Globalización y empleo Exclusión social y empleo: notas para un debate

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Antología Denis Sulmont. Archivo VII: Cambios en el Mundo del Trabajo___________

EXCLUSION SOCIAL Y EMPLEO: NOTAS PARA UN DEBATE1 Denis Sulmont 1995 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

INTRODUCCIÓN El tema de la exclusión social surge como una novedosa preocupación ante el problema del desempleo y de la des inserción social que se presenta con creciente fuerza desde fines de los años 70 en la mayoría de los países industrializados. Luego de varias décadas de expansión con pleno empleo y protección social, las sociedades desarrolladas están atravesando un proceso de transformación que pone en cuestión las formas de integración social. Esta problemática plantea enormes desafíos teóricos y prácticos, llevando a cuestionar las orientaciones culturales básicas de la sociedad moderna. ¿En qué medida este inquietante concepto de exclusión social es pertinente para el Perú? ¿En un país, donde el grueso de la población ha sufrido una situación de marginación y sigue viviendo en la pobreza, hablar de exclusión social no resulta redundante?¿Este concepto nos aporta una nueva capacidad de interpretación? ¿Su introducción responde a nuevos problemas? En el caso peruano, el uso del concepto de exclusión social resulta complejo porque no remite a un claro modelo de integración socio- económica. La mayoría de la población vive en situación de precariedad que no es asumida como responsabilidad ni por las empresas capitalistas ni por el Estado. Sin embargo, esta mayoría se moviliza y gesta sus propias formas de subsistencia, al margen y dentro de los espacios económicos y sociales dominantes. En este sentido, su exclusión es diferente de la que afecta las categorías más vulnerables en las sociedades dotadas de una economía desarrollada e integrada, con una mayor capacidad de regulación política y sofisticados sistemas de protección social. Nuestra hipótesis central plantea que los procesos de exclusión social hoy en día en el Perú, se generan sobre todo a partir de la lógica del sistema económico dominante y están particularmente referidos al acceso a los mercados básicos (trabajo, crédito y seguros), que son decisivos para la subsistencia y el desarrollo de las capacidades de las personas. La competencia en dichos mercados constituye ahora el mecanismo principal para la inclusión para unos y la exclusión para otros. Esta tendencia, sin embargo, se combina con los factores institucionales y culturales de exclusión, en particular con la persistencia de la tradicional discriminación étnico- cultural, asociada a la precariedad del Estado de derecho y de la democracia y la incapacidad del sistema político de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Los procesos 1

El presente ensayo fue publicado en Globalización y empleo. Editorial ADEC-ATC, 1995. Este artículo es parte de un estudio denominado La Exclusión Social y Desigualdad en el Perú (1996), encargado por la OIT a un equipo multidisciplinario conformado por Adolfo Figueroa (economista), Teófilo Altamirano (antropólogo) y Denis Sulmont (sociólogo).

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excluyentes se ven agravados por la recesión y los bajos niveles de productividad de la economía por un lado, y la violencia política por otro. Evaluamos que un tercio de los peruanos (más de siete millones de personas), conforman los «núcleos duros» de la exclusión social. En el polo opuesto, una minoría privilegiada -no más del l0%- concentra poder y recursos y está integrada a una dinámica económica y socio-cultural hegemónica a nivel nacional e internacional. Entre ambos, se ubica un abanico de grupos sociales en situación inestable, que combinan diferentes modalidades de inclusión y de exclusión. En el presente artículo, siguiendo un razonamiento sociológico, trataremos de contribuir a esclarecer la noción de exclusión social, principalmente desde el punto de vista del empleo, discutiendo su pertinencia en el contexto peruano. Nos proponemos: primero, aclarar nuestro enfoque conceptual, resaltando la dimensión económica, ciudadana y cultural de la exclusión social; segundo, confrontar esta noción con las de explotación y empleo; tercero, precisar las hipótesis; cuarto, darle sustento empírico en el área de empleo; y quinto, resumir nuestras conclusiones.

1. LA EXCLUSION COMO CATEGORIA DE ANALISIS 1.1 El concepto de exclusión social y la integración social El concepto de exclusión social se refiere a la acción y al efecto de impedir la participación de ciertas categorías de personas en aspectos considerados como valiosos de la vida colectiva. Indica una negación o ruptura de lazos de reciprocidad entre determinados individuos y una colectividad. Expresa un proceso de extrañamiento que da lugar a la conformación de grupos sociales segmentados. La exclusión social tiene que ver con la problemática de la integración social; vale decir, la manera como las diferentes partes de la vida colectiva llegan a formar un todo, respondiendo a un cierto orden y proyecto social compartido. Podemos hablar de integración social (o inclusión activa) en la medida que los integrantes de una familia, una comunidad, una clase o una nación se reconocen mutuamente; responden a ciertos valores y aspiraciones comunes y establecen entre sí relaciones de reciprocidad. La integración social supone que, más allá de las diferencias y conflictos sociales, existe una identidad común y alguna complementariedad orgánica entre las partes que conforman el colectivo social. La exclusión social significa que un grupo deja de tener un lugar en un determinado espacio de integración social. En términos generales, decimos que una sociedad es integrada cuando existe en ella una conciencia nacional, un modo de desarrollo y una orientación cultural hegemónica, y un sistema eficiente de regulación socio-política. En esta sociedad, las élites y las clases dominantes y dominadas, en mayor o menor medida, participan de manera corporativa y, a la vez, conflictiva en la dinámica social. En este caso, podemos hablar de dominación y explotación, pero no propiamente de exclusión. En cambio, sí hablamos de exclusión cuando un sector de la sociedad no puede participar activamente en los campos de acción que corresponden al modo de desarrollo y la orientación cultural que prevalece en la sociedad (Touraine, 1991). Es el caso de los campesinos analfabetos que, además de la escasez de sus recursos para subsistir, no tienen acceso a

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los códigos básicos de la cultura dominante; también, es el caso de los sectores de la población urbana atrapada en la pobreza, sin inserción laboral y disgregada. El enfoque propuesto requiere sustentarse en un análisis de los diferentes campos y modalidades específicas de la acción social. 1.2 Exclusión económica, ciudadana y cultural Podemos distinguir tres modalidades de interacción que corresponden también a formas particulares de regulación y de exclusión social. a. La organización económica que se refiere a las modalidades de producción y distribución de bienes y servicios destinados al consumo y la acumulación. Abarca diferentes tipos de sistemas productivos y de mercados. b. El ordenamiento político institucional que regula el ejercicio del poder, establece las normas y los deberes, y garantiza los derechos. La participación activa en este ordenamiento es lo que llamamos la «ciudadanía». c. Las orientaciones valorativas que corresponden a las tradiciones, las representaciones, los códigos, los referentes éticos y las aspiraciones compartidas que facilitan la comunicación y motivan la acción colectiva. Se expresan particularmente a través de la educación, la religión y los medios de comunicación. Esquemáticamente, las interferencias entre estas tres modalidades de interacción pueden visualizarse del siguiente modo: ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL

