Entre historias y memorias: Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina 9783964562609

Table of contents :
ÍNDICE
Introducción. Los desafíos de la memoria al quehacer historiográfico
Getúlio Vargas. Urna memoria em disputa
Las memorias de una vieja elite
Entre participación y contrainsurgencia: los militares chilenos hacia el poder
Historia, memoria, olvido, conflicto armado y violaciones de los derechos humanos. Los avatares de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala
Memorias, espacio público y Estado: la construcción del Museo de la Memoria en Argentina
«Operación Condor»: reseña bibliográfica
Memoria abierta: las democracias del Cono Sur frente al legado de las violaciones de derechos humanos
Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile
Bibliografía general

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Maria Rosaría Stabili (Coordinadora) Entre historias y m e m o r i a s Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina

a

AHILA

Estudios AHILA de Historia Latinoamericana N.° 2

Editor General de AHILA: Guillermo Zermeño

Estudios AHILA de Historia Latinoamericana es la continuación de Cuadernos de Historia Latinoamericana

Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos

E N T R E HISTORIAS Y M E M O R I A S Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina

Maria Rosaria Stabili (Coordinadora)

AHILA - IBEROAMERICANA -VERVUERT 2007

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Impreso en España por Línea 2015, S. L. The paper on which this book is printed meets the requirements of I S O 9706

ÍNDICE

Introducción. Los desafíos de la memoria al quehacer historiográfico Maria Rosaría

7

Stabili

Getúlio Vargas. Urna memoria em disputa

21

Marieta de Moraes Ferreira

Las memorias de una vieja elite

37

Sofia Correa Sutil

Entre participación y contrainsurgencia: los militares chilenos hacia el poder

63

Pietro Taviani

Historia, memoria, olvido, conflicto armado y violaciones de los derechos humanos. Los avatares de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala

91

Arturo Taracena Arrióla

Memorias, espacio público y Estado: la construcción del Museo de la Memoria en Argentina

113

Vera Carnovale

«Operación Condor»: reseña bibliográfica

143

Giulia Barrera

Memoria abierta: las democracias del Cono Sur frente al legado de las violaciones de derechos humanos Mario Sznajder y Luis

Roniger

159

Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile Anne

199

Pérotin-Dumon

Bibliografía general

229

INTRODUCCIÓN LOS DESAFÍOS DE LA MEMORIA AL QUEHACER HISTORIOGRÁFICO

Maria Rosaria Stabili* Università

degli Studi

Roma

Tre

ABSTRACT

Desde mediados del siglo XVII, es decir, desde que comenzó el largo proceso de progresivo distanciamiento entre historia y memoria, la reflexión sobre la naturaleza de la relación entre las dos se ha caracterizado por tensiones no resueltas. En América Latina la gran cantidad de memorias de los últimos treinta-cuarenta años, lleva las huellas del terror, de las violaciones de los derechos humanos, de la destrucción y muerte sembradas por los regímenes militares del periodo. Las reflexiones alrededor de ellas plantean a los historiadores viejas y nuevas preguntas. ¿Cómo se articula, hoy en día, la relación historia-memoria? ¿Cuáles son los riesgos y los límites de una reflexión sobre procesos históricos todavía abiertos? En un proyecto de reconciliación nacional, ¿todas las memorias tienen que ser incorporadas? ¿Y cómo, si se presentan contrapuestas? ¿Con qué tipo de fuentes los historiadores pueden trabajar? ¿Cómo se trabaja el problema de «el uso público de la historia»? Desde distintos puntos de vista los estudios que aquí se presentan tratan de responder a estas preguntas.

* Profesora de Historia de América Latina de la Universidad Roma Tre yVice-Rectora de la misma. Sus temas de investigación se refieren esencialmente a la historia social del siglo xx argentino y chileno, a la historia oral y a problemas de metodología de la historia.

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Maria Rosaria Stabili

1. En los últimos veinte años la memoria se ha impuesto, con distintas perspectivas, en Europa y en Latinoamérica, como un tema central de reflexión. La eclosión de memorias, escritas y orales y de una multiplicidad de estudios sobre su naturaleza, sus mecanismos de funcionamiento, sus «usos y abusos», su sentido para los individuos, los grupos, las comunidades, las sociedades en su conjunto, plantea una gran cantidad de interrogantes y obliga a reordenar tramas conceptuales y metodológicas. Además, por su naturaleza, la memoria es terreno de encuentro multidisciplinario que impulsa a los estudiosos de diversos ámbitos, mucho más que en el pasado, a interactuar para poder acertar su complejidad. El tema de la memoria comenzó a aparecer en el campo sociológico, en la primera mitad del siglo pasado, sobre todo gracias a los estudios pioneros de M. Halbwachs1. Ya en el pasado había atraído a generaciones de intelectuales, desde Platón a San Agustín, desde Proust a Bergson. Y justamente partiendo de una crítica a Bergson empieza el estudio de Halbwachs. Pero, después, la investigación se diluyó hasta retomar fuerza en los años setenta-ochenta del siglo pasado. Muchas razones explican el «redescubrimiento» del tema y su actualidad. En términos generales y referido a Europa y Latinoamérica, se puede decir que parece evidente que el interés por la memoria tiene relación con las condiciones de la modernidad. Se atribuye importancia a algo que se tiene miedo a perder. La velocidad y la aceleración de los cambios que la modernidad implica amenazan con borrar las huellas del pasado y debilitar, hasta volverlo insignificante, el lazo entre pasado, presente y futuro. Memoria y proyecto son elementos entrelazados. Memoria sin proyecto es una pura operación de conservación museal, así como un proyecto sin memoria es perseguir una meta sin construir sentidos. Arrojado en un mundo de cambios rápidos, entregado a un flujo continuo de transformaciones impensadas e imprevisibles el hombre moderno corre el riesgo de perderse, de vagabundear en el presente sin saber de dónde viene y a dónde va. ¿Cómo construir un proyecto de modernidad capaz de conectarse con la memoria? ¿Cómo evitar que la memoria sea simplemente una celebración de un pasado que no vuelve? Una segunda explicación tiene que ver con la etapa histórica en que vivimos y que conlleva una reflexión sobre las transformaciones de las memorias colectivas. En el curso del novecientos, la memoria se plantea como un 1

Halbwachs (1987, I a . ed. 1950).

Introducción

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tema/problema exquisitamente europeo y tiene mucho que ver con los traumas de las dos guerras mundiales y de la Shoah. Pero ya, a partir de la segunda mitad del siglo, la dimensión global de nuevos conflictos y violencias, de movimientos masivos de población, de quiebre de identidades estatales y nacionales, produce una transformación profunda de las identidades y memorias individuales y colectivas. Estas se van rearticulando en una multiplicidad de configuraciones distintas. En fin, hay por lo menos otras dos razones que explican el interés actual de los estudios sobre la memoria: el rol de los medios de comunicación en producir memoria, olvido y remoción y el reconocimiento de la naturaleza dinámica, cambiante y «contenciosa» de la memoria 2 . Quienes le otorgan centralidad y casi monopolizan el debate son figuras profesionales pertenecientes a disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, la literatura. Pero más que a cualquier otro sector disciplinario es a la historiografía y a los historiadores a los que la memoria hoy día vuelve a plantear los desafíos de orden epistemológico más contundentes. Desde mediados del siglo xvn, es decir, desde que comenzó, con las primeras tentativas de otorgar un estatuto científico al quehacer historiográfico 3 , el largo proceso de progresivo distanciamiento entre historia y memoria, la reflexión sobre la naturaleza de la relación entre las dos ha visualizado campos abiertos de tensión no resuelta4. Por cierto, a partir de los años setenta del novecientos, en el marco de una crisis epistemológica más amplia que liquida la imagen clásica de la verdad lógico-matemática y de la certidumbre formal 5 , la «historia científica» comienza a dar signos evidentes de cansancio y toma cuerpo una historiografía, cuyo común denominador parece ser una postura antiestructural, anticientífica y anticuantitativa. La coyuntura política 2

Jedlowsky (1989). Le G o f f considera c o m o m o m e n t o decisivo en la elaboración de la "crítica histórica", al siglo XVII, gracias a la obra de tres grandes nombres: el jesuita Papenbroek, nacido en 1628, f u n d a d o r de la hagiografía científica y de la congregación de los Bolandistas; J. Mabillon, nacido en 1632, benedictino de Saint Maur, f u n d a d o r de la ciencia D i p l o m á t i ca; R i c h a r d S i m ó n , n a c i d o en 1638, o r a t o r i a n o q u e marca los exordios de la exégesis bíblica crítica. Bloch consideraba que 1681, año de la publicación del De re diplomática de Mabillon, era una gran fecha para la historia del espíritu h u m a n o . Para Pomian es 1691, a ñ o de p u b l i c a c i ó n del Taité des études monastiques de M a b i l l o n , la fecha q u e marca el nacimiento de la "historia científica". Le Goff (1982), Pomian (1992, V. ed. 1984). 3

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Stone (1989), Pomian (2001, I a . ed. 1999). Gargani (1979).

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y cultural parece favorecer u n nuevo acercamiento entre historia y memoria. La «revolución historiográfica», para parafrasear a Burke 6 , de los historiadores de Les Anales, había ya preparado el terreno ampliando el horizonte de los temas, fuentes y m é t o d o s de investigación e i n c o r p o r a n d o nuevos sujetos históricos. Se deja entonces de considerar c o m o «historia» solamente los hechos políticos, económicos y sociales, se piensa que la historia de la m e n talidad, del imaginario, de aquel conjunto de representaciones colectivas que acompañan a los hombres y que son portadores de sentidos y deseos de una sociedad frente a sí misma —su pasado y su futuro— tienen su importancia también c o m o factor explicativo de los hechos políticos y sociales. En esa coyuntura, la memoria no sólo se contempla c o m o una fuente privilegiada, sino que se llega a considerarla «hecho» de la historia y productora de historia, ámbito de exploración y construcción de conocimiento. Sin embargo y a pesar de sugerentes provocaciones 7 , sigue siendo imperceptible, a la mayoría de los historiadores, lo medular del desafío de la memoria a la producción historiográfica. Estos desafíos, en tanto aclaran las distinciones entre la p r i mera y la segunda, al mismo tiempo obligan a la historia a repensarse y redefinirse. N o es este ni el lugar ni el m o m e n t o para analizarlos, además porque a b u n d a n los estudios sobre el tema. Q u i e r o sólo recordar a Paul R i c o e u r que, en su monumental obra La mémoire, l'histoire, l'oubli, nos ofrece, con agudeza orientadora, una fenomenología de la memoria, una epistemología de la historia y una hermenéutica del olvido, que nos ayuda a ordenar tramas conceptuales y a despejar nexos y distinciones. Sin embargo aquí puede ser útil recordar, entre los múltiples desafíos de la m e m o r i a , p o r lo menos dos. El primero tiene que ver con la temporalidad. El c o n c e p t o de m e m o r i a es inseparable del c o n c e p t o de t i e m p o . La m e m o r i a es «el presente del pasado» dice San Agustín, c o n una intuición m u y actual. En el libro X de las Confesiones, esta observación se enlaza con la idea de que, en el m o m e n t o de la conciencia de sí mismo —el único en el cual se logra captar el sentido del tiempo— existe una efectiva autonomía del pasado y del futuro respecto a la centralidad del presente. «Tres son los tiempos: el presente del pasado, el presente del presente, el presente del f u t u r o . . . el presente del pasado es la memoria, el presente del presente es la intuición directa, el presente del futuro es la espera» 8 .

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Le Goff (1990, V. ed. 1979), Burke (2000, Ia. ed. 1990). Nora (1984-1992),Yerushalmi (1996, V. ed. 1982), LaCapra (1998). Sant'Augustino (1998:325).

Introducción

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El conocimiento de esa relativa indistinción temporal se va redescubriendo hoy día, en el contexto de una modernidad tardía que pone al sujeto, con su potencial de creatividad, responsabilidad, reflexividad, capacidad comunicativa, en el centro de un proceso continuo de construcción/reconstrucción de sí mismo y de su propio mundo. Obliga a los historiadores, hombres del presente, a repensar el concepto de temporalidad histórica, sobre todo cuando expresan preocupaciones por la subjetividad, por la construcción de identidades sociales en los escenarios de la acción, por el papel activo y productor de sujetos individuales y colectivos, o cuando aceptan reflexionar sobre el «presente de la historia» o sobre la «historia del tiempo presente». El otro desafio tiene que ver con el concepto de verdad. Como escribe Jedlowsky, el terreno de la memoria es dinámico, conflictivo, producto de un frágil equilibrio entre recuerdos y olvidos; es un lugar donde los recuerdos no yacen inmóviles en sucesión, listos para ser reactivados según la voluntad, sino que están marcados por la afectividad, las pertenencias, los juicios, los valores, los intereses. Los recuerdos de cada uno cambian en la interacción con los demás y son parte de argumentaciones, expresiones de deseos, miedos y sueños; ellos sustentan los proyectos y la búsqueda de «sentido» de la acción y son mucho más que una simple masa de huellas del pasado. Más que «huellas del pasado», como el sentido común nos sugiere, la memoria parece alumbrar las «huellas del presente», disfrazadas y proyectadas sobre contenidos que no son más actuales9. La verdad histórica para ser reconocida, como afirma Bloch, en el orden de la «probabilidad» o como nos sugiere Pomian, de la «razonable certidumbre», necesita sus códigos de certificación crítica y sus pruebas 10 . Pero todo esto, en lugar de producir en los historiadores recelo, resistencia, incomodidad frente al auge de la preocupación por la memoria, puede ayudar a ampliar y ablandar, sin caer en un relativismo exasperado, la dimensión universalizadora, eurocéntrica y etnocéntrica de la categoría. Las «falsedades» de la memoria pueden entonces volverse indicios de verdades históricas encubiertas. A pesar de la riqueza de sugestiones a las cuales los historiadores son expuestos, se observa todavía, entre ellos, sobre todo los académicos, una tendencia a ignorar tales desafios. Muchos se limitan a reconocer que la memoria tiene que ver con la reconstrucción crítica del pasado sólo en cuanto fuente complementaria —cuya importancia, valor y peso puede variar— ya 9 10

Ferrarotti (1997: 61). Bloch (1998, Ia. ed. 1949: 84-103), Pomian (2001, l'.ed. 1999: 7).

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que diarios, correspondencias y otras fuentes escritas y orales de la memoria pueden ayudar a redondear cuadros del pasado construidos sobre fuentes más confiables. Pero, la tendencia más general, es la de buscar refugio en un pasado lejano, distante, que permite defender con mayor cuidado el así llamado «estatuto científico» de la historia, sin correr el riesgo de desdibujar su identidad consagrada. 2. América Latina participa de forma determinante tanto en la producción de memorias, como en las reflexiones y debates alrededor de ellas. Se trata esencialmente de memorias relacionadas con las vivencias de las dictaduras militares de las décadas sesenta-ochenta del novecientos; de las guerras civiles centroamericanas y de las violaciones de los derechos humanos de aquel periodo, pero también son memorias y reflexiones que se producen mayoritariamente durante las transiciones democráticas. Hechos traumáticos, entonces, que imponen la necesidad de una reconstrucción cuidadosa de la historia de la segunda mitad del siglo XX, una historia que todavía «duele», abierta, no concluida, es decir de la «historia de un tiempo presente». Por eso mismo, y a pesar de la necesidad de hacerlo, no es fácil reflexionar, como historiador, sobre este pasado. Como afirma Luis Alberto Romero en un escrito inédito, en la conciencia de cada estudioso pelean dos mitades, la del académico y la del ciudadano, muy difícil de separar cuando se enfrentan temas y problemas que involucran su experiencia, su identidad y aquella de sus contemporáneos. Esta dificultad se refleja en la investigación académica y sobre todo en la investigación histórica y ayuda a entender porqué no son los historiadores los que priman en el análisis de los hechos recordados. El análisis histórico es todavía incipiente e incierto, a diferencia de lo que se verifica en la investigación periodística y en los estudios sociales que progresan de manera más segura y rápida, con resultados a veces notables que los historiadores no pueden desconocer y que ofrecen una multiplicidad de elementos que permite una buena reconstrucción de lo que pasó. Sin embargo, el sentido general se desliza hacia el interior de una visión de más largo plazo, de la historia de cada uno de los países afectados y de la región entera. Son estas algunas de las consideraciones que impulsaron la propuesta de dedicar este número de Estudios AHILA a los temas y problemas antes mencionados. Temas y problemas que, hasta el momento, en nuestra asociación, se han quedado al margen de la reflexión. N o ha sido nada fácil construirlo. La mayoría de las dificultades se vislumbran, por un lado, en la demora de la publicación del número y por el otro, en la ausencia de un segundo coordinador.

Introducción

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En síntesis, lo que pasó fue que con varios de los colegas que había contactado, para involucrarlos en la iniciativa, tuve discrepancias a la hora de definir preguntas, establecer relevancias, formular propuestas y finalmente seleccionar ponencias. Esto, a pesar de compartir con ellos lecturas, sugestiones e interés por la historia y la memoria. Encontrar otros estudiosos dispuestos a colaborar ha necesitado su tiempo. Se ha dicho anteriormente que por su naturaleza la memoria es «contenciosa». Podría decir que también produce, entre sus estudiosos, fuertes confrontaciones, ya que toca, quizás más que otros temas, emociones y sentimientos. Así, las ideas iniciales se han desdibujado un poco pero, finalmente, las inquietudes se han articulado alrededor de los siguientes interrogantes: ¿Cómo se plantea hoy en día la relación historia-memoria? ¿Cuáles son los riesgos y los límites de una reflexión sobre procesos históricos todavía abiertos? ¿En un proyecto de reconciliación nacional tienen que ser incorporadas todas las memorias? ¿Y cómo, si se presentan contrapuestas? ¿Con qué tipo de fuentes los historiadores pueden trabajar? ¿Cómo se trabaja el problema de «el uso público de la historia»? Todos los ensayos responden por lo menos a las indicaciones de reconstruir elementos de conocimiento sobre dinámicas, hechos, personajes, representaciones y vivencias que concurren a ofrecer una mirada, por cierto incompleta, de la segunda mitad del siglo XX; pero también, mediante el análisis de un tema, plantean algunos nudos problemáticos que hoy día desafían el quehacer historiográfico. 3. El trabajo de Marieta de Moraes Ferreira analiza cómo cambian en el tiempo y en función de necesidades políticas coyunturales las conmemoraciones del suicidio de Getúlio Vargas de 1954. Tomando en consideración cinco momentos, con un intervalo de diez años, su preocupación es evidenciar cuánto las representaciones y las memorias de un personaje y de un periodo fundamental de la historia del país son construcciones intencionales y finalizadas, y más que abrir nuevos espacios de conocimiento sobre el pasado, nos hablan del presente en el cual se expresan. De hecho, ilustra el juego de distanciamiento y acercamiento al tema de Vargas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, hasta entrar en el nuevo siglo con el análisis de las celebraciones de 2004, por parte del gobierno y de la sociedad brasileña. Comienza con el análisis de la primera conmemoración en 1964, año del golpe militar que depuso al principal heredero de Vargas, Joao Goulart, para terminar con el 2004 durante el gobierno del Presidente de la República Ignacio Lula da Silva. Nos ofrece motivos para reflexionar sobre varios asun-

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tos: las representaciones del pasado a través de las c o n m e m o r a c i o n e s c o m o c a m p o de investigación; el uso de las comparaciones entre m o m e n t o s distintos de la historia de u n país para evidenciar cambios o continuidades en las significaciones que se atribuyen a su pasado, la «manipulación» de la m e m o ria por parte de los medios de c o m u n i c a c i ó n . La visión «constructivista» de la m e m o r i a que Marieta nos ofrece, llama la atención sobre otros dos nudos de la relación historia y m e m o r i a , es decir, por u n lado, el carácter dinámico de la misma relacionado c o n el proceso de continua redefinición de las i d e n tidades políticas y sociales y consecuentemente, por otro, el «uso público de la historia», tema «viejo» c o m o la historia, pero inagotable. La presencia del artículo de Sofía C o r r e a Sutil, Las memorias de una vieja elite, más allá del interés por su contenido, tiene por lo m e n o s una doble significación. La primera, de m é t o d o , tiene relación c o n u n problema c o n t r o vertido en el debate político y cultural actual latinoamericano. Sabemos que la c o n s t r u c c i ó n de m e m o r i a s individuales y colectivas n o es una práctica neutral, n o sirve sólo a la c o m p r e n s i ó n de los h e c h o s c u y o s r e c u e r d o s se quiere salvaguardar. Es una operación que implica una fuerte relación c o n la acción, c o n la demanda de justicia y la construcción de presente y futuro. La reivindicación del « m o n o p o l i o del d e r e c h o a la memoria» por parte de las víctimas de las dictaduras, durante el p e r i o d o de las transiciones democráticas, la lucha para que las memorias de las víctimas se vuelvan m e m o r i a f u n d a c i o n a l de una «nueva» s o c i e d a d d e m o c r á t i c a e x c l u y e n d o las del otro bando, es un e j e m p l o de la complejidad y delicadeza del tema. Sin embargo, el trabajo del historiador, sea cual sea su posición —de actor participante o de observador alejado— implica la necesidad de rescatar y analizar las memorias de todos los actores sociales y políticos de una época, de los ricos y de los pobres, los «vencedores» y los «vencidos», los «buenos» y los «malos», «los explotadores y los explotados», los «violadores y los violados». Subrayo esa a f i r m a c i ó n p o r q u e a m e n u d o , quizás más e n L a t i n o a m é r i c a y u n p o c o menos, ahora, en la vieja Europa, en cierta historiografía «militante», sea de derecha o de izquierda, n o se le reconoce, sobre t o d o inmediatamente después de u n p e r i o d o de polarización social y política, legitimidad y derecho de existencia a las memorias y a las vivencias de todos los actores involucrados. La r e f l e x i ó n de Sofía sobre las m e m o r i a s de una «vieja elite» tiene, entonces, una intencionalidad provocadora. A l m i s m o tiempo, quiere proponer, de manera m u y sutil e indirecta, u n elemento, que, j u n t o a m u c h o s otros más, puede concurrir a explicar las tremendas acciones-reacciones que produjeron la violencia en los años sesenta

Introducción

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y setenta del siglo pasado también en otros países latinoamericanos: la vivencia de la tierra p o r parte de la elite chilena terrateniente y la significación que a ella se le otorga c o m o elemento constitutivo de su identidad social y cultural, nos ayuda a entender las reacciones a las reformas agrarias y el consecuente apoyo al golpe de P i n o c h e t de septiembre de 1973. N o s parece que, a pesar de todas las especificidades de los casos, el chileno p u e d e ser paradigmático para la interpretación de otros. Dentro del mismo panorama problemático se inserta el trabajo de Pietro Taviani, Entre participación y contrainsurgencia, los militares chilenos hacia el poder, pero c o n otra perspectiva y expresando otras inquietudes. Preocupado, en términos generales, p o r la desproporción entre el rol protagónico que juzgaron los militares en el periodo que aquí se analiza y la escasa producción historiográfica sobre ellos, plantea la necesidad de reconstruir las dinámicas internas, «multiformes y contradictorias» que agitan al ejército chileno en el periodo previo al golpe. El autor rescata la heterogeneidad de formación de los militares, visible en las diferentes «sensibilidades» culturales y políticas, debida a las múltiples influencias externas q u e se ejercen en los cuarteles chilenos a lo largo de los años cincuenta y sesenta. Su análisis p o r cierto, rompe con una visión monolítica del sujeto militar y da también relevancia a oficiales que han pagado con la vida su oposición al golpe. También subraya la importancia de reconstruir previamente los acontecimientos, de establecer lo que «realmente» pasó c o m o etapa irrenunciable para poder analizar, de la f o r m a más rigurosa posible, los imaginarios, representaciones, m e m o r i a s , vivencias que dichos acontecimientos producen en diferentes m o m e n t o s y en diferentes sujetos históricos. La preocupación por establecer el «núcleo histórico de la verdad» y aclarar las responsabilidades históricas de los acontecimientos se vislumbra también en la reflexión de Arturo Taracena, Historia, memoria, olvido, conflicto armado y violación de los Derechos Humanos en Guatemala. Algunas reflexiones teóricas, medulares para entender el enredo de temas y problemas que con este número de Estudios AHILA queremos plantear, anticipan sus consideraciones acerca de los avatares de la C o m i s i ó n de Esclarecimiento Histórico ( C E H ) , establecida en el m a r c o de los acuerdos de paz de 1996 entre el Gobierno de Guatemala y la U R N G , con el aval de la O N U y que pusieron fin a 34 años de una guerra civil q u e p r o d u j o alrededor de doscientas mil víctimas. Antes que nada,Taracena nos advierte que dinámicas sociales, debates culturales y políticos en t o r n o al tema de la m e m o r i a , del olvido, del negacionismo de la represión y de las violaciones de los derechos humanos

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q u e se dan, en la actualidad, en América Latina, son comparables c o n los ocurridos en otros tiempos y con los que ocurren en otras latitudes del planeta. Citando a R o g e r Charter, nos recuerda que la memoria histórica n o se p u e d e construir sin combinar m e m o r i a , colectiva e individual, e historia y trata de responder a los dilemas de los historiadores del «tiempo presente» en la búsqueda de encontrar sentido a sus propios trabajos. Para entender la sensibilidad de Taracena hacia el problema del quehacer historiográfico, vale la pena recordar que, en calidad de historiador, f o r m ó parte del grupo de investigaciones históricas de la C E H . Memorias divididas, conflictivas, inconciliables se dan n o sólo entre «bandos opuestos», sino también dentro del m u n d o democrático, entre los movimientos sociales, los afectados p o r el terrorismo de Estado. E n pocas palabras, entre los actores sociales unidos en la d e m a n d a de justicia y en la búsqueda de la consolidación democrática de su propio país. La dificultad de aceptar la legitimidad de una pluralidad de memorias y de recorridos diferentes para la construcción de una memoria colectiva en que las diferencias puedan recomponerse, es el eje de la reflexión desarrollada por Vera C a r n e vale, en su trabajo Memorias, espacio público y Estado: la construcción del Museo de la Memoria en Argentina. Ven nos plantea esa dificultad destacando, p o r u n lado, el proceso de construcción, todavía abierto, de u n lugar específico de la m e m o r i a social argentina: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), símbolo e m b l e m á t i c o de la represión ilegal y del t e r r o r i s m o de Estado durante el periodo de la dictadura militar (1976-1983). Lo hace, por u n lado, r e c o n s t r u y e n d o las principales interpretaciones sobre el pasado reciente argentino que, desde el final de la dictadura hasta la actualidad, han surgido y circulado en el espacio social y p o r el otro, reconstruyendo el c o n j u n t o de tensiones que atraviesan los debates actuales tras la llamada «recuperación de la ESMA» y la decisión g u b e r n a m e n t a l de construir allí u n M u s e o de la M e m o r i a . El abordaje de estas tensiones reconoce f u n d a m e n t a l m e n t e dos dimensiones: la vinculada a la construcción misma del Museo (los dilemas en t o r n o a su construcción, a su naturaleza, contenidos y funciones) y aquella otra vinculada a la esfera de lo público, de las relaciones entre Estado y sociedad civil y los vínculos entre política e institucionalidad. Giulia Barrera nos ofrece otro conjunto de problemas con su análisis del «sistema Cóndor», es decir un sistema de coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del C o n o Sur de América Latina con el fin de lograr una mayor eficacia en la represión de los opositores políticos. Tales problemas hacen referencia al tema de las fuentes disponibles c o n q u e

Introducción

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reconstruir un trozo de historia extremadamente importante para entender las dinámicas y los actores que animaron la segunda mitad del siglo XX. La «internacional del terror» vio actuar, en el t e r r i t o r i o latinoamericano, n o solamente a los latinoamericanos sino más bien a los norteamericanos y a los exponentes de los servicios de inteligencia y de partidos políticos de extrema derecha europeos. Para no caer en generalizaciones superficiales, Barrera aborda su complicada tarea construyendo una evaluación de los estudios más relevantes publicados hasta ahora sobre el tema.Ya que las pruebas d o c u m e n tales relativas a la existencia y funcionamiento del sistema C ó n d o r han sido hasta ahora utilizadas más por los jueces sumariantes que por los historiadores, este artículo, de forma m u y indirecta, sugiere reflexionar más detenidam e n t e sobre las diferencias entre el trabajo del historiador y el del juez; sobre la diferencia entre «verdad histórica» y «verdad judicial» y sobre las modalidades de utilización por parte del historiador, de pruebas recolectadas con fines judiciales. P u e d e ser interesante notar q u e Giulia c o n o c e m u y bien tales fuentes ya que sigue trabajando con u n j u e z italiano para la instrucción de una causa contra los militares argentinos y chilenos p o r la desaparición de ciudadanos italianos durante las dictaduras militares. C o n una perspectiva típica de los estudiosos de ciencias políticas M a r i o Sznajder y Luis R o n i g e r nos ofrecen una visión comparativa m u y útil de las dinámicas q u e se desarrollan alrededor del tema de las violaciones de los derechos h u m a n o s en Argentina, Chile y U r u g u a y en estos últimos veinte años de transición democrática. Su trabajo, Memoria abierta: las democracias del Cono Sur frente al legado de las violaciones de derechos humanos, presenta una abrumadora multiplicidad de ejes discursivos y prácticos que van desde los cambios en la estructura legal, los nuevos procesos judiciales, las soluciones extra-judiciales en el marco más global de las iniciativas europeas hasta la formación de una memoria colectiva que supere las barreras nacionales para plantearse c o m o memoria globalizada en pos de la salvaguarda de los derechos humanos. Finalmente, A n n e P e r ó t i n - D u m o n , en la c o n t r i b u c i ó n que cierra este número, retomando muchos de los hilos conductores de los ensayos anteriores, analiza el tema de la investigación y de la enseñanza del pasado latinoamericano cercano, o del «presente de la historia». Partiendo de la reconstrucción, entre 1990 y el 2004, de las etapas que marcan la construcción de una verdad pública sobre los horrores cometidos a lo largo de los diecisiete años de dictadura, se interroga, a propósito de Chile y de Latinoamérica, sobre el sentido de trabajar, con las herramientas propias del historiador, u n pasado

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Maria Rosaria Stabili

contemporáneo al historiador mismo. Sus consideraciones reflejan el debate epistemológico desarrollado en Europa. De hecho, la «historia del tiempo presente», la «historia inmediata» ya se definió en Europa como un nuevo ámbito disciplinario dentro de la academia y en las redes e instituciones de la investigación y enseñanza universitaria11. Lo novedoso es que Anne plantea interrogantes y problemas de significación más global, relatando sus experiencias concretas de investigadora y docente extranjera en Chile. Mi intención y la de los estudios que acabo de introducir, no era la de dar respuestas exhaustivas a las preguntas planteadas al comienzo sino, simplemente, la de ofrecer una modesta contribución a la profundización de temas abiertos y de problemas todavía no resueltos con el deseo de compartir, con muchos más colegas, una renovada búsqueda de sentido para nuestro oficio. Concluyo anotando que, en esta búsqueda, puede ayudar el recuerdo de lo que Lucien Febvre dijo a los: Caballeros sinceros o hábiles utilizadores de la objetividad que piensan imposible escribir, en 1953 [...] la historia de los años 1 9 4 0 - 1 9 4 4 [...] Existe la posibilidad de que, transcurridos cincuenta años, los historiadores afirmarán cosas distintas [...] Afirmarán los historiadores lo que pueden decir siendo hombres del año 2 0 0 0 . Esto es un motivo más para que, nosotros, hombres de los años cincuenta (que fuimos también los de los cuarenta y, algunos, de los veinte), les ofrezcamos, con toda honestidad, nuestra versión de los acontecimientos que, seguramente, interpretarán de forma distinta. Q u e pueden interpretar sólo de forma distinta, así como los historiadores del año 2050 interpretarán los mismos acontecimientos de forma distinta respecto de nosotros y de los del año 2 0 0 0 . Sin que podamos decir que tienen razón ellos y que nosotros estamos equivocados. Por lo menos nuestra versión de los acontecimientos tiene sus pruebas vivientes. Está marcada por miles de sacrificios. En el doble sentido de la palabra, ha tenido sus mártires 12 .

11 La obra de Henry Michel y Boris Mirkine-Guetzévitch, Les idées politiques et sociales de la résistance fue una de las primeras publicaciones sobre la Resistencia que se proponía como obra científica, publicada en 1954 con un prólogo de Georges Bidault y una introducción de Lucien Febvre. 12 En Michel/Mirkine-Guetzévitch (1954: XI), traducción libre.

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GETÚLIO VARGAS - UMA MEMORIA EM DISPUTA

M a r i e t a de M o r a e s Ferreira* Universidade Federal do Rio de Janeiro

ABSTRACT

Getúlio Vargas é u m personagem impar na historia do Brasil. Desde 1954 se pode constatar urna recorrència de eventos relacionados à memoria de Vargas. O fato de que desde 1954 a lembranfa de Vargas tenha sido cultivada reforja a tese de que a memoria tem sido urna das p r e o c u p a r e s culturáis mais importantes das sociedades contemporáneas. Esse debru9ar-se constante sobre o passado recente conduz à produfào de urna cultura da memòria que se materializa de varias maneiras, entre elas as comemorafòes. Eventos desse tipo nào sào porém inocuos: expressam estrategias de controle do passado para poder comandar o presente, e nesse sentido sào marcos de mutafòes sociais.Veremos a seguir como a memòria de Vargas foi reelaborada em diferentes conjunturas, apontando as especificidades de cada momento histórico, para, ao final, analisarmos mais detidamente o boom de memòria de 2004.

* Doutora em Historia pela Universidade Federal Fluminense, realizou pós-doutorado na Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales-EHSS, professora do Departamento de Historia da UFR.J, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Documentado de Historia Contemporánea do Brasil da Fundagao Getúlio Vargas (CPDOC/FGV).

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Marieta de Moraes Ferreira

E m 2004 comemoraram-se no Brasil os 50 anos do suicidio do presidente Getúlio Vargas — evidentemente 'comemorar' nao tem aqui o sentido de 'celebrar', e sim de 'trazer de volta à lembran^a'. O interesse e a mobilizagào provocados pela data se expressaram em urna grande variedade de eventos, como seminarios, exposifòes, debates, construyo de memoriais, artigos em revistas especializadas, cadernos especiáis nosjornais, programas de televisào, ràdio etc. Nào era a primeira vez que isso acontecía. Na verdade, desde 1954 se pode constatar uma recorréncia de eventos relacionados à memoria de Vargas. Uma palavra sobre o personagem se faz necessària, antes que passemos a refletir sobre essa memoria. Getúlio Vargas é um personagem impar na historia do Brasil. Nascido na cidade de Sao Borja, no estado do R i o Grande do Sul, situado no extremo sul do país, foi deputado, ministro da Fazenda e presidente de seu estado antes de concorrer à presidencia da República em 1930, como candidato de o p o s i t o . Derrotado ñas eleifòes, liderou o movimento revolucionário deflagrado em 3 de outubro daquele ano, que acabou vitorioso e o levou à chefia do governo provisorio do país. Quatro anos depois, foi eleito indiretamente presidente constitucional. E m 1937, fechou o Congresso e implantou uma ditadura que foi chamada de Estado Novo. N o período ditatorial — que coincidiu em parte com os regimes de Hitler, Mussolini, Franco e Salazar —, deu continuidade à estruturafào de um Estado nacionalista e intervencionista. Tornou-se extremamente popular, foi chamado de «pai dos pobres», mas em outubro de 1945, após 15 anos de governo, foi deposto. Ainda assim, meses depois foi eleito senador e, ao declarar seu apoio ao candidato do Partido Social Democrático (PSD), general Eurico Dutra, contribuiu para a vitória deste na eleifào presidencial.Voltou ao poder em 1950, agora eleito presidente na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro ( P T B ) , e iniciou seu segundo governo em 1951, sob forte oposifào da U D N (Uniào Democrática Nacional). Diante do acirramento dos conflitos políticos e da possibilidade de ser mais uma vez deposto, pòs firn à pròpria vida no dia 24 de agosto de 1954. Deixou urna carta-testamento à na^ào que causou grande como^ào popular e, mesmo morto, foi o grande eleitor no ano seguinte de Juscelino Kubitschek, eleito presidente com o apoio da alianza P S D - P T B . O fato de que desde 1954 a lembranfa de Vargas tenha sido cultivada reforja a tese de que a memoria tem sido uma das p r e o c u p a r e s culturáis mais importantes das sociedades contemporáneas. Esse debru^ar-se constante sobre o passado recente conduz à p r o d u j o de uma cultura da memoria que se materializa de varias maneiras, entre elas as comemorafòes. Eventos

Getúlio Vargas — Urna memoria em disputa

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desse tipo, c o m o varios estudos t è m demonstrado 1 , nao sao porém inocuos: expressam estratégias de controle do passado para poder comandar o presente, e nesse sentido sao marcos de muta^Ses sociais. Ñas práticas comemorativas de 2004 sem dúvida houve urna i n t e n s o de iscutir o legado de Vargas. Afinal, a Era Vargas, c o m seu projeto nacionalista tendo o Estado como eixo central, tornara-se urna matriz de referencia ñas discussòes de urna agenda política e econòmica para o país. Mas que elementos foram agora ressaltados? A primeira constatado é que em 2004 as aten^òes se concentraran! no segundo governo (1951-1954). Foi urna época de crescimento económico, de implanta9ao de políticas industriáis que estimularam a ampliad o do mercado de trabalho, o que possibilitou maior inclusào social, tudo isso dentro da vigencia de normas democráticas. Nos dias de hoje, é compreensível que esse cenário provoque nostalgia naqueles que voltam o olhar para a década de 1950. Integrar o pleno funcionamento da democracia com a retomada do crescimento económico e a d i m i n u i d o das desigualdades sociais é o grande desafio colocado pela atualidade. Nota-se, assim, urna avalia^ao positiva ñas falas veiculadas sobre Vargas, ficando em plano secundario as vozes que denunciam o legado autoritàrio e a historia de repressào política de seu primeiro governo. N e m sempre, p o r é m , este foi o t o m das c o m e m o r a f òes realizadas e m torno de Vargas. N o s 50 anos que se seguiram à sua morte, tampouco o país continuou o mesmo: à experiencia democrática iniciada em 1946, sucederam-se, a partir de 1964,20 anos de ditadura militar, até que em 1985 se iniciasse novo processo de c o n s t r u y o da democracia.Veremos a seguir c o m o a m e m ò r i a de Vargas foi reelaborada em diferentes conjunturas, apontando as especificidades de cada m o m e n t o histórico, para, ao final, analisarmos mais detidamente o boom de memòria de 2004.

1 9 6 4 : A QUEDA DO IMPÈRIO GETULIANO

Se recuarmos n o t e m p o , iniciando nosso estudo e m 1964, p o d e r e m o s verificar c o m clareza as distin^òes entre as práticas comemorativas ligadas a Vargas. O ano de 1964 é especialmente interessante c o m o ponto de partida, já que foi entào que ocorreu o golpe militar que pos fim ao sistema político inaugurado em 1946, no qual Vargas exerceu u m papel central — prova disso é q u e m e s m o após sua queda e m 1945, e sua m o r t e e m 1954, elegeu seus 1

Nora (1993); Oliveira (1994); Gillis (1994).

Marieta de Moraes Ferreira

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candidatos e continuou sendo urna referencia política fundamental. Nào é de espantar que a d e p o s i t o em margo de 1964 de seu principal herdeiro, o presidente Joào Goulart, e o afastamento da cena política de um grande número de partidarios do P T B e do PSD tenham proporcionado urna conjuntura negativa para o cultivo de sua memoria. Os militares que tomaram o poder em 1964 apresentavam-se como aqueles que iriam por firn à EraVargas.Vejamos portanto, como, no mès de agosto, quando era comum a realizad o de eventos que relembravam a importancia de Vargas e o significado de sua morte, ocorreram tais comemorafòes. Isto é: que elementos foram trazidos a público na passagem dos dez anos da morte de Getúlio Vargas. «A queda do impèrio getuliano» foi o título de urna reportagem especial publicada no Jornal do Brasil, um dos principáis do país, no domingo 23 de agosto de 1964. O conjunto dos textos que compunham a reportagem expressava certa ambigüidade. Ao mesmo tempo que o título apontava para o firn de urna era, também eram lembrados momentos de gloria e a relevancia histórica do líder trabalhista.Tres grandes matérias procuravam enfocar sob diferentes ángulos sua trajetória. A primeira tratava exclusivamente dos aspectos pessoais, da infancia até a formafào na Faculdade de Direito e o inicio da vida profissionai como promotor. Ainda que de caráter pouco opinativo, o texto deixava entrever simpatia pelo personagem. Uma segunda matèria consistía em urna cronologia comentada dos principáis fatos políticos que contaram com a participado de Vargas, como a R e v o l u t o de 1930, o golpe de 1937, a d e p o s i t o em 1945 e a volta ao poder pelas urnas em 1950. Por firn, a matèria intitulada «Memorias de agosto» fazia uma retrospectiva dos principáis fatos que antecederam o suicidio, destacando o depoimento de Café Filho (vice-presidente de Vargas e seu sucessor, cujo breve governo se aproximou da U D N ) , que apenas relembrava episodios vividos naquele período, mas nào enunciava qualquer julgamento, afirmando que «um ex-presidente nào deve julgar um ex-presidente» 2 .Talvez os ex-presidentes Kubitschek e Goulart nào pensassem da mesma forma, mas estavam no exilio e nào foram ouvidos. U m ponto que deve ser destacado nesse conjunto de matérias é a preocup a d o de apresentar um distanciamento diante do tema Vargas, expressa na ausencia de avaliagòes e de relafòes com o tempo presente. Essa abordagem pode ser explicada pelas próprias circunstancias políticas do momento. Se nào era possível deixar de mencionar a importancia de Vargas na historia do país

2

Jornal do Brasil 2 3 / 8 / 1 9 6 4 : 1 0 .

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na passagem dos dez anos de sua morte, as possibilidades de expressào e de valorizado de sua heran^a eram muito restritas, urna vez que seus principáis herdeiros políticos estavam sendo alvo das perseguifòes do regime militar.

1974:VARGAS, O DITADOR

Se o golpe de 1964 foi visto por alguns como a «segunda morte de Vargas», também dessa vez a morte nào significou a eliminafào da heran^a. Mesmo que a principio o novo regime se opusesse a todas as referencias a eia, logo em seguida delineou-se em seu interior um projeto autoritàrio que incluía as idéias de um Estado centralizado e de um sindicalismo corporativista, e que assim se vinculava à tradirlo varguista. Como afirma o historiador Daniel Aarào Reis, «eliminaram-se os principáis herdeiros da t r a d i t o nacional-estatista, mas foi necessàrio assumir a heran^a, pelo menos em parte, negociar com eia, em certa medida incorporá-la»3. Assim, podemos nos perguntar como, em pleno regime militar, foi tratada a memoria de Vargas no vigésimo aniversario do seu suicidio. Mais urna vez a partir da imprensa4 verificamos que, mesmo em tempos de expressào política cerceada, a memoria de Vargas ainda se fez presente. Na Cámara dos Deputados, em Brasilia, os líderes dos novos partidos políticos criados pelo regime militar (a Arena, de apoio ao governo, e o MDB, de oposifào consentida) proferiram discursos em sua homenagem. Naquele teatro oficial, o tom era de ènfase ao desenvolvimento econòmico. Mas houve também algumas tímidas manifestares fora daquele palco, isto é, ñas rúas do país. N o Rio de Janeiro, as homenagens se concentraram na praga da Cinelàndia, em frente ao busto do presidente. Flores foram deixadas ao pé do monumento e duas mil copias da carta-testamento foram distribuidas, muitas délas trazendo também os nomes de candidatos ao Congresso Nacional. Os nomes nào eram mencionados pelo jornal, mas vè-se como o uso político da memoria de Vargas estava associado ao seu firn trágico: o suicidio e a carta. Na capital do Rio Grande do Sul, o MDB homenageou Vargas com urna missa e urna concentrado política diante do monumento à carta-testamento. Duas décadas após o suicidio de Vargas, nào apenas conteúdos positivos foram associados à sua memoria. U m artigo do jornalista Carlos Castello 3 4

Reis (2004: 37). Jornal do Brasil 2 5 / 8 / 1 9 7 4 .

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Marieta de Moraes Ferreira

Branco, publicado e m C a d e r n o Especial d o m e s m o Jornal do Brasil, è u m e x e m p l o de q u e nâo havia urna posiçâo única a seu respeito. O título, «A ditadura»,já nos indica a posiçâo d o autor. A censura praticada n o Estado Novo, a açâo repressora do governo diante das manifestaçôes políticas, as prisôes efetuadas na época sào alguns aspectos rememorados pelo jornalista, e a figura que emerge a partir dai é a de u m Vargas ditador, odiado p o r aqueles que defendiam a liberdade de expressào e a democracia. Para Castello Branco, a ditadura de Vargas propiciava a «corrupçào sob todas as formas e se tornava ineficiente c o m o fator de mobilizaçâo para o traballio. (...) A ditadura é por definiçâo centralista, mas no Brasil daqueles tempos, sem comunicaçôes, havia, além de uma ditadura estadual, ditaduras culturáis» 5 . N a verdade, Carlos Castello Branco, que em muitos momentos fez críticas à ditadura militar implantada e m 1964, parece se utilizar do combate ao autoritarismo do Estado N o v o para condenar as arbitrariedades do regime em vigor. O período era especialmente crítico, pois representava o inicio de uma transiçâo política, com a passagem do governo do general Mèdici para o general Ernesto Geisel, quando foram travados duros embates entre duas correntes do pròprio regime militar — de u m lado, a chamada «linha dura», que defendía a continuidade dos militares n o poder sem qualquer possibilidade de liberalizaçâo política e, de outro, a tendencia liderada por Geisel a uma abertura política «lenta e gradual». Podemos dizer, portanto, que em 1974 ocorreram pelo menos très modos de apropriaçâo da memoria de Vargas: a do regime, que filtrava os conteúdos estatistas e os usava a seu favor, a dos populares, fragmentada n u m culto à cartatestamento, e a da oposiçâo, que utilizava a imagem ditatorial de Vargas para espelhar a realidade política do país. Os espaços possíveis de circulaçâo de discursos sobre temas políticos eram bastante restritos, e talvez este seja o aspecto mais relevante nessas comemoraçôes: a ausência de u m debate aberto sobre o personagem histórico, b e m c o m o sobre o regime político vigente n o país.

1 9 8 3 : UMA C O M E M O R A Ç À O DIFERENTE

A partir do final de 1978, quando foi revogado o Ato Institucional n. 5, o mais drástico da legislaçâo de exceçâo editada pelo regime militar, os ventos da abertura política começaram a soprar c o m mais força. N o ano seguinte

5

Jornal do Brasil 2 5 / 8 / 1 9 7 4 : 4.

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foi decretada a anistia política e a reforma partidária. Muitos exilados voltaram ao país, e e m 1982 h o u v e eleifòes diretas para governador. Foi nessa conjuntura que u m outro tipo de c o m e m o r a f á o foi preparado em torno de Vargas: celebrou-se, e m 1983, o centenário de seu nascimento. Diferentes eventos se realizaram, enquanto políticos e intelectuais elaboravam diferentes discursos sobre o passado político do país. Urna grande exposifáo sobre a trajetória política de Vargas foi preparada pelo C e n t r o de Pesquisa e D o c u m e n t a d o de Historia C o n t e m p o r à n e a do Brasil da F u n d a d o Getúlio Vargas ( C P D O C / F G V ) . A mostra estreou n o R i o , percorreu o país e foi ampiamente divulgada na imprensa. Além disso, pesquisadores do C P D O C publicaram livros e artigos sobre a Era Vargas. Especificamente sobre o personagem Vargas, foi publicado o livro de Paulo Brandi, Vargas: da vida para a historia. E m outubro, estreou na cidade do R i o de Janeiro a pe$a Vargas, de dois conhecidos autores de esquerda, Dias Gomes e Ferreira Gullar. O espetáculo foi financiado pelo governo do estado do R i o , c o m a i n t e r m e d i a d o direta do a n t r o p ó l o g o e e d u c a d o r Darcy R i b e i r o , entào secretario de C u l t u r a . M e s m o c o m apoio oficial, a pe^a que tinha por objetivo celebrar o centenário de Vargas acabou gerando e n o r m e polèmica. O governador Leonel Brizóla — importante herdeiro de Vargas exilado pelo golpe militar, anistiado em 1979 e eleito e m 1982 — nào ficou satisfeito com a versào dos fatos apresentada e declarou publicamente: «Passaram a tesoura na historia» 6 . A ausencia do personagem Joào Goulart na r e c o n s t i t u i d 0 dos fatos históricos foi a p r i n cipal crítica do governador. A imprensa n o t i c i o u a polèmica, q u e acabou arrefecendo quando várias vozes saíram e m defesa da liberdade de expressào, algo q u e naquele m o m e n t o parecía ser u m t r a f o c o m u m m e s m o aqueles que discordavam quanto às versòes da memòria sobre a Era Vargas. O fato de o país estar vivendo u m inicio de abertura, c o m novas articular e s políticas, possibilitou também a realizado de debates sobre a heranga da Era Vargas. E m C a d e r n o Especial publicado pelo Jornal do Brasil1 especialistas analisaram o papel histórico de Vargas e discutiram temas c o m o o populismo, o trabalhismo e o projeto e c o n ò m i c o de seu governo. A discussào sobre a memoria de Vargas tornou-se, na verdade, urna via de acesso para discussòes sobre a historia recente do país, a partir de c o m p a r a r e s entre os diferentes períodos históricos. A reestruturado dos partidos políticos desencadeada e m

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O

Globo

5/10/1983. 17/4/1983.

Jornal do Brasil

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1979 foi, por exemplo, discutida à luz do cenário pós-1945, quando o país viveu um retorno à democracia. Se, conforme apontava a cientista politica Maria Celina D'Araujo 8 , no pós-Estado Novo o getulismo e o antigetulismo se impuseram como fatores determinantes do jogo político, no cenário da abertura dos anos 1980 nào havia nenhum partido ou núcleo político declaradamente antigetulista. Ao contràrio, o getulismo, e sobretudo o trabalhismo, passaram a ser utilizados como trunfo eleitoral por vários partidos. A explorado eleitoral voltava-se para urna parte específica da memoria de Vargas, «seu lado nacionalista e patriótico, tal qual exposto na carta-testamento». Além de artigos de pesquisadores académicos, os jornais publicaram biografías e matérias de autores diversos que em geral ressaltavam a face positiva do passado varguista. U m exemplo é o texto assinado por Luiz Moreira (identificado como advogado e piloto aposentado), que parece indicar os elementos mais importantes para opiniào pública da época. Em urna breve retrospectiva dos principáis fatos da historia recente do país, o autor apontava Vargas como o principal líder político brasileiro e silenciava sobre todo conteúdo que pudesse ser lido como reacionário em sua trajetória. A seguir, um trecho em que explicava qual seria o legado de Vargas: «Apesar dos crimes imputados a Vargas, o seu legado, grabas à visào nacionalista de um Brasil independente, é muito grande. Haja vista o avanzo industrial alcanzado, a legislado protecionista das nossas riquezas, como a eletricidade, minérios, petróleo, ferro e a?o, álcalis, transportes etc., no sentido de dotar o país de estruturas e bases industriáis sólidas. As reformas sociais, políticas, económicas e culturáis abrangendo todos os setores da vida nacional; a legislado e a previdéncia social; as leis trabalhistas — atestam a memorável contribuirlo progressista do ciclo Vargas»9. Ñas comemorafòes de 1983, deve-se portanto destacar o caráter positivo que emerge dos discursos sobre Vargas. Ainda que alguns artigos mencionassem a face autoritària do líder, o foco nào se fixava nessa questáo. A memoria incorporada dizia respeito ao Vargas do segundo governo, democrático e nacionalista, tanto é assim que os partidos procuravam assumir essa heran^a. E essa reafirmado de urna memoria positiva da Era Vargas iria ampliar-se com os avanzos da abertura política. N o ano seguinte, quando entrou em questào a realizado de eleifóes diretas para presidente, a comemora^ao dos 30 anos da morte de Vargas assumiria grande relevancia no cenário político. 8 9

D'Araujo (1983). Jornal do Brasil 1 9 / 6 / 1 9 8 3 .

Getúlio Vargas - Urna memòria em disputa

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1 9 8 4 : A CAMPANHA DAS DIRETAS, AS ELEIQÒES PRESIDENCIAL E A MEMÒRIA DE VARGAS

Segundo a legislado de excefào ainda em vigor no país, a sucessào do general Joào Figueiredo na presidencia, em 1985, seria definida por elei^ao indireta. Foi esse principio que um deputado da oposifào, Dante de Oliveira, tentou derrubar, propondo urna emenda que restabelecia a eleifào direta do presidente da República. N o dia 10 de abril de 1984, às vésperas da votagào dessa emenda, realizou-se no R i o de Janeiro a maior manifestado pública a que o país jamais havia assistido. U m milhào de pessoas foram às rúas no maior cornicio da Campanha das Diretas, que mobilizou várias capitais do país. N o dia 25 de abril, contudo, a emenda foi rejeitada pelo Congresso Nacional. A oposifáo decidiu concorrer à eleigào indireta e lan^ou a candidatura de Tancredo Neves, que recebeu também o apoio dos descontentes do partido da situarlo. Tancredo Neves, político conciliador, era governador do estado de Minas Gerais e ex-ministro de Vargas. Agosto de 1984. Tancredo Neves, o candidato da Alianza Democrática formada pelo P M D B e pelos dissidentes do governo, e Leonel Brizóla, do Partido Democrático Trabalhista (o PDT, herdeiro do antigo P T B ) , ao lado de outros líderes, organizam urna caravana que vai a Sào Boga prestar homenagem a Vargas. Naquele 24 de agosto, a memoria de Vargas é trazida à cena com o intuito de permitir a construyo das bases de urna alianza entre P D T e P M D B . Os dois partidos se uniram para reverenciar a memoria de Vargas, mas a preocupado, sem sombra de dúvida, dizia respeito mais ao futuro que ao passado. A imprensa cobriu o evento de Sào Borja e publicou os discursos dos protagonistas, ou seja, daqueles que se apresentavam como herdeiros de Vargas. Tancredo Neves afirmou na ocasiào: «Getúlio é realmente aquele divisor de águas, aquele que havia dado mais que a sua vida, havia dado todo o seu espirito ao servido da emancipado política, econòmica e social do nosso povo. (...) feliz a pàtria que pode possuir homens públicos da sua estatura; feliz a nafào que pode se honrar de ter tido um filho deste vulto e deste porte» 10 . Brizóla lan^ou a idéia de que o 24 de agosto fosse considerado dali em diante o «Dia da Carta-testamento»: «Mais que a morte do presidente Getúlio Vargas, a referida data assinala o lan^amento daquele grande manifesto,

10

Jornal do Brasil 25/8/1984.

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cujo impacto e posterior influencia sobre os destinos do povo brasileiro sao de urna profundidade que ainda nao estamos em condigao de avaliar. Divulgar o pensamento conclusivo do maior estadista deste século é urna questao cívica que interessa ao conjunto da Na^ao, com vistas as novas gera^óes»11. A carta-testamento assumia assim a fei^áo de um «documento-monumento» 12 , em que era reafirmado o ideário do segundo governo Vargas. Ao enfatizar os ideáis nacionalistas e o trabalhismo, seus herdeiros faziam déla seu legado político. A redemocratiza^ao do país, impulsionada pela Campanha das Diretas, nao transcorreu sem percalfos.Tancredo Neves foi eleito presidente em janeiro de 1985, mas morreu antes de tomar posse. N o governo de seu sucessor, o vice José Sarney, todas as atenf oes se voltaram para o combate á inflafao, que progredia em ritmo alarmante.

1 9 9 4 : A E R A VARGAS ACABOU

Diferentemente da década de 1980, quando ocorreu urna grande valoriz a d o do legado de Vargas, no inicio da década de 1990 podem-se detectar avalia^óes de teor mais crítico, expressas numa frase corrente na época: «A Era Vargas acabou». Essa percep^áo ligava-se ao questionamento do modelo de desenvolvimento económico inaugurado por Vargas e á cren^a de que a agenda de seu segundo governo se havia tornado anacrónica. Em 1994, a abertura da economía, a privatiza^ao das empresas estatais, a redu^áo da a^ao do Estado e o compromisso com um programa de controle das contas públicas e de ajuste fiscal representavam, para alguns analistas, «a terceira morte de Vargas». O artigo com este título do cientista político Bolívar Lamounier 13 é um marco dessa perspectiva. Nele o autor assinalava a necessidade de situar o momento presente e marcar suas diferen^as em rela^ao á conjuntura política 11

Jornal do Brasil 26/8/1984. Jacques Le Goff, retomando idéias de Paul Zumthor, afirma: «o que transforma o documento em monumento: a sua utilizado pelo poder». Assim, a no^ao de documento-monumento busca dar conta das relaf oes sociais dos vestigios históricos. Para o autor, «só a análise do documento enquanto monumento permite á memoria coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo científicamente, isto é, com pleno conhecimento de causa» Le Goff (1996: 545). 13 Lamounier (1994). 12

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do «ciclo Vargas». Era preciso ver que, já contando com novas instituiçôes, com urna opiniâo pública livre, com novos meios de comunicaçâo, o país estava em urna nova fase da construçâo democrática, na qual desaparecía «a preocupaçao com a tutela das forças armadas sobre o sistema político». Em suas palavras, podia-se assim «afirmar que o getulismo e o antigetulismo virulentos feneceram». Outras críticas ao legado da Era Vargas foram expressas na ocasiâo, como fez, por exemplo, um editorial do Jornal do Brasil14 que apontava o corporativismo como urna herança negativa que se enredara na sociedade brasileira. Nesse texto nao se mencionavam outros conteúdos do período Vargas, como o nacionalismo ou o estatismo. Esse tipo de opiniâo, no entanto, nào foi a única veiculada pelo Jornal do Brasil. Muitas matérias e artigos publicados no jornal por ocasiâo dos 40 anos do suicidio de Vargas tinham um tom positivo em relaçâo à sua memoria. Artigos de Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro, por exemplo, eram absolutamente favoráveis ao «legado de Vargas». Como exemplo de urna utilizaçâo mais ¿mediata da memoria, pode-se mencionar também a associaçâo estabelecida pela economista Maria da Conceiçâo Tavares entre Lula, entâo candidato à presidência na legenda do Partido dos Trabalhadores (PT), e o trabalhismo de Vargas: segundo eia, Lula era o principal herdeiro do trabalhismo, enquanto o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso, o candidato que acabou por vencer as eleiçôes de outubro, poderia se comparar à antiga UDN. Outro tema discutido em vários artigos foi a carta-testamento. O historiador José Murilo de Carvalho15 retomou as informaçôes de Helio Silva16, que chamava a atençâo para a existencia de duas cartas, urna carta-testamento e urna carta de despedida, e reelaborou a idéia, declarando que «a bandeira da carta-testamento nâo teria a força que teve sem o 'pathos' embutido na carta-despedida. A soma das duas mortes, a do homem Getúlio e a do presidente Vargas, é que gravou na memoria coletiva a presença de Getúlio Vargas». Para o autor, era a conjugaçâo da morte de Vargas com o texto da cartatestamento que tornava a memoria de Vargas algo tâo relevante na memoria coletiva brasileira. Como já foi dito, em 1984 a carta-testamento já se havia tornado um capital simbólico dos diferentes herdeiros de Vargas. Urna década depois,

14

15 16

Jornal do Brasil 2 5 / 8 / 1 9 9 4 .

Carvalho (1994). Silva (2004).

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num momento em que parecía prevalecer a proposta de desacreditar a heran9a da Era Vargas, o documento ainda era urna fonte de mobilizafào. Muitas vozes da oposi^ào continuavam a apregoar os valores positivos de um certo legado varguista. Na luta contra as privatizafòes e no debate sobre a revisao da legislado trabalhista, a memoria de Getúlio era acionada através da cartatestamento para contestar os novos rumos tomados pelo país. Essa disputa de memorias iría assumir uma nova feigao em 2004, por ocasiào dos 50 anos do suicidio. Desde o ano anterior o país vivia — como vive até hoje — sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-líder operário que iniciou sua carreira política no final do regime militar fundando o P T e que jamais se declarou, ele pròprio, herdeiro de ninguém.

