El tránsito de la Buenamuerte por Lima: auge y declive de una orden religiosa azucarera, siglos XVIII y XIX 9783954876280

Table of contents :
Índice
Introducción
Capítulo I. Los Religiosos «Agonizantes» En El Perú Siglo XVIII
Capítulo II. Las Haciendas De La Buenamuerte En Cañete. Progreso Y Decadencia, 1740-1821
Capítulo III. La Crisis Interna De La Buenamuerte
Capítulo IV. La Idea Y La Práctica De La Desamortización El Caso Peruano
Capítulo V. La Desamortización De La Buenamuerte
Conclusiones. El Tránsito De La Buenamuerte Por Lima, Siglos XVIII Y XIX
Fuentes y Bibliografía

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BIBLIOTECA INDIANA Publicaciones del Centro de Estudios Indianos/Proyectos Estudios Indianos-PEI

Universidad de Navarra Universidad del Pacífico (Perú) Editorial Iberoamericana

Dirección: Ignacio Arellano, Celsa Carmen García y Martina Vinatea Subdirector: Juan M. Escudero Coordinadores: Pilar Latasa y Elio Vélez Comité asesor: Trinidad Barrera, Universidad de Sevilla Miguel Donoso, Universidad de los Andes, Santiago de Chile Andrés Eichmann, Academia Boliviana de la Lengua Paul Firbas, Stony Brook University, The State University of New York Pedro Lasarte, Boston University Raúl Marrero-Fente, University of Minnesota, Minneapolis Alfredo Matus, Academia Chilena de la Lengua, Santiago de Chile Rosa Perelmuter, University of North Carolina at Chapel Hill Sara Poot-Herrera, University of California, Santa Barbara José Antonio Rodríguez Garrido, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima

Biblioteca Indiana, 43

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA Auge y declive de una orden religiosa azucarera, siglos XVIII y XIX

PABLO F. LUNA

Obra publicada con la participación de la École des Hautes Études en Sciences Sociales - Centre des Recherches Historiques (EHESS-CRH)

Universidad de Navarra - Iberoamericana - Vervuert 2017

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A mis padres. A mis Barrios Altos, de la vieja Lima.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................

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CAPÍTULO I. LOS RELIGIOSOS «AGONIZANTES» EN EL PERÚ. SIGLO XVIII ............. 1. La orden mendicante de San Camilo ...................................................... 2. La llegada a Lima de la orden de San Camilo .......................................... 3. La implantación de sus temporalidades .................................................... 1) La Casa de Lima, Barrios Altos. La Casa de Santa Liberata, «Abajo el puente»............................................................................. 2) Las temporalidades urbanas y rurales en Lima ................................... 3) Las haciendas de Cañete................................................................... 4) La práctica del albaceazgo ................................................................ 5) El prestigio de la Buenamuerte ........................................................

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CAPÍTULO II. LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE. PROGRESO Y DECADENCIA, 1740-1821 .......................................................... 1. Una orden agrícola y azucarera ............................................................... 1) La Quebrada-El Chilcal ................................................................... 2) Casablanca-Cerro Azul..................................................................... 2. La economía de las haciendas: auge y crisis. El endeudamiento de la Buenamuerte ............................................................................... 1) La actividad de las haciendas, sus gastos, 1744-1803 .......................... 2) La actividad productiva de las haciendas, 1775-1821 ......................... 3) Las ventas del azúcar de Cañete y la coyuntura comercial, 1751-1814 4) El endeudamiento de la Buenamuerte .............................................. 3. Las haciendas de Cañete, en la coyuntura económica y comercial de la independencia .............................................................................. 1) Entre Lima y Cañete ........................................................................ 2) Legalidades, legitimidad e intereses materiales ................................... Anexos ......................................................................................................

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CAPÍTULO III. LA CRISIS INTERNA DE LA BUENAMUERTE ................................. 1. La reconstitución de una crisis de autoridad y legitimidad ....................... 2. Orígenes y etapas de la crisis institucional de la Buenamuerte. Naturaleza y características.................................................................... 1) La primera fase del conflicto, entre 1770 y 1786 ............................... 2) Las pesquisas oficiales de 1786 y 1787 .............................................. 3) La abierta interferencia del poder civil en el gobierno de la Buenamuerte, 1787 .................................................................. 4) Tensión en el claustro, 1788-1818..................................................... 3. La crisis interna de la Buenamuerte en la coyuntura independentista ....... CAPÍTULO IV. LA IDEA Y LA PRÁCTICA DE LA DESAMORTIZACIÓN. EL CASO PERUANO ....................................................................................... 1. La noción histórica de Desamortización .................................................... 2. La Desamortización eclesiástica hispánica, problemáticas y avances .......... 3. Los avatares de la desamortización eclesiástica en el Perú ......................... 1) La Iglesia católica y el Estado en el Perú .......................................... 2) Los primeros pasos desamortizadores del Estado independiente, 1826-1852 ....................................................................................... 3) La paz «en armas»............................................................................. 4) El proyecto de desamortización eclesiástica institucional, 1867 ..........

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CAPÍTULO V. LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE ............................... 1. El declive de la orden crucífera ............................................................... 2. Las dos supresiones de la Buenamuerte ................................................... 1) Los antecedentes de la primera supresión.......................................... 2) La primera supresión de la Buenamuerte: agosto de 1829 - octubre de 1833 .................................................... 3) Patrimonio y finanzas de la Buenamuerte, luego de su primer restablecimiento, 1834 ...................................................................... 4) La segunda supresión de la Buenamuerte: agosto de 1843 - junio de 1844 ........................................................ 5) Patrimonio y finanzas de la Buenamuerte, luego de su segundo restablecimiento, 1845 ...................................................................... 3. Patrimonio y finanzas de la Buenamuerte, hasta fines del siglo XIX........... 1) Las consecuencias de las dos supresiones ........................................... 2) La Buenamuerte y sus fincas urbanas, en 1855 .................................. 3) La lenta recuperación de la Buenamuerte, su repliegue urbano.......... Anexos ......................................................................................................

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CONCLUSIONES. El tránsito de la Buenamuerte por Lima, siglos XVIII y XIX ...

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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................

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INTRODUCCIÓN

La propiedad y el patrimonio eclesiásticos en el Perú, su origen, formación y reproducción, así como la transición y el despliegue que pudieron operar desde el Antiguo Régimen hacia la sociedad contemporánea, forman parte de los asuntos de la historia peruana que no han sido examinados aún con el detenimiento y la precisión necesarios. Algo que contrasta singularmente con la evolución que sobre los mismos asuntos se ha observado en la producción de trabajos históricos relativa a otros espacios iberoamericanos o a la propia Península Ibérica, para no hablar del resto de la historiografía europea. Es muy probable que ello se deba a las dificultades documentales, institucionales o metodológicas, inherentes a dicha investigación; o tal vez a razones derivadas de la desconfianza tradicional que suscitó, en particular en las jerarquías de la Iglesia católica peruana del siglo XIX, cualquier interrogante sobre el patrimonio de ambos cleros, especialmente cuando tales demandas provenían de la autoridad civil (en el contexto general de las desamortizaciones eclesiásticas de dicha época). Lo que ha representado al mismo tiempo una ausencia fundamental para comprender cabalmente el papel desempeñado por la institución eclesiástica en la historia nacional —e incluso anteriormente, durante el periodo colonial español. Gracias a sondeos previos y especialmente con la puesta a disposición de los investigadores de nuevas masas documentales1, es posible pensar que los conventos, monasterios y parroquias de nuestro país, fuera de los repositorios reconstituidos en los obispados y en el arzobispado de Lima, contienen una riqueza archivística de primer orden (y no solo de material escrito), cuya explotación sistemática por los historiadores permitiría echar luces 1

Archivo Arzobispal de Lima, 1999; Tineo, 1992.

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sobre la problemática planteada. Se puede deducir de ello la existencia de unos yacimientos documentales y de fuentes históricas que, a la imagen de la presencia de la Iglesia católica en el Perú, tendrían un amplio alcance, esto es, societal, económico, financiero, institucional y religioso. Desde hace varios años, y en diferentes libros y artículos publicados (o en intervenciones en congresos y seminarios), estamos defendiendo la propuesta de una reconstitución de la historia de la propiedad y el patrimonio eclesiásticos, a partir de trabajos monográficos sobre cada una de sus entidades componentes —en una perspectiva de mediano plazo—, para ambos cleros. Una reconstitución que sería capaz de restituir la problemática planteada en el cuadro general de las actividades de dichas instituciones y que pudiera reconstruir la lógica de su presencia y desarrollo, desde su llegada al Perú, durante el periodo colonial, hasta épocas más recientes y actuales. Y ello, poniendo de realce —hasta donde las fuentes lo permitieran— la manera cómo se produjo su transición durante el periodo independentista y su adaptación o supresión y desaparición (y hasta reconstitución) ulteriores, al iniciarse y afianzarse la república. Sabemos que, al lado del Estado (colonial y luego independiente), de construcción lenta y progresiva, aunque de incierta cobertura y supremacía sobre el conjunto del territorio virreinal (y luego republicano), se erigió una Iglesia católica de vocación universal, de persistente voluntad para la expansión de la fe y la doctrina, de evangelización y conquista de almas, de orgánica construcción institucional, que no escatimó esfuerzos para lograr su cometido. Las huellas de sus logros —en los diferentes segmentos de su accionar—, plasmadas en testimonios y documentos diversos, se han transformado en fuentes inestimables para el trabajo del historiador en nuestro país; en particular, ante las deficiencias —no por ello menos lamentables— de los repositorios públicos y nacionales. Dicha reconstitución histórica, a la búsqueda de un conocimiento que supere las visiones generales y tradicionales respecto a la implantación del catolicismo en el Perú —frecuentemente signadas por la hagiografía, la contemplación o la parcialidad—, exige que las instituciones de ambos cleros sean examinadas en profundidad, que sean pensadas y observadas históricamente por historiadores de oficio, de manera integral y minuciosa, incorporando todas las dimensiones de su actividad social, material y espiritual. Sin olvidar el hecho fundamental de que se trata de secciones locales de una Ecclesia que por definición desconoce límites y fronteras, que aspira a la universalidad y a la salvación por la prédica y la convicción.

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Insertos en dicha perspectiva analítica y metodológica, formamos a fines de los años 1990 el proyecto de reconstruir la historia de cuatro órdenes religiosas, establecidas en cuatro espacios colindantes y coincidentes, situadas en una zona marginal de la Lima intramuros colonial, los denominados Barrios Altos. Tales instituciones, femeninas y masculinas, de diferente momento de llegada a Lima, con diversos objetos y objetivos, constituían para nosotros una muestra interesante y representativa, que permitiría observar al mismo tiempo las relaciones entre las propias entidades religiosas y entre estas y los sectores y capas populares limeños, desde el periodo virreinal. Y ello, aun cuando no formaran parte de las órdenes emblemáticas limeñas; lo interesante para nosotros era que las instituciones seleccionadas habían compuesto redes de sociabilidad en los mencionados Barrios Altos. No está demás señalar que era también nuestro barrio de nacimiento, lo que favorecía determinada familiaridad con el objeto de investigación, esto es, con el espacio inicial de establecimiento de las entidades observadas. Situada geográficamente entre la antigua Portada de Maravillas —una de las ocho puertas de entrada y salida de Lima— y el antiguo Colegio Real (hoy dependencia de la Universidad de San Marcos), siguiendo el curso del Rímac (en la antigua vía a Huarochirí), dicha muestra de instituciones religiosas del clero regular, estaba compuesta de cuatro conventos y monasterios, a saber, Buenamuerte, Santa Clara, Mercedarias y Trinitarias; masculino el primero y femeninos los tres restantes, con las dos primeras entidades, las más importantes, en tanto que eje de una implantación religiosa y social en uno de los barrios populares (de indios, esclavos, mestizos y españoles pobres) de la capital virreinal. Más allá de su asentamiento como instituciones del clero y su presencia local y barrial —ya de por sí importantes—, lo que nos interesaba era también su arraigamiento territorial, es decir la posesión de espacios rurales y urbanos, sus propiedades totales o parciales, recibidas o adquiridas con la finalidad de dotarse de los medios indispensables para el ejercicio de su actividad; tal como lo exigía la Corona española, para admitir su presencia y autorizar su desarrollo en el virreinato. Por el lado más bien urbano, en primer lugar, la implantación de su propio templo y luego la posesión de casas principales y casitas, corrales y corralones, quintas, solares y callejones, talleres y tiendas, panaderías y farmacias, huertas y jardines, pampas semiurbanas y terrenos baldíos, etc.; con toda la articulación sociológica correspondiente. Luego, por el lado más bien rural, al exterior de los muros limeños (o de la propia capital virreinal), su adquisición de chacras, estancias,

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fincas, caballerizas, cortijos, haciendas, etc., fuera de otras modalidades de presencia como dispensarios, hospitales, capillas, escuelas, asilos, tambos, etc. Pero también nos interesaba, en estrecha relación con lo anterior, en primer lugar el uso de sus propias posesiones para facilitar su acceso al crédito y a la liquidez monetaria —en toda la gama de operaciones hipotecarias de Antiguo Régimen, en un contexto de escasez de metálico— y luego, ya como entidades firmemente establecidas, con ingresos y rentas regulares (de diverso origen), con capitales y con un patrimonio constituido, su propia participación en las redes financieras que se articulaban en el espacio colonial limeño y peruano, para una variedad de operaciones: préstamos regulares e irregulares en su propio entorno, financiamiento de la producción y el comercio, avances de dinero a otras instituciones civiles y religiosas y al propio Gobierno colonial, transferencias financieras a España, Roma y Europa, etc. En virtud de la experiencia adquirida gracias al trabajo sobre otras entidades religiosas, en otros espacios del mundo ibérico metropolitano y colonial, sabíamos que el interés de asumir integralmente el conocimiento de las actividades de las instituciones religiosas residía también en el hecho de poder comprender, en su propia lógica y época, aquel conjunto de operaciones que vinculaban la práctica y el financiamiento de los oficios religiosos con el recuerdo y la salvación del espíritu después de la muerte. Unos factores que articulaban la ejecución testamentaria (el albaceazgo) con la designación del alma del difunto como heredera (a veces universal) de las fortunas acumuladas; que determinaban la conducta a seguir en el trayecto desde esta vida hacia la otra. Es decir, la fundación de censos y capellanías; esto es, la constitución de fondos cuyo objetivo era apoyar la celebración de misas y oficios a favor del alma del difunto (para su tránsito desde el Purgatorio hacia el Paraíso), consolidando al mismo tiempo las carreras eclesiásticas de familiares o allegados y fortaleciendo mediante el mismo movimiento a las propias entidades eclesiásticas. El libro que estamos presentando sintetiza los resultados y conclusiones de un primer trabajo de investigación sobre la muestra de conventos y monasterios escogida, aplicando la metodología anunciada. A partir de las fuentes disponibles hemos examinado en esta oportunidad la implantación y la evolución de la orden religiosa masculina de los crucíferos agonizantes o camilos o padres de la Buenamuerte —ministros de los enfermos—, desde su llegada a Lima, a comienzos del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX. Un trabajo de reconstitución histórica que ha durado algo más de una década y que, fuera de los elementos relativos a la propia orden de la Buenamuerte, nos ha permitido incursionar en los espacios internos del clero regular limeño y echar luces

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sobre varios asuntos relativos a la problemática general inicialmente planteada, a saber, la propiedad y el patrimonio eclesiásticos. Además de la documentación revisada en el Archivo Arzobispal de Lima y en el Archivo General de la Nación (sección colonial y sección republicana) y la de la bibliografía peruana y extranjera sobre las cuestiones planteadas —especialmente en la Biblioteca Nacional del Perú, en su sección de manuscritos y también en la Biblioteca Nacional de España—, hemos tenido la suerte de poder consultar, durante el verano peruano de 2007, el rico material de los Archivos de la Buenamuerte, reconstituidos y conservados en los propios locales del convento limeño, en Barrios Altos, gracias al empeño y la iniciativa de los propios religiosos crucíferos. Unos depósitos documentales, dicho sea de paso, cuya explotación no ha sido agotada y que abren perspectivas para otro tipo de trabajos, diferentes del nuestro. Por ello deseamos agradecer la apertura y simpatía hacia nuestro trabajo mostrada por el Reverendo Padre José Villa, uno de los responsables actuales de la orden crucífera en Lima, sin cuya autorización nuestro trabajo de historiador hubiera carecido de un material de primera mano y de primer orden, para acercarnos al conocimiento de la implantación y la evolución de la Buenamuerte en el Perú. Pero vaya también nuestro agradecimiento al personal de los otros archivos que hemos consultado, sin cuya colaboración este trabajo no hubiera visto la luz; en particular a Laura Gutiérrez A., directora del Archivo Histórico Arzobispal de Lima, y a Melecio Tineo, infatigable y cordial archivero de terreno, conocedor como el que más de las fuentes eclesiásticas en nuestro país. Tal como lo habíamos considerado en un primer momento, nos hacía falta el trabajo minucioso sobre las fuentes propias de las instituciones eclesiásticas elegidas (informes sobre sus temporalidades, visitas de superiores, balances del ejercicio de la misión y el ministerio, conflictos y procesos judiciales diversos, libros de registro y contabilidad, correspondencia con el arzobispado de Lima y las autoridades virreinales, discusiones y polémicas internas, etc.), con el fin de captar en su integridad la particularidad de la entidad y su desarrollo en la capital del virreinato. Pero también requeríamos situar a la propia institución peruana en el seno de la misma orden y de sus otras implantaciones —y no solo americanas. De hecho, necesitábamos «desprovincializarla» y comprender su evolución dentro de un contexto más amplio y general y, desde el punto de vista histórico y metodológico, examinarla dentro del cuadro específico de la crisis del clero regular en el mundo ibérico, visible y sensible durante el siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad.

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Por otro lado, si nos interesaba comprender la formación del patrimonio y las propiedades de dichas instituciones eclesiásticas en su propio contexto limeño y peruano, necesitábamos entender la lógica general de un comportamiento que no era ni nuevo ni original, sino que derivaba de prácticas, derechos y técnicas acumuladas anteriormente, afirmados y desplegados en otros espacios y territorios, y llevados a cabo simultáneamente. Por todo ello, fuera de la reconstitución meticulosa de la forma cómo se producía dicho proceso en nuestro país, nos hacía falta plantearnos claramente el asunto de la propiedad y la formación patrimonial (rentas, capitales, intereses, réditos, inversiones, etc.), el de la economía y la producción rurales —y no solo eclesiásticas—, tal y como se manifestaban realmente en ese mismo momento en la Península Ibérica y más generalmente, en el continente europeo. El eslabón local no podía desvincularse de la cadena general, y recíprocamente. La confrontación con otras experiencias de historiadores e investigadores del mismo tema resultaba indispensable. Nuestra incorporación al equipo de desamortización y desvinculación eclesiásticas de la AHILA (Asociación Europea de Historiadores Latinoamericanistas), a fines de los años 1990 —equipo dirigido en ese entonces por Hans-J. Prien y Rosa M. Martínez de Codes, contando con la participación de Jean Piel—, fue un primer paso para abrir y contextualizar nuestra propia investigación. Sus aportes fueron muy valiosos. Más tarde, los seminarios de la Ecole de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, dirigidos por Bernard Vincent, Joseph Goy y Gérard Béaur, consagrados —el primero— al conjunto del mundo ibérico (incluso en sus vertientes eclesiásticas y religiosas), y a la historia de la propiedad, la ruralidad y el campo europeos —los segundos—, permitieron ampliar aún más la perspectiva analítica y orientarnos resueltamente por la vía comparatista, especialmente desde el punto de vista de la metodología y el tratamiento de las masas documentales y el material empírico. Lo que allí aprendimos fue esencial para nuestro trabajo e investigación. Lo mismo podemos anotar, desde 2008, para el seminario de Maurice Aymard, también en la EHESS, sobre las relaciones entre la historia y la economía. Con el fin de hacer más concreto y útil el trabajo (sin restringirnos solamente a su parte teórica) y para darle método y estructura a nuestro enfoque comparatista, formamos entonces un proyecto de investigación de mediano plazo, con el fin de comparar tres tipos de comportamiento del clero regular hispánico, a ambos lados del Atlántico: las formas de propiedad (desdobladas y distintas en el Antiguo Régimen) puestas en práctica;

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los tipos de producción y explotación de la tierra (en el seno de sociedades eminentemente rurales); y la articulación de los fenómenos sociales y religiosos (estrecha y mutuamente imbricados). Un proyecto que no quería desligar lo económico de lo religioso, ni lo social de lo institucional, tal como lo habíamos planteado desde el inicio. Y ello sin olvidar tampoco que el escenario y la particularidad españoles (los casos españoles, sería indispensable agregar) fueron sacudidos —visible y sensiblemente— por el fenómeno revolucionario francés y su política eclesiástica y religiosa. El objetivo fue (y sigue siendo, puesto que el proyecto continúa en curso de ejecución) extraer las similitudes y divergencias para el clero regular, a partir de los factores mencionados, en tres espacios comparables del mundo ibérico del siglo XVIII (y su transición hacia el XIX), a saber: Lima y su región, y México y su región —para el espacio hispanoamericano—, y Oviedo y su región —para la España septentrional (Principado de Asturias).Y ello, a partir de las fuentes primarias disponibles y la producción bibliográfica. Lo que implicaba, para decirlo en pocas palabras, que nuestra investigación sobre el caso del clero regular peruano se dotaba de una extensión gracias al trabajo sobre el clero regular novohispano y asturiano-español. Sabiendo al mismo tiempo que sobre la Buenamuerte obtendríamos sobre todo conclusiones relativas a dicha orden religiosa. Gracias a una decisión del CNRS (Comité Nacional de la Investigación Científica) de París, el mismo que aprobó dicho proyecto y nos concedió una delegación de dos años, entre 2005 y 2007 (incorporándonos durante ese periodo a uno de sus laboratorios, el Centro de Investigaciones Históricas —CRH-EHESS-CNRS), fue posible combinar el trabajo archivístico y bibliográfico sobre los conventos y monasterios limeños con el efectuado para México (Nueva España) y el Principado de Asturias. De allí ya salieron varios trabajos y publicaciones (algunos en proceso de edición) y es posible considerar que el presente libro, sobre el convento limeño de la Buenamuerte, también ha sido el resultado de la posibilidad abierta gracias a la mencionada delegación. Nuestra gratitud va al CNRS y al Centro de Investigaciones Históricas (CRH-EHESS-CNRS), y a todos los colegas y amigos que promovieron en su momento nuestra candidatura, especialmente a Gérard Béaur, quien ha proseguido apoyando desde entonces y de diferentes maneras nuestros proyectos y su perspectiva analítica, internacional y comparatista. En el presente libro, después de haber examinado la llegada de los religiosos camilos a Lima (y a América) y constatar su éxito inicial, el de su misión e implantación en la capital virreinal peruana (primer capítulo),

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estudiamos la evolución de sus temporalidades y analizamos el auge y el declive de los dos complejos agrarios que supo componer la orden en el valle de Cañete, a saber, La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, en estrecha relación con sus dificultades financieras crecientes, poniendo de realce sus orígenes y causas (segundo capítulo). Luego, intentamos reconstruir el tránsito institucional de la Buenamuerte limeña y recomponemos, con la minuciosidad que nos brindan las fuentes consultadas, la crisis por la que atravesó, antes del periodo de la guerra de independencia, situándola en el contexto general de la crisis del clero regular del siglo XVIII (tercer capítulo). En seguida, tratamos de precisar la idea y la práctica de la desamortización eclesiástica institucional y ver la forma cómo se presentó en el Perú, inscribiéndola en el cuadro general e histórico de las desamortizaciones eclesiásticas modernas y contemporáneas (cuarto capítulo). Para luego estudiar la forma en que dichas desamortizaciones afectaron a la orden camila o crucífera, desde diversos ángulos y con diferentes consecuencias, alejándola definitivamente de la producción azucarera cañetana y propiciando su repliegue al ámbito urbano y limeño (quinto y último capítulo). En cada caso —y especialmente en las conclusiones—, intentamos mostrar lo que nuestro trabajo ha podido aportar como nuevo conocimiento, indicando al mismo tiempo lo que nos haría falta saber, gracias a investigaciones futuras, para completar el cuadro general necesario. Han sido numerosos los colegas y amigos, peruanos y extranjeros, que han apoyado nuestro trabajo, desde diferentes perspectivas y con diversos medios. La lista sería muy larga como para reseñarla en esta corta introducción; pero no dudamos de que todos sabrán reconocerse al habérselo señalado de vive voix en diversas oportunidades. Solo quisiéramos añadir, para terminar, nuestra gratitud para con los editores e impresores de este libro (Iberoamericana-Vervuert), para el Centro de Investigaciones Históricas (CRH-EHESS-CNRS), que ha contribuido decisiva y significativamente a su financiamiento, y para todos los amigos que nos han ayudado a sacarlo a luz, en la difíciles condiciones de publicación de obras como la nuestra. Y esperar que su contenido pueda suscitar el interés y la discusión entre los especialistas y el público en general, a la espera de otros trabajos.

CAPÍTULO I LOS RELIGIOSOS «AGONIZANTES» EN EL PERÚ SIGLO XVIII

El objetivo de este primer capítulo es introducir de manera concisa las particularidades de la orden de San Camilo, o de los religiosos agonizantes o crucíferos, de los ministros de los enfermos —como también se les denomina.Y ello, desde su creación, en el sur de la península italiana, hasta su llegada e implantación (y especificidades) en la capital del virreinato peruano, a lo largo del siglo XVIII, haciendo una reseña introductiva de su adquisición de temporalidades y los mecanismos de que se pudo valer para dicho fin, especialmente la práctica del albaceazgo por parte de sus prelados. Antes de subrayar el creciente prestigio que la orden de los agonizantes había empezado a ganar, especialmente durante el segundo tercio del siglo XVIII. 1. LA ORDEN MENDICANTE DE SAN CAMILO Fue definitivamente establecida a fines del siglo XVI, en 1591, cuando el papa Gregorio XIV decretó que la congregación fundada en Roma cinco años antes por Camilo de Lelis (confirmada por el papa Sixto V), dedicada a la atención espiritual de enfermos y moribundos, donde quisiera que se encontraran, adquiría plenamente el estatuto de orden religiosa, como orden mendicante1. Sus miembros tenían que formular los clásicos tres votos de 1 El acto fundacional en tanto que «compañía» del grupo de religiosos formado por Camilo de Lelis se produjo en agosto de 1582. Los cinco religiosos o hermanos que le acompañaron fueron: Luis Aldobelli, Carcio Lodi, Bernardino Murimo, Benigno Noazenga y Francisco Profeta. La bibliografía sobre Camilo de Lelis y la orden por

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pobreza, castidad y obediencia, a los que se agregó un cuarto voto, con el acuerdo del papa: el de la asistencia espiritual y corporal a los enfermos. Las reglas y constituciones de la orden, redactadas por el propio Camilo de Lelis, fueron aprobadas por su Segundo Capítulo General de 1599 y sancionadas por el papa Clemente VIII en 16002. El futuro san Camilo (1550-1614), primero beatificado en 1742 y luego elevado a la dignidad de santo en 1746 —en ambos casos por Benedicto XIV, luego de 150 años de existencia de la orden—, era oriundo de Chieti, en la región de los Abruzos de la península italiana. Los hagiógrafos de Camilo de Lelis insisten en su conversión, desde una vida inicialmente dedicada a la actividad militar y al juego de azar, hasta su descubrimiento de las desgracias y sufrimientos de enfermos y moribundos —entre Manfredonia y Roma— y su «abandono del mundo» para consagrarse íntegramente a la misión hospitalaria y espiritual entre menesterosos y dolientes, incluso en la prisiones. Conviene recordar que la orden se creaba en unos momentos —la segunda mitad del siglo XVI—, en que los hospitales y hospicios representaban el último refugio de los heridos de guerra y que la «carrera militar» era un oficio de pobres, en particular en el área mediterránea. La piedad por las víctimas directas de las guerras y conflictos militares, tanto como el objetivo de rescate de los prisioneros y cautivos que habían caído en manos de los infieles, alimentaban naturalmente las vocaciones espirituales, lo mismo que la formación de nuevas órdenes religiosas destinadas a tales objetivos. Los hospitales y hospicios presentaban a menudo cuadros sobrecogedores, dramáticos y desoladores, en los que el sufrimiento de los enfermos se conél fundada, tanto en italiano como en castellano (o en otros idiomas), es muy extensa como para poder englobarla en algunas pocas referencias. Fuera de las enciclopedias y los diccionarios especializados a los que nos referimos en la bibliografía general, se pueden mencionar en particular las obras clásicas de Sanzio Cicatelli (quien fue el cuarto Superior General de la orden), Cosma Lenzo, o Domenico Regi, que datan del siglo XVII.Ver las Edizione camilliane: ; ver tambien: . 2 Las normas de funcionamiento aprobadas, aunque distinguían entre padres o sacerdotes, por una parte, y hermanos, por otra, otorgaron a estos últimos participación en el gobierno de la orden. Su órgano central de dirección era el Capítulo General, residente en Roma y elegido cada seis años, el mismo que designaba a su Prefecto General y a cuatro Consultores (dos padres y dos hermanos) que constituían la Consulta General. Si se predicaba la pobreza absoluta de sus miembros y la renuncia a sus bienes, ello no conllevaba impedimento o incapacidad para adquirir bienes con vistas al sustento de los establecimientos de la orden y su misión.

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jugaba con la falta de higiene y medicinas, la corrupción o la crueldad del personal y los administradores. A partir de Roma y Nápoles, la orden de los padres agonizantes se desarrolló rápidamente, multiplicando la creación de nuevas casas y establecimientos por toda la península italiana3, con la participación activa de Camilo de Lelis. A la asistencia hospitalaria, los religiosos agonizantes agregaban el socorro a las víctimas decimadas por pestes y epidemias e incluso, bajo mandato papal, el acompañamiento de los soldados al combate. No pocos religiosos camilos sufrieron las consecuencias de su ministerio de asistencia cotidiana a enfermos y apestados, estimándose que en 1614, al morir Camilo —cuando la orden contaba con algo más de 300 miembros por toda Italia—, ya habían muerto anteriormente cerca de 250 religiosos y hermanos, víctimas de males o enfermedades contraídos durante el ejercicio de su misión y ministerio. Siguiendo las mismas características que en Italia, la implantación de la orden en España se inició desde la tercera década del siglo XVII, a partir de Madrid. De allí se extendió por Alcalá, Salamanca, Granada, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Valencia y Córdoba, creando al mismo tiempo colegios superiores para la formación de sus miembros. Su expansión española sirvió como base de apoyo para la creación de casas y establecimientos en Francia y Portugal, aunque en inferior número y con menor fortuna4. La rama femenina de los camilos fue fundada en Bolonia, en 1700. Luego de las convulsiones desencadenadas por la Revolución francesa, a finales del siglo XVIII, y sus consecuencias por Europa, que no dejaron de tener efectos de corto y mediano plazo sobre la actividad de la orden crucífera (y de las instituciones religiosas en general), desde mediados del siglo XIX, la recuperación de la actividad de los padres camilos se acentuó gracias al dinamismo de la provincia lombardo-veneciana. Desde Madrid también, en el último tercio del siglo XIX, se consolidó la renovación de su misión. Lo que, como veremos, también tuvo repercusiones para su implantación peruana.

3 Para un balance de la expansión de la orden de los Ministros de los Enfermos por Italia, hacia 1650, ver Landi, 2013, p. 271. 4 La provincia francesa recién pudo establecerse plenamente en 1870 (Jacquemet, 1949).

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2. LA LLEGADA A LIMA DE LA ORDEN DE SAN CAMILO El primer religioso de la orden de San Camilo (o de los padres agonizantes o crucíferos, o de los ministros de los enfermos, Ministri Infirmorum, M. I.) que llegara a Perú fue seguramente Andrés Sicli —nacido en Palermo— de la provincia de Sicilia de la orden, hacia 1673, procedente de Nueva España y América Central —y precedentemente de Cádiz, de donde se embarcara seis o siete años antes. Con la autorización respectiva de los Superiores Generales de la orden (primero Giovanni B. Barberis y después Giovanni S. Garibaldi), y luego de algunos años de recorrido por diversos territorios americanos, desempeñando su misión y ministerio, Andrés Sicli se radicó en Lima, aunque sin fundar establecimiento o templo de la orden, permaneciendo en la capital del virreinato peruano durante quince años, antes de proseguir su ruta por otros territorios americanos (incluso por Brasil), con el fin de propagar y difundir la fe y el ejemplo de Camilo de Lelis5. Fue luego el camilo Golbodeo Carami, quien llegó a Lima a inicios de 1709 —dos años y medio después de su salida de Europa— y también miembro de la provincia de Sicilia de la orden (aunque hubiese él mismo nacido en Huelva, España), el que se fijó como primer objetivo, por encargo directo de las autoridades romanas de la orden, recabar y obtener limosnas para el sustento de sus miembros y proseguir la campaña con vistas a la beatificación y ulterior canonización de Camilo de Lelis6. Pero también traía el objetivo de fundar una comunidad religiosa camila en Lima. Su primer apoyo en la capital del virreinato peruano fue la ya existente Congregación del Oratorio San Felipe Neri, institución cercana a la orden de los agonizantes; recordemos que su fundador había sido confesor, consejero y director espiritual de Camilo, en los momentos en que este decidiera crear la orden. En el Oratorio San Felipe Neri de Lima, Golbodeo Carami

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Ver, entre otros, Cicatelli, 1653 [1837], p. 377; Grandi, 1985, pp. 5-6; I Superiori, 2006, p. 14; Cino Pagliarello, 2011, p. 45. 6 Archivo del Convento de la Buenamuerte (ACB, de aquí en adelante), documento núm. 742. En el índice biográfico disponible en el convento se afirma que Golbodeo Carami, perteneciente a la provincia de Sicilia de la orden, era oriundo de Ayamonte (Huelva) y que llegó a Perú a la edad de 32 años (año de nacimiento: 1674). Seis años tardó Golbodeo Carami, desde 1703 (momento en que se decidió su viaje), en llegar al virreinato de Perú, tratando de obtener (entre Cádiz y Panamá) los medios para lograr su cometido.Ver también Grandi, 1985, pp. 7-8.

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obtuvo acogida, consejo espiritual, hospedaje, alimentación y la posibilidad de celebrar misa. Los primeros contactos de Golbodeo Carami con las autoridades civiles y eclesiásticas limeñas fueron alentadores. El virrey Marqués de Castel dos Rius7 —a quien Carami ya había informado de sus intenciones, encontrándose con él en Cádiz— le permitió entrar en contacto con familias y personalidades de la corte limeña, las mismas que mostraban una clara simpatía para con los religiosos agonizantes, denominados también de «cruces en el manteo y sotana». Lo mismo ocurrió con el deán de la Catedral de Lima y con los miembros del Capítulo eclesiástico catedralicio. Golbodeo redactó una Carta de Hermandad cuya difusión (a cambio de un peso) tenía como finalidad recibir fondos para la beatificación de Camilo de Lelis, dar a conocer la orden y explicar las ventajas que se obtendrían con su establecimiento en Lima. Su prédica se acompañaba de una práctica de asistencia espiritual a enfermos y moribundos en los hospitales, hospicios y a domicilio. En el Oratorio de San Felipe Neri, durante la época en que celebraba misa, Golbodeo Carami conoció a un personaje que sería muy importante para la implantación de la orden crucífera en Lima: el religioso secular —mulato— Felipe de León Dávila y Lobo. Este último, más fácilmente identificado como «el padre Lobo», quedó rápidamente convencido de la necesidad de crear una casa de religiosos agonizantes y se volvió su abierto benefactor y promotor. Vivía en la calle Rufas (Barrios Altos), entre indios y mulatos pobres —característica del poblamiento de aquella zona marginal de Lima—, en donde gracias a él y por su intermediario, se empezó a conocer la misión de los padres camilos. Allí también conoció Golbodeo Carami a otro religioso secular, español este, originario de Burgos, el cura Antonio Velarde Bustamante, propietario de casas y callejones en la misma calle Rufas y en otras adyacentes. El religioso camilo logró igualmente convencerlo de la necesidad de apoyar la creación de un establecimiento de los padres agonizantes cuya misión sería el servicio espiritual de indios, negros, mulatos y pobres (numerosos en Lima) y no solo de asistencia en los hospitales u hospicios. Por generosidad y luego por convicción, el mencionado religioso secular,Velarde Bustamante, cedió a Golbodeo Carami, en calidad de donativo, una casa de la calle Rufas y una pulpería colindante, hacia la esquina de la misma calle, con el

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Manuel Ons de Santa Pau Olim de Santmanat y Lanuza, Grande de España, Marqués de Castel dos Rius, vigésimo cuarto virrey de Perú.

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fin de establecer allí un primer oratorio de la orden de los agonizantes8. El acto de cesión se produjo el 31/10/1710, mediante escritura pública, ante notario9. Fue el primer establecimiento de la orden camila: una capilla consagrada a la Virgen María. Gracias a la intervención del «padre Lobo», Carami pudo contar con la ayuda de los vecinos del barrio para la construcción y reparación del local, tanto en dinero como en mano de obra y materiales puestos a su disposición. Lo mismo se produjo para la obtención de una imagen de la Virgen María. Menos de dos años después, el 15/08/1712, se producía el acto público de inauguración de la capilla consagrada a la Virgen de la Buenamuerte o del Tránsito, que se puede considerar como la verdadera fecha de fundación de la orden de los crucíferos o agonizantes en el virreinato peruano (y en la América española). Dicho acto, precedido por una procesión pública barriosaltina, contó con la presencia del arzobispo de Lima —quien celebró la misa correspondiente—, de un representante del virrey y con la asistencia de numerosas autoridades eclesiásticas y civiles; y fue festejado por la noche con fuegos de artificio, luces y la participación de los fieles y vecinos de Barrios Altos10. Aunque ulterior a la edificación de la capilla de la Buenamuerte —como ya se empezaba a identificar a la orden de los padres camilos—, Golbodeo Carami obtuvo la autorización de ejercicio por parte del nuevo virrey interino, Diego Ladrón de Guevara11, gracias al informe favorable del arzobispado de Lima. Escribió también a las autoridades europeas de la orden para solicitar el envío de dos religiosos que pudieran acompañarle y apoyarle en las diferentes tareas con las que le tocaba enfrentarse a partir de entonces. Así llegaron a Lima, en octubre de 1716 —luego de más de un año de viaje—, dos nuevos sacerdotes camilos o agonizantes procedentes de España: Juan Muñoz de la Plaza y Juan Fernández.

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Cuatro de los hospitales de la Lima de entonces no se encontraban muy alejados de esta primera instalación: Santa Ana, de indios; San Bartolomé, de negros; San Andrés, de españoles y mulatos; La Caridad, de mujeres. 9 La superficie cedida era de aproximadamente 83 m² (17 varas de largo y 7 de ancho) y 4 metro de altura. ACB, documento núm. 742. 10 Sobre la historia de este barrio limeño y su composición sociológica, ver el reciente trabajo del historiador sanmarquino Alejandro Reyes Flores, especialmente los capítulos I y II (Reyes, 2015). 11 Ex-obispo de Panamá, de Huamanga y de Quito, quien había sido designado virrey de Perú en reemplazo del Marqués de Castel dos Rius, fallecido en abril de 1710.

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Si ya existía en ese momento un establecimiento propio en Lima y si había aún que consolidarlo —y seguramente hacerlo más grande—, el objetivo inicial de apoyo financiero a la beatificación y canonización de Camilo de Lelis seguía vigente. Golbodeo Carami, en particular, se consagraba a ese fin, viajando y pidiendo limosna por el sur del virreinato (Huamanga y Cuzco), yendo inclusive hasta el Alto Perú (La Paz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, etc.), es decir, hacia las provincias mineras y productivas, ejerciendo al mismo tiempo su ministerio, según las circunstancias. Por otra parte, el secular Velarde y Bustamante, definitivamente convencido de la necesidad de ayudar a establecer la orden, completó sus gestos de apoyo a los padres agonizantes y decidió legarle a dicha orden todos sus bienes, declarándola heredera universal de todas las casas contiguas a la capilla que poseía en la calle Rufas12, nombrando al crucífero Muñoz de la Plaza como su albacea o ejecutor testamentario13; lo que permitía de allí en adelante plantearse la cuestión de la ampliación del templo inicial. Otros religiosos de la orden fueron llegando a Lima para secundar la labor de los ya residentes, en particular luego del fallecimiento de Juan Fernández, en 1718. Su viaje fue financiado por varios benefactores de la capital del virreinato peruano, entre los que se puede citar al comerciante español Gregorio Carrión, quien también apoyó los primeros trabajos de ampliación de las instalaciones de la capilla. Así, los religiosos españoles Domingo Pereda Ruiz y Alejandro Montalvo Sacristán y dos hermanos legos llegaron a Lima en 1730. Al mismo tiempo que, desde varias ciudades del virreinato, llegaban solicitudes e invitaciones de diverso origen para que también se creara en ellas establecimientos similares al de Lima. El prestigio de la orden crucífera empezaba paulatinamente a crecer. La necesidad de obtener la autorización directa del rey de España ocupó en seguida la atención de Golbodeo Carami y sus colaboradores. Sobre todo después de haber tenido que encarar la actitud regalista de determinados funcionarios de la Audiencia de Lima, quienes reprochaban a los padres 12

El valor de dicho patrimonio ascendía a más de 23 mil pesos. Como en otros casos de cesión con fundación de memorias de oficios espirituales, su legado se vinculó a la celebración en la capilla de cuatro misas cantadas anuales (los días de la Encarnación, la Asunción, la Navidad y la Concepción) y nueve misas rezadas. El cura Velarde Bustamante murió el 28/08/1719; sus restos fueron enterrados al pie de la Virgen de la Buenamuerte, en el templo de la religión. ACB, documento núm. 742. Ver también Grandi, 1985, p. 9. 13 Ver más adelante sobre esta función específica de los religiosos crucíferos en la capital del virreinato.

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agonizantes (incluso con la amenaza del cierre de la capilla ya establecida y el retorno de sus religiosos a Europa) de haber fundado un establecimiento de la orden sin contar previamente con la mencionada autorización real. Se trataba entonces de reunir el mayor número de cartas de apoyo de las autoridades civiles y eclesiásticas, de las otras órdenes ya establecidas en la capital del virreinato14 y de toda personalidad que pudiera ejercer influencia, tanto en Lima como en la metrópoli española. Y ello, con el fin de que el provincial madrileño y las autoridades romanas de la orden pudiesen defender ante el Consejo de Indias la causa de la «Casa de Lima» y su funcionamiento. No todas las autoridades oficiales, civiles o eclesiásticas, compartían el entusiasmo de los religiosos camilos fundadores; en particular, determinados funcionarios de la Audiencia Real de Lima que se oponían a la autorización por la Corona de nuevas órdenes religiosas. Pero los esfuerzos desplegados fueron finalmente recompensados: el real decreto de Felipe V, promulgado el 10/03/1735, autorizaba la fundación de la casa de Lima de los padres agonizantes15. Aunque solo diez meses después se producía la muerte de Golbodeo Carami, en enero de 1736, durante los preparativos para la celebración oficial de la fundación de la orden en Lima. Culminaba así una primera etapa del establecimiento de la Buenamuerte en Lima, aunque tuviera ella como hito de tránsito el fallecimiento de su fundador. Las donaciones de dinero recibidas por intermedio de la capilla y remitidas a España permitieron la llegada de nuevos religiosos. La Consulta General de Roma había decidido crear un noviciado para la enseñanza de teología y filosofía y consolidar así la formación religiosa de los futuros miembros de la ya autorizada orden, incluso gracias a la incorporación de religiosos criollos (aunque no indios ni mestizos) del virreinato peruano. Cuatro nuevos religiosos españoles hicieron su llegada en agosto de 1737: el padre Martín de Andrés Pérez, lector de teología (futuro prefecto de la Casa de Lima y viceprovincial de la orden), uno de los religiosos crucíferos de mayor renombre durante el siglo XVIII; el padre Manuel de Antecha, lector de arte; el padre Juan Martínez Lázaro y el hermano lego Bartolomé Vergès. 14 El respaldo de la Compañía de Jesús fue particularmente importante. Su prelado en Lima, Alonso Hevia, preconizaba entonces la creación de una casa de la Buenamuerte «en cada esquina de Lima». Otro jesuita, Antonio de Illésteguy prestó permanente apoyo, durante los 25 últimos años de su vida, a la implantación de la orden camila. ACB, documento núm. 742. 15 Fue la última orden religiosa masculina fundada en el virreinato peruano, en donde ya había establecimientos de las más importantes órdenes, masculinas y femeninas, del Antiguo Régimen.

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A partir de allí se impuso entonces la necesidad de ampliar nuevamente las instalaciones de la capilla, incorporando la superficie de habitaciones, corralones y casas colindantes, que ya estaban en posesión de la Buenamuerte. Para esta operación, la orden pudo contar también con la generosidad de vecinos, fieles y propietarios. El padre Lobo se volvió a distinguir por su apoyo a la orden de la Buenamuerte, participando financieramente en la realización de este objetivo16 e instando a los fieles para que apoyasen directamente la operación. A partir de entonces la misión de los padres agonizantes se desarrolló con mayores medios, ganando la simpatía, tanto entre los fieles y habitantes de Lima como también en el seno de las autoridades civiles y eclesiásticas. Mientras tanto, la campaña por la beatificación de Camilo de Lelis seguía formando parte de las prioridades de la orden17. Por otra parte, como ya lo indicamos anteriormente, la apertura del noviciado limeño posibilitó la formación de religiosos en la misma capital del virreinato, ya fueran españoles o criollos. El perfil sociológico del primer novicio criollo formado en Lima es probablemente un signo del prestigio que poco a poco ganaba la orden de la Buenamuerte. El doctor José de la Cuadra Sandoval había nacido en Lima y era en 1743 un personaje distinguido de la sociedad colonial en la capital: catedrático de Vísperas de Leyes en la Universidad de San Marcos, consejero de la Inquisición y otros tribunales limeños y abogado en el Real Fisco, entre otras funciones. Su renta anual sobrepasaba los 10 000 pesos. En dicho año de 1743, Cuadra Sandoval decidió abandonar todas sus responsabilidades «en el siglo», entrar al convento de la Buenamuerte, vestirse con la sotana de los camilos y practicar el instituto de los padres agonizantes. Dos años después, en noviembre de 1745, fue ordenado religioso profeso y entró a formar parte de la orden. Requerido por el virrey Manso de Velasco como consejero y asesor, a comienzos de 1746, Cuadra Sandoval 16 Los nuevos trabajos costaron algo más de 2 000 pesos. Fueron íntegramente cubiertos por el «padre Lobo». También comprendían instalaciones para suministrar agua al convento. El «padre Lobo» celebraba misa en la capilla de la Buenamuerte, participaba en sus ejercicios espirituales y sostuvo hasta su fallecimiento, el 07/09/1759, la misión de la orden en Lima. Sus restos fueron enterrados en el templo de la Buenamuerte. ACB, documento núm. 742. 17 Casi 130 años después de su muerte, Camilo de Lelis había sido beatificado por decisión papal de Benedicto XIV, el 07/04/1742. La noticia tardó casi un año en llegar a Lima. Su celebración fue pública y reunió a numerosas autoridades civiles y religiosas y a un gran número de fieles de toda la capital. ACB, documento núm. 742; Grandi, 1985, pp. 20, 25.

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tuvo que alejarse algunos meses del convento. Pero regresó a él y se consagró íntegramente, desde entonces hasta su muerte (diciembre de 1752), a la misión de los padres agonizantes18. 3. LA IMPLANTACIÓN DE SUS TEMPORALIDADES Tal como ya lo hemos visto, la generosidad de los fieles y su convicción de la necesidad de la misión de los padres camilos —cuyo número sobrepasaba apenas la decena— fueron importantes bazas para la implantación inicial de la orden de los agonizantes en Lima. En el anexo I.3.1, al final de esta capítulo, presentamos la lista, elaborada en 1756 por el religioso camilo Alejandro Montalvo, de los benefactores de la orden —principalmente mediante dinero líquido— entre 1718 y 1754, es decir durante las primeras cuatro décadas de su establecimiento19, lo mismo que las obligaciones y cargas que representaban sus legados. A pesar de su carácter incompleto, tal como lo veremos más adelante, dos elementos resaltan en esta relación de donaciones —cuyo monto sobrepasa los 200 000 pesos. En primer lugar el hecho de que se trata mayoritariamente de decisiones testamentarias a favor de la religión de los agonizantes, efectuadas mediante escritura notarial. Es probable que se trate también de una manifestación de actos de agradecimiento por parte de los fieles, enfermos o moribundos, por los cuidados y asistencia proporcionados por los padres camilos, justamente en el tránsito de la vida a la muerte, momento clave de la misión de la orden. Luego veremos que no pocos religiosos agonizantes se desempeñaron como albaceas de personalidades importantes de la sociedad colonial. También es interesante notar, en segundo lugar, que la donación se acompaña frecuentemente de la fundación de obras pías, con la obligación de celebrar misas por la memoria del difunto, con el fin de que este pueda alcanzar la salvación eterna, luego de un paso casi obligatorio por el Purgatorio; una creencia que ya estaba sólidamente establecida y arraigada —también en la capital del virreinato peruano—, como puede confirmarse20. Podía incluso 18

ACB, documento núm. 742; Grandi, 1985, pp. 20, 25. ACB, documento núm. 844. 20 Los trabajos de Jacques Le Goff y Michel Vovelle, entre otros, han establecido las particularidades de esta evolución de mediano plazo del catolicismo, desde finales de la Edad Media, y sus consecuencias, especialmente desde el punto de vista de la concesión de indulgencias y la fundación de obras pías.Ver, entre otros, Le Goff, 1989;Vovelle, 1985. 19

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ocurrir que fuese el alma del difunto la que quedara designada como «heredera universal» y que correspondiera a la religión de los camilos el administrar dicha herencia y su componente religioso de misas, que podían celebrarse por los propios camilos (a veces nominalmente designados para tal efecto), a beneficio del alma del difunto. Sin embargo, es posible afirmar, luego de la revisión de los archivos del convento, que los benefactores de la orden crucífera fueron seguramente más numerosos de los que aparecen en dicha lista —y no siempre todos de riqueza visible y opulenta. Muchas donaciones parecen haberse efectuado directamente por los asiduos creyentes y parroquianos, sin instrumento legal escrito, de «la mano a la mano»; y ello sin evocar el apoyo cotidiano de fieles y devotos, el mismo que, tal como lo veremos más adelante, deja pocas huellas, si no es el propio testimonio de los protagonistas de la época. 1) La Casa de Lima, Barrios Altos. La Casa de Santa Liberata, «Abajo el puente» Poco a poco, después de su establecimiento inicial en Barrios Altos, desde la calle Rufas, el convento fue agrandándose, con el fin de dar cabida a nuevos religiosos y proseguir con las tareas de su misión. La celebración de la beatificación de Camilo de Lelis, en julio de 1745, fue motivo para comprar nuevas casas en la misma manzana de la calle Rufas, yendo hacia la calle de la Penitencia, agregándolas a las nuevas donaciones recibidas de fieles y vecinos y ampliando las instalaciones de la capilla inicial, construida desde 1710. Como el conjunto de la capital del virreinato, el convento también sufrió las consecuencias del terrible terremoto de octubre de 1746, el mismo que destruyó las recientes instalaciones y obligó a replantearse forzosamente la cuestión de su reconstrucción. Se puede afirmar sin riesgo de error que entre 1746 y 1773, el convento de la Buenamuerte estuvo permanentemente en obras y construcción, tanto por el crecimiento de la comunidad de religiosos como por el desarrollo de su misión. Para contar con los fondos que financiaran dichas operaciones, la orden de la Buenamuerte tuvo que añadir su propio endeudamiento, contraído con particulares y otras entidades religiosas, a la generosidad siempre presente de los devotos21. Una parte de las instalaciones que habían 21 Algunos donativos, no depurados de cargas y obligaciones, dieron lugar a numerosos y duraderos conflictos judiciales y a desembolsos de dinero de compensación por parte de la orden de la Buenamuerte. Ver, por ejemplo, ACB, documentos núm. 1646, 1978.

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Mapa de implantación

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permitido edificar la capilla (en la esquina de Rufas) fue transformada en farmacia y enfermería, con el fin de socorrer a los criados del convento y a los vecinos carentes de medios, generalmente esclavos, indios, mestizos y otros habitantes del entorno. Poco a poco, la portería del convento se pobló de decenas de mendigos que esperaban la ayuda alimenticia y la limosna proporcionados cotidianamente por la Buenamuerte. Durante los años 1750 empezó a funcionar en Lima, por iniciativa de la orden aunque sin contar con la autorización oficial de la autoridades civiles del virreinato, un beaterío de camilas —siguiendo el ejemplo del fundado en la ciudad de Bolonia—, cuya misión era la de asistir corporal y espiritualmente a las mujeres enfermas (del «mal del cancro», especialmente) y desamparadas. Su lugar de instalación habría sido, en primer lugar, una casa alquilada y luego una casa comprada por la orden en la que ya se empezaba a llamar calle de la Buenamuerte, yendo hacia la «subida» del monasterio de Santa Clara. La autorización de funcionamiento de la Casa Hospital de las Camilas fue obtenida en 176222. El funcionamiento de esta institución femenina no fue inicialmente tan próspero como el de la rama masculina de la orden. Por otra parte, en el barrio periférico de «Abajo el Puente» o de San Lázaro, la orden de la Buenamuerte logró entrar en posesión del templo de Santa Liberata desde 1745 —primero lo había hecho como administradora—, gracias a una decisión del virrey y el Real Acuerdo de Lima, accediendo a la representación elevada por «los habitantes del barrio de San Lázaro y las huertas y casas de la Alameda23», para que se creara una entidad que se encargara de la asistencia de los enfermos y moribundos en aquella parte de Lima, creando también un hospicio. La autorización por Real Cédula, fechada en Aranjuez el 07/05/1760, concedía derecho a la religión de la Buenamuerte de Lima para establecer 22

Archivo General de la Nación Peruana (AGNP, de aquí en adelante), Real Audiencia, Causas Civiles, L. 29, 1803, C 322. Se trataba de la creación de un hospital para mujeres «discretas» (de baja extracción social), afectadas por enfermedades venéreas, en particular el chancro blando. La primera beata admitida en el beaterío fue una mujer negra, Francisca Xaviera Távares, también su primera bienhechora. El dinero para la compra de dicha casa (7 000 pesos) fue proporcionado en parte por María Josefa Monasterio, viuda del teniente-coronel Francisco Mendoza Dávalos, la que otorgó dicho dinero en donativo al padre crucífero Francisco González Laguna, en 1766. Esta operación —como varias otras— fue acompañada de reclamos y conflictos judiciales ulteriores, incluso hasta inicios del siglo XIX.Ver, también, ACB, documento núm. 1087; Grandi, 1985, p. 37. 23 Aunque no hayamos encontrado por el momento huellas de dicha representación. Ver Grandi, 1985, p. 21.

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permanentemente a 6 religiosos de la orden en la Casa de Santa Liberata24. Era el segundo establecimiento de la Buenamuerte en Lima, en apenas medio siglo de actividad. Existe un ejemplo claro del apoyo con que ya contaba la orden camila en Madrid: en el mismo decreto, Carlos III refutaba la objeción presentada por el arzobispado de Lima contra las autoridades civiles de la capital del virreinato, de haber otorgado dicha concesión, sin consultar previamente el parecer de la jurisdicción eclesiástica ordinaria, esto es, la suya propia. El rey de España explicó, en 1760, en una lógica típicamente regalista, que dicha autorización, fruto de la voluntad real, no estaba reñida ni con la jurisdicción del arzobispado ni con el Patronato Real ejercido por el soberano, para la conducción de la Iglesia católica en América. Para decirlo claramente: el rey de España también podía conceder directamente autorización, sin pasar previamente por la autoridad eclesiástica secular ordinaria. Luego volveremos sobre esta importante cuestión, relativa a la supremacía de majestades durante el Antiguo Régimen. Fue también la misión de la orden (y el prestigio que alcanzaba progresivamente) la que hizo posible esta segunda implantación limeña. El templo de Santa Liberata había sido edificado por decisión del virrey interino, el exobispo de Quito, Diego Ladrón de Guevara —en 1711—, en agradecimiento a la voluntad divina de haber permitido la recuperación del copón de hostias de la Iglesia Catedral de Lima, que había sido sustraído y enterrado por un individuo. Dicha decisión fue completada con la fundación, por el mismo virrey, de una capellanía cuya renta anual debía sustentar las necesidades del religioso secular encargado del templo, Juan González —un mulato también llamado «padre Juan de Jesús, María y José», de quien se decía que era muy estimado por los habitantes pobres de San Lázaro, una población de negros e indios. Se desconocen los detalles del momento y las circunstancias en que Juan González entró en contacto con la Buenamuerte. Se sabe en cambio que los camilos Martín de Andrés Pérez (prefecto de la orden en Lima), Alejandro Montalvo y otros religiosos asistieron a González en sus últimos momentos. En su testamento25 —de fecha 01/11/1744—, este designó a la religión de la Buenamuerte como «heredera universal» de sus bienes, con el cargo de asumir sus tareas en Santa Liberata. La herencia no era insignificante: varias casas y casitas, algunas tiendas, una pulpería y algunos solares y baldíos que 24 Archivo Arzobispal de Lima, Orden Crucífera de Nuestra Señora de la Buenamuerte (AAL-OCNSB, de aquí en adelante), legajo III: 13. 25 AAL-OCNSB, legajo III: 13; Grandi, 1985, p. 21.

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el padre González había comprado a la Real Audiencia; aunque se ignore de qué manera se había efectuado su adquisición. Aparecen también evidencias de otras donaciones efectuadas por vecinos de Santa Liberata y del barrio; por ejemplo una huerta entregada en posesión plena por doña Teresa Cabezas, provista de una decena de esclavos. Lo que confirma nuestra anterior afirmación sobre la existencia de legados y apoyos recibidos por los crucíferos de forma informal, sin protocolo notarial. 2) Las temporalidades urbanas y rurales en Lima Una de las condiciones para lograr la autorización oficial de la Corona —con vistas al establecimiento legal de la orden— había sido la de contar con los medios adecuados de funcionamiento. Ello significaba tener en claro fuentes permanentes y aseguradas de renta y no depender solamente de la caridad de los fieles, esto es, superando la práctica que había sido su primer modo de actuación en el virreinato peruano. Así entonces, una de las primeras tareas de los religiosos crucíferos o agonizantes fue la de proveerse de bienes temporales suficientemente rentables como para asegurarse unos ingresos permanentes. La tierra, es decir las huertas, fincas y haciendas, así como las posesiones urbanas susceptibles de generar renta y alquiler, representaban algunas de las alternativas más seguras e inmediatas para lograr dicho cometido. Para ello también, como había sido el caso para la construcción y ulterior ampliación del templo de la casa matriz de Lima, la orden pudo contar en primer lugar con la generosidad de los creyentes y devotos, aunque igualmente tuvo que recurrir, en segundo lugar, al endeudamiento —asunto que desarrollaremos más adelante, en el segundo capítulo de este libro. Las primeras donaciones de bienes raíces, tal como ya lo hemos visto, se habían situado en el entorno inmediato del convento y fueron de naturaleza urbana. Pero también se agregaron rápidamente donaciones más bien rurales, en el entorno de la ciudad de Lima. Así, a fines de 1722, el camilo Juan Muñoz de la Plaza fue llamado al pueblo de Santa Eulalia —a 9 leguas de Lima—, para asistir a doña María Valverde en sus últimos momentos. En agradecimiento, al hacer su testamento, esta dejó como heredera de su casa y tierras a la religión de la Buenamuerte. Las cinco fanegadas de tierra, libres de cargas, estaban situadas en el pueblo de Santa Inés —a 6 leguas de Lima. La casa estaba alquilada o cedida en 120 pesos anuales. Se supone que la orden de la Buenamuerte entró en posesión tanto de las tierras como

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de la percepción de los alquileres o cánones enfitéuticos. Aunque tampoco aparezca en la lista de benefactores de la orden camila, establecida por Alejandro Montalvo (anexo I.3.1), vale la pena recordar que en 1732, una sobrina de doña María Valverde, doña María de los Santos y Valverde, legó a la Buenamuerte una huerta en el mismo pueblo de Santa Eulalia, libre también de cargas y obligaciones26. Estas posesiones sin embargo no eran lo suficientemente extensas como para lograr el objetivo rentístico deseado y por ello los religiosos de la Buenamuerte se propusieron la adquisición de verdaderas haciendas, tal como lo veremos en seguida, aunque no fuera en las cercanías inmediatas de Lima. La revisión de los archivos del convento muestra que la búsqueda de grandes posesiones, de superficie considerable, se hizo de manera sistemática y que hubo varias pesquisas (con su respectivo historial de protocolos notariales y anteriores poseedores), tanto en Lima como en sus alrededores, para determinar cuáles podían ser las haciendas susceptibles de ser adquiridas por la Buenamuerte e incorporadas a su patrimonio. Antes de proseguir conviene recordar que la orden pudo incorporar a sus bienes raíces la chacra limeña de La Magdalena, situada en el valle limeño del mismo nombre27. Por decisión testamentaria de don Manuel Agustín de Cáicuegui y a cambio de misas rezadas por la salvación de su alma, la religión de la Buenamuerte fue designada en 1758 como heredera de la chacra La Magdalena —de 24 fanegadas de superficie, con 3 «cuadras» de acequia de apertura hídrica a otras haciendas—, al cabo de las dos vidas enfitéuticas restantes —fuera de la del testador—, esto es: la de la mujer de Cáicuegui, doña Juana de Orcacitas, y la de su cuñado don Pedro de Orcacitas28. Dicha chacra, contando con un solo esclavo y en condiciones de claro y avanzado deterioro de sus instalaciones, había mermado la capacidad productiva de sus olivares, que era su principal producto. Las autoridades de la orden, aunque tal vez sin el acuerdo del conjunto de sus miembros (lo que suscitará conflicto, tal como lo veremos más adelante), decidieron entonces avanzar la fecha de su toma de posesión efectiva, comprándole a doña Juana Orcacitas las dos vidas estipuladas por un monto de 1 200 pesos de renta anual, pagaderos en vitalicio, hasta el momento del 26

ACB, documento núm. 742. Más adelante veremos que la posesión y utilización de esta chacra se volvió un factor de discordia entre los religiosos camilos. Aunque ello solo fuera, tal como lo demostraremos, la manifestación visible de un conflicto más amplio y profundo. 28 AAL-OCNSB, legajos II: 2, 3; ACB, documentos núm. 1604, 2155. 27

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fallecimiento de los beneficiarios. Luego vinieron los gastos (y el endeudamiento correspondiente) para reparar o reconstruir las instalaciones de la chacra. Aparte de sus pequeñas producciones agrícolas (alfalfa, maíz, miel, hortalizas, aceitunas, aceites, entre otras), dicha chacra se transformó paulatinamente en un lugar de reposo y convalecencia para los religiosos de la orden, principalmente para sus prelados. Un género especial de utilización que alimentó aún más el enfrentamiento entre los grupos constituidos en Lima, en el seno de la orden camila, tal como lo veremos más adelante. Si algunas de las casas recibidas o compradas por la orden se situaron en su entorno inmediato y sirvieron para la ampliación del convento, también hubo otro tipo de casas, corralones, almacenes o callejones, situados en otros lugares de Lima y Callao, que entraron poco a poco en el patrimonio de la Buenamuerte y que sirvieron para procurarle nuevas fuentes de ingresos regulares.Y ello, aunque su posesión o la de las rentas producidas por dichos inmuebles —o la de los capitales impuestos en ellos por terceros, a beneficio de la orden—, fueran frecuentemente objeto de litigios judiciales más o menos prolongados, con gastos de procedimiento y abogado, muchas veces considerables. Las fuentes disponibles en el archivo del convento son demasiado dispersas o parciales como para intentar establecer, para la segunda mitad del siglo XVIII, un balance de dichas posesiones urbanas, de lo que podríamos calificar de patrimonio urbano de la orden crucífera en la capital del virreinato. Solo contamos con algunos expedientes de los conflictos en los que la Buenamuerte estuvo implicada. En el libro del camilo Virgilio Grandi se señala, aunque con poca precisión, que antes del periodo independentista la orden contaba con muchas fincas en la ciudad de Lima, 23 casas, 9 tiendas, 1 pulpería y tres callejones con más de 460 alquileres29.

29 Sin hacer referencia empero a corralones, talleres y depósitos —de los que se tiene por otro lado informaciones—, como tampoco a las rentas urbanas que no derivaban necesariamente de la posesión del inmueble, sino que eran fundaciones de terceros a favor de la Buenamuerte. Tampoco se precisan las fincas e inmuebles poseídos en el puerto de Callao, de los que también se tienen referencias en determinados documentos (Grandi, 1985, p. 138). Ver también AAL-OCNSB, legajos I: 17, 33, II: 10, 19; AGNP, Cabildo, Causas Civiles, CA JO1.167. 3180, Real Audiencia, Causas Civiles, L.163, 1767, C 1366; y ACB, documentos núms. 1189, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. La informalidad de las operaciones y su deficiente registro y contabilidad impide por el momento efectuar un verdadero balance de las propiedades urbanas de la Buenamuerte. Pero luego volveremos sobre ello.

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3) Las haciendas de Cañete Fue a comienzos de los años 1740 cuando las autoridades de la religión de la Buenamuerte lograron por fin entrar en posesión de bienes temporales que pudieran proporcionarles los medios para su desarrollo (y efectivo reconocimiento legal por la Corona). Dichos bienes raíces, constando de parcelas y haciendas productoras de azúcar —con lo que la religión de los agonizantes se hacía en Lima una orden religiosa agrícola y azucarera— fueron comprados en el valle de Cañete, al sur de Lima, uno de los principales centros productores de caña de azúcar de la capital del virreinato peruano en ese entonces. La primera de sus haciendas cañetanas fue La Quebrada, también llamada San Juan de Capistrano. Su compra total, con asunción por parte de la orden de todas las servidumbres, cargas y obligaciones enfitéuticas que pesaban sobre ella, se hizo en 1741; su anterior poseedor era el religioso secular Antonio de Salazar. Más adelante, en el segundo capítulo de este libro, presentaremos los detalles precisos de su adquisición, tanto desde el punto de vista de la superficie como de su valor como activo. Luego, desde 1743, la Buenamuerte adquirió —primero en alquiler y luego en compra total— el fundo El Chilcal, situado en las cercanías de la primera hacienda, con el fin de componer y consolidar un primer conjunto productivo principalmente azucarero. Otras tierras fueron temporalmente alquiladas en las inmediaciones, en particular durante los años 1750, a veces con objetivos productivos, a veces con el fin de cederlas a terceros a cambio de un alquiler, no siempre pagado en dinero líquido; componiendo entonces la orden de la Buenamuerte un conjunto de tierras con varios objetivos de explotación económica y rentística. A comienzos de los años 1760, la religión de la Buenamuerte decidió adquirir otra importante posesión azucarera, también en el valle de Cañete, la hacienda Casablanca. Su anterior poseedor había sido don Augustín de Landaburu (el viejo), propietario de otras tierras en el mismo valle. Como en el caso de La Quebrada, se trató de una compra total, con incorporación de las obligaciones y cargas enfitéuticas que pesaban sobre ella. Y también como en el caso anterior, dicha hacienda fue completada en su dispositivo productivo con otra adquisición, enfitéutica esta, la del fundo Cerro Azul. El poseedor directo de dichas tierras había sido el convento cañetano de la orden religiosa de San Agustín. Así, la Buenamuerte se dotaba de un segundo complejo productivo azucarero.

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El financiamiento de estas compras y el servicio anual de sus cargas —o la redención de estas—, así como la habilitación o rehabilitación técnica y productiva de las haciendas —particularmente el aumento de su potencial en esclavos—, condujeron necesariamente a la orden de los camilos al endeudamiento. La simpatía evidente que su implantación había suscitado, lo mismo que su misión y el dinamismo con que fue asumida por los padres fundadores de la orden, facilitaron la obtención de los préstamos que se requerían para dicho propósito. Luego lo veremos con mayor detalle, pero ya desde ahora es posible afirmar que los años 1770 y 1780 fueron décadas afortunadas y favorables para la evolución económica de las mencionadas haciendas —no solo a escala local—, y por ende favorables a la evolución de la orden misma. 4) La práctica del albaceazgo Una de las primeras actividades de los religiosos de la orden, dentro del objetivo general de crear los medios para su misión e implantación, fue la de ejercer como albaceas o ejecutores testamentarios de diferentes personalidades de la sociedad colonial limeña y virreinal. Es decir, actuar como administradores de las decisiones testamentarias fijadas mediante protocolo notarial, recibiendo bienes, caudales y deudas, y asumiendo al mismo tiempo la misión de llevar a cabo y cumplir con las últimas voluntades de los testadores. Una función para la cual precisaban la previa autorización del prelado de la orden (cuando el albacea escogido no lo era), de la Audiencia y el Arzobispo. Una actividad de singular importancia para acrecentar el patrimonio de la orden camila. En el acto de confianza que ello significaba por parte de los fieles y creyentes —en los últimos momentos de su vida—, en la preparación de su tránsito e itinerario para la otra vida (con una seguramente inevitable estadía en el Purgatorio, como ya lo hemos precisado), se puede ver el prestigio que poco a poco había ido ganando la orden desde su implantación en Lima. Idéntica afirmación se puede formular con respecto a las ocasiones encontradas o creadas por los mismos religiosos agonizantes con el fin de consolidar los medios y recursos con que contaban para el desempeño de su misión. Poco se sabe, en realidad, de este tipo de actividad llevada a cabo por miembros de las órdenes religiosas (o por miembros del clero, en general) en

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la capital del virreinato30. Estamos ante una «función social» del clero —en sus dos ramas—, en el sentido tomista y aristotélico del término, cuyo conocimiento más detallado y preciso permitiría adentrarnos mejor en el papel financiero y económico efectivamente desempeñado por la Iglesia católica en el virreinato peruano. Existen al respecto numerosas referencias en los documentos del archivo de la Buenamuerte. Podríamos recordar que el primer benefactor de la orden, el religioso secular Valverde Bustamante, ya había designado como albacea al crucífero Juan Muñoz de la Plaza, en los primeros años de existencia de la orden. Pero hay otros casos similares ulteriores. Por ejemplo, en 1754, el camilo Juan Bernardo Lazarte fue designado como albacea por don Antonio García de Arbués, quien dejó para administrar como herencia una importante masa de bienes compuesta de dinero en efectivo, deudas por cobrar, textiles y artículos de farmacia por vender; amén de joyas y enseres personales diversos, armas, algunos animales y un esclavo31. Otros ejemplos: en 1765, el camilo Alejandro Montalvo —ya entonces prefecto de Santa Liberata— fue designado albacea de la masa testamentaria de don Juan Pío Valverde y Zeballos, cuya actividad e influencia en el barrio de Abajo del Puente eran importantes. Habiendo sido religioso secular,Valverde y Zeballos fue director del hospital de San Lázaro, luego de haber sido cura de la parroquia del mismo nombre. Pero también se desempeñó como abogado de la Audiencia Real de Lima. Se puede decir que fue uno de los benefactores de la implantación de la orden: su nombre aparece asociado a donaciones a favor de la religión de los agonizantes en Lima y Abajo del Puente. La fortuna de Valverde era seguramente considerable, tanto como sus posesiones urbanas32. Por su lado, el camilo Francisco González Laguna, otra de las personalidades de mayor prestigio de la orden durante el siglo XVIII, fue designado, igualmente en 1765, como albacea de doña Antonia Gertrudis de Vargas. Esta poseía casas, casitas y callejones (las luego denominadas «casas de las 30

El asunto ha sido relativamente investigado para otros espacios del mundo iberoamericano (Nueva España o la propia metrópoli española), poniendo de realce la importancia de dicha actividad y, entre otros aspectos, el papel singular del clero (a veces regular, a veces secular) como ejecutante y/o beneficiario de las decisiones del testador. Ver, entre otros, Alemán, 1987-1988; Sola, 1999; Gómez, 2000, 2001. 31 AGNP, Real Audiencia, Causas Civiles, L. 164, 1767, C 1386. Los hijos de García Arbués presentaron luego reclamo contra la administración de la herencia llevada a cabo por el albacea camilo Lazarte. 32 Aunque no contemos con los documentos que nos hubiesen permitido efectivamente cuantificarla. AAL-OCNSB, legajo I: 17.

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Vargas», objeto de numerosos litigios), situados en el entorno barriosaltino del convento, aparte de fundaciones pías y derechos, que fueron legados a la orden33. Se podría hablar aún de otros casos, incluso hasta finales de siglo XVIII y comienzos del XIX. Aquí nos limitaremos a presentar el albaceazgo de una personalidad de la administración virreinal limeña, que nos echa luces sobre la práctica testamentaria de los prelados de la orden que hemos descrito con anterioridad. El caso del Contador de la Audiencia de Lima, don Francisco de Alarcón y Hurtado Gracias a la revisión de la documentación disponible, nos ha sido posible reconstituir durante una década, entre 1776 y 1786, la administración de una masa de bienes y la ejecución de las decisiones testamentarias, llevadas a cabo por un religioso camilo. Se trata del albaceazgo de los bienes de don Francisco de Alarcón y Hurtado, efectuado por el religioso crucífero José Gil, cuyas cuentas de balance fueron presentadas en 1786, bajo la forma de documento de cuenta de cargo y data (activo y pasivo) de las operaciones realizadas34. Alarcón y Hurtado, natural de Alcalá de Henares, casado con doña Ventura de Zubieta (de quien había sido heredero universal) y sin hijos, había sido Contador Mayor del Tribunal y Audiencia Real y, tal como lo veremos, estuvo en contacto con una diversidad de actividades de financiamiento y colocación de capitales, no solo limeños. Su testamento —y el agregado de un conjunto de codicilos ulteriores— fue efectuado ante el notario principal del arzobispado. El camilo José Gil, designado como su albacea, se desempeñó como prefecto del convento de Lima, entre 1775 y 1777. Su albaceazgo fue estrictamente monetario, de enseres personales y de obligaciones o derechos financieros, sin legado de haciendas, chacras, huertas, casas o bienes inmobiliarios35; un albaceazgo cuya gestión duró efectivamente una década. Lo que da una idea de la complejidad de este género de actividad. Hemos clasificado las diferentes rúbricas de dicho documento, con el fin de observar más de cerca el tipo de bienes y su afectación según las decisiones testamentarias. De allí se desprende que los bienes por administrar fueron los siguientes: 33

De todo ello resultó un largo conflicto judicial que fue finalmente desfavorable a la Buenamuerte. ACB, documentos núms. 1189, 1990, 1997, 1998, 1999. 34 AAL-OCNSB, legajo I: 28 y ACB, documentos núm. 1143 y 1520. 35 Puede ser que dichos bienes, si existieron —lo que no es improbable—, hayan sido transmitidos antes del fallecimiento del testador.

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CUADRO NÚM. I.3.1. VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS POR EL ALBACEA, EN PESOS (p) Y REALES (r) TIPO DE BIENES Principales impuestos Deudas activas (escrituras) Deudas activas (pagarés) Intereses (por cobrar) Dinero efectivo en caja Venta de plata metálica Depósitos en el Consulado Total

MONTO Y PORCENTAJE 6 000 p. (14,3%) 27 000 p. (64,5%) 1 283 p. (3,1%) 1 557 p. 6 r. (3,7%) 2 345 p. 4 r. (5,6%) 2 809 p. 6 r. (6,7%) 880 p. (2,1%) 41 876 p. (100%)

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, I: 28; ACB, documentos núm. 1143 y 1520.

Más del 70% de los bienes recibidos por el albacea Gil estaban compuestos de principales (es decir, capitales), de deudas activas, de corto o mediano plazo, y de intereses por cobrar. Lo que nos induce a pensar que el contador Alarcón y Hurtado fue también un activo prestamista de la sociedad limeña y no solamente36. El porcentaje se acerca al 85% si consideramos el conjunto de las actividades de préstamo e inversión (es decir las deudas activas más los principales o capitales impuestos). La distribución porcentual de los bienes así como la naturaleza de su origen pueden observarse en el gráfico núm. I.3.1. Por otra parte, el cuadro núm. I.3.2 presenta el destino dado a los bienes de la herencia y la ejecución de las decisiones testamentarias por parte del albacea.

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Sin contar con el hecho de que el testamento señala dos otras deudas activas, por cerca de 11 000 pesos, cuya percepción de réditos fue directamente afectada al religioso secular Manuel Joseph de Alarcón, hermano del testador. Por otra parte, algunas de las gestiones para la cobranza de deudas muestran que las funciones de Alarcón y Hurtado también llegaban a Arequipa y a otros espacios del virreinato peruano.

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GRÁFICO NÚM. I.3.1. BIENES RECIBIDOS POR EL ALBACEA (%) Depósitos en el Consulado

Monto y porcentaje

Venta de plata metálica Dinero efectivo en caja Principales impuestos

Intereses (por cobrar) Deudas activas (pagarés)

Deudas activas (escrituras)

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, I: 28; ACB, documentos núm. 1143 y 1520.

CUADRO NÚM. I.3.2. EL DESTINO DE LOS BIENES, EN PESOS (p) Y REALES (r) TIPO DE UTILIZACIÓN Gastos de entierro y testamento Oficios religiosos y misas Obras pías Principales pagados Beneficiarios familiares y otros: María Josepha y Manuel María Josepha Manuel Otros Alarcón Otros En beneficio de la Buenamuerte Diversos Total

MONTO 671 p. 4 r. 425 p. 111 p. 4 r. 12 384 p. 4 414 p. 597 p. 690 p. 1 427 p. 5 r. 1 200 p. 500 p. 23 400 p. 50 p. 41 457 p.

PORCENTAJE 1,6% 1,0% 0,3% 29,9% 10,6% 1,4% 1,7% 3,4% 2,9% 1,2% 56,5% 0,1% 100,0%

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, I: 28; ACB, documentos núm. 1143 y 1520.

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La religión de la Buenamuerte aparece entonces como la primera beneficiaria de las decisiones del contador Alarcón y Hurtado, con algo más del 56% de la masa testamentaria a su favor. Los familiares37 y otros beneficiarios, allegados al testador, perciben cerca del 11%. Otra rúbrica importante del destino dado a los bienes (alrededor de 30% del total) es el reembolso de la deuda en principales o capitales contraída por Alarcón y Hurtado; lo que tendería a confirmar nuestra hipótesis de que dicho personaje actuaba efectivamente en la esfera de la intermediación financiera, como un banquero privado, prestando el dinero que recibía o que él mismo tomaba prestado para tal efecto38. Todo ello puede observarse con bastante claridad en el gráfico núm. I.3.2. GRÁFICO NÚM. I.3.2. DESTINO DE LOS BIENES (%) Diversos

Porcentaje

Gastos de entierro y testamento Oficios religiosos y misas Obras pías

Principales pagados

En beneficio de la Buenamuerte

Beneficiarios familiares y

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, I: 28; ACB, documentos núm. 1143 y 1520. 37 Se trata principalmente de doña María Josepha, probablemente su hermana, que vive en una célula del monasterio de Santa Clara, y de don Manuel Joseph, «a quien he criado» dice el testador, el mismo que ya es capellán en la evolución de su propia carrera eclesiástica. 38 Durante su vida, según lo que se desprende de las fuentes consultadas, don Francisco de Alarcón y Hurtado se había desempeñado también como albacea y comisario de ejecución de testamentos de diversas personalidades limeñas.También tuvo a su cargo la búsqueda de inversiones rentables para determinados fondos, no solo limeños (incluso de capitales procedentes de Quito o Popayán), cuya administración había recaído en sus manos.

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Por otra parte, se puede decir que el examen de las decisiones testamentarias así como la ejecución efectuada por el albacea Gil, lo mismo que la organización del propio entierro, son bastante esclarecedores respecto a la importancia social del testador, dentro de la sociedad limeña. Los funerales tuvieron lugar el 03/09/1776. El cuerpo del difunto fue cubierto con una mortaja de seda. El traslado del cuerpo desde la «cuadra» de Alarcón y Hurtado39, lo mismo que la compra del féretro y la realización de las ceremonias propiamente fúnebres fueron dirigidos por el síndico del convento San Francisco, el mismo que contrató y pagó un numeroso personal compuesto de cargadores, pajes, plañideras y pobres de compañía (algunos proporcionados por la misma iglesia parroquial), así como un novenario de misas por el alma del difunto. Sus servicios costaron 225 pesos. También se encargó del alquiler de numerosos ornamentos y enseres para efectuar el velatorio. Dichas ceremonias fúnebres tuvieron lugar en una de las iglesias parroquiales de la capital del virreinato, aunque ignoremos precisamente en cuál de las parroquias limeñas, como también ignoramos donde se encontraba la denominada «cuadra» del difunto. Pero la piedad del contador Alarcón y Hurtado también había designado a la orden de rescate de cautivos de La Merced (Sagrado Orden Real y Militar de La Merced) y su templo como uno de los lugares en que también se tendrían que celebrar oficios en su memoria, con los beneficios de pago de misas correspondientes. Fuera de otros templos en los que igualmente se hicieron misas u oficios a favor de su alma, ya incluso antes de su fallecimiento, o de donaciones que efectuara para apoyar el trabajo de las órdenes de rescate de cautivos. La propia orden de la Buenamuerte y algunos de sus miembros eminentes fueron designados de forma nominal para recibir una retribución por la celebración de misas a favor del alma del testador40. Por otro lado, una de las cláusulas del testamento registraba el deseo del testador de ser enterrado en el convento de San Francisco, vestido con los hábitos de la orden seráfica. Algo que, como sabemos, era una práctica bastante común para entierros de personalidades en el mundo hispánico de entonces41. 39 Era propietario de su casa (probablemente una casa importante de la capital), junto con su cuñado don Bernardo Zubieta, ex-canónigo de la Iglesia Catedral, ya fallecido. AGB, documento núm. 1520. 40 Los religiosos crucíferos Francisco Antonio Barrera (25 p.), Antonio Virto (25 p.), Antonio Labrador (12 p.), Ángel Ruiz de Pinedo (12 p.), Pío de Obiaga (12 p.), José Ortiz de Avilés (6 p.). El propio albacea, José Gil, recibió 50 p. por misas que debía de celebrar. Luego veremos, en otra parte del libro, los problemas planteados por la celebración de misas. 41 Ver, entre otros, Alemán, 1987-1988; Sola, 1999; Gómez, 2000, 2001.

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Fuera de los familiares directamente ligados a Alarcón y Hurtado, es decir, doña María Josefa y don Manuel José, también figuran entre los beneficiarios algunas personas cuyo vínculo con el testador no aparece claramente definido. Incluso mulatos, pardos, negros y «morenos», de ambos sexos, libres o esclavos, algunos de los cuales reciben sumas importantes de dinero, e incluso —para los esclavos— su acceso a la libertad por manumisión, cuando no eran cedidos y destinados al servicio doméstico interno del mismo convento de la Buenamuerte. Sin embargo, como ya lo precisáramos anteriormente, el principal beneficiario de la herencia del contador Alarcón y Hurtado fue la orden o religión de la Buenamuerte. El análisis de las tres principales operaciones —efectuadas ante notario— que se produjeron a su favor permite observar el tipo de relaciones que, en este campo, la orden camila había establecido con el contador. — Un primer monto de 12 000 pesos fue destinado, según la cláusula 24 del testamento, a ser invertido en el conjunto de posesiones de la orden —aunque no se sepa el uso específico dado a dicho dinero—, con el fin de que produjeran un rédito anual de 3%, pagado por la Buenamuerte, cuya utilización vendría a alimentar una renta vitalicia a favor de doña María Josepha y serviría también para abonar a don Manuel José —recordemos que está en plena carrera eclesiástica— el coste de 25 misas anuales celebradas por la salvación del alma del contador difunto. — Un segundo monto, equivalente a 6 000 pesos, fue invertido en las posesiones del convento de Santa Liberata —se sabe que una parte de la suma fue utilizada para redimir deudas que pesaban sobre algunas de dichas posesiones con el fin de «liberarlas42»—, y ello también a cambio de rentas anuales vitalicias abonadas a D.ª María Josefa y a don Manuel José. Luego del fallecimiento de estos dos beneficiarios, el dinero se tendría que emplear a celebrar misas a favor del alma del contador Alarcón y Hurtado. — El tercer monto, de 5 400 pesos, sirvió formalmente para aumentar el capital o principal de dos obras pías, buenas memorias de misas, que ya pesaban sobre los bienes raíces de la Buenamuerte y que habían sido fundadas a favor de la orden por el contador Alarcón y Hurtado, en el desempeño de sus funciones de albacea. En cambio, el dinero líquido efectivo recibido por 42 Luego veremos, especialmente en el segundo capítulo, que una de los objetivos de la Buenamuerte, de cara a sus posesiones rurales o urbanas, fue el de liberarlas de obligaciones y cargas anuales y asegurar una forma de perfeccionamiento de la propiedad plena.

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la orden fue utilizado para sanear o redimir completamente dos deudas anteriores, que pagaban un interés anual mayor, disminuyendo así los montos anuales de réditos pagados por la orden. Para la Buenamuerte, el resultado neto de la operación fue entonces un aumento de sus obligaciones de largo plazo y una disminución de las cargas anuales que pesaban sobre los ingresos de la orden. Esto es, la aplicación de una práctica moderna de disminución de salidas anuales de dinero y de liquidación del endeudamiento de corto plazo. De las informaciones proporcionadas por la ejecución testamentaria, se deduce que la misma orden de los camilos había recurrido a la función de intermediario financiero, o banquero privado, del contador Alarcón y Hurtado, en particular para financiar sus necesidades de liquidez de corto plazo con fondos disponibles, no siempre de origen limeño y no siempre de su posesión, como fondos propios. Puede ser una de las razones que expliquen la decisión del testador de designar como su albacea al prelado de dicha orden. Se desprende igualmente de la rapidez con que la orden crucífera podía reembolsar avances de varios miles de pesos, que los años 70 fueron prósperos en su actividad económica y financiera. Don Manuel José, el hermano del testador, vivía seguramente en la misma casa que el contador don Francisco de Alarcón y Hurtado, en tanto que doña María Josefa era residente seglar en el monasterio de Santa Clara, en el mismo barrio. Ambos recibieron bienes, cuadros, lienzos, muebles y enseres de valor, que pertenecieron al difunto, en los que se manifestaban probablemente su piedad y religiosidad. Pero también debemos subrayar el hecho de que, para una personalidad como el contador Alarcón y Hurtado, los objetos preciosos, en tanto que instrumentos de atesoramiento de ese entonces, eran también mayoritariamente objetos religiosos. Se observó asimismo la ausencia de ropa, vajilla, textiles de casa (sábanas o servilletas y manteles), libros, documentos personales, etc.; probablemente porque su distribución ya se había operado de forma informal entre familiares y allegados.También se habló en el testamento de joyas y adornos varios destinados a la venta almoneda, sin que se sepa cual fue el destino dado al producto de dicha subasta. De lo que se desprende una pluralidad de mecanismos para asegurar la transmisión patrimonial. Como lo dijéramos anteriormente, es indudable que la multiplicación de trabajos sobre esta función social de los religiosos de ambos cleros —para la administración y ejecución testamentarias—, en particular en la capital del virreinato peruano, aportaría mejores ángulos de enfoque al estudio de la actividad económica y financiera y el papel desempeñado en ella por la Iglesia católica.

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5) El prestigio de la Buenamuerte El éxito de la implantación de la Buenamuerte aparece con bastante claridad, a partir del último tercio del siglo XVIII. Solo algunas décadas después de su llegada al virreinato peruano y a América, los religiosos camilos ya habían logrado establecerse sólidamente en la capital limeña y empezaban a hacerlo también en otras ciudades e incluso en otros virreinatos americanos, en Nueva Granada y en Nueva España43. Desde mediados de los años 1750, en la ciudad de Arequipa ya se hablaba de la necesidad de establecer el instituto y ministerio de la Buenamuerte, gracias a la iniciativa de particulares y eclesiásticos de la ciudad meridional. Los mismos que legaron bienes y dinero para favorecer allí la creación de una casa u hospital de la orden de los agonizantes. Algo similar ocurría en Huamanga, Ayacucho, o en Popayán (Virreinato de Nueva Granada), en donde la creación de la orden de la Buenamuerte contó con una Real Cédula expedida por Carlos III, en 1765. Otras propuestas de fundación se precisaron ulteriormente en La Paz y Santiago de Chile y fueron progresivamente asumidas por los camilos limeños. El prestigio creciente derivaba en gran medida de la naturaleza de su misión y de la devoción con la que la desempeñan los miembros de la orden, sus novicios, sus hermanos legos y donados. El camilo Martín de Andrés Pérez, viceprovincial de la orden en Perú, con un prestigio ya forjado en la propia Península (en Alcalá de Henares), era un religioso particularmente apreciado y no solo por el ejercicio de su ministerio religioso. Bajo su dirección y en el seno del convento de Lima se prepararon, durante la primera mitad de los años 1750, cuatro tesis de Filosofía que, a propuesta de su propio rector, fueron defendidas en 1754 en la Real Universidad de San Marcos. Lo que fue un primer paso para que luego, un año después, se creara una Cátedra de Moral en la Universidad y que se la confiase justamente al padre crucífero Martín de Andrés Pérez como su primer catedrático44. Este religioso ocupó dicho puesto durante 15 años, hasta su muerte, siendo sucedido por otro camilo, el religioso José Miguel Durán (con Francisco González Laguna como nuevo viceprovincial de la Buenamuerte), y luego por otros religiosos de la misma orden45. 43

Grandi, 1985, pp. 31-35, 55-58. La Cédula Real de creación de dicha Cátedra, de Prima de Teología Moral, data del 20/09/1755. ACB, documento núm. 1175. 45 El camilo Martín de Andrés Pérez ha sido considerado como una de las figuras más eminentes de la orden en América. El intento por obtener su beatificación, tramitado entre 1890-1895, no prosperó (Grandi, 1985, pp. 42-49). 44

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Sin embargo, la sucesión de la Cátedra de la Universidad de San Marcos se volvería uno de los elementos en que se reflejarían las oposiciones crecientes en el seno de la religión de la Buenamuerte. La Cátedra de Moral de San Marcos fue durante 120 años, hasta el segundo tercio del siglo XIX, ocupada por un religioso camilo, incluso ya después del periodo independentista y la ruptura con la monarquía española. Pero no fue solamente en los estudios universitarios o en la dirección de tesis en donde se afianzó el prestigio de la orden. También lo fue en la participación de los religiosos agonizantes en asambleas eclesiásticas de definición de doctrina. Así ocurrió en enero de 1772, en el VI Concilio Provincial de Lima, convocado por decisión del rey de España mediante Cédula Real, en el contexto de la lucha contra el «probabilismo» y la Compañía de Jesús (cuya expulsión de los territorios de la monarquía databa entonces de apenas 4-5 años). Dicha doctrina, que había sido íntimamente asociada por la Corona a las ideas jesuitas, se oponía, a nombre de la libertad, a la hegemonía y al rigorismo de la norma y el derecho regalista para la solución de las dudas y los problemas de orden moral planteados. Según los críticos del probabilismo, dicha doctrina podía conducir al laxismo en materia de interpretación de la norma. Recordemos que había sido precisamente una de las acusaciones levantadas en España y en Europa contra los jesuitas, para justificar su expulsión y ulterior disolución. Los camilos Francisco González Laguna y José Miguel Durán, que representaban a la orden de la Buenamuerte en dicho Concilio Provincial, se distinguieron por su abierto y argumentado rechazo del probabilismo, transformándose en portavoces de la lucha contra dicha doctrina, aun cuando el propio concilio no hubiera decidido, al final de sus trabajos, condenar dicha corriente. Las intervenciones de ambos camilos fueron particularmente elogiadas por el virrey Manuel de Amat y Junyent. La polémica habría de continuar en los años siguientes, siempre con la participación de los religiosos crucíferos46. 46

El camilo José Miguel Durán, el más incisivo de los dos participantes, fue el autor de Réplica Apologética Satisfactoria al Defensorio del M.R.P. Juan de Marimón (Lima, Imprenta Real, 1773, 232 p.), una obra íntegramente consagrada a combatir las ideas probabilistas y a sus defensores, acusándoles de corruptores de las costumbres, de promotores del desorden civil y de la ignorancia de los fieles; una obra dedicada, por otro lado al virrey peruano Amat y Junyent. Se trataba, como sabemos, de cargos ya levantados en Europa, España y América durante la campaña contra la Compañía de Jesús. Sin embargo, vale la pena recalcarlo, el celo regalista de dicha obra sería condenado por la Inquisición, la misma que lograría, en 1781, que fuera prohibida de edición y circulación

46

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

El prestigio de la orden y sus miembros se manifestaría también en la participación como consejeros o directores espirituales, solicitada por autoridades civiles y eclesiásticas, de determinadas personalidades de la Buenamuerte, o con la petición de especialistas teológicos o científicos de estudiar en el seno del convento, bajo la dirección de religiosos crucíferos. Algunos de estos integraron la Sociedad Patriótica de Amantes del País (en particular los padres Francisco González Laguna y Francisco Romero) la misma que solicitó oficialmente, en enero de 1793, que por el bien y la utilidad del Estado47, hubiera un mayor número de camilos que se incorporasen a la dicha sociedad. El padre González Laguna, naturalista y botanista reconocido, consultado por los científicos que hicieron expediciones a Perú48 —en el último tercio del siglo XVIII— colaboró en varias ocasiones con artículos en la revista El Mercurio Peruano, bajo el pseudónimo de Timeo.

(Grandi, 1985, pp. 52-53). El Santo Oficio no apoyaba siempre a los antiprobabilistas, ya que también veía en ellos a defensores del regalismo, esto es, de la hegemonía del monarca sobre la Iglesia. 47 ACB, documento núm. 1294. 48 Ver al respecto, el elogio de González Laguna en Vargas Ugarte, 1961, IV: pp. 33-35.

Testamento del 26/09/1718 Testamento del 26/10/1722 Testamento del 16/03/1736 Testamento del 22/05/1734

Testamento del 27/09/1741

Testamento del 27/09/1741 Testamento del 27/09/1741

Don Antonio Velarde y Bustamante

Don Francisco de Mier de los Ríos y Terán Doña Francisca Jacinta de Orozco

Don Bernardino de Alarcón Manrique

Don Bernardino de Alarcón Manrique Don Bernardino de Alarcón Manrique

Y ello, fuera de las limosnas que también dejó.

50

LA DONACIÓN

CONDICIONES DE

Misas rezadas

Misas rezadas y cantadas Misas rezadas y cantadas Misas rezadas y cantadas Misas rezadas y cantadas Una misa diaria en la Parroquia de San Salvador50

51

Buenamemoria de misas Buenamemoria de misas

Buenamemoria de misas

Capellanía

Capellanía

FUNDACIÓN PÍA

Impuestos sobre la hacienda La Molina y sobre la mitad de la hacienda Sapillán. Misas de 8 reales (un peso) cada una.

5 fanegadas de tierra + casita

DONACIÓN

49

Doña María Valverde

FECHA

LEGATARIO

49 50 51

ANEXO NÚM. I.3.1. BENEFACTORES DE LA ORDEN DE LOS PADRES CAMILOS, 1718-1754

3% 3%

3 121 p. 4 r. 51

3%

4%

CENSO

TASA DEL

4 000 p.

4 000 p.

5 050 p. 6 r.

4 000 p.49

2 948 p.

MONTO

LOS RELIGIOSOS «AGONIZANTES» EN EL PERÚ

47

Buenamemoria de misas

4 000 p. 10 307 p. 2 r.

Misas rezadas55

30 000 p.

5 000 p.

1 000 p.

500 p.

2 000 p.

Misas rezadas53

Misas cantadas

01/1747

Testamento del 30/08/1745 Testamento del 05/08/1747

Misas rezadas, cada viernes

Misas rezadas

23/05/1744

Testamento del 17/07/1744

Misas rezadas

10/1742 Buenamemoria

Misas rezadas

07/1745

52 Doña María Encarnación de Castro dejó 2 000 p. de herencia. En primer lugar 1 000 p. al padre Prefecto de la orden, para que —con vistas a la salvación del alma de doña María— este fundara una Buenamemoria de misas rezadas; misas que se celebrarían en los días de la Encarnación, San José y durante la quincena de la Virgen de la Buenamuerte. En segundo lugar, 1 000 p. para la celebración de misas en el momento de su fallecimiento, dando los nombres de los religiosos encargados de dichos oficios y el monto que les era destinado: 100 p. para Domingo de Pereda; 50 p. para Martín de Andrés Pérez; 50 p. para Juan Muñoz de la Plaza; 50 p. para Juan Martínez; 50 p. para Manuel Antecha; 50 p. para Alejandro Sacristán; 25 p. para Bartolomé Verges; 25 p. para José Pimentel; 25 p. para José de la Cuadra. Aparte de ello, dejó 100 p. para su sobrino Juan del Ribero; 100 p. para el hermano mercedario Miguel de Castro de la orden de la Merced (su propio hermano); 25 p. para don Francisco Pagán, etc. ACB, documento núm. 2626. 53 Además de la obligación de entregar de por vida 100 p. anuales a doña Margarita Cisneros. 54 Roldán era racionero de la Iglesia Catedral de Lima. También dejó a la orden su biblioteca personal, cuyo valor era de 3 000 p. 55 Además de la obligación de entregar a su hermana monja 460 p. anuales.

Don Francisco Xavier de Querejasu Don Francisco de Queipo Doña María Encarnación de Castro52 Don Cristóbal Sánchez Calderón Don Gregorio de la Fuente Doña Petronila de Alcócer Don Francisco Izquierdo Roldán54

52 53 54 55

48 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

56 57 58 59 60

Renuncia de herencia, del 01/1751

Testamento del 21/01/1751

Testamento del 21/01/1751

Testamento del 12/06/1750

01/1750

05/1749

Renuncia de herencia, del 11/11/1747

Joyas diversas

Buenamemoria de misas

Buenamemoria de misas Buenamemoria de misas

2 500 p.

10 018 p.

Crear una casa de la orden en Cuzco Misas rezadas

10 000 p.

1 621 p.

1 000 p.

4 000 p.

Misas rezadas y cantadas

Misas rezadas

Misas rezadas58

21 930 p.

57

Se trata de un religioso agonizante que renunció a su herencia, legándola a la orden para la construcción de su capilla interna. Verástegui era oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. 58 Además de la obligación de entregar de por vida 144 p. anuales a su hermana, doña Sebastiana de Verástegui. 59 Probablemente se trate de una exesclava o mulata (no aparece visible y explícitamente el título de «Doña»). También deja dos vidas de una casa que posee en enfiteusis, cuyo alquiler produce 600 p. anuales —una casa en mal estado que tiene retrasos en el cobro del alquiler. El canon enfitéutico por pagar —distinto del alquiler cuyo monto corresponde a la Buenamuerte— es cobrado por el convento de San Agustín, dueño directo de la casa. 60 También se trata de un religioso agonizante que renunció a sus bienes antes de profesar.

56

Dr. don Antonio Galván60

Doña María Jacinta de la Torre Carrión y Mogrovejo Doña María Jacinta de la Torre Carrión y Mogrovejo

Lorenza de Francia59

Don Antonio de Verástegui57 Doña Manuela de Zúñiga

Dr. don Pedro Gregorio Cavero56

LOS RELIGIOSOS «AGONIZANTES» EN EL PERÚ

49

Misas rezadas Misas cantadas

Testamento del 10/03/1750

Testamento

201 802 p. 4 r.

186 716 p.

[57 886 p.]

1 200 p.

12 000 p.

62

Fue su hermana doña Mariana de Larreta quien ejecutó su deseo de legar a la Buenamuerte, el 12/05/1754. La suma incluye los ingresos señalados, los alquileres y el valor de la biblioteca de Izquierdo Roldán. Sin contar el valor de los inmuebles.