Normas Derechos Poderes

Activos Capacidades Crédito

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Código Representaciones Valores

ORIENTACIÓN CULTURAL

Hablamos de exclusión económica respecto a una modalidad dominante de organización económica en la medida que, los sujetos no tienen acceso a los medios que les permiten participar activamente en los sistemas productivos (unidades empresariales y de trabajo) y en los mercados básicos que corresponden a esta organización dominante. Tales medios comprenden diferentes “activos”: tierra, capital físico, crédito y capacidades humanas. A su vez, estas últimas abarcan las capacidades de trabajo y creatividad que cada persona posee y cultiva mediante el aprendizaje y la experiencia, y sus “activos sociales”. Estos últimos comprenden el conjunto de relaciones de confianza 3

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e influencia que las personas pueden hacer valer para participar en los sistemas productivos y los mercados. En el contexto de una economía capitalista, donde existe una separación social entre medios de producción y la mayor parte de la población, tres mercados desempeñan un papel central. Nos referimos a los mercado de trabajo, mercado de crédito y mercado de seguros (Figueroa, 1994). Es fundamentalmente, a través de estos mercados que las personas pueden acceder a los recursos necesarios para subsistir y producir. Estos mercados son decisivos para entender la exclusión social en las sociedades modernas capitalistas. Cada uno de ellos se sustenta en un contrato que involucra las capacidades y la confianza de las personas de manera selectiva. A diferencia de los mercados llamados “walrasianos”, que son regulados básicamente por los precios (tipo “mercado de papas”), dichos mercados operan mediante la presencia de sectores excluidos y de imperativos institucionales. En el mercado de trabajo, para contar con mano de obra y asegurar su trabajo disciplinado, los empleadores requieren de un excedente de oferta laboral y tienen que ofrecer salarios superiores a los ingresos de los auto-empleados. Además, deben tomar en cuenta los derechos laborales plasmados en el ordenamiento legal. En el caso del crédito y de los seguros, los mercados tampoco son abiertos a todos; sólo funcionan dentro de relaciones sociales de confianza y con determinadas garantías. La exclusión de la modalidad dominante de organización económica en América Latina se manifiesta en la carencia de trabajo (desempleo) y en la participación en modalidades subalternas de organización económica (pequeña producción de subsistencia campesina y urbana). Estas últimas modalidades no están separadas de la primera. Existen relaciones entre la economía de subsistencia y pequeña producción por una parte y la economía empresarial capitalista, por otra. En otras palabras, encontramos diferentes grados y combinaciones de exclusión e integración económica. Hablamos de exclusión ciudadana cuando los sujetos sociales carecen de los derechos formales y reales, garantizados por una autoridad legítima, que les permiten ejercer su libertad, participar en las decisiones y desenvolverse en la vida social. Esta exclusión se refiere a tres tipos de derechos: a. Los derechos civiles: libertades fundamentales de las personas ante la ley y el poder del Estado, incluyen la libertad de expresión el derecho de propiedad y el derecho de asociación. b. Los derechos políticos: el poder elegir y ser elegido. c. Los derechos sociales y económicos: el poder de disponer de un nivel básico de educación, bienestar y seguridad y, compartir los frutos del progreso; incluye el derecho del trabajo y de la seguridad social, que implican un principio , vale decir la protección de las partes más débiles. La asignación de derechos supone compatibilizar la garantía de las libertades (que implican diferencias) y la igualdad básica de oportunidades, tomando en cuenta los sectores desfavorecidos (Rawls, 1971). Resolver este problema con justicia supone no solamente un ordenamiento legal equilibrado, sino un proceso de interacción social de carácter democrático. 4

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En el terreno de la cultura y de las orientaciones valorativas de la sociedad, la exclusión se expresa en la discriminación cultural. Hablamos de discriminación cuando algunas personas son percibidas por otras como inferiores y, de acuerdo a esta percepción, reciben un trato diferenciado y humillante en sus relaciones sociales. Un sector social discrimina a otro para defender una situación de superioridad, justificando ésta en base a criterios biológicos, morales y/o culturales, tales como: la edad, el género, la raza, el origen social o la religión. Las propias victimas de la discriminación tienden a interiorizar la representación inferior que se les atribuye. En algunas circunstancias, la discriminación da lugar a la segregación. Esta señala un modo de discriminación que mantiene una distancia con una categoría de sujetos y les reserva espacios sociales propios, restringiendo sus posibilidades de movilizarse fuera de ellos. Entre las formas de discriminación y de segregación, se encuentra el racismo que establece un vínculo entre ciertos atributos físicos y genéticos de determinadas categorías de sujetos y sus características intelectuales y morales (Callirgos, 1993; Portocarrero, 1993). La exclusión en una dimensión puede ser contrarrestada por modalidades de integración en otras. La integración ciudadana amortigua en parte, las desigualdades económicas y las formas de discriminación étnica o racial. Las capacidades adquiridas y el acceso a relaciones sociales pueden compensar también dichas desventajas. Las modalidades específicas de exclusión e integración suelen mezclarse en la realidad social. El análisis de los sectores urbano-marginales en el Perú así lo demuestra. No obstante vivir en condiciones de precariedad económica, estos sectores tienen un alto nivel de participación social y simbólica, participación que se ejerce mediante el acceso a los medios de comunicación, la educación y las redes de relaciones sociales. La situación de dichos sectores consiste justamente en vivir en la frontera entre procesos de exclusión e inclusión activa.

1.3 La exclusión como proceso social Las diferentes formas específicas de exclusión señaladas interactúan unas sobre otras. Llamaremos exclusión social al proceso mediante el cual estas formas de exclusión se retro-alimentan mutuamente. La noción de exclusión social implica que ocurre un proceso perverso de suma de desventajas. Este proceso tiene generalmente como punto de partida un acontecimiento traumático, algún tipo de «ruptura» que repercute sobre el conjunto de la vida. Por ejemplo, la pérdida de un empleo. La persistencia de la exclusión social depende de las particularidades históricas y estructurales que inciden sobre la economía, el ordenamiento político y la cultura de cada sociedad. Existen, sin embargo, algunos factores decisivos en torno a los cuales la exclusión social tiende a reproducirse. Entre ellos: la tierra, la identidad étnica-cultural, el género y el empleo.

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El problema del empleo nos parece el más relevante en el contexto actual. El desempleo implica que el sujeto social no participa en la producción, carece de una remuneración y prestaciones sociales asociadas al empleo, viéndose obligado a depender ya sea de un seguro de desempleo, de la ayuda familiar o de otra modalidad subalterna de subsistencia. Pero el desempleo significa no sólo una exclusión económica, sino también una pérdida de capacidad sindical, gremial y política, así como una desvalorización del status social y un grave perjuicio a la auto-estima personal. Hablar de «procesos» de exclusión social supone superar un enfoque estático de la vida social. Consideramos que las relaciones estructurales -cristalizadas en determinados patrones de relaciones sociales- son el resultado y puntos de partida de procesos de gestación, rupturas y transformaciones, en los que intervienen la acción social. El análisis sincrónico de las relaciones sociales debe combinarse con el análisis diacrónico de los proyectos de cambio de modelos (Touraine, 1989). La exclusión social no sólo se deriva del lugar ocupado en una estructura social dada, sino también, del estar marginado del proceso de cambio histórico que una colectividad considera como fundamental.