2 0 0 4 : MEMÒRIA E MÍDIA

Contrariando certas expectativas de que a figura do velho líder nào mais despertaría grande interesse, no ano de 2004 a memoria de Vargas ressurgiu com grande vigor. Em meio às numerosas e diferentes comemoragSes entào promovidas, é impossível negligenciar a atua^ao da mídia. Houve um verdadeiro boom de memoria sobre Vargas, e a mídia exerceu ai um papel fundamental. Os principáis jornais do país prepararam alentados cadernos especiáis sobre Vargas, que foram publicados no domingo anterior ao dia 24 de agosto. As revistas de historia dirigidas ao grande público saíram com fotos de Vargas estampadas ñas capas. A historiografía sobre a Era Vargas foi divulgada através dos artigos de jornalistas. Além de noticiar os eventos programados, as matérias publicadas na imprensa expressaram a preocupado de reconstruir históricamente os principáis eventos que antecederam o suicidio. O ponto crucial da longa trajetória pública de Vargas continuava a ser o ato final e a carta-testamento. O que todas essas manifestares exprimiam parece ter sido sintetizado ñas palavras do editor da revista Historia Viva: «Getúlio Vargas, com seu legado e o significado de suas realizares, é essencial para entender o Brasil atual e seus dilemas» 17 . Esse editorial indica um dos movéis que levaram a uma ampia discussào do tema Vargas pela imprensa. De fato, o legado de Vargas tornou-se alvo da discussào de políticos e intelectuais. De acordo com alguns analistas, a vitória de Lula na eleifào de 2002

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Historia Viva agosto de 2004.

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recolocara em cena a possibilidade de retomada de alguns ideáis relacionados ao nacional-estatismo. Ainda que os autores nao se posicionassem de maneira apaixonada em prol de um legado varguista, houve urna busca do passado como instrumento de reflexào sobre a atualidade. Cristovam Buarque 18 , por exemplo, ministro da Educado de Lula até janeiro de 2004, colocou em pauta o ano de 1954 como um marco histórico a ser discutido. E m suas palavras, «apesar da r e v o l u t o que significou a eleifào de Lula e o governo do PT, 2004 ainda nào deixou claro o novo rumo que o país precisa e espera desde 1954». O ex-ministro nao fazia urna defesa do projeto de Vargas, mas colocava a necessidade de conhecè-lo para criar um outro projeto nacional: «Ainda é tempo de mudar, de reorientar o Brasil. Lembrar o passado em geral é o melhor passo para come^ar a construir o futuro. O futuro da continuado do mesmo, dos últimos 50 anos, ou da construyo do novo para o século 21». A idéia de «construyo do novo» nào era compartilhada por todos os setores do governo. O Banco Nacional de Desenvolvimento ( B N D E S ) , por exemplo, criou o «Projeto Getúlio Vargas», que a partir de abril de 2004 realizou seminarios e outros eventos, como documentàrio, livro, exposifào, show e memorial com a estátua de Vargas. De acordo com o material de divulgado do projeto, «pretende-se com essa iniciativa contribuir para o fortalecimento da historia [de Vargas], a valorizado de seu legado e, sobretudo, o resgate da memoria de importantes conquistas para o cidadào brasileiro» 19 . O economista Carlos Lessa20, entào presidente do B N D E S , defendia a idéia de que era necessàrio retomar a agenda de Vargas em muitos pontos. O nacionalismo de Vargas e suas políticas económicas eram os principáis itens da heranfa varguista a serem defendidos, em oposifào ao projeto neoliberal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ñas palavras de Lessa, «um presidente de alma seca achou que devíamos enterrar a Era Vargas. O que este presidente deixou de legado?». Lessa postulava urna retomada dos principios do segundo governo Vargas no momento atual, concluindo: «Enfim, com Vargas, nos vimos como na^ào. E é assim que cometamos a nos ver de novo (...) neste momento em que agenda recuperada de Vargas nos aponta urna continuidade entre o nacional-desenvolvimentismo dele e de sua época e o desenvolvimentismo nacional democrático de Lula». Nào se pode afirmar que esta fosse urna posil o hegemónica no governo, porém nào se deve negligenciar sua relevancia,

18 19 20

Cristovam (2004). BNDES (2004). Lessa (2004).

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sobretudo se levarmos e m c o n s i d e r a l o os objetos culturáis engendrados a partir dela, corno exposif òes, documentàrio e memorial. N a verdade, foram poucas as vozes que procuraram divulgar urna m e m ò ria exclusivamente crítica de Vargas. Urna délas foi a do Instituto Liberal, que está na oposifào ao governo Lula. Càndido Prunes 2 1 , vice-presidente do Instituto, defendeu a idéia de que a rememora^ào de Vargas era u m equivoco e de que o país cometía u m erro ao esquecer «a truculencia política da era Vargas». E afirmou aínda: «Neste ano em que se registram os 50 anos do suicidio de Getúlio Vargas, deveria se iniciar urna campanha pelo banimento do seu n o m e de todas as rúas, avenidas, pravas e locáis públicos. Foi ele u m caudilho sanguinàrio q u e deveria m e r e c e r o opróbrio, c o m o qualquer ditador. O u entào, por urna questào de Justina, comecemos homenagear os militares 'linha dura' de 1964». A memoria de Vargas, nesse caso, foi utilizada para questionar as críticas ao regime militar, ampiamente difundidas pela esquerda brasileira. Essa perspectiva, porém, nao alcan^ou visibilidade na imprensa em 2004. As vozes críticas em geral nao expressaram u m antigetulismo radical. Mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em palestra no jornal O Globo que suas d e c l a r a r e s ao tomar posse em 1994, relativas ao fim da Era Vargas, foram mal interpretadas. Ao revisitar o episodio, declarou que nunca fora antigetulista e que a base de sua crítica estava no fato de o modelo varguista ter-se tornado obsoleto nos novos tempos. Assim, mesmo reiterando o anacronismo de u m p r o j e t o varguista naquele m o m e n t o , p r o c u r o u nao negar o legado histórico de Vargas e afirmou: «Getúlio nào era caudilho. Foi fruto das circunstancias, mas tinha capacidade tática, malicia, visào» 22 . C o m o e n t e n d e r essa emergencia de urna m e m o r i a de Vargas, q u e na década anterior parecia desvanecida? C o m o explicar esse boom de m e m o r i a que se manifestou na mídia?Vários estudos, entre eles os de Huyssen 2 3 , relatam que febres de comemoragòes, p o r motivos diversos, t a m b é m tomaram conta da Europa e dos E U A , revelando a existencia de urna obsessào pela memoria nos dias atuais. Estaria ocorrendo urna musealizafào do mundo, ao m e s m o t e m p o que a m e m o r i a se torna urna mercadoria e m c i r c u l a d o nos meios de c o m u n i c a l o de massa 24 . Poderíamos nos perguntar o que a abun21

Prunes (2004). O Globo, 4 / 9 / 2 0 0 4 . 23 Huyssen (2000). 24 C o m o afirmou Huyssen Andréas 2000: 21, «nào podemos discutir memoria pessoal, geracional ou pública sem considerar a enorme influencia das novas tecnologias de mídia como veículos para todas as formas de memoria». 22

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d â n c i a d e m e m o r i a s o b r e Vargas e m c i r c u l a ç â o na m í d i a e m 2 0 0 4 t r o u x e para a s o c i e d a d e brasileira. Q u e c o n t o r n o s p o d e m ser p e r c e b i d o s nessa m e m o r i a «midiatizada»? U r n a primeira avaliaçâo parece indicar q u e existe urna d e m a n d a p o r u m p r o j e t o nacional q u e propicie a volta d o c r e s c i m e n t o e c o n ó m i c o e a d i m i n u i ç â o das desigualdades sociais n o país. A busca d e referencias n o passado r e c e n t e p o d e r i a assim se t o r n a r urna via d e acesso para urna discussâo mais a m p i a s o b r e o Brasil. C o n t u d o , o boom d e m e m o r i a d e 2 0 0 4 n a o a t e n d e u apenas a essa d e m a n d a social. Expressou t a m b é m os interesses da mídia, q u e p o s s u i u r n a d i n á m i c a específica, r e l a c i o n a d a às p r ó p r i a s c o n t i n g e n c i a s comerciáis e às necessidades de criaçâo de «fatos novos». O e x a m e das c o m e m o r a ç ô e s ligadas a u m m e s m o t e m a e m c o n j u n t u r a s diferentes, desde 1964 até a atualidade, p r e t e n d e evidenciar a riqueza d e urna a b o r d a g e m c o m p a r a t i v a . A o m e s m o t e m p o , esse p e r c u r s o a p o n t a para u m vasto c a m p o a b e r t o às investigaçôes s o b r e as o p e r a ç ô e s d e c o n s t r u ç â o da m e m o r i a coletiva e sobre a relaçâo entre a historia, a política e a mídia c o n temporánea.

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LAS M E M O R I A S DE U N A VIEJA ELITE

Sofía Correa Sutil* Universidad

de Chile

ABSTRACT

Este artículo constituye u n i n t e n t o de reconstruir la m e m o r i a de la elite tradicional chilena a fines del siglo XX, a partir de fragmentos de historia oral y de unos pocos testimonios escritos de difícil acceso. E n él se explica que el proceso h i s t ó r i c o q u e m a r c ó a esta elite f u e la r e f o r m a agraria llevada a cabo p o r los gobiernos de la D e m o c r a c i a Cristiana y de la U n i d a d Popular (1964-1973), la q u e t e r m i n ó c o n la hacienda y con las relaciones sociales que ella cobijaba. La m e m o r i a de la elite tradicional a fines de siglo gira e n t o r n o a la vida e n la hacienda antes de la r e f o r m a agraria, concebida míticamente c o m o u n espacio de armonía social, de progreso material, y de felicidad compartida p o r hacendados y campesinos, en contraposición radical con los análisis de quienes, desde la sociedad urbana, proclamaban la necesidad de terminar con el latifundio. Para la elite, la reforma agraria representa la destrucción de u n orden social idílico, y su consecuencia es la miseria y la lucha de clases, de allí q u e se la identifique c o n destrucción y muerte. E n el imaginario de la elite tradicional a fines del siglo XX, la armonía social de la hacienda era lo q u e daba sustento a la unidad nacional, de m o d o que la r e f o r m a agraria adquiere para ella unas repercusiones m u c h o más

* Historiadora, D.Phil, O x f o r d University (1994). Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre sus últimas publicaciones cabe mencionar Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX (Santiago, 2005).

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Sofía Correa Sutil profundas que lo que implica el fin del latifundio y de las relaciones sociales precapitalistas que allí prevalecían.

L A ELITE C H I L E N A

Una elite abierta a recibir en su seno a las nuevas fortunas, se consolidó en Chile en el curso del siglo xvm, vinculada a la tierra, la minería y el comercio. En los siglos xix y x x sus intereses se diversificaron también a las finanzas y luego a la industria manufacturera, abarcando de este modo la propiedad y gestión de todos los sectores de la economía 1 . Adicionalmente, tuvo el monopolio del poder político hasta la década de 1920 cuando los sectores medios de origen urbano comenzaron a disputar esta supremacía. De modo que, desde la década de 1930, la vieja elite se sometió al veredicto de las urnas ya no sólo para definir la participación de sus diversas fracciones en los espacios del poder político, sino para compartirlo con los nuevos sectores emergentes. Entonces logró retener cerca de un 40% del voto ciudadano, concentrando su poder electoral fundamentalmente en las zonas rurales. Ello le permitió negociar con las fuerzas reformistas desde una amplia representación parlamentaria. De este modo, la vieja elite logró conservar sus fuentes de poder económico y de influencia social, aun cuando a fines de los años 30 llegaba al gobierno una combinación de Frente Popular que incluía a radicales, socialistas y comunistas. Principalmente, logró evitar que las fuerzas reformistas intervinieran en el espacio rural, a consecuencia de lo cual la sindicalización obrera quedó excluida de aquél; y en el ámbito urbano, se benefició de las políticas de industrialización que constituyeron el corazón del proyecto de transformaciones impulsado por las fuerzas de centro izquierda2. Sin embargo, en la década de 1960, la vieja elite fue arrasada por los vientos revolucionarios

1

Sobre la elite chilena en el siglo XIX, véase Barros y Vergara (1978); Góngora (1981);Jocelyn-Holt (1992); Salazar y Pinto (1999), (2002);Vial (1981). Sobre la elite chilena en su dimensión económica véase: Arriagada (1970); Correa Sutil (2005); Kaufman (1972); Kirsh (1977); Montero (1997);Wright (1982); Zeitlin y Ratcliff (1988). 2 Para profundizar en la historia de la elite tradicional, desde una perspectiva política, véase Correa Sutil (2005). Sobre las elites y la derecha en América Latina obras ya clásicas y otras más actuales: Astiz (1969); Bourricaud et al. (1969); Chalmers, Campello de Souza, Borón (1992); D e Imaz (1965); de Palomino (1988); Deutsch y Dolkart (1993); Deutsch (1999); Higley y Gunther (1992); Lipset y Solari, eds., (1967); Malloy (1979);

Las memorias de una vieja elite

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impulsados ya no sólo por la izquierda sino que también por quienes habían sido sus tradicionales aliados, la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos. En efecto, con la intención de detener la revolución socialista en el continente, que ya había tomado posesión de Cuba, tanto la Iglesia como el gobierno norteamericano exigieron la realización de reformas estructurales que apuntaban a la modernización económica y social, derribando los privilegios de las oligarquías latinoamericanas. En Chile, la atención se concentró en la exigencia de una reforma agraria que implicara la expropiación del latifundio y la organización de sindicatos rurales. Tanto el gobierno norteamericano como la jerarquía eclesiástica confiaron en la Democracia Cristiana para realizar estas transformaciones estructurales3. Con ellas, se buscaba destruir el orden tradicional pre-capitalista del agro chileno, basado en la hacienda como unidad económica y social y en el inquilinaje como sistema laboral4. La hacienda, llamada también fundo, es una unidad productiva cuya extensión, en la primera mitad del siglo xx, puede variar entre más de 10.000 hectáreas en zonas cordilleranas y de secano, a unas 250 hectáreas en zonas regadas y fértiles5. De modo que, más que su extensión, lo que caracteriza a la hacienda son las relaciones laborales premodernas basadas en la institución del inquilinaje. En efecto, la hacienda posee una mano de obra permanente, conformada por inquilinos y peones residentes, a la que se suma una mano de obra estacional para las tareas de siembra y cosecha, los llamados peones «afuerinos» que reciben un jornal diario por su trabajo. El inquilino recibe una escasa remuneración en dinero, pero en cambio se le otorga casa con un pedazo de tierra para cultivos de uso cotidiano y para crianza de aves de corral y animales pequeños, además de una porción de tierra de aproximadamente una hectárea para su usufructo y el derecho a tener una cantidad definida de animales en la hacienda. En los días laborales, todo trabajador recibe también alimentación,

Middlebrook (2000); Niosi (1974); R o c k et al. (2001); Romero (1970); Sábalo (1991); Sáenz Quesada (1998); Schvarzer (1991). 3 Sobre la historia del período, véase, entre otros, Angelí (1993); Correa et al. (2001); Góngora (1981); Stabili (1991). 4 Sobre la sociedad rural chilena, véase principalmente Bengoa (1988) y (1990); Bauer (1994). 5 Sobre la extensión de las haciendas véase Cox Balmaceda (1973).También Pereira Lyon, sin fecha: 129-188. Si bien este último se trata de un libro bien impreso, carece de información sobre lugar y fecha de edición. Sin duda se trata de una publicación restringida a familiares y amigos; incluso el mismo autor declara que «el propósito de estos apuntes es informar a mis hijos de los tiempos pasados» p.174.

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consistente en un plato de porotos y en la galleta, que es un pan de harina de trigo de cerca de un kilo. La obligación del inquilino es aportar su trabajo y el de un peón, usualmente un familiar que vive con él. En la medida en que el inquilino depende del terrateniente para tener vivienda y tierra para cultivar, su mayor temor es la expulsión de la hacienda. Así, el régimen del inquilinaje genera un estrecho vínculo de pertenencia del inquilino a la hacienda. A la vez, el inquilinaje se sustenta en una relación de reciprocidad que implica lealtad por parte del inquilino y protección por parte del terrateniente. Esta relación de reciprocidad genera afectos, a pesar de ello no se ponen en tela de juicio las rígidas jerarquías sociales en el interior de la hacienda, ni la subordinación al terrateniente, de quien depende el inquilino enteramente para la estabilidad de su vida y la de su familia6. En la primera mitad del siglo XX, una hacienda podía llegar a tener entre 80 y 200 casas de inquilinos7. En suma, se trataba de un orden señorial, un producto peculiar de la evolución económica y social del agro chileno 8 , y aunque no se le podría en caso alguno considerar como un régimen de carácter feudal, ambas instituciones, hacienda e inquilinaje, fueron comprendidos en el Chile urbano como un remanente feudal: improductivo, autoritario, arbitrario y profundamente injusto, el que debía ser destruido para que el país pudiese transitar hacia la modernidad. Por eso, el proceso de reforma agraria que inició la Democracia Cristiana en 1964 se orientó a la destrucción del orden rural tradicional. Se expropiaron las grandes haciendas y en ellas se constituyó una forma de propiedad colectiva, llamada asentamiento, que fue pensado como una instancia de transición hasta la entrega de la propiedad de la tierra a los inquilinos. Al mismo tiempo se legalizaron los sindicatos rurales, y se les apoyó en su constitución y en sus demandas. Posteriormente, durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular se aceleró la política de expropiaciones y se acentuó el conflicto social en el campo. El proceso estuvo acompañado de una cierta violencia, en las tomas de predios por los campesinos y en la respuesta patronal, pero en ningún caso se puede hablar de la existencia de guerra civil rural9. En los primeros años de la dictadura militar, la repre6

Sobre el sistema de inquilinaje véase Bauer (1994); Bengoa (1988) y (1990); Loveman (1976); Salazar y Pinto (1999). 7 Pereira Lyon, sin fecha: 141,146,150. 8 Sobre el origen del inquilinaje, véase Góngora (1960). 9 Sobre el proceso de R e f o r m a Agraria y sindicalización campesina, véase Affonso et al. (1970); G a r r i d o (1988); H u e r t a (1989); K a u f m a n n (1972); Landsberger y Canitrot (1967); Loveman (1976); Ortega (1987);Thiesenhausen (1966).

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sión a los campesinos más activos y politizados fue muy dura; sin embargo, la derrota de la izquierda por las fuerzas armadas no significó una vuelta al viejo orden hacendal. En efecto, los terratenientes expropiados retuvieron sólo una pequeña fracción de sus tierras, la llamada «reserva» que la ley dictada durante el gobierno demócrata cristiano les aseguraba; el resto de las tierras de las antiguas haciendas fueron entregadas por las autoridades militares en propiedad individual a los antiguos inquilinos, terminando con la fórmula del asentamiento. De allí en adelante la propiedad de la tierra ha ido cambiando de manos aceleradamente dando paso a la constitución de empresas rurales modernas, con grandes extensiones de tierra, muchas de ellas con mano de obra estacional, dedicadas preferentemente a la producción de frutas y de vino para la exportación o a la explotación de bosques para la producción de celulosa, empresas éstas que conviven con pequeños y medianos propietarios. En ningún caso se reconstituyó la vieja hacienda, y el sistema del inquilinaje desapareció10. Este proceso histórico, tan sucintamente descrito, transformó de una manera muy radical y rápida una de las bases fundamentales de la constitución del orden social chileno. La destrucción de la hacienda implicó, entre otras consecuencias, una reconstitución de las elites del país sobre la base de otros referentes sociales; nuevas fortunas de origen urbano han desplazado a la vieja elite, aunque no pocos miembros de ésta han sabido navegar las aguas tormentosas de la modernidad. No debe sorprendernos, por tanto, que las memorias finiseculares de esta vieja elite estén articuladas fundamentalmente en torno a sus vivencias de la hacienda y a lo que significó para ella la reforma agraria. N o es fácil tratar la memoria de la elite chilena tradicional a fines del siglo xx, debido a la escasez de material para ello. Aparte de María Rosaría Stabili11 ningún otro académico ha publicado sobre la memoria de la elite, pues los estudios referidos a la memoria se han concentrado en las víctimas de la dictadura pinochetista y en los sectores populares en general12. Tampoco se cuenta con publicaciones de cartas privadas, y la elite de fines del siglo XX no ha sido proclive a escribir aún sus memorias, y si lo ha hecho, tiende a limitar su circulación a sus familiares y amigos más cercanos13. De modo que 10 Sobre las transformaciones acontecidas en el agro chileno desde la Reforma Agraria en adelante, véase Ortega (1987); Gómez y Echenique (1988). 11 Stabili (2003). 12 Véase, por ejemplo, Garcés et al. (2000); Garcés y Leiva (2005); Zerán et al. (2004). 13 Una excepción es Subercaseaux (2001), la cual se concentra en su período de infancia y primera juventud. Son numerosas en cambio las memorias de elite del siglo

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Sofía Correa Sutil

el trabajo que aquí presentamos tiene un carácter más bien exploratorio, tentativo.

LA HACIENDA ES EL J A R D Í N DEL E D É N

En los recuerdos de miembros de la elite tradicional, hay un tiempo de felicidad, de armonía y de plenitud, que es el tiempo inmemorial de la hacienda. En esta memoria de la elite, los recuerdos de una generación se entrecruzan con las historias contadas por las generaciones precedentes, al punto que llegan a ser indistinguibles entre sí. De esta forma se vive la temporalidad de la hacienda como un tiempo inmemorial, estático, cuyos contenidos son compartidos de igual modo por todas las haciendas indistintamente. Por eso, aunque de contornos muy precisos, la hacienda se convierte en la memoria de la elite en un espacio mítico, que se extiende más allá de un momento y de un lugar específicos. Recurro al texto de María Rosaría Stabili, quien nos dice en relación con la conversación con una de sus entrevistadas, Gabriela: Siento la necesidad de preguntar muchas cosas, pero sobre todo de tener información más precisa respecto a los lugares de sus recuerdos. Deseo saber cuál es la propiedad escenario de su relato, la cantidad de hectáreas que posee, qué cosas produce, el nombre de los propietarios. Me mira un tanto perpleja, como si no alcanzase a comprender mis preguntas [...] Y me explica con paciencia que el lugar de sus recuerdos no es uno solo 14 .

Su entrevistada, Gabriela, se explaya enseguida sobre las características de este espacio mítico que es la hacienda en la memoria de la elite tradicional: [...] En todos los fundos que visitaba, yo, mi familia, otros parientes y amigos, la vida y las relaciones sociales eran siempre las mismas. Podía cambiar el paisaje y se podían cultivar cosas distintas, se podía gozar de mayor o menor libertad, pero la vida al aire libre, los paseos a caballo, los juegos, los estilos de vida eran los mismos. En un fundo se podía vendimiar y en otro trillar, pero la atmósfera era la

XIX y principios del xx.Véase por ejemplo, entre otros: Balmaceda (1969); Barros (1942); Errázuriz (1934); Moría (1922); Orrego Luco (1984); Subercaseaux (1936); Subercaseaux (1976). 14 Stabili (2003): 291-292.

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misma. También las casas, inmensas y con muchas habitaciones, patios interiores y largos corredores exteriores que circundaban la casa, una especie de espacio intermedio entre lo de dentro y lo de fuera, se asemejaban muchísimo y en todas había un ajetreo increíble de parientes y amigos que se visitaban15. También Valeria, otra de sus entrevistadas, expone con claridad el carácter utópico y atemporal de la hacienda: Tal vez para las elites europeas una tierra específica, siempre la misma, aquella heredada de los propios antepasados, es el elemento de identidad individual y de grupo. Para nosotros los chilenos, en cambio, lo que crea identidad de elite no es sólo un lugar concreto: es un lugar que cambia de generación en generación, pero donde lo que prevalece es una larga tradición de estilos y relaciones sociales que tienen su origen en el Valle Central y eso explica que los nombres de los fundos se repitan en latitudes distintas16. La vivencia de plenitud, la felicidad de la vida en la hacienda está c o m puesta de múltiples dimensiones. Por una parte, está presente la relación con la naturaleza, por otra, las relaciones sociales con los familiares y también con los inquilinos, es decir, los trabajadores permanentes de la hacienda. En una de las pocas memorias finiseculares de la elite tradicional, a la que he tenido acceso a pesar de su restringida circulación, Ismael Pereira Lyon, inicia sus recuerdos y reflexiones sobre «la agricultura» con las siguientes palabras: No hay duda de que mi vida ha girado alrededor de la agricultura. Desde chico, todo me gustó en el campo. El aire, el silencio, el canto de los pájaros, los árboles, las flores, pero también las extensiones cubiertas casi todo el tiempo por pasto seco, la gente sencilla y trabajadora, el lento crecer de las plantas, la cosecha alegre y apurada, el temor a los elementos, la lluvia que empapaba la tardía vuelta a la casa o el caminar por los cerros, en fin, todo. Es un modo de vida que se adentra en uno, un vago recuerdo que lo forma 17 . Pero no nos equivoquemos, la hacienda no es un lugar para la contemplación de la naturaleza. Su razón de ser está en la producción, lo que impli15

Stabili (2003): 294. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Gabriela Pischedda Larraín. 16 Stabili (2003): 300. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Valeria Maino Prado. 17 Pereira Lyon, sin fecha: 129.

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ca una constante lucha contra los elementos, contra la tierra árida y difícil de trabajar. Esta dimensión de la memoria de la elite tradicional contrasta fuertemente con los análisis que los contemporáneos urbanos hicieron, desde principios del siglo xx, sobre la hacienda como una propiedad improductiva, destinada a una socialización de lujo, en la cual no se introducían medios técnicos ni se invertían capitales18. Por el contrario, la memoria de los terratenientes rescata una vocación llamada a transformar la tierra para hacerla más productiva, no importándoles que si el dinero hubiese sido invertido en negocios urbanos hubiese rendido mayores dividendos. Trabajar la tierra en Chile tenía exigencias ineludibles. Había que hacer canales de regadío y tranques para juntar agua, había que limpiar y preparar la tierra antes de sembrar, había que plantar árboles, empastar, comprar y engordar a los animales, había que construir casas de inquilinos y bodegas, organizar lecherías, instalar cierres, electrificar, hacer caminos y puentes, y en no pocas ocasiones, también escuelas: para todo ello, había que invertir fuertes sumas de dinero. Por eso, Ismael Pereira en sus recuerdos recorre con detención las obras realizadas en cada una de las nueve haciendas de propiedad suya o de su familia. Así, por ejemplo, en la hacienda San José: Siempre recuerdo que mi papá decía: ' N o conviene transformar un fundo ganadero de primera en uno de riego de tercera'. Pero el espíritu de progreso es un acicate muy fuerte, y si no hubiera sido por la Reforma Agraria, San José habría sido fabuloso. «Cuando se proyectaba el embalse del Rapel, que nos inundó las partes bajas y la viña, nos tentamos de traer electricidad, para alumbrar y para elevar el agua. Instalamos dos líneas: 11 kilómetros desde Calleuque y 5 kilómetros desde cerca de La Estrella. Con ello pudimos elevar agua desde el río Tinguiririca hasta una altura de ocho metros, y cubrir una superficie de más de 1.000 hectáreas, de las que logramos regar y empastar alrededor de 400. Comenzamos por destroncar a máquina, hacer caminos, cierros, sembrar arroz, trigo y pasto los primeros años. Todo se hacía con las ganancias del fundo, que no dejaba nunca de dar buenos dividendos, financiándolo en parte con la mayor producción, de carbón primero y después de arroz y vino. El objetivo principal era empastar para desarrollar una

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Entre los mayores críticos de la hacienda a principios de siglo hay que mencionar al DoctorValdés Canje, seudónimo de Alejandro Venegas:Valdés Canje, 1910; a mediados de siglo las críticas estructuralistas se encarnan en las obras de Jorge Ahumada y Aníbal Pinto: Ahumada (1958); Pinto (1958). A ellas se agregan las críticas provenientes de la jerarquía católica; véase por ejemplo, Cavallo (1991) entre muchas más.

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ganadería vacuna. Alcanzamos a tener 700 novillos, pero a medias, pues todo se costeaba con la sola producción del fundo. La bomba de Guadalao sacaba agua de pozos, más o menos 15 litros por segundo, y del estero de San Miguel hasta noviembre. Plantamos ahí una gran viña, que llegó a cubrir 120 hectáreas [...] En ese alejado sector de Guadalao construimos cuatro casas, una escuela con capilla, y el valle se transformó [...] En San José cumplimos nuestro deseo instintivo de mejorar, de aumentar la producción,y creo que si se repitiera la situación haría lo mismo [...] 19 [...] Además de producir la mejor lana y los mejores lechones del país, habíamos aumentado nuestra capacidad en un 50%, arrendando varias propiedades, colocando ovejas a medias, e incluso comprando dos funditos [...] Llegamos a esquilar 10.000 ovejas, y estábamos en pleno período de expansión; habíamos llegado a tener una crianza de más de 1.000 vacas [...] Construimos además una magnífica capilla y un gran galpón, se agrandó considerablemente la llavería, edificamos un nuevo retén de Carabineros [...] e hicimos muchos ensayos de pastos subterráneos de rulo, especialmente trébol y phallaris, aunque sin mucho éxito, es cierto. En cambio, en los nuevos campos de riego obtuvimos muy buenos resultados con la festuca y el trébol blanco; después apareció el trébol frutilla, que resultó aún mejor. Trabajamos mucho también en la bodega de San José aumentando su capacidad, primero hicimos silos, y después cubas de madera en galpones provisorios, pensando en el traslado a Guadalao, que no alcanzó a hacerse. Los cierres de San José son muy buenos; cuando se dividió la hacienda en 1946, había 200 kilómetros de cercos de malla,y hemos seguido colocando cercos después [...] 20 . Al referirse a otra de las haciendas de propiedad de su familia, Santa A m e lia, Ismael Pereira nos hace notar que este espíritu creativo y de progreso n o es algo n u e v o en su g e n e r a c i ó n . P o r tanto, p o d e m o s considerar q u e en la m e m o r i a de la elite tradicional, se ve c o m o parte sustantiva del carácter y m o d o de ser del terrateniente, c o m o u n impulso vital que n o puede desconocer, lo que le lleva a incursionar en el desafío constante de hacer productivas nuevas tierras una vez q u e ya ha dado f o r m a definitiva a alguna de sus haciendas. Escuchemos el relato recién aludido: Mi abuelo compró, pues, 4.000 cuadras de riego en 1890 [...] En 1908 o 1909 se fue a trabajar ahí mi tío Guillermo Lyon, que transformó el fundo. Yo

19 20

Pereira Lyon, sin fecha: 133. Pereira Lyon, sin fecha: 135-136.

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Sofia Correa Sutil nunca he sabido por qué no se fue a Balfour Lyon, que era la fuente de la fortuna de mi abuelo y que estaba entonces en todo su auge. En Almahue, el tío Guillermo edificó como 200 casas de inquilinos, plantó de alamedas todos los deslindes de potreros, y los cuadró; ripió los caminos, que pasaron a ser los mejores de la zona, buenos para autos, que no podían ir a Santiago; edificó las Casas del Toco, las escuelas de Toco y San Roberto, y los grandes galpones, de 2.500 metros cuadrados cada uno, para las lecherías del entonces Salto y San Roberto, que él instaló. Había una gran crianza de vacunos Durham y dos lecherías de vacas holandesas. Conocí dos autos y cinco tractores, cosa increíble en ese tiempo [...] Construyó una central telefónica en San Roberto, con líneas a las Casas Nuevas, Toco, San Roberto, la estación, el correo, la parroquia y la municipalidad, donde él mandaba, y que ha sido la base de la actual red local de la Compañía de Teléfonos. Construyó el patio de las cocheras de las Casas Nuevas, y el chalet, donde instaló las oficinas. Tenía criadero de caballos Hackney. Los balances fueron muy buenos durante su gestión21.

También el libro de María Rosaría Stabili recoge esta dimensión cuando da cuenta de los inicios de la hacienda La Esperanza, en la región del Maule, comprada en la década de 1930 por Fernando Hurtado y su hermano Ignacio, terratenientes del corazón agrícola del país, situado algo más al norte. Era ésta en ese entonces una tierra que sus anteriores propietarios no habían podido explotar adecuadamente, de modo que los hermanos Hurtado tuvieron que invertir muchos recursos e incluso trasladar a ella inquilinos de la otra hacienda del Valle Central de su propiedad. El punto es que Fernando Hurtado aparece en la memoria de su familia como un pionero incansable, siempre dispuesto a poner en cultivo tierras hasta entonces perdidas para la producción, en suma, un hombre progresista. Al respecto, reflexiona su hija Marisa: [...] Al comienzo esto era sólo un monte y la primera cosa que el tío Ignacio y don Feña22 hicieron fue limpiar todo [...] El tío Ignacio mandó las máquinas de su empresa constructora a limpiar y a preparar el terreno. Luego construyeron un canal que llevaba agua del río Maule y eligieron, junto con don Guille, los terrenos para los potreros de riego. Gastaron muchísimo dinero, pues tenían la ilusión de crear una cosa fantástica. Hoy nosotros decimos que si en vez de gastar todo este dinero en «La Esperanza», lo hubiesen invertido en departamentos 21

Pereira Lyon, sin fecha: 141. Balfour Lyon era una empresa dedicada al comercio exterior. 22 Se refiere de ese modo a su padre.

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en Santiago, seríamos millonarios. Pero a ellos les gustaba esto y creían en lo que hacían 23 .

En la memoria de la elite, el patrón de fundo, es decir el hacendado, encarna no sólo el progreso material sino también el progreso social, como lo hemos visto en las citas precedentes, cuestión que confirma Arturo Fontaine Aldunate al asegurar: Por varios siglos, el patrón ha sido el único referente cultural, el único capaz de levantar y dotar una escuela y mantenerla, el único que puede ayudar a la educación del futuro maestro rural, el único modelo y el único magisterio de costumbres y de hábitos de trabajo, para bien o para mal. Hay casos en que esta función señorial se ha cumplido ejemplarmente, como es el caso de Carlos Aristía Ruiz o de Carlos José Errázuriz Eyzaguirre, para citar sólo dos nombres de los muchos que podrían traerse a la memoria 24 .

La hacienda es, en la memoria de la elite tradicional, el espacio de la felicidad no sólo porque en él se despliegan las energías creativas, sino también porque es allí donde se instalan los recuerdos de relaciones sociales armoniosas y cálidas. Si bien no llama la atención que éstas se refieran a miembros de la familia extendida («tíos, primos, abuelos... hasta cuarenta, cincuenta, sesenta personas») 25 , sí que es sorprendente que esta visión de relaciones donde reina la armonía y los afectos se refiera también a sus vínculos con los inquilinos de la hacienda. Una vez más estamos ante un profundo contraste entre la memoria de la elite tradicional y la literatura académica sobre la sociedad rural 26 . Esta, tanto como los comentarios de observadores contemporáneos extranjeros 27 , con muy escasas excepciones, resalta la sumisión, ignorancia y miseria de los campesinos, el trabajo excesivo, la arbitrariedad patronal. Si hay alguna dimensión en la cual la memoria de la elite se distancia sustantivamente de lo que se ha escrito sobre el agro 23

Stabili (2003): 337 y siguientes. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Marisa Hurtado Ruiz-Tagle, en página 340. 24 FontaineAldunate (2001):18. 25 Stabili (2003): 261. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Manuel Ignacio Aguirre Valdivieso. 26 Véase por ejemplo; AfFonso et al. (1970); Bengoa (1988) y (1990); Huerta (1989); Landsberger y Canitrot (1967); Loveman (1976). 27 El texto más citado de un observador extranjero es el de Me. Bride (1973), cuya primera edición es de 1936.

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chileno, es en referencia al inquilino y a las relaciones sociales en el interior de la hacienda. Lo primero que llama la atención en los recuerdos de la elite tradicional, es la fuerza emotiva de los relatos, en los cuales aparece una visión idealizada sobre sus relaciones con los inquilinos de las haciendas, especialmente durante la infancia. Así p o r e j e m p l o , Gabriela, u n a d e las entrevistadas p o r M . R o s a r i a Stabili, u n a m u j e r c o n militancia d e izquierda afín a la U n i d a d Popular en los años 70, procesa sus recuerdos de vida en la hacienda de tal f o r m a que en ellos la subordinación campesina queda oculta tras una imagen de relaciones totalmente horizontales. Dice así: Aunque nosotros éramos los patrones y ellos los inquilinos, jugábamos y hacíamos todo juntos [...] Eramos un verdadero ejército de niños [...] Eran espacios de libertad absoluta para todos. Hacíamos travesuras increíbles y, si nos descubrían, todos éramos castigados por parejo y de la misma manera [...] Así, entre ellos y nosotros se creó en la infancia una relación de afecto profundo y de complicidad que perdura hasta el día de hoy [...] 28 . El trabajo se vuelve lúdico y al igual q u e los alimentos y los espacios de recreación, aparece compartido sin diferencias p o r campesinos y terratenientes, c o n f o r m a n d o u n m u n d o de armonía y afectos. Sin embargo, esta a r m o nía y estos afectos, conviven al mismo t i e m p o c o n relaciones de subordinación laboral. Siguiendo con la m e m o r i a de Gabriela, t e n e m o s el siguiente relato: [...] Participábamos juntos en la vendimia, en la trilla, en los trabajos del establo y ahí nos enseñaban a ordeñar las vacas. Participábamos, a fin de cuentas, en todas las actividades que tenían relación con el trabajo de la tierra.Y entre medio hacíamos construcciones de barro, casas entre los árboles con maderas que recogíamos, o carpas de indios, y después, cuando llegaba la época en que se hacían las mermeladas, el manjar y las conservas, todo en cantidades inmensas, los niños éramos llamados para ayudar en la cocina. Siempre con miedo de quemarnos o de caer en esas pailas enormes, pero tratando de imitar a los adultos, patrañas e inquilinas que trabajaban juntas [...] Pasábamos todo el día participando en los trabajos y a la hora de almuerzo, niños y grandes, patrones y trabajadores, nos sentábamos todos en torno a un gran fogón con gran cantidad de porotos que

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Stabili (2003): 286-287. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Gabriela Pischedda Larraín.

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comíamos acompañados de grandes pedazos de una especie de tortilla que se llamaba 'pan de los campesinos'. En las propiedades donde se cultivaban cereales, todos participaban en la trilla [...] Un juego que teníamos los niños consistía en escondernos entre la paja y ver quién se enamoraba con quién: y allí se encontraban tanto las parejas de patrones como de inquilinos 29 . Se trata, pues, de una afinidad afectiva que sostiene la desigualdad inmutable de las relaciones laborales, c o m o podemos percibir en el relato de Gabriela que continúa así: Pero, a medida que se crecía, se abandonaban los juegos y se asumían más responsabilidades. Nuestros amigos, los hijos de los inquilinos, debían trabajar en el campo y no tenían ya mucho tiempo. Con las hijas era más sencillo, pues venían a trabajar a la casa y, mientras ellas hacían sus labores, aprovechábamos de ponernos al día sobre los respectivos dolores, alegrías y amores que nos habían ocurrido durante el año y, pese a que ya no jugábamos juntas, el nexo era muy fuerte. Generalmente sucedía que si en Santiago se necesitaba una empleada, ésta venía del fundo y era hija de uno de los inquilinos. Mi abuela, mi madre, yo misma, mis amigas y parientes, las únicas empleadas que hemos tenido provienen todas de alguna de las propiedades de la familia. Así estábamos juntas en Santiago y juntas volvíamos, cada vez que se podía, al fundo que, casi siempre era el mismo tanto para nosotros como para ellas, reencontrándose nuevamente con la familia30. Ciertamente, esta memoria sobre las relaciones sociales rurales descansa en el paradigma de los vínculos de una familia extendida según el cual los miembros más débiles deben ser protegidos por los más poderosos. Tal es el fundamento del paternalismo que configuraba las relaciones sociales de la hacienda chilena, sin poner nunca en tela de juicio la desigualdad social y la subordinación campesina. Escuchemos a Gabriela: También entre nosotros, los patrones, poco a poco se creaba una cierta división de deberes. Los hombres continuaban recorriendo los campos, mientras que nosotras, las mujeres, ayudábamos a distribuir prendas de vestir y alimentos entre los inquilinos más pobres, aquellos que vivían más lejos de la casa patronal. Las mujeres nos ocupábamos de todas las necesidades sociales que, por cierto, eran 29

Stabili (2003): 288-289. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Gabriela Pischedda Larraín. 30 Stabili (2003): 289-290. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Gabriela Pischedda Larraín.

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Sofía Correa Sutil muchas [...] enfermedades, médicos, trasladar a los enfermos al hospital más cercano para que fueran tratados, intervenir cuando los hombres se emborrachaban y golpeaban a las mujeres y a los hijos. Aprendíamos así lentamente a asumir las responsabilidades que nos correspondían como patrones 31 .

Esta percepción de que se igualan unos y otros en la tarea común y en los afectos, negando así la desigualdad social de la hacienda y sus relaciones de poder, se expresa de manera tangible y concreta en la figura del huaso. Hombre de a caballo, se le distingue por una vestimenta característica, por los aperos que pone al caballo para montarlo, y por la destreza en su manejo, la que es puesta a prueba sobre todo en el rodeo, fiesta más que deporte, en el cual una pareja de huasos, la collera, ataja con sus caballos a un novillo en un ruedo, llamado medialuna, especialmente construido para estos efectos. Lo interesante al respecto, es que, negando el abismo social entre ellos, tanto inquilinos como terratenientes visten de igual forma cuando lo hacen «de huaso», con escasas variaciones en la calidad de algunas de las prendas; y lo mismo puede decirse de la montura y los aperos del caballo, y de la calidad de éste 32 . Aún más, en los rodeos de competencia nacional era usual que las «colleras» estuviesen formadas por un terrateniente con alguno de los inquilinos de su hacienda, los cuales, en cuanto pareja de huasos en la competencia, constituían un «nosotros». U n antiguo inquilino de confianza, que asume tareas de administración hacendal, relata a María Rosaría Stabili: Ibamos a todos los rodeos [...] aquí hacíamos muy seguido los rodeos para poder entrenarnos bien.Y después siempre un asadito y vino. Eramos los campeones y siempre nos llevábamos un montón de premios, nosotros y los caballos. [...] íbamos en parejas. íbamos yo y don Fernando o dos o tres trabajadores y él. Después él se enfermó del corazón y no pudo continuar participando. Pero siempre nos mandaba y él decidía a cual rodeo debíamos ir y armaba las parejas.Yo no tomaba nunca vacaciones, pues mis vacaciones eran los rodeos. Y participaba a menudo, a veces con don Carlos, otras veces con don 'Cote' o con Javier, inquilino nuestro, un huaso muy diestro y mi compañero, cuando ellos no podían asistir. Él también ha corrido mucho con don 'Cote' y don Carlos 33 . 31

Stabili (2003): 290. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Gabriela Pischedda Larraín. 32 Sobre el huaso, véase Lago (1953) y León Echaíz (1971). El tema también es abordado por Stabili (2003): 310-325. 33 Stabili (2003): 356. Las palabras citadas corresponden a la entrevista a Guillermo Gómez.

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De modo que el huaso y el rodeo, simbolizan la disolución ritual de la desigualdad social en un nosotros que enfrenta una tarea común con una visión de mundo y unos afectos compartidos. Por eso, el huaso y el rodeo se transforman en el símbolo de la nacionalidad, pues en ellos es posible postular una unidad sustantiva, un «nosotros» real, base de la armonía de la sociedad. Se trata de una identidad común fundada en los afectos, en los gustos, en los desaños que se enfrentan juntos, en relaciones de recíproca lealtad; identidad que a su vez permite la pervivencia de la desigualdad social, económica y cultural y las relaciones de subordinación. De esta forma, la hacienda y el inquilinaje se convierten, en la visión de mundo de la vieja elite, en la matriz para comprender a Chile como nación, como unidad incluso ontològica. Si la matriz de la nación era la hacienda, entonces sí que se podía entonar aquella estrofa de la canción nacional según la cual Chile es «la copia feliz del Edén»34.

LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO

Muy distinta era, sin embargo, la percepción que los sectores medios urbanos tenían de la sociedad rural. Si las críticas a la hacienda y al inquilinaje venían pronunciándose desde la primera década del siglo XX, éstas se agudizaron en los años 50, cuando la sociedad rural fue percibida como un lastre arcaico que detenía el progreso económico-social y político del país35. Como se señalara previamente, el convencimiento de que era necesario destruir las estructuras que sostenían a la sociedad rural, llevó a plantear y realizar una reforma agraria con este fin. En efecto, las exigencias de realizar reformas estructurales en el agro por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica se sumaron a la presión de intelectuales y políticos chilenos cuyo espectro abarcaba desde la Democracia Cristiana a los partidos Socialista y Comunista. La primera legislación que se dictó al respecto, en 1962, fue obra del gobierno de derecha de Jorge Alessandri, y su objetivo estuvo en la modernización productiva del agro. Por ello, acogió la demanda por subdividir la propiedad y abrió la posibilidad de expropiar tierras con pagos diferidos, pero esta medida extrema se hacía aplicable sólo a los predios abandona-

34

La idea de una construcción identitaria en torno a la hacienda ha sido sugerida también por Bengoa (2003). 35 Véase por ejemplo, Ahumada (1958); Pinto (1958).

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dos o mal trabajados. Podía quedar tranquilo quien estuviera seguro de ser un patrón de fundo progresista, y no pocos terratenientes tenían esa imagen de sí mismos, como hemos visto. El gran cambio se produce, entonces, con la elección del líder de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva a la Presidencia de la República, en 1964, quien portaba un programa de gobierno que contemplaba reforma agraria y sindicalización campesina para sepultar el latifundio y el inquilinaje 36 . La Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Frei, constituye el hito más decisivo en la memoria de la elite. En palabras de Ismael Pereira, quien durante varios períodos representó al Partido Conservador en el Congreso Nacional: La R e f o r m a Agraria ha sido, no tengo ninguna duda, uno de los principales factores condicionantes de mi vida. Hace 35 años que constituye la mayor actividad de mi quehacer: m e tocó discutirla en la Cámara primero, prepararme legalm e n t e para ella después, y por último d e f e n d e r m e de sus garras, corregirla y reparar sus desastres; en fin, una vida entera de lucha que ha absorbido gran parte de mi energía durante los últimos 35 años 3 7 .

Para la elite tradicional, la destrucción del orden hacendal es obra de elementos extraños a éste, que no lo conocen, comenzando por «la fuerza imperial de los Estados Unidos», en palabras de Arturo Fontaine Aldunate 38 , quien continúa su análisis de la siguiente forma: Vemos entonces c ó m o el gobierno demócrata cristiano deja que se incube una revolución agraria a través de técnicos internacionales, de políticos de izquierda extranjeros y de miembros aparentes del partido del G o b i e r n o que conspiran desde organismos internacionales y servicios públicos chilenos, c o n recursos del Estado, para imponer su propia línea revolucionaria, tolerada o disimulada por el oficialismo, con la excepción de Pérez Zujovic, que pagó c o n su vida el intento de contener la revolución que se desencadenaba 3 9 .

En la visión de la elite el descontento rural no surge de los inquilinos o de los peones residentes en las haciendas ¿Cómo podría serlo? Son agitado-

36 37 38 39

Véase Correa et al. (2001); Correa Sutil (2005). Pereira Lyon, sin fecha: 179. Fontaine Aldunate (2001): 38-39. Fontaine Aldunate (2001): 70.

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res, activistas, políticos profesionales, los que enturbian las buenas relaciones entre patrones e inquilinos y siembran el o d i o en los campos. Son ellos los que vienen a quebrar la armonía idílica de la hacienda, e introducen la anarquía. Tanto es así que Ismael Pereira, en sus reflexiones sobre la reforma agraria, va a excusar a sus inquilinos, puesto que, reflexiona: Todo es débil ante la oferta del demagogo, que promete a los campesinos entregarles la tierra del patrón. Concretamente, ¿qué podíamos ofrecer nosotros a nuestros inquilinos para que no se tentaran con la propuesta de los agitadores, que le ofrecían a cada uno el mejor potrero, la mejor casa, y hasta la casa del patrón? Era demasiado pedir a nuestros buenos campesinos que no se dejaran seducir por el espejismo de ese regalo fantástico: casa y potrero propios, que ellos veían como una puerta abierta al bienestar e incluso a una suculenta cuenta bancada. Por eso —concluye— el deslizamiento hacia la izquierda es inevitable dentro del régimen democrático cuando éste va unido a una escasa cultura 40 . D e m o d o que, en la m e m o r i a de la elite, la responsabilidad de haber desencadenado la destrucción de las haciendas y de haber instalado el o d i o en los campos, recae en los agitadores políticos ajenos al m u n d o hacendal, y dentro de ellos, sobre t o d o en los funcionarios del gobierno de la D e m o c r a cia Cristiana. D i c e al respecto Arturo Fontaine Aldunate: A muchos campesinos que habían estado bastante lejos de las disputas políticas, ahora les basta oír por radio o en los mítines locales la palabra de sus líderes o agitadores que les conceden imprevistamente el derecho a la propiedad de la tierra, para sentirse titulares de tal derecho. Los funcionarios de la reforma agraria y sobre todo del INDAP 41 encuentran el terreno abonado para romper la antigua lealtad de los trabajadores con su patrón y para impulsarlos a apoderarse de lo que empiezan a considerar como suyo propio. De este modo 197 inquilinos de la hacienda 'Culiprán' y 96 de 'Huelchún Bajo', predios ya expropiados a su dueño Eduardo Marín Larraín, pero aún en largo trámite en la C O R A 4 2 , se toman de hecho, armados con escopetas y palos, ambas haciendas. Los campesinos colocan candados en las puertas de entrada y letreros que dicen: 'La tierra

40

Pereira Lyon, sin fecha: 179. Instituto de Desarrollo Agropecuario, fue un organismo gubernamental reconocido por su decisión de impulsar las expropiaciones durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 42 Corporación de Reforma Agraria, organismo gubernamental a cargo de las expropiaciones. 41

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Sofía Correa Sutil para el que la trabaja, por la razón o la fuerza'. Días antes ocurre algo similar en el fundo de Ricardo del Río, en la provincia de Maule 43 . Las tomas de fundos se multiplican. Por ejemplo, a fines de julio de 1968, 206 campesinos del sindicato Alianza, con apoyo de afuerinos, ocupan las casas del fundo 'San Miguel', situado en la comuna de San Esteban del departamento de los Andes, y mantienen encerrados por 20 horas, como rehenes, al propietario Ruperto Toro y a su mujer Inés Cáceres. La acción es corolario de un conflicto laboral por reajuste de remuneraciones 44 .

E n la m e m o r i a de la vieja elite, la revolución había comenzado, pues, en los campos chilenos antes de la elección de Salvador Allende a la Presidencia en 1970.Y la revolución agraria traía consigo el enfrentamiento social. Así, según Fontaine: La nueva reforma agraria no se discute aún en el Congreso, pero ya la acción de agitadores del gobierno y de los partidos del FRAP 4 5 brinda sus primeros frutos. El dueño del fundo 'El Porvenir' en la provincia de Curicó se defiende con una ametralladora contra los ocupantes ilegales del predio. Días después, los trabajadores del fundo 'Los Cristales', de la misma provincia, predio que pertenece a la sucesión López Marfán, se apoderan del fundo por la fuerza. Los propietarios piden auxilio al Gobierno, y ciento cincuenta carabineros enfrentan a los revoltosos. Un mayor de Carabineros a punto de ser atacado con una afilada echona, dispara contra su agresor y lo deja malherido. A su vez un tiro de escopeta disparado por campesinos lesiona a un cabo de Carabineros. Las autoridades locales culpan públicamente a diputados frapistas46 de la violencia en el fundo 'Los Cristales' 47 . Por otra parte, durante la reforma agraria, n o lo olvida la elite tradicional, h u b o t a m b i é n inquilinos q u e se resistieron a la expropiación, r e c u r r i e n d o incluso a la fuerza, pues anhelaban la pervivencia del orden hacendal. E n las memorias de Ismael Pereira se relata:

43

Fontaine Aldunate (2001): 70-71. Fontaine Aldunate (2001): 110. 45 Se refiere a la alianza de socialistas y comunistas llamada FRAP (Frente Revolucionario de Acción Popular) que antecedió a la Unidad Popular creada con ocasión de la elección presidencial de 1970. 46 Se refiere a las militantes del FRAP. 47 Fontaine Aldunate (2001): 77-78. 44

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Sin embargo había en nuestra gente un fondo de cordura, que hizo que cuando la Reforma Agraria que ellos habían provocado llegó, se asustaran. En Santa Amelia, al menos, trataron de detenerla, y en el momento decisivo todos prefirieron quedarse con la seguridad del patrón, ante la incógnita que se les venía encima. Pero entonces ya era tarde, y la Reforma Agraria desmanteló los campos que había costado siglos formar 48 .

Lo mismo asegura Arturo Fontaine Aldunate: A muchos campesinos no les interesa cambiar su condición laboral por la de asentados. En el fundo 'Santa Marta' de Longotoma, 198 campesinos se hacen fuertes en la propiedad y se disponen a resistir la toma de posesión de la C O R A . Ellos gozan de muy buenas condiciones de trabajo y han logrado entre todos poseer más de 3 mil vacunos y varios miles de ovejunos [...] El Gobierno dispone entonces que Carabineros, en número de 100 hombres de tropa y varios oficiales, armados con carabinas y bombas lacrimógenas, se pongan a las órdenes de la C O R A y desalojen a los campesinos ocupantes del fundo [...] En la lucha quedan 5 carabineros y 6 campesinos heridos. «Paralelamente a la resistencia de 'Santa Marta' de Longotoma, se desarrolla la protesta de los trabajadores del fundo 'Llíu-Llíu', de propiedad de Arturo Matte Larraín, que se oponen a la expropiación y al futuro asentamiento. En el fundo 'La Primera' de Longaví, perteneciente a la Sociedad Ganadera de Aysén, los campesinos impiden la entrada de los funcionarios de la C O R A al fundo expropiado 49 .

Sin embargo, la memoria de la vieja elite también tiene que hacerse cargo de que muchos terratenientes se entregaron ante lo inevitable, lo que explica Ismael Pereira cuando relata: Agregúese a esto que uno estaba arruinado, que vivía en los Juzgados del Trabajo, que no tenía seguridad ni siquiera dentro de su casa, y se comprenderá que uno al fin haya aflojado. Nadie sabía lo que vendría después, se ignoraba si los tribunales volverían a hacer respetar sus fallos, y así fue como yo, en el caso de Las Salinas, y también otros, nos entregamos, creyendo en el slogan de los demócratacristianos, que estaban convencidos de que iban a ser gobierno durante los siguientes 30 años 50 .

48 49 50

Pereira Lyon, sin fecha: 179. Fontaine Aldunate (2001): 109. Pereira Lyon, sin fecha: 180.

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Vemos pues que en la memoria de la elite tradicional a fines del siglo xx, la Reforma Agraria llevada a cabo por el gobierno de Frei Montalva (19641970) fue acompañada del enfrentamiento social con heridos y muertos, con ocasión de tomas y defensas de fundos en toda la zona central del país; y fue acompañada también de impunidad e inseguridad. De modo que para ella, la elección del candidato socialista, Salvador Allende, a la Presidencia de la República en 1970, constituyó la continuación radicalizada de un proceso iniciado por la Democracia Cristiana; significó que la acción gubernamental contra el orden hacendal se volvió más «extremista», se volvió aún más arbitraria y «anárquica», aumentaron las tomas, pero la destrucción y el enfrentamiento habían comenzado antes con la revolución agraria iniciada por los demócrata-cristianos, a quienes se les responsabiliza y culpa de romper la armonía social en Chile al proponerse destruir el orden hacendal. «Cuando hablo de Frei, de la C O R A , de la Reforma Agraria y de la agitación provocada por la DC, siento invariablemente una tremenda indignación», relatará en sus memorias Ismael Pereira51. De modo que, si bien el proceso de reforma agraria continúa con mayor intensidad bajo el gobierno socialista de Salvador Allende, para la memoria de la elite tradicional, el gran culpable de la destrucción de la hacienda es Frei y su partido demócrata-cristiano. Su actuación política aparece ante sus ojos como una traición puesto que la elite tradicional había votado por él para evitar la elección de un socialista a la Presidencia, y además Frei no había respetado al terrateniente eficiente, como lo había asegurado. Para la elite tradicional, la reforma agraria está cargada de dolor, de signos de destrucción e incluso de muerte. Por de pronto, se habían destruido las haciendas, que «había costado siglos formar», como decía Ismael Pereira. En el relato de Arturo Fontaine Aldunate la memoria de la elite se expresa en los siguientes términos: En agosto de 1970 los fundos tomados en Melipilla no son menos de quince [...] Un grupo de estudiantes marxistas de Santiago asesora a los campesinos e imbuidos de los mitos de Fidel Castro, los llaman a la revolución y proclaman 'La Sierra Maestra de Melipilla'. En esta creencia, los trabajadores levantan barricadas para impedir el acceso a los fundos hasta de los propios patrones, se roban la leche y los huevos del día, derriban árboles, sustraen leña y pasto, dejan morir a decenas de animales e intentan incendiar una casa patronal 52 . 51 52

Pereira Lyon, sin fecha: 135. Fontaine Aldunate (2001): 129.

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Por su parte, Ismael Pereira se refiere a los efectos de la reforma agraria en el f u n d o San José: Los asentados abandonaron los riegos mecánicos, perdieron buenos suelos ribereños por no saberlos defender, redujeron la capacidad ovejera, acabaron con la viña, dejaron caerse la bodega sin reemplazarla; en fin, el fundo es hoy una ruina, a pesar del esfuerzo realizado por el Estado para ayudarlos. Nosotros dábamos trabajo a más de 200 hombres diarios, número que bajó a 120 después de la paralización de las mejoras; en cambio, el asentamiento sólo da trabajo a poco más de 60 personas 53 . [•••]

Entregamos suelo para 4.500 ovejas, más 250 hectáreas de riego, 120 hectáreas de viñas y 800 regables mediante los canales creados gracias a las nuevas bombas, que ya regaban 300 y permitían mantener 700 vacunos. Con el correr de los años, esas bombas se dejaron de usar y fueron vendidas, se les sacaron los transformadores, y 1.000 hectáreas volvieron a ser de rulo. La producción de la viña, que era de 12.000 arrobas y que iba en aumento, ha descendido a poco más de 1.000 arrobas. Tal desmantelamiento unido a la desidia, la ignorancia y la incapacidad empresarial, ha terminado por dejar el fundo en estado de catástrofe, con sus niveles de producción en el suelo 54 . Y con respecto a la hacienda Santa Ana, se percibe en sus palabras el sentimiento de dolor ante la pérdida de u n m u n d o : La Casa, de tanto recuerdo para Augusto y Manuel, está hoy en ruinas y deshabitada; ni siquiera sé bien qué parte fue devuelta a nosotros. El parque, que cuidé otrora con esmero, es un erial. El gallinero y la lechería se acabaron, e igualmente las alamedas, pero yo diría que los asentados están menos mal que en otros lugares, y han conservado la mayor parte de sus parcelas y casas55. N o son pocos los relatos en los cuales la m u e r t e aparece constantemente cuando se trata la reforma agraria. M u e r t e que anunciaba la desaparición del orden hacendal, de aquel orden social que en la m e m o r i a de la elite representaba la armonía, aquel orden que cubría la desigualdad y la subordinación con el m a n t o de los afectos y de los sentimientos compartidos, y que de este m o d o , creaba los vínculos que mantenían unida a la nación. 53 54 55

Pereira Lyon, sin fecha: 135. Pereira Lyon, sin fecha: 183-184. Pereira Lyon, sin fecha: 164.

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Por de pronto, ya vimos que Arturo Fontaine Aldunate sostiene que el dirigente de la Democracia Cristiana, E d m u n d o Pérez Zujovic, fue asesinado p o r haberse opuesto a la «revolución» agraria. El mismo autor cita una nota necrológica publicada en El Mercurio que informa de la muerte de Fern a n d o Yrarrázaval Fernández, «después de haber sufrido grandes p a d e c i mientos», pues siendo propietario «de la Hacienda 'Pullally', que fuera por siglos de sus antepasados, la que levantó y conservó con grandes esfuerzos, recibió u n golpe mortal cuando se le desposeyó de ella»56. El «anciano agricultor Gabriel Benavente», continúa, sufre un ataque cardíaco «que le sobreviene al imponerse de que el f u n d o 'La Piedad' ha sido expropiado inesperad a m e n t e . El e n f e r m o fallece p o c o después c o m o consecuencia de las impresiones y padecimientos de que es víctima» 57 . También, «la amenaza de despojo casi inmediato precipita la muerte súbita del agricultor Jorge Baraona Puelma ocurrida en el f u n d o 'Nilalhue'» 5 8 . La reforma agraria provoca además suicidios, c o m o el de Antonia Maachel, informado por la prensa en noviembre de 1970, quien toma «gran cantidad de barbitúricos, luego que 30 campesinos, inducidos por agitadores, invaden su f u n d o 'La Tregua' (Valdivia) y secuestran a su propietaria» 5 9 . R e c o r d a n d o sus padecimientos y su muerte, decía recientemente una carta al director en el diario El Mercurio: Chile tiene el alma herida desde entonces y no ha podido sanar porque constantemente se está reviviendo sólo una parte de su historia, pero se ha pretendido hacernos olvidar la otra, donde se originó todo 60 . H a b i e n d o seguido a la elite tradicional en su percepción del proceso de transformación profunda de la sociedad rural, desde allí podemos analizar los motivos que tuvo para apoyar sin condiciones a la dictadura militar encabezada p o r Pinochet. En su percepción, los militares restauraron y aseguraron el derecho de propiedad, y pusieron fin a la violencia, la destrucción y la m u e r t e en los campos. Por eso, el que los militares hayan atentando ferozm e n t e contra los derechos humanos, se explicaría, c o m o en la carta recién citada, apelando al h e c h o de q u e la espiral de violencia se habría iniciado con la expropiación y toma de los fundos: «donde se originó todo». 56 57 58 59 60

Citada por Fontaine Aldunate (2001): 103-104. Fontaine Aldunate (2001): 115. Fontaine Aldunate (2001): 124. Fontaine Aldunate (2001): 151. Carta al Director de Paz Rodríguez Correa, El Mercurio 28 de marzo de 2005: A2.

