El Perú del futuro: Responsabilidad de hoy Actores sociales y políticos ante la crisis de América Latina

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Actores sociales y políticos ante la crisis de América Latina1 Denis Sulmont Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Reflexionar sobre el futuro del Perú y en general del continente latinoamericano en la escena mundial lleva a interrogamos sobre los actores sociales y políticos que intervienen en la construcción de este futuro. A esta preocupación busca responder el presente análisis, intentando una evaluación sintética. ¿Cómo se vienen redefiniendo esos actores y cuál es su lógica de acción ante los cambios que ocurren en el continente? ¿Cómo les afecta la crisis económica y cómo responden a ella? ¿Qué significa para ellos la democratización política en medio de la crisis? ¿De qué capacidades, proyectos y valores son portadores? Al hablar de actores, me refiero al hecho de que los individuos y grupos que se interrelacionan en la sociedad no son sujetos pasivos de las situaciones en las cuales están involucrados, sino que a partir de ellas asumen determinadas respuestas y estrategias colectivas. Entiendo que los actores participan en diversos campos de acción donde constituyen identidades socio-culturales, desarrollan confrontaciones, establecen acuerdos y definen proyectos que atañen a los problemas comunes de su vida y de su país. Mi interés al hacer esta evaluación tiene que ver con una opción por un proyecto de desarrollo basado en la movilización de las capacidades de la gente y su participación democrática en los diferentes ámbitos sociales y políticos. Parto de la convicción que los programas económicos institucionales de desarrollo deben ser sustentados en la voluntad, las energías y los compromisos de los actores involucrados. El problema no se limita a plantear qué hacer sino con quiénes. En esta perspectiva, evaluaremos el significado de dos lógicas de acción que predominan en el continente: las que corresponden a la tradición populista y a la corriente neo-liberal. Veremos cómo ambas no permiten afrontar los desafíos del desarrollo y de la democracia en el contexto actual. Resulta indispensable buscar opciones y propuestas distintas. Ordenaremos nuestra argumentación en tres partes: la primera ubicará el marco contextual en el cual se sitúan los actores; la segunda analizará los rasgos generales de sus respuestas frente a la crisis; y la tercera precisará los campos de acción específicos que consideramos más relevantes.

1. EL NUEVO CONTEXTO 1.1. Expectativas de progreso El continente ha vivido en el presente siglo importantes etapas de modernización y desarrollo. Primero aprovechó de la explotación de sus recursos naturales requeridos 1

Texto publicado en El Perú del futuro: Responsabilidad de hoy, en diciembre de 1991 por MPC y CEP.

por la expansión industrial en las economías centrales. Posteriormente, la crisis del capitalismo de los años 30 y luego la Primera Guerra Mundial lo colocó en una situación de relativa autonomía en el mercado internacional, lo cual permitió pro mover -en algunos países más que otros- políticas nacionales de industrialización sustitutiva de importaciones. Durante tres décadas, período que corresponde a la llamada “edad de oro” del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo latinoamericano estuvo asociado al crecimiento de las empresas y del comercio internacional. En los años 50 y 60 las tasas de crecimiento del PBI del continente estuvieron entre las más altas del mundo, alrededor del 5 % anual. A través de estas etapas, se ha ido afirmando en América Latina un modelo de desarrollo dependiente que ha dominado sus economías, ha modificado profundamente sus estructuras sociales, haciendo emerger nuevos actores y ha propiciando expectativas de progreso. Se crearon empresas modernas, se formaron gerentes y técnicoprofesionales, se expandió el trabajo asalariado. La población creció, se concentró en las ciudades y adquirió mayores niveles de escolarización. La movilización campesina, sindical, estudiantil y popular urbana presionó por reformas estructurales y la democratización de la sociedad. La revolución cubana, en 1959, también suscitó expectativas de cambios más radicales. Sin embargo, este desarrollo fue limitado y profundamente desigual, no alcanzando a transformar productivamente al conjunto de la economía, especialmente el agro. Gran parte de la población campesina siguió sobreviviendo bajo formas de explotación y de subsistencia tradicional. Los nuevos centros laborales urbanos no pudieron absorber la demanda de empleo, dando lugar a una economía popular marginal. La modernización no logró superar lo que llamamos la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades. Prevalecieron los intereses de los capitales extranjeros. Se enriquecieron también algunos sectores empresariales locales y parte de la clase media urbana. Sin embargo, este enriquecimiento sirvió más para importar y consumir que para invertir productivamente. Las elites empresariales no llegaron a consolidarse como clase dirigente nacional. Por su parte, los trabajadores asalariados tampoco llegaron a constituir una clase social fuerte. En general, las clases sociales sólo se perfilaron a medias. Los actores se definieron más por su identidad política y sus proyectos de movilidad social que por su participación en las relaciones de producción.

1.2. Crisis del populismo Un aspecto importante del modelo de desarrollo y de la movilización (le los actores en América Latina ha sido el llamado “populismo”, representado por el varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina, el cardenismo en México, el aprismo en el Peril y otros. El fenómeno populista ha constituido una forma de afirmación nacional y un canal de in corporación ciudadana de importantes capas de la población. Puede en tenderse como un tipo de compromiso político entre una parte de las clases dominantes y los sectores medios y populares urbanos interesa dos en el proceso de expansión urbano-industrial y de modernización. Compromiso promovido generalmente por un caudillo y un partido político que, hablando en nombre del pueblo y de la nación, usa el Estado para impulsar los cambios, mediante una política de reformas, la creación

de una infraestructura económica, la protección a las inversiones industriales y la redistribución social destinada a promover el mercado interno. La viabilidad del populismo se sustentó en el dinamismo económico propiciado por las inversiones y préstamos de las economías centrales, la disponibilidad de excedentes provenientes de las exportaciones y la industrialización dirigida hacia el mercado interno. Asimismo, se sus tentó en la movilización de grupos empresariales, profesionales y de trabajadores asalariados organizados en sindicatos. Pero el populismo también expresó la debilidad de cada uno de estos actores sociales y su incapacidad de convertirse en fuerza hegemónica para promover un proyecto nacional de desarrollo. Por ello, una de sus características ha sido el papel decisivo del Estado. En muchos casos, los regímenes populistas han accedido al poder con el fin de apaciguar las tensiones sociales mediante una política redistributiva y de concesiones a los sectores populares, especialmente en el campo de la seguridad social. Esta política ha favorecido sobre todo a los asalariados urbanos, manteniendo excluida a la mayoría del campesinado. Los movimientos populares urbanos se han desarrollado, en gran medida, dentro del marco de este modelo populista. Ello no significa que estos movimientos hayan carecido de dinámica propia; por el contrario, han sido protagonistas de constantes luchas para conquistar derechos y abrirse un espacio social y político en una sociedad excluyente: luchas estudiantiles, sindicales, barriales y otras. A medida que los sectores populares ocuparon mayor espacio social y político, reivindicaron mayor autonomía política y encontraron resistencia por parte de los grupos de poder. Con la crisis de los regímenes populistas, en el transcurso de los años 60 y 70, los movimientos se radicalizaron, siendo los primeros en sufrir la represión de las dictaduras militares de esos años. Quisiera recalcar un elemento importante en este análisis. En su relación con los regímenes populistas, los movimientos populares, particularmente el sindicalismo, han sido dominados por una orientación que podemos llamar “reivindicacionista”, es decir una lógica de acción que consiste en ejercer presiones hacia el Estado y, a través de él, hacia las empresas y las clases pudientes, para acceder a una parte de los ex cedentes económicos y de beneficios sociales, pero sin tener una participación y una responsabilidad real en el proceso productivo y en el di seño de las políticas económicas. Los sindicatos han sido actores que se han movilizado para conseguir derechos mediante la redistribución social, pero con escasa capacidad de incidir en la definición de las opciones de desarrollo. Esta orientación reivindicativa ha marcado profundamente la conducción de las luchas sindicales y continúa prevaleciendo hasta hoy. El llamado “economicismo”, ya sea en su forma conciliadora o radical, responde a esta lógica de acción y constituye a mi entender una de las principales limitaciones del sindicalismo para encarar la situación actual. El fenómeno populista tiene puntos en común con el ‘compromiso fordista” y el “estado de bienestar” de los países desarrollados entre los años 30 y 60. Durante estos años, al aumentar la productividad industrial y las ganancias del capital, los empresarios aceptaron incrementar los salarios reales y la capacidad de consumo de los trabajadores, siempre y cuando éstos no intervinieran en la marcha de la empresa. Bajo la presión de las luchas de los trabajadores, el Estado institucionalizó este tipo de pacto, reconociendo las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, y estableciendo un amplio