2. EXCLUSION SOCIAL Y CATEGORÍAS AFINES El tema de exclusión social nos remite a categorías de análisis frecuentemente usadas en América Latina: la pobreza, la explotación, la marginalidad, la heterogeneidad estructural. ¿Estas categorías aluden al mismo problema? ¿Cómo se relacionan con la noción de exclusión social?

2.1 La pobreza y la desigualdad La pobreza indica una carencia respecto a lo mínimo considerado necesario para vivir y un estado de inferioridad social. El nivel de pobreza es relativo a un determinado standard de vida en cada contexto social. La presencia de «pobres» afecta las relaciones humanas; provoca repulsión y alejamiento; pero también inspira compasión, indignación y solidaridad. De una u otra manera, la pobreza es objeto de escándalo y representa un desafió. La pobreza constituye la expresión más común y visible de la exclusión social. Pero, los pobres no están necesariamente excluidos de todo; pueden participar como trabajadores en la producción, ser reconocidos como ciudadanos e identificarse con los valores culturales de la nación. Existe sin embargo una estrecha correlación entre exclusión y pobreza. La acumulación de desventajas genera y reproduce una situación de pobreza. La desigualdad social se refiere a la existencia de relaciones de distancias jerárquicas entre estratos o clases sociales. Resulta del acceso diferenciado a los activos económicas, políticos y culturales. Los procesos de exclusión social son claves para entender la génesis de las desigualdades. Pero, a su vez la desigualdad social tiende a provocar reacciones de defensa de los grupos privilegiados y de resistencia de los desfavorecidos, lo cual contribuye a rigidizar la estrutura social y reproducir las desigualdades. En este caso, desigualdad y exclusión se retro-alimentan. Pero puede ocurrir también que las diferencias sociales sean parcialmente compensadas y reducidas, como consecuencia de la acción social y política. Las fronteras sociales pueden volverse 6

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más porosas, abriendo mayor espacio a la movilidad social con lo cual los procesos de exclusión social pueden resultar menos acumulativos. Como categoría de análisis, la exclusión esta asociada a una situación de desigualdad rigidizada.

2.2 Explotación y empleo ¿Cuál es la relación entre exclusión y explotación? Explotar significa sacar utilidad de algo o de alguien en provecho propio a través de una determinada actividad. Referida a las relaciones sociales de producción, consiste en apropiarse del excedente producido por el trabajo ajeno, ya sea indirectamente a través de una relación comercial o directamente a través de una relación laboral. El concepto tiene por lo general una connotación moral, indica una situación de “abuso” y una perturbación en las reglas de reciprocidad aceptadas por los grupos sociales. La explotación se funda a la vez en una relación de exclusión y de Inclusión. Por una parte supone una separación social entre quienes controlan los recursos económicos estratégicos (tierra, medios de producción, crédito, conocimientos) y quienes no los controlan. Pero, por otra parte, supone una participación en el proceso productivo, lo cual implica un lazo social, una cooperación entre empleador y empleado. La relación capital-trabajo involucra ambas dimensiones, y resulta siendo una cooperación antagónica. Por un lado, excluye a los trabajadores de una inserción estable en las relaciones sociales de producción, sometiéndolos a las condiciones del mercado de trabajo, mientras por otro, los incorpora en la organización de la producción, otorgándoles una cierta capacidad de intervención. La explotación remite a diferentes modos de producción interrelacionados. La explotación en las empresas capitalistas se sustenta en el trabajo asalariado contratado directamente o sub-contratado. La explotación en la pequeña producción de subsistencia descansa principal mente en el trabajo propio y el de los familiares. ¿Cuál es la relación entre explotación y empleo? El concepto moderno de empleo remite al uso de las capacidades humanas en una actividad generadora de utilidad y valor social que pueda ser evaluada económicamente. Supone la existencia de un mercado de trabajo, es decir, un cierto espacio público en el que se interrelaciona la demanda y la oferta de fuerza laboral. El empleo puede ser dependiente o independiente. En el primer caso, el trabajador es explotado en la medida que su contribución laboral no es adecuadamente retribuida de acuerdo a un criterio de distribución social considerado como “justo”. Y, se le considera excluido de dos maneras: por un lado, cuando no participa activamente en la orientación del proceso productivo; y por otro, cuando pierde su empleo y se encuentra desocupado por un largo período. En el caso del trabajo independiente, la explotación corresponde a una succión excesiva de excedentes por los proveedores, los prestamistas y otras contrapartes; y la exclusión corresponde a la falta de acceso a la tecnología y al crédito, y a la incapacidad de competir en el mercado.

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El trabajo es una actividad humana capaz de añadir valor a las cosas. Supone una implicación personal. Demanda un esfuerzo y una disposición a cooperar. En este sentido, el mercado de trabajo no puede asimilarse al de cualquier mercancía, De alguna manera, la oferta y la demanda de trabajo involucran relaciones de coerción y/o de confianza. Una persona se ve obligada a emplearse porque no tiene otras fuentes de subsistencia. Su empeño en el trabajo es motivado por: la retribución económica que recibe a cambio de él, el temor a perder el empleo, y/o por compartir determinados objetivos y valores con otras personas. La lógica del mercado de trabajo no depende solamente del ajuste de las cantidades por los precios, como en un mercado de papas. La retribución económica al trabajo dependiente no puede descender por debajo de un cierto nivel, sin desincentivar al trabajador a emplearse y desenvolverse activamente en su labor, y sin afectar ciertos derechos reconocidos institucionalmente. Pero a su vez, el desempeño laboral descansa en la adhesión de los trabajadores a valores y objetivos comunes, compartidos parcialmente con los empleadores. Independientemente del hecho de estar asociado a una situación de explotación o no, el empleo tiene un valor en sí para la mayoría de la población en edad de trabajar. Además de ser una fuente fundamental de ingreso para vivir y un medio de acceso a los mecanismos de seguridad social, representa una base de auto-estima personal y de status social. Ser excluido del empleo constituye una forma decisiva de exclusión social en la sociedad actual. A cada tipo de empleo corresponde una determinada valoración social y económica, la cual depende del nivel de formación exigida así como de la utilidad, productividad y/o prestigio del puesto de trabajo. Los empleos más preciados corresponden a los profesionales. En un status inferior, se encuentran los empleados no profesionales, los obreros y el grueso de los ocupados en actividades de subsistencia. Hay que distinguir también, entre empleo estable y precario, y entre quienes pueden o no sindicalizarse. El acceso a cada mercado de trabajo depende tanto de la demanda correspondiente a la estructura productiva como de las características personales de la gente (edad, sexo, raza, prestancia), su nivel de educación y los activos sociales con los cuales cuenta. El carácter jerarquizado y excluyente de los diferentes tipos de empleos contribuye a la segmentación de los mercados de trabajo. Un aspecto fundamental de gran parte del empleo es su carácter precario, lo cual se traduce en una situación de inestabilidad e incertidumbre en la vida de la gente. La flexibilización de las relaciones de trabajo asalariado acentúa esta precarización en la medida que no exista un mecanismo de protección social en caso de despido, ni oportunidades de encontrar empleo alternativo suficientemente valorado. La precariedad del trabajo asalariado lleva a muchos trabajadores a instalarse por cuenta propia, buscando mayor seguridad, aún a costa de ingresos menores.

