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Spanish Pages [90] Year 2022
INFORME SOBRE DIVERSAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ACONTECIDAS EN EL PERÚ EN EL MARCO DE LA CRISIS POLÍTICA Y EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
Diciembre del 2022
DIRIGIDO A
: COMISIONADO EDGAR STUARDO RALÓN Relator para Perú
ASUNTO
:
DE
: RUTH LUQUE IBARRA Congresista de la República
Remito informe y anexos sobre diversas violaciones a los derechos humanos acontecidas en el Perú en el marco de la crisis política y el estado de emergencia nacional
SIGRID TESORO BAZÁN NARRO Congresista de la República Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarla cordialmente, y por su intermedio a los miembros de la delegación encargada de la visita en Perú programada del 20 al 22 de diciembre del 2022, que tiene la finalidad de constatar posibles vulneraciones a derechos humanos. Para tal efecto, hemos elaborado el presente informe que hace una descripción sumaria de los hechos acontecidos en el Perú, desde el día 7 de diciembre de 2022, con la asunción al gobierno de Dina Boluarte por sucesión constitucional, y presenta un breve análisis sobre vulneración conjunta de diversos derechos ciudadanos básicos protegidos por nuestro marco constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. A su vez, se brinda un conjunto de documentación anexa, fotografías y videos de los hechos precedentes y concomitantes a la vulneración de derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis política y de la dación del estado de emergencia nacional. I.
DESCRIPCIÓN DE HECHOS
1.1. Asunción de Dina Boluarte a la Presidenta de la República El 7 de diciembre de 2022, el Perú sufrió la irrupción del orden constitucional democrático, el expresidente Pedro Castillo decidió anunciar la disolución temporal del Congreso de la República, la reorganización del sistema de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Hecho que claramente transgredió la Constitución peruana, por lo que el Congreso de la República aprobó la vacancia presidencial. Como consecuencia Castillo fue destituido y detenido para afrontar las investigaciones judiciales al encontrarse en flagrancia.
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El mismo día, conforme señala la Constitución peruana y siguiendo los marcos establecidos, juramentó Dina Boluarte Zegarra como Presidenta Constitucional del Perú. Al mismo tiempo, en diferentes regiones del Perú diferentes organizaciones sociales de base y sociedad civil organizada, anunciaron la convocatoria a movilizaciones con diversas demandas, entre ellas: el cierre del congreso, convocatoria a nuevas elecciones generales, asamblea constituyente y liberación a Pedro Castillo. 1.2. Anuncio de acciones colectivas de protestas en diferentes regiones del Perú Ante el contexto político de vacancia de Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte, pobladores de diferentes distritos y provincias del país anunciaron acciones colectivas de protestas, cuestionando el rol del Congreso de la República, por lo que solicitan el cierre del Congreso; asimismo, cuestionan la asunción en el mando de Dina Boluarte, algunas voces exigen su renuncia. El 9 de diciembre de 2022, la nueva Presidenta Dina Boluarte, tomó juramento a su gabinete, mientras las protestas continuaron y se incrementaron. a) Apurímac Para el 9 de diciembre de 2022, la población de la provincia de Andahuaylas bloqueó los principales accesos a dicha ciudad, allí se dieron los primeros enfrentamientos entre la población de la provincia de Andahuaylas y efectivos policiales a la altura de la Comisaría de Andahuaylas1 y en el Puente Colonial de dicha ciudad2, los manifestantes fueron repelidos con gas lacrimógeno. El 10 de diciembre, las medidas de protestas en la provincia de Andahuaylas se agudizaron, la paralización fue total, asimismo, se protagonizaron otros enfrentamientos entre la población y los efectivos policiales, dejando heridos producto de este enfrentamiento. La movilización continuó y el grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto de Andahuaylas, donde se produjo otro enfrentamiento con efectivos del orden. Las manifestaciones continuaron, así el 11 de diciembre, dentro del aeropuerto de Andahuaylas, y en diferentes puntos de la ciudad, se produjo enfrentamientos entre la población y los efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes dispararon gases lacrimógenas a los manifestantes con la finalidad de disuadirlos; al parecer también habrían usado armas de fuego. En horas de la tarde, se reportaron a dos (2) personas fallecidas, y un gran número de civiles heridos; con el transcurrir de las horas, el número de fallecidos se incrementó a seis (6) en total, dos (2) de ellos menores de edad. los nombres de estas personas son:
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Nombres y apellidos
Edad
Lugar
Becan Romario Quispe Garfias
18 años
Andahuaylas - Apurímac
https://fb.watch/hwou6KlRmW/ https://fb.watch/hwoEVbYpv8/
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D.A.Q.
15 años
Andahuaylas - Apurímac
Jonathan Encino Arias Choccepuquio
18 años
Andahuaylas - Apurímac
Wilfredo Lizarme Barboza
18 años
Andahuaylas - Apurímac
Cristian Alex Rojas Vásquez
19 años
Andahuaylas - Apurímac
R.P.M.L.
