instaurándose finalmente una verdadera solidaridad nacional. Ello suprimirá los actuales peligros de discriminación entre trabajadores, pues ni las empresas ni los compañeros del que pretenda ingresar en aquéllas sufrirán perjuicio alguno por el número de hijos de éste. Así se facilitará también la movilidad de la mano de obra desde el momento en que los cambios de empresa no representan alteración en la cuantía de las prestaciones familiares, e incluso en el orden puramente administrativo, al unificar las bases de cotización con las de toda la Seguridad Social, son evidentes las ventajas del sistema, que ahorra trámites a las empresas y a los órganos gestores de aquélla y facilita toda clase de comprobaciones. Ventajas todas ellas que en nada afectan a los derechos adquiridos al amparo de la regulación anterior, cuyo respeto, por el contrario, se garantiza. Es indudable que la situación de transitoriedad está llamada a producir situaciones complejas y a dificultar temporalmente la gestión. Pero ello no debe ser motivo que impida el logro de los objetivos perseguidos por la Ley. 3. La Ley establece las garantías precisas para la efectividad de las prestaciones. Se sienta el principio de la afiliación única para la vida de las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, medida encaminada a eliminar fraudes y duplicidades innecesarias. Se suprimen las aplicaciones de la ya arcaica teoría de la compensación de culpas. Se regula la afiliación de oficio, y con independencia de las obligaciones anteriores se preceptúa la inscripción de las entidades patronales a cargo de los propios órganos gestores. La obligación legal de cotización, paralela a la obligación legal de afiliación, se monta sobre tipos únicos, aplicados sobre las bases tarifadas en función de categorías profesionales; la cotización por dichas bases se aplica a todas las situaciones y contingencias cubiertas por la Seguridad Social. Por último, hay que resaltar la uniformidad del procedimiento recaudatorio y el vigor de las medidas adoptadas para conseguir una mayor agilidad del sistema. III. Servicios sociales y asistencia social. 1. Como complemento de las prestaciones otorgadas ante las diversas situaciones y contingencias previstas, se regulan Servicios Sociales con funciones definidas en orden a la reeducación y rehabilitación de inválidos, medicina preventiva, higiene y seguridad en el trabajo y acción formativa, buscándose así la apertura de la Seguridad Social hacia campos nuevos y fecundos de promoción social y comunitaria. 2. Una de las preocupaciones principales de la Ley es la de potenciar al máximo, frente a las clásicas prestaciones económicas, el acceso de las personas comprendidas en su campo de aplicación a las de carácter técnico, tanto preventivas como recuperadoras, rehabilitadoras y reeducadoras. 3. La higiene y seguridad en el trabajo, ligada estrechamente a las prestaciones preventivas de la Seguridad Social, se conectará con ellas. De este modo la obligación de protección material, que en el presente y por imperio de la Ley incumbe al Estado a las empresas, a su personal y a los terceros, se refuerza y garantiza con mecanismos adecuados, resultado de valorar los existentes ante las nuevas exigencias de la Ley y de coordinar aquéllas con los que su puesta en práctica determine. 4. Si bien en las primeras fases de su movimiento promocional los trabajadores concentraron su acción en la reivindicación de derechos de contenido económico-social y más tarde la extendieron a derechos de naturaleza política, en un último estadio la han impulsado hacia la participación

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en los beneficios de la cultura. Esta tendencia, unida a la apreciación de la eficacia que la orientación y formación profesional juegan en los procesos de recuperación a que se ha hecho referencia, resalta en todo su valor el significado de la acción formativa de las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, razón por la cual la Ley le concede particular atención. 5. La Seguridad Social, entendida como sistema de superación de los esquemas clásicos de Previsión y Seguros Sociales, exige inexcusablemente un régimen complementario de Asistencia Social. Dentro de la Seguridad Social, la Asistencia se configura por la Ley como un sistema complementario, en casos límite, de la protección dispensada por la primera; pero no se trata tanto de un régimen complementario de la Seguridad Social como sistema, cuanto de un régimen complementario de sus prestaciones. De este modo la Asistencia Social actuará para paliar o eliminar los estados de necesidad en que puedan incidir las personas incluidas en el campo de aplicación de la Ley cuando no se acredite el derecho a las prestaciones o se haya agotado el tiempo máximo previsto para su disfrute, incluidas las prórrogas, o resulten insuficientes para la satisfacción de las necesidades que las determinan. IV. Significado y alcance de la reforma. Iniciado en nuestra Patria hace ya algunos años el proceso de reforma administrativa, plasmado hoy día en numerosas y señaladas realizaciones orgánicas, funcionales e instrumentales incluso, la conversión de los Seguros Sociales en un auténtico sistema de Seguridad Social ha de proyectarse ineludiblemente hacia el movimiento de reforma. La generalidad de la reforma es una exigencia indiscutible, pero compatible de todo punto con su paulatina y progresiva implantación. La Ley sienta unas Bases en este sentido, que habrán de ser desarrolladas por disposiciones posteriores, hasta culminar su proceso evolutivo cuando las circunstancias lo toleren y la experiencia del tiempo que deberá transcurrir, lo aconseje. La Ley inicia una evolución respetuosa de la legalidad, imprescindible para garantizar el éxito del sistema, y pone unos cimientos sólidos y amplios a la vez, desde luego susceptibles de ulteriores perfeccionamientos y extensiones si las necesidades del país lo pidieran, sobre los que asentar los pilares de la Seguridad Social en nuestra patria, con la convicción de que se opera en un terreno esencial para la convivencia ordenada y justa de los españoles. La revisión del sistema se ha conectado con el Plan de Desarrollo, con el fin de facilitarle uno de sus supuestos esenciales y en la convicción de la estrecha interrelación existente entre el desarrollo económico y el social. En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo: Artículo 1.Se aprueban las Bases de la Seguridad Social que se establecen en la presente Ley (…). Texto 83. Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales. BOE de 21 de abril de 1976. La Ley sobre Relaciones Laborales constituye un propósito de actualización y perfeccionamiento de aspectos fundamentales de la normativa del trabajo, introduciendo normas nuevas o actualizando otras que se consideran superadas por la realidad. Tarea posterior será la de refundir en un solo texto todas las normas que regulan las relaciones laborales para su mayor coherencia y su mejor tratamiento orgánicos. Tiene, pues, esta Ley, el carácter de plataforma mínima sobre la que construir toda la regulación de las relaciones laborales. Las Ordenanzas laborales, los convenios colectivos sindicales y los contratos individuales o de grupo como cauce de la dinámica de las relaciones de trabajo completarán y mejorarán esta normativa básica. Un puro perfeccionamiento formal de ordenación jurídica del Derecho laboral no justificaría por sí solo esta Ley. Junto a aquel propósito, actualizar instituciones y materias, recoger

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aspiraciones y reivindicaciones, dar respaldo al buen hacer de la jurisdicción laboral, plasmado en su jurisprudencia, y a la valiosa colaboración de cuantos hacen práctica cada día en la realidad la letra de la Ley es aún más importante. En este sentido cabe destacar el respaldo que supone las reiteradas aspiraciones del mundo laboral expresado por las representaciones sindicales, especialmente del Consejo Nacional de Trabajadores, en relación con muchas de las materias que aquí se regulan. Asimismo, la Ley no puede ni debe olvidar el futuro y ha de anticiparse, en la medida de lo posible, a los criterios y nuevos planteamientos que se adivinan en un porvenir inmediato. De esta manera se recogen o quedan preparadas en su articulado algunas tendencias y mejoras que se presume serán realidad en los próximos años. I La técnica seguida para la elaboración de la presente Ley supone la opción por una ley articulada de inmediata aplicación, para refundir posteriormente en un solo texto articulado la preceptiva laboral de rango legal reguladora de las relaciones laborales. No parece adecuado al momento ni a la naturaleza dinámica del Derecho laboral abordar un código; tampoco ha parecido adecuada una Ley de Bases, con todo un procedimiento de elaboración dilatada. Finalmente, no cabe ya reducirse en esta época a los estrechos límites de una Ley de Contrato de Trabajo. A su texto habrán de incorporarse la reciente Ley de Convenios Colectivos Sindicales y, en su día, la participación del trabajador en la empresa acorde con las reformas que de la legislación de sociedades se lleve a cabo en base al proyecto que se prevé en las disposiciones adicionales. No se trata, por consiguiente, de una compilación o recopilación de normas, sino de todo un propósito legislativo unificador, actualizador e innovador de las normas básicas reguladoras del Derecho laboral de nuestro país. II La estructura de la Ley se ordena en función de la necesidad de regular de forma sistemática los principales aspectos de la relación laboral. Se inicia la regulación con las principales normas en que se concretan los principios generales del Derecho laboral. El ámbito de aplicación material se extiende a toda relación laboral por cuenta y dependencia ajena, y, también, en los aspectos que le sean aplicables, al trabajo autónomo o por cuenta propia. Tan sólo las relaciones de servicios que la Ley relaciona debidamente tipificadas quedan expresamente excluídas de su normativa. Se concibe así el Derecho laboral de manera generalizada y total. En las condiciones y modalidades de admisión al trabajo se regula la capacidad de obrar laboral relacionando la edad del trabajador con la formación general y profesional. Se establece la edad laboral en los dieciséis años. Se armoniza el estudio y la formación con el trabajo mediante una regulación integrada del aprendizaje, la formación profesional y la formación permanente. Cabe destacar, a estos efectos, la innovación que supone el contrato de trabajo en prácticas de los posgraduados. La capacidad de obrar de la mujer casada, siguiendo la tradición pionera del Derecho del Trabajo, se equipara totalmente a la del varón. Asimismo se consagra el principio de igualdad de derechos de la mujer y el varón con la única excepción de los supuestos de maternidad. En materia de empleo, se actualizan sus preceptos generales y se recoge, especialmente, lo relativo al empleo protegido de determinados trabajadores a efectos de su colocación y, en su caso, de la extinción de su relación laboral. En la regulación del contrato de trabajo se parte de la estimación de su duración indefinida como regla general. Tan sólo en los supuestos que especificamente se detallan, el contrato tendrá una duración determinada, reforzándose con esta y otras medidas que se articulan, el principio

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de estabilidad en el empleo en previsión, asimismo, de fraudes y otros abusos en perjuicio del trabajador. En materia de jornada se introduce, como módulo, la semana de cuarenta y cuatro horas de trabajo. Las empresas podrán mantener en funcionamiento sus centros de trabajo las veinticuatro horas del día, respetando los máximos diarios autorizados, ordinarios o extraordinarios, sin perjuicio de las exclusiones, ampliaciones o limitaciones legalmente previstas. Se regulan asimismo, con carácter general, el trabajo nocturno y las horas extraordinarias. Se introduce, a título de novedad, como regla y con las debidas excepciones, el descanso continuado de la tarde del sábado y la jornada completa del domingo, estableciéndose, en cualquier caso, un mínimo de treinta y seis horas semanales ininterrumpidas. Se establece, asimismo, un máximo de fiestas nacionales y locales, y se regula un cuadro completo de permisos y excedencias laborales. Las vacaciones tendrán una duración mínima de veintiún días, acorde con lo previsto en esta materia por la O. I. T. Junto a la consagración del salario mínimo y su revisión periódica anual se introduce la posibilidad de una segunda revisión en función del incremento del coste de la vida, una vez transcurridos seis meses de la anterior modificación. La novedad principal en esta materia la constituye la creación del Fondo Nacional Interempresarial de Garantía Salarial, que con una razonable aportación de las empresas evitará la falta de cobro de los salarios en situaciones de insolvencia producidas por las crisis económicas en perjuicio de los trabajadores. En esta línea de protección al crédito salarial se acentúa su preferencia en concurrencia con otros acreedores. Finalmente, la Ley regula el régimen disciplinario de las relaciones laborales. En esta materia, se replantea el procedimiento de despido cuando la Magistratura de Trabajo estime que no existe causa justificada suficiente, superando los muchos inconvenientes que se derivan del llamado «incidente de no readmisión». Las disposiciones finales prevén la refundición. Las disposiciones adicionales gradúan la entrada en vigor de algunas de las medidas incorporadas al articulado, como la elevación de la edad mínima de admisión al trabajo y la elaboración de una futura Ley de Empresa que facilite la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios. En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar Sección primera Ámbito de aplicación Artículo primero. Uno. Todas las actividades laborales retribuidas que se realicen por cuenta y dependencia ajenas, salvo las excluidas expresamente en el artículo segundo, se considerarán incluidas en la presente Ley y demás normas reguladoras de las relaciones de trabajo. Dos. El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente. Artículo segundo. Se excluyen del ámbito regulado por la legislación laboral: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y las Entidades Públicas autónomas cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias. b) Las prestaciones personales obligatorias. No obstante, a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudieran producirse con ocasión o por consecuencia de tales presta-

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ciones, les será aplicable la legislación de Seguridad Social correspondiente a estas contingencias, en los términos que se fijen por Decreto. c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al desempeño del cargo de Consejero en las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad. d) Los trabajos ocasionales, realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quien los lleve a cabo. Se consideran familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y, en su caso, por adopción. Artículo tercero. Uno. Son relaciones laborales de carácter especial las que, reuniendo las características del artículo primero uno, se enumeran en los apartados siguientes: a) El trabajo al servicio del hogar familiar, en sus diversas modalidades. b) El trabajo a domicilio. c) El trabajo de las personas con capacidad física o psíquica disminuida, en el grado que reglamentariamente se determine. d) El trabajo en el mar. e) El trabajo en la navegación aérea. f) El aprendizaje en la artesanía. g) El trabajo de los deportistas profesionales. h) El trabajo del personal civil no funcionario al servicio de establecimientos militares. i) El trabajo de los representantes de comercio. j) El trabajo de los artistas de espectáculos públicos. k) El trabajo de alta dirección o alta gestión de la Empresa no excluido por el artículo segundo, apartado c). l) Las actividades laborales de los internos de los centros penitenciarios en sus distintas modalidades y de acuerdo con su naturaleza respectiva. m) Cualesquiera otros trabajos profesionales que sean expresamente declarados como relación laboral de carácter especial por una Ley. Artículo cuarto. Uno. En el supuesto de concurrencia de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, se aplicará aquella en la que se den las circunstancias siguientes: a) Que, apreciadas en su conjunto, resulte más favorable para el trabajador. b) Que no vulnere preceptos de derecho necesario absoluto. Dos. Las Reglamentaciones u Ordenanzas Laborales se aplicarán con preferencia a las demás disposiciones ministeriales. Artículo quinto. Uno. El trabajador no podrá renunciar a los derechos que le sean reconocidos en las normas laborales, y será nulo todo acto que los ignore o limite. Dos. Los trabajadores, a través de sus representantes en los convenios colectivos sindicales, y siempre mediante mejora compensatoria adecuada, podrán modificar las condiciones laborales que no estén establecidas en normas de derecho necesario.