61

Don Joseph de Larrazábal Don Clemente de Larreta61 Limosnas diversas Total declarado por Montalvo Total según nuestros cálculos62

61 62

50 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

CAPÍTULO II LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE. PROGRESO Y DECADENCIA, 1740-1821

Este segundo capítulo tiene como finalidad examinar la administración económica y financiera de los activos productivos de la orden crucífera, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Es decir, durante las seis o siete décadas en que las haciendas de Cañete de la orden camila pasaron de una fase de progreso visible a otra de decadencia inexorable, en un contexto de aguda crisis interna de la misma orden religiosa y, más tarde, en los momentos de la coyuntura independentista del virreinato peruano y su separación definitiva de la metrópoli colonial española. Así, luego de presentar las diferentes etapas de la formación de sus dos conjuntos o complejos azucareros y productivos en el valle de Cañete, a saber, La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, examinaremos la actividad productiva y comercial de los mismos, a partir de las informaciones disponibles, tanto de gastos, de producción, como de ventas de azúcar. Después nos detendremos en el análisis del endeudamiento de la Buenamuerte, sus orígenes, su progresivo aumento y la carga financiera que representaron para la orden camila, ya desde fines del siglo XVIII. Antes de observar la evolución de las temporalidades rurales de la Buenamuerte en la coyuntura de la guerra independentista, en un complejo contexto de alteración de legalidades y legitimidades. 1. UNA ORDEN RELIGIOSA, AGRÍCOLA Y AZUCARERA Por el momento es imposible fechar con precisión el momento en que la orden de los padres crucíferos o agonizantes decide hacerse en Lima

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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una orden religiosa agrícola y azucarera; esto es, incorporarse a la actividad productiva y comercial azucarera —y no solamente—, entre Lima y el valle de Cañete. La obtención de temporalidades consecuentes con el fin de garantizar el ejercicio de su misión era, como ya lo sabemos, una de las condiciones para lograr su reconocimiento oficial por las autoridades civiles del virreinato y la Corona. Fuera de varios documentos sobre determinadas haciendas limeñas existentes, localizados en los archivos locales del convento de la Buenamuerte, que testimonian de probables pesquisas de la orden para acceder a su posesión —con documentos que pueden incluso fecharse en los siglos XVI o XVII—, se puede afirmar que la más antigua referencia de la presencia directa de la Buenamuerte en la actividad agrícola limeña data de 1742. Y, por lo indicado en ella, se podría deducir que ya a comienzos de los años 1730 —antes de recibir la autorización oficial de Felipe V— los camilos actuaban en la producción limeña de alfalfa y trigo. Esto se desprende de la documentación sobre el conflicto relativo a la evaluación y el pago de las mejoras hipotéticamente introducidas en la hacienda o chacra de Llanos por sus inquilinos, es decir, los propios religiosos crucíferos, quienes la habían tomado en alquiler nueve años antes. Se trataba de una hacienda situada en el entorno de la antigua Portada de Maravillas —no muy lejos de la implantación inicial de la orden camila, en Barrios Altos— en la que se producían alfalfa, trigo, cal y adobes o ladrillos1, esto es, productos agrícolas y artesanía rudimentaria. Es poco probable que los religiosos de la Buenamuerte hayan conducido directamente la explotación agrícola de la mencionada chacra de Llanos. Aunque no sabemos tampoco si la subarrendaron o si contrataron a peones para asumir las tareas productivas. Como tampoco sabemos si el mencionado periodo de contrato de nueve años era el primero o si se trataba de un nuevo contrato. El nuevo inquilino y el administrador de la hacienda (el religioso secular Diego de Llano) dijeron que ya no se podía cosechar trigo en dicha hacienda, por causa de los errores cometidos y la falta de experiencia en este tipo de actividad por parte de los camilos. La Buenamuerte, por su lado, la misma que no había solicitado la renovación del contrato de alquiler, rechazó la evaluación efectuada por el nuevo inquilino respecto a las mejoras introducidas en la hacienda y pidió la reunión de una junta de expertos para determinarlas con precisión. Desconocemos empero cómo concluyó este conflicto. Pero veamos en seguida —probablemente instruidos por esta 1

AAL-OCNSB, legajo I: 1.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

53

y otras experiencias— de qué manera compuso la orden agonizante sus dos conjuntos productivos azucareros y agrícolas en el valle de Cañete. 1) La Quebrada-El Chilcal Fue el primer complejo productivo que se constituyó. Sus etapas de formación fueron las siguientes: a) La hacienda San Juan de Capistrano o La Quebrada, la primera que adquiriera la orden de la Buenamuerte en el valle de Cañete, se extendía seguramente sobre unas 670 has. (230 fanegadas). La compra efectiva (tierras, aperos, trapiche, animales, ganado y esclavos) fue realizada en enero de 1741, tres meses antes del fallecimiento de su anterior poseedor, el religioso secular Antonio de Salazar. Es muy probable que hayan existido vínculos entre la orden camila y el padre Salazar y que incluso el precio de compra pactado haya traducido cierta simpatía del segundo para con la primera. Ello se desprende de determinadas afirmaciones de los propios camilos, algunas décadas después. Por lo que no es aconsejable tomar dicho precio como referencia del valor efectivo de la hacienda —o de su potencial productivo2. Aunque no se sabe tampoco a ciencia cierta si el padre Salazar había sido asistido antes de su fallecimiento por determinados religiosos camilos. La documentación de archivos consultada no confirma tampoco que haya existido por parte del padre Salazar una donación de 12 000 pesos sobre el precio establecido3. Desde hacía por lo menos dos años los camilos se habían informado con precisión sobre las posibilidades de adquisición y también respecto al estado poco floreciente de la mencionada hacienda; aunque no sabemos a ciencia cierta si ambos hechos estuvieron relacionados entre sí. El precio de compra establecido fue de 50 000 pesos, pagadero según dos modalidades relativamente bien establecidas para este tipo de operaciones: una primera parte, de reconocimiento de «principales» o capitales impuestos sobre la hacienda; una segunda parte, de abono en dinero líquido a determinados acreedores del vendedor (incluso redimiendo principales). El propio religioso secular Salazar no parece haber recibido dinero líquido procedente de la venta. El 2

Lo que no será el caso del segundo conjunto productivo Casablanca-Cerro Azul, tal como lo veremos más adelante. 3 Ver, por ejemplo, las consideraciones del crucífero Juan Francisco Martínez Rivamilanos, en agosto de 1798. ACB, documento núm. 2118. Ver también, Grandi, 1985, p. 17.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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monto de los principales reconocidos —lo que no implicaba, repetimos, un abono inmediato de dinero—, ascendía a 41 060 pesos; el del pago en dinero líquido fue de 8 940 pesos. Los principales reconocidos constaban de capellanías fundadas por un antepasado del secular Salazar por un monto de 20 000 pesos, de fundaciones a favor de sus dos hermanas (doña Josepha de Salazar y doña Juana Bustamante Salazar) por un monto de 15 000 pesos, y 6 060 pesos de imposiciones diversas, a favor del convento de Santa Catalina y el hospicio de Nuestra Señora de Monserrate, ambos situados en Lima. Dichos principales generaban réditos anuales para sus beneficiarios. Los religiosos de la Buenamuerte buscaron redimir rápidamente dichas obligaciones y eliminar de esta manera los desembolsos anuales de réditos. Pero no lograron siempre su cometido, a veces ante la oposición de los propios beneficiarios de los réditos. Por ejemplo, el prior del hospicio de Nuestra Señora de Monserrate rechazó la redención propuesta en diciembre de 1744, por la Buenamuerte, de un principal de 780 pesos. La documentación revisada no nos permite conocer las motivaciones de dicha actitud. Tal vez se deba a la preferencia por la seguridad de una renta anual, o quizás por algún desacuerdo respecto a retrasos en las anualidades impagas4, o el monto del capital reconocido. Como en otros casos de compra de haciendas, la Buenamuerte tuvo que hacer frente, después de la adquisición, a litigios y reclamos —generalmente de origen familiar— respecto a fundaciones no estipuladas ni declaradas en el momento de la transferencia. Lo que le permitió al mismo tiempo, aprovechando el conflicto y la inercia del procedimiento judicial, retardar el pago anual de los réditos y obligaciones que sí se habían declarado y estipulado5. La religión de los crucíferos no carecía de experiencia para aprovechar los litigios judiciales y familiares, con el fin de posponer el abono de rentas y réditos. En lo que respecta a los pagos en dinero líquido, solo tres años después, en diciembre de 1744, el religioso camilo Domingo de Pereda explicaba que ya había «plenissima liberación» de la hacienda San Juan de Capistrano o La Quebrada, al haberse satisfecho por un monto de 8 940 pesos a todos 4

AAL-OCNSB, legajo I: 3. Las hermanas Salazar, doña Josefa y doña Juana, por un lado, y doña Antonia (y su marido don Juan de Palma), por otro lado, litigaban en torno a una supuesta obligación pía (buenamemoria de misas) de 8 000 pesos que su hermano habría fundado sobre la hacienda, en favor de doña Antonia. La Buenamuerte explicitaba entonces que no pagaría ningún rédito hasta que no se ventilase el conflicto. AAL-OCNSB, legajo I: 2, 5. Fuera de los réditos derivados de la hacienda, las dos primeras, doña Josefa y doña Juana, ya beneficiaban de una renta anual de 700 pesos, pagada por la Audiencia Real de Lima. 5

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

55

los acreedores del padre Salazar6. Aun cuando quedaran en pie el resto de obligaciones. La «liberación» de las posesiones aparecía ya claramente como un objetivo de los camilos, esto es, la adquisición de la posesión plena, sin desdoblamiento de dominio o de posesión, sin rentas ni cargas. Una «liberación» que implicaba no obstante el endeudamiento de la orden para conseguirla, tal como lo veremos más adelante. Desde este punto de vista, sin saber por el momento si se trataba de una decisión local o romana (procedente de las autoridades europeas de la orden), se puede afirmar que dicha vocación de «liberar» la posesión de sus fincas y haciendas y reunir el dominio útil con el directo, no era exclusiva de la orden de los camilos en Lima. En otros espacios del mundo español e hispanoamericano se observaba la misma voluntad, por parte de las entidades religiosas regulares, ya desde el último tercio del siglo XVII7. b) Sin embargo, la adquisición de esta hacienda, ya importante por su superficie, no detuvo la búsqueda de otras posesiones o fuentes de recursos por parte de los religiosos de la Buenamuerte. En primer lugar, en el entorno mismo de la hacienda La Quebrada, en el valle de Cañete. Las primeras prospecciones se concentraron, al parecer, en las tierras denominadas de Ungará, Palo y Montepata (o una parte de ellas), entonces bajo posesión del monasterio de Santa Clara. Los rastros más antiguos de dicho interés, según las fuentes disponibles, datan de 1742, casi durante el momento mismo de la compra de La Quebrada, pero fue solamente en 1769, casi tres décadas más tarde, cuando los religiosos crucíferos compraron al mencionado monasterio y a censo perpetuo (16 000 p. al 2%, es decir, con un desembolso de 320 pesos anuales) 25 fanegadas (esto es, algo más de 72 has. de tierra) pertenecientes a dicho conjunto8. Tales posesiones, teóricamente incorporadas al conjunto La Quebrada, estaban situadas en contigüidad al vínculo de Hualcará9. 6 Entre otros, la redención de una capellanía de 2 075 pesos, en favor del religioso secular Luis Ortiz de Cervantes. AAL-OCNSB, legajo I: 2. 7 Un caso muy interesante al respecto es el de la España septentrional, entre Asturias y Galicia.Ver Luna, 2007, 2016a, 2016b. 8 En el archivo del convento de la Buenamuerte encontramos el contrato de alquiler de cuatro años de la hacienda Ungará y Palo, de 108 fanegadas (313 has.), a favor de don Juan José de Cádix, firmado en septiembre de 1742. ACB, documento núm. 1988. En junio de 1769, son 25 fanegadas de las tierras Ungará, Pato y Montepata las que son compradas por la Buenamuerte al monasterio de Santa Clara. ACB, documento núm. 1441. 9 Su propietario directo era don Juan José de los Santos, con don José Antonio de la Borda, amigo cercano de la orden de la Buenamuerte en Cañete, como propietario útil.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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Gracias a una decisión de justicia a favor de la Buenamuerte, pronunciada 20 años más tarde, en mayo de 1788, sabemos que las citadas tierras, antes de su compra por la orden, habían sido cedidas por esta, probablemente en enfiteusis, y que sus conductores reclamaban que las mejoras introducidas por ellos en el fundo, en particular la siembra de nuevas plantas, fuesen reconocidas a su favor por el nuevo titular del dominio, esto es, la orden camila. La mejor manera, decían ellos, era que se reconociese su posesión real de 12 de las 25 fanegadas del conjunto, que se establecieran nuevos títulos de propiedad y se fijaran nuevos límites de pertenencia. Su reclamo no parece haber prosperado; pero vale la pena retener la propuesta efectuada de una compensación de las mejoras introducidas en la conducción de una explotación agrícola mediante la concesión de tierras, como un mecanismo admitido en ese entonces, susceptible de formar parte de un reclamo judicial, y probablemente ya puesto en práctica. Por su parte, y siguiendo la misma pauta de la «liberación» de los dominios que ya hemos evocado, los religiosos crucíferos defendían la recuperación inmediata de las mencionadas tierras —tal vez con alguna compensación financiera— señalando que cuando había mejoras en un fundo, gracias a la explotación llevada a cabo por el enfiteuta, la parte principal siempre correspondía al dueño de las tierras, esto es, al propietario directo. La documentación revisada traduce no solo el conflicto existente con la orden de la Buenamuerte; las informaciones recogidas en las fuentes parecen indicar también que en el propio valle de Cañete, a fines de los años 1780 y comienzos de 1790, se registraron disputas entre hacendados titulares útiles y propietarios directos, por la denuncia y el control de tierras consideradas por unos como eriales, vacantes o realengas, y como propias por otros. Las tierras de la Buenamuerte no habrían sido ajenas entonces a esa confrontación10, probablemente extendida. Si la Buenamuerte obtuvo decisión judicial favorable, no sabemos sin embargo de qué manera se la puso directamente en aplicación. La problemática examinada abre así una importante perspectiva de investigación futura para el conjunto del valle cañetano, en torno a la posesión y los conflictos por tierras, en el último tercio del siglo XVIII. c) Aunque no hemos encontrado otras huellas precisas en la documentación disponible, si tomamos en cuenta lo que dice uno de los libros de contabilidad de las haciendas de Cañete que hemos revisado sobre La

10

ACB, documentos núm. 1441, 1987.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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Quebrada11, la orden de la Buenamuerte tomó en arriendo, ya en 1733, las tierras denominadas del Chilcal, situadas en el pago de Hualcará, también vecinas de La Quebrada. Se trataba de 33 fanegadas de tierra de superficie (cerca de 98 has.), a pesar de que no sepamos cuál fue precisamente la utilización que los padres crucíferos dieron a dichas tierras. Pero ya sabemos que el comportamiento de la orden camila se orientaba a formar un conjunto de fundos aptos para la producción, pero también como reserva de intercambios, de alquiler o de cesión enfitéutica; todo ello articulado dentro de una estrategia de implantación en el valle cañetano. La adquisición definitiva se efectuó entre 1767 y 1777. En primer lugar, en marzo de 1767, cuando se formalizó mediante protocolo notarial el reconocimiento de una obligación de 4 667 pesos al 3%, es decir, con réditos de 140 pesos anuales, a favor de don Juan de Canduelas y Muchotrigo, poseedor de dichas tierras. Unos pagos que se efectuarían siempre y cuando este no exigiera el pago del principal reconocido. Es probable que dicho principal incluyera, fuera del valor de las tierras, algunas deudas pasivas de la Buenamuerte para con su propietario —o alguna obligación asimilable—, ya que Canduelas y Muchotrigo recibía también, en cesión enfitéutica por tres vidas, una de las tres casitas que estaban en construcción, en ese momento (marzo de 1767), en la calle de la Penitencia, al lado del convento de Lima, lo mismo que (también por tres vidas) dos reales de pan cotidiano, probablemente trigo u otros cereales12. En segundo lugar, en marzo de 1777, esto es 11 años después, en la ciudad de Cañete, se firmó el acto definitivo de adquisición de dichas tierras y la redención de la obligación reconocida una década antes. Según se deja entender, Canduelas y Muchotrigo había heredado y consolidado en un solo dominio las tierras vendidas13, lo que posibilitaba la operación. El Chilcal se volvió entonces propiedad plena de la orden de la Buenamuerte. d) Siempre en el entorno de La Quebrada, la Buenamuerte prosiguió su búsqueda de tierras para constituir un conjunto coherente de recursos, de producción y rentas. En diciembre de 1755, los religiosos crucíferos tomaron en «reconocimiento de dominio» las tierras denominadas La Imperial,

11

ACB, Libros de contabilidad, Libro primero: Libro de Caja en donde se sienta el gasto y consumo de esta hacienda de San Juan de Capistrano de los padres de la Buenamuerte de Lima, desde el día 10/08/1744 que tomó posesión de ella el padre Juan Martínez Lázaro y Nieto por entrega que hizo de ella el padre Alejandro Sacristán y Montalvo..., 250 fol. s/n. 12 ACB, documento núm. 1260. 13 ACB, documento núm. 2069.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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situadas en la vecindad del Chilcal, en el entorno de la hacienda La Quebrada. Se trataba de tierras del fondo de propios de la municipalidad de la ciudad de Cañete. El contrato, firmado por el mayordomo de propios de dicha ciudad con el vice-provincial crucífero, Martín de Andrés Pérez, estipulaba una duración de nueve años y medio y un alquiler o canon anual de 50 pesos. Dichas tierras, a pesar de su riqueza hidrológica, se encontraban en un «lamentable estado de abandono14». La Imperial había sido «vendida» por la municipalidad (probablemente en cesión enfitéutica temporal, al tratarse de propios municipales) veinte años antes, sin pago anual de canon, al sargento mayor del ejército don Pablo Segura y Zárate, con la condición de que este hiciese los trabajos correspondientes para restaurar su acequia y canalizaciones, rehabilitar la tierra, prevenir las frecuentes inundaciones y, una vez culminadas dichas obras, volver a renegociar con la municipalidad las condiciones de cesión. Sin llevar a cabo los trabajos estipulados, Segura y Zárate se contentó con vender o ceder dichas tierras a don Martín de Olavide.Tampoco este último (víctima del terremoto de octubre de 1746) ni sus herederos cumplieron con la condición de restauración y reorganización del potencial hidrológico y acondicionamiento productivo de las tierras. En tal situación se iniciaron las negociaciones para la transferencia de La Imperial a la Buenamuerte, la misma que quedó encargada de efectuar los trabajos referidos, con la perspectiva de una renegociación de condiciones al final de las obras. Si los camilos tomaron posesión de dichas tierras y recursos, poco sabemos de la duración de dicha concesión, más allá de los nueve años y medio de contrato, o de la manera como los trabajos fueron o no efectuados15. Sin embargo, no parece que se hayan producido, por lo menos hasta comienzos del siglo XIX, mejoras sensibles en dicho fundo16. 14

ACB, documento núm. 1625. El camilo Virgilio Grandi explica que se construyó una «gran caja de acequia», aunque sin aportar mayor precisión al respecto (Grandi, 1985, p. 28). 16 En 1801, el religioso camilo Santiago González se dirige por escrito a la municipalidad de Cañete para proponerle, a nombre de la orden de la Buenamuerte, una oferta de compra enfitéutica (a censo perpetuo de 2%) de las tierras de La Imperial. En su propuesta señala que dichas tierras se hallan en un estado de abandono total, habiéndose transformado en guarida de indios ladrones de hierba, los mismos que habrían instalado un tambo que compite ilegalmente con los comerciantes de La Quebrada (algunos de los cuales eran esclavos de la propia hacienda). Dichos indios han creado, dice el crucífero Santiago González, un antro de perversión adonde van los esclavos para «enviciarse y pervertirse», en vez de permanecer en la hacienda y efectuar su trabajo. ACB, documento núm. 1654. 15

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En suma, si adicionamos la totalidad de las tierras adquiridas por la Buenamuerte en el conjunto del área La Quebrada-El Chilcal, durante los aproximadamente 35 años que duró su configuración (es decir, entre 1741 y 1777), y ello sin contar la superficie de las tierras de La Imperial —cuya extensión desconocemos por el momento—, podemos estimar que dicha concentración de tierras, con su variedad de suelos, se componía de más o menos 835 has. Esto es, cerca de 290 fanegadas de tierra. Lo que no quiere decir que toda la superficie haya sido puesta en explotación por la misma orden. Como ya lo señalamos anteriormente, hemos hallado continuas referencias en el archivo del convento respecto a cesiones o alquileres temporales que efectuaban los religiosos administradores de Cañete de determinadas parcelas de dichas posesiones, a favor de llevadores o conductores locales. No olvidemos que su objetivo era sobre todo la obtención de rentas. Su costo total, medido en obligaciones reconocidas y desembolsos líquidos sobrepasó los 70 000 pesos, aunque vale la pena recalcar que su adquisición solo significó una salida neta de dinero de 13 600 pesos por parte de la orden, para redimir las deudas y obligaciones pasivas del secular Salazar, anterior poseedor de La Quebrada, y para la compra definitiva del Chilcal. Dicho precio de costo, calculado solamente a partir de las obligaciones cargadas sobre las tierras, no nos informa mayormente sobre su valor como activo, tal como ya lo indicamos al inicio de este acápite. También podemos recalcar que era muy probable que la orden de la Buenamuerte hubiese sido favorecida, en la fijación del precio de compra de La Quebrada, por parte del padre Salazar. Lo que nos induce a la prudencia respecto al valor efectivo del conjunto de tierras. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, la situación parece haber sido bien diferente para la adquisición del otro conjunto de tierras, Casablanca-Cerro Azul, que la orden decidió adquirir y formar en los años siguientes y que examinamos en seguida. 2) Casablanca-Cerro Azul Veamos ahora las sucesivas etapas de la constitución del segundo complejo azucarero y agrícola de la orden crucífera en el valle de Cañete: a) Algo más de 20 años después de la adquisición de la primera hacienda, San Juan de Capistrano o La Quebrada —y fuera de los complementos de tierras agregadas al complejo de tierras en constitución—, la orden de la Buenamuerte decidió adquirir otra hacienda importante, la de Casablanca, también situada en el valle de Cañete, no muy lejos de la primera. La hacienda

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de Casablanca, cuya formación y reagrupación iniciales databan de la primera mitad del siglo XVIII, era bastante más grande que La Quebrada y tenía 320 fanegadas (928 has.) de extensión. El acto de compra se firmó en septiembre de 1762; su antiguo propietario era el Conde de Monteblanco, don Agustín de Landaburu y Goycoechea (el viejo), ex-corregidor de Cañete, el mismo que contaba en ese entonces con otras haciendas y posesiones en el mismo valle17 (entre ellas, las haciendas Gómez y San Juan de Arona), algunas de las cuales también cambiarían de poseedor en las décadas siguientes. Las condiciones de compra fueron esta vez bastante diferentes y no parece haber habido, como para el caso de La Quebrada, concesión o simpatía alguna para la fijación del precio por parte del vendedor. Aunque también sea necesario preguntarse si en el lapso de dos décadas, entre los años 1740 y los años 1760, no se habían producido evoluciones específicas en el precio y en la oferta y la demanda de tierras en el valle de Cañete. Esta vez se pactaron tres modalidades de pagos, con abono directo de dinero al anterior propietario de Casablanca —lo que no hubo en el caso de La Quebrada—, y un plazo de seis años para efectuarlos. En primer lugar, un pago inicial al contado y más tarde un pago final en dinero líquido: el primero por un monto de 38 000 pesos y el último de 45 950 pesos. Es decir, un total de 83 950 pesos. En segundo lugar, un reconocimiento de principales diversos cargados sobre la hacienda, por un monto de 138 220 pesos. En tercer lugar, la obligación de reembolsar a un conjunto de acreedores (por capitales e intereses debidos) por un monto de 177 830 pesos. Lo que daba un precio de compra total de 400 000 pesos, ampliamente superior al precio pagado por el complejo La Quebrada-El Chilcal. Algo que llama igualmente la atención y que confirma la voluntad general, ya especificada, de la orden de la Buenamuerte de liberarse de las obligaciones contraídas y asumir plenamente la posesión: en enero de 1764, menos de un año y medio después de la compra —y antes de que terminara el plazo de seis años previsto en el contrato—, el procurador de la orden efectuó el pago final de compra de 45 950 pesos. Tal vez se pueda explicar también esta rapidez por la búsqueda de una capitalización de los primeros resultados obtenidos (seguramente positivos) con la explotación de la otra hacienda, o quizás por la facilidad con que la Buenamuerte gracias a su prestigio podía en ese entonces acceder a la liquidez monetaria y al crédito disponible. Como ya lo señaláramos anteriormente, los dirigentes de la 17

La firma del contrato se hizo con su apoderado y cuñado don Juan José de Belsunce, el 11/09/1762. ACB, documentos núm. 1310, 1311, 1312, 1313, 1715, 2410.

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orden parecen buscar la posesión plena de sus haciendas, seguramente con el fin de asegurarse un pleno dominio sobre ellas, evitando de esta manera las intervenciones exteriores producto del desdoblamiento de dominios o de las servidumbres que pesaban sobre dichas tierras —o, en su defecto, limitando estas al mínimo. b) Algunos años más tarde, a finales de la década de los 1760, la orden pudo adquirir nuevas tierras con el fin de incorporarlas al complejo de Casablanca, también en constitución. Se trataba de tierras sin acequia pero con puquiales de agua, que habían sido compradas en enfiteusis de tres vidas por el expropietario de Casablanca, don Agustín de Landaburu y Goycoechea, al convento San Agustín de Cañete, y que se hallaban igualmente en un estado deplorable de abandono. El canon enfitéutico pagado constaba de 12 fanegas anuales de trigo (cada fanega es de aproximadamente 37-38 litros, para el caso del trigo) y algunas obligaciones para con las fiestas religiosas del convento cañetano. Situadas a proximidad del pequeño puerto o caleta de Cerro Azul, las 30 fanegadas de tierras (87 has.) fueron cedidas por Landaburu a la Buenamuerte, por el tiempo enfitéutico que le quedaba, probablemente con el fin de deshacerse del canon correspondiente. Los crucíferos decidieron entonces entrar directamente en contacto con el convento de San Agustín para devolver la enfiteusis a su titular directo y proponerle la compra total de dichas tierras, reuniendo los dominios directo y útil de la posesión; lo que fue inmediatamente aceptado por el convento cañetano. Aunque no sabemos cuál haya sido el precio convenido por ambas partes o si haya habido otros acuerdos relacionados con dicha compra18. No sería exagerado pensar que tratándose de tierras casi abandonadas, el precio no hubiese sido muy elevado. Al tiempo que se constataba y verificaba nuevamente la vocación de los padres agonizantes de «perfeccionar» la posesión. En suma, un conjunto productivo Casablanca-Cerro Azul que seguramente contaba con aproximadamente 1 015 has. (es decir, 350 fanegadas de superficie) y por el que la Buenamuerte habría pagado más de 262 000 pesos en liquidez de corto plazo y ciertamente más de 138 000 pesos en reconocimiento de obligaciones. Es decir, un mayor pago en términos generales que para La Quebrada-El Chilcal (más de cinco veces) y, comparativamente, una mayor salida de liquidez que el reconocimiento de cargas sobre la posesión. *** 18

ACB, documento núm. 2410.

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De esta manera podemos afirmar, adicionando ambos complejos azucareros y agrícolas de La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, que desde finales de los años 1760, los padres camilos de la Buenamuerte contaron con un total de aproximadamente 1 850 has. de tierras en el valle de Cañete —una mediana propiedad19—, por las cuales habían desembolsado un total líquido de más de 275 000 pesos y un reconocimiento de cargas iniciales sobre dichas tierras de más de 195 000 pesos. Lo que hace un total global de 470 000 pesos20. Unos activos que tenían como objetivo principal el proporcionar a la orden los medios para el desempeño de su misión, aparte de su reconocimiento legal por parte de las autoridades reales.

Localización de las haciendas de la Buenamuerte en Cañete.

19 Nuestro objetivo de poder cartografiar lo más precisamente dichas propiedades se halló frustrado por la imposibilidad de acceso al antiguo Archivo del Fuero Agrario, creado luego de la aplicación de la reforma agraria del régimen del presidente Velasco Alvarado (junio de 1969). Según se nos explicó —en el Archivo General de la Nación Peruana—, dicho repositorio de fuentes se encontraba en proceso de catalogación. 20 Vale la pena retener este monto de desembolsos, para compararlo luego y constatar la descapitalización que se produjo en dichas haciendas, durante el periodo independentista.

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2. LA ECONOMÍA DE LAS HACIENDAS: AUGE Y CRISIS. EL ENDEUDAMIENTO DE LA BUENAMUERTE Los dos conjuntos de tierras adquiridos en el valle de Cañete por la Buenamuerte, La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, eran principalmente productores de azúcar, aunque no se trataba de sus únicas actividades agrícolas21. Además del alfalfa, el trigo y el maíz y otros productos para la alimentación animal y humana, las haciendas también se dedicaban a la crianza y negocio de ganado, tal como se desprende de la documentación que hemos podido revisar, en particular los libros de contabilidad llevados por la orden y que están disponibles en los archivos del convento de Lima22. 21 Para un análisis preliminar de dichas haciendas y sus resultados, ver Luna, 2009a. 22 Dichos registros contables son los siguientes:

– Libro primero: Libro de Caja en donde se sienta el gasto y consumo de esta hacienda de San Juan de Capistrano de los padres de la Buenamuerte de Lima, desde el día 10/08/1744 que tomó posesión de ella el padre Juan Martínez Lázaro y Nieto por entrega que hizo de ella el padre Alejandro Sacristán y Montalvo... Este libro de contabilidad —sin numeración de páginas, escritas en recto y verso—, que recuerda el antiguo nombre de la hacienda de La Quebrada, se prolonga hasta el 25/07/1777. – Libro segundo: Libro en que apuntan el gasto ordinario y extraordinario de todos los días del mes en esta hacienda de San Juan de Capistrano, año de 1777, siendo administrador el padre Juan Manuel de Noriega... Este libro de contabilidad, de 95 folios en recto y verso, se prolonga hasta el año de 1783. – Libro tercero: Exyto de esta hacienda de San Juan Capistrano, año de 1777, siendo administrador el p. Juan Manuel de Noriega... Este tercer libro, de 158 folios en recto y verso, registra los gastos de La Quebrada cubriendo una parte del periodo indicado en el libro anterior —con gastos más importantes que los allí señalados— y se prolonga hasta septiembre de 1798. – Libro cuarto: Libro de Exito. Hacienda Casablanca. PP Camilos. Convento de la Buenamuerte. Años 1775-1787-1803... Este cuarto libro, compuesto de tres partes con tres numeraciones diferentes —99 + 169 + 16 folios—, en recto y verso contiene un resumen, en sus últimas 16 páginas, de las cuentas del periodo 1775-1790, especialmente de los ingresos. También contiene, para el periodo 1801-1803 los gastos realizados en conjunto para las dos haciendas o complejos productivos. – Libro quinto: Libro de templas de azúcar de la hacienda de La Quebrada. Año de 1812 a 1821... Este quinto libro, relativo a la producción de panes y derivados de azúcar en la hacienda de La Quebrada, consta de 48 folios, en recto y verso. – Libro sexto: Año 1794. Cuaderno que contiene la remesa de las azúcar de las haciendas del valle de Cañete de esta Casa Matriz, hasta julio del 1816. Formado por el procurador Francisco Romero... Este sexto libro, que registra los envíos de azúcar desde las haciendas del valle de Cañete hasta el convento de Lima, entre 1794 y 1816, consta de 62 folios, en recto y verso.

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De dicha documentación se desprende la idea general de que las mencionadas haciendas, en el momento de su adquisición, se hallaban en actividad pero en un estado de explotación económica difícil y defectuoso, faltas de aperos de labranza y esclavos, con acequias en mal estado y sin canalizar, con tierras eriazas o semiabandonadas, sin haber sido convenientemente trabajadas en los años anteriores a la compra por la Buenamuerte, etc.Y que para volverlas efectivamente útiles, en particular para la producción azucarera, hacía falta realizar inversiones consecuentes. Esta parece haber sido una de las preocupaciones constantes de los religiosos crucíferos, durante los primeros años de explotación de dichas tierras. Conviene indicar que el tercer libro de contabilidad —contrariamente a los dos primeros— presenta, con un intervalo de siete años, dos inventarios sucesivos de los activos del conjunto La Quebrada-El Chilcal. El primero fue efectuado por el religioso administrador Julián de Larrea, en agosto de 1777, y el segundo por el religioso administrador Juan Manuel de Noriega, en abril de 178423. Dicho conjunto de tierras es descrito en ambos inventarios como una hacienda azucarera, que cuenta por lo menos con dos tipos de plantaciones: el primero, listo para su explotación agrícola inmediata y el segundo, compuesto de «socas» (jóvenes plantas de caña, todavía inaptas a la cosecha y reservadas para los años futuros). Dichas plantaciones aparecen cercadas, según las descripciones efectuadas, por cultivos de alfalfa, maíz, frijoles y otros. En el espacio o sector más importante de explotación24, es decir La Quebrada, se encuentran los trapiches para la molienda de la caña, lo mismo que las «oficinas», es decir los diversos talleres de elaboración de los «panes – Libro séptimo: Cuaderno que contiene el Romaneaje de la azúcar que distribuese, que concluye en febrero de 1789... Este séptimo libro, que resume la venta y la distribución del azúcar en Lima, y que cubre el periodo 11/1785 - 02/1789, consta de 166 folios, en recto y verso. La numeración factual de libros que estamos efectuando, con base estrictamente cronológica y temática, no corresponde necesariamente a la numeración que hayan podido efectuar en su momento los propios administradores de las haciendas y que en todo caso, por el momento, nos es desconocida. 23 Desafortunadamente, dichos inventarios no fueron hechos con los mismos criterios o con la finalidad de comparar dos momentos en la evolución de la hacienda y sus informaciones no pueden ser completamente explotadas. ACB. Libros de Contabilidad. Libro tercero. Exyto de esta hacienda de San Juan Capistrano, año de 1777, siendo administrador el p. Juan Manuel de Noriega..., 158 fols. r/v. Por otra parte, no contamos con inventarios similares para la otra hacienda Casablanca-Cerro Azul. 24 Si el primer inventario, el de 1777, habla de tres espacios de la hacienda, La Quebrada, El Chilcal y Ungará, el segundo inventario solo menciona los dos primeros.

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de azúcar» y otros productos y semiproductos derivados25. Esto es, la «Casa de Paylas», en donde se hacía la cocción del jugo de caña extraído de la molienda; la «Casa de Purga», en donde se filtraba el jugo cocido; la «Casa del Sol», en donde se moldeaban y ponían a secar los «panes de azúcar» respectivos. También aparecen allí los almacenes para la conservación de la producción e incluso aquellos productos derivados como las panelas de miel, los panes de guarapo, los alfeñiques, etc. También se encuentran en dicho núcleo central de la hacienda los depósitos de bienes de alimentación, despensas e intendencias. Lo mismo se puede afirmar de los elementos más importantes del ganado mayor, los aperos de labranza, o la enfermería destinada a los esclavos, etc. Pero lo más interesante, desde el punto de vista de la capitalización efectuada por la orden camila en dichas tierras, aparece cuando se comparan los diferentes activos materiales de la hacienda, en particular en la misma La Quebrada. Si tomamos en cuenta las indicaciones registradas en ambos inventarios, se puede estimar que en el lapso de siete años, entre 1777 y 1784, se produjo una importante mejora, por lo menos cuantitativa, en los medios y las capacidades de producción de la hacienda —cuando no en la calidad de los utensilios. Desde el punto de vista de los instrumentos y aperos de labranza se pasa de 21 arados o rejas de arado o calzadas a más de 35 (con seis nuevos, recientemente adquiridos) y 16 yugos. Lo mismo puede precisarse respecto a las palas, hachas, machetes, hoces o azadas, barretas, bragas, mazas, horquetas o garrapatas, cuyo número y diversificación aparecen sensiblemente mayores en 1784. El ganado también es más numeroso, en particular el dedicado al trabajo agrícola o a la tracción de los molinos para la molienda y elaboración de los «panes de azúcar». Se pasa, entre 1777 y 1784, de unos 100 bueyes trapicheros y de arado a 195 (111 para los trapiches y 84 para los trabajos en el campo). De la misma manera, se pasa de 130 asnos y mulas, y aproximadamente 11 caballos y yeguas, en 1777, a más de 180 mulas y asnos, y 20 yeguas y caballos, en 1784. La descripción hecha de la colca y los depósitos también parece bastante más diversificada, lo mismo que de los instrumentos para castigar a los esclavos huidizos. Lo mismo tendría que afirmarse de la descripción hecha en ambos inventarios respecto a los instrumentos y animales del anexo El Chilcal. 25 Carecemos de referencias precisas relativas a la producción de ron y otros alcoholes de caña de azúcar. Lo que no significa necesariamente que no hubiera producción en dichos ramos.

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Por otro lado, con respecto al número de plantaciones y socas de caña de azúcar, la comparación también resulta esclarecedora, aunque haya que tomar en cuenta que el primer inventario, el de 1777, fue efectuado en el mes de agosto, al inicio de los trabajos agrícolas y de la producción azucarera del año y el segundo, el de 1784, fue realizado a fines de abril, cuando ya se había terminado la principal etapa de dichos trabajos. En el primer inventario se precisa, para La Quebrada, que hay 127 cuarteles de plantaciones y 100 de socas para los años venideros. En el segundo se puede estimar, haciendo la adición de los diferentes segmentos de la hacienda designados, que hay aún 76 plantaciones (sin especificar las que ya han sido trabajadas y cortadas en los meses anteriores) y 157 socas para los años siguientes. De lo que se puede desprender, en primer lugar, un aumento y una mejora sensibles de la explotación azucarera anual en un lapso de 7 años y, en segundo lugar, un incremento del número de plantaciones previstas para los años venideros26. Algo similar podría decirse de los otros cultivos que se realizaban en la hacienda; por ejemplo, la alfalfa. Si en 1777 se hablaba de algo más de 22 cuarteles de alfalfa, tanto para La Quebrada, El Chilcal y Ungará, en 1784 dichos cuarteles eran 36, tomando en cuenta solamente La Quebrada y El Chilcal. No nos equivocamos entonces si hablamos de una elevación del potencial productivo de dicha hacienda. En suma, de la comparación de ambos inventarios, establecidos por dos administradores distintos, surge con bastante claridad la idea de una evolución favorable de la actividad agrícola en esta hacienda o conjunto de tierras La Quebrada-El Chilcal. Aunque no tengamos los elementos que nos permitan afirmarlo con toda certeza, es posible que se trate de una tendencia general para sus haciendas, a partir del momento en que la Buenamuerte asumió la explotación económica de dichas tierras. Luego veremos que los años 1780 —en particular la segunda mitad—, después de una ascensión regular de los gastos en las haciendas de Cañete, son también los años en que se inicia la práctica de la austeridad en los gastos decretada por las autoridades limeñas de la orden. El ciclo anual de la actividad Antes de proseguir nuestro análisis de las cuentas disponibles, en los libros presentados, desearíamos dar una idea general, según las informaciones 26

ACB. Libros de Contabilidad. Libro tercero.

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que hemos recogido, de lo que era el año agrícola en las haciendas del valle de Cañete. Esto es, el calendario de las actividades que le daba ritmo a la vida en las haciendas cañetanas. El libro quinto de contabilidad que hemos revisado en el archivo del convento de la Buenamuerte nos ha permitido reconstituir la forma que adopta dicho ciclo anual de la producción azucarera de las haciendas del valle27. Y ello, gracias al registro cotidiano, efectuado entre 1812 y 1821 en La Quebrada, de la producción de «paylas» de jugo —producto de la trituración y molienda de la caña de azúcar— y su transformación en panes y otros derivados (panelas, caras, etc.). Es decir que contamos con un indicador del ritmo productivo anual de la actividad azucarera y de sus fases, ya en el momento en que las dos haciendas de la Buenamuerte han alcanzado su madurez (luego de 50-60 años de posesión, durante la segunda mitad del siglo XVIII), hasta la víspera de la declaración de independencia del virreinato peruano. No sería exagerado pensar que se trata efectivamente de un indicador de mediano plazo y que corresponde al comportamiento productivo del conjunto de tierras —y tal vez al ciclo azucarero anual del valle de Cañete. El siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos del anexo II.2.1 (ver al final de este capítulo), nos permite visualizar lo que estamos indicando y darle forma, hasta cierto punto, a las estaciones de la actividad agrícola de las haciendas28. La producción azucarera —desde el cultivo de la planta hasta la elaboración de «panes» de azúcar y derivados— arranca generalmente en la segunda mitad de julio o a inicios de agosto29 y se prolonga hasta fines de abril o comienzos de mayo del año siguiente. Los meses de mayo, junio y la primera quincena de julio son los de la «parada», es decir el periodo en que cesa o se reduce al mínimo la trituración y molienda, junto con la extracción del jugo de caña y la elaboración de panes. Lo que no significa sin embargo que la actividad se paralice totalmente. El mes de mayo, por ejemplo, se suele dedicar a la limpieza y mantenimiento de acequias y canales, aunque sabemos que no siempre se cumplía con la regla establecida y que el descuido en dicha tarea acarreaba muchos problemas.

27

ACB. Libros de Contabilidad. Libro quinto. Libro de templas de azúcar de la hacienda de La Quebrada. Año de 1812 a 1821..., 48 fols. r/v. 28 Luego volveremos a utilizar este libro de contabilidad para dar una idea del ritmo de la actividad productiva en la hacienda La Quebrada, durante esta segunda década del siglo XIX. 29 Ver también AAL-OCNSB, legajo VIII: 11.

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Durante esta segunda década del siglo XIX (especialmente entre 1812 y 1817), la producción parece alcanzar sus máximos niveles entre octubre del año en curso y febrero del año siguiente. Se elaboran entonces entre 26 y 29 panes de azúcar por día, es decir entre 660 y 720 por mes (unos 7 000 por año, tal como veremos luego). En periodo normal, el número promedio diario de «paylas» de jugo de caña de La Quebrada es de 14, con lo que se puede afirmar que cada «payla» sirve para elaborar aproximadamente 2 panes de azúcar, fuera de los productos derivados30. El trabajo es cotidiano, con excepción del domingo —aunque a veces, con autorización parroquial, se pueda también trabajar determinados domingos, utilizando mano de obra libre y esclava. GRÁFICO II.2.1. LA PRODUCCIÓN AZUCARERA. HACIENDA LA QUEBRADA, 1812-1821. EN PANES, PANELAS Y CARAS 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

no

vie m feb bre re 18 r 1 m o1 2 ay 8 no ago o 1 13 vie sto 81 m 1 3 feb bre 813 re 18 r 1 m o1 3 ay 8 no ago o 1 14 vie sto 81 m 1 4 feb bre 814 re 18 r 1 m o1 4 ay 8 1 n o a go o 1 5 vie sto 81 m 1 5 feb bre 815 re 18 r 1 m o1 5 ay 8 1 a n o go o 1 6 vie sto 81 m 1 6 feb bre 816 re 18 r 1 m o1 6 ay 8 1 a n o go o 1 7 vie sto 81 m 1 7 feb bre 817 re 18 r 1 m o1 7 ay 8 no ago o 1 18 vie sto 81 m 1 8 feb bre 818 re 18 r 1 m o1 8 ay 8 no ago o 1 19 vie sto 81 m 1 9 feb bre 819 re 18 r 1 m o1 9 ay 8 no ago o 1 20 vie sto 82 m 1 0 feb bre 820 re 18 ro 20 18 21

0

Panes

Panelas

Caras

Fuente: ACB. Libros de Contabilidad. Libro quinto.

30 Si aceptamos las cifras del camilo José Llanos, procurador de ambas haciendas en 1814, en Casablanca (la otra hacienda de la orden de la Buenamuerte en Cañete) se estaría llegando en ese momento a 16 «paylas» cotidianas de jugo de caña de azúcar. AAL-OCNSB, legajo VIII: 11.

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Obsérvese en particular la perturbación provocada por la coyuntura de los años 1820-1821, durante los que se registra la presencia de los ejércitos independentistas meridionales en el territorio del virreinato peruano y la reacción de las fuerzas realistas españolas, a la víspera de la declaración de la independencia. Tal como ya lo indicáramos al inicio de este capítulo, vamos a examinar la actividad productiva y comercial de la orden crucífera, a partir de la información disponible; algunos datos son solo reflejos indirectos de dicha actividad, otros son más precisos, tal como lo explicamos sucesivamente. En primer lugar gracias a las cifras de gastos de ambos complejos productivos, La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul. En segundo lugar, mediante los datos de los volúmenes de producción que están a nuestro alcance —cruzando y comparando registros—; en tercer lugar, utilizando las informaciones relativas a la comercialización de los productos. Para entrar de lleno, en seguida, a la problemática del endeudamiento creciente de la Buenamuerte; uno de los elementos más sensibles y críticos para la orden crucífera en la transición de fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. 1) La actividad de las haciendas, sus gastos, 1744-1803 Para comenzar, es indispensable señalar que la contabilidad que hemos revisado, efectuada localmente en las haciendas y registrada en los libros de cuentas, se caracteriza generalmente por su falta de uniformidad y regularidad y por su imprecisión. La forma de asentar los registros de gastos o ingresos varía en función del religioso que se encarga de administrar cada conjunto de tierras. Las compras no se hacen de forma regular sino cuando se necesitan (o tal vez por otras razones) y no se registran necesariamente las operaciones de trueque o permuta. Los cobros o pagos no se asientan automáticamente y no se precisa necesariamente que se haya producido compensación por deudas anteriores o productos intercambiados, lo que sin embargo parece ocurrir con frecuencia, si nos fiamos a los testimonios o indicios de las propias fuentes. La informalidad de las transacciones aparece netamente en unos registros contables que se caracterizan por su versatilidad. Los términos utilizados para designar los objetos y el trabajo —e incluso los animales—, así como los lugares de explotación agrícola o las parcelas pueden variar sensiblemente —a veces cambian de nombre al cambiar el llevador directo. No se señala necesariamente la multiplicidad de funciones

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que puede acarrear una misma tarea y es imposible, con dichas informaciones, establecer el calendario de ocupaciones agrícolas de los esclavos u otros operarios. El peso y las medidas indicados son aproximativos cuando no indicativos y no derivan (como no podía ser de otra manera bajo el Antiguo Régimen) de una voluntad específica de constituir estadísticas. Por todo ello es necesario recalcar que, teniendo en cuenta la fragilidad inherente de nuestras fuentes, lo que vamos a decir respecto a la producción de las haciendas debe ser tomado sobre todo a título indicativo, o como indicaciones globales. Más que estadísticas precisas, contamos con aproximaciones cuantitativas, a veces indirectas —por deducción. La contabilidad llevada parece responder principalmente al objetivo de verificar (y hasta justificar) el carácter adecuado de los gastos y el empleo efectivo del dinero asignado a las haciendas; no estamos ante un ejercicio de registro contable pormenorizado ni sistemático de las informaciones y datos. Pero veremos que no ha sido en absoluto inútil el trabajo de recolección y presentación ordenada, para nuestra finalidad de comprender la actividad material, económica, comercial y financiera de la orden camila. No por carecer las fuentes de precisión estadística, carecen nuestras deducciones de validez. a) La Quebrada-El Chilcal, 1744-1798 La reconstitución de la actividad productiva para esta hacienda o conjunto de tierras se hace gracias a la revisión de tres libros de contabilidad, que hemos denominado primero, segundo y tercero31. Ello nos ha permitido examinar 15 administraciones durante casi 55 años de actividad de la hacienda32. Conviene recordar, para comenzar, que durante cerca de 20 31

ACB, Libros de contabilidad. Libro primero. Libro de Caja en donde se sienta el gasto y consumo de esta hacienda de San Juan de Capistrano de los padres de la Buenamuerte de Lima, desde el día 10/08/1744 que tomó posesión de ella el padre Juan Martínez Lázaro y Nieto por entrega que hizo de ella el padre Alejandro Sacristán y Montalvo..., s/n, r/v. Libro segundo. Libro en que apuntan el gasto ordinario y extraordinario de todos los días del mes en esta hacienda de San Juan de Capistrano, año de 1777, siendo administrador el padre Juan Manuel de Noriega..., 95 fols. r/v. Libro tercero. Exyto de esta hacienda de San Juan Capistrano, año de 1777, siendo administrador el p. Juan Manuel de Noriega..., 158 fols. r/v. 32 Esto es, a partir de los libros indicados, la conducción de las tierras y actividades de la hacienda llevada a cabo por los siguientes religiosos camilos (padres o hermanos): 1742-1744, Alejandro Montalvo y Sacristán; 1744-1746, Juan Martínez Lázaro; 1746-1749, administrador desconocido; 1749-1753, Juan Bernardo de Lazarte; 1753, Antonio Galván; 1753-1755, Juan Martínez de Pinillos; 1755-1759, José Gil; 1759-1762,

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años —hasta 1762— La Quebrada-El Chilcal fue el único conjunto de tierras que poseía la Buenamuerte en Cañete, para después entrar en posesión también de Casablanca-Cerro Azul. Antes de introducirnos directamente en el análisis de las informaciones cuantificadas de los libros, trataremos de recoger las referencias generales que dichos documentos nos presentan y que permiten acercarnos a la comprensión más bien cualitativa y contextualizada de la actividad productiva desarrollada. En principio, las cuentas de la administración de las haciendas, cerradas el mes de junio de cada año, eran ajustadas y aprobadas en julio del mismo año por los prelados de Lima. Era el propio religioso camilo administrador de la hacienda quien llegaba a Lima personalmente con sus cuentas33, acompañado de cierto número de peones y un esclavo a su servicio. Las cuentas eran revisadas, verificadas y luego firmadas por las autoridades de la orden. Con sus cuentas aprobadas, el administrador debía retornar rápidamente a la hacienda, en el mismo mes de julio, si proseguía con su tarea administrativa; si no, era su reemplazante, designado por las autoridades limeñas, quien realizaba el viaje. A partir del examen de las cuentas, se puede afirmar que la hacienda aparece claramente como un elemento integrado a la economía local y regional, a los intercambios comerciales cañetanos; es difícil encontrar en su comportamiento tendencias voluntarias hacia la autarquía o al autoconsumo. La Quebrada-El Chilcal compra productos alimenticios a otras haciendas —cercanas y lejanas—, especias diversas, aceite, aguardiente y alcohol (también para uso medicinal), vino (de variado origen, incluso procedente de Ica), cereales (algunas cargas procedentes incluso de Chincha), fideos, quesos, cecinas, pescado salado, utensilios de cocina, etc. En los intercambios señalados por los libros hay a menudo referencias a trueques de deudas contra bienes recibidos; unas operaciones que casi nunca aparecen evaluadas ni asentadas en los libros contables. La hacienda hacía moler al exterior, por lo menos durante los primeros años de su actividad, el trigo y el maíz que cosechaba o compraba (o que recibía en pago como canon o alquiler de parcelas) y remuneraba dicho Juan Antonio de Echeverría; 1762-1770, Juan Bernardo de Lazarte (segundo mandato); 1770-1777, Bernardo Costas, Joaquín Zambrana y Julián de Larrea; 1777-1784, Juan Manuel de Noriega; 1784-1790, Ángel Ruiz de Terán; 1790-1791, Fernando Diz de la Torre e Isidro de Echevercea; 1791-1792, Julián de Larrea (segundo mandato); 17921798, Baltazar Enderica. 33 Trayendo generalmente algunos productos derivados del azúcar, como mieles, raspaduras, alfeñiques, amén de otros artículos (aceitunas, cebada, etc.).

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servicio a precios variables; las cantidades de cereales mandadas a molienda fueron crecientes, conforme avanzaba la actividad de la hacienda. Los cereales molidos eran luego remitidos a Lima en grandes cantidades, con lo que se puede deducir que su venta formaba parte también de las actividades de la Buenamuerte, a través del convento, aunque no tengamos al respecto datos precisos ni regulares. La hacienda también compraba semillas para varios usos: semilla de alfalfa, de trigo, de maíz u otras. Aunque poco a poco, con el fin de limitar gastos, empezó a destinar determinadas parcelas de la hacienda o de sus anexos para este fin exclusivo. La compra de productos alimenticios para el consumo específico de los esclavos (la «gente») también aparecía registrada de forma regular en los libros. En particular los gastos en tabaco (procedente de Saña), cuya distribución era semanal en la hacienda. O la adquisición de pellejos de novillo y ropa para la misma «gente», comprada o mandada confeccionar. Se puede afirmar que dichos gastos aumentaban conforme avanzaba la actividad de la hacienda y se acrecentaba también el número de esclavos. Durante algún tiempo (en la segunda mitad de los años 1770) la contabilidad registró la actividad de una tienda («cajón») al interior de la hacienda, bajo el control de un hermano de la Buenamuerte; su actividad pareció progresar, pero luego desaparecieron las referencias y registros, con lo que no sabemos hasta cuándo hubiese persistido. Como tampoco sabemos si se trataba de una tienda para la venta exclusiva a los esclavos y domésticos o si tenía como fin una más amplia distribución para la población del valle; o si podamos compararla con las tiendas de raya, instrumentos de sujeción de una mano de obra escasa, típicas de otras haciendas, en Nueva España por ejemplo. Otro elemento importante dentro de la actividad de la hacienda: el pago de transportes ligados a la producción. Al respecto, es posible distinguir por lo menos tres tipos de transporte (y tres tipos de distancia) útiles a la actividad de la hacienda. En primer lugar, los transportes que se hacían al interior de la hacienda misma, para conectar sus diferentes parcelas de tierra y anexos, y acarrear los productos hasta las «oficinas» o talleres de transformación de la caña en azúcar y derivados. E incluso para las necesidades de hacer pastar el ganado. En segundo lugar, los transportes necesarios para traer los diferentes productos de consumo y abastecimiento de la hacienda o el ganado comprado; o también para la venta local o regional de los propios productos de la hacienda. En tercer lugar —no siempre el más extenso—, el transporte hacia el convento de Lima para llevar el azúcar elaborado en el valle de Cañete y otros productos de la hacienda (mieles, cereales, carne, etc.).

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Los caballos y las mulas eran los medios de desplazamiento empleados; esto es, su uso individual pero también las recuas de animales de carga conducidas por muleteros. La orden de la Buenamuerte no parece haber constituido su propio sistema de transporte a distancia y recurrió siempre a muleteros del entorno de las haciendas, a los que remuneraba diversamente. Aunque comprase a veces instrumentos para el trabajo de los muleteros, por ejemplo, riendas o frenos. Probablemente también como fruto de acuerdos o negociaciones entre la hacienda y dichos transportistas. El número de muleteros disminuyó con el tiempo, aunque no el transporte ni los desplazamientos, con lo que aumentó el número de cargas y viajes que efectuaban aquellos que centralizaron y concentraron dicha actividad, ya hacia fines del siglo XVIII. Los pagos a los transportistas se hacían después de que la mercancía hubiese sido entregada. Los gastos de los daños ocasionados por el cruce de ríos (el Mala, en particular), e incluso las consecuencias del retraso, cuando había que esperar que bajase el caudal —en alguna «hacienda amiga», en Bujama, por ejemplo—, eran generalmente asumidos por la Buenamuerte, sin menoscabo de la paga al transportista. A veces la contabilidad incluía la remuneración de los muleteros en la rúbrica «jornales», junto con el pago a la mano de obra asalariada directamente productiva de los jornaleros agrícolas libres. En la medida de lo posible, para efectuar nuestros propios cálculos, hemos tratado de separar ambos pagos que son efectivamente de naturaleza distinta. Pero ello confirma una vez más la informalidad de las actividades y su contabilidad. Como para el caso ya precitado de la molienda de cereales, aquí tampoco se puede hablar de un precio de servicio único, ni de precios uniformes. Sabiendo además que en numerosos casos, la hacienda debía costear la alimentación de los muleteros y sus animales. Igualmente con precios muy variables, la contabilidad de la hacienda registra la compra de caballos, yeguas, asnos, mulas34, etc. sin que se sepa siempre cuál era el uso preciso destinado a los animales de cada compra. La limpieza, el mantenimiento y la reparación de los canales de irrigación y las acequias (necesarios cada año, en principio), o el drenaje de campos inundados y los trabajos en los puquiales eran otras de las actividades para las que la hacienda recurría al trabajo exterior. También para el 34 Una mula (como animal genérico) podía adquirirse en 2,5 pesos, o en 10, 12, 20 y hasta en 30 pesos, según la operación y seguramente según la calidad y la edad del animal. Con lo que es difícil hablar de «precios únicos» o uniformizados por un solo mercado.

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mantenimiento y mejora de los instrumentos agrícolas (afilado de cuchillas, reparación de las pailas, montura de los caballos, elaboración o reparación de los moldes para los panes de azúcar, etc.), o de las instalaciones u «oficinas» para la transformación de la caña (reparación y mejora de hornos), de los depósitos y colcas de semillas, de los almacenes de productos o de los mismos trapiches. Lo mismo se puede decir de los trabajos efectuados para aumentar las superficies de cultivo, derrumbando y aplanando canganas y huacas. Para todo ello se hacía venir a la hacienda, desde el exterior, a carpinteros, albañiles, artesanos, etc. La hacienda pudo incluso, al inicio de sus actividades bajo el control de los padres crucíferos, hacer venir a maestros azucareros, expertos del valle de Cañete, con el fin de recabar sus consejos prácticos para mejorar la producción o para instruir a los esclavos en determinados trabajos. Pero la hacienda era también una importante consumidora de jornales de mano de obra libre (incluso de negros libres); más adelante intentaremos cuantificar dicho empleo. En particular para el cultivo y la siega de cereales (para «abentar la parva» y «limpiar la paja») o para el aumento del número de plantas y cuarteles de caña de azúcar. En dicho trabajo, se pagaba la alimentación de los peones que venían a trabajar. La hacienda también utilizó mano de obra mitaya, es decir grupos de indios que llegaban de las aldeas y comunidades cercanas (por ejemplo, de San Francisco de Achicho) y que permanecían varias semanas en la hacienda para trabajar. Dichos mitayos eran acogidos por la hacienda, la misma que aseguraba su alimentación cotidiana. Su jornal era inferior (en 50%) al de los peones, pero cada uno de los mitayos percibía 18 reales por concepto de instalación, al llegar a la hacienda. Había otros asalariados que desempeñaban funciones en la hacienda: el mayordomo, que vivía en la misma hacienda y se encargaba de administrar el trabajo de los esclavos o su captura cuando algunos de estos huían (lo que era muy frecuente). Dicho mayordomo recibía un salario anual, generalmente pagado por remesas, a veces trimestrales, a veces semestrales, a veces sin periodicidad, a veces en mercancías traídas desde Lima (contando con su acuerdo previo), aparte de una compensación semanal por alimentos. Por debajo del mayordomo estaba el caporal (podía haber varios) cuya función era la de hacer trabajar a los esclavos. Podía ocurrir que dicha función fuese asumida por un negro libre o un mulato; lo que no siempre era un factor de sosiego entre los mismos esclavos. También vale la pena poner de relieve los gastos efectuados en el campo de la salud, es decir para el mantenimiento de la enfermería, las medicinas,

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el pago de un médico (un «físico») de la hacienda35, e incluso el parto de las esclavas. No fueron raros los casos de esclavos enviados a Lima, a expensas de la orden, con el objetivo de ser tratados o curados en el propio convento de la Buenamuerte. La hacienda de La Quebrada-El Chilcal también practicaba el negocio ganadero (compraventa de vacas, toros, corderos, terneros y borregos).Y ello, fuera de las compras de ganado para el uso y consumo propios de la hacienda, como por ejemplo los bueyes trapicheros, para llevar a cabo la trituración de caña y la extracción de los caldos, o los bueyes viejos para servir de alimentación a los esclavos y para la extracción de cuero y los trabajos de talabartería. Este negocio, del que solo se disponen referencias o indicios rudimentarios en los libros de contabilidad, muestra una tendencia de evolución visiblemente creciente, con la participación de los corregidores vecinos (Cañete,Yauyos, Ica, etc.) y la puesta en contacto de la hacienda con otras explotaciones agrícolas y ganaderas en otras provincias, dedicadas a la misma actividad. Las compras de ganado no son regulares y probablemente dependen de las ocasiones que se presenten para efectuarlas, como negocios puntuales. Desafortunadamente, los libros de contabilidad no ofrecen la posibilidad de estimar los beneficios logrados con esta actividad de crianza y comercio de animales. b) Los gastos en La Quebrada-El Chilcal, 1744-1798 Los gastos que efectúa localmente la hacienda constituyen evidentemente una indicación —aunque no sea la única—, del movimiento económico en dicha unidad productiva. Las informaciones extraídas de los libros de contabilidad, relativas a los gastos efectuados por la hacienda La QuebradaEl Chilcal, nos han permitido reconstruir, para el periodo 1744-1798, esto es, para más de medio siglo, la serie de promedio mensual que aparece en el anexo II.2.2. Dicha serie, a pesar de su carácter incompleto (en particular durante los primeros años), nos ha permitido esbozar el gráfico II.2.2, sobre las tendencias que muestran dichos gastos, año tras año. Se observa con bastante claridad que hasta el primer lustro de la década de 1780 tales gastos muestran una tendencia creciente —aunque fluctuante—, alcanzando su máximo entre 1781 y 1783 y que luego, hasta fines 35 Si el salario anual de un mayordomo de la hacienda era, a mediados del siglo XVIII, de 270 pesos, y de 400 pesos en los años 1780, el de un médico pasó de 60 a 300 pesos durante la misma época. Aunque cabe precisar que, a diferencia del primero, este último no residía al comienzo en la hacienda.

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del siglo XVIII, el movimiento se orienta sensiblemente hacia la baja. La información contable examinada permite saber que ya desde el inicio de la administración de la hacienda por los religiosos camilos se notaba la necesidad de recurrir a la mano de obra libre asalariada del valle —tal como ya lo hemos indicado—, probablemente motivada por el reducido número de esclavos que fueron comprados con la hacienda; aunque se observa igualmente que dicho trabajo se emplea sobre todo para la cosecha de trigo y otros cereales, especialmente en los anexos de la hacienda. Durante esos años, de mediados de 1740, el jornal pagado a un peón libre era de 4 reales diarios; un precio que permanecerá relativamente invariable durante varias décadas. Rápidamente también, como ya lo señalamos, la hacienda empleó a mitayos procedentes de comunidades y aldeas vecinas. Es probable que tales formas combinadas de trabajo, de asalariados libres y de mitayos, hayan sido de uso tradicional en la hacienda, ya desde antes de la llegada de los religiosos crucíferos a su administración, y que estos se hayan limitado a continuar con la costumbre, prolongando su utilización. De forma general, se puede afirmar que los años 1740 y 1750 no testimonian de aumentos considerables de los gastos, aparte de compras puntuales de ganado, como por ejemplo en julio de 175036. En cambio, ya desde inicios de los años 1760, bajo la administración del camilo Juan Bernardo de Lazarte (durante su segunda administración), se puede observar un alza sensible de gastos, pasando de un promedio mensual de 400 pesos, en 1762, a algo más de 1 000 pesos, en 1770. Si se pueden señalar como rúbricas importantes el aumento del gasto en jornales agrícolas libres o la compra de aperos (machetes, hoces, etc.), e incluso, en abril de 1769, el gasto para drenar aguas subterráneas en determinados sectores de la hacienda, también vale la pena recalcar el aumento de la cantidad de cereales molidos (seguramente para su envío a Lima y su venta y negocio), en un contexto en que por otra parte la orden de la Buenamuerte pagaba puntualmente las remuneraciones a sus mayordomos y caporales y aumentaba la compra de bienes de consumo interno de la hacienda. La actividad económica de la hacienda parece entonces haberse dinamizado durante estos años 1760, es decir, dos décadas después de su adquisición. 36

Más de 320 corderos (un peso cada uno) y más de 60 carneros (10 reales cada uno), comprados a Joseph Quiroz, por un total de 400 pesos. Aquí también resulta imposible definir un precio único y estable para cada animal. Por ejemplo, en julio de 1753, la hacienda compra 112 borregos, 33 borreguitos o corderos y 17 carneros por 129 pesos, visiblemente más baratos que la anterior compra.

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GRÁFICO II.2.2. HACIENDA LA QUEBRADA-EL CHILCAL. PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES, 1744-1798. EN PESOS DE 8 REALES 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

17 4 17 4 4 17 6 48 17 5 17 0 5 17 2 5 17 4 56 17 5 17 8 6 17 0 62 17 6 17 4 66 17 6 17 8 7 17 0 72 17 7 17 4 76 17 7 17 8 80 17 8 17 2 8 17 4 8 17 6 88 17 9 17 0 9 17 2 9 17 4 96 17 98

0

La Quebrada – El Chilcal

Fuente: ACB, Libros de contabilidad. Libros primero, segundo y tercero.

Empero, el inicio de los años 1770 coincide con una disminución drástica de tales gastos, de la que solo se sale durante la segunda mitad de la década. Ello va aparejado a una disminución en la información consignada en los libros de contabilidad. Vale la pena señalar que el 25/07/1777, los prelados de la orden reprocharon a los administradores de la hacienda durante toda la década —en particular al religioso camilo Joaquín Zambrana— la falta de precisión en el registro de jornales, diezmos, gastos en la compra de semilla de alfalfa, carneros, ropas, etc. Son años también, conviene recalcarlo, en que la Buenamuerte ya cuenta con otro conjunto de tierras, Casablanca-Cerro Azul, en el mismo valle de Cañete. Nuevamente aparecieron entonces, en la contabilidad de la hacienda, el peso significativo de los jornales agrícolas, los aperos de labranza y las compras puntuales de ganado, especialmente carneros37; tal como ya lo hemos precisado. 37

En julio de 1774, la hacienda compró 1 579 carneros por un total de 1 667 pesos (8,5 reales cada uno). Otras compras de ganado se hicieron en julio de 1775. En julio de

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Fue en particular bajo la administración del religioso camilo Juan Manuel de Noriega, entre agosto de 1777 y abril de 1784, esto es, un lapso de casi siete años (del que ya hablamos anteriormente, al enfocar la mejora del potencial productivo de La Quebrada), cuando se promovió un segundo aumento visible de los gastos de la hacienda. Su promedio mensual pasó de 550-600 pesos en la segunda mitad de 1777 a 1 623 pesos en 1782 (su punto máximo en toda la serie reconstituida). Fuera de los gastos ya indicados anteriormente, también se observaron durante ese periodo un aumento del dinero consagrado por la hacienda a la fabricación de cercados para animales38, a la ampliación de las superficies cultivables, a la construcción de canales de riego y a mejoras técnicas para la producción de panes de azúcar. Estamos ante indicadores que traducen necesariamente un aumento de la actividad productiva y comercial de la hacienda; llevados a cabo seguramente de forma voluntaria por sus administradores de turno. Conviene indicar además que, desde 1781, el precio del jornal diario de mano de obra agrícola pasó a 5 reales, luego de haberse mantenido, salvo excepción, a 4 reales desde los años 1740 y 1750. Dicho aumento, de 20%, pareció generalizarse para cada una de las ocupaciones en las que la orden de la Buenamuerte contrataba a jornaleros para la hacienda: para derribar muros de adobe y reconstruirlos, para trabajar en los «girones» de caña, para despancar maíz, para la siega de trigo, etc. No sabemos si dicho aumento correspondió a la escasez de mano de obra o al aumento general de precios provocado por una evolución favorable de la actividad productiva en el valle cañetano. O tal vez se deba a una confluencia de ambos factores. En junio de 1782, algunos jornales agrícolas se llegaron incluso a pagar a 6 reales. Determinados productos parecieron mostrar también, según las informaciones recogidas de los libros de contabilidad, tendencias alcistas: las semillas de alfalfa, las semillas de maíz y trigo, etc. Lo mismo podría decirse de los salarios de mayordomo, médico o muletero: este último recibía 5-6 pesos en promedio por operación en los años 1740 y 1750; ahora cobraba 9 pesos. Se tendrían que contrastar y comparar tales evoluciones con las de otras haciendas y situarlas en el conjunto del valle cañetano. 1776, la hacienda compró 848 carneros por un monto de 932 pesos (casi 9 reales cada uno) a don Thomas Shee y a don Blas Nieto del corregimiento de Yauyos. 38 Se siguieron comprando numerosos carneros, procedentes en particular de Lunahuaná y se pudo notar un aumento del precio unitario respecto a los años inmediatamente anteriores (entre 10 y 11 reales cada uno).

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Cuando se aprobaron en Lima las cuentas de la administración de Juan Manuel de Noriega, en julio de 1784, si bien los prelados de la orden se pronunciaron con respecto a la considerable importancia alcanzada por los gastos realizados —desde hacía siete años—, también subrayaron que se trataba de inversiones y mejoras a beneficio de la hacienda. Sin embargo, el nuevo administrador designado a partir de 1784, el camilo Ángel Ruiz de Terán, llegó a Cañete con la consigna clara de reducir los gastos de la hacienda. Fue la tónica de la segunda mitad de los años 1780, tal como lo observamos en el gráfico II.2.2. Sin embargo hubo que esperar los años 1790, en particular a partir de 1792, para que la tendencia hacia la austeridad se confirmase plenamente. La información disponible en los mencionados tres libros de contabilidad nos ha permitido reconstituir la evolución de las dos más importantes rúbricas de gastos anuales, es decir, jornales agrícolas y ganado, en La Quebrada-El Chilcal, entre 1781 y 1798 (casi dos décadas). Dicha información está consignada en el anexo II.2.3 y aparece visualizada en el gráfico II.2.3. Hemos escogido dichas rúbricas por su volumen y porque aparecen con relativa permanencia durante todo el periodo que estamos examinando. Es lo que sobresale cuando se examinan las fuentes utilizadas. Lo que no significa desconocer que para determinados años y meses haya otros factores explicativos de los gastos realizados. Por ejemplo, la reparación de útiles y herramientas o su compra (en julio y diciembre de 1781, junio de 1782, febrero de 1784), o la compra de ropas y tejidos destinados a la vestimenta de los esclavos (que se suelen hacer en septiembre y que son importantes, por ejemplo, entre 1781 y 1784). El gráfico II.2.3, fuera de confirmar que la baja de los gastos fue patente durante los años 1790 —y en particular en su segunda mitad—, nos permite subrayar la importancia dentro de dichos gastos de las compras de ganado (carneros, borregos y corderos, en particular)39 y el pago de jornales a una mano de obra libre40. Ambas rúbricas representan entre el 30 y 39

Sin tomar en cuenta los gastos en animales directamente destinados a la alimentación: aves de corral, cerdos, pescados, o bueyes viejos (destinados al consumo de los esclavos). Así como tampoco caballos, yeguas, mulas o asnos. 40 Hemos optado por incluir solamente los jornales directamente relacionados con las actividades productivas de la hacienda, esto es, la producción de panes de azúcar y derivados. Lo que hace que hayamos descartado por ejemplo (tal como ya lo indicamos), los pagos efectuados a los muleteros o transportistas en general, o los pagos de carpintería o albañilería u otros salarios relativos al funcionamiento general de la hacienda. Habrá evidentemente los que no aprueben nuestra opción. Quisiéramos enfatizar empero que

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45 por ciento de los gastos de la hacienda y ambas se mantienen a niveles elevados, como si su evolución dejara de depender del ritmo general de gastos —volviéndose en cierto modo incompresibles—, incluso en los periodos de austeridad decretados por los prelados y administradores de la Buenamuerte. A veces las compras de ganado, al ser tan importantes, sesgan la curva de gastos totales, tal como ocurre en 1781-1782, 1786, 1792 o 1794 —y como ya ocurría en años anteriores, por ejemplo en 1774 (compra de cerca de 1 600 carneros y 1 700 pesos de pago) o en 1776. Los gastos en jornales agrícolas alcanzan su punto culminante entre septiembre de 1781 y septiembre de 1782, luego declinan, se restablecen y se mantienen entre 10 y 20% del total de gastos a finales de los años 1790. Conviene notar que luego de haber alcanzado 5 reales (e incluso 6) a comienzos de la década anterior, el jornal pagado por la hacienda cayó a 3 reales en la coyuntura 1794-1795, para luego volver de forma duradera a 5 reales, a partir de septiembre de 1796. Es muy probable que estemos delante de fenómenos económicos que sobrepasen el cuadro estricto de la hacienda de los camilos, inscribiéndose en la coyuntura agrícola (y económica) regional. Se trata de una hipótesis que merecería un enfoque múltiple, gracias a estudios similares relativos al resto de las haciendas cañetanas, tal como ya lo sugerimos anteriormente. Pero veamos ahora lo que ocurre con el segundo conjunto de tierras de la orden crucífera en Cañete, con el fin de establecer puntos de comparación y elementos de divergencia. c) Casablanca-Cerro Azul, 1775-1798 La reconstitución de la actividad de este segundo conjunto o complejo productivo de tierras de la Buenamuerte en el valle de Cañete se ha efectuado gracias a la revisión del libro cuarto de contabilidad41. Ello nos ha permitido observar 7 periodos de administración42, cubriendo más de 20 resulta imposible con una información segmentaria y descodificada (como no podía ser de otra manera) el intentar reconstituir una contabilidad moderna. Más que una estadística elaborada, tenemos delante nuestro indicaciones de tendencia. 41 ACB, Libros de contabilidad. Libro cuarto. Libro de Exito. Hacienda Casablanca. PP Camilos. Convento de la Buenamuerte. Años 1775-1787-1803..., 99 + 169 + 16 fols. r/v. 42 Se trata, a partir de la revisión de los libros de contabilidad, de la administración de los camilos (padres o hermanos) siguientes: 1775-1786, Manuel de Aragón; 1786-1787,

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GRÁFICO II.2.3. HACIENDA LA QUEBRADA-EL CHILCAL. GASTOS ANUALES, 1781-1798. EN PESOS DE 8 REALES Y EN PORCENTAJES 25000

20000

15000 Gastos totales Gastos en salarios Gastos en ganado

10000

5000

17 17 97 98 (0 109 )

17 96

17 95

17 93

17 94

17 88

17 17 89 90 (0 17 1-0 5) 91 (0 912 ) 17 92

17 87

17 86

17 85

17 83

17 84

17 82

17 81

0

Fuente: ACB, Libros de contabilidad. Libros primero, segundo y tercero.

años, entre 1775 y 1798. Es de notar la existencia de periodos para los que no hay referencias en dicho libro, por ejemplo entre mayo y septiembre de 1787 al no haber sido designado por los prelados de Lima el administrador de la hacienda. También hay 8 páginas blancas en el libro de contabilidad, al final de 1798, interrumpiendo bruscamente los registros. Las cuentas se reanudan entre junio de 1801 y febrero de 1803, reuniendo a ambos conjuntos, La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, bajo la administración del camilo Manuel de Aragón43. Como sabemos, la hacienda Casablanca pertenece a los religiosos agonizantes desde 176244; sin embargo no contamos con la información de su administración anterior a 1775. Se puede deducir de las referencias del libro Fernando Diz de la Torre; 1787-1790, Antonio Virto; 1790-1790, Fernando Diz de la Torre; 1790-1791, Pedro Bueno; 1791-1792, Julián de Larrea; 1792-1798, Baltazar Enderica. 43 Luego veremos, en el capítulo tercero de este libro, el uso de las mencionadas ausencias de información que efectuarán las tendencias opuestas de la orden para justificar su propia posición. 44 Son años, como ya lo sabemos, en que se dinamiza efectiva y visiblemente la actividad de la otra hacienda La Quebrada-El Chilcal.

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de contabilidad que Casablanca se hallaba, en el momento de su adquisición por la Buenamuerte, en condiciones de debilidad técnica y desprovista de aperos e instrumentos. Como para el caso de La Quebrada-El Chilcal, las informaciones contables son imprecisas y su registro se modifica cuando cambia el administrador; estamos ante la misma versatilidad de contabilidad. Conviene recalcar además que hay segmentos significativos de la actividad de este segundo conjunto de haciendas cañetanas de la orden camila que siguen siendo desconocidos para nosotros, al carecer de las fuentes idóneas para mostrar su evolución y comportamiento. Sin embargo, se puede decir, casi sin riesgo de error, que estamos ante el mismo modelo de actividad, con el mismo ritmo y calendario de funcionamiento, con la misma tecnología productiva y los mismos talleres de elaboración de panes de azúcar, el cultivo de cereales y alfalfa, el negocio ganadero, aunque —tal como lo veremos más adelante— esta hacienda de Casablanca-Cerro Azul parece proveerse en mayor cantidad de servicios exteriores que la primera. d) Los gastos en Casablanca-Cerro Azul, 1775-1798 Las informaciones disponibles en el libro cuarto de contabilidad nos han permitido calcular el gasto promedio mensual de Casablanca-Cerro Azul, solamente a partir de 1775 y no a partir del inicio de la administración de la hacienda por los religiosos de la Buenamuerte, como sí fue el caso para la anterior hacienda La Quebrada-El Chilcal. La serie aparece consignada en el anexo II.2.4 y se visualiza gracias al gráfico II.2.4. Se puede decir, en primer lugar, que los gastos de esta hacienda comparados con los de la primera, durante el mismo periodo, siguen un itinerario más o menos equivalente, con pocos años en los que se produzca un desfase considerable. Por otra parte, si se pueden establecer analogías entre la curva de este conjunto de tierras Casablanca-Cerro Azul con la curva correspondiente a la primera hacienda, es decir una global tendencia alcista de gastos que culmina en la primera mitad de los años 1780, con una reversión de tendencia luego, desde los primeros años 1790, es evidente que se manifiestan igualmente diferencias, con relativos picos alcistas en Casablanca-Cerro Azul, en momentos en que el declive es manifiesto para La Quebrada-El Chilcal, por ejemplo, en 1786 o en 1796. También en esta hacienda, dotada de esclavos y cuyo número se halla en aumento —como para La Quebrada—, se observa la importancia de los

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jornales de trabajo agrícola pagados a peones o a negros libres, aunque se noten diferencias respecto a la otra hacienda, por ejemplo desde el punto de vista del jornal individual abonado. Por otro lado, si Casablanca-Cerro Azul también parece practicar el negocio ganadero, sus gastos en esta rúbrica son menores que en La Quebrada-El Chilcal y aparecen más bien esporádicos. En cambio vemos aquí un peso relativo mayor de los gastos en aperos, herramientas y servicios agrícolas externos (jornadas de arado o de cosecha, por ejemplo). Es lo que sobresale del análisis de la contabilidad de esta segunda hacienda camila. Sabemos por referencias indirectas de las fuentes, aunque carezcamos de la información precisa, que uno de los primeros administradores de esta hacienda, antes de 1775, fue el religioso camilo Juan Bernardo de Lazarte, el mismo que —tal como ya lo vimos— durante su segunda administración en La Quebrada-El Chilcal (entre 1762 y 1770) dirigió el primer aumento tendencial de sus gastos. Durante 11 años —el más largo periodo de todos45—, entre 1775 y 1786, el administrador de la hacienda Casablanca-Cerro Azul fue el religioso crucífero Manuel de Aragón (futuro «padre superior» de la orden y el convento de Lima, tal como lo veremos en el tercer capítulo).Y fue una fase de alza importante de gastos. Las informaciones de su administración confirman que el promedio mensual de gastos efectuados en esta hacienda oscilaba, al final de los años 1770, entre 500 y 750 pesos —casi al mismo nivel que en La Quebrada-El Chilcal—, y que eran en ese entonces los gastos por alimentación y administración los más importantes de la hacienda Casablanca-Cerro Azul. Hacia 1786, cuando se terminaba la gestión de dicho administrador, los gastos promedio mensuales habían llegado a 1 280 pesos. Se registraron también durante dicha administración muchos trabajos para aumentar la superficie agrícola, mejorándola y podándola de huacas, canganas y aplanando irregularidades de terreno; igualmente trabajos para plantar o renovar olivares, para construir, mantener o renovar acequias, sangraderas y alcantarillados, para mejorar los trapiches de los talleres46, etc. Lo que conllevaba evidentemente un aumento de su potencial productivo de mediano plazo, como para el caso de La Quebrada. 45 Recordemos que, en teoría, el tiempo de administración de una hacienda para un gestionario designado era de dos años. 46 Aparecen referencias sobre la construcción en Cerro Azul de molinos para triturar y moler cereales, que como sabemos era una actividad que se hacía al exterior de la hacienda La Quebrada-El Chilcal y por la que había que efectuar desembolsos. Pero las fuentes consultadas no nos permiten confirmar si tales elementos fueron finalmente construidos.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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GRÁFICO II.2.4. HACIENDA CASABLANCA-CERRO AZUL. PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES, 1775-1798. EN PESOS DE 8 REALES 1400

1200

1000

800

600

400

200

17 75 17 76 17 77 17 78 17 79 17 80 17 81 17 82 17 83 17 84 17 85 17 86 17 87 17 88 17 89 17 90 17 91 17 92 17 93 17 94 17 95 17 96 17 97 17 98

0

Casablanca-Cerro Azul

Fuente: ACB, Libros de contabilidad. Libro cuarto.

Al iniciar el periodo observado, año de 1775, en Casablanca-Cerro Azul, los gastos en jornales agrícolas no sobrepasaban todavía 10% del total, como en la primera hacienda, aunque es preciso señalar que, contrariamente a La Quebrada-El Chilcal, ya se registraban en esta segunda hacienda algunos jornales agrícolas a 5 reales, o superiores a 4. También había entonces indios mitayos que llegaban para trabajar en algunas parcelas de Casablanca-Cerro Azul (Camino Nuevo o Puquio), cobrando 4 reales diarios, es decir más que en la otra hacienda47. Luego, conformemente avanzó 47 Lo que viene a reforzar nuestra prudencia respecto a los precios (entre ellos, el de la mano de obra agrícola), que pueden variar de un lugar a otro, por razones diversas. Con ello dejamos definitivamente de lado la idea de precios únicos o uniformes y tratamos, sobre todo, de observar las tendencias probables que puedan manifestarse. Por ejemplo, es interesante saber que el salario de un «casapaylero» de la hacienda, operario especializado del taller de cocción de jugo de azúcar, pasa de 300 pesos anuales, a mediados de los años 1770, a 400 pesos, en 1780.

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la gestión del administrador Aragón —especialmente a partir de 1771—, los gastos en jornales agrícolas libres se hicieron cada vez más importantes. Fue también una etapa en que la hacienda aumentó sus gastos de consumo y alimentación —y no solamente los de los religiosos residentes, sino también los de los esclavos—, y distribuyó limosnas a los pobres del valle y a gente de paso, fuera de las que normalmente otorgaba a los esclavos de la hacienda. Dentro de los productos combustibles para los talleres de cocción del jugo de azúcar figuraba la grasa de lobo marino48. Por otro lado, el carbón utilizado era de origen chinchano. En este periodo también se observaron gastos pagados por esta hacienda que correspondían a servicios prestados en La Quebrada-El Chilcal; y el mismo fenómeno se repitió en años ulteriores. Lo cual dificulta aún más la aproximación cuantitativa de cada una de ellas. Las alcabalas de ventas pagadas —probablemente por ganado o cereales vendidos—, por ejemplo en agosto de 1784, confirman que la hacienda efectuaba operaciones comerciales de envergadura, a pesar de que, como ya lo dijimos anteriormente, carecemos por el momento de indicaciones más precisas y contabilizables. Aunque en disminución respecto a los años anteriores, los gastos van a conservar una importancia relativa durante las dos siguientes administraciones, hasta 1790. Junto con los pagos a la mano de obra de jornaleros libres, se observa con mayor claridad durante esta etapa que la hacienda necesita alquilar jornadas de arado al exterior lo mismo que comprar instrumentos y aperos en cantidad, o hacer reparar los ya existentes. Una actividad que tal vez sea el signo de negocios conexos, relacionados con utensilios o artesanías rurales; por el momento lo ignoramos. En el curso de la administración del religioso camilo Antonio Virto (entre 1787 y 1790), con asientos contables más bien detallados, se registran también gastos cuyo objetivo es claramente mejorar el funcionamiento de los trapiches, incluso modernizándolos y aumentando su rendimiento —es decir, con el fin de aumentar el número diario de paylas de caña trituradas—, gracias a la contratación del trabajo de artesanos y herreros especializados. Luego, el primer lustro de los años 1790, bajo diversas administraciones, ya es un momento de austeridad con una contabilidad que recoge pocos detalles y que se vuelve bastante confusa y hermética. Aparecen algunas 48 Los cazaban o pescaban los indios, quienes los traían a la hacienda desde la costa, generalmente desde Cerro Azul. Se les remuneraban 5 reales por jornada de ocupación. Para una presentación de la actividad pesquera en la costa central, especialmente en las playas cañetanas, Flores Galindo, 1981.

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referencias sobre compras de esclavos, pagadas directamente por la hacienda. En principio la adquisición de esclavos para las haciendas estaba centralizada en Lima y eran los prelados (y en particular el procurador del convento) quienes efectuaban los desembolsos. La compra de ganado, especialmente de carneros, también es notable; en particular en 1796. El anexo II.2.5, elaborado a partir de las informaciones mensuales y anuales de los gastos de Casablanca-Cerro Azul, recogidas del libro cuarto de contabilidad entre 1775 y 1798, aparece visualizado en el gráfico II.2.5. Aparte de los desembolsos totales se presentan también los gastos en jornales agrícolas y en aperos, instrumentos y servicios exteriores. No siempre fueron los más importantes pero, como en el caso de La Quebrada-El Chilcal, se puede hablar de regularidad y persistencia, incluso en los momentos en que también se había decretado la austeridad en esta hacienda. Luego de haber sobrepasado 12% a mediados de los años 1790, los gastos por prestaciones externas e instrumentos y aperos cayeron a 5% al final de la década. Salvo excepción, los jornales agrícolas oscilaron entre 15-25% durante todo el periodo considerado, y lograron mantener un porcentaje relativamente elevado incluso en la segunda mitad de los años 1790. Esto permite reafirmar con certeza que Casablanca-Cerro Azul también era entonces (como su hermana La Quebrada-El Chilcal), una hacienda que requería, casi como necesidad incompresible, la fuerza de trabajo de peones asalariados, además de la compra de servicios exteriores. Los gastos por compra de cereales o ganado aparecen aquí más bien puntualmente, a pesar de representar numerosas fanegas de granos o varios cientos o hasta miles de cabezas de ganado (por ejemplo, en abril de 1796). Existen también otros tipos de gastos puntuales y sin regularidad, algunos de ellos considerables y hasta cierto punto inexplicables desde el punto de vista estrictamente productivo (carbón, en julio de 1783 y en la segunda mitad de 1790; cobre, procedente de Ica, en septiembre de 1785; semillas, en varias ocasiones entre 1782 y 1785, etc.). Con lo que se puede afirmar que hay importantes factores que vienen a «perturbar» la evolución de la curva que se extrae de los datos acumulados y a dificultar la determinación de tendencias relativamente claras. Y probablemente también, cabe sospechar que se produce la intervención de los religiosos camilos de Cañete en negocios específicos —no sabemos si alejados de los rubros agrícolas de su actividad—, que por el momento nos es imposible identificar con precisión.

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GRÁFICO II.2.5. HACIENDA CASABLANCA-CERRO AZUL. GASTOS ANUALES, 1775-1798. EN PESOS DE 8 REALES Y EN PORCENTAJES 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

17 75

(0 3-

12 ) 17 76 17 77 17 78 17 79 17 80 17 81 17 82 17 83 17 84 17 85 17 87 17 8 (7 6 m ese s) 17 88 17 89 17 90 17 91 17 92 17 93 17 94 17 95 17 96 17 1 98 79 (0 7 109 )

0

Gastos totales

Gastos en salarios

Gastos en aperos y servicios

Fuente: ACB, Libros de contabilidad. Libro cuarto.

e) Los gastos en ambas haciendas, 1801-1803 El libro cuarto de contabilidad reanuda entre junio de 1801 y febrero de 1803, por un corto lapso de tiempo, el registro mensual de gastos, en conjunto para las dos haciendas. El anexo II.2.6 permite reconstituir la serie y el gráfico II.2.6 la visualiza. Las macrotendencias descritas hasta ahora para los dos conjuntos de haciendas no parecen alterarse durante este corto periodo, con un mantenimiento de los gastos en jornales agrícolas y prestaciones exteriores (lo que denota su necesidad inevitable) y con unos gastos claramente irregulares en la compra de ganado —que frecuentemente signan el ritmo de la curva general de los gastos. Por otro lado vale la pena señalar que la austeridad del segundo lustro de 1790 parece haber dejado paso, a comienzos del siglo XIX, a una nueva

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alza de gastos. Las sumas desembolsadas mensualmente por las dos haciendas, con algunos puntos particularmente elevados (diciembre de 1801 —3 552 pesos—, febrero, agosto y noviembre de 1802 —2 853, 2 364 y 3 122 pesos respectivamente—, enero de 1803 —2 459 pesos—) se acercan —e incluso superan— a los montos registrados en los periodos de alza de gastos para cada una de las haciendas que ya hemos analizado49 (es decir, los años 17811783, 1786, e incluso 1790). Lamentablemente, los registros contables se detienen aquí e impiden verificar si se trata de un nuevo ciclo alcista de gastos, y si se puede determinar su duración. GRÁFICO II.2.6. HACIENDAS LA QUEBRADA-EL CHILCAL Y CASABLANCACERRO AZUL, GASTOS MENSUALES, 1801-1803. EN PESOS DE 8 REALES 4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

ju n

io 1 ju 801 lio ag 180 se osto 1 pt 1 ie m 801 br e oc t 180 no ubre 1 vie 1 m 801 di bre cie 1 m 801 br e1 8 en er 01 o feb 18 0 re ro 2 m 180 ar zo 2 1 ab 802 ril 1 8 m ay 02 o 18 ju ni 0 2 o 1 ju 802 lio ag 180 se osto 2 pt 1 ie m 802 br e oc 18 t 0 no ubre 2 vie 1 m 802 di bre cie 1 m 802 br e1 8 en er 02 o feb 18 0 re ro 3 18 03

0

Gastos totales

Gastos en salarios

Gastos en instrumentos y servicios

Gastos en ganado

Fuente: ACB, Libros de contabilidad. Libro cuarto. 49

Ver respectivamente los anexos II.2.2 y II.2.4. Entre 1781 y 1783, los gastos mensuales para las dos haciendas oscilaban entre 2 300 y 2 800 pesos; en 1786, alcanzaron 2 085 pesos; en 1790, representaron 2 029 pesos. Somos conscientes empero de que se trata en este caso de promedios de gastos mensuales por año, mientras que en el anexo II.2.6 se trata de gastos mensuales efectivos.

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Registro mensual de gastos en Casablanca, agosto de 1788

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2) La actividad productiva de las haciendas, 1775-1821 En los momentos más agudos del conflicto en el seno de la orden de los crucíferos —el que ya hemos evocado someramente y sobre el que regresaremos ampliamente en el tercer capítulo—, las autoridades del virreinato peruano, a través de la Audiencia Real de Lima, ordenaron un examen de las cuentas de la Buenamuerte, para el cual designaron a un contador especializado en este tipo de pesquisas, don Joaquín Bonet. Algunos elementos de dicha auditoría —sobre la que también volveremos más adelante—, que cubre todo el periodo 1775-1792, es decir 17 años, nos permiten echar más luces sobre el funcionamiento económico de las haciendas de Cañete50 de los religiosos camilos y plantear otras interrogantes y problemáticas relativas a la práctica productiva de la orden. Antes de ello, vale la pena recordar algunas de las conclusiones del contador con respecto a la manera de llevar las cuentas por parte de la Buenamuerte, tanto en Cañete como en Lima. No mencionaremos las que coinciden con nuestras apreciaciones y reservas ya expresadas —extraídas y formuladas a partir de los cálculos y estimaciones sobre los libros de contabilidad revisados en el archivo del convento. Solo pondremos de relieve las que el propio manejo de la auditoría pudo en ese entonces revelarle al contador de la Audiencia. La manera desorganizada de llevar los registros, según el contador Bonet, hacía que los resultados a los que se podía llegar solo deberían tener valor indicativo. Los superávits que los administradores de las haciendas o los procuradores de la orden decían transmitir a sus sucesores eran puramente ficticios («metafísicos», dice el contador, no sin cierta ironía), carentes de correspondencia con el dinero que dejaban ellos efectivamente en caja (cuando dejaban alguno). El registro de las ventas de azúcar era imperfecto e incompleto; no se sabía efectivamente a quién se le vendía, ni cuánto de manera precisa, ni a qué precio se concertaban las operaciones. No existía un inventario regular ni pormenorizado de las deudas, ni activas ni pasivas, ni de su cobro o pago —o de las compensaciones a que habían dado lugar— y lo esencial de 50 Hemos consultado la copia efectuada en 1801 del conjunto del expediente disponible en el Archivo Arzobispal de Lima. Se trata de la auditoría de las cuentas y libros de la Buenamuerte, de la administración de sus «temporalidades», realizada por el Contador de la Audiencia Real de Lima, don Joaquín Bonet, y presentada el 18/05/1793. Nos hemos permitido introducir correcciones aritméticas en algunas adiciones y sustracciones, las que no obstante no modifican esencialmente las conclusiones que el contador Bonet extrae de su análisis. AAL-OCNSB, legajo V: 2.

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tales obligaciones se manejaba informalmente, en la cabeza de los «hermanos azucareros», o del procurador de la orden. Como lo que también ocurría con la mayoría de las otras cuentas, agregaba Bonet. Los registros mostraban borrones, manchas y rayaduras, incluso después de haber sido aprobadas las cuentas por los prelados de Lima, y ello independientemente del grupo o fracción dirigente de las temporalidades de la Buenamuerte, cada cual pudiendo presentar a su antojo informes cifrados sin ninguna validez práctica. El contador Joaquín Bonet no deseaba, en principio, favorecer a un clan con respecto al otro. Su propósito inicial fue iniciar el trabajo de auditoría con las cuentas registradas desde 1765, en momentos en que ya existían, según él, déficits importantes. Pero tuvo que conformarse con iniciar su inspección a partir de los registros del año 1775, al haberse extraviado los libros de cuentas anteriores, según le explicaron las autoridades de la orden. Ahora bien, volviendo al contenido mismo del informe del contador Bonet para lo que nos interesa en este acápite (dejando otros elementos para capítulos ulteriores de este libro), se pueden extraer algunos elementos importantes sobre la producción de las haciendas. Salvo excepción, los ingresos anuales procedentes del negocio del azúcar sobrepasan los gastos efectuados para habilitar las haciendas51. La coyuntura 1783-1784 parece haber sido particularmente difícil, con una disminución de los ingresos procedentes del comercio azucarero; lo mismo se puede afirmar del inicio de los años 1790.Y ello, contrariamente a lo que se observa para la segunda mitad de los años 1780. Es lo que aparece en el anexo II.2.7 y que se visualiza enseguida, en el gráfico II.2.7.

51

Ibidem.

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GRÁFICO II.2.7. INGRESOS DEL AZÚCAR Y GASTOS PARA HABILITAR LAS HACIENDAS DE CAÑETE, 1775-1792. EN PESOS DE 8 REALES 120000

100000

80000

60000

40000

20000

05 /7 505 04/ 7 /7 6- 6 05 04/ 7 /7 7- 7 05 04/ 7 /7 8- 8 05 04/ 7 /7 9- 9 05 04/ 8 /8 0- 0 05 04/ 8 /8 1- 1 05 04/ 8 /8 2- 2 05 04/ 8 /8 3- 3 05 04/ 8 /8 4- 4 05 04/ 8 /8 5- 5 05 04/ 8 /8 6- 6 05 04/ 8 /8 7- 7 05 04/ 8 /8 8- 8 05 04/ 8 /8 9- 9 05 04/ 9 /9 0- 0 05 04/ 9 /9 1- 1 04 /9 2

0

Ingresos del azúcar

Gastos para habilitar las haciendas

Fuente: AAL-OCNSB, legajo,V: 2.

Con excepción del año contable 05-1783/05-1784 (cabría hablar en realidad de una coyuntura de venta desfavorable, entre 1782-1784), en que se produce una caída significativa de los ingresos de la venta de azúcar —en que se igualan prácticamente los ingresos obtenidos con los gastos efectuados para habilitar las haciendas—, las informaciones disponibles tenderían a indicarnos que, entre 1775 y 1792, los ingresos de la actividad azucarera habían sido globalmente excedentarios con respecto a las sumas de dinero que se inyectaban anual y regularmente en las haciendas para habilitar la producción; especialmente durante la segunda mitad de los años 1780. Si la rúbrica «venta de azúcar» puede a simple vista parecer relativamente precisa, desconocemos sin embargo su composición exacta. Esto es, si se incluyen en ella solamente las ventas hechas desde Lima, si también se consideran las ventas efectuadas localmente en las mismas haciendas y si se toman en cuenta las exportaciones hacia el Reino de Chile que, como luego veremos, efectuaba la Buenamuerte. Por otro lado, la rúbrica «habilitación de las haciendas» es aún más difícil de considerar ya que con seguridad no incluía solamente los montos de

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dinero destinados exclusivamente al azúcar y es imposible exigir a los datos registrados tal género de precisión. El total de excedentes acumulados —a lo largo del periodo de la auditoría de Bonet— sería de 736 943 pesos, con un promedio anual de 43 349 pesos52. Tales indicaciones suscitan sin embargo diversas interrogantes. En primer lugar, las sumas consideradas como gastos para habilitar las haciendas son bastante más importantes que los gastos efectivos de ambas haciendas, tal como aparecen registrados en los libros de contabilidad locales (y que están consignados en los anexos II.2.3 y II.2.5)53. A pesar de haber sido calculados de forma diferente —los primeros, de mayo del año precedente a abril del año siguiente, los segundos con base al año calendario—, la diferencia es notable, sobrepasando generalmente los 10 000 pesos, a veces los 20 000 pesos —e incluso más. Para decirlo en otras palabras: lo que en Lima se declaraba como monto de dinero para la «habilitación de las haciendas» sería ampliamente superior a lo que se gastaba local y efectivamente en las haciendas54. Pero es muy probable que se incluyan en el primer monto los gastos para la compra de esclavos, pagados en Lima, o tal vez otras mejoras en el potencial productivo de las haciendas —o el financiamiento de actividades que nos son por el momento desconocidas—. Sin embargo, ello significaría que entre 1781 y 1792 se habría producido un aumento anual considerable de la masa de 52 Nuestros cálculos se diferencian ligeramente de los del contador Bonet, para quien el excedente acumulado es de 728 468 pesos, durante todo el periodo considerado, con un promedio de 42 435 pesos por año. Este insiste sin embargo en el carácter meramente indicativo de dicho resultado. 53 Evaluados a partir de los libros de contabilidad ya mencionados, los gastos de ambos conjuntos de haciendas, para el periodo 1781-1792 (años sobre los que podemos pronunciarnos) son respectivamente: 1781: 27 534 pesos; 1782: 33 326 pesos; 1783: 31 049 pesos; 1784: 18 283 pesos; 1785: 20 558 pesos; 1786: 25 000 pesos; 1787: 14 547 pesos (para 7 meses); 1788: 22 579 pesos; 1789: 20 320 pesos; 1790: 17 017 pesos; 1791: 8 358 pesos; 1792: 13 217 pesos. 54 El dinero remitido por el convento de Lima a las haciendas de Cañete era entregado indirectamente, pues sabemos que los prelados limeños solicitaban a hacendados, comerciantes, religiosos o muleteros del valle —con quienes tenían relaciones— que entregaran o avanzaran a los administradores de las haciendas las sumas de dinero correspondientes, las mismas que les eran reembolsadas o compensadas más tarde en Lima por las autoridades de la orden. Algunas sumas tenían un destino preciso, por ejemplo, el pago de carneros o de cereales comprados. ACB, Libros de Contabilidad. Libro tercero. Resulta revelador que al respecto no haya habido con ellos conflicto visible por reeembolsos de dinero avanzado y no compensado. A no ser que sea otra de las limitaciones de las informaciones de los libros de contabilidad o de los archivos.

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esclavos (la «gente») en las haciendas de Cañete55. En todo caso resulta difícil saberlo cabalmente con las informaciones disponibles. Otro elemento que plantea interrogantes es el relativo a la ausencia en las cuentas presentadas de los excedentes procedentes del negocio ganadero, o aquellos relativos a la venta de cereales o alfalfa, actividades a las que también se dedicaba la Buenamuerte en el entorno de sus dos haciendas cañetanas (sin tomar en cuenta los negocios puntuales a que ya nos hemos referido). Sabiendo además, como ya lo hemos observado, que los gastos locales de las haciendas incluían los efectuados para financiar tales actividades y que dicho dinero no podía provenir sino de las sumas destinadas a la habilitación de las haciendas. La persistencia ya señalada de la Buenamuerte en este género de comercio, detectada en la documentación disponible por lo menos hasta inicios del siglo XIX, es seguramente un índice de su rentabilidad, pero al respecto carecemos de indicadores más precisos; en particular, sobre el destino reservado a tales beneficios. Por otra parte, tampoco contamos desafortunadamente con informaciones continuas y series detalladas sobre las cantidades de azúcar producidas en las haciendas. El contador Joaquín Bonet ya se lamentaba, en los momentos de su auditoría (1792), de este déficit de información. Sobre todo porque las cuestiones relativas al dinamismo de la producción y las de la administración eficiente (o no) de las haciendas se situaban, en ese momento preciso, en el centro de la polémica desencadenada por los dos grupos en conflicto en el seno de la orden. Su informe reconoce que la segunda mitad de los años 1780 es más bien próspera, desde el punto de vista de las ventas de azúcar, pero también señala que los años 1780 en su conjunto han sido años de aumento de las sumas de dinero destinadas a la habilitación de las haciendas. Si el contador Bonet rechaza la idea avanzada por uno de los grupos en conflicto, según la cual entre 1779 y 1787 el aumento de la producción total de las haciendas habría sido de más de 10 mil arrobas anuales, gracias a la dirección de los prelados de la orden56, sobresale sin embargo en su informe la idea de un aumento sensible en el movimiento productivo general de la hacienda. No obstante, puede 55 Calculados a un precio de 400 pesos, en promedio, si se siguen esas indicaciones —y si se asume que dichos gastos se consagraban sobre todo a la adquisición de esclavos—, habría habido entre 30 y 50 «piezas» anualmente incorporadas a las haciendas de Cañete. Y entre 300 y 500 durante toda la década de los años 1780. Lo que puede parecer exagerado, sabiendo por otra parte que las haciendas de la Buenamuerte pagaban localmente, durante la misma época, crecientes jornales agrícolas a peones libres. 56 Las equivalencias españolas (castellanas) señalan que 1 arroba @ = 11,5 kg y 1 libra = 0,48 kg, para una arroba que consta de 24 libras. Un aumento de la producción

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decirse que, al no presentarse las informaciones que pudiesen probarlo, resulta imposible confirmar o negar dicho aumento. El contador Bonet explica con bastante lucidez que la evolución de la agricultura y de los volúmenes de producción no depende necesariamente de la voluntad de los equipos dirigentes. Contamos para los años 1790 con los informes de los administradores religiosos de las haciendas57. Si tomamos en cuenta dichas informaciones, que aparecen sintetizadas en el anexo II.2.8 y visualizadas en el gráfico II.2.8, se puede afirmar que la producción azucarera siguió aumentado en las haciendas cañetanas de la Buenamuerte, durante la última década del siglo XVIII, a pesar de que disminuyeran relativamente los gastos efectuados anualmente en cada una de ellas para habilitarlas. Es posible imaginar que los gastos anteriores en mejoras y aumento del potencial productivo —a los que ya nos hemos referido— hayan tenido repercusión favorable y permitan explicar esta tendencia progresiva, situándonos en el mediano plazo. GRÁFICO II.2.8. HACIENDAS DE CAÑETE. LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1791-1800. EN ARROBAS 40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0 1791-1792 1792-1793 1793-1794 1794-1795 1795-1796 1796-1797 1797-1798 1798-1799 1799-1800 Producción

Fuente: AAL-OCNSB, legajo,V: 2. de más de diez mil arrobas equivaldría entonces a más de 115 000 kilogramos en «panes de azúcar» suplementarios anuales, durante toda una década. 57 AAL-OCNSB, legajo IV: 2.

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Tampoco resulta exagerado afirmar que la mejora de la producción y la introducción de procedimientos técnicos de renovación hayan estado presentes dentro de los objetivos de los administradores de las haciendas, en el último tercio del siglo XVIII. Pero las informaciones al respecto, disponibles en los archivos, aparecen también teñidas por el conflicto interno de la Buenamuerte —sobre el que hablaremos más adelante, en el próximo capítulo— e impiden extraer una idea certera sobre la cuestión. Uno de los momentos en que dicha voluntad de introducir mejoras técnicas se manifiesta con bastante claridad, podría situarse a fines de los años 1780 (ya lo señalamos anteriormente), que fue también uno de los momentos en que las oposiciones en el seno de la orden se agudizaron particularmente. La modernización de los ingenios de Casablanca-Cerro Azul, entre 1789 y 1790, iniciada por uno de los grupos o «partidos» en disputa, fue puesta en tela de juicio por el otro «partido», apenas se produjo el cambio de gobierno económico de las temporalidades de la orden crucífera58. Los nuevos ingenios construidos por el carpintero José Valladares, a pesar de contar con testimonios favorables a su introducción, ahorrando tiempo, aumentando el volumen del jugo de azúcar extraído de la caña y disminuyendo la cantidad de agua necesaria para hacer mover la ruedas del molino, se enfrentaron con otros testimonios, contradictorios estos, opuestos a su eficacia y condujeron a su total destrucción y a su reconstrucción ulterior, abriendo paso a un largo juicio de indemnización con el artesano59 (y con sus familiares). Sin embargo, la producción siguió progresando a lo largo de la última década tal como lo hemos indicado anteriormente. Por otra parte, las informaciones sobre las cantidades de azúcar recibidas en el convento de Lima, procedentes de las haciendas azucareras de Cañete —entre una y cuatro cargas mensuales—, pueden ser consideradas como una medida indirecta de la evolución de la producción. Las hemos recogido del Libro sexto de contabilidad60 y aparecen en el anexo II.2.9, siendo visualizadas en el gráfico II.2.9. Lo interesante de esta serie es que comprende 58

AAL-OCNSB, legajos II: 12; III: 17, 18; IV: 2;VI: 5. ACB, documentos núm. 1234,

1919. 59 Este último se consideró a sí mismo como víctima indirecta del conflicto que se producía en el seno de la Buenamuerte. 60 ACB, Libros de Contabilidad. Libro sexto. Año 1794. Cuaderno que contiene la remesa de las azúcar de las haciendas del valle de Cañete de esta Casa Matriz, hasta julio del 1816. Formado por el procurador Francisco Romero... 62 fols., r/v. Las cifras de producción no coinciden, entre 1794 y 1800, con las cifras de producción recibidas en Lima. Seguramente por dos razones: en primer lugar porque las primeras son calculadas de mayo del año

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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más de 20 años y que iniciándose en 1794, se prolonga hasta 1816, ya en plena tensión militar interna, con rutas inseguras, peligros de asaltos contra los muleteros, montoneras de indios y mestizos en las afueras de Lima, rumores de sublevación de esclavos y a la víspera del combate final entre las fuerzas realistas españoles y las independentistas. Con excepción del año de 1794 —y de 1816, con cifras que van solo hasta julio de dicho año—, la cantidad de azúcar recibida en el convento de Lima (de la que se excluyen las ventas efectuadas localmente y otras cantidades de producto que se quedan en el mismo Cañete) se mantiene en niveles promedios y hasta supera las tendencias mostradas por las cifras de producción de la última década del siglo XVIII. Parece ser, por otra parte, que la cifra de 35 000 arrobas anuales será utilizada normalmente por los procuradores de las haciendas en sus informes para hablar de la producción promedio. Y ello desde finales de la primera década del siglo XIX hasta promediar la segunda61. Si nos fiamos a dichos informes, se puede deducir que la capacidad productiva de las haciendas se incrementó en aquellos momentos, en particular en Casablanca-Cerro Azul62. El anexo de Cerro Azul habría cobrado una importancia propia —multiplicando por dos su superficie agrícola utilizable— gracias a las mejoras y los trabajos introducidos, tanto en lo relativo al aumento del número de esclavos y aperos de labranza como en lo relacionado con la ampliación de la superficie agrícola explotable (derrumbe de huacas, limpieza de monte, arranque de plantas antiguas, canalización y desagüe de puquiales). Dichas mejoras serían visibles al mismo tiempo para la producción de azúcar como para la siembra de alfalfa (utilizada para el «trajín»), maíz y trigo, entre otros. Con el consiguiente aumento del ganado residente.

anterior a abril del año siguiente y las segundas corresponden al año calendario. En segundo lugar, porque no todo el azúcar producido en Cañete era remitido a Lima. 61 AAL-OCNSB, legajo VIII: 11. Es, por ejemplo, la cifra del volumen de producción que utiliza el camilo José Llanos, administrador de las haciendas de Cañete, en 1814, para calcular el beneficio no obtenido por causa de la baja de los precios de venta. 62 Dichas haciendas cañetanas de la Buenamuerte se encontrarían en «su mejor época», según el informe del administrador crucífero José Llanos. AAL-OCNSB, legajo VIII: 11.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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GRÁFICO II.2.9.VOLÚMENES DE AZÚCAR RECIBIDOS LIMA, 1794-1816, EN ARROBAS

EN EL CONVENTO DE 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

17 94 17 95 17 96 17 97 17 98 17 99 18 00 18 01 18 02 18 03 18 04 18 05 18 06 18 07 18 08 18 09 18 10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16

0

La Quebrada

Casablanca

Peso total

Fuente: ACB, Libros de Contabilidad. Libro sexto.

Así, las haciendas de la Buenamuerte estarían confirmando su dinamismo anterior y parecerían desmentir de forma clara las hipótesis que defienden la idea de una crisis general en la agricultura limeña, desde fines del siglo XVIII hasta la víspera de la declaración de la independencia, en 1821. Aunque también convenga en este caso evitar la generalización apresurada63. En todo caso, la cuestión tendría que volverse a plantear, gracias al estudio de casos concretos y el aporte de nuevas evidencias empíricas. 63 El asunto es polémico y la historiografía al respecto —frecuentemente comparando el contraste que se habría manifestado entre la crisis peruana y el auge novohispano—, sugiere que existen diferencias regionales e incluso al interior de cada espacio local productivo y mercantil. Lo que recuerda la dificultad de considerar espacios nacionales en épocas en que predominan los universos fragmentados de la región. La cuestión ha sido examinada en diferentes trabajos anteriores al nuestro.Ver, entre otros, para los enfoques más antiguos, Febres Villarroel, 1964; Anna, 1974, 2003 (especialmente el primer capítulo, pp. 23-53); Burga y Flores Galindo, 1975; Haitin, 1985; Jacobsen y Puhle, 1986; Flores Galindo, 1991 (especialmente el capítulo II: pp. 29-46). Ver también las aproximaciones más recientes de la cuestión, en Coatsworth y Newland, 2000; Newland, 2002, Contreras, 2014.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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Hemos podido verificar dicho comportamiento, de por lo menos mantenimiento del volumen de producción, para la hacienda La Quebrada-El Chilcal, hasta 1821 —año en que se proclama la separación e independencia respecto a la metrópoli española—, gracias a las informaciones recogidas del Libro quinto de contabilidad64. Aunque las cifras carezcan de uniformidad, ha sido posible componer una serie indicadora de la producción en dicha hacienda de panes de azúcar para casi toda la década. Es lo que se presenta en el gráfico siguiente, a partir de las informaciones consignadas en el anexo II.2.10. GRÁFICO II.2.10. PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL DE LA QUEBRADA, 1812-1821. EN PANES DE AZÚCAR 800 700 600 500 400 300 200 100

(9 ) 21 18 20 -1 8

20

(9 )

(8 ) 18 19 -1 8

19 18 18 -1 8

18

(1 1)

(1 0) 18 17 -1 8

17 18 16 -1 8

16

(1 2)

(1 1) 18 15 -1 8

15

(1 2) 18 14 -1 8

14 18 13 -1 8

18 12 -1 8

13

(7 )

0

Producción promedio mensual, en panes

Fuente: ACB. Libros de Contabilidad. Libro quinto.

Aunque el número de meses considerado para establecer cada promedio mensual no sea el mismo, tal como se precisa en el anexo II.2.10, se pueden efectuar algunas constataciones. En primer lugar, el hecho de que no se 64

ACB. Libros de Contabilidad. Libro quinto. Libro de templas de azúcar de la hacienda de La Quebrada. Año de 1812 a 1821... 48 fols., r/v.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

puede hablar, para la segunda década del siglo XIX —esto es, para el periodo inmediatamente anterior a la declaración de independencia— de declive productivo en dicha hacienda. La caída del promedio de panes elaborados solo parece ser efectiva para el año 1821, habiendo sido precedida en cambio por dos años con producción considerable. Sabiendo, en segundo lugar, gracias a las informaciones consignadas en este quinto libro de contabilidad, que la orden de la Buenamuerte prosiguió mandando sus productos desde Cañete hasta el convento de Lima (7 364 panes de azúcar, recibidos en Lima, entre mayo de 1820 y abril de 1821); al mismo tiempo que quedaban todavía más de 4 000 panes de azúcar en la propia Hacienda, producto de unas existencias acumuladas por lo menos desde 181765. 3) Las ventas del azúcar de Cañete y la coyuntura comercial, 1751-1814 La informaciones concretas y consecutivas respecto a las ventas del azúcar, tanto en Lima como en Cañete (o en otros mercados) son escasas. Fuera de los datos generales consignados en la auditoría del contador Bonet (ver anexo y gráfico II.2.7) solo contamos con detalles indirectos y aislados de dichas ventas. Gracias a tales indicaciones sabemos que si la Buenamuerte centralizaba la organización de sus operaciones a partir del convento de Lima, había igualmente ventas locales, en el entorno de Cañete, y que también había exportaciones de azúcar hacia el Reino de Chile (y probablemente hacia algunas provincias del Río de la Plata), seguramente embarcadas directamente desde la caleta de Cerro Azul hasta Valparaíso. Se habla incluso, en alguna referencia, de un barco de la Buenamuerte, especialmente consagrado a efectuar dicha operación, pero no tenemos informaciones precisas al respecto. No sabemos todavía si las mencionadas exportaciones fueron iniciadas por los religiosos crucíferos, luego de adquirir la hacienda La Quebrada (es decir, San Juan de Capistrano), al inicio de los años 1740, o si ya las realizaban sus antiguos propietarios, habiendo recuperado la orden crucífera los centros de venta 65 ACB. Libros de Contabilidad. Libro quinto. Libro de templas de azúcar de la hacienda de La Quebrada. Año de 1812 a 1821... 48 fols., r/v. En dicho libro de contabilidad también se consignan, por primera vez, los importes de las ventas locales de subproductos del azúcar (chancacas, alfeñiques, porrones de jugo de azúcar). Aunque se trata de informaciones que no podemos explotar por su irregularidad y carácter incompleto. Cabe suponer, de otro lado, que se trata al mismo tiempo de ventas estimuladas por la certeza de saberse a la víspera de cambios importantes.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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aprovisionados con anterioridad. También ignoramos si había determinada periodicidad para los envíos de azúcar hacia Chile o si se efectuaban puntualmente, en función de pedidos más o menos irregulares. En lo que respecta a las ventas limeñas de azúcar, el séptimo libro de contabilidad, que hemos examinado en el archivo del convento, resume para un periodo muy corto las ventas de panes de azúcar efectuadas mensualmente en Lima por el convento de la Buenamuerte66. La contabilidad no discrimina claramente los géneros de azúcar vendidos ni hace referencia a los productos o subproductos derivados; lo que confirma la opinión ya reseñada del contador Bonet de la Audiencia Real de Lima. Los dos años completos para los que podemos establecer cifras comparables, 1787 y 1788, representan respectivamente ventas de 18 514 y 15 447 panes de azúcar. Cada pan de azúcar, según les estimaciones efectuadas gracias a dicho libro de contabilidad (y a las referencias consignadas en otros libros contables), pesa entre 45 y 52 libras, es decir alrededor de 2 arrobas cada uno. Lo que nos llevaría a volúmenes de venta de 37 mil y 31 mil arrobas de ventas respectivamente, para los dos años señalados. Es decir, un volumen de ventas significativo, con respecto a la producción anual, a pesar de que no contamos con estimaciones de la producción de las haciendas de Cañete para dichos dos años. Aunque ya sabemos por referencias que los años 1780 —y en particular su segunda parte—, corresponden a una década en la que aumenta presumiblemente la actividad productiva de la Buenamuerte67. Estas informaciones parecen revelarnos que el convento limeño de la orden era al mismo tiempo un gran centro de distribución de la producción azucarera y que el mercado de la capital del virreinato era el más importante para dicha actividad. Por las referencias obtenidas gracias al mencionado libro de contabilidad se deduce que la Buenamuerte podía expender al por mayor y al por menor, incluso fraccionando o desmenuzando los panes de azúcar, cuando estos no lo habían sido por las dificultades del viaje desde el valle de Cañete —especialmente el cruce del río Mala. Los precios practicados durante el corto periodo de tiempo bajo revisión parecen indicar una tendencia más bien 66

ACB. Libros de Contabilidad. Libro séptimo. Cuaderno que contiene el Romaneaje de la azúcar que distribuese, que concluye en febrero de 1789..., 166 fols., r/v. como ya lo señalamos este séptimo libro cubre el periodo 11/1785 - 02/1789. 67 Ver también anexo y gráfico II.2.7, los altos ingresos producidos por las ventas de azúcar entre 1785 y 1789.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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alcista. Se pasa de un precio de 24 reales por arroba (con un precio promedio de 1 real por libra), hacia 1785, a un precio que sube hasta 30 reales en 1789. Aunque desconocemos sus orígenes o causas, sabemos que se trata solo de un alza coyuntural —ver más adelante— de la que seguramente sacó provecho la orden para aumentar sus ingresos. A pesar de que se registran frecuentes variaciones, no parece haber en esta pequeña coyuntura comercial ni disminución ni aumento de precio —o si se prefiere, una política de discriminación de precios—, que sería dependiente de la cantidad vendida o de la naturaleza del comprador. No parece producirse un tratamiento especial respecto a los compradores eclesiásticos que adquieren el azúcar de la Buenamuerte y se constata que la orden puede vender azúcar a un mismo comprador a precios diferentes, entre cortos periodos de tiempo, tal vez en función de la calidad del producto (o si se trata de un derivado); lo que no obstante no aparece en los registros de contabilidad. Algunos religiosos de la orden de los crucíferos, a título personal, forman parte de los compradores de azúcar, con lo que se puede deducir la presencia de circuitos comerciales individuales y paralelos, en una especie de microcomercio, probablemente relacionados también con los esclavos con que contaba la orden en Lima. Las informaciones al respecto son escasas pero existen efectivamente. La Buenamuerte, o algunos de sus miembros, parece haber participado en pequeñas redes y circuitos locales e informales de venta de varios tipos de géneros (animales domésticos, mulas y caballos, alfeñiques de azúcar, productos alimenticios, etc.) e incluso de pequeño endeudamiento, en los que participaban esclavos suyos y negros libres. Tales evidencias aparecen con precisión, cuando hay juicios y procesos por razones diversas68. Dentro de los compradores se pueden citar a determinados comerciantes limeños, a algunas autoridades de la Audiencia Real, a prelados y superiores de las órdenes religiosas limeñas, pero también se pueden detectar tiendas, chocolaterías, panaderías y pastelerías, farmacias, pulperías, lo mismo que salones y cafés limeños de ese entonces (El Café de las Animas, el Café de Bodegones, el Café de Santo Domingo, el Café de San Agustín, entre otros). Tal situación coyuntural favorable para el mercado del azúcar parece modificarse durablemente al llegar los años 1790. Es lo que se desprende de las referencias obtenidas gracias a la documentación de los archivos, en particular aquella relativa a reclamaciones de los acreedores de la Buenamuerte69. Si esta 68 69

AAL-OCNSB, legajo I: 12. AAL-OCNSB, legajo III: 2.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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no está en condiciones de satisfacer el pago de sus réditos y deudas, explica en 1792 el camilo Santiago González, procurador de la orden, es porque falta numerario en Lima y porque el comercio azucarero atraviesa por un periodo difícil. Existe en aquellos momentos, según dicha fuente, una sobreacumulación de existencias azucareras provocada principalmente por la baja de las exportaciones al Reino de Chile, que afecta no solo a la orden sino también a los otros productores y exportadores limeños70. Desde hacía varios años, los mercados chilenos y platenses del azúcar, a los que se dirigían los exportadores limeños, parecen ser objeto de una fuerte competencia ejercida por los azúcares procedentes de Nueva España (desde Acapulco) y de Cuba71. El procurador camilo Santiago González afirma haber sido designado por los hacendados azucareros de Lima para representarlos y dirigir una instancia al Gobierno del virreinato peruano contra la importaciones novohispanas y cubanas72. El precio de venta del azúcar, que llegó a alcanzar 30 reales la arroba en 1789, según los registros examinados, se estaría cotizando en Lima, en 1792, entre 21 y 23 reales. Según el procurador de la orden, el religioso camilo Santiago González, la orden de la Buenamuerte se estaría basando en tales precios para pagar con panes de azúcar algunas de sus deudas o créditos vencidos; un procedimiento de trueque, típico de los periodos de escasez de numerario. La depresión de los precios y la morosidad comercial parecen haber proseguido en los años inmediatamente posteriores, si tomamos en cuenta las referencias relativas al pago del diezmo que se le impone a la producción de las haciendas cañetanas de la Buenamuerte. El mismo procurador 70 La situación descrita parece combinar la escasez monetaria y la abundancia de azúcar no expendida por baja de la demanda, lo que induce una baja de la cotización del azúcar. 71 Aunque no sabemos si es la falta de numerario (consuetudinaria en la economía colonial) la que impide el financiamiento de las exportaciones limeñas o si es la baja de estas últimas la que explica la escasez de dinero. En todo caso es un proceso en que ambos factores pueden reforzarse mutuamente. 72 No hemos encontrado trazas de dicho poder de representación ni del recurso al que se hace alusión. Sin embargo, en una extensa memoria, redactada en 1807, para justificar su administración como procurador de la orden crucífera, el religioso Santiago González afirma que el poder de representación de los hacendados azucareros le había sido conferido por escrito el 13/03/1792. También afirma en dicha memoria que era el comerciante guayaquileño Jacinto Bejarano quien utilizaba su gran buque para efectuar las importaciones de azúcares novohispanos y cubanos, desde La Habana y Acapulco hasta Valparaíso y Concepción, provocando la ruina de los azucareros limeños. AALOCNSB, legajo VI: 5.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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Santiago González impugna, en agosto de 1796, los reclamos de la Iglesia Catedral de Lima respecto a dichos diezmos impagos73. Explica en primer lugar que los pagos que debe de efectuar la Buenamuerte no son sino de 1 de 40 (es decir diezmos de 2,5%) por La Quebrada y de 1 de 20 (es decir, 5%) por Casablanca, rechazando la medida dictada por el capítulo catedralicio que suprimía todo tipo de dispensa a la orden de los camilos, sabiendo por otra parte que, en términos generales, desde 1766 una Real Cédula de Carlos III ya había abolido todo privilegio o favor dispensado al clero regular para exonerarse del pago del diezmo74. Fuera de las razones legales invocadas, el procurador de la Buenamuerte insiste en las dificultades por las que atraviesa la orden, su pobreza y el peso excesivo de las cargas impuestas, en una coyuntura comercial caracterizada por la pérdida de dinamismo. Ignoramos si los precios del azúcar lograron recuperar en los años siguientes los niveles alcanzados durante la segunda mitad de los años 1780. Las referencias existentes tienden más bien a probar lo contrario, es decir, el mantenimiento de unos precios por debajo de los señalados, hasta llegar al inicio del siglo XIX e incluso más allá. Ya en 1814, el procurador de la orden, el religioso crucífero José Llanos señalaba que las cotizaciones del azúcar seguían estando deprimidas, imputando a «Chile» las razones de tal situación, aunque sin especificar si se trataba de la competencia y presión que sobre los mercados chilenos seguían ejerciendo las importaciones novohispanas o cubanas, o si se trataba más bien de la consecuencia de la situación revolucionaria chilena, la que afectaba los intercambios comerciales y la llegada de azúcares limeños (o tal vez ambas a la vez). Calculando las pérdidas acumuladas por la orden, el procurador de la Buenamuerte de 1814 afirmaba en su informe que desde 1800 se habían percibido entre 4 y 8 reales menos por cada arroba de azúcar vendida75, sin otras precisiones suplementarias. Aunque las ventas al Reino de Chile parecieron desempeñar un papel importante en las actividades comerciales de la Buenamuerte, no sabemos si se trataba principalmente de ventas directas que la orden efectuaba o si se trataba sobre todo de ventas que se realizaban a comerciantes exportadores hacia el reino de Chile y que afectarían más bien indirectamente a la orden. 73

AGNP, Real Audiencia, Causas Civiles, L.26, 1802, C 274-A. Pero ya sabemos (y abundaremos más adelante al respecto) que una cosa era la ley y otra su aplicación efectiva. 75 AAL-OCNSB, legajo VIII: 11. 74

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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El informe y la auditoría del contador Joaquín Bonet (presentados en mayo de 1793) a los que ya hemos hecho referencia —y sobre los que volveremos más adelante— no se detienen en el análisis de la actividad exportadora de la orden de los camilos; lo que tal vez podría indicar que la orden ya no dependía directa sino indirectamente de dichas exportaciones, o que ya la exportación se había vuelto excepcional. Tal como ya lo señalamos anteriormente, el envío de azúcares a los mercados meridionales chilenos parece ser una actividad practicada ya desde la época en que la Buenamuerte contaba con una sola hacienda en Cañete. Por ejemplo, el 31/07/1751, menos de una década después de la compra de La Quebrada, se sabe que llegan a Valparaíso tres barcos que contienen 272 fardos y 1 088 panes de azúcar de la hacienda; una parte de la carga recibida se destinará a Santiago de Chile76. Según las cuentas de gastos e ingresos establecidos, la operación resulta equilibrada, lo que dejaría entrever que su rentabilidad, si esta existió, fue más bien reducida —o que tal vez no era su objetivo principal. Los gastos correspondían al transporte de los tres barcos, el transporte hacia Santiago, los almacenes, los seguros, etc. Es probable que dichas exportaciones se hayan mantenido durante las siguientes décadas, pero no contamos al respecto con las informaciones adecuadas. Sin embargo, tales operaciones de exportación directa de azúcar al Reino de Chile por parte de la Buenamuerte parecen haberse interrumpido (no sabemos si totalmente) al comienzo de los años 1790. Las huellas documentales dejadas por la confrontación entre los dos grupos constituidos en el seno de la orden, en disputa por el control de sus temporalidades, nos permiten deducir algunos detalles indirectos respecto a la mencionada actividad77. La interrupción de exportaciones habría sido comunicada en reunión de capítulo de la orden por el provincial José Miguel Durán, en mayo de 1792, para anunciar las necesarias medidas de austeridad que la situación imponía, sobre cuyas repercusiones en la administración de las haciendas ya estamos al tanto. También se desprende de la documentación que fue durante la segunda mitad de los años 1770 cuando la orden contrajo importantes préstamos para apoyar las exportaciones directas de azúcar

76

ACB, documento núm. 2210. El azúcar parece destinado a su venta al detalle, aunque también se le destina al uso de los establecimientos religiosos que la orden crucífera estaba tratando de implantar en el Reino de Chile. 77 AAL-OCNSB, legajo II: 19. Estamos utilizando los documentos dejados por la confrontación entre los dos exprocuradores, Santiago González y Juan Francisco Martínez Rivamilanos.