2.3 Marginalidad y heterogeneidad estructural Las teorías sobre la marginalidad y la heterogeneidad estructural en América Latina resultan importantes por su afinidad con la problemática de la exclusión social. Relacionada inicialmente con el análisis de la explosiva migración y la conformación de 8

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los barrios populares periféricos de las grandes ciudades, la marginalidad sirvió luego para dar cuenta de la situación de la fuerza de trabajo no absorbida por los sectores modernos de la economía urbana. Matizando el concepto de «ejército industrial de reserva», la noción de «masa marginal» (Nun, 1968) apuntó a señalar la presencia de un excedente «disfuncional» en cuanto a las necesidades de mano de obra por parte de las empresas en el capitalismo periférico. Algunos subrayaron que la generación de un excedente de mano de obra forma parte de la propia lógica de acumulación del capitalismo (Cardoso, 1971). A partir del tema de la marginalidad, lo que llama la atención es la capacidad de los excluidos de ocupar espacios modernos, auto generar fuentes de empleo y de ingresos, conseguir servicios básicos, y convertirse en actores sociales con capacidad emprendedora. En efecto, la situación vivida por los nuevos pobladores urbanos no puede analizarse sólo en términos de carencia, sino también como proceso de acercamiento hacia el margen de la vida moderna urbana. «Conquistadores de un nuevo mundo», los invasores de la ciudad apuntan a afirmarse como ciudadanos con derecho a participar a la modernidad y al progreso (Degregori et al. 1986); se constituyen en gestores de una nueva ciudadanía popular o «institucionalidad plebeya» (Franco, 1991). Los nuevos ciudadanos populares continúan «marginales» respecto a las clases dominantes tradicionales. Su acceso a las oportunidades de empleo en las empresas modernas y en el Estado es parcial; deben recurrir a la pequeña producción y los servicios informales para subsistir; sus condiciones de vida urbana son precarias y la discriminación étnica y de sexo sigue presente. Pero están cada vez presentes en el corazón de la vida nacional. Paradójicamente, se puede hablar de la «centralidad de los marginados» (Touraine, 1987). La distinción entre oportunidades formales e Informales de ingresos formulada originalmente por Hart (1973) y los trabajos posteriores de la PREALC sobre la heterogeneidad estructural, contribuyeron a eclipsar la teoría de la marginalidad. El enfoque de la heterogeneidad estructural insiste, sin embargo, en la problemática del dualismo, subrayando la persistencia de hondos procesos excluyentes y barreras sociales. De manera más desagregada que el dualismo, la heterogeneidad estructural da cuenta de la diferenciación compleja de los modos de producción y sus relaciones con las desigualdades socio-culturales. Pone el énfasis en las brechas existentes en el acceso a la tecnología y en los niveles de productividad. Llama la atención sobre la presencia de la economía campesina y del Sector Informal Urbano, al lado de los sectores modernos, empresarial y gubernamental. Permite analizar la segmentación de los mercados de trabajo. Al igual que el dualismo, la heterogeneidad estructural es relativa. Parte del campesinado tiene acceso al mercado de trabajo asalariado mediante el empleo temporal y la migración de los hijos; la pequeña producción y las actividades informales entablan relaciones de intercambio comercial y de subcontratación con las empresas modernas. En suma, la heterogeneidad no implica sólo exclusiones, sino que conlleva también múltiples interrelaciones.

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3. LA EXCLUSION SOCIAL EN EL PERU 3.1 Las raíces históricas Podemos identificar cuatro acontecimientos de ruptura que constituyen las raíces históricas de la exclusión social vigente en el Perú de hoy. a. La dominación colonial y oligárquica El hecho colonial ha afectado las bases productivas y la cohesión social de la población indígena; ha significado el recorte de sus derechos y una discriminación étnico-cultural cuya herencia se hace sentir hasta ahora. El trauma colonial fue prolongado por la dominación gamonal y oligárquica de una élite criolla excluyente que personalizó el uso del Estado, no afianzó el mercado ni aseguró la legitimidad del régimen político nacional, creando un divorcio entre el Perú oficial y el Perú profundo. b. La marginación del desarrollo urbano-industrial La modernización económica y social, particularmente desde los anos 50, ha significado un proceso de incorporación de amplios sectores de la población en la economía, la ciudadanía y la cultura urbano-industrial, abriendo el campo a nuevas aspiraciones, y nuevas formas de intercambio, conflicto y regulación. Pero dicho proceso de modernización, por un lado, excluyó a la mayor parte de los campesinos pobres y ciertos grupos étnico-culturales, y por otro, dio lugar a una nueva marginalidad urbana. Creó una combinación de exclusión e Inclusión parcial dentro de un horizonte de movilización hacia lo moderno urbano industrial. c. La crisis y el ajuste Las medidas de ajuste económico estrecharon los canales de movilidad social, incrementaron la pobreza y la precariedad del empleo y provocaron el deterioro de las instituciones. La mayoría de la población se sintió desprotegida por el Estado. A los procesos de exclusión anterior, se sumó un nuevo proceso de exclusión dura procedente de las políticas de ajuste y desregulación aplicadas desde fines de los 70 hasta la fecha. Los nuevos excluidos comprenden: los asalariados despedidos o cesados de las empresas y de la administración pública; la clase media empobrecida; los jóvenes escolarizados enfrentados a mercados de trabajo más restringidos; y los trabajadores precarios empleados en las actividades más vulnerables. d. Reestructuración y globalización de la economía Finalmente, hay que tomar en cuenta los nuevos patrones de producción, distribución y consumo que se perfilan en la región como consecuencia de la reestructuración y globalización de las economías nacionales. Estos patrones no están aún claramente definidos. Pero todo hace prever que la reconversión productiva tendera a absorber menos mano de obra de la que expulsa, generando un desempleo - abierto y oculto- de carácter crónico, el cual ha de pesar cada vez más sobre los sistemas de seguridad social y cuestionar el trabajo asalariado «típico» como factor clave de integración social. Aún con una fuerte 10

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reactivación económica, este problema afectará la mayoría de la población en edad de trabajar. Resumiremos en el cuadro siguiente los cuatro procesos señalados:

Antiguos excluidos

Excluidos intermedios

Exclusión dura tradicional: • Campesinos pobres • Grupos étnicos discriminados (Sierra Selva)

Nuevos excluidos

Futuros excluidos

Exclusión del desarrollo urbano-industrial: • Desocupados • Auto-empleados en economías de subsistencia.