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Sección II Trabajo de los menores Artículo sexto. Uno. La edad mínima de admisión al trabajo se fija en los dieciséis años cumplidos. Dos. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos al aquellas actividades que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, declare insalubres, penosas, nocivas o peligrosas tanto para su salud como para su formación moral. Tres. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años. No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, podrá autorizar su realización en determinados sectores de actividad o zonas territoriales. Cuatro. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos sólo se autorizara en casos excepcionales por la autoridad laboral, cuyo permiso deberá constar por escrito y para actos determinados, siempre que no supongan peligro para su salud física ni para su formación moral. Artículo séptimo. Uno. En el contrato de formación en el trabajo, que sólo se podrá celebrar con menores de dieciocho años, se facilitará la adquisición práctica de las técnicas adecuadas para el desempeño de un puesto de trabajo, en un régimen de necesaria compatibilidad con la asistencia a cursos en Centros oficiales, de las Empresas u otros reconocidos, al efecto de que completen su formación profesional. Dos. El contrato de formación en el trabajo podrá celebrarse a partir de los quince años cumplidos, siempre con la asistencia del representante legal del menor de dieciocho años, y se formalizará por escrito. Su duración será fijada en las Ordenanzas Laborales teniendo en cuenta la titulación del menor, su edad, sus conocimientos y experiencias profesionales, sin que exceda, en ningún caso, de tres años. Tres. El Ministerio de Trabajo, previo informe del de Educación y Ciencia y de la Organización Sindical, fijará las condiciones laborales y de Seguridad Social, así como la jornada correspondiente al contrato de formación en el trabajo, que no podrá exceder de veinticuatro horas semanales. La remuneración adecuada se fijará reglamentariamente y no será inferior al salario mínimo interprofesionaI cuando el titular tenga cumplidos los dieciocho años. Sección III Del trabajo en prácticas, la promoción y la formación profesional permanente Artículo octavo. Uno. Quienes estén inscritos en cursos de formación profesional de segundo o tercer grado, o en los de los distintos ciclos universitarios, podrán concertar un contrato de trabajo en prácticas, en los términos que fije el Ministerio de Trabajo, previo informe del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Organización Sindical, y con sujeción a Io que se establezca en las Reglamentaciones u Ordenanzas Laborales y Convenios Colectivos Sindícales, de acuerdo, en todo caso, con las reglas siguientes: a) El contrato será adecuado a la finalidad de facilitar la práctica profesional del interesado y al nivel de sus estudios, en régimen de necesaria compatibilidad con éstos. b) Se celebrará exclusivamente con empresas que hayan sido previamente homologadas como idóneas para facilitar dicha práctica profesional por el Ministerio de Trabajo, previo informe del de Educación y Ciencia y de la Organización Sindical.

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c) Se pactará siempre por escrito; será visado de la Entidad Sindical correspondiente y comunicado al Centro educativo en que el estudiante esté inscrito. El contrato expresará las condiciones de trabajo y su duración, que no será superior a doce meses en total. d) El interesado tendrá derecho a todos los beneficios de la Seguridad Social, excepto a la prestación por desempleo, así como a la expedición por la empresa de un certificado en el que consten la duración y la naturaleza y características del trabajo realizado. e) La retribución será la correspondiente al puesto de trabajo que desempeñe y proporcional a la jornada efectivamente realizada. Dicho puesto estará en concordancia y relación con los estudios del interesado. f) En el caso de que el interesado se incorpore, sin solución de continuidad en la empresa en la que ha realizado sus prácticas, el tiempo de éstas se deducirá del período de prueba y se computará a efectos de antigüedad. g) El número de estudiantes en prácticas no podrá ser superior en cada empresa al porcentaje de su personal que se señale al efectuarse su homologación. Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe del de Educación y Ciencia y de la Organización Sindical, podrá aplicar el régimen jurídico del contrato de trabajo en prácticas, a los distintos grupos de titulados académicos, para que éstos puedan concertarlo, por una sola vez y dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la obtención de su título, adecuando dicho régimen a las modalidades de cada uno de tales grupos y siempre a petición del Colegio Profesional correspondiente. Tres. Cuando las empresas, mediante ayudas económicas graciables, retribuciones pactadas, o incluso sin compensación económica alguna, a efectos de proporcionar práctica en el trabajo, empleen a los titulados académicos, cualquiera que sea su grado, en sus centros de trabajo o dependencias, con sujeción a su organización laboral interna, se presumirá que han celebrado un contrato de trabajo, en los términos mínimos fijados en la norma aplicable a la empresa o entidad afectada. Artículo noveno. Uno. Las Ordenanzas de Trabajo, y de modo especial los convenios colectivos sindicales, establecerán medidas para facilitar a los trabajadores mayores de dieciséis años su promoción profesional y social, fijándose como mínimas las garantías que se indican en los párrafo siguientes. Dos. Los trabajadores inscritos en cursos organizados en Centros oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un título académico a tenor de la Ley General de Educación, así como los que concurran a posiciones para ingresar en Cuerpos de funcionarios públicos, tienen derecho en los términos que se establezcan: a) A los permisos necesarios, por el tiempo máximo de diez días al año, para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación, sin alteración ni disminución alguna de sus derechos laborales; a tales efectos, también podrán pedir la división de las vacaciones anuales en períodos distintos de los previstos en el artículo veintisiete de esta Ley, siempre que sea compatible con la organización razonable del trabajo en la empresa. b) A prestar sus servicios, en el caso de que asistan a los cursos que se señalan anteriormente y en la empresa haya varios turnos de trabajo, en aquel que mejor facilite el cumplimiento de sus obligaciones escolares. Tres. Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el trabajador tendrá derecho, una vez cada cuatro años, a la asistencia a un curso de formación profesional específico, en los centros oficiales, sindicales o en los registrados en el Ministerio de Trabajo o, en su caso, en el Ministerio de Agricultura, disfrutando, al efecto, de los beneficios siguientes:

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a) A una reducción de la jornada ordinaria de trabajo en un número de horas igual a la mitad de las que dedique a la asistencia a dichas clases, sin que tal reducción a cargo de la empresa pueda ser superior a dos horas diarias y a doscientas setenta horas por todo el curso. b) Cuando el curso pueda realizarse en régimen de plena dedicación y esta medida resulte más conveniente para la organización del trabajo, la empresa podrá concertar con el trabajador la concesión de un permiso de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. Cuatro. Si tales cursos hubiesen sido organizados por la propia empresa, la asistencia del trabajador será obligatoria cuando se impartan en horas de trabajo. Cinco. La realización de los cursos también será obligatoria para la empresa y los trabajadores cuando se haya acordado así por la autoridad laboral, como consecuencia de un expediente de regulación del empleo que afecte a los mismos determinando un cambio de puesto de trabajo distinto, cuyo desempeño haga necesaria la realización de dicho curso. Seis. Las reducciones de jornada, así como los permisos o licencias de formación, previstos en los párrafos anteriores, no producirán disminución alguna de los derechos del trabajador ni de las retribuciones que por cualquier concepto viniesen percibiendo. Siete. Las empresas que realicen o colaboren en las actividades de formación a que se refieren los párrafos tres y siguientes de este artículo y, además, las garanticen económicamente, tendrán derecho a la desgravación que señale el Gobierno de la cuota de formación profesional, dentro de los límites máximos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley General de Educación. Parte de dicha cuota, en los términos que fije el Gobierno, se destinará a financiar los cursos de actualización y perfeccionamiento de trabajadores. Ocho. En todo caso, la empresa podrá exigir los justificantes oportunos del disfrute efectivo por el trabajador de los derechos a que se refiere este artículo, así como también podrá establecer un calendario que facilite la realización de los cursos previstos en los párrafos tres, cuatro y cinco, sin perjuicio de la organización razonable del trabajo. Sección IV Trabajo de la mujer Artículo diez. Uno. Los derechos y obligaciones establecidos en la legislación laboral afectarán por igual al hombre y a la mujer. Dos. La mujer, cualquiera que sea su estado civil, podrá convenir toda clase de contratos de trabajo y ejercitar los derechos correspondientes en iguales condiciones que el varón, inclusive la percepción de su remuneración. A igualdad de trabajo percibirá las mismas retribuciones. Tres. Podrán ser excluidos para la mujer los trabajos especialmente peligrosos, insalubres o penosos para su naturaleza, así como los que puedan afectar a su situación de embarazo o a la maternidad. La exclusión se regulará siempre por Decreto, a propuesta del Ministerio de Trabajo y previo informe de la Organización Sindical. Cuatro. El Servicio Social de la mujer, legalmente obligatorio, cuando sea incompatible con el trabajo, producirá en la relación laboral los mismos efectos que supone el servicio militar. SecciónV Garantía de empleo Artículo once. La plena capacidad para celebrar toda clase de contratos de trabajo se adquiere a los dieciocho años, tanto para el hombre como para la mujer.

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Artículo doce. Uno. El contrato de trabajo con el visado de la Entidad Sindical que corresponda se registrará con carácter obligatorio por la oficina de empleo competente. Dos. Se prohíbe la existencia de agencias u organismos privados de cualquier clase, incluidos los de servicio doméstico o trabajo en el hogar, dedicados a la colocación laboral de todo tipo. Tres. Las empresas están obligadas a solicitar de las oficinas de empleo los trabajadores que necesiten y, si no los hubiera, a comunicar los que contraten directamente, y asimismo notificarán la terminación del contrato. Los trabajadores tendrán la obligación de inscribirse en la oficina de empleo de su domicilio cuando hayan de solicitar ocupación. Artículo trece. Uno. El Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, con objeto de facilitar la colocación y empleo efectivo de los trabajadores de más de cuarenta años, de los de capacidad laboral disminuida, de los que tengan a su carga especiales responsabilidades familiares o de los jóvenes trabajadores que accedan a su primer empleo, dictará en cada caso normas sobre reservas de puestos de trabajo y regímenes de jornadas reducidas adoptando otras medidas similares en relación con las empresas de más de veinticinco trabajadores fijos, concediendo bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social y organizar fórmulas de empleo comunitario. Dos. Los trabajadores mayores de cuarenta años, los de mayor antigüedad en la misma categoría profesional, los que sean titulares de familia numerosa, las de capacidad laboral disminuida en el grado que se determine y los representantes sindicales, en relación con las demás trabajadores de la empresa, serán los últimos en el orden de los despidos que puedan autorizarse por reestructuración de las plantillas, en la forma, requisitos y prelación entre los distintos grupos que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables. SecciónVI Garantías de la estabilidad de la relación de trabajo Artículo catorce. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo siguiente. Artículo quince. Uno. Podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada en los supuestos siguientes: a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de obra o servicio determinados. Si el trabajo excediera de un período de tiempo superior a dos años, el trabajador, al finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización que no será inferior al importe de un mes del salario real por cada año o fracción superior a un semestre. b) Cuando se trate de trabajos eventuales, considerando como tales los que no tengan carácter normal y permanente en la empresa, fijándose la duración máxima en las Ordenanzas laborales. c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato que se pacte se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de sustitución. d) En los referentes a personal artístico y técnico de la producción de espectáculos y en los relativos a deportes profesionales. e) En aquellas otras actividades laborales que, por su naturaleza singular, constituyan un trabajo temporal y sean autorizadas por disposición legal.

