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INSTITIJCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

LA COlv!PETENCIA PERSONAL DEL ESTADO: NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA

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«la prostítución y el mal que ella acompaña, es decir. la trata de seres humanos con el fin de prostituirlos. son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad».

La Convención incrimina el hecho de contratar, atraer o dirigir hacia la prostitución a otra persona, aunque ella consienta (art. 1.1); explotar para la prostitución a otra persona; aunque ella consienta (art. 1.2); tener, dirigir, financiar o contribuir a financiar una casa de prostitución (art. 2.1), y el hecho de dar o tomar en arriendo· en todo o en parte un inmueble o cualquier otro lugar a los fines de dedicarlo a la prostitUción de otros (art. 2.2). La tentativa y los actos preparatorios deben ser también incriminados (art. 3.7). Se prescriben también medidas de colaboraciónjudícial, como· es tener en cuenta las condenas impuestas en un Estado extranjero a los efectos de la reincidencia, el conceder la extradición aunque no haya Tratado al respecto (art. 8), o juzgar a los culpables por hechos cometidos en el extranjero (art. 9) cuando se trate de nacionales o refugiados a los que el Estado no accede a la extradición y, finalmente, prevé una serie de facilidades para la comunicación entre autoridades judiciales relativas a las Comisiones rogatorias (art. 13). Se prevén también ciertas medidas de colaboración policial (arts. 14, 15 Y 18) Y medidas legislativas internas dirigidas a derogar las leyes y reglamentos o abolir las prácticas administrativas dirigidas a inscribir en registros especiales o soineter a condiciones especiales de vigilancia o declaración a las personas que se dediquen o sean sospechosas de dedicarse a la prostitución (art. 6). También los Estados partes se obligan a tomar las medidas para prevenir la prostitución y asegurar la reeducación de las victimas de ella (art. 16), asi como prestar una especial atención a las operaciones de emigración e inmigración para combatir la trata (art. 17), socorrer a las victimas (art. 19) y vigilar las oficinas o agencias de colocación (art. 20) para evitar que las personas que busquen un empleo sean expuestas al peligro. de la prostitución. La Convención no ha tenido una gran acogida'por parte de muchos países. Por 10 que a Europa se refiere se han adherido todos los paises del Este, y entre los occidentales, Noruega, España y Francia para el territorio metropolitano. El cariUno a recorrer para la abolición en ténninos absolutos de la trata de seres humanos en el plano mundial todavia es largo. Quede aquí constatado que las lineas generales de la reglamentación internacional están ya sentadas y que la lucha continúa. Desgraciadamente, la Convención no ha recibido un amplio apoyo por parte de la comunidad internacional, ya que hasta In fecha tan sólo 74 Estados han ratificado· o se han adherido a la misma. España lo hizo con fecha 18 de junio de 1962. El problema de la trata de seres humanos y la utilización ddos mismos con fines de prostitución y pornográficos ha suscitado, sin embargo, un amplio debate en la última década por lo que se refiere a la prostitución y la pornografia infantil. Como resultado del mismo, se han adoptado un amplio número de resoluciones en distintas Organizaciones, en especial europeas, que persiguen la adopción de medidas a nivel nacional e internacional para terminar con esta lacra. Sin embargo, el instrumento de mayor relevancia ha sido adoptado en el seno de las Naciones Unidas, en la fonna de un Protocolo complementario a la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata

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EL DERECHO DE ASaO COMO INSTITUCiÓN PROTECTORA

del Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil-y la utilización de los nbios el! la pornografía, que ha entrado en vigor el18 de enero de 2002. El Protocolo ha sido ratificado por España mediante instrumento de 6 de septiembre de 2002 (B.O.E. n. 27, de 31 de enero de 2002).