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Si bien la antigua hacienda expropiada no fue restituida en su integridad por los militares, en este nuevo escenario los antiguos hacendados pudieron recuperar parte de sus tierras e intentar desde allí reconstruir su patrimonio; lo que algunos lograron con notorio éxito, aunque otros fueron desplazados por inversionistas urbanos recientemente enriquecidos. En palabras de Ismael Pereira, a partir de la reserva legal de 80 hectáreas de riego básico, su hijo Antonio «logró la resurrección del fundo, que hoy tiene en muy buenas condiciones»61 . Se podrá haber logrado «resucitar» el fundo y reconstruir la unidad familiar en torno a la tierra, pero los tiempos nuevos ya no son los de antes, idos para siempre; la hacienda dejó de ser una unidad social a la vez que económica. La gran propiedad exportadora, íntegramente capitalista, no es equivalente a la hacienda de antes de la reforma agraria. Tampoco el inquilinaje como sistema laboral sobrevivió. De modo que, a pesar de los esfuerzos que algunos hacen para mantener vigente la figura del huaso y la fiesta del rodeo, su antigua función de representar la armonía y la igualdad fundamental en medio de la diferenciación social, ya no tiene lugar. En ese sentido, la memoria de la elite se ha vuelto nostálgica.

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ENTRE PARTICIPACIÓN Y CONTRAINSURGENCIA: LOS MILITARES CHILENOS HACIA EL PODER

Pietro Taviani* Università

degli Studi

Roma

Tre

ABSTRACT

El once de septiembre del 73 llega como un temblor en la historia de Chile. Por segunda vez en la historia nacional del siglo xx, los militares se presentan con un rol protagónico renovado frente a los civiles. Muchos han sido los estudios que han buscado analizar —desde esta nueva irrupción— los modelos y la conformación del ejército chileno. Importantes conclusiones han subrayado los elementos de discontinuidad, de ruptura, así como de homogeneidad doctrinaria en la formación y en el desarrollo de la institución armada a lo largo de las décadas anteriores al golpe de estado. El objetivo de esta reflexión se propone una perspectiva diferente: analizar el conjunto militar a través de las heterogeneidades presentes entre sus filas. Una heterogeneidad de formación en parte visible en las diferentes «sensibilidades», en los sutiles ríos, internos de la galaxia militar; tal como una pluralidad cultural expresada por las multíplices interacciones con las influencias externas que llegan en los cuarteles a lo largo de los años 50-60. El trabajo se presenta como una primera reflexión que pueda permitir ampliar y

* Pietro Taviani es doctorando en el Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Roma Tre. Su investigación gira en torno a las relaciones cívico-militares en Chile entre la II Guerra Mundial y el golpe.

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Pietro Taviani seguir en el análisis del sujeto militar chileno. Un universo a menudo demasiado lejos y cerrado frente a los ojos civiles.

Ya estás armado Caballero. Terminó la vigilia y el Decreto Supremo que te nombró Teniente fue el espaldarazo de la consagración. Falta todavía el torneo, que es difícil y largo. Sólo en él podrás probar que has sido digno de llevar las armas de la Patria, de vestir el noble traje, de llamarte soldado de Chile. (T. Barros: Vigilia de Armas. Santiago de Chile: EMGE, 1973, p. 193,1 ed. 1920) Presiento que mis ex-camaradas de armas jamás recuperarán en la vida la paz de sus espíritus, atenazados por el remordimiento de los actos concupiscentes en que se verán fatalmente envueltos... 11 de septiembre 1973. (C. Prats: Memorias. Testimonio de un soldado. Santiago de Chile: Pehuén, 1985, p. 513)

C o m o espectadores en la orilla de un río, nuestros ojos corren rápidos —horizontales— siguiendo el fluir de las aguas, fijando los ramos llevados por la corriente. Pero contemporáneamente otra sensibilidad nos lleva a dejar el movimiento superficial y sumergir nuestra atención —verticalmente— en los movimientos profundos de la masa que corre. Sobre lo que hay de multiforme y contradictorio que se agita ahí abajo, hasta producir efectos en la superficie. N o se trata de elegir entre dos opciones —entre una u otra representación— más bien de sumar las diferentes perspectivas para analizar representaciones y auto representaciones en las corrientes que componen el magma de la historia. La relación entre el imaginario colectivo y la reconstrucción crítica del pasado es parte fundamental del debate historiográfico. En esto no se puede mas que subrayar la dificultad en dar cuenta del enredo entre memoria, representaciones del pasado —que son siempre sujetivas y cambiantes— y la reconstrucción crítica de los acontecimientos; trabajo que supuestamente se requiere al historiador. La reflexión sobre el tema militar, en el caso chileno, ha estado profundamente condicionada por el impacto del Golpe de Estado de septiembre del 73. En un país donde —en el imaginario colectivo— la institución militar se consideraba un modelo de sostenimiento del sistema democrático, el Golpe

Entre participación y contrainsurgencia

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llega c o m o un repentino despertar, colmado de preguntas a las cuales parece difícil contestar. En el inmediato —y prolongado— silencio impuesto a la sociedad chilena, hay algunas imágenes que parecen hablar más que muchas respuestas. U n general, hasta entonces prácticamente desconocido, presenta al país y al m u n d o su rostro duro y grave; u n signo del régimen que viene. El rostro de P i n o c h e t —firme detrás de anteojos oscuros c o m o el vacío, pero lleno de los oficiales que lo rodean— disfraza la traición recién perpetrada y manifiesta toda la nueva energía de las autoridades castrenses. U n poder militar que se cree irrefrenable, también hacia los hombres de sus filas. La m e m o ria «fotográfica» corre a Buenos Aires, septiembre del 74. U n auto devorado p o r una explosión devastadora es la sentencia emitida contra quien n o ha compartido la decisión del pronunciamiento: el asesinato del general Prats 1 y su esposa Sofia Cuthbert es símbolo de una violencia que se declara sin límites. Sólo algunos días antes del asesinato, Prats había terminado sus memorias 2 . U n a importante tentativa de dar cuenta de las representaciones internas del ejército chileno entre los 30 y los 70; una ocasión para contar la pluralidad de historias presentes en los cuarteles a través de su memoria. U n a perspectiva que el nuevo régimen no puede tolerar. La represión desplegada parece arrasar totalmente las posibilidades de memorias contrapuestas. Los numerosos tomos que componen el «camino recorrido» de Pinochet 3 son reveladores de esta exigencia. Sus memorias manifiestan la necesidad de u n auto de representación, una relectura evidentemente unidireccional, exclusivamente f u n cional del desarrollo emprendido por el régimen dictatorial chileno. Representaciones, auto representación, memorias silenciadas y contrapuestas nos presentan características que son parte del tejido conectivo pro-

1

El general Prats había sido comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto del 73 para luego (presionado por la cúpula de generales golpistas) dejar el mando al hombre de su más estricta confianza, el general Pinochet. Prats es figura central para representar el esfuerzo extremo, interno al mundo militar, contra el Golpe de Estado. Después del 11 de septiembre del 73 el ex comandante en jefe del ejército deja el país y se establece en Buenos Aires. En la capital argentina es asesinado, junto a su esposa, por un mandato de la DINA (la principal estructura represiva del régimen chileno) el 30 de septiembre de 1974. 2 Prats (1985). El texto es publicado en Santiago en 1985; la edición de 1976 -publicada en México- no ha sido reconocida como autentica por las hijas de Prats. 3 Después de haber publicado su versión sobre los acontecimientos del 11 de septiembre del 73 (El día decisivo, 1982) Pinochet edita, entre 1990 y 1994, sus memorias en tres tomos y cinco volúmenes (el primero: Camino Recorrido. Biografía de un Soldado, 1990).

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pió de un imaginario colectivo. Elementos fundamentales, necesarios pero que a menudo parecen insuficientes para reconstruir procesos de largo periodo. Procesos donde una simple «sumatoria» de las representaciones colectivas no parece lograr dar cuenta de los mecanismos en acto; sobretodo si no se ponen en relación con una reconstrucción crítica del pasado, terreno éste insustituible para la disciplina histórica. En nuestro caso, por ejemplo, el agujero negro abierto con el Golpe de septiembre del 73 en demasiadas ocasiones termina tragando las múltiples características de la segunda mitad del 900 chileno. En esta perspectiva, los años 50 y 60 parecen haber representado un momento de vacío. Un periodo sumergido que raramente ha constituido terreno de atracción para búsquedas históricas atentas a las relaciones cívico-militares. Casi la identidad militar del Golpe fue categoría ya adquirida; donde el auto de representación castrense posterior al 73 podía ser resultado de la complejidad vivida en las décadas anteriores a la toma del poder. Al contrario, este trabajo procede de la consideración de que sólo a través de una relación dinámica —entre el imaginario colectivo, la memoria y la reconstrucción crítica de los procesos— es posible representar los desvíos, escuchar los silencios, interpretar los vacíos que la memoria nos presenta. Donde la investigación histórica se manifiesta como instrumento útil, porque es espacio de análisis y comparación para las representaciones y las vivencias —que a menudo aparecen contradictorias y sobrepuestas. En síntesis, un primer momento para la reconstrucción de un periodo sumergido, con la esperanza de alimentar la reelaboración de procesos del imaginario colectivo. En un ámbito casi inexplorado —donde las únicas excepciones habían sido los trabajos de Alain Joxe y Frederick Nunn4— son los sociólogos de la FLACSO 5 (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) que, a principios de los años 80, avanzan en el análisis de las fuerzas armadas chilenas. Terreno difícil para la investigación, porque es sujeto hasta ese momento sustancialmente cerrado y ajeno al mundo civil. Los trabajos producidos por el grupo FLACSO, son la primera y fundamental reflexión sobre el universo militar. El punto de referencia central es la fuerte represión desplegada por el régimen militar y la imposición del nuevo modelo económico neoliberal; donde la experiencia vivida por los militares en las últimas cuatro décadas se mate4 5

Joxe (1970), Nunn (1976). Véase entre otros: Arriagada (1981),Varas (1980), y Varas (1982).

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rializa en la explosión volcánica del Golpe de Estado. Un enfoque que parece subrayar la homogeneidad doctrinaria y cultural presente en los cuarteles. Recorriendo el río castrense, esta reflexión se propone asumir una perspectiva diferente: analizar el mundo militar a través de las heterogeneidades presentes entre sus filas. Una heterogeneidad de formación, en parte visible en las diferentes «sensibilidades», en los sutiles ríos internos de la galaxia militar; tal como una pluralidad cultural expresada por las múltiples interacciones de las influencias externas, que llegan a los cuarteles a lo largo de los años 5060. El objetivo, entonces, es ofrecer una representación —aunque sintética y parcial— de los diferentes grupos que han surgido y que se han fortalecido entre las filas del los oficiales. Se propone una metodología -desarrollada en modo interesante por Valdivia Ortiz Zarate6— que probablemente es útil recuperar y ampliar. De hecho el mundo militar —aunque sea a menudo representado, a los ojos de los civiles como un frente homogéneo y compacto— vive en estos años una fase de profunda redefinición. Es un río que sigue creciendo, donde las diferentes corrientes emergen agitando las aguas. En escenario similar y a través de los análisis de fuentes castrenses, es posible empezar a reconocer la presencia de dos grupos, dos vertientes entre las filas militares. Por un lado un núcleo de oficiales que ven en la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, la principal clave de lectura del análisis de los acontecimientos nacionales y continentales. La doctrina coercitiva y represiva empieza a ser instrumento para interpretar y responder a los problemas de una sociedad en trasformación. Por otro lado aquel grupo de oficiales que en función de un nuevo protagonismo militar —vinculados a la herencia del rol innovador de los años 20- asume el tema del desarrollo y del progreso como una oportunidad para un acercamiento diferente hacia el mundo civil; la respuesta al nuevo fermento social parece no sustentarse en acciones represivas, sino en mejorar las condiciones económico— sociales del país. N o estamos hablando de grupos claramente definidos dentro del ejército. Una uniformidad doctrinaria substancial —por ejemplo respecto al anticomunismo— se mantiene como base del escenario. La pertenencia a uno de los dos núcleos, seguramente mejor definidos como «áreas de afinidad», no excluye necesariamente la ausencia del otro. Más bien se hace referencia a colectividades que a menudo comparten un substrato común de principios, de valores y sobretodo de cotidianidad y estilo de vida. Es en esta perspectiva que —aunque de manera rápida y necesariamente incompleta— se propone 6

Valdivia Ortiz de Zarate (2003).

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seguir la evolución de estos agrupamientos hasta el umbral de la experiencia del g o b i e r n o de la U n i d a d Popular, y p o d e r evaluar así sus características específicas hasta la vigilia del Golpe.

CONSTITUCIONALISMO FORMAL Y ANTICOMUNISMO PROFUNDO

La época que empieza con la segunda administración de Ibáñez (19521958) representa u n m o m e n t o de c a m b i o f u n d a m e n t a l para el país. D e h e c h o una transformación profunda en la participación política y social, y una nueva orientación económica caracterizan las elecciones de las administraciones siguientes a la del General en retiro. E n este escenario de profunda trasformación ¿ c ó m o se presenta el ejército chileno en los años 50? Para poder profundizar en esta reflexión, antes que todo es necesario volver a las principales coordinadas de la identidad y de la doctrina militar en la época del estado de compromiso7. Avancemos en orden. La elección de Alessandri en 1932 —a finales de un periodo caracterizado p o r una p r o f u n d a crisis institucional, que vio a los militares directamente involucrados en la vida política nacional— vuelve el ejército a los cuarteles. Las fuerzas armadas regresan a desarrollar su rol dentro del sistema constitucional. R e c o n o c e r y aceptar el fin del propio protagonismo político llega a ser el punto crucial de la política institucional emprendida p o r la nueva leadership de las FF.AA., y en particular la del ejército. Esta se c o m p r o m e t e en una cuidadosa obra de fortalecimiento de los valores tradicionales de la institución: es decir, sobretodo el respeto a la disciplina y a las jerarquías, seriam e n t e golpeadas durante la degeneración de la vida política en el bienio 1930-32. D e hecho la falta de disciplina, la ausencia de u n apego rígido a la verticalidad del mando han puesto de manifiesto la debilidad de un ejército que n o parece conseguir más el control de sus hombres. Por lo tanto se necesita u n trabajo de recuperación y e m p u j e hacia una profesionalidad q u e «obligue» los oficiales a olvidar las incursiones en el campo de la política y establezca una férrea disciplina y dedicación al servicio. 7

Hacemos referencia a la definición de Moulián por lo que se refiere a las relaciones que se van formando entre la elite tradicional y los nuevos sujetos sociales emergentes en las dos décadas de los años 30 y 40 del siglo xx. En esta visión se subraya el rol jugado por el partido Radical durante ese periodo; habiendo éste adquirido una fuerte legitimidad política, frente a la oligarquía liberal y conservadora, como mayor representante de las clases medias. Moulián y Bravo (1981).

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Durante la presidencia de Alessandri (1932-1938) la línea emprendida por el nuevo Comandante en Jefe del Ejército, el general Oscar Novoa Fuentes 8 , que permanece en el cargo desde 1933 hasta 1938, lo ubica a él en un rol protagónico. El esfuerzo de Novoa —quien acepta el encargo solamente después de haber tenido garantía, de parte del gobierno, de la más completa autonomía respecto a los asuntos propios del ejército— se concentra en la idea de evitar una contraposición interna entre los posibles despliegues ideológicos; así como en reprimir instantáneamente cualquier intento de conspiración. Llegan entonces a ser recurrentes sus circulares que, volviendo a llamar el soldado al propio deber, repiten la preeminencia de la leadership política y la obediencia de parte de los militares9. El camino emprendido se refleja en una de las etapas más importantes en la carrera de un oficial: el juramento a la bandera. En 1933 el gobierno de Alessandri, para hacer hincapié en el carácter de «prescindencia política» de los uniformados, decreta la modificación del texto del juramento. Después de haber afirmado «Juro por Dios, ante la Bandera de mi Patria y por mi honor de soldado...», en la segunda sangría de la nueva versión se dice: «[juro] respetar la Constitución y las Leyes de la República; no inmiscuirse en asuntos de carácter político ni en nada que sea extraño a mis funciones profesionales»10. En la formación de una nueva generación de oficiales se acentúa por lo tanto un trabajo que impulsa la profesionalidad militar, el respeto de las jerarquías y sobretodo la preeminencia de las instituciones políticas estatales11. Dos rápidas observaciones más respecto al texto del juramento pueden resultar interesantes. En 1939 —con el gobierno del Frente Popular— la referencia religiosa es suprimida poniendo el acento sobre el vínculo de la institución armada con la autoridad civil. Por el contrario, con la presidencia de

Loveman ( 1 9 9 9 : 1 2 6 ) . Nunn ( 1 9 7 6 : 2 2 6 - 2 3 0 ) . 1 0 Academia de Historia Militar (2002: 34-35). 11 En este sentido puede ser interesante comparar el tema en dos memorias: la del general Prats y la del general Pinochet. El primero cuando recuerda y subraya como en 1934 «había aprendido la lección de que el Ejército es una institución que no tiene derecho a usar ilegítimamente las armas - q u e el pueblo le entrega para la defensa de la soberanía patria— contra sus propios compatriotas y que sólo excepcionalmente debe intervenir en la función policial, en resguardo de los poderes constituidos». Prats (1985: 71). En las memorias de Pinochet al contrario sólo se comenta de un encuentro con el general Novoa que «nos impartió con mucha elocuencia una serie de instrucciones muy interesantes. Al retirarnos, todos comentamos sus preceptos sobre el comportamiento de los oficiales jóvenes, la disciplina, el significado de la carrera, las obligaciones, los deberes, y garantías que teníamos por el hecho de ser oficiales». Pinochet Ugarte (1990: 55). 8 9

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González Videla en 1952 —al finalizar su mandato— se toma la decisión de borrar los cambios de los últimos años llevando el juramento a su forma tradicional. U n cambio más bien sintomático del periodo. Desde 1936 es posible vislumbrar algunos signos, aún si m í n i m o s , del reconocimiento militar por parte del aparato estatal 12 . Símbolo emblemático de la aparente identificación alcanzada por las fuerzas armadas con el sistema constitucional, puede ser encontrado en la ley sobre el control electoral de 1941 13 . Se le asigna al ejército la supervisión del proceso electoral, n o m b r a n do al oficial de más alto rango de la zona c o m o jefe de plaza directamente responsable de la prevención de fraude y violencia. Pero estos resultados n o deben llevar a engaño. C o m o ha sido ampliam e n t e mostrado por los estudios sobre el periodo 1 4 , al regreso de los militares a los cuarteles y a la adopción de una posición de sumisión al poder civil —como la Constitución índica— n o corresponde un corpus doctrinario propio de las fuerzas armadas. Aceptar u n orden democrático responde más bien a una necesidad pragmática; representa el único camino a través del cual recuperar el propio perfil personal, más que ser la expresión de contenidos radicados en la cultura militar. Las relaciones c í v i c o - militares de ese p e r i o d o reflejan este vacío teórico: se limitan a tener las fuerzas armadas sometidas al control civil, donde está ausente incluso el mínimo intento de aportar valores que puedan consolidar el orden democrático. Esta «orfandad doctrinaria» —utilizando la expresión de Varas— dirige el ejército hacia el respeto del ordenamiento legal existente, el constitucionalism o formal, pero n o p r o d u c e u n c o m p r o m i s o substancial con el sistema vigente. Aunque hayan surgido en momentos diferentes —y sin querer entrar en el m é r i t o de algún caso en particular— los intentos de subversión q u e atraviesa el ejercito desde el Ariostazo de 1933 hasta la Línea recta de 1955 representan las huellas latentes —pero constantemente visible— de las contradicciones internas a las filas militares 15 .

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Loveman (1999: 128). En el 1936 el gobierno autoriza la independencia comercial para las industrias de material bélico del ejército, las Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE, creada en el 1924; mientras en los años 40 algunos oficiales son colocados en el Consejo Nacional por la Economía, las Telecomunicaciones y la Meteorología. Sobre esto véase, Frühling, Portales y Varas (1982). 13 Loveman (1999: 129). 14 Entre muchos ver en particular:Varas (1980) y Maldonado (1988). 15 Loveman (1999:125). Después del tentativo de 1939 por parte del general Herrera se pueden observar otros grupos de eversión en el interior del ejército: en 1941 el

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Los años 40 del siglo x x permiten identificar un segundo componente absolutamente central de las características del universo militar chileno: el anticomunismo. En 1947 el gobierno Gonzáles Videla 16 declara fuera de la ley el Partido Comunista —medida que, además de ser fuertemente deseada por la diplomacia de los Estados Unidos, responde a las fuertes presiones de la derecha parlamentaria, preocupada por el aumento del despliegue comunista. La medida preventiva encuentra un claro apoyo entre las Fuerzas Armadas. Estas ven la materialización de su propia política, largamente madurada en el curso de la última década. El antimarxismo, foijado plenamente en el periodo de influencia prusiana, halla su espacio con el crecimiento de la izquierda en los años 30. La sugestión del «peligro rojo» 17 sigue siendo un carácter constituyente de la formación de las levas militares. El dossier del general Jorge Berguño Meneses 18 , respecto a la condición de trabajo en las minas de carbón en 1941, ofrece un ejemplo de la visión castrense. La relación del general, enseguida ampliamente difundida en todo el país y por mucho tiempo discutida en el Congreso, subraya cómo los comunistas «llevan adelante las acciones contra los valores patrióticos y contra los principales garantes de éstos, las fuerzas armadas»19. La apariencia determinante del marxismo internacional —sentencia el documento— es la destrucción del sentimiento nacional en los países de los cuales quiere apoderarse, minando la base de las fuerzas armadas. En respuesta al análisis del ejército, además de proponer un fortalecimiento de la legislación sobre la seguridad nacional,

«Grupo de Oficiales Seleccionados» (GOS), en 1948 la «Acción Anticomunista Chilena» (ACHA), en 1951 el grupo «Por una Mañana Auspiciosa» (PUMA), y en 1955 la «Línea Recta». Todos estos grupos, aunque proponen un mayor protagonismo castrense, no encuentran un apoyo mayoritario en las filas de los oficiales. 16 Gabriel González Videla, gracias al apoyo conjunto de liberales y comunistas, había ganado las elecciones en 1946. En su gabinete, por primera vez, personajes comunistas son nombrados ministros (Trabajo, Agricultura,Tierra y Colonización). En 1947, después de la buena afirmación del Partido Comunista en las elecciones administrativas, Videla rompe la alianza con los comunistas; paso seguido es la ley que declara ilegal el Partido Comunista. Esta ley perdura por diez años. 17 U n claro ejemplo en: Pinochet Ugarte (1990: 74). 18 En 1941 el presidente Aguirre Cerda encarga al general Jorge Berguño Meneses hacer un profundo análisis sobre la condición laboral en las minas de carbón de Chile. Aguirre Cerda, después de haber cerrado en 1941 la experiencia del Frente Popular, la alianza con comunistas y socialistas, estaba interesado en utilizar el elemento patriótico y anticomunista contra las fuerzas de la izquierda.Ver, Loveman (1999: 128). 19 Ver el «Informe Berguño»: Estado Mayor del Ejército (1985: 44-45).

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recomienda y lanza una campaña para la chilenidad, emprendida incluso p o r la Marina y la Aviación 20 . Pero contrariamente a cuanto se podría suponer, la «solidez» expresada p o r los elementos fuertes del patrimonio cultural militar —más allá de todo antimarxismo— n o corresponde u n corpus doctrinario explícito. La época que se abre al principio de los años 50, muestra entre las filas de los oficiales una presencia paralela de diferentes visiones y una heterogeneidad más bien interesante. Son años en los cuales al llegar el modelo de influencia norteamericano —representado p o r la doctrina de la seguridad nacional— corresponde una nueva confrontación generacional dentro de la oficialidad chilena. U n a época en la cual i r r u m p e n factores que desestabilizan la vida en el interior de los cuarteles: una crítica de los oficiales de grado medio hacia los oficiales de grado alto, la ausencia de un sólido lenguaje común, y sobretodo la evolución en la relación con u n país en profunda transformación.

L O S PROFESIONALES DE LA C O N T R A I N S U R G E N C I A

En Chile el p e r i o d o de los gobiernos radicales termina en 1952 con la elección del general Ibáñez. La segunda presidencia del General (19521958), esperada por la mayoría c o m o u n regreso a la austeridad del sistema parlamentario, n o trae consigo cambios sustanciales en el sistema político. U n a situación de parálisis general caracteriza la realidad nacional. El ejército vive u n p e r i o d o de fuertes conflictos. Ibáñez p r e t e n d e superar aquel constitucionalismo formal que han mantenido los uniformados enajenados y alejados del «quehacer nacional». P r i m e r objetivo del ex-general parece ser lo de acercarse y usar las fuerzas armadas c o m o apoyo y solución frente a una coyuntura negativa q u e marca su gobierno. Por esto, en la p r i m e r a mitad de los años 50, realiza una gradual reintegración del m u n d o militar a la vida nacional a través de u n progresivo mejoramiento de las condiciones del sector castrense. Pero es justo el quiebre del proyecto de Ibáñez, explicitado entre otros en el caso Línea recta del 55 y de las sucesivas renuncias en el alto mando, lo q u e determina u n p r o f u n d o malestar entre las filas u n i formadas.

20 Estado Mayor del Ejército (1985: 45). La campaña por la chilenidad fue directa a lo largo de todo el país involucrando escuelas, cotidianos y fiestas populares; en éstas se usa constantemente la participación las bandas militares.

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Mientras el escenario nacional ofrece situaciones de fuertes contrastes y malestar, los años de la segunda administración Ibáñez representan para el ejército chileno una temporada de redefinición de la propia estructura de formación y de las relaciones internacionales. De hecho hasta la II Guerra Mundial la influencia de la cultura militar alemana está presente en los cuarteles; muy evidente en el último periodo de los años 30, cuando los éxitos bélicos de la Alemania nazista hallan un gran séquito entre las filas de los jóvenes reclutas chilenos21. Con la conclusión de la II Guerra Mundial se amplía la fuerte influencia de Washington sobre la escena latinoamericana. En Chile ésta empuja fuertemente al gobierno para aprobar la ley contra el Partido Comunista y para romper las relaciones diplomáticas con los países del bloque socialista22. Al mismo tiempo los vínculos políticos militares con el coloso norteamericano llegan a ser formalmente ratificados con un primer acuerdo global en 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR). La segunda etapa, en el camino que la administración de Washington ha estudiado para consolidar la alianza militar entre las naciones americanas, se realiza en la conferencia de Bogotá en 1948, en la cual se crea la Organización de los Estados Americanos (OSA) 23 . Con los acuerdos de R í o y de Bogotá un nuevo camino empieza a crecer en las relaciones entre las fuerzas armadas latinoamericanas24. En 1952, dentro de un plan realizado a escala continental, los Estados Unidos establecen un pacto de ayuda y defensa mutua con Chile 25 . Las implicaciones de los nuevos nexos abarcan un amplio espectro. Washington empieza a vincularse con el aparato bélico chileno, así como con los otros países del área. El suministro de armamento, municiones y repuestos llegan del coloso norteamericano; pero aún más importante para los Estados Unidos es la posi-

21 Hay que recordar que en este periodo eran muchos los apellidos de origen aleman en la Escuela Militar. Prats (1985: 565). 22 En 1947 el gobierno Videla rompía las relaciones diplomáticas con la U R S S , Polonia,Yugoslavia, Checoslovaquia. 23 Skidmore (1984: 390-391); y Muñoz y Portales (1987: 51). 24 Sobre el análisis norteamericano, la identificación de la amenaza comunista como problema sobretodo en las áreas de influencia periféricas, y la estrategia de ayuda a los ejércitos latinoamericanos: ver también Immerman (1982: 11). 25 Entre 1952 y 1954 los EE.UU. estipulaban tratados bilaterales con: Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua y Honduras. Argentina y México eran los únicos dos países en no aceptar los acuerdos.

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bilidad de acercar la oficialidad al propio modelo, a través del contacto frecuente madurado en los entrenamientos y las maniobras conjuntas. Desde el principio de los años 50 llegan a ser constantes los contactos entre las escuelas militares sudamericanas; intercambios y cursos entran en la normalidad de la carrera de los oficiales26. Entre 1950 y 1964 son 2064 los militares chilenos adiestrados en Estados Unidos, y 549 en la zona del Canal de Panamá. El total, de 2613, pone a Chile en el segundo lugar, después de Brasil (3632) y antes de Perú (2306) en la lista de los países latinoamericanos con soldados adiestrados en las bases de Estados Unidos 27 . Es interesante observar que a partir de 1966 la presencia de los oficiales chilenos sea en su mayoría destinada a los centros de adiestramiento de la zona de Panamá, en particular Fort Gulick 28 . Aquí el adiestramiento de los oficiales está principalmente dirigido a programas de contrainsurgencia y mantenimiento de la seguridad interna. La realización en 1965, en la provincia santiaguina, de la Escuela de Fuerzas Especiales y Paracaidismo del ejército chileno, puede ser interpretada como un significativo reflejo de una mayor prioridad adquirida por la doctrina antisubversiva. Desafortunadamente no son muchos los estudios que han profundizado en el análisis de las Fuerzas Armadas chilenas en el curso de los años 60; esto podría permitir resaltar aspectos relevantes de la formación y evolución del universo militar. Es interesante subrayar que si analizamos las principales revistas del ejército 29 tenemos la percepción que —durante toda una primera fase que abarca la década de los 50— existió un análisis «distante» del problema de la guerrilla. Por lo menos hasta 1962 la mayoría de los artículos que tratan el tema de la subversión parecen hacerlo manteniendo una perspectiva de información y de reflexión teórica; donde los ejemplos de la II Guerra Mundial, de la situación China y Coreana, constituyen los puntos de referencia de la reflexión. La temática, aun así relevante, parece todavía no pertenecer a la realidad latinoamericana. Sin embargo la experiencia cubana ya constituye, desde algunos años, una presencia destacada en el contexto internacional. Pero evidentemente —desde la óptica militar— hablar de Cuba sacaría la reflexión del simple análisis estratégico y táctico llevándola a una temática externa; lo que

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Entre los muchos estudios ver:Vicaria de la Solidaridad (1977:189). Verrjoxe (1970: 101-102); North (1975: 70-71). 28 North (1975:71). 29 En particular la revista que es el órgano del Estado Mayor del Ejército, el M e m o rial del Ejército de Chile. 27

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en cambio es posible hacer permaneciendo exclusivamente en el ámbito de la II Guerra Mundial. A partir de la mitad de los años 60 es posible vislumbrar un cambio. El tema de la subversión interna empieza a asumir un rol central en los análisis militares. Desde una aproximación sustancialmente teórica hacia una focalizada principalmente sobre los problemas internos de cada uno de los Estados; un cambio que se entiende como parte de la renovada política militar estadounidense. En síntesis, la idea expresada por la presidencia Johnson subraya la importancia de la aviación y de la marina en la eventualidad de un conflicto global, privilegiando en cambio las funciones político-represivas de los ejércitos. En ese cuadro la seguridad nacional empieza a asumir importancia en el diagnóstico castrense y la amenaza comunista empieza a convertirse en una problemática no tan lejana. Entre las filas de la oficialidad se hacen más fuertes y constantes las voces de aquellos que llaman a una mayor especialización en los ámbitos de la geopolítica y de la seguridad interna. Paralelamente —en la visión militar— se va acentuando el juicio negativo contra la ignorancia y la incompetencia del mundo civil respecto a los nuevos desafíos de la defensa. En las palabras del capitán Medina Lois —futuro comandante de la Escuela de Fuerzas Especiales y Paracaidismo en 1973—: «¿Dónde hay una enseñanza racional y sistemática de la seguridad nacional? Lamentablemente no se consideran en la educación superior materias que incidan en estos problemas»30. En el curso de la segunda mitad de los años 60 una tal preocupación no queda desligada de la realidad circundante. En los cuarteles la sensación de aislamiento y marginalización, por parte del poder político, es fuerte; se empiezan a mostrar los límites de la relación entre la política gubernamental y las fuerzas armadas. En los años 40 se asignaba más del 20% de los gastos totales del país para la defensa nacional, durante la década siguiente se continúa con una política errática (en 1954 baja a un 16% para subir en 1957 hasta un 22%), y durante los años 60 se hace evidente una importante disminución en las inversiones de la Defensa; en 1967 se llega a un 9%31. La época de la administración Frei —así como ya había pasado con Alessandri— se caracteriza por la asignación del mínimo establecido por la ley. Esto se une a una relativa disminución de los sueldos, lo que deriva en una situación de decadencia y parcial parálisis institucional. En síntesis, se produce una sensa30 31

Medina Lois (1966: 82). Prats (1985: 567).

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ción generalizada de abandono por parte del gobierno demócrata cristiano y crea las condiciones de crisis tales como la renuncia de los estudiantes de la Academia de Guerra y el Tacnazo. C o m o marco general, evidentemente, existe la percepción de una separación creciente entre la realidad militar y el mundo civil, con un renovado escepticismo hacia la clase política. Los elementos doctrinarios norteamericanos encuentran así en los círculos militares un terreno fértil y una mayor posibilidad para consolidarse. Pero hay otro aspecto que es interesante subrayar en las relaciones entre el poder político y el universo militar, en particular, durante la administración Frei (1964-1970). Esto se manifiesta en la constante presión del gobierno hacia los militares, con la intención de involucrar a la oficialidad en acciones y tareas sociales que indirectamente les politizan. A menudo los militares se involucran en sectores como el de las obras publicas; el Servicio Militar del Trabajo llega a ser el punto de encuentro donde confluye la intervención del ejército en ámbitos de carácter público. El nuevo «rol social» no cancela el uso político-represivo que el gobierno hace del ejército. Esto es mayormente visible en los últimos años de la administración demócrata cristiana al crecer la movilización de las fuerzas sociales y en particular de los sindicatos —sobretodo del sector agrícola y minero. En contra de las huelgas y las movilizaciones se le asigna al ejército la función de mantener el orden público. El resultado en algunos casos es trágico: la situación más grave se produce en la mina de El Salvador en marzo de 1966, dejando un saldo de ocho mineros muertos. Es importante destacar que la decisión de utilizar el ejército en las áreas de crisis, con funciones político-represivas, se encuentra en el rol asignado a los ejércitos latinoamericanos en esta fase de la guerra fría, donde la administración Frei no se propone como excepción. Una parte del mundo militar exprime tensión, en algunos casos verdadera rabia siendo llamada a responder por el mantenimiento del orden social y los trabajos públicos a lo largo del territorio nacional. En consecuencia no debe sorprender que en una situación caótica se hagan más fuertes las voces de aquellos que quieren unas respuestas más enérgicas. En éstas se pone énfasis en el fortalecimiento de la lucha antisubversiva, en el contexto internacional —en particular a la crítica situación vietnamita— como en la resolución de los problemas de orden interno. Según esta visión, claramente basada en la doctrina de la seguridad nacional, un rol muy importante debe ser desempeñado por las fuerzas especiales, profesionales de la lucha antisubversiva. En palabras del teniente coronel Toro Dávila y del Mayor Contreras Sepúlveda: «La guerra de guerrillas se gana matando guerrilleros y conquistando a san-

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gre y fuego sus guaridas, sometiendo a estricta vigilancia a la población que es base de la cual la guerrilla vive y crece» 32 . El terreno de enfrentamiento extiende su radio de acción, compromete y hace converger política y táctica; el control de la población representa el punto de encuentro esencial entre la teoría antisubversiva y una eficaz neutralización de los movimientos sociales emergentes. En síntesis se exalta el instrumento represivo como factor de resolución de la crisis en curso. En este escenario es posible suponer la apertura de un «área de afinidad», luego un canal de diálogo entre oficiales y sectores políticos de la derecha radical. El discurso autoritario, antidemocrático y violento que algunos sectores de derecha empiezan a desarrollar en los años 60 33 , encuentra un terreno particularmente fértil en las tensiones que caracterizan la oficialidad. En particular, en aquel joven grupo egresado a partir de 1958 de la renovada escuela de Las Condes, educados según la nueva concepción antisubversiva y con una clara inclinación hacia el modelo norteamericano. La generación que el general Prats describe como «consustanciada con la democracia burguesa imperante, adversa al marxismo y proclive al estilo de vida norteamericano, pero animada de un m o d o de pensar tradicionalista y nacionalista» 34 . Atrapados entonces entre un régimen de financiamiento desigual que es favorable a la marina y a la aviación —y constantemente llamados al control de los problemas sociales, los oficiales de grado medio del ejército, pueden ser mayormente vulnerables a un discurso autoritario y llegar a hacer el objetivo natural de una propaganda subversiva. Lo dicho hasta ahora puede ser útil para mirar brevemente a la crisis del Tacnazo —el levantamiento del regimiento «Tacna» originado por la acción del general Viaux en octubre de 1969. Aunque no se quiere llegar a un análisis global de los hechos, lo que sí hay que subrayar es el origen substancialmente corporativo del movimiento de Viaux. La reflexión acerca del Tacnazo ha sido a menudo condicionada por las consideraciones políticas expresadas por el general protagonista después de 1969, y sobretodo por las relaciones que éste mantiene con los sectores de la derecha. Pero eso no tiene que alejarnos de las razones que dieron fuerza al levantamiento. La frustración profesional, la reducción de los recursos militares, la inquietud y el resentimiento hacia un

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Toro Dávila y Contreras Sepúlveda (1968: 65). Entre las revistas que más se destacan en los sectores de la ultra derecha chilena hay que recordar la revista «Tizona». 34 Prats (1985: 570-71). 33

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poder político por el cual parecen ser utilizados, materializan aquella decadencia institucional que prepara la base para el intento subversivo deViaux. La decadencia institucional y el cansancio interiorizados entre las filas de los oficiales transforman aViaux en el primer síntoma de un mecanismo de politización incontrolable.

T R A D I C I Ó N IBAÑISTA Y MODELO DESARROLLISTA

Entre el final de los años 50 y el comienzo de los 60, tal como se ha dicho, se abre en Chile un periodo de cambio profundo en la participación social y en la vida política del país. El tema del desarrollo, la superación del atraso económico parece intervenir en todas las áreas de una sociedad en transformación; el ejército no queda afuera de este proceso. Un sector de las filas de las fuerzas armadas se plantea la posibilidad de ofrecer un aporte específico al país. Si el núcleo analizado previamente coloca como prioridad su visión en el interior del conflicto ideológico propio de la guerra fría, este segundo núcleo en cambio parece buscar una estrategia que supere los problemas estructurales de la nación. En palabras de un oficial: «Cada siglo tiene su lenguaje y sus preocupaciones. Esta segunda mitad del siglo x x pasará a la historia como la época del desarrollo» 35 . En los artículos de las revistas militares, en particular en el Memorial del Ejército es posible encontrar diferentes reflexiones que intentan renovar el aporte de los uniformados hacia las instituciones estatales. En las fuerzas armadas hay un fuerte impacto, particularmente en el ejército y en la Fuerza Aérea, parecen sentirse parte de un engranaje que tenga la posibilidad de romper la cadena del subdesarrollo y ofrecer al país instrumentos eficaces para la administración de los recursos nacionales. Aún más un relanzamiento del sistema de producción que concretice un aumento generalizado de los niveles de vida, con mayores presupuestos públicos en sectores estratégicos como el de la Educación. En síntesis lo que va saliendo a la luz es una voluntad de contribuir al proceso de desarrollo, tener un rol en programas que «frecuentemente olvidan que se disponen de una fuerza potencial para la producción de bienes y servicios, como son las FF.AA.» 36 , permitiendo así que «países de menor desarrollo económico puedan encontrar en las fuerzas armadas la colaboración

35 36

Lleras (1965: 59). López Silva (1970: 33).

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que necesiten para llevar adelante una serie de proyectos que por otros medios quizás no pueden realizar»37. Es importante subrayar que esta «sensibilidad» encuentra en la primera administración Ibáñez, en la tradición militar intervencionista de los años 20, un referente esencial. Después de la década de los 50, y el fuerte rol que se le asigna al Estado, se recupera la herencia ibañista eliminando las tendencias más personalistas y conspirativas —o sea aquellas características de la segunda administración del ex general. Se demuestra haber aprendido la lección de la crisis de los años 30, haciendo énfasis en la capacidad de la institución militar chilena de mantenerse sometida a la autoridad civil, extraña a cualquier tentación de política deliberativa. Si los jóvenes oficiales de los 20 participaron en la modernización del país, también este núcleo de la generación de los 60 cree poder ser parte de una nueva etapa de progreso. Las propuestas concretas no faltan: se piensa en la utilización de las industrias militares para resolver parte de las necesidades de otros sectores industriales, a la formación de personal especializado en la Academia Politécnica, a la colonización y la explotación de zonas extremas del territorio nacional gracias a contingentes del ejército. La interacción con los problemas que enfrenta el país no se funde sobre elementos nuevos o ajenos a la tradición militar, todo lo contrario. Antes que nada recupera y repropone un carácter de largo periodo del patrimonio doctrinario: el vínculo con la sociedad expresado con el servicio militar obligatorio. Elemento éste que parece representar la esencia de los cuarteles, substrato que permite sustentar el contacto con la sociedad a través de la actividad educativa y de cohesión social. En la percepción de esta parte del universo militar, el contexto internacional parece ofrecer las condiciones para avanzar en el discurso de la integración y de la participación, en el tema del desarrollo. Fuerte atracción produce el programa de la Alianza para el Progreso 38 , aprobado por la nueva administración democrática norteamericana como parte de la respuesta a la revolución cubana. Del proyecto americano se subraya la política modernizadora coherente con una evolución social y pacífica de las sociedades involucradas; un esfuerzo colectivo para acelerar la evolución hacia la justicia social39. Junto con representar una considerable fuente de financiamiento, los 37

López Silva (1970:34). Desde el punto de vista económico, el plan de inversión calculaba gastar dos mil millones de dólares a lo largo de un periodo de diez años; véase: Keen (1992: 538). 39 Ver en particular los artículos sobre temas económicos en los números del memorial del Ejército n. 319 (1964) y n. 324 (1965). 38

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comentarios chilenos hacen hincapié en la importancia que ésta puede tener frente a la amenaza y la reproducción del modelo cubano y en términos más generales, al crecimiento de la izquierda.Tal observación deja en claro como también este sector militar comparte las preocupaciones ante la posibilidad del crecimiento de las fuerzas marxistas revolucionarias. Pero —como justamente sintetiza Ortiz de Zarate— respecto a una fracción que parecía estar embargada de sentimientos más cercanos al miedo, ésta tiene «una postura optimista y de participar de los cambios»40. N o existe tolerancia ante la amenaza comunista, pero existe la clara convicción de que su crecimiento esté directamente relacionado con la injusticia social. Un breve paréntesis nos permite apreciar como a la mitad de los años 60 en el alto mando del ejército el objetivo del desarrollo estaba representado por una visión autónoma y alejada de la matriz más represiva de la doctrina de la seguridad nacional. En el año 1966 se lleva a cabo en Buenos Aires la VII conferencia de los comandantes en jefe de los ejércitos americanos 41 . Estos encuentros anuales de los altos mandos militares no tienen prácticamente relevancia hasta 1964. En aquella ocasión, en laV conferencia en West Point, el general Onganía formula la teoría de las «fronteras ideológicas»42. La cumbre de Buenos Aires, prácticamente un foro de política militar interamericana 43 , se configura entonces como un momento de evaluación global de las diferentes instituciones armadas respecto al tema de la seguridad interna de cada país. Una parte de las delegaciones latinoamericanas se alinea con la posición vigente, de claro origen norteamericano, que identifica la posible amenaza sólo con el comunismo internacional y «particulariza la subversión marxista como una amenaza a la propia seguridad interna»44. Por el contrario el alto mando chileno -representado por el Comandante en jefe del ejército, general Parada, acompañado por el coronel Schneider— se identifica con 40

Valdivia Ortiz de Zárate (2003: 50). Las conferencias de los Comandantes en jefe de los ejércitos americanos habían nacido en 1960 por iniciativa norteamericana, con un primer encuentro en la zona del Canal de Panamá. 42 La teoría expresada por el general Onganía, que en 1966 lidera el golpe en Argentina que lo nomina presidente de la República (19966-1970), argumenta que los peligros para las fuerzas armadas no llegan de las fronteras físicas sino más bien de las amenazas de las ideologías internas de cada nación.Ver en particular: Potash (1970: 116-117). 43 Estos encuentros no eran parte de los acuerdos oficiales del sistema interamericano, «de modo que sus acuerdos no tienen otro valor que el de constituir recomendaciones al respectivo gobierno», Prats (1985: 99). 44 Prats (1985:99). 41

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la posición que piensa «eliminar la especificación del c o m u n i s m o internacional c o m o —el único adversario— y señala que el desarrollo y la seguridad de las naciones del c o n t i n e n t e es amagada p o r cualquier tipo de agresión imperialista, ya sea ésta ideológica o económica» 4 5 . A los ojos de los oficiales desarrollistas, el proyecto k e n n e d y a n o para América latina —que p o n e énfasis e impulsa una modernización estructural mientras sigue con los programas de contrainsurgencia— a la vez parece representar la posibilidad de disminuir la desigualdad social presente en la realidad chilena, desactivando el peligro de una irrupción de los movimientos sociales. C o n t r a r i a m e n t e a la corriente más conservadora, aquélla desarrollista en el m u n d o castrense expresa la necesidad de hacerse cargo de las problemáticas sociales y de las transformaciones que p e r m i t a n afianzar la cohesión social. D e hecho, en palabras del capitán Howard Fuenzalida, «una demanda de progreso social y e c o n ó m i c o ha permitido crear la conciencia de que el atraso actual n o es definitivo y (...) los pueblos subdesarroliados están tomando conciencia de su condición e impaciencia por resolver esta condición» 4 6 . Tal posición —sin desconocer la natural preocupación militar p o r una consistente política de defensa— hace hincapié en la idea de integración y estabilidad a nivel internacional. En suma se trata de empezar un proceso que pueda dar forma en América Latina a «la imperiosa necesidad de realizar u n acercamiento real de las diversas economías y culturas existentes», prescindiendo «de la desconfianza, el mal entendido y el deseo siempre creciente de recibir más de lo que se da» 47 . El empuje para involucrar más a las fuerzas armadas en los temas del desarrollo nacional encuentra —en el panorama latinoamericano de la segunda mitad de los años 6 0 - otra referencia importante en el caso peruano. El régim e n militar del general Velasco Alvarado, inserto en una línea de clara matriz populista, representa una política m o d e r n i z a d o r a . U n programa d o n d e se mira a la trasformación de la economía y de la sociedad a través de una óptica desarrollista y de integración social. Más q u e u n análisis especifico del caso peruano, lo que aquí nos interesa subrayar es la influencia que un exper i m e n t o de este tipo genera en el sector de las fuerzas armadas que hemos descrito y en particular en el ejército y en la fuerza aérea. El e j e m p l o de Alvarado, así c o m o en los 50 lo de Nasser, puede ser visto c o m o una nueva

45 46 47

Prats (1985:99). Howard Fuenzalida (1968:179). Howard Fuenzalida (1968:180).

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ruta que se ofrece a un modelo militar que mira a la superación de los problemas sociales no en términos represivos sino más bien en una perspectiva de integración y participación. Revisando situaciones similares, algunos estudios48 nos ofrecen una interesante lectura de los acontecimientos del Tacnazo de 1969. Lo que se subraya, sintéticamente, es la pluralidad de los inspiradores que están detrás del levantamiento que protagoniza el regimiento Tacna, a menudo erróneamente atribuido a la sola figura del general Viaux. Un particular dinamismo se encontraría en algunos círculos de la oficialidad de grado medio de la aviación; de hecho, desde 1966 es posible identificar alguna forma de malestar, cuando el Congreso Nacional posterga la aprobación de un listado de ascensos y retiros de militares. Así como en los meses que llevan a la primavera austral de 1969, frente a una sensación de frustración y decadencia institucional, parte de la joven oficialidad del ejército y de la Fuerza Aérea parece encontrar en el general Viaux el medio para expresar su descontento. Pero debido a la presencia de fuertes influencias políticas —que aparecen más estrechamente vinculadas al general— se debilita el movimiento, alejando en los últimos días antes del levantamiento a gran parte de los jóvenes oficiales. Por esta razón, entonces, el fracaso del movimiento de Viaux podría ser visto como un «reventón frustrado»49 de algo mucho mayor.

JUNTANDO LOS RÍOS HACIA EL PODER

El panorama de las relaciones cívico-militares al final de los años 60, no presenta cambios particulares en relación al periodo precedente. Desde el punto de vista económico, en los últimos meses de 1969 se aprueba la «Ley de nuevas remuneraciones para el personal de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones» que establece un aumento salarial entre el 68% y el 106% 50 . Por otro lado en el ámbito político la fuerte contraposición que protagonizan los partidos sigue comprometiendo la escasa consideración de las autoridades políticas hacia una mayor definición del rol militar. En el interior de

48

Pérez (2000) y Valdivia Ortiz de Zarate (2003).

49

Así lo define Paola C o d d o u , periodista de la revista «Cosas», en su interesante

reconstrucción en el artículo «La rebelión del Tacna», publicado en la revista el 2 de julio 1999. 50

Prats ( 1 9 8 5 : 1 3 4 ) .

Entre participación y contrainsurgencia

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las filas uniformadas predominan sensaciones de frustración e inquietud. ¿Pero cuáles son los componentes principales del pensamiento de las fuerzas armadas? Un conjunto de factores parece caracterizar a la institución armada. En primer lugar un fuerte y radicado antimarxismo —aspecto tradicional de la cultura uniformada— que en algunas de sus corrientes ya empieza a estar profundamente impregnada de una teoría coercitiva. En segundo lugar un sentimiento de fuerte aversión hacia los partidos y la política, en particular por la incapacidad que éstos parecen demostrar en la resolución de las problemáticas sociales, así como económicas. Al mismo tiempo no puede descartarse una tensión anti-oligárquica, debido al hecho de que en su mayoría los oficiales no se identifican con la alta aristocracia y la critican por la falta de atención a los problemas del país. En este análisis también se identifica una exigencia de desarrollo, donde un rol protagónico pueda ser asumido por un gobierno fuerte y autoritario, pero que manifieste una clara intencionalidad de cambio. En tal sentido, como se ha comentado antes, los ejemplos en el escenario internacional no faltan. A menudo se ha subrayado la probable presencia de influencias de los regímenes brasileño y argentino entre los oficiales chilenos. Tal vez se debiera tener en consideración también los referentes que los militares de Santiago pueden encontrar, en este periodo, en la «mítica» figura de Nasser o en el caso peruano. El documento que el general Prats (miembro del Estado Mayor de la Defensa) escribe en diciembre de 1969 en relación a la composición política interna de las fuerzas armadas, nos presenta una diferenciación interesante51. De hecho Prats identifica en un 80% de la oficialidad interna una tendencia de centro izquierda —profundamente contraria al marxismo; por otro lado entre el restante 20% se encuentra una parte de la alta oficialidad ligada a la derecha y una parte de los oficiales de grado más bajo con simpatías hacia ámbitos marxistas. Si se acepta esta descripción, es razonable suponer que esta parte mayoritaria esté aún vinculada a una visión no estática de la sociedad, donde reformas económicas y sociales puedan ser factores de cambio. Por otro lado, lo que parece seguramente presente es su antimarxismo. En un contexto político nacional donde va creciendo la presencia de una clara matriz marxista, es probable que una sensación de amenaza y peligro empiece a ser percibida en los cuarteles. Al mismo tiempo va creciendo la influencia externa que llega desde Washington. Fundada en la remodelada idea de la 51

Prats (1985:141).

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seguridad nacional, la «corriente» norteamericana se vincula al tradicional desprecio castrense hacia los partidos, produciendo una profunda crítica al modelo político que, desde su perspectiva, es responsable de la nueva participación de las masas, de la degeneración del sistema estatal y del fortalecimiento del comunismo. Pero es importante subrayar que no estamos frente a coordenadas lineales y homogéneas. Al contrario, la yuxtaposición de viejos y nuevos elementos doctrinarios parecen haber abierto los recintos militares a un abanico de consideraciones. Como se ha observado antes, la pluralidad de posiciones que se encuentran a lo largo del río militar, mientras evidencia una corriente estrechamente ligada a una interpretación coercitiva de la seguridad interna, permite surgir un interés en los posibles aportes de los militares para el desarrollo del país. La elección de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular representan un momento de transición fundamental en la evolución del pensamiento militar chileno. El programa revolucionario de la administración Allende, de hecho prevé involucrar las fuerzas armadas en la transformación del país. Por primera vez en cuatro décadas un gobierno sale del vacío que caracterizaba las relaciones entre el poder político y las cúpulas militares. La reacción en el interior de los cuarteles se presenta, una vez más, diversificada. Como escenario de esta diversidad, encontramos la compleja situación que se vive en Chile a partir de las elecciones de septiembre de 1970. La preocupación por el nuevo desorden social ha materializado con más fuerza el temor frente a una autoridad que no sepa garantizar orden y estabilidad. En contraste con estas tensiones entre las filas uniformadas —que se orientan a un protagonismo represivo— el alto mando reafirma lo que se suele llamar «la doctrina Schneider» recalcando que «el poder militar está sujeto al control civil y su función es de absoluta prescindencia política, conforme a la actitud de no deliberancia que le impone la Constitución (...) sus esfuerzos deben concentrarse fundamentalmente en el perfeccionamiento de su capacidad operativa y el ejercicio de la verticalidad del mando impone que el Comandante en Jefe del Ejército sea la única vía de representación de sus necesidades y aspiraciones al Poder Ejecutivo»52. Sin embargo, los resultados

52 Parte del discurso que el general Prats celebra en ocasión de una reunión con los oficiales del Ejército del Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde él da cuenta de las directivas impartidas por el general Schneider. Prats (1985:139).

Entre participación y contrainsurgencia

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de las elecciones del 4 de septiembre de 1970 tienen un efecto detonante en una parte del aparato bélico y materializan el fantasma del peligro comunista. La tentación conspirativa y el proyecto subversivo —come se sabe, ampliamente deseado y financiado por Washington—53 cae únicamente frente al «sacrificio personal» del Comandante en Jefe del Ejército 54 . La muerte del general Schneider desactiva temporalmente el impetuoso dinamismo de aquellos círculos que con determinación buscan un rol protagónico en el interior de la crisis política institucional. Adquiere una función «antidetonante» contra los posibles movimientos subversivos de algunos grupos de oficiales. En torno a su figura se recompone, por lo menos momentáneamente, la fractura institucional que ha permitido la constitución de un mecanismo conspirativo. Los funerales de Schneider, el 26 de octubre de 1970, representan probablemente el último evento realmente colectivo para la comunidad militar chilena. El sector más estrictamente vinculado a la doctrina antisubversiva parece limitar, bajar su voz, pero en realidad, empieza el lento trabajo de ampliar los contactos y los vínculos con los sectores civiles de extrema derecha que conducen al núcleo organizativo del Golpe del 73. Por otro lado en el área «desarrollista», sobre todo del ejército —no así en la Aviación, ni en la Marina- se dialoga con interés sobre las nuevas posibilidades abiertas como producto de las transformaciones en el país. La política militar del gobierno de la Unidad Popular incita a una mayor interacción de las Fuerzas Armadas en los programas de intervención social y les asigna responsabilidades a algunos oficiales en la Dirección de estructuras estatales55. Para aquella parte de la oficialidad que visualiza positivamente las reformas emprendidas, como la apertura de una fase de desarrollo, la presidencia Allende puede representar la oportunidad para una real trasformación del país. La misma línea que se persigue en la política exterior puede revelarse como un factor innovador y positivo. Se destaca que la autonomía del coloso soviético es una premisa necesaria para las políticas internacionales. La tradición militar anticomunista nunca toleraría un gobierno socialista que centrara su política exterior en relaciones dependientes con Moscú. Por otro lado un discurso que pretenda insertar la diplomacia chilena en el bloque de

53

Para una útil e interesante lectura de los últimos documentos desecretados en Washington ver, Kornbluh (2003). 54 El general Schneider muere el 25 de octubre de 1970 después de haber sido gravemente herido, el 22 de octubre, durante el intento de secuestro que se lleva en su contra. 55 Por ejemplo ENTEL y ODEPLAN. Ver Varas, Agüero y Bustamente (1980: 40).

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los países N o Alineados, puede ser elemento de atracción para la corriente militar que aparece fascinada por el discurso tercermundista 56 . En estas condiciones, también un gobierno socialista puede transformarse en una contraparte interesante con la cual dialogar y colaborar. Y es posible encontrar el punto de convergencia en la fórmula de un «nacionalismo continental», es decir, en una política exterior que persigue intereses nacionales, pero vinculados a las políticas regionales. La tercera Conferencia de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo (UNCTAD), que se desarrolla en Santiago entre abril y mayo de 1972, es probablemente el ejemplo más evidente de una renovada colaboración e interacción entre el Gobierno y las fuerzas armadas. Directo reflejo de esta relación se ve en la nómina del general Urbina —tercero en la línea de mando del ejército después de los Generales Prats y Pinochet— como Vicepresidente de la Comisión Chilena para la Conferencia. La UNCTAD, creada en 1964, representa una de los escenarios privilegiados para la agrupación de países que sostienen la línea tercermundista. Como recuerdan las palabras del Memorial del Ejército que presenta la Conferencia, el centro de las discusiones son los precios, aranceles, etc. que convergen para: «a) Fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el desarrollo económico...b) Formular principios y políticas sobre comercio internacional y sobre problemas afines del desarrollo económico; c) Presentar propuestas (...) habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas económicos y los diversos grados de desarrollo»57. La exigencia para una trasformación del país parece haber madurado entrando en un momento de ulterior definición. También en el mundo militar, la «simple» reivindicación por el desarrollo de los años 60 madura en una posición que obliga a analizar el contexto de las relaciones internacionales como un punto de referencia fundamental para el cambio. En esta parte de la oficialidad chilena, la experiencia de la Unidad Popular no constituye necesariamente un trauma irreversible; sin embargo, para la corriente forjada exclusivamente en la perspectiva coercitiva de la seguridad nacional, el golpe es profundo. La influencia de diferentes sectores de la derecha radical y parlamentaria crece constantemente, en particular desde el comienzo de 1972. Tanto las voces de militares en retiro —antes que nada el general Viaux— así como las de grupos de civiles58 empiezan a resonar cons-

56 57 58

Jaña, Fuenzalida, Stolze y Uriarte (1972: 38). Videla Medina (1971:71). Entre los grupos se señala a «Patria y Libertad», y la «Junta Unificadora Nacionalista».