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Dos. Sin perjuicio de la validez genérica de la estipulación verbal de los contratos de trabajo, los que se especifican en el número anterior se consignarán por escrito cuando su duración sea superior a dos semanas, con expresión de su objeto, condiciones y duración; el trabajador deberá recibir una copia debidamente autorizada. De no observarse tales exigencias el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido. Tres. Los contratos de trabajo a que se refieren los apartados d) y e) del número primero de este artículo podrán ser prorrogados por una sola vez y con tope máximo de un año, por un tiempo no superior al fijado inicialmente, siempre y cuando subsistan las mismas circunstancias que lo motivaron. Transcurrido el tiempo pactado inicialmente, o su prórroga expresa, sin denuncia escrita por ninguna de las partes, se presumirá concertado por tiempo indefinido desde la fecha de su constitución. También se presumirá existente el contrato por tiempo indefinido cuando se trate de contratos temporales concertados deliberadamente en fraude de la Ley. Cuatro. En los contratos de trabajo de duración determinada, superior a seis meses, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar por escrito a la otra parte la terminación del mismo con una antelación de, al menos, quince días. Cinco. En los supuestos a que se refieren los apartados a), b) y c) del número uno de este artículo, la empresa estará obligada a notificar con quince días de antelación al trabajador la terminación del contrato. Artículo dieciséis. Uno. Cuando se trate de trabajos fijos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo, los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser llamados cada vez que vaya a realizarse y tendrán la consideración, a efectos laborales, de fijos de trabajos discontinuos. Dos. El llamamiento que se considera en el párrafo anterior deberá hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada especialidad, y en caso de incumplimiento, el trabajador podrá instar el procedimiento de despido ante la Magistratura de Trabajo, iniciándose el plazo para ello desde el día que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria. Artículo diecisiete. Uno. Las Ordenanzas Laborales y, de modo especial, los convenios colectivos sindicales, establecerán que en las relaciones de trabajo podrá fijarse, siempre que se concierte por escrito, un período de prueba que, en ningún caso, podrá exceder de seis meses para el grupo profesional de técnicos titulados, ni de tres meses para los demás trabajadores, excepto para los no cualificados, en cuyo caso la duración máxima será de dos semanas. La empresa y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba; la situación de incapacidad laboral transitoria autoriza a interrumpir el período de prueba siempre que se produzca acuerdo por escrito de ambas partes. Dos. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional, o al puesto que desempeñe, como si fuera de plantilla, pero cualquiera de las partes podrá desistir de la relación de trabajo sin que tal decisión dé lugar a indemnización. Tres. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador. Artículo dieciocho. Uno. La suspensión y, en su caso, la extinción de las relaciones individuales de trabajo fundadas en causas tecnológicas o económicas, así como las modificaciones sustanciales de su contenido, requerirán la previa autorización del Ministerio de Trabajo, precedida del trámite legal que proceda, en el que se recabará siempre el informe previo de la Organización Sindical y del

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Jurado de Empresa o de los Enlaces sindicales cuando no exista Jurado. Al tiempo de solicitarse tal autorización, o en cualquier momento de su tramitación, la empresa podrá formular propuesta de indemnización para los supuestos correspondientes, en cuyo caso la autoridad laboral, al resolver, podrá aceptar dicha propuesta siempre que resulte superior al máximo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral; si no se fijase indemnización o la cuantía de ésta fuese recurrida, corresponderá a la Magistratura de Trabajo su determinación con arreglo a la citada norma y a la presente Ley. Dos. El cambio en la titularidad de la empresa, o en un centro autónomo de la misma, no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio tenga lugar por actos «ínter vivos», el cedente, y, en su defecto el cesionario, están obligados a notificar dicho cambio a la representación sindical del personal de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. Tres. El cedente y el cesionario responderán también solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión esté incursa en el artículo cuatrocientos noventa y nueve bis del Código Penal. Artículo diecinueve. Uno. Incurrirán en las responsabilidades y sanciones establecidas en este artículo, sin perjuicio de las que se fijen en el Decreto previsto en el artículo treinta y tres, dos, de esta Ley y las que, en su caso, sean exigibles en el orden penal: a) Las personas naturales o jurídicas que recluten o contraten trabajadores y los proporcionen, presten o cedan temporalmente a las empresas, cualesquiera que sean los títulos de dicho tráfico. b) Los empresarios que utilicen los servicios de los trabajadores considerados en el apartado anterior sin incorporarlos a su empresa. Tales personas y empresarios, durante el período o temporada considerado en el apartado a), responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social. Dichos trabajadores tendrán derecho, a su elección, a adquirir la condición de fijos en la empresa cedente o cesionaria. Dos. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad, deberán exigir a éstas que se hallen en posesión del carnet de empresa con responsabilidad en los supuestos en que esté legalmente previsto, y que los contratistas y subcontratistas estén al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. En todo caso, la empresa principal responderá solidariamente de las obligaciones contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y con la Seguridad Social durante el período de vigencia de la subcontrata. Tres. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no hayan sido admitidos por la empresa a través de la Oficina de Empleo correspondiente o no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social siempre que haya transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba establecido en las Ordenanzas Laborales y Convenios Colectivos para la actividad de que se trate, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en Derecho. Artículo veinte. La imposibilidad de trabajar en la empresa, sobrevenida como consecuencia de fuerza mayor, reconocida por la autoridad laboral, mediante expediente de regulación de empleo, constituye causa de extinción o, en su caso, de suspensión de la relación de trabajo. La concurrencia de

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esta causa podrá exonerar el empresario del abono de los salarios correspondientes al período de tramitación de dicho expediente, a partir de la fecha y con el alcance que se fijen en la resolución administrativa, así como de las indemnizaciones por despido o suspensión, sin perjuicio de la protección que corresponda a los trabajadores en el régimen de desempleo. Artículo veintiuno. Uno. En los contratos de trabajo de duración superior a un mes, el trabajador podrá desistir unilateralmente de la relación laboral, en cualquier momento, sin otro requisito que el preaviso de, al menos, quince días, salvo lo establecido en las Ordenanzas Laborales y Convenios Colectivos. No obstante, en los contratos de trabajo para obra o servicios determinados se estará a la legislación vigente. Dos. El trabajador podrá solicitar la resolución del contrato de trabajo, con derecho a indemnización como si se tratase de despido improcedente, cuando entre otros supuestos legalmente reconocidos, se produzcan modificaciones en las condiciones de trabajo que sean sustanciales o que puedan redundar en perjuicio grave de su formación profesional o en menoscabo notorio de su dignidad. Tres. La resolución voluntaria del contrato por razón de matrimonio no dará derecho a indemnización alguna, salvo lo que se establezca al respecto en las Ordenanzas Laborales y Convenios Colectivos de Trabajo. En todo caso, las trabajadoras solteras, en tanto no se extinga su actual contrato de trabajo, mantendrán el derecho a dicha indemnización en la forma y cuantía que la tengan reconocida. Cuatro. El documento en que el trabajador declare terminada la relación de trabajo y satisfechos sus derechos laborales tendrá que estar visado por la Entidad Sindical correspondiente. SecciónVII Traslados de residencia Artículo veintidós. Uno. Los trabajadores no podrán ser trasladados a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que pueda forzar a un cambio de residencia, salvo cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen y lo autorice la autoridad laboral previo expediente tramitado al efecto. Autorizado el traslado, el trabajador, que será preavisado por escrito con una antelación al menos de quince días, tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos o a rescindir su contrato, mediante la indemnización que se fije como si se tratara de despido autorizado por crisis laboral o económica, salvo acuerdo más favorable con la empresa. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como de los familiares a su cargo, en los términos que se convenga entre las partes, que nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en las Ordenanzas Laborales o Convenios Colectivos. De igual forma, se determinará el plazo de incorporación al nuevo puesto de trabajo, que no será inferior al de treinta días. Dos. Por razones técnicas, organizativas o de producción, la empresa podrá desplazar a su personal temporalmente, hasta el límite de un año, a población distinta de la de su residencia habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de viaje y dietas. Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días laborales de estancia en su domicilio de origen, por cada tres meses de desplazamiento: en dichos mínimos de días no se computarán los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo de la empresa. Cuando el trabajador se oponga al traslado alegando justa causa, compete a la autoridad laboral conocer de la cuestión y su decisión, que recaerá en el plazo máximo de diez días, será de inmediato cumplimiento.

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Tres. Cuando por razón de un traslado forzoso en su trabajo uno de los cónyuges cambie de residencia, el otro, si también fuere trabajador, tendrá derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que viniere desempeñando, si su empresa tuviere centro de trabajo en la localidad del nuevo domicilio conyugal. Cuatro. En los traslados forzosos considerados en este artículo se seguirá, en cuanto sea posible, el orden de preferencia establecido en el artículo trece, dos. SecciónVIII Jornadas, horarios y descanso laborales Artículo veintitrés. Uno. Las Ordenanzas Laborales, y de modo especial los convenios colectivos sindicales, fijarán la jornada, laboral, ya sea diaria, por semana, por meses o en cómputo anual, teniendo en cuenta los índices de productividad y que la duración máxima de la semana ordinaria de trabajo que se establece en esta Ley es de cuarenta y cuatro horas semanales efectivas. Las horas ordinarias de trabajo durante la semana se distribuirán de modo que en ningún día el trabajador realice más de nueve, y que entre la terminación de la jornada diaria y el comienzo de la siguiente disponga, al menos, de un descanso de doce horas. Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, podrá determinar, con carácter general, exclusiones, ampliaciones o limitaciones que, excepcionalmente, deban establecerse en la jornada diaria o semanal para los trabajos que se realicen en determinados puestos, ocupaciones y actividades que se califiquen por su continuidad, intermitencia o de campaña o temporada, o por su carácter de especialmente nocivas, penosas, peligrosas o insalubres. Tres. No se tendrá en cuenta a efectos de duración máxima de la jornada laboral, ni para el cómputo del máximo de las extraordinarias autorizadas, el exceso de horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su indemnización de acuerdo con las disposiciones sobre horas extraordinarias. Cuatro. Cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada laboral ordinaria se abonará con un incremento de, al menos, un cincuenta por ciento sobre el salario que correspondería a cada hora ordinaria, sin discriminación personal alguna. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a dos al día, veinte al mes y ciento veinte al año, salvo lo previsto en el párrafo tres de este artículo. Cinco. Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada, como mínimo, en un veinte por ciento sobre el salario ordinario. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias en el indicado período nocturno, salvo en casos y actividades especiales debidamente justificados y expresamente autorizados por el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical. Seis. Cuando la jornada normal de trabajo se realice de forma continuada se establecerá un período de descanso de, al menos, quince minutos, sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenanzas Laborales o Convenios Colectivos de Trabajo. Dicho periodo se retribuirá como de trabajo, con excepción de los complementos salariales de calidad y cantidad, y se computará como jornada de trabajo a todos los efectos. Artículo veinticuatro. Uno. La dirección de la Empresa, de acuerdo o previo informe preceptivo del Jurado de Empresa, o, en su defecto, de los Enlaces sindicales, podrá fijar el horario de trabajo continuo o partido, por turnos, rígido o flexible, acomodado al número de horas legalmente establecido

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para la actividad, por días o por cómputo de tiempo de mayor duración. En todo caso, para su puesta en práctica, deberá contar con la aprobación de la autoridad laboral. Dos. Cuando las Empresas, de acuerdo con las normas específicas dictadas por el Ministerio de Trabajo, mantengan en funcionamiento ininterrumpidamente sus centros de trabajo durante las veinticuatro horas del día, respetarán siempre la jornada máxima del trabajador y las prohibiciones establecidas en la normativa laboral. Tres. La dirección de la Empresa, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o productivas, de acuerdo o previo informe preceptivo de los representantes sindicales a que se refiere el párrafo uno de este artículo y con la aprobación de la autoridad laboral, podrá modificar el horario de trabajo establecido, poniéndolo en conocimiento de los trabajadores con quince días de antelación. El trabajador, si se considerase perjudicado por una modificación sustancial de aquél, tendrá derecho, dentro del mes siguiente a la implantación del nuevo horario, a rescindir su contrato laboral y percibir una indemnización de al menos quince días de salario real por cada año trabajado, hasta un máximo equivalente al salario de tres meses. Si el trabajador afectado por el cambio de horario acreditara perjuicio grave ante la correspondiente Magistratura de Trabajo, ésta podrá fijar mayor indemnización por la rescisión del contrato, dentro de los límites de la Ley de Procedimiento Laboral. Artículo veinticinco. Uno. El trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo, salvo disposición legal expresa o autorización del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, que permita otro régimen de descanso laboral para determinadas actividades o Empresas concretas, teniendo en cuenta sus necesidades y los intereses de las partes afectadas. Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, elaborará el calendario anual de fiestas laborales, especificando en él las declaradas legalmente de ámbito nacional, y las de carácter local. Las primeras no excederán de doce y las segundas de dos. Ninguna fiesta tendrá el carácter de recuperable a efectos laborales y todas serán retribuidas. Tres. El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo mínimo que a continuación se expone: a) Por tiempo de diez días naturales en caso de matrimonio. b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta tres más, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o de enfermedad grave o fallecimiento de cónyuge, hijo, padre o madre, de uno y otro cónyuge, nietos, abuelos o hermanos. c) Durante un día por traslado de su domicilio habitual. d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal, sindical o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional en los supuestos y en la forma regulados en esta Ley. Cuatro. La mujer trabajadora tendrá derecho al menos a un periodo de descanso laboral de seis semanas antes del parto y ocho después del parto. El período posnatal será en todo caso obligatorio y a él podrá sumarse, a petición de la interesada, el tiempo no disfrutado antes del parto.