sistema de seguridad social. El desarrollo del “estado de bienestar” benefició a la mayoría de la población de los países industrializados. Sin embargo, en el terreno de la producción, los trabajadores fueron reducidos a cumplir un rol de meros ejecutores fragmentados, despojados de responsabilidad; se convirtieron en personas desvalorizadas como productores, pero en compensación pudieron llegar a ser consumidores de segunda categoría. El predominio de una práctica sindical de corte economicista responde en gran medida a este contexto. Con el fin de la etapa de oro del capitalismo industrial y la crisis del “estado de bienestar”, a principios de los años 70, entra también en crisis esta práctica sindical.

1.3. Reajuste liberal Los años 70 están marcados por el agotamiento del modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones y la expansión del capital transnacional. Las economías latinoamericanas empezaron a sufrir fuertes desequilibrios internos y externos. Los principales grupos de poder propiciaron golpes militares que rompieron los compromisos populistas y trataron de destruir los movimientos sociales y las organizaciones políticas que amenazaban su hegemonía. A esta ofensiva políticomilitar se sumó la aplicación de políticas neo- liberales dirigidas a reducir los gastos sociales y el rol protector del Estado, abrir las economías al mercado internacional, bajar los salarios y flexibilizar las relaciones laborales. El problema del endeudamiento externo, que ya venía afectando a varios países desde mediados de los años 70, se agravó en los 80. Los gobiernos recortaron aún más los gastos públicos y propiciaron la privatización de las empresas estatales. La perspectiva de un proyecto de desarrollo integrado cedió ante la lógica de la competencia internacional. El Estado perdió capacidad de atender las necesidades básicas de la población y de definir las prioridades nacionales. La recesión provocada por las medidas de ajuste afectó a muchas empresas, generando mayor desempleo y subempleo. En tales circunstancias, los pactos políticos de corte populista resultaron impracticables. La ofensiva neo-liberal logró innegables éxitos en el plano ideológico y político. En el plano económico, tuvo efectos variados de acuerdo a las condiciones existentes en cada país. Por lo general, apuntó a una privatización y desregulación de las actividades empresa riales. Las consecuencias fueron más destructivas que constructivas. Salvo el caso chileno, donde el modelo impuesto por la dictadura logró exhibir significativos logros económicos para una parte de la sociedad, las políticas neo-liberales no llegaron a revertir las tendencias recesivas ni a modernizar las estructuras productivas. En Bolivia, el gobierno liquidó la economía minera tradicional y abrió el campo a la iniciativa privada, compensando los efectos de la recesión gracias al narcotráfico. Este negocio contribuyó también a incrementar las inversiones en Colombia; asimismo tuvo incidencia importante en el Perú y en Panamá. Como señala Alain Touraine, “el narcotráfico es el ejemplo perfecto de la economía liberal en América Latina”. En la mayoría de los países, las medidas de ajuste han provocado constantes huelgas y manifestaciones populares, e importantes explosiones sociales. Recordemos el “caracazo”, poco después de la elección del Presidente Carlos Pérez en 1989, y los

saqueos en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, que precipitaron la dimisión del presidente Alfonsín el mismo año. Para el grueso de los latinoamericanos, desde el punto de vista del crecimiento económico, los años 80 pueden considerarse como “la dé cada perdida”. Algunos países retrocedieron hasta treinta años. La participación del continente en la inversión y en el comercio internacional se redujo drásticamente. La pobreza alcanzó una proporción considerablemente mayor (más de 40% de la población según la CEPAL) y las brechas sociales se profundizaron. Gran parte de la población se encuentra en una situación de exclusión. Para el sistema económico dominante, es “una población que sobra’. En términos generales las tendencias previsibles a mediano plazo no son halagadoras. Es probable que la recesión, el endeudamiento y la exclusión social sigan afectando la mayor parte de la región en el transcurso de los próximos años. ¿Cuáles son las respuestas políticas y las alternativas a esta situación? Un escenario posible, en algunos países, es una situación de caos generalizado. Terrible posibilidad no tan alejada de nosotros en el Perú, desgraciadamente. Entre las principales alternativas planteadas, la de mayor acogida entre los grandes grupos de poder corresponde a la política de modernización neo-liberal propiciada por los organismos financieros internacionales (modelo del Banco Mundial). Esta política presta especial atención a la privatización y desregulación de la economía e implica una racionalización del Estado en coordinación con los actores empresariales de mayor peso. Sin embargo, acentúa la conflictividad social y pone en riesgo la continuidad democrática. Una segunda propuesta, con menor fuerza política que la anterior, es la que promueve la CEPAL con su modelo de “transformación productiva con equidad” (1990). Matizando los planteamientos del Banco Mundial, esta propuesta defiende una cierta intervención y capacidad de negociación del Estado ante los grupos empresariales. Apunta a aminorar las brechas sociales y trata de asegurar mejores condiciones de estabilidad política. Una tercera propuesta, aún más precaria políticamente que las anteriores, es la que apunta a una modernización y expansión productiva basada en una intervención reguladora del Estado asociada con una participación activa e intercambios políticos múltiples con los actores socia les. Esta última opción implica un reforzamiento de las formas democráticas de representación social y apunta a un progreso lento pero Además de las propuestas mencionadas, cabe mencionar un tema de gran importancia para la identidad política y la viabilidad económica del continente latinoamericano en el contexto internacional, cual es la integración sub-regional. Los agentes económicos y en general los actores sociales y políticos necesitan combinar en su estrategia la dimensión nacional y la internacional para construir un espacio latino-americano de desarrollo.