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tantemente en los cuarteles. Se pide el compromiso total de las fuerzas armadas en el conflicto político nacional. Huellas evidentes de esto se encuentran en la frustración expresada por el general Prats al finalizar los acontecimientos que han caracterizado el paro de octubre. El comandante en jefe del ejército —después de un nuevo encuentro con un grupo de oficiales para subrayar la importancia de guardar la línea profesional— desata su frustración por «la sensación desagradable de quien está arando en el desierto, al apreciar que en la mentalidad de los mandos medios y subalternos, se percibe ya la psicosis del marxismo» 59 . En los meses del otoño austral de 1973 tal psicosis toma forma y contenido funcionales a concretizar el nuevo protagonismo castrense. Más que nunca, en un sector que empieza a parecer mayoritario en las filas uniformadas, el peligro marxista llega a ser identificado como una amenaza a la estabilidad del país; donde sólo la doctrina de la contrainsurgencia puede lograr superar el estado de crisis y parálisis institucional. El análisis de la seguridad nacional llega a estar emblemáticamente direccionado hacia los peligros que incumben tanto en el escenario internacional como en la política nacional. Es la teoría expresada en la tesis de la ruptura de los «cuatros frentes» del m e m o r a n d o secreto de julio del 7 3 60 . C o n este d o c u m e n t o —escrito por altos oficiales del ejército, de la Aviación y de la Armada— se plantean los fundamentos para la preparación del levantamiento armado. Defensa de las fronteras, crisis económica, conflicto político y presencia de extremistas, así como la incontrolable agitación social son entonces las coordenadas esenciales para el núcleo original de la acción golpista 61 . Las semanas que conducen al segundo martes de septiembre del 73 —desde la dura aplicación de la «Ley de Control de Armas» hasta la salida de la escena del general Prats—62 se convierten en pasos determinantes de la decisión efectuada por la cúpula de las tres ramas de las fuerzas armadas. La maquinaria subversiva —aún si subterránea y latente— se hace presente en los círculos de los oficiales. Es un proceso de emulación e involucramiento, interno a los vínculos de la «familia militar», tal vez difícilmente perceptible 59

Prats (1985:286). González (2000:501). 61 Sobre el rol fundamental del «comité de los 15», ver: Soto y Villegas (1999: 21); y González (2000:195-200). 62 La renuncia del general Prats a la Comandancia en Jefe del Ejército, el 23 de agosto 1973, es elemento fundamental para la cúpula militar que lleva adelante la preparación del Golpe de Estado. 60

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desde los círculos sociales ajenos a los recintos militares. Los políticos, los intelectuales, la sociedad civil —había escrito el mayor López Silva en el 1970— creen que la adhesión a un golpe está motivada por ideologías e influencias políticas. En cambio lo que sucede es que «los oficiales adhieren a un Golpe de Estado por una amplia gama de lealtades personales y vínculos adscritos: admiración por los líderes revolucionarios, camaradería con compañeros ya comprometidos; deseo de colaborar con su Regimiento; solidaridad hacia sus grupos funcionales.. .o hacia sus grupos informales, como son las logias, camarillas»63. Todo esto se hace dramáticamente actual y concreto en los cuarteles a lo largo de todo Chile en el invierno austral de 1973. Amplia parte de la comunidad militar parece cerrarse entorno al mecanismo doctrinario detonado.Y el dique del profesionalismo castrense cae bajo la impetuosa resolución de la corriente que pide y pretende un nuevo rol protagónico, político y represivo, por la institución armada chilena.

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HISTORIA, MEMORIA, OLVIDO, CONFLICTO ARMADO Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LOS AVATARES DE LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE GUATEMALA

Arturo Taracena Arrióla* Centro

de Investigaciones

Regionales

de Mesoamérica

(CIRMA)

ABSTRACT

El artículo se propone indagar los obstáculos que ha tenido la tarea dejada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico guatemalteca, relativa al análisis y explicación de las causas y los efectos del «conflicto armado interno» que se vivió entre 1962 y 1996; así como investigar las dificultades para que sean cumplidas las recomendaciones que emitió la Comisión con el fin de esclarecer los hechos, preservar la memoria de las víctimas y hacerles justicia. En esto se verá cómo las reflexiones teóricas de varios cientistas sociales aquí expuestas sobre diversos casos de memoria y olvido, de genocidio o de negacionismo, encajan perfectamente en el debate historiográfico y político actual que se vive en Guatemala y, viceversa. Q u e los hechos concretos que se suceden en este país en torno a la relación entre memoria e historia son perfectamente comparables con los ocurridos en el presente en otras latitudes. *•*

* Arturo Taracena Arrióla. Guatemalteco. Doctor en Historia graduado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

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Arturo Taracena Arrióla Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros. Jean-Paul Sartre

Estas palabras del filósofo francés inspiraban el prólogo a Los Condenados de la Tierra, la obra por medio de la cual Frantz Fanón abordaba ante el mundo los horrores vividos y las heridas dejadas por la guerra de independencia de Argelia. El suyo era un llamado para que se enfrentase mundialmente la verdad de lo sucedido. Hoy en día, Guatemala exige la misma valentía a la hora de abordar el análisis de un conflicto tan largo y complejo, marcado por un coste humano sin precedentes, cuyo dramatismo no puede dejar de atormentarnos a los guatemaltecos. De ahí que sólo la verdad de los hechos nos hará libres. Desde la óptica del historiador este artículo busca, por tanto, entender los obstáculos que ha tenido la tarea dejada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico guatemalteca relativa al análisis y explicación de las causas y los efectos del «conflicto armado interno» 1 que se vivió entre 1962 y 1996 —cuyos orígenes se remontan a la década de 1940 y el inicio de la Guerra Fría—, así como las dificultades para que sean cumplidas las recomendaciones que emitió con el fin de esclarecer los hechos, preservar la memoria de las víctimas y hacerles justicia. Obstáculos y dificultades que, desde el quehacer histórico, tienen que ver con lógicas como el llamado estatal al olvido de un conflicto que causó alrededor de 161.000 muertes y 40.000 desaparecidos y el negacionismo de la magnitud de tal tragedia por parte de algunos sectores sociales.Y, asimismo, por la comprensible anteposición de la memoria colectiva sobre la historia y la utilización de esta última como instrumental de resarcimiento. Todas dinámicas que actúan, de una u otra forma, en contra de permitir que la labor de conocimiento y explicación del pasado reciente y la de la continuidad histórica se dé en toda su complejidad, a fin de superar el balance inesperado con que actualmente nos enfrentamos los guatemaltecos, sorprendidos de la violencia que fuimos capaces de desatar y que, en definitiva, terminó por tragarnos. Estos son, a su vez, obstáculos cuyos efectos se encuentran en otras realidades posbélicas a nivel mundial. Es decir, en otros países. Se verá, entonces,

1 Nombre que se le dio oficialmente en las Naciones Unidas a la guerra civil ocurrida durante ese lapso de tiempo.

Historia, memoria, olvido, conflicto armado.

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cómo las reflexiones teóricas de varios cientistas sociales aquí expuestas sobre diversos casos de memoria y olvido, de genocidio o de negacionismo, encajan perfectamente en el debate historiográfico y político actual que se vive en Guatemala y, viceversa. Q u e los hechos concretos que se suceden en este país en torno a la relación entre memoria e historia son perfectamente comparables con los ocurridos en el presente en otras latitudes.

HISTORIA Y REALIDAD OBJETIVA

Recientemente, Eric Hobsbawm ha planteado el dilema que enfrentan en la actualidad los historiadores para superar lo que él denomina «las barreras entre lo que ocurrió o lo que ocurre en la historia, y nuestra capacidad para observar esos hechos y entenderlos.» Según el afamado historiador inglés, tales bloqueos obedecen a la negativa de admitir que existe una realidad objetiva y no construida por el observador con fines diversos y cambiantes2. Para él, tal contradicción ha sido fomentada en gran medida por el planteamiento anti-universalista de un sector de la historiografía actual, el cual afirma que el objetivo de la historia no es tanto plantear lo que ocurrió, sino en qué afecta eso que ocurrió a los miembros de un grupo en particular. «De esa manera —agrega—, lo que cuenta para ese tipo de historia no es la explicación racional, sino la 'significación'. N o lo que ocurrió, sino cómo experimentan lo ocurrido los miembros de la colectividad que se define por oposición a los demás, en términos de religión, de etnia, de nación, de sexo, de modo de vida, o de otras características.» Es decir, el relativismo ejerce una atracción sobre la historia de los grupos identitarios. Creo entender que nuestro maestro indiscutible no se refiere al derecho de las personas a acudir a la memoria colectiva para reivindicar su dignidad, sino al hecho de que, en el marco del boom de los estudios históricos contemporáneos orientados hacia el tema de la memoria histórica, muchos de estos estudios han sido concebidos casi exclusivamente como un ejercicio - d e hecho indispensable— para la reparación para las víctimas, dejando de lado que también deben de ir en la dirección de contribuir a explicar la complejidad de lo sucedido. O sea, no se pueden quedar como un instrumental dirigido exclusivamente a desarrollar acciones legales en contra de los victimarios, sino que debe llegar a cubrir una necesidad -más que disci2

Hobsbawam (2005).

Arturo Taracena Arrióla

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plinaria— de comprensión del pasado, incluyendo la de los actores y hechos que intervinieron en él, para entender la continuidad histórica. De ahí la importancia de desarrollar una basta capacidad metodológica, que dé confianza sobre las explicaciones ofrecidas. A mi juicio, todo este debate no es casual, sino que responde por una parte a la naturaleza de las luchas que desde la segunda mitad del siglo x x se han dado por motivos de descolonización, de lucha contra el racismo y las discriminaciones o en el marco de la guerra fría o del antimperialismo. A ello, habría que agregar el carácter que han tomado los movimientos antiglobalizantes, cuyos nuevos actores son anti-estado, anti-partidos políticos, antitransnacionales, anti-élites. Esta pretensión es legítima, no obstante considero que la historia debe servir para ambas cosas, equilibrando la necesidad de conocimiento del pasado con la lucha contra la subordinación a que ese mismo pasado ha condenado a etnias, pueblos, campesinos, mujeres y homosexuales, entre otros grupos humanos. La urgencia indiscutible del resarcimiento no debe opacar la necesidad impostergable de conocer críticamente el pasado, lo cual implica diálogo entre memoria e historia, como única forma de trascender el olvido.

M E M O R I A E HISTORIA

En un sugerente ensayo, Daniel Brauer recuerda que el principal problema de la memoria es que ésta tiene lugar en el presente: recordamos ahora. El pasado fue presente, pero no a la inversa. Retomando lo ya planteado por Paul Ricoeur, recuerda la distancia irreductible que existe entre el presente y el pasado. De ahí que, hay que avocarse a una convicción acerca de la realidad pasada para que podamos inferir algo a partir de ella. En ese ejercicio, la reflexión retrospectiva (que consiste en un proceso de comparación, puesta en orden e interpretación de los recuerdos) se vuelve fundamental. Ello permite recorrer distintos puntos de vista y compararlos, con el fin de sacar inferencias sobre lo sucedido en el tiempo y el espacio3. Por otra parte, Roger Chartier, nos recuerda que la memoria histórica no se puede construir sin combinar memoria (colectiva e individual) e historia. Memoria e historia no son lo mismo. La primera se inscribe en el orden del 3

Brauer (2002: 35-52).

Historia, memoria, olvido, conflicto armado.

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saber universal aceptable, sujeto a procedimientos científicos, mientras la segunda está determinada por «las exigencias existenciales de las comunidades para las que la presencia del pasado en el presente es un elemento esencial de la construcción de su §er colectivo». De ahí que hay que tener cuidado con el tipo de historia que se olvida de esta diferencia, cayendo en el anacronismo. En el mundo contemporáneo, existe la tentación de afirmarse o la justificación de reconstruir identidades, inspirándose en una relectura del pasado que deforma ignora u oculta los aportes del conocimiento histórico contrastado. La mirada científica de la historia sigue siendo indispensable4. Ya Paul Ricoeur había señalado que, inquietos por los travestismos y las falsificaciones, los historiadores buscan disipar todo riesgo de confusión entre la historia, entendida como un saber crítico y controlable, y las reconstrucciones de la memoria colectiva que mantienen con el pasado una relación afectiva, militante o manipuladora 5 . «Hay un privilegio que no se le puede negar a la historia —escribe este pensador francés—, no tan sólo el de entender la memoria colectiva más allá de todo recuerdo afectivo, sino el de corregir, criticar, aún desmentir la memoria de una comunidad determinada, cuando ésta se repliega y se encierra sobre sus propios sufrimientos a un punto de volverse ciega y sorda frente a los sufrimientos de las otras comunidades. Es en el camino de la crítica histórica que la memoria encuentra el sentido de la justicia»6. Por tanto, como concluye Chartier, hay que suscribirse a esa esperanza que reúne las exigencias del trabajo histórico y la promesa de las memorias reconciliadas con ellas mismas y con las de los otros. Una labor que a mi juicio aún está por empezar en Guatemala a pesar de los años transcurridos desde los Acuerdos de Paz de 1996.

E L NEGACIONISMO EN LA HISTORIA

Por su parte, Henry Rouss 7 nos abre el debate hacia la discusión de los efectos que el negacionismo ha tenido en el caso del holocausto, consideran-

4 5 6 7

Chartier (2002:8-9). Ricoeur (2000). Ricoeur (2000:650). Henry (2005: 58-59).

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Arturo Taracena Arrida

do que no tiene nada que ver con la verdad y la investigación históricas, puesto que es un discurso político y una palabra de odio. Una mentira que, repetida, busca volverse verdad. En este caso, la memoria no busca resarcir, sino la implantación de la impunidad. En sí, el negacionismo pretende negar la importancia misma de la realidad ocurrida, ya sea referida a las masacres o a las prácticas de genocidio, revistiéndola de una función política concreta: evitar la culpabilización de sus autores. Tal dinámica historiográfica la realizan no necesariamente éstos, sino sus aliados, al punto de que actúan discursivamente de forma independiente a los avances de la investigación histórica y forense, en aras de negar la memoria histórica. Más allá de la cuestión del holocausto judío, veremos que el negacionismo es asumido y planteado por ciertos sectores académicos y políticos en aquellos países donde las consecuencias sociales de las guerras civiles adquieren también una dimensión de genocidio o etnocidio. Como se verá, el caso de Guatemala no escapa a estas tendencias por razones de diversa índole, a las que aquí intento darles una explicación dentro del debate historiográfico y político existente.

HISTORIA Y GENOCIDIO

En su ensayo Eléments pour une grammaire du masacre8, Jacques Semelin señala que, cuando algunos Estados -sobre todos aquellos que se consideran fuertes— se encuentran en una posición de vulnerabilidad, pueden hacer surgir su determinación de masacrar, sobre todo si esta resolución se da en un contexto de guerra. Una decisión que puede llegar hasta el genocidio. Es decir, actúan con la consideración de que no pueden ganar la guerra sin llegar hasta la destrucción masiva de la población civil. Esto les sucede a Estados cuya legitimidad está asegurada o está altamente contestada, por lo que el recurso a la violencia indiscriminada se da en el contexto de superar la situación de cuestionamiento, reforzando sus poderes y asegurando su ascendiente sobre las poblaciones. Por supuesto, en ello juega un papel de suma importancia la ideología, que termina por pervertir la idea de democracia e incrustarse en el nacionalismo. En el caso de Guatemala, dicha ideología ha sido el anticomunismo, 8

Semelin (2003:154-170).

Historia, memoria, olvido, conflicto armado..

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que desde 1954 ha permeado el nacionalismo de Estado, y que dice actuar hasta las últimas consecuencias en defensa de la democracia. Una ideología que terminaría de encajar en la ideología racista que el Estado-nación guatemalteco ha portado desde el siglo xix. De esa forma, el discurso sobre el «otro» —comunistas, comanches, guerrilleros, subversivos, chanchitos, indios revoltosos— se nutre de una retórica sobre la amenaza que representan para el país, el progreso y la democracia. Nacen así las figuras del «sospechoso» y del que «está de más», que en nuestro caso son el «guerrillero» y el «mal guatemalteco». O sea que, la lógica de las masacres —de la «tierra arrasada»— está precedida de un proceso mental, de una visión del otro a eliminar, a la cual le sigue una organización práctica, que pone en obra los medios y el personal para lograr la eliminación física de este tipo de población. El poder estatal crea las condiciones para el desarrollo de las atrocidades recurriendo a la propaganda, instrumentalizando el imaginario e incitando, encubierta o abiertamente, a acabar con el enemigo. Seguidamente, cubriendo a los ejecutantes de forma legal o de facto. De ahí que, a nivel de la investigación es imprescindible, señala Semelin, una metodología de encuesta histórica que ya haya sido precedida de varios estudios de casos para pasar de entender el «cómo» al «por qué». En esa dinámica, normalmente es más fácil entender la construcción desde arriba, al tenerse en cuenta el esquema jerárquico, pero no se puede dejar de lado el enigma de la participación social en las masacres. La cuestión de si existió o no una complicidad de ciertos sectores sociales —forzados o conscientes— en ellas, que explicarían en ciertos casos el carácter masivo del conjunto de la práctica represiva en un Estado. O sea, se trata de comprender tanto la crisis del Estado como la de la sociedad misma, a través del estudio de ligámenes en torno al poder nacional y local, puesto que las prácticas de masacre y genocidio son hechos complejos construidos por los actores centrales, con la colaboración muchas veces de los actores locales. Es decir, una co-construcción entre una voluntad y un contexto, que pueden llevar a prácticas de resistencia, pasividad, colaboración, consentimiento. Por supuesto, no se trata de avocarse a la tesis de la responsabilidad colectiva, que busca borrar las categorías de responsables, sino de favorecer una investigación multidisciplinaria de la problemática, ampliando el acceso a las fuentes, que permitan comprender tanto la memoria colectiva e individual, como los hechos históricos para que el desfase entre el imaginario y la ver-

98

Arturo Taracena Arrióla

dad histórica se reduzca y se pueda asumir críticamente la participación política de un individuo o una colectividad9.

LA C E H FRENTE A LA HISTORIA

Por mandato firmado entre el gobierno de Guatemala y la U R N G , con el aval de la O N U en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996, las finalidades de la CEH eran las siguientes: Esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de la violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado. Elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido durante este período abarcando a todos los factores internos y externos 10 . A esta doble intención del mandato con que la CEH debía de operar, se le agregó la necesidad de «formular recomendaciones encaminadas a favorecer la paz y la reconciliación nacional» a raíz del conflicto armado interno. Es decir, la «recuperación de la memoria» se debía dar en el contexto de esa triple finalidad11. De esa forma, un equipo de historiadores, apoyado por los diferentes equipos de campo, trabajó de mayo de 1997 hasta febrero de 1999 para producir el informe Memoria del Silencio12. Como ya lo he señalado anteriormente 13 , visto de forma retrospectiva, éste es un esfuerzo que tiene el mérito de existir en un país donde el olvido calculado se apoya en la existencia de una enseñanza sintética del presente histórico, sin líneas profundas de análisis y de una historiografía que se nutre fundamentalmente de los libros hechos por miradas extranjeras. Con todo y sus insuficiencias, por tanto, el informe de la CEH no deja de hacer reflexionar a quienes lo leen o consultan. Un ejercicio de reflexión adversado por una clase política y los funcionarios de Estado, que se sienten

9

Assmann (2003:171-188). Comisión de Esclarecimiento Histórico 1999: 24. 11 R E H M I (1998: X X - X X X I ) . 12 C E H (1999). 13 Taracena Arrióla (2003). 10

Historia, m e m o r i a , o l v i d o , c o n f l i c t o armado.

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amenazados por el regreso del pasado y llaman a los guatemaltecos a hacer del olvido y la indiferencia, virtudes compartidas. Pero también, es un ejercicio histórico relegado por amplios sectores sociales guatemaltecos que se sienten cómodos con la denominada tesis del «sándwich». Esta sostiene que 34 años de guerra civil se explican tan sólo por los ánimos bélicos de dos actores: Ejército y movimiento revolucionario guatemaltecos. Tesis que, paradójicamente, no es sustentada en los vecinos países de El Salvador, Nicaragua y México, donde también se produjeron conflictos armados similares. O sea, se plantea como denominadora de la particularidad guatemalteca14. Asimismo, esta tesis construye una tendencia historiográfica basada en una visión teleológica que sólo reconoce el tiempo lineal y que se ve reforzada por el recurso al anacronismo, cuando desde los hechos consumados se habla de un proceso, descontextualizándolo. De ahí que se centre, además, en equiparar las conductas y métodos de ambos actores, e invisibilizar el papel activo de otros sectores como las iglesias, la oligarquía y los indígenas en el conflicto armado interno guatemalteco 15 . Sergio Tischler es quien ha advertido sobre esta perspectiva analítica del papel del campesinado guatemalteco durante el conflicto armado, para la cual éste se vio atrapado entre el Ejército y la guerrilla, debiendo optar forzadamente por uno u otro bando. «En ese sentido —escribe— las masacres y el genocidio son vistos como parte de una lógica de guerra impuesta a un campesinado supuestamente inerme. Con dicha tesis, al mismo tiempo se deja deslizar maliciosamente la idea de una especie de simetría de responsabilidad en el ejercicio de la violencia entre la guerrilla y el Ejército, dejando de lado la relación entre el tipo de poder y el carácter social de la violencia»16.

14

Véase el artículo «Revisar Ginebra» de Edgar Gutiérrez, en el que se asevera que fue el obispo Juan Gerardi quien, c o m o director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado — O D H A - , m o d i f i c ó el escenario sobre Guatemala en la sede de la O N U de Ginebra, puesto que sus «argumentos en los debates de la Asamblea trastocaron la bipolaridad Ejército—guerrilla», que venía debatiéndose en las sesiones desde la década de los ochenta y que favorecían la versión guerrillera. «Gerardi ofreció un análisis independiente sobre las fuentes de la violencia política. Señaló las violaciones de los derechos humanos del Ejército y la trasgresión del derecho internacional humanitario cometidas por la guerrilla». El Periódico (2004: 12). 15 16

Stoll (1993) e Le B o t (1995). TischlerVizquerra (2005: 76).

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Arturo Taracena Arrióla

A partir de allí, la C E H se vio presionada por el compromiso de dar una explicación ante la sociedad guatemalteca e internacional referente a los orígenes, la duración y las causas de un conflicto armado de casi cuatro décadas, temas sobre los cuales no había tampoco consenso alguno de acuerdo con la visión histórica de la derecha o de la izquierda guatemaltecas, sin que se dejase de lado la tarea de esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado. Una cosa iba de la mano de la otra si se quería producir memoria histórica a nivel nacional. Se debía redactar, por tanto, un texto histórico público que diese una explicación más «científica», en el sentido de profesionalismo, sin que por ello se convirtiese en verdad absoluta. Aportar un texto perfectible en el tiempo, aún a sabiendas de que sería rechazado por el Ejército y la burguesía, convencidos de que habían salvado a Guatemala a pesar de un costo social de decenas de miles de muertos, desaparecidos, heridos y refugiados.

LA C E H Y LOS ACTOS DE GENOCIDIO EN GUATEMALA

En Memoria del Silencio, La C E H puntualiza que, en el contexto de «quitarle el agua al pez», durante los índices de mayor violencia entre 1981 y 1983, el Ejército guatemalteco centró su actividad represiva en determinadas regiones y en ciertos grupos étnicos, donde la comisión constató que hubo «actos genocidas» —utilización del exterminio parcial o total del grupo para alcanzar un objetivo militar y político—, y que se situaron al norte de Huehuetenango en los municipios de población qánjob'al y chuj de Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán; en los municipios ixiles de Nebaj, Cotzal y Chajul y en el municipio k'iché de Zacualpa, todos del departamento de Quiché, y en el municipio achí de Rabinal, en el departamento de BajaVerapaz 17 . Por ejemplo, en el caso de la población ixil, entre el 70 y 90 por ciento de las comunidades fueron arrasadas, provocando la muerte y el desplazamiento de los sobrevivientes 18 . Asimismo, la C E H afirma que las operaciones de aniquilamiento se extendieron en su aplicación táctica a la población civil que no estaba involucrada en el enfrentamiento, arrasando aldeas, matando indiscriminadamente a los habitantes de las comunidades por el solo hecho de ser sospechosos

17 18

C E H (1999:64-66). C E H (1999: 68-69).

Historia, memoria, olvido, conflicto armado.

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de pertenecer o colaborar con la guerrilla, o por interferir en las operaciones militares. Acciones que fueron complementadas con la quema de plantaciones, cosechas, viviendas y en general con los bienes de las personas 19 . Una represión masiva hacia comunidades indígenas y ladinas dentro de la lógica contrainsurgente de tierra arrasada, con el objetivo de evitar que sirviesen real o hipotéticamente de base social a la guerrilla. Es decir, la C E H no se planteó la hipótesis del genocidio como política generalizada del Estado guatemalteco hacia el conjunto de población maya por el hecho de ser indígena, sino porque la consideró como base —real o potencial— de la guerrilla. Claro la combinación del racismo y del anticomunismo existentes como ideologías en el seno del Estado, dio como resultado la magnitud de tierra arrasada que cobró la contrainsurgencia. Hasta donde la C E H pudo investigar, quedaron recogidos en su informe los anteriores cinco casos paradigmáticos, pero nuevas y más profundas investigaciones históricas y forenses podrían revelar la posibilidad de que se hubiesen cometido muchos más actos de genocidio dirigidos contra ciertos grupos indígenas en el contexto del conflicto armado interno. Este es uno de los reclamos políticos de las asociaciones de víctimas de la guerra.

LAS TENSIONES E N T R E ANÁLISIS HISTÓRICO Y REPARACIÓN HISTÓRICA

C o n mucha valentía, en el exhaustivo trabajo del Programa «Recuperación de la Memoria Histórica» —REHMI— la Oficina de Derechos H u m a nos del Arzobispado de Guatemala —ODAH— asume que el mismo se sitúa fundamentalmente en la línea de contribuir a las exigencias existenciales de las comunidades y no de la interpretación histórica del pasado 20 . En la introducción al tomo III, El entorno histórico, se explica que el objetivo era «dar un contexto sociopolítico a la reconstrucción de la memoria de las violaciones durante el conflicto armado interno» y para ello resultaba necesario reconocer que las personas («animadores») que trabajaban en el R E H M I lo hacían más en la dirección de ver «cómo la memoria histórica podía ser un instrumento de reconstrucción social, y no tanto en allanar el camino de la C E H , cuyo futuro era todavía incierto» 21 .

19 20 21

C E H (1999:18-19). R E H M I (1998). R E H M I (1998), «Los recuerdos son dinámicos»: XXII. Los subrayados son míos.

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A r t u r o Taracena Arrióla

El grueso de las fuentes era, por tanto, los testimonios, puesto que el R E H M I era en sí un gesto de «devolución de la memoria a las comunidades»22, considerando que gran parte de la gente que dio su testimonio cree «que el trabajo de búsqueda de la verdad no termina con la elaboración de un informe, sino que tiene que volver a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, y otros el papel de la memoria como instrumento de reconstrucción social»23. U n ejercicio historiográfico —explicaba la «Introducción» al tomo III— que no pretendía «la meta de buscar las causas del conflicto, pues éstas —adelantando una conclusión de este trabajo— están sumergidas en una trama de relaciones de poder riesgosamente desequilibradas las cuales, sin embargo, han tenido una extraordinaria capacidad para regenerarse en medio de ciclos muy cortos de crisis de gobernabilidad». Lo que se buscaba era «entender las lógicas de poder y las lógicas de la guerra para completar la discusión sobre los impactos y las técnicas de la violencia, que en realidad constituyen el corazón del presente Informe» 24 . También en el seno de la C E H se daría este tipo de tensión entre el Equipo de Investigación Histórica y los Equipos de Campo encargados de investigar la violación de los derechos humanos, en el sentido de que para el primero era imprescindible que el resultado de los segundos sirviese para fundamentar el análisis del pasado que permitiese construir una memoria histórica colectiva de la sociedad y del Estado guatemaltecos. Mientras que para los segundos, la importancia se centraba en la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas por la violencia en vistas a lograr que el Estado las reparase por el dolor y los daños vividos. Por ejemplo, desde el equipo de investigación histórica surgió una crítica a la forma en que se constituyeron las antenas de la C E H en las consideradas regiones indígenas y regiones ladinas por la desigualdad geográfica de las mismas: la Costa Sur y el Oriente de Guatemala, donde se desarrolló la primera experiencia guerrillera tan sólo contaron con una sede cada una, mientras que en el Occidente y Norte funcionaban 11.

22 Cabe señalar que la utilización de la historia oral para la obtención de los testimonios comunitarios ha abierto en Guatemala un debate sobre la dimensión de ésta, llegando algunos de los colegas a acordarle la calidad de «disciplina» y no la de un método historiográfico de creciente importancia en el quehacer histórico. 23 R E H M I (1998), «El sentido de la memoria»: X X X . 24 R E H M I (1998), «Introducción»: X X X I .

Historia, memoria, olvido, conflicto armado.

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El argumento contrario giró en torno a la poca importancia de la represión en la primera etapa del conflicto armado interno (1962-1978), que calculaba en 2 5 . 0 0 0 las víctimas frente a las 175.000 de la etapa posterior. Así, con base en la magnitud cuantitativa, se dio un desbalance en el cubrimiento histórico del conflicto armado, lo que a su vez produjo un desequilibrio entre la investigación de la violencia en el ámbito urbano y el rural, hecho que si bien tiene su explicación por la dimensión aterradora de la política de tierra arrasada a partir de los años ochenta, no oculta el hecho del papel jugado por Guatemala como laboratorio continental en materia de prácticas represivas en áreas urbanas y rurales no indígenas, como la figura del desaparecido, el empleo de los escuadrones de la muerte, etcétera. Sin embargo, lo anterior no desdice el hecho de que, en definitiva, se produjo un masivo testimonio indígena, individual y colectivo, denunciando la violencia tanto por parte de los agentes del Estado como de los miembros de las organizaciones guerrilleras, mientras que el testimonio ladino fue urbano, más selectivo y eminentemente individual. U n a tensión que no desapareció, pero que tampoco fue impedimento para que al final la C E H entregase un informe cumpliendo con los tres aspectos que le exigía su mandato y exigiendo en sus recomendaciones 47 y 48 que las autoridades guatemaltecas lleven a juicio a los principales responsables de la instigación y ejecución de estos crímenes.

E L DEBATE POLÍTICO ACTUAL: LAS PARADOJAS DE LA MEMORIA COLECTIVA

Sin pretender hacer un estudio exhaustivo sobre los temas que he venido planteando, el repaso de las noticias de prensa permite ver la tónica del debate político actual en torno a la relación entre memoria e historia, pasando por los reclamos identitarios y jurídicos ligados a éste y a la lógica negacionista, que también se da. Recientemente, El Periódico —el diario guatemalteco con mayor apertura a la diversidad de opiniones— planteó a dos intelectuales guatemaltecos la pregunta ¿Existieron prácticas de genocidio en Guatemala? 2 5 El doctor Armando de la Torre, profesor de la Universidad (privada) «Francisco Marroquín», respondió que no y concluye que: «No hay ninguna prueba de que

25

El Periódico (2004: 18).

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haya habido genocidio. N i siquiera de lo que se habla de la 'tierra arrasada'. N o existe un solo d o c u m e n t o donde [ello] conste». A su vez considera que, «Respecto al R e h m i y el I n f o r m e de la C o m i sión de Esclarecimiento Histórico, no son científicos. N i n g u n o de los que presidía la C E H era historiador, no contrastaron los testimonios. Las cifras de la violencia también han sido exageradas. A lo sumo h u b o unos 35 mil m u e r tos en ambos lados». Adversando el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el doctor de la Torre nos hace recordar la posición que la extrema derecha ha argumentado durante m u c h o tiempo sobre el hecho de que no h u b o política de «solución final» hacia los judíos ni «cámaras de gas» para exterminarlos, pues n o existen pruebas escritas al respecto. Tanto en el caso alemán c o m o en el guatemalteco, la empresa negacionista se empieza a dar durante los hechos y posteriormente se busca desarrollarla c o m o «verdad ideológica», producto de la lógica en el seno de nacionalismos excluyentes, en ideologías c o m o el anticomunismo y el racismo. Por otra parte, tal actitud de relativización del horror hace afirmar al doctor de la Torre con gran banalidad, que las cifras de la violencia han sido exageradas, pues a lo sumo llegan a 35.000 cuando el R E H M I avanza una cifra de 200.000 víctimas de ejecuciones y de 50.000 desaparecidos y la C E H en 161.500 y 40.000, respectivamente. D e esa f o r m a , se busca resaltar las inevitables contradicciones de la memoria, de las cifras exactas de las víctimas o de la existencia real de planes militares elaborados desde el Estado. Sin embargo, c o m o siempre queda demostrado, la historiografía termina por hacerle justicia a las víctimas y a las causas populares, en cualquier régimen político que sea, una vez éste haya actuado contra sus ciudadanos, sin importar si lo hizo en nombre la «libertad de la propiedad» o de la «libertad del proletariado». Por su parte, el licenciado F e r n a n d o López del C e n t r o para la A c c i ó n Legal en Derechos H u m a n o s respondió al cuestionario de El Periódico que sí h u b o genocidio. La razón para él es que, «aunque la excusa fuera el combate a los comunistas, la proporción de las tropas del gobierno frente a los pocos guerrilleros armados que había, fue descomunal... C o n la excusa de la guerra se destruyeron aldeas completas de población maya —mujeres, niños y ancianos—, que se encontraban desarmados, c o m o consta en las exhumaciones...» En ambos planteamientos el encuadramiento histórico de la acción de genocidio dentro del marco de u n conflicto bélico específico, motivado por causas económicas, sociales, históricas, culturales, ideológicas, religiosas e

Historia, m e m o r i a , olvido, conflicto armado.

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internacionales, resulta algo secundario. Lo f u n d a m e n t a l es el coste social mínimo o máximo del mismo. D e ahí que para el primero, lo importante sea la exculpación de los responsables y, para el segundo, la reparación de las víctimas, por lo que la labor historiográfica termina relativizándose o se vuelve un instrumento al servicio de la impunidad o de los efectos de una reparación legal. Esta última es una de sus funciones precisas, pero evidentemente no la única.

R E S A R C I M I E N T O E HISTORIA

D e hecho, ambos intelectuales fueron consultados por El Periódico a raíz de la iniciativa tomada p o r la C o m i s i ó n — C A L D H - de celebrar el P r i m e r E n c u e n t r o sobre el R a c i s m o y G e n o c i d i o en Guatemala, del 22 al 24 de n o v i e m b r e del 2 0 0 4 en el C e n t r o Cultural Universitario (Paraninfo). El encuentro tenía c o m o lema «¡Aquí n o pasó nada!» y buscaba señalar que los actos de genocidio ocurridos en ciertas áreas del país durante la década de los ochenta, tal y c o m o lo señala la C E H , eran la máxima expresión del racism o imperante en el país. Sin embargo, el llamado de C A L D H en contra del racismo y evidenciando c ó m o éste estuvo en la base de los actos de genocidio ocurridos entre 1981 y 1983, produjo u n debate público donde la cuestión del genocidio es clave políticamente hablando. Primero porque el Estado debe asumir claram e n t e que c o m e t i ó dichos actos. Segundo, p o r q u e ciertas organizaciones mayas tienden a generalizarlo c o m o práctica histórica, corriendo riesgos de crear u n discurso que sea percibido c o m o de victimización. Tercero p o r el hecho de que, al estar relacionado con políticas de resarcimiento, puede tender —como lo señala Chartier— a parcializar las memorias de las comunidades, creando desolidaridades 26 . Generar memorias contrahegemónicas es legítimo y necesario, pues va ligado a los procesos de reconstrucción de identidades y a la búsqueda de 26

En la declaración final de la actividad realizada por C A L D H , se pasa a afirmar lo siguiente: «Naciones Unidas a través de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que el Estado Guatemalteco, c o m e t i ó genocidio en contra del pueblo maya entre 1981 y 1983. Registró en ese entonces 626 masacres atribuibles al Estado a través del Ejército y sus aparatos paramilitares. Asimismo, estimó que más de 200.000 personas fueron asesinadas y de éstas el 83% eran mayas. Más de un millón de personas fueron desplazadas y refugiadas y 45.000 continúan desaparecidas» C A L D H (2004).

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actos de reparación. Sin embargo, en torno al debatido tema de la memoria colectiva, desde el propio campo maya, el historiador Edgar Esquit ha advertido sobre la necesidad de hacerse la pregunta de si la forma de ver el pasado responde realmente a la necesidad de desarrollar un proyecto de vida colectiva maya o si solamente es útil para encauzar adeptos hacia la lucha reivindicativa de o r d e n político. «La historia de u n p u e b l o q u e está m a r g i n a d o —reflexiona—, n o puede desarrollarse únicamente sobre esa base porque ello lleva también a la muerte de la historia y el pasado de esa colectividad». Para él, se debe dar inicio a la tarea de ver «el pasado desde la crítica y desde un examen exhaustivo de fuentes escritas y la memoria de los vivos», con el fin de dejar de lado las esencias 27 . El problema, a mi juicio, es que el esencialismo n o solamente construye una visión patrimonialista en t o r n o al pasado remoto, al prehispánico c o n trapuesto al colonial, sino también en torno al pasado reciente y, el conflicto armado interno parece ser un caldo de cultivo para tal tarea, sobre todo por el coste social que significó para la sociedad guatemalteca en general y para al pueblo maya, en particular. Este aspecto queda más claro en la dimensión internacional que cobra el debate sobre el genocidio y la necesidad del resarcimiento. U n debate que se presta a confusiones y que implica una difícil madeja de intereses.Ya Tania Palencia ha advertido que, tal y como está estructurado el Programa Nacional de Resarcimiento, «dividirá a la gente e envilecerá el sentido comunitario». «En el f o n d o , los Acuerdos [de Paz de 1996] están despedazados y sus fragmentos han fragmentado más a todas las culturas. Es una gran lección decir a los cuatro vientos que la paz es un asunto de poder, de fuerza y voluntad política, ante todo, adentro del Estado» 28 . Por ejemplo, en u n artículo aparecido recientemente en el diario mexican o La Jornada bajo el título «Demandan g r u p o s pro derechos h u m a n o s al gobierno aceptar que h u b o genocidio» 29 , se informa sobre la reacción de los directivos de la organización oficial encargada del resarcimiento en el sentido de rechazar el reglamento que publicó el gobierno para resarcir daños a los familiares de miles de víctimas del conflicto armado. La nota de La Jornada cita las palabras de Rosalina Tuyuc, titular de la gubernamental Comisión Nacional de Resarcimiento —CNR—, en el senti-

27 28 29

Edgar (1998: 83-94). Palencia (2004). La Jomada, México, 13 de febrero del 2005: 30.

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do de que, al n o aparecer la alusión al genocidio en el reglamento publicado en el diario oficial, ello provocará que las comunidades no puedan ser resarcidas en conjunto sino únicamente en casos individuales. Efectivamente, el diario guatemalteco Prensa Libre había r e p o r t a d o las palabras de la señora Tuyuc en el sentido de que el efecto que tendrá retirar el delito de genocidio del reglamento, provocará que las «comunidades n o puedan ser resarcidas en su conjunto, sino sólo en casos individuales, en f u n ción del tipo de abusos del que fueron éstas víctimas» 30 . La prestigiosa líder maya tiene razón en insistir en que el número de actos de g e n o c i d i o en Guatemala p u e d e ser mayor y que p o s i b l e m e n t e en el departamento de Chimaltenango, éste sería el caso de las comunidades de San Juan Comalapa y San Martín Jilotepeque, de acuerdo a la metodología aplicada por la C E H . Q u e d a claro que el peso de los hechos y aún el de las memorias colectivas es muy variable, y que los grandes acontecimientos históricos son vividos y están interiorizados de forma desigual, la historia juega allí un papel trascendental para fijar la veracidad. El Estado n o debería haber desalentado el rescate de la memoria ni el trabajo de investigación histórica y forense sobre el conflicto armado interno que se planteaba a futuro. Asimismo, de haberse h e c h o justicia o p o r t u n a m e n t e en t o r n o a los crímenes cometidos p o r el Estado y por particulares, la impunidad n o hubiera sido otro factor más tendente a favorecer el olvido. La división de la gente y el envilecimiento del sentido comunitario provocado desde el Estado c o m o lo advertía Tania Palencia, se ve hoy en día en torno al hecho de que, mientras el 23 de diciembre del año pasado el gobiern o del presidente Oscar Berger destinaba 445 millones de quetzales para las familias de retornados, desarraigados y la población civil más afectada por el conflicto armado, ahora dicho fondo tendrá que ser compartido con los integrantes de las ex Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—, según lo decidido por el gabinete en lo referente Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz. La justificación del mandatario guatemalteco sobre el resarcimiento a las ex PAC tiene c o m o argumento el hecho de que «muchos descuidaron a sus poblaciones cuando patrullaban durante el conflicto. Es gente pobre, p r o ductiva y campesina. El Estado debe responderles. Las víctimas hemos sido todos». Atónita, la directora de la C N R señala que los «expatrulleros civiles

30 «Problemas para resarcir a víctimas de genocidio». En: Prensa Libre, Guatemala, 12 de febrero del 2002.

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no son vistos como víctimas en el Programa Nacional de Resarcimiento» 31 , puesto que en el 27% de las masacres cometidas por el Ejército, éste fue apoyado por patrulleros32. Pero no han bastado tres resoluciones en contra de tal pago por parte de la Corte de Constitucionalidad ni el rechazo generalizado de los guatemaltecos. Simplemente, la tesis del sandwich sigue su perverso camino.

HISTORIA Y OLVIDO

Hoy en día, Memoria del Silencio parece hacer honor a su título, pues a pesar de ser un buen texto analítico del conflicto armado interno, pocos lo conocen en Guatemala y casi nadie lo cita, en gran medida porque el Estado guatemalteco lo oculta, porque la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca —URNG— no se interesa por él y porque la C E H , una vez desmontada, perdió toda influencia institucional. Así, la victoria de la C E H sobre la memoria es relativa, aunque algunas organizaciones sociales la reivindiquen en medio del hecho de que los Acuerdos de Paz son letra muerta a siete años de su firma. Esto nos remite directamente al problema de la realidad política, más allá de la memoria y la historia, pues el andamiaje estatal construido después de 1954 - q u e intencionalmente reduce la legitimidad a la esfera de la legalidad—, sigue indemne, luego de cinco décadas. De ahí, que se piense que las leyes resolverán por sí solas los problemas que aquejan al país, muchos de los cuales no son propiamente de orden legal, sino estructural. Una lógica estatal que no sólo afecta a la sociedad guatemalteca en su conjunto, sino al propio Estado, al no ser éste garante de los derechos y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas, de los valores universales a los que aspiramos, de las normas constitucionales necesarias para garantizar una existencia digna. De ahí que, solamente cuando éste acepte asumir la memoria histórica de todos los guatemaltecos, será posible el cambio político que necesitamos. El ejemplo más contundente lo da el general Efraín Ríos Montt, señalado tanto por el R E H M I como por la C E H de ser violador de los derechos

31

«Ahora son víctimas. Millones para los ex PAC». En: Prensa Libre, Guatemala, 27

de febrero del 2 0 0 5 : 4 - 5 . 32

C E H (1999:62).

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humanos en Guatemala, quien siendo diputado y jefe del partido más numeroso en ese momento, declaraba en abril del 2000: «Ver atrás, simplemente es ver toda la sangre que quedó ahí; ver atrás es perder a veces el tiempo. El estar abriendo las heridas a cada momento no es estar recordando la historia, sino simplemente manejar emociones que nunca dejarán llegar a una eterna comprensión»33. Bajo el lema de la «reconciliación», la memoria oficializada en Guatemala propugna el olvido, estimula los silencios y fomenta las explicaciones bipolares con el objetivo de no asumir las recomendaciones políticas de la CEH y de mantener el estado de impunidad, así como de evadir las responsabilidades derivadas de los acuerdos ante las Naciones Unidas hacia las víctimas y la sociedad guatemalteca en general. Es evidente que una reconciliación necesita de artificios jurídicos y de un arduo trabajo sobre la memoria, pero deben estar basados sobre un claro intento de veracidad histórica por medio de los instrumentos que tenemos a mano: memoria, documentos escritos y visuales, investigación histórica y forense, instrumental jurídico. Hoy por hoy, no hay posibilidad de auditoría social -siendo un gran número de los programas que la intentan, víctimas de las contradicciones que aquí he planteado— y, sin ella, es imposible crear la democracia en Guatemala, máxime cuando los sucesivos gobernantes llamen a una «reconciliación» que entienden como olvido. Finalmente, hay que señalar que también existe un vehículo poderoso para obtener el olvido y es la relativización de las causas, hechos y consecuencias del conflicto armado interno. Desde el primer momento, ésta sería la actitud del Estado cuando el gobierno del presidente Alvaro Arzú comenzó a presentar un discurso que relativizaba el alcance de las investigaciones y los resultados de la CEH. Es más, la acusaba de parcialidad al señalar que ésta había empezado sus investigaciones sobre la base de un veredicto previo, «con el fin de demostrar lo que de antemano se pretende, es decir, cargar toda la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad del Estado e involucrar en ello a nuestro gobierno»34. Cuando en 1998, la CEH entregó el informe final, el presidente Arzú se negó a recibir personalmente el informe y de inmediato, él y sus principales colaboradores, rechazaron el veredicto que señalaba la existencia de actos de genocidio entre 1981 y 1983. Asimismo, en posteriores declaraciones, el gobierno declaraba que «la interpretación histórica [de la CEH] en torno al 33 34

«Ríos Montt adversa informes CEH y REMHI». En: El Periódico 2000: 6. CEH (1998:175).

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enfrentamiento armado interno constituye un aporte para una tarea que apenas comienza dada la complejidad del tema y su carácter controversial». C o m o señala el analista político, Juan Hernández Pico, de esa manera, el Gobierno rebajaba el Informe a la «categoría de una investigación más y, además discutible o provisional. Naturalmente que toda investigación histórica es, de algún modo provisional y está abierta a correcciones. Sin embargo, el carácter del Informe de la C E H era distinto, puesto que era el resultado de uno de los acuerdos de paz, al que las partes se habían obligado a reconocer y respetar»35. De ahí en adelante, le resultó fácil al Estado no cumplir con las recomendaciones y archivar Memorias del Silencio de la C E H , sobre todo porque pronto financió una contrapropuesta interpretativa por medio del Ministerio de Educación: Historia Sinóptica de Guatemala, abarcando su contenido hasta el año de 1998. Del Informe de la C E H tan sólo tomó, en anexo, el cuadro sinóptico realizado sobre el conflicto armado interno entre 1962 y 1996 3 6 .

CONCLUSIÓN

Hoy por hoy, continúa siendo tarea pendiente la confrontación crítica con el pasado, entre memoria colectiva e historia, a fin de poder asumir el presente y construir un futuro nuevo. Por ello, como conclusión me gustaría retomar algunas de las principales reflexiones de Jean-Pierre Rioux sobre el tema que vengo exponiendo en torno a la relación entre memoria e historia. Este considera que cada vez es más grande la tentación de rebasar la línea divisoria y jugar con la interpretación entre una historia que busca cubrir la dimensión nacional y las memorias colectivas que nutren la identidad de los grupos que las poseen o reinventan, sobre todo cuando las segundas atacan a la primera. Todo ello, a fin de evitar, por una parte, que la historia se convierta en sirvienta de una memoria nacionalista y, por la otra, que la misma esté al servicio de una memoria colectiva esencialista37. En sí, cada vez más, se vuelve un paso obligatorio previo para los historiadores desvelar las memorias colectivas. El estudio de éstas conlleva a aceptar que deben hacer una «orquestación de tiempos polifónicos» para entender a

35 36 37

Pico (2005:169-170). Ministerio de Educación (1999). R i o u x (1999: 341-371).

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cabalidad la evolución histórica de una sociedad, en este caso como la guatemalteca, y darle sentido a su sufrimiento. Como señala Greg Grandin, los académicos y activistas tienen que ser especialmente cautelosos al interpretar los conflictos armados y la violencia en términos simples y dicotómicos para evitar que la historia se convierta en memoria de la represión y en negación de la participación de amplios sectores sociales38. Debemos estudiar las memorias colectivas en sí mismas con el propósito de obtener mayor agudeza y pertinencia en el análisis histórico. El fin sería el de lograr que, en el caso de los conflictos armados, se pueda fijar la trama que los movió y, así, construir un marco de análisis sólido frente a los efectos del patrimonialismo de la memoria o los del negacionismo y el relativismo de ciertos discursos en el seno de los debates políticos o en los análisis de los académicos extranjeros como nacionales. Sin embargo, hay que ser realistas. Las dimensiones histórica y jurídica verán sus posibilidades limitadas, al tiempo de que estarán a la merced de las dinámicas del olvido y a los estira y afloja estatales en materia de resarcimiento, si no se dan reformas políticas efectivas en Guatemala y en cada uno de los países donde se viven realidades post bélicas.

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MEMORIAS, ESPACIO PÚBLICO Y ESTADO: LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA EN ARGENTINA

Vera C a r n o v a l e * Universidad

de Buenos Aires

ABSTRACT

El artículo destaca, en su primera parte, los contextos y sujetos de enunciación de los principales relatos sobre el pasado reciente argentino que, desde fines de la última dictadura militar (1976-1983) hasta la actualidad, han surgido y circulado en el espacio social. E n su segunda parte, el artículo se centra en el c o n j u n t o de tensiones que atraviesan los debates actuales tras la llamada «recuperación de la ESMA» y la decisión gubernamental de construir allí u n M u s e o de la M e m o r i a . El a b o r d a j e de estas tensiones r e c o n o c e f u n d a m e n t a l m e n t e dos dimensiones: aquélla vinculada a la construcción misma del M u s e o (los dilemas en t o r n o a su construcción, a su naturaleza, contenidos y funciones) y aquella otra vinculada a la esfera de lo público, de las relaciones entre Estado y sociedad civil y los v í n c u los entre política e institucionalidad.

•••

* Historiadora. Área de trabajo: historia reciente y memoria. Miembro del equipo de historiadores de la Asociación Memoria Abierta. Miembro del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Núcleo Memoria-IDES. Doctoranda en Historia, Universidad de Buenos Aires.

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Vera Carnovale

La dictadura militar, instaurada en Argentina el 24 de marzo de 1976, implemento u n régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y m o d a lidades no tiene precedentes en la historia nacional. Si bien la cultura política argentina reconoce tradiciones y prácticas de fuerte tenor autoritario y represivo que nos permiten pensar que el régimen implementado entre 1976 y 1983 n o fue algo ajeno a la sociedad argentina sino parte de su trama, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional «no representó una simple diferencia de grado c o n respecto a elementos preexistentes, sino una reorganización de los mismos y la incorporación de otros que dio lugar a nuevas formas de circulación del poder dentro de la sociedad» 1 . Los miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos, exiliados, los centenares de niños usurpados, un lazo social sensiblemente desarticulado, el silenciamiento político y la implementación de un modelo económico regresivo -cuyos efectos inmediatos pueden notarse en los índices de desocupación y endeudamiento— fue el saldo material de u n régimen que hizo del terror la herramienta fundamental de dominación política y disciplinamiento social2. Esta experiencia de la sociedad argentina ha dejado fuertes improntas en su imaginario colectivo, en sus prácticas políticas, sociales y culturales, en las formas de pensar su pasado y de pensarse a sí misma. La cuestión de la m e m o ria social ha sido, paradójicamente, una herencia de la última dictadura militar y se ha implantado como una causa estrechamente asociada a la defensa de los derechos humanos y la demanda de justicia 3 . N o obstante, resulta necesario advertir que la sociedad argentina n o ha construido aún una imagen colectiva de aquel pasado y el espacio de la m e m o r i a de ese período, se revela c o m o particularmente conflictivo y habitado por múltiples sentidos. A c t u a l m e n t e , la política llevada adelante p o r el g o b i e r n o de N é s t o r Kirchner en materia de derechos humanos y memoria del terrorismo estatal —y principalmente aquella vinculada a la construcción de u n M u s e o de la M e m o r i a en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 4 ha contribuido

1

Calveiro (1998:27). Para un estudio sobre la historia de la última dictadura militar argentina ver: Novaro y Palermo (2003). Para un estudio sobre las características y funcionamiento del Estado terrorista ver: Duhalde (1999). 3 Para un estudio sobre el movimiento de derechos humanos y las demandas de justicia, ver Acuña, Gonzales Bombal y Jelín (1995). 4 En el Casino de Oficiales de la ESMA funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. Se estima que entre 1976 y 1983 pasaron por allí alrededor de 5000 personas detenidas-desaparecidas. 2

Memorias, espacio público y Estado

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a reanudar el debate público y a ubicar en el centro de la escena viejas y nuevas tensiones tanto políticas como institucionales. Al mismo tiempo, y quizás más importante aún, ha abierto grandes desafíos para el Estado y para las distintas organizaciones de la sociedad civil. A los fines del presente escrito quisiéramos destacar brevemente, en primer lugar, los contextos y sujetos de enunciación de los principales relatos sobre el pasado reciente que, desde fines de la última dictadura militar y hasta la actualidad, han surgido y circulado en el espacio social. En segundo lugar, abordaremos el conjunto de problemas y tensiones que atraviesan los debates actuales tras la llamada «recuperación de la ESMA».

LA GUERRA SUCIA: «ERRORES Y EXCESOS»

La derrota argentina en la guerra de Malvinas (1982) marca el punto de inicio de la retirada de la dictadura militar. En un contexto de acelerado desprestigio, frente una sociedad civil que parecía «descubrir» con horror las atrocidades cometidas, y ante la inminencia de la asunción de un nuevo gobierno presumiblemente atento a las demandas del movimiento de derechos humanos —entre las cuales aquella referida al «JUICIO Y C A S T I G O A L O S CULPABLES» se revelaba como la más viable— en abril de 1983 las Fuerzas Armadas elaboraron y dieron a conocer un informe, denominado «Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo» que serviría de encuadre argumentativo para la «Ley de Pacificación Nacional» (Ley N° 22.924) —una suerte de auto amnistía encubierta— que se promulgaría en septiembre de ese mismo año 5 . En aquel informe las Fuerzas Armadas declaraban que «quienes figuran en nóminas de desaparecidos [...] a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos» (Diario Clarín, 29-04-1983) 6 . Al mismo tiempo que ofrecían una versión justificatoria de su propio accionar. El pasado reciente se presentaba como una «guerra» de consecuencias dolorosas pero inevitables, en la que, «como en toda guerra», se habían cometido algunos «errores y excesos que pudieron 5 El texto completo de la Ley de Pacificación Nacional (N° 22.924) puede encontrarse en: . Esta ley fue anulada por el gobierno constitucional en diciembre de 1983. 6 El texto completo del Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el Terrorismo (abril de 1983) puede encontrarse en: : «La sombra de Campo de Mayo».

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traspasar los límites de los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia» (Diario Clarín, 2 9 - 0 4 - 1 9 8 3 ) . Estos «errores y excesos» no habían sido, por supuesto, voluntarios sino que habían sido determinados por la naturaleza misma de esa guerra en la que las condiciones las imponía el enemigo, «la naturaleza y características propias de esta forma de ataque sorpresivo, sistemático y permanente, obligaron a adoptar procedimientos inéditos en la guerra afrontada...» (Diario Clarín, 2 9 04-1983). Había sido, en definitiva, una «guerra sucia». N o había habido crímenes ni delito, «nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa» diría en el Juicio a las Juntas (1985) uno de los defensores. Así, la defensa ponía los actos juzgados se situaban por encima de las prescripciones de la ley. En definitiva, era el propio Juicio y la autoridad de las instituciones de derecho lo que estaba siendo impugnado 7 . Esta versión del pasado sustentada públicamente por las Fuerzas Armadas y apoyada por sectores, grupos e individuos de la derecha (y aún por algunos exponentes de la jerarquía eclesiástica) fue categóricamente rechazada por la amplia mayoría de la población que en el clima del «despertar» democrático constataba con indignación la masividad de los crímenes perpetrados por el Estado y se posicionaba con nuevo fervor del lado de la democracia y de la ley.

T E O R Í A DE LOS «DOS DEMONIOS»

La llamada «teoría de los dos demonios» fue —y es— una interpretación del pasado que recogió de alguna manera ciertas representaciones colectivas sobre la violencia política y la represión. Estas representaciones, bastante difundidas desde el período inmediatamente anterior al golpe de Estado de 1976, contenían la imagen de un enfrentamiento entre «dos terrorismos», el de extrema izquierda y el de extrema derecha. Durante el período de la transición democrática, estas representaciones fueron «puestas en escena» a partir de algunos acontecimientos, entre los que nos interesa destacar: el pedido de captura de los líderes de las organizaciones guerrilleras que habían actuado en la década anterior y la conformación y actuación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

7

Para un estudio sobre la llamada «guerra sucia», ver: Andersen ( 2 0 0 0 ) ; Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos (1988); Caiati y Frontalini (1984).

Memorias, espacio público y Estado

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Dentro de las primeras medidas del gobierno electo en octubre de 1983, se e n c u e n t r a n los pedidos de captura de los líderes de las organizaciones guerrilleras y de los integrantes de las tres primeras juntas militares (Decretos N ° 147 y 148, respectivamente). El decreto N ° 147, del 13 de diciembre de 1983, ordenaba el procesamiento de quienes «instauraron formas violentas de acción política con la finalidad de acceder al poder mediante el uso de la fuerza [...] La actividad de esas personas [...] sumió al país y a sus habitantes en la violencia y en la inseguridad [...] la instauración de u n estado de cosas c o m o el descrito [...] sirvió de pretexto para la alteración del orden constitucional por u n sector de las fuerzas armadas que [...] mediante la instauración de u n sistema represivo ilegal, deterioró las condiciones de vida del pueblo [...] La acción represiva antes aludida, si bien permitió suprimir los efectos visibles de la acción violenta y c o n d u j o a la eliminación física de buena parte de los seguidores de la cúpula terrorista y de algunos integrantes de ésta, sin peijuicio de haberse extendido a sectores de la población ajenos a aquella actividad, vino a funcionar c o m o obstáculo para el enjuiciamiento, dentro de los marcos legales, de los máximos responsables del estado de cosas antes resumido [...] C o r r e s p o n d e procurar que sea promovida la persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, cuya presencia perturbó la vida argentina» 8 . U n a vez establecido que la responsabilidad máxima del drama recientem e n t e vivido por el país le correspondía a los grupos armados, el gobierno ordenaba, m e d i a n t e el decreto siguiente, el procesamiento de las cúpulas militares. Estos decretos se hallaban, así, en estrecha correspondencia con las representaciones sociales anteriormente mencionadas. Otra de las medidas tomadas por el gobierno, en diciembre de 1983 fue la conformación de la C O N A D E P . Esta Comisión tenía a su cargo la tarea de investigar y documentar todo lo referido al sistema represivo ilegal, principalmente en relación con el destino de las personas detenidas-desaparecidas. Luego de u n año de trabajo, la C O N A D E P entregó al g o b i e r n o u n informe, llamado Nunca Más, que pronto se convertiría en u n best seller de la época. El prólogo del libro comenzaba diciendo: «Durante la década del '70 la Argentina f u e convulsionada p o r u n terror q u e provenía tanto desde la extrema derecha c o m o de la extrema izquierda...»Y más adelante: «a los deli-

8 La cursiva es nuestra. El texto completo del Decreto N° 147 puede encontrarse en: < www. nuncamas. org>.

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tos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido»9. A mediados de 1984, la presentación en TV de un video titulado «Nunca Más» —y en el cual familiares de detenidos-desaparecidos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención narraban sus experiencias— generó serios debates en el gobierno, particularmente preocupado por las reacciones y presiones de las Fuerzas Armadas. Minutos antes de la presentación, se hizo presente el entonces Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en su discurso advirtió a la población sobre el contenido del video a emitirse estableciendo una versión del pasado en correspondencia con la posición del nuevo gobierno: "Esto que ustedes van a ver es sólo un aspecto del drama de la violencia en Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo» 10 . Se insistía, así, que la Argentina había sido azotada por dos «demonios». Las consecuencias del encarnizado conflicto entre éstos fueron padecidas, en definitiva, por la sociedad en general —una mayoría supuestamente ajena y ausente de esas luchas— y por las «víctimas inocentes» en particular. La llamada «teoría de los dos demonios» fue y es rotundamente impugnada por el movimiento de derechos humanos y los sectores vinculados con la militancia política revolucionaria de los años setenta 11 . Tuvo, sin embargo, una gran circulación y aceptación en importantes sectores sociales. N o es este el espacio para ejercitar un análisis crítico de esta memoria, tan sólo quisiéramos dejar sentada la pregunta sobre su extendida aceptación. En principio, como señaláramos anteriormente, es probable que esta aceptación se deba, justamente, a que recogía ciertas representaciones sociales sobre el pasado reciente. Pero resulta más significativo el hecho de que esta mirada haya permitido la auto exculpación de una sociedad que si hasta ese momento había «mirado a un costado», ahora observaba con asombro, indignación y

9 C O N A D E P (1985: 7). R e s u l t a significativo que las r e e d i c i o n e s posteriores n o hayan introducido cambio alguno. El texto c o m p l e t o del Informe «Nunca Más», puede encontrarse en: < w w w . n u n c a m a s . o r g > . 10 A n t o n i o Tróccoli ( 0 4 - 0 7 - 8 4 ) . Introducción al programa de T V « N u n c a Más»: Archivo M e m o r i a Abierta. 11 Para más i n f o r m a c i ó n sobre las i m p u g n a c i o n e s a la llamada «teoría de los dos demonios» ver: A A W (1986): ¿Hubo dos terrorismos? Buenos Aires: Ediciones R e e n c u e n tro. Este categórico rechazo p u e d e verse también en las distintas intervenciones de los debates e n t o r n o al futuro M u s e o de la M e m o r i a . Ver: < w w w . m e m o r i a a b i e r t a . o r g / Jornadas> «El M u s e o que Queremos».

M e m o r i a s , espacio público y Estado

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morbosidad el desfile de relatos siniestros sobre el horror de los centros clandestinos. En todo caso, en el nuevo clima del «despertar» democrático el objetivo de romper con aquel pasado y cierta voluntad refundacional de la sociedad y de sus tradiciones políticas no favorecían una indagación más atenta a las condiciones que en la propia sociedad hicieron posible la instauración del terrorismo estatal.

