El lado oscuro del capitalismo : el caso Enron 849717237X, 9788497172370

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Índice
Prólogo
Primera parte. Anales de un imperio efímero
Texto introductorio
Breve apunte estructural
La imagen de un desastre
Datos biográficos de Lay y Skilling
Dramatis personae
Capítulo 1. Nacimiento, juventud y madurez
Orto de una nueva estrella (1985-1989)
Refundación del mercado del gas (1990-1991)
¡Más madera, es la guerra! (1992-1996)
Indicios de locura (1997-1998)
Capítulo 2. Efímero esplendor
Caminando hacia el abismo (1999)
Al borde del precipicio (2000)
Capítulo 3. El hundimiento
Grietas en el casco
El barco hace agua
El barco se inunda
El naufragio
Capítulo 4. La liquidación de Enron
El plan de reorganización
«Megaclaims» y otras demandas
Un resarcimiento mayor que el esperado
Capítulo 5. Caminando sobre escombros
Las investigaciones del Congreso de EE.UU.
Las investigaciones del Gobierno de EE.UU.
Otras actuaciones administrativas
Segunda parte. Autopsia de una catástrofe
Capítulo 6. La mentira contable
En torno a la contabilidad creativa
La contabilidad mark-to-market
La contabilidad inciso-cortante
La «cultura» de Enron
Capítulo 7. Las primeras entidades de propósito especial
Lo que había que hacer
¿Para qué sirve una SPE?
Chewco, la SPE precursora
Whitewing/Condor: ornitología financiera
LJM1
LJM2
Capítulo 8. Unas SPE superlativamente «especiales»
La «familia Raptor»
Talon (Raptor I)
Timberwolf (Raptor II) y Bobcat (Raptor IV)
Porcupine (Raptor III)
El desmantelamiento de las Raptor
Marcha atrás en Chewco, JEDI y LJM1
Penúltimas reformulaciones de las cuentas
Capítulo 9. Arrogancia, avaricia… y poder
La crisis energética de California
Una política de retribuciones desquiciada
Enron y el poder político
Tercera parte. Un gigantesco fallo sistémico
Capítulo 10. El fallo de los guardianes sistémicos principales
El Consejo de Administración
Los auditores
La SEC
Capítulo 11. El fallo de los guardianes sistémicos secundarios
Los analistas de valores de Wall Street
Las agencias de calificación de riesgos crediticios
Capítulo 12. Banca cómplice y fisco benevolente
Los bancos de inversión
Enron y el Fisco
Cuarta parte. Dura lex, sed lex
Dura lex, sed lex. (La ley es dura, pero es la ley.)
Capítulo 13. Tres juicios precursores y uno menor
Estados Unidos contra Arthur Andersen
El juicio «Barcazas»
El juicio «Banda Ancha»
Estados Unidos contra el «Trío Natwest»
Capítulo 14. Estados Unidos contra lay y skilling (i) incipit tragoedia iudicialis
Cargos, juez, fiscales, defensores y testigos
Comienza el juicio
Los primeros testigos de la acusación
Capítulo 15. Estados unidos contra lay y skilling (ii) los colaboradores estelares, en el estrado
El testimonio de Andrew Fastow
Un interludio de testimonios menores
El testimonio de Ben Glisan
Los últimos testigos de la acusación
Capítulo 16. Estados unidos contra lay y skilling (iii) skilling, en el estrado
Primera oleada de testigos menores
El testimonio de Jeffrey Skilling
Capítulo 17. Estados unidos contra lay y skilling (iv) lay, en el estrado
El testimonio de Kenneth Lay
Segunda oleada de testigos menores
Capítulo 18. Estados Unidos contra lay y skilling (v) el veredicto de «doce hombres sin piedad»
Ceremonia final
Deliberaciones del jurado y juicio separado
Capítulo 19. Estados Unidos contra lay y skilling (vi) la condena soñada
El fallecimiento de Lay y sus secuelas jurídicas
La sentencia de Skilling
Sentencias de los colaboradores
Capítulo 20. Las grandes demandas civiles
La demanda Mark Newby
La demanda Tittle
Un regusto amargo
Epílogo
Bibliografía
Selección de libros sobre el escándalo Enron
Libros citados por el autor
Fuentes de citas: autores y obras

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EL LADO OSCURO DEL CAPITALISMO

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VICENTE MARTÍN VALERO

EL LADO OSCURO DEL CAPITALISMO EL CASO ENRON

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

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Este libro ha sido debidamente examinado y valorado por evaluadores ajenos a la Universidad de Alicante, con el fin de garantizar la calidad científica del mismo.

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© Vicente Martín Valero, 2012 © de la presente edición: Universidad de Alicante

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Para Nenilla, como siempre.

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ÍNDICE

PRÓLOGO . ...........................................................................................

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PRIMERA PARTE ANALES DE UN IMPERIO EFÍMERO TEXTO INTRODUCTORIO..................................................................

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Breve apunte estructural ............................................................... La imagen de un desastre ................................................................. Datos biográficos de Lay y Skilling ............................................... Dramatis personae ..................................................................................

28 30 31 34

CAPÍTULO 1. NACIMIENTO, JUVENTUD Y MADUREZ ..............

39

Orto de una nueva estrella (1985-1989) ....................................... Refundación del mercado del gas (1990-1991) ............................. ¡Más madera, es la guerra! (1992-1996) ......................................... Indicios de locura (1997-1998) .........................................................

39 45 48 53

CAPÍTULO 2. EFÍMERO ESPLENDOR .............................................

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Caminando hacia el abismo (1999) ................................................... Al borde del precipicio (2000) ..........................................................

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CAPÍTULO 3. EL HUNDIMIENTO .................................................... Grietas en el casco (enero-marzo 2001) ........................................ El barco hace agua (abril-junio 2001) ........................................... El barco se inunda (julio-septiembre 2001) ................................... El naufragio (octubre-diciembre 2001) . ........................................

67 67 71 74 79

CAPÍTULO 4. LA LIQUIDACIÓN DE ENRON ................................. 89 El plan de reorganización ............................................................... 89 «Megaclaims» y otras demandas ..................................................... 98 Un resarcimiento mayor que el esperado ...................................... 102

CAPÍTULO 5. CAMINANDO SOBRE ESCOMBROS ....................... Las investigaciones del Congreso de EE.UU. . .............................. Las investigaciones del Gobierno de EE.UU. ................................ Otras actuaciones administrativas . ...............................................

105 105 113 123

SEGUNDA PARTE AUTOPSIA DE UNA CATÁSTROFE

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CAPÍTULO 6. LA MENTIRA CONTABLE ........................................ En torno a la contabilidad creativa ............................................. La contabilidad mark-to-market ........................................................ La contabilidad inciso-cortante . ................................................... La «cultura» de Enron .....................................................................

129 129 133 136 140

CAPÍTULO 7. LAS PRIMERAS ENTIDADES DE PROPÓSITO ESPECIAL . ........................................................................................... Lo que había que hacer . ................................................................... ¿Para qué sirve una SPE? . ................................................................ Chewco, la SPE precursora . ............................................................ Whitewing/Condor: ornitología financiera ................................ LJM1 ...................................................................................................... LJM2 ......................................................................................................

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CAPÍTULO 8. UNAS SPE SUPERLATIVAMENTE «ESPECIALES» . . La «familia Raptor» . ......................................................................... Talon (Raptor I) ................................................................................. Timberwolf (Raptor II) y Bobcat (Raptor IV) ............................... Porcupine (Raptor III) . ...................................................................... El desmantelamiento de las Raptor .............................................. Marcha atrás en Chewco, Jedi y LJM1 . ......................................... Penúltimas reformulaciones de las cuentas . ..............................

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CAPÍTULO 9. ARROGANCIA, AVARICIA… Y PODER .................. La crisis energética de California ................................................. Una política de retribuciones desquiciada ................................... Enron y el poder político .................................................................

187 187 204 211

TERCERA PARTE UN GIGANTESCO FALLO SISTÉMICO CAPÍTULO 10. EL FALLO DE LOS GUARDIANES SISTÉMICOS PRINCIPALES ...................................................................................... El Consejo de Administración . ........................................................ Los auditores ...................................................................................... La SEC ..................................................................................................

227 227 237 241

CAPÍTULO 11. EL FALLO DE LOS GUARDIANES SISTÉMICOS SECUNDARIOS . .................................................................................. 245 Los analistas de valores de Wall Street ...................................... 245 Las agencias de calificación de riesgos crediticios ..................... 254

CAPÍTULO 12. BANCA CÓMPLICE Y FISCO BENEVOLENTE .... 263 Los bancos de inversión .................................................................... 263 Enron y el Fisco ................................................................................. 278

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CUARTA PARTE DURA LEX, SED LEX CAPÍTULO 13. TRES JUICIOS PRECURSORES Y UNO MENOR .. Estados Unidos contra Arthur Andersen ..................................... El juicio «Barcazas» . ........................................................................ El juicio «Banda Ancha» .................................................................. Estados Unidos contra el «Trío Natwest» . ..................................

291 291 296 300 305

CAPÍTULO 14. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (I) INCIPIT TRAGOEDIA IUDICIALIS ..................................................... Cargos, juez, fiscales, defensores y testigos . .............................. Comienza el juicio . ............................................................................ Los primeros testigos de la acusación . ..........................................

309 309 313 315

CAPÍTULO 15. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (II) LOS COLABORADORES ESTELARES, EN EL ESTRADO ............ El testimonio de Andrew Fastow . .................................................. Un interludio de testimonios menores .......................................... El testimonio de Ben Glisan ............................................................ Los últimos testigos de la acusación .............................................

329 329 333 338 342

CAPÍTLO 16. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (III) SKILLING, EN EL ESTRADO ............................................................ 347 Primera oleada de testigos menores .............................................. 347 El testimonio de Jeffrey Skilling . ................................................. 350

CAPÍTULO 17. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (IV) LAY, EN EL ESTRADO ....................................................................... 367 El testimonio de Kenneth Lay ........................................................ 367 Segunda oleada de testigos menores ............................................. 384

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CAPÍTULO 18. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (V) EL VEREDICTO DE «DOCE HOMBRES SIN PIEDAD» . ................ Ceremonia final . ................................................................................ Deliberaciones del jurado y juicio separado . .............................. El veredicto ........................................................................................

391 391 400 405

CAPÍTULO 19. ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (VI) LA CONDENA SOÑADA .................................................................... El fallecimiento de Lay y sus secuelas jurídicas ........................ La sentencia de Skilling .................................................................. Sentencias de los colaboradores ...................................................

407 407 411 418

CAPÍTULO 20. LAS GRANDES DEMANDAS CIVILES ................. 425 La demanda Mark Newby ................................................................. 425 La demanda Tittle ............................................................................. 438

UN REGUSTO AMARGO . .................................................................. 445

EPÍLOGO .............................................................................................. 447 Enron, una noche en el teatro ....................................................... 447 Continuará .......................................................................................... 449

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... Selección de libros sobre el escándalo Enron ............................ Libros citados por el autor .............................................................. Fuentes de citas: autores y obras ...................................................

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PRÓLOGO Sine ira et studio. (Sin rencor ni parcialidad.) Publio Cornelio Tacito, Anales, Libro I.1 Cinco, siete años de aprendizaje […] me capacitan (tal vez) para planear decorosamente este libro. Inútil agregar que la vida me prohíbe esa esperanza, y aun ese adverbio. Jorge Luis Borges, Avatares de la tortuga, Discusión […] exageraba, como todo hombre indignado. Stendhal, La cartuja de Parma Defiende una causa y por fortuna no es poeta: así puede seguírsele por todas partes, sin tener que protegerse de él. Elias Canetti, Masa y poder No enseño, cuento. Michel de Montaigne, Ensayos, Libro II, Capítulo II (Del arrepentimiento)

Cuando a comienzos de 2002, apenas transcurridos un par de años desde el pinchazo de la «burbuja tecnológica»1, se produjo el tsunami de grandes escándalos financieros de tan infausta memoria, y la poliédrica conducta empresarial nos mostró su cara más siniestra y menos conocida, yo ya había dado por concluida mi anterior obra, La era de la perplejidad2. Marzo del año 2000, último del segundo milenio. Vicente Martín Valero, La era de la perplejidad. Una reflexión en torno a postmodernidad y empresa, Publicaciones Universidad de Alicante, 2003. A esta obra haré frecuente referencia, bajo la forma «Perplejidad, página».

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Sospechando, con fundamento, que la mala conducta directiva podría haber jugado un papel importante en el fenómeno que en tal obra se analizaba de forma específica, a saber, el de la reestructuración de plantillas en el entorno de una sociedad en profunda crisis, decidí paralizar la publicación de la misma, y, con el beneplácito de los editores, abrí de nuevo mi «mecanoscrito» con el propósito de revisarlo, actualizarlo y enriquecerlo a la luz de los nuevos y graves acontecimientos sobrevenidos. Tras realizar durante algunos meses no pocas incursiones, necesariamente breves y poco profundas, en los enfangados territorios del mal comportamiento directivo descubierto en empresas consideradas, hasta hacía muy poco tiempo, quintaesencia de la honestidad y del rigor, paradigmas de innovación y espíritu pionero, tomé plena conciencia de la importancia de ciertas cuestiones sobre las que antes había pasado casi de puntillas, sin calibrar bien su naturaleza y alcance, o que apenas había intuido. Este último esfuerzo me permitió reforzar mis convicciones y dar mayor contundencia a una de mis principales conclusiones: en plena era del conocimiento, al trabajador se le trataba en la empresa con demasiada frecuencia, oh gran paradoja, no como persona ni como activo precioso, sino como simple recurso de «usar y tirar», del que se prescindía sin contemplaciones; y ello no solo para zurcir los rotos producidos en la cuenta de resultados por actos de gestión equivocados o discutibles —que sí—, ni para «ganar más», en el marco de un escenario bursátil enloquecido —que también—, sino como efecto colateral de conductas directivas imprudentes, temerarias, suicidas y, en último término, manifiestamente inmorales. La era de la perplejidad quedó concluida el 30 de junio de 2003 y fue presentada en sociedad a comienzos de 2004. Libre ya de compromisos, empecé a sentir la necesidad de escribir un nuevo libro sobre la recién descubierta corrupción conductual en el mundillo de la aristocracia corporativa. No solo mi curiosidad intelectual, sino también una especie de imperativo de carácter ético, me impulsaban a hacerlo. Multitud de preguntas bullían a la sazón en mi cabeza: ¿Por qué se habían comportado las élites empresariales de forma tan equivocada, desviada, y hasta obscena? ¿Cómo era posible que hombres sumamente poderosos, idolatrados por los mercados financieros, hubiesen caído tan bajo y provocado tanto sufrimiento a trabajadores y accionistas? ¿Cuál era su religión en materia de gestión? ¿Cuán grave era la enfermedad moral que aquejaba a la totalidad de nuestro sistema socioeconómico? ¿Qué futuro le esperaba a la economía de libre mercado, que parecía haber perdido el norte? ¿Era correcto considerar la moral como cualidad connatural del capitalismo? ¿En qué

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sentido cabía hablar del manoseado tópico «ética empresarial»?... Tenía que encontrar respuestas que me dieran abrigo en el shakesperiano «invierno de mi descontento», en espera paciente de la tibia caricia de un nuevo «sol de York»3. Y puse manos a la obra... pero también la obra puso sus manos en mí. En efecto, al planear el libro me propuse dedicar su primera parte al escándalo precursor, es decir, a Enron, y, a partir de las enseñanzas obtenidas de su análisis, estructurar un esquema explicativo bien ordenado que me permitiese encontrar unas respuestas —mis respuestas— a preguntas tan delicadas como las antes formuladas. Pero, a medida que me sumergía en el estudio del caso Enron, lo que al principio había sido solo curiosidad se convirtió en fascinación, y lo que había nacido con vocación de breve ensayo sobre un escándalo de moda, como primera parte de un todo mucho más amplio, se convirtió en un libro con entidad propia que reclamaba a gritos su manumisión. De todas formas me negué a aceptar lo que la obra me pedía, y continué avanzando. A mediados de 2007, cuando la obra estaba ya prácticamente concluida, el destino, que nunca se disculpa, vino a poner también sus zarpas en ella. El estallido de la crisis de las «hipotecas subprime», que pronto devino en una intensísima crisis «crediticia» y, también, de la «economía real», me hizo frenar en seco: el mundo, atemorizado, empezaba a verle las orejas al lobo de la depresión, una gran señal roja de stop se había encendido, y lo que me exigía la prudencia era parar para poder reflexionar con sosiego sobre lo que nos estaba pasando. Transcurridos ya más de dos años, la reflexión sigue, y la obra continúa inacabada. Porque lo malo es que, tal como ya dijo José Ortega y Gasset en 1933 al explicar las crisis históricas, «No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa». Así las cosas, y dada la extrema negrura del panorama que hoy contemplamos, he tomado la decisión de escindir el caso Enron de la obra inicialmente planeada4, y publicarlo de forma independiente. Y ello por dos motivos. El primero, porque resulta posible hacerlo sin menoscabo del resto de la obra inconclusa, que sigue cimentada en buena parte sobre las enseñanzas extraídas de la autopsia de tan colosal escándalo financiero. El segundo, porque resulta muy conveniente realizar tal escisión, y, además, llevarla a cabo cuanto antes. William Shakespeare, Ricardo III, acto primero, escena primera. Tal obra, titulada provisionalmente La mala conducta directiva: ¿Anomalía o destino?, se halla en fase muy avanzada de elaboración.

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Pero, ¿por qué tanta prisa? Pues, sencillamente, porque, estando, como estamos, inmersos en una crisis sistémica descomunal que atemoriza al mundo entero —sin precedentes desde la Gran Depresión5—, las enseñanzas inmediatas que podemos sacar del estudio del caso Enron son, al menos a mi juicio, una excelente preparación para el estupor ante todo lo que se nos ha venido encima. Dicho de otra forma, tales enseñanzas constituyen una buena brújula que podemos utilizar ya para no extraviarnos demasiado entre las brumas de nuestro desconcierto. Y es que Enron fue, y aún sigue siéndolo hoy sin duda —aunque algunos puedan considerar que ya huele un poco a naftalina—, un arquetipo extremo de mala conducta, no solo corporativa, sino, lo que es mucho más grave, sistémica, un verdadero paradigma de una era especialmente desquiciada. El poder explicativo y, también, pedagógico del caso Enron es, ciertamente, extraordinario, inigualable. En él se pueden encontrar absolutamente todos los frutos envenenados de las semillas de destrucción que, sembradas hace ya mucho tiempo en nuestro sistema socioeconómico, y generosamente abonadas a lo largo de la década de los ochenta de la pasada centuria, germinaron con fuerza en la crítica década de los noventa —una de las más prósperas de la historia de la economía pero, también, superlativamente anormal, sea dicho en su honor y en su vituperio—, y han seguido haciéndolo en la primera década del siglo XXI —aún más anómala, convulsa y perturbada—. En este período de casi veinte años se han puesto en evidencia con toda crudeza las manías y desmesuras que caracterizan a una época como la nuestra, que vive bajo la tiranía de lo efímero, que parece haberse rendido a lo inmediato. En efecto, al leer la narración de la historia del nacimiento, crecimiento, auge y súbita decadencia y escandalosa ruina de Enron, nos daremos de bruces con muchas cosas muy útiles para intentar entender nuestra realidad hodierna, a saber: – con los amargos frutos de la liberalización de algunos monopolios naturales (gas, electricidad…), promovida por los Gobiernos de Estados Unidos y de otros países occidentales, y llevada a cabo en no pocos casos de forma alegre, torpe y, lo que es peor, errónea; – con el fracaso de órganos públicos y privados de supervisión, vigilancia y control que, presuntamente, debían preservar, proteger y defender el buen funcionamiento de los mercados financieros; La Gran Depresión se inició en Estados Unidos con el histórico crash bursátil de 1929, y concluyó en 1939.

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– con todas las gamas de la conducta empresarial torcida (tanto con la simplemente desviada —por equivocada, oportunista, incompetente, imprudente, irresponsable, temeraria, abusiva, codiciosa...—, como con la claramente corrupta); – con la práctica generalizada de la manipulación contable en toda su gradación (imaginativa, creativa, agresiva, inciso-cortante, fraudulenta…); – con prácticas profesionales más que dudosas en los sectores de actividades mixtas de auditoría y consultoría, y de análisis de riesgos crediticios; – con actuaciones escandalosas en el sector financiero (especialmente en la banca de inversión); – con la proliferación cuasi epidémica de sociedades interpuestas en paraísos fiscales, constituidas con «propósitos especiales» (generación de beneficios inexistentes, elusión de impuestos, ocultación de deuda, de pérdidas, de actuaciones inconfesables...); – con el uso impropio, equivocado, imprudente, temerario y, en último término, suicida, de instrumentos financieros derivados (opciones, futuros, swaps y demás especímenes del amplio arsenal de «armas financieras de destrucción masiva» creadas por el ingenio de los especialistas); – con la extrema fijación de los más altos ejecutivos empresariales por una gestión a cortísimo plazo —pendiente solo de la cotización diaria de la acción— que casi relegó al olvido el largo plazo como único escenario válido para la estrategia de un negocio con propósito de perdurar; – con sistemas de incentivos que propiciaban el enriquecimiento indecoroso de altos ejecutivos codiciosos e inmorales (compensaciones desquiciadas, stock options desproporcionadas...), a costa de la ruina de los accionistas y de los empleados —despidos traumáticos, quiebras de fondos de pensiones...—; – con el cabildeo, el tráfico de influencias, el manejo obsceno de información privilegiada, la vista gorda, el cohecho, el maridaje entre los poderes político y económico, la deshonestidad, la corrupción...; – con las cloacas de nuestro sistema socioeconómico, en suma. Así pues, en esta obra me propongo realizar única y exclusivamente la autopsia, es decir, el examen analítico minucioso de tan descomunal escándalo financiero, el cual estudio de forma rigurosa, sin rehuir sus indudables dificultades, pero, también, sin entrar en excesivos tecnicismos, que lo ha-

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rían inasequible para lectores no especializados6. Dejo, pues, para la obra posterior la búsqueda, entre otras muchas cosas, de explicaciones sólidas o, cuando menos, verosímiles, a comportamientos conductuales tan inmorales, patológicos y ofensivos como los exhibidos en Enron y en otras grandes empresas que, desde comienzos de 2002, no cesan de contaminar con una gruesa capa de porquería pestilente las anchurosas playas del sistema socioeconómico, dejando gravemente dañada la confianza, piedra angular de la economía de libre mercado, y poniendo en almoneda valores como la verdad, la honestidad, la humildad y la prudencia, esenciales para la preservación del capitalismo, que, aparte de sus imponentes rascacielos y de sus anchurosas avenidas —dicho de otra forma, de su indiscutible éxito— también tiene un alcantarillado por donde circulan las aguas negras procedentes de sus letrinas y, también, de sus sentinas, es decir, de lugares sucios y «asquerosos» llenos de inmundicias y mal olor, donde abundan y se propagan los vicios. El saneamiento de tales lugares ocultos es una de las tareas más urgentes que, al menos a mi juicio, se deberían emprender, si es que queremos salir algún día de la gravísima crisis sistémica en la que andamos metidos, especie de poza profunda y traicionera en la que, hundidos ya hasta el cuello, no acabamos de hacer pie. Dicho todo esto, considero conveniente hacer una advertencia. En sus célebres Anales, Cornelio Tácito dice en el primer párrafo del Libro I que su designio es tratar acontecimientos que los historiadores falsearon por el miedo o amañaron por el odio; y que piensa hacerlo sine ira et studio, quorum causas procul habeo, es decir, «sin rencor y sin favor, para los que no tengo causas próximas». Pero todo aquel que haya leído con atención a Tácito sabe que fue un historiador ideólogo, en el que la línea del análisis interpretativo corre siempre paralela a la de la exposición de los acontecimientos7. Y así historió: tal vez sin rencor, pero no sin análisis, no sin escudriñar a fondo las motivaciones de las conductas individuales y colectivas. He leído con deleite a Tácito, y no creo que escribiese sus Anales sin un cierto grado de ira y sin un grado de subjetividad cierto. Y ello por una Para leer mi narración no se precisan conocimientos contables ni, por supuesto, haber cursado una maestría en administración de empresas. Los términos técnicos que, inevitablemente, me veo obligado a utilizar en ocasiones, intento explicarlos de forma simple y asequible –no sé si con éxito– en notas a pie de página. Pero estas precisiones sólo interesan, en realidad, al lector especializado. El lector de a pie puede prescindir de muchas de tales notas, sin perderse nada sustancial del mensaje que intento lanzar. 7 Tácito, Anales, Biblioteca Universal del Círculo de Lectores, Clásicos Latinos. Prólogo del traductor José Luis Moralejo, página 11. 6

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razón muy simple y, a la vez, inapelable, que ya dejé expuesta en otro lugar8 y que ahora considero imprescindible reiterar, con las necesarias adaptaciones. Cuando un observador analiza realidades externas, es decir, hechos que, al menos en apariencia, le son totalmente ajenos es lógico que piense que puede actuar con la frialdad y la distancia que tanto convienen a la investigación científica rutinaria. Pero si la realidad analizada le afecta personalmente de forma más o menos directa, cualquier intento por su parte de tomar distancia con respecto al fenómeno observado es pura y simplemente una quimera. Así ocurre, por ejemplo, con los fenómenos sociales, en los que los objetos últimos de análisis son personas. Con razón dejó escrita Publio Terencio su célebre y hermosa sentencia (Heauton Timorumenos, 77): «Homo sum: humani nihil a me alienum puto. (Hombre soy, y nada humano considero ajeno a mí.)». Y aquí reside, precisamente, una de las principales dificultades del problema con el que me enfrento. Pretendo abordar con el necesario rigor el estudio de un gran escándalo financiero de notables repercusiones sociales. Pero este desafortunado suceso afecta de una forma muy especial a seres humanos concretos —trabajadores despedidos, pensionistas sentenciados de por vida a la pobreza, inversores arruinados…—, por lo que me resulta imposible analizarlo de forma fría, distante e impersonal. Antes bien, me veo irremisiblemente abocado a hacerlo con la subjetividad propia de quien se siente personalmente implicado y concernido, de quien, de forma más o menos consciente, se ve forzado a formular juicios de valor, a tomar partido. Dicho con cuatro palabras: no puedo ser objetivo. Es evidente que al hacer semejante manifestación asumo un riesgo pues, el advertir de entrada al lector que la obra que tiene ante sus ojos no contiene un estudio plenamente objetivo de la realidad, es ingenuo e imprudente, y casi constituye una provocación y una invitación a que desista del duro trabajo que supone el leer para entender. Sin embargo, esta advertencia preliminar, aunque resulte ciertamente insólita, debería figurar a mi juicio en el introito de cualquier análisis crítico que pretenda ser medianamente riguroso. Porque la eventual condición de concernido no es la única, ni siquiera la más importante, fuente de subjetividad. El propio filósofo Karl Popper llegó a decir que no deberíamos sorprendernos al ver que en las ciencias sociales no hay nada parecido a la objetividad. Yo me atrevería a añadir: ni en las ciencias sociales ni en ningún tipo de ciencia analítica. En efecto, lo que hoy se cuestiona no es simplemente si es o no posible la objetividad personal. Lo que realmente está bajo sospecha es el concepto mismo de objetividad, al que una porción no pequeña del débil y anémico pensamiento filosófico Perplejidad, páginas 31 y 32.

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de la segunda mitad del siglo XX y de nuestros días, llevando al extremo un credo esencialmente relativista, ha llegado incluso a negar toda validez. Así pues, no me enfrento tan solo a un problema puramente personal de sensibilidad, de rechazo ante unos hechos que considero deplorables, lo que podría introducir una cierta carga de parcialidad en algunos de mis juicios y opiniones. Lo que afronto en realidad es el eterno problema de esa subjetividad que, de forma inevitable, introduce el sujeto (todo sujeto) cuando analiza un fenómeno.

Así las cosas, me propongo, como hizo Tácito, historiar y, a la vez, analizar, sin falsear por miedo o amañar por odio, el escándalo Enron. Pero, aun cuando no tengo causas próximas que me predispongan de forma personal a la ira o a la parcialidad contra dicha compañía, me resultará imposible, por más empeño que en ello ponga, ser plenamente objetivo a lo largo de esta obra que organizo en cuatro partes. En la Primera Parte relato, en forma de anales, la historia del nacimiento, crecimiento, esplendor y súbita ruina de Enron, y, también, de la investigación e inculpación de sus más altos ejecutivos. Se trata de una crónica cuasi periodística —solo hechos, pero muchos hechos—, que discurre a lo largo del período 1985-2011, y que, como sucede con los ríos, va haciéndose más caudalosa a medida que avanza. Tal relato permitirá al lector hacerse una idea bastante precisa del verdadero alcance de un escándalo que trascendió claramente el ámbito de lo puramente empresarial, y que puso muchas vergüenzas sistémicas al aire. En la Segunda Parte, abandonado ya el método secuencial frío y cuasi ayuno de análisis que imprimo a mis anales, trato de explicar, con suficiente detalle y desde un punto de vista técnico, qué es lo que se hizo en Enron y cómo se hizo, sin obviar un primer juicio de valor sobre aquellos actos que considero del todo impropios y hasta radicalmente inmorales. En la Tercera Parte analizo el colosal fallo que se produjo en el complejo sistema de salvaguardias que se presume debería preservar, proteger y defender al gigantesco mercado financiero estadounidense, fallo que hizo posible que Enron y sus colaboradores o cómplices —su particular circunstancia— pudieran comportarse como lo hicieron. Y, finalmente, en la Cuarta Parte realizo una descripción minuciosa de los principales juicios criminales y demandas civiles relacionados con Enron. Y ello por un motivo muy simple: este tipo de procedimientos, al hacer pasar por el tamiz de la ley los hechos descritos en las Partes Primera, Segunda y Tercera, permiten seleccionar las piezas más relevantes de tan complicado rompecabezas, ordenarlas y, finalmente, encajarlas de una forma razonablemente coherente. Como es del todo lógico, presto una especial atención al ya histórico juicio contra Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, los dos

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principales responsables del cataclismo financiero de la célebre compañía energética. Hace menos de ocho años, la dura narración que sigue podría haber sido el hilo argumental idóneo para que un buen profesional de la pluma escribiese una novela de intriga candidata a figurar entre los grandes best sellers9. Lamentablemente, este sórdido relato no es un cuento ligero y divertido sino un ensayo serio, un intento de análisis crítico y explicación pedagógica de unos hechos que hoy provocan en nosotros justificados sentimientos de perplejidad, de incredulidad, de irritación y de rechazo, de aproximación a unos acontecimientos deplorables que nunca debieron ocurrir, que quienes tenían experiencia del pasado, poder bastante y obligación legal de intervenir deberían haber impedido que ocurrieran... pero que ocurrieron, y, lo que es peor, que han vuelto a ocurrir y, sin duda, volverán a hacerlo en el futuro. Para intentar modular un poco o, cuando menos, alejar en el tiempo tan fatal destino es preciso que realicemos entre todos una profunda y preocupada reflexión de tipo ético sobre adónde queremos ir o, por lo menos, adónde no queremos ni deberíamos querer ir. ¡Arriba el telón! Incipit tragoedia.

De hecho, ya se han escrito en Estados Unidos más de un centenar de libros sobre el escándalo, entre los que me permito destacar el que publicaron en septiembre de 2004 los periodistas Bethany McLean y Peter Elkind, de la revista Fortune, bajo el título The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron —algo así como Los tipos más listos de la sala: la asombrosa ascensión y escandalosa caída de Enron—. En la Bibliografía incluyo otros libros destacables sobre el escándalo Enron.

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Primera Parte ANALES DE UN IMPERIO EFÍMERO

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TEXTO INTRODUCTORIO Ley de Tuchman: El hecho de ser publicado multiplica el alcance aparente de un hecho deplorable por cinco o por diez (o por la cifra que el lector crea más justa). Barbara W. Tuchman, Un espejo lejano

Esta Primera Parte, estructurada en forma de anales, es de naturaleza fundamentalmente histórica. En efecto, a lo largo de sus cinco capítulos se narra lo acontecido en Enron a lo largo del período transcurrido entre mayo de 1985 y el 24 de abril de 2011 (fecha de cierre del texto). Pero en ninguno de tales capítulos se abarca la totalidad de tan dilatado lapso. En los capítulos 1, 2 y 3 se contempla el período que va desde el nacimiento de la célebre empresa energética hasta su escandaloso final, pasando por su juventud, madurez y prematura decadencia (mayo de 1985-2 de diciembre de 2001). En el capítulo 4, que narra la reestructuración de Enron en bancarrota, se abarca el período desde diciembre de 2001hasta octubre de 2009. En el capítulo 5, que narra los procesos de investigación de tan lamentable escándalo por parte de Comités del Congreso de Estados Unidos y de fiscales federales, el período abarcado es el comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2005. Aun cuando esta narración no es un simple reportaje del todo ayuno de análisis, lo cierto es que, salvo casos excepcionales, nunca entra en excesivos detalles, los cuales se desarrollan adecuadamente en las Partes Segunda, Tercera y Cuarta. Contiene, pues, en esencia, acontecimientos especialmente relevantes, de muchos de los cuales ya dieron noticia en su día los media10, 10

Mis veneros fundamentales de información para la elaboración de esta Primera Parte han sido los diarios Houston Chronicle y The Wall Street Journal, y la revista Fortune. En general no haré referencia explícita en las notas a pie de página a artículos periodísticos concretos o a estudios específicos, salvo que considere que tienen entidad suficiente para merecer la atención de los lectores más curiosos.

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pero estructurados en forma de relato, que pretendo sea coherente y razonablemente legible, por no decir ameno. Para facilitarle al lector su faena, considero que puede resultar muy útil anticipar algunos datos esenciales sobre la estructura y devenir de Enron, un breve apunte sobre la naturaleza y hechos de su fundador —Kenneth Lay—, y del hombre en que éste se apoyó para edificar su efímero imperio —Jeffrey Skilling—, así como una especie de dramatis personae. Breve apunte estructural Enron Corporation fue una organización muy complicada y proteica que, como un iceberg, sólo mostraba una pequeña parte de lo que en realidad era. Simplificando hasta el extremo, cabría decir que, con el tiempo, al menos en la mente de Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, tendió a configurarse en cuatro grandes divisiones o líneas de negocio, responsables: – de la operación de redes de gasoductos y de distribución de energía eléctrica; – de la comercialización al por mayor de una amplísima gama de productos —incluidos el gas natural y la electricidad— y de servicios; – del negocio de venta al por menor de gas natural y electricidad a usuarios comerciales e industriales, así como de la prestación de servicios de asesoramiento energético y financiero a sus clientes; y – de la inversión en infraestructuras de comunicaciones (redes de fibra óptica) y, en especial, de la comercialización de la banda ancha y de la prestación de servicios relacionados con la misma a través de Internet. Tales grandes divisiones arteriales estaban, al menos en principio, jurídicamente constituidas como empresas que, a su vez, agrupaban a racimos de empresas más pequeñas especializadas en negocios muy concretos. Entre la galaxia de empresas de tan anchuroso imperio hubo tres que, debido al mal comportamiento de algunos de sus más altos directivos, jugaron, como veremos, un papel especialmente destacado en la tragedia: – Enron North America Corp. (ENA), unidad especializada en la comercialización de energía al por mayor; – Enron Energy Services, Inc. (EES), unidad especializada en la comercialización de energía al por menor; y – Enron Broadband Services, Inc. (EBS), unidad especializada en la prestación de servicios de banda ancha. Naturalmente, para dirigir y controlar tan dilatada organización, formada por más de un millar de entidades, muchas de ellas puramente instrumentales, Enron Corp. dispuso de una estructura corporativa centralizada muy

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amplia y poderosa, cuyos pilares básicos a finales de la década de los noventa fueron los siguientes, por orden decreciente de cargo y categoría, cualidades ambas que suelen ir siempre unidas en las empresas estadounidenses11: – un chairman, cargo equivalente a «presidente del consejo de administración (Board of Directors)», con categoría de president; – un chief executive officer (CEO), cargo equivalente a «consejero delegado», con categoría de president; – un chief operating officer (COO), cargo equivalente a «director de operaciones», con categoría de president; – un vice chairman, cargo equivalente a «vicepresidente del consejo de administración y jefe de la oficina del presidente», con categoría de executive vice president (EVP); – un chief financial officer (CFO), cargo equivalente a «director financiero», con categoría de EVP; – un chief accounting officer (CAO), cargo equivalente a «director de contabilidad», con categoría de EVP; – un treasurer, cargo equivalente a «director de tesorería», con categoría de EVP; – un chief risk officer, cargo equivalente a «director de riesgos», con categoría de EVP; – un general counsel, cargo equivalente a «secretario general corporativo», con categoría de EVP; – un chief of investor relations, cargo equivalente a «director de relaciones con los accionistas», con categoría de EVP; – un chief of corporate development, cargo equivalente a «director de desarrollo corporativo», con categoría de EVP; – un chief of human resources, cargo equivalente a «director de recursos humanos», con categoría de EVP; y – un chief of staff, cargo equivalente a «director del staff corporativo», con categoría de EVP. 11

En las empresas norteamericanas existe una escala de categorías difícilmente homologable con las que resultan habituales en las empresas europeas, lo que hace casi imposible, aparte de inútil, cualquier intento de traducción. La escala de categorías a partir de vice president (VP), un nivel ejecutivo medio —Enron llegó a tener a más de 400 empleados con tal categoría—, suele ser: director, managing director, senior vice president (SVP), executive vice president (EVP) y president. En el caso concreto de Enron, y sobre todo durante su última etapa, proliferaron los cargos ejecutivos con categorías muy altas; solo en el nivel corporativo hubo, como mínimo, 4 presidents y 10 EVP. Por lo que respecta a los cargos estadounidenses, resulta mucho más fácil establecer una equivalencia con los europeos. En todo caso, en lo que sigue, respetaré casi siempre la terminología anglosajona en cuanto a cargos y categorías.

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La imagen de un desastre Si, como reza un antiquísimo proverbio chino, una imagen vale más que mil palabras, la Figura 1, que refleja la evolución de la cotización en dólares de las acciones de Enron durante el breve período 1995-2002, es una buena metáfora de la tragedia financiera que me propongo narrar, por cuanto dibuja con precisión una especie de perfil del muy corto y escarpado sendero que llevó de la grisácea normalidad a la más absoluta e inesperada ruina, pasando por un efímero auge, a una empresa considerada casi hasta finales del año 2001 como envidiado paradigma de excelencia, innovación, diversificación, visión y audacia, capaz de fascinar a los mercados de capitales y de atraer a los profesionales más aptos e inteligentes salidos de las escuelas de negocios y de ingeniería de las universidades de Harvard, Wharton, Chicago, Stanford, Yale... Figura 1

Pero se trata, como veremos, de una metáfora un tanto engañosa, pues ese perfil, que se asemeja a la típica sección transversal de una montaña abrupta y fracturada, con una larga y dura pendiente de acceso al campamento base, y una intimidatoria ruta de escalada cuasi vertical a una cima difícil y encumbrada, no fue esculpido solo por los azarosos vaivenes connaturales a ese sumamente complejo sistema adaptativo que es la bolsa de valores, sino también, y en buena parte, por la torcida conducta de unos hombres que, creyéndose predestinados a acariciar las estrellas, no dudaron en jugar sucio para cincelarlo. La ruta de descenso, abismal y amedrentadora, ya no la talló su voluntad torticera, sino la implacable lógica del mercado, capaz de corregir brutalmente, más pronto o más tarde, los desmanes de quienes intentan «pasarse de listos».

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Datos biográficos de Lay y Skilling Biografía, naturaleza y hechos de Lay Lay nació en 1942 en Tyrone, Missouri, en el seno de una familia humilde. Su padre fue un pastor baptista muy entregado a su ministerio, aunque no tuvo otro remedio que realizar diversos trabajos complementarios para poder sacar adelante a los suyos. Desde niño mostró inclinaciones altruistas, pero su sueño declarado era llegar a ser un día el sucesor de John D. Rockefeller. Buen estudiante, obtuvo en 1965 una maestría en Economía por la Universidad de Missouri. Al graduarse, y ya fascinado por Wall Street, manifestó que, a partir de aquel momento, su propósito era «hacer dinero». Entre 1965 y 1968 trabajó en Exxon Co., como economista del departamento de planificación corporativa. En 1968 se incorporó a la Marina, donde desarrolló tareas administrativas como analista financiero. En 1970 obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Houston. En 1971 se incorporó a la Federal Power Commission (la actual Federal Energy Regulatory Commission, FERC) como adjunto al comisionado. En 1972 se trasladó al Departamento del Interior de Estados Unidos, donde llegó a ser segundo del secretario de Energía. Concluido en 1974 su paso por la administración pública, Lay empezó a trabajar en la empresa Florida Gas Co., donde llegó a ser presidente ejecutivo de la filial Florida Gas Transmission Co. y, más tarde, presidente ejecutivo de la propia compañía matriz, entonces rebautizada con el nombre de Continental Resources Co. Entre 1981 y 1984 trabajó en la Transco Energy Co., donde llegó a ser director de operaciones (COO) y consejero. En 1984 fue nombrado chairman y CEO de la Houston Natural Gas Co. En 1985 creó Enron e inició su carrera hacia la gloria. Consiguió edificar en pocos años algo que parecía un poderoso imperio, lo que le permitió alcanzar sus máximas aspiraciones: poder y dinero (fue uno de los ejecutivos mejor pagados de la América corporativa). Durante una conferencia que dio en la Universidad de Houston, en mayo de 2001, declaró que su sueño era convertir a Enron en la «empresa Nº 1 del mundo». Seis meses más tarde, tal sueño devino pesadilla. Lay, hombre visionario y extraordinariamente ambicioso, fue tejiendo a lo largo de su vida una tupida red de contactos con la élite política de Estados Unidos. Es bien conocida su estrecha relación personal con los ex presidentes Bush padre y, también, Bush hijo, quien le llamaba cariñosamente «Kenny Boy», y con otros altos cargos de la administración. De hecho, se llegó a especular sobre la posibilidad de que fuese nombrado secretario de Energía, y, por lo menos hasta el otoño de 2001, tuvo un fácil acceso a la Casa Blanca. Pero tampoco descuidó sus contactos con la sociedad civil de Houston,

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ciudad que se benefició de su mecenazgo y del de Enron. Se le consideró un filántropo, cuyas obras de caridad canalizaba a través de la Linda and Ken Lay Family Foundation. Todo ello le labró una excelente reputación, que milagrosamente sobrevivió a la quiebra de Enron... hasta el 7 de julio de 2004, cuando un gran jurado federal lo inculpó por diez cargos criminales. Al día siguiente, agentes del FBI le detuvieron y condujeron, esposado, ante un juez federal de distrito de Houston. El 25 de mayo de 2006, tras casi cuatro meses de juicio, fue declarado culpable de todos los cargos. Pero no llegó a ser sentenciado porque el destino le denegó la vejez, y el día 5 de julio de 2006 falleció a la edad de 64 años, como consecuencia de un infarto de miocardio. Al parecer, su corazón enfermo no pudo soportar la enorme presión a la que se vio sometido desde la quiebra de Enron y, especialmente, durante el juicio. Y, tal vez, tampoco pudo soportar el peso de su responsabilidad y de sus remordimientos de conciencia. En octubre de 2006, se anuló el veredicto de culpabilidad y se dio por cerrado su procesamiento. La muerte le libró de la justicia de los hombres. No cabe duda que Lay, persona de talante simpático y afable, siempre fue un hombre de negocios enamorado de las virtudes del libre mercado, y enemigo acérrimo de la intervención del Estado en los asuntos económicos. De hecho fue el principal impulsor de la progresiva desregulación y liberalización del mercado de la energía en Estados Unidos, por las que luchó denodadamente. Pero hoy también se sabe que la imagen externa que transmitía de ejecutivo alejado de las duras tareas del día a día era, cuando menos, engañosa. Parece suficientemente acreditado que uno de los rasgos más decisivos de su carácter fue una irrefrenable tendencia a mantener, siempre y en todo lugar, el control de las situaciones y de las cosas. De hecho, Lay nunca dejó realmente que las riendas de Enron las llevase otro. Es cierto que se rodeó de un formidable equipo de tipos listos, adictos al riesgo y ayunos de escrúpulos, a los que dio un amplio margen de confianza y la necesaria autoridad para hacer y deshacer. Pero él mismo, paradigma de poder encarnado, siempre mantuvo el control. Desde luego nunca ejerció un control férreo en el sentido moderno del término, pues su equipo jugaba sin atenerse a reglas y normas de general aceptación y, además, lo hacía en una cancha cuyos límites no estaban bien definidos. Su control fue selectivamente agnóstico, en el sentido de que tendió a ignorar cuanto no le interesaba saber. No le importaba el juego sucio, solo la victoria, es decir, el continuo engrandecimiento de su anchuroso imperio. Causa estupor que, tras el colapso de Enron, sostuviese, con aparente convicción, que «lamentaba las fechorías que se cometieron sin su conocimiento, pero que en absoluto se sentía responsable de las mismas».

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Hay que reconocer que Lay fue un maestro consumado en el juego del poder sin autoridad ni responsabilidad, ese portentoso invento de nuestra era. Es notorio que algunos de sus más directos colaboradores cometieron actos delictivos en beneficio de Enron y, en ocasiones, también en el suyo propio. Tal vez nada supo Lay sobre algunos de estos latrocinios de menor cuantía; pero lo que siempre supo es que su gente era capaz de cometerlos. Y eligió ignorarlos de forma deliberada, por cuanto a la gente extraordinaria, que contribuía desaladamente a llevar a Enron a la cima, se le podían, y hasta se le debían, permitir ciertos excesos. Lay creyó, como Schumpeter, que los seres humanos excepcionales se desarrollan viviendo continuamente al límite. Así vivió él mismo, y así exigió a los suyos que lo hicieran. El escándalo Valhalla, del cual hablaremos en el capítulo 1, ya reveló de forma muy temprana la verdadera naturaleza de un líder carismático al que, extramuros de Enron, se suponía depositario de elevados principios éticos. Sus dichos y hechos posteriores pusieron en duda tan benévola presunción. Biografía, naturaleza y hechos de Skilling Nació en 1953 en Pittsburg, Pensilvania, en el seno de una familia trabajadora de clase media. Su padre fue un técnico especializado en soldadura de válvulas de centrales eléctricas. Durante sus estudios de bachillerato se reveló como un estudiante individualista, poco sociable y un tanto solitario, mediocre en ingeniería, pero excepcional en lo relativo a negocios. En 1979 obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Harvard Business School, graduándose dentro del grupo de los mejores (percentil superior del 5%), y se incorporó en prácticas a la consultora McKinsey & Co., donde prosperó rápidamente, siendo asignado en 1988, en calidad de socio sénior, al servicio exclusivo de Enron. Lay lo contrató en 1990. Su carrera en Enron fue fulgurante. Skilling, decidido, amante del riesgo y con ideas ciertamente innovadoras, fue, sin duda, el hombre que Lay necesitaba. Pero sus caracteres eran muy distintos. Mientras que Lay pasaba por persona simpática, cordial y de trato fácil, Skilling era soberbio, poco sociable y de trato desabrido, no tenía empacho en presumir en público de su extraordinaria inteligencia («I’m fucking smart»), y se rodeó de una guardia pretoriana de colaboradores y amigos de perfiles similares al suyo —Fastow, Rice, Baxter, Glisan, Lou Pai, Causey...—, bien dispuestos a aplaudir y desarrollar sus más audaces y hasta descabelladas ideas. Pero había algo más. Mientras que el carácter de Lay era, como se demostró, muy firme, el de Skilling era un tanto quebradizo. En el año 2000 ya debía estar sumamente preocupado por la pésima situación de

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Enron. Nada estaba saliendo bien, y cada vez resultaba más difícil mantener las apariencias. Tal vez su promoción al más alto nivel ejecutivo, el día 12 de febrero de 2001, fue para él más motivo de angustia que de alegría. Procuró mantener el tipo, pero hoy resulta imposible aceptar que la dimisión de su cargo, presentada el día 14 de agosto, a los seis meses de haberlo asumido, obedeció simplemente a motivos personales. Su espíritu, si es que algún día llegó a ser tan fuerte como parecía, ya se había roto. Y prefirió abandonar el barco antes de que se hundiese sin remedio. Aunque en su comparecencia ante los investigadores del Congreso no se acogió a la protección de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, como el propio Lay y otros muchos hicieron, las respuestas a las preguntas que se le formularon fueron, en muchos casos, destempladas y desafiantes, más producto de soberbia que de gallardía. Psicológicamente se vino abajo cuando, el 18 de febrero de 2004, un gran jurado federal de Houston lo acusó de 35 cargos por conspiración, fraude de valores, fraude electrónico, uso de información privilegiada y falsedad en informes financieros. Su detención al día siguiente por agentes del FBI, y su conducción, esposado, ante un tribunal federal de distrito, debió suponer una gran humillación para un hombre que otrora fue encarnación de la arrogancia y de la codicia en estado puros. Su abuso de la bebida y sus frecuentes depresiones le dieron muchos problemas. Juzgado junto con Lay, fue declarado culpable de 19 cargos y sentenciado a 24 años y cuatro meses de prisión el 23 de octubre de 2006. Siendo Enron, como fue, una personificación de Lay y, también, de Skilling, estos apuntes biográficos y comentarios iniciales sobre la naturaleza y hechos de personajes tan singulares permiten, a mi juicio, alertar al lector sobre el oscuro y enredado laberinto en el que nos vamos a adentrar. Dramatis personae La tragedia que relato en esta obra es compleja por su trama y caudalosa por sus actores. Desde la época de los clásicos griegos y romanos, no pocos escritores de obras de ficción, en las que aparecen muchos personajes, han tenido la caritativa idea de incorporar al principio de sus textos una relación de los protagonistas más destacados, junto con algunas indicaciones que permiten identificarlos con facilidad, es decir, una dramatis personae. Aunque esta obra no tiene nada de ficción, y los personajes estelares de la tragedia son tan solo dos —Lay y Skilling—, existen bastantes actores de carácter, con fuerte protagonismo y, desde luego, no pocos actores de

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reparto con papeles nada desdeñables. Por ello pienso que, también en este caso, puede resultar de utilidad el incluir una dramatis personae para que el lector de a pie, con una memoria normal, pueda consultarla cuando tenga la desagradable sensación de haber perdido el hilo de la historia. Enron Corporation Personajes estelares • Kenneth Lay: fundador de la compañía en 1985 y chairman y chief executive officer —CEO— de la misma desde 1986 hasta febrero de 2001, en que renuncia a sus cargos ejecutivos, manteniéndose como chairman. Reasume las máximas funciones ejecutivas en agosto de 2001. Dimite de todos sus cargos en enero de 2002. Fallece en julio de 2006. • Jeffrey Skilling: contratado por Lay en 1990. Chief operating officer —COO— desde diciembre de 1996. El 12 de febrero de 2001 es nombrado CEO de Enron Corp. Dimite de todos sus cargos el 14 de agosto de 2001, por «motivos personales». Protagonistas12 • Andrew Fastow: nombrado chief financial officer —CFO— en 1998. Despedido el 24 de octubre de 2001, tras el estallido del escándalo, y sustituido por Jeffrey McMahon. • Richard Causey: nombrado chief accounting officer —CAO— en 1999. Despedido en febrero de 2002. • Ben Glisan: nombrado treasurer en abril de 2000, en sustitución de Jeffrey McMahon. Cesado en octubre de 2001. • Mark Koenig: director de relaciones con los inversores. • Kenneth Rice: ex chairman y co-CEO de Enron Broadband Services (EBS), con sede en Houston. • David Delainey: nombrado en junio de 2000 presidente y CEO de Enron Americas (empresa que integraba a Enron North America —ENA—, Enron Canada y otras), pasa a asumir en febrero de 2001 los cargos de chairman y CEO de Enron Energy Services (EES) en sustitución de Lou Pai. • Michael Kopper: ex alto ejecutivo, hombre de confianza de Fastow. 12

Dentro de este grupo incluyo a ejecutivos de nivel muy alto, alto, medio e, incluso, medio-bajo que jugaron un papel importante en la investigación política del escándalo en el Congreso de Estados Unidos, a los cuales, con la única excepción de Sherron Watkins, les fueron imputados cargos criminales más o menos graves por los fiscales federales, y suscribieron acuerdos de colaboración con la justicia que les permitieron obtener sentencias más benévolas en juicios sin jurado.

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• Timothy Belden: ex director de la oficina de comercialización de energía eléctrica en California, perteneciente a la West Power Trading Division, con sede en Portland, Oregon, de la que llegaría a ser managing director. • Paula Rieker: ex número dos de Koenig, promovida a la secretaría corporativa y del consejo de administración cuando Lay volvió a asumir el cargo de CEO. Permanece en Enron hasta 2004. • Sherron Watkins: ex vice president del área de fusiones y adquisiciones de la dirección financiera. Permanece en Enron hasta noviembre de 2002. Actores de reparto13 • Mark Frevert: nombrado vice chairman el 28 de agosto de 2001, tras la espantada de Skilling. • Greg Whalley: nombrado chief operating officer el 28 de agosto de 2001. Dimite de su cargo el 28 de enero de 2002, siendo sustituido por Jeffrey McMahon. • Clifford Baxter: ex chairman y CEO de Enron North America (ENA), ex chief strategy officer (director de estrategia) y ex vice chairman de Enron Corp. Dimite en mayo de 2001. Se suicida en enero de 2002. • Joseph Hirko: ex co-CEO de EBS, con sede en Portland, Oregon. • Jeffrey McMahon: treasurer hasta el nombramiento de Glisan, chief financial officer tras el cese de Fastow, y chief operating officer tras la dimisión de Whalley. Dimite el 1 de junio de 2002. • John Lavorato: ex president y CEO de Enron Americas. • Stephen Cooper: nombrado CEO interino de Enron el 29 de febrero de 2002. Renuncia a sus funciones en enero de 2006. • Lou Pai: primer CEO de EES. Abandona Enron en junio de 2001. • Rebecca Mark: ex chairwoman y CEO de Azurix. Abandona Enron en agosto de 2000. • Richard Buy: chief risk officer. Despedido en febrero de 2002. • James Derrick: general counsel. Se jubila en febrero de 2002. • Lea Fastow: esposa de Andrew Fastow y exasistente de Ben Glisan. • Timothy DeSpain: exadjunto del treasurer. Dentro de este grupo incluyo: i) a muy altos ejecutivos que, aun habiendo formado parte de la cúpula directiva de Enron en el momento de la quiebra, no jugaron un papel importante en la investigación política del escándalo en el Congreso de Estados Unidos, ni les fueron imputados cargos criminales por los fiscales federales; ii) a ejecutivos de nivel alto y medio imputados por los fiscales federales de cargos criminales en los juicios «Barcazas» y «Banda ancha»; iii) a ciertos testigos de segundo nivel presentados por la acusación en el juicio contra Lay y Skilling; y, finalmente, iv) a figuras históricas muy relevantes de Enron, que ya habían dejado la compañía antes de su colapso.

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Christopher Calger: ex vice president de ENA. Dan Boyle: ex vice president de Enron Global Finance. Kevin Hannon: ex COO de EBS. Rex Shelby: exdirector de ingeniería y operaciones de EBS. Scott Yeager: exdirector de desarrollo de EBS. Kevin Howard: ex CFO de EBS. Michel Krautz: ex CAO de EBS. Jeffrey Richter: ex manager de la oficina de comercialización a corto plazo de energía eléctrica en California, perteneciente a la West Power Trading Division, con sede en Portland, Oregon. • John Forney: ex manager de la oficina de comercialización de energía en tiempo real, perteneciente a la West Power Trading Division, con sede en Portland, Oregon. • • • • • • • •

Arthur Andersen • Joseph Berardino: CEO de Arthur Andersen, • David Duncan: socio de la empresa auditora y jefe del equipo responsable de la cuenta Enron. Despedido en enero de 2002. Fiscalía y judicatura federales • Arthur J. Gonzalez: juez del Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. • Eliot Spitzer: fiscal general de Nueva York. Investigadores del Congreso • Joe Lieberman: presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado • Carl Levin: presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado. Legisladores del Congreso • Paul Sarbanes: senador de mayor rango de la minoría demócrata en el Comité de Asuntos Bancarios, de Vivienda y Urbanos del Senado. Impulsor de la nueva legislación sobre responsabilidad corporativa. • Michael G. Oxley: congresista de mayor rango de la minoría republicana en el Comité de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes. Se sumó a las propuestas de Sarbanes, que inicialmente no contaron con el apoyo de los congresistas republicanos.

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Funcionarios del Gobierno • George W. Bush: presidente de Estados Unidos; muy amigo de Lay. • Dick Cheney: vicepresidente de Estados Unidos; muy amigo de Lay. • Don Evans: secretario de Comercio en 2001. Juicio contra Lay y Skilling • • • •

Sim Lake: juez federal de distrito de Houston. Sean Berkowitz: fiscal jefe de la Enron Task Force14. Mike Ramsey: responsable del equipo de defensa de Lay. Daniel Petrocelli: responsable del equipo de defensa de Skilling.

Otros juicios Juicios «Barcazas» y «Trío NatWest» • Ewing Werlein: juez federal de distrito de Houston. Juicio «Banda ancha» • Vanessa Gilmore: jueza federal de distrito de Houston. Demandas civiles «Mark Newby» y «Tittle» • Belinda Harmon: jueza federal de distrito de Houston.

Grupo de fiscales federales y agentes del FBI y del IRS (Internal Revenue Service, Departamento del Tesoro), encargado de instruir todos los procedimientos legales relacionados con el escándalo Enron.

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Capítulo 1 NACIMIENTO, JUVENTUD Y MADUREZ Fuge magna; licet sub paupere tecto / reges et regum uita praecurrere amicos. (Evita las empresas grandiosas; puedes bajo un humilde techo / aventajar, por tu modo de vivir, a los reyes y a los amigos de los reyes.) Horacio, Epístolas, Libro Primero, X, 32-33 Ande o no ande, caballo grande. No crece el río con agua limpia. Del refranero español

Orto de una nueva estrella (1985-1989) El sueño de un visionario Esta dramática historia da comienzo a primeros de mayo de 1985, cuando InterNorth, una empresa energética poseedora de la mayor red de gasoductos de Estados Unidos, con base en Omaha, Nebraska, compró por unos 2.300 millones de dólares a su competidora de menor tamaño, Houston Natural Gas, con base en Houston, Texas, de la que era chairman y CEO Kenneth Lay. En su calidad de promotor de la idea de la fusión de ambas empresas, Lay tomó pronto las riendas de InterNorth y, en noviembre, fue nombrado chairman y CEO de la misma. En 1986, con todo el poder en sus manos, Lay decidió cambiar el nombre de InterNorth. En principio se consideró la posibilidad de denominarla Enteron, resultado de la unión de las palabras enter y on, ambas con significados subyacentes muy seductores en el ámbito de la economía del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Lo malo era que, unidas, daban lugar a una palabra («intestino», en español) poco apropiada a efectos de imagen corporativa. De ahí la eliminación de la sílaba «te», y la adopción del nombre Enron, destinado a entrar en la historia.

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Rebautizada la compañía, sus oficinas centrales se trasladaron de Omaha a Houston, quedando así rotos por completo sus vínculos con Nebraska. Se iniciaba una etapa nueva. Richard Kinder, antiguo colaborador de Lay en la desaparecida Houston Natural Gas, se convirtió en su «mano derecha». La neonata Enron, que poseía a la sazón una red de gasoductos de 37.000 millas y una deuda enorme, no dejaba de ser sólo una importante empresa regional de distribución de gas natural. Pero Lay, un hombre de negocios visionario, carismático, extraordinariamente ambicioso y muy bien relacionado con el poder político, no estaba dispuesto a dejar pasar de largo las fantásticas oportunidades que se iban abriendo como consecuencia de la progresiva liberalización del mercado de la energía en Estados Unidos, que él mismo había contribuido decisivamente a fomentar a lo largo de años con un esforzado trabajo de lobby. De ahí que se propusiera como objetivo personal convertir a Enron en la empresa líder en comercialización al por mayor de energía en Estados Unidos, con aspiración declarada de superar a Exxon Mobil como primera empresa energética del mundo. Era la forma de hacer realidad sus ambiciosos sueños de juventud: convertirse en una estrella de Wall Street, conquistar las más altas cimas del poder, y hacerse rico, muy rico. El escándalo Valhalla A principios de 1987 se tuvo noticia en Enron de unos hechos deplorables. La nueva compañía había heredado, como consecuencia del proceso de fusión, una empresa comercial dedicada a operaciones especulativas de compraventa de futuros petrolíferos15, casualmente denominada Enron Oil, cuyas oficinas operativas se hallaban en Valhalla, una pequeña ciudad ubicada en el condado de Westchester, estado de Nueva York. Se trataba de una unidad de negocio muy lucrativa que, durante el ejercicio 1986, había obtenido unos beneficios de unos 30 millones de dólares, un tercio de todos los alcanzados por el grupo Enron Corporation. Tales beneficios venían a compensar los malos resultados del negocio del gas. En Houston estaban encantados con el buen funcionamiento de los negocios del petróleo. Pero, aparte de lucrativa, Enron Oil demostró ser una fuente caudalosa de avaricia y transgresión, que no tardó en darle a la matriz gravísimos quebraderos de cabeza cuando se tuvo conocimiento de las actuaciones delictivas de Su negocio consistía en tomar posiciones largas, es decir, comprar petróleo u opciones con contratos a futuro si pensaban que los precios del crudo iban a subir, o posiciones cortas, es decir, vender petróleo u opciones con contratos a futuro si lo que creían era que los precios iban a bajar. En resumidas cuentas, algo así como jugar a la ruleta.

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sus dos más altos ejecutivos: el chairman, Louis Borget, y el CFO, Thomas Mastroeni. Tales actuaciones las puso al descubierto David Woytek, vice president del departamento de auditoría interna de Enron, quien recibió una llamada telefónica de un responsable de seguridad de Apple Bank advirtiéndole sobre un conjunto de extrañas transacciones que estaban realizando Borget y Mastroeni en una cuenta a nombre de Enron Oil, en la que ellos mismos eran los únicos apoderados con capacidad de firma. La señal de alarma había saltado al detectarse transferencias a una cuenta abierta a nombre de Enron Oil en el Standard Chatered Bank de las Islas del Canal (Reino Unido), por cuanto en ellas existía a la sazón el secreto bancario, y eran a menudo dirección de conveniencia para la realización de operaciones impropias. Entre tales transacciones se detectaban transferencias dudosas, por importe de casi 5 millones de dólares, que parecían haber ido a engrosar directamente las cuentas personales de ambos ejecutivos. Borget y Mastroeni fueron llamados a Houston, donde manifestaron que habían abierto la cuenta de Apple Bank, no registrada en los libros de la compañía, para «aparcar» parte de los enormes beneficios del ejercicio de 1986, que superaban las estimaciones presupuestarias de Enron, y poder desplazarlos al ejercicio 1987. Presentaron una certificación, que más tarde se reveló falsa, sobre la oportuna autorización del consejo de Enron Oil para abrir dicha cuenta y operar con ella. Además, los estados bancarios que mostraron, aparentemente auténticos, no coincidían con los que había enviado a Houston el propio banco, aunque llevaban la misma fecha. Apuntes por importe de cientos de miles de dólares se habían esfumado; resultaba obvio que los estados presentados habían sido previamente manipulados. Una de las transacciones que llamó la atención de los auditores fue un conjunto de transferencias realizadas a M. Yass, en Líbano. Borget y Mastroeni explicaron que se trataba de un agente que les iba a proporcionar algunas operaciones de las que obtendrían comisiones con las que pagar la bonificación (bonus) que un vendedor dejó de percibir en 1985. Esta explicación tan peregrina preocupó a los auditores16. Lay mantuvo una reunión con Borget y Mastroeni, en presencia de Woytek y de su colaborador, Herb Perry, en la que aceptó las explicaciones de los dos traders, que regresaron indemnes a Nueva York. Lay ordenó a continuación que un equipo formado por Woytek, Perry y otros dos auditores se desplazase a Valhalla con el objetivo de conseguir la devolución 16

Woytek manifestó más tarde que se maliciaba que M. Yass quería decir My Ass («mi culo»). A esta anécdota se hace referencia en el libro y en la película Enron: the smartest guys in the room. M. Yass jamás fue localizado.

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de los cinco millones de dólares robados. Borget les puso todo tipo de impedimentos en su trabajo y el equipo regresó a Houston, siendo sustituido por otro equipo de Arthur Andersen. A pesar de las obstrucciones sufridas, Woytek pudo presentar en abril a Lay y al comité de auditoría del consejo de administración un informe suficientemente documentado, en el que se proponía el inmediato despido de Borget y Mastroeni. Para asombro de los auditores, Lay ordenó que ambos ejecutivos permaneciesen en Enron Oil, pero sin poderes para abrir cuentas bancarias ni ordenar transferencias monetarias. Según parece, Lay manifestó posteriormente que «no podía hacer otra cosa» porque Borget estaba haciendo ganar a Enron mucho dinero, precisamente en un momento en que los precios del gas habían experimentado una gran caída17. Tanto Borget como Mastroeni mantuvieron su autoridad para llevar a cabo operaciones con petróleo por cifras multimillonarias. Según contó Woytek más tarde, ambos perdieron la cabeza y, durante el período abril-octubre de 1987, concertaron acuerdos que llegaron a totalizar 1.200 millones de dólares. Muchos de tales acuerdos fueron ficticios, y orientados únicamente a devengar comisiones para los traders. Pero otros, claramente temerarios, ocasionaron graves pérdidas para Enron y la llevaron al borde de la quiebra. En concreto, los operadores se excedieron en posiciones cortas con futuros petrolíferos18 y quedaron en descubierto de unos 500 millones de dólares, con una contrapartida en activos de apenas 400 millones de dólares. Lay ordenó que un equipo de ejecutivos de Enron Oil Trade & Transportation, con sede en Houston, liderado por Mike Muckleroy19, se desplazara a Nueva Ver: a) el artículo publicado en el diario digital NewsMax.com el 21 de marzo de 2002, bajo el título «Enron: A Pattern of Abuses?»; b) el capítulo 1 del libro de Kurt Eichenwald, titulado Conspiracy of Fools: A True Story; c) los artículos de Marie Brenner publicados en abril de 2002 en la revista Vanity Fair, bajo el título «The Enron Wars»; d) el artículo de Loren Steffy, publicado en el periódico Houston Chronicle el 8 de julio de 2004 bajo el titulo «What of Lays claims? Answers lie in Valhalla»; y e) el artículo de Tom Fowler, publicado en el periódico Houston Chronicle el 20 de octubre de 2002 bajo el titulo «The pride and the fall of Enron». 18 Una «posición corta» es (ver nota 15 precedente) una posición creada por la venta de un contrato a futuro, o la venta de una opción (de compra o de venta). Según parece, los traders de Valhalla apostaron por la bajada del precio del crudo, y vendieron unos 87 millones de barriles que no tenían (su límite operativo era de unos 12 millones de barriles), con la esperanza de cubrir la operación a su vencimiento mediante la compra de tales barriles a precio más barato, cosa que no pudieron hacer. 19 En la película Enron: the smartest guys in the room, el propio Muckleroy comenta que, para salvar situación tan apurada, tuvo que recurrir a la amenaza para conseguir que Mastroeni le facilitase la «contabilidad B» que llevaba. Una vez conocidas las transacciones más delicadas, Muckleroy, un trader con gran experiencia, se vio obligado que lanzar verdaderos envites en el mercado, ante los que las contrapartes se batieron en retirada. El trabajo duró tres semanas. 17

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York para desenmarañar el enredo y deshacer discretamente los tratos potencialmente letales. Resultaba crucial evitar que tamaña imprudencia trascendiese al mercado y provocase la insolvencia de la compañía. El tremendo susto se saldó con una pérdidas de unos 150 millones de dólares. Borget y Mastroeni fueron despedidos20. Pasada la crisis, Lay reunió a los 1.700 empleados de la sede de Houston y les formuló una solemne promesa: Enron no volvería a meterse en operaciones especulativas. Como primera medida, Enron comenzó a desarrollar numerosos servicios para ayudar a reducir el riesgo de las oscilaciones de los precios del gas. Tengo para mí que esto no hizo sino echar leña a un fuego mal apagado. En efecto, mucha gente empezó a familiarizarse con los instrumentos financieros derivados (opciones, futuros, swaps...), cuyo posterior uso imaginativo —impropio, equivocado y, en último término, suicida— contribuiría de forma decisiva a la destrucción de Enron. Por el apenas nacido arroyuelo Enron ya bajaban aguas poco claras. Camino hacia la grandeza En 1988, Lay abrió sus primeras oficinas de ultramar en el Reino Unido, con la intención de sacar provecho de la privatización de la industria británica de generación de energía eléctrica, en el marco de una industria de transporte y distribución de gas natural que aún seguía regulada, y encargó a su antigua colaboradora Rebecca Mark, una ejecutiva muy agresiva a la que los empleados llamaban «Mark the Shark», la creación de una división de producción de energía eléctrica, capaz de desarrollar proyectos de generación de ámbito internacional. Lay, plenamente consciente de que Enron necesitaba un asesoramiento de primer nivel, había contratado los servicios de firmas de gran reputación: la consultora McKinsey, para asuntos de estrategia del negocio; la auditoraconsultora Arthur Andersen, para cuestiones de auditoría y alta «ingeniería 20

Había gente que, contrariamente a lo que hizo Lay, no estaba dispuesta a tolerar la deshonestidad corporativa. En el mismo otoño de 1987, Rudolph Giuliani, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, detectó el delito cometido, y la justicia puso en marcha su lenta pero implacable maquinaria. En marzo de 1990, Borget y Mastroeni se declararon culpables de los cargos de conspiración para cometer fraude y de falsificación de declaraciones de impuestos en relación con el asunto Valhalla, y fueron condenados a un año de prisión. Borget fue puesto en libertad cinco meses después, y a Mastroeni se le suspendió la sentencia. El robo les salió prácticamente gratis. Giuliani se convertiría posteriormente en alcalde de la ciudad de Nueva York y héroe nacional por su comportamiento durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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contable»; y el bufete local Vinson & Elkins, para cuestiones de naturaleza jurídica. Y fue precisamente en 1988 cuando McKinsey asignó al servicio exclusivo de Enron a su socio sénior Jeffrey Skilling, doctorado con brillantez en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, y llamado a convertirse en coprotagonista del drama Enron. Lay también era muy consciente de otra cosa ciertamente importante: la necesidad de mantener óptimas relaciones con el poder político, cuestión a la que venía dedicando, desde hacía ya muchos años, considerables cantidades de tiempo y dinero. En este sentido, procuró fomentar sus relaciones de amistad con la doctora Wendy Gramm, esposa del senador republicano por Texas, Phil Gramm, cuya campaña electoral había recibido un apoyo económico sustancial por parte de Enron. La razón era muy simple: la señora Gramm había sido nombrada en febrero chairwoman de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), institución pública responsable del control del mercado de futuros y, por tanto, clave para hacer posible el sueño de Enron, aún muy desdibujado, de llegar a comerciar a gran escala con «futuros energéticos». En 1989, se empezó a desarrollar en Enron la idea de comercializar el gas natural como si se tratase de una commodity21. En efecto, para ver cumplidos sus sueños de grandeza, Lay tenía que conseguir que Enron creciese. En este sentido, la compañía no podía comportarse como una simple suministradora de servicios logísticos de transporte y distribución de gas a través de su amplia red de gasoductos a cambio de un peaje, ni tampoco conformarse con el papel del mero intermediario, que se limita a poner en contacto a vendedores y compradores de gas, casar operaciones concretas de compraventa, y percibir la correspondiente comisión. Lo que debía hacer, y con rapidez, era transformarse en comercializadora, es decir, en una empresa que comprase gas a los productores y lo vendiese a los consumidores finales, reteniendo para sí, en consecuencia, la totalidad del margen entre el precio de venta y el de compra, que en operaciones a largo plazo podía ser sustancial. Un hecho importante que se debe comentar: en julio, Wendy Gramm planteó un conflicto con la Securities and Exchange Commission22 (SEC), en un intento de sacar de la jurisdicción de la misma a los contratos con Cualquier artículo, bien, mercancía o producto tangible que pueda ser objeto de compraventa al contado o en el mercado de futuros. Son commodities clásicas el café, el algodón, la soja, el crudo de petróleo, el oro, la plata, otros metales no preciosos, el caucho, las divisas... 22 Institución pública responsable del control y supervisión del inmenso mercado norteamericano de valores bursátiles (NYSE, Nasdaq…). 21

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futuros. En agosto, un juez del Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito sentenció en Chicago, capital de los mercados de commodities, que la jurisdicción sobre futuros correspondía a la CFTC y no a la SEC. Se trataba de un paso importante en la buena dirección (en la de Enron, por supuesto). Refundación del mercado del gas (1990-1991) En 1990, y para hacer posible la transformación radical de Enron, se adoptaron dos importantes decisiones, una operativa, y estratégica la otra. La operativa fue el nombramiento de Richard Kinder, veterano de la máxima confianza de Lay, como president y COO de Enron. La idea de esta reorganización fue que Kinder se ocupara del día a día de la compañía, para que Lay pudiese concentrar todo su esfuerzo en tejer la red de relaciones exteriores de carácter institucional y político que Enron necesitaba para edificar su grandeza. La estratégica fue el fichaje estelar de Jeffrey Skilling. El «banco de gas» El destacado socio sénior de McKinsey ya llevaba dos años en Enron desempeñando a las mil maravillas el papel que corresponde a todo consultor que se precie: sin tener experiencia alguna en un negocio, decirles a los especialistas del mismo lo que debían hacer. Y, en este caso, lo que había que hacer era, según él, transformar Enron en un «banco de gas». Se trataba, sin duda, de una idea innovadora. En efecto, desde que en 1984 la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) inició el proceso de desregulación del mercado del gas natural, impulsado por el presidente Ronald Reagan, los controles sobre los precios habían ido desapareciendo progresivamente, y el avispado consultor no tardó en darse cuenta de que, a la sazón, existía mucha oferta potencial de gas a largo plazo por parte de los productores y, a la vez, mucha demanda por parte de empresas generadoras de electricidad que deseaban comprarlo, también a largo plazo, para utilizarlo como combustible. Lo que no existía era ningún intermediario suficientemente calificado para casar con eficacia y a gran escala tales tipos de oferta y demanda, es decir, de suscribir contratos de compra con los productores, y de venta con los usuarios finales. Un «banco de gas» podía llenar este vacío. Se trataba, desde luego, de un banco sui géneris de naturaleza virtual en el que los «depositantes» eran los productores, los «prestatarios» los consumidores, y donde el gas sustituía al dinero. Esta idea, que Lay «compró»

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entusiasmado, se plasmó con la creación de Enron Gas Marketing… y la compañía empezó a ganar mucho dinero, pues tanto productores como usuarios finales estaban más que dispuestos a pagar un margen sustancial sobre el precio de compraventa de gas al contado (spot) siempre que se les garantizase el suministro a largo plazo. La contrapartida de este sobreprecio —que podía llegar a más que duplicar el precio spot— era la cobertura de los riesgos connaturales a las operaciones a largo plazo (las eventuales variaciones del precio del gas y los posibles incumplimientos contractuales). Pero Enron no dudó en asumir tales riesgos y, a falta de un mercado de futuros a la medida de su ambición, decidió «crearlo» y comerciar con gas como si se tratase de una commodity clásica, dentro de un marco ayuno de normas regulativas y ante la mirada complaciente de las autoridades federales (la CFTC). Para ello desarrolló instrumentos financieros derivados y técnicas de cobertura ad hoc muy complejos y sofisticados. Naturalmente, el exconsultor Skilling ya había advertido que faltaba un pequeño detalle para completar el complejo montaje: si Enron deseaba garantizar eficazmente sus suministros de recursos energéticos, tenía que entrar también en el negocio de la banca de inversión, todo ello para proporcionar financiación y otros servicios financieros a los suministradores de gas y petróleo. A tal efecto se creó Enron Finance Corp., de la que Skilling fue nombrado chairman y CEO. Se iniciaba así su fulgurante carrera hacia la conquista del poder. Skilling empezó a formar un equipo de muy cualificados profesionales de su confianza, entre los que pronto despuntaron Andrew Fastow, Kenneth Rice, Lou Pai, Ben Glisan, Clifford Baxter y Mark Frevert. La «commoditization» del gas Pero la fértil imaginación de Skilling no podía quedarse ahí y, en 1991, tuvo una idea absolutamente revolucionaria: ¿Por qué no romper definitivamente las ataduras físicas con el gas y los gasoductos, y transformar la energía en instrumentos financieros que pudieran ser comercializados en una especie de «bolsa de gas», como se hacía con las acciones y los bonos en la bolsa de valores? Y rotas ya tales ataduras, y puestos a innovar «a lo bestia», ¿por qué no inventar también unos nuevos instrumentos financieros derivados23 sui géneris basados en el gas24 Un derivado (derivative) es un contrato cuyo valor está basado en el rendimiento de un activo financiero subyacente, índice u otro tipo de activo. 24 Más adelante se operaría también con crudo de petróleo y otras commodities. 23

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(opciones25, futuros26, contratos forward27, swaps28, etcétera), que podían ser negociados no solo con los compradores de tal producto, sino también con inversores que nada tenían que ver con la industria energética, contando con la colaboración de las grandes instituciones financieras (Citigroup, JP Morgan Chase…)? Lay también asumió entusiasmado tal idea, y Skilling, al que los empleados ya apodaban «Darth Vader»29, fue nombrado chairman y CEO Contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el pago de una prima (option premium), adquiere del vendedor el derecho —pero no la obligación— de comprar (opción call) o de vender (opción put) un activo subyacente (commodity o instrumento financiero) a un precio pactado (precio de ejercicio), en una fecha futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda el activo subyacente al precio convenido. El comprador puede ejercer dicho derecho, según se haya acordado en el contrato respectivo (las opciones europeas solo pueden ser ejercidas en el momento del vencimiento; las opciones americanas pueden ser ejercidas en cualquier momento entre el día de la compra y el día de vencimiento, ambos inclusive). Si en el contrato de opción se pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente. Las opciones y futuros se negocian en un mercado regulado. Una Cámara de Compensación (Clearing House) se encarga de negociar, liquidar y compensar las operaciones que tienen lugar en el mercado de opciones o futuros. La cámara actúa como compradora frente a cualquier vendedor y como vendedora frente a cualquier comprador, lo que supone eliminar el riesgo de contraparte y permite el anonimato de las partes. 26 Contrato estandarizado en plazo, cantidad y calidad, entre otros aspectos, para comprar o vender un activo subyacente (commodity o instrumento financiero), a un cierto precio, cuya liquidación se realizará en una fecha futura. Si el contrato a futuro se pacta a precio por diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente. Existen dos motivos por los cuales alguien puede estar interesado en contratar un futuro: con fines de cobertura o con fines especulativos. En las operaciones de cobertura, la persona que contrata el futuro tiene o va a tener al vencimiento el bien subyacente (petróleo, gas…). Con la operación quiere asegurar un precio fijo hoy para la operación de mañana. En las operaciones especulativas, la persona que contrata el futuro sólo busca especular con la evolución de su precio desde la fecha de la contratación hasta el vencimiento del mismo. 27 Un contrato en el que un vendedor acuerda entregar una mercancía determinada a un comprador en una fecha futura. Al contrario que los contratos de futuros (que se llevan a cabo a través de una Cámara de Compensación), los contratos forward se negocian en privado y no están estandarizados. Son frecuentes los contratos mediante los que se compra o vende hoy con pago al contado al precio de mercado vigente (spot) una commodity o un instrumento financiero que será entregado en una fecha futura predeterminada. 28 Permuta financiera en la que dos partes acuerdan intercambiar flujos monetarios en el tiempo. En operaciones con commodities el más usual es el swap de tipos de interés. Se trata de un acuerdo entre dos partes para cambiar pagos de tipos de interés sobre un monto de deuda prefijado (nocional). En su forma estándar, una parte del swap acuerda pagar un tipo de interés fijo, a cambio de recibir un tipo de interés variable (flotante) sobre el monto nocional establecido. La otra parte toma la posición inversa. En el caso de la banca son normales las operaciones swap de divisas, que consisten en una venta al contado de una moneda combinada con una recompra en el futuro de la misma. Se trata de una combinación de tipos de cambio spot y tipos de cambio forward. 29 Antagonista principal de la saga Star Wars. 25

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de Enron Gas Services (EGS), compañía resultado de la fusión de Enron Gas Marketing y Enron Financial Corp. Esta nueva concepción del negocio, que suponía, de facto, refundar la industria del gas, exigía unos procedimientos contables más flexibles para el registro de las operaciones de compraventa al contado y a plazo de gas, y de las transacciones con los nuevos instrumentos derivados que la compañía se disponía a inventar. De ahí que el 11 de junio de 1991 Enron solicitase a la Securities and Exchange Commission (SEC), con la aprobación de los auditores, autorización para aplicar la contabilidad mark-to-market30 en sus operaciones comerciales, la cual le fue concedida el 30 de junio de 1992. La gran ventaja de la aplicación de esta técnica contable a los contratos de compraventa de gas a futuro era que, al menos en principio, permitía capitalizar las proyecciones a largo plazo de los beneficios que hipotéticamente se obtendrían de tal contrato, y darles el carácter de beneficios actuales. ¡Toda una «innovación»! La gran capacidad de Skilling para imaginar cosas nuevas, cuando no insólitas, empezó a subvertir los esquemas de negocio y las estructuras de poder de Enron. Se comenzó a hablar de la posibilidad de comercializar también energía eléctrica como si se tratase de una commodity, así como de la commoditization, es decir, de la transformación en commodities de cualesquiera productos o servicios que pudieran ser creados y comercializados por la compañía (cosas tan exóticas como, por ejemplo, el ancho de banda para Internet, los créditos ecológicos, los derechos de emisión de partículas y gases contaminantes, la gestión de riesgos crediticios y climáticos...). Todo ello exigía la creación ex novo de complejos instrumentos derivados de naturaleza esencialmente financiera y de altísimo riesgo, basados en activos subyacentes distintos del gas y del crudo de petróleo. Kinder, un excelente profesional, tradicional, conservador y prudente, tenía sobrados motivos para estar más que asustado. Cabe destacar el hecho de que Richard Causey, auditor de Arthur Andersen, fue contratado por Enron, incorporándose a la compañía en 1991 como interventor adjunto. ¡Más madera, es la guerra! (1992-1996) A lo largo de este período se registró un cambio radical en el core business de Enron, como resultado de un magistral ejercicio de cabildeo político de Lay, del arrollador dinamismo de Rebecca Mark, y de la desbordante imaginación y audacia de Skilling. Ver Segunda Parte, capítulo 6.

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En efecto, el gas ya no era suficiente. Enron, convertida a la sazón en la mayor comercializadora de gas natural de Estados Unidos, aspiraba a transformase en un imperio energético multinacional, modelo de diversificación, ingenio, audacia y espíritu pionero. Para ello debía pensar en términos de energía y, también, empezar a pisar con fuerza, decisión, arte y valentía el albero global. Esto exigía remover muchos obstáculos, disponer de un equipo de profesionales de primera fila, y gastar dinero, muchísimo dinero. Lo de obviar inconvenientes era la especialidad de Lay. En cuanto a equipo de profesionales capaces, audaces y valientes, no había problema. Mark y Skilling se habían convertido de facto en las dos estrellas más brillantes del resplandeciente firmamento de Enron, la primera centrada en la adquisición y construcción de centrales eléctricas e instalaciones relacionadas (activos «duros»), y la segunda en la promoción de activos virtuales de naturaleza fundamentalmente financiera, y en la transformación en commodities de una enorme gama de productos (activos «blandos»). Y, por lo que se refiere a la captación de recursos financieros, tampoco parecía que Enron tuviese especiales dificultades. Y el rodillo se puso en marcha. Lay, allanador de senderos Pensar en energía suponía, sobre todo, pensar en energía eléctrica. Y los principales problemas no estaban fuera, sino dentro de Estados Unidos; era necesario derribar ciertos obstáculos regulativos sumamente incómodos. El 24 de octubre de 1992, tras una dura labor de cabildeo por parte de Lay, el presidente Bush padre firmó la National Energy Policy Act, disposición legislativa-marco en la cual, y entre otras cosas, se establecía el derecho de las empresas comercializadoras de energía eléctrica sin producción propia a acceder a las redes de transporte de las grandes empresas eléctricas de ciclo completo31. Por otra parte, el 16 de noviembre de 1992, Enron solicitó a la CFTC que los contratos sobre derivados energéticos y los swaps de cobertura de tipos de interés realizados por las empresas comercializadoras de energía al por mayor quedasen excluidos expresamente de la supervisión gubernamental. Y, el 14 de enero de 1993, la CFTC accedió a la solicitud de Enron y excluyó 31

Esta ley abrió el camino a la Orden 888 de 1996 de la FERC, por la que se fijaron las condiciones para tal acceso, lo que suponía abrir a la competencia el mercado de venta al por mayor de energía eléctrica.

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de su vigilancia y control a tales operaciones. El 20 de enero de 1993, Clinton tomó posesión de la presidencia, y Wendy Gramm abandonó la CFTC, incorporándose en febrero al consejo de administración de Enron32. Finalmente, el 28 de diciembre de 1993, Enron solicitó a la SEC que la eximiera de las regulaciones federales establecidas en la Public Utility Holding Company Act de 1935 (PUHCA) para la protección de los consumidores suministrados por empresas eléctricas que operasen en varios estados, alegando que tales regulaciones sólo debían afectar a las empresas de ciclo completo, y no a las simples comercializadoras sin producción propia. El día 5 de enero de 1994, la SEC aprobó la petición de Enron, eximiéndola de vigilancia regulativa. Un tiburón llamado Mark En 1992, aprovechando la desregulación y privatización del mercado energético en la India, Rebecca Mark inició negociaciones con el Gobierno indio para la construcción en Dabhol (estado de Maharashtra), a unos 300 kilómetros al sur de Bombay, de una gran central generadora de electricidad de 2.015 MW, utilizando como combustible gas natural, el cual sería transportado desde una planta de licuefacción que se debía construir en el emirato de Qatar. La inversión presupuestada ascendía a unos 3.000 millones de dólares, una de las inversiones extranjeras directas más importantes de la historia de ese inmenso país. Se suscribieron los oportunos preacuerdos con el Gobierno de la India y con el estado de Maharashtra, y se creó la Dabhol Power Company, con participación de Enron (80%), General Electric (10%) y Bechtel (10%)33. 1993 fue un año excelente para Mark. Por una parte, entró en funcionamiento la central térmica de Teesside, ubicada en el norte de Inglaterra, que generaba energía eléctrica usando gas como combustible. Para su construcción se habían utilizado las más sofisticadas técnicas de financiación creativa. La participación de Enron en dicha central fue del orden del 50%. Cabe destacar dos hechos: a) Antes de que Fastow asumiera las riendas financieras en Enron, la compañía ya hizo incursiones en los territorios de la contabilidad creativa, registrando como ingresos procedentes de la central, estando ésta aún en fase de construcción, Wendy Gramm, que llegó a ser presidenta del Comité de Auditoría, se mantuvo en el consejo de administración de Enron Corp. hasta el año 2002. 33 Para un análisis detallado del tema, véase Enron and the Dabhol Power Company, escuela de negocios globales Thunderbird, documento A07-02-0008. 32

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más de 100 millones de dólares. b) Se utilizaron sistemas de incentivos que tampoco iban a la zaga en cuanto a creatividad, por cuanto las bonificaciones —bonus— de los ejecutivos que intervinieron en el proyecto no se basaron en el volumen de energía eléctrica generada, sino en la inversión total realizada. ¡Buena forma de asegurar el tiro retributivo y estimular la austeridad en el gasto! Por otro lado, las autoridades del estado de Maharashtra aprobaron el proyecto Dabhol, dividiéndolo en dos fases: una central de 695 MW que utilizaría nafta como combustible (fase I); y una central de 1.320 MW que quemaría gas natural (fase II). Una Rebecca Mark fortalecida fue nombrada CEO de Enron International, la división internacional de la compañía, responsable del desarrollo de proyectos energéticos alrededor del mundo. Sus roces con Skilling se hicieron inevitables. En 1994 el Gobierno central de la India y el del estado de Maharashtra suscribieron los acuerdos de garantía de Dabhol, de acuerdo con lo que establecía la ley de desregulación del mercado energético de aquel inmenso país. Así las cosas, Skilling intentó que fuese EGS quien suministrase recursos financieros a todos los proyectos de las diversas divisiones de Enron, incluida Enron International. Rebecca Mark contraatacó vigorosamente y consiguió, por el momento, que su división de proyectos internacionales pudiese seguir gestionando su propia financiación. Las relaciones con su poderoso rival se hicieron cada vez más tensas. En 1995 comenzó la construcción de la fase I. Todo parecía ir bien, pero en 1996 el Banco Mundial rehusó dar su apoyo al proyecto Dabhol por considerar que carecía de sentido económico34, y el Gobierno de Maharashtra lo dio por cancelado, por entender que el acuerdo inicialmente suscrito era lesivo para sus intereses. Solo la presión del Gobierno norteamericano, presidido por Bill Clinton, consiguió que se alcanzase un nuevo acuerdo35, y la construcción de la fase I se reanudó, aun cuando la incertidumbre seguía cerniéndose sobre tan magno como desatinado proyecto. La brillante estrella de Rebecca Mark empezó a declinar. La inversión de Enron en la central eléctrica Dabhol es un caso vergonzoso que enarbolan, no sin cierta razón, los enemigos de la globalización. Ver Joseph E. Stiglitz, Los felices 90, Taurus, 2003, página 303. 35 Al parecer, el nuevo acuerdo era aún peor que el anterior para la India, por cuanto suponía la garantía de compra de la energía programada, fuese demandada o no (contrato tipo take or pay) a unas tarifas desproporcionadas, lo que implicaba el pago de unos 30.000 millones de dólares a lo largo de la vida de la central. 34

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Skilling, alias «Darth Vader» Tan brillante estrella se tomó muy en serio lo de pensar en términos de energía, y, ya en 1994, consiguió que Enron entrase en el negocio de la compraventa de energía eléctrica al por mayor en el mercado liberalizado de Estados Unidos. La commoditization de la energía eléctrica se había consumado. En 1995, Enron Corp. se convirtió en la compañía líder del sector de la distribución de energía, controlando el 20% del mercado norteamericano, y Skilling fue nombrado CEO de la recién creada Enron Capital and Trade Resources (ECT), filial responsable de la comercialización de energía, marketing y finanzas. El poder de Skilling dentro de Enron Corp. se incrementó notablemente. La guerra interestelar parecía tener ya un claro vencedor. Así las cosas, Enron creó Enron Europe, con sede en Londres, y un objetivo muy claro: penetrar en el mercado europeo de compraventa de energía eléctrica al por mayor. La revista Fortune nombró a Enron en 1996 «la compañía más innovadora de América»36. Cabe destacar un hecho relevante, ocurrido en 1993, que supuso el primer paso dado en una dirección que acabaría resultando letal para la compañía: Enron y la California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) constituyeron la Joint Energy Development Investment LP o JEDI37. Cada socio aportó 250 millones de dólares; los activos de tal participación no se consolidaron en los estados financieros de Enron. Daba comienzo la era de las operaciones extracontables. Hoy resulta incomprensible que nadie extramuros de Enron fuese capaz de darse cuenta del verdadero alcance y posibles consecuencias de la extraordinaria mutación que estaba experimentado su negocio clásico, el cual, aparentemente liberado de las ataduras que suponían los activos físicos, había apostado decididamente por la economía virtual. Pero intramuros sí había alguien que era plenamente consciente de lo que ocurría. A finales de 1996, el COO Richard Kinder, que no comulgaba con las nuevas ideas que se abrían paso de forma arrolladora en Enron y, además, veía cerrada para él la vía de acceso al cargo de CEO, abandonó la compañía. Este nombramiento se repetiría durante los cinco años siguientes (hasta 2001). El nombre de JEDI no fue una coincidencia. La cultura de Enron estuvo muy influenciada por la película Star Wars. Por ejemplo, aparte del apodo dado a Skilling —«Darth Vader»—, los empleados se referían al cuartel general corporativo como la «Death Star».

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Indicios de locura (1997-1998) La imaginación, al poder En 1997, Lay, cuyas relaciones con Rebecca Mark se habían deteriorado seriamente por motivos personales, nombró a Skilling president y COO de Enron Corp., en sustitución de Kinder. Skilling conservó, además, todos los poderes ejecutivos en Enron Capital and Trade Resources (ECT). Ahora Enron estaba totalmente en manos de dos hombres de negocios visionarios, pero que carecían de la prudencia de Kinder para la administración del día a día, y para controlar un gasto que empezaba a dispararse. El staff de Enron, plagado de tipos listos, se duplicó en un año. Lanzada hacia la gloria, Enron constituyó la sociedad Enron Energy Services (EES), con la misión de suministrar energía al por menor y de facilitar servicios energéticos a clientes comerciales e industriales. Se nombró chairman y CEO de la misma a Lou Pai, un destacado profesional perteneciente al grupo de colaboradores más íntimos de Skilling en ECT. Dado este primer paso, Skilling empezó a desmantelar ECT y a situar a otros hombres de su equipo en puestos clave de una Enron renovada: Kenneth Rice fue nombrado chairman y CEO de ECT North America, y Mark Frevert, president y CEO de ECT Europe y de Enron Europe Ltd. Pero la energía eléctrica y el gas ya no eran suficientes, y Enron entró con ímpetu en los mercados del petróleo, acero, pasta de papel, plásticos y otras muchas commodities, aparte de realizar una gran adquisición: la compra por 3.000 millones de dólares de Portland General Electric Company, una importante compañía eléctrica con sede en Portland, Oregon, cuyo chairman y CEO era Ken Harrison. Esta gran inversión venía a sumarse a otras desperdigadas ya por todo el mundo: Guatemala y República Dominicana (centrales eléctricas flotantes ancladas frente a la costa —barcazas—), Nicaragua y Panamá (centrales eléctricas convencionales), Colombia (gasoductos), Venezuela (planta de gas licuado y granjas con aerogeneradores), Brasil (gasoductos, central eléctrica Cuiabá EPE, y distribuidora de electricidad Elektro Electricidade e Serviços), Bolivia (gasoductos), Polonia (central eléctrica Nowa Sarzyna), Italia (central eléctrica Sarlux Power en Cerdeña), Turquía (central eléctrica Trakya), Filipinas (central eléctrica Subic Power Corp.)… Solo un par de datos para calibrar la velocidad a la que mutó el negocio de Enron. Durante el período 1996-1998, cerca del 60% de los ingresos los generaban negocios creados con posterioridad a su fundación (1985), y entre un 30 y un 40% procedían de nuevos negocios que había desarrollado durante el último quinquenio. Su core business había cambiado, en solo una década, de forma radical.

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Fastow, un hombre para tiempos de crisis A pesar de esta aparente grandeza, a Enron se le acumulaban problemas que, por supuesto, el mercado ignoraba. Su atrevida estrategia de rápido crecimiento y gran mutación del negocio solo tenía un punto débil: requería una liquidez cada vez mayor, que el cash flow generado por la compañía no llegaba a cubrir, a pesar del impresionante crecimiento de su cifra de negocio, en buena parte virtual, gracias a la caritativa ayuda de la contabilidad mark-to-market. Y fue precisamente en 1997 cuando los más altos directivos de Enron descubrieron, alarmados, que los mercados de gas y electricidad en los que la compañía operaba desde hacía años habían madurado y, en consecuencia, los antes espléndidos márgenes comerciales iban menguando de forma notoria, con la consiguiente merma del líquido disponible. Además, muchas de las nuevas líneas de negocio que se habían abierto con no poca audacia —por no decir temeridad— no generaban suficientes beneficios a corto plazo; eran, más bien, promesas inciertas de ingresos futuros. El recurso al mercado de valores o al crédito bancario parecía, pues, inevitable. Pero acudir a la bolsa en demanda de los recursos financieros adicionales necesarios no era una buena solución para Enron. En efecto, toda ampliación sustancial del capital social implicaba la «dilución» del beneficio por acción y, en consecuencia, una casi segura disminución de la cotización bursátil —que, por cierto, se mantenía casi plana en el entorno de los 20 dólares desde comienzos de 1996—, cosa del todo contraria a su objetivo corporativo número uno, a saber: incrementar dicha cotización a cualquier precio, para responder en todo momento a las más optimistas expectativas de los analistas de Wall Street, y de un mercado de valores enfebrecido, en el que las empresas de la «nueva economía» subían con fuerza. Tampoco era conveniente aumentar de forma sustancial el endeudamiento. El cash flow generado era apenas suficiente para garantizar el servicio de la importante deuda ya contraída, y mantener una calificación crediticia razonable dentro de la categoría de «inversión», cuestión vital para sus cada vez más sofisticados negocios de comercialización de energía. Tensar la cuerda del endeudamiento a largo plazo podía suponer una degradación de tal calificación, riesgo absolutamente inaceptable. ¿Se hallaba Enron metido en un callejón sin salida? Ni mucho menos. Skilling disponía en su equipo de una especie de mago de las finanzas: Andrew Fastow. Este fue quien encontró la «solución» o, lo que es más exacto, como se verá con detalle en la Segunda Parte, quien con su desvergüenza metió a la compañía en un callejón sin salida, al hacer un uso impropio de una de las posibilidades que ofrecía la legislación financiera estadounidense: la creación de special purpose entities (SPE), también llamadas special purpose vehicles, a las que, si mediaban determinadas circunstancias, se les podía dar un tratamiento extracontable.

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En noviembre de 1997, Fastow propuso al consejo de administración de Enron la creación de la empresa de propósito especial Chewco Investments LP38, primer eslabón de una cadena de sociedades extracontables que permitiría el sistemático maquillaje de los libros de la compañía. El único «propósito especial» de la misma fue comprar la participación de CalPERS —el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado de California— en JEDI. Enron se proponía crear, con CalPERS como socio, una nueva SPE de 1.000 millones de dólares de capital, llamada JEDI II, y no consideraba apropiado que CalPERS figurase como socio en ambas. Whitewing, el segundo eslabón, se creó apenas transcurrido un mes. Su propósito especial no era otro que comprarle a Enron activos poco o nada rentables —centrales eléctricas y gasoductos en Sudamérica y Europa, y activos comerciales en Norteamérica—. De esta forma, Enron los sacaba de sus libros, incrementaba el cash flow, reducía la deuda y, en la medida de lo posible, registraba incluso algunas plusvalías imaginarias si así lo exigían las circunstancias. Pero la venta de activos a Whitewing por parte de Enron era puramente ficticia, por cuanto, aun cuando la registraba como ingreso, seguía manteniendo el absoluto control sobre tales activos, con el acuerdo de sus socios, que solo buscaban una rentabilidad adecuada a sus aportaciones, estructuradas en sofisticados instrumentos financieros. En 1998, y como reconocimiento a su extraordinaria valía, Andrew Fastow fue nombrado CFO de Enron Corp. Decisiones desquiciadas Con la mayor parte del poder real en sus manos para gobernar el día a día de Enron Corp., Skilling empezó en 1998 a aplicar, con carácter absolutamente general, las políticas de gestión de personal sumamente agresivas que ya había ensayado previamente en ECT, las cuales tendrían un efecto devastador, como más adelante se verá (Segunda Parte). A lo largo de este año Enron intensificó su penetración en nuevos mercados (centrales de generación de electricidad, comunicaciones, redes de fibra óptica...) tanto en Estados Unidos como el Latinoamérica, Europa, India y África. Como no podía ser de otro modo, Enron también se interesó por el negocio del agua, la «commodity del siglo XXI», según Lay. Su incursión en negocio tan desconocido para la compañía, y tan fuertemente regulado en cuanto a concesiones y tarifas de venta, se produjo a través de la compra, por 2.200 millones de dólares, de la empresa británica Wessex Water. A partir de 38

Nombre derivado de Chewbacca, simpático personaje de la saga Star Wars.

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esta compra, Rebecca Mark promovió la creación de la empresa Azurix, de la que fue nombrada chairwoman y CEO. Mark intentó recuperar el protagonismo que le había arrebatado Skilling, independizando a Azurix de Enron mediante la participación de socios externos en su capital. Una empresa de propósito especial, Marlin Water Trust, asumió el 50% del capital, y, un poco a la desesperada, Mark inició una agresiva política de adquisición de concesiones de distribución de agua en Argentina, en otros países sudamericanos, y en Europa. Hay que destacar un acontecimiento, ocurrido en este año, que tendría un efecto muy importante en el devenir de Enron. En la madrugada del 31 de marzo se puso en marcha la «liberalización» del mercado de la energía en California, que ya había sido aprobada a finales de 1996, en un arrebato de entusiasmo y arrogancia, por los legisladores del estado. Se trató, como se verá en la Segunda Parte, de una «liberalización regulada», valga el oxímoron, erróneamente concebida, mal diseñada y peor gestionada por políticos y burócratas que, en realidad, tenían muy poca fe en las leyes de la oferta y la demanda, y que sería causa determinante de la gravísima crisis energética que se desencadenaría en el Golden State y en toda la costa oeste de Estados Unidos entre julio de 2000 y julio de 2001. Otro hecho que cabe destacar es que la cotización de la acción de Enron se fue alejando progresivamente durante el año de la contumaz barrera de los 20 dólares, y, al cierre del ejercicio, se situó muy cerca de los 30 dólares. Unas empresas de propósito singularmente «especial» En el mes de junio de 1998, Fastow propuso al consejo de administración de Enron la creación de la empresa de propósito especial LJM1. El burdo montaje para engañar al mercado financiero, escondiendo la mala salud financiera de la compañía, empezó a desarrollarse a gran escala. LJM1 (LJM Cayman LP) fue creada por el propio Fastow con capital externo (1 millón de dólares de su propiedad y 15 millones de dólares aportados por sociedades filiales de bancos amigos), y participó en la cobertura para una inversión de riesgo y en la «compra» de activos de muy baja rentabilidad. Pero, dada la muy limitada capacidad de LJM1 para realizar operaciones complejas, Fastow no tardó en proponer la creación de LJM2, una nueva empresa de propósito especial, que permitiría captar capitales importantes y ayudar a Enron a resolver problemas de mayor entidad. Tal creación tuvo lugar a mediados de septiembre de 1998, e intervino en más de una veintena de transacciones con Enron, entre las que destacaron todas las relacionadas con las SPE de la familia Raptor (que nacerían en 2000).

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Capítulo 2 EFÍMERO ESPLENDOR Fallacia / alia aliam trudit. (Una mentira arrastra a otra mentira.) Terencio, Andria, acto IV, 778-779 Splendide mendax. (Mentiroso en todo su esplendor.) Horacio, Odas, XI, 35

Caminando hacia el abismo (1999) El año 1999 fue pródigo en acontecimientos importantes. En efecto: a) Entró en funcionamiento la fase I de la central Dabhol. b) Enron empezó a desarrollar un proyecto sumamente innovador, consistente en la comercialización de banda ancha en redes de comunicación de fibra óptica, como si se tratase de una commodity. Para ello se creó la empresa Enron Broadband Services (EBS), llamada a desempeñar un papel importante en el escándalo. Joseph Hirko, ex CFO de Portland General Electric, fue nombrado CEO de la misma (con sede en Portland, Oregon), Kenneth Rice chief commercial officer, y Kevin Hannon COO. El objetivo era transformar EBS en cabeza de puente de una línea autónoma de nuevos y muy prometedores negocios. c) Rebecca Mark sacó a bolsa, con poco éxito, una tercera parte del capital de Azurix, con lo que aceleró su ya irremediable declive. d) Richard Causey fue nombrado CAO de Enron Corp. e) Se creó Enron North America (ENA), la división de la compañía especializada en la comercialización de energía al por mayor. Clifford Baxter fue nombrado chairman y CEO de la misma. f) George W. Bush, gobernador de Texas, firmó, a instancias de Lay, la ley de desregulación del mercado eléctrico en dicho estado.