106

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

hacia Chile, como si se hubiera querido dar de allí en adelante un impulso especial a dicha actividad, en un momento de auge en la implantación de la Buenamuerte —tanto de temporalidades como de instituciones de la misma religión. No obstante, los montos de dinero producidos por dichas exportaciones no habrían compensado los gastos incurridos78. Seis remisiones de azúcares al Reino de Chile se habrían producido entre fines de 1770 y 1784 y dos suplementarias entre 1784 y 178679. Es probable que luego la orden haya decidido renunciar a sus envíos directos de azúcar, apoyándose más bien en otros comerciantes y transportistas limeños. Pero carecemos de referencias concretas al respecto. En todo caso, la limitación de los mercados chilenos no parece haber afectado significativamente los niveles de producción de las haciendas de Cañete, las que, tal como lo hemos observado previamente, continuaron produciendo, e incluso aumentando sus niveles anuales, durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Desde ese punto de vista, parece posible afirmar que el consumo interno y tal vez la substitución en el abastecimiento de otros productores en dificultades hayan podido compensar la restricción de los mercados sureños chilenos y platenses. La Buenamuerte, sus autoridades y administradores parecen haber logrado sortear las dificultades generadas por el cierre de las exportaciones meridionales. 4) El endeudamiento de la Buenamuerte Contrariamente a lo que podría deducirse de la evolución productiva y comercial —a partir de las informaciones disponibles—, las finanzas de la orden de la Buenamuerte presentan en cambio los más serios problemas y apuros; y ello desde las últimas 2 o 3 décadas del siglo XVIII. El informe y 78 El exprocurador Martínez Rivamilanos habla de una serie de empréstitos por un monto total de más de 91 000 pesos que habrían sido concertados para financiar el transporte y gastos conexos derivados de los envíos destinados a Chile. Para unas exportaciones que solo habrían producido aproximadamente 46 000 pesos, esto es, la mitad de los empréstitos. Pero es probable, como lo hemos sugerido anteriormente, que no haya que tomar solo en cuenta los costos financieros de la operación y que constituyan también inversiones para consolidar su presencia religiosa en el Reino de Chile —y no solamente—. 79 Según los informes del exprocurador Martínez Rivamilanos, dichas exportaciones habrían formado parte de un conjunto de operaciones comerciales, incluyendo venta de esclavos. Lo que haría aún más deficitaria la venta de azúcar. El total del importe de estas ventas habría servido a pagar el endeudamiento acumulado.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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la auditoría del contador de la Audiencia Real, Joaquín Bonet, a los que ya hemos hecho referencia, permiten aproximarnos a dichas dificultades, por lo menos desde el año de 1775. En primer lugar, el contador Bonet logra establecer para los 17 años cubiertos por su análisis (entre 1775 y 1792) una estimación del déficit económico de la actividad general de la orden de la Buenamuerte, es decir, una evaluación del exceso de los gastos totales respecto a los ingresos de explotación económica de los activos o bienes temporales de la orden80. Se consideran en esta última rúbrica tres tipos de ingresos: los procedentes del azúcar (ventas del azúcar), los alquileres de las posesiones urbanas de la orden y los ingresos procedentes de la farmacia limeña. Los primeros representan casi siempre más del 90% del total de ingresos de la orden. Las conclusiones del contador Bonet sitúan dicho déficit económico en 202 897 pesos para los 17 años considerados, lo que da un promedio deficitario anual de 11 930 pesos. Sin embargo, nuestros cálculos, efectuados a partir de las informaciones contenidas en los cuadros del mismo informe, sitúan dicho déficit en 465 763 pesos para los mismos 17 años del informe, lo que representa un promedio anual deficitario de 27 397 pesos. El anexo II.2.11 presenta los cálculos efectuados a partir de dichos cuadros; el gráfico II.2.11 permite visualizar dichas tendencias del déficit económico81, tal como las hemos evaluado, a partir de los datos del mencionado informe.

80

Tal como lo veremos —y lo indicaremos precisamente—, la redacción del informe de los resultados obtenidos, efectuada por Bonet, difiere frecuentemente de las conclusiones que se pueden extraer de los cuadros del mismo informe; fuera de los errores de cálculo que se pueden detectar intrínsecamente en los propios cuadros. Lo que nos hace pensar que tal vez estos últimos no sean los cuadros definitivos del informe sino más bien documentos intermediarios o previos. Recordemos que estamos trabajando con una copia de 1801 de dicha documentación, establecida y presentada originalmente en 1793. AAL-OCNSB, legajo V: 2. 81 Otra vez notamos la dificultad de la coyuntura 1783-1784, lo mismo que aquella de comienzos de los años 1790.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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GRÁFICO II.2.11. EL DÉFICIT ECONÓMICO DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792. EN PESOS DE 8 REALES 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000

05 /7 504 /7 05 6 /7 604 /7 05 7 /7 704 / 05 78 /7 804 /7 05 9 /7 904 /8 05 0 /8 004 /8 05 1 /8 104 /8 05 2 /8 204 /8 05 3 /8 304 /8 05 4 /8 404 /8 05 5 /8 504 /8 05 6 /8 604 /8 05 7 /8 704 /8 05 8 /8 804 /8 05 9 /8 904 /9 05 0 /9 004 /9 05 1 /9 104 /9 2

0

Ingresos de explotación

Total de gastos

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

Es probable que el informe del contador Bonet tome en cuenta las otras actividades de explotación económica y comercial de las haciendas de Cañete, especialmente el comercio de ganado o el de cereales, lo que hace que sus estimaciones del déficit económico sean inferiores a lo que nosotros hemos calculado, tal como lo hemos indicado anteriormente. Sin embargo, dicho contador habla de un déficit global (más allá del económico) para la totalidad de ingresos y gastos de la Buenamuerte. Sus cálculos señalan que dicho déficit global anual sería de 13 232 pesos y un total de 225 000 pesos para el periodo considerado82. Ello tendería a demostrar que las temporalidades de la orden no le permitían a esta el asumir la totalidad de las cargas de su misión o ministerio, o que estas eran tal vez excesivas, respecto a las primeras. El contador Bonet señaló claramente que era muy probable también que la Buenamuerte fuese una orden que no administraba sus recursos con la 82 Tales evaluaciones tampoco coinciden con los datos de los cuadros del informe que hemos consultado. Como ya lo dijimos, es probable que solo dispongamos en dicha versión del informe (una copia fechada de 1801) de los cuadros previos y no de los cuadros definitivos. Por ejemplo, no aparecen allí las informaciones relativas a los réditos activos, es decir, los intereses percibidos por la religión, producto de sus préstamos o de censos, capellanías y obras pías a su favor. Como tampoco aparecen los datos sobre los ingresos recaudados por los servicios religiosos proporcionados por la orden a los fieles.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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debida seriedad y buena disposición requeridas. Pero al mismo tiempo dejaba entreabierta la probabilidad de fraudes, malversaciones, o desviación indebida de sumas de dinero, como elementos de explicación de tales déficits. Una eventualidad que no se podía detectar, explicaba Bonet, por causa de la deficiente contabilidad llevada83. Con este primer elemento de análisis, se pueden enfocar en seguida las operaciones de préstamo a las que tuvo que recurrir la Buenamuerte, tanto para asumir dichos déficits como para obtener los medios financieros necesarios a sus actividades comerciales y productivas (o para «liberar» las haciendas de sus cargas, tal como ya lo señalamos anteriormente). El informe y la auditoría del contador Bonet permiten examinar, en primer lugar, el monto de capitales «tomados a censo», y en segundo lugar, el monto de los préstamos redimidos; con lo que podemos evaluar, año tras año, el aumento del endeudamiento neto.Y ello durante los 17 años del periodo observado. Las informaciones al respecto aparecen consignadas en el anexo II.2.12 y son visualizadas gracias al gráfico II.2.12. GRÁFICO II.2.12. ENDEUDAMIENTO NETO DE LA ORDEN DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792. EN PESOS DE 8 REALES 120000 100000 80000 60000 40000 20000

05 /7 504 05 /7 6 /7 604 05 /7 7 /7 704 05 /7 8 /7 804 05 /7 9 /7 904 05 /8 0 /8 004 05 /8 1 /8 104 05 /8 2 /8 204 05 /8 3 /8 304 05 /8 /8 4 404 05 /8 5 /8 504 05 /8 6 /8 604 05 /8 7 /8 704 05 /8 8 /8 804 05 /8 9 /8 904 05 /9 0 /9 004 05 /9 1 /9 104 /9 2

0

Monto de los Empréstitos

Redención de empréstitos

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

83

Lo uno pudiendo explicar lo otro, podríamos agregar.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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Con un monto de empréstitos nuevos de 360 216 pesos y con 238 442 pesos de redención de préstamos antiguos, durante los 17 años considerados, se obtiene un endeudamiento neto de 121 794 pesos, lo que da un promedio anual de nuevo endeudamiento de 7 164 pesos84. De ello podemos desprender una primera constatación: el déficit global anual de la orden de la Buenamuerte —que hemos calculado anteriormente—, entre 1775 y 1792, era superior al monto del endeudamiento neto anual. O para decirlo en otros términos: la Buenamuerte no lograba cubrir sus déficits anuales ni siquiera gracias al endeudamiento. Con razón entonces, el contador Bonet anunciaba el riesgo de bancarrota financiera que acechaba a la orden crucífera. También es posible observar dichas dificultades desde otro ángulo de enfoque, a saber, el de los réditos pagados cada año como producto de las cargas y obligaciones que pesaban sobre el patrimonio de la orden crucífera. Es lo que aparece en el anexo II.2.13 y que se visualiza a través del gráfico II.2.13, mostrando una ligera tendencia hacia el alza. GRÁFICO II.2.13. CARGAS FINANCIERAS ANUALES (CENSOS Y RÉDITOS) DE LA ORDEN DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792. EN PESOS DE 8 REALES 30000 25000 20000 15000 10000 5000

05 /7 5 05 -04 /7 /7 6 6 05 -04 /7 /7 7 7 05 -04 /7 /7 8 8 05 -04 /7 /7 9 9 05 -04 /8 /8 0 0 05 -04 /8 /8 1 1 05 -04 /8 /8 2 2 05 -04 /8 /8 3 3 05 -04 /8 /8 4 4 05 -04 /8 /8 5- 5 05 04 /8 /8 6 6 05 -04 /8 /8 7 7 05 -04 /8 /8 8 8 05 -04 /8 /8 9 9 05 -04 /9 /9 0 0 05 -04 /9 /9 1- 1 04 /9 2

0

Censos y réditos

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

84 Al considerar sus cuentas hasta el mes de junio de 1792 (y no solo hasta abril de dicho año), el contador Bonet obtiene un promedio anual de endeudamiento de 8 000 pesos, para un total de 136 700 pesos para todo el periodo (390 000 pesos de nuevo endeudamiento contra 253 000 peso de redenciones). AAL-OCNSB, legajo V: 2.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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La suma de réditos y cargas financieras pasivas diversas a las que tuvo que hacer frente la orden, durante los 17 años examinados, fue de cerca de 323 500 pesos; lo que hace un promedio anual de más de 19 000 pesos anuales85. Lamentablemente no contamos con los datos relativos a los réditos y censos activos de la Buenamuerte, con los que cabría comparar las informaciones que aparecen aquí, para emitir algún juicio sobre su práctica financiera, esto es, un balance entre sus cargas pasivas y activas. Resultaba obvio, sin embargo, el hecho de que se agravaba constantemente la situación financiera de la orden. Tal como lo indicaba el contador Bonet, quien señaló igualmente que la orden corría el riesgo de caer rápidamente en quiebra de pagos y falencia, sabiendo que había un declive en los ingresos anuales del azúcar. Recordemos que estamos a inicios de los años 1790, en donde parece haberse iniciado una sensible y durable baja de los precios del azúcar. El contador Joaquín Bonet afirmó que sus intentos por conocer el valor exacto de las haciendas de Cañete y sus potencialidades productivas no le habían permitido darse una idea sobre las posibilidades de la orden para enfrentar la agravación de la crisis financiera en ciernes86. Aunque sin proporcionar los elementos necesarios de su cálculo o confirmación, el contador Bonet afirmó que la deuda acumulada por la Buenamuerte, es decir el stock de «principales» impuestos sobre su patrimonio (es decir, el monto de las cargas soportadas por los activos de la orden), era de 795 555 pesos, los mismos que se descomponían en dos rúbricas: 123 550 pesos impuestos como fundaciones de obras pías y 672 005 como capitales directamente tomados a censo o interés87. *** 85

Las estimaciones globales del informe del contador Bonet coinciden con nuestros cálculos (realizados a partir de los cuadros que acompañan el informe). Sin embargo señala él, luego de haber revisado los inventarios de la orden (que por nuestra parte no hemos encontrado en los archivos de la Buenamuerte), que el monto de los réditos anuales que debe abonar realmente la Buenamuerte se acercaría más a 23 800 pesos que a 19 000 pesos. Lo que evidentemente agrava el déficit global anual previamente calculado, acercándolo con ello a nuestras estimaciones iniciales de 27 400 pesos anuales aproximadamente. 86 En sus informes dirigidos al rey de España, del 17 y el 20 de diciembre de 1785, relatando lo que calificaba como «relajamiento de la disciplina de la orden», el hermano lego Francisco Zapater estimó que el valor total de las haciendas y bienes raíces de la orden en Lima sobrepasaba el millón de pesos, al tiempo que indicaba que las haciendas estaban alcanzado en aquellos momentos sus cifras récords de producción. Pero ninguna precisión o cálculo técnico acompaña su estimación. AAL-OCNSB, legajo I: 27. 87 AAL-OCNSB, legajo VI: 2.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Entonces, luego de lo que acabamos de examinar, es posible detectar por lo menos tres fuentes u orígenes del endeudamiento de la orden de los crucíferos en Lima (de casi 800 000 pesos, según las investigaciones del contador Bonet, a inicios de la última década del siglo XVIII). En primer lugar, se puede afirmar que dicho endeudamiento se explica por el hecho de haber asumido junto con las haciendas de Cañete el conjunto de obligaciones anteriores («principales») que pesaban sobre ellas y que tenían que ser de allí en adelante satisfechas anualmente (en «réditos») por la Buenamuerte. Recordemos que esta actuó con el fin de «liberarse» de tales cargas, substituyéndolas sin embargo con nuevas obligaciones y, en los hechos, agravando de ese modo el endeudamiento. En segundo lugar, es posible evocar (y seguramente como proyecto de la orden) la necesidad de mejorar la producción de sus haciendas —visiblemente precarias, al momento de asumirlas, desde el punto de vista técnico y productivo—, e incluso señalar los planes de expansión comercial (hacia el Reino de Chile y sus mercados meridionales), para los que evidentemente hacían falta medios financieros y un endeudamiento consecuente, tal como ya lo hemos visto anteriormente. Pero también se puede detectar, en tercer lugar, la existencia de un persistente (y creciente) déficit global en el funcionamiento interno propio de la orden, seguramente derivado de las necesidades inherentes al ejercicio de su ministerio y al mantenimiento de sus miembros, pero igualmente, como lo veremos más adelante, provocado por lo que determinados miembros de la orden —e incluso el mismo contador Bonet— consideraban como gastos excesivos.Y ello, sin hablar de los fraudes o malversaciones sospechados. La adquisición de haciendas implicó para la Buenamuerte, tal como lo señalamos anteriormente, la asunción de aquellas obligaciones vigentes que ya estaban impuestas sobre ellas, dentro de un esquema típico de Antiguo Régimen para la transacción y compra-venta de tierras. Pero aunque no sepamos todavía a ciencia cierta si fue una decisión local o una voluntad de la dirección romana de la orden crucífera —el Capítulo General—, es preciso indicar que la Buenamuerte trató de «liberar» la posesión de sus tierras, gracias a la redención de las obligaciones que pesaban sobre ellas. Seguramente con un doble fin: en primer lugar, con la finalidad de eliminar la incertidumbre que crean las imposiciones de capital en las que se desdoblaba la posesión, el control y la dirección del activo productivo, esto es, las tierras. Pero también, en segundo lugar, con el objetivo de disminuir el flujo anual de réditos, comprando o redimiendo obligaciones antiguas, con dinero de

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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préstamos que pagaran un menor rédito anual88, liberando así las haciendas y posesiones de la Buenamuerte de obligaciones de Antiguo Régimen y de flujos financieros anuales, pero sobrecargándolas al mismo tiempo con nuevas hipotecas y nuevos flujos de réditos. En realidad, un endeudamiento nuevo suplantaba al antiguo. Algunos documentos, procedentes de los archivos del convento de Lima, presentan la subrogación efectuada de las obligaciones que pesaban sobre las tierras de Cañete, y sobre algunas posesiones urbanas en Lima. Entre mayo de 1767 y agosto de 1784, la orden redimió cerca de 270 000 pesos en obligaciones principalmente impuestas sobre las haciendas La Quebrada y Casablanca. Fuera de las donaciones recibidas, fueron los préstamos solicitados a particulares y benefactores de la orden la principal fuente financiera para efectuar tales operaciones89. Los gastos incurridos para mejorar las condiciones de explotación de las haciendas aparecen a menudo en la rúbrica de «habilitación» de las haciendas (esclavos, aperos, transporte, etc.). Tal como ya lo hemos detectado anteriormente, son los años 1760 y sobre todo 1780 en los que dichos gastos aumentaron de manera sensible90. Su repercusión en el crecimiento de la producción anual de azúcar de las haciendas parece evidente, tal como ya lo hemos asimismo indicado.Y ello, a pesar de las precauciones que adopta en su informe el contador Bonet. Sabiendo que está en medio de un conflicto entre dos grupos opuestos de religiosos, en el seno de la orden, el contador Joaquín Bonet parece querer evitar todo juicio que pudiera dar razón a uno u a otro de los bandos en disputa. Pero la orden de la Buenamuerte parece haber deseado expandir también su incursión hacia los mercados americanos meridionales. Los empréstitos contratados en la primera mitad de los años 1780 obedecen seguramente a ese objetivo. La mayoría de dichos préstamos, de rápido reembolso —tal como ocurrió efectivamente—, fue contratada al 4% anual91, una relativamente elevada tasa de interés, tomando en cuenta las condiciones del periodo. Para unos resultados que, como hemos visto, no estuvieron a la

88

AAL-OCNSB, legajos II: 10, 19; III: 1, 3a. ACB, documento núm. 1879. 90 Con el desfase anotado respecto a lo que se gasta efectivamente en las haciendas; esto es, un monto inferior a lo que se declara en Lima como «habilitación de las haciendas», según lo que se desprende de la contabilidad examinada por el contador Bonet. 91 AAL-OCNSB, legajo II: 19. 89

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

altura de las expectativas y que en cambio agravaron el endeudamiento de la orden camila en el Perú. Empero, fue también el ritmo de la actividad de la Buenamuerte en tanto que organismo religioso otra de las fuentes probables de su déficit global. A la controvertida compra, en 1781, de la chacra de La Magdalena —en el valle limeño del mismo nombre— cuya utilidad para la orden92, lo mismo que los gastos para «habilitarla», fueron objeto de innumerables desacuerdos, el contador Bonet agrega el gasto para el mantenimiento individual de los mismos religiosos (especialmente en la rúbrica alimentación y vestimenta), que considera él como excesivo. Sería necesario, agrega Bonet, que se considerase la posibilidad de reducir drásticamente tales gastos, tal ritmo de vida. Para los 17 años de su auditoría, el contador Bonet calculó que cada religioso de la orden representó un gasto promedio cotidiano de 10 reales, es decir 1 peso 2 reales93; fuera de los ingresos que podían procurarse cada profeso o hermano de la orden, individualmente, por otros medios. Con un promedio de 64 individuos por año (en toda la jerarquía de la Buenamuerte), dichos gastos representaron 465 pesos anuales para cada uno de ellos94. Unos gastos que se acercaron a los 30 000 pesos anuales en promedio para toda la orden y que tendieron a representar, según los años considerados, entre 20-30% de sus gastos totales anuales. Para los años ulteriores a la auditoría del contador Bonet no se dispone de información más precisa. Sin embargo, se puede afirmar que el monto total del endeudamiento de la Buenamuerte pasa de aproximadamente 800 000 pesos en 1792, tal como lo hemos señalado anteriormente, a más de 900 000 pesos en 180195. La reuniones del capítulo de la orden, entre 92 Una chacra destinada, como ya lo precisáramos, a ser lugar de reposo y convalecencia para los religiosos de la Buenamuerte. Ver más adelante, en el tercer capítulo, la polémica desatada entre los miembros de la orden crucífera por la adquisición y «habilitación» de dicha chacra, así como por otros gastos considerados como excesivos. 93 Lo que representaría, para los mismos años, entre 2 y 3 veces el precio de una jornada de trabajo asalariado libre en los campos de las haciendas de Cañete. 94 Ello superaría, según los cálculos que hemos efectuado, la remuneración de 400 pesos anuales pagados a un mayordomo de las haciendas, o a un operario especializado «casapaylero». Superior también, desde luego, a la remuneración abonada a albañiles, herreros o «físicos» (médicos) de las haciendas. 95 Hemos podido evaluar que, entre 1790 y 1801, el aumento del endeudamiento neto de la orden (esto es, la diferencia entre endeudamiento nuevo y redención de préstamos antiguos) sobrepasa los 85 000 pesos. Ver: AAL-OCNSB, legajos IV: 1; V: 7, 8, 9, 10;VI: 5;VII: 6, 13, 14;VIII: 18, 20. ACB, documentos núm. 1995, 1996. AGNP, Cabildo, Causas Civiles, CA JO1.167. 3180.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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1799 y 1800 —en pleno conflicto entre los dos clanes que se enfrentaban, tal como lo veremos—, señalaron la incapacidad de la Buenamuerte para obtener nuevos préstamos, al considerar los posibles prestamistas que sus temporalidades estaban sobrecargadas de obligaciones. No contamos con cifras ni indicadores directos para los años siguientes, solo con indicios de un aumento relativamente regular de dicho endeudamiento y con dificultades crecientes de pago. Esto es, el aumento significativo de pleitos y procedimientos judiciales, como consecuencia del incumplimiento por parte de la orden de la Buenamuerte en el pago sus de réditos y censos pasivos96; por conflictos con los cobradores de alquileres urbanos97 de los que se servía la Buenamuerte para administrar su patrimonio de casas y locales en Lima y Callao. O juicios contra la orden por haber dejado impagos diversos trabajos efectuados en las haciendas de Cañete, e incluso por el abono de determinados rubros del consumo cotidiano del convento, reclamados por sus abastecedores limeños98. Es decir —para resumir nuestro propósito—, se observa una contradicción bastante clara entre, por una parte, las haciendas de Cañete, que prosiguen —e incluso aumentan— su producción (tal como ya lo hemos visto) y, por otra parte, la crisis financiera de la orden y las dificultades para hacer frente a sus obligaciones anuales. El contexto creado por la guerra de independencia y los conflictos propios de la Buenamuerte en Lima (ya lo observaremos más adelante) acentuaron las claudicaciones financieras de la orden camila. Se puede afirmar entonces, sin caer en exageraciones, que al comienzo de la tercera década del siglo XIX, el monto de los capitales reconocidos e impuestos sobre el patrimonio y los réditos anuales impagos de la Buenamuerte sobrepasaban seguramente el millón de pesos99.

96

AAL-OCNSB, legajos IX: 40, 44, 56, 57, 65. AGNP, Cabildo, Causas Civiles, CA JO1. 167. 3180. 97 AAL-OCNSB, legajo VII: 12; AGNP, Real Audiencia, Causas Civiles, L.39, 1804, C 403. 98 AAL-OCNSB, legajos VI: 5;VII: 6, ll, 13, 14, 20;VIII: 18, 20. 99 El síndico de la Buenamuerte ya informaba en 1821 al arzobispo de Lima que el monto de censos impagos atrasados de la orden alcanzaba 72 000 pesos y que había pocas posibilidades de que pudieran satisfacerse tales obligaciones. AAL-OCNSB, legajo VIII: 32.

116

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Lista de censos pasivos y obligaciones de la Buenamuerte, 1792.]

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3. LAS HACIENDAS DE CAÑETE, EN LA COYUNTURA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA INDEPENDENCIA

Como ya lo hemos observado, es difícil encontrar signos de trastorno productivo en las haciendas cañetanas de la Buenamuerte, antes de finales de la segunda década del siglo XIX. No es que no haya habido perturbaciones en dichas haciendas, situadas en un extenso y relativamente accidentado valle; incluso tensiones provocadas por la rebeldía de los esclavos y su lucha por mejorar sus condiciones de vida (tal como se verá más adelante). Pero no podemos afirmar que por ello se haya afectado de forma sensible la evolución económica de alguno de los conjuntos agrícolas productivos de la orden crucífera, La Quebrada-El Chilcal o Casablanca-Cerro Azul. Es lo que vamos a presentar ahora, señalando al mismo tiempo la alteración de la legalidad y la legitimidad del periodo independentista y sus consecuencias en la actividad económica y comercial de la religión de la Buenamuerte. 1) Entre Lima y Cañete Aún en 1814, según las indicaciones disponibles, la descripción de las actividades de las haciendas de los crucíferos en Cañete aparecía floreciente y optimista, a pesar de la baja registrada en los precios del azúcar y el aumento en otros tipos de productos consumidos en la hacienda, especialmente sebos y chalonas. El procurador de la orden, el camilo José Llanos, seguramente también para poner de realce su propia administración de las haciendas, hablaba de numerosas parcelas «recuperadas» por la Buenamuerte —aunque no sepamos cómo se habían producido dichas operaciones de «recuperación»—, de trabajos hidráulicos realizados, de regadío y de ampliación de las superficies agrícolas, del aumento del potencial productivo para varios tipos de cultivos (incluso alimenticios), del aumento del número de esclavos —e incluso de la venta lucrativa de estos—, etc. Lejos de cualquier pesimismo respecto a la época o al futuro, el procurador Llanos expresaba, en 1814, que las haciendas de Cañete se hallaban en su mejor momento100. No obstante, la situación se modificó sensiblemente con la agudización del conflicto independentista y la presencia alternativa, a lo largo del valle cañetano, de las tropas de ambos bandos. Las haciendas de la orden crucífera fueron ocupadas durante los últimos meses de 1820 por 2 000 100

AAL-ONCSB, legajo VIII: 11.

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soldados realistas, con el objetivo anunciado de protegerlas, pero en realidad provocando daños considerables tanto en las plantaciones, sementeras y ganados como entre los esclavos y sus familias respectivas. Y ello a pesar de las protestas dirigidas al virrey y las autoridades de la Audiencia Real de Lima. Numerosas piezas de ganado fueron confiscadas por el ejército real para la alimentación de las tropas. De la misma manera se produjo la incorporación forzosa de los esclavos en el ejército real como domésticos, fuera del peso que representó para las haciendas de la orden el mantener a un considerable número de combatientes acampados durante varios meses y la consecuente interrupción de los trabajos agrícolas regulares101. Lo mismo ocurrió algunos meses después, esta vez bajo el control de las tropas independentistas. En seguida vinieron las contribuciones obligatorias decretadas tanto por los ejércitos del rey en campaña como por las fuerzas republicanas del Gobierno ya establecido. La Buenamuerte tuvo que ceder 25 000 pesos a la nueva administración política para impedir la confiscación de sus tierras, al tiempo que se decretaba que los cereales cosechados en las haciendas de Cañete habrían de ser transferidos a Lima, bajo el control del municipio, con el fin de afectarlos al consumo y distribución gubernamentales102. La documentación de los juicios contra la Buenamuerte por sus acreedores impagos, iniciados luego de la victoria independentista, nos permite aproximarnos un poco más a los hechos ocurridos en las haciendas de Cañete durante la primera mitad de los años 1820. Un pedido de información del arzobispado de Lima, en el contexto de un reclamo contra la Buenamuerte, dio lugar a un interrogatorio de varios residentes notables en el partido de Cañete, llevado a cabo por las autoridades eclesiásticas de Lima, Cañete y Chilca. Se trataba del reclamo y juicio contra la Buenamuerte por parte del cura de la doctrina de Junín —y vicario del partido de Pasco—, don Estanislao Márquez, por réditos impagos de un principal de 34 000 pesos impuestos sobre el patrimonio de la orden camila, pidiendo este el embargo de una posesión o propiedad de los religiosos agonizantes para el pago de la deuda. Lo que dio lugar a un interrogatorio con cuestionario efectuado a 10 personalidades y vecinos de Cañete, entre fines de noviembre e inicios de diciembre de 1827103.

101

Ver, entre otros, Anna, 1974, 2003.Ver también, Grandi, 1978, p. 108. Ibidem. 103 AAL-OCNSB, legajo IX: 65. 102

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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Las informaciones allí recogidas echan algunas luces sobre la situación de las haciendas de la orden crucífera (y las del valle de Cañete, en general) en los momentos más agudos del conflicto militar, entre 1823 y 1824. De allí se desprende, en primer lugar, que por orden del virrey, las autoridades locales españolas requisaron —en varias ocasiones— productos, ganado y esclavos (30 como cuota mínima) de cada una de las haciendas del valle104. Los animales fueron trasladados a Lima y Callao, por orden del brigadier José Ramón Rodil, fuera del ganado beneficiado en las mismas haciendas para alimentar a los soldados ocupantes. Los testigos afirman, sin dar mayores detalles, que la mayoría de las haciendas del valle perdieron casi todo su ganado, grande y pequeño, luego de las varias incursiones militares. También se deduce que tanto las tropas españolas de paso, bajo comando diverso (Tristán, Orelli, Canterac, etc.), como las tropas independentistas (Pardo de Zela, Lavalle) y las «montoneras» de indios y mestizos, ocuparon y se alojaron indistintamente en las haciendas del valle y, desde luego, en las de la Buenamuerte. También hubo una cuota de 20 esclavos por hacienda, aplicada por los ejércitos independentistas, sin hablar de las aplicadas al ganado o de los domésticos incorporados de fuerza a las tropas combatientes. Se confirma igualmente que las existencias de azúcar y otros productos fueron vendidas (o liquidadas o «malbarateadas») por los domésticos y esclavos de las haciendas, con el fin de lograr alguna liquidez monetaria (con precios como 4 reales por pan de azúcar, es decir, entre un quinto y un séptimo de su precio normal). Lo mismo ocurrió con los instrumentos de labranza (hoces, machetes, palas, picos, lámparas, etc.), fierro y madera, e incluso con los trapiches de las haciendas, lo que representaba evidentemente una merma del potencial técnico de las mismas105; los soldados ocupantes también participaron en tal desfalco y descapitalización de las haciendas.

104 Lo confirman de manera abierta, en el expediente revisado: don Pedro José Álvarez, vecino de Cañete, antiguo gobernador de la provincia de Cañete y administrador de la hacienda cañetana de Herbay en el momento de los hechos (anteriormente, administrador en la hacienda Montalbán); don Manuel Pastor, religioso dominico, administrador de la hacienda de Matarratones en el momento de los hechos; don José María Pequeño, administrador de las haciendas de la Buenamuerte en el momento de los hechos; don José María Lucero, vecino de Cañete, médico («físico») de la hacienda Carrillo en el momento de los hechos; don Domingo Fernández, exreligioso dominico (ahora secularizado), capellán en La Quebrada en el momento de los hechos. 105 Tal como lo confirman Álvarez, Pastor; don Juan Fernández, ex-religioso franciscano (secularizado), antiguo guardián del convento de San Francisco de Cañete; don Félix García, alcalde y gobernador de Cañete.

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Algunos de ellos llevándose ganado, caballos y mulas, o quemando papeles, madera, enseres e incluso prendiendo fuego a las plantaciones de azúcar, alfalfa y hierba, como ocurrió, por ejemplo, en Matarratones o en Hualcará106. Luego, las haciendas de la Buenamuerte fueron embargadas, tal como lo expresaron todos los testigos consultados, primero por el general San Martín, luego por el general Riva Agüero, con la colaboración en ambos casos de las autoridades políticas de la provincia de Cañete. Las últimas informaciones sobre la producción de las haciendas de la Buenamuerte corresponden a la segunda mitad de 1823 (desde inicios de septiembre hasta mediados de noviembre). No sabemos si enseguida la producción se paralizó totalmente107 o si todavía prosiguió. Entre septiembre y noviembre de 1823 se produjeron casi 1 100 panes de azúcar en ambas haciendas (460 en Casablanca; 635 en La Quebrada), fuera de panelas, chancacas y otros productos derivados y subproductos. Una parte de dicha producción habría sido directamente utilizada para pagar salarios, gastos locales, tabaco y alimentación de la «gente» (esclavos y domésticos). Como consecuencia del conflicto, la mano de obra disponible y hábil para el trabajo había disminuido ostensiblemente: en Casablanca, por ejemplo, solo quedaban 45 esclavos hombres aptos para la producción, de un total residente en la hacienda de 180 hombres y 260 mujeres. Entre marzo y noviembre de 1823 se mandaron al convento de Lima cerca de 1 500 panes de azúcar. Una buena parte se habría perdido, habría sido requisada o robada por la «gente»; otra parte habría sido recibida en el convento y vendida por las autoridades de la orden. Sin embargo se carece de elementos precisos; lo que deja abierta la posibilidad, en un contexto tan opaco y convulso al mismo tiempo, de que haya habido una multiplicidad de tráficos y malversaciones diversas. Tal como lo veremos en seguida.

106

En La Quebrada era imposible hacer la molienda de caña, con la merma consecuente de la producción. Tal como lo confirman Álvarez, Pastor, Pequeño, Lucero, García. Don José Chávez, exadministrador de las haciendas de la Buenamuerte, confirma el haber entregado entre 500 y 600 panes de azúcar a varios generales españoles. 107 AAL-OCNSB, legajo VIII: 60. Se trata de un pedido de información efectuado por el gobernador del arzobispado de Lima para conocer el estado de dichas haciendas. El procurador José Cairo alega que solo puede transmitir datos parciales e imprecisos, por culpa del antiguo procurador, el camilo Felipe Santiago Flores —con quien se hallaba en abierto conflicto—, el mismo que rechazaba, adujo Cairo, entregarle los libros de contabilidad de las haciendas.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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2) Legalidades, legitimidad e intereses materiales De hecho, la clasificación y el ordenamiento de la documentación disponible deja entrever que, en particular en 1824, se produjeron entre Lima y Cañete varias «ventas clandestinas» de panes de azúcar, para las que es difícil elucidar las responsabilidades y las redes de tráfico, fuera de la certeza del «hecho ilícito». En primer lugar, es necesario plantear la cuestión del vocabulario utilizado por los protagonistas, en relación con los hechos a los que hacen referencia. Tal vez convenga subrayar, al estar en una situación en la que se está cuestionando y lentamente alterando la legitimidad de las autoridades políticas e institucionales, que hay ventas calificadas por un sector de «ilícitas y clandestinas», porque solo cuentan con la autorización del otro de los bandos en conflicto. Aunque también haya ventas denominadas «clandestinas» e «ilícitas» porque las hacen determinados individuos, miembros de alguna institución, a espaldas de la autoridad proclamada (o autoproclamada) de la misma, en momentos en que se resquebraja necesariamente la legitimidad vigente. Lo que quiere decir, en otras palabras, que hay ventas que en momentos normales hubieran podido ser perfectamente oficiales y «legítimas» y que en el momento presente ya no lo eran, por la inestabilidad de la situación; al lado de otras que, al efectuarse, están simplemente rompiendo con la normalidad institucional. Al alterarse el poder político, la legalidad y la legitimidad evolucionan al mismo tiempo, modificándose los signos de identificación y reconocimiento. Una de tales operaciones «clandestinas» o «ilícitas» resalta en particular, a partir de mayo de 1824, por un monto de 10 500 pesos y un volumen de 4 000 arrobas en panes de azúcar existentes en los depósitos de las haciendas de Cañete; con un precio de 21 reales por arroba. Fuera de los detalles del tráfico, la reconstitución efectuada permite observar con claridad los diferentes enfrentamientos que se manifestaron en el contexto social —y no solo militar— de la coyuntura independentista y que explican la «clandestinidad» y la «ilegitimidad» de determinadas operaciones como la que vamos a describir. Dichos conflictos se produjeron entre los comerciantes limeños y entre estos y los acreedores de la Buenamuerte —por la preeminencia de pago—; pero también entre las mismas autoridades de la orden crucífera. Igualmente entre estas y las autoridades del arzobispado; al mismo tiempo que entre estas y las autoridades políticas y militares españolas. Aparecen así bajo tensión, en una coyuntura crítica, todas las redes de fidelidad y solidaridad entre grupos e individuos, con rupturas y alianzas casi dramáticas.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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La operación de venta de azúcar a la que nos estamos refiriendo había sido no obstante concertada y contratada, casi «legalmente», entre las autoridades del convento de Lima (en acuerdo con todos los miembros de la orden) y un grupo de comerciantes y transportistas limeños. Fue en los momentos en que la operación estaba a punto de realizarse concretamente cuando estallaron las oposiciones, las revelaciones y las acusaciones108. En primer lugar, el gobernador eclesiástico del arzobispado de Lima, don Francisco Xavier de Echagüe, convocó, el 25/05/1824, a los dos comerciantes limeños, don Joaquín A. Ramos Portugués y don Antonio Sousa Ferreyra —este último garante del primero—, compradores asociados del azúcar de la Buenamuerte. Desconocemos el contenido y el sentido de la convocación; Ramos Portugués estuvo ausente y solo Sousa Ferreyra asistió. En el momento en que se produjo la confrontación con la autoridad del arzobispado, Sousa Ferreyra se desligó y apartó de Ramos Portugués y lo denunció por tráfico ilícito. Otros comerciantes limeños escribieron al gobernador eclesiástico para hacer lo mismo (por ejemplo, don Ramón Cabezas) y para denunciar a otros comerciantes que colaboraron con Ramos en dicha operación (entre ellos a don Rafael Garro). Denuncias, acusaciones recíprocas, rupturas repentinas de alianzas y fidelidades de oficio: no se trataba de comportamientos inéditos; lo específico era que se trataba de un contexto de crisis y redefiniciones. Tres días más tarde, el 28/05/1824, Ramos Portugués compareció (el término no es excesivo) ante la autoridad del arzobispado para explicar que si hubo venta, por el monto de dinero y el volumen de producción ya indicados, la operación había sido concertada mediante contrato, once días antes, firmado con las autoridades y los miembros de la orden camila, corriendo él con todos los gastos de transporte y los riesgos de traslado del azúcar desde Cañete hasta Lima. El día de la firma del contrato, según afirmó Ramos Portugués, el síndico del convento, José Benito Castro, al recordar que se necesitaba el acuerdo del gobernador eclesiástico del arzobispado para concluir la operación, habría asegurado al mismo tiempo que él se encargaría personalmente de obtenerlo sin dificultad. De esta manera, pensando que la venta era perfectamente legal y estaba autorizada, Ramos Portugués habría contratado —con sus propios fondos—, animales y transportistas muleteros de Surco (avanzando un monto de 2 000 pesos), para efectuar el traslado de los panes de azúcar desde Cañete hacia Lima. El comerciante proclamó entonces su extrañeza y desagradable 108

AAL-OCNSB, legajo IX: 10.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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sorpresa al enterarse de que el gobernador eclesiástico había desaprobado la operación. Ramos Portugués anunció que de ello sobrevendría su inminente ruina financiera. Por su lado, la autoridad del arzobispado indicó que su rechazo a la operación se fundamentaba en las dificultades por las que atravesaban los vendedores, o sea la religión de la Buenamuerte. En segundo lugar, el mismo día (28/05/1824), compareció ante el gobernador eclesiástico el religioso camilo José Cairo, prefecto del convento de la Buenamuerte, una de las dos autoridades de la orden que habían negociado el contrato con Ramos Portugués, esto es, él y el síndico José Benito Castro. Cairo confirmó la operación en todos sus aspectos y explicó que había estado esperando la autorización del arzobispado, luego de haber obtenido la del conjunto de miembros de la orden. El objetivo de dicha venta, insistió el prefecto del convento, no había sido otro que el de procurar a la orden crucífera los medios necesarios para satisfacer sus necesidades y obligaciones. Pero el mismo día igualmente, el prefecto camilo José Cairo y el síndico José B. Castro fueron depuestos de sus cargos por el gobernador eclesiástico del arzobispado, en persona, acusados de haber actuado sin autorización. Fue el mismo gobernador eclesiástico el que designó como nuevo prefecto del convento al camilo Felipe S. Flores, un religioso de la orden que se había opuesto tajantemente a la administración de Cairo y Castro109. Sin embargo, la autoridad del arzobispado no rechazó el contrato firmado con Ramos Portugués —por la «buena fe» de este último, afirmó— a condición de que fuese aceptado y reconocido por el nuevo prefecto del convento de Lima y los religiosos de la orden, lo que efectivamente ocurrió. El gobernador eclesiástico insistió en que se informase al arzobispado sobre el dinero recibido y que el comerciante Ramos Portugués se comprometiera a entregar el dinero de la venta, no al nuevo prefecto del convento de la Buenamuerte sino directamente al gobernador eclesiástico del arzobispado. A pesar de haberse situado en el centro de la decisión adoptada, no quedó muy en claro el papel desempeñado por el gobernador eclesiástico del arzobispado, don Francisco Xavier de Echagüe. Es difícil imaginar que no

109 Este había denunciado a las autoridades de la orden, José Cairo y José B. Castro, de haberse apoderado del dinero producido por el alquiler de la chacra limeña de La Magdalena; es decir, un monto de 1 365 pesos. AAL-OCNSB, legajo IX: 12. Ver más adelante, el cuarto capítulo.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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haya estado al corriente de la operación desde que esta se inició110. Lo que quedaría además corroborado gracias a una pesquisa notarial diligenciada por el propio arzobispado en el mismo convento de Lima. Los testigos convocados entonces por el notario del arzobispado para dar su versión del asunto (el contador del convento, algunos hermanos laicos o donados o simples domésticos) confirmaron implícitamente que el propio gobernador eclesiástico habría aconsejado, al inicio de la venta, que se tomasen las medidas de la más estricta «seguridad» para tratar este asunto. Fue lo que afirmó, por ejemplo, el hermano Marcos Jiménez, quien aseguró que el transportista de Surco, don Juan Salcines —encargado por Ramos Portugués de organizar el transporte de los panes de azúcar desde Cañete— habría servido de intermediario entre el gobernador eclesiástico De Echagüe y las autoridades del convento, Cairo y Castro. Es muy probable que la causa principal de la destitución de las dos autoridades del convento provenga de la discrepancia respecto al uso que se debía de dar al dinero resultante de la venta del azúcar; y que en defensa de su propio punto de vista el gobernador eclesiástico haya optado por apoyarse en uno de los grupos en conflicto en el seno del convento limeño. Si nos situamos en el contexto del conflicto, es posible pensar que Castro y Cairo hayan deseado que con el dinero producto de la venta se cubrieran en primer lugar las necesidades de los miembros del convento y que el gobernador eclesiástico, por su parte, haya pensado que, en primer lugar, había que satisfacer a los numerosos acreedores impagos de la orden, entre los que se encontraba a otros conventos y monasterios limeños y numerosas misas, patronatos, aniversarios y obras pías. Parece ser, por otro lado, que tanto Cairo como Castro, las dos autoridades destituidas por el gobernador eclesiástico, habrían tratado, cada uno en su momento —desde inicios de 1824—, de poner de relieve en sus informes dirigidos al arzobispado la miseria en la que vivían los miembros de la orden de la Buenamuerte, por causa de la «epidemia de los tiempos actuales», lo que hacía imposible, desde luego —desde su punto de vista—, que se pudieran pagar las deudas atrasadas a los acreedores. El religioso secular José Benito Castro, síndico de la orden, evocó por ejemplo, el 20/01/1824, las dificultades para abonar las misas mensuales efectuadas por los religiosos de la Buenamuerte, la disminución total de ingresos procedentes de las ventas de azúcar de las haciendas, la ocupación militar de estas y el hecho de que, según afirmaba, desde noviembre de 1823 110

AAL-OCNSB, legajo IX: 10.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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no había llegado una sola libra de azúcar de Cañete al convento de Lima. Por su parte, el camilo José Cairo explicó, el 24/01/1824, que no solo las haciendas de Cañete estaban ocupadas militarmente. Lo mismo ocurriría con el convento limeño, en donde además se habrían refugiado los «emigrados» (curas, vicarios, familiares, etc.; es decir, los candidatos españoles al exilio) pidiendo el auxilio de la religión de la Buenamuerte, que esta, desde luego, no podía negarles111. Incluso los informes sobre las nuevas llegadas al convento de Lima de cargas de azúcar desde Cañete —seguramente imposibles de ocultar— y el destino dado al dinero que producía su venta aparecen impregnados de esa voluntad de destacar las dificultades de mantenimiento de los religiosos de la orden. Así fue, por ejemplo, en el informe del procurador del convento Francisco del Río112, en el que se daba cuenta de la llegada de 200 arrobas de azúcar desde Cañete, que fueron luego vendidas y cuyo producto fue utilizado para satisfacer las necesidades elementales del convento (alimento, vestido, misas, ceras y velas, tabaco para los esclavos, pago de deudas de panadería, etc.). Existen sin embargo otros elementos que permiten completar el cuadro general que estamos esbozando, con el fin de comprender las «ventas ilegales» y su desenlace. A pesar de la decisión tomada por el gobernador eclesiástico del arzobispado de Lima, don Francisco Xavier de Echagüe, los problemas del comerciante limeño Ramos Portugués no acabaron. El administrador de las hacienda de Cañete y futuro provincial de la orden, el camilo Francisco Barredo, pese a haber recibido una carta del gobernador eclesiástico (probablemente a pedido de Ramos Portugués) para que dispusiera lo necesario con vistas a facilitar el transporte del azúcar, no parecía convencido de que fuese la mejor solución. Es lo que se deduce de la carta remitida al gobernador eclesiástico por el comandante militar de Cañete, don Juan Bautista Arana. Este último acusaba a Barredo de querer disponer a su antojo y voluntad del azúcar de las haciendas. El argumento de Barredo parece ser el mismo que ya utilizara anteriormente para rechazar toda directiva o intento de control de la orden camila por parte del ordinario: la solución de los asuntos de la religión de la Buenamuerte le competía exclusivamente a ella, a su propio fuero. O para decirlo en otras palabras, en el asunto que nos concierne, el dinero de la venta de los panes de azúcar de las haciendas debía ser recibido, controlado 111 112

AAL-OCNSB, legajos IX: 2, 3. AAL-OCNSB, legajo IX: 4.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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y utilizado por la orden de la Buenamuerte —puesto que era su dinero— y no por el gobernador eclesiástico. No era la primera vez que se producía un conflicto de autoridad entre el gobernador eclesiástico y el camilo Francisco Barredo, en torno a la utilización del azúcar producida en las haciendas de Cañete o respecto a la sujeción de la orden a la autoridad de la Iglesia Catedral. Habiendo sido propuesto por el arzobispado como candidato para provincial de la orden de los crucíferos (incluso habiendo ejercido el cargo informalmente, durante un momento), Barredo fue acusado en 1821 —por otros miembros de la orden— de haber malversado dinero y de haberse fugado con las tropas españolas113. La confusión se agravó luego, con la intervención de la última autoridad política y militar española vigente en ese entonces, el brigadier don José Ramón Rodil. Este último, luego de haber apoyado, en un primer momento, la autoridad del gobernador eclesiástico del arzobispado —y la sujeción de la orden de la Buenamuerte a la decisión del ordinario— terminó apoyando al camilo Francisco Barredo. No sin subrayar las contradicciones del gobernador eclesiástico quien, según Rodil, parecía paradójicamente defender a alguien que rechazaba abiertamente su propia autoridad. El brigadier Rodil no parecía tener una opinión muy positiva de la orden de la Buenamuerte ni de sus miembros. Afirmó claramente que la administración de los asuntos temporales por los religiosos de la Buenamuerte había sido catastrófica e irresponsable y que habían tomado ellos como pretexto las ocupaciones sucesivas de ambos ejércitos para disfrazar y disculpar su propio comportamiento. Esto es: la huida del convento llevándose los bienes y dinero de la orden, la voluntad de no pagar ninguna de las obligaciones de cara a sus acreedores —una suerte de desfalco o quiebra organizados—, el cobro por adelantado (con anticipación de varios años) de réditos activos, alquileres, etc.; antes de preparar su fuga de la orden, el ocultamiento de su estado religioso y su salida del país. *** Las deudas siguieron acumulándose, a lo largo de 1823 y 1824; y desde luego más allá. La documentación disponible tampoco nos permite explicar con precisión y certeza el cambio de actitud del brigadier Rodil para con 113

AAL-OCNSB, legajos IX: 14, 16.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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Barredo; lo que deja abierta la posibilidad a varias interpretaciones, a pocos meses de la batalla de Ayacucho y la derrota definitiva del ejército español. El camilo Barredo se felicitaba de que se hubieran respetado las «razones canónicas» que había expuesto (es decir la independencia del clero regular respecto al secular y el respeto de sus fueros como orden religiosa). Por su lado, el brigadier Rodil explicaba que sus razones se justificaban por la necesidad de aliviar la situación de los religiosos de la Buenamuerte114. Por su parte, el gobernador eclesiástico De Echagüe deploraba la desposesión de autoridad de la que había sido víctima. Pero todos aprobaron el hecho de que el dinero de las ventas de azúcar fuese directamente abonado a la orden de la Buenamuerte115, es decir a Francisco Barredo, y aunque no sepamos efectivamente cuál haya sido el uso final dado a dicho dinero, podemos suponer que Barredo y Rodil sí lo supieron. Un asunto de nuevas y antiguas legalidades y legitimidades, sin lugar a dudas, pero también un desenlace en que cada quien buscaba preservar sus propios intereses (incluso individuales), cuando ya la derrota de las fuerzas españolas se presentaba como un hecho ineludible, palpable y tangible.

114

Se sabe por otra parte que el camilo Barredo junto con otros eclesiásticos se marcharon de Lima, para obtener refugio y protección de las tropas españolas. AALOCNSB, legajos IX: 24, 25, 30, 31, 32, 34. 115 Luego de haber recibido un avance de 5 200 pesos, el gobernador eclesiástico del arzobispado aceptó que los 5 300 pesos restantes fuesen entregados a Barredo. AALOCNSB, legajo IX: 31.

ANEXOS CAPÍTULO II

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

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ANEXO II.2.1. HACIENDA LA QUEBRADA-EL CHILCAL. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1812-1821, EN UNIDADES MESES Y AÑOS noviembre 1812 diciembre 1812 enero 1813 febrero 1813 marzo 1813 abril 1813 mayo 1813 junio 1813 julio 1813 agosto 1813 septiembre 1813 octubre 1813 noviembre 1813 diciembre 1813 enero 1814 febrero 1814 marzo 1814 abril 1814 mayo 1814 junio 1814 julio 1814 agosto 1814 septiembre 1814 octubre 1814 noviembre 1814 diciembre 1814 enero 1815 febrero 1815 marzo 1815 abril 1815 mayo 1815 junio 1815 julio 1815 agosto 1815

PANES 348 578 710 681 667 564 24 0 331 737 760 813 776 742 729 711 462 687 27 0 0 445 785 865 857 808 837 725 822 736 25 0 220 772

PANELAS 36 66 90 92 115 96 202 0 58 106 108 114 113 103 98 98 63 97 121 0 42 90 122 135 135 134 148 124 132 125 4 0 34 114

CARAS 0 0 0 34 0 46 0 0 0 0 0 45 28 34 29 38 44 29 0 0 0 0 0 24 36 49 47 38 66 45 59 34 83 14

132

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

septiembre 1815 octubre 1815 noviembre 1815 diciembre 1815 enero 1816 febrero 1816 marzo 1816 abril 1816 mayo 1816 junio 1816 julio 1816 agosto 1816 septiembre 1816 octubre 1816 noviembre 1816 diciembre 1816 enero 1817 febrero 1817 marzo 1817 abril 1817 mayo 1817 junio 1817 julio 1817 agosto 1817 septiembre 1817 octubre 1817 noviembre 1817 diciembre 1817 enero 1818 febrero 1818 marzo 1818 abril 1818 mayo 1818 junio 1818 julio 1818 agosto 1818 septiembre 1818

772 812 777 674 770 757 731 707 119 0 363 723 732 778 732 691 741 697 665 518 0 0 0 143 366 726 705 652 723 636 601 485 61 0 0 412 700

123 128 126 118 135 114 114 108 17 0 57 105 105 111 110 122 123 96 58 50 0 0 0 36 69 94 90 91 106 79 68 66 9 0 0 72 89

0 59 66 64 64 61 61 46 43 56 49 21 0 57 35 48 32 42 32 10 0 0 0 36 55 52 70 48 48 26 38 31 65 22 58 43 12

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

octubre 1818 noviembre 1818 diciembre 1818 enero 1819 febrero 1819 marzo 1819 abril 1819 mayo 1819 junio 1819 julio 1819 agosto 1819 septiembre 1819 octubre 1819 noviembre 1819 diciembre 1819 enero 1820 febrero 1820 marzo 1820 abril 1820 mayo 1820 junio 1820 julio 1820 agosto 1820 septiembre 1820 octubre 1820 noviembre 1820 diciembre 1820 enero 1821 febrero 1821 marzo 1821 abril 1821

843 813 646 643 600 659 628 42 0 0 614 575 765 743 669 675 707 711 633 53 0 0 195 267 0 0 0 472 405 414 298

12 106 74 83 74 95 101 20 18 49 99 81 121 131 120 118 119 123 125 12 0 0 34 48 0 0 0 79 64 68 46

Fuente: ACB, Libros de Contabilidad (LC), Libro quinto.

133

0 54 42 45 26 24 34 8 0 0 74 0 20 42 40 20 40 25 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

134

ANEXO II.2.2. HACIENDA LA QUEBRADA-EL CHILCAL. PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES, 1744-1798, EN PESOS AÑO 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777

LA QUEBRADA-EL CHILCAL 204 204 204

300 194 292

235 235 187 400 424 424 443 443 443 656 721 1009 191 191 370 550 550 550 600

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798

550 827 801 1 250 1 623 1 295 861 740 805 685 895 920 1 047 801 592 415 461 370 440 415 406 Fuente: ACB, LC, Libros segundo y tercero.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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ANEXO II.2.3. HACIENDA LA QUEBRADA-EL CHILCAL. GASTOS ANUALES, 1781-1798, EN PESOS Y EN PORCENTAJES AÑO 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 (01-05) 1791 (09-12) 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 (01-09)

GASTOS

GASTOS

GASTOS

TOTALES

EN SALARIOS

15 010 19 474 15 543 10 336 8 877 9 651 8 216 10 745 11 032

1 839 4 988 5 012 913 171 712 747 1 347 881

12,5 25,6 32,3 8,8 1,9 7,4 9,1 12,5 7,9

3 511 5 193 3 588 2 167 1 551 2 240 1 262 2 229 1 205

23,4 26,7 23,1 20,9 17,5 23,2 15,4 20,7 10,9

5 235

257

4,9

1 009

18,9

2 405

728

30,2

320

13,1

7 107 4 978 5 534 4 436 5 286 4 976

294 606 493 865 597 759

4,1 12,2 8,9 19,5 11,3 15,3

2 265 607 2 108 841 833 1 450

31,9 12,2 38,1 18,9 15,8 29,1

4 868

914

18,8

2 254

46,3

%

EN GANADO

Fuente: ACB, LC, Libros primero, segundo y tercero.

%

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

ANEXO II.2.4. HACIENDA CASABLANCA-CERRO AZUL. PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES, 1775-1798, EN PESOS AÑO 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798

CASABLANCA-CERRO AZUL 490 595 725 602 956 946 1 044 1 154 1 293 662 973 1 280 528 986 774 982 496 510 431 470 440 888 349 453 Fuente: ACB, LC, Libro cuarto.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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ANEXO II.2.5. HACIENDA CASABLANCA-CERRO AZUL. GASTOS ANUALES, 1775-1798, EN PESOS Y EN PORCENTAJES

AÑO 1775 (03-12) 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 (7 meses) 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 (01-09)

GASTOS

GASTOS

GASTOS

TOTALES

EN SALARIOS

4 917 7 146 8 705 7 222 11 444 11 357 12 524 13 852 15 506 7 947 11 681 15 349 6 331 11 834 9 288 11 782 5 953 6 110 5 171 5 635 5 274 10 659 4 179 4 081

409 1 581 1 430 1 195 2 961 2 032 2 934 2 270 3 124 574 940 2 240 1 186 3 135 1 242 1 186

8,3 22,1 16,4 16,5 25,9 17,9 23,4 16,4 20,1 7,2 8,1 14,6 18,7 26,5 13,4 10,1

904 579 390 731 1 171 1 645 474 884 546 682 1 472 431 702 339 1 281

12,7 6,7 5,4 6,4 10,3 13,1 3,4 5,7 6,9 5,8 9,6 6,8 5,9 3,6 10,9

260 497 654 1 300 1 586 931 1 427

4,3 9,6 11,6 24,6 14,9 22,3 34,9

307 393 705 608 296 197 207

5,1 7,6 12,5 11,5 2,8 4,7 5,1

%

EN APEROS

%

Y SERVICIOS

Fuente: ACB, LC, Libro cuarto.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

139

ANEXO II.2.6. HACIENDAS LA QUEBRADA-EL CHILCAL Y CASABLANCACERRO AZUL. GASTOS MENSUALES, 1801-1803, EN PESOS

MES Y AÑO junio 1801 julio 1801 agosto 1801 septiembre 1801 octubre 1801 noviembre 1801 diciembre 1801 enero 1802 febrero 1802 marzo 1802 abril 1802 mayo 1802 junio 1802 julio 1802 agosto 1802 septiembre 1802 octubre 1802 noviembre 1802 diciembre 1802 enero 1803 febrero 1803

GASTOS

GASTOS EN

TOTALES

SALARIOS

296 1 311 1 658 1 636 1 661 1 188 3 552 1 700 2 853 1 332 998 2 066 1 390 1 821 2 364 1 152 1 328 3 122 1 457 2 459 2 118

48 149 286 257 622 276 553 280 907 473 311 252 218 551 351 347 196 210 233 209 328

GASTOS EN INSTRUMENTOS Y SERVICIOS

37 72 207 42 75 47 372 179 204 7 21 148 75 78 670 169 121 140 204 141 529

Fuente: ACB, LC, Libro cuarto.

GASTOS EN GANADO

0 70 523 550 100 0 550 0 165 187 0 0 0 741 0 0 71 554 0 560 267

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

140

ANEXO II.2.7. INGRESOS DEL AZÚCAR Y GASTOS PARA HABILITAR LAS HACIENDAS DE CAÑETE, 1775-1792, EN PESOS AÑOS

INGRESOS DEL AZÚCAR

05/75-04/76 05/76-04/77 05/77-04/78 05/78-04/79 05/79-04/80 05/80-04/81 05/81-04/82 05/82-04/83 05/83-04/84 05/84-04/85 05/85-04/86 05/86-04/87 05/87-04/88 05/88-04/89 05/89-04/90 05/90-04/91 05/91-04/92 Totales

74 359 81 338 58 907 71 946 88 278 88 948 96 635 70 121 53 644 107 718 102 370 101 555 101 385 107 945 85 633 69 384 65 513 1 430 992

GASTOS PARA HABILITAR LAS HACIENDAS

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

31 910 43 713 27 256 27 228 43 080 37 687 40 897 56 072 53 639 48 962 45 365 46 611 45 783 47 690 43 276 31 398 23 482 694 049

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

ANEXO II.2.8. HACIENDAS DE CAÑETE. LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 1791-1800, EN ARROBAS AÑO 01/05/1791-30/04/1792 01/05/1792-30/04/1793 01/05/1793-30/04/1794 01/05/1794-30/04/1795 01/05/1795-30/04/1796 01/05/1796-30/04/1797 01/05/1797-30/04/1798 01/05/1798-30/04/1799 01/05/1799-30/04/1800

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 25 536 @ 08 lb 22 855 @ 08 lb 30 371 @ 20 lb 29 529 @ 02 lb 28 732 @ 16 lb 32 444 @ 05 lb 30 207 @ 07 lb 35 891 @ 09 lb 33 231 @ 16 lb

Fuente: AAL-OCNSB, legajo IV: 2.

141

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

142

ANEXO II.2.9.VOLÚMENES DE AZÚCAR RECIBIDOS EN EL CONVENTO DE LIMA, 1794-1816, EN ARROBAS AÑO 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816

LA QUEBRADA 7 672 15 833 16 589 14 963 16 193 23 338 14 609 15 960 14 747 13 986 12 594 15 499 15 389 17 620 20 194 16 237 13 977 14 777 15 516 12 462 14 919 17 228 8 506

CASABLANCA 6 300 12 346 16 484 13 874 18 745 18 534 15 967 13 912 13 886 12 089 12 375 13 683 14 571 13 933 14 819 15 881 14 566 17 329 17 256 15 428 16 090 16 745 9 717

Fuente: ACB, LC, Libro sexto.

PESO TOTAL 13 972 28 179 33 073 28 837 34 938 41 872 30 576 29 872 28 633 26 075 24 969 29 182 29 960 31 553 35 013 32 118 28 543 32 106 32 772 27 890 31 009 33 973 18 223

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

ANEXO II.2.10. PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL DE LA QUEBRADA, 1812-1821, EN PANES DE AZÚCAR AÑOS (NÚMERO DE MESES CONSIDERADOS) 1812-1813 (7) 1813-1814 (12) 1814-1815 (11) 1815-1816 (12) 1816-1817 (10) 1817-1818 (11) 1818-1819 (8) 1819-1820 (9) 1820-1821 (9)

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL, EN PANES

Fuente: ACB, LC, Libro quinto.

518 564 625 592 664 463 732 682 231

143

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

144

ANEXO II.2.11. EL DÉFICIT ECONÓMICO DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792, EN PESOS

AÑO 05/75-04/76 05/76-04/77 05/77-04/78 05/78-04/79 05/79-04/80 05/80-04/81 05/81-04/82 05/82-04/83 05/83-04/84 05/84-04/85 05/85-04/86 05/86-04/87 05/87-04/88 05/88-04/89 05/89-04/90 05/90-04/91 05/91-04/92 Totales

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

79 670 86 793 65 047 81 487 89 202 92 184 100 217 86 370 57 679 119 138 108 659 107 707 105 240 117 043 92 541 77 065 74 667 1 540 709

TOTAL DE GASTOS

DÉFICIT

173 703 117 995 93 846 82 095 105 379 103 804 97 016 124 123 114 040 152 527 150 632 117 282 121 490 115 135 128 165 115 249 93 991 2 006 472

-94 033 -31 202 -28 799 -608 -16 177 -11 620 3 201 -37 753 -56 361 -33 389 -41 973 -9 575 -16 250 1 908 -35 624 -38 184 -19 324 -465 763

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE EN CAÑETE

145

ANEXO II.2.12. ENDEUDAMIENTO NETO DE LA ORDEN DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792, EN PESOS AÑO 05/75-04/76 05/76-04/77 05/77-04/78 05/78-04/79 05/79-04/80 05/80-04/81 05/81-04/82 05/82-04/83 05/83-04/84 05/84-04/85 05/85-04/86 05/86-04/87 05/87-04/88 05/88-04/89 05/89-04/90 05/90-04/91 05/91-04/92 Totales

MONTO DE LOS EMPRÉSTITOS 101 989 0 12 000 0 0 9 000 0 2 000 87 595 21 582 29 850 400 28 000 10 500 14 100 27 100 16 100 360 216

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

REDENCIÓN DE

ENDEUDAMIENTO

EMPRÉSTITOS

NETO

80 000 20 000 9 300 7 000 0 9 000 0 2 000 0 34 000 35 000 16 000 3 900 0 5 222 3 100 13 900 238 422

21 989 -20 000 2 700 -7 000 0 0 0 0 87 595 -12 418 -5 150 -15 600 24 100 10 500 8 878 24 000 2 200 121 794

146

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

ANEXO II.2.13. CARGAS FINANCIERAS ANUALES (CENSOS Y RÉDITOS) DE LA ORDEN DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792, EN PESOS AÑO 05/75-04/76 05/76-04/77 05/77-04/78 05/78-04/79 05/79-04/80 05/80-04/81 05/81-04/82 05/82-04/83 05/83-04/84 05/84-04/85 05/85-04/86 05/86-04/87 05/87-04/88 05/88-04/89 05/89-04/90 05/90-04/91 05/91-04/92 Totales

CENSOS Y RÉDITOS 18 922 18 539 17 864 18 048 16 296 17 949 16 369 16 405 18 449 20 488 20 461 17 941 19 474 24 311 21 009 19 662 21 281 323 468

Fuente: AAL-OCNSB, legajo V: 2.

CAPÍTULO III LA CRISIS INTERNA DE LA BUENAMUERTE

Este tercer capítulo va a permitirnos reconstituir la crisis interna atravesada por la orden camila en el Perú, desde el último tercio del siglo XVIII; y ello, a partir de sus propias fuentes. Una crisis de autoridad y legitimidad que conlleva el desprestigio de la orden camila, su pérdida de consideración, luego de varias décadas de establecimiento, signadas por su prestigio creciente y la expansión de sus temporalidades. Una crisis multiforme, en el seno de la orden, que se manifiesta visiblemente en la disolución parcial de su misión religiosa y que llegará incluso, durante la coyuntura independentista y las primeras décadas de la república, a poner en tela de juicio su propia existencia. Luego de situar la crisis interna de los religiosos crucíferos limeños en el contexto de la crisis que atraviesa el clero regular hispánico, desde la primera mitad del siglo XVIII, examinaremos la cronología de su agudización, entre 1776 y 1818, poniendo de relieve sus diversos componentes y factores, sus episodios y desenlaces, sus fracturas y perturbaciones, amén de las intervenciones abiertas de las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato en el seno de la Buenamuerte. Antes de acercarnos a la manera en que dicha crisis institucional interna se potencia y profundiza aún más en el cuadro del conflicto independentista. 1. LA RECONSTITUCIÓN DE UNA CRISIS DE AUTORIDAD Y LEGITIMIDAD Ya lo hemos observado en el capítulo anterior: las manifestaciones durables de la crisis económica y comercial de las temporalidades de la orden y su administración solo se hacen visibles hacia finales de la segunda década

148

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

del siglo XIX, probablemente desde 1818 y 1820, justo en los momentos previos a la independencia definitiva de los territorios del virreinato peruano. Antes de ello, no es posible hablar de una verdadera crisis productiva. En cambio la crisis financiera y de endeudamiento aparece efectivamente con anterioridad; las evidencias empíricas parecen indicar que ya está presente durante la segunda parte de los años 1780, a pesar de los resultados positivos que se registran en las ventas de azúcar efectuadas por la orden. La pesquisa de 1792-1793, del contador de la Audiencia Real, Joaquín Bonet, ya advertía de los riesgos de bancarrota financiera que ya empezaban entonces a acechar a la orden. En lo que sigue, intentaremos ver cómo esas dos crisis se nutren de otra crisis, de autoridad y legitimidad (con sus secuelas de recurrentes conflictos internos), la misma que a su vez se ve retroalimentada por las primeras. Una crisis institucional que, tal como lo veremos, es incluso anterior a la crisis financiera (o a la crisis económica); una crisis cuyas manifestaciones fueron aún más visibles que las dos anteriores y que obligaron incluso a las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato peruano a intervenir para tratar si no de resolverla, por lo menos de atenuar sus consecuencias, favoreciendo su propósito regalista de aumentar el control sobre las órdenes religiosas. Gracias a la documentación del archivo del convento de la Buenamuerte, contamos con una documentación de primera mano, que nos permite examinar, desde el interior de la propia institución, la crisis que atravesó una de las órdenes religiosas limeñas que más se habían destacado en las últimas décadas del Antiguo Régimen peruano. Sería muy útil en tal perspectiva, el poder comparar las etapas y el ritmo de evolución de la crisis de la Buenamuerte con otras similares en el virreinato peruano o en otros espacios coloniales o metropolitanos españoles. Dicha reconstitución, más amplia aún, nos permitiría al mismo tiempo acercarnos a las relaciones que se establecieron, en la última fase del periodo colonial, entre las «dos majestades del Antiguo Régimen»: por un lado, el poder civil, encarnado por las autoridades del virreinato peruano, y por otro lado, el poder eclesiástico, en sus dos ramas, ya que las autoridades del clero secular no dejaron de manifestarse, en tales circunstancias, y precisar al mismo tiempo sus propias relaciones con el clero regular. En un contexto en el que, como práctica general —tanto para España como para América española—, se reafirmaba el regalismo de la monarquía borbónica. Por esa razón, y para el caso preciso de la orden crucífera en Lima, hemos optado por un análisis minucioso y pormenorizado de los conflictos internos dentro de la Buenamuerte, tal y como se reflejaron en las fuentes

LA CRISIS INTERNA DE LA BUENAMUERTE

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empleadas, tratando de acercarnos a cada una de sus particularidades de manera detallada y documentada. A pesar de ser laborioso —con un seguimiento sistemático de polémicas, acciones y campos en disputa—, pensamos que el ejercicio ha sido de gran utilidad. Cabría indicar, por otra parte, que la crisis interna de la orden de los religiosos camilos en Lima no parece ser la única ni la más profunda de todas las que se presentaron en el virreinato peruano tardocolonial, en el seno del clero regular. Vale la pena señalar que, tal como lo veremos más adelante, para las autoridades virreinales peruanas más regalistas, el «caso de la Buenamuerte» debía de servir de ejemplo para el tratamiento de otras instituciones del mismo clero, que atravesaban por crisis similares. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, al lado de órdenes religiosas prósperas y boyantes (unas más que otras), también las hubo, numerosas, que ya habían cesado prácticamente de existir, junto a otras que lo harían muy rápidamente, antes de que finalizara la presencia española en el Perú, o inmediatamente después1. Las que no dejaron de existir ya durante el final del periodo colonial, formaron parte de los primeros grupos de conventos o monasterios supresos por la naciente república peruana, en su propia «reforma de regulares», al promediar la tercera década del siglo XIX, tal como lo veremos en el capítulo siguiente. El número abultado o insignificante de sus miembros, tanto en un caso como en otro —y por razones diferentes—, no fue el único signo del declive. Y ello, al tratarse de una crisis que ponía en tela de juicio sobre todo su práctica misma como instituciones religiosas regulares, como rama del clero. No obstante, sería apresurado y prematuro, sin contar con los estudios de caso indispensables, el formular síntesis sobre las causas efectivas de dicha decadencia. Aunque tal vez valga la pena señalar que el respeto y cumplimiento de la regla de la institución y la clausura impuesta, tanto como las oposiciones por el control y usufructo de las temporalidades o de la misma institución —conflictos que ya se habían producido en siglos anteriores, pero con menor intensidad—, puedan hallarse en el centro de la crisis desencadenada, tal como se desprende de algunos indicios rescatados. Así se explicarían también los llamamientos e invocaciones de diverso origen, incluso de las propias autoridades de la Iglesia virreinal, del clero secular, para mejorar «las luces y la ciencia de los pastores», ante la relajación o desarreglo de las costumbres que habían empezado a observarse. 1

Ver entre otros, Tibesar, 1971;Vargas Ugarte, 1961, vol. 4: 44-46, 267-294; Moreno Cebrián, 2003; Ortegal y Luna, 2009a.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Se sabe que estamos en un contexto general de crisis en el seno del clero regular (de menor intensidad en el clero secular) y no solo al interior de las ramas hispanoamericanas del clero; sobre ello ya existen importantes trabajos, tanto para el clero regular de la Península Ibérica como para el de los espacios coloniales americanos2. Una crisis relacionada con la presión fiscal, económica e institucional ejercida por los gobiernos borbónicos reformistas en las últimas décadas del siglo XVIII. Probablemente vinculada también al aumento efectivo de los miembros del clero secular y la progresiva secularización —impulsada por el regalismo— de las parroquias que, tres siglos después del inicio de la colonización, seguía manteniendo en su poder el clero regular. Pero crisis endógena igualmente, con pérdida de dinamismo y desarraigo de su misión. Los ritmos del declive pudieron ser distintos y más o menos lentos, según los espacios e instituciones (es lo que queda por estudiar aún); pero parece que estamos delante de un movimiento relativamente general de mediano plazo. 2. ORÍGENES Y ETAPAS DE LA CRISIS INSTITUCIONAL DE LA BUENAMUERTE. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS Efectivamente, resulta difícil establecer una fecha de inicio de la crisis institucional de la religión de la Buenamuerte, sobre todo sabiendo que su implantación limeña fue rápidamente coronada de éxitos y que su ascensión en la estima general y social parece haber sido, tal como lo hemos indicado anteriormente, un hecho contundente, incluso hasta bien entrado el último tercio del siglo XVIII. Sin embargo, la revisión de la documentación interna de la orden y de los archivos del Arzobispado de Lima testimonia al mismo tiempo sobre una acumulación de descontento interno y de conflictos relativamente agudos, por lo menos desde mediados de los años 1770. Fuera de revelarnos el contenido de tales oposiciones y sus protagonistas, dicha masa documental permite acercarnos con mayor detalle a las prácticas y costumbres de una orden religiosa en las últimas fases del Antiguo Régimen en la capital del virreinato peruano, lo mismo que a la administración de sus temporalidades —completando de esta manera nuestro enfoque del capítulo anterior. Conviene no obstante, por tratarse de un género documental

2 Ver, entre otros, para Nueva España: Farriss, 1968; Olmos, 1989; Mazín, 1989; Brading, 1994; Vizuete, 2004. Para el caso español: Cortés, 1989; Rodríguez, 1999; Barrio, 1989, 2000; Cortés y López-Guadalupe, 2007.

LA CRISIS INTERNA DE LA BUENAMUERTE

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altamente subjetivo, mantener la mayor prudencia cuando se analizan la forma y el fondo, sabiendo que los enfrentamientos y oposiciones pudieron alterar su apariencia y separar temporalmente en campos opuestos a personajes que alternaban hacía no mucho en el mismo grupo de afinidades y que volverían a coaligarse en coyunturas ulteriores. Si grupos y alianzas existieron, su composición pudo verse rápida y fácilmente alterada. Puede decirse, por ejemplo, que una de las formas que adoptó a veces el conflicto interno fue la oposición entre, por una parte, los religiosos profesos, miembros de la orden, y por otra parte, los hermanos legos o donados (u oblados); un conflicto alimentado por la desigualdad en el acceso a prebendas y derechos en el seno de la orden, o por los deberes asignados a unos y otros. Otras veces, ya en coyunturas ulteriores —tal como lo veremos—, se trataba de oposiciones relacionadas con los orígenes españoles (entre manchegos y no manchegos, por ejemplo) o peruanos de los religiosos. Otras veces, ulteriormente, la oposición separó a los «antiguos» de los «más jóvenes», e incluso, algunos años más tarde, a «patriotas» y «realistas». Siguiendo una perspectiva cronológica examinaremos primero los orígenes y primeros lances del conflicto, cuyas manifestaciones documentales aparecen visibles a mediados de 1776. Luego nos detendremos a estudiar con detalle los resultados de las pesquisas oficiales sobre el «caso» de la Buenamuerte, efectuadas por las autoridades civiles y religiosas del virreinato desde mediados de los años 1780. Ello nos permitirá observar numerosos aspectos del mundo interior del convento, su funcionamiento, sus tensiones y la formación de grupos y clanes. En seguida, enfocaremos la manera en que se produce la abierta interferencia del poder civil en los asuntos internos del convento, poniendo de realce el comportamiento regalista de los funcionarios de la Audiencia Real de Lima y el propio virrey de turno. Para terminar analizando el significado de las victorias y derrotas de los grupos conformados en el seno de la orden e incluso su incidencia en el movimiento social de rebelión de los esclavos de Cañete, en 1809, y en el debilitamiento de su propia misión y ministerio como institución religiosa. 1) La primera fase del conflicto, entre 1770 y 1786 Las primeras huellas visibles del conflicto institucional que hemos podido detectar aparecen contenidas en un largo informe redactado por el hermano lego José Antonio de Casas Palacios, el 08/07/1776, que constituye al mismo tiempo un pedido de intervención a su favor, dirigido al arzobispo de Lima.

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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Al examinar el contenido de aquella memoria, tal vez pudiéramos reducirlo, a primera vista, a una reacción o protesta frente a una simple sanción disciplinaria impuesta por un superior de la orden, relativa al respeto de la jerarquía del convento, a la regla y las constituciones de la religión de la Buenamuerte3. Sabiendo además que Casas Palacios insistió en el hecho de que las motivaciones centrales de su castigo eran sobre todo la venganza del prefecto del convento de Lima, José Gil, y la aplicación de represalias contra él. Sin embargo, en el mismo informe ya sobresalían otros elementos, ajenos a la decisión disciplinaria. Se hicieron referencias a intervenciones exteriores (del virrey peruano y la Audiencia de Lima) en el seno del convento, a favor de determinadas autoridades de la orden crucífera; a favor de miembros de la Buenamuerte que habrían sido excluidos y alejados a Santo Domingo, en las Antillas. Lo mismo puede afirmarse de la ampliación progresiva de las instalaciones del templo de Lima, la que aparecía puesta en tela de juicio, tanto por la forma de la construcción como por su financiamiento, calificado de oneroso. La manera cómo se administraban las haciendas de Cañete y el resto de las temporalidades de la orden crucífera ya aparece en el informe referido como un asunto que divide a sus miembros4. Casas Palacios habría sido administrador de las haciendas de Cañete —aunque no hayamos encontrado huellas documentales de ello— y presumía de haberlas administrado con los mejores resultados posibles, siguiendo «los métodos de los jesuitas», lo que habría suscitado celos y envidia. Fuera de estos elementos, que anunciaban la existencia de un sensible malestar interno, el informe de Casas Palacios reveló de manera implícita —sin habérselo propuesto voluntariamente— algunas prácticas que vale la pena poner de relieve. Por ejemplo, el hecho de que determinados religiosos y hermanos legos, a pesar de estar sometidos al claustro y la vida común, parecían llevar una vida social limeña relativamente rica y activa, puesta al 3

Al momento de redactar su informe, Casas Palacios se hallaba privado —desde hacía trece meses— del derecho de salida del convento de Lima, por decisión del prefecto de la casa, el camilo José Gil. AAL-OCNSB, legajo I: 24. Ulteriormente, en reiteradas oportunidades el mismo Casas Palacios insistirá en las vejaciones a las que habría sido sometido por parte de las autoridades de la Buenamuerte. AAL-OCNSB, legajo I: 29. No tenemos la certeza de que haya alcanzado en algún momento el estado de religioso profeso, como padre camilo, aunque contamos con la documentación relativa a su renuncia de bienes, acto previo a la profesión, dirigida en 1796 al arzobispo de Lima. AAL-OCNSB, legajo III: 12. 4 AAL-OCNSB, legajo III: 12, 19, 24, 29.

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servicio de la orden5. Lo mismo podría decirse de las relaciones establecidas con las autoridades civiles, e incluso con las de la Universidad de San Marcos. No era imposible imaginar que ello acarrease diferencias entre los religiosos y generara descontento y enfrentamientos. Al respecto, vale la pena recordar desde ahora —aunque esto implique evocar documentos ulteriores al que estamos utilizando—, el análisis de los orígenes del conflicto interno de la Buenamuerte esbozado por uno de los portavoces de los grupos en disputa. El camilo Santiago González —sobre el que volveremos luego con mayores detalles—, explicaba en 1807, que fue precisamente el año de 1776 en que se inició la ruptura en el interior de la orden6.Y se produjo, según González, por un conflicto de intereses, por una querella de individuos. El prefecto José Gil habría deseado que la orden crucífera le designara a la Cátedra de Prima de Moral de la Universidad de San Marcos de Lima, reservada por el virrey peruano a un miembro de la religión de los camilos. Al no haber obtenido su propósito, a pesar de repetidos recursos y gestiones, habría decidido encabezar la rebelión contra la dirección de la orden, reuniendo en torno suyo a todos los descontentos7, especialmente a los hermanos legos y oblados o donados. Como ya lo hemos advertido, este género de interpretaciones (y su verificación) forma parte de nuestro análisis, pero no puede de ninguna manera —sería absurdo— substituirse a él. Un segundo informe, ya ulterior, fechado en Madrid el 20/12/1785, dirigido a Carlos III, con la firma del hermano lego Francisco Zapater8, así como un conjunto de referencias suplementarias, permiten confirmar la 5

Casas Palacios se queja, por ejemplo, de que la prohibición de salida que le ha sido dictaminada y aplicada es contraproducente ya que ella le impide (como ha ocurrido en el pasado) hallar los mejores inquilinos para las propiedades urbanas de la Buenamuerte. Se puede incluso afirmar que dicho hermano lego se presenta como un «especialista» en este tipo de actividad. Ibidem. Diez años después, durante la pesquisa del arzobispado de Lima (ver más adelante), Casas Palacios reafirmaba sus quejas respecto a dicha prohibición, precisando que ella le privaba de contestar afirmativamente a las invitaciones que le hacían todos los que reconocían la «ilustrada naturaleza de su nacimiento». AALOCNSB, legajo I: 29. 6 AAL-OCNSB, legajo VI: 5. Virgilio Grandi retoma en su obra esos mismos argumentos (Grandi, 1985). 7 Fue el camilo José Miguel Durán —quien ya era catedrático de Filosofía y Teología de la Universidad— el designado para dicha cátedra de Prima Moral, a propuesta de otro camilo (también catedrático de San Marcos), Francisco González Laguna. Los recursos de Gil, presentados al virrey don Manuel Guirior y al arzobispo de Lima, Dr. don Diego Antonio de Parada, no surtieron ningún efecto. 8

AAL-OCNSB, legajo I: 27.

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prosecución de las disputas internas. Pero antes de examinar este segundo documento, intentemos situar el contexto de su producción. Sabemos por indicaciones indirectas y documentos aislados que hubo a fines de 1781, 4 años antes, el intento fallido de un grupo de religiosos y hermanos legos opuesto a las autoridades o prelados9 peruanos de la orden, de mandar a España y a Roma a uno de sus representantes más eminentes, el camilo Antonio Virto de Sesma, con 22 años de religión. Este debía partir a Europa provisto de una abundante documentación y representaciones, para solicitar audiencia a Carlos III, a los tribunales de la monarquía, al Consejo de Indias, e incluso a la Consulta General de Roma, con el fin de exponer los problemas de la Buenamuerte en Lima (especialmente, el deterioro de la disciplina y del respeto a la regla, imputados a los prelados limeños en ejercicio). Con el fin de evitar toda recriminación por parte de las autoridades españolas o romanas de la orden, Antonio Virto disponía de un poder de representación del «cuerpo de la comunidad», firmado el 09/11/1781, por 14 religiosos que respaldaban su viaje: 6 camilos que contaban con derecho a voto en el capítulo (José Coronado, José J. Gil, Ramón Matienzo, Juan F. Martínez Rivamilano, José Ortiz de Avilés y Antonio Labrador) y 8 sin derecho a voto (Pío Obiaga, Ángel Ruiz de Pinedo, José Llanos, Juan B. Insaurraga, Joaquín Madrona, Baltazar Moreno, Fernando Diz de la Torre y Sebastián Zuloeta). Fue aquel un poder de representación que se volvió, en los años subsiguientes, un factor de identificación o estandarte de los miembros de la Buenamuerte opuestos a la dirección de la orden, habiendo religiosos que sin haberlo firmado en 1781, como por ejemplo Juan Manuel de Noriega (también con derecho de voto en el capítulo), Manuel Hurtado, Simón G. Moreyra o Manuel Pinedo, se reclamaban como firmantes o defensores del «poder de 1781». Un poder que también se transformó en blanco del ataque de los religiosos partidarios de los prelados10. 9

Dichas autoridades eran el vice-provincial (responsable general de la orden), el prefecto (encargado de los asuntos relativos al funcionamiento del convento) y el procurador de la orden (encargado de la administración de las finanzas y las temporalidades). Sin embargo, debemos mencionar que en la documentación de las fuentes, el sustantivo «prelados» engloba tanto a dichas autoridades como a los consejeros —otros religiosos camilos de experiencia— de los que se rodeaban. Es en ese sentido que estamos utilizando el vocablo «prelados». 10 El religioso crucífero Joaquín Madrona, habiendo firmado en 1781, reclamó luego que se le excluyera de dicho grupo. ACB, documento núm. 2500. Lo mismo pediría el camilo Fernando Diz de la Torre.

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Gracias al apoyo de comerciantes ligados a la orden y contando con la autorización del virrey, don Agustín de Jáuregui, el camilo Antonio Virto (vestido de civil y con nombre falso) fue capturado en Valparaíso y conducido a Lima, justo antes de que pudiese embarcarse para España, por agentes contratados por los prelados de la orden11, fracasando así temporalmente en su cometido y objetivo de protesta. Volviendo entonces al informe del hermano lego Francisco Zapater, de 1785, sabemos también que numerosas fueron las cartas y representaciones dirigidas a la Audiencia Real de Lima, desde 1784 por lo menos, por los hermanos legos de la orden para protestar contra la actitud de los prelados de la Buenamuerte, en particular por su presunta voluntad de permanecer indefinidamente en sus puestos y por su administración irregular de las temporalidades de la orden; gestiones que nunca obtuvieron respuesta. El propio Zapater decidió entonces, en mayo de 1785, huir del convento de Lima y partir clandestinamente hacia Madrid, acompañado de otro hermano lego, logrando en su caso burlar la vigilancia de los prelados de la orden. Su informe evoca los agravios que habrían sido cometidos en perjuicio de los hermanos legos y del relajamiento que se estaría produciendo en el seno de la religión de la Buenamuerte, en particular en lo relativo a la disciplina y el respeto de la regla y las constituciones12. Según Zapater, en la Buenamuerte de Lima habría diferencias entre los mismos religiosos y entre estos y los hermanos legos y donados que no se justificarían ni en las constituciones ni en las bulas de fundación de la orden, ni tomando en cuenta los medios con que cuenta la orden: diferencias en el tamaño de las células, en el derecho de salida, en la alimentación, en el acceso a la medicina o en

11

Solo contamos con referencias indirectas y algunas piezas documentales dispersas sobre este intento de huida a Madrid. AAL-OCNSG, legajos I: 27; II: 1, 4, 5; VI: 5. Se puede sospechar, por referencias en determinados documentos, que hubo un expediente completo constituido sobre este asunto, el mismo que habría sido confiado al notario limeño José de Aizcorbe. AAL-OCNSB, legajo I: 29. Tanto el arzobispo de Lima, don Juan Domingo de la Reguera, como el regente de la Audiencia Real de Lima habrían intervenido ante los prelados de la orden (los camilos Durán y Uría), con el fin de lograr el perdón de Antonio Virto. 12 El hermano Zapater, que contaba indudablemente con apoyos madrileños de importancia, encontró refugio en el convento hospitalario de San Juan de Dios en Madrid y ya no regresó a Lima. AAL-OCNSB, legajos I: 27; II: 4. Según las informaciones obtenidas del índice biográfico del convento, el hermano lego Francisco Zapater fue secularizado en 1790 por decisión del papa Pío VI. ACB, Índice biográfico de religiosos del Convento de la Buenamuerte.

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las formas que rigen las relaciones y el respeto recíproco entre el superior y las jerarquías inferiores. Las separaciones entre los grupos de la orden se harían especialmente visibles en el momento de las comidas y el recreo. Cuando los religiosos salen del convento, dice Zapater, para cumplir con su misión o santo oficio, en los hospitales, hospicios e incluso a domicilio, en dirección de enfermos y moribundos, algunos de ellos habrían olvidado que la regla impone su retorno inmediato al claustro luego de haber satisfecho dicha misión, en particular cuando esta se efectúa a domicilio. Los hermanos legos que acompañan a dichos religiosos serían entonces obligados a esperarlos durante largo tiempo («como si fueran domésticos o negros») en lugares inconvenientes, patios o zaguanes. Al mismo tiempo que se estaría obligando a los hermanos legos a que se quedasen durante días (sin ser reemplazados luego de cuatro horas, como exige la regla) en determinadas casas de moribundos. Por otra parte, algunos religiosos profesos de la orden estarían rehusando efectuar la confesión y el sacramento de la comunión a determinados hermanos legos, para vengarse de estos; lo que significaría en los hechos una excomunión implícita, puesto que también se les privaría del derecho de poder confesarse en otros templos de Lima. Pero también se estaría produciendo, siempre según Zapater, en el seno de la orden —y desde hacía varios años—, un relajamiento significativo y visible de la disciplina eclesiástica y el respeto de las constituciones. La regla que determina la duración del gobierno de los prelados —que no debe de sobrepasar los dos años—, habría sido permanentemente infringida desde hacía seis años por lo menos13. Ya hace ocho años, dice Zapater, que el camilo José Miguel Durán actúa como viceprovincial de la orden; lo mismo se puede decir de Juan de Uría, prefecto del convento de Lima. Además del hecho de que ninguno de ellos se estaría consagrando a la práctica de la misión de la orden. En realidad, según Zapater, existiría una «facción» de religiosos (con complicidades en Roma y España) que estaría apoyando el mantenimiento indefinido de los actuales prelados, tratando de ganarse al mismo tiempo el apoyo de los religiosos más inexpertos (creando jerarquías indebidas, por ejemplo, en el acompañamiento de determinados religiosos de la orden) y descartando simultáneamente a todos los que se opusiesen a tales prácticas, generalmente los más experimentados (algunos de ellos con más de 25 años de profesión), creando de esa manera situaciones confusas y sorprendentes,

13

AAL-OCNSB, legajo I: 27.

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como la de los religiosos camilos que piden asilo en otros conventos limeños, por ejemplo en el de San Francisco. Y todo eso, según su análisis, sería una característica general de la orden en Europa y América. Se habría producido en Nueva España, México, una situación parecida a la de Lima, con acaparamiento de los puestos de dirección de la orden por un grupo14. Habría una «facción» manchega de la orden de los camilos que estaría intentando apoderarse de la dirección de la religión crucífera; el grupo de Lima formaría parte de ellos. Los prelados de la facción limeña, en un acto de indisciplina y abuso de poder, preferirían permanecer al exterior del convento (en las haciendas de Cañete o Lima, por ejemplo) antes que consagrarse al ejercicio de la misión, la que ya no sería practicada por la mayoría de ellos. Las decisiones importantes (gastos, designación de los administradores de las haciendas, revisión y aprobación de las cuentas, empréstitos a censo, etc.) ya no serían adoptadas en el seno de los capítulos sino al interior de la facción, de forma informal, gracias al poder arbitrario de los prelados. Los decretos de la Consulta General de Roma (organismo central de la orden) o los del papa no serían ni explicados ni leídos a los miembros de la orden, como tampoco se harían las gestiones necesarias para su puesta en aplicación mediante la obtención del exequatur regio, lo que estaría empujando a la religión de la Buenamuerte a una situación de ilegalidad visible, delante de las autoridades civiles y el rey de España. Tal vez haya sido la consecuencia directa de este informe del hermano lego Francisco Zapater, o de sus gestiones en la corte: en todo caso, Carlos III emitió en Madrid una Real Cédula, el 11/04/1786, mediante la cual le pidió a las autoridades del virreinato peruano que, por intermedio del arzobispo de Lima, se instruyera una información detallada sobre la situación de la orden crucífera y los aspectos subrayados por Zapater y se le remitiera un informe de sus resultados. El virrey y la Audiencia Real de Lima transmitieron el pedido al arzobispo, el mismo que se puso a organizar la instrucción solicitada, en acuerdo y concordia con el tribunal arzobispal. Vale la pena resaltar, a estas alturas de los acontecimientos, los mecanismos de poder puestos en acción. Estamos delante de la intervención de la principal autoridad de la monarquía, el rey de España, sobre un asunto relativo a la actividad americana de una orden religiosa, del clero regular, que no es de origen español aunque también esté implantada en la propia Península Ibérica, y cuyo funcionamiento irregular ha sido denunciado por 14

AAL-OCNSB, legajos I: 27; II: 4.

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uno de sus miembros de rango inferior. El arzobispo y las autoridades del clero secular recibieron el encargo de instruir la información necesaria y la organizaron. El regalismo del soberano, en una época en que ya se preconizaba la necesaria «reforma de los regulares», incorporó de esta manera a la justicia arzobispal y al propio arzobispo en una pesquisa real y en el «conocimiento» de lo que ocurría en el seno de una orden religiosa, miembro del clero regular.Ya era una forma de sujetar este a la autoridad del clero secular, que era uno de los objetivos de la mencionada tendencia regalista. El arzobispo de Lima elaboró entonces un cuestionario de 16 puntos con el fin de someterlo a cada uno de los religiosos profesos de la orden y también a los hermanos legos, bajo la forma de un interrogatorio bajo juramento, delante del notario del tribunal del arzobispado, el religioso secular don Francisco de Torres, cuya función fue también la de redactar las respuestas de los interpelados. Las audiciones se produjeron en el convento de Lima, durante dos meses y medio, entre el 22/11/1786 y la primera semana de febrero de 1787 y fueron registradas en un amplio expediente manuscrito15. No aparecen empero, en el documento analizado, las respuestas de los tres prelados de la orden de ese entonces: José Miguel Durán, Juan de Uría y Julián de Larrea. Como tampoco aparecen las respuestas de los camilos Francisco González Laguna e Ignacio Pinuer. Es decir que no aparecen las respuestas de los religiosos que el hermano lego Francisco Zapater había calificado de constituir una «facción» en el poder. Ninguna indicación en el expediente dejaría entrever que no hubiesen sido interrogados por el notario del arzobispado. El escrupuloso notario, don Francisco de Torres, siempre dejó constancia de los religiosos que fueron interrogados en cada oportunidad y de aquellos que por causa de sus funciones, del ejercicio de su misión o por otro motivo de ausencia, no pudo él interrogar. Por ejemplo, los casos de los camilos Ángel Ruiz de Terán, Fernando Diz de la Torre y Baltazar Enderica, ausentes de Lima en el momento del interrogatorio, al estar encargados de la administración de las haciendas azucareras de Cañete. El expediente de archivos reunió en total las respuestas de 28 religiosos profesos y 8 hermanos legos y se puede hablar de por lo menos 8 ausencias de respuesta por parte de los religiosos profesos. Lo que confiere a la pesquisa una representatividad relativamente elevada, al tomar en cuenta a un 15

AAL-OCNSB, legajos I: 29, 31. El conjunto del interrogatorio se compone de 183 fols., r/v, e incluye un gran número de piezas y anexos.

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65% o 70% de sus miembros profesos (si se admite la cifra total de miembros entre 40 y 45) y a un número importante de hermanos legos. Con el fin de organizar el testimonio de los miembros de la orden e intentar extraer las informaciones contenidas —en una perspectiva crítica y razonada—, se ha optado por clasificar las respuestas a las 16 preguntas del cuestionario en tres rúbricas. En primer lugar, sobre el mantenimiento de la vida común en el convento de Lima y el respeto de la disciplina y cumplimiento del ministerio de la orden por sus miembros. Se trata de las preguntas 2, 3, 4 y 6 del cuestionario elaborado, las mismas que invitan a examinar la validez y pertinencia de las reivindicaciones de los hermanos legos. En segundo lugar, sobre el gobierno de la orden y la administración de su patrimonio; que corresponde a las preguntas 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 del cuestionario y a las reclamaciones formuladas sobre el mantenimiento irregular de los prelados en la dirección de la orden y la malversación de sus recursos y productos (incluso el fraude) o los envíos irregulares de dinero a Madrid o a Roma. Y en tercer lugar, sobre la existencia de una «facción» o «partido» al interior de la orden que monopolizaría sus instancias de dirección y poder, perturbando su funcionamiento normal y disciplina; y que corresponde a las preguntas 7 y 13 del cuestionario. Vale la pena hacer resaltar el hecho de que estamos ante un cuestionario y una operación de investigación del arzobispado que no parece dejar de lado ninguna de las cuestiones levantadas por los informes de los hermanos legos de la orden, en particular el de Zapater. Lo que puede ser un indicio del malestar reinante, no solo en el seno de la orden crucífera, sino también dentro de las autoridades eclesiásticas y civiles de Lima —y tal vez el signo de un problema más general en el seno del clero regular limeño. Por nuestra parte, vamos a completar esos testimonios gracias a dos otros conjuntos documentales que se generaron aproximadamente al mismo tiempo que el primero. En primer término, el documento contradictorio —fechado el 25/09/1787— en donde el hermano lego Zapater y otros hermanos de la orden confrontan sus puntos de vista con los del camilo Ignacio Pinuer, presunto miembro de la «facción», cuyo testimonio, tal como lo acabamos de señalar, no aparece en el expediente formado (o conservado) por el arzobispado16. En segundo lugar, los documentos relativos a la investigación llevada a cabo in situ en el convento de Lima, entre fines de 16 AAL-OCNSB, legajo II: 2. No sabemos si se trata de una confrontación organizada por las autoridades civiles o si constituye la respuesta a una instancia del arzobispado. En todo caso contiene informaciones sobre los puntos que nos interesan.

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abril y mayo de 1787, por encargo del Real Acuerdo de Lima17 y bajo la dirección del «oydor» de la Audiencia Real de Lima designado a tal efecto, don Melchor de Santiago Concha, acompañado por el procurador de la Audiencia Real, don José de Gorbea y Badillo. Una investigación que, a pesar de la oposición a su realización por parte de los prelados de la Buenamuerte, tenía como objetivo la revisión de los libros de contabilidad de la orden, en presencia de los administradores de las haciendas de Cañete, para verificar la corrección de registro de dichos libros y detectar si había irregularidades en la administración de los bienes18. Así, la comparación y la crítica recíproca de estos tres conjuntos documentales, lo mismo que su contraste con otros documentos puntuales, encontrados en los archivos, nos permitirán acercarnos mejor a las cuestiones planteadas. 2) Las pesquisas oficiales de 1786 y 1787 Tenemos entonces un conjunto de informaciones recopiladas por las máximas autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato (e incluso de la monarquía), entre 1786 y 1787, con la finalidad de ventilar el «caso de la Buenamuerte»; un convento en donde se enfrentaban, desde hacía varios años, grupos de religiosos y hermanos legos, poniendo en tela de juicio a las mismas autoridades internas de la orden y creando una situación de desorden que no siempre quedaba restringida al interior del claustro. Si vamos a considerar todas las informaciones recogidas y clasificadas, tal como lo hemos anunciado, es necesario indicar que la clasificación de 17 El Real Acuerdo era un organismo de consulta y deliberación que reunía al virrey y a los oidores de la Audiencia con el fin de examinar un problema considerado como grave. No tenía la misión de adoptar medidas ni aplicarlas, sino de aclarar las cuestiones planteadas. AAL-OCNSB, legajo II: 3. 18 Durante casi dos semanas (del 28/04 al 10/05 de 1787), los prelados de la orden, algunos representantes de los religiosos profesos y los hermanos legos, así como los administradores de las haciendas, pasaron revista a las cuentas de la Buenamuerte, en la biblioteca del convento de Lima (denominada «sala franca»). Los funcionarios de la Audiencia convocaron el encuentro pero no pudieron participar directamente, al existir la reserva concedida a las órdenes religiosas para el examen de dichas cuestiones internas. La reunión permitió la confrontación entre la dirección oficial de la orden y los religiosos que se oponían a ella. Cuatro días después de terminado el encuentro, el 14/05/1787, el escribano de cámara de la Audiencia Real, don Clemente Castellanos, fue enviado al convento para registrar por escrito las afirmaciones respectivas y efectuar la correspondiente revisión de los libros de contabilidad. AAL-OCNSB, legajo II: 3.

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testimonios tomará como punto de partida la documentación del expediente del arzobispado —por ser la más extensa y probablemente la más completa—, con el registro de las respuestas de los miembros de la orden al cuestionario presentado. Dicha operación, tal como lo veremos, desgaja casi naturalmente dos grupos más o menos definidos de religiosos y hermanos legos (con algunas variaciones intermediarias, tal como lo señalaremos más adelante). Por un lado, los miembros de la orden que apoyaban al grupo de las autoridades vigentes, es decir, a los prelados de la Buenamuerte; por otro lado, los miembros de la orden que criticaban integralmente su administración y permanencia indefinida en los puestos de dirección y que se le oponían de forma directa. Estos segundos llamaban «partido» a los primeros19. a) Contradicciones internas, vida común, disciplina y misión Vamos a examinar, en primer lugar, la forma y el contenido de las contradicciones que parecen existir en la Buenamuerte entre los padres profesos y los hermanos legos. Luego trataremos de dilucidar las acusaciones relativas a la disolución de la vida común, a las carencias disciplinarias y al no respeto de la regla de la orden. Nos ha parecido útil reunir estos elementos en un mismo apartado, al tratarse de aspectos relativos a las relaciones entre los religiosos, tanto en su vida conventual interpersonal como respecto a la misión de la orden y al respeto de las normas de su instituto. a.1 Oposición entre profesos y hermanos legos En primer lugar, la revisión de las respuestas contenidas en el expediente del arzobispado de Lima da cuenta de la existencia de «rumores» que circularían en el convento, con mayor o menor insistencia, sobre una práctica 19

El primer factor visible de enfrentamiento y división entre los miembros de la orden crucífera fue el pronunciarse sobre la veracidad de las afirmaciones de Francisco Zapater, el hermano lego que lanzaba la denuncia. Lo que permitió establecer un primer elemento de adhesión (aunque no definitivo, tal como lo veremos) y contar votos: 18 testimonios favorables entre los religiosos profesos y 7 entre los hermanos. Los testimonios opuestos a Zapater fueron menos numerosos, una decena más o menos, aunque conviene señalar que provenían de camilos particularmente reconocidos en Lima: el teólogo Isidro Pérez de Celis, el matemático Francisco Romero (futuro miembro de la Sociedad de Amantes del País), los religiosos Antonio Pavón y Santiago González (futuro procurador universal de la orden). AAL-OCNSB, legajos I: 29, 31.

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más o menos extendida durante las visitas efectuadas a los enfermos o moribundos, que consistiría en que determinados padres crucíferos o agonizantes abandonarían o harían esperar a sus acompañantes, hermanos legos, más allá de lo requerido, dedicándose aquellos a comportamientos poco compatibles con el estado eclesiástico regular. Algunos religiosos profesos, entre los que se contaban muchos de los que se oponían a los prelados vigentes, confirmaron la existencia de dicha práctica, aunque sin afirmar que se hubiese generalizado. Al mismo tiempo que la condenaban y la calificaban de irregular, defendían a los hermanos legos y negaban ellos, personalmente, formar parte de los que ejercían tales prácticas. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los hermanos legos, que se sentían víctimas de desprecio y de falta de consideración. Pero determinados camilos, incluso opuestos a los prelados, señalaron que desconocían tales hechos o calificaron la acusación de exagerada o vengativa, o de ser ellos, los legos, quienes abandonaban a los profesos durante la práctica del ministerio. Sin embargo, otros como por ejemplo Santiago González, quien apoyaba a los prelados, llegaron incluso a confirmar que la practicaban personalmente y a justificarla, aduciendo que se podía regularmente aceptar la hospitalidad de la gente de confianza, sobre todo después de largas y duras jornadas de ministerio. De esa manera, si la existencia de la práctica pareció confirmarse, los puntos de vista se manifestaron bastante más matizados. En segundo lugar, las respuestas del expediente del arzobispado tendieron a confirmar otra de las acusaciones de los hermanos legos: su separación estricta y muy marcada con respecto a los religiosos profesos de la orden, en particular durante los recreos, después de las comidas comunes, y su discriminación en lo relativo a la administración del sacramento de la comunión, como represalia aplicada por determinados profesos. La mayoría de religiosos confirmó que la separación existía, a veces física —con mamparas de división, algunas de ellas destruidas con violencia por los hermanos legos—, que no era un hecho reciente y que proseguiría, tal como ocurría con los novicios y estudiantes que ingresaban al convento. En cambio, los testimonios fueron menos claros o tajantes en lo relativo a la presunta privación de la confesión (o excomunión implícita) de la que se quejaban los hermanos legos. Seguramente porque resultaba difícil admitir tal comportamiento en el seno de una orden regular, con respecto a sus propios miembros. Fuera de los religiosos cercanos a la dirección de la orden, que negaron simple y llanamente que hubiese tal práctica en el seno del convento o dentro de la orden (la confesión solo se rechazaba a los que eran inaptos a acceder a ella, señalaron), un buen número de religiosos

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opuestos a los prelados afirmó, con inocultable embarazo, que se trataba solo de un rumor de patios y pasadizos20. Lo mismo parecía ocurrir, en tercer lugar, con respecto a la negación de autorización de salida del convento —contrariamente a lo que estipulaban las constituciones de la orden—, de la que también se quejaban los hermanos legos.Varios fueron los religiosos crucíferos, opuestos a los prelados, que decidieron apoyar dicha reivindicación, incluso explicando las medidas que tuvieron que adoptar para sosegar la impulsividad de los hermanos legos ante tal injusticia. Según algunos de estos, las salidas del claustro (y no solo las de los hermanos legos) se concedían a veces de manera arbitraria, en función del solicitante y de su grado de docilidad con respecto a las autoridades de la orden. Pero también hubo, dentro de los religiosos opuestos a los prelados, algunos que se plegaron simple y llanamente a los argumentos de la dirección de la orden y que recordaron que la autorización de salida —tanto para los profesos como para los hermanos legos— era una prerrogativa de los prelados y en particular del prefecto del convento, quienes la concedían en función de las necesidades de la orden y no solo en función de los pedidos, y que un exceso de tolerancia o de «modernismo» en este terreno conduciría a salidas cotidianas de los hermanos legos, privando a los religiosos de la orden de acompañantes para efectuar su misión y ministerio al exterior del convento. a.2 Afrentas a la regla de la orden Examinemos ahora las respuestas de los miembros de la orden frente a otro de los reproches formulados por Zapater y otros hermanos legos (y religiosos profesos) de la orden crucífera en Lima, a saber: el progresivo

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Excepto la mayoría de los hermanos legos, pocos fueron los que afirmaron con determinación que dicha privación de sacramento se hubiera producido efectivamente: el religioso profeso Juan Manuel de Noriega, quien afirmó haber confesado personalmente a los hermanos legos a quienes les había sido denegado el sacramento por sus confesores (a pesar de habérselo impuesto el prefecto del convento de Lima); los camilos José Llanos y José Coronado, que confirmaron haber visto personalmente a religiosos cuando rechazaban confesar a los hermanos legos. El camilo Simón G. Moreyra afirmó haber escuchado a un confesor decir que si él rechazaba la confesión de los hermanos legos era en represalia contra sus recursos y representaciones de protesta enviados a la Audiencia y al rey, sin habérselo consultado previamente. AAL-OCNSB, legajos I: 29, 31.

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abandono de la vida común y el no respeto de la regla religiosa de Camilo de Lelis. Se puede afirmar que una mayoría de miembros de la Buenamuerte, tanto sacerdotes como hermanos, admitieron que se había producido un sensible relajamiento en ambos aspectos, esto es, en el mantenimiento de la vida común y el estricto respeto de la regla (o constituciones de la orden), en particular si se comparaba la situación del momento con la existente en la época de los padres fundadores, especialmente bajo la prelacía del camilo Martín de Andrés Pérez, una de las figuras emblemáticas de la orden en Lima durante sus primeros años21. Algunos de ellos, especialmente los más antiguos, no dudaron en culpar a los prelados en ejercicio de ser los responsables del relajamiento que se observaba. El camilo Juan Manuel de Noriega, uno de los más resueltos opositores, fue aún más lejos y fijó incluso el inicio de dicho proceso de declive disciplinario cuando se produjo la designación de Francisco González Laguna como prelado, es decir en 1770, cuando este reemplazó a Martín de Andrés Pérez como viceprovincial de la orden. Los defensores de los prelados en ejercicio apenas si se atrevieron a contradecir dichas afirmaciones; uno de ellos, el camilo Francisco Romero, solo atinó a señalar que eran los tiempos vigentes los que se prestaban demasiado a criticar, con excesiva libertad, la conducta de los prelados, lo que antes no se hacía.Y que si estos no corregían drástica y públicamente a los infractores era sobre todo para no dar pretexto a acusaciones de presuntas represalias tomadas contra los hermanos legos y para mantener la paz y tranquilidad22. Dentro de las muestras más evidentes de relajamiento de la disciplina y de ruptura de la vida común, según las respuestas examinadas, apareció la tendencia de los prelados y religiosos afines a ausentarse frecuentemente del convento y a pasar largos periodos en las haciendas de Cañete o en las chacras de Lima —especialmente La Magdalena—, alejados del claustro conventual y la práctica del ministerio de la religión. Desde ese punto de 21

Fue por ejemplo lo que afirmaron los hermanos legos más antiguos de la orden: José Coronado y Martín de Mugüenza, con 28 años de vida religiosa, cada uno de ellos; José del Valle, con 36 años de religión (residente en varias casas de la orden); Juan Diego Tenorio, con 26 años; José A. de Casas Palacios, con 28 años; Pedro Roldán, con 24 años; etc. AAL-OCNSB, legajos I: 29, 31. 22 El camilo José Ortiz de Avilés afirmaba que fue la combinación de la indolencia de los prelados y la altanería y orgullo de los profesos y hermanos legos la que generó la indisciplina y el relajamiento de la vida común en el seno del convento de Lima. AALOCNSB, legajos I: 29, 31.