«VÍCTIMIZACIÓN-INOCENTIZACIÓN» Y DESPOLITIZACIÓN

Fue en este mismo contexto de ampliaxirculación de la «teoría de los dos demonios» en el que comenzó a cobrar fuerza en el espacio público otra memoria —surgida quizás durante los años de la dictadura— vinculada directamente a los familiares de las personas detenidas-desaparecidas, a los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención (muchos de ellos testigos claves en el Juicio a las Juntas Militares) y al movimiento de derechos humanos en general. En tanto la narrativa construida por esta memoria estaba íntimamente entrelazada con las denuncias de los crímenes y atropellos perpetrados desde el Estado dictatorial, la figura central sobre la que se sustentó fue la del detenido-desaparecido, víctima de vejaciones aberrantes. La configuración resultante está compuesta por violadores de derechos humanos de un lado y víctimas del otro. La dimensión de las conflictividades políticas e ideológicas que precedieron a los crímenes se encuentra omitida, ausente. En este contexto, el Juicio a las Juntas Militares (1985) 12 , en tanto mantuvo como figura central a la «víctima» de la represión estatal independiente-

12 Para el juzgamiento de los delitos cometidos por el Estado terrorista, el gobierno de Alfonsín sancionó la ley 2 3 0 4 9 Teniendo c o m o objetivo la «autodepuración» de las

FFAA, la ley establecía que por los hechos vinculados al terrorismo de Estado (desde el 2 4 de marzo de 1 9 7 6 hasta septiembre de 1 9 8 3 ) las tres primeras juntas militares debían ser juzgadas por el Consejo Supremo de las FFAA. Sin embargo, preveía el control de la Cámara Federal en lo Criminal y C o r r e c c i o n a l que podía avocar las causas (es decir hacerse cargo de ellas) en caso de que no existiera juzgamiento. Eso fue lo que finalmente sucedió: en septiembre de 1 9 8 4 el Consejo Supremo de las F F A A decidió no juzgar a los ex comandantes en tanto entendía que «no había delito» puesto que «los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables». Ante esta decisión, la Cámara de lo Criminal y Correccional de la Capital Federal avocó el Juicio. Este fue llevado adelante entre abril y diciembre de 1985. Para evitar nulidades se implemento el procedimiento de la justicia castrense: de ahí que el juicio fuera oral y público (pro-

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mente de ideologías o compromisos políticos, tuvo un doble efecto. Por un lado, contribuyó a implantar un nuevo relato en el que la ley desplazaba a la «guerra» como núcleo de sentido de lo acontecido. El resguardo de los derechos de los afectados por el terrorismo estatal convertía a las víctimas en representantes y portadores de un objetivo de reconstrucción ética y política de la sociedad. Por otro lado, este nuevo sentido vino a reforzar, de alguna manera, la despolitización del conflicto contenida en esta memoria. Más aún, resulta significativa la explícita sugerencia de la fiscalía a los testigos de evitar todo tipo de mención a sus militancias políticas13. Así, una clara voluntad de instalar en el entramado político-institucional la noción misma de derechos humanos universales —con absoluta independencia de filiaciones ideológicas, acciones, etc.- contribuyó a la despolitización de este discurso14. Una pregunta necesaria apunta a pensar los riesgos posibles de la omisión deliberada de las prácticas políticas de la «víctima» - a ú n suponiendo que aquellas estuvieran directamente ligadas a la actividad guerrillera— cuando se trata de juzgar la violación por parte del Estado de derechos básicos como la vida y la integridad física. En este sentido, podría pensarse que la idea de «víctima inocente» —en clave de época: sin pertenencia orgánica a los grupos armados— viene a avalar implícitamente la tortura, el secuestro, y la desaparición de aquellos «no cedimiento no contemplado en aquel entonces por la justicia civil. Los ex comandantes Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Armando Lambruschini, Roberto Viola, Ornar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo fueron juzgados por delitos establecidos en el Código Penal: privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y robo. El 9 de diciembre de 1985, el juez León Carlos Arslanián leyó el fallo de la Cámara. Resultaron condenados: a cadena perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera; y a 17 años de prisión, Roberto Viola; a 8 Roberto Lambruschini; y a 4 Orlando Agosti. El resto de los acusados fue absuelto. El Juicio a las Juntas puso frente a frente a la sociedad argentina con los inimaginados alcances de una violencia perpetrada desde el Estado pero que de alguna manera involucraba al conjunto de la comunidad. La revelación y verificación de los más atroces crímenes se transformaba, en esos años, en el mayor compromiso con un futuro de convivencia dentro de las reglas de la democracia. Los ex comandantes condenados en el Juicio a las Juntas fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. 13 Al mismo tiempo, una táctica recurrente de la defensa fue descalificar a los testigos interrogándolos sobre su militancia o ideología política. De este modo, los testigos eran presentados como «terroristas» que estaban dispuestos a continuar su lucha en el plano judicial, lo que confirmaba la tesis mayor de la guerra. 14 Para un estudio sobre el Juicio a las Juntas Militares, ver Malamud Goti (2000); Niño (1997); Feld. (2002).

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i n o c e n t e s » ; e s t o es, d e q u i e n e s sí p a r t i c i p a r o n a c t i v a m e n t e d e la a c t i v i d a d guerrillera. O t r a p r e g u n t a p e n d i e n t e es «¿en q u é m e d i d a la j u d i c i a l i z a c i ó n d e u n c o n f l i c t o i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e su d e s p o l i t i z a c i ó n , o sea, u n e n c u a d r e n a r r a t i v o p l a n t e a d o e n clave p e n a l antes q u e política?» 1 5 . H a s t a m e d i a r la d é c a d a d e 1 9 9 0 , en u n c o n t e x t o signado p o r la s u c e s i ó n d e leyes y d e c r e t o s t e n d e n t e s a garantizar la i m p u n i d a d d e los represores 1 6 , el silencio e n t o r n o a los c o m p r o m i s o s políticos —y más p r e c i s a m e n t e la p e r t e n e n c i a a las o r g a n i z a c i o n e s q u e h a b í a n p l a n t e a d o la l u c h a a r m a d a

como

m é t o d o p a r a la c o n q u i s t a del p o d e r — p a r e c í a d o m i n a r e i m p o n e r s e e n las m e m o r i a s emanadas desde el c a m p o p o l í t i c o progresista 1 7 , a e x c e p c i ó n d e las

Jelin (2002: 73). C o n este nombre se conocen las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida». La Ley de «Punto Final» (Ley 23492) fue sancionada por el Congreso de la Nación el 23 de diciembre de 1986. En su artículo 1 establecía que: «Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos [...] que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley». Así, se establecía un plazo definitivo para la presentación de denuncias de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar y la consecuente apertura de causas judiciales. La Ley de «Obediencia Debida» (Ley N° 23521) fue sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de junio de 1987. En su artículo I o establecía que: «se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos [...] por haber obrado en virtud de obediencia debida». Así, esta ley impedía la posibilidad de juzgar y condenar a los cuadros de rango, intermedios y bajos de las fuerzas represivas estableciendo que en tanto «cumplían órdenes» sus actos no eran punibles. Los textos completos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida pueden encontrarse en: www.infoleg.mecon.gov.ar. 15

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Finalmente, los Indultos presidenciales de 1990 y 1991, completaron el circuito de la impunidad. Estos decretos dejaron en libertad a los jerarcas de las Juntas Militares que aún cumplían condena. Por lo demás los indultos reforzaban la idea de «los dos demonios» en tanto alcanzaban también a antiguos miembros de las organizaciones armadas cuya captura había sido decretada por el gobierno anterior. Los decretos de indultos presidenciales pueden encontrarse en: www.nuncamas.org. 17 U n claro ejemplo de «victimización-inocentización» lo constituye la llamada «noche de los lápices». Esta se refiere al secuestro y desaparición de un grupo de adolescentes en septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata. «La noche de los lápices» -bautizada así por los propios represores- se erigió en la memoria colectiva c o m o un caso emblemático del terrorismo estatal. La primera narrativa pública de este acontecimiento apareció en 1984 en un libro titulado La noche de los lápices (Seoane, M . y R u i z Núñez, H, 1986) y pronto se llevó a la pantalla grande con el mismo nombre. Allí se explicaba

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declaraciones provenientes de la portavoz de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, declaraciones que, de cualquier manera, parecían encontrar por aquellos años un escenario social muy poco permeable.

L A «REPOLITIZACIÓN» DE LA M E M O R I A

A mediados de la década de 1990, las temáticas vinculadas al movimiento de derechos humanos y a «los años setenta» cobraron un nuevo impulso y tenor. Este fenómeno estuvo vinculado con algunos acontecimientos de los años 1995 y 1996. El primero de ellos fue la confesión pública y televisada de un ex marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, quien relataba su participación en los llamados «vuelos de la muerte», en los que se arrojaban al R í o de la Plata o al mar, detenidos-desaparecidos con vida. Si bien ésta no era una información novedosa 1 8 , escucharlo de la propia boca de un represor causó un fortísimo impacto en la opinión pública instalando nuevamente en el centro del debate político el tema de la represión ilegal durante los años de la última dictadura militar. C o m o consecuencia de ello, hacia finales de ese mismo año, el entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Martín Balza, realizó por vez primera una autocrítica pública de la actuación de aquéllas durante los años del «Proceso». En 1996 hizo su aparición pública la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), que nucleaba a hijos de detenidos-desaparecidos, asesinados, exilados y presos políticos. El surgimiento de H I J O S contribuyó sensiblemente a reavivar el debate político puesto que su discurso no solamente incorporaba explícitamente el tema de las filiaciones político-ideológicas de sus padres sino que además proponía

que aquello que había convertido en blanco de la represión a los adolescentes secuestrados fue su «lucha por el boleto estudiantil secundario». Esta primera narrativa tergiversaba e infantilizaba el tipo de militancias y prácticas políticas de los j ó v e n e s detenidos-desaparecidos en esa oportunidad. Fue, sin embargo, una versión s u m a m e n t e extendida y aceptada en distintos sectores y espacios sociales. Para un análisis específico sobre esta temática, ver: Lorenz (2004). T a n t o en las denuncias hechas p o r sobrevivientes de centros clandestinos de detención ante organismos internaciones de derechos humanos c o m o en el Informe de la C O N A D E P (1984) aparecían registrados testimonios referidos a los «vuelos de la muerte». Para un estudio sobre «los vuelos de la muerte» verVerbitsky (1995). 18

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«reivindicar su espíritu de lucha». Al mismo tiempo, en materia de prácticas de memoria, HIJOS impuso una nueva modalidad de intervención pública: los «escarches» a represores19. Ese mismo año, se conmemoraba el vigésimo aniversario del golpe de Estado y en aquella oportunidad, la convocatoria del acto no quedó exclusivamente en manos de los organismos de derechos humanos sino que incluyó la participación de otras organizaciones sociales como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 20 . En la «Declaración Popular» leída en el acto —acordada previamente entre las organizaciones convocantes— se proponía entender la situación presente de los argentinos como una consecuencia de la política instaurada por la última dictadura militar; al tiempo que el «horror» era puesto en contexto histórico-político: «el 24 de marzo de 1976 se instauró la más feroz dictadura de la historia argentina, que implantó el terrorismo de Estado. Con su política antinacional, antipopular y proimperialista, consolidó las bases del modelo de exclusión actual [...] A fin de evitar la capacidad de regeneración del movimiento popular se hizo desaparecer, se recluyó en centros clandestinos de detención, se torturó, se puso en prisión y se asesinó a decenas de miles de argentinos...»21. Era la primera vez en que en un evento público conmemorativo del 24 de marzo se hacía referencia a las razones de orden político de la matanza perpetrada desde el poder. Entretanto (y hasta la fecha), la temática de la militancia de «los años setenta» —y ya no aquella vinculada exclusivamente a las prácticas represivas del terrorismo estatal— comenzó a adquirir un lugar cada vez más relevante en las producciones bibliográficas y cinematográficas. En ellas, el carácter testimonial ocupó, sin duda, un lugar privilegiado y las voces y las memorias de los antiguos militantes de las principales organizaciones políticas de la época conformaron el núcleo dinámico de esta nueva memoria. Estos relatos no constituyen únicamente una importante cantera de información, también dan cuenta, con diferentes niveles de explicitación, de las conflictividades del 19

El «escrache» (palabra que proviene del lunfardo y significa marcar, poner en evidencia) es una práctica de denuncia y condena social. Consiste en identificar a un represor, averiguar y recopilar sus antecedentes y realizar frente a su domicilio o su lugar de trabajo una concentración denunciando ante el barrio y los transeúntes los crímenes perpetrados por el «escrachado». 20 Central sindical disidente. 21 Citado por, Lorenz (2003: 88-89).

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orden de lo político, lo ideológico y lo ético, presentes tanto en aquella experiencia como en las miradas retrospectivas que intentan pensarla22.

LAS DEUDAS DE LA M E M O R I A

Las transformaciones operadas por el ciclo democrático en las formas de apropiación del pasado reconocen superposiciones de sentidos y relatos formadores, de duración y temporalidades. En esta perspectiva, los conflictos no son simples oposiciones de memorias diversas sino que son inherentes al trabajo mismo de la memoria. Se trata de la memoria sobre una etapa que colocó a la sociedad argentina en un límite extremo dada la transgresión de principios éticos que fundamentan la existencia y preservación de una comunidad. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué recordar? O, más aún ¿qué legar a las jóvenes generaciones? La sociedad aún no ha logrado construir una imagen colectiva de ese pasado. Quizás, porque aún hay silencios, omisiones y olvidos que obturan la posibilidad de significación de esa experiencia que muchos consideran como de «catástrofe social». Entendemos que estos silencios y olvidos reconocen fundamentalmente dos direcciones que resulta necesario explorar. Por una parte, interpelando a la sociedad en su conjunto, uno de esos caminos nos conduce a la dimensión de las responsabilidades colectivas en la instalación y funcionamiento del aparato terrorista: «en principio, moralmente, una sociedad debería hacerse responsable no sólo por lo que activamente promueve y apoya sino incluso por aquello que es incapaz de evitar.Y en este sentido hay que recordar que la dictadura no fue impuesta por una fuerza de ocupación extranjera ni fue completamente ajena a tradiciones, acciones y representaciones de la lucha política que estaban presentes en la sociedad»23. Se trata de pensar diferentes dimensiones y momentos de la responsabilidad colectiva. Está aquélla que remite al pedido de «orden» más o menos explícito de importantes sectores de la sociedad civil durante los últi22

La literatura y cinematografía centrada en los testimonios y memorias de antiguos militantes es muy numerosa y alcanzó distintos niveles de circulación social. Ver, por ejemplo, Anguita y Caparros (1997-1998); Bonasso (2000); Diana (1996); Gorbato (1999). En cuanto a la producción cinematográfica, ver Blaustein David (1996): Cazadores de utopías; D i Telia, A n d r é s (1994): Montoneros, una historia; Habegger, Andrés (h) Historias cotidianas. 23

Vezzetti (1999).

(2001):

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mos meses de la presidencia de Isabel Perón; está aquella contenida en el triste fenómeno del «por algo será»24, «no te metas» durante los años del terror; y está aquella otra que nos obliga a sincerarnos frente a nuestra propia cultura política, frente al lugar y el significado que la violencia, la intolerancia y el mesianismo ocupan en las tradiciones ideológicas que la comunidad política argentina abrazó a lo largo de su historia25. Por otra parte, y en inseparable vínculo con lo anterior, resulta indispensable volverse sobre los valores ético-políticos que a través de diversas prácticas signaron la movilización político-social de fines de la década del 1960 y comienzos de la de 1970. N o debe olvidarse que una buena parte de la sociedad había acompañado con cierta conformidad pasiva el vuelco de la política hacia un escenario de violencia que despreciaba tanto las formas institucionales de la democracia parlamentaria como las garantías del estado de derecho. Tampoco contribuye el gesto de desterrar hacia los confines de lo íntimo la reflexión sobre las formas en que los miembros —y aún los simpatizantes— de las organizaciones revolucionarias pensaron —y ejercieron— la violencia política. A la hora de repensar la ética sobre la que descansaron los anhelos emancipatorios no resulta menor advertir que la naturalización de la violencia estuvo acompañada por una exaltación de las formas bélicas que empalmaba, a su vez, con una concepción de la política atravesada por la intolerancia y sustentada sobre el paradigma «amigo-enemigo»26. Los olvidos, las omisiones, los pudores, los temores ante los posibles efectos de cada intervención sólo han permitido, hasta ahora, la construcción de memorias centradas en las bondades imaginarias de una sociedad poco dispuesta a re-conocerse como parte del horror o en relatos glorificadores de militancias y militantes, relatos que han aprendido a conjugar las figuras del héroe bélico y la de la víctima martirizada. Una pregunta insistente —¿Cómo fue posible?- la falta de respuestas consensuadas, viene a advertir sobre la debilidad de largo plazo, de cualquier memoria 24

Expresión nacida durante la dictadura militar. Se utilizaba para aludir, sin explicitarlas, a las razones por las cuales una persona era desaparecida, justificando implícitamente la desaparición. Otra fórmula similar era «en algo andaría», refiriéndose a una supuesta culpabilidad de la persona desaparecida por su pertenencia a los grupos armados. 25 Para un análisis sobre la memoria social en Argentina y las responsabilidades colectivas en la instalación y funcionamiento del terrorismo de Estado, verVezzetti (2002). 26 Para un análisis sobre las concepciones y prácticas políticas de los grupos armados, ver: Altamirano (1996); Anzorena (1988); Feinmann (1998); Gillespie (1982); Ollier (1998); Prieto (2000);Tarcus (1998).

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que n o insista en un ejercicio reflexivo inclusor de las dimensiones éticas, políticas e ideológicas del conflicto que precedió a la instalación del terror. Toda m e m o r i a implica una narración y toda narración conlleva u n sentido que hace a la permanente reconstrucción del lazo social, a la p e r m a n e n cia en tiempo y espacio de una comunidad. Actualmente se i m p o n e c o n la fuerza de las oportunidades históricas un debate que, de cara al futuro, tenga c o m o fin la difícil tarea de poner en claro la matriz cultural de las herencias político-ideológicas que pesan sobre n o s otros y determinar qué parte de aquellas tradiciones que e n el pasado constituyeron u n funesto fundamento de motivaciones sigue vigente hoy y requiere revisión.

LA «RECUPERACIÓN» DE LA E S M A Y LA CONSTRUCCIÓN DEL M U S E O DE LA MEMORIA

La Escuela de M e c á n i c a de la Armada (ESMA) o c u p a u n predio de 17 hectáreas y consta de 3 4 edificios. El predio fue cedido por el g o b i e r n o a la Marina a c o m i e n z o s del siglo XX para que ésta estableciera allí sus instituciones de formación. Actualmente es, sin lugar a dudas, u n s í m b o l o e m b l e m á t i c o de la represión ilegal y el terrorismo de Estado 2 7 . Ubicada en la zona norte de la Capi-

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Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de relatos públicos de sobrevivientes del centro clandestino que allí funcionó. La particularidad de estos relatos es que dan cuenta de la modalidad específica que allí asumió la represión estatal. Esta modalidad se vincula con el llamado «proceso de recuperación». Fue éste un proyecto llevado adelante fundamentalmente por la Marina —y en algunos casos por el Ejército- desde comienzos de 1977. Consistía en aprovechar las capacidades, los conocimientos y la formación política y cultural de algunos militantes de Montoneros para los objetivos políticos de Massera orientados a construir y consolidar su liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, proyectándose así como referente y líder en la política nacional. Se trataba de «convencer» a los militantes detenidos, de lo «errado» de sus acciones y sus posicionamientos políticos e «integrarlos», mediante tareas específicas que les eran impuestas, al proyecto masserista. Aquellas personas secuestradas en la ESMA que entraban en el «proceso de recuperación» iban mejorando gradualmente sus condiciones de reclusión en la medida en que demostraban una modificación de las conductas militantes (según el parámetro y el concepto de los represores) y un aporte en términos de trabajo o producción intelectual. La incorporación a este proceso no obedecía a criterios objetivos. Representaba mayor probabilidad —de ningún modo una garantía— de supervivencia. Un porcentaje muy bajo de

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tal Federal, funcionó allí, en el edificio del Casino de Oficiales, uno de los mayores centros clandestinos de detención del Estado terrorista. Se calcula que entre 1976 y 1983, pasaron por allí alrededor de 5000 personas detenidas-desaparecidas. Entre 200 y 300, lograron sobrevivir. La ESMA fue centro de tortura y exterminio y también, de partos encadenados y cientos de niños nacidos en cautiverio y robados a sus padres. Lugar de memoria, condensadora de sentidos, la ESMA fue y es objeto de disputas tanto a nivel de las diversas gestiones de gobierno como en el espacio más general de la memoria social. Al promediar la década de 1990, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una querella judicial contra el Gobierno Nacional con el objetivo de que el predio de la ESMA fuera reconocido como territorio de la ciudad. En enero de 1998, el entonces presidente Menem, firmó un decreto que disponía el traslado de las instalaciones de la ESMA, la demolición de los edificios y el destino del lugar como espacio verde donde se emplazaría un símbolo de la «unión nacional». Las organizaciones de derechos humanos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para que anulara los efectos del decreto. El recurso de amparo dio resultado positivo: en octubre de ese mismo año, un juez federal, dispuso la medida requerida. En febrero de 2001 la Corte Suprema de Justicia ratificó la inconstitucionalidad del decreto de Menem. En diciembre de ese mismo año, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sancionó la creación del Instituto Espacio para la Memoria, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad pero autárquico. Su Comisión Directiva está conformada por representantes del Gobierno de la Ciudad y su Legislatura, por representantes de las diversas organizaciones de derechos humanos y por personalidades públicas que cumplen ciertos requisitos estipulados por ley. El Instituto tiene asignada diversas funciones vinculadas a la «reconstrucción y conservación» de la memoria, entre ellos la recuperación de los centros clandestinos que funcionaron en la ciudad, la promoción de proyectos educativos y del debate público sobre temáticas de memoria. Al mismo tiempo, la ley le asigna como sede instituida la ESMA; esto quiere decir que el Instituto deberá tener un espacio en el predio 28 . las personas que se encontraban detenidas-desaparecidas fueron escogidas por los marinos para «ingresar al plan de recuperación». La literatura testimonial de mayor circulación sobre la experiencia es: Bonasso (1984); Actis, Aldini, Gardella, Lewin.Tokar, (2001). 28 Para más información sobre el Instituto Espacio para la Memoria, ver: .

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En febrero de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner anunció públicamente la decisión de destinar el predio ocupado por la ESMA a un Museo de la Memoria. El 24 de marzo de 2004, en un acto realizado en la ESMA y cargado de un enorme peso simbólico y emotivo (y de no menos controversiales repercusiones) el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio a través del cual acordaron el desalojo de la ESMA por parte de la Marina y el futuro emplazamiento allí de un Museo de la Memoria y de promoción de los Derechos Humanos 29 . Esta medida (conjuntamente con otras decisiones en materia de memoria y derechos humanos, entre las que sobresalen la declaración de nulidad por parte del Congreso Nacional de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) ha dado una nueva dimensión a los debates y tensiones, ha contribuido a plantear la cuestión en términos de una política pública de largo plazo y, sobre todo, ha planteado nuevos y grandes desafíos tanto para el Estado como para los distintos grupos de la sociedad civil y la comunidad política en general. Se trata de un debate de múltiples aristas, que atraviesa varias problemáticas y para el que no funcionan aún, de modo estable, espacios que reúnan las diferentes voces. Muchas son las preguntas, las discusiones, propuestas e implicancias en juego. Podríamos decir, tan sólo con fines ilustrativos, que existen fundamentalmente dos dimensiones del problema, íntimamente relacionadas: aquélla vinculada a la construcción misma del Museo y aquella vinculada a la esfera de lo público-político, a las relaciones entre Estado y sociedad civil, a los vínculos entre política e institucionalidad. En primer lugar, entonces, la mirada puede centrarse en el conjunto de dilemas y decisiones en torno a la construcción del Museo, a su naturaleza, contenidos y funciones. ¿De quién es el Museo de la Memoria? ¿Qué historia contar en un Museo de la Memoria? ¿Desde qué consenso se impulsará la reunión de memorias disímiles que puedan sostener un relato? ¿Cuál será el guión que sustente lo que allí se exponga o represente? ¿Quiénes serán los actores intervinientes? ¿Cuáles serán sus roles y preeminencias? Un espacio/museo sobre el terrorismo de Estado debe representar y transmitir qué fue, en qué consistió, cómo se gestó ese fenómeno. Si, además, 29

El texto completo del convenio puede encontrarse en: .

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el museo está ubicado en la ESMA, cumple de hecho una función testimonial intransferible: la ESMA en sí misma, representa incontrastablemente el gran crimen 3 0 . Este es el punto de máximo consenso para empezar a pensar el Museo. A partir de aquí, y sobre la base del necesario y prolongado debate exigido por la multiplicidad de visiones e n j u e g o se esbozan distintas propuestas.Varias de ellas plantean la alternativa de separar en mayor o menor medida el rol «testimonial» del sitio histórico (el Casino de Oficiales, donde funcionó el centro clandestino de detención) del rol «explicativo/interpretativo» del terrorismo de Estado (para el cual se destinaría otro lugar localizado en otro espacio u edificio dentro mismo del predio). Esta postura propone contar con un espacio complementario en donde se privilegie una narrativa explicativa e interpretativa del terrorismo de Estado. Se propone diferenciar, así, el «sitio histórico ESMA-Casino de Oficiales» del lugar «Museo del terrorismo de Estado». El primero tendría una función más bien informativa, representativa y testimonial de lo allí ocurrido; en tanto el segundo estaría orientado a la interpretación y a la narración de lo ocurrido (e incluiría, necesariamente, el abordaje del período anterior a la instalación del terror estatal, es decir «la experiencia setentista»). Otra postura sostiene que el Museo debiera representar con rigor el «crimen de lesa humanidad», prescindiendo de las explicaciones, causalidades y / o cualquier tipo de intervención que relativice (en sus intenciones o en sus posibles efectos) lo acontecido. Desde esta mirada, no se necesita polemizar nada, sino mostrar la naturaleza del dispositivo criminal. Esa sería la más efectiva «barrera a la negación del horror». En una línea cercana a ésta se ha planteado que el predio en su totalidad no deberá tener otro destino ni función que el de ser testimonio del terrorismo de Estado en su calidad de centro clandestino de detención. Se considera que no debe funcionar en ese predio ninguna institución estatal ni privada, ni emprenderse allí ninguna actividad educativa —aunque se trate de prácticas vinculadas a los derechos humanos— al entenderse que el movimiento que supondrían vaciaría de contenido el espacio. Esta propuesta plantea la reconstrucción de todo el predio y sus instalaciones como cuando f u n cionaba como centro clandestino. Finalmente, el aspecto quizás más complejo del debate gira en torno a quién o quiénes construirán los relatos y cuáles serán los sentidos y valores 30

Pastoriza (2004).

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contenidos en la trama narrativa. Este último aspecto se revela particularm e n t e conflictivo a la hora de construir u n relato consensuado. Por plantear tan sólo una pregunta recurrente: ¿estarán incluidos también los hechos de sangre perpetrados p o r los grupos armados insurgentes? E n caso de estarlo ¿cómo se hará referencias a ellos? ¿Se hablará de «ejecuciones», de «asesinatos políticos», de «ajusticiamientos»? ¿Qué lugar ocuparán esas muertes en el discurso más general del museo? 31 A ú n dentro del amplio y h e t e r o g é n e o sector constituido p o r antiguos militantes de la izquierda revolucionaria setentista n o parece haber acuerdos estables. Son muchas las subjetividades en conflicto y, c o m o señaláramos a n t e r i o r m e n t e , las miradas retrospectivas dan lugar a balances diversos. En algunos casos se propone una reivindicación «sin peros» de las voluntades y las prácticas revolucionarias y el «homenaje» a una generación «que dio la vida». En otros, surge la crítica profunda y la impugnación: «fui una militante de esos años y sé q u e n o sólo tuve sueños humanitarios y generosos sino autoritarios y violentos; sé q u e la idea misma de derechos humanos m e era completamente ajena» 32 . Entre una y otra, se erigen los matices, los temores, pesares y nostalgias. Es esperable: el relato aborda, en definitiva, una experiencia que contuvo el sentido de la vida y el sentido de la muerte para gran parte de una generación. Ahora bien, si aprobamos la idea de una narrativa que incluya la multiplicidad de voces de los distintos actores políticos (como parecen promulgar quienes participan del debate) ¿qué quiere decir esto exactamente cuando algunas de aquellas voces se revelan contradictorias y aún excluyentes entre sí? Los relatos de quienes impugnan la acción política, la ideología, las voluntades transformadoras y las prácticas de las organizaciones que protagonizaron la movilización política y social de la década de 1970 ¿tendrán allí su lugar? Y aun alcanzando un imaginado consenso acerca de lo que allí se narre ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los niveles de literalidad y representación de lo allí acontecido que j u z g a m o s necesario, viable, admisible? ¿Cuáles son los grados y tipos de sensibilidad que permitan la transmisión de esta experiencia extrema y la apropiación de u n legado?

31

Muchas de estas preguntas atraviesan debates desplegados en espacios más o menos informales (reuniones de organismos de derechos humanos, declaraciones periodísticas, jornadas de discusión, etc.) que no cuentan aún con publicaciones sistemáticas. 32 Sarlo (2004).

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La segunda dimensión de los debates, tensiones y desafíos reactivados y/o desatados a partir de la recuperación de la ESMA, se vincula con la dinámica de la esfera público-política. Abordemos, en principio, los problemas referidos a la relación entre Estado y sociedad civil. ¿Cuál será o cuál debe ser el rol del Estado frente a las diversas memorias y demandas de los distintos grupos e individuos de la sociedad civil? ¿Sobre qué legitimidad debe basar su accionar? ¿Cuáles son los riesgos, los alcances y las implicancias del accionar del Estado? El Museo abre y debe abrir un debate político. Está claro que necesariamente hay y habrá conflictos de memoria; pero en todo caso los alcances y los límites de lo que puede y debe ser debatido, la significación, los objetivos, los relatos que lo organicen, deberían ser pensados a partir del marco de consensos y diferencias constitutivos de una comunidad democrática. Como declaración de principios esto último puede parecer incuestionable y, sin embargo, nos obligaría a nuevas definiciones teóricas acerca de cuáles serían los límites inclusivos y excluyentes de esa «comunidad democrática» en el contexto histórico argentino actual. En principio, resulta claro para todos que en tanto la construcción y la consolidación de un vínculo democrático y un marco institucional sustentado en la legalidad y la defensa de derechos ha sido el objetivo y el marco de expansión de la memoria social, toda demanda reivindicativa de los crímenes y la impunidad queda necesariamente excluida. Del mismo modo, es incuestionable que los organismos de derechos humanos, protagonistas indiscutidos de las prácticas e iniciativas de memoria durante los últimos treinta años, constituyan un actor fundamental —y quizás privilegiado— de la nueva empresa. Sin embargo, estos acuerdos básicos no alcanzan a oscurecer tensiones más complejas. Una corriente de opinión bastante extendida en ciertos sectores de una izquierda en pleno debate, afirma que si bien es cierto que una intervención sobre la memoria social no puede prescindir de quienes han sido los sujetos destacados del trabajo de rescate y reparación del pasado (es decir, los organismos de derechos humanos y los «afectados directos»), la insistencia en el protagonismo de estos organismos y quienes sufrieron allí cautiverio puede constituirse en un límite para el objetivo de una «memoria ampliada», capaz de superar la visión de grupos o sectores, por muy representativos que sean. Desde esta perspectiva, se hace hincapié en que no le corresponde a los organismos definir políticas de Estado ni construir los consensos (dado que representan a un sector de la sociedad). N o es un problema de los organismos traducir otras demandas, por ejemplo, de los sectores de las Fuerzas

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Armadas que pretendan cortar lazos con aquel pasado y subordinarse al imperio de la ley y el derecho. Tampoco deben hacerse eco de las memorias de quienes sufrieron las prácticas bélicas de los grupos armados de la izquierda. Pero esas demandas de memoria afloran, y seguramente van a crecer. Y, justamente porque se sitúan en el límite de lo que el discurso y la acción del movimiento de derechos humanos han sido capaces de construir, es que aquellas demandas requieren de la acción mediadora del Estado. Desde esta perspectiva, la promesa más importante que el Estado puede formular es una política de largo plazo, que canalice, a partir de compromisos y principios propios de la consolidación de una comunidad democrática, las distintas demandas de la sociedad. Esa es una diferencia central con las organizaciones de la sociedad civil, con las representaciones sectoriales y los individuos, con el espacio de la esfera pública donde las diferentes memorias y narraciones confrontan y pugnan por la atribución de un sentido al pasado. D e este modo, el desafío de una política pública de la memoria sobre el terrorismo de Estado implica la necesidad de pensar el espacio hacia el futuro como un lugar convocante para toda la sociedad 33 . Desde otra perspectiva, también emanada de la izquierda, la memoria del terrorismo de Estado (y la constelación de sentidos y valores que ésta implica tanto en su temporalidad de pasado como aquélla vinculada al horizonte de expectativas hacia el futuro) conlleva preguntas y tareas nada menudas, tanto para el Estado c o m o para la comunidad política en general (y por supuesto para la redefinición de las relaciones entre uno y otra). En primer lugar, como señalábamos anteriormente, están aquellas vinculadas con nuestra propia cultura política; con los valores, principios y prácticas que en vista a las urgencias del presente y a las expectativas futuras queremos apropiarnos del pasado y reformular.Y no se trata aquí solamente de repensar los principios éticos y políticos heredados de la experiencia setentista, sino también aquellos heredados del período de la transición democrática, en el que se erigió con pretensión de exclusividad el paradigma de una democracia «sin adjetivos» que dejó poco lugar a las voluntades de transformación social, a la pregunta por el poder. En segundo lugar, están aquellas cuestiones estrictamente vinculadas a las redefiniciones sobre las características y roles del Estado argentino. Se ha comenzado a reclamar, así, la necesidad de volver a pensar las propias funciones que al Estado se le atribuyen. ¿Con qué otras políticas de largo plazo 33

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deberá acompañar este ejercicio de memoria? ¿Cómo compatibilizará, los tiempos de la memoria social con los tiempos políticos e institucionales? Es cierto que existe una explícita demanda de Estado en materia de justicia y legislación, pero ¿por qué ha de ser el Estado el depositario, gestor y garante último de la empresa de construcción de la memoria social? ¿Por qué resulta tan claro que es el Estado el responsable de la creación de consensos? ¿Qué lugar deja esta pretensión a las distintas asociaciones de la sociedad civil? Desde esta perspectiva, resulta indispensable volverse sobre las características propias del Estado argentino. N o es un dato menor, que se trata de un Estado signado por una larga historia de políticas de corto plazo, que no ha sabido construir institucionalidades duraderas, ni ha aportado demasiado a la construcción de nociones de «lo público». Se trata de un Estado que durante la mayor parte del siglo XX bailó al compás de las pujas de las facciones del poder. U n Estado que también bajo ese mismo ritmo avasalló, en reiteradas oportunidades, los espacios, derechos y atribuciones de la sociedad civil. En otras, delegó en ella sus propias responsabilidades 34 . ¿Cuáles son las continuidades y cuáles las rupturas entre el Estado terrorista de la última dictadura militar y el que llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas? ¿Cuáles entre aquél que garantizó la impunidad de los crímenes durante las dos últimas décadas y el que implemento la política de reparaciones económicas durante la década de 1990 o el que hace apenas un año declaró la nulidad de las leyes de impunidad? Sin ir más lejos, es definitivamente cierto que se trata de un Estado que aún no ha logrado garantizar el juzgamiento efectivo de los criminales y, por tanto, de ejercer justicia. Más aún, es un Estado que no logra disciplinar a sus propias fuerzas de seguridad que sistemáticamente violan los derechos humanos básicos cuando de la represión del m u n d o de la pobreza y de la delincuencia c o m ú n se trata. Resulta difícil negar que este Estado no ha logrado aún consolidar su propia democratización interna y que en su propio accionar parece no terminar de consolidar nunca la institucionalidad republicana que proclama. Todos estos conflictos y tensiones —hasta ahora, en cierta medida, latentes— comenzaron a manifestarse más abiertamente en el espacio del debate más o menos público. Una mirada más atenta puede encontrarlas tanto en ciertas controversias en torno a algunos acontecimientos puntuales como en aspectos más generales de la acción del Estado y de los organismos de derechos humanos. 34

Sobre este tema en particular, ver Cavarozzi (1997); García (1995); Halperín Donghi (1994); Nun y Portantiero (1987); Oszlak (1984); Oszlak (1990).

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Los problemas se entrecruzan involucrando el comportamiento de la dinámica política, atravesando todo el espectro político, social e institucional y ofreciendo una imagen por momentos bastante confusa, cuando no contradictoria. Tomemos dos acontecimientos recientes, tan sólo con el fin de ilustrar la forma en que estas tensiones se manifiestan y operan en el entramado de la toma de decisiones y los posicionamientos. Uno de ellos, se refiere a las características que asumió el acto del 24 de marzo en la ESMA en el que se firmó el convenio que mencionáramos anteriormente. El otro, se refiere a un conflicto que duró varios meses: el del desalojo de las instituciones educativas de la Marina localizadas en el predio de la ESMA. Ambos hechos ponen de manifiesto las tensiones entre voluntades políticas y política pública tanto en el interior mismo del Estado como del movimiento de derechos humanos. El acto del 24 de marzo fue, sin dudas, un acontecimiento histórico cargado de un alto valor simbólico y emotivo 35 . N o se conmemoraba únicamente la fecha del golpe de Estado: mucho más importante aún, se oficializaba, mediante el convenio firmado, la recuperación de un lugar que había funcionado como escenario de la criminalidad estatal y que ahora se destinaba a la construcción de un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Esto último —la construcción de un museo— constituye una demanda de muchísimos años de las organizaciones de derechos humanos. El acto fue multitudinario y miles de ciudadanos, entre ellos familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes de ese centro clandestino de detención (y de otros), con un claro sentimiento de apropiación del lugar, entraron y recorrieron el predio y el edificio del Casino de Oficiales. Fue una jornada emotiva y, también, festiva y exultante. Los organismos de derechos humanos ocuparon un lugar destacado tanto en la organización y convocatoria del acto como en el tono que finalmente éste adquirió. Los discursos principales quedaron a cargo de dos jóvenes, hijos de detenidos-desaparecidos y nacidos en la ESMA durante el cautiverio de sus madres, y del presidente Kirchner. El acto tuvo una gran repercusión en la opinión pública y las más variadas voces se dejaron oír haciendo su propia evaluación36. Nos interesa destacar aquí, particularmente, las controversias surgidas alrededor del discurso del presidente y las implicancias y posicionamientos en él contenidos.

35

Para una historia sobre las conmemoraciones del 24 de marzo, ver: Lorenz (2003). Estas evaluaciones pueden seguirse a través de la prensa. Para una mirada abarcativa, ver las ediciones de los días 2 3 , 2 4 y 25 de marzo de los diarios Página 12, Clarín y La Nación. 36

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En su discurso, Kirchner, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares: «vengo a pedir perdón en nombre del Estado». Se refirió al fin de la era de la impunidad y al inicio de una nueva etapa signada por la acción de la justicia y la voluntad de memoria. R e c o r d ó que bajo su propio impulso se había declarado recientemente la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín), al tiempo que no hizo referencia alguna a un acontecimiento tan emblemático e importante para la institucionalidad argentina como el Juicio a las Juntas (1985). Finalmente, su discurso giró en torno a la reivindicación de su generación (entendida ésta en términos políticos), m e n c i o n ó su propia experiencia c o m o prisionero y leyó un poema de una antigua compañera suya de militancia, detenida-desaparecida. El discurso fue fervorosamente aplaudido en el acto, lo cual resulta muy poco sorprendente teniendo en cuenta el público allí reunido. Pero fuera del acto, pronto se alzaron algunas voces de alerta e impugnación. Los cuestionamientos se concentraron en el propio posicionamiento del presidente que parecía haber intervenido menos en nombre del Estado y sus instituciones que en el de su propia gestión (cuando no en el de su propia persona) 37 . Al reivindicar la experiencia de su propia generación, la del '70, se ubicó más como individuo político que como jefe de Estado que se dirige a la comunidad toda. Al omitir mencionar la acción de la justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), resaltó su voluntad de diferenciación de otros presidentes. Es probable que con el correr del tiempo, sobreviva más la imagen de un presidente pidiendo perdón en nombre del Estado que la de un presidente olvidando que otro gobierno actuó también en pos de la justicia. De cualquier manera, no deja de ser un olvido grave. Efectivamente, se puso de manifiesto aquí —al igual que en otros gestos de gobierno— la apelación a una imagen refundacional para la construcción de su propia legitimidad. Beatriz Sarlo, una intelectual de renombre en la Argentina, que en la década del '70 militó activamente en la izquierda revolucionaria y que desde la reapertura democrática asistió a todos los actos conmemorativos del 24 de marzo, explicaba así, públicamente, la razón por la cual ese año (2004) no

37

En este sentido, la ausencia de gobernadores, de legisladores, de jueces, de autoridades civiles y militares en el acto, la falta de toda puesta en escena de ese acto como una ceremonia de Estado (lo que ha sido considerado un triunfo por las «memorias militantes»), es un rasgo algo alarmante si se admite la necesidad de un compromiso estatal sólido a largo plazo.

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asistió: «Creo, en primer lugar, que la organización de un acto de esa trascendencia que involucra el pasado y el futuro de todos los argentinos no puede ser confiado al veto de las organizaciones de derechos humanos» 38 .Tras reconocer la tenacidad de esas organizaciones en las conquistas de Justicia y en los trabajos de m e m o r i a agregaba: «hecho este r e c o n o c i m i e n t o [...] n o es igualmente necesario que ellas se conviertan en militantes de Estado [...] En segundo lugar, n o sólo por el poder de veto que tuvieron los organismos de derechos humanos, el acto m e dejó afuera.También por el rasgo personalista c o n q u e el Presidente decidió inaugurar una nueva etapa. Es u n j u e g o de repeticiones: el justicialismo se siente invariablemente fundador de un nuevo Estado, y el jefe que lo funda se siente autorizado a que sus deseos se c o n viertan en ceremonias de ese Estado. [...] no habrá construcción de una verdad si la idea misma de construcción, es decir, de aportes diferenciados que se ensamblen, es jaqueada p o r la intolerancia, un sentimiento comprensible en las víctimas directas, pero injustificable en los intelectuales, el Estado y el Gobierno» 3 9 . El segundo acontecimiento que generó importantes tensiones, esta vez dentro mismo del movimiento de derechos humanos y entre éste y el gobierno, fue el desalojo de las instituciones de formación educativa de la Marina, localizadas en el predio de la ESMA. El convenio firmado en el acto del 24 no es lo suficientemente claro en este punto (al igual que en otros que hacen a la propia gestión del Museo), puesto que establece el desalojo por etapas de la Marina del predio «o de la parte de éste» que se determine. Gran parte del predio ya había sido desalojada con anterioridad a la firma del convenio, y el plazo temporal que éste establece es el 31 de diciembre de 2004. M u y pronto, se alzaron voces contrarias al desalojo, provenientes en su gran mayoría, de los padres de los jóvenes del Liceo Naval, quienes sostenían que sería perjudicial para la educación de sus hijos, el cambio de edificio. Esto generó u n fuerte y virulento debate dentro del m o v i m i e n t o de derechos humanos y planteó para el gobierno un problema nada menor. En efecto, n o resultaba imposible acordar una solución que satisficiera —o al menos contemplara— las demandas del sector social representado, en este conflicto

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Durante los acuerdos para la organización y convocatoria del acto, varias fueron las voces que, desde el movimiento de derechos humanos, advertían al gobierno sobre con quién o quiénes (ya sean instituciones o individuos) no estaban dispuestos a compartir el palco. 39 Sarlo (2004).

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particular, por los padres de los futuros marinos. Se podría haber optado, por ejemplo, por que los liceístas permanezcan en el predio hasta culminar su formación. O más aún: integrar a las nuevas carnadas de futuros marinos a las actividades educativas o a los diversos proyectos que lleve adelante el Museo. Sin embargo, éstas no fueron soluciones posibles, puesto que la mayoría de los organismos de derechos humanos —algunas veces en forma explícita y otras apelando al espíritu del convenio— se opusieron vigorosamente a cualquier tipo de «convivencia» con la Marina; evidenciando, así, una dificultad para diferenciar la institución en sí de los criminales que la integraron durante el período de terrorismo de Estado. Cuando la Legislatura porteña propuso debatir con los padres de los liceístas sobre los nuevos usos del predio, la propuesta se encontró con la oposición de los organismos. Aquí, como en otros casos, se puso de manifiesto la dificultad por parte de un sector importante del movimiento de derechos humanos de abordar ciertas temáticas que involucran a la institucionalidad de largo plazo. ¿Están concibiendo un Estado sin Fuerzas Armadas? Es difícil afirmarlo, no hay pronunciamientos en esta dirección, a excepción de un organismo defensor de los derechos humanos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Lo cierto es, en todo caso, que aparecen conflictividades más o menos explícitas cuando el Estado intercede atendiendo demandas de grupos sectoriales, tradicionalmente identificados como opositores de los organismos o cuyos posicionamientos políticos confrontan con los propios. El riesgo, en todo caso, es que el accionar del Estado se confunda con el de un sector en particular o quede exclusivamente vinculado a él. El problema del Liceo Naval, no ha encontrado aún soluciones definitivas. Lo interesante a destacar en todo caso, es que la recuperación del predio de la E S M A y la decisión de emplazar allí un Museo de la Memoria, se enfrenta, desde el comienzo, con claras y fuertes voluntades de exclusión. Es cierto, al mismo tiempo, que más allá de algunas declaraciones públicas de altos oficiales, no parece notarse en las Fuerzas Armadas grandes reorientaciones en materia de civilidad y derechos humanos. Por otro lado, el gran desprestigio que han ganado tras la última dictadura militar y el duro golpe recibido por la gestión de Menem 4 0 , han dejado a las Fuerzas Armadas en un lugar relegado y silencioso del entramado político-institucional. N o hay debate público sostenido, ni política pública en torno a este tema y éstas no han encontrado aún —ni les ha sido otorgado— un rol activo y estipulado en 40

Anulación del Servicio Militar Obligatorio, sensible recorte presupuestario.

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el sistema democrático 41 . Hasta hoy, los esfuerzos por re-diseñar a las Fuerzas Armadas como institución del régimen democrático se ha realizado más por la restricción de antiguos privilegios o funciones que por una mirada nueva que deje definitivamente de lado los resabios autoritarios y les permita una relación distinta con la sociedad. Estos conflictos y tensiones en materia de memoria y política pública están evidenciando un escenario institucional complejo y, por momentos, confuso. En primer lugar, si bien desde la reapertura democrática hasta la actualidad la movilización de la memoria ha dependido, en cierta medida, de la convergencia de la acción de las entidades de los derechos humanos con la acción del Estado 42 , el activismo del actual gobierno en materia de memoria de la represión ha «descolocado» al movimiento de derechos humanos. Surgido durante los años del terrorismo estatal, este movimiento se constituyó, en principio, a partir de la resistencia y oposición al poder. Pasados los primeros años del régimen democrático, tras la sanción de las leyes de impunidad y, más tarde, del indulto, los organismos mantuvieron su vitalidad y sus prácticas a partir de estrategias también de resistencia y oposición. El actual gobierno plantea como propias —y lleva adelante— iniciativas tradicionales de los organismos. Y éstos parecen no haber encontrado o definido el tipo de posicionamiento específico y las formas de interacción con las distintas instituciones estatales43. Más aún cuando el Estado, aún tomando la iniciativa, no promueve espacios efectivos y reales de debate con éste y otros sectores de la sociedad civil. Esto último pone en evidencia, además, la falta de iniciativas y de organización institucional de otros grupos sociales44. Por otro lado, las tensiones se vinculan con un fenómeno que puede resultar anecdótico pero no lo es: gran parte de los funcionarios que llevan adelan41

Para un estudio sobre la historia de las Fuerzas Armadas, ver Grecco y González (1990); López y Pion-Berlin (1996); Rouquié (1982). 42 N o estamos subestimando las iniciativas surgidas desde la sociedad civil sino todo lo contrario. Destacamos que la eficacia del movimiento de derechos humanos estuvo estrechamente vinculada a su capacidad para comprometer la acción pública de los poderes estatales. 43 El problema cobra una complejidad mayor cuando se trata de posicionarse ante la política gubernamental de derechos humanos no vinculados a la temática de la memoria (como por ejemplo, su política en materia de derechos sociales, económicos y culturales, o frente a la delincuencia común). 44 Es necesario notar la debilidad o ausencia en el contexto argentino actual de asociaciones e instituciones que reúnan grupos de interés o colectivos civiles particulares.

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te la gestión de gobierno fueron o son miembros de diversos organismos de derechos humanos o están estrechamente vinculados a ellos. En algunos casos esto ha contribuido a generar algunas situaciones confusas, por ejemplo, cuando un funcionario público participa del debate interno de un organismo o de la definición de las estrategias del movimiento de derechos humanos. En otros casos, en materia de prácticas y políticas de memoria pareciera haber cierto grado de superposición, cuando no de competencia, entre esferas estatales y organismos. Para dar sólo un ejemplo: ante la creación del Archivo Nacional de la Memoria y del futuro Museo de la Memoria se ha iniciado ya el debate en torno al patrimonio documental reunido durante todos estos años por los organismos. Frente a algunos que reclaman que debe ser el Estado el poseedor y custodio de ese acervo, otros se pronuncian en favor de conservar el material en manos de los organismos y, en todo caso, ofrecer copia al Estado luego de discutir y acordar los criterios de accesibilidad. En cierto sentido, se ponen aquí en juego los problemas vinculados a las áreas de influencia y acción del Estado, así como aquellos referidos a la necesaria independencia política e institucional de las asociaciones civiles frente al mismo. De este modo, el fortalecimiento de las instituciones tanto estatales como de los distintos grupos de la sociedad civil, y la delimitación de los roles e incumbencia de cada uno de estos actores resulta hoy una tarea impostergable. Es en el espacio de construcción de una política pública de memoria donde se tornan más visibles los problemas y tensiones vinculadas a la construcción de una institucionalidad de largo plazo y a la redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad civil. En otras palabras «En el surco de los derechos humanos el ideal positivo de construcción de una tradición democrática ha girado sobre todo en torno a la idea de una demanda de Estado, no sólo como remedio frente a la impunidad de los poderosos, sino como garante del bien común, espacio y ámbito de prácticas en la formación de una comunidad de ciudadanos. En esa dirección sigue abierta una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria [...] En la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro» 45 . El balance no deja de ser alentador. Plantea, al mismo tiempo, con la fuerza de las oportunidades históricas, grandes desafíos al futuro. De los princi45

Vezzetti (2004:63).

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pios que inspiren la acción del Estado en materia de política pública, y de aquellos que guíen las prácticas, las iniciativas y los posicionamientos de los distintos actores de la sociedad civil, depende hoy n o sólo la memoria de un pasado trágico, sino también, la reconstrucción de un lazo social que garantice la permanencia y perpetuidad de una comunidad.

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OPERACIÓN CÓNDOR»: RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Giulia Barrera* Archivio

di Stato

Roma

ABSTRACT

El artículo examina los más recientes estudios acerca del Sistema Cóndor, el acuerdo secreto de colaboración represiva entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia (a los cuales se sumaron Perú y Ecuador), organizado en 1975 por iniciativa de la DINA chilena. Desde 1998 a hoy ha sido publicada una decena de monografías sobre el Cóndor. Dichos estudios han podido documentar la existencia del Cóndor y demostrar cómo, gracias a dicho sistema de coordinación, las dictaduras del Cono Sur han llevado a cabo numerosos asesinatos de exiliados políticos. Quedan abiertos importantes interrogantes sobre los cuales la opinión de los estudiosos no coincide: ¿de qué manera el Cóndor se diferenció de otras formas de colaboración represiva, anteriores y posteriores? ¿Qué rol desempeñaron los Estados Unidos en su organización y en su funcionamiento? Por lo tanto, todavía hay que aprehender mucho acerca de la organización interna del sistema y acerca del rol que desempeñaron los distintos países miembros y cada individuo en concreto.

* Giulia Barrera, PhD en historia africana Northwestern, Evanston, IL, USA. Archivista en el «Archivio di Stato», Roma Italia. Actualmente es asesora histórica para la Fiscalía de la República italiana en el ámbito de una investigación judicial relativa a ciudadanos italianos desaparecidos en el Cono Sur entre el 1974 y el 1980.

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Giulia Barrera

El 25 de n o v i e m b r e 1 9 7 5 se r e u n i e r o n en Santiago d e C h i l e los m á x i m o s responsables de los servicios de inteligencia de Chile, A r g e n t i n a , U r u guay, Paraguay y Bolivia para llevar a cabo u n a r e u n i ó n d e trabajo q u e d u r a ría algunos días. El e n c u e n t r o , o r g a n i z a d o p o r el c o r o n e l M a n u e l C o n t r e r a s , j e f e d e la D i r e c c i ó n de Inteligencia N a c i o n a l ( D I N A ) chilena, tenía c o m o objetivo estructurar u n sistema d e c o o r d i n a c i ó n entre los servicios de s e g u ridad implicados, c o n el fin de lograr u n a m a y o r eficacia en la represión d e los o p o s i t o r e s p o l í t i c o s y, e n p a r t i c u l a r , d e los e x i l i a d o s p o l í t i c o s ( s e g ú n palabras del m i s m o C o n t r e r a s , se trataba d e contrastar la «subversión» i n t e r nacional, q u e p o n í a en peligro la civilización occidental). La D I N A p r o p u so a los participantes organizar u n «Archivo centralizado de a n t e c e d e n t e s d e personas, organizaciones y otras actividades vinculadas directa o i n d i r e c t a m e n t e c o n la subversión», d e f i n i r ágiles f o r m a s de c o m u n i c a c i ó n e n t r e los servicios d e inteligencia, acordar u n c ó d i g o y llevar a cabo r e u n i o n e s p e r i ó dicas d e c o o r d i n a c i ó n 1 . A d e m á s de la c o o r d i n a c i ó n i n f o r m a t i v a , el sistema p r o p u e s t o p o r C o n t r e r a s preveía u n a c o o r d i n a c i ó n operativa, c o m o sabem o s gracias a u n i n f o r m e del legal attaché de la e m b a j a d a U S A e n B u e n o s Aires 2 , R o b e r t Scherrer, p e r s o n a m u y i n t r o d u c i d a e n los a m b i e n t e s d e los servicios d e seguridad del C o n o Sur. La c o o r d i n a c i ó n tenía q u e servir, e f e c tivamente, para realizar «operaciones c o n j u n t a s c o n t r a objetivos terroristas» (léase: secuestros y asesinatos d e exiliados políticos), t a n t o en el m a r c o de los países q u e se a d h i r i e r o n al sistema, c o m o e n el t e r r i t o r i o d e países n o m i e m b r o s 3 . La iniciativa de C o n t r e r a s t u v o éxito: el sistema de c o o r d i n a c i ó n f u e o r g a n i z a d o y, b a j o p r o p u e s t a de la delegación uruguaya, f u e d e n o minado «Cóndor»4.

1

Programa de la primera reunión de trabajo de inteligencia nacional [ e n v i a d o p o r los o r g a -

nizadores con fecha 29 de octubre 1975]; Boccia Paz et al. (1994:129-31); el documento se conserva en los archivos de la policía paraguaya (archivador 245: 155-165). 2 El «legal attaché» era un agente del FBI destinado en una embajada. Robert Scherrer, asignado a Buenos Aires, tenía competencia para todo el Cono Sur. 3 El informe Scherrer se encuentra disponible on-line en el sitio web del National Security Archive (Washignton, DC), en la siguiente uri: . Una reproducción del informe se halla publicada en Kornbluh (2003: doc. 11, en el apéndice al apartado 6). 4

Acta de clausura de la primera reunión

interamericana

de inteligencia

nacional, 2 8 d e n o -

viembre de 1975, disponible on-line: .

« O p e r a c i ó n C ó n d o r » : reseña bibliográfica

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La existencia del Sistema Cóndor (más conocido como Operación Cóndor, Operativo Cóndor o Plan Cóndor) 5 es notoria desde hace tiempo para quien se ocupa de la historia reciente del Cono Sur. De Cóndor habló por primera vez el periodista norteamericano Jack Anderson en un artículo publicado en el «Washington Post» en 1979 6 (Anderson había podido obtener una copia del informe Scherrer y de un informe, todavía secreto, del Senado de los Estados Unidos 7 ). Al año siguiente,John Dinges y Saúl Landau8, publicaron el texto del informe Scherrer en el marco de su libro sobre el homicidio de Orlando Letelier9. En el 1984, la CONADEP 1 0 , aún sin utilizar el término Cóndor, documentó la presencia en Argentina de fuerzas represivas extranjeras que, en colaboración con los servicios de seguridad argentinos, secuestraban refugiados políticos, los interrogaban y torturaban en los centros clandestinos de detención locales, para después hacerlos desaparecer. La colaboración ilegal entre los servicios de inteligencia del Cono Sur fue denunciada asimismo, en términos análogos, por el informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Uruguay, publicado en 1989 por SERPAZ-Uruguay, que evidenció cómo la mayor parte de los desaparecidos uruguayos habían desapa-

5 Q u i e n escribe considera más correcta la d e n o m i n a c i ó n «Sistema Cóndor», p o r q u e era la utilizada p o r los mismos organizadores de dicha coordinación represiva. Así lo indican los pocos d o c u m e n t o s aportados p o r los susodichos de que disponemos. Véanse, p o r ejemplo: Primera reunión de trabajo...; Acta de clausura de laprimiera reunión...; Central N a c i o nal d e I n f o r m a c i o n e s ( f i r m a d o : col. J e r o n o m o L. P a n t o j a H e n r i q u e z , j e f e del Estado M a y o r de C N I ) al viceministro de Relaciones exteriores, Santiago, 10 abril 1978, O b j : R e m i t e Acta clausura primera reunión interamericana inteligencia nacional (disponible on-line: ).

Véanse, asimismo, los telex y telegramas citados en, Dinges (2004:152). 6 Es necesario especificar que, a ú n sin utilizar el t é r m i n o « C ó n d o r » , el periodista e s t a d o u n i d e n s e J e r e m i a h O ' Leary había ya d e n u n c i a d o la existencia de u n a c u e r d o secreto de c o l a b o r a c i ó n entre los aparatos represivos de Chile, A r g e n t i n a , U r u g u a y y Paraguay, en u n detallado artículo titulado «Paraguay Linked to Letelier Plot. FBI U n c o vers 4 - N a t i o n Secret Pólice Cabal», q u e fue publicado en la primera página del Washington Star, el 13 de j u l i o de 1978. 7 Senate Foreign Relations C o m m i t t e e , Activities of Certain Foreign Intelligence Agencies in the United States, 18 enero 1979. 8 Dinges y Landau (1980: 238-39). 9 Ex-ministro y e x - e m b a j a d o r chileno, asesinado en Washington el 21 de septiembre de 1976, j u n t o a R o n n i e M o f E t , p o r sicarios de la D I N A chilena. 10 C o m i s i ó n N a c i o n a l sobre la D e s a p a r i c i ó n d e Personas, c o n s t i t u i d a el 15 d e diciembre de 1983 p o r el presidente argentino R a ú l Alfonsín.