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El «autoseguro»: grandioso descubrimiento A finales de año, Enron llevaba invertido mucho dinero en negocios de gran volatilidad e incertidumbre. La normativa contable americana establecía a la sazón que las empresas debían registrar trimestralmente sus inversiones financieras (valores de todo tipo, préstamos, etcétera) a precio de mercado. Las correspondientes plusvalías o minusvalías debían llevarse a la cuenta de resultados. Pero la normativa también permitía que una empresa realizase operaciones de cobertura con un tercero, es decir, con una entidad independiente, con vistas a limitar las pérdidas potenciales. Así las cosas, a la compañía le resultaba muy incómodo y contrario a sus objetivos tener que apuntar las eventuales minusvalías de sus activos financieros como pérdidas, pero tampoco le interesaba, al parecer, realizar operaciones de cobertura reales, siempre costosas y complicadas, si no imposibles. Por eso, la mejor solución era cocinarlo todo dentro de la propia compañía. La dificultad era que las empresas con las que se pensaba realizar las operaciones de cobertura, tenían que parecer un tercero de verdad. Y LJM2 cumplía, «facialmente» al menos, con todos los requisitos para ser considerada un tercero. Para alcanzar sus objetivos, Enron constituyó un grupo de profesionales de alta cualificación que, espoleados por Skilling, y asesorados técnica y jurídicamente por Andersen, y por Vinson & Elkins, respectivamente, ideó vehículos financieros de una complejidad extraordinaria. A partir de la idea gravemente errónea de que el destino de la cotización de las acciones de Enron no podía ser otro que el de aumentar indefinidamente, tales profesionales, arrogantes, transgresores, acostumbrados a transitar con descaro por territorios fronterizos de difícil amojonamiento, pergeñaron esquemas de cobertura maliciosos y carentes de sentido financiero, por cuanto, como se verá en la Segunda Parte, no transferían a terceros riesgo alguno, en la confianza de que el valor presuntamente «embebido» en las propias acciones de la compañía acabaría rezumando. Lo que hacía Enron no era sino asegurarse y cubrirse a sí misma. El esbozo de las Raptor, que se constituirían al año siguiente, quedó completado. Nace una nueva estrella Con el fin de hacer posible una ágil comercialización de su gama cada vez más amplia de commodities (casi un millar), así como la negociación de complejos instrumentos derivados de naturaleza esencialmente financiera para la cobertura de riesgos (climáticos, de variación de precios de las materias primas y de los tipos de interés, de incumplimiento de contratos...), Enron

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creó EnronOnline, que, muy rápidamente, se convirtió en la principal página web para comercio electrónico a través de Internet. Dicha página, que entró en servicio el 29 de noviembre de 1999, fue elaborada por Louise Kitchen, president y CEO de Enron Net Works, y por John Sherriff. Para poder cerrar el ejercicio 1999 de acuerdo con las expectativas de los analistas de Wall Street, los creativos contables de Enron no tuvieron más remedio que «cocinar» un poco las cuentas. No se trataba de ningún hecho insólito. De facto, la contabilidad creativa practicada en la casa ya se había hecho merecedora, en palabras del propio Lay, de un título más ajustado a su realidad: «inciso-cortante». Contra viento y marea, los sueños de Lay se iban cumpliendo, y, a finales de este año, la cotización de la acción de Enron Corp., transformada ya en una compañía gigantesca, superó los 44 dólares. El Enron Executive Committee quedó configurado tal como se muestra en la Tabla 1. Tabla 1 Enron Executive Committee, año 1999 Nombre

Cargo

Kenneth Lay Joseph Sutton Ken Harrison Jeffrey Skilling Richard Causey Andrew Fastow Jeffrey McMahon Mark Koenig Steven Kean James Derrick Cindy Olson Richard Buy Clifford Baxter Greg Whalley Mark Frevert Joseph Hirko Kenneth Rice Kevin Hannon Lou Pai Rebecca Mark Stanley Horton

Chairman y CEO, Enron Corp. Vice chairman, Enron Corp. CEO, Portland General Electric Company President y COO, Enron Corp. EVP y Chief Accounting Officer (CAO), Enron Corp. EVP y CFO, Enron Corp. EVP y Finance and Treasurer, Enron Corp. EVP e Investor Relations, Enron Corp. EVP y Chief of Staff, Enron Corp. EVP y General Counsel, Enron Corp. EVP y Human Resources & Community Relations, Enron Corp. EVP y Chief Risk Officer, Enron Corp. Chairman y CEO, Enron North America President y COO, Enron North America Chairman y CEO, Enron Europe Ltd. CEO, Enron Broadband Services Chief Commercial Officer, Enron Broadband Services COO, Enron Broadband Services Chairman y CEO, Enron Energy Services, LLC Chairwoman y CEO, Azurix Chairman y CEO, Enron Gas Pipeline Group

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Al borde del precipicio (2000) A lo largo de 2000, las temerarias decisiones de negocio adoptadas por los máximos directivos de Enron durante los años precedentes empezaron a pasar factura, y problemas de notable entidad se fueron acumulando. La decisión de ocultarlos a toda costa, así como las erróneas soluciones adoptadas para salir del paso, que no suponían sino una huida hacia delante, acabarían llevando a la compañía al desastre. Mentiras arriesgadas y sofoco de la discrepancia En enero, Ken Rice, uno de los hombres de confianza de Skilling, fue nombrado chairman y CEO de Enron Broadband Services (EBS), con sede en Houston. Joseph Hirko conservó los mismos cargos con sede en Portland, Oregon, creándose de esta forma la única dirección bicéfala existente en Enron. El día 20 de enero, en una reunión con analistas e inversores, Skilling manifestó que EBS había construido una red de cables de fibra óptica, y que 30.000 millones de dólares era una estimación conservadora del valor de esta línea de negocio. El mercado enloqueció, y el día 21 las acciones de Enron cotizaron a 71,625 dólares (¡su «valor» se había incrementado un 62% en menos de un mes!). En abril, Ben Glisan fue nombrado tesorero de Enron, en sustitución de Jeffrey McMahon, quien, al parecer, había chocado con Skilling, y fue discretamente desplazado a la empresa Enron Industrial Markets, como chairman y CEO de la misma. El día 12 de abril, en una asamblea con analistas e inversores, Skilling manifestó que Enron North America Corp. (ENA), la división de ventas al por mayor de la compañía, había obtenido durante el primer trimestre unos beneficios de 220 millones de dólares, derivados todos ellos de sus muy provechosas operaciones ordinarias. ENA, de la que era chairman y CEO desde 1999 Clifford Baxter, aglutinaba, de facto, la mayoría de las funciones de la desaparecida ECT. El 18 de abril de 2000, Enron y LJM2 crearon Talon LLC (Raptor I), la primera criatura de la familia Raptor. Con este instrumento se dio cobertura a la inversión de Enron en acciones de Avici Systems, una empresa de fabricación de dispositivos de encaminamiento en Internet (routers). En mayo, Enron, que venía estudiando con suma atención desde 1999 la desregulación del mercado energético en California, puso a punto una serie de «estrategias» ad hoc para optimizar su negocio de venta de energía eléctrica y de gas natural en la costa oeste de Estados Unidos. Los traders de Enron con base en Portland, Oregon, empezaron a familiarizarse con

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nombres como «Load shift», «Fat boy», «Death star», «Ricochet», «Get shorty»… Se trataba de instrumentos muy complejos, cuyas estructuras de detalle no han conseguido desentrañar del todo ni siquiera los especialistas en la materia. En junio, Clifford Baxter, que también se había convertido en una voz discrepante sobre el rumbo seguido por la compañía, fue apartado de ENA y nombrado chief strategy officer (director de estrategia) de Enron Corp. Le sustituyó David Delainey, que fue nombrado president y CEO de Enron Americas, sociedad que incorporó no solo el negocio de Estados Unidos (ENA), sino también el de Canadá (Enron Canada), Centroamérica y Sudamérica. John Lavorato fue nombrado COO de Enron Americas. También en junio, Enron y LJM2 crearon la SPE Timberwolf (Raptor II), que respondía al mismo esquema que Talon (Raptor I), y con la que realizaron operaciones de cobertura de derivados financieros por valor nocional superior a 500 millones de dólares. La estructura organizativa se clarifica A estas alturas de la película parece claro que Skilling maniobró para que la complejísima estructura organizativa de Enron Corp. acabara configurándose en torno a cuatro grandes líneas de negocio: Wholesale Services, Retail Energy Services, Transportación and Distribution, y Broadband Services (ver Cuadro I), con cuatro grandes empresas estelares (ver Cuadro II). La mayor era, sin duda, la propia Enron Wholesale Services, dirigida por Mark Frevert (chairmam y CEO), y que integraba un conglomerado de empresas que aportaban más del 90% de la cifra de negocio (Enron Americas39 —incluida ENA—, Enron Europe40, Enron Global Markets41, Enron Industrial Markets42, Enron Net Works43, Enron Global Assets44 y otras). La segunda era EES, di Responsable de los negocios al por mayor relacionados con el gas natural y la energía eléctrica en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, incluyendo operaciones de compraventa e inversiones en infraestructuras de producción y transporte. 40 Responsable de los negocios al por mayor con todo tipo de commodities en Europa, Australia y Japón. 41 Responsable de los negocios al por mayor con ciertas commodities —crudo de petróleo y productos relacionados, carbón, agua, productos agrícolas, etc.— en Oriente Medio, así como de las operaciones relacionadas con el gas natural licuado (LNG). 42 Responsable de los negocios relacionados con la pasta de papel, papel, madera y acero. 43 Responsable del comercio de commodities con una amplia gama de industrias a través de Internet. 44 Responsable de los activos energéticos fuera de Norteamérica y Europa (central eléctrica de Dabhol, centrales eléctricas y gasoductos en Centroamérica y Sudamérica, etc.). 39

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rigida por Lou Pai. La tercera —sólo grande en la imaginación del propio Skilling— era EBS, codirigida por Ken Rice y Joseph Hirko. Y la cuarta era Enron Transportation Services, dirigida por Stanley Horton. En todo caso la organización estaba en continua efervescencia, y los cambios eran muy frecuentes, pero siempre en la dirección que muestran los Cuadros I y II. Cuadro I Estructura organizativa histórica de Enron Corp

Cuadro II Empresas destacadas de Enron Corp

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Las aves de rapiña proliferan En el mes de julio estalló una gran crisis energética en California y en buena parte de la costa oeste de Estados Unidos, con ocasión de una intensísima ola de calor. El precio medio del MWh, que antes de la desregulación de 1998 se había mantenido en el entorno de los 30 dólares, ya se había triplicado. Enron, que se había preparado a conciencia para esta eventualidad, empezó a obtener grandes beneficios, pero, al mismo tiempo, empezó a incurrir en no menos grandes pérdidas como consecuencia de los derivados climáticos que había vendido con profusión45. Se produjeron graves apagones generales en California, que pusieron al Estado en una situación crítica. También en julio, Enron anunció que EBS había suscrito un acuerdo con la cadena de tiendas Blockbuster para distribuir películas de vídeo a la carta por Internet. Se esperaban importantes beneficios. En contrapartida, el negocio del agua se reveló ruinoso para Enron, como consecuencia de los márgenes de beneficio extremadamente bajos que permitían las tarifas reguladas, y de una gestión más que discutible de Rebecca Mark, que, además de pagar precios desquiciados por las concesiones, gastaba sin mesura en oficinas, salarios y viajes. Quebrado su sueño de pisar fuerte en terrenos fuera del control directo de Skilling, decidió dimitir voluntariamente de sus cargos de chairwoman y CEO de una Azurix ya muy devaluada, y abandonó Enron. La venta de sus acciones de Enron le reportó un ingreso neto de unos 82 millones de dólares. En agosto, Enron y LJM2 crearon Bobcat (Raptor IV), con el mismo esquema que Talon (Raptor I). De momento quedó inactiva. El día 17 de agosto, cinco meses después del pinchazo de la «burbuja tecnológica» (marzo de 2000), contra toda lógica, y con muchos valores de las empresas de la nueva economía en caída libre, las acciones de Enron alcanzaron su máxima cotización histórica (90 dólares al cierre). La capitalización bursátil de la compañía acarició la cifra récord de 68.000 millones de dólares. 45

En 1997 Enron empezó a vender unos derivados ciertamente innovadores, los derivados climáticos. Se trataba de una especie de seguro que garantizaba a las empresas compradoras de gas y electricidad la cobertura de los riesgos derivados de la eventual modificación de las condiciones climatológicas normales. Así, en el caso de que las temperaturas se desviaran de sus rangos normales durante un período de tiempo determinado (tiempo demasiado frío, demasiado caliente, nevado…), Enron se hacía cargo de las pérdidas experimentadas por sus clientes. Esto le supuso, especialmente durante las terribles olas de calor y de frío sufridas en California durante el período julio de 2000-julio de 2001 unos pagos a corto plazo enormes, que jugaron un papel determinante en su colapso.

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En septiembre, Enron anunció que invertiría cerca de 2.000 millones de dólares durante los dos o tres próximos años para extender su red de fibra óptica y sus operaciones de comercialización de banda ancha. También Enron y LJM2 crearon Porcupine (Raptor III), la última de la saga de las Raptor, con un esquema de aportaciones estructuralmente diferente al de las otras tres Raptor. La única y exclusiva finalidad de Porcupine era dar cobertura a acciones de The New Power Company (TNPC), una empresa de distribución de energía eléctrica a clientes comerciales y domésticos, creada a comienzos de 2000, y de la que Enron tenía una participación de 75% (24 millones de acciones). El resto del capital estaba, al parecer, en manos de dos socios estratégicos: IBM y America Online. Problemas en EES y EBS En octubre, Clifford Baxter fue nombrado vice chairman de Enron Corp. Se trataba de una «patada hacia arriba» dada al mejor estratega que había en la compañía, pero que se había convertido en una voz crítica que convenía silenciar. Durante el último trimestre del año empezaron a surgir problemas por todos los sitios, especialmente en Enron Energy Services (EES) —que acumulaba pérdidas por importe de 500 millones de dólares— y en Enron Broadband Services (EBS) —que tuvo que inventarse, mediante el llamado proyecto Braveheart (ver Segunda Parte), beneficios inexistentes—. La crisis de las Raptor y otros quebrantos Para colmo de males, en noviembre de 2000, las Raptor I y III entraron en gravísima crisis46. En efecto, como consecuencia de la caída de la bolsa, habían perdido por completo su capacidad crediticia, por lo que eran incapaces de cumplir sus compromisos de cobertura. En esta situación, Enron no podría compensar una pérdida previsible de unos 500 millones de dólares en la valoración de sus activos financieros, lo que tendría efectos devastadores sobre la cuenta de resultados del último trimestre del ejercicio. Así las cosas, los consultores de Andersen encontraron una solución provisional, en espera de tiempos mejores. Tal solución consistió en lo siguiente: dado que las Raptor II y IV tenían capacidad crediticia excedentaria, y todas ellas eran de la misma familia, cabía establecer un acuerdo provisional entre las cuatro hermanas, para poner en común sus respectivas capacidades Segunda Parte, capítulo 7.

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crediticias, que, sumadas, arrojaban un saldo positivo. El 22 de diciembre de 2000 se procedió a la firma de un acuerdo de garantías cruzadas, que expiraría al cabo de cuarenta y cinco días. La cuenta de resultados de Enron estaba salvada… por el momento. También en diciembre, el Gobierno del estado de Maharashtra anunció que el contrato de venta de la energía de Dabhol debía ser renegociado, dadas las altísimas tarifas anteriormente pactadas, que los usuarios finales no podían asumir. El día 13 de ese mes se anunció la promoción de Skilling al cargo de CEO de Enron Corp., con efectos 12 de febrero de 2001. Lay mantendría a partir de dicha fecha únicamente su cargo de chairman. El 21 de diciembre, el presidente Clinton, a un mes del término de su mandato, rubricó una ley promovida por el senador por Texas Phil Gramm a instancias de Lay, por la cual las empresas comercializadoras de energía al por mayor tipo Enron quedaron fuera de la jurisdicción de la CFTC y al margen de la Commodity Exchange Act. A partir de ese momento, Enron ya podía operar en su propio mercado de commodities clásicas y exóticas, sin cortapisa alguna que coartase su libertad de acción; había obtenido una especie de licencia para especular a su gusto, sin que ningún organismo público se inmiscuyese en sus negocios. El comité ejecutivo de Enron, rebautizado como Enron Corporate Committee, quedó configurado tal como refleja la Tabla 2. Tabla 2 Enron Corporate Committee, año 2000 Nombre Kenneth Lay Jeffrey Skilling Clifford Baxter Richard Causey Andrew Fastow Steven Kean James Derrick Mark Frevert Greg Whalley Kenneth Rice Kevin Hannon Lou Pai Stanley Horton

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Cargo Chairman y CEO, Enron Corp. President y COO, Enron Corp. Vice chairman y Chief Strategic Officer, Enron Corp. EVP y Chief Accounting Officer (CAO), Enron Corp. EPV y CFO, Enron Corp. EVP y Chief of Staff, Enron Corp. EVP y General Counsel, Enron Corp. Chairman y CEO, Enron Wholesale Services President y COO, Enron Wholesale Services Chairman y CEO, Enron Broadband Services COO, Enron Broadband Services Chairman y CEO, Enron Energy Services Chairman y CEO, Enron Transportation Services.

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A finales de año, la acción de Enron cotizó al cierre a 83,125 dólares. Solo cabe añadir que, en este infausto mes para los desdichados ciudadanos de California, el precio medio del MWh, en plena escalada de los precios del gas que quemaban muchas de las centrales térmicas del estado, ya se había multiplicado por más de 10 (unos 400 dólares el MWh), con algunas puntas diarias de hasta 1.000 dólares el MWh. Las empresas eléctricas, que habían suscrito en su día con sus clientes, como era antes lo habitual, contratos de suministro a largo plazo con precio fijo, no podían transferirles los demenciales costes de la energía que se veían obligados a comprar en el mercado XP para atenderlos, e iniciaron su irremediable camino hacia la bancarrota (¡compraban la energía al precio del mercado liberalizado y tenían que venderla al precio de las tarifas reguladas!). Además, se empezaron a producir frecuentes desajustes entre la demanda y la oferta, lo que obligó a realizar severos cortes y restricciones de suministro en las áreas geográficas que servían.

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Capítulo 3 EL HUNDIMIENTO In se magna ruunt: laetis hunc numina rebus crescendi posuere modum. (Las cosas grandes se abaten sobre ellas mismas; tal es el límite que asignaron los dioses al crecimiento de lo que prospera.) Lucano, Farsalia, Libro I, 81-82 Avaritiam et adrogantiam praecipua validiorum vitia. (La avaricia y la arrogancia son los principales vicios de los poderosos.) Tácito, Historiae, Libro I, 51

Y llegamos al fatídico año 2001, en el que finalizó la historia de Enron como empresa operativa, tras un imparable proceso de desmoronamiento de once meses de duración. Grietas en el casco Enero: las Raptor, especie en peligro de extinción A comienzos de enero de 2001, en Enron se empezó a buscar con urgencia una solución al problema aplazado de las Raptor, cuya capacidad crediticia seguía deteriorándose a gran velocidad. Se estimó que, si no se hacía nada, al cierre del primer trimestre se acumularía un déficit consolidado de 504 millones de dólares, lo que obligaría a realizar el correspondiente cargo contra beneficios antes de impuestos, cosa del todo inaceptable. La solución encontrada fue una operación de reestructuración general de las Raptor, que se realizaría con efectos del 26 de marzo de 2001, y que consistiría, sustancialmente, en un «afianzamiento cruzado» entre las Raptor (las dos excedentarias absorberían a las dos deficitarias), y en una inyección adicional de contratos de acciones de Enron a las Raptor I, II y IV (contratos contingentes forward de compra de acciones, cuyo tenedor era Peregrine, con disponibilidad con-

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dicionada a que la cotización de la acción de Enron igualase o superase los 50, 63, y 76 dólares, respectivamente, el 1 de marzo de 2003). La cotización de la acción de Enron empezó a caer de forma significativa. Se pregonó a los cuatro vientos que no lo hacía por causas endógenas, sino siguiendo la tendencia general de los mercados bursátiles de Wall Street. Los días 17 y 18, las ciudades de San Diego y San Francisco interpusieron demandas contra Enron y otras empresas productoras de energía eléctrica, acusándolas de conspiración para incrementar artificialmente el precio de la energía en California. El día 22, en una asamblea con analistas e inversores, Skilling aseguró que la crisis energética de California había tenido un pequeño impacto sobre los beneficios de EES correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2000. También manifestó que las transacciones atípicas de EBS, tales como el acuerdo con Blockbuster, habían representado una parte diminuta de sus beneficios, cifrados en 63 millones de dólares. Todo era mentira. El día 25, en una conferencia con analistas, Skilling manifestó que tanto Enron Broadband Services como Enron Energy Services eran negocios fuertes y con un alto potencial de generación de beneficios de forma sostenible. Pero, en realidad, los resultados de EBS eran tan pobres que sus propios gestores habían recomendado su inmediato cierre y la venta de la red de fibra óptica, y, por su parte, EES estaba peleando en California en un mercado enloquecido, donde compañías distribuidoras cuasi quebradas le adeudaban cientos de millones de dólares de imposible cobro. El día 31 de enero, la acción de Enron cotizó al cierre a 80 dólares. Febrero: Skilling, solo ante el peligro El día 6 de febrero, la revista Fortune denominó a Enron, por sexto año consecutivo, la «compañía más innovadora de América». Mientras tanto, socios de Andersen discutieron sobre la conveniencia de mantener o no a Enron como cliente, y sobre el uso que la compañía hacía de la contabilidad mark-to-market, la cual manejaba como si jugase con una estrategia tipo intelligent gambling47 en un casino. El día 7 se produjeron importantes cambios organizativos para hacer frente a una situación muy delicada que ya resultaba difícil ocultar. David Delainey, hasta ese momento president y CEO de la próspera Enron Americas, fue nombrado chairman y CEO de la problemática EES, en sustitución Se trata de una estrategia, con base matemática, para ganar sin arriesgar en juegos de cartas tipo póquer, blackjack, etcétera.

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de un Lou Pai caído en desgracia, quien pasó a hacerse cargo, como chairman y CEO, de Enron Xcelerator, un proyecto que nunca llegó a materializarse en nada concreto. John Lavorato fue nombrado president y CEO de Enron Americas. Louise Kitchen, la creadora de EnronOnline y, hasta ese momento president y CEO de Enron Net Works, fue nombrada COO de Enron Americas, en sustitución de Lavorato. El día 12, Skilling asumió oficialmente los cargos de president y CEO de Enron Corp. Lay mantuvo únicamente, tal como estaba ya previsto, su cargo de chairman. En esa misma fecha, directivos de Andersen manifestaron ante el comité de auditoría del consejo de administración reunido en Londres su preocupación por las transacciones entre Enron y las empresas participadas LJM1 y LJM2. También en febrero se celebró en Florida la clásica conferencia anual «Bears in Hibernation», organizada por la compañía Kynikos Associates. Su presidente, James Chanos, un personaje de leyenda dentro del campo del short-selling48 en Wall Street, presentó a las acciones de Enron como uno de los objetivos del año. Basó su decisión: a) en las cuestionables prácticas de la compañía al contabilizar como beneficio actual el valor descontado de sus beneficios futuros (ya denunciado en octubre de 2000 en el Texas Wall Street Journal); b) en que, a pesar de tan criticables prácticas, sólo obtenía una misérrima rentabilidad del 7% anual antes de impuestos (lo cual se deducía del estudio de la memoria correspondiente al ejercicio 1999); c) en los análisis encargados a expertos de varias firmas de Wall Street, que mostraban que la acción de Enron estaba sobrevalorada; y d) en la grave exposición del negocio de Enron dentro del caótico mercado eléctrico de California, derivada de la existencia de ciertas cláusulas en los contratos con sus clientes al por menor que, de facto, la hacían directamente responsable de los incumplimientos de muchos de los suministradores de energía que, a la sazón, iban quebrando en masa. El día 22, Lay y varios altos ejecutivos de Enron se reunieron en la Casa Blanca con representantes de la Comisión de Energía y con el vicepresidente Dick Cheney. El día 28 de febrero, la acción de Enron cotizó al cierre a 68,5 dólares. 48

Los short sellers son inversores que toman una «posición corta» en una acción, es decir, que aceptan la apuesta que supone venderla a plazo a un determinado precio sin haberla comprado aún, con la intención de comprarla posteriormente a un precio más bajo. Tales inversores ganan dinero si la acción pierde valor.

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Marzo: cajas negras y fórmulas secretas El día 5 de marzo, la revista Fortune publicó un artículo de Bethany McLean titulado Is Enron Overpriced?, en el que se denunciaba que Enron era un manojo de negocios muy complejos, cuyos estados financieros resultaban casi impenetrables —una especie de «caja negra»—, y que era muy difícil llegar a entender de dónde obtenía el dinero que decía ganar49. La periodista, como es habitual en estos casos, llamó previamente por teléfono a Skilling para darle cuenta del contenido de su artículo, y preguntarle si tenía algo que objetar. Skilling, tras decirle que él «no era experto en contabilidad», se limitó a anunciarle que Fastow y Causey se desplazarían de inmediato a Nueva York para darle cuantas aclaraciones y explicaciones precisase. La reunión tuvo lugar, pero de ella no obtuvo aclaración alguna a sus dudas. Se le dijo que «el negocio de Enron era complicado y no tenían tiempo para explicárselo». En cuanto a cómo hacía Enron su dinero, le indicaron «que se trataba de información reservada, tan secreta como la fórmula de Coca Cola». Todo se reducía, pues, a una cuestión de fe. El día 7, Lay y varios altos ejecutivos de Enron mantuvieron una nueva reunión en la Casa Blanca con representantes de la Comisión de Energía y con el vicepresidente Dick Cheney. El día 8, el abogado de Enron, Jordan Mintz, envió un memorando al director de riesgos Richard Buy y al director de contabilidad Richard Causey, cuestionando las transacciones con las participadas LJM El día 9, Enron Broadband Services y Blockbuster, a la sazón la mayor cadena de almacenes de vídeo del mundo, cancelaron el acuerdo para distribución de vídeo a la carta por Internet, suscrito meses antes. EBS notificó que la ruptura del acuerdo se debía a la insuficiente cantidad y calidad de las películas necesarias para cubrir la demanda de este servicio y proclamó que, apoyándose en la EIN (Enron Intelligent Network) y en el ya desarrollado BOS (Enron’s Broadband Operating System), estaba en condiciones de comercializar ancho de banda y una amplia gama de aplicaciones relacionadas con la misma. La culpa era de Blockbuster; ella se lo perdía. El día 13 se filtró la noticia de que registros oficiales demostraban que diez altos ejecutivos de Enron habían realizado importantes ventas de acciones de la compañía. Skilling y Lay ya habrían empezado a vender cantidades relevantes a lo largo del año 2000. Al parecer, un empleado de Enron no identificado filtró de forma premeditada información sensible que fue publicada en la edición tejana del periódico The Wall Street Journal. Tal información llamó la atención de Bethany McLean, quien inició una investigación que dio origen a su ya famoso artículo.

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El día 23, en una asamblea con analistas, Skilling expresó su plena confianza en que Enron Energy Services cumpliría su objetivo de beneficios, establecido en 225 millones de dólares, y aseguró que Enron Broadband Services funcionaba muy bien, y que no habría despidos de trabajadores, como se rumoreaba, sino simplemente reubicación de los mismos dentro de la propia Enron Corp. Lo cierto era que los propios directivos de EES opinaban que la compañía tardaría más de un año en llegar a ser un negocio provechoso, y que, tras el estrepitoso fiasco que había supuesto la ruptura del contrato de Enron con Blockbuster, ya no había posibilidad alguna de seguir escondiendo la dura realidad, ni de urdir nuevos engaños tipo Braveheart. Con «efectos del día 26», se llevó a cabo la prevista reestructuración de las Raptor. Pero, dado que el día 22 la acción de Enron ya había cotizado a 55 dólares, Enron se vio forzada a echar más carne al asador de las Raptor. En concreto, primero se comprometió a entregarles otros 18 millones de acciones, en contrapartida de los correspondientes pagarés. Y, posteriormente, otros 12 millones de acciones, con fecha de entrega el 1 de marzo de 2005, a 47 dólares por acción. Tras este juego de manos, y a punto de sonar la campana, las pérdidas contabilizadas al cierre del primer trimestre se redujeron por arte de birlibirloque a 36,6 millones de dólares, cantidad que se consideró aceptable50. El día 30 de marzo, la acción de Enron cotizó al cierre a 58,1 dólares. El barco hace agua Abril: un CEO mentiroso, soberbio e insultante En abril, la SEC puso a disposición pública, para su consulta, el informe 10-K51 o Memoria correspondiente al ejercicio 2000 de Enron Corp., una de cuyas notas a pie de página, la número 16 (Related Party Transactions), se haría más tarde tristemente famosa. De momento pasó prácticamente inadvertida para los funcionarios de la SEC, analistas e inversores52. Segunda Parte, capítulo 7. Los 10-Q son informes trimestrales muy minuciosos de carácter financiero, que las empresas deben someter a la SEC (Securities and Exchange Commission) 35 días después del cierre fiscal. El cuarto trimestre se incluye ya en el informe 10-K, que es una especie de Memoria que abarca la totalidad del ejercicio, y debe ser presentado a la SEC 90 días después del cierre del mismo. 52 Tal nota, conocida tras la publicación de Informes 10-Q y 10-K que abarcaban desde el segundo trimestre de 2000 hasta el segundo trimestre de 2001, solo fué objeto de severo escrutinio a partir de la quiebra de la compañía (la infamous nota 16). 50 51

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Enron apareció en 7º lugar en la lista Fortune de las 500 mayores empresas de los Estados Unidos por cifra de negocio, con 100.000 millones de dólares. Skilling pronosticó que la cifra de negocio del ejercicio 2001 se acercaría a los 170.000 millones de dólares. El día 6, quebró la Pacific Gas and Electric Company, la mayor empresa eléctrica de California; la pseudo-liberalización del mercado de la energía la había asesinado. El día 9, Lay y varios altos ejecutivos de Enron mantuvieron la tercera reunión del año en la Casa Blanca con representantes de la Comisión de Energía y con el vicepresidente Dick Cheney. El día 17, durante una asamblea con analistas e inversores, Skilling anunció: (i) que los beneficios de Enron Corp. durante el primer trimestre del ejercicio 2001, ascendían a 536 millones de dólares, con una cifra de negocio de unos 50.000 millones de dólares; (ii) que se había decidido transferir una parte importante de la cartera comercial de EES a la división de ventas al por mayor, ENA, para aprovechar la gran experiencia comercial de dicha división en materia de operación en mercados de alta volatilidad; y (iii) que EES había obtenido un beneficio de 40 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio. Omitió decir que la cartera de clientes transferida no era sino una acumulación de pufos, y que EES hacía frente a una situación horrible: pérdidas por importe de más de 1.000 millones de dólares. Durante esta asamblea, Richard Grubman, director ejecutivo de Highfields Capital Management LP se quejó de la pobreza de la información entregada, y señaló que Enron era la única institución financiera que nunca facilitaba un balance ni un estado de orígenes y aplicaciones de fondos. Un Skilling ensoberbecido y disgustado no dudó en calificarlo de asshole (algo así como «imbécil», por no utilizar palabra malsonante), insulto audible a través de la red de megafonía. El día 30 de abril, la acción de Enron cotizó al cierre a 62,72 dólares. Mayo: disidencias y sospechas El día 2 de mayo, Enron anunció que el vice chairman Clifford Baxter abandonaba la compañía, pero que continuaría trabajando como asesor de la misma. Se rumoreó que Baxter había dimitido debido a discrepancias con su amigo Skilling sobre la forma de contabilizar ciertos tratos con empresas de propósito especial, gestionadas por Fastow. Off Wall Street Consulting Group, una firma de análisis bursátil independiente, con sede en Cambridge, Massachusetts, publicó con fecha 6 de mayo un informe de investigación en el que opinaba que las acciones de la

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compañía valían en realidad menos de la mitad de su precio en bolsa (60 dólares en aquel momento), y recomendaba a sus clientes vender de inmediato. Los principales argumentos de Off Wall Street para sostener semejante tesis fueron: el progresivo declive del margen de beneficios de Enron, debido a la creciente volatilidad y menguante liquidez de los mercados energéticos; la escasa o nula rentabilidad de muchos de los activos de la compañía; y la sospecha de que Enron estaba hinchando artificialmente sus beneficios mediante extrañas transacciones con participadas fuera de libros, gestionadas por el propio Fastow. Las señales de existencia de vida inteligente en el mercado financiero se multiplicaban. El día 17, la Comisión de Energía emitió un dictamen que incluía la mayor parte de las propuestas de Enron. El plan energético del vicepresidente Cheney se puso en marcha. El día 24, Enron notificó que el Maharashtra State Electricity Board, único cliente de la central de Dabhol, había dado por cancelado el contrato de compra de energía, por lo que se había decidido parar la central en operación (fase I) e interrumpir la construcción de la fase II (prácticamente concluida). Un proyecto grandioso había devenido en absoluto desastre. El día 31 de mayo, la acción de Enron cotizó al cierre a 52,91 dólares. Junio: Skilling sigue haciendo de las suyas A comienzos del mes de junio, la SEC empezó a investigar a Enron en relación con la crisis energética de California. También se detectaron ventas generalizadas de acciones de Enron por parte de sus más altos ejecutivos. Lou Pai, primer CEO de EES, abandonó Enron. El día 12, durante una conferencia sobre «gestión tecnológica», celebrada en Las Vegas, Nevada, Skilling, recientemente proclamado «el CEO número uno del país», ironizó sobre la diferencia que existía entre California y el Titanic: «Al menos cuando el Titanic se hundía, las luces permanecían encendidas». El día 19, la situación tercermundista del suministro de energía en California obligó a la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) a tomar cartas en el asunto: redujo los topes máximos hasta entonces existentes para los precios de venta en el mercado mayorista, derogó la disposición que obligaba a las empresas eléctricas a comprar en el California Power Exchange (PX), institución pública que nació con vocación de funcionar como una especie de «bolsa de electrones», restableció la práctica de los equivocadamente prohibidos contratos de suministro a largo plazo, y conformó un sistema de subasta.

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El día 21, al término de una conferencia en la que Skilling culpó —no sin razón, pero sí con soberbia y altivez— de la crisis energética de California a la «arrogancia de la regulación», un californiano airado le estrelló un pastel en la cara. El día 28, un comité del Senado de California, que llevaba a cabo una investigación sobre la manipulación de los precios de la electricidad durante la crisis energética, emitió un voto de desacato contra Enron ante su negativa a entregar ciertos documentos que le fueron requeridos. El día 29 de junio, la acción de Enron cotizó al cierre a 49,1 dólares. El barco se inunda Julio: la infraestructura contable se tambalea El día 12 de julio, en una asamblea con analistas e inversores, Skilling reconoció que EBS perdía dinero porque se habían secado por completo sus «fuentes de ingresos», «debido a las condiciones generales de la industria» (los valores de todas las empresas relacionadas con Internet estaban cayendo en picado). Omitió decir que tales fuentes no fueron sino la contabilización torticera de hipotéticos ingresos futuros que nunca llegaron a materializarse. El día 23, la acción de Enron cotizó a 46,66 dólares, por debajo del límite de 47 dólares que se había establecido en la operación de reestructuración de las Raptor, y saltaron todas las señales de alarma. El edificio de cobertura de las inversiones financieras, tan burdamente construido, amenazaba inminente ruina. Simultáneamente emergió un problema contable de extraordinaria gravedad, que se remontaba a la constitución de las Raptor en 2000. De repente, los auditores de Andersen y los contables de Enron se dieron cuenta, horrorizados, de que el tratamiento dado a las aportaciones de Enron a las Raptor I, II y IV en acciones y contratos forward de acciones era equivocado. Enron había contabilizado, con la venia de Andersen, los pagarés (promissory notes) recibidos de las Raptor en parte como un incremento de las cuentas a cobrar y en parte (1.000 millones de dólares) como un incremento de los recursos propios. Cundió el pánico. El día 25, Skilling declaró que los pronósticos sobre posibles caídas de los precios de la energía eran pura palabrería, y que Enron cumpliría o, incluso, batiría sus previsiones de beneficios. Ken Rice, CEO de Enron Broadband Services, abandonó Enron. El equipo inicial de Skilling se desintegraba rápidamente. A finales de mes, los precios mayoristas en el mercado eléctrico de California se redujeron drásticamente: de los 50 centavos de dólar por kWh (500 dólares por MWh) que el PX cobró en promedio a comienzos de enero, pasaron a situarse en el entorno de los 6-7 centavos por kWh (60-70 dólares por MWh),

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precio muy próximo, por cierto, al nivel medio de las tarifas congeladas por el Congreso de California. La crisis energética había quedado superada, y la desquiciada «liberalización» del mercado energético, enterrada sin honores. El día 30 de julio, la acción de Enron cotizó al cierre a 45,35 dólares. Agosto: espantada de Skilling y retorno de Lay El día 14 de agosto, de forma inesperada, Skilling dimitió de su cargo de CEO de Enron por «motivos estrictamente personales», y desertó de la compañía. La noticia de que el primer oficial al mando abandonaba el barco causó una gran conmoción, tanto interna como externa. Lay reasumió las máximas responsabilidades ejecutivas, apenas seis meses después de haberlas dejado «en las mejores manos». Como es lógico, Lay hizo un cálido elogio de Skilling, a quien atribuyó una buena parte del extraordinario éxito de Enron durante los últimos once años, para añadir a continuación53: «Pero ahora tenemos en nuestra organización el talento más fuerte y dilatado que jamás hemos tenido, nuestro negocio es extremadamente fuerte, y nuestras perspectivas de crecimiento nunca han sido mejores». Para salir al paso de ciertos rumores que ya circulaban, Lay comentó que la dimisión de Skilling no estaba relacionada con ningún asunto de contabilidad, operaciones comerciales, reservas, o problemas no conocidos. Todo era mentira. Cabe conjeturar que Skilling, un hombre más soberbio que valiente, más visionario con tendencia a levitar que gestor con los pies bien asentados en tierra, debió asumir el cargo de CEO de Enron Corp. el 12 de febrero de 2001 con «más miedo que vergüenza». Perfectamente informado de lo que ocurría, tenía motivos sobrados para no conciliar bien el sueño por las noches. Y uno de los principales motivos de su desasosiego tuvo que ser, sin duda alguna, la evidencia de que toda la estructura de empresas fuera de libros, cuyos precarios cimientos ya se habían agrietado seriamente a lo largo del cuarto trimestre de 2000, se iba a desplomar como un castillo de naipes si la cotización de la acción seguía cayendo a la velocidad que lo hacía. Al día siguiente, Sherron Watkins, una ejecutiva de desarrollo corporativo de Enron con categoría de vice president y antigua empleada de Arthur Andersen, remitió a Lay un memorando anónimo de siete páginas en el que, tras señalar que la súbita dimisión de Skilling podía levantar sospechas sobre el uso de procedimientos contables impropios de los que se tenía noticia en la organización, ponía el dedo en la llaga al referirse de forma explícita a los chanchullos realizados con las Raptor, las LJM y Condor, a la tendencia a sobrevalorar los activos internacionales, a la delicada situación de EES… Nada importante 53

Nota de prensa de Enron, de fecha 14 de agosto de 2001.

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quedaba en el tintero. En su opinión, Skilling habría dimitido tras darse cuenta, al contemplar la calle desde su encumbrada posición, de que el elaborado esquema de contabilidad fraudulenta que había pergeñado ya no le divertía, y que era preferible abandonar la nave de inmediato antes de que tuviera que hacerlo de forma vergonzante dentro de un par de años. Watkins se mostraba seriamente preocupada ante la posibilidad de que la compañía resultase devastada por «una oleada de escándalos contables»54, y recomendaba a Lay que ordenase una investigación de las transacciones de cobertura realizadas por las Raptor y por Condor, y de las actividades de LJM, sobre las que daba numerosos datos bastante precisos. Tal investigación debería ser realizada por una firma realmente independiente (lo que excluía a Andersen —auditora de cabecera de Enron—, a PricewaterhouseCoopers —auditora de LJM—, y a Vinson & Elkins —consultores jurídicos de cabecera de Enron—), con la implicación personal del secretario general Jim Derrick. Como personas de confianza, que podían dar fe de sus preocupaciones y denuncias, Watkins citaba expresamente a Jeff McMahon, Mark Koenig, Rick Buy y Greg Whalley. El día 17, Steven Kean, director del staff corporativo y persona de mucho peso dentro de la cúpula directiva de la compañía, envió un correo electrónico a Lay en el que le manifestó que, a su juicio, había llegado el momento de hacer frente a cuestiones críticas mal abordadas hasta el momento, entre las que citaba cuatro: (i) El uso de la contabilidad creativa o agresiva en la estructura de la información y de los pactos secretos (se abusaba de los estándares mark-to-market, lo que llevaba a la compañía a liarse ella misma). (ii) La «caja negra» (era mucho lo que se ocultaba, dando la espalda a la transparencia y a la integridad). (iii) Tendencia a exagerar (se sobrestimaba la capacidad de generación de beneficios de negocios cuya viabilidad estaba por demostrar). (iv) Cultura corporativa cuasi mercenaria, que incentivaba las organizaciones que escondían problemas (hasta que los problemas se hacían demasiado grandes), desincentivaba la cooperación y el trabajo en equipo, y ahuyentaba a gente que pedía como mínimo un poco de civismo en su ambiente de trabajo (existían unos pocos individuos que habían tenido éxito comercial, estaban bien pagados, y habían sido promocionados con regularidad, pero que sentían poco o ningún respeto por sus compañeros y por el resto de los trabajadores, a los que trataban con desdén). Lay, que, según sus propias palabras, nunca leía los correos electrónicos que recibía —lo hacía su secretaria personal—, dio la callada por respuesta. En la primera página del memorando se dice textualmente: «I am incredibly nervous that we will implode in a wave of accounting scandals».

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El día 20, Sherron Watkins le comentó por teléfono a James Hecker, socio de Andersen, su preocupación sobre las prácticas contables de Enron. Por otra parte, se detectaron importantes operaciones de venta de acciones de Enron por parte de Lay y de casi una treintena de altos ejecutivos de la compañía. El día 21, James Hecker envió un memorando a otros directivos de Andersen, incluido el responsable de la auditoría de Enron, David Duncan, en relación con los temores de Watkins. Se decidió consultar con la asesoría jurídica de la firma auditora sobre las medidas que se debían adoptar. Ese mismo día, Lay envió un correo electrónico a los empleados, en el que decía, entre otras cosas: «Una de mis prioridades fundamentales es restablecer la confianza de los inversores en Enron. De ello se debe derivar un incremento sustancial de la cotización de sus acciones». La cotización al cierre fue de 36,88 dólares. El día 22, desvelada ya la autoría del memorando anónimo, Lay conversó durante treinta minutos con Sherron Watkins. A continuación se reunió con todo el personal, para tranquilizarlo. Desatendiendo la recomendación de Watkins, Lay encargó precisamente a su asesoría jurídica externa Vinson & Elkins la realización de una investigación sobre las denuncias formuladas. El día 28, Enron anunció la promoción de Mark Frevert a vice chairman y la de Greg Whalley a president y COO de la compañía, así como su inmediata incorporación a la Oficina del Chairman, para apoyar a Lay tras la súbita dimisión de Skilling. El día 31 de agosto, la acción de Enron cotizó al cierre a 34,99 dólares. Septiembre: a Pinocho le crece la nariz A primeros de septiembre de 2001, y sosegados ya los ánimos tras el descubrimiento de que el tratamiento dado a las aportaciones de Enron a las Raptor I, II y IV en acciones y contratos de acciones era del todo equivocado, Andersen y Enron llegaron a la conclusión —tras realizar, sin duda, un sesudo «análisis cualitativo»— de que incrementar en 1.000 millones de dólares los recursos propios no era apropiado, y que todos los pagarés recibidos debían ser contabilizados como cuentas a cobrar. Pero, como se trataba de un traspaso de una partida a otra del pasivo, que no alteraba su importe global, concluyeron —muy erróneamente, por cierto— que se trataba de un simple error material que no tenía un efecto neto sobre el balance, y que, en consecuencia, no procedía una reformulación de las cuentas de los trimestres primero y segundo del ejercicio 2001; bastaba simplemente con reconocer y corregir tal error contable en el informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2001. Y «pelillos a la mar», que las cosas no estaban para escándalos.

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Paula Rieker fue nombrada secretaria corporativa y del consejo de administración, a las órdenes directas de Lay, en sustitución de Rebecca Carter (compañera sentimental de Skilling). Tras los importantes cambios organizativos realizados en pocos días, la cúpula directiva de Enron Corp. quedó configurada tal como muestra la Tabla 3. Tabla 3 Cúpula directiva de Enron Corp. en septiembre de 2001 Nombre

Cargo

Kenneth Lay Mark Frevert Greg Whalley Richard Causey Andrew Fastow Ben Glisan Mark Koenig Steven Kean James Derrick Mark Metts Cindy Olson Richard Buy Paula Rieker

Chairman y CEO, Enron Corp. Vice chairman, Enron Corp. President y COO, Enron Corp. EVP y CAO, Enron Corp. EVP y CFO, Enron Corp. EVP y Treasurer, Enron Corp. EVP e Investor Relations, Enron Corp. EVP y Chief of Staff, Enron Corp. EVP y General Counsel, Enron Corp. EVP y Corporate Development, Enron Corp. EVP y Human Resources & Community Relations, Enron Corp. EVP y Chief Risk Officer, Enron Corp. SVP y Board Communications and Secretary, Enron Corp.

El día 4, la acción de Enron cotizó al cierre a 35 dólares. El día 11, cerró la bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) como consecuencia de los terribles atentados del terrorismo islámico contra las torres gemelas del World Trade Center y el Pentágono. El día 17, el NYSE reanudó sus actividades. La acción de Enron cotizó al cierre a 30,67 dólares. Por aquellas fechas, Lay —que hacía apenas un mes que había reasumido el cargo de CEO tras la inesperada huida de Skilling, y que debía estar más que asustado por la debacle de la operación de reestructuración de las Raptor— y el COO Greg Whalley, ordenaron a Causey que pusiera fin a tan funestos vehículos de cobertura. Causey procedió a registrar un cargo contra resultados de unos 710 millones de dólares antes de impuestos, que aparecería reflejado en el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2001. El día 26, en un foro por Internet celebrado con los empleados, Lay sostuvo: (i) que todas las prácticas contables de Enron eran «legales y apropiadas»; (ii) que a los precios actuales, consideraba que las acciones de Enron constituían «una ganga increíble», de ahí que hubiese «animado fuertemen-

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te» a los ejecutivos a realizar compras adicionales, cosa que él mismo y otros altos directivos estaban haciendo en los últimos meses; y (iii) que «el tercer trimestre del ejercicio presentaba un gran aspecto» desde los puntos de vista operativo y financiero, y que «el balance era fuerte». Todo era mentira. Desde luego, para mentir de forma convincente, además de credibilidad, hace falta arrogancia, valor, osadía y desparpajo. Lay tenía todas estas cualidades, aparte de una fuerte personalidad. Por eso había podido engañar y embaucar a tanta gente durante tanto tiempo. Pero, a la sazón, la dimensión de la nariz del Pinocho de Houston era ya preocupante, y la gente se empezaba a dar daba de ello. El día 30 de septiembre, la acción de Enron cotizó al cierre a 27,23 dólares. El naufragio Octubre: Lay, o la mentira a gran escala A comienzos del mes de octubre, Timothy DeSpain, adjunto al tesorero de Enron Corp., llamó a las agencias de calificación crediticia Moody’s y Standard & Poor’s para advertirles de que Enron pensaba realizar un ajuste a la baja de 1.000 millones de dólares en el beneficio después de impuestos que declararía en su informe correspondiente al tercer trimestre del ejercicio, debido a inversiones fallidas. También comentó la necesidad de corregir algunos errores contables, lo que podría suponer una reducción del patrimonio social por importe de 1.200 millones de dólares. El día 8 se notificó a los empleados el cambio de gestores de sus planes de jubilación de aportación definida tipo 401(k), así como la suspensión estatutaria de la posibilidad de que pudiesen ordenar ventas de las acciones de Enron de dichos planes durante un período de unos 30 días. El día 12, la responsable del área de asesoría jurídica de Andersen en Chicago, Nancy Temple, envió un aviso por correo electrónico al socio en Houston, Michael Odom, urgiéndole a recordar al equipo encargado de auditar a Enron que la política de la firma era conservar tan sólo algunos documentos relevantes y destruir el resto. Se inició un proceso de destrucción masiva de documentos que se prolongaría hasta noviembre, cuando Andersen recibió una citación para comparecer ante la SEC. Lay llamó por teléfono a Ron Barone, analista de riesgos de la agencia de calificación crediticia (rating) Standard & Poor’s para informarle sobre el deterioro de la posición financiera de Enron, que haría necesaria la adopción de ciertas medidas, entre las que citó la venta de activos —incluso gasoductos si no hubiese otro remedio—, y le aseguró que tanto Enron como sus auditores habían «limpiado» los libros de la compañía, por lo que no haría falta realizar posteriores ajustes adicionales.

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El día 15, Lay llamó por teléfono al Secretario de Comercio Don Evans. La firma de abogados Vinson & Elkins, encargada de investigar las denuncias de Sherron Watkins, emitió un informe que venía a concluir que estas no estaban justificadas, por cuanto los procedimientos contables de Enron habían sido aprobados por Andersen, y la compañía no había hecho nada incorrecto. El memorando de Watkins fue a parar a la papelera. El día 16, en una histórica, por memorable, asamblea con analistas e inversores, Lay reconoció públicamente: (i) Que los beneficios recurrentes55 correspondientes al tercer trimestre eran de 393 millones de dólares —0,34 dólares por acción diluida56—, lo que suponía un incremento del 26% en relación con el mismo período del ejercicio anterior. (ii) Que Enron había incurrido en unas cargas «no recurrentes» de 1.011 millones de dólares después de impuestos —equivalentes a –1,11 dólares por acción diluida—, que habían sido reconocidas en el tercer trimestre. Al incluir estas cargas no recurrentes en la cuenta de resultados, se habían registrado en el período unas pérdidas netas de 618 millones de dólares —equivalentes a –0,84 dólares por acción diluida—. Esta decisión, adoptada tras la revisión de los negocios de la compañía, suponía dejarlos limpios de aspectos que habían manchado el desempeño y capacidad de generación de beneficios de su negocio energético nuclear (core energy business). De ahí que se mantuviese la previsión de unos beneficios recurrentes por acción diluida de 0,45 dólares para el cuarto trimestre de 2001, 1,80 dólares para todo el ejercicio 2001, y 2,15 dólares para el ejercicio 2002. (iii) Que las cargas no recurrentes consistían en: 287 millones de dólares correspondientes al deterioro de los activos de Azurix; 180 millones de dólares asociados a la reestructuración de Enron Broadband Services; y 544 millones de dólares relacionados con pérdidas asociadas a ciertas inversiones, en especial a los intereses de Enron en The New Power Company, con inversiones en tecnología de banda ancha, y con la cancelación durante el tercer trimestre de «ciertos acuerdos financieros estructurados con una entidad descubierta previamente»57. Beneficios ordinarios, correspondientes al core business. Para calcular el EPS (earnings per share) real, hay que tener en cuenta no sólo las acciones ya emitidas, sino también las que tendrían que ser emitidas si se ejercitasen todos los derechos ya reconocidos a comprarlas: los ejecutivos, sus stock options; los inversores externos, sus warrants (opciones a comprar acciones en cantidad, precio y plazo predeterminados); los tenedores de bonos, sus opciones a convertir la deuda en acciones preferentes… Todas estas acciones «potenciales» diluyen, sin duda alguna, el valor de la acción ya en circulación. Si, por ejemplo, hubiese tantas acciones potenciales como en circulación, el beneficio por acción «diluido» sería el 50% del que se obtendría sin tener en cuenta a las primeras. 57 Ver nota oficial del Press Room de Enron, de fecha 16 de octubre de 2001, en la que cita textualmente «certain structured finance arrangements wiht a previously disclosed entity». 55 56

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Al parecer, Lay sólo comentó de refilón que, adicionalmente, había sido preciso realizar una serie de ajustes por errores contables detectados en transacciones con ciertas empresas participadas, bajo el control del CFO, que suponían una reducción adicional del patrimonio social de 1.200 millones de dólares, pero que no tenían incidencia neta sobre el balance. De tales «ajustes» nada se decía en la nota oficial de prensa emitida por Enron horas antes de la asamblea58. Se trataba, sin duda, de peccata minuta. Ese mismo día, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo escrito por Rebecca Smith y John R. Emshwiller, dos periodistas especializados en temas económicos y financieros relacionados con el sector energético, en el que se denunciaron los tratos poco ortodoxos de Enron con una serie de participadas fuera de libros (LJM1 y otras muchas) gestionadas por Fastow, de las que el mercado no tenía noticia. Se trató del primer artículo de una serie que se publicaría a lo largo de veinticuatro días59, y que, al poner al aire las vergüenzas de la compañía, causó un enorme escándalo. El día 17, empezó a extenderse el rumor de que altos ejecutivos de Enron habrían obtenido grandes ganancias personales como consecuencia de operaciones anómalas con empresas participadas (meras sociedades instrumentales), que eran las que habían exigido el saneamiento anunciado por Lay. El día 18, se dio a conocer oficialmente la reducción adicional del patrimonio social de Enron por importe de 1.200 millones de dólares, debida a «errores contables». El día 22, Enron reconoció que la SEC estaba investigando las transacciones entre la compañía y un conjunto de participadas fuera de libros, tipo SPE, gestionadas por Fastow (LJM1 y LJM2). Aparte de tales participadas extracontables, cuya regularización le había supuesto a la compañía un daño patrimonial reconocido de unos 1.200 millones de dólares, empezaron a ser objeto de escrutinio público otros grandes compromisos contraídos, al parecer, por Enron con dos trust de socios de las participadas fuera de libros, Marlin Water Trust II60 y Whitewing, que vencían en 2003, y de los que se podrían derivar ajustes adicionales de recursos propios por importe de 1.000 y 2.400 millones de dólares, respectivamente. La cotización de la acción de Enron, que había experimentado los días precedentes un repunte que la La nota oficial del Press Room de Enron, de fecha 16 de octubre de 2001, no cita expresamente este ajuste. 59 Ambos periodistas publicaron más tarde el libro titulado 24 Days: How Two Wall Street Journal Reporters Uncovered the Lies that Destroyed Faith in Corporate America, HarperCollins Publishers. 60 Este trust sustituyó a Marlin Water Trust en el capital de Azurix, la frustrada incursión de Enron en el negocio del agua. 58

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llevó a un máximo de 36,79 dólares, se desplomó hasta los 20, 65 dólares al cierre. El día 23, en una asamblea con analistas e inversores, Lay trató de dar confianza al mercado asegurando que no había habido ningún conflicto de intereses con las participadas llamadas Raptor, que los miembros del consejo de administración mantenían su fe y confianza en el trabajo de Fastow, y que no se estaba escondiendo nada, sino destapando cualquier cosa que se iba descubriendo. En una reunión posterior con los empleados, Lay manifestó que «la liquidez de Enron es mejor que buena, es fuerte...». Pero casi todo lo dicho por Lay desde el 26 de septiembre era mentira: ni las acciones de Enron eran un chollo, ni los libros de Enron habían quedado ya limpios como una patena, ni la liquidez de la compañía era fuerte… Muy al contrario, la estructura económico-financiera de Enron era sumamente débil, y el fin de la compañía se avecinaba. El día 24, la SEC inició formalmente (¡por fin!) la investigación de todos los procesos contables de Enron. El consejo de administración celebró una reunión extraordinaria, tras la cual la oficina de prensa de la compañía notificó que se había concedido a Fastow una licencia especial, y que Jeffrey McMahon, directivo de quita y pon, había sido nombrado CFO. El equipo de auditores de Arthur Andersen en Enron procedió a la destrucción de enormes cantidades de documentos, bajo la supervisión de la oficina de Houston. El día 25, cuarenta y ocho horas después de que Lay presumiese ante los empleados de «liquidez fuerte», la compañía tuvo que disponer de 3.000 millones de dólares, es decir, de la totalidad de sus líneas de crédito, para poder hacer frente a los pagos más perentorios (de forma muy «selectiva», por cierto, como más tarde se sabría). Era un heraldo de muerte61. Skilling manifestó más tarde que, cuando leyó al día siguiente en los periódicos la noticia de esta disposición, supo al momento que Enron estaba sentenciada a muerte, lo que le sumió en una profunda depresión. Considero que esta manifestación, irreprochable desde el punto de vista técnico, no era sincera. El arquitecto que Lay había contratado para edificar su grandiosa fortaleza corporativa tenía que saber perfectamente desde comienzos de 2001 que los cimientos de la misma se habían resquebrajado, y que su hundimiento era sólo cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. La escasa confianza que le merecían las acciones de Enron quedó cumplidamente demostrada cuando, aprovechando la grave perturbación de los mercados financieros que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001, ordenó la venta de una notable cantidad de las mismas. No debía compartir la opinión de su exjefe, quien las consideraba, como así se lo manifestó a los empleados el 23 de octubre, un verdadero chollo.

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La compañía, dada su delicada situación, envió a sus empleados y a los auditores de Andersen un correo electrónico advirtiéndoles de que todos los documentos relevantes debían ser conservados. El día 26, Lay llamó por teléfono a Alan Greenspan, chairman de la Reserva Federal, y se reunió con Chuck Watson, chairman de su competidora Dynegy. El día 28, Lay llamó por teléfono al secretario del Tesoro Paul O’Neill para informarle de los problemas financieros de Enron. O’Neill declinó acudir en ayuda de la compañía al no detectar posibles repercusiones desfavorables en los mercados financieros como consecuencia de su delicada situación. El día 29, Lay llamó por teléfono al secretario de Comercio Don Evans rogándole que pidiese a la empresa Moody’s que no rebajase demasiado el rating de la deuda de Enron. Evans se negó a intervenir, aduciendo que no resultaba apropiado intentar influir sobre las decisiones de una empresa privada. El día 31, Enron Corp. anunció la inmediata incorporación al consejo de administración de William Powers Jr., decano de la University of Texas School of Law de Austin, Texas. También informó de que el consejo de administración había decidido crear un Special Investigative Committee, formado por consejeros independientes y presidido por Powers, con la misión de investigar las transacciones entre Enron y ciertas entidades fuera de balance gestionadas por empleados de la compañía. Las relaciones con la SEC se canalizarían a través de tal Comité, el cual debería formular las propuestas que considerase apropiadas. Tras esta nueva incorporación, la composición del consejo de administración de Enron en aquellos momentos de zozobra era la que se muestra en la Tabla 4. El día 31 de octubre, la acción de Enron cotizó al cierre a 13,9 dólares. Noviembre: SOS, SOS, SOS… ¡Enron se hunde! El día 1 de noviembre, JP Morgan Chase y Salomon Smith Barney (Citigroup) acordaron conceder, en un intento desesperado de rescate, un crédito adicional a Enron por importe de 1.000 millones de dólares, tomando en garantía su red de gasoductos. El día 5, Enron negoció la concesión de otros 2.000 millones de dólares, en un intento de mantener su calificación crediticia por encima de los bonos basura. El día 7, se reunió el consejo de administración de Dynegy para considerar la compra de Enron por 8.000 millones de dólares.

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Tabla 4 Composición del consejo de administración de Enron Corp. el día 31 de octubre de 2001 Nombre Robert Belfer Norman Blake Ronnie Chan John Duncan Wendy Gramm Robert Jaedicke Kenneth Lay Charles LeMaistre John Mendelsohn Jerome Meyer Paulo Ferraz Pereira William Powers Frank Savage John Urquhart John Wakeham Herbert Winokur

Comités (a) 1

2

3

4 X

X

X X X

X X*

5

6

X X

X X*

X

X X

X* X X

X X

X X* X

X*

X X

X

X*

X

(a) 1, Executive Committee (Comité Ejecutivo); 2, Audit and Compliance Committee (Comité de Auditoría y Conformidad); 3, Finance Committee (Comité Financiero); 4, Compensation Committee (Comité de Compensaciones); 5, Nomination Committee (Comité de Nombramientos); 6, Special Investigative Committee (Comité Investigador Especial o «Comité Powers»). Símbolos: X*, presidente del Comité; X, miembro del Comité.

El día 8, Enron notificó que, de acuerdo con la nueva información de que disponía, se había procedido a revisar y corregir a la baja los beneficios netos de los cinco últimos ejercicios —1997, 1998, 1999, 2000 y los tres primeros trimestres de 2001— en 586 millones de dólares, a incrementar la deuda en 2.585 millones de dólares, y a reducir los recursos propios en 4.914 millones de dólares. Tal revisión incluía la consolidación retroactiva de JEDI, de Chewco, y de LJM Cayman, L.P. (LJM1) entre 1999 y 2000. The Wall Street Journal publicó el último artículo escrito por Rebecca Smith y John R. Emshwiller, con el que se cerró la saga que puso al descubierto toda la trama de empresas de propósito especial fuera de balance de Enron. Lay llamó de nuevo al secretario del Tesoro O’Neill, comparando la situación de Enron con el conocido descalabro de la sociedad Long Term Ca-

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pital Management (LTCM), lo que equivalía a pedirle que la Reserva Federal acudiese en ayuda de la compañía para salvarla del desastre. Enron y Dynegy anunciaron que habían iniciado conversaciones formales sobre una posible fusión. La acción de Enron cotizó al cierre a 8,41 dólares. El día 9, Dynegy informó sobre su disposición a adquirir Enron por 9.300 millones de dólares. La operación incluiría un intercambio de acciones y una aportación de 1.500 millones de dólares en capital adicional que sería realizada por la petrolera ChevronTexaco Corporation, que tenía una fuerte participación en Dynegy. Nancy Temple envió un mensaje de voz a David Duncan ordenando la conservación de todos los documentos de Enron. Mediante un correo electrónico se ordenó la detención del proceso de destrucción. El día 12, se dio por concluido el período de prohibición de venta por parte de los empleados de acciones de Enron invertidas en sus planes de jubilación 401(k), cuando estas ya habían perdido, en poco más de un mes, el 72% de su valor. El día 13, Glisan fue cesado. Le sustituyó como tesorero Raymond M. Bowen, anterior COO de Enron Industrial Markets y extesorero de ECT durante el período 1998-1999. Tras este cambio, la cúpula directiva de Enron Corp. quedó configurada tal como se muestra en la Tabla 5. El día 14, Lay reconoció públicamente que en Enron se habían despilfarrado miles de millones de dólares en «inversiones muy malas». El día 19, Enron comunicó que el descubrimiento de nuevos errores contables le obligaba a realizar algunos ajustes en los beneficios correspondientes a los 9 primeros meses del ejercicio 2001. También comunicó que el deterioro de su calificación crediticia (rating) podía forzarle a pagar el día 27 de noviembre un compromiso financiero por importe de 690 millones de dólares, pago que intentaba refinanciar mediante un préstamo garantizado en curso de negociación. El día 20, la cotización al cierre de la acción de Enron alcanzó los 6,99 dólares, el nivel más bajo de la última década. El día 21, Enron acordó con sus acreedores una extensión del plazo de pago de la deuda de 690 millones de dólares. El día 27, se anunció el nombramiento de Raymond S. Troubh, consultor neoyorquino, como miembro del consejo de administración de Enron Corp., y su inmediata incorporación al Special Investigative Committee presidido por William Powers. La acción de Enron cotizó al cierre a 4,11 dólares. El día 28, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch degradaron de golpe la calificación de la deuda de Enron hasta los escalones más bajos de la categoría «especulación» (bonos basura).

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Tabla 5 Cúpula directiva de Enron Corp. en noviembre de 2001 Nombre

Cargo

Kenneth Lay Mark Frevert Greg Whalley Richard Causey Jeffrey McMahon Raymond Bowen Mark Koenig Steven Kean James Derrick Mark Metts Cindy Olson Richard Buy Paula Rieker

Chairman y CEO, Enron Corp. Vice chairman, Enron Corp. President y COO, Enron Corp. EVP y CAO, Enron Corp. EVP y CFO, Enron Corp. EVP y Treasurer, Enron Corp. EVP e Investor Relations, Enron Corp. EVP y Chief of Staff, Enron Corp. EVP y General Counsel, Enron Corp. EVP y Corporate Development, Enron Corp. EVP y Human Resources & Community Relations, Enron Corp. EVP y Chief Risk Officer, Enron Corp. SVP y Board Communications and Secretary, Enron Corp.

Dynegy declaró que Enron había incumplido el acuerdo del 9 de noviembre y retiró su oferta de compra, acogiéndose a una cláusula de escape. Enron suspendió temporalmente todos sus pagos, excepto los imprescindibles para mantener las operaciones más básicas. Se suspendieron, también, las operaciones comerciales de EnronOnline. La acción de Enron cotizó al cierre a 0,61 dólares. El día 29, Enron Europe, la filial europea de Enron, con sede en Londres, se declaró en quiebra y pidió oficialmente la protección de los tribunales ante sus acreedores, para poder proceder a su reestructuración. De acuerdo con la ley del Reino Unido, un juez británico encomendó el control y la administración judicial de las operaciones de Enron Europe a un tercero independiente, PricewaterhouseCoopers. En la petición de protección y orden de administración no se incluyeron ciertos activos europeos tales como la compañía de agua Wessex, la central eléctrica Teesside, el complejo químico Wilton, y proyectos energéticos en Polonia, Italia, España y Turquía. Se produjo una gran conmoción en los mercados de capitales de todo el mundo. La SEC inició formalmente la investigación de Andersen. La acción de Enron cotizó al cierre a 0,36 dólares. El día 30, Enron anunció a algunos de sus socios comerciales que suspendería la entrega de electricidad a partir del 2 de diciembre. Unos 1.100 trabajadores, de los 5.000 que Enron tenía en el Reino Unido, fueron despedidos. La acción de Enron cotizó al cierre a 0,26 dólares.

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Diciembre: al juzgado, con los libros bajo el brazo El día 2 de diciembre (domingo), Enron Corporation se personó ante el juez Arthur J. Gonzalez, del Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York (U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York), y se puso bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, con unos activos declarados de 49.800 millones de dólares y unas deudas, también declaradas, de 31.200 millones de dólares62. Otras trece filiales del grupo se pusieron también bajo la protección del Capítulo 11 para llevar a cabo su reorganización63. El día 3, Enron anunció el despido de 4.000 de los 7.500 empleados que trabajaban en la sede de Houston64. Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch dieron a la deuda de Enron la calificación más baja dentro de la categoría de «bonos basura». La acción de Enron cotizó al cierre a 0,40 dólares. Era el final. El sueño de unos visionarios arrogantes y avariciosos había devenido en pesadilla. A partir de ese momento todo siguió su orden lógico, natural y deprimente, y, desvanecida ya toda esperanza, los principales causantes de tan monumental desastre iniciaron un largo peregrinaje por años de miedo, de ruina, de cárcel, de fracaso… La vía contencioso-administrativa establecida por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras quedó automáticamente abierta, y la reestructuración de la deuda de Enron y consiguiente liquidación de la compañía empezó a desarrollarse de forma autónoma (capítulo 4). Se trataba del mayor expediente de bancarrota tramitado en un tribunal estadounidense, que superaba al presentado por Texaco en 1989. La deuda bancaria, que no incluía compromisos extracontables ni otras obligaciones contingentes, ascendía, al parecer, a 13.100 millones de dólares, siendo los principales bancos deudores Citigroup (más de 3.000 millones de dólares), JP Morgan Chase (casi 2.000 millones de dólares), y Bank of New York (más de 2.000 millones de dólares). La declaración de activos y pasivos era, sin duda, provisional por no auditada. 63 Con sede en Nueva York: Enron Metals & Commodity Corp. Con sede en Houston: Bam Leasing������������������������������������������������������������������������� Company����������������������������������������������������������������� , ENA Asset Holdings, Enron Broadband Services, Enron Energy Marketing Corp., Enron Energy Services Operations, Enron Energy Services Inc., Enron Energy Services LLC, Enron North America, Enron Power Marketing, Enron Transportation Services Company, PBOG Corp. y Smith Street Land Company. Hasta final de año se fueron sumando de forma progresiva otras siete filiales: Enron Gas Liquids, Enron Engineering & Construction Company, Enron Engineering & Operational Services Company, Enron Global Markets Inc., Enron Industrial Markets Inc., Enron Networks Inc., y Operational Energy Corp. 64 Enron llegó a tener 21.000 empleados en todo el mundo, de los que unas dos terceras partes trabajaban en Estados Unidos y casi una quinta parte en el Reino Unido. 62

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Pero, dada la enorme repercusión pública del desastre, el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se movilizaron con gran rapidez para investigar tal escándalo desde el punto de vista político (capítulo 5 y Tercera Parte). También lo hizo simultáneamente el Gobierno (en concreto, los Departamentos de Justicia —General Attorney y FBI—, del Tesoro —Internal Revenue Service—, y de Trabajo), así como las instituciones públicas responsables de la supervisión y control federales de los mercados financieros y energéticos, en especial la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Federal Energy Regulatory Commission (FERC). La hora de los grandes sabuesos había sonado (capítulo 5); la de los jueces de lo criminal, lo haría más tarde (Cuarta Parte). Y, por supuesto, también actuaron, con especial dureza y diligencia, los inversores, los pensionistas y otros colectivos gravemente perjudicados, que no dudaron en presentar, pocos días después de la quiebra, grandes demandas civiles (Cuarta Parte). Daba comienzo un magno vía crucis a lo largo de tres calzadas paralelas: contencioso-administrativa, la primera; política, la segunda; jurisdiccional (penal, civil y laboral), la tercera. ¡Continúa la tragedia!

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Capítulo 4 LA LIQUIDACIÓN DE ENRON Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado; […] Eclesiastés, 3.1, 2

El plan de reorganización Año 2001 El Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos protege a la empresa en caso de inminencia de bancarrota y le permite mantener la posesión de la compañía y, según el dictamen del juez, el control de las operaciones mientras reorganiza sus finanzas para pagar a los acreedores. Otorga, además, flexibilidad a la compañía y a sus acreedores para trabajar de forma conjunta. Así las cosas, los ejecutivos de Enron empezaron a tomar decisiones importantes, dentro del marco de lo establecido en dicho Capítulo 11. La primera, adoptada el 4 de diciembre, dos días después de la quiebra, fue anunciar que EnronOnline sólo realizaría operaciones comerciales día a día y por teléfono, limitadas a 127 productos relacionados con el gas natural. Hasta el día de la quiebra Enron comerciaba con unos 1.600 productos, muchos de los cuales, como ya se ha dicho, entraban claramente en el campo de la economía virtual (derivados financieros de alto riesgo, principalmente). Constituido ya un primer Creditors’ Committee, el día 12 de diciembre Enron convocó en Nueva York un Organizational Meeting para información de los acreedores. En relación con la estructura organizativa histórica de la

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compañía se habló de cuatro líneas de negocio, pero de forma más ajustada a la realidad —dura realidad— de las cosas: Wholesale Services, Retail Energy Services, Transportation & Distribution, e International Projets. La frustrada EBS, que sólo fue una línea de negocio en la calenturienta imaginación de Skilling, era contemplada como una simple empresa del grupo Wholesale Services. En dicha conferencia se esbozó una reordenación preliminar de la estructura organizativa, en la que se distinguía entre tres paquetes de activos: a) los que constituían el core business de la compañía (Regulated Business, Exploration & Production y Wholesale & Retail Services), cuyo funcionamiento habría que optimizar; b) aquellos que convenía vender de inmediato (en buena parte fallidos); y c) la neonata unidad North America Energy Trading & Marketing, que se segregaría de Enron Americas, y que constituía a la sazón el más precioso activo comercial de la compañía. De dicha unidad se pretendía conservar una parte y vender la otra a un tercero. Se trató de un last hurra, de un intento por parte de Enron de regresar a las actividades comerciales, mediante la creación de una especie de joint venture65 (que se denominó, en principio, NETCO JV), a la que la compañía aportaría la gran experiencia comercial de sus traders, y sus sistemas de soporte —cuyo corazón era el software de EnronOnline—, y el socio aportaría fuertes inversiones de capital fijo y circulante. Para seleccionar al socio se realizaría un proceso de subasta, pendiente de la autorización del juez Arthur J. Gonzalez. Año 2002 Concedida ya tal autorización, el día 8 de enero, Citigroup, UBS AG y BP presentaron ofertas para la compra de una participación mayoritaria en la nueva joint venture basada en la experiencia comercial de los traders y en los sistemas de comercio electrónico de EnronOnline. El día 10, las acciones de Enron se negociaron por última vez en el NYSE (67 centavos de dólar)66. Tras las oportunas negociaciones, Enron abandonó, por imposible, la idea de crear la joint venture destinada a mantener vivo el corazón comercial de la compañía y, el día 11, vendió a UBS Warburg Energy, unidad de negocio energético del grupo de banca de inversión UBS Warburg (propiedad del banco suizo UBS AG), la totalidad del negocio de comercialización al Asociación de empresas o alianza estratégica. En general consiste en un acuerdo comercial entre dos empresas para realizar un negocio común. 66 La cotización de las acciones de Enron en operaciones over the counter, es decir, realizadas al margen de bolsas organizadas (NYSE, Nasdaq...), fue cayendo, y, desde enero de 2003, se mantiene muy estable en el entorno a los 5 centavos de dólar. 65

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por mayor de energía eléctrica y gas de Enron North America, al precio de la tercera parte de los beneficios futuros que se obtuvieran del mismo, es decir, a cambio de un flujo de futuros royalties de cuantía monetaria incierta. Moría EnronOnline y nacía UBSWenergy.com. Greg Whalley sería nombrado managing director y máximo responsable de UBS Warburg Energy. El día 20 se supo que, de acuerdo con informes de la SEC, Enron habría invertido en sus más de 3.000 compañías participadas67 unos 5.300 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2000, incluidas la Dabhol Power Company, Azurix y una pléyade de participadas extracontables no consolidadas. El día 23, Kenneth Lay, totalmente fuera del nuevo juego, dimitió como chairman y CEO de Enron, aunque se mantuvo dentro del consejo de administración como simple vocal. El día 28, Greg Whalley dimitió formalmente de sus cargos de president y COO de Enron, y se incorporó de manera oficial a UBS Warburg Energy, junto con John Lavorato, Louise Kitchen y unos 650 empleados de las empresas del grupo Enron Wholesale Services. Le sustituyó como COO Jeffrey McMahon. El tesorero Ray Bowen asumió las funciones de CFO. Y el día 29, el consejo de administración de Enron nombró a Stephen Cooper CEO interino de la compañía y Chief Rrestructuring Officer. Cooper era a la sazón gerente y socio de Zolfo Cooper, LLC, una empresa especializada en la gestión de empresas en crisis, con más de treinta años de experiencia en reestructuraciones operativas y financieras. A estas alturas de la película los nuevos administradores de Enron Europe ya habían acordado la venta de la distribuidora de gas y electricidad Enron Direct a su competidora Centrica, la venta del negocio de comercialización de carbón de Enron, con base en Europa, al grupo energético norteamericano AEP, y la venta del negocio de comercialización de metales de Enron Europa a la empresa norteamericana Sempra Energy. El día 2 de febrero se publicó un informe interno preparado por el Special Investigative Committee liderado por William Powers, del que formaban parte los consejeros Raymond Troubh y Herbert Winokur. En dicho informe —The Powers Report— fueron censurados y considerados culpables del desastre corporativo empleados y altos ejecutivos de Enron, el consejo de administración, los auditores (Andersen), y los abogados y consultores externos (Vinson & Elkins), que permitieron la creación inapropiada de par67

Forenses contables que comparecieron ante los comités de investigación del Congreso llegaron a estimar en casi 4.000 las participadas en las que Enron habría ocultado pérdidas por importe de 3.000 millones de dólares. Se trata de una estimación exagerada y, además, sólo unas pocas jugaron un papel verdaderamente relevante en tal ocultación, como se verá en la Segunda Parte.

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ticipadas extracontables cuyo único objetivo era inflar los beneficios de la compañía, esconder deudas, ocultar pérdidas, y enriquecer inmoralmente a unos pocos. El Powers Report arremetió de forma especial contra Fastow, pero también apuntó claramente contra Skilling, Causey, Buy, Kopper y, en último término, y como máximo responsable del desastre, contra el propio Lay, aunque reconoció que se cometieron muchos errores, a muy diversos niveles, y por parte de mucha gente. La publicación del Informe Powers puso al consejo de administración de Enron al pie de los caballos. Además, de acuerdo con lo prescrito en el Capítulo 11, todos los miembros del antiguo consejo de administración debían dimitir en un plazo breve. Así las cosas, el día 4 Lay dimitió de su cargo de vocal, y el día 12 también presentaron la dimisión Ronnie Chan, Paulo Ferraz Pereira, Lord John Wakeham —los tres miembros extranjeros del consejo—, Charles LeMaistre, Robert Jaedicke, y John Duncan. Permanecieron, de momento, Wendy Gramm y John Mendelsohn, miembros del Comité de Auditoría. Los consejeros Norman Blake y Herbert Winokur se incorporaron a un neonato Comité de Reestructuración presidido por Raymond Troubh. El día 14 también dimitió William Powers, quedando disuelto el Special Investigative Committee tras haber cumplido su misión. A mediados de febrero, con Cooper ya al mando, Enron comunicó el fulminante despido, por motivos disciplinarios, de Richard Causey y de Richard Buy. A los pocos días James V. Derrick, general counsel (secretario general de Enron y del consejo de administración), se jubiló con efectos de 1 de marzo de 2002. Las «vacas sagradas» supervivientes iban siendo sacrificadas. El proceso de liquidación de activos iba avanzando. A lo largo de los meses de marzo y abril Enron vendió su división de energía eólica a General Electric Company. También vendió a Iberdrola su filial Enron Spain, que era titular del proyecto «Los Arcos», una central de ciclo combinado (gas) de 1.200 MW, en fase de construcción en Arcos de la Frontera, Cádiz. Vendió asimismo Enron Power Operations Limited (EPOL), la empresa quebrada que operaba la central térmica de Teesside, a un grupo de exgerentes en una operación de management buyout68. A la nueva empresa, Px Limited, PricewaterhouseCoopers, en su papel de administrador judicial, le adjudicó el contrato de operación de Teesside y de su planta de procesamiento de gas natural, hasta el año 2008. Enron Corp. era aún propietaria del 42% de Teesside. Operación de compra de los intereses de control a los accionistas de una compañía, por parte de ejecutivos de la misma.

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El día 20 de abril, Jeffrey McMahon, ex treasurer, ex CFO y ex otras cosas de Enron Corp., dimitió de sus cargos de president y COO de Enron, con efectividad 1 de junio. El día 3 de mayo se supo que Enron se proponía crear, si así lo autorizaba el juez Gonzalez, una nueva compañía que, provisionalmente, se denominaría OpCo Energy Company, a la que se incorporarían los activos que constituían el núcleo duro del negocio (15.000 millas de gasoductos, 75.000 millas de conducciones de distribución, y 6.700 MW de generación de energía eléctrica), así como los 12.000 empleados aún no despedidos. El día 30 de mayo se anunció el nombramiento de John Ballantine y de Corbin McNeill como miembros independientes del consejo de administración de Enron Corp. Dimitieron como consejeros Frank Savage y John Mendelsohn. El día 6 de junio, el consejo de administración de Enron Corp. aceptó la dimisión de Robert Belfer, Norman Blake, Wendy Gramm, y Herbert Winokur, y nombró chairman interino del mismo a Raymond Troubh. Se trataba de un nuevo esfuerzo dentro del proceso de sustitución total de los consejeros más antiguos por consejeros independientes, en espera de que el Creditor’s Committee eligiese a otros tres consejeros. Una vez totalmente reestructurado, el consejo tendría como máximo nueve miembros, todos ellos independientes. El día 25 de julio, Ron Haddock fue nombrado consejero de Enron Corp. El día 17 de junio, el diario The Wall Street Journal69 desveló que, de acuerdo con documentos entregados por Enron al Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, 140 altos ejecutivos de la compañía habrían obtenido, durante el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2000 y el 2 de diciembre de 2001, ingresos por importe de 681 millones de dólares (casi 5 millones de dólares per cápita), en concepto de retribuciones (240 millones de dólares), ejerciendo sus stock options70 (306 millones de dólares), y vendiendo acciones restringidas (135 millones de dólares), al tiempo que instaban al resto de empleados a mantener sus acciones. Se dijo que Lay y Skilling habrían percibido unos 67 y 42 millones de dólares, respectivamente. Lay habría percibido además, como mínimo, 70 millones de dólares en préstamos. Por su parte, Fastow habría obtenido unos 5,6 millo Ver el artículo de Kathryn Kranhold y Mitchell Pacelle, publicado en dicho periódico el día 17 de junio de 2002 bajo el título «Enron Paid Managers $681 Million Even as Firm Slid Toward Collapse». 70 Otras fuentes (Paul Krugman y Joseph Stiglitz) cifran entre1.000 y 1.100 millones de dólares el importe neto total de las acciones vendidas por la cúpula directiva de Enron durante el período 2000-2001. 69

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nes de dólares, que se vendrían a sumar a los más de 40 millones de dólares percibidos desde 1999 a través de dos filiales bajo su control: LJM2 y LJM Caiman. En tales documentos se explicaban con detalle los salarios y otras remuneraciones de los ejecutivos, así como todos los pagos realizados durante los noventa días previos al 2 de diciembre de 2001. Estas remuneraciones contrastaban hirientemente con la indemnización que percibieron los 4.000 trabajadores despedidos en el cuartel general de Houston (unos 13.000 dólares per cápita). Año 2003 El día 2 de enero, la compañía de inversión neoyorquina Intell Management and Investment Company compró el Enron Center South, una torre de 40 pisos en la calle Smith Street de Houston, donde se ubicaron las emblemáticas oficinas centrales de la compañía energética quebrada, la cual seguía haciendo caja. En febrero, Enron demandó a su afiliada fuera de libros Whitewing y a su socio en la misma, Osprey Trust, para recuperar los pagos que hizo a tal participada durante el año 2001, por importe de 975 millones de dólares, en concepto de venta de activos de la compañía. Se trataba de un problema de gran importancia que había que resolver para pergeñar un plan de reestructuración realmente viable. En marzo, Enron decidió retener sus compañías de gasoductos Transwestern Pipeline Company, Citrus Corp., y Northern Plains Natural Gas Company, como subsidiarias de una nueva compañía que se denominaría de manera temporal PipeCo. En mayo, Enron decidió retener también la mayoría de los negocios de electricidad y gas natural en el extranjero (centrales eléctricas, gasoductos e instalaciones de distribución), como subsidiarias de una nueva compañía que se denominaría de manera temporal InternationalCo. En junio, Enron anunció la constitución formal de PipeCo como CrossCountry Energy LLC, y de InternationalCo como Prisma Energy International Inc. El 11 de julio, Enron presentó ante el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York la quinta versión del plan de reorganización para salir de la bancarrota, el cual dividía en 350 categorías a los acreedores (cerca de 20.000), los cuales recibirían solo una fracción de lo que se les debía (unos 17 centavos por cada dólar para Enron Corp. y unos 20 centavos por cada dólar para Enron North America Corp.). Se estimaba que la deuda de Enron ascendía a más de 60.000 millones de dólares.

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Este plan de reorganización, presentado tras cuatro propuestas anteriores, todas ellas sometidas a correcciones y prórrogas, contemplaba la escisión de Enron en diferentes compañías: los activos de tres gasoductos en Estados Unidos serían transferidos a la compañía CrossCountry Energy LLC, mientras que los activos internacionales serían transferidos a la compañía Prisma Energy International Inc. Se dejaba pendiente la decisión sobre el futuro de la empresa de servicios de Oregon, Portland General Electric Company. El día 18 de noviembre, Enron anunció su intención de vender Portland General Electric Company a un grupo de inversores por 2.350 millones de dólares. Año 2004 El día 6 de enero, el juez Arthur J. Gonzalez dio su aprobación inicial al plan de reorganización presentado por Enron, autorizando su divulgación entre las partes afectadas para aceptación o nuevas enmiendas. El día 26 de febrero, Enron comunicó que había llegado a un importante acuerdo con sus socios en la participada Whitewing, en virtud del cual estos le transferían sus intereses en la misma. En contrapartida, Enron aceptaba su reclamación de 3.600 millones de dólares, que pasaba a engrosar la masa de la bancarrota, y pagaría 75 millones de dólares al contado. Este acuerdo resultaba crítico por cuanto facilitaba la creación de Prisma Energy International Inc., que debía integrar todos los activos internacionales de Enron, y que era una pieza clave del plan de reestructuración. El día 15 de julio, el juez Gonzalez firmó una orden aprobando las modificaciones introducidas por los acreedores afiliados al quinto plan conjunto de reestructuración enmendado, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos71. Enron salía de la quiebra. El plan de reorganización aprobado contemplaba 385 clases de reclamaciones de acreedores, con órdenes de prioridad decrecientes72. El plan de reorganización, adjunto a la orden judicial, preveía el pago de unos 12.000 millones «Order confirming supplemental modified fifth amended joint plan of affiliated debtors pursuant to Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code, and related relief». 72 Clase 1: Priority Non-Tax Claims (reclamaciones prioritarias); Clase 2: Secured Claims (reclamaciones aseguradas); Clases 3 a 182: General Unsecured Claims (reclamaciones generales no aseguradas); Clases 183 a 189: Guaranty Claims (reclamaciones con garantía); 190 a 385: reclamaciones entre compañías, reclamaciones de conveniencia, reclamaciones subordinadas, intereses de acciones de Enron preferentes, ordinarias u de otra clase de activos… 71

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de dólares en efectivo y en acciones de una de las dos empresas creadas a partir de las ruinas de la compañía, a los cerca de 24.000 acreedores y tenedores de bonos a quienes se adeudaban unos 63.000 millones de dólares, es decir, el pago en conjunto de 19 centavos por cada dólar. Tales empresas no eran otras que CrossCountry Energy LLC y Prisma Energy Internacional Inc. Aparte, Enron había puesto en venta su filial Portland General Electric Company. La mayoría de los acreedores ya habían aceptado previamente este acuerdo, lo que facilitaba su ejecución. En septiembre, Enron anunció que había llegado a un preacuerdo con CCE Holdings Inc., una joint venture de Southern Union Company y GE Commercial Finance, para la venta de CrossCountry Energy LLC por 2.350 millones de dólares. En noviembre, y dentro del marco de plan de reorganización, se reestructuró el consejo de Administración de Enron Corp., que quedó limitado a cinco miembros, realizándose los siguientes nombramientos a propuesta del Creditors’ Committee: John J. Ray, III, chairman del consejo, y presidente ejecutivo de Enron pendiente de confirmación posterior; Robert M. Deutschman, vice chairman; Stephen D. Bennett, vocal; Rick A. Harrington, vocal; y James R. Latimer, III, vocal. Ray fue managing director de Avidity Partners, LLC, empresa que suministra servicios de gestión, supervisión y administración a empresas en quiebra. En diciembre, Enron confirmó la venta de CrossCountry Energy LLC a CCE Holdings Inc. por 2.450 millones de dólares. Año 2005 El día 6 de abril, Enron canceló el preacuerdo suscrito en 2003 para vender Portland General Electric Company a un grupo de inversores por 2.350 millones de dólares. El día 14 de julio, los cinco miembros del consejo de administración de Enron Corp. votaron por unanimidad incrementar sus remuneraciones anuales. El salario del chairman John Ray III pasó de 200.000 a 1.200.000 dólares; el del vice chairman Robert Deutschman, de 150.000 a 420.000 dólares; y el de los vocales Stephen Bennett, Rick Harrington y James Latimer, de 150.000 a 300.000 dólares. En diciembre, Stephen Cooper renunció a su cargo de CEO interino de Enron Corp., y John Ray, III, chairman del consejo de administración desde noviembre de 2004, fue confirmado como presidente ejecutivo y máximo responsable de la culminación del proceso de liquidación de la compañía, que a la sazón ya no era operativa.

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Año 2006 El día 27 de marzo, el Departamento de Justicia informó de que se había decidido reducir a la mitad el importe de una factura de 25 millones de dólares presentada por la sociedad Stephen Forbes Cooper LLC en concepto de comisión por el éxito de su gestión del proceso de tramitación de la quiebra de Enron. Dicha sociedad, perteneciente al grupo Kroll Zolfo Cooper, de la que Stephen Cooper, contratado como CEO interino de Enron en enero de 2002, era presidente, había percibido ya 107 millones de dólares por su trabajo. El día 25 de marzo, Enron anunció que había llegado a un principio de acuerdo con un grupo formado por la empresa británica Ashmore Investment Management e inversores norteamericanos para vender Prisma Energy International73 por 2.900 millones de dólares. El día 28 de marzo, Portland General Electric Company, filial de Enron, notificó que haría efectiva su segregación de la matriz el 3 de abril, día en que empezaría a cotizar en bolsa. Al parecer, de un 35 a un 45% de las acciones serían entregadas a los acreedores cuyas reclamaciones ya habían sido resueltas por el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. El resto iría a parar a un fondo destinado a los acreedores pendientes de pago. El día 7 de septiembre, Enron Corp. anunció que se había completado la operación de venta de Prisma Energy International a Ashmore Energy Internacional por 2.900 millones de dólares. La compañía aún conservaba una serie de pequeños activos, en proceso de evaluación para su posterior venta. Año 2007 Con efectos de 1 de marzo, Enron Corp. cambió de nombre y pasó a denominarse Enron Creditors Recovery Corp. (ECRC), ente jurídico sin otra finalidad que vender activos y llevar adelante las demandas presentadas, todo ello con el objetivo de maximizar la recuperación de fondos para su reparto a los acreedores, de acuerdo con el plan aprobado por el juez Arthur J. Gonzalez. 73

Prisma Energy International es la empresa que concentró muchos de los activos internacionales de Enron en su proceso de reestructuración tras la bancarrota. Posee activos de producción, transporte y distribución de electricidad, gas y petróleo en Centroamérica (República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Panamá), Sudamérica (Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia), Polonia, Turquía y Filipinas.

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«Megaclaims» y otras demandas Enron, plenamente consciente de que la simple venta de activos industriales y comerciales no sería suficiente para restituir a los acreedores una fracción decorosa de las deudas —significativamente superior a los menos de 20 centavos por dólar previstos inicialmente en el plan de reorganización— emprendió tres demandas civiles contra instituciones que le habían ocasionado, como persona jurídica, enormes perjuicios, a saber: a) la MegaClaims Litigation, contra once grandes bancos e instituciones financieras; b) la Commercial Paper Litigation, contra unas 180 instituciones financieras; y c) la Equity Transactions Litigation, contra cuatro grandes bancos. También se demandó a la auditora Arthur Andersen, y a los bufetes jurídicos Vinson & Elkins y Andrews & Kurth. En contrapartida, Enron también fue demandada: por grandes instituciones financieras, por instituciones públicas y privadas de los Estados de California, Oregon y Washington; por pensionistas —apoyados por la Secretaría de Trabajo—; y por multitud de inversores perjudicados, agrupados, respectivamente, en dos grandes demandas civiles que serán objeto de escrutinio en la Cuarta Parte. Demanda «MegaClaims» En mayo de 2003, se supo que la nueva dirección de la Enron en quiebra tenía previsto demandar a once grandes bancos e instituciones financieras que ayudaron y alentaron a la compañía en su conspiración para cometer fraude, y la perjudicaron con sus recomendaciones impropias. Se trataría de una demanda civil encaminada a obtener dinero con el que indemnizar a los acreedores de la compañía, y que iría dirigida contra Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto Dominion Bank, Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, Merrill Lynch y Fleet Boston Financial Corp. Tal demanda, denominado más tarde MegaClaims, quedó registrada a finales de 2003 como parte del caso de quiebra de Enron, y sometida a la jurisdicción del juez Arthur J. Gonzalez. Tales bancos e instituciones, muy golpeados por las durísimas conclusiones finales del informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, publicado el día 23 de julio de 2002 —que se mostraron especialmente críticas con Citigroup y JP Morgan Chase—, tenían la batalla judicial casi perdida de antemano. De ahí que a lo largo de los años 2004 y 2005 empezase a abrirse paso la idea de que, en lugar de litigar, con los

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costes e incertidumbres que ello suponía para ambas partes, era preferible negociar acuerdos extrajudiciales en los cuales la parte demandada, sin aceptar comportamiento impropio ni responsabilidad en la quiebra, se avenía a zanjar el litigio mediante el pago de una indemnización, así como la aceptación de que sus reclamaciones por deudas de Enron, ya registradas en la lista de acreedores de la quiebra, fueran catalogadas como deuda subordinada (con muy bajo rango de recuperación) o, incluso, desestimadas. El primer banco en llegar a un acuerdo de este tipo fue el Royal Bank of Scotland (17 de julio 2005). El último en hacerlo fue el Citigroup (26 de marzo de 2008). En la Tabla 1 se incluyen todos los acuerdos extrajudiciales alcanzados, los cuales obtuvieron la aprobación del Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Tabla 1 Demanda «MegaClaims». Acuerdos extrajudiciales. Indemnizaciones y sobreseimiento/cancelación deudas

Entidad

Royal Bank of Scotland Royal Bank of Canada Canadian Imperial Bank of Com. JP Morgan Chase Toronto Dominion Bank Credit Suisse (USA) Merill Lynch Fleet Boston Financial Corp. Barclays Bank Deutsche Bank Citigroup Total

Fecha acuerdo 17/07/05 28/07/05 05/08/05 16/08/05 16/08/05 09/05/06 06/07/06 06/10/06 03/11/06 18/12/07 26/03/08

Cantidades pactadas (Millones de $) Indemniz.

Cancel. deudas

20,0 49,0 274,0 982,0 130,0 94,0 29,5 10,4 144,0 25,0 1.660,0

343,0 53,0 83,0 55,0 361,0 73,0 634,0 416,0 249,4

3.417,9

2.267,4

Notas

(1)

(2)

(1) La indemnización de 982 millones de dólares incluyó las demandas «MegaClaims» y «Commercial Paper». (2) Un mes antes de tener que comparecer ante el tribunal, Citigroup llegó a un acuerdo en cuanto a indemnizaciones y cancelaciones de deudas y, además, renunció a una indemnización de 4.000 millones de dólares demandada a Enron, la cual mantenía bloqueada una parte sustancial de los fondos obtenidos para pago a los acreedores.

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No cabe duda que la larga «guerra MegaClaims» se cerró con una gran victoria para el Enron Creditors Recovery Corp. (ECRC). En efecto, se consiguieron pagos por importe de 3.417,9 millones de dólares, se subordinaron o cancelaron reclamaciones contra el patrimonio de Enron por importe de 2.267,4 millones de dólares, y se liberó la reserva de reclamaciones en disputa establecida por el Tribunal de Quiebras (unos 1.700 millones de dólares en efectivo) que pesaba sobre los fondos obtenidos para resarcir a los acreedores, derivada de la indemnización de 4.000 millones de dólares reclamada por Citigroup. Otras demandas de Enron a) «Commercial Paper Litigation». Enron pretendía, con la interposición de esta demanda civil, recuperar ciertos pagos de devolución de deuda propia por un importe total de más de 1.000 millones de dólares, realizados a determinados acreedores «especiales», mediante emisión de papel comercial74 apenas un mes antes de la declaración de quiebra. La nueva dirección de Enron entendía que los demandados recibieron un trato preferente, y se consideraba legitimada para exigir la devolución de los pagos efectuados, los cuales deberían revertir en la gran masa de «acreedores inocentes» tan arteramente discriminados. Esta demanda apuntaba hacia unas 175 instituciones, algunas del calibre de Goldman, Sachs & Co., Lehman Commercial Paper, Inc, JP Morgan Securities y MassMutual. Según datos facilitados por el propio ECRC, hasta la fecha se han recuperado mediante acuerdos extrajudiciales más de 172 millones de dólares, de los cuales unos 150 millones corresponden a Lehman Commercial Paper, Inc. La reclamación a JP Morgan Chase está ya incluida en el acuerdo suscrito para liquidar la reclamación MegaClaims. Siguen su curso reclamaciones por importe de 418 millones de dólares. b) «Equity Transactions Litigation». Esta demanda la provocó una serie de pagos hechos por Enron a cuatro bancos mediante transacciones75 que implicaban acciones de la Pagarés a corto plazo no garantizados, emitidos por corporaciones financieras y grandes empresas comerciales o industriales. 75 Las equity transactions son pagos realizados mediante instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre acciones) en contraprestación de bienes o servicios recibidos. 74

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compañía (swaps, forwards y derivados) durante los meses inmediatamente anteriores a la declaración de quiebra. La nueva dirección de Enron entendía que tales transacciones podían ser fraudulentas, por cuanto su propósito último era dar una imagen engañosa de la salud financiera de la compañía. Según datos facilitados por el propio ECRC, los cuatro bancos demandados llegaron a acuerdos extrajudiciales durante el año 2007 que totalizaron más de 248 millones de dólares, de acuerdo con el siguiente desglose: – Abril de 2007: 69,9 millones de dólares de Lehman Brothers Inc. – Junio de 2007: 115 millones de dólares de UBS AG. – Junio de 2007: 61,5 millones de dólares de Credit Suisse. – Octubre de 2007: un millón de dólares de Bear Stearns. c) Otras demandas. Enron suscribió acuerdos extrajudiciales con las tres empresas demandadas individualmente: a) en junio de 2006, con el bufete Vinson & Elkins por importe de 30 millones de dólares; b) en noviembre de 2006, con el bufete Andrews & Kurth por importe de 18,5 millones de dólares; y c) en 28 de abril de 2009, con Arthur Andersen por importe de 16 millones de dólares. Demandas contra Enron La conducta —mala conducta— de Enron durante la gran crisis energética de California le trajo a la compañía muchos problemas. Fue demandada, entre otros, por la FERC y por los Estados de California, Oregon y Washington. El día 23 de julio de 2004, la FERC notificó que un juez de lo administrativo había ordenado a Enron una primera devolución de 32.000 millones de dólares en concepto de «beneficios injustos» obtenidos durante la crisis energética californiana. Esta cantidad, que tendría que ser depositada en una cuenta del Departamento del Tesoro para su devolución a los consumidores, podría verse notablemente incrementada cuando concluyesen las investigaciones que abarcaban todas las ventas de energía al por mayor realizadas en California desde el 16 de enero de 1997 hasta el 25 de junio de 2003. Evidentemente, tal depósito no pudo realizarse. El día 16 de julio de 2005, Enron alcanzó un acuerdo con la justicia de los Estados de California, Oregon y Washington, por el que se comprometió a pagar 1.522 millones de dólares para terminar con los litigios civiles con instituciones públicas y privadas por manipulación de los precios de la

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energía eléctrica y del gas natural en los mercados entre 1997 y 2003, y, en especial, durante la crisis energética de 2000-2001 en dichos Estados. De la cantidad acordada, solo se pagarían en efectivo 47 millones de dólares; el resto se haría mediante la emisión de pagarés por importe de 1.475 millones de dólares. Dado que la empresa estaba en situación de quiebra, a los tenedores de los pagarés solo se les abonaría, en el mejor de los casos, un máximo de unos 23 centavos por cada dólar, dado que las indemnizaciones derivadas de este tipo de demandas tienen una prioridad muy baja en un concurso de acreedores. Un resarcimiento mayor que el esperado La orden firmada por el juez Arthur J. Gonzalez el 15 de julio de 2004, que aprobó el plan de reestructuración de la deuda de Enron Corp. y de sus filiales, establecía pagos bianuales estándar (en los meses de abril y octubre) a los acreedores, aparte de otros pagos bimestrales para ponerse al día, en su caso, de las incidencias sobrevenidas en el ínterin (por ejemplo, la incorporación a la lista autorizada por el Tribunal de Quiebras de nuevos acreedores reconocidos). Se preveía que la recuperación final no llegaría a superar en conjunto los 19 centavos por dólar. El primer pago se produjo en noviembre de 2004. A finales de 2005, los pagos acumulados a los acreedores ascendían a 1.130 millones de dólares. Según información facilitada por el propio Enron Creditors Recovery Corp. (ECRC), el calendario de los pagos principales realizados a partir de 2006 (excluidos los pagos bimestrales ordinarios de carácter ínterin) a los tenedores de reclamaciones aceptadas por deudas de Enron y de sus subsidiarias, tanto las generales no aseguradas (allowed general unsecured claims) como las garantizadas (allowed guaranty claims), en lo que sigue los «acreedores» (creditors), fue el que muestra la Tabla 2. Es decir, a finales de 2010 se habían pagado a los acreedores, en promedio, 52 centavos por cada dólar. Todo un éxito. Así están las cosas; lo que queda son migajas. Hoy en día, el cadáver de Enron puede darse por sepultado.

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Tabla 2 Pagos a los acreedores de Enron Corp. (en millones de $)

Fecha

Pagos estándar y extraordinarios a partir de 2006 Efectivo

03/04/06 03/10/06 02/04/07 01/10/07 01/04/08 13/05/08 02/06/08 01/10/08 01/04/09 01/11/10

4.102,0 3.337,3 1.698,0 1.670,0 980,6 1.651,0 3.916,0 740,5

Acciones PGE (1) 568,0 34,4 171,7 74,8 46,4 215,0 254,0 88,4

Pago total 4.670,0 3.371,7 1.869,7 1.744,8 1.027,0 1.866,0 4.170,0 828,9 128,0 40,0

Pagos acumulados desde 2004 (2) 5.800,0 9.400,0 11.479,0 13.276,0 14.558,1 20.588,0 21.427,9 21.555,9 21.638,0

Notas

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Portland General Electric Company (PGE). Incluidos los pagos bimestrales de carácter ínterin (ordinarios y extraordinarios). Incluye los 1.130 millones de dólares pagados hasta finales de 2005. Muy cerca del nivel de recuperación de 12.000 millones de dólares inicialmente previsto. Según el ECRC, con este pago los acreedores afectados habían recibido más de 36 centavos por cada dólar, lo que significaba una recuperación de más del 200% (base 17) para los acreedores de Enron Corp, y del 180% (base 20) para los acreedores de Enron North America Corp. (6) Según el ECRC, las estimaciones de recuperación iniciales habían alcanzado ya el nivel superior al 225%, el cual sería notablemente incrementado como consecuencia del preacuerdo alcanzado con Citigroup el 26 de marzo para zanjar la demanda MegaClaims, pendiente de la aprobación del Tribunal de Quiebras. (7) Pago especial ínterin debido a la incorporación a la lista autorizada por el Tribunal de Quiebras de nuevas reclamaciones aceptadas por deudas de Enron y de sus subsidiarias, tanto generales no aseguradas como garantizadas, como consecuencia del acuerdo suscrito con Citigroup. (8) Pago especial ínterin. Los acreedores de Enron Corp. habían percibido ya 50,3 centavos por cada dólar, y los de Enron North America Corp. 50 centavos por cada dólar. Esto suponía, según cálculos del ECRC, una recuperación del 289% de las primeras estimaciones del plan de reestructuración. El éxito del proceso de recuperación era indiscutible. (9) Tras este pago, la cantidad total distribuida a los acreedores desde noviembre de 2004, pagos ínterin incluidos, alcanzó la cifra de 21.427,9 millones de dólares. La generación de valor para los acreedores había sido realmente notable; en efecto, habían recuperado del orden de 52 centavos por cada dólar. (10) Quedan aún pendientes reclamaciones que pueden suponer el reparto de unos 150 millones de dólares adicionales.

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Capítulo 5 CAMINANDO SOBRE ESCOMBROS Sólo necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver que estamos de pie en medio de una montaña de escombros de aquellos pilares. Hannah Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad

Las investigaciones del Congreso de EE.UU. Año 2001 Con el fin de obtener una primera visión general sobre el impacto del colapso de Enron sobre los inversores y los mercados financieros, el Subcomité de Mercados de Capitales, Seguros y Empresas de Patrocinio Gubernamental (Subcommittee on Capital Markets, Insurance and Government Sponsored Enterprises) y el Subcomité de Vigilancia e Investigaciones (Subcommittee on Oversight and Investigations), ambos pertenecientes al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (House Committee on Financial Services), celebraron el día 12 de diciembre una audiencia conjunta, previa citación (subpoena) a una serie de testigos. En dicha audiencia, Joseph Berardino, CEO de Arthur Andersen, declaró que ya advirtieron en su momento a Enron sobre la posible comisión de actos delictivos, al no facilitar a la auditora información crucial sobre su verdadera situación financiera. Esta declaración venía a sugerir que la auditora no tenía culpa alguna de lo ocurrido. El día 18, en una audiencia celebrada por el Comité de Comercio, Ciencia y Transportes del Senado (Senate Committee on Commerce, Science & Transportation), varios jubilados de Enron relataron con amargura el descalabro que habían sufrido sus cuentas de jubilación, que dependían en gran medida del valor de las acciones de la compañía. Este testimonio puso seriamente en cuestión la regulación de los fondos de pensiones de aportación

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definida tipo 401(k)76. Kenneth Lay, que también había sido citado, no compareció. Daba comienzo su táctica de desobediencia al poder legislativo. Ese mismo día, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes (House Committee on Energy and Commerce) requirió a Andersen la entrega, antes del 22 de diciembre, de información sobre sus auditorías de Enron, y solicitó la comparecencia de David Duncan, encargado en Andersen de la cuenta Enron, y la de Jeffrey Skilling. Año 2002 Enero El día 9, la Casa Blanca reconoció que miembros de su equipo de asesores en asuntos de energía se reunieron en seis ocasiones durante el año 2001 con representantes de Enron. Se confirmó también que el vicepresidente Dick Cheney se reunió con el presidente de Enron. La última reunión entre la administración republicana y Enron tuvo lugar el 10 de octubre, seis días antes de que la compañía anunciase sus graves problemas financieros. El día 10 fue pródigo en acontecimientos. El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, quien recibió de Enron fondos para su frustrada campaña electoral para senador, se excluyó de la investigación criminal iniciada. Un portavoz de la Casa Blanca reconoció que los secretarios del Tesoro, Paul O’Neill, y de Comercio, Don Evans, hablaron con Lay en octubre de 2001 acerca de la situación de la compañía, quien les pidió una acción del Gobierno para evitar daños a los tenedores de bonos. El presidente Bush anunció que había ordenado, como consecuencia del caso Enron, una revisión de las normas reguladoras de los fondos de pensiones y de la divulgación de datos empresariales veraces a los accionistas. Arthur Andersen reconoció ante investigadores del Congreso que sus empleados destruyeron documentación relativa a las auditorías de Enron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2001. El día 12, el Departamento de Justicia nombró a Joshua Hochberg fiscal especial para dirigir la investigación criminal de Enron. El día 14, numerosos legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado decidieron devolver las donaciones que recibieron de Enron para la financiación de sus campañas electorales. Se trata de un tipo de fondo de pensiones, muy habitual en empresas de Estados Unidos, en el que no se limita la aplicación de las aportaciones de las partes implicadas a la compra de acciones de la propia empresa para dotar las reservas técnicas.