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Asimismo tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años por cada hijo nacido y vivo a contar desde la fecha del parto. Los sucesivos alumbramientos darán derecho a nuevo período de excedencia, que, en su caso, pondrá fin al que viniera disfrutando. La mujer que se halle en la situación a que se refiere el apartado precedente podrá solicitar el reingreso en la Empresa, que deberá destinarla a la primera vacante que se produzca de igual o similar categoría. Cinco. Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora en su trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, cuando la destinen a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Seis. El trabajador que tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un minusválido físico o psíquico, y siempre que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, de al menos un tercio de su duración, con la disminución proporcional del salario correspondiente. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por uno de los cónyuges. Artículo veintiséis. El trabajador con una antigüedad en la Empresa al menos de dos años, tendrá derecho a que se le reconozca la situación de excedencia voluntaria por un período máximo de cinco años, con el alcance, incompatibilidades y demás circunstancias que se establezcan en las Ordenanzas Laborales y en los Convenios Colectivos Sindicales, sin que, en ningún caso, se pueda producir tal situación en los contratos de duración determinada. Para acogerse a otra excedencia voluntaria el trabajador deberá cubrir un nuevo período de al menos cuatro años de servicio efectivo a la Empresa. Artículo veintisiete. Uno. Todo trabajador tiene derecho cada año a un período no sustituible por compensación económica de vacaciones retribuidas de veintiún días naturales como mínimo, o a la parte proporcional que corresponde en el caso de no llevar trabajando en la misma Empresa el año necesario para el disfrute pleno de este derecho. Dos. El periodo y la fecha de su disfrute se fijarán de común acuerdo entre el empresario y el trabajador o conforme a las normas que, en su caso, se establezcan para la planificación anual de vacaciones en las Ordenanzas Laborales o Convenios Colectivos Sindicales. Si existiese desacuerdo entre las partes, la Magistratura de Trabajo fijará la fecha que para su disfrute corresponda. Tres. Las vacaciones anuales del menor de dieciocho años tendrán una duración mínima de treinta días naturales, aplicándose en todo lo demás lo establecido en párrafos anteriores. Sección IX Garantías del salario Artículo veintiocho. Uno. El Estado garantizará un salario mínimo interprofesional suficiente en relación directa con los niveles alcanzados por el desarrollo económico nacional que permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna. Dos. A propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, el Gobierno fijará cada año, con efectos de primero de abril, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices oficiales del coste de la vida, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la Renta Nacional y la coyuntura general de la economía. El salario mínimo interprofesional será revisado, además, una vez que hayan transcurrido seis meses, cuando el índice general del coste de vida, en el conjunto

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nacional, aumente, al menos un cinco por ciento desde la fecha de la fijación anterior de dicho índice. Tres. La revisión anual del salario mínimo interprofesional no modificará, por sí misma, la estructura ni la cuantía de los salarios fijados por Ordenanzas de Trabajo, Convenios Colectivos Sindicales o resoluciones de la Autoridad laboral, si bien, se garantiza a los trabajadores, como ingreso anual irreducible, la cuantía del salario mínimo vigente en cada momento, en cómputo anual. En ningún caso podrá pactarse la aplicación automática de los incrementos de salario mínimo a las escalas salariales fijadas en convenio colectivo o norma administrativa. Artículo veintinueve. Todo trabajador tendrá derecho, como mínimo, a dos gratificaciones extraordinarias al año, con ocasión de las fiestas del 18 de Julio y Navidad, no pudiendo ser éstas inferiores a veintiún días de salario. Artículo treinta. El salario habrá de pagarse en moneda de curso legal, en el lugar de trabajo, o, previo consentimiento escrito del trabajador, mediante talón bancario u otra modalidad similar de Entidad bancaria o Caja de Ahorros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo mil ciento setenta del Código Civil. Artículo treinta y uno. Para garantizar y anticipar a los trabajadores contratados el percibo de sus remuneraciones correspondientes a tres meses como máximo, y que estén pendientes de pago, así como para hacer efectivas las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social por igual período, y las prestaciones e indemnizaciones sustitutivas del salario o de las prestaciones sociales, en los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas, se constituirá un Fondo de Garantía Salarial, con carácter interempresarial que será regulada de acuerdo con las normas siguientes: a) La cuantía máxima del Fondo será del uno coma cinco por mil del volumen anual nacional de la remuneración de los asalariados, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional del año anterior. b) Dicha cuantía se cubrirá con cotizaciones de todas las Empresas, en la forma que reglamentariamente se señale, sin que puedan exceder del cero coma tres por ciento de los salarios de cotización a la Seguridad Social. c) En los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las Empresas, los trabajadores afectados y, en su caso, las Entidades Gestoras podrán solicitar del Fondo el pago de sus salarios y el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social pendientes, así como el de las indemnizaciones a que, en su caso, tuvieran derecho, y el Fondo asumirá dichas obligaciones económicas, previa comprobación de su procedencia, en el momento procesal y previos los trámites sumarios que reglamentariamente se determinen, subrogándose en los derechos y acciones de los trabajadores y Entidades frente a la Empresa por las cantidades satisfechas. d) El Fondo tendrá personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Administrativamente dependerá del Ministerio de Trabajo y su gestión se ejercerá a través del órgano que éste designe y en el que habrá una representación paritaria de los empresarios y de los trabajadores, designados a través de la Organización Sindical, los que ocuparán, al menos, dos terceras partes de su vocalía. Artículo treinta y dos. Uno. Los créditos por salarios, o conceptos sustitutivos del salario, devengados por los trabajadores, tendrán la consideración de singularmente privilegiados, conforme a las siguientes reglas: a) Gozarán de preferencia sobre todos las demás créditos respecto de los objetos elaborados por los trabajadores mientras estén en posesión o sean propiedad del deudor.

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b) Gozarán de preferencia sobre todos los demás créditos, respecto de los inmuebles a los que precisamente se incorpore su trabajo, estén o no hipotecados, expresa, legal o tácitamente, si bien, la preferencia alcanzará en este caso hasta el salario correspondiente a una mensualidad. Dos. Los créditos salariales o asimilados no protegidos por el párrafo anterior gozarán también de igual preferencia, respecto de los bienes muebles e inmuebles incorporados a la Empresa o afectos a su actividad habitual, excepto cuando concurran con acreedores hipotecarios o pignoraticios sobre dichos bienes. Tres. El plazo para ejercitar los derechos de prelación absoluta del crédito salarial prescribirá al año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario o el concepto sustitutivo del mismo. Cuatro. Las preferencias a que se refieren los párrafos uno y dos de este artículo se harán efectivas, incluso, cuando se hubiera instado o iniciado un procedimiento de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del empresario. Sección X Régimen disciplinario Artículo treinta y tres. Uno. El conocimiento y sanción de las infracciones de la normativa laboral por parte de las Empresas corresponde a la Autoridad laboral competente, mediante la tramitación del expediente oportuno. Dos. El gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, y previo informe de la Organización Sindical, señalará por Decreto las faltas y sanciones a que se refiere el párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de la infracción, número de trabajadores afectados, volumen económico de la Empresa y beneficios estatales recibidos por la misma. Las infracciones se sancionarán con multa, a propuesta de la Inspección de Trabajo, por los Delegados provinciales del Ministerio de Trabajo, hasta cien mil pesetas; por el Director general competente por razón de la materia, hasta quinientas mil pesetas; por el Ministro de Trabajo, hasta dos millones de pesetas, y por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo, hasta quince millones de pesetas. En caso de reincidencia en la infracción, las multas se podrán imponer, en las competencias señaladas, hasta el doble de la cuantía referida. El Gobierno, con los trámites indicados, podrá modificar dichas competencias. Tres. El Gobierno, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones, podrá acordar, previo informe de la Organización Sindical, la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía. Igualmente, el Gobierno podrá acordar la remoción y la inhabilitación de los componentes de su Dirección y del Consejo de Administración o miembros del mismo responsables de aquellas infracciones. Artículo treinta y cuatro. Uno. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las empresas, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezca en las disposiciones legales de carácter general, en cada Ordenanza Laboral o en el Convenio Colectivo que sea aplicable. Dos. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la Dirección de la empresa serán siempre revisables ante la Magistratura de Trabajo. La sanción de las faltas graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador y la de las faltas muy graves exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en que sea oído el trabajador afectado, en los términos que reglamentariamente se determinen.

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Tres. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador. Cuatro. Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la deslealtad o el abuso de confianza prescribirá a los dieciocho meses de la comisión del hecho. Artículo treinta y cinco. Uno. Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que así lo declare condenará a la empresa a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar. Dos. Si la causa alegada por la Empresa para el despido, si bien no suficiente para tal sanción, mereciera otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado determinará en la sentencia la sanción, adecuada a la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar a la empresa a la readmisión y al pago de las indemnizaciones complementarias, conforme establece el párrafo anterior. Tres. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo, cuando en un procedimiento de despido se aprecie la existencia de falta muy grave y el trabajador hubiera sido anteriormente sancionado en el plazo de los dieciocho últimos meses por la comisión de dos o más faltas muy graves, el Magistrado de Trabajo podrá estimar, aunque no fuera sanción provista para aquélla, que existe justa causa para el despido. Cuatro. La sentencia que imponga la readmisión deberá ser cumplida por el empresario en sus propios términos, sin que pueda ser sustituida por indemnización en metálico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisión mediante el señalamiento de una compensación económica. Dicha compensación no podrá ser en ningún caso inferior a seis meses de salario ni a dos mensualidades por año de servicio, sin que la cantidad resultante pueda exceder de doce anualidades. Cuando se trate de trabajadores titulares de familias numerosas, dichos mínimos se multiplicarán por uno coma cinco, si es de primera categoría, y por dos, en los demás casos. Los trabajadores mayores de cuarenta y de cincuenta y cinco años quedarán equiparados, a estos efectos, respectivamente, a las categorías indicadas, e igualmente los minusválidos, según los coeficientes que reglamentariamente se establezcan. DISPOSICIONES FINALES Primera. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Segunda. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical y dictamen del Consejo de Estado, aprobará, en el plazo máximo de un año, un texto refundido que comprenda las normas con fuerza de Ley sobre relaciones laborales. A estos efectos, cuando menos, se refundirán los preceptos subsistentes de las siguientes disposiciones laborales:

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Ley de cuatro de julio de mil novecientos dieciocho sobre Jornada de la Dependencia Mercantil. Decreto-ley de quince de agosto de mil novecientos veintisiete sobre Descanso Nocturno de la Mujer Trabajadora. Ley de uno de julio de mil novecientos treinta y uno sobre Jornada Máxima Legal. Ley de trece de julio de mil novecientos cuarenta sobre Descanso Dominical. Ley de dieciséis de octubre de mil novecientas cuarenta y dos de Reglamentaciones de Trabajo. Ley de diez de febrero de mil novecientos cuarenta y tres de Colocación de Trabajadores. Decretos de veintiséis de enero y treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro por los que se aprueban los textos de los libros I y II de la Ley de Contrato de Trabajo. Ley de Bases sobre Condiciones de Trabajo en la Marina Mercante de diecinueve de febrero de mil novecientas cincuenta y uno y sus textos articulados. Decreto-ley de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y dos sobre Responsabilidad Civil y Penal por Incumplimiento de Leyes Laborales en los Casos de Cesión de Trabajadores. Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos sobre Representantes de Comercio. Decreto de diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres del texto articulado del Procedimiento Laboral. Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientas setenta y tres de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo. Decreto-ley de veintidós de marzo de mil novecientas setenta y cinco sobre Organización de los Servicios de Empleo. Decreto-ley de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cinco sobre Regularización de Conflictos Colectivos de Trabajo. Tercera. Queda subsistente en su integridad lo dispuesto en la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve Reguladora de la Producción de Seguros Privados. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA La implantación de la edad de dieciséis años para la admisión al trabajo se realizará, gradualmente, por el Gobierno, en coordinación con la entrada en vigor de la Ley General de Educación y su desarrollo en materia de Formación Profesional. El contrato de trabajo en prácticas, regulado en el artículo octavo de esta Ley, entrará en vigor cuando el Gobierno lo disponga, atendiendo a las circunstancias de empleo. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA La duración máxima de la semana de trabajo establecida en esta Ley podrá ser objeto de reducción progresiva por el Gobierno, con alcance general, en una o varias veces, y con ampliación también del período mínimo de descanso semanal y de las vacaciones laborales, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, de acuerdo con la situación social y económica del país. Durante el período de un año siguiente a los posibles acuerdos del Gobierno en esta materia, las Empresas podrán mantener la duración máxima de la semana de trabajo anteriormente en vigor, pero las horas que se sigan trabajando por encima del número máximo nuevo que se aplaza se abonarán con el carácter de extraordinarias. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA El Gobierno, antes de primero de año de mil novecientos setenta y siete, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, acompa-

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ñado de dictamen de los Consejos Nacionales de Empresarios, Trabajadores y Técnicos, remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Régimen Jurídico y Reforma de las Empresas que revistan la forma de Sociedad, para establecer la participación del personal en sus órganos de gestión, en la responsabilidad y en los beneficios de la misma. DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, aprobará, en el plazo máximo de dos años, las disposiciones especiales a que se refiere el artículo tercero de esta Ley. La indicada propuesta del Ministerio de Trabajo será elaborada de acuerdo con los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, en el supuesto del apartado g); con el de Justicia, en el supuesto del apartado k), y con la Secretaria General del Movimiento, en el supuesto del apartado f); todos ellos del propio número de dicho artículo. DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA El Ministerio de Trabajo, con informe de la Organización Sindical, aprobará, en el mismo plazo señalado en la disposición anterior, las reglamentaciones u ordenanzas laborales de los empleados profesionales que ejerzan funciones públicas, previa consulta a los Ministerios de los que dichos funcionarios públicos dependan. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA El personal funcionario al servicio del Movimiento Nacional y de la Organización Sindical queda sometido a sus propios Estatutos. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA En consideración a las especiales circunstancias que concurran en los trabajos agrarios de campaña o temporada, no será de aplicación a los mismos lo establecido en el artículo quince, dos de esta Ley. DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA Los anticipos reintegrables sobre sentencias recurridas, establecidos en la Ley de diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, podrán alcanzar hasta el cincuenta por ciento del importe de la cantidad reconocida en la sentencia en favor del trabajador. DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA El recurso previsto en el número primero del artículo ciento cincuenta y tres de la Ley de Procedimiento Laboral, se hará extensivo a las reclamaciones salariales. DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA Lo dispuesto en el apartado c) del artículo treinta y uno de esta Ley será de aplicación a los trabajadores que hayan sido jubilados, con complementos de jubilación que deban pagar sus respectivas empresas. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Mientras, no se aprueben las normas especiales consideradas en la disposición adicional cuarta, en relación al artículo tercero de esta Ley, seguirá en vigor para las relaciones de trabajo correspondientes la normativa que actualmente les es aplicable. No obstante, el Gobierno, acordará transitoriamente la aplicación de determinadas disposiciones de esta Ley en aquellas relaciones laborales especiales que asimismo señale. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Lo establecido en el artículo doce, dos, de esta Ley será de aplicación en el plazo máximo de tres meses, a, partir de la entrada en vigor de la misma. Dada en el Palacio de la Zarzuela a ocho de abril de mil novecientos setenta y seis.