16 años
Chincheros - Apurímac
El motivo del fallecimiento de las seis (6) personas fue, en su mayoría a causa de proyectil de arma de fuego, las mismas que habrían sido dirigidas directamente al cuerpo de las personas que fallecieron, varias de ellas fallecieron por el impacto al tórax y/o abdomen. b)
Arequipa
Desde el 7 de diciembre de 2022, en la ciudad de Arequipa, diferentes gremios y organizaciones sociales de base, iniciaron acciones colectivas de protesta exigiendo el adelanto de elecciones, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. Los manifestantes bloquearon los principales accesos de Arequipa: La Joya, Alto Siguas, Solomillo, Víctor, Ocoña, Aplao y Chala, a la altura de la carretera Panamericana, la misma que se encuentra bloqueada. Luego de cinco días de protesta, el 12 de diciembre, se produjeron diversos enfrentamientos entre la población y los efectivos de la Policía Nacional del Perú tanto en el centro de la ciudad, así como en inmediaciones del Aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa. Producto de estos enfrentamientos, falleció un ciudadano. Pese a la declaratoria de Estado de Emergencia, el 15 de diciembre de 2022, las movilizaciones no han cesado, por el contrario, estas han continuado, muestra de ello es que el 19 de diciembre, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se ha reportado un (1) fallecido más, en esta región se reportan dos (2) fallecidos. Nombres y apellidos
Edad
Lugar
Miguel Arcana
38 años
Cerro Colorado - Arequipa
Javier Da Silva Candamo
32 años
Chala - Arequipa
Conforme han señalado las autoridades de salud, ambos decesos habrían sido producto de armas de fuego utilizadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú. c)
La Libertad
Las organizaciones sociales y gremios de la región de La Libertad convocaron a una paralización indefinida, la misma que inició el 12 de diciembre de 2022 con bloqueos de la carretera Panamericana Norte a la altura del distrito de Chao, provincia de Virú, 3
donde se produjeron enfrentamientos entre la población con efectivos de la Policía Nacional del Perú, dejando un (1) fallecido.
d)
Nombres y apellidos
Edad
Lugar
Carlos Huamán Cabrera
26 años
Chao - La Libertad
Ayacucho
Desde la asunción de Dina Boluarte en la Presidencia de la República, el 7 de diciembre de 2022, en la región Ayacucho se realizaron diversas manifestaciones convocadas por las organizaciones sociales de base. El 15 de diciembre, la región de Ayacucho acató el paro nacional, el mismo día se produjeron enfrentamientos entre la población y efectivos de la Policía Nacional del Perú en inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte; en dicha región se registraron (9) nueve fallecidos, de ellos un (1) menor de edad. Nombres y apellidos
e)
Edad
Lugar
C.R.A.
15 años
Huamanga - Ayacucho
Josué Sañudo Quispe
31 años
Huamanga - Ayacucho
Clemer Fabricio Rojas García
23 años
Huamanga - Ayacucho
Luis Miguel Urbano Sacsara
22 años
Huamanga - Ayacucho
José Luis Aguilar Yucra
20 años
Huamanga - Ayacucho
Raúl García Gallo
35 años
Huamanga - Ayacucho
Edgar Wilfredo Prado Arango
51 años
Huamanga - Ayacucho
Leonardo Hancco Chacca
32 años
Huamanga - Ayacucho
Jhon Henry Mendoza Huarancca
34 años
Huamanga - Ayacucho
Junín
Junín, fue otra de las regiones donde las manifestaciones ciudadanas fueron en incremento, desde el 7 de diciembre, se vieron diversas acciones colectivas de protestas en las calles de Huancayo, capital de Junín. El 13 de diciembre estas protestas ciudadanas toman mayor fuerza, con la participación de más organizaciones sociales de base, gremios universitarios, entre otros. Se registraron bloqueos en los principales accesos a Junín, como es el caso del bloqueo del puente Pichanaki, lugar donde se desarrolló un enfrentamiento entre
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efectivos de la Policía Nacional del Perú y la población, dejando heridos y dos fallecidos. Nombres y apellidos
Edad
Lugar
Jhonatan Tello Claudio
17 años
Pichanaki - Junín
Diego Galindo Vizcarra
45 años
Pichanaki - Junín
Ronaldo Fernando Barra Leyva 22 años
Pichanaki - Junín
Conforme han reportado las autoridades sanitarias la causa del deceso de estas personas serían por impacto de proyectil de arma de fuego. f)
Otras regiones del país
El Perú está conformado administrativamente por 25 regiones, si bien sólo se han registrado 26 personas fallecidos en cinco (5) regiones, las 20 regiones del país, también se encuentran acatando medidas de lucha, con bloqueos de carreteras, movilizaciones constantes y en algunos casos se producen enfrentamientos entre los efectivos de la Policía Nacional del Perú y la población. Estas regiones que vienen movilizándose son: Puno, Cusco, Ucayali, Piura, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Lambayeque, Ica, Huancavelica, Áncash y Callao y Lima. Es necesario señalar que los pueblos indígenas y de la Amazonía, se declararon en movilización permanente en y desde los territorios amazónicos, así lo señalaron en el comunicado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)3, que congrega a nueve organizaciones regionales de la Amazonía. 1.3. Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, uso de la fuerza e intervenciones arbitrarias Tras las protestas entre las primeras respuestas que tuvo el gobierno fue declarar el estado de emergencia en todo el Perú al amparo del artículo 137 de la Constitución4, con la finalidad de restringir libertades de los ciudadanos e impedir las movilizaciones, 3
https://aidesep.org.pe/noticias/movilizacion-nacional-indigena-en-la-amazonia-hasta-lograr-eladelanto-de-elecciones-generales/ 4 Artículo 137.- Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. (…)
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manifestaciones y las protestas sociales. El 14 de diciembre se publicó el Decreto Supremo Nº 143-2022-2022-PCM que declara el estado de emergencia en todo el país, durante 30 días; asimismo, el día 15 de diciembre también se publica el Decreto Supremo Nº 144-2022-PCM que declara la inamovilidad social durante 5 días en 15 provincias del país5. Durante el estado de emergencia a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene a su cargo el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), quedando suspendidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Tras la declaratoria un gran número de efectivos policiales y militares se han desplegado en diversas zonas del país. Esta incursión genera temor y preocupación en la población, debido a su intervención hostil y de uso desproporcionado en el uso de las armas letales, sin seguir los procedimientos establecidos en los reglamentos6, razón por la cual muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado y demandado el cumplimiento de los criterios de temporalidad, proporcionalidad e idoneidad; los cuales son fundamentales para el ejercicio de esta facultad. Desde la declaratoria de estado de emergencia y como consecuencia del ingreso de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para “mantener el orden interno” en todo el territorio peruano, se han suscitado varias violaciones a derechos fundamentales por el uso desmedido de la fuerza. El Decreto Supremo N.º 144-2022-PCM que restringe la libertad de tránsito decreta “toque de queda”. Como se ha descrito en los apartados anteriores, tras la habilitación legal de la intervención de la PNP y de las FFAA, las protestas sociales han sido enfrentadas con medidas directas de control haciendo uso de armas de fuego que han ocasionado muertes y lesiones de diferentes personas. El caso más dramático lo ha tenido Ayacucho, tanto en el modo que operaron las fuerzas policiales y militares que abruptamente y de modo violento arreciaron contra manifestantes, pero sobre todo por las cifras de muertos y heridos que dejó el primer día de protesta, una vez vigente el Estado de Emergencia, y según indican las evidencias y testimonios utilizando armas de fuego. Fue alarmante, además, el uso de un helicóptero sobrevolando la ciudad lanzando bombas lacrimógenas lo cual es un riesgo mortal directo por su forma de uso.