1.4. Democratización política

Una de las paradojas de la situación actual es que simultáneamente a la profunda crisis económica que atraviesa, América Latina vive uno de los más importantes procesos de democratización política de su historia. En los años 80 asistimos a la retirada de los regímenes militares y la elección de gobiernos civiles. Este importante cambio político es fruto de luchas persistentes, a nivel nacional e internacional, contra la violación de las libertades públicas y de los derechos humanos. Consciente del desgaste de las dictaduras, la administración norteamericana dejó de apoyarlas y optó por propiciar formas de transición hacia gobiernos civiles favorables a la aplicación de políticas liberales, pero legitimados por procesos electorales. Retornaron a la democracia el Perú (1980), Bolivia (1982), Argentina (1983), Brasil (1984), Uruguay (1985), Paraguay (1989), Chile (1990) y Haiti (1990). En Nicaragua, el régimen sandinista, no obstante la agresión militar de los “contra” y el intervencionismo nortea americano, llevó a cabo dos procesos electorales, entregando el gobierno a un frente de oposición en 1990. Salvo el caso de Cuba, prácticamente en todos los países hubo elecciones generales. El fantasma de los golpes militares, sin haber desaparecido del todo, parece más lejano. En este contexto, cabe mencionar el caso de Chile donde, sin romper con el modelo liberal, las principales fuerzas políticas han gestado un amplio consenso y han asumido una transición pacífica lacia la democracia representativa, enfrentando ahora el problema de la reconstrucción de los actores sociales. En otras naciones, como Argentina y Brasil, la aplicación de políticas neo-liberales y la carencia k consenso político han llevado a situaciones de mayor incertidumbre. La democratización de los sistemas políticos, a nivel local, regional y nacional, implica el reacomodo de los partidos y de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Se trata sin embargo de un proceso tortuoso y precario que no está acompañado de una democratización de la economía. Javier Gorostiaga habla de “democracia de baja intensidad”. Los actores sociales están fragmentados y muchas veces no encuentran formas de representación política adecuada. La crisis de los partidos dificulta la relación entre las demandas de la población y las instancias de gobierno. El retomo a la democracia se realiza en sociedades atravesadas por la violencia política, por el narcotráfico y la corrupción, por la violación de los derechos humanos, y en algunos casos por la guerra civil e incluso la invasión extranjera (Granada en 1983, Panamá en 1989). La violencia subversiva y la intervención de las fuerzas armadas y para-militares aún ocupan un lugar importante en Centro América y en algunos otros países. La guerra civil continúa en El Salvador. Antiguos movimientos guerrilleros siguen operando en Guatemala y Colombia. En el Perú, grupos alzados en armas vienen usando el terror como arma política y han generado una guerra sucia, ahondando la crisis del país. Sin embargo, la lucha armada, como estrategia revolucionaria tiende a perder vigencia. En Colombia, ante la espiral de violencia provocada por los paramilitares y el narcotráfico, algunos grupos guerrilleros han iniciado con éxito su reincorporación a la lucha política institucional.

El retomo a la democracia representativa abrió el abanico de las corrientes, partidos y frentes que confluyen en el juego político. En este abanico, los grandes grupos empresariales organizaron una nueva derecha liberal que está constantemente a la ofensiva, ganando terreno ideo lógico y logrando imponer su modelo económico en la mayoría de los países. Los partidos reformistas y populistas tradicionales mantienen una base social significativa, pero se desgastan en el ejercicio del gobierno, al no lograr revertir la crisis económica y al incumplir sus promesas electorales, como en el caso de Alfonsín y Alan García. Candidatos elegidos con un discurso populista como Menem y Fujimori aplican una política de liberalización una vez en el poder. Los “social-demócratas” que gobiernan en Venezuela, Ecuador y Jamaica también vienen adoptando políticas de ajuste, desregulación y privatización que no difieren mucho de sus contendores abiertamente liberales. Lo mismo ocurre con Jaime Paz en Bolivia, identificado pocos años antes con un movimiento de izquierda. Como consecuencia de la crisis de representación del sistema político, una parte importante de la población vuelca sus preferencias electorales hacia nuevas figuras políticas surgidas al margen de los partidos tradicionales. El caso de Fujimori es expresión de este fenómeno en el Perú. En la promoción de los personajes que captan una adhesión popular, juega un papel importante la televisión. Este medio de comunicación se ha convertido en una nueva forma de representación directa de la sociedad y constituye hoy día una pieza clave en la escena política. Los partidos de izquierda radical, por su parte, salieron debilitados ¿le los largos años de dictadura. La recesión económica puso en cuestión su conducción de las luchas sociales. Sufrieron además el impacto de la crisis del socialismo a nivel internacional. Se encontraron, la mayoría de ellos, desorientados ante la apertura democrática y la posibilidad de asumir responsabilidades de gobierno, no alcanzando a perfilarse como alternativa clara y viable al populismo ni a contrarrestar la ofensiva liberal. A pesar de las debilidades señaladas, el campo de la izquierda no se ha cerrado. Surgen en su seno corrientes de renovación y nuevas con fluencias. Podemos hablar de la gestación de una nueva izquierda de democrática que, con altibajos, viene ocupando espacios políticos importantes. Mencionemos, entre otros: la Izquierda Unida en el Perú, que encabezó el gobierno municipal de Lima entre 1983- 1986; el Partido de los Trabajadores en Brasil que estuvo cerca de la victoria electoral en 1990 y asumió el gobierno de ciudades como Sao Paulo; el Partido Revolucionario Democrático de Cárdenas en México que empezó a disputar la hegemonía al PR!; el Frente Amplio en Uruguay, fuerza de oposición en ascenso; el Partido Sandinista que sigue siendo el partido político más importante en Nicaragua; y el M-19 en Colombia que logró éxitos en la Asamblea constituyente. Mencionarnos también el caso del Frente por el Cambio y la Democracia, dirigido por el Padre Juan Bertrand Arístide, adepto de la teología de la liberación, que llegó al gobierno en 1990 en Haití. La fragilidad de esta nueva izquierda democrática es grande pero su rol en la profundización de la democracia es in negable. No podemos dejar de situar los procesos de democratización y la redefinición de la izquierda dentro del contexto de los grandes cambios ocurridos en la escena internacional: el derrumbe del bloque soviético y la guerra del Golfo. Estos

acontecimientos han consolidado la hegemonía norteamericana en la región y reforzado también las posiciones neo-liberales. Para el régimen cubano, ello significa un mayor aislamiento económico y plantea la necesidad de una redefinición política y el reforzamiento de sus lazos con los demás países latinoamericanos. Sin embargo, el fin de la guerra fría abre nuevas perspectivas. La vieja estrategia de “Seguridad Nacional”, propiciada por los grupos de poder para reprimir a los movimientos populares en nombre del anticomunismo, ha perdido su principal base de legitimidad. Este hecho puede contribuir al afianzamiento de los procesos democráticos nacionales. Por su parte, las corrientes socialistas latinoamericanas encuentran ahora mayores razones para afirmar su propia identidad y renovar sus perspectivas. En síntesis, a diferencia de las décadas anteriores, la democracia ha llegado a ser un elemento central de la vida política en América Latina, no sólo como forma de legitimación de los gobiernos, sino también como punto de partida para encarar los problemas nacionales. No para todos, pero sí para la mayoría de los ciudadanos, la democracia se ha convertido en valor en sí mismo, como dice Francisco Weffort. Pero no podemos dejar de tener en cuenta la precariedad y los límites de aquella democracia realmente existente. Entre los problemas que la afectan, destacan los siguientes: 1. El carácter profundamente antidemocrático del poder económico y de las medidas de ajuste aplicadas. La concentración de la riqueza y la acentuación de la desigualdad dificultan la convivencia social y el consenso político; propician la violencia y la dispersión. 2. La prolongación de la crisis y la carencia de perspectivas de reactivación y desarrollo productivo a mediano plazo en la mayoría de los países. La pérdida de sentido de futuro tiende a vaciar la democracia de contenido y contribuye a desgastarla. 3. La violencia política y los efectos perversos del narcotráfico en parte del continente. 4. La debilidad de una cultura democrática en la vida cotidiana y en las instituciones. Las relaciones sociales están marcadas por una larga historia de discriminación, autoritarismo y violencia. Las políticas neo-liberales actuales contribuyen a reproducir este tipo de relaciones. 5. La desconfianza de la mayoría de los ciudadanos hacia los partidos y las instituciones del Estado. El divorcio existente entre el sistema político y la sociedad debilita a ambas partes y dificulta el ejercicio real de la democracia.