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recido en Argentina 11 . Simultáneamente, en Paraguay se publicaban dos libros —uno escrito por una sobreviviente y otro por una asociación de familiares de desaparecidos— que documentaban numerosos casos de secuestros de ciudadanos paraguayos en Argentina 12 . Importantes datos informativos sobre la colaboración represiva entre las dictaduras del C o n o Sur fueron aportados posteriormente, en 1991, por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocido también como Informe Rettig) que, por ejemplo, demostró que el ciudadano chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del MIR capturado en Paraguay en Mayo de 1975, había sido trasladado ilegalmente a Chile, a un centro de detención controlado por la DINA, donde fue duramente torturado antes de desaparecer definitivamente 13 . En conjunto, la Comisión Rettig denunció los casos de 35 ciudadanos chilenos secuestrados o asesinados en Argentina entre el 1974 y el 1981; para 18 de ellos, la Comisión halló elementos de prueba suficientes como para poder afirmar que la desaparición había sido fruto de la colaboración entre los servicios de seguridad chilenos y argentinos. U n giro decisivo en el conocimiento del Sistema Cóndor tuvo lugar en el año 1992, con el descubrimiento en Asunción de los archivos de la policía política paraguaya (conocidos como los «archivos del horror» o «archivos del terror»)14. En dichos archivos se halló el programa de la Primera reunión de trabajo de inteligencia nacional citada en la apertura, y se encontraron muchos

11

El estudio del Serpaz habla de 32 desaparecidos en Uruguay, 127 en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay. La Comisión para la paz, en su Informe final (Montevideo, 10 abril 2003, disponible on-line: ) ha confirmado o parcialmente confirmado 128 casos de uruguayos desaparecidos en Argentina. Para una descripción de cada caso, véase Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (2004). 12

E n el 1989, Gladys Meilinger de S a n n e m a n n (ciudadana alemano-paraguaya) publicó un libro en el que denunciaba su propio secuestro en Argentina en 1976 y su posterior traslado a Paraguay y otros casos análogos. Al año siguiente, la Comisión de familiares de paraguayos detenidos desaparecidos en Argentina publicó u n volumen en el que enumeraban 62 casos de paraguayos desaparecidos en Argentina, describiendo en detalle 42 de ellos. Es necesario observar que no todos los secuestros y asesinatos enumerados se pueden atribuir a la cooperación entre los servicios de seguridad paraguayos y argentinos; en varios casos, de hecho, la actividad política de la víctima se había llevado siempre a cabo o se llevaba a cabo desde hacía muchos años en el país que los hospedaba. 13

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991: II: 595-96, III: 151). Para una buena descripción de dichos archivos y de las correspondientes disputas relativas a su propiedad, se manda a González Vera (2002). 14

«Operación Cóndor»: reseña bibliográfica

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d o c u m e n t o s que probaban sin ninguna duda la estrecha colaboración, asimismo ilegal, entre los servicios de seguridad de los países del C o n o Sur. En 1999 tuvo lugar otro hallazgo clave con el descubrimiento en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores chileno, de una copia del Acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional, en la que, entre otras cosas, se encuentran escritos los nombres de los jefes de las delegaciones que participaron en la reunión de fundación del Sistema 15 . Efectivamente, fundamentales adquisiciones informativas en esta m a t e ria se han o b t e n i d o con la desclasificación, p o r parte del g o b i e r n o de los Estados Unidos, de miles de d o c u m e n t o s relativos a las violaciones de los derechos h u m a n o s en Chile y Argentina d u r a n t e las recientes dictaduras militares 16 . Entre ellos hay varios que hablan explícitamente de C ó n d o r , y m u c h o s de ellos a p o r t a n i n f o r m a c i o n e s acerca de casos de colaboración e n t r e los servicios d e seguridad en el secuestro y asesinato de exiliados políticos. La disponibilidad de las fuentes ha impulsado la elaboración de estudios monográficos sobre este tema. Desde 1998 se cuentan una decena de m o n o grafías dedicadas exclusivamente al Cóndor, publicadas por Nilson Mariano, Stella Calloni, Francisco Martorell, Samuel B l i x e n , J o h n Dinges,J. Patrice McSherry, Alejandro D. Carrió 1 7 , y por u n g r u p o de estudiosos paraguayos (Alfredo Boccia Paz, Miguel H . López, A n t o n i o V. Pecci, Gloria G i m é n e z Guanes), a las cuales acompañan varios libros que tratan ampliamente del C ó n d o r , a u n q u e n o se d e d i q u e n específicamente a este tema. Entre ellos

15

El documento fue publicado por el cotidiano chileno La Nación el 16 de junio de

1999. 16 En 1999, por disposición del presidente Clinton, fueron desclasificados aproximadamente 24.000 documentos producidos por varias agencias gubernativas estadounidenses (sobretodo por el Departamento de Estado, pero también por la CIA, el FBI, la DIA, etc) relativos a las violaciones de los derechos humanos en Chile (Chile Declassification Project); en el 2002, solo el Departamento de Estado, por decisión de Madaleine Albright, desclasificó aproximadamente 4.000 documentos relativos a Argentina (Argentina Declassification Project). En ambos casos se trata de desclasificaciones parciales, en el sentido de que el texto de algunos d o c u m e n t o s aún hoy resulta parcialmente cubierto (algunos documentos de la CIA relativos al Cóndor, se presentan sólo con algunos renglones legibles). Dichos documentos se pueden consultar on-line, en la sala de lectura electrónica del Departamento de Estado . 17 Lamentablemente no m e ha sido posible conseguir a tiempo una copia del libro de Carrió para poder incluir su análisis en la presente reseña; me disculpo con el autor y con los lectores.

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tenemos, por ejemplo, los estudios de Boccia Paz et al. (1994), Kornbluh (2003) y Olivera-Méndez (2004)18. A su vez, el surgir de pruebas documentales relativas a la existencia y al funcionamiento del Sistema Cóndor ha impulsado varias investigaciones judiciales que han llevado a la incriminación de los máximos responsables de las dictaduras que participaron en el Sistema. La primera y la más célebre de esas iniciativas judiciales se debe al magistrado español Baltasar Garzón, que en 1998 ordenó la detención de Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en el marco del «Plan Cóndor». Como responsable de secuestros y asesinatos cometidos en el marco del Cóndor, Pinochet también ha sido incriminado por la justicia francesa en la persona del magistrado Roger Le Loire, por la justicia chilena en la persona de Juan Guzmán Tapia, y por la argentina en la persona del juez Rodolfo Canicoba Corral (que ha incriminado a los máximos dirigentes políticos y de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia)19. El magistrado italiano Giancarlo Capaldo también está llevando a cabo una investigación en esta materia, cuyo sumario debería finalizar en los próximos meses20.

18 Otro ejemplo lo constituye el libro de Patricia Mayorga (2003), periodista chilena residente en Italia, que aún titulándose II condor ñero, trata solo marginalmente del Sistema Cóndor. El libro es una esmerada reconstrucción, basada en fuentes judiciales, del atentado a Bernardo Leighton, acaecido en Roma el 6 de Octubre de 1975 y de las relaciones entre Stefano Delle Chiaie y otros militantes de la derecha subversiva italiana con el Chile de Pinochet y con varios exponentes del neofascismo internacional. 19 Las personas incriminadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral son: Jorge Rafael Videla y Carlos Guillermo Suárez Masón (Argentina); Augusto Pinochet Ugarte, Manuel Contreras y Pedro Espinoza (Chile); Alfredo Stroessner,.Francisco Alcibiades Britez Borges, Pastor Milciades Coronel (Paraguay), Julio Vadora, Guillermo Ramírez, José Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Jorge Silveira, Hugo Campos Hermida (Uruguay), Hugo Banzer (Bolivia). 20 Varias actuaciones de estos procedimientos penales están on-line, en los sitios de organizaciones por los derechos humanos o de órganos de información. Por ejemplo, algunas actas del procedimiento argentino (Exhorto del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral para la captura de los militares José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y del policía Hugo Campos Hermida, Buenos Aires, 21 de junio de 2001; Orden de detención con miras a la extradición del ex-presidente de Bolivia Hugo Banzer, Buenos Aires, 26 de diciembre de 2001) están disponibles en el sitio: . El auto de procesamiento y orden de detención domiciliaria en contra de Pinochet en la causa N ° 2182-98 «Operación Cóndor», Santiago de Chile, 13 diciembre 2004, se halla on-line en la siguiente url: .

«Operación Cóndor»: reseña bibliográfica

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Llegados a este punto, entre las publicaciones y actuaciones judiciales se dispone de un notable cuerpo de estudios relativos al Cóndor. Parece, por lo tanto, o p o r t u n o hacer u n análisis de la situación para ver que resultados se pueden dar por adquiridos y cuáles son los interrogantes que siguen abiertos. E n las próximas páginas nos centraremos sobre t o d o en los estudios de J o h n Dinges y J. Patrice McSherry, que se diferencian de los trabajos anteriores p o r el amplio uso de los documentos desclasificados p o r el gobierno de los Estados Unidos en el marco de Chile y de Argentina Declassification Project. La disponibilidad de esta nueva f u e n t e ha p e r m i t i d o a Dinges y a McSherry cambiar de perspectiva respecto a los estudios que los han precedido. Estos últimos, de hecho, trataban del C ó n d o r sobretodo desde el p u n t o de vista de sus consecuencias (o presuntas tales). Es decir, describían la cadena de secuestros y asesinatos de exiliados políticos llevada a cabo en el C o n o Sur (o también fuera de sus confines, c o m o en los casos de Orlando Letelier y B e r n a r d o Leighton) d u r a n t e los años de mil novecientos setenta. Sin embargo, poco se decía del Sistema C ó n d o r en sí: de su estructura organizativa, de sus modalidades de funcionamiento, de su organigrama y demás. La excepción la constituían los libros de Boccia Paz et al. (2002), Martorell (1999) y Mariano (2003). El primero de ellos publicó numerosos d o c u m e n tos relativos, por ejemplo, al Condortel (la red de comunicaciones télex entre los países Cóndor), a las conferencias bilaterales entre los ejércitos del C o n o Sur o a los cursillos de inteligencia en los que participaban miembros de los servicios de seguridad de varios países del área. D o c u m e n t ó , asimismo, siempre sirviéndose de los archivos de la policía paraguaya, la práctica cotidiana de intercambio de informaciones y de colaboración operativa entre los servicios de inteligencia de Paraguay y los de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Brasil. Los volúmenes de Martorell y Mariano incluían el mismo género de informaciones en m o d o narrativo. Los libros de Dinges y McSherry, c o m o otros estudios del C ó n d o r describen una serie de secuestros y asesinatos internacionales, desde los más célebres (el del ex-comandante en jefe de las Fuerzas armadas chilenas, general Carlos P R A T S , asesinado j u n t o a su esposa p o r sicarios de la D I N A en septiembre de 1974 en B u e n o s Aires; siempre en B u e n o s Aires, los de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Luis Héctor Gutiérrez R u i z y del ex-presidente boliviano Juan José T O R R E S en m a y o - j u n i o de 1976, además de los casos Letelier y Leighton) a otros menos n o t o r i o s . T a m b i é n ofrecen u n análisis - t o d o lo que pueden permitir las f u e n t e s - de la organización del Sistema C ó n d o r a partir de la r e u n i ó n de su f u n d a c i ó n y c o n t i -

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nuando después durante su crecimiento (con la entrada de Brasil en junio de 1976 y de Perú y Ecuador en 1978) y en la estructura interna, brindando algunas informaciones acerca de la red de comunicación, la formación del personal, las reuniones y los proyectos operativos. Al centro de los libros de Dinges y de McSherry hay una serie de preguntas relativas a la posición de los Estados Unidos respecto al Sistema Cóndor ¿En qué medida los Estados Unidos sabían del Cóndor y de sus actividades? ¿Tuvieron algún rol en su creación? ¿Ofrecieron apoyo a su actividad? ¿En ese caso, se trató de impulso político o también de soporte logístico y operativo? A preguntas, en gran parte análogas, corresponden dos libros profundamente distintos, sea por el distinto acostamiento disciplinar, sea por el público al que se dirigen. John Dinges es periodista y profesor de periodismo de investigación en la Columbia University y su libro apunta a llegar al gran público. J. Patrice McSherry es profesora de ciencias políticas en la Long Island University y su libro está dirigido a un público principalmente académico. Los historiadores, como la que escribe, que acostumbran a mirar con sospecha los trabajos de reconstrucción histórica que salen de la pluma de un periodista, verán los propios prejuicios satisfactoriamente desmentidos por el libro de John Dinges. Una primera característica del libro que merece ser acentuada es en efecto, el absoluto rigor en la utilización de las fuentes, constituidas en la mayor parte por documentación procedente de archivos 21 , acompañadas por algunas fuentes orales y, sólo residualmente, por fuentes secundarias. He tenido la posibilidad de leer gran parte de los documentos utilizados por Dinges y por lo tanto me ha sido posible verificar cómo sus afirmaciones encuentran siempre una puntual y sólida verificación en las fuentes documentarías. Su descripción del Cóndor puede considerarse un punto firme desde el que empezar para llevar a cabo ulteriores estudios sobre el tema. Al mismo tiempo, el libro de Dinges se caracteriza por su agilidad y claridad, que lo hacen ser apetecible incluso a un público no especializado. Los Estados Unidos, como es notorio, fueron teatro de la principal operación madurada en el ámbito de la denominada «tercera fase» del Cóndor (la

21

Además de los documentos gubernativos estadounidenses y los archivos de la policía paraguaya, Dinges ha utilizado las actas de varios procedimientos penales, y los documentos confiscados en 1978, por las autoridades argentinas, al agente de la DINA en Buenos Aires, Enrique Lautaro Arancibia Clavel.

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ejecución de asesinatos en países ajenos al sistema) 22 , es decir, el asesinato en Washington de Orlando Letelier 2 3 . D i n g e s se pregunta al principio del libro: ¿Podían haber detenido los Estados U n i d o s la mano de los asesinos de Letelier? La respuesta a la que llega e n c o n c l u s i ó n es «sí», porque los Estados U n i d o s tenían c o n o c i m i e n t o de las i n t e n c i o n e s homicidas del C ó n d o r (aunque n o conocían este específico proyecto), pero n o actuaron de ninguna manera para detenerlos. En el verano de 1976 los servicios de inteligencia franceses, habiéndose enterado de los proyectos de operaciones homicidas en su propio territorio, dejaron claro a los gobiernos de Chile, Argentina y Uruguay que Francia n o habría tolerado homicidios en su propio territorio, por lo tanto, las operaciones fracasaron. Desde los Estados U n i d o s n o llegó ninguna señal igual de firme. El e x a m e n de la d o c u m e n t a c i ó n gubernativa estadounidense p e r m i t e a D i n g e s afirmar, m i d i e n d o c o n atención las palabras, que: T h e CIA and other US agencies encouraged and supported the integration of the security forces of Chile, Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, and Bolivia. This activity was applauded in Washington, not criticized, and was seen as needed response to «international terrorism,» especially the growing international organization of the J C R 2 4 . T h e U n i t e d States maintained liaison with C o n d o r operations, provided training and material support to the C o n d o r data bank and communication system, and received and disseminated intelligence generated by C o n d o r kidnappings and torture. (...) Cooperation, liaison, acquiescence, and even complicity are words that would seem accurately describe the relationship prior to the latter months of 1976 2 5 .

22

Las primeras dos fases eran, según el ya citado informe de R o b e r t Sherrer, el intercambio de información y las operaciones en el territorio de los países miembros. 23 En realidad, es necesario puntualizar que el rol del sistema Cóndor en la organización de este homicidio fue mínimo, mientras que fue decisiva la red de colaboración que la D I N A chilena tenía con las organizaciones terroristas de los exiliados cubanos que participaron materialmente en la ejecución del atentado. La DINA, en nombre de la colaboración entre los países del Cóndor, había pedido a los colegas paraguayos suministrar dos pasaportes falsos, con visado para los Estados Unidos, a los agentes que habrían tenido que organizar el atentado; los servicios paraguayos concedieron el favor que se les había pedido, pero los visados para los Estados Unidos, inicialmente concedidos, fueron posteriormente revocados, así que los dos sicarios terminaron viajando a los Estados Unidos con pasaportes chilenos; Dinges y Landau (1980). 24 Junta Coordinadora Revolucionaria, coordinación entre el M I R chileno, el E R P argentino, los Tupamaros uruguayos y el ELN boliviano, que se constituyó en el mes de agosto de 1973. 25 Dinges (2004:250).

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Durante el verano de 1976, en el interior de la diplomacia estadounidense la actitud frente al Cóndor comenzó a mutar a medida que surgían informaciones acerca de los proyectos de operaciones en Europa. Los homicidios en Argentina de líderes políticos democráticos como Torres, Michelini y Gutiérrez Ruiz indujeron al Embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, que había considerado favorablemente el Golpe deVidela, a asumir una línea más crítica en relación a la junta argentina. Sin embargo, en el interior de la administración estadounidense las posiciones eran muy distintas (una de las cualidades del libro de Dinges es la de hacerlo evidente), así que frente a un embajador como Hill que invitaba al gobierno argentino al respeto de los derechos humanos, había un secretario de Estado como Kissinger que aseguraba a Pinochet y al ministro de asuntos exteriores argentino, el pleno apoyo estadounidense a su política represiva26. McSherry, que ya había terminado de escribir su libro cuando se publicó el de Dinges, confirma cómo hubo exponentes de la diplomacia y del congreso estadounidense que se opusieron al Cóndor y a la política del propio gobierno de apoyo a las dictaduras militares. Lo que más le interesa es subrayar que «Washington not only collaborated with Operation Condor and took advantage of Condor System to advance perceived US interests, but also played an indispensable role in its genesis and functioning» 27 . El libro de McSherry enmarca la historia del Cóndor en el ámbito de un amplio contexto temporal y geográfico, que abarca el conjunto de las políticas anti-insurreccionales estadounidenses durante la guerra fría. Va desde el derrocamiento del gobierno guatemalteco del progresista Jacobo Arbenz, organizado por la CIA en 1954, a las intervenciones estadounidenses en América Central durante los años de mil novecientos ochenta. Justo el amplio análisis del contexto histórico en el que se encuadra el Cóndor, definido sobre la base de una bibliografía muy rica, constituye el punto de fuerza del estudio de McSherry (aún cuando la utilización de fuentes secundarias expone a algunos riesgos, cuando no se pueda disponer de resultados consolidados por la historiografía sino que se deba recurrir a fuentes periodísticas de variable atendibilidad, como en la sección dedicada a los vínculos entre el Cóndor y la italiana Gladio). Explica McSherry que la génesis del sistema Cóndor puede ser comprendida sólo si se considera cómo fue un componente «of a lager inter26 27

Dinges (2004: 199-205). McSherry (2005:253).

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American counterinsurgency strategy — led, financed, and overseen by Washington — to prevent and reverse social and political movements in Latin America in favor of structural change» 28 . En América Latina, los golpes de estado militares intervinieron: «Precisely w h e n the class orientation of the state was about to change or was in the process to change, shifting state power to non-elite social sectors [...] Preventing such transformations of the state was a key objective of Latin American elites, and U S officials considered it a vital national security interest as well»29. En este sentido, explica todavía McSherry, «Operation C o n d o r and the generalized repression of the Cold War years in Latin America represented a military 'solution' to an age-old problem: the distribution of power and wealth in human society, w h o gets what, how, and why» 30 . C o m o se ve, McSherry muestra una cierta tendencia a utilizar la expresión «Operation Condor» como una sinécdoque para indicar, más en general, la represión política violenta e ilegal que asoló el C o n o Sur durante el periodo de las dictaduras militares. Esta utilización de la expresión «Operación Cóndor» nos lleva a un problema de interpretación más general que surge del conjunto de los textos sobre el Cóndor. Es decir, si con ese término se quiere definir el particular sistema de coordinación creado por iniciativa de la D I N A hacia finales de noviembre de 1975, o si se quiere utilizar para indicar, de manera más general, la coordinación entre los aparatos represivos del C o n o Sur en el transcurso de la década de los años Setenta e incluso más allá en el tiempo. En la primera línea se colocan los trabajos de Martorell (1999), Mariano (2003), Boccia Paz et al. (2002) y Dinges (2004), a la otra se suman los otros trabajos citados. Tanto Calloni como McSherry dedican el capítulo final de sus libros a la América Central de los años de la contra y de la guerrilla en el Salvador, describiendo la red de colaboración entre los servicios de seguridad de Guatemala, Honduras, Salvador, contra nicaragüense, CIA, servicios de inteligencia argentinos y otros exponentes de la extrema derecha latinoamericana. «Los mecanismos del Cóndor», explica Calloni, «se extendieron hacia otras regiones, se fundieron con otros operativos»; según McSherry, «Essentially, C o n dor was extended to Central America» 31 . Por su parte, Blixen (1998) dedica

28 29 30 31

McSherry McSherry McSherry McSherry

(2005:241). (2005: 11). (2005:6). (2005:207).

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buena parte de su libro acerca del Cóndor al caso de Eugenio Berríos (bioquímico, ex-agente de la DINA chilena, secuestrado y asesinado en Uruguay en 1992-93), estimando que el Cóndor no ha cesado con el fin de las dictaduras militares, sino que ha continuado al actuar como red «para ayudar a los camaradas en desgracia»32 o, por ejemplo, para eliminar un testigo incómodo como Berríos. La persistencia en el tiempo de redes de colaboración entre elementos de la extrema derecha internacional, pertenecientes tanto a grupos políticos subversivos como a estructuras estatales, es un tema de indudable interés historiográfico. Sin embargo, la que escribe opina que sería oportuno reservar el término «Cóndor» para definir el sistema de coordinación que sus organizadores denominaron así, es decir, la estructura creada en noviembre de 1975. Una estructura de coordinación, se note, de aparatos estatales, distinta de las redes de colaboración que cada servicio de inteligencia (primero entre todos la DINA) tenía con grupos terroristas de la extrema derecha internacional (Alianza Anticomunista Argentina, organizaciones de exiliados cubanos, la italiana Avanguardia Nazionale, etc.). N o se trata solamente de un problema terminológico. El punto es comprender qué diferencia creó, en la historia de la colaboración represiva entre los servicios de seguridad del Cono Sur, la iniciativa que tomó la DINA chilena (y por lo tanto Pinochet, que tenía el control de la DINA) en 1975. Hacerse esta pregunta significa desplazar el focus de las líneas de continuidad a las líneas de discontinuidad, para tratar de aferrar en lo específico el rol que desempeñaron los varios sujetos implicados. La cuestión tiene relevancia tanto desde el punto de vista historiográfico como judicial. Que ya antes de noviembre de 1975 los aparatos represivos del área colaborasen no solamente, como es natural, en ordinarias tareas de policía, sino también en operaciones ilegales, encaminadas a eliminar a los opositores políticos, ya ha sido probado. Está demostrado, asimismo, el hecho de que desde la primavera de 1976, los asesinatos de exiliados se multiplicaron, sobretodo en Argentina. La coincidencia temporal entre la entrada en función del nuevo sistema de coordinación represiva (que tuvo lugar supuestamente algunos meses después de la reunión del mes de noviembre de 1975) y el Golpe en Argentina, hace difícil apreciar plenamente en qué medida cada uno de estos dos factores haya contribuido a establecer dicho incremento en las operaciones represivas internacionales en el Cono Sur. 32

Blixen (1998: 153).

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Para captar la específica relevancia del Cóndor, sería útil saber cuánto y cómo funcionaron los distintos componentes del sistema. Por ejemplo, tenemos documentos que permiten afirmar que la red de comunicación vía télex entre los servicios de seguridad entró efectivamente en función y que hubo un notable intercambio de informaciones entre los servicios. Sin embargo, no sabemos si el banco datos centralizado sobre «subversivos» (cuya constitución fue decidida en una reunión Cóndor que se llevó a cabo en junio de 1976 en Santiago)33 había efectivamente operado. A la pregunta: «¿qué diferencia el Cóndor?», John Dinges ha dado su propia respuesta, evaluando a uno de los mismos organizadores del Sistema, y analizando la documentación en la materia. El general paraguayo Alejandro Fretes Dávalos (Comandante en Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas) entrevistado por Dinges, ha observado que ya antes del Cóndor había habido varias formas de colaboración, pero que —a diferencia de éstas— el Cóndor había funcionado, permitiendo aniquilar la «subversión internacional»34. Pasando sucesivamente al análisis específico de las estructuras del Cóndor, Dinges afirma que: The heart of the system was the capacity of each agency to station its agents with permission to actually operate in other countries. Until Condor, each Country's military presence in another country was limited to the formal military attache located in foreign embassies. (...) Condor allowed for much more extensive and officially sanctioned operational capability 35 .

En realidad, parece ser que, incluso antes del Cóndor, en Argentina han operado, además de los adjuntos militares, oficiales de policía de países limítrofes36. De todos modos, aparece compartible la evaluación de Dinges según la cual la expansión de la capacidad operativa de los aparatos represivos de cada país, en el territorio de los otros países, fue el quid del Sistema. Hay que admitir, sin embargo, que mientras que existen informaciones relativamente abundantes acerca de la presencia de agentes extranjeros en Argentina, sabemos poco sobre análogas presencias en los otros países miembros. De Ecuador ni siquiera se sabe si participó alguna vez en operaciones represivas organizadas en el marco del Cóndor. 33

C I A , «Weekly s u m m a r y » , 2 d e j u l i o 1976, Chile Declassification Project Tranche II.

34

Dinges (2003:229). Dinges (2003:123-124). Andersen (2002:226,240).

35 36

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Más en general, merecería aclarar el distinto rol de cada país en el ámbito del sistema. Por ejemplo, algunas fuentes indican que en 1978 la leadership del C ó n d o r pasó de Chile a Argentina, país que en aquellos tiempos actuaba como secretaría de la coordinación 37 . Por lo tanto, parece ser que los equilibrios internos del Cóndor mutaron en el transcurso del tiempo. U n estudio en esta dirección permitiría, asimismo, mejorar nuestros conocimientos acerca del rol que jugó cada individuo en la creación y en el funcionamiento del sistema de coordinación 38 . Brevemente, sobre el C ó n d o r hemos aprendido mucho, pero todavía tenemos mucho que descubrir. Podemos esperar que ulteriores desclasificaciones de documentos por parte del gobierno estadounidense y el trabajo de las investigaciones judiciales en acto pongan a disposición de los estudiosos nueva documentación. Queda siempre viva la esperanza de que en los países del C o n o Sur suijan nuevas fuentes archivísticas (una esperanza particularmente razonable hoy en Uruguay, tras el reciente cambio de gobierno). U n terreno de investigación tan potencialmente rico como duro es, naturalmente, el de las fuentes orales (a pesar de las enormes dificultades, los autores en reseña han obtenido algunos resultados en este frente). Tanto Dinges como McSherry evidencian como, en el escenario internacional del post-11 septiembre de 2001, cuando se vuelve a hablar de alianzas internacionales contra el terrorismo, sea importante más que nunca interrogarse acerca de la historia de este siniestro antecedente en materia. Es un antecedente suficientemente remoto en el tiempo como para poder ser objeto de estudios históricos, pero que vuelve de actualidad cuando hay quien hoy se pregunta abiertamente si no sea legítimo recurrir a la tortura o derogar las reglas del derecho para defender la sociedad occidental de la amenaza terrorista.

BIBLIOGRAFÍA

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Central Nacional de Informaciones al Viceministro de Relaciones Exteriores... McSherry tiene un capítulo dedicado a «Comandantes y agentes del Cóndor» (pp. 177-206); los perfiles biográficos que ella traza están llenos de valiosas informaciones, pero en algunos casos no queda claro qué papel jugaban dichos individuos en el Cóndor, a menos que no se utilice el término «Cóndor» para definir cualquier forma de colaboración represiva internacional. 38

«Operación Cóndor»: reseña bibliográfica

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Nunca

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viola-

Montevideo.

Para una bibliografía y sitografía más amplia sobre el «Sistema Cóndor», se puede consultar: .

MEMORIA ABIERTA: LAS DEMOCRACIAS DEL CONO SUR FRENTE AL LEGADO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Mario Sznajder y Luis Roniger* The Hebrew University ofJerusalem

ABSTRACT

Historia y memoria de la represión en América Latina y judíos perseguidos. La sombra del Holocausto. Al entrar en el ámbito de investigación de los procesos represivos por parte de gobiernos militares, en el Sur de América Latina, en las décadas de 1960 a 1990, sobresale, especialmente en Argentina, el número relativamente alto de victimas judías de la represión. Más allá de la incidencia de ciertos tipos de antisemitismo en los propios procesos de represión, esta claro que en Israel, y en ciertos grupos judíos, toda persecución con tonos antisemitas, evoca en el imaginario social, el recuerdo del Holocausto. El rol de estas imágenes y su incidencia en los intentos de rescate y en los procesos de formación de la memoria colectiva son el tema de este trabajo.

••• * Mario Sznajder es profesor «León Blum» de Ciencias Políticas en la Hebrew University of Jerusalem. Autor de artículos y numerosas publicaciones sobre temas de teoría política, fascismo, autoritarismo, democracia y derechos humanos. Luis Roniger es sociólogo político comparativo; profesor «Reynolds» de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política en Wake Forest University (USA) y profesor asociado de Sociología y Antropología en la Hebrew University ofJerusalem.

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El legado de violaciones de derechos humanos sigue reverberando en las esferas públicas del C o n o Sur. La memoria del triste legado dictatorial sigue abierta. A fines de abril del 2005 la Audiencia Nacional de España condenó al ex capitán de la Armada argentina Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por torturar y asesinar a treinta personas durante la dictadura militar argentina que gobernó ese país desde 1976 1 . Pese a que la posición tradicional argentina era que el respeto a su soberanía exigía que los crímenes de este tipo fueran dirimidos en cortes argentinas, el secretario de Derechos H u m a nos Eduardo Duhalde reconoció que los tribunales españoles tenían derecho a juzgar a una persona que había cometido los crímenes imputados 2 . En noviembre del 2004 la esfera pública chilena se conmovió por la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que basándose en casi 35.000 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Pinochet, desveló la magnitud de las atrocidades cometidas por los militares y fuerzas de seguridad 3 . Estos hechos, incorporándose a la memoria de lo sucedido en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se sumaron a numerosos impactos previos generados por las maneras en que las renacidas democracias trataron el legado de violaciones de derechos humanos que heredaron de las dictaduras militares. Una de las tesis centrales presentadas en The Legacy of Human Rights Violations era que la irresolución o resolución parcial del legado de las violaciones de derechos humanos mantuvo y habría de seguir sustentando el tema en la agenda política, social y cultural de los países del C o n o Sur, implicando una dinámica de crisis recurrentes, de avances y retrocesos en el área de los derechos humanos, y demorando la formación de una memoria colectiva, más o menos consensual, que permitiera relegar las atrocidades al pasado 4 . En octubre de 1998 se produjo la detención en Londres y la solicitud de extradición, eventualmente inefectivo, del general Augusto Pinochet, de Gran Bretaña a España. Desde entonces y hasta la actualidad, el tema de las pasadas atrocidades siguió reverberando en las esferas públicas del C o n o Sur, en torno a demandas insatisfechas de elaboración de la verdad, consecución de justicia, recuperación y elaboración de la memoria. Al mismo tiempo, aún cuando las sociedades confrontaron el legado del pasado autoritarismo, nue-

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Scilingo (2005). Drago (2005). Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004). Roniger, Sznajder (1999).

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vas violaciones de derechos humanos siguieron siendo perpetradas, ya bajo democracia. Intentamos aquí dar cuenta de tales lincamientos en el tratamiento del amargo legado y analizar los avances alcanzados, en cinco áreas principales. Primero, cambios en la estructura legal, que en particular en la Argentina han culminado con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a mediados del 2003, siendo éste uno de los primeros temas tratados bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Desde la vecina Chile, el presidente Ricardo Lagos estimaba que la situación en su país era diferente, mientras expresaba su admiración por los avances de la Argentina en el ámbito de poner fin a la impunidad amparada en la legalidad. Segundo, la incorporación del tema de los derechos humanos a los sistemas educacionales en forma más amplia. Tercero, la profundización del tema de la memoria colectiva a través del establecimiento de lieux de memoire. En este área también se registran publicaciones, seminarios, entrevistas de prensa, conmemoración de aniversarios, muestras de artes plásticas y fotografía, esfuerzos mediáticos y filmográficos —incluyendo un festival de cine sobre derechos humanos. Cuarto, la aceleración, nuevamente en la Argentina y asimismo en Chile, en los intentos de procesar a violadores de derechos humanos dentro del marco legal existente, en el caso argentino aún antes de la anulación de las leyes restrictivas. Esto lleva a varios tipos de procesos legales. Acusaciones por secuestro de niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres son dirigidas contra altos oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad que tenían relación con la desaparición de los padres de estos niños. Por otro lado, se investiga y procesa por enriquecimiento ilícito relacionado con las desapariciones y abusos del aparato represivo. Paralelamente, se inician los juicios por la verdad, con el propósito de desvelar el destino de una o más personas desaparecidas, aún sin que sea posible condenar a los perpetradores de los delitos investigados. Por último, en el área internacional, se han intensificado las investigaciones judiciales y han proliferado las comisiones investigadoras, especialmente en Europa. Asimismo, la desclasificación de documentos de la CIA en los Estados Unidos ha repercutido en el Cono Sur. En algunos casos, la información revelada llevó a solicitudes de extradición de perpetradores de violaciones de derechos humanos, que han nuevamente centrado la discusión sobre el tema de la soberanía. Desde una perspectiva comparativa y global, quizás el hecho más importante fue el arresto de Pinochet, en Londres en octubre de 1998. Este arresto

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fue el resultado del proceso comenzado en España dos años antes, y en el marco del cual el juez Baltasar Garzón emitió una orden internacional de detención preventiva a los efectos de interrogar y solicitar la extradición del ex-presidente militar de Chile. Esta orden fue ejecutada por las autoridades británicas y así se estableció un precedente internacional que quebraba la norma de impunidad reinante hasta entonces en la mayoría de los legados de violaciones de derechos humanos y particularmente en los del C o n o Sur. En general, el arresto tuvo repercusiones en el Cono Sur y estableció claramente dos posiciones con respecto a las normas sobre derechos humanos. Las organizaciones ocupadas de este tema, a nivel nacional e internacional, expresaron su satisfacción al quebrase la norma de impunidad pre-existente. Gran parte de las clases políticas y gobiernos, así como los sectores militares, nacionalistas y conservadores en estos países sostenían los principios de territorialidad, soberanía y justicia dentro del territorio nacional con respecto a crímenes cometidos en cada país. Según la visión que estos sectores intentaron preservar, lo sucedido en el C o n o Sur era un problema interno de cada país y cada estado podía ejercer su derecho a amnistiar y perdonar a quienes creyera necesario. Se oponían a la extradición y a la internacionalización de los legados de violaciones de derechos humanos, aunque éstos, en el marco de la legalidad internacional, pertenecieran al ámbito de crímenes contra la humanidad. Se imponía así la opción de clemencia soberana, ejercida de una u otra manera por los gobiernos democráticos. Aún así, la detención de Pinochet generó una dinámica imprevista y generadora de cambio. U n o de los argumentos centrales usado por las autoridades chilenas y los partidarios de Pinochet, al demandar que fuera liberado en el Reino Unido y volviera a Chile era que habría de ser juzgado en el territorio donde se cometieron los delitos que se le imputaban, ya que existían diecisiete querellas criminales en su contra en Chile, querellas que habían sido acogidas para su tramitación por el ministro de fuero Juan Guzmán. Estas querellas cubrían las mismas acusaciones por las que el juez Garzón pedía la extradición a España. El problema era que el decreto Ley 2.191 de 1978, popularmente conocido como la Ley de Amnistía, cubría los crímenes que se le imputaban a Pinochet y los tribunales chilenos habían aplicado esta ley en forma invariable. Además, en la transición chilena a la democracia, negociada entre las fuerzas armadas y la oposición política que luego se constituiría en la autoridad civil democrática, existía un compromiso impuesto por los militares que transformaba a Pinochet y su familia en 'intocables'. Más allá de estos puntos, había que tener en cuenta que si se intentaba procesar a Pinochet en Chile, interven-

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dría la justicia militar para poner fin a cualquier proceso 5 . Pese a ello, la detención del ex-presidente militar incentivó que se presentaran en Chile muchas querellas en su contra frente al juez Guzmán y que se impulsara la investigación de causas pendientes por violaciones de derechos humanos revitalizando así la vía judicial en el plano interno. En el marco de una posición similar a la de las autoridades chilenas, el gobierno uruguayo rehusó firmar en julio de 1998 el Estatuto de R o m a que llevaría a la creación de una Corte Penal Internacional en julio de 1998, ya que esta firma anularía la opción de clemencia soberana adoptada por U r u guay en su Ley de Caducidad, respecto de su propio legado de violaciones de derechos humanos. A pesar de numerosas presiones locales por reactivar el tema en los '90s, Uruguay —como bien lo analiza Gerardo Caetano— siguió sujeto al discurso de «no agitar las aguas del pasado» para «no despertar a los monstruos», lo cual implicó que múltiples iniciativas por encontrar fórmulas de acuerdo amplio sobre los desaparecidos chocaran con la falta de voluntad política de las autoridades estatales, terminando en el fracaso 6 . Fue recién tras la asunción presidencial del Dr. Jorge Battle en marzo del 2000 y de su decisión en agosto de aquel año de erigir una Comisión para la Paz que se dieron las condiciones para indagar a fondo el destino de los detenidos-desaparecidos. En efecto, ya en abril de 1998, el Padre Luis Pérez Aguirre se había referido a la necesidad de «escuchar el silencio de los desaparecidos», lo cual requería tener una propuesta que fuera bien vista por los familiares, «tener el aval del Presidente y ser viable para las Fuerzas Armadas» 7 . C o m o veremos más adelante, empero, aunque la Comisión generó altas expectativas al recentralizar el tema en la agenda pública, muchas de las sugerencias institucionales planteadas en el Informe Final elevado al Presidente en abril del 2003 quedaron relegadas al futuro. Es en Argentina en particular donde el tema de los derechos humanos y el legado de violaciones que dejó tras de sí la dictadura cobran proyección en la esfera pública. Ello no sólo se nutre de las expectativas relativas al legado del P R N sino que se entrelaza también con problemas que enfrenta el sistema judicial en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas ya en el marco democrático como con la indignación frente a la incapacidad o falta de voluntad en resolver los casos de atentados terroristas contra la

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Derechos Humanos en Chile (1998). Caetano (2002). Pérez Aguirre (1998).

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M a r i o S z n a j d e r y Luis R o n i g e r

Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994) que generan continuas protestas por parte de familiares y amigos de los afectados así como también por parte de organismos de derechos humanos. C A M B I O S E N LA E S T R U C T U R A LEGAL, NUEVOS PROCESOS JUDICIALES Y S O L U CIONES EXTRA-JUDICIALES

En las primeras semanas de 1998, congresales del FREPASO presentaron al Congreso una propuesta para derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los fundamentos de la propuesta residían en dos puntos básicos: los crímenes cometidos eran imprescriptibles y las desapariciones poseían un carácter continuo, de delito permanente 8 . Esta iniciativa, tomada por Adriana Puiggrós, Alfredo Bravo y Juan Pablo Cañero, pretendía tener carácter apolítico y actuar fuera de los límites de los partidos. Sin embargo, nuevamente pudo observarse cómo el tema inmediatamente desbordaba hacia el ámbito político. Los peronistas querían una discusión abierta en una sesión especial del Congreso, esperando que en un marco así las tensiones que la inciativa provocaba entre el FREPASO y la U C R , terminarían quebrando la Alianza. Además, la anulación de las leyes reabriría el tema de la validez de los perdones otorgados por Menem al principio de su primer período presidencial, por lo cual el Presidente Menem amenazaba con vetar la iniciativa. La posición oficial, mantenida por el ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, era que los perdones no podrían ser tocados, fueran cuales fueran los cambios legales propuestos. Raúl Alfonsín defendió sus propias políticas con un doble argumento. Por un lado sostuvo que las leyes limitatorias fueron necesarias pues «Argentina caminaba al borde de un abismo». Por el otro, sostuvo que los procesos llevados a cabo anteriormente en Argentina no tenían precedente 9 . El Partido Justicialista hizo esfuerzos para frenar la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y logró posponer el debate parlamentario hasta el 24 de marzo de 1998, fecha en que las leyes mencionadas fueron derogadas —coincidiendo con el 22° aniversario del golpe militar de 8 Los congresales mismos no tenían clara la diferencia entre 'derogar' o 'anular' la ley. Las organizaciones de derechos humanos pedían nulificar estas leyes, es decir, retornar a un status en el que se establecía una situación equivalente a la no existencia de estas leyes (nulidad total), < h t t p : / / c l a r i n . c o m . a r / d i a r i o / 9 8 _ 3 _ 2 5 > . 9 «Argentina c a m i n a b a al b o r d e de un a b i s m o » , .

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1976— sin que ello afectara al pasado. Desde ese m o m e n t o podrían abrirse procesos sobre la base de crímenes no cubiertos por la ley de Obediencia Debida, como por ejemplo los desaparecimientos - q u e seguían vigentes al ser derogadas las leyes y que ponían en vigencia el principio de continuo— o el secuestro de menores. M e n e m decidió no vetar las derogaciones debido al apoyo parlamentario y popular de que éstas gozaban. El cambio legislativo en la Argentina permitió al sistema legal intentar actuar en forma más firme en torno a querellas relacionadas con las violaciones de derechos humanos, a través de tres ejes de acción penal. El primero se basó en el reconocimiento de las desapariciones y del secuestro de niños como crímenes contra la humanidad, siempre procesables. El segundo, en el reconocimiento del derecho a conocer la verdad. El tercero, en la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ya en agosto de 1998, la Corte Suprema rechaza la demanda de Carmen Aguilar Lapaco de conocer el destino de su hija desaparecida. Esto implicaba una contradicción a los acuerdos internacionales sobre el derecho a la verdad, incorporados a la Constitución Nacional. El veredicto de la C o r t e Suprema provocó reacciones muy negativas por parte de los organismos de derechos humanos, que veían en éste un intento de cercenar los progresos legales ya logrados. Surgieron proyectos legislativos contra la Corte Suprema, pero no prosperaron debido a que ésta terminó reconociendo jurídicamente el derecho a conocer la verdad en el caso de Benito Urtegas en octubre de 1998 10 . En Uruguay a fines de la década de los '90 hubo intentos paralelos, aunque de menor trascendencia, ya que tuvieron lugar fuera del marco judicial formal, en el que impera la Ley de Caducidad. En 1999, el Sindicato Médico del Uruguay expulsó de sus filas al médico policial Salomón Cizin, acusado de haber participado en la tortura de prisioneros políticos en la época de la represión. Tal decisión se relacionaba con la labor de la Comisión Nacional de Etica Médica encargada de juzgar, en el plano ético-profesional y más allá de todo marco legal, la participación de médicos en las torturas realizadas durante la represión. En Chile, 1999 también fue un año muy importante en materia de derechos humanos, a la sombra de la detención de Pinochet y el proceso británico en torno a su extradición a España. En agosto, el Ministro de Defensa E d m u n d o Pérez Yoma, consciente del peso del legado de violaciones de 10

Véase «Benito Urtegas», .

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derechos humanos sobre la renacida democracia chilena y también de los impedimentos legales para su resolución, llamó a la formación de una Mesa de Diálogo entre las fuerzas armadas, abogados de derechos humanos y personalidades intelectuales y religiosas, bajo la conducción del propio ministro. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos vieron esta iniciativa con mucha difidencia, pensando que tenía por objetivo paralizar toda acción judicial y a la vez facilitar la vuelta de Pinochet a Chile. Pese a todo, la iniciativa recibió el apoyo de amplios sectores en la opinión pública chilena. Los objetivos de la Mesa de Diálogo eran condenar las violaciones de derechos humanos en términos de 'nunca más' y encontrar la manera de desvelar el destino de los detenidos-desaparecidos 11 . C o m o objetivo inmediato, estaba destinada a lograr la firma de un acuerdo jurídico entre militares y abogados de derechos humanos para solucionar el problema de los detenidos-desaparecidos, antes de la conclusión del gobierno del presidente Frei el 11 de marzo del 2000. La vuelta de Pinochet a Chile ocho días antes de esa fecha y tras más de dieciséis meses de detención en Gran Bretaña, fue objeto de una recepción triunfal por parte de las fuerzas armadas. Este evento, de claro perfil político, más allá de provocar tensiones entre el gobierno civil y los militares, destruyó la posibilidad de firmar el acuerdo en la Mesa de Diálogo, ya que Pinochet, percibido como el principal responsable de las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno militar, era apoyado en forma total por los mismos militares que tenían que firmar el acuerdo. Esta contradicción, envuelta por el espíritu triunfalista de la recepción militar a Pinochet y la impotencia de las autoridades civiles frente a ello, fue vista como un retroceso en la consolidación democrática y fue objeto de duras críticas tanto en Chile como a nivel internacional. En Argentina, el juez Adolfo Bagnasco ya había acogido en 1996 una demanda entablada por las Abuelas de Plaza de Mayo en la que se sostenía que más de doscientos neo-natos habían sido secuestrados de sus padres desaparecidos o nacidos en cautiverio, y sus identidades fueron cambiadas al ser entregados en adopción a miembros de las fuerzas de seguridad o a sus colaboradores. Muchos testimonios confirmaban que estos hechos habían tenido lugar en la ESMA y el Hospital Militar de Campo de Mayo. En 1998 se comienza a acusar a los líderes de las Juntas Militares como responsables del sistemático secuestro de los neo-natos y su entrega y / o adopción ilegal. Durante 1999 los 11

Véase .

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jueces Adolfo Bagnasco, Cristina Garzón de Lascano, Roberto Marquevitch y María Servini de Cubria investigaron los casos y ordenaron el arresto o la detención de varios ex-miembros de las juntas militares y otros altos oficiales, entre ellos Jorge R.Videla, Emilio Massera, Antonio Vañek, José Suppicich, Rubén Franco, Héctor Febres, Jorge Acosta, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone. Cuando los casos fueron apelados ante la Corte Federal, ésta confirmó la detención deVidela y Massera, rechazando el argumento de que los casos habían sido ya juzgados. Por otro lado, la Corte Federal decide liberar de cargos a Vañek, Acosta, Febres, Nicolaides, Franco y Bignone al encontrar falta de precisión en el veredicto de Bagnasco contra éstos. Durante 1999, el tratamiento legal y procesal de los secuestros de bebés y niños reafirmó el carácter permanente de estos crímenes, cuando los exrepresores apelaron a la Corte Federal. Hacia entonces, la Corte Suprema había reafirmado también el carácter permanente del crimen de desaparecimiento de personas, al dictaminar en el caso Tarnopolsky, declarando que sería así «...mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida...» 12 . Esto condujo a nuevos procesos contra Massera y Videla. Finalmente, en agosto de 1999, la Corte Suprema dictaminó, por vez primera, que un militar debería pagar reparaciones por daños en violaciones de derechos humanos. Emilio Massera fue condenado a pagar 120.000 dólares a Daniel Tarnopolsky, cuya familia 'desapareció' en la ESMA, en julio de 1976. A su vez, el estado argentino recibió de la Corte Suprema la orden de indemnizar a Tarnopolsky por la suma de 1.250.000 dólares13. Por su parte, el juez Gabriel Cavallo determinó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales. Esto sucedió en marzo del 2001, cuando Julio Simón (alias el Turco Julián) y Juan Antonio del Cerro (alias Colores), acusados del secuestro de la neo-nata Claudia Poblete, intentaron amparase en aquellas leyes, ya derogadas pero aún no anuladas. En octubre del 2001, una Corte Federal reafirmó la decisión del juez Cavallo y en el 2002, el juez federal Claudio Bonadio emitió un dictamen similar en el caso de Leopoldo Galtieri y otros veinticinco acusados de represión e implicados en el asesinato de veinte Montoneros. En el Congreso mismo se suscitó un problema en 1999, cuando el General Antonio Bussi, fue elegido diputado. Bussi había sido acusado de violaciones de derechos humanos, y procesado en Córdoba desde 1998 por la 12 13

Boschi (1999). Véase .

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juez Cristina Garzón de Lazcano por la desaparición y supresión de identidad de menores y la sustracción, retención y ocultamiento de Mónica Alarcón. El Congreso votó el bloqueo a la incorporación de Bussi a sus filas y reafirmó esta decisión a nivel de comisión parlamentaria en abril del 2000 14 . A principios de agosto del 2000, Pinochet, hasta entonces senador vitalicio de acuerdo a la Constitución de 1980 fue desaforado, al oficializar la Corte Suprema de Chile la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre la sospecha de la intervención del ex-Jefe de Estado en 19 secuestros investigados por el ministro de fuero Guzmán. Esto permitiría que se le citase a declarar en los numerosos juicios derivados de las 142 querellas por torturas, desapariciones y asesinatos presentados contra el ex-presidente. Ese mismo mes, las Fuerzas Armadas y de seguridad asumieron formalmente el compromiso de obtener información que permitiera aclarar los casos de los detenidos-desaparecidos. Este fue el compromiso que logró la Mesa de Diálogo, tras nueve meses de trabajo, suscitando gran interés regional e internacional 1 5 . M u y rápidamente el Congreso de Chile aprobó la legislación pertinente para resguardar la identidad de las personas que entregaran información sobre los detenidos-desaparecidos. Generales en retiro aceptaron colaborar en la búsqueda de los detenidos-desaparecidos. Algunos sectores jurídicos y sociales apoyaron el compromiso, otros se opusieron. Es así que se realizó un duro encuentro entre el Presidente Lagos y la directiva de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que se opuso al acuerdo logrado en torno a la Mesa de Diálogo, pues éste confirmaría la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos y confirmaría la vigencia de la Ley de Amnistía, impidiendo así que se conociera toda la verdad y se hiciera justicia. Una iniciativa a destacar, desde la Argentina, son los Juicios por la Verdad. Ante la vigencia de las leyes de impunidad, desde los familiares de las víctimas y desde los organismos de derechos humanos se recoge y proyecta una antigua tradición en el derecho de gentes, el derecho a la verdad. Este es el derecho que tiene todo individuo respecto de la circunstancia de la muerte de sus deudos. Sobre esta base y la presentación de Lapaco y Mignone se abren los denominados Juicios por la Verdad en distintos lugares del país. U n o de los más peculiares de estos espacios judiciales así configurados es el Juicio por la Verdad de La Plata, ya que en 1998 por una singular articulación

14 15

Véase . Balance (2000).

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entre lo público y lo privado y a petición de la A P D H de La Plata, la Cámara Federal de esa ciudad basa las votaciones de sus miembros en mayoría en la fundamentación presentada por el juez Leopoldo Schiffrin respecto a la petición de que fuere ese el lugar y no otro la sede del Juicio por la Verdad de los desaparecidos y asesinados de esa jurisdicción. Así, los testimonios que los sobrevivientes de los campos clandestinos de detención aportaron a la verdad sobre la suerte de muchos compañeros de cautiverio cuya desaparición no fue registrada ni por la justicia ni en el informe de la C O N A D E P . Paralelamente, son parte de este juicio las declaraciones con «fallas de m e m o ria» de figuras eclesiásticas, funcionarios civiles de la dictadura y miembros de las fuerzas armadas y policiales que, contradictoriamente declaran respecto de lo que sabían de los presos políticos y su detención, dónde fueron alojados y cómo. Es así como se reabre un espacio de proyección pública que se pensaba hasta entonces cerrado. Los JV han permitido una aproximación nueva en torno a dilucidar el destino de los detenidos-desaparecidos y ejecutados en forma extra-judicial durante la dictadura militar 16 . Ello generó consternación en algunos sectores de las fuerzas armadas y policiales. Hay casos de oficiales de las fuerzas armadas, c o m o por ejemplo el del Mayor Luciano Quiroga, quien es detenido en Córdoba, en mayo del 2000 por órdenes de una C o r t e Federal, al sospecharse que recababa informaciones sobre los esfuerzos judicales para aclarar el rol de militares en el secuestro de neo-natos. El Jefe del Estado Mayor, General Martín Balza, suspendió a Q u i roga y a otros tres oficiales del ejército, mientras se investigaban los cargos contra éstos. En enero del 2001, el General Manuel Contreras terminaba de cumplir su condena de siete años de presidio, por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Liberado de la cárcel de Punta Peuco, fue trasladado a una resi-

16

Comunicación personal, María Antonia Sánchez: , 15 de abril de 2002. Sánchez desarrolla estos temas en una tesis en preparación. Según Sánchez, en noviembre del 2003, uno de los aportes de mayor envergadura del juicio de La Plata ha sido la prisión preventiva que se encuentra cumpliendo el sacerdote Christian von Vernik, ex capellán del general Camps, citado a declarar por una investigación del Fiscal en ese tribunal, doctor Félix Croux. Como resultado de la indagación, von Vernik es derivado a la justicia en primera instancia y allí se dictamina en el sentido que corresponde prisión preventiva por las torturas y desaparición de personas. Sánchez y Vedio (2003). Igualmente importante es ver Schiffrin (2003) y la mesa redonda donde participó junto con el juez Baltasar Garzón, el juez Carlos Cerda Fernández y los profesores Natan Lerner y Claudio Grossman, en Balaban y Meged (2003).

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dencia donde quedó bajo arresto domiciliario, decretado por el juez Juan Guzmán quien investiga el secuestro y eventual asesinato de David Silberman, alto ejecutivo de Codelco y dirigente comunista. El mismo juez recibió también las declaraciones de Pinochet, quien negó ser responsable de ordenar en 1973 las ejecuciones cometidas por la llamada «Caravana de la Muerte» comandada por el General Arellano Stark. Este testimonio, de indagación personal del ex-dictador, aunque realizado en su residencia personal, fue no sólo una diligencia clave sino un acto judicial sumamente importante al ser la primera vez que Pinochet era interrogado por un juez en Chile, en calidad de implicado. Más tarde, Pinochet cumpliría cuarenta y un días de prisión preventiva bajo arresto domiciliario en su Parcela de Los Boldos, siendo liberado bajo fianza en marzo del 2001. A principios de julio del 2002, la Corte Suprema sobreseyó a Pinochet en el caso de la Caravana de la Muerte, estimando que éste sufría una enfermedad mental incurable. C o m o resultado del sobreseimiento, Pinochet reununció a su cargo de senador vitalicio por «problemas de salud insuperables y el implacable paso de los años» acogiéndose al Estatuto de ex Presidentes, por el cual mantiene la dignidad de ex-Jefe de Estado así como la dieta (salario) parlamentaria 17 . En Uruguay, otros sucesos impedían la búsqueda de la verdad. Hacia 1999 existían varias declaraciones de militares que habían asistido al entierro de prisioneros asesinados en los predios del Batallón de Infantería No. 13. El último caso, del soldado R a m ó n Pintado Otero, había sido descalificado por las autoridades militares que atribuían a éste un desequilibrio mental. Sin embargo, poco después de las declaraciones de Pintado O t e r o frente a la C o r t e Suprema, se hace público que el C o m a n d a n t e en jefe del Ejército uruguayo había pedido modificar el Plan de Saneamiento III, en el marco del cual se preveían excavaciones en el predio del nombrado batallón. El argumento era que la cercanía a depósitos de explosivos hacía obligatoria la ejecución militar de las excavaciones. Finalmente se llegó a un compromiso de acuerdo al cual un ente civil realizaría las obras, bajo supervisión militar. En agosto del 2000 se establece una Comisión para la Paz, encargada de intentar averiguar el destino de uruguayos desaparecidos entre 1973 y 1985. En su informe final del 10 de abril del 2003 indica que «desde un comienzo, más allá del objetivo último y más ambicioso de 'consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos' [...], ésta tuvo en claro que le había sido asignada una tarea más inmediata: concretamente, la 17

Derechos Humanos en Chile (2002).

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de averiguar la situación y el destino de los detenidos-desaparecidos [adultos y menores desaparecidos] durante el régimen de facto».Vale decir que, se trataba de hecho de una «comisión por la Verdad», sin potestades de orden coercitivo, por lo cual debía trabajar por medio de la persuasión y el diálogo, recabando informaciones existentes y verificándolas a partir de información homologa en la Argentina, en cuya jurisdicción territorial se había registrado el mayor número de desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos, en Chile y Paraguay, así como a través de nuevas entrevistas con testigos oculares y finalmente con integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes se intentó persuadir de dialogar y cooperar con la Comisión. La Comisión destacaba que «no entabló nunca contactos de nivel institucional con las Fuerzas Armadas, ni se reunió con los mandos y jerarquías respectivas» sino que «apeló únicamente a su poder de persuasión, tratando de convencer a aquellos policías y militares para que aportaran en forma voluntaria la información a su alcance, al amparo del régimen de estricta reserva imperante» 18 . Siguiendo tal estrategia de trabajo, la Comisión logró confirmar el destino de ciudadanos denunciados como desaparecidos: «Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 —24 en total- habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al R í o de La Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión». Se logra ubicar documentación sobre la suerte de 137 uruguayos adultos presuntamente detenidos-desaparecidos en Argentina, Chile y Paraguay, confirmando total o parcialmente el lugar de detención, el paradero de los restos o la mera determinación de su fallecimiento 19 . De las cuarenta denuncias sobre hijos de personas detenidas o presuntamente desaparecidas, treinta se descartan por falta de evidencia o información. La Comisión elevó una serie de sugerencias y recomendaciones específicas, como el establecimiento de una Secretaría de Seguimiento para el traba18

Comisión para la Paz (2003). Del trabajo de McSherry surge que la mayoría de las víctimas de la cooperación represiva fueron muertas en suelo argentino. Al menos 223 de los cuatrocientos dos individuos de países limítrofes asesinados en el marco de la Operación Cóndor, lo fueron en la Argentina. Ese número incluye los 127 uruguayos, 51 paraguayos, 36 bolivianos y 9 brasileros. En el caso de las víctimas chilenas, el lugar de asesinato de los 119 chilenos muertos no es indicado, por lo cual es de suponer que el número de ciudadanos extranjeros asesinados en la Argentina es aún mayor; McSherry (2002: 39). 19

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j o aún en trámite, la promoción de «normas legales que permitan reconocer la situación jurídica especial en que se encuentran los ciudadanos desaparecidos (Declaración de ausencia por desaparición forzada) y sugerir criterios que aseguren la reparación integral y efectiva que merecen los familiares de quienes fueron víctimas de delitos de Estado (Criterios de reparación)». Asimismo, sugería una larga serie de objetivos más amplios, como que: Se enseñe y estimule también a todo nivel, a partir del análisis crítico que se sugiere en el literal anterior, la plena vigencia de conceptos, valores y principios que hacen a nuestra propia esencia como Nación y son la mejor garantía contra toda forma de violencia y arbitrariedad, tales como, entre otros, los siguientes: la democracia como instrumento formal, sustancial y único de convivencia; el diálogo y la solución no violenta de los conflictos y las divergencias; la tolerancia y el respeto por los derechos de los demás c o m o vehículo para definir objetivos nacionales comunes, sin peijuicio de la diversidad que nos distingue como sociedad libre y pluralista; la consolidación plena del Estado de Derecho; la sujeción del Estado y sus agentes al marco de más estricta legalidad y, en definitiva, la prom o c i ó n y protección genuina de los derechos fundamentales del hombre. Se revean y actualicen nuestras normas legales vigentes, de forma de contemplar delitos (como por ejemplo, tortura, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, etc.). Se ratifiquen y aprueben los tratados, pactos y convenciones internacionales que se impulsan a nivel internacional 2 0 .

Las altas expectativas de avanzar a favor de la verdad expuesta p o r la Comisión se vieron de m o m e n t o frustradas, revelando fisuras dentro del campo político y desacuerdos aún entre los miembros de la Comisión para la Paz. Fue así que la inclusión del caso de la desaparición y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera de Juan Gelman, entre los crímenes de Estado, provocó reacciones enfrentadas a nivel de los legisladores de los diferentes sectores políticos. Desde la izquierda se cuestionó severamente la decisión presidencial, mientras que el oficialismo defendió la actitud del presidente Batlle. En el Partido Nacional, la reacción mayoritaria fue de cautela. Mientras Carlos Ramela, asesor presidencial y miembro de la CP, respaldaba la decisión, otro ex miembro de la misma, el abogado Gonzalo Fernández, declaró a la prensa que la decisión presidencial indicaba que el I n f o r m e de la C P se había malinterpretado c o m o «el final del camino», mientras que había sido concebido como «apenas el comienzo» y que el Pre-

20

Comisión para la Paz (2003).