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Artículo 1. Inmovilización social obligatoria 1.1. Declarar por el término de cinco (5) días calendario, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en el marco del Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 143-2022-PCM, en las jurisdicciones y horarios establecidos en el anexo adjunto, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo (provincia y departamento de Arequipa, provincia de Virú del departamento de La Libertad, provincia y departamento de Ica, provincia de Pisco departamento de Ica, provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac, provincia de Cusco, La Convención, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, provincia de Carabaya y San Román del departamento de Puno, provincia de Tayacaja y Angaraes del departamento de Huancavelica y la provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho). 6 Decreto Legislativo N° 1186 - Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
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1.3.1. Intervenciones policiales a organizaciones sociales y de pueblos indígenas El día 26 de diciembre, tomamos conocimiento que, la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional había intervenido el local del Confederación Campesina del Perú (CCP) en la ciudad de Lima. El local de esta organización indígena estaba siendo usado, desde hace varios días, para pernoctar por diversos pobladores indígenas provenientes de regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; quienes se trasladaron desde sus comunidades con la finalidad de desarrollar protestas sociales en la ciudad de Lima, debido a la crisis política que afronta nuestro país. Durante esa mañana se encontraban 26 personas, en su mayoría quechua hablantes, preparando sus alimentos. Es a las 8:00 am aproximadamente cuando un grupo de 20 miembros de la Policía Nacional que irrumpe intempestivamente en este local, argumentado que al estar en estado de emergencia los derechos de reunión e inviolabilidad de domicilio se encontraban suspendidos, que en local se estarían planificando el atentado contra los bienes público y privados y otros delitos. Bajo estos argumentos y la supuesta condición de flagrancia en la comisión de delitos, la Policía intervino, registró e incautó objetos a las personas que se encontraban allí. Tras recibir las denuncias de esta intervención a pobladores indígenas, nos dirigimos personalmente a este lugar para exigir el cumplimiento cabal de los procedimientos legales y el debido proceso. En principio debemos sostener que, el ingreso a este local inicialmente estuvo restringido e incluso se impidió el ingreso pese a que se señaló que se ingresa a realizar labores de fiscalización conforme las funciones de Congresista; tras las exigencias se me permitió el ingreso. Las diligencias tuvieron una duración de más de 12 horas, y durante este proceso se pudo observar lo siguiente: ● Durante más de dos horas, entre las 9:00 am hasta 11:30 am aproximadamente no se permitió el ingreso de abogados para que los 26 intervenidos puedan acceder a la defensa y garantizar sus derechos. ● El Ministerio Público, Fiscalía Especializada en delitos de Terrorismo y Criminalidad Organizada se hizo presente al promediar las 11:00 am. Durante este periodo las diligencias como la inspección, registro personal intentaron ser realizadas sólo por los miembros de la Policía Nacional. ● Al ser los intervenidos en su mayoría miembros de pueblos indígenas, inicialmente no se había previsto la presencia de intérpretes y traductores Quechuas; es recién que, tras los reclamos y gestiones que se realizaron que, hacía el mediodía se pudo contar con dos (2) intérpretes acreditados por el Ministerio de Cultura. ● La intervención estuvo a cargo de más de 50 efectivos policiales, ubicados dentro y fuera del local de la Confederación Campesina, esto implicó un escenario de hostilidad y temor para los pobladores, quienes desde el inicio identificaron un alto riesgo para la vulneración de sus derechos constitucionales. ● El estado de emergencia en este y otros casos, permite que los miembros policiales y de las fuerzas armadas puedan discrecionalmente tomar una decisión de intervención a domicilio y privar de la libertad a pobladores, en especial a los más vulnerables. Al no requerirse una orden judicial de allanamiento se abre una posibilidad a la arbitrariedad y discrecionalidad que pone en riesgo la plena
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vigencia de los derechos humanos, en especial en escenarios de conflictos sociales. 1.4. Cifras Globales. – En suma, conforme a los hechos expuesto, desde la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte a la Presidencia de la República del Perú, la crisis política en el país se agudizó, las acciones colectivas de protestas y los enfrentamientos entre los efectivos de la Policía Nacional del Perú con la población han dejado como saldo 26 civiles fallecidos a la fecha de hoy 20 de diciembre de 2022, conforme reportó el Ministerio de Salud (MINSA) y aproximadamente 600 personas heridas, entre civiles y efectivos del orden. A continuación, se expone con mayor detalle los distintos derechos reconocidos y garantizados por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos, que habrían sido vulnerados.
II. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y RECURSO LEGALES 2.1. Análisis sobre la conculcación de diversos derechos humanos 2.1.1 Las violaciones a los derechos a la integridad y vida Como se ha descrito en el apartado precedente correspondiente a los hechos, las diversas manifestaciones han arrojado 26 personas fallecidas y más de 600 personas han visto afectada su integridad física y psicológica. Sin duda, estos hechos vienen contraviniendo los dispuesto en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 4 y 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Los derechos a la vida e integridad constituyen un pilar fundamental para garantizar la dignidad humana y exige a los Estados la obligación de garantizar para un goce pleno, lo cual permitirá el disfrute de todos los demás derechos humanos. Aún en estados de excepción como el estado de emergencia decretado en el Perú durante 30 días, que podría ser prorrogados, no habilita al Estado a afectar arbitrariamente la vida e integridad los pobladores; tal como la Corte IDH lo ha sostenido: “De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Parte” (Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fundamento 63).
Es importante recordar que, incluso en escenarios de protestas, como sostiene también la Corte IDH, se deben desplegar las accione para evitar un uso desmedido de la fuerza pública que implique una grave afectación a la vida e integridad:
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167. Si bien los Estados gozan de un cierto grado de discreción al evaluar el riesgo al orden público, a efectos de disponer el uso de la fuerza, esa discrecionalidad no es ilimitada ni carece de condiciones, particularmente cuando se trata de reuniones, protestas o manifestaciones protegidas por el artículo 15 de la Convención. Corresponde al Estado demostrar que adoptó las medidas estrictamente necesarias y proporcionales para controlar el riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas. Al respecto, esta Corte ya ha señalado que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles. (Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. Fundamento 167).
Finalmente es importante reiterar que “[…] el uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad”. (Fundamento 85. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo). 2.1.2. La afectación encubierta de derechos a la libertad de expresión y a la protesta.Ahora bien, sin perjuicio de los gravísimos hechos referidos y la vulneración directa de los derechos a la vida e integridad, así como a la libertad y seguridad personal por el gobierno de Dina Boluarte, acrecentados a partir de la dación de los Decretos Supremos números 143-2022-PCM y 144-2022-PCM, también es importante considerar que dicho marco legal ha significado en la práctica la restricción de otros derechos constitucionales esenciales para el ejercicio de la democracia. Así, por ejemplo, terminan siendo atacados la libertad de expresión y la protesta, al punto que podrían ser objetivos políticos encubiertos con las medidas de excepción arbitrarias que se plantearon. En efecto, en el caso específico de la libertad de expresión, existen elementos contenidos en el estado de emergencia que nos llevan a considerar que lo que se ha buscado es constreñir específicamente el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos peruanos. Si bien el DS 143-2022-PCM suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión, y libertad y seguridad personal7; al no tener parámetros y por el contrario ser amplio da pie a la arbitrariedad de los agentes del orden al momento de juzgar en qué casos y a propósito de que motivos puede ser dichos derechos suspendidos. En esa misma línea, la falta de precisión sobre las zonas en donde se ejerce vandalismo y, en su lugar, extender sin distinción las restricciones a todo el ámbito nacional, le permite al gobierno contar con un mecanismo coercitivo real y concreto para amenazar los derechos relacionados a la libertad de expresión, así como el derecho a la protesta pacífica que tienen los peruanos vinculándolos con supuestas acciones de este tipo sin necesidad de probarlo. No es casualidad que un día antes de movilizaciones convocadas para el 15 de diciembre del presente año en Lima por las más grandes organizaciones representativas de los trabajadores, profesores y pueblos indígenas del Perú como son CGTP, SUTEP y AIDESEP, respectivamente, se haya publicado el 14 de 7
Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM.
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diciembre del presente el mencionado D.S. 143-2022-PCM. Igualmente, tampoco extraña la publicación del D.S. 144-2022-PCM que decreta la inmovilización de la ciudadanía por horarios en determinados lugares del interior del país un día después, el jueves 15 de diciembre, sabiendo que el fin de semana posterior se había convocado protestas por todo el país. En suma, al suspender varias garantías constitucionales por medidas de excepción como la emergencia y dejar a la discrecionalidad de las fuerzas del orden actos que puedan calificarse como vandalismo o perturbación de la paz social, claramente se genera un escenario que resulta desventajoso para las organizaciones y ciudadanos que quieran expresar su posición político de modo abierto y pacífico, instalándose un escenario de amenazas y peligroso sobre dichos actores. De conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de la jurisprudencia que la desarrolla, la libertad de expresión permite entre otras cosas, que toda persona pueda ejercer manifestaciones públicas en ejercicio de dicha libertad. Por otra parte, conforme al artículo 15 de la CADH y su desarrollo, el derecho a la reunión garantiza que todas las personas puedan congregarse en un determinado espacio para el logro de un objetivo común, incluso con la finalidad de ejercer el derecho a la protesta, siendo este un ejercicio democrático. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha reconocido la protección del derecho a la protesta señalando que este comprende: “la facultad de cuestionar, de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o a través de medios de difusión (materiales, eléctricos, electrónicos, virtuales y/o tecnológicos), de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas (incluso normativas) por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados, con el objeto de obtener un cambio del status”.8 Todos estos derechos se ven claramente vulnerados con el escenario de excepción jurídica que plantea el gobierno a través de los referidos decretos, cuya convencionalidad y constitucionalidad están en cuestionamiento. Las intervenciones arbitrarias ocurridas el sábado 17 del presente en diversos locales de organizaciones sociales y de izquierda de Lima críticas al gobierno descritos en el cap. I sólo corrobora el objetivo político de restricción de estos derechos por parte del gobierno, más allá de las libertades conculcadas explícitamente por los decretos supremos. 2.1.3. Las vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado peruano es responsable internacionalmente por la vulneración de los derechos del niño, consagrado en el artículo 19 de la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo, referidos a la protección de sus derechos y libertades, en perjuicio de R.P.M.L. (16 años de edad) y de D.A.Q (15 años de edad), J.T. C (17 años de edad) y C.R.A (15 años de edad).