2. RESPUESTAS POPULARES 2.1. Desborde y pluri-inserCiófl social El problema de la democracia debe situarse en un contexto donde los sectores populares adquieren una creciente presencia. Podemos hablar de una masificación y

desborde de esta presencia. El grueso de la población se encuentra incorporada en las estructuras productivas, los mercados y los servicios de las ciudades. Cuenta con niveles relativa mente altos de educación; a través de la televisión está conectada con la escena mundial. Motivada por los logros ostentados por los grupos privilegiados, sus expectativas sociales son altas. En los años 80 la crisis cierra oportunidades de movilidad social y las nuevas que abre son restringidas y más sujetas a la competencia. El Estado, las empresas y otras instituciones, ya sean privadas o públicas, cubren cada vez menos la demanda de empleo y de servicios básicos. Ante esta situación, los sectores medios y populares no pueden resignarse a abandonar sus aspiraciones, y menos a quedar totalmente desamparados. Sus respuestas son múltiples. Las familias rurales se ven obligadas a buscar fuentes de ingresos adicionales y trasladar parte de sus miembros hacia mercados de trabajo y negocios conectados con los mercados urbanos. En las ciudades, las personas que cuentan con un empleo formal tratan de defenderlo. Sin embargo, el deterioro del nivel de las remuneraciones y la inestabilidad laboral las llevan a asumir paralelamente otros trabajos y a incursionar en actividades a cuenta-propia y pequeños negocios informales. Asistimos a una extensión del pluriempleo y de la jornada de trabajo de los miembros de la familia, particularmente de la mujer. Al igual que la economía campesina, la economía popular urbana responde a una racionalidad basada en el uso combinado de recursos escasos, la diversificación del riesgo, y el establecimiento de relaciones sociales de cooperación y reciprocidad entre las familias, como lo vemos en el Perú. Estas familias se movilizan entre los diferentes espacios de una estructura económica heterogénea. Para ellas, el trabajo dependiente e independiente, así como las actividades formales e informales no son realidades separadas. Los individuos y los grupos sociales se definen no en función de una sola sino de varias situaciones ocupacionales. Podemos hablar, por ello, de una pluriinserción social. El movimiento sindical no es ajeno a esta estrategia de resistencia y de sobrevivencia. Forma parte de ella de manera activa, aunque ha sufrido un gran desgaste por la crisis y las políticas neo-liberales. En la mayoría de los países, las medidas de ajuste han provocado constantes huelgas y paros nacionales, muchos de los cuales han sido acompaña dos de grandes manifestaciones populares. La movilización de los pobladores de los barrios constituye otro componente fundamental de la resistencia popular. Tradicionalmente, ésta se ha desplegado en tomo al problema de la vivienda y de los ser vicios urbanos. Con la agudización de la crisis, extiende sus campos de acción: luchas contra el costo de vida (paros cívicos, “vecinazos”, huelgas de alquileres); organización colectiva para atender la alimentación (comedores infantiles y populares, centros de abastos, “comprando juntos”); organizaciones de auto-defensa (rondas vecina les). Asimismo, se multiplican las iniciativas orientadas hacia la creación de fuentes de trabajo (micro empresas, talleres autogestionarios, cooperativas) y la ejecución de programas de desarrollo local (granjas comunales, parques industriales).

Las respuestas populares responden a una lógica de acción en la que intervienen dos variables fundamentales: la primera se refiere a la inserción económica de cada individuo, familia o grupo; es decir, su nivel de integración en las estructuras productivas; la segunda se refiere a su relación con el sistema político. La inserción económica varía entre formas de integración estable y de exclusión crónica; y la relación con el sistema político varía entre formas de participación y de ruptura. Es así que podemos distinguir esquemáticamente cuatro tipos de situaciones: 1. Los sujetos que cuentan con un nivel de integración económica y canales de participación en el sistema político. Por ejemplo los asalariados o los pequeños empresarios, organizados gremialmente y representados políticamente. En este caso, existe una cierta capacidad (le acción reivindicativa y negociadora frente a los grupos de poder privados y el Estado. 2. Los sujetos que sufren situaciones de exclusión económica tales como desempleo, sub-empleo agudo o quiebra empresarial, pero se encuentran incorporados en el sistema político a través de una asociación vecinal, de un partido o de otra institución. En este caso, la capacidad de atender sus demandas sociales depende ante todo de la relación con el Estado. La lógica de acción corresponde a una orientación de tipo populista. 3. Los sujetos con un nivel de integración económica pero que rechazan el sistema político vigente. En este caso, la participación subordinada en las relaciones de producción es vivida como una situación de explotación en torno a la cual existe un antagonismo social irreductible. La lógica de acción apunta a la radicalización reivindicativa y la ruptura revolucionaria. 4. Finalmente las familias e individuos excluidos económicamente y al margen del sistema político. En este caso, nos encontramos ante una impotencia para actuar. Esta situación lleva a los sectores populares más desintegrados socialmente a situaciones de degradación personal y de delincuencia. Sin embargo, otros sectores populares mantienen lazos familiares y comunitarios que les brindan alguna forma de solidaridad y asistencia, así como un espacio donde pueden reivindicar su dignidad; muchos encuentran este espacio en las parroquias y comunidades eclesiales de base. También una franja de la población afectada por la disgregación social y la desesperación se refugia en las sectas religiosas que anuncian la inminencia de un nuevo orden. Por cierto, muchas prácticas populares corresponden a situaciones intermedias y las lógicas de acción señaladas se combinan.