2.8); pero el verdadero control consiste en vigilar las cantidades producidas por medio de estadísticas minuciosas e informes frecuentes (arts. 12 y ss.). El Convenio exige un castigo «adecuado» (art. 36, párr. 1) Y que se incrimine no solamente los acuerdos, sino los actos preparatorios y las operaciones financieras relativas al tráfico de estupefacientes (art. 36, párr, 2). Se prevé también la extradjción de delincuentes [arto 36, párr. 2.b)] Y el tratamiento de los toxicómanos (art. 38). Dentro de la reglamentación internacional hay que señalar también el Convenio sobre sustancias ~icotrópicas firmado en Viena el 21 de febrero de 1971, y que se ocupa de los alucinógenos, estimulantes. y depresivos del sistema nervioso central. Esta reglamentación internacional ha sido complementada por la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988 y ratificada por España el 13 de agosto de 1990· (B.O.E. de 10 de noviembre de 1990). El objetivo de esta Convención es controlar con mayor eficacia los diversos aspectos del tráfico ilícito de tales productos a través de un sistema de vigilancia más riguroso que el previsto en los Convenios anteriores. Según los respectivos ordenamientos internos de las Partes, se prevé la tipificación como delitos penales la posesión, adquisición o el cultivo de eSÍ\lpefacientes cuando se cometan intencionalmente para el consumo personal y en contra de lo dispuesto en los Convenios de 1961 y de 1971 (art. 3.2) anteriormente citados, con la aplicación de sanciones que, según la. gravedad del delito, man desde la pena de prisión u otras formas de privación de la libertad, a sanciones pecuniarias y decomiso (art. 3.4). Se prevé igualmente la extradición (art. 6), la asistencia judicial recíproca y un estricto sistema de vigilancia del comercio internacional (art. 12.9), instando a reforzar la cooperación para eliminar el tráfico ilícito por el mar (art. 17).

C)

LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ESTIJPEFACIENTES

Como se dice en el Preámbulo de la «Convención única sobre estupefacientes» de 30 de mayo de 1961, la toxicomania, nacida del uso íncontrolado de estupefacientes, es «una plaga para el individuo» Yo «un peligro económico y social para la Humanidad». Como es sabido, el tráfico de drogas está organizado en el plano. mundial, y, lógicamente, en el mismo plano ha sido necesario organizar la lucha contra el mismo. El inicio de la reglamentación ínternacional 10 encontramos en '1:1 Convenio del Opio, firmado en La Haya 1;123 de enero de 1912, Y se continuó por medio de una serie de Acuerdos Internacionales que culminan en el «Conv.enio único», llamado asípof su intento de unificar diversos textos, firmado en Nueva York el) Ode mat'2;o de 1961 yentrado en vigor el 13 de diciembre de 1964. Al Convenio, que ha sido modificado por el Protocolo de Ginebra de 25 de marzo de 1972, se han adherido la maYQrparte. de los Estados del mundo. España lo ratificó por Instrumento de 3 de febrero de 1966 (B.O.E. de 22 de abril de 1966,26 de abril de 1967,8 de noviembre de 1967 y 22.de febrero de 1975). Este Convenio establece como órganos de fiscalización de estupefaC;:.Íentes, dentro del Marco de las N.U., a la Comisión de Estupefacientes. del Consejo'Económico y Social y a la Junta Internacional de Fiscalización .de Estupefacientes ,(arto $) ..La primera tiene. reconocido por el propio Convenio la «autoridad para estudiar las .cuestiones relacionadas con los. objetivos de la Convención» en general y en.,parti~ular lo relativo a la modificación de .listas de. estupefacientes,.programas de investigac;:ión científica y técnica y llamar la atención de los. Estados no. p¡¡¡tes en la conVención respecto a las recomendaciones y decisiones en la.materia (art. 8). El otro.órgano·de fiscalización de estupefacientes 'es la Junta (JIFE) que ha sido definida como Un. «órgano fiscalizador independiente y cuasi-judicial encargado de aplicar las Convenciones y el Conveni~ de las N.U. relativos a·las drogas y .quefue establecido en 1968 por.la Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes». Es independiente;.de los Gobiernos y de las N.U. y está formado por trece miembros, elegidos por periodos de tres años por el Consejo Económico y Social; en razón' de su competencia, imparcialidad y que ínspiren confianza general (art. 9). Los Convenios enumeran las funciones de la Junta que, en general, comprenden dos aspectos de la fiscalización: de drogas: con respecto a la fabricación, comercio y venta lícitas de drogas señala la. disponibilidad de cantidades suficientes para fines médicos y.científicos, evitando que se produzcan desviaciones de fuentes lícitas al tráfico ilícito; procediendo, por 10 demás; a catalogar los productos químicos; que se utilicen en. la fabricación, ilícita de drogas con el fin de su fiscalización internacional. La Junta publica un informe anual que se presenta al Consejo Económico y Social por conducto de la Comisión de Estupefacientes: con la que mantiene una relación de presentaciqn de informes, cooperación pasesoramiento, La fiscalización se ejerce. señalando, las sustancias sometidas a la misma;(art. 2 y cuatro anexos), susceptibles de·ampliación con otras. sustancias que puedan serutili.zadas para la fabricación ilícita de estupefacientes, y queJos Estados vigilarán (art.