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El día 16, eran ya ocho los Comités del Congreso —cinco del Senado (Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, Senate Committee on Governmental Affairs, Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, Senate Committee on Finance, y Senate Committee on Energy and Natural Resources), y tres de la Cámara de Representantes (House Committee on Financial Services, House Committee on Energy and Commerce, y House Committee on Education and the Workforce)— que habían iniciado sus investigaciones para, entre otras cosas: a) descubrir si Enron defraudó a los inversores, exagerando beneficios y ocultando pérdidas y deudas, y también al Fisco, eludiendo el pago de impuestos; b) evaluar el impacto del colapso de la compañía sobre los inversores y los mercados financieros y de la energía en general; c) analizar la conveniencia de una nueva legislación sobre transparencia, responsabilidad y auditoría corporativas; d) analizar la conveniencia de endurecer la regulación de los planes de pensiones tipo 401 (k) y de los planes de jubilación en general, todo ello con el fin de reforzar su seguridad; e) debatir sobre el estado de alfabetización y educación de los americanos en materia de finanzas; f) analizar las necesarias reformas de los estándares contables internacionales; g) reforzar la protección del inversor mediante una mejor vigilancia del ejercicio profesional de la contabilidad, de la calidad e independencia de la auditoría, y del cumplimiento de los principios contables; h) dictaminar sobre la responsabilidad del consejo de administración de Enron, de los analistas de Wall Street, de las agencias de calificación de riesgos crediticios, y de la banca de inversión, comercial y mixta en el colapso de la compañía energética; e i) fomentar los principios de buena gobernaza corporativa (corporate governance). Tales Comités y algunos de sus Subcomités realizaron multitud de citaciones, y celebraron casi un centenar de audiencias a lo largo del año 2002. Estaban llamadas a jugar un papel especialmente decisivo en la investigación las audiencias celebradas por el Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, presidido por el senador Paul Sarbanes, y por el House Committee on Financial Services, presidido por el representante Michael Oxley. De las conclusiones de las mismas se derivaría la célebre ley Sarbanes-Oxley, a la que haré referencia más tarde. También jugarían un papel muy importante las audiencias celebradas por el Committee on Governmental Affairs, presidido por el senador Joseph Lieberman, y por su Subcommittee on Investigations, presidido por el senador Carl Levin. La publicación de sus informes sobre el decisivo papel jugado en el colapso de Enron por los llamados «perros guardianes» (watchdogs) del sistema financiero norteamericano, por las instituciones financieras, y por el propio consejo de administración de la compañía, despertarían gran revuelo.

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El día 24, el Subcomité de Vigilancia e Investigaciones del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes celebró una audiencia, a la que únicamente había sido citado David Duncan, para investigar sobre la destrucción de documentos buscados por los investigadores del Gobierno. Duncan se negó a declarar acogiéndose a la protección que le otorgaba la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos77. La audiencia fue pospuesta indefinidamente. El día 25, Clifford Baxter, ex vice chairman de Enron y exdirector de estrategia, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. El suicida abandonó la compañía en mayo de 2001 después de haber mantenido enfrentamientos con su amigo Skilling por discrepancias sobre las prácticas de contabilidad adoptadas. De estas discrepancias dejó constancia Sherron Watkins en su escrito a Kenneth Lay. Baxter fue uno de los ejecutivos de Enron que consiguió grandes sumas de dinero (al parecer, 35 millones de dólares) con la venta de sus opciones sobre acciones (stock options). Figuraba en la lista de potenciales testigos que pensaban citar los investigadores del Congreso. La Casa Blanca, en su plan para desvincularse del escándalo, ordenó una revisión de todos sus contratos con Enron y Andersen. El vicepresidente Dick Cheney, invocando el derecho del presidente y del vicepresidente a recibir asesoría veraz, declaró que no proporcionaría a los investigadores del Congreso el listado de líderes empresariales con los que se reunió cuando formulaba la política energética gubernamental. Esta postura fue apoyada por el portavoz de la Cámara de Representantes. El día 29, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado celebró una audiencia para analizar los efectos del colapso de Enron sobre los mercados energéticos, en la que declararon como testigos altos funcionarios de la FERC y de la CFTC. El día 30, la Oficina de Contabilidad del Congreso anunció la presentación de una demanda legal para forzar a la Casa Blanca a entregar el listado de las reuniones con ejecutivos de empresas energéticas, ante las posibles ramificaciones políticas del escándalo Enron. Febrero El día 1, el presidente Bush anunció que propondría reformas para los planes de pensiones corporativos de aportación definida tipo 401(k), que afectarían a unos 42 millones de americanos que a la sazón tenían invertidos del orden de dos billones de dólares en este tipo de instrumentos de previsión. Todo ciudadano puede negarse a declarar ante cualquier tribunal, organismo o comité gubernamental si considera que sus manifestaciones pueden incriminarle.

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El día 3, el Comité de Comercio del Senado, que había citado a Keneth Lay, canceló la audiencia por incomparecencia del mismo. Los días 3, 4, 5 y 6 celebraron audiencias los Comités de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, de Asuntos Gubernamentales del Senado, y de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. En dichas audiencias comparecieron y testificaron altos funcionarios de la administración (Harvey Pitt, chairman de la SEC; Alan Greenspan, chairman del Sistema de la Reserva Federal; Paul O’Neill, secretario del Tesoro…), trabajadores de Enron Corp., sindicalistas, profesores universitarios de derecho, contabilidad y finanzas, grandes inversores (James Chanos, presidente y fundador de Kynikos…), Joseph Berardino (CEO de Arthur Andersen) y otras muchas personalidades de muy diversas áreas. El día 7, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes celebró una audiencia en la que compareció un nutrido grupo de ex directivos, directivos y consejeros de Enron Corp.: Jeffrey Skilling, ex president y CEO, Andrew Fastow, ex CFO, Michael Kopper, ex managing director de Enron Global Finance, Richard Buy, EVP y Chief Risk Officer, Richard Causey, EVP y CAO, Jordan Mintz, vice president y general counsel de Corporate Development, Jeffrey McMahon, president y COO, Robert Jaedicke, miembro del consejo de administración y chairman del Comité de Auditoría, y Herbert Winokur, miembro del consejo de administración y chairman del Comité Financiero. Skilling testificó que no tenía conocimiento de que en Enron se hubiese pergeñado un plan para ocultar pérdidas, inflar ganancias y esconder pasivos, y acusó a los investigadores del Congreso de actuar con soberbia y hacer perder el tiempo al público. Sostuvo que fue Fastow quien urdió en solitario toda la trama, y reconoció que obtuvo 66 millones de dólares como resultado de la venta de acciones de Enron durante el período febrero de 1999-junio de 2000. En todo caso, consideró que los latrocinios de Fastow no fueron de suficiente entidad como para provocar la quiebra de Enron, la cual se debió, fundamentalmente, a una especie de «pánico bancario»78 desatado por las actuaciones de un grupo de inversores tipo short sellers que conspiraron para hundir la cotización de la acción de Enron, y por los artículos publicados en The Wall Street Journal. De los testimonios de McMahon y Mintz cupo deducir que ambos pensaban que Skilling estaba al corriente de todas las prácticas contables impropias. Fastow y Kopper se negaron a declarar, acogiéndose a la protección que les otorgaba la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, tal como ya había hecho anteriormente David Duncan. 78

Run on the banks.

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Ese mismo día, también celebraron audiencias el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, y el Comité de Salud, Educación, Trabajo, y Pensiones del Senado, con el fin de seguir investigando la incidencia del colapso de Enron sobre la seguridad de los fondos de pensiones de los trabajadores en general y sobre las modificaciones legislativas que convendría introducir para una más amplia protección de los mismos. Aparte de otros muchos comparecientes, en la primera audiencia testificó Cindy Olson, EVP y directora de recursos humanos, relaciones con la comunidad y servicios generales de Enron Corp., y en la segunda lo hizo James Prentice, chairman del Administrative Committee del Enron Corp. Savings Plan. El día 12, el Comité de Comercio, Ciencia y Transportes del Senado celebró una audiencia en la que compareció como testigo Kenneth Lay, quien, tras manifestar su profunda tristeza por el colapso de Enron, que tanto había perjudicado a los empleados, jubilados, accionistas y acreedores, rehusó contestar a las preguntas de los legisladores sobre su papel en dicho colapso, acogiéndose a la protección que le otorgaba la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Lay manifestó que era consciente de que su actitud podía ser interpretada como un indicio de que lo que pretendía era «esconder algo» (sucio, por supuesto). El día 14 se celebró, entre otras, una audiencia del Subcomité de Vigilancia e Investigaciones, del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. El único testigo de este último fue Sherron Watkins. El día 15, los senadores Max Baucus y Charles Grassley, a la sazón chairman y miembro, respectivamente, del Comité de Finanzas del Senado (Senate Committee on Finance), pidieron por escrito al staff del Comité Conjunto de Tributación (Joint Committee on Taxation), ente mixto formado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, que iniciara una investigación sobre la conducta fiscal de Enron. El día 26 se celebró, entre otras, una audiencia del Comité de Comercio, Ciencia y Transportes del Senado, en la que los comparecientes fueron Sherron Watkins, Jeffrey McMahon y Jeffrey Skilling. Como consecuencia de los testimonios, se filtró a la prensa la noticia de que ejecutivos de Enron instaron ya en 1999 a los empleados a invertir todos sus fondos de pensiones en acciones de la compañía. El día 27 se celebró, entre otras, una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado bajo el título The Watchdogs Didn’t Bark: Enron and the Wall Street Analyst. El senador Lieberman, chairman del Comité, criticó públicamente a los analistas de Wall Street que, en no pocas ocasiones, recomendaron a sabiendas la compra de acciones de la empresa, cuyo valor era más que discutible.

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Marzo El día 20 se celebró, entre otras, una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado bajo el título Rating the Raters: Enron and the Credit Rating Agencies. El senador Lieberman criticó a las agencias de calificación crediticia (Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch), quienes calificaron la deuda de Enron dentro de la categoría de «inversión» hasta cuatro días antes de que la empresa presentase su expediente de bancarrota. Standard & Poor’s se defendió asegurando que Enron le proporcionó informaciones erróneas sobre su situación, lo que impidió una asignación correcta del rating de su deuda. Mayo El día 7 tuvo lugar una audiencia del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales, bajo el título The Role of the Board of Directors in Enron’s Collapse. Julio El día 8 se hizo público un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por Carl Levin, titulado The Role of the Board of Directors in Enron’s Collapse. En dicho informe se decía que existían numerosos indicios que permitían afirmar que el consejo de administración de Enron contribuyó a la quiebra de la compañía al no desautorizar o ignorar de forma consciente durante varios años algunas de las prácticas de los ejecutivos, tales como las manipulaciones contables de alto riesgo y el cobro de retribuciones desquiciadas, todo ello en perjuicio de los accionistas y de los empleados de la compañía. El día 23 tuvo lugar la primera de las audiencias del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, bajo el título The Role of the Financial Institutions in Enron’s Collapse. Los investigadores del Subcomité implicaron a Citigroup y a JP Morgan Chase en las maniobras vinculadas a la quiebra de Enron. En concreto, sostuvieron que la alteración de la contabilidad de la compañía no hubiera sido posible sin la participación de ambos grupos financieros. Tal participación habría consistido, presuntamente, en la concesión durante años de créditos mediante operaciones que, solo en apariencia, eran transacciones energéticas de tipo comercial. Por este método Enron habría obtenido entre 1992 y 2001 una financiación de más de 8.000 millones de dólares en unas 25 operaciones comerciales complejas con gas y crudo de petróleo, que dicha compañía no

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registró como deuda sino como «ventas de energía», y que ambos bancos no contabilizaron como préstamos sino como «pagos por adelantado» (prepaids swaps contracts). JP Morgan Chase se apresuró a declarar que no ayudó «conscientemente» a Enron a maquillar sus cuentas para disimular su situación financiera, y señaló que las transacciones calificadas como «pagos por adelantado» de contratos de suministro de energía, totalmente legales, fueron contabilizadas por el banco como operaciones de corretaje. El día 27, las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron una nueva ley de responsabilidad corporativa (la Auditing Accountability Act, o ley Sarbanes-Oxley), en la que, entre otras cosas: (i) se establecían penas de hasta veinte años de cárcel para los delitos de fraude contable y de destrucción de documentos financieros (en todo tipo de soportes, incluido el electrónico) y alteración o falsificación de pruebas en investigaciones federales o en casos de quiebra; (ii) se incrementaban las penas para los delitos de obstrucción a la justicia; (iii) se imponía la obligación al primer ejecutivo (CEO) y al director financiero (CFO) de firmar y certificar bajo su responsabilidad la veracidad de los informes financieros de las compañías; (iv) se prohibía a las empresas dar préstamos personales a los ejecutivos, a los que, además, se exigía que reembolsasen las ganancias derivadas de conductas fraudulentas; (v) se restringían las actividades de consultoría que puede realizar para una empresa la firma de auditoría por ella elegida, que además debía cambiar cada cinco años; (vi) se creaban nuevas reglas para los analistas financieros, con objeto de impedir los conflictos de intereses; (vii) se creaba una comisión independiente controlada por la SEC (la PCAOB, acrónimo de Public Company Accounting Oversight Board) para supervisar las empresas auditoras; (viii) se otorgaban a la SEC nuevas facultades (por ejemplo, la de exiliar del gobierno corporativo a directivos convictos), y le asignaban recursos adicionales para investigar casos de fraudes e irregularidades contables; (ix) se ampliaba el plazo de prescripción de los delitos financieros; (x) se introducían modificaciones en la normativa sobre información financiera; (xi) se establecía una nueva tipificación de delito por fraude bursátil, con una pena máxima de veinticinco años; (xii) se equiparaban los delitos frustrados y los delitos consumados; y (xiii) se establecía la protección de las personas o empleados de las empresas que aportasen información o colaborasen en las investigaciones federales. El día 30, la ley Sarbanes-Oxley fue rubricada por el presidente Bush. Ese mismo día tuvo lugar la segunda de las audiencias del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales, bajo el título The Role of the Financial Institutions in Enron’s Collapse. Los investigadores del Subcomité acusaron a Merrill Lynch de ayudar a Enron a maquillar sus resultados, mediante un conjunto de operaciones irregulares y actuaciones

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poco éticas (compras de empresas de Enron con pacto de recompra, y presión sobre ciertos analistas financieros para que alterasen sus recomendaciones —el analista John Olson fue despedido en 1998 por haber cambiado su recomendación de «comprar» a «neutral», y por negarse a modificarla—). Octubre El día 25, el Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por Joseph Lieberman, dio a conocer un informe titulado Financial Oversight of Enron: The SEC and Private-Sector Watchdogs, fechado el 8 de octubre de 2002, en el que criticaba con dureza a la SEC, presidida a la sazón por Harvey Pitt, por los fallos cometidos en Enron. El informe también se mostraba muy crítico con el consejo de administración de Enron, que debería haber actuado como primera línea de defensa contra la gestión inmoral de los directivos, así como con el trabajo —mal trabajo— realizado por los auditores, los analistas de Wall Street, y las agencias de calificación de riesgos crediticios. Año 2003 Febrero El día 13, tras casi un año de investigaciones, el staff del Comité Conjunto de Tributación presentó un Informe de Investigación y un Testimonio Escrito, que venía a ser un resumen del primero. Se reveló que, a juicio de los investigadores, el IRS del Departamento del Tesoro no era capaz de hacer frente a la detección y corrección de los excesos que cometían grandes empresas para evitar, reducir o demorar el pago de impuestos, haciendo uso torticero de instrumentos fiscales sumamente complejos pero formalmente legales Este fue el último informe relevante del corto pero intenso proceso de investigación del Congreso. Los legisladores tenían ahora la palabra, pues las propuestas de modificaciones legales se amontonaban. Las investigaciones del Gobierno de EE.UU. Año 2002 Enero El día 9, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio comienzo a la investigación criminal del escándalo Enron y constituyó la Enron Task Force, una unidad especial formada por fiscales federales, agentes del FBI y agentes del IRS (Internal Revenue Service) del Departamento del Tesoro, presidida por Leslie Caldwell.

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El día 12, Andersen entregó al Gobierno pruebas que mostraban la presunta implicación de Nancy Temple en la destrucción de documentos relativos a Enron. El día 15, Andersen reconoció que la destrucción de documentos relacionados con la auditoría de Enron se realizó bajo la dirección de David Duncan, el cual convocó el 23 de octubre de 2001 una reunión de emergencia para organizar tal destrucción. Duncan fue despedido junto con otros cuatro miembros de su equipo. El día 17, Andersen confirmó que existía un memorando de una reunión celebrada el 6 de febrero de 2001 entre ejecutivos implicados en la auditoría de Enron, en la que se discutió sobre la cuantía no contabilizada de la deuda de dicha compañía y sobre si convenía o no mantener a la misma como cliente de auditoría. Enron rescindió de inmediato su contrato con Andersen, a la que culpó de la destrucción de documentos. El día 21, Enron comunicó que, entre el 25 de octubre de 2001 y el 14 de enero de 2002, había estado enviando correos electrónicos a sus empleados pidiéndoles que impidiesen la destrucción de documentación relativa a las actividades de la compañía y de su red de filiales. El día 22, Enron comunicó que unos días antes agentes del FBI y del Departamento de Justicia registraron la sede de Houston buscando evidencias sobre la presunta destrucción reciente de información comprometedora. Marzo El día 15, el escándalo Enron se cobró su primera víctima. Un gran jurado79 de Houston presentó el primer cargo criminal contra Andersen, a la que acusó de obstrucción a la justicia (destrucción de documentos comprometedores). La situación de Andersen, buque insignia de las big five80 de la auditoría, se hizo crítica; luchaba por su supervivencia. El día 20 tuvo lugar la primera comparecencia de Andersen ante un tribunal federal de Houston. Se declaró inocente. El juicio quedó fijado para el día 6 de mayo. El asunto, ya investigado por los fiscales, pasaba al ámbito de los jueces federales de lo criminal (ver Tercera Parte).

El gran jurado es un panel de 12 a 23 ciudadanos convocados por un tribunal para evaluar acusaciones contra personas sospechosas de crímenes y determinar si las evidencias justifican un auto de acusación por parte del gobierno. Sin este trámite previo, ninguna persona acusada de haber cometido un crimen federal puede ser juzgada en Estados Unidos. 80 Andersen, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers. 79

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Agosto El día 20, Michael Kopper, exdirectivo de Enron y mano derecha de Andrew Fastow, se declaró culpable ante un tribunal federal de distrito de Houston de la realización de transferencias fraudulentas de fondos y lavado de dinero mientras trabajó en la dirección financiera de la compañía, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. En dicho acuerdo reconoció su colaboración en la gestión de una serie de participadas, cuya única finalidad era dar una falsa imagen de Enron como compañía financieramente saludable, mientras se enriquecían él mismo, Fastow y otros. También aceptó devolver 12 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante operaciones con tales participadas. El Gobierno le consideraba pieza clave para procesar a la cúpula directiva de Enron y desentrañar los mecanismos que permitieron a la compañía, a través de una muy compleja red de empresas instrumentales, inflar artificialmente su cifra de negocio y sus beneficios, y ocultar su enorme endeudamiento. El día 25, un juez federal de distrito de Houston ordenó la congelación de los bienes conocidos de Fastow (unos 30 millones de dólares), tras ser detectados intentos sospechosos de transferencias de fondos. Septiembre El día 12, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra tres antiguos empleados del banco británico National Westminster Bank, bajo el cargo de ocultación de ingresos por importe de 7,3 millones de dólares para eludir impuestos, procedentes de la transacción Rhythms NetConnections. Se solicitó su extradición. Se trataba de Gary Mulgrew, David Bermingham y Giles Darby. Octubre El día 2, Andrew Fastow fue detenido en Houston por agentes del FBI y, esposado, fue puesto a disposición judicial. Se le acusó, en principio, de presuntos delitos de fraude y blanqueo de dinero. La fotografía de su detención dio la vuelta al mundo. El supuesto fraude lo habría realizado mediante transacciones comerciales secretas entre Enron y varias sociedades instrumentales controladas por él, lo que le habría reportado unos beneficios personales de unos 30 millones de dólares. Esta detención era considera vital por el Gobierno, por cuanto, si decidía colaborar con la justicia, quedaría abierto el camino hacia el procesamiento de Lay y de Skilling.

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El día 17, el Departamento de Justicia inculpó a Timothy Belden, ex director de la oficina de comercialización de energía eléctrica en California, perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, de la que llegaría a ser managing director. Se le acusó de manipulación del mercado eléctrico de California durante la crisis energética de 2000 y 2001, al haber incrementado artificialmente los precios. El día 18, Belden se declaró culpable del cargo de uso impropio de la red pública de telecomunicaciones para participar en la manipulación de precios en la crisis energética californiana, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 31, Fastow fue formalmente inculpado por un gran jurado de Houston de 78 cargos, entre los que destacaban los de conspiración, fraude contable, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esto permitía la apertura de su proceso. Noviembre El día 6, Fastow se declaró no culpable de los 78 cargos. El día 26, Lawrence Lawyer, un exejecutivo de nivel medio-bajo se declaró culpable de evasión de impuestos en relación con un «regalo» de unos 80.000 dólares que le hizo Kopper por su participación en una transacción realizada a través de una entidad de propósito especial llamada RADR, creada para comprar los intereses de Enron en un proyecto poco rentable (inversión en unas granjas abastecidas con energía eólica). Año 2003 Febrero El día 4, Jeffrey Richter, ex manager de la oficina de comercialización a corto plazo de energía eléctrica en California, perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico mediante uso impropio de la red pública de telecomunicaciones, y de presentar declaraciones falsas en el curso de la investigación de presuntas prácticas de mercado fraudulentas. Se le relacionaba con una estrategia comercial de Enron denominada «Load Shift», orientada a manipular los precios de la energía simulando sobrecargas inexistentes en ciertas líneas de transporte de energía eléctrica y, en consecuencia, generando la prestación servicios auxiliares de socorro de alto coste.

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Marzo El día 12, el Departamento de Justicia acusó a Enron de manipulación de los precios del gas. También ordenó la detención de Kevin Howard y Michael Krautz, exejecutivos de la división de banda ancha Enron Broadband Services (EBS), bajo cargos de fraude contable consistente en generar ganancias falsas por importe de 111 millones de dólares, mediante un servicio de Internet que fracasó (negocio de compra de vídeos a la carta, en asociación con la cadena de tiendas Blockbuster). El día 26, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra Kevin Howard y Michael Krautz, bajo los cargos de conspiración, fraude y lavado de dinero. Abril El día 29, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra otros cuatro exejecutivos de Enron Broadband Services. Se trataba de los ex presidents y ex co-CEO Kenneth Rice y Joseph Hirko, el ex COO Kevin Hannon y el ex vice president del área de desarrollo estratégico Scott Yeager. Mayo El día 1, el Departamento de Justicia anunció la inculpación de Ben Glisan, extesorero de Enron Corp., de Dan Boyle, ex vice president del Global Finance Group, de Sheila Kahanek, ex senior director de la división Asia Pacific/Africa/China, y de la esposa de Andrew Fastow. Lea Fastow, antigua ayudante (assistant) del extesorero de Enron, Ben Glisan, fue acusada de conspiración para cometer fraude en transferencias monetarias dentro del marco de la red de sociedades instrumentales gestionadas por su marido, presentación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Por su parte, Andrew Fastow se enfrentaba ya a 109 cargos, tras nuevas acusaciones por fraude en la comercialización de energía, gestión de la red de empresas de propósito especial, uso ilegal de información privilegiada y falsificación de los libros de Enron. El Departamento de Justicia buscaba la confiscación de más de 100 millones de dólares en relación con los cargos presentados contra los exejecutivos inculpados hasta ese momento. El día 8 se entregó al FBI Rex Shelby, otro exdirectivo de Enron Broadband Services.

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Junio El día 3 fue detenido John Forney, ex manager de la oficina de comercialización de energía en tiempo real, perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, acusado de haber manipulado los precios de la electricidad durante la crisis energética californiana. Se le atribuyó el diseño de los planes de venta de energía denominados «Death Star», «Ping Pong» y otros. Con él ya eran tres los exejecutivos de la compañía detenidos por estos cargos (Timothy Belden en octubre de 2002 y Jeffrey Richter en febrero de 2003). Septiembre El día 10, el Departamento de Justicia informó de que el antiguo tesorero de Enron, Ben Glisan, se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores81, y había comenzado a cumplir una pena de cinco años de prisión impuesta por un juez en un juicio sin jurado. Glisan había aceptado, además, pagar una multa de 1.312.000 dólares. Glisan, el primer alto ejecutivo de Enron condenado y encarcelado, admitió que, junto con otros ejecutivos, conspiró para falsificar la información financiera de la compañía con el fin de ocultar su precaria situación. No llegó a suscribir de forma expresa ningún acuerdo de colaboración con la justicia. El día 18, tras investigaciones llevadas a cabo por el FBI, cuatro exejecutivos de Merrill Lynch se entregaron a las autoridades federales en Houston. Se les acusó de participar en operaciones ilegales con Enron que permitieron a esta maquillar sus beneficios. Se trataba de Daniel Bayly, ex director de la división de banca de inversión, Robert Furst, ex director de la unidad de relaciones con Enron, James Brown, ex director de la división de arriendo de activos estratégicos, y William Fush, ex vice president. Los cuatro se enfrentaban a penas de entre tres y cinco años de prisión. El FBI no lanzó ninguna acusación contra Merrill Lynch, que ya había llegado a un acuerdo extrajudicial con la SEC. Por parte de Enron ya estaban imputados por idénticos cargos Dan Boyle y Sheila Kahanek. Wire and security fraud, en terminología legal norteamericana. El wire fraud –que traduciré generalmente como «fraude electrónico»– es el que se comete haciendo uso impropio de redes de comunicaciones electrónicas, teléfono, módem, etcétera. El security fraud abarca una amplia gama de delitos, generalmente relacionados con el uso de información privilegiada en operaciones con acciones, obligaciones, derivados financieros, etcétera.

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Octubre El día 28, David Delainey, ex president y ex CEO de Enron Americas —que incluyó a Enron North America (ENA), la división de venta de energía al por mayor—, se declaró culpable de fraude bursátil por uso de información privilegiada, y se avino a pagar al Gobierno federal 8 millones de dólares (4,26 confiscados por venta fraudulenta de acciones y 3,74 en concepto de multa). Reconoció su participación, junto con otros directivos sénior, en un esquema para manipular los beneficios de la compañía con el fin de alcanzar o batir las expectativas de Wall Street, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. Las puertas para el procesamiento de Jeffrey Skilling quedaron abiertas de par en par. Año 2004 Enero El día 9, Lea Fastow llegó a un preacuerdo con la justicia para ingresar en prisión por un período de cinco meses. El día 10, Lea Fastow rompió el acuerdo alcanzado con el fiscal federal por consejo de sus abogados, en lo que se creyó que era una maniobra para que su marido alcanzase también un acuerdo con la fiscalía. Tal ruptura le suponía ser sometida a juicio, en el que se enfrentaría con seis cargos que podían acarrearle una condena de 37 años. El día 14, Fastow y su esposa se declararon culpables de cargos penales federales relacionados con el caso Enron. A cambio de cooperar con la justicia, Andrew Fastow aceptó una condena máxima de diez años de prisión, y Lea Fastow una condena de cinco meses. En el caso de haber sido declarado culpable en un juicio con jurado, Andrew Fastow podría haber sido condenado a cadena perpetua. Fastow también aceptó poner a disposición de la justicia 23,8 millones de dólares en activos, en buena parte ya bloqueados por las autoridades federales. Estaba muy claro que su acuerdo de colaboración con los fiscales de la Enron Task Force era fundamental para la detención y posterior procesamiento de los «peces gordos» (Lay y Skilling). El día 22, Richard Causey, ex CAO de Enron, fue detenido por agentes del FBI. Conducido esposado ante un tribunal federal de Houston, se declaró inocente de los cargos que se le imputaban. En caso de ser procesado y condenado se enfrentaría a una pena de hasta 55 años de prisión y al pago de multas muy elevadas. Causey estaba al mismo nivel que Fastow en la jerarquía de Enron, y solo por debajo de Lay y de Skilling, sobre quienes podía aportar, si decidía colaborar con la justicia, informaciones decisivas para su procesamiento.

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Febrero El día 18, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra Skilling, al que imputó 28 cargos. El día 19, Jeffrey Skilling fue detenido por agentes del FBI. Conducido esposado ante un tribunal federal de Houston, se declaró inocente de los cargos que se le imputaban. En caso de ser procesado y condenado se enfrentaría a una pena de hasta 325 años de prisión. Fue puesto en libertad bajo fianza de 5 millones de dólares, que pagó con un cheque. La información facilitada por Fastow fue decisiva para su detención. Abril El día 7, el juez que llevaba el caso de Lea Fastow no aceptó el acuerdo al que la acusada había llegado con la fiscalía. Lea cambió su declaración de culpabilidad y se declaró inocente. El juicio quedó programado para el 2 de junio de 2004. Esta decisión, al parecer, no afectaba al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y su marido, que había permitido el procesamiento de Skilling. Mayo El día 6, Lea Fastow se declaró culpable de un cargo menor y fue sentenciada en un juicio sin jurado a un año de prisión. El día 19, Paula Rieker, ex secretaria corporativa y del consejo de administración, se declaró culpable de un cargo de uso de información privilegiada en la venta de acciones de Enron realizada el 5 de julio de 2001 tras conocer que Enron Broadband Services tenía unas pérdidas muy superiores a las declaradas, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia en el que aceptó pagar una multa de un millón de dólares. Causó baja inmediata en Enron Corp. Junio El día 2 se supo que, según pruebas que obraban en poder del Departamento de Justicia (grabaciones en vídeo y audio de conversaciones entre trabajadores del dispatching del sistema eléctrico), Enron manipuló el mercado durante la crisis energética californiana82. El día 18, el fiscal general de California, Hill Lockyer, demandó a Enron por fraude y manipulación de los precios durante la crisis energética californiana. Dadas a conocer por el periodista de la CBS News, Vince Gonzales.

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El día 19, fiscales federales pidieron a un gran jurado federal de Houston que acusase formalmente a Kenneth Lay. El día 27, Lay reconoció en una entrevista periodística que tenía toda la responsabilidad en el colapso de Enron, pero hizo énfasis en que no cometió ningún acto criminal («fracaso no equivale a delito»), y acusó a Fastow de ser el único culpable de lo ocurrido. Julio El día 7, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra Lay, al que imputó 11 cargos. El día 8, Kenneth Lay fue detenido por agentes del FBI. Conducido esposado ante un tribunal federal de Houston, se declaró no culpable de los 11 cargos que se le imputaban. En caso de ser procesado y condenado se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de prisión y al pago de 10 millones de dólares en concepto de multas. Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares. El juicio contra Lay podría llegar a tener connotaciones políticas, dadas su gran amistad con el presidente Bush hijo, y la generosidad económica con la que apoyó sus campañas electorales y las de muchos de los miembros del Congreso. Juristas expertos vaticinaron que sería uno de los casos más difíciles jamás presentados ante un tribunal en Estados Unidos. Una primera e importante dificultad podría ser la constitución de un jurado capaz de emitir un «veredicto justo», pues las encuestas demostraban que en Houston la población «tenía una opinión» sobre el caso. Con Lay, eran ya treinta las personas detenidas por el escándalo Enron. El día 12, Lea Fastow, condenada a un año de cárcel por un delito federal menos grave, empezó a cumplir sentencia. El día 30, Kenneth Rice, ex co-CEO de Enron Broadband Services, se declaró culpable del cargo de fraude de valores, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. Rice aceptó también pagar 13,7 millones de dólares en efectivo y propiedades. Agosto El día 6, John M. Forney, ex alto ejecutivo del área de comercialización de energía de Enron, se declaró culpable de fraude contable y de manipulación de los precios en la crisis energética californiana, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 22, los abogados de Skilling solicitaron al tribunal federal de Houston que su juicio se separase de los de Lay y Causey, por entender que los cargos que se imputaban a cada uno de ellos no eran los mismos ni estaban relacionados entre sí.

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El día 25, Mark Koenig, exdirectivo de Enron, responsable de las relaciones con los inversores, se declaró culpable de cooperación para cometer fraude, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia en sus investigaciones sobre la quiebra de la compañía. Además, acordó con la SEC el pago de una multa de 1,49 millones de dólares por facilitar a los inversores información fraudulenta. El día 31, Kevin Hannon, ex COO de Enron Broadband Services, se declaró culpable de un cargo de conspiración, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. Octubre El día 7, Timothy DeSpain, exadjunto al tesorero de Enron, se declaró culpable del cargo de conspiración, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 19, Sim Lake, juez federal de distrito de Houston, garantizó a Lay un juicio separado del de Skilling y Causey por los cuatro cargos de fraude bancario y engaño a los bancos al usar una línea de crédito para la compra de acciones al margen, pero dictaminó que los restantes cargos serían juzgados en un juicio conjunto con Skilling y Causey. Año 2005 Febrero El día 24, y a solicitud de las defensas de Lay, Skilling y Causey, que deseaban disponer de tiempo suficiente para preparar un caso de tan extraordinaria complejidad, el juez federal Sim Lake fijó para el día 17 de enero de 2006 el juicio contra los tres procesados, quienes debían hacer frente a numerosos cargos de fraude, conspiración y otros. Julio El día 8, Lea Fastow cumplió la pena de un año a la que fue condenada por un delito fiscal menos grave. El día 14, Christopher Calger, un ex vice president a cargo del West Power Origination Group de Enron North America, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con la venta del proyecto denominado Coyote Springs II, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 18, el fiscal federal Sean Berkowitz fue nombrado director de la Enron Task Force, en sustitución de Andrew Weissmann.

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Diciembre El día 28, se supo que Causey, exjefe de contabilidad de Enron, había llegado a un acuerdo con la fiscalía, en virtud del cual se declaraba únicamente culpable de fraude de valores, cargo criminal que conllevaba una posible sentencia de siete años de prisión, y se manifestaba dispuesto a pagar una multa de 1.250.000 dólares, y a restituir los ingresos que obtuvo de manera ilegal. La sentencia podría verse reducida a cinco años si cooperaba satisfactoriamente en el juicio contra Lay y Skilling. Causey era el decimosexto directivo de Enron que se declaraba culpable. Ante estos hechos, el juez Sim Lake accedió a una petición de las defensas de Lay y de Skilling, en el sentido de retrasar el juicio hasta el 30 de enero de 2006. La intensa labor de investigación de los fiscales para procesar a los «peces gordos» podía darse por concluida. Para ello, habían sido necesarios casi cuatro años de trabajo para encajar —a veces forzándolas un poco— las piezas del inmenso puzle que formaban los desmanes y delitos cometidos por la gente de Enron y sus «amigotes» de empresas colaboradoras. Se había detenido a treinta ejecutivos de categorías y responsabilidades muy diversas (veinticinco de Enron, uno de Arthur Andersen y cuatro de Merrill Lynch) y, también, se había inculpado y solicitado la extradición de tres ejecutivos del grupo bancario británico NatWest. Ahora la labor de los fiscales era la de acusar, en representación de los Estados Unidos de América, a los inculpados en los cinco procesos criminales que se abrieron, a saber: el juicio «Andersen», el juicio «Barcazas», el juicio «Banda ancha», el juicio «Trío NatWest», y, sobre todo, el gran juicio contra Lay y Skilling. Tales juicios serán objeto de estudio en la Cuarta Parte. Otras actuaciones administrativas Dejando aparte las actuaciones emprendidas por la FERC —de las que ya he dado breve noticia en el capítulo 4—, y por el Departamento de Trabajo en apoyo de las reclamaciones civiles de los trabajadores de Enron adscritos a los tres planes de pensiones tipo 401(k) de la compañía —que serán objeto de comentario en la Cuarta Parte (demanda civil Tittle)—, una SEC abochornada ante su sonado fracaso en la supervisión de Enron (y de otras muchas corporaciones) inició una investigación muy amplia, en ejercicio de sus competencias. En dicha investigación se vieron implicadas, sobre todo, cuatro instituciones financieras de primera fila (Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Citigroup y Canadian Imperial Bank of Commerce), así como numerosos

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exempleados de la compañía energética, y exejecutivos de Andersen y de las empresas expedientadas. Los expedientes abiertos a las entidades financieras se resolvieron a lo largo del año 2003 mediante acuerdos extrajudiciales en los que las mismas, sin aceptar ni negar los cargos por presunta colaboración en la falsificación de las cuentas de Enron y complicidad en su quiebra, se avinieron a pagar multas administrativas e indemnizaciones destinadas a los inversores83. Los pagos totales acordados fueron los siguientes: Merrill Lynch, 80 millones de dólares; JP Morgan Chase, 135 millones de dólares; Citigroup, 101 millones de dólares; y Canadian Imperial Bank of Commerce, 80 millones de dólares. En cuanto a los múltiples acuerdos individuales, los dos más importantes fueron los alcanzados con Skilling en 2006, tras ser considerado culpable y condenado (45 millones de dólares, aún no pagados, por cuanto la sentencia está recurrida y el patrimonio del ex CEO congelado por el Gobierno), y con Lou Pai en julio de 2008 (31,5 millones de dólares). Los demás se saldaron, o bien sin multas (Duncan, Odom…), o bien con multas pequeñas (entre 30.000 y 2.000.000 de dólares), y solo permitieron recaudar en total unos 23 millones de dólares. En muchos casos los acuerdos personales contenían ciertas restricciones profesionales temporales (para operar en los mercados financieros, auditar...). En noviembre de 2008, la SEC anunció que el 6 de abril de 2009 pondría a disposición de los accionistas «elegibles» unos 450 millones de dólares para el pago de indemnizaciones.

Los accionistas «elegibles», es decir, los que compraron sus acciones entre el 20 de enero de 1998 y el 7 de noviembre de 2001. Este período no coincide con el establecido en la demanda civil Newby, capitaneada por la Universidad de California, la cual será objeto de análisis en la Cuarta Parte.

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Segunda Parte AUTOPSIA DE UNA CATÁSTROFE

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Quid non mortalia pectora cogis, auris sacra fames! (¡A qué no arrastrarás a los mortales corazones, impía sed de oro!) Virgilio, Eneida, III, 56-57

En el extenso relato precedente —capítulos 1 a 5—, he expuesto de forma minuciosa lo que le ocurrió a Enron y cómo reaccionaron los poderes públicos. Pero apenas he explicitado qué hizo tal empresa y, menos aún, cómo lo hizo. ¿Cuáles fueron sus mecanismos de actuación, más allá de lo que el propio lector haya podido ya inducir de los hechos narrados, o de alguna de mis vagas insinuaciones? ¿Cómo es posible que, en menos de seis meses, una empresa aparentemente próspera y muy bien considerada pasase de la gloria a la bancarrota? En esta Segunda Parte intentaré dar una contestación a tales interrogantes. Los capítulos 6, 7, 8 y 9 nos mostrarán técnicamente de qué manera un sugestivo sueño empresarial devino en horrible pesadilla a lo largo de un proceso gradual —al principio lento y luego desenfrenado— de envilecimiento de la conducta directiva. Y es que cuando Enron nació era poco más que la fascinante alucinación de un hombre visionario, un simple arroyo por el que ya bajaban aguas poco claras. Después, se tornó en tumultuoso y turbio torrente, capaz de flanquear cuantos obstáculos morales y prohibiciones legales se opusieran a su paso, sin respeto a personas, normas ni fronteras. Y, finalmente, se convirtió en un estanque de aguas corrompidas, cuyo fétido olor acabó por ahuyentar a quienes tenían más desarrollado el sentido del olfato o, simplemente, se iban despertando poco a poco de los anestésicos efectos de la gran borrachera agarrada durante los últimos años de vino y rosas. En este desastroso devenir jugó un papel decisivo la mentira. Ese nauseabundo gusano ya anidaba en el corazón mismo de la primigenia cultura corporativa de Enron. Al principio se mintió «un poquito», sólo lo justo para ir tirando; al fin y al cabo, la conquista de la tierra prometida por Lay justificaba esas pequeñas desviaciones de conducta que cabe tolerar a las gentes valientes, arrogantes y transgresoras, bien dispuestas a habitar en el límite

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para colonizar territorios nuevos. Pero el gusano de la mentira fue corroyendo y pudriendo lenta e insidiosamente el complejo entramado de lazos que mantenían unida a tan esforzada tropa. Ahora ya no se trataba de leves «mentirijillas», sino de mentiras de grueso calibre. Y llegó un momento, sobre todo en el año 2001, en que ya no había vuelta atrás. La mentira lo había carcomido todo, el deterioro era inmenso, y quienes tenían el poder real — Lay y Skilling— consideraron que, en esas condiciones, era peor descubrir la verdad. Y, de forma arrogante y temeraria, optaron por seguir mintiendo. Así, Enron acabó siendo solo una mentira, una monumental y maldita mentira, que se derrumbó como un castillo de naipes en el otoño —del calendario y del alma— del nefasto año 2001, primero de la actual centuria.

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Capítulo 6 LA MENTIRA CONTABLE En verdad, el mentir es un vicio maldito. Sólo somos hombres, y sólo creemos los unos en los otros por la palabra. Si conociésemos el horror y el peso de la mentira, la perseguiríamos hasta la hoguera con más justicia que a otros crímenes. Michel de Montaigne, Ensayos, Libro I, Capítulo IX («De los mentirosos») Quae fuerant vitia, mores sunt. (Lo que fueron vicios son ahora costumbres.) Séneca, Epístola moral a Lucilio, XXXIX, 6 Cuanto mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira. Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político cristiano, representado en cien empresas, XII

En torno a la contabilidad creativa Antes de adentrarme en el pestilente pantano de las cuentas de Enron, considero indispensable hacer algunas reflexiones previas sobre contabilidad, arte que la conducta empresarial torcida ha conseguido prostituir y desacreditar hasta los límites de lo imaginable. La contabilidad no es, en absoluto, una ciencia exacta. En efecto, el registro contable, que persigue la obtención de lo que se ha dado en llamar «imagen fiel» de la situación de la empresa, se realiza a partir de normas muy elásticas que se basan en principios de general aceptación en el ámbito internacional. Se trata, por supuesto, de convenciones de carácter muy genérico que permiten un ejercicio hermenéutico de considerable discrecionalidad.

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Desde luego, cada país traduce principios tan amplios, flexibles e, incluso, ambiguos en normativas propias. Así, la normativa española ha permitido o prohibido durante mucho tiempo ciertas prácticas contables84 que estaban —y siguen estando— prohibidas o permitidas en otros países europeos. Y, por supuesto, las normas europeas, que se fijan más en los principios fundamentales que en la casuística, más en el fondo que en la forma, difieren aún bastante de las norteamericanas (los USGAAP o Principios Contables Generalmente Aceptados en Estados Unidos), que se centran en una descripción muy detallada de lo que no se puede hacer y que, por tanto, inducen a pensar que está permitido todo lo que el regulador olvidó prohibir. Esta realidad inherente al registro contable es la que ha dado alas a la llamada —mal llamada— ingeniería contable o contabilidad creativa, una contabilidad que manipula la información financiera tal vez al margen de la moral, pero no de la ley. En efecto, tal contabilidad, sin llegar a vulnerar abiertamente los principios generalmente aceptados (que siempre se prestan a una interpretación subjetiva), aprovecha los vacíos de la promiscua normativa y permite, sin que el auditor realice salvedad alguna en sus preceptivos informes, maquillar descaradamente las cuentas, que no reflejan una imagen fiel de la situación de la empresa sino la imagen distorsionada y engañosa que se desea transmitir al mercado. Durante los dos últimos decenios de la pasada centuria, las añejas prácticas de alta cosmética contable se generalizaron y, lo que es peor, degeneraron gravemente, hasta el punto de que, más que de contabilidad agresiva, había que hablar, en muchos casos, de contabilidad fraudulenta, por cuanto se utilizaban métodos más o menos burdos o sofisticados para sortear o circunvenir las normas y, en último término, falsificar las cuentas y obrar el «milagro» que supone la transformación de pérdidas cuantiosísimas en beneficios sustanciales. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos, pero también en Europa: en un ambiente especialmente relajado, tolerante y descuidado, los líderes empresariales más imaginativos y decididos pudieron colonizar y urbanizar sin problemas los amplios territorios ubicados entre lo moral y lo delictivo (con la ayuda de los auditores, peritos en hermenéutica contable), y los menos escrupulosos no dudaron en traspasar una frontera que ya nadie vigilaba. La autopsia del caso Enron que me propongo realizar ilustra de forma sumamente pedagógica sobre los malabarismos contables que son capaces de realizar los directivos imaginativos, poco o nada respetuosos con las reglas y las normas. Por ejemplo, la práctica seguida por muchas grandes empresas españolas de cargar contra reservas libres el coste de las prejubilaciones (en concreto, la banca y las empresas eléctricas), cuando en realidad se trata de un gasto que debería pasar por la cuenta de resultados.

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Creativa, agresiva, o fraudulenta no son los únicos adjetivos que, según las circunstancias, permiten calificar la contabilidad que se ha practicado —y aún se practica, no nos engañemos— en esta época perturbada. Los expertos han conseguido que la contabilidad se haya hecho, además, acreedora de un decoroso dictado postmoderno: innovadora. Bastará un ejemplo. En la formación del beneficio contable intervienen numerosas partidas de ingresos y costes que pueden ser valoradas según diversos criterios (todos ellos igualmente válidos) e, incluso, ser o no ser tenidas en cuenta. Ello hace que el beneficio declarado por la empresa pueda variar de acuerdo con la anchura de la manga de quien lo fija. De ahí que se diga con razón que el beneficio, más que un hecho, es una opinión85. Pero todo tiene su límite y, a veces, no basta la hermenéutica para maquillar la dura realidad de las cosas. Por eso han hecho fortuna formas ingeniosas de presentar resultados desastrosos sin que se note demasiado. Una de ellas, ayer mismo muy de moda y hoy abiertamente criticada por quienes saben de qué va la cosa, consiste en publicar un curioso índice de rentabilidad, el ebitda (acrónimo de earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), es decir, ganancias antes de deducir los intereses de la deuda, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Gente que pasa por experta y seria (CEO incluidos) no tiene empacho en manifestar que este índice mide la auténtica capacidad de una empresa para generar beneficios. No es cierto. En una empresa adecuadamente financiada, con una deuda razonable, no se precisa recurrir a este truco para demostrar que su actividad ordinaria es capaz de generar beneficios. Y cuando la empresa tiene una deuda enorme, cualquier pretensión de apoyar la gestión de su consejero delegado en una supuesta evolución positiva del ebitda no es sino un torpe intento de confundir al accionista. Porque en este caso, cuando se le restan a las presuntas «ganancias» los intereses de la deuda (contraída para poder financiar inversiones necesarias o cuestionables sueños de grandeza), rúbrica contable que ningún prestidigitador de las finanzas puede hacer desaparecer por arte de magia, no quedan con frecuencia más que pérdidas puras y duras, que es lo único que a la postre cuenta. No hace muchos años que en Estados Unidos hicieron fortuna ingeniosas y caricaturescas definiciones de ebitda: «earnings before I tricked the dumb auditor» («ganancias antes de engañar al tonto del auditor»)86, Alfred Rappaport, La creación de valor para el accionista, Ediciones Deusto S. A., edición actualizada en 1998, capítulo 2, página 38. 86 Ver el artículo de opinión de Pedro J. Ramirez, publicado en El Mundo el día 30 de junio de 2002 bajo el título «Creadores de servilletas». 85

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o «earnings before informing the damned auditor» («ganancias antes de informar al maldito auditor»)87. Se manejan, por supuesto, otros muchos «beneficios antes de algo». Roza lo sublime el beneficio pro forma88, que no es ni más ni menos que una presunción de beneficio anunciada antes de tiempo, antes de comprobación, confirmación o corroboración, antes de que se esté en condiciones de dar información medianamente seria, antes de cualquier cosa que suene a seriedad, rigor y compromiso, antes de todas las partidas que resultan incómodas. Y constituye una verdadera tomadura de pelo el ebitda pro forma que, aunque parezca mentira, algunos también manejan. Todos estos juegos de manos para presentar buenos resultados, aunque el balance sea una verdadera fosa séptica llena de activos no rentables y deudas desmesuradas, deberían causar rubor a quienes los practican y, también, a los creativos expertos y consultores que en su día los presentaron en sociedad, echando mano arteramente de inocentes conceptos teóricos que aplican, con más automatismo que convicción, tanto los profesionales como los docentes que se dedican al análisis financiero. Pienso que todo inversor tendría que ponerse instintivamente en guardia al oír hablar de formas tan peregrinas de rendir cuentas antes de poder hacerlo con cifras bien contrastadas. Existen justificaciones técnicas para usarlas, pero quien recurre a ellas en sus explicaciones al accionista o a los medios de comunicación no es probable que lo haga con el propósito moderno de clarificar, sino más bien con el postmoderno de enmascarar. Por mi parte he de reconocer que, en cuanto oigo a algún consejero delegado presumir de ebitda, ya sé con certeza una cosa, sin necesidad de mirar el pasivo del balance: la compañía está endeudada hasta las cejas. ¿Simple prejuicio? Haga usted la prueba, amable lector. Para dar una apariencia honorable a prácticas tan degeneradas algunos hablan, de forma harto impropia, de ingeniería contable. Pero nada hay de noble ingeniería en tan censurables hábitos a los que, en todo caso, solo les Ver el artículo de Pedro Nueno, publicado en La Vanguardia el día 22 de septiembre de 2002 bajo el título «Accounting». 88 En los beneficios pro forma, la empresa suele excluir partidas tales como los ajustes contables, el fondo de comercio, las depreciaciones, las amortizaciones, los intereses, los impuestos, los incentivos basados en opciones sobre acciones, los costes derivados de las reestructuraciones y operaciones de fusión, y, por supuesto, todas las partidas extraordinarias, o las que tienen su origen en hechos inesperados e impredecibles. De ahí que en la jerga anglosajona se les apode como EEBS (earnings excluding bad stuff), es decir, «beneficios excluyendo las partidas malas». Evidentemente, un beneficio pro forma muy positivo es casi seguro que esconde pérdidas descomunales. 87

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encajaría bien el calificativo de farsa, es decir, de enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar. ¡Qué uso tan vil se hace hoy de la contabilidad! Cualquiera que tenga nociones básicas sobre esta materia sabe que toda rúbrica contable es radicalmente indeterminada, por cuanto su valor depende de futuras y desconocidas circunstancias del mercado sobre las que no cabe sino realizar conjeturas. Pero una cosa es conjeturar de forma razonable, prudente y honesta (el que sea acertada es harina de otro costal), y otra muy distinta es practicar el ilusionismo con ánimo de mentir. ¿Qué diría Ludwig von Mises, quien, en la tercera parte de su magna obra La acción humana89, elogió las excelencias del cálculo económico basado en la contabilidad, al que consideraba como una «inapreciable herramienta intelectual» inseparablemente ligada a nuestra civilización, y sostuvo que Goethe tenía toda la razón cuando manifestó que la contabilidad por partida doble era «uno de los descubrimientos más grandes y sutiles de la mente humana»90? La contabilidad mark-to-market Se trata de una metodología contable que permite asignar (marcar) un valor a un activo, normalmente financiero, tomando como base su precio de mercado actual o valor razonable (fair value). Cuando el precio de mercado no puede ser obtenido directamente de manera plenamente objetiva (como en el caso de ciertas transacciones complejas a plazo con commodities), el activo puede ser valorado de forma sintética o hipotética mediante técnicas de cálculo financiero tales como el discounted cash flow (flujo de caja descontado). Tal metodología está aceptada por el Financial Accountant Standards Board, organismo privado que emite los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (las USGAAP). Este tipo de contabilidad no es una especie de invento raro, una «cosa de americanos». Se trata de una práctica que originariamente se desarrolló en el siglo XIX, y fue usada por las empresas de comercio y corretaje para la valoración de los contratos con futuros, y más tarde adoptada también por las instituciones financieras en la década de los ochenta de la pasada centuria, Ludwig von Mises, La acción humana, Unión Editorial S. A., tercera parte, capítulo XIII, página 355. 90 La cita exacta es: «¡Qué grandes ventajas le proporciona al comerciante llevar sus libros por partida doble! Esta es una de las mejores invenciones del género humano y todo el que aspire a administrarse bien debiera adoptarla». Johann Wolfgang von Goethe, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Ediciones Cátedra, libro primero, capítulo décimo, página 117. 89

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para ajustar el precio o valor en libros de un título, cartera o cuenta, de forma que reflejase su valor real de mercado. Esto resultaba especialmente importante en el caso de compras con cuentas de margen91, para asegurar que los requerimientos de margen de mantenimiento, establecidos por la normativa legal y la reglamentación institucional, se cumplían en todo momento. Pero en la década de los noventa esta práctica fue autorizada para otro tipo de operaciones, sin contar con una estructura de cobertura de riesgos bien desarrollada y sólidamente implantada, como la que había dado soporte durante más de cien años a las veteranas operaciones comerciales a futuro con commodities. En concreto, el aplicarla al caso de contratos de compraventa de gas a futuro era toda una innovación por cuanto, al menos en principio, permitía capitalizar las proyecciones a largo plazo de los beneficios que hipotéticamente se obtendrían de tal contrato, y darles el carácter de beneficios actuales. Cuando los auditores externos y la autoridad competente (la SEC) autorizaron a Enron el uso de la contabilidad mark-to-market, le otorgaron, tal vez sin sospecharlo, una patente de corso para practicar la manipulación y el engaño, una licencia para defraudar. En efecto, le suministraron un instrumento que podía utilizar para manufacturar los ingresos, los costes y los beneficios. Y, por supuesto, Enron hizo uso de él a discreción92. Paul Krugman93 explicó de forma muy pedagógica, en un artículo que escribió para The New York Times en 200294, cuál fue la estrategia de Enron para engañar a los inversores. En Estados Unidos se pueden comprar acciones recurriendo parcialmente al crédito, bajo la modalidad de «cuenta de margen». En esta modalidad, el corredor calcula permanentemente el margen de la cuenta mediante la fórmula: Margen actual = (Valor de la posición – Préstamo) / (Valor de la posición). La Federal Reserve Board (FRB) establece un margen mínimo inicial permitido para la compra de acciones (por ejemplo, el 50%), y el NYSE fija su propio margen de mantenimiento (por ejemplo, el 25%). Si el margen actual cae por debajo de este mínimo se desencadena el proceso de los llamados margin calls, que no son otra cosa que requerimientos perentorios de aportación fondos adicionales a la cuenta o de venta de parte de las acciones, que permitan superar el margen de mantenimiento. 92 En la versión doblada al español de la película The smartest guys in the room (Los tipos que estafaron a América) hay una parodia en torno a la contabilidad mark-to-market en la que un imaginario Skilling, alejado aún del poder total, diserta en torno a una genial idea: adoptar la contabilidad a «valor futuro hipotético», sistema que permitiría a Enron, con independencia de los ingresos que registrase, declarar la cifra de beneficios que le diese la gana. Eso es, en buena medida, lo que ocurrió. 93 Profesor de economía en la Universidad de Princeton, y conocido articulista. Premio Nobel de economía 2009. 94 Incluido en su libro El gran engaño. Ineficacia y deshonestidad: Estados Unidos ante el siglo XXI, Editorial Crítica, segunda edición, página 111. 91

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Supongamos —dice Krugman— que regenta usted una heladería. No es un negocio demasiado rentable, por tanto ¿qué hará para volverse rico? [...] Firme usted contratos para proporcionar a sus clientes un cucurucho de helado diario durante los próximos treinta años. De forma deliberada, subestime el coste de servir cada cucurucho; luego, registre todos los beneficios proyectados sobre esas futuras ventas de helados en el balance final de este año. De pronto, parecerá que tiene usted un negocio altamente rentable y podrá vender participaciones de su tienda a precios exorbitantes.

Pensando en términos de gas y no de cucuruchos de helado, ¿qué es lo que Enron podía hacer, e hizo? Dentro del marco de un crecimiento desaforado, la cosa no era demasiado difícil; bastaba, en efecto, con registrar contablemente como venta realizada hoy un contrato de suministro de gas que establecía, por ejemplo, la entrega dentro de un año de una determinada cantidad de producto a un precio también determinado, pero no registrar adecuadamente (subestimar) lo que habría que gastar en su momento para comprarla, pues no en balde Enron —o, mejor, Lay— ya ocupaba una posición de liderazgo dentro del mercado del gas y tenía poder suficiente para manipular los índices de precios que servían de referencia para las transacciones a futuro. Ingresos sin la debida contrapartida de gastos: ¡la reinvención de la rueda! Naturalmente, esto solo se podía camuflar —contando con que los auditores mirasen hacia otro lado, por supuesto— mientras las ventas superasen sensiblemente a las compras. Se trataba, en el fondo, de una versión sui géneris del clásico y bien conocido esquema Ponzi95. Pero este tipo de esquemas no pueden sobrevivir si el crecimiento se ralentiza o se detiene. Cuando eso ocurrió, se cambió de estrategia. En realidad, puestos a mentir, no se necesitaba vender el gas a ningún cliente real. Y aquí jugaron su papel las SPE, de las que hablaremos a continuación. La propia lógica interna de esta técnica contable tan cuestionable, de la que Enron usó y abusó a sus anchas —junto con otras prácticas del todo impropias que más adelante serán objeto de escrutinio—, explica por qué a los analistas e inversores les resultó tan difícil, por no decir imposible, llegar a comprender 95

Un sistema Ponzi es un timo financiero estructurado en forma piramidal. Se van generando sucesivas oleadas de inversores, atraídos por la promesa de unas remuneraciones muy superiores a las usuales en el mercado. Mientras el engaño funciona, el capital aportado por la oleada k de inversores, superior al aportado por la oleada precedente k-1, permite pagar a los inversores de esta y de las anteriores el interés prometido. Pero todo tiene su límite y, antes o después, se descubre el engaño, ya no hay nuevas oleadas de incautos —pero avariciosos— inversores, y el sistema se derrumba como un castillo de naipes.

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cómo hacía dinero la compañía. Ciertamente, resultaba misterioso que Enron pudiese generar una espectacular y siempre creciente cifra de negocio, sin generar al mismo tiempo una gran liquidez. ¿Qué ocurría con la caja? ¿Dónde estaba el dinero contante y sonante? Parece que a nadie le importaba. En el ambiente de exuberancia irracional que dominaba la bolsa de valores durante los años de gloria de Enron, todo el mundo ganaba mucho dinero, y era preferible no hacer preguntas tan embarazosas. Ni siquiera la SEC se las planteó. La contabilidad inciso-cortante La manipulación cuasi sistemática de los números de Enron no sólo se hizo exprimiendo al máximo las posibilidades del sistema de contabilidad markto-market —visto como si se tratase de una especie de estrategia de juego tipo intelligent gambling en el virtual casino donde los ejecutivos de Enron realizaban sus arriesgadas apuestas—, ni abusando de las SPE, como comentaré con detalle y de forma monográfica en el capítulo siguiente. La imaginación de los ejecutivos de Enron era realmente extraordinaria, y aplicaron los métodos más exóticos para conseguir que los beneficios siempre igualasen o, incluso, superasen las más descabelladas expectativas de Wall Street. Esta tendencia de la gente de Enron a practicar lo que Lay llamaba «contabilidad inciso-cortante» (cutting-edge accounting), a sortear, flanquear o circunvenir las normas generalmente aceptadas, a caminar sobre el filo de la navaja, a golpear las vallas fronterizas, a violar las líneas rojas trazadas por la más elemental prudencia, no era en absoluto desconocida por Andersen. En una reunión interna que tuvo lugar el 6 de febrero de 2001, algunos socios de Andersen llegaron a plantearse abiertamente, como se ha dicho, la conveniencia de mantener o no a Enron como cliente. Pero el dólar es el dólar y, además, su propia gente —auditores y consultores residenciales— no solo había hecho la vista gorda en muchísimas ocasiones, sino que, también, había colaborado activamente en el diseño de transacciones más que discutibles. En estas condiciones, lo mejor era seguir nadando para evitar un seguro ahogamiento. Lo cierto es que la gente de Enron continuó haciendo lo que ya venía haciendo, es decir, lo que la daba la gana. Veamos tan sólo tres ejemplos. Afilando el lápiz En ocasiones, cuando llegaba el momento de presentar los beneficios del trimestre, las cuentas se hacían al revés. Se partía de las expectativas de los analistas de Wall Street, que no respondían, por cierto, a análisis de ningún

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tipo, sino a lo que tenía a bien contarles Skilling, paradigma de CEO96, en las reuniones que mantenía con ellos. Si los beneficios «reales» —es un decir, pues cabe presumir que, en no pocos casos, ni la propia compañía sabía con precisión cuál era su verdadera situación— coincidían con tales expectativas, miel sobre hojuelas. Pero, si no era así, pues se afilaba un poco el lápiz, se sacaban de la manga algunos centavos por acción, y asunto concluido. Y eso, ¿cómo se hacía? «Por las buenas» solo se hizo en casos de emergencia. Hoy sabemos que a estas artimañas se recurrió para cerrar las cuentas del ejercicio 1999, las de los trimestres segundo, tercero y cuarto del ejercicio 2000, y las de los trimestres primero y segundo del ejercicio 2001. Pero lo normal era que, con tiempo suficiente, se realizasen transacciones cuestionables en ciertas unidades críticas de la compañía para ocultarle al mercado su verdadera situación, que, de haber sido conocida, hubiese repercutido de forma muy desfavorable en la cotización de la acción. En este sentido, son de destacar los casos de la unidad de ventas de energía al por menor, Enron Energy Services (EES), y de la unidad de Internet, Enron Broadband Services (EBS). Las manipulaciones de EES Esta potente unidad de negocio llegó a ser —al menos en apariencia— la «joya de la corona» de Enron bajo la dirección de Lou Pai97. Sin embargo, a finales de 2000 empezó a registrar pérdidas cuantiosas (del orden de 500 millones de dólares). Por supuesto no se declararon, y fueron transferidas, de forma pre96 97

Laureado en Las Vegas el 12 de junio de 2001 como «CEO número uno de Estados Unidos». Lou Pai, una especie de mago de las matemáticas, fue miembro destacado del equipo de Skilling, y hombre de su absoluta confianza. Nadie llegó a conocer bien en Enron a Lou Pai. Según algunos, era persona tranquila, abordable y fustigador inteligente, que nunca buscó el protagonismo y procuró permanecer discretamente en la sombra como incubador de ideas, dando solo la cara cuando era absolutamente necesario, y siempre al margen de los asuntos financieros, de los que se declaraba inhábil. Para otros, se trataba de un individuo ambicioso, irritable y vengativo, con el que más valía no gastar bromas. Lou Pai abandonó discretamente Enron seis meses antes de la quiebra, siendo chairman y CEO de Xcelerator —proyecto de riesgo que murió con él—, cuando la compañía consideró que era preferible que se fuera con sus ideas (y con su gran fortuna) a otra parte. De hecho, su nombre nunca figuró en la lista de los protagonistas de la quiebra de Enron (el informe Powers ni siquiera lo menciona), y los fiscales no llegaron a procesarlo, pues parece que nunca estuvo directamente relacionado con operaciones financieras encaminadas a ocultar pérdidas. Además, la venta de sus acciones en el año 2000, que le reportó la increíble cifra de 270 millones de dólares, fue provocada por su escandaloso divorcio con una exbailarina exótica, y no por el uso de información privilegiada.

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suntamente irregular, a la unidad de ventas al por mayor, Enron North America (ENA), quien caritativamente las absorbió con cargo a sus importantes reservas. Una simple travesura, al fin y al cabo; Enron se limitaba a coger dinero del bolsillo derecho de su chaqueta y lo pasaba a su bolsillo izquierdo. ¿Qué descerebrado podía escandalizarse de semejante cambiazo, que a nadie perjudicaba, si se exceptúa a la verdad, siempre relativa, dúctil y maleable? Los chanchullos de EBS La división de Internet de Enron fue, sin duda, una empresa especialmente mimada por Skilling, quien la presentaba a los analistas de Wall Street como una verdadera mina de oro, que acabaría dando grandes beneficios a la compañía y, por ende, a sus accionistas. En una conferencia con analistas, celebrada el 20 de enero de 2000, Skilling anunció que Enron estaba desarrollando con éxito el necesario software crítico, que le permitiría conseguir muy pronto el control de la red de fibra óptica y la obtención, a través de EBS, de cifras de negocio de miles de millones de dólares en la comercialización de servicios de banda ancha tales como la distribución por Internet de películas, juegos y otras aplicaciones que implicaban transmisiones masivas de datos. Ken Rice, chairman y CEO de la compañía, y hombre de la máxima confianza de Skilling, predijo cifras de negocio del orden de 40.000 millones de dólares. La reacción de los analistas, atónitos y fascinados, fue inmediata y sumamente favorable. Todos sin excepción, exhibiendo una fe ciega, ayuna de análisis de ningún tipo —que solo empezaría a resquebrajarse, con selectiva parsimonia, a partir de los fatídicos idus de marzo de ese año— corrieron a anunciar urbi et orbi la buena nueva... y el mercado enloqueció: el día anterior, la acción de Enron cotizaba a 53,5 dólares, el día 20 cerró a 67,375, y al día siguiente lo hizo a 71,625. Como por arte de magia, los accionistas de Enron, se «enriquecieron» un 34% en tan solo 48 horas. ¡Qué poder tiene la palabra de un ejecutivo visionario, carismático y con diploma de excelencia, cuando el auditorio está dispuesto a creerle! Pero tan estimulantes promesas nunca llegaron a cuajar. EBS realizó cuantiosas y, en algunos casos, ruinosas, inversiones en redes de fibra óptica, que hubo que esconder en las EPS. Además, el tan cacareado desarrollo del «software crítico» tropezó con gravísimas dificultades que no fueron capaces de resolver los genios de Houston, que pretendían competir con las más esclarecidas lumbreras de Silicon Valley sin llegar a comprender bien ni siquiera los conceptos básicos. Sin embargo, Enron, que ya era consciente de estos problemas, suscribió en el mes de julio con Blockbuster, la mayor cadena de tiendas de Estados

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Unidos dedicada al negocio del vídeo, un acuerdo para desarrollar un proyecto que prometía una distribución de películas a la carta a través de Internet. Como es lógico, EBS no hacía otra cosa que perder dinero y, a finales de 2000, se hallaba ya en situación desesperada. Pero, evidentemente, no podía presentar pérdidas en el ejercicio 2000; hubiera resultado trágico para la ya declinante cotización de las acciones de Enron. Y es aquí donde intervino la fértil imaginación de los ejecutivos de EBS (en particular, la de sus CFO y CAO Kevin Howard y Michael Krautz, respectivamente), que urdieron el proyecto Braveheart. Dicho proyecto fue una transacción muy compleja que implicó la «venta» del valor actual de los hipotéticos beneficios futuros que, presuntamente, se derivarían del acuerdo suscrito entre Enron y Blockbuster. Tal «venta», por importe de 111 millones de dólares, se registró contablemente en EBS como beneficio ordinario a finales de 2000 y a comienzos de 2001. El proyecto Braveheart —según los fiscales de la Enron Task Force— parece que, a grandes líneas, consistió en lo siguiente: a) EBS creó una joint venture (asociación de empresas) con nCube, una compañía tecnológica de Oregon suministradora de Enron, y con Thunderbird, una compañía participada, controlada por Enron. b) Enron «vendió» (o, de alguna forma, «transfirió») a la joint venture los beneficios futuros de su acuerdo con Blockbuster. c) EBS «vendió» parte de sus intereses en dicha joint venture a Hawaii 1250, una empresa creada por Enron en asociación con el Canadian Imperial Bank of Commerce, por 111 millones de dólares, venta que registró en sus libros como beneficios del último trimestre de 2000 (53 millones) y del primer trimestre de 2001 (58 millones). Y ¿de dónde obtuvo Hawaii 125-0 los 111 millones de dólares con los que «compró» tales derechos? Se supone que le fueron prestados por su socio financiero, el Canadian Imperial Bank of Commerce, a quien Enron habría dado una garantía verbal de que no perdería dinero en la transacción. Aunque cabría defender que la operación, aunque tortuosa, fue legal, los fiscales sostuvieron que se trató de un forma artera de sortear la normativa contable, por cuanto EBS tenía el control absoluto de la joint venture, y ni Thunderbird ni nCube realizaron en realidad aportaciones de capital riesgo (existen pruebas de que a nCube se le garantizó verbalmente que no perdería dinero y obtendría un beneficio en 2001). Así las cosas, parece que todo se redujo a un ejercicio de alquimia financiera, en virtud del cual un préstamo bancario a una participada de Enron apareció transmutado en beneficios en las cuentas de EBS. Este turbio asunto supuso el procesamiento, como ya sabemos, de cinco directivos de EBS: Joe Hirko, Kevin Howard, Michael Krautz, F. Scott Yeager y Rex Shelby (juicio «Banda ancha»).

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La «cultura» de Enron ¿Cómo es posible que unos ejecutivos de élite, considerados extramuros de Enron como los tipos más profesionales, granados, juiciosos y escogidos del negocio, cometiesen los excesos que cometieron, sin rubor ni temor, con una arrogancia y soberbia patricias? ¿Cómo explicar que la inmensa mayoría de la plebe enroniana colaborase con ellos sin plantear problemas? ¿Acaso dicha plebe era una especie de reencarnación de los tres célebres monos de la leyenda china, que practicaban el mafioso pero seguro juego de no ver lo que está mal, de no oír lo que chirría y de mantener, en todo caso, la boca bien cerrada? ¿Padecía, por desventura, tan nutrido rebaño de mansas ovejas una anosmia crónica? Justo es reconocer que la refundación de la industria del gas que se llevó a cabo en Enron, como toda revolución de gran calado, exigía una dirección férrea, capaz de sofocar de inmediato cualquier disidencia. Se trataba, ciertamente, de una condición necesaria; pero no era suficiente. Sin la colaboración de todo el personal, el éxito de la gran transformación no estaba en absoluto garantizado. Y esto nos sitúa dentro del ámbito de la cultura corporativa y de los valores. ¿Cuál fue la cultura de Enron, cuáles sus valores? Cuando hablamos de la cultura de una organización nos solemos referir a su particular forma de hacer las cosas en materias tales como gestión de las personas (selección, formación, promoción, retribuciones, incentivos, sanciones...), estilos de dirección, toma de decisiones, comunicación interna, interacción con el entorno... Se trata de una manifestación externa del capital social98 que atesora la organización, es decir, del conjunto de normas o valores informales que comparten los miembros de la misma y que permiten su cooperación. Pero, con frecuencia, esta manifestación es epidérmica, engañosa, pura apariencia. Porque, a la hora de la verdad, lo que realmente cuentan son las convicciones profundas, los valores compartidos que condicionan, determinan y explican las conductas, las prácticas, las prioridades y las elecciones. Este fue el caso de Enron. En efecto, Kenneth Lay, persona a la que se suponía depositaria de elevados principios morales, estableció al fundar Enron un código ético (Code of Ethics) muy exigente que todos los empleados debían conocer y cumplir a rajatabla. Su última versión corregida, fechada el 1 de julio de 2000, consta de 64 páginas en las que se pueden encontrar absolutamente todos los principios de buena gobernaza, hoy tan de moda. El prólogo (página 2) es una carta que Lay dirige a todos los empleados, en la que dice, énfasis añadido: Francis Fukuyama, La gran ruptura. Naturaleza humana y reconstrucción del orden social, Ediciones B, 2000.

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Como directivos y empleados de Enron Corp., filiales y participadas, somos responsables de realizar nuestros negocios de acuerdo con las leyes vigentes y de forma moral y honesta. Para estar seguros de que entendemos qué es lo que se espera de nosotros, Enron ha adoptado, con la aprobación del consejo de administración, las políticas que se exponen en este folleto. Pido que lo lean cuidadosamente y en su integridad y que, como ya vienen haciendo, reflexionen sobre sus actuaciones pasadas para asegurarse de que cumplen con tales políticas. Es absolutamente esencial que cada uno cumpla totalmente estas políticas en el futuro. Si tiene cualesquiera dudas o preguntas, hable con su supervisor, director o consejero legal de Enron. Queremos estar orgullosos de Enron y saber que goza de una reputación de empresa justa y honesta, y que es respetada. Ganar tal respeto es un objetivo de nuestros programas de comunicación y relaciones públicas, pero no importa cuán efectivos sean, por cuanto la reputación depende en último término de nuestra gente, de usted, de mí. Mantengamos alta la reputación.

Tras esta vibrante arenga, en la página 4 se dice que «la visión y los valores de Enron son la plataforma sobre la que están construidos los principios de derechos humanos de la compañía». La visión es grandiosa: llegar a ser la compañía energética líder del mundo en creación de soluciones energéticas innovadoras y eficientes para el crecimiento económico y la mejora medioambiental a nivel global. En cuanto a valores, establece cuatro fundamentales, a saber (énfasis añadido): a) Respeto (Respect): Tratemos a los demás como desearíamos que los demás nos tratasen a nosotros. No debemos tolerar el trato abusivo o irrespetuoso. Lo despiadado, insensible, cruel y arrogante no puede darse en esta casa. b) Integridad (Integrity) Trabajamos con clientes y posibles compradores de forma abierta, honesta y sincera. Cuando decimos que queremos hacer algo, es que queremos hacerlo; cuando decimos que no podemos o no queremos hacer algo, es que no queremos hacerlo. c) Comunicación (Communication) Tenemos la obligación de comunicar. En esta casa, ocupamos tiempo en hablar con cualquiera… y escucharle. Creemos que esta información significa movimiento y que mueve a la gente. d) Excelencia (Excellence) En cualesquiera cosas que hacemos no nos sentimos satisfechos con ningún resultado que esté por debajo del mejor posible. Queremos continuar subiéndole el listón a todo el mundo. La mayor diversión en esta casa será para todos nosotros descubrir lo buenos que podemos llegar a ser realmente.

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Por lo que a Business Ethics (ética de los negocios) se refiere, en la página 12 se lee, énfasis añadido: Los empleados de Enron Corp., y sus compañías filiales y participadas (colectivamente la «Compañía») deben soportar la carga que supone llevar a cabo sus asuntos de negocios de acuerdo con los estándares éticos más altos. Ningún empleado debe comportarse en el ámbito de lo personal de una manera que directa o indirectamente pueda ir en detrimento de los superiores intereses de la Compañía o de una manera que pueda dar lugar a la obtención de beneficios financieros como consecuencia directa de su empleo en la Compañía. Tanto las obligaciones legales como las morales deben ser cumplidas rápida y abiertamente, y de manera que refleje un sentimiento de orgullo por el nombre de la Compañía.

¡El no va más! Sin ir más lejos, la primera frase del valor «Respeto» no es sino la reproducción textual de la «regla áurea de la ética» de todas las grandes religiones, desde Confucio a Jesucristo. Pero visto lo ya visto hasta el momento, no es temerario el concluir que, en realidad, valores tan sugestivos como Respect, Integrity, Communication y Excellence, palabras que, por cierto, decoraban los enormes estandartes que colgaban del techo del gran lobby del cuartel general de Enron en la calle Smith Street de Houston, nunca llegaron a formar parte del núcleo duro de la cultura de dicha compañía. Para comprenderlo mejor, regresemos a Valhalla. El escándalo Valhalla resultó extraordinariamente pedagógico para la gente de Enron. Todos los empleados se dieron cuenta de que trabajaban en una empresa cuyo líder consideraba que el fin justificaba los medios: había que ganar dinero, y cuanto más, mejor; cómo se ganase, no importaba. Este mensaje, del todo inmoral, condicionó por completo la cultura de la compañía, y trazó su inexorable destino. Porque Valhalla no fue una simple anécdota, un suceso aislado. Los posteriores dichos y hechos de Lay no hicieron sino confirmar que lo único que al CEO interesaba era incrementar los beneficios y empujar la cotización de las acciones... fuese como fuese, a cualquier precio. Todo el mundo sabía que lo que de verdad importaba era el dinero. El dinero fue, en efecto, el verdadero y único valor —o mejor, «disvalor»— de la cultura enroniana, que Lay situó por encima de la excelencia (que solo apreció en los más audaces, codiciosos y transgresores), de la transparencia (que nunca practicó, mintiendo descaradamente a los empleados, a los inversores y a los analistas en situaciones comprometidas, y ocultando información crucial cuando lo consideró oportuno), de la integridad (valor que, al menos en lo concerniente a los negocios, cabe presumir que no tenía en alto precio, aunque se disfrazase hábilmente con los bellos ropajes de la filantropía, de las obras de caridad, y de una reputación inmarcesible) e, in-

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cluso, del respeto a las personas (que consintió fueran sometidas a presiones insoportables y tratos vejatorios). Skilling contribuyó decisivamente a la conformación de la cultura de Enron Corp. cuando en 1998, nombrado president y COO de la compañía tras el abandono de Richard Kinder, implantó con carácter general las prácticas de gestión de recursos humanos que ya había ensayado en ECT, y que consistían en poner en permanente situación de rivalidad y competencia a todos los empleados, para promover el rendimiento personal, recompensar el desempeño excelente y sustituir por sangre nueva la sangre contaminada (los trabajadores que menos rendían, o los que estaban políticamente aislados, es decir, que no formaban parte de la «clientela» de algún protector o mentor con poder suficiente). Para ello, un comité descentralizado, el Performance Review Committee (PRC), formado por gerentes sénior (directors y managing directors), se reunía cada seis meses en un hotel durante varios días. Como los miembros del PRC no podían conocer a todos los empleados que debían calificar, se aceptaba el siguiente apaño: cada empleado podía escoger a cinco compañeros para que opinasen sobre su personal desempeño e informasen al PRC de forma confidencial. Sobre una gran mesa se colocaban los expedientes de casi toda la plantilla (al parecer, solo quedaba excluido el personal no ejecutivo de los gasoductos), y daba comienzo el combate entre gerentes: cada empleado tenía sus mentores, que movían sus expedientes hacia la cabecera de la mesa destinada a almacenar la excelencia, y sus detractores, que realizaban la operación inversa; este proceso de enloquecido vaivén de expedientes continuaba hasta que los contendientes abandonaban el proceso por puro agotamiento. Tal proceso, conocido como «clasifica y arranca» (rank and yank), se traducía en una curva de evaluación en forma de campana. Se exigía que, al final, los empleados quedasen clasificados de acuerdo con una escala que iba del 1 (rendimiento excelente) al 5 (rendimiento pésimo). Era obligatorio que en cada examen semestral un 10% de la plantilla fuese calificada dentro del grupo 1, y otro 10% dentro del grupo 5. Los incluidos dentro del grupo 1, en el que solían predominar los graduados de niveles altos y medios recién salidos de las universidades y escuelas de negocios —una fuerza laboral flexible mucho más barata y fácil de amoldar a las exigentes metas de la compañía—, en detrimento de los empleados veteranos con gran experiencia, eran candidatos a las promociones y se hacían acreedores a compensaciones variables generosas. Los incluidos en el grupo 5 eran «arrancados» de la organización, y se les daba un plazo de seis meses para mejorar su rendimiento, durante el cual debían dedicar una hora al día a documentar sus actividades y su contribución a Enron; la enorme presión que ello suponía les llevaba a aceptar en poco tiempo un despido indemni-

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zado. Los incluidos en los niveles 3 y 4 eran conscientes de que, más pronto que tarde, podían ser «arrancados» si su rendimiento no mejoraba de forma sustancial a corto plazo. El resultado final de este proceso era que, cada año, del orden de un 20% de la plantilla era despedida, y se identificaba al 20% de empleados destinados a ocupar los cargos de más alta responsabilidad (dado su gran rendimiento y sus excelentes habilidades y competencias). El 60% restante permanecía aparcado temporalmente en una especie de tierra de nadie laboral, muy poco hospitalaria y solo medianamente promisoria para los trabajadores incluidos en el nivel 2. Este proceso de evaluación, basado en la votación y, por tanto, extremadamente político, se prestaba a todo tipo de manipulaciones y maniobras: tanto los trabajadores como los directivos podían conspirar... y conspiraban; había que sobrevivir... Desde luego, no es difícil imaginar el mal ambiente que debía reinar en una organización tan maltratada, zarandeada y desmotivada. Semejante cultura —es un decir—, considerada por muchos feroz y salvaje (cutthroad), combinaba una fuerte presión sobre los empleados para que subordinaran sus intereses personales a los de la compañía y cooperasen con ella de forma obediente y sumisa (los Enron Men y las Enron Women) y, a la vez, una fiera competencia profesional dentro de las unidades de negocio y entre las mismas. Skilling no tenía empacho en reconocer públicamente que la cultura corporativa de Enron era «muy dura». Ciertamente era dura... y despiadada; aunque es indudable que inducía claramente a la deserción o al sometimiento, a la huida o a una cooperación mansurrona y lanar. Permitía, pues, alcanzar el objetivo perseguido: que todo el mundo colaborase. También era perversa y contraproducente. Baste decir que, aparte de desterrar de las relaciones laborales valores tan esenciales como la confianza, la lealtad y el compromiso, vino a minar el desempeño de funciones de control cruciales para el desarrollo de la compañía. Por ejemplo, la función de gestión del riesgo quedó prácticamente desactivada, por cuanto los analistas de riesgos tendían a no bloquear operaciones más que discutibles, para no sufrir eventuales represalias en el proceso de calificación de su desempeño por parte de los directores que las impulsaban. Y ¿qué decir de la decisiva función de auditoría interna? Así las cosas, ¿qué quedaba en 1998 de los valores primigenios? ¿Qué respeto merecían a sus jefes los empleados «arrancados» y los que poblaban el limbo de los niveles 3 y 4? ¿Acaso el PRC no practicaba de forma inmisericorde el trato abusivo o irrespetuoso; acaso no se actuaba de forma despiadada, insensible, cruel y arrogante? ¿Y qué decir de los principios de Business Ethics? ¿Acaso no hubo ejecutivos que obtuvieron beneficios financieros cuantiosos como consecuencia directa de su empleo en la compañía? ¡Que se lo pregunten, sin ir más lejos, a Fastow y a su lugarteniente Kopper!

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Pero, en Enron, al «disvalor» dinero lo mezclaron, para mayor inri, con el no menos «disvalor» mentira, resultando un cóctel realmente explosivo. Una cultura basada en la avaricia y en la mentira no podía llevar a nada bueno. Y lo que tenía que ocurrir, acabó ocurriendo. Fue el propio Lay quien, con su megalomanía y megalothymia99, así como con su obsesión cuasi patológica por la cotización de las acciones de Enron, estableció un marco para la acción que no solo propició sino que alentó la conducta empresarial irresponsable, temeraria, transgresora, avariciosa e inmoral en el seno de la compañía. Los mismos empleados aplicaban a Enron el apodo «The Crooked E», un juego de palabras relacionado con su inclinado logotipo y sus deshonestas prácticas. A la vista de esta realidad, nada de lo que después ocurrió (práctica de la contabilidad creativa, agresiva y fraudulenta, pago de bonificaciones desquiciadas, uso impúdico de información privilegiada, asunción de riesgos desmesurados, robo puro y duro...) nos debería sorprender demasiado. En el correo electrónico que Steven Kean, director del staff corporativo, envió a Lay el día 17 de agosto de 2001 —tal vez con el propósito de cubrirse un poco las espaldas ante la que se avecinaba, pues era persona de mucho peso dentro de la cúpula directiva de la compañía y tenía acceso directo al president y CEO, por lo que no necesitaba recurrir a este método de comunicación, a no ser que desease dejar alguna huella escrita de su postura crítica—, se refirió, entre otras cosas, al abuso que se hacía en la compañía de la contabilidad agresiva y, en particular de los estándares mark-to-market, así como a la cultura corporativa que fomentaba, una cultura cuasi mercenaria, que, dando la espalda a la transparencia y a la integridad, incentivaba las organizaciones que escondían problemas, desincentivaba la cooperación y el trabajo en equipo, y ahuyentaba a gente que pedía, como mínimo, un poco de civismo en su ambiente de trabajo. No cabe duda alguna de que los miembros de la cúpula de Enron eran plenamente conscientes del monstruo que habían engendrado.

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En su obra El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama considera que el motor primario de la Historia es la lucha por el reconocimiento, que empuja al hombre a la acción para ser reconocido como mejor que los demás. Ocurre a veces que ciertos individuos tienen muy desarrollado este deseo de reconocimiento —thymos—. En estos casos, Fukuyama habla de la megalothymia, una enfermedad del espíritu que puede provocar desgarros sociales. Manifestaciones de la misma son, por ejemplo, los deseos inmoderados de poder, dinero, reputación, prestigio social, público aplauso...

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Capítulo 7 LAS PRIMERAS ENTIDADES DE PROPÓSITO ESPECIAL O cives, cives, quarenda pecunia primum est; / virtus post nummos! [...] [...] rem facias, rem, / si posis, recte, sin non, quocumque modo rem [...] (¡Oh ciudadanos, ciudadanos; lo primero que hay que buscar es el dinero; / la virtud vendrá con las monedas! [...] Procúrate dinero; / si puedes, honradamente, si no, de cualquier modo.) Horacio, Epístolas, Libro I, I, 53-54 y 65-66

Quien no tiene vergüenza, toda la calle es suya. En arca abierta el justo peca. La ocasión hace al ladrón. Del refranero español

Lo que había que hacer En 1997, Enron se encontró en graves apuros. La financiación de sus sueños de grandeza requería un notable incremento de la liquidez que ni las tradicionales operaciones de compraventa de gas y electricidad, ni las nuevas líneas de negocio podían generar; en efecto, los márgenes comerciales se habían estrechado notablemente, y de los presuntos hontanares comprados lo largo de los últimos años en los promisorios territorios de la «nueva economía», no brotaban aún manantiales caudalosos de ingresos y beneficios. Las soluciones más normales a este problema eran, sin duda, la ampliación de capital o el incremento del endeudamiento. Pero ambas soluciones eran malas para Enron. El acudir al mercado de capitales provocaría una casi segura caída de la cotización de la acción, lo que supondría violar el objetivo nuclear de la compañía, así como vulnerar el «valor» fundamental de su «cultura real»: ganar dinero… a toda costa, a cualquier precio. Y tensar la cuerda del en-

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deudamiento podía devenir en una indeseable degradación de la calificación crediticia (a la sazón BBB+ en la jerga de las agencias Standard & Poor’s y Fitch), riesgo también inaceptable, pues muchos de los negocios con sus grandes clientes estaban ligados al mantenimiento de dicha calificación. Existía otra solución muy clásica para los problemas financieros de toda compañía. En efecto, ante un proyecto de inversión concreto, una empresa podía buscar inversores externos dispuestos a participar —sin molestar demasiado, claro está— en el riesgo del negocio y en los correspondientes beneficios que del mismo se derivarían. Enron ya había recurrido a esta solución de inversión conjunta, a través de entidades separadas que tenían capacidad para endeudarse directamente, y podían adoptar formas jurídicas muy diversas — sociedades anónimas, joint ventures100, special purpose entities (SPE)101…—. Lo malo era que, salvo que mediasen determinadas circunstancias, la normativa contable norteamericana exigía la consolidación contable de dichas entidades, es decir, la integración de sus activos y pasivos en el balance de la compañía. Esto, desde luego, no resolvía el problema financiero de Enron, pues la deuda incremental afloraría por la vía de la consolidación. Así las cosas, un pensativo Fastow gritó ¡eureka! Lo primero que había que hacer para resolver tan grave problema era situarse en el terreno de las «determinadas circunstancias» que permitían registrar contablemente la participación en tales entidades separadas, como si se tratase de simples inversiones de la compañía, es decir, darles un tratamiento que en la normativa contable norteamericana se denomina off-balance-sheet (tratamiento «fuera de balance»102). Tal normativa establecía a la sazón dos criterios de general aceptación para determinar si una entidad de propósito especial debía ser consolidada o no en los estados financieros de su socio patrocinador. El primero se refería a la cuantía de la participación del socio o socios independientes, y el segundo al control que los mismos podían ejercer sobre la sociedad. La no consolidación exigía que, como mínimo, los inversores externos independientes poseyesen un 3% del capital de la entidad bajo la forma de aportaciones de capital riesgo103, y, además, pudiesen ejercer un control suficiente sobre la misma. Asociaciones de empresas o alianzas estratégicas para llevar a cabo un negocio. Entidades de propósito especial, también llamadas vehículos de propósito especial (special purpose vehicles). 102 Es decir, tratamiento extracontable. 103 Capital at risk o venture capital en terminología anglosajona. Se trata de capitales invertidos en negocios en los que existen considerables riesgos de pérdidas y posibilidades de beneficios extraordinarias. En general, estas aportaciones de capital se realizan de forma minoritaria y temporal. 100 101

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Aunque la constitución de empresas participadas «fuera de libros» del tipo special purpose entities (SPE) resulte un tanto exótica en la Europa continental, lo cierto es que en Estados Unidos constituye una práctica normal mediante la cual las empresas tienen la posibilidad de sacar de sus libros, sin vulnerar la legalidad, activos o pasivos que pueden empañar su buena imagen por su excesivo riesgo104, o que sean resultado de transacciones atípicas105. Ni que decir tiene que los muy competentes, imaginativos y lanzados ejecutivos de la dirección financiera de Enron, capitaneados por Fastow, supieron sacar el máximo partido posible a esta posibilidad, y mantuvieron a lo largo de más de tres años una parte significativa de su deuda fuera de libros, engañando a las agencias de calificación de riesgos crediticios, a los analistas de Wall Street, y al mercado de valores. Pero no se limitaron a constituir entidades o vehículos financieros tan peculiares con el único propósito especial de ocultar endeudamiento. La verdad es que, en 1997, a la expansiva y mutante Enron se le habían acumulado ya muchos y muy graves problemas, que había que mantener también ocultos, so pena de que todo el edificio corporativo se desmoronase de inmediato. Ante todo, y sin que nadie lo advirtiera, había que maquillar las cuentas. Lo que había que hacer estaba muy claro: ocultar las inversiones realizadas en negocios ruinosos, así como las correspondientes pérdidas; generar beneficios ficticios; esconder deudas; proteger el valor de los activos financieros; realizar de forma discreta operaciones comprometidas.... En último término, y como resultado de todo ello, «manufacturar» los beneficios y el cash flow de la compañía. Los bancos que jugaron a la ruleta hipotecaria hasta el estallido de la crisis de 2007, crearon entidades de este tipo en cantidades ingentes. Los tristemente célebres CMO (Collateralized Mortgage Obligation), y demás miembros de tal familia, no eran sino special purpose entities. 105 Existen muchos motivos legítimos para crear entidades fuera de libros, lo que, de hecho, supone mantener legalmente una doble contabilidad. Por ejemplo, una empresa puede necesitar financiación para acometer un negocio especulativo concreto, cuyo riesgo no desea asumir en su totalidad. La creación de una SPE, con la participación de otros socios externos, puede ser una buena solución, también aplicable para la obtención de nuevos préstamos cuando la compañía ya está excesivamente endeudada, o para sacar del balance ciertos activos, cuyo excesivo riesgo se desea diluir. Existen otras situaciones en las que no sólo es lícito, sino muy conveniente crear una SPE como paso previo. Tal es el caso de una empresa que desea iniciar una nueva línea de negocio muy alejada de su actividad nuclear (core business). Lo lógico, en este caso, es empezar constituyendo una SPE, de forma que el riesgo de tal nueva línea de negocio no provoque perturbaciones en el balance y cuenta de resultados de la compañía. Una SPE puede tener cualquier forma legal: sociedad anónima, sociedad limitada (LLC, acrónimo de Limited Liability Corporation), contrato de partnership, joint venture, o trust. 104

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Para ello Fastow urdió, según ha quedado suficientemente acreditado, un monumental engaño. Las piezas principales de la compleja maquinaria de manipulación de los libros de contabilidad, aunque no las únicas, fueron precisamente las dichosas entidades de propósito especial. Aprovechando al máximo, con intención dolosa, las singularidades del modelo contable norteamericano —hoy ya no podría hacerlo con tanta facilidad106—, Fastow creó una red sumamente compleja, formada, al parecer, por casi un millar de empresas participadas, del tipo SPE y similares, casi todas ellas con sede en paraísos fiscales, gestionadas o controladas directamente por él mismo107. Cabría estructurar esta especie de parque móvil de «vehículos financieros» en tres grupos, cada uno con sus propios objetivos específicos, a saber: a) el encargado de sacar de los libros los activos más incómodos, por fallidos, y de generar beneficios; b) el encargado de ocultar deudas y, en lo posible, transformarlas en cash flow; y c) el encargado de realizar operaciones de cobertura de los activos financieros e inversiones comerciales de la compañía. Desde luego, todo lo que había que hacer para que la compañía luciese una salud de hierro, se hizo. Pero, dado que hubo vehículos todo terreno que fueron utilizados para hacer lo que convenía en cada momento, resulta prácticamente imposible explicar de forma sistemática lo ocurrido. De ahí que, en lo que sigue, y tras un preámbulo de carácter genérico, me limite a describir el proceso de formación en el tiempo de las SPE más relevantes, así como el uso específico que de ellas se hizo.

En la Sección 401(c) de la Ley Sarbanes-Oxley se exige a la SEC que estudie e informe sobre las empresas de propósito especial. En concreto, la SEC debe estudiar las declaraciones realizadas por las compañías sobre transacciones fuera de balance con el fin de determinar: a) la extensión de tales transacciones (incluyendo activos, pasivos, arriendos, pérdidas y uso de las empresas de propósito especial); y b) si los estados financieros presentados por las empresas emisoras sobre la economía de sus transacciones fuera de balance, realizados en todo caso de acuerdo con las reglas contables de general aceptación, informan a los inversores de forma transparente y veraz. Tomando como base este estudio, la SEC debe formular al Congreso las oportunas recomendaciones. El asunto está, aún, en fase de desarrollo. 107 En lo que sigue, me limitaré a bosquejar, a grandes rasgos, cuál fue el mecanismo de actuación de la red de empresas de propósito especial de Enron, sin entrar, como es lógico, en detalles que, al menos a mi juicio, no son relevantes a los fines perseguidos en este libro. Puede encontrarse un análisis minucioso, aunque tampoco exhaustivo, de este delicado asunto en el amplio informe (203 páginas de texto y dos anexos) preparado por el Special Investigative Committee del consejo de administración de Enron Corporation, presidido por William Powers, presentado el 2 de febrero de 2002, y ya mencionado en la Primera parte. Se puede acceder a dicho informe a través de la página www.FindLaw.com. 106

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¿Para qué sirve una SPE? Pues la verdad es que, con imaginación y desvergüenza, para muchísimas cosas. Simplemente, a modo de ejemplo, valga la operación genérica reflejada en la Figura 1 (una especie de gedanken experiment o «experimento mental», pero no físico —como los de Einstein— sino financiero). En ella se muestra una operación que podría considerarse genial, si se olvidase que es del todo fraudulenta, aunque tal vez —sólo tal vez— facialmente legal. Enron se desprende de un activo ruinoso, cuyo valor en libros —digamos 100— no refleja en absoluto su valor real. Pero no lo vende a un tercero sino a una de sus SPE creada ad hoc, y, como todo queda en casa, establece el precio de venta que le da la gana —digamos 100 + X—, pues necesita generar una plusvalía que venga a incrementar sus beneficios y, por tanto, a impulsar la cotización de sus acciones y, de paso, a engordar las bonificaciones de sus directivos (paso 1). Como la SPE no tiene recursos suficientes para pagarle, Enron negocia con un banco, al que habitualmente proporciona operaciones que le permiten obtener sustanciosas comisiones, la concesión de un crédito con la garantía de sus propias acciones (paso 2). El banco lo hace encantado, por la cuenta que le trae (paso 3). Figura 1 Venta simulada de activos problemáticos y ocultación de endeudamiento

Y he aquí (paso 4) que se obra un triple milagro: a) la compañía saca de sus libros un activo fallido, el cual «aparca» discretamente en una participada que, como es natural, cumple con la regla del 3%; b) ve incrementada

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su tesorería en 100 + X; y c) genera una plusvalía X. Es decir, se desprende de un activo ruinoso, transmuta, mediante un portentoso truco de alquimia financiera, un préstamo oculto en cash flow y, además, embellece su cuenta de resultados. ¿Quién da más? Pues cualquier espabilado y desaprensivo especialista en contabilidad, echándole cara dura al asunto, por supuesto. Chewco, la SPE precursora108 En noviembre de 1997, Fastow creó Chewco Investments LP109 —su primera SPE, según se cree— con el único propósito de comprar la participación de CalPERS —el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado de California— en JEDI, entidad creada en 1993 que, al parecer, fue la primera operación fuera de libros realizada por Enron de la que se tiene noticia. Enron se proponía crear, con CalPERS como socio, una nueva SPE de 1.000 millones de dólares de capital, llamada JEDI II, y no consideraba apropiado que CalPERS figurase como socio en ambas. Naturalmente, había que evitar que, como consecuencia de la salida de CalPERS de JEDI, esta se tuviese que consolidar en el balance de Enron, al quedar esta compañía como inversor único. La redención de los derechos de CalPERS en JEDI supuso el pago, por parte de Chewco, de 383 millones de dólares (la inversión inicial de CalPERS había sido de 250 millones de dólares). La constitución de Chewco fue todo un ejercicio de imaginación y, también, de apropiación dolosa de recursos de Enron por parte de algunos de sus ejecutivos. En la Figura 2 se muestra, de forma muy simplificada, el tortuoso flujo de fondos que se produjo en esta operación, más compleja en la realidad. Al parecer, la aportación de Enron consistió en un aval dado al Barclays Bank en acciones, y en el depósito de 6,6 millones de dólares en una cuenta de reserva abierta en dicho banco (paso 1). En contrapartida, el Barclays concedió a Chewco un préstamo de 240 millones de dólares, y a Big River Funding LP, un socio externo inventado Los cinco epígrafes siguientes son, con mucho, los más difíciles de seguir de toda la obra. El lector poco interesado en los detalles puede, y hasta debe, leerlos de pasada, sin intentar profundizar demasiado, pues es posible hacerse una buena idea de la naturaleza de la trama urdida por Fastow sin necesidad de intentar entender todos sus tejemanejes numéricos, que, la verdad sea dicha, confundieron hasta a los más avezados expertos contables de los staffs de los Comités y Subcomités de Investigación del Congreso de Estados Unidos, y a quienes asesoraban a los fiscales federales. 109 Nombre derivado de Chewbacca, simpático personaje de la saga Star Wars. 108

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para cumplir facialmente con el requisito legal del 3% de participación mínima, un préstamo de 11,4 millones de dólares (paso 2). Cumplidos estos trámites, llegó el momento de capitalizar a Chewco (paso 3): JEDI aportó 132 millones de dólares, Big River Funding LP aportó 11,4 millones de dólares, y Michael Kopper, ejecutivo de Enron y hombre de confianza de Fastow, realizó una aportación personal de 115.000 dólares y asumió, por delegación de Fastow, el control de Chewco, trabajo por el que percibiría cuantiosas comisiones (2 millones de dólares entre 1998 y 2000). Finalmente, Chewco compró por 383 millones de dólares la participación de CalPERS en Jedi (paso 4). El consejo de administración de Enron aprobó formalmente la financiación de JEDI y de Chewco el 5 de noviembre de 1997, sin tener conocimiento, al parecer, de los tejemanejes de Fastow y Kopper. El 18 de diciembre de ese mismo año, Kopper transfirió sus intereses en Chewco a un tal William Dodson, un socio de su entorno personal110. Figura 2 Chewco: flujo de fondos

Big River Funding LLC tenía como único accionista a Little River Funding LLC, una sociedad constituida con 10.000 dólares de capital por William Dodson (SONR≠2), testaferro de Michael Kopper. El Barclays Bank concedió a Big River un crédito de 11,1 millones de dólares, garantizado por Enron. Por su parte, Little River Funding LLC le aportó 341.000 dólares (un crédito del Barclays por importe de 331.000 dólares, y 10.000 dólares del capital de SONR≠2). La aportación complementaria de 115.000 dólares la realizó Kopper a través de SONR≠1 LP, limited partnership en la que Dodson sólo tenía una participación del 2,5%. ¡Vaya lío!

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Whitewing/Condor: ornitología financiera En diciembre de 1997, abierta oficialmente la veda de las SPE, se constituyó Whitewing111, una empresa extracontable cabecera del proyecto Condor112. Inicialmente, Enron aportó 579 millones de dólares en acciones de la propia compañía, y un inversor externo, el trust Osprey113, 500 millones de dólares, resultado de la emisión de nuevas notes114 suscritas por sus socios. Los 1.079 millones de dólares se invirtieron provisionalmente en la compra de 250.000 acciones preferentes Serie A de Enron. Lo que Enron deseaba que Whitewing hiciera era comprarle activos poco o nada rentables —centrales eléctricas y gasoductos en Sudamérica y Europa, y activos comerciales en Norteamérica115—. De esta forma, Enron los sacaba de sus libros, incrementaba el cash flow, reducía la deuda y, en la medida de lo posible, registraba algunas plusvalías (echándole cara al asunto, por supuesto). Pero la venta de activos a Whitewing por parte de Enron era puramente ficticia, por cuanto, aun cuando la registraba como ingreso, seguía manteniendo el absoluto control sobre tales activos, con el acuerdo de sus socios, que solo buscaban una rentabilidad adecuada a sus aportaciones, estructuradas en sofisticados instrumentos financieros. La whitewing dove es una paloma nativa de Texas. Sherron Watkins, en su segunda comparecencia ante el Subcomité de Vigilancia e Investigaciones del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, celebrada el día 14 de febrero de 2002, se refirió a Condor y a Whitewing, como si se tratase de la misma special purpose entity, una de las primeras creadas por Enron. Se trataba de una forma simplificada de explicar a los investigadores lo poco que sabía del proyecto Condor, una trama extremadamente compleja, incluso para los retorcidos cánones de Enron. No deja de ser irónico que una empresa tan transgresora situase como pieza clave de su proyecto «Cóndor» —una majestuosa ave rapaz de tres metros de envergadura— a una modesta paloma tejana de alas blancas. Fuente: www.access.gpo.gov/congress/house. 113 El trust Osprey, inicialmente anónimo, resultó ser propiedad directa o indirecta de fondos de inversión y entidades financieras muy diversas, entre los que se contaban Traveler’s, Vanguard Group, Putnam Investments, Prudential, Berkshire Hathaway y Oaktree Capital Management, entre otros. 114 Instrumento financiero muy utilizado en Estados Unidos, en el que se reconoce una deuda, como en el caso de los bonos y obligaciones, pero con un vencimiento normalmente inferior (de 1 a 10 años). Existen muchas modalidades de notes, las cuales pueden incorporar obligaciones o condiciones a la medida de inversores muy especiales y sofisticadas. 115 A Whitewing Associates, cabecera a su vez de un grupo de 75 subsidiarias, Enron le vendió durante los años 1999 y 2000 activos por importe de 192 y 632 millones de dólares, respectivamente. Entre tales ventas cabe citar activos un tanto exóticos como, por ejemplo, dos centrales eléctricas —una en la isla mediterránea de Cerdeña (Sarlux Power), y otra en Trakya, Turquía—, y la distribuidora brasileña de energía eléctrica Elektro. Los activos comerciales son activos no estratégicos que las empresas energéticas solo adquieren para ayudar a las operaciones comerciales, y de los que procuran desprenderse lo antes posible. 111 112

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Enron estaba cometiendo varias irregularidades: no vendía realmente, contabilizaba como cash flow lo que en realidad era una emisión de acciones, y mantenía oculto el riesgo financiero que suponía el que la cotización de su acción ordinaria descendiese por debajo de un umbral mínimo predeterminado (28 dólares)116, es decir, especulaba con sus propias acciones. ¿Acaso ignoraba el consejo de administración de Enron Corp. este imaginativo y arriesgado ejercicio de maquillaje financiero? Parece ser que no. En efecto, se tiene noticia de que en una reunión del comité financiero del consejo, celebrada el 7 de agosto de 2000, Ben Glisan dio cuenta de los denodados esfuerzos que se hacían para mantener el endeudamiento de la compañía dentro de límites razonables, y, entre otros proyectos, dio cuenta de las operaciones de Whitewing. Que se sepa, ningún consejero puso objeciones o censuró tales actuaciones. Aunque parezca increíble, los inversores de Osprey tampoco se dieron cuenta de que el punto débil de este sofisticado chanchullo era su naturaleza «auto-referente»: ¡Enron cubría su riesgo financiero con sus propias acciones! No alcanzo a comprender que ni siquiera a una institución tan sabia y prudente como Berkshire Hathaway —el buque insignia de la flota de Warren Buffet, el inversor en bolsa más famoso y rico del mundo— se le ocurriese tomar en consideración la posibilidad de que las acciones de Enron podían llegar a no valer nada, como así ocurrió. Hay piezas que no me encajan en este confuso puzle. Lo cierto es que prácticamente nadie supo nada de Whitewing hasta que, al hacerse públicos los documentos presentados por Enron ante el Tribunal de Quiebras, se descubrió que la compañía le había pagado casi 1.000 millones de dólares a lo largo de 2001. Como ya vimos en la Primera Parte, los nuevos gestores de la Enron quebrada intentaron recuperar tal importe, interponiendo en febrero de 2003 la correspondiente demanda civil contra Whitewing, por entender que los activos de su cartera procedían de ventas ficticias desde el punto de vista operativo y, por consiguiente, nulas de pleno derecho. Al parecer, en septiembre de 1999, Enron cambió las acciones preferentes serie A por 250.000 acciones preferentes serie B, cada una de las cuales daba derecho al tenedor a su conversión en 200 acciones ordinarias de la compañía el 14 de enero de 2003. Adicionalmente a este mandato irrevocable de convertibilidad, Enron suscribió un acuerdo de liquidación de acciones, en virtud del cual se obligó a entregar a Whitewing una cantidad adicional de acciones preferentes serie B para cubrir una eventual diferencia entre un mínimo garantizado de 28 dólares por acción ordinaria y su valor real de mercado. Esta reestructuración le supuso a Whitewing una inyección de capital externo de 922 millones de dólares. Se supone que Enron garantizó también la deuda de Whitewing con Osprey, que alcanzaba ya en aquella fecha la cifra de 2.400 millones de dólares, si el producto de la venta de sus activos no era suficiente para cubrirla. Fuente: Memorando de la consultora McCullough Research, de fecha 22 de enero de 2002.