Exclusión dura por ajuste y desregulación: • Cesados • Clase media empobrecida • Jóvenes escolarizados sin trabajo • Trabajadores precarios Exclusión de los nuevos patrones de producción en la economía globalizada • Mayoría de la PEA

3.2 Procesos básicos de exclusión En el Perú, partimos de la constatación que existe una estructura social a la vez muy desigual y heterogénea, en la que amplios sectores de la población viven en una situación de pobreza y acumulan desventajas. ¿En qué medida estos sectores son víctimas de exclusión social en el sentido señalado?. ¿Cuáles serían las factores claves de esa exclusión?. De los dos tercios de peruanos que se pueden calificar como pobres, la mitad se encuentran en extrema pobreza. Ello nos da una idea de la enorme proporción de quienes forman parte de los núcleos duros de la exclusión social y también, de quienes no tienen acceso a los estándares mínimos de integración social de las clases hegemónicas. Reconociendo esta situación básica, nuestras hipótesis pueden resumirse en torno a tres puntos: los mercados primarios restrictivos, la ambivalencia cultural y la precariedad de los derechos.

a. Mercados primarios restrictivos La exclusión social hoy día en el Perú se deriva principalmente de la participación restringida y desigual de la población en los mercados que son básicos 11

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para incorporarse en los procesos productivos y garantizar la subsistencia en el marco del sistema capitalista dominante. Estos mercados son los de trabajo, de crédito y de seguros. -

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Tales mercados, por el tipo de transacción social que implican, operan mediante la existencia de una racionalización cuantitativa y una selección cualitativa. Su funcionamiento excluyente es intrínseco a la lógica capitalista. Pero la exclusión es agravada también por la estrechez de estos mercados, producto de las limitaciones del desarrollo capitalista en el país, y de la crisis recesiva que lo afecta desde mediados de los 70. El desigual acceso a estos mercados está determinado por la distribución extremadamente dispareja de los activos sociales (propiedades, capital humano, prestigio, influencias), la que se sustenta a su vez en un Estado de derecho precario, en la persistencia de una discriminación cultural y una gran diferenciación en los canales educativos. Las restricciones señaladas llevan a la conformación de mercados y estructuras productivas subalternas (autoempleo asociado a la pequeña producción campesina y urbana), como resultado de las iniciativas de la población excluida para subsistir. Ello refuerza la vieja heterogeneidad estructural de la economía. El ilimitado acceso a los empleos en las empresas capitalistas y la administración pública genera no sólo desocupación sino también autoempleo en actividades de sobrevivencia. El autoempleo es impulsado por la carencia de seguro de desempleo y otras formas de protección social. Los ingresos en los sectores auto-empleados son inferiores a las remuneraciones de los asalariados de las grandes empresas capitalistas. Pero también, la mano de obra desocupada y auto-empleada presiona sobre el mercado de trabajo asalariado y contribuye a deprimir el nivel de los salarios. Adicionalmente, asistimos a una nueva segmentación del empleo en torno a las organizaciones modernas (empresas y administración pública), al darse una separación entre los núcleos integrados de trabajadores técnico-profesionales y la mano de obra externalizada en situación precaria. La segmentación de los mercados de trabajo coexiste con una aguda competencia en cada uno de ellos. El sistema de crédito formal es accesible solamente a un reducido sector de familias y unidades económicas. Los pequeños productores y comerciantes tienen que recurrir a modalidades informales o secundarias de crédito de corto plazo y con altos intereses. El grueso de los peruanos depende de relaciones primarias de solidaridad y se encuentra al margen de los sistemas modernos de seguro para prevenirse de infortunios respeto a sus propiedades, sus actividades económicas y su vida personal y familiar. Quienes integran el sistema nacional de Seguridad Social y de jubilación están gravemente afectados por las insuficiencias y la crisis de este sistema. La privatización de la administración de los fondos de pensiones alcanza sólo a la población activa de mayores ingresos.

b. Precariedad de los derechos La institucionalidad política peruana es inestable. No se ha consolidado un régimen de representación y de gobierno democrático. Existe un divorcio entre el orden jurídico formal y las prácticas reales. El Estado no contrapesa las desigualdades sociales y económicas. 12

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Desde la Independencia, el derecho peruano se organizó sobre la base de un modelo constitucionalista liberal. Pero el grueso de la población indígena no pudo ejercer sus derechos civiles y políticos debido a la carencia de educación y a la falta de garantías en los procedimientos administrativos y judiciales. La contradicción entre los principios liberales de igualdad ciudadana y la persistencia de la discriminación étnico-cultural y de relaciones estamentales creó una ambivalencia en la experiencia del derecho en el país. Esta ambivalencia se traduce en el reconocimiento formal de los derechos civiles y el maltrato cotidiano que experimenta gran parte de los peruanos (Ames, 1995). Marcado por esta ambivalencia, el proceso de afirmación ciudadana de la población fue un proceso desigual. Resultó más lento en las regiones campesinas. Tuvo mayor dinamismo en las ciudades. La escolarización, los movimientos campesinos, la migración masiva del campo hacia la ciudad, la sindicalización y la ocupación del espacio urbano propiciaron una participación masiva de la población marginada en la vida política nacional, contribuyendo al derrumbe del orden oligárquico. La Constitución de 1979 estableció un modelo social-demócrata que consagró una amplia gama de derechos socio-económicos e instituyó una estructura de gobiernos regionales. La recesión, las medidas de ajustes y las reformas neo-liberales aplicadas en los años 80 y 90 contribuyeron a disgregar los actores sociales organizados, especialmente los sindicatos. La ineficacia del sistema de representación política para responder a las expectativas redistributivas de la población llevó a una desvaloración de la propia institucionalidad democrática. A ello contribuyó la creciente inseguridad creada por la inflación y el terrorismo, así como la corrupción e ineficacia de las instituciones públicas. El sentimiento de inseguridad y la búsqueda de orden por parte de la gente, la desestructuración de la vida institucional, la rebaja de las aspiraciones inmediatas de los sectores más golpeados por la pobreza, han creado las condiciones para la emergencia de un gobierno autoritario legitimado por sus logros en la estabilización económica y la lucha anti-subversiva. El actual régimen político combina el liberalismo económico con la distribución prebendista de recursos públicos. La nueva Constitución aprobada en 1993 refuerza el liberalismo económico y el centralismo político; reduce significativamente las obligaciones del Estado respecto a los derechos socio-económicos, especial mente en lo que concierne la vivienda, la seguridad social y los derechos laborales. En la actualidad, el sistema de representación política y la institucionalidad política tienden a debilitarse, mientras se consolida los grupos de poder económico. El Estado no es garante de su propio ordenamiento jurídico. La crisis del Estado atañe en especial a la administración pública y a la administración de justicia. La mayoría de los peruanos desconfía de las leyes y del sistema judicial y acostumbra a recurrir a métodos Informales, a la corrupción y a la autojusticia para resolver sus problemas. La propiedad accionaria de las principales empresas se encuentra concentrada en unos pocos grupos empresariales y en el Estado y, junto con el proceso de privatización, tiende a internacionalizarse 1a pequeña propiedad agraria y urbana se ha difundido desde fines de los años 60; sin embargo, para la mayoría de la población, esta propiedad no está consolidada jurídicamente. 13