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Sentencia recaída en el Expediente N° 0009-2018-PI/TC, fundamento 82.
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Como ya ha manifestado reiterativamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la condición de niño “(…) exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona”9. Este mandato implica que el Estado debe otorgar una protección intensificada a los niños a fin de garantizar el pleno desarrollo de todos sus derechos. Sin embargo, como se desprende de los reportes oficiales, dentro de la relación de fallecidos ocasionadas por el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones ocurridas en el Perú hay 4 menores de edad: 2 de Apurímac, 1 de Junín y 1 de Ayacucho. Lo más preocupante es que muchas de las víctimas no participaban de las protestas según se desprende de las declaraciones de los familiares. Es el caso, por ejemplo, del menor C.R.A. que se encontraba trabajando limpiando nichos y regando flores en el cementerio que está al costado del aeropuerto de Ayacucho10 (lugar donde se desencadenó el fuego contra los manifestantes), o el caso de J.T.C., quien se encontraba en la puerta de la casa de su enamorada en Pichanaki cuando fue alcanzado por un perdigón11. Entonces, más allá del desproporcional uso de la fuerza que significó de por sí el uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes, las fuerzas policiales y militares tenían el deber de tomar conocimiento del contexto en que se desarrolló su represión, lo cual implicaba la presencia de menores de edad dentro de las manifestaciones como al redor. Esta circunstancia no era para nada desconocida o poco evidente, de hecho, como sucedió en Apurímac, los otros 04 fallecidos recién habrían adquirido la mayoría de edad, 03 de ellos tenían 18 años y 01 tenía 1912. Por todo lo mencionado, se entiende que el Estado peruano tenía un deber reforzado de proteger los derechos de las víctimas, por dos factores, su minoría de edad y, como consecuencia de ello, su obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía de sus derechos al momento de la represión de las protestas sociales. Sin embargo, omitió revisar todo ello a la hora de utilizar de manera indiscriminada el uso abusivo de la fuerza. 2.1.4. La amenaza cierta e inminente contra los defensores de derechos humanos y la estigmatización que sufren. – El contexto actual ha generado un grave escenario de riesgo para los defensores de derechos humanos en el país, quienes vienen presentado a diversas organizaciones sociales, comunidades campesinas, nativas, gremios, entre otros.
Corte IDH, Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 408 10 La república (2022) “Las nueve víctimas de la represión militar en Ayacucho”. Edición del 19/12/2022. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/19/protestas-en-peru-las-nuevevictimas-de-la-represion-militar-en-ayacucho-dina-boluarte-ejercito-peruano-fuerzas-armadas-pnp/ 11 RPP (2022) “Junín: dos muertos y 44 heridos dejó enfrentamiento entre la Policía nacional y manifestantes en Pichanaki”. Disponible en: https://rpp.pe/peru/junin/junin-un-menor-fallecido-y-cincoheridos-deja-enfrentamiento-entre-policia-nacional-y-manifestantes-en-pichanaqui-noticia1454003?ref=rpp 12 Ojo Público (2022) “Un memorial por los adolescentes y jóvenes muertos en las protestas”. Disponible en: https://ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-las-protestas 9
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Si bien se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) la coordinación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado por D.S. N° 004-2021-JUS y modificado por D.S. Nº 002-2022-JUS; es este mismo sector que parece no haber alertado sobre la falta de proporcionalidad del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo ni sobre la necesidad de respetar criterios de derechos humanos para emitir un dispositivo legal tan arbitrario. Por ello, su papel al frente del mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos podría quedar en entredicho, más aún, con las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos que acusaría los acontecimientos debido a la presencia de grupos no convencionales, sugiriendo que las responsabilidades no necesariamente las asumirá el Estado.13 Debe recordarse que, conforme a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos, aprobada por la Asamblea General mediante A/53/62 de las Naciones Unidas, se reconoce los derechos de los y las defensoras de derechos humanos. La Corte IDH también ha sido enfática en el reconocimiento de la labor de los defensores, su contribución a la vida democrática, y las obligaciones de los Estado: 128. En diversas ocasiones, esta Corte ha destacado la labor realizada por los defensores y defensoras de derechos humanos, considerándola “fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho”. Además, la Organización de los Estados Americanos ha señalado que los Estados miembros deben reconocer la “valiosa contribución [de las defensoras y los defensores] para la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales […]”. 129. Esta Corte ha considerado que la calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público. Al respecto, la Corte se ha referido a las actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos, resaltando que la defensa de los derechos no sólo atiende a los derechos civiles y políticos, sino que abarca necesariamente los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. A su vez, esta Corte reconoce que existe un consenso internacional respecto a que las actividades realizadas por las defensoras de derechos humanos son las de promoción y protección de los derechos humanos, entre otras. (Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala. Fundamentos 128 y 129).