2.2. Diversificación flexible de los campos de acción El fenómeno de masificación y desborde popular no debe entenderse como pura disgregación social. Es más bien el resultado de un proceso donde se entrelazan una gran variedad de prácticas individuales y colectivas vinculadas a diversas relaciones de trabajo, formas de competencia y de solidaridad social, identidades culturales y

orientaciones políticas. Lo que ocurre es ante todo un fenómeno sui generis de complejidad de la trama de las relaciones sociales. La complejidad proviene de la incorporación de los pobres a una vida urbana donde se combina a la vez la modernidad post-industrial y la crisis. Esta vida urbana está marcada por la extensión de las necesidades, de los campos de la producción, de los servicios, de las redes de información y comunicación de un lado, y de otro, la fragmentación de las relaciones económicas-sociales y la generación de estructuras inestables. Un aspecto de la modernidad urbana lo constituye también la individualización de las conductas. Este aspecto tiene un significado ambivalente. Designa, por una parte, la ruptura con lealtades e identidades colectivas tradicionales, que aísla a los individuos en medio de la masa; pero expresa también una valoración de la persona, una afirmación de su autonomía, el desarrollo de sus capacidades creativas y de nuevos compromisos inter-personales. Con la individualización de las conductas, el problema de la ética adquiere una importancia decisiva. En efecto, la crisis de los valores tradicionales crea un vacío. Los efectos desintegradotes de la recesión económica y la ideología neo-liberal propician formas exacerbadas de individualismo que llegan a pervertirse en comportamientos anómicos y violentos. Pero la individualización plantea también la necesidad de una nueva ética de la libertad, de nuevas formas de convivencia y de solidaridad social. Nos encontramos frente a sociedades más “abiertas”, donde prevalece la competencia y el pragmatismo, pero donde también surgen nuevos valores comunes. Otro aspecto asociado a lo anterior es la diversificación flexible de los campos de acción. Lo social tiende a diversificarse, decomponerse y recomponerse de manera multi-variable. Las prácticas colectivas no conforman grandes movimientos sociales de larga duración tipo ‘omnibus”; los actores se movilizan en tomo a objetivos más específicos, desplazándose de un lugar a otro como en “taxi”. La apertura del sistema político contribuye a esta diversificación k’xible. En años anteriores, la oposición a las dictaduras militares vertebró las principales luchas sociales y políticas. Hoy, los actores tienen más libertad para expresarse individual y colectivamente en la sociedad civil; se ha abierto para ellos la posibilidad de participar en instancias de gobierno, especialmente a nivel municipal. Las dimensiones en tomo a las cuales se moviliza la gente se multiplican. La propia crisis económica, como hemos dicho, lleva a los sujetos populares a adoptar una estrategia de respuestas combinadas de tipo personal y familiar, gremial, vecinal, municipal y regional. A las luchas sindicales y poblacionales, se vienen sumando nuevas prácticas, como las iniciativas de tipo empresarial. El tema ecológico se vuelve funda mental en ciertas regiones. Emergen de manera pública aspectos de la vida que no estaban siendo tomados en cuenta por los gremios y partidos tradicionales como la cuestión de los derechos humanos, el problema de la discriminación de la mujer, la juventud, los medios de comunicación, etc. La diversidad de los campos de acción abiertos por la conjugación entre democracia y crisis complejiza el juego de los actores. Las antiguas fronteras entre lo

social y lo político pierden vigencia. General mente, los campos de acción se quedan fragmentados, porque el sistema político no está preparado para integrarlos en tomo a objetivos comunes. Más aún, las estrategias neo-liberales apuntan a disgregarlos. La integración social y la lucha política dependen cada vez más de la capacidad de las organizaciones de asumir y computar lo complejo. La noción misma de clase social cambia. La estructura articulada en torno a las relaciones de producción que ya era muy desigual y precaria, se descompone, se informaliza y se vuelve extremadamente intrincada. Como señala Aníbal Quijano, no hay realmente a qué clase social incorporarse en particular. Se pertenece a varias y a ninguna, como modo de sobrevivencia. La categoría de ‘clase obrera” resulta poco pertinente para dar cuenta de la identidad y acción colectiva de los trabajadores. Creo que sí se puede hablar de una clase popular en un sentido más difuso, que se acerca a la noción de “plebe” que usa Carlos Franco; una clase multifacético de asalariados precarios, servidores, pequeños productora y marginada que se perciben como pueblo en contraste con los sectores privilegiados del país. En muchos países, este contraste corresponde a factores de discriminación de origen colonial. El racismo cobra nueva vigencia como consecuencia de la acentuación de la desigualdad y exclusión social. Obviamente las relaciones de explotación entre capital y trabajo no desaparece; muchas de ellas se tornan más brutales y “primitivas”. Pero estas relaciones son más disgregadas e inestables, dificultando la cohesión social a partir de la inserción laboral. No desaparece la lucha sindical, pero para la mayoría de los trabajadores es más bien la angustia ante el problema de la exclusión social y la sobrevivencia lo que constituye la base común de su identidad popular. En este contexto, los componentes culturales y religiosos adquieren tina renovada importancia. La fragmentación y marginación social llevan a los sujetos a reconstituir una identidad colectiva a partir de la revaloración de sus raíces culturales regionales y mediante la adhesión a un fe religiosa y una esperanza mesiánica. La renovada importancia de la identidad étnico-cultural y religiosa no excluye la atracción de los sectores populares hacia los valores del progreso y de la modernidad cosmopolita. Pero esta atracción está impregnada de temor y escepticismo. Las nuevas generaciones tratan de encontrar expresiones culturales más propias, haciendo resaltar sus raíces andinas, afro-caribeñas y otros rasgos latinos.

2.3. Incertidumbre, desesperanza y orden deseado Como ya hemos dicho, uno de los obstáculos más graves a la viabi1idad democrática lo constituye la incertidumbre hacia el futuro. No se vislumbra un modelo de desarrollo que ofrezca esperanza. El ideal de una sociedad sin explotados ni explotadores parece haberse extinguido con el fracaso del socialismo real en los países del Este. La hegemonía del sistema capitalista en los países occidentales, interpretada triunfal mente por los portavoces del neo-liberalismo como “el fin de la historia”, no ofrece más alternativa que continuar una carrera productivista y consumista que conduce al desencanto post-moderno y a la crisis ecológica. Por su parte, los países del tercer mundo han perdido cohesión e iniciativa en la escena mundial. En el ámbito

nacional, el común de la gente siente que los dirigentes políticos no son capaces de formular una imagen de su propio futuro. La expectativa del progreso que movilizó a tantos sectores medios y populares latinoamericanos en las décadas anteriores no ha desaparecido, pero está problematizada por la conciencia de que la crisis es pro funda y no se va a resolver a corto plazo, que existe una gran escasez de oportunidades, y que la movilidad social pasa por una competencia en la que pocos son los ganadores. Para muchos, la sobrevivencia se convierte en el problema más inmediato, La dosis de frustración social resulta enorme. La incertidumbre se refuerza por la crisis de representación política y la desconfianza hacia los partidos y los gobernantes. La política es vista como lejana, como campo de acción de otros sujetos. Existe una gran distancia entre el discurso político y la vida cotidiana. Asistimos, pues, a una doble incertidumbre: la de los proyectos personales y familiares; y la del proyecto nacional y la identidad política colectiva. El clima de incertidumbre afecta en particular a los jóvenes. Los lleva a adoptar diferentes comportamientos según sus oportunidades de integración social y sus actitudes ante los valores éticos y políticos. Frente a la incertidumbre, la desesperanza representa el principal factor de autodestrucción y neutralización de los sujetos populares. De ello han tomado conciencia los grupos de poder más elitistas y reaccionarios. Para estos grupos ya no es posible subordinar ideológicamente a las masas ofreciéndoles la perspectiva de acceder al progreso. Esta perspectiva resulta ahora peligrosa. Para evitar la amenaza del desborde popular es necesario que los pobres no mantengan más expectativa, que se resignen a la exclusión y a la falta de futuro. Como señala Franz Hinkelammert, la ideología neo-liberal en América Latina implica el fomento de una cultura de la desesperanza. Esta cultura es revestida de una cultura de la distracción y del espectáculo, donde el sexo y la violencia juegan un papel preponderante. Lo anterior guarda relación con la idea, difundida por ideólogos neoconservadores como el argentino Mario Grondona o el norteamericano Harrison, que la “opción preferencial por los pobres” asumida por la Iglesia latinoamericana desde Medellín constituye una traba para el desarrollo. Según este tipo de pensamiento, la religión contribuye al desarrollo cuando valora el éxito; una religión que pretende valorar a los pobres y reclamar la justicia social es más bien un obstáculo. Es importante señalar que la incertidumbre hacia el futuro está aso ciada también a una crisis de las ideologías deterministas de la historia. Esta crisis nos plantea la necesidad de reconocer que el futuro no de pende de una evolución inexorable de las cosas y que la acción social no puede regirse por modelos rígidos elaborados por quienes pretenden ser intérpretes del sentido de la historia. El futuro depende de múltiples circunstancias, entre las cuales intervienen las opciones de las personas y los compromisos sociales libremente asumidos. Es necesario reconocer el margen de imprevisibilidad existente en el curso de los acontecimientos, y el carácter conflictual de los procesos. Pretender imponer una utopía de acuerdo a una razón objetiva o un supuesto orden natural, lleva necesariamente a la instrumentalización de los sujetos y a la violencia. La alternativa a esta perspectiva inhumana es profundizar la democracia: es