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vista, agregaban algunos religiosos, la vida común de la orden se habría vuelto una mezcla de vida común y vida particular o privada. Pero hubo otros aspectos de la vida común que parecieron haberse debilitado —o por lo menos, estar en tela de juicio—, si nos fiamos de las respuestas de los crucíferos. Algunos, como Ángel Ruiz de Pinedo, denunciaron el abandono de la práctica diaria regular del examen de conciencia —hacia las 9 de la noche— y otras relativas al regular encuentro individual del religioso con Dios, como por ejemplo la oración matinal (a las 5:30 de la mañana, presidida por el prefecto del convento), afirmación sin embargo contradicha por los partidarios de los prelados en ejercicio. El silencio conventual, propicio a la oración y la reflexión, habría sido reemplazado por la práctica general de la conversación, tanto al interior como al exterior de las células, perturbando de esta manera al conjunto de la comunidad. La lección espiritual diaria, dispensada en el momento de las comidas, se estrellaría desde hacía algún tiempo contra el murmullo general y la falta de interés por parte de los religiosos, que preferirían tratar en esos momentos de otros asuntos. Habría cesado la práctica de la conferencia espiritual semanal o de ejercicios espirituales, fuera de los que se efectuaban en periodo de renovación de votos o en Cuaresma. El tiempo dedicado al estudio o la lectura de las constituciones de la orden se habría sacrificado en aras del tiempo dedicado al juego dentro de las células y en los pasadizos (con dinero e intereses diversos de por medio), acompañados de ruidos y escándalos, sin que se produjera la intervención de las autoridades del convento y la prohibición de dichos actos. Los partidarios de los prelados imputaban tales claudicaciones y desarreglos, sin desmentirlos abiertamente, a la conducta de los religiosos y hermanos legos que se oponían a las autoridades de la orden. Las respuestas contenidas en el expediente del arzobispado permiten observar que hubo además, en los recientes años de la vida interna, cuatro tipos de irregularidades más o menos constantes o recurrentes, denunciadas por religiosos profesos y hermanos legos. El primero referido a la repartición desordenada y arbitraria de misas y limosnas entre sus miembros; el segundo, la presencia regular de personas extranjeras, laicos y civiles, dentro del convento y la alteración de la atmósfera de tranquilidad y recogimiento; el tercero, la debilidad en el cumplimiento de la misión de la orden; y el cuarto, las crecientes desigualdades entre los miembros de la Buenamuerte. Por lo que se refiere al primero, varios de los profesos más antiguos desvelaron en sus respuestas el asunto de las misas, que también aparecía en otros documentos

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y recursos presentados por los hermanos legos23. Se trata en realidad de una compleja y ambivalente cuestión, que tiene que ver con las relaciones entre el clero y los fieles, y con la remuneración por parte de estos del servicio religioso brindado.Tal como ya lo explicamos anteriormente, existen las misas normales y cotidianas, pero también aquellas relacionadas con fundaciones e imposiciones de capital realizados por los creyentes, para la salvación del alma de los difuntos en tránsito por el Purgatorio —pero no exclusivamente—, y además, las misas destinadas a solventar carreras eclesiásticas o a apoyar nominalmente a los miembros de una comunidad religiosa24. Según la regla de la orden —y varias disposiciones papales, constitucionales y de derecho canónico—, cada religioso profeso crucífero estaba obligado de celebrar 15 misas mensuales y correspondía al prefecto del convento el efectuar la distribución y programación de las mismas. Sin embargo, la documentación revisada prueba que no se trataba de un asunto simple y que se prestaba a actitudes de favoritismo, tanto a beneficio de determinados religiosos que manifestaron probablemente su necesidad de obtener recursos adicionales, como a favor de aquellos que —con diversas explicaciones— deseaban desembarazarse de su carga mensual obligatoria de misas25. Pero las revelaciones no se detuvieron en ese aspecto de la cuestión, sin que se produjera, por otro lado, un desmentido por parte de las autoridades de la orden o por sus defensores. El camilo Ángel Ruiz de Pinedo, también opositor a los prelados, denunció la práctica individual de determinados religiosos de buscar y «encontrar» misas por celebrar, a espaldas de la religión, 23

Estos habían señalado la existencia de «varios miles de misas» anuales consignadas en los registros de la orden, bajo el título de limosnas, sin que se supiera de qué forma dichas misas eran distribuidas o concedidas y qué destino se daba al dinero que producían. AAL-OCNSB, legajo II: 2. 24 El profeso José Llanos, antiguo administrador de misas de la religión de la Buenamuerte, evocó en sus respuestas el número de 3 000 misas anuales obligatorias por celebrar. AAL-OCNSB, legajo II: 2. 25 Como, por ejemplo, los camilos Ignacio Pinuer o Francisco González Laguna. Uno de los profesos más antiguos de la religión, el crucífero Francisco A. Barrera —opuesto a los prelados vigentes—, subrayó la contradicción que había entre el hecho de proporcionar lo necesario a cada miembro de la orden, desde el punto de vista alimenticio, de vestimenta, de habitación (y otros), y el hecho de conceder individualmente a los religiosos el producto de las misas que celebraban (u otros ingresos adicionales), sin que el convento o las autoridades de la orden estuvieran al corriente o controlasen el uso dado por los religiosos a tales sumas adicionales de dinero. AAL-OCNSB, legajo II: 2. Una cuestión que ya hemos examinado en el capítulo anterior de este libro; una de las fuentes del déficit global en las finanzas de la orden camila en Lima.

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en particular en el domicilio de los moribundos; e incluso la de aquellos religiosos, más jóvenes, que sin estar aún autorizados a celebrar misa en el convento, lo hacían al exterior, sin que los prelados estuviesen al corriente. Determinados religiosos invocaron en sus respuestas la necesidad de retornar a principios más colectivos para la distribución y celebración de las misas y corregir estos «defectos de caridad», tal como los denominó el religioso crucífero Francisco Romero, adepto sin embargo de los prelados26. Por lo que se refiere al segundo tipo de irregularidades, esto es, la presencia recurrente de legos en el seno del claustro, en horas consideradas como indebidas —perturbando la calma conventual y la tranquilidad de la vida interna de la Buenamuerte—, la acusación apuntaba sobre todo a los prelados, particularmente al viceprovincial José Miguel Durán, y las visitas de laicos que él recibía en el convento —generalmente nocturnas—; una acusación que procedía efectivamente de los religiosos opositores. Pero también se hacía referencia, entre otras insinuaciones, a la presencia de decenas de legos, practicantes de juegos impropios a las costumbres de la vida conventual. Se dejaba entender abiertamente que los religiosos afines a las autoridades de la orden participaban en ruidosas reuniones en las habitaciones de los prelados, en compañía de extranjeros al convento, hasta altas horas de la madrugada. En lo referido al tercer tipo de irregularidades, en las respuestas de los religiosos también aparecieron indicaciones sobre la decadencia del fervor para el cumplimiento de la misión de la orden, es decir, en las visitas a enfermos y moribundos, especialmente a los hospicios y hospitales. Como en el caso de la acusación anterior, se apuntaba sobre todo a los prelados y sus allegados. Estos habrían dejado de practicar la misión, lo que sería también una consecuencia del relajamiento de la disciplina y el abandono de los principios del ministerio que repercutiría sobre el conjunto de la religión de la Buenamuerte27. O, en el mejor de los casos, dichos religiosos ejercerían la misión a domicilio, en casas particulares, para familias escogidas en función de sus propios asuntos e intereses personales. Muchas veces en Cañete, en haciendas vecinas a las de la Buenamuerte, poseídas por amigos personales del viceprovincial José Miguel Durán, sin lograr distinguir si se 26

AAL-OCNSB, legajo I: 29. El camilo Francisco Borja Mundaca, opuesto a los prelados, citó el caso de dos religiosos, adeptos de los prelados, que ejercían su misión en el monasterio femenino de Santa Catalina. Contrariamente a las prohibiciones estipuladas por el arzobispo y a la regla de Camilo —y ante el escándalo de las monjas—, dichos religiosos preparaban «banquetes» y bebían refrescos en abundancia. Su apoyo a los prelados en el convento los habría eximido del castigo correspondiente. AAL-OCNSB, legajo I: 29. 27

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trataba de la celebración de fiestas familiares o del ejercicio de la misión de la orden. El camilo José Madrona y el hermano lego José Noriega acusaron abiertamente al viceprovincial de haber practicado este género de «misión» en las haciendas de don José Antonio Borda, amigo personal y propietario de varias haciendas en Cañete, en Las Lomas, ocasionando gastos importantes que habrían sido luego «maquillados» (es el término utilizado en las fuentes) para incorporarlos como gastos en las propias haciendas de la Buenamuerte28. Los religiosos favorables a los prelados desmintieron tales afirmaciones y afirmaron la certeza de la participación de los prelados en la misión de la orden, ya fuese directamente, en la atención de moribundos y enfermos (incluso en hospicios y hospitales), ya fuese indirectamente, encargándose de acrecentar el potencial de rentas de la orden. Pero admitiendo al mismo tiempo que podía ocurrir que en determinados momentos, al dedicarse a los asuntos del gobierno de la Buenamuerte, dichos prelados no pudieran consagrarse al ejercicio del ministerio. El testimonio del profeso Ignacio Pinuer29, partidario de los prelados y secretario personal del padre Francisco González Laguna, fue al respecto esclarecedor. Partiendo del principio de que había seguido aumentando en Lima el número de fallecimientos asistidos por la religión de la Buenamuerte, lo que significaría en su opinión que la orden había continuado cumpliendo con su ministerio, Pinuer proporcionó la lista de los religiosos «de turno», es decir aquellos que en el convento de Lima30 participaban efectivamente, en 1787, al ejercicio de la misión. Se puede afirmar que solo la mitad de los miembros de la orden en el convento de Lima efectuaba dicha misión31. Dentro de los que no participaban en la misión de la orden se podía citar efectivamente a los tres prelados: José Miguel Durán, Juan de Uría y Ramón Matienzo, también a Francisco González Laguna y al propio Ignacio Pinuer (dispensado por enfermedad), miembros de la «facción» designada por el hermano lego Zapater en su informe; tanto como a los crucíferos Isidro Pérez de Celis, Francisco Romero y Antonio Pavón, todos 28

AAL-OCNSB, legajo II: 2, 29. AAL-OCNSB, legajo II: 2, 29. 30 Sin contar a los que lo hacían en la Casa de Santa Liberata, en el barrio de San Lázaro, o en las haciendas de Cañete. AAL-OCNSB, legajo II: 2. 31 Se trataba de los camilos: Manuel de Castro, Julián de Larrea, Manuel de Aragón, Roque Sánchez, José Noriega, Antonio Virto, Antonio Labrador, Francisco Borja Mundaca, Ángel Ruiz de Pinedo, José Llanos, Simón G. Moreyra, Santiago González, Juan B. Insaurraga, Joaquín Madrona y Baltazar Moreno. AAL-OCNSB, legajo II: 2. 29

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ellos defensores de los prelados en ejercicio. Pero también vale la pena notar que, fuera de los dispensados por ancianidad (el padre Francisco A. Barrera), algunos de los opositores a los prelados tampoco efectuaban entonces la misión, por una razón u otra. Entre ellos, José Gil, Manuel Hurtado, Juan F. Martínez Rivamilano o José Ortiz de Avilés. Finalmente, por lo que respecta al cuarto tipo de irregularidades de la vida interna del convento —esto es, a las desigualdades existentes entre ellos—, se denunciaron las discriminaciones en las comidas, ya que todos no comían lo mismo. Los prelados, según determinados testimonios de sacerdotes y hermanos legos, podían preparar comidas especiales, lo mismo que bebidas —a las que no tenían acceso los otros miembros de la orden—, en particular cuando tenían visitantes exteriores, diurnos o nocturnos. Lo mismo ocurriría, según otras respuestas, con la distribución de ropa. La mayoría de los religiosos se vestiría casi siempre con la misma ropa (sin tener en cuenta las estaciones), en cambio los prelados irían siempre vestidos con ropa de primera clase, importada, más cara y más adaptada al tiempo y las estaciones; y siempre contando con un doméstico personal a su servicio. Las mismas quejas se registraron en lo relativo al uso de las mulas de transporte y desplazamiento. b) Gobierno de la orden y administración de su patrimonio Los religiosos opuestos a los prelados pusieron en tela de juicio el gobierno de la orden, tanto por los gastos excesivos y empréstitos aventurados —según afirmaron—, como por la existencia de ventas de azúcar calificadas de fraudulentas o de operaciones de transferencia oculta de dinero. Pero también por la prolongación ilegítima de los prelados en sus cargos y la concentración del poder que la acompañaba. En estas cuestiones y en la confrontación y polémica suscitadas en torno a ellas —recogidas por la encuesta del arzobispado y las otras fuentes utilizadas—, reside indiscutiblemente una de las claves del conflicto por el que atravesó la orden. b.1. Gastos excesivos y proliferación de empréstitos El exceso de gastos fue uno de los cargos recurrentes de la oposición contra el gobierno de los prelados de la Buenamuerte, aunque a veces la acusación apuntara también a la presunta arbitrariedad e irregularidad institucional con que dichos gastos se hacían.

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Uno de los principales blancos de estas acusaciones fue la adquisición de la chacra La Magdalena en Lima, tanto por la decisión de su compra como por su costo y utilización. Recordemos que la compra de esa chacra, por adelantamiento de toma de posesión efectiva, representó para la Buenamuerte el abono de un canon anual de 1 200 pesos a doña Josefa Orcacitas —hasta el fallecimiento de esta—, que era entonces la propietaria de las vidas enfitéuticas adquiridas (lo que representaría, a 3% anual, un monto de capital de 40 000 pesos). Pero no fue tanto este desembolso anual el que criticaron los religiosos, sino sobre todo los gastos efectuados para «habilitarla», al hallarse aquella chacra en un estado de abandono y deterioro, con un rendimiento que dejaba mucho que desear, según los acusadores, y en particular por el uso dado a dicha posesión por los prelados. De los testimonios recogidos y no desmentidos se desprende que fue el viceprovincial José Miguel Durán el principal partidario de la toma de posesión directa y por adelantado de la chacra, aunque no se sepa a ciencia cierta —habiendo testimonios contradictorios— si la operación había sido o no aprobada en reunión de capítulo. Inclusive algunos partidarios de los prelados vigentes, como el camilo Ignacio Pinuer, pudieron calificar la operación de «intempestiva», confirmando testimonios precedentes. En cambio otros defensores de la dirección de la orden, como el padre Antonio Pavón, afirmaron que hubo acuerdo del capítulo32.También habría sido el viceprovincial Durán el principal promotor y negociador del empréstito a censo destinado a efectuar los trabajos de rehabilitación de la hacienda, aunque el monto del mencionado empréstito, sus condiciones y la garantía hipotecaria fuesen objeto de incertidumbre y polémica en las respuestas consignadas. Quedaron en duda muchas cuestiones (lo que tal vez sea un signo revelador, en ausencia de la documentación adecuada): si se trató de un único o de varios empréstitos; si su monto se utilizó exclusivamente para mejorar las instalaciones de La Magdalena; si hubo un único prestamista; etc. Hubo incluso algunos partidarios de los prelados, por ejemplo el camilo Roque Sánchez, que dieron detalles sobre la relativa informalidad del viceprovincial —y la exclusión de la decisión del capítulo— para la contratación de empréstitos en dicha operación33. Los testimonios registrados confirman además que la habilitación de la chacra de La Magdalena no se hizo solo con el objetivo de aumentar su potencial productivo, sino sobre todo con el fin de transformarla en un lugar 32 33

AAL-OCNSB, legajo II: 2. AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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de residencia, reposo y convalecencia para los religiosos de la orden, especialmente para los prelados, construyendo en ella viviendas de habitación. A pesar de ello, incluso los opositores a los prelados reconocieron que, con la introducción de esclavos y la estadía más o menos continua de algunos religiosos, se había producido un aumento en la producción agrícola de la chacra: alfalfa, aceitunas (con el relanzamiento de sus antiguos olivares), miel, maíz, legumbres, verduras, etc. Para los defensores de las autoridades de la orden, era una prueba de lo acertado de la inversión, explicando por ejemplo que gracias a la cosecha en la chacra de La Magdalena se ahorraban gastos en alfalfa para las recuas de mulas que hacían el transporte del azúcar entre Cañete y Lima, o para las mulas del convento que servían para el desplazamiento de los religiosos en el cumplimiento de su misión. Y ello, sin contar la cosecha olivar y la producción de aceite de oliva y miel que daban excedentes para la venta. Un entusiasmo empero matizado y temperado por las respuestas y testimonios opuestos de otros religiosos crucíferos, que insistieron en el desequilibrio entre las inversiones realizadas y los resultados logrados. Sin que al respecto se disponga, ni en un caso como en el otro, de los elementos cuantitativos para medir el beneficio efectivamente alcanzado; sin que tampoco se pueda saber cuál fue el destino dado al dinero ahorrado gracias a las ventajas obtenidas. Pero también fue motivo de denuncia y acusación el uso dado a la chacra de La Magdalena por los prelados de la orden. Si para estos la chacra era un lugar de reposo y convalecencia, para sus opositores se trataba de un lugar de fiestas, recepciones y convites irregulares y costosos, con presencia de laicos y elementos de ambos sexos de moralidad sospechosa. Los religiosos favorables a los prelados, por ejemplo el crucífero Isidro Pérez de Celis, indicaron que si hubo celebraciones, estas se relacionaron siempre con asuntos relativos a la orden, por ejemplo, para celebrar la culminación de los trabajos de drenaje de las aguas de las haciendas, con la asistencia de las autoridades de la Audiencia Real de Lima y miembros del capítulo de la Iglesia Catedral. O para celebrar la elección del anterior viceprovincial, Francisco González Laguna, como catedrático en San Marcos, contando para ello con la natural presencia de personalidades laicas limeñas. Pero no se podía hablar, según ellos, de fiestas irregulares ni convites, sobre todo sabiendo que fueron recepciones de agradecimiento de la religión de la Buenamuerte para con amigos, familiares y para con los benefactores de su funcionamiento y misión. Los opositores insistieron en señalar, por su lado, que las instalaciones construidas y adaptadas habrían servido principalmente para acoger al actual viceprovincial y a su corte de seguidores.

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Por otro lado, los mismos denunciantes señalaron que en el propio convento de Lima el viceprovincial Durán habría ampliado sus habitaciones, haciendo los gastos necesarios para ello, sin contar con la autorización del capítulo, como habría ocurrido también con otros gastos. Y fue en realidad, de forma más general, toda la operación de ampliación del templo de Lima la que apareció cuestionada por los opositores. Estos criticaron las consecuencias de dicha operación: la destrucción de la antigua farmacia de la Buenamuerte y las casas colindantes de su posesión, con las pérdidas de rentas correspondientes. Aunque al respecto haya discrepancias en lo que se refiere a las cifras34; pero también el hecho de que se hubiera procedido contra la opinión del capítulo de la orden, igualmente con contradicción de testimonios. Dichos trabajos de renovación y ampliación habrían perjudicado también, por su naturaleza improvisada, a los vecinos inmediatos del templo; lo que explicaría que tuvieran que ser interrumpidos en varias ocasiones. Sin embargo, los defensores de los prelados explicaron que, a pesar de las dificultades encontradas, tales trabajos habrían sido poco onerosos, al haberse contado precisamente con el apoyo del vecindario para el abastecimiento de los materiales (ver capítulo I), y al haberse efectuado gracias a la mano de obra esclava de Cañete. Uno de los principales problemas había sido sin embargo el rechazo de uno de los vecinos, don Gabriel Gallo, de vender su casa y aceptar que fuese incorporada a la superficie del nuevo templo en construcción. Gallo y luego sus herederos —probablemente al sentirse presionados ante el avance de los trabajos— habrían optado por no aceptar la oferta de compra de la orden, también con la finalidad seguramente de lograr un precio de venta superior; lo que finalmente obtuvieron. Algo que sirvió para alimentar el descontento de los religiosos opuestos a los prelados de la orden. Por intermedio del camilo Juan F. Martínez Rivamilanos, la Buenamuerte habría propuesto a Gallo 500 pesos anuales (o 16 000 pesos de compra total), sin constitución de censo perpetuo; sabiendo que la casa había sido evaluada en 15 953 pesos. Gallo y sus familiares habrían replicado pidiendo 623 pesos anuales (o 20 000 pesos de compra total), constituyendo censo perpetuo, y no solo a dos vidas.

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Entre 300 y 500 pesos anuales de renta, según las diferentes respuestas proporcionadas. Los defensores de los prelados, en particular los camilos Francisco Romero y Santiago González, arguyeron que la farmacia iba a ser reabierta y que las casas derrumbadas, situadas al interior del convento, permitían el acceso al claustro a personas extranjeras (especialmente mujeres) y que hubo que proceder de la forma como se procedió. AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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Durante las negociaciones, de las que se habría excluido a Martínez Rivamilanos —según su propio testimonio— se presentaron otros problemas (conflictos en el seno de la familia Gallo, descubrimiento de capitales impuestos sobre la casa, correspondientes a derechos de terceras personas, en particular, a beneficio de monjas trinitarias o del hospital de Santa Ana, partidarios también de censos perpetuos). Al final de cuentas, la casa fue comprada en 18 000 pesos a Gallo (2 000 pesos más que el monto de su evaluación), repartidos de la siguiente manera: 14 900 pesos pagados en líquido y el reconocimiento de tres censos perpetuos, de 1 100, 1 000 y 1 000 pesos, a favor de las tres hermanas de Gallo, que eran monjas del monasterio contiguo de Trinitarias35. Finalmente, los mismos opositores, sacerdotes y hermanos legos, denunciaron la excesiva compra de ropa de lujo —y su uso restringido en los círculos del prelado Durán—, procedente de Roma, con la complicidad del comerciante limeño, don Juan de Perales36. Este personaje ejercería, según el testimonio de ciertos religiosos opuestos a la dirección de la orden (los camilos José Llanos o José Ortiz de Avilés, por ejemplo), una influencia excesiva sobre el viceprovincial Durán. Luego veremos que tales acusaciones van incluso más lejos. Así entonces, según los opositores a las autoridades de la orden, se habría producido un exceso de gastos, financiado con empréstitos cada vez mayores y con un endeudamiento cumulativo. Una práctica de la que los gastos en la chacra de La Magdalena y los incurridos para la ampliación de las instalaciones del convento de Lima solo habían constituido los elementos más visibles. Ya hemos analizado en el capítulo anterior la pesquisa del contador de la Audiencia, Joaquín Bonet, entre 1792-1793, y sus conclusiones respecto al endeudamiento efectivo de la orden, en el que no solo se consideraron los montos de capitales tomados directamente como empréstitos a censo, sino también el valor de los capitales impuestos sobre las haciendas y el patrimonio de la orden, incluyendo el de obras pías, aniversarios de misas, capellanías y patronatos diversos. Dicho endeudamiento se acercaba entonces a los 800 000 pesos, tal como ya tuvimos ocasión de señalarlo. Sin embargo, cinco años antes, cuando se producía la confrontación organizada por el Real Acuerdo de Lima, entre fines de marzo y mayo de 1787, ambos grupos parecieron concordar —a pesar de sus diferencias y enfrentamientos—, en 35 36

AAL-OCNSB, legajo II: 2 y ACB, documentos 1646, 1978. AAL-OCNSB, legajo II: 2 y ACB, documentos 1646, 1978.

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señalar un monto global de endeudamiento de solamente 165 000 pesos, tal vez destinado a ocultar el estado de sobreendeudamiento que años más tarde descubriría el contador de la Audiencia Real, Joaquín Bonet37. Lo que no impidió que los opositores continuaran poniendo de relieve, por un lado, la contradicción entre el dinero obtenido por la venta y la producción azucarera en las haciendas de Cañete y, por otra parte, las crecientes dificultades financieras de la orden. Estas últimas derivaban de las obligaciones de su misión, del mantenimiento de sus miembros e incluso de las ya acostumbradas limosnas concedidas por el convento de Lima, a cuyas puertas se agolpaban cotidianamente decenas (o centenas) de menesterosos, en busca de la ayuda, especialmente alimenticia, proporcionada por los religiosos camilos. Lamentando las injurias y sospechas levantadas contra los prelados en ejercicio, algunos de sus defensores insistieron en el hecho de que los empréstitos obtenidos fueron destinados al mejoramiento de las haciendas o para satisfacer las necesidades de la misión y los miembros, en particular cuando la coyuntura había sido desfavorable. O para «liberar» la Buenamuerte, según los crucíferos Pérez de Celis o Santiago González, del pago anual de determinados réditos gracias a la subrogación de obligaciones onerosas por otras que lo eran menos, avanzando cifras imposibles de verificar, conociendo las deficiencias de la contabilidad. Estas últimas dificultades, al ser inocultables —constando de páginas de los registros de contabilidad arrancadas y desaparecidas, manchas de tinta derramada sobre los libros, borrones y rectificaciones, falsificación de firmas de antiguos administradores, falta de anotación y asiento de determinadas entradas de dinero o de pagos efectuados en Lima y Cañete, etc.—, tuvieron que ser admitidas incluso por los religiosos favorables a los prelados. Unas irregularidades cuya existencia fue verificada por el notario de la Audiencia Real, don Clemente Castellanos, el 14/05/1787, aunque sin señalar las responsabilidades específicas. Por ejemplo, las nueve hojas numeradas, arrancadas de un libro de registro de La Quebrada (cuya ausencia pudimos efectivamente verificar en el archivo de la Buenamuerte en Lima), en el momento crucial entre la administración del camilo Juan

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Recordemos que dicha confrontación, a pesar de haber sido convocada por las autoridades del Real Acuerdo, se efectuó sin su participación directa, por causa de la reserva concedida a los conventos para este tipo de operación; lo que habría favorecido el acuerdo entre los dos grupos opuestos. AAL-OCNSB, legajo II: 3. Se nota en la primera página del expediente una anotación anónima de cinco sumas de dinero que dan una adición de 165 544 pesos, «tomados a censo».

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Manuel de Noriega, opuesto a los prelados, que culminó en marzo de 1784, y el inicio de la administración del camilo Ángel Ruiz de Terán (30/04/1784), impuesto por los prelados de la orden38. Lo mismo con respecto a la ausencia de las escrituras notariales de los préstamos contratados. Aunque a veces dicho reconocimiento pudiese también adoptar la forma de amenazas contra los opositores, en el sentido de desvelar asuntos en los que estuviesen estos últimos comprometidos. b.2.Ventas «fraudulentas» de azúcar y transferencia oculta de dinero Consideradas fraudulentas por los unos, opuestos a los prelados, y aceptadas como necesarias y eficaces por los otros, defensores de la dirección de la orden39, las pesquisas oficiales de 1786-1787 pusieron en evidencia la existencia efectiva de circuitos paralelos para las ventas de los productos de las haciendas de Cañete, sin que hubiera un registro regular de las operaciones efectuadas ni del destino dado a las sumas de dinero obtenidas. Recordemos que este cargo ya formaba parte de las acusaciones formuladas por los hermanos legos en sus informes, tanto en Madrid como en Lima. Dos religiosos de la Buenamuerte aparecieron directamente implicados en dichas actividades: Julián de Larrea y Francisco González Laguna, entre 1774 y 1777, es decir en la época en que el segundo era viceprovincial de la orden y el primero administrador de La Quebrada40; pero las evidencias recogidas, no siempre señaladas por los protagonistas, permiten pensar que

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AAL-OCNSB, legajo II: 3. Pudieron argumentar estos que se trataba en realidad de útiles mecanismos de financiamiento local. 40 Sabemos que el camilo Julián de Larrea fue administrador de la hacienda La Quebrada entre abril de 1774 y mayo 1777. Pero también sabemos que dicho religioso administró La Quebrada y Casablanca entre agosto de 1791 y junio de 1792. ACB, Libros de contabilidad. Libro primero. Libro de Caja en donde se sienta el gasto y consumo de esta hacienda de San Juan de Capistrano de los padres de la Buenamuerte de Lima, desde el día 10/08/1744 que tomó posesión de ella el padre Juan Martínez Lázaro y Nieto por entrega que hizo de ella el padre Alejandro Sacristán y Montalvo..., s/n, r/v. Libro segundo. Libro en que apuntan el gasto ordinario y extraordinario de todos los días del mes en esta hacienda de San Juan de Capistrano, año de 1777, siendo administrador el padre Juan Manuel de Noriega..., 95 fols. r/v. Libro tercero. Exyto de esta hacienda de San Juan Capistrano, año de 1777, siendo administrador el p. Juan Manuel de Noriega..., 158 fols. r/v. Libro cuarto. Libro de Exito. Hacienda Casablanca. PP Camilos. Convento de la Buenamuerte. Años 1775-1787-1803..., 99 + 169 + 16 fols. r/v. 39

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la práctica era anterior y que fue incluso posterior. También parece establecerse con certeza la participación, en las operaciones de venta y distribución de azúcar, del titular de la parroquia de Cañete, el padre secular Manuel Machado. Por el lado de los opositores a la dirección de la orden abundan los testimonios sobre la ilegitimidad de las ventas, las «negociaciones secretas», el intercambio de cartas y correspondencia entre los dos principales protagonistas de la actividad (con detalles sobre género y transporte de los productos por vender y el número de sus remesas), el uso efectivo del dinero conseguido en este negocio (proporcionando cifras de imposible verificación). Y ello, dejando la impresión no de operaciones puntuales sino de una práctica establecida, relativamente regular. Pero sus testimonios apuntan también a revelar la presunta afición al juego de dinero por parte del camilo Julián de Larrea (la misma que explicaría su separación del cargo de administrador de La Quebrada por el viceprovincial de la orden de entonces —en mayo de 1777—, el crucífero José Gil), acusándolo incluso de hacerlo con el dinero perteneciente a la orden, producto de tales ventas clandestinas. Ninguno de los defensores de los prelados negó la existencia de este tipo de actividad comercial paralela, aunque pudiera parecer contradictoria con la política centralizadora de ventas de las propias autoridades crucíferas. Dichos religiosos explicaron en cambio que gracias a aquellas actividades el viceprovincial González Laguna llegó a financiar algunos gastos específicos de las haciendas de Cañete: limosnas, retribución a los domésticos, instrumentos de música para la capilla de La Quebrada, compra de ropa para los hijos de los esclavos, aprovisionamiento de la enfermería, etc. Unos gastos que González Laguna habría efectuado, afirmaron, con su habitual piedad y honestidad. Algunos de los religiosos favorables a dichas ventas dijeron incluso que las ventas incriminadas siempre se relacionaron con residuos o «desechos» de la producción de las haciendas. Sin embargo, el testimonio de Ignacio Pinuer (adepto de los prelados y secretario personal de González Laguna), en su confrontación con los hermanos legos opositores, puso de relieve —aunque tal vez sin proponérselo— el desorden existente en la administración de la producción de azúcar en Cañete41 y su venta. Si nos atenemos a sus declaraciones, se puede desprender que los administradores de las haciendas de la Buenamuerte parecieron aceptar con comodidad la existencia de una «caja local» en 41 Un testimonio que se inició recordando el progreso singular que caracterizaba desde hacía algunos años el funcionamiento y la producción de las haciendas cañetanas. AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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las haciendas —independientemente del dinero remitido desde Lima por los prelados—, que permitía efectuar determinados gastos sobre los cuales dichos administradores ejercían un control inmediato. Un financiamiento local sin huellas contables, con decisiones adoptadas por los dirigentes de las haciendas, en petit comité, que habría permitido entre otras cosas el pago del cercado de las plantaciones de las haciendas, el aumento del número de plantas y la puesta en obras de algunos trabajos de mejora de los canales de irrigación y contenido y retención de las acequias. Pero el testimonio de Ignacio Pinuer insinuó también la posibilidad de otros comercios subterráneos con determinados subproductos del azúcar (alfeñiques, golosinas, mieles, chancacas, guarapos, alcoholes, etc.) sin que se conocieran los detalles respecto a los circuitos utilizados (tal como lo hemos indicado anteriormente); negocios estos dejados en manos de los hermanos legos de las haciendas, algunos de los cuales se encontraban dentro del actual grupo de opositores. Unos negocios que proseguían en el momento en que Pinuer emitía su testimonio, en noviembre de 1787, cuando el padre Manuel de Aragón, partidario de los opositores, acababa de ser nombrado «superior» de la orden en Lima (ver más adelante). Lo que no parece ser nada ingenuo o inocente. Durante su testimonio, Pinuer habló también de este género de prácticas irregulares en el periodo en que Aragón había ejercido como administrador de la hacienda Casablanca, es decir, entre 1775 y 178642. Por otra parte, el envío de remesas de dinero a Madrid y a Roma, destinado a los organismos centrales de la orden crucífera en Europa, suscitó igualmente entredicho entre los miembros de la Buenamuerte en Lima. También formaba parte de las acusaciones de los hermanos legos contra los prelados, en la primera fase de la confrontación interna de la orden. Sin embargo, un gran número de religiosos camilos, incluso opositores a la dirección, partían del principio de que era un hecho normal que la Buenamuerte de Lima pudiese remitir dinero, tanto a sus organizaciones de cabecera —e incluso en apoyo al funcionamiento de las casas más pobres en España—, como al propio padre general de la orden en Roma, Bartolomé Corella, y al padre provincial de Madrid, Francisco Oballe. A condición de que hubiese una información previa en el capítulo de Lima y de que se supiera con exactitud el monto de dinero y la manera cómo se efectuaba el envío. Pero fueron precisamente estos requisitos, y sobre todo su ausencia, los que generaron controversias agudas. Si hubo aparentemente en repetidas 42

AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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ocasiones consulta con el capítulo limeño, hubo también, si seguimos las declaraciones registradas en las fuentes, envíos efectuados a espaldas del mencionado organismo. Dos de los opositores más visibles, los religiosos crucíferos Antonio Virto y José Ortiz de Avilés, insistieron en la existencia de tales irregularidades. Sin embargo, más grave es el género del testimonio emitido que los montos denunciados. Ambos insinúan una colusión entre los prelados de Lima y los dirigentes romanos y madrileños de la orden; una alianza que, gracias al dinero remitido desde Lima, permitiría el mantenimiento de los primeros en tanto que autoridades de la orden en la capital del virreinato peruano. En realidad, fueron los camilos José Llanos, José Coronado, José Ortiz de Avilés, José Madrona, Baltazar Moreno, Pío Obiaga y Antonio Virto quienes formularon abiertamente esta grave acusación, cada uno de ellos proporcionando detalles específicos; sin que hubiera huellas de un desmentido rotundo por parte de los defensores de los prelados en ejercicio, o de las mismas autoridades limeñas de la Buenamuerte. Tres personajes civiles, en estrecha relación con los prelados romanos y limeños —y en particular con el camilo José Miguel Durán, en Lima, y el secretario personal del padre Corella, en Roma—, habrían sido los intermediarios regulares de dichas transferencias irregulares: los comerciantes don Juan Perales43 (de quien ya habláramos anteriormente), don Juan Pedro Munarriz y doña María Alberta Encalada, «ahijada» de Durán, incapaz de ocultar su alegría —según varios testimonios— al enterarse del mantenimiento de su «padrino» a la cabeza de la orden44. b.3. Mantenimiento del poder de los prelados Las pesquisas de 1786-1787 también permitieron poner de relieve que, desde mayo de 1779, el gobierno de la religión de la Buenamuerte había sido el mismo, con José Miguel Durán como viceprovincial, Juan de Uría como Prefecto del convento de Lima y Julián de Larrea como ministro45. 43 El mismo Juan Perales que oficiaba como proveedor de textiles del padre Durán y que, según diversos testimonios (Ortiz de Avilés, Llanos, Madrona, entre otros), no escatimaría esfuerzos en mostrar públicamente el papel que habría desempeñado para favorecer el mantenimiento de los prelados actuales en sus puestos. AAL-OCNSB, legajo I: 29. 44 AAL-OCNSB, legajo I: 29. 45 Los dos gobiernos inmediatamente anteriores habían recaído en José J. Gil (como viceprovincial), Manuel Hurtado (como prefecto) y Ramón Matienzo (como minis-

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Es decir, que los prelados en ejercicio habían sido elegidos o designados en cuatro oportunidades sucesivas. Lo que fue motivo de denuncia por parte de los opositores, en el sentido de que dichas autoridades se mantenían en sus puestos en contradicción con lo estipulado en las constituciones de la orden, las que solo consentían una reelección, en situaciones excepcionales, obtenida con el apoyo de los dos tercios de votos del capítulo. La mayoría de los religiosos y hermanos legos opositores denunció la intención de los prelados de lograr una quinta elección, gracias al apoyo de las autoridades eclesiásticas españolas y romanas, lo que generaba, según ellos, todo un conjunto de comentarios equívocos y dañinos para la imagen de la institución. Se trataba de una reelección que habría sido anunciada en mayo de 178746 al conjunto de los miembros y que, si nos fiamos de las respuestas recogidas en la pesquisa del arzobispado, ya contaba con el apoyo de los religiosos defensores de los prelados. Estos adujeron (especialmente los crucíferos Isidro Pérez de Celis y Santiago González) que la reelección no podía ser anticonstitucional ya que contaba con el apoyo de la Consulta General de Roma, el organismo asesor del Padre General, como era el caso. Pero más allá de la denuncia del mantenimiento de los prelados en sus puestos, las lanzas de ataque de los opositores apuntaron al poder ejercido por el viceprovincial José Miguel Durán, a su deseo, según explicaron, de controlarlo todo e incluso de interferir en las atribuciones del prefecto del convento y designar personalmente, en función de sus propios criterios y designios, a los administradores de las haciendas47. Unas haciendas que él dirigiría personalmente, en la práctica, y en las que permanecería por largos periodos, descuidando la disciplina del convento, como ya lo habían señalado los mismos opositores en otras respuestas. tro), para el periodo 05/1777-04/1779; y en Francisco González Laguna (viceprovincial), José J. Gil (prefecto) y Manuel Hurtado (ministro), para el periodo 05/177504/1777. AAL-OCNSB, legajo I: 29. La Consulta General de Roma había estipulado, el 20/09/1751, que la duración del mandato de los viceprovinciales sería de tres años y dos años el de los prelados.Ver Grandi, 1985, p. 30. 46 Luego veremos que dicha reelección no pudo efectuarse y que fue el padre Manuel de Aragón, uno de los opositores moderados, quien fue elegido como «superior» de la Buenamuerte de Lima. 47 Por su parte, Ignacio Pinuer defendía abiertamente, en su confrontación con los hermanos legos, la idea de que las constituciones de la orden eran fundamentalmente permisivas y que daban al viceprovincial la posibilidad de intervenir en las cuestiones dejadas hipotéticamente al arbitrio del prefecto. Sería extraño, agregaba, que en nombre de las constituciones se tuviera que aceptar que el capítulo prevaleciera siempre sobre la voluntad de los prelados. AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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Los partidarios de los prelados (Antonio Labrador, Manuel Hurtado, Isidro Pérez de Celis, Francisco Romero, Antonio Pavón, Santiago González, entre otros48) confirmaron esa situación, pero para poner de realce el entendimiento y la armonía fundamentales que existirían en las relaciones entre el viceprovincial y el prefecto del convento; lo que sería, según ellos, una ventaja para la comunidad religiosa, tanto como la designación de los más aptos para dirigir la producción azucarera en las haciendas. Era esa misma concentración del poder en el seno de la orden la que explicaría, afirmaron los opositores, que se obviara desde hacía algún tiempo la lectura interna de las disposiciones papales y los decretos de las autoridades romanas; algo que negaban rotundamente, por su parte, los defensores de los prelados. c) Facciones y partidos La contradicción frontal entre los prelados y sus defensores, por una parte, y los opositores al gobierno de la orden, por otro lado, se cristalizó en la formación de dos grupos más o menos identificados, con nombres y apellidos. Entre los religiosos más resueltos en la denuncia del «partido» que habrían conformado los prelados y sus seguidores se puede mencionar al crucífero José Coronado. Fue autor de numerosas cartas dirigidas al padre general de la orden, a la Consulta General de Roma, o a las autoridades de Madrid, para denunciar el relajamiento de la disciplina de la religión de la Buenamuerte en Lima y de lo que consideraba como irregularidades en su gobierno. Y ello sin que al respecto recibiera ninguna contestación, como insistía el propio Coronado, pero como también lo recalcaban otros religiosos en sus respuestas al cuestionario del arzobispado. Tal como lo habían hecho ya anteriormente los hermanos legos, especialmente José Zapater en Madrid, Coronado también designó nominalmente (con sus relaciones interpersonales o familiares) a los miembros del «partido49». Dicha facción se compondría de los religiosos José Miguel Durán (viceprovincial de la orden), Francisco González Laguna (pariente cercano, paisano —manchego— y secretario personal de Durán), Ignacio Pinuer (secretario personal de González Laguna), Julián de Larrea (amigo íntimo de González Laguna), Juan de Uría (cooptado como prefecto del convento de Lima por Durán), Isidro Pérez de Celis (como representante 48 49

AAL-OCNSB, legajo I: 29.Ver también AAL-OCNSB, legajo II: 3. Ibidem.

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de los prelados de Roma y Madrid, a quien Durán habría concedido voz y voto en el capítulo, a pesar de no cumplir con los requisitos de antigüedad), Santiago González (paisano y confidente de Uría), Francisco Romero y Roque Sánchez. Dentro de los hermanos legos adeptos del partido, Coronado nombraba a José del Valle (administrador de la chacra La Magdalena y la huerta de Santa Liberata, amigo cercano de González Laguna), Clemente Moraleda y Pedro Bueno. Según esta descripción y designación de miembros, el eje del partido habría estado constituido por la coalición entre los religiosos Durán y González Laguna; una alianza que sería antigua, por lo menos desde fines de los años 1760, y que se habría manifestado en varias circunstancias, por ejemplo en 1779, para la elección de Durán como viceprovincial. El testimonio de Coronado fue confirmado por las respuestas o declaraciones de otros religiosos y hermanos legos, situados en el grupo de los opositores a la dirección de la orden. Sin embargo, antes de presentar a los miembros del grupo de oposición, es posible distinguir, tal como ya lo indicáramos al inicio de este capítulo, un conjunto intermediario, flotante, a veces indeciso, compuesto por religiosos y hermanos legos que parecían vacilar entre el apoyo y el cuestionamiento a la dirección de la Buenamuerte, según las circunstancias y las preguntas planteadas —y seguramente por razones derivadas de su propio itinerario personal en el seno de la orden. Es lo que ya pudimos observar en sus respuestas respectivas a las cuestiones planteadas anteriormente. Entre ellos podríamos mencionar a Roque Sánchez (acusado sin embargo por Noriega de pertenecer al «partido»); a los antiguos prelados: Ramón Matienzo, Manuel Hurtado y José Gil; a Manuel de Castro, uno de los religiosos más antiguos en la orden de Lima; a Manuel de Aragón, antiguo administrador de la hacienda Casablanca (y futuro superior de la orden); a Antonio Pavón y Simón G. Moreyra; e incluso —en determinadas circunstancias— a Juan Martínez Rivamilanos (antiguo procurador de la orden, elegido contra la decisión del «partido»). Sus respuestas fueron a menudo acompañadas de matices, cuando no de duda o incertidumbre, a veces relacionados con su propia experiencia en el seno de la orden. El grupo de los opositores permanentes a la dirección incluía entre otros, y fuera del ya mencionado José Coronado, a Antonio Virto (el religioso crucífero del fallido viaje a Madrid en 1781), Juan Manuel de Noriega (antiguo administrador de La Quebrada, destituido por decisión de los prelados), Francisco Borja Mundaca, Joaquín Madrona, Baltazar Moreno, Pío Obiaga, Francisco A. Barrera (uno de los más antiguos miembros de la orden), Ángel

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Ruiz de Pinedo, José Ortiz de Avilés,Vicente Mujica, Manuel Pinedo, Juan B. Insaurraga, entre otros. Comparando el número de los contendientes, pero también sus modalidades de actuación e intervención y su capacidad organizativa, no sería absurdo hablar en realidad de dos facciones o dos «partidos» contrapuestos y de un tercer segmento, compuesto de religiosos moderados y/o vacilantes. Las denuncias de los unos fueron contrarrestadas por las acusaciones de los otros, en un debate permanente de réplicas y dúplicas; no era imposible que la subjetividad y sus manifestaciones diversas encontrasen terreno propicio, en reiteradas ocasiones, para expresarse (evocando incluso la vida íntima o religiosa de unos y otros). La voluntad de cada bando de ampliar su respectivo círculo de influencias fue respondida por el otro con amenazas o represalias efectivas (por ejemplo, el cese de comunicación verbal, o la prohibición de salida).Y ello, según su propia situación en el conflicto y los medios a su disposición, mayores seguramente para los prelados y sus defensores, al disponer de la dirección de la orden y de la capacidad de promover a sus partidarios o de concederles determinadas ventajas. Ambos grupos aparecieron en actividad, organizando la reacción correspondiente a la acción del adversario. Algunas de las respuestas evocaron el rechazo o la aceptación de las gestiones de captación y cooptación personales realizadas por miembros de uno u otro bando; lo que seguramente se transformó en factor de identificación, por exclusión o por inclusión, en particular para el grupo de los opositores y del ya mencionado «poder de 1781», especialmente para aquellos que, a pesar de sus años de antigüedad en el seno de la religión, se consideraban injustamente relegados en la toma de decisión respecto al funcionamiento (y gobierno) de la orden y desposeídos del derecho de voto en el capítulo. También se manifestaron, durante la pugna, las gestiones realizadas por unos y otros para ganar votos en determinadas elecciones, incluso señalando la intervención de Roma y Madrid para favorecer la victoria de ciertos candidatos, aunque no siempre se lograsen los resultados esperados. Si algunos religiosos, partidarios de los prelados, negaron la existencia de un partido o grupo, aceptaron en cambio el hecho de que hubiese miembros de la orden que actuaran coordinadamente entre ellos, dejando de lado a quienes se opusieran a su acción. No era anormal, señaló entre otros el camilo Santiago González, que los mejores elementos y los miembros más ejemplares de la religión de la Buenamuerte, intentaran hallar de forma unida las mejores soluciones a los problemas planteados.

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Las acusaciones contra Francisco González Laguna, uno de los blancos de la oposición a los prelados, pusieron de realce y condenaron sus numerosas relaciones con el «siglo», con personalidades de la sociedad limeña. Se señalaron las visitas particulares recibidas en el convento (y las juntas y reuniones nocturnas en sus habitaciones, en las que «seguramente no se hablaba de la misión de la orden»), sus salidas permanentes del claustro, su participación en operaciones comerciales con cascarilla y otras especies botánicas (de las que era especialista reconocido), con negociantes herbolarios de la capital del virreinato50, fuera de insinuaciones diversas. Según varios testimonios registrados, González Laguna habría sido el promotor de las medidas de «destierro» temporal de determinados religiosos opositores, que rechazaron en 1779 el voto de José Miguel Durán como viceprovincial: Joaquín Zambrana (antes de su reconciliación con el «partido»), enviado a la casa de La Paz (Alto Perú), José Coronado, remitido a la casa de Popayán, en Nueva Granada, Juan Manuel de Noriega, enviado a Santa Liberata y Antonio Virto, remitido al hospicio de Arequipa. Medidas que no pudieron aplicarse al haberlas rechazado los religiosos profesos y hermanos legos afectados por ellas. Habían sido medidas aprobadas con votos ilegítimos, agregaba Antonio Virto, al haberse hecho venir al capítulo a religiosos sin derecho a voto para lograr su aprobación. Virto y Noriega habrían sido incluso privados del derecho a confesar y predicar. Lo que también habría ocurrido con otros religiosos opositores51. La defensa de González Laguna por parte de los partidarios de los prelados fue, en el otro platillo de la balanza, un elemento de identificación frente a los ataques a la dirección de la orden. Decían ellos que se trataba de un hombre virtuoso y de luces, apreciado de todos —especialmente de los estudiantes—, religioso caritativo (en particular con respecto a huérfanos y expósitos), reconocido por las mejores familias limeñas, etc. De lo que fácilmente se desprende que el crucífero Francisco González Laguna fue, durante la segunda mitad de los años 1780, un elemento central en las relaciones entre el convento de la Buenamuerte y el exterior, de los contactos de la orden con el mundo laico y civil. La confrontación entre sí de las respuestas registradas durante las pesquisas oficiales de 1786-1787 permite observar otros motivos de conflicto en el seno de la orden. Cabe señalar que aun cuando no tuvieran en dicho momento la relevancia de las otras cuestiones examinadas, adquirirán importancia en los años venideros, tal como lo veremos más adelante. Por ello 50 51

AAL-OCNSB, legajo II: 5. AAL-OCNSB, legajo II: 5.

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vale la pena ponerlos de relieve desde ahora. Se trata en primer lugar de la organización americana de la orden y sus relaciones con respecto a Madrid y Roma. Aunque no formara parte, como ya lo dijéramos en el acápite anterior, de los opositores sistemáticos a la dirección de la orden, el camilo Juan F. Martínez Rivamilanos apareció entonces como uno de los más resueltos partidarios de la modificación de la relación de dependencia de las casas americanas de la orden con respecto a Madrid, oponiéndose así a los prelados en ejercicio. Su propuesta apuntaba a la transformación de la viceprovincia de Perú en provincia de pleno derecho, independiente, estableciendo relación directa con Roma y ya no a través de Madrid, asumiendo al mismo tiempo de forma autónoma la administración de las dos casas de Lima, de las casas de Popayán (Nueva Granada) y La Paz (Alto Perú), del hospicio de Arequipa y de otros establecimientos sudamericanos. Dichas casas y organismos elegirían directamente a su provincial y ya no como en los momentos en que Martínez Rivamilanos formulaba su propuesta, en donde su designación dependía del provincial de Madrid. A pesar de que no se hallase dentro de los asuntos directamente conflictivos, dicha propuesta fue calificada de separatista y cismática por los prelados de la orden; un conflicto que volvería sobre el tapete en los años siguientes52. En segundo lugar, se puede señalar el aumento del número de lectores en el convento de Lima53, considerado como excesivo. Fueron los hermanos legos, y en particular Pedro Roldán, quienes indicaron este hecho, contraponiéndolo al estancamiento del número de religiosos de la orden, puesto que no había nuevos candidatos a la profesión de fe, ni estudiantes.También señalaron el rechazo creciente por parte de la dirección de la Buenamuerte de acoger a nuevos hermanos legos, tan importantes sin embargo para el ejercicio de la misión de la orden. Según los hermanos legos, los prelados 52 No es inútil recordar que el regalismo borbónico había logrado de forma oficial imponerle al clero regular peninsular, desde la Instrucción reservada del conde de Floridablanca (1787) —e incluso desde antes—, la designación de un «vicario superior nacional», es decir español, con la finalidad de reducir o eliminar el control romano sobre los súbditos religiosos españoles, los mismos que debían obedecer, en primer lugar, al rey de España. Algo que la autoridad papal no aceptó, desde luego. Y ello, al mismo tiempo que se propugnaba, por parte de los funcionarios regalistas, la sujeción del clero regular a la autoridad del obispo (Barrio, 2000, p. 99). 53 Su presencia excesiva significaba, según Martínez Rivamilanos, que se empezaba a valorar más en el convento la enseñanza de las letras que el ejercicio del ministerio. AAL-OCNSB, legajo II: 2.

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preferían recibir a hermanos donados u oblados, en calidad de empleados o domésticos, a pesar de saber que nunca podrían estos ejercer como religiosos o auxiliares de la misión. Estas observaciones planteaban entonces una cuestión sobre la que se insistirá más adelante, a saber, la dificultad de renovación de la Buenamuerte de Lima, la propia continuidad de su misión y los problemas para formar a nuevos sacerdotes de la orden crucífera.Y ello, a pesar de que Roma hubiera decidido la creación de un noviciado en el convento de Lima y un colegio en la Casa de Santa Liberata. *** Así entonces, la revisión de la documentación de las pesquisas oficiales, civiles y eclesiásticas, de 1786-1787, nos ha ofrecido la imagen de una orden religiosa fracturada, con dos bloques enfrentados, principalmente en torno a la conducción del gobierno de la institución. Sin embargo, se puede afirmar que todos los aspectos de la vida comunitaria, temporal y espiritual, aparecieron atravesados por dicha división o ruptura. Dos grupos o «partidos», con dirigentes e intereses propios, se enfrentaban clara y sistemáticamente, a pesar de que hayamos detectado igualmente a individuos vacilantes o que podían alternar en uno u otro campo, en función de las cuestiones planteadas y las circunstancias del caso. Un enfrentamiento que no era exclusivamente limeño o peruano, en el que también participaban con seguridad las autoridades romanas y madrileñas de la orden, y que iba a favorecer, como vamos a verlo enseguida, la intervención de las autoridades civiles virreinales en el seno de la institución. 3) La abierta interferencia del poder civil en el gobierno de la Buenamuerte, 1787 Veamos ahora la manera en que las autoridades del virreinato van a actuar con la habilidad necesaria —aprovechando el conflicto abierto en el seno de la orden—, para intervenir primero gracias al asunto de la «irregularidad» de las patentes de los dirigentes de la orden, luego, para precisar las jerarquías entre el Estado y la Iglesia católica —en una óptica netamente regalista— y, finalmente, para investirse de la función de referente ineludible en la determinación del gobierno y las autoridades de la religión de los camilos en Lima. La esperada (o temida) reelección de los prelados en ejercicio, para su quinto mandato consecutivo —tal como lo hemos indicado en acápite

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anterior—, dará a las autoridades de la Audiencia Real de Lima y al virrey peruano la oportunidad de intervenir abiertamente en los asuntos internos de la religión de la Buenamuerte. Dicha interferencia llevará el sello del regalismo borbónico —del que se observaron innumerables manifestaciones durante el reinado de Carlos III—, y de la deseada «reforma de regulares», que consistía en reformular y limitar el número, el papel y el lugar social del clero regular, sujetándolo más al poder civil y a la jurisdicción del clero secular54. La crisis interna de la religión crucífera en Lima se prestaba perfectamente para dicho cometido, tanto más cuanto que determinados miembros de la misma orden se mostraban favorables a la intervención regalista directa, tal como lo veremos en su momento. El episodio se inició con la llegada desde Madrid y Roma de las patentes de designación de los prelados, por quinta vez, y su consecuente anuncio y lectura, previstos para el 01/05/1787, ante la asamblea de religiosos y hermanos de la Buenamuerte55, en momentos en que todavía se llevaban adelante algunas de las pesquisas de las autoridades civiles de las que hemos hablado anteriormente. a) La validez cuestionada de las patentes de los prelados La inminencia del anuncio de la reelección de los prelados (comunicada por las autoridades europeas de la orden) se tradujo en una agravación del descontento de los opositores. Estos decidieron entonces agitar el argumento de la nulidad de dichas patentes. No porque fuesen irregulares o falsificadas sino poniendo en tela de juicio la forma de su llegada y amparándose para ello en uno de los instrumentos preferidos del regalismo borbónico español del siglo XVIII para controlar las relaciones entre la Iglesia Española y Roma, a saber, el requisito del exequatur regio. Es decir la indispensable previa autorización del rey y el Estado para el conocimiento y/o la aplicación por el clero peninsular de toda bula, decisión o resolución del papa; una condición también aplicable a los territorios americanos y codificada en las Leyes de Indias. Lo particular del asunto fue que la alegación regalista procedería

54

Para un enfoque general de la reforma de regulares, incluso practicada desde Roma, ya desde mediados del siglo XVII, ver Landi, 2013. 55 Según las prácticas vigentes entonces, el viceprovincial de la orden en Perú era designado por el provincial de Castilla, mientras que los prefectos de los conventos de Lima y Santa Liberata eran nombrados por el padre general de Roma. AAL-OCNSB, legajo II: 1.

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esta vez del interior mismo de la orden en Lima y no, en primer lugar, de algún organismo de la Corona o el Estado56. El 25/04/1787, un poco menos de una semana antes de la lectura de las patentes, el camilo José Coronado, antiguo prefecto de Santa Liberata y, como ya lo sabemos, uno de los opositores más incisivos al gobierno de los prelados, y el hermano lego Juan Ignacio Larrea, se dirigieron al procurador general de la Audiencia Real de Lima, don José Gorbea y Badillo, mediante representación. Su objetivo era señalarle que las patentes que debían de ser leídas algunos días más tarde y que prolongarían de modo anticonstitucional el mandato de los prelados en ejercicio (desde hacía ocho años, insistieron) carecían del exequatur regio, es decir, de la autorización del soberano, al no haber sido presentadas previamente delante del Consejo de Indias de Madrid. Lo que contravenía, según afirmaban ambos, las regalías del rey. El procurador Gorbea tomó inmediatamente cartas en el asunto, al tiempo que agradecía el carácter oportuno de la comunicación efectuada por ambos religiosos. Conviene saber que desde hacía un mes, el camilo José Coronado había sido investido del denominado «poder de 1781», es decir, de la capacidad de representación del «cuerpo de la comunidad» que, como ya hemos visto anteriormente, había sido atribuida el 09/11/1781 a Antonio Virto por los propios religiosos crucíferos, antes de su fallido viaje a España57. El crucífero Antonio Virto, ante notario —el 23/03/1787—, había cedido dicho poder a Coronado; un poder que entre tanto se había consolidado gracias al apoyo de otros religiosos profesos que no lo habían firmado en su momento —aun cuando también hubiese religiosos que habían pedido retirar su firma del documento—. Pero también conviene saber, con el fin de medir y calibrar la organización que estaban constituyendo los opositores a los prelados, que el mismo hermano lego Juan I. Larrea, junto con otro hermano lego, Pedro González, se habían dotado personalmente de un «poder de representación» similar al de Coronado, firmado por los hermanos legos (unos quince en total), igualmente ante notario58. Lo que le daba mayor fuerza a la representación dirigida por Coronado y Larrea al procurador Gorbea. Se puede afirmar entonces, con bastante claridad, que si había probablemente un «partido» de los prelados, también había efectivamente un «partido» de los opositores. 56 Esto es, algo similar a lo que también ocurría en España durante el mismo periodo. Ver, entre otros, Barrio, 2000, pp. 93-94. 57 Ver en este capítulo, el subcapítulo 2.1. 58 AAL-OCNSB, legajo II: 1.

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Una segunda carta firmada por ambos religiosos, Coronado y Larrea, el 26/04/1787, solicitó que se suspendieran el anuncio y la lectura de las mencionadas patentes o que en su defecto se hicieran en presencia del arzobispo de Lima en el convento de la Buenamuerte. Apenas al día siguiente, el 27/04/1787, el procurador Gorbea decretó la suspensión de la lectura de las patentes, exigiéndoles a los prelados la presentación de dichas credenciales, con el fin de someterlas a control, insistiendo en el hecho de que la no presentación previa de tales documentos a la autoridad civil se oponía al orden del «conjunto del cuerpo político» de la monarquía. Si sorprendía la rapidez de la respuesta del procurador general de la Audiencia Real de Lima, también llamaba la atención el hecho de que dicho funcionario adoptara una decisión que ya interfería directa y abiertamente en el gobierno interno de una orden religiosa, sin haber esperado la reacción de las autoridades del arzobispado. Al parecer, los religiosos opositores habían logrado, en una primera etapa, ganarse el apoyo de la Audiencia de Lima. A no ser que fuese lo contrario. b) Precisión de jerarquías y preeminencias entre las dos majestades del Antiguo Régimen La decisión del procurador Gorbea y su pedido de disponer de las patentes para someterlas a examen parecieron estimular a los religiosos opositores. La profusión observada de cartas, representaciones y gestiones ofrecía la imagen de una gran febrilidad en el seno del convento —lectura de textos y documentos, discusión y polémica, concertación y redacción de réplicas y respuestas—, una situación singularmente ajena a la hipotética calma y serenidad que debía de reinar en el seno de una orden religiosa —y en un convento. El camilo José Coronado y el hermano lego Pedro González dirigieron incluso una representación directamente a Carlos III, el 28/04/1787, para solicitarle su intervención soberana, y ello, afirmaron, aun cuando las patentes denunciadas pudiesen contar con el exequatur regio; ya que ese no era el principal problema, según ellos. Ambos religiosos invocaban la autoridad del rey —apoyada por la Leyes de Indias, pero también por las disposiciones de Trento y del derecho canónico— sobre todo como garante de las constituciones de la orden de San Camilo, frente a prelados ilegítimos, señalaban, que intentaban perpetuarse en la dirección de la viceprovincia peruana y que, llegado el momento, podían designar como reemplazantes a adeptos suyos, manteniendo una situación irregular. Se requería entonces la

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intervención del soberano y el Consejo de Indias para erradicar a la «gavilla» (el término fue utilizado), designando entre tanto a un presidente interino, o en su defecto invocando la autoridad del arzobispo. Estábamos así, ante una representación claramente regalista, que hacía aparecer al rey como autoridad suprema, incluso en el interior de la orden de San Camilo en el virreinato peruano. Luego, dos días más tarde, el viceprovincial de la Buenamuerte, José Miguel Durán, escribió a su turno al procurador Gorbea para indicarle que no tenía ningún reparo en remitirle las patentes llegadas desde Europa, aun cuando dichas credenciales, precisó, ya publicadas en Madrid (con lo que el rey de España ya «estaba enterado de ello»), no formaran parte en su opinión de las que, según las leyes vigentes, requerían autorización previa. Al mismo tiempo, expresaba que acataba la decisión de la Audiencia, es decir la suspensión y no lectura de las patentes recibidas. Durán quiso manifestar su respeto por las regalías del soberano, con el fin de no sembrar la discordia en las relaciones entre ambas majestades, la civil y la eclesiástica. La respuesta del procurador Gorbea, dos días después, el 02/05/1787, fue más bien seca y severa. Luego de confirmar que las mencionadas patentes carecían del exequatur regio, contrariamente a lo que estipulaban las leyes para toda designación de una autoridad eclesiástica en Indias59, ya fuesen viceprovinciales o prelados, el procurador de la Audiencia Real de Lima decidió remitirlas al Consejo de Indias de Madrid para su examen, puesto que las autoridades civiles locales (virreyes, audiencias o jueces) estaban incapacitadas para hacerlo y emitir el exequatur regio. Tanto más cuanto que, según precisó, se trataba de la reelección de un viceprovincial «contraria a la letra y al espíritu» de las constituciones de la misma orden. Dicha contestación claramente representaba la interferencia directa de un funcionario civil en el gobierno interno de la Buenamuerte, el mismo que daba su opinión sobre una decisión adoptada por las instancias dirigentes internas de la orden y se erigía él mismo en defensor de sus constituciones. Pero Gorbea iba aún más lejos y argumentaba su afirmación: según él, el estado de la orden crucífera en Lima no justificaba, desde ningún punto de vista, que se mantuvieran durante 8 años al mismo viceprovincial y al mismo 59

Las Leyes de Indias, explicaba Gorbea (ley 54, título 14, libro 1), exigen tal requisito a toda medida que introduzca «novedad» en el gobierno eclesiástico: creación de una provincia religiosa, envío de visitadores provinciales o generales, llegada de religiosos a Indias, designación de presidentes de capítulos, envío de patentes, etc. AAL-OCNSB, legajo II: 1.

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equipo de prelados. Nada permitía afirmar, decía Gorbea, que la religión de la Buenamuerte «estuviese tan destruida» como para justificar dicho mantenimiento60. La majestad del rey no podía aceptar, según él, la continuidad de una situación ilegítima y, por añadidura, clandestina, al no haber recibido las mencionadas patentes el correspondiente exequatur regio. Gorbea no ocultó su «repugnancia» (empleando incluso el término) ante los argumentos del viceprovincial Durán sobre la publicación en Madrid de las patentes y el hecho de «haberse enterado» el rey gracias a dicho acto y culminó su requisitorio recordando que para no sembrar discordia entre las dos majestades, civil y eclesiástica, el rey tenía precisamente que «seguir recuperando sus regalías». Lo que era una fórmula típica del regalismo borbónico del siglo XVIII. El mismo día, como si se tratase de una acción coordinada (aunque no tengamos las evidencias documentales para certificarlo), el camilo José Coronado y el hermano lego Pedro González señalaron en una representación dirigida a la Audiencia Real de Lima la necesidad de la «visita y reforma» de las casas de la Buenamuerte en Lima, gracias a la intervención del arzobispo. Y luego, solo cinco días después, el Real Acuerdo de Lima se pronunció en el mismo sentido —recordando entonces lo que estaba ocurriendo en el convento de San Francisco de Paula de Lima, en donde se requería también una «reforma de regulares». Así apareció entonces en la discusión, después del exequatur regio, la política de la reforma de los regulares, otro de los caballos de batalla del regalismo borbónico. Se puede incluso afirmar que emergió a propuesta de los propios religiosos opositores, en el interior mismo de la orden crucífera. Esto es, la ofensiva por sujetar el gobierno interno de la orden de la Buenamuerte, al tiempo que se producía —vale la pena recordarlo— la confrontación interna entre los dos grupos opuestos de la Buenamuerte, en torno a la contabilidad y las temporalidades de la orden, convocada por el Real Acuerdo de Lima. Una confrontación que como sabemos ponía sobre el tapete las irregularidades de su administración. A pesar de sus repetidas solicitudes, invocando el principio de que se trataba de piezas del gobierno interno de la orden, e incluso apelando a la legislación de Indias sobre la protección de los prelados, el viceprovincial Durán no consiguió recuperar las patentes entregadas a la Audiencia Real de Lima (todas, desde 1778, tanto las de viceprovincial como las de prefectos).

60

AAL-OCNSB, legajo II: 1.

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c) Intervención directa en el gobierno de la Buenamuerte La suspensión de las patentes —confirmada por el procurador Gorbea, el 14/05/1787—, la exigencia del exequatur regio (con el envío a Madrid del expediente sobre el «caso» de la Buenamuerte en Lima, para que el rey se pronunciara) y los primeros tanteos para la «reforma» de la religión de los crucíferos (Gorbea preconizaba la designación para las casas de Lima de los «religiosos más aptos61» para dirigirlas), fueron seguidos de otros actos de ingerencia directa del poder civil dentro de la orden, apoyados desde el interior por «religiosos regalistas». Dicha manera de actuar, explicaba el procurador Gorbea, tenía que «servir de modelo» para otras intervenciones en otras religiones regulares en crisis. Además de lo cual, los opositores a los prelados de la Buenamuerte manifestaron en diversas oportunidades su deseo de ver la intervención del arzobispado y sus tribunales e incluso el desplazamiento del propio arzobispo al convento de Lima, para que absolviera las interrogantes que se planteaban los religiosos. En medio de estos intercambios, precisiones y peticiones, el 16/05/1787, el virrey del Perú, don Teodoro de Croix, designó al camilo Francisco A. Barrera —seguramente por razones de antigüedad en la orden, aunque sepamos también que era uno de los opositores más reconocidos—, como «presidente de la Casa de los Camilos»; una decisión aceptada por el mismo religioso, quien solicitó que fuese igualmente comunicada al arzobispado de Lima. El virrey justificó dicha intervención por el hecho de la ilegalidad de las patentes enviadas recientemente, e incluso de las anteriores62. Dicha intervención de la máxima autoridad civil en Perú, favorable a los religiosos opuestos a los prelados —es decir, opuesta al «partido» de Durán y González Laguna—, no produjo el sosiego esperado sino por el contrario acentuó la febrilidad interna anterior; sobre todo cuando el mencionado presidente de la Casa de los Camilos, Francisco A. Barrera, designó como adjunto o viceadministrador al camilo José Coronado, uno de los principales portavoces de los opositores, es decir, del otro «partido». Coronado había proseguido su ofensiva de representaciones en dirección del arzobispado, para que dicha institución reconociera al nuevo presidente de la Buenamuerte y viniese al convento para su proclamación63; a lo que el arzobispo aparentemente no contestaba. 61

AAL-OCNSB, legajo II: 1. AAL-OCNSB, legajo II: 6. 63 Como había ocurrido en Popayán, Nueva Granada, en donde el prelado de la religión de la Buenamuerte, en un caso similar de crisis, había sido elegido en presencia del arzobispo. AAL-OCNSB, legajo II: 1. 62

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Los portavoces del «partido», Durán y González Laguna, si bien no rechazaron la intervención directa del virrey, insistieron en el hecho de que el presidente designado debía sobre todo convocar el conjunto de la comunidad para elegir a las nuevas autoridades de la orden; el religioso Santiago González se distinguió particularmente en esta argumentación. El partido opuesto, bajo la batuta de Coronado, planteaba por su lado la necesaria previa depuración que se tenía que efectuar entre los camilos con derecho a voto en el capítulo, ya que había algunos de sus miembros que solo debían ese derecho, según lo precisaron, a su complicidad con los antiguos prelados —en particular Isidro Pérez de Celis y Francisco Romero, con menos de diez años de profesión. Se tenía que incorporar, en cambio, a los que habían sido injustamente relegados por los antiguos dirigentes de la orden. Había religiosos que habían alcanzado e incluso sobrepasado dicho número de años de profesión para pretender dirigir la institución, indicó Coronado, a los que los antiguos prelados habían negado su derecho a voto: Manuel de Castro (36 años de profesión), Francisco Borja Mundaca (26 años), Pío de Obiaga (17 años), Ángel Ruiz de Terán (17 años), José Llanos (14 años), Fernando Diz de la Torre (14 años) y Juan Bautista Insaurraga (12 años).Vale la pena señalar que no todos formaban parte de los opositores al «partido» de Durán y González Laguna64. Ante las gestiones realizadas por ambos bandos, el procurador Gorbea se mostró otra vez tajante y estricto, arguyendo de su respeto a las constituciones de la orden. Según su interpretación, del 02/06/1787, no había lugar a la elección autónoma interna de los prelados en Lima, al depender la viceprovincia de Perú del provincial de Castilla, único capacitado para efectuar la designación del viceprovincial (estatuto por demás inexistente en las constituciones de la orden, recalcó Gorbea). O en su defecto, estimaba, cabía una decisión adoptada por el arzobispo de Lima, para designar al religioso camilo más idóneo —e incluso para cualquier designación, a secas. Así se observaba por un lado la táctica regalista de la Audiencia Real de Lima, intentando incorporar a su juego al arzobispo de Lima, pero también se notaba, por otro lado, la prudencia de este (o tal vez su rechazo), ante la intervención directa del virrey en el gobierno interno de la Buenamuerte. El conflicto continuó agudizándose, con su cortejo de acusaciones, denegaciones y desmentidos, desbordando los límites del convento de Lima y volviéndose un asunto de conocimiento público65 y callejero. Todavía sin 64 65

AAL-OCNSB, legajo II: 6. AAL-OCNSB, legajos II: 1, 6;VI: 5.

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la intervención visible del arzobispado (o tal vez mediante su intervención indirecta, las fuentes revisadas no lo dicen), fue el Real Acuerdo de Lima, el 09/07/1787, el que sugirió la convocación de la asamblea de vocales para que se eligiesen a autoridades provisionales. El «presidente» Barrera aceptó la propuesta y propuso reunir el capítulo antes del día de la fiesta de san Camilo, el 16/07/1787, como un gesto simbólico para volver a encontrar la unidad en el seno de la orden y el convento. Dicha instancia capitular, sin embargo, solo pudo reunirse tres semanas más tarde, el 08/08/1787, luego de conflictivos intercambios entre los portavoces de ambos grupos, seguramente con el fin de encontrar un día favorable para la presencia de sus propios partidarios vocales. De haberse hecho el 16/07/1787, no hubieran podido asistir dos miembros de la orden con derecho a voto en el capítulo: Ángel Ruiz de Terán, administrador de la hacienda La Quebrada, cercano a los antiguos prelados; José Ortiz de Avilés, opuesto a los antiguos prelados, quien se hallaba en actividad en la doctrina de Zapallanga, en el pueblo de Santo Domingo de los Olleros, en las serranías de Lima. Se puede suponer que, durante la presidencia de Barrera, algunos cambios en el derecho de voto se habían producido, puesto que Ruiz de Terán formaba parte de los camilos a los que Noriega había propuesto que se concediera tal derecho, por no disponer de él66. Los dos representantes civiles designados por el Real Acuerdo para dicha elección fueron el propio procurador don José Gorbea y Badillo y el oidor de la Audiencia Real de Lima, don Melchor de Santiago Concha; y siempre en ausencia de una representación oficial del arzobispado de Lima. Luego de la elección de la junta electoral encargada de recibir y escrutar los votos67, los resultados de la primera vuelta para elegir un «padre superior» (y no un viceprovincial) dieron como vencedor al camilo profeso Manuel de Aragón con 17 votos, contra 1 para el camilo Felipe Corripio —fueron los dos candidatos que se presentaron—. La segunda vuelta confirmó la victoria de Aragón por unanimidad68. Si conocemos que para la segunda vuelta el vencedor de la primera fue invitado a salir de la sala del capítulo, no sabemos cómo se produjo el voto; si fue secreto, si hubo acuerdos anteriores o 66 No contamos sin embargo con las pruebas documentales de dichos cambios o promociones bajo la presidencia de Barrera. AAL-OCNSB, legajo II: 6. 67 La mencionada junta fue compuesta de la siguiente manera. Como Presidente: Francisco A. Barrera; como Secretario: José Ortiz de Avilés; como Encargados de escrutinio: Francisco González Laguna y José Gil. AAL-OCNSB, legajo II: 6. Seguramente ya con dosis de compromiso. 68 AAL-OCNSB, legajo II: 6.

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intentos de conciliación. También ignoramos si hubo candidaturas previas distintas de las que se presentaron y que hubieran reflejado más claramente el conflicto interno. Es posible pensar que la candidatura de Manuel de Aragón (la de Corripio era probablemente testimonial) fue el fruto de un compromiso de antesala entre los dos bandos o partidos con el fin de no generar un fraccionamiento aún más visible en el seno de la institución. El «padre superior» Manuel de Aragón designó enseguida un «ministro» y dos «consejeros» (y no «prefectos» de las casas de Lima). Como ministro, Aragón eligió a Manuel de Castro y como consejeros a Francisco González Laguna y José Gil. Luego designó como procurador de la religión de la Buenamuerte69 al camilo Francisco Martínez Rivamilanos. De esta manera, un nuevo equipo de autoridades entraba en función en la orden de los crucíferos de Lima, en reemplazo de los antiguos prelados. Vale la pena recordar que una semana antes, el 30/07/1787, y por encargo del Real Acuerdo de Lima, los procuradores de la Audiencia, don José Gorbea y Badillo (asuntos civiles) y don Rafael Antonio Viderique (asuntos criminales), habían emitido su informe sobre las tensiones y la crisis en el seno de la religión de la Buenamuerte de Lima; su contenido era bastante claro y severo para con las autoridades que habían dirigido la institución. La causa principal de la conflictiva situación interna de la orden de San Camilo, dijeron, residía en la continua prolongación en las instancias de dirección de la orden de los prelados en ejercicio; un mantenimiento que derivaba de la protección que les era concedida por las autoridades europeas de la orden (Roma y Madrid). Era algo que se oponía al espíritu de sus constituciones, al tiempo que suscitaba el descontento entre los otros miembros de la Buenamuerte y acentuaba su sentimiento de haber sido injustamente relegados o despreciados, a pesar del trabajo desplegado para hacer que la religión crucífera fuese reconocida, tanto como la misión que los religiosos de San Camilo desempeñaban. De ello derivaba también el desorden en las finanzas y la contabilidad de la institución, al haberse concentrado en pocas manos la toma de decisión. Resultaba imprescindible entonces, según dicho informe, la intervención directa del rey para corregir de raíz tales irregularidades. Se trataba entonces de un diagnóstico y unas recomendaciones que coincidían claramente con la opinión de uno de los sectores en conflicto en el seno de la Buenamuerte, esto es, el «partido» de los opositores a los prelados.

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Encargado general de la administración de las temporalidades de la orden, por encima de los administradores de las haciendas.

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*** Es posible entonces, luego de haber revisado la documentación disponible, relativa a las patentes de los prelados y su desenlace, poner de relieve algunos aspectos interesantes de esta crisis de la Buenamuerte, situados por el momento en la segunda mitad de los años 1780. En primer lugar, según las fuentes disponibles, la ausencia de intervención explícita y directa del arzobispado de Lima, sin saber por el momento si fue consecuencia de su desaprobación ante la ingerencia e intervención directas del poder civil en los asuntos internos del clero regular, en este caso, la orden de la Buenamuerte —con funcionarios que señalaban dicho procedimiento como «ejemplar» de lo que se debería hacer con otras «religiones» en conflicto—, o si se trató más bien de una actitud de prudencia, reserva o espera. En segundo lugar, si los funcionarios de la Audiencia y el Real Acuerdo, y seguramente el virrey peruano, parecieron inicialmente imponer su voluntad dando razón a uno de los grupos en disputa, el resultado final, a saber, la composición del nuevo equipo de dirección de la orden crucífera, no reflejó netamente la victoria del «partido» de los opositores. Fue tal vez consecuencia de la reacción de los propios religiosos camilos de ambos bandos, que optaron por escoger a sus nuevas autoridades dentro del sector que hemos calificado de intermediario o vacilante (actitud que analizamos partir del examen de sus respuestas a la pesquisa del arzobispado), para evitar que se dijera que un grupo había quedado derrotado en el seno de la orden; o tal vez para manifestar cierto grado de desconfianza con respecto a la intervención directa de las autoridades civiles. Si todos los prelados anteriores fueron reemplazados, el camilo Francisco González Laguna, considerado por los opositores, junto con el exviceprovincial José Miguel Durán, como el «alma del partido» —y uno de los religiosos camilos más reconocidos por la sociedad limeña—, permaneció como «consejero» del superior Manuel de Aragón. Sin contar con el hecho de que ninguno de los miembros más eminentes y visibles de la oposición fuese cooptado a las instancias de la nueva dirección. Es posible afirmar entonces, en tercer lugar, que el espíritu de compromiso haya podido prevalecer en el seno de la orden (ya lo había sido, por ejemplo, para la designación de la mesa electoral); aunque fuese solo una solución de corto plazo o un acuerdo de fachada. Un compromiso que traducía seguramente un equilibrio entre las fuerzas internas de la religión de la Buenamuerte en Lima. Luego veremos que se produjo en los meses y años sucesivos una nueva definición de fidelidades y pertenencias a los bandos en conflicto.

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Sin embargo, vale la pena ya desde ahora saber que solo una semana después de la elección del superior Manuel de Aragón, el procurador Gorbea decidió apoyarle claramente, incluso contradiciendo nuevas representaciones e instancias elevadas por los miembros de la oposición, siempre capitaneados por José Coronado y Pedro González70. Como si las autoridades civiles hubieran decidido retroceder y dejar de apoyar de forma efectiva o evidente (a pesar de su coincidencia de diagnóstico de la crisis) al grupo de los antiguos opositores. Tal vez porque ya se había logrado el objetivo deseado, a saber, el imponer su presencia como árbitro y referencia para la decisión, en el seno de la orden camila, lo que tenía que constituir (en palabras del procurador Gorbea) el «modelo» para la intervención de las autoridades civiles en las otras órdenes religiosas en crisis. 4) Tensión en el claustro, 1788-1818 Intentemos observar ahora la forma en que la tensión y el conflicto internos pudieron repercutir de forma concreta en la actividad o misión de la orden y en su funcionamiento como institución productora azucarera en Cañete. Así, primero presentaremos la cronología de la sucesión de gobiernos de la religión crucífera —ahora ya con la intervención directa de las autoridades civiles (y eclesiásticas) del virreinato, durante tres décadas—. Ello nos conducirá, tal como lo veremos, de la victoria del «partido de los prelados» a la hegemonía ulterior del «partido de los opositores», en el mediano plazo. En seguida, trataremos de examinar las consecuencias de la mencionada tensión sobre dos aspectos relativamente diferentes de la actividad de la Buenamuerte. En primer lugar, sobre sus relaciones con la mano de obra esclava de las haciendas y la administración del trabajo, en particular durante la rebelión de 1809. En segundo lugar, sobre la práctica de su misión eclesiástica y el declive paulatino que de ella se registra, desde fines del siglo XVIII hasta inicios del XIX. El equilibrio y compromiso logrados con la elección del «superior» Manuel de Aragón, el 08/08/1787, y la conformación de un nuevo grupo 70

Descontentos por la destitución del camilo Felipe Corripio de su puesto de prefecto de la Casa de Santa Liberata, los antiguos opositores, con Coronado, Obiaga y Pedro González a la cabeza, escribieron a Gorbea para pedirle que dicho prelado fuese mantenido en su puesto. El 13/08/1787, Gorbea le pidió a Aragón que, esperando las decisiones de Madrid, asumiera él mismo la prefectura de Santa Liberata, desechando así el pedido de los opositores.

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de dirigentes (con predominio de religiosos moderados), durarían poco tiempo. La cartas, memorias y representaciones, mayormente colectivas y dirigidas a las autoridades civiles y eclesiásticas, recobrarían aquel ritmo de emisión y producción habituales de antes de la fase electoral del capítulo.Y ello ocurrirá en un contexto general de modificación y precisión de alianzas y lealtades, individuales y de grupo, entre el «partido de los prelados» y el «partido de la oposición». Podemos decir desde ahora que la correlación de fuerzas cambió progresivamente a favor del primero, hasta obtener una victoria contundente contra las fuerzas opositoras. Algunos de los religiosos que hemos denominado intermediarios o vacilantes cambiaron de adscripción e identificación durante los meses de la nueva administración del superior Manuel de Aragón, pasando generalmente de manera resuelta al «partido de los prelados», de Durán y González Laguna, lo que le dio a ese grupo la posibilidad de volver al ejercicio pleno del poder en el seno de la orden en Lima. Es lo que vamos a presentar en seguida. a) La década del «partido» de los prelados Para comenzar conviene señalar que las autoridades europeas de la orden, el Padre General, la Consulta General de Roma y el provincial de Castilla, se habían adaptado formalmente a las exigencias del Consejo de Indias y habían decidido solicitar el exequatur regio para las credenciales de designación de los prelados, escogiendo para tales puestos, desde luego, a religiosos adeptos (antiguos o recientes), y tratando de lograr rápidamente la autorización civil oficial para el envío de las patentes. El nuevo grupo de prelados para Lima, designados por los dirigentes europeos de la orden crucífera fueron: Ignacio Pinuer como viceprovincial, Manuel de Castro como prefecto del convento de Lima y Julián de Larrea como prefecto de Santa Liberata71. Fuera de Pinuer y Larrea, defensores de los antiguos prelados, Castro era un antiguo opositor moderado y consejero nombrado por Manuel de Aragón, cuando este fue designado «padre superior». Luego, Castro había sido ganado a la causa de los prelados, lo que le valió las críticas de los opositores. Las nuevas autoridades de la orden crucífera limeña recibieron rápidamente la información (incluso antes de

71 El Consejo de Indias dio el exequatur regio a dichas patentes en 23/12/1788, cuatro meses después de haber sido presentadas por las autoridades romanas y castellanas de la orden. AAL-OCNSB, legajos II: 9, 10.

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obtener el exequatur regio de Madrid) e iniciaron las gestiones para asumir su puesto. Los opositores habían sido informados y alertados desde Madrid de las nuevas designaciones por el hermano lego Francisco Zapater, quien proseguía actuando en la capital de la monarquía, a favor de los opositores, en las instancias de dirección del Consejo de Indias y el rey. Estábamos en mayo de 1789 y la orden de los padres agonizantes se hallaba, desde hacía casi dos años, bajo la dirección del «padre superior» Manuel de Aragón, elegido por los mismos religiosos de la Buenamuerte. A pesar de la «restauración de la buenas habitudes72», que los religiosos opositores imputaban a la práctica impuesta por el nuevo «superior», no cabía ninguna duda de que una elección efectuada por los miembros de la orden en Lima no tenía la validez jerárquica ni institucional de unas patentes llegadas desde Europa y, más aún, tratándose de credenciales que contaban con el exequatur regio de Madrid. Así lo entendió el mismo «padre superior» Manuel de Aragón, quien renunciando a su cargo decidió obedecer a los prelados europeos, dirigentes universales de la orden; lo que no fue el caso, sin embargo, de los opositores al «partido» de los prelados. Estos, ya en Lima o en Madrid, argüían que la elección de Aragón, había sido efectuada con el apoyo de las autoridades civiles del virreinato, lo que hacía que el «superior» Aragón ya no dependiera ni de Roma ni de la provincia de Madrid, sino directamente del rey de España, cuya autoridad era superior a la de las patentes mandadas desde Europa. El hermano lego Zapater iba aún más lejos: para él, si se deseaba restablecer la disciplina y hacer que la orden de los religiosos crucíferos de Lima fuese «útil al Estado» (la fórmula fue utilizada), había que cortar todos los nexos con las autoridades europeas de la orden y dejar que, bajo la jurisdicción de obispos y arzobispos, los religiosos americanos eligiesen a sus propias autoridades73. Así, la voluntad regalista de los opositores al «partido» de los prelados quedaba plenamente de manifiesto. 72

Gracias a Aragón, según el camilo José Coronado, se había terminado, entre otras cosas, con la presencia de niños y legos en el ámbito del convento, al haberse terminado los cursos de escolástica que se impartían; una práctica inaugurada por el padre González Laguna, con el fin de ganar simpatías entre las familias de la sociedad colonial limeña, quienes confiaban la educación de sus hijos a los religiosos de la orden. 73 Una solución que, según Zapater, había sido aplicada con éxito en Lisboa, Nápoles o en Toscana. Es lo que también hubiese debido ocurrir en Popayán o en México, en donde los prelados romanos y la Consulta General quisieron perpetuarse en el control de dichas casas, generando conflictos, como ocurría en Lima. AAL-OCNSB, legajos II: 9, 10.

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Sin embargo, y como ya lo señalamos previamente, otros vientos habían empezado a soplar, más favorables al «partido» de Durán y González Laguna. El mismo procurador Gorbea y las otras autoridades civiles, una vez asentado su poder decisionario y arbitral, se inclinaban cada vez más por la aceptación de las patentes europeas, perfectamente válidas esta vez, y habían empezado a criticar el áspero vocabulario utilizado por las instancias y representaciones de los opositores, las mismas que siguieron siendo numerosas y voluminosas durante esos meses. El 28/07/1789, el virrey don Teodoro de Croix —cada vez más hostil a los «perturbadores» del convento, esto es a los opositores—, firmó un decreto para que se pusieran en ejecución las patentes recibidas, ordenando al regente de la Audiencia Real, don Melchor de Santiago Concha, y al propio procurador Gorbea, que se apersonaran al convento de la Buenamuerte, convocasen a los religiosos y que se procediera a la lectura respectiva de las patentes y a la aclamación de las nuevas autoridades de la orden crucífera, es decir, a Manuel de Castro como nuevo prefecto de la casa de Lima, a Julián de Larrea como prefecto de Santa Liberata y a Ignacio Pinuer como viceprovincial.Y ello, a pesar de los insistentes pedidos de los opositores para que la lectura de dichas patentes fuese suspendida. Desde entonces, la victoria del «partido» de Durán y González Laguna, y de los nuevos prelados designados por las patentes, se fue consolidando poco a poco, al tiempo que se acentuaba el rechazo de las autoridades civiles hacia el grupo de los opositores. Hasta tal punto que se dio la directiva de ya no recibir sus numerosas representaciones, si no estaban avaladas con la firma de un abogado limeño reconocido. De esta manera, los representantes de la Audiencia Real se presentaron el 06/08/1789 en el convento de Lima y se leyeron las patentes de reconocimiento de los nuevos prelados de la Buenamuerte; es decir, el mantenimiento del gobierno y control de la orden por los anteriores prelados, miembros del «partido». Para que no hubiera dudas al respecto, el nuevo prefecto Manuel de Castro designó directamente como colaboradores cercanos a José Miguel Durán y Francisco González Laguna. La derrota de los opositores fue neta y contundente, sobre todo porque se operó por decisión (o en manos, si cabe) de las autoridades civiles, en quienes habían depositado precisamente dichos opositores las esperanzas de su regalismo. Si el regalismo de las autoridades del virreinato se imponía, no lo era por haber apoyado a los religiosos regalistas de la Buenamuerte, sino por haberse impuesto como garantes y árbitros de un conflicto en el seno de una orden religiosa. El «partido» de los prelados asumió entonces todo el poder, es decir, la administración total de las temporalidades, bienes y rentas de la orden

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de los agonizantes, designando para esto, mediante protocolo notarial74 en septiembre de 1789, a una de sus figuras centrales, el crucífero Santiago González, como procurador general de la casa de Lima; una designación aceptada de manera unánime en reunión capitular (logrando o forzando el apoyo de los mismos vocales opositores). Así se abrió una década de gobierno integral de la orden crucífera por el «partido» de los prelados. Pero no por ello el conflicto cesó, muy por el contrario. Las representaciones y gestiones del «partido» de los opositores, lideradas por el profeso Coronado y el hermano lego González, fueron numerosas en 1790 y 1791, dirigidas tanto a las autoridades civiles como al arzobispado, especialmente a este último, para insistir en la necesidad de reformar bajo su conducción la religión de la Buenamuerte75. Su protesta sobrepasó los límites del claustro, llegando incluso, en mayo de 1792, a manifestaciones callejeras delante de la Audiencia Real o delante de los vecinos limeños (sorprendidos ante el espectáculo). Lo que provocó la reprobación de las autoridades civiles del virreinato, y el alejamiento temporal del convento (hacia Ica) de los dos religiosos considerados como responsables ejecutivos de tales manifestaciones, el camilo José Coronado y el hermano lego Pedro González; un alejamiento decretado por la Audiencia y el virrey Gil de Taboada, luego de haber diligenciado una pesquisa específica para detectar a los protagonistas de dichas intervenciones callejeras. Una sanción que corrió desde junio de 1792 hasta diciembre de 1796; aunque no por ello la calma y la serenidad hubiesen vuelto al claustro y a la vida interna de la orden crucífera de Lima. Al mismo tiempo, por decreto del 11/06/1792, la Audiencia Real ordenó la realización de una auditoría de los bienes temporales y la contabilidad de la Buenamuerte —de la que ya hemos hablado—, para la que designó al oidor don Nicolás Vélez de Gamarra como responsable y al contador de la Audiencia Real, don Joaquín Bonet, como perito experto, tal como ya lo dijimos anteriormente76. Las memorias y representaciones, elevadas por uno u otro de los bandos en conflicto, tanto al arzobispado 74

Su capacidad para decidir de todo lo relativo a los intereses económicos y financieros de la orden fue claramente especificada, quedando caduco todo poder anterior. AAL-OCNSB, legajo II: 10. 75 La «reforma» de la religión que preconizaban consistía principalmente, si nos atenemos a los textos presentados —y disponibles en archivos—, en la puesta de la orden crucífera de Lima bajo la autoridad del rey de España y sus representantes virreinales, y la del arzobispo limeño, arrancándola así al control de los prelados limeños y a la tutela de Madrid y Roma. 76 AAL-OCNSB, legajo VI: 5.

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como a las autoridades civiles del virreinato, e inclusive al rey de España, siguieron siendo numerosas, sobre asuntos de la vida interna de la orden, sobre el número de misas efectuadas por sus miembros, sobre el «poder» (siempre vigente) concedido al camilo Antonio Virto en 1781, etc.77 Durante todo ese tiempo, las autoridades del virreinato apoyaron al equipo dirigente de la Buenamuerte, autorizando varias veces (la primera en junio de 1792) la renovación del mandato del prefecto Manuel de Castro y el viceprovincial Ignacio Pinuer, a la espera de las decisiones que respecto a la reforma de la Buenamuerte provendrían del Consejo de Indias y el rey. Es lo que se puede decir de la actitud adoptada por los virreyes Gil de Taboada y Ambrosio O’Higgins, quienes gobernaron el virreinato peruano durante la última década del siglo XVIII. Una de las medidas utilizadas por el equipo dirigente de la orden, con el fin de contrarrestar la ofensiva de los opositores, fue la de intentar mandar a otras casas del virreinato (o de otros virreinatos) a los principales animadores de la oposición; con escaso éxito sin embargo, al rechazar estos dichas medidas. Fue el caso por ejemplo en febrero de 1797 —y los meses siguientes—, cuando los prelados de la Buenamuerte intentaron enviar a La Paz y Arequipa, con el fin de desarrollar la misión (y a pedido de determinados habitantes de dichas ciudades), a los más connotados miembros de la oposición, entre religiosos profesos y hermanos legos78. La respuesta de rechazo por parte de los opositores fue masiva y coordinada. El fallecimiento de uno de los dos pilares del «partido» de los prelados, el reconocido crucífero Francisco González Laguna (en febrero de 1799), dio motivo a nuevos pedidos y acciones de los opositores, entre ellos un recurso de fuerza, para poner término al mandato del prefecto Manuel de Castro (ya con diez años de gobierno en la Buenamuerte) y poner en su lugar al entonces decano de los camilos, José Gil; la Audiencia de Lima y el virrey rechazaron dicha petición y reiteraron su apoyo a Castro. b) La victoria del «partido» de la oposición Así, al llegar al inicio del siglo XIX, la orden de la Buenamuerte de Lima era gobernada, desde hacía una década, por el denominado «partido» de

77 Se puede seguir la huella de estos alegatos en numerosos documentos de los archivos del arzobispado de Lima. 78 AAL-OCNSB, legajos IV: 3;VI: 5.

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los prelados, contando para ello con el apoyo de las autoridades civiles del virreinato. La permanencia de ese grupo de autoridades suscitó el rechazo del que hemos denominado «partido» de los opositores, quienes siguieron activos durante toda la década y especialmente en 180079. La ofensiva de cartas, réplicas, representaciones, recursos, peticiones firmadas, etc., se intensificó, en un contexto en que se denunciaba al mismo tiempo el declive de la misión de la orden crucífera. Los disidentes desconocían simplemente la legitimidad del prefecto Castro y los otros prelados. El prefecto denunciaba, por su parte, una campaña de insultos y calumnias contra su persona. La división en el seno de la orden alcanzó ribetes dramáticos cuando, por individuos o por grupos y de forma progresiva, un buen número de religiosos y hermanos legos crucíferos empezaron a abandonar el claustro para pedir asilo en el convento de San Francisco de Lima. Las reuniones del capítulo de la Buenamuerte se hicieron en 1799 y 1800 sin la participación de numerosos religiosos (incluso vocales), ausentes del convento. Al llegar el mes de mayo de 1800 ya eran 19 los crucíferos que habían optado por asilarse en San Francisco porque, según afirmaron, carecían en el convento de la Buenamuerte de Lima de las condiciones mínimas para la práctica de su ministerio80. Se contaba dentro de los asilados a los más connotados miembros de la oposición. Los mismos que exigían la dimisión del prefecto Manuel de Castro, que se aplicara la «reforma» de la religión de la Buenamuerte y que se abriese un proceso para investigar la administración de las temporalidades de la orden por el procurador Santiago González, a quien acusaban de haberlas acaparado como si fueran su «mayorazgo personal». Como en un conflicto de facciones antagónicas, cada bando hacía el recuento del número de religiosos con que podían contar: el prefecto Manuel de Castro confirmaba, en mayo de 1800, que su grupo disponía de mayoría en el seno del capítulo. El procurador Santiago González se felicitaba personalmente, por su parte, del favorable balance de las temporalidades de la Buenamuerte (en particular, del funcionamiento de las haciendas de Cañete), a pesar de no poder la orden de los crucíferos, tal como ya lo sabemos (ver el capítulo anterior), solicitar nuevos préstamos, al estar sus bienes sobrecargados de obligaciones81. Si los prelados intentaron hacer volver por 79

AAL-OCNSB, legajo IV: 1. AAL-OCNSB, legajos IV: 2,VI: 5. 81 Conviene recordar que, en enero de 1793, un decreto pontifical relativo a la orden de San Camilo de Lelis había decretado la separación de las casas de España y las Indias con respecto a las autoridades romanas; y ello, con el fin de mejorar su gobierno, 80

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la fuerza a los religiosos asilados en el convento de San Francisco de Lima, ninguna de sus tentativas dio resultado. Incluso contemplaron la posibilidad de nuevas medidas de alejamiento —como las aplicadas en 1792 contra José Coronado y Pedro González—, pero ya no contaron esta vez con el apoyo de las autoridades civiles. Ante tal situación, de profunda fractura interna de la orden de los crucíferos en Lima, el propio virrey, don Ambrosio O’Higgins, Marqués de Osorno, mostró su preocupación y, aunque sin tomar una decisión al respecto, escribió en dos oportunidades al prefecto Manuel de Castro, en mayo y junio de 1800, para intimarle de que ya no prolongara más la duración de su mandato a la cabeza de la orden camila y que hiciera todo lo posible para que se recuperara la tranquilidad y serenidad en el convento. Como si el viento hubiese empezado a cambiar poco a poco de sentido, el procurador Gorbea hizo lo mismo, el 21/05/1800, retomando para ello una de las conclusiones que ya hubiera presentado años atrás (en julio de 1787) al hacer el balance del funcionamiento de la Buenamuerte: la irregular prolongación de los prelados en el gobierno de la misma, como causa de los conflictos que se producían. Olvidando que él mismo y el resto de las autoridades civiles los habían secundado para que se mantuviesen en ejercicio. La tensión en el interior del convento y la orden se prolongó en los meses siguientes, renovando y acentuando el ritmo anterior de cartas, respuestas, representaciones, firmas de apoyo, etc. Fuera del prefecto Manuel de Castro, el blanco de los ataques de los disidentes era además la administración de los bienes de la orden por el procurador general Santiago González y sus repetidos intentos de hacer volver a la Casa de la Buenamuerte (incluso valiéndose del secuestro físico) a los religiosos asilados en el convento limeño de San Francisco. El fallecimiento del virrey O’Higgins, en marzo de 1801, y su reemplazo temporal por el regente de la Audiencia, don Manuel de Arredondo y Caballero, dieron un primer vuelco a la actitud que hasta entonces había prevalecido entre las autoridades civiles con respecto al gobierno de los prelados. El cambio fue aún más explícito con la llegada del nuevo virrey, don Gabriel de Avilés y del Fierro, Marqués de Avilés, a partir de noviembre de centralizando y sujetando en particular la administración de las casas de América en las manos de un Vicario General residente en España. El crucífero español Matías Saavedra, quien ejercía dicha función, a comienzos del siglo XIX, sostenía el mantenimiento de las autoridades limeñas en ejercicio, es decir, el «partido» de los prelados. AAL-OCNSB, legajos IV: 1, 3;VI: 5.

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1801. Si el factor personal, esto es, la actitud del nuevo virrey —de claro perfil regalista—, desempeñó un papel principal, es posible que también fuera la consecuencia de un nuevo empuje hacia la «reforma de los regulares» que se manifestaba en la misma capital de la monarquía. El virrey Avilés (emparentado con uno de los religiosos camilos disidentes) apoyó claramente al grupo opositor82. Lo mismo cabe decir del cambio de actitud de la Audiencia Real de Lima. Entre tanto, habían llegado nuevas patentes desde Europa, designando nuevas autoridades para la religión de la Buenamuerte de Lima. La Audiencia propuso entonces que se diese lectura a dichos documentos y que se proclamase a los nuevos prelados de la orden; para lo que se requería el retorno de todos los religiosos asilados en San Francisco. Se encomendó a dos oidores, don Lucas Muñoz y Cavero y don Manuel Pardo Ribadeneyra, para que hiciesen las gestiones necesarias y que estuviesen presentes en el convento (junto con el notario principal de la audiencia, don José Antonio Pró), el día de la lectura de las mencionadas patentes. Así, el 18/05/1801, en ausencia del prefecto Manuel de Castro (en reposo médico en la chacra de Magdalena) pero en presencia de los religiosos asilados en San Francisco que ya estaban de regreso a la Buenamuerte, los documentos llegados desde Madrid designaron al camilo Felipe Corripio como prefecto del convento de Lima, lo que provocó el descontento inmediato de los opositores, quienes consideraron que, ya identificado ampliamente con los antiguos prelados, la nueva designación del crucífero Corripio no significaba más que el mantenimiento del mismo grupo en el gobierno de la orden83. La sesión fue interrumpida y clausurada sin haber logrado ningún acuerdo; las reuniones de conciliación, organizadas por los funcionarios de la Audiencia y en particular por el procurador Gorbea, terminaron sin lograr ningún compromiso. Por lo que se invocó la autoridad del arzobispo de Lima para que mediara y nombrara al prelado que pudiese hacer volver la calma al convento; es probable que el regente Arredondo haya desempeñado un papel central para la toma de esta decisión. Entonces, el Dr. don Juan Domingo González de la Reguera, arzobispo de Lima, respondiendo esta vez al llamado de las autoridades civiles del virreinato, designó, el 23/05/1801, al camilo Manuel Hurtado —quien oscilaba entre la oposición al «partido» de los prelados y la búsqueda de compromisos entre ambos bandos— como «superior provisorio» de la religión de la Buenamuerte de Lima. Los vientos 82 83

AAL-OCNSB, legajo VI: 5. AAL-OCNSB, legajo V: 1.

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habían empezado a soplar contra el «partido» de los prelados y a favor del «partido» de los opositores; así lo entendieron ganadores y perdedores84, al ponerse término a mas de once años de prefectura consecutiva del crucífero Manuel de Castro. La Audiencia Real decretó, por su lado, la necesidad de efectuar un inventario general pormenorizado de las temporalidades de la Buenamuerte y un balance de su administración85. El todavía procurador general Santiago González, haciendo uso de un arsenal de instrumentos, cartas, pedidos y representaciones dirigidas a la Audiencia Real, asumió inmediatamente la defensa del grupo o «partido» de los prelados, exigiendo la puesta en aplicación de las patentes llegadas de Madrid y su propio mantenimiento en el cargo de procurador. Todas sus gestiones fueron rechazadas, lo que confirmaba que la correlación de fuerzas ya era desfavorable al «partido» de los prelados86. Se abría entonces progresivamente un periodo favorable a la hegemonía del «partido» de los opositores en la dirección de la orden de los agonizantes. Luego de haber dado cuenta al arzobispo de Lima de su decisión, el «superior provisorio» Manuel Hurtado decidió el reemplazo del procurador general Santiago González, nombrando en su lugar al religioso camilo José Llanos, claramente identificado (y desde hacía numerosos años) con el grupo de los disidentes. Se inició entonces un abierto conflicto con el exprocurador para que cesara de presentarse como tal; o incluso de intervenir en las temporalidades de la orden como si siguiera siendo su administrador general, especialmente en sus relaciones con los esclavos de las haciendas de Cañete, con el fin de que estos le apoyasen y defendiesen (ver más adelante). Lo mismo se producía respecto a la recuperación de los libros de contabilidad de la orden, conservados por el antiguo prefecto Manuel de Castro y retenidos por el exprocurador, con el fin, afirmaba, de «ponerlos al día87». El «superior provisorio» Manuel Hurtado señaló en diversas oportunidades, siguiendo en ello las conclusiones que la Audiencia de Lima ya había formulado respecto a la administración de las temporalidades de la orden, que el descuido y desenfado en la contabilidad de la Buenamuerte eran el reflejo de su relajamiento y de la prolongación irregular de los prelados 84

AAL-OCNSB, legajo VI: 5. No sabemos si finalmente se efectuó dicho balance general, al no haber encontrado evidencias de su realización en los archivos consultados. 86 El procurador González acusaba a las nuevas autoridades de la Buenamuerte de haberle privado de su libertad de salir del convento para sus propias gestiones judiciales. AAL-OCNSB, legajos V: 4, 5. 87 AAL-OCNSB, legajos V: 4, 5. 85

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en sus puestos. Era posible, indicaba Hurtado, que los antiguos prelados hubiesen creído que se trataba de un patrimonio personal. También acusó abiertamente al exprocurador Santiago González de haber malgastado los recursos de la orden; una acusación que cobró rápidamente forma y monto: la apertura de un juicio por malversación de 200 000 pesos. Dos religiosos de la orden de la Buenamuerte, Juan Bautista Insaurraga y Francisco Espinar, fueron encargados por el «superior provisorio» de revisar las cuentas88 y registros durante los casi doce años de ejercicio del exprocurador. En un voluminoso expediente89, dirigido tanto al virrey Avilés —solo algunos días después de la llegada de este—, como a la Audiencia de Lima, el 25/11/1801, el «superior» Hurtado denunció la pasión con la que actuaba el exprocurador González y el hecho de que, según él, se había transformado en el primer obstáculo para que la calma volviese al convento y que se reiniciara el normal desempeño del ministerio de la orden de la Buenamuerte. El religioso Santiago González, según el «superior provisorio» Hurtado, pretendía que la orden crucífera, al formar parte del clero regular, estaba dispensada de la jurisdicción de obispos y arzobispos y que la designación de un «superior provisorio» por el arzobispo de Lima, el propio Manuel Hurtado, no era válida ya que se habría hecho en oposición a la norma y al respeto de los fueros de las religiones regulares. A lo que el regalista procurador Gorbea contestó, algunos días más tarde90 —haciendo referencia a las gestiones de los partidarios de Santiago González—, de que se trataba efectivamente de la concepción de los religiosos que «dominaban anteriormente» en la orden agonizante de Lima y que defendían opiniones que siempre habían sido desagradables a «la nación española, a sus jefes y magistrados». La designación de un «superior provisorio» no consiguió entonces sosegar los espíritus. Por el contrario, un nuevo asunto de patentes enviadas desde Madrid vino a polarizar más aún a los religiosos de la orden en dos campos claramente separados. El antiguo prefecto del convento de Lima (y partidario del «partido» de los prelados), Juan de Uría, entregó al virrey Avilés, el 14/06/1802, cinco patentes —con el correspondiente exequatur regio del Consejo de Indias— firmadas por el crucífero español Sebastián 88

AAL-OCNSB, legajos V: 7, 8, 9, 10. Se adjuntan diversos documentos, entre ellos, una firma colectiva de los partidarios del anterior gobierno, del 22/02/1802, defendiendo al exprocurador y exigiendo que se respeten las patentes llegadas desde Madrid. AAL-OCNSB, legajo V: 6. 90 AAL-OCNSB, legajo V: 6. 89

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Escobar, Vicario General de España de la orden de San Camilo91. Con el fin de justificar su gestión directa con el virrey (sin pasar por el «superior provisorio» Hurtado), el padre Uría explicó que había sido encargado por el propio Vicario General de España de esa misión de comunicación, al haber sido designado él mismo, según las constituciones de la orden de 1758, como comisario para las casas americanas. Los miembros del «partido» de los opositores criticaban el mal uso de dichas constituciones, apoyándose en las de 1751. Lo que le daba al mismo tiempo a la crisis de la orden de San Camilo un contenido doctrinal, «constitucional» e integral. Las mencionadas nuevas patentes introducían una reorganización completa de la orden en Lima, a favor del antiguo «partido» de los prelados, y decidían el desplazamiento a otras casas, lejos de la capital del virreinato, de los miembros más connotados de la oposición. Así, Joaquín Zambrana92 era designado prefecto del convento de Lima, mientras que Santiago González, exprocurador de la orden, era designado prefecto de la Casa de Santa Liberata. El camilo José Coronado, que había sido durante años uno de los portavoces de la oposición —padeciendo por ello 4 años de exilio en Ica, entre 1792 y 1796—, así como Antonio Virto, quien había intentado sin éxito un viaje a Madrid en 1781 para exponer los problemas de la Buenamuerte, y el hermano lego Juan Ignacio Larrea —uno de los más visibles opositores dentro de los hermanos legos—, eran enviados a Quito. Lo mismo ocurría con Ventura Mujica, opuesto al «partido» de los prelados y con Simón Gerardo Moreyra, quien vacilaba entre un campo y otro. Por su parte, el antiguo «superior» Manuel de Aragón, designado por la Audiencia Real en 1787, opositor moderado al «partido» de los prelados, era enviado al hospicio de Arequipa. Otro opositor moderado, el camilo Ángel Ruiz de Pinedo, y el hermano lego Pedro González —que era el equivalente de José Coronado entre los hermanos legos—, eran mandados a la Casa de La Paz. También se decretaba que otros dos opositores, ya plenamente identificados con los disidentes, los religiosos José Gil y Juan F. Martínez Rivamilanos, dejasen el convento de Lima y se instalaran en el de Santa Liberata. Todas estas medidas, tanto como la forma que adoptaba su comunicación y aplicación, fueron inmediatamente condenadas y rechazadas ante la 91

AAL-OCNSB, legajos V: 8;VI: 5. Un religioso de edad ya avanzada, que se había desempeñado como prefecto de la Casa de La Paz y al que se había tildado de hombre muy cercano al antiguo viceprovincial José Miguel Durán, a quien —se afirmaba— debería su designación. 92

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Audiencia Real por el «partido» de los opositores93 mediante numerosas cartas, representaciones, firmas colectivas, etc. Para ellos, el hecho de designar al anciano padre Zambrana como prefecto del convento de Lima equivalía, en los hechos, a nombrar a Francisco Romero, del «partido» de los prelados. Este conjunto de medidas llevaban el sello, según los opositores, del entonces secretario de la Consulta General de Roma, el teólogo Isidro Pérez de Celis, antiguo miembro de la orden en Lima, defensor del «partido» de los prelados y amigo personal del exprocurador Santiago González. Este último, agregaban, quien tendría que dar cuenta de malversaciones durante su administración por 200 000 pesos, era apoyado por las autoridades europeas de la orden. Sin embargo, como ya ocurriera años atrás, en 1789, la existencia de las nuevas patentes llegadas desde Madrid, con el exequatur regio correspondiente, aminoraba claramente en los hechos la autoridad del «superior provisorio» —con quien se identificaban claramente los opositores— que había sido designado por el arzobispo de Lima. Los defensores del «partido» de los prelados lo comprendieron fácilmente. Aparte de ello, a comienzos de septiembre de 1802, el crucífero Zambrana, presunto o electo prefecto del convento de Lima, ya había llegado a Cañete —por propia iniciativa—, procedente de La Paz. Luego de algunas gestiones insistentes por parte del camilo Uría, el Real Acuerdo de Lima se pronunció, el 16/09/1802, a favor de la lectura de las patentes recibidas, la proclamación de las nuevas autoridades de la Buenamuerte y la aplicación de las medidas contenidas en dichos documentos. No obstante, ni el virrey ni el arzobispo en Lima parecieron seguir esta recomendación y la decisión no tenía cuándo aplicarse. El pedido de Joaquín Zambrana para poder desplazarse desde Cañete hasta el convento de Lima (o incluso a la chacra de la Magdalena), aduciendo razones de salud, tampoco fue resuelto por el virrey Avilés94. Era indudable que este se oponía a la aplicación de las medidas contenidas en las patentes llegadas desde Madrid y que sus simpatías se inclinaban hacia el «partido» de los opositores, aunque estuviera esperando probablemente el mejor momento para actuar. La campaña de los dos grupos en conflicto por imponer su punto de vista prosiguió, actuando incluso en Madrid, en las esferas de la corte. A tal punto que los defensores del «partido» de los prelados, cuya influencia parecía también muy importante en los círculos de la Corona y el Consejo de Indias, lograron que Carlos IV firmara una Real Cédula, el 17/05/1803, 93 94

AAL-OCNSB, legajos V: 8;VI: 5. AAL-OCNSB, legajo V: 9.