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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (U)

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de los derechos humanos como fundamento de la paz en el continente. Sin embargo, va a ser en la IX Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá en 1948, donde esta vinculación se haga más explícita, al aprobarse simultáneamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Resolución XXX), la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Resolución XXIX) y la propia Carta de la O.E.A., base constitucional de la nueva Organización regional americana.

3. Sobre la "base de las escasas disposiciones de la Carta de la O.E.A. y de la actividad de la ComÍsÍón Interamericana se ha estructurado un autentico sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el que, junto a un proceso codificador tendente a la definición del estándar minimo de protección, se ha desarrollado un complejo modelo de protección de los derechos humanos en el que caben distinguir dos grandes categorias de mecanismos, a saber: los mecanismos convencionales aplicables a los Estados partes en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos extraconvencionales aplicables a todos los Estados miembros de la O.E.A.

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2. En este marco, no es de extrañar que la propia Carta de la O.E.A. declare entre los principios de la Organización que «los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo» [arto 3.1)] y que la Organización regional se haya dotado muy pronto de un órgano principal encargado de la promoción y protección de los derechos. humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, aunque la Carta de la O.E.A. no establecia originariamente ningún órgano con competencias especificas en este ámbito, ya en 1959 la V ReUnión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano básicamente tecnico y consultivo (Resolución vm). Si bien en un principio no se configura como un órgano de la O.E.A., denominándose con el ambiguo término de «entidad autónoma», el Protocolo de Buenos Aires,que reforma la Carta de la Organización, convierte a la Comisión en Órgano principal y permanente de la misma. De conformidad con su Estatuto, aprobado por la Asamblea General en 1979, la Comisión es una institución mixta, de naturaleza protectora y promocional, que está compuesta por siete miembros, elegidos por la Asamblea General de la O.E.A., por periodos de cuatro años renovables, de entre una lista de candidatos propuestos por los Estados. Los miembros son elegidos a título particular y no pueden, por consiguiente, recibir instrucciones del Estado del que son nacionales ni del Estado que los haya propuesto. Dado que la Comisión no está permanentemente reunida, la continuidad de sus trabajos se garantiza a través de una Directiva y de una Secretaría. La Directiva esta integrada por el Presidente y dos Vicepresidentes elegidos por la propia Comisión. La Secretaria asume las funciones de soporte administrativo y técnico de la Comisión y tiene a su frente a un Secretario Ejecutivo que es nombrado por el Secretario General de la O.E.A. En el marco del actual debate sobre la reforma del sistema interamericano, el propio Secretario General ha propuesto que el Secretario Ejecutivo sea designado por la Comisión (O.E.A., Hacía una nueva visióll ... : Anexo m, 41-43). Desde su creación en 1959 hasta la actualidad la Comisión Interarnericana de Derechos H!ll11anos ha experimentado un proceso de ampliación progresiva de sus competencias que le ha llevado desde su configuración como mero órgano,consultivo a su definición como autentíco órgano de control (NIKKEN: 205-212). Estas competencias se recogen explícitamente ya en la Carta de la O.E.A. reformada en Buenos Aires, que atribuye a la Comisión la competencia de «promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia», así como la «función de velar por la observancia de tales derechos» (arts. 106 Y 145). A ello se le ha unido, con posterioridad, la función protectora de base convencional que le asigna el Pacto de San José, que configura a la Comisión como uno de sus órganos de control.

B)

EL PROCESO CODIFICADOR

La elaboración de una Carta americana de derechos constituyó uno de los primeros objetivos del sistema interamericano. Dicho objetivo, que se proclama ya en Chapultepec, se plasmó en 1948 en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con la que se inicia un proceso codificador que ha atravesado por distintas fases. Asi, entre 1948 y 1969, la actividad codificadora es prácticamente inexistente, lirnitandose a la elaboración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que constituye, junto a la DeclaraciónAmericana, el principal texto de referencia del sistema interamericano, tanto desde una perspectiva material como procesal. La Convención fue aprobada el 22 de noviembre de 1969 y no entró en vigor hasta el18 de julio de 1978. El Pacto reconoce esencialmente derechos civiles y políticos, guardando así un paralelismo con el Convenio Europeo de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con posterioridad, los derechos reconocidos se han ampliado a través de dos protocolos adicionales. El primero de ellos, el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales fue aprobado por la Asamblea General de la O.E.A. el 17 de noviembre de 1988 y ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1999. Por su parte, el Protocolo relativo a la abolición "de la pena de muerte, fue aprobado el 8 de junio de 1990 y ha entrado en vigor el 28 de agosto de 1991 al obtener la ratificación de Panama, ya que de acuerdo con su arto 3 se prevé la entrada en vigor individualizada para cada uno de los Estados que lo ratifiquen o se adhieran al mismo. Además de estos instrumentos, en el seno de la O.E.A. se han adoptado igualmente textos de alcance sectorial, como la Conve1lción Intel'americana para Prevellir y Sancionar la Tortura, aprobada el9 de diciembre de 1985 y en vigor desde el28 de febrero de 1987, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana para prevenir. sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos dos últimos instrumentos, adoptados el9 de junio de 1994, han entrado en vigor el 28 de marzo de 1996 y el 5 de marzo de 1995, respectivamente, por tanto de una forma muy rápida ya que sólo precisaban de dos instrumentos de ratificación a tal fin. Este proceso de codificación encuentra su última manifestación en la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada el 7 de junio de 1999 y en vigor desde el 14 de septiembre de 2001. La caracteristica básica de estas Convenciones es que no crean mecanismos de control ad"hoc, asignando en general las funciones de