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Texto 84. Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas. BOE de 11 de octubre de 1976. La situación de la economía española aconseja la adopción de un conjunto de medidas complementarias que alcancen el objetivo primordial de reducir la inflación sin incidir negativamente en la reactivación económica. Se trata de la aplicación de medidas preferentemente coyunturales que permitan la superación de la situación actual y que coadyuven a asentar las bases de lo que ha de ser el marco político-económico en el futuro inmediato en una sociedad justa y equilibrada que necesita y a la que aspira el pueblo español. Ambos objetivos han de ser planteados de forma debidamente articulada y conexa. Por ello, el conjunto de medidas a corto plazo que se arbitran para enfrentarse con la situación actual tratará de no entrar clara y sensiblemente en colisión con los principios básicos que inspiren o hayan de inspirar la actuación en una perspectiva temporal más amplia que habrá de abordarse seguidamente. En este orden de cosas, con carácter provisional y mientras las tendencias inflacionistas no se hayan reducido a niveles soportables por nuestra economía, se instrumenta un conjunto de medidas sobre precios y rentas, tanto salariales como no salariales de los españoles. Asimismo se revisan algunos aspectos de la política laboral y de empleo, abordando con ello el problema fundamental de la productividad de nuestro sistema económico. Todo ello impone la necesidad de un reajuste en el ámbito fiscal con medidas que buscan tanto el logro de una mayor racionalidad económica como el de un trato socialmente más equitativo. En este mismo sentido, se considera necesaria una reconsideración de la estructura de la Seguridad Social (…). Artículo primero. Uno. El Gobierno, antes del treinta de noviembre del presente año, fijará por Real Decreto una lista de productos básicos que serán objeto de control y tomará las medidas necesarias para que la media ponderada de sus precios se mantenga hasta el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete por debajo del índice del coste de la vida. Dos. El Gobierno actualizará antes del treinta de noviembre de mil novecientos setenta y seis la relación de bienes y servicios sujetos al régimen de precios autorizados. Hasta dicha fecha no se acordará por el Gobierno ningún aumento de precios (…). Artículo quinto. Uno. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley queda sin efecto lo dispuesto en el Decreto seiscientos noventa y seis/mil novecientos setenta y cinco, de ocho de abril, por el que se aplican las medidas previstas en la disposición adicional tercera de la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, y en el Decreto dos mil novecientos treinta y uno/mil novecientos setenta y cinco, de diecisiete de noviembre, por el que se prorroga y complementa el anterior, pasando a regirse la negociación colectiva de condiciones de trabajo por su Legislación específica, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes. Los Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo suscritos hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley y las Decisiones Arbitrales Obligatorias mantendrán su plena vigencia tal como hubieran sido homologados o dictadas, respectivamente. Dos. Desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete, en los Convenios Colectivos no podrá pactarse reducción del tiempo de trabajo efectivo, tanto por disminución de jornada, aumento de días festivos o de

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vacaciones, o por cualquier otro concepto, en cómputo anual, respecto del que rigiese desde el veintidós de abril de mil novecientos setenta y seis, fecha en que comenzó la vigencia de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, o el que estuviese fijado por Convenio Colectivo o Decisión Arbitral Obligatoria, homologado o dictado, respectivamente, con anterioridad a la fecha de este Real Decreto-ley (…). Tres. Hasta el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete, la deliberación de los Convenios Colectivos habrá de efectuarse necesariamente dentro de los diez días hábiles anteriores a la fecha de terminación de la vigencia del Convenio o de la Decisión Arbitral Obligatoria anterior, salvo que por la autoridad sindical se estimare aconsejable anticipar el plazo de negociación, una vez el Convenio hubiere sido denunciado. Cuatro. Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley y el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la negociación de un convenio colectivo sindical de trabajo no hubiese habido acuerdo de las partes, la Decisión Arbitral Obligatoria a que se refiere el artículo quince de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, se dictará, sin trámite previo de arbitraje voluntario o de conciliación sindical, en el plazo de diez días y los incrementos salariales que establezcan no podrán rebasar los porcentajes de la escala que se incluye a continuación, que girarán sobre los salarios que efectivamente viniesen satisfaciendo las empresas en la fecha en que hubiese terminado la vigencia normal del convenio colectivo o la Decisión Arbitral Obligatoria precedente, quedando prorrogados el Convenio o la Decisión, respecto de los demás extremos de su contenido. Escala de salarios

Porcentaje de incremento

Las primeras 350.000 pesetas al año

I. C. V. + 2 puntos desde la fecha de la última revisión.

Para el tramo comprendido entre 350.001 pesetas y 700.000 pesetas al año

I. C. V. desde la fecha de la última revisión

Para el tramo que exceda de 700.000 pesetas al año

Ninguno

(…). Artículo noveno. El número dos del artículo treinta y cuatro de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, queda redactado en los siguientes términos: “Artículo treinta y cuatro. Dos. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la Dirección de la Empresa serán previamente revisables ante la Magistratura de Trabajo. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan”. Artículo décimo. Uno. Desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y siete queda en suspenso la aplicación del artículo treinta y cinco de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, sustituyéndose, durante el expresado periodo, por la norma siguiente: “Uno. Cuando en un procedimiento por despido el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el mismo, en la sentencia que así lo declare condenará a la Empresa a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como el pago del importe del salario dejado de percibir desde que produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar.

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Dos. Si la causa alegada por la Empresa para el despido, si bien no suficiente para tal sanción, mereciera otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado determinará en la sentencia la sanción adecuada a la falta cometida, o de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar a la Empresa a la readmisión y al pago de las indemnizaciones complementarias, conforme establece el párrafo anterior. Tres. Cuando el empresario no procediera a la readmisión o efectuada ésta no tuviera lugar en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, el Magistrado de Trabajo sustituirá la obligación de readmitir por el resarcimiento de perjuicios y declarará extinguida la relación laboral. Dicha indemnización se fijará atendiendo a la antigüedad del trabajador en la Empresa, condiciones del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades de nueva colocación y circunstancias personales y familiares del trabajador, sin que la cantidad resultante en ningún caso pueda ser inferior a dos meses de salario por año de servicio ni exceder de cinco anualidades. Cuando se trata de trabajadores titulares de familia numerosa, dichos mínimos se multiplicarán por uno coma cinco si es de primera categoría y por dos en los demás casos. Los trabajadores mayores de cuarenta y de cincuenta y cinco años quedarán equiparados a estos efectos, respectivamente, a las categorías indicadas, e igualmente los minusválidos, según los coeficientes que reglamentariamente se establezcan. En tales casos, el máximo de la indemnización podrá alcanzar hasta siete anualidades”. Dos. La norma sustitutiva anteriormente indicada será de aplicación a los despidos producidos desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y siete. Los despidos realizados con anterioridad o posterioridad al indicado período se regirán, en su aspecto sustantivo y procesal, por las normas vigentes en la fecha en que tuviera lugar. Tres. Las normas relativas al proceso de despido aprobadas por Real Decreto mil novecientos veinticinco/mil novecientos setenta y seis, de dieciséis de julio, quedan igualmente en suspenso y no serán aplicables a los despidos producidos en el período a que se refiere el número anterior. Se autoriza al Ministerio de Trabajo para que, mediante Orden ministerial, dicte las normas adjetivas aplicables a los indicados procesos. Artículo once. Las Empresas podrán contratar, hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y siete, a personas en situación de desempleo o que accedan a su primer empleo, con carácter eventual, por plazo no superior a seis meses, cualquiera que sea la naturaleza del trabajo a que hayan de adscribirse (…). DISPOSICIONES TRANSITORIAS Segunda. La negociación para revisar los convenios colectivos sindicales de trabajo cuyo vencimiento normal se haya producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Real Decretoley continuará con arreglo a las normas en vigor antes de la aludida fecha. DISPOSICIONES FINALES Primera. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presento Real Decreto-ley se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas en orden al ahorro de energía, tipificando infracciones y estableciendo las oportunas sanciones (…). Tercera. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.

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Dado en Madrid a ocho de octubre de mil novecientos setenta y seis. Texto 85. Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. BOE de 9 de marzo de 1977. La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro Derecho vigente, responde a una concepción política intervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda una larga etapa de importantes avances sociales. El nuevo marco político hacia el que aceleradamente discurre la Nación, aconseja una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las relaciones de trabajo, en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en los países de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural. A ello obedece el conjunto de normas que integran el presente Real Decreto-ley, que aborda los aspectos institucionales de inaplazable actualización, sin desconocer la necesidad de completar su configuración en consonancia con el desarrollo del proceso de reforma de las estructuras sindicales. I. La Huelga. El Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y cinco, de veintidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo, supuso una etapa importante en la evolución histórica de la legislación laboral, en cuanto que consagró la legitimidad del recurso a la huelga, siempre que se observaran los requisitos de fondo y de forma que el propio texto legal contenía. La huelga, como fenómeno social, que durante años había constituido delito, pasaba a una etapa de libertad. La trascendencia del nuevo sistema aconsejaba, por razones de elemental prudencia, tanto el establecimiento de un procedimiento riguroso para la legítima utilización de tal recurso, como la fijación de determinadas limitaciones. Así la huelga ni podía exceder el ámbito de la Empresa, ni podía tener lugar, por razones de solidaridad, ni afectar a Empresas encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad. Los presupuestos indicados y la dinámica social, acentuada como consecuencia de los cambios políticos últimamente experimentados, ponen de relieve la necesidad de sustitución de las normas vigentes por otras en las que quede consagrada la huelga como derecho, se aligere el procedimiento para su ejercicio y se fijen sus límites en las fronteras que marque la salvaguardia de los intereses superiores de la comunidad. Congruentemente con ello se suprime en la nueva regulación la fase previa de obligatoria y oficial negociación; son los trabajadores quienes podrán decidir, sin necesidad de apurar otras instancias, el cuándo de la cesación concertada de trabajo, subsistiendo, como es obvio, la necesidad del preaviso. En el aspecto sustantivo se resaltan como modificaciones más trascendentes: – El reconocimiento de la posibilidad de huelga de Empresas encargadas de servicios públicos, lo que conlleva la necesaria modificación del artículo doscientos veintidós del Código Penal. – Al enunciar taxativamente los supuestos de ilicitud, se presupone, salvo en ellos, la licitud de la huelga. – El reconocimiento del Comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto. – La regulación de los efectos de la huelga en la relación jurídica de la Seguridad Social. – El cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no precisa de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento de la licitud o ilicitud del mismo y de sus efectos.

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II. Conflictos Colectivos. El reconocimiento del derecho de huelga y la agilización del procedimiento para su ejercicio, suprimiendo el trámite previo de oficial y necesaria negociación, conlleva la total derogación del Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y cinco, de veintidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo, que contiene no sólo la normativa aplicable a la huelga laboral en el mismo consagrada, sino también el procedimiento de solución, por arbitraje estatal, de los Conflictos Colectivos de Trabajo. Ello aconseja la autónoma regulación de este último procedimiento, el que debe mantenerse cuando las partes deseen utilizar tal medio de solución. III. Convenios Colectivos de Trabajo. El reconocimiento del derecho de huelga impone la aprobación simultánea de determinadas modificaciones en la vigente Ley dieciocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo, con el fin de armonizar sus disposiciones con la nueva situación creada. La legitimación de la huelga como acción de apoyo a reivindicaciones colectivas laborales y la concepción del Convenio como auténtico instrumento de paz social, obliga de una parte, a consagrar, con carácter general, la imposibilidad de establecer nuevo Convenio, vigente otro del mismo o distinto ámbito; así como a permitir la huelga, sin perjuicio de otros cauces de solución previstos en la presente disposición, durante la negociación; eliminar la Decisión Arbitral Obligatoria, liberalizando el marco de las relaciones colectivas laborales, y suprimir el incremento automático en las prórrogas por falta de denuncia. IV. Limitación de la regulación estatal por ramas de actividad de las condiciones mínimas de trabajo. La necesidad, cada vez más ineludible, de agilizar el régimen de las relaciones plurales de trabajo y de potenciar la relación jurídica colectiva en cuanto fuente de producción del Derecho Laboral, aconseja suprimir el dualismo sobre fijación de condiciones mínimas de trabajo por actividades económicas o por Empresas, que se contiene en la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo y en la de Reglamentaciones Laborales, reduciendo por tanto la utilización del procedimiento de la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, a aquellos sectores de producción y demarcaciones territoriales en los que no existen Convenios Colectivos. Es de señalar que este cambio en el sistema normativo de las condiciones mínimas de trabajo por ramas o sectores de actividad no comporta la derogación de las Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales en vigor, que han de subsistir hasta que en los nuevos Convenios Colectivos que se concierten en el sector o rama de que se trate con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos de este Real Decreto-ley, se sustituya lo dispuesto en aquéllas. V. El despido. La necesidad de llevar a efecto una acomodación conjunta y correlativa del contenido de las normas sobre relaciones colectivas de trabajo que establece el presente Real Decreto-ley, con el despido individual, aconseja una nueva regulación del mismo, siguiendo los criterios señalados al respecto por la O.I.T. y teniendo en cuenta los imperantes en los países de la Comunidad Económica Europea. Se contemplan dos tipos diferenciados del despido individual: El de carácter disciplinario y el derivado de la capacidad profesional del trabajador o de necesidades de funcionamiento de la Empresa. Con respecto al primero, se ha estimado oportuno mantener, en su actual redacción, las causas justas que enumera el artículo setenta y siete de la Ley de Contrato de Trabajo, si bien excluyendo la ineptitud que, por no llevar aparejada culpabilidad, se incluye como causa suficiente del segundo. Se regula para éste la institución del preaviso y se consagra, para ambos, las garantías en favor de los representantes del personal, cuya readmisión, en el supuesto de improcedencia, se impone con carácter forzoso.