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ordenando que se pusieran inmediatamente en aplicación las patentes recibidas en Lima; y ello, luego de haber escrito en varias oportunidades a la Audiencia Real de Lima, en los meses anteriores, para pedir explicaciones95. Solo una semana antes, el antiguo viceprovincial José Miguel Durán —uno de los pilares del «partido» de los prelados—, había sido nombrado comisario general de la orden para los virreinatos de Perú y Nueva Granada. Era indudable que ese grupo de religiosos camilos, el denominado «partido» de los prelados, ponía todos sus esfuerzos en una batalla que probablemente considerasen como vital y decisiva. Incluso, aceptando determinados sacrificios: por ejemplo, que el exprocurador Santiago González, inicialmente previsto como prefecto de Santa Liberata, fuese reemplazado —gracias a una nueva patente recibida de Europa—, por el crucífero Francisco Romero. Al considerar, tal vez, que su presencia en el nuevo equipo dirigente era más bien una desventaja que una baza. A pesar de la promulgación de la Real Cédula de Carlos IV, procedente de la autoridad más importante de la monarquía (y a pesar de que tardara varios meses en llegar oficialmente a Lima), no se registraron signos de apaciguamiento ni indicios por parte del virrey Avilés o el arzobispado limeño de querer poner en aplicación las mencionadas patentes. Lo que llevó, solo cuatro meses más tarde, a una segunda Real Cédula, firmada también por Carlos IV, el 20/09/1803, de tono aún más severo e impositivo que la primera, por la que el soberano de España exigía la toma de posesión inmediata de los cargos explicitados en las patentes de la orden de San Camilo, decretaba la supresión del «poder» concedido al crucífero Antonio Virto (en 1781), lo mismo que el «poder» concedido por los hermanos legos a Pedro González (en 1787). Pero el rey de España decretaba también, con sorprendente precisión, que el jefe disidente José Coronado saliese inmediatamente hacia Quito, acompañado de todos los religiosos designados a tal efecto; lo mismo para los religiosos Gil y Martínez Rivamilanos (hacia Santa Liberata) y para otros religiosos y hermanos legos (todos del «partido» de la oposición) remitidos a La Paz, Arequipa o Quito. Carlos IV explicitaba también su apoyo a las constituciones de la orden de San Camilo de 1758 —contra cuya aplicación se habían sublevado precisamente los opositores—; exigía que ya no se aceptasen las representaciones, cartas, firmas colectivas y otros documentos producidos por los mencionados opositores; al tiempo que mandaba que se borraran de los documentos anteriores todas las «injurias y calumnias» 95

AAL-OCNSB, legajos VI: 2, 5.

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proferidas contra el Vicario General de Madrid y las autoridades europeas de la orden camila96. Si puede llamar la atención el contenido tan concreto y nominativo de esta Real Cédula, confirmando la poderosa audiencia con que la orden de los padres agonizantes contaba en la corte (es decir, el denominado «partido» de los prelados), no conviene desestimar el hecho de que las patentes remitidas desde Madrid contaban con el exequatur regio, es decir, con el sello de la Corona y el Consejo de Indias, y que las autoridades civiles y religiosas del virreinato peruano tardaban en llevarlas a aplicación (o se oponían simplemente a ellas), poniendo en tela de juicio, de manera evidente, la autoridad suprema de la monarquía, la del propio soberano. La intervención directa del rey de España no pareció, tampoco esta vez, amedrentar a los opositores, quienes prosiguieron denunciando en sus memorias y representaciones, entre noviembre y diciembre de 1803, el ambiente de confabulación y distribución de cargos que, según ellos, reinaba en el seno de la orden en Lima. Cómo aceptar, se preguntaban en sus documentos, que José Miguel Durán, un religioso que vivía fuera del claustro y contra quien había un expediente abierto por simonía, hubiese sido nombrado comisario para los virreinatos americanos. Cómo aceptar al crucífero Francisco Romero como prefecto de Santa Liberata (en lugar de Santiago González), sabiendo que era un religioso alejado de la práctica del ministerio, aparte de otras cargas y sospechas que se le imputaban97. Cómo aceptar en fin las decisiones de separación de religiosos y su extracción del convento, hacia otras ciudades americanas, con el objetivo de dejar las manos libres al «partido» de los prelados. A pesar de las Reales Cédulas del rey, el camilo Manuel Hurtado, «superior provisorio» designado por el arzobispo González de la Reguera, siguió en su cargo. Se podía afirmar que si el «partido» de los prelados era apoyado en Madrid, el «partido» de los opositores contaba en Lima con el sostén del virrey y seguramente de una parte significativa de la Audiencia limeña, e incluso con el apoyo tácito del arzobispado. En un extenso alegato para defender la causa de los prelados y la suya propia, el exprocurador Santiago González denunció el apoyo brindado por el virrey de Lima a los opositores, acusándole de haber tomado la defensa de los correligionarios de su primo hermano, el camilo José Ortiz de Avilés, alineado en el campo opositor98. 96

AAL-OCNSB, legajos VI: 2, 5. AAL-OCNSB, legajos V: 9;VI: 2, 5. 98 AAL-OCNSB, legajo VI: 5. 97

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Tal vez confiando en el apoyo real y convencidos de su derecho legítimo a dirigir la orden en Lima (al contar con las patentes de rigor), los defensores del «partido» de los prelados escribieron colectivamente una representación a la Audiencia Real (con un vocabulario que recordaba la dependencia de dicho organismo de la autoridad suprema de la monarquía), el 03/02/1804, para recalcar que el «superior provisorio», Manuel Hurtado, ya llevaba casi tres años de gobierno (desde mayo de 1801), siendo solo defendido y sostenido por los «religiosos revoltosos» de Lima, a pesar de la existencia de nuevas patentes perfectamente legítimas. Dichos «revoltosos», explicaban los partidarios de los prelados, buscaban la independencia respecto a Roma y Madrid e invocaban su sujeción a obispos, arzobispos y autoridades civiles, para lograr sus propósitos de emancipación; un privilegio que ya había sido concedido por el soberano de Roma a otras religiones. Sin embargo, el papa Pío VI ya había rechazado tal propuesta en tres ocasiones para la religión de los camilos. Los revoltosos de Lima habían optado no obstante por insistir, tratando de aprovecharse de la situación revolucionaria que prevalecía en ese entonces en Europa99. Así argumentaban los partidarios de los prelados, antes de cometer el error que les costaría la reprobación de la Audiencia de Lima y el virrey; a no ser que fuese el pretexto que esperaba precisamente el virrey Avilés para actuar directamente contra el «partido» de los prelados. Los firmantes de la mencionada representación afirmaron que respetaban «en primer lugar» a sus superiores y que «ya habían jurado obediencia» delante de los nuevos prelados, el comisario José Miguel Durán y el prefecto Joaquín Zambrana. A partir de ese acto, que desafiaba públicamente la autoridad del poder civil, la Audiencia de Lima y el virrey criticaron directa y severamente la actitud de dichos religiosos, al haber prestado juramento delante de prelados que aún no habían sido reconocidos por las autoridades principales del virreinato. Dicha actitud mostraba, según el virrey y los funcionarios de la Audiencia, el «espíritu de partido» que les animaba, su «insubordinación y menor acatamiento», mereciendo claramente amonestación. Luego de intimar al Vicario General de Madrid para que restableciera la calma en el seno de la Buenamuerte, el virrey y la Audiencia de Lima decidieron suspender oficialmente la puesta en práctica de las nuevas patentes100, reprochándole abiertamente a Joaquín Zambrana (aún en Cañete), que hubiese 99

AAL-OCNSB, legajo VI: 2. Estábamos en febrero de 1804. Recordemos que dichas patentes habían llegado a Lima en 1802, casi dos años antes. AAL-OCNSB, legajos VI: 2, 5. 100

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abandonado su cargo en la Casa de La Paz, sin haber recabado previamente la autorización de las autoridades civiles. A partir de entonces, el virrey pareció tomar abierta y claramente cartas en el asunto, apoyando al partido los opositores en sus siguientes decisiones. Fue el virrey Avilés, en persona, quien decretó la suspensión, a partir de allí indefinida, de las patentes, el 26/02/1804. Luego, algunas semanas más tarde, el mismo virrey exigió el retorno inmediato a La Paz de Zambrana, quien rechazó tal decisión. Entonces, el Marqués de Avilés le dio al mencionado camilo, el 23/04/1804, un plazo de tres días para que abandonase la capital del virreinato; pero sus órdenes no fueron cumplidas. Como si se estuviese extendiendo la práctica de no tomar en cuenta las decisiones de las autoridades de la monarquía, fuesen estas españolas o peruanas. El «superior provisorio», Manuel Hurtado, explicó al virrey Avilés que Zambrana, apoyándose en la simpatía de propietarios y notables de la ciudad de Cañete (como los antiguos prelados), no había querido obedecer a la orden del virrey, a pesar de haberse dispuesto que el crucífero Manuel de Aragón y el hermano lego Esteban Fernández le sirviesen de compañía hasta el puerto de embarque101. El arzobispo de Lima, don Juan Domingo González de la Reguera compartió ampliamente la actitud de firmeza del virrey Avilés con respecto al «partido» de los prelados. Aunque no sea difícil pensar que también tuvieron que disponer de apoyos importantes en la corte para desafiar, hasta cierto punto, la autoridad escrita del rey y el Consejo de Indias; una autoridad que había aparecido cristalizada, de forma contundente, en unas patentes con el correspondiente exequatur regio y en dos Reales Cédulas firmadas por el mismo Carlos IV. Resulta interesante al respecto reconstituir los intercambios epistolares que se produjeron durante la primera mitad de 1804 —cuando se produce el desenlace del asunto de las patentes— entre el virrey Avilés, el arzobispo González de la Reguera, el ministro español de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, y el propio Carlos IV102. El arzobispo González de la Reguera le confirmó a Avilés, el 20/01/1804, que el comisario José Miguel Durán (uno de los pilares del «partido» de los

101

Finalmente, después de numerosos percances y actos de resistencia, la expulsión de Joaquín Zambrana solo tuvo lugar el 13-14/05/1804 —varias semanas después de ultimátum del virrey Avilés—, conducido al puerto del Callao por el procurador José Llanos. AAL-OCNSB, legajos VI: 2, 5. 102 Un expediente formado entre enero y marzo de 1804 y conservado en el archivo de la Buenamuerte. ACB, documento núm. 1381.

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prelados) vivía fuera del convento, en una hacienda limeña, y que ya no practicaba ni la misión ni la regla de la religión; que Joaquín Zambrana, un «hombre de pocas luces y conocimientos limitados», desconocía totalmente lo que ocurría en Lima; que el exprocurador general Santiago González, un «hombre de espíritu altanero, litigante, torpe y desvergonzado», era el principal responsable del actual desorden. En fin, que Francisco Romero (otro miembro eminente del «partido» de los prelados), cuya dedicación principal eran las Matemáticas, ya no vivía en el convento desde hacía 4-6 años sino en la chacra de La Magdalena, en donde recibía numerosas visitas y organizaba veladas no siempre compatibles con su estado religioso. El virrey Avilés explicó por su parte, a Carlos IV y las autoridades de Madrid, el 26/02/1804, que desde hacía dos años había intentado formarse una opinión respecto a los conflictos existentes en el convento de la Buenamuerte —incluso «por vías extrajudiciales», admitió— y que sus conclusiones coincidían totalmente con las del arzobispo de Lima. Fue por ello, agregó, que había rechazado la puesta en aplicación de las patentes llegadas desde Madrid y se había opuesto a las resoluciones en ellas contenidas. Pero explicó, al mismo tiempo, que el sostén más sólido del «partido» de los prelados en Lima era el Vicario General de España y se preguntó si no existía un vínculo entre los grandes déficits financieros de la orden en Lima (imputados al exprocurador Santiago González), los montos de dinero remitidos a Madrid y el apoyo de los prelados españoles y europeos a los hombres del «partido» de Lima. Estos últimos quisieran deshacerse de los religiosos más antiguos y meritorios, trasladándolos a otras casas americanas; por ejemplo, José Coronado, destinado a la casa de Quito. En otro informe reservado, destinado al ministro de Gracia y Justicia de Madrid, José Antonio Caballero, fechado el 23/03/1804, el virrey Avilés sugirió que con el fin de restablecer la calma y serenidad en la orden de la Buenamuerte se hiciera volver a España a los religiosos crucíferos Durán, Uría, Romero y González103. Así entonces, desde mediados de 1804, gracias al apoyo del virrey Avilés y del arzobispo González de la Reguera, se podía hablar de una victoria del «partido» de los opositores, que ya contaban con el «superior provisorio», Manuel Hurtado, ejerciendo en los hechos como prefecto del convento de Lima. Habían pasado bajo el control de dicho grupo tanto el gobierno de la orden como la administración de sus temporalidades, bienes y rentas. Se abría entonces una década, hasta 1813, en que el «partido» de los opositores habría de ejercer el dominio de la orden de la Buenamuerte, aunque ello no 103

ACB, documento núm. 1381.

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significara sin embargo que el convento volvería a encontrar la serenidad y el apaciguamiento completos: el «partido» de los prelados prosiguió su combate, liderado por el exprocurador Santiago González, para que renunciara el padre «superior provisorio» Hurtado y se pusiesen en aplicación las patentes suspendidas por el Virrey Avilés. Este último cesó en su cargo en julio de 1806 y fue reemplazado por don José Fernando de Abascal, Marqués de la Concordia, quien no modificó respecto a la Buenamuerte la actitud de su antecesor; como fue igualmente el caso del nuevo arzobispo de Lima (designado en 1805), don Bartolomé de Las Heras. A pesar de las gestiones —en Madrid y en Lima— de los defensores del «partido» de los prelados y de las patentes suspendidas de aplicación, que llevaron incluso a nuevas intervenciones firmadas por Carlos IV (para que se levantaran las sanciones contra Joaquín Zambrana), el antiguo «partido» de los opositores siguió gobernando la Buenamuerte, en medio de episódicos conflictos. Contando siempre con el apoyo de las autoridades civiles y religiosas del virreinato104. El Real Acuerdo de Lima llegó incluso a elogiar, en marzo de 1808, la política emprendida por el procurador José Llanos durante el primer lustro del siglo XIX, de haber ampliado la superficie agrícola en las tierras de Cerro Azul (Casablanca). Por otro lado, si se puede seguir hablando de un enfrentamiento entre los dos bandos, el «partido» de los prelados versus el «partido» de los opositores, conviene distinguir los episodios de conflicto propiamente dicho de las sanciones aplicadas por las autoridades de la orden, ante comportamientos irregulares de determinados religiosos que, luego de recibir la sanción (con el acuerdo del arzobispo), quisieron escudarse en el hecho de haber sido sancionados por pertenecer al «partido» adverso. En resumidas cuentas, es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que la orden de la Buenamuerte de Lima era gobernada entonces gracias a la intervención y el apoyo de las autoridades civiles y religiosas del virreinato y de sus instituciones principales. Probablemente obligado por problemas de salud, el «superior provisorio», Manuel Hurtado, renunció a su cargo, el 16/10/1808. Sin tomar en cuenta las peticiones del exprocurador Santiago González para que se pusieran en aplicación las patentes de 1802 —confirmando la medida de suspensión indefinida de su antecesor, el marqués de Avilés—, el virrey Abascal le propuso inmediatamente al arzobispo de Lima que designara al prelado reemplazante. Una semana después, el 24/10/1808, el arzobispo Las Heras designaba a Antonio Virto (el religioso del frustrado viaje a Madrid de 104

AAL-OCNSB, legajos VI: 8;VII: 1, 2, 8.

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1781) en reemplazo de Hurtado; el virrey aceptaba dos días después dicha designación y ordenaba comunicarla a los miembros de la orden crucífera de Lima. De esta manera, el antiguo «partido» de los opositores se afianzaba en el gobierno de la orden camila, por acuerdo conjunto del virrey y el arzobispo de Lima. Lo que evidentemente no fue aceptado por el antiguo «partido» de los prelados, en particular por Santiago González, prolongando así casi tres décadas de conflicto abierto, en donde ya resultaba difícil —por la alta subjetividad de la confrontación— distinguir entre la oposición por razones de gobierno y patentes no aplicadas y la oposición como respuesta a las sanciones aplicadas por comportamientos irregulares (y hasta opuestos a la regla)105. Las propuestas para aplicar «soluciones fuertes», es decir, la captura de los «desobedientes», aprovechando las condiciones de la «alta noche», para confinarlos en el puerto del Callao (o en el convento de San Francisco) y luego expulsarlos a otras casas del virreinato o de América (Quito, Popayán, La Paz o Arequipa), también formaban parte del arsenal de medidas consideradas y sugeridas en ese entonces por el «superior» Antonio Virto. La amplitud de la confrontación impregnaba entonces todos los campos de la actividad de la religión crucífera. Incluso sus relaciones y el conflicto con los esclavos de las haciendas de Cañete, se tiñeron del enfrentamiento en el seno de la orden, tal como vamos a verlo en seguida, gracias a una documentación especialmente interesante. c) La rebelión de los esclavos de La Quebrada de 1809 y el conflicto entre los «partidos» de la Buenamuerte En un extenso expediente conservado en el Archivo Arzobispal de Lima, relativo al envío de religiosos de la orden a Arequipa y La Paz, aparece la pesquisa diligenciada por el coronel don Manuel Rubio, a pedido del virrey Abascal, sobre la rebelión de los esclavos de la hacienda La Quebrada de 1809106. Entre otras cosas, se puede observar en dicha documentación 105

AAL-OCNSB, legajos VI: 8;VII: 1, 2, 8. Poco se sabe en verdad sobre la rebeldía de los esclavos de las haciendas del valle de Cañete. Fuera de las indicaciones que vamos a transcribir, existen en los archivos de la Buenamuerte referencias episódicas sobre un ambiente tenso entre la «gente» y algunas advertencias, desde inicios del siglo XIX, respecto a la posibilidad de un movimiento general de descontento.Ver, entre otros, ACB, documento núm. 1008. La cuestión merecería una investigación específica sobre el conjunto de las haciendas del valle. 106

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el papel particular que le cupo al exprocurador Santiago González en el movimiento de los esclavos, acaecido durante la Semana Santa de 1809, y situado en el contexto del conflicto interior de la Buenamuerte. Aunque todo no quede efectivamente dilucidado, vale la pena recordarlo, a pesar de los indicios existentes. Por nuestra parte, hemos intentado un análisis de la rebelión de los esclavos de Cañete, tratando de mostrar su especificidad como movimiento social, en primer lugar, pero tratando al mismo tiempo de encuadrarla y comprenderla en la propia coyuntura del conflicto en el seno de la orden de la Buenamuerte107. En efecto, más allá del movimiento de 1809, resulta interesante reconstituir, hasta donde la documentación disponible lo permite, el armazón de unas ambiguas relaciones establecidas por dicho religioso camilo, Santiago González, con los esclavos de las haciendas de Cañete (y no solo con los de la Buenamuerte), con el fin de darle mayor amplitud de comprensión al conflicto entre los dos bandos en el seno de la orden de los crucíferos, al comienzo del siglo XIX108. Los vínculos de Santiago González con los esclavos de Cañete parecen haberse desarrollado y consolidado, en particular durante la época en la que ejerció como procurador de la orden, es decir, entre 1789 y 1801. Las huellas documentales no son abundantes pero existen. En primer lugar, se puede recordar que, entre el 8 y el 10 de agosto de 1798, en reunión del capítulo de la orden, González se había presentado como el defensor de un pliego de reclamos de la «gente» por mejoras en sus condiciones de trabajo y contra uno de los caporales de la Quebrada109. Un conjunto de pedidos cuya satisfacción conducía efectivamente a una mejora ostensible de la condición de esclavitud. Entre las reivindicaciones de los esclavos se podían citar: un aumento de la ración semanal de tabaco, charque(i), frijoles y sango, con el fin de volver a los niveles de ración del periodo en que los religiosos crucíferos Aragón, Virto o Diz de la Torre administraban las haciendas110; que el negro caporal 107

AAL-OCNSB, legajo VII: 9.Ver también, Luna, 2010. El primer trabajo sobre la rebelión de Cañete de 1809, se lo debemos a Reyes Flores, 1999. 109 ACB, documento núm. 2393. 110 Es decir, los años 1770 y 1780. Lo que confirma lo que ya hemos dicho, en el segundo capítulo, respecto al nivel de vida de los esclavos de las haciendas de la Buenamuerte para dichos años. Se hablaba allí de 3 arrobas de frejoles y 9 de harina de maíz para su consumo (y 2 libras de charque por semana), aunque no se sepa cuál era la unidad familiar, el periodo de consumo o el grupo de distribución de dichos productos. ACB, documento núm. 2393. 108

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acompañase desde el inicio hasta el final el trabajo de los esclavos y que la única distinción para el reparto de las tareas fuera la edad de los esclavos; que en los días de guardar no se obligase a los esclavos, antes de ir a misa, a hacer otras tareas, fuera de las de la limpieza de los trapiches, el arreglo de la «Casa de purga», el barrido y transporte de la harina del molino. Pero también que la distribución de ropa de algodón se hiciera según las necesidades de la «gente». Que se diesen tierras a los esclavos de las haciendas, dentro de las no utilizadas, para que hicieran azúcar o lo que desearan, para su propia alimentación y consumo. Que se volviese a abrir la enfermería de Casablanca y que se abriera también una panadería para cocer pan destinado a los «párvulos». Que los castigos fueran mesurados, no más de doce latigazos por vez, y que se perdonase al esclavo que pudiera justificar su falta o error, aun cuando «el padrino» o testigo fuera otro esclavo de su misma condición. El procurador González —cargo que desempeñaba en ese entonces— había defendido dichas reivindicaciones (hablando de la fidelidad de la «gente» para con sus amos) y logró que el capítulo las aprobase, encargando al viceprovincial José Miguel Durán para que velara por su aplicación concreta111. Dos meses después, en octubre de 1798, la visita del procurador Santiago González a Cañete fue considerada como indispensable, con el fin de «calmar a la gente» y evitar los desórdenes probables. Su presencia sirvió, según su propio testimonio, para poner en aplicación las mejoras solicitadas por los esclavos y otras introducidas por su iniciativa personal112. Se puede deducir que su presencia (en particular, a partir de Casablanca) pareció también haber creado una influencia o reconocimiento que se extendió hacia otras haciendas del valle de Cañete, entre los esclavos de ambos sexos, sin saber si fue algo voluntario o involuntario. Por ejemplo, en noviembre de 1798, cuando un grupo de esclavas de la hacienda Carrillo (poseída por don Francisco de Borja Carrillo y Sancho Dávila, Marqués de Santa María), llegó a la vecina hacienda de Casablanca para ponerse bajo el «padrinazgo» o la protección del «padre Santiago González» y que este apoyara a los esclavos de dicha hacienda en sus propias reivindicaciones, a saber, obtener raciones más

111

ACB, documento núm. 2393. Conviene recordar que, al evocar estos hechos, el entonces exprocurador González se hallaba en plena defensa de su administración, ante las acusaciones del «superior provisorio» Manuel Hurtado. Ese relato ponía en evidencia su voluntad de ganar la simpatía de los esclavos, hombres y mujeres (incluso mediante regalos), con el fin de convencerlos de que trabajasen con «más fuerza y entusiasmo». AAL-OCNSB, legajo IV: 2. ACB, documento núm. 2393. 112

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abundantes de harina, volver a contar con raciones de charque(i) y lograr que los trabajos excesivos y los malos tratos disminuyesen. Santiago González habría deseado en aquel momento organizar una confrontación entre los esclavos presentes y el administrador de la hacienda Carrillo (un singular careo entre esclavos y responsables de los amos, lo que no carecía de originalidad) y habría prometido intervenir de todas maneras a favor de los esclavos. Gregorio Meneses, administrador de la dicha hacienda, acusó entonces a González de ser un instigador de la protesta de la «gente», de ser un amotinador irresponsable, cuando existía al mismo tiempo el temor creciente en las haciendas del valle de Cañete de una sublevación general de esclavos113; amenazando además con denunciarlo ante la Audiencia Real y el virrey. Luego, en mayo de 1800, cuando hacía más de una década que Santiago González ejercía como procurador general de la orden de la Buenamuerte, y tal vez en prevención contra posibles acusaciones que los opositores ya manifestaban contra el «partido» de los prelados —y contra él mismo—, el mencionado religioso crucífero buscó el apoyo de los religiosos y hermanos azucareros de las haciendas de Cañete.Y ello, estimulándolos para que escribieran cartas de apoyo a su administración y para que solicitaran sus frecuentes visitas a Cañete, con el fin de dirigir los trabajos y estimular a «la gente» para el trabajo114, incluso entre los peones libres contratados temporalmente. Tres meses más tarde, con el mismo objetivo, el propio Santiago González emprendió una encuesta entre los administradores y empleados de las haciendas de Cañete, gracias a un cuestionario de 21 preguntas. Las respuestas fueron sumamente elogiosas respecto a su actividad e influencia, en particular con respecto a la «gente». Gracias al procurador González, el número y la dedicación de los esclavos habrían aumentado, lo mismo que las cabezas de ganado de la Buenamuerte. Su contabilidad indicaba también que los niños estaban mejor cuidados, lo que garantizaba la mano de obra del futuro de las haciendas; pero también su atención espiritual habría mejorado115. Aunque no haya sido su objetivo primario, las respuestas de la encuesta permiten reconstituir algunos elementos de lo que era probablemente el 113 ACB, documento núm. 2396. Otro documento, ulterior este (datando seguramente de 1803) da cuenta del descontento de los esclavos de las haciendas del valle de Cañete, ante comportamientos arbitrarios de los soldados y oficiales del ejército español. ACB, documento 1008. 114 Un voluminoso expediente de cartas de apoyo al padre Santiago González se puede encontrar en ACB, documento núm. 2497. 115 ACB, documento núm. 2497.

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día de trabajo de los esclavos y la propia función de Santiago González. La jornada de los esclavos se iniciaría a la 03h00: los esclavos empezaban los trabajos del campo o la molienda de la caña, aprovechando el fresco nocturno. González (quien afirmaba comenzar su propia jornada a las 05h00) dice haber impuesto una pausa a las 07h00 para luego proseguir hasta las 16h00, antes del almuerzo. Hacia el final de la tarde, luego de terminada la jornada agrícola, González organizaba una «audiencia pública» con los esclavos que tenían quejas por presentar o conflictos por resolver. Su labor era (como en un tribunal de feudo) la de «hacer justicia» y absolver pleitos, hasta antes de ir a dormir. Si en 1809 el crucífero Santiago González ya no era procurador de la Buenamuerte ni formaba parte del equipo que, aliado con las autoridades civiles y religiosas del virreinato, gobernaba la religión crucífera en Perú —y por el contrario, era la punta de lanza del «partido» de los prelados—, ello no significaba, tal como vamos a verlo, que no hubiese conservado vínculos particulares con los esclavos de las haciendas. Los denunciados malos tratos del mayordomo de la hacienda de La Quebrada fueron el punto de partida del descontento de los esclavos; estos escogieron la Semana Santa de 1809 para expresarse. Los administradores de la hacienda le informaron al procurador de la Buenamuerte, José Llanos, que el martes santo, el día 28/03/1809, cierto número de esclavos habían adoptado, sin autorización alguna, la decisión de ir de Cañete al convento de Lima para hablar con «su amo», el padre Santiago González, y presentarse luego ante el virrey Abascal para pedir el cambio de mayordomo de su hacienda. Al recibir la carta con tales informaciones, el prelado de la Buenamuerte, Antonio Virto, fue a presentársela inmediatamente al virrey Abascal. Este ordenó la captura de todos los esclavos que llegaran a Lima, su encierro en la panadería del convento, en la calle de las Cruces y el castigo para los promotores de dicha operación116. Ahora bien, el mismo día de Jueves Santo, el 30/03/1809, los primeros esclavos a caballo (utilizando los de la hacienda), 11 hombres y dos mujeres, ya estaban en el interior del convento limeño, refugiados en la torre de la Iglesia. El ayudante de la plaza, Manuel Guerra, y su escolta de granaderos llegaron y rodearon el convento con la intención de capturar a los rebeldes («prender a los negros cimarrones117») e impedir que huyesen. Al enterarse de ello, los esclavos, «no deseando escándalo y no siendo delincuentes», 116

AAL-OCNSB, legajo VII: 9. El vocabulario utilizado en 1809, cuando el ejemplo de la revolución negra y antiesclavista de Haití seguía estando de pie, no era seguramente casual. 117

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según afirmaron, decidieron rendirse y ponerse a la orden del virrey, solicitando la presencia del camilo Santiago González. Con el acuerdo del prelado Antonio Virto, el exprocurador Santiago González (que era «el padre Santiago» de los esclavos) fue llamado a intervenir y desempeñar el papel de intermediario y mediador para lograr la rendición de los esclavos, antes de ser conducidos como se había previsto a la panadería de la Buenamuerte, escoltados por dos hileras de soldados. Tres esclavos se quedaron un momento con el «padre Santiago» para dar mayores detalles sobre nuevas salidas de esclavos de La Quebrada hacia Lima, los que al llegar en los días siguientes también debían aceptar su reclusión en la panadería (unos 40 en total, durante toda la movilización). Un teniente coronel, don Manuel Rubio, y el notario de los ejércitos, don José González, fueron encargados de interrogar a todos los esclavos, entre el 3 y 4 de abril118, al mismo tiempo que el prelado Antonio Virto denunciaba que en la panadería se entraba y salía a su antojo y voluntad y que algunos esclavos iban frecuentemente a entrevistarse con el «padre Santiago». Hay en el expediente 26 deposiciones de esclavos, 16 de hombres y 10 de mujeres. Ninguno sabía ni leer ni escribir; algunos firmaron su declaración con una cruz, a veces precedida por el dibujo de la primera letra de su nombre. Se anotó la edad de los testigos, según su propia declaración —o según la estimación del notario—; la mayoría oscilaba entre 25-35 años. Los de mayor edad (dos esclavos) tenían 40 años. Aparecieron varios elementos comunes en sus repuestas: el haber decidido de forma autónoma y unánime el viaje hacia el convento de Lima; la ausencia de jefe o jefes (o la firme voluntad de no denunciarlos); la no intervención del «padre Santiago» en el momento de la toma de decisión de venir a Lima; la realidad de la crueldad y los malos tratos119 infringidos por el mayordomo de la hacienda, Juan Antonio Pineda, pero también por el administrador de la «Casa de paylas», Antonio Saavedra; la necesidad de designar un administrador para La Quebrada ya que el de Casablanca no podía darse abasto (al haber dos leguas de

118

AAL-OCNSB, legajo VII: 9. Castigos injustificados, contra hombres y mujeres, bajo el pretexto de haber salido de la hacienda sin permiso (a pesar de contar con justificativos firmados por los mismos religiosos de la Buenamuerte a quienes acompañaban); heridas tan graves (con palo o látigo) que producían la invalidez de la víctima (como al anciano Luis Obiaga, cuya hija Francisca había venido de Cañete para denunciar dicho acto), a pesar del carácter mínimo de las faltas; restricciones alimenticias o castigos al cepo, por declarar dolencias o enfermedades; insultos, ofensas, desprecio. AAL-OCNSB, legajo VII: 9. 119

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distancia entre ambas haciendas)120. Se trataba de testimonios unánimes, sin fallas ni contradicciones; ninguno de los esclavos manifestó arrepentimiento ni pidió perdón por su gesto o su presencia en Lima. Otros elementos aparecieron en las respuestas de los esclavos, sin que al respecto se pudiera hablar de unanimidad: el número de esclavos hubiera podido ser mayor si los caporales no hubiesen confiscado en Cañete la montura de los caballos. Si llegaron para ver primero al «padre Santiago» fue porque lo conocen y porque sabían que podía él interceder a favor de los esclavos; también porque llegaron cuando se estaban celebrando las ceremonias de Jueves Santo y no quisieron interrumpirlas. Si entraron al convento y se subieron a la torre del templo, aconsejados por dos pardos que por allí andaban, fue porque tuvieron miedo al ver llegar a los soldados; si se apoderaron de adobes y candelarios para intentar defenderse, fue por iniciativa propia, sin que nadie se lo propusiera u obligara. Si hubo esclavos que entraron y salieron de la panadería, fue para ir a misa o para traer la comida del convento. Después del interrogatorio, el virrey Abascal ordenó el retorno de los esclavos a Cañete, escoltados por soldados, y su entrega al administrador de las haciendas; excepto dos de ellos, que fueron considerados como instigadores y agitadores en la movilización, y recluidos presos: Pedro Cheves (40 años) y Juan Montalbo (28 años). Por su parte, el prelado Antonio Virto le escribió al virrey, el 07/04/1809, para insistir sobre el papel nefasto desempeñado por el «padre Santiago»; los esclavos habrían advertido que solo volverían a Cañete si el «padre Santiago» en persona se lo pedía. Peor aún: los dos sospechosos presos habrían sido puestos en libertad por decisión del mencionado religioso, a lo que habría seguido una manifestación de esclavos al grito de «viva el padre Santiago». Qué podría ocurrir con el resto de esclavos de las haciendas, se preguntaba Antonio Virto, si los rebeldes volvían victoriosos a Cañete, acompañados de su caudillo Santiago González121. El virrey Abascal ordenó entonces que se alertara al subdelegado de Cañete, don Juan Sánchez Quiñónez, ante cualquier eventualidad, si los esclavos decidían prolongar los desórdenes limeños. El regreso de los esclavos fue

120

La existencia de un único administrador para ambas haciendas había formado parte de las medidas de austeridad de la Buenamuerte. 121 Una carta del exprocurador Santiago González, del 06/04/1809, dirigida al hermano azucarero Pedro Roldán, le imploró su clemencia para con los esclavos que vinieron a Lima, señalándole su esperanza de lograr que se designara por las autoridades de la orden un administrador para la hacienda La Quebrada. AAL-OCNSB, legajo VII: 9.

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efectivamente ruidoso y victorioso (incluyendo a los dos sospechosos, puestos en libertad): el «padre Santiago» les acompañó hasta Lurín. La llegada a Cañete, el 10/04/1809, según el informe del padre azucarero Juan Bautista Insaurraga dirigido al procurador José Llanos, fue el regreso de esclavos «aún más insolentes y altaneros». Ya desde las afueras de la hacienda, desde el anexo de Cantagallo, los esclavos hicieron estallar cohetones; al llegar, se convocaron a todos los esclavos al sonido de las campanas. Los esclavos dijeron que traían una carta del «padre Santiago»; pero el crucífero administrador, Juan Bautista Insaurraga, confesó no haberse podido enterar de su contenido. El mismo Insaurraga escribió entonces que el peligro era grande en el valle de Cañete de asistir a una insurrección general de esclavos; en Hualcará, en la Huaca y en otras haciendas, el ejemplo de La Quebrada, esto es, de esclavos bien tratados por sus amos y que habían impuesto su movimiento, se había difundido como reguero de pólvora. Qué cabía esperar de los esclavos de aquellas haciendas en donde estos no eran tan bien tratados, se preguntaba el crucífero Insaurraga122. El prelado Antonio Virto, al transmitir dichas informaciones al virrey Abascal, agregó que Santiago González, «religioso revolucionario, indisciplinado e insubordinado», merecía que se le expulsara del territorio. Tal vez, al enterarse de que su protector ya no estaba en el país, los esclavos se calmarían y bajaría ostensiblemente el temor de una insurrección general en las haciendas de Cañete. En los días siguientes, las informaciones siguieron siendo alarmantes y el camilo Antonio Virto continuó presentándoselas al virrey. El 15/04/1809, el prelado de la Buenamuerte explicó que los esclavos que habían sido puestos en libertad por Santiago González eran efectivamente los instigadores y cabecillas del movimiento, lo que había sido confirmado por el subdelegado de Cañete123; También indicaba Antonio Virto que la rebelión proseguía y que los esfuerzos del administrador Insaurraga para reiniciar las labores del campo se enfrentaban con los gritos insolentes de los «negros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos», quienes con «desafuero 122

AAL-OCNSB, legajo VII: 9. A Cheves y Montalbo, se agregaban ahora los nombres de Ramón Fontidueñas —también llegado a Lima— y del negro Juan Pablo «el limeño», quien no formaba parte de los que vinieron al convento. Habría que separar del resto de elementos a estos revoltosos, decía el prelado Antonio Virto. En el margen de la carta del prelado Virto, el virrey Abascal hizo anotaciones sobre la necesidad de capturar a los «negros revoltosos» para escarmentar a los otros y evitar que el ejemplo cundiera en el valle de Cañete. De ello habría que informar al subdelegado Sánchez, en pliego reservado, concluía Abascal. AAL-OCNSB, legajo VII: 9.Ver también Luna, 2009b. 123

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y perdimiento de respeto» exigían que previamente se separara de su cargo a los dos mayordomos, Juan Antonio Pineda y Antonio Saavedra; esto es, que se satisficiera la reivindicación primera de los esclavos. Pero también señalaba el prelado Antonio Virto, no sin una visible incomodidad, que la pesquisa del subdelegado de Cañete, don Juan Sánchez Quiñónez, diligenciada desde temprano en la hacienda de La Quebrada, en el campo y los talleres, para ver los conflictos de cerca y entrevistarse con la «gente», le había conducido a certificar que los problemas se originaban efectivamente con los castigos injustos impuestos a los esclavos por los mayordomos designados. Los esclavos desearían que ambos mayordomos fuesen excluidos de La Quebrada y que se diera plenos poderes a los caporales negros; «con nuestros caporales nos basta», habrían dicho los negros esclavos al subdelegado de Cañete. Qué quieren entonces los esclavos, se preguntaba Antonio Virto. Dialogando consigo mismo contestaba: que se nombre un negro como mayordomo; ello significaría perder la hacienda. Luego desearían imponer su ley y poner y cambiar autoridades a su antojo, como si fueran los amos (los esclavos querían «ponerle la ley al amo», explicaba el prelado). Por otra parte, era inconcebible hablar de castigos demasiado severos, proseguía Virto; los padres camilos de las haciendas no lo hubiesen permitido. De todas maneras, concluía el prelado, los esclavos nunca estarán conformes «con los que los obligan a trabajar». La lucidez del prelado Antonio Virto, expresada hasta cierto punto de manera espontánea (casi inocente o naïve) se estrellaba entonces —como no podía ser de otra manera— con la oposición tajante de las condiciones de trabajo de la estructura socioeconómica vigente. Y, desde luego, con los límites de su propia mentalidad, la de su estado y condición. Pero conviene reconocer no obstante su relativa honestidad de razonamiento, al querer acercarse con su propio universo mental a la realidad de los problemas planteados, a la realidad de la esclavitud, alienadora total de la capacidad de decidir sobre el uso de su fuerza de trabajo. Un crudo choque entre espíritu y mentalidad religiosos y condiciones concretas de la estructura socioeconómica. Casi dos semanas más tarde, el 28/04/1809, el subdelegado de Cañete le escribió al virrey Abascal para informarle que la calma había empezado a regresar a las haciendas y que ya había puesto en ejecución la orden que le había mandado anteriormente, con el fin de ponerse de acuerdo con el administrador de la Buenamuerte y el procurador José Llanos, para «ajustarles las cuentas» a los negros revoltosos. Por el momento, escribía el subdelegado, no había que hacer ninguna novedad, ya que los esclavos habían vuelto a las

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labores normalmente. Pero cuando llegara el momento, «se echará mano de los insurrecsores (sic), desapareciéndolos del lugar», para llevarlos a la cárcel, utilizando para ello a gente ajena, desconocida del lugar, para que los otros esclavos no se diesen cuenta. Aunque la «solución fuerte» pareció entonces imponerse124, se desconoce el desenlace final del conflicto. Las fuentes no lo dicen; seguramente porque lo normal haya tenido que ser que no se conservaran huellas de dicha solución. Días más tarde, el virrey Abascal ordenó directamente al «padre Santiago», el 08/05/1809, que volviese al convento de Lima y que cesara de inmiscuirse en los asuntos de las haciendas de la Buenamuerte, haciéndoles creer a los negros de Cañete que seguía siendo procurador o prelado de la orden y que su destino dependía de él. Así, la rebelión de los esclavos de 1809 había dado ocasión a la expresión del conflicto reinante en el seno de la orden crucífera. d) El debilitamiento paulatino de la misión de la Buenamuerte Volviendo al conflicto en el seno del convento de Lima, era indudable que la prolongación de las desavenencias no podía no repercutir en la vida interna y la misión de la orden. La naturaleza misma de las faltas cometidas por determinados religiosos, a saber, ebriedad callejera y al interior del convento, comercio ilícito de misas, actividad mercantil ambulante o en «cajones», escándalos y violencias públicas, presuntas relaciones con el sexo opuesto, etc.; e incluso los pedidos individuales de secularización125, contra los que intervino la autoridad del prelado, traducían seguramente un malestar inherente y profundo. Pero conviene recordar también que, a comienzos de la segunda década del siglo XIX, la fidelidad o infidelidad a la monarquía y al soberano depuesto por los ocupantes de la Península Ibérica, desde 1808, así como la simpatía o antipatía por la ideas revolucionarias («francesas» u otras), abrían otros motivos de conflicto, disidencia o desafección, mezclándose generalmente con los anteriores, a veces cubriéndolos con un barniz ideológico o político, no siempre más real que aparente. Como ya lo vimos anteriormente en el caso del «padre Santiago», otros religiosos, como Antonio Herrera y José Jiménez,

124 Como la que se proponía en la misma coyuntura con los religiosos camilos opuestos a la dirección, aunque de consecuencias diferentes, por supuesto. 125 AAL-OCNSB, legajos VII: 2, 8, 15, 16, 17.

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José Camilo Henríquez M.I. Precursor y activista de la independencia de Chile

fueron acusados ante el arzobispo de Lima por el prelado Antonio Virto de efectuar no solo comercio ilícito y de haberse vuelto «padres cancheros» (al efectuar misas callejeras o en canchas inadecuadas, remuneradas y no autorizadas), sino también de ser sujetos «revolucionarios», aunque escudándose en querer «conservar ilesos los dominios de nuestro amado Fernando126». Sin embargo, no hemos encontrado huellas durante este periodo, entre 1809 y 1812, de las actividades o influencia del religioso profeso José Camilo Henríquez127 considerado como portador de la corriente revolucionaria (o «francesa») en el seno de la orden crucífera en el continente americano. 126

AAL-OCNSB, legajo VII: 17. Fue el padre Francisco Romero quien se encargó en 1789 de verificar su vida, moralidad y costumbres y hacer el examen de sangre familiar —organizando las entrevistas de rigor—, antes de su profesión de fe, efectuada en 1790. ACB, documento núm. 2412. 127

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Tal vez porque ya en tales momentos Henríquez se hallaba en Chile, consagrado plenamente a la lucha independentista contra la presencia colonial española. En el índice biográfico del archivo del convento de la Buenamuerte, las informaciones aparecen sumamente fraccionadas128. Se señala allí que luego de su actuación revolucionaria en el reino de Chile (participación a la redacción de la constitución de 1812) y en las provincias del Río de la Plata, fue elegido diputado por Valdivia, su provincia de nacimiento. Dedicándose luego a la mejora de los hospitales del nuevo Estado chileno, lo mismo respecto a los hospicios y cárceles, dentro de la tradición de la misión crucífera, antes de participar en 1823 en la creación de la Biblioteca Nacional de Chile (siendo su bibliotecario primero). José Camilo Henríquez falleció en Chile, el 16/03/1825. El prelado Antonio Virto falleció el 13/11/1813, en pleno ejercicio de sus funciones, cinco años después de haber sido designado por el arzobispo de Lima. Fue uno de los pilares del «partido» de los opositores, durante más de 30 años. Solo dos días después, el camilo Francisco Romero —del antiguo «partido» de los prelados— se dirigió al virrey Abascal para indicarle que al ser el decano de la orden había él asumido de forma provisoria el cargo de dirección, pero indicando al mismo tiempo la necesidad de reunir el capítulo y elegir al nuevo prelado129 ya que no deseaba proseguir en dicha función. Una semana después, el 23/11/1813, como para recordar que el conflicto seguía vigente, tres religiosos profesos y un hermano lego, los crucíferos Juan José Laredo, Pedro Marieluz y Antonio Herrera y el hermano Pedro González —miembro visible desde hacía más de dos décadas de los hermanos legos del «partido» de los opositores— se negaron a que se hiciese por vía de elección la designación del nuevo prelado, ya que dicha atribución competía claramente al arzobispo de Lima. Fue también en ese entonces la opinión del virrey Abascal. En tales condiciones, el crucífero Antonio Pavón antiguo defensor del «partido» de los prelados, que sin embargo había apoyado al prelado Antonio Virto —contra Santiago González— fue designado, el 18/01/1814, «superior provisorio» por el arzobispo de Lima Bartolomé de las Heras.

128

ACB, Índice Biográfico.Ver también, Grandi, 1985: 120-123. Sin evocar las «patentes» o la autoridad europea de la orden; simplemente la elección por el capítulo. AAL-OCNSB, legajo VIII: 2. 129

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Este último aparecía sin embargo favorable hasta cierto punto a la propia elección del prelado por el capítulo y anunció una próxima visita al convento130. Pero era sin contar con la actitud que pudiera adoptar el exprocurador Santiago González: este reaccionó y rechazó terminantemente toda visita que el arzobispo quisiera hacer al convento, recordando el asunto de las patentes de 1802 con el que se habían despreciado y deslegitimado, afirmaba, los fueros de la religión de la Buenamuerte. Si visita de arzobispo había, solo cabía aceptarla una vez que se hubiera producido la elección del nuevo prelado por el capítulo de la orden131. Sin que se hubiera producido aparentemente la reunión del capítulo, el «superior provisorio» designado, Antonio Pavón, continuó en su cargo hasta 1820 (excepto en algunos cortos periodos). Santiago González, el «padre Santiago» de los esclavos de La Quebrada de 1809, falleció en 1818, cinco años después que el padre Antonio Virto, con lo que se cerraba un capítulo en la conflictiva historia de la Buenamuerte, entre el último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX. Esos últimos años, desde el segundo lustro y a lo largo de la segunda década del siglo XIX, fueron testigos del decaimiento sensible de la orden crucífera en Lima. Al lado de los escándalos públicos a los que su crisis interna llevó —mermando un prestigio religioso, moral e intelectual pacientemente acumulado durante el siglo anterior—, además de la disolución consecuente de su propia organización y del abandono en el comportamiento personal de determinados religiosos —con la decepción consecuente entre los fieles y creyentes—, también se produjeron la disminución del número de religiosos practicantes (con el consiguiente declive de su misión entre enfermos y moribundos), el envejecimiento de sus miembros (con la inexorable inacción eclesiástica de religiosos en retiro) y la baja sensible de las nuevas profesiones de fe (esto es, la ausencia de renovación endógena en sus filas). Se asistía a una evolución regresiva, la misma que sobrevenía algunas décadas después de un trabajo de terreno intenso, caracterizado por la paciencia y el ardor religiosos de los primeros camilos legados a Perú, desde inicios del siglo XVIII (de lo que ya hemos hablado).

130

Algún tiempo más tarde, el 17/05/1814, el arzobispo Bartolomé de las Heras, evidentemente preocupado por el estado de la orden, remitía un cuestionario al conjunto de religiosos de la comunidad, con el fin de conocer los detalles del funcionamiento interno de la Buenamuerte. AAL-OCNSB, legajo VIII: 4. 131 AAL-OCNSB, legajos VIII: 5, 7.

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La fase de crecimiento del número de religiosos y la progresión de la misión de la orden crucífera se habían iniciado al promediar los años 1750. Los informes anuales del prefecto del convento, Alejandro Montalvo, entre 1753 y 1759, relativos a los gastos e ingresos de la Buenamuerte, dan cuenta igualmente del número de religiosos y hermanos con que contaba entonces la orden132. A fines de 1754, había 41 eclesiásticos y 14 domésticos en el convento de Lima. Montalvo hablaba de 8 padres, 12 religiosos, 4 novicios, 6 hermanos legos y 11 hermanos donados, indicando que los 12 religiosos son los que se encargaban de la misión de la orden en los hospitales de Lima. Al año siguiente, el número de novicios pasó a 8, aumentando también el número de hermanos legos y donados u oblatos; lo que hacía un total de 47 eclesiásticos en el convento. Luego las informaciones se volvieron más difusas, sabiendo que existía además el templo de Santa Liberata que acababa de ser concedido a la orden crucífera por el virrey y el Real Acuerdo. En diciembre de 1759, según la misma fuente, el número de eclesiásticos en el convento de Lima llegó a 40, sin contar a los que habían sido enviados a Santa Liberata o a Chile. Es posible afirmar que, fuera de los domésticos de ambos templos, Lima y Santa Liberata, el número de eclesiásticos de la Buenamuerte en Lima llegó, al terminar los años 1750, a 45-50 personas, contando a novicios y estudiantes, con una docena de religiosos que efectuaban la misión de la orden en los hospitales. Las informaciones disponibles sobre el número de eclesiásticos de la Buenamuerte solo reaparecen gracias al recuento realizado por el contador de la Audiencia Real de Lima, Joaquín Bonet, en 1792 —al momento de su auditoría sobre la contabilidad de la orden. Sus cifras cubren el periodo 1775-1792 y son las siguientes para ambos templos133:

132

Las cifras agregadas mensuales son establecidas por el propio padre Montalvo, bajo la clasificación simple de entradas y gastos. La Buenamuerte solo cuenta entonces con una hacienda en Cañete, La Quebrada. Su presencia en Santa Liberata es todavía limitada. ACB, documento núm. 844. 133 AAL-OCNSB, legajo V: 2.

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CUADRO NÚM. III.2.1. NÚMERO DE ECLESIÁSTICOS DE LA BUENAMUERTE, 1775-1792 AÑOS 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792

RELIGIOSOS PROFESOS

17 19 22 22 24 26 26 26 29 29 29 29 30 31 29 29 28 27

ESTUDIANTES

NOVICIOS

10 8 5 8 6 4 6 6 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4

8 6 6 9 9 6 4 2 0 0 0 0 3 4 2 0 3 3

HERMANOS

HERMANOS

LEGOS

DONADOS

17 17 17 17 19 22 22 22 22 22 22 19 19 19 20 19 18 17

10 10 10 11 11 9 9 11 11 8 9 7 7 11 8 12 13 13

TOTAL 62 60 60 67 69 67 67 67 66 63 64 59 62 67 62 63 65 64

Fuente: AAL-OCNSB, legajo,V: 2.

Para dicho periodo de casi dos décadas, entre 1775-1792, que corresponden seguramente a los años de auge de la religión de la Buenamuerte en Lima —con todas sus temporalidades en actividad, especialmente las haciendas de Cañete—, el número promedio de eclesiásticos considerado por el propio contador Joaquín Bonet es de 64. Lo que representa un sensible aumento, especialmente de religiosos profesos, con respecto a la evaluación efectuada para los años 1750.Y ello, a pesar de que se nota ya, hacia el final del periodo, una disminución del número de novicios y estudiantes con relación a los años 1770. Hay que esperar luego el comienzo del siglo XIX para contar con informaciones precisas respecto al número de eclesiásticos de la Buenamuerte. Un informe detallado del exprocurador Santiago González, del 01/08/1807, da cuenta del estado de los miembros de la orden, con un personal religioso en

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disminución, envejecido e insuficiente, no habiéndose producido ninguna nueva profesión de fe desde 1801134 y no habiendo ni novicios ni estudiantes. En el recuento efectuado para 1807, aparecieron en el convento de Lima 26 sacerdotes, de los que solo 12 practicaban el ministerio (menos del 50%). Ocho religiosos estaban jubilados y doce dispensados por otras ocupaciones en el interior de la orden. Los principales actores del enfrentamiento en la Buenamuerte, de uno u otro partido, sobrepasaban los 60 o 70 años y estaban jubilados, sin practicar la misión —los camilos Hurtado,Virto, Gil y Aragón, por el «partido» de los opositores; los camilos Durán, Larrea, Uría y Pinuer, por el «partido» de los prelados—. Eran los religiosos más jóvenes, contando entre 30 y 60 años, los principales practicantes de la misión. Por el lado de los hermanos legos la situación era aún peor: de los 13 hermanos legos del convento de Lima, solo 2 estaban «en servicio»; 4 estaban jubilados y 7 dispensados de ministerio. De los 12 hermanos donados, 6 estaban dispensados de servicio y 6 servían de acompañantes. A ellos había que agregar en Santa Liberata 2 religiosos (uno solo hace la misión) y un hermano lego. Con lo cual obteníamos para Lima, en 1807, un total de 52 eclesiásticos para ambas casas, con 28 religiosos profesos, 14 hermanos legos y 12 donados. De ellos, solo unos 20 (13 religiosos profesos) se dedicaban al ministerio de la orden. Esto indujo al exprocurador Santiago González a decir que el servicio era claramente insuficiente para «una ciudad de unas 80 000 almas», ocurriendo frecuentemente que los religiosos saliesen solos del convento para efectuar la misión, sin hermanos acompañantes, lo que era inconveniente. Seis años más tarde, la situación aparecía aún más deteriorada. El prelado Antonio Virto remitió, el 19/05/1813 (seis meses antes de su fallecimiento), una lista de los eclesiásticos de ambos conventos limeños. De ella se desprende que el número de religiosos profesos había descendido a 20; que el número de hermanos legos será solo de 5 y el de hermanos donados de 20. Lo que hacía un total de 45 eclesiásticos135, al promediar la segunda 134

Dicho informe forma parte de un voluminoso expediente de defensa del camilo Francisco Romero. Bajo la iniciativa del procurador José Llanos, en pleno conflicto por la aplicación de las patentes de 1802, recibidas de las autoridades europeas de la orden, se había formado un grupo de religiosos que denunciaban a Romero por sus ausencias del claustro y su presunto comportamiento reñido con la práctica del ministerio. El exprocurador Santiago González había optado por defender a Romero y acusar a Llanos de haber falsificado las firmas de determinados miembros de la orden, agregándolas a los que denunciaban a dicho religioso. AAL-OCNSB, legajo VI: 8. 135 No había ni novicios ni estudiantes. El número de domésticos de ambos conventos era de 11. AAL-OCNSB, legajo VIII: 1.

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década del siglo XIX, denunciando un paulatino debilitamiento cuantitativo y cualitativo de la orden crucífera. Fue seguramente lo que llamó la atención del arzobispo de Lima, cuando remitió al convento su cuestionario para averiguar el estado de funcionamiento de la religión. No contamos con datos efectivos sobre los últimos años de esta segunda década, pero nada hacía presagiar que el sensible declive de la Buenamuerte podía detenerse. 3. LA CRISIS INTERNA DE LA BUENAMUERTE EN LA COYUNTURA INDEPENDENTISTA De manera general se puede afirmar que los años 1817-1825 fueron muy severos para la orden crucífera y para su estabilidad en Lima, para sus temporalidades (como ya lo vimos en el capítulo anterior), en medio del combate independentista que se acercó y extendió progresivamente al territorio del virreinato peruano y en el cuadro de la crisis interna de la institución. La documentación disponible no nos permite reconstituir de forma detallada o cronológica todas las secuencias ni los episodios atravesados. Se pueden observar sin embargo un conjunto de movimientos y comportamientos que afectaron al conjunto de la orden de San Camilo. Durante dicho periodo, de alternancia de legalidades y legitimidades, de prelados paralelos y de intercambio de anatemas, se dictaron medidas contradictorias para preservar el destino de los esclavos y domésticos, así como otros elementos del patrimonio, en particular en las haciendas de Cañete. Como en el resto de la sociedad, los miembros de la Buenamuerte optaron, ya sea por el Gobierno español, ya sea por el campo patriótico, lo que suscitó desaprobación y procedimientos disciplinarios, por ambos lados, contra los religiosos que escogían el campo opuesto. Hubo exigencias de contribuciones financieras forzosas, apoyadas o rechazadas por los prelados del momento y por los mismos religiosos según sus propias simpatías. Se produjeron deserciones en el seno del convento —e incluso la renuncia o el abandono de la misma orden y de su regla y constituciones—, registrándose huidas de sus miembros hacia Europa o hacia otros territorios del virreinato peruano o americanos136 —Chile, en particular—, e incluso exilios forzosos. Los religiosos que permanecieron en el convento fueron principalmente nuevos miembros o estudiantes. Hubo entre ellos algunos a los que les habían sido impuestos precedentemente 136

AAL-OCNSB, legajo VIII: 57.

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impedimentos para su profesión de fe y entrada en la orden, como por ejemplo Francisco Herrera, José Cairo o Juan Bautista Falcón. Pocos fueron los que no habían sido acusados en algún momento de ser realistas o patriotas. En 1823 hubo un procedimiento contra los religiosos Hernández, Barredo y Marieluz, acusados de haber huido con el ejército español, llevándose consigo dinero y ornamentos del convento. Muchos religiosos de la Buenamuerte (como también ocurriera con otros miembros de ambos cleros) permanecieron meses (o años) sin contacto con sus superiores, librados a sí mismos, sobreviviendo según las circunstancias y posibilidades. Algunos fueron capturados o encarcelados, acusados de llevar una vida escandalosa, ajena a su estado eclesiástico137. Durante dicho periodo también, disminuyó notablemente el número de religiosos en el seno del claustro que llevaban vida común, y creció el número de miembros de la orden que solicitó su secularización. Se registraron numerosos conflictos entre miembros de la misma institución, incluso con violencia física, por cuestiones de dinero y posesión de objetos. Se produjo una sucesión anárquica e ininteligible de prelados o procuradores de la orden, con autoridades proclamadas y autoproclamadas —no todas de forma pacífica—, relacionadas con uno u otro Gobierno o campo en disputa, según las circunstancias. Al mismo tiempo, diversos personajes pudieron presentarse como «responsables» de la orden de los padres agonizantes en el virreinato, sacando provecho personal de ello. La administración de los bienes de la Buenamuerte pudo incluso escapar a sus miembros y recaer temporalmente en manos de civiles o miembros del clero secular, generando varias contabilidades y dando lugar a nuevas deudas138, reclamaciones y juicios en perspectiva. Se verificaron robos o la desaparición de bienes del convento (joyas, 137

Acusaciones diversas, entre 1820-1822 (con el padre Simón Gerardo Moreyra como prefecto), contra los religiosos y hermanos de la Buenamuerte (riñas públicas, borracheras, escándalos, etc.). ACB, documentos núm. 1215, 1216, 1217. El padre Gaspar Hernández, antiguo procurador de la Buenamuerte (entre octubre de 1821 y febrero de 1822), primero desapareció, acompañando a las tropas españolas que huyeron hacia la sierra y luego fue capturado por las fuerzas independentistas y sometido a juicio por malversación de fondos. Fue puesto en libertad gracias a la intervención del arzobispado de Lima, pero su juicio continuó. AAL-OCNSB, legajo VIII: 37. Luego se le encuentra en Puerto Rico, a comienzo de los años 1830, acompañando al antiguo obispo de Huamanga, Pedro Gutiérrez de Cos, antes de afincarse definitivamente en República Dominicana, para defender la separación dominicana con respecto a Haití y la monarquía española.Ver Sáez, 2004. 138 AAL-OCNSB, legajo VIII: 54. ACB, documentos núm. 1223, 1225.

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ornamentos, tejidos, objetos de culto, cuadros, e incluso sacos de azúcar o productos derivados, depositados en el convento). Algunos hurtos dieron lugar a tráficos diversos, más o menos ocultos, más o menos clandestinos. Se pudo observar que el vocabulario de apoyo o rechazo a la guerra de independencia apareció frecuentemente, ligado a la defensa de intereses materiales y personales. En 1821, Juan Bautista Falcón, haciéndose llamar «viceprefecto de la religión de la Buenamuerte», y Francisco Herrera, su acompañante, se declararon «americanos patriotas» y explicaron que desde 1793 había existido en el interior de la orden crucífera un conflicto abierto contra los religiosos europeos, cuyo único fin había sido aprovecharse de los bienes materiales de la institución139. Denunciaron ambos la conducta de los religiosos españoles (Francisco Mercader, entre otros) quienes habrían usurpado funciones con el fin de poder cobrar los censos o alquileres de las fincas urbanas alquiladas o cedidas en enfiteusis, pidiendo y logrando que se encarcelaran a todos los religiosos que se opusiesen a tales actos. La denuncia de ambos se hizo amenazadora con respecto a los usufructuarios de los bienes, al anunciarles que serían despojados y desalojados de ellos si no pagaban de allí en adelante sus obligaciones a las verdaderas autoridades, es decir a ellos mismos. Solo al año siguiente, en 1822, ambos religiosos fueron sometidos a procedimientos disciplinarios por haber usurpado títulos y funciones140. En tal contexto de confusión y cambios permanentes de autoridades —y legitimidades—, la situación financiera de la Buenamuerte se volvió aún más precaria, con una acumulación de reclamos y juicios por deudas no pagadas, incluso en lo que se relacionaba con la alimentación cotidiana de sus miembros. Por ejemplo Jorge Denis, administrador de la panadería de la calle Pescadería, exigió, en marzo de 1823, el pago de una deuda acumulada de 500 pesos por consumo de pan y otros aprovisionamientos de harina de trigo (la que normalmente venía de las haciendas de Cañete), y también por préstamos directos efectuados al procurador de la Buenamuerte, para gastos diversos de mantenimiento de la comunidad. Signo de los tiempos: el administrador de la panadería se declaró dispuesto a que le pagaran en azúcar141.

139

Se trataba precisamente de dos religiosos a los que en años anteriores se les había rechazado el pedido de profesión de fe e ingreso a la orden. AAL-OCNSB, legajos VIII: 22, 27, 31. 140 El «viceprefecto» Juan Bautista Falcón fue conducido al Callao, antes de ser expulsado a Chile. AAL-OCNSB, legajos VIII: 34, 45. 141 AAL-OCNSB, legajo VIII: 49.

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A pesar de las reiteradas indicaciones (y conminaciones) del arzobispado, el convento de la Buenamuerte no pudo abonar dichas deudas. Como tampoco pudo hacerlo con respecto a otras obligaciones o cargas que estaban impuestas sobre el patrimonio de la orden, capellanías u obras pías, o sobre fincas que no pertenecían a la institución. Y ello aun cuando por su lado, como ya lo hemos señalado, los prelados ocasionales de la orden, en su anárquica sucesión, acudiesen regularmente para cobrar los cánones, alquileres o réditos que producían las fincas sobre las que estaban impuestas dichas obligaciones y capitales; y que pendiese sobre dichas rentas la amenaza de embargo que pudiera decretar el gobernador eclesiástico del arzobispado, don Francisco Xavier de Echagüe142. Como ya lo sabemos, con el fin de retomar el gobierno y control de la Buenamuerte, dicho gobernador eclesiástico designó el 30/10/1823 al camilo José Cairo como prefecto del convento de Lima, al mismo tiempo que nombraba al religioso secular don José Benito Castro como síndico de la Buenamuerte. Sin embargo ya sabemos también que ambos tuvieron que ser destituidos de sus cargos, seis meses más tarde, luego de descubrirse un «tráfico clandestino» de azúcar, llevado a cabo con comerciantes limeños. También pesó contra ellos el cargo de haberse apoderado del dinero producido por el alquiler de la chacra La Magdalena y el gobernador del arzobispado De Echagüe exigió que se hiciese una investigación sobre el destino dado a estos fondos143. La confusión prosiguió durante todo el año de 1824, como ya lo hemos indicado, en particular en torno al destino que se debía dar al dinero producido por las últimas existencias de azúcar vendidas. Entre tanto, el convento limeño se vaciaba poco a poco, quedando sin religiosos o hermanos legos. Al promediar 1824, solo habían optado por permanecer en su puesto el exprefecto José Cairo, junto con ocho hermanos legos144, cuatro esclavos y siete personas que no pertenecían a la orden crucífera, que se encontraban allí como refugiados. Después de la victoria de Ayacucho —a pesar de que siguió habiendo durante varios meses un enclave español en el puerto del Callao—, los asuntos de poder se precisaron aunque sin aclararse definitivamente. 142 Por ejemplo, el candidato a sacerdote, don José María de Amézaga y Agüero, beneficiario de una capellanía fundada en 1655 (4 000 pesos de capital, al 3% anual), a quien no se le pagaban los réditos desde hacía varios años. AAL-OCNSB, legajo VIII: 53. 143 AAL-OCNSB, legajos IX: 10, 12, 15.Ver también el segundo capítulo. 144 Los hermanos legos eran: Gaspar Birvillier (anciano y casi inmóvil), Higinio Villalobos (sacristán), Alberto Armejo, Domingo Púa, Juan Palomares, Gregorio Cáceres, Joaquín Sempertegui y Marcos Jiménez. AAL-OCNSB, legajo IX: 17.

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Los conflictos por asumir las temporalidades de la religión se agravaron entre los miembros de la orden crucífera que quedaron en el convento de Lima —también hubo algunos que empezaron a volver—, en un contexto de temor y confusión respecto al destino de las haciendas de Cañete y el patrimonio urbano en Lima y Callao. El Gobierno republicano había dispuesto que las dos haciendas de la Buenamuerte (con sus anexos respectivos), así como las cuatro haciendas de Carrillo y las de Hualcará, quedaran embargadas y sus propietarios obligados a pagar 8 000 pesos por cada una de ellas, con el fin de alimentar la tesorería gubernamental. Muy rápidamente el gobernador eclesiástico del arzobispado De Echagüe —quien permaneció en su puesto luego de la victoria de las fuerzas independentistas— estableció un balance y estado de la comunidad religiosa de la Buenamuerte. En dicho informe intentaba presentar la situación de la orden crucífera en el país y, entre otros, acusaba al brigadier José Ramón Rodil y al camilo Francisco Barredo de haberse repartido el resto del dinero del azúcar vendido a comerciantes limeños, así como de haber despojado al templo de la Buenamuerte de sus adornos y joyas, antes de su partida a España. Fuera del ultraje que significó la complicidad de ambos contra su propia autoridad eclesiástica145. Pero la descripción y el diagnóstico del gobernador eclesiástico respecto al propio funcionamiento de la orden crucífera, por lo menos desde 1820, fueron todavía mucho más severos. Según la autoridad del arzobispado de Lima (con carencia entonces de arzobispo), solo quedaban en 1825 tres religiosos profesos en el convento de Lima —fuera de los hermanos legos o donados y los esclavos y domésticos. Ninguno de ellos presentaría las cualidades idóneas como para asumir la responsabilidad de la orden o cualquier otra responsabilidad que fuese, a secas. El «menos inapto», en la opinión del gobernador eclesiástico, parecía ser el camilo José Antonio Capelo a quien se le había encargado efectivamente la dirección de los asuntos temporales de la orden «por la absoluta necesidad de los tiempos». El mismo Capelo que intentaba recuperar las haciendas de Cañete, embargadas por las nuevas autoridades del Estado146. Fue el propio Capelo quien propuso, desde inicios de febrero de 1825, sus servicios para dicha función, en particular respecto a las haciendas de Cañete, cuya posesión y administración efectivas parecían haber sido abandonadas, lo mismo que la producción de azúcar. El futuro de las posesiones 145 146

AAL-OCNSB, legajos IX: 31, 34.Ver también el segundo capítulo de este libro. AAL-OCNSB, legajo IX: 34.

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de la Buenamuerte se caracterizaba por la incertidumbre. Anteriormente lo habían hecho los hermanos Toribio y Francisco Del Río, en su calidad de estudiantes de la orden. Luego de haber sido aceptado por el gobernador eclesiástico, Capelo solicitó al Gobierno el pasaporte correspondiente para ir a Cañete, examinar la situación y tratar de adoptar las medidas necesarias. El gobernador eclesiástico se quejó, no obstante, del hecho de que Capelo no le hubiese consultado sobre la actitud que habría que adoptar respecto a dichas haciendas. La situación financiera de la orden era catastrófica, según el gobernador De Echagüe, con deudas impagas desde hacía varios años, con un enorme monto de capitales impuestos sobre las haciendas y propiedades urbanas cuyo servicio de réditos ya no se efectuaba, con perjuicio de acreedores y censualistas147. La conducta de los religiosos de la Buenamuerte para la administración de sus recursos —proseguía el gobernador eclesiástico—, había sido escandalosa. Al tiempo que incumplían sus obligaciones, habrían desaparecido por lo menos 200 000 pesos de las arcas de la orden, desde 1821, sin saber cuál había sido su destino. La disciplina monástica se había fracturado, tanto como el orden interno, y se había abandonado la vida común y el ministerio de San Camilo. Los religiosos se hallaban dispersos, deambulando entre Cuzco, Arequipa y Chile. Tendría que nombrarse a un religioso de la misma orden, o a un miembro del clero secular, afirmaba De Echagüe, para restablecer el convento, la disciplina y la misión; lo mismo que a un síndico que supiese administrar honestamente sus temporalidades. El gobernador eclesiástico elevó tales propuestas al ministro de Estado del Gobierno republicano, don Hipólito Unánue. Entre tanto, la autoridad del padre José Antonio Capelo, quien actuaba como prefecto provisorio de la orden, fue cuestionada por dos religiosos, Toribio y Francisco del Río. Capelo fue acusado de ser antipatriota, de haber favorecido la huida de Francisco Barredo y colaborado con el brigadier español Rodil, aparte de tener abierto un expediente para su secularización148. Luego de haber examinado la propuesta del gobernador eclesiástico De Echagüe, Hipólito 147 Según el gobernador del arzobispado, la religión de la Buenamuerte había hecho caso omiso de sus reclamos, burlándose de sus derechos. Sin disponer de los libros contables o de evaluaciones fiables, el gobernador hablaba de más de 700 000 pesos de capitales impuestos por los monasterios, conventos y obras pías de Lima, sin contar el resto de capitales. AAL-OCNSB, legajo IX: 34. 148 Antiguos estudiantes —sin la certeza de haber profesado—, los hermanos del Río no habían sido aceptados para encargarse de la administración de las haciendas de Cañete. Confirmando luego su pertenencia a la orden crucífera como religiosos profesos,

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Unánue le autorizó para que tomase las disposiciones más convenientes en todo lo relativo al gobierno de la religión de la Buenamuerte149. La autoridad del arzobispado designó entonces, el 27/03/1825, al religioso secular don Juan P. González como prefecto y superior de la Buenamuerte y a José M. Aguirre, regidor del municipio de Lima, como administrador de los bienes temporales de la orden150. Luego, el mismo arzobispado designó a otras autoridades a la cabeza de la Buenamuerte, sin que por ello la calma volviera o los problemas se aliviasen o resolviesen. Las razones de la renuncia ulterior de las personas nombradas en los puestos de dirección de la orden fueron los numerosos reclamos de los acreedores, tanto como los juicios encausados por deudas impagas151, ante los que era imposible encontrar acuerdos. En efecto, al cabo de unos cuantos meses, los propios síndicos y procuradores designados por el arzobispado, actuando de buena fe, se habían vuelto acreedores de la Buenamuerte y engrosaban las filas de los reclamantes. A pesar de haber sido destituido de su cargo algunos años antes (en 1824, luego de «la venta clandestina de azúcar»), el camilo José Cairo fue designado nuevamente como prefecto de la Buenamuerte, en agosto de 1826. Poco a poco y a pesar de los continuos reclamos de los acreedores, la orden crucífera pareció recobrar algo de serenidad y adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero el respiro solo sería de corta duración.

produciendo los documentos correspondientes, los hermanos del Río exigieron la destitución de Capelo. AAL-OCNSB, legajos IX: 34, 36. 149 Don Hipólito Unánue, también propietario de haciendas en Cañete, con quien la Buenamuerte ya había tenido diferencias en el pasado —a inicios del siglo XIX— por servidumbres de las tierras poseídas por los camilos, insistía en afirmar que los religiosos tendrían que dedicarse exclusivamente a las cuestiones de doctrina, fe y espíritu, y no dejarse distraer por la administración de negocios temporales. AAL-OCNSB, legajos IX: 34, 37.Ver más adelante, en el capítulo quinto de este libro, para un enfoque más preciso de las relaciones entre Unánue y la Buenamuerte. 150 AAL-OCNSB, legajos, IX: 39, 40, 42. 151 Al ver la insolvencia de la orden, algunos acreedores pidieron que los bienes de la Buenamuerte fuesen embargados y que sus deudas pudiesen ser satisfechas mediante la subasta de los enseres del convento de Lima. Pero tales propuestas no prosperaron en ese momento. Tal como lo veremos más adelante, ocurrió que, a pesar de la formación ulterior de un «concurso de acreedores», muchas de las deudas de la Buenamuerte —especialmente la de los acreedores más frágiles—, nunca fueron efectivamente satisfechas. AAL-OCNSB, legajos IX: 44, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 65, 67.

CAPÍTULO IV LA IDEA Y LA PRÁCTICA DE LA DESAMORTIZACIÓN EL CASO PERUANO

En este cuarto capítulo intentaremos precisar lo que cabe entender por desamortización (especialmente eclesiástica), en particular en el contexto hispánico e hispanoamericano, durante el denominado periodo moderno, situándonos entre los siglos XVII y XIX. Para luego examinar cuál fue la especificidad de su puesta en práctica en el virreinato y luego en la república peruanos. 1. LA NOCIÓN HISTÓRICA DE DESAMORTIZACIÓN El término genérico de desamortización equivale a expropiación y a reapropiación, y designa un episodio más o menos reciente —y más o menos durable— dentro de la amplia y compleja historia de la posesión y el desposeimiento del patrimonio y la riqueza. Se trata de una evolución, más o menos lenta según los casos —más o menos compulsiva, según las circunstancias—, que acompaña de forma casi inherente el tránsito desde el Antiguo Régimen hacia la extensión generalizada del sistema capitalista. Pero su particularidad, con relación a otros casos más o menos similares y anteriores, radica en el hecho de que representa al mismo tiempo la erosión durable (o definitiva) de las bases de poder de los dos pilares y estamentos del mencionado Antiguo Régimen, a saber, la nobleza y el clero. Y para decirlo desde ahora con toda claridad, representa una alteración en la posesión y el desposeimiento de tierras (de diverso tipo), de recursos naturales y productivos (incluso la fuerza humana de trabajo) y de derechos de usufructo (incluyendo usos y servidumbres). Pero también afecta a la

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posesión y el desposeimiento de edificios, construcciones y «fábricas», o de territorios y espacios, e incluso de rentas y capitales —generalmente impuestos sobre superficies eriazas, urbanas y de cultivo. Lo que da una idea de la amplitud y complejidad del fenómeno. Es decir que se trata de un proceso de mediano plazo que con ritmos y mecanismos diferentes, desafiando cronologías o periodizaciones parciales, se sitúa entre los siglos XVII y XIX, con algunos precedentes en siglos anteriores, aunque de diferente naturaleza1. Estamos ante un proceso que puede inclusive prolongarse hasta el siglo XX, encontrando determinados puntos de contacto —en lo relativo a la posesión de la tierra y los bienes raíces—, con los episodios contemporáneos de la denominada Reforma Agraria. Dicho movimiento, que afecta al conjunto de la posesión y los poseedores (incluyendo la misma concepción vigente de la posesión), tiene como blanco inicial la concentración y acumulación patrimoniales, su estancamiento jurídico y práctico, o la injusticia socioeconómica que representan. Es un proceso que puede proclamar diferentes motivos de justificación —alternativos y cambiantes—, mezclándose con (o diferenciándose de) los paradigmas ideológicos vigentes o en devenir, entre ellos, los diferentes liberalismos en vías de constitución y afirmación. Y ello, tanto para «liberar» las posesiones y derechos concentrados, como para «perfeccionarlos» —al ser presuntamente imperfectos. O también para «individualizarlos», o para «unificarlos» y volverlos a concentrar, a nombre del progreso económico y la «razón natural». E incluso para «desdoblarlos» nuevamente, bajo otras modalidades, y favorecer el acceso a la posesión al trabajo aplicado por nuevos poseedores, como agentes más dinámicos y productivos. Desde esa perspectiva, la desamortización es también un vasto reservorio (o «cajón de sastre») de útiles e instrumentos diversos de concepción, de práctica y de representación. Sin embargo, fuera del discurso, la retórica o las teorías explicativas, lo esencial permanece con bastante claridad: primero el desposeimiento y la expropiación patrimoniales, luego su reapropiación. Primero la ilegitimación y la ilegalidad de los antiguos poseedores, luego la sacralización legal de los derechos de propiedad de los nuevos poseedores. Primero la inestabilidad de los poseedores expropiados, luego la estabilidad de la reapropiación. Aunque frecuentemente ocurra que los antiguos poseedores se transformen, gracias a 1 Para citar un solo ejemplo, en el mundo hispánico, las ventas de posesiones eclesiásticas (y civiles) impuestas por Carlos V y luego Felipe II, desde mediados del siglo XVI —por razones fiscales—, en los inicios de la crisis general española desde fines del siglo XVI y durante el siglo XVII. Para el caso específico de la península italiana, ver Landi, 2013.

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la ley, en los nuevos propietarios —gozando de una propiedad «sagrada»—, en función de la correlación de fuerzas y la sociología de los procesos de cambio.Y en ese caso específico, siguiendo el antiguo adagio, lograr que todo cambie para que esencialmente nada cambie. Según la naturaleza de los poseedores, la desamortización —acompañada casi permanentemente por la desvinculación, que divide la posesión indivisa— puede ser civil o eclesiástica (y no es solo una particularidad del mundo hispano o hispanoamericano). La primera afecta los bienes y derechos de las corporaciones civiles poseedoras del Antiguo Régimen: los ayuntamientos y las municipalidades (e incluso las doctrinas de indios), los gremios y grupos de oficio (e incluso las cajas de solidaridad de indios), los patrimonios de la nobleza (e incluso aquellos de la «nobleza india» y sus caciques), el patrimonio de la Corona y el Estado monárquico (luego heredado por los Estados republicanos e independientes, cuando estos son creados), los vínculos y mayorazgos, los patronatos y fundaciones laicos; los bienes de las universidades, los hospitales civiles y colegios, los consulados y tribunales, etc. Por su lado, la desamortización eclesiástica, que es la que nos interesa principalmente en este capítulo, se relaciona con el conjunto del patrimonio eclesiástico amortizado, es decir «muerto», al haber caído en manos de la posesión eclesiástica de manos muertas. Aunque ello no quiera necesariamente significar, como pretende cierta ideología liberal, que siempre fuese un patrimonio improductivo o mal administrado —siendo a veces todo lo contrario. Un patrimonio que ambos cleros poseían «para siempre jamás», según la fórmula consagrada, y que les fuera atribuido por voluntad real o que recibieran, adquirieran (o se apropiaran) con la finalidad de poder desempeñar su «función social» o su misión, según la prescripción aristotélica y tomista. No es inútil recordar que, como en el caso de la administración de sus tierras, temporalidades y productos —en algunos casos ejemplar, o «modélica», con respecto a otros poseedores del Antiguo Régimen—, los capitales y rentas eclesiásticos, administrados por los juzgados de las iglesias catedrales (o las prelacías de conventos, abadías y monasterios), se caracterizaron por dinamizar la actividad económica y comercial, lo que hizo que algunos contemporáneos, en determinadas áreas del mundo hispanoamericano, en particular durante la segunda mitad del siglo XVIII, pudiesen calificar a la Iglesia católica de auténtico «banquero» del Antiguo Régimen2. 2 Para la problematización, los matices y el cuestionamiento de dicha formulación, especialmente en Nueva España, ver, entre otros, Bauer, 1983, 1986; Martínez LópezCano, 1995;Von Wobeser, 1998, 1999.

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Se trataba de un patrimonio total, en el que la posesión material (en sus diferentes formas) se articulaba con la posesión de las almas y los cuerpos de los fieles, siervos, esclavos y domésticos; con el control social ejercido sobre los hombres y sus mentalidades y creencias. Estamos ante el dominium eclesiástico y su funcionamiento social e institucional, que se yergue tanto en alianza como en conflicto, alternativamente, con la nobleza y sobre todo con la otra majestad del Antiguo Régimen, la del rey y la monarquía (y luego, la de sus herederos republicanos). En esa perspectiva, Josep Fontana3 ha definido la desamortización eclesiástica como «una etapa en la lucha del Estado por someter a su control la riqueza y el poder político de la Iglesia, sin permitirle seguir actuando como un estado dentro del estado». Una definición que describe la dinámica del proceso a partir del Estado —y que precisa lo que aparece en juego—, en su conflicto de mediano plazo con la Iglesia católica, especialmente en el mundo hispánico e hispanoamericano. Una formulación que abre al mismo tiempo la óptica para reconocer los diversos géneros de desamortización eclesiástica que han tenido lugar durante el periodo indicado. En efecto, desde el punto de vista de la forma en que se produce, se puede hablar en primer lugar de una desamortización eclesiástica institucional4, cuando el Estado, mediante la ley y a la escala del territorio «nacional», decidió confiscar, estatizar y/o nacionalizar el conjunto o una parte de los bienes, derechos y capitales de la Iglesia católica y sus instituciones afines y conexas.Y ello, con el fin de ponerlos a la disposición de su propia política y objetivos, de los intereses de los grupos sociales a los que representa, pretextando a veces el ponerlos al servicio de la «nación». Una operación más o menos lenta o rápida, que pudo o no conocer etapas; que pudo iniciarse en las márgenes de la institución eclesiástica y que en seguida pudo (o no) llegar a afectar el corazón mismo de la posesión y el poder eclesiásticos. Desde ese punto de vista, la «reforma de regulares», cuya necesidad aparece ya planteada desde la primera mitad del siglo XVIII en el mundo hispánico5 —y que ya se había efectuado en otras coyunturas, en siglos anteriores—, o la supresión de conventos y monasterios, llevada a cabo en diferentes momentos, según las situaciones específicas y los espacios geográficos, constituyeron 3

Fontana, 2009: 210. Introdujimos por primera vez esta distinción en noviembre de 2008, en la comunicación que presentáramos en el coloquio internacional de Gerona sobre la desamortización en una perspectiva comparativa.Ver Ortegal y Luna, 2009. 5 Y no siempre ni únicamente por la monarquía y sus instituciones. 4

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en algunos casos etapas intermediarias para una desamortización eclesiástica institucional generalizada, que atacase el conjunto de la posesión y el poder de ambos cleros. Hubo al respecto diferentes configuraciones —con respecto a ambos cleros—, con desamortizaciones institucionales expropiatorias, efectuadas con o sin compensación, con o sin reconocimiento de deuda por el Estado —una deuda que quedaba entonces afectada a su cargo y servicio6. Lo que llevó necesariamente a un enfrentamiento, más o menos violento en el corto plazo (siendo a veces el origen de «guerras civiles» o conflictos armados) y, a mediano plazo, a una disminución efectiva del poder y la riqueza de la majestad eclesiástica. Pero lo que no excluyó no obstante ni la negociación ni los acuerdos puntuales o temporales, incluso con Roma —contando a veces con su propio consentimiento, para desamortizar oficial y legalmente. Los ejemplos sobre casos y casos fueron diversos, desde fines del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, y no todos en el único mundo hispánico o hispanoamericano. La nacionalización de los bienes del clero y la misma nacionalización del clero, llevadas a cabo por la Revolución francesa —desde noviembre de 1789—, fueron tal vez los fenómenos más acabados y radicales de dicha desamortización eclesiástica institucional7, realizando de un solo golpe la totalidad del programa desamortizador, con apoyo e iniciativa campesinos, representando muchas veces una suerte de «modelo» o paradigma, denigrado y rechazado por unos y alabado y preconizado por otros8. Aunque perdiendo a veces de vista el hecho de que se trataba de un episodio de extraordinaria especificidad. Al lado de esa desamortización eclesiástica institucional, también se puede hablar de una desamortización eclesiástica no institucional, local y puntual, incluso ilegal, en el sentido de que no respondía a una iniciativa estatal o legislativa, sino que operaba en circunstancias particulares (guerra o insurrección, o tentativas regionales de golpe de Estado). Se trata de una desamortización impuesta por la decisión de jefes o caudillos locales, cuando no por iniciativa privada. Y ello, mediante decretos u ordenanzas más o 6

En otros casos, no se produjo dicha evolución, al lograr la resistencia organizada de la Iglesia católica posponer y/o diluir sine die la voluntad del Estado. 7 La confiscación de bienes del clero y la nobleza recalcitrantes y su venta en tanto que bienes nacionales, en Béaur y Minard, 1997.Ver al respecto la síntesis elaborada por Bodinier y Teyssier, 2000, retomada en español en Bodinier, 2007. Para un resumen y reseña, ver Luna, 2003b. 8 Los problemas planteados por el «modelo francés» y la diversidad de casos de evolución que se presentan en el mundo hispánico e hispanoamericano, aparecen planteados con claridad en la «Introducción» (pp. 9-17) de Bodinier, Congost y Luna, 2009.

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menos efímeros —pero efectiva y eficazmente aplicados—, de legalidad más o menos ilegítima, que pronunciaban la confiscación de los bienes locales del clero (capitales, edificios, tierras o joyas9), con la finalidad de incorporarlos al financiamiento del «movimiento» o para distribuirlos y crear redes sociológicas de apoyo al mismo. A veces, abriendo la posibilidad, con este último propósito, de lograr la desaparición —mediante la redención en condiciones muy favorables— de antiguas obligaciones de particulares para con el clero. La destrucción de los títulos de posesión (o de depósito), la pérdida de los documentos o certificados de censos o capellanías, la desaparición de las listas o inventarios de los bienes secuestrados y la dispersión de los mismos bienes y su ocultamiento por sus nuevos propietarios, todos o cada uno de esos mecanismos se encargaban en seguida de confirmar en definitiva una desamortización eclesiástica de facto. Y ello, independientemente de la derrota o victoria ulterior de los protagonistas de la acción. Una desamortización eclesiástica que podía ser incluso aprobada u homologada por leyes posteriores, en función de la correlación de fuerzas. Aparte de ello, también se puede hablar de una desamortización eclesiástica de mercado, cuando las posesiones del clero, generalmente sus tierras o sus posesiones urbanas, se hallaron sobrecargadas de capitales y obligaciones y que tanto su rendimiento económico como la inadaptación de su administración, condujeron a la crisis productiva, a un endeudamiento sin precedentes, a la insolvencia o bancarrota y a la formación de concursos de acreedores y reclamantes, sobre bienes empero amortizados (es decir, hipotéticamente intransferibles). En tal perspectiva, la venta y subasta pública de dichas posesiones, ordenada por decisión de justicia10, y su adquisición por los acreedores más pujantes o solventes —aunque a veces por un precio irrisorio— conseguían desamortizar el patrimonio del clero —o una parte de él—, «liberando» dichos bienes de su posesión por manos muertas, e incorporándolos por la vía mercantil a la circulación, es decir a su propiedad total por nuevos propietarios. Se producía en ese caso, mediante el mercado 9 A veces podían denominarse, de forma eufemística, «préstamos forzosos». Incluso podían incluir el secuestro o la apropiación de ornamentos de los templos, lo que agregaba un componente sacrílego a la operación.Ver, entre otros, Barbot, 2012. 10 Una justicia local, impregnada de arbitrariedad, «fracturada» y hasta individualizada, que no siempre concordaba con las prescripciones o las decisiones centrales o estatales de justicia. Esto es, en el cuadro del típico estilo de aplicación de leyes que se operaba en los espacios coloniales hispanoamericanos, desde el inicio de la presencia española, y que el siglo XIX recondujo con mayor o menor comodidad.

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(y a veces sin intervención o sanción judicial), lo que la ley del Estado no podía (o no había sido capaz de) asumir o pronunciar. Se podría hablar igualmente de otras formas de desamortización eclesiástica sin ley inicial. Cuando el enfiteuta, convencido de ser el verdadero propietario del bien, de las tierras conducidas y explotadas, de haberlas transformado en tierras productivas gracias a su trabajo y esfuerzo, o los de sus antecesores o antepasados —con el argumento del tiempo y la duración, aunque sin título—, se resistía a seguir pagando el canon enfitéutico, o dejaba de hacerlo de manera más o menos silenciosa o informal, aprovechando la debilidad estructural o coyuntural del poseedor directo eclesiástico.Y ello, a la espera de una correlación de fuerzas y una ley que sancionase definitivamente que era él el legítimo propietario. Lo que le permitía reunir el dominio directo eclesiástico a su propio dominio útil de enfiteuta, volviéndose «propietario perfecto», aun cuando todo aquello tomase tiempo —y que el propio enfiteuta lo supiera o sospechara—. Otro tanto podría decirse de la desamortización eclesiástica que se producía por consecuencia monetaria, cuando procesos de inflación o hiperinflación (casi nunca involuntarios o accidentales) conllevaban una desvalorización de capitales de Antiguo Régimen y sus rentas y réditos anuales, con un clero más o menos incapaz de proteger su patrimonio, ante la erosión de la moneda en curso. Lo que tampoco era una novedad con respecto a siglos anteriores, ni una particularidad del mundo hispano o hispanoamericano. 2. LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA HISPÁNICA, PROBLEMÁTICAS Y AVANCES La importancia de la bibliografía y los trabajos de investigación sobre la desamortización eclesiástica parecen haber correspondido directamente a la amplitud con que se produjo el hecho desamortizador en el mundo hispánico e hispanoamericano; aunque no necesariamente se hayan correspondido con el poderío y la importancia socioeconómica de la Iglesia católica, formados durante el Antiguo Régimen y heredados por las sociedades «modernas».Y ello, porque la voluntad y la capacidad del Estado para propiciar una desamortización eclesiástica institucional, especialmente durante el siglo XIX, no siempre fueron las mismas, en cada momento y en cada lugar. Lo que obliga necesariamente a evitar juicios o conclusiones generales (o apresuradas). Además de la Península Ibérica, se puede afirmar que fueron los virreinatos americanos de Nueva España y Perú aquellos en los que más se

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asentaron la pujanza y la influencia de la Iglesia católica11, en particular en el primero. Se puede afirmar también que fue en España y en el virreinato de Nueva España y luego la República mexicana en donde se produjeron los dos procesos de desamortización eclesiástica institucional más caracterizados del mundo hispano. Con fases desamortizadoras propias, de ritmo y amplitud diferente, con diferente impacto sobre sociedades sensiblemente distintas; aunque podamos encontrar analogías (y no solo durante el periodo colonial) y coincidencia temporal de iniciativas. En cambio, la situación en el virreinato peruano y luego en la República peruana fue bastante diferente (es lo que examinaremos en el próximo acápite). La bibliografía española sobre la desamortización es extensa y rica, como también lo es aquella más específica sobre la desamortización eclesiástica y sobre la importancia e influencia de la Iglesia católica desde el Antiguo Régimen12. Los trabajos efectuados, que han conocido fases de flujo y reflujo en función de las coyunturas intelectuales o las modas historiográficas, han permitido acercarse con mayor detalle al conocimiento de las diferentes etapas desamortizadoras, entre los siglos XVIII y XX, ampliando cada vez más una perspectiva analítica que tuvo como tendencia, en un momento determinado, a concentrarse sobre todo en las desamortizaciones de mediados del siglo XIX13. Como suele ocurrir con la investigación histórica, las preguntas e inquietudes formuladas a las fuentes y los periodos revisados han estado ligadas a los paradigmas vigentes o a las preocupaciones del presente —en su propio momento. Lo que ha hecho que la investigación sobre la desamortización eclesiástica española se haya planteado, entre otras, las cuestiones relativas a su necesidad presuntamente ineludible para el progreso del capitalismo —y 11

Una presencia que también se hizo patente empero en determinados espacios de Nueva Granada (Santafé de Bogotá o Popayán) y en la Capitanía General de Guatemala, por citar algunos casos. Para un enfoque general comparatista en América española, Martínez de Codes y Prien, 1999. Ver también, Demelas y Vivier, 2003; Bodinier, Congost y Luna, 2009. 12 Algunas de las referencias indispensables, según los diferentes momentos del avance de los trabajos: Tomás y Valiente, 1971; Simón Segura, 1973; Artola, 1982; Peset, 1982; Fontana, 1985; Rueda, 1993, 1997; Dios et al., 1999, 2002, 2007; Del Valle, 2015. Sobre la riqueza de ambos cleros, a finales del Antiguo Régimen, ver Saavedra, 2009. Sobre la bibliografía española de las cuestiones eclesiásticas, ver Rey Castelao, 2007. Respecto a la problemática general de la propiedad en España —y más ampliamente—, ver Congost, 2007. 13 Ver al respecto el enfoque crítico de la historiografía de la desamortización española en Fontana, 2009.

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para el progreso a secas—; sobre los obstáculos efectivos representados por unas manos muertas eclesiásticas acaparadoras de tierras, derechos y capitales; sobre la eficacia de los procedimientos desamortizadores para favorecer el acceso a la propiedad a los no poseedores y a los más pobres. Pero también sobre las consecuencias económicas efectivas de la transferencia de posesión; sobre la manera de efectuar la evaluación, la cesión o la venta de los bienes desamortizados, respecto a la «perdición» de la «iniquidad», como afirmaron algunos defensores del patrimonio eclesiástico, con riqueza de matices; o sobre sus consecuencias en términos de estructura de la propiedad y democratización de la sociedad, abriendo el tema relacionado con los «verdaderos beneficiarios» de la desamortización eclesiástica, etc. Los debates producidos, la confrontación de metodologías (aun cuando se hayan producido trabajos dispares, a veces poco comparables), las revisiones de enfoque y la críticas de referentes epistemológicos antiguos —o ideológicos—, o la simple acumulación de evidencias empíricas, han enriquecido la bibliografía española (más en unos momentos que en otros).Y de hecho, han permitido problematizar nuevas cuestiones en torno al asunto, ampliando la perspectiva y la frontera del conocimiento, con respecto al tránsito de la sociedad desde el Antiguo Régimen, en donde se inscribe el fenómeno, como ya lo señalamos. No se trata evidentemente de decir de manera ecuménica que todo lo producido haya tenido el mismo valor o alcance; se trata de decir simplemente que la cuestión examinada, por su naturaleza y por la forma crítica como ha sido encarada por la historiografía española —o por lo menos, por sus representantes más caracterizados— ha sido productiva. Incluso abriendo el asunto de la desamortización eclesiástica a cuestiones tan disímiles como las luchas campesinas, el enriquecimiento en el campo o la evolución de la práctica crediticia14. Como ocurrió también para el caso español, la historiografía de la desamortización eclesiástica mexicana se concentró, en un primer momento, en el estudio de las motivaciones del Estado, en particular desde el punto de vista fiscal y financiero —con un endémico déficit presupuestario y de ejecución, durante todo el siglo XIX—, que condujeron a iniciar un proceso institucional de confiscación y/o nacionalización del patrimonio eclesiástico. Un proceso que también se produjo por etapas y que pudo desembocar en abiertos enfrentamientos —pacíficos y armados— con la majestad eclesiástica. Ello conllevó igualmente que los estudios sobre dicha cuestión se hubiesen centrado en las desamortizaciones impulsadas por el régimen de la 14

Ver, entre otros, Dios et al., 2007; Congost, 2009.

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Reforma, es decir, aquellas de mediados del siglo XIX15 —y de allí en adelante16. Al tiempo que también se realizaban trabajos de investigación histórica sobre la desamortización civil, la venta de los bienes comunales y de ayuntamientos, el desposeimiento —por los terratenientes y caciques políticos— de las comunidades, municipalidades y grupos de indios (y la respuesta de estos últimos); lo mismo respecto a los estudios relacionados con la venta estatal de los terrenos baldíos17. Pero en este caso también, la perspectiva se amplió progresivamente, a medida que se extendió la comprensión del hecho desamortizador, incorporando otros episodios del mismo proceso situados en el mediano plazo. Con trabajos que exploraban las tentativas desamortizadoras efectuadas durante los primeros años y décadas del Estado independiente mexicano —en medio de su inestabilidad y sus derrotas militares—, por ejemplo, contra los bienes de la Inquisición. O también los estudios que enfocaban las consecuencias de las medidas desamortizadoras de la monarquía española durante los últimos años del poder colonial, en particular las que se relacionaban con la denominada consolidación de los Vales Reales —desde 1804—, cuya aplicación fue especialmente rigurosa en el antiguo virreinato de Nueva España18, desestabilizando una sociedad que prontamente se orientaría hacia la obtención de su independencia política con respecto a la metrópoli. Lo mismo podría indicarse de la desamortización eclesiástica inherente al extrañamiento de la Compañía de Jesús de las colonias hispanoamericanas, luego de la expulsión decretada en 1767 por la monarquía española, en el contexto de una ofensiva general europea contra dicha orden religiosa, contra sus ideas y prácticas y contra su patrimonio. O las desamortizaciones efectuadas en el cuadro de la reforma de los regulares, siguiendo también el ejemplo y modelo de la legislación desamortizadora española. 15

Dentro de los trabajos más caracterizados o clásicos sobre el asunto conviene recordar los de Bazant, 1971 y Knowlton, 1976.Ver también Schmidt, 1993. 16 Vale la pena destacar que la desamortización eclesiástica institucional mexicana realizada durante el periodo de la Reforma, sirvió de fuente de inspiración para algunos procesos similares en otros territorios de América Latina, por ejemplo en Nueva Granada - Colombia.Ver al respecto, Knowlton, 1969; Díaz, 1998; Cortés, 2004. 17 Para una síntesis de mediano plazo, ver el estimulante trabajo de Tortolero, 2008. Allí se combinan diferentes factores de análisis para determinar la estructura agraria de comienzos del siglo XX: expropiación y reapropiación, resistencia campesina e indígena, pero también prácticas coloniales y la aplicación de las leyes desamortizadoras. Ver además Fraser, 1972; Menegus y Cerutti, 2001; Escobar y Rojas, 2001; Sánchez, 2007. 18 Al respecto, ver, entre otros, Hamnett, 1969; Lavrín, 1973; Von Wobeser, 2006, 2009.

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Una de las cuestiones más evocadas en dichos trabajos se relacionó con la temática de los efectivos o verdaderos beneficiarios de la desamortización eclesiástica y la deseada formación de un grupo de pequeños y medianos propietarios que habrían podido estimular el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas mexicanas. Un objetivo que sintomáticamente reaparecería planteado algunas décadas más tarde (en textos, análisis y proclamaciones), ya en la víspera, pero sobre todo durante la Revolución mexicana de la segunda década del siglo XX, al formularse el proyecto contemporáneo de la Reforma Agraria, con las reivindicaciones indias y campesinas —víctimas de los despojos de sus tierras—, y la afirmación de las bases del proyecto nacional contemporáneo mexicano. Al respecto —y también en eco a lo que produjera la bibliografía española—, la mayoría de trabajos coincidió en afirmar que los principales beneficiarios de la desamortización eclesiástica institucional llevada a cabo por la Reforma no habían sido principalmente los campesinos, o los no poseedores, o los pobres de la ciudad y el campo, sino sobre todo los grandes propietarios de tierras ya establecidos y aquellos que contaban con los medios financieros para poder adquirir las posesiones «liberadas», luego de su expropiación19. Lo que en definitiva ayudó a consolidar la gran propiedad y la concentración de las tierras (incluso en manos foráneas), echando las bases de un capitalismo mexicano sui generis, aunque yendo a contrasentido de los objetivos frecuentemente invocados, sobre todo por los reformadores más radicales. Esto ha llevado a una reconsideración historiográfica de la denominada fase del «Porfiriato», que precedió a la irrupción revolucionaria de 1910. Pero también a una reconsideración del mismo hecho latifundista y sus orígenes. Como para el caso español entonces, se puede afirmar que, en medio de la confrontación de hipótesis y análisis, la historiografía de la desamortización eclesiástica mexicana aparece también como un campo heurístico altamente estimulante para el conocimiento de la transición de la sociedad desde el Antiguo Régimen. Una cuestión que lejos de haberse agotado —sabiendo todo lo que queda aún por investigar— sigue dando pruebas de una fertilidad y capacidad de renovación evidentes.

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Ver, entre otros, para el caso chiapaneco, Pedrero, 2007. Aunque dicha afirmación también aparezca cuestionada y matizada por otros trabajos, por ejemplo, Schmidt, 1993.

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3. LOS AVATARES DE LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA EN EL PERÚ Se puede afirmar, sin riesgo de error, que el proceso de desamortización y desvinculación de la propiedad en el Perú aún no ha sido examinado con el suficiente detenimiento por los historiadores20, si lo comparamos con las investigaciones efectuadas para otros espacios de los mundos ibéricos, tal y como acabamos de reseñarlo. Y es, en realidad, toda la problemática de la historia de la propiedad, a secas, la que sigue constituyendo un déficit singular en la historiografía de nuestro país. No obstante, las invocaciones efectuadas para que se asuma su estudio no han sido pocas y procedentes de voces autorizadas21. Pero es muy probable que las dificultades documentales aunadas a las que se desprenden de la incomodidad de un complejo utillaje conceptual, jurídico y económico, puedan explicar este vacío. Por el momento, se desconoce la forma cómo se produjeron determinados procesos esenciales. Así, para el siglo XVIII, las diferentes fases de alianza y conflicto entre la Iglesia católica colonial, la nobleza propietaria de tierras y la monarquía borbónica regalista (y sus autoridades virreinales en el Perú), alterando o reformando la noción y la práctica de la posesión, incluso por la vía fiscal. Para el siglo XIX, carecemos de una cronología suficientemente razonada de las diferentes coyunturas financieras y sociopolíticas en las que observa una ofensiva liberal (o efectuada a nombre de un presunto liberalismo) contra las formas antiguas de propiedad22 —e incluso de capitales o «imposiciones»—, civiles o eclesiásticas. Por otro lado, es posible afirmar también que aún no se ha medido con precisión el deterioro visible del patrimonio estatal durante el siglo XIX —el heredado del Estado colonial y el ulteriormente adquirido— y, fuera de intuiciones 20

Para lo relativo a la desamortización propiamente eclesiástica, distinguiendo entre la institucional y la no institucional, intentamos dar una visión de conjunto, prudente e introductiva, en Ortegal y Luna, 2009; que fue la comunicación presentada en el Coloquio Internacional de Gerona de noviembre de 2008. Se trata en verdad de un amplio campo de investigación que aún no ha sido asumido de forma sistemática. 21 Citemos, para dos cuestiones específicas, a Macera, 1977a, en relación con la propiedad y economía eclesiásticas durante el siglo XVIII. Y a Basadre, 1968-1969, en particular en su segundo volumen (pp. 368-372), en relación con el menoscabo de la hacienda y el patrimonio públicos estatales, desde los inicios de la república y durante todo el siglo XIX. 22 Los trabajos de García Jordán, 1988, 1991, permitieron una primera aproximación a esta cuestión de base. Sin embargo, es posible afirmar que la necesidad de una cronología razonada de dicho proceso queda aún por satisfacer.

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generalmente justificadas, con evidencias empíricas efectivas aunque aisladas, se desconoce la identidad sociológica de sus beneficiarios23. No se ha reconstruido todavía, con la necesaria precisión, ni la lógica ni el funcionamiento concreto del instrumental jurídico desvinculador y desamortizador de mediano plazo compuesto, dentro de sus avances y retrocesos, frecuentes y alternativos, por el Estado peruano independiente24. Lo mismo puede afirmarse de la reconstitución sistemática, diacrónica y sincrónica, de la secuencia de conflictos y compromisos del Estado republicano con la otra potencia o majestad procedente del Antiguo Régimen, es decir la Iglesia católica, prolongando el regalismo borbónico. Esto es, la cronología de las pugnas, sordas o abiertas, según la coyunturas, por reducir el peso de la Iglesia (o por mantenerlo y ampliarlo), por disponer de su patrimonio raíz y sus capitales (o por protegerlos y preservarlos), y hasta por apoderarse de la legitimidad de la representación social y nacional, con una institución como la Iglesia católica peruana que, tal como lo veremos, no dudó en descender al terreno de la acción política —incluso callejera—, para defenderse o para atacar. Si aún no se ha contabilizado verdaderamente el monto del patrimonio eclesiástico al final del periodo colonial e inicio de la República, fuera de frágiles estimaciones globales, también se puede afirmar que una nebulosa incierta sigue recubriendo las interrogantes sobre la evolución durante el siglo XIX de la propiedad de la Iglesia católica peruana y las órdenes religiosas masculinas y femeninas; todo ello aunado a la ausencia real de un proceso de desamortización eclesiástica institucional, comparable a los de otras realidades del mundo ibérico e hispanoamericano25. Lo mismo se puede afirmar de 23

Piel, 1975-1983, 1996; Ortegal y Luna, 2009, p. 256. El intento pionero del abogado liberal García Calderón, 1879, no ha sido enriquecido ni prolongado hasta fines del siglo XIX. Fuera de algunas tesis de derecho sobre asuntos específicos sostenidas en la Universidad de San Marcos.Ver, por ejemplo, Acevedo y Criado, 1959 o Larreátegui Hinffen, 1902.También resulta muy útil, para ese objetivo (y para otros) el trabajo sobre la hacienda Santotis (Cusco), que cubre casi tres siglos, presentado por Guevara, 1993, pp. 270 y ss. 25 Ver el subcapítulo anterior. Para una introductiva y útil visión de conjunto, Martínez y Prien, 1999. Una de las consecuencias colaterales de la ausencia de tal proceso institucional de desamortización eclesiástica es, por ejemplo —y de cara a los trabajos históricos, tal como lo hemos sugerido en la introducción de este libro—, que lo esencial de la documentación de los conventos y monasterios (aparte de aquella de los conventos supresos) siga estando en manos de dichas instituciones eclesiásticas y no en los repositorios archivísticos públicos, como ocurre en otros países en que sí se produjo la mencionada desamortización eclesiástica institucional. Al no haberlos desamortizado 24

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las obligaciones heredadas del Antiguo Régimen y del espacio económico y financiero —y su propia lógica— cubierto efectivamente por la Iglesia católica y sus instituciones26. De lo que se deduce que, por el momento, se desconoce el monto de los principales o capitales de las imposiciones y fundaciones que se extinguieron, más o menos silenciosamente, y tampoco se conoce el perfil sociológico de los perdedores. Sobre ello volveremos más adelante, especialmente en el último capítulo de este libro. Muy poco sabemos, en fin, de la aplicación efectiva de las diferentes medidas estatales sobre redención de censos y capellanías, o de aquellas practicadas localmente, durante los sucesivos y alternativos levantamientos de caudillos locales, en los que frecuentemente desamortización y desvinculación riman con ajuste de cuentas y arbitraria expropiación. Es lo que hemos denominado en subcapítulo anterior una desamortización no institucional, tanto civil como eclesiástica, cuya reconstitución local y nacional queda aún por efectuar. Los datos relativos a tales iniciativas locales aparecen episódicamente en determinadas fuentes27. 1) La Iglesia católica y el Estado en el Perú Como en España o en el virreinato de Nueva España, o en otras áreas del mundo colonial hispanoamericano (con algunos desfases cronológicos), la ofensiva regalista de los Borbones, durante el siglo XVIII, especialmente en dirección de la Iglesia católica, parece haber afectado también al virreinato peruano y provocado conflictos y oposiciones, más o menos virulentos. Aunque también podamos decir que en este asunto preciso la investigación esté igualmente en sus inicios y que, en función de las posibilidades documentales, convenga el método de la reconstrucción monográfica individual legalmente —ni nacionalizado—, desde el punto de vista propietal, tampoco se desamortizó —ni nacionalizó— su documentación histórica. Aunque mirándolo de cerca, tal vez sea una ventaja finalmente, al conocer las lamentables carencias de nuestros archivos públicos —salvo excepciones. 26 El trabajo de Burns, 1991, sobre el monasterio cusqueño de Santa Clara, permite acercarse a la lógica económica y financiera de una institución eclesiástica femenina. Su trabajo ulterior sobre la economía espiritual de los conventos cusqueños es igualmente importante (Burns, 2008).Ver también Quiroz, 1994. Evidentemente, cabría extender la gama de estudios de caso, para ampliar el abanico de interpretaciones. 27 Ver, por ejemplo, García Calderón, 1879, vol. I, pp. 380-385, quien cita las redenciones obligatorias practicadas por el «Gobierno revolucionario» del general Vivanco, en Arequipa, en 1858, y las verificadas en Moquegua, durante la «revolución» de 1868.

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de las propias instituciones del clero regular y secular28, tanto para acercarse a su propia evolución como para observar sus convergencias y divergencias con el poder civil o real. Es el método que preconizamos y que hemos puesto en aplicación, desde hace ya algunos años. Fuera de asuntos como la inmunidad eclesiástica —personal o institucional— o el respeto de los fueros respectivos (y las intervenciones de los funcionarios del Estado virreinal en los asuntos internos de ambos cleros), otros terrenos o campos de controversia habrían sido la definición de la jurisdicción, las superficies y competencias diocesanas, el aumento significativo del número de religiosos en los conventos y monasterios (y como en el caso español, la recurrente «reforma de regulares»). Pero también se pueden señalar el relajamiento de la práctica religiosa o la inobservación de la regla, las disputas en el seno del propio clero (en particular regular, al interior de ciertos monasterios femeninos29 —aunque no exclusivamente) y la corrupción en el comportamiento personal de determinados frailes, religiosos, hermanos legos o miembros del clero secular, incluso obispos, canónigos o prebendados y dignidades30. El tercer capítulo de este libro nos ha permitido acercarnos a un género específico de conflictos dentro del clero regular, en el que la confrontación interna entre dos clanes, o «partidos», dio pábulo, entre otras cosas, a la intervención regalista de las autoridades de la Audiencia, el Real Acuerdo de Lima y el propio virrey. Naturalmente, cabría multiplicar los ángulos de enfoque, gracias a la observación de otras instituciones eclesiásticas —a partir de sus propios depósitos documentales, con la mayor precisión posible—, para comparar y enriquecer el análisis. Luego de la expulsión de los jesuitas y la incautación de sus temporalidades, y después de la liquidación de la sublevación tupacamarista —y sus apoyos eclesiásticos—, las relaciones entre ambos cleros, la Corona, el poder civil colonial y los medios socioeconómicos locales atravesaron por algunos momentos conflictivos, particularmente en torno a la presión fiscal ejercida 28

Tal y como se propusiera ya en nuestro trabajo de 1999 para el convento de la Buenamuerte (Luna, 1999). 29 Algunos de los cuales se habían vuelto verdaderas «aldeas femeninas», al residir en ellos las religiosas, algunos de sus familiares (femeninos), numerosas allegadas y domésticas.Ver, entre otros, Moreno, 2003, p. 247. 30 Ver, entre otros, Vargas Ugarte, 1961 (vol. 4, cap. XII); Peralta Ruiz, 1999; Fisher, 2000; Moreno Cebrián, 2003; Quiñones Tinoco, 2004; Campos, 2010. Para una presentación de las evoluciones regalistas del siglo XVIII, enlazando las españolas con las hispanoamericanas, ver especialmente La Hera, 1992.