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En el campo de las relaciones colectivas del trabajo, el Estado abandona su función tuitiva, reforzando el poder empresarial, contribuyendo al deterioro de la capacidad de representación y de presión de los sindicatos. La política de compensación social es extremadamente limitada respecto a la magnitud de la pobreza crítica.

c. Ambivalencia cultural La dimensión cultural interviene de manera contradictoria en los actuales procesos de exclusión. -

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La población peruana se caracteriza por una pluralidad de procedencia étnicocultural y un amplio mestizaje. Persiste sin embargo la desvaloración del origen indígena asociado fundamentalmente a la condición de «serrano» o de «cholo». Cabe señalar también la situación de marginación de la comunidades indígenas de la Selva. No obstante la pluralidad y la desigual valoración de las identidades de origen, se ha producido en las últimas décadas una mayor homogeneización cultural mediante la migración, la escolarización, la masificación de los medios de comunicación y la intensificación de los intercambios económicos y sociales. La población de origen serrana viene redefiniendo su propio bagaje cultural en el espacio urbano. Las expectativas de progreso, reforzadas por los medios de comunicación, chocan con los mecanismos de exclusión económica. Tal situación genera diversas reacciones que oscilan entre la impotencia y la Innovación, y entre la ruptura y la adaptación. El bloqueo de las expectativas y el sentimiento de discriminación de la juventud mestiza provinciana alimentó la violencia política que dominó la escena nacional a partir de 1980. Pero, simultáneamente, la laboriosidad emprendedora de los migrantes ha dado lugar a una vasta economía informal y a la emergencia de nuevos empresarios identificados con la vertiente cultural andina. Las redes de relaciones de parentesco y de lugares de procedencia y la organización territorial local ayudan a los grupos sociales marginados a incorporarse en los mercados y a acceder a mejores posiciones económicas y políticas. El mayor contacto entre grupos de distintas raíces étnico-culturales en los mismos espacios sociales tiene efectos ambivalentes. Por un lado conduce a procesos más activos de comunicación intercultural y de mestizaje; por otro, suscita recelos y nuevas manifestaciones difusas de racismo que encuentran sustento en la herencia colonial del país y la tradición criolla y oligárquica identificada con el modelo europeo y norteamericano. La diferenciación de los canales de educación y de formación profesional se convierte cada vez más en un factor clave de selección social. La discriminación de género se ve alterada en los sectores medios por el creciente acceso a la educación de las mujeres, y en los barrios populares por el rol activo que ellas cumplen en la implementación de actividades de sobrevivencia. Frente a la precarización de la situación laboral de los hombres, las mujeres ocupan un mayor espacio en la vida económica y social.

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3.3 Exclusión, estructura y movilidad social Los diferentes procesos de exclusión e integración se cristalizan en la estructura social en la que es posible señalar tres situaciones típicas: -

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La primera, situada arriba de la jerarquía social. Corresponde a los núcleos duros de inclusión hegemónica; vale decir, a los sectores que acumulan más ventajas. Estos conforman la clase económica y política dominante. Estimamos que reúnen aproximadamente un 10% de la población. La segunda, situada abajo de la estructura social. Constituye el núcleo duro de la exclusión social, comprende: a los sectores que acumulan más desventajas, particularmente, los campesinos pobres de la Sierra y de la Selva, y la población urbana de menores recursos. Este núcleo coincide fundamentalmente con la extrema pobreza y abarca cerca del 30% de la población. La tercera, se encuentra entre los dos polos anteriores. Lo denominamos el terreno intermedio. Este se haya ocupado por las llamadas clases medias y populares que combinan, en mayor o menor grado, algunas formas de inclusión y exclusión que se compensan parcialmente. Se trata también de una posición propicia a la movilidad social, ya sea ascendente o descendente, y de tipo horizontal. Abarca aproximadamente el 60% de la población.

Núcleo de inclusión hegemónica (10%)

Zona crítica de arriba Movilidad Vertical

Terreno intermedio (60%)

Movilidad horizontal

Zona crítica de vulnerabilidad Núcleo duro de exclusión (30%)

En la frontera de cada núcleo se ubica una zona crítica de integración e inclusión. En la de arriba transitan los «ganadores» de la movilidad ascendente y los grupos dominantes en crisis que «caen» hacia un status inferior. En la de abajo se encuentran los sectores más vulnerables del terreno intermedio (por la precariedad de su acceso a los mercados, la fragilidad de sus activos sociales, etc.) y los que salen de alguna manera del núcleo duro de la exclusión, como es el caso de los migrantes que logran abrirse un pequeño espacio en la ciudad, y las mujeres populares organizadas en

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actividades de subsistencia. Existen intensos movimientos ascendentes y descendentes en cada una de esas zonas críticas. La movilidad social -horizontal y vertical, ascendente o descendente está fuertemente asociada a los cambios ocupacionales. En Lima Metropolitana, se estima que en 1991, más del 60% de a Población Económicamente Activa (PEA) cambió de ocupación (Chacaltana, 1993: 23). Esta intensa movilidad se explica tanto por la reducción de personal en la administración pública y en las grandes empresas, como por la mayor inestabilidad en los puestos de trabajo existentes. La fragmentación de uno de los espacios sociales señalados coexiste con una fuerte cohesión en torno a las redes sociales primarias y los grupos de origen étnico. 4. EL PROBLEMA DEL EMPLEO El problema del empleo en un país como el Perú guarda importantes diferencias con el que tienen las naciones desarrolladas donde prevalece el empleo asalariado y, además, existe un seguro de desempleo. En el Perú, el empleo asalariado es más restringido -47% a nivel nacional y 62% en Lima Metropolitana, según el Censo de 1993-, y el empleo en actividades de subsistencia y de pequeña producción muy extendido. La tasa de desempleo de la PEA peruana -7% a nivel nacional y 10% en Lima Metropolitana en 1993- no resulta mayor que la de muchas economías industrializadas2. Aquí, los que pierden un empleo se ven empujados a auto-generar su puesto de trabajo usando su propio capital humano y abriendo pequeños espacios de actividades para subsistir. Esta situación se traduce en el enorme peso que tiene el llamado «subempleo» en la medición del nivel de empleo. La tasa global de subempleo creció espectacularmente: del 26% en 1980 al 77% de la PEA de Lima Metropolitana en 1993. El subempleo es definido por el Ministerio de Trabajo como «empleo inadecuado», ya sea por tiempo o por ingreso3. Pero de hecho mas del 90% de este subempleo lo es por ingreso. El aumento de la tasa de subempleo indica que los ingresos de la gran mayoría de los trabajadores -asalariados e independientes- han decrecido por debajo del ingreso considerado como mínimo hacia fines de los años 60. Tal situación se deriva principal mente de la recesión con inflación. No es posible explicar cómo las dos terceras parte de la población activa pueda sobrevivir en situación de subempleo por bajos ingresos - vale decir «sub-