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La nueva regulación del despido consagra, en todo caso, el carácter causal del mismo, con rechazo, por tanto, del despido libre. VI. Reestructuración de plantillas. La liberalización de las relaciones colectivas de trabajo, con la consiguiente potenciación de la negociación colectiva, hace conveniente permitir, como contenido de la misma, la fijación de nuevos procedimientos, cuantía de indemnización y prelaciones en la reestructuración de plantillas por causas económicas o tecnológicas y asimismo la agilización del procedimiento establecido reglamentariamente cuando exista acuerdo entre las partes. En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido de las Leyes Fundamentales, aprobado por Decreto setecientos setenta y nueve/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de abril y oída la Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo doce de la citada Ley, Dispongo: TÍTULO PRIMERO El derecho de huelga CAPÍTULO PRIMERO La huelga Artículo uno. El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previstos en este Real Decreto-ley. Artículo dos. Son nulos los pactos establecidos en contratos individuales de trabajo que contengan la renuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga. Artículo tres. Uno. La declaración de huelga, cualquiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adopción de acuerdo expreso, en tal sentido, en cada centro de trabajo. Dos. Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el setenta y cinco por ciento de los representantes, se levantará acta, que deberán firmar los asistentes. b) Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el veinticinco por ciento de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará constar en acta. Tres. El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores. La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde que los representantes de los trabajadores comuniquen al empresario la celebración de la misma. La comunicación de huelga habrá de contener los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.

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Artículo cuatro. Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación, la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio. Artículo cinco. Sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. La composición del comité de huelga no podrá exceder de doce personas. Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto. Artículo seis. Uno. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral. Dos. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario. Tres. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria. Cuatro. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga. Cinco. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo. Seis. Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna. Siete. El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios. Artículo siete. Uno. El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. Dos. Las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos. Artículo ocho. Uno. Los Convenios Colectivos podrán establecer normas complementarias relacionadas con los procedimientos de solución de los conflictos que den origen a la huelga, así como la renuncia, durante su vigencia, al ejercicio de tal derecho. Dos. Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de huelga y el empresario, y en su caso los representantes designados por los distintos Comités de huelga y por los em-

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presarios afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo. Artículo nueve. La Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto. Artículo diez. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16. Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas. Artículo once. La huelga es ilegal: a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan. c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo. d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos. CAPÍTULO II Cierre patronal Artículo doce. Uno. Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen: a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca. c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción. Dos. El cierre patronal, efectuado dentro de los términos establecidos en el presente Real Decreto-ley, producirá respecto al personal afectado los efectos previstos en los párrafos uno, dos y tres del artículo seis del mismo.

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Artículo trece. Uno. El empresario que al amparo de lo prevenido en el artículo anterior procediera al cierre del centro de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento de la Autoridad laboral en el término de doce horas. Dos. El cierre de los centros de trabajo se limitará al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa, o para la remoción de las causas que lo motivaron. Artículo catorce. El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo doce y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en las sanciones previstas en el artículo quince. CAPÍTULO III Sanciones Artículo quince. El empresario que procediera al cierre del centro de trabajo, salvo en los supuestos previstos en el artículo doce, será sancionado en la forma y por los órganos que establece el artículo treinta y tres de la Ley de Relaciones Laborales. Las sanciones que establece dicho artículo se entienden sin perjuicio de la obligación empresarial de reabrir el centro de trabajo ilícitamente cerrado y de abono a los trabajadores que hayan dejado de prestar sus servicios como consecuencia del cierre del centro de trabajo los salarios devengados durante el período de cierre ilegal. Artículo dieciséis. Uno. Los trabajadores que participaren en huelga ilegal o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo, incurrirán en la falta prevista en el apartado j) del artículo treinta y tres de este Real Decreto-ley. Dos. Los trabajadores que, de acuerdo con el artículo seis, párrafo siete, fuesen designados para el mantenimiento de los servicios previstos y se negasen a ello, incurrirán en la causa justa de despido establecida en el apartado k) del artículo treinta y tres del presente Real Decreto-ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedieran. TÍTULO II Conflictos colectivos de trabajo CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo diecisiete. Uno. La solución de situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo que se regula en este título. Dos. Cuando los trabajadores utilicen el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo no podrán ejercer el derecho de huelga. Tres. Declarada la huelga, podrán, no obstante, los trabajadores desistir de la misma y someterse al procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo. Artículo dieciocho. Uno. Sólo podrán instar la iniciación de Conflicto Colectivo de Trabajo:

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a) Los representantes de los trabajadores en el ámbito correspondiente al conflicto, por iniciativa propia o a instancia de sus representados. b) Los empresarios o sus representantes legales, según el ámbito del conflicto. Dos. Cuando el procedimiento de conflicto colectivo se inicie a instancia de los empresarios, y los trabajadores ejerzan el derecho de huelga, se suspenderá dicho procedimiento, archivándose las actuaciones. Artículo diecinueve. La competencia para conocer de los Conflictos Colectivos de Trabajo corresponde, según su naturaleza: a) Al Delegado de Trabajo de la provincia en que se plantea el conflicto. La Dirección General de Trabajo será competente en los conflictos colectivos laborales que afecten a trabajadores de varias provincias. b) Al Orden Jurisdiccional Laboral, de acuerdo con lo establecido en esta disposición y en la Ley de Procedimiento Laboral. Artículo veinte. No podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo. CAPÍTULO II Procedimiento Artículo veintiuno. El planteamiento de Conflicto Colectivo de Trabajo se formalizará por escrito, firmado y fechado, en el que consten nombre, apellidos, domicilio y carácter de las personas que lo plantean y determinación de los trabajadores y empresarios afectados; hechos sobre los que verse el conflicto, peticiones concretas que se formulen, así como los demás datos que procedan. Artículo veintidós. El escrito a que se refiere el artículo anterior habrá de presentarse ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Cuando el conflicto afecte a trabajadores de varias provincias, dicho escrito será presentado ante la Dirección General de Trabajo. Artículo veintitrés. En las veinticuatro horas siguientes al día de la presentación del escrito citado en el artículo veintiuno, la Autoridad laboral remitirá copia del mismo a la parte frente a la que se plantee el conflicto y convocará a las partes de comparecencia ante ella, la que habrá de tener lugar dentro de los tres días siguientes. Artículo veinticuatro. En la comparecencia, la Autoridad laboral intentará la avenencia entre las partes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las representaciones de cada una de las mismas. Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia que lo pactado en Convenio Colectivo. Las partes podrán designar a uno o varios Arbitros. En tal caso éstos, que cuando sean varios habrán de actuar conjuntamente, deberán dictar su laudo en el término de cinco días. La decisión que adopten tendrá la misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las partes. Artículo veinticinco. Si las partes no llegaran a un acuerdo, ni designaren uno o varios Arbitros, la Autoridad laboral procederá del siguiente modo: a) Si el conflicto derivara de discrepancias relativas a la interpretación de una norma preexistente, estatal o convenida colectivamente, remitirá las actuaciones practicadas, con su informe,

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a la Magistratura de Trabajo, que procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. b) Si el conflicto se planteara para modificar las condiciones de trabajo, la Autoridad laboral dictará laudo de obligado cumplimiento resolviendo sobre todas las cuestiones planteadas. Artículo veintiséis. Los laudos de obligado cumplimiento, que habrán de ser dictados en el término de los cinco días siguientes a la fecha de comparecencia adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de modo claro y preciso, tanto respecto de las cuestiones que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de las suscitadas en la comparecencia de las partes relacionadas con el conflicto. Estos laudos tendrán fuerza ejecutiva inmediata. Podrán ser recurridos en alzada ante la Autoridad laboral de grado superior, de conformidad con el artículo ciento veintidós, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez agotada la vía gubernativa podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente. TÍTULO III Convenios Colectivos Artículo veintisiete. Los artículos quinto, sexto, duodécimo, decimoquinto, decimosexto y decimoctavo de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, quedan redactados en los siguientes términos: “Artículo 5. Los Convenios Colectivos pueden afectar: Uno. A una sola Empresa, cualquiera que sea el número de sus trabajadores, tanto si desenvuelve su actividad en una sola provincia o en varias, o a un Centro de trabajo, cuando sus propias características lo hiciesen necesario. Dos. A un grupo de Empresas definidas por sus especiales características, tanto si son de ámbito nacional, interprovincial, comarcal o local. Tres. A la totalidad de las Empresas regidas por una Reglamentación u Ordenanza Laboral, en los ámbitos a que se refiere el número anterior. Artículo sexto. Los convenios Colectivos tienen fuerza normativa y obligan, por todo el tiempo de su vigencia, y con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de los empresarios y trabajadores representados comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. Durante la vigencia de un Convenio y hasta tres meses antes de la terminación de la misma no podrá negociarse otro Convenio concurrente. Artículo duodécimo. Las partes deberán negociar desde la iniciación al final de las deliberaciones, bajo los principios de la buena fe y de la recíproca lealtad. Si los empresarios empleasen dolo, fraude o coacción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte, o dejaran de asistir a las deliberaciones, se darán por terminadas éstas y se remitirán las actuaciones a la Autoridad laboral, que dará a las mismas el trámite de conflicto colectivo, salvo que los trabajadores opten por ejercer el derecho de huelga. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la conducta de los empresarios antes indicada será considerada como infracción del ordenamiento laboral, sancionándose a los responsables de acuerdo con la legislación vigente en esta materia. La Autoridad laboral podrá suspender la negociación de los Convenios Colectivos por plazo de hasta seis meses, con prórroga automática del Convenio anterior, si por los trabajadores se

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emplease dolo, fraude, o coacción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte. La huelga ilícita o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo se entenderá, en todo caso, constitutiva de coacción; por el contrario, el ejercicio del derecho de huelga en los términos establecidos en su legislación específica no se estimará coacción a los efectos de este artículo. Artículo decimoquinto. Uno. Si las partes no llegasen a un acuerdo en la negociación de un Convenio Colectivo, podrán designar uno o varios árbitros, que actuarán conjuntamente. La decisión que éstos adopten tendrá la misma eficacia que si hubiese habido acuerdo de las partes. En el caso de que no hubiese habido acuerdo directo ni decisión derivada de arbitraje voluntario, se podrá acudir al procedimiento de Conflictos Colectivos de Trabajo, si no se ejerciera el derecho de huelga. Artículo decimosexto. Los Convenios Colectivo se entenderán prorrogados en sus propios términos de año en año si no se denunciaran por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el artículo undécimo. Artículo decimoctavo. La interpretación, con carácter general de los Convenios Colectivos está atribuida a la Autoridad Laboral competente, visto el informe que la Comisión paritaria elevará con las actuaciones a que se refiere el artículo undécimo, todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto al Orden Jurisdiccional Laboral en la legislación sobre Conflictos Colectivos de Trabajo. El conocimiento y resolución de las contiendas que la aplicación de los Convenios Colectivos suscite entre partes corresponde a la Magistratura de Trabajo. La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en los Convenios Colectivos es de la competencia de la Inspección de Trabajo.” TÍTULO IV Limitación de la Regulación Estatal, por ramas de actividad, de las condiciones mínimas de trabajo Artículo veintiocho. La regulación, por rama de actividad, de las condiciones mínimas a que hayan de ajustarse las relaciones laborales, que corresponde al Ministerio de Trabajo, conforme dispone la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, sólo podrá tener lugar para aquellos sectores económicos de la producción y demarcaciones territoriales en los que no exista Convenio Colectivo de Trabajo. Artículo veintinueve. Las Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales actualmente en vigor continuarán rigiendo en aquellas de sus disposiciones que no sean sustituidas por lo pactado en Convenio Colectivo, suscrito a su vencimiento y con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos normativos de este Real Decreto-ley. TÍTULO V El despido CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo treinta. Uno. El despido se regirá por lo prevenido en el presente Real Decreto-ley, cualquiera que sea la condición del trabajador afectado.

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Dos. La extinción, suspensión o modificación de las relaciones jurídico-laborales por causas tecnológicas o económicas y la regulación sectorial del empleo se regirán por las normas específicas en esta materia. Artículo treinta y uno. Uno. Solamente podrá tener lugar el despido cuando exista causa relacionada con la conducta del trabajador o con circunstancias objetivas derivadas de la capacidad profesional del mismo o de necesidades del funcionamiento de la Empresa. Dos. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende, sin perjuicio de la facultad de las partes, de unilateralmente dar por terminada la relación de trabajo durante el período de prueba. Artículo treinta y dos. En ningún caso tendrán la consideración de causa justa para el despido las siguientes: a) La pertenencia a una asociación sindical o la participación en las actividades legales de la misma. b) Ostentar la condición de representante de los trabajadores, o la actuación en dicha calidad, dentro de lo establecido en el ordenamiento jurídico. c) La presentación de quejas o intervención en procedimiento seguidos frente al empresario por supuesto incumplimiento por éste de normas laborales o de Seguridad Social. d) La raza, color, sexo, estado matrimonial, religión, opinión política u origen social. CAPÍTULO II Despido disciplinario Artículo treinta y tres. Son causas justas para el despido, relacionadas con la conducta del trabajador, las siguientes: a) La faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo. b) La indisciplina o desobediencia a los Reglamentos de trabajo dictados con arreglo a las Leyes. c) Los malos tratamientos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración al empresario, a las personas de su familia que vivan con él, a sus representantes o a los jefes o compañeros de trabajo. d) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones confiadas. e) La disminución voluntaria y continuada del rendimiento normal de trabajo. f) Hacer negociaciones de comercio o de industria por cuenta propia o de otra persona sin autorización del empresario. g) La embriaguez, cuando sea habitual. h) La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese llamado repetidamente la atención al trabajador y sea de tal índole que produzca queja justificada de los compañeros que realicen su trabajo en el mismo local que aquél. i) Cuando el trabajador origine frecuentemente riñas o pendencias injustificadas con sus compañeros de trabajo. j) La participación activa en huelga ilegal o en cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo. k) La negativa, durante una huelga, a la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuera precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.