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o respecto a la preservación de la inmunidad eclesiástica. Se observaron algunas tensiones entre el clero y las autoridades civiles, provocadas por puntuales manifestaciones de regalismo, por cuenta de determinados funcionarios de la administración colonial, y más bien caracterizadas, en términos generales, por la búsqueda de una alianza entre dichos funcionarios civiles y el clero secular, con el fin de someter y controlar al clero regular. Un objetivo, recordémoslo, que formaba parte de la voluntad de sujeción de las órdenes religiosas, puesta en aplicación por los Borbones en España y que se confirmó con más vigor bajo Carlos III. Ciertamente, conviene no obviar la influencia y participación del bajo clero y las de miembros del clero regular en determinados movimientos de descontento, conatos de protestas y sublevaciones, y en apoyo, tanto de indios como de negros esclavos, o de criollos radicales. Incluso en manifestaciones de malestar autónomas del clero, por cuestiones relativas a la fiscalidad (recaudación de diezmos o definición de los aranceles eclesiásticos) o respecto a la disposición de la mano de obra indígena, especialmente en el caso de los curas de indios31. Sin embargo, a pesar de ello, es difícil hablar de fracturas o rupturas graves en las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas peruanas, o menos aún entre colonia y metrópoli, o de crisis separatista o independentista, tal como ocurrió en otros espacios coloniales americanos, en particular en Nueva España32. Durante las guerras de independencia, entre 1808 y 1825, el virreinato de Perú fue el último baluarte del poder colonial español en América y el último teatro de los combates independentistas. Fue en 1821, todavía en pleno conflicto militar, cuando los «departamentos libres de Perú» proclamaron el nacimiento de un nuevo Estado con el fin de reagrupar la mayoría de los antiguos territorios que formaban el antiguo virreinato. Los sectores

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Sala i Vila, 1993, 1994. Contrariamente a lo que ocurriera en Nueva España, la aplicación de la legislación sobre la consolidación de los Vales Reales, entre 1804 y 1809 —que afectó a la Iglesia católica y a sus entidades periféricas—, no parece haber tenido el mismo rigor ni impacto en el virreinato peruano. Mientras que el virreinato septentrional novohispano aportó más del 65% del total recaudado por dicho concepto, el virreinato peruano alcanzó apenas el 10%. Si bien el virreinato novohispano era de seguro el más rico de los americanos, no se pueden tomar dichas cifras a priori como indicadores de la riqueza relativa eclesiástica, o de una mayor influencia de la Iglesia católica en cuestiones económicas y comerciales, sino más bien como indicadores de una mayor presión fiscal —o tal vez de una capacidad eclesiástica diferencial para escapar a la política financiera de la Corona.Ver, en particular, Liehr, 1984, p. 572;Von Wobeser, 2009, p. 133. 32

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socioeconómicos dominantes (esencialmente constituidos por españoles y criollos), particularmente en Lima, habían optado mayoritariamente por defender la presencia española contra ejércitos considerados como extranjeros («chilenos» y «colombianos») y mantener la forma monárquica del Estado. Además, la defensa de la presencia española se identificaba íntimamente con la presencia de la Iglesia y la religión católicas y su papel socioeconómico y religioso. Contrariamente a lo que ocurrió en los otros sectores del clero —en particular en el bajo clero—, según el tipo de instituciones y sus lugares de implantación, la alta jerarquía de la Iglesia católica peruana siempre permaneció fiel a la Corona, hasta los últimos momentos de la lucha independentista, aun cuando no siempre apoyara financieramente el esfuerzo de guerra que reclamaban las autoridades militares del virreinato español. Aún en febrero de 1821, el capítulo de la Iglesia Catedral de Lima confirmaba su lealtad a la «causa del Rey» contra «los ejércitos de Chile», los mismos que no obstante ya ocupaban buena parte del territorio del arzobispado33. Aunque luego, conviene recordarlo, firmara dicho capítulo catedralicio limeño el acta de la independencia peruana. Sin embargo, la situación en el seno del clero era lo suficientemente compleja y contradictoria como para intentar encerrar su comportamiento en una afirmación o formulación definitiva. Si algunos de sus segmentos se oponían a España, se trataba frecuentemente de una oposición a los liberales españoles y a aquellas leyes y medidas de las cortes gaditanas, que se dictaban en la Península para los territorios de la «España ultramarina», dentro de su idea de una España situada en ambos hemisferios34. Al mismo tiempo que manifestaban dichos sectores clericales en Perú su apoyo a la España monárquica conservadora.Y ello, sin hablar de los conflictos derivados de la crisis interna de los mismos conventos y monasterios, en donde los términos «patriota» o «realista», «americano» o «chapetón», fueron utilizados por casi todos, para desprestigiar a unos y otros. Se podía invocar a Dios o a España, pero el sentido y el contenido dados al llamamiento podían cambiar significativamente, en función del momento y los intereses defendidos. No es inútil recordar tampoco que numerosos sectores y medios independentistas pretendieron o admitieron que la victoria lograda había sido naturalmente el fruto de la voluntad divina, del deseo de Dios de conceder la independencia 33 Biblioteca Nacional del Perú - Sección Manuscritos (BNP-sm, de aquí en adelante): D 6697, 3 fols. 34 Ver, por ejemplo, Tibesar, 1982, p. 227; Luna, 2011, p. 81.

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a estos territorios americanos, secularmente sojuzgados por la monarquía española. Por otra parte, vale la pena señalar que el territorio del Estado peruano independiente no ha sido testigo de manifestaciones anticlericales o antirreligiosas masivas. El anticlericalismo peruano no ha sido ni un sentimiento latente ni una corriente organizada o política, ni un hecho social; los grupos o personalidades anticlericales han sido poco numerosos y su actuación episódica (a veces anecdótica), aun cuando hayan podido suscitar alguna polémica o debate, en particular en el medio intelectual o universitario. Para el Perú, salvo durante el periodo de la rebelión tupacamarista (con todas las contradicciones inherentes a tales convulsiones), no se cuenta con estudios que testimonien que se hayan quemado conventos o monasterios para celebrar que «habían perdido los curas o la religión»; o que se haya forzado a la secularización compulsiva del clero femenino, arrancando a sus miembros del claustro; o que se haya ahorcado y defenestrado a religiosos en coyunturas consideradas como desfavorables a la fe o a la Iglesia. Tal vez simplemente porque dichas prácticas no se produjeron, como sí fue el caso en otros espacios del mundo ibérico, en particular en la Península35. Es posible señalar en cambio que la religión y la Iglesia católicas han contado con el apoyo del Estado peruano. Salvo en pocas y determinadas coyunturas desfavorables (por ejemplo, durante los tres años bolivarianos de 09/1823-09/182636). Desde su nacimiento, el Estado republicano independiente anunció que la católica era la «religión del Estado», con exclusión de todas las otras, y que la Iglesia podía contar con su protección. La reconducción del «patronato» colonial fue admitida por la Iglesia católica en dicho sentido —aunque no de forma inmediata o automática, y de ninguna manera con la mínima acepción tutelar. Se puede afirmar, casi sin riesgo de error, que las relaciones entre el Estado independiente y la Iglesia católica han sido cimentadas por una alianza fundamental original, a pesar de algunas coyunturas conflictivas, generadas 35

Al respecto, son de gran utilidad las reflexiones de Pierre Vilar sobre la manera cómo los sectores populares pueden a veces «imputar» a lo religioso y eclesiástico su propia comprensión de la coyuntura política y sus desenlaces.Ver Vilar, 1997, especialmente el primer capítulo «Lo común y lo sagrado», pp. 19-50 y125. 36 Las relaciones entre los obispos, la Iglesia Catedral de Lima y el Gobierno del Libertador Simón Bolívar registraron entonces momentos duros y conflictivos. En Lima se escuchaba el eco de los debates en el Congreso colombiano en torno a la designación de las dignidades eclesiásticas. Se planteaba la cuestión de saber si correspondía a la majestad eclesiástica o al poder civil la designación de tales cargos.

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por la reacción de la Iglesia a determinadas medidas adoptadas, durante breves coyunturas «liberales», más o menos agitadas o ruidosas aunque generalmente de pocas consecuencias prácticas. Una alianza probablemente basada en la convicción, a veces tácita, a veces explícita, por parte del personal político y los militares del Estado de no poder prescindir de la autoridad, la influencia social y la presencia institucional de ambos cleros, en particular en el mundo rural, allí donde frecuentemente no llegaba la autoridad pública civil. Una alianza que para la Iglesia fue casi siempre una «paz en armas», en centinela alerta ante cualquier iniciativa que considerase como agresiva a sus intereses y fueros, alimentada por una desconfianza a flor de piel, para decirlo de esa manera; una Iglesia que no vacilaría en movilizar a sus fieles y partidarios, cuando sus intereses fundamentales —institucionales y patrimoniales— pudiesen correr peligro. Ahora quisiéramos presentar, en primer lugar, la forma en que la Iglesia católica puso en práctica (o impuso) dicha alianza, respondiendo vigorosamente a cualquier tentativa que intentara limitar sus privilegios o afectar su patrimonio. Vamos a hacerlo examinando la actitud que adoptó ante cada una de las medidas que tomara el Estado —o que este estuviese a punto de adoptar— y que ella considerara como atentatorias a sus fueros e intereses. Recordemos que si la Iglesia peruana aceptó el principio del «patronato» del Estado, lo hizo identificando patronato con protección y no con tutela o control; y no dudó en señalárselo permanentemente a las autoridades del Estado. En segundo lugar, desearíamos presentar lo que significó el último combate o combate decisivo, en 1867, contra las pretensiones desamortizadoras institucionales de los liberales peruanos del siglo XIX. La respuesta de la jerarquía de la Iglesia católica peruana, la misma que entró directamente en la batalla, movilizando para ello la calle y su prensa, fue tanto política como doctrinaria (y hasta canónica y dogmática). Fue coherentemente organizada y argumentada, según sus propios principios. Su victoria fue inobjetable, y definitiva, por añadidura. 2) Los primeros pasos desamortizadores del Estado independiente, 1826-1852 a) La «reforma de regulares», la supresión de conventos desde 1826 El año de 1820 había sido de mucha tensión en la capital peruana. La presencia de las tropas del general San Martín en el territorio del todavía virreinato del Perú no había sido la única fuente de tensión. El surgimiento

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más o menos espontáneo de grupos de montoneros (indios, negros y mestizos, en particular) y su «entrada» en Lima suscitaba desde hacía meses el pánico de los españoles y criollos37; tal como otros fenómenos de temores o «miedos» de Antiguo régimen, en periodos de convulsión revolucionaria y participación de las masas subalternas. Luego, con varios «centros de poder», entre 1821 y 1824, y con una guerra que proseguía en el interior del país, fue imposible hablar de leyes o medidas duraderas, tratándose sobre todo de intentos de movilización política y de búsqueda de apoyos sociológicos. Se decretaron reducciones o supresiones del diezmo eclesiástico, prontamente revocadas por un poder alternativo y opuesto, el mismo que proponía que su recaudación restablecida debiera prioritariamente servir al esfuerzo bélico. Se decretaron también, en pleno conflicto militar, disminuciones en el tipo de interés («réditos»), a pesar de que ya casi nadie pagara regularmente sus obligaciones de deuda, aduciendo la dificultad de los tiempos. De la misma manera se decretó la creación de impuestos sobre la propiedad rural o urbana; impuestos cuya recaudación nunca se hizo efectiva. Las exacciones producidas durante dicho periodo, con el fin de solventar a uno u otro de los sectores en conflicto, respondían sobre todo a la lógica de las armas y no a la de la legalidad o la legitimidad38. Desde 1825, la situación empezó paulatinamente a modificarse, luego de la victoria de las fuerzas independentistas. La baja obligatoria de los tipos de interés (decretada el 22/04/1825) para todos los capitales impuestos sobre las propiedades urbanas y rurales provocó la reacción airada de ambos cleros. Los mismos que denunciaron la «desamortización» o la «expropiación» que dicha baja representaba, pensando en la disminución de sus créditos activos, pero ocultando al mismo tiempo la baja en el servicio de sus obligaciones pasivas que tal medida representaba. Recordemos que si ambos cleros eran acreedores, también eran deudores, tanto de civiles como de instituciones religiosas. Por lo que se puede afirmar que tal reacción ponía de relieve sin 37

Por otra parte, el virrey don José de La Serna había decretado la puesta en conservación de las joyas de iglesias, conventos y monasterios, aunque fuese en verdad su puesta a disposición para el financiamiento de los ejércitos realistas. Muchos civiles y religiosos huyeron con las tropas españolas, cuando estas decidieron concentrarse en las serranías peruanas. Numerosos fueron los casos de huidas con dinero y bienes religiosos, o con ocultamiento de estos (a veces enterrándolos).Ver al respecto, entre otros, Grandi, 1985, p. 108; Luna, 2011; AAL-OCNSB, legajo VIII: 29. Ver también los capítulos segundo y tercero de este libro. 38 Luna, 2011.

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duda la naturaleza acreedora neta de los capitales eclesiásticos: una baja de los tipos de interés afectaba tanto a las deudas pasivas como a las activas, pero el clero ponía de realce la reducción de sus réditos percibidos más que la de sus réditos debidos o pasivos. Otra de las consecuencias de mediano plazo de dicha disminución fue la baja del ingreso de las congruas y su transformación en pensiones insolventes, es decir, la reducción de los ingresos de los beneficiarios de capellanías religiosas o colativas39; seguramente en detrimento del bajo clero, en formación o ya ordenado. Más tarde, el decreto de «reforma de regulares» del 28/09/1826 decidió, entre otras cosas, la supresión de los conventos —con la excepción de los hospitalarios y los monasterios femeninos— que tenían menos de 8 religiosos y estipuló que no debía de haber más de un convento por orden religiosa en cada ciudad40. Los bienes, haberes y deudas de los conventos supresos pasaban bajo control del Estado41. Siguiendo el modelo español de reforma de regulares, se sometía a todas las órdenes religiosas a la autoridad del clero secular, del ordinario diocesano; sus prelados debían de ser elegidos en presencia del arzobispo o su representante. Era, desde allí en adelante, la condición para aceptar la presencia de dichas órdenes en el territorio peruano. Su presencia, se decía en el decreto, podía ser beneficiosa para el país, a condición de que los religiosos volviesen al respeto de su regla y la estricta observancia de su misión. Se encargaba a los obispos respectivos de que formaran los respectivos reglamentos internos de los conventos. Se suprimía la existencia institucional de «provinciales» en las órdenes. El decreto prohibía también la ordenación de religiosos menores de 25 años. Por otra parte, el Gobierno había creado con anterioridad la Dirección de Temporalidades, a la que le encargaba la administración de los bienes de los conventos, aunque se siguiera reconociendo a las órdenes como propietarios de ellos42. 39

Lo que será luego uno de los argumentos para favorecer la laicalización de dichas capellanías religiosas, cuya modificación requería empero el acuerdo del arzobispo. García Calderón, 1879, vol. I, pp. 380-385. 40 Aun cuando más tarde se aprobasen algunas excepciones con respecto a determinados conventos regentados por religiosos franciscanos o dominicos. 41 Esta reforma de regulares se aprobaba en un contexto en el que se informaba, al mismo tiempo, de la secularización de todos los religiosos decretada en Bolivia, el 22/08/1826, por José Antonio de Sucre. También llegaban noticias de la disolución generalizada de las órdenes religiosas en Colombia, Chile y las provincias del Río de la Plata. Tibesar, 1982, p. 230. 42 Más tarde, los bienes de los regulares serían puestos bajo la administración de ecónomos designados por el propio Gobierno, antes de devolverlos, en 1830, al control y la administración de los mismos religiosos.

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Poco sabemos de las consecuencias concretas de esta medida, la que sin embargo fue efectivamente puesta en marcha y aplicación, no siempre por la exclusiva iniciativa estatal y oficial.Trabajos recientes cuestionan ideas anteriores sobre una aplicación principalmente rural del decreto y señalan que sus consecuencias fueron mayores, tanto geográfica como cuantitativamente43. Pero estamos solo al inicio de una investigación que no ha sido hecha y que, a partir de estudios individualizados, por institución religiosa localizada44, tendría que darnos una idea cabal de la amplitud de la operación. Las fuentes que hemos consultado nos revelan sin embargo la total improvisación por parte de las autoridades del Estado republicano para la aplicación de la medida, en particular en Lima. Una primera revisión de la documentación disponible, depositada y clasificada en el Archivo Arzobispal de Lima, pone de relieve que no hubo generalmente, por parte de dichas autoridades, la toma de posesión oficial de los templos ni de algunas de las posesiones urbanas de dichos conventos supresos. Algunas de las casas, corrales, depósitos u otros locales pertenecientes a los conventos, e incluso determinados templos, fueron ocupados de manera informal por particulares. Algunos locales fueron transformados por sus ocupantes en callejones o en baldíos, o corralones y almacenes diversos, con ausencia de explotación económica. Hay que decir también que bastantes conventos supresos pertenecían a órdenes que ya habían cesado prácticamente toda actividad, con deudas impagas, con posesiones sobreendeudadas; conventos indefensos y en declive, exhaustos y moribundos, que casi ya habían desaparecido o que contaban con un solo religioso o guardián de su templo respectivo. Una crisis que, como ya lo dijéramos en subcapítulo anterior, venía de lejos, a veces desde inicios del siglo XVIII. Algunos establecimientos eran simplemente dependencias menores de las grandes órdenes y se hallaban en serias dificultades financieras. Pero también hubo supresiones de represalia, contra órdenes religiosas que rechazaban las medidas gubernamentales respecto al destino o afectación dados a su patrimonio. Fue, por ejemplo, el caso de la supresión del convento de la Buenamuerte de Lima —de la que hablaremos más adelante en el capítulo quinto, con mayor amplitud—, regentado por los religiosos camilos o agonizantes. Si bien la Buenamuerte tenía solo 7 religiosos en 1829, se trataba de una orden hospitalaria, excluida en principio 43 Ver Vargas Ugarte, 1962, vol. 5, pp. 88-91; Tibesar, 1982; Quiroz, 1987; Armas, 2007, 2010. 44 Tal como lo propusiéramos con antelación (Luna, 1999).

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de la medida. Su supresión se debió sobre todo al rechazo manifestado por los miembros de dicha institución del alquiler obligatorio decretado por el Gobierno de sus haciendas de Cañete45. Sin embargo, fuera de estos elementos generales, hay un hecho financiero clave que conviene poner de realce: la supresión de conventos, gracias a la reforma de regulares, significaba la toma en manos por el Estado del activo (especialmente los créditos y réditos activos) y el pasivo de dichos conventos supresos y, en los hechos, la desvalorización definitiva de su endeudamiento; lo que además volvía totalmente incierto —y en la práctica también «supreso»— el servicio anual de los intereses pasivos. Con tal bancarrota, decidida desde el poder estatal, dichos bienes, capitales o derechos, quedaban hipotéticamente «liberados» de cargas, limpios de obligaciones, ante el mayor desaliento de sus beneficiarios. Si el Gobierno prometía utilizarlos para la instrucción pública o a la salud, fue claro que la mayoría de entre ellos, ya fueran posesiones urbanas o rurales, o derechos sobre capitales impuestos, fueron a parar a manos de «patriotas», a veces oficiales militares, cercanos a las esferas del poder local, regional o nacional, es decir, a las clientelas sociológicas que el nuevo Estado republicano tejía progresivamente46. Se puede afirmar con claridad que no hubo proyecto económico estatal para la «liberación» de estas posesiones de manos muertas. Incluso hemos detectado casos de renovación o refundación de enfiteusis, sin definición temporal47, con el Estado como nuevo propietario directo; renovando y reconduciendo simple y llanamente las prácticas del Antiguo Régimen. Si la jerarquía de la Iglesia católica se opuso a dicha reforma, su rechazo no parece haber sobrepasado en esa oportunidad la fase de cartas y memorias de protesta. Pero es un asunto que queda aún por investigar y reconstituir, tanto como sus relaciones con los beneficiarios ulteriores de las cesiones, informales o formales, de dichos bienes desamortizados, o los perjudicados por los capitales «esfumados». No obstante, fuera del precedente que significaba el despojo de los débiles conventos supresos (no fue muy difícil 45

Pero hay que saber también, desde ahora, que ya en 1826, varios candidatos laicos —dentro de los cuales se podía notar a allegados del nuevo Gobierno—, habían mostrado su interés por retomar dichas haciendas e incluso, por proceder a la compra enfitéutica de las propias instalaciones del templo del convento limeño. AAL-OCNSB, legajo IX: 89; ACB documento núm. 1900.Ver también Luna, 1999, 2009a. Sobre dicha cuestión volveremos en el capítulo quinto de este libro. 46 Ver también, por ejemplo, algunos casos de enfiteutas «patriotas» en el valle de Jequetepeque, presentados en Burga, 1976. Los ejemplos podrían multiplicarse. 47 Luna, 1999, pp. 555, 561.

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para el nuevo poder el darles la estocada final), lo esencial del patrimonio eclesiástico, posesiones, derechos y capitales, seguía quedando en manos de la Iglesia y las órdenes religiosas. b) Las vinculaciones laicales y eclesiásticas, 1829-1830 La constitución de 1828 había inscrito el principio de la supresión de las vinculaciones, es decir los mayorazgos, las fundaciones perpetuas y otras formas jurídicas vinculantes de substitución forzosa de bienes indivisibles, que obstaculizaban —según se afirmaba— la libre circulación de los bienes para un hipotético mercado de bienes raíces que se deseaba afianzar. Si en un primer momento se apuntaba sobre todo a las vinculaciones laicales, también se evocó el caso de las religiosas. Pero las leyes que se aprobaron, entre 1829 y 1830, para aplicar dicho principio no imponían la supresión de tales vinculaciones sino que se contentaban con hacerla posible, según la voluntad de sus titulares. Estos se veían atribuir el derecho de disponer y enajenar la mitad de los bienes vinculados, dejando la otra mitad para el siguiente heredero, quien podía entonces disponer libremente del 50% restante del patrimonio, eliminando así definitivamente la vinculación en dos generaciones48. Con la condición estipulada de que los compradores debían continuar asumiendo las obligaciones que pesaban sobre el patrimonio transferido. Con la obligación también de no ceder los bienes «liberados» a otras manos muertas, es decir al clero49. La Iglesia católica y las órdenes religiosas también se veían atribuir el mismo derecho de «levantar», por propia iniciativa, las vinculaciones, con el acuerdo del Estado, de un juez civil y del obispo de la diócesis en donde se produjera la operación. Sin embargo, no es difícil imaginar el poco éxito de leyes que se apoyaban en la voluntad de los titulares de los patrimonios vinculados y no es sorprendente constatar que varias décadas después siguieran existiendo mayorazgos y otros patrimonios vinculados y se aprobasen nuevas medidas al respecto. Tampoco es sorprendente verificar que el patrimonio de la Iglesia y las órdenes religiosas se mantuviera intacto, por lo menos. 48

García Calderón, 1879, vol. I, pp. 116-118. Esta condición fue recordada en varias ocasiones, durante por lo menos las tres décadas sucesivas, mediante decretos y resoluciones. Como si poco se hubiera respetado durante dicho lapso de tiempo. Como cuando la Corona española volvía a aprobar nuevas leyes sobre la misma cuestión, al no haberse aplicado las medidas precedentes. 49

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Aquí también, fuera de los elementos puramente legales, es decir, para decirlo con toda claridad, de la ineficacia de las leyes dictadas —que se apoyaban para su aplicación en la voluntad de los poseedores—, había un hecho financiero clave. Contrariamente a la supresión de los conventos y monasterios de la «reforma de regulares», en donde se producía una desvalorización de obligaciones y deudas de dichos conventos supresos —una bancarrota y una «limpieza» de sus patrimonios raíces y desaparición de capitales—, la transferencia eventual de bienes que permitían las leyes de vinculaciones de 1829-1830 suponía que los compradores tenían que pagar el precio fijado por los titulares de los mayorazgos. Y ello, además de asumir las cargas impuestas sobre dichos bienes, es decir, los censos, las capellanías y obras pías que seguían vigentes y que pesaban sobre ellos. Lo que evidentemente era muy poco atractivo para facilitar la operación50. Las posesiones por transferir continuaban cargadas de obligaciones antiguas, que exigían satisfacción a sus hipotéticos nuevos poseedores. Pero en realidad muy poco conocemos de la aplicación de las mencionadas leyes; como poco sabemos del número, el valor de los activos y el peso del endeudamiento de los mayorazgos y fundaciones, a finales del periodo español; lo que deja el terreno abierto para todo tipo de afirmaciones contradictorias al respecto, a veces fundadas en el estudio de un solo caso o en especulaciones. Como poco sabemos igualmente, conviene recordarlo, de la importancia y el valor del patrimonio vinculado y las obligaciones vinculantes del clero regular y las diversas órdenes religiosas. c) Legislación permisiva y legislación obligatoria Como en un juego estratégico, en donde se conoce y reconoce la debilidad de sus propios medios y la potencia del adversario, los grupos y personalidades del denominado «primer liberalismo» peruano —el de los años 1830— intentaron formular proposiciones «modernas» o avanzadas, según 50 Una ley de 1849 y después el Código Civil de 1852 autorizaron la compra, pagadera en títulos de la deuda interna, de las posesiones u obligaciones detenidas por mayorazgos y otras formas jurídicas vinculantes. García Calderón ha indicado (1879, vol. I, pp. 380-385) que hubo en ese momento algunas redenciones de censos, al poderse comprar los títulos de la deuda interna a 50% o 60% de su valor nominal, pero agrega que la situación se modificó cuando los títulos de la deuda empezaron a subir —en pleno auge guanero y de consolidación de la deuda interna—, puesto que ya no era rentable redimir capitales que ganaban 2% o 3% con capitales que ganaban 6% de interés.

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lo que podía entenderse en ese entonces como tal, logrando incluso que se aprobaran ciertas leyes de corte liberal. El proceso fue casi siempre el mismo: en primer lugar se anunciaba la intención liberal y reformista y se preconizaban medidas de «modernización», aun cuando se precisara al mismo tiempo que se respetaban tanto el patrimonio como el lugar ocupado por la Iglesia y la religión católicas en la sociedad peruana. En seguida de presentaban propuestas que «autorizaban», que «abrían el camino» a la reforma, que «habilitaban», señalando el interés que tendrían la Iglesia y el Estado para aceptar el cambio propuesto. Fue todo un estilo legislativo51 que prevaleció así durante buena parte del siglo XIX peruano —e incluso más allá: una constitución del Estado republicano podía aprobar un principio, pero las leyes que se encargaban de ponerlo en práctica se contentaban con crear un cuadro jurídico posible, voluntario y no imperativo, señalando claramente la necesidad del acuerdo previo entre los protagonistas; la ley dependía del contrato y no al revés. No se formalizaba una ley que manifestara la autoridad estatal sobre el asunto tratado, sino una norma que habilitaba y facilitaba el contrato. Una prolongación sui generis del «pactismo», entendido entre protagonistas individuales. Sin hablar de las disposiciones sancionadas, luego suprimidas, e incluso restauradas, antes de otra derogación, siguiendo los avatares de la incertidumbre política. Si las leyes aprobadas iban más allá de ese dispositivo esencialmente permisivo e intentaban imponer u obligar, la intervención y la reacción de la Iglesia católica eran inmediatas, a pesar de que no se le hubiera solicitado su opinión u observaciones. Su rechazo se manifestaba con toda claridad, logrando a menudo que se suspendieran sine die las leyes o medidas adoptadas y, en el mejor de los casos para ella, gracias a la intervención de sectores políticos favorables, que se anularan definitivamente. Así fue, por ejemplo, en 1833 cuando el ministro de justicia y asuntos religiosos de entonces, José María Pando52, intentó aprobar un decreto que ordenaba la nacionalización de los bienes de los conventos supresos (en un proceso que se prolongaba, desde 1826), su puesta en venta mediante subasta y que

51

Comparable hasta cierto punto al que predominó en un momento en la propia Península Ibérica, durante la segunda mitad del siglo XVIII, con relación a la probable afectación y disposición del patrimonio acumulado por la Iglesia católica. 52 Un reconocido regalista, más bien conservador y defensor de la hegemonía de un Estado fuerte, utilizando a los obispos como palanca para controlar la Iglesia católica y oponerse a las «usurpaciones de Roma» (Pike, 1967, pp. 51-52).

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proponía que el dinero obtenido se utilizara para el servicio de la deuda interna53. Incluso tratándose de conventos supresos, ya inexistentes, la Iglesia católica peruana no podía aceptar que se usaran métodos que recordaban el ejemplo francés54 u otros, en el propio mundo hispánico. Luego de las fuertes presiones de la jerarquía eclesiástica, el decreto fue suprimido y el ministro interpelado y censurado. Aunque algunos años más tarde se intentara nuevamente poner en vigencia una disposición como la mencionada. Otros casos de reacción de la Iglesia católica durante los años 1830 y 1840 se relacionaban con sus privilegios, heredados del Antiguo Régimen, y la puesta en tela de juicio de los mismos: su interpretación del derecho de «patronato» republicano, ejercido por el Estado55; su oposición al poder estatal en materia de definición del territorio de las diócesis —o de creación de nuevas—; su rechazo al cuestionamiento de su soberanía para la designación de obispos y la nominación de curas, opuesta a los intentos de «democratización» liberales; su lucha contra la creación del registro civil y por la exclusividad del registro de bautismos, rechazando la idea de colaborar con los funcionarios del Estado o las municipalidades para el hipotético establecimiento de un registro civil; su lucha por el mantenimiento de los diezmos, primicias e impuestos eclesiásticos; su rechazo a la fijación legal o pública de los aranceles por servicios eclesiásticos; su oposición a la laicalización de las capellanías colativas o religiosas; su lucha por la preservación de todas las atribuciones relacionadas con los «fueros eclesiásticos», etc. Algunos años más tarde, su reacción ante el Código Civil de 1852 fue de reserva, no porque dicho código fuera particularmente liberal o coactivo (también «autorizaba», «habilitaba», «hacía posible»), sino porque avanzaba algunos principios que, un día u otro, según la correlación de fuerzas, podían transformarse en leyes obligatorias o compulsivas. Por ejemplo la idea de que había que poner fin a la acumulación de nuevas posesiones por las manos muertas, sin pronunciarse dicho código sin embargo sobre las posesiones ya acumuladas por dichas manos muertas. Otros ejemplos: la 53

Dicho decreto estipulaba que en caso de haber restablecimiento de determinados conventos suprimidos, estos carecían del derecho de reclamar la restitución total de los bienes previamente confiscados (García Calderón, 1879, vol. I, pp. 592-593). 54 Bodinier, 2000, 2007; Bodinier, Congost y Luna, 2009. 55 Los liberales podían en sus discursos evocar los términos de tutela, de «supremacía» o de «control»; la Iglesia, dentro de su pragmatismo seguro y apoyándose en el hecho de que la religión católica había sido proclamada religión oficial del Estado, logró que las autoridades de este reconociesen que se trataba principalmente de «protección» de la institución eclesiástica y la religión católica.

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prohibición de compras enfitéuticas por la Iglesia y las órdenes religiosas o la prohibición de efectuar donaciones a favor de las mencionadas manos muertas, declarando la nulidad de las que se hicieran. O la posibilidad para ambos cleros de vender sus bienes, luego del informe favorable de las autoridades eclesiásticas y en consentimiento de la autoridad civil. Otro ejemplo en fin: la prohibición de fundar obras pías perpetuas. Si dicho Código declaró ilegal la fundación de censos perpetuos e irredimibles, siempre era posible crear y fundar censos redimibles con duración temporal (y renovables). Y ello, conservando las características propias de los censos, es decir, el desdoblamiento de la posesión, típica de los censos enfitéuticos, en dominio útil y dominio directo. Lo que significaba, en claro, que la práctica enfitéutica no era prohibida por dicho Código, con tal de que tuviera duración estipulada en el contrato firmado. Estamos lejos entonces de un Código Civil que se hubiera fijado como objetivo el asentar la posesión plena y única, mediante la reunificación obligatoria de dominios, esto es, la «perfección de la propiedad moderna liberal» defendida por algunos teóricos del liberalismo doctrinal56. Al respecto, abogamos también por reemplazar las ideas generales, o los tópicos antiguos, y substituirlos con análisis concretos y prácticos, respecto a la letra y a la aplicación de dicho Código Civil de 1852. 3) La paz «en armas» Como ya lo explicitamos anteriormente existía en el comportamiento de la Iglesia católica peruana y sus instituciones una actitud de alerta permanente, de celoso custodio, ante cualquier amenaza «liberal», o que se arropase de tales hábitos y vocabulario. Ni los acontecimientos europeos recientes (incluso en España o Portugal, con las desamortizaciones en curso), ni las evoluciones en el propio continente americano (por ejemplo en México o en Colombia), se prestaban a treguas ni invitaban a bajar la guardia.Y dicha actitud se mantenía, al mismo tiempo que reorganizaba la Iglesia sus estructuras a lo largo del territorio nacional peruano, luego de las convulsiones de las guerras independentistas. Su vocación de espacio de poder total permanecía incólume, impregnando e influenciando la sociedad, sus élites y clientelas, las mentalidades 56

Ver al respecto, Basadre, 1968 (en particular el volumen III); García Calderón, 1879; Luna, 1999.

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y creencias de los fieles. Su presencia recompuesta se extendía por los diferentes estratos de un territorio y topografía sociales que todavía no eran muy diferentes de los del Antiguo Régimen colonial, con una prolongación del dominium eclesiástico y sus atribuciones y características. Su campo de acción no solo se limitaba a su particularidad como institución eclesiástica o espiritual; la Iglesia católica seguía siendo un poder temporal y material (Luna, 2011). Aquí examinaremos solo dos aspectos de la actitud descrita. En primer lugar, la tentación de actuar en el propio campo de la política, con la finalidad de preservar sus espacios de acción, ante el avance efectivo o potencial de la institución estatal. En segundo lugar, una cuestión crucial, relacionada con su patrimonio y capitales: la redención de censos y capellanías de 1864. a) La tentación política Es posible afirmar que nuestra Iglesia católica peruana del siglo XIX tuvo también la tentación política. Si se configuraba el Estado-Nación, ¿por qué no podría configurarse a su vez la Iglesia-Nación? ¿No contaba ella con la legitimidad de su antigüedad de implantación y su capacidad de haber sorteado el tránsito desde el periodo colonial español? ¿No contaba con una implantación territorial que hacía de ella, al promediar el siglo XIX, una verdadera institución «nacional», comparada con un vacilante Estado republicano? ¿No estaba convencida de haberle dado, también ella, forma y medios a la naciente particularidad peruana, en el seno del incierto mundo hispanoamericano, luego de la ruptura con la metrópoli española? ¿No contaba también ella con sus propias leyes antiguas, códigos, fueros, jerarquía y estructuras jurisdiccionales, es decir, con su propia «constitución57», anteriores incluso a las del propio Estado republicano? ¿No seguía siendo la sección local de un antiguo y prestigioso poder internacional, con centro en Roma (de cuyo ultramontanismo renacía, por lo demás, una vocación de dirección y protección de las nuevas «iglesias nacionales» de esta parte del mundo)? Dicha tentación cobró forma y se manifestó con claridad luego de una Convención Nacional (de significativo y simbólico nombre), reunida entre 57

Esto es, la noción constitucional del Antiguo Régimen, como cuerpo constituido, como orden societal y persona colectiva, distinta de la noción de constitución como ley surgida de la «voluntad general» —es decir de la nación apoderándose del Estado—, la que adopta la soberanía nacional emergente como manifestación de su voluntad; la misma que redactan, discuten y votan los representantes de sus ciudadanos.

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1855-1856, dominada por la denominada «segunda generación de liberales» peruanos58. En dicha convención fue aprobada una constitución que proclamaba, entre otras cosas, la supresión del diezmo, las primicias y los derechos parroquiales; la nacionalización del clero y su remuneración por el poder ejecutivo; la creación de un nuevo mapa de diócesis, a cargo del Estado; la administración de los bienes parroquiales por las municipalidades59; la prohibición de retorno al Perú de la Compañía de Jesús; la supresión progresiva de las vinculaciones eclesiásticas y la libertad de compra y venta de sus propiedades (aunque no se pronunciara sobre las posesiones y capitales ya detentados por el clero); la desaparición progresiva de los fueros eclesiásticos (justicia y tribunales), etc. Como era de esperarse, la jerarquía de la Iglesia católica rechazó rápidamente la nueva constitución y anunció su intención de desarrollar campaña para obtener su abrogación. En tal contexto, se produjo la intervención del Ejército, el golpe militar del 02/11/1857, para poner término a los trabajos de la Convención, declarando que la constitución aprobada sería suspendida y no tendría aplicación práctica60. La victoria de la Iglesia católica apareció evidente y como si fuera poco obtuvo dos medidas suplementarias a su favor. En primer lugar, la suspensión de aplicación del decreto de 1852, que encargaba al Estado de asumir el registro de nacimientos y fallecimientos; una medida que también formaba parte de las recomendaciones del Código Civil de 1852. Durante buena parte del siglo XIX, dicha función continuó siendo monopolio de la Iglesia y las parroquias, con la obligación empero de remitir a las municipalidades 58 Una primera «Convención Nacional» ya había sido reunida en 1834, con la primera generación de liberales peruanos. La segunda «Convención», inaugurada el 14/07/1855, fue convocada por el nuevo jefe de Estado, Ramón Castilla, luego de una victoria militar, y fue por primera vez elegida gracias al sufragio directo. Su objetivo era redactar y aprobar una nueva constitución, más «moderna y democrática» que las anteriores. Durante los debates y en las propuestas constitucionales, los convencionales liberales, cuya iniciativa escapó totalmente —como la misma convención— al control del presidente de la república, Ramón Castilla, denunciaron la excesiva importancia, el papel preponderante y la influencia de la Iglesia y la religión católicas en la sociedad. 59 Se concedía localmente a los prefectos el derecho de vice-patronato sobre la Iglesia. Se les investía además del derecho de exigirles a los curas que se mudaban a otras parroquias, por mutación, la obligación de establecer antes de su salida un inventario de los bienes propios de la parroquia. 60 El presidente Castilla, aun cuando desaprobara la forma de intervención del Ejército, sancionó en los hechos la suspensión de la constitución redactada por la Convención.

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una copia de las estadísticas correspondientes61. En segundo lugar, la Iglesia peruana obtuvo una significativa compensación a cambio de la supresión del diezmo. El decreto de aplicación de la ley ordenó al Tesoro Público que se abonaran al arzobispo y a los obispos los montos que producía la recaudación del diezmo, tomando como base los totales de rentas decimales del año 1852-1853.Y, al mismo tiempo, el Estado retrocedió en lo relativo a la supresión de las primicias y los derechos parroquiales. De esta manera, la jerarquía eclesiástica logró mostrar, en una coyuntura favorable, su capacidad de negociación frente al Estado republicano, rechazando lo que consideraba inaceptable y logrando satisfacción, a cambio a veces de algunas concesiones secundarias. La correlación de fuerzas entre las dos «majestades» del Antiguo Régimen, se inclinaba a favor de la Ecclesia. Luego de la mencionada Convención Nacional y sus corolarios políticos e institucionales respectivos, y ante el peligro de nuevos experimentos constitucionales propiciados por el liberalismo político emergente, la Iglesia católica parece haber adoptado la decisión de actuar directamente.Y lo hizo apoyando un proyecto de constitución política y nacional, en 1860, cuya presentación recayó en la persona del obispo de Arequipa y senador por Jauja, Bartolomé Herrera62. Es seguramente su propia visión de la sociedad (la de la Iglesia católica de entonces) la que aparece proyectada en dicho documento. Algunos de los elementos centrales, relativos a la temática que aquí examinamos, merecen la pena resaltarse: el derecho a la ciudadanía reservado a los hombres «inteligentes y libres»; el derecho a privilegios o a «consideraciones especiales», en función de la virtud y el talento; la limitación del derecho al ejercicio industrial, actividad que perturbaba inherentemente el orden social; el restablecimiento del diezmo en su forma antigua; el mantenimiento y reforzamiento de los fueros eclesiásticos (leyes y tribunales específicos); el restablecimiento del derecho de las manos muertas para comprar bienes raíces (retrayéndolos de la circulación y amortizándolos); la protección estatal de las vinculaciones eclesiásticas y la prohibición de las laicales, en particular los mayorazgos (favoreciendo así la concentración de bienes en manos eclesiásticas en detrimento de las civiles).

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Sin embargo, las autoridades eclesiásticas cumplieron con gran dificultad esta última disposición, imponiendo al Estado su papel de «rama administrativa», con la parroquia como institución principal de registro de las evoluciones demográficas. 62 Era la figura emblemática del conservadurismo clerical de entonces. Defensor de la «aristocracia de la inteligencia», la misma que poseía el don divino de la soberanía, la que debía conservar y ejercer todo el poder político.Ver, entre otros, Pike, 1967; Rivera, 2008.

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Lo esencial no es que el proyecto haya sido rechazado (como de hecho lo fue, en septiembre de 1860), sino que haya podido ser concebido y propuesto. La jerarquía de la Iglesia católica, aun cuando aceptara el texto constitucional finalmente aprobado63, presentó entonces un proyecto societal y nacional, reafirmando al mismo tiempo lo que no estaba dispuesta a negociar o a renunciar, incluso movilizando la calle para lograr su cometido.Y proseguir, desde luego, su combate en todos los campos64, denunciando cualquier forma de anticlericalismo, real o presunto, por más leve o imperceptible que fuera; preservando su lugar e importancia en la enseñanza primaria y superior, en donde ejercía un control casi total; rechazando al exequatur sistemático que se le quería imponer, para la publicación y puesta en práctica de los dispositivos adoptados por Roma; rehusando la presentación de los informes solicitados sobre sus rentas y posesiones, sobre su endeudamiento y recursos y, en particular, los de las órdenes religiosas. Esta última exigencia en particular, esto es, el balance detallado de sus bienes patrimoniales y capitales, era considerada con singular desconfianza por la Iglesia católica. b) La redención de censos y capellanías, 1864 Hacia mediados de los años 1860, la jerarquía de la Iglesia católica peruana ya sabía seguramente, cuatro décadas después de la independencia, que ni los liberales ni las autoridades del Estado tenían el interés ni la envergadura como para poner en tela de juicio sus posiciones adquiridas y lo esencial de su patrimonio eclesiástico adquirido, especialmente en bienes raíces. Sabía efectivamente que el Estado la necesitaba, en razón de su cobertura nacional y su capacidad para actuar sobre las conciencias y las creencias de los habitantes. Pero no por ello se desarmó. Su rechazo a la ley de redención de censos y capellanías de 1864 fue una muestra de que no estaba dispuesta a ceder en ningún campo. El mismo esquema de las leyes anteriores se repitió en esta operación, con esta nueva ley de redención de cargas y fundaciones antiguas. Si su propósito era en teoría «lib280erar» los bienes inmobiliarios y la tierra y 63

Fue la actitud del arzobispo Goyeneche y Barreda (Pike, 1967, p. 68). A comienzos de los años 1860, por ejemplo, lanzó una campaña de apoyo —incluso financiera— al papa Pío IX y a la Santa Sede; una campaña directamente coordinada por el arzobispo de Lima y el obispo de Arequipa. En momentos en que, por su lado, el Estado peruano, apoyando el proceso de unificación italiana, reconocía a Víctor Emmanuel II como soberano de Italia. 64

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facilitar su venta, no se trataba de una ley coactiva u obligatoria, sino de una ley que ofrecía un cuadro jurídico, que «habilitaba», que «autorizaba» y que requería para ello el acuerdo de los sectores interesados o de aquellos que intervenían en la operación65. La ley era inaplicable sin el acuerdo y contrato, sin la voluntad de los protagonistas. O en otros términos, la ley republicana, para este tipo de asuntos, era algo así como un testigo habilitador, como un notario o escribano estatal, para facilitar contratos y acuerdos entre particulares. Por un lado, la mencionada ley introducía la posibilidad de nacionalizar (es decir, estatizar) el servicio anual de los censos y capellanías, proponiendo el canje de las escrituras notariales de fundación de la obligación por títulos del Estado al 12% anual de interés, respecto a su valor nominal. Por otro lado, y simultáneamente, la misma ley introducía la posibilidad de redimir la obligación y liberar el bien sobre el que había sido impuesta, por el sexto de su valor nominal, 16,7% (si se trataba de bienes rurales) o el cuarto de su valor nominal, 25% (si se trataba de bienes urbanos)66. En ambos casos, con el acuerdo obligatorio de las dos partes interesadas, tanto el de los poseedores del bien inmobiliario sobre el que estaba impuesto el capital, esto es, los que pagaban los intereses anuales (censuatarios) como el de los perceptores del interés anual, propietarios del capital impuesto (censualistas). Como para el caso de las otras leyes que hemos evocado anteriormente, poco sabemos de la aplicación efectiva de esta redención de censos y capellanías de 1864; lo que no significa que no haya sido puntualmente aplicada. Las informaciones son siempre indirectas. Conviene destacar empero que el nuevo cuadro propuesto por la ley no carecía de singulares problemas y contenía varias incógnitas. Si el tipo de interés anual propuesto a los beneficiarios censualistas de los intereses era atractivo (12%, con la posibilidad de 65

Esta ley quería establecer también un cuadro para centralizar las redenciones de dichas obligaciones y acabar con una situación que siempre era terreno fértil, luego de golpes de Estado, pronunciamientos o insurrecciones locales, a «redenciones» obligatorias, generalmente efectuadas para favorecer a las redes locales de clientela, antiguas o nuevas, y obtener su apoyo a los movimientos políticos y militares correspondientes. Para el contexto general, ver Basadre, 1968 (el volumen V); ver también García Calderón, 1879, vol. I, pp. 380-385. 66 Si no había acuerdo entre ambas partes para concluir la operación, el monto de redención que debía de pagar el titular del bien sobre el que estaba impuesta la obligación pasaba a dos décimos (20%) del valor nominal del capital, tratándose de bienes rurales, y a tres décimos (30%), si se trataba de bienes urbanos. Pero dicho aumento fue suprimido en 1867, probablemente por causa del poco éxito alcanzado por la ley. García Calderón, 1879, vol. I, pp. 380-385.

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recuperar el capital nominal al cabo de una década, más o menos), vale la pena preguntarse si tal beneficiario de intereses renunciaría fácilmente a su título de poseedor de un capital, a cambio de un bono del Estado, vinculando su suerte a la garantía de este. No sabemos, por otra parte, si los intereses o réditos habían sido regularmente pagados hasta ese entonces, antes de la promulgación de la ley. Si no había sido el caso, vale la pena preguntarse si a los obligatarios censuatarios de dichos intereses no les convenía más bien dejar que la situación se mantuviese inalterada, sin hacer que «revivieran» obligaciones que, en los hechos, ya eran caducas. En cambio, sí contamos con el testimonio directo de la reacción de la jerarquía eclesiástica y en particular la del capítulo eclesiástico de Lima67. Su llamado a los censualistas (beneficiarios de intereses, propietarios del capital impuesto) y censuatarios (obligatarios de intereses, propietarios del bien sobre el cual el capital había sido impuesto) para que no aplicasen la ley fue suficientemente claro. Lo que además ponía de relieve tanto la capacidad de la Iglesia católica para llamar a una desobediencia civil y legal, como la fragilidad o levedad del instrumental legislativo del Estado peruano, cuarenta años después de la declaración de la independencia. Asumiendo en particular la defensa de los censualistas (beneficiarios del pago de réditos y censos), el capítulo catedralicio de Lima, seguramente pensando en su propio caso, subrayó en particular el hecho de que la ley aprobada obligaba a los titulares de los capitales impuestos sobre los bienes inmobiliarios a que renunciaran a los derechos que tenían sobre dichos bienes inmuebles. Era muy probable que la jerarquía de la Iglesia católica no deseara olvidar que el ejercicio de sus derechos en tanto que poseedor del capital sobre el bien que había recibido la imposición había sido una de las vías que, desde el inicio de su implantación en Perú y en América, la había conducido a aumentar su patrimonio, cuando lograba incautarse del bien por insolvencia de sus deudores. La Iglesia planteaba también el problema de los censualistas que habían perdido sus títulos de poseedores del capital impuesto —o de quienes pretextaran el haberlos perdido— o de quienes habiéndolos recibido en garantía para otras operaciones pretendiesen utilizarlos como si fueran ellos los verdaderos poseedores del capital nominal que los títulos representaban. Además de preguntarse sobre cómo podría hacer el Estado para pagar 12%

67

BNP-sm, D 8449, 7 fols. Se trata de una declaración firmada por todos los miembros del capítulo eclesiástico de la Iglesia Catedral de Lima, con fecha del 05/01/1865.

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de intereses anuales, si era incapaz de levantar capitales, incluso al 6%, y si era como hasta ese entonces insolvente para pagar sus compromisos contraídos. Pero la jerarquía eclesiástica limeña seguramente también pensaba en lo que podría ocurrir si el Estado decretaba, de un momento a otro, que los enfiteutas, titulares del dominio útil de las posesiones (las eclesiásticas, desde luego), o incluso cualquier locatario o inquilino de tierras o fincas, podían redimir el capital representativo de la posesión que conducían, «liberándola» y transformándose de esta manera en perfectos y cabales propietarios, de «plena posesión». Era muy probable que el ejemplo de lo ocurrido con las enfiteusis de los conventos supresos, desde 1826, estuviese presente en la memoria de los autores de dicha declaración. La centralización de los bienes de las cofradías religiosas, poniéndolas en manos de la Sociedad de Beneficencia de Lima, que había sido decretada por el Gobierno a fines de 1865, ya había constituido un mal augurio de lo que podía ocurrir con los bienes eclesiásticos propiamente dichos. Sin temer las manifestaciones callejeras y bajo la batuta del arzobispo de Lima y los obispos de las diócesis peruanas, la Iglesia católica convocó y movilizó a los fieles, difundió una prensa de oposición y mandó al Gobierno y al director de la Sociedad de Beneficencia cartas de protesta68. Sin embargo, habría que esperar los inicios de 1867, en el momento de la apertura de una nueva asamblea constituyente, para ver todo el dispositivo de defensa que la jerarquía eclesiástica podía poner en actividad, ante el último intento de parlamentarios y políticos liberales, preciso y directo esta vez, de desamortización de sus bienes y capitales; una desamortización institucional. 4) El proyecto de desamortización eclesiástica institucional, 1867 Fue presentado, como para marcar una vocación y presencia liberales, el día mismo de la apertura de la asamblea constituyente de 1867 (15 de febrero) por el diputado de Trujillo, Fernando Casós, una de las figuras de proa del liberalismo de la «segunda generación» de la Convención Nacional de 1855-1856, clausurada mediante intervención del ejército. El proyecto defendido hablaba claramente, tal vez por primera vez en este género de instancia política, de desamortizar, mediante decisión estatal, esta vez de manera institucional, el conjunto de los bienes y capitales eclesiásticos pertenecientes

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Ver al respecto, Memoria, 1867.

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a ambos cleros. Señalemos rápidamente sus enunciados, algunos de los cuales son bien conocidos en este género de proyecto69: — Las instituciones eclesiásticas y sus dependencias (cofradías, hermandades, congregaciones o beateríos) no podían ser consideradas como poseedoras de bienes sino como meras usufructuarias; el propietario eminente era el Estado. — El Estado debería recuperar el dominio sobre dichas posesiones, a cambio del 3% anual de renta, calculado a partir de su valor nominal, a favor de las instituciones religiosas70. — La evaluación del patrimonio eclesiástico, bienes y capitales, tendría que hacerse conjuntamente por el Estado y las diócesis, los mismos que nombrarían a delegados idóneos para efectuar la operación. En caso de que la Iglesia no aceptara la propuesta, el Estado asumiría solo sus responsabilidades, al cabo de seis meses. — Se tendrían que reevaluar y registrar mediante acto notarial el valor de las posesiones eclesiásticas conducidas por sus enfiteutas o locatarios ya que los alquileres o cánones enfitéuticos se calculaban sobre valores excesivos, lo que generaba endeudamiento71. Dicha reevaluación no debería poner en tela de juicio la conducción de los bienes por dichos locatarios o enfiteutas. — Las posesiones eclesiásticas se venderían en pública subasta, a favor de no poseedores. Los mismos que podrían utilizar los títulos de la deuda pública interna, aquellos que ganaban 6% anual, para comprarlas en su integridad. — Los productos de las ventas se consagrarían íntegramente al pago y servicio de la deuda pública interna, hasta la extinción total de esta.

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El texto del proyecto puede consultarse en BNP-sm, 2898, 23 fols. Para un enfoque general sobre la desamortización en España y América, Martínez y Prien, 1999. Para un enfoque comparativo entre Europa y América, Bodinier, Congost y Luna, 2009.Ver también el subcapítulo anterior. 70 Primero se propone que sean los ingresos fiscales de la Contribución Personal, sucedáneo del tributo indio colonial, los que proporcionen los medios para abonar dicho 3% anual; luego se pasa a la renta del guano. 71 El proyecto denuncia de manera implícita el sobreendeudamiento de las posesiones eclesiásticas y la incapacidad de los conductores útiles de bienes eclesiásticos de abonar sus obligaciones anuales, al haber sido evaluadas estas a partir de montos ficticios, superiores a la realidad económica del bien. Además invitaba a las entidades de ambos cleros para que presentaran los documentos necesarios y que se evitase todo riesgo de injusticia, así como la ocultación del patrimonio eclesiástico.

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El proyecto, como otros anteriores, relativos a los asuntos del clero —o que podían afectarlo, de cerca o de lejos— fue remitido al arzobispado de Lima para recabar su opinión. Mientras que las discusiones se iniciaban en la asamblea constituyente. a) La reacción de la Iglesia católica, bajo la dirección del arzobispo de Lima Fue inmediata y en primer lugar política. En Lima, el periódico Nacional —título significativo para un periódico del clero—, núm. 395, editado por el arzobispado, publicó el proyecto en su integridad e invitó a los fieles a que reaccionaran públicamente. En Puno, el periódico episcopal, La Iglesia Puneña, hizo lo mismo y solicitó a los fieles para que salieran a la calle a combatir las doctrinas anticatólicas. Lo mismo ocurrió en Huánuco y Ayacucho, y en otros episcopados del centro y sur de Perú. En Arequipa, centro del catolicismo tradicional, el obispado había convocado al «pueblo arequipeño» en la catedral, el 21/01/1867, ya antes de la apertura de la asamblea constituyente, para alertar de las amenazas y exigir que no se hiciera «novedad» en ningún asunto eclesiástico, que se suprimieran todas las leyes opuestas a la Iglesia católica peruana y que se gestionase la firma de un concordato con la Santa Sede romana. Una declaración final, firmada por los participantes en dicha reunión, fue denominada «la opinión del pueblo de Arequipa». Esta reacción política fue coordinada por el arzobispo de Lima y anterior obispo de Arequipa, Monseñor José Sebastián de Goyeneche y Barreda, una de las figuras centrales durante las décadas precedentes (desde el inicio de la vida republicana independiente) en el combate contra el liberalismo y las tendencias y doctrinas consideradas como anticatólicas o anticlericales. Monseñor Goyeneche y Barreda había formado parte de los eclesiásticos que apoyaron la causa española hasta las postrimerías de la guerra independentista72. Supo luego reanudar el diálogo con las nuevas autoridades republicanas, aun cuando durante la fase bolivariana sus relaciones no hubieran sido de sosiego, en particular en lo relativo a la defensa del patrimonio y las posesiones eclesiásticas, estas últimas frecuentemente ocupadas por los ejércitos colombianos de Bolívar. También logró distinguirse el arzobispo

72 El virrey La Serna, el último representante de la Corona española en Perú, propuso, en julio de 1822, a Goyeneche y Barreda como candidato para el arzobispado de Lima. El Gobierno republicano, luego de la victoria militar, rechazó evidentemente la propuesta. Para una biografía de Goyeneche y Barreda, ver Rojas, 2005, 2007.Ver también, Luna, 2011.

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limeño para todo lo relacionado con la preeminencia y la designación de las autoridades eclesiásticas o los curas de las parroquias. Después, Monseñor Goyeneche se convirtió en el pilar de la resistencia ante todo ataque (o presunto ataque) por parte del Estado o los políticos liberales contra la Iglesia católica, sus atribuciones y privilegios. En 1832, había sido designado Delegado Apostólico y Visitador de las órdenes religiosas por el papa Gregorio XVI; en virtud de lo cual fue encargado de revisar y aprobar las solicitudes de secularización presentadas por los religiosos regulares. El Decreto de secularización de los regulares, del 20/08/1829, había abierto la posibilidad de exclaustración para los religiosos que lo solicitasen. Más tarde, ya en tanto que obispo de Arequipa, no vaciló Goyeneche y Barreda en apelar a los fieles para que ganaran las calles en defensa de los intereses de la Iglesia católica o para la salvaguardia de la inmunidad eclesiástica, personal e institucional. Aplaudió Goyeneche la intervención militar que clausuró la Convención de 1855-1856 y le aconsejó a Ramón Castilla, jefe de Estado, que no retrocediera o revocara la decisión del ejército.Vale la pena recordar que fue también Castilla quien le propuso, en 1858, para la dignidad de arzobispo de Lima, lo que fue aceptado por Roma a finales de 185973. Desde entonces, la autoridad e influencia de Goyeneche y Barreda, en la Iglesia católica del Perú —pero también sobre el propio Estado—, se acrecentaron. Por ejemplo, en 1861, un Decreto Supremo del jefe de Estado establecía el reglamento de estudios de la Universidad de San Marcos. Lo que desencadenó una polémica con el arzobispo Goyeneche ya que dicho decreto le retiraba a la Iglesia su antigua soberanía, control y organización sobre los estudios en la universidad, transfiriéndolos al ministro de educación, en particular para todo lo relativo a la validación de títulos y exámenes. Luego de vigorosas protestas del arzobispo y el capítulo eclesiástico de Lima, el jefe del Estado anuló el mencionado decreto. b) Los argumentos de la oposición clerical Así, cuando se presenta el proyecto de desamortización eclesiástica en la asamblea constituyente de 1867, le corresponde naturalmente al arzobispo Goyeneche y Barreda el asumir la dirección del combate. Luego de solicitar la

73 El mismo año en que Castilla designaba a Bartolomé Herrera como obispo de Arequipa. De la misma manera, Castilla propuso, más tarde, a Goyeneche y Barreda para cardenal de Lima. Pero su idea no prosperó.

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opinión de cada uno de los obispos peruanos, les invitó a que lanzaran en sus diócesis respectivas una campaña pública de denuncia del proyecto, contra su aprobación por los constituyentes.Vamos a reconstituir algunos de los aspectos centrales de esa campaña y presentar los argumentos expuestos74: ello nos dará algunas pautas sobre la naturaleza del patrimonio eclesiástico en ese entonces, sobre la relaciones entre la Iglesia y el Estado, más de cuatro décadas después de la instauración de la república, y también sobre los proyectos de la Iglesia católica en relación con la sociedad y el sistema económico, de los que ya tuvimos una primera percepción gracias al proyecto constitucional de 1860. No vamos a detenernos en las aseveraciones o los elementos de debate relativos a la lista de las leyes y medidas republicanas que, desde 1825, según los obispos y el arzobispo, constituían auténticos ataques anticlericales y antirreligiosos. También dejaremos de lado las abundantes referencias a la primacía de la ley natural, a los principios del derecho canónico, a los textos patrísticos de los padres fundadores de la Iglesia (San Pablo, en particular). Tampoco nos detendremos en el examen de las antiguas leyes de España y Roma, ni en los acuerdos o prescripciones de cónclaves y concilios (especialmente el de Trento) para castigar a los usurpadores de los bienes de la Iglesia. Tampoco respecto a la naturaleza presuntamente anarquista, socialista o comunista de los inspiradores y defensores del proyecto de ley en discusión, ni respecto a las abundantes referencias respecto a la presunta pobreza de la Iglesia católica y las órdenes religiosas en el territorio peruano. Sin embargo los mencionamos para no olvidar que la Iglesia católica peruana se lanza a la batalla con todo su arsenal doctrinario e histórico. Los obispos y el arzobispo de Lima recalcaron que: — Contrariamente a lo que pretendía el proyecto del diputado Casós, la Iglesia católica, las órdenes y el resto de instituciones religiosas eran perfecta y cabalmente propietarias, al haber recibido sus bienes raíces en posesión plena y al ser reconocidas como tales por el código civil de 1852, el mismo que había confirmado, afirmaban, el derecho de las instituciones eclesiásticas para vender y comprar75. Por lo demás, su derecho de propietarias era también su 74 La documentación utilizada para este trabajo proviene de la Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional. BNP-sm, 2898, 23 fols.; 2795, 6 fols.; 2790, 6 fols.; 2569, 11 fols.; 2772, 19 fols. Sería necesario completarla, entre otros, con el estudio de los debates constitucionales y la revisión de la prensa. Para una defensa de la argumentación desarrollada por los obispos ver, entre otros,Vargas Ugarte, 1962, vol. 5, pp. 294-296. 75 Lo que era cierto, salvo en lo relativo a las compras, que fuesen o no enfitéuticas, que quedaban terminantemente prohibidas por el Código Civil. Pero recordemos que, según su proyecto constitucional de 1860, la Iglesia pedía que se reconociera su derecho

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recompensa por haber sido en los momentos de crisis la única legitimidad y legalidad que había quedado de pie y que pudo articular la sociedad76. — Los capitales eclesiásticos acumulados, en particular gracias a las dotes y a su inversión, pertenecían perfectamente a ambos cleros. La Iglesia católica, decían los obispos, había hecho un inmenso servicio en ponerlos a la disposición de los poseedores y comerciantes laicos. Los capitales y posesiones de estos últimos habían podido consolidarse gracias a los capitales eclesiásticos, los únicos que habían sido capaces de satisfacer la demanda local. Lo que implicaba que existía una clara percepción o conciencia por parte de las autoridades de la Iglesia católica peruana de haber desempeñado un papel similar —desde el punto de vista financiero— al que le correspondiera, por ejemplo, a la Iglesia católica novohispana. — El hecho de proponer la venta de los bienes eclesiásticos, decían los obispos, era profundamente antieconómico, en particular si se destinaban los productos obtenidos a extinguir la deuda pública interna, tal como preconizaba el proyecto del diputado Casós. Ello equivalía a consumir el capital, cuando la función de este era justamente la de reproducir la riqueza77. — Si la deuda pública interna debía de ser pagada y servida, no había razón que explicara que fuese la Iglesia católica la que tuviera que hacerlo. Como dicha deuda había sido contraída por el Estado, era a este a quien correspondía servirla y reembolsarla. Un argumento que recordaba los objetivos fiscales de anteriores políticas desamortizadoras, así como las más recientes, tal y como se habían desarrollado en otros espacios del mundo ibérico e hispanoamericano. — El aumento de la oferta de bienes raíces, si se le quitaran a la Iglesia los suyos para venderlos en subasta pública, provocaría un exceso sobre la demanda; ello traería la ruina de los precios, la depresión del mercado y del valor general de las posesiones. En un país en donde faltaban capitales al no haber grandes fortunas, señalaban las autoridades de la Iglesia católica, se produciría un caos económico, al querer los capitales ya invertidos de seguir adquiriendo bienes raíces, incluso aquellos procedentes de la disolución de las vinculaciones laicales, introduciendo la legitimidad de acrecer el patrimonio eclesiástico en detrimento del civil. 76 Un argumento idéntico al que introdujera, años atrás, para el mundo novohispano, el obispo de Valladolid de Michoacán, Manuel Abad y Queipo.Ver Luna, 2002, 2011. 77 Olvidando que solo siete años antes, la jerarquía de la Iglesia católica había apoyado un proyecto constitucional en donde se rechazaba la naturaleza perturbadora del orden vigente que representaba la actividad industrial.

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adquirir las tierras despojadas al clero. El arzobispo y los obispos peruanos recordaron entonces las consecuencias de la expropiación patrimonial de la Compañía de Jesús, después de su expulsión y disolución en el último tercio el siglo XVIII: ni el pueblo ni el Estado habían sacado provecho de la desamortización eclesiástica de ese entonces, agregaron. Solo se habían producido la dispersión y la parálisis económica de los bienes confiscados78. — Oponiéndose a uno de los principios centrales del liberalismo en términos de propiedad, los prelados de la Iglesia manifestaron que no era bueno que hubiese un aumento del número propietarios. Era su respuesta a la proposición del proyecto de ley que preconizaba la venta de los bienes eclesiásticos a los no poseedores. Para la Iglesia católica de ese entonces, en donde descubrimos algunos resabios fisiocráticos, era mejor que hubiera grandes propietarios; esto es, que la posesión se concentrase en las manos de aquellos que ya tenían los medios para hacer progresar la explotación económica. El cambio en la posesión de bienes generaría inestabilidad económica, social y política. Las consecuencias de este hecho serían desastrosas en un país tan heterogéneo como Perú. No era entonces la Iglesia católica peruana, en 1867, partidaria de una probable democratización de la sociedad y ampliación de la ciudadanía, tal como lo preconizaban algunos liberales (e incluso algunos reformadores del Antiguo Régimen79), mediante la extensión de la propiedad individual80. — Los alquileres y cánones enfitéuticos de las posesiones eclesiásticas cedidas no estaban sobrestimados sino todo lo contrario, si se los comparaba con 78

En cambio (y hasta cierto punto puede ser un índice cualitativo) nada se decía de la expropiación de los bienes de los conventos supresos, después de la ley de 1826. Como si, cuarenta años más tarde, dicha desamortización (y la muy probable dispersión de sus bienes) no formasen parte de los ejemplos de lo que habría que evitar. O como si la operación al haber sido casi «natural», por el estado en que se hallaban las instituciones suprimidas, no hubiese dejado huellas en la mentalidad (y los argumentos de combate) de las autoridades eclesiásticas peruanas, en un momento decisivo de defensa. 79 Por ejemplo Olavide o Jovellanos. Luna, 2006a. Para un enfoque global de la comprensión eclesiástica del hecho económico y comercial en Perú, ver Macera, 1977a. Para una presentación de los principios generales del pensamiento clerical ante el avance del liberalismo, Herrero, 1971, pp. 362-372. Aunque no encontremos referencias explícitas por parte de los obispos peruanos de 1867, llama poderosamente la atención (cincuenta años más tarde) la similitud de sus argumentos con los de la Instrucción pastoral, de 1813 (durante las Cortes de Cádiz), de los obispos españoles, frente a las propuestas del primer liberalismo español. 80 Algo que guardaba una perfecta coherencia con su apoyo al proyecto constitucional de 1860, en donde se manifestaba por el reconocimiento restrictivo de la ciudadanía.

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las otras posesiones cedidas en enfiteusis por laicos; afirmación no apoyada sin embargo por ninguna evidencia empírica. Pero, advirtieron los prelados de la Iglesia en 1867, el derecho de los enfiteutas y locatarios no podrá nunca compararse al derecho eminente de la Iglesia sobre sus posesiones. Tanto como nunca podrá compararse el derecho de los censuatarios deudores de la Iglesia con los derechos de esta como censualista. Al respecto, quedó claro entonces que no cabía ninguna negociación o concesión: las posesiones raíces de la Iglesia eran sus posesiones y propiedades; los capitales eclesiásticos eran legítimamente sus caudales. Probablemente con el fin de prevenir y advertir ante cualquier veleidad de ley de redención, de cualquier tipo de censo, que afectase su patrimonio. — Los obispos no podrán nunca renunciar a sus votos de protección de los bienes de la Iglesia católica, que son los bienes del Señor y no del Estado: esta es una cuestión de vida o de muerte para la «religión del Estado», terminaron subrayando los prelados episcopales; lo que no era baladí o inocente. También explicaron que acabar con la posesión eclesiástica equivaldría a acabar con el empleo de miles de pobres (particularmente de las mujeres devotas), que trabajaban cotidianamente para la Iglesia y también durante los días de festividades religiosas: cereros, barredores, sacristanes, colgadores, mercaderes de telas preciosas, coheteros, músicos, cantores, pintores, escultores, etc.81. — Pero ello conllevaría también la supresión de las mismas fiestas, de los ritos, del ceremonial y de la pompa, los que hacen que «el oído del menesteroso se recree con las melodías de la música sagrada, ya que las puertas de los teatros están cerradas para él, y que olvide por un momento siquiera su angustia y sus padecimientos, sin que se le ocurra el pensamiento de atacar al rico en su propiedad, para gozar los placeres de que este disfruta...»82. Una formulación que recuerda con extrema claridad otra de las «funciones sociales» desempeñadas por el clero y el papel que le cabía a la fiesta y la celebración religiosa. El Antiguo Régimen todavía no era muy antiguo, en el Perú de 1867. 81

Como para que no se olvidase el papel de abastecedor de pequeños empleos, urbanos y rurales, para el pueblo llano; una «función social», en el sentido tomístico y aristotélico del termino, que junto con las de caridad, asistencia y auxilio formaban parte, a mediados del siglo XIX, de la sociabilidad local de ambos cleros. Hemos insistido en ese aspecto en Luna, 1999. 82 BNP-sm, D 2772. Este argumento fue desarrollado por José Francisco Ezequiel Moreyra, obispo de Ayacucho, en su memorándum del 01/04/1867. Los «apóstoles de la democracia» (sic), agregó, desconocen esta filosofía de la pompa; los mismos que quisieran privar a los indigentes del goce y la libertad espirituales que trae la festividad religiosa.

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*** Sabemos que el proyecto de desamortización eclesiástica fue rechazado por la asamblea constituyente, luego de un amplio debate y en medio de la agitación desencadenada por la Iglesia católica; la que incluso organizó un embrión de partido político católico conservador para su defensa, la Sociedad católico-peruana83, durante dichos debates de la asamblea constituyente. Desde el punto de vista estrictamente fiscal, es posible afirmar con claridad que las autoridades del Estado peruano renunciaron definitivamente a la desamortización institucional de los bienes eclesiásticos para evitar alienarse el apoyo de la Iglesia católica, cuya presencia era extensiva a lo largo del territorio de la república. Los recursos generados por la exportación de guano84, pero sobre todo las posibilidades extendidas de un endeudamiento externo europeo, desempeñaron también un papel central para posponer sine die un programa real de desamortización eclesiástica institucional. La oferta financiera externa y su relativa facilidad de acceso —para un territorio rico en recursos naturales—, habían empezado ya desde ese entonces a representar un antídoto contra la reforma interna —e incluso para la «modernización» del Estado. No parece haber sido un caso único en la evolución latinoamericana contemporánea. El mismo fenómeno habría de manifestarse, cabe señalar, en coyunturas económicas ulteriores, hasta el siglo XX, neutralizando voluntades y proyectos reformadores. En 1867, la dialéctica y la movilización eclesiásticas lograron una nueva y, hoy lo sabemos, definitiva victoria sobre el discurso liberal. Las manos muertas eclesiásticas lograron llevar a buen puerto lo esencial de sus bienes y capitales, desde el final del periodo español, con la excepción de los bienes de los conventos supresos, desamortizados desde 1826, operación que ya hemos evocado anteriormente. Fuera de otros «ataques» de diferente naturaleza y relacionados con la secularización de la sociedad, en la última parte del siglo XIX, respecto a la creación de cementerios civiles y el registro de difuntos, el matrimonio civil, la libertad y tolerancia de culto, la libertad de

83 En mayo de 1867, en pleno debate constitucional y a iniciativa de la jerarquía eclesiástica, dicha sociedad desarrolló campaña contra el proyecto de ley y contra todas las medias consideradas anticlericales y antirreligiosas. El obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle, era uno de los principales portavoces del movimiento. 84 Aun cuando estos se volviesen rápidamente insuficientes, con las políticas de consolidación de la deuda interna y la construcción de ferrocarriles, fuera del enriquecimiento personal y familiar, el desfalco del erario estatal y la exportación de capitales.

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la prensa, la instrucción pública o los nuevos impuestos85 —ataques combatidos con el mismo vigor que los anteriores—, la Iglesia católica peruana negoció satisfactoriamente sus relaciones con el Estado y con las nuevas «generaciones» de liberales, estos últimos sin apoyo social ni político, sin verdadero aliento, sin auténtica propuesta de reforma, y no solo desde el punto de vista de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Respecto a la naturaleza del patrimonio acumulado por el clero peruano, hubo que esperar el año 1901 —la ley del 30/09/1901— para asistir a la «muerte» de las manos muertas. Pero fue una muerte formal y jurídica: la ley decretó que la Iglesia y las órdenes tenían el dominio total de sus bienes. Unos bienes que cesaron entonces de ser manos muertas —aun cuando, como lo veremos más adelante, ya el mercado se había encargado de darle estocadas mortales a las mencionadas manos muertas—, y que podían ser, a partir de entonces, libremente enajenados por sus poseedores legítimos, sin ningún acuerdo previo. Lo mismo respecto a su capacidad para comprar o adquirir nuevos bienes, puesto que ya no caían bajo la figura jurídica de «manos muertas». Sin embargo, el siglo «había proseguido su marcha». La secularización (o laicización) de la sociedad peruana, aunque lenta e incierta, había seguido avanzando. Desde el punto de vista económico y material, las consecuencias de la «economía del guano», el crecimiento demográfico, el desarrollo del primer sistema bancario y financiero y el mencionado financiamiento exterior, tanto como el aumento de la demanda externa de productos peruanos de exportación, habían ampliado —aunque moderadamente— el potencial de candidatos a la posesión y explotación económica de las tierras. Aun cuando los efectos desastrosos de la Guerra del Salitre (1789-1883) pudieron retrasar el proceso. Con unos bienes raíces visiblemente sobreendeudados, con condiciones técnicas de explotación que no habían cambiado desde el siglo XVIII (o desde antes), faltas de mano de obra cualificada (o mano de obra a secas), con ingresos que se estancaban, con una disminución del número de eclesiásticos y con una comprensión anacrónica de la actividad económica contemporánea86, la Iglesia católica y las órdenes religiosas ya habían empezado

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Ver, entre otros, Basadre, 1968; Ramos, 2012. No había sido siempre así, durante los siglos anteriores. Pero el avance del capitalismo en el país, aunque de dinamismo fragmentado y por enclaves, rompía poco a poco los moldes tradicionales de la actividad económica de Antiguo Régimen; la Iglesia católica y sus bienes raíces, especialmente rurales, aparecían como presas si no fáciles, por lo menos bastante frágiles, para los agentes económicos privados, peruanos y extranjeros. 86

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a enfrentar a adversarios más temibles que el Estado y los liberales del siglo XIX: el desarrollo del capital bancario y comercial (con todas sus peripecias, incluso monetarias), la expansión del mercado y la extensión del capitalismo agrario87. Algunas veces para pagar deudas antiguas, otras para satisfacer crisis de pago de compromisos más recientes, sus bienes raíces, rurales en particular, irían a parar a nuevas manos, las que no serían siempre, sin embargo, más vivas que las antiguas manos muertas. La desamortización de mercado se encargaba de un desposeimiento que la desamortización eclesiástica institucional no había sido capaz de asumir.

87 Ver, entre otros, Piel, 1975-1983; Burga, 1976, 1991; Albert, 1976; Flores Galindo, 1977; Macera, 1977; Wilson, 1978; Yepes del Castillo, 1979; Burga y Reátegui, 1981; Bonilla, 1986; Manrique, 1987; Guevara, 1993. Tenemos aquí todo un segmento de la investigación histórica peruana que se encuentra prácticamente paralizado desde hace algunas décadas, esto es, la evolución de las condiciones socioeconómicas del mundo rural (propiedad, producción, intercambios, mercados, crédito, circulación monetaria, etc.) especialmente en la segunda mitad del siglo XIX —y sus antecedentes. Los trabajos pioneros de los años 1960-1980 —conocidos y señalados en la bibliografía—, sobre los que se apoya nuestra reflexión general, no han sido prolongados, salvo algunas excepciones puntuales (que consignamos en la bibliografía final), por investigaciones o publicaciones recientes.

CAPÍTULO V LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

Este quinto capítulo nos permitirá examinar concretamente determinados aspectos del hecho desamortizador del siglo XIX, en el Perú, desde el interior de la orden de San Camilo de Lima. Un examen que correrá paralelo al de la decadencia manifiesta, a lo largo del siglo XIX, de dicha orden religiosa. Antes del inicio de una etapa de renacimiento de su existencia peruana contemporánea. Así, luego de examinar el declive de la religión crucífera, su casi desaparición institucional, durante los primeros años de la república —en donde la crisis interna se conjuga con la crisis independentista—, analizaremos sus dos supresiones y sus dos restablecimientos. Gracias a la documentación revisada, expondremos los detalles y las consecuencias de estos hechos mayores en la historia de la Buenamuerte en el Perú durante el siglo XIX, que se producen entre 1829 y 1844. Nos detendremos en los efectos de dichas medidas de supresión sobre su patrimonio y finanzas, tratando de situar al mismo tiempo, como telón de fondo, las políticas desamortizadoras del Estado republicano y sus relaciones con la Iglesia católica peruana.Y ello, antes de estudiar las particularidades de la lenta recuperación de la orden de los padres agonizantes, ya en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente su repliegue urbano y la pérdida definitiva de aquellas haciendas que poseía en el valle de Cañete desde mediados del siglo XVIII. 1. EL DECLIVE DE LA ORDEN CRUCÍFERA Podríamos decir, para comenzar, que el estudio de caso de la Buenamuerte en Lima, como observatorio de la evolución de las instituciones eclesiásticas peruanas y de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado

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peruano independiente, presenta diferentes ventajas que desearíamos explicitar. Se trata, en primer lugar, de una orden religiosa que no escapa a la crisis que visiblemente afecta al clero regular peruano desde el siglo XVIII, a pesar de haber conocido algunas décadas particularmente prósperas, especialmente durante los años 1770 y 1780, tal como ya lo hemos demostrado. Una crisis interna profunda que se engarza con el agudo conflicto de fidelidad que, al final del periodo colonial español, enfrenta a los fieles al rey de España contra los adeptos de la independencia y la república. Luego, más tarde, ya al final de las guerras independentistas y el inicio del periodo republicano, dicha institución —debilitada y casi agotada— forma parte de las que el Estado independiente decide suprimir —en represalia—, dentro de su política de «reforma de regulares»; antes de ser restaurada, sin recuperar empero la integridad de su patrimonio. Pero conviene saber que fueron dos supresiones —entre 1829 y 1844—, en dos momentos distintos de la instauración republicana, las que padeció la orden de los camilos en Lima —lo que la hace particularmente útil como observatorio de la política estatal y la reacción del clero. Hubo dos restauraciones o restablecimientos, con dos confiscaciones sucesivas de patrimonio. Fueron supresiones de represalia, tal como lo veremos, como respuesta al rechazo de los camilos del acto de locación o alquiler compulsivo hecho por el Gobierno republicano de sus temporalidades, especialmente sus haciendas azucareras cañetanas. Pero el interés de su estudio, especialmente desde el punto de vista económico y financiero interno, radica también en que gracias al examen de su caso se logran desvelar progresivamente algunas de las características más resaltantes de la decadencia —o en todo caso las manifestaciones de una crisis inexorable—, por la que atraviesa una parte del clero regular en el Perú, durante el siglo XIX. En el caso de la orden crucífera, se asiste al abandono de la práctica productiva y comercial azucarera, a la extensión de sus dificultades de pagos y endeudamiento, a la pérdida primero del control y luego a la expropiación definitiva de sus haciendas y posesiones, a su alejamiento de la ruralidad limeña y su retirada hacia el mundo urbano y al mismo tiempo, al decaimiento de su misión en tanto que orden religiosa. Antes de un renuevo y recuperación, ya a fines del siglo XIX, o a inicios del siglo XX. Es lo que desearíamos demostrar en este quinto capítulo, que se inicia con una breve presentación de recontextualización de los difíciles años de la victoria de la independencia para la Buenamuerte.

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La agravación de la crisis, el deterioro de bienes y activos, 1821-1829 Como ya lo hemos indicado, 1820 fue un año muy tenso e intenso en Lima. La presencia en el territorio peruano de los ejércitos libertadores del general José de San Martín no fue la única causa o fuente de agitación; también lo fue la extensión de la actividad de los grupos de montoneros, insurrectos y rebeldes —negros, indios y mestizos— y el miedo suscitado entre criollos y españoles. El Gobierno del virrey don José de la Serna había confiscado joyas y pertenencias de iglesias y conventos «con fines de resguardo» aunque en realidad, con vistas a obtener fondos para la campaña militar. Aún antes de la llegada de las tropas de San Martín a Lima, ya en julio de 1821, las fuerzas reales se habían desplazado hacia la sierra peruana, acompañados, entre otros, de un buen número de religiosos camilos europeos fieles a la Corona española. A inicios de 1822, el Gobierno republicano exigió el retorno a la Península de todos los religiosos españoles, regulares y seculares, que no hubiesen recabado su credencial de ciudadanos. Con lo que se produjo también la emigración de varios religiosos crucíferos, tanto a España como a otros territorios del continente americano. Entre ellos, Mariano José Badiola, quien ocupaba el papel de prefecto de Santa Liberata y la Buenamuerte; o Gaspar Hernández, hacia Centroamérica y las Antillas. Al mismo tiempo que se había producido el «descubrimiento» de 14 000 pesos, enterrados en uno de los depósitos de azúcar del convento limeño; un acto que se imputó a los camilos emigrados. Sin embargo, dicha práctica no parece haber sido ni aislada, ni excepcional1. Como ya lo precisáramos anteriormente, la última fase de la lucha independentista introdujo en el seno de la comunidad un asunto suplementario de conflicto y ruptura. En términos generales, se puede identificar a un grupo de camilos, generalmente nacidos en España, que apoyaron a las fuerzas realistas; de otro lado, algunos de los camilos criollos, cuyas simpatías y comportamientos se inclinaron hacia las huestes independentistas republicanas. Pero como ya lo sabemos, los límites de dicha oposición nunca fueron ni totalmente claros ni definitivos, mezclándose muchas veces con intereses puramente personales o individuales2.

1 El descubrimiento habría sido efectuado por un mulato (Nicolás) que vivía en el convento limeño. AAL-OCNSB, legajo VIII: 29.Ver también Grandi, 1985, pp. 108-109. 2 Luna, 2011.

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Ya en 1820, por la confusión reinante y la disminución de los religiosos residentes, el convento pudo haber sido suprimido, en aplicación del decreto español de «reforma de regulares», del 25 de octubre de 1820 (el mismo que exigía una presencia mínima de 10 religiosos en el convento). La llegada de religiosos de otras casas de América, en particular de Quito, hizo que un primer peligro de supresión pudiese ser temporalmente descartado. Aún en 1821, si tomamos en cuenta las informaciones de Virgilio Grandi, había 46 personas viviendo en el convento: 16 padres crucíferos, 7 hermanos estudiantes, 9 hermanos legos, 4 novicios y 10 hermanos donados3. Luego, algunos religiosos criollos fueron abandonando progresivamente el convento limeño para ir a refugiarse en provincia, a casa de familiares y allegados. Otros habían optado por la secularización o simple y llanamente por la huida o el abandono de la orden. Poco a poco, entre 1821 y 1825, el convento limeño se fue vaciando y perdiendo miembros, de forma casi inexorable. El 23 de febrero de 1822, cuando el deán, gobernador eclesiástico de la Iglesia Catedral de Lima, don Francisco Xavier de Echagüe, designó al nuevo prefecto del convento (Francisco Zea4) ya solo quedaban 6 religiosos profesos (criollos todos) y 7 hermanos legos. Algunos hermanos legos se opusieron a dicha designación, lo que les valió la prisión en el puerto del Callao, antes de ser deportados a Chile. La confusión y el cambio de fidelidades, en un periodo de definiciones, se agregaban a las malversaciones y hurtos de dinero, a la desviación de productos de las haciendas, de bienes y enseres de la Buenamuerte. Los religiosos que permanecieron en el convento juraron, entre diciembre de 1822 y marzo de 1823, las bases de la constitución política que acababa de aprobar el nuevo Gobierno republicano. Lo que no impidió que las instalaciones de la Buenamuerte, luego de una decisión gubernamental adoptada con ese objetivo, sirvieran de posada y acogida a varios cientos de soldados independentistas. Algo que ocurriría también, por el lado realista, cuando se produjo el corto retorno a Lima de las tropas españolas, en junio de 1823, añadiendo a ello una nueva confiscación de ornamentos del convento en oro y plata. Tal como lo demostramos anteriormente, la situación financiera de la orden de los camilos —contrariamente a su situación productiva— había 3

Grandi, 1985, pp. 108, 113. Se trataba de un personaje que se había dedicado sobre todo a la venta del azúcar de Cañete, según diversos testimonios. Fue acusado, el 21 de marzo de 1823, por otros religiosos de la orden ante el propio Echagüe, de haber sustraído 50 000 pesos y no haber pagado los censos y réditos a los censualistas de la orden (Grandi, 1985: 111). 4

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alcanzado límites críticos desde fines del siglo XVIII. En 1821, según el informe financiero remitido por la comunidad de religiosos de la Buenamuerte al arzobispo de Lima5, el total de principales de censos «reconocidos» por la comunidad, es decir, el capital de la deuda oficial de la Buenamuerte, cargada sobre sus propiedades urbanas y rurales, ascendía a 759 479 pesos 6,5 reales6. Los réditos anuales de dichos principales, según el mismo informe, alcanzaban 21 901 pesos 1,5 reales. Se trataba de pagos anuales que se efectuaban (o que deberían haberse efectuado) por mesadas, tal como se estipulaba en los contratos o lo solicitaban los acreedores. Las posesiones urbanas de la Buenamuerte en Lima, según el mismo informe, producían una renta anual de 5 372 pesos 6 reales (las de la Casa de Lima, 3 582 pesos; las de Santa Liberata, 1 790 pesos 6 reales), con unos censos pasivos anuales que pesaban sobre las mismas posesiones y que ascendían a 3 114 pesos 5,75 reales; lo que según el síndico de cuentas dejaba, hipotéticamente, un excedente efectivo de 2 258 pesos 0,25 reales. Estábamos en realidad delante de un informe muy incompleto, con rentas de cobro muy aleatorio. No se conocían, por ejemplo, el monto de las rentas producidas por las haciendas de Cañete ni el estado de su producción (azucarera y otras). Lo mismo se puede decir de todo lo relacionado con el volumen de gastos de ambas casas limeñas, Santa Liberata y Buenamuerte. Aparte de lo cual, conviene subrayarlo, el síndico de rentas señaló 72 000 pesos de nuevas deudas, por concepto de réditos de censos no pagados; una práctica que se agravaría aún más durante los años subsiguientes, tal como tendremos ocasión de verlo. La chacra de La Magdalena, que tantos conflictos había suscitado entre los religiosos camilos, desde el último tercio del siglo XVIII, había sido alquilada —con esclavos, domésticos y aperos— en mayo de 1824 a don José de Ascacíbar, por nueve años, cinco obligatorios y cuatro voluntarios, con un alquiler anual de 1 020 pesos7, que debía de ser abonado por mensualidades, 5

AAL-OCNSB, legajo VIII: 32. Recordemos que nuestras estimaciones para 1801 (en el segundo capítulo de este libro) la hacían girar en torno a 900 000 pesos. Pero subrayemos el hecho de que el síndico solo hace referencia a la deuda «reconocida» y no añade la que está en litigio, o la deuda oculta, que «aparecerá» poco a poco, tal como lo veremos más adelante. 7 AAL-OCNSB, legajo IX: 11. Ascacíbar efectuó un primer pago de 1 365 pesos, correspondientes al monto del alquiler y al traspaso. Su misión era la de reanudar la producción de la chacra (aceite de oliva, alfalfa y fruta principalmente), mejorar las instalaciones y asumir los costos de mantenimiento. Se le prometía asimismo, en el contrato firmado, un reconocimiento y pago de sus trabajos y mejoras al final del contrato. 6

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la mitad en dinero líquido, la otra mitad en productos de la chacra. Una operación que había sido autorizada por el gobernador eclesiástico del arzobispado, pero que igualmente vendría a suscitar desavenencias y sospechas de malversación, en particular respecto al destino dado al dinero percibido, provocando la destitución de las autoridades del convento —como ya lo vimos. Con respecto a las haciendas de Cañete, y tal como ya lo pusiéramos de relieve anteriormente, se puede afirmar que la última fase de la lucha independentista provocó alteraciones y perturbaciones significativas en su actividad productiva. Hubo en primer lugar cerca de 2 000 soldados del rey que, en los últimos meses de 1820, acamparon en dichas haciendas; antes de que lo hiciesen, a su turno, las mismas tropas independentistas. El comportamiento de unos y otros, en un periodo de guerra, fue relativamente similar (saqueos, ocupación, destrucción de material, uso de existencias productivas, reclutamiento de esclavos, sacrificio de animales); y las razones y justificaciones bastante semejantes8. Más tarde, las autoridades del convento tuvieron que avanzar sumas de dinero a favor del Gobierno republicano, con el fin de impedir que se cumpliera la amenaza de confiscación de sus haciendas y posesiones. En 1823, el mismo Gobierno decidió que el trigo cosechado en las haciendas de Cañete fuese transferido directamente a la municipalidad de Lima, con el fin de hacer frente a las carencias de la población de la capital. En un sucinto informe sobre la actividad de las haciendas de Cañete, dirigido al arzobispo de Lima, en diciembre de 1823, el prefecto de la Buenamuerte, José Cairo, había hecho un recuento del número de esclavos existentes en el conjunto La Quebrada-El Chilcal, uno de los dos principales complejos productivos de la orden9. De allí se desprendía que, en aquel momento, había en dichas haciendas 380 esclavos hombres y 253 mujeres. Pero lo más interesante se observaba en los criterios de clasificación de los esclavos y en los comentarios que efectuaba dicho prefecto —y tal vez sea un primer indicador indirecto de la pérdida del potencial productivo de las haciendas, como consecuencia del conflicto. Los esclavos de más de 44 años eran ya considerados como ancianos o inútiles. Sin contar a los párvulos —considerados como inaptos a la producción—, solo existirían 41 hombres disponibles para los trabajos agrícolas y de elaboración del azúcar (un poco más del 10% del total de hombres; un poco más del 6% del total de esclavos). Como 8 9

AAL-OCNSB, legajo IX: 65; Grandi, 1985, p. 108. AAL-OCNSB, legajo VIII: 60.

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consecuencia del conflicto y su enrolamiento militar en uno u otro campo, muchos esclavos se habrían vuelto «caporales», por decisión propia, y rechazarían desde ese momento el dedicarse a los trabajos agrícolas. Algunos habrían sufrido accidentes graves, como consecuencia de su reclutamiento militar, y habrían quedado inválidos o inhábiles para la producción, no faltando los que utilizando dicho argumento buscarían sobre todo evitar el volver a las faenas agrícolas y del campo. La Buenamuerte también contaba con numerosas posesiones urbanas en Lima (y Callao), aunque al respecto nos haya sido imposible cuantificarlas o evaluarlas verdaderamente para antes del siglo XIX. Dicho patrimonio urbano, compuesto de casas principales, casitas, corrales y corralones, depósitos, tiendas (de diverso giro) y pulperías, callejones de cuartos, etc., se situaban preferentemente en el entorno inmediato del convento de Lima, en Barrios Altos. Las principales calles en donde se encontraban dichas posesiones eran: Penitencia, Buenamuerte, Rufas, Cruces, Santa Clara, Pajuelo, Divorciadas, Mariquitas, Quemado, Beata Agnés, etc. Para 1829, antes de la primera supresión de la orden de los padres agonizantes,Virgilio Grandi ha estimado el conjunto del patrimonio de la comunidad en 1 757 587 pesos; aunque ignoramos la manera en que pudo llegar concretamente a dicho resultado, al carecer de estimaciones efectivas, por ejemplo, sobre el valor real de las haciendas de Cañete y sus activos productivos, o sobre el valor inmobiliario del patrimonio raíz limeño10. 2. LAS DOS SUPRESIONES DE LA BUENAMUERTE Nuestro objetivo es tratar de comprender la lógica de dichas supresiones (si hubo alguna), dentro del cuadro de la desamortización efectuada por el Estado peruano independiente, en las primeras décadas de su existencia, a saber, la denominada reforma de los regulares. Para ello es imprescindible examinar con detalle los antecedentes de cada una de las supresiones —especialmente la primera—, estudiando luego las condiciones en que se aplicaron las leyes y sus consecuencias concretas, en particular desde el punto de vista patrimonial, y lo que ocurrió después, al pronunciarse las medidas de restablecimiento.Trataremos luego de bosquejar un cuadro general, hacia 10 Virgilio Grandi afirma que los padres crucíferos podían contar con 23 casas en total, 9 tiendas, 1 pulpería, 3 callejones de cuartos, con más de 460 alquileres (Grandi, 1985: 138). Nuestros cálculos, a partir de la documentación de archivos, darán resultados diferentes, tal como lo veremos más adelante.

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1845, de los efectos netos que tuvieron las mencionadas medidas de los gobiernos republicanos de turno sobre la religión de la Buenamuerte. Pensamos que vale la pena comenzar situando de manera concreta la «reforma de regulares» de 1826 que puso en práctica el nuevo Estado independiente. Para el caso específico de la religión de la Buenamuerte, se sabe que hubo, desde 1825, varias propuestas procedentes de hombres cercanos al nuevo Gobierno (incluso con el apoyo de este), para tomar en locación las haciendas de Cañete pertenecientes a la orden de los religiosos camilos. Es muy posible que lo mismo se haya producido en esa coyuntura con otras instituciones religiosas del clero regular (especialmente las más débiles y exhaustas), transformadas en probables yacimientos de posesiones por recuperar, luego de su eventual supresión y la desvalorización consecutiva de sus pasivos respectivos. La investigación histórica al respecto queda aún por efectuar. 1) Los antecedentes de la primera supresión El ministro de Estado, don Hipólito Unánue, había considerado con toda claridad que los religiosos de la orden crucífera, como todos los otros religiosos, deberían consagrarse exclusivamente a los asuntos religiosos y no a los asuntos temporales11; los mismos que tendrían que ser confiados a los civiles. Al mismo tiempo, desde julio de 1825, don Francisco Agustín Argote había propuesto que le fuesen cedidas en alquiler las tierras del conjunto La Quebrada-El Chilcal, arguyendo del «estado calamitoso» en que dichas tierras se encontraban y evocando las «amenazas de disolución» por el Gobierno que se estarían cerniendo sobre la orden de la Buenamuerte12. Argote ya había estado en las haciendas de Cañete y daba cuenta en su propuesta de la situación de sus elementos productivos, sin aperos de labranza ni ganado, con esclavos abandonados a sí mismos, que ya no obedecían ni trabajaban, «desmoralizados» y descontrolados. Una situación a la que convenía poner alto, desde luego, gracias a su propuesta. Al ser consultados respecto a dicha oferta por el gobernador eclesiástico del arzobispado, los religiosos camilos (los que quedaban y los que habían empezado a regresar al convento) la 11

Un argumento de raigambre típicamente ilustrada y regalista, que ya en el siglo defendiera con insistencia, entre otros, el ministro de Carlos III, Pedro Rodríguez de Campomanes, opuesto a los «monjes granjeros» españoles.Ver Luna, 2005. 12 AAL-OCNSB, legajo IX: 41. XVIII

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rechazaron, valiéndose en primer lugar de argumentos técnicos y diciendo que por razones de unidad productiva y de deudas no se podía separar el conjunto La Quebrada-El Chilcal del conjunto Casablanca-Cerro Azul; y que lo mejor sería mantener su control por la orden camila y designar a un administrador idóneo para ambas, un miembro de la orden crucífera, desde luego. Pero agregaron luego otros razonamientos e ideas, empleando un vocabulario muy revelador de lo que parecía estar en juego en aquellos momentos (estábamos en julio de 1825). Los religiosos camilos, dirigidos en ese entonces por un eclesiástico secular13, explicaron que al ser el Estado republicano un protector de la Iglesia católica y un celoso guardián de la protección de la propiedad, no podía permitir que se privase a los propietarios legítimos del goce de sus derechos y beneficios —que se derivaban de su condición de poseedores—, para entregárselos a otros. Algo que valía tanto para la religión de los padres agonizantes como para todos los censualistas (poseedores de capital) quienes eran, ellos también, propietarios14. Si es seguramente el temor a la supresión de los conventos agotados y moribundos —mediante una «reforma de regulares»—, el que puede leerse entre las líneas en dicha respuesta, también lo es, ya desde ese entonces, la necesidad, o tal vez la exigencia, de que el Estado se presente como garante de la preservación de los bienes raíces y capitales, los civiles desde luego, pero sobre todo los eclesiásticos y los derechos y la legitimidad de la Iglesia católica.Ya que en ello consistiría verdaderamente el «patronato» del Estado sobre la Iglesia católica: protección y preservación. Una declaración que además buscaba probablemente el apoyo del clero secular y la Iglesia Catedral de Lima, ante una eventual ofensiva del nuevo Gobierno republicano contra las órdenes religiosas. Más tarde —solo tres meses después—, en octubre de 1825, una «compañía de personas poderosas» —probablemente un consorcio comercial—, a cuya cabeza se situaba don Francisco Xavier de los Ríos, formuló una nueva propuesta, que no solo concernía las haciendas de Cañete sino el conjunto de la orden, sus deudas y posesiones, pero también su misión. Su objetivo era disponer durante 25 años de las haciendas cañetanas, con el fin de producir azúcar para la exportación, introduciendo para ello las mejoras 13

Por decisión del gobernador eclesiástico del arzobispado, al no haber encontrado candidato camilo que se adaptara a las circunstancias. 14 Una precisión sin duda efectuada para recordar los capitales impuestos en las haciendas de Cañete, como los propios capitales y réditos activos de la Buenamuerte, impuestos al exterior de la orden. AAL-OCNSB, legajo IX: 41, 42.

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técnicas que se impusiesen15. A cambio de ello, la orden de la Buenamuerte recibiría dinero líquido —para hacer frente a sus necesidades financieras del momento—, las garantías de ejercer la propiedad sobre sus haciendas y la certeza de conservar, al cabo de los 25 años, el aumento del potencial productivo que se hubiese operado. Como para el caso anterior, los religiosos camilos se opusieron a la propuesta, argumentando esta vez que se trataba de un contrato de naturaleza claramente mercantil y lucrativa y que frente a ello había la prohibición canónica y la de la regla de la orden, las mismas que se oponían a ese género de operaciones de arrendamiento o de cesión. Otras proposiciones habrían sido efectuadas en los meses siguientes y habrían corrido la misma suerte. Era muy probable además que los religiosos crucíferos desconfiaran de propuestas respecto a su patrimonio raíz hechas con el acuerdo del Gobierno republicano y en particular del ministro Hipólito Unánue, a quien se habían opuesto en un pasado no muy lejano16.Tres años más tarde, en 1828, el Gobierno republicano (ya sin Unánue, aunque con el acuerdo del gobernador eclesiástico del arzobispado) impuso finalmente el alquiler de todas las haciendas de Cañete a don Narciso de la Colina; evidentemente, con el rechazo visible de la comunidad de los crucíferos. El alquiler de las haciendas de Cañete a Colina quedó formalizado el 29/12/1828, ante el prefecto departamental de Lima, don Manuel Ferreyros. El arrendatario asumía el servicio de la deuda de los acreedores de la Buenamuerte, esto es, la de sus censualistas, además del alquiler que se comprometía a pagar a la orden17. El contrato entró en vigor el 01/01/1829, por 9 años, de los cuales 4 eran obligatorios y 5 voluntarios: con un monto anual de 25 000 p., durante los años obligatorios y de 27 000 p., durante los 5 restantes. 15

AAL-OCNSB, legajo IX: 45. No es inútil recordar que Hipólito Unánue, primero ministro de Estado y luego de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, propietario de la hacienda Juan de Arona de Cañete, había tenido en un pasado reciente varios conflictos con la orden camila. Primero, entre 1803-1805, al rechazar la Buenamuerte la exigencia de Unánue de permitir el tránsito de ganado grande por las tierras de la hacienda de Cerro Azul; rechazo efectuado a nombre de la «propiedad absoluta» del poseedor del bien. Unánue invocaba entonces «antiguas servidumbres» que permitirían el tránsito y la transhumancia del ganado, atravesando espacios rurales. Luego, en 1807, un segundo conflicto por el uso de «pastos comunes». Unánue acusaba en esos momentos a los religiosos crucíferos de haber usurpado en Cañete tierras que no les pertenecían y de impedir el pasto del ganado, como imponía la tradición. ACB, documentos núm. 1374, 2410. Los crucíferos aparecían entonces, en Cañete, como abanderados de la propiedad moderna, «absoluta», sin servidumbres ni derechos comunes. 17 ACB, documento núm. 1900. 16

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Se efectuó una evaluación presuntamente común —aunque sepamos que la orden rechazó el arrendamiento impuesto— del valor de los edificios, ganado, talleres u oficinas, esclavos, aperos de labranza, herramientas e instrumentos, etc. No hemos encontrado en los archivos consultados huellas de dicha evaluación. También se habría estimado el valor de las existencias de productos: azúcares, mieles, derivados, etc.; cuyo valor, se afirmó, sería reembolsado a la orden por el arrendatario Colina. No sabemos a ciencia cierta si dicho reembolso se produjo efectivamente. En cambio, contamos con un documento de los archivos del convento18, que data de 1905, en el que aparecen algunas informaciones sobre el valor de las tierras de Cañete y sus esclavos, en el momento en que se produjo el alquiler a favor de Colina, informaciones que presuntamente provienen de la mencionada evaluación. Las tierras fueron evaluadas en 119 906 pesos y los esclavos en 134 538 pesos (58 185 pesos en Casablanca; 73 513 pesos en La Quebrada; 2 840 pesos en El Chilcal). Lo que haría un total de 254 444 pesos, como valor de activo. Aunque dichas informaciones sean incompletas y que se trate de agregados de naturaleza distinta, podríamos estimar que hay un claro desfase entre el valor de compra de dichas haciendas (que hemos evaluado en el capítulo segundo en 470 000 pesos, al iniciar el último tercio del siglo XVIII19) y el que resultaba de esta evaluación, 65 años más tarde. Esta comparación tendería a confirmar la neta descapitalización de los activos agrícolas cañetanos de la orden crucífera durante dicho lapso de tiempo —a pesar de las cuantiosas inversiones efectuadas durante las primeras décadas de su explotación, tanto para habilitarlas como para «liberarlas» de obligaciones antiguas.Y ello, sin tomar en cuenta la desvalorización monetaria y sin hablar de las cargas financieras que pesaban sobre dichos activos. La tormenta del periodo independentista aunada al desgobierno de la segunda década del siglo XIX, a la que ya hemos hecho referencia, explicaban seguramente una enorme desvalorización de los activos agrícolas de la orden camila. Rompiendo ya en los hechos la unidad de los dos complejos productivos, tal y como los había compuesto la orden crucífera durante el siglo XVIII, las haciendas arrendadas a Colina fueron designadas de la manera siguiente: Quebrada, Casablanca, Cerro Azul, Chilcal, Jato, Palo, Ungará y anexos, 18

ACB, documento núm. 1715. Recordemos que una parte había sido pagada en dinero líquido: algo más de 275 000 pesos; y otra parte como reconocimiento de capitales impuestos sobre las mismas haciendas: 195 000 pesos.Ver el capítulo segundo de este libro. 19

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agregando la frase, «con sus usos, costumbres y servidumbres»; una fórmula que, tal como ya lo sabemos —en particular durante su conflicto con Unánue—, se oponía a la idea de «propiedad absoluta» que habían defendido y practicado los religiosos camilos. También se estipuló que Colina asumía las tierras de San Leandro (en donde se hallaba el hospital creado y administrado por los religiosos crucíferos), y que, si el locatario lo deseaba —o sea el mismo Colina—, se podía seguir «dando hospitalidad» a los aldeanos de Pueblo Viejo. Por otra parte, Colina quedaba encargado de «recuperar» a los esclavos de las haciendas que hubiesen huido o que se hallasen dispersos al exterior de ellas. Se afirmó también que los «párvulos» hijos de esclavos eran libres desde su nacimiento; que los esclavos que morían tenían que ser considerados como «pérdida de capital» para los poseedores de las haciendas, o sea la Buenamuerte, y que correspondía al arrendatario establecer y proporcionar el acta de defunción correspondiente. En cambio, Colina no era considerado responsable de las catástrofes naturales que pudiesen producirse y que en tal caso habría una evaluación común de las pérdidas originadas, las que serían asumidas en partes iguales por el poseedor y el arrendatario. Se señaló igualmente que al final del periodo del contrato se efectuaría una evaluación de las mejoras introducidas por Colina y que habría un reconocimiento remunerado —y no en tierras— a favor del arrendatario, pagado por la Buenamuerte (ver más adelante). Lo mismo si, en caso contrario, se registraba un deterioro del valor de los fundos, con un reembolso correspondiente por parte de Colina. Se explicitó asimismo que correspondía al inquilino el pago del diezmo y las primicias (cuyo pago se seguía exigiendo luego de la independencia), lo mismo que el mantenimiento de los canales de agua y las acequias de regadío. 2) La primera supresión de la Buenamuerte: agosto de 1829 - octubre de 1833 Luego, ante la oposición de los religiosos crucíferos contra el alquiler compulsivo de sus haciendas cañetanas, el 01/08/1829, el convento de la Buenamuerte fue declarado supreso20, a pesar de que formara parte de las instituciones religiosas hospitalarias, que en principio habían sido excluidas 20 El convento de la Buenamuerte fue suprimido junto con el convento de San Francisco de Paula y el monasterio de Santa Teresa, en razón del número insuficiente de religiosos profesos residentes (eran 7, en ese entonces, en el convento de Lima). Ver Grandi, 1985, pp. 130-131; Luna, 1999, 2003a.

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de la aplicación del decreto de «reforma de regulares» de 1826. Este decreto de reforma, del 28/09/1826, no comprendía a todo el clero regular y había conventos y monasterios que escapaban a su ámbito de aplicación21. La protesta de la comunidad de la Buenamuerte, extendida incluso al valle de Cañete, no obtuvo en ese momento ningún resultado. La Dirección de Temporalidades asumió la administración de los bienes de la orden, e incluso la administración del mismo convento. Más tarde, la Caja de la Dirección General de Consolidación de la Deuda Interna —la misma que asumió el relevo de la Dirección de Temporalidades, en 1830—, se opuso categóricamente al restablecimiento del convento crucífero22. Algunos de sus religiosos fueron designados capellanes de determinados templos supresos, otros prosiguieron practicando su ministerio de manera individual y privada, lo que suscitó a veces rechazo, a veces adhesión. El 27/08/1830, la oficina de conventos supresos de la Dirección general de Consolidación de la Deuda Interna recibió la propuesta del comerciante limeño, don Ignacio Mori, para asumir en alquiler el conjunto de fincas y posesiones urbanas del convento, pero su propuesta no fue aceptada finalmente23. Entonces, el Gobierno republicano avanzó la idea de alquilar o poner en venta enfitéutica una tras otra el conjunto de las posesiones de la Buenamuerte24. E incluso, se planteó la posibilidad de poner en venta enfitéutica el propio templo del convento (superficie y locales). Así, a inicios de octubre de 183025, don José Braulio del Camporredondo 21

El Plan General de los Conventos y Número de Religiosos en este Arzobispado, presentado en 1826 por el deán gobernador eclesiástico del arzobispado de Lima, Francisco Javier Echagüe, solo daba 6 religiosos, 4 coristas y 7 hermanos legos para la Buenamuerte, Convento Grande. Sin embargo, no hubo supresión en ese entonces.Ver Tibesar, 1982, p. 239. 22 Se propuso incluso la creación, en sus edificios, de un hospital para clérigos, idea que no prosperó en ese momento pero que más tarde, con el restablecimiento de la Buenamuerte, se le confió (o impuso) como obligación a esta última. Ver García Calderón, 1879, vol. II, pp. 1079-1082. 23 ACB, documento núm. 1221. 24 ACB, documento núm. 1228. Para poner un ejemplo, la Dirección General de Consolidación alquiló, el 16/11/1830, la casita situada en el 227, calle Mercedarias, a don Juan Manuel Rodríguez, de oficio herrero, por una duración de 9 años, con un alquiler de 6 p. mensuales, con el compromiso de mejorar sus instalaciones. Desde luego, la Dirección General percibía el monto de los alquileres, para aplicarlos teóricamente al servicio de la deuda interna. 25 AAL-OCNSB, legajo IX: 89.

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escribió a la Dirección General de Consolidación de la Deuda Interna para someterle su proyecto (con un borrador de protocolo notarial) de compra enfitéutica del convento, por tres vidas. Ello permitiría, según Camporredondo, transformar sus instalaciones en productivas, pagar las misas cargadas sobre los edificios de la orden y sobre todo impedir que la Buenamuerte corriese la misma suerte que los otros conventos supresos (Guadalupe, San Ildefonso, San Pedro Nolasco...), que se hallaban en ruinas y que habían sido transformados por iniciativa privada en solares o callejones26. Dicha propuesta fue tomada en serio por las autoridades gubernamentales. A tal punto que se mandó evaluar las instalaciones del convento, su estado y valor, con el fin de formular un precio probable de base para la compra enfitéutica. Se confió la tarea al arquitecto, don Juan de Herrera, en 24/11/1830. De ella resultó que la superficie disponible, en los dos pisos construidos, incluyendo las tiendas, pulperías, casas conexas y los depósitos de azúcar representaba 18 580 varas cuadradas. El valor estimado de cada vara cuadrada fue fijado en 2 pesos. Con lo que el valor del terreno se estableció en 37 174 pesos. Si se agregaba el valor estimado de las construcciones y edificios, el arquitecto fijaba en 111 627 pesos 5 reales el precio mínimo de una probable compra-venta enfitéutica27. Aunque dicha proposición no prosperó, vale la pena recalcar que el contador general de los conventos supresos declaró que, para el caso de la Buenamuerte, ante las exigencias formuladas por sus numerosos acreedores —y la falencia financiera de la orden—, se trataba de una solución que no se debía de descartar y que, en un momento u otro, podía ponerse en práctica28. También existe otro índice importante, relativo a las características de la supresión operada, aunque no contemos con todas las informaciones requeridas para reconstituir su complejidad y contexto. El 05/08/1830, cuando la religión de la Buenamuerte ya había sido declarada supresa, el síndico del monasterio femenino de Trinitarias —uno de los vecinos 26

No se sabe a ciencia cierta qué tipo de actividad pensaba establecer Camporredondo; aunque sabemos que en algunos de los locales del convento o en sus anexos ya había depósitos y pulperías establecidos, no siempre de manera legal. AAL-OCNSB, legajo IX: 89. 27 AAL-OCNSB, legajo IX: 89. 28 Ver la carta de presentación de la evaluación de las instalaciones y el valor del convento como bien raíz, firmada por don Lorenzo Amat, contador general de los conventos supresos, fechada en 27 de noviembre de 1830 y dirigida al Director general de Consolidación de la deuda interna. AAL-OCNSB, legajo IX: 89.

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acreedores de los religiosos camilos—, don Lorenzo Zárate, informó que existía un monto importante de «principales» que su monasterio había impuesto sobre los fundos rurales y urbanos de la Buenamuerte. Para luego sugerir que lo más práctico sería que se utilizaran los textiles finos y las joyas y ornamentos del convento supreso para pagarle sus deudas29. El monto de dichos capitales, explicó Zárate, ascendería a 28 545 p. y se distribuiría de la manera siguiente: CUADRO V.2.1. IMPOSICIONES DEL MONASTERIO DE TRINITARIAS SOBRE LA BUENAMUERTE, 1830. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) SOBRE LAS HACIENDAS 12 000 p. a 2%, de 22/02/1755 2 000 p. a 2%, de 08/05/1762 3 000 p. a 2%, de 11/09/1763 3 500 p. a 2%, de 26/05/1763 Total: 20 500 p.

SOBRE LAS FINCAS URBANAS 3 000 p. a 3%, de 15/10/1751 850 p. a 3%, de 26/05/1763 3 195 p. a 3%, de 05/11/1783 1 000 p. a 3%, de 09/12/1792 Total: 8 045 p.

Fuente: ACB, documento núm. 1050.

Algunos elementos de la documentación parecen indicar que tal operación de reembolso en bienes de la Buenamuerte fue aceptada y que incluso fue iniciada, desde abril de 1831, aunque no conozcamos efectivamente su importancia ni alcance efectivos. Pero no contamos con más detalles y carecemos de las informaciones que nos permitirían confirmar si se trató efectivamente, durante algún tiempo, de una modalidad de reembolso impuesta a la orden camila, o si se consideraba como solución puntual. Por otro lado, la chacra de La Magdalena, que ya había sido objeto de alquiler antes de los acontecimientos que sobrevenían ahora, con la supresión de la Buenamuerte —y que había sido probablemente abandonada y devuelta a la orden por su primer locatario, al hallarse en un estado improductivo—, fue cedida el mismo día de la supresión del convento, el 01/08/1829, por el Gobierno republicano, a la Testamentería de don Pedro García Hera —antiguo síndico de la Buenamuerte— en compensación hipotecaria por la deuda contraída hacia él, durante su mandato, por la orden

29

ACB, documento núm. 1050.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

crucífera30. Una deuda que sobrepasaba los 14 000 pesos y que debía de ser parcialmente cubierta por los productos de la chácara. Al no poder asumir la testamentería la explotación económica de la hacienda —y al encontrarse ésta en un deplorable estado de abandono casi total—, el Gobierno quedó encargado de encontrar a un arrendatario que se comprometiese a ponerla en explotación. Pero no fue una operación sencilla. El locatario escogido, don Mariano Merino31, quien asumía la chacra el 01/01/1830, no logró ponerla en explotación, al haber huido los esclavos, al encontrarse en ruinas las instalaciones, etc. Merino inició incluso gestiones para subalquilar la chacra en partes, lo que fue rechazado por el Gobierno. Los rumores de una ocupación de la chacra por el ejército peruano republicano en formación, con el fin de realizar entrenamientos militares, agudizaron aún más los conflictos con el inquilino. No por el hecho de haber sido declarados supresos, los religiosos crucíferos se habían resignado a desaparecer. Los miembros sobrevivientes de la orden prosiguieron sus reclamos y gestiones para obtener la anulación de la medida, e incluso intentaron movilizar sus apoyos, tanto en Lima como en Cañete. Por ejemplo, el 04/05/1833, el alcalde de la ciudad de San Vicente Martín de Cañete, capital de la mencionada provincia, así como el conjunto de regidores, ediles, síndicos y secretarios, exigieron el restablecimiento de la religión de la Buenamuerte y la devolución del hospital de La Quebrada, para que su administración volviese al estado anterior a la supresión32. Haría falta sin embargo reconstituir el conjunto de gestiones, oficiales y extraoficiales, civiles y eclesiásticas, que se efectuaron para obtener el primer restablecimiento de la orden de los agonizantes en Lima.