En este escenario de grave riesgo, es importante que el Estado y las instituciones democráticas como el Ministerio Público, apliquen el principio de no criminalización de las personas defensoras de derechos humanos; sobre todo con la finalidad de no someterlos innecesariamente a proceso penales, investigaciones o estigmatizados. Sobre ello, es importante subrayar que diversos actores políticos contribuyen a la estigmatización y discriminación de las personas defensoras de derechos humanos demostrando una precaria cultura de los derechos que sólo polarizan y ponen en una de mayor exposición a los defensores y defensoras. Es imprescindible garantizar un ambiente seguro para su labor.
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https://gestion.pe/peru/politica/ministro-de-justicia-existen-grupos-no-convencionales-detras-de-lasprotestas-dina-boluarte-adelanto-de-elecciones-noticia/
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2.2. Mecanismos legales interpuestos por las graves violaciones a los DDHH Las congresistas que suscriben el presente informe han interpuesto distintos recursos legales a nivel nacional e internacional a fin de que se tutelen los derechos protegidos a nivel constitucional y convencional. Dichos recursos han estado dirigidos contra el uso de la fuerza por parte del gobierno y los agentes estatales desde ocurrida la sucesión constitucional presidencial en manos de Dina Boluarte, y de modo especial, con la dación de los decretos supremos referidos supra. De este modo, posteriormente a la solicitud de visita in loco a los comisionados de la CIDH a raíz de vulneraciones de derechos fundamentales por crisis política actual, al amparo del artículo 23 del Reglamento de la CIDH presentado por la Congresista Ruth Luque, se han presentado diversos hábeas corpus contra el estado de emergencia, y las intervenciones ilegales registrados estos días, así como una medida cautelar ante la CIDH. A continuación, brindamos unos breves alcances legales sobre las medidas interpuestas que dan cuenta también de la gravísima situación actual. 2.2.1. Hábeas Corpus contra la declaratoria de estado de emergencia Frente a las limitaciones de libertades y derechos producto de la declaratoria de Estado de Emergencia nacional y la abusiva represión policial y militar en Ayacucho, la Congresista Ruth Luque interpuso una demanda de hábeas corpus ante el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Ayacucho a fin que se levante el levantamiento de la medida excepcional de estado de emergencia y cesen los hechos lesivos a los derechos fundamentales. Las razones que llevaron a interponer la demanda fueron por dos. Primero, la inconstitucionalidad derivada de la falta de motivación de la declaratoria de Estado de Emergencia, ya que los hechos no configuraban el elemento habilitador de “perturbación o graves circunstancias” para la declaratoria de Estado de Emergencia señalado en el artículo 117 de la Constitución, y tampoco existió sustento técnico por parte del Ejecutivo de que la declaratoria de Estado de Emergencia era necesario, viable, y justificado con perspectiva de Derechos Humanos. Segundo, la inconstitucionalidad al no cumplir con los criterios de necesidad y proporcionalidad que son revisables en una medida excepcional como un Estado de Emergencia, ya que fue planteado de manera amplia y discrecional, provocando un carácter amenazante y muchas vulneraciones a derechos fundamentales. Sin embargo, mediante Resolución N.º 01, del 16 de diciembre, el juzgado resolvió declarando su incompetencia para resolver el caso por supuesta razón de territorio, alegando que la emisión de los decretos supremos no fueron emitidos en Ayacucho, por lo que a su consideración el juez constitucional de Lima es quien debe conocer la causa. Dicha decisión contraviene el artículo 29 del Nuevo Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar y el artículo 1 del mismo cuerpo normativo en la medida que si bien la declaratoria de emergencia fue decretada en Lima, la amenaza sobre los derechos tiene alcance a nivel nacional, por lo que sus
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efectos negativos se circunscriben a lo largo de todo el país y no solo a Lima como demuestran los hechos que se consignaron en Ayacucho. La argumentación sostenida por el juzgado impide el acceso a la justicia en Ayacucho, y consecuentemente el incumplimiento de la obligación del juez constitucional de garantizar la tutela de los derechos humanos y el control constitucional del ejercicio del poder. 2.2.2. Habeas corpus presentado contra la declaratoria del toque de queda:
El 16 de diciembre de 2022, la Congresista Sigrid Bazán Narro, presentó una demanda de hábeas corpus contra el DS 144-2022-PCM, Decreto Supremo que declara inmovilización social obligatoria por la situación de conflictividad actual, por la vulneración al derecho fundamental a la libertad de tránsito y por contravenir los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, al aplicar una medida de inmovilización social obligatoria por el término de cinco (5) días calendario, para las provincias de Arequipa, Virú, Ica, Pisco, Andahuaylas, Chincheros, Cusco, La Convención, Chumbivilcas, Espinar, Carabaya, San Román, Tayacaja, Angaraes y Cangallo, y el distrito de Juliaca. Conforme sustenta el hábeas corpus la inmovilización social obligatoria es una medida desproporcionada que atenta contra los ciudadanos y los deja indefensos en un contexto ya vulnerable, con la dación previa del estado de emergencia nacional y la acción indiscriminada de las fuerzas del orden. Para ello recuerda que, conforme al fundamento 24 de la Opinión Consultiva OC-8/871 emitida por la Corte IDH, respecto al ejercicio del hábeas corpus bajo la suspensión de garantías señala que: “Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse (…) ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada”. La medida de inamovilidad obligatoria no supera el test de proporcionalidad que se exige para determinar su carácter constitucional. Ello porque carece de sustentación idónea y porque no evalúa la existencia de otras medidas menos lesivas para garantizar la finalidad constitucional consistente en preservar el orden público e interno, por el contrario, se apuesta por una medida represiva e ineficiente ante la carencia de soluciones pacíficas. Cabe indicar que la demanda ha sido admitida a trámite por parte del Primer Juzgado Constitucional de Lima. 2.2.3. Solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
El 16 de diciembre de 2022, la Congresista Sigrid Bazán Narro, ante los atropellos y abusos por parte de la autoridad, y ante la represión y violencia, también solicitó de urgencia una medida cautelar ante la CIDH. La solicitud se ampara ante el peligro de afectación de los siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión, derecho a la integridad personal, derecho de protección judicial, derecho de igualdad ante la ley.