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El desempleo registrado se limita al desempleo abierto comprendiendo sólo a las personas que buscan activamente trabajo y no lo encuentran (9.9% para Lima Metropolitana en 1993). Pero hay que tomar en cuenta al desempleo oculto, que corresponde a los desalentados es decir, a quienes dejaron de buscar trabajo por las dificultades de encontrarlo. Estadísticamente, éstos no son considerados como parte de la PEA, pero representan una fuerza laboral potencialmente disponible, contándolos, se estima que el desempleo (abierto más oculto) llega al 22.4% de la PEA de Lima Metropolitana en 1993 (Gárate, 1994). Por otra parte, la tase de desempleo abierto se duplica si la referimos únicamente a los asalariados. 3 LI subempleo comprende: el subempleo por ingreso (inferior a la Remuneración Mínima fijada en enero de 1967 ajustada según la variación del costo de vida) y el subempleo por tiempo (menos de 35 horas trabajadas semanales). Más del 90% del subempleo resulta por bajos ingresos.

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remuneración»- sin tomar en cuenta el incremento del trabajo femenino y del pluriempleo. El trabajo femenino se incrementa de dos maneras: por un lado, mediante la participación de las mujeres en actividades de sobrevivencia organizadas en los asentamientos humanos de bajos ingresos, tales como, los comedores populares (trabajo no registrado en la PEA); y por otro lado, mediante su ingreso en actividades productoras de bienes y servicios valorados económicamente (trabajo registrado por la PEA). El pluri-empleo constituye otro aspecto importante que debemos considerar. Paralelamente a la ocupación principal, un significativo porcentaje de trabajadores realiza actividades complementarias generadoras de ingreso. El empleo secundario de un jefe de hogar involucra frecuentemente a otros miembros de la familia. La evolución del empleo en los últimos 25 años muestra que, en cifras agregadas, la composición entre asalariados e independientes no se altera radicalmente. La tasa de asalariamiento sólo ha declinado ligeramente entre 1972 y 1981, y se incrementa en 1993 a nivel nacional; disminuye de manera más sostenida en Lima Metropolitana. PROPORCION DE ASALARIADOS SOBRE EL TOTAL DE LA PEA Censos Nacionales 1972 1981 1993

Nacional 44.3 42.3 47.0

Lima 68.0 65.5 62.4

Los cambios más importantes se registran al interior de la estructura del empleo asalariado. En términos absolutos y relativos, observamos un mayor aumento de la cantidad de asalariados ocupados en las pequeñas empresas y una menor cantidad en las grandes empresas (ver cuadro siguiente). Esta tendencia -asociada a una mayor precarización del empleo asalariado- corresponde a la propensión de las empresas de mayor tamaño a subdividirse en unidades más pequeñas y a recurrir a modalidades de subcontratación como forma de evadir las regulaciones laborales y reducir los riesgos en un contexto de incertidumbre (Távara, 1995). PEA ASALARIADA EN EL SECTOR PRIVADO POR TAMAÑO DE EMPRESAS, EN LIMA METROPOLINATA Tamaño de empresa (No de trabajadores) 1-10 11-98 99 o mas Total

1984 miles 228.8 203.2 255.2 687.2

1993 % 33.3 29.6 37.1 100.0

miles 490.8 340.0 278.5 1109.3

% 44.2 30.7 25.1 100.0

La categoría ocupacional que más ha decrecido en Lima Metropolitana entre 1970 y 1990 corresponde a los obreros sindicalizados del sector privado. El mayor

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aumento lo registran los vendedores ambulantes y los profesionales. De 20 mil en 1970, los ambulantes pasaron a 300 mil en 1990 (Verdera, 1994, Cuadro 4). Entre 1970 y 1990, la distancia entre las remuneraciones de los grupos ocupacionales que ganan más y los que ganan menos se ha reducido. En Lima Metropolitana, los profesionales del sector privado ganan apenas dos veces más que el promedio; los profesionales del sector público se encuentran al mismo nivel que los independientes no profesionales. Los grupos que mejoran ligeramente su posición relativa son los obreros no sindicalizados y los vendedores ambulantes. En cambio, baja un poco la posición de los obreros sindicalizados (Verdera, 1994: 24). El estancamiento económico llevó a una disminución en el ingreso laboral para todas las categorías de trabajadores, a pesar de su mayor nivel educativo. Las remuneraciones no compensan adecuadamente la inversión realizada en los estudios, especialmente en el caso de los profesionales. Esta situación lleva a una fracción significativa de la fuerza laboral calificada a abandonar el país. Además, buena parte de los recursos humanos más experimentados se ha dispersado por los retiros masivos de las empresas y de la administración pública. En el contexto de la recesión, las actividades de pequeña producción, comercio y servicios asociadas al llamado mercado informal han crecido de manera espectacular. Cualquiera sea la manera como se lo defina, dicho mercado absorbe una porción creciente de la fuerza laboral; según el Ministerio de Trabajo, abarcaba el 33% de la PEA limeña en 1981 y el 49% en 1992 (Gárate, 1994: 74). Junto al sector informal, ocupa un espacio cada vez mayor la pequeña empresa. Como vimos, la PEA asalariada de Lima Metropolitana que trabaja en empresas de no más de 10 trabajadores pasa del 33% al 44% entre 1984 y 1993. La expansión de la pequeña empresa, además de responder a los efectos de la recesión, guarda relación con la política de descentralización de la organización productiva y de externalización de las relaciones de trabajo, que se expresa en la constitución de redes de empresas subcontratistas, «services» y «cooperativas de trabajo». Las actividades informales y las pequeñas empresas emplean trabajadores familiares no remunerados y asalariados que por lo común no son registrados o están bajo contratos precarios de trabajo. También en las empresas mayores existe una alta -y creciente- proporción de asalariados en situación precaria. En 1990 y 1992, los eventuales representan respectivamente el 41% y 49% del conjunto de la población ocupada asalariada privada en Lima (MTPS-DGE). Existe una alta rotación de personal y la mayor parte de los nuevos trabajadores son contratados por tiempo determinado u otra modalidad de relación laboral atípicos (Kritz, 1991). Las tendencias señaladas son desfavorables a la organización sindical. De acuerdo a la ley, el derecho de sindicalización es limitado a los centros de trabajo de 20 o más trabajadores. En Lima, ello significaba que sólo el 63% de los asalariados podía sindicalizarse en 1981; este porcentaje se reduce a sólo 53% en 1983. La tasa de sindicalización en los centros de trabajo de más de 20 trabajadores también bajó de 65% a 50% entre 1961 y 1993, lo cual revela una actitud menos favorable de los propios trabajadores hacia la organización sindical. La baja en las tasas de sindicalización parece acentuarse en los últimos años. El porcentaje de trabajadores afiliados a un 18