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Whitewing, cuyos activos constituían una potencial e importante fuente de recursos dentro del proceso de reestructuración de los negocios de Enron, se convirtió también en caudaloso manantial de problemas jurídicos, por cuanto el trust Osprey y sus socios tenían mucho que reclamar en cuanto a las notes con cuyo importe se habían comprado las acciones preferentes de Enron, con pactos de garantía. Las partes negociaron y, finalmente, el 26 de febrero de 2004 llegaron a un acuerdo, en virtud del cual117: a) Enron recibiría los intereses de Osprey en Whitewing, quedando como única propietaria de la misma; b) en contrapartida, Enron aceptaría la reclamación presentada contra ella por Osprey, por importe de 3.600 millones de dólares, así como el pago de 75 millones de dólares al contado; y c) Enron aceptaría también ciertos ajustes en su reclamación judicial de 1.000 millones de dólares en concepto de recuperación de pagos preferenciales durante el año 2001. Este acuerdo, suscrito por Enron, Osprey, el comité oficial de acreedores no garantizados, y más del 50% de los tenedores de notes de Osprey118, fue aceptado por el Tribunal de Quiebras, y abrió las puertas a la creación de Prisma Energy International, una de las piezas clave del programa de reestructuración de Enron. LJM1 El nacimiento de LJM1 En 1999, Fastow, que ya era CFO de Enron Corp. desde el año anterior, propuso al consejo de administración la creación de LJM Cayman LP (en adelante LJM1)119, una entidad de propósito especial promovida y gestionada por el propio Fastow, y cuyo objetivo sería ayudar a la compañía a solucionar algunos problemas enojosos (servir de cobertura para una inversión de riesgo, y «comprar» activos de muy baja rentabilidad). El 28 de junio de ese año, el consejo de administración de Enron Corp. aprobó la constitución de dicha entidad con un capital privado de 16 millones de dólares, y eximió a Fastow del cumplimiento del código de ética de la compañía (¿acaso no era sagrado?) para que pudiera compaginar su cargo de CFO y el de administrador de Nota de prensa de Enron, de fecha 26 de febrero de 2004. En especial varios fondos de inversión gestionados por cuatro compañías especializadas (Oaktree Capital Management LLC, AEGON USA Management Company LLC, Pacific Investment Management Company LLC, y Principal Global Investors LLC), National Indemnity Company —filial de Berkshire Hathaway Inc.—, The Bank of New York, y Whitewing y un grupo de sus filiales. 119 LJM son las iniciales de los nombres de la esposa de Fastow —Lea— y de sus dos hijos, Jeffrey y Michael. 117 118

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fondos externos. El propio Fastow aportó 1 millón de dólares, y consiguió que los otros 15 millones los desembolsaran, al 50%, dos inversores externos: ERNB Ltd. (filial del Credit Suisse First Boston), y Campsie Ltd. (filial de GNW, la división financiera de estructurados del NatWest120, con sedes en Londres y en Greenwich, Connecticut). La cobertura de RHYTHMS Al cabo de dos días, Enron utilizó a LJM1 —tal como, sin duda, estaba previsto— para dar «cobertura», con sus propias acciones, a una inversión comercial en la empresa Rhythms NetConnections. Merece la pena dedicar cierta atención a esta «peculiar» operación por cuanto, además de ser la precursora de las que después realizaría a través de los vehículos de la familia Raptor, es, tal vez, el caso más escandaloso y paradigmático de los tremendos abusos que cometió Fastow en su papel de gestor bifronte, y que supusieron su ilícito e inmoral enriquecimiento personal, el de sus socios externos y, también, el de varios empleados de Enron, todo ello a costa del patrimonio de la compañía y de sus accionistas121. Digamos algo, pues, sobre esta operación. La historia se inicia en marzo de 1998, cuando Enron invirtió 10 millones de dólares en Rhythms NetConnections, Inc. (en adelante Rhythms), una prometedora empresa dedicada a suministrar a empresas y consumidores servicios de acceso a redes locales de comunicación de banda ancha. En concreto, compró 5,4 millones de acciones al precio de 1,85 dólares por acción. El día 7 de abril de 1999, Rhythms salió a bolsa con un precio de apertura de 21 dólares por acción, y cerró la sesión a 69 dólares. En mayo de 1999, la inversión de Enron en Rhythms valía alrededor de 300 millones de dólares, y la compañía deseaba realizarla cuanto antes, pero no podía hacerlo hasta finales de ese año por cuanto un acuerdo suscrito en el momento de la compra se lo impedía. Lo malo era que la alta volatilidad de las acciones de Rhythms incidía mucho sobre la valoración contable de la cartera de activos financieros de Enron, que se veía obligada a contabilizar todos los valores a precio de mercado, con el consiguiente impacto inmediato sobre su cuenta de resultados. Lo adecuado, en casos como este, era realizar una operación de cobertura en el mercado de derivados financieros. Enron consideraba al National Westminster Bank (NatWest) como un banco de primera («Tier 1» bank), es decir, miembro de un pequeño pero selecto grupo de bancos que operaban con Enron muy frecuentemente, y al que la compañía daba un trato preferencial. 121 Informe Powers, páginas 77 a 81. 120

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Pero, además de volátil, la acción de Rhythms era poco líquida, y la cobertura ortodoxa de una operación de semejante volumen era poco menos que imposible. Así las cosas, Fastow y Glisan urdieron una operación de «cobertura» muy compleja, y del todo heterodoxa, haciendo uso de LJM1, que para algo había sido creada. Pero tal operación tenía la virtud de matar dos pájaros de un tiro: no solo permitía dar cobertura a la inversión en Rhythms, sino que, de paso, pretendía también sacar provecho del incremento del valor «confinado» o «incrustado» en unos contratos forward que Enron había suscrito con Union Bank of Switzerland, en virtud de los cuales dicho banco se obligaba a vender a Enron determinados paquetes de acciones de la propia Enron a unas cotizaciones también determinadas. Tales contratos, suscritos por Enron para cubrir el efecto de dilución de su capital que podría derivarse de los programas de opciones sobre acciones concertados con sus directivos, acumulaban importantes plusvalías que la compañía no podía registrar como beneficios, por prohibirlo la normativa contable. Según el Informe Powers, la estructura de la transacción, cerrada el 30 de junio de 1999, y realizada a través de LJM Swap Sub LP (en adelante Swap Sub), una participada de LJM1 (ver Figura 3), fue la siguiente: a) Enron reestructuró sus contratos forward, emitiendo 3,4 millones de acciones, valoradas en 276 millones de dólares (¡81,2 dólares por acción!), que transfirió a LJM1, con una restricción que afectaba a algo más del 50% de las mismas. En virtud de dicha restricción, ni LJM1, ni Swap Sub, podían vender o transferir las acciones recibidas durante un período de cuatro años ni, tampoco, realizar operaciones de cobertura con ellas durante un año; pero nada les impedía darlas en garantía para la obtención de préstamos bancarios. La pérdida de valor que suponía esta restricción se estimó en 108 millones de dólares. Es decir, las acciones con restricciones se valoraron en unos 168 millones de dólares (¡49,4 dólares por acción!). En contrapartida de las acciones recibidas, LJM1 entregó a Enron una note por importe de 64 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2000. b) LJM1 capitalizó Swap Sub mediante transferencia de 1,6 millones de acciones de Enron (valoradas en unos 79 millones de dólares), y 3,75 millones de dólares en efectivo. c) Enron recibió de Swap Sub una opción put sobre 5,4 millones de acciones de Rhythms, en virtud de la cual Enron podía requerirle la compra de tales acciones a 56 dólares por acción en junio de 2004. La opción put fue valorada en unos 104 millones de dólares.

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Figura 3 LJM1: «Cobertura» de Rhythms NetConnections

Aunque resulte un tanto difícil de creer, este engendro, tras la aprobación inicial de Andersen, recibió el visto bueno final de PricewaterhouseCoopers. Y digo «engendro» al menos por dos motivos: (i) por la naturaleza «auto-referente» de la transacción de cobertura, cuya virtualidad dependía en exclusiva de la evolución positiva de la cotización de Enron; y (ii) por las valoraciones de los flujos de intercambio de acciones, notes y opciones put, difícilmente comprensibles —al menos a mi juicio— si se tiene en cuenta que la cotización de la acción de Enron al cierre del día 30 de junio de 1999 fue de 40,875 dólares. Pero, aun aceptando valoraciones tan descabelladas, que implicaban descontar la evolución a largo plazo del negocio enroniano con un optimismo y una benevolencia desmesurados, lo cierto es que Swap Sub nació con un capital neto negativo, por cuanto para hacer frente a sus compromisos derivados de la opción put, estimados en 104 millones de dólares, solo disponía de 3,75 millones de dólares en efectivo y unas acciones presuntamente valoradas en 79 millones de dólares. Además, y como lógica consecuencia de todo ello, se incumplía la condición de la existencia de una participación mínima del 3% de capital riesgo externo para evitar la consolidación. Todo era, según parece, un disparate en estado puro, que los auditores de Enron no supieron advertir, pasaron por alto, o consideraron una simple travesura de sus díscolos, pero muy rentables, clientes122.

El CEO de Arthur Andersen, Joseph Berardino, declaró el 12 de diciembre de 2001, en su comparecencia ante un comité investigador del Congreso, que la compañía auditora «había cometido un error al evaluar el 3% de capital residual exigido para la no consolidación de LJM Swap Sub», dada la gran complejidad de la operación de cobertura, que hacía difícil

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Posteriormente se ha sabido que la operación creó incomodidad en el Risk Assessment and Control Group de Enron, dirigido por Richard Buy, órgano que habría recomendado cambios de la estructura de cobertura. Tampoco debió entusiasmar mucho a la sociedad limitada Campsie, por cuanto, aun cuando GNW, la división de derivados del NatWest, tomó una participación en Swap Sub, la contabilizó internamente con valor cero. Lo cierto es que, apenas transcurridas dos semanas, ya se produjeron cambios, y que el 17 de diciembre de 1999, con tres meses de antelación, LJM1 pagó su note, con los intereses devengados, probablemente endeudándose mediante la aportación de acciones restringidas de Enron como garantía. Sin duda, quería tener las manos libres para actuar de acuerdo con sus intereses. Durante el primer trimestre de 2000, vencida ya la fecha del compromiso que impedía la venta de las acciones de Rhythms, Enron —Skilling en concreto— tomó la decisión de liquidar la operación de cobertura de las mismas, y proceder a la realización de la inversión. El 22 de marzo de 2000, Enron y Swap Sub llegaron al siguiente preacuerdo de finiquito: (i) finalización de la opción put sobre las acciones de Rhythms; (ii) devolución por parte de Swap Sub de las acciones que le habían sido cedidas por LJM1, pero reteniendo la aportación en efectivo de 3,75 millones de dólares; (iii) pago de Enron a Swap Sub de 16,7 millones de dólares en efectivo (30 millones como prima de colaboración, menos la aportación de 3,75 millones de dólares, menos un pago en concepto de intereses y devolución del principal de un crédito obtenido con la garantía de las acciones de Enron). El preacuerdo fue suscrito por Causey, en nombre de Enron, y por Fastow —pura reencarnación del dios Jano— en nombre de Swap Sub y de Southampton LP, sociedad limitada que, por lo que parece, había devenido propietaria de Swap Sub. El acuerdo final se suscribió el 28 de abril de 2000. Southampton y demás familia ¿De dónde diablos había salido Southampton LP? Al intentar contestar a esta pregunta, veremos cómo aflora con claridad la peor cara de la poliédrica y gigantesca trama de manipulación contable fraudulentamente urdida por Fastow, que no solo consiguió ocultar urbi et orbi, durante más de dos años, la pésima situación financiera de Enron y enla evaluación de los activos y pasivos implicados en la misma. Dicho error no fue descubierto por Andersen hasta una revisión que realizó en octubre de 2001, recomendando entonces a Enron la inmediata adopción de medidas oportunas para su corrección. El Informe Powers sugiere que tal error pudo consistir en hacer uso del «valor no restringido» de las acciones de Enron en lugar del «valor descontado» de las mismas.

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gañar al mercado, sino que también permitió a unos pocos saquear de forma sistemática el patrimonio de la compañía. En efecto, Southampton LP fue creada el día 20 de marzo de 2000 con un capital de 70.000 dólares, precisamente dos días antes de que fuese suscrito el preacuerdo de finiquito de la operación de cobertura de Rhythms. Su general partner123 fue la entidad Big Doe LLC. Michael Kopper actuó en representación de dicha sociedad. Los limited partners fueron The Fastow Family Foundation, Ben Glisan, Kristina Mordaunt (abogada de la asesoría jurídica de Enron), Kathy Lynn (empleada de la dirección financiera de Enron), Anne Yaeger Patel (empleada de la dirección financiera de Enron), y Michael Hinds (empleado de LJM2). Las aportaciones fueron: Big Doe, 25.000 dólares; The Fastow Family Foundation, 25.000 dólares; Glisan, 5.800 dólares; Mordaunt, 5.800 dólares; y los otros tres partícipes, 8.400 dólares en total, para completar el capital social de 70.000 dólares. Según parece, la participación de los cuatro empleados de nivel bajo constituyó un premio ofrecido por Kopper por su colaboración en la gestión de las SPE fuera de libros. La participación de Ben Glisan, tesorero de Enron, fue una especie de regalo que le hizo Fastow124. El objeto de Southampton LP no fue otro que comprar los intereses de Campsie en Swap Sub a precio de saldo. Y eso ¿cómo se hizo? Como ya se ha dicho más arriba, Campsie era una filial de GNW, la división de derivados del NatWest, la cual había registrado a finales de junio de 1999 como nulo el valor de su participación en los intereses de Swap Sub. Los empleados del NatWest directamente relacionados con este asunto fueron David Bermingham, empleado de GNW en Londres y miembro del consejo de administración de Campsie; Giles Darby, managing director en Londres, especializado en operaciones con la industria de la energía, y Gary Mulgrew, también managing director en Londres y primer responsable de GNW. Pero, a finales de 1999, el Royal Bank of Scotland lanzó una exitosa opa hostil para absorber al NatWest y, a comienzos de 2000, los tres ejecutivos antes citados se dieron cuenta de que sus puestos de trabajo peligraban seriamente, pues existía el propósito de vender GNW. Así las cosas, y según se deduce de la lectura del auto de acusación dictado contra los mismos el 12 de De acuerdo con la legislación norteamericana sobre sociedades, el general partner de una sociedad limitada es el único socio que responde de la gestión de la misma con sus propios bienes personales, es decir, que tiene una responsabilidad ilimitada. El resto de los socios son limited partners, y su patrimonio personal nunca está en riesgo. 124 Artículo de Mary Flood, publicado en el Houston Chronicle el 23 de marzo de 2006 bajo el título «Glisan chips away at Lay, Skilling defense». 123

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septiembre de 2002, tras comparecer ante un gran jurado125, los fiscales de la Enron Task Force sospecharon, basándose en investigaciones del FBI, que, en una reunión que los tres ejecutivos habrían mantenido en Houston con Fastow y Kopper el 22 de febrero de 2000, decidieron, presuntamente, dar su apoyo a una oferta de compra por parte de Enron de los derechos de Campsie en Swap Sub por 1 millón de dólares, cantidad muy inferior a su valor real. El hecho es que Bermingham supo persuadir al consejo de administración de Campsie de que se trataba de una «propuesta justa», y se autorizó la venta de tales derechos a una participada del grupo de SPE de Enron. A tal efecto, la oferta se formalizó por fax el 6 de marzo, y se aceptó por la misma vía el 17 de marzo. Naturalmente, y siempre según el citado auto de acusación (indictment), los tres ejecutivos habrían negociado que se les transfiriese alrededor del 50% del valor real de los derechos que serían adquiridos por tan módico precio. Para poder satisfacer las pretensiones de los tres directivos del NatWest, se creó, además de Southampton LP, otra sociedad limitada, Southampton C Co., que compró el 50% de Southampton LP. Así, cuando se sustanció la venta de los derechos de Campsie en Swap Sub por 1 millón de dólares, Southampton C Co. resultó ser titular del 50% de dichos intereses. Kopper envió a Bermingham, Darby y Mulgrew una opción de compra de Southampton C Co. por 250.000 dólares. El ejercicio formal de dicha opción se realizó por fax el 21 de abril de 2000, y el 26 del mismo mes se realizó desde el Reino Unido la correspondiente transferencia por importe de 251.993 dólares, pocos días antes de la suscripción y ejecución del acuerdo final de finiquito de la operación de cobertura de Rhythms, la cual supuso unos beneficios enormes para Swap Sub y, por tanto, para los accionistas de Southampton LP, y para el trío del NatWest. Según parece, el reparto del botín, que tuvo lugar el día 1 de mayo de 2000, se realizó de la siguiente forma: The Fastow Family Foundation, 4,5 millones de dólares; Glisan y Mordaunt, cerca de 1 millón de dólares, cada uno; y el trío del NatWest, 7,35 millones de dólares (2,59 para Bermingham, 2,38 para Darby y otros 2,38 para Mulgrew). Se desconoce la parte que correspondió a Big Doe (Kopper) y al resto de los accionistas. En todo caso, las cosas debieron ser bastante más complicadas, pues hay algunas piezas de este complejo rompecabezas que no encajan. Tras esta mareante excursión por tan fétidos e intrincados pantanos, permítame el lector recurrir a la ironía y exclamar: ¡Cuántas vueltas hay que dar para robar de forma honesta! Auto de acusación dictado contra David Bermingham, Giles Darby, y Gary Mulgrew, documento No. H-02-0597, United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, 12 de septiembre de 2002. Accesible a través de www.FindLaw.com.

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Otras operaciones de LJM1 Enron realizó otras dos operaciones con LJM1. El día 30 de septiembre de 1999, la utilizó para venderle por 11,3 millones de dólares, con pacto de recompra, una participación del 13% en la Empresa Productora de Energía Ltda. (EPE), propietaria de la ruinosa central eléctrica de Cuiabá, Brasil. Enron, que tenía una participación del 65% en EPE, consiguió, al reducir su participación del 65 al 52%, alterar por arte de birlibirloque el tratamiento contable de un contrato de suministro de gas natural relacionado con Cuiabá, lo que le permitió registrar sendos beneficios mark-to-market de 34 y 31 millones de dólares, respectivamente, en los trimestres tercero y cuarto del ejercicio 1999. Enron recompró el 15 de agosto de 2001 los intereses de LJM1 en EPE por 14,4 millones de dólares, en cumplimiento de lo acordado en el pacto Global Galactic, que será objeto de posterior escrutinio. También la utilizó como compradora de certificados del trust Osprey. LJM2 El nacimiento de LJM2 Dada la limitada capacidad de LJM1 para realizar operaciones complejas, Fastow no tardó en proponer la creación de LJM2126, una entidad de propósito especial, que permitiría captar capitales importantes y ayudar a Enron a resolver problemas de mayor entidad. Según parece, el 16 de septiembre de 1999, en una reunión que se celebró en las oficinas de Merrill Lynch en el World Trade Center de Nueva York para hablar de la constitución de LJM2, Fastow consiguió engatusar a unos 50 limited partners, entre los que figuraban banqueros, que decidieron participar a título individual; la flor y nata de los bancos de inversión (Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston, Citibank, Deutsche Bank...), que manifestaron que lo harían a través de empresas filiales, e importantes inversores institucionales (American Home Assurance Co., Arkansas Teachers Retirement System, y la MacArthur Foundation). En total, Fastow consiguió reunir la nada despreciable cifra de 394 millones de dólares, incluyendo su propia participación. Según parece, al preguntarle sus futuros socios sobre posibles conflictos de intereses, Fastow respondió que si se presentase alguna situación de este tipo siempre actuaría a favor de LJM2. Para ser exactos, LJM2 Co-Investment L.P., con sede en las Islas Cayman.

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La propuesta de constitución de LJM2 fue discutida en el Comité Financiero, presidido por Herbert Winokur, el 11 de octubre de 1999 y, al día siguiente, fue aprobada por el consejo de administración de Enron, el cual eximió a Fastow del cumplimiento del código de ética de la compañía para que pudiera compaginar su cargo de CFO y el de administrador de fondos externos. ¡Qué poco respeto al Code of Ethics, que todos los empleados —Lay incluido— tenían que ratificar anualmente mediante firma! El general partner de LJM2, y único gestor de la misma, fue LJM2 Capital Management LP, sociedad limitada participada por el propio Fastow a título personal, por LJM2 Capital Management LLC (Fastow), y por Big Doe LLC (Kopper). LJM2 intervino en más de una veintena de transacciones con Enron, entre las que, aparte de la compra de tres barcazas nigerianas —operación que, por sus especiales características, será objeto más adelante de análisis específico—, y de las relacionadas con las SPE de la familia Raptor —de las que se hablará en el epígrafe correspondiente a estos singulares vehículos financieros—, destacan las siguientes: a) ENA CLO. El 22 de diciembre de 1999, Enron North America (ENA), la unidad de comercialización de energía al por mayor de Enron Corp., agrupó un conjunto de cuentas deudoras de sus clientes, por importe de 324 millones de dólares, en un trust, para realizar una transacción tipo CLO (collateralized loan obligation), cuyo propósito no era otro que monetizarlas, es decir, convertirlas en recursos financieros líquidos. A tal efecto se creó una participada, CLO Trust, que emitió participaciones en su capital y diversas clases de notes, con la garantía del propio cash flow de ENA, y vencimiento en 2014. Las distintas clases las estableció la agencia de calificación de riesgos crediticios Fitch, en función de las calidades de las muy diversas deudas agrupadas. La comercialización de las notes entre los inversores institucionales la realizó la firma Bear Stearns. Pronto se comprobó que la comercialización de las notes correspondientes a las capas con calificación crediticia más baja era prácticamente imposible. Ante esta situación, Enron colocó la última clase de notes invendibles (calificadas BB, dentro de la categoría de bonos «basura»), en una afiliada de Whitewing y en LJM2. En concreto, LJM2 invirtió un total de 32,5 millones de dólares, 12,9 en el capital de CLO Trust, y 19,6 en la compra de BB notes127. Naturalmente, Enron Muchas de las cuentas deudoras que incluía tal clase pasarían a engrosar la cuenta de impagados.

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le dio garantías verbales de que cualquier pérdida que pudiera sufrir le sería compensada. b) Central polaca Nowa Sarzyna. El 21 de diciembre de 1999, Enron vendió a LJM2 un 75% de su participación en la compañía propietaria de la central en construcción Nowa Sarzyna. Enron hacía tiempo que buscaba un socio a quien vender esta participación, para no verse obligado a consolidarla en su balance, pero el final del ejercicio se echaba encima y no lo había conseguido; el recurso a LJM2, como solución temporal, resultaba inevitable. LJM2 pagó por tal participación 30 millones de dólares, y Enron pudo registrar una plusvalía de 16 millones de dólares que embellecieron los resultados del cuarto trimestre de 1999. El día 29 de marzo de 2000, ante la imposibilidad de encontrar un comprador real, Enron y Whitewing recompraron a LJM2 su participación por 31,9 millones de dólares. Por su fugaz colaboración, LJM2 obtuvo en poco más de tres meses una rentabilidad de alrededor del 25%. c) MEGS. El día 29 de diciembre de 1999, Enron vendió a LJM2 el 90% de su participación en la compañía MEGS LLC, que disponía de instalaciones de almacenamiento de gas natural en el Golfo de México. Al igual que en el caso de la central polaca, Enron no había logrado encontrar un comprador, el cierre del ejercicio era ya inmediato, y no deseaba consolidad tal participación en su balance. LJM2 compró una note de MEGS, cuyo valor nominal era 23,2 millones de dólares, por 25,6 millones de dólares y, además, la participación en el capital por 743.000 dólares. El 6 de marzo de 2000, Enron recompró los intereses de LJM2. La SPE obtuvo una rentabilidad del 25%128. d) Yosemite. En noviembre de 1999, Enron y un inversor institucional compraron la totalidad de los certificados emitidos por un trust llamado Yosemite129, pagando cada uno de ellos 37,5 millones de dólares. Pero, a finales de diciembre, Enron necesitó reducir su participación en el trust del 50% al 10%, por aquello de evitar la consolidación. Y nada mejor que colocarle el 40% a una de «sus» SPE, que para algo Jeff MacMahon, entonces tesorero de Enron, se negó en un principio a firmar el documento de compra, pero, finalmente, lo hizo a regañadientes, añadiendo la coletilla de que no le veía a tal operación sentido económico alguno. Su disconformidad con los tejemanejes que se realizaban con las SPE provocarían su sustitución por Ben Glisan, y su ostracismo. 129 De este trust se hablará más adelante, al analizar la participación de los bancos de inversión en la manipulación fraudulenta de la contabilidad de Enron. Aunque el Informe Powers, en su página 142, no identifica al inversor institucional, del contexto de la operación Yosemite se puede conjeturar, con todo tipo de reservas, que se trataría del Citigroup. 128

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habían sido creadas. En este caso, la participación de LJM2 fue muy extraña, y permanece inexplicada. En efecto, Enron había decidido que el comprador fuese Condor (Whitewing). Pero por motivos que se desconocen, el día 29 de diciembre de 1999 LJM2 compró los certificados, con dinero que le prestó Condor, a quien se los vendió al día siguiente. Por tan extraño servicio, LJM2 percibió una prima de 100.000 dólares más gastos. e) Backbone. A finales de la década de los 90, la unidad de Internet, Enron Broadband Services (EBS), realizó un gran esfuerzo para construir una red nacional de cable de fibra óptica. Llegó a tender miles de kilómetros de cable. En mayo de 2000, EBS decidió vender una parte de sus reservas de cable carente de certificación oficial («dark» fiver). El acuerdo de venta negociado con LJM2 garantizó a esta una tasa interna de retorno (TIR) a su inversión del 18% si el cable era revendido antes de dos años, y del 25% si se sobrepasaba dicho plazo. Enron pudo registrar un beneficio de 54 millones de dólares como resultado de esta transacción130. LJM2 intervino en otras muchas transacciones, por importe de más de 150 millones de dólares, entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000. Las barcazas nigerianas La operación de venta de las tres barcazas nigerianas merece especial atención por cuanto fue considerada delictiva por los fiscales de la Enron Task Force, y supuso, como se ha visto en la Primera Parte, la inculpación y juicio de dos ejecutivos de Enron y cuatro de Merrill Lynch. Resulta muy pedagógico analizar el porqué de esta operación, y cómo se llevó a cabo. La inversión realizada en tres grupos generadores de electricidad instalados sobre barcazas ancladas frente a la costa de Nigeria se había revelado ruinosa. Convenía sacar este activo fallido de los libros y, además, hacerlo con plusvalía, para cumplir los objetivos de ingresos del cuarto trimestre del ejercicio 1999, y salvar las bonus de los ejecutivos. Para ello se pactó con la división de arriendo de activos estratégicos de Merrill Lynch la compra de dichas barcazas —cuyo valor en libros era de 16 millones de dólares— por 28 millones de dólares, de los cuales 21 millones correspondían a un préstamo de Enron a dicho banco de inversión, que solo tuvo que desembolsar 7 De todos los compromisos con LJM2, aprobados de acuerdo con los procesos formales internos establecidos en Enron, este fue el único que Lay firmó personalmente. Ver artículo de los periodistas Mary Flood y Tom Fowler, publicado en el Houston Chronicle el 24 de julio de 2004 bajo el título «Enron memo could be big problem for Causey».

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millones de dólares. Al margen del acuerdo escrito, se convino verbalmente que, al cabo de 6 meses, las barcazas serían recompradas con un beneficio del 22%. Esto permitió a Enron registrar una falsa plusvalía de 12 millones de dólares en el cuarto trimestre del ejercicio. Como al término del plazo de seis meses Enron no encontró ningún comprador real, llegó a un acuerdo con LJM2 en virtud del cual esta compró las barcazas por 7.525.000 dólares, con lo que el banco de inversión obtuvo un beneficio de 525.000 dólares, de acuerdo con lo convenido verbalmente. Más tarde, Enron encontró un comprador externo, y LJM2 obtuvo un beneficio significativo. Con esta operación de venta simulada, Enron alcanzó sus objetivos de beneficios para el ejercicio 1999, y se deshizo de una inversión ruinosa. Se trató, sin duda, de una operación ilegal, por cuanto Enron transmutó parcialmente un préstamo en plusvalía ficticia (otro portentoso ejercicio de alquimia financiera), y, además, el segundo comprador era una empresa controlada por el propio CFO de Enron, con el inevitable conflicto de intereses que ello suponía, por mucho que Fastow estuviese autorizado por el benevolente consejo de administración de Enron para actuar al margen del código de ética que la propia corporación se había fijado. En la Figura 4 se intenta pergeñar un tosco esquema del flujo de fondos que se produjo. Con operaciones como esta, lo que Enron hacía era venderse a sí misma con plusvalía para registrar un beneficio y, consiguientemente, empujar la cotización de sus acciones e incrementar su capitalización bursátil. Figura 4 Operación venta barcazas nigerianas

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El acuerdo «Global Galactic» Desde luego, los «servicios especiales» que Fastow prestó a Enron a través de LJM1 y LJM2 no fueron gratuitos, como se ha visto. En un memorando de tres páginas escritas a mano y visadas por el propio Fastow y por Richard Causey, entonces director de contabilidad de Enron Corp., se especificaron siete tratos secretos que ambas partes, Enron y LJM, se comprometían a llevar a cabo, así como las condiciones económicas concretas de cada uno de ellos, sumamente favorables para LJM2. Las dos primeras páginas, sin fecha, describían muy sucintamente las siete operaciones. La tercera, fechada en septiembre de 2000, era un acuerdo adicional en el que se modificaban algunas de las condiciones anteriormente establecidas. Los siete compromisos se referían a Cuiabá, barcazas nigerianas, CLO BB notes, Bob West Treasure (participación en un contrato de suministro de gas natural), EE & CC Turbine (compra de la turbina de dicha central en construcción), Blackbone, y Coyote Springs Turbine (compra de la turbina del fallido proyecto Coyote Springs II). A este memorando, denominado acuerdo Global Galactic por los fiscales de la Enron Task Force, que garantizó a las LJM unos beneficios del orden de 50 millones de dólares, se hará frecuente referencia en el capítulo 8, pues fue una de las piezas importantes de los autos de acusación contra Lay y Skilling.

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Capítulo 8 UNAS SPE SUPERLATIVAMENTE «ESPECIALES» Nam ego arbitror latrones, quique eorum recte sapiunt, nihil anteferre lucro suo debere... (Yo creo, en efecto, que los ladrones y todos aquellos que piensan acertadamente, no deben anteponer cosa alguna a su propio beneficio...) Lucio Apuleyo, El asno de oro, Libro VII.9

La «familia Raptor» Las transacciones entre Enron y LJM2 que tuvieron mayor impacto negativo sobre los estados financieros del gigante energético —con pies de barro—, estuvieron relacionadas con cuatro SPE conocidas como Raptors (rapaces). En la Primera Parte, capítulo 2, ya anticipé la noticia del invento de las Raptors, familia de entidades con un propósito tan singular como dar cobertura a las eventuales minusvalías que pudieran derivarse de la revaloración trimestral de las inversiones financieras de la compañía a precio de mercado (fair value), a lo que obligaba la legislación contable norteamericana. A finales de 1999, Enron había invertido en torno a 2.000 millones de dólares en Rhythms NetConnections, Avici Systems, The New Power Co., y otros negocios. Se vivía un año de «exuberancia irracional» en los mercados de valores y, sobre todo, las acciones de las empresas tecnológicas subían de forma enloquecida, tal como muestra el gráfico de evolución del índice Nasdaq 100 de Wall Street (Figura 5). Lo malo era que se trataba de valores de gran volatilidad e incertidumbre, y esto implicaba un riesgo cierto para las cuentas de la compañía, que podía verse obligada, por los caprichos del mercado, a tener que registrar importantes minusvalías en alguno de los cierres trimestrales de su cuenta de resultados. Nada podía perjudicarle más a la compañía, obsesionada como estaba en la evolución de la cotización de sus propias acciones. Se trataba de una contingencia que convenía prevenir. Claro está que cabía la solución de realizar operaciones de cobertura en el

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mercado, pero, dada la situación de la bolsa, tales operaciones resultaban muy complicadas y costosas, si no imposibles. Por eso, la mejor solución era cocinarlo todo dentro de la propia compañía. Pero, ¿cómo hacerlo? Con el fin de solucionar tan enojoso problema, Enron constituyó hacia finales de 1999 un equipo de profesionales de élite, asesorado por Andersen y por Vinson & Elkins, el cual ideó vehículos financieros de una complejidad extraordinaria, inspirados en el modelo ya usado en el caso de la cobertura de las acciones de Rhythms NetConnections. Tal modelo se basó en una idea muy simple, pero del todo equivocada: dada la evolución positiva que, siguiendo la tendencia general del mercado de valores, experimentarían las acciones de la compañía en los próximos años, no valía la pena comprar protección, transfiriendo a terceros el riesgo derivado de la «volatilidad» de los mercados; Enron era perfectamente capaz de asegurarse a sí misma. Se trataba, como se vio más tarde, de esquemas de cobertura maliciosos y carentes de sentido financiero que, incomprensiblemente, merecieron la bendición del consejo de administración. En lo que sigue se describe, procurando simplificar hasta el extremo, lo más relevante, a la vez que inteligible, de estos complejísimos vehículos de cobertura que, en realidad, no cubrían nada, y cuya cancelación en el año 2001, como veremos, precipitó la muerte de la compañía131. Figura 5 Evolución Índice Nasdaq 100

La fuente de información más autorizada, si se desea entrar en detalles sobre las Raptor y sus operaciones, es, sin duda, el ya citado Informe Powers, páginas 97 a 133.

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Talon (Raptor I) El 18 de abril de 2000, Enron y LJM2 crearon, al menos en apariencia, Talon LLC, la primera criatura de la familia Raptor132 (ver Figura 6). Enron aportó a través de una de sus subsidiarias al 100%, llamada Harrier133, un millón de dólares en efectivo, una promissory note134 de 50 millones de dólares, y 537 millones de dólares en acciones y contratos contingentes forward de compra de acciones135 de Enron, con la restricción de que Talon no podía vender, pignorar o utilizar como cobertura tales instrumentos durante un período de tres años, lo que disminuía su valor en un 35%. En contrapartida, Talon entregó a Enron una promissory note de 400 millones de dólares136. Por su parte, LJM2 aportó 30 millones de dólares en efectivo. Se garantizó verbalmente a LJM2 el pago por parte de Talon de una prima inicial de 41 millones de dólares antes de que se realizase la primera operación de cobertura. Existen evidencias de que, en realidad, todos estos acuerdos se perfeccionaron entre el 22 de mayo y el 12 de junio. El 1 mayo, Ben Glisan y Richard Causey presentaron el Proyecto Raptor al Comité Financiero del consejo de administración, y le explicaron que LJM2 podía llegar a percibir una rentabilidad anual del 30% como premio a su contribución como accionista y administrador único. A pesar de que dicho Comité fue plenamente consciente de que con esta operación no se producía transferencia de riesgo, sino tan solo de volatilidad de la cuenta de resultados (P&L volatility), dio su visto bueno. Al día siguiente, Raptor I (Talon) obtuvo la aprobación del consejo de administración. Glisan alertó al consejo sobre ciertos riesgos implícitos, que identificó (eventual escrutinio contable por parte de terceros, y un declive sustancial de las acciones de Enron —ese día cerraron a 76 dólares—).

Talon significa «garra». Resultan muy curiosos, a la vez que esclarecedores, los nombres dados por Enron a sus SPE destinadas a cubrir riesgos. 133 «Aguilucho». 134 Instrumento financiero negociable que contiene una promesa incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero en una fecha también determinada. 135 Contratos cuyo tenedor era Peregrine, una subsidiaria al 100% de Enron, en virtud de los cuales tal subsidiaria tenía derecho a recibir 3,9 millones de acciones de Enron procedentes de Whitewing el 1 de marzo de 2003, si la cotización de las mismas superaba en tal fecha los 53 dólares, y ninguna si la cotización estaba por debajo de 50 dólares. De ahí el carácter contingente de dichos contratos. 136 537 x 0,65 + 50 + 1. 132

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El día 3 de agosto de 2000, al menos facialmente, Enron realizó a través de Talon una operación tipo TRORS137 de cobertura de sus inversiones en Avici Systems, una empresa de fabricación de dispositivos de encaminamiento en Internet (routers). Y digo «al menos facialmente» porque existen suficientes evidencias que hacen sospechar que la operación se perfeccionó, en realidad, a mediados de septiembre de 2000, poco antes de la fecha de cierre del tercer trimestre del ejercicio. En apoyo de tal sospecha viene el hecho de que las acciones de Avici cotizaron el día 15 de septiembre a 95 dólares, mientras que precisamente el día 3 de agosto alcanzaron su máximo histórico (162,50 dólares por acción). Este truco de fechar la operación «como realizada» el 3 de agosto (dated «as of» August 3, 2000, tal como consta en los documentos oficiales) le permitió a Enron compensar una pérdida de unos 75 millones de dólares en sus estados financieros. Figura 6 Talon: Fase 1 Constitución de la SPE

Acrónimo de total rate of return swap, contrato de intercambio de activos en virtud del cual una parte percibe el rendimiento económico (que incluye cualesquiera ganancias o pérdidas de capital) de un determinado activo de referencia, mientras que la otra percibe el pago de un flujo monetario, a una tasa fija o flotante, no relacionado con la calidad crediticia del activo subyacente. De esta forma, una parte (Talon en este caso) puede obtener el beneficio que se derivaría de la posesión del activo (acciones de Avici Systems) sin que tenga que figurar en su balance, mientras que la otra (Enron), que sí debe reflejar tal activo en su balance, compra protección contra posibles pérdidas de valor del mismo. Fuente: Wikipedia (textos entre paréntesis, añadidos).

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Pero nada de esto se hubiera podido hacer si antes, o en unidad de acto, Talon no hubiese pagado a LJM2 un retorno inicial de 41 millones de dólares, tal como se había convenido. Este pago se instrumentó mediante la compra por parte de Enron a Talon de una opción put. Dicha opción daba a Enron el derecho a requerir a Talon, antes del 18 de octubre de 2000, para que le comprase 7,2 millones de sus acciones a 57,5 dólares por acción. En contrapartida, Enron le pagó a Talon 41 millones de dólares en efectivo, que fueron transferidos de inmediato a LJM2 (ver Figura 7). Cabe sospechar que la opción put, fechada el 18 de mayo, se formalizó realmente a mediados de septiembre de 2000, cuando la acción de Enron cotizaba en el entorno de su máximo histórico: 90 dólares; así, aunque suponía de facto una apuesta por un drástico declive de su propia cotización —lo que no deja de ser sorprendente—, lo cierto es que el riesgo de que en un mes pudiera caer a 57,50 dólares era entonces inimaginable (a este nivel sólo llegaría a finales de marzo de 2001). Figura 7 Talon: Fase 2 Operación de cobertura acciones Avici

La opción put no fue ejercitada, por cuanto el 18 de octubre de 2000 la acción de Enron cotizó a 78,75 dólares, Talon pudo registrar los 41 millones de dólares como beneficio, y mantuvo facialmente su carácter de SPE no sujeta a consolidación. Pero resulta meridianamente claro que el pago a LJM2 del «retorno inicial» pactado supuso, de facto, la devolución de su participación, así como el abono de una prima de 11 millones de dólares

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por sus servicios. Por tanto, a partir de ese momento, cualquier «escrutinio contable» medianamente riguroso debería concluir que el socio externo había desaparecido y que, en consecuencia, procedía la inmediata consolidación de Talon. Tan monumental chapuza se descubriría bastantes meses después. Al parecer, existen evidencias de que Enron y Talon también realizaron en septiembre de 2000 otras operaciones tipo TRORS de intercambio de activos. El valor nocional total de las operaciones realizadas entre Enron y Talon con derivados financieros, incluida la operación Avici, ascendió a casi 734 millones de dólares. Lo más sorprendente es que en tales operaciones de supuesta «cobertura» —así habían sido «vendidas» internamente— se vieron involucrados casi siempre activos de ENA de mala o pésima calidad, lo que, como reconoció un abogado de la propia ENA, contribuía a hacer pensar que Enron estaba «cocinando» sus libros para evitar el «dragado de beneficios» que, de otra forma, se habría producido. En todo caso, a partir de octubre de 2000 la cotización de Enron empezó a declinar y, en consecuencia, también lo hizo la capacidad de Talon para hacer frente a sus compromisos. Por ello, para proteger a Talon contra la desvalorización de su principal activo, el 30 de octubre Enron entró con la SPE en transacciones tipo costless collar138 sobre un total de unos 7,6 millones de acciones y opciones de Enron, en virtud de lo cual, si la cotización de la acción de Enron caía por debajo de 81 dólares, Enron pagaría a Talon el monto de cualquier pérdida, mientras que, si subía por encima de 116 dólares, Talon sería quien pagaría a Enron el monto de cualquier ganancia; si la cotización se mantenía entre los dos límites, ninguna de las partes tendría que pagar nada. A pesar de ello, y dado el rápido deterioro de las inversiones comerciales de Enron, la capacidad de Talon para hacer frente a sus compromisos seguía estando en peligro. Resultaba cada vez más claro que el montaje de Talon había sido un disparate de tomo y lomo.

Un collar es un derivado financiero que, usualmente, combina la suscripción de una opción put (una opción de compra) y la compra de una opción call (una opción de venta) sobre un valor determinado y con el mismo plazo de vencimiento, de forma que se establece un límite a la ganancia o a la pérdida que el respectivo tenedor del contrato puede sufrir. Cuando las primas pagadas por las opciones put y call son idénticas, de forma que ninguna de las partes tiene que realizar al principio pago alguno, se habla de un costless collar.

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Timberwolf (Raptor II) y Bobcat (Raptor IV) Enron y LJM2 crearon otras dos Raptor, conocidas como Timberwolf139 (Raptor II) y Bobcat140 (Raptor IV), que respondían al mismo esquema que Talon (Raptor I). En efecto, ambas recibieron por parte de Enron contratos contingentes forward de compra de acciones de Enron141, y 30 millones de dólares en efectivo por parte de LJM2. También en este caso se garantizó verbalmente a LJM2 el pago por parte de Timberwolf, y también de Bobcat, de una prima inicial de 41 millones de dólares antes de que ambas Raptor realizasen su primera operación de cobertura. Raptor II fue autorizada por el Comité Ejecutivo del consejo de administración el 22 de junio de 2000. Su constitución se justificó por la tremenda utilización que las unidades de negocio hacían de Raptor I. Raptor IV fue presentada al Comité Financiero del consejo el 7 de agosto de 2000. Glisan defendió su creación alegando que Raptor I ya había llegado al límite de utilización, mientras que Raptor II, por motivos que no explicó —al parecer, aún no había pagado a LJM2 el canon de 41 millones de dólares—, no podría empezar a operar hasta finales de año. Por ello era necesario un mecanismo adicional para cubrir las pérdidas y beneficios que provocaba la volatilidad de las inversiones de la compañía. El consejo de administración aprobó Raptor IV el 11 de septiembre de 2000. Como en el caso de Talon, Enron pagó a Timberwolf y a Bobcat los 41 millones de dólares que LJM2 exigía, mediante el recurso a sendas opciones put de compra de acciones de la compañía. Cumplido este requisito, Enron realizó numerosas transacciones de derivados con Timberwolf durante el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 28 de diciembre de 2000, por un valor nocional de 513 millones de dólares. Pero no hizo uso de Bobcat, pues, como más tarde se verá, intentó compensar con su capacidad de crédito la carencia de la misma por parte de las Raptor I y III. Enron también entró en operaciones del tipo costless collar con Timberwolf y Bobcat, para protegerlas, como a Talon, contra la desvalorización «Lobo gris». «Gato montés». 141 En el caso de Raptor II, el tenedor de dichos contratos, Peregrine, tenía derecho a recibir 7,8 millones de acciones de Enron procedentes de Whitewing el 1 de marzo de 2003, si la cotización de las mismas superaba en tal fecha los 63 dólares, y ninguna si estaba por debajo de 53 dólares. En el caso de Raptor IV, el volumen de acciones era de 6,3 millones, y los umbrales de cotización, 76 y 63 dólares. 139 140

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de su principal activo. En el caso del collar de Timberwolf, instrumentado el 27 de noviembre de 2000, los límites inferior y superior de cotización de la acción fueron 79 y 112 dólares, y en el caso del collar de Bobcat, instrumentado el 24 de enero de 2001, 83 y 112 dólares. Porcupine (Raptor III) El día 27 de septiembre de 2000, Enron y LJM2 crearon Raptor III, una nueva SPE llamada Porcupine142, con un esquema de aportaciones estructuralmente diferente al de las otras tres Raptor. La única y exclusiva finalidad de Porcupine era dar cobertura a acciones de The New Power Company (TNPC), una empresa de distribución de energía eléctrica a clientes comerciales y domésticos, creada a comienzos de 2000, y de la que Enron tenía una participación de 75% (24 millones de acciones). El resto del capital estaba, al parecer, en manos de dos socios estratégicos: IBM y America Online. La singularidad en la constitución de Porcupine consistió en que Enron no aportó acciones propias, sino opciones de compra de sus acciones de TNPC, que eran precisamente la inversión comercial a cuyo valor deseaba dar cobertura. Tal aportación, que incluía un millón de dólares en efectivo, la hizo, en este caso, a través de Pronghorn143, una subsidiaria al 100% de Enron. Dado que Enron valoró en 258 millones de dólares sus 24 millones de acciones, a razón de 10,75 dólares por acción, Porcupine entregó a Enron, en contrapartida, una promissory note de 259 millones de dólares. Por su parte, LJM2 aportó 30 millones de dólares en efectivo. Se garantizó verbalmente a LJM2 el pago por parte de Porcupine de una prima inicial de 39,5 millones de dólares (ver Figura 8). En este caso no se solicitó la autorización del consejo de administración, tal vez por no estar implicadas de forma directa las acciones de la propia Enron. El día 5 de octubre, una semana después de la constitución de Porcupine, TNPC fue sacada a bolsa con un precio de salida de 21 dólares por acción. Al cierre cotizó a 27 dólares, y Porcupine registró un beneficio contable de 390 millones de dólares, y pagó a LJM2 su retorno inicial de 39,5 millones de dólares (LJM2 calculó que el TIR de su fugacísima inversión había sido del 2.500%). De inmediato, Enron y Porcupine ejecutaron una operación de cobertura tipo TRORS sobre 18 millones de acciones de TNPC a 21 dólares por acción (ver Figura 9). «Puercoespín». Especie de «antílope» de la fauna autóctona norteamericana.

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Figura 8 Porcupine: Fase 1 Constitución de la SPE

Figura 9 Porcupine: Fase 2 Operación de cobertura acciones TNPC

Enron, que había vendido opciones de compra warrant a su subsidiaria Hawaii 125-0, estaba en condiciones de registrar una ganancia contable de 370 millones de dólares, sujeta al mantenimiento de la calidad crediticia de Porcupine, la cual, a su vez, dependía de la buena evolución de la cotización de las acciones de TNPC.

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A pesar de su éxito inicial, la cotización de la acción de TNPC se deterioró con gran rapidez. Al cabo de una semana ya cotizaba por debajo del precio de salida, a mediados de noviembre lo hacía a menos de 10 dólares, y el día 30 de noviembre a 5 dólares. Porcupine no podía hacer frente a sus compromisos. Una estructura de cobertura urdida de forma tan sofisticada —al menos en apariencia— se había venido abajo en pocos días; los genios que la inventaron «se habían lucido». Pero las cosas no sólo iban mal con Porcupine. En noviembre de 2000, Enron se había implicado en transacciones derivativas con las Raptor I, II y III por un valor nocional —facial— de 1.500 millones de dólares y, a finales de diciembre, próximo ya el cierre del cuarto trimestre y del ejercicio completo, los contables calcularon que la ganancia neta de Enron (y consiguiente pérdidas para las Raptor) sería de alrededor de los 500 millones de dólares. Lo malo era que Enron solo podría reconocer tales ganancias, y compensar así las pérdidas de su cartera de inversiones comerciales, si las Raptor fuesen realmente capaces de cumplir sus compromisos. De no ser así —y no lo era—, Enron tendría que registrar una «reserva de crédito» para reflejar esta circunstancia en sus informes financieros, lo que supondría un duro varapalo para la valoración de dicha cartera. La presunta «cobertura» habría devenido en humo. Así las cosas, y en grave aprieto, Enron echó mano de los solícitos consultores de Andersen. Y estos no tardaron en encontrar, más que una solución definitiva, un parche para ir tirando. En efecto, tanto Raptor I como Raptor III tenían problemas serios de capacidad crediticia. En el caso de Talon, la causa del descalabro era la evolución de la cotización de las acciones de Enron, que, a pesar del collar suscrito con Enron, se había comido ya tal capacidad, y estaba en números rojos. En el caso de Porcupine, el desplome de las acciones de TNPC la había llevado a idéntica situación. Pero aquí entró en juego la imaginación, y también el descaro, de los contables de Enron, y de sus consultores de Andersen, quienes se manifestaron dispuestos a reconocer que, dada la capacidad crediticia excedentaria de Raptor II y de la aún virgen Raptor IV, cabía establecer un acuerdo provisional entre las cuatro hermanas, para poner en común sus respectivas capacidades crediticias, que, ceñidas en haz, arrojaban, oh milagro, un saldo positivo. Así, el superávit de la capacidad crediticia de las Raptor II y IV serviría para apuntalar el déficit de las Raptor I y III, que para algo está la familia; lo que no cumplían las partes, lo cumplía el todo. Esta engañosa chapuza se perpetró el 22 de diciembre de 2000 con la firma de un acuerdo de garantías cruzadas, que expiraría al cabo de 45 días. Naturalmente, nada se podía hacer sin la aquiescencia de LJM2, que, por mirar hacia otro lado, percibió una módica prima de participación de 50.000 dólares, aparte de la garantía de que el acuerdo suscrito no afectaría en ningún caso a sus intereses económicos. Así fue

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como Enron evitó registrar reserva de crédito alguna, y salvó el cierre del crítico ejercicio 2000. Esta clara huida hacia adelante tendría letales consecuencias. El desmantelamiento de las Raptor La reestructuración de las Raptor144 La burda solución dada a la falta de capacidad de las Raptor I y III para hacer frente a sus compromisos no era, al fin y al cabo, sino una bomba de relojería que explosionaría sin remedio. Había, pues, que hacer algo cuanto antes. A comienzos de enero de 2001, un equipo de altos ejecutivos de las direcciones financiera, de contabilidad, y de riesgos, empezaron a buscar con denuedo una solución más consistente. Pero la capacidad crediticia de las Raptor continuó deteriorándose a gran velocidad, debido a la continua caída de las acciones de Enron y de TNPC, y se calculó que, al cierre del primer trimestre, se acumularía un déficit consolidado de 504 millones de dólares, lo que obligaría a realizar el correspondiente cargo contra beneficios antes de impuestos; estos serían los devastadores efectos de la explosión de la bomba de relojería puesta en marcha el 22 de diciembre de 2000. Ni que decir tiene que Enron no estaba dispuesta a destrozar sus resultados, y fue el propio Skilling quien estableció como objetivo de alta prioridad la urgente solución de tan grave y enojoso problema. Y tal solución fue una reestructuración general de las Raptor. La transacción de reestructuración, realizada «con efectos del 26 de marzo de 2001»145, consistió, fundamentalmente, en: a) un afianzamiento cruzado146 entre las Raptor; y b) una inyección adicional de contratos de acciones de Enron. En esencia, el afianzamiento cruzado consistió, simplificando hasta el extremo, en lo siguiente: una Raptor con superávit de capacidad crediticia «absorbía» a efectos prácticos, con la expresa autorización de Enron, a otra con déficit, asumiendo de alguna forma sus activos y pasivos. Esto suponía el apuntalamiento de las capacidades crediticias deficitarias con las excedentarias, pero solo en la cuantía de los excesos diferenciales de capacidad, lo que no garantizaba en absoluto que las Raptor absorbentes (Raptor II y Raptor IV) pudieran, llegado el caso, hacer frente a los compromisos con Enron heredados de las absorbidas (Raptor I y Raptor III). A este hecho evidente venía a sumarse otro, que agravaba el problema. En efecto, la aportación de Enron a sus Raptor I, II, y IV consistió, fun Informe Powers, páginas 121 a 125. La transacción, «effective as of March 26, 2001», se materializó, en realidad, el 13 de abril de 2001. 146 Cross-collateralization. 144 145

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damentalmente, en contratos contingentes forward de compra de acciones, cuyo tenedor era Peregrine, y cuyas peculiarísimas condiciones establecían que su disponibilidad estaba condicionada a que la cotización de la acción de Enron igualase o superase los 50, 63, y 76 dólares, respectivamente, el 1 de marzo de 2003. Pero el 22 de marzo de 2001, la acción de Enron cotizaba ya a 55 dólares, con tendencia a la baja, de modo que cabía prever que las acciones no estarían disponibles cuando las Raptor las necesitasen. Esto venía a mermar aún más su capacidad crediticia. Para hacer frente a este potencial incremento del déficit, Enron realizó una transacción extremadamente compleja con las Raptor II y IV, en virtud de la cual se comprometía a entregarles, como máximo, 18 millones de acciones si fuese necesario, como consecuencia de eventuales posiciones deficitarias de sus contratos de acciones originales. En contrapartida, las Raptor II y IV incrementaron en 260 millones de dólares sus promissory notes. Pero todo este montaje resultaba insuficiente. Para hacer frente al déficit consolidado inicial (procedente de las Raptor I y III), las Raptor II y IV necesitaban una inyección adicional de contratos de acciones. Por ello, Enron les vendió 12 millones de acciones, con fecha de entrega el 1 de marzo de 2005, a 47 dólares por acción. En contrapartida, las Raptor II y IV incrementaron sus promissory notes en otros 568 millones de dólares. El efecto de esta operación, según los contables de Enron y sus asesores de Andersen, supuso un incremento de la capacidad crediticia de las Raptor de, aproximadamente, 170 millones de dólares147. Tras este fenomenal embrollo, consistente, en último término, en un intercambio puro y duro de «papelitos» entre miembros de la misma familia, se obró otro portentoso milagro: las pérdidas a contabilizar al cierre del primer trimestre bajaron de los pavorosos 504 millones de dólares previstos a los muy moderados 36,6 millones de dólares. ¿Cifras amañadas? Posiblemente148. Como las acciones de Enron cotizaban el presunto día de la reestructuración a 61,48 dólares, la venta a 47 dólares, es decir, con un descuento del 23%, se justificó mediante una cláusula restrictiva en virtud de la cual las Raptor no podían venderlas, pignorarlas o utilizarlas como cobertura durante un período de cuatro años. 148 Ver John Allen Paulos, Un matemático invierte en la bolsa, Colección Metatemas, Tusquets Editores. En las páginas 96 a 98 de este libro se hace referencia a la ley de Benford, según la cual «en una gran variedad de situaciones, los números que se generan tienen como primera cifra no nula un en una cantidad enorme de ocasiones». El especialista en contabilidad Mark Nigrini ha sugerido muy recientemente que la ley de Benford podría servir para detectar posibles fraudes en las declaraciones de renta y otros documentos contables. Parece ser que, cuando la gente falsifica números, tiene tendencia a utilizar numerosas veces el y el como cifras iniciales, guarismos que, de acuerdo con la 147

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El final de las Raptor149 La complicadísima operación de reestructuración de las Raptor, realizada con efectos del 26 de marzo de 2001, fue un simple parche, que solo «resolvía» el problema de forma temporal. Pero, a finales de julio de 2001, la continua caída de las acciones de Enron y de TNPC provocó nuevos déficit de capacidad crediticia de las Raptor por importe de centenares de millones de dólares. Las operaciones tipo collar, realizadas para apuntalar unos muros que se desplomaban, venían a agravar aún más la situación, por cuanto si Enron hacía entrega de las acciones acordadas se produciría una reducción significativa de los beneficios por acción, como consecuencia del incremento que experimentaría el capital (efecto «dilución»). La fecha en que saltaron todas las señales de alarma fue el 23 de julio de 2001, día en que la acción de Enron cotizó a 46,66 dólares, por debajo del límite de 47 dólares que se había establecido en la propia operación de reestructuración. Todo el edificio de cobertura, tan burdamente construido, amenazaba inminente ruina. Además, como ya he anticipado en el capítulo 3, en agosto de 2001 se descubrió un problema contable muy grave, que se remontaba a la constitución misma de las Raptor. En efecto, Enron no había contabilizado la totalidad de los pagarés recibidos de las Raptor como cuentas a cobrar, que era lo que había que hacer de forma inexcusable, sino que una parte de los mismos, por importe de 1.000 millones de dólares, había sido registrada, errónea o torticeramente, como incremento de los recursos propios. Para resolver tan enojoso asunto, los especialistas de la dirección financiera y los auditores tomaron una decisión que solo podía ocurrírsele a contables neófitos poco instruidos o a trileros: traspasar, sin más, a la partida de cuentas a cobrar la cantidad erróneamente registrada en la partida de recursos propios, pues, al fin y al cabo, se trataba de un simple movimiento entre partidas del pasivo que no tenía un efecto neto sobre el balance. No procedía, en consecuencia, la reformulación de las cuentas de los trimestres primero y segundo del ley de Benford, tienen una probabilidad de aparecer como primera cifra inferior al 10%. El la tiene del 30%, el del 18%, el del 12,5%, y así sucesivamente hasta llegar al 9, con una probabilidad inferior al 5%. Paulos, con la ironía y el fino sentido del humor que le caracterizan, dice textualmente (página 98): «Sería divertido que al pretender ser el número uno, esos delincuentes [se refiere a Enron, WorldCom y Andersen] se hubiesen olvidado de comprobar sus números . Podemos imaginar a los contables de Andersen diciéndose unos a otros con ansiedad que no había suficientes números en las primeras cifras de sus documentos que estaban haciendo pasar por la trituradora de papeles. ¡Qué fantasía!». 149 Informe Powers, páginas 125-133.

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ejercicio 2001; bastaba simplemente con reconocer tal “error contable” en el informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2001, sin darle más importancia al asunto. ¡Tampoco era para tanto! A mediados de septiembre, Lay —que hacía apenas un mes que había reasumido el cargo de CEO tras la inesperada espantada de Skilling, y que debía estar más que asustado— y el COO Greg Whalley ordenaron a Causey que pusiera fin a las Raptor. Ante todo había que liquidar los intereses residuales de LJM2 en tales vehículos financieros. El 28 de septiembre de 2001, Fastow y su lugarteniente Kopper, a quien aquel ya había vendido en julio su participación en LJM2, llegaron a un acuerdo en virtud del cual Enron pagaba unos 35 millones de dólares a la SPE en concepto de finiquito de sus intereses residuales en las Raptor. En unidad de acto, y dado que la diferencia entre los activos y los pasivos de las Raptor arrojaba un saldo negativo de casi 675 millones de dólares, a los que había que sumar los 35 millones pagados a LJM2, se procedió a registrar un cargo antes de impuestos de unos 710 millones de dólares (544 millones de dólares después de impuestos), que apareció reflejado en el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2001. El Informe Powers señaló que el tratamiento contable de la liquidación de las Raptor fue muy poco claro, y que el cargo antes de impuestos debería de haber sido muy superior. En efecto, de los 1.506 millones de dólares de beneficio antes de impuestos declarados por Enron durante el período julio 2000-septiembre 2001, tan sólo fueron «reales» 429 millones —el entrecomillado resulta inevitable, dado que la contabilidad de Enron fue objeto de manipulación cuasi sistemática—. El resto, es decir, 1.077 millones de dólares, procedía de las extrañísimas transacciones con las Raptor y era, en el mejor de los casos, puramente imaginario. En consecuencia, dar como bueno el cargo de 710 millones de dólares en concepto de liquidación de tan peculiares y monstruosos instrumentos financieros suponía, de facto, aceptar que la contribución efectiva neta de las Raptor a los beneficios de Enron durante el tercer trimestre de 2001 fue nada más y nada menos que de 367 millones de dólares (1.077-710), cosa realmente difícil de tragar, dado que las mismas se hallaban en pleno proceso de liquidación tras su debacle. Había, pues, sobrados motivos para sospechar, como lo hizo el Informe Powers, que el cargo en concepto de liquidación debería haberse parecido mucho a 1.100 millones de dólares. La creación de las Raptor no fue, como muchos pensaban dentro de la propia Enron, el «triunfo del ingenio contable de un grupo de profesionales innovadores». Antes bien, fue un montaje tosco, equivocado y fraudulen-

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to, realizado por profesionales de dudosa valía y escasos escrúpulos que, además, cometieron inexplicables errores técnicos de bulto desde el inicio, confundidos, tal vez, por la propia complejidad de la burda estructura de entidades de propósito especial que pergeñaron, y de las enredadas, confusas y complicadas operaciones con derivados financieros que urdieron, las cuales llegaron a formar una madeja inextricable. Además no actuaron solos, lo que habría explicado en parte las tropelías contables perpetradas, sino que lo hicieron asesorados por muy cualificados profesionales de Andersen, a quienes se les suponía adornados con los dones de la sabiduría, la honestidad y el rigor, pero que, además de equivocarse mucho, permitieron que se sortease arteramente la normativa contable de forma clamorosa, a la cual se le dio una y otra vez la vuelta con artificio engañoso. En efecto, la participación de LJM2 nunca satisfizo los requisitos para evitar la consolidación, por cuanto no hubo realmente aportaciones bajo la forma de capital riesgo, sino aportaciones sumamente fugaces de 30 millones de dólares, bajo la condición de su devolución con un beneficio de 11 millones de dólares150. Además, el factótum de LJM2 y de las Raptor no era, al fin y al cabo, sino el propio CFO de Enron, Andrew Fastow, por lo que todas las transacciones estaban viciadas de origen por un flagrante conflicto de intereses. Las Raptor debieron ser objeto de consolidación contable con la matriz desde el mismo día de su nacimiento. Marcha atrás en Chewco, JEDI y LJM1 Chewco y Jedi A comienzos de 2000, los ejecutivos de la dirección financiera de Enron Corp. ya habían llegado a la conclusión de que JEDI se había convertido en un vehículo financiero fuera de libros muy costoso, el cual convenía liquidar cuanto antes. Un año más tarde, en marzo de 2001, se tomó la decisión de recomprar a Chewco sus intereses en JEDI, y de proceder a la consolidación de esta en los libros de la compañía. El 26 de marzo de 2001, se suscribió con Chewco un acuerdo de recompra de sus intereses por 35 millones de dólares, de acuerdo con el siguiente Causa justificada indignación saber que Fastow presumió ante sus distinguidos socios de LJM2, al informarles sobre la marcha de la compañía en octubre de 2000, de que las tasas internas de retorno obtenidas como resultado de las inversiones en las Raptor I, II, III, y IV fueron del 193%, 278%, 2.500% y 125%, respectivamente, muy lejos de la nada moderada tasa del 30% anual a la que se hizo referencia en la presentación del «proyecto Raptor» ante el Comité Financiero del consejo de administración, realizada el 1 de mayo de 2000.

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desglose: a) 3 millones de dólares al contado; b) 5,7 millones de dólares, para cubrir la comisión de gestión pendiente de pago (establecida por contrato en el 2,5% de 383 millones de dólares); y c) 26,3 millones de dólares para amortizar parcialmente la parte pendiente (41,3 millones de dólares) del crédito renovable concedido por JEDI a Chewco en el acto de su constitución. Los 15 millones de dólares restantes se transformaron en un préstamo pagadero en enero de 2003, cuyas condiciones se casaron, en cuanto a vencimiento y tipo de interés, con las de unos certificados de Osprey Trust que Chewco había comprado a LJM1 en diciembre de 1999 por el mismo importe. Como resultado final de esta operación, Kopper y su testaferro Dodson, que habían realizado una inversión de 125.000 dólares en Chewco, percibieron un retorno total, realmente escandaloso, de 10,5 millones de dólares neto de impuestos, en cumplimiento de un acuerdo de indemnidad fiscal suscrito en 1997 entre Chewco y Enron, que le supuso a esta un pago adicional de 2,6 millones de dólares a mediados de septiembre de 2001. LJM1 Enron recompró el 15 de agosto de 2001 los intereses de LJM1 en Empresa Productora de Energía Ltda. (EPE) por 14,4 millones de dólares. Como ya vimos al hablar de LJM1, Enron le vendió el día 30 de septiembre de 1999, por 11,3 millones de dólares, con pacto de recompra, una participación del 13% en EPE, que construía una central eléctrica en Cuiabá, Brasil. Al poco tiempo, el proyecto encontró serios problemas técnicos y medioambientales, que incrementaron notablemente los costes. Además, se produjeron importantes roces en el seno del consejo de administración de EPE, que lo llevaron a la inoperancia, por la ausencia sistemática de uno de los consejeros nombrado por sus socios. El proyecto había devenido ruinoso. Así las cosas, ¿por qué pagó Enron tanto dinero a LJM1? Parece que uno de los motivos fue su deseo de recuperar el derecho, que LJM1 no había ejercitado, a ocupar una nueva plaza en el consejo de EPE, y romper así el punto muerto al que había llegado con sus socios brasileños. Pero en el establecimiento del desquiciado precio de recompra tuvo que jugar un papel importante no solo el deseo de controlar el consejo de EPE sino, sobre todo, cumplir el antes mencionado acuerdo Global Galactic que, en lo referente a Cuiabá, establecía el compromiso de Enron a recomprar por el mismo precio de venta percibido más una tasa interna de retorno (TIR)

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del 13%, si lo hacía antes del 1 de julio de 2001, o del 25% si lo hacía después, más una gratificación, en este caso, de 250.000 dólares. Naturalmente cabe plantearse la pregunta de por qué no materializó la recompra 15 días antes, lo que le habría supuesto un ahorro considerable. Cabe sospechar que se trató de un pago adicional —escandaloso pago— por tantos servicios especiales prestados a «la casa» con diligencia por Fastow y sus lugartenientes. Ni que decir tiene que, tras la operación de recompra, quedó en evidencia el torticero tratamiento contable dado al contrato de suministro de gas natural relacionado con Cuiabá, que le permitió a Enron registrar sendos beneficios mark-to-market de 34 y 31 millones de dólares, respectivamente, en los trimestres tercero y cuarto del ejercicio 1999. Todas estas operaciones, entre otras, son las que obligaron a Enron a reformular sus cuentas desde 1997. Penúltimas reformulaciones de las cuentas El 8 de noviembre de 2001, apenas transcurridas tres semanas desde la dramática comparecencia de Lay ante los analistas e inversores, en la que vino a decir que los libros de contabilidad habían quedado limpios como una patena, Enron notificó que, de acuerdo con la nueva información de que disponía, había procedido a reformular sus cuentas desde el ejercicio de 1997. La causa de tal reformulación, que afectó a los beneficios declarados, a la deuda y a los recursos propios151, no fue otra que la consolidación retroactiva de los balances de JEDI, Chewco y LJM1, la liquidación de las Raptor, y ciertos ajustes de auditoría. En efecto: a) los beneficios después de impuestos se corrigieron a la baja por importe de 586 millones de dólares (96 en 1997, 113 en 1998, 250 en 1999, 132 en 2000, y –5 en 2001 —tres trimestres—), con la correspondiente reducción del beneficio por acción diluida; b) la deuda se incrementó en 2.585 millones de dólares (711 en 1997, 561 en 1998, 685 en 1999, y 628 en 2000); y c) los recursos propios experimentaron una reducción de 4.914 millones de dólares (313 en 1997, 448 en 1998, 834 en 1999, 1.164 en 2000 y 2.155 en el primer semestre de 2001). De todas formas se trataba de datos de fiabilidad más que dudosa, por cuanto la contabilidad de Enron era una selva cuasi impenetrable, donde Los datos han sido obtenidos de la un tanto confusa información anexa a la nota de prensa de Enron, fechada el 8 noviembre de 2001. Los datos que incluye el Informe Powers en su página 3, por razones que ignoro, difieren ligeramente de los proporcionados por Enron.

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abundaban las sorpresas desagradables a poco que se adentrase uno en ella. Así, el 19 de noviembre, apenas transcurridos diez días, Enron emitió otra nota de prensa en la que se comunicó el descubrimiento de nuevos errores contables que obligaban a reducir en 3 centavos de dólar el beneficio por acción diluida correspondiente al tercer trimestre de 2001, y a incrementar en 1 centavo de dólar el beneficio por acción diluida correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio de 2001. También advertía de que el deterioro de su calificación crediticia (rating) podía forzarle a pagar el día 27 de noviembre un compromiso financiero por importe de 690 millones de dólares, pago que intentaba refinanciar mediante un préstamo garantizado en curso de negociación. En efecto, su acuerdo con la sociedad acreedora, una participada que adquirió activos de gas natural de Enron en Brasil, establecía el pago de la deuda si la calificación crediticia descendiese por debajo de BBB- en la escala de Standard & Poor’s, cosa que ya había ocurrido. El impago daría a su socio derecho a la venta de los activos de la participada. Por otra parte, si su calificación crediticia siguiese cayendo, la compañía se vería pronto obligada a pagar por anticipado deuda por importe de unos 3.900 millones de dólares, de los cuales la mayor parte correspondía a compromisos con sus socios de dos participadas extracontables creadas en los últimos años. En concreto vencerían 2.400 millones adeudados a Osprey Trust (socio de Whitewing), y 915 millones adeudados a Marlin Water Trust II (socio de Azurix). En opinión de los ejecutivos de Enron, tales participadas tenían activos suficientes para, en su caso, hacer frente a todos los compromisos. Se habían hecho tantas trampas y juegos malabares que el desbarajuste contable era superlativo; ni la propia dirección financiera se aclaraba, y la fiabilidad de los ajustes que se le iban ocurriendo era casi nula. Semejante situación vino a apuntillar a un toro mortalmente herido, al que ya solo sostenían las tablas del burladero.

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Capítulo 9 ARROGANCIA, AVARICIA… Y PODER Avaritia, vehementissima generis humani pestis. (Avaricia, la más terrible plaga del género humano.) Séneca, Consolatione ad Helvetiam, XIII, 2 […] Porque he leído en la Prensa que se ha aprobado no sé qué ley llamada de la oferta y la demanda. O. Henry, Obras Selectas, Tomo I, Opciones, «Oferta y demanda»

La crisis energética de California En torno a las causas de la gravísima crisis energética que sufrió California durante el período julio 2000-julio 2001, existen opiniones manifiestamente encontradas. Unos consideran que la desencadenó la manipulación generalizada del mercado de venta al por mayor de electricidad por parte de unas empresas generadoras y comercializadoras desalmadas que, con la tolerancia del poder político federal, robaron a los consumidores del Golden State «30.000 millones de dólares a plena luz del día»152. Por el contrario, son muchos quienes sostienen que tal manipulación, suficientemente demostrada, no fue la causa, sino la inevitable y penosa consecuencia de la torpe pseudo-liberalización del mercado de la energía en California —iniciada en la madrugada del 31 de marzo de 1998—, erróneamente concebida, mal diseñada, y peor gestionada por políticos y burócratas que, en realidad, tenían muy poca fe en las leyes de la oferta y la demanda. Ver artículo de Paul Krugman, publicado en The New York Times el 27 de septiembre de 2002, y recopilado en su libro El gran engaño, Crítica, 2004, páginas 283-286. Krugman dedica todo el capítulo 12 de este libro –páginas 267 a 288– a realizar una crítica acerba a la política energética del Gobierno del partido republicano, dirigida por el vicepresidente Dick Cheney.

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En todo caso no parece que sea cierto, como algunos han sostenido, y siguen haciéndolo, que Enron fuese quien provocó la crisis energética de California. Ni siquiera cabe argumentar de forma solvente o medianamente creíble que tal empresa fuese la principal beneficiaria de este inmenso desastre, ocurrido en el lugar más soleado de la economía mundial. Pero sí es verdad que Enron, haciendo uso de prácticas del todo cuestionables, manipuló, al igual que otras muchas empresas, un mercado energético enloquecido que invitaba a la conspiración y al monipodio, y que nadie sabía o se atrevía a embridar. En lo que sigue, intentaré analizar las posibles causas de la crisis energética de California y, también, el papel que en la misma desempeñó Enron. Las causas radicales de la crisis153 El suministro de energía eléctrica en Estados Unidos estuvo regulado hasta 1992 por una ley de 1935, la Public Utility Holding Company Act (PUHCA), que lo consideraba un monopolio natural. Esta ley otorgaba, mediante concesiones regionales, la responsabilidad del suministro de electricidad a las public utilities, empresas eléctricas privadas o propiedad de entes públicos, generalmente integradas de forma vertical, es decir, que abarcaban todas las funciones esenciales del proceso de suministro (producción, transporte, distribución y comercialización), controladas en el ámbito estatal por la correspondiente Public Utilities Commission (a la que correspondía la responsabilidad de establecer las tarifas de venta en función de las inversiones y de los gastos generales y de operación reconocidos, y de una remuneración adecuada al capital), y en el ámbito federal por la FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Pero, en 1992, la política de desregulación de la economía, que se había iniciado en la década de los ochenta con los sectores de la aviación, los ferrocarriles y las telecomunicaciones, también alcanzó al sector de la energía eléctrica, y las cosas cambiaron. Se venía discutiendo con vehemencia desde hacía tiempo sobre la idoneidad del entonces vigente sistema de fijación de tarifas, que no estimulaba la eficiencia, y propiciaba la instalación de un exceso de capacidad de producción. También se ponía en cuestión el asunto Principales fuentes consultadas: a) El gran engaño, op. cit. b) Los felices 90. La semilla de la destrucción, op. cit. c) Artículo del Premio Nobel de Economía (1992) Gary S. Becker, publicado el 3 de abril de 2002 en la página web de El Cato Institute (www.elcato.org) bajo el título «Conviene la desregulación eléctrica, a pesar de la quiebra de Enron». d) Artículo de Jacinto Viqueira Landa, publicado en Problemas del Desarrollo, vol. 32, núm. 124, México, IIEc-UNAM, enero-marzo, 2001, bajo el título «El fracaso de la desregulación eléctrica en California».

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de la integración vertical. Existía consenso sobre el carácter de monopolio natural de las redes de transporte y de distribución. Pero se consideraba que tanto la producción como la comercialización podían ser liberalizadas para estimular la competencia. En concreto, se pensaba que se debía propiciar la entrada de productores independientes, capaces de suministrar energía eléctrica a los grandes consumidores y a empresas de comercialización, en competencia con las empresas eléctricas tradicionales. El eficacísimo trabajo de cabildeo de empresas como Enron llevó en 1992 a la promulgación de la Energy Policy Act, que, sin derogar la PUHCA, estableció la libre circulación de la energía de los productores independientes por la red de transporte existente, a cambio del pago de los oportunos peajes. Esto suponía, de facto, abrir las puertas a la desintegración vertical del sector eléctrico. Los estados ya disponían de un marco jurídico para actuar de acuerdo con sus intereses específicos. A finales del año 1996, el sueño del gobernador de California, el republicano Peter Wilson, campeón de la desregulación, se hizo realidad. Los legisladores del Estado aprobaron por unanimidad, en un arrebato de entusiasmo, unas nuevas reglas de juego para fomentar la competencia en el mercado de la energía eléctrica, que fueron mucho más allá de lo establecido por la Energy Policy Act y por las órdenes emitidas por la FERC en ese mismo año. En efecto: a) A los pequeños consumidores también se les concedió el derecho a elegir suministrador. b) A las tres grandes empresas eléctricas del estado —Pacific Gas and Electric Company, Southern California Edison Company y San Diego Gas and Electric Company— se les obligó a vender sus centrales térmicas a productores independientes154. En contrapartida, se les reconoció el derecho a recuperar las inversiones en proyectos nucleares o de energías renovables, devenidas innecesarias por mor del nuevo sistema (los llamados «costes de transición a la competencia», cifrados en unos 28.000 millones de dólares), a través de un recargo transitorio en las tarifas, que concluiría en marzo de 2002. Curiosamente, quedaron exentas de la obligación de vender activos de producción algunas empresas locales, de propiedad y gestión públicas, que distribuían en las áreas metropolitanas de Sacramento, Los Angeles, Burbank, Riverside y otros condados. Estas centrales fueron adquiridas por ocho empresas independientes, siete de las cuales tenían sus sedes fuera del estado de California.

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c) Las redes de transporte interconectadas de las tres grandes empresas eléctricas no fueron expropiadas, pero quedaron incorporadas a un órgano de operación integrada, el Independent System Operator (ISO), nueva institución pública a la que se responsabilizó de la gestión en tiempo real del despacho de los sistemas de generación y transporte. d) Se creó una segunda institución pública, el California Power Exchange (PX), una especie de «bolsa de electrones» a la que se responsabilizó del buen funcionamiento del mercado de compraventa de energía eléctrica. La casación de la oferta y la demanda se realizaría de acuerdo con el siguiente esquema: las empresas distribuidoras enviarían al PX de forma electrónica una estimación de la energía que, hora a hora, necesitarían al día siguiente, así como los precios horarios que estaban dispuestas a pagar; por su parte, los productores o comercializadores (los suministradores) enviarían de igual forma su estimación de la energía que, hora a hora, podrían suministrar al día siguiente, así como los precios horarios que deseaban percibir; finalmente, los ordenadores del PX casarían ofertas y demandas horarias, aplicando, en su caso, y en interconexión con los sistemas informatizados del ISO, los peajes que correspondiesen al uso de la red de transporte integrada. e) Con el fin de reforzar el mercado de compraventa de energía eléctrica a corto plazo, se prohibió a las empresas eléctricas concertar con los productores independientes contratos de suministro de energía a largo plazo y precio cerrado o limitado. Para hacer políticamente atractiva tan radical reforma, los legisladores establecieron una rebaja general del 10% en las tarifas, tomando como referencia el precio medio de 1996 para clientes industriales y residenciales, las cuales quedarían congeladas durante un período de 5 años, que finalizaría el 31 de marzo de 2002, fecha a partir de la cual los precios de venta los fijaría el libre mercado. Las tres empresas a las que se les había reconocido el derecho a percibir un recargo para la recuperación de los costes de transición a la competencia, deberían pasar a la facturación a precios de mercado en cuanto se produjera tal recuperación, y en ningún caso después de la fecha límite establecida con carácter general. El nuevo sistema comenzó a funcionar en la madrugada del 31 de marzo de 1998. Al comienzo, todo pareció funcionar razonablemente. La primera señal seria de alarma se disparó en la ciudad de San Diego a mediados de 1999, con ocasión de una fuerte ola de calor que provocó un notable incremento de la demanda de electricidad. Los precios de compra de

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energía al por mayor empezaron a subir, pero la empresa eléctrica San Diego Gas and Electric Company, que ya había logrado recuperar la totalidad de los costes de transición a la competencia que le habían sido reconocidos, tenía pleno derecho a transferir al consumo el precio mayorista y, como es del todo lógico, lo hizo. Así, en pocas semanas las tarifas se incrementaron en más del 100%... y la Legislatura de California se vio obligada a establecer un precio tope. La desregulación comenzaba a hacer agua. De todas formas, lo peor estaba por venir. El precio medio del MWh, que antes de la desregulación de 1998 se había mantenido en el entorno de los 30 dólares, ya se había triplicado en junio de 2000, y, en diciembre, en plena escalada de los precios del gas que quemaban muchas de las centrales térmicas de California, se había multiplicado por más de 10 (unos 400 dólares el MWh), con algunas puntas diarias de hasta 1.000 dólares el MWh. Las empresas eléctricas, que habían suscrito con sus clientes, como era lo habitual, contratos de suministro a largo plazo con precio fijo, no podían transferirles los demenciales costes de la energía que se veían obligados a comprar para atenderlos, e iniciaron su irremediable camino hacia la bancarrota. Además, se empezaron a producir frecuentes desajustes entre la demanda y la oferta, lo que obligó a realizar severos cortes y restricciones de suministro en las áreas geográficas que servían. Pacific Gas and Electric Company, la mayor empresa eléctrica de California, quebró el 6 de abril de 2001. La situación tercermundista del suministro de energía en California obligó a la FERC a tomar cartas en el asunto, y, el día 19 de junio de 2001, redujo los topes máximos hasta entonces existentes para los precios de venta en el mercado mayorista. Además derogó la disposición que obligaba a las empresas eléctricas a comprar en el PX, restableció la práctica de los contratos a largo plazo, y conformó un sistema de subasta en el que, curiosamente, los precios autorizados dependían del coste de producción de la central menos eficiente155. Por su parte, el nuevo gobernador de California desde 1999, Gray Davis, abolió de inmediato el efímero PX, estatizando de facto el mercado mayorista, y, para salir de tan apurado trance, realizó compras a largo plazo a precio exagerado, que le supusieron al Estado unos costes no inferiores a 45.000 millones de dólares; su penosa gestión le costaría el cargo —fue destituido por el legislativo californiano el 7 de octubre de 2003—. Lo cierto es que, como resultado de todas estas actuaciones, los precios mayoristas se redujeron drásticamente a partir de finales de julio de 2001: de los 50 centavos de dólar por Sin poner en duda el sentido económico de este sistema, lo cierto es que se les daba a los generadores un evidente incentivo para producir de forma ineficiente.

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kWh (500 dólares por MWh) que el PX cobraba en promedio a comienzos de enero de 2001, pasaron a situarse en el entorno de los 6-7 centavos por kWh (60-70 dólares por MWh), precio muy próximo, por cierto, al nivel medio de las tarifas congeladas. La crisis energética había quedado superada. Es indudable que la desregulación del mercado de la energía en California fue un completo desastre. ¿Cuáles fueron sus causas? A mi juicio, existen varias, y de notable calado. La primera se refiere a la desintegración vertical de las tres principales empresas californianas. Fue un error mayúsculo el obligar a las mismas a vender sus centrales eléctricas, como también lo fue el incorporar sus redes de transporte a un organismo burocrático de gestión pública. La energía eléctrica, en la forma en que la utilizamos, no se puede almacenar en cantidades significativas (las centrales reversibles de bombeo solo son una ayuda de pequeña entidad para utilizar en las horas punta de la curva de carga), y su generación tiene que ajustarse de forma instantánea y permanente a la demanda, que es la resultante de la integración de las demandas individuales de todos los consumidores y, en consecuencia, aleatoria por naturaleza. Por ello resulta conveniente que las funciones de producción, transporte y distribución estén debidamente coordinadas en todo momento, de forma que exista siempre una central disponible, propia o ajena, para generar el último kWh marginal que se demande, así como la correspondiente capacidad excedente en el sistema de transporte. El conseguir esta especie de milagro, sin forzar los sistemas de producción y transporte, y, en algunos casos, llevarlos al borde del colapso, exige un largo y cuidadoso proceso de planificación a largo plazo y de ejecución de nuevas inversiones para ampliar con la suficiente anticipación su capacidad, de forma que siempre se esté en condiciones de hacer frente al crecimiento de la demanda, la cual se puede prever hasta cierto punto, pero no adivinar. Naturalmente los sistemas eléctricos de una empresa determinada siempre están interconectados con los de las otras empresas del Estado y con los sistemas de otros Estados. Pero también la capacidad de las interconexiones tiene un límite, con la dificultad añadida de que un incidente grave en la red interconectada federal o trasnacional (por ejemplo, el fallo de una central nuclear en un lugar lejano) se transmite instantáneamente a todo el sistema integrado, lo que puede originar en situaciones de demanda extrema un proceso de desconexión en cadena de todos los subsistemas que lo forman, y dar lugar al peor de los escenarios imaginables: un gran colapso, como el célebre apagón que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 13 de julio de 1977. De ahí que sea tan importante que alguien se ocupe en la propia empresa de evitar los desajustes en la capacidad de sus sistemas de producción y transporte, y que algunas autoridades de ámbito

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estatal y federal de rango suficiente promuevan la adecuación general de los medios a la demanda global. Los burócratas y los políticos desconfiaban de la actuación de unas empresas que vendían a unos precios regulados que fijaban las Publics Utilities Commissions, entes públicos de ámbito estatal a quienes correspondía la responsabilidad de juzgar sobre la pertinencia de las inversiones realizadas y de los gastos generales y de operación declarados, así como la de determinar cuál debía ser la remuneración adecuada al capital. La sospecha de que se gastaba más de lo necesario, y de que se invertía en exceso a costa de los consumidores, siempre flotaba en el ambiente. Tal vez fuera cierto en alguna medida, pero la solución que se adopto fue totalmente equivocada. A la burocracia californiana jamás le preocupó, convencida como estaba del exceso de capacidad instalada, el correcto mantenimiento y la necesaria ampliación de la red de transporte. Por otra parte, los nuevos propietarios de las centrales de producción estaban, como es lógico, más interesados en optimizar la rentabilidad de los capitales invertidos que en adaptar la programación de su mantenimiento y modernización a las necesidades concretas del Estado de California. La preocupación y la sensibilidad por la salud y el desarrollo ordenado y equilibrado de las instalaciones de producción, transporte y distribución, y por la calidad del suministro, solo suelen habitar de forma efectiva —y afectiva— en la mente y en el oficio de profesionales de la empresa eléctrica integrada verticalmente156. El resultado estaba cantado. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. La segunda es que la ruptura del monopolio supuso, de facto, la eliminación de las obligaciones que comportaba el sistema de concesiones regionales. Tras la desregulación del sistema, los burócratas creían tener el poder Los profesionales del ya cuasi extinto negocio eléctrico integrado, desde los operarios de mantenimiento y ampliación de las redes de distribución en media y baja tensión —el personal de trinchera, en primera línea de fuego—, hasta los más altos ejecutivos, pasando por los responsables directos de la planificación y explotación de los sistemas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, saben perfectamente a lo que me refiero y, también, conocen el alto riesgo de colapso que corren hoy, en sus aspectos más críticos, tales sistemas, cuando son gestionados por políticos y funcionarios con visión centrada en el muy corto plazo. El detener, por ejemplo, como se hizo en California —y en otros muchos sitios, por cierto— un programa de equipamiento de nuevas centrales, careciendo de alternativas realmente viables, puede dar indudables réditos políticos inmediatos, pero alguien debería advertirle al votante y consumidor de que el presunto —solo presunto— despilfarro que supone una inversión generosa en medios de producción o de transporte, es muchísimo menos grave que llevar al sistema a una situación de permanente zozobra por la estrechez del margen existente entre las capacidades necesarias y las realmente disponibles —siempre inferiores a las instaladas, debido a la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo, y de reparar las averías sobrevenidas, que, por cierto, siempre se suelen producir en las circunstancias más adversas—.

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—¡que ingenuidad!—, pero nadie tenía —ni quería— la responsabilidad última de la prestación del vital servicio público de suministro de energía eléctrica. Poder sin responsabilidad, el desiderátum de todo político, burócrata y alto ejecutivo que se precien. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. La tercera, y no menos importante, fue la muy deficiente estructuración del mercado de energía eléctrica denominado PX. En efecto, la demanda real de un sistema eléctrico es, por su propia naturaleza, una variable aleatoria sumamente dependiente de factores en buena parte imprevisibles, que pueden cambiar de una hora a otra (el clima, por ejemplo), y la oferta es un acto libérrimo de la voluntad del oferente. Así las cosas, por mucho que en principio —solo en principio— se esforzaran compradores y vendedores en ajustar bien sus programas a la forma que presumiblemente tendría la curva de carga del día siguiente, y por muy sabio que fuese el software desarrollado para casar ofertas y demandas, lo cierto es que los funcionarios del PX se verían inevitablemente obligados a negociar hora a hora, y, en último término, cuasi en tiempo real, la compraventa de paquetes de energía adicionales no programados, a los precios que tuviesen a bien fijar los oferentes... dentro de un orden, naturalmente. Porque, en un mercado eléctrico absolutamente libre, la última unidad de energía necesaria para satisfacer toda la demanda del sistema podría alcanzar, según nos dice la teoría económica, un precio infinito. Visto hoy, con la perspectiva que da el paso del tiempo, el enfoque dado al sistema de liberalización, PX incluido, se comprende sin dificultad que estaba condenado, desde su nacimiento, al más estrepitoso de los fracasos. En efecto, a las empresas eléctricas, previamente desposeídas de su producción térmica —convencional y nuclear—, se les obligaba a comprar la energía en un mercado libre y a venderla en un mercado regulado. Las semillas de destrucción ya estaban sembradas. Mientras que entre el precio de compra y el de venta existiese un margen razonable que les permitiese a las tres empresas eléctricas, tan duramente perturbadas, la recuperación de los costes de transición a la competencia, todo marcharía bien. ¿Pero qué les ocurriría si, antes del 31 de marzo de 2002, el precio de compra resultaba ser muy superior al de venta? Pues, sencillamente, que no solo no podrían recuperar tales costes sobrevenidos por mor del nuevo sistema, sino que, pura y simplemente, no podrían pagar la energía a los suministradores, incurrirían en pérdidas enormes y acabarían quebrando sin remedio. Y esto es, precisamente, lo que pasó. Este pequeño detalle no se tuvo en cuenta, pues unos funcionarios y políticos que, presumiblemente, desconfiaban del libre mercado, habían inventado una desregulación, solo presunta, que, en realidad, regulaba mucho más que la anterior y, además, lo hacía de forma equivocada. Los productores de electricidad se dieron cuenta

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muy rápidamente de lo fácil que resultaría manipular un «libre mercado» pergeñado de forma tan tosca, por no decir chapucera. Y no tardaron en ponerlo a prueba. Un día de julio de 1998, apenas cuatro meses después de la puesta en funcionamiento del PX, el precio ofrecido por un MWh marginal pasó de golpe y sin previo aviso de 1 dólar a 5.000 dólares, para volver a 1 dólar tres horas más tarde. Al cabo de cuatro días, el precio escaló hasta la altísima y caprichosa cumbre de 9.999 dólares para, tras unas horas de desconcierto, caer en picado hasta el ridículo precio de 1 centavo157. Nada podía impedir a los productores, cuando les conviniera, jugar un poco con la oferta, y acabar pidiendo por la energía el precio que les diera la gana. Y eso es lo que hicieron en el momento que consideraron oportuno, es decir, cuando la demanda se disparó como consecuencia, por ejemplo, de olas de calor o de frío de intensidades no habituales. La obcecación y desconfianza en el funcionamiento del libre mercado por parte de los inventores de sistema de desregulación tan sui géneris se puso en evidencia con la prohibición de la concertación de contratos de suministro a largo plazo y precio convenido entre productores y empresas eléctricas, que tanta estabilidad habían venido dando durante décadas al difunto sistema anterior. El PX era ahora el único marco posible para el libre juego de la oferta y la demanda. ¡Lo que se consumía hoy debía ser comprado hoy! El largo plazo fue apeado a patadas del tren del negocio eléctrico —para evitar sospechosas maquinaciones de las empresas monopolísticas, claro está—, mientras que a la volatilidad se la invitó a viajar en primera. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Existe, al menos a mi modesto —y, posiblemente, equivocado— juicio, una cuarta causa del fracaso de la desregulación del mercado de suministro de la energía eléctrica, que no es específica del Estado de California, sino que tiene carácter universal. Se trata de una observación que me induce a negar la mayor, es decir, a opinar —¡con todos los riesgos que ello conlleva!— que el servicio público de suministro de energía eléctrica no es, al menos hoy por hoy, susceptible de desregulación plena —que es la única desregulación merecedora de tal nombre—. En efecto, el actual estado de nuestro desarrollo tecnológico podría hacernos pensar en sistemas de facturación en tiempo real que enviasen al consumidor señales inequívocas de las consecuencias instantáneas de sus actos (poner en marcha, o no hacerlo, un aparato de aire acondicionado, por ejemplo), lo que le permitiría estar permanentemente informado del coste personal y, también, social y medioambiental de sus de Ver, por ejemplo, artículo de José E. Bervejillo, publicado en el Nº 5, diciembre de 2001, de la revista digital de análisis político Escenario 2, Uruguay, bajo el título «Desregulación en California. Con los cables pelados».

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cisiones, y obrar en consecuencia. Pero lo cierto es que se precisará mucho tiempo para que esta maravillosa posibilidad «pase de las musas al teatro». Desde luego, no lo hará «en horas 24». Pero, además, y tal vez sobre todo, ¿qué político, por valiente que sea, se va a atrever a decirles a sus potenciales votantes que una desregulación llevada hasta sus últimas consecuencias y realizada sin trampa ni cartón puede obligar al consumidor a tener que elegir, en la hora más crítica de una insoportable ola de calor sobrevenida, es decir, sometido a condiciones extremas, entre gastarse, o no hacerlo, en una sola hora lo que, en condiciones climatológicas normales, se gastaría en, digamos por decir algo, un mes? No creo que exista ninguno capaz de hacerlo, aunque en sus discursos pregone la vital necesidad de un «desarrollo sostenible», proclame las excelencias del ahorro energético, denuncie con indignación la irresponsabilidad social de quienes están agotando los combustibles fósiles, alerte —y alarme— sobre el terrible problema que supone el «calentamiento global» y el consiguiente «cambio climático» que origina, y predique, con más ingenuidad que conocimiento, que la salvación está en el uso generalizado de las energías renovables. El candor del gobernador Davis, al encender el alumbrado del árbol de Navidad ubicado frente al parlamento estatal para, a los pocos segundos, apagarlo, raya en lo patético. Su intención era buena, pues lo que trataba de lanzar a sus conciudadanos era un mensaje sobre la necesidad de ser austeros en el consumo de energía. Pero ignoraba que el consumo inmediato es insensible al precio, máxime cuando las tarifas están reguladas y no existe, en consecuencia, incentivo económico alguno que invite al ahorro. Todo dependía de la buena voluntad y de la conciencia cívica de los consumidores, que, como se vio, no sintonizaban en este canal. Lo cierto es que la desregulación californiana fue una catástrofe, cuyas consecuencias económicas las pagarán los consumidores durante décadas. Qué duda cabe, como ahora veremos, que Enron y otras grandes corporaciones energéticas manipularon el mercado. Pero los legisladores californianos les pusieron en bandeja de plata la posibilidad de hacerlo, y, como es lógico, lo hicieron. Solo santos, o pésimos comerciantes, o ambas cosas, hubiesen actuado de otra forma. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Decir que la desregulación de los mercados energéticos de California murió en el memorable verano de 2001, equivale a hacerle una autopsia a un cadáver equivocado; pues lo cierto es que en California nunca se produjo una desregulación sino, más bien, una mala reestructuración del sistema antes existente, que vino a incrementar la intervención del Estado en los asuntos energéticos. Realizaron un experimento que fracasó. Lo malo es que lo hicieron con algo tan precioso como es el suministro de energía eléctrica y el bienestar de las personas.

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«Los experimentos, con gaseosa, joven», se dice que le espetó Eugenio d’Ors a un camarero que, desconocedor de cómo se abría una botella de champán, probó de hacerlo de forma tan torpe que acabó derramando en la chaqueta del escritor la mayor parte del preciado líquido. Si los legisladores de California se hubieran atenido a tan prudente consejo, no habría ocurrido lo que nunca debió ocurrir. Las manipulaciones de Enron Los operadores de Enron no eran, desde luego, santos ni, tampoco, estúpidos. Antes bien, se tenían por los más espabilados del mercado. En circunstancias tan desventuradas para el Estado de California, a Enron y a otros muchos generadores y comercializadores de energía eléctrica —Dynegy (Houston), El Paso Corp. (Houston), AES Corp. (Virginia), Duke Energy Corp. (Carolina del Norte)…— se les dio la posibilidad de manipular los precios del mercado; y, como es del todo lógico, los manipularon a placer. En concreto, Enron actuó con premeditación y alevosía. El 24 de mayo de 1999, Timothy Belden, entonces director de la oficina de comercialización de energía eléctrica en California, perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, realizó su primer experimento para poner a prueba el mercado liberalizado de California. En lo que dio en llamarse el Silverpeak Incident, Belden creó congestiones en la red de transporte que provocaron subidas de precios que al PX le costaron 7 millones de dólares. Daban comienzo los «juegos» para sacar partido a las oportunidades que brindaba el mercado liberalizado. Un año más tarde, las «estrategias» que se habían elaborado para hacer subir los precios de la energía funcionaban a pleno rendimiento, y, el 22 de mayo de 2000, el ISO se vio obligado a declarar el «estado 1 de emergencia», debido al bajo nivel de las reservas de potencia. La sospecha de que los traders de Enron manipulaban el mercado estaba tan extendida que la FERC se vio obligada a abrir el 23 de agosto de 2000 una investigación, la cual cerró el 1 de noviembre, exonerando a Enron de las acusaciones de comportamiento doloso. Pero tales sospechas no eran infundadas. En el mes de enero de 2001, la unidad dirigida por Belden tuvo un beneficio bruto récord de 254 millones de dólares. El dinero entraba «a paladas». De todas formas, tales sospechas solo tomarían cuerpo en mayo de 2002, cuando el consejo de administración de Enron empezó a colaborar con los investigadores federales, facilitándoles información interna sensible.

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El ambiente se fue caldeando poco a poco a lo largo de 2001. El 5 de mayo, el periódico The Orange County Register publicó un artículo158 en el que denunciaba que las compensaciones percibidas por los más altos ejecutivos de las empresas que operaban en California habían experimentado durante el año 2000 un incremento medio del 253%. En el caso concreto de Enron, Lay habría percibido durante el año 2000, en concepto de salarios, retribuciones variables (bonus) y venta de stock options, un total de 141,6 millones de dólares; Skilling, CEO de Enron Corp., 72,6 millones de dólares, y Mark Frevert, CEO de Enron Wholesale Services, 35,8 millones de dólares, con incrementos del 184%, 44% y 289%, respectivamente. El 13 de junio de ese mismo año, fue el periódico Los Angeles Times el que denunció estos excesos159, apuntando de forma especial hacia Lay y Skilling, quienes habrían obtenido, durante el año 2000, 123 millones de dólares —3 veces más que en 1999 y 10 veces más que en 1998— y 62 millones de dólares, respectivamente160. Pero también se destacaban los beneficios de varias decenas de millones de dólares obtenidos por altos ejecutivos de Dynegy, AES, El Paso Corp. y otras compañías. Aunque el propio Graef Crystal, el inventor de las stock options como mecanismo de retribución, reconoció que era habitual que los directivos «hicieran caja» cuando su empresa marchaba viento en popa, no tuvo empacho en manifestar que operaciones de venta tan grandes eran anómalas. El artículo también hacía referencia a unas manifestaciones de Loretta Lynch, presidenta de la California Public Utilities Commission, en el sentido de que investigadores del Estado habían encontrado evidencias de que un cartel de compañías productoras, cuyos nombres no citó, había parado centrales para realizar trabajos de mantenimiento innecesarios, provocando carestías de energía y el consiguiente incremento de los precios y de los beneficios de tales compañías. Algo olía a podrido en el mercado de la energía. Pero Enron hizo oídos sordos al clamor popular. El 12 de junio, como ya se ha dicho en la Primera Parte, Skilling se mofó del estado de California, comparándolo con el Titanic, el día 21de junio, al término de una conferencia en la que culpó de la crisis energética de California a la «arrogancia de la regulación», uno de los asistentes le estampó un pastel en la cara. Chris Knap, «Energy executives making fortunes in California». Jerry Hirsch, «Energy Execs Gain Millions in Stock Sales». 160 Los datos aportados por Hirsch difieren ligeramente de los aportados por Knap. Sin duda utilizaron las mismas fuentes —SEC, FERC, Independent Sistem Operator…—, aunque resulta obvio que interpretaron los documentos consultados de forma distinta. 158 159

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La trama de corrupción se conoció públicamente el día 17 de octubre de 2002, cuando el Departamento de Justicia inculpó ante un juez federal de distrito de San Francisco a Timothy Belden por manipulación del mercado eléctrico de California durante la crisis energética de 2000 y 2001. Al día siguiente, Belden se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con la manipulación de precios, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia, en virtud del cual podía ser sentenciado, como máximo, a 5 años de prisión. Al parecer, Belden declaró sobre la forma en que Enron se aprovechó del caos del mercado de la energía en California durante los años 2000 y 2001, que llevó a los precios a niveles más de 100 veces por encima de los normales. Esta situación habría supuesto a Enron cerca de 1.000 millones de dólares de beneficios extraordinarios durante el período octubre de 2000-junio de 2001. El 4 de febrero de 2003, Jeffrey Richter, ex manager de la oficina de comercialización a corto plazo de energía eléctrica en California (mercado PX de energía programada tipo «día siguiente», de energía tipo «hora siguiente», y de servicios de transporte y suministros de socorro), perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con la manipulación de precios, y de realizar declaraciones falsas a los agentes federales durante el proceso de investigación, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia en virtud del cual podía ser condenado, como máximo, a 5 años de prisión. Finalmente, el 3 de diciembre de 2003, John Forney, ex manager de la oficina de comercialización de energía en tiempo real, perteneciente a la West Power Trading Division de Enron, con sede en Portland, Oregon, al que se le atribuía el diseño de varios de los planes de manipulación, fue inculpado por once cargos de conspiración y fraude electrónico, de los que se declaró culpable el 6 de agosto de 2004, suscribiendo un acuerdo de colaboración con la justicia. Los tres responsables directos de la manipulación de los precios por parte de Enron durante la crisis energética de California habían caído. ¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados por estos espabilados traders con mando en plaza? Veamos esquemáticamente los más citados pues, en realidad, no se conocen con detalle sus respectivas estructuras. a) Load shift161. Según parece, Enron, de forma deliberada, sobrestimaba la demanda de potencia en el norte de California, creando la ilusión de inexistentes congestiones de las redes de transporte de la región, y de precios en alza. Simultáneamente, Enron subestimaba la demanda «Desplazamiento de carga».