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supervisión a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos a las que nos refenremos a continuación.

Dicho procedimiento está dividido en dos fases en las que rigen reglas distintas tanto respecto de la legitimación para poner en marcha el mecanismo como respecto de los órganos competentes para ejercer el control en cada una de las fases. El procedimiento se ha de iniciar en todo caso y de forma necesaria mediante una denuncia introducida ante la Comisión Interamericana (CORTE INTERAMERlCANA, Asunto Viviana Gallardo: 20-25), que tiene competencia automática para entender de la misma sin necesidad de una declaración expresa del Estado interesado. La denuncia ha de ir dirigida contra un Estado parte en el Pacto de San José y puede presentarla cualquier persona fisica o grupo de personas, sin necesidad de acreditar la condición de víctima. La misma está sometida a unos requisitos de admisibilidad que, básicamente, se reducen a que no sea anónima, que se hayan agotado previamente los recursos internos, que no sea abusiva ni esté manifiestamente mal fundada," que sea presentada dentro del plazo de seis meses desde que se pródujeron los hechos y que no verse sobre un caso que ya haya sido resuelto o esté pendiente de solucíón ante otro sistema internacional de derechos humanos. La Comisión ha de emitir en todo caso un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la denuncia con carácter previo al inicio del examen sobre el fondo. Para ello ha constituido, en virtud de su nuevo Reglamento, un Grupo de Trabajo que se reúne con carácter previo a las reuniones plenarias de la Comisión con la finalidad de formular las correspondientes propuestas sobre la admisibilidad de los asuntos. Las denuncias o comunicaciones recibidas por la Comisión son transmitidas al Gobierno interesado para que formule las observaciones pertinentes, de tal forma que -salvo que se produzca el arreglo amistoso previsto en el arto 49 de la Convencíónse inicia así un procedimiento contradictorio que finaliza con un primer informe de la Comisión en que se pronuncia sobre la eventual violación de los derechos humanos imputable al Estado denunciado. Con este informe de carácter confidencial, que se transmite al Estado interesado, se cierra la primera fase del procedimiento, en la que tan sólo interviene la Comisión, y se abre el cómputo del plazo de tres meses para que se inicie la segunda fase, en la que pueden intervenir alternativamente la Corte Interamericana o la propia Comisión. Los criterios que permiten la intervención de la Corte en esta segunda fase son muy x:estrictivos, y, así, dicho órgano no es competente más que si el Estado denunciado ha reconocido expresamente competencia a la Corte. Además, aun 'siendo competente, tan sólo pueden presentar demandas ante la Corte los Estados y la Comisión, lo que deja al individuo fuera de los sujetos legitimados para instar la actuación de la Corte. En caso de que la Corte resulte competente e intervenga, el procedimiento finaliza con una sentencia en la que se pronuncia con carácter definitívo sobre la violación atribuida al Estado y en la que puede imponer igualmente una reparación equitativa (indemnización económica) a favor de los particulares. Tanto los criterios de legitimación como el procedimíento, alcance y efectos de las sentencias de la Corte son objeto de estudio detallado en el Capítulo XXXVIII del presente libro, al que remitimos. En el supuesto de que la Corte no intervenga, la Comisión Interamericana recupera su competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. A tal fin, ha de emitir un informe en el que se pronuncia: de manera definitiva sobre la denuncia presentada por el particular y puede formular recomendaciones al Estado para restablecer el res" peto y disfrute del derecho violado. Aunque el informe definitivo es obligatorio para el Estado, el margen de discrecionalidad de que goza a la hora de aplicarlo es aún mayor