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sindicato sobre el total de los asalariados ocupados en Lima Metropolitana bajó de 21 a1 15% entre l990 y 1992. La recesión económica y la flexibilización de las relaciones contribuyeron a debilitar a los sindicatos. Sin embargo, este debilitamiento guarda relación también con la ausencia de concertación estratégica y de acuerdos mínimos entre los empleadores, el gobierno y los dirigentes sindicales respecto a las políticas de ajuste, la reconversión productiva, el empleo, etc. El liderazgo empresarial se mantuvo a la ofensiva y el sindical a la defensiva. El desgaste de la representación sindical dejó sin representación a la mayoría de los trabajadores asalariados, reduciendo las posibilidades de algún pacto social. ¿Cómo se presenta el problema del empleo en el futuro próximo? Las proyecciones señalan que, no obstante la previsible baja de la tasa de crecimiento de la población, la PEA crecerá muy acentuadamente -más de 3% anual, vale decir, un promedio de 2.80 mil personas cada año en lo que resta de la década de los 90-. En términos absolutos, la PEA sería en el año 2020 más del doble de lo que es ahora. Si bien incide la mayor participación femenina, el fuerte incremento de la PEA en los años 1990-2020 se derivará de la magnitud del estrato de población joven (40% de la población total con menos de 15 años en 1990) que está entrando a la edad de trabajar. Cómo dice Wicht (1983): «La explosión demográfica se dio en los cuatro decenios pasados (anteriores a 1980); la explosión laboral está recién empezando». Los desafíos que ello significa son considerables. La reactivación económica que se perfila desde 1993 no conduce a absorber mucha fuerza de trabajo. Las empresas capitalistas y el sector público incorporarán núcleos de trabajadores a la vez más restringidos y mejores calificados, incrementando sus remuneraciones y sus posibilidades de promoción profesional. La mayor parte de los servicios periféricos serán subcontratados y encargados a unidades pequeñas empleando a trabajadores precarios, sub-remunerados, con menores posibilidades de desarrollo profesional. Asistiremos a un reforzamiento de la dualización del mundo laboral en torno a las organizaciones modernas, tanto del capital privado como del Estado. En esta dualización intervendrá cada vez más la competencia por acceder a mayores niveles de formación técnico-profesional. Pero, sumando los núcleos integrados y los círculos periféricos, la demanda de empleo por parte de las principales empresas y del Estado no podrá resolver el problema del excedente laboral. Por ello, persistirá la presión por la autogeneración del empleo en actividades de subsistencia y de pequeña escala, ya sea de tipo formal o informal.

5. CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLITICAS En conclusión, el concepto de exclusión social debe situarse en una realidad persistente en el país donde la pobreza alcanza a alrededor de la mitad de los peruanos. Corroboramos que el acceso restrictivo a los mercados básicos constituye un mecanismo fundamental de exclusión. Pero este mecanismo opera a partir de una distribución extremadamente desigual de los activos económicos y la persistencia de una cultura discriminadora. Los procesos perversos de exclusión de estos mercados no son contrarrestados por el Estado, debido a la precariedad de la institucionalidad política democrática. 19

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La preocupación actual por el tema de la exclusión expresa la exacerbación de los problemas señalados en la medida que los medios de comunicación y la educación incrementan las expectativas de movilidad. Los anteriores modelos de integración social se han desdibujado y las élites propician la competencia descarnada como forma de regulación. La competencia perjudica a los sectores que acumulan desventajas y los empujan a situaciones de exclusión dura. Los grupos situados en zonas vulnerables de exclusión se resisten a ella, movilizando los activos sociales que están a su alcance, en especial sus relaciones primarias. La mayor parte de los peruanos se encuentra no en una situación cerrada de exclusión sino en un estado de pobreza e inestabilidad. En términos relativos, los asalariados y las clases medias han sido las más afectadas económicamente por la recesión. Nuestro análisis sugiere que el problema de la exclusión social tiene que ser atacado simultáneamente desde una perspectiva sistémica global y desde la de los propios sujetos sociales. La perspectiva sistémica implica actuar de manera coordinada en el terreno de los mercados básicos, de la institucionalidad política y de los valores culturales. En cada caso, es importante reforzar las capacidades de los sectores desfavorecidos. Resumimos a continuación algunas implicancias políticas: a. Un primer alcance de la lucha contra la exclusión debe consistir en ampliar la capacidad del país para generar empleos adecuadamente remunerados. La política de generación de empleo no puede estar al margen del incremento de la calidad y productividad del trabajo, lo cual demanda el involucramiento responsable y la formación permanente del personal empleado ya sea por las empresas capitalistas, la administración pública o las unidades de pequeña escala. Es necesario asimismo valorar a los asalariados empleados por las empresas subcontratistas. Los incrementos de productividad deben traducirse en incremento de las remuneraciones, haciendo posible la disminución del pluriempleo y de la jornada laboral. Ello debe acompañarse de un nuevo tipo de relaciones colectivas de trabajo que incorpore acuerdos sobre producción y empleo. b. La promoción del empleo requiere de la iniciativa de los pequeños productores, para quienes resulta decisivo la organización de redes socioterritoriales y sectoriales, y ampliar el acceso al crédito. El sistema financiero debe adecuarse a las condiciones de operación de la pequeña producción, propiciando formas de garantía solidarias, de eficiencia colectiva y de apoyo institucional descentralizado. El fomento de las actividades de los pequeños productores implica consolidar sus derechos de propiedad. c. La consolidación de una Institucionalidad política eficaz y democrática es fundamental para garantizar y compatibilizar los derechos ciudadanos. Se requiere una continuidad democrática basada en un sistema estructurado de representación, que incorpore a los partidos políticos y a las organizaciones sociales y genere espacios 20

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públicos para su concertación. Ello implica superar el sesgo centralista del régimen constitucional y consolidar los gobiernos locales y regionales. Un objetivo central constituye también la mejora de la administración pública, y en particular de la administración de justicia. d. En el campo de los derechos sociales, tiene prioridad: la educación pública y la mejora de su calidad; el acceso universal a los servicios de salud preventiva materno-infantil y al primer nivel de atención; y el desarrollo de un sistema de Seguridad Social eficiente y plural, garantizado por el Estado, apuntando a preservar y ampliar la cobertura de los sectores de menores ingresos y a mantener niveles justos de remuneración a los pensionistas. La defensa de los derechos sociales exige además la implementación de Programas de compensación social dirigidos hacia la alimentación, la salud y el empleo de los sectores de mayor pobreza afectados por las políticas de ajuste. e. Finalmente, la acción contra la exclusión no puede prescindir de políticas destinadas a modificar las actitudes respecto a la discriminación étnico-cultural y de género, y la desigualdad social en el país. Ello demanda una perspectiva de largo plazo, enfocada tanto desde las mayorías sociales como desde las élites. Los principales terrenos de intervención para promover nuevas orientaciones culturales son: el sistema educativo, dando prioridad a la enseñanza básica y atendiendo la formación de los maestros; los medios de comunicación, especialmente la televisión; y la capacitación de líderes sociales y políticos. Para combatir los prejuicios y comportamientos discriminatorios, se requiere poner énfasis en los valores de la autoestima, el mutuo respeto entre las personas y la interculturalidad.

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