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en el sur de California. Así las cosas, la siempre caritativa Enron se manifestaba bien dispuesta a desplazar carga del norte al sur, es decir, a enviar un suministro de socorro, cobrando, como es lógico, los correspondientes honorarios (un sobreprecio). Se estima que, por este procedimiento, Enron se embolsó unos 30 millones de dólares162. b) Fat boy163. Este mecanismo, también llamado Inc-Ing Load strategy, consistía, más o menos, en lo siguiente164: los traders de Enron sospechaban, a menudo con fundamento, que las empresas eléctricas californianas subestimaban la demanda de electricidad del día siguiente, en un intento de obtener precios más baratos. Por ello, los traders programaban la posibilidad de poner en la red a disposición de sus clientes más potencia de la que solicitaban, pero se limitaban a ofrecer solo parte de ella. Cuando la demanda crecía a lo largo del día siguiente, sobrepasando las previsiones, Enron vendía este «exceso» de potencia al operador de la red a precios favorables para que pudiese cubrir toda la demanda real. De hecho, esta picardía no tenía cabida en la letra, pero sí en el espíritu del funcionamiento del mercado PX, pues el resultado final era que el comprador tenía a su disposición la potencia que realmente necesitaba en cada momento. c) Death star165. Al parecer, el mecanismo de esta estrategia era el siguiente: Enron programaba, por ejemplo, una compra de potencia de una central hidroeléctrica situada en la frontera entre los estados de Nevada y Arizona, para transportarla a través de la red de California hasta la frontera de Oregon. Puesto que las líneas de transporte del eje norte-sur de la red californiana estaban congestionadas (o se albergaba el temor de que llegasen a estarlo), Enron recibía del ISO una compensación por programar el transporte por otra red, en un esfuerzo de aliviar tales congestiones. Enron compraba los derechos de transportar la potencia desde la antes citada central, pero usando una ruta fuera del control de California. El resultado final era que, Fuentes: www.chron.com/news/specials/enron, Prosecution scorecard, «What happened in California», y «Questionable Enron deals». Los datos económicos y la instrumentación de este procedimiento, no suficientemente esclarecido, proceden de la FERC, de la California Energy Commission, y de la propia Enron. 163 «Incremento artificial de la demanda». 164 Ibíd., nota 162. 165 «Transferencia fantasmal de potencia». No parece una operación técnicamente razonable. En efecto, en una red mallada es imposible encaminar la energía eléctrica por una ruta (línea) determinada sin modificar la malla, y tal modificación es peligrosa y, además, fácilmente rastreable. 162

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probablemente, ninguna energía era inyectada en la red ni transportada. Simplemente se había sacado provecho del pánico californiano a las saturaciones, reales o presuntas, de su red de transporte166. d) Ricochet167. La estrategia de los traders de Enron consistía, en este caso, en comprar energía en California, donde los reguladores del mercado desregulado —valga el oxímoron— habían establecido estrictos precios tope, venderla a una empresa ubicada en otro estado fronterizo, volver a comprarla a un precio ligeramente más alto, y venderla a empresas californianas al precio de importación liberalizado, significativamente más alto168. e) Get shorty169. La estrategia consistía, al parecer, en lo siguiente: los traders de Enron prometían tener disponibles ciertos servicios subsidiarios de transporte y generación de suministro de potencia para casos de emergencia que pudieran presentarse al día siguiente. Enron vendía, según parece, este tipo de servicios subsidiarios a precios muy altos en el mercado californiano PX del «día de antes». Pero Enron no planificaba el suministro de estos servicios de socorro, apostando a que sería capaz de comprarlos más baratos en el mercado de «la hora de antes» del día siguiente a cualquier otro suministrador, en caso de que le fueran requeridos a partir de las 9 horas. Su beneficio consistía en la diferencia de precios, que podía ser significativa. Desde luego, este comportamiento no se ajustaba a las reglas establecidas por los reguladores, que exigían la identificación de la fuente de los servicios subsidiarios. Actuando de este modo, Enron daba una información falsa al Estado. Se sabe de un caso en que Enron no pudo comprar a un tercero este servicio de socorro y, en consecuencia, no fue capaz de suministrarlo, y tuvo que devolver el dinero. Por supuesto negó que la compañía hubiese suministrado información falsa al mercado californiano170. Hay que reconocer que las cinco estrategias descritas debían ser, en realidad, algo más complejas de lo que he dado a entender, pues Enron no era el único jugador fullero de una partida de póquer tan delirante. Cabe sospechar la existencia de algún tipo de monipodio, expreso o tácito, entre empresas que nada tenían de ingenuas, para repartirse, de forma equilibrada, el sucu Ibíd., nota 162. «Rebote» o lavado de megavatios. 168 Ibíd., nota 162. 169 «Vender caro, comprar barato». 170 Ibíd., nota 162. 166 167

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lento pastel. Pero el liderazgo de Enron —o, tal vez mejor, de Lay— resultaba indiscutible, a pesar de que la compañía era fundamentalmente comercializadora, y carecía de grandes centrales térmicas. Buena prueba de ello son los testimonios de especialistas muy cualificados (los editores de las revistas Inside FERC y Natural Gas Intelligence) durante el juicio contra ex traders de El Paso Corp. y Dynegy171. Tales testimonios revelaron que los inculpados pidieron expresamente a Enron que «hiciese uso de su poder para manipular los mercados de gas», y que les facilitase datos falsos para incorporarlos a sus informes mensuales de índices de precios (existen grabaciones de conversaciones y correos electrónicos que lo prueban). También revelaron que se produjeron quejas por parte de otros traders, que creían que Enron estaba, probablemente, aprovechándose de su gran presencia en los mercados del gas del oeste de Estados Unidos para mover los índices de precios mensuales en su favor. En todo caso, aunque resulte bochornoso el reconocerlo, parece acreditado que durante la crisis energética de los años 2000 y 2001 la información falsa estaba muy extendida en la industria gasista, y que el sistema de información sobre precios estaba seriamente dañado, ante la aparente pasividad de los poderes públicos. Solo cabe añadir que hasta los días 1 y 2 de junio de 2004 el ciudadano de a pie no tuvo pruebas materiales de cómo unos traders de Enron de bajo nivel, enloquecidos por el extraordinario poder que les otorgó un fatal destino, habían apretado las tuercas a los desdichados consumidores de California. El periodista de la CBS Vince Gonzales obtuvo unas cintas de audio que recogían conversaciones realmente vergonzosas entre traders de la oficina comercial de Enron en la costa oeste172. Tales cintas mostraban, por ejemplo, la alegría de los traders cuando el incendio de un bosque dejaba fuera de servicio a grandes líneas de transporte, provocaba cortes de suministro, y A mediados de 2006, bajo la presidencia de la jueza federal de distrito Nancy Atlas, se celebró en Houston un juicio contra Michelle Valencia y Greg Singleton, ex traders de energía de Dynegy y El Paso, respectivamente. Se les acusaba de varios cargos de fraude electrónico, y de conspiración para registrar datos falsos sobre precios del mercado del gas entre 2000 y 2001. El 3 de agosto de 2006, un jurado consideró a Michelle Valencia culpable de siete cargos de fraude electrónico, y a Greg Singleton culpable de uno solo. Sobre el resto de los cargos (en especial los de conspiración y emisión de informes falsos sobre precios), el jurado manifestó haber llegado a un desacuerdo insuperable. El día 27 de agosto, la jueza Atlas dio por retirados tales cargos. El 28 de agosto de 2008, Valencia y Singleton fueron sentenciados a 57 y 28 meses de prisión, respectivamente. 172 Artículos publicados por CBS NEWS los días 1 y 2 de junio de 2004 bajo los títulos «Enron Traders Caught On Tape: Tapes Obtained By CBS Confirm Enron Role In Western Power Crisis», y «Enron Tapes Anger Lawmakers: Call For Action After Tapes Reveal Enron Role In Calif. Power Crisis». 171

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hacía subir los precios: «Burn, baby, burn. That’s a beautiful thing», comentaba uno de ellos, metamorfoseado en una especie de Nerón viendo arder Roma. También reflejaban sus risotadas cuando se producían apagones que dejaban gente atrapada en los ascensores y calles a oscuras («...que vuelvan a utilizar coches de caballos y lámparas de keroseno...»); sus conspiraciones con empresas productoras para incrementar los precios, ordenando la parada de centrales para realizar operaciones de mantenimiento en los momentos más «oportunos»; sus bromas sobre cómo «estaban dejando seco el mercado estatal»; sus alardes de estar robando millones de dólares a los californianos, incluidas las «abuelitas»; sus especulaciones sobre lo que ocurriría cuando Lay fuese nombrado secretario de Energía por el presidente Bush.... Y todo ello expresado con un lenguaje plagado de palabras obscenas, que la CBS tuvo el buen gusto de censurar en sus transcripciones. A veces —solo a veces— alguno de los traders manifestaba algo de compasión: «No quiero aplastar demasiado al mercado»173. Es comprensible que la publicación del escandaloso contenido de estas cintas, aparte de revelar al indignado ciudadano de California el importante papel jugado por Enron en la crisis energética, enfureciese a los legisladores del Estado, a la FERC, y al propio Departamento de Justicia, y diese nuevos bríos a las demandas judiciales ya presentadas desde hacía tiempo contra empresas del grupo Enron (especialmente contra Enron Energy Services, Enron Power Marketing Inc., Enron Energy Marketing Corp., The New Power Company, y Portland General Electric Company). Como ya se dijo en la Primera Parte, a los pocos días —en concreto, el 23 de julio de 2004—, la FERC notificó que un juez de lo administrativo había ordenado a Enron una primera devolución de 32.000 millones de dólares en concepto de «beneficios injustos» obtenidos durante la crisis energética californiana. Esta cantidad, que tendría que ser depositada en una cuenta del Departamento del Tesoro y sería devuelta a los consumidores, podría verse notablemente incrementada cuando concluyesen las investigaciones que abarcan todas las ventas de energía al por mayor realizadas en California desde el 16 de enero de 1997 hasta el 25 de junio de 2003. Pero se trataba de una decisión pírrica, por cuanto resultaba obvio que la Enron quebrada, que ya había acordado, con la aprobación expresa del juez Arthur J. Gonzalez, del Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, devolver menos de 20 centavos por dólar a sus acreedores registrados —entre los que no figuraban «los consumidores»—, no podía cumplir semejante orden ad Citado por Joseph Stiglitz en Los felices 90, op. cit., página 302.

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ministrativa. La razón se impuso, y el día 11 de agosto de 2006 la FERC anunció que había suscrito con Enron un acuerdo administrativo por el que dicha compañía pagaría una multa de 10 millones de dólares por cobrar más de lo debido a los consumidores, aunque, dadas las condiciones del acuerdo judicial de quiebra, el pago en efectivo sería tan sólo de 2,3 millones de dólares. Las manipulaciones de Enron habían salido prácticamente gratis en el ámbito corporativo. Una política de retribuciones desquiciada Como ya vimos en la Primera Parte, el periódico The Wall Street Journal desveló el 17 de junio de 2002 que 140 altos ejecutivos de Enron obtuvieron ingresos muy elevados durante el período de doce meses comprendido entre el 2 de diciembre de 2000 y el 2 de diciembre de 2001 (unos 5 millones de dólares per cápita). Se trataba de una primera interpretación de documentos facilitados por la propia compañía al Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Merece la pena examinar con cierto detenimiento algunos de tales documentos, pues no solo resultan escandalosos por las cuantías del pillaje de recursos corporativos que sugieren, sino también, y tal vez sobre todo, por la estructura del sistema de retribuciones que ponen al descubierto. Tal sistema se estructuró, sin duda alguna, a la medida de la cultura corporativa de Enron, a cuyo máximo líder, como ya se ha dicho, lo único que de verdad importaba era incrementar los beneficios y empujar la cotización de la acción... fuese como fuese, a cualquier precio. En este contexto, no tenía excesivo sentido el incentivar prioritariamente el duro y, a veces, tedioso trabajo directivo orientado al desarrollo ordenado de la empresa, a la generación de beneficios reales de forma responsable y sostenida, al largo plazo, en suma. Lo que había que estimular, sobre todo, eran las actuaciones de efectos rápidos sobre la cotización de la acción. Por ello, el mensaje que el sistema de recompensas debía transmitir al directivo era algo así como, valga la ironía: «Piensa los negocios a tres años —¡o más, cómo no!—, pero actúa a tres meses, porque tu éxito lo determinan los sucesivos cierres trimestrales». Este mensaje también debía llegar a los niveles más bajos de la organización, previamente purgados de trabajadores inadaptados o incompetentes mediante la despiadada actuación semestral del eficacísimo Performance Review Committee; y, desde luego, llegó. El ejemplo dado por los traders de primera línea de combate —es decir, por los simples soldados de la infantería comercial— durante la crisis energética de California lo demuestra de forma palmaria.

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En los Cuadros 1, 2, 3 y 4, intento poner al alcance del lector, de forma muy esquemática, información relevante sobre un sistema de retribuciones gravemente erróneo, por cuanto fue sin duda el catalizador de la actuación inmoral. En el Cuadro 1 se muestran los pagos realizados por Enron durante el año 2001 a 144 de sus más altos ejecutivos174, así como los ingresos netos que obtuvieron en dicho año como consecuencia de sus ventas de acciones de la compañía. Lo primero que llama la atención es el extremo desequilibrio del sistema retributivo de los directivos de Enron. En Estados Unidos era muy normal, desde hacía décadas, un sistema retributivo para personal directivo, cuya estructura era triádica, es decir, estaba constituido por tres componentes fundamentales, a saber: a) una parte fija (relativamente pequeña); b) una parte variable o bonus (de cuantía sustancial), que dependía de los resultados generales de la empresa, primero, de los resultados de la división correspondiente, después, y, finalmente, del desempeño personal del directivo; y c) una parte complementaria (de cuantía a veces extraordinariamente alta) basada, fundamental pero no exclusivamente, en las famosas stock options (opciones de compra sobre paquetes de acciones de la empresa, que se pueden ejercitar en fechas determinadas, y a precios fijados de antemano). Salvo en el caso de los directivos de más alto nivel (presidente ejecutivo y CEO), tal estructura fue durante mucho tiempo «razonablemente equilibrada», y digo esto con plena conciencia de la maravillosa ambigüedad, no exenta de ironía, que tal conjetura encierra. Pues bien, en el caso concreto de Enron, podemos comprobar la relativamente escasa cuantía del salario fijo —retribución formada por el salario base y diversas asignaciones y subsidios monetarios— frente a los incentivos variables. En efecto, para el colectivo de directivos considerado, el salario fijo representaba, en promedio, un 15,47% de la retribución monetaria total, mientras que los incentivos variables suponían el 84,53% de la misma. De los datos del Cuadro 1, se deduce directamente el Cuadro 2, que viene a ser una aproximación un tanto tosca a la estructura retributiva triádica en la cúpula directiva de Enron. Llama la atención la cuantía del tercer componente de la estructura triádica: ¡dos veces y media superior a la suma de las otras dos componentes! Y esto no para el pequeño equipo formado por los 8 o 10 más altos ejecutivos, sino para un conjunto de casi 150 personas. En el documento del cual ha sido extraída esta información (ver nota de pie de página del Cuadro 1) se advierte que, entre las 144 personas citadas nominalmente, hay unos pocos insiders que, no perteneciendo explícitamente a la plantilla de Enron, podían ser considerados «personas de la casa», en el sentido de que tenían información confidencial de primera mano.

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Cuadro 1 Pagos realizados en 2001 por Enron a 144 de sus más altos ejecutivos, e ingresos que obtuvieron por la venta de sus acciones * Valores en millones de dólares Concepto

Ingresos

PAGOS AL CONTADO Salario (a) Incentivo ejercicio (bonus) (b) Incentivo a largo plazo (c) (d) = (a) + (b) + (c) Anticipos sobre ingresos típicos (devolución) (e) Anticipos de carácter atípico (disposición) (f) Adelantos estructurados (préstamos) ** (g) Otros pagos (h) Total pagos contado (i) = (d) + (e) + (f) + (g) +(h)

26,704 97,334 48,522 172,570 (27,993) 32,083 83,925 49,302 309,887

VENTA DE ACCIONES *** Ejercicio opciones sobre acciones (stock options) (j) Acciones restringidas (k) Total venta de acciones (l) = (j) + (k)

311,764 122,746 434,510

RATIOS Estructura salarial media (a) / (d) [(b) + (c)] / (d) Pago al contado per cápita [(i) – (g)] / 144 Venta acciones per cápita (l) / 144 Total ingresos per cápita [(i) – (g) + (l)] / 144

15,47% 84,53% 1,57 M$ 3,02 M$ 4,59 M$

* Datos obtenidos por el autor del expediente presentado por Enron Corporation en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, Caso Nº 01-16034, Payments to Insiders, Summary Schedule of all Debtors Combined, Exhibit 3b.2. ** No se ha tenido en cuenta esta partida en el cálculo de las ratios, ni en este Cuadro 1 ni en los Cuadros 3 y 4, pues en su casi totalidad —81,525 M$— corresponde a disposiciones de la muy singular línea de crédito personal de Lay en Enron, y su inclusión perturbaría en exceso tal cálculo. *** Se trata, como reza el título del Cuadro, de las acciones vendidas a lo largo de 2001. Muchos ejecutivos ya habían vendido cantidades muy superiores de acciones en 1999 y, especialmente, en 2000. Sobre las ventas realizadas en 2001 recayeron, fundamental pero no exclusivamente, las investigaciones de los fiscales federales y de la SEC, por cuanto cabía sospechar un uso impropio de información privilegiada.

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Cuadro 2 Concepto retributivo

Millones de $

%

26,704

4,40

Retribución variable Bonus Incentivo a largo plazo Total retribución variable

97,334 48,522 172,570

16,03 8,00 24,03

Acciones Stock options Acciones restringidas Total acciones

311,764 122,746 434,510

51,35 20,22 71,57

607,08

100,00

Retribución fija

Retribución total

Hay que reconocer que estamos ante una estructura de incentivos perversa y muy desequilibrada, que es lógico que contribuyese de forma decisiva a consolidar, como objetivo prioritario de la compañía, el incremento de la cotización de la acción. Todo directivo sabía que podía hacerse muy rico; lo único que debía hacer era aportar su granito de arena para que la ratio trimestral beneficio por acción igualase o, incluso, superase las previsiones de los analistas de Wall Street, que, por cierto —con muy honrosas excepciones— no analizaban nada de nada y hacían la vista gorda en aquellos años de locura bursátil. Se podrá argumentar, no sin razón, que los pagos salariales y el producto neto de la venta de acciones correspondientes a 2001 no son, stricto sensu, cantidades que se puedan sumar sin más. En efecto, las ventas de acciones de 2001 correspondían al libérrimo ejercicio de stock options que, tal vez, podría haberse realizado en parte el año anterior, y a la venta de acciones que, hasta la fecha, tenían restricciones. Pero sumar es el único ejercicio que, razonablemente, podemos hacer para aproximarnos a una realidad que solo conocen quienes concertaron las opciones o entregaron las acciones y, por supuesto, sus beneficiarios. Y de eso casi nada se sabe. Tomemos, pues, estos porcentajes como simples indicadores aproximados del grado de deformidad de una criatura realmente monstruosa. También llama la atención, y no poco, lo elevado de las cantidades que, en promedio, se llevaron a su casa los 144 ejecutivos: 1,5 millones de dólares en concepto de pagos al contado, y 3 millones de dólares como resultado neto de la venta de acciones, es decir, un total de 4,5 millones de dólares per cápita. Y no deja de ser curioso que estando, como estaba, la compañía

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al borde de la quiebra, se les concediesen a ciertos directivos anticipos de carácter atípico por importe total de 32 millones de dólares. En concreto, Frevert, uno de los ejecutivos mejor pagados, recibió por este concepto 6,4 millones de dólares. Pero, si esto es lo que resulta del análisis de los pagos realizados a un grupo de casi 150 ejecutivos, ¿qué resultaría si realizásemos un ejercicio de zum y centrásemos la mirada sobre los 15 o 20 ejecutivos más destacados, influyentes y mejor retribuidos, que fueron miembros de los comités ejecutivos de la compañía durante el tormentoso período 2000-2001? El Cuadro 3 muestra la estructura triádica de retribuciones correspondiente a un grupo de 17, del que forman parte Lay, Skilling, Baxter, Buy, Causey, Delainey, Derrick, Fastow, Frevert, Glisan, Kean, Koenig, Lavorato, McMahon, Pai, Rice y Whalley. Cuadro 3 Concepto retributivo

Millones de $

%

8,446

3,27

41,450 19,184 60,634

16,08 7,44 23,52

Acciones Stock options Acciones restringidas Total acciones

131,170 57,597 188,767

50,88 22,33 73,21

Retribución total

257,847

100,00

Retribución fija Retribución variable Bonus Incentivo a largo plazo Total retribución variable

La estructura triádica solo es un poco más deforme que la mostrada en el Cuadro 2. Pero lo que resulta mucho más llamativa, por escandalosa, es la cantidad que, en promedio, percibieron por sus esclarecidos servicios estos diecisiete grandes hombres: 15 millones de dólares per cápita. ¿Y qué es lo que ocurrió en años anteriores? Aunque cabe imaginar que es sistema retributivo tendría al principio una estructura «razonablemente equilibrada», lo cierto es que no se dispone, al menos que yo sepa, de datos sistemáticos sobre retribuciones fijas y variables que nos ayuden a analizar a qué ritmo se degradó. Desde luego es presumible que tal ritmo se acelerase extraordinariamente a partir de 1999, con ocasión de la crisis energética de California, tal como

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hemos visto en el epígrafe anterior. Sí se cuenta, por el contrario, con información bastante precisa sobre los volúmenes de ventas de stock options durante el período comprendido entre octubre de 1998 y noviembre de 2001. En efecto, según parece, en el período de algo más de dos años comprendido entre el 19 de octubre de 1998 y el 27 de noviembre de 2001, se registraron ventas de acciones de Enron realizadas por 30 insiders —20 altos cargos y 10 miembros del consejo de administración sin responsabilidades ejecutivas— por importe de más de 1.200 millones de dólares brutos175. Entre dichas ventas cabe destacar, por su volumen, las incluidas en el Cuadro 4176. Sorprende comprobar que Lou Pai acabó siendo el ejecutivo que obtuvo mayores ingresos en concepto de venta de stock options, muy por encima del propio Lay, pero hay que tener en cuenta que su divorcio lo forzó a ejercitar la mayor parte de sus opciones a mediados de 2000, cuando la cotización de Enron estaba en su mejor momento. Hasta aquí, los datos y mi crítica de carácter técnico. Pero la cosa no quedó ahí, pues el carácter manifiestamente escandaloso de estas retribuciones dio origen a que los fiscales federales presentasen cargos criminales contra Lay y Skilling por uso impropio de información privilegiada, y a que los inversores presentasen demandas civiles, entre las que destaca la liderada por la Universidad de California contra 29 ex altos ejecutivos y consejeros, que son los 30 de la tabla de referencia antes citada, con la exclusión de Whalley y Hannon, y la inclusión de Mark Metts. De tal demanda se dará cumplida noticia en la Cuarta Parte. Sin deducir el coste del ejercicio de las opciones. Si se dedujese, el resultado neto de las ventas sería, probablemente, algo menor. 176 Datos obtenidos de una tabla elaborada por el profesor Bob Jensen, de la Trinity University, quien cita como fuentes: a) el procedimiento civil presentado en la corte de Houston por Mark Newby y otros contra Enron Corp; b) informes de la Securities and Exchange Commission; c) testimonios de comparecientes ante los investigadores del Congreso; d) artículos periodísticos; y e) información de la propia Enron Corp. Estos datos difieren bastante en algunos casos concretos de los incluidos en la demanda presentada por la Universidad de California el día 21 de diciembre de 2001 ante la corte federal de Houston, que también aparecen reflejados en el artículo de Leslie Wayne publicado el día 13 de enero de 2002 en el periódico The New York Times bajo el título «Before Debacle, Enron Insiders Cashed in $1.1 Billion in Shares». Las discrepancias más llamativas son las de Lay y Lou Pai, a quienes se atribuyen ventas de acciones por importe 101,3 y de 353,7 millones de dólares, respectivamente. También resulta extraña la no inclusión en esta lista de Greg Whalley y de Kevin Hannon, los cuales, solo en el año 2001, realizaron ventas de acciones por importe de 6,1 y 6,3 millones de dólares, y es conjeturable que realizaran ventas significativas durante el período 1998-2000. 175

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Cuadro 4 Operaciones de venta de acciones de Enron de importe superior a 30 millones de dólares realizadas por 12 insiders (miembros del consejo de administración y altos ejecutivos) entre el 19 de octubre de 1998 y el 27 de noviembre de 2001 Nombre

Posición en Enron

Acciones vendidas

Beneficios brutos

Lou Pai Ken Lay Robert Belfer Rebecca Mark Ken Rice Ken Harrison Jeffrey Skilling Mark Frevert Stan Horton Joe Sutton Clifford Baxter Andrew Fastow

CEO, EES Chairman Miembro consejo adm. CEO Azurix CEO, EBS Miembro consejo adm. CEO, Enron Corp CEO, Enron Wholesale Serv. CEO, Enron Transportation Vice chairman Vice chairman CFO

3.912.205 4.002.259 2.065.137 1.895.631 1.234,009 1.011.436 1.307.678 986.898 830.444 688.996 619.898 687,445

$270.276.065 $184.494.426 $111.941.200 $82.536.737 $76.825.145 $75.416.636 $70.687.199 $54.831.220 $47.371.361 $42.231.283 $34.734.854 $33.675.004

17.934.358

1.185.021.130

Totales

Creo que no he incurrido en exageración al calificar de desquiciada la política de la compañía en materia de retribución de los más altos directivos. En Enron, la codicia empresarial llegó a sus más altas cotas, y su más certero indicador fue el gran volumen de opciones de compra de acciones (stock options) que puso a disposición de los mismos, y que, por supuesto no contabilizó177, entre otras cosas porque la ley no lo exigía (ni, realmente, lo exige aún). El ejercicio de tales opciones en los momentos más críticos de la Cuando una empresa le entrega a un directivo una stock option, lo que hace es comprometerse a emitir en el futuro y a su demanda una nueva acción, diluyendo así el valor de las acciones existentes. La empresa propiamente dicha no le paga nada de su bolsillo, sino del bolsillo de los accionistas. Cuando la bolsa está en fase alcista y la cotización de la empresa no hace sino crecer, este efecto de dilución resulta difícil de percibir. Pero esta realidad no debería ser escondida; toda entrega de una stock option comporta un compromiso que debe ser evidenciado como gasto, si se quiere que la contabilidad refleje una imagen fiel de la situación de la empresa. Hoy en día son mayoría quienes defienden la necesidad de contabilizar las opciones sobre acciones, aunque ello resulte ciertamente complejo. Pero en la década de los noventa del pasado siglo muy pocos pensaban así. De hecho, las stock options fueron un sistema de retribución nefasto, pues lo que hicieron fue incentivar la extrema fijación de los directivos por el corto plazo, con total olvido del largo plazo.

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compañía, en lo que constituyó un paradigma de uso obsceno de información privilegiada, precipitó su fulminante final. Y este saqueo de la empresa aún resulta más sangrante si se tiene en cuenta que los empleados, al no poder liquidar antes de la quiebra sus participaciones en el plan de jubilación tipo 401(k), por existir cláusulas de bloqueo temporal que legalmente lo impedían178, tuvieron que contemplar, impotentes y desolados, como se esfumaba sin remedio una buena parte de sus pensiones179. Enron y el poder político Hay algo que jugó un papel del todo decisivo en el rápido y esplendoroso auge de Enron Corp., a saber: su óptima relación con el poder político. Lay supo tejer, a base de paciencia y dinero, una intrincada red de relaciones muy fluidas con destacados personajes de todo el espectro político y, en especial, con congresistas y altos funcionarios de los partidos republicano y demócrata. Mantuvo una buena amistad con los expresidentes Bush padre e hijo, a cuyas campañas electorales contribuyó, cuando era el máximo ejecutivo de la compañía, con aportaciones personales muy generosas180. Pero no era solo una cuestión personal sino institucional. Algunas fuentes181 estiman que, entre 1989 y 2001, Enron Corp. y sus directivos más destacados donaron unos seis millones de dólares al mundo político (78% a los republicanos Más de la mitad de los 2.100 millones de dólares de activos de dicho plan (que incluía casi al 60% de la plantilla de Enron) estaban invertidos en acciones de la propia compañía. Al ser declarado en reestructuración, todas las operaciones de los partícipes fueron bloqueadas. 179 Otros muchos fondos de pensiones se vieron afectados en mayor o menor grado por la quiebra de Enron (el de los empleados de los estados de Florida, Ohio, Nueva York y Georgia, el de la Universidad de California, el de los profesores de la Arkansas...). Algunos de estos fondos habían llegado a invertir en acciones de empresas de propósito especial tales como Raptor I, II y III, JEDI I y II, LJM2... 180 Según el Centre for Responsive Politics (una organización no gubernamental que vigila el dinero entregado a los políticos), Lay y su esposa Linda habrían efectuado durante el período 1989-2000 donaciones personales por importe de casi 800.000 dólares a miembros del partido republicano, y de unos de 80.000 dólares —10 veces menos— a miembros del partido demócrata. En concreto, sus aportaciones en el año 2000 a la campaña electoral del tándem Bush-Cheney habrían sido del orden de los 100.000 dólares. Según otras fuentes (Federal Election Commission), tales aportaciones durante el período enero 1999-noviembre 2001 habrían ascendido a casi 400.000 dólares. Sean cuales fueren los importes precisos, lo cierto es que la familia Lay se mostró especialmente generosa con los políticos republicanos, al igual que hicieron algunos altos ejecutivos de Enron. Skilling contribuyó a las campañas del partido republicano con unos 180.000 dólares, y Lou Pai y Richard Kinder aportaron del orden de 87.000 y 56.000 dólares, respectivamente. 181 Fuentes: Centre for Responsive Politics; Federal Election Commission; y Texas Ethics Commission. 178

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y 22% a los demócratas). De tales donaciones, se habrían beneficiado una gran mayoría de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y 71 de los 100 miembros del Senado, incluyendo entre estos a 19 de los 23 miembros del Comité de Energía del Senado. Cuando el Congreso de Estados Unidos inició la investigación sobre el colapso de Enron, se comprobó que, de los 248 legisladores pertenecientes a los once Comités y Subcomités de la Cámara de Representantes y del Senado implicados en la investigación, al menos 212 habían recibido dinero de Enron o de Arthur Andersen182. Esta generosidad tuvo su recompensa183. La desregulación de los futuros energéticos Los primeros y decisivos frutos de la buena relación de Lay con el poder político ya se recogieron en enero de 1993. Desde 1988, Lay venía cultivando la amistad de la doctora Wendy Gramm, esposa del senador republicano por Texas, Phil Gramm, cuya campaña electoral había recibido un apoyo económico sustancial por parte de Enron. La razón era muy simple: la señora Gramm había sido nombrada en febrero chairwoman de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), institución pública crítica para los planes de Enron de comerciar a gran escala con futuros energéticos. Como ya hemos visto, en julio de 1989, Wendy Gramm planteó un conflicto con la Securities and Exchange Commission (SEC), en un intento de sacar de la jurisdicción de la misma a los contratos con futuros. En agosto, el juez Easterbrook, del Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito, sentenció en Chicago, capital de los mercados de commodities, que la jurisdicción sobre futuros correspondía a la CFTC y no a la SEC. El 16 de noviembre de 1992, Enron solicitó a la CFTC que los contratos sobre derivados energéticos y los swaps de cobertura de tipos de interés realizados por las empresas comercializadoras de energía al por mayor quedasen excluidos expresamente de la supervisión gubernamental. El 14 de enero de 1993, la CFTC accedió a la solicitud de Enron y excluyó de su vigilancia y control a tales contratos y a los correspondientes swaps de cobertura. Don Van Natta, «212 Out of 248 on Congressional Panels Received Enron Donations», International Herald Tribune, 26-27 de enero de 2002. 183 He utilizado como fuente principal la «Chronology of Enron’s Influence. Rise and Fall», elaborada por la organización Public Citizen, www.citizen.org. También he consultado un informe de la Cámara de Representantes de fecha mayo 2002, elaborado por el republicano Henry A. Waxman, miembro de la Special Investigation Division del Committee on Government Reform, y titulado «Bush Administration Contacts with Enron». 182

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El 20 de enero de 1993, Bill Clinton tomó posesión de la presidencia, y Wendy Gramm abandonó la CFTC. A finales de febrero de 1993, Lay incorporó a Wendy Gramm al consejo de administración de Enron Corp. en condiciones económicas muy favorables (50.000 dólares anuales y decenas de miles de dólares en opciones sobre acciones). En diciembre de 1998, Wendy Gramm notificó a Enron que el Congreso iba a aprobar en breve plazo, dentro de una serie de medidas legislativas sobre la desregulación del mercado energético, una disposición que impediría que los consejeros fuesen retribuidos con stock options. Ella se apresuró a vender su paquete de opciones, obteniendo 276.912 dólares. Lay sustituyó el incentivo perdido por Gramm por otro dinerario de 117.000 dólares, a pagar durante cuatro años. Durante el período mayo-diciembre de 2000, el senador Gramm desarrolló una febril actividad orientada a conseguir que las empresas comercializadoras de energía al por mayor tipo Enron quedasen fuera de la jurisdicción de la CFTC y al margen de la Commodity Exchange Act. Sus esfuerzos se vieron recompensados el 21 de diciembre de 2000, cuando el presidente Clinton, a un mes del término de su mandato, rubricó la correspondiente ley. A partir de ese momento, Enron ya podía operar en su propio mercado de commodities clásicas y exóticas, sin cortapisa alguna que coartase su libertad de acción; había obtenido una especie de licencia para especular a su gusto, sin que ningún organismo público se inmiscuyese en sus negocios. Wendy Gramm, que llegó a ser presidenta del Comité de Auditoría, se mantuvo en el consejo de administración hasta el año 2002. Por su parte, el senador Gramm anunció el 4 de septiembre de 2001 su intención de no presentarse a la reelección. La desregulación del mercado energético Tras una dura labor de cabildeo por parte de Enron, el día 24 de octubre de 1992 —en la antesala de las elecciones a la presidencia de las que saldría derrotado—, el presidente Bush padre firmó la National Energy Policy Act, disposición legislativa-marco en la cual, y entre otras cosas, se establecía el derecho de las empresas comercializadoras de energía eléctrica sin producción propia a acceder a las redes de transporte de las grandes empresas eléctricas de ciclo completo. Esta ley abrió el camino a la Orden 888 de 1996 de la FERC, por la que se fijaron las condiciones para tal acceso, lo que suponía abrir a la competencia el mercado de venta al por mayor de energía eléctrica.

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Es de destacar el hecho de que, durante el ciclo electoral del año 1992, Enron realizó aportaciones a las campañas electorales de miembros del Congreso por importe de unos 300.000 dólares, lo que la situó en el puesto decimoctavo del ranking de las mayores empresas energéticas contribuyentes. El 28 de diciembre de 1993, ya en plena administración demócrata, Enron solicitó a la SEC que la eximiera de las regulaciones federales establecidas en la Public Utility Holding Company Act de 1935 (PUHCA) para la protección de los consumidores suministrados por empresas eléctricas que operasen en varios estados, alegando que tales regulaciones solo debían afectar a las empresas de ciclo completo y no a las simples comercializadoras sin producción propia. El día 5 de enero de 1994, la SEC aprobó la petición de Enron, eximiéndola de vigilancia regulativa. Esta decisión fue como una especie de mina que, al explosionar, abrió una brecha descomunal en el esquema de protección al consumidor establecido en la PUHCA, por la que los comercializadores de energía eléctrica pudieron escapar del siempre incómodo y hasta odioso escrutinio federal, que ponía barreras a la libre competencia. Durante el ciclo electoral del año 1994, Enron ganó nada menos que doce puestos en el ranking de las empresas energéticas que realizaron mayores contribuciones políticas. Su aportación de casi 500.000 dólares a candidatos federales la situó en el sexto puesto. Adicionalmente, Enron y sus ejecutivos aportaron 146.500 dólares a la primera campaña electoral de George W. Bush para gobernador de Texas. El 11 de noviembre de 1998, Lay envió una carta al gobernador Bush pidiéndole su apoyo para la desregulación del sector eléctrico en Texas. El 18 de junio de 1999, Bush firmó la ley estatal de desregulación del mercado energético. Durante el año 1999, Enron gastó en su propia oficina de lobby casi 1,7 millones de dólares, presionando a los funcionarios de la administración Clinton para que se decretase la desregulación generalizada del mercado energético. También pagó 710.000 dólares a firmas externas especializadas en este tipo de gestiones. Uno de los objetivos era convencer de la conveniencia de tal desregulación al President’s Working Group de los mercados financieros, formado por Lawrence Summers, secretario del Tesoro; Alan Greenspan, chairman de la Reserva Federal; Arthur Levitt, chairman de la SEC; y William Rainer, chairman de la CFTC. Objetivo conseguido; el President’s Working Group la recomendó en noviembre de 1999. Las presiones de Enron al Gobierno, en materia de legislación energética, continuaron durante el año 2000, y se intensificaron en 2001, con la llegada de Bush hijo a La Casa Blanca. Las reuniones de altos ejecutivos de Enron con

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el vicepresidente Dick Cheney y con miembros de la Comisión de Energía, celebradas los días 22 de febrero, 7 de marzo y 9 de abril de 2001, son bien conocidas. También se sabe que el 17 de abril Lay pidió a Cheney que terciase en la crisis energética de California y se opusiese al establecimiento de tarifas tope (de beneficencia) en el mercado minorista, cosa que hizo llamando al día siguiente al periódico Los Angeles Times. Aunque a Lay se le cerraron las puertas de La Casa Blanca, y el propio secretario de Energía se negó a recibirle a mediados de septiembre, el 10 de octubre ejecutivos de Enron se reunieron con un ayudante del vicepresidente Cheney para seguir discutiendo sobre política energética. Resulta evidente que, hasta su último aliento, Enron intentó imponer sus criterios; y no sin éxito, pues el plan energético puesto en marcha por el vicepresidente Dick Cheney el 17 de mayo de 2001 recogió, al parecer, muchas de las recomendaciones de dicha compañía. Tras el estallido del escándalo, la filtración de noticias sobre los contactos entre Enron y la administración despertó el interés del público, y la Cámara de Representantes encargó a la Special Investigations Division del Committee on Government Reform, presidida por el republicano Enry A. Waxman, un informe sobre los contactos entre dicha compañía y el Gobierno a lo largo del año 2001. Con fecha mayo 2002 se presentó tal informe, en el que, entre otras cosas, se decía: a) Que el principal beneficiario de las aportaciones de Enron Corp. y de sus empleados fue el presidente George W. Bush, a cuyas campañas habrían contribuido desde 1993 con 736.800 dólares. b) Que durante el año 2001, antes del colapso de la compañía, Enron había tenido un amplio acceso a funcionarios de La Casa Blanca y de agencias federales. c) Que La Casa Blanca reconoció el 3 de enero de 2002, en una carta dirigida a Waxman, la celebración durante el año 2001 de seis reuniones entre altos ejecutivos de Enron y funcionarios de la administración para tratar sobre temas relativos a la política energética del Gobierno. Más tarde, el 22 de mayo de 2002, en una carta de Alberto R. Gonzales al senador Joseph Lieberman, La Casa Blanca reconoció 18 contactos adicionales sobre política energética, y otros contactos con personas de la EOP (oficina ejecutiva del presidente) y de la OVP (oficina del vicepresidente) para tratar de temas relacionados con leyes, regulaciones o políticas que afectaban al negocio de Enron. Dicha carta omitía contactos muy significativos con La Casa Blanca, entre ellos la conversación mantenida en octubre de 2001 entre Lay y Mitchel Daniels, director de la OMB (oficina de gestión y presupuesto), sobre la anulación de ciertas devoluciones fiscales.

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d) Que tras las investigaciones realizadas se podía asegurar que, como mínimo, hubo 112 contactos, de los cuales 40 lo fueron con altos funcionarios de La Casa Blanca —incluidos el vicepresidente Cheney, el asesor presidencial Karl Rove, el asesor económico de La Casa Blanca Lawrence Lindsey, el director de personal de La Casa Blanca Clay Johnson, y el director de la energy task force de La Casa Blanca Andrew Lundquist—, y el resto con los Departamentos de Comercio, Energía, Agricultura, y del Tesoro, la CFTC, la FERC, el Export-Import Bank, el Overseas Private Investment Corporation, la US Trade Representative, la SEC, y otros muchos organismos gubernamentales. Pero era probable que los contactos fueran muchos más. En efecto, no se incluían las gestiones de las 14 empresas de lobby contratadas por Enron, ni tampoco los 73 contactos reconocidos con Thomas White, exempleado de Enron, tras su nombramiento como secretario del Ejército. Esta investigación tan superficial no revelaba en sí nada malo. Cualquiera puede entender que Lay y su gente se vieron obligados a intensificar sus actividades de lobby —del todo legales en Estados Unidos— durante los últimos meses de agonía de la compañía, y que se emplearon a fondo con los republicanos, que eran quienes tenían el poder en aquellos terribles momentos. Pero no cabe duda de que la inmensa mayoría de las felonías de dicha compañía se propiciaron, gestaron y cometieron durante el período 1993-2000, es decir, precisamente durante los dos mandatos del presidente Bill Clinton. ¿Acaso no hubo contactos entre Enron y los gobiernos demócratas a lo largo de estos cruciales ocho años? Cabe asegurar que los hubo, y que fueron numerosísimos. De hecho, Lay sabía desenvolverse bien en cualquier escenario político; pedía favores, pero también los hacía. Por ejemplo, bajo pretexto de que el gas pasaba por no ser muy agresivo con el medio ambiente, apoyó claramente al vicepresidente Gore en su deseo —frustrado— de que Estados Unidos suscribiera los acuerdos de Kyoto, que el expresidente Bush consideraba inaceptables184. En realidad, el apoyo de Enron a la administración Clinton no tuvo nada de altruista, y más que de favor habría que hablar de habilísimo, a la par que enérgico, ejercicio de lobby en defensa de sus propios intereses. De hecho, a Enron le hubiese resultado extraordinariamente beneficioso el que Estados Unidos hubiese ratificado el Protocolo de Kyoto, por cuanto pensaba participar activamente en el negocio de compraventa de derechos de emisión de dióxido de carbono y, por supuesto, reforzar su decidida apuesta por la generación de energías basadas en el gas natural. Lo cierto es que el Senado rechazó el Protocolo por 95 votos en contra y 5 abstenciones, y aun cuando la administración demócrata, muy presionada por Enron, dio instrucciones al representante de Estados Unidos para que lo firmase, el presidente Clinton no lo ratificó, ni tampoco lo hizo el expresidente Bush hijo. ¿Lo hará Obama? Ya veremos; porque una cosa es predicar y otra dar trigo.

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Y, en agradecimiento al generoso apoyo que recibió del Overseas Private Investments Corp. (OPIC) y del Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) en el desarrollo de sus proyectos internacionales, no dudó en embarcarse en un proyecto de altísimo riesgo en el que Clinton estaba personalmente interesado: la construcción en la franja de Gaza, durante el período 1998-1999, de una central de generación de energía eléctrica que, como era de esperar, nunca llegó a funcionar. Y, como ya tuvimos ocasión de conocer, los funcionarios de la administración Clinton terciaron en defensa de los intereses de la compañía en más de una ocasión. Para muestra, un botón: Dabhol. Dabhol, un sumidero de recursos públicos Parece acreditado185 que el National Security Council del expresidente Bush lideró un grupo de trabajo formado por funcionarios de varias agencias gubernamentales, cuyo propósito fue ayudar a Enron a resolver sus problemas con el Gobierno indio en torno a la central de Dabhol. Los esfuerzos de la administración incluyeron una conversación de Cheney con un alto funcionario del Gobierno indio, al que rogó hiciese llegar un mensaje personal del presidente Bush al primer ministro Atal Bihari Vajpayee. Tal conversación tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2001, fecha en la que Enron declaró pérdidas adicionales por importe de 586 millones de dólares, y Lay llamó al secretario del Tesoro O’Neill pidiendo socorro. Todos estos esfuerzos, encaminados según los funcionarios de la administración Bush a proteger a los contribuyentes contra el impago de elevadas cantidades de dinero público —640 millones de dólares— en caso de que el Gobierno indio no hiciese honor a sus compromisos, quedaron paralizados cuando el escándalo fue de conocimiento público. Por supuesto, había sobrados motivos para la preocupación. En efecto, las ayudas gubernamentales concedidas a Enron, durante las dos administraciones Clinton, para el desarrollo de los proyectos energéticos internacionales de la compañía, fueron de notable entidad. Según la organización Friends of the Earth, Enron recibió entre 1992 y 2000 de la OPIC y Ex-Im Bank ayudas por importe de 2.400 millones de dólares, bajo la forma de préstamos, seguros y garantías. Por lo que respecta al proyecto Dabhol, la OPIC concedió a Enron 160 millones de dólares en préstamos y 180 millones de dólares en seguros de riesgo político, y el Ex-Im Bank 300 millones de dólares en préstamos. Artículo de Dana Milbank y Paul Blustein, publicado el día 19 de enero de 2002 en el Washington Post bajo el título «White House Aided Enron Dispute».

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¿Cabe reprochar, pues, a la administración republicana el que intentara en 2001 ayudar a Enron en el caso de tan controvertida central eléctrica? Pienso que no. También lo hizo la administración demócrata, financiando durante ocho años con prodigalidad inusitada sus inversiones internacionales; y, por supuesto, presionando con fuerza al Gobierno indio para llegar a un nuevo acuerdo, cuando en 1996 el proyecto Dabhol estuvo a punto de ser cancelado por las autoridades del estado de Maharashtra. Lo que resulta difícilmente comprensible es que las agencias gubernamentales norteamericanas responsables del fomento de la inversión y del comercio exteriores se dejaran atrapar en un proyecto al que el propio Banco Mundial rehusó dar su apoyo por considerar que carecía de sentido económico. Los sueños de grandeza de Enron, a escala planetaria, pueden haberle costado al contribuyente americano más de 2.000 millones de dólares. Desde luego, Enron fue un pésimo inversor desde el punto de vista económico-financiero; casi todas sus inversiones internacionales en los negocios energéticos y del agua fueron un desastre, y su radical apuesta por la economía virtual devino suicida. Pero hay que reconocer que tuvo un gran acierto al realizar sus «inversiones políticas». Con un puñado de dólares, apenas una gota del océano de recursos que manejaba, consiguió tejer una amplia y tupida red de relaciones con legisladores y funcionarios gubernamentales, y alcanzar así un increíble nivel de influencia política. Y no solo entre los republicanos, con cuyo credo liberal comulgaba, sino también, como hemos visto, entre los demócratas, cuya afición a intervenir en los asuntos económicos detestaba. Para ello cuidaba a sus elegidos antes, durante, y después del ejercicio del cargo186. Lay, justo es reconocerlo, tuvo un talento excepcional para practicar el lobby más feroz. Sabía que el poder político cambia de manos con frecuencia, y que conviene tener amigos hasta en el infierno. Por ello, a pesar de su indudable afiliación ideológica, Enron no dispensó su generosidad económica de forma tan discriminatoria como dan a entender los informes preparados por las fuentes que he citado al principio, ni por las interpretaciones que de ellos hicieron los escribanos de lo efímero; hubiese sido un grave error táctico y, sobre todo, estratégico. De hecho, Valga como ejemplo el caso de Frank Wisner, embajador de Estados Unidos en la India desde 1994 a 1997, que defendió con firmeza los intereses de Enron en dicho país, y fue nombrado miembro del consejo de administración de dicha compañía el 28 de octubre de 1997.

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una persona tan poco sospechosa de veleidades republicanas como Joseph Stiglitz no tiene empacho en reconocer que «el dinero se repartía de forma bastante igualitaria: tres quintas partes a los republicanos, dos quintos a los demócratas»187. Solo así se entiende que el escándalo Enron no llegase a provocar, como muchos esperaban y hasta deseaban, un devastador terremoto político; porque no era posible disparar sobre Bush sin dejar malherido a Clinton. Nadie quiso un Enrongate; ambos partidos tenían, probablemente, demasiados trapos sucios que esconder.

Los felices 90, op. cit., página 306. Me atrevo a conjeturar que si de todas las donaciones políticas realizadas por la texana Enron —en el supuesto caso de que alguien las conozca realmente— se dedujesen las ayudas a políticos de Texas, se vería que el dinero lo repartió de forma cuasi igualitaria entre los dos grandes partidos.

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Tercera Parte UN GIGANTESCO FALLO SISTÉMICO

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J’accuse! […] Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Émile Zola, Carta a M. Félix Faure, L’Aurore, 13 enero 1898

¿Fueron Lay, Skilling y su aguerrida mesnada de héroes de la América corporativa los únicos responsables del desastroso colapso de Enron? ¿Acaso no hubo personas físicas y jurídicas, e instituciones públicas que, por negligencia culposa, descuido, ánimo de lucro, o simple incompetencia, facilitaron, propiciaron o, de alguna forma, consintieron las tropelías que se cometieron? ¿Estos delincuentes de cuello blanco actuaron solos, o contaron con la ayuda de «amigotes» agradecidos y de cómplices interesados? Preguntas tan delicadas como pertinentes merecen una contestación adecuada. Y voy a intentar darla en esta Tercera Parte. Resulta del todo evidente que Enron pudo hacer lo que hizo porque, con independencia de sus excelentes relaciones con el poder político, se produjo un colosal fallo en el complejo sistema de salvaguardias que presuntamente —solo presuntamente— preserva, protege y defiende al gigantesco mercado financiero estadounidense. Ni los guardabarreras públicos, ni los perros guardianes privados, cumplieron con su sagrada misión de vigilar, alertar e impedir el comportamiento corporativo inmoral. En ciertos casos hubo falta de medios; en no pocos, palmaria incompetencia profesional; en otros, desidia, descuido y negligencia culposas; y, en algunos, sospechas más o menos fundadas de cooperación mercenaria y complicidad delictiva. Pero tal sistema no claudicó de forma súbita; ya nació con malformaciones congénitas, y voces agoreras hacía ya años que venían advirtiendo sobre los peligros de un fallo generalizado. Y lo que tenía que ocurrir, acabó ocurriendo. Del análisis de las causas radicales de tan descomunal fallo sistémico me ocuparé en otro lugar. En lo que sigue centraré únicamente la atención sobre los fallos que se cometieron en el caso concreto de Enron. Pero la ruina de Enron no solo fue propiciada por los más que evidentes fallos sistémicos. También tuvieron su tanto de culpa, y no banal por cierto, algunas grandes instituciones financieras con las que Enron mantenía muy provechosas relaciones de negocio, que, siendo conocedoras de las artimañas

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contables de la compañía, no dudaron en colaborar con ella para perfeccionarlas e, incluso, magnificarlas en beneficio propio. Y tampoco se puede pasar por alto el papel que jugó el extremadamente complejo sistema fiscal norteamericano, que ofrece muchas vías legítimas para reducir o evitar impuestos y que, de facto, actúa como un socio silente de cualquier inversor. Dentro de este marco de benevolencia fiscal a nivel corporativo, falta de medios y, tal vez, de la falta de medios y, tal vez, de la necesaria competencia, una empresa desaprensiva o, simplemente, espabilada e imaginativa, puede hacer en Estados Unidos auténticas virguerías en materia impositiva. Y, por supuesto, Enron las hizo; y de todos los colores. Para llevar a cabo mi análisis caminaré de la mano de los documentos públicos y privados más relevantes que se elaboraron como resultado de las investigaciones oficiales sobre el caso Enron llevadas a cabo durante el convulso año 2002. Entre los documentos públicos, me permito destacar los que reflejan las audiencias celebradas por el plenario del Committee on Governmental Affairs del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Joseph Lieberman (en lo que sigue CGA o Comité Lieberman), y por su Permanent Subcommittee on Investigations, presidido por el senador Carl Levin (en lo que sigue PSI o Subcomité Levin), entre las que cabe destacar las siguientes188, ya citadas de pasada en el capítulo 5: a) The Watchdogs Didn’t Bark: Enron and the Wall Street Analysts, Comité Lieberman, 28 de febrero de 2002. b) Rating the Raters: Enron and the Credit Rate Agencies, Comité Lieberman, 20 de marzo de 2002. c) The Role of the Board of Directors in Enron’s Collapse, Subcomité Levin, 7 de mayo de 2002. d) The Role of the Financial Institutions in Enron’s Collapse, Subcomité Levin, 23 y 30 de julio de 2002. e) Oversight of Investment Bank’s Response to the Lessons of Enron, Subcomité Levin, 11 de diciembre de 2002. Como resultado de tales audiencias, se emitieron dos informes públicos realmente notables189, que despertaron gran revuelo, y a los que haré frecuente referencia: (i) el titulado The Role of the Board of Directors in Enron’s Collapse, fechado el 8 de julio de 2002 (en lo sucesivo, Informe Levin); y (ii) el titulado Financial Oversight of Enron: The SEC and Private-Sector Accesibles a través de la página http://www.senate.gov/~levin/senate/investigations. Ya citados y comentados por encima en la Primera Parte, capítulo 5.

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Watchdogs, fechado el 8 de octubre de 2002, elaborado por el staff del CGA (en lo sucesivo, Informe Lieberman). En el Informe Lieberman, hecho público el 25 de octubre de 2002, se dice casi textualmente en su página 2: Al intentar exponer de forma ordenada lo que dan a entender las comprobaciones del mal comportamiento financiero efectuadas por el staff del Comité, este ha descubierto que resultan profundamente inquietantes, no tanto por las fechorías o actuaciones inmorales que destapan en algunas partes, sino, más bien, porque lo que ha emergido es una historia de fallo sistémico y, lo que es peor, catastrófico, de todos los perros guardianes que no cumplieron adecuadamente los papeles que tenían asignados. A pesar de la magnitud de la implosión de Enron y del aparente carácter contagioso de su conducta fraudulenta, virtualmente ninguna de las partes del sistema de control de capas múltiples ideado para proteger al público detectó los problemas de Enron, o, si lo hizo, no hizo nada para corregirlos y alertar a los inversores. Ninguno de los perros guardianes estaba en su sitio para prevenir o alertar del inminente desastre: no lo estaba el consejo de administración de Enron, quien formuló pocas, si es que formuló alguna, preguntas de sondeo a los gestores de Enron, y autorizó varias transacciones con participadas (related-party) que facilitaron muchas prácticas fraudulentas de la compañía; no lo estaba el auditor de Enron, Arthur Andersen, quien certificó estados financieros aparentemente fraudulentos; no lo estaban los bancos de inversión, quienes estructuraron y vendieron valores y otros productos financieros que parecen haber permitido a la compañía obscurecer su posición financiera; no lo estaban los abogados, cuyas opiniones y trabajo fueron críticos en ciertas transacciones que pueden haber sido una de las principales causas del colapso de la compañía; no lo estaban los analistas de valores de Wall Street, muchos de los cuales continuaron recomendando «comprar» acciones de Enron hasta el mismo momento de su amargo final; no lo estaban las agencias de calificación crediticia, quienes calificaron a la deuda de Enron dentro de la categoría de inversión hasta cuatro días antes de que la compañía presentase su expediente de bancarrota; y no lo estaba la SEC, quien no empezó a investigar en serio las prácticas de Enron hasta que la muerte de la compañía resultaba ya inevitable.

No se pueden decir más cosas enjundiosas en menor espacio. En el Informe Lieberman se distinguen dos grandes categorías de perros guardianes: la de las instituciones públicas y privadas con obligaciones legales (dentro de la que incluye a la SEC, al consejo de administración, y a los auditores de Enron), y la de otras instituciones privadas (dentro de la que solo incluye a los analistas de valores de Wall Street, y a las agencias de calificación de riesgos crediticios).

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En el capítulo 10 analizaré el comportamiento de las instituciones con obligaciones legales, a las que denomino «guardianes sistémicos principales». En el capítulo 11 me referiré al comportamiento de las dos instituciones privadas sin obligaciones legales —«guardianes sistémicos secundarios»—. Finalmente, en el capítulo 12 escrutaré la participación de grandes bancos de inversión en la falsificación de la contabilidad de Enron, así como la incomprensiblemente benévola actitud del temible fisco norteamericano con una compañía que era paradigma de opacidad. Para realizar tales análisis me basaré, fundamentalmente, en los dos informes antes citados, así como en información complementaria extraída de otras audiencias del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado y de su Subcomité Permanente de Investigaciones (especialmente, las celebradas el 23 y el 30 de julio de 2002).

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Capítulo 10 EL FALLO DE LOS GUARDIANES SISTÉMICOS PRINCIPALES …no hay leyes ni reglamentos. Hay amigos, hay favores. Una persona que tiene amigos es un hombre valioso. Josep Pla, Madrid 1921. Un dietario

El Consejo de Administración ¿Cómo es posible que en Enron se hicieran las cosas que se hicieron, que se cometieran las imprudencias que se cometieron, que se perpetraran las fechorías que se perpetraron, sin que el consejo de administración pusiera el grito en el cielo? Pues, entre otras cosas, porque tan encumbrado órgano corporativo contaba con un núcleo duro, más pertinaz que la sequía y nada independiente, plagado de estrellas de la industria y de la universidad que, fascinados por Lay —a quien consideraban una especie de dios corporativo—, se comportaron de forma condescendiente y sumisa durante largos años de pesebre asegurado. ¿Acaso el consejo carecía de comités ad hoc para vigilar los asuntos más críticos de la compañía? En absoluto; disponía de todos los comités habidos y por haber que hoy recomiendan por todas partes las normas de buena gobernanza corporativa. Contaba con: a) un Comité Ejecutivo presidido por John H. Duncan, gran amigo de Lay, residente en Houston y ex chairman del Comité Ejecutivo de Gulf Western Industries, un gran conglomerado industrial norteamericano, rebautizado en 1989 con el nombre de Paramount Communications; b) un Comité de Auditoría presidido por Robert K. Jaedicke, un prestigioso profesor de contabilidad y autor de libros sobre la materia, exdecano de la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford;

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c) un Comité Financiero presidido por Herbert S. Winokur, chairman y CEO de Capricorn Holdings, un reputado vehículo financiero para inversores privados e institucionales y fondos de pensiones, y ex Executive Vice President de la ya quebrada Penn Central Corporation; d) un Comité de Compensaciones presidido por Charles A. LeMaistre, presidente emérito de la Universidad de Texas y doctor en Medicina del Andersen Cancer Center; y, como guinda del pastel, e) un Comité de Nombramientos presidido por Lord John Wakeham, exsecretario de Energía del Reino Unido y líder de las Cámaras de los Lores y de los Comunes. En la Tabla 4 del capítulo 3 se incluyen los nombres de los quince miembros del consejo a finales de octubre de 2001, cuando el tsunami provocado por los escándalos contables ya arrasaba Enron. ¿Qué responsabilidades cabía exigir al consejo de administración por semejante desastre? Ante todo era preciso investigar lo que había pasado con las participadas extracontables. Las conclusiones vendrían después. Se abrieron tres líneas de investigación principales: una interna, otra política (Congreso), y la tercera judicial (Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York). Las tres dieron lugar a informes famosos: El Informe Powers, el Informe Levin, el Informe Batson, y el antes citado Informe Lieberman. El informe Powers190 Cumplida la profecía de Sherron Watkins, y ya con el agua al cuello, el consejo de administración comprendió que debía poner en marcha una investigación interna medianamente seria. Pero tal investigación la tenía que liderar un consejero realmente independiente… y no había ninguno. De ahí que el día 31 de octubre de 2001 se produjese la inmediata incorporación al consejo de William C. Powers, decano de la University of Texas School of Law, en Austin. Powers propuso, y el consejo aprobó, la creación de un Special Investigative Committee, formado por consejeros independientes, para analizar de forma cuidadosa e imparcial las transacciones entre Enron y un conjunto de participadas creadas y gestionadas directamente por Fastow y otros empleados de su equipo. Pero lo malo era que el único que gozaba de esa imprescindible y rarísima cualidad era él mismo. De ahí que urgiese la incorporación Accesible en su integridad a través de la página www.findlaw.com.

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de, al menos, otro consejero independiente con la necesaria cualificación. El 27 de noviembre de 2001 fue nombrado consejero Raymond S. Troubh, consultor neoyorquino. Al «Comité Powers» se incorporó un tercer consejero, Herbert Winokur, con la intención, tal vez —solo tal vez—, de defender su gestión y la de sus compañeros, e intentar que el escrutinio financierocontable no se desmadrase. El 1 de febrero de 2002, el Special Investigative Committee dio a conocer su informe, elaborado con el apoyo de la consultora Wilmer, Cutler & Pickering. En 203 páginas y dos apéndices, el informe analizó la naturaleza de las transacciones con las participadas extracontables más importantes (Chewco, LJM Cayman, LJM Co-Investment, Raptor I, II, III y IV…), y extrajo importantes conclusiones, ciertamente duras, sobre las prácticas contables, la gobernanza corporativa, y el ejercicio de la función de supervisión y vigilancia de la gestión en la compañía. De hecho, sus críticas contra las personas e instituciones corporativas no dejaron títere con cabeza. Tanto es así que, en la página 9 del propio informe, se advierte que uno de los miembros del Special Investigative Committee, Herbert Winokur, fue consejero y presidente del Finance Committee durante el período de tiempo objeto de análisis, por lo que todas las evaluaciones relativas a las actuaciones del consejo de administración y de sus comités reflejan tan sólo el punto de vista de «los otros dos miembros del Comité de Investigación», es decir, Powers y Troubh. Y tal punto de vista les llevó a formular, de forma resumida y casi textual, las siguientes conclusiones: a) Andrew Fastow. El CFO falló: (i) al situar sus intereses personales y los de las participadas LJM por encima de los intereses de Enron191; (ii) al hacer mal uso de su alta posición, induciendo a empleados de Enron a implicarse en transacciones impropias con las participadas LJM y Chewco; y (iii) al no revelar al consejo de administración de Enron informaciones de la máxima relevancia sobre las transacciones con las participadas bajo su control. b) Alta dirección de Enron. La alta dirección de Enron, de forma individual y colectiva, falló en el desempeño de responsabilidades substantivas. En efecto, no instrumentó un sistema para la adecuada vigilancia y control de la procedencia, o falta de ella, de las transacciones de la compañía con sus participadas. Debido a esta carencia Al parecer, Fastow obtuvo un beneficio personal del orden de 30 millones de dólares.

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se realizaron operaciones impropias, se distorsionaron los resultados financieros de Enron, y no se comunicó a los accionistas y al público información relevante. En este grave fallo estuvieron especialmente implicados Kenneth Lay —máximo responsable de todo lo ocurrido—, Jeffrey Skilling, Richard Causey y Richard Buy, quienes, en mayor o menor grado, conocieron, aprobaron, consintieron o autorizaron las transacciones con las participadas extracontables y, en todo caso, no tomaron las precauciones necesarias para su supervisión y control, dándole a Fastow patente de corso para hacer y deshacer a su libre albedrío. c) El consejo de administración. El consejo falló clamorosamente en sus funciones de supervisión, lo que tuvo serias consecuencias para Enron, sus empleados y sus accionistas El consejo tomó decisiones del todo viciadas, que subestimaron la gravedad del conflicto de intereses que suponía la actuación del CFO como gerente de las EPS. Pero, además, una vez autorizado tal conflicto de intereses, falló en el seguimiento cuidadoso de las transacciones que se efectuaron. Sin ignorar el hecho de que, en ocasiones, los gestores hurtaron al consejo información relevante, lo cierto que este nunca la reclamó. Además, autorizó expresamente la transacción Rhythms y las transacciones de tres de las cuatro Raptor, y no reaccionó cuando un informe del propio Finace Committee ya avisó en mayo de 2000 sobre el hecho de que una de las operaciones con las Raptor llevaba aparejado un riesgo de «escrutinio contable». Aunque resultase comprensible que algunos de los miembros del consejo no llegasen a entender el verdadero alcance de las transacciones sometidas a aprobación, ello no los eximía de responsabilidad, pues ninguno de ellos solicitó las pertinentes aclaraciones, ni encendió ninguna señal de alarma. De hecho, todo falló en lo relacionado con las transacciones entre Enron y sus participadas LJM. El Audit and Compliance Committee y, más tarde, el Finance Committee, que eran responsables de la supervisión y seguimiento periódico de tales transacciones, y tenían la experiencia necesaria para cumplir sus respectivas funciones con garantías, se limitaron a presentar a los consejeros informes demasiado breves y superficiales. Y el Compensation Committee aprobó sin problemas los desquiciados incentivos de Fastow por sus «servicios especiales». En resumen, el consejo de administración y, en particular, el Audit and Compliance Committee, falló, a juicio de «los dos miembros»

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del Special Investigative Committee, al no mantener una actitud más agresiva y vigilante, que hubiese permitido detectar o prevenir los abusos que se cometieron. d) Consultores profesionales externos. Las evidencias disponibles sugieren que Andersen no cumplió con sus responsabilidades profesionales en relación con la auditoría de las cuentas de Enron, ni con su obligación de advertir al consejo de administración de la compañía sobre la necesidad de establecer controles sobre las transacciones realizadas con las participadas extracontables no consolidadas. Asesoró en la transacción Rhythms, cometiendo un error al estructurarla como una SPE no susceptible de consolidación. También asesoró en la estructuración y tratamiento contable de las transacciones Raptor, percibiendo del orden de un millón de dólares por unas recomendaciones que se revelaron equivocadas en cuanto a la calificación contable de dichas transacciones, lo que obligó a realizar posteriores reestructuraciones de las mismas en marzo de 2001 que, finalmente, hubo que deshacer en septiembre de 2001, y que provocaron, en último término, una reducción de 1.200 millones de dólares de los recursos propios de la compañía. En relación con sus trabajos de asesoramiento en las transacciones con las participadas LJM y Chewco, Andersen percibió unos honorarios de 5,7 millones de dólares. Solo cabe añadir que existían motivos para que el consejo de administración se sintiese razonablemente tranquilo, dada la reputación y el buen juicio profesional de la compañía auditora, que era el icono de las llamadas big five. En cuanto a la firma Vinson & Elkins, consultor jurídico de cabecera de Enron, que ayudaba a la compañía en la elaboración de los informes financieros periódicos exigidos por la SEC y, también, en los correspondientes a las transacciones con las participadas fuera de libros, con el objetivo de que fueran legalmente suficientes, cabe manifestar que, aun cuando carecía de la necesaria experiencia y de los conocimientos exigibles en asuntos contables, debió ser una voz más objetiva y crítica en el proceso de elaboración de los informes presentados ante los organismos públicos y ante el mercado192. e) Empleados de Enron que invirtieron en las participadas LJM. Michael Kopper, colaborador de Fastow en el área financiera, Esta evaluación solo reflejó el punto de vista de Troubh y de Winokur, por cuanto Powers se abstuvo, dadas las relaciones de Vinson & Elkins con la University of Texas School of Law.

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se enriqueció de forma sustancial a expensas de Enron, aprovechando su papel en Chewco, Southampton Place y LJM2. Por no citar sino un ejemplo bien conocido, Kopper, sin contar con la autorización del consejo de administración, y violando el código de ética de la compañía, invirtió personalmente en Chewco 125.000 dólares, lo que le supuso un beneficio de 10 millones de dólares. Además de obtener rendimientos adicionales desconocidos, Kopper ofreció participaciones en Southampton Place a otros compañeros de Enron (Ben Glisan y tres empleadas de nivel medio-bajo). La frase final, con la que el informe cierra sus conclusiones, no tiene desperdicio: Las trágicas consecuencias de las transacciones con las participadas y los errores contables fueron resultado de fallos cometidos a muchos niveles y por muchas personas: una idea viciada, la obsesión de algunos empleados por su enriquecimiento personal, controles inadecuadamente ideados, implementación pobre, supervisión descuidada, errores contables simples (y no tan simples), y una cultura agresiva siempre dispuesta a propasarse e ir más allá de los límites. Creemos que muchas de estas [trágicas] consecuencias podrían y deberían haber sido evitadas.

Desde luego, en la fotografía panorámica que supuso el Informe Powers, el consejo de administración de Enron salió muy poco favorecido. Nada tiene de extraña la fulminante retirada de Lay, y las no tan inmediatas dimisiones del resto de sus miembros veteranos. El informe Levin193 El día 2 de enero de 2002, el senador Carl Levin anunció que el PSI iba a investigar el papel del consejo de administración en el colapso de Enron. En febrero fueron citados trece consejeros (Belfer, Blake, Chan, Duncan, Gramm, Jaedicke, LeMaistre, Mendelsohn, Ferraz Pereira, Savage, Wakeham, Walker y Winokur), y el 7 de mayo tuvo lugar una audiencia con dos paneles de testigos formados por cinco consejeros y tres expertos en contabilidad y gobernanza corporativa. Finalmente, el 8 de julio de 2002, el Subcomité presento su informe, en el que se llegaba a las siguientes conclusiones194: Accesible en su integridad a través de las páginas http://govt-aff.senate.gov/psi.htm, y www.findlaw.com. 194 Anticipadas el 7 de julio de 2002 en una nota de prensa de Carl Levin, PSI. 193

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a) Fracaso de confianza. El consejo de administración de Enron fracasó en la salvaguardia de los accionistas de Enron y contribuyó al colapso de la séptima compañía de Estados Unidos, permitiendo que Enron se comprometiese en prácticas contables de alto riesgo, transacciones viciadas por conflictos de intereses, extensas actividades extracontables ocultas, y compensaciones excesivas a los ejecutivos. El consejo fue espectador de numerosas indicaciones de prácticas cuestionables de los altos ejecutivos de Enron durante varios años, pero eligió ignorarlas en detrimento de los accionistas, empleados y socios de la compañía. b) Contabilidad de alto riesgo. El consejo de administración de Enron permitió a sabiendas la implicación de Enron en prácticas contables de alto riesgo. c) Inapropiados conflictos de intereses. A pesar de existir claros conflictos de intereses, el consejo de administración de Enron aprobó una disposición sin precedentes, permitiendo al director financiero constituir y gestionar los fondos privados LJM, que realizaron transacciones con Enron y se lucraron de Enron. El consejo ejerció de forma inadecuada la supervisión de las transacciones con LJM y el control de las compensaciones, y fracasó en la protección de los accionistas contra conductas desleales. d) Extensas actividades extracontables ocultas. El consejo de Enron permitió, a sabiendas, que la compañía encauzase miles de millones de dólares hacia actividades extracontables (fuera de libros) para hacer que su situación financiera pareciese mejor de la que era, y fracasó al no garantizar el adecuado conocimiento público de los compromisos extracontables sustanciales que contribuyeron al colapso de Enron. e) Compensaciones excesivas. El consejo de Enron aprobó compensaciones excesivas para ejecutivos de la compañía, falló al no amonestar a los ejecutivos por el drenaje acumulado de recursos líquidos causado por el pago de los incentivos y premios ligados a los planes de cumplimiento de objetivos de las unidades de negocio durante el ejercicio 2000, y falló también al no censurar o impedir el abuso cometido por el chairman y CEO Kenneth Lay, al disponer de una línea personal de crédito multimillonaria, financiada por la compañía. f) Falta de independencia. La independencia del consejo de administración quedó comprometida por los lazos financieros existentes entre la compañía y algunos consejeros. El consejo también falló al no asegurar la independencia del auditor de la compañía, permitiendo que Andersen prestase servicios internos de auditoría y consultoría mientras actuaba como el auditor externo de Enron.

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El informe se cierra con una conclusión demoledora en su última página: Los consejeros de Enron declaran que no se consideran responsables por las malas conductas que les fueron ocultadas. Pero el consejo estaba al corriente de mucho de lo que era inmoral […]. En la audiencia, el Subcomité identificó más de una docena de señales de alarma que debieron haber impulsado al consejo a formular preguntas duras, examinar políticas y considerar cambios de rumbo. Pero nadie prestó atención a las mismas. En demasiados casos, acompañando prácticas cuestionables y confiando en las presentaciones de los gestores y de los auditores, el consejo de Enron falló al no habilitar una supervisión prudente, así como las necesarias verificaciones y comparaciones que sus obligaciones fiduciarias requerían en una compañía de las características de Enron. Al fracasar en la habilitación de una supervisión suficiente, y no ser capaz de refrenar los excesos de los ejecutivos, el consejo de Enron contribuyó al colapso de la compañía, y tiene un tanto de responsabilidad por ello.

Ni que decir tiene que estas conclusiones no gustaron nada a los consejeros —o, mejor, exconsejeros— de Enron, quienes, acosados por demandantes que habían incoado pleitos civiles contra ellos, enviaron el 1 de agosto de 2002, a través del bufete Howrey, Simon, Arnold & White, un extenso escrito de 33 páginas a Carl Levin, en el que manifestaban su malestar por la filtración a los media del informe del SPI cuarenta y ocho horas antes de su presentación oficial, así como su desacuerdo con las conclusiones del mismo, que consideraban erróneas. La tesis de tal escrito era que siempre actuaron de buena fe en el mejor interés de Enron, y basándose en la información de la que disponían, facilitada por los gestores, en los que confiaban, y por consultores externos de la más alta reputación profesional. Pero se trataba, a mi juicio, de un necesario trámite, pues, aunque iba formalmente dirigido al Subcomité Permanente de Investigaciones, su objetivo era claramente defensivo de cara a los litigios en curso. Porque era vano alegar inocente ignorancia cuando las investigaciones del Subcomité habían descubierto, entre otras muchas cosas, que en una reunión del Audit and Compliance Committee, celebrada en Londres el 7 de febrero de 1999, los auditores de Enron describieron las prácticas contables de la compañía como de «alto riesgo». David Duncan, el jefe del equipo de auditoría de cabecera de Enron, informó al Comité que la contabilidad de Enron estaba «empujando límites», y que sus prácticas estaban en el «filo de lo aceptable». Ni uno solo de los consejeros, incluyendo a Robert Jaedicke, exprofesor de contabilidad de la Universidad de Stanford, que presidía dicho

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Comité desde hacía diez años, pusieron objeciones a los planteamientos descritos, solicitaron una segunda opinión, o exigieron la adopción de métodos más prudentes195. El informe Batson196 El 24 de mayo de 2002, el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York designó inspector judicial a Neil Batson, al que encargó una investigación pericial sobre las transacciones realizadas por Enron con las entidades de propósito especial y, en general, sobre todas las operaciones no registradas en los balances de la sociedad y cualesquiera otras que no estuviesen de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como sobre los individuos, instituciones o profesionales en ellas implicados. Batson entregó informes parciales y provisionales el 21 de septiembre de 2002, el 21 de enero de 2003 y el 30 de junio de 2003. El informe final está fechado el 4 de noviembre de 2003. El informe Batson examina minuciosamente, a lo largo de sus 137 páginas y siete apéndices, en qué grado se implicaron en las transacciones extracontables de Enron con las empresas de propósito especial, los empleados y altos ejecutivos de la misma —en especial, Lay y Skilling—, los auditores externos —Andersen—, los auditores internos —Derrick y otros—, los consultores jurídicos externos —Vinson & Elkins y otros—, el consejo de administración, y ciertas instituciones financieras —en especial, el Royal Bank of Scotland, el Credit Suisse First Boston, y el Toronto Dominion Bank—. También aventura posibles hipótesis sobre los respectivos grados de responsabilidad, que no de culpabilidad, de los empleados, consultores e instituciones en la realización de tales transacciones impropias, que jugaron un papel decisivo en la quiebra de Enron. Aunque el informe dedica un amplio espacio —páginas 119 a 136— a analizar el papel jugado por el consejo de administración (con expresa exclusión de Lay y Skilling) en la autorización y control de las transacciones con las entidades de propósito especial, sus conclusiones no son tan ásperas, Ver «Report prepared by the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs of the United States Senate», de fecha 8 de julio de 2000, páginas 16 y 17. Ver también artículo de John A Byrne, publicado en Business Week el 29 de julio de 2002, bajo el título «Commentary: No Excuses for Enron’s Board». 196 Ver United States Bankruptcy Court Southern District of New York, Chapter 11, Case No. 01-16034(AJG), «Final Report of Neal Batson, Court-Appointed Examiner», de fecha 4 de noviembre de 2003, páginas 119 a 136. 195

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desde el punto de vista formal, como las de los informes Powers y Levin. En efecto, se limita a decir que: Por diversos motivos, el consejo de administración no desempeñó una función efectiva de freno y contrapeso [en lo relacionado con las transacciones extracontables]. Tal fallo pudo ser consecuencia de: (i) una estrategia cuidadosamente orquestada por los altos ejecutivos de Enron; (ii) la falta de apoyo de Lay y de Skilling, en su calidad de directores ejecutivos, a sus compañeros de consejo; (iii) una ayuda inadecuada de otros altos ejecutivos de Enron [implicados en tales transacciones] ; (iv) la falta de atención del consejo a sus funciones de supervisión197; o (v) una insuficiente comprensión de cómo usaron los ejecutivos de Enron las transacciones extracontables.

El informe Lieberman En relación con las actuaciones del consejo de administración, «una de las primeras líneas de defensa contra la conducta directiva inmoral», este informe, tras hacer hincapié en las obligaciones y responsabilidades genéricas de los consejeros, en su carácter de fiduciarios de los intereses de los accionistas, con deberes de atención y lealtad, pasa a referirse de forma explícita a las conclusiones del informe Levin elaborado por el PSI, y en su página 29 hace la siguiente reflexión adicional: A pesar de su aparente falta de diligencia, los consejeros de Enron disfrutaron de compensaciones que figuraban entre las más altas ofrecidas a cualquier consejero corporativo del país. Tales compensaciones, pagadas en efectivo, acciones y opciones, fueron valoradas en el año 2000 en, aproximadamente, 350.000 dólares por consejero, más del doble de la media nacional Adicionalmente, algunos consejeros recibieron otro tipo de compensaciones o mantuvieron lazos financieros con Enron. No es sorprendente que un testigo experto, que compareció ante el PSI en una audiencia celebrada el 7 de mayo de 2002, opinase que todas estas remuneraciones podían haber comprometido la objetividad de los consejeros con respecto a la dirección ejecutiva.

A la vista de lo anterior, se comprende fácilmente el chaparrón de demandas por responsabilidad civil que cayó sobre los miembros del conse En la página 11 de su informe, Batson, tras precisar que no ha encontrado evidencias suficientes como para señalar con el dedo al consejo de administración de Enron, viene a decir que los Comités de Auditoría y Financiero abdicaron o no prestaron la necesaria y sostenida atención a las transacciones con las SPE, y no hicieron caso conscientemente a las señales de alarma que indicaban que los ejecutivos de Enron estaban escondiendo tales transacciones y diseminando información financiera engañosa.

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jo de administración actuante en el momento de la quiebra, y sobre otros miembros de consejos anteriores. La vía de la negociación se impuso, y, como veremos (Cuarta Parte, demanda Mark Newby), se llegó el día 7 de enero de 2005 a un acuerdo extrajudicial que afectó a todos los consejeros demandados, con exclusión de Lay y de Skilling. Aun cuando ninguno de los consejeros admitió haberse comportado de forma inmoral, el acuerdo lanzó un mensaje muy claro al mundo corporativo: ser consejero no es un honor y una bicoca, sino, más bien, una pesada carga. El «calentar el asiento» —de cuero, por supuesto— una docena de veces al año ya no es suficiente; hoy hay que implicarse a fondo y estar dispuesto a asumir graves responsabilidades penales y patrimoniales por acción u omisión. Y esto supone, aparte de preparación técnica adecuada y de independencia suficiente, valentía, amor al riesgo, gran dedicación y permanente alerta; porque los intereses de los más altos gestores no coinciden ni coincidirán nunca con los de los accionistas, aunque ingenua o farisaicamente se proclame a voz en cuello lo contrario. La proteica corrupción, inherente al ejercicio del poder, acaba aflorando siempre por donde menos se la espera. Los auditores La responsabilidad de Andersen en el colapso de Enron ha quedado ya suficientemente acreditada. Por una parte, actuó como espabilado —y, a veces, chapucero— consultor, asesorando a Enron sobre la forma más inteligente de eludir el pago de impuestos, y sobre el modo de sortear la normativa contable, especialmente en todo en lo relacionado con las participadas fuera de libros, en cuyo montaje jugó un papel importante. Y, por otra, lo hizo como benévolo auditor externo, que supo «hacer la vista gorda» cuando las circunstancias así lo exigieron. Este evidente conflicto de intereses no devino en guerra interna, pues los más altos ejecutivos de Andersen ya se encargaron de derribar las presuntas murallas invisibles existentes entre sus áreas de auditoría y de consultoría, llegando a despedir a algún auditor incómodo que se negó a aceptar semejante enjuague. Es cierto que la actividad de consultoría resultaba en aquella época, para las big five en su conjunto, mucho más lucrativa que la de auditoría198, y los conflictos de intereses eran muy frecuentes. Pero Enron era para Andersen un cliente muy especial, al que facturaba prácticamente lo mismo por ambos conceptos. Durante el año 2000 se embolsó 25 y 27 millones de dólares por Se ha estimado que por cada dólar que las big five ganaban en su trabajo ordinario de auditoría pura, obtenían 2,69 dólares en sus trabajos de consultoría.

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trabajos de auditoría pura y por servicios de consultoría de amplio espectro, respectivamente. Aquí el problema no era simplemente, como en otras firmas, el que el área de consultoría tendía a imponerse a la de auditoría o, al menos, lo intentaba. En Andersen, de lo que se trataba era de mantener a toda costa y a cualquier precio, todos a una, su segunda fuente más caudalosa de honorarios, en unos momentos en que, tras vivir la desgarradora escisión de Andersen Consulting —hoy, Accenture—, había pasado a ser la más pequeña de las big five, y estaba perdiendo muchas cuentas. De ahí que, ante el dilema de decir «adiós» a su segundo mejor cliente, o hacer dejación de sus altos valores éticos fundacionales, poniendo en gravísimo riesgo su buena reputación como «conciencia» de la profesión auditora, optase por lo segundo. ¿No sintió vértigo al tomar tan letal determinación? Pues, según parece, no demasiado. Al fin y al cabo, no se trataba sino de dar un paso más en la dirección torcida que, de alguna forma, ya había elegido a comienzos de la década de los noventa de la pasada centuria, y que la llevó inexorablemente a la pérdida de la inocencia y, también, de la vergüenza. Elegido este rumbo, la calidad de sus trabajos de auditoría se fue degradando, con importantes consecuencias comerciales (pérdida de cuota de mercado) y graves repercusiones legales199. Los casos de Sunbeam, Waste Management, y The Baptist Foundation of Arizona, son bien conocidos. En junio de 2001, Andersen tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial con los accionistas de Sunbeam, que la habían demandado por haber permitido que dicha empresa —quebrada en febrero de 2001— falsificase sus estados contables, exagerando sus beneficios durante el período 1997-1998. Tal acuerdo le supuso a Andersen el pago de 110 millones de dólares. En junio del mismo año, Andersen tuvo que pagar una multa de 7 millones de dólares a la SEC por emitir informes de auditoría falsos y engañosos sobre los estados contables de Waste Management, la cual había inflado en miles de millones de dólares sus beneficios durante el período 1993-1996. Y, en marzo de 2002, tuvo que comprometerse a pagar 217 millones de dólares a los inversores del fondo Baptist Foundation, por no haber informado de la existencia de una gigantesca deuda que lo llevó a la quiebra en 1999. Pero Andersen no había tocado fondo, ni muchísimo menos. En efecto, ya con el agua al cuello por su papel en Enron, se vio gravemente implicada en otros grandes escándalos financieros que estallaron a comienzos de 2002: Global Crossing, Qwest, Ver, por ejemplo, el estudio titulado «La tragedia de Andersen: Cómo la mala reputación puede acarrear la muerte de una empresa», Alejo José G. Sison, Cátedra Rafael Escolá de Ética Profesional (TECNUN) y director académico del Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra.

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WorldCom… Y clientes veteranos como Delta Airlines, Freddie Mac, y Merk, lo despidieron sin contemplaciones en marzo de aquel funesto año. Así las cosas, ¿cabe atribuir, como algunos han hecho, la muerte de Andersen solo a un pretendido mal comportamiento de un puñado de manzanas podridas de la delegación de Houston, bien dispuesta a acomodarse a las necesidades de su cliente200? En absoluto. Como ya se ha dicho, se habían detectado otros muchos casos de malas prácticas por parte de Andersen. Se sospechaba, con fundamento, que una grave enfermedad moral afectaba a su núcleo duro, a su corazón. Así, una empresa a la que antaño se supuso agraciada con el doble don de la independencia y del rigor, se precipitaba hacia el abismo del descrédito. Porque no se trataba de la existencia de unas pocas manzanas podridas; se presumía que la podredumbre afectaba a todo el cesto201. Pero, dicho todo esto, Andersen podría, tal vez, haber evitado su lamentable final, si no hubiese cometido un error capital. En vez de asumir su responsabilidad, prometer un radical cambio de rumbo, pedir indulgencia, y ofrecer colaboración a la justicia, procuró, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación —¡su único activo!—, derivar responsabilidades hacia Enron —que le había ocultado dolosamente información crucial—, y hacia el equipo auditor de cabecera en Houston —que había destruido información presuntamente comprometedora por su cuenta y riesgo—. Esta postura de ceguera arrogante molestó a los comités de investigación del Congreso. En efecto, en el repetidamente citado informe Lieberman se lee202: Una de las mayores preocupaciones en relación con Andersen [uno de los perros guardianes del sector privado] en su papel de auditor de Enron ha sido no mostrar suficiente independencia y objetividad en el descargo de sus responsabilidades. […] Resulta difícil comprender cómo unos ingresos tan altos por servicios de consultoría [27 millones de dólares en el año 2000] pueden no haber supuesto un serio conflicto de intereses para Andersen. Pero, haciendo caso omiso de la causa, el resultado es claro: los auditores de Enron fallaron en el desempeño de su papel de verificadores de la corrección de los libros de dicha compañía. La tendencia de Andersen a acomodarse a las necesidades de Enron era bien notoria, y las órdenes no podían proceder de Houston, sino del cuartel general de Chicago. Una buena prueba de la degradación del sistema de valores corporativos de Andersen, y de su falta de independencia, fue el despido, a demanda de Enron, de uno de sus auditores por cuestionar todo el entramado de empresas de propósito especial, y mostrarse reticente sobre las agresivas prácticas contables de dicha compañía. 201 «Enron y Andersen: ¿sólo algunas manzanas podridas o todo el cesto?», Ética Empresarial, Universia Knowledge Wharton, febrero de 2003. 202 Página 28. 200

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Esta empecinada ceguera enfureció, sobre todo, a los fiscales federales, que decidieron acusar a la empresa como persona jurídica —cosa insólita—, y no a personas físicas concretas; se trataba de dar un escarmiento ejemplar a un presunto guardián de la confianza pública, que había traicionado sus deberes más sagrados. Lo que ocurrió a continuación, estaba cantado: enjuiciamiento, veredicto de culpabilidad, y sentencia que supuso el final de la compañía (ver capítulo 13). Pero la jueza no sentenció a una empresa, sino a un cadáver corporativo. ¿Por qué los fiscales federales actuaron contra Andersen, y no lo hicieron, por ejemplo, contra Enron, o WorldCom? Pues, sencillamente, porque no tiene mucho sentido juzgar a una empresa insolvente y en quiebra, en claro perjuicio de los acreedores, que verán mermada su capacidad de resarcimiento en la cuantía de los costes judiciales y de las sanciones que establezca la sentencia. ¿Y si la empresa no está ni mucho menos en quiebra, sino que goza de una espléndida salud, como era el caso de Citigroup, JP Morgan Chase, y tantas otras instituciones financieras presuntamente implicadas en la comisión de graves delitos corporativos? Pues tampoco, porque la vía criminal no es la mejor solución. Es siempre preferible llegar a acuerdos extrajudiciales, que, como ya se ha dicho antes, no inculpan a la empresa —a cambio del pago de cuantiosas multas—, pero sí permiten el procesamiento de sus más altos ejecutivos, que son quienes cometen los delitos de cuello blanco. Así se evita que resulten grave e irreversiblemente perjudicados los intereses de los trabajadores y otras partes concernidas, del todo irresponsables de las conductas impropias de directivos equivocados, avariciosos y enloquecidos. Lo que ocurrió con Andersen fue, sin duda alguna, un castigo simbólico y ejemplarizante, en unos momentos en que una oleada de escándalos financieros de enorme calado había destruido la confianza de los mercados. Castigar de forma bien visible y severa a uno de los principales guardianes de la confianza era, quizás, una decisión inevitable. En todo caso, disquisiciones metafísicas aparte, son muchos quienes opinan que las empresas, simples personas jurídicas, no delinquen en el sentido estricto de la palabra; quienes lo hacen son personas físicas que trabajan en ellas. Esto no quiere decir que la empresa no pueda ser demandada. Pero no por la vía penal, porque, ¿qué sentido tiene imputar intencionalidad —lo que implica conciencia moral— a una entidad que, al fin y al cabo, no es sino un simple artilugio jurídico? Lo ocurrido con Enron, WorldCom, y una pléyade de bancos de inversión despeja cualquier duda al respecto. Los fiscales federales (el fiscal general

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de Nueva York, Eliot Spitzer —el «intocable» Eliot Ness de la «mafia financiera»—, los integrados en la Enron Task Force, y otros) prefirieron pactar con las empresas el pago de multas, y castigar con dureza a sus directivos corruptos. Era pragmático y, sobre todo, justo. Andersen no fue la única víctima de sus propios errores; de hecho, la integridad de la función auditora, sobre la que ya se cernía desde hacía tiempo la sombra de la sospecha, resultó gravemente cuestionada. Durante meses, el sistema de autorregulación de las empresas de auditoría203 fue duramente criticado, y desde muy diversas instancias se consideró imprescindible la separación de las funciones de consultoría y de auditoría, con el fin de prevenir posibles conflictos de intereses. La ley SarbanesOxley vino a consagrar tal separación, y decretó el final de su sistema de autorregulación. La SEC En el informe Lieberman, la SEC es considerada como la institución pública que tuvo la máxima responsabilidad dentro del sistema público-privado de vigilancia y supervisión de los mercados financieros. Creada a raíz del crash bursátil de 1929, con el propósito de restablecer la confianza en el mercado de capitales norteamericano, su misión fundamental es proteger a los inversores y asegurar que la integridad presida el funcionamiento de la bolsa, tal como quedó establecido en la Securities Act de 1933 y en la Securities Exchange Act de 1934. Lo que se perseguía era que todos los inversores pudieran tener acceso a la información básica de las empresas cotizadas. En ese sentido, se estableció la obligatoriedad por parte de tales empresas de presentar periódicamente unos informes trimestrales (los 10-Q) y anuales (los 10-K) sobre su situación financiera. El informe Lieberman describe de forma minuciosa el resultado de las comparecencias de funcionarios de la SEC, a lo largo de las cuales se denunció la falta de medios de dicha Comisión, que le impidió cumplir puntualmente con sus obligaciones. Se supo, por ejemplo, que su Corporation Finance Division era incapaz de revisar a fondo los informes que recibía en cantidades ingentes, lo que le obligaba a establecer prioridades. Y como lo más perentorio era despachar las IPO (Initial Public Offerings) presentadas por las nuevas sociedades que deseaban salir a bolsa, las revisiones de los informes 10-Q y Desde 1977, las empresas de auditoría se autorregulaban en Estados Unidos mediante un sistema de evaluaciones mutuas. Por ejemplo, Deloitte & Touche dio su aprobación a Andersen poco antes de que estallase el escándalo Enron.

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10-K sufrían considerables demoras o, pura y simplemente, no se realizaban. En 1991, solo se revisaron el 16% de los informes anuales registrados. Tampoco disponía de recursos suficientes la Division of Enforcement, responsable de investigar los fraudes financieros. En estas condiciones, las revisiones se demoraban en torno a tres años, en especial en el caso de las grandes empresas con las que no se habían tenido experiencias negativas. En el caso concreto de Enron, la SEC reconoció que sólo se revisaron a fondo cuatro de los informes 10-K (los de 1991, 1995, 1996 y 1997), y ello, además, porque en tales años se habían producido hechos relevantes que exigían una intervención de oficio; por ejemplo, adquisiciones como la de Portland General Electric Company. No se revisaron los informes 10-K de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, a pesar de que este último contenía la nota a pie de página 16 —que más tarde se haría famosa— y, además, incluía otras notas confusas, así como una lista de filiales de cincuenta páginas, la mayor parte no consolidadas en el balance de la compañía. En aquel momento, aunque causó cierta sorpresa al técnico que ojeó el informe, no lo consideró sospechoso, ni apreció en él indicios de fraude contable, sino la prueba de la creciente complejidad de los negocios de la compañía. Y como no había motivos para sospechar, procedió a archivarlos, y se programó como prioritaria la revisión del informe 10-K correspondiente al ejercicio 2001, la cual se realizaría… a partir del 1 de abril de 2002. Sin duda, la fe en Enron era extrema: solo se le revisaban —eso sí, «a fondo»— uno de cada cuatro informes (uno sí y los tres siguientes no, y vuelta a empezar, con carácter de rutina). Ni que decir tiene que el informe 10-K del ejercicio 2001 nunca llegó a ser presentado. Naturalmente, cuando la prensa empezó a denunciar el fraude, la SEC abrió el correspondiente expediente investigador. Lo malo es que la SEC ya no podía exhibir diligencia sino reconocer la falta de ella. También salieron a relucir a lo largo de las comparecencias la autorización dada a Enron para utilizar la contabilidad mark-to-market204, así como las exenciones que se le concedieron para quedar al margen de ciertos requisitos establecidos en la PUHCA y en la Investment Company Act de 1940, cuyo cumplimiento le resultaba a la compañía incómodo y lesivo para sus intereses. Enron solicitó de la SEC autorización para utilizar este tipo de contabilidad en sus operaciones con productos energéticos el 11 de junio de 1991. El 30 de enero de 1992, la SEC autorizó tal utilización con efectos primer trimestre de 1992. Enron se limitó a contestar que ya la había aplicado con efectos 1 de enero de 1991. Aunque semejante desfachatez debió poner en guardia a la SEC, esta no tomó ninguna medida; debieron pensar que «sus razones tendría».

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En su página 63, el informe Lieberman concluye, énfasis añadido: En el caso Enron —y en los colapsos corporativos que le han seguido— hemos apreciado una ruptura fundamental es este sistema [el sistema público-privado de vigilancia y control del mercado financiero]. Evidentemente, la SEC no puede endosar a los auditores ni al consejo de administración la parte de león de la responsabilidad que supone el asegurar un comportamiento público honesto de las finanzas de la compañía, tal como se asume en la legislación sobre valores. Así, aun cuando nuestra investigación establece que no hubo una conducta impropia intencionada de la Comisión con respecto a Enron, el staff del Comité ha llegado a la conclusión de que su enfoque de radical no intervención (handsoff) en los asuntos de la compañía —combinado con el fallo de los auditores y del consejo de administración en el desempeño de sus funciones— hizo posible que fluyese al mercado información inexacta e incompleta, originando pérdidas financieras significativas para miles de empleados y un número mucho mayor de inversores. Desgraciadamente, la SEC tiene razón al cuestionar si los auditores y el consejo de administración desempeñaron los papeles que el sistema les tenía asignados a lo largo de la década de los noventa —y, ciertamente, es cuestionable— pero aun así la Comisión hizo muy poco por ajustar su propio papel para llenar el hueco. El fallo del enfoque de la SEC se hace del todo evidente en sus limitadas interacciones con Enron —valgan como ejemplo la escasez de revisiones de sus estados financieros, que le debieron haber planteado preguntas, y su fallo al no controlar los efectos de la autorización dada a la compañía para cambiar al método de contabilidad mark-to-market—.

Ciertamente, el informe Lieberman se mostró muy duro con el lamentable papel jugado por la SEC, y, aunque recomendó la adopción de medidas para reforzar su estructura, la acusó veladamente de falta de diligencia y, sobre todo, de haber practicado una política de no intervención en los asuntos corporativos, que propició la mala conducta directiva en un ambiente dominado por la sensación de que nadie vigilaba.

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Capítulo 11 EL FALLO DE LOS GUARDIANES SISTÉMICOS SECUNDARIOS El mundo está lleno de ciegos con los ojos abiertos. André Suarès, Le voyage de Condottiere

El informe Lieberman, aparte del comportamiento de los tres grupos de perros guardianes con obligaciones legales (la SEC, los auditores, y el consejo de administración), a los que acusa de fallos catastróficos, examina el de otros dos grupos de perros guardianes sin obligaciones legales explícitas, a saber: el de los analistas de valores de Wall Street, y el de las agencias de calificación de riesgos crediticios. Considera que ambos grupos «fallaron con sus informes inexactos sobre las condiciones de la compañía, en detrimento de la inversión pública». Veamos en qué consistieron tales fallos. Los analistas de valores de Wall Street Para evitar equívocos, conviene advertir desde el principio que, en lo que sigue, cuando hable de «analistas de valores» o, simplemente, de «analistas», me voy a referir, como hace el informe Lieberman, única y exclusivamente a los analistas que trabajan para bancos de inversión o grandes firmas de corretaje, es decir, a los denominados sell-side analysts en la jerga financiera norteamericana. Y es que hay otros dos tipos de analistas de valores: los buy-side (que trabajan para los fondos mutuos y de pensiones), y los independents (que lo hacen como profesionales independientes especializados en bolsa). Los analistas de valores —adscritos a las correspondientes divisiones de análisis e investigación bursátil de los bancos de inversión— tienen, en general, un idioma sumamente escueto para formular sus recomendaciones sobre las acciones de una empresa que, aun cuando presenta pequeñas diferencias según la firma, suele constar, como máximo, de cuatro expresiones califica-

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doras, a saber: strong buy («comprar fuerte»), outperform o buy («comprar»), neutral o hold («mantener» o «conservar»), y sell («vender»), las cuales se utilizan para indicar que, a lo largo de los doce meses próximos, cabe esperar que la cotización de la acción experimente un incremento de un 15% o más, de un 10% o más, se mantenga estable, o decline, respectivamente. De todas formas, tras Enron y demás catástrofes, los legisladores propusieron correcciones y simplificaciones que se van abriendo paso poco a poco. Tales recomendaciones o calificaciones ayudan a los clientes de las firmas, tanto privados como institucionales, a tomar sus decisiones de inversión. El informe Lieberman da comienzo205 a su incisivo análisis del comportamiento de los analistas de valores y, por ende, de los bancos de inversión para los que trabajaban, con una demoledora frase pronunciada por Arthur Levitt, expresidente de la SEC206, en una audiencia ante el Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado celebrada el día 27 de febrero de 2002 bajo el lema The Watchdogs Didn’t Bark: Enron and the Wall Street Analysts («Los perros guardianes no ladran: Enron y los analistas de Wall Street»). Dicha frase reza así: «I think Wall Street sell-side analysis has lost virtually all credibility». Y es que, hasta la quiebra de Enron, el crédulo y confiado público pensaba que las recomendaciones de los analistas eran exactas, imparciales, fiables y seguras. El descubrimiento de que sus escuetos dictados no eran, muy a menudo, manifestaciones sinceras, sino simples eufemismos, provocó notable escándalo y pérdida de confianza en la solidez de uno de los pilares del mercado bursátil. El informe Lieberman pone de manifiesto que, cuando había sobrados motivos para la alarma, los analistas de valores de Wall Street, al igual que otros perros guardianes del sistema financiero, no ladraron. ¿Por qué actuaron de tal forma? Veamos ante todo cuál era su forma habitual de trabajo «analítico». Especializados en un conjunto de empresas pertenecientes a un determinado sector industrial, recopilaban información general sobre la industria y seguían de cerca la marcha de las empresas que caían dentro del ámbito de su Página 69. El Informe dedica las páginas 69 a 97 a analizar minuciosamente el papel de los analistas de valores. 206 Levitt fue chairman de la SEC desde julio de 1993 a febrero de 2001. Su denuncia profética de los graves problemas que aquejaban al sistema económico-financiero norteamericano, y de la falta de medios de la SEC para ponerles coto, le granjearon la enemistad del Congreso. Le sustituyó en agosto de 2001 Harvey Pitt, un abogado especializado en el mercado de valores, y ardiente defensor de los grandes bancos de inversión y de las compañías de auditoría, al que le encantaba disertar sobre «darwinismo corporativo». Barrido por la avalancha de escándalos financieros, fue cesado en noviembre de 2002. 205

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competencia. También participaban regularmente en las conferencias informativas convocadas por las empresas, asistían a la presentación in situ de proyectos especiales, y mantenían eventuales contactos personales con altos directivos de las mismas. De toda esta información, y del análisis de la documentación financiera facilitada trimestralmente a la SEC (los informes 10-Q y 10-K), emanaban —al menos, en teoría— sus evaluaciones del trimestre ya vencido, que les permitían formular sus sinópticas recomendaciones, y establecer sus conjeturas sobre el rendimiento de las acciones, expresado, generalmente, en términos del ratio EPS (earnings per share), que cabía esperar para el trimestre siguiente. Pues bien, al estudiar el caso concreto de Enron, se comprueba que nada hay más alejado de la teoría que la práctica. En efecto, la elite de analistas de valores, enamorada al parecer desde hacía tiempo de la compañía, no modificó, o no lo hizo de forma sustancial, sus recomendaciones a lo largo del nefasto año 2001 y, sobre todo, durante el crítico período octubre-diciembre, con las cotizaciones en caída libre. Ni las declaraciones que Lay realizó el 16 de octubre, ni la batería de artículos del periódico The Wall Street Journal sobre el descubrimiento de las participadas extracontables, ni el expediente abierto por la SEC, ni la reformulación de cuentas anunciada el 8 de noviembre, ni el hecho cada vez más evidente de que Enron era una especie de «caja negra» con licencia para proteger y mantener oculta la forma en que generaba el dinero (el caso más insólito que conozco de desfachatez corporativa consentida), movieron a muy reputados analistas de valores a modificar su visión optimista de las perspectivas de la compañía. En concreto, el 7 de agosto de 2001, de los 15 principales analistas que cubrían Enron207, 13 recomendaron «comprar fuerte» o «comprar». El 17 de octubre de 2001, al día siguiente de estallar públicamente el escándalo financiero, los 15 analistas recomendaron «comprar fuerte» o «comprar». El 24 de octubre, con Fastow dimitido, 12 de los 15 analistas siguieron haciendo idéntica recomendación. El 31 de octubre, cuando Enron anunció que la SEC había abierto una investigación formal sobre participadas extracontables, 10 analistas siguieron recomendando «comprar fuerte» o «comprar», estando como estaba la cotización a 13,90 dólares, menos de la mitad de la registrada el primer día del mes. El 8 de noviembre, día del anuncio de la reformulación de las cuentas de los últimos cinco ejercicios, los 10 analistas mantuvieron el Se trata de los analistas de las mayores firmas, a saber: A.G Edwards, Bank of America Securities, Bernstein, CIBC, Citigroup Salomon Smith Barney, Credit Suisse First Boston, FAC Equity, Fulcrum Partners, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Prudential, Sanders Morris, UBS Warburg.

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tipo, es decir, su recomendación. El 28 de noviembre, cuando la calificación crediticia de Enron pasó de la categoría de inversión a la categoría de basura, al conocerse el fracaso del proyecto de fusión con Dynegy, con la acción cotizando a 61 centavos de dólar, 4 analistas mantuvieron su recomendación de «comprar fuerte» o «comprar». Y, después del 2 de diciembre, fecha de la quiebra de Enron, solo 2 analistas recomendaron «vender», mientras que 7 recomendaron «mantener», y tan solo uno «comprar». Ante este sorprendente comportamiento, el Comité de Asuntos Gubernamentales, en la ya citada audiencia celebrada el 27 de febrero, requirió la comparecencia de cuatro de los más destacados analistas (Richard Gross, de Lehman Brothers; Anatol Feygin, de JP Morgan Chase; Curt Launer, de Credit Suisse First Boston, y Raymond Niles, de Citigroup Salomon Smith Barney), los cuales fueron invitados a explicar los motivos de su confianza en las acciones de Enron, a pesar de su caída en barrena. Richard Gross, quien emitió su última recomendación el 24 de octubre de 2001, dando a las acciones de Enron la calificación de «comprar fuerte», la máxima de su firma, se limitó a manifestar en su correspondiente informe interno que «[…] lo que está ocurriendo no era el fin del mundo […] Pensamos que los inversores deben actuar con un poco de coraje y comprar acciones de forma agresiva»208. Gross mantuvo su recomendación hasta el 7 de diciembre. Su explicación al Comité fue que Lehman Brothers estaba asesorando a Dynegy en su proyecto de fusión con Enron, y tenía que facilitar el trabajo de su firma. Anatol Feygin mantuvo hasta el día 24 de octubre la recomendación de «comprar», la máxima calificación de JP Morgan Chase, aun cuando la degradó al día siguiente, dejándola en «comprar a largo plazo». Según manifestó Feygin en su informe interno, la apariencia de «comportamiento impropio» por parte de Enron causó mucho daño a sus acciones y «las reservas de los inversores para comprarlas estaban justificadas», pero, a pesar de todo, «continuaba teniendo confianza plena en que la implicación de Fastow en los controvertidos vehículos financieros fuera de balance había sido apropiada…»209. Feygin mantuvo su recomendación hasta que JP Morgan Chase declinó dar cobertura crediticia a Enron el 29 de noviembre de 2001, y se apeó en marcha de la operación de salvamento in extremis, montada junto con Citigroup. Informe Lieberman, página 73. Ibíd., página 74.

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Raymond Niles mantuvo hasta el 26 de octubre la calificación de «comprar», la más alta en su firma. Pero a partir de esta fecha la degradó dos niveles de golpe hasta neutral («mantener»), lo que significaba una apuesta por la estabilidad de la cotización de Enron durante los siguientes doce meses. Niles argumentó, al emitir su recomendación, que, aun cuando seguía pensando que el desenlace sería el resurgimiento de Enron, no dejaba de considerar que existía una alta probabilidad de un desenlace desastroso. Incluso tras la quiebra de Enron, Citigroup Salomon Smith Barney mantuvo la calificación neutral para las acciones de Enron210. Curt Launer mantuvo su calificación «comprar fuerte», la máxima de Credit Suisse First Boston (CSFB), hasta el 29 de noviembre de 2001. En un informe interno, de fecha 19 de octubre de 2001, Launer dejó escrito que «las llamadas participadas LJM han sido totalmente declaradas en los estados financieros de Enron, y objeto de cuidadoso escrutinio por parte de su consejo de administración, y de auditores y asesores jurídicos externos. […] Considerando las declaraciones realizadas y su apropiado tratamiento contable […] consideramos que el ambiente de sentimientos negativos sobre estas cuestiones se disipará con el tiempo»211. El 29 de noviembre, Launer degradó a hold («mantener») la calificación de CSFB de las acciones de Enron. A la vista de tales manifestaciones, realizadas por grandes figuras del análisis bursátil, cabe cuestionarse el porqué de su cuasi inquebrantable fe en una sociedad que se despeñaba sin remedio a una velocidad de vértigo. El informe Lieberman identifica tres factores que pudieron afectar a la objetividad de las recomendaciones de los analistas: su tendencia innata al optimismo; su sistema de compensaciones; y la presión que sus propias firmas ejercían sobre ellos212. a) Tendencia al optimismo. Estudios solventes mostraron que el claro sesgo apreciado en el caso Enron hacia la recomendación «comprar», se manifestó en la totalidad del mercado de valores. En efecto, durante el año 2001, dos tercios de las recomendaciones de los analistas fueron «comprar», casi un tercio fue «mantener», y solo un misérrimo 2% fue «vender». La tendencia de los analistas a formular recomendaciones demasiado optimistas, a ver un mundo color de rosa, era más que evidente. Pero ¿existían razones técnicas sólidas que apoyasen tal visión? Hoy está muy claro que no. De hecho, desde el pinchazo de la burbuja tecnológica en marzo de 2000, la caída de la bolsa había sido Ibíd., página 75. Ibíd., página 75. 212 Ibíd., páginas 81 a 89. 210 211

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imparable. Por ejemplo, el muy representativo índice bursátil S&P 500 (que incluye las 500 empresas más representativas de los 123 principales grupos industriales de Estados Unidos) había caído desde el nivel 1.500, en julio de 2000, hasta un nivel por debajo de 1.000 —966 para ser exactos—, el 21 de septiembre de 2001, día de reapertura del NYSE tras los atentados terroristas del 11-S. A pesar del rebote que se produjo durante un par de meses, de índole fundamentalmente psicológica, nada invitaba al optimismo. Entonces ¿qué es lo que ocurría? Pues, sencillamente, que el extraordinario empuje de la «nueva economía» iba apartando sin contemplaciones de su camino cuantos estorbos legales dificultaban su fascinante galopada213 y, a la vez, debilitando los escrúpulos de no pocos profesionales que se enfrentaban diariamente a clamorosos conflictos de intereses. Y este era el caso de los analistas de Wall Street, y de los especialistas en operaciones de banca de inversión, que cohabitaban bajo el mismo techo —léase logotipo—, «separados» por una especie de invisible Gran Muralla China, o muralla moral, que había erigido la capacidad de «autorregulación» de estas dos agrupaciones de profesionales, y que presuntamente impedía que se repitieran actuaciones tan obscenas como las que dejó al descubierto el crash bursátil de 1929. Pero, tras la oleada de escándalos financieros, se pudo comprobar que tan virtual y virtuosa, por insalvable, muralla ya no separaba nada. Al principio, los analistas, gravemente contagiados por el optimismo radical e irracional que anidaba en la bolsa, especialmente durante los últimos años de la década de los noventa, creían mucho, estudiaban poco, y analizaban nada; confiaban sobre todo en su instinto, que, lamentablemente, se había institucionalizado. A partir de marzo de 2000, plenamente conscientes del enorme daño que el pinchazo de la burbuja tecnológica estaba haciendo al negocio de sus firmas, no quisieron echar más leña al fuego, Puro estorbo era, por ejemplo, la veterana ley Glass-Steagall, que consagró en 1933 la separación de las actividades de la banca de inversión y de la banca comercial, en un intento de evitar los flagrantes conflictos de intereses que tanto contribuyeron al crash bursátil de 1929. El 7 de abril de 1998, Citicorp —un gran banco de inversión— y Travelers Group —un gran conglomerado de negocios, que incluía banca comercial y compañías de corretaje y de seguros— se fusionaron para crear Citigroup Inc., la primera compañía norteamericana de servicios financieros. La fusión era ilegal, pero los CEO de las dos corporaciones fusionadas consideraron que podían cambiar una ley sumamente incómoda por la vía de los hechos consumados. Y, desde luego, pudieron. Tras un eficacísimo proceso de cabildeo, el 12 de noviembre de 1999 el presidente Clinton rubricó la ley Gramm-Leach-Bliley, que vino a derogar la ley Glass-Steagall y a honestar una fusión impropia.