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Artículo treinta y cuatro. Uno. El despido podrá ser acordado por el empresario, sin más requisito formal que comunicarlo por escrito al trabajador, haciendo constar los hechos que lo motivan y la fecha de sus efectos. Dos. Cuando el despido afecte a trabajadores que ostenten cargo electivo de carácter sindical será preceptivo, antes de su comunicación al interesado, ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores en el seno de la Empresa. Artículo treinta y cinco. El trabajador, sin previa conciliación sindical, podrá reclamar, ante la Magistratura de Trabajo, contra el despido acordado por el empresario, debiendo hacerlo, en todo caso, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar, prorrogable por otros tres si el lugar de trabajo fuera distinto a la localidad en que la Magistratura resida, siendo el citado plazo de caducidad a todos los efectos. Artículo treinta y seis. El despido disciplinario será procedente cuando quedare acreditada la concurrencia de la causa justa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el artículo treinta y cuatro. Será improcedente el despido, en los demás casos. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el artículo treinta y cuatro del presente Real Decreto-ley, el despido será nulo, pudiendo hacer el Magistrado de Trabajo tal declaración de oficio. El despido nulo producirá los mismos efectos que el despido improcedente. Artículo treinta y siete. Uno. El despido procedente produce la extinción de la relación laboral, sin derecho por parte del trabajador de indemnización alguna. Dos. Cuando el despido sea improcedente, el trabajador tendrá derecho a ser readmitido por el empresario en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar. Tres. Si el empresario no procediera a la readmisión en debida forma, el Magistrado de Trabajo sustituirá la obligación de readmitir por el resarcimiento de perjuicios y declarará extinguida la relación laboral; en tal caso, la indemnización complementaria por salarios de tramitación alcanzará hasta la fecha de tal extinción. Cuatro. La indemnización por resarcimiento de perjuicios será fijada por el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la Empresa, condiciones del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades de encontrar nueva colocación adecuada, dimensión y características de la Empresa y circunstancias personales y familiares del trabajador, especialmente las de ser titular de familia numerosa, mayor de cuarenta años o minusválido. La cantidad resultante no podrá ser inferior a dos meses de salario por año de servicio, ni exceder de cinco anualidades. Cinco. En los casos de empresas que ocupen menos de veinticinco trabajadores fijos, el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbitrio, podrá rebajar el tope mínimo establecido en el párrafo anterior en razón a las circunstancias concurrentes. Seis. Cuando el trabajador cuyo despido se declare improcedente ostente cargo electivo de carácter sindical, la obligación del empresario de readmitir deberá cumplirse en sus propios términos sin posibilidad de sustitución sin resarcimiento de perjuicios, salvo acuerdo voluntario de las partes.

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Artículo treinta y ocho. Si la causa alegada por el empresario para el despido, si bien no suficiente para tal sanción, mereciere otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado de Trabajo determinará en la sentencia la sanción adecuada a la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar al mismo a la readmisión y al pago de la indemnización complementaria, conforme establece el artículo anterior. CAPÍTULO III Despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento de la empresa Artículo treinta y nueve. Uno. Por circunstancias objetivas, fundadas en la capacidad profesional del trabajador o en las necesidades de funcionamiento de la empresa, constituyen causa suficiente para el despido las siguientes: a) La ineptitud del trabajador; originaria o sobrevenida. b) La falta de adaptación del mismo a las modificaciones tecnológicas del puesto de trabajo que viniera desempeñando, siempre que fuese adecuado a su categoría profesional. c) La necesidad de amortizar individualmente un puesto de trabajo cuando no proceda utilizar al trabajador afectado en otras tareas. d) Las faltas, aun justificadas, de asistencia al trabajo, cuando fueren intermitentes, superen en un año el treinta por ciento de las jornadas y no respondan a accidente o enfermedad que produzcan incapacidad continuada de larga duración. Dos. Cuando la amortización del puesto de trabajo prevista como causa suficiente en el apartado c) del párrafo anterior afecte a un conjunto de trabajadores, habrá de seguirse el procedimiento de regulación de empleo conforme a las normas específicas del mismo. Artículo cuarenta. Uno. La adopción del acuerdo de despido al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes: a) Comunicación por escrito al trabajador del despido, en la que se haga constar fecha de sus efectos y causa que lo motivan. b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita a que se refiere el apartado anterior, la indemnización que establece para el despido procedente el artículo cuarenta y cuatro. c) Concesión de un plazo de preaviso, cuya duración, computada desde la entrega de la comunicación a que se refiere el apartado a) hasta la extinción del contrato, habrá de ser, como mínimo, la siguiente: – Un mes para los trabajadores cuya antigüedad en la empresa sea inferior a un año. – Dos meses cuando la antigüedad del trabajador en la empresa sea superior a un año y no alcance los dos. – Tres meses para los trabajadores con más de dos años de antigüedad. Dos. Cuando el despedido tenga la condición de cargo electivo de carácter sindical, el empresario, antes de comunicar el despido al interesado, habrá de ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa. Artículo cuarenta y uno. Durante el período del preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

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Artículo cuarenta y dos. Será de aplicación a los despidos regulados en este capítulo lo dispuesto en el artículo treinta y cinco de este Real Decreto-ley. Artículo cuarenta y tres. El despido, acordado al amparo de lo establecido en el artículo treinta y nueve, será procedente cuando quedara acreditada la certeza de la causa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el apartado a) del párrafo uno del artículo cuarenta. Será improcedente en los demás casos. Cuando el empresario incumpliere los requisitos establecidos en el artículo cuarenta, el despido será nulo, pudiendo el Magistrado de Trabajo hacer tal declaración de oficio. No obstante lo anteriormente establecido, la no concesión del preaviso previsto en dicho artículo, no anulará el despido, si bien el empresario, con independencia de las demás indemnizaciones que procedan, estará obligado a abonar al trabajador los salarios correspondientes a dicho período. El despido nulo producirá los mismos efectos que el despido improcedente. Artículo cuarenta y cuatro. El despido procedente fundado en alguna de las causas suficientes establecidas en el artículo treinta y nueve producirá la extinción del contrato de trabajo, con obligación por parte del empresario de satisfacer al trabajador una indemnización de una semana de su salario por cada año de servicio o fracción de año. No obstante la procedencia del despido, el trabajador afectado se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable. Cuando el despido sea improcedente, será de aplicación lo dispuesto en los apartados dos al seis, ambos inclusive, del artículo treinta y siete de este Real Decreto-ley. El trabajador, en caso de readmisión, habrá de reintegrar al empresario la indemnización que conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo uno del artículo cuarenta hubiese recibido de éste; en caso de resarcimiento de perjuicios, por falta de readmisión, será deducible dicha indemnización de la que fijare el Magistrado de Trabajo por tal resarcimiento. La indemnización complementaria por salario de tramitación, aun cuando haya superposición de fechas, se entenderá sin perjuicio de la que proceda por falta de preaviso. TÍTULO VI Reestructuración de plantillas Artículo cuarenta y cinco. La suspensión y extinción de las relaciones de trabajo fundadas en causas económicas o tecnológicas, se regirá por lo establecido en el artículo dieciocho de la Ley de Relaciones Laborales y disposiciones complementarias, sin más modificaciones que las siguientes: Uno. En los expedientes de reestructuración de plantillas será únicamente preceptivo el informe de la representación de los trabajadores en el seno de la Empresa, sin perjuicio de los informes complementarios que en cada caso se estimen procedentes por la autoridad laboral. Dos. En los Convenios Colectivos podrán determinarse los criterios generales que deban seguirse en los casos de reestructuración de plantilla por causas económicas o tecnológicas, cuantía o módulo de las indemnizaciones, plazos de preaviso, el establecimiento de nuevas prelaciones con respeto en todo caso de las legalmente existentes y en el orden de prioridad en el supuesto de readmisión de personal. Tres. La suspensión y extinción de las relaciones de trabajo fundadas en causas tecnológicas y económicas podrán tener lugar por pacto entre empresario y trabajadores afectados, que habrá de ponerse en conocimiento de la autoridad laboral, quien podrá sin más trámite autorizar la suspensión o reducción pretendida, o bien determinar que se siga el procedimiento reglamentariamente establecido.

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Cuatro. En las reestructuraciones de plantillas por causas tecnológicas y económicas, en los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas, el Fondo de Garantía Salarial garantizará y anticipará a los trabajadores afectados las indemnizaciones establecidas o pactadas hasta el máximo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral. Disposición final primera. Quedan derogados el Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y cinco, de veintidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo; el artículo setenta y siete de la Ley de Contrato de Trabajo; el artículo diez del Real Decreto-ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, sobre Medidas Económicas; el artículo treinta y cinco de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, y cuantas Leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en este Real Decreto-ley. Disposición final segunda. El Ministro de Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en que se contengan las modificaciones derivadas de este Real Decreto-ley y del dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, se establezcan las correcciones técnicas adecuadas en orden a una más perfecta y eficaz regulación del procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los depósitos y sanciones que en dicho texto se prevén. Disposición final tercera. Se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho la aprobación por el Gobierno del texto refundido a que refiere la disposición final segunda de la Ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, pudiéndose efectuar tal refundición en uno o varios textos, con las correcciones técnicas adecuadas, en los que habrán de incluirse las modificaciones establecidas en el presente Real Decreto-ley. Disposición final cuarta. El Gobierno y el Ministerio de Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas de aplicación y desarrollo del presente Real Decreto-ley, que entrará en vigor en el siguiente día al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Disposición adicional primera. Lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley en materia de huelga no es de aplicación al personal civil dependiente de establecimientos militares. Disposición adicional segunda. Se mantendrán la actual procedencia del recurso de casación respecto de las sentencias dictadas en procesos por despido de trabajadores que ostenten cargos electivos de representación sindical. Disposición adicional tercera. Uno. Sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, en las Comisiones deliberadoras podrán autorizarse representaciones específicas, elegidas por los trabajadores o empresarios afectados. Dos. El período mínimo de duración de los Convenios colectivos que establece el artículo once de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, queda reducido a un año. Disposición adicional cuarta. El artículo doscientos veintidós del Código Penal queda redactado en los siguientes términos: “Artículo doscientos veintidós. Serán considerados como reos de sedición:

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Primero. Los funcionarios, encargados de la prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos, o, de cualquier forma, alteren su regularidad. Segundo. Los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, o perturbar su normal actividad, suspendieren o alteraren la regularidad del trabajo”. Disposición transitoria primera. Los Convenios Colectivos de Trabajo que a la fecha de entrada en vigor de este Real Decretoley se encontraran en tramitación, continuarán la misma con arreglo a las normas en vigor antes de la aludida fecha. Disposición transitoria segunda. Las modificaciones de las Ordenanzas Laborales que se hallaran en trámite en la Dirección General de Trabajo a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley podrán ser aprobada conforme a lo establecido en la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos. Disposición transitoria tercera. Los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se regirán en su aspecto sustantivo y procesal por las normas vigentes en la fecha en que tuvieran lugar. Disposición transitoria cuarta. Las Empresas y trabajadores afectados por Convenios Colectivos de ámbito superior al de Empresa y suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán negociar durante su vigencia Convenio de Empresa. Dado en Madrid a cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete. Texto 86. Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical. BOE de 4 de Abril de 1977. Preámbulo La Ley Sindical, de 17 de febrero de 1971 regula en el título II las diversas variedades del asociacionismo profesional, tanto el de carácter preferentemente institucional como el de promoción voluntaria. La citada ordenación legal, llevada a cabo en desarrollo de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo, no parece la única interpretación válida que permite dicha Ley Fundamental, que posibilita otras más congruentes con las exigencias actuales y la deseable expansión de las asociaciones profesionales de base voluntaria. En consecuencia, se estima llegado el momento de proceder a la reforma de la Ley Sindical en este importante extremo, con toda la extensión y flexibilidad permitidas por el marco institucional. Esta reforma habrá de orientarse a la protección legal de la libertad de asociación sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses peculiares, sin otros límites funcionales que los inherentes a la naturaleza profesional de sus fines estatutarios y al deber de acatamiento de la legalidad; todo ello en el ejercicio de las libertades propias de una sociedad democrática y teniendo en cuenta los convenios internacionales, especialmente los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales recientemente firmado por el Gobierno español.

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En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar: Artículo 1 1. Los trabajadores y los empresarios podrán constituir en cada rama de actividad, a escala territorial o nacional, las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses respectivos. En la presente Ley, la referencia a los «trabajadores» comprende también, conjunta o separadamente, a los «técnicos». 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por rama de actividad el ámbito de actuación económica, la profesión u otro concepto análogo que los trabajadores o los empresarios determinen en los estatutos. 3. Las asociaciones mencionadas en el apartado número 1 establecerán sus propios estatutos, se gobernarán con plena autonomía y gozarán de protección legal para garantizar su independencia respecto de la Administración Pública, así como contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. 4. Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos. Artículo 2 1. Los trabajadores y los empresarios tendrán derecho a afiliarse a las referidas asociaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 2. Los trabajadores y los empresarios gozarán de protección legal contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo o función. Artículo 3 Las asociaciones constituidas al amparo de la presente Ley deberán depositar sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto. Adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte días desde el depósito de los estatutos, salvo que dentro de dicho plazo se inste de la autoridad judicial competente la declaración de no ser conformes a derecho. La autoridad judicial dictará la resolución definitiva que proceda. Artículo 4 Las asociaciones profesionales podrán constituir Federaciones y Confederaciones, con los requisitos y efectos previstos en el artículo 3, así como afiliarse a las de igual carácter que se hallen constituidas. Artículo 5 Las organizaciones a que se refiere la presente Ley sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución del órgano judicial basada en la realización de las actividades determinantes de la ilicitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos. Artículo 6 Las organizaciones de trabajadores y empresarios podrán participar en los organismos de consulta y colaboración en los ámbitos sectorial y territorial. DISPOSICIONES ADICIONALES Disposición Adicional 1 Queda excluido de la presente Ley el personal militar.