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sidente de hecho había intentado «matar el tema con el Informe de la Comisión»21. En Chile, en enero del 2001 y tras haberse cumplido el plazo prescripto por la Mesa de Diálogo, el Presidente Lagos anunció al país en un mensaje emitido por radio y televisión que las informaciones recogidas serían de gran utilidad para que la justicia esclareciera el destino de un número cercano a 180 personas detenidas-desaparecidas, que estarían muertas y de las cuales 130 habrían sido arrojadas al mar, ríos y lagos, y otras veinte, cuyos nombres se ignoran, estarían en fosas comunes en la Región Metropolitana 22 . Lagos trazó un eje de defensa de los derechos humanos en Chile que iba de la Vicaría de la Solidaridad al Informe Rettig y de éste a la Mesa de Diálogo. Los datos porporcionados por aquellas instancias y las nuevas fuentes serían el material con el cual el poder judicial podría establecer la verdad, en estos casos. En el fondo, los procesos judiciales serían juicios por la verdad, ya que en gran parte de los casos sería imposible llevar a juicio a los inculpados. Por otro lado, indicó que al haber cooperado en la Mesa de Diálogo y haber desplegado un gran esfuerzo en las averiguaciones, los altos mandos de las fuerzas armadas habían «reconocido que el país no puede mirar el futuro sin despejar las deudas del pasado»23. Sin embargo a fines del 2002, las declaraciones de un ex-agente de la DINA apodado 'Colmillo blanco' sobre el ocultamiento de antecedentes sobre desaparecidos por parte de la Fuerza Aérea de Chile sembró graves dudas sobre la declarada voluntad de cooperación de las fuerzas armadas para resolver el problema de los desaparecidos, tal como fuera anunciada a través de un compromiso solemne con el Presidente de la República. En forma similar, mientras el Presidente Battle sugería en su mensaje de asunción del cargo el I o de marzo del 2000 iniciar un diálogo con todos los sectores «en procura de los entendimientos y los acuerdos que aseguren la armonía de los uruguayos y sellen para siempre la paz entre los uruguayos», el jefe del Estado Mayor Conjunto del Uruguay, General Manuel Fernández se manifestaba en una entrevista en el semanario «Búsqueda» contra la apertura de cualquier vía de esclarecimiento. Ello generó una orden presidencial del 6 de abril de separarlo del cargo y sujetarlo a arresto a rigor por diez días,

21

Falca (2003). Balance (2001). 23 Ibid. Las familias de los casi doscientos detenidos-desaparecidos sobre los que se logró obtener información fueron informadas. 22

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señal clara de la voluntad política del primer mandatario de avanzar en el frente de la verdad, tal como la instalación de la Comisión de la Paz en agosto del 2000 24 . Sin embargo, ello no implicó apoyo judicial. Un juez argentino acusó en 2001 a tres oficiales militares uruguayos y uno de la policía por su implicación en la desaparición de veinte ciudadanos uruguayos en la Argentina. Consecuentemente, pidió la extradición y detención de aquéllos. Más tarde, el mismo juez pidió a Uruguay la detención en julio del ex-comandante en jefe del ejército uruguayo, Teniente General Julio C.Vadora por cargos de conspiración en conjunto con los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile. Vadora, miembro de la Logia Tenientes de Artigas y hombre duro de la dictadura y la represión, era considerado el referente del Plan Cóndor en Uruguay. La acusación inmediata era por la captura y entrega de exiliados políticos a sus países de origen, donde las dictaduras militares los torturaron, hicieron desaparecer y asesinaron. Las autoridades uruguayas rehusaron detener a los oficiales en cuestión 25 . En enero de 1999 también se presentó un proyecto de ley para pagar reparaciones a aquéllos que debieron exiliarse de Argentina entre noviembre de 1973 y diciembre de 1983. Este proyecto no prosperó debido a las dificultades financieras y conceptuales que presentaba. Tres días antes de renunciar a su cargo, el Presidente De la Rúa firmó en diciembre del 2001 un decreto que oficializaba la política del gobierno argentino rechazando los pedidos de extradición formulados contra militares argentinos que habían sido acusados en otros países de crímenes contra la humanidad. Esta decisión reafirmaba el principio de territorialidad 26 . Sin embargo, a fines del 2002 y durante el 2003 siguen adelante procesos por violaciones de derechos humanos en Chile y en Argentina se procedió en agosto del 2003 a sancionar la nulidad de las leyes que impedían continuar las investigaciones, con lo cual pudieron reabrirse causas y buscar pruebas sobre el destino de los desaparecidos y los responsables de las desapariciones. Asimismo, desde mayo del 2001 se iniciaron una serie de contactos entre parlamentarios brasileros, argentinos y uruguayos destinados a la creación de una comisión investigadora del Plan Cóndor, bautizada Mercorsur de la Verdad y la Justicia. Aún cuando por distintas razones la iniciativa no había progresado,

24 25 26

Caetano (2002:22). Véase . Véase .

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aún en el 2004 se presumían nuevos esfuerzos al respecto, que prodrían tener éxito durante la presidencia de Kirchner en la Argentina27. Por igual, se siguen debatiendo los pedidos de extradición que llegan desde Europa. El caso Prats, ya juzgado en Argentina, fue abierto como causa en Chile y también las hijas de las víctimas presentaron una querella contra la cúpula dirigente de la DINA en la época del asesinato de Prats y su esposa. Actualmente, la justicia chilena cuenta con 36 jueces especiales con dedicación completa a juicios sobre violaciones de derechos humanos, recursos y personal propios, lo cual ha permitido avanzar considerablemente en un tercio de los casos pendientes. En el 2003 se estableció en Chile una Comisión de Prisión Política y Tortura destinada a ampliar la cobertura de la Comisión Rettig, la cual en su época no pudo tratar estos temas, centrales tanto por los contenidos que trata así como por la envergadura de este tipo de violaciones de derechos humanos. Pero por otro lado, el Senado chileno, en el que sectores vinculados a la dictadura militar poseen aún mucha influencia, no ratificó la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, ni el Tratado sobre el Tribunal Internacional. Estas decisiones fueron apoyadas por el Tribunal Constitucional y constituyen un impedimento en el proceso de normalización legal internacional de Chile, en lo que a normativa universal sobre violaciones de derechos humanos respecta. Por otro lado, el número de querellas legales contra Pinochet, por violaciones de derechos humanos, llega a 299 en el 2004 28 . El 12 de agosto del 2003, el presidente Ricardo Lagos pronunció un discurso sobre el legado de violaciones de derechos humanos titulado «No hay mañana sin ayer». Mencionando los tres pilares de la política oficial chilena tras la vuelta a la democracia —la verdad, la justicia y la reparación— propuso una serie de medidas para efectivizar estos procesos. Estas medidas incluyen la agilización de los procesos por violaciones de derechos humanos, la inversión de mayores recursos en éstos, la diferenciación entre quienes iniciaron estas políticas de represión y quienes actuaron por temor a represalias, o sea entre mandos militares y de seguridad superiores e inferiores, la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas cuyo objetivo será velar por el fomento, protección, ejercicio y fiscalización del respeto de los derechos humanos en Chile. También propuso aumentar en 50% el monto de las pensiones de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la ampliación de dichas reparaciones a los hijos de vícti27 28

Kovacic (2004). Véase FASIC, .

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mas que aún no las reciben, acentuar la educación sobre derechos humanos. «Impulsaremos, asimismo —dijo— la ratificación de tratados y convenios internacionales que obliguen a Chile ante el mundo en este tipo de materia» 29 . Por su parte, en la Argentina, en marzo del 2004, el juez Rodolfo Canicoba Corral declaró inconstitucionales a dos de los diez indultos firmados por el Presidente Ménem en 1989 y 1990. Esto sólo afecta a seis oficiales de las fuerzas armadas, tres de los cuales están muertos y dos cumplen sentencias por otros delitos. Sin embargo, la inconstitucionalidad puede ser extendida al resto de los indultos, lo cual llevará a reabrir investigaciones en cientos de casos sobre violaciones de derechos humanos, completando así el efecto que han tenido las anulaciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida 30 .

INCORPORACIÓN DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS AL SISTEMA EDUCACIONAL

Al derogarse las leyes de Punto final y Obediencia Debida, el gobierno argentino decretó que el 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, habría de ser una fecha dedicada en el sistema educativo al análisis histórico crítico del golpe y sus secuelas y al recuerdo de las víctimas de la violencia tanto de los grupos armados terroristas como de la represión ilegal 31 . En abril de 1998, diputados del F R E P A S O interpelan al Presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, para que investigue por qué organismos de la Biblioteca del Congreso habían publicado una compilación titulada Derechos humanos, reseña que reproducía artículos favorables a la dictadura militar de 1976-1983 y a la vez criticaba la participación de Argentina en la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. En torno al estudio serio sobre el tema, han surgido iniciativas respecto a programas de maestría y pos-grado sobre la memoria, como una maestría en Historia y Memoria en La Plata y programas similares en Buenos Aires, entre los que se destacan el programa de investigación y formación de investigadores jóvenes sobre Memoria Colectiva y Represión, dirigido por Elizabeth Jelin y patrocinado por el Social Science Research Council de Nueva York 32 .

29

«No hay mañana sin ayer» (2003).

30

Sued (2004).

31

Véase < h t t p : / / c l a r i n . c o m . a r / d i a r i o / 9 8 _ 0 3 _ 2 7 . h t m > .

32

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Bajo la democracia se siguieron c o n m e m o r a n d o hechos relacionados con la represión. En el área educativa tiene especial relieve la c o n m e m o r a c i ó n , tanto en La Plata c o m o en el resto del país, de la tristemente célebre ' N o c h e de los Lápices', todos los 16 de septiembre. En agosto del 2003, el presidente Kirchner firmó la resolución que extiende el boleto escolar subsidiado a los primeros años de la educación secundaria. Por u n lado, se puede casi establecer una relación directa entre el rol público de la memoria histórica y decisiones políticas actuales. Por el otro, los límites impuestos p o r falta de recursos y a veces falta de prioridades claras, también marcan las decisiones. Por ejemplo, en Argentina, pese a la existencia de marcos de capacitación docente para enseñar derechos humanos a profesores de colegios, se gradúan entre 5 y 12 de un total de 15-20 que podrían capacitarse, tal c o m o testimonia Liliana Ravera de Minchili, quien dicta u n curso titulado «Investigar, actuar y educar para la paz y los derechos humanos» 3 3 . En Uruguay, el S E R PAJ continúa publicando su revista Educación y derechos humanos, en forma de cuadernos para docentes y en versión digital, continuando así una labor educativa de gran importancia 3 4 . Seminarios internacionales, c o m o el realizado en M o n t e v i d e o en Diciembre de 1998 bajo el título de Diálogos por la Verdad, logran impacto en el ámbito de la educación y las esferas públicas del C o n o sur y más allá de éste, por la variedad de participantes, el caracter ecuménico que revisten y la tarea de difusión de las O N G s participantes 35 . El i n f o r m e presentado p o r el Instituto i n t e r a m e r i c a n o de D e r e c h o s H u m a n o s sobre 'Educación en Derechos H u m a n o s ' que estudia diecinueve países de América Latina que han subscrito o ratificado el Protocolo adicional a la C o n v e n c i ó n Americana sobre D e r e c h o s H u m a n o s en Materia de derechos económicos, sociales y culturales, c o n o c i d o c o m o P r o t o c o l o de San Salvador, constata una serie de diferencias también entre los países del C o n o Sur. Se revisan cinco aspectos fundamentales: 1. el derecho a la educación; 2. la responsabilidad del estado en materia educativa; 3. la autonomía universitaria; 4. la libertad de cátedra; y, 5. la religión o el laicismo en la educación, tal c o m o aparecen garantizados o n o en las respectivas constituciones vigentes

33

Educación en derechos humanos en Argentina: . 34 Véase . 35 Cronología .

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en cada país. Desde la perspectiva de tales dimensiones, destaca que la constitución argentina cubre tres aspectos (1, 2, 3); la de Chile, dos (1,2) y la de Uruguay, también dos (1,3). En el ámbito específico de la educación en derechos humanos se revisa si las constituciones de cada país aseguran cada una de las siguientes áreas: 1. la educación cívica; 2. la educación democrática y / o para la ciudadanía; 3. la educación moral y / o en valores; 4. la educación explícita en derechos humanos; y 5. la educación intercultural o bilingüe. Argentina incluye constitucionalmente dos áreas (2,5); Uruguay, también dos (1,3) y Chile, ninguna. El informe destaca que en la década de los 90 hubo progreso tanto en las leyes generales de educación como en las políticas públicas y de desarrollo institucional y también se identificaron, en la mayoría de los países revisados, programas en derechos humanos formulados en torno a la institucionalidad pública, más allá del área de la educación, como por ejemplo el poder judicial, la policía y las fuerzas armadas así como en diversos ministerios especializados 36 .

L A FORMACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

1998 fue descrito como el año en que la represión comienza a ser nuevamente castigada 37 . Las acusaciones, procesos y arrestos inciden claramente en la formación de la memoria colectiva en lo que a la represión respecta. Pero más allá de ésto, el Presidente Carlos M e n e m anuncia su intención de hacer demoler el edificio de la ESMA. La idea era establecer en ese sitio un parque o m o n u m e n t o a la unidad nacional y transferir las funciones de la ESMA a Puerto Belgrano. Esto era propuesto por M e n e m como un paso más hacia la reconciliación nacional. El presidente estaba dispuesto a firmar el decreto de ejecución. Muchos políticos y las organizaciones de derechos humanos rechazaron de plano la idea presidencial. H e b e de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo que había que preservar la ESMA como testimonio del horror que se vivió. Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, calificó la iniciativa de motivada por una falta de sensibilidad total. En octubre de 1998, el juez Ernesto Marinelli declaró inconstitucional la iniciativa presidencial. Según

36 Véase . 37 Sartori (1998).

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Marinelli, la ESMA es parte del patrimonio cultural de la nación y la importancia simbólica de aquel infame lugar para quienes sufrieron persecusión es tal que, por ende, no puede ser demolida 38 . El 24 de marzo del 2004, al recordarse el 28° aniversario del golpe militar, el Presidente Néstor Kirchner firmó con Aníbal Ibarra,jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el convenio que convertirá a la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la Marina en un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. En el acto conmemorativo sucesivo, Kirchner pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de la represión, replicando en cierto sentido, la actitud del Presidente Aylwin en Chile al presentar públicamente el Informe Rettig en marzo de 1991. Como ejercicio de construcción de la memoria, el discurso de Kirchner se desarrolló en un problemático marco político. Al afirmar que «la democracia calló durante 20 años las atrocidades de la dictadura», provocó la reacción del expresidente Alfonsín y la U C R , quienes le recordaron el juicio a las juntas militares y el «Nunca más». Al afirmar que «los que hicieron este hecho tenebroso y macabro como fue la ESMA tienen un solo nombre: son asesinos», creó tensiones con las fuerzas armadas que agravaron las que se habían generado al retirar los retratos de los generales y ex-presidentes militares Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Patio de Honor del Colegio Militar. Dos generales y un coronel pidieron su pase a retiro señalando así su desacuerdo con la política militar del gobierno. Fuera de ésto, las críticas a gobernadores peronistas expresadas por Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo y con las que coincidían las titulares de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y de Abuelas de Plaza de Mayo, crearon tensiones en el seno del PJ e impidieron la participación de los gobernadores aludidos en el acto conmemorativo. La presencia de entre 25.000 y 50.000 personas y de representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, víctimas de la represión y connotados artistas, amén de los líderes políticos, se compusieron en un acto catártico que repercutió fuertemente en los medios de comunicación argentinos. El acceso a la documentación relativa a las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares es problemático. Emblemático es uno de los ejemplos en Chile, donde a fines de febrero del 2001 se da a conocer el hecho de que el 14 de noviembre de 1989, a fines del año de transición del 38 y .

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g o b i e r n o militar al d e m o c r á t i c o resultaron q u e m a d o s 7419 expedientes correspondientes a Consejos de Guerra instruidos después del golpe militar de septiembre de 1973. El Ejército negó haber destruido tales expedientes y sostuvo que fueron quemados c o m o resultado de u n «acto terrorista» perpetrado contra la Escuela de E d u c a c i ó n Física del Ejército, d o n d e éstos se encontraban, aunque luego se aclaró que una parte resultó sólo parcialmente destruida. La imposibilidad de acceder a materiales de inteligencia, fojas j u d i ciales y órdenes escritas de las fuerzas armadas y de seguridad en el C o n o Sur, constituye u n serio i m p e d i m e n t o en la tarea de reconstrucción de la memoria histórica del período de la represión. U n buen ejemplo de repercusión cinematográfica y del carácter internacional del legado de violaciones de derechos humanos en el C o n o Sur y en América Latina en general, se manifestó en diciembre de 1998, cuando la Intendencia de Montevideo presentó u n documental realizado en Brasil en 1979, titulado Y cuando yo sea grande. Este film trataba el problema de los niños uruguayos desaparecidos en Brasil, Chile y Argentina en el marco de la Operación C ó n d o r . La recuperación de la memoria iba tomando otro curso. En diciembre de 1997, organismos argentinos de derechos humanos entregaron a los legisladores municipales de la ciudad de Buenos Aires un petitorio para «la realización de u n Paseo que contenga u n m o n u m e n t o poliescultural p o r los desaparecidos, que incluya sus nombres, en la Costanera, Norte, en el R í o de la Plata, c o m o lugar simbólico d o n d e muchas víctimas de la represión fueron arrojadas» 39 . El 21 de julio de 1998, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó su artículo 46 en el que se delineaban los términos de alocación, financiamiento, construcción y plazos de ejecución del Parque de la Memoria, a ser inaugurado el 24 de marzo de 1999, al conmemorarse el 23 aniversario del golpe militar de 1976 4 0 . Este parque debería c o n t e n e r los nombres de los detenidos-desaparecidos y asesinados que presentó C O N A DEP, actualizados con aquéllos establecidos más tarde por la Subsecretaría de Derechos Humanos. En Febrero de 1999, la Intendencia de M o n t e v i d e o dio a conocer a los ganadores del c o n c u r s o para la c o n s t r u c c i ó n del Parque M e m o r i a l a los Detenidos-Desaparecidos, que se erigiría en aquella ciudad. Las propuestas fueron expuestas durante varios días en el Teatro Municipal y más tarde se

39 40

Monumento (1998). Ley No. 46 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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decidió habilitar la designación de espacios públicos con el nombre de detenidos-desaparecidos 41 . La construcción del memorial en el Parque Vaz Ferreira, al oeste de Montevideo se realizó con aportes populares recolectados durante los años 2001-2002. El Memorial de los Detenidos-Desaparecidos en Uruguay se convierte en un hito simbólico visitado no sólo por la población local sino la de todo el país. En Buenos Aires, el sitio ocupado por el antiguo garaje El Olimpo, que sirvió también como centro clandestino de detención, fue declarado sitio histórico de la ciudad en marzo de 2002. Este lugar, que históricamente fue una terminal de tranvías desde 1920 y luego el garage de una línea de transporte colectivo, fue usado por los organismos represores como centro de tortura, desaparición y asesinato de personas42. Otros esfuerzos por establecer y preservar la memoria colectiva se realizaron en las provincias argentinas, como por ejemplo la creación del Parque de la Memoria, la Justicia y la Verdad, en Neuquén, en un predio que el ejército cedió al gobierno, muy cercano al centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó allí durante la dictadura 43 . En Rosario, se estableció la Casa de la Memoria en lo que fue la residencia de una pareja de ciegos que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad argentinas durante el P R N y murieron siendo torturados. Esa casa había sido apropiada por la Gendarmería Nacional que la usó para actividades sociales de sus miembros. Ahora ha sido convertida en un sitio de la memoria 44 . En Chile, a fines de junio del 2000, se dedicó la estatua de Salvador Allende frente al Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago. La inauguración misma fue accidentada debido a una manifestación de la extrema izquierda que acusó de traición a los herederos políticos de Allende y entre ellos, al mismo presidente Ricardo Lagos. En diciembre del 2000 se inauguró en Santiago la «Casa de la memoria Sola Sierra» a nombre de la ex-presidenta de la AFDD de Chile, fallecida en 1999. Este edificio habrá de servir no sólo como sede de la AFDD sino también como punto de encuentro para conservar la memoria histórica del país, según lo señaló la presidenta de la Asociación, Viviana Díaz. En forma paralela, a fines de marzo del 2001 se decide 41

Cronología (1999). Despacho 1349, 26 de marzo del 2002: . 43 El Concejo quiere hacer el Parque de la Memoria: . 44 Bayer (1995). 42

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en Chile construir una «Casa de Cultura por la Vida y el respeto al Ser Humano» en el lugar donde funcionó el cuartel central de la DINA y donde fueron hechas desaparecer muchas víctimas, como el sacerdote catalán Antonio Llidó y David Silberman. Las marchas y manifestaciones son un componente central en la creación y preservación de la memoria en el espacio público. El ejemplo de la Marcha del Silencio ha sido replicado en Uruguay cada 20 de Mayo, en el aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, con la participación de una multitud de decenas de miles de personas que exigen saber la verdad sobre el paradero y destino de los detenidos-desaparecidos45. Pero las conmemoraciones no son realizadas sólo por quienes contemplan el legado de violaciones de derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas, sino también por aquellos que justifican a las dictaduras militares por haber erradicado el 'peligro comunista' de estas sociedades. Es así que cada conmemoración del 11 de septiembre, día del golpe militar en Chile, en 1973, se producen manifestaciones contra la dictadura y sus legados y paralelamente conmemoraciones de carácter apologético con respecto a la obra de Pinochet y el gobierno militar. Las confrontaciones siguen siendo recurrentes, por el hecho mismo de que ese día ha sido un feriado conmemorativo establecido durante el gobierno militar desde su primer año en el poder, y siguió conservando su status anterior bajo los sucesivos gobiernos democráticos, aunque transformado en el 'día de la unidad nacional' desde 1998, con la aprobación de Pinochet, ya como senador vitalicio. En el 2003, a 30 años del golpe que llevó a Pinochet al poder, las manifestaciones ya no generaron la violencia que solían suscitar en años anteriores, pero en la discusión histórica y en el ámbito de la memoria colectiva, quedan abiertos. En Uruguay, las fuerzas armadas siguieron recordando en abril de cada año a los 'caídos en defensa de las instituciones' y los comandantes, por su parte, siguieron revindicando la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad durante la dictadura. En Argentina, una esfera pública cada vez menos tolerante a las manifestaciones de orgullo militar por la dictadura, conmemora cada 24 de marzo el comienzo de la dictadura y el P R N , recordando a las víctimas. Uno de los problemas principales, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también de memoria, eran los llamados 'pactos de silencio' mantenidos por los responsables de las violaciones de derechos humanos. Estos lenta45

Cronología (1999).

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mente comienzan a desaparecer en función de los avances que realiza la justicia, del arrepentimiento de algunos militares y policías, pero también a partir de la contradicción de intereses entre aquellos militares implicados por su pasado y otros deseosos de disociarse del pesado legado de la represión. En Chile, ello se visualiza en el sistema de careos judiciales, que enfrentó versiones contradictorias, a partir de las cuales se fueron desvelando los hechos tal como ocurrieron, pese a los intentos de ocultar los eventos condenables en el marco de la justicia democrática. Una de esas instancias se produjo en abril del 2002 cuando el Mayor Carlos Herrrera Jiménez inculpó a sus superiores por los crímenes de Tucapel Jiménez y Juan Alegría y también cuando el Brigadier Pedro Espinoza desveló el rol operativo del Brigadier Miguel Krassnoff en el centro de detención y torutras Villa Grimaldi. Debemos destacar el rol fundamental que juegan en la creación de la memoria los medios de comunicación masiva, así como los sitios en Internet de las diversas organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales, que mantienen vivo el tema en la esfera pública de los distintos países con informaciones, acceso a documentación, análisis y foros de opinión y discusión. A nivel nacional, en la Argentina, en 1999 se establece la red de Memoria Abierta, un espacio de confluencia de ocho organizaciones de derechos humanos con el propósito de promover la conciencia social sobre el pasado, elaborando así la memoria colectiva en pos de la construcción de la identidad y la consolidación de la vida en democracia. Los organismos ligados a esta importante confluencia de esfuerzos son las Abuelas de Plaza de Mayo, la A P D H , la Asociación Buena Memoria, el CELS, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y el S E R PAJ. Contando con un equipo permanente de profesionales de distintas disciplinas, Memoria Abierta ha logrado desarrollar un amplio espectro de actividades en pos de la formación de un patrimonio histórico y cultural sobre el legado del autoritarismo y la represión, mediante la recuperación, preservación y sistematización de documentos y testimonios en la Argentina y el exterior. En los últimos años ello ha generado la formación de un archivo oral de testimonios, disponible a la consulta pública y en base al cual ya han producido exhibiciones temáticas y han iniciado estudios sobre el impacto de la represión sobre sectores específicos de la sociedad 46 . Asimismo, M e m o 46

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ria Abierta ha colaborado en la p r o d u c c i ó n de «Flores de septiembre», un documental fílmico sobre la historia de la Escuela Carlos Pellegrini durante los años de la represión hasta la re-democratización. Realizada p o r Pablo Osores, R o b e r t o Testa y Nicolás Wainszelbaum, recupera la memoria de una escuela secundaria en la dictadura y, al poseer subtítulos en inglés, permite su proyección a nivel global, más allá del ámbito obvio de B u e n o s Aires y la Argentina 4 7 . En Uruguay, al cumplirse diez años del referendum que ratificó la Ley de Caducidad, en abril de 1999, la Intendencia de Montevideo proyectó en su canal de T V p o r cable una serie de tres programas q u e mostraban los m o m e n t o s más significativos de la actuación de la C o m i s i ó n Pro-referend u m , entrevistando a protagonistas de aquellos eventos, tanto del gobierno c o m o de la oposición. Por otro lado, este aniversario tuvo muchos ecos en la prensa y la esfera política, d o n d e sus avatares fueron nuevamente debatidos con mucha intensidad. La lucha en torno a la memoria colectiva no es privativa de las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Es así que, por ejemplo, en el 2001, el ex-comandante de la D I N A , General Manuel Contreras, tras haber publicado u n libro titulado La verdad histórica. El ejército guerrillero y c o n c e d i d o entrevistas a la prensa escrita y electrónica, lanzó una página de Internet en la que no sólo divulga su versión de los hechos sino que critica a los jueces que realizan procesos contra miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Aún así, el actual comandante del Ejército de Chile, General Juan Emilio Cheyre, realiza por vez primera, el 30 de septiembre del 2002, una misa en recuerdo de su e x - c o m a n d a n t e en Jefe, General Carlos Prats, a veintiocho años del asesinato de éste y su esposa, Sofía Cubhert, en Buenos Aires. C h e y re t a m b i é n r e c o n o c e , a principios del 2003, q u e los atropellos y excesos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad, contra sus conciudadanos no tienen justificación. En septiembre del 2003, Chile recordó el 30 aniversario del golpe militar y las consecuentes y masivas violaciones de los derechos humanos con un despliegue muy amplio de actos, reportajes, publicaciones y especialmente programas de televisión que, en f o r m a crítica y muchas veces descarnada presentaron al público, y t a m b i é n a las j ó v e n e s generaciones, una realidad impactante y dolorosa que en gran parte había sido mantenida al margen del conocimiento público. Esto estimuló discusiones sobre la concientización de la sociedad chilena a treinta años del golpe. 47

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Por otro lado, los archivos chilenos sobre violaciones de derechos humanos fueron declarados en el 2003 Patrimonio de la Humanidad por la U N E S CO, resaltando así su importancia, accesibilidad y reasegurando su existencia para generaciones futuras. A medida que nos alejamos en el tiempo de los sucesos mismos, se profundiza el debate en torno a la estructuración de la memoria de la represión. Ello se da a través de varios ejes analíticos. U n eje a destacar es el desarrollado p o r Ludmila da Silva Catela en su interesante obra generada desde la perspectiva de la experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos, donde resalta la tensión entre los testimonios y la preocupación de los entrevistados por la exteriorización y materialización de cierta 'verdad histórica' 48 . Otro eje se remite a la cuestión fundamental del protagonismo en la recuperación de la memoria colectiva, donde se manejan distintas tensiones y estrategias en torno a la cuestión fundamental de la mayor o menor legitimidad de quienes reconstruyen el pasado en torno a haber vivido la experiencia de la represión como víctimas directas y «los otros». Tal como lo destaca Elizabeth Jelin: La distinción entre quienes «sufrieron en carne propia» y los/as otros/as nos persigue. Los sufrimientos y sus efectos traumáticos tienen distintas intensidades, y sin duda cabe diferenciar estas intensidades, así como los grados de compromiso y preocupación por el tema. Hay víctimas directas, están quienes empalizan y acompañan, quienes tratan de escucharlas y contribuir a su alivio o a la lucha por la justicia. Están quienes asumen el tema como propio, como eje de su accionar ciudadano, independientemente de las vivencias personales que tuvieron.Y están quienes se sienten ajenos, y los que están en el otro bando 4 9 .

U n tercer eje analítico remite a debates crecientes en torno de la relación discursiva e interpretativa creada entre los hechos violentos y represivos y su construcción en términos de memoria colectiva y verdad, lo que implica una proyección al ámbito de las violaciones de derechos humanos 5 0 . Ligado a ello, existen varios ejes discursivos y prácticos que han amenazado con fracturar el movimiento de los derechos humanos. U n o es el eje de las reparaciones a las víctimas y los familiares de las víctimas. Así c o m o el 48 49 50

Da Silva Catela (2001). Jelin (2001); Guelar,Jarach y Ruiz (2002). Roniger (2003).

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t e m a q u e b r ó hace años el frente c o m ú n de asociaciones de derechos h u m a nos en la Argentina, el quiebre se r e p r o d u j o r e c i e n t e m e n t e en Chile, c u a n d o la a s o c i a c i ó n d e familiares de la P r i m e r a R e g i ó n , establecida e n I q u i q u e —lugar tan lleno de simbolismo en la historia de las luchas populares chilenas del siglo veinte— expresó p ú b l i c a m e n t e su desacuerdo c o n la política oficial q u e desatendió el t e m a d e las reparaciones. Cansados de u n a política estatal q u e centralizó la reparación simbólica y desatendió las necesidades prácticas de las víctimas y sus familiares, la asociación r o m p i ó c o n el Partido Socialista y se s u m ó a las fuerzas políticas d e la o p o s i c i ó n , e s p e c í f i c a m e n t e a la U D I , q u e había sido u n o de los pilares políticos de P i n o c h e t d u r a n t e la dictadura. El c a m b i o de posición de la U D I , p r o p o n i e n d o u n a solución de c o m p r o m i so político al t e m a d e los desaparecidos, respondía a los avances logrados en las cortes de justicia, q u e alzaban u n a seria amenaza contra las fuerzas a r m a das. El h e c h o de q u e este t e m a se t o r n a r a p o l í t i c a m e n t e i m p o r t a n t e para el principal aliado político de P i n o c h e t y los militares, f u e visto c o m o u n desarrollo positivo q u e podría afectar al impasse g e n e r a d o p o r la imposibilidad de d e r o g a r el D e c r e t o Ley 2 1 9 1 de 1978, c o n o c i d o c o m o Ley de A m n i s t í a 5 1 . I g u a l m e n t e desatendido es el tan postergado tratamiento de quienes f u e r o n torturados b a j o el g o b i e r n o militar en Chile. Estando este tema fuera del m a n d a t o de la C o m i s i ó n R e t t i g , n o se ha h e c h o nada en el plano de las reparaciones y del t r a t a m i e n t o m é d i c o y psicológico q u e deberían h a b e r recibid o las víctimas de torturas, constituyéndose así en u n eje q u e requiere a t e n c i ó n pública y estatal. U n tercer eje q u e recién se abre al d e b a t e p o l í t i c o y público es aquél relativo a los exiliados chilenos y a los hijos de éstos, nacidos e n el exterior. T a n t o en t é r m i n o s del d e r e c h o al v o t o respecto de los adultos, c o m o respecto a la n a c i o n a l i d a d de u n o s y otros, el t e m a es f o c o d e actual análisis y elaboración de proyectos de ley en el C o n g r e s o chileno 5 2 . Finalmente, existe u n eje analítico d i r i g i d o a reubicar la represión militar e n la lógica de políticas de g e n o c i d i o , destacando el carácter sistemático de las violaciones de derechos h u m a n o s y los rasgos c o m u n e s c o m p a r t i d o s p o r la r e p r e s i ó n o p e r a d a p o r las dictaduras del C o n o Sur c o m o la a r g e n t i n a y chilena c o n las políticas de e x t e r m i n i o colectivo de inspiración racial-nacional, cuyo paroxismo f u e alcanzado en el H o l o c a u s t o 5 3 . 51

Derechos Humanos en Chile. Balance 2003. Comunicación personal, diputados Dra. Adriana Muñoz d'Albora y Dr. Enrique Accorsi, 26 de noviembre de 2003. 53 Figura central en esta línea es Daniel Feierstein (2000). Asimismo los trabajos presentados en el reciente Encuentro Internacional sobre «Análisis de las Prácticas Sociales 52

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E n t o r n o a t o d o s estos ejes se h a n g e n e r a d o agudos debates c o n i m p o r tantes consecuencias para la estructuración de distintos proyectos de r e c u p e ración, sustentación y proyección de la m e m o r i a colectiva de la atroz represión sufrida b a j o los g o b i e r n o s militares e n el C o n o Sur.

EL M A R C O INTERNACIONAL

E n los 90s se r e f o r z ó y d i f u n d i ó la visión de que, en f o r m a paralela a la s o b e r a n í a n a c i o n a l , existe u n a s o b e r a n í a paralela q u e , r e p r e s e n t a d a p o r la O N U , los a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s sobre respeto a d e r e c h o s h u m a n o s y la acción al respecto de las agencias internacionales, plantea el d e r e c h o de i n t e r venir e n esferas locales y nacionales, en defensa d e la h u m a n i d a d y c o n el propósito d e prevenir violaciones masivas d e derechos h u m a n o s o b i e n para llevar a sus perpetradores a j u i c i o . Esta visión f u e h e c h a explícita p o r el secret a r i o - g e n e r a l d e las N a c i o n e s U n i d a s ya e n 1 9 9 4 y e l a b o r a d a discursiva y l e g a l m e n t e c o m o u n a o b l i g a c i ó n m o r a l a ser r e c o n o c i d a p o r los estados m i e m b r o s en f o r m a incremental 5 4 . Las presiones en pos de u n a globalización o al m e n o s i n t e r n a c i o n a l i z a ción de la salvaguarda de los derechos h u m a n o s p u e d e percibirse claramente en el i n f o r m e anual de A m n e s t y Internacional publicado en 1996 relativo al a ñ o 1995, q u e lleva el significativo título d e International Community Failing to Take Responsibility for Massive Human Rights Violations in 1995. Las presiones y c o n v i c c i o n e s e n tal s e n t i d o llevan al actual s e c r e t a r i o g e n e r a l d e la O N U a pronunciarse en 1998 en el sentido de q u e la carta f u n d a m e n t a l de tal o r g a n i s m o tiene c o m o objetivo básico la p r o t e c c i ó n de los pueblos antes de q u e la defensa de los estados. Las audiencias judiciales e n t o r n o al caso P i n o c h e t e n Londres llevan a Lord Millet a afirmar q u e la m a n e r a en q u e los estados tratan a sus c i u d a d a n o s se ha t o r n a d o e n m a t e r i a d e p r e o c u p a c i ó n legítima para la c o m u n i d a d internacional. El establecimiento de u n tribunal p e r m a n e n t e de d e r e c h o s h u m a n o s s i m p l e m e n t e refleja y fortalece la h e g e m o n í a creciente del n u e v o i n t e r n a c i o n a l i s m o y activismo en esta materia 5 5 . Genocidas», que Feierstein organiza en Buenos Aires en noviembre del 2003 con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNBA y el Instituto IDEIA de la Universidad Nacional Tres de Febrero. 54 Abiew (1998). 55 Wheeler (1997); Nederveen Pieterse (1997); Maxwell (1998); Risse, Ropp and Sikkink (1999); Moravcsik (2000).

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El n u e v o clima g e n e r a d o estimula a su vez u n a serie de investigaciones y p r o c e s o s j u d i c i a l e s r e l a c i o n a d o s c o n el l e g a d o de v i o l a c i o n e s de d e r e c h o s h u m a n o s del C o n o Sur, llevados a cabo en 1 9 9 8 - 2 0 0 3 e n España, Italia, A l e m a n i a , Francia, Suecia, M é x i c o e Israel, así c o m o a n t e la C o m i s i ó n I n t e r americana de D e r e c h o s H u m a n o s , en Costa R i c a . E n n o v i e m b r e de 1998 el S E R P A J de U r u g u a y y u n g r u p o de familiares de detenidos-desaparecidos presentaron dos i n f o r m e s a u n G r u p o de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las N a c i o n e s Unidas. Estos i n f o r m e s d e m o s t r a b a n q u e el g o b i e r n o u r u g u a y o n o se atenía al c o n c e p t o de reparación integral a los familiares de las víctimas de la represión. N o se trataba sólo de c o m p e n s a c i ó n pecuniaria sino p r i n c i p a l m e n t e de averiguar la verdad sobre el destino de las víctimas y la t o m a de medidas q u e imposibilitaran la repetición de este tipo de violaciones d e derechos h u m a n o s . E n 1999 se i n c i a r o n procesos d e este t i p o en España, Italia y A l e m a n i a . E n octubre, el j u e z Baltasar G a r z ó n acusó a 186 personas de varios crímenes c o m e t i d o s d u r a n t e la ' g u e r r a sucia' en A r g e n t i n a . E n el m e s siguiente, G a r zón solicitó órdenes internacionales de arresto contra 98 de aquéllos, basándose e n las investigaciones llevadas a c a b o p o r la C o r t e N a c i o n a l de España e n 199 6 5 6 . E n t r e estos f i g u r a b a n e x - m i e m b r o s d e las J u n t a s Militares. Los cargos eran g e n o c i d i o , torturas y t e r r o r i s m o . El g o b i e r n o a r g e n t i n o r e h u s ó c o o p e r a r c o n el p o d e r j u d i c i a l español s o s t e n i e n d o q u e t o d a v i o l a c i ó n de d e r e c h o s h u m a n o s d u r a n t e el g o b i e r n o militar debería ser procesada p o r el sistema judicial argentino. P o r iniciativa de Madres y Familiares de U r u g u a y o s D e t e n i d o s - D e s a p a r e cidos, S E R P A J y la Secretaría de D D H H del P I T - C N T , la justicia italiana abrió en j u n i o de 1999 u n a causa p o r desaparecidos uruguayos secuestrados en B u e n o s Aires entre 1974 y 1977, p o r m i e m b r o s de las fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas. E n los procesos en los q u e las víctimas eran c i u dadanos italianos, el estado italiano se constituye en p a r t e civil querellante. La secretaría de la central sindical elaboró u n extenso i n f o r m e El capítulo uruguayo de la Operación Cóndor q u e f u e entregado a la fiscalía italiana 5 7 . E n j u l i o de 1999 u n tribunal en R o m a recibió autorización del M i n i s t e rio de Justicia de Italia para iniciar causas criminales contra cinco ex-militares argentinos acusados del h o m i c i d i o de tres ciudadanos italianos d u r a n t e la dictadura militar 1 9 7 6 - 1 9 8 3 . O t r o s siete militares argentinos f u e r o n encausa-

56 57

. Cronología (1999).

Memoria abierta: las democracias del C o n o Sur

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dos in absentia por el secuestro y asesinato de siete ciudadanos italianos. Este proceso fue pospuesto varias veces, hasta que se inició en marzo del 2000. En diciembre una corte italiana sentenció a los siete ex-oficiales argentinos a términos de prisión que iban desde 24 años a cadena perpetua. A principios del 2001, la C o r t e Suprema de Chile decidió n o conceder la extradición del General Manuel Contreras, solicitada por Italia. Este, j u n t o a otros relacionados con la D I N A c o m o el General R a ú l Iturriaga N e u m a n - c o n d e n a d o por la corte italiana a dieciocho años de presidio en la misma causa— había sido condenado a catorce años de prisión por el intento de asesinato realizado en R o m a contra el ex-vicepresidente chileno B e r n a r d o Leighton y su esposa en octubre de 1975. En Alemania, en j u n i o de 1998, la fiscalía de N u r e m b e r g fue autorizada a iniciar acciones legales por violaciones de derechos humanos cometidas c o n tra ciudadanos alemanes y 76 descendientes de alemanes, acusando a cuarenta y u n oficiales argentinos de alto rango. La Coalición Contra la Impunidad, una O N G alemana de derechos humanos, había realizado una intensa campaña para lograr que estos procesos se iniciaran 58 . Los procesos se desarrollaron lentamente y algunos fueron descartados por la fiscalía de N u r e m b e r g F u r t h . O t r o s f u e r o n dejados abiertos, al n o preveer la ley alemana la posibilidad de juicios in absentia. E n agosto del 2000 fue arrestado en M é x i c o Ricardo E n r i q u e Cavallo, un ex-oficial de marina argentino. Su extradición fue exigida p o r España, acusándolo de torturas, y por Francia, acusándolo de violaciones de derechos humanos y de la desaparición de dos monjas francesas en Argentina, en 1977. U n a corte argentina pidió en octubre del 2000 la extradición del General Augusto P i n o c h e t y seis e x - m i e m b r o s de la D I N A p o r estar relacionados con el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del General Prats y su esposa. En el mes siguiente, E n r i q u e Arancibia Clavel, e x - m i e m b r o de la D I N A , f u e declarado culpable de doble homicidio en el caso mencionado y sentenciado por la corte argentina a cadena perpetua. En j u n i o del 2001,1a Operación C ó n d o r fue objeto de escrutinio judicial en Argentina. Jorge R.Videla compareció ante la corte para ser interrogado por cargos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. La justicia federal exigió el arresto de oficiales de Argentina, Chile, Paraguay y U r u g u a y por crímenes realizados en el marco de esta operación. Acusaciones fueron elevadas contra Jorge R.Videla, Augusto Pinochet y H u g o Banzer. 58

Coalición .

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En Alemania, el fiscal de Nuremberg emitió una orden internacional de arresto contra el General Carlos Guillermo Suárez Masón y pidió su extradición, por ser sospechoso del desaparecimiento y asesinato de Elizabeth Kasemann, una ciudadana alemana desaparecida en Argentina en Marzo de 1977. En octubre del 2002 la industria automotriz germano-americana Chrysler-Daimler-Benz estableció una comisión para investigar lo ocurrido en Mercedes Benz Argentina entre 1975 y 1978. En ese período fueron desaparecidos catorce trabajadores de la fabrica de esta empresa en Catán, Provincia de Buenos Aires. El tema fue abierto en torno a la investigación de la periodista Gabriela Weber, que generó ecos en Alemania y citaciones judiciales en La Plata, Argentina. En Israel, se estableció a fines del 2001 una Comisión Inter-Ministerial sobre el Destino de los Desaparecidos Judíos en Argentina durante el Período 1976-1983.Tras más de un año de tareas de investigación, esta comisión presentó su informe definitivo a la Knesset —parlamento israelí— a mediados del 2003 5 9 .

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEMOCRÁTICO

U n o de los temas cruciales que la democracia debe tratar de resolver es cómo reconciliar la seguridad personal y la convivencia pública con el respeto a los derechos humanos. Los dilemas y ambigüedades que se generan en este ámbito son mayores cuanto mayores las tensiones generadas en torno a la brecha socioeconómica, las necesidades insatisfechas de la población, el alcance del crimen y la violencia cotidiana. Su tratamiento es más difícil mientras más débiles sean los aparatos de control, regulación y condena de la impunidad. Es en tal marco que las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia se suman al sólo parcialmente resuelto legado de la represión militar. Es por ello que el caso argentino es particularmente agudo. Más allá de los grandes actos terroristas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra AMIA (1994) que representan, como todo acto de terror contra civiles, casos claros de violaciones de derechos humanos, y que aún deben ser resueltos por la justicia argentina, se registran otros casos, especialmente en el ámbito de la actuación policial. En 1998 la Coordinadora Con59

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tra la Represión Policial e Institucional, registró 40 casos de 'gatillo fácil' que resultaron en víctimas fatales. En 1999, se registraron 80 casos de este tipo, es decir, un aumento de un 100 por cien. Pese a la recomendación de la C o r t e Inter-Americana de Derechos Humanos fechada en 1998, hasta el año 2000 el gobierno argentino no había compensado aún a las familias de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, por la desaparición de éstos en Mendoza, en la década de los 90. Se cree que ambos murieron estando bajo custodia policial pero nadie fue arrestado o acusado por estos casos. La C o r t e Inter-Americana urgió al gobierno argentino a actuar para llevar a los responsables de estos desaparecimientos a la justicia. Asimismo, estableció la necesidad de compensar a las familias de las víctimas, pero sus recomendaciones, en ambos casos, no fueron llevadas a cabo. La gran cantidad de protestas y piquetes con corte de rutas y accesos con que comienza el nuevo siglo fueron el marco de mucha violencia en las que muchos fueron vícitmas de excesos policiales. En noviembre del 2000, en Salta, Aníbal Verón, al parecer fue muerto por la policía en un intento de abrir una ruta bloqueada por manifestantes cerca de General Mosconi. Otros casos similares se registraron en diversos lugares de la Argentina. En particular, el asesinato de los piqueteros Maximilano Kosteki y Darío Santillán, en el invierno del 2003, generó una fuerte protesta y cuestionamiento de los jefes del operativo. Mediante el trabajo de los fotógrafos de prensa se identificó a los responsables de lo que fue de hecho el fusilamiento de los jóvenes que pertenecían al Movimiento de Desocupados Aníbal Verón. Este hecho, que se conoce con el nombre del asesinato de Puente Pueyrredón, ha llevado a rebautizar muchas aulas de Humanidades en Argentina con el nombre de los caídos Kosteki y Santillán. La situación en las cárceles, que sigue siendo deplorable, es otro de los focos de preocupación. Tras sofocar una revuelta en la Cárcel Provincial de Mendoza, en marzo del 2000, muchos presos fueron apaleados y se impusieron restricciones a sus derechos. Sus abogados no pudieron verlos durante cuatro días y un preso enfermo de diabetes murió, al parecer, por falta de tratamiento médico. También en Chile, informes sobre la situación de derechos humanos en el marco de la democracia presentaban un cuadro de maltratos policiales, especialmente a jóvenes, de hacinamiento en cárceles y maltratos a los reclusos, de mantenimiento de presidiarios en condiciones inhumanas y a veces, de falta de tratamiento médico adecuado, especialmente para enfermos de SIDA. Esto fue confirmado en una de las visitas de facultativos del Servicio

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Mario Sznajder y Luis Roniger

Médico Legal a la cárcel Colina II en febrero del 2001. Pese a avances en el área de los derechos humanos, como por ejemplo la promulgación de la Ley de Derechos del Detenido, el maltrato policial —especialmente a jóvenes ha persistido en el marco democrático. Una investigación realizada por la Universidad Diego Portales y el Centro de Justicia y D e r e c h o Penal en diez penales en Chile y publicada en Julio del 2002 estableció que en los tres años anteriores veintitrés reos habían m u e r t o violentamente en cárceles de la Región Metropolitana y muchos más habían sufrido de maltrato a manos de la Gendarmería, cuerpo que recibía peores evaluaciones que Carabineros y la Policía de Investigaciones, para ese período. Para la década 1990-2000, la Corporación de Asistencia Judicial había recibido 160 denuncias de torturas y maltratos, de las cuales 137 eran contra Carabineros, diez casos contra Gendarmería, siete casos contra la policía civil y seis casos contra el Ejército. Los informes de derechos humanos sobre Chile señalaban que aunque es política del gobierno respetar los derechos humanos de la población del país, en el plano de la práctica continúan la tortura, la brutalidad y el excesivo uso de la fuerza, por parte de las fuerzas de seguridad. La administración norteamericana sostenía que en prisiones y cárceles continuaba el abuso físico sin que se respetasen firmemente los derechos del detenido 60 . En Argentina, los presos del Movimiento Todos por la Patria, condenados a largos términos de prisión por los sucesos de La Tablada, llevaron a cabo huelgas de hambre en mayo y septiembre del 2000, al no respetar las autoridades su derecho de apelación tal como lo estableció en 1997, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. La huelga finalizó en diciembre cuando las sentencias de once prisioneros fueron reducidas por decreto presidencial. Pese a los terribles precedentes de la época dictatorial, prácticas de esa época continuaban en Argentina en el 2000, cuando en Mendoza 'desparecieron'José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez, tras supuestamente haber establecido un encuentro con miembros de la Policía de Investigaciones. Ambos cadáveres fueron encontrados en julio de ese año. Las familias de las víctimas fueron amenazadas por personal policial local interesado en acallar el crimen. A u n q u e en Uruguay no se registran desapariciones de personas bajo democracia, las quejas sobre la tortura policial, los abusos, la corrupción y el 60

«Chile. Country Reports on Human Rights Practices-2002»: .

M e m o r i a abierta: las democracias del C o n o Sur

193

castigo extra-judicial son frecuentes, ello pese a que la Ley de Seguridad Pública de 1995 es aplicada por las autoridades y se investigan los casos de abusos por parte de la policía61. En el plano carcelario, en marzo del 2002 se produjeron desórdenes en el Penal Libertad, cerca de Montevideo. Los presos se quejaban de maltratos, hacinamiento y exigían mejor tratamiento médico y rehabilitación laboral. Las autoridades respondieron cortando el suministro de electricidad, agua y alimentos. El Penal fue parcialmente destruido durante los desórdenes y gran parte de sus residentes fueron evacuados a otras prisiones, creando condiciones de mayor hacinamiento. Parte de éstos fueron alojados en contenedores navales reformados y el gobierno adquirió también células modulares, rápidamente adaptadas para su uso penal. Pese a que el Penal Libertad fue declarado inhabitable, varios cientos de presos siguieron cumpliendo sus condenas en ese lugar. Al final de los desórdenes, cuatro de los prisioneros fueron encontrados sin vida. La respuesta oficial es que se trataba de suicidios y arreglos de cuentas entre presos. Entre enero y abril de 2002, doce presos fueron encontrados muertos en varias prisiones de Uruguay 62 .

CONCLUSIÓN

Los lazos que unen a los diversos aspectos de la temática del legado de violaciones de derechos humanos con que se enfrentan las renovadas democracias del Cono Sur son bastante claros aunque a veces difíciles de descifrar desde el punto de vista temático específico. Es imposible que haya una solución unilateral y dudoso que exista una solución unidimensional al legado de violaciones de derechos humanos en le Cono Sur. Como sucede en otros casos donde los derechos humanos han sido violados en forma masiva, ni las posteriores intervenciones jurídicas —internas e internacionales— ni las soluciones políticas —de contingencia o de principios— son a la vez practicables y efectivas. Los procesos jurídicos sólo ayudan a la reconciliación de las víctimas con el sistema judicial —democrático en los casos examinados— estableciéndose una respuesta legal al dolor de las víctimas

61

«Uruguay. Country Reports on Human Rights Practices-2000»: < h t t p : / / w w w . state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/wha/834.htm>. 62 Véase < h t t p : / / w e b . a m n e s t y . o r g / r e p o r t 2 0 0 3 / u r y - s u m m a r y - e n g > y también Uruguay 2002.

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o sus deudos. Esto apacigua el clamor vengativo que acompaña siempre a los legados de violaciones de derechos humanos, pero no significa reconciliación a nivel social y menos aún con los perpetradores de estas violaciones. El uso del perdón, como ritual de carácter casi religioso, para lograr una reconciliación, es sumamente dudoso y en general sirve más a la contingencia política que a la solución del problema. Queda claro que los procesos judiciales por sí solos no logran la reconciliación. Es en estos casos cuando se ve con mayor claridad la carencia del análisis que opone las soluciones judiciales a las políticas, como antagónicas. Buscar soluciones legales puede ser un paso crítico, necesario o ineludible en muchos casos, pero no suficiente. La combinación necesaria para intentar aminorar el impacto del legado de violaciones de derechos humanos debe encontrarse entre la voluntad de tratarlos a través del uso de la ley democrática, juzgando a quien sea necesario y, por otro lado, el ejercicio de la voluntad política, para reparar lo reparable, recordar lo recordable y prevenir que sucedan violaciones de derechos humanos en el futuro 63 . La memoria juega un rol central y es alimentada por, y a la vez alimenta, las discusiones legislativas y judiciales así como los cambios educacionales, siendo un factor determinante de los criterios constitutivos de la identidad colectiva democrática. Por otro lado, la presencia de violaciones actuales de derechos humanos o de enclaves estructurados de violación en ciertas instituciones como los sistemas carcelarios y algunas instancias policiales del presente democrático, así como la tolerancia social hacia estos fenómenos, junto con la exigencia de 'mano dura' para con los criminales y los marginales en favor de la seguridad, tienen que ver no sólo con la impunidad sino con todo lo antes mencionado y en particular con la dificultad de las nuevas democracias de mantener la convivencia pública y la seguridad personal de la población junto con el respeto de los derechos humanos. Interrogantes diversos siguen acuciando la agenda pública de estas sociedades e impidiendo la construcción de memorias colectivas aceptadas por amplias mayorías, que deberían ser parte integral de los procesos de construcción de nuevas identidades democráticas, al ubicar las pasadas violaciones masivas de derechos humanos en su justa valorización moral y dimensión, también a través de su condena ¿Qué es aceptable y qué no lo es en aras de la seguridad social y la convivencia en un marco democrático? ¿Qué implicaciones tiene la impunidad para el sistema legal? ¿Cuál es el rol de la verdad 63 Lawrence R . Douglas y Bloody boredom: The Times literary Supplement, April 8 2005, No. 5323, 22.

Memoria abierta: las democracias del Cono Sur

195

en su multiplicidad y cómo configurarla con respecto al legado de violaciones de derechos humanos a medida que uno se aleja en el tiempo de los sucesos mismos? ¿Cómo se perpetúa y recupera la memoria? ¿De acuerdo a qué versión y bajo qué estrategias discursivas y narrativas? ¿La memoria de quién? ¿Cómo se traduce todo esto en la des-legitimización de la violencia? Estas preguntas y muchas más siguen planteadas en la esfera pública y no son quizás totalmente resolubles de acuerdo con una única lógica institucional, pero al ser planteadas por el legado de violaciones de derechos humanos requieren respuestas o, al menos, un sincero esfuerzo colectivo por intentar dilucidarlas. Parte de ese esfuerzo fue llevado a cabo en los últimos años, pero el legado de violaciones de derechos humanos aún sigue reverberando en las esferas públicas del Cono Sur.

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ENSEÑAR EL PASADO LATINOAMERICANO CERCANO, O EL PRESENTE DE LA HISTORIA EN CHILE

Anne Pérotin-Dumon* Universidad Alberto Hurtado

- Santiago de Chile

ABSTRACT

¿ C ó m o investigar y enseñar hoy el pasado cercano, siendo así que, por su actualidad misma, se opera una continua redefinición de éste, en u n m o m e n t o e n q u e aparece una m u l t i t u d de testigos, los archivos empiezan a abrirse y el discurso público sobre ese pasado se hace más veraz? Más de una década de estudios sobre la m a n e r a c ó m o las sociedades m a n e j a n u n pasado c o m p l i c a d o p e r m i t e decir q u e esta situación n o es en sí misma original sino, más bien, característica de los países q u e sufrieron una tragedia nacional, en los decenios siguientes a ella. Sólo nos referiremos a esa situación, entonces, en lo concerniente a sus repercusiones sobre la práctica cotidiana del oficio de historiador, tema central de este artículo q u e enfocamos desde el caso de Chile.

•••

* La profesora Anne Pérotin-Dumon es integrante del Centro de Ética de la U n i versidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Coordina la preparación de Historizar el pasado vivo en América latina, compilación electrónica sobre la escritura de la historia reciente en Argentina, Chile y Perú. Es investigadora asociada del proyecto «Représentations et sensibilités dans les Amériques et la Caraïbe (XVI-XXI siècles)», C N R S , Paris.

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Anne Pérotin-Dumon

LA REDEFINICIÓN DEL PASADO POR SU ACTUALIDAD

Instalarse en Chile en 1993 era acostumbrarse a vivir con un pasado omnipresente pero que comenzaba a ponerse en sordina1. En los dos primeros años del gobierno de la Concertación se había producido, sin duda, una oleada inicial de revelaciones sobre los horrores cometidos a lo largo de los 17 años anteriores, y se esbozó un debate público con respecto a ellos2. El período había estado puntuado por la Comisión Rettig (1991) y la ley de reparación (1992); el descubrimiento de nuevas sepulturas clandestinas en el norte y el centro del país, y la aparición de testimonios y buenos trabajos de periodismo de investigación3.Y, sobre todo, por la publicación del informe de la Comisión Rettig, que dio a conocer al público el carácter masivo de las violaciones de los derechos humanos y estableció una lista de los muertos y desaparecidos, así como de las circunstancias de cada caso4. Pero la campaña de difusión masiva del informe y de sensibilización de la opinión pública que se había previsto no se llevaría adelante 5 . Tras la muerte del ideólogo 1

Véase W i l d e Alexander: Journal of Latín American Studies, 31: 4 7 3 - 5 0 0 [traducción castellana: «Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la d e m o c r a cia en Chile». En: A n n e P é r o t i n - D u m o n (dir.): Historizar el pasado vivo en América Latina [publicación electrónica de próxima aparición en ]. Wilde analiza las «irrupciones» regulares del pasado, a partir de 1993, en la escena política, p o r ejemplo, d u r a n t e el arresto del j e f e de la D I N A , el d e s c u b r i m i e n t o de nuevas sepulturas, el ingreso de Pinochet al Parlamento c o m o senador designado, etc.: irrupciones intempestivas en u n m u n d o político que intentaba colocar el tema del pasado entre otros «normales» c o m o la economía, la salud, la educación, etc. 2

La Concertación es la coalición de demócratas cristianos, socialistas y radicales que está en el poder desde el retorno a la democracia en 1990, con los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2005). Sobre los años 1990-1991, véase Loveman Brian y Lira Elizabeth (2002). Los autores utilizan la prensa de la época para presentar c o n m u c h a eficacia ese clima inicial de revelaciones acerca del pasado. 3

Señalemos que desde 1983 el levantamiento de la censura había permitido la publicación de varios libros que contaban la verdad, entre ellos Verdugo Patricia (2001), sobre la expedición represiva dirigida p o r el general Sergio Arellano Stark, que recorrió el país entre septiembre y octubre de 1973; y Ahumada Eugenio: (1989). 4 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre la violación a los derechos humanos en Chile, 1973-1990, (1996). El i n f o r m e p u e d e consultarse en < w w w . d d h h . gov.cl>. 5 Se suspendió, en particular, la difusión de una Síntesis del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación realizada bajo la dirección de Alfredo R i q u e l m e y Jaime Troncoso, Santiago de Chile: C o m i s i ó n Chilena de Derechos H u m a n o s - C e n t r o IDEAS, (1991), en

E n s e ñ a r el pasado l a t i n o a m e r i c a n o c e r c a n o

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Jaime Guzmán, artífice de la constitución de 1980 asesinado por un grupo revolucionario de extrema izquierda, el gobierno de Aylwin estimó prudente disponer una retirada ante la ofensiva generalizada de una derecha muy identificada con la Dictadura. Los programas de reparaciones en aplicación de la ley antes mencionada (sin equivalentes en ningún otro lugar del mundo) y las investigaciones concernientes a los detenidos desaparecidos, a cargo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se efectuaron con extrema discreción 6 . El informe Rettig asumió entonces las dimensiones de un «monumento», como se calificaba antaño a las obras imponentes y dignas de perdurar. Con el paso de los años, la autenticidad de los hechos establecidos por él adquirió un carácter irrefutable. El documento, sin embargo, no puso en marcha una dinámica de reconocimiento público del pasado. Como escribe el abogado José Zalaquett, «la verdad que dio a conocer la Comisión Rettig actuó como una especie de buque rompehielos, permitiendo avanzar en lo que era impenetrable»7. El avance se inició alrededor de 1998, y desde entonces se recorrió una buena parte del camino. El «pasado oscuro» tiene una actualidad cotidiana, ante todo por obra de la justicia, pero, también, de las iniciativas cívicas y las decisiones oficiales de las que es objeto.Y se expresa, finalmente, en una opinión pública que quiere conocer «la verdad de los hechos»8. El tratamiento del pasado por parte de la justicia chilena experimentó un punto de inflexión a partir del arresto de Pinochet en Londres, en 1998, y

el marco de una campaña nacional de educación para la verdad y los derechos h u m a n o s d e n o m i n a d a «Para crecer en Chile». El texto de la Síntesis se r e p r o d u j o en Nunca más en Chile (1999), p o r desdicha sin las ilustraciones originales, aunque sí c o n la lista de las víctimas puesta al día. 6 La C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l de R e p a r a c i ó n y R e c o n c i l i a c i ó n t i e n e a su cargo el seguimiento de esos programas. E n 1996 publicó una lista complementaria de desaparecidos, Informe sobre la calificación de victimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Sobre el contenido, f u n c i o n a m i e n t o y balance de los programas de reparaciones gubernamentales, véase Loveman y Lira (2002). E n la actualidad casi cien mil personas son beneficiarías, en diversos conceptos, de indemnizaciones pecuniarias y otras formas de reparación. 7 Zalaquett D a h e r (2003). Citamos del manuscrito, generosamente puesto a nuestra disposición p o r el autor. 8 C o m o lo mostraron sus reacciones al publicarse el i n f o r m e Valech. Ello n o impide, empero, que la gente se dedique a sus asuntos e incluso q u e confíe en sus instituciones: al c o m i e n z o de su sexto a ñ o en el cargo, el presidente Lagos tiene u n índice de adhesión de casi el 65% de la población, según una encuesta de o p i n i ó n de enero de 2005.