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Los MECANISMOS CONVENCIONALES DE PROTECCIÓN: EL SISTEMA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

1. Los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano tienen su expresión más significativa en el Pacto de San José. El mismo está dedicado fundamentalmente a la protección de los derechos civiles y políticos, con un contenido similar al de la Convención Europea de 1950 y al del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Aunque la lista de derechos protegidos ha sido ampliada por el Protocolo de San Salvador, ello no afecta de manera decisiva al sistema de protección, ya que los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción del derecho a la educación, a la huelga y los derechos sindicales, quedan excluidos del mecanismo de protección basado en las denuncias individuales (Protocolo de San Salvador, arto 19.6, a contrario). El sistema de control previsto en la Convención Americana se estructura en torno a dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. En realidad, tan sólo la Corte constituye una innovación en el sistema interamericano, ya que la Comisión es además un órgano principal de la O.E.A., cuya estructura ya ha sido analizada supra. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial en sentido estricto, integrado por siete jueces, designados a título individual. Junto a los jueces electos, la Convención prevé la posibilidad de que se puedan nombrar jueces ad hoc en aquellos casos que afecten a un Estado que, en aquel momento, no cuente con uno de sus nacionales entre los jueces electos de la Corte. La estructura y reglas de funcionamiento de la Corte son analizadas en el Capítulo XXXVIII del presente libro, al que se remite. . Todos los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión y la Corte son asumidos directamente por la Organización regional, asegurándose de esta manera la permanencia e independencia de la Comisión y de la Corte respecto de los Estados que puedan verse sometidos a su jurisdicción. 2. En relación con la función de control, es de destacar que la Convención prevé tres fórmulas claramente diferenciadas, a saber: el estudio de los informes periódicos presentados por los Estados, el examen de las denuncias intergubernamentales y el examen de las denuncias individuales. Respecto de cada una de ellas, la'Comisión y la Corte ejercen funciones diferenciadas. El sistema de informes periódicos, similar al establecido en el ámbito de las Naciones Unidas, se desarrolla únicamente ante la Comisión Interamericana .y no ha alcanzado el grado de desarrollo que este típode procedimientos ha tenido en el foro universal. Por su parte, el sistema de denuncias interestatales no puede aplicarse más que en aquellos casos en que los Estados afectados hayan emitido la declaración de aceptación de competencia de la Comisión prevista en el arto 45.1 delPacto,IY hasta la fecha no ha entrado en funcionamiento. ' Frente a ellos, el sistema de control por.excelencia en el sistema convencional interamericano está constituido por el examen de las denuncias individuales (pINTO: 30).

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que el ya mencionado respecto de las sentencias de la Corte, y la Comisión tan sólo tiene a su disposición el mecanismo de hacer público el informe en el caso de que el Estado no se avenga a las recomendaciones que se le formulan. Para concluir con el sistema establecido en el Pacto de San José, y aunque no se trata de un mecanismo de controlo protección en sentido estricto, hay que hacer referencia a la facultad otorgada a la Corte para emitir opiniones consultivas. Dicho mecanismo se concibe en el sistema interamericano en términos mucho más amplios que en otros sistemas, en especial el europeo, y ha sido objeto de un importante e interesante desarrollo, de manera que la Corte ha emitido importantes opiniones consultivas, que han contribuido de manera significativa a la definición del sistema de protección contemplado en el Pacto de San José (ver Cap. XXXVllI de este Manual). En todo caso, ha de destacarse que el sistema convencional aquí descrito ~a sido objeto de un importante debate sobre su futuro, auspiciado tanto por los propios órganos de control como por la Asamblea de la O.E.A., que ha girado, fimdamentalmente, en torno a la relación entre Comisión y Corte, así como los sistemas que. faciliten el acceso de los particulares a la Corte. El resultado principal de dicho proceso se refleja en la adopción de los nuevos Reglamentos de la Comisión y de la Corte, que han entrado en vigor en 200 l. Esta misma preocupación, en especial desde la perspectiva del papel que corresponde a la Comisión y a la Corte en el sistema de protección y la fornla en que se definen sus relaciones mutuas, se ha visto reflejada en la actividad judicial de la propia Corte Interamericana, siendo digna de mención en particular la Opmión COllsultiva OC-19/05, de 28 de noviembre de 2005, solicitada por la República Bolivariana de Venezuela, sobre el control de legalidad en el ejercicio de las atribuciolles de la Comzsión Illteramericana de Derechos Humanos (al'ts. 41 y 44 a 51 de la COllvencíólIAmericalla de Derechos Humanos).