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y procuraron aportar su granito de arena a la gran tarea que suponía la recuperación de la confianza del inversor. Y, tal vez —solo tal vez—, pensaron que lo mejor que podían hacer para animar al mercado era suavizar aún más sus recomendaciones, o, mejor aún, sesgarlas hacia la gama más alta de las calificaciones; y así, se convirtieron en fervorosos profetas del «comprar». Pero, dado este primer paso, que suponía defender el boyante negocio de banca de inversión, al precio de forzar la verdad, el segundo paso estaba cantado. Sus compañeros del área de servicios de banca de inversión necesitaban colocar acciones de empresas deseosas de cotizar en el mercado de valores, muchas de ellas simples filiales de grandes clientes tipo Enron, que proporcionaban un negocio muy lucrativo a sus firmas (asesoramiento en las IPO —Initial Public Offerings— de sus participadas, consultoría financiera en las operaciones de fusión y de adquisición, diseño de —y participación en— operaciones basadas en el manejo de productos estructurados de naturaleza financiera y comercial, etcétera). El calificarlas suponía una gran responsabilidad, por cuanto decir la verdad equivalía en muchos casos a sentenciarlas a muerte antes de que hubieran nacido para el mercado. Y decidieron mentir, y convivir a diario con el conflicto de intereses, dejando olvidados encima del piano no solo la profesionalidad sino, también, el decoro. El primero en sospechar de que en el seno de la gran banca de inversión no pocos analistas emitían informes y recomendaciones intencionadamente sesgados, para que sus compañeros del área de Investment Banking pudieran vender a inversores incautos y confiados acciones de empresas de pésima calidad (considerados «pedazos de boñiga»), fue Eliot Spitzer, fiscal general de Nueva York, quien, tras un largo año de investigaciones, detectó en Merrill Lynch, a mediados de 2001, correos electrónicos internos y externos con textos muy comprometedores. De todas formas, existían analistas independientes, que sí ladraron cuando apreciaron que Enron no era trigo limpio. Ladró, por ejemplo, como ya sabemos, Off Wall Street Consulting Group, una firma de análisis bursátil independiente, con sede en Cambridge, Massachusetts, la cual, en un informe de investigación fechado el 6 de mayo de 2001 —casi siete meses antes de la quiebra de Enron—, consideró que las acciones de la compañía valían en realidad menos de la mitad de su precio en bolsa (60 dólares en aquel momento), y recomendó a sus clientes vender de inmediato. Los principales argumentos de Off Wall Street para sostener semejante tesis fueron: el progresivo declive del margen de beneficios de Enron, debido a la

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creciente liquidez y menguante volatilidad de los mercados energéticos; la escasa o nula rentabilidad de muchos de los activos de la compañía; y la sospecha de que Enron estaba hinchando artificialmente sus beneficios mediante extrañas transacciones con participadas fuera de libros, gestionadas por el propio Fastow. Desde luego dieron en el centro de la diana. b) Sistema de compensaciones. Otro factor que pudo influir en el comportamiento de los analistas fue su sistema de compensaciones, que incentivaba claramente la formulación de calificaciones altas. En efecto, menos del 25% de su retribución era fija, es decir, más del 75% era puramente variable, y dependía del éxito global de su firma. Por supuesto, calificaciones bajas implicaban presuntas —y con frecuencia muy reales— pérdidas de operaciones y de oportunidades de negocio para sus firmas. Así las cosas, si sus respectivas firmas, que peleaban con dureza por prevalecer, ganaban mucho dinero, los analistas comprensivos también lo hacían. Y ser comprensivos o colaboradores significaba ser proclives al dictado «comprar fuerte» o «comprar»; las recomendaciones «mantener», y mucho más «vender», eran casi una provocación, y podían acarrearles graves problemas laborales. Y es que unas bonificaciones basadas de forma sustancial en el volumen de comisiones obtenido por la firma en sus prósperas actividades de banca de inversión, y muy poco en las magras comisiones de corretaje, constituían un incentivo poderosísimo para que los analistas colaborasen con entusiasmo con sus compañeros del otro lado de la muralla. Y, evidentemente, tal muralla, si es que realmente había existido alguna vez en el pensamiento como propósito, se esfumó por completo en la acción. c) La presión corporativa. Pero no todo fue resultado del optimismo de los analistas — innato o contagiado del ambiente eufórico imperante en el mercado de valores—, fuertemente retroalimentado por el sesgado bucle de incentivos y recompensas. También hubo mucha presión directa sobre los analistas, para que acomodasen sus recomendaciones a los superiores intereses de sus firmas, que dependían a su vez del grado de satisfacción de sus clientes más importantes. Thomas Bowman, presidente y CEO de la Association of Investment Management and Research, reconoció en la audiencia celebrada el 27 de febrero por el Comité de Asuntos Gubernamentales214 que, Informe Lieberman, página 88.

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en efecto, los analistas estaban sometidos a fuertes presiones para que preparasen informes positivos y formulasen recomendaciones «comprar». Y las firmas presionaban porque sus grandes clientes se quejaban sistemáticamente de los analistas «negativos» y poco «colaboradores», y amenazaban con romper sus relaciones de negocio e, incluso, con querellas criminales. Esto colocaba a los analistas rebeldes ante una grave disyuntiva: pasar por el aro, o abandonar la firma. Un ambiente tan enrarecido, dominado por el miedo, no fomentaba la independencia y objetividad de los análisis de unos profesionales obligados permanentemente a caminar sobre la cuerda floja, pues lo que estaba en juego no solo era la verdad, sino también el puesto de trabajo. Y la inmensa mayoría de los analistas se acomodaron, de forma más o menos consciente, a la dura realidad de las cosas. Afortunadamente hubo analistas que no tragaron. Valga como ejemplo paradigmático lo que le ocurrió en 1998 a John Olson, un analista especializado en el sector energético, que gozaba —y sigue gozando, como es del todo lógico— de una gran reputación. Olson, que trabajaba a la sazón para Merrill Lynch, hacía tiempo que veía con cierta desconfianza el modelo de negocio de Enron, sobre cuya viabilidad se mostraba escéptico. Así las cosas, cuando a mediados de 1997 sus compañeros de profesión recomendaban «comprar fuerte» o «comprar» acciones de Enron, él, que no estaba dispuesto a humillarse servilmente ante una empresa en cuyo futuro no creía, decidió degradar su calificación a «mantener» (neutral). Tamaña osadía provocó la ira de Lay, quien lo consideró persona non grata, enemigo declarado de la compañía. La reacción de Fastow fue inmediata: telefoneó a directivos de Merrill Lynch y les conminó a que buscaran a otro analista más amistoso; si no lo hacían, podían dar por terminados sus muy lucrativos negocios con Enron. Olson fue despedido a mediados de 1998, y su sustituto (Donato Eassey), a quien no le importaba incorporarse a la mansurrona manada de analistas comprensivos, modificó la recomendación a «comprar». La recompensa no tardó en llegar. Fastow notificó a Merrill Lynch en enero de 1999 que Enron apreciaba que la «animosidad» del banco había desaparecido, y le adjudicó dos operaciones que llevaban aparejadas comisiones por importe de casi 50 millones de dólares. ¡Qué razón tenía Arthur Levitt cuando en febrero de 2002 sentenció: «Creo que el análisis de Wall Street ha perdido toda credibilidad»!

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Las agencias de calificación de riesgos crediticios El informe Lieberman215 se mostró muy crítico con el comportamiento de las agencias de calificación de riesgos en el caso Enron. En su página 108 se lee: Dado el amplio y significativo impacto que tienen las calificaciones crediticias (credit ratings) sobre los mercados [financieros], cabría esperar que las agencias de calificación (rating agencies) llevasen a cabo un examen cuidadoso y minucioso sobre dichas calificaciones. […] Desafortunadamente, al menos en el caso de Enron, las agencias de calificación crediticia no funcionaron como era de esperar. Basándonos en numerosas entrevistas realizadas por el staff del Comité [redactor del Informe] con funcionarios de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch216, dicho staff no puede sino concluir que tales agencias no llevaron a cabo un verdadero análisis de los informes públicos de Enron; no prestaron suficiente atención a las denuncias de fraude financiero; y, repetidamente, aceptaron la palabra de sus ejecutivos, sin pedir pruebas ni formular preguntas específicas, a pesar de los indicios de que la compañía había engañado a tales agencias en el pasado.

Antes de pasar a examinar la cronología de las calificaciones crediticias de Enron desde marzo de 2000 hasta diciembre de 2001, conviene familiarizarse con el argot técnico que utilizan las tres principales agencias para establecer sus calificaciones. Tal argot es el reflejado en el Cuadro 1. Sólo cabe precisar: a) que la diferencia entre las categorías de «inversión» y de «especulación» reside en si la deuda calificada permite determinar, o simplemente estimar el flujo de caja recurrente y la recuperación del principal; b) que a los símbolos estándar, a veces se le añaden coletillas técnicas tales como CreditWatch positive, CreditWatch neutral o CreditWatch negative, que se utilizan para alertar sobre la existencia o no de incertidumbres que pueden afectar a corto plazo a la calidad crediticia de una compañía. El Informe dedica las páginas 97 a 127 a analizar minuciosamente el papel de las agencias de calificación de riesgos. 216 En Estados Unidos, la SEC solo permitía desde 1975, para determinados propósitos reguladores, el uso de índices de calificación crediticia elaborados por ciertas agencias calificadoras reconocidas por la ley como «Nationally Recognized Statistical Rating Organizations» (NRSRO). Sólo cinco agencias cumplen los requisitos establecidos por la SEC en 1975, a saber: Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, A.M. Best Company y Dominion Bond Rating Service. De hecho, se creó un oligopolio con tres gigantes y dos enanos. Según ciertas estimaciones, el 38% del mercado se lo lleva Moody’s, el 41%, S&P, y la parte de león del 21% restante, Fitch. 215

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A finales de marzo de 2000, las tres agencias daban a Enron la misma calificación crediticia: Moody’s le asignaba el nivel Baa1, y S&P y Fitch, BBB+, es decir, una calidad satisfactoria en su nivel alto. Dicha calificación tenía en cuenta la volatilidad inherente a un sector industrial en proceso de desregulación, así como los riesgos de las actividades comerciales específicas de la compañía. Cuadro 1 Calificaciones crediticias a largo plazo Equivalencias Agencia

Comentarios

Moody’s

S&P/Fitch

Categoría de «inversión» Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3

Categoría de «inversión» AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBB-

Calidad óptima Calidad alta Calidad alta Calidad alta Calidad media-alta Calidad media-alta Calidad media-alta Calidad media (i) Calidad media (i) Calidad media (i)

Categoría de «especulación» Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa Ca C

Categoría de «especulación» BB+ BB BBB+ B BCCC CC D

Seguridad moderada (ii) Seguridad moderada (ii) Seguridad moderada (ii) Seguridad reducida (iii) Seguridad reducida (iii) Seguridad reducida (iii) Altamente especulativa Extremadamente espec. Incumplimiento declarado

(i) Satisfactoria. (ii) Especulativa. A partir de la calificación Ba1 o BB+ se entra en el ámbito de los denominados junk bonds («bonos basura»). (iii) Nivel de alta degradación. El grado extremo es el C o D, que se asigna en caso de default (incumplimiento declarado).

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A comienzos de octubre de 2001, Timothy DeSpain, adjunto al tesorero, llamó a las agencias de calificación crediticia Moody’s y Standard & Poor’s para advertirles de que Enron pensaba realizar un ajuste de 1.000 millones de dólares de su beneficio después de impuestos, debido a inversiones fallidas, así como una serie de otros ajustes contables que supondrían una reducción del patrimonio social de 1.200 millones de dólares. Este aviso causó la natural sorpresa, pero, al parecer, ninguna de las dos agencias le exigieron una explicación contundente sobre las causas de tales ajustes. El día 12 de octubre de 2001, tras escuchar noticias sobre la posibilidad de una reducción de la calificación crediticia de Enron, fue el propio Lay quien llamó por teléfono a Ronald Barone, managing director de S&P, para informarle de que, aun cuando el deterioro de la posición financiera de Enron haría necesaria la adopción de ciertas medidas, entre las que citó la posible venta de gasoductos (el negocio más cercano a su corazón), estaba en condiciones de asegurar que tanto Enron como sus auditores habían «limpiado» los libros de la compañía, por lo que no haría falta realizar posteriores correcciones. También llamó a Moody’s. Al parecer, ni en S&P ni en Moody’s le pidieron explicaciones adicionales. El día 16 de octubre tuvo lugar la conferencia histórica en la que Lay anunció los ajustes contables que suponían, en conjunto, una reducción de 2.200 millones de dólares del patrimonio de Enron. Sorprendentemente, S&P mantuvo la calificación crediticia BBB+, por entender que la reducción patrimonial anunciada «no tendrá un efecto directo sobre el cash flow de Enron». Lo mismo hicieron las otras dos agencias. Las cosas siguieron igual durante el convulsos días 17 a 24 de octubre, protagonizados por los descubrimientos y revelaciones del periódico The Wall Street Journal sobre las participadas extracontables, y por el anuncio del comienzo de la investigación de la SEC. Pero el día 25 de octubre S&P, aunque mantuvo la calificación BBB+, cambió sus perspectivas a CreditWatch negative (CW-). Lo mismo hizo Fitch. El 29 de octubre, Moody’s rebajó la calificación a Baa2, un escalón de golpe, pero aún dentro de la categoría de «inversión». Ese mismo día, Todd Shipman, primer analista de Enron en S&P, manifestó en un noticiario de la CNN que la capacidad de la compañía para mantener su calificación dentro de la categoría de «inversión» era aún excelente a largo plazo, sin respaldar dicha impresión con dato alguno. A pesar de ello, el 1 de noviembre S&P degradó a Enron a BBB/CW-, a dos peldaños de la categoría de «especulación» (bonos basura). Al día siguiente, S&P convocó una conferencia de prensa para hablar de Enron en la que intervi-

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nieron Shipman y su supervisor Ronald Barone, quienes manifestaron su confianza en que no habría nuevas sorpresas sobre las participadas fuera de balance. A pesar de los rumores sobre una posible fusión entre Dynegy y Enron, el 5 de noviembre, Fitch degradó de golpe en dos escalones la calificación de Enron: BBB-/CW-, último nivel de la categoría de «inversión» y antesala de los bonos basura. El día 8 de noviembre Enron notificó que había procedido a revisar y corregir a la baja los beneficios netos de los cinco últimos ejercicios en 586 millones de dólares, y, al día siguiente, tanto S&P como Moody’s situaron a Enron, tal como ya había hecho Fitch cuatro días antes, en el último nivel de la categoría de inversión: BBB-/CW- y Baa3, respectivamente. El día 19 de noviembre, las agencias se enteraron por el informe 10-Q de Enron correspondiente al tercer trimestre del ejercicio, con gran sorpresa por su parte, de que, debido a su degradación crediticia hasta el nivel BBB-, esta tendría que hacer frente al vencimiento de un compromiso de pago de 690 millones de dólares con una de sus participadas extracontables. Ningún analista de riesgos había preguntado a Enron si existía alguna contingencia de este tipo. Sin embargo, las agencias mantuvieron sus calificaciones. Los días siguientes fueron de febril actividad de seguimiento de las negociaciones entre Enron y Dynegy, pero el 28 de noviembre se supo que Dynegy había retirado su oferta de compra, y todas las agencias rebajaron drásticamente la calificación de Enron, abandonando la categoría de «inversión». La degradación de Moody’s fue de 5 niveles (hasta B2), la de S&P de 6 niveles (hasta B-/CW-), y la de Fitch de 8 niveles (hasta CC). El día 30 también S&P la situó en el nivel CC. Finalmente, el 3 de diciembre, tras el quiebra de Enron, tanto S&P como Fitch situaron la calificación en D, último nivel de su escala, y Moody’s en el Ca, penúltimo de la suya. En el Cuadro 2 se muestra, a manera de resumen, la evolución de la calificación crediticia de Enron durante el período marzo de 2000-diciembre de 2001, así como la de la cotización de sus acciones. Tal evolución es sorprendente, por no decir escandalosa. ¿Cómo es posible que las agencias de calificación de riesgos crediticios mantuviesen hasta el día 27 de noviembre sus índices dentro de la zona de «inversión», ¡con la cotización a 4 dólares!? ¿Por qué esperaron hasta el día 28 de noviembre, cuatro días antes de la quiebra, para modificar tales índices de forma radical? ¿Acaso la retirada de la propuesta de fusión por parte de Dynegy, una empresa de solvencia y comportamiento comercial un tanto dudosos, y que en el fondo lo que ofrecía no era sino un canje de «papelitos» adobado con

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una inyección de dinero contante y sonante muy modesta, fue más relevante que todo los escandalosos descubrimientos realizados a lo largo de las cinco semanas precedentes? Cuadro 2 Evolución de la calificación crediticia de Enron Período marzo 2000-diciembre 2001 Calificación

Fecha

Cotización (dólares/acción)

S&P

Moody’s

Fitch

Marzo 2000 16-10-2001 25-10-2001 29-10-2001 01-11-2001 05-11-2001 09-11-2001 19-11-2001 27-11-2001 28-11-2001 30-11-2001 03-12-2001

74,875 (*) 33,84 16,35 13,81 11,99 11,17 8,63 9,06 4,11 0,61 0,26 0,40

BBB+ BBB+ BBB+/CWBBB+/CWBBB/CWBBB/CWBBB-/CWBBB-/CWBBB-/CWB-/CWCC/CWD

Baa1 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2 Baa2 Baa3 Baa3 Baa3 B2 B2 Ca

BBB+ BBB+ BBB+/CWBBB+/CWBBB+/CWBBB-/CWBBB-/CWBBB-/CWBBB-/CWCC/CWCC/CWD

(*) Cotización al cierre el 31 de marzo de 2000.

Estas fueron las preguntas que se formularon los investigadores del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, quienes llegaron a identificar tres razones fundamentales por las que los calificadores de riesgos crediticios no hicieron su trabajo con la suficiente profundidad, a saber: a) Revisión insuficiente de los materiales de la compañía. Resulta evidente la dejadez de las agencias al no revisar a fondo la escasa y confusa información que contenían los voluminosos informes 10-Q y 10-K presentados por Enron en la SEC y, en concreto, la nota a pie de página número 16 del Informe 10-K correspondiente al ejercicio 2000217, escrita, ciertamente, en un lenguaje tan confu La entonces ya conocida como infamous footnote 16 (infame nota a pie de la página 16) se refería a las Related Party Transactions, y daba comienzo con la siguiente frase, ya de por sí inquietante: «In 2000 and 1999, Enron entered into transactions whith limited partnerships (The Related Party) whose partner’s managing member is a senior officer of Enron», es decir, que Enron había realizado transacciones con participadas limitadas (la Parte Afín), cuyo socio director era un miembro de la alta dirección de Enron (Fastow, por supuesto).

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so y, a la vez, tan sugerente, que debió disparar todas las alarmas a lo largo y a lo ancho de la red de conocimiento experto de los mercados financieros (SEC, auditores, analistas de inversiones, calificadores de riesgos…), cuando se dio a conocer el 2 de abril de 2001. Pero no ocurrió nada. Nadie palideció ni agitó ninguna bandera roja… porque casi nadie de quienes estaban obligados a analizarla la leyó, y los pocos que la ojearon, parece que no la entendieron, y prefirieron pasarla por alto sin tomarse la molestia de pedir ningún tipo de explicación ni aclaración. Algún calificador crediticio llegó a reconocer en las audiencias del Comité que las agencias solo se preocupaban por los datos que podían tener incidencia directa sobre el cash flow de Enron, pero que nunca escrutaron con detalle sus estados financieros, ni evaluaron sus agresivas prácticas contables, por entender que eso era responsabilidad de los auditores. b) Enfoque a largo plazo. Las calificaciones de las agencias se basan, fundamentalmente, en análisis a largo plazo, muy inerciales una vez establecidos y, por tanto, poco sensibles a los avatares del corto plazo. Formado un criterio, es muy difícil modificarlo de la noche a la mañana. De ahí que tuvieran efectos nulos cinco conocidos avisos de alarma: (i) las opiniones no canónicas de entidades como Off Wall Street Consulting Group, que ya en mayo de 2001 había denunciado la mala calidad de la deuda de Enron; (ii) el artículo de Bethany McLean publicado en marzo de 2001 en la revista Fortune bajo el título «Is Enron Overpriced?»; (iii) los insultos de Skilling a Richard Grubman, director ejecutivo de Highfields Capital Management LP, cuando, en abril de 2001, este tuvo la osadía de manifestar su disgusto ante la pobreza de la información entregada por Enron; (iv) la serie de demoledores artículos de Rebecca Smith y John R. Emshwiller, publicados a partir del 16 de octubre de 2001 por el diario The Wall Street Journal; y (v) las revelaciones del informe 10-Q del tercer trimestre de 2001. Nada de esto fue capaz de despertar la curiosidad de los calificadores, y estimularlos a formularse preguntas, y a formulárselas a Enron, exigiéndole explicaciones convincentes. Y es que, aparte de no leer el periódico, «ni eran forenses contables ni tenían poder para emplazar (subpoena power)», tal como declaró ante el Comité el directivo de S&P Ronald Barone, quien añadió que Enron les engañó en octubre de 1999 y en enero de 2000 al ocultarles información decisiva sobre miles de millones de dólares aplicados en

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transacciones con derivados, para concluir diciendo que los hechos investigados por el Senado «no eran un problema de calificación sino de fraude». c) Falta de responsabilidad. Las agencias de calificación crediticia son conscientes de que muchas de sus decisiones pueden afectar a las fortunas de las empresas que califican y a las de sus inversores. Sin embargo, las declaraciones ante el Comité de varios calificadores de alto nivel pusieron de manifiesto que estos no se sentían responsables de sus decisiones. Según ellos, se limitaron a aceptar la palabra de Enron, compañía en la que tenían una «confianza» basada en «sólidos» juicios previos, es decir, en simples presunciones. En torno al delicado problema de la responsabilidad, las agencias desarrollaron dos líneas de argumentación convergentes. De acuerdo con la primera, la reputación de una firma de calificación crediticia sería la fuente de la credibilidad que sus opiniones podían merecer, no solo a los inversores, sino también a los bancos, intermediarios financieros y corredores. De acuerdo con la segunda, las calificaciones no serían otra cosa que simples opiniones, puro lenguaje, que, en ausencia de circunstancias especiales, estarían protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos218. En resumen, como sostuvo el secretario general de Fitch, un índice de calificación vendría a ser «el editorial más corto del mundo». Aunque es cierto que la Primera Enmienda sólo ampara la comunicación de asuntos de interés público que responden a un conocimiento real de las cosas, y no a un temerario desprecio de la exactitud de las mismas, no lo es menos que tan elevado nivel de protección deja al comunicador virtualmente aislado de cualquier responsabilidad, salvo en el caso de falsedad o manifiesta intención de difamar. De hecho, se conocen varios precedentes jurídicos de que se ha concedido a las calificaciones crediticias la protección de la Primera Enmienda219. Pero el Comité manifestó, como haría cualquier profesional no especializado en deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil que es la ley, que el extender el «privilegio del periodista» a un calificador de riesgos crediticios parece, cuando menos, exage Que defiende la libertad de opinión, expresión, manifestación, culto… Por ejemplo, County of Orange vs. McGraw Hill Cos., Inc. (California, 1999); Jefferson County Sch. Dist. vs. Moody’s Investor Service (Tribunal Federal de Apelaciones del Décimo Circuito, 1999).

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rado. Porque, en realidad, el mercado ve las calificaciones más como una certificación (categoría de «inversión» o categoría de «especulación»), o como un índice de referencia, que como una simple «información», y el hecho de que en centenares de estatutos, normas y regulaciones así se contemple, parece indicar que las calificaciones no son equivalentes a editoriales del New York Times, y que el trabajo de las agencias de calificación no está exento de una gran responsabilidad. A la vista de estos hechos, el staff del Comité no pudo menos que concluir que, aun cuando las calificaciones crediticias son en general correctas, fueron defectuosas y equivocadas en el caso de Enron. Este pobre desempeño, unido al fallo clamoroso de otros perros guardianes del mercado financiero, tuvo graves consecuencias. En este sentido, se mostró crítico con el estatuto de las agencias etiquetadas NRSRO220, que, de acuerdo con lo previsto en la ley Sarbanes-Oxley, debía ser urgentemente reconsiderado por la SEC, para abrir a la competencia la función de calificación crediticia. En efecto, resultaba obvio que la limitada responsabilidad de las agencias de calificación de riesgos —todas ellas privadas—, y su confortable posición de poder que da el oligopolio, no incentivaban el esfuerzo necesario para atrapar a la minoría de empresas dispuestas a actuar de forma inmoral. Por ello resultaba urgente la adopción de medidas reguladoras para que ese incentivo primigenio renaciera en unos profesionales que, tal vez, carecían en ese momento de la formación necesaria para comprender las extraordinarias complejidades de las operaciones realizadas por empresas como Enron.

Ver nota 216.

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Capítulo 12 BANCA CÓMPLICE Y FISCO BENEVOLENTE […] Ésta es la diferencia entre delito y negocio. Para los negocios necesitas capital. A veces me parece que es la única diferencia […]. Raymond Chandler, El largo adiós Cuando se concatenan la avaricia, la habilidad, la vista gorda y el cohecho, hay que esperar una obra maestra de corrupción. El Autor

Los bancos de inversión Resulta indudable que los bancos de inversión221 jugaron un papel determinante en la falsificación de la contabilidad de Enron. Y así se puso de manifiesto en las maratonianas audiencias del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, celebradas Los bancos de inversión clásicos (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers…) prestaban, a la sazón, a sus clientes privados, corporativos e institucionales servicios especiales muy importantes dentro de tres grandes áreas de negocio: Banca Privada (gestión de patrimonios), Gestión de Fondos de Inversión, y Banca de Inversión. Esta última área solía estar estructurada en dos grandes divisiones: Global Markets (análisis financiero, creación y comercialización de productos financieros —tanto clásicos como derivados—, corretaje…), e Investment Banking (fusiones y adquisiciones, y ofertas públicas para la salida a bolsa de empresas —Initial public offerings, IPO—). Tras la fusión de Citicorp con Travelers, para formar Citigroup, y de JP Morgan con Chase, para formar JP Morgan Chase, la separación entre la banca comercial y la banca de inversión, que consagró en 1933 la ley Glass-Steagall, fue abolida en 1998, y estas y otras grandes instituciones financieras pasaron a prestar a las corporaciones servicios globales. Hoy, tras la crisis hipotecaria, la quiebra de Lehman Brothers, y la absorción de Merrill Lynch por Bank of America, la totalidad del sistema bancario sufre una crisis intensísima y está experimentando una reestructuración radical.

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los días 23 y 30 de julio de 2002222. La declaración de apertura de la sesión del día 23, realizada por el senador Levin, presidente de dicho Subcomité, fue demoledora223: […] Es de general conocimiento que Enron se implicó en engaños contables para convencer a los inversores, prestamistas, analistas, y al público de que su situación financiera era mucho mejor de lo que era en realidad. Al examinar el papel jugado por las instituciones financieras en la muerte de Enron, centraremos nuestra atención en un tipo de «transacciones financieras estructuradas» al que Enron se refirió como «pagos por adelantado» (prepays) y del que hizo uso para obtener financiación por importe de miles de millones de dólares sin registrar deuda adicional alguna en sus libros. Creo que la mayoría concluirá, tras escuchar los testimonios de hoy, que el uso de Enron hizo de los llamados «pagos por adelantado» para disfrazar deuda fue una farsa contable, y que para llevar a cabo sus engaños Enron contó con la ayuda y el sagaz apoyo de algunas de las mayores instituciones financieras de nuestro país, incluyendo Chase y Citigroup. Hay que poner de manifiesto que Enron no fue la única compañía que hizo uso de los pagos por adelantado simulados [con el fin de esconder deuda]. Tanto Chase como Citigroup han vendido estructuras de «pagos por adelantado» por todas partes, y otros bancos y otras compañías se han implicado en transacciones similares, lo cual da una especial importancia a nuestra investigación. Conceptualmente hablando, los «pagos por adelantado» son sencillos y legítimos. Se trata de convenios en virtud de los cuales una empresa recibe por adelantado el pago de un producto o servicio que entregará o prestará en una fecha posterior. Pero los «pagos por adelantado» pergeñados por Enron y bancos tales como Chase y Citigroup fueron falsos. Había en apariencia un producto que sería entregado en una fecha posterior, pero la realidad era diferente. No había el propósito de entregar ningún producto; la transacción era en realidad un préstamo, pero disfrazado de forma que no tuviese que aparecer como tal en los libros de Enron. Este elaborado engaño tenía un propósito muy claro. En el mundo financiero existe una gran diferencia entre el flujo de tesorería (cash flow) que procede de las actividades comerciales [aunque sea virtual por aplicación de la contabilidad mark-to-market], y el que se deriva de las operaciones crediticias; y también existe, en consecuencia, una gran diferencia entre los respectivos tratamientos contables. Un incremento de las operaciones comerciales empuja hacia arriba Ver documento «The Role of the Financial Institutions in Enron’s Collapse, Volume 1 and 2, Hearings Before the Permanent Subcommittee of Investigations of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, July 23 and 30, 2002», accessible a través de la página www.senate.gov/~levin. 223 Ibíd., páginas 1 a 5 del volumen 1. 222

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la calificación crediticia de la compañía y la cotización de sus acciones. Por el contrario, un incremento de los niveles de endeudamiento conduce a peores calificaciones crediticias y a menores cotizaciones bursátiles. […] Enron hizo uso de estos [falsos] «pagos por adelantado» para obtener aproximadamente 8.000 millones de dólares de financiación a lo largo de unos 6 años. Enron registró en sus libros de contabilidad tales adelantos como un resultado de su negocio energético en vez de hacerlo como deuda, dando la falsa impresión de que el dinero procedente de los «pagos por adelantado» era parte de sus operaciones comerciales ordinarias […]. […] Cuando Enron colapsó y se declaró en quiebra en diciembre de 2001, tenía alrededor de 5.000 millones de dólares en mal llamados «pagos por adelantado» pendientes, virtualmente desconocidos para los acreedores de la compañía, inversores y asociados. Y esta deuda enmascarada contribuyó significativamente a la desaparición de Enron y a las enormes pérdidas de sus accionistas. Engaño sobre engaño. Muchos fueron responsables de las pérdidas masivas sufridas por partícipes en fondos de pensiones y de inversiones. Hoy vamos a hacer que la luz brille en un área cuya complejidad ha sido usada para esconder la verdad. Con esperanza nos abriremos paso a través de la obscuridad y pondremos en su sitio el nivel de responsabilidad de los bancos que participaron es estos esquemas.

El posterior testimonio de Robert L. Roach, consejero e investigador jefe del Subcomité Permanente de Investigaciones, fue esclarecedor, y desveló los complejísimos mecanismos ad hoc expresamente diseñados, y posteriormente usados, por JP Morgan Chase y Citigroup para hacer posibles los falsos prepays, en beneficio de sus clientes y, por supuesto, en el suyo propio224. La investigación de Roach, al frente del staff del Subcomité, formado por miembros de los partidos demócrata y republicano, duró siete meses, a lo largo de los cuales se revisaron alrededor de un millón de páginas de documentos muy diversos, y se entrevistó a docenas de testigos procedentes de Enron, de Andersen y otras firmas de auditoría, de agencias de calificación de riesgos, y de un buen número de instituciones financieras. Se pudo comprobar, y así lo manifestó Roach en su declaración ante el Subcomité, que numerosas instituciones financieras de primera fila no solo estaban enteradas de las prácticas contables impropias y engañosas de Enron, sino que, a sabiendas de ello, la ayudaron a mantener y ampliar la farsa mediante la instrumentación de un mecanismo sui géneris de «pagos por adelantado», a cambio de sustanciosas comisiones y de un trato de favor en otros negocios. Ibíd., páginas 14 a 19 del volumen 1.

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En lo que sigue solo analizaré el caso de los dos bancos que más intensamente colaboraron con Enron en el maquillaje de su contabilidad, a saber, Chase (más tarde fusionado con JP Morgan) y Citigroup. Las solicitudes de ayuda por parte de Enron solían producirse cuando, hallándose ya muy cercana una fecha de rendición trimestral de cuentas, la compañía necesitaba «generar» un mayor cash flow operativo para embellecer sus estados financieros. JP Morgan Chase Chase creó Mahonia Limited, una empresa de propósito especial sin empleados y con un capital de 10.000 £, con la exclusiva finalidad de prestar a Enron la ayuda que esta le solicitase bajo la forma de transacciones que permitiesen generar «pagos por adelantado». El esquema básico subyacente de tales transacciones tenía, en general, tres pasos estructurales y uno complementario, según se muestra en la Figura 1225. Tales pasos eran, grosso modo, los siguientes: a) Paso 1. Chase y Mahonia suscribían en una fecha F, cercana al final de un trimestre, un contrato en virtud del cual Mahonia recibía de Chase, en concepto de pagos por adelantado, la cantidad de X millones de dólares y, en contrapartida, se comprometía a entregar a Chase al cabo de 6 meses un volumen V de gas natural, en un lugar determinado, y al precio a que se cotizaban en el mercado de futuros las entregas a seis meses. Se trataba de un contrato tipo forward con pagos por adelantado (prepaid forward contract). b) Paso 2. En unidad de acto, Mahonia y Enron o una de sus subsidiarias (Enron North America o Enron Natural Gas Marketing Corp.), suscribían un contrato especular, en virtud del cual Enron recibía de Mahonia X millones de dólares en concepto de pagos por adelantado y, en contrapartida, se comprometía a entregarle el gas objeto de su contrato con Chase, en idénticas condiciones de volumen, precio, lugar y fecha. c) Paso 3. También en unidad de acto, Enron y Chase suscribían el típico acuerdo de cobertura de precios (commodity swap agreement226), Ibíd., páginas 242 a 251 (Appendix C) y 357 a 358 (Exhibits 105 y 106) del vol. 1. Existen numerosos instrumentos financieros tipo swap (permuta) que permiten la cobertura de los más diversos riesgos inherentes a las operaciones comerciales con commodities. El más clásico es, tal vez, el llamado fixed-for-floating commodity swap, que se define como «un contrato financiero por el cual dos contrapartes intercambian

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en virtud del cual Enron se aseguraba un precio máximo para el gas que debía entregar en fecha F + 6, mediante la promesa de pago a Chase de X millones de dólares, más una prima x (equivalente a los intereses devengados durante el semestre), y, por su parte, Chase se comprometía a pagar el valor, calculado al precio spot vigente en el momento de la realización de la entrega, de una cantidad de gas idéntica a la vendida a futuro por Enron a Mahonia, y transferida por ésta al banco. d) Con el fin de cerrar o, si se prefiere, de cancelar tan sofisticada operación, Chase vendía en fecha F + 6 a Enron o a una de sus subsidiarias, al precio de mercado entonces vigente (spot), el gas comprado a Mahonia. Figura 1 Chase/Mahonia (I): “Pagos por adelantado”

periódicamente flujos de fondos fijos y variables calculados sobre la misma cantidad física de una commodity que constituye el activo subyacente, principal o nominal del contrato durante el tiempo prefijado. La corriente de pagos fijos se determina a un precio fijo para dicha cantidad fija pactado en el momento de constituirse el swap. La corriente variable se determina sobre la base del precio de mercado (o de un índice sobre la evolución del precio de mercado de la commodity) al momento de la liquidación periódica de los flujos de fondos». Fuente citada: Commodity Swaps, María Rosa Camandona.

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Figura 2 Chase/Mahonia (II): Operación real Préstamo encubierto

Lo que había ocurrido está hoy sustancialmente claro: nada de gas; todo «papelitos»; muy complejos y solemnes, pero «papelitos» al fin y al cabo, tras los cuales no había propósito comercial ni industrial alguno. Tal como se muestra en la Figura 2, el resultado final no era otro que la realización de un préstamo de Chase a Enron por importe de X millones de dólares con vencimiento a los seis meses, que la compañía registraba contablemente como cash flow operativo. Pero las cosas eran, en realidad, algo más complicadas. Por ejemplo, Chase exigía a Enron todo tipo de garantías colaterales, bajo la forma de cartas de crédito irrevocables o bonos garantizados por compañías de seguros. Además, las transacciones no siempre consistían en dos contratos tipo forward y un acuerdo de cobertura tipo swap. Un caso concreto de «pago por adelantado», especialmente sospechoso por lo obvio de su verdadero propósito, fue la última operación realizada entre Enron y JP Morgan Chase el 28 de septiembre de 2001. Enron necesitaba de forma imperiosa, en aquellos días dramáticos, generar cash flow operativo adicional para cerrar decorosamente los estados financieros del tercer trimestre del que sería el último ejercicio de su vida, y Chase se manifestó dispuesta a ayudarla mediante la realización de una transacción, con vencimiento a los seis meses, facialmente estructurada como las anteriores (dos contratos tipo forward con «pagos por adelantado» —prepaid forward contracts—, y un contrato del tipo commodity swap), pero, en este caso, para asegurar financieramente tal operación con mayor firmeza, se estructuraron, en realidad, tres contratos swap. La operación, con fecha de vencimiento 26 de marzo de 2002, se desarrolló, al parecer, de acuerdo con el esquema reflejado en la Figura 3, siguiendo los siguientes pasos227: a) Paso 1. Chase y Mahonia suscribieron el 28 de septiembre de 2001 una operación de trueque de commodities con «pago por adelantado» (prepaid commodities swap), en virtud del cual Mahonia recibió de Ver documento citado en la nota 222, página 250 (Appendix C).

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inmediato de Chase, en concepto de pagos por adelantado, la cantidad de 350 millones de dólares, y, en contrapartida, Mahonia se comprometió a pagar a Chase el 26 de marzo de 2002 un valor flotante, resultado de multiplicar una cantidad nocional de gas natural —equivalente a 127.923.977 MMBtu228— que se debía entregar en un lugar determinado, por el precio flotante del gas en la fecha de vencimiento acordada. Tal precio se estableció a partir del precio del gas cotizado el 25 de marzo de 2002 en el mercado de futuros de gas natural NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures Contract, para entregas en abril de 2002229. Facialmente se trató de un contrato tipo forward con pagos por adelantado (prepaid forward contract). Figura 3 Chase/Mahonia (III): Última operación

MMBtu, acrónimo de millones de Btu (British Thermal Unit), unidad de energía de uso común en el mundo anglosajón en los contratos con gas y petróleo. 3.412 Btu equivalen a 1 kWh. 229 Enry Hub es el lugar de fijación de precios para contratos de futuros de gas natural comercializados en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). Se trata de un punto del sistema de gasoductos situado en Erath, Louisiana, propiedad de Sabine Pipe Line LLC, donde se interconectan nueve gasoductos interestatales y cuatro estatales. Los precios al contado y a plazo determinados en Henry Hub se consideran precios primarios o precios base en el mercado norteamericano del gas natural. 228

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b) Paso 2. En unidad de acto, Mahonia y Enron suscribieron un prepaid commodities swap especular, en virtud del cual Mahonia pagó a Enron 350 millones de dólares el 28 de septiembre de 2001, en concepto de pagos por adelantado, y, en contrapartida, Enron acordó pagar a Mahonia un valor flotante idéntico al establecido en el paso 1, y en la misma fecha (26 de marzo de 2002). Según parece, por todos estos arreglos, Enron aceptó pagar una comisión de 1 millón de dólares, a deducir del pago de 350 millones de dólares. c) Paso 3. Para cubrir sus respectivas exposiciones al riesgo de fluctuación de precios creado por los contratos tipo prepaid commodities swap establecidos en los pasos 1 y 2 precedentes, Enron y Chase formalizaron un convenio de trueque de commodities tipo cash settled swap, en virtud del cual Enron se comprometía a pagar a Chase el 26 de marzo de 2002 una cantidad fija de 356 millones de dólares (resultado de multiplicar la cantidad nocional de gas natural establecido en los contratos Enron/Mahonia y Mahonia/Chase, por un precio preestablecido de 2,7826 $/MMBtu). En contrapartida, Chase se comprometió a pagar en la misma fecha una cantidad flotante determinada de la forma descrita en los pasos 1 y 2. Ni que decir tiene que esta operación —préstamo encubierto de Chase a Enron de 350 millones de dólares, con vencimiento a 6 meses, y tipo de interés anual del 3,44%— no llegó a completarse, dado que la compañía quebró apenas transcurridos dos meses. En su testimonio, Robert L. Roach señaló que Chase intervino, durante el período 1992-2001, al menos en 12 transacciones con gas y crudo de petróleo bajo la modalidad de «pagos por adelantado», por un importe total de unos 3.700 millones de dólares. El saldo pendiente de pago en la fecha de la quiebra fue del orden de 1.500 millones de dólares. Cabría preguntarse el porqué de esta estructura triangular de operaciones. La respuesta es muy simple: aun cuando es evidente que tanto Enron como Chase eran compañías que podían realizar directamente transacciones comerciales legítimas con gas y crudo de petróleo, no lo es menos que ni la una ni la otra podían asumir el riesgo de las variaciones de precio de las commodities subyacentes; por ello, hubieran necesitado realizar, en paralelo, transacciones de cobertura exactamente opuestas a las principales. Este tipo de operaciones «comerciales» bilaterales hubiera resultado tan obvio en su propósito, que ni siquiera los auditores más tolerantes y cooperadores hubieran consentido que Enron registrase contablemente su resultado como cash flow operativo. Era, pues, del todo imprescindible el insertar en el esquema a una tercera parte, presuntamente independiente, con la que realizar las respectivas operaciones comerciales, limitándose Enron y Chase a negociar

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operaciones de cobertura genéricas que, en principio, nadie podía relacionar de forma directa con operaciones comerciales específicas, perdidas en el océano de los negocios energéticos de Enron, sobre todo si estaban prudentemente distanciadas en el tiempo. Y así se hizo. Citigroup Citigroup estructuró su mecanismo de pagos por adelantado de forma muy similar a como lo hizo Chase. En este caso, los vértices del ya conocido bastidor triangular sobre los que se fueron tejiendo los pagos por adelantado y la cobertura del riesgo de fluctuación de los precios de la commodity subyacente (gas natural o crudo de petróleo) fueron Enron, Citigroup, y Delta Energy Corporation, una entidad de propósito especial creada por dicho banco, con sede en las Islas Cayman230. Aunque hubo ciertas diferencias —algunas simplemente de matiz— en cuanto a los tipos de transacciones forward y swap utilizados (en este caso proliferaron los cash settled prepaid forward contracts y los cash settled commodity swaps231), lo que marcó realmente la diferencia con Chase fue la forma de financiar la entidad de propósito especial que intervenía en el juego. En efecto, del total de 4.800 millones de dólares a que ascendió el importe de las operaciones de «pagos por adelantado» realizadas entre Enron y Citigroup (14), unos 2.400 millones de dólares no fueron aportados directamente a Delta por Citigroup, sino por cuatro trusts de la familia «Yosemite»232, nombre genérico dado a una serie de seis ofertas sintéticas de bonos de Enron vinculados a su capacidad crediticia. Para cada una de dichas ofertas, un trust fuera de libros de Enron ofreció credit-linked notes (CLN)233 a inversores institucio Con un capital de 1.000 dólares y sin personal. Transacciones que se pagan en efectivo a su vencimiento, al contrario de aquellas que requieren la entrega física de una commodity. 232 Hubo cuatro «Yosemites», que agruparon las seis ofertas sintéticas de bonos, a saber: Yosemite I, oferta de 750 millones de dólares suscrita el 18 de noviembre de 1999; Yosemite II, oferta de 200 millones de libras esterlinas suscrita el 23 de febrero de 2000; Yosemite III ( CLN I), oferta de 500 millones de dólares suscrita el 17 de agosto de 2000; y Yosemite IV (CLN II, Euro CLN y Sterling CLN), tres ofertas de 500 millones de dólares, 125 millones de libras esterlinas y 200 millones de euros suscritas el 17 de mayo de 2001. Se dice que un instrumento financiero es «sintético» cuando se construye artificialmente mediante combinación de las características de un conjunto de otros activos. Se puede crear, por ejemplo, una acción sintética mediante la compra de una call option y la venta simultánea de una put option sobre la misma acción. 233 Se trata de notes que incluyen un vínculo crediticio —un credit default swap— que permite al emisor transferir un riesgo de crédito específico a los inversores. En este tipo de estructuras financieras, el cupón está vinculado al rendimiento de un activo de referencia. 230 231

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nales dispuestos a asumir el riesgo de que dicha compañía no pudiera hacer frente a sus obligaciones, a cambio de un alto rendimiento. Citigroup alentó a dichos inversores a comprar tan sofisticados instrumentos financieros. En la Figura 4 se muestra, de forma en extremo esquemática, la «geometría» de la transacción Yosemite I, realizada en noviembre de 1999, y con vencimiento en octubre de 2004. La commodity objeto de presunta transacción fueron 44.469.150 barriles de crudo de petróleo a entregar en octubre de 2004, que se valoraron en 800 millones de dólares. Tal transacción se desarrolló de acuerdo con los siguientes pasos234: Figura 4 Citigroup/Delta: Operación Yosemite I

a) Paso 1. El trust Yosemite I prestó a Delta 800 millones de dólares en noviembre de 1999. b) Paso 2. Inmediatamente, Delta y Enron suscribieron un cash settled prepaid forward contract, en virtud del cual Delta entregó a Enron, en concepto de «pagos por adelantado», 800 millones de dólares. En Ofrece a los prestatarios una cobertura contra el riesgo de crédito, y proporciona a los inversores, que quedan expuestos a los riesgos derivados del potencial incumplimiento de una obligación financiera, una alta rentabilidad 234 Ver documento citado en la nota 222, páginas 252 a 264 (Appendix C), y 359 a 360 (Exhibits 107 y 108) del volumen I.

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contrapartida, Delta debía recibir, en el momento del vencimiento de la operación (octubre de 2004), el valor de 44.469.150 barriles de crudo, calculado al precio spot entonces vigente. c) Paso 3. En unidad de acto, Enron y Citigroup formalizaron una transacción de cobertura235. Mediante un cash-settled swap, Enron debía recibir en octubre de 2004 el valor spot de una cantidad de crudo de petróleo idéntica a la comprometida en su transacción con Delta, mientras que Citigroup debía recibir en la misma fecha un valor fijo de 800 millones de dólares. d) Paso 4. Por su parte, y también en la misma fecha, Citigroup y Delta suscribieron la correspondiente transacción de cobertura. Mediante un cash-settled swap, Citigroup debía recibir en octubre de 2004 el valor spot de una cantidad de crudo de petróleo idéntica a la establecida en la transacción entre Enron y Delta, mientras que Delta debía recibir 800 millones de dólares. Con los pasos 2, 3 y 4 así estructurados, los valores spot del crudo de petróleo que cada parte se veía obligada a pagar o a recibir se cancelaban mutuamente, de forma que, en último término, solo quedaba la entrega de Delta a Enron de 800 millones de dólares, y la devolución de idéntica cantidad a través de Citigroup. La prima pagada por los contratos de cobertura tipo swap Enron-Citigroup y Citigroup-Delta, aseguraban un pago semestral a Delta (y por ende a los inversores de Yosemite) de 29 millones de dólares, equivalente a una tasa de interés del 7,25%. Enron y Citigroup introdujeron en cada uno de los lados del «triángulo transaccional» una serie de instrumentos derivados tipo cap (techo) y floor (suelo)236 sobre los pagos realiza Una transacción de cobertura (hedging transaction) es una transacción que se establece para limitar o eliminar el riesgo que una de las partes asume en otra transacción distinta. En este caso, Enron tenía un riesgo de precio en su transacción con Delta (que en la fecha de vencimiento —octubre de 2004— el valor spot del crudo que estaba obligada a pagar a Delta, fuese superior a los 800 millones de dólares recibidos inicialmente en noviembre de 1999). 236 Son muy conocidas las opciones tipo cap y floor, que permiten al comprador de las mismas protegerse contra las posibles subidas o bajadas de los tipos de interés, respectivamente, en operaciones financieras a tipo variable. El comprador de una opción cap adquiere el derecho, mediante el pago de una prima, a que el vendedor le abone la diferencia, si esta es positiva, entre el tipo de interés de referencia vigente en el mercado en determinadas fechas futuras, y el tipo de interés fijado como techo en la opción. Por otra parte, el comprador de una opción floor adquiere el derecho, mediante el pago de una prima, a que el vendedor le abone la diferencia, si esta es positiva, entre el tipo de interés fijado como suelo en la opción, y el tipo de interés de referencia vigente en el mercado en determinadas fechas futuras. En las operaciones comerciales a futuro con commodities se usan también instrumentos derivados más o menos sofisticados que establecen precios «techo» o «suelo» para limitar el riesgo derivado de la fluctuación de los precios. 235

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dos en cada transacción, para asegurar que ninguna de las partes recibiese una cantidad superior o inferior a los 800 millones de dólares inicialmente entregados por Delta. Tales instrumentos estaban concatenados de tal forma que la corriente de pagos de las correspondientes primas fluía a lo largo del «triángulo transaccional», con un efecto final neto nulo. Roach sostuvo que el registro contable por parte de Enron de tan complejas y rebuscadas transacciones como cash flow operativo solo hubiera resultado legítimo si se hubieran cumplido las siguientes condiciones: i) independencia de las tres partes implicadas; ii) carencia de vínculos entre las transacciones bilaterales realizadas; iii) existencia de un riesgo de precio en las mismas; y iv) existencia de una razón comercial legitimadora para llevarlas a cabo. Todas las operaciones de «pagos por adelantado» tipo Enron examinadas por Roach y su equipo vulneraban los cuatro criterios precedentes. En efecto, las empresas de propósito especial Delta y Mahonia eran simples instrumentos de Citigroup y Chase, respectivamente, bajo el absoluto control de dichos bancos; los negocios entre las partes estaban tan estrechamente vinculados, que el incumplimiento en uno de ellos afectaba a todos los restantes; no existía riesgo de precio, y el mecanismo de pagos de comisiones e intereses era un simple enjuague; y ni los bancos ni sus SPE tenían razones comerciales ni industriales legítimas para la compra de las commodities implicadas en las operaciones. Se trató, pues, de un mecanismo urdido expresamente para la ocultación de endeudamiento y la generación ficticia de cash flow. La magnitud del engaño superó los 9.000 millones de dólares durante el período de nueve años examinado por los investigadores del Congreso (septiembre de 1992-septiembre de 2001), de los que 4.800 correspondieron al Citigroup (14 operaciones), 3.700 al JP Morgan Chase (12 operaciones), y más de 1.000 a otros nueve bancos (Bankers Trust, Barclays, Connecticut Resource Recovery Authority, Credit Suisse First Boston, FleetBoston Financial Corp., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, y Toronto Dominion Bank). Para comprender el enorme impacto de estas operaciones sobre el grado de endeudamiento de Enron baste decir que, en el ejercicio 2000, la ratio Deuda/Recursos propios237 declarada por Enron fue 69,2%, mientras que, si se hubiese realizado un ajuste consistente en registrar los «pagos por adelantado» como deuda, tal ratio hubiera sido 96,2%, una diferencia sustancial «Total activos» menos «total deuda».

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que habría provocado, sin duda alguna, una corrección a la baja de la calificación crediticia BBB+. Pero la desfachatez de Enron no conocía límites. Los «pagos por adelantado» eran registrados como cash flow operativo en su cuenta de resultados; pero, simultáneamente, cuando había que presentar las reclamaciones de devolución de impuestos, tales pagos se declaraban como deudas, y sus intereses se consideraban fiscalmente deducibles. El comportamiento de Citigroup en toda esta oscura trama fue especialmente censurable. En efecto, como la creación del mecanismo de «pagos por adelantado» era dudosa, y existía la sospecha —muy fundada, por cierto— de que podía sortear, si no circunvenir, la normativa contable, parece ser que le exigió a Enron garantías especiales contra eventuales pérdidas de dinero. Tras años y años de impunidad, tanto Citigroup como Chase se crecieron y empezaron a comercializar el sumamente rentable mecanismo de «pagos por adelantado tipo Enron» a otros importantes clientes. En sus memorandos públicos de colocación, Chase llegó a definir sin recato tal mecanismo como «amigable para el balance» (balance sheet ‘friendly’). Por su parte, Citigroup, en sus sesiones de presentación de tan sofisticado «producto», más que nuevos clientes corporativos lo que buscaba eran inversores dispuestos a comprar notes de Yosemite, sin informarles de forma explícita del propósito final de las aportaciones. Uno de los peces gordos que picaron fue Vanguard Group, el segundo mayor fondo mutuo de Estados Unidos, que, tras la quiebra de Enron, se querelló contra el banco, por entender que había ayudado a esconder la mala salud financiera de Enron mediante transacciones impropias. Ni que decir tiene que tanto JP Morgan Chase como Citigroup negaron la mayor en la audiencia celebrada el día 23 de julio de 2002. Tanto Jeffrey W. Dellapina, managing director de JP Morgan Chase en Nueva York, como Rick Caplan, director ejecutivo de Citigroup y máximo responsable de la unidad de negocio North American Credits Derivatives Group, testificaron que la práctica de los prepaids, o, en términos más técnicos, de los prepaids forward contracts, o de los prepaids swaps contracts, era de uso generalizado desde la década de los setenta en el sector de la industria energética, por cuanto constituía una vía eficiente para que quienes comerciaban con energía pudieran extraer al menos una parte del flujo monetario incrustado (embedded) en sus contratos a largo plazo, en especial si tales contratos no podían ser prontamente vendidos o transferidos. Además, los auditores (Arthur Andersen) consideraban que los pagos por adelantado debían ser registrados en los libros de Enron no como una obligación financiera sino como un riesgo comercial (una price risk management liability), y que

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el flujo de caja generado por estas operaciones debía ser registrado en sus libros comerciales como «cash flow operativo». En resumidas cuentas, ni JP Morgan Chase ni Citigroup habían hecho nada incorrecto, sino que, muy al contrario, habían actuado de forma apropiada y con integridad. Cuando, a lo largo de sus testimonios, incurrían en alguna contradicción, la salida solía ser del tipo «no recuerdo haber dicho tal cosa» o «tal vez no me he explicado con la suficiente claridad». Y, confrontados con pruebas materiales tales como frases que figuraban en sus propios memorandos internos relativos a operaciones de pagos por adelantado concretas, o manifestaciones incluidas en transcripciones de conversaciones telefónicas realizadas por empleados a sus órdenes, y en ciertos correos electrónicos enviados por los mismos, de contenidos muy comprometedores, se resistieron a admitir lo obvio, recurriendo con frecuencia al clásico «no recuerdo», o a relativizar por completo el sentido de ciertas palabras inequívocamente escritas o pronunciadas. En ese orden de ideas se llegó a proclamar sin rubor que tales palabras «no tenían un único sentido» —es decir, que eran polisémicas—. Esta actitud arrogante no gustó nada a los miembros del Subcomité, quienes, en sus intervenciones, se ciñeron a las conclusiones del minucioso y duro informe presentado por su investigador jefe Robert L. Roach, y consideraron inaceptables estas explicaciones. Sin embargo, fueron alabadas por sus jefes. En concreto, William Harrison, CEO de JP Morgan Chase, manifestó tras la audiencia que los testigos del banco «habían estado espléndidos» al hacer frente al interrogatorio del Subcomité. Por su parte, Sandy Weill, CEO de Citigroup, aun cuando defendió la licitud y carácter estándar de las transacciones realizadas, manifestó que desearía no haber hecho nunca caso a los ruegos de Enron, y que ahora no las llevaría a cabo. El día 30 de julio de 2002, el Subcomité celebró su segunda audiencia. Si los protagonistas estelares de la primera fueron JP Morgan Chase y Citigroup, con sus sistemas de pagos por adelantado, el gran protagonista de la segunda fue Merrill Lynch y su extraña operación de compra de las barcazas nigerianas, asunto que ya ha sido objeto de especial escrutinio en la Segunda Parte, capítulo 7, y sobre el que no cabe decir nada sustantivo desde el punto de vista técnico. Solo cabe añadir que, en su declaración de apertura de la sesión, el senador Levin empezó por hacer referencia a los testimonios de los testigos de JP Morgan Chase y de Citigroup, e ironizó sobre su burdo intento de relativizar el sentido de ciertas palabras, hasta el extremo de que cabía concluir que «compromiso» no significaba compromiso, «garantía» no significaba garantía, «engaño» no significaba engaño, «independiente» no significaba nada, y «préstamo» significaba compra. Tras este ejercicio de inteligente sarcasmo,

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Levin describió con detalle la «operación barcazas», se refirió al lamentable «asunto Olson», comentó la valiosa colaboración prestada por Merrill Lynch a LJM2 mediante la gestión de ofertas de colocación privadas que supusieron la captación de unos 390 millones de dólares para tal participada fuera de libros, y concluyó con la siguiente frase238: Merill describía internamente a Enron como «uno de sus mayores clientes» y «la clave de sus oficinas de Houston». En 5 años, desde 1997 hasta 2001, Merrill Lynch recibió de Enron aproximadamente 43 millones de dólares en concepto de comisiones. No hay nada malo en el hecho de ganar dinero honestamente. Es parte del sueño americano. Pero hacer dinero ayudando a una compañía tal como Enron a comprometerse en engaños contables, o a reprimir a analistas por facilitar recomendaciones honestas, o a buscar clientes para inversiones cuestionables es más una pesadilla que un sueño. Esto engaña a los inversores, recompensa por razones inmorales a las compañías inmorales, y conduce a la actual situación de crisis de la confianza del inversor. Hoy, quiero preguntar por qué una compañía como Merrill Lynch ha arriesgado su reputación haciendo lo que hizo. Tengo la esperanza de que cuando salgan a la luz los detalles [a lo largo de esta audiencia] Merrill Lynch emprenderá acciones contra aquellos que han participado en los engaños, y establecerá un rumbo más firme y más recto para el futuro.

Desde luego, justo es reconocer que el papel jugado por Merrill Lynch en la alteración culposa de la contabilidad de Enron fue mínimo, si se lo compara con los jugados por JP Morgan Chase y Citigroup. La meritoria investigación del Subcomité recibió un inesperado e inusual respaldo del Wall Street Journal, quien, el 29 de julio de 2002, víspera de la segunda audiencia, publicó un editorial bajo el título «Enron’s Enablers» («Los facilitadores de Enron»), en el que, entre otras cosas, decía que «el esquema que emergía de la investigación del Senado parecía demostrar que Citigroup y JP Morgan Chase habían ayudado enérgicamente a Enron a encubrir la realidad a los inversores». Tras reconocer que las complejas y opacas transacciones realizadas por tales instituciones para financiar a Enron podían ser legales, señalaba que «habían sido diseñadas sustancialmente para engañar», y advertía de forma contundente «que no siempre lo legal es ético». Finalmente exhortaba a los respectivos CEO (Sandy Weill y William Harrison) a que «empezaran a restablecer la reputación de sus instituciones, mostrando que [a la espera de las inevitables consecuencias legales] podían limpiar sus propios establos sin recibir órdenes del Gobierno». Ver documento citado en la nota 222, página 165 del volumen 1.

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Ni que decir tiene que las acciones de las instituciones financieras coautoras de tamaño desaguisado sufrieron severos recortes. Los fiscales entraron en juego, y la gran demanda civil Mark Newby, contra Enron Corp. y 38 ex altos ejecutivos y exconsejeros de la misma, contra Andersen y 24 de sus directivos, y contra Vinson & Elkins, se amplió para incluir como demandados a JP Morgan Chase, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Canadian Imperial Bank of Commerce, Merrill Lynch, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y Lehman Brothers. La propia Enron planteó la ya comentada acción civil «MegaClaims» (Primera Parte, capítulo 4). Es de destacar el hecho de que, tras la quiebra de Enron, unos 5.000 millones de dólares, de los más de 8.000 aportados por los dos citados bancos durante el período septiembre 1995-septiembre 2001 bajo el sofisticado procedimiento de prepaids swaps, quedaron pendientes de pago... en espera de que la compañía reemprendiese las operaciones comerciales en que los correspondientes flujos monetarios estaban presuntamente «incrustados». Como siempre suele ocurrir, «la avaricia rompió el saco». Enron y el Fisco A Enron no le gustaban nada los impuestos. Y, como es lógico, al igual que otras muchas grandes empresas norteamericanas, hizo cuanto pudo por no pagarlos. Para ello, utilizó todas las estrategias legítimas que son normales en el mundo de los negocios. Pero eso no era suficiente. Enron, que llegó a sentirse por encima de toda regla, norma, código o regulación, echó mano, también en este caso, de su imaginación, y organizó de forma sistemática la evasión fiscal en Estados Unidos y en otros muchos países donde operaba, realizando un uso abusivo de instrumentos tipo tax shelter239, de entidades de propósito especial, y de empresas filiales offshore240 en paraísos fiscales. La escandalosa conducta fiscal de Enron fue denunciada por primera vez el 17 de enero de 2002 en un incisivo artículo de David Cay Johnston, titulado «Enron Avoided Income Taxes in 4 of 5 Years», y publicado en el diario The New York Times. En dicho artículo se decía que «Enron no había pagado impuestos sobre beneficios en cuatro de los últimos cinco años [período 19962000]». Y si esto resultaba chocante, aún lo era más el hecho de que el Fisco le adeudase 382 millones de dólares en concepto de reintegro de impuestos. El término tax shelter, propio del sistema fiscal norteamericano, engloba, generalmente, a aquellos productos o estrategias considerados legales, en los que se concatenan diversos elementos de la legislación fiscal, para evitar, reducir o demorar el pago del impuesto sobre beneficios mediante la aplicación de deducciones o el registro de créditos fiscales. 240 A corta —o con frecuencia no tan corta— distancia de la costa, allén los mares. 239

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Johnston, basándose en datos extraídos del informe 10-K del ejercicio 2000 y de estudios preliminares realizados por la organización Citizens for Tax Justice, señalaba que Enron había hecho uso de varias vías para eludir impuestos. La primera era «la creación de 881 subsidiarias en el extranjero, incluyendo 692 en las islas Cayman, 119 en Turks and Caicos, 43 en Mauricio y 8 en Bermudas», con las que habría realizado transacciones simuladas241. También hacía referencia al abuso de los tax shelter, y a las deducciones por plusvalías en la realización de las opciones sobre acciones concedidas a los directivos. Tal vez fuese una casualidad, pero, el 15 de febrero de 2002, los senadores Max Baucus y Charles Grassley, entonces chairman y miembro, respectivamente, del Comité de Finanzas del Senado (Senate Committee on Finance), pidieron por escrito al staff del Comité Conjunto de Tributación (Joint Committee on Taxation), ente mixto formado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, que iniciara una investigación sobre la conducta fiscal de Enron. Tras un año de minuciosas y complejas investigaciones, el staff del Comité Conjunto de Tributación presentó, con fecha 13 de febrero de 2003, dos documentos: a) Un informe muy amplio —Informe de Investigación— titulado Joint Committee on Taxation, Report of Investigation of Enron Corporation and Related Entities Regarding Federal Tax and Compensation Issues, and Policy Recommendations (JCS-3-03), February, 13, 2003. b) Un informe ejecutivo —Testimonio Escrito— titulado Joint Committee on Taxation, Written Testimony of the Staff of the Joint Committee on Taxation on the Report of Investigation of Enron Corporation and Related Entities Regarding Federal Tax and Compensation Issues, and Policy Recommendations (JCX-10-03), February, 13, 2003. El Informe de Investigación, que consta de tres volúmenes con una extensión de casi 2.700 páginas, es, al menos a mi juicio, el más tedioso y menos crítico con las responsabilidades del Gobierno federal de todos los informes presentados por Comités y Subcomités del Congreso de Estados Unidos en relación con el caso Enron. Y ello no solo por la superlativa complejidad del sistema fiscal norteamericano, sino también, probablemente —solo probablemente—, por la evidente responsabilidad de los órganos de vigilancia del IRS (Internal Revenue Service) del Departamento del Tesoro, que no se enteraron de nada hasta que las malas prácticas fiscales de Enron fueron denunciadas por terceros. Otra lista, elaborada por ATTAC, incluye solo 242, la inmensa mayoría domiciliadas en las islas Cayman (216), y el resto en las islas Aruba (1), Barbados (4), Bermudas (1), Guam (1), Guernesey (1), Mauricio (12), Filipinas (3), Trinidad & Tobago (1), y Turks & Caicos (2).

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En lo que sigue, me referiré al Testimonio Escrito del staff (36 páginas), presentado por Lindy L. Paull, jefa del mismo, que pretende ser un resumen del Informe de Investigación. De dicho testimonio cabe extraer las siguientes conclusiones: a) Enron pagó, aproximadamente, 325 millones de dólares en impuestos federales sobre beneficios durante el período 1990-1995, no pagó impuesto alguno durante el período 1996-1999, y pagó 63 millones de dólares en el ejercicio 2000242. b) A mediados de la década de los noventa, Enron revisó el papel de su departamento de impuestos, simple gestor de las declaraciones del impuesto federal sobre los beneficios, para transformarlo en centro de beneficios y de generación de cash flow a corto plazo para la compañía, en unidad de negocio con sus propios objetivos. A tal efecto, durante el período 1995-2001, Enron puso en marcha diversas técnicas y estrategias que le permitieron sacar provecho de sus beneficios fiscales a largo plazo, anticipando su deducción, y transformándolos en beneficios contables en sus declaraciones financieras ordinarias. c) Entre tales técnicas destaca la implementación de doce grandes transacciones estructuradas243 del tipo tax shelter, de complejidad superlativa, para poder engañar o confundir al Internal Revenue Service. Se utilizaron técnicas consistentes en: (i) elevar de forma presuntamente impropia o dudosa los gastos corporativos fiscalmente deducibles; (ii) elevar de forma presuntamente impropia o dudosa las deducciones fiscales derivadas de la participación en asociaciones tipo partnership244; (iii) practicar deducciones dudosas de las plusvalías obtenidas por Testimonio Escrito JCX-10-03, páginas 4 y 5. Durante el período 1995-1999, generó 2.285 millones de dólares de beneficios imponibles y 3.025 millones de dólares en concepto de deducciones fiscales. En el ejercicio 2000 declaró un beneficio neto de 979 millones de dólares y un beneficio imponible de 3.101 millones de dólares antes de deducciones fiscales acumuladas hasta 1999. 243 Ibíd., página 7. 244 Este tipo de asociaciones, creadas para la realización de un determinado negocio, no pagan impuestos por sí mismas, sino que deben hacerlo sus socios, tanto el general partner como los limited partners. Esta circunstancia puede facilitar abusos, sobre todo cuando se trata de participadas constituidas en paraísos fiscales. En efecto, los beneficios pueden evadirse al fisco, transfiriéndolos a un socio acomodadizo no sujeto a las leyes fiscales americanas (accommodation party), generalmente a un banco, quien, tras percibir la correspondiente comisión, retorna los beneficios bajo una forma que es considerada libre de impuestos por dicha legislación. El uso de este tipo de prácticas fue objeto de persecución por parte del Departamento del Tesoro y del IRS durante la administración Clinton. 242

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los directivos en la realización de sus stock options, y de las primas de pólizas de seguros tipo COLI (corporate-owned life insurance245); y (iv) practicar deducciones presuntamente impropias de los intereses devengados en operaciones del tipo prepaids swaps contracts (Enron, en un portentoso ejercicio de alquimia contable, deshacía, solo a efectos fiscales, la ingeniosa trama de «pagos por adelantado», y volvía a transmutar en deudas reales las transacciones comerciales ficticias), o en complejas operaciones con acciones preferentes. En concreto, cuatro de la doce transacciones estructuradas fueron diseñadas para deducir fiscalmente dos veces la misma pérdida (Proyectos Tanya, Valor, Steel y Cochise); otras cinco para deducir de la base imponible la amortización de activos sin valor económico alguno (Proyectos Tomas, Condor, Teresa, Tammy I y Tammy II); una para considerar como fiscalmente deducible el pago del principal de una deuda (Proyecto Apache); y, finalmente, otras dos (Proyectos Renegade y Valhalla) para hacer posible la participación de Enron como socio acomodadizo (accommodation party) para que otros sujetos pasivos (Bankers Trust y Deutsche Bank, respectivamente) pudieran obtener beneficios fiscales o financieros. Como resultado de estas transacciones, en las que actuaron como promotores Arthur Andersen (2), Bankers Trust (5), Chase Manhattan Bank (1), Deloitte & Touche (2) y Deutsche Bank246 (1), Enron devengó más de 2.000 millones de dólares en presuntamente cuestionables incrementos de beneficios y ahorros de impuestos —que, tal vez, no pudo aprovechar totalmente debido a su quiebra—, a costa de devengar 87,6 millones de dólares en pagos por comisiones. Todos los comentarios del Testimonio Escrito rezuman no ya una cierta amargura, sino una decepción e impotencia ciertas, por cuanto las doce transacciones estructuradas de Enron, que sin duda empujaron con violencia —si no rompieron— las alambradas del sistema impositivo, ponían de manifiesto que «una corporación motivada puede manipular las provisiones sumamente técnicas de la ley para alcanzar beneficios no previstos [por los legisladores del Congreso y por el Departamento del Tesoro]»247. Se trata de seguros de vida suscritos por una empresa en beneficio de uno o más de sus empleados, en los que el tomador, beneficiario y pagador, en su caso, a tales empleados, es la propia empresa. Se suscriben para cubrir contingencias que pueden surgir en los planes de pensiones. En general, las primas solo son fiscalmente deducibles cuando se produce la contingencia asegurada. 246 Que absorbió a Bankers Trust. 247 Testimonio Escrito JCX-10-03, página 10. 245

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En tono afligido, el Testimonio Escrito reconoce que muchas de las transacciones, si no todas, eran tan sofisticadas y complejas que resultaban muy difíciles de interpretar y criticar, máxime teniendo en cuenta que consultores de primera fila les habían dado su visto bueno248. En este sentido, también admite que la legislación fiscal tiende a presumir que cuestiones tales como la independencia de las distintas partes de una transacción son reales, salvo que resulte bien visible lo contrario, y que, «paradójicamente, los sistemas legislativo y regulativo permitieron a Enron participar en transacciones que los propios técnicos en política fiscal habían prohibido por ley o cuestionado por regulación. El Congreso abolió las ventajas fiscales de cierto tipo de transacciones, pero no obstante permitió a corporaciones tales como Enron sacar partido de disposiciones transitorias y comprometerse en transacciones a pesar del inminente cambio de la ley»249. Y ya en tono francamente lastimero, considera que «corporaciones tales como Enron tienen una ventaja inherente sobre el IRS. Enron estructuró sus acuerdos con el asesoramiento y supervisión de abogados, de bancos de inversión y de especialistas en contabilidad muy expertos y sofisticados. La reivindicación del privilegio abogado-cliente obstaculizó la obtención por parte del IRS de los documentos más instructivos, lo que impidió su facultad de auditar las transacciones. […] Además, la reciente posición de Enron como una compañía con pérdidas operativas netas significativas jugó en su favor en cuanto al escrutinio del IRS […] menos incentivado para investigar»250. Las observaciones generales del Testimonio Escrito concluyen con la siguiente manifestación pragmática251: La agresiva interpretación de Enron relativa al propósito de los negocios, la cooperación de contrapartes acomodadizas, la protección ofrecida por las opiniones sobre impuestos, el complejo diseño de las transacciones… fueron factores que alentaron a la compañía a comprometerse en transacciones con motivación fiscal. Así, Enron centró su atención una vez más en la falta de efectividad general de la actual ley que regula los tax shelters. Los tax shelters son en buena manera producto de la ambigüedad de provisiones muy complejas de la legislación [fiscal], carencia de guía administrativa, o interpretaciones inconsistentes de la ley por parte de los tribunales. Los tax shelters implican a menudo la yuxtaposición de provisiones inconexas e incongruentes en una transacción simple o en series de transacciones interconectadas. Los contribuyentes hacen uso de las complejidades del sistema en su provecho y realizan un diagnóstico clínico del riesgo y beneficios de una acción, concluyendo a menudo que el bajo riesgo de que el cumplimiento de la ley les sea Ibíd., página 11. Ibíd., página 11. 250 Ibíd., página 11. 251 Ibíd., páginas 11 y 12. 248 249

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impuesto de forma efectiva (incluyendo el bajo riesgo de multas) resulta contrapesado por los beneficios prometidos. Hasta que los costes de participar en transacciones con motivación fiscal se incrementen de forma sustancial, corporaciones tales como Enron continuarán comprometiéndose en transacciones que violan la letra o el espíritu de la ley.

Naturalmente, el staff del Comité Conjunto de Tributación recomendó de forma genérica que se adoptasen numerosas medidas legislativas para desalentar la realización de operaciones que no tuviesen otro fin que reducir o eludir el pago de impuestos sobre los beneficios, para evitar las deducciones abusivas, para impedir los excesos que se derivaban de la intervención de terceras partes acomodadizas —que a todo se avienen fácilmente— en transacciones realizadas con el concurso de asociaciones de estratos múltiples en paraísos fiscales252, para yugular los regímenes fiscales preferenciales existentes en dichos paraísos253… para arreglar muchísimas cosas. Enron utilizó, por ejemplo, el siguiente esquema en las islas Cayman: (i) primero creaba una filial al 100% (top-tier o capa superior), que estaba sujeta a las leyes fiscales americanas; (ii) tal filial, residente en las islas Cayman, creaba a su vez otra filial al 100% (lower-tier o capa inferior), que, a su vez, estaba sujeta a las leyes fiscales americanas; (iii) ambas filiales creaban una compañía limitada que, oh milagro, no estaba sujeta por ley al Fisco americano; finalmente, (iv) la compañía limitada y un conjunto de inversores externos independientes (en general, un socio acomodadizo) constituían una entidad de propósito especial, con la que se podían realizar los enjuagues necesarios con plena indemnidad fiscal, sin violar la ley. 253 El presidente Clinton, espoleado por un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se denunciaban los «regímenes preferenciales dañinos», tales como los existentes en las islas Cayman, promovió en octubre de 1998 la organización de un foro dentro del marco de la propia OCDE, con fuerte liderazgo norteamericano, para debatir sobre las prácticas perniciosas de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. En junio de 2000, la OCDE publicó una lista de países considerados parias por disponer de sistemas bancarios que facilitan el comportamiento criminal. Curiosamente, seis naciones, incluidas las islas Cayman, no figuraban en dicha lista por haber alcanzado un acuerdo de colaboración con la administración Clinton —en su crepúsculo en aquellos momentos— para limpiar sus respectivos sistemas bancarios. En julio, los países integrados en el G7 decidieron imponer estrictas sanciones económicas a aquellos paraísos fiscales incluidos en la lista que no implantaran medidas de transparencia en el plazo de un año. El 17 de febrero de 2001, el secretario del Tesoro de la nueva administración republicana, Paul O’Neill, manifestó ante la Cámara de Representantes que los esfuerzos del presidente Clinton para imponer castigos a los paraísos fiscales offshore estaban «bajo revisión». A pesar de estos augurios, el 17 de noviembre, estallado ya el escándalo Enron, O’Neill anunció que el Gobierno de las islas Cayman había decidido empezar a cooperar con Estados Unidos, estableciendo una nueva legislación bancaria que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2004. Así pues, las empresas tipo Enron disponían de 25 meses para mover sus activos hacia otros paraísos fiscales y sellar las correspondientes actas para escrutinio público. Tan juiciosa medida en defensa del fisco norteamericano no afectaba ya a una Enron al borde de la quiebra. 252

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En una nota de prensa del Comité de Finanzas del Senado, publicada el mismo día 13 de febrero de 2003 para dar cuenta de la investigación realizada254, el senador Grassley, entonces ya chairman de dicho Comité, manifestó su intención de «reprimir severamente los abusos corporativos en materia de impuestos, que enriquecen a los ejecutivos a expensas de los trabajadores de nivel bajo». Para Grassley, la conclusión de la investigación realizada por el Comité Conjunto de Tributación era en extremo perturbadora: «“Show Me the Money!” es una frase cazada al vuelo en un documento interno de Enron correspondiente a una tax shelter. Resulta claro que eso era todo. Dinero, dinero, dinero. Dinero por encima de la honestidad en la contabilidad financiera y en la declaración fiscal. Dinero por encima de la ética profesional y corporativa. Dinero por encima del sentido común. Dinero, dinero, dinero. No había más sustancia en los negocios de Enron. La compañía pergeñó montones de artificios para hacer que pareciese real algo que no lo era». La «represión severa» anunciada se realizaría mediante la aprobación de nuevas leyes, cuyos textos ya habían sido presentados en el Senado. La reacción de Grassley fue la que cabía esperar de un legislador indignado y, a la vez, abochornado. Pero la promulgación de nuevas leyes y normas, que vendrían, probablemente, a complicar todavía más el ya de por sí complejísimo sistema fiscal norteamericano, ¿era acaso la solución para cortar de raíz los abusos corporativos en materia de elusión o evasión de impuestos? Existen motivos serios para dudarlo. Porque el contribuyente en general y las corporaciones en particular siempre intentarán evitar el pago de impuestos, y siempre habrá asesores fiscales, contables, abogados y bancos que les ayudarán a conseguirlo con éxito. Y es que la multiplicación de las normas y preceptos no guarda proporción alguna con la infinita diversidad de los actos humanos, y el ingenio siempre encuentra la forma de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil que es la ley, tejida invariablemente a remolque de los hechos.



http://finance.senate.gov.

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Cuarta Parte DURA LEX, SED LEX

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Dura lex, sed lex. (La ley es dura, pero es la ley.) Digesto

Los escultores suelen representar a la justicia bajo la forma de una dama togada con los ojos vendados, una de cuyas manos empuña una espada mientras que la otra sostiene una balanza. Lo que con ello se pretende significar es que la justicia es ciega porque así debe serlo, y aplica la ley con idénticos rigor y equidad a unos y a otros, ricos o pobres, sabios o ignorantes, fuertes o débiles, reyes o vasallos… Pero la experiencia de la vida nos muestra hasta el hartazgo que ni todo lo lícito es siempre honesto y justo, ni las leyes pueden cubrir, aunque de buena fe lo intenten, la infinita diversidad de las conductas que ofenden la conciencia común. Además, aunque todos los seres humanos somos iguales ante la ley… algunos son más iguales que otros. Siendo así, como son, las cosas, incluso en los países democráticos más avanzados, se comprende que el mecanismo de la ley, siempre torpe, lento y pesado, no se ponga en marcha con facilidad, especialmente en el proceloso campo de los delitos de «cuello blanco», cuya complejidad superlativa suele ser la mejor coraza protectora para la defensa de las conductas criminales, a la vez que salvoconducto para la exculpación, la impunidad y el olvido. Pero el escándalo Enron fue un suceso demasiado grave y traumático, el paradigma de una era desquiciada donde la confianza del inversor, piedra angular de los mercados financieros, se había resquebrajado, aunque no roto. Si hubiese constituido un hecho aislado, es más que probable que poco hubiéramos oído hablar de él. Pero no era este el caso. De ahí que los innumerables crímenes que se cometieron en, con, por y para Enron fueran objeto de durísimo escrutinio público y provocaran una oleada de demandas e inculpaciones civiles y criminales desde el mismo momento de la quiebra de la compañía hasta nuestros días. Había que dar un castigo ejemplar, y los correspondientes juicios se han ido sucediendo de forma pautada, monótona e implacable. De todas formas queda aún tela que cortar, y las réplicas del terremoto judicial desencadenado, bajo la forma de anulación de procedi-

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mientos, apelaciones, sobreseimiento de cargos y reivindicaciones póstumas, tal vez duren algún tiempo. En esta Cuarta Parte abordaré el análisis de los juicios más importantes relacionados directa o indirectamente con Enron. En el capítulo 13 haré referencia al desarrollo de tres juicios precursores muy importantes: «Andersen», «Barcazas», y «Banda ancha». En especial, los dos últimos no fueron, en el fondo, sino maniobras con fuego real orquestadas por los fiscales de la Enron Task Force para poner a prueba la solidez y fortaleza de sus teorías jurídicas ante la decisiva batalla que se avecinaba: el Gobierno de Estados Unidos contra Lay y Skilling. También me referiré a un juicio menor: Estados Unidos contra el «Trío Natwest». En los capítulos 14 a 19 haré una crónica bastante minuciosa del juicio principal contra Lay y Skilling, dados no solo su relevancia, sino también su carácter sumamente pedagógico, sobre todo para lectores conocedores únicamente del funcionamiento del sistema judicial americano a través del cine y de la televisión (supongo que casi todos). Finalmente, en el capítulo 20 daré amplia noticia de las mayores demandas civiles (Newby y Tittle). Naturalmente, a lo largo del relato que sigue se hace inevitable referencia a muchas de las noticias que ya han sido comentadas, generalmente muy de pasada, en los anales de la Primera Parte y, también, a no pocos de los análisis, inquisiciones y reflexiones incluidos en las partes Segunda y Tercera. Pero, en esta Cuarta Parte, veremos la forma en que los fiscales federales, tras un largo y meticuloso proceso de investigación, consiguieron seleccionar, de entre el inmenso montón de materiales a su disposición, conjuntos de teselas con las que formar mosaicos que reflejasen de forma decorosamente plausible aquellos aspectos que consideraron más relevantes de tan mayúsculo escándalo financiero, todo ello con la exclusiva finalidad de que jurados formados por ciudadanos normales pudieran estar en condiciones de formular veredictos unánimes contra las personas presuntamente culpables del desastre, más allá de toda duda razonable. Lo malo es que, con frecuencia, tales mosaicos no resplandecieron por su hermosura: ni las piezas escogidas, ni las técnicas utilizadas para ensamblarlas, fueron las más adecuadas de acuerdo con las elementales reglas del arte, con resultado de chapuza. ¿Qué quiero decir? Pues, sencillamente, que los fiscales, para poder darle al pueblo lo que, según los media, este pedía a gritos, es decir, que «rodaran las cabezas» de quienes parecían ser los más destacados responsables del escándalo, socialmente ya condenados sin juicio previo, emprendieron una especie de caza de brujas, y, en su desalada defensa de la legalidad vigente, hicieron a veces un uso discutible del inmenso poder que su alta posición de oficiales

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del Gobierno les otorgaba. En efecto, aplicando de forma rigurosa e inflexible la nueva y durísima ley Sarbanes-Oxley de 27 de julio de 2002, personas inocentes fueron acusadas e implacablemente perseguidas durante años, altos ejecutivos responsables directos de no pocas fechorías de grueso calibre fueron persuadidos y tentados para que compraran al precio de la delación de sus superiores sentencias benévolas en juicios sin jurado… se destruyeron las vidas de muchas personas. El resultado final nos dejará, como veremos, un regusto amargo.

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Capítulo 13 TRES JUICIOS PRECURSORES Y UNO MENOR Incipe: dimidium facti est coepisse. Supersit / dimidium : rursum hoc incipe et efficies. (Empieza: comenzar es tener hecha la mitad; te queda la otra mitad; vuelve a empezar y la terminarás.) Ausonio, Epigramas, 82 Omnium quidem rerum primordia sunt dura. (Los comienzos de todas las cosas son siempre duros.) Pedro Crisólogo, LXII, 656

Estados Unidos contra Arthur Andersen Indicios de colaboración culposa La responsabilidad de Arthur Andersen en el colapso de Enron ha quedado suficientemente acreditada a lo largo de las tres partes anteriores. Su doble papel de auditor de cabecera y de consultor de amplio espectro le llevó, como se ha visto, no solo a hacer la vista gorda ante la práctica habitual de una contabilidad inciso-cortante que golpeaba con violencia las vallas fronterizas de lo legal, sino, lo que es aún peor, a instruir a sus directivos sobre la existencia de atajos que nadie vigilaba, a oficiar de guía para ayudarlos a transitar por caminos tortuosos. De esta forma contribuyó a que gentes ya predispuestas a sortear y a circunvenir la normativa contable, se acostumbraran a habitar permanentemente en el límite. Este compadreo entre ambas compañías acabó resultando doblemente letal. Tras el memorando que Sherron Watkins envío a Lay el día 15 de agosto de 2001, las cosas empezaron a ponerse muy feas. La cadena de reacciones equivocadas de Andersen la llevarían a la ruina. Los eslabones más críticos de dicha cadena fueron: a) el envío precipitado de un memorando de

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James Hecker a otros directivos de Andersen, incluido el responsable de la auditoría de Enron, David Duncan, en el que se venía a decir —con otras palabras, por supuesto— «nos han pillado»; b) la decisión de consultar, dejando rastro de ello, a la asesoría jurídica sobre qué hacer en tan desdichada situación; c) el descubrimiento del gravísimo error contable cometido al registrar las aportaciones de Enron a las Raptor I, II y IV, y la subsiguiente recomendación de echar tierra al asunto (pasar dinero de una a otra cuenta del pasivo no era un «hecho relevante» sino una inocente travesura «sin transcendencia en el balance»), recomendación que siguió Lay en su histórica comparecencia del día 16 de octubre de 2001; d) el envío de un correo electrónico por parte de la responsable del área de asesoría jurídica de Andersen en Chicago, Nancy Temple, al socio en Houston, Michael Odom, urgiéndole a recordar al equipo encargado de auditar a Enron que la política de la firma era conservar tan solo algunos documentos relevantes y destruir el resto; e) el desencadenamiento de un proceso de destrucción masiva de documentos, bajo la supervisión de la oficina de Houston, que se prolongó hasta el 8 de noviembre, cuando varios socios de Andersen recibieron una citación para comparecer ante la SEC; y, a manera de colofón, f) el mensaje de voz y el correo electrónico que Nancy Temple envió a David Duncan, ordenando la conservación de todos los documentos de Enron, y la inmediata detención de tal proceso. Así las cosas, cuando la SEC inició formalmente, el 9 de noviembre de 2001, la investigación de Andersen, su suerte ya estaba echada. La patética declaración del CEO de Andersen, Joseph Berardino, ante un Comité del Congreso («Ya advertimos a Enron sobre la posible comisión de actos delictivos al ocultar a la auditora información crucial sobre su situación financiera»), su reconocimiento de que se había destruido documentación relativa a las auditorías durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2001 bajo la dirección del ya despedido David Duncan, y la entrega de pruebas de la implicación en tal destrucción de Nancy Temple, precipitaron los acontecimientos. El procesamiento El día 15 marzo de 2002, un gran jurado de Houston presentó el primer cargo criminal contra Andersen, auditora a la que acusó de obstrucción a la justicia (destrucción de documentos comprometedores). El día 20 marzo, Andersen compareció ante la jueza federal de distrito de Houston, Belinda Harmon. Se declaró inocente, y el juicio quedó fijado para el día 6 de mayo.

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El día 28 de marzo, Joseph Berardino, CEO de Andersen, presentó su dimisión, y Paul A. Volcker, ex chairman de la Reserva Federal, que había sido nombrado chairman de un Independet Oversight Board, con la misión de sacar a la compañía de la crisis, se quedó solo ante el peligro. Pero ya no había posibilidad alguna de llegar a un acuerdo amistoso con la fiscalía. El día 9 de abril, David Duncan se declaró culpable del cargo de obstrucción a la justicia por haber dirigido el proceso de destrucción de documentos, siguiendo instrucciones de sus superiores, y suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. El juicio El día 6 de mayo, lunes, dio comienzo en Houston, bajo la presidencia de la jueza federal de distrito Belinda Harmon, el juicio contra Andersen. Su desarrollo inicial no fue nada pacífico. Desde el primer día hubo roces entre el abogado defensor Rusty Harding y la jueza Harmon, quien tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones por su empecinamiento en formular preguntas que sugerían la respuesta, y desatender las normas procesales por ella establecidas. Pero la chispa saltó en relación con una factura. En efecto, el ministerio fiscal llamó al estrado a su testigo estelar, David Duncan, quien se refirió a un documento, admitido como prueba, que mostraba que Andersen facturó a Enron 3,2 millones de dólares por servicios relacionados con la investigación de la SEC, y prestados desde mediados de octubre hasta el 9 de noviembre de 2001. Al día siguiente, la defensa intentó presentar otro documento, que acababa de descubrir, y que demostraba que el documento aportado por la fiscalía era simplemente un borrador, y que el importe de la factura había sido, en realidad, de «solo unos 2,2 millones de dólares». Al parecer, la jueza Harmon no admitió que se mostrase al jurado tal documento, por considerarlo «ridículo», lo que provocó la indignación de la defensa, que acusó a la jueza, no estando ya presente el jurado, de actuar de forma «sesgada». Lo cierto es que el importe de la factura en nada afectaba al argumento central de la fiscalía: Andersen ayudó a Enron a contestar las demandas de la SEC mientras sus propios empleados destruían masivamente documentos internos relativos a las auditorías de dicha compañía255. De todas formas, la fiscalía intentó reforzar su acusación presentando como testigo decisivo a Nacy Temple, cuyo correo electrónico, enviado desde Chicago el 12 de octubre de 2001, puso en marcha el proceso de des Ver el artículo de Tom Fowler, publicado el 16 de mayo de 2002 en el diario Houston Chronicle, bajo el título «Attorney for Andersen, judge have verbal brawl».

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trucción de documentos comprometedores. Tal intento resultó fallido, pues Nancy Temple, en un escrito fechado el 10 de mayo de 2002, se negó a comparecer acogiéndose a la protección de la Quinta Enmienda. Este hecho fue sin duda un contratiempo serio para la fiscalía, pues toda la acusación se sostenía únicamente en el testimonio de Duncan. En estas condiciones, el Gobierno tenía que demostrar al jurado, más allá de toda duda razonable, que la actuación de Duncan no había sido originada por un malentendido de las órdenes de sus jefes, en una situación personal de tensión extrema, que podía haber afectado a su «estado de ánimo». Además, la destrucción de documentos no era delito en determinadas circunstancias, y el propio Duncan había declarado que al principio no fue plenamente consciente de que su conducta fuese criminal, y que solo llegó a tal conclusión cinco meses después, tras hablar con los fiscales. Así las cosas, la fiscalía presentó pruebas contundentes de que personal de Andersen había alentado la destrucción de información que podía implicar a la auditora en el escándalo Enron, hasta la misma víspera de su inculpación, como si se tratase de un procedimiento interno de rutina. Tales pruebas consistían en cintas de audio y de vídeo en las que aparecían registradas manifestaciones muy comprometedoras de Nancy Temple y de Michael Odom256. La defensa y la fiscalía concluyeron sus alegaciones finales el 4 de junio, y el día 5 se iniciaron las deliberaciones del jurado tras la lectura por parte de la jueza de su documento de instrucciones. Tras siete largas jornadas de deliberación, el jurado envió el día 12 de junio una nota a la jueza en la que se decía que habían llegado a un callejón sin salida, por cuanto no eran capaces de alcanzar una decisión unánime. La jueza les instó a que continuasen sus deliberaciones. Al día siguiente, la situación dio un vuelco espectacular. En una nota a la jueza, el jurado formuló una doble pregunta de la que cabía inducir que sus doce miembros se inclinaban por un veredicto de culpabilidad. Tal doble pregunta era: «¿Si cada uno creemos que un agente de Andersen actuó conscientemente con intención corrupta, todos tenemos que creer que fue el mismo agente? ¿Puede creer uno que fue el agente A, otro que fue el agente B, y otro que fue el agente C?»257. El día 13 Ver el artículo de Tom Fowler y Mary Flood, publicado el 20 de mayo de 2002 en el diario Houston Chronicle, bajo el título «Feds launch haymaker at Andersen. Lawyer’s notes indicate firm feared Enron audit would likely face scrutiny». 257 «If each of us believes that one Andersen agent acted knowingly and with a corrupt intent, is it for all of us to believe it was the same agent. Can one believe it was agent A, another believe it was agent B, and another believe it agent C.» Citado en un artículo de Tom Fowler y Mary Flood, publicado el 13 de junio de 2002 en el diario Houston Chronicle, bajo el título «Andersen jury may be leaning toward guilty verdict». 256

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la jueza respondió «no» a la primera parte de la pregunta y «sí» a la segunda. El jurado pidió documentación adicional y, en concreto, un correo electrónico enviado por Nancy Temple a David Duncan, con copia a Michael Odom, el 16 de octubre de 2001258, en el que le hacía una serie de comentarios y recomendaciones sobre cómo convenía reaccionar ante la ya célebre nota de prensa de Enron, que precipitó su colapso. El día 15 de junio el jurado declaró a la compañía Arthur Andersen culpable de obstrucción a la justicia (destrucción de pruebas). Este veredicto supuso, de facto, el final de una empresa que fue el «patrón oro» de la auditoría. Al parecer, algún miembro del jurado comentó que todos sus componentes habían llegado a la conclusión de que el «agente corrupto» había sido Nancy Temple, y que su correo electrónico relativo a la destrucción de documentos constituía una «evidencia indiscutible». El día 16 octubre de 2002, la jueza Belinda Harmon sentenció a la empresa auditora Arthur Andersen al pago de 500.000 dólares de multa y a cinco años de funcionamiento bajo vigilancia por obstrucción a la justicia en el caso Enron. La defensa recurrió la sentencia. Pero la jueza no sentenció a una empresa, sino a un cadáver corporativo. ¿Una reivindicación póstuma? El día 31 de mayo de 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el fallo condenatorio por obstrucción a la justicia, tras apreciar graves defectos de forma en las instrucciones dadas por la jueza Belinda Harmon al jurado. En efecto, el más alto Tribunal consideró que las instrucciones iniciales de la jueza habían sido demasiado vagas; y, en cuanto a las adicionales dadas tras siete días de infructuosas deliberaciones, no se ajustaron a derecho. En efecto, para condenar por un cargo de obstrucción a la justicia, el jurado tenía que considerar probado, más allá de toda duda razonable, que la compañía auditora había ordenado la destrucción de documentos, no como consecuencia de la aplicación de sus normas operativas habituales, sino con conciencia de que estaba actuando mal, y con la intención de perturbar la investigación federal. En este sentido, la indicación de la jueza de que el jurado podía llegar a una decisión genérica sobre la sentencia, aunque no hubiera un acuerdo unánime sobre las responsabilidades individuales, no fue correcta de acuerdo con la ley entonces vigente. Se debía eliminar su nombre de cualquier memorando que se preparase, y no se debían utilizar palabras que pudieran sugerir que Andersen estaba al corriente de que el comunicado de prensa era engañoso.

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Esta revocación no suponía, en absoluto, la absolución de Andersen. Lo que se declaraba nulo era el juicio. Pero en el Departamento de Justicia ni siquiera se contempló la posibilidad de instar la repetición del mismo. ¿De qué hubiera servido, en su caso, la reivindicación póstuma de una empresa ya cuasi desguazada, por no decir zombi? En noviembre de 2005, David Duncan preguntó a la jueza si podía ser retirada su declaración de culpabilidad, dada la anulación de la sentencia contra Arthur Andersen. Su súplica fue atendida, y el 15 de diciembre la fiscalía retiró los cargos, su declaración de culpabilidad fue anulada y su juicio sobreseído. Un error garrafal Cualquier estudioso del caso Enron, si se atiene a las investigaciones del Congreso de Estados Unidos, de los periodistas especializados, y de los expertos en contabilidad y auditoría de cuentas, no puede sino concluir que en Andersen se cometieron crímenes detestables. Pero ¿por qué no se castigó a las personas directamente responsables de los mismos, y sí se condenó a pena capital a la empresa, es decir, a un conjunto de profesionales asalariados que, en su inmensa mayoría, no cometieron jamás error ni delito alguno? Ya he dado mi respuesta en la Tercera Parte. Opino que los fiscales federales cometieron un grave error. Su indignación los llevó a elegir la vía que pensaron era más eficaz para calmar el enfado de una sociedad que pedía a voz en cuello que «rodaran cabezas». Lo que consiguieron es que rodara la cabeza de un cadáver corporativo aún insepulto, mientras que las de los culpables del desaguisado seguían —y seguirían de por vida— sobre sus hombros. Se habían equivocado, pero se dieron cuenta de ello. A partir de ese momento, ninguna empresa en cuanto persona jurídica, al menos que yo sepa, fue perseguida por la vía criminal en materia de delitos de «cuello blanco»; no debían pagar justos por pecadores. El juicio «Barcazas» Juicio, veredicto y sentencia La operación de venta simulada a Merill Lynch de tres grupos generadores de electricidad instalados sobre barcazas ancladas frente a la costa de Nigeria, descrita con detalle en la Segunda Parte, capítulo 7, fue considerada delictiva por los fiscales de la Enron Task Force, y supuso la inculpación y juicio de dos ejecutivos de Enron y cuatro de Merrill Lynch.

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Para los fiscales era importante abrir el primer juicio criminal con jurado contra exempleados de Enron, aunque los inculpados fuesen ejecutivos de nivel medio o medio-bajo. Se trataba de llevar a cabo un ensayo general para verificar tanto la consistencia de las pruebas que iba acumulando el Gobierno con el propósito último de procesar a Lay y a Skilling, como la disposición real a cooperar por parte de los ejecutivos de alto nivel que ya se habían declarado culpables de cargos menores y habían suscrito acuerdos de colaboración con la justicia. El día 20 de septiembre de 2004, dio comienzo en Houston, bajo la presidencia del juez federal de distrito Ewing Werlein, el juicio criminal contra dos exejecutivos de Enron —Dan Boyle, ex vice president del Global Finance Group de la dirección financiera, y Sheila Kahanek, ex senior director de la división Asia Pacific/Africa/China de la dirección de contabilidad—, y contra cuatro exejecutivos de Merill Lynch —James Brown, exdirector de la división de arriendo de activos estratégicos, Daniel Bayly, exdirector de la división de banca de inversión, Robert Furst, exdirector de las relaciones con Enron, y William Fuhs, ex vice president—. A todos ellos se les acusaba de un cargo por conspiración, y dos por fraude electrónico. Adicionalmente, a Bayly y a Brown se les imputaba un cargo por mentir a los investigadores. Los testigos estelares del Gobierno fueron Michael Kopper y, sobre todo, Ben Glisan. El día 28 de octubre de 2004, la acusación y la defensa concluyeron sus alegatos finales, y el jurado comenzó sus deliberaciones. El día 4 de noviembre de 2004, el jurado leyó su veredicto. Boyle, Bayly, Brown, Fuhs, y Furst fueron declarados culpables de tres cargos cada uno. Sheila Kahanek fue declarada no culpable. El día 23 de abril de 2005, el juez Ewing Werlein dictó sentencia. Dan Boyle y James Brown fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión, Daniel Bayly a tres años y 6 meses, y William Fuhs y Robert Furst a 3 años y un mes. Solo la defensa de William Fuhs recurrió la sentencia. Penúltimas batallas de una guerra no ganada El juicio «barcazas» no terminó el 23 de abril de 2005, con la lectura de la sentencia por parte del juez Ewing Werlein. El día 30 de marzo de 2006, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito (en lo que sigue TFAQC)259 revocó la sentencia dictada contra William Fuhs y ordenó su inmediata puesta en libertad. 5th U.S. Circuit Court of Appeals, con sede en Nueva Orleáns, Luisiana.

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El día 8 de junio de 2006, el mismo tribunal de apelación ordenó la inmediata puesta en libertad de Daniel Bayly y Robert Furst, a la espera de que se viesen los recursos presentados por sus abogados. Y el día 2 de agosto de 2006, dicho tribunal anunció en Nueva Orleáns que un panel formado por tres jueces consideraba, por dos votos a uno, que las cargos por fraude contra los cuatro exejecutivos de Merrill Lynch, James Brown, Daniel Bayly, Robert Furst y William Fush, declarados culpables en noviembre de 2004 por un jurado, se habían «agrietado», y los respectivos veredictos de culpabilidad quedaban anulados260. Únicamente se mantuvo el veredicto de culpabilidad de Brown por perjurio y obstrucción a la justicia. La base para la adopción de tal decisión fue que el panel de tres jueces del tribunal de apelación consideró por mayoría que la teoría sostenida por los fiscales ante el jurado, según la cual los acusados privaron a Enron de sus «servicios honestos»261, dado que participaron en un trato simulado para ayudar a la compañía energética a registrar beneficios ficticios, no era correcta, por cuanto los exejecutivos de Merrill Lynch trabajaron en beneficio de Enron —empresa a la que no robaron dinero ni propiedades— y de su banco, y no en el suyo propio. Esta revocación supuso un durísimo golpe para la Enron Task Force. Uno de sus principales argumentos jurídicos hacía aguas. Expertos legales opinaron que el Departamento de Justicia podía solicitar que esta decisión judicial fuese elevada al plenario del tribunal de apelación, constituido por 16 jueces, antes de que deviniese firme. Tal panel podría mostrar su desacuerdo con la decisión adoptada por tres de sus componentes, lo que permitiría a la fiscalía restablecer las declaraciones de culpabilidad anuladas, aunque se trataría de una decisión un tanto insólita. El Departamento de Justicia también podía optar por presentar recurso ante el Tribunal Supremo, o instar un nuevo juicio contra Bayly, Brown y Furst. El 15 de febrero de 2007, el Departamento de Justicia hizo pública su decisión de no recurrir el fallo del panel de los tres jueces ante el Tribunal Supremo, pero señaló que estaba considerando la posibilidad de volver a juz Ver artículos de John C. Ropper, publicados el 2 de agosto de 2006 en el Houston Chronicle bajo el título «4 ex-Merrill Lynch execs convictions overturned» y «Experts expect ruling review». 261 La legislación federal de Estados Unidos contempla un tipo de fraude criminal que se origina cuando alguien priva a otro (empresa, cliente, accionista, stakeholder…) del derecho intangible de prestación de servicios honestos (deprive another of the intangible right of honest services). La ley no precisa más. Es, por supuesto, la herramienta de acusación favorita de los fiscales federales en la instrucción de procedimientos criminales contra presuntos delincuentes de cuello blanco o funcionarios públicos felones. 260

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gar a los tres exejecutivos de Merrill Lynch exculpados en apelación. Quien sí recurrió fue Brown, en relación con los cargos por perjurio y obstrucción a la justicia. A comienzos de abril de 2007 se supo que el caso «Barcazas» se mantenía vivo, y que los fiscales estaban dispuestos a instar un nuevo juicio contra Bayly, Furst y Brown, que se celebraría probablemente en enero de 2008, si los acusados no aceptaban negociar un acuerdo extrajudicial. El 14 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo desestimó la apelación de Brown. Dado que ya estuvo internado un año en una prisión federal, habría que esperar la decisión del juez Ewing Werlein de si procedía o no el cumplimiento de una condena adicional por los dos cargos no sobreseídos. El 23 de enero de 2008, el segundo juicio contra Bayly y Furst fue aplazado varias semanas ante una nueva apelación presentada por ambos y por Brown ante el TFAQC. Al parecer, los abogados defensores argumentaron que la fiscalía no les había proporcionado un documento crucial para la defensa, a saber, una trascripción de las declaraciones iniciales de Fastow al FBI en las que el ex CFO sostuvo que la venta de las barcazas a Merrill Lynch fue real, y que no medió ningún compromiso o garantía de recompra, lo que, por cierto, contradecía lo declarado por Glisan y Kopper. Además, los abogados formularon una teoría basada en la Quinta Enmienda que se refería a la cláusula double jeopardy, es decir, al derecho constitucional a no ser encausado dos veces por el mismo delito. En marzo, la defensa de los exejecutivos de Merrill Lynch sostenía ya abiertamente que los fiscales habían «manufacturado un caso sin crimen». El día 17 de junio de 2009, el TFAQC desestimó la apelación y falló que los nuevos juicios contra Bayly y Furst podían llevarse a cabo por cuanto no violaban la protección constitucional sobre el double jeopardy. Pero se produjo una gran sorpresa: el Tribunal Supremo, como más adelante se verá, falló veinticuatro horas más tarde a favor del exdirectivo de EBS Scott Yeager, implicado en el juicio «Banda ancha», cuya defensa había esgrimido prácticamente los mismos argumentos para evitar un segundo enjuiciamiento. Así las cosas, cabía presumir que las defensas de Bayly y Furst recurrirían ante el Tribunal Supremo, con posibilidades de dar fin a la pesadilla. No fue así, y el día 8 de agosto de 2009 el juez Werlein fijó el 8 de febrero de 2010 como fecha del nuevo juicio contra Bayly y Furst, aunque animó a la fiscalía y a la defensa a llegar a un acuerdo para zanjar amistosamente un asunto tan antiguo y manoseado. Pero en el Departamento de Justicia no parecían soplar aires de conciliación. Finalmente, el 8 de enero de 2010, la fiscalía retiró los cargos contra Bayly. El 14 de mayo Furst llegó a un acuerdo con la fiscalía en virtud del cual tam-

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bién se retiraban los cargos contra él, a cambio del cumplimiento de un año de libertad condicional. Y el 16 de septiembre la fiscalía retiró igualmente los cargos contra Brown, a excepción de los de perjurio y obstrucción a la justicia, lo que implicaba que el juez Werlein debería ser quien determinase si el año que pasó en prisión era suficiente condena, o, por el contrario, debía volver a la cárcel (cuestión pendiente desde mayo de 2007). Y en esas estamos. El juicio «Banda Ancha» Juicio, veredicto y sentencia Como ya se vio con suficiente detalle en la Segunda Parte, capítulo 6, altos directivos de EBS (Enron Broadband Services), la unidad de Internet de Enron, urdieron el llamado «proyecto Braveheart», una compleja transacción presuntamente orientada a inflar artificialmente los beneficios de la compañía. Los fiscales de la Enron Task Force consideraron que esta operación, en la que se vio directamente implicado el Canadian Imperial Bank of Commerce, no fue sino un montaje para darle la vuelta a la normativa contable con artificio engañoso, y procesaron a cinco exdirectivos de EBS: Joe Hirko (ex co-CEO, con base en Portland, Oregon), Kevin Howard (ex CFO), Michael Krautz (ex CAO), F. Scott Yeager (exdirector de desarrollo estratégico), y Rex Shelby (exdirector de ingeniería y operaciones). Se les imputaron 192 cargos criminales por conspiración, fraude de valores, fraude electrónico, uso de información privilegiada y lavado de dinero. No se procesó a Ken Rice (ex co-CEO, con base en Houston), que ya se había declarado a mediados de 2004 culpable de cargos menores, y suscrito un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 18 de abril de 2005, dio comienzo en Houston el juicio, bajo la presidencia de la jueza federal de distrito Vanessa Gilmore. El Gobierno basó la acusación en el testimonio de su testigo estelar: Ken Rice (¡el exjefe de todos los procesados!). Las manifestaciones de Rice, a lo largo de varios días, no fueron sino un primer ensayo general de las que más tarde realizaría en el juicio principal contra Lay y Skilling. La defensa hizo testificar a todos los acusados. Las manifestaciones de Hirko, un ejecutivo de la misma categoría que Rice dentro de Enron, sembraron muchas dudas sobre las tesis de los fiscales. El día 12 de julio de 2005, el Gobierno y la defensa realizaron sus alegatos finales, y dieron comienzo las deliberaciones del jurado. Finalmente, el día 21 de julio, tras más de tres meses de juicio y veinticuatro horas de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto por el que

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absolvía a tres de los acusados de 24 cargos, y manifestaba haber llegado a un «desacuerdo insuperable» sobre los 168 cargos restantes. Los acusados absueltos de algún cargo fueron Hirko (15), Yeager (5) y Shelby (4). La jueza Gilmore declaró que el juicio estaba viciado de nulidad en relación con los 168 cargos sobre los que el jurado no había alcanzado un veredicto unánime. Este veredicto supuso un durísimo golpe para la Enron Task Force, y su segundo fracaso en menos de dos meses, dado que el Tribunal Supremo ya había revocado el día 31 de mayo de 2005 el fallo condenatorio contra Andersen por obstrucción a la justicia. En opinión de juristas expertos, la fiscalía cometió una equivocación grave: convertir en muy complicado (cinco acusados y 192 cargos) un caso que, en el fondo, era muy simple; esto había facilitado mucho la defensa. ¿Cómo cabía esperar que doce ciudadanos ayunos de conocimientos básicos de contabilidad, como ellos mismos reconocieron más tarde, pudieran ponerse de acuerdo sobre una operación en la que se perdían incluso peritos en la materia? Nada se había conseguido. La fiscalía debía instruir un nuevo juicio. Nuevos juicios: ¿otras batallas perdidas? El 12 de septiembre de 2005 se supo que el Gobierno había decidido volver a procesar a los cinco acusados de haber engañado sistemáticamente a los inversores sobre el valor y perspectivas del negocio de EBS, pero no en un solo juicio, sino en tres juicios separados. La jueza Vanessa Gilmore ya había fijado fechas para la celebración de los mismos durante el año 2006. En el primer juicio, programado para mayo de 2006, comparecerían Kevin Howard y Michael Krautz, a quienes se imputaban 5 cargos por conspiración y fraude. En el segundo, programado para junio de 2006, se juzgaría exclusivamente a Scott Yeager, a quien se imputaban 13 cargos por uso de información privilegiada y lavado de dinero (tras habérsele sobreseído 107). Finalmente, en el tercero, programado para septiembre de 2006, se sentarían en el banquillo Joe Hirko y Rex Shelby, a quienes se imputaban numerosos cargos por conspiración, fraude y uso de información privilegiada. El primer juicio dio comienzo el 3 de mayo de 2006, en plena vorágine del juicio principal contra Lay y Skilling, que se celebraba en una sala contigua. El día 31 de mayo, el jurado dio lectura a su veredicto. Kevin Howard fue declarado culpable de los cinco cargos (uno de conspiración, tres de uso fraudulento de la red pública de telecomunicaciones —wire fraud—, y uno de falsificación de libros), y Michael Krautz fue absuelto de todos ellos. La

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jueza Vanessa Gilmore dejó a Howard en libertad bajo fianza de 500.000 dólares, y anunció que pronunciaría sentencia el día 11 de septiembre a las 9h 30m, solo cuatro horas antes de que lo hiciese, según estaba programado, el juez Sim Lake en el juicio principal contra Lay y Skilling. Sin embargo, tal sentencia no llegó a pronunciarse. Tras una exitosa apelación, el 14 de noviembre de 2006 los propios fiscales recomendaron a la jueza Gilmore que revocase cuatro de los cinco veredictos de culpabilidad contra Howard, dada la posición del TFAQC en el juicio «Barcazas» sobre el mal uso hecho por el Gobierno de la teoría de los «servicios honestos», y que mantuviese solo uno (conspiración y fraude, que podía suponerle al acusado una pena de 10 años de prisión). Los juicios segundo y tercero no llegaron a celebrarse en las fechas programadas. El 22 de noviembre de 2006 los abogados de Hirko, Shelby y Yeager presentaron un recurso ante el TFAQC, y tales juicios fueron pospuestos. El 31 de enero de 2007, la jueza Gilmore revocó los cinco veredictos de culpabilidad contra Howard, por entender que también se podían aplicar al quinto las tesis defendidas por el panel de tres jueces del TFAQC en el caso «Barcazas»262. Las «extremadamente agresivas» teorías legales de los fiscales en materia de «servicios honestos» estaban siendo sistemáticamente revocadas. Pero el 1 de marzo de 2007 se supo que el Departamento de Justicia tenía intención de apelar la decisión de la jueza Gilmore. La fiscalía no daba su brazo a torcer. El día 14 de febrero de 2008 el TFAQC le dio la razón a la jueza Gilmore y anuló todas las condenas de Howard, por cuanto los fiscales habían utilizado doctrinas defectuosas, que debían ser revisadas. El Departamento de Justicia decidió apelar esta decisión y juzgar a Howard por tercera vez. El día 17 de marzo de 2008 el TFAQC desestimó algunas de las apelaciones de Hirko, Shelby y Yeager. Sus respectivas causas quedaban pendientes. En mayo de 2008, la jueza Gilmore fijó fechas para dos nuevos juicios: contra Hirko y Shelby, en noviembre; y contra Yeager, en enero de 2009. Más tarde, la fiscalía decidió juzgar por tercera vez a Howard; la jueza Gilmore programó el juicio para marzo de 2009. En julio de 2008, Hirko y Shelby solicitaron a la jueza Gilmore la retirada de los cargos, argumentando que en el auto de acusación los fiscales habían ignorado ciertas evidencias importantes que les exculpaban, todo ello con el propósito de «fabricar un caso». Ver artículo de Kristen Hays, publicado el 1 de febrero de 2007 en el diario Houston Chronicle bajo el título «Juge dismisses Enron convictions».