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sus 17 meses de detención entre ese año y 19999. A principios de 2005, Pinochet fue inculpado en varios casos cuya instrucción sigue adelante. Unos se refieren a los derechos humanos, como la operación Cóndor y el asesinato del general constitucionalista Prats y su esposa en Buenos Aires. Otros, iniciados por el descubrimiento de su cuenta secreta en el banco Riggs de Washington, tienen que ver con la corrupción, un elemento novedoso. La revelación de su comportamiento corrupto en gran escala llevó a varios políticos y hasta militares a alejarse del ex dictador.Y según parece, la fuerza probatoria de las cifras y documentos bancarios terminará por imponer al público la convicción de que Pinochet también es el principal culpable de las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1990. En enero de 2005, cuatrocientos miembros retirados de las fuerzas armadas estaban procesados por violaciones de los derechos humanos (asesinatos políticos y desapariciones, pero, asimismo, torturas) concernientes a más de un millar de víctimas. Setenta de ellos ya están en prisión, incluidas las principales autoridades de la DINA, policía secreta que actuó entre enero de 1974 y agosto de 1977 (fue necesario agrandar las instalaciones penitenciarias que les están especialmente destinadas). A fines de febrero, los procesamientos dictados por los jueces especiales afectaron por primera vez a ex ministros de Pinochet aún en actividad, y ya no exclusivamente a militares retirados10. Chile atraviesa un período de intensa actividad judicial. Y ello por una razón precisa: tres años de investigaciones encaradas desde 2002, a través de todo el país, por unos cuarenta jueces especiales con dedicación preferente en causas de derechos humanos, están a punto de culminar. En el curso de esas investigaciones, en primer lugar los suboficiales y luego los oficiales comenzaron a romper el «pacto de silencio» que existía desde treinta años 9

El día m i s m o de la liberación de Pinochet en Londres, siete abogados chilenos solicitaron y obtuvieron (en 2000) el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ex dictador convertido en senador designado, a fin de interrogarlo sobre su participación en la organización de la caravana de la muerte, expedición represiva dirigida por el general Arellano Stark que recorrió el país en septiembre y octubre de 1973. Si bien la Corte Suprema revocó el fallo del tribunal de primera instancia en 2002, el juicio de los otros acusados, entre ellos el propio Arellano Stark, sigue actualmente su curso. Véase Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. Hechos en 2003 (2004),passim, reproducido en Pérotin-Dumon A. (dir.), Historizar el pasado... 10

Se trata de Sergio Fernández (senador de la U n i ó n Democrática Independiente, U D I ) y de Enrique Montero Marx (brazo derecho de Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, el principal diario del país, muy conservador y favorable en su m o m e n t o a Pinochet).

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atrás sobre los crímenes cometidos y las ramificaciones de la represión. Esta actividad de los tribunales en materia de violaciones de los derechos humanos estuvo acompañada por una notable evolución de la norma jurídica aplicada. Cada nueva sentencia pronunciada sobre la desaparición de personas es un avance más contra la ley de amnistía que debía proteger a los autores de los crímenes perpetrados entre 1973 y 1978 (el período de la represión más intensa)11.Varias sentencias dictadas en la Corte de Apelaciones también desestimaron la ley de amnistía por considerar que el derecho penal internacional en materia de homicidios y desapariciones es una norma superior a la ley chilena12. El 11 de septiembre de 2003 una imagen fue reproducida por todas las cadenas de televisión del mundo occidental, para el cual el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hace las veces de acontecimiento emblemático: la de Ricardo Lagos al reabrir la Puerta de Morandé (puerta Este del palacio presidencial, situada en el número 80 de la calle de ese nombre), a través de la cual se había sacado el cadáver de Allende del palacio presidencial en llamas aquel día de septiembre de 197313. Aquí y allá, en todo el país, comenzaron a aparecer placas y monumentos, así como iniciativas de las numerosas asociaciones de víctimas para preservar los sitios de los centros de tortura más notorios. Esos intentos recientes de mantener viva la memoria de los lugares llaman la atención en un país donde la protección del patrimonio cultural es muy pobre, y también porque son objeto de una solicitud y ayuda crecientes de los servicios públicos 14 . El Estadio Nacional, por el

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Dicha ley de amnistía se sancionó el 10 de marzo de 1978. La interpretación de los abogados que los tribunales comenzaron a aceptar a fines de la década de 1990 es que «la desaparición debe ser asimilada a la figura del secuestro permanente, lo cual no permite agotar la investigación en ausencia de cuerpo. Así queda suspendida la ley de amnistía de 1978 si los tribunales no pueden cerrar las causas hasta la aparición de los restos». Comunicación personal del abogado Roberto Garretón que agradecemos calurosamente, enero de 2005. 12 Véase Escalante (2005). 13 La puerta había sido tapiada durante los trabajos de restauración emprendidos en el régimen de Pinochet, a raíz de los graves daños sufridos por el palacio debido a su bombardeo por el ejército rebelde la mañana del 11 de septiembre, y el incendio resultante. 14 Véase, en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, el proyecto Obras de Reparación Simbólica, que levantó un inventario de los memoriales surgidos desde 1990 y que apoya los nuevos proyectos. Puede consultarse su sitio de Internet, . Agradecemos a AlexWilde por habernos indicado la existencia de este sitio.

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cual pasaron decenas de miles de detenidos entre septiembre y noviembre de 1973, fue declarado monumento histórico de Chile en agosto de 2003. Otros dos sitios recibieron la misma jerarquía en 2004. Uno es la Villa Grimaldi ubicada en la avenida José Arrieta a la altura de 8200, fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. A pesar de haber sido arrasada por la Dictadura, excavaciones han sacado a luz las fundaciones de varios edificios (junto con artefactos) y otros han sido reconstruidos; un Parque por la Paz se habilitó en su emplazamiento (Av. José Arrieta 8401). El otro sitio está ubicado en la calle José Domingo Cañas 1367, donde funcionó el Cuartel Ollagüe de la DINA; la destrucción de la casa que sirvió de centro de tortura no pudo impedirse, pero desde 2000 se realizan frente al solar vigilias con velas15. «El encendido de una vela», explica uno de los participantes en esas vigilias, «ilumina el espíritu de aquellos que están aquí, de aquellos que fueron torturados y asesinados en este lugar. Esta luz que está aquí refleja que ellos aún están presentes»16. En el trigésimo aniversario del 11 de septiembre de 1973 se tuvo la impresión de que la dificultad de la gente para hablar de ese pasado se allanaba. El transcurso del tiempo había doblegado las reticencias. La palabra sobre el pasado, hasta entonces política, se convertía en histórica; de ese modo, tras el peligro de remover indebidamente «las ardientes cenizas del pasado» —para tomar la cita que Elizabeth Lira y Brian Loveman utilizaron como título de una de sus obras—17, se ingresaba en una era en la cual era un deber dar testimonio sobre acontecimientos históricos. Las siguientes son las palabras pronunciadas ese mismo mes de septiembre de 2003 por José Quiroga, uno de los seis médicos que rodeaban a Allende e integrante del grupo de leales que treinta años atrás dejaban el palacio presidencial hacia las dos de la tarde, luego de negociar su rendición con las fuerzas rebeldes. Sin embargo, en la fila de los que se marchaban algunos interrumpieron la retirada y volvieron sobre sus pasos para averiguar la suerte corrida por el presidente. Serían así testigos involuntarios de su suicidio. Porque a mí si me hubieras preguntado hace un m o n t ó n de años atrás, yo te habría dicho que no sabía nada. Por años dije eso. Porque a pesar de que sabía, en ese m o m e n t o era más importante el aspecto político, y que todo el m u n d o cre15

Véase el volumen publicado por la Corporación José Domingo Cañas 1367 (2001). Agradezco a Mario Garcés por haberme indicado esta publicación. 16 Véase López Oliva y Aguayo Sepúlveda (2003: 35-36). 17 Lira y Loveman (2000).

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yera que a Allende lo habían matado los militares. Después de 25 años, ya no es un hecho político sino histórico. La gente tiene derecho a saber lo que pasó 18 . Este testimonio es particularmente fuerte. Corresponde, empero, a la idea escuchada con más frecuencia en las alocuciones, breves, compuestas de palabras simples pronunciadas sin u n m i c r ó f o n o delante, que se sucedieron durante la c o n m e m o r a c i ó n pacífica del 11 de septiembre en t o r n o a La M o n e d a , mientras decenas y decenas de delegaciones y cortejos se reunían frente a la Puerta Morandé o la estatua de Allende. A saber: hoy, queremos recordar juntos lo que sucedió hace treinta años c o m o un acontecimiento histórico. E n los meses anteriores a esa fecha, los medios comenzaron a hablar otra vez de la U n i d a d Popular (coalición c o n la cual A l l e n d e g o b e r n ó de 1970 a 1973) y del golpe. Se escuchó mencionar, a m e n u d o por primera vez, a protagonistas o testigos c o m o Quiroga. Ese m i s m o año se p u b l i c ó una nueva e importante serie de memorias y otros escritos sobre la época 1 9 . Programas y debates televisivos suscitaron discusiones en las familias y entre las generaciones. En 2 0 0 4 , el estreno de Machuca, del director chileno Andrés W o o d , tuvo un efecto similar a la conmemoración del 11 de septiembre, porque la película fue vista por centenares de miles de personas y suscitó amplios debates. Apenas estrenado, el filme se impuso c o m o el mejor del año y n o tardó en alcanzar el tercer lugar entre los de mayor asistencia de espectadores en el

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«Hubo seis testigos del suicidio de Allende», La Nación, 12 de septiembre de 2003, . 19 Entre las memorias podemos mencionar Lawner (2004), cuyo capítulo final, «Retorno a la isla, 2003», cuenta la ceremonia de reconciliación entre los ex detenidos y la armada, realizada en 2004, y Duran Pardo (2003). La editorial LOM también publicó las memorias y escritos de varios dirigentes políticos de la época de la Unidad Popular. Entre los trabajos universitarios vale la pena señalar Rolle et al (2003), y Álvarez Vallejos (2003). Entre las obras escritas en otros idiomas: Dinges (2004) [traducción castellana: Operación

Cóndor. Una década de terrorismo internacional

en el Cono Sur. S a n t i a g o d e C h i l e :

Ediciones B, (2004)]; Kornbluh (2004) [traducción castellana: Pinochet: los archivos secretos. Barcelona: Crítica, (2004)], y Winn (1986) [traducción castellana: Tejedores de la revolución. Santiago de Chile: LOM, (2004)]. Una obra muy reciente es la de Stern (2004). Mencionemos además Garcés y Leiva (2005). En PeterWinn, «La presencia del pasado: historia y memoria en Chile hoy». En: A. Pérotin-Dumon (dir.): Historizar el pasado vivo en América Latina, publicación electrónica de próxima aparición en se encontrará una visión de conjunto de las publicaciones recientes vinculadas al trigésimo aniversario del golpe.

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cine nacional. E n su argumento se ocupa de la brecha entre clases medias y populares y las divisiones ideológicas q u e la recortan, según las vivieron alumnos, padres y docentes de u n colegio secundario progresista para sectores de posición económica desahogada, entre fines de la U n i d a d Popular y comienzos de la Dictadura. El hecho de que el protagonista principal fuera un niño facilitó la identificación del público con la historia, tanto de quienes lo eran entonces c o m o de quienes lo fueron poco tiempo atrás. La posibilidad de ser testigos de las discusiones q u e enfrentan a los protagonistas de Machuca p e r m i t i ó conjurar el recuerdo de las vividas p o r el país en 1973: ahora se podía hablar de ellas sin el riesgo de nuevas fracturas. El cambio afecta a todos los estratos de una sociedad a la que se coincide en calificar de poco locuaz y bastante desconfiada. En muchos grupos que existían cuando se produjo el golpe de 1973 —de los alumnos de liceos progresistas a los militantes de u n mismo partido político—, el trigésimo aniversario intensificó u n movimiento de rememoración iniciado alrededor de 1998: reuniones, recuperaciones de vínculos, romerías en las tumbas de camaradas desaparecidos. La difusión de Internet en esos mismos años contribuyó al movimiento, pues n o hay en Chile u n a sola persona cuyo círculo de relaciones tejidas en la década de 1970 n o haya padecido la diàspora producida p o r el exilio 2 0 . En gran medida t o d o esto f u e espontáneo y t o m ó p o r sorpresa a los propios interesados. La actividad judicial y las iniciativas del Estado c o n respecto al pasado reciente contribuyeron igualmente a reactivar esos lazos y redes de ex militantes de la U n i d a d Popular. Esos factores tuvieron incluso su papel en el retorno de los individuos a esa parte de su pasado. Se organizaron grupos de influencia para la designación de u n sitio histórico o la colocación de una placa, y la actividad de las asociaciones de víctimas c o b r ó nuevos bríos a mediados de 2003, c u a n d o el g o b i e r n o del presidente Lagos preparaba el proyecto legislativo titulado «No hay mañana sin ayer». D e tal modo, hoy hay mucha gente dedicada a la exhumación de su pasado, literal y figuradamente: las víctimas de la Dictadura lanzadas a la búsqueda de d o c u m e n t o s que les permitan entrar en u n o de los programas de reparaciones, las que se prestan al careo con u n torturador en el marco de una instrucción, las que acudieron a declarar ante la Comisión Valech. Unos se proponen hacer excavaciones en

20 En Villagrán (2002), se encontrará el ejemplo de una red informal de ex-detenidos, armada justamente en 2001 con la ayuda de internet, en el momento del caso Meneses-Agüero.

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su jardín, en el sitio donde creen haber enterrado en el momento del golpe documentos o recuerdos que repentinamente se convertían en elementos comprometedores pero de los cuales no podían separarse. Otros releen el recurso de amparo o la denuncia presentada, durante la Dictadura, por intermedio de un abogado del servicio legal de la Vicaría de la Solidaridad21. Esa denuncia consignaba una cantidad de cosas de las que la memoria, aunque incapaz de deshacerse por completo, se había aligerado inevitablemente, y cuya lectura reactiva el temor o la pena que oprimían entonces. Para muchos, por lo tanto, no habría cura de olvido, y el retorno al pasado que se constata hoy en Chile es una experiencia individual difícil de soportar que trae consigo pesadillas y fobias 22 , con sus repercusiones en los comportamientos colectivos: las acciones judiciales y las políticas de reparación generan fuertes tensiones y dan lugar a enconados debates entre el Estado y las asociaciones de víctimas23. La Comisión Rettig había centrado la memoria pública del pasado en las víctimas de ejecuciones y desapariciones. Con respecto a la tortura y otros malos tratos sufridos en prisión y en los procedimientos de detención, había decidido no «describir [sino] las características globales»24. El cambio ocurrido en los últimos años consiste en la ampliación de la memoria social de la represión hasta el extremo de incluir la detención y la tortura. Este cambio ha sido precipitado por la aparición en 2004 del Informe de la Comisión Nacio21

La Vicaría de la Solidaridad fue el principal servicio de ayuda legal durante la Dictadura, y actuó bajo la protección de la Iglesia Católica. Sobre la entidad como demostración de una situación en la que la cuestión ética se convierte en una fuerza política, véase Lowden (1996). 22 Debemos expresar nuestro agradecimiento a Elba Peña por los testimonios e informaciones aportados sobre este punto. Señalemos, por otra parte, que la tensión nerviosa no es patrimonio exclusivo de las víctimas. Según lo informado por una fuente segura pero no corroborada, las recetas de antidepresivos, anxiolíticos y somníferos para el personal retirado de las fuerzas armadas han mostrado un notable aumento en los hospitales militares de Santiago. Para apreciar la importancia del aspecto emocional en el personal militar retirado, véase el sitio de Internet (visitado el 25 de febrero de 2005). 23 En el informe Valech: 116-117, figura una lista indicativa de las asociaciones de ex detenidos con las cuales se reunió la Comisión Valech. 24 Salvo en los casos en que hubieran ocasionado la muerte de la víctima. El argumento propuesto por la Comisión Rettig para limitar el universo de casos considerados a los homicidios y las violaciones más graves de los derechos de las personas (Informe Rettig: I:, 16) era que, en los plazos establecidos (seis a nueve meses), no habría sido posible pronunciarse sobre cada una de las denuncias de tortura que se hubiesen presentado.

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nal sobre Prisión Política y Tortura o «Informe Valech» 25 . Hasta el año pasado, la tortura había quedado c o m o u n tema pendiente en materia de reparación del pasado 2 6 .También era algo de lo cual las víctimas se abstuvieron de hablar durante m u c h o tiempo: es indudable que la tortura es una «realidad desconocida, cruel y difícil de asimilar» 27 para cualquier sociedad. C o m o lo hace notar María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta de la Comisión Valech: «La tortura n o ha sido u n tema socialmente reivindicado» 28 . La C o m i s i ó n Valech se instituyó en noviembre de 2003, a través de u n decreto que le prescribía buscar la verdad acerca de esas «situaciones graves» que son la prisión política y la tortura, determinar cuáles eran las personas que las padecieron y proponer medidas de reparación en su beneficio 2 9 . La Comisión presentó su i n f o r m e en noviembre de 2004; se aprobó entonces, c o n alguna precipitación, el proyecto de ley elaborado p o r el g o b i e r n o sobre la base de las r e c o m e n d a c i o n e s formuladas p o r aquel organismo 3 0 . Pero el i n f o r m e Valech fue u n acontecimiento en los medios, y hay muchas razones para creer en sus efectos a largo plazo sobre la conciencia moral del

25

El informe puede consultarse en el sitio de Internet (nous citons d'après cette version) y . La version imprimée, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Santiago de Chile, G o b i e r n o de Chile/Ministerio del Interior, 2005) a été tirée à 33.000 exemplaires qui ne sont pas destinés à la vente mais aux victimes. O n ne peut que regretter cette diffusion fort restreinte. 26 «Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente p o r el país» (Informe Valech: 9). Sin embargo, la C o m i s i ó n Valech recordó que las torturas habían sido objeto de mil trescientas denuncias presentadas por los abogados en representación de las víctimas entre j u n i o de 1978 y diciembre de 1989 (Informe Valech: 188). Por otro lado, en el silencio que rodeaba socialmente la tortura se abrió una primera brecha en 1983, cuando Sebastián Acevedo se mató en público para denunciar la situación de sus dos hijos, que habían sido detenidos y torturados. La Iglesia Católica estuvo muy presente en la protesta que ganó p o r entonces los ámbitos públicos: excomulgó a los torturadores, y el sacerdote Jorge Aldunate impulsó la creación del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. 27

Informe Valech: 645. Seminario sobre el informe Valech, organizado por el Centro de Ética de la U n i versidad Alberto Hurtado, 20 de enero de 2005. 29 Informe Valech: 15-17. 30 Se esperaba, p o r ejemplo, u n debate parlamentario análogo a los entablados en 1991-1992. La precipitación parece ser responsable de los defectos de la ley: no se previo ninguna medida simbólica y varias categorías de víctimas fueron lisa y llanamente omitidas del programa de reparaciones. 28

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país: a fines de noviembre de 2004 una encuesta reveló que el 74% de los consultados aprobaban su contenido y el 66% se declaraban conocedores de éste31. Para comprender el paso dado en la construcción social de la verdad gracias al informe Valech, es importante considerar el número de personas que se reconocen en él y de quienes depende, en parte, su capacidad de llegar hoy a la opinión pública. Pues al ampliarse hasta incluir la detención y la tortura, la verdad pública sobre el pasado corresponde ahora a la memoria de una gran cantidad de chilenos. Memoria fuerte que es la de quienes declararon ante la Comisión Valech (mientras que de los muertos y los detenidos y desaparecidos fueron sus familiares y compañeros sobrevivientes quienes hablaron ante ese organismo). Memoria de todos los otros que, aunque vivieron la misma situación que los declarantes, no acudieron a la Comisión; en particular, y volveremos a ello más adelante, quienes en uno u otro momento estuvieron detenidos sólo 24 ó 48 horas, sin haber sido torturados 32 . Memoria, además, de los allegados de los ex detenidos, declarantes o no, que fueron directamente afectados por su arresto. Memoria, también, de los camaradas y amigos que compartían el mismo compromiso y los mismos riesgos que las víctimas (declarantes o no), pero a quienes el azar protegió: «Por cada detenido y torturado, había una familia, un grupo de amigos, una red social que se resintió con el conocimiento de lo ocurrido, y que experimentaron y contagiaron [a otros] el temor y la inseguridad», señala al respecto la Comisión Valech33. Memoria, para terminar, de quienes fueron testigos oculares o auriculares de las detenciones, en su carácter de vecinos, compañeros de trabajo o conocidos de las víctimas. ¿Acaso no escuchamos muchas veces decir: «No soy víctima directa, ni familiar de víctima de violaciones a derechos humanos. Como muchos quizá estuve cerca de serlo. Conocí a

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Encuesta de opinión realizada por la Fundación Futuro entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2004. Debo agradecer a Jennifer Herbst esta valiosa información, así como varias otras que me procuró para el presente artículo. 32 Aclaremos que el decreto de creación de la Comisión Valech no incluye entre los criterios que definen a una víctima las «retenciones temporales efectuadas durante allanamientos masivos, «operaciones peineta» u otra forma similar de control». Esos hechos sólo se consideran cuando resultaron en la prisión e incluso la tortura (Informe Valech: 16). Sin embargo, esas mismas experiencias de detención breve, frecuentes en los años de las grandes protestas (1983-1987), tienen un papel indiscutible en la solidaridad con las víctimas que sienten muchos ex militantes al leer hoy el informe. 33

Informe Valech, p. 590.

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m u c h o s que sí, lo fueron» 3 4 ? U n universo m u y amplio de personas se r e c o noce, por lo tanto, en la verdad sobre las detenciones y torturas inñigidas por la Dictadura. N o s c o d e a m o s t o d o s los días c o n esa gente; los cambios que acabamos de m e n c i o n a r e n la presencia del pasado son una realidad vivida de cerca y n o sólo u n asunto de actualidad y o p i n i ó n pública, tal c o m o cualquier persona razonablemente informada p u e d e advertirlo 35 .

LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE: DE EUROPA A AMÉRICA LATINA

A lo largo de los años que acabamos de evocar llegaron a C h i l e los ecos de u n c a m p o historiográfico desarrollado e n la década de 1980: la historia del t i e m p o presente m e n c i o n a d a al c o m i e n z o de este artículo 3 6 . Si se t o m a c o n o c i m i e n t o de los trabajos monográficos y de la reflexión epistemológica de alemanes, franceses y españoles sobre su pasado «complicado» de las décadas del treinta y el cuarenta, es posible reconocer u n objetivo que empezaba a perfilarse entonces e n Chile: ocuparse de u n pasado del que se es c o n t e m poráneo y que vive e n los recuerdos de la gente, pretender abordarlo c o m o historiador pese a su proximidad. E n perspectiva, advertimos hoy d ó n d e tro-

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Pablo Salvat, Seminario sobre el informe Valech, organizado por el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, 20 de enero de 2005.Véase, también, el testimonio de Nicolás Eyzaguirre, ministro de hacienda, al hablar frente al Foro Empresarial el 2 de diciembre de 2004: «Les quiero decir que yo abracé exactamente las mismas causas y desarrollé las mismas acciones que a unos pocos amigos les significaron la muerte, a quienes tuve que llorar y enterrar.Y a muchos amigos les significaron la tortura. [...] Sólo el azar, sólo el azar [sic] me salvó de aquellos padecimientos». 35 A medida que la verdad sobre el pasado se expresaba de manera cada vez más explícita, esa evolución nos afectó más íntimamente. Lo cual no es nada sorprendente en una sociedad pequeña y concentrada en la capital. Así, estábamos desempeñando nuestras funciones en la Universidad Católica cuando estalló, en 2001, el caso Meneses antes mencionado. El Instituto de Historia y el Instituto de Ciencias Políticas forman parte de la misma facultad que se mudaba por entonces a un nuevo edificio del campus principal de la universidad. Las ondas de choque del caso Meneses llegaron a los historiadores que eran sus vecinos de piso y compartían a veces los mismos estudiantes. En 2004, el Centro de Etica de la Universidad Jesuíta Alberto Hurtado al cual pertenecemos constituyó un observatorio privilegiado de la Comisión Valech, por la presencia en su seno de uno de los miembros de ésta y el hecho de que varios profesores, investigadores, estudiantes e integrantes del personal de la universidad hubieran trabajado para ella. 36

Por lo que sabemos, fue Alfredo Riquelme, profesor de historia en la Universidad Católica, quien introdujo esta problemática en Chile.

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pezaba la empresa: en la década de los noventa, no teníamos todavía las palabras que permitieran identificar y conceptualizar un objeto de investigación. Cuando se abordaban los decenios de 1970 y 1989, el tono, a la derecha, se pretendía distanciado y de una neutralidad presuntamente científica, pero se callaba lo esencial; a la izquierda, la condena moral y el juicio político precedían a menudo la investigación. Quienes procuraban navegar entre los escollos de una historia oficial por un lado y militante por otro, cuidaban como mínimo sus palabras y se fijaban un umbral variable de opacidad o militancia léxica según las instituciones o medios en los cuales se mueven 37 . La aceptación social, a partir de 1998, de una verdad pública sobre «lo que pasó» permitió efectivamente a la investigación soltar amarras y proporcionarnos un vocabulario del pasado reciente. Cuando el «carácter inmoral» del régimen (para retomar la expresión de Alex Wilde), la represión y sus víctimas volvieron a ser un tema de actualidad y debate público, la situación instaló un lenguaje más directo. Se comenzó a hablar entonces de violaciones de los derechos humanos, de tortura, de «la Dictadura», de impunidad. Esas palabras, antes sólo utilizadas por los organismos de defensa de los derechos humanos, desplazaron poco a poco los eufemismos que eran los resguardos de una visión oficial del pasado hasta entonces apenas puesta en cuestión: gobierno militar, apremios, atropellamientos. N o queremos decir que con anterioridad la investigación haya sido inexistente: debemos saludar aquí las tesis de licenciatura en historia (equivalentes a una maestría en Europa) que representan probablemente los primeros trabajos de investigación consagrados al período de la Dictadura, y recordar a los docentes que, contra viento y marea, tuvieron a bien dirigirlas38. Se trataba, sin embargo, de obras de aprendices que no podían aún inscribirse en un campo de investigaciones reconocido. Al decidir reorientar hacia la historia del tiempo presente una enseñanza centrada desde varios años atrás en las cuestiones metodológicas e historiográficas, no advertíamos, sin duda, el peso de otro factor: la contemporaneidad del acontecimiento por examinar es algo cambiante, visto que el pasado 37

Los trabajos que escapaban a ese espíritu estaban a menudo escritos en otro idioma; por ejemplo, las síntesis de Angelí (1991): 311-84, y Bethell (1993): 129-202; Collier and Sater (1998). Las editoriales y revistas de investigación chilenas que disfrutaban de una reputación establecida se negaban a traducir trabajos importantes referidos a la Dictadura: por ejemplo, Constable y Valenzuela (1991). «No es conveniente», solía argumentarse. 38 Por ejemplo, la de Manuel Gárate, reproducida en «La Michita: un proyecto urbanístico y una comunidad intelectual bajo la Dictadura». En: A. Pérotin-Dumon (dir.): Historizar

el

pasado...

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reciente es constantemente reordenado y redefinido por la actualidad. Y la enseñanza y la investigación no pueden hacer abstracción del sentido que asume públicamente el pasado en el m o m e n t o de su examen 3 9 . A nuestro juicio, la necesidad práctica de hacer frente a ese desafío puede orientar la reflexión en direcciones imprevistas y fecundas. El ejemplo de seminarios dictados hace poco y de un proyecto de investigación en curso ilustrará lo que decimos. Las cuestiones que acabamos de mencionar fueron, en mayor o m e n o r medida, la materia de un seminario de introducción a la historia del tiempo presente, dictado a estudiantes de maestría y doctorado en historia y estudios latinoamericanos 4 0 . Dos lecciones extraídas de ese curso iniciarán nuestra reflexión aplicada sobre la enseñanza y la investigación del pasado cercano latinoamericano. En primer lugar, los participantes del seminario hicieron la experiencia de la tensión propia de la historia del tiempo presente entre una situación de proximidad con respecto al objeto de estudio y la ambición y hasta la necesidad de ser objetivos: en la práctica, ¿cómo aprehender objetivamente algo que, a través del recuerdo, forma parte de nuestra propia vida? A medida que nos sumergimos en las investigaciones y devolvemos su especificidad y complejidad al hecho, debemos esperar sin duda que el pasado se convierta en una «tierra extranjera» («the past is a foreign country»), para retomar la expresión de David Lowenthal: estudiantes de doctorado que ya son historiadores profesionales y entre los cuales algunos cuentan con publicaciones en su activo han hecho la experiencia de ello. La distancia es mucho más difícil de instaurar en el simple ejercicio de lectura y comentario crítico al cual invita un seminario. Hay una tentación constante de reaccionar de acuerdo con la vivencia propia en vez de hacer de ella un criterio de evaluación entre otros, así c o m o de replegarse hacia el terreno familiar de los recuerdos en lugar de ampliar el registro de referencias históricas. Aquí se impuso el enfoque regional y más ampliamente comparativo; en rigor de la verdad, de una manera empírica. La lectura y discusión de textos referidos al pasado reciente y violento de Perú y la Argentina e incluso de Guatemala y Brasil, pero también de países de Europa occidental y oriental, permitió

39

La misma constatación hace Becker (1993): 120, historiador de la Primera Guerra Mundial (el volumen es una buena introducción a la historia del tiempo presente tal como se la presentaba en Francia hace unos diez años). 40 El seminario fue organizado por el Departamento de Estudios de Posgrado y el Departamento de Historia de la Universidad de Chile.

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señalar cuestiones interesantes, identificar modos ventajosos de abordarlas y evaluar los resultados propuestos acerca de un pasado reciente pero no propio. Al final de cada sesión del seminario se volvió sistemáticamente a la historia chilena y se planteó la siguiente pregunta: ¿qué sugiere este trabajo a propósito de Chile, en el plano temático, metodológico e interpretativo? El seminario sobre la historia del tiempo presente también brindó la oportunidad de adoptar un proceder regresivo, es decir delimitar nuestro campo de investigación histórica a partir de cuestiones que planteaba la actualidad, en el mismo momento y sobre ese mismo pasado. Durante el primer semestre de 2004, mientras se realizaba el seminario, la Comisión Valech recibía las declaraciones de las víctimas (entre diciembre de 2003 y mayo de 2004). Decidimos entonces consagrar no algunas lecturas sino todo el último mes del semestre al estudio comparativo de las cuatro grandes comisiones de la verdad de América Latina (en orden cronológico, Argentina, Chile, Guatemala y Perú), similares a la Comisión Valech por sus objetivos, mecanismos institucionales y modus operandi41. El seminario se interesó ante todo en la explicación del pasado aportada por las comisiones, su manera de llegar a ella, las pruebas que reunieron, en primer lugar los testimonios.Y la cuestión de la verdad hacia la que tiende todo el trabajo de estos organismos: cuestión moral para la sociedad en la que el funcionamiento de una comisión de la verdad se convierte en la «piedra angular» sobre la cual se funda la capacidad de una democracia para afrontar el pasado (para repetir la expresión de José Zalaquett),y cuestión epistemológica y metodológica para los historiadores, en lo concerniente al conocimiento del pasado. Se examinaron tres esferas de cuestiones. En principio, el paso, gracias a la existencia de un informe, de una verdad privada y negada a una verdad pública, así, como el camino recorrido por la opinión pública del conocimiento de los hechos a la conciencia 41 Conviene resituar el mecanismo de las comisiones de la verdad utilizado para «reparar injusticias históricas» (según la expresión de Elazar Barkan), a partir de la década de 1980, en la huella de las comisiones de peritos nacionales, bilaterales o internacionales cuya actividad marcó el siglo x x , sobre todo en Europa, al término de cada una de las guerras mundiales. Su objeto se refirió según los casos al destino de las minorías, el trazado de fronteras, la reglamentación de compensaciones económicas, la elaboración de manuales escolares de historia, etc. La Argentina tuvo la primera comisión de la verdad del mundo que alcanzó resultados concretos (la comisión de investigación sobre Uganda, reunida en 1974, constituye un precedente, mientras que la de Bolivia, que sesionó entre 1982 y 1984, no terminó sus trabajos). La comisión del Perú es la más reciente hasta el día de hoy. Véase Hayner (2001) (traducción castella de próxima aparición). Sobre el objeto de estas comisiones, véase Barkan (2000).

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y el reconocimiento de lo que éstos quieren decir 42 . A continuación, los parámetros de la verdad que las comisiones procuraban establecer: universo de casos considerado, método para alcanzar un grado de certeza sobre los hechos que permitiera formarse una convicción moral (verdad global, individualizada, establecida por proyección; reunión de antecedentes sobre casos individuales o codificación de los datos para su cruce y tratamiento estadístico) . Por último, los diferentes estatus de la verdad que giraban en torno al trabajo de las comisiones: judicial, histórica, ética, subjetiva.

M E M O R I A DE LOS SITIOS, SITIOS DE LA MEMORIA

La expresión «memoria de los lugares» recuerda que la operación de representación del pasado, en la memoria espontánea, está ligada con mucha frecuencia a un lugar, y son contados los recuerdos no localizados43. Se sabe, por otra parte, cuál fue el título elegido por Pierre Nora para su muy conocida obra: Les Lieux de mémoire (1984-1992). En la intención de su autor, la metáfora era lo bastante grande para englobar los textos, sitios, instituciones, edificios, aniversarios y otros elementos que sirven de respaldo a la memoria identitaria nacional. Ello antes de que un rápido deslizamiento metonímico producido en el contexto de una renovación de la política estatal de conservación del patrimonio cultural francés diera a la expresión un sentido literal que aseguró su fortuna 44 . Esas palabras foijadas en el contexto del bicentenario de la Revolución Francesa toman otra resonancia en la actualidad chilena, durante el primer semestre de 2002. En consecuencia, para todos los participantes —docentes, estudiantes y oyentes— del seminario dictado entonces y titulado «Memoria de los sitios, sitios de la memoria» 45 , los lugares de la memoria son aquellos donde se ocultaron los hechos probablemente más graves de la represión: la eliminación de personas y su inhumación en sepulturas clandestinas. Hechos que, como ya se dijo, los jueces especialmente afectados por los procesos por violaciones de los derechos humanos se pro-

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Véanse Valdéz ( 2 0 0 1 : 1 2 3 - 1 5 9 ) , y las otras colaboraciones sobre el m i s m o tema.

Véase asimismo Zalaquett ( 2 0 0 2 : 4 9 - 6 2 ) , en especial p. 5 4 . 43

Véase Casey ( 2 0 0 0 ) , capítulo «Place m e m o r y » .

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Véase la entrevista realizada a Pierre N o r a , Nouvel Observateur, 1 6 9 9 , 2 9 de mayo

de 1 9 9 7 . 45

Seminario dictado en la Universidad Alberto Hurtado, marzo-abril de 2 0 0 2 , p o r

Elizabeth Lira, que tuvo la gentileza de invitarme a darlo j u n t o c o n ella.

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p o n e n investigar: «El encuentro de estos restos óseos es parte de la verdad», dice u n o de ellos. El combate p o r alcanzar la verdad en t o r n o del lugar de inhumación de las personas desaparecidas había sido iniciado por los movimientos por los derechos humanos a fines de la década de 1970. Dónde están: c o n esta f o r m a , el reclamo de la Agrupación de Familiares de D e t e n i d o s Desaparecidos cruza las fronteras de Chile 4 6 . El descubrimiento de cuerpos n o identificados y tumbas clandestinas suscitó en cada o p o r t u n i d a d una movilización intensa que, a principios de la década de 1980, coincidió con la organizada para recuperar la libertad plena de información. C u a n d o las fuerzas opositoras democráticas se reorganizaron y prepararon una réplica c o n certada a la Dictadura, resultó particularmente útil saber q u é pasaba en el país y evaluar la fuerza de la oposición, pese a la existencia de medios de c o m u n i c a c i ó n controlados o cómplices. D e allí la idea de estructurar una parte del seminario sobre los lugares de la memoria en torno a profesionales de la información audiovisual, cuya tarea consistió desde esa época en investigar lo q u e ocurría a c u d i e n d o a esos sitios. Así, u n documentalista y u n reportero de actualidades nos mostraron documentos en video realizados en la década de 1980. Al ver los d o c u m e n t o s c o n nosotros, sus realizadores recordaron las circunstancias del rodaje, pero, también, su reacción frente al acontecimiento, y simplemente lo que pasaba entonces frente a ellos: ¡enorme plusvalía para la investigación histórica 47 ! Su participación puso de manifiesto el recurso excepcional que constituyen, para el historiador del tiempo presente, los periodistas que son «observadores privilegiados» del acontecimiento 4 8 . E n 1982, Ignacio Agüero t e r m i n ó u n cortometraje titulado No olvidar. Las cintas se enviaron clandestinamente a Suiza, d o n d e se hizo el montaje. Los miembros del equipo de p r o d u c c i ó n recibieron nombres ficticios. Lo verdadero eran las imágenes y el título del documental. «Eso sí era importante, llamarnos de ese m o d o y que ese nombre quedara impreso en la película,

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El régimen pinochetista persiste en calificar de «presuntos» o «personas que no tienen existencia» a los detenidos desaparecidos. 47 Q u e pudo constatarse igualmente en los últimos años cuando se exhibieron colecciones fotográficas inéditas acerca de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, acompañadas esta vez del comentario del fotográfo de actualidades aún vivo. 48 Las palabras son de uno de los participantes del seminario, Pablo Salas. Una de sus colegas que trabajaba en Chile en 1973 expresó virtualmente en los mismos términos la conciencia del periodista: «Los documentalistas viven la experiencia» (comunicación de Pamela Yates, noviembre de 2004).

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pues resumía el sentido de nuestro trabajo», recuerda Agüero 4 9 . La película narra el descubrimento, en 1978, de los cuerpos de 15 campesinos en los dos hornillos de una mina abandonada en una localidad denominada Lonquén (comuna rural de Isla de Maipo), n o lejos de Santiago. Los campesinos figuraban c o m o desaparecidos desde su arresto en octubre de 1973. No olvidar testimonia el m o m e n t o en que, ante el descubrimiento de esas tumbas clandestinas (y de otras, en la misma época, en distintos lugares del país), las familias y los opositores al régimen se hacen a la idea de que los detenidos desaparecidos están efectivamente muertos. Allegado a los movimientos por los derechos humanos que asisten a las familias de las víctimas 5 0 , Agüero t o m ó en L o n q u é n imágenes de las pequeñas capillas ardientes (anímitas) y de los peregrinajes (romerías) que sacralizaron el lugar. 51 D e ese modo, el d o c u m e n tal capturó la aparición de las primerísimas manifestaciones de la m e m o r i a colectiva q u e los estudios sobre la m e m o r i a social suelen olvidar: ante la m u e r t e violenta y escandalosa, el «no olvidar» se expresa ante t o d o y de manera espontánea a través de la participación en los ritos funerarios. E n c o n tramos una expresión similar de la m e m o r i a colectiva en los funerales de opositores políticos m e d i a n t e los cuales las c o m u n i d a d e s desafiaron a los regímenes ocupantes o autoritarios en casi todo el m u n d o occidental durante los siglos x i x y x x . En Chile (y la región), esa memoria «primera», próxima a los hechos rememorados, está ligada al m o v i m i e n t o p o r los derechos humanos: es una memoria moral, que se levanta contra la mentira 5 2 .Y c o m o 49

Ignacio Agüero, correspondencia del 22 de diciembre de 2004. La Vicaría de la Solidaridad, a la cual llegó la información concerniente a las tumbas, constituyó una comisión de investigación que se trasladó al lugar, dio a conocer la noticia y ayudó a las familias a presentar una denuncia en la justicia. Hecho inaudito, se realizaría una investigación antes de que la causa pasara a la justicia militar, que aplicó la ley de amnistía sancionada poco tiempo atrás para interrumpir las diligencias. Pese a una campaña en la que tomaron parte sacerdotes, religiosas y laicos, los cuerpos, que habían sido trasladados a la morgue de Santiago, no se entregaron a las familias; fueron, en cambio, enterrados en silencio en la fosa común del cementerio de Isla de Maipo. Sobre el caso judicial de Lonquén, véase Pacheco (1980) (col.): «Documentos para la Verdad», n° 1. Abogado de la Vicaría, Pacheco integró la comisión de investigación que descubrió los cuerpos. Sobre el punto de inflexión que significa Lonquén para las familias de los desaparecidos y para los movimientos de defensa de los derechos humanos, véase Verdugo y Orrego (1980). 50

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Sobre las animitas, véase López Oliva y Aguayo Sepúlveda (2003). Paralelamente, y de acuerdo con otra dinámica ya no moral sino política, el 11 de septiembre «se instala» como una fecha conmemorativa en Chile. Véase Candína Polomer (2002:9-48). 52

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lo sugiere el título No olvidar, se expresa ante todo a la manera de la c o n m i nación, de la resistencia: el acto mismo de reminiscencia es resistencia a la represión 53 . E n 1979 Agüero sólo tenía aún las imágenes del sitio. Por entonces los hornos fueron dinamitados y arrasados. Inquieto por el ruido hecho alrededor de Lonquén, el régimen militar prefirió hacerlos desaparecer. Al enterarse de la noticia, Agüero recuerda haber pensado: «tengo que hacer la película». La realización del documental se convierte en la manera de cumplir u n deber de m e m o r i a . Entrevistó entonces a una de las familias, los Moreira M u ñ o z , así c o m o a los responsables de la Vicaría, reconstituyó las circunstancias tanto del asesinato c o m o del hallazgo de los cuerpos y puso fin al d o c u mental, que lleva la fecha de 1982. Pero, ¿por qué esperó para hacerlo? Las explicaciones dadas por el realizador en el seminario, con respecto a su actitud de postergar una y otra vez el rodaje, aclaran las condiciones en las cuales debía trabajar u n documentalista durante la Dictadura, e incluso a pocos años del golpe (1978), tironeado entre los riesgos implícitos en el abordaje de tales temas, el carácter de deber moral de la tarea y la renuencia a reavivar un recuerdo penoso tanto para los productores c o m o para los participantes. A partir de 1980, la memoria que se asocia a Lonquén —todo lo que en él significó el descubrimiento de los cuerpos— es la de lugares que ya n o existen: sólo la conciencia de la gente es su depositaría; sin embargo, fue en esa localidad d o n d e la m u e r t e de los detenidos desaparecidos alcanzó una dimensión concreta. La conclusión del seminario, planteada p o r Elizabeth Lira, resume todo eso.Y lleva al mismo tiempo la marca de la coyuntura de principios de 2002: la justicia investiga en los lugares de inhumación clandestina de los «detenidos desaparecidos». Aquí, el hallazgo de cuerpos en este lugar llega a que los huesos de los muertos n o fueron entregados a los familiares.Y el lugar es dinamitado, desaparece

53 Sobre la reminiscencia como resistencia, en el caso temporalmente paralelo de los primeros movimientos de oposición en los países socialistas, véase Brossat et al. (1990) [traducción castellana: En el Este, la memoria recuperada.Valenda: Edicions Alfons el Magnánim, (1992)]. Sobre los panfletos de los disidentes rusos, Merridale (2000). Pensemos, por último, en el deber de memoria de Primo Levi, que es conminación lanzada, en primer lugar, a las otras víctimas; se lo reencuentra c o m o tal en numerosas memorias de supervivientes, redactadas a su regreso de los campos de concentración nazis —véase Wieviorka (1992)— así como en esta frase inscripta en las placas y pequeñas cruces que marcan la memoria de los lugares: «Transeúnte, recuerda».

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Anne Pérotin-Dumon materialmente a pesar, o más bien, porque, ya se había convertido en sitio de memoria. Sólo queda la memoria de los hechos designados por el nombre de este lugar que ya no existe, es borrado. El mismo acontecimiento hace, sin embargo, que la muerte se haga concreta; pues se acaba la expectativa de los familiares de que estén con vida en algún lugar. [...] El espacio es sitio de memoria sólo en cuanto a los vínculos creados con ello por los que no quieren olvidar; está en la mente, en la conciencia de la gente. Hoy, muchos lugares donde ocurrió algo han sido destruidos porque recordar lo que pasó era para muchos inconveniente, conflictivo. Si las memorias no se atan a lugares ni circunstancias, muchos creen que terminarán desapareciendo.

Pablo Salas inició su carrera de reportero audiovisual en la década de 1980, cuando se organizaron las grandes protestas, esas manifestaciones surgidas en distintos barrios de Santiago y mediante las cuales la sociedad civil expresaba su rechazo a la dictadura. Esta replicó c o n el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en incursiones dirigidas, en particular, a las poblaciones o villas de emergencia de la periferia de la capital. Salas filmó una operación memorable lanzada en noviembre de 1986 contra la población de La Victoria (que incluyó el descenso de tropas transportadas en helicópteros, u n factor q u e despertó terror entre los residentes). Los efectivos allanaron las casas y t o d o s los h o m b r e s de entre 15 y 65 años f u e r o n llevados para verificar su identidad. El rodaje f u e improvisado: tras enterarse del operativo p o r R a d i o Cooperativa, el reportero y su camarógrafo partieron de inmediato hacia La Victoria. Las primeras imágenes de los allanamientos en el barrio se tomaron al final de la mañana. Salas logró entrar en la población por atrás, mientras los policías se retiraban. Filmó con el objeto de acumular pruebas acerca de u n acontecimiento cuyo desenlace era aún desconocido p o r todos: las casas m a r cadas luego de ser allanadas y, sobre todo, los hombres a quienes se a m o n t o n a ba en camiones. Más adelante, Salas filmó a los mismos pobladores detenidos en u n estadio, alineados en largas columnas para la verificación de su identidad. T o m ó las imágenes con zoom desde el apartamento de u n amigo situado frente al estadio; decidió que la cámara se detuviera sobre los individuos cuyos rastros tal vez sería i m p o r t a n t e conservar. E n t r e las p r i m e r a s tomas de la población allanada desde el amanecer y las imágenes de los hombres detenidos en el estadio al caer la noche, Salas insertó el comunicado del Ministro de Información sobre el operativo efectuado en La Victoria, transmitido a mitad de la j o r n a d a p o r la televisión nacional: al parecer, era simplemente u n control de identidad, y las fuerzas armadas tenían la instrucción de tratar a los pobladores con la mayor consideración. El régimen militar se desvelaba p o r hacer

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creer que no ocurría nada, pero tomó la precaución de prohibir el acceso a los lugares donde, según sus dichos, la situación era completamente normal. Al trasladarse allí a pesar de todos los inconvenientes y volver con su filmación en video, el documentalista se erigió en testigo de los hechos y productor de pruebas. Sus imágenes serían vistas in situ por los opositores y vendidas a las agencias de prensa extranjeras que informaban con libertad. Retengamos dos aspectos de los comentarios de Salas en el momento de ver la película. Por una parte, el objetivo de reunir pruebas a despecho de la censura hace que el documentalista privilegie las imágenes de contenido informativo y susceptibles de probar algo (a diferencia de los heridos y los gases lacrimógenos, cuyo efecto visual es fuerte pero que transmiten un mensaje trivial), y que haga hablar extensamente a la gente sobre lo que acaba de pasar. Por otra parte, el material visual se presenta en bruto, es decir, que no ha sufrido un montaje selectivo en torno de una idea o un hecho. Por lo tanto, abunda en informaciones, una de las cuales suscita en nosotros una impresión particular: la presencia de las mujeres. Cuando entra a La Victoria, el documentalista es recibido por el cura, Pierre Dubois, cuyas primeras palabras registradas son: «No hay hombres aquí». Luego, Salas filma el relato de las pobladoras sobre el allanamiento y el arresto de los hombres. Las formas de organización de las mujeres y su protagonismo (subsistencia económica, oposición o respaldo a la dictadura) fueron objeto de trabajos importantes en sociología y ciencias políticas; no en historia 5 4 . Imágenes c o m o las de Salas deberían permitir a los historiadores posar una mirada sobre lo ocurrido que incluyera a las mujeres, por ejemplo, con referencia a la resistencia popular a la dictadura 55 . ¿Qué hacen los historiadores del pasado reciente en los países vecinos de Chile? A partir de 2000, la actualidad política de la Argentina y Perú nos llevó a plantearnos esta cuestión 5 6 . Observamos, por ejemplo, a nuestros colegas

54 Véanse los trabajos contemporáneos del período estudiado:Valenzuela (1987); Serrano (1988); Churchryck (1989),y Baldez (2002). Agradezco a María Elena Valenzuela sus observaciones esclarecedoras y sus sugerencias bibliográficas. 55 Es muy rica en este aspecto otra película de Pablo Salas vista en el seminario: la que muestra una manifestación del movimiento Mujeres por la Vida, realizada en noviembre de 1985. 56 Dos factores nada desdeñables favorecieron, en ese mismo momento, la toma de conciencia de un objetivo regional: la generalización de la televisión por cable que permite la difusión en Santiago de dos canales argentinos y la instalación de internet en la universidad.

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argentinos debatir acerca de las repercusiones sobre su tarea de la presencia del Proceso en la conciencia histórica del país57.Y luego, en 2001, conocimos el establecimiento de una comisión de la verdad en Perú, para investigar los veinte años de violencia política debidos a los movimientos terroristas y el contraterrorismo de Estado. De ese interrogante formulado con varios colegas chilenos surgió el proyecto de comparar nuestras miradas sobre el pasado reciente en la región y examinar qué implica su «historización», en los tres países, para los historiadores y aquellos que, a partir de otras disciplinas y competencias, también se interesan en ese pasado. Por nuestra parte no teníamos tanto un objetivo propiamente comparativo como el simple deseo de abordar de manera colectiva, en la región, el tratamiento del pasado vivo. Cada uno a su turno, los tres países sufrieron la violencia política en las últimas décadas del siglo x x y luego, contra ella, el auge del movimiento de defensa de los derechos de la persona, para terminar en la constitución de una comisión de la verdad considerada como una referencia mundial. Es cierto que la violencia adoptó formas diferentes en cada país. De igual modo, también varía enormemente la distancia a la cual cada uno se encuentra de ese pasado doloroso y conflictivo: puede decirse incluso que, en ciertos aspectos, la violencia política peruana incumbe a un pasado inmediato, todavía abierto 58 . Pero en los tres países ese pasado pertenece ya a la conciencia histórica colectiva como la memoria de lo que no debe repetirse; al mismo tiempo, irrumpe con regularidad en la actualidad política nacional.Y ese carácter de pasado moralmente problemático le asigna un lugar aparte en la historia nacional, inclinada con mayor frecuencia a celebrar las hazañas y a sus héroes. Cabe pensar que durante mucho tiempo suscitará investigaciones (de juzgarse, por ejemplo, según el precedente de la historia alemana del período nazi) .Y tarde o temprano habrá que incluirlo en los manuales de estudio (lo cual implica a menudo rehacerlos) y hacer de él una materia de enseñanza y de investigaciones en historia. El Institute of Latin American Studies (ILAS) de la Universidad de Londres organizó en 2003 un taller que reunió a investigadores principalmente 57

Véase R o m e r o (2003: 113-124), en especial p o r su reflexión, a diez años de distancia, sobre «los éxitos inmediatos de esta política de la m e m o r i a , de esta construcción de u n pasado de espanto», en el cual profesores c o m o R o m e r o participaron activamente, movidos p o r el sentido de u n d e b e r cívico, c o m o lo atestigua la p r i m e r a edición de su Breve historia contemporánea de la Argentina, en p a r t i c u l a r el capítulo sobre el P r o c e s o (1976-1983). Se encontrará otro ejemplo en Lorenz (2004: 95-129).Véase asimismo Pastoriza (2003). 58 Sobre el estudio del pasado inmediato, véase Langue ( 2 0 0 4 : 1 2 3 - 1 5 8 ) .

E n s e ñ a r el pasado l a t i n o a m e r i c a n o c e r c a n o

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argentinos, chilenos y peruanos (o especialistas en estos países), para concretar esas preocupaciones 5 9 . Los trabajos presentados en Londres constituyeron el n ú c l e o de la publicación electrónica Historizar el pasado vivo en América Latina, q u e podrá consultarse p r ó x i m a m e n t e en línea. U n p r i m e r objetivo fue contribuir al desarrollo de la investigación histórica sobre u n pasado que ya ha suscitado n o pocos trabajos en ciencias sociales, y comenzar a resituar ese ciclo reciente de violencia en la larga duración de la historia nacional 6 0 . U n segundo objetivo consistió en seriar m e j o r los cuestionamientos y herramientas pertinentes para escribir la historia del tiempo presente en América Latina y señalar, en particular, las nociones epistemológicas y metodológicas que la organizan. U n a meta complementaria radica en situar ese campo latin o a m e r i c a n o de la historia del t i e m p o presente dentro de u n campo historiográfico existente a la escala del m u n d o occidental (para n o hablar sino de lo que conocemos) y, de tal m o d o , dar a conocer nuestros esfuerzos y p r e o cupaciones fuera de América Latina. Para cumplir esos objetivos, Historizar el pasado vivo... reúne estudios de casos dedicados a los tres países, cuyos a u t o res son ante t o d o historiadores, pero, también, antropólogos, politólogos, psicólogos, sociólogos e incluso periodistas y activistas del m o v i m i e n t o p o r los derechos de la persona. La sección consagrada a cada país se abre c o n u n inventario razonado de los recursos bibliográficos y u n estado de la investigación sobre el pasado reciente en nuestros días .Y termina con una presentación de los archivos actualmente identificados, cuya consulta es deseable para el estudio del pasado reciente. T o m a d o s en c o n j u n t o , los estudios de casos presentados en L o n d r e s muestran q u e en la hora actual, la historia del t i e m p o presente en nuestra región latinoamericana abrevia en tres especialidades. La más reciente es la historia sociocultural de la m e m o r i a colectiva engendrada p o r u n acontecimiento; en otras palabras, la evolución a través del tiempo de los grupos que la reivindican, sus manifestaciones y soportes topográficos y materiales (lo

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Véase el sitio de Internet < h t t p : / / w w w . s a s . a c . u k / i l a s / s e m _ m e m o r y . h t m > . La coordinadora de este proyecto tiene una deuda intelectual c o n varios colegas: Steve Stern, p o r las cuestiones que resultaron en Stern (1999): [traducción castellana: Los senderos insólitos del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, (1999)]; R o m e r o (2003), p o r la lección de historia contemporánea dada, y Klarén (2001), p o r su reflexión sobre la violencia política en la larga duración histórica [traducción castellana: Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, (2004)], y «The time of troubles ( 1 9 8 0 - 2 0 0 0 ) : M o d e r n v i o l e n c e and t h e l o n g sweep of P e r u v i a n history», de p r ó x i m a aparición en traducción castellana en A. P é r o t i n - D u m o n (dir.): Historizar el pasado vivo... 60

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q u e H e n r y R o u s s o llama la posteridad en el i m a g i n a r i o de u n a c o n t e c i m i e n t o y sus representaciones sucesivas) 61 . Las otras dos ya están bien representadas en los trabajos de historia contemporánea (al m e n o s desde hace u n cuarto de siglo): la historia oral, la de los grupos de abajo, los sin voz, y la historia política, pues el c a m b i o s o b r e v e n i d o en esta esfera (destrucción del Estado de derecho y de las garantías constitucionales) condiciona las otras y, p o r lo tanto, autoriza sus p r i m e r a s p e r i o d i z a c i o n e s . La inclusión d e u n a r ú b r i c a de «archivos» en esta p u b l i c a c i ó n es reveladora del interés q u e la cuestión despierta en la región, cuando se trata del pasado reciente. La opin i ó n pública c o m i e n z a a advertir el valor i n t r í n s e c o de los archivos; la inquietud por su conservación y el reclamo de su apertura f o r m a n hoy parte del combate p o r la «memoria». Por último, y sobre todo, los historiadores (y todos los que estudian ese pasado) se acostumbran a manejar de manera c o n j u n t a fuentes orales y d o c u m e n t o s de archivos. Historizar el pasado vivo... examina asimismo la responsabilidad profesional q u e implica el h e c h o de trabajar sobre el pasado vivo y n o el «pasado pasado». Esta dimensión se manifestó en Londres, a d o n d e nuestros colegas p e r u a n o s llegaron luego de h a b e r t e r m i n a d o de trabajar, dos meses antes, para la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por lo demás, la participación de investigadores universitarios en este tipo de organismos f u e p o r sí misma el o b j e t o de la sesión de clausura del taller 6 2 . Esa responsabilidad cívica, a veces pública, es asumida p o r la mayoría de los colaboradores de la publicación, latinoamericanos o no. Entre los ámbitos en los cuales se ejerce, m e n cionemos los siguientes: la redacción de manuales escolares y la participación en las comisiones públicas encargadas de evaluarlos; la elaboración de c o n t e nidos y pedagogías para la inclusión del pasado reciente en los programas de enseñanza; el trabajo en los organismos de defensa de los derechos de la persona y las instituciones públicas o privadas de preservación y difusión de la m e m o r i a del pasado reciente, sobre todo, en los medios populares; las colaboraciones habituales en la prensa nacional; el papel de asesores políticos en materia de gestión del pasado; la f u n c i ó n de peritos ante los tribunales y, last 61 D e R o u s s o H e n r y , véase «La trayectoria d e u n historiador del t i e m p o presente (1975-2000). En: A. P é r o t i n - D u m o n (dir.): Historizar el pasado vivo... 62 C o n las intervenciones de Carlos Iván D e g r e g o r i , m i e m b r o de la C o m i s i ó n de Verdad y R e c o n c i l i a c i ó n peruana, y A r t u r o Taracena, j e f e del e q u i p o de investigaciones históricas de la C o m i s i ó n de Esclarecimiento H i s t ó r i c o de Guatemala. D e este último, véase «Los desafíos para el historiador en la C o m i s i ó n de Esclarecimiento Histórico de Guatemala». En: A. P é r o t i n - D u m o n (dir.): Historizar el pasado vivo...

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el trabajo en las comisiones de verdad y otros cuerpos de investigación del pasado reciente (así como en la integración de su personal y la función de consultores), tanto a escala nacional como de una comunidad. La sección «Hitos» de Historizar el pasado vivo... propone textos de reflexión general sobre los conceptos clave de nuestro campo de investigación: «verdad, justicia, memoria». Enunciados en este orden, constituyeron en la Argentina, Chile y el Perú la reivindicación central de las organizaciones de defensa de los derechos de la persona desde los tiempos oscuros. Dichos conceptos están cargados, entonces, de una significación histórica adquirida en la época de la violencia, que no dejó de evolucionar desde esos días (como lo muestraVezzetti en el caso argentino) 63 y, como tal, forma parte de las herramientas mentales de los historiadores de la región. Por consiguiente, en primer lugar abordamos desde ese punto de vista la noción de verdad, con la ayuda de los juristas latinoamericanos especializados en derecho penal internacional64. Paralelamente, una palabra como «memoria» engloba un concepto esencial en historia y desde hace poco, también, en ciencias sociales65. Al respecto, decidimos abrevar en la reflexión de los filósofos y sociólogos a los cuales todos -tanto investigadores en ciencias sociales como historiadoresse refieren con frecuencia desde la década de 1990: sobre la facultad del individuo de recordar y representarse el pasado que autoriza el recurso al testimonio y sobre la noción de memoria colectiva o social, interesada en las condiciones en las cuales es posible compartir recuerdos, así como en su modo de manifestación en los grupos o las sociedades66. Bajo el encabezado «Paralelos y precedentes», por último, se proponen trabajos procedentes de otras regiones del mundo occidental donde la práctica de la historia del tiempo presente (campo que en los hechos adopta distintas denominaciones) constituye una actividad más antigua que la nuestra en América Latina o but not least,

63 Vezzetti (2002): «Conflictos de la memoria en la Argentina: U n estudio histórico de la memoria social». En: A. Pérotin-Dumon (dir.): Historizar el pasado vivo... 64 M é n d e z Juan E.: «El derecho humano a la verdad: Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad». En: A. Pérotin-Dumon (dir.): Historizar el pasado vivo... 65 Véase el proyecto regional dirigido por Elizabeth Jelin y Carlos Iván Degregori, varios de cuyos volúmenes de la c o l e c c i ó n «Memorias de la Represión», editada por Siglo X X I de la Argentina entre 2001 y 2004, han sido citados en este artículo. 66 Véase Ricceur Paul: «Historia y memoria: La escritura de la historia y la representación del pasado», y Lavabre Marie-France: «Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria». En: A. Pérotin-Dumon (dir.): Historizar el pasado vivo...

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paralela a ella, y rica de enseñanzas. Por ejemplo, los historiadores de Alemania, Francia y España se han movido hoy del tratamiento de un pasado reciente y conflictivo a un pasado moralmente presente, y de testigos omnipresentes pero poco escuchados a la palabra de los últimos testigos que cautivan al público. En cambio, en Irlanda del Norte, Argelia, Marruecos o Polonia, el pasado difícil que durante m u c h o tiempo se silenció o se negó comienza a aparecer en la conciencia colectiva, la verdad se considera como fundadora de instituciones democráticas y el historiador debe cumplir un papel en el establecimiento de los hechos 6 7 . Para terminar, una cuestión c o m o la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial revela la dimensión ética de la gestión del pasado y al mismo tiempo la de su interpretación histórica, tanto para Estados Unidos como para Japón 6 8 . La elección de los trabajos incluidos en esta sección de Historízar el pasado vivo... estuvo guiada por el deseo de ilustrar diversos trayectos de indagación, temas de investigación, opciones metodológicas e implicaciones éticas del pasado reciente.

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