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INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Los MECANISMOS EXTRACONVENCIONALES DE PROTECCIÓN

Como ya se señaló supra, el sistema convencional previsto en el Pacto de San José no constituye el único mecanismo de protección de los derechos humanos existente en el sistema interamericano. Por el contrario, ya con anterioridad a la entrada' en vigor de la Convención de 1969. la Comisión Interamericana había recibido importantes competencias protectoras cuyo ejercicio se encontraba regulado en su Estatuto y que se han mantenido con posterioridad a la entrada en vigor:de aquélla en 1978 .. Así, de conformidad con las competencias que le otorgan los artículos 18, apartados c). d) y g), y 20 de su Estatuto reformado en 1979, la Comisión puede desarrollar tres tipos de actividades en vía extraconvencional, a saber: estudio sobre la situación de los derechos humanos en paises concretos, estudio de comunicaciones individuales sobre violación de derechos humanos e investigaciones (dn loco)) en un determinado Estado, en este caso con el previo consentimiento del mismo. No obstante, conviene destacar que esta última actividad constituye más un método de trabajo que un mecanismo de control autónomo. En cualquier caso, el elemento común a las actividades mencionadas es que son llevadas a cabo por la Comisión en tanto que órgano principal de la O.E.A. y, por tanto; al margen de texto convencional alguno. De esta forma, el texto normativo de referencia utilizado por la misma para el ejercicio de sus fimciones es únicamente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que

LA PROTE' que permite~ ~! Est~do denunciante elegir entre presentar directamente la.denuncIa ante la Corruslon o mtentar con carácter previo un arreglo bilateral directo con el Estado infractor, que en caso de fracasar permitiría la presentación de una denuncia ante la Comisión. En am~os casos el Estado denunciante ha de asegurarse de que se han agotado los recursos 1Uternos en el Estado denunciado. Por su parte, la Comisión ejercerá sus funciones ,de control conforme a un procedimiento contradictorio y a puerta cerrada y elaborará un informe en el que constarán los hechos y las conclusiones sobre la presunta violación, y en el que podr~ incluir igualmente recome?,daciones dírigid~ a la Conferencia ~e Jefes de Estado o de Gobierno sobre las medIdas a adoptar. El informe, que se rerrute a los Estados y a la Conferencia, es confidencial y sólo podrá ser hecho público si la Conferencia de Jefes·de Estado o de Gobierno así lo decide. La última técnica de control consiste en el estudio de las otras comunicaciones distintas a las presentadas.por los Estados, En relación con las mismas es de destacar que la Carta Africana no contempla expresam~nte la fórmula. de las. (~denuncias individuales» que, en la práctica, se han recondUCido a la categona genenca de las «otras comunicaciones», . Dichas comunicaciones están sometidas a unas condiciones de admisibilidad más rigurosas que las interestatales, en particular no ser anónim,as, ser c?m~atibles co?,la Carta de la U.A. y la propia Carta Africana, 110 estar redactadas en terrrunos ofenSIVOS o injuriosos para el Estado concernido, no basarse únicamente en noticias de prensa, haber agotado los recursos internos, ser presentadas en un plazo razonable y no haber sido sometidas a otro sistema internacional de arreglo. La Comisión puede decidir además, por mayoria de sus miembros, que una denuncia asi pr~sentada no será retenida y analizada. Sin embargo, en la práctica de la Comisión se ha ¡mplles~o el u~o de dar trámite, sin votación, a todas las comunicaciones recibidas y que cumple11 los requisitos de admisibilidad. En todo caso, la posición del Estado se preserva al establecerse la obligación de darle traslado de todas las denuncias que le afecten. Las medidas que puede adoptar la Comisión son muy reducidas, Así, cuando considere que una o más comunicaciones «aparentemente están relacionadas con casos que revelan la existencia de un conjunto de serias y masivas .~iola~ione~ de d~rechos humanos y de los pueblos», tan sólo puede llamar la atencIon sobre dicha CIrcunstancia a la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno. Y es a la Conferencia a quien compete adoptar las decisiones sobre el fondo. Dichas deci~iones c~nsiste?­ fundamentalmente en ordenar la realización de un estudio en profundidad-y el sometimiento a la Conferencia de un informe cQn los hechos y conclusiones pert~entes,. así como con las recomendaciOnes oportunas. Las decisi9ues así adoptadas revisten total confidencialidad, salvo que la Conferencia de Jefes de Estado·o d~ Gobierno decida lo. c o n t r a r i o . ' . ..' ..