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En septiembre de 2008, y dada la intención de Hirko, Shelby y Yeager de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la revisión de sus casos, la fiscalía propuso a la jueza Gilmore que los juicios programados se pospusiesen varias semanas. El caso estaba deviniendo en opereta bufa, y la jueza, enfadada ante la arrogancia de la fiscalía, manifestó que el juicio «Banda ancha» no era ni su único ni su más importante caso, pero se avino a aplazar los juicios contra Hirko y Shelby hasta diciembre, y el juicio contra Yeager hasta de marzo de 2009. El juicio contra Howard quedó aplazado hasta junio de 2009. El 14 de octubre de 2008 se supo que Hirko, que llevaba cinco años proclamando urbi et orbi su total inocencia, había suscrito un acuerdo de colaboración con la justicia, en virtud del cual se declaraba culpable de un cargo menor de fraude electrónico, por haber permitido, de forma imprudente y temeraria, la distribución de notas de prensa engañosas durante el año 2000 en las que se decía que Enron disponía de un sistema operativo capaz de gobernar su gran red de banda ancha, la cual estaba en condiciones de facilitar a los usuarios una amplia gama de servicios, cuando lo cierto era que tal sistema operativo (el llamado BOS) estaba aún en proceso de desarrollo. A cambio de esta inculpación, obtenía la garantía de que no sería condenado a más de 16 meses de prisión. Tal acuerdo obligaba a Hirko a pagar al Gobierno una multa de 7 millones de dólares y una compensación por gastos diferidos de 1,7 millones de dólares, a retirar la petición de revisión de su caso presentada ante el Tribunal Supremo, así como a cooperar con los fiscales en los juicios pendientes. Su sentencia quedó programada para el 3 de marzo de 2009. Hirko se convirtió así en el tercero de los siete exejecutivos de EBS detenidos en declararse culpable de un crimen (antes lo habían hecho su colega Ken Rice y Kevin Hannon). Shelby y Yeager se quedaron solos ante el peligro. Los juicios contra Shelby y Yeager no se celebraron en las fechas previstas. El día 21 de marzo de 2009, la defensa de Yeager se personó ante el Tribunal Supremo y argumentó que el intento de los fiscales de juzgar de nuevo a su defendido violaba un componente poco conocido de la Quinta Enmienda relacionado con la cláusula double jeopardy, es decir, con el derecho constitucional a no ser encausado dos veces por el mismo delito. Tal componente, presuntamente violado, se refería a la collateral estopped, doctrina jurídica que establece la imposibilidad legal de admitir, de forma colateral, una alegación contraria a lo que se ha alegado anteriormente. En efecto, en el auto del nuevo enjuiciamiento de Yeager se formulaban alegaciones que ya habían sido falladas a favor del acusado en los veredictos de absolución del primer juicio (en concreto, «que no estaba en posesión de información privilegiada»).

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El día 1 de junio de 2009, horas antes de ser juzgado por tercera vez, Howard se libró de tan penoso como azaroso trance suscribiendo un acuerdo de colaboración con la justicia, en virtud del cual se declaraba culpable de un cargo menor (falsificación de libros y registros contables) por el que podía ser sentenciado, como máximo, a un año de arresto domiciliario, o a un año de libertad condicional, o a una mezcla de ambas penas. Los fiscales se habían salido con la suya. Pero, ¿a cambio de qué? Las cosas se les ponían cada vez más difíciles a Shelby y a Yeager. El 18 de junio de 2009, el Tribunal Supremo, por seis votos a favor y tres en contra, vino a darle la razón a Yeager al fallar que la aparente inconsistencia entre las absoluciones y los desacuerdos insuperables de un jurado fallido (hung jury263) no suponen necesariamente una vía abierta a la instrucción de un segundo juicio, todo ello de acuerdo con la cláusula double jeopardy de la Quinta Enmienda. Tal fallo, si bien no eliminaba por completo la posibilidad de un segundo juicio contra Yeager, sí la limitaba extraordinariamente. Además, las mismas consideraciones se podían aplicar al caso de Shelby. El 28 de septiembre de 2009, Hirko fue condenado a 16 meses de prisión. El 20 de octubre de 2009, el TFAQC, atendiendo el fallo del Tribunal Supremo, absolvió de todos los cargos a Scott Yeager, dando fin a sus siete años de calvario judicial. Con esta absolución quedaba de manifiesto lo que el enorme poder del Gobierno de Estados Unidos —y en concreto, el de los fiscales federales— puede hacerle a un hombre inocente: destruirle prácticamente la vida264. El día 2 de noviembre de 2009, Howard fue condenado, dentro del marco de su acuerdo de colaboración con la justicia, a un año de libertad condicional, con nueve meses de arresto domiciliario durante los cuales solo podría ir a trabajar, a la iglesia, a citas médicas y a clases educativas. Debería pagar, además, una multa de 25.000 dólares. ¿Y qué ocurrió con Shelby? Pues que su calvario judicial terminó el 28 de marzo de 2011. Ante la tenacidad y excepcional dureza de los fiscales, no tuvo otra salida que declarase culpable de un cargo de uso de información privilegiada (insider trading) y aceptar una condena de hasta seis meses de prisión y el pago de 2,6 millones de dólares en concepto de devolución de beneficios ilícitos. La jueza Gilmore, tomando en consideración sus ocho años de briosa lucha por defender su inocencia «en un confinamiento domiciliario auto-impuesto», lo Jurado disuelto por desacuerdo entre sus miembros. Ver artículo de Mary Flood, publicado el 20 de octubre de 2009 en el Houston Chronicle bajo el título «Seven years later, Enron figure cleared».

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sentenció a tres meses de prisión, otros tres de arresto domiciliario, y a dos años de libertad vigilada. La pesadilla que supuso el juicio «banda ancha» había terminado. Pero son muchos quienes se preguntan en Estados Unidos quiénes fueron en este caso los malos de la película. Y no son pocos quienes dan una respuesta desoladora: los prepotentes e implacables fiscales de la Enron Task Force. Había que arrancar cabelleras y lo hicieron de forma despiadada. La única que no consiguieron cortar fue la de Yeager, y eso porque lo impidió el Tribunal Supremo. Estados Unidos contra el «Trío Natwest» Como ya vimos en el capítulo 7 de la Segunda Parte, el National Westminster Bank (NatWest) fue miembro del pequeño pero selecto grupo de bancos que colaboraban con Enron en numerosas operaciones, y al que la compañía daba un trato preferencial. No cabe olvidar que, junto con el Credit Suisse First Boston y con Fastow, fue socio fundador de LJM1. Su participación, de 7 millones de dólares (el 46,7% del capital), la canalizó a través de Campsie Ltd. (filial de GNW, la división financiera de estructurados del NatWest, con sedes en Londres y en Greenwich, Connecticut). Así las cosas, es lógico que esta se viera implicada en la turbia operación de cobertura de la inversión de Enron en Rhythms NetConnections, Inc. La participación de Campsie en Swap Sub, pieza clave en la operación de cobertura, es bien conocida. También lo es la sospecha de los fiscales de la Enron Task Force de que Fastow y tres de los ejecutivos del banco (David Bermingham, empleado de GNW en Londres y miembro del consejo de administración de Campsie; Giles Darby, managing director en Londres, especializado en operaciones con la industria de la energía, y Gary Mulgrew, managing director en Londres y primer responsable de GNW) urdieron una trama para convencer a sus superiores de que era un «chollo» vender a Enron los intereses del banco en Swap Sub a través de Campsie por 1 millón de dólares, cuando en realidad se había generado una plusvalía que acabó en sus cuentas corrientes personales, con la caritativa ayuda de una empresa de la también conocida trama Southampton. El día 12 de septiembre de 2002, un gran jurado federal de Houston formuló una acusación contra los tres exejecutivos del NatWest, Gary Mulgrew, David Bermingham y Giles Darby, bajo el cargo de ocultación de ingresos por importe de 7,3 millones de dólares para eludir impuestos, procedentes de la transacción Rhythms NetConnections. Naturalmente, dado que se trataba de ciudadanos no residentes de nacionalidad británica, fue necesario iniciar el correspondiente proceso de extradición, que se revelaría largo y complicado.

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Tras casi tres años y medio de fallos y recursos, el día 21 de febrero de 2006 el Tribunal Supremo del Reino Unido ordenó la extradición. Pero los afectados recurrieron tal orden ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, el 28 de junio de 2006, rechazó la apelación. Ya nada podía detener la extradición. Para añadirle más morbo a un asunto que ocupaba primeras páginas de la prensa británica, el día 12 de julio de 2006 la policía encontró en un parque al oeste de Londres el cadáver del banquero Neil Coulbeck, presuntamente relacionado con el escándalo financiero protagonizado por el ya llamado en el Reino Unido «trío NatWest». Según fuentes policiales, Coulbeck, que ocupó cargos de gran responsabilidad en el Royal Bank of Scotland, banco que absorbió al NatWest, había sido duramente interrogado por agentes del FBI, y era considerado como un testigo clave en el juicio que se celebraría en Estados Unidos. Finalmente, el día 13 julio 2006, tras una fallida campaña de fuerte oposición pública, dado que la orden extradición se había basado en un convenio bilateral suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para prevenir ataques terroristas265, David Bermingham, Gary Mulgrew y Giles Darby fueron puestos a disposición de agentes federales del Departamento de Justicia (U.S. marshals), para su inmediato traslado a Houston. Encadenados y esposados fueron conducidos al centro de detención y, más tarde, a un hotel, por cortesía del Departamento de Justicia. Al día siguiente los tres exbanqueros británicos, provistos de las correspondientes pulseras de control electrónico, fueron puestos en libertad bajo la custodia del abogado Dan Cogdell, en espera de que se determinasen, en el plazo de una semana, las cuantías definitivas de sus fianzas, fijadas provisionalmente en 100.000 dólares para Bermingham y Darby, y 20.000 dólares para Mulgrew. El día 21 julio de 2006, el juez federal de distrito Stephen Smith falló que los tres exbanqueros no podrían regresar a su país antes de que se celebrase el juicio criminal contra ellos, deberían residir por separado en el área de Houston, y no podrían desplazarse fuera de ella sin un permiso especial, ni comunicarse entre ellos si no era en presencia de abogados. Además, debe Se daba la circunstancia de que el convenio, suscrito en enero de 2004, solo había sido ratificado por el Parlamento del Reino Unido. Se tenía la impresión de que Tony Blair apelaba a la lucha antiterrorista para promover leyes que reducían las garantías individuales, pues resultaba evidente que, en este caso, el convenio, aún no ratificado por el Congreso de Estados Unidos, era utilizado para un asunto que nada tenía que ver con el terrorismo: un delito de cuello blanco.

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rían aportar nuevas cantidades en concepto de fianza. Cada uno de ellos tendría que pagar en efectivo, antes de finalizar el mes, entre 80.000 y 150.000 dólares, como anticipo de unas fianzas que totalizaban un millón de dólares. Bermingham y Darby deberían aportar antes de finales de octubre 250.000 dólares cada uno, y Mulgrew, 100.000 dólares, so pena de quedar bajo custodia del Gobierno. En general, se consideró que tanto las fianzas como las restricciones de movimientos eran muy duras y desproporcionadas. El juicio se programó, en principio, para el 11 de septiembre de 2006; pero, cuatro días antes de su celebración, el juez federal de distrito de Houston Ewing Werlein lo aplazó hasta septiembre de 2007. El día 27 de noviembre de 2007, a punto de ser juzgados con jurado, los tres exbanqueros suscribieron con el Gobierno un acuerdo en virtud del cual se declararon culpables de un cargo de fraude electrónico por urdir con Andrew Fastow una operación para estafar al NatWest más de 7,3 millones de dólares. En dicho acuerdo aceptaron ser condenados a tres años y un mes de prisión, así como la devolución de la cantidad estafada. Los fiscales recomendaron que pudieran cumplir parte de la pena en el Reino Unido. El juez Werlein aceptó en principio tal acuerdo, pero aplazó hasta el 22 de febrero de 2008 su decisión, para poder realizar la investigación estándar previa a toda sentencia. Y, tal como estaba previsto, el 22 de febrero de 2008 el juez Werlein sentenció a Gary Mulgrew, David Bermingham y Giles Darby a tres años y un mes de prisión, y al pago de 7,3 millones de dólares al Royal Bank of Scotland. Tras cumplir una parte de la condena en Estados Unidos, fueron trasladados a una prisión del Reino Unido y puestos en libertad en agosto de 2010.

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Capítulo 14 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (I) INCIPIT TRAGOEDIA IUDICIALIS No se puede decir que un acto ofende la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque ofende la conciencia común. Nosotros no lo censuramos porque sea un crimen, sino que es un crimen porque lo censuramos. Émile Durkheim, De la division du travail social

El juicio contra Kenneth Lay y Jeffrey Skilling dio comienzo el día 30 de enero de 2006. A lo largo de este capítulo y de los cuatro siguientes haré una crónica suficientemente esclarecedora del desarrollo de este juicio —que duró casi cuatro meses— y de su desenlace, así como de los acontecimientos que en relación con el mismo se han ido produciendo hasta el cierre de esta obra. Cargos, juez, fiscales, defensores y testigos Los cargos266 A Lay se le imputaron un total de diez cargos en sus dos juicios: a) En el juicio principal con jurado junto a Skilling se le imputaron seis cargos: uno por conspiración para cometer securities fraud267 («fraude de valores») y wire fraud268 («fraude electrónico»); dos por fraude electrónico (manifestaciones falsas y engañosas realizadas en las reuniones con los empleados celebradas el 26 de septiembre y el 23 de octubre de 2001); y tres por fraude de valores (llamada telefónica a la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s el día 12 de octubre de 2001, y reuniones con los analistas celebradas el 16 y 23 de octubre de 2001). Se recogen únicamente los cargos no retirados por la fiscalía en el curso del juicio. Práctica fraudulenta consistente en engañar y manipular a los inversores, con resultado de robo. 268 Fraude cometido mediante el uso impropio de las redes públicas de telecomunicaciones. 266 267

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b) En el juicio separado sin jurado se le imputaron cuatro cargos: uno por fraude bancario por uso impropio de líneas de crédito, y tres por presentación de estados financieros falsos al Bank of America, al Chase Bank of Texas y al Compass Bank. A Skilling se le imputaron en el juicio principal con jurado junto a Lay un total de veintiocho cargos: uno por conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico; diecisiete por fraude de valores (transacciones de las Raptor, informes financieros 10-K correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, informes financieros 10-Q correspondientes a los trimestres segundo y tercero de 2000, y primero y segundo de 2001, cartas de representación enviadas a los auditores adjuntando los dos informes 10-K y los tres primeros informes 10-Q, y reuniones con los analistas celebradas los días 22 y 25 de enero, 23 de marzo, 17 de abril y 12 de julio de 2001); y diez por uso de información privilegiada (insider trading) en las diez ventas de acciones de Enron realizadas entre el 25 de abril de 2000 y el 17 de septiembre de 2001. El juez El juicio fue presidido por Sim Lake, juez federal de distrito, y uno de los juristas más respetados de Houston, tanto por sus colegas, como por los fiscales y abogados defensores. Lake se licenció con gran brillantez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Quienes le conocen bien le consideran un jurista extraordinariamente inteligente, muy bien preparado, preciso, minucioso, que aplica la ley con rigor, y se atiene a las normas con flexibilidad. Recto hasta el extremo, no ha dudado en desistir de algunos casos y pasarlos a otro juez federal, cuando ha sospechado que se le podía plantear algún conflicto de intereses. A Lake no le tiembla la mano a la hora de dictar sentencias ejemplares. Precisamente se hizo famoso por sentenciar en marzo de 2004 a Jamie Olis, un exejecutivo de Dynegy de nivel medio, a 24 años de prisión por un fraude contable de entidad relativamente pequeña269, yendo mucho más allá de lo establecido en la guía federal sobre sentencias, que relaciona la pena en meses con el daño económico infligido por el convicto. El TFAQC revocó esta sentencia tan exagerada, dictada en la época de histeria colectiva que siguió a la oleada de escándalos financieros, y Lake no tuvo empacho en reformularla en septiembre de 2006, reduciéndola a 6 años, menos de la mitad de lo que establece dicha norma, alegando que era «suficiente, pero no mayor de lo necesario», de acuerdo con la nueva legislación del Congreso sobre esta materia. Olis urdió, con la ayuda de Citigroup y otros bancos de inversión, el Proyecto Alpha, destinado a inflar los ingresos de Dynegy durante el ejercicio 2001.

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Algunos advierten en él una cierta tendencia a ayudar, de forma sutil, al ministerio fiscal. En Lake parece darse una mezcla nada común de autoridad, gentileza, humor, disciplina, cortesía, flexibilidad y, también, capacidad de intimidación. En el mundillo de la justicia se le consideró desde el principio la persona idónea para llevar a buen puerto un juicio como este, de complejidad superlativa, que, sin duda, ya ha pasado a la historia. Los fiscales Sean Berkowitz. Director de la Enron Task Force, a la que fue destinado en diciembre de 2003, y promovido a director en julio de 2005. Fiscal federal en Chicago. Graduado en la Tulane University en 1989 y en la Harvard Law School en 1992. Trabajó como abogado especializado en la defensa de delitos criminales de cuello blanco y de fraude de valores. John Hueston. Destinado a la Enron Task Force en enero de 2004. Fiscal federal en el Condado de Orange, California. Graduado en el Dartmouth College en 1986 y en la Yale Law School en 1991. Trabajó en la firma O’Melveny & Myers. Kathryn Ruemmler. Subdirectora de la Enron Task Force, a la que fue destinada en septiembre de 2003, lideró el juicio «Barcazas», logrando fallos condenatorios. Fiscal federal en el Distrito de Columbia. Graduada en la University of Washington, Seattle, en 1993, y en el Georgetown University Law Center, en 1996. Inició su carrera como abogada defensora en casos de delitos criminales de cuello blanco, y en litigios civiles. Cliff Stricklin. Destinado a la Enron Task Force en enero de 2005, lideró la acusación en el juicio «Banda ancha». Juez de distrito del Estado de Texas y fiscal federal en Plano. Graduado en la Baylor University en Waco y en la Washington & Lee University School of Law. Especializado en casos de corrupción y delitos de «cuello blanco». Leo Wise. Destinado a la Enron Task Force en junio de 2005. Incorporado al Departamento de Justicia a través del Attorney General’s Honors Program. Graduado en la Johns Hopkins University, la School of Advanced International Studies y la Harvard Law School. Fue pasante del juez federal de distrito Jan E. DuBois, del Eastern District of Pennsylvania. Robb Adkins. Destinado a la Enron Task Force en junio de 2005. Fiscal federal en el Central District of California, desde 2001. Graduado en la Stanford University en 1993 y en la Georgetown University Law School en 1997. Ejerció privadamente en la firma Heller Ehrman. Fue pasante de la jueza federal Rhesa Barksdale del TFAQC.

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Abogados de la defensa de Lay Michael Ramsey. Abogado de Houston, defensor de casos criminales. Líder del equipo de abogados de la defensa de Lay. Graduado en la Southern Methodist University Law School en 1965. George McCall «Mac» Secrest. Socio del bufete Bennett & Secrest, de Houston. Bruce Collins. Socio del bufete Carrington Coleman, Sloman & Blumenthal, de Dallas. Chip Lewis. Abogado de Houston del bufete de Michael Ramsey. Abogados de la defensa de Skilling Daniel Petrocelli. Socio del bufete O’Melveny & Myers, de Los Angeles. Líder del equipo de abogados de la defensa de Skilling. Graduado en la University of California, Los Angeles, en 1976 y en la Southwestern University Law School en 1980. Randy Oppenheimer. Socio del bufete O’Melveny & Myers, de Los Angeles. Graduado en la Harvard University en 1974 y en la University of Chicago en 1976. Mark Holscher. Socio del bufete O’Melveny & Myers, de Los Angeles. Graduado en la University of California Berkeley Law School en 1988. Ron Woods. Exabogado federal en Houston. Graduado en la Texas Law School. Exagente del FBI. Exdirectivos de Enron, testigos clave del Gobierno270 a) Testigos estelares: Andrew Fastow y Ben Glisan. b) Otros testigos importantes con declaración de culpabilidad y acuerdo de colaboración con la justicia271: Mark Koenig, Paula Rieker, Ken Rice, Timothy Belden, David Delainey y Kevin Hannon. Como ya se vio en la Primera Parte, dieciséis exdirectivos de Enron se declararon culpables de algún cargo. Quince de ellos suscribieron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de sentencias más benévolas. El único que no lo hizo fue Ben Glisan (condenado a 5 años de prisión). Al comienzo del juicio contra Lay y Skilling solo se había dictado sentencia contra Lea Fastow (condenada a un año de prisión, que ya había cumplido); las catorce sentencias restantes estaban pendientes, aunque sus límites máximos ya habían sido pactados en cada caso. 271 Siete exdirectivos con declaración de culpabilidad y acuerdo de colaboración con la justicia (Richard Causey, Michael Kopper, Jeffrey Richter, Lawrence Lawyer, John Forney, Timothy DeSpain, y Christopher Calger) no fueron llamados a declarar. 270

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Comienza el juicio Tal como estaba previsto, el día 30 de enero dio comienzo en Houston, Texas, el juicio contra Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, en un ambiente de gran expectación. The Economist, en su informe anual The World in 2006? se preguntaba si sería «el juicio del siglo». Otros hablaban del juicio a la Nueva Economía. Pero todo el mundo estaba seguro de que se trataría de un juicio apasionante, de incierto resultado y larga duración272. Su morbo resultaba evidente, pues, aunque ninguna de las partes parecía dispuesta a meterse en semejante lodazal, cabía la remota posibilidad de que en algún momento procesal se pusiesen sobre el tapete las estrechas relaciones entre Lay y la familia Bush, el vicepresidente Cheney y numerosos ex altos funcionarios del Gobierno de Bush padre, que ocuparon en su día puestos ejecutivos en Enron o actuaron en calidad de consultores de dicha compañía. De lo que no cabía ninguna duda es que lo que Stiglitz había denominado «capitalismo de amigotes» iba a ser, de alguna forma, sometido a juicio, y que la webberiana «ética protestante del capitalismo» podía resultar cuestionada. Porque si bien parecía cierto que, al menos en Estados Unidos, la opinión pública consideraba mayoritariamente que los grandes escándalos financieros los originaron unos pocos directivos descarriados, y que «el sistema» era sustancialmente sano y capaz de autorregularse, también lo era que tan benévola e ingenua creencia no podía ser compartida por ningún observador o estudioso medianamente informado, que hubiese tenido la ocurrencia de escrutar lo que ocurrió en la América corporativa —y en cierta medida en todo el mundo— durante la desquiciada última década del siglo XX. El desarrollo detallado del juicio lo seguí día a día a través de la página web del diario Houston Chronicle, www.chron.com/news/specials/enron, la cual, aparte de permitirme un seguimiento casi en tiempo real de las comparecencias, me facilitó el acceso a las transcripciones íntegras de los testimonios, a numerosos datos sobre todos los protagonistas del caso —acusados, juez, fiscales, abogados defensores...—, a los textos completos de los pactos extrajudiciales suscritos entre la fiscalía y exejecutivos de Enron, a documentos relevantes a efectos del juicio, etcétera (información a la que hoy resulta prácticamente imposible acceder a través de Internet). Por ello, todo lo que comento a lo largo de las páginas siguientes es en buena parte deudor de este caudalosísimo manantial de datos e informaciones, entre las que no puedo dejar de citar los minuciosos reportajes de los periodistas Mary Flood, John Roper, Tom Fowler, Kristen Hays y algunos otros compañeros de rotativo. Salvo casos excepcionales, no hago referencia a ningún artículo, documento o trascripción concretos en las notas a pie de página. Por supuesto, utilicé otras muchas fuentes, entre las que me permito destacar la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos [www.usdoj.gov/enron], y la del propio Kenneth Lay, ya cancelada [www. kenlayinfo.com/public].

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El juez federal de distrito Sim Lake, en un inaudito alarde de eficacia, inició y concluyó ese mismo día la selección de los doce miembros del jurado (ocho mujeres y cuatro hombres) y de los cuatro suplentes entre más de cien candidatos, y les tomó juramento. Desde luego el juez Lake tomó las debidas precauciones de carácter general, procurando eliminar del jurado a personas predispuestas a «corregir algo malo u otorgar un remedio para quienes se vieron afectados», y optó por personas que, a su criterio, estaban libres de prejuicios, no buscaban venganza y parecían tener, además, la suficiente capacidad para sopesar de forma justa las evidencias. Los abogados de la defensa, que venían sosteniendo que no era posible formar un jurado imparcial en Houston y habían intentado, sin éxito, trasladar el juicio a otra ciudad, manifestaron estar satisfechos con el jurado que iba a juzgar a sus clientes. Desde luego, la correcta elección del jurado era, como en todos los juicios, un tema muy importante. Pero lo cierto es que los delitos juzgados —todos ellos de «cuello blanco»— eran, como hemos visto, sumamente complejos, y el gran problema no radicaba en el jurado, sino en las estrategias que seguirían fiscales y defensores. En la mente de todos estaba el precedente, tan preocupante como pedagógico, del juicio contra los cinco exdirectivos de Enron Broadband Services. Los miembros del jurado manifestaron en este caso su incapacidad para llegar a un veredicto sobre numerosos cargos por cuanto «no entendían de contabilidad». Pero la culpa no fue del jurado, sino, más bien, del discutible enfoque de la fiscalía, que, para regocijo de la defensa, incidió en exceso sobre contabilidad, disciplina del todo extraña al común de los mortales. De ahí que la fiscalía, que había instruido el caso minuciosamente a lo largo de cuatro largos años, hubiese decidido reducir al mínimo el número de testigos presumiblemente relacionados con la contabilidad de Enron, para evitar que el jurado —fuese este cual fuese— se perdiera en un laberinto de explicaciones técnicas, y concentrar sus argumentos en la última etapa de la empresa, particularmente en el año 2001, cuando esta empezó a hundirse sin remedio. El día 31 de enero, tanto la fiscalía (John Hueston) como las defensas (capitaneadas por Mike Ramsey —Lay— y por Daniel Petrocelli —Skilling—) realizaron sus alegatos iniciales. El fiscal federal sostuvo la siguiente tesis: «Este juicio es un caso simple. No es un caso de contabilidad. Es un caso sobre mentiras y decisiones... Los acusados decidieron mentir». Como es lógico, prometió que el Gobierno presentaría todo tipo de pruebas y testimonios para demostrar que tanto Lay como Skilling violaron las leyes de Estados Unidos. La defensa replicó que sus clientes nunca urdieron una conspiración a gran escala, ni participaron en ella, ni la conocieron o consintieron. Petrocelli manifestó que «este no es un caso sobre no oigas lo malo, no veas lo malo... Este es un caso en el cual no había nada malo... Enron no era un castillo de naipes,

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era una compañía estupenda». Por su parte, Ramsey apostilló que «hubiera seguido siendo una compañía estupenda si no hubiera sido por alguno que otro desfalco menor, que fue exagerado por periodistas irresponsables impulsados por intermediarios financieros que apostaban contra la acción para destruir la compañía», y añadió: «Las noticias hicieron que cundiese el pánico entre los acreedores, llevando a Enron a la quiebra. [...] Sí, un trío de ladrones confesos encabezado por el director financiero Andrew Fastow urdió negocios ilegales para embolsarse unos millones de dólares de Enron... Pero el robo de Fastow por sí solo era demasiado diminuto como para herir al gigante energético»273. Las estrategias que pensaban seguir la acusación y la defensa parecían estar meridianamente claras274. En lo que sigue comentaré exclusivamente los testimonios de los testigos importantes, tanto del Gobierno como de la defensa. A los testigos secundarios o de relleno me referiré únicamente para comentar alguna anécdota. Los primeros testigos de la acusación Días 1, 2 y 6 de febrero La fiscalía llamó a su primer testigo, Mark Koenig, exresponsable de relaciones con los inversores, e inició su proceso de examinatión-in-chief275 — Ann Woolner, «Enfoque gerencial: No había nada malo en Enron», [email protected], 5 de febrero de 2006. 274 Tras el desastroso resultado del juicio contra Bernard Ebbers, expresidente de la quebrada WorldCom, daba la impresión de que la línea estratégica de la defensa sería [ver artículo de Juan Llobet, titulado «Cómo defender lo indefendible y salir victorioso», diario Expansión, 1 de febrero de 2006] «convertir el caso en un mero problema empresarial y no criminal, que pivote en torno a una idea básica: todo lo que se hizo era legal e, incluso, coincidía con una práctica extendida entre el resto de las empresas de Wall Street obsesionadas en lucir balances con un excelente cash flow. [...] Por eso, dice John Coffee, profesor de Derecho en Columbia Law School, “la estrategia de la defensa girará en torno a tres aspectos: primero, intentar que el juicio se convierta en un debate de expertos por la complejidad del caso (en el debate de palabras, es difícil probar algo concreto y que el Gobierno logre una victoria contundente); en segundo lugar, hacer hincapié en que ni Lay ni Skilling son expertos en contabilidad financiera y ello les obligaba a fiarse de Andrew Fastow, el padre de la trama; y, finalmente, insistir en la dificultad del caso, que casi exigiría un curso en la Universidad, con el fin de confundir al jurado”». En resumidas cuentas, la defensa intentaría, a juicio de no pocos especialistas, hacer todo lo contrario que la fiscalía: demostrar que las prácticas contables de Enron eran plenamente legales y sus cuentas públicas esencialmente correctas. El desfile de testigos de la defensa expertos en contabilidad parecía estar casi garantizado. 275 En los juicios con jurado en Estados Unidos, cada una de las partes (acusación y defensa) puede presentar sus propios testigos y formular preguntas, es decir, interrogar, a todos ellos. El proceso de formular preguntas a los testigos propios se denomina examination-inchief, y tiene ciertas limitaciones legales. El proceso de formular preguntas a los testigos 273

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turno de preguntas—. A lo largo de los días 1, 2 y 6, Koenig respondió a las preguntas de la fiscal Kathryn Ruemmler y manifestó, entre otras muchas cosas: 1. Que tanto Lay como Skilling asistían regularmente a las reuniones semanales que se celebraban en la planta 50 del edificio Enron, en las que se hablaba de beneficios y de muy variados temas financieros. 2. Que Lay le preguntó, tras una reunión con analistas celebrada en febrero de 2001, si no se podía evitar la presencia de John Olson, exanalista de Merrill Lynch, que acababa de bombardear a los ejecutivos con muchas preguntas incómodas, y que le contestó que no tenía otro remedio que invitarle a este tipo de encuentros formales. Olson se mostraba siempre muy crítico con la compañía, y su presencia resultaba insoportable para Lay. 3. Que altos directivos de la compañía, empecinados en alcanzar o superar las expectativas de beneficio de los analistas de Wall Street, ordenaron que se hiciesen cambios de última hora en las cifras contables. En concreto, la víspera de que Enron anunciase públicamente sus ganancias del cuarto trimestre de 1999, Koenig informó a Skilling y a Causey de que los analistas habían subido sus expectativas de 30 a 31 centavos por acción. La respuesta de Causey fue que «trabajaría en ello»; la decisión fue incrementar los beneficios por acción en un centavo. 4. Que Enron también exageró sus previsiones de beneficios para el ejercicio 2001, y elevó en 5 centavos de dólar, sin justificación alguna, las estimaciones de beneficio por acción, con el único objetivo de impresionar a los analistas de Wall Street. 5. Que Enron —Skilling en concreto— no informó, en conversaciones con analistas, de que EES, la unidad de ventas de energía a minoristas, había sufrido unas pérdidas de 726 millones de dólares durante el primer semestre de 2001, las cuales fueron desviadas hacia la unidad de ventas al por mayor (ENA), que registraba beneficios suficientes para camuflarlas. 6. Que tampoco informó sobre las graves pérdidas de EBS y subvaloró deliberadamente el importe de la venta en el año 2000 de un cable de de la parte contraria se denomina cross-examination, y está mucho menos sujeto a restricciones. Por ejemplo, una parte no puede formular a sus propios testigos ninguna leading question (pregunta que sugiere la respuesta), pero sí puede hacerlo a los testigos de la parte contraria. En lo que sigue, traduciré examination-in-chief por «turno de preguntas», y cross-examination por «turno de repreguntas».

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fibra óptica en desuso a una participada fuera de libros. En concreto, EBS vendió el cable a una empresa de propósito especial por unos 150 millones de dólares, pero, al parecer, solo registró como enajenación de activos unos 50 millones, considerando indebidamente los otros 100 millones como ingresos procedentes de operaciones comerciales ordinarias. 7. Que, en el segundo trimestre de 2001, ENA, la unidad de comercialización de energía al por mayor, vendió varias centrales térmicas generadoras de electricidad que usaban gas como combustible, obteniendo un beneficio de 418 millones de dólares. Más del 50% se registró como beneficio ordinario de dicha unidad. 8. Que se quedó muy sorprendido cuando, en una reunión con analistas e inversores celebrada en abril de 2001, Skilling se enfadó con un inversor276 que se quejó de que Enron era la única empresa que, junto a la declaración de beneficios, no adjuntaba nunca un balance ni un estado de cash flow. La respuesta de un Skilling visiblemente irritado fue, simplemente, «Muchas gracias, imbécil (asshole)», y continuó la reunión como si nada hubiera ocurrido. 9. Que en las reuniones con analistas y con empleados para informar de la abrupta salida de Skilling en agosto de 2001, Lay sostuvo que la salud de Enron era muy fuerte. 10. Que al redactar la nota oficial de prensa del 16 de octubre de 2001 propuso incluir una explicación sobre la necesidad de realizar un cargo de 1.200 millones de dólares contra recursos propios, pero Lay y Causey no lo permitieron, argumentando que se no se trataba de una partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí se incluyó una fugaz referencia en la nota que se distribuyó en la conferencia que se celebró más tarde. Esta falta de claridad tuvo sus consecuencias en el desarrollo de las reuniones celebradas el 17 de octubre en Nueva York y el 20 de octubre en Chicago, a lo largo de las cuales hubo preguntas especialmente duras sobre el ajuste contable contra reservas, lo que aconsejó cancelar la reunión prevista en Filadelfia. 11. Que «se declaró culpable porque era culpable». 12. Que carecía de buenas razones para justificar por qué había cometido fraude de valores, y que prestaba su testimonio a sabiendas de que el mismo le podía acarrear graves consecuencias económicas en los catorce pleitos civiles en los que estaba imputado. Richard Grubman.

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La fiscal Ruemmler concluyó su turno de preguntas, y Daniel Petrocelli, defensor de Skilling, dio comienzo a su proceso de cross-examination —turno de repreguntas— del testigo. Empezó por poner en duda su honestidad y le preguntó por qué durante las entrevistas que mantuvo con los abogados de Vinson & Elkins que investigaron las alegaciones de Sherron Watkins, con los abogados de la firma que colaboró con el comité especial de investigación del consejo de administración, con los oficiales que investigaron la quiebra, y con los propios fiscales, no dijo nada sobre si el comportamiento de la compañía violaba la ley. Koenig respondió que ese era uno de los caminos para protegerse a sí mismo: que no hubiera discusiones que dieran la idea de que algo estaba mal en Enron. Días 7, 8, 9 y 13 de febrero Durante tres largas sesiones continuó el turno de repreguntas de Petrocelli. Tras someter al testigo a un interrogatorio muy duro, Petrocelli trivializó sobre los presuntos cambios de última hora en las cifras contables y, en concreto, sobre la elevación en un centavo —de 30 a 31 centavos— del beneficio por acción correspondiente al cuarto trimestre de 1999, realizado tras la intervención de Causey. Koenig, fuertemente presionado, no llegó a pronunciar el nombre de Skilling como autor material de la orden de corrección. Petrocelli argumentó que las «estimaciones eran solo eso, estimaciones». Koenig insistió en que no se trataba de estimaciones en el sentido de simples conjeturas, sino de algo muy serio, pero Petrocelli argumentó que la empresa podía encontrar ganancias adicionales legítimamente después de enterarse de las estimaciones de Wall Street. «No hay nada incorrecto con eso, ¿verdad?», preguntó Petrocelli. «Eso está mal», respondió Koenig: «Volver a afilar el lápiz, y encontrar otro centavo de ganancias, no creo que sea una manera limpia de mostrar un trimestre». Petrocelli sacó a relucir algunos errores detectados en las cifras facilitadas por Koenig, y le preguntó con carácter puramente retórico si sabía algo sobre una reunión que se había celebrado en febrero de 2001 en Florida, bajo los auspicios del hedge fund277 Kynicos Associates, en la que un conjunto En español, «fondos de gestión alternativa». Se trata de fondos de inversión que no operan normalmente con valores cotizados; gestionados de forma agresiva, toman posiciones tanto en inversiones seguras como especulativas.

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de short sellers278, autodenominados «Osos en hibernación», y asesorados por la consultora Off Wall Street, se compincharon y pusieron en su punto de mira a empresas como Enron para sus futuras actuaciones en el mercado. De esta forma, Petrocelli presentó en sociedad a los short sellers, a quienes la defensa culparía en buena parte, más adelante, de la quiebra de Enron, en descargo de Skilling y, por supuesto, de Lay. Finalmente, Petrocelli concluyó atacando de forma despiadada a Koenig por haberse declarado culpable y por suscribir un acuerdo de colaboración con la justicia, no para defender la verdad, sino para preservar, en la medida de lo posible, su patrimonio personal. Los observadores comentaron que Koenig había resistido bien el acoso de la defensa, sin que nada le hiciese alterar el tono de su discurso — monótono y, salvo en algún momento emotivo, impasible—, a lo largo de cuatro fatigosos días de comparecencia. Días 14, 15 y 16 de febrero El día 14 subió al estrado el segundo testigo de la fiscalía, Kenneth Rice, ex co-CEO de EBS. Rice, otrora gran amigo personal de Skilling, respondió a las preguntas del fiscal Sean Berkowitz a lo largo del día 14, y manifestó, entre otras cosas, lo siguiente, que venía a ratificar en todos sus puntos lo declarado por Mark Koenig en relación con EBS: 1. Que la unidad de Internet de Enron nunca llegó a tener beneficios reales, sino pérdidas muy cuantiosas. 2. Que en 1999 Skilling ordenó a los máximos ejecutivos de empresas que no formaban parte del negocio primigenio de Enron (especialmente a los de EBS y de EES) una especial contribución al apuntalamiento del valor de las acciones de la compañía, haciendo que sus negocios transmitiesen al mercado una imagen de fuerte potencial de crecimiento. En ese sentido, tenían que incrementar sus beneficios o reducir sustancialmente sus pérdidas. 3. Que por lo que respecta a EBS, unidad de negocio en la que Enron había invertido más de 1.000 millones de dólares, alcanzar tal objetivo en el ejercicio 2000 exigía la venta de una parte de la red de fibra óptica en desuso, y su registro como resultados del negocio ordinario. Tal venta se pactó con LJM2 en mayo de 2000, por un importe de 150 millones de dólares. EBS registró unos 50 millones de dólares Ver capítulo 3, página 69, nota a pie de página número 48.

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como desinversión y unos 100 millones de dólares como cash flow operativo. Que EBS nunca estuvo a la altura de las grandes expectativas que Skilling había pregonado a bombo y platillos en una reunión con analistas celebrada el 20 de enero de 2000279. Que cuando, a finales de 2000, le advirtió a su jefe que las pérdidas del ejercicio serían de 60 millones de dólares280, y que en 2001 podrían alcanzar los 110 millones, la respuesta de Skilling fue que las limitara a 65 millones, cifra que coincidía con los pronósticos de los analistas de Wall Street. «El señor Skilling simplemente decía: “Esta es la cifra. Consígala”». Para ello no había otra solución que ocultar pérdidas. Que Skilling mintió descaradamente a los analistas en la reunión celebrada en Houston el 25 de enero de 2001 cuando habló sobre las grandes capacidades técnicas de EBS (de las que carecía), sobre su buena salud financiera, y sobre su gran potencial de crecimiento (cuando, en realidad, estaba luchando desesperadamente por sobrevivir). Que en una reunión celebrada el 15 de marzo de 2001 en Portland, Oregon, con empleados de EBS, les comentó que la situación no era buena, y anunció un ajuste de plantilla de 235 puestos de trabajo. Que en la reunión con analistas celebrada el 23 de marzo de 2001, manifestó que los rumores de despidos en EBS eran falsos e incorrectos (se trataba de una reubicación temporal de trabajadores en otras unidades de Enron), y mintió al transmitir la idea de que el hundimiento generalizado de las empresas de Internet era una gran oportunidad para la compañía, por cuanto estaba en condiciones de ganar cuota de mercado. Lo cierto es que el desplome de precios en el negocio de banda ancha no le permitía a EBS obtener ventaja alguna, sino todo lo contrario. Que en una presentación ante el consejo de administración de Enron, celebrada el 1 de mayo de 2001, Skilling sostuvo la misma tesis, aunque de forma no tan cándida, y más ajustada a la realidad del mercado de las telecomunicaciones.

Según se vio en la Segunda Parte, Skilling anunció que Enron estaba desarrollando con éxito el necesario software crítico, que le permitiría conseguir muy pronto el control de la red de fibra óptica y la obtención, a través de EBS, de cifras de negocio de miles de millones de dólares en la comercialización de servicios de banda ancha tales como distribución por Internet de películas, juegos y otras aplicaciones que implicaban transmisiones masivas de datos. La bolsa enloqueció y la cotización de la acción de Enron pasó de 53,5 dólares a 71,625 dólares en cuarenta y ocho horas. 280 A pesar del proyecto Braveheart, urdido por directivos de EBS, que supuso una aportación a los beneficios del último trimestre de 2000 de 53 millones de dólares. 279

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10. Que tuvo una enorme sorpresa cuando, en el curso de una comida celebrada con Skilling el 1 de agosto de 2001, se enteró de su intención de abandonar Enron a mediados de mes, y de dar la vuelta al mundo en su barco. Al término de la comida fue a su despacho y dio orden de venta inmediata de sus acciones (esto le valió un cargo criminal por uso de información privilegiada). Al comienzo del día 15, por sorpresa, la fiscalía pasó el testigo a la defensa, sin formularle ninguna pregunta adicional. Mark Holscher, abogado del equipo de la defensa de Skilling, dio comienzo a su turno de repreguntas. Holscher procuró minar la credibilidad de Rice haciendo hincapié en algunos de los errores o exageraciones detectadas durante su testimonio y, sobre todo, resaltando que la severa pena de prisión que había sido dictada en marzo de 2004 contra Jamie Olis, exejecutivo de Dynegy por el Proyecto Alpha (24 años de prisión), debió influir tanto en su declaración de culpabilidad como en su acuerdo de colaboración con la justicia, suscrito precisamente en julio de 2004. Tras un intento fallido de que fuera admitida como prueba válida una cinta magnetofónica que registró las positivas declaraciones sobre la evolución del negocio de EBS, que Rice hizo en una reunión con empleados de dicha compañía celebrada el 5 de diciembre de 2000, Holster insistió en que, durante el período 2000-2001, Rice hizo declaraciones que venían a demostrar que generalmente se mostraba muy excitado, optimista y positivo al hablar en público de EBS, de su nivel tecnológico, y de su capacidad de generar un gran volumen de negocio. Rice dijo que era cierto que tal capacidad existía, pero lo malo era que la gran mayoría de tales operaciones de banda ancha no dejaban ningún margen de beneficio y, en ese sentido, insistió en que tanto Skilling como él mismo «engañaron a los inversores en varias ocasiones en relación con las perspectivas de negocio de EBS». Al final de la tercera semana del juicio, la noticia más relevante era que este se desarrollaba con eficacia y parecía adquirir velocidad de forma súbita. Días 21, 22 y 23 de febrero Tras una fugaz aparición de la contable Terry West, senior director de la dirección de contabilidad de Enron, que corroboró la declaración de Rice al manifestar que alguna vez se le pidió que modificara las proyecciones de beneficios para hacerlas más atractivas, subió al estrado Paula Rieker281, ex Se declaró culpable de un delito de uso de información privilegiada en una venta de acciones de Enron en julio de 2001, operación que le proporcionó un beneficio de casi 500.000 dólares.

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número dos de Koenig en la dirección de relaciones con los inversores, y promovida al cargo de secretaria corporativa y del consejo de administración cuando Lay volvió a asumir el cargo de CEO, meses antes de la quiebra282. Dentro del turno de preguntas del fiscal John Hueston, Rieker manifestó entre otras muchas cosas: 1. Que ratificaba lo declarado por su exjefe, en el sentido de que se retocaron a última hora las cifras contables para «ajustar» los beneficios del cuarto trimestre de 1999 a las expectativas de Wall Street, y que fue Skilling quien había ordenado que se hiciese. 2. Que se quedó horrorizada y atemorizada cuando en 1999 tuvo noticia de que Enron había roto el marco de consenso en torno a la determinación de beneficios, y supo hasta qué punto se amañaban los números y se ocultaban hechos relevantes a los inversores, todo ello con el propósito de apuntalar y reforzar la cotización de la acción de la compañía. 3. Que alrededor de la mitad de los beneficios de ENA, y la mayor parte de los de EBS, procedían de operaciones de venta de activos (centrales eléctricas y fibra óptica en desuso —dark fiver—, respectivamente). 4. Que al enterarse en los primeros meses de 2001 de las enormes pérdidas de EBS, decidió vender acciones de Enron, dado que, en cuanto este hecho fuera de público conocimiento, el valor de las mismas se desplomaría. 5. Que, sin duda, cometió un delito de uso de información privilegiada, y «se declaró culpable porque era culpable». 6. Que Lay mostró en una reunión del consejo de administración de Enron una transparencia que mostraba que cientos de millones de dólares de pérdidas de EES habían sido transferidas a ENA, donde habían sido absorbidas con cargo a su bien nutrida cuenta de reservas. Este hecho la dejó muy preocupada, por cuanto suponía ocultar a los inversores la situación real de EES y, al término de la reunión, comentó el asunto con su entonces jefe Mark Koenig. Este le respondió: «Mira [Paula] no estoy de acuerdo, pero tu trabajo consiste en transmitir los mensajes de la compañía». 7. Que, de cara a la celebración de una conferencia con analistas a comienzos de 2001, preparó la habitual nota informativa que debía ser repartida a los asistentes. Para su asombro, Skilling eliminó la to Paula Rieker vino a sustituir a Rebecca Carter, con la que Skilling contraería matrimonio tras su divorcio.

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talidad de un párrafo en el que se daba cuenta de los importantes cambios efectuados en el alto nivel ejecutivo de EES, que atravesaba en aquellos momentos por graves problemas debido a su pobre generación de cash flow y a la proliferación de los impagados. Este tipo de actuaciones de Skilling eran muy normales. 8. Que en la conferencia con analistas convocada por Lay para dar cuenta de la inesperada salida de Skilling, aquel, tras manifestar que la salud de Enron era muy fuerte, no hizo referencia alguna a la situación de EES. 9. Que en la ya famosa reunión con analistas e inversores celebrada el 16 de octubre de 2001, Lay y otros ejecutivos hicieron fugaz referencia al cargo contable de 1.200 millones de dólares contra recursos propios, dato esencial que no figuraba en la nota oficial de prensa distribuida horas antes. Koenig le explicó posteriormente que tal dato había sido expresamente omitido del primer borrador de nota por indicación de Lay y de Causey, quienes consideraron que la misma tendría una difusión mucho más amplia que los comentarios verbales que pudieran realizar durante dicha reunión. Tal omisión fue un tremendo error, por cuanto, al día siguiente, Enron tuvo que reconocer que el cargo contra reservas no era un acontecimiento excepcional y sin repercusiones —cuasi banal, por neutral—, sino un «error contable» grave cometido en el registro de operaciones realizadas con ciertas sociedades participadas fuera de libros. 10. Que Lay siguió omitiendo datos relevantes en sus comparecencias ante los analistas cuando ya había estallado el escándalo. En concreto, lo eran, y mucho, las transacciones de Enron con la red de empresas de propósito especial (LJM1, LJM2, Chewco, Jedi, Raptor I, II, III, y IV...). La compañía sólo hizo referencia a las transacciones que realizó con las mismas en los años 2000 y 1999 en la ya célebre nota 16 que apareció en la Memoria del año 2001, y que pasó totalmente inadvertida. En las comisiones de investigación del Senado ya se cuestionó dicha nota, señalando que, ante la misma, los auditores deberían haber encendido todas las señales rojas de alarma. 11. Que, a partir de ese momento, el clima laboral interno, habitualmente agradable y cordial, se tornó muy tenso y crítico con las actuaciones de la alta dirección, sobre todo cuando se confirmó que la SEC había abierto una investigación sobre las prácticas contables de la compañía, y sobre las transacciones realizadas con participadas extracontables dirigidas por Fastow. Este cambio se percibió con claridad en la reunión que Lay mantuvo con los trabajadores el 22 de octubre de 2001.

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12. Que el consejo de administración, que habitualmente se reunía unas cinco veces al año, pasó a reunirse a partir de octubre dos o tres veces a la semana y, finalmente, de forma diaria. 13. Que el 3 de octubre de 2001, los analistas internos de Enron presentaron a Lay un informe en el que, de forma mendaz, se decía que «Enron tenía un futuro sólido» debido al nuevo sistema de control del coste de los recursos establecido tras la salida de Skilling. Lay distribuyó y comentó tal informe en las reuniones del consejo celebradas los días 8 y 9 de octubre, cuando ya resultaba patente que la compañía tenía problemas de liquidez y estaba reduciendo plantilla. 14. Que el consejo de administración se quedó estupefacto al enterarse, después de la quiebra, de que Lay, que seguía actuando con un alto grado de discrecionalidad, había vendió acciones de Enron por valor de 70 millones de dólares meses antes de la quiebra, haciendo uso de la línea de crédito que tenía autorizada —venta confirmada en febrero de 2002 por un bufete externo independiente—. Los consejeros «se sintieron ultrajados» y, en concreto, John Duncan, presidente del Executive Committee del consejo, llegó a exclamar: «el señor Lay hace uso de Enron como si fuera un maldito cajero automático283». El fiscal Hueston dio por concluido su turno de preguntas, y, a lo largo de los días 22 y 23, se desarrolló el turno de repreguntas de la defensa. Primero intervino el abogado de la defensa de Lay, Bruce Collins, quien, tras preguntarle cuánto tiempo dedicaba a la revisión de la contabilidad y de las exposiciones públicas de Lay y de Skilling, se aferró a la nota 16 a pie de página correspondiente al informe 10-K incluido en la Memoria de 2001, con el propósito de contrarrestar lo declarado por Paula Rieker sobre la opacidad de Enron en materia de información. Rieker replicó que la citada nota era muy poco clara e intentó comprenderla, pero el departamento de contabilidad retuvo información. A su juicio, hubiera sido necesario reescribirla para encontrarle sentido. Además, añadió que, de acuerdo con su larga experiencia personal, era bien sabido que los analistas financieros prestaban mucha más atención a los sencillos informes sobre beneficios (quarterly earnings reports) que a los complejos informes 10-Q y 10-K, con las notas que los acompañan, mucho más tediosos y difíciles de interpretar. Collins cuestionó el testimonio de Paula Rieker, presentándola más como una observadora que como una insider (persona que tiene información de primera mano), que es como intentó retratarla la acusación, que la conside «Mr. Lay was using Enron as a damn ATM machine».

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raba uno de sus testigos clave; no en vano, tuvo acceso directo a Lay durante los meses previos al colapso de Enron en su calidad de secretaria corporativa. Collins sostuvo que su trabajo era de simple relación con los analistas, y estaba bastante distanciada del negocio, por lo que carecía de un conocimiento íntimo sobre la estructura de los procesos globales de las distintas divisiones de Enron, los pactos y convenios, y las prácticas contables. Por su parte, el mucho más agresivo y teatral Petrocelli, para impresionar al jurado, reveló en primer lugar las cuantiosas retribuciones que percibió Rieker (2,9 millones de dólares en 2000 y 3,1 millones en 2001, aparte de una bonificación de 300.000 dólares), y recordó que fue declarada culpable por vender 18.000 acciones, basándose en información privilegiada. Puso luego en duda su memoria para recordar con precisión detalles de los temas tratados en las cruciales reuniones celebradas por el consejo de administración a partir del día 16 de octubre de 2001. Finalmente, tras manifestar que fue una pieza clave en la política de relaciones con los inversores, la llegó a acusar de haber sido ella quien «había escrito las palabras» que llevaron a su cliente —Skilling— a ser inculpado. Rieker replicó diciendo que, cuando escribió tales palabras, no hizo [tal como le hizo notar su jefe Koenig] sino reflejar el mensaje que la compañía deseaba que se lanzase, y nunca pensó conscientemente que, al actuar así, estuviese violando la ley. Rieker resistió bien la presión y se mantuvo serena y afable, pero muy firme, a lo largo de toda su declaración. Al final de la cuarta semana del juicio, las estrategias de las partes ya estaban claramente perfiladas. La acusación pretendía demostrar que Lay y Skilling, en su obsesión por mantener e incrementar la cotización de la acción de Enron, ordenaron y, en todo caso, conocieron y consintieron la manipulación de la contabilidad de la compañía, todo ello con el objetivo de ocultar su verdadera situación financiera, engañar al mercado y, en último término, enriquecerse personalmente. Los testimonios de Koenig, Rice y Rieker habían sido muy consistentes. Por su parte, las defensas de Lay y de Skilling intentaban socavar la credibilidad de los testigos de la acusación, para restar valor a sus testimonios. En concreto, habían abierto dos líneas fundamentales de argumentación: a) Todos los testigos presentados hasta el momento por la acusación, imputados por muy diversos cargos, suscribieron «contratos» (acuerdos extrajudiciales) con la fiscalía, comprometiéndose a colaborar con la justicia a cambio de evitar largas condenas de cárcel o, según los casos, proteger el dinero que ganaron en Enron. Pero a todo «contrato» subyacen los lemas del Derecho romano quid pro quo o do ut des. De ahí que la defensa intentase, de forma más o menos sublimi-

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nal, sembrar en el jurado la duda sobre si tales testigos estaban dispuestos a contar la verdad o simplemente a decir aquello que los fiscales deseaban oír, aunque ello supusiese «reescribir la historia»284. b) Con carácter general se cuestionaba si los testigos tenían realmente pruebas documentales sólidas en que apoyar sus declaraciones o si, por el contrario, solo hablaban de oídas. En todo caso, eran ellos quienes violaron la ley, y no los acusados. Día 27 de febrero Compareció Wesley Colwell, exjefe de contabilidad de Enron North America (ENA), quien declaró que, cumpliendo órdenes de Skilling, que deseaba batir en 2 centavos por acción las expectativas de beneficio de los analistas para el segundo trimestre del año 2000 (pasar de 32 a 34 centavos por acción), manipuló la contabilidad de ENA. Tal manipulación ilegal consistió en un traspaso desde un atípico «fondo de reserva» a ingresos. También declaró que se practicó la «ingeniería contable» para poder cerrar el cuarto trimestre de 2000. Concluida su comparecencia, subió al estrado Wanda Curry, la exjefa de contabilidad de ENA, sustituida por Colwell285. Día 28 de febrero Subió al estrado Timothy Belden, ex director de la oficina de comercialización de energía eléctrica en California, quien declaró sobre la forma en que Enron se aprovechó del caos del mercado de la energía en California durante los años 2000 y 2001, que llevó a los precios a niveles más de 100 veces por encima de los normales. Esta situación supuso a Enron cerca de 1.000 millones de dólares de beneficios extraordinarios durante el período octubre de 2000-junio de 2001. A continuación subió al estrado David Delainey, ex CEO de Enron Americas y de EES, y, por tanto, exjefe de Colwell, Curry y Belden. En concreto, Mark Koenig suscribió un acuerdo extrajudicial de colaboración con la justicia, en virtud del cual se reconoció culpable de cargos menores que, como máximo, le supondrían, en su día, una condena a 10 años de prisión, que podía ser reducida a la mitad si la fiscalía quedaba satisfecha de su colaboración. Por su parte, Paula Rieker se declaró culpable del delito de abuso de información privilegiada. Este delito le podía suponer una pena de cárcel de 10 años y un millón de dólares de multa. Suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia que le podía permitir la reducción a cero de la pena de cárcel si tal colaboración era valorada positivamente por los fiscales. 285 Wanda Curry fue cesada por Clifford Baxter (que se suicidó en enero de 2001), porque no era capaz de hacer frente a delicadas decisiones de contabilidad agresiva. Su sucesor, Wesley Colwell, sí lo era. 284

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Delainey declaró que la «ingeniería contable» fue, en Enron, un «procedimiento operativo estándar», mediante el cual se tendía a burlar hábilmente la reglamentación contable, y confirmó la constitución en ENA de un fondo de reserva de cientos de millones de dólares destinado, en principio, a suavizar la volatilidad de las ganancias y poder estabilizarlas mediante la realización, en caso de necesidad, de traspasos ilícitos —por cuanto escondían la rentabilidad real de la compañía—, pero usado también para otros fines (por ejemplo, encubrir pérdidas de cientos de millones de dólares de la unidad de ventas a minoristas en 2001, siguiendo instrucciones directas de Skilling, fraude del que Lay tuvo noticia a través de un memorando enviado en agosto de 2001 por la anterior secretaria del consejo, Margaret Ceconi). Delainey ratificó las declaraciones de sus subordinados, y añadió que Skilling mintió en una reunión con analistas en enero de 2001, al mostrar a Enron como una «empresa de logística» estable, y no como lo que en realidad era: una «comercializadora de energía» muy inestable y especulativa, que estaba haciendo frente a enormes riesgos en un mercado sumamente volátil, que le llevaban en un sólo día a perder o a ganar cientos de millones de dólares; de hecho, en enero de 2001, los operadores perdieron en un día cerca de 600 millones de dólares (equivalente a las ganancias de todo el ejercicio 1999), pérdida que fue más que contrarrestada por otras ganancias masivas posteriores. Dado que Delainey se reunía casi a diario con Skilling, su testimonio podía resultarle muy perjudicial al ex CEO de Enron, al que se rumoreó que sustituiría cuando este presentó abruptamente su dimisión en agosto de 2001. También podía ser muy perjudicial para los intereses de Lay286. Día 1 de marzo Se inició el turno de repreguntas a David Delainey. El hilo conductor de todo el turno de repreguntas de la defensa a Delainey fue poner en cuestión su credibilidad. ¿Cómo podía creer el jurado las manifestaciones de un mentiroso confeso? En efecto, Delainey declaró que él, Skilling y otros altos ejecutivos de Enron mintieron a los accionistas, a los empleados y al público. A pesar de la enorme presión a la que lo sometieron los abogados de la defensa, que pusieron en duda (basándose en ciertos informes de auditoría) que EES tuviese en realidad pérdidas que esconder, Delainey suscribió en 2003 un acuerdo de colaboración con la justicia en virtud del cual se declaró culpable de un delito de uso de información privilegiada, al que correspondía una pena de 10 años de prisión, que podría ser sustancialmente reducida si los fiscales así lo recomendaban.

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Delainey mantuvo que, en la reunión que se celebró en marzo de 2001, presidida por Skilling, se trató de esconder una pérdida de 200 millones de dólares en EES, derivada de un recargo de 3 centavos de dólar por kWh que impusieron los reguladores de California, y que tal pérdida no era potencial sino real, como aseguraron en su día Richard Causey, exjefe de contabilidad de Enron, y Wesley Colwell. Día 2 de marzo Compareció Kevin Hannon287, exjefe de operaciones de EBS, quien se sometió al turno de preguntas de la fiscalía. En su testimonio, Hannon se refirió a una reunión celebrada el 21 de mayo de 2001 en el hotel Doubletree, a la que asistieron los máximos directivos de la compañía, de la que hizo un retrato potencialmente devastador. Lay, Skilling, Fastow, Causey y otros altos ejecutivos comentaron un estudio sobre Enron, realizado por Off Wall Street Consulting Inc. y publicado muy recientemente, en el que se sostenía que el valor real de la acción de Enron no superaba los 27 dólares —aproximadamente el 50% de su cotización en bolsa en aquellos momentos—. En dicha reunión se llegó a admitir la debilidad de la compañía y a comentar que «el mercado empieza a comprender la forma en que Enron está creando el dinero». «They’re on to us» («nos vigilan»), dijo, al parecer, Skilling. A pesar de este reconocimiento de puertas adentro, tanto Lay como Skilling transmitieron una imagen de «color rosa» a los inversores y empleados durante los meses siguientes. Hannon añadió que en la comentada reunión Skilling le pidió a Fastow que hiciese algún comentario sobre la participada LJM, creada con la idea de ayudar a Enron a esconder activos incómodos. El comentario del CFO, «LJM is a good deal for me», fue contestado con un «estruendoso silencio». Día 6 de marzo Hannon se sometió al turno de repreguntas de la defensa. En medio de una gran expectación, Andrew Fastow llegó al edificio del tribunal, a cuyas puertas se congregaban centenares de periodistas. Se acordó que su comparecencia se produjese al día siguiente.

Hannon también llegó en 2004 a un acuerdo de colaboración con la justicia en virtud del cual se declaró culpable de conspiración, delito que le podía suponer una pena de hasta cinco años de prisión.

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Capítulo 15 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (II) LOS COLABORADORES ESTELARES, EN EL ESTRADO Ésa [la triste realidad de que muchos de los agentes de la ley «fueron en sus tiempos infractores de ella, como cuatreros, atracadores o salteadores de caminos… proscritos como el propio proscrito, que luego han ganado sus puestos y la inmunidad mediante delaciones y traiciones, esto es, entregando a sus camaradas a la prisión y a la muerte»] es una de las razones para que la profesión de ladrón de trenes no sea tan placentera como sus ramas colaterales: la de especulador o la de político. O. Henry, Obras Selectas, Tomo II, Seis y siete, «Como se asalta un tren»

El testimonio de Andrew Fastow Día 7 de marzo Subió al estrado Andrew Fastow, uno de los testigos estelares de la acusación. El fiscal Hueston inició su turno de preguntas288. Desde el comienzo del interrogatorio de Hueston, Fastow sostuvo que creó la empresa instrumental LJM1 en 1999 con un capital de tan solo 16 millones de dólares, para ayudar a Enron a «solucionar un problema» (esconder pérdidas de unas decenas de millones de dólares). Skilling le pidió que aplicase este modelo a gran escala, para poder realizar operaciones con Enron de calado mucho mayor, que permitiesen una más amplia manipulación de En enero de 2004 Fastow llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia, en virtud del cual se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude y aceptó una condena de diez años de prisión y el pago de una multa de 28 millones de dólares. Obviaba, así, una posible condena de cadena perpetua en un juicio con jurado.

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los beneficios («Consígueme la mayor cantidad que puedas de este juego», le dijo, al parecer, Skilling), y le animó a establecer la correspondiente contabilidad paralela. Surgieron así LJM2 (para la que captó capitales privados por importe de 386 millones de dólares) y otras muchas sociedades, que permitieron a Enron, entre otras cosas, desprenderse de activos molestos por ruinosos. Fastow declaró que en aquel entonces se consideraba «un héroe para Enron», por cuanto ayudaba a dicha compañía a alcanzar las metas de ganancias que le fijaba Wall Street, todo ello en beneficio de la cotización de las acciones y en el suyo propio (como incentivo por su esfuerzo percibía una comisión del 2% de los capitales captados y una retribución fija anual de 500.000 dólares). Fastow sostuvo que Lay y Skilling apoyaron esos mecanismos fraudulentos y fomentaron sus actividades, y que el propio consejo de administración, que estaba al tanto de la creación de esta red de sociedades participadas gestionadas por él directamente, acordó anular cualquier restricción por conflicto de intereses, por cuanto el que estuvieran gestionadas por el propio CFO de Enron facilitaba los acuerdos que la compañía necesitaba. En relación con tales acuerdos secretos, Fastow se refirió a una lista escrita a mano que incluía parte de los mismos —denominada Global Galactic Agreement por los fiscales—, y que fue visada por el propio Fastow y por Causey, a la que Skilling dio, al parecer, su aprobación verbal. En dicha lista figuran, entre otras, la transacción relativa a la venta de tres barcazas nigerianas acordada con Merill Lynch, y la compra a EBS de cable de fibra óptica en desuso. Fastow también declaró que, mediante una serie de transacciones con las sociedades instrumentales Raptor I, II, III y IV, Enron pudo inflar sus beneficios en 500 millones de dólares; añadió que con eso «apenas estaba abriendo el kimono». La parte más emotiva de la declaración de Fastow se produjo cuando Hueston le interrogó sobre las razones por las que se declaró culpable, y él le respondió: «Me declaré culpable porque sí soy culpable, y consideré que mi decisión era la más beneficiosa para los intereses de mi familia». Más adelante defendió la inocencia de su esposa, a la que reconoció haber enredado en sus chanchullos. Día 8 de marzo En la conclusión del turno de preguntas de la fiscalía, Fastow declaró que, al día siguiente de la renuncia de Skilling, informó a Lay sobre una serie de graves problemas de Enron, incluido un error de contabilidad de 1.200 millones de dólares, relacionado con el esquema financiero de las Raptor. Para poder hacer frente a esta situación, Fastow recomendó la venta de activos o una fusión. Lay le manifestó que estaba al corriente de las gravísimas dificulta-

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des por las que atravesaba Enron. Sin embargo, en una reunión que mantuvo pocos días más tarde con analistas manifestó que la compañía gozaba de excelente salud financiera, cuando sabía que estaba al borde de la quiebra. A la pregunta de Hueston sobre si las declaraciones de Lay fueron una mentira deliberada, Fastow respondió: «Sí, lo fueron». A continuación se inició el turno de repreguntas por parte de Petrocelli. Su ataque a la credibilidad del testigo fue demoledor. Tras ironizar sobre la condición de «héroe» para Enron que Fastow se atribuyó el día anterior, le acusó de ser un codicioso insaciable y de haber permitido que su esposa fuese a la cárcel antes que confesar su culpa. Fastow reconoció que había sido extremadamente codicioso tras perder el sentido moral, y que había hecho cosas horribles de las que se arrepentía. En especial, no se perdonaría jamás el daño que infligió a su esposa Lea. En relación con las special pourpose entities, Petrocelli se refirió en concreto a RADR, de la que Fastow obtuvo un beneficio personal ilegal de unos 2 millones de dólares, y a Chewco, que proporcionó a Fastow y a otros miembros de su equipo —Kopper entre ellos— ganancias, también ilegales, por importe de unos 12 millones de dólares. Fastow reconoció que ni Lay ni Skilling tuvieron conocimiento de las transacciones realizadas por estas dos empresas ni se lucraron de ellas. A esta sesión del juicio, a manera de apoyo moral a los acusados, asistió Richard Scrushy, ex CEO de HealthSouth Corporation289. Día 9 de marzo Petrocelli continuó su turno de repreguntas a Fastow. El interrogatorio de Petrocelli se centró en el ya tristemente famoso acuerdo Global Galactic, memorando escrito a mano, y visado con sus iniciales por Fastow y Causey, cuyo original destruyó el propio Fastow, y que contenía siete compromisos secretos entre LJM y Enron. Una fotocopia del mismo, realizada por su esposa Lea, apareció en una caja de seguridad del River Oaks Bank de Houston en la que Fastow guardaba su contrato de trabajo. Petrocelli puso en cuestión lo declarado por Fastow en el sentido de que Skilling aprobó tal documento, y señaló que se trataba de una simple prueba circunstancial que los testigos habían podido elaborar posteriormente y visar Scrushy había sido juzgado recientemente y absuelto por cargos similares a los que se imputaban a Lay. Preguntado por los periodistas sobre la opinión que le merecía Fastow, replicó que lo consideraba un mal tipo, un hombre muy deshonesto y de nula credibilidad, «al que no haría caso aunque le dijese que el edificio se está incendiando».

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con fecha falsa (según los registros del banco, la caja de seguridad fue abierta por Lea Fastow en abril de 2004, cuatro meses después de que tanto ella como su esposo se declararan culpables). Fastow sostuvo que este memorando le incriminaba a él y a otros, entre ellos a Skilling. Petrocelli pasó a referirse a las transacciones efectuadas con las empresas de propósito especial LJM1 y LJM2, y preguntó a Fastow si consideraba que eran un vehículo impropio para sacar del balance de Enron ciertos activos. Fastow respondió que el mecanismo no era impropio si tal traspaso de activos se hubiese realizado de forma correcta. Petrocelli manifestó que el uso de entidades de propósito especial es perfectamente legal, y requirió de Fastow la aportación de pruebas de que recibió instrucciones por parte de Skilling para realizar operaciones impropias con las mismas (algún visado en un documento, un correo electrónico, una nota manuscrita en el reverso de una tarjeta, cualquier cosa....). Fastow contestó que no recordaba ningún documento específico, pero aseguró que todas sus actuaciones se basaron en un fuerte acuerdo verbal con Skilling (un «abrazo de oso») al que llegaron en diciembre de 1999. El durísimo interrogatorio de Petrocelli mostró a un Fastow sumamente avaricioso, dispuesto a todo tipo de marrullerías contables, muchas de las cuales redundaron en su exclusivo beneficio personal, e incapaz de aportar prueba alguna de que Skilling había aprobado su política. El abogado defensor trató de sembrar de dudas las mentes de los jurados, pero, en opinión de muchos observadores, Fastow mantuvo bien el tipo en el estrado. Día 13 de marzo Tras un último esfuerzo de Petrocelli por mostrar al jurado que LJM no era sino una especie de holding totalmente legal para almacenar proyectos malos o fallidos que Enron pretendía vender, se inició un brutal cuestionamiento de Fastow por parte de Ramsey. En un intento de destruir la credibilidad de Fastow, que había dicho en su última comparecencia que Lay conocía y ocultó la gravísima situación financiera de la compañía, Ramsey le acusó de ser mentiroso y ladrón, y le obligó a reconocer, una vez más, que robó millones de dólares de Enron para sí mismo, para los socios y para una fundación benéfica mediante una serie de operaciones ilegales que ocultó a sus jefes, con los que se comportó de forma desleal. En contra de lo que Fastow había insinuado, este no llegó a «abrir el kimono».

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Un interludio de testimonios menores Día 14 de marzo Subió al estrado Chris Loerh, exempleado de las empresas de propósito especial LJM. Se trataba de uno de los pocos testigos de la acusación que no había sido inculpado, y testificaba bajo un acuerdo de inmunidad con los fiscales. Loerh, que trabajó como analista financiero en Enron y en LJM entre enero de 1999 y agosto de 2001, ratificó las declaraciones de Fastow en cuanto a los acuerdos con Enron incluidos en el Global Galactic, y precisó que el «aparcamiento» de una central brasileña en LJM2 se convino por seis meses y con la condición de que no causara perjuicio a dicha sociedad. A tal efecto se redactó un documento en el que figuraba una frase que los auditores de LJM2 consideraron problemática por cuanto quedaba claramente de manifiesto que no se trataba de una verdadera venta. Tal frase se suprimió al manifestar Fastow que había recibido seguridades de Enron. Reconoció Loerh que se hacían cosas muy agresivas y extraordinariamente innovadoras en materia contable, y que sin duda ayudó a otros a vulnerar la ley, pero señaló que estas conductas eran públicas y notorias, pues no se mantenía un gran secreto sobre lo que se estaba haciendo (entre otras cosas, antedatar documentos). A continuación subió al estrado John Nelson, un antiguo trabajador de la división de gasoductos de Enron. Nelson, simple víctima de la quiebra, testificó que había perdido todos sus ahorros para la jubilación, colocados en un fondo tipo 401(k), y totalmente dotado con acciones de Enron desde que Lay los convenció de que era una tontería el diversificar. Él y otros muchos compañeros creyeron en su palabra. Lay les engañó y siguió haciéndolo en una reunión que mantuvo con los trabajadores en octubre de 2001. Nelson se limitó a decir que él y sus compañeros habían perdido «millones y millones de dólares» (los fiscales no podían hablarle al jurado sobre las pérdidas concretas sufridas por los afectados como consecuencia del colapso; el juez Sim Lake estableció antes del juicio que este tema era prejudicial), aunque se supo que sus pérdidas personales ascendieron a casi 500.000 dólares. Luego lo hizo Vince Kaminski, un exanalista del equipo de riesgos de Enron. Kaminski, que en el momento de su declaración trabajaba en Citigroup y era profesor adjunto en la Universidad de Rice, testificó que la primera vez que oyó hablar del propósito de crear LJM en junio de 1999 manifestó su preocupación a su superior, Rick Buy, exjefe de riesgos de Enron Corporation, mostrándole el conflicto de intereses que podía representar el que la dirigiera el propio CFO, y resaltándole el hecho de que potencialmente era inestable, al estar ampliamente financiada mediante acciones de Enron

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(«era algo así como jugar dinero en un casino insolvente»). Kaminski declaró que se mostró crítico ya con la primera transacción que realizó LJM1, y, al mes siguiente, recibió una llamada telefónica de Skilling en la que le notificó su traslado, argumentando que actuaba como un polizonte que advertía a la gente sobre los peligros de ejecutar ciertas transacciones, en vez de ayudar a llevarlas a cabo. Kaminski dijo que, en la delicada reunión que Lay mantuvo el 22 de octubre de 2001 con los directivos, subió al podio para manifestar públicamente que lo que había hecho Fastow en las JLM no solo era impropio sino finalmente estúpido, y que hacer limpieza era la mejor oportunidad para luchar por la supervivencia. Kaminski añadió que la manifestación que Lay formuló al día siguiente sobre el apoyo de «todos» los empleados a la gestión de Fastow era, en consecuencia, mentira. Día 15 de marzo Subió al estrado Sherron Watkins290, ex vice president de Enron. Watkins declaró que la dimisión de Skilling el día 14 de agosto de 2001 la dejó aturdida, por cuanto le conocía, sabía que era mala persona, y su salida abrupta le hizo sentir la urgencia de abandonar Enron lo antes posible. Conocía muchísimos problemas de Enron, pero el abandono precipitado del capitán de la nave le hizo pensar que lo que ella sabía debía ser solo la punta del iceberg, y que la situación real tenía que ser crítica. De ahí que tomase la inmediata decisión de escribir un memorando anónimo advirtiendo a Lay de la posibilidad de un colapso financiero. El día 22 de agosto, en una reunión de treinta minutos que mantuvo con Lay, le confirmó que ella era la autora de la nota y la leyeron juntos. Según Watkins, Lay se mostró muy sorprendido ante la posibilidad de que las cuestiones que planteaba fuesen problemáticas, y cuando llegaron a la página titulada Summary of Raptor oddities («Resumen de las singularidades Sherron Watkins, exempleada de Arthur Andersen, comenzó a trabajar en Enron en 1993, a las órdenes de Fastow, en la gestión de la cartera de inversiones energéticas; fue trasladada en 1997 al área de fusiones y adquisiciones del grupo internacional de Enron; pasó a comienzos de 2000 a Enron Broadband Services; y, finalmente, regresó a la dirección financiera en junio de 2001 para colaborar en el área de fusiones y adquisiciones. Al día siguiente de la dimisión de Skilling, envió anónimamente a Lay el ya famoso memorando fechado el 15 de agosto de 2001, en el que le advertía de que la compañía podía venirse abajo como un castillo de naipes en una oleada de escándalos contables. Tras sus declaraciones en los comités de investigación del Congreso, fue nombrada por la revista TIME mujer del año, junto con Coleen Rowley del FBI y Cynthia Cooper de WorldCom. Abandonó Enron en noviembre de 2002. Fue coautora con Mimi Swartz del libro Power Failure: The Inside Story of the Collapse of Enron, publicado en marzo de 2003.

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de las Raptor»), este dio un respingo al leer el crudo comentario que había hecho un compañero de Watkins, con categoría de director: «Deseo que nos cojan. Somos una empresa fraudulenta». Watkins le dijo que Enron podía registrar pérdidas de entre 500 y 700 millones de dólares como consecuencia de sus acuerdos con LJM y sus empresas instrumentales Condor y Raptor, y le sugirió que investigara el asunto a través de alguna firma externa que no fuese ni Andersen, ni Winson&Elkins, por posible conflicto de intereses. Lay mostró su interés por saber si ella le había comentado a alguien estos problemas. Watkins le manifestó que no se sentía a gusto con Fastow y le pidió su traslado a recursos humanos. Ese mismo día, Lay mantuvo una reunión con todos los empleados para tranquilizarlos ante la marcha de Skilling, en la cual vino a decir que la compañía estaba en un estado de forma excelente. Watkins testificó que, si lo que le contó a Lay era cierto, este mintió deliberadamente en dicha reunión. También mintió de forma clamorosa en la conferencia que celebró el 23 de octubre con analistas de Wall Street, en la que defendió la labor de Fastow, salió al paso de las acusaciones que se le hacían por posible conflicto de intereses ante su actuación dual (CFO de Enron y administrador único de LJM y demás familia), y manifestó que los controles y procedimientos de Enron eran seguros. Watkins sostuvo que en dicha reunión Rick Causey mintió de forma clamorosa cuando, en respuesta a una pregunta sobre si los compromisos con las participadas no registrados en la contabilidad de Enron podrían tener alguna influencia en los beneficios, respondió: «ninguna». Al parecer, sanear 1.200 millones de dólares de «porquería» con cargo a recursos propios era para Causey la forma correcta de «manipular la suciedad». En su turno de repreguntas, el abogado de Lay, Chip Lewis, trató de pintar a Watkins como una «acusica» que formuló denuncias sin disponer de todos los datos, y una oportunista, por cuanto había escrito un libro sobre el escándalo Enron, y daba conferencias por todo el país, cobrando una tarifa de entre 20.000 y 30.000 dólares por sesión. Tras defender que las Raptor, instrumentos de cobertura usados por LJM, eran sociedades correctas y que habían seguido la normativa contable, cargó contra la honorabilidad de la testigo, acusándola de uso de información privilegiada (obtuvo una ganancia de 17.000 dólares al vender acciones a finales del mes de agosto de 2001). Lewis siguió la estrategia de la defensa, a quien no interesaba la búsqueda de la verdad sino atacar a los testigos de la acusación para minar su credibilidad e intentar sembrar «dudas razonables» entre los miembros del jurado. En su turno de repreguntas, Ron Woods, abogado de Skilling, manifestó que Watkins tal vez tenía interés en que Skilling y Lay fuesen declarados culpables, pues una declaración de inocencia podría afectar a sus conferencias,

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a lo que la testigo replicó que el contenido de las mismas no tenía relación con el hecho de que estos fueran declarados convictos o no en la corte federal de Houston. La comparecencia de Sherron Watkins concluyó el día 16 de marzo. Día 20 de marzo Subió al estrado John Sult, antiguo auditor de Arthur Andersen. Sult, que en el momento de su comparecencia era director de contabilidad (CAO) de El Paso Corp., explicó que en marzo de 2001 supo que Azurix, empresa del grupo Enron para el negocio del agua, no pensaba realizar nuevas inversiones. Se tenía la impresión de que Azurix era un negocio fracasado. Por ello quedó muy sorprendido cuando en octubre de 2001, al reevaluar el goodwill de Wessex, la filial británica de Azurix, se le dijo que Enron iba a emprender una estrategia de crecimiento con inversiones por importe de más de 1.000 millones de dólares. Consultó el tema con sus superiores David Duncan y Mike Odom, quienes hablaron con Lay para obtener algún tipo de garantías sobre la certidumbre de tal manifestación. Lo cierto es que en la conferencia de Lay, celebrada el 23 de octubre de 2001, este manifestó que los auditores de Enron habían revisado el goodwill de Wessex y que no habían apreciado ningún deterioro del mismo. Sult, que en esa fecha aún no había concluido su trabajo, declaró que esta afirmación de Lay fue falsa. Comentó que, si se hubiese reconocido al negocio del agua como fallido, la compañía tendría que haber contabilizado de inmediato una pérdida de unos 700 millones de dólares. A continuación subió al estrado Tom Bauer, también antiguo auditor de Arthur Andersen. Bauer declaró que, en su calidad de auditor de Enron North America, estuvo presente en la reunión que David Duncan, jefe del equipo de auditores de Andersen en Enron, y otros mantuvieron con Lay el 12 de octubre de 2001 para discutir en torno al goodwill de las empresas Elektro —una compañía brasileña de distribución de energía eléctrica— y Azurix. Según Bauer, en dicha reunión Lay manifestó que «el agua era la commodity del siglo XXI», y que Azurix era su plataforma en este campo; de ahí la estrategia de crecimiento prevista. Por lo que respecta a lo que podía considerarse uso propio o impropio de las reservas por parte de las empresas para alcanzar sus objetivos de beneficios, Bauer se refirió a una reunión que tuvo lugar en 1998 entre gente de Arthur Andersen y el director de contabilidad Rick Causey para tratar de este delicado asunto. Cuando el fiscal Berkowitz le mostró un correo electrónico fechado en enero de 2001 y dirigido por eje-

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cutivos contables de Enron a otros compañeros de las empresas del grupo, en el que se trazaban las líneas generales de un plan para el uso de reservas «con el propósito de batir las estimaciones de los analistas», Bauer le contestó que fue precisamente dicho correo electrónico el que le impulsó a comparecer como testigo. La fiscalía sostuvo desde el comienzo del juicio que esta forma de actuar era una práctica generalizada en Enron, y que tanto Lay como Skilling formaban parte de la conspiración para inflar los beneficios; su firma, junto a las de Causey y del secretario general, en las «cartas de conformidad» que Enron enviaba anualmente a los auditores diciendo que la información financiera entregada de forma trimestral era verdadera, no siéndolo realmente, constituía, a su juicio, una prueba de sus mentiras a los inversores y analistas. Por su parte, la defensa argumentó que fueron otros quienes recopilaron la información, y que el relacionar a sus clientes con eventuales malas prácticas de quienes realizaron tal recopilación, por el hecho de haber firmado las cartas de conformidad, era una simple conjetura, no una prueba. Tras la deposición de Bauer, a lo largo de la cual algunos miembros del jurado se durmieron ostensiblemente, mientras otros cuchicheaban entre sí, algunos especialistas opinaron que la fiscalía tal vez no acertó al poner sobre el tapete un tema tan técnico y especializado como es el goodwill —que muy pocos comprendían, y a casi nadie interesaba—, o presentar como contundente prueba de conspiración criminal la firma ritual de las clásicas «cartas de conformidad» —que, en principio, eximen de toda responsabilidad a los auditores—, por cuanto lo único que tal firma podía probar, a falta de evidencias más consistentes de colaboración o encubrimiento, era la grave imprudencia —no exenta, por supuesto, de responsabilidad— de los firmantes al confiar en subordinados que falsificaron las cuentas a sus espaldas. Esta línea de actuación parecía favorecer a la defensa, cuyo único objetivo final era crearles «dudas razonables» a los miembros del jurado. Día 21 de marzo Durante su turno de repreguntas, el abogado de la defensa de Lay, Shawn Cleveland, sometió a Bauer a una durísima presión que no consiguió quebrar su entereza, pero sí agotar la paciencia del juez Sim Lake, quien manifestó su disgusto ante la táctica, por parte de la defensa, de intentar minar de forma sistemática la credibilidad de cuantos testigos subían al estrado, formulando preguntas y más preguntas, muchas veces reiterativas, que fatigaban y desorientaban al jurado. Lake prometió al jurado que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para acelerar el proceso, de forma que este no se alargase innecesariamente.

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A continuación subió al estrado Ron Barone, analista de créditos de Standad & Poor’s. Barone, que trabajó en el equipo responsable de establecer el rating crediticio de Enron, declaró que quedó muy sorprendido cuando un asistente de tesorería de Enron le comentó el 4 de octubre de 2001 que la compañía tendría que efectuar un ajuste contable por importe de 1.200 millones de dólares. El 12 de octubre Lay le informó telefónicamente sobre el deterioro de la posición financiera de Enron, que haría necesaria la adopción de ciertas medidas, entre las que citó la venta de activos, incluso la venta de gasoductos si no hubiese otro remedio, y le aseguró que los libros de contabilidad quedaban limpios tras el ajuste de 1.200 millones de dólares. Barone describió el desplome de la calificación crediticia de Enron a partir de aquel momento: BBB+ el 15 de octubre; BBB/CW-neg el 1 de noviembre; BBB-/CW-neg el 9 de noviembre; B-/CW-neg el 28 de noviembre; CC/CW-neg el 30 de noviembre; y, finalmente, D el 3 de diciembre, con la compañía ya quebrada. En su turno de repreguntas, Bruce Collins, del equipo de abogados defensores de Lay, mantuvo la conocida teoría de que fue precisamente el desplome de la calificación crediticia el que provocó el pánico bancario y desembocó en la quiebra de la compañía, y no lo contrario. El testimonio de Ben Glisan Días 21 y 22 de marzo Concluida la comparecencia de Barone, subió al estrado Ben Glisan291, extesorero de Enron y uno de los dos testigos estelares de la acusación, para someterse al turno de preguntas de la fiscalía. Glisan contestó con aplomo a las preguntas que le formuló la fiscal Kathryn Ruemmler sobre las manifestaciones que realizaron tanto Skilling como Lay en la reunión con los inversores celebrada el 14 de agosto de 2001 para dar cuenta de la dimisión del primero por razones personales. Ben Glisan, condenado en septiembre de 2003 a una pena de 5 años de prisión —que estaba cumpliendo en aquel momento— por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, fue el único alto directivo de Enron que, aun cuando se inculpó, no suscribió un acuerdo de colaboración con la justicia. De ahí que, invocando la Quinta Enmienda, pidiese previamente al juez Sim Lake que le fuese extendida una orden de inmunidad, para que no pudiese ser posteriormente incriminado como consecuencia de su testimonio. Glisan ya solicitó y obtuvo tal inmunidad en el juicio celebrado en 2004 por el asunto de las tres barcazas nigerianas. La orden de inmunidad solicitada fue extendida con la condición de que no cometiese perjurio en sus declaraciones en el estrado. Además, Lake ordenó que no compareciese con el humillante uniforme de la prisión, como le ocurrió en el juicio anterior.

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En una cinta de audio se escucha a Skilling decir que «la compañía está en muy buena forma», y a Lay remachar que «la compañía está probablemente en un estado de forma mejor y más fuerte que nunca». Glisan dijo que esto no era así: la compañía cabalgaba a lomos de la deuda, era financieramente débil, presentaba un cash flow y unos beneficios «manufacturados», y sobrevaloraba ampliamente sus activos internacionales. Tanto Lay como Skilling conocían bien los innumerables problemas de la compañía, que habían sido discutidos en reuniones en las que ambos estaban presentes, pero escondieron a los inversores la mala salud financiera de la empresa; pura y simplemente, les mintieron. Glisan reconoció que uno de sus trabajos fundamentales en Enron era, precisamente, manufacturar (manipular) beneficios y cash flow. En ese sentido, colaboró con Fastow en la creación de tres tipos de vehículos financieros estructurados para tales propósitos: mediante el primero se transformaban préstamos bancarios, es decir, deuda, en cash flow; mediante el segundo se sacaban deudas de los libros y se contribuía a dar a la compañía una apariencia saludable; mediante el tercero se aparcaban determinados activos incómodos y se generaban beneficios. Glisan añadió que en Enron existía una gran presión para presentar informes trimestrales de beneficios que igualasen o superasen las expectativas de los analistas de Wall Street, presión que se agudizó cuando las cotizaciones empezaron a declinar en 2001. Glisan también dio cifras sobre la probable sobrevaloración de los activos internacionales de Enron: contabilizados en 10.000 millones de dólares, la mejor estimación conjeturada por el propio Skilling no pasaba de 5.500 millones; existía, pues, una pérdida encubierta en los libros de unos 4.500 millones de dólares, que se ocultó a los inversores. El propio Lay tergiversó el valor de una central eléctrica brasileña en su conferencia del 16 de octubre de 2001. También mintió a los empleados en la reunión del 26 de septiembre de 2001, al sostener que la compañía no había perdido dinero en la central de Dabhol (India), cuando lo cierto era que se habían perdido 500 millones de dólares. Otras inversiones internacionales muy malas fueron los dos proyectos brasileños —Cuiabá y Elektro Eletricidade e Serviços—, y las tres barcazas con grupos generadores de electricidad, ancladas ante la costa nigeriana. Pero no solo se trató de una ocultación pasiva. Lay dirigió personalmente el esquema del informe financiero estándar correspondiente al tercer trimestre de 2001. Solo le preocupaba el importe de las pérdidas que se podía declarar sin poner en peligro la calificación crediticia. Se trataba de hacer las cuentas hacia atrás, y dio la orden de ir en ese sentido. Glisan declaró que esto suponía ocultar cerca de 1.000 millones de dólares en pérdidas procedentes fundamentalmente de la unidad de Inter-

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net, del negocio del agua y de los vehículos de cobertura llamados Raptor. Y es que a Enron le obsesionaba su rating, dado su apetito insaciable por el endeudamiento (en el año 2000 tomó prestados aproximadamente 20.000 millones de dólares). Glisan, con su testimonio, apuntaló lo manifestado por anteriores testigos clave, Fastow incluido. También corroboró lo dicho por Bauer en relación con Azurix y el negocio del agua (no se tenía intención alguna de crecer, y, al manifestar lo contrario, se evitó el registrar unas pérdidas de 700 millones de dólares; además, los activos de esa unidad de negocio estaban sobrevalorados en unos 1.000 millones de dólares). Cargando claramente contra Lay, Glisan se refirió a una de las reuniones generales que mantenía periódicamente en The Woodlands con todos los altos ejecutivos del grupo Enron, a la que calificó de repugnante («ugly meeting»). Dicha reunión tuvo lugar en septiembre de 2001. En este tipo de reuniones lo normal era que los máximos responsables de las distintas unidades de negocio hablasen de éxito financiero y de crecimiento. Pero en esta ocasión sólo se escuchó una letanía de calamidades (pérdidas en ascenso en EBS, en EES..., sobrevaloración de activos internacionales, uso impropio de reservas, y perspectivas horribles). Volviéndole la espalda a la realidad, Lay los animó a que siguiesen operando con sus complejas estructuras financieras, pues para Enron «era imperativo el impresionar con sus números». Según Glisan, el COO de Enron Americas, John Lavorato, le comentó: «Estoy contento de no llevar una pistola, pues me pegaría un tiro». Glisan también comentó las arengas que Lay lanzaba a los empleados en septiembre de 2001, diciéndoles que las acciones estaban increíblemente baratas, y animándoles a desmentir a sus familiares y amigos los infundados rumores sobre la mala situación financiera de la compañía. En relación con el tema de las empresas de propósito especial, Glisan hizo referencia a la compleja operación realizada por Enron para la cobertura de sus inversiones en Avici Systems a través de la empresa de propósito especial denominada Talon, con la participación de LJM2. Esta operación, que el Gobierno consideró ilegal, por cuanto violaba la normativa contable, formó parte de la conspiración para manipular artificialmente los estados financieros de Enron, delito del que Glisan se declaró culpable en septiembre de 2003. Según Glisan, Skilling dijo que «no era la operación que él habría recomendado, excepto porque permitía sortear o circunvenir (circumvent) las reglas de contabilidad [darles la vuelta con artificio engañoso]», y añadió que cuando la misma fue explicada al comité financiero en mayo de 2000, y obtuvo la aprobación, Lay se mostró encantado y apenas pudo contener la risa.

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Glisan comentó también que obtuvo un beneficio personal de un millón de dólares tras haber realizado, invitado por Fastow, una inversión de tan solo 5.800 dólares en la operación llamada Southampton, y que cuando el CFO fue despedido se lo contó a Lay y le presentó la dimisión. Según Glisan, Lay dio el visto bueno a su participación en tal operación y le dijo que lo peor que podía hacer era dimitir292. Día 23 de marzo Siguiendo su habitual estrategia de defensa, Petrocelli empezó por atacar a Glisan por los crímenes que había cometido en Enron, de los que se había declarado culpable, y por las falsas acusaciones que había formulado contra su cliente y contra Lay. Ante todo, puso en duda su desinterés al comparecer como testigo de la acusación sin haber suscrito un acuerdo de colaboración con la justicia. Dio a entender que su fugaz paso por la prisión de Bastrop (no más de once días), su rápido traslado a la mucho menos dura penitenciaría de Beaumont (donde podía reducir su pena por buena conducta y por su incorporación al programa de rehabilitación de su dependencia del alcohol), así como los numerosos contactos mantenidos con agentes del FBI y sus comparecencias en el juicio «Barcazas» y ante un gran jurado, revelaban una buena relación con el Gobierno y podían inducirle a decir lo que los fiscales deseaban escuchar. Ante estas insinuaciones, Glisan contestó que había comparecido para decir la verdad, y que en caso de no hacerlo cometería delito de perjurio, lo que alargaría su condena. Petrocelli le retó a que aportase notas sobre las conversaciones que decía haber mantenido con Skilling y Lay, correos electrónicos o cualquier otro tipo de prueba escrita que respaldase sus acusaciones. Glisan reconoció que no podía aportar ninguna, pero mantuvo que decía la verdad. Ante el acoso de Petrocelli, que cuestionó con dureza el que Skilling hubiese pronunciado la palabra «circumvent» (bordear, engañar, enredar, circunvenir), en el sentido de darle la vuelta a la normativa contable, Glisan tuvo que ajustar su testimonio, y acabó por reconocer que no estaba seguro de si había sido exactamente esta la palabra pronunciada, y que, en todo caso, no había formulado una invitación expresa a violar las reglas de la contabilidad. Petrocelli, como ya hizo en las comparecencias de anteriores testigos, dijo al jurado que la utilización de empresas de propósito especial era to Glisan fue cesado de su cargo de tesorero en septiembre de 2001 y despedido en febrero de 2002.

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talmente legal, y que el célebre acuerdo Global Galactic —del que Glisan manifestó tener noticia— no dejaba de ser una burda falsificación293. Día 27 de marzo Dio comienzo y concluyó el turno de repreguntas a Glisan por parte de Bruce Collins, abogado de Lay. Collins intentó debilitar el testimonio de Glisan señalando que, días antes de la reunión de Lay con los analistas, celebrada el 23 de octubre de 2001, aquel había manifestado en un comité de dirección que Enron disponía de la tesorería suficiente para pasar a través del desastre y alcanzar los objetivos fijados para fin de año, tal como se reflejaba en una anotación realizada por la secretaria corporativa Paula Rieker. Glisan aclaró que de tal anotación no cabía inferir que él hubiese realizado una afirmación concreta y precisa. Collins señaló que Glisan había exagerado la mala situación financiera de Enron, y que no fue su falta de liquidez sino la espantada de los bancos y de los accionistas asustados lo que provocó la quiebra de la compañía. Los últimos testigos de la acusación Día 27 de marzo Concluido el testimonio de Glisan, subió al estrado el corredor de bolsa Glenn Ray294. Sim Lake ya le advirtió previamente a la defensa que no existían evidencias de que la fiscalía hubiese manipulado a los testigos o dirigido sus testimonios, y le prohibió sostener tal cosa ante el jurado. Pero lo que sí podía hacer la defensa era cuestionar a los testigos en relación con sus motivos. De hecho, Lake dio a la defensa un amplio espacio de libertad en sus turnos de repreguntas en esta parte principal del juicio, lo que con frecuencia condujo a divagaciones que aportaron poco y contribuyeron a crear cierta confusión en el seno del jurado. Pero Lake dio a entender que sería mucho menos permisivo con estas tácticas si llegaba a sospechar que podían obligar al Gobierno a presentar testigos de refutación. El más temible era, sin duda, Rick Causey, que podría ser citado por la fiscalía en la fase de refutación, en relación con el controvertido acuerdo Global Galactic. Causey era, ciertamente, un arma de doble filo, tanto para la acusación como para la defensa, por cuanto presentaba aspectos positivos y negativos para ambas partes. Pero el riesgo de que la balanza se decantase del lado de la fiscalía era alto, pues solo el Gobierno podría concederle, llegado el caso, la inmunidad, si invocaba su derecho a no incriminarse. De ahí que muchos expertos opinasen a estas alturas del juicio que Causey no subiría finalmente al estrado, y que sería el jurado quien, en último término, decidiese si creía a los testigos, o creía que el Gobierno había influido es sus declaraciones. 294 Ray fue broker de la firma Charles Schwab en Denver, responsable de vigilar la cuenta de Skilling. La fiscalía intentó demostrar que Skilling cometió un delito de uso de información privilegiada en una serie de ventas de acciones que realizó tras su salida de Enron el 14 de agosto de 2001. 293

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Ray confirmó que el 6 de septiembre de 2001 Skilling le dio orden de vender 200.000 acciones de Enron, y le habló de sus intenciones de vender otras 500.000 acciones a mediados de septiembre. Dado que Skilling figuraba aún en la lista de la SEC de personas con restricciones en la venta de acciones, los abogados de Schwab detuvieron la operación cuando ya se habían vendido 109.000 acciones, y pidieron una carta de Enron certificando el nuevo estatus de su cliente dentro de la compañía. La carta solicitada se recibió el día 10 de setiembre de 2001, la víspera del fatídico 11 de septiembre de 2001. El día 17 de noviembre de 2001, Skilling formalizó la orden de vender 500.000 acciones de Enron. La defensa argumentó que su nuevo estatus permitía a Skilling vender acciones de Enron sin contar con autorización de la SEC, y que lo hizo ante las malas perspectivas del mercado tras los atentados del 11-S. Día 28 de marzo El Gobierno renunció a la comparecencia de varios de sus testigos, y acordó con la defensa hacer entrega al jurado de una serie de documentos, entre los que figuraba una relación de diez operaciones de venta de un total de 1,2 millones de acciones de Enron realizadas por Skilling a partir del día 25 de abril de 2000, que le supusieron un ingreso bruto de 62,6 millones de dólares. También figuraba información sobre las disposiciones de Lay de sus líneas de crédito personal y de la compañía en noviembre y diciembre de 2001, y sobre las retribuciones salariales de Lay y de Skilling (durante el período 1999-2001, Lay y Skilling percibieron, respectivamente, 222,8 y 151,7 millones de dólares). Subió al estrado Robert Martin, agente del FBI. Martin testificó que el 7 de diciembre de 2001 Lay realizó una serie de disposiciones de su línea de crédito, por un importe total de 4,3 millones de dólares, de los que 1,5 fueron aplicados al pago de la hipoteca de su casa. La defensa argumentó que, como consecuencia de los procedimientos civiles abiertos contra su cliente a causa de la quiebra de Enron, todas sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas, por lo que se vio obligado a pagar la citada hipoteca recurriendo a su línea de crédito. A continuación subió al estrado Joanne Cortez, exempleada de Enron y responsable del control interno de la línea de crédito de Lay. Cortez testificó que, aun cuando otros altos ejecutivos de Enron tenían asignadas líneas de crédito, Lay era el único que podía realizar los reembolsos mediante aportación de acciones de la compañía. Dicha línea de crédito, que era de 4 millones de dólares, fue ampliada a 7,5 millones de dólares cuando ya era pública y notoria la crítica situación de Enron.