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En esa línea, el petitorio solicita las siguientes medidas al Estado Peruano: i) suspender la vigencia de los Decretos Supremos Nro. 143-2022-PCM y 144-2022PCM, que declaran Estado de Emergencia a nivel nacional por el término de treinta (30) días calendario y la medida de inmovilización social obligatoria; ii) cesar el uso de armas de fuego, proyectiles de goma o similares, y el control de manifestaciones mediante el uso de helicópteros policiales que disparan gases lacrimógenos o similares, contra ciudadanos que ejercen el derecho humano a la protesta; iii) requerir a la autoridades de control del orden interno del país el uso del uniforme e identificación visible de sus agentes en las manifestaciones o protestas; iv) solicitar que las personas con detención por participar en manifestaciones o protestas sociales no sean imputados de crimen organizado. 2.2.4. Hábeas Corpus a favor de 23 intervenidos arbitrariamente en el allanamiento del local de la Confederación Campesina del Perú Conocida intervención arbitraria del allanamiento y el evidente intención de traslado a la DIRCOTE a las personas que se encontraban en la Confederación Campesina del Perú el sábado 17 de diciembre, la Congresista Ruth Luque interpuso una demanda de hábeas corpus preventivo a favor de 23 de los intervenidos frente a la amenaza cierta e inminente de la vulneración a sus derechos a la libertad individual, libre tránsito, derecho a ser asistido por un abogado defensor y el derecho a la protesta, pidiendo que el juez ordene a los responsables del operativo se abstengan, directa o indirectamente, en el futuro de detener, proseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto que no garantice los derechos arriba señalados conforme a nuestra legislación. Con resolución N.º 2 el Juez del Segundo Juzgado Constitucional da cuenta que se ha realizado diligencias para recabar información relacionada con la intervención de los ciudadanos, teniendo: 1) Acta de Intervención de fecha 17 de diciembre de 2022; 2) Acta de Conocimiento de Intervención; 3) Acta Fiscal; 4) Oficio N.º 1678- 2022 DIRNIC PNP/DIRCOTE/DIVITM-DEPITM-SUR; y, 5)26 Certificado Médico Legal de fecha 17/12/2022, practicados a cada uno de los intervenidos 2.3. Consideraciones adicionales: voluntad política del gobierno de omitir investigar y sancionar los hechos según el marco de protección de DDHH La actual presidenta del Perú, Dina Elcira Boluarte Zegarra ha manifestado en diversos medios de comunicación que las muertes ocasionadas por la represión de la protesta social en Ayacucho serán investigadas en el fuero militar. Esto es contrario a todas luces con el desarrollo que ha tenido la protección de Derechos Humanos en el marco de la CADH, por lo que, de continuar con esa línea, el Estado peruano sería responsable internacionalmente por vulnerar los artículos 8 y 25 de la CADH, sobre garantías judiciales y protección judicial. Esta situación no es nueva para el Perú, ya ha manifestado la Corte IDH en el caso Barrios Altos vs. Perú al considerar que: “(…) un proceso penal adelantado en el fuero común constituía el recurso idóneo para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de los hechos
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del presente caso, por lo que la derivación irregular de las investigaciones al fuero militar, así como los consecuentes procedimientos realizados en el mismo respecto de presuntos autores materiales e intelectuales, constituyen una violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas”14. Lo que se ha buscado, y se busca ahora, con derivar las investigaciones y sanciones en el fuero militar es minimizar la sanción o de plano generar impunidad a los responsables. De seguir con las investigaciones en el fuero militar o las eventuales sanciones a los responsables de las muertes en las protestas en el fuero militar, el Estado peruano estaría omitiendo su deber de investigar y sancionar las vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas. Sin perjuicio de que, recientemente el día de hoy se ha conocido información de parte de la justicia militar que señala que no investigará dichos hechos15, como debería corresponder, es importante dejar anotado el poco o nulo compromiso con los derechos humanos de la presidenta en ejercicio, pues había reiterado su voluntad de que el fuero militar se haga cargo de estos hechos a todas luces competencia de la justicia ordinaria, lo que demuestra una perspectiva ajena a una cultura y compromiso con los derechos, que en general alerta sobre el modo en que viene conduciendo la grave situación actual. III. CONCLUSIONES PRELIMINARES Conforme a los hechos y argumentos expuestas, las Congresistas que suscriben el informe consideran que: 1. La grave crisis política en el país, la convulsión social y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales han provocado un escenario en donde actualmente se registran la muerte de 26 personas y más de 600 heridos, que debemos lamentar y por lo cual se deben tomar las medidas para que no siga aconteciendo. 2. El gobierno de Dina Boluarte, su gabinete y diversos actores políticos no han tenido un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, pues han tenido vocación de emitir medidas restrictivas de libertades y derechos fundamentales y han buscado invisibilizar las violaciones a los derechos de las personas, al tiempo que han estigmatizado a manifestantes pacíficos y a los defensores de derechos humanos. 3. La promulgación del Estado de Emergencia, decretado a nivel nacional y de forma genérica, no se ha dado conforme el marco constitucional y los derechos fundamentales, no habiendo cumplido con los estándares de motivación necesarios para justificar la necesidad de decretar un régimen de excepción ni mucho menos se ha realizado un uso proporcional a la fuerza con las cifras de víctimas que han sido reportadas.