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Disposición Adicional 2 El ejercicio del derecho de asociación sindical por los funcionarios públicos y por el personal civil al servicio de la Administración Militar se regulará por disposiciones específicas. DISPOSICIONES FINALES Disposición Final 1 El Gobierno, oídos el Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos y el Consejo Nacional de Empresarios, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley, determinándose en ellas las autoridades judiciales, procedimientos y plazo para la resolución judicial, en relación con lo establecido en los artículos 3 y 5, así como la publicidad que deba tener el depósito de los estatutos. Disposición Final 2 Esta Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». DISPOSICION TRANSITORIA Las asociaciones sindicales constituidas al amparo de la legislación en vigor que así lo soliciten quedarán automáticamente acogidas al régimen jurídico de las asociaciones profesionales de la presente Ley, previa la adaptación, en su caso, de las normas estatutarias, en la forma que se establezca en las disposiciones de desarrollo. DISPOSICION DEROGATORIA Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley. Texto 87. Instrumento de Ratificación de España de 13 de abril de 1977, del Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949. BOE de 10 de mayo de 1977. Artículo 1. 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. Articulo 2 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleados deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Articulo 3 Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

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Articulo 4 Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Articulo 5 1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las Fuerzas Armadas y a la Policía. 2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía las garantías prescritas en este convenio. Articulo 6 El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la Administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de sus estatutos. Articulo 7 Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Articulo 8 1. Este convenio obligara únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de los miembros hayan sido registradas por el Director General. 3. Desde dicho momento, este convenio entrara en vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Articulo 9 1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional delTrabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: a) los territorios respecto de los cuales el miembro interesado se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas sin modificaciones; b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones; c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el convenio y los motivos por los cuales es inaplicable; d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espero de un examen más detenido de su situación. 2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se consideraran parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos. 3. Todo miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de un nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

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4. Durante los periodos en que este convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, todo miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados. Articulo 10 1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional delTrabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones. 2. El miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior. 3. Durante los periodos en que este convenio puede ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, el miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del convenio. Articulo 11 1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 2. Todo miembro que haya ratificado este convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedara obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 12 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificara a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. 2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le ha sido comunicada, el Director General llamara la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrara en vigor el presente convenio. Artículo 13 El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Articulo 14 Cada vez que lo estima necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentara a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del convenio y considerara la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

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Articulo 15 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: a) la ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicara, “ipso iure”, la denuncia inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesara de estar abierto a la ratificación por los miembros. 2. Este convenio continuara en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Articulo 16 Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. El presente convenio entrara en vigor el 20 de abril de 1978, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de su artículo 8, habiendo sido registrado el instrumento de ratificación español el 20 de abril de 1977. Texto 88. Real Decreto 2077/1979, de 14 de agosto, por el que se reestructura el Fondo de Garantía Salarial. BOE de 5 de septiembre de 1979. El Fondo de Garantía Salarial, desde su creación, se ha revelado como importante instrumento de política social, al tiempo que se puso de relieve, desde el inicio de sus actividades, la conveniencia de dotarlo de una estructura funcionalmente adecuada al cumplimiento de sus fines, como consecuencia de la complejidad de la gestión, el constante incremento de demanda de prestaciones y la necesidad de evitar posibles intentos de fraude, que redundan en perjuicio de los trabajadores, dotándolo de los instrumentos necesarios para prevenirlo y para recuperar en los supuestos que sea posible las sumas satisfechas o anticipadas. Igualmente es necesario proceder a una redistribución de las funciones de sus órganos de gobierno a fin de lograr una actuación más ágil y eficaz, para lo que se estima como criterio básico la necesidad de configurar un organismo, en este caso la Secretaria General del Fondo de Garantía Salarial, como órgano permanente de gobierno y administración. Dispongo: Articulo uno.El Fondo de Garantía Salarial se estructura de la siguiente forma: Son órganos rectores y de gestión: Uno. En el ámbito nacional: El Consejo Rector. La Secretaria General. Dos. En el ámbito provincial: Las comisiones provinciales. Artículo dos.Uno. El Consejo Rector, que se reunirá al menos dos veces al año, estará constituido de la siguiente forma: Presidente: el Subsecretario de trabajo. Vocales: el Director General de Trabajo, el Director General de empleo y promoción social, el Director General de jurisdicción de trabajo, el Secretario General del fondo que actuará como secretario con voz y voto. Dos. Son funciones del Consejo Rector: - elaborar los criterios de actuación del Fondo. - estudiar la situación económica del Fondo y proponer al Ministerio de trabajo las medidas oportunas para el cumplimento de sus fines.

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- aprobar la memoria y balances resultantes del funcionamiento del Fondo para su elevación al gobierno. Articulo tres.Uno. El Fondo de Garantía Salarial tendrá como órganos, directivo y de gestión, de carácter permanente, a la Secretaria General. El Secretario General, con nivel orgánico de Subdirector General, será nombrado libremente por el Ministro de Trabajo entre funcionarios del Estado con titulación superior. Dos. El Secretario General ostentara la representación jurídica del Fondo y la jefatura de todos los servicios, ejerciendo en materia de personal las funciones derivadas de dicha jefatura y ordenara el pago de prestaciones en base a las resoluciones de las comisiones provinciales y a la Secretaria General, así como, en su caso, de las salas de lo contencioso-administrativo dictadas en los recursos que las mismas resuelvan. Tres. Son funciones de la Secretaria General: - procurará el más rápido y completo reembolso al Fondo de las sumas satisfechas o anticipadas, mediante el ejercicio. A través de los servicios centrales o de las comisiones provinciales, de todos los actos necesarios a tal fin, y en especial de los derechos acciones en que hayan quedado subrogado el Fondo. - ejercer y desarrollar las funciones directivas, administrativas de gestión no reservadas al Consejo Rector. - resolver los recursos de alzada presentados contra las resoluciones dictadas por las comisiones provinciales. - ejecutar las decisiones del Consejo Rector. - elaborar y elevar al Consejo Rector la memoria y balances resultantes del funcionamiento del Fondo para su aprobación. - adoptar cuantas decisiones de estimen necesarias para la buena marcha del Fondo. - cualesquiera otras no reservadas al Consejo Rector. Cuatro. La Secretaria General del Fondo de Garantía Salarial se estructurara en las siguientes unidades: Con nivel orgánico de servicio: - servicio de administración y coordinación. - servicio de prestaciones. Artículo cuatro.Uno. El servicio de administración y coordinación tendrá las siguientes funciones: - elaboración de los estudios económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo y mantener las necesarias relaciones con el órgano recaudador. - informar y difundir las actividades del Fondo. - coordinar las actividades de las comisiones provinciales con los órganos centrales del Fondo y resolver las consultas que estas plantean. - ejerce la inspección de las comisiones provinciales. Dos. El servicio de prestaciones tendrá las siguientes funciones: - estudio y elaboración de propuestas de resolución de los recursos de alzada contra las decisiones de las comisiones provinciales. Artículo cinco.Uno. Las comisiones provinciales estarán constituidas de la siguiente forma:

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Presidente: el delegado de trabajo. Vocales: El jefe de la inspección provincial de trabajo. Un letrado de los servicios jurídicos del Fondo. El secretario de la delegación actuara como secretario de la comisión. Dos. Las comisiones provinciales tendrán las siguientes funciones: - resolver en primera instancia los expedientes no atribuidos a la Secretaria General. - informar periódicamente a la Secretaría General de la situación y funcionamiento de la comisión provincial. Tres. La representación y defensa en juicio del Fondo corresponde al cuerpo de abogados del Estado. No obstante, y para el cumplimiento de lo dispuesto en el número tres párrafo primero, del artículo tercero, del presente Real decreto, el Ministerio de Trabajo podrá proponer, en los términos del párrafo segundo del artículo ciento veinticinco del reglamento orgánico de la Dirección General de lo contencioso del Estado de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres, la designación como letrados sustitutos de aquellos, a funcionarios licenciados en derechos adscritos a las delegaciones provinciales de trabajo, en el número que las necesidades del servicio lo requiera. Artículo seis.Las peticiones de los trabajadores por sus remuneraciones pendientes de pago, correspondientes a cuatro meses como máximo, o de las indemnizaciones reconocidas en la forma y con los limites señalados en el artículo segundo, párrafo dos, del real decreto-ley treinta y cuatro/ mil novecientos setenta y ocho, de dieciséis de noviembre, se dirigirán a la comisión provincial territorial competente, acompañadas de la siguiente documentación: a) Titulo ejecutivo en el que conste la existencia de la deuda a favor de los trabajadores. b) Testimonio de la resolución judicial que declaro la insolvencia, suspensión de pagos o quiebra y certificación de estar incluido el solicitante en la lista de acreedores con un crédito igual o superior a la cantidad solicitada al fondo, que tenga su causa en los mismos hechos en que se fundamenta la petición, en su caso. c) Certificación de estar inscrita la empresa en la Seguridad Social y tener afiliado y en alta al trabajador solicitante. d) Declaración jurada de no haber percibido de la empresa responsable la cantidad adecuada, firmada siempre por el trabajador, y por el empresario, cuando fuese posible. Articulo siete.Las resoluciones de la comisión provincial serán notificadas a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes. Una copia de la resolución será remitida, dentro del mismo plazo a la Secretaria General para su conocimiento. Artículo ocho.Uno. Las resoluciones de las comisiones provinciales podrán ser a recurridas en alza ante la Secretaria General en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación en forma a los interesados. Dos. La Secretaria General resolverá el recurso en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en el que el escrito hubiera tenido entrada en la misma. Tres. La resolución de la Secretaria General pondrá fin a la vía administrativa. Artículo nueve.-

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Las resoluciones de la Secretaria General podrán ser objeto de recurso contenciosoadministrativo. Artículo diez.Con la previa conformidad y la aprobación del Ministro de Trabajo, la Secretaria General podrá concertar con la Tesorería General de la Seguridad Social todos los extremos relativos al fondo en los que se estime conveniente la intervención de la citada entidad, ordenando las relaciones de esta con los órganos rectores y de gestión. El concierto se ajustara a las normas dictadas por la secretaría general y, en especial, a las relativas a separación del patrimonio, cuentas y balances. Articulo once.Todos los actos, documentos y expedientes del Fondo de Garantía Salarial de los que se deriven derechos de contenido económico serán intervenidos y contabilizados, de conformidad con lo establecido en la vigente ley general presupuestaria y disposiciones complementarias. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.- El Fondo de Garantía Salarial gozara en sus actuaciones ante los tribunales de justicia del beneficio de pobreza legal. Segunda.- La Dirección general de empleo y promoción social y los delegados de trabajo comunicaran al Fondo de Garantía Salarial los expedientes de regulación de empleo que se presenten y cuya resolución previsiblemente pueda afectar al mismo. Tercera.- A los efectos de las prestaciones a abonar por el Fondo, el importe del salario mensual será el que resulte según el convenio colectivo aplicable y vigente en la fecha de la insolvencia, de la suspensión de pagos o quiebra de la empresa y, en su defecto, el que establezca la ordenanza o reglamento laboral aplicable. Cuarta.- El gasto que representa la estructura que se deriva del presente Real Decreto se ingresara directamente por el Fondo de Garantía Salarial en el Tesoro. Disposiciones finales Primera.- Se faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las normas necesarias para el desarrollo de este Real Decreto. Segunda.- El presente Real Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y será de aplicación a todos los expedientes que se resuelvan a partir de dicha fecha. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogados los artículos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y treinta del Real Decreto 317/1977, de 4 de marzo, así como su disposición adicional, permaneciendo en vigor el resto del articulado en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 34/1978, de dieciséis de noviembre, o en el presente Real Decreto. Texto 89. Real Decreto-ley 39/1978, de 5 de diciembre, sobre forma de pago de haberes y salarios a funcionarios públicos y trabajadores de Empresas privadas. BOE de 7 de diciembre de 1978. La necesidad de garantizar la seguridad en el manejo, por las Administraciones públicas y por las empresas privadas, de los fondos precisos para el pago periódico de sueldos, salarios y pensiones, que obliga cotidianamente a la realización de movimientos de cantidades importantes de numerario, impone la adopción con carácter general de sistemas de pago a través de Entidades de Crédito.

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La urgencia de estas medidas, en cuanto afectan a la seguridad general, determina su regulación mediante el presente Real Decreto-ley. En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, en uso de la autorización concedida por el artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes y oída la Comisión a que se refiere el número uno de la disposición transitoria segunda de la Ley uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, para la Reforma Política, DISPONGO: Artículo primero. El artículo treinta de la Ley de Relaciones Laborales, de ocho de abril de mil novecientos setenta y seis, quedará redactado de la forma siguiente: “El salario habrá de pagarse en moneda de curso legal o, salvo oposición escrita del trabajador, mediante talón u otra modalidad de pago a través de Entidades de Crédito. En los centros de trabajo con más de cincuenta trabajadores, la empresa podrá en todo caso pagar por talón u otra modalidad de pago, a través de Entidades de Crédito. No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, por razones de seguridad, la autoridad gubernativa podrá disponer el pago del salario mediante talón u otra modalidad de pago a través de Entidad de Crédito”. Artículo segundo. Uno. El pago de haberes pasivos y pensiones de todas clases, así como el de retribuciones a todos los funcionarios públicos, tanto si dependen de la Administración Civil del Estado o de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social como si están al servicio de las restantes Administraciones públicas territoriales o de la Administración de Justicia, se efectuará, en la forma que reglamentariamente se disponga, mediante talón u otra modalidad de pago a través de Entidades de Crédito. Dos. Se podrá adaptar al régimen general de abono de retribuciones al personal dependiente del Ministerio de Defensa y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y Seguridad y al personal en activo del Ministerio de Educación y Ciencia. Artículo tercero. Del presente Real Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes. Texto 90. Constitución española de 27 de diciembre de 1978. CAPÍTULO II DERECHOS Y LIBERTADES (art. 14-38) Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sección 1 De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (art. 15-29) Artículo 28 1.Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho

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de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Sección 2 De los derechos y deberes de los ciudadanos (art. 30-38) Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 37 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. CAPÍTULO III DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (art. 39-52) Artículo 40 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42 El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 50 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

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