En cualquier caso, el sistema de comunicaciones es utilizado muy escasamente, en buena medida por el desconocimiento del sistema entre la población afectada, por la escasa satisfacción que otorga al particular y por la inexistencia de una red de organizaciones no gubernamentales en el continente africano que le sirva de soporte, sin las que el sistema de control es prácticamente inoperante. Con la adopción del Protocolo de 1998 relativo a la creación de la Corte Africana, se produce un giro importante en la anterior práctica del sistema de protección de la U.A., y una aproximación del sistema africano a los otros dos grandes sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en los que desde sus .inicios se instauraron Tribunales a tal fin. De esta manera se pretende superar definitivamente la posición de rechazo de los Estados africanos respecto de la existencia de una jurisdicción regional africana en materia de derechos humanos, que ha estado motivada' en buena medida por la consideración de dicha institución como una suerte de injerencia en 'asuntos internos. La nueva Corte goza de una competencia amplia que le remite resolver cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Carta, del Protocolo o, incluso, de cualquier otro instrumento relativo a derechos humanos que haya sido ratificado por los Estados concernidos. Por esta vía puede recibir demandas sobre violaciones de derechos humanos que pueden ser presentadas por la Comisión, por un Estado miembro de la u'A. o por individuos y ONGs que gocen de estatuto de observador ante la Comisión Africana. Igualmente puede ejercer una amplia competencia consultiva, emitiendo dictámenes que le sean solicitados por un Estado miembro de la u'A., un órgano de la u.A. o una Organización Africana reconocida por la U.A., con la única limitación de que no se refiera a una demanda que esté pendiente ante la Comisión Africana. De esta forma, la Corte Africana ha recibido un mandato amplio similar al otorgado en su dia al Tn'bunal Europeo y a la· Corte Interamericana. Sin embargo, el alcance real del mismo está por definir, ya que su ejercico habrá de enfrentarse en el futuro a serias dificultades, en particular derivadas de la confusa e imprecisa distribución de competencias entre la Comisión y la Corte, lo que, sin duda, puede limitar muy sensiblemente a esta última.

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5.

EL DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO (l)

INSTITuCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Con el termino «promoción del desarrollo» no nos referimos a la creación de ~orm.as ~e Derecho Internacional obligatorias para los Estados, y cuya finalidad sea I~cldlr directamente .en el proceso de desarrollo de los países en vías de desarrollo; ru tampoco nos refenmos al establecimiento de instituciones internacionales creadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de otras organizaciones intern~cionales (como la C.E.,la O.C.D.E:, o laA.LE), que aprueban, financian o llevan a cabo proyect~s de desar:ollo en paises subdesarrollados; o a la. adopción de cualquier tipo de medidas operativas tendentes a paliar los efectos del insuficiente grado de desarrollo de esos paises. . Con el t~rmino «promoción del desarrollo» nos referimos al conjunto de actuac:ones . (reuruones, conferencias, estudios, informes, prospectivas, o elaboración de directrices y propuestas;;.) llevadas a cabo por los Estados o por.las Organizaciones·

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Internacionales, en particular por la O.N. u., para favorecer la formación de un consenso internacional sobre la necesidad de superar el subdesarrollo en que están inmersas más de dos terceras partes de la humanidad, sobre la noción misma de desarrollo y la opción del modelo de desarrollo que se pretende alcanzar, asi como sobre las medidas más adecuadas para configurar una política internacional en torno al· desarrollo de los paises en vías de desarrollo. Para una mejor comprensión, expondremos estas ideas en tres puntos: la internacionalización de la noción de desarrollo; la formulación de una estrategia internacional para el desarrollo; y la nueva dimensión del desarrollo en el Derecho Internacional Público.

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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA NOCIÓN DE DESARROLLO

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La consideración del desarrollo desde la perspectiva internacional ha propiciado que su noción no se circunscriba únicamente a los problemas que se suscitan en el interior de cada Estado, sino que debe elaborarse teniendo en cuenta las circunstancias y condicionamientos tanto económicos como políticos existentes en las relaciones entre los Estados. Por ello, la noción de desarrollo en el ámbito del derecho internacional ha ido vinculada normalmente a las exigencias del sistema económico imperante en la sociedad internacional (el sistema económico capitalista), a su percepción en cada momento, y a las distintas coyunturas de la política internacional.