decir, construir el futuro a partir de una práctica de intercomunicación creativa, combinando la lucha por la igualdad de oportunidades con el respeto por las diferencias y el ejercicio común de la libertad. Tal perspectiva “constructivisla” apunta a renovar y revalorar tanto la política como la utopía. Sólo de este modo es posible, a mí en tender, transformar la incertidumbre en confianza y esperanza. El problema de la incertidumbre tiene que ver con la aspiración hacia un orden social. La desigualdad, la competencia desenfrenada y el caos en los ámbitos económico, social y político engendran una profunda inseguridad. Cada cual vive con el temor de ser agredido por los demás y trata de auto defenderse, aislándose, constituyendo guetos y armándose. Como dice Francisco Weffort, asistimos en América Latina a una “medievalización” de la sociedad. Se impone la ley del más fuerte, del que dispara primero. Este ambiente de inseguridad afecta sobre todo a los sectores populares y crea en ellos el deseo de un orden. Tal deseo puede traducirse en la adhesión a formas de organización extremada mente autoritarias. Pero también puede dar lugar a la búsqueda de nuevas reglas de convivencia democráticas y de justicia social, fundamento de una nueva forma de poder. Encontramos una búsqueda en esta dirección en la reflexión política de Norberto Lechner quien sugiere, en el título de uno de sus libros: “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”.

3. ACTORES DEL DESARROLLO Quisiera precisar, en esta última parte, las orientaciones de los acto res sociales en algunos campos de acción que me parecen particular mente importantes: la economía campesina; la lucha por la vida asumida por la mujer popular; la juventud; la actividad empresarial; el trabajo técnico-profesional; el sindicalismo.

3.1 Los pobres y el desarrollo en el campo El sector agrario es la expresión más clara de la dualización de las sociedades latinoamericanas, consecuencia del colonialismo y del carácter limitado y desigual de la expansión del capitalismo. Tradicional mente han coexistido una agricultura de subsistencia conformada por el minifundismo y la comunidad campesina, y una agricultura fuertemente capitalizada organizada en tomo al sistema de plantaciones y de hacienda. La asociación entre latifundismo y minifundismo ha combinado un régimen de producción para el mercado con relaciones no capitalistas de trabajo y de subsistencia. El proletariado agrícola de tipo asalariado ha sido relativamente limitado. Prevaleció más bien una población rural en su mayor parte campesina, pero sujeta también a una condición semi-proletaria. La defensa de la tierra representa para ella una necesidad para sobrevivir. La comunidad campesina constituye un elemento fundamental en esta defensa, especialmente en los países andinos. El desarrollo de las relaciones mercantiles, la incorporación de parte de los campesinos en las relaciones de trabajo asalariado y las sucesivas formas agrarias no han logrado consolidar una agricultura capitalista. En la mayoría de los países, la producción parcelaria sigue siendo la forma principal de subsistencia del grueso de la población rural. Para mantenerse, esta población tiene una estrategia de diversificación de actividades, relacionándose crecientemente con los mercados de bienes y de trabajo. Gran parte de ella migra hacia las ciudades. Pero muchos de tos que migran quedan

ligados a sus grupos familiares de origen, apoyándolos con el envío de dinero. La economía campesina desempeña a su vez un papel para la economía popular urbana, en la medida que coopera también en el desempeño y el mantenimiento de las familias migrantes radicadas en la ciudad. ¿En qué medida existe una vía campesina de desarrollo agrario? Mucho se ha hablado de la disminución y hasta desaparición del campesinado latinoamericano. También se pone énfasis sobre los procesos de diferenciación en su seno y la desintegración de los lazos de solidaridad y reciprocidad de las comunidades, debido al surgimiento de pequeños productores y comerciantes ricos que se distancian de los campesinos pobres. Asimismo, se observa una separación entre los minifundistas, que se mantienen gracias al trabajo de la familia ex tendida, y las explotaciones agrícolas capitalizadas, que usan asalariados permanentes o temporales. En algunas regiones, al amparo de las políticas de liberalización del mercado de tierras, surgen nuevas empresas agrícolas de mediano y gran tamaño, con aportes de inversionistas de origen urbano y extranjero. Estas empresas modernizan y especializan su producción, orientando gran parte de ella hacia la exportación. En síntesis, podemos decir que el sector agrícola tiende a diversificarse. En este proceso, el campesinado pobre, minifundista y parcelario, no desaparece ni constituye una categoría residual; sigue conformando el grueso de la población rural. La economía campesina cumple ante todo un rol de subsistencia, pero se encuentra a la vez integrada a los mercados urbanos y acosada por la pobreza de recursos, la política de bajos precios de los productos agrícolas, la liberalización del mercado de tierras, la falta de acceso a canales de comercialización, etc.. La respuesta a esta situación no puede consistir en ignorar simplemente al campesinado pobre. Se trata más bien de reconocer su existencia y promover el desarrollo de sus capacidades, de su experiencia y de su organización, tanto en el campo de la producción y de la tecnología, como de la comercialización, articulando con él programas regionales de desarrollo.

3.2. La defensa de la vida y el protagonismo de la mujer La mujer popular constituye el eje de la resistencia familiar frente a la pobreza y la desestructuración social. Cumple un rol decisivo en las familias campesinas. En la ciudad, su protagonismo ha adquirido una creciente visibilidad. Sin dejar la carga principal del trabajo doméstico, ella ingresa en actividades económicas externas, se organiza en los barrios y ocupa mayores espacios sociales y políticos. Esta suma de responsabilidades y de labores ocasiona un enorme desgaste de energías y le trae conflictos dentro y fuera de la familia. Hablar del protagonismo social de la mujer en estas condiciones no puede dejar de lado el tremendo costo personal y social que lo acompaña. Sin embargo, dicho protagonismo reviste una gran importancia. Primero, pone por delante el derecho a la vida frente a una lógica eco nómica que lo niega en la práctica. Segundo, crea un espacio donde las mujeres pueden afirmar su propia identidad frente a la discriminación de género. Tercero, la organización les permite adquirir una capacidad de presión y negociación con el Estado, los gobiernos locales y las instituciones asistenciales. Cuarto, esta misma organización genera las condiciones para la puesta en marcha de programas de producción y servicios que respondan a las necesidades de la población y formen parte de planes de desarrollo. Finalmente, todo