30 ACB, documento núm. 2153. La testamentería era administrada por la viuda de García Hera, doña Antonia Moreyra, la misma que se declaraba incapaz de asumir la actividad productiva en la chacra y proponía su arrendamiento a don José Sagal. 31 ACB, documento núm. 1393. Este se comprometía a pagar 1 265 pesos anuales y ocho cargas diarias de alfalfa o en su defecto 1 505 pesos. Sin embargo, todos estos alquileres, a pesar de ser estipulados mediante contrato, parecen ser bastante aleatorios, cuando se examinan las condiciones de su pago efectivo. 32 En virtud de un acuerdo firmado en el último tercio del siglo XVIII, entre la orden de la Buenamuerte y la municipalidad de San Vicente de Cañete, el hospital de La Quebrada —antiguo hospital de San Leandro, cuyas tierras y posesiones pasaban bajo control de la Buenamuerte— había abierto sus puertas también al servicio los habitantes del valle de Cañete. ACB, documento núm. 1445.

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La religión de la Buenamuerte y su convento limeño fueron restablecidos, en primer lugar, gracias a un proyecto de ley aprobado por el Senado, el 30/07/1833; luego, de manera oficial, gracias a un decreto del Congreso peruano, aprobado tres meses más tarde, el 26/10/1833. Sin embargo, dicha decisión de restablecimiento confirmaba las medidas adoptadas durante la supresión; unas medidas que habían dispuesto el uso de numerosos bienes y capitales de la orden (incluso las capellanías impuestas sobre posesiones que no eran de la Buenamuerte) a favor de instituciones o individuos, conferidos en virtud del «patronato» ejercido por el Estado republicano. Se sabe a ciencia cierta que determinadas capellanías o buenas memorias y aniversarios de misas fueron distribuidos a favor de oficiales militares (o de sus hijos); determinados réditos fueron cedidos a parientes cercanos de algún director de la Caja de Consolidación; ciertas posesiones, rurales o urbanas, fueron cedidas o vendidas con irregulares títulos de posesión33. Las rentas del convento fueron usadas para reembolsar gastos y obligaciones de otros conventos supresos. Fuera del hecho de que se acumularon las deudas, al no haberse servido durante el periodo de la supresión (más de cuatro años) los réditos correspondientes a los censualistas y acreedores de la orden34; aunque, cabe recordarlo, era una raya más del tigre. Tales afectaciones debían de permanecer vigentes hasta el fallecimiento de sus beneficiarios, pudiendo luego el Gobierno adjudicarlas a quien lo creyese más conveniente —como si ya formasen parte del patrimonio estatal—, o ponerlas en subasta para servir la consolidación de la deuda interna. Se decretaba asimismo que los contratos de arrendamiento o venta enfitéutica de los bienes de la Buenamuerte que hubiesen sido establecidos durante el periodo de la supresión no serían anulados sino que permanecerían vigentes. Lo que significaba en claro que de cara a las haciendas de Cañete, la orden crucífera tenía que conformarse con el monto del arrendamiento o canon anual que produjeran sus posesiones cedidas por el Gobierno35 y con 33

En un documento fechado varias décadas más tarde, el 20/04/1891, el prefecto de la orden, José Villaza designa algunas de las fincas y huertos de la orden que pasaron a posesión privada: la casa situada en la esquina de la calle San Antonio, a favor de don José Bresani; la casa situada en la calle Noviciados al abogado Paz Soldán; la casa de la calle Divorciadas a la testamentería Idiáquez. Lo mismo con las huertas de Santa Eulalia y San José de Palle. ACB, documento núm. 1867. 34 ACB, documentos núm. 931, 1867. Ver también, Grandi, 1985, p. 139; García Calderón, 1879, vol. I, p. 298. 35 Los arrendatarios, afirma Virgilio Grandi, eran arrogantes y se comportaban como si fuesen los verdaderos propietarios de las haciendas y las casas, imponiendo

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el fraccionamiento de las unidades productivas compuestas durante el siglo XVIII36. Las haciendas de Cañete podían ser consideradas formalmente como posesiones de la orden, pero ello no alteraba el hecho de que el Gobierno siguiera tomando decisiones respecto a la renovación del contrato de alquiler, sin intervención de los religiosos camilos —o con su intervención para aprobar simplemente las opciones adoptadas por decisión del Gobierno. El decreto de restablecimiento ordenaba también que la Casa de Santa Liberata del barrio de Abajo el puente, su templo y bienes37, continuasen siendo administrados por la Caja de Consolidación. Mediante protocolo notarial, el templo y los bienes de Santa Liberata fueron adjudicados un año más tarde, el 23/08/1834, al enfático y contradictorio vocal de la Corte suprema de Justicia, don Manuel Lorenzo Vidaurre, en venta enfitéutica; por un valor de 4 752 pesos, a 3%, lo que significaba un abono efectivo de 143 pesos anuales. La superficie del convento era de 3 967 varas cuadradas. Vidaurre se encargaba del mantenimiento de las obligaciones del culto y del financiamiento de 15 misas anuales38. La orden camila reclamó en varias ocasiones el retorno bajo su posesión de los bienes y del mismo convento de Santa Liberata —cuyas cargas financieras tenía que seguir pagando la Buenamuerte39. Pero el Gobierno, mediante decreto del 21/10/1846, confirmó que con motivo de la primera supresión de la orden crucífera, dichos bienes y convento habían sido naturalmente «nacionalizados40». Existe, sin embargo, en los archivos arzobispales sus condiciones —seguros de contar con el apoyo gubernamental— y arruinando el patrimonio (Grandi, 1985, pp. 132, 140). En el expediente del Archivo Arzobispal sobre la supresión de la orden, aparece la carta remitida por el crucífero Francisco del Río, en noviembre de 1836, al procurador de la Corte Suprema de Lima. Allí se queja de la administración del patrimonio de la orden por los ecónomos de la Dirección de Consolidación, afirmando la imposibilidad, en tales condiciones, de pagar a sus acreedores. AAL-OCNSB, legajo X: 122. 36 Por ejemplo, las tierras de Ungará —pertenecientes al conjunto La Quebrada-El Chilcal—, que la Buenamuerte había comprado en enfiteusis al monasterio de Santa Clara, en 1769 (ver capítulo segundo de este libro), habían sido separadas y cedidas, el 06/04/1831, a don Pablo Avellafuerte (propietario de la hacienda de Herbay), el mismo que las había solicitado al Gobierno con anterioridad. 37 AAL-OCNSB, legajo X: 18. 38 AAL-OCNSB, legajo X: 18. Don Manuel Lorenzo había sido un firme partidario de Bolívar, representante peruano al Congreso de Panamá de 1826 y, dentro de su versatilidad —con buena dosis de desenfado—, era capaz de adoptar posturas radicalmente anticlericales. 39 ACB, documento núm. 1867. 40 García Calderón, 1879, vol. I, p. 298.

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la copia de un acto notarial (aunque no sepamos si se trata de un borrador o de un efectivo instrumento legal), mediante el cual Vidaurre propuso una «retrocesión» de Santa Liberata a los religiosos camilos, luego del reembolso a favor del enfiteuta —es decir, su propia persona— «de las mejoras introducidas en el convento41». El Gobierno republicano confirmó asimismo antiguas cargas y afectaciones (las que databan de 1825) e impuso nuevas obligaciones anuales —por un monto total de 12 740 pesos—, cargadas sobre los ingresos ordinarios de la orden restablecida42: — 5 400 pesos, a la Dirección de la maternidad de Lima; — 2 640 pesos, a la Escuela normal; — 600 pesos, al Colegio Independencia; — 900 pesos, a las escuelas filantrópicas; — 1 200 pesos, a las escuelas públicas; — 2 000 pesos, al Colegio de San Carlos.

Por otro lado, la Buenamuerte tampoco logró recuperar su biblioteca, luego de su restablecimiento. Sus libros, cuya cantidad fue evaluada en 1 226 volúmenes, al momento de su supresión, habían sido transferidos al Seminario de Santo Toribio de Lima. Según el inventario efectuado en 1879 —al inicio de la Guerra del Salitre— solo quedaban 672 libros y piezas en dicho fondo. Pero incluso reducidos a ese número, no se produjo su retorno al convento limeño43; a pesar de las gestiones efectuadas44. De esta manera, el restablecimiento de la Buenamuerte les dejaba en el paladar a los religiosos camilos un sabor más o menos amargo.

41 AAL-OCNSB, legajo X: 18. Dicho documento lleva como fecha el 15/10/1836. Es decir, solo dos años después de su venta enfitéutica. Para Vidaurre la adquisición de Santa Liberata había representado probablemente una inversión financiera e intentaba fructificarla. 42 AAL-OCNSB, legajo X: 43. 43 Grandi, 1985, p. 151. 44 En 1878, el prefecto del convento limeño había solicitado formalmente la restitución de dichos libros. En 1883, el abogado del Seminario de Santo Toribio, Manuel P. Olaechea, recordó que la biblioteca formó parte de los bienes nacionalizados por el Gobierno durante la supresión y que por ello se trataba definitivamente de bienes de uso público. AAL-OCNSB, legajo XIII: 32.

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3) Patrimonio y finanzas de la Buenamuerte, luego de su primer restablecimiento, 1834 Gracias a un documento elaborado por las mismas autoridades del convento, cinco meses después de su restablecimiento, podemos darnos una primera idea de los ingresos anuales de la orden camila, procedentes de la explotación de su patrimonio45. Allí se hace, en primer lugar, un recuento de más o menos 50 posesiones urbanas, a saber, 8 casas, 25 casitas, 2 callejones de cuartos, 12 tiendas y 2 pulperías; es decir un patrimonio urbano algo más amplio que el reseñado anteriormente46, si tomamos en cuenta además las pérdidas resultantes de la primera supresión. Hemos reconstituido la lista de dichas posesiones en el anexo V.2.1 (ver al final de este capítulo). También se consignaban en dicho documento, compuesto por los propios crucíferos, los ingresos procedentes del alquiler de las haciendas y chacras. El cuadro sintético siguiente permite efectuar una primera estimación de los ingresos anuales de la Buenamuerte. CUADRO NÚM.V.2.2. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES DE LA BUENAMUERTE, 1834. EN PESOS DE 8 REALES TIPO DE INGRESOS De propiedades urbanas Chacra de La Magdalena Haciendas de Cañete Total

MONTO MENSUAL 398 pesos 4 reales 80 pesos 2,5 reales 2 250 pesos 2 748 pesos 6,5 reales*

ESTIMACIÓN ANUAL 4 782 pesos 963 pesos 6 reales 27 000 pesos 32 931 pesos 6 reales

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 6. * La comunidad recibe además 20 pesos mensuales, por la administración del hospital de clérigos que había de establecer en sus locales.

45 AAL-OCNSB, legajo X: 6. Se trata del Plan y Estado de las Fincas de este Convento de la Buenamuerte, con fecha 02/04/1834. 46 Según la estimación de Grandi, 1985, p. 138.

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De allí se desprendía que las haciendas de Cañete, alquiladas por 27 000 pesos anuales, constituían la fuente más significativa de ingresos de la orden, casi 6 veces el monto de sus recursos procedentes del alquiler de su parque patrimonial urbano en Lima47. Pero también podemos señalar que las informaciones consignadas no eran efectivamente completas. Por ejemplo, nada sabemos de los ingresos procedentes de sus actividades propiamente religiosas o de los créditos activos y réditos percibidos por el convento. Luego veremos también que incluso las informaciones sobre las propiedades o fincas urbanas (ver anexo V.2.1) aparecían visiblemente subestimadas. De forma general, las cifras avanzadas en el documento que acabamos de utilizar no deberían ser tomadas sino de manera indicativa, al ser muy incierta la realidad del cobro de los alquileres —luego veremos las razones de ello—. Si la existencia de alquileres atrasados era una realidad para las posesiones urbanas de la orden, también parece serlo el propio monto del alquiler de las haciendas cañetanas. Los religiosos crucíferos señalaron por ejemplo un atraso de 3 292 pesos en dicho alquiler, para los últimos meses de 1833 48.Y no parece ser un caso excepcional. Luego, un segundo documento, igualmente elaborado por los religiosos de la orden, al año siguiente, en octubre de 1835, nos ha permitido darnos una primera idea de las cargas que tenían que asumir los crucíferos de Lima49. Tanto sobre sus posesiones rurales como sobre sus posesiones urbanas. Aunque aquí tampoco se pueda hablar de informaciones exhaustivas o completas, hemos intentado organizarlas de tal manera que permitan su comparación y contraste con informaciones que presentaremos ulteriormente50. Es lo que hemos reconstituido en los anexos V.2.2a y V.2.2b (ver igualmente al final de este capítulo) y cuyo detalle se sintetiza en el cuadro siguiente51.

47 Según documentos de los propios archivos de la Buenamuerte, en 1831 la religión poseía también varios huertos en Huarochirí: Ollada, Buenamuerte, La Plaza. También poseía los huertos de Santa Inés, cuyo arrendatario era don Manuel Asencio Rojas. ACB, documento núm. 859. 48 AAL-OCNSB, legajo X: 6. 49 AAL-OCNSB, legajo X: 43. Se trata del documento Razón de los principales que gravan sobre las Rentas de este Conbento de la Buenamuerte; con expreción de los Censuatarios y Censualistas, principales impuestos y rédito annual, con fecha de 14/10/1835. 50 En particular con las de 1855.Ver más adelante 51 Las diferencias entre los totales del documento y los calculados por nosotros son poco importantes.

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CUADRO NÚM.V.2.3. CARGAS IMPUESTAS SOBRE LOS BIENES RAÍCES DE LA BUENAMUERTE, 1835, EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) TIPO DE CARGA Y OPERACIÓN

Imposiciones (y otros) Buenas Memorias Aniversarios de Misas Capellanías Rentas (sin principal dado) Total

PRINCIPALES

%

RÉDITOS ANUALES*

%

277 884 p. 5,5 r.

39,1%

5 913 p. 5,5 r. (2,13%)

37,1%

177 616 p.

24,9%

3 552 p. 3 r. (2,00%)

22,3%

136 200 p. 1 r.

19,1%

2 919 p. 4 r. (2,14%)

18,3%

120 267 p. 7 r.

16,9%

2 692 p. 5,75 r. (2,24%)

17,0%

844 p.

5,3%

711 968 p. 5,5 r.

100,0% 15 922 p. 2,25 r. (2,23%) 100,0%

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43. *El porcentaje en cursiva y entre paréntesis corresponde al cálculo del censo promedio, en porcentaje, estimado a partir de los réditos anuales con respecto a los principales. Digamos desde ahora que su estimación nos será de mucha utilidad para examinar una de las razones de la falencia financiera de la orden camila durante el siglo XIX, tal como lo veremos más adelante.

Este cuadro nos indica que, luego de su primer restablecimiento, el patrimonio raíz de la Buenamuerte habría estado cargado con un monto de principales que representarían 711 968 pesos 5,5 reales. Se trataría de «imposiciones» aceptadas por la orden a cambio de capitales cuyo uso habría sido, ya sea para la puesta en valor y la explotación de sus haciendas, ya sea para otro tipo de operaciones económicas o financieras, aunque como ya lo sabíamos, no dispongamos de los documentos específicos sobre la utilización precisa de los préstamos contraídos. Pero también podía tratarse de imposiciones que ya existían sobre dicho patrimonio, a pesar de haber tenido como política los religiosos crucíferos —tal como ya lo explicáramos anteriormente— la de «liberar», especialmente las haciendas, de dichas cargas que interferían sobre la «posesión plena». Unas cargas que por lo demás exigían un flujo anual de réditos activos, que la comunidad debía de pagar al beneficiario correspondiente, designado en el protocolo notarial de fundación.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

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Al lado de las imposiciones que no demandaban contrapartida eclesiástica o litúrgica particular figuraban aquellas que requerían la celebración de misas —de diferente género— u otro tipo de ceremonia religiosa. El fundador de la imposición, como ya lo explicamos anteriormente, podía ser una persona que, al momento de redactar su testamento, había designado a su alma como la «heredera universal» de sus bienes, convencida de que su tránsito por el Purgatorio era inevitable y que le hacía falta acumular gracias y sufragios con el fin de lograr el perdón de sus pecados y llegar al Paraíso. Para lo cual, dicho fundador destinaba todo o parte de su legado a la celebración de oficios a su memoria. El uso de su herencia debía de permitir que se obtuviesen los ingresos necesarios para solventar dichos oficios religiosos a favor de su alma y salvación eterna. Pero también cabía la posibilidad de que la fundación hubiese sido hecha a favor de una entidad religiosa, con el fin de solventar la celebración de la fiesta de un santo o con otro fin, a veces individual o familiar. Desde este punto de vista, cabe recordar que el beneficiario de los réditos anuales podía ser un candidato a religioso o cura, y que la fundación podía tener la finalidad de financiar su carrera eclesiástica, o apoyar los estudios de un pariente cercano, o simplemente, procurar recursos a una persona determinada, designada por el fundador. También cabía la posibilidad de que dicha imposición erigiese una institución pía o un patronato, a cambio de misas y oficios a su memoria, con el fin adicional de realizar obras caritativas y de asistencia pública (hospicios, hospitales, orfelinatos o dotes para muchachas pobres). El origen de tales operaciones y las cargas imputadas se situaban generalmente en la segunda mitad del siglo XVIII; pero también hubo algunas que eran anteriores a la propia llegada de la orden crucífera a Lima. Se trataba de una práctica religiosa y financiera, en la que se articulaban la fe de los fieles y su temor a la muerte, las funciones sociales de la religión y el mantenimiento de ambos cleros, el movimiento del dinero y el uso del patrimonio raíz, eje central de la fortuna y riqueza, como garantía de las operaciones. Volviendo al cuadro anterior, es posible afirmar que las fundaciones con contrapartida religiosa eran efectivamente las más importantes dentro de las obligaciones asumidas por la Buenamuerte. Cuando se suman las buenas memorias, aniversarios de misas y capellanías, se alcanza más del 60% del total de principales y 57% del total de réditos anuales. A lo que convendría agregar las imposiciones a favor de conventos y monasterios, que llevan consigo muy a menudo la obligación de efectuar misas u oficios religiosos. Pero se puede efectuar una segunda constatación, no menos significativa,

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al observar las informaciones de los anexos indicados. A saber: uno de los principales destinos de los réditos pagados por la Buenamuerte lo constituyen otras instituciones religiosas (monasterios y conventos), situadas en su entorno inmediato. El siguiente cuadro lo muestra con mayor detalle. CUADRO NÚM.V.2.4. RÉDITOS PAGADOS A CONVENTOS Y MONASTERIOS POR LA BUENAMUERTE, 1835. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) CONVENTOS Y MONASTERIOS Convento San Agustín (Lima) y Recolección N. S. de Guía (Lima) Monasterio de Santa Clara Monasterio de Trinitarias Monasterio de Las Descalzas Convento de Santo Domingo Monasterio de Santa Teresa Monasterio del Prado Monasterio de Santa Catalina Convento de San Agustín (Cañete) Monasterio de La Concepción Monasterio de Santa Rosa

RÉDITOS PAGADOS* 770 p. 6 r. (4,8%) 722 p. (4,5%) 641 p. 2 r. (4,0%) 521 p. 7 r. (3,3%) 500 p. (3,2%) 470 p. (3,0%) 460 p. (2,9%) 450 p. (2,8%) 350 p. (2,2%) 312 p. 5 r. (2,0%) 250 p. (1,6%)

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43. *El porcentaje entre paréntesis corresponde a la proporción respecto al total de réditos, cuyo monto aparece en el cuadro V.2.2

Este cuadro núm.V.2.4, elaborado a partir de la síntesis de las informaciones de los anexos V.2.2a y V.2.2b, muestra bien que en 1835, doce conventos y monasterios de Lima recibían más del 30% del total de réditos anuales pagados por la Buenamuerte52. Son las instituciones de religiosas las que aparecen como las importantes receptoras de los réditos pasivos de la orden crucífera, o en todo caso, como las acreedoras más significativas —más adelante veremos su fuerza considerable como factor de disposición del patrimonio de la Buenamuerte—. 52 Un porcentaje que incluso podría aumentar si conociéramos efectivamente la identidad de todos los beneficiarios de réditos pagados por la Buenamuerte; una información por el momento no disponible.

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A pesar de su carácter provisorio, estas observaciones nos señalan la existencia probable de una red de financiamiento recíproco en el seno de las órdenes religiosas limeñas, probablemente más extendido aún durante el periodo colonial español, aunque siempre en vigor, a mediados del siglo XIX. Evidentemente que nos harían falta otros enfoques, igualmente a partir de la propia contabilidad de las órdenes regulares, para completar y afinar nuestro análisis. Volvamos sobre otras informaciones presentadas por los religiosos de la Buenamuerte, en octubre de 183553.Tenemos ahora el «balance financiero» que se presenta y que deja observar la existencia de un déficit anual de 3 960 p. 1,25 r. Es lo que aparece en el cuadro siguiente. CUADRO NÚM.V.2.5. BALANCE FINANCIERO ANUAL DE BUENAMUERTE, 1835. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) INGRESOS Alquiler de las haciendas de Cañete 27 000 p.

Alquiler de las propiedades urbanas 3 000 p

Total 30 000 p.

GASTOS Réditos anuales pagados* 16 753 p. 1,25 r. Renta pagada al Gobierno 12 740 p. Impuestos a la propiedad 1 200 p. Misas de diverso género** 3 267 p. Total 33 960 p. 1,25 r.

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43. * El monto de los réditos que aparece en la contabilidad de la Buenamuerte es mayor que el nuestro ya que comprende los 800 pesos que produce, hipotéticamente, la donación recibida para crear la Casa de Quito, cuando no se trata verdaderamente de una fundación. Hay además 30 p. de una sobreevaluación de los réditos pagados al monasterio de La Concepción. Hemos corregido estos dos problemas o errores en nuestras estimaciones. ** Se trata de Patronatos y Buenas Memorias, de misas cantadas, procedentes de obligaciones del siglo XVIII. Fueron fundadas a favor de los prelados sucesivos de la orden, con la obligación, a veces, de redistribuir el resto entre los enfermos y mendigos de los que se encargaba la comunidad. Se trata de obligaciones que 53

AAL-OCNSB, legajo X: 43.

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pesaban sobre los ingresos regulares de la orden, a pesar de que fuera su propio prelado el beneficiario. Según un documento de los archivos del convento, el número de misas anuales cantadas entre 1835 y 1836 oscilaba entre 198-200; y el número de misas rezadas, para los mismos años, ascendía a 760-775 por año. ACB, documento núm. 1412.

Así, observando el déficit presentado en 1835 y comparándolo con nuestros resultados anteriores, podríamos preguntarnos si no convendría inscribir la presentación de este «balance financiero», realizado por los religiosos camilos, dentro de la campaña desarrollada con el fin de lograr la modificación de las condiciones determinadas por el Gobierno en el ya examinado decreto de restablecimiento. Ya que el monto de los ingresos declarados es sensiblemente inferior al que hemos calculado en el cuadro núm. V.2.2. Y ello, sin saber nada aún respecto a los ingresos procedentes de las actividades propiamente religiosas de la orden, o respecto al monto de los censos activos, a favor de la orden y el convento, procedentes de imposiciones efectuadas por la propia Buenamuerte54 o por benefactores de ésta, a su favor.Y ello, sin evocar tampoco los ingresos procedentes de otras posesiones rurales o agrícolas en actividad (huertas y chacras en las cercanías de Lima). Evidentemente, cuando se quiere pagar menos, se dice que lo que se paga ya es excesivo con respecto a los ingresos. 4) La segunda supresión de la Buenamuerte: agosto de 1843 - junio de 1844 Un nuevo reglamento de regulares fue aprobado por el Gobierno republicano en agosto de 1837, cuando la religión de la Buenamuerte empezaba a reponerse progresivamente, luego de cuatro años de supresión. La reivindicación central de la orden camila, fuera de protestar contra las 54 La Secretaría de la presidencia de la «República Nor-Peruana» —en el contexto de la Confederación peruano-boliviana, entre 1836-1839— ordenó, el 15/11/1838, que se realizara una investigación relativa a las cuentas y la administración efectiva de los ingresos de la Buenamuerte. AAL-OCNSB, legajo X: 91. Las informaciones disponibles no nos han permitido verificar las acusaciones formuladas por la comisión de investigación, examinadora de dichas cuentas. Se habló de irregularidades en la contabilidad y en la evaluación hecha de las haciendas de Cañete. El prelado del convento de Lima, José Cairo, fue suspendido de su cargo durante la investigación y luego nuevamente confirmado, en agosto de 1840. AAL-OCNSB, legajo X: 123. Cairo pidió, al regresar, que se le pagaran los patronatos y Buenas memorias que le correspondían y que no pudo cobrar durante su suspensión.

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cargas impuestas por el Gobierno y confirmadas en el decreto de restablecimiento, se basaba en la necesidad de recuperar el control de las haciendas de Cañete que, tal como lo sabemos, estaban arrendadas a don Narciso de la Colina. Sin embargo, a pesar de los reclamos de los religiosos, el 25/04/1839, se produjo la renovación de la locación de las haciendas al mismo Colina, con una disminución de alquiler con respecto al contrato anterior55, aunque con las mismas condiciones de duración de 9 años, obligatorios los 4 primeros y voluntarios los 5 restantes. El alquiler de los primeros 4 años sería ahora de 24 700 p. y el de los 5 años optativos de 26 700 p. A partir de ese momento, esto es, desde el 01/05/1839, Colina tendría que pagarle a la orden 500 pesos mensuales y el resto al final de cada semestre. Pero había otras condiciones explícitas en el nuevo contrato, algo diferentes del contrato anterior. En primer lugar, Colina tenía que encargarse de recuperar a los esclavos de las haciendas que habían huido, pero no quedaba obligado de «restituir» a los que hubiesen muerto, reafirmando por otra parte el principio reconocido por la ley de que los hijos de esclavos debían ser considerados como libres. Se decía luego, en segundo lugar, que el arrendatario no tenía que ser considerado como responsable de las catástrofes naturales (terremotos o sequías) o las consecuencias de los conflictos militares. Pero sí participaba, en parte iguales, en las pérdidas originadas por los incendios. Se precisaba asimismo, en tercer lugar, como en el primer contrato —detalle muy importante, tal como lo veremos más adelante—, que el arrendatario tenía derecho a que se le pagase por las mejoras que hubiese introducido en las instalaciones de la hacienda y también en el caso de que hubiese introducido nuevos cultivos. En cambio, quedaba claro que la Buenamuerte debería de correr con todas la contribuciones fiscales legales, que correspondían a los propietarios. Con respecto a la misión propiamente religiosa de los camilos, el arzobispo de Lima decidió una nueva visita de inspección y control de la actividad de la orden, especialmente respecto a la vida común y la disciplina interna —seguramente con la sospecha de que no se cumpliesen las reglas establecidas. Dicha visita se efectuó el 09/08/1842. Sus resultados y conclusiones fueron desoladoras para la Buenamuerte: número insuficiente de religiosos residentes; relajamiento en la vida común y la disciplina interna, con respecto a la regla de San Camilo; irregularidades en la administración 55

ACB, documento núm. 845. El contrato fue firmado por el camilo Toribio del Río, con el acuerdo del vicario capitular del arzobispado.

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de los bienes y en la contabilidad, malversación y dispersión de los ingresos de la orden, etc.56. Algunos meses más tarde —y sin duda como consecuencia directa, aunque no exclusiva, del inventario y conclusiones de la visita del arzobispo—, el 28/08/1843, el convento de la Buenamuerte fue otra vez declarado supreso, por decisión del Ministerio de Culto y Beneficencia57. El rechazo de los camilos a la renovación del alquiler de sus haciendas se conjugó a su situación interna como orden religiosa; como otros conventos, aparecía entonces como una presa fácil y candidato a una nueva supresión, lo que efectivamente ocurrió. El proceso de dispersión de los religiosos, que ya se había observado durante la primera supresión, se reprodujo nuevamente. El ministro de Gobierno, Culto y Beneficencia, Federico Gómez Sánchez, en una carta dirigida al arzobispo de Lima, el 28/08/1843, recordó el decreto de «reforma de regulares» de 1826 —y el nuevo reglamento de 1837—, en particular en lo relativo al número requerido de religiosos profesos residentes. Dijo que solo había, en ese momento, 2 religiosos que reunían tales características. La nueva supresión era entonces perfectamente «legal». Algunos novicios y hermanos legos fueron remitidos a la Congregación de San Felipe de Neri. Se quedaron en el convento de la Buenamuerte dos capellanes para mantener el servicio del culto, los que serían remunerados en función del número de misas celebradas. Se habló de 15 misas solemnes anuales obligatorias, 156 misas cantadas y 595 misas rezadas, las mismas que resultaban de las obligaciones de fundaciones con principales y réditos anuales. Se adujo asimismo que habría necesidad de un tercer capellán. Los gastos anuales para efectuar tales oficios fueron evaluados en 1 552 pesos 4 reales; lo que era mucho menos de lo que habían estimado los religiosos camilos en el inventario efectuado en 1835, después de su primer restablecimiento (Ver cuadro núm.V.2.3). Fue esta vez la autoridad del prefecto de Lima la que asumió la posesión temporal de los bienes de la orden crucífera. Algunos de dichos bienes, especialmente los de utilización religiosa, fueron transferidos a la Iglesia Catedral de Lima, con el fin de prevenir los eventuales saqueos y hurtos. Según el decreto de supresión, los bienes de la Buenamuerte tenían que ser íntegramente reservados a partir de ese momento al «uso público». Luego de 10 meses de supresión, la orden camila fue nuevamente restablecida, el 20/06/1844, tres días después de que Domingo Elías se declarase 56 57

Grandi, 1985, p. 133. AAL-OCNSB, legajo X: 147. Un expediente que abarcaba los años 1843-1846.

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«Jefe Político y Militar de la República», en la convulsa coyuntura de aquel momento. Elías hizo entonces un singular elogio de la actividad de los padres agonizantes y de su utilidad social58. Lo que no condujo, sin embargo, a una modificación de la situación del patrimonio de la orden, de las decisiones adoptadas para su primer restablecimiento de 1833. Se mantuvieron todas las cargas que habían sido impuestas anteriormente y tampoco se modificaron las cesiones de bienes y rentas de la Buenamuerte que habían recaído a favor de particulares. Después de numerosas confrontaciones entre el arzobispo de Lima y el ministro del Culto, por la definición de las atribuciones respectivas, relativas al restablecimiento de los conventos y su administración, se decidió la nominación de un síndico administrador; el mismo que quedaba obligado a rendir cuentas al Gobierno de su gestión y las actividades de las entidades eclesiástica restablecida. También quedaba encargado dicho funcionario público de formular propuestas con vistas a mejorar el uso económico de los bienes que administraba59. Según el decreto de restablecimiento, el mencionado síndico recibía una comisión de 5% respecto a los ingresos procedentes de los bienes urbanos y a 2% de los ingresos provenientes de las posesiones rurales. Dicho administrador tenía que depositar una caución de 1 000 pesos, y contar con el apoyo y garantía de 4 «firmas» de personalidades del mundo profesional jurídico o comercial limeño. Los administradores o síndicos de la Buenamuerte se quejaron frecuentemente de la ausencia de inventarios de los bienes del convento, así como también del mal estado o insuficiencia de los archivos de la orden; lo que obstaculizaba, agregaban, cualquier intento de conocer con detalle los derechos y obligaciones financieros de la orden, así como las cargas efectivas que pesaban sobre su patrimonio. Al respecto —y aunque dichos administradores no siempre estuvieran libres de toda sospecha—, conviene recordar que fueron muy numerosos los conflictos entre tales síndicos y los prefectos y prelados sucesivos del convento (sobre este asunto volveremos más adelante). Ocurría con mucha frecuencia, por ejemplo, que los religiosos crucíferos, especialmente sus autoridades, exigieran a los inquilinos que no pagasen sus alquileres a tales síndicos, sino que lo hicieran directamente a los mismos religiosos o prelados de la orden60.

58

Grandi, 1985, p. 134. Grandi, 1985, p. 134. Ver también, García Calderón, 1879, vol. I, p. 298. 60 AAL-OCNSB, legajo X: 152. 59

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5) Patrimonio y finanzas de la Buenamuerte, en su segundo restablecimiento, 1845 El Plan de ingresos, gastos, imposiciones obligatorias y reembolso de la deuda del convento, elaborado por el síndico José Antonio Ugarte61, el 08/10/1845, es un documento que, a pesar de su carácter general e incompleto, permite afinar el conocimiento del estado financiero de la orden crucífera limeña, luego de su segundo restablecimiento. Nos encontramos entonces 10 años después del «balance financiero» elaborado por los propios camilos y cuyo resumen aparece en el cuadro núm. V.2.5. El contenido el mencionado «plan» del síndico Ugarte, de octubre de 1845, ha sido resumido en el cuadro V.2.6. Las conclusiones del síndico Ugarte eran categóricas: el patrimonio de la Buenamuerte no podía asumir las cargas a favor de la instrucción pública que le habían sido impuestas por el Gobierno luego de su primera supresión y ulteriormente confirmadas62. Si la comunidad crucífera tuviese que asumir dichas sobrecargas, resultaría en su funcionamiento un déficit anual estructural de más de 3 160 pesos. El síndico señalaba también que la deuda de réditos impagos desde 1839, hacia los acreedores y censualistas del convento63 habría alcanzado el monto de 52 416 p. 6,25 r. Pero, más allá de esa demostración, que se dirigía a las autoridades gubernamentales —y que quería enfatizar la idea de que habría que escoger, entre el reembolso a los acreedores del convento y el apoyo a la educación pública—, es posible efectuar otras constataciones de orden general, si comparamos estas informaciones de octubre de 1845 (cuadro núm.V.2.6) con las que ya habíamos resumido para los años 1834 y 1835 (cuadros núm.V.2.2,V.2.3 y V.2.5).Vamos a enumerarlas con el fin sintetizar la comparación efectuada. 1) Podríamos decir, en primer lugar, que se había producido seguramente, durante esos 10 años, 1835 y 1845, un deterioro efectivo de los ingresos anuales percibidos por la orden crucífera de Lima. Un deterioro 61

AAL-OCNSB, legajo XI: 6. Un documento transmitido entonces al propio parlamento peruano. 62 AAL-OCNSB, legajo XI: 6. Conviene notar sin embargo que las sumas declaradas como sobrecargas impuestas por el Gobierno a la educación pública, 6 700 pesos, son inferiores a los 12 740 pesos inicialmente fijados. 63 AAL-OCNSB, legajo XI: 6. Ugarte señala al mismo tiempo el pago de 15 732 p. 4,25 r., durante 1845, efectuado por él mismo, a favor de acreedores y censualistas del convento. Lo que hace que el propio síndico Ugarte se transforme, de allí en adelante, en acreedor del convento de la Buenamuerte. Luego examinaremos con más detalle el papel del síndico de los conventos y monasterios.

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CUADRO NÚM.V.2.6. PLAN FINANCIERO DEL SÍNDICO DE LA BUENAMUERTE, 1845. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) DESCRIPCIÓN DE INGRESOS

Alquiler haciendas Cañete 27 000 p. (-) impuesto a la propiedad 1 040 p. Alquiler chacra Magdalena 600 p. (-) impuesto a la propiedad 32 p. Alquileres urbanos (-) réditos de un préstamo de 2 500 p. (2%) (-) pago de rentas del callejón de la Quintana, a favor de Manuel Argudo (-) impuestos, reparaciones, etc. Censos activos (-) impuestos diversos Total de ingresos

MONTO

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

MONTO

Censos pasivos [1] 25 660 p.

568 p.

15 052 p. 7,5 r. Gastos de culto, alimentación, vestimenta de religiosos (23 novicios), mensualidad a favor de religiosos ancianos y enfermos, profesores, etc.

9 000 p.

Gastos de abogado, procurador y otros, por causa de litigios (activos y pasivos) 700 p.

2 377 p.

705 p. 2 r.

Comisión del síndico

778 p

Cobrador del convento 240 p. 29 310 p. 2,5 r. Total de gastos 25 770 p. 7,5 r. Remanente de las sobrecargas impuestas por el Gobierno Colegio San Carlos: 4 000 p. Educación pública: 2 100 p. Colegio Independencia: 600 p. 6 700 p. TOTAL GENERAL 32 470 p. 7,5 r.

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XI: 6. [1] Sin tomar en cuenta los réditos de los 40 000 p. a favor de la «Casa de Quito».

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que tal vez pudiera directamente explicarse por el deterioro del patrimonio mismo. Si los ingresos del alquiler compulsivo de las haciendas de Cañete eran prácticamente los mismos, no era el caso de la chacra de la Magdalena. Su alquiler anual pasó de aproximadamente 963 p. a 600 p. (ver cuadro núm. V.2.2). Lo mismo parecía ocurrir con los alquileres de las propiedades urbanas del convento: si nuestros cálculos para 1834 los estimaban en 4 782 p. anuales, y si los religiosos de la Buenamuerte los calculaban en 3 000 p. (subestimando, a todas luces, su monto real), los datos producidos por el síndico Ugarte —un funcionario designado por el propio Gobierno—, los rebajaban a 2 377 p., luego de la deducción de las cargas diversas correspondientes. 2) También podríamos afirmar que el «plan» del síndico Ugarte permitía por fin observar con mayor precisión la actividad de la orden camila como acreedora, beneficiaria de réditos activos. Contamos ahora con una estimación de los censos activos64, es decir, de las rentas anuales percibidas por la comunidad de la Buenamuerte, que provenían ya sea de sus propias imposiciones, ya sea de imposiciones a su favor realizadas por benefactores. Dichos réditos favorables representaban un monto de 705 pesos (cuadro núm.V.2.6). Con dos años de posteridad a esta primera estimación, el albacea del síndico Ugarte efectuaba, el 21/04/1847—luego del fallecimiento de Ugarte, ya en conflicto con la Buenamuerte—, una lista de los deudores del convento65; es decir de aquellos que pagaban réditos a la orden. Dichas referencias nos dan otros elementos, aun cuando parciales, de las operaciones del convento en ese campo. A partir de esos datos, hemos clasificado en tres rúbricas la lista de deudas activas de la orden crucífera.

64

Si aplicamos el tipo de censo promedio de 2,23% anual, que fue el que pudimos estimar en el cuadro núm. V.2.3 para los réditos pasivos —asumiendo voluntariamente una rentabilidad nula, para una entidad religiosa—, dicho monto «representaría» un total de principales de 32 000 pesos invertidos. Pero podemos convenir en que se trata de una estimación muy aleatoria. 65 AAL-OCNSB, legajo XI: 24.

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CUADRO NÚM.V.2.7. LAS DEUDAS ACTIVAS DE LA BUENAMUERTE, 1847. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) A. RÉDITOS ACUMULADOS Y NO PAGADOS, PENSIONES Y PATRONATOS: — El Tribunal del Consulado de Lima: réditos, a diciembre de 1845 = 81 p. 5,5 r. — R. Márquez (religiosa del monasterio de Santa Clara): un principal de 2 000 p., a 3%, impuesto sobre su casa, situada en la calle del Refugio = 60 p. — Rosa Aliaga: un principal de 4 000 p., a 2%, impuesto sobre la hacienda Hervay de Cañete = 80 p. — Los propietarios de la hacienda Filiberto de Ica: un principal impuesto sobre la hacienda, de 1 000 p., 2% = 20 p. — M. Encalada: pensión sobre su casa, situada en la calle de la Buenamuerte = 50 p. — El prelado del convento grande de Santo Domingo: patronato impago 1841-1842 = 60 p. — Ignacia Palacios: un principal impuesto sobre su casa de la calle plazuela San Francisco = 330 p. — Andrés Mena: un principal de 6 000 p., impuesto sobre su casa de la calle del Carmen = 196 p. B. DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO: — Cargas fiscales no asumidas por los deudores = 15 p. 4,5 r. — Rosalía Escalante de Bermúdez, alfalfa no aprovisionada = 730 p. 4 r. C. DEUDAS DE LA PLANILLA DE ALQUILER: — Alquileres urbanos impagos = 1 016 p. TOTAL = 2 639 p. 6 r.

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XI: 24

El conjunto de ingresos de la Buenamuerte por esta rúbrica —aunque todos no entren en la categoría de réditos activos— sería entonces, el 21/04/1847, de 2 639 p. 6 r.; es decir, mayores de lo indicado por Ugarte Si por el momento, a partir de estas indicaciones, resulta imposible calcular y tipificar el monto de principales invertidos por el convento —o invertidos por terceros a su favor—, se puede señalar en cambio que su perfil se asemeja al de las obligaciones pasivas que pesan sobre las finanzas de la orden crucífera. Se trata de imposiciones sobre propiedades rurales y urbanas cuyo censo anual oscila entre 2-3 %. Pero es evidente que nos faltan datos adicionales para afinar nuestro análisis. Sobre ello regresaremos más adelante.

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3) Fuera de lo que hemos indicado, también se puede observar, gracias al «plan» de 1845 del síndico Ugarte, una ligera baja en el monto de las anualidades pasivas de la Buenamuerte impuestas sobre su patrimonio, es decir, de sus pagos anuales. Si comparamos las cifras de los cuadros indicados, dichas anualidades en réditos habrían pasado de 16 753 p., en 1835, a 15 052 p., en 1845. En razón de las dificultades financieras de la orden —especialmente, de cara a sus acreedores y censualistas—, se puede fácilmente descartar la hipótesis de una redención de obligaciones o principales hacia los acreedores y censualistas66. Tal hipótesis es inverosímil en un periodo caracterizado por convulsiones y enormes dificultades financieras para el convento. Pero por sobre todo, se puede afirmar que semejante operación no cuenta aún con un cuadro legal pertinente: habría que esperar todavía veinte años para que el Estado peruano pudiera formularla (ver capítulo cuarto de este libro), con todas las dificultades que hemos explicado respecto a la legislación peruana del siglo XIX67. Sobre ello volveremos también más adelante. En cambio, luego de varios años (e incluso décadas) de impagos acumulados, de ausencia de aplicación de la ley o de falta de protección de los pequeños acreedores por la autoridad pública —cuando no, por la muerte de ellos—, podría resultar más factible el asumir la hipótesis de una bancarrota silenciosa, o una desamortización de hecho, tal como la hemos definido anteriormente, que llevase incluso al propio deudor, en este caso la Buenamuerte, a «borrar» la huella misma de su deuda u obligación y a su desaparición efectiva; la deuda no reclamada se volvía simplemente una deuda inexistente. Los acreedores particulares desprotegidos suelen vivir menos tiempo que las instituciones o entidades religiosas. Es en realidad, todo el perfil sociológico de los titulares (o perdedores) de tales deudas desaparecidas el que convendría reconstituir de forma sistemática, en estas primeras décadas de la vida peruana independiente. Aunque también se pudiera admitir, regresando a las dificultades inherentes de la orden crucífera, que el balance efectuado por el síndico Ugarte fuese incompleto, al no haber podido acceder a todas las informaciones necesarias para componer su «plan».

66

Lo más probable es que el reembolso efectuado por el síndico Ugarte, de 15 732 p. —con dinero sacado de sus propios fondos, según nota anterior—, se haya limitado al pago de réditos atrasados y no a la redención de principales. 67 En todo caso, no hemos encontrado huella alguna de tales operaciones en los archivos consultados.

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3. PATRIMONIO Y FINANZAS DE LA BUENAMUERTE, HASTA FINES DEL SIGLO XIX En 1855, bajo la presidencia de Ramón Castilla, el ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, el liberal Pedro Gálvez, pidió en dos ocasiones al arzobispo de Lima que le remitiera un balance de ingresos del conjunto de las órdenes religiosas limeñas. Una exigencia que, como ya lo señalamos en el capítulo cuarto de este libro, siempre fue acogida con recelo y desconfianza por el arzobispado de Lima y el conjunto de la Iglesia católica peruana. Sin embargo, algunas cuentas y resultados fueron transmitidos al Gobierno de Castilla. El balance correspondiente a la Buenamuerte, intitulado Razón circunstanciada de las rentas del Convento de la Buenamuerte, modo en que se recaudan, inversión de fondos y obligación de misas, con datos de fundación, razón de religiosos y constitución de seglares, fue enviado por el prefecto de la Casa de Lima, Carlos Silva, el 15/06/185568. 1) Las consecuencias de las dos supresiones Dicha Razón circunstanciada es un documento de 83 fols. que, una década después del segundo restablecimiento de la orden de la Buenamuerte y del «plan» del síndico Ugarte de 1845, retraza las grandes líneas de la historia de la orden crucífera en Lima, al mismo tiempo que presenta la situación financiera y patrimonial de dicha institución eclesiástica. Los religiosos camilos hicieron también el balance de los ingresos anuales percibidos como fruto de sus posesiones urbanas y rurales. Tal como lo efectuáramos anteriormente, para el año 1835, hemos reconstituido y reorganizado las informaciones contenidas en dicha Razón, con el fin de poderlas comparar con la de los cuadros ya elaborados hasta aquí. Desafortunadamente no aparecen las informaciones relativas a las fundaciones e imposiciones sobre las propiedades urbanas de la Buenamuerte69. El conjunto de las informaciones de base aparecen recopiladas al final de este capítulo, en los anexos V.3.1a y V.3.1b. El siguiente cuadro núm. V.3.1 resume las informaciones de los anexos mencionados, para el año de 1855, respecto a las cargas que pesaban sobre el patrimonio urbano y rural de la Buenamuerte, comparándolas con los resultados ya presentados para 1835.

68 69

AAL-OCNSB, legajo XII: 3. AAL-OCNSB, legajo XII: 3. Ver también los anexos V.3.1a y V.3.1b.

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CUADRO NÚM.V.3.1. PRINCIPALES Y RÉDITOS SOBRE EL PATRIMONIO DE LA BUENAMUERTE, 1835-1855. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) AÑO

PRINCIPALES

RÉDITOS

Cargas en 1835 Sobre haciendas Sobre fincas urbanas Cargas en 1855 Sobre haciendas Sobre fincas urbanas

711 968 p. 5,5 r. 620 631 p. 7 r. 91 606 p. 6,5 r. 733 025 p. 1,5 r. 638 824 p. 7 r. 94 200 p. 2,5 r.

15 922 p. 2,25 r 12 455 p. 1 r. 3 467 p. 1,25 r. 15 682 p. 1,25 r. 13 079 p. 5,75 r. 2 602 p. 3,5 r.

CENSO PROMEDIO

2,24%

2,14%

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43; XII: 3.

A partir de dicha comparación podemos formular algunos comentarios y observaciones: — El monto de los principales netos cargados sobre el patrimonio de la Buenamuerte aparece en ligero aumento70. Más que nuevas imposiciones o fundaciones sobre los bienes raíces de la orden (o el aumento de las ya existentes), lo más probable es que se trate simplemente de una mejora en la contabilidad —esto es, en 1855 con respecto a 1835— y el mejor registro de los principales o capitales impuestos71 que ahora reaparecían. La comparación de los anexos V.2.2a y V.2.2b con los anexos V.3.1a y V.3.1b permite efectivamente verificar que hubo obligaciones que no fueron inventariadas

70 No tomamos en cuenta la ficción contable de los religiosos de la Buenamuerte que consiste en sobrecargar dicho monto con el valor hipotético, capitalizado, representado por las rentas cargadas por el Gobierno durante la primera supresión, al no tratarse de una inversión o capital impuesto, en el sentido económico del término. De hacerlo, el monto de principales de 1855 resultaría más abultado Ver los anexos V.3.1a y V.3.1b; notas 16 y 17. En ese caso, las cargas del patrimonio de la Buenamuerte sobrepasarían el millón ochenta mil pesos. En un documento anterior, probablemente preparatorio, fechado el 14/03/1855 (ACB, documento núm. 1564), el prefecto del convento, Carlos Silva, siguiendo la misma ficción contable, eleva a 924 980 pesos, el monto total de las cargas que pesarían sobre el patrimonio de la Buenamuerte. El objetivo era seguramente convencer al Gobierno de la necesidad de suprimir las mencionadas obligaciones, impuestas durante la primera supresión. 71 Aparece, entre otros, el litigio en torno a la imposición de «las Vargas» (Corte Suprema de Justicia, pensión alimenticia). Pero como sabemos, se trata de un conflicto que databa de finales del siglo XVIII. AAL-OCNSB, legajo XII: 3.

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en 1835, a pesar de tratarse de fundaciones o imposiciones que se habían efectuado durante el siglo XVIII72. — También se puede observar la desaparición —solo formal— de determinados principales, originada, por ejemplo, por la supresión de conventos y monasterios, luego de la «reforma de regulares» iniciada en 1826, o la propia disolución del Tribunal de la Inquisición. Se puede hablar con toda propiedad de «desaparición formal», ya que solo significó la transferencia de tales cargas por el Gobierno republicano a favor de obras sociales o educativas, o simplemente, a favor de determinados individuos, dentro de la lógica clientelista que ya hemos expuesto anteriormente; es decir que la Buenamuerte seguía pagando en la práctica. — Pero se puede observar también que pueden desaparecer —y aquí sí de manera efectiva—, algunas obligaciones efectuadas por particulares73. Un hecho que vendría a confirmar nuestra hipótesis anterior sobre la fragilidad y la desigualdad de los medios de defensa de determinados acreedores de la Buenamuerte —beneficiarios de réditos—, para hacer valer sus derechos, confrontados a la incapacidad manifiesta del convento de la Buenamuerte de pagar sus deudas y obligaciones. Algo así como una «desamortización silenciosa», como ya lo sugerimos en el acápite anterior, que tal vez convendría conocer efectivamente y sobre la que sería interesante establecer o perfilar su importancia sociológica, gracias al estudio de otros casos similares, para los acreedores de otras órdenes religiosas, en particular para los conventos y monasterios supresos. Un trabajo que aún no ha sido efectuado. — Por otro lado y contrariamente a lo que ocurre con los principales, se puede observar que el monto de los réditos anuales pagados por la Buenamuerte disminuye ligeramente. Una baja que también aparece visible en el tipo promedio de réditos con respecto a los principales. Pero vale la pena también señalar que son sobre todo los réditos de los principales impuestos sobre las fincas urbanas los que disminuyen especialmente, entre 1835 y 1855: una caída de aproximadamente 25%. En cambio, los réditos de obligaciones cargadas sobre las haciendas experimentan un alza. Ello puede explicarse por un fenómeno que se manifiesta claramente al trabajar 72 Por ejemplo, las Capellanías (laicales)-Aniversarios de Misas de José Larrazábal; la Capellanía-Aniversario de Misas de Miguel de Campos y Marco de Alcoser; la Buena Memoria fundada por la monja Francisca de San José Urquiso, etc. AAL-OCNSB, legajo XII: 3. 73 Como por ejemplo, la Imposición de Pablo Avellafuerte o el Aniversario de Misas de José Bernardo Quirós, que fueron inventariadas en la contabilidad de 1835. AALOCNSB, legajo XII: 3.

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detalladamente en la reconstitución sistemática de dichas fundaciones e imposiciones. A saber, que hay en 1855 determinados principales que aparecen impuestos sobre las haciendas, cuando en 1835 aparecían impuestos sobre las fincas urbanas. Como si se hubiera producido, durante dichos años —difíciles para la orden camila— un «desplazamiento» o «deslizamiento» de principales hacia la fracción más segura o tal vez mejor cotizada del patrimonio del convento. Aunque no sepamos mediante qué mecanismos legales (o ilegales) se haya producido la mencionada transferencia —lo que sería toda una problemática que convendría igualmente reconstituir. Se podría formular la hipótesis de que tal vez se deba a la voluntad de los censualistas y acreedores de la Buenamuerte, durante esta primera parte del siglo XIX, de asegurar y garantizar mejor sus réditos y principales impuestos —con el acuerdo de determinados religiosos de la orden crucífera. Aunque no convendría tampoco desestimar la posibilidad de que fuese la consecuencia (inclusive parcial) de una mejor presentación de la contabilidad por parte de los religiosos crucíferos. Las informaciones de 1855 también nos han permitido afinar mejor nuestra percepción del financiamiento anual de la actividad de la orden. Gracias a ellas se ha podido reconstruir el cuadro general de los ingresos y gastos. Con ello estamos en el corazón del funcionamiento de la Buenamuerte, a mediados del siglo XIX. Es lo que vamos a presentar en los dos cuadros siguientes, núm.V.3.2 y V.3.3.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

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CUADRO NÚM.V.3.2. INGRESOS ANUALES DE LA BUENAMUERTE, 1855. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) RÚBRICAS DE INGRESOS ANUALES

1. IMPOSICIONES A FAVOR DE LA BUENAMUERTE * Réditos embargados por el Gobierno: 3 084 p. [1] * Réditos en litigio: 200 p. [2] * Réditos cobrados, procedentes de la Capellanía (redimida) impuesta sobre la casa de la Peña Oradada (sic) [3] * Réditos varios [4] 2. IMPOSICIONES DE LA BUENAMUERTE EN EL TRIBUNAL DEL CONSULADO DE LIMA [5] 3. IMPOSICIONES VARIAS, Capellanía laical de Francisco Mier de los Ríos. Réditos: 120 p., a la espera de un acuerdo legal hispano-peruano [6]. 4.VALES DE CONSOLIDACIÓN, títulos de la deuda interna peruana, al 6%. Réditos: 1 722 p., a la espera de su pago [7]. Rúbrica intermediaria de cálculo Monto de los principales activos del convento: 255 050 p. Monto de los réditos activos a favor del convento: 6 954 p. Tipo promedio de censo: 2,7%, pero es solo de 1,9% si se excluyen las rúbricas excepcionales 2 y 4, de tipo de rédito inusual o reciente. 5. HACIENDAS DE CAÑETE [8] 6. INGRESOS EN LITIGIO: 966 P. [9] 7. ALQUILER O VENTA ENFITÉUTICA DE FINCAS URBANAS Alquileres y cánones embargados: 3 040 p. Instrucción pública: 86 p. x 12: 1 032 p. Capellán J. Sánchez: 91 p. x 12: 1 092 p. Capellanía «Papá»: 39 p. x 12: 468 p. Capellanía Mascaró: 4 p. x 12: 48 p. Síndico Charún: 400 p. Alquileres y cánones efectivamente cobrados [10] 8. TOTAL EFECTIVO DE INGRESOS 9. TOTAL DE INGRESOS EN LITIGIO O EMBARGADOS: 9 132 P. Ingresos embargados: 6 124 p. Ingresos en litigio: 3 008 p.

MONTO

180 p. 670 p. 978 p.

26 180 p.

5 236 p. 4,5 r. 33 244 p. 4,5 r

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 3. [1] Principales de 154 200 p., que pertenecen a la orden, que están impuestos sobre sus propiedades o sobre las de sus prelados o sobre propiedades de

324

[2] [3] [4]

[5]

[6] [7] [8] [9] [10]

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particulares. Dichos principales producen 3 084 p. de réditos, a favor de la propia comunidad o de sus prelados. Tales réditos fueron embargados por el Gobierno y atribuidos a particulares, durante la primera supresión del convento. Se puede deducir que el prefecto de la Buenamuerte no solo era el patrón de las fundaciones y capellanías sino también el mismo beneficiario de ellas, esto es, el capellán. Los réditos pueden considerarse también como cargas contra la Buenamuerte (1 050 p., aproximadamente), aunque tenían que ser pagadas a sus propios prelados o religiosos. Con la intervención gubernamental, los réditos pasaron a beneficio de los particulares designados, probablemente en una operación de búsqueda de clientelas sociológicas. Con un principal de 10 000 p., en el valle del Huatica, sobre la chacra del Inquisidor. Con un principal de 6 000 p. Principales de 44 000 p., impuestos sobre las propiedades de particulares o del convento, con réditos de 670 p., a favor de la Buenamuerte. La Capellanía Santa Inés/Santa Olalla (en la provincia de Huarochirí), Aniversario de Misas La Legua, Molino y Huerta de Gato, imposición sobre las casa panadería de la calle del Rastro de San Francisco, y otras. Con un principal de 8 150 p., al 1% mensual (y 12% anual, lo que es totalmente inusual), reconocidos por el Gobierno republicano, luego de la disolución del tribunal. Con un principal de 4 000 p. de la fundación de Mier de los Ríos sobre la hacienda La Molina (valle de Carabayllo), a favor de la Buenamuerte. Con un monto de principales de 28 700 p., reconocidos por el Gobierno republicano, a favor de la Buenamuerte. Alquiler a Enrique Swayne; 27 000 p. anuales, menos impuestos. De la chacra del valle de Magdalena. En litigio con la testamentería de García Hera. Incluso los alquileres no pagados y que sirven para reembolsar las deudas de la Buenamuerte a acreedores y censualistas.

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Las cuatro primeras rúbricas presentan los ingresos procedentes de lo que se podría denominar los activos financieros de la orden; las tres siguientes (5, 6 y 7), los ingresos que provienen de la explotación de su patrimonio raíz. De dicha reconstitución contable, elaborada a partir de los documentos de archivos y los anexos V.3.1a y V.3.1b —que reorganizan al mismo tiempo la información—, podríamos formular de manera sintética algunas observaciones de interés. 1) En primer lugar, se puede afirmar, ahora con mayor precisión contable, que las consecuencias financieras de las dos supresiones del convento fueron considerables. La Buenamuerte asistió al embargo, efectuado por la autoridad gubernamental republicana, del 60% de los principales que le pertenecían (es decir, 60% de sus activos financieros), y al 44% de los réditos anuales que producían dichas fundaciones e imposiciones (es decir, 44% de sus réditos activos, de sus ingresos). Es lo que observamos en las mencionadas cuatro primeras rúbricas del cuadro núm. V.3.2. Si restamos además el conjunto de réditos en litigio (incobrables por definición), se puede afirmar que la religión de la Buenamuerte, en 1855, solo percibe el 26% de los ingresos que hipotéticamente le correspondería percibir, tomando en cuenta el conjunto de su patrimonio financiero. Son los prelados de la comunidad quienes parecen ser los más perjudicados con dicha disminución (ver nota 1 del cuadro núm.V.3.2). Luego veremos que dichos dirigentes de la orden crucífera disponían probablemente de otras fuentes de ingreso, no visibles y no declaradas en las informaciones examinadas. 2) En segundo lugar, confirmando así el alejamiento paulatino de la orden crucífera del mundo rural y la producción y comercio azucareros, las haciendas de Cañete de la Buenamuerte fueron alquiladas a Enrique Swayne, al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, luego de una subasta pública74. Como ya lo sabemos, dichas haciendas habían sido compulsivamente alquiladas por decisión gubernamental, en 1828-1829, a Nicolás de la Colina, antes de la primera supresión del convento. A pesar de haber perdido su control directo y haber abandonado la producción azucarera, tales posesiones seguían siendo el principal activo de la comunidad camila,

74

La toma de posesión de las haciendas por Swayne se produjo el 27/01/1851. La duración del contrato fue de tres novenos, o sea 27 años. El monto del arrendamiento («merced conductiva») declarado en los documentos de archivo del convento, de más o menos 11 000 p., no corresponde sin embargo al monto declarado en el cuadro que se presenta. Lo que puede ser simplemente un error, ya que la cifra del cuadro se confirma en documentos ulteriores. ACB, documentos núm. 1715, 2141.

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aun cuando hubieran experimentado una sensible descapitalización, tal como ya lo hemos indicado. Las mencionadas posesiones cañetanas proporcionaban el 79% de los ingresos anuales de la Buenamuerte, sabiendo además que los ingresos de la chácara de la Magdalena seguían en litigio con los acreedores del convento. Pero vale la pena señalar desde ahora que el alquiler de las haciendas cañetanas a Enrique Swayne y su toma de posesión, en 1851, habían introducido el mecanismo de la futura expropiación de las mismas y su pérdida definitiva por la Buenamuerte.Veamos de qué manera. Narciso de la Colina —el anterior locatario o inquilino— ya había fallecido y era su testamentería la que había asumido la explotación económica de dichos activos agrícolas. Una testamentería que a su vez tenía que hacer frente a un concurso de acreedores constituido contra ella, por las propias deudas contraídas por Colina durante su actividad. Una testamentería que exigió que la Buenamuerte abonase las mejoras que Colina había efectuado en las haciendas —tal como se estipulaba en los contratos de alquiler firmados—; y ello, con el fin de satisfacer las demandas del citado concurso de acreedores. Las mencionadas mejoras, luego de las evaluaciones correspondientes, ascendieron a 113 675 pesos. El valor total de haciendas, tierras y esclavos había sido estimado, en 1851, en 396 456 pesos, en alza considerable respecto a los 254 444 evaluados en 1829, en el momento en que Colina las asumió. Y el valor específico de las tierras en 233 582, contra 119 906, en 1829. La testamentería de Colina, empujada por su concurso de acreedores, exigió entonces que la Buenamuerte le reintegrase dicho monto, 113 675 pesos, correspondiente a la diferencia entre ambos valores totales de las haciendas, tierras y los esclavos, entre 1829 y 1851. Como la Buenamuerte era incapaz de poder pagar tal suma, tanto el prefecto de Cañete como el síndico del convento de Lima le pidieron al nuevo locatario, es decir a Enrique Swayne, que asumiese dicho pago; lo que este aceptó. Con la condición de que se le considerase, de allí en adelante, como acreedor de la Buenamuerte por dicho monto y que se le concediera al mismo tiempo el «derecho de retención» de las mencionadas haciendas, hasta el momento en que la Buenamuerte pudiera reembolsarle semejante deuda75. A partir de ese entonces, el inquilino Enrique Swayne (y más tarde sus propios sucesores, extranjeros y peruanos) obtuvieron el derecho de conservar las haciendas y, en el momento preciso, poder entrar en su posesión directa —total o 75

ACB, documento núm. 1715. Dicha cláusula del contrato fue evidentemente mantenida, al renovarse este, el 17/02/1875.

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parcial—, como forma de pago por la deuda contraída (ver más adelante, la aplicación concreta de dicho derecho). La expropiación definitiva de la Buenamuerte de sus haciendas cañetanas ya se había iniciado. 3) En tercer lugar, volviendo al cuadro núm. V.3.2 y al año 1855, tenemos los ingresos procedentes de las fincas urbanas. Si alrededor del 37% de sus productos (alquileres y cánones enfitéuticos) figuran como embargados, con el fin de pagar a acreedores y censualistas o para hacer frente a las obligaciones impuestas por el Gobierno republicano desde 1825, se puede afirmar, ahora con claridad, que los religiosos camilos habían subevaluado —no es imposible que haya sido adrede—, el monto de los ingresos anuales producidos por dicho segmento de su patrimonio raíz. Seguramente con la finalidad de protegerlo ante nuevas arremetidas de la legislación gubernamental, aunque tal vez dicha subevaluación corresponda también a las dificultades para cobrar efectivamente los alquileres y cánones respectivos. E incluso al hecho del «cobro individual» o privatizado de dichas sumas, efectuado por sus prelados (o algunos de ellos); algo sobre lo que volveremos más adelante. En todo caso, estamos lejos de los 3 000 p. que fueron declarados en 1835 (ver cuadro núm. V.2.5), e incluso de los 4 782 p. que habíamos estimado anteriormente (ver cuadro núm.V.2.2; a partir del anexo V.2.1). El total de alquileres y cánones anuales producidos por el patrimonio urbano de la Buenamuerte sería, según nuestros cálculos76, de 8 276 p. Aun cuando la comunidad debía de contentarse con la percepción del 63% de dicho monto. 4) Por otra parte, la Buenamuerte logró el reconocimiento de determinadas deudas gubernamentales (heredadas del Tribunal del Consulado, o de la denominada Consolidación de la Deuda Interna; ver las rúbricas 2, 3 y 4), a pesar de que no percibiera aún completamente los réditos correspondientes a dichos activos. Sin embargo, señalemos que seis meses después de la abolición peruana de la esclavitud, todavía no figuraban en los activos de la Buenamuerte los Vales de Manumisión, emitidos por el Gobierno a favor de los poseedores de esclavos a cambio de su libertad. Se registran, en cambio77, las informaciones relativas al número de esclavos en posesión de la orden crucífera, cuyo número ascendería a 629, así 76

Incluso podríamos afirmar que nuestras propias estimaciones estarían afectadas por una subevaluación, si las contrastamos a la estimación de los impuestos que debe de pagar la Buenamuerte por dichos ingresos urbanos; estimación proporcionada por los propios religiosos camilos.Ver más adelante, el cuadro núm.V.3.3; nota 5. 77 AAL-OCNSB, legajo XII: 3. Folio 63v.

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como las fechas de presentación al Tribunal Mayor de Cuentas (el 9 y el 16 de marzo de 1855) del censo respectivo de tales esclavos efectuado por los religiosos de la comunidad, directamente en las haciendas de Cañete. Dichos Vales de Manumisión, una vez inscritos y evaluados, tendrían que aumentar el valor de los activos financieros de la orden, tanto como el de los ingresos anuales78. En suma, el monto de los ingresos efectivamente percibidos por la religión crucífera sería de 33 244 p. 4,5 r., por año. Es decir, el 78% del total potencial total, restando todos los ingresos que fueron embargados o que se encontraban entonces en litigio. Estos últimos, vale la pena precisarlo, representaban un total de 9 132 p. anuales. Tratemos de contrastar ahora los ingresos de la Buenamuerte con sus gastos anuales respectivos. Para ello vamos a utilizar el cuadro núm. V.3.3, que igualmente hemos reconstituido a partir de la documentación de archivos, consignada y reorganizada en los anexos V.3.1a y V.3.1b.

78

Según las estadísticas de Quiroz, 1987, pp. 161-165, el número de esclavos manumitidos de la Buenamuerte, en 1855, era de 517, y el monto de los Vales de Manumisión correspondiente alcanzaba 155 100 pesos, produciendo un total de réditos cada dos años de 18 484 p. 4 r. (al 6% fijado), es decir, 9 242 p 2 r. por año (con algún descuento probablemente). Dos años más tarde, los mencionados Vales de Manumisión ya habían cambiado de propietario titular: el síndico del convento, también acreedor de la Buenamuerte y hombre del concurso de acreedores formado contra la Buenamuerte (ver más adelante), don José de la Riva Agüero, era su nuevo titular.Ver también ACB, documentos núm. 1407, 1867.

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CUADRO NÚM.V.3.3. GASTOS ANUALES DE LA BUENAMUERTE, 1855. EN PESOS (p) DE 8 REALES (r) RÚBRICAS DE GASTOS ANUALES

1. RÉDITOS DE IMPOSICIONES SOBRE LAS POSESIONES DE LA BUENAMUERTE Sobre las haciendas de Cañete: Principales de 638 824 p. 7 r.; réditos producidos: 13 079 p. 5,75 r. Sobre las fincas urbanas: Principales de 94 200 p. 2,5 r.; réditos producidos: 2 602 p. 3,5 r. 2. OBLIGACIONES Y ANUALIDADES, IMPUESTOS POR EL GOBIERNO [1] Educación primaria pública: 1 200 p. [2] Colegio San Carlos: 2 000 p. Deuda coronel Argudo: 854 p. 3,5 r. 3. DONACIONES QUE PRODUCEN HIPOTÉTICAMENTE RÉDITOS [3] Rúbrica intermediaria de cálculo Monto de principales y cargas pasivos del convento: 954 385 p. 6,75 r. Monto de anualidades pasivas del convento: 20 536 p. 4,75 r. Tipo promedio de censo: 2,15% 4. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE TODA LA COMUNIDAD Y SU MISIÓN Necesidades de los religiosos (276 p./mes): 3 312 p. Personal doméstico del convento (8 personnes, 8 p./mes): 768 p. Otros (ropa, peluquero, enfermería, etc.) (70 p./mes): 840 p. Alimentación (373 p. 6 r./mes): 4 485 p. Mantenimiento de mulas, alfalfa (15 p. 4 r./mes): 186 p. Templo, culto, fiestas religiosas, etc. (122 p./mes): 1 472 p. 6 r. Misas obligatorias: 702 p. 2,5 r. [4] Luz, serenazgo, abono al diario El Comercio, etc.: 48 p. Ropa de los 30 religiosos (también los novicios) (129 p./mes): 1 547 p. 4 r. 5. GASTOS VINCULADOS A LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO DEL

MONTO

15 682 p. 1,25 r.

2 854 p. 3,5 r.

13 361 p. 4,5 r.

CONVENTO

Abogados y procuradores en la Corte Suprema: 300 p. Notarios, asistentes varios: 816 p. Papel, tinta, oficina, etc.: 48 p. Otros (por obligaciones impuestas por el Gobierno): 840 p. Reembolso de préstamos: 450 p. [ya deducidos de los ingresos] Mantenimiento de las fincas urbanas (desagüe, limpieza, etc.): 84 p. Viaje a Cañete, censo de los esclavos: 200 p. Impuestos sobre los réditos producidos por las posesiones: 284 p. 4,5 r. [5] Reparaciones y renovación de las fincas urbanas: 1 037 p. 6. TOTAL EFECTIVO DE GASTOS

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 3.

3 609 p. 4,5 r.

35 507 p. 5,75 r.

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[1] En su propia contabilidad, los religiosos crucíferos asumieron que los dos primeros réditos «representaban» principales cargados sobre las propiedades de la orden. Los estimaron y capitalizaron, a 2%, en 60 000 p. y 100 000 p., respectivamente La deuda reconocida al coronel Argudo es de 21 360 p. 5,25 r. [2] Ya fueron deducidos de los ingresos; estas obligaciones forman parte de alquileres y cánones embargados por el Gobierno. [3] Casa de Quito 40 000 p.; réditos (en juicio e inciertos) 800 p. [4] Dinero que se paga a los religiosos camilos por misas obligatorias, fuera de las de los nuevos capellanes, designados por el Gobierno. [5] 4% sobre los ingresos de las haciendas; una parte ya fue deducida de los ingresos; 3% sobre los alquileres y cánones urbanos, estimados en 8 790 p.

Las tres primeras rúbricas presentan las obligaciones anuales como resultado de las imposiciones efectuadas sobre el patrimonio de la Buenamuerte, o el reconocimiento de cargas impuestas. La cuarta rúbrica presenta el detalle de los gastos de la orden vinculados específicamente a su funcionamiento y misión, mientras que la quinta rúbrica resume los gastos indirectamente ligados a la explotación del patrimonio raíz de la orden79. De esta reconstitución se pueden emitir algunos comentarios: 1) En primer lugar, se puede afirmar que, incluso cuando se excluyen las cargas y obligaciones impuestas por el Gobierno republicano, el patrimonio de la orden crucífera aparece gravado, en 1855, por una considerable masa de principales. Las estimaciones efectuadas demuestran que más del 46% de los gastos anuales de la Buenamuerte lo constituyen en realidad el pago del servicio de su deuda a acreedores y censualistas. Dichos 15 682 pesos, comprometen casi la mitad de los ingresos efectivamente percibidos por la orden (de un total de 33 244 pesos). 2) Se puede precisar, en segundo lugar, que el monto de sus principales pasivos —es decir los que producen salidas de réditos—, es el triple (733 025 p. —según nuestros cálculos, cuadro núm.V.3.1) del monto de sus principales activos —esto es, de los que producen entradas de réditos, que alcanzan 255 050 p. E incluso, si tomásemos en cuenta la ficción contable de la Buenamuerte (tal y como aparece en el cuadro núm. V.3.3, al abultar sus principales), dicha diferencia sería de casi 3,7 veces. Aparece entonces 79

La clasificación efectuada por los religiosos camilos se basa en la distinción entre gastos «ordinarios» y «extraordinarios». Hemos procedido a una modificación de dicha clasificación, con el fin de distinguir los gastos directamente ligados al ministerio de la orden, a su misión, y los que se derivan de la puesta en explotación o valorización de su patrimonio raíz.

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con toda claridad el hecho de que la religión de la Buenamuerte de Lima, hacia mediados del siglo XIX, es una orden religiosa con un patrimonio visiblemente sobrecargado de obligaciones pasivas, es decir, sobreendeudado. 3) En tercer lugar, esta reconstitución contable nos ha permitido también calcular los tipos promedio de los censos activos y pasivos; y las conclusiones son también elocuentes. El tipo promedio de censo de los principales pasivos (es decir, los que debe pagar la Buenamuerte) es de 2,15%, mientras que el tipo promedio de los principales activos (esto es, los que recibe la orden) es de 1,9%80. Lo que significa, en claro, que la Buenamuerte paga por un peso de principal reconocido sobre su patrimonio más de lo que le produce un peso de principal invertido al exterior, o reconocido como tal. Un resultado financiero y un comportamiento de colocaciones efectivamente ilógico o paradójico81. Se puede afirmar entonces con toda claridad que no estamos, al inicio de la segunda mitad del siglo XIX y para el caso de la orden camila de Lima, delante de un comportamiento de «banquero» o financista, sino más bien en frente de un proceso de descapitalización y de desfinanciación de mediano plazo. Hubiéramos deseado comparar dicha situación financiera con la de los años 1780, periodo de prosperidad productiva de la orden camila (ver capítulo segundo); lamentablemente no contamos con las informaciones pertinentes para dicha operación. Pero también se podría indicar que tal situación se explicaba como una consecuencia duradera de las dos supresiones experimentadas y que era muy probable que los prelados de la orden de aquel momento no contasen con los medios para percatarse o tomar conciencia de una situación financiera tan atípica y nefasta. Lo que abre al mismo tiempo toda una perspectiva para estudios comparativos con otras órdenes religiosas peruanas del siglo XIX (e incluso latinoamericanas), y su actividad económica y financiera. A condición de trabajar en una óptica monográfica y analítica, tal como ya lo hemos preconizado, y contar con las fuentes que lo permitan. 4) Finalmente, para 1855, se puede contabilizar el monto del déficit anual en 2 263 p. 1,25 r. Lo que representa una suma inferior a los 3 160 p. que habían sido estimados por el síndico J. A. Ugarte en su «plan», una década antes; el mismo que, tal como ya lo indicáramos, tenía sobre todo la finalidad de lograr una supresión de las cargas gubernamentales impuestas, si se deseaba que 80 Con exclusión, como lo decimos en el cuadro núm.V.3.2, de los títulos excepcionales o recientes, con tipos de censo fuera de la norma. 81 Llevando la paradoja a sus mayores extremos, se podría afirmar que más le hubiese convenido a la Buenamuerte el prestarse dinero a sí misma (!).

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

la Buenamuerte pagara a sus acreedores y censualistas.Varios hechos podrían explicar esta disminución relativamente importante del déficit anual contable. La recuperación de la actividad locativa urbana de la Buenamuerte, en particular; también el mejor cobro de alquileres y cánones enfitéuticos.Y de manera general, su mayor actividad como orden religiosa para el ejercicio de su misión. Además que la religión crucífera parecía contar, en 1855, con mayores medios para su función religiosa. Pero no podemos descartar el hecho de que también se hubiese producido una subevaluación de los ingresos de la orden en 1845, o una «invisibilidad» de determinados ingresos, en particular de aquellos que eran percibidos individualmente por sus prelados. Según las informaciones recogidas, y a pesar de las cargas impuestas por el Estado, la comunidad consagra más del 40% de gastos anuales al ejercicio de su misión. Tratemos de ver en seguida la forma en que la orden camila administraba y explotaba su patrimonio urbano. 2) La Buenamuerte y sus fincas urbanas, en 1855 La orden camila contaba, como ya lo sabemos, con un relativamente importante patrimonio urbano en la capital peruana82. El balance presentado por los religiosos crucíferos al arzobispado limeño, en 1855, también proporciona información complementaria sobre el estado de dicho patrimonio urbano y sobre la manera en que se organiza su puesta en valor83. Por lo general, se trataba de un conjunto de activos sitos en Lima (casas, casitas, tiendas, callejones de cuartos, corrales, talleres, etc.), cedidos en venta enfitéutica o en alquiler. Para observar con precisión su situación y explotación, nos ha parecido importante reconstituir (y reorganizar) dicha información, con el fin de establecer una comparación con los datos ya recogidos para 1834 (ver anexo V.2.1 y cuadro núm. V.2.2). Dichas informaciones, para 1855, tratando de conservar la misma estructura de presentación que para 1834, aparecen en el anexo V.3.2. Vale la pena subrayar que hay indiscutiblemente una gran diferencia entre las dos situaciones, incluso a nivel económico y financiero, esto es, la de 1834 y la de 1855. En este último año, en 1855, luego de la victoria militar de Ramón Castilla, nos encontramos también en pleno auge de la 82 Nos hemos acercado a esta problemática en varias ocasiones; fue en realidad nuestra puerta de entrada para observar la evolución de la orden crucífera en Perú, desde el momento de su implantación en Barrios Altos.Ver Luna, 1999, 2003a. 83 AAL-OCNSB, legajo XII: 3.

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explotación y exportación guaneras, las que de diferentes maneras inyectan recursos financieros y estímulo a la actividad económica limeña. La coyuntura de 1834 es menos boyante, más estrecha y mucho más desordenada desde el punto de vista político y militar. Si en 1834 la comunidad de la Buenamuerte acababa de ser restablecida, luego de una primera supresión de cuatro años, y se encontraba en una situación de extrema fragilidad, cuando llegamos a 1855, la orden camila parece transitar ya por la vía de una relativa recuperación —a pesar de sus endémicos conflictos internos—, diez años después de su segunda supresión (de 10 meses) y su segundo restablecimiento. Aun cuando, tal como acabamos de verlo, siguiera experimentando las consecuencias de mediano plazo —en particular desde el punto de vista financiero—, de aquellos dos acontecimientos mayores de sus existencia, en el primer siglo XIX, esto es, sus dos supresiones. Conviene recordar asimismo que hubo un nuevo riesgo de supresión de la orden de la Buenamuerte, en 1846 —y que no fue el último. El ministro José G. Paz Soldán, en una carta remitida al arzobispo de Lima, ya el 22/08/1844, había agitado nuevamente la amenaza de supresión de la orden crucífera, evocando la situación de desequilibrio financiero de sus cuentas, sus gastos de mantenimiento excesivos (so pretexto de misión y ministerio), el número demasiado elevado de los novicios aceptados, etc. 84. De la confrontación de ambos momentos (ver respectivamente los anexos V.2.1 y V.3.2) se pueden extraer observaciones interesantes, respecto a la composición y la valorización del patrimonio urbano de la Buenamuerte. Vamos a intentar sintetizarlas y presentarlas lo más claramente posible. 1) En primer lugar se puede observar con bastante claridad que el número de posesiones urbanas de la Buenamuerte, tal y como aparece en el balance de 1855 (anexo V.3.2), es sensiblemente superior al de 1834. No se puede excluir totalmente el hecho de que los religiosos crucíferos hayan podido agrandar el número de sus fincas urbanas, durante los veinte años comprendidos. Pero resulta más verosímil pensar —y es lo que el manejo de las fuentes nos permite afirmar— que podían haberse producido dos hechos concomitantes, que se expresaron en el balance de 1834 (anexo V.2.1), esto es, luego de su primer restablecimiento. Primero, una clara voluntad de disimular o camuflar determinadas posesiones urbanas de la Buenamuerte, 84 AAL-OCNSB, legajo X: 147. Ver también, Grandi, 1985, p. 135. Si observamos las informaciones de los cuadros núm. V.2.6 y núm. V.3.3, los gastos de la comunidad consagrados a las necesidades de su misión alcanzaban, en 1835, 35% del total; en 1855, dichos gastos representaban 37,6%.

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con el fin de protegerlas de nuevas cargas. Pero también, en segundo lugar, es posible pensar que se estaba produciendo —en el mediano plazo, y ya probablemente desde fines del siglo XVIII—, una forma de «privatización» de determinadas posesiones urbanas, tanto en lo relativo al cobro de alquileres y cánones enfitéuticos como respecto a la propia posesión, a favor de ciertos prelados o religiosos de la orden. Que es algo que pudo igualmente ocurrir con determinados ingresos y réditos activos85. Resulta evidente que la práctica consistente en crear una fundación sobre una propiedad (incluso legándola a la comunidad), cuyo alquiler o canon enfitéutico tenía que servir a solventar misas —celebradas en memoria del fundador o legador—, y que adoptaba la forma de capellanías o de «limosnas» que había que pagar al religioso que celebraba la misa —o que había sido designado como beneficiario o patrón de la operación—, era una práctica que podía favorecer la privatización y hasta la individualización de la posesión, como la que estamos evocando; sobre todo cuando dicho beneficiario era un prelado (el prefecto del convento, por ejemplo) de la orden. Una privatización o individualización de beneficios que ya se producía también en el último tercio del siglo XVIII, tal como lo vimos anteriormente (capítulo tercero de este libro), con respecto a las misas por celebrar. Lo que conllevaba una degradación de los ingresos visibles de la comunidad y podía incluso propiciar una degradación institucional de la autoridad de los prelados de la orden —o del prefecto del convento. Que fue también lo que llegó a producirse entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (ver también el capítulo tercero). Si se nos permite emplear la fórmula, se podría hablar de un «embargo particular» llevado a cabo por determinados religiosos de la comunidad —y no solamente los prelados—, con el fin de cobrar aquellos alquileres, cánones enfitéuticos (o réditos) a los que pensaban tener derecho. Una penetración o extensión de la mentalidad individualista (y del usufructo individual) dentro de un cuadro de pensamiento y comportamiento hipotéticamente colectivos. Es decir, una característica que ya se observaba igualmente desde el último tercio del siglo XVIII. Fuera de este fenómeno, es muy probable que haya sido la voluntad de los dirigentes de la orden camila de recuperar sus fincas urbanas, al promediar el siglo XIX, ya en pleno retraimiento hacia el patrimonio urbano de la comunidad —al estar perdiendo el control de las haciendas y su contacto con el mundo rural—, lo que permitiría explicar ese presunto aumento de las posesiones urbanas limeñas de la Buenamuerte. Señalemos además, en esta misma perspectiva, que en otros documentos de 85

Luna, 1999, 2003a.

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los archivos del convento (ulteriores a 1855), aparecen referencias a otras posesiones urbanas que no figuraban inventariadas en el balance formado en 1855. De otra parte, también se puede notar, tanto en el balance de 1855 como en otros documentos igualmente ulteriores, la transformación de determinadas partes del convento, inherentes a su constitución, en locales destinados a arrendamiento o a venta enfitéutica. Algo que por cierto no dejaba de plantear serios problemas con las autoridades del arzobispado de Lima86. 2) En segundo lugar, se puede afirmar que el monto de los alquileres o cánones enfitéuticos producidos por las fincas urbanas parece hallarse en sensible aumento. Estamos hablando de cerca de 400 pesos mensuales, en 1834 (anexo V.2.1), contra cerca de 700 pesos, en 1855 (anexo V.3.2). Se podría argumentar que probablemente se deba al alza de tales alquileres y eventualmente de cánones enfitéuticos renegociados, entre ambos momentos, sabiendo además que el impulso de la exportación guanera estaba produciendo un aumento de precios y la demanda por espacios locativos urbanos, especialmente en la capital peruana. Pero también cabría preguntarse si no se trata simplemente del hecho de la subevaluación efectuada por los propios religiosos camilos en 1834. O tal vez, el fruto de una disminución parcial o coyuntural del mencionado «embargo particular» de los propios prelados y religiosos. Con lo que el aumento que parece notarse, entre 1834 y 1855, podría no ser otra cosa que una ilusión óptica; surgiendo entonces la pregunta sobre si los ingresos por alquileres y cánones enfitéuticos urbanos de la época en que se subevaluaban las entradas, esto es, en 1834, no pudieran haber sido en realidad bastante superiores que los de 1855. Más adelante volveremos sobre este espinoso asunto, ya que la situación financiera de la orden tenderá a agravarse sintomáticamente en los años siguientes. 3) También podríamos precisar, en tercer lugar, que un gran número de contratos mediante protocolo notarial —de los que se tiene información en los documentos de la orden—, especialmente para las ventas enfitéuticas o para las locaciones de fuerte alquiler, incluían, en 1855, determinadas cláusulas que exigían que el arrendatario o el enfiteuta efectuasen reparaciones o mejoras en el inmueble cedido, e incluso la reconstrucción del edificio; o en todo caso, que se comprometieran a satisfacer determinadas demandas de la Buenamuerte. Por ejemplo, el aprovisionamiento de medicinas para la 86 AAL-OCNSB, legajo XII: 12. Un buen número de documentos testimonia de la venta enfitéutica de determinados locales pertenecientes al convento, de su propia estructura como edificio religioso.

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enfermería del convento a un precio inferior, equivalente a un tercio de su coste real87. Según los mencionados contratos, las mejoras producidas en el edificio —o en la misma estructura de las fincas, en sus cuartos, extensiones o dependencias— quedarían incorporadas al patrimonio de la orden crucífera, luego de finalizado el periodo de cesión, sin ninguna formalidad especial y sin considerar —tal como se hacía aún en el siglo XVIII—, un probable reembolso o compensación por la Buenamuerte de los trabajos efectuados por el arrendatario o el enfiteuta. Es muy probable que se pueda ver en ello un simple modo de mantenimiento del valor urbano de las fincas, antes de la intervención municipal directa o la de las compañías urbanizadoras de fines del siglo XIX. Pero también podríamos afirmar, con bastante claridad, que las autoridades de la orden crucífera lograban de esa manera imponer un incremento del valor de sus posesiones como condición para su locación o venta enfitéutica. Lo que delataba probablemente un cambio en la correlación de fuerzas entre las partes que firmaban e intervenían en los citados contratos. Era seguramente un signo de la modificación de la coyuntura y las necesidades de locales urbanos en la capital de la república peruana, ya desde mediados del siglo XIX. El examen detallado de los contratos disponibles en los archivos del convento y los arzobispales88, entre 1855 y 1858, tiende a confirmar efectivamente este análisis. Luego volveremos sobre esta cuestión y ampliaremos el periodo cronológico de observación.

87 Ver, entre otros, los siguientes casos: Penitencia, 281 y 283; Buenamuerte, 151 y 152; Santa Clara, 211 et al.; Divorciadas, 83. anexo V.3.2. Las casas vendidas en enfiteusis son generalmente cedidas o transferidas por novenos (periodos de 9 años). 88 El contrato de alquiler de la casa de propiedad de la Buenamuerte, sita en 10, calle Rufas, firmado el 22/11/1855 con don Pablo Criado —empleado de la Casa de la Moneda—, por una duración de 10 años y un alquiler anual de 204 p., de abono mensual, precisaba que las mejoras introducidas pasaban en propiedad plena al propietario, fuera de las reparaciones que el arrendatario se comprometía a efectuar. Se indicaba asimismo que dicho locatario sería expulsado de la locación, al cabo de tres meses de alquiler impagos. En el contrato de alquiler de la casa, sita en 28, calle Penitencia, del 26/04/1855 con doña Carmen Serpa, por una duración de 10 años también, por un alquiler anual de 100 p., se imponen las mismas exigencias. Lo mismo para la casa tienda de 321 y 322, calle Santa Clara —subiendo hacia el monasterio de Mercedarias—, alquilada a Mathilde Luza, el 30/06/1857, por una duración de 10 años y 72 p. de alquiler anual —aunque en este caso con 6 meses de tolerancia por los alquileres impagos. Lo mismo para la locación efectuada, el 17/06/1858, a favor de Luis Muñecas, de la casa sita en la «bocacalle» de San Ildefonso, por un periodo de 10 años y un alquiler de 90 p. Sería posible citar otros casos, incluso para el año 1854. ACB, documentos núm. 1415, 1416, 1555.

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4) También podemos señalar, en cuarto lugar, que hubo contratos firmados durante la administración del presidente José R. Echenique (18511854), que fueron simple y llanamente invalidados por la Orden Suprema del 18/07/1854, decretada por el Gobierno provisorio de Ramón Castilla; una disposición que, por otro lado, anulaba todos los actos públicos que se habían producido durante el mencionado mandato presidencial. Los mismos religiosos de la Buenamuerte afirmaron —y con ello cuestionando abiertamente la administración de prelados y prefectos anteriores— que los contratos firmados en este entonces se habían caracterizado por la subevaluación del valor de los alquileres de las casas y tiendas cedidas a arrendatarios y enfiteutas, perjudicando de sobremanera los ingresos del convento, fuera de los alquileres embargados89. Una denuncia que repercutió, por otro lado —como en otras ocasiones anteriores—, en la agudización de conflictos en el seno de la orden crucífera. El usufructo del patrimonio urbano de la orden —como los beneficios obtenidos con las haciendas de Cañete en el último tercio del siglo XVIII—, tampoco fue en ese momento un factor de consolidación de la unidad de la comunidad, ni de sosiego en sus relaciones con el arzobispado de Lima. En los desacuerdos también intervinieron, a veces como juez, a veces como parte, las autoridades del arzobispado. Entre 1855 y 1856, por ejemplo, se desató un conflicto entre determinados religiosos de la orden camila y el promotor fiscal del arzobispado, originado por la probable venta enfitéutica de locales pertenecientes al convento90. La revisión de las informaciones de 1855 también permite confirmar la permanencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno, durante las dos supresiones del convento. Si hubo, tal como ya lo sabemos, ingresos, alquileres y réditos embargados y destinados a aplicaciones específicas, en particular para la instrucción pública primaria, también los hubo que fueron durablemente atribuidos a particulares y allegados del Gobierno de turno. Pero también se registraron dentro de los acreedores y censualistas de la Buenamuerte, probablemente haciendo valer relaciones e influencias —o sea, con mayor capacidad de negociación que el resto—, aquellos que lograron que se les atribuyese una fuente específica, individualizada, de reembolso dentro de las rentas del convento —a veces procedentes

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Ver, por ejemplo, los casos de las fincas sitas en las calles siguientes: Buenamuerte, 155, 156 y 157; Rufas, 258, 259 y 26 y 30.Ver anexo V.3.2. 90 Se trataba de tiendas y casas, situados en las calles Penitencia y Rufas. AALOCNSB, legajo XII: 8. Ver también anexo V.3.2. Unos y otros apoyaban y defendían a candidatos diferentes para la compra, aun cuando una de las propuestas en disputa presentara con toda evidencia más ventajas a favor del convento.

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nominal y directamente del arrendatario de las haciendas. Fue el caso de determinados beneficiarios de capellanías con principales impuestos sobre las propiedades urbanas de la Buenamuerte, pero también fue el caso de antiguos síndicos de la Buenamuerte que lograron que se les reconociera como nuevos acreedores del convento91. 5) Por último, se puede indicar que, fuera de las cláusulas formales y oficiales de los contratos (para no hablar de las operaciones sin contrato), es muy probable que hayan existido «condiciones tácitas» o simplemente verbales92, en las locaciones o ventas enfitéuticas concertadas93. Se podría hablar, por ejemplo, de la reducción de los montos de arrendamiento, cánones (o incluso réditos) por cobrar, en compensación de rentas pasivas o deudas acumuladas impagas de la Buenamuerte94. Luego volveremos sobre esta cuestión. Pero ocurría también que algunas de las reducciones concedidas fuesen más importantes que la suma de réditos que trataban de compensar; los documentos examinados no nos permiten comprender con cabalidad la lógica de tales operaciones, fuera de sus consecuencias a nivel de la reducción de los recursos disponibles para la orden crucífera. Esto nos induce a confirmar que existía, en 1855 (y seguramente ya con anterioridad), una importante superficie de prácticas pecuniarias o de préstamo, pago y compensación —probablemente articuladas con los espacios locales de influencia de la orden camila— que permanecieron al margen de su certificación escrita y notarial. Se puede afirmar de la misma manera que ya era visible, en 1855, la tendencia —que luego se confirmará, como lo veremos más adelante—, de repliegue urbano de la orden crucífera, en torno a su patrimonio limeño, y en particular en torno a las propiedades localizadas en su entorno inmediato. Los arrendatarios o enfiteutas de dichas posesiones parecen ser generalmente personas cercanas a la orden, presumimos que situadas o establecidas en Barrios Altos; lo que ya había sido, al inicio de su configuración como orden religiosa en Perú, una de las características de la implantación de la Buenamuerte en Lima. Se observaba entonces, en medio del declive y el repliegue, algo así como un progresivo retorno a las fuentes de origen. 91 Por ejemplo, entre otros: el capellán del convento supreso de N. S. de Guía, o el de las capellanías «Papá» y Mascaró. Anexo V.3.2. 92 Algunos indicios de la aplicación de dichos contratos nos conducen a pensar que así fue. 93 Lo que parece más complicado es determinar si se trata de una práctica antigua o si se desarrolló sobre todo en aquellos últimos 20 años.Ver anexo V.3.2. 94 Ver, por ejemplo, los casos de los inmuebles situados en las calles: Buenamuerte, 151, primer piso; Santa Clara, 144 y 145; Cruces, callejón de cuartos Quintana; Divorciadas, 83. anexo V.3.2.

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Posesiones de la Buenamuerte en El Martinete y Las Carrozas, embargadas o de alquiler impago, junio de 1855.

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3) La lenta recuperación de la Buenamuerte, su repliegue urbano Es posible afirmar entonces que desde mediados del siglo XIX ya está en proceso un lento —y seguramente contradictorio— proceso de restablecimiento de la orden camila en Lima, aunque la espada de Damocles de la supresión siga pendiendo sobre su existencia, tanto como las obligaciones impagas y las reclamaciones insistentes de acreedores y censualistas reunidos en «concurso» (ver más adelante), esto es, de aquellos que pudieron resistir a lo que hemos denominado una «desamortización silenciosa». Los religiosos crucíferos limeños pudieron poco a poco recuperar sus activos, procediendo muchas veces a juicios y gestiones diversas de cara al Gobierno republicano95, a pesar de que las haciendas de Cañete siguieran bajo alquiler, impuesto por las autoridades civiles. Pero, tal como lo veremos más adelante, prosiguieron la erosión de los ingresos y las dificultades financieras del funcionamiento de la orden. Como ya lo indicamos, la ley peruana de supresión de la esclavitud, de diciembre de 1854, significó para la orden camila —y en términos estrictamente económicos y financieros—, por un lado, la disminución del potencial productivo de las haciendas de Cañete, o sea, una «descapitalización», si se nos permite el término, de su valor como activos, fuera de la descapitalización financiera que ya hemos analizado. Pero trajo también como consecuencia una fragilización del mismo alquiler de las haciendas, en términos de las rentas anuales percibidas por la Buenamuerte, con exigencias del arrendatario de entonces, Enrique Swayne, para lograr una disminución del monto pagado. Desde diciembre de 1854, argumentó Swayne96, el trabajo estaba paralizado en las haciendas, lo que hacía imposible el poder pagar las mensualidades 95

Virgilio Grandi elogia en particular la tenacidad de los religiosos (y hermanos) del Río, particularmente Francisco (el «padre Panchito»), en dicha empresa. Este último se habría encargado, entre otras cosas, de recuperar y clasificar la dispersa documentación de archivos, con el fin de contar con los medios de obtener, en juicios y procedimientos ante los tribunales, el reintegro de sumas y posesiones. Lo mismo para reconstruir la contabilidad de la orden (Grandi, 1985, pp. 140, 150). Las opiniones al respecto parecen sin embargo dividirse; con unas dificultades documentales muy grandes y con una confusión consecuente para el pago de las deudas.Ver más adelante, en particular, las consecuencias funestas para la Buenamuerte del desorden y descontrol de las cuentas y los archivos. 96 En una carta de marzo de 1855. ACB, documentos núm. 1565, 1566. Se encuentran en ese fondo documental la correspondencia intercambiada por el procurador y el prefecto del convento, Francisco del Río y Carlos Silva, con el arrendatario Enrique Swayne, entre 1854 y 1855, comentando las consecuencias de la supresión de la esclavitud de diciembre de 1854.

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del alquiler. Para reiniciar la producción, habría que reemplazar a 600 individuos, que ahora ya eran libres, o pagarles a los ex-esclavos un salario (un fuerte salario, señaló); por lo que se imponía una reducción considerable del alquiler pagado a la Buenamuerte, haciéndolo pasar de 26 000 pesos a 8 700 pesos anuales —de tres a uno. A lo que se opusieron desde luego las autoridades del convento, invocando las necesidades de la orden para llevar a cabo su misión y ministerio religiosos, pero por sobre todo, recordando las exigencias de sus propios acreedores y censualistas.Y ello, aun cuando la situación creada proporcionara, al mismo tiempo, nuevos argumentos a las autoridades de la Buenamuerte para pedir y obtener finalmente la supresión de algunas de las cargas que el Gobierno les había impuesto, durante las dos supresiones de la orden. O incluso para que el Gobierno cesara en su política de pedirle a Swayne que, en vez de pagar al convento todo el monto del alquiler de las haciendas, sustrajera algunas partidas para satisfacer directamente a los censualistas más insistentes o influyentes97. Al mismo tiempo (y a pesar de la legislación que se oponía teóricamente a dicho recurso contra una entidad religiosa) los más fuertes acreedores y censualistas del convento ya habían logrado constituir en la práctica un «concurso de acreedores» contra la Buenamuerte, desde 184898, el mismo que se transformó en una amenaza permanente para la orden crucífera y su patrimonio y que gestionó en diversas oportunidades el embargo y la subasta de sus bienes (incluso su venta enfitéutica por 150 años), con el fin de obtener el pago de sus deudas atrasadas, lo que finalmente lograrían 60 años más tarde (ver más adelante). Desde 1858 entonces, dichas cuestiones preocuparon constantemente a los prelados de la orden crucífera y su capítulo. Por ejemplo, un decreto gubernamental, del 19/12/1858, «autorizó» la subasta de las haciendas de la Buenamuerte en enfiteusis; la que sin embargo no se llevó a cabo99. Luego, en varias coyunturas críticas, durante los años 1860, se produjeron amenazas contra la orden, por parte de los miembros del mencionado concurso de acreedores, haciendo jugar sus influencias en el seno del Gobierno republicano. Más tarde, en 1872, se propuso la venta de la chacra de la Magdalena, con el fin de pagar a dichos acreedores. Lo mismo en 1878, 97

ACB, documento núm. 1566.Ver también, Grandi, 1985, p. 150. ACB, documento núm. 1867. El presidente de la Buenamuerte, José Villaza, recuerda, en 1891, que dicho concurso, criatura de censualistas y acreedores de la orden, fue una agencia de negociación (y expoliación) de los diferentes títulos o valores fiscales recibidos por la Buenamuerte del Gobierno peruano, con el fin de pagarse a sí mismos las deudas acumuladas. 99 García Calderón, 1879, vol. I, p. 298. 98

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apuntando a algunos segmentos del patrimonio urbano reconstituido. La actitud de la Buenamuerte se orientó hacia la negociación individual con cada acreedor, a condición de que dejara este de formar parte del concurso constituido. Su éxito fue muy discreto, casi nulo. Poco a poco, el concurso de acreedores pasó bajo el control de los acreedores y censualistas más poderosos —especialmente institucionales—, dentro de los cuales podemos citar a los monasterios femeninos y a las compañías azucareras peruanas y extranjeras, tal como lo veremos más adelante. En 1864, siguiendo los pasos de la Iglesia Catedral de Lima y las directivas del arzobispo, la Buenamuerte también se opuso a la redención de censos y capellanías propuesta por la ley de 1864, tal como lo hemos analizado anteriormente (ver capítulo cuarto). El prefecto de la religión camila, José Villaza, manifestó claramente su rechazo a dicha ley, haciendo coro con los argumentos de las autoridades eclesiástica limeñas, especialmente el capítulo catedralicio. Más tarde, las redenciones que pudieron efectuarse mediante dicha ley se volvieron otro punto de conflicto con el Gobierno (tanto como el capital y servicio de los denominados Vales de Manumisión de los esclavos), al no pagar aquél los réditos o ingresos que comportaba la operación, o hacerlo con títulos fiscales de escasa liquidez. Explicando, en 1891, las causas de los desequilibrios financieros de la Buenamuerte, a lo largo del siglo XIX, el prefecto y presidente de la orden, José Villaza, explicó que luego de la redención de los censos y capellanías que poseía la Buenamuerte (esto es, aquellos capitales impuestos sobre bienes raíces —capitales propios o impuestos por terceros—, por los que el convento percibía réditos), fuera del hecho de haber perdido los capitales o principales impuestos a su favor —con la consecuente descapitalización financiera—, el Gobierno, al haber asumido el pago de los réditos a favor de la Buenamuerte, efectuaba dicho abono en títulos del Estado100. Esto es, con valores de difícil conversión en dinero líquido y de difícil aceptación por los acreedores y censualistas de la orden, cuando ésta quería pagar sus deudas para con ellos. Lo que agravaba la presión para la venta de sus títulos de mayor solidez financiera (los vales de manumisión, por ejemplo), empujaba hacia la búsqueda de dinero líquido y ampliaba el déficit financiero. 100

ACB, documento núm. 1867.Villaza dice además que la Buenamuerte no tuvo derecho a redimir los censos y capellanías que pesaban sobre sus propios bienes raíces —al estar permanentemente acosada por sus censualistas y acreedores—, lo que la obligaba a seguir pagando los réditos anuales correspondientes..., con dinero líquido y no con títulos del Estado.

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a) El papel del síndico. La crisis financiera de la Buenamuerte en los años 1870 La misión del síndico —un funcionario impuesto por las autoridades gubernamentales—, en tanto que administrador de los bienes e intereses de la comunidad, fue generalmente controvertida y en muchos casos cuestionada por los religiosos camilos. Tal como ya lo enunciáramos anteriormente, en numerosos casos, las relaciones entre la Buenamuerte y dichos administradores se terminaron con juicios y demandas, al haberse vuelto estos «nuevos acreedores» de la orden. Según los religiosos camilos, las sumas de dinero proporcionadas por los síndicos siempre fueron insuficientes. Se encontraban así, afirmaban, en una situación de carencia permanente que muchas veces les condujo a proponer la venta enfitéutica de determinados locales del mismo convento o ciertas pampas inútiles, especialmente en la calle Rufas, con el fin de lograr complementos financieros para su actividad y misión religiosas. Pudo incluso ocurrir lo mismo con determinadas habitaciones que se hallaban en el patio interno del convento, como ya lo señalamos. Con el fin de acercarnos mejor a dicha realidad y verificar los argumentos avanzados, hemos podido reconstituir a grandes trazos los ingresos y gastos mensuales de la Buenamuerte, durante los años 1870. A pesar de su carácter incompleto, las informaciones recogidas nos dan algunas pautas respecto al papel desempeñado por el síndico administrador. Es lo que aparece en el anexo V.3.5; en donde explicamos la imposibilidad de proporcionar totales, por las dificultades y lagunas de la información disponible. Según las fuentes consultadas, poniéndolas en relación unas con otras, se puede afirmar que hubo entonces en el convento de la Buenamuerte —durante esos años y probablemente desde antes—, por lo menos tres personas directamente vinculadas con los movimientos mensuales de ingresos y gastos de la comunidad. En primer lugar, el prefecto del convento, que tenía como función la transmisión de las informaciones contables al arzobispo y las autoridades de la Iglesia Catedral de Lima; ya que era el arzobispo quien detentaba y asumía, en última instancia —y en particular, de cara al poder civil—, la responsabilidad del funcionamiento y el estado financiero de la comunidad. Algo que no siempre fue en la orden camila un asunto simple y sosegado, como ya lo hemos demostrado, en donde, por otra parte, fuera de los conflictos con los síndicos sucesivos, hubo además enfrentamientos y fracturas entre los mismos religiosos crucíferos, con respecto a la administración y el uso de las rentas percibidas101. 101

Conviene saber, por ejemplo, que los años 1870 culminaron con un cuestionamiento general de la administración de los prelados del convento de los años anteriores;

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En segundo lugar, como segunda persona ligada a la cuestión de los ingresos y su utilización, encontramos al síndico administrador; este se encargaba de percibir y cobrar las rentas de la comunidad y transmitirlas al prefecto. Pero también debía de hacer frente a los pedidos de dinero de este último. Se puede afirmar que había un conjunto de ingresos que llegaban íntegra e inmediatamente a manos del prelado y otros cuyo cobro o recaudación tomaba un poco más de tiempo, ya fuese por que eran anuales, ya fuera porque la costumbre era percibirlos con retraso, o porque dependían de una intermediación judicial. Pero en ese caso, el síndico debía personalmente contar con la solvencia financiera que le permitiera «adelantar» las sumas de dinero requeridas por la comunidad, cuando se formulasen tales pedidos, como un banquero o cajero de proximidad, aun cuando no se hubieran recaudado todavía las sumas esperadas. Dicho funcionario percibía como remuneración un porcentaje de las rentas cobradas. El síndico contaba además, y es la tercera persona vinculada con el movimiento mensual de ingresos y gastos, con un cobrador o un equipo de cobradores, asalariados del convento, que se encargaban personalmente de ir, percibir y reclamar las rentas del convento, a casa de los arrendatarios, enfiteutas o deudores. Las informaciones registradas (ver anexo V.3.3), correspondientes a los años 1870, proporcionan mayor precisión en las rúbricas de ingresos que en las de gastos, desde el punto de vista de su origen, naturaleza y cobro. Dichas rentas mensuales parecen haber sido constantes y semejantes durante toda la década examinada. El superior provisorio de 1878, el religioso camilo Antonio Arnao Cadillo, no duda en llamarlas «rentas ordinarias», seguramente para distinguirlas de las «rentas extraordinarias», esto es, las que percibían individualmente los antiguos prelados (sometidos a crítica por ello) y que, según lamenta Arnao Cadillo, nunca eran registradas en la contabilidad del convento102. Por otro lado, se puede indicar también que los gastos mensuales no aparecen clasificados en rúbricas definidas y solo excepcionalmente son justificadas mediante facturas o recibos. Los resultados consignados en el anexo V.3.3 nos permiten efectuar una primera constatación: los ingresos de la Buenamuerte parecen hallarse en neta disminución, si los comparamos con los de 1855. No disponemos de todos un conflicto agudo que se prolongó, por lo menos, hasta 1885. AAL-OCNSB, legajo XIII: 66, 73. 102 Una práctica al parecer extendida y que fue una de las causas de las acusaciones recíprocas entre prelados sucesivos, hasta bien entrados los años 1880. AAL-OCNSB, legajo XIII: 31, 66.

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los elementos contables que pudieran explicar dicha disminución pero se puede deducir que si no hubiera subevaluación u ocultamiento de rentas, tal vez la razón de dicha disminución pudiese residir en la propia degradación del patrimonio de la comunidad. Aunque tal vez podamos también imputarla a lo que hemos denominado la privatización o el «embargo particular» de los ingresos, operados por los prelados en ejercicio —que el prelado Arnao Cadillo denuncia entonces de manera abierta. La lista de la procedencia de los ingresos mensuales regulares declarados aparece en el cuadro siguiente. CUADRO NÚM.V.3.4. INGRESOS MENSUALES REGULARES BUENAMUERTE, 1870-1878. EN PESOS DE 8 REALES

DE LA

— Enrique Swayne, locatario de las haciendas de Cañete, quien se comprometió a pagar 500 pesos mensuales (que se transformarán en 600 soles, luego del cambio monetario de 1878103), destinados a solventar las mensualidades de alimentación de los religiosos de la comunidad104. — Francisco de Paula Romero, inquilino de un conjunto de casas y tiendas, situadas en las calles Buenamuerte y Rufas, de un alquiler mensual de 38 pesos105. — Pablo Criado, inquilino de una casita, situada en la calle Rufas, de un alquiler mensual de 17 pesos. — María Morillo, inquilina de una tienda, situada en la calle Pajuelo, de un alquiler mensual de 12 pesos. — Juana Escola, inquilina de una tienda, situada en la calle Penitencia, de un alquiler mensual de 10 pesos. Fue reemplazada, en junio de 1876, por Luciano Larraza.

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 94-136; XIII: 9-31, 73. 103 104 105 103

El sol se volvió oficialmente la moneda nacional peruana, en reemplazo del peso, el 14 de febrero de 1863. Sin embargo, la contabilidad en pesos se mantuvo hasta mediados de 1878. 104 En 1882 (el 13/06), era ya la Testamentería de Enrique Swayne (fallecido en 1877) la que seguía pagando el arriendo mensual de las haciendas, las mismas que aparecen nombradas como «haciendas La Quebrada, Casablanca, Cerro Azul y Chilcal». Con el nuevo signo monetario y luego de las tragedias monetarias generadas durante la Guerra del Salitre, dicha testamentería debía de pagar trimestralmente 10 000 soles en billetes fiscales o 2 000 soles de plata (El tipo de cambio era de 8 peniques/un sol). Si se suprimiesen los impuestos a la exportación de azúcar, se darían 3 000 soles de plata. La testamentería tenía también que proporcionar azúcar y ron de azúcar a la comunidad. ACB, documento núm. 1882. 105 No conocemos las causas de la interrupción de dicho alquiler, más allá de junio de 1871.

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Lo que da, constantemente a lo largo de la década, un monto mensual que puede oscilar entre 540 y 570 pesos (entre 6 000 y 7 000 pesos anuales). Pero también se pueden incluir cobros excepcionales, por ejemplo algunos censos activos de la Buenamuerte, que se logran recuperar luego de años de procedimiento judicial, o por la insistencia del síndico. O por ejemplo, el producto de la venta de algunas de sus posesiones. Lo que fue el caso de una parte de la chacra de Magdalena, que fue vendida a la compañía del tren eléctrico de Lima, en noviembre de 1875, por un monto de 750 pesos. A ello se agregan varias dotaciones anuales pagadas por el síndico, y solicitadas por los religiosos camilos. En primer lugar, las sumas de dinero avanzadas para las festividades religiosas públicas, por ejemplo las de Semana Santa (en marzo o abril), que pasaron de 380 pesos, en 1870, a 570 pesos, en 1878. O las dotaciones efectuadas en junio y julio para la fiesta de san Camilo de Lelis, el patrón y fundador de la orden, las mismas que giraron, durante toda la década, en torno a 750 pesos. O los pagos efectuados para las festividades de la Virgen de la Buenamuerte (en agosto), cuyo monto pasó de 300 pesos a 600 pesos, hacia finales de la década. Vienen en seguida, las sumas de dinero proporcionadas por el síndico para el mantenimiento individual y colectivo de los miembros de la comunidad, principalmente en vestimenta (sotanas, ropa interior, etc.). Unos gastos que muy a menudo generaron conflicto entre los religiosos, con los prelados106. También se pueden mencionar los pedidos para el mantenimiento, la refacción o la reconstrucción de los espacios del convento, que se realizaban con motivo de las fiestas religiosas públicas. Por ejemplo, los gastos de las festividades de febrero de 1875, que alcanzaron 6 550 pesos. En cambio, no sabemos lo que ocurrió con los alquileres que habían sido embargados por el Gobierno —con finalidad de instrucción pública— y que la Buenamuerte logro finalmente recuperar a su favor. O con otros alquileres que aparecían en el registro de 1855. A pesar de las repetidas solicitaciones de los contadores del arzobispado, desde 1869, apuntando a la realización y transmisión de un verdadero margesí de bienes y rentas de la comunidad, dicho instrumento, fuera de balances parciales e incompletos, no fue elaborado por los religiosos de la Buenamuerte107.

106 La documentación al respecto puede consultarse en AAL-OCNSB, legajos XII: 80; XIII: 66. Unos conflictos y acusaciones que, como sabemos, no eran ni nuevos ni inusitados en la vida interna de la orden camila. 107 AAL-OCNSB, legajo XIII: 81, 84.