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Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 145 15 https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/19/justicia-militar-no-investigara-muerte-de-20personas-en-protestas-fuero-militar-ayacucho-apurimac-arequipa-cusco/
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4. El Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos, así mismo, otorgar una reparación adecuada a las víctimas y familiares.
Lima, 20 de diciembre de 2020.
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ÍNDICE DE ANEXOS ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DE PROTESTAS
20
Apurímac
20
Ayacucho
21
Junín
22
Arequipa
23
La Libertad
24
Cusco
25
Puno
26
Ucayali
27
Lima
28
ANEXO 2: PRONUNCIAMIENTOS
29
Comunicado Gobierno Regional del Cusco
29
Pronunciamiento Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
30
Pronunciamiento Defensoría del Pueblo
31
Pronunciamiento Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo
32
Pronunciamiento UNICEF
33
Nota Informativa APRODEH
34
Confederación Nacional Agraria
35
Pronunciamiento Asociación de Municipalidades del Perú
36
Pronunciamiento COOPER ACCIÓN
37
Pronunciamiento Cuentas Sagradas Amazónicas
38
Pronunciamiento Organizaciones Sociales del Cusco
39
Pronunciamiento Gobierno Regional de Ayacucho
40
Pronunciamiento PROMSEX
41
Pronunciamiento AIDESEP
42
Comunicado Cancillería de Chile
43
Pronunciamiento Pueblos indígenas de la Región de Ucayali
44
Pronunciamiento Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
45
18
Pronunciamiento Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
46
Pronunciamiento Ex Defensores del Pueblo
47
Pronunciamiento Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
48
Nota de solidaridad hacia la Confederación Campesina del Perú de parte de COOPER ACCIÓN
49
Pronunciamiento Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO)
50
ANEXO 3: INFORMES MINSA
51
Comunicado Hospital Regional de Andahuaylas
51
Comunicado Hospital Regional de Andahuaylas
52
Comunicado Dirección Regional de Apurimac
53
Comunicado DIRESA Ayacucho
54
Comunicado DIRESA Junín
55
Comunicado MINSA
56
ANEXO 4: HABEAS CORPUS
57
DEMANDA DE HABEAS CORPUS RESTRINGIDO e INNOVATIVO contra el Decreto Supremo N.º 143-2022-2022-PCM
57
DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO por la amenaza cierta e inminente de violación a la libertad individual
76
ANEXO 5: PROYECTO DE LEY Nº 03751
80
ANEXO 6: IMÁGENES DE ESTIGMATIZACIÓN
89
Portadas Perú 21
89
Falsos Comunicados
90
19
ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DE PROTESTAS Apurímac
20
Ayacucho
Manifestantes trasladan a los heridos tras los enfrentamientos con militares
21
Junín
22
Arequipa
23
La Libertad
Foto: Hugo Curitti - AP / Un oficial de la policía apunta su arma a manifestantes en Chao.
24
Cusco
25
Puno
26
Ucayali
27
Lima
Foto: Aldair Mejía - EFE
Foto: Sebastian Castaneda - Reuters
Foto: Joel Luna - Wayka
28
ANEXO 2: PRONUNCIAMIENTOS
Comunicado Gobierno Regional del Cusco
29
Pronunciamiento Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
30
Pronunciamiento Defensoría del Pueblo
31
Pronunciamiento Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo
32
Pronunciamiento UNICEF
33
Nota Informativa APRODEH
34
Confederación Nacional Agraria
35
Pronunciamiento Asociación de Municipalidades del Perú
36
Pronunciamiento COOPER ACCIÓN
37
Pronunciamiento Cuentas Sagradas Amazónicas
38
Pronunciamiento Organizaciones Sociales del Cusco
39
Pronunciamiento Gobierno Regional de Ayacucho
40
Pronunciamiento PROMSEX
41
Pronunciamiento AIDESEP
42
Comunicado Cancillería de Chile
43
Pronunciamiento Pueblos indígenas de la Región de Ucayali
44
Pronunciamiento Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
45
Pronunciamiento Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
46
Pronunciamiento Ex Defensores del Pueblo
47
Pronunciamiento Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
48
Nota de solidaridad hacia la Confederación Campesina del Perú de parte de COOPER ACCIÓN
49
Pronunciamiento Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO)
50
ANEXO 3: INFORMES MINSA
Comunicado Hospital Regional de Andahuaylas
51
Comunicado Hospital Regional de Andahuaylas
52
Comunicado Dirección Regional de Apurimac
53
Comunicado DIRESA Ayacucho
54
Comunicado DIRESA Junín
55
Comunicado MINSA
56
ANEXO 4: HABEAS CORPUS DEMANDA DE HABEAS CORPUS RESTRINGIDO e INNOVATIVO contra el Decreto Supremo N.º 143-2022-2022-PCM
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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75
DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO por la amenaza cierta e inminente de violación a la libertad individual
76
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78
79
ANEXO 5: PROYECTO DE LEY Nº 03751
80
81
82
83
84
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86
87
88
ANEXO 6: IMÁGENES DE ESTIGMATIZACIÓN
Portadas Perú 21
89
Falsos Comunicados
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