ello contribuye a la promoción de nuevas dirigentes con capacidad de gestión y liderazgo político. El papel de la mujer como principal defensora de la vida se expresa también en la defensa de los derechos humanos frente a la violencia. La ejemplar movilización de las “Madres de la Plaza de mayo” iniciada en 1977 para reclamar sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar Argentina, no constituye un caso aislado. En numerosas partes del continente, y especialmente hoy en el Perú, las mujeres se encuentran en primera línea en el terreno de la lucha contra la violación de los derechos humanos. Partiendo de las dimensiones básicas de la existencia, el progresivo protagonismo de la mujer popular cuestiona el orden económico, ético y cultural vigente, el divorcio entre lo privado y lo público, y la carencia de solidaridad social. A pesar de las múltiples limitaciones que enfrentan -en particular su vulnerabilidad a la manipulación asistencialista-, es evidente que las organizaciones de pobladoras han ido abriendo un nuevo campo de acción cuyos efectos a largo plazo han de ser considerables.

1.3. Las opciones de la juventud

Para la mayoría de los jóvenes, la situación impone un actitud pragmática. Ante el derrumbe de las ideologías tradicionales de cambio social, la falta de alternativas globales y la estrechez de oportunidades, ellos centran sus expectativas en proyectos personales y soluciones concretas e inmediatas. Aceptan las reglas del mercado y de la competencia, sin esperar mayor apoyo del Estado. Son conscientes que deben contar ante todo con ellos mismos, desarrollar sus propias capacidades y crear sus propios recursos. Valoran el estudio, la formación técnica y la iniciativa empresarial. Políticamente, su postura es también pragmática. Estos jóvenes reclaman fundamentalmente un espacio donde puedan hacer valer sus aptitudes. Muchos están dispuestos a desenvolverse profesionalmente en otro país si la oportunidad se les presenta. Para los sectores de la juventud más golpeados por la crisis, el campo de acción resulta más estrecho y conflictivo. Estos sectores se enfrentan a situaciones que los conducen a frustraciones y respuestas más desesperadas. Un aspecto de la crisis que afecta especialmente a estos jóvenes corresponde a una situación de anomia: es decir una creencia de normas, producto de la desestructuración social y del divorcio existente entre los valores que las instituciones dominantes proponen como meta y los medios con los que cuentan los individuos para alcanzarlas. Este fenómeno se manifiesta en angustias personales y conductas de refugio de diversa índole: drogadicción, participación en sectas religiosas, etc.; constituye una terreno propicio a la corrupción y otras modalidades de conformismo delincuencial. La frustración lleva también a actitudes de ruptura frente a la sociedad, las cuales se traducen en prácticas colectivas de provocación y de rebelión, de carácter pacífico o violento, orientadas hacia la afirmación de una identidad marginal y la

creación de nuevos valores cuestionado- res del sistema. La provocación y la violencia pueden expresarse simbólicamente a través de pequeños grupos - como por ejemplo las pandillas - o adquirir un carácter esencialmente destructivo, e incluso ser asumidas como elementos fundamentales de una estrategia política como el caso de Sendero Luminoso en el Perú. El futuro de América Latina depende en gran medida de las orientaciones de los jóvenes de hoy. Ellos se enfrentan a una situación en la que no existe un proyecto definido sino por construir. Quienes optan por no caer en el hueco negro de la desesperanza y/o de la violencia, tienen el reto de gestar nuevas utopías y formas democráticas de actuar capaces de movilizar energías creativas y compromisos colectivos en el terreno de la producción, el desarrollo y la justicia. Ello implica, como dijimos, una aptitud para asumir lo complejo y la imprevisibilidad. Implica también promover los valores éticos e incorporarlos en los diferentes campos de acción. La renovación de los proyectos de las generaciones mayores pasa necesariamente por el respeto al proceso de afirmación de los jóvenes y el diálogo con ellos.

3.4 Empresa y producción de riqueza

Un campo de acción fundamental en el escenario actual lo constituyen las empresas. Existe ahora una revaloración de la función empresarial en general y de la pequeña empresa en particular. Los promotores y conductores de empresa aparecen como portadores de progreso, agentes capaces de asumir riesgos y de crear riqueza. Esta imagen, asociada p la prédica neoliberal a la defensa de la propiedad privada, expresa una reacción ante la crisis del populismo y del socialismo estatizante. Expresa también la emergencia de un nuevo tipo de práctica social en el seno de las clases medias y populares. Las empresas y los empresarios constituyen, obviamente, una realidad heterogénea que conviene diferenciar. En el escenario actual, siguen dominando las corporaciones multinacionales extranjeras y las empresas públicas. Las primeras no han tejido una expansión dinámica en América Latina en los años 80. La segundas; registraron un deterioro y parte de sus activos fueron transferidos al sector privado. En cambio, se consolidaron los oligopolios locales: éstos diversificaron sus negocios y conformaron grandes conglomerados de empresas aglutinados en tomo a entidades financieras, invirtiendo no sólo en el ámbito nacional y sub-regional, sino también en otras partes del mundo. Paralelamente, el universo de medianas y pequeñas empresas se ha extendido. Las grandes firmas propician la subdivisión de sus operaciones en unidades más chicas y recurren a sistemas de sub-contratación y otras formas de “extemalización” de las relaciones de trabajo. 1 ‘or otra parte, la expansión de la pequeña empresa tiene relación con la proliferación de las actividades informales y de las llamadas micro-em presas que pugnan por ocupar espacios en mercados marginales fuertemente competitivos. Muchas de ellas sucumben ante la competencia o sobreviven en condiciones muy precarias. Sin embargo, otras resisten y alcanzan un cierto nivel de desarrollo. En algunos sectores, adoptan una estrategia de “especialización flexible” y se organizan en redes de servicios.

La pequeña empresa involucra generalmente lazos familiares y comunitarios de solidaridad y de cooperación que coexisten con relaciones de explotación muy duras. Encontramos en su seno actores populares -muchos de ellos ex-obreros o empleadosque despliegan su capacidad de iniciativa y de trabajo a partir de medios pobres, y que van adquiriendo una pericia técnica y un manejo de la gestión económica. Su contribución a la generación de empleo y riqueza es importante. Mediante su organización gremial, los pequeños empresarios alcanzan además una capacidad de negociación frente al Estado, las grandes empresas, las instituciones financieras y los gobiernos municipales, adquiriendo una mayor presencia política. Allí donde existe una colectividad organizada y un poder que los sustente, constituyen actores importantes en la realización de programas estratégicos de desarrollo local. Sin embargo, la valoración de la pequeña empresa no debe ocultar sus limitaciones y su vulnerabilidad. No debemos olvidar que la función empresarial está dominada por la lógica de la privatización y de la competencia. La opción neo-liberal acentúa esta lógica, sin enmarcarla dentro de valores y prioridades sociales nacionales, reproduciendo privilegios y propiciando formas perversas de ejercicio del poder económico. La viejas prácticas especulativas, la fuga de capitales, la evasión de impuestos, la corrupción, la destrucción del medio ambiente y la sobre-explotación de los trabajadores han ganado terreno en la última dé cada. La respuesta a estos problemas no consiste en defender un modelo estatista, sino en apuntar a formas plurales de propiedad, regulación y fiscalización en la que confluyan el Estado, el capital privado y otros agentes, en particular los trabajadores y los gobiernos locales. La reformulación del rol planificador del Estado resulta fundamental en este contexto.