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_.. a) En la primera etapa de las N.U.,en plena euforia de liberalización de la economia mundial y del establecimiento del sistema de Breton Woods, el desarrollo se concebía sólo en términos de crecimiento económico, de tal manera que el indicador para la evaluación del nivel de desarrollo alcanzado se expresa en términos de renta per cap ita o de producto nacional bruto. b) El cambio de coyuntura en la política internacional de los años sesenta originada por el proceso de descolonización, trajo al primer plano del debate en los foros internacionales una constatación clara: pese a la aceleración del índice de crecimiento económico de diversos países subdesarrollados, ello no había redundado en la reducción de los índices de pobreza, tales como el número de analfabetos, la malnutrición, las enfermedades endémicas, o alta tasa de mortalidad infantil. En este contexto se abre paso la noción de desarrollo social; concretamente, por Resolución 2542 (XVII) de 1969, la Asamblea General de las N.U. adoptó la . Ca/¡ters de Droit Eurape ••, 2004, n.' 1, p. 6. DEMARET, P.: «Les métamorphoses du G.A.T.T.::de la Charte de la Havane al'Organisation Mondiale du Corrunerce», Journal de TribunallX Drait Eurapeen, 1994. n. 11. p. 121. DUNOFF, J. L., «The Post-Doha Trade Agenda: Questions About Constituents, Competence, and Coherence». en The WTO and tile Doha Round. Kluwer, The Hague. 2003. EVENETT, S. J.: «The World Trade Organization Ministerial Conference in Hong Kong: What Next?», Joumal ofWorld Trade. vol. 40,2006, p. 221. HINOJOSA MAR:rINEz, L. M.: Comercio justo y derechos sóclales, Madrid, 2002.

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Complementaría

Véase eplgrafe 20 del Catálogo de materias más reciente de la revista Public Internat/onal Law. A Cllrrent BibliograpJry ofBooks and Articles, publicada semestralmente por el Max-Planck-Institut, asi como los epígrafes 20-23 de la publicación mensual de las Naciones Unidas Bíbliograp}¡te mensllelle/MontJily bibliography (ST/GVAlLIB/SER.BI).

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EL DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO (n)

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INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

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«La elCistencia de la obligación general de los Estados de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o control respeten el medio ambiente de otros Estados o de áreas más allá del control nacional forma ahora parte del corpus del Derecho internacional relativo al medio ambiente.»

En esta línea de creciente protección del medio ambiente en sí, debe recordarse que la Biosfera como tal nunca ha sido incluida por instrumentos juridicos internacionales dentro del «Patrimonio Común de la Humanidad». Ahora bien, la finalidad última del Derecho Internacional del medio ambiente es la protección de un interés común de la Humanidad por encima de los intereses particulares de los' EStados: no ya la supervivencia del conjunto de los seres humanos, sino el «derecho» de las generaciones futuras a recibir un medio ambiente digno aparecen así como elementos en la formación de principios y normas de «equidad intergeneracionab>. No hay duda de que las preocupaciones ecologistas favorecen la tendencia a consolidar dicha noción de «Patrimonio Común (ecológico) de la Humanidaeb>, que hace referencia a un régimen de gestión, por entes u órganos que actúan en interés de la Humanidad, de ciertos espacios y de sus recursos, e incluso de «bienes» situados en espacios de soberanía estatal [cfr. la Convención de Paris de 16 de noviembre de 1972 para la protección del Patrimonio mundial cultural y natural (B.O.E. de 1 de julio de 1982) y el Convenio de 18 de abril de 2002 (B.O.E. de 4 de diciembre de 2002) en'materia,pe patrimonio mundial]. Por su parte el arto 145 del Tratado de Montego Bay atribuye a la Autoridad el poder de asegurar la protección del medio marino frente a actividades realizadas en la Zona incluso exigiendo responsabilidad internacional a Estados. Más aún, como se ha señalado, los instrumentos aprobados por la Conferencia de Río de J aneiro de 1992 han introducido en la acción de la Comunidad Internacional en su conjunto y particularmente en la de las Naciones Unidas y su sistema la estrategia global del «desarrollo sostenible», de modo que los recursos medioambientales han sido integrados en muchos casos en la perspectiva del interés de la Humanidad en su utilización «sostenible» sobre la base de estándares universales de justicia y equidad. La estrategia de Naciones Unidas para el nuevo milenio se ha concretado en este ámbito, particularmente en el Documento Final de la Cumbre Mundial de septiembre de 2005 (A/601L.1). En cualquier caso, todavía hoy las nociones de «derecho de las generaciones futuras», «patrimonio común ecológico de la Humanidaeb> o «interés ecológico de la Humanidad» pertenecen a contextos que no son propiamente de Derecho Internacional positivo. . Así, hoy por hoy, no se admite la acción popular por lo que se refiere a la legi. timidad para presentar reclamaciones de reparación por daños al medio ambiente

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