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Sin embargo, las informaciones reconstituidas en el anexo V.3.3 nos revelan en términos generales la existencia de un déficit financiero casi permanente, a lo largo de los años 1870. Los tres años para los que poseemos información completa, a saber 1872, 1874 y 1875, confirman plenamente dicha situación de carencia; para los otros, es posible deducirla, a partir de los datos transcritos y disponibles. Si no podemos concluir que dicha década se caracterizó por un déficit global del convento108, podemos en cambio confirmar la importancia del síndico como fuente de recursos de la orden (y el estado de dependencia recíproca creado), aunque no estemos en condiciones de detectar de qué manera dicha posición correspondiera también a los propios intereses de quienes desempeñasen aquella función. En cambio notamos, en los diferentes expedientes de acusaciones recíprocas entre prelados y exprelados —o entre los mismos religiosos—, testimonios y evidencias que confirmarían la existencia de propiedades urbanas de la Buenamuerte que habrían sido objeto de venta (enfitéutica o real) de manera individual o particular por unos y otros prelados, ya sea a sus inquilinos o a enfiteutas ocasionales, ya sea a otros compradores.Y ello, mediante contratos calificados de «clandestinos», sin que se sepa por otro lado cuál habría sido el destino dado a las sumas de dinero obtenidas gracias a tales operaciones. Las fuentes que hemos consultado ponen de relieve, por ejemplo, que algunas de las ventas efectuadas se habrían producido durante los difíciles momentos de la ocupación de Lima por las tropas chilenas (Guerra del Salitre). Lo mismo se podría decir de determinados créditos sobre bienes raíces urbanos, que imponían hipoteca sobre algunas de las posesiones de la Buenamuerte, sin que se supiese cuál había sido el uso dado a las sumas de dinero tomadas a préstamo109. Lo que vendría a confirmar nuestro análisis sobre la «privatización» de los bienes urbanos del convento y el «embargo particular» que habría caracterizado su evolución, en manos de los prelados de la orden —aunque no exclusivamente—, como una práctica de mediano plazo. En una carta dirigida al arzobispo de Lima, el 26/09/1884, el superior provisorio de la orden, Antonio Arnao Cadillo, señalaba extrañamente la «extinción», el 18/02/1884, del concurso de acreedores contra la Buenamuerte y el final del embargo de los bienes que algunos acreedores habían conseguido imponer, pero no hay detalles concretos de dicho anuncio. Es muy probable que se trate de presiones o de la formulación de un deseo. 108 Al ser imposible, entre otras cosas, establecer un balance de los «ingresos extraordinarios» percibidos individualmente por los prelados del convento. 109 AAL-OCNSB, legajos XII: 80; XIII: 66, 81, 84.

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Por nuestra parte, revisando la documentación de los archivos del convento, nos hemos encontrado con la continuación del procedimiento judicial, de pago a los acreedores de la Buenamuerte, por lo menos hasta mediados de la segunda década del siglo XX, hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial110 (ver más adelante). A pesar de que tampoco fuese llevada a cabo o aplicada, sabemos que fue promulgada, en 1887, la orden judicial que dictaminaba el poner a subasta la hacienda de La Quebrada, con el fin de pagar deudas relacionadas con el conflictivo asunto de la fundación de la Casa de Quito. Luego de varias gestiones y negociaciones, se ordenó finalmente el embargo de tres propiedades urbanas limeñas (y luego el de una sola) y la del resto de la chacra de Magdalena, en 1889; unas posesiones que fueron subastadas cuatro años más tarde, en 1893, para pagar la deuda en cuestión111. b) La vida conventual y la práctica del ministerio de la Buenamuerte Durante la primera mitad del siglo XIX y en particular en los difíciles momentos de las dos supresiones (y de las amenazas que seguían pendiendo sobre la orden), uno de los principales problemas de la comunidad crucífera fue el contar con el «número legal» de miembros profesos y poder al mismo tiempo asegurar su misión, en tanto que orden religiosa, amén de satisfacer las exigencias formuladas por el Gobierno republicano, a parte de las decisiones estrictamente financieras112. Así, por ejemplo, a comienzos de 1842, había en el convento solo siete religiosos profesos (menos del número legal requerido), fuera de los hermanos legos y novicios113. Después del segundo restablecimiento del convento, en 1844, y a pesar de las numerosas iniciativas tomadas, el número de miembros de la orden continuó disminuyendo, tanto como el número de beneficiarios de la misión de la Buenamuerte: una cifra que se situó entonces entre 10 y 20 personas mensualmente asistidas en Lima por los camilos al momento de morir114. Luego, a pesar 110

AAL-OCNSB, legajo XIII: 66. ACB, documentos núm. 1715, 1825. Grandi, 1985, pp. 151-152. 112 El entonces designado presidente provisorio de la orden —luego de la primera supresión—, el camilo Toribio del Río, en una carta dirigida al arzobispo de Lima, el 13/01/1840, explicaba las enormes dificultades de la orden camila para crear una escuela primaria en Barrios Altos, tal como lo había decretado el Gobierno. AAL-OCNSB, legajo X: 107. 113 AAL-OCNSB, legajo X: 132. 114 Grandi, 1985, pp. 136-137. 111

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de la recuperación parcial de bienes y la presencia regular de religiosos en el templo, la vida conventual de la Buenamuerte no se caracterizó por la serenidad o la práctica exclusiva del ministerio de san Camilo, o por la disciplina de la vida común115. Tal como ya lo señalamos, las acusaciones y los conflictos internos se mantuvieron y extendieron, prolongando de esa manera un funcionamiento que ya había caracterizado a la orden crucífera, por lo menos desde el último tercio del siglo XVIII. Las denuncias y pleitos tuvieron como contenido las cuestiones financieras y de usufructo del patrimonio. Los argumentos de unos y otros y las acusaciones formuladas tuvieron como nombre: malversación de fondos, peculado, derroche de los ingresos de la orden, apropiación ilícita de sus bienes, etc. Pero también se relacionaron con cuestiones de comportamiento o moralidad116. La llegada de religiosos europeos, durante la segunda mitad del siglo XIX, pudo reforzar las filas de la orden camila en Lima117. Pero el restablecimiento de la vida conventual y la misión de la orden tuvieron que esperar todavía varias décadas. Entre 1866 y 1884, los registros de asistencia a los enfermos moribundos —efectuada por un religioso profeso, obligatoriamente acompañado de un hermano lego—, indican que el número mensual de fallecimientos asistidos por la orden camila osciló entre 15 y 20. Un promedio que descendió luego, entre 1884 y 1893, a 10-15 asistencias mensuales118. 115

Virgilio Grandi no duda en explicar que si la recuperación de los bienes de la comunidad fue una tarea ardua y lenta, más lo fue aún la recuperación moral, espiritual y religiosa. Y la lucha contra el relajamiento de las costumbres. Ver Grandi, 1985, pp. 143-145. 116 AAL-OCNSB, legajo XII: 80, 135.Varios expedientes se constituyeron, desde fines de los años 1860, relativos al comportamiento escandaloso de miembros o exmiembros de la Buenamuerte. Solo a título de ejemplo —aunque convendría estudiar más de cerca la cuestión—, la petición pública firmada el 20/11/1872, por «vecinos» del barrio de Maravillas —en las inmediaciones del convento limeño— contra el comportamiento indebido de un religioso secularizado, antiguo miembro de la Buenamuerte, quien ebrio y vagabundo, iría de «chingana» en «pulpería» por el barrio, escandalizando a la gente y denigrando a la religión. 117 Los contactos con las autoridades romanas de la orden, restablecidos desde mediados de siglo, siempre fueron irregulares. La voluntad de «reunión» y regularización de tales relaciones solo pudo lograr sus frutos, a partir de 1896, gracias a la intervención del delegado apostólico y el arzobispo de Lima (Grandi, 1985, pp. 157-170). Sobre el cuadro de relaciones entre la Iglesia católica peruana y el poder político, ver García Jordán, 1991; Klaiber, 1996. Respecto al contexto general de relaciones entre los estados latinoamericanos y Roma, ver entre otros, Dussel, 1982, especialmente el capítulo VIII; Hamnett, 1998; Prien, 1998. 118 Grandi, 1985, pp. 147-149.

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En noviembre de 1888, la comunidad ya se componía de 16 miembros profesos y unos 20 hermanos legos119. Con todo, prosiguieron los episodios conflictivos en el seno del convento hasta los últimos años del siglo XIX. Las autoridades del arzobispado de Lima renovaron sin éxito sus pedidos de margesí y estado de cuentas completo del convento; el desorden en las cuentas y archivos de la Buenamuerte parecen haber sido las causas principales del mencionado incumplimiento. El contador principal del arzobispado remitió, el 02/03/1892, una carta a las autoridades de la orden y el convento de Lima para señalar, después de una inspección in situ, los principales problemas encontrados en su contabilidad: la carencia de registros, la ausencia de informes, la omisión de facturas, recibos y comprobantes, fueron los reproches más condescendientes. Las preguntas formuladas por el arzobispo de Lima, con el fin de conocer el estado de la vida conventual o la administración del patrimonio de la orden, no habían sido contestadas con claridad120. A pesar de que no contemos con las informaciones empíricas indispensables, tenemos para noviembre de 1893, el análisis del superior y expresidente de la orden camila, Manuel Villar, respecto a la evolución de la orden de los agonizantes durante el siglo XIX. Si nos fiamos a su testimonio —y aunque prelado de la orden—, se podría afirmar que el control del patrimonio urbano de la Buenamuerte parecía haber escapado (por lo menos parcialmente) de las manos de las autoridades de la orden, prevaleciendo la iniciativa personal de los religiosos (o de los mismos prelados), tal como ya lo habíamos sugerido anteriormente. Un tipo de conducta en el que tal religioso decidía individualmente el alquiler de esa o aquella propiedad, solicitando al mismo tiempo al inquilino que le avanzara una suma de dinero; un inquilino con quien el religioso en cuestión ya tenía una deuda contraída anteriormente, sin que se conocieran las razones o el uso del dinero obtenido. Ocurría a veces que fuese el propio inquilino quien alquilara o subalquilase la posesión (como si fuese él mismo su propietario), lo que podía incluso desembocar en juicios y procedimientos interminables, en los que se veía obligatoriamente comprometido el convento121, agravando sus gastos por razones de procedimientos judiciales. 119

AAL-OCNSB, legajo XIII: 115. AAL-OCNSB, legajo XIII: 157. Se trata de un expediente que sobre el asunto concierne el periodo 1892-1895.Ver también ACB, documento núm. 1715. 121 AAL-OCNSB, legajo XIII: 157; ACB, documento núm. 1715. Las respuestas del prelado Manuel Villar, el 17/11/1893, son al respecto bastante esclarecedoras. 120

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c) La pérdida definitiva de las haciendas y el repliegue urbano La crisis financiera permanente de la orden camila, durante la segunda mitad del siglo XIX, suscitó en varias ocasiones el interés de candidatos diversos (y con apoyos diferentes) para la compra de sus haciendas122, seguramente a la espera de un precio de adquisición favorable, en un periodo de alza del interés por las haciendas azucareras. Incluso el mismo arrendatario Enrique Swayne —también acreedor de la Buenamuerte, desde 1851—, con el apoyo del concurso de acreedores contra el convento, llegó a formular varias veces la proposición de comprar por 150 años, bajo contrato enfitéutico, las haciendas que ya conducía; las dos últimas proposiciones, ya formuladas entonces por los sucesores de Swayne (quien había fallecido en enero de 1877), databan de 1894 y 1898. La cuestión dividió también a los mismos religiosos crucíferos. Si hubo miembros, incluso prelados y autoridades de la orden, que veían en dicha venta enfitéutica la posibilidad de equilibrar definitivamente las cuentas del convento, también hubo religiosos crucíferos que se oponían resueltamente a dicha solución, que defendían la posesión de las haciendas cañetanas y que proponían, en cambio, si no el retorno a la producción azucarera directa, sí la búsqueda de nuevos arrendatarios que pudiesen aumentar el alquiler anual y los ingresos del convento. O que, en su defecto, se hiciera presión sobre el Gobierno para que pagara este el monto del capital reconocido en los Vales de Manumisión y los títulos de los censos y capellanías redimidos123 —en poder del convento—, cuya suma era superior a la «presunta» deuda de la Buenamuerte, según afirmaban, para con los sucesores de Enrique Swayne124. Entonces, con una situación financiera desfalleciente, con una indefinición por parte de los mismos religiosos crucíferos sobre la mejor forma de 122

Por ejemplo, en 1859, la propuesta de Manuel García Lomberas, para efectuar la compra enfitéutica de dichas haciendas cañetanas, arrendadas en ese momento a Enrique Swayne. ACB, documento núm. 1574. 123 El prefecto y presidente del convento, José Villaza, los había calculado, en 1891, por un monto de 185 000 soles. ACB, documento núm. 1867. 124 Ver, por ejemplo, el alegato de los tres camilos, Gaspar Delgado, Manuel Villar y Manuel Ampuero, en diciembre de 1898, contra las propuestas de enfiteusis de los sucesores de Swayne, apoyada empero por el prefecto del convento y el arzobispo de Lima. ACB, documento núm. 1129. Signo indudable del desconcierto financiero, documental y archivístico de la orden camila de Lima en ese entonces: los tres religiosos antecitados parecían ignorar el origen de la deuda contraída, en 1851, con Enrique Swayne. Para no hablar del endeudamiento acumulado desde las obligaciones no satisfechas del siglo XVIII, o durante el periodo de la independencia.

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enfrentarla y con una importante deuda acumulada (enarbolada por los más poderosos censualistas del concurso de acreedores), la orden crucífera de Lima fue prácticamente obligada, primero, a vender la hacienda El Chilcal, en 1901, y a resignarse en seguida, entre 1903 y 1905 —luego de varias decisiones judiciales—, a la subasta del resto de sus haciendas cañetanas, La Quebrada, Casablanca, Cerro Azul, etc.125. Fue la British Sugar Co. Ltd., de Augusto B. Leguía, como sucesor de Enrique Swayne (su suegro, al haberse casado en 1890 con la cuarta hija de Swayne), la que entró en posesión de las haciendas de Cañete, haciendo valer, entre otros, el «derecho de retención», adquirido por el arrendatario Swayne en 1851 —y renovado en 1875—, cuando aquél había asumido el pago de las mejoras introducidas por el anterior arrendatario de las haciendas cañetanas, Narciso de la Colina. La memoria de 1905 —justo antes de la subasta efectiva de las haciendas— del síndico del concurso de acreedores, Emilio Forero, fechada el 06/06/1905, explicó que había 28 juicios de acreedores contra la Buenamuerte, entre los cuales, los monasterios de Santa Catalina126, Santa Rosa, Santa Clara, Trinitarias, Mercedarias, El Prado, el convento de Santo Domingo; la Universidad de San Marcos; la municipalidad de Lima; algunos particulares y, desde luego, la British Sugar Co. Ltd. —en nombre de Swayne—, la empresa azucarera que se quedaría en última instancia con la haciendas, luego de satisfacer total o parcialmente las deudas del resto de los acreedores institucionales. Sin embargo, algunas de las cargas no serían satisfechas, al haber perdido también los acreedores los documentos de fundación de las obligaciones impuestas y reclamadas en juicio127. Con ello se terminaba definitivamente la presencia de la Buenamuerte en la 125 Por su parte,Virgilio Grandi presenta dicha obligación —la subasta de las haciendas— más bien como una opción asumida por el convento, con el objetivo de pagar todas sus deudas y dejar saneado lo que quedaba del patrimonio urbano, con el fin de solventar su misión como orden religiosa (Grandi, 1985, p. 169). 126 El monasterio de Santa Catalina, que se había vuelto uno de los principales acreedores de la Buenamuerte (por un total de 22 500 pesos), ejerció una considerable presión para que se subastaran dichas haciendas, con el fin de cobrar sus deudas. El síndico Emilio Forero explicó además que el estado calamitoso de los archivos y la documentación de la Buenamuerte, con ausencia de huellas de los documentos de las fundaciones e imposiciones —sobre todo las del siglo XVIII—, habían permitido una serie de abusos y fraudes diversos, ocurriendo que en un pasado reciente se pagara varias veces al mismo acreedor por una misma y única deuda. ACB, documento núm. 1715. 127 Fue el caso, por ejemplo, del convento de Santo Domingo, acreedor por 25 600 pesos, que carecía de los títulos de sus reclamos. O el caso del monasterio del Carmen o la parroquia de Santa Ana, en Barrios Altos, que no fueron capaces de presentar los

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actividad agrícola de mediana escala, despojándose (o despojada) de las haciendas azucareras que había adquirido desde mediados del siglo XVIII, replegándose (o replegada) sobre su patrimonio urbano limeño, y sobre el mundo urbano a secas. Ya hemos avanzado anteriormente, en este mismo capítulo, algunos elementos analíticos, relativos a la explotación del patrimonio urbano por los religiosos crucíferos, gracias al examen crítico de diversos documentos (especialmente contables) elaborados por la misma orden. Los ingresos obtenidos y las posibilidades financieras que ofrecían sus fincas, en particular gracias a una política de alquileres renovables, fueron seguramente, en el último tercio del siglo XIX —especialmente después de la Guerra del Salitre—, una de las fuentes de recursos más importantes (y con mayor futuro) para la orden de la Buenamuerte. Agregando ahora, a los citados elementos analíticos, otros datos e informaciones procedentes de las fuentes utilizadas para la realización del catastro de Lima, de 1898, así como el análisis de los contratos de alquiler o enfiteusis disponibles en los archivos del convento, podemos confirmar y profundizar el conocimiento de dicha actividad, y sus beneficios. Los primeros provienen de los volúmenes de la Colección Terán, del Archivo General de la Nación Peruana, formada por los extractos de protocolo y referencia recopilados por el notario Federico Terán128. Los segundos proceden del Archivo del Convento de la Buenamuerte y se refieren a diversos locales, tiendas, casas, callejones de cuartos, corralones, etc., de su posesión, alquilados o cedidos en enfiteusis por la orden camila a particulares, en el periodo comprendido entre 1871 y 1906. Los elementos analíticos que se desprenden son, a nuestro entender, de singular interés para comprender la adaptación de la orden de los camilos al mundo urbano, que era a partir de ese momento su horizonte de existencia. Sería indispensable compararlos con otros similares. —Podemos decir, en primer lugar, que el patrimonio urbano de la Buenamuerte se componía mayoritariamente de posesiones adquiridas en el siglo XVIII, siguiendo las diversas modalidades que ya indicáramos anteriormente (donaciones recibidas, compras enfitéuticas, compras totales, recuperación de locales por réditos impagos, etc.). Es muy probable que desde mediados documentos correspondientes. ACB, documento núm. 1715. La informalidad contable no parece ser imputable solamente a la orden de los religiosos camilos. 128 Para la metodología del tratamiento de dichas informaciones, ver Luna, 1999, 2003a.

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del siglo XIX, el convento y sus autoridades hayan recuperado posesiones (o las hayan «desprivatizado129»), pero no tenemos indicios de nuevas adquisiciones efectuadas por la orden durante el siglo XIX. Las dos supresiones de la Buenamuerte afectaron sensiblemente su patrimonio urbano, a pesar de todos los intentos de preservación —contando a veces con la complicidad de benefactores y allegados—. Tal como también ocurrió con determinadas rentas de que gozaba la orden, numerosos locales de su posesión fueron cedidos en alquiler o venta enfitéutica por el Gobierno republicano.Ya hemos dado anteriormente evidencias empíricas de esa dispersión de sus bienes raíces urbanos. Si algunas de tales propiedades pudieron ser recuperadas, luego de su restablecimiento, quedaron sin embargo gravadas con nuevas cargas, aumentando las obligaciones financieras regulares por pagar. —Se constata además que la extensión del arrendamiento como práctica de valorización de la propiedad urbana, a veces (aunque no definitivamente) a expensas de la venta enfitéutica, parece confirmarse desde fines de los años 1860 del siglo XIX, probablemente ligada al dinamismo simultáneo de la demanda urbana y a la reducción de los periodos de cesión. Sin embargo, conviene resaltar al respecto la confusión en el vocabulario notarial empleado, en el que «arrendamiento» no siempre corresponde a una locación «moderna» sino que puede simple y llanamente referirse al uso del dominio útil de la enfiteusis130. Puede que no solo sea una confusión semántica, sino que refleje la propia dificultad generada por el paso vacilante de una práctica hacia la otra. También podría tratarse de un fenómeno generado por la intervención del notario, agente intermediario y conocedor de la ley, para favorecer determinado tipo de contratos y poseedores. Es evidente sin embargo que se observa, a lo largo de los años 1870, una acentuación de la tendencia a renovar los contratos antes de su expiración efectiva, con modificación, es decir subida, de los alquileres pactados. Se asiste entonces a la generalidad de dichas prácticas y a la adaptación de la orden camila a los nuevos tiempos. —También se constata la firma de contratos de locación con alquileres progresivos, que se reajustan automáticamente cada 3 o 4 años, aplicados tanto a lugares de habitación como a tiendas y pulperías —aunque luego, 129

Dicha operación de reversión de la «privatización» permitiría también explicar los sucesivos conflictos que se siguieron produciendo en el seno de la orden. 130 Como también se puede hablar de «merced conductiva» o de canon enfitéutico para operaciones que son verdaderos arrendamientos de corto periodo (Luna, 1999, 2003a).Ver, también, ACB, documento núm. 443.

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en particular después de la Guerra del Salitre, la duración de los contratos pueda alargarse, a periodos entre 5 o 10 años—. Se perciben igualmente en dichos contratos el tránsito monetario decretado por el Estado y los desastres financieros que se producen, con la Guerra del Salitre como telón de fondo. Luego del paso del peso al sol —que se generaliza durante los años 1870—, se puede registrar el tránsito de los soles billetes (que serán finalmente repudiados), a los soles de plata metálica, valor de refugio en un periodo de inflación acelerada. Se puede incluso observar la firma de contratos en libras esterlinas, desde 1880, así como transacciones desafortunadas —en detrimento de particulares— que, antes de 1888, conducen a la expropiación y transferencia patrimoniales, particularmente cuando, a la víspera de la desvalorización definitiva del billete bancario transformado en fiscal, se producen operaciones de venta inmobiliaria, pagadas en billetes fiscales. En lo que fue un ejemplo del carácter «subversivo» y expropiatorio de los fenómenos de hiperinflación y de debacle y quiebra monetarias del Estado131. — Aunque se observe una creciente preferencia por el alquiler (tal como lo hemos indicado), durante esa segunda mitad del siglo XIX, la Buenamuerte, sus prelados y religiosos, utilizan también la venta enfitéutica, según las circunstancias, sin que ello les plantee mayores problemas —ni de práctica ni de doctrina—, con tal de obtener rendimientos adecuados. La negociación y la renegociación de alquileres o cánones enfitéuticos son, desde luego, un factor importante en los momentos de inflación a los que nos hemos referido anteriormente. Pero fuera del fenómeno inflacionario y monetario, podríamos decir que la Buenamuerte se nos presenta en pleno aprendizaje de la valorización de sus propiedades urbanas, ante las posibilidades del mercado de arrendamientos en la capital, oscilando entre las formas antiguas y las formas más modernas, en función del momento y las ganancias esperadas. Se presentan también casos de alquiler a una sola persona (la misma que no ocupará el local) de espacios habitados por otras personas, quedando la primera simplemente encargada de cobrar los alquileres. El pragmatismo parece prevalecer claramente en dichas operaciones y en la actitud de la orden crucífera. Es probable que lo mismo estuviese ocurriendo con el resto de las órdenes religiosas limeñas y sus propiedades urbanas. Pero este fenómeno requeriría un estudio cuantitativo más profundo, monográfico y detallado. —Otro elemento de la práctica de la orden camila se relaciona con las modalidades del arrendamiento y sus beneficiarios. La locación de 131

Luna, 1999, 2003a.

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determinadas propiedades de la comunidad, así como la fijación del alquiler, aparecen frecuentemente ligadas a operaciones de crédito (préstamos a favor de la Buenamuerte) efectuadas anteriormente con los beneficiarios del contrato. Como ya lo precisáramos anteriormente, en algunas oportunidades ocurre que los alquileres practicados sirvan de compensación a los intereses que se derivan de tales operaciones de crédito. Otras veces se trata, y no es menos interesante, de cubrir de manera total o parcial, los réditos de imposiciones que la orden había dejado de pagar desde hacía mucho tiempo132, algunas de las cuales, tal como lo sabemos, remontaban al siglo XVIII. Por otro lado, numerosos contratos de alquiler efectuados por la Buenamuerte se firmaron con inmigrantes europeos —especialmente italianos—, comerciantes e industriales, en particular después de la Guerra del Salitre.Ya sea para la instalación de pequeños comercios (carnicería, panadería, pulperías, corralones y depósitos de mercancías, etc.) o para talleres de producción de fideos y pastas, o para la fabricación de hielo133. Lo que respondía seguramente a relaciones privilegiadas de la orden camila con dichos agentes mercantiles, en un periodo en que se observa un aumento de la demanda de locales comerciales o productivos. —Durante este examen de la evolución del patrimonio urbano crucífero, hemos podido detectar también la existencia de ciertas propiedades que —poseídas o no por la religión de la Buenamuerte, pero relacionadas con ella—, presentan un itinerario peculiar, durante el siglo XIX. Luego de haber formado parte, durante el siglo XVIII, de alguna masa de bienes, herencias o testamenterías, y de haberse desprendido de ellas, por diversas razones (conflictos de familia, liquidación por insolvencia, etc.), la unidad propietal individualizada experimenta a su vez, ya en el siglo XIX, un fraccionamiento en su existencia, generado ya sea por venta, por división o pleito entre los miembros del grupo familiar que la recibió, o por pago de deudas. Antes de asistir a una nueva reconcentración, hacia fines de siglo, promovida por un nuevo propietario, que puede o no ser allegado de la familia poseedora anteriormente, y gracias a una ley o resolución suprema específica a su favor. Aunque el calendario no sea el mismo para cada una de las propiedades en las que hemos detectado tal itinerario, lo específico es que ese tránsito significa también el paso de la posesión familiar colectiva de la unidad propietal a una propiedad individual (personal), para la 132

ACB documentos núm. 445, 448, 464; entre otros. ACB, documentos núm. 444, 445, 447, 448, 456, 464, 1887; entre otros.Ver también el capítulo V de Reyes, 2015. 133

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357

que el nuevo propietario ha procedido también a su «perfeccionamiento» y homogeneización. Es decir, a la redención en la Dirección de Crédito Público de las cargas y servidumbres que pesaban sobre ella, según las condiciones establecidas por la ley, y a la concreta «unificación de dominios», abriendo paso a la propiedad «total y absoluta» del nuevo propietario, independientemente del uso que este le destine a dicha propiedad. Se trata efectivamente de itinerarios «ejemplares», aunque no podamos calificarlos de «típicos», ni generales. Así entonces, cuando consideramos dichos itinerarios propietales específicos, la limpidez y la eficacia de la aplicación de la legislación republicana son sorprendentes, como si hubiese sido formulada dicha legislación para resolver el caso específico de un individuo, una familia o un grupo. Como si la legislación tuviese entonces un objetivo y motor particulares134. Lo que replantea una vez más, desde el terreno de su aplicación concreta, el problema de la naturaleza social y la presunta generalidad de la legislación peruana del siglo XIX135. —Finalmente, y como ya lo dijéramos con anterioridad, podríamos confirmar que un buen número de contratos notariales por ventas enfitéuticas o alquiler de casas consignan, ya al promediar el siglo, varias cláusulas que exigen reparaciones en la fábrica de las fincas objeto de contrato, que el enfiteuta o el locatario deben efectuar. A veces se trata de la reconstrucción total de partes de la finca, de su entrada o su entorno o instalaciones contiguas, del pintado de las paredes y el mantenimiento de la propiedad, con trabajos importantes de albañilería, o la instalación de tubos de gas para el alumbrado, o la reparación o desaparición de acequias insalubres136. También se estipula a veces, la participación financiera de los inquilinos para solventar las fiestas religiosas anuales, en particular la de san Camilo137. Dichas mejoras, dicen los contratos, quedarán incorporadas al patrimonio del convento de la Buenamuerte, luego de la expiración de los plazos previstos, sin que se estipulen indemnizaciones formales. Lo que no impide que pueda haber compensaciones «no escritas», con lo que ingresamos

134 Es decir, «desesclavizar», «liberar» y «perfeccionar» definitivamente la división o el desdoblamiento de dominios de dichas propiedades, como lo afirman los liberales, superándolos y unificando la propiedad, aunque ello no haya dificultado con anterioridad su circulación. 135 Luna, 1999, 2003a. 136 ACB, documentos núm. 443, 445, 447, 449, 453, 454, 459, 461, 464, 465, 467, 469; entre otros. 137 ACB, documentos núm. 445, 446, 447, 449, 453, 459, 1887; entre otros.

358

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

nuevamente al terreno de las deudas informales, invisibles, ajenas a la escritura notarial. Es probable también que dicho proceso corresponda a la evolución del comportamiento de otras órdenes religiosas, en el momento de valorizar su patrimonio. Otro asunto que convendría estudiar, desde una perspectiva monográfica y comparatista.

ANEXOS DEL CAPÍTULO V

TIPO DE PROPIEDAD Casita Id. Id. Casa

Farmacia Id. 2° piso Casa tienda Casa Tienda Id. Id. Tienda Id. Id. Casita Id. Id.

CALLE

Penitencia Id. Id. Id.

Buenamuerte Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Rufas Id. Id. Id. Id. Id.

153 154 155 165 166 167

164 Id. 168 (167) 171 172 173 174

73 (93) 74 (94) 111 223

NÚM.

Doña Mónica Doña Magdalena [sin nombre de inquilino] D. José Alfaro D. Santos Cabrera Doña Jacinta Córdova

D. José Freyre D. José Soussa D. Gavino Pizarro D. Silvestre Prao D. Felipe Parra D. José Basan D. Francisco Ximenes

D. Francisco Cabieses D. Ramón Ramires Doña Melchora Palomino [en ruinas]

INQUILINO

4 pesos 4 pesos 4 pesos 8 pesos 4 pesos 4 pesos

20 pesos 25 pesos 30 pesos 20 pesos 5 pesos 5 pesos 10 pesos

7 pesos 7 pesos 8 pesos

ALQUILERES

ANEXO V.2.1. LAS POSESIONES URBANAS DE LA BUENAMUERTE, 1834, EN PESOS DE 8 REALES, ALQUILERES MENSUALES

8 pesos 4 pesos 9 pesos 4

4 pesos

5 pesos 10 pesos

40 pesos 25 pesos 65 pesos 4 80 pesos

7 pesos

ATRASADOS LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

361

Id. Callejón de cuartos Casita Id. Casa Tienda Id. Casita Id. Solar

Pulpería Casita Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Id. Id. Id. Id.

Santa Clara

Mercedarias Id. Id. Id.

Solar

Martinete Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

266

332 333 334 335

139

168 169 170 183

[desocupado, en ruinas] [desocupado] [desocupado] [desocupado] [sin nombre de inquilino] D. Francisco Murado Doña María Chacón Doña Lorenza Urrutia [cedido al Gobierno] D. Tadeo D. N.

D. Cayetano Vidaurre

Patronato, Prefecto Prelado Id. Id. Id.

[embargo Test. Moreno]

Doña Benita D. Ambrosio D. José Bahamonde D. José María Carreño

4 pesos 4 pesos

Reparación 3 pesos 5 pesos 4 pesos

2 pesos

[2 pesos] [2 pesos] [6 pesos] [5 pesos]

4 pesos 12 pesos 5 pesos 5 pesos

4 pesos

9 pesos 10 pesos

2 pesos

8 pesos 18 pesos 5 pesos 5 pesos

362 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

1 Id.

Casa

Casa 1er piso 2° piso

Pulpería Casita

Divorciadas

Quemado Id.

Mariquitas Id.

(135) 136

46

D. Francisco García D. Estevan Córdova

Doña Agueda Urrutia D. Inacio Benavente

Doña Rosa Argudo

D. Manuel Argudo

D. Juan Delgado D. Juan Alcedo D. Juan Dulce

[desocupado] Doña Ángela Larrea Doña Rosa Arias

30 pesos 20 pesos

40 pesos

50 pesos

4 pesos 4 pesos 4 pesos

3 pesos 6 pesos

398 p. 4 r.

10 pesos 4 14 pesos

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 6. En cursiva, los números imprecisos. Los alquileres corresponden al mes de abril de 1834.

TOTAL

91

Callejón de cuartos

Cruces

111 112 113

Tienda Id. Id

Pajuelo Id. Id.

269 270 271

Id. Id. Id.

Id. Id. Id.

865 p. 4 r.

10 pesos 4 42 pesos

121 pesos 20 pesos

166 pesos

182 pesos

14 pesos 4 pesos 8 pesos

3 pesos 6 pesos

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

363

Imposición a favor del monasterio de Trinitarias Imposición a favor del monasterio de Trinitarias

Imposición a favor del monasterio de Trinitarias

Imposición a favor del convento San Agustín (Cañete) Imposición a favor del convento San Francisco (Cañete) Imposición a favor del convento San Francisco (Cañete) Imposición a favor del monasterio de Monjas Capuchinas (Jesús María) Imposición a favor del monasterio de Las Nazarenas Imposición a favor del monasterio de Santa Catalina Imposición a favor del monasterio de Trinitarias

DE LA OPERACIÓN

TITULAR O FUNDADOR Y NATURALEZA

Varias haciendas

Las haciendas de la Quebrada Sobre haciendas y propiedades urbanas diversas La hacienda de Casablanca

PROPIEDAD GRAVADA

% DEL

2% 2% 2% 2%

1 350 p. 6 582 p. 5 500 p. 22 500 p.

3 500 p.

3 000 p.

2 000 p.

2%

2%

3%

2%

2%

1 475 p.

12 000 p.

2%

CENSO

17 500 p.

PRINCIPAL

MONTO DEL

70 p.

60 p.

60 p.

240 p.

450 p.

110 p.

131 p. 5,25 r.

27 p.

29 p. 4 r.

350 p.

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo convento

El mismo convento

El mismo convento

CARGA ANUAL BENEFICIARIO DE RÉDITOS

ANEXO V.2.2A. LOS PRINCIPALES IMPUESTOS SOBRE LAS HACIENDAS DE LA BUENAMUERTE, 1835, EN PESOS DE 8 REALES

364 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Imposición a favor del monasterio de La Concepción Imposición a favor del monasterio de Santa Clara Imposición a favor del monasterio de Santa Rosa Imposición a favor del monasterio de Santa Rosa Imposiciones a favor del Tribunal de la Inquisición

Imposición a favor del monasterio de Santa Clara Imposiciones a favor del monasterio de Santa Teresa Imposición a favor de la Congregación N. Señora de la O Imposición a favor de la cofradía de N. S. Purísima Iglesia de Cañete Imposiciones a favor del monasterio del Prado Imposición a favor del Tribunal de la Inquisición Instituciones fundadas por Juan Ygnacio Obiaga 2% 2% 2% 2% 2% 2%

23 500 p. 15 500 p. 4 275 p. 23 000 p. 5 949 p. 2 r. 47 000 p.

2% 2% 2% 2% 2%

6 520 p. 16 000 p. 6 500 p. 6 000 p. 988 p. 3,5 r.

201 131 p. 2 r.

2%

6 500 p.

19 p. 6,25 r.

120 p.

130 p.

320 p.

130 p.

4 042 p. 5,25 r.

940 p.

119 p.

460 p.

85 p. 4 r.

310 p.

470 p.

130 p.

El mismo Tribunal

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

n.e.

El mismo Tribunal

El mismo monasterio

La misma cofradía

La misma congregación

No especificado, n. e. (a su favor probablemente)

El mismo monasterio

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

365

Aniversario de Misas de Juan M. de la Quadra

Propiedades rurales diversas

Buenas Memorias a favor del monasterio de Las Descalzas Buena Memoria fundada por Domingo Astete y Bustamante Buena Memoria fundada por Joaquín Velapatiño Buena Memoria fundada por Tomas Gomes Boquete Buena Memoria fundada por Ygnacia Cavero Buena Memoria fundada por Juana de la Fuente, a favor del monasterio de Santa Clara Buena Memoria fundada por Marco Pastor de Velasco Buena Memoria de Antonio Caypó (Queipó) a favor del Tribunal de la Inquisición Buena Memoria de dotes de jóvenes pobres fundada por Bartolomé Sanches Buenas Memorias fundadas por Joaquín Urquizu/Beatriz Ibáñez

Imposiciones fundadas a favor de Pablo Avellafuerte

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

5 000 p. 19 424 p. 4 000 p. 4 598 p. 54 000 p. 6 000 p. 14 100 p. 10 000 p.

2 000 p.

2%

2%

34 400 p.

177 616 p.

2%

2%

26 094 p.

40 008 p. 3,5 r.

4 000 p.

40 p.

3 552 p. 3 r.

200 p.

282 p.

120 p.

1 080 p.

92 p.

80 p.

388 p. 4 r.

100 p.

688 p.

521 p. 7 r.

799 p. 6,25 r.

80 p.

n.e.

n.e.

n.e.

La Inquisición

La Inquisición

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

El mismo monasterio

n.e.

366 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

2% 2% 2% 2% 2% 2%

3 460 p. 4 000 p. 6 000 p. 4 000 p. 8 000 p. 2 000 p. 12 000 p.

Aniversario de Misas del fraile Tomás Velasco

Aniversario de Misas del fraile Tomás Velasco Aniversario de Misas de Juan Bautista Villaquizan Capellanía fundada por una monja del monasterio de Santa Clara Capellanía fundada por Isabel Alcócer Capellanía fundada por Isabel Alcócer Capellanía fundada por Isabel Alcócer y Tenorio

2%

8 000 p.

2% 2% 2% 2% 2% 2%

13 600 p. 1 062 p. 2,5 r. 9 000 p. 7 900 p. 4 500 p. 2 000 p.

2%

2%

38 000 p.

Aniversario de Misas de Juan Manuel Propiedades rurales Cuadra/Domingo Moreno diversas Aniversario de Misas de Tomás de la Bodega y Cuadra Aniversario de Misas de Isabel Cabello Aniversario de Misas de Roque J. de Longa/ Agueda de Longa Aniversario de Misas de Juan Pérez de Urquizu/Beatriz Ybáñez Aniversario de Misas de Fructuosa Sancho Dábila Aniversario de Misas de María Rosa de los Santos Aniversario de Misas de J.Vazques de Acuña/Isabel de la Presa

40 p.

158 p. 90 p.

180 p.

21 p 2,25 r.

260 p.

240 p.

40 p.

160 p.

80 p.

120 p.

80 p.

69 p. 1,75 r.

160 p.

760 p.

n.e. n.e. El cura de la iglesia de Pisco

n.e.

La Inquisición

n.e. El convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

367

Capellanía fundada por Teresa Carrillo de Albornós Aniversario de Misas de Fca. de la Cueba/ Nicolás Calderón Capellanía fundada por Beatriz Garay Capellanía fundada por Ana León y Córdova Capellanía fundada por Melchor R. de Guinea Capellanía fundada por Ana Rivera/ Cristóbal León Capellanía fundada por Martín Saldías/ José Angulo Capellanía fundada por María de Torres Gironda Capellanía fundada por Juan Calixto Alarcón Aniversario de Misas de Bernardino Alvares y Manrrique Capellanía fundada por la Abadesa del monasterio de La Concepción Capellanía fundada por Fernando Arias Ugarte Capellanía fundada por María Josefa Durán Capellanía fundada por Juan León de la Bega 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3 706 p. 7 r. 4 000 p. 6 000 p. 3 730 p. 4 000 p. 1 565 p. 2 000 p. 4 000 p. 5 000 p. 4 000 p. 3 100 p. 4 000 p. 2 424 p. 5 400 p.

108 p.

48 p. 4 r.

80 p.

62 p.

80 p.

100 p.

80 p.

40 p.

31 p. 2,5 r.

80 p.

74 p. 5 r.

120 p.

80 p.

74 p. 1,5 r.

n.e.

n.e.

n.e.

El mismo monasterio

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

368 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

--

--

40 000 p. 660 631 p. 7 r.

Donación de Juan Barba Cabrera, pro-Casa de Quito

TOTAL

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43.

620 631 p. 7 r.

TOTAL 2%

2%

4 000 p.

9 333 p.

2%

2%

2%

5 333 p.

192 273 p. 1,5 r.

10 000 p.

Capellanías (colativas) fundadas por Juan Solano de Herrera

Aniversario de Misas de José Bernardo Quirós Capellanía fundada por María Pedraza Censos a favor del convento de San Agustín, pensión perpetua

3 825 p.

Capellanía (colativa) fundada por Magdalena Padilla

13 255 p. 1 r.

800 p.

12 455 p. 1 r.

226 p. 5,5 r.

40 p.

80 p.

106 p. 5,5 r.

3 833 p. 5 r.

200 p.

76 p. 4 r.

La Casa de Quito

n.e. El Colegio de San Yldefonso (S. Agustín)

n.e.

n.e.

n.e. (patrón: la madre superiora de las Descalzas)

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

369

Imposiciones de José del Oyo

Patronato de Juan Domingo Esquibel

Imposición a favor del convento de San Agustín Imposición a favor del monasterio de La Concepción Fundación a favor del hospital de San Bartolomé Imposición a favor del monasterio de La Trinidad Imposición a favor del monasterio de Trinitarias Imposición a favor del monasterio de Trinitarias Imposición a favor del monasterio de Trinitarias Imposición a favor del monasterio de Trinitarias

Y TIPO DE OPERACIÓN

TITULAR O FUNDADOR Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias La casa de Lorenzo Ventura Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Convento y plazuela Buenamuerte Propiedades urbanas varias

PROPIEDADES GRAVADAS

% DEL

3% 3% 2% 3% 3% 3%

1 000 p. 3 000 p. 3 000 p. 3 195 p. 850 p. 1 000 p.

36 745 p.

650 p.

3%

3%

3%

600 p.

22 350 p.

3%

CENSO

1 100 p.

PRINCIPAL

MONTO DEL

1 071 p. 2 r.

18 p. 4 r.

670 p. 4 r.

30 p.

25 p. 4 r.

95 p. 6 r.

60 p.

90 p.

30 p.

18 p.

33 p.

CARGA ANUAL

La fiesta de san José del monasterio del Carmen

No especificado, n.e.

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo monasterio

El mismo hospital

El mismo monasterio

El mismo convento

BENEFICIARIO DE RÉDITOS

ANEXO V.2.2B. LOS PRINCIPALES IMPUESTOS SOBRE LAS FINCAS URBANAS DE LA BUENAMUERTE, 1835, EN PESOS DE 8 REALES

370 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Capellanías fundadas por Juan Rodrigues

Capellanía fundada por Feliciana Gutierres Medina Capellanía fundada por M. Pérez/ C. Cárdenas/F. Pérez de Bargas Capellanía fundada por Pedro Niño de la Cuevas y Balverde Capellanía fundada por Beatriz Rivas (Vivar)

Capellanía fundada por José Corbacho

Capellanía fundada por Diego Castillejo

Capellanía fundada por la Abadesa del monasterio de La Concepción Capellanía fundada por Paula Aguilar

Aniversario de Misas de Juan Becerra

Aniversario de Misas del fraile Gregorio/ Isabel Reyna Aniversario de Misas de Jerónimo Palomares

Aniversario de Misas de Margarita Aguilar

Aniversario de Misas a favor del convento del Refugio

Propiedades urbanas varias

Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias

Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Propiedades urbanas varias Casa de esquina calle Quemado

3% 2%

4 000 p. 4 000 p.

3%

3%

8 672 p.

5 625 p.

3%

3%

3%

4 000 p.

2 000 p.

1 000 p.

2%

1 400 p.

3%

2 912 p. 4 r. 3%

3%

2 374 p.

3 420 p.

3%

3%

3%

14 125 p.

1 000 p.

333 p 2,5 r.

168 p. 6 r.

80 p.

120 p.

260 p. 1,75 r.

120 p.

60 p.

30 p.

28 p.

102 p. 5 r.

87 p. 2,5 r.

71 p. 2 r.

423 p. 6 r.

30 p.

10 p.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

El mismo monasterio

n.e.

n.e.

Los padres agustinos de Guía

n.e.

n.e. (a su favor probablemente)

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

371

TOTAL

Renta fija fundada por María Ofareti

Buena Memoria-Capellanía de Marco de la Quintana

Censo a favor del convento de San Agustín

91 606 p. 6,5 r.

--

--

--

54 861 p. 6,5 r.

--

--

--

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, X: 43.

Propiedades urbanas varias

Propiedades urbanas varias

3 467 p. 1,25 r.

804 p.

480 p.

50 p.

274 p.

1 591 p. 7,25 r.

n.e.

n.e.

El convento de San Agustín

372 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

FUNDACIÓN

DE OPERACIÓN

OTRAS

6 582 p. 5 500 p. 22 500 p.

20 500 p.

22/12/1763, 10/05/1785

09/02/1784

15/11/1763, 27/01/1785

entre 22/02/1755 y 26/05/1763

14/05/1789

Imposición a favor del monasterio de Trinitarias (4 partes)

Imposición a favor del monasterio de Santa Clara

6 500 p.

2 825 p.

11/09/1762, 17/05/1767

PRINCIPAL

MONTO DEL

17 500 p.

GRAVADAS

PROPIEDADES

29/05/1779

Imposición a favor del convento supreso de San Agustín (Cañete) Imposición a favor del convento supreso de San Francisco (Cañete) [1] Imposición a favor del monasterio de Jesús María (3 partes) Imposición a favor del monasterio de Las Nazarenas Imposición a favor del monasterio de Santa Catalina (4 partes)

FECHA DE

TITULAR O FUNDADOR Y TIPO

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

CENSO

% DE

130 p.

410 p.

450 p.

110 p.

131 p. 5,5 r.

56 p. 4 r.

350 p.

CARGA ANUAL

El síndico Juan Gualberto Menacho, del monasterio de Santa Clara.

El síndico Pedro Bueno del Rivero.

La abadesa del monasterio de Santa Catalina.

El síndico Juan Salazar.

El síndico Francisco González.

Id.

Oficina Departamental de Contribuciones.

BENEFICIARIO DE RÉDITOS

ANEXO V.3.1A. LOS PRINCIPALES IMPUESTOS SOBRE LAS HACIENDAS DE CAÑETE, 1855, EN PESOS DE 8 REALES

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

373

31/01/1776

Buenas Memorias a favor del 07/07/1782, monasterio de Las Descalzas 10/05/1792 (3 partes)

Obra Pía de Juan Ygn. Obiaga (dotes para jóvenes pobres, limosnas y misas)

Imposición a favor de la cofradía de N. S. de la O, de 03/11/1768, la Iglesia de San Pedro 12/01/1769 (2 partes) Imposición a favor de la 11/09/1762, cofradía de N. S. Purísima 22/10/1768, Iglesia de Cañete [2] 08/06/1779 entre Imposición no especificada, 16/01/1763 n.e. (8 partes) y (probablemente a favor del 10/10/1786 monasterio del Prado?) Imposición Sras.Vargas, Corte Sup. de Justicia (pensión 01/1830 alimenticia)

Imposición a favor del (la última, el monasterio supreso de Santa 13/05/1773) Teresa (7 partes)

16 000 p.

Casas calle Rufas

26 094 p.

194 182 p.

30 000 p.

23 000 p.

2%

2%

3%

2%

2%

4 275 p.

La chacra de Magdalena

2%

2%

15 500 p.

23 500 p.

521 p. 7 r.

4 043 p. 5,5 r.

600 p.

480 p.

460 p.

85 p. 4 r.

310 p.

470 p.

El síndico Pedro Bueno del Rivero.

La Sra. Rossel, heredera de las Sras.Vargas; expediente formado bajo la Audiencia. n.e. Los patrones eran el Tribunal de la Inquisición y el tesorero de la cofradía de la O.

El síndico Mariano Cobián.

El cura párroco de la Iglesia de Cañete, como patrón y capellán.

El tesorero de la cofradía (o Congregación), Casimiro Vera Tudela.

Las religiosas secularizadas (decisión de la Oficina Departamental de Contribuciones)

374 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Buena Memoria fundada por Domingo Moreno [7]

Buena Memoria fundada por Ursula Aramburu del monasterio de Santa Clara Buenas Memorias fundadas por Domingo Astete Bustamante Buena Memoria de Joaquín Belapatiño, a favor del hospital de La Caridad Buena Memoria de Misas del padre Joaquín Tomás Boquete [4] Buena Memoria de Ignacia Cavero y Espinoza, a favor de las obras de la Buenamuerte Buena Memoria de la monja Juana M. de la Fuente, a favor del monasterio de Santa Clara [5] Buena Memoria de Roque Jacinto Longa/Agueda de Longa [6] 5 000 p.

19 424 p.

4 000 p.

4 598 p. 2 r.

4 000 p.

17/02/1785

20/07/1775

01 y 02 1748

08/11/1797

23/02/1768

2 000 p.

34 400 p.

01/10/1772, 01/10/1784

12/06/1766

9 000 p.

26/02/1789

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

40 p.

80 p.

92 p.

80 p.

388 p. 4 r.

100 p.

688 p.

180 p.

Los herederos de Juan Manuel Cuadra y luego la Buenamuerte.

José Dávila Condemarín (10/12/1831).

El síndico Juan Gualberto Menacho, del monasterio de Santa Clara.

El prefecto de la Buenamuerte era el patrón; a favor de los pobres socorridos por la orden.

El mariscal José de la Riva Agüero.

n.e. El patrón era el Tribunal de la Inquisición (para medicinas del hospital).

El cura de la doctrina de Pasco (Junín).

Miguel Taboada, tutor de su hijo Enrique, designado como capellán [3].

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

375

Aniversario de Misas de Juan Manuel Cuadra/Domingo Moreno (3 partes) Aniversario de Misas de Tomás de la Bodega y Cuadra [11] Aniversario de Misas de Isabel Cabello

Buenas Memorias fundadas por Mateo Pastor de Velasco [8] Buena Memoria fundada por Antonio Queipó Buena Memoria fundada por Antonio Queipó, a favor del Tribunal de la Inquisición Buena Memoria, para dotes de jóvenes pobres, de Bartolomé Sánchez Buena Memoria fundada por la monja Francisca de San José Urquiso

Buena Memoria fundada por Juan Ygnacio Obiaga

1 280 p. 6 000 p.

11 000 p.

3 500 p.

17/11/1783, 23/02/1785

15/10/1764

03/03/1791

10/10/1786

38 000 p.

8 000 p. 3 460 p.

27/10/1769, 10/03/1770

20/02/1775

07/12/1773

207 245 p. 4,5 r.

59 949 p. 2,5 r.

17 000 p.

15/10/1764, 23/02/1785

27/05/1780

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

69 p. 1,5 r.

160 p.

760 p.

4 146 p. 3 r.

70 p.

220 p.

120 p.

27 p.

1 199 p.

340 p.

n.e.

n.e.

Rosa Cuadra y Mollinedo (y herederos) y Pedro Nolasco Alvarado V. [10].

Josefa Tagle esposa de Manuel Ortiz Seballos; patrones: el arzobispo y otros n.e. (una cláusula agrega a este aniversario otro principal de 4 000 p.)

La Dirección de Beneficencia.

El convento supreso de Santo Domingo (Chincha Baja) [9].

La Dirección de Beneficencia.

Enfermería y farmacia del convento de San Francisco (Lima).

376 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

4 000 p.

8 000 p.

2 000 p.

25 600 p.

Aniversario de Misas de María 17/11/1777 Fructuosa Sancho Dávila

n.e.

01/02/1763

23/08/1757

Aniversario de Misas de María Rosa de los Santos Bretón

Aniversario de Misas del padre Joaquín Urquiso y Beatriz Ybañes [13]

Aniversario de Misas de José Vazques de Acuña/Isabel de la Presa

Aniversario de Misas del fraile 10/02 y Tomás Velasco (3 partes) 11/12/1764

10 000 p.

6 000 p.

06/10/1764

Aniversario de Misas de Juan Peres de Urquiso/Beatriz Ybañes

13 025 p. y 1 100 p.

n.e.

Callejón y casas Las Vargas, calle Rufas

Aniversario de Misas del fraile Gregorio y de Isabel Reyna (2 partes)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

512 p.

40 p.

200 p.

160 p.

80 p.

120 p.

423 p. 6 r.

n.e. El prefecto de la Buenamuerte es el patrón; obligación de 50 misas anuales. Convento de Santo Domingo (Lima); el patrón perpetuo es el prelado de la Buenamuerte (30 p. anuales)

El cura párroco de Chincha, Pedro Isasi.

n.e. El padre Joaquín Urquiso era, al inicio, el capellán propietario. n.e. La Buenamuerte recupera los derechos, luego de los herederos directos y los de Fco. Irribarren. n.e. El prefecto de la Buenamuerte es patrón de la capellanía, a la muerte de la fundadora.

Convento supreso de Guía y convento de San Agustín (Lima) respectivamente [12].

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

377

Capellanía-Aniversario de Misas de Ana León de Córdoba Capellanía-Aniversario de Misas de Melchor R. de Guinea Capellanía-Aniversario de Misas de Ana Rivera/ Cristóbal León

Capellanía-Aniversario de Misas de Beatriz Garay

Aniversario de Misas de Juan B.Villaquirán, a favor del Tribunal de la Inquisición Capellanía-Aniversario de Misas de Isabel Alcoser (2 partes) Capellanía-Aniversario de Misas de Miguel de Campos/Marcos de Alcoser Capellanía-Aniversario de Misas de Teresa Carrillo de Albornoz Capellanía-Aniversario de Misas de Francisca de la Cueba/Nicolás Calderón 3 000 p.

3 706 p.

4 000 p.

01/11/1775

18/03/1769

28/06/1781

3 730 p.

4 000 p.

1 565 p.

06/05/1769

18/11/1775

23/11/1775

6 000 p.

7 900 p.

10/02/1791

10/06/1790

1 062 p. 2,5 r.

17/11/1783

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

31 p. 2,5 r.

80 p.

74 p. 5 r.

120 p.

80 p.

74 p. 1 r.

60 p.

158 p.

21 p. 2,25 r.

El padre José Iturrino.

El capellán es Juana Cádiz.

n.e.

n.e. La Buenamuerte recupera los derechos a la capellanía, si se hace vacante. Josefa Carbone, tutora de su hijo, el capellán, Juan Carrillo.

n.e.

n.e.

n.e.

La Dirección de Beneficencia.

378 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

09/05/1715

4 000 p. 2 000 p.

13/09/1787, 10/02/1791

15/06/1795

Capellanía fundada por Isabel Alcoser y Tenorio

Capellanía fundada por Fernando Arias de Ugarte

Capellanía (colativa) fundada 12/05/1791 por José Corbacho

6 500 p.

3 100 p.

04/11/1790

Capellanía fundada por la abadesa del monasterio de La Concepción

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4 000 p.

26 000 p.

2%

5 000 p.

10/03/1756, 15/01/1756, 13/12/1750

2%

2%

4 000 p.

2 000 p.

Capellanías (laicales)Aniversarios de misas de José Larrazábal [15]

Capellanía-Aniversario de Misas de María de Torres 13/11/1787 Jironda Capellanía (colativa)Aniversario de Misas de Juan 14/06/1745 Calixto Alarcón Capellanía (laical)-Aniversario de Misas de Bernardino 27/09/1741 Alarcón Manrique

Capellanía-Aniversario de Misas de Martín Saldías/ José Angulo

40 p.

80 p.

130 p. 3 r.

62 p.

520 p.

80 p.

100 p.

80 p.

40 p.

El cura párroco de Yauyos, Manuel Lorenzo Alcedo, capellán.

n.e.

El cura párroco de la Iglesia de Pisco, J. P. Rodríguez, como patrón y capellán.

El síndico José Dávila Condemarín.

n.e. La Buenamuerte recupera los derechos a la capellanía, si se hace vacante. n.e. El prefecto de la Buenamuerte es el patrón; obligación de misas [14]. Antonio Rodríguez (tesorero de la Casa de la Moneda), tutor de José Rodrígues Subiate.

n.e.

El padre Manuel Mayorga (08/01/1851); patrón: la abadesa del monasterio de Jesús María.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

379

10 000 p.

5 000 p.

Capellanía (colativa) fundada 07/11/1775 por Juan Solano de Herrera

Capellanía fundada por Mateo Peres de Vargas/Cat. Cárdenas/Fca.Vargas Peres

Decreto Supremo del 24/11/1829, a favor del Colegio San Carlos Decretos Supremos de 20/09/ y 05/10 1825, a favor de la instrucción pública [17] Donación de Juan Barba Cabrera, pro-Casa de Quito [18]

TOTAL 1

3 825 p.

Capellanía (colativa) fundada 10/03/1770 por Magdalena Padilla

100 000 p.

60 000 p.

40 000 p.

24/11/1829

20/09/ y 05/10/1825

28/01/1760, 21/10/1754

638 824 p. 7 r.

237 397 p. 2,5 r.

5 400 p.

n.e. (en el siglo XVIII)

07/05/1795

2 424 p.

14/08/1795

Capellanía fundada por María Josefa Duran Capellanía fundada por Juan León de la Vega (sobre las tierras de La Rinconada)

2%

2%

2%

2%

2%

2% (irred.)

2%

1 200 p.

2 000 p.

13 079 p. 5,75 r.

4 889 p. 5,25 r.

100 p.

200 p.

76 p. 4 r.

108 p.

48 p. 4 r.

Oficina Departamental de Contribuciones.

El rector del Colegio San Carlos [16].

n.e.

José Manuel Castro, tutor de su hijo, el capellán, José Cipriano Castro. El deán del arzobispado de Lima; el patrón es el mismo arzobispo.

El cura párroco de la Iglesia de Cañete.

n.e.

380 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

18/07/1837

Callejón calle Cruces, casa calle Divorciadas 221 360 p. 5,25 r. 860 185 p. 4,25 r.

21 360 p. 5,25 r.

4%

17 134 p. 1,25 r.

4 054 p. 3,5 r.

854 p. 3,5 r.

El coronel Manuel Argudo.

[1] Se trata de cargas impuestas sobre las tierras de El Chilcal, que fueron asumidas por la Buenamuerte, al tomar en posesión dicho fundo, en 1767 y en 1777, de forma definitiva. [2] Se trata de cargas impuestas sobre las tierras denominadas Media Luna, asumidas por la Buenamuerte, al tomar dicho fundo en posesión, en 1779, de forma definitiva. [3] Se trata de una Buena Memoria - Capellanía (solo designada como Capellanía, en 1835). Había sido fundada por una religiosa del monasterio de Santa Clara. El patrón de la fundación es la abadesa del monasterio («de cuya capellanía es patrona...»). El derecho a beneficiarse de los réditos lo otorga la abadesa, a cambio de misas a favor del monasterio. Es un caso típico de financiamiento de una carrera eclesiástica. [4] Es una Buena Memoria de misas fundada por el padre Boquete (a nombre del marqués de Monte Alegre), como capellanía de familia. Dentro de los fundadores figuraron Francisco Arce y Sandoval y el padre Joaquín Aguilar. [5] Es una fundación realizada por una monja del monasterio de Santa Clara, a favor del mismo monasterio y sus posesiones sitas en la calle Cruces. El prefecto de la Buenamuerte fue designado como su patrón, lo que le representaba una pensión anual de 25 pesos.

NOTAS

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 3. El total anunciado en el documento de la Buenamuerte es de 891 867 p. 4,25 r. Un total que comporta errores, que hemos corregido.

TOTAL 2

Deuda de la Buenamuerte hacia el coronel Manuel Argudo [19]

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

381

[6] En 1835, se le designaba como Aniversario de Misas. Se trata de una Buena Memoria cuyos réditos tenían que ser percibidos por «los habitantes» de la ciudad de Elgoibar, Guipúzcoa (País vasco español). El prefecto de la Buenamuerte quedaba obligado de remitirles dichos réditos. Lo que le representaba por dicho servicio, 4% de ingresos, es decir, 16 p. anuales. Durante la primera supresión del convento, el derecho de percibir tales réditos fue transferido a su actual beneficiario por «gracia gubernamental». [7] En 1835 se le designaba como Aniversario de Misas de Juan Manuel de la Cuadra, del primer religioso camilo criollo. El documento señala que los hijos de Cuadra son los patrones y capellanes de esta Buena Memoria y que los réditos recaerán en la Buenamuerte lo mismo que el Aniversario de Misas (con la obligación de celebrar misas), cuando ya no haya herederos. El «tránsito» de un tipo de fundación a otro era frecuente, al parecerse y asociarse en la memoria de los difuntos y en su voluntad de lograr la salvación de su alma. [8] Se designa un monto de 59 949 p. 2,5 r. que comprende los 54 000 p. de la Buena Memoria fundada por Mateo Pastor de Velasco, a favor del Tribunal de la Inquisición, y los 5 949 p. 2,5 r. de una imposición correspondiente en el mismo tribunal, tal y como aparece en 1835. Los tesoreros del tribunal eran los patrones. Después de la supresión del Santo Oficio, en 1821, los réditos fueron cedidos a la escuela de huérfanos, con intermediación de la Sociedad de Beneficencia de Lima. [9] No había, en 1835, referencia precisa respecto a esta fundación. Fuera de la indicación de un principal de 988 p. 3,5 r., a favor de la Inquisición (aunque sospechamos que pueda ser más bien un error de las cuentas de la propia Buenamuerte). Se trata al origen —según se indica en 1855—, de una Buena Memoria fundada en dos partes, por un monto de 2 988 pesos 3 reales, a beneficio del Tribunal de la Inquisición. Luego de que este fuera suprimido, el Estado aprobó el Decreto Supremo de 07/08/1832, que reducía su principal a 1 280 pesos (una desamortización, de hecho, aunque parcial; el documento habla por cierto de «amortizar», como para señalar una nueva fundación o reamortización, con otro monto) y designó al convento supreso de Santo Domingo (Chincha Baja, Ica), esto es, a su capellán residente, como beneficiario de los réditos. Dicho capellán cobraba su dinero en la Oficina Departamental de Contribuciones. Con lo que podemos afirmar que si el Estado decidió «nacionalizar» los bienes del Santo Oficio, en este caso, con esta operación, decidió conservar igualmente (aunque disminuyéndola) una carga impuesta sobre las posesiones de la Buenamuerte, con réditos que permitían financiar el mantenimiento del culto en un convento supreso. Aquí aparece también la ambigüedad e incertidumbre de la «reforma de regulares» de 1826. [10] Ver también la nota 7. El documento señala que se produjo un desdoblamiento del capital y la transferencia de una parte de este (8 400 pesos) y de los réditos correspondientes, a favor de Pedro Nolasco Alvarado Valdivieso; según protocolo notarial del 17/04/1842.

382 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

[11] Lo hemos deducido, pero no está especificado en el documento consultado. [12] En el documento de 1855, contrariamente a las referencias de 1835, se dice que los dos principales están impuestos también sobre las haciendas de Cañete. Se recuerda asimismo el caso del capellán Juan Sánchez del convento supreso de Guía, beneficiario de los réditos producidos por el principal de 13 025 pesos impuestos bajo forma de Aniversario de Misas. El Estado le reconoce el derecho de cobrar 390 pesos 6 reales (con deducción de la Contribución General) que la Buenamuerte debe abonarle anualmente, lo que representa 31 pesos 4,5 reales mensuales. El capellán Sánchez logró el embargo, en 1842, del callejón y las casas denominadas Las Vargas, sitas en la calle Rufas, para hacer efectivas las sumas adeudadas. Ahora bien, precisa el documento, dichas propiedades producen un rendimiento de más de 90 pesos mensuales, casi tres veces superiores a los 31 p. 4,5 r. reconocidos por el Estado. Ello ocurrió, prosigue el documento, en la época en que José Cayro era prefecto la Buenamuerte. Aquella «mala administración» ya le habría costado a la comunidad crucífera más de 7 000 pesos. Sánchez habría ocultado a la Curia de Lima el expediente correspondiente de embargo, utilizando recursos de fuerza con el fin de hacer que el tiempo pase. El documento formula el deseo de que se le pidan a la Mesa de bienes nacionales de la Oficina Departamental de Contribuciones las informaciones relativas a los ingresos que producen efectivamente los bienes del convento supreso de Guía. Tales ingresos, producto del alquiler o hipotecas de dichas propiedades, sobrepasarían (dice el documento) los 1 500 pesos. Haría falta, concluye el documento, que un empleado del Estado, honrado y activo, hiciese una visita de inspección, con el fin de constatar que el capellán Sánchez cobra un ingreso mensual bien superior a los 35 o 45 pesos que perciben los otros capellanes de los conventos supresos de Lima. [13] Se dice, como en 1835 también, Buena Memoria - Aniversario de Misas, y Pedro Isasi, el beneficiario de los réditos, es nombrado como capellán. [14] Esta fundación de la primera mitad del siglo XVIII (imputada, en los documentos de 1835, a Bernardino Alvares y Manrique) tenía que solventar la misa de mediodía durante las fiestas de San Salvador. Tenía que celebrarse en la Iglesia del mismo nombre, en el barrio de Maravillas (a 500 m. de la Buenamuerte), gracias a una dotación de 3 pesos por cada misa. Pero el terremoto del 28/10/1746 destruyó totalmente la Iglesia de San Salvador. Por lo que se decidió transferir la obligación de misas al monasterio de Mercedarias, no muy lejos del barrio. [15] El prefecto de la Buenamuerte había sido designado como patrón de dichas fundaciones, a cambio de misas cantadas y rezadas. Ahora bien, la designación del capellán en ejercicio en 1855 fue hecha por el Gobierno, el 01/06/1832, durante la primera supresión del convento.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

383

[16] El documento calcula el monto del principal de los pagos (como si éstos fuesen réditos). Como sabemos, por decisión gubernamental (durante la primera supresión del convento), la Buenamuerte quedó obligada de hacerlo, a favor del Colegio San Carlos. Se trata en realidad de una «ficción» de cálculo, que conlleva aumentar el monto de los principales impuestos sobre la orden. [17] Aquí también, el documento calcula el monto de los principales de los pagos (como si éstos fueran réditos). Como sabemos, por decisión gubernamental (durante la primera supresión del convento y ya desde 1825), la Buenamuerte quedó obligada de hacerlo, a favor de las escuelas públicas y del Colegio de la Independencia. Se trata en realidad, aquí también, de una «ficción» de cálculo o contabilidad, que conllevaba abultar el monto de los principales impuestos sobre la orden. [18] Estamos ante el famoso asunto de la creación en Quito (Ecuador) de una casa de la orden, gracias al donativo de 40 000 pesos efectuado por Juan Barba Cabrera, el mismo que se hizo efectivo, por voluntad del albacea Felipe Barba. No se habla en este documento de los réditos que produce dicho principal, contrariamente a anteriores referencias. Se evoca en cambio una de las cláusulas del testamento de Barba Cabrera, de 1754, que recuerda su voluntad de que su casa, sita en la calle Capón, pueda servir para fundar un Aniversario de Misas. El patrón designado, a título perpetuo, es el prefecto de la Buenamuerte, con una dotación de 5 pesos por misa. El capellán se tenía que designar obligatoriamente entre los descendientes de Barba Cabrera. No se dice la fecha de fundación del Aniversario, ni tampoco el monto del principal ni sus réditos. El padre camilo Toribio Del Río designó en 1852 a José Enríquez, como capellán. [19] El coronel Argudo fue ecónomo de la Buenamuerte, entre noviembre de 1827 y diciembre de 1828. El mismo que obtuvo el reconocimiento gubernamental (Orden Suprema del 18/07/1837) de los gastos que hizo entonces a favor de la Buenamuerte, esto es, avances de dinero para habilitar la producción de las haciendas de Cañete, pagos a los censualistas del convento, alimentación, vestido y otros, para los religiosos, etc. Se le reconoce el derecho de cobrar 854 pesos 3,5 reales anuales; la Buenamuerte está obligada de pagárselos. El principal «reconocido» (21 360 pesos 5,25 reales) tenía al comienzo un tipo de censo de 6%, pero luego fue rebajado a 4% porque el coronel Argudo entró en posesión del callejón de la calle Cruces y de una casa, sita en la calle Divorciadas. Los alquileres del callejón representan 62 pesos 4 reales mensuales; el de la casa, 40 pesos. Con lo que el coronel Argudo cobra los alquileres del callejón (750 pesos anuales) para cubrir la suma que se le debe y que fue reconocida por el Estado. En cambio, la casa de la calle Divorciadas, le fue vendida a censo perpetuo (protocolo notarial del 21/09/1841), en 12 000 pesos de principal, al 3% por año, es decir, con un canon enfitéutico anual de 360 p. Si bien el coronel Argudo paga 102 pesos 4 reales anuales a la Buenamuerte, se puede estimar que las condiciones son más bien desfavorables al convento.

384 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

04/11/1790

Capellanía fundada por la abadesa del monasterio de La Concepción Casa en la esquina de la calle del Quemado

Las propiedades urbanas de la Buenamuerte Propiedades de Santa Inés, casa de la calle Quemado Solar de la calle Penitencia, una parte del local del convento

94 200 p. 2,5 r.

3 420 p.

2 912 p.

3 100 p.

8 045 p.

22 350 p.

54 373 p. 2,5 r.

PRINCIPAL

MONTO DEL

% DE

3%

3%

3%

3%

3%

CENSO

2 602 p. 3,5 r.

102 p. 5 r.

87 p. 3 r.

93 p.

241 p. 2 r.

447 p.

1 631 p. 1,5 r.

CARGA ANUAL

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 3. * Patronato fundado a favor del Cristo de la parroquia de Santa Ana.

n.s.

03/03/1791

26/05/1763, 05/11/1783

Aniversario de Misas de Juan Becerra

TOTAL

GRAVADAS

PROPIEDADES

23/11/1744, El local del convento 27/03/1788 y su plazuela

TIPO DE OPERACIÓN

Principales (Censos, Capellanías, Buenas Memorias) impuestas sobre fincas Patronato fundado por Juan Domingo de Esquivel (2 partes) * Buena Memoria y legados a favor del monasterio de Trinitarias (4 partes) Buena Memoria, dotes para jóvenes pobres, de Bartolomé Sánchez

FECHA DE

FUNDACIÓN

TITULAR O FUNDADOR Y

El síndico José Dávila Condemarín.

Josefa Tagle esposa de Manuel Ortiz Seballos; patrones: arzobispado y otros. No especificado. La abadesa del monasterio de Las Descalzas es el patrón.

El síndico Pedro Bueno del Rivero.

El mayordomo Pedro Bueno del Rivero.

[Informaciones del arzobispado]

DE RÉDITOS

BENEFICIARIO

ANEXO V.3.1B. LOS PRINCIPALES IMPUESTOS SOBRE LAS FINCAS URBANAS DE LA BUENAMUERTE, 1855, EN PESOS DE 8 REALES

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

385

Casa Tienda (adjunta a la casa anterior)

Penitencia

151

151

152

153

Casita

Casa y farmacia

Primer piso de la casa anterior

Casa, tienda, balcón, depósito

Tienda, altillo, adjuntos a la casa anterior

Idem.

Buenamuerte

Idem.

Idem.

Idem.

283

282

Casita

Idem.

28

Casa, tienda, depósito, cuartos...

15

16

NÚM.

Idem.

Idem.

TIPO DE PROPIEDAD

CALLE

Mariquita N.

3 p.

23 p.

33 p. 2,5 r

18 p.

Juan Rodrigues Ygnacia Cuéllar de Serra Gavino Pizarro (enfiteuta)

8 p.

8 p.

Manuel Villabrán Pedro Efio

8 p.

4 p.

14 p.

ALQUILER

Carmen Serpa

Juan Muños Dolores Campusano

INQUILINO

Sin protocolo notarial

Protocolo, Martín Morilla, 12/10/1842

Protocolo, Martín Morilla, agosto de 1842

Protocolo, Casimiro Salvi, 14/02/1855; 9 años Protocolo, Casimiro Salvi, 20/07/1854; 10 años

Sin protocolo notarial

Protocolo, José Yginio Ybáñez, abril de 1855, 9 años

Idem.

Sin protocolo notarial

CONDICIONES DE CESIÓN

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Una parte del alquiler para el pago de deuda de 1842-José Serra.

Proporcionar medicinas para la enfermería del convento, a un tercio de precio.

Mejoras, en beneficio del convento.

Construir pared y hacer reparaciones

OTRAS CONDICIONES Y PRECISIONES

ANEXO V.3.2. LAS POSESIONES URBANAS DE LA BUENAMUERTE, 1855, EN PESOS DE 8 REALES, ALQUILERES MENSUALES

386 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Tienda, altillo, corral, adjuntos a la casa anterior

Depósito

Casa

Tienda

Tienda

Tienda

Tienda

Tienda

Tienda

Idem.

Buenamuerte

Idem.

Idem

Buenamuerte

Buenamuerte/ Rufas

Rufas

Idem.

Idem.

260

259

258

s. n.

158

157

156

155

154

Juan Devoto

Juan Devoto

Juan Devoto

Juan Devoto

Juan Devoto

Pedro Cárdenas

Pedro Cárdenas

Pedro Cárdenas

Petronila san Miguel

18 p. (las 5)

21 p. (las 3)

5 p.

Protocolo anulado, Lucas de la Lama, 1854 [Id., por anulación del los actos del Gobierno de Echenique] [Id., el protocolo (9 años) había subevaluado el alquiler] [Id. protocolo con el prefecto del convento (5 tiendas)] [Id., se habla de subasta (para las 5)]

Protocolo anulado, Lucas de la Lama, mayo de 1854 [Id., por anulación de los actos del Gobierno de Echenique] [Id., el protocolo (10 años) había subevaluado el alquiler]

Sin protocolo notarial

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

387

Tienda

Tienda

Casa

Depósito

Casa

Casita

Casita

Casita

Casita

Rufas

Idem.

Rufas

Idem.

Rufas

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

232

230

229

228

227

245

244

262

261

6 p.

Narcisa León

María Sierra

8 p.

8 p.

6 p.

Rosa Balenzuela

María Larrea

8 p.

10 p. (las 2)

3 p. (antes 4 p.) 3 p. (antes 4 p.)

Juana Inclán

Pablo Criado Pablo Criado

Victoria de los Ángeles

Nicolasa N.

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

[Idem.]

Protocolo (no precisado), 9 años

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N.S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía.

Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental. Alquiler embargado, instrucción pública, Tesorería departamental.

388 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

231

Cuarto en principal (dos piezas)

Cuarto

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

231-7

231-6

231-5

231-4

231-3

231-2

231-1

231

Callejón de cuartos

Idem.

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

Chepa Herbozo Espíritu Santo

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

Chepa Herbozo

Rosita

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

Juan (el herrero) Manonga

[2 p. 4 r.]

[5 p.]

55 p. (los 21)

Santos Grados

Lista de inquilinos, 04/05/1855 Chepa H. y Juan (el herrero)

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

389

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

231-35

231-34

231-33

231-32

231-31

231-11

231-10

231-9

231-8

Taita José

Eulalia

Teresa

Manonga

Juliana N.

Jesús

Benancia

Jacinta

Pía

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía.

390 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Casita

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Martinete o Las Carrozas

Idem.

Idem.

Idem.

220

219

218

217

231-39

231-38

231-37

231-36

6 p.

6 p.

Eustaquio Ojeda Manuel Posada Gabino Muñoz

6 p.

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

[2 p. 4 r.]

Tomás Zeballos

Severiana

Nieto

Mereja

Cecilia

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán M. Mascaro, deducción 1842.

Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía. Alquiler embargado, a favor del capellán J. Sánchez del convento supreso N. S. de Guía.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

391

213

211

s.n.

Casas (en ruinas)

Casa

Tienda

Herrería (en ruinas) de Cayetano Vidaurre

Casitas (entre 6 y 13)

Tienda

Idem.

Idem.

Idem.

Martinete/Las Carrozas

Sauces de Santa Clara

Idem.

Mercedarias

Idem.

274

273

223

216...

222

Idem.

Idem.

221

Idem.

Idem.

Lucía Gutierres José (el zapatero)

4 p.

4 p.

41 p. 4.75 r.

8 p.

José Domingo Gastañeta Juan Antonio Alfaro Juan Antonio Alfaro Juan Antonio Alfaro

1 p.

6 p.

6 p.

José Quiroz

José Quiroz

José Quiroz

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Id., trabajos de utilidad pública, pago mensual

Protocolo, Casimiro Salvi, 09/05/1855, 10 años Id., reparaciones por el terremoto de 30/03/1828

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Contrato múltiple, reparaciones y pago de capellanías.

Contrato múltiple, reparaciones y pago de capellanías.

Contrato múltiple, reparaciones y pago de capellanías.

Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá. Alquiler embargado, a favor del capellán L. Monsante, capellanía Papá.

392 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

160 161

Tienda y casa

Callejón de cuartos Quintana

Casa

Tienda

Idem.

Idem.

Casa, balcón, tiendas y cuartos

Casa con balcón

Casa

Casita (adjunta a la anterior)

Santa Clara

Las Cruces (salida al Suspiro)

La Peña Oradada

Pajuelo

Idem.

Idem.

Las Recogidas (frente a la cruz)

Divorciadas

Mariquitas/ Acequia Alta

Idem.

83

s.n.

43

42

41

s.n.

46

144-5

276

Tienda

Idem.

275

Casita

Idem.

Manuel Argudo José Gariboto Ramona Sánchez

Manuel Paredes

Evaristo Mansilla (propietario) Juan Delgado Francisco Bermudes Pedro Lazarte

Manuel Argudo

Mariano Mendoza José del Carmen Carmen Fernández

16 p.

14 p.

40 p.

66 p.

4 p.

4 p.

4 p.

15 p.

62 p. 4 r.

25 p.

6 p.

5 p.

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Protocolo, Martín Morilla, 21/09/1841

Protocolo, José Yginio Ybáñez, 1851, 9 años

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Sin protocolo notarial

Venta enfitéutica, réditos inferiores al alquiler, sin aplicación.

Casa heredada por la Buenamuerte.

Capellanía redimida por el propietario.

Alquiler rebajado por deuda de la Buenamuerte hacia el inquilino. Alquiler que compensa réditos (reconocidos por Orden Suprema de 03/01/1833).

LA DESAMORTIZACIÓN DE LA BUENAMUERTE

393

448 p. 6,25 r.

Protocolo, José Escudero de Cicilia, 12/08/1834

Sin protocolo notarial

Protocolo (no precisado), 1847, tres novenos (27 ans)

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 3.

243 p. 2,5 r.

11 p. 7 r.

20 p.

embargados efectivos

Locales del antiguo convento

Santa Liberata

Teresa Benavente Manuel Lorenzo Vidaurre

33 p. 2,5 r

692 p. 0,75 r

n. l.

Primer piso de la casa anterior

Idem.

Juan Irribarne

TOTAL

n. l.

Casa y pulpería adjunta

Osorno (o del Quemado)

Venta enfitéutica, réditos embargados, antes cobrados por el prefecto del convento.

Alquiler embargado por exsíndico.

394 EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

LA DESAMORTIZACIÓN

ANEXO V.3.3. INGRESOS Y GASTOS MENSUALES DE LA BUENAMUERTE, 1870-1878

70

TOS

. 1,5 r . 4 r. . 3 r. . 7 r.

SALDO

MES

(458 p. 1,5 r.) (171 p. 4 r.) (364 p. 3 r.) (9 p. 7 r.)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS

960 p. 4 r. 577 p. 577 p. 1 327 p. 539 p. 880 p. 4 r. 739 p. 539 p. 539 p. 539 p.

666 p. 1,5 r. 1 598 p. 6,5 r. 591 p. 788 p. 0,5 r. 2 643 p. 3 r. 1 130 p. 5,5 r. 636 p. 6 r. 631 p. 6 r. 1 170 p. 1 447 p. 6 r.

SALDO

MES

INGRESOS

294 p. 2,5 r. (1 021 p. 6,5 r.) (14 p.) 538 p. 7,5 r. (2 104 p. 3 r.) (250 p. 1,5 r.) 102 p. 2 r. (92 p. 6 r.) (631 p.) (908 p. 6 r.)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

537 p. 537 p. 1 050 p. 4 537 p. 1 435 p. 4 1 290 p. 789 p. 888 p. 2 r 537 p. 537 p. 537 p. 739 p.

Total

9 414 p. 2

Total

73

TOS

1871 GASTOS

SALDO

MES

INGRESOS

1874 GASTOS

SALDO

MES

INGRE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

539 p. 4 r. 539 p. 4 r. 1 042 p. 4 r. 539 p. 4 r. 2 184 p. 689 p. 4 r. 990 p. 2 r. 539 p. 4 r. 539 p. 4 r. 539 p. 4 r. 539 p. 4 r. 1 993 p. 4 r.

647 p. 3 r. 705 p. 1 r. 547 p. 5,5 r. 1 284 p. 2 r. 550 p. 7 r. 2 018 p. 1 r. 1 227 p. 3,5 r. 1 006 p. 0,5 r. 707 p. 0,5 r. 685 p. 3 r. 594 p. 5,5 r. 1 626 p. 2 r.

(107 p. 7 r.) (163 p. 5 r.) 494 p. 6,5 r. (744 p. 6 r.) 1 633 p. 1 r. (1 328 p. 5 r.) (237 p. 1,5 r.) (466 p. 4,5 r.) (167 p. 4,5 r.) (145 p. 7 r.) (55 p. 1,5 r.) 367 p. 2 r.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

539 p. 1 100 p 539 p. 539 p. 1 810 689 p. 1 239 p 944 p. 539 p. 539 p. 1 289 p 2 039 p

Total

10 676 p. 2 r.

11 600 p. 2,5 r.

(924 p. 0,5 r.)

Total

11 810 p

ENAMUERTE POR LIMA

6 SALDO

MES

1,5 r. 1 r. 6 r. p. 5 r. 1,5 r. 1 p. 3 r. 2,5 r.

(273 p. 5,5 r.) (100 p. 5 r.) 386 p. 6 r. (625 p. 1 r.) (178 p. 5,5 r.) 1 558 p. 357 p. 1 r. (714 p. 6,5 r.)

7 r.

(215 p. 3 r.)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

OS

TOTAL

INGRESOS

572 p. 4 r. 572 p. 4 r. 572 p. 4 r. 2 913 p. 6 r. 1 197 p. 4 r. 722 p. 4 r. 572 p. 4 r. 2 460 p. 4 r. 572 p. 4 r. 822 p. 4 r.

1877 GASTOS

944 p. 4,5 r. 675 p. 7 r. 723 p. 6 r. 719 p. 6 r. 2 945 p. 2 r. 1 392 p. 6 r. 675 p. 2 r. 775 p. 3 r. 1 732 p. 2 r. 1 750 p.

SALDO

MES

INGRES

(372 p. 0,5 r.) (103 p. 3 r.) (151 p. 2 r.) 2 194 p. (1 747 p. 6 r.) (670 p. 2 r.) (102 p. 6 r.) 1 685 p. 1 r. (1 159 p. 6 r.) 927 p. 4 r.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

572 p. 4 697 p. 4 1 131 p. 560 p S/. 448 S/. 668 S/. 2 20 S/. 1 40 S/. 646 S/. 648 S/. 2 51 S/. 848

TOTAL

Fuente: AAL-OCNSB, legajo, XII: 94-136; XIII: 9-31, 73. Sin información para 1873; totales imposibles, por datos incompletos, para 1870, 1871, 1876, 1877 y 1878. En pesos de 8 reales, luego, desde mayo de 1878, en soles (lo que imposibilita un total para dicho año).

CONCLUSIONES EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA, SIGLOS XVIII Y XIX

El tránsito de la Buenamuerte por Lima, entre los siglos XVIII y XIX, alternó entonces luces y sombras, tal como acabamos de demostrarlo. El trabajo de análisis histórico que hemos efectuado, tomando como objeto central de estudio el itinerario de la orden de los crucíferos agonizantes por la capital peruana, nos ha permitido también extraer algunas conclusiones sobre la problemática general que nos planteáramos en la introducción de este libro, a saber, la propiedad y el patrimonio eclesiásticos en el Perú, y que, como ya lo indicáramos, se inscribe en un trabajo de investigación comparatista de mediano plazo. Pierre Vilar nos ha enseñado que toda investigación histórica requiere conclusiones —en función de los objetivos propuestos—, pero que estas deben de ser asumidas también como provisionales o parciales, esto es, como elementos de trabajo para nuevas investigaciones y nuevos estudios, en la carrera permanente del conocimiento histórico.Y es de esa manera como las formulamos aquí. 1. EL ÉXITO INICIAL Por un lado, la naturaleza de su ministerio, instituto y misión, es decir la atención de enfermos y moribundos y la ayuda para efectuar la transición desde esta vida hacia la otra —en el artículo de la muerte—, y por otro lado, la seriedad y el encomio con que los religiosos crucíferos fundadores de la Buenamuerte organizaron su implantación en Lima (y en América), suscitaron el interés y el apoyo de la sociedad colonial de la capital virreinal, desde

398

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

la primera mitad del siglo XVIII. Una simpatía que se manifestó con claridad y generosidad, tanto entre los sectores sociales favorecidos y las élites —incluso gubernamentales—, como entre las capas populares y la plebe limeños. La creación peruana de la institución camila, la última orden religiosa autorizada por la Corona española, fue una empresa llevada a cabo con seriedad, dedicación e inteligencia. De ello derivaron el éxito de los primeros años y la facilidad para entrar en posesión de las temporalidades que podían asegurarle a la orden el reconocimiento oficial y su desarrollo ulterior. El prestigio creciente de la Buenamuerte le permitió ensanchar sus instalaciones en Barrios Altos y el Rímac (amén de otras fundaciones en otras ciudades peruanas y americanas) y aumentar el número de religiosos —europeos y peruanos—, ampliando con ello su ámbito de acción y su presencia social, en particular entre los sectores populares y menesterosos de la capital. Al adquirir las haciendas cañetanas de La Quebrada-El Chilcal y Casablanca-Cerro Azul, la institución camila se volvió en Lima una orden religiosa agrícola y azucarera, entrando de lleno a la esfera productiva y comercial regional, articulando naturalmente ese hecho económico con su actividad religiosa. El renombre de la Buenamuerte se difundió incluso en los medios intelectuales de la capital virreinal. Determinadas cátedras de la entonces Pontificia Universidad de San Marcos fueron duraderamente ocupadas por destacados religiosos de la Buenamuerte —incluso hasta bien entrado el siglo XIX—, quienes dirigieron tesis sustentadas y defendidas en dicho centro educativo superior. La influencia de los crucíferos limeños se manifestó también en los órganos representativos de las luces peruanas (en el Mercurio Peruano, por ejemplo) o como consejeros de las autoridades gubernamentales, al mismo tiempo que los religiosos más eminentes de la orden tomaban parte en los principales combates teológicos y doctrinales de la segunda mitad del siglo XVIII, en particular contra las ideas y prácticas defendidas por, o imputadas a, la Compañía de Jesús. Hubo dos características específicas desde las primeras décadas de expansión de la orden camila. En primer lugar, la práctica relativamente extendida del albaceazgo —ejercida por los prelados y religiosos crucíferos—, esto es, la administración y ejecución de las decisiones y disposiciones testamentarias de personalidades importantes de la sociedad colonial. Lo que favoreció in fine la acumulación patrimonial de la Buenamuerte, beneficiando también a sus miembros, individualmente. En segundo lugar, el recurso frecuente al endeudamiento, como mecanismo para «liberar» las haciendas y bienes raíces adquiridos de deudas, obligaciones y

CONCLUSIONES

399

servidumbres diversas, transformándolos en bienes de posesión unificada, plena y perfecta, sin desdoblamientos ni superposición de derechos. Una evolución que si bien no era original —ni inédita— en el clero regular de entonces, fue plena y perfectamente asumida por las autoridades limeñas de la orden. 2. AUGE Y DECLIVE DE LAS HACIENDAS CAÑETANAS La configuración de las haciendas cañetanas ya mencionadas (aunque mejor valdría hablar de complejos productivos agrarios) no fue dejada al azar ni fue fruto de la casualidad. Tanto en uno como en otro caso se observó la voluntad de combinar, en torno al eje productivo azucarero y sus instalaciones completas —con productos derivados y subproductos—, todo un conjunto de actividades agrícolas y ganaderas (cereales, legumbres, alfalfa, crianza y comercialización de ganado mayor, etc.), fuera de la disponibilidad de tierras de cultivo y espacios —incluso mediante la ampliación de las superficies agrícolas— que podían ser alquilados o cedidos a terceros bajo contrato (enfitéutico u otros). Y ello, con la finalidad de producir rentas e ingresos a favor de la orden, para fortalecer su presencia y misión religiosas, tal como lo exigían la Corona y las autoridades civiles. Uno de los primeros obstáculos con que tuvo que enfrentarse la orden camila, de cara a la explotación y valorización económicas de las haciendas y tierras adquiridas, fue el estado técnico deplorable en el que se hallaban al momento de asumirlas, casi abandonadas y sin ciclo productivo regular, carentes de instrumentos y aperos de labranza, con recursos hídricos inadaptados o desorganizados (o con ausencia de ellos), desprovistas de esclavos suficientes, etc. Su recapitalización y puesta en actividad requerían medios financieros relativamente importantes; fue otra de las razones del endeudamiento creciente de la Buenamuerte, aunque para ello pudiese contar con las facilidades que su prestigio ya le proporcionaba. Se puede afirmar que tales inversiones tuvieron efectos productivos de mediano plazo, compensando con ello las fases de disminución de los gastos anuales de habilitación, debidas a las dificultades financieras de la orden. A pesar de sus deficiencias y carácter incompleto y aleatorio, la contabilidad y los registros de las haciendas nos han permitido observar el progreso de la actividad productiva y comercial de la Buenamuerte en Cañete (y en Lima), por lo menos desde el inicio de los años 1770. Unos resultados que fueron confirmados en las décadas subsiguientes —fuera de las naturales

400

EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

coyunturas de crisis, como la de 1783-1784, y de determinadas medidas de reducción de gastos—, y ello hasta la víspera de la independencia peruana. La evolución de los mencionados complejos productivos, singularmente integrados en los intercambios regionales —sin propensión a la autarquía—, no arroja evidencias de una crisis agrícola general o estructural, tal como se ha podido propugnar en estudios e investigaciones anteriores. Una cuestión que tendría que volver a plantearse empero, a partir de los resultados de trabajos empíricos concretos. Si la mano de obra de las haciendas cañetanas fue principalmente la de esclavos y si se observó un aumento sensible del número de estos —dentro de las inversiones efectuadas para habilitar la producción—, es preciso señalar que la contabilidad registró igualmente gastos significativos, a veces crecientes y, en todo caso permanentes e incompresibles —inclusive en los momentos de austeridad y repliegue financiero—, en fuerza de trabajo asalariada de mano de obra libre; con salarios que aumentaban (en particular en la dos últimas décadas del siglo XVIII) y con precios que también experimentaban alzas sensibles. Como si se hubiese asistido en ese entonces a un proceso virtuoso de crecimiento económico y que este hubiera puesto en evidencia, al menos parcialmente, el anacronismo y la ineficacia del régimen de trabajo esclavista. Estamos aquí ante otra cuestión que precisaría una multiplicación de ángulos de enfoque y nuevos trabajos complementarios, en el contexto de la producción agrícola y ganadera del valle de Cañete y la región limeña. A pesar de las dificultades para la comercialización del azúcar en mercados exteriores al virreinato peruano (como consecuencia de la competencia de los azúcares novohispanos y cubanos), las ventas de la Buenamuerte —que también había intentado una expansión externa— pudieron encontrar mercados internos de substitución y compensación —con ventas al detalle y al por mayor—, si nos fiamos de la tendencia observada —estable, cuando no creciente— de las cantidades de producto recibidas en Lima, en las instalaciones del convento. Un hecho que tiende a reforzar lo expresado anteriormente, con respecto a la evolución favorable de la producción azucarera de las haciendas cañetanas, durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Pero aquí también convendría reconstituir las mallas de la red comercial formada, en la que se observaron igualmente la presencia individual de los propios religiosos camilos y la existencia de circuitos más o menos informales o clandestinos, con participación de esclavos de la orden y miembros de la plebe cañetana y limeña.

CONCLUSIONES

401

Si la economía de las haciendas cañetanas y la producción azucarera se mantuvieron (e incluso progresaron en determinadas coyunturas) hasta finales de la segunda década del siglo XIX, no se puede afirmar lo mismo de las finanzas de la Buenamuerte, de su endeudamiento y de las obligaciones anuales por servir. A los factores ya explicitados (inversiones de capital fijo y variable, «liberación» de las posesiones adquiridas y habilitación de las haciendas) se pudieron agregar, también en una óptica económica, las mejoras introducidas en las fincas urbanas incorporadas a su patrimonio, como otras fuentes potenciales de rentas y alquileres. Pero además, fuera de esas razones y otras relativas a «desvíos» financieros irregulares, de los que se carecen —casi por definición— de elementos empíricos (aunque designados por los expertos contables de la época como malversaciones o fraudes), se pueden señalar las remesas enviadas a Europa, a los organismos dirigentes de la orden —calificadas por algunos camilos como excesivas—, los gastos efectuados sin la aprobación del capítulo y el propio mantenimiento individual de los religiosos camilos, como otros factores de agravación del déficit financiero. La contradicción entre la economía y las finanzas de la orden ya era visible antes de la fase final independentista. La crisis global de legalidad y legitimidad inducida por la separación definitiva del Perú con respecto a la monarquía española, a inicios de la tercera década del siglo XIX, uniformizó ambas evoluciones y las redujo en términos de política y fidelidad militar, reuniéndolas en una crisis institucional y religiosa, simplificándola bajo los términos de oposición entre «patriotas» y «realistas». Algo que no ocurrió solamente con la Buenamuerte, pero que implicó para esta una masiva descapitalización económica y la destrucción de su potencial productivo, agregadas a una confirmada bancarrota financiera, amén de su fragilización como institución religiosa —y la dispersión de sus miembros. Algo de lo que la orden de los crucíferos agonizantes de Lima no saldría indemne. Sería indispensable comparar estos resultados con lo que ocurriera entonces con las otras entidades de la Iglesia católica en el virreinato peruano. 3. LA CRISIS DE LA ORDEN Pero la orden de la Buenamuerte no se redujo a la economía de sus haciendas, a su déficit financiero, a los circuitos comerciales de sus productos, o a su travesía caótica durante el periodo independentista. Fue también una institución religiosa que actuó y llevó a cabo su misión y que reflejó en su

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propia evolución las características del clero regular de su época. Luego de varias décadas de éxito y expansión durante el siglo XVIII, de reconocimiento de su labor y actuación religiosas, la entidad de los camilos limeños (y americanos) empezó también a transitar progresivamente por la crisis institucional, por los conflictos internos —entre facciones y «partidos»—, por las luchas de poder entre prelados y por la disolución paulatina de su propio ministerio. De ella sacaron provecho las autoridades civiles de la monarquía y especialmente el regalismo carolino, en su afán por reintegrar plenamente sus prerrogativas centralizadoras y absolutas, las denominadas regalías del soberano, en detrimento de ambos cleros. Aunque tal vez empezara como una diferencia entre determinados individuos, miembros de la orden, se puede afirmar que el conflicto en el seno de la Buenamuerte adquirió rápidamente la configuración de una oposición integral entre dos clanes o grupos, que atravesó prácticamente todas las dimensiones de la actividad de la institución, y en particular, el gobierno de la orden. Las pesquisas y confrontaciones decretadas por decisión del rey de España y organizadas por las autoridades virreinales, civiles y religiosas limeñas, confirmaron plenamente el vigor y la amplitud de la controversia, y hasta antagonismo; una particularidad que acabó absorbiendo en uno u otro campo a los religiosos inicialmente vacilantes o prudentes. Una confrontación que sin embargo no fue solamente limeña sino que fracturó a toda la entidad, incluyendo a sus propios dirigentes españoles y romanos; un fenómeno similar al que se produjera durante la misma época en el seno de otras instituciones del clero regular hispánico. En medio de la crisis institucional de la Buenamuerte, la «reforma de los regulares», como alternativa política del regalismo borbónico, no fue solo defendida sino inclusive propugnada de forma autónoma por un sector de los mismos religiosos camilos de Lima. Las autoridades civiles del virreinato supieron utilizar entonces las circunstancias para imponer definitivamente la idea y la práctica de la sujeción del clero regular a la autoridad del clero secular, y la de esta a la autoridad real, representada en Lima por el virrey, la Audiencia y el Real Acuerdo. A partir de allí, el gobierno de la Buenamuerte —independientemente del grupo que lo asumiera— se ejerció directamente con el consentimiento explícito de las autoridades virreinales. Y no solo de manera implícita sino abiertamente invocado, el «caso» de la Buenamuerte —de conflicto interno duradero—, y la intervención de la autoridad civil tenían que servir de modelo para el tipo de reforma que según los funcionarios regalistas del virreinato convenía efectuar para la totalidad del clero regular limeño y peruano.

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Pudieron resultar sorprendentes la precisión y la persistencia con la que Carlos IV apareciera interviniendo abiertamente en el conflicto interno de una orden religiosa limeña, apoyando a uno de los bandos en disputa contra el otro. Seguramente también como resultado de la presencia activa y las gestiones de los dos clanes opuestos —como verdaderos grupos de presión—, tanto en el Concejo de Indias como en la corte madrileña —e incluso en Roma. Pero también llamó la atención, a comienzos del siglo XIX, la singular facilidad con la que se podían desobedecer en el virreinato peruano órdenes reales conminatorias, que imponían la obligación inmediata de aplicar las decisiones del rey de España. El «caso» de la Buenamuerte puso relativamente en tensión las relaciones entre los organismos y autoridades limeños y peruanos de Gobierno (virrey, Audiencia, Real Acuerdo e incluso arzobispado) y los de Carlos IV, el Concejo de Indias y la corte de Madrid, con la victoria de los primeros. Pero no sabemos si se trató de una tendencia general o si correspondía a la resolución de un caso específico; sería indispensable para ello contar con nuevos estudios sobre otros casos. La crisis institucional y de autoridad en el seno de la orden camila también tuvo algunas vinculaciones con los conflictos sociales y, en particular, con los movimientos de reclamo y rebeldía de los esclavos de las haciendas cañetanas, quienes en 1809 llegaron hasta Lima, a las instalaciones del convento en Barrios Altos. Sin embargo, a pesar de determinados intentos para ganar el apoyo y la simpatía de los rebeldes —en unas haciendas que no eran de las más crueles, desde el punto de vista de la situación y tratamiento de los esclavos—, se erigió un frente común entre las autoridades de la orden y las del Gobierno virreinal para enfrentar dichas acciones y protestas, primero mediante la negociación o la convicción y más tarde recurriendo a las denominadas «soluciones fuertes», con el fin de hacer desaparecer, no las causas del conflicto —los malos tratos de los administradores de las haciendas—, sino a los principales protagonistas y dirigentes del movimiento rebelde, «ajustándoles las cuentas» a los negros revoltosos, según el vocabulario empleado entonces. 4. LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA INSTITUCIONAL Al terminarse la guerra de independencia e iniciarse la vida republicana, el estado de la orden crucífera no presagiaba nada favorable. El abandono del convento por la mayoría de sus miembros —cuyo número ya se había reducido anteriormente—, la inexistencia de la vida conventual común y

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el declive de la propia misión de la institución, la ocupación y el saqueo de sus haciendas —tanto por la tropas reales como por las patriotas—, el embargo de su producción por el nuevo Gobierno (con el fin de abastecer la ciudad de Lima), la insolvencia total de sus deudas —igualmente anterior a la guerra independentista—, los numerosos juicios y denuncias de sus acreedores, la dispersión y/o la fuga de los esclavos de las haciendas cañetanas, etc.; todos estos factores pintaban un cuadro general muy similar al de otras instituciones religiosas, que constituirían una fácil presa para los planes de supresión de conventos y monasterios y de represalia. Tanto más cuanto que no faltaban candidatos civiles para la recuperación de sus temporalidades, como clientelas potenciales al acecho, amparados y escudados en un discurso anticlerical y presuntamente liberal de desamortización eclesiástica. La desamortización eclesiástica moderna y contemporánea, cuya forma más total y acabada se produjo en Francia —iniciándose pocos meses después de la toma de la Bastilla, con apoyo campesino y popular—, también se produjo en el mundo hispánico; aunque con ritmos, modalidades y vigor bastante diferentes. Las desamortizaciones eclesiásticas institucionales de mayor intensidad en el mundo hispánico, con iniciativa legal y estatal, que afectaron los principales segmentos del patrimonio eclesiástico (allí donde este era considerable), tuvieron lugar en España y México (secundariamente en Nueva Granada, Colombia). En el Perú se produjeron diversos tipos de desamortización eclesiástica, por supresión de conventos y monasterios moribundos, por quiebra financiera y monetaria, por insurrecciones locales, por redención formal e informal, etc. Pero no se produjo, por iniciativa estatal, un verdadero proceso de desamortización eclesiástica institucional, comparable al de otros espacios del mundo hispánico (para no hablar de la Revolución francesa). La alianza entre el Estado republicano y la Iglesia católica fue predominante y esencial en el Perú decimonónico, en una articulación de fuerzas y debilidades recíprocamente reconocidas. Una característica ya presente durante el periodo español, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII —fuera de determinadas coyunturas críticas—, con un alto clero leal a España, incluso hasta las postrimerías de la guerra independentista. Una Iglesia católica peruana que no vaciló, en el siglo XIX, en salir a la calle (convocando a fieles y partidarios), cuando tuvo la convicción de que sus intereses fundamentales —institucionales y patrimoniales— podían correr peligro. Una Iglesia católica peruana para la que el «patronato» del rey de España durante el periodo colonial, renovado y reconducido por el Estado republicano, se declinaba como protección y reconocimiento, y de ninguna

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manera como tutela o sujeción. Una Iglesia católica peruana que en suma impuso respeto al Estado, a su personal político y administrativo, y a las corrientes y generaciones liberales criollas, carentes de verdadero empuje o aliento sociopolítico. Fuera de la supresión de conventos y monasterios exhaustos y agonizantes —ejecutada empero sin objetivo ni estrategia definidos—, el estilo de la legislación estatal peruana sobre los asuntos relativos a la desamortización, tanto civil como eclesiástica, estuvo impregnado por la idea del contrato sin coacción ni obligación. Las leyes que se aprobaban carecían del sello de la majestad de la autoridad estatal sobre el asunto tratado; eran más bien normas que habilitaban y facilitaban el acuerdo entre las partes, como una prolongación sui generis del «pactismo», entendido ahora entre protagonistas individuales. Sin hablar de las disposiciones aprobadas, luego suprimidas, más tarde restauradas, antes de otra derogación, siguiendo los avatares de la incertidumbre y el desconcierto políticos decimonónicos. Y ante todo, la consulta ineludible a la autoridad y la jerarquía de la Iglesia católica, la que por lo general rechazaba la medida en todo lo que podía atañer a su patrimonio, sus privilegios e intereses, a su lugar social y su propia majestad. Pero la investigación histórica sobre el asunto está todavía por hacer, de manera detallada y minuciosa; estamos aquí también delante de otro de los déficits notables de la historiografía peruana del siglo XIX. Convencida del valor y el vigor de su pasado —no solo peruano o americanos— y amparada por las evoluciones decimonónicas del pontificado romano con respecto a las antiguas colonias españolas, la Iglesia católica peruana también quiso encarnar la nación, al mismo nivel —y tal vez con mayor razón y fundamento— que el propio Estado-nación, de incipiente e insípida existencia y de balbuciente accionar. Su firmeza y determinación, agregadas a la autoridad recuperada después de la fase independentista, gracias a la acción de sus arzobispos y obispos más connotados, le permitieron vencer y eliminar exitosamente los intentos de desamortización eclesiástica institucional, esbozados por reformadores criollos sin apoyo sociológico y sin empuje ni arraigo intelectuales. La batalla política de 1867 fue decisiva para conservar su patrimonio y su autoridad; su victoria fue inobjetable. Sin embargo, en el resto de la sociedad y la economía, ya se estaba ella enfrentando desde mediados de siglo a otros adversarios, relativamente nuevos y con mayores argumentos, sin discursos ni proyectos de ley infructuosos, pero con capitales y nuevas lógicas económicas y financieras, ante los que la Iglesia católica peruana aparecía secularmente desfasada o anacrónica.

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Lo que la ley y la autoridad estatales no fueron capaces de conseguir, a saber la expropiación de determinados segmentos del patrimonio eclesiástico, poco a poco lo fue logrando la evolución capitalista de la sociedad peruana: el desarrollo bancario y comercial, la expansión de las exportaciones y del propio mercado interno, el lento desarrollo del capitalismo agrario. Con unas propiedades rurales sobreendeudadas y estancadas —sin modernización productiva ni cambios técnicos—, carente de la mano de obra idónea, con rentas e ingresos menguantes y en la incapacidad de adaptarse a las lógicas económicas y financieras en devenir, una parte del patrimonio eclesiástico empezó a cambiar de manos (dejando de ser manos muertas). Para saldar deudas antiguas o nuevas, para deshacerse de espacios rurales que ya no podía asumir —retirándose hacia el mundo urbano y a sus tareas eclesiásticas—, o dentro de nuevas alianzas, la Iglesia católica y las órdenes religiosas se resolvieron —con mayor o menor resignación— a ceder y vender definitivamente algunos de sus más importantes bienes rurales. Fue el caso de la Buenamuerte. 5. EL REPLIEGUE URBANO A pesar de un siglo XVIII relativamente boyante, la orden de la Buenamuerte limeña era al comienzo de la vida independiente un serio candidato para la inexorable y anunciada supresión de conventos y monasterios. Pero contrariamente a otras instituciones eclesiásticas y pese a haber sido suprimida dos veces por la república, la entidad camila fue dos veces restablecida, aunque con un patrimonio sensiblemente disminuido; lo que trajo consigo repercusiones considerables. Su oposición al alquiler compulsivo de las haciendas cañetanas de su posesión por el nuevo Gobierno independiente, selló la suerte de la Buenamuerte y su supresión se hizo un hecho. Dicha locación inició también, conviene subrayarlo, la retirada paulatina de la orden camila del valle de Cañete —y del mundo rural limeño como productor y vendedor de azúcar—, además de la desarticulación de los dos complejos productivos compuestos por los fundadores de la orden. La evaluación del valor de las haciendas, previa a su locación, puso de relieve su enorme descapitalización, la que seguramente se acentuó durante la guerra independentista, e incluso más tarde. Fue el inicio del fin, el mismo que llegó ya a comienzos del siglo XX. Al ser dos veces supresa, los bienes del convento de la Buenamuerte corrieron dos veces la misma suerte que los de las otras entidades suprimidas: si

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algunos de ellos se destinaron a fines educativos o de caridad y beneficencia, un buen número sirvió también para alimentar stricto sensu las clientelas del nuevo poder y Gobierno —fuera de la dispersión y desaparición de determinados segmentos de su patrimonio (su biblioteca, por ejemplo)—. Luego, las dos restauraciones de la orden camila, para las que supo movilizar a sus partidarios, dejaron sin embargo intacta la afectación de los bienes —algunas formales, otras informales— durante ambas supresiones, amén de las nuevas cargas impuestas por el Gobierno republicano cuyo servicio anual se decretó como obligatorio. La situación financiera de la Buenamuerte se volvió entonces calamitosa, al agregarse a los impagos antiguos nuevas deudas, nuevos juicios, nuevos embargos, y con ello, la espada de Damocles de una nueva supresión por falencia y bancarrota. Sin hablar de su propio itinerario como orden religiosa, con una misión ya casi inexistente y un número muy reducido de miembros en el convento. El análisis efectuado de la crisis financiera de la Buenamuerte, luego de sus dos supresiones, puso de manifiesto algunas características mayores de la evolución de la orden camila, en sus relaciones con el exterior. Se pudo observar, en primer lugar, la bancarrota definitiva de sus pequeños acreedores —incapaces de defender sus derechos—, al lado de la sobrevivencia de sus acreedores institucionales, especialmente las otras entidades religiosas. Estos últimos, en segundo lugar, lograron constituir un concurso de acreedores con la finalidad de proceder a la subasta pública de los bienes y activos de la orden —incluso los vales de manumisión de sus esclavos o el mismo alquiler de las haciendas— y cobrarse las deudas acumuladas; lo que lograron a mediano plazo. La acumulación de las deudas impagas, en tercer lugar, preparó el camino para la pérdida definitiva de las haciendas de Cañete —que pasaron a manos de sus arrendatarios y sucesores— y para su alejamiento definitivo de la producción azucarera y el mundo rural, conduciendo al definitivo repliegue urbano limeño de la orden camila. Convendría saber si se operaron las mismas mutaciones en el resto de entidades religiosas limeñas de entonces. El patrimonio urbano de la Buenamuerte representó entonces, al promediar el siglo XIX, la más segura de las fuentes de rentas, y casi la última alternativa para intentar una recuperación de la actividad de la orden. Pero allí se observaron también algunas tendencias que conviene poner de relieve, en la perspectiva de un análisis comparativo con el resto del clero regular peruano. En primer lugar, la privatización o individualización del alquiler y la percepción de la renta de las fincas urbanas, a beneficio de los prelados (y no solamente) de la institución. Lo que constituyó —fuera de la disminución

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de ingresos del convento y la pérdida de autoridad de los mismos prelados—, otra fuente de conflicto entre los propios religiosos crucíferos y entre estos y el arzobispado limeño. En segundo lugar, y también en conflicto con la autoridad ordinaria, se propuso en varias oportunidades y con fines estrictamente rentistas la transformación de determinadas partes del convento, inherentes a su constitución, en locales destinados a locación o a venta enfitéutica. La recuperación por las autoridades de la orden camila de sus propiedades urbanas, «desprivatizándolas» del usufructo individual ejercido por algunos de sus prelados anteriores —o reasumiendo simplemente el control de las que se les habían escapado por negligencia—, permitió que la Buenamuerte pudiera reanudar una explotación colectiva de alquileres y cesiones enfitéuticas sobre el mencionado patrimonio, en el contexto de una lenta recuperación de la vida conventual. De ello también se desprenden elementos analíticos de interés, que deberían situarse igualmente en una perspectiva comparatista. En el último tercio del siglo XIX —y sobre todo después de la Guerra del Salitre—, la práctica del alquiler se impuso definitivamente sobre la enfiteusis, con renovación frecuente de contratos, alza progresiva de alquileres y condiciones impuestas para mejorar las instalaciones (sin compensación para el inquilino).Y ello, seguramente como un signo de la coyuntura y el aumento de la demanda de locales urbanos. Algunos alquileres se produjeron como forma de compensación de intereses impagos de obligaciones anteriores; otros se efectuaron con la obligación de conceder nuevos préstamos a la entidad camila. Determinadas propiedades urbanas de la orden camila, o vinculadas a ella, mostraron una singular evolución de mediano plazo, sobre la que convendría multiplicar los ángulos de enfoque. Habiendo formado parte, durante el siglo XVIII, de alguna masa de bienes o testamentería, de haberse desprendido en seguida de ellas por conflictos de familia, insolvencia, cesión, etc., tales propiedades sufrieron, ya en el siglo XIX, como unidades propietales individualizadas, otros fraccionamientos, por venta, pleito familiar, o pago de deudas. Para luego ser objeto de una reconcentración, hacia fines de siglo, con un nuevo propietario, por lo general un personaje o grupo socialmente influyentes. Los mismos que compraban su «perfeccionamiento» y homogeneización, es decir que pagaban la redención en la Dirección de Crédito Público de las cargas y servidumbres que pesaban sobre ella —según las condiciones establecidas por la ley— y que entonces «unificó dominios», formando una propiedad «total y absoluta». Al observar tales itinerarios propietales singulares, nos sorprenden la claridad y la precisión con que la ley del Estado pareció completar la evolución unificadora de la

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propiedad; lo que no ocurrió empero de forma general. Como si dicha norma o resolución respondiera a la necesidad de un caso específico, a favor de un individuo, una familia o un grupo. Lo que replantea, como ya lo indicáramos en varias ocasiones, el problema de la naturaleza social o clientelar de la legislación peruana del siglo XIX; otro asunto que requeriría ser estudiado mediante la multiplicación de pesquisas e investigaciones concretas.

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EL TRÁNSITO DE LA BUENAMUERTE POR LIMA

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