3.5, EL saber hacer de los técnicos profesionales

La importancia que adquiere la función empresarial incide sobre la valoración del papel que han de desempeñar los técnicos- profesionales. Existe en América Latina una gran disponibilidad de personal calificado, con experiencia y capacidad innovadora. Paradójicamente, este personal se encuentra en gran parte sub-empleado. Muchos buscan y encuentran mejores oportunidades de realización profesional fuera de su patria. La fuga de talentos constituye de los problemas más graves del continente, sobre todo hoy cuando el conocimiento se convierte cada vez más en un elemento decisivo de la producción y de poder. Resolver el problema de la fuga de talentos supone adecuar las capacidades científicas y de creación tecnológica en función de la organización productiva de las empresas y de programas de desarrollo local. La presencian de numerosos profesionales de alta calidad en el extranjero el extranjero debería ser aprovechada para propiciar la transferencia de conocimiento y experiencias hacia nuestros propios países. Para ello, resulta fundamental una motivación no sólo material, sino cultural y ética que oriente las nuevas generaciones de profesionales en este sentido.

3.6. Los trabajadores asalariados: protesta con propuesta

En el transcurso de la década de los 80, la situación de los trabajadores- asalariados se deterioró considerablemente, bajando el nivel de sus remuneraciones. Las políticas de reducción de personal, de flexibilización laboral y de las relaciones laborales y de subcontratación afectaron sus organizaciones sindicales y su capacidad de acción reivindicativa. Se restringieron aún más los escasos canales de participación en las empresas. A pesar de la persistencia de las luchas sindicales, éstas no lograron contrarrestar las tendencias negativas mencionadas. El movimiento sindical, centrado en la lucha reivindicativa, se encontró desarmado ante la recesión del aparato productivo, la precarización del empleo y la proliferación de las actividades informales. Desde fines de los años 70, la mayoría de los gobiernos enfrentaron una sucesión de huelgas, paros regionales y nacionales, y jornadas de protesta convocadas por las centrales sindicales y otras organizaciones populares en respuesta a las políticas de “shock”. Estas movilizaciones han constituido momentos importantes de confluencia de las demandas populistas. Pero, al no traducirse en programas de carácter nacional y al carecer de canales de negociación política, han ido desgastándose. En no pocos casos, la respuesta organizada ha sido sustituida por estallidos dominados por la violencia destructiva: saqueos, asaltos a edificios públicos, etc. En países como Venezuela y Uruguay, gobierno, sindicatos y empleadores llegaron a acuerdos parciales de concertación sobre políticas de precios y salarios. Pero en general, el movimiento sindical quedó totalmente excluido de las decisiones sobre política económica. Algunas centrales trataron de articular las demandas laborales con las de otros sectores, elaborando propuestas para el conjunto de la sociedad y abordando temas estratégicos como la deuda externa. Estas propuestas, sin embargo, quedaron relegadas a un segundo plano, tras las reivindicaciones inmediatas. En la mayoría de los casos, la negociación por rama de actividad y a nivel nacional perdió terreno. La crisis del movimiento sindical alcanzó diversos niveles: la más profunda tuvo lugar en Bolivia, tras el golpe sufrido por la Federación Minera y la COB en 1987. En Chile, las estructuras sindicales lograron resistir pero se debilitaron. En el Perú y otros países, los avances en la centralización sindical no evitaron el desgaste. El sindicalismo brasilero logró renovarse, adquiriendo mayor autonomía y protagonismo político. En general, se observa un distanciamiento entre los sindicatos y los partidos. Además, las luchas sindicales se enmarcan en una lógica de oposición frontal a los regímenes políticos. Existe un desencuentro entre la acción sindical y los actores políticos. En síntesis, el movimiento sindical latinoamericano no encuentra aún la manera de salir del entrampamiento al que lo ha llevado la crisis del populismo, la recesión y la ofensiva neoliberal. Los retos a los cuales se enfrenta son muy grandes; el mayor de ellos es enmarcar su estrategia dentro de una perspectiva nacional de desarrollo, mediante una estrategia de “protesta con propuesta”, capaz de legitimar sus de mandas ante el conjunto de la sociedad y sentar las bases de nuevos pactos. Dicha perspectiva implica asumir la dimensión de la producción, la reconversión tecnológica y la racionalización económica junto m las políticas sociales. También supone tener en

cuenta al conjunto del mundo del trabajo y no sólo a los asalariados estables: las mujeres, los jóvenes, los desocupados, los jubilados y los trabajadores de las actividades informales. Finalmente, la renovación del sindicalismo requiere generar estructuras organizativas más flexibles, eficientes y democráticas, así como ganar una nueva imagen ante la opinión pública.

CONCLUSIONES: SUPERAR LA LOGICA POPULISTA Y NEO-LIBERAL

En conclusión, quiero resaltar que la opción por profundizar la de inocracia como vía de desarrollo en América Latina pasa por superar tanto la lógica populista como la neo-liberal. Superar la opción populista implica establecer un nuevo tipo de relación entre Estado, empresas, trabajadores y sectores populares. Los actores sociales no pueden seguir enfocando su relación con el Estado desde una perspectiva fundamentalmente reivindicativa y redistributiva; su punto de partida ha de ser un compromiso con nuevas estrategias de desarrollo. Los sectores populares deben sustentar su poder en la expansión de sus propias capacidades en el campo de la producción y de los servicios, ya sea como gestores de actividades empresariales de pequeña escala, o como asalariados comprometidos en la orientación y fiscalización de las de gran escala. En uno y otro caso, es necesario re valorizar la importancia social de la empresa y promover canales pluralistas de regulación de las mismas. El papel de los técnicos y profesionales me parece fundamental en esta perspectiva. Superar el neo-liberalismo apunta a propiciar espacios de encuentro entre las prácticas individuales y colectivas, entre lo privado y lo público. Sólo de este modo es posible articular democráticamente la acción de los actores sociales y llegar a compromisos y valores comunes en tomo a metas nacionales. Una condición indispensable para ello es reducir la desigualdad de oportunidades y democratizar los diversos ámbitos de la sociedad civil y del estado. Es necesario hacer valer criterios éticos de justicia social en las relaciones económicas y en el ejercicio de la política. La construcción de un nuevo orden democrático, orientado hacia el desarrollo pasa por reconocer y articular de manera flexible la diversidad de los campos de acción. Las prácticas colectivas exigen, como dije, una capacidad de manejar lo complejo; pero también exigen un programa. La capacidad de acción programática constituye hoy día una fuente decisiva de poder. El reto consiste en que los sectores populares tengan acceso a ella y, a través de las organizaciones sociales y los partidos, adquieran una voluntad de asumir responsabilidades de gobierno. Lo anterior nos lleva finalmente a insistir en la necesidad de reformular la relación entre los actores sociales y la institucionalidad política. La separación rígida entre ambos resulta contraproducente para la profundización de la democracia. Es necesario multiplicar la comunicación entre los representantes de los intereses particulares y los que asumen responsabilidades de administración pública. La coordinación cara a cara entre dirigentes y dirigidos y entre dirigentes y gobernantes es fundamental para construir un proyecto común.