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Esta circunstancia no era banal, pues permitía conjeturar que Lay utilizó su línea de crédito como instrumento para vender con comodidad sus propias acciones a la compañía a una cotización que no se ha revelado. Cortez precisó que a finales de 2001 Lay había realizado disposiciones de su línea de crédito por un importe total de 77 millones de dólares, de los que solo devolvió 70. Por sorpresa, el Gobierno dio por concluida la presentación de pruebas, y anunció que retiraba tres cargos contra Skilling (que solo debería hacer frente a 28) y uno contra Lay (que solo debería hacer frente a 6). Los fiscales manifestaron que pretendían, de esta forma, simplificar un proceso que tocaba temas de gran complejidad y estaba resultando agobiante y, con frecuencia, tedioso. Numerosos juristas expertos se apresuraron a conjeturar que los fiscales estaban plenamente convencidos de que, tras nueve largas semanas, el caso presentado al jurado era suficientemente sólido como para obtener fallos condenatorios. Su decisión de llamar solo a veintidós testigos, de los más de sesenta previstos, los obligaba, por supuesto, a la retirada de cuatro cargos, pero esto no parecía importarles. Dado que la ley establece que el Gobierno debe probar la culpabilidad de todo acusado más allá de una duda razonable, mientras que la defensa no está obligada a probar su inocencia, parecía que la fiscalía tenía la convicción de haber presentado un caso profundo, amplio y muy potente, en el que había quedado bien probado que tanto Lay como Skilling mintieron reiteradamente acerca de la salud financiera de una empresa cuyo éxito se basó, en último término, en sofisticadas manipulaciones contables que no soportaron la caída en barrena de la bolsa durante el período marzo de 2000-septiembre de 2001. Sin embargo, no pocos expertos en la materia tenían sus dudas. En efecto, «más allá de una duda razonable» supone un listón altísimo, que solo el tiempo diría si podía ser superado por el Gobierno, máxime teniendo en cuenta que no había sido capaz de presentar evidencias tangibles tales como notas, documentos o mensajes de correo electrónico capaces de incriminar de forma directa a los acusados295. Recuerdo que, leyendo estas consideraciones de tipo jurídico, pensé, teniendo como tengo experiencia en el funcionamiento de una gran empresa, que sí había una pregunta que el jurado debería plantearse, al margen de las pruebas directas presentadas: ¿Era imaginable que una empresa del prestigio y dimensión de Enron hubiera podido funcionar a lo largo de años y años como, valga la metáfora, «una casa de lenocinio», donde tanta gente de muy diverso nivel delinquió o, cuando menos, se comportó de forma manifiestamente irresponsable e inmoral, sin que lo supiesen, o, de alguna forma, lo tolerasen o, incluso, lo propiciasen los dos máximos ejecutivos de la misma?

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El juez Lay decidió que la defensa debería iniciar la presentación de sus testigos el 3 de abril. La lista de testigos inicialmente presentada por la defensa incluía ciento trece nombres, entre los que figuraba Rick Causey. Petrocelli y Ramsey manifestaron que el trabajo de la defensa duraría entre cuatro y seis semanas, a lo largo de las cuales se llamaría a unos cincuenta testigos, incluidos Lay y Skilling. El juez Lake advirtió a las partes que, cuando acabase la defensa, cada una de ellas dispondría de seis horas para presentar su alegato final.

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Capítulo 16 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (III) SKILLING, EN EL ESTRADO Iudicis est semper in causis verum sequi; patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere… (El deber del juez en las causas es buscar siempre la verdad; el del abogado es a veces defender la verosimilitud, aunque no sea del todo conforme a la verdad…) Cicerón, De Officiis, Libro Segundo, 51

Primera oleada de testigos menores Día 3 de abril Mike Ramsey, abogado principal del equipo de la defensa de Lay, se ausentó de la sala por motivos de salud graves. La defensa llamó a su primer testigo, Joannie Williamson, que trabajó en la dirección de relaciones con los inversores de Enron. Los abogados defensores habían venido sosteniendo que ningún exejecutivo de Enron, con la excepción de Fastow, cometió crímenes. Quienes se declararon culpables y suscribieron acuerdos de colaboración con la justicia lo hicieron tras ser baqueteados con dureza por los fiscales y ante la amenaza de penas mucho más severas. Williamson confirmó esta tesis y declaró que su exjefe y amigo Mark Koenig le había confesado que se declaró culpable por temor, y que en su comparecencia como testigo del Gobierno «había perjurado contra sí mismo». A continuación testificaron Scott Stoness, exempleado de Enron Energy Services, Diann Huddleson, exanalista de Enron Energy Services, Rogers Herndon ex vice president y analista de riesgos de Enron North America, y Sarah Davis, exempleada de la dirección de relaciones humanas de Enron. Stoness testificó que el desvío hacia Enron North America de las pérdidas ocultas de Enron Energy Services por importe de 200 millones de dóla-

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res, a las que hizo referencia David Delainey, no era sino uno de los cinco escenarios que contemplaba el plan presentado a Skilling en marzo de 2001. Por su parte, Herndon testificó que el trasvase de contratos de la división de ventas al por menor EES a la división de ventas al por mayor ENA tenía sentido y creaba eficiencias, por cuanto moderaba las turbulencias de las operaciones de esta última. También testificó que con tales trasvases no se pretendía ocultar pérdidas a los analistas de Wall Street. Finalmente, Davis testificó en relación con el despido de 240 empleados de la fracasada división de Internet de Enron, cuestión que, según la acusación y el testimonio de Ken Rice, ex co-CEO de dicha división, Skilling ocultó y presentó como un simple despliegue hacia otros centros de trabajo de la compañía. Davis aseguró que no hubo despido sino recolocación, y que Skilling era una persona a la que interesaban mucho los programas de desarrollo de los empleados. Día 4 de abril Subieron al estrado Wade Cline, un exempleado de la controvertida central de Dabhol y que aún trabajaba en Enron; Marla Barnard, exejecutiva de recursos humanos de Enron Broadband Services; y Mark Metts, que se incorporó a Enron en agosto de 1999 como EVP de desarrollo corporativo. Cline manifestó que el proyecto de Dabhol no fue un desastre, tal como lo pintaron Fastow y Glisan en sus testimonios296. Barnard, en línea con el testimonio de Sarah Davis, manifestó que no cabía hablar de despidos en EBS, pues muchos de los 240 trabajadores afectados encontraron un puesto de trabajo dentro de Enron (la mayoría en Portland, Oregon), mientras que el resto fue indemnizado. La comparecencia de Metts giró en torno al testimonio de Fastow, quien negó conocer un proyecto general de venta de activos internacionales de Enron durante el año 2001, al que la defensa se refirió como Project Summer, y manifestó que los activos internacionales fallidos fueron ocultados en las sociedades instrumentales LJM para mostrar fortaleza ante Wall Street. Metts testificó que sí existió tal proyecto de venta, por importe de 7.000 millones de dólares, y que trabajó personalmente en el mismo a las órdenes de Clifford Baxter, quien deseaba que Fastow permaneciese al margen del asunto. Fue precisamente Fastow quien trató de interferir en este proyecto en abril de 2001, en un intento de que LJM2 comprase las granjas con aerogeneradores de Enron en condiciones preferenciales. Metts dijo que comentó el asunto Enron, que tuvo una participación del 65% en este proyecto en el que se invirtieron 3.000 millones de dólares, parece que solo logró recuperar unos 20 millones de dólares.

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con Skilling, quien se negó a conceder a Fastow unas condiciones más favorables que las establecidas en el proyecto. Metts reconoció que el Project Summer descarriló en parte como consecuencia de problemas surgidos con uno de los principales compradores, la Unión de Emiratos Árabes. Acosado por el fiscal Sean Berkowitz en su turno de repreguntas, Metts reconoció que no había estado presente en ninguna de las reuniones donde se aprobó la creación de la red de empresas de propósito especial. Días 5 y 6 de abril Subieron al estrado Max Hendrick, abogado de la firma Vinson & Elkins, de Houston, y James Derrick, exjefe de la asesoría jurídica de Enron. Hendrick, que calificó a Sherron de «chismosa de oficina», testificó que, dado que su firma facturaba anualmente a Enron más de 35 millones de dólares por sus servicios jurídicos y no podía considerarse independiente, él solo participó en la etapa preliminar de investigación de las quejas de Watkins. De la investigación a gran escala se ocupó fundamentalmente Andersen, pues cualquier otra firma externa hubiera necesitado mucho tiempo de preparación antes de acometer tal tarea. Añadió que las críticas de Watkins no estaban justificadas, pues se tomó su trabajo con absoluta seriedad y se entrevistó con muchos ejecutivos, incluidos Fastow y Causey297. Presionado por el fiscal John Hueston, Hendrick reconoció que no era experto en contabilidad y que se limitó a entrevistarse con altos cargos de Enron y, en especial, con el jefe de la asesoría jurídica, Jim Derrick (antiguo socio de Vinson & Elkins). También reconoció que no se entrevistó con Ben Glisan, que precisamente fue quien creó las Raptor. A pesar de todo, Hendrick manifestó que, a su juicio, el riesgo que tenía Vinson & Elkins de ser objeto de pleitos civiles por sus investigaciones no era significativo. Por su parte, Derrick describió el proceso de firma de las cartas de conformidad que se entregan a los auditores certificando la veracidad de los datos contenidos en los estados financieros, y manifestó que, como no era experto en contabilidad, se limitaba a visar dichas cartas —previamente aprobadas por Richard Causey—, y a presentarlas después a la firma de Skilling. Derrick declaró que no recordaba que Skilling hubiera pronunciado la frase «Nos vigilan» en la reunión celebrada en el hotel Doubletree de Houston en mayo de 2001, y que se había quedado atónito al conocer los crímenes La investigación de V&E, que no encontró ninguna irregularidad contable, fue muy criticada al estallar el escándalo, por cuanto nunca se escrutaron adecuadamente las actividades fuera del balance de Enron.

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cometidos por Fastow. Derrick calificó a Lay como un outsider, en el sentido de que su actividad no estaba centrada en el funcionamiento interno de la compañía sino en aspectos estratégicos, y confirmó que Enron disponía de un código de ética de más de 60 páginas, que, basado en los estándares más altos en materia de respeto de los derechos humanos y preservación del medio ambiente, promovía la conducta ética de los empleados y les prohibía de forma expresa el uso de información privilegiada en todo tipo de operaciones o negocios. En relación con la investigación de las Raptor, Derrick sostuvo, al igual que hizo cuando compareció en 2002 ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que Vinson & Elkins «poseía el conocimiento institucional» para la mejor realización de dicho trabajo, y que los propios abogados de la firma habían manifestado que no existía ningún conflicto de intereses, pero reconoció que las críticas sobre el resultado negativo de la investigación de las Raptor eran válidas, dado que las denuncias de Watkins resultaron ser verdad. En su turno de repreguntas, el fiscal John Hueston empezó por cuestionar con dureza la actitud de Derrick al negarse a intervenir en la investigación de las denuncias de Watkins, alegando que esa no era su tarea sino la de Vinson & Elkins, y le censuró por no haber discutido ni recusado la criticada investigación de dicha compañía, con la que tenía intereses fiduciarios. El testimonio de Jeffrey Skilling Día 10 de abril En su primer día de comparecencia, Skilling, que hacía frente a 28 cargos por fraude, conspiración, uso de información privilegiada, y mentir a auditores y analistas, empezó por declararse «absolutamente inocente» de todos ellos y dispuesto a «luchar contra tales acusaciones hasta el día de su muerte». Añadió que la inmensa mayoría de quienes se declararon culpables de cometer crímenes en Enron y llegaron a acuerdos con la fiscalía eran también inocentes. Ante un jurado atento, pero no fascinado y, menos aún, hipnotizado por la fuerte personalidad del acusado, Skilling intentó disfrazar su conocido carácter arrogante y destemplado con los ropajes de la moderación y de la humildad [¡Llegó a decir que la Harvard Business School había cometido un error enorme al abrirle sus puertas!]. Hábilmente conducido por Daniel Petrocelli, quien le formuló preguntas cuidadosamente elegidas, fue manifestando muchísimas cosas, y realizó un ejercicio de pedagogía con la ayuda de diapositivas para que el jurado comprendiera la complejidad de los negocios de Enron. De entre sus múltiples manifestaciones, que supusieron una negación total de lo declarado por los testigos del Gobierno, cabría destacar las siguientes:

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1. Que siempre se consideró más un creador que un mantenedor de empresas, y su obsesión por conducir a Enron a la cima le supuso un enorme esfuerzo que le llevó a descuidar su vida familiar, a «quemarse», a convertirse más en un problema que en una solución. De ahí su decisión de abandonar la compañía, ya pensada en abril, pero formalizada el funesto día 13 de agosto de 2001, cuando se sintió muy cansado tras «clarificar» los problemas derivados de la crisis energética de California, y advertir que había perdido credibilidad en Wall Street. 2. Que en aquella fecha no podía ni siquiera imaginar el inminente colapso de Enron —una empresa fuerte con un negocio sólido, víctima de una especie de run on the banks298, y que en caso de haberlo intuido no habría dimitido. 3. Que se sintió estremecido al escuchar las manifestaciones de Lay en una conferencia ante los analistas celebrada a mediados de octubre de 2001, y más aún al leer al día siguiente artículos en The Wall Street Journal en los que se atacaba la actuación de Andrew Fastow en las participadas LJM. De ahí que llamase por teléfono a Fastow, urgiéndole a que revelase la verdad en torno a LJM, pues las tonterías que la prensa —mala y mal informada— estaba contando, podían minar la confianza de los socios de los negocios de Enron y llevar a la compañía a la ruina, como así ocurrió tras la histérica reacción de los short sellers, que precipitaron la caída de la acción. 4. Que nunca destruyó documentos ni pruebas. 5. Que, asustado ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, llamó en octubre a Lay y se ofreció para reasumir el cargo de CEO e iniciar de inmediato conversaciones con los analistas de Wall Street para convencerlos de que Enron tenía problemas coyunturales de liquidez, pero nada grave que pusiera en riesgo su supervivencia. Lay le contestó que comentaría el asunto con el consejo de administración. Al día siguiente le llamó Greg Whalley —recientemente nombrado presidente de la Oficina del Chairman— para decirle que se había decidido no aceptar su ofrecimiento hasta que pasase la tormenta. Cuando el 26 de octubre se enteró por The Wall Street Journal de que Enron había dispuesto de 3.000 millones de dólares, sangrando sus líneas de crédito, fue consciente por primera vez de que el final de Enron estaba cerca, por cuanto su capacidad para endeudarse se había desvanecido. Cabe insistir en que se trata de un proceso de pánico que se desata cuando los impositores de un banco sospechan que es insolvente, y se precipitan a retirar sus depósitos

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6. Que todo esto le hizo sentirse turbado, confuso, deprimido y necesitado de la ayuda de un psiquiatra y del consejo de un abogado. 7. Que, aunque el día 17 de setiembre había dado órdenes de vender sus activos personales (70 millones de dólares en acciones de Enron), dadas las circunstancias, pensó detener la operación para ayudar a la compañía y, en ese sentido, intentó convencer a Lou Pai y a Clifford Baxter de que hicieran lo mismo con sus respectivas órdenes de venta. Su propuesta fracasó ante la decisión de Clifford Baxter de vender. 8. Que desoyó los consejos de sus abogados de acogerse a la Quinta Enmienda en sus comparecencias ante el Congreso y las agencias gubernamentales, que habían emprendido una «cacería de brujas». 9. Que vivió un infierno hasta que fue arrestado e inculpado. 10. Que se sintió aturdido y físicamente indispuesto cuando se enteró de que Fastow se había embolsado millones de dólares en beneficio personal, en transacciones entre Enron y las subsidiarias que controlaba. 11. Que Enron no era una empresa basada en el engaño contable sino en complejos y rompedores conceptos de comercialización de energía, y que, en ese sentido, y dado su crecimiento, no era capaz de definirla simplemente como una compañía comercializadora, es decir, como un negocio que comercia con una commodity y que toma una posición en la esperanza de que el mercado vaya en la dirección prevista. 12. Que, en materia de controles contables, Enron estaba significativamente a la cabeza de las empresas de su tiempo, y que él, más que un bicho raro del control, era «un bicho raro de los controles». 13. Que el rating BBB+ otorgado a Enron estaba justo tres niveles por encima de los bonos basura, lo que hacía a la compañía mucho más vulnerable a un movimiento tipo run on the banks que si hubiese partido de un rating AAA299. Día 11 de abril En su segundo día de comparecencia, tras su pedagógica explicación de carácter general sobre los negocios de Enron realizada la víspera, Skilling realizó una no menos pedagógica exposición sobre detalles de funcionamiento (unidades de negocio, proceso presupuestario y de fijación de objetivos, etcétera), en un intento de mostrar que la compañía estaba en buena forma y que hubiera seguido estándolo de no haber sido por unas cuantas manzanas podridas y el ambiente de corrupción creado por los medios de comunicación ¡Brillante alegato! Debió dejar al jurado con la boca abierta.

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y los vendedores cortos (vendedores al descubierto). En resumidas cuentas, Enron fue una estrella deslumbrante, y el recurso al fraude no era necesario para explicar lo que ocurrió. De entre sus muchas manifestaciones, cabría destacar las siguientes: 1. Que nunca urdió ni participó en conspiración alguna para mentir acerca de la situación de la empresa ni cometer fraude —se consideraba un tipo inteligente, pero no tanto como para tejer una trama de ese tipo durante años sin ser atrapado—. 2. Que ni en 1999 ni en ningún otro año posterior existía razón alguna que exigiera violar la ley para que Enron siguiera creciendo. 3. Que jamás ordenó ni verbalmente ni por escrito a sus subordinados que falsearan o manipularan de manera ilegal los beneficios para complacer a los analistas de Wall Street e incrementar la cotización de la acción. 4. Que, aun cuando su buen trabajo en el excelente ejercicio 1999 le valió una retribución de 100 millones de dólares, nunca se sintió movido por la avaricia ni por el prestigio, sino por la pasión de convertir Enron en la empresa energética del siglo XXI, en una institución destinada a jugar un papel muy importante a largo plazo. 5. Que se sintió traicionado por Andy Fastow, persona en la que confiaba tras largos años de intensa colaboración. 6. Que Enron crecía desde hacía años a una tasa real de un 15% anual, aproximadamente, sin que fuera necesario realizar maniobra alguna de embellecimiento para engañar a los inversores. 7. Que no recordaba en absoluto haber dado órdenes de incrementar en un centavo el beneficio por acción correspondiente al cuarto trimestre de 1999, y que la subida de 32 a 34 centavos por acción, en el segundo trimestre de 2000, fue del todo honesta y se debió al fuerte impulso que experimentaron las ventas como consecuencia de la crisis energética de California, y no a un deseo de batir a Wall Street300. 8. Que nunca mintió a los analistas ni a los inversores en las diversas conferencias convocadas, y que, a pesar de haber cometido a veces deslices o errores, él siempre creyó en lo que decía en público en torno a Enron. 9. Que cuando Fastow le habló de sus asociadas LJM1 y LJM2, en las que dijo que participaba un grupo de inversores muy sofisticados, En relación con este tema perdió la compostura, dando signos de incomodidad y hasta de cólera, al manifestar que las declaraciones de los testigos del Gobierno eran absurdas y falsas.

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no le sonó mal la idea de usar capital privado para la realización de operaciones de cobertura que protegiesen a los accionistas de Enron (equivalentes a una póliza de seguros). 10. Que siempre tuvo la convicción de que tales compañías eran ciertamente del todo independientes y no simples títeres de Enron, aunque reconoció que era evidente la existencia de un conflicto de intereses. 11. Que nunca prestó demasiada atención a las transacciones de LJM2, cuya vigilancia no era una cuestión que figurase entre los cien asuntos principales que absorbían diariamente su atención en Enron. 12. Que era una simple fanfarronada la manifestación de Fastow en el sentido de que había ayudado a cerrar el ejercicio 1999 de Enron realizando en el mes de diciembre seis operaciones secretas con LJM2 en ocho días por importe de 125 millones de dólares, cantidad tan minúscula como para ser considerada por la compañía como un mero «error de redondeo», incapaz de llamar su atención personal dentro de una cifra de negocio anual de cerca de 100.000 millones de dólares, al igual que la «diminuta» operación de las barcazas nigerianas301. 13. Que era falso e inconcebible lo manifestado por Fastow sobre la existencia de un compromiso verbal en virtud del cual LJM2 realizaría una serie de transacciones con sustanciosos beneficios garantizados, acuerdo que suponía una especie de bear hug, expresión cuyo significado desconocía. 14. Que en mayo de 2001, exasperado por el intento de Fastow de manipular un acuerdo para la venta de un proyecto de granjas con aerogeneradores, le advirtió que tendría elegir entre renunciar a la gestión de las LJM o abandonar la compañía. Día 12 de abril En su tercer día de comparecencia, Skilling dio al jurado una larga explicación sobre el funcionamiento financiero de Enron, la evaluación del riesgo del negocio y la complejidad del mercado energético, y se afanó en negar la inculpación, cargo por cargo, y en contradecir a sus acusadores, testigo por testigo. De entre sus muchas manifestaciones, cabría destacar las siguientes: 1. Que jamás había oído hablar del llamado Global Galactic Agreement, hasta que lo vio publicado en los periódicos en 2003 o 2004. Skilling también consideró como un «error de redondeo» una desviación de 22,5 millones de dólares en un objetivo de beneficios de la división de ventas a minoristas. El que considerara «minucias» a cantidades tan sustanciales dejó al jurado estupefacto.

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2. Que las Raptor eran vehículos financieros legítimos, que los acuerdos entre ellas y Fastow no eran secretos, que habían sido completamente reconocidas por contables externos y aprobadas por el consejo de administración de Enron, y que su función no era esconder pérdidas sino proteger las ganancias. 3. Que era completamente falso que hubiese urdido con Lay ningún tipo de conspiración para manipular los beneficios o engañar al público. Precisamente, ambos formaban un «buen equipo» con un claro reparto de papeles: él se ocupaba de los negocios de comercialización, mientras que Lay estaba fuertemente comprometido con el negocio internacional y con las relaciones gubernamentales. 4. Que, aun cuando estaba molesto con el FBI por cuanto este le había acusado falsamente e imputado crímenes que no había cometido, le habría llamado él mismo en su día si hubiese sabido que Fastow estaba quebrantando le ley. 5. Que las acusaciones que le hacía el Gobierno sobre engaño a los inversores y accionistas tenían su origen en un desconocimiento o mala interpretación de cómo trabaja realmente en tiempo real un gigante de la energía en un mercado con muy amplias fluctuaciones de precios. 6. Que no era cierto —tal como había testificado David Delainey— que la unidad de ventas al por mayor, Enron North America (ENA), hubiese constituido una reserva de cientos de millones de dólares que se usaron impropiamente para amortiguar futuras pérdidas potenciales. Ciertamente, en ENA entraron cantidades masivas de dinero durante el año 2000 como consecuencia de operaciones de comercialización de energía realizadas durante la crisis energética de California. Pero las reservas que llegaron a constituirse (que no fueron de 800, sino de 363 millones de dólares) no se usaron ilegalmente, y ENA no actuó como una especie de cajero automático que vomitaba libremente dinero para cubrir pérdidas bajo el sistema de contabilidad mark-to-market de Enron. La constitución de tales reservas era una medida prudente y totalmente legal, dada la extraordinaria volatilidad del mercado. De ahí que pudiera sostener, como lo hizo ante los inversores y analistas en la conferencia del 22 de enero de 2001, sin decir mentira alguna, que la exposición de las actividades de Enron en California era «pequeña» y no debía tener efecto adverso sobre los beneficios del cuarto trimestre, pues era evidente que estaba limitada por las amplias reservas de tesorería de que disponía para hacer frente a las fluctuaciones de precios.

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7. Que tampoco mintió en dicha conferencia cuando dijo que la división de ventas a minoristas había tenido durante el cuarto trimestre de 2000 unos beneficios de 40 millones de dólares302, pues, ante las grandes turbulencias del mercado, EES y ENA colaboraban estrechamente por simples razones de eficiencia, dada la gran experiencia de ésta última en materia de gestión de riesgos. De ahí que autorizase a David Delainey la posterior transferencia de eventuales pérdidas de 200 millones de dólares de EES a ENA, si es que era cierto que tales pérdidas existían realmente, aun cuando dejó al criterio de dicho directivo la decisión final que debía tomar. 8. Que cometió un «error honesto» en la conferencia celebrada en julio de 2000, cuando les dijo a los analistas que EBS había vendido fibra óptica en desuso por valor de 50 millones de dólares, cuando lo cierto es que la vendió por más. El origen de tal error estuvo en una confusión en la calificación contable del bien vendido, que podía ser considerado activo o commodity. Día 13 de abril En su cuarto día en el estrado, un Skilling emocional, actuando —tal vez, premeditadamente— de víctima furiosa, con mirada dura y mandíbula crispada, al borde de perder la compostura, arremetió contra el Gobierno, al que acusó de imputarle crímenes que no cometió y de convertir a Enron en un símbolo de escándalo. De entre sus manifestaciones, no exentas de teatralidad, cabría destacar las siguientes: 1. Que en la reunión con los analistas celebrada a comienzos 2001 no les mintió, como se había dicho —testimonios de Koenig y de Rice—, sobre la salud de EBS, sobre sus perspectivas de crecimiento y capacidad de generación de beneficios, y sobre presuntos despidos de personal, pero tenía que reconocer que se equivocó al interpretar erróneamente las oportunidades de la banda ancha, como demostraron las graves turbulencias del mercado de nuevas tecnologías registradas en los meses de junio y julio de dicho año: «Fue mi fallo». 2. Que se sentía destruido porque Enron, una excelente compañía, había sido puesta de rodillas innecesariamente. La acusación venía sosteniendo que se registraron pérdidas próximas a los 1.000 millones de dólares.

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3. Que los fiscales, en un intento de criminalizar prácticas de negocios normales, habían reescrito una historia que resultaba inconsistente con lo que había ocurrido realmente en la compañía. 4. Que se había llegado a una «tergiversación total» de las cosas que ocurrieron en aquel tiempo, y que consideraba que le resultaría muy fácil el confirmar lo que él decía a cualquier persona que tuviera el menor interés en hacerlo. 5. Que un grupo short sellers se confabularon para hacer caer la acción de Enron en su provecho, difundiendo falsos rumores tras la conferencia que Enron celebró con los analistas en marzo de 2001, los cuales acabó descontando el mercado de forma dramática, sin que existieran motivos fundados para ello. 6. Que el «típico engaño» de estos grupos consistía en formular preguntas durante las conferencias convocadas por la compañía, que venían a insinuar que la dirección estaba tratando de esconder algo, tal como hizo Richard Grubman, director ejecutivo de Highfields Capital Management LP, un fondo de cobertura, en una conferencia celebrada en abril de 2001303. 7. Que es probable que pronunciase la frase «Nos vigilan» (They’re on to us) en la reunión de directivos celebrada en mayo de 2001 en el hotel Doubletree de Houston, pero no en el sentido que habían manifestado los testigos del Gobierno, sino a manera de broma, parodiando lo que se dice en el popular programa humorístico de televisión de los sábados, Mr. Bill: «Oh, noooo! Mr. Bill! Oh, noooo! They’re on to us!». 8. Que buena parte de la retribución de 100 millones de dólares que obtuvo en 1999 como resultado de su gestión fueron acciones de Enron. 9. Que había dispuesto de 23 millones de dólares para pagar a su equipo de abogados y que el Gobierno le había inmovilizado 47 millones de dólares en bonos municipales, su casa en River Oaks y su condominio en Dallas. 10. Que no recordaba haber dado orden de venta de 200.000 acciones de Enron el 6 de septiembre de 2001, pero sí el haber tomado ese mismo día una posición corta en acciones (800.000) de una compañía norteamericana llamada AES304, la cual realizó tres semanas El propio Skilling reconoció que la práctica individual del short-selling es beneficiosa para los mercados de valores, que él mismo había tomado posiciones cortas sobre acciones en alguna ocasión, y que Enron también había tomado posiciones cortas en los mercados de commodities y, en concreto, en sus ventas de gas natural. El problema surgía, según Skilling, cuando aparecía la colusión, es decir, el pacto ilícito en daño de terceros. 304 Una generadora de energía eléctrica con negocio en 25 países, que, curiosamente, es la que acabó comprando las célebres barcazas nigerianas. 303

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más tarde con un beneficio de 15 millones de dólares, y el haber ordenado el 17 de septiembre de 2001 la venta de 500.000 acciones de Enron, orden que no obedecía a uso de información privilegiada, sino a la simple lógica del mercado en aquellos dramáticos momentos. 11. Que cuando dejó Enron, en agosto de 2001, la compañía estaba en buena situación, y que sus dos únicas decepciones en su gestión habían sido el fracaso del negocio de banda ancha y el no haber vendido a tiempo ciertos activos internacionales sobrevalorados. Día 17 de abril En el quinto día de comparecencia de Skilling, el fiscal Sean Berkowitz inició su turno de repreguntas. El juicio alcanzó un momento crítico, en el que Skilling se jugaba literalmente la vida: 25 años en una prisión federal si era declarado culpable. Ante un Skilling que negaba todos los cargos y exhibía una manifiesta «fragilidad de memoria» en cuestiones clave, el fiscal Sean Berkowitz, persona muy tranquila pero extremadamente cortante, intentó poner de manifiesto las inconsistencias existentes entre lo declarado por el acusado durante sus cuatro días de testimonio, las pruebas aportadas por el Gobierno, y los testimonios de al menos ocho de los testigos de cargo. En este sentido, centró preferentemente su atención en los siguientes puntos: a) Venta de acciones. 1. Skilling insistió en que no recordaba haber dado orden de vender 200.000 acciones de Enron el 6 de septiembre de 2001 (una grabación de la conversación telefónica que sostuvo ese día con su agente de bolsa no dejaba lugar a dudas sobre este hecho), y añadió que no había urdido ningún plan de venta motivado por la situación de la compañía, pero sí tenía la intención de diversificar riesgos, dadas las turbulencias del mercado en aquellos momentos. 2. Skilling admitió que dio orden de venta de 500.000 acciones el 17 de septiembre de 2001, por un importe de 15,6 millones de dólares, pero que no lo hizo haciendo uso impropio de información privilegiada, sino atendiendo a las específicas condiciones del mercado. 3. Skilling sostuvo que era una «simple coincidencia» el que, mientras él vendía en noviembre de 2.000 acciones por importe de 32,48 millones de dólares, su entonces amiga y ahora esposa, Re-

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becca Carter305, y su exesposa, Susan Lowe, vendiesen también, respectivamente, acciones por importe de 1,6 y 14 millones de dólares306. b) Memorando de Sherron Watkins. Skilling declaró que no recordaba que Lay le hubiese llamado por teléfono el 15 o el 16 de agosto de 2001 para comentarle dicho memorando, y negó que lo hiciese en la reunión que ambos celebraron el 22 de agosto, cuatro horas antes de que recibiera a Watkins. Según él, únicamente trataron de asuntos de estrategia, y solo se enteró de la existencia del memorando en enero de 2002, cuando lo publicó la prensa. c) Venta de activos internacionales. Skilling sostuvo que, en contra de lo que el Gobierno pensaba, existió realmente el llamado Project Summer, y que en el año 2000 el consejo de administración aprobó una operación de venta de centrales eléctricas y de otros activos internacionales por importe de 5.500 millones de dólares, pero que tal operación fracasó como consecuencia de la enfermedad de quien debía suscribir el acuerdo, un jeque árabe que tuvo que someterse a un trasplante de riñón. También negó que hubiese minimizado públicamente el dañino efecto de los activos internacionales sobre las finanzas de Enron en su reunión con los analistas el 17 de abril de 2001307. d) Conflicto de intereses. Skilling reconoció que podía existir un conflicto de intereses de acuerdo con el código ético de Enron en la inversión que, por importe de 180.000 dólares según datos de la fiscalía, realizó en Photofête Inc., una compañía de distribución de fotos por Internet, cuya cifra de negocio dependía en un 70% de los pedi Rebecca Carter, exempleada de Arthur Andersen, se incorporó a Enron en 1990, donde llegó alcanzar la categoría de SVP y a ocupar el cargo de secretaria del consejo de administración y responsable de sus comunicaciones, con dependencia directa de Lay. Divorciada en 1997, como el propio Skilling, se convirtieron en pareja en julio de 2001. Se casaron en marzo de 2002. 306 Skilling hacía frente a 10 cargos por venta de acciones, por importe total de 62,63 millones de dólares, mediante uso de información privilegiada. Como se recordará, en un artículo publicado en Los Angeles Times el 13 de junio de 2001, se hizo amplia referencia a las acusaciones del Gobierno de California en torno al abuso de altos ejecutivos de grandes empresas eléctricas que obtenían decenas e, incluso, centenares de millones de dólares vendiendo acciones de sus empresas, aprovechándose de la gravísima crisis energética que padecía el estado. 307 El valor en libros de los activos internacionales de Enron era de unos 10.000 millones de dólares, pero especialistas en riesgos los valoraban entre 4.400 y 6.900 millones de dólares, como máximo. 305

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dos de Enron, aunque manifestó que se trataba de una inversión muy pequeña que realmente no recordaba308. e) Compañías participadas LJM. Skilling negó que hubiese autorizado verbalmente los tratos con las participadas controladas por Fastow en la turbulenta y caótica reunión de directivos celebrada en mayo de 2001, y testificó que no participó en el proceso por cuanto no estaba presente cuando se habló del tema, pues la resolución de otros problemas sobrevenidos le obligaron a un frecuente entrar en y salir de la sala de reunión309. También negó saber que Fastow y sus socios «hicieron toneladas de dinero» con las LJM y Raptor, aunque encontraba razonable que esperasen obtener una tasa de retorno adecuada310. Día 18 de abril En el segundo día de su turno de repreguntas —sexto día de comparecencia de Skilling—, Berkowitz, siempre pausado y metódico, se encontró con un acusado a veces combativo e irritado, que se esforzó por mantener el proceso bajo control. Entre los aspectos más relevantes de la refriega, cabría destacar los siguientes: a) Activos en apuros. Ante el manifiesto disgusto de Skilling, que negó que Enron hubiese realizado transacciones de alto riesgo y sin sentido económico, Berkowitz mostró al jurado documentos internos elaborados por el grupo de control y evaluación de riesgos de Enron, en los que se lee que «La intensa presión para cerrar tratos impulsados por consideraciones sobre beneficios ha provocado que Enron asuma riesgos de inversión extraordinarios». Una buena parte de estos activos fallidos o en apuros fueron transferidos a las LJM. Skilling reconoció que le dijo a Ken Rice en enero de 2001 que Enron tenía 7.000 millones de dólares en activos que estaban rindiendo nada (sic). b) Pactos con LJM. Ante la insistencia de Berkowitz sobre este asunto, Skilling testificó: 1. Que Enron volvió a comprar a LJM1 la central brasileña Cuiabá porque la participada lo pidió y lo necesitaba, y no a causa de acuerdos secretos con Fastow. La cifra de negocio de Photofête con Enron fue de 454.508 dólares durante el año 2001, aunque Skilling declaró ante la SEC que solo había sido de 3.000 dólares. 309 El acta de la reunión del 17 de mayo de 2001, firmada por Rick Buy, Rik Causey y por el propio Skilling, dice que los tratos con LJM fueron aprobados. 310 Después de la quiebra de Enron, la SEC enseñó a Skilling documentos que demostraban que los vehículos de inversión de LJM llamados Raptor habían obtenido tasas de retorno en sus operaciones que iban del 40 al 2.500%. 308

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2. Que la venta a Merrill Lynch de las tres barcazas nigerianas productoras de electricidad, propiedad de Enron, y la posterior compra de las mismas a dicho banco por parte de LJM2, fue un negocio legítimo y de pequeña entidad311. 3. Que los vehículos financieros Raptor de la participada LJM2 fueron usados para proteger ganancias y no para esconder centenares de millones de dólares en pérdidas. 4. Que no se traspasaron activos del balance a las Raptor, sino que se realizaron operaciones de cobertura sobre activos que siempre permanecieron en el balance312. c) Ajuste de los beneficios. Ante las preguntas de Berkowitz sobre la tendencia de los CEO a «gestionar los beneficios» para proteger la cotización de las acciones, y sobre las manifestaciones que el propio acusado realizó ante la SEC el 6 de diciembre de 2001 en el sentido de que, entre 1998 y su salida de la compañía, Enron nunca había fallado en sus previsiones y objetivos de beneficios, Skilling testificó: 1. Que no recordaba haber realizado tales manifestaciones. 2. Que el alcanzar los objetivos era muy importante, y suponía soportar mucha presión. 3. Que no recordaba que —tal como había declarado Koenig— se hubiesen amañado los beneficios del primer trimestre del año 2000, incrementándolos en un centavo (de 30 a 31 centavos por acción); es más, podía asegurar que esto no ocurrió. 4. Que tampoco ordenó «manufacturar» los números del segundo trimestre de 2000, traspasando reservas a beneficios para pasar de 32 a 34 centavos por acción y batir así las expectativas de los analistas. 5. Que, en resumidas cuentas, consideraba correcto empujar a la compañía para que alcanzase sus objetivos de beneficios, pero no manipular los números. d) Uso impropio de reservas. Ante la manifestación de Berkowitz de que en Enron se usaron reservas por importe de más de 1.000 millones de dólares, como si fuesen una especie de cookie jar («tarro de golosinas») al que se echaba mano para tapar agujeros en los beneficios y hacer que la compañía pareciese más rentable, un Skilling muy enfadado y fuera de sus casillas testificó: El banco obtuvo un beneficio de 530.000 dólares. Cabe recordar que el 16 de octubre de 2001 Enron tuvo que realizar un saneamiento de su balance por importe de 1.200 millones de dólares, de los que más de 500 correspondieron a pérdidas de las Raptor.

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1. Que «antes de que las reservas sean usadas deben ser generadas». 2. Que el fiscal no entendía cómo se calculan las reservas, y estaba tratando a patadas a los «números VAR»313. Día 19 de abril En su tercer día de repreguntas, Berkowitz manifestó que no permitiría largas y prolijas contestaciones a preguntas que se pudieran responder con un simple «sí» o «no», pues deseaba concluir su turno ese mismo día, y pasó a formularle a Skilling de forma rápida, sin esperar a veces respuesta, una serie de preguntas sobre temas ya muy trillados tales como: la absorción de pérdidas de EES por parte de ENA; el carácter de Enron como empresa comercial y no logística (más del 80% de los ingresos del período 2000-2001 tuvieron su origen en operaciones de comercialización de gas natural y electricidad al por mayor); el riesgo que comportaba para los accionistas la volatilidad de los precios en los mercados de commodities; y las reuniones mantenidas con Lay tras su salida de Enron. Llegados a este punto, Berkowitz repasó las once razones que Skilling dio para justificar su abandono el 14 de agosto de 2001 (pérdida de la confianza de Wall Street, incapacidad de comunicar las fortalezas de Enron, deseo de ocuparse más de su familia...), y sugirió que había otra razón de mucho mayor peso que había ocultado, y que era el motivo real de su decisión: su deseo de convertirse en el CEO del gigante de las telecomunicaciones Lucent Technologies. Skilling confirmó que había recibido una llamada de un cazatalentos, Tom Neff, ofreciéndole tal trabajo y un puesto en el consejo de administración, pero que finalmente había rechazado tal oferta, que, en todo caso, adulaba su ego. Berkowitz hizo referencia a una reunión que Skilling mantuvo después del 11 de septiembre con Dick Foster, socio senior de McKinsey & Co. y antiguo compañero de trabajo con el que no mantenía buenas relaciones, y que, según parece, se mostró indignado al conocer la noticia de su posible incorporación a Lucent, hasta el punto de informar por teléfono a Lay y a otro miembro del consejo de administración de Enron, quienes consideraron a Skilling un demente. Skilling respondió que no sabía nada de lo que le estaba diciendo, pura tergiversación de los motivos de su salida El Value at Risk (VaR) es un número que mide cuánto puede disminuir el valor de mercado de un activo en cierto período de tiempo —normalmente, un día— y bajo determinadas condiciones. Se dice, por ejemplo, que una cartera de valores tiene un «1día-VaR de 5 millones de dólares al nivel de confianza del 95%», lo que significa que la probabilidad de que registre una pérdida de valor en un día de más de 5 millones de dólares es del 5%.

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de Enron. En ese momento, y ante la sorpresa de la sala, Berkowitz dio por concluido su turno de repreguntas, y pasó el testigo a las defensa. En el turno de réplica conducido por Petrocelli, Skilling realizo una serie de precisiones a las preguntas de la fiscalía, entre las que cabría destacar las siguientes: 1. Que no animó ni a su entonces amiga y ahora esposa, ni a su exesposa a vender acciones de Enron por razones relacionadas con el Project Summer; mantenía muy buenas relaciones con ambas, pero nunca hablaba con ellas de finanzas. 2. Que, acosado por el fiscal, olvidó detalles de su inversión en Photofête, compañía dirigida por su antigua amiga Jennifer Binder, pero que nunca trató de mentirle al jurado314. 3. Que no tenía responsabilidad alguna en el proceso de revisión y aprobación de las transacciones con LJM. 4. Que no había recurrido a los servicios de R & D Strategic Solutions para hacer de su testimonio un traje a la medida del jurado, pues, aunque se consideraba un tipo listo, no lo era tanto como para engañarlo315. Día 20 de abril Concluyó el turno de réplica conducido por Petrocelli, quien intentó transmitir al jurado la idea de que las manifestaciones de la fiscalía sobre la forma en que los negocios de Enron habían fracasado se debía a que esta había interpretado mal y no había llegado a comprender la naturaleza de tales negocios y, por consiguiente, la continua necesidad de cambiar de perspectiva a medida que las cosas ocurrían de forma distinta a la previamente presumida. De ahí que la acusación pensase, por ejemplo, como habían sostenido algunos de sus testigos, que las reservas iban a parar a una especie de caja en la que se podía «meter la mano» para otras aplicaciones que las relativas al proceso que las había generado, cuando lo cierto es que, cuando una reserva era registrada como tal —solo cuando el acontecimiento que la hacía entrar en Olvidó que, en lugar de 60.000 dólares, había invertido 180.000, y que la facturación a Enron había sido de más de 450.000 dólares y no de 3.000. 315 Precisamente, este tipo de empresas de consultoría estratégica en materia de litigios prestan servicios antes y durante el juicio para que este concluya con éxito (evalúan el caso y sus riesgos, planifican el juicio, preparan a los testigos y la documentación que se debe exhibir, resuelven los problemas de litigación que se plantean, instruyen al acusado sobre la mejor forma de dirigirse a los miembros del jurado de acuerdo con sus perfiles, advierten sobre los jurados clave, etcétera. 314

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la caja ocurría realmente—, quedaba «encerrada bajo llave» y no podía ser manipulada. De igual forma, manifestaciones realizadas en una conferencia podían ser ciertas en ese momento y no en otro posterior. De igual forma concluyó el turno de repreguntas de Berkowitz, quien volvió sobre el asunto Photofête, en torno al cual le planteó al acusado cuestiones incómodas en un intento de minar su credibilidad, y revisó el valor de tres inversiones de Enron en empresas tecnológicas que fueron traspasadas a las Raptor: Avici, Catalytica y Active Power. Concluido el testimonio de Skilling, subieron al estrado Carol Whalen, William Monteleone Jr., Steven Keith Williams, Sue Lowe, Robert Clayton, Cindy Olson, Rosalee Flemming, y unos cuantos «testigos de carácter». Carol Whalen, viuda del presunto suicida Clifford Baxter, confirmó, a requerimiento del abogado de la defensa Ron Woods, que su marido y Skilling intentaron obtener fondos a finales de 2001 para salvar a la compañía de la quiebra, y manifestó que Skilling era una persona honesta, nada codiciosa e incapaz de violar la ley. William Monteleone Jr. y Steven Keith Williams, amigos de Skilling, del todo ajenos a Enron y a sus negocios, se limitaron a testificar, como ya había hecho Carol Whalen, que el acusado era «una persona honesta, nada codiciosa e incapaz de violar la ley». Sue Lowe, exesposa de Skilling, con la que tuvo tres hijos y de la que se divorció en 1997, testificó que tanto ella como su actual marido —un corredor de bolsa— eran muy conservadores, y vendieron acciones de Enron por valor de 14 millones de dólares preocupados por la situación de la bolsa, y no porque se lo hubiese recomendado Skilling. Robert Clayton, que fue jefe del departamento de bomberos de Houston, y conoció a Skilling en 1985, cuando trabajaba en McKinsey & Co. Clayton, manifestó que había visto evaporarse toda su inversión en Enron en el otoño de 2001, pero testificó que el acusado —Jeff— realizó un excelente análisis de las necesidades de su departamento y fue un consultor inapreciable y de gran integridad. Cindy Olson, ex SVP de relaciones humanas de Enron, testificó que recibió, como Lay y otros muchos, el memorando escrito por Margaret Ceconi, antigua empleada de Enron Energy Services, quejándose de ciertas prácticas de negocio, a su juicio incorrectas. Se trataba de una empleada enfadada que buscaba más dinero u otro trabajo, a la que no se hizo caso. También testificó que en una reunión con empleados celebrada en 1999, en contestación a una pregunta que le formuló un trabajador sobre si «debemos invertir todos nuestros planes 401(k) en acciones de Enron», respondió «¡Absolutamente!», y que tanto ella como todos los asistentes rieron a carcajadas. En respuesta a

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una pregunta del fiscal Robb Adkins sobre si, viendo la situación de forma retrospectiva, lamentaba haber realizado semejante manifestación, Olson contestó: «Todos reían. Nadie se lo tomó en serio». El fiscal le replicó que la testigo tenía que comprender que algunos de los empleados pudieron pensar que la palabra «absolutamente» significaba «absolutamente». Rosalee Flemming, antigua asistente administrativa de Lay, testificó que Lay no era hábil con el ordenador, y era ella quien le imprimía los correos electrónicos que recibía. Los restantes «testigos de carácter», como cabía esperar, se limitaron a decir cosas buenas sobre el acusado.

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Capítulo 17 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (IV) LAY, EN EL ESTRADO Avanza entre la gente envuelto en el grueso abrigo de la bondad, así jamás siente frío. Se desprendería de su última camisa antes de entregar ese abrigo de la bondad. Caballos que no necesitan pienso: se alimentan de sus coces y del ruido de sus cascos al trotar. Elias Canetti, Obras Completas, Tomo IV, Apuntes (1942-1993), «La provincia del hombre»

El testimonio de Kenneth Lay Día 24 de abril Tras un fugaz testimonio de otro testigo, subió al estrado Ken Lay, que hacía frente a seis cargos de conspiración y fraude. Dada la enfermedad cardiovascular de Ramsey, George McCall «Mac» Secrest, abogado de su equipo, inició su turno de preguntas. Lay, cuya personalidad afable y tranquila contrastaba de forma notable con la de Skilling, realizó numerosas manifestaciones que el jurado escuchó con interés, y entre las que cabría destacar las siguientes: 1. Que nunca pensó que pudiese acabar siendo juzgado por cargos criminales de los que era inocente. 2. Que había vivido el sueño americano y también la pesadilla americana; en efecto, una vida de éxito, como hombre de negocios y hombre de familia, había quedado devastada por el colapso de Enron, el cual le había producido mayor dolor que el que causa la pérdida de un ser muy querido. 3. Que la caída de Enron la había causado un clásico run on the banks, que desencadenaron:

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a) los engaños de Fastow y, probablemente, de una o dos personas más; b) una conspiración real de short sellers que se urdió en enero de 2001 en una «reunión de osos en hibernación» (bears in hibernation meeting) celebrada en Florida, en la que decidieron que la compañía que se consideraría como objetivo para el año sería Enron; y c) la censurable actitud del diario The Wall Street Journal, que a mediados de octubre de 2001 publicó artículos muy críticos en torno a las actividades de las empresas participadas no consolidadas en el balance de la matriz. 4. Que los cimientos de Enron eran increíblemente fuertes, pero hubo una pérdida de confianza de quienes hacían negocios con la compañía y de los mercados financieros, causada por fuerzas externas incontrolables que, cuando se dieron a conocer las fechorías de Fastow a finales de octubre de 2001, desataron un incendio devastador que, agravado por el cambio de coyuntura económica, la quiebra de la confianza en los mercados financieros y las especulaciones sobre los motivos de la dimisión de Skilling, ya no se pudo apagar. 5. Que no mintió en absoluto a los inversores y analistas sobre la salud financiera de Enron a partir de octubre de 2001, como demostrarían los documentos cuidadosamente preparados que iba a presentar. 6. Que aceptaba, de forma genérica, la responsabilidad por todo lo ocurrido en Enron, pero no podía sentirse responsable de actos ilegales de los que no había tenido conocimiento, especialmente de los cometidos por Fastow, personaje que lamentaba haber contratado y, posteriormente, promocionado al cargo de CFO de la compañía. 7. Que Skilling y él habían formado un buen equipo centrado en la estrategia del negocio a alto nivel y no en la gestión del día a día, encomendada a sus colaboradores. 8. Que Arthur Andersen, la primera firma de auditoría del mundo, especialmente en el negocio de la energía, había formado un equipo compuesto por un centenar de profesionales que trabajaban en el propio edificio de Enron, realizando satisfactoriamente tareas de auditoría de las actividades de la compañía en tiempo real. 9. Que, aun cuando tenía conocimientos de contabilidad, no era un experto en la materia, por lo que, al final del día, recibía un certificado de Arthur Andersen que garantizaba la corrección de los estados financieros de Enron. 10. Que su trabajo de gestión estaba fundamentalmente orientado a los aspectos «macro» de las tendencias que podían afectar a Enron, con mucha menor dedicación a los aspectos «micro», que

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delegaba en personas de su confianza, dentro de un modelo de amplia descentralización. 11. Que en 2001 Enron era una empresa fuerte y vigorosa, cuyas divisiones funcionaban bien, a excepción de la unidad de Internet, muy afectada por el desplome de la industria de las comunicaciones en todo el mundo. 12. Que Enron aún sería hoy una empresa vital, si unas cuantas manzanas podridas no hubieran desencadenado una avalancha de acontecimientos que la llevó al colapso. 13. Que la Enron Task Force, dirigida por el fiscal Berkowitz, tenía una visión demasiado limitada de los problemas de la compañía, cuyo funcionamiento había sido bueno salvo en un 10%, que incluía las divisiones de Internet y de ventas a minoristas. 14. Que nunca había abusado en beneficio personal de los activos de la compañía. 15. Que creía que la dimisión de Skilling se había debido a motivos personales de carácter fundamentalmente familiar, aun cuando aproximadamente un mes antes de la misma percibió indicios de que el CEO estaba un tanto presionado y que su trabajo no le divertía demasiado. 16. Que, contrariamente a lo testificado por Fastow, ni se reunió con él antes de la reunión celebrada con los inversores a mediados de agosto de 2001, con la finalidad de analizar previamente una lista de problemas que tenía la compañía («un error contable de 1.200 millones de dólares», relacionado con las Raptor), ni el precipitado regreso a Houston de Greg Whalley se debió a una presunta negativa a mentir a los analistas sobre la salud de la compañía, sino a otras razones316. 17. Que cuando comentó con Sherron Watkins su memorando: a) le preguntó en reiteradas ocasiones si creía que en Enron no se respetaban los principios de contabilidad generalmente aceptados, y su respuesta fue que «no sabía si se cumplían»; y b) le preguntó, a continuación, si estaba segura de que se habían cometido actos ilegales, y su respuesta también fue negativa. Todo ello le hizo dudar de sus fuentes de información y pensar que podía tener algún problema personal dentro de su unidad, por lo que autorizó su traslado a relaciones humanas, y ordenó una investigación breve y limitada de sus denuncias. Greg Whalley era considerado un maverick —un disidente a quien no gusta transitar en manada— incluso dentro de los estándares de Enron.

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18. Que nunca enviaba correos electrónicos, y solo recibía los que le pasaban impresos, entre los que nunca figuró el de Margaret Ceconi317. Sí recibió el enviado por Steven Kean, alertando sobre problemas contables, exceso de publicidad de las acciones y cultura mercenaria de Enron. Fue este correo uno de los motivos por los que convocó en septiembre de 2001 una de las reuniones generales que mantenía periódicamente en The Woodlands con todos los altos ejecutivos del grupo. 19. Que en dicha reunión hubo una discusión viva y briosa (spirited) sobre el uso de la contabilidad agresiva o «inciso-cortante» (cuttingedge accounting), en la que Rick Causey, tras escuchar durante unos minutos las inquietudes personales de los ejecutivos, dio un puñetazo sobre la mesa para llamar la atención de los asistentes, y comenzó su defensa de la forma excelente en que se estaba llevando a cabo la contabilidad en la compañía, siempre de acuerdo con las indicaciones de Arthur Andersen318. Día 25 de abril En el segundo día de turno de preguntas de Lay, se puso de manifiesto una cierta falta de coordinación entre este y su abogado Secrest, quienes, en algunos momentos, parecieron caminar en direcciones contrarias. Dio la sensación de que la forzosa ausencia de Mike Ramsey contribuía a minar en parte la coherencia de la narración, minuciosamente preparada, de la historia del escándalo Enron que debía contar Lay. Entre las embarulladas declaraciones de Lay, que volvían una y otra vez sobre los mismos temas, cabría destacar las siguientes: 1. Que tras los artículos de investigación que publicó The Wall Street Journal en septiembre de 2001 sobre prácticas contables discutibles de Enron, relacionadas con sus tratos secretos con las LJM, que provocaron gran conmoción en Wall Street, su impulso inicial fue dar la cara y entrar en la polémica. Pero, tras una reunión que mantuvo el 26 de septiembre de 2001 con Andrew Fastow y Mark Palmer, jefe de relaciones públicas de Enron, se acordó no ayudar al periódico en lo que se consideró una censurable campaña de cacería de brujas contra Fastow y contra él mismo, y no ayudarle a fabricar una historia que, Enviado en agosto de 2001, en el que se advertía sobre las grandes pérdidas y los problemas de EES. 318 Ben Glisan dijo en su testimonio que tal discusión fue un «baño de sangre (a bloodbath) y la calificó de repugnante (ugly meeting). 317

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probablemente, pasaría pronto al olvido. Aunque siempre pensó que era preferible hablar con los medios que no hacerlo, aceptó las recomendaciones de sus consultores, y se acordó enviar al periódico una nota muy escueta, previamente supervisada por la firma de abogados Vinson & Elkins, que, precisamente, acababa de presentar un informe interno en el que se concluía que las transacciones con las LJM siempre fueron correctas319. Que todas los tratos de Enron con las LJM: (i) Fueron examinados por auditores internos y externos, quienes los consideraron limpios, seguros, y a «distancia prudente» de la compañía. (ii) Permitieron captar capitales para la compañía que, de otra forma, no hubieran estado a su alcance. (iii) Permitieron el ahorro de gastos bancarios. (iv) No suponían obligación fiduciaria alguna para la compañía. (v) Pasaron al olvido cuando los libros de las participadas se cerraron al vender Fastow sus intereses en las mismas en junio de 2001. Que, en aquellos momentos, tanto él como el consejo aún pensaban que Fastow no había cometido nada censurable, que no se había planteado ningún conflicto de intereses, y que cualquier problema que pudiese haberse planteado había sido ya resuelto tras la separación del CFO de la gestión de las participadas. Que todas las transacciones realizadas por las LJM y sus vehículos de cobertura Raptor (Talon, Porcupine, Condor, Whitewing, Marlin, Truman...), a las que dedicó muy poca atención y muy poco tiempo de trabajo, fueron, en todo caso, apropiadas. Que en la conferencia mantenida con los analistas para presentar los resultados del cuarto trimestre de 2000, un short seller estuvo especialmente agresivo y exigió información más detallada sobre las finanzas de Enron, en un intento de contaminar la conferencia sembrando envenenadas semillas de duda sobre el balance y el estado de orígenes y aplicaciones de fondos después de beneficios, lo que implicaba poner en cuestión el valor real de las acciones de la compañía320. Y la duda germinó con fuerza a finales de 2001, cuando las actividades ilegales de Fastow en Enron fueron sometidas a público escrutinio, oportunidad a la que de inmediato se aferraron los short sellers.

Tal informe fue considerado por muchos como un dictamen ahormado para blanquear las prácticas viciosas denunciadas por Sherron Watkins. 320 Se refería a Richard Grubman, director ejecutivo de Highfields Capital Management LP, a quien insultó Skilling. 319

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6. Que el saneamiento de activos contra fondos propios por importe de 1.200 millones de dólares anunciado el 16 de octubre de 2001 no fue, como ha sostenido la acusación, fruto de un «error contable» —que debía repercutir sobre la cuenta de resultados—, ni de una «pérdida inesperada», como sostuvo The Wall Street Journal. Se trató de un simple ajuste de balance. 7. Que a las 8 de la mañana del día 24 de octubre de 2001, cuando ya tenía la certeza de que los bancos no ayudarían a una Enron aún combativa con un préstamo adicional de 1.000 millones de dólares, le comunicó personalmente a Fastow que su apoyo para que continuase como CFO podía ser reconsiderado porque había perdido la confianza de los inversores. En la reunión del consejo de administración que se celebró a las once de la mañana para decidir sobre el destino de Fastow, se enteró por boca de un consejero de que Fastow se había beneficiado personalmente de los tratos ocultos con las empresas de propósito especial por un importe de 45 millones de dólares. No tuvo, pues, conocimiento de tales hechos hasta seis semanas antes de la quiebra, por cuanto se había mantenido muy alejado de las actividades de las LJM. El consejo de administración, escandalizado, acordó que Fastow fuera inmediatamente apartado del cargo de CEO y que se le concediese una licencia temporal. Por la tarde, le comunicó a Fastow la decisión del consejo. Este no se manifestó sorprendido, pero sí decepcionado, y exigió 5 millones de dólares como indemnización por despido. Su respuesta fue: «Hell, no, Andy! Pack up your stuff and leave the building!» («¡Diablos, no, Handy! ¡Empaqueta tus bártulos y abandona el edificio!»). 8. Que realizó notables esfuerzos para sacar a Enron del desastre al que le habían conducido las denuncias del periódico The Wall Street Journal, y las bribonerías de Fastow y de su lugarteniente en las LJM, Michael Kopper. Pero el 8 de noviembre de 2001 tuvo que anunciar una corrección de los beneficios de los cuatro últimos ejercicios por importe de 586 millones de dólares, cuando el equipo auditor de Arthur Andersen descubrió dos hechos que aceleraron la muerte de Enron: el caso Chewco, que exigió una corrección de unos 400 millones de dólares, y un error en la contabilidad de una de las entidades del grupo LJM1 llamada Rhythms NetConnections, que exigió una corrección adicional de unos 100 millones de dólares. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron sin remedio, pues la compañía auditora no pudo certificar las cuentas de Enron. Así las cosas, el día el día 19 de noviembre la compañía tuvo

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que comunicar que las pérdidas del tercer trimestre serían superiores a las previstas, y que estaba intentando refinanciar deuda por importe de 690 millones de dólares que vencía el 27 de noviembre. El día 28 de noviembre venció la deuda, la calificación crediticia tocó fondo (bonos basura) y, además, fracasó la acordada fusión con Dynegy. Finalmente, el día 2 de diciembre Enron se acogió a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. 9. Que, a pesar de todo, siempre pensó, y lo seguía haciendo, que la salud de Enron era buena, su balance fuerte y sus activos poderosos cuando se desencadenaron todos estos hechos lamentables, y que no mintió cuando en una reunión con los empleados, celebrada en octubre de 2001, manifestó que las acciones de compañía eran una verdadera ganga, y que él había comprado por valor de 4 millones de dólares321. 10. Que tampoco mintió a los empleados cuando en otra reunión celebrada en 2001 les habló sobre la muy escasa rentabilidad de los activos internacionales de Enron, circunstancia que exigió la puesta en marcha del llamado Project Summer, destinado a la venta de los mismos, y que solo fracasó por una inesperada enfermedad del comprador. 11. Que no recordaba haber tenido ninguna reunión con Fastow el día 15 de agosto de 2001, siguiente al de la salida de Skilling, en la que aquel le hubiese manifestado su preocupación por la situación de «tremendos apuros» por la que atravesaba la compañía, pero sí recordaba que, en reuniones preliminares a la salida de Skilling, Fastow había manifestado con ansiedad que necesitaba obtener un nuevo contrato para sus LJM. 12. Que no estaba justificado el reproche de falta de apoyo que le había hecho Fastow en su testimonio, cuando se refirió a los presuntos contactos que había mantenido con Goldman Sachs en septiembre de 2001 en un intento de ayudar a Enron mediante una masiva reestructuración de la deuda e, incluso, mediante estrategias tipo poison pill322 tendentes a desbaratar cualquier intento hostil de toma del Omitió decir que había vendido acciones por valor de 24 millones de dólares. La poison pill es una estrategia que utilizan las corporaciones para desalentar opas hostiles, consistente en disminuir el atractivo de las acciones para quien intenta adquirirlas. Tal estrategia tiene dos variantes. La llamada flip-in permite a los actuales accionistas (excepto al accionista hostil) comprar acciones con un descuento, lo que, aparte de incentivar a los inversores, diluye el capital, haciendo más difícil y costosa la operación. La llamada flip-over permite a los accionistas comprar las acciones del accionista hostil a un precio descontado después de la fusión (sobre la base, por ejemplo, de 2 por 1).

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control de la compañía, contactos que suponían «abrir el kimono». Concluyó diciendo que «ese kimono nunca fue abierto o cerrado». Fueron, precisamente, ejecutivos de Goldman Sachs quienes le urgieron a él mismo para preparar la defensa de Enron ante un intento de toma de control hostil, dado que la acción estaba muy depreciada, y que tal defensa no se podía considerar como una disculpa para abrir una última trinchera financiera. 13. Que no recordaba que en una reunión celebrada el 12 de octubre de 2001 con Tom Bauer, antiguo auditor de Arthur Andersen, para tratar del goodwill (diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición) de Elektro y de Azurix, hubiese dicho que esta última empresa era la plataforma para el crecimiento de Enron en el pujante negocio del agua, aunque es posible que se refiriese al agua como la commodity del siglo XXI. También negó que David Duncan le hubiese pedido una confirmación sobre las estrategias de crecimiento en el negocio del agua. 14. Que aplicó un bono de 10 millones de dólares en efectivo —que le fue concedido al asumir de nuevo el cargo de CEO— a la amortización de la línea de crédito que le había concedido el Bank of America para comprar acciones de Enron. Día 26 de abril En su tercer día de turno de preguntas, Lay, a quien sin duda le gustaba llevar siempre las riendas y hacer las cosas a su manera, dio vueltas y más vueltas sobre algunos temas ya comentados, hasta el punto de que los periodistas, intranquilos y aburridos, relajaron su atención en espera de que el acusado dijese algo nuevo. Especialistas que estaban siguiendo el juicio comentaron que las un tanto tirantes relaciones entre Lay y Secrest no facilitaban la narración de una historia con la necesaria coherencia. Entre las manifestaciones de Lay, cabría destacar las siguientes: 1. Que no mintió a los analistas en la conferencia celebrada el 16 de octubre de 2001, por cuanto el documento que leyó casi al pie de la letra fue cuidadosamente preparado, revisado y aprobado por el equipo de relaciones con los accionistas y por el propio jefe de contabilidad, Rick Causey, bajo la supervisión de auditores de Arthur Andersen. De ahí que, cuando presentó la corrección realizada por importe de 1.200 millones de dólares como un saneamiento de activos contra fondos propios (un equity adjustment), no tenía motivo alguno para creer que esto no fuese totalmente

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cierto. Causey le explicó que tal ajuste, relacionado con fallos detectados en los libros de las participadas fuera del balance, conocidas como Raptor, no era un hecho material relevante desde el punto de vista financiero, que requiriese ser deducido en la declaración de beneficios del tercer trimestre de 2001. Es más, Causey le recomendó con firmeza que demorase un mes el anuncio del ajuste, y que lo hiciese dándole a la notificación un perfil bajo. Que la valoración de los activos internacionales de Enron en 6.500 millones de dólares por parte de los analistas fue un patinazo, pues los contables de Enron registraron tales activos con el criterio clásico de «valor en libros», y no con el de fair value. Para la compañía no habría tenido sentido actuar de otro modo, pues, aparte de que en este campo nadie sabe qué pueda significar fair value323, hubiera resultado ridículo indicar a los compradores que un activo estaba valorado como una pérdida. Que la liquidez de Enron era buena pocos meses antes de la quiebra, de acuerdo con lo que los expertos de la compañía le decían (Fastow y Glisan), y que consolidar los riesgos de gestión de las dos divisiones de ventas tenía pleno sentido desde el punto de vista del negocio global. Que entre los años 1999 y 2001 su compensación total fue de 223 millones de dólares (187 millones de dólares correspondían al ejercicio de stock options, y solo 36 millones de dólares a dinero líquido). Tal era su confianza en Enron que, durante 1999 y 2000, el 80% de su patrimonio neto y el 90% de sus activos líquidos estaban invertidos en acciones de Enron, aunque su esposa le había sugerido la conveniencia de diversificar. Que en 2001 se endeudó por importe de 100 millones de dólares para poder mantener su pródigo estilo de vida, avalado con acciones de Enron (collateral), y, cuando el valor de tales acciones cayó, los bancos le enviaron margin calls, dándole plazos de muy pocos días para amortizar su deuda, sin tiempo material para liquidar activos inmobiliarios. Por eso no tuvo otro remedio que recurrir a la disposición de su línea de crédito en Enron, la cual no utilizó como un cajero automático para convertir «a la chita callando» sus propias acciones

Fair Value o «valor razonable» es el monto por el cual un activo podría intercambiarse o un pasivo liquidarse entre partes expertas, dispuestas a llevar a cabo una transacción en igualdad de condiciones.

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en dinero líquido, sino simplemente para pagar sus deudas con los bancos324. 6. Que la línea de crédito en Enron fue creada como un beneficio para muy altos ejecutivos, que percibían una parte desproporcionada de su retribución en acciones de Enron. De su línea de crédito personal dispuso y pagó 8 millones de dólares en 1999, y 16 millones de dólares en 2000; en 2001 dispuso de 77,5 millones de dólares y solo pagó 70, pues la quiebra de Enron también supuso la suya. 7. Que la disposición de 77,5 millones de dólares de su línea de crédito fue aplicada en su integridad a devolver su deuda con los bancos, que ya le habían enviado los oportunos margin calls, pues consideró que le resultaba más ventajoso pagar en dinero que entregar un monto de acciones que, a su juicio, era superior al estrictamente necesario325. 8. Que tras devolver sus deudas quedó en la ruina, pasando de un patrimonio que llegó a valer 400 millones de dólares a otro negativo de menos 250.000 dólares. 9. Que obtuvo 20 millones de dólares de la venta de sus casas de Aspen, los cuales le han permitido vivir y cubrir sus gastos legales y de defensa. 10. Que entre 1999 y 2001 pagó 74 millones de dólares en impuestos, 57 millones de dólares en servicio de la deuda, 22 millones de dólares en gastos para mantener su nivel de vida, 3,9 millones de dólares en gastos de negocios, 6,2 millones de dólares en su plan de jubilación, 31,5 millones de dólares en una combinación de inversiones a corto y largo plazo, y 25 millones de dólares en acciones de Enron donadas a organizaciones sin ánimo de lucro o académicas. El fiscal Hueston, que había preparado de forma sumamente minuciosa el caso contra Lay, incidió en su primer día de turno de repreguntas sobre las siguientes cuestiones: 1. Contactos de Lay con los testigos. Hueston preguntó a Lay si había tenido contactos con los testigos, lo que suponía, implícitamente, acusarle de haber intentado influir sobre ellos para que contaran la historia de la forma más conveniente a sus intereses. Lay contestó que no sabía si había establecido contacto con algún testigo, aunque Joanne Cortez dio en su testimonio una imagen distinta: Lay usó su línea de crédito, que podía amortizar con acciones de Enron, para desprenderse de las mismas tan rápidamente como pudo, sin alertar a Wall Street. Resulta ciertamente sospechoso, por ejemplo, que un día dispusiese de 4 millones de dólares que devolvió de inmediato en acciones de Enron, y al día siguiente volviese a disponer de otros 4 millones de dólares. 325 Ver Segunda Parte, capítulo 6, nota a pie de página número 91. Está claro que Lay compró acciones recurriendo parcialmente al crédito, bajo la modalidad de «cuenta de margen». 324

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acabó por reconocer que sí había conversado con un empleado de Goldman Sachs, y que también lo había hecho con Vince Kaminski, exanalista de riesgos de Enron, pero que en aquel momento desconocía que fuese testigo. 2. Comportamiento de Ramsey con Glisan. Hueston se refirió al mal comportamiento de Ramsey con Glisan cuando, situándose a la salida de la sala, le llamó «mono» y comentó que «contradecía la teoría del diseño inteligente», y también comentó que el propio Lay se acercó a Glisan para decirle que deseaba lo mejor para su familia. Lay respondió que tenía que tenerse en cuenta la enorme presión a la que le sometió el testimonio de Glisan, y que no podía hacerse responsable de las manifestaciones de su abogado. 3. Código de ética. Refiriéndose a una manifestación realizada por Lay en el turno de preguntas sobre la decisión que había adoptado de vivir de acuerdo con las reglas y de respetar todas las leyes, Hueston le preguntó si había vivido realmente de acuerdo con el código de ética de Enron, y si lo había firmado cada año como se exigía a todos los empleados. Lay respondió de forma ambigua, diciendo que no estaba seguro de que se lo hubieran pasado para firmarlo cada año. Entonces le preguntó si consideraba ética su inversión de 60.000 dólares en Photofête, el negocio de distribución de fotos por Internet de una examiga de Skilling. Lay contestó, visiblemente irritado, que desconocía si una inversión tan pequeña debía ser sometida a la aprobación del comité ejecutivo. Día 27 de abril A lo largo de la jornada precedente, primer día de repreguntas por parte de Hueston, se vio en la corte a un Lay desconocido, que ya no se mostraba cordial y afable, sino irritado y altivo, e intentaba mantener el control de la sala del juicio como si estuviera en la sala del consejo. En el segundo día de repreguntas, el fiscal Hueston, que intentó no perder en ningún momento el control del proceso, a pesar de ser tratado en ocasiones con desdén por el acusado, y tener que soportar respuestas intemperantes, incidió, suave en la forma y firme en el contenido, sobre muchas cuestiones, entre las que cabría destacar las siguientes: 1. Short sellers. Hueston, tras recordarle a Lay que se había referido a los short sellers como a aves de rapiña, y que había comparado sus ataques a Enron con los ataques terroristas del 11-S, le mostró pruebas de que su hermano Mark, que fue vice president de Enron

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en 1997, había sido un short seller de acciones de Enron en marzo de 2001, y le preguntó si lo consideraba un buitre o si pensaba que había intentado asesinar a la compañía. Lay manifestó que no sabía nada, pero que no pensaba que su hermano fuese tal cosa (ni buitre ni asesino). 2. Enron Energy Services (EES). Hueston se refirió en primer lugar a la reunión celebrada con los analistas el 25 de enero de 2001, en la que, entre otras cosas, Skilling manifestó que la acción de Enron estaba infravalorada, pues su cotización debería estar en el entorno de los 126 dólares, y que las contribuciones a la misma de la división de ventas a minoristas (EES) y de la división de Internet (EBS) podían ser estimadas en 23 y en 40 dólares, respectivamente. A la pregunta de si consideraba o no tal valoración de EES como extravagante y exagerada, Lay contestó que no sabía si se trataba de una exageración, pero que la conferencia la había liderado Skilling y que suyas eran tales manifestaciones, aunque ambos tenían muy claro que tanto EES como EBS necesitaban madurar bastante. Lay reconoció también que tales manifestaciones fueron significativas para el comportamiento de los inversores. Hueston pasó luego a referirse al memorando de Sherron Watkins, en el que se decía, entre otras cosas, que EES estaba en serios apuros. A la pregunta de si reveló a los empleados en sus posteriores reuniones que se habían perdido en EES —un «tren descarrilado», en palabras de su CEO Delainey— cientos de millones de dólares, Lay, tras intentar escabullirse mediante respuestas complejas que el fiscal cortó sin contemplaciones, acabó reconociendo de mala gana que nunca dio cuenta a los empleados de tales pérdidas. Hueston preguntó a Lay si recordaba una reunión que mantuvo en abril de 2001 con Terrance Thorn, exejecutivo de Enron, quien le comentó que en EES se ocultaban cientos de millones de dólares de pérdidas. Lay manifestó no recordar nada, y añadió que no había tenido ningún papel en los asuntos de EES. Hueston, finalmente, comentó que en los informes públicos de EES se había venido utilizando como criterio para medir la salud de la división el valor global de los contratos, pero que, avanzado el año 2001, se cambió de repente de criterio, precisamente cuando se produjo una reducción del objetivo de ventas en 5.000 millones de dólares. ¿Se trató de una pura coincidencia? Lay contestó que el cambio de criterio se debió únicamente a la evolución experimentada por el mercado y a la necesidad de utilizar métodos contables estándar.

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3. Ventas de acciones. En relación con las disposiciones que Lay realizó en 2001 de su línea de crédito renovable en la compañía, por importe total de 77,5 millones de dólares, y que amortizó mediante entrega del contravalor en acciones de la propia Enron, Hueston comentó que tales operaciones suponían de hecho una venta encubierta de acciones de la que el mercado no tenía información alguna. Lay reconoció que, en efecto, el inversor público no podía tener conocimiento de tales ventas. Hueston comento que la línea de crédito de Lay había sido reformada para darle la posibilidad de utilizar las propias acciones de Enron para cancelar las disposiciones, y que este hecho no se había reflejado en los informes 10-K, con lo que se había hurtado al público un hecho relevante. Lay manifestó no tener noticia de si la reforma de la línea de crédito se había reflejado o no en tales informes, e insistió en que el cambio se había realizado para darle mayor flexibilidad financiera, la cual utilizó para hacer frente a los margin calls de los bancos. El cuestionamiento de la venta de acciones de Enron por parte de Lay alcanzó su máxima temperatura cuando Hueston citó un artículo publicado en Los Angeles Times el 13 de junio de 2001, según el cual el acusado había vendido 23 millones de dólares en acciones de la compañía entre noviembre de 2000 y mediados de junio de 2001, pero que sus ventas reales en aquella fecha debían ser mucho mayores (del orden de 43 millones de dólares). Lay reconoció que las ventas podían ser mayores que las reveladas, pero que no podía precisar su cuantía. Hueston le dijo al jurado que desde el 13 al 28 de junio de 2001 Lay vendió otros 28 millones de dólares en acciones de Enron para amortizar su línea de crédito. Un Lay visiblemente crispado manifestó que, de acuerdo con sus regulaciones, la Securities and Exchange Commission no exigía que fuesen notificadas las compraventas de acciones dentro de la propia empresa, y que el fiscal estaba intentando confundir al jurado mostrando como ilegales actuaciones que no lo eran. Llegados a este punto, Hueston se refirió a la reunión que mantuvo con los empleados el 26 de septiembre de 2001, en la que les dijo que era un comprador de acciones, cuando en realidad era un vendedor muy activo. Lay replicó que sus ventas fueron «forzadas» por las margin calls de los bancos, y que, al actuar así, minimizó el volumen de la venta (los bancos hubiesen vendido más acciones de las necesarias para amortizar la deuda). Hueston le reprochó a Lay el que hubiese arengado a los empleados para que se animasen a com-

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prar acciones de Enron, diciéndoles que eran «una ganga», mientras que él había hecho todo lo contrario. Lay replicó que creía firmemente que, en aquellos momentos, eran una ganga326. 4. Goodwill de Azurix. Hueston hizo referencia a los testimonios de Paula Rieker, Ben Glisan y Kevin Hannon, exdirectivos de Enron, relativos a la intención de los auditores en el año 2001 de reducir en 700 millones de dólares el fondo de comercio de Wessex, la filial británica de Azurix, buque insignia del negocio del agua de Enron, a no ser que Lay confirmase que tal negocio no estaba en declive sino que existía una estrategia de crecimiento. Lay negó que Arthur Andersen hubiese formulado tal requerimiento, a pesar de que un exauditor de dicha firma, John Sult, hubiese testificado que tal requerimiento existió, y que la respuesta al mismo fue que se pensaban acometer nuevas inversiones por importe de 1.000 millones de dólares. Día 1 de mayo En el tercer y último día de repreguntas, el fiscal Hueston incidió sobre numerosos asuntos, algunos nuevos y otros ya tratados anteriormente; también, se produjeron ciertos incidentes. De la refriega entre Hueston y Lay, cabría destacar lo siguiente: 1. Contabilidad agresiva. Hueston criticó a Lay por haber ocultado a los empleados durante las reuniones celebradas en 2001 las prácticas de «contabilidad agresiva» de Enron que distorsionaban la situación real de la compañía, a las que, por cierto, se opusieron algunos ejecutivos en la reunión celebrada en The Woodlans, y le preguntó si contabilidad agresiva significaba contabilidad ilegal o, incluso, contabilidad criminal. Lay negó cualquier ilegalidad, y explicó que se trataba de métodos innovadores que habían sido aprobados por auditores externos, y añadió que vivimos en un capitalismo muy dinámico, donde se pueden obtener grandes éxitos o grandes fracasos, pero que fracaso no significa actividad criminal. Lay aprovechó para quejarse de las tácticas increíblemente injustas y abusivas utilizadas por el fiscal. Este acoso del fiscal no fue en modo alguno gratuito. En efecto, las ventas de Lay no podían ser tipificadas como uso de información privilegiada por cuanto cabía asumir que las partes —Lay y Enron— tenían pleno e idéntico conocimiento de los hechos en el momento de realizar las transacciones, pero sí podía serlo su ocultación. De ahí que el Gobierno pudiera incriminar a Lay con los cargos de conspiración y de fraude electrónico por el uso impropio de redes públicas de comunicación (wire fraud), dado que ocultó tales ventas a los empleados en sus reuniones informativas.

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Hueston leyó algunas de las quejas de empleados sobre las manipulaciones contables de Enron, que, en ocasiones, contenían tremendos ataques a la integridad de Lay, y que suponían señales de alarma que fueron ignoradas hasta que estalló el escándalo contable. Lay respondió que era explicable el enfado de los empleados en unos momentos en que las acciones estaban experimentando una considerable caída, y añadió que todas las prácticas contables de Enron, incluido el tratamiento de las transacciones fuera del balance, estuvieron sobre la mesa del consejo de administración, y que el confundir contabilidad agresiva con contabilidad ilegal, como muchos hacían, suponía una tergiversación que transformaba cosas nuevas y diferentes en cosas inmorales. 2. Quejas de Lay. Ante la fuerte presión a que lo estaba sometiendo Hueston, Lay, muy enfadado, llegó a decir algo así como: «El cadáver está sobre la camilla, Mr. Hueston, y usted lo está despedazando a su gusto... Yo no podía permitirme tal lujo cuando estaba en medio de la batalla». Hueston siguió golpeando a un Lay visiblemente enojado, acusándole de ignorar las señales de alarma que suponían los escritos de Sherron Watkins y de otros, y de tratar de esconder hechos que el diario The Wall Street Journal estaba investigando en octubre de 2001, y le exigió que respondiera a sus preguntas sin circunloquios ni evasivas. Lay, desafiante, respondió que Hueston estaba distorsionando los hechos, volvió a culpar del desastre por enésima vez a Fastow, a los short sellers y a The Wall Street Journal, y manifestó que solo respondería a las preguntas del fiscal si podía contestarlas con «toda la verdad», pues había jurado «decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». 3. Las LJM de Fastow. Hueston reprochó a Lay el que no hubiese investigado si era cierto o no lo que se decía en los medios en relación con presuntas actuaciones ilegales de Fastow en las SPE de la familia LJM, y el que hubiese dado su bendición un mes antes a la participación de Ben Glisan en una transacción de LJM1 (Southampton LP). Lay negó —contradiciendo lo testificado por Glisan— que fuese cierta tal bendición, y que en aquellos momentos no tenía motivo alguno para sospechar que se estuviesen cometiendo irregularidades. Hueston acusó a Lay de haber mentido en la conferencia con los analistas y los media celebrada el 16 de octubre de 2001, cuando, al ser preguntado por el nombre genérico de los vehículos financieros de cobertura usados por las LJM de Fastow, respondió que lo des-

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conocía. En efecto, en una reunión del consejo de administración celebrada el 8 de octubre de 2001, Lay reconoció que las Raptor eran «el tema más contencioso» al que debía hacer frente la compañía en aquellos momentos. Lay contestó que tuvo un «error muy honesto», por cuanto había docenas de nombres codificados de proyectos de Enron y, simplemente, no recordó el nombre Raptor. 4. Ventas de acciones. Hueston empezó por criticar el uso que hizo Lay de su línea de crédito, que le permitió dejar vacía de acciones de Enron su cartera de valores, mientras animaba a los empleados a invertir «a precios de ganga». Para evidenciar el uso abusivo de tal línea de crédito comentó, a título de ejemplo, una operación realizada el día 20 de agosto de 2001: compró a un precio muy barato (el establecido en su opción) 68.000 acciones, y ese mismo día le vendió a Enron 110.000 acciones a precio de mercado. Hueston cuestionó las explicaciones dadas por Lay en el sentido de que se vio «obligado» a disponer de su línea de crédito para atender los margin calls de los bancos o «forzado» por motivos que no explicó, y demostró que tenía otras posibilidades de obtener liquidez, como, por ejemplo, la venta de acciones de otras compañías (Compaq...), la venta de activos inmobiliarios valorados en unos 30 millones de dólares (casas en Houston y en Aspen, Colorado), y, por supuesto, la reducción de sus enormes gastos personales. No se trataba, pues, de una cuestión de «obligación» sino de «elección». Dejó claro, además, que la cuantía de los margin calls de los bancos no justificaba la disposición de 77,5 millones de dólares de su línea de crédito. 5. Costoso estilo de vida. En lo relativo al costoso estilo de vida de Lay, Hueston comentó que, en febrero de 2001, este alquiló por 200.000 dólares un barco tripulado, llamado Amnesia, para celebrar el aniversario de su esposa, Linda, y en abril de 2001 gastó 12.000 dólares en un balneario para celebrar su cumpleaños. Este derroche continuó en el año 2002 (4.700 dólares por unas pocas noches en La Riviera francesa; 32.000 dólares en Park City, Utha; 20.000 dólares en compra de antigüedades en Palma de Mallorca...). Hueston, siempre combativo, preguntó a Lay si este tipo de gastos también habían «forzado» disposiciones de la línea de crédito. Lay, visiblemente descompuesto, respondió muy enojado que un estilo de vida semejante no se puede abrir o cerrar como se hace con un grifo. Hueston remató su incursión en los territorios del despilfarro diciéndole a Lay que había jurado decir «toda la verdad», pero que, en lo relativo a que fue un

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comprador de acciones de Enron durante 2001, solo había dicho una «verdad a medias». 6. Uso de información privilegiada. Hueston realizó alegaciones sobre posible uso por parte de Lay de información privilegiada en la venta de acciones de Enron. El 28 de noviembre de 2001, horas antes de que se publicase la noticia del fracaso de la fusión de Enron con Dynegy, la Linda and Ken Lay Family Foundation vendió 500.000 acciones de Enron. En concreto, la venta se realizó a las 9h 30m y el anuncio se dio a la 12h 30m. Lay dijo que la decisión de venta la tomó su esposa, y que cualquier acusación de uso de información privilegiada era totalmente injusta y no figuraba en el auto de acusación. Hueston cerró su turno de repreguntas poniendo de manifiesto que la última disposición que hizo Lay de su línea de crédito, por importe de 1 millón de dólares, tuvo lugar, precisamente, la víspera del fracaso de la fusión, es decir, el 27 de noviembre de 2001, cinco días antes de la quiebra. Concluido el turno de repreguntas del fiscal John Hueston, el abogado de la defensa George McCall «Mac» Secrest prosiguió su turno de preguntas. Guiado por Secrest, Lay realizó las siguientes manifestaciones: 1. Que su hermano Mark no era ni un short seller ni un buitre. El short selling consiste en apostar por la caída de una acción, y su hermano, según las pruebas presentadas por la acusación, no estaba claro que hubiese hecho eso. Pensaba, más bien, que había sido una reacción de su corredor, que se había puesto nervioso. 2. Que no tomó parte en la decisión de venta de 500.000 acciones de Enron pertenecientes a la fundación familiar, la cual adoptó su esposa. 3. Que el fracaso no debe ser equiparado con la actividad criminal. 4. Que resultaba patente que el sector de las telecomunicaciones cayó en barrena el año 2001, y, en este sentido, nunca tergiversó el estado de EBS, la división de Internet de Enron. Día 2 de mayo En su último día de comparecencia, y en respuesta a las preguntas de Secrest y, en ocasiones, a repreguntas de Hueston, Lay repitió machaconamente muchas de las cosas que ya había dicho en días anteriores. Entre las pocas manifestaciones un tanto novedosas cabría destacar las siguientes: 1. Que en el momento de la quiebra él y su esposa aún tenían alrededor de 5 millones de acciones de Enron, y perdieron el 90% de su fortuna. Su patrimonio actual era negativo en 250.000 dólares.

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2. Que en una reunión del comité financiero celebrada el 6 de octubre de 2000 para tratar, fundamentalmente, de asuntos de producción, pero que abordó también temas relacionados con LJM, tomó algunas notas manuscritas que, por sorpresa, la acusación presentó el día anterior como prueba. Tales notas procedían, tal vez, de un registro que él mismo pidió al FBI que se realizase, cuando los abogados de unos demandantes en un pleito civil dijeron a comienzos de febrero de 2002 que se estaban destruyendo documentos de Enron. 3. Que no intentó establecer contacto con los testigos de la acusación. Sí llamó a Vince Kaminski sin conocimiento de sus abogados, pero se llevó una gran sorpresa al saber que era testigo. 4. Que su inversión en Photofête pudo haber violado la forma pero no el fondo del código de ética, que no había quebrado ni un ápice su lealtad, y que las reglas eran importantes pero no se podía vivir esclavizado por las mismas. 5. Que su abogado Mike Ramsey no había llamado «mono» a Ben Glisan sin «mono amaestrado», en el sentido de que estaba controlado por los fiscales de igual forma que un ventrílocuo controla a su muñeco. 6. Que amaba mucho a Enron y aún más a sus empleados, y que el trance más doloroso de su vida había sido la quiebra de la compañía. Segunda oleada de testigos menores Día 2 de mayo Tras la deposición de Lay, subió al estrado el abogado neoyorquino Martin Siegel, y a continuación lo hicieron, como testigos de carácter, Bob Lanier, exalcalde de Houston, George E.R. Kinnear Jr., almirante retirado, Drayton McLane, propietario del equipo de béisbol Houston Astros, y el Reverendo William Lawson, líder de los derechos civiles327. Finalmente compareció, en calidad de experto contratado por Lay, Jerry Arnold, profesor de contabilidad de la University of Southern California y consultor328. En Estados Unidos es normal que en los juicios criminales la defensa presente «testigos de carácter», que son personas que, por gozar de buena reputación en la comunidad, y conocer personalmente al acusado, están en condiciones de testificar sobre sus buenas cualidades, carácter, hábitos y costumbres, y sobre su moralidad y comportamiento ético. 328 Arnold es un experto al que recurren frecuentemente abogados defensores o fiscales para que testifique en juicios criminales por delitos de «cuello blanco». 327

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Martin Siegel testificó que Lay intentó llegar a un acuerdo con Enron en relación con el pago de los 7,5 millones de dólares pendientes de su línea de crédito, pero que su esfuerzo fue frustrado por la oposición del fiscal Hueston. El fiscal Berkowitz hizo trizas el testimonio de Siegel al alegar que Lay pretendía entregar una póliza de seguro valorada en no más de un millón de dólares para cancelar una deuda de 7,5 millones de dólares, y al recordar que por lo que respecta a los 70 millones de dólares que devolvió, lo hizo entregando acciones de Enron que prácticamente carecían de valor. Siegel también dijo que el comité de acreedores de la quiebra de Enron demandó a Lay por 80 millones de dólares, y que en respuesta él preparó una moción por la que Lay demandaba a Enron por 60 millones de dólares, pero que tal demanda nunca llegó a ser presentada. Los cuatro testigos de carácter presentados coincidieron en alabar las altas cualidades de Lay: buen hombre, buen amigo, visionario, filántropo, generoso, caritativo, ciudadano ejemplar, altamente cualificado... Pero ninguno de ellos se comprometió demasiado cuando la fiscalía les preguntó sobre sí lo consideraban un hombre de negocios competente, o si pensaban que era indiferente al dinero o codicioso. En una sala que casi se había vaciado por completo ante la avalancha de tecnicismos que se avecinaba, Jerry Arnold, contratado por el propio Lay previa garantía de pago de un millón de dólares, testificó durante el turno de preguntas: 1. Que había revisado un millón de páginas de documentos de Enron. 2. Que algunas de las alegaciones realizadas por los testigos de la acusación (en concreto Fastow y Glisan) fueron inexactas o incompletas. 3. Que la contabilidad de Enron había sido examinada cuidadosamente por Arthur Andersen y seguía estándares contables de general aceptación. 4. Que los activos internacionales de Enron no podían tener «pérdidas incrustadas» (embebded losses) —término contable inexistente— por cuanto no habían llegado a ser vendidos. 5. Que el ajuste de 1.200 millones de dólares con cargo a recursos propios, realizado en el tercer trimestre de 2001, era apropiado, y la denominación que le dio Lay de «pérdida no recurrente» era correcta. 6. Que Enron no había escondido centenares de millones de dólares en pérdidas, amañado los beneficios, ni echado mano de forma impropia a las reservas. Arnold fue repreguntado con dureza por la fiscalía, que le acusó abiertamente de estar extraordinariamente remunerado para decir aquello que quien le había pagado deseaba que dijera (ya había cobrado 600.000 dólares de la minuta de un millón de dólares, cantidad que había cargado al equipo de defensa de Lay). Sintiendo atacada su reputación, Arnold manifestó que no era la marioneta de nadie ni un pistolero de alquiler, y que no había suma de

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dinero alguna por la que su reputación, trabajosamente ganada, pudiese ser puesta en venta. Su reticencia a contestar a preguntas sobre temas incontrovertibles le valió una severa amonestación del juez Sim Lake. Día 3 de mayo Subió al estrado, en calidad de experto contratado por Skilling, Walter Rush, un antiguo auditor de Coopers & Lybrand. Rush reconoció que percibía unos honorarios de 600 dólares por hora, y dijo haber trabajado en el caso alrededor de 1.000 horas. Durante el turno de preguntas del abogado Randy Oppenheimer, Rush dijo, entre otras cosas: 1. Que las prácticas contables de Enron en cuanto a reservas fueron apropiadas, y merecieron la aprobación de Arthur Andersen. Además, su cuantía tuvo muy pequeña incidencia en la salud general de la compañía. 2. Que creía que la reducción en 14 millones de dólares de las reservas, denunciada por Wesley Colwell, pasándolas de 70 a 56 millones de dólares, fue apropiada. 3. Que la contabilidad de Enron no se comportaba como una contabilidad tipo cookie jar, sino que estaba directamente relacionada con la volatilidad comercial. En efecto, como la volatilidad comercial declinaba, las reservas de Enron para cubrir los riesgos del negocio del gas y de la electricidad también declinaban, lo que significaba que se estaba operando con ellas en debida forma, porque a nadie le viene bien una reserva cuando no la necesita329. 4. Que las transferencias de riesgos realizadas desde los libros de EES a los de ENA fueron legítimas. Para que el jurado lo comprendiese, puso el siguiente ejemplo: «Si tengo 2 dólares en mi bolsillo derecho y otros dos en el izquierdo, y paso un dólar de uno a otro... sigo teniendo en total 4 dólares». 5. Que los documentos presentados por la acusación sobre la intención de los ejecutivos de Enron de efectuar ajustes en las reservas basados en los objetivos de beneficios (por ejemplo, un correo electrónico de David Delainey a Wesley Colwell, dando instrucciones en este sentido) carecían de importancia si los números que se utilizaron en La Cookie Jar Accounting es una práctica contable que consiste en acumular reservas en los años buenos, con vistas a la cobertura de las pérdidas en que se puede incurrir en años malos. Supone un «alisado de ingresos» (income smoothing), que reduce los beneficios obtenidos en años de «vacas gordas», y exagera los obtenidos en años de «vacas flacas». Esta práctica no es aceptada en la mayoría de las normativas contables.

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último término podían ser justificados: «Si se obtuvieron números correctos, la intención no importa». 6. Que, en suma, las declaraciones hechas por Enron fueron totalmente apropiadas de acuerdo con normas de contabilidad. Tras el turno de repreguntas de Berkowitz a un Rush impasible y muy firme (un frontón), quedó clarísima la abismal diferencia existente entre el punto de vista del Gobierno y el de los expertos contables de pago en torno a la normativa financiera y contable: los expertos sostuvieron que las reglas establecen el marco para una reflexión razonable sobre cómo actuar en los negocios, donde la intención no importa; por el contrario, el Gobierno sostuvo, con razón, que hay que ir al corazón (al espíritu) de las normas financieras, y que la intención sí importa. Día 4 de mayo En su turno de repreguntas a Rush, Berkowitz se refirió, en primer lugar, a la norma FAS 131330, que regula la contabilización de pérdidas, y mostró actas de reuniones del consejo de administración, fechadas en octubre de 2001, en las que se dice que EES tuvo pérdidas por importe de 665 millones de dólares en el segundo trimestre de 2001. Rush, que había testificado el día anterior que no se habían producido pérdidas, tuvo que matizar que se refería a pérdidas en el conjunto de los negocios de ventas a minoristas y al por mayor, y reiteró que no se había violado la norma FAS 131 al transferir pérdidas de una unidad a otra. Berkowitz pasó a referirse al muy citado discurso que Arthur Levitt, entonces chairman de la SEC, pronunció el 28 de septiembre de 1998331, en el que denunció la constitución de reservas tipo cookie jar y otras prácticas contables cuestionables, y exhortó a un cambio de la cultura de la comunidad financiera para una mayor apertura y transparencia. Rush, que había dicho el día anterior que tal discurso no era demasiado significativo, reconoció que se trataba de un recordatorio de las reglas de juego básicas, y una propuesta acertada de lo que se debía hacer. A continuación subió al estrado Christopher Barry, profesor de economía de la Texas Christian University. Barry, un experto que había testificado en numerosos juicios, compareció en calidad de testigo de la defensa de Lay y empezó manifestando que sus honorarios eran de 600 dólares por hora, pero que había decidido renunciar a los mismos dadas las circunstancias financieras del acusado y porque creía que lo que este venía sosteniendo a lo largo del juicio era correcto y verdadero. Las normas FAS las elabora el Financial Accounting Standard Board. The «Numbers Game», Arthur Levitt, September 28, 1998.

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Preguntado por Bruce Collins, Barry empezó haciendo referencia a un artículo de dos profesores de la Wharton School of Business y de la Stanford University, publicado en diciembre de 2005 bajo el título CEO Overconfidence and Corporate Investment, en el cual se sostiene la tesis de que, cuando un CEO llena la mayor parte de su cartera de inversiones con acciones de su compañía, olvidando la prudente técnica de la diversificación, es que tiene una excesiva confianza en la misma, y muy altas expectativas sobre su futuro. Sim Lake cortó este testimonio de forma tajante y dijo que dicho artículo era irrelevante para el caso, y denegó la incorporación del mismo a las evidencias. Barry manifestó a continuación: 1. Que la mayor parte de las ventas de acciones de Enron que Lay llevó a cabo dentro del marco de su línea de crédito, vinieron forzadas porque, en especial entre el 19 de agosto y el 8 de septiembre de 2001, las cotizaciones de las mismas declinaron, su valor como aval también lo hizo, y se desencadenó el proceso de reclamaciones de los bancos (margin calls). Su nivel de deuda experimento una gran caída en torno al 18 de setiembre, cuando Lay percibió el bono de 20 millones de dólares establecido como premio por la asunción de las tareas de CEO tras la salida de Skilling (10 millones de dólares en dinero y otros 10 millones de dólares en opciones sobre acciones), y el hecho de que aplicase los 10 millones de dólares en dinero para la cancelación de los margin calls demostraba claramente que su intención era comprar más acciones de Enron, lo que era consistente con su confianza en la compañía. 2. Que el colapso de Enron no lo provocó una conducta criminal de Lay o de Skilling, sino un típico proceso de pánico bancario. 3. Que apoyaba la manifestación que Lay realizó en la reunión con los empleados celebrada en octubre de 2001 sobre la fortaleza de la liquidez de Enron. Repreguntado por el fiscal Robb Adkins, Barry dijo que no se consideraba miembro del equipo de defensa de Lay sino un testigo experto, y que el hecho de que este no hubiese aplicado los 10 millones de dólares que percibió al contado a otras alternativas, cuando podría haberlo hecho, demostraba que deseaba conservar las acciones de Enron. Tras el testimonio de Barry, la defensa manifestó su intención de dar lectura a una parte del testimonio de David Duncan, exempleado de Arthur Andersen, durante el juicio celebrado en 2002 contra dicha empresa auditora. El juez Sim Lake advirtió a la defensa que la lectura de la parte del testimonio de Duncan relativa a prácticas contables, significaría abrir la puerta a la acusación para que solicitase la lectura del testimonio que Duncan realizó ante el

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gran jurado antes del procesamiento de la firma Arthur Andersen. Dado que dicho testimonio no ayudaba a la defensa, esta renunció a hacerlo, y la vista quedó aplazada hasta el día 8. Día 8 de mayo En el quincuagésimo tercer día de juicio se reincorporó a la sala Mike Ramsey, tras superar sus serios problemas cardiacos. Subieron al estrado Marge Nadasky, exempleada de Enron, en calidad de testigo de Skilling, y Ed Young, pastor de la Second Baptist Church de Houston, en calidad de testigo de carácter de Lay. A continuación lo hicieron, en calidad de testigos de refutación del Gobierno, Mike Muckleroy, exempleado de Enron, Charles Davidow, abogado, y Patti Kline, exempleada de Portland Gas & Electric Company, filial de Enron. Marge Nadasky, que trabajó en el área de relaciones públicas de Enron, testificó que el contrato de Enron con Photofête fue cancelado en septiembre de 2001, que nunca mantuvo relaciones con esta compañía ni con su gerente Jennifer Binder, y que desconocía las inversiones de Lay y de Skilling en la misma. Young, un ministro baptista muy popular, testificó que su gran amigo Lay era una persona muy fiable, un hombre de palabra, muy trabajador, que amaba a Dios. En relación con Muckleroy, ex trader de energía de Enron, entrevistado por los autores del libro The Smartest Guys in the Room, y partícipe en su secuela cinematográfico-documental, el interés del Gobierno se centraba en que testificase sobre los graves problemas que plantearon dos ex traders de las oficinas neoyorquinas en Valhalla —Louis Borget y Thomas Mastroeni—, durante el año 1987. Sim Lake había ya advertido a las partes que consideraba que estos incidentes se habían producido hacía muchos años y que no permitiría que el Gobierno los sacase a relucir, salvo que la defensa «abriese una puerta» para hacerlo. Dado que Lay y la defensa se guardaron muy mucho a lo largo de todo el proceso de mencionar la palabra Valhalla, Muckleroy se limitó a testificar: 1) Que conoció a Lay en la década de los setenta cuando era director de proyectos especiales de Florida Gas; más tarde, vicepresidente de relaciones gubernamentales, y, finalmente, presidente de la misma. 2) Que en ocasiones, bajo la presión de las exigencias del negocio, Lay no decía la verdad. Davidow, abogado especialista en bolsa, colaboró con el comité especial que, bajo la presidencia de William Powers, decano de la University of Texas School of Law, fue creado en enero de 2002 por el consejo de administración de Enron para investigar las transacciones de las participadas LJM de Fas-

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tow. En relación con una entrevista que mantuvo con Lay el 16 de enero de 2002, recogida en el muy crítico Powers’ Report, Davidow testificó que le preguntó a Lay sobre sus ventas de acciones, y este se limitó a contestar que en aquella época tenía que devolver deudas, refiriéndose a las ventas públicamente descubiertas, pero sin hacer mención alguna a las cuantiosas «ventas forzadas» realizadas a través de su línea de crédito. Klein testificó que creyó en las palabras que Lay pronunció en la reunión que mantuvo con los empleados el 16 de agosto de 2001 sobre la buena salud de la empresa, que nunca supo nada sobre las ventas de acciones de Enron por parte de Lay, y que cuando los problemas afloraron sufrió una conmoción, pues había invertido mucho dinero en tales acciones. De forma inesperada, tanto el Gobierno como las defensas manifestaron que ya no pensaban presentar más testigos, y el juez dio por terminada la sesión hasta el 15 de mayo, tras anunciar: a) que ese día daría lectura a su documento de instrucciones al jurado, y el Gobierno presentaría, a lo largo de tres horas, la primera parte de sus argumentaciones finales; b) que el día 16, la defensa presentaría todas sus argumentaciones finales a lo largo de seis horas; c) que el día 17 el Gobierno debería concluir la presentación de sus argumentaciones a lo largo de otras tres horas, y, a continuación, el jurado se retiraría para deliberar. El juez Lake también anunció que, mientras el jurado deliberaba, celebraría un juicio separado sin jurado contra Lay por otros cuatro cargos adicionales (uno de fraude bancario y otros tres por presentación de declaraciones falsas a los bancos)332, que comenzaría probablemente el día 18 de mayo. En tal juicio, Lake, oídas las partes, sería el único árbitro de los hechos y dictaría sentencia. Dicha sentencia sería dada a conocer después de que el jurado del juicio principal, por conspiración y fraude, leyese su veredicto. Este juicio no afectaba a Enron sino a las finanzas personales de Lay. Según la acusación, Lay defraudó y puso en riesgo a tres bancos federales (Bank of America, Chase Bank of Texas y Compass Bank) al violar su compromiso de no utilizar nunca las líneas de crédito por importe de 75 millones de dólares que le concedieron en 1993, para comprar acciones bajo la modalidad de «cuenta de margen» (comprar al margen), dado el alto riesgo de este tipo de operaciones en el caso de fuertes caídas de bolsa. En efecto, durante el período enero de 1999-septiembre de 2001, Lay, en contra de lo acordado, utilizó sus líneas de crédito para realizar operaciones de compra al margen de acciones. La normativa presuntamente violada es la que regula, desde 1934, los préstamos bancarios para la compra de acciones, usando los propios títulos como aval (Regulation U de la Federal Reserve Board). La defensa argumentó que se trataba de una violación meramente técnica de una normativa arcana, residuo del paquete de leyes de la Gran Depresión.

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Capítulo 18 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (V) EL VEREDICTO DE «DOCE HOMBRES SIN PIEDAD» «¡Que el jurado considere su veredicto!», ordenó el Rey por enésima vez aquel día. «¡No, no!», atajó la Reina. «¡La sentencia primero!... ¡Ya habrá tiempo para el veredicto después!». Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas Nam quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquus iudex est qui aut invidet aut favet. (Por lo que al pueblo respecta, nunca juzga con imparcialidad el valor de un hombre, porque está dominado ya por el favor, ya por el odio) Cicerón, Pro Plancio, II, 7

Ceremonia final Día 9 de mayo El juez Sim Lake envió a las partes un borrador de su documento de instrucciones al jurado. Tal documento incluía explícitamente una instrucción sobre «ignorancia deliberada», conocida en otras jurisdicciones como «instrucción de la ceguera premeditada» o «instrucción del avestruz», y que venía a prevenir al jurado de que no vale como motivo de exculpación el «No vi nada. No sé nada», cuando hay sospechas razonables de que hubo una ceguera deliberada en cuanto a los fraudes contables cometidos333. En los círculos expertos Este tipo de negligencia permitió obtener veredictos de culpabilidad contra varios implicados en famosos escándalos financieros, entre los que destaca Bernard Ebbers, el presidente de la quebrada WorldCom, sentenciado a 25 años de prisión. Pero también hubo fracasos. El más notable fue la inesperada absolución de Richard Scrushy, fundador y presidente de HealthSouth Corporation.

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se comentó que esta instrucción podría ser utilizada por la defensa como un motivo más para la presentación de un eventual recurso334. Día 15 de mayo El juez Sim Lake dio lectura a un documento de 55 páginas que contenía sus instrucciones al jurado. Lake comenzaba advirtiendo a los miembros del jurado que debían aplicar la ley siguiendo las instrucciones que iban a recibir, y no según su criterio personal. Entre tales instrucciones figuraba la de «ceguera premeditada», que lanzaba al jurado un mensaje muy claro: la ignorancia de una conspiración no exculpa a un acusado si tal ignorancia fue intencionada. Lake también les pidió a los jurados que ponderasen con «cuidado» los testimonios de los testigos que alcanzaron previamente acuerdos de colaboración con la justicia para atenuar sus condenas, pero les advirtió de que tales acuerdos son «legales y apropiados». Lake acabó diciendo que el jurado debía emitir su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, cargo por cargo, y por unanimidad de sus doce miembros. A continuación, la fiscal Kathryn Ruemmler presentó, a lo largo de casi cuatro horas, la primera parte de las argumentaciones finales del Gobierno. Ruemmler comenzó su alegato diciendo que Lay y Skilling fueron dos CEO de Enron que, mediante engaños contables, ficción, magia, fraude, manifestaciones engañosas, medias verdades, omisiones y rotundas mentiras, transmitieron al mundo externo una imagen de la compañía que nada tenía que ver con lo que ocurría de puertas adentro, tal como habían mostrado las declaraciones de los testigos. A renglón seguido fue desgranando una serie de alegatos, entre los que cabría destacar los siguientes: 1. Que no es malo hacerse rico, pero sí lo es conseguir riqueza recurriendo al engaño, al fraude y al timo, arruinando a muchas personas que ignoraban por completo lo que ocurría dentro de Enron. 2. Que el caso juzgado no era un caso de contabilidad sino, simplemente, un caso sobre mentiras y decisiones... Los acusados, maestros del encubrimiento, decidieron mentir. En este tipo de juicios, los veredictos del jurado no pueden ser apelados por el Gobierno, pero sí por la defensa. Algunos expertos aventuraron, como posibles motivos de apelación, la imposibilidad por parte de la defensa de presentar como testigos a exempleados de Enron que se acogieron a su derecho a no auto-inculparse ante la negativa del Gobierno a concederles inmunidad, y las siguientes decisiones del juez Sim Lake: la inclusión de la instrucción sobre «ignorancia deliberada»; su negativa a trasladar el juicio a otra ciudad distinta de Houston; su rechazo a separar los juicios contra Lay y Skilling; y su aceptación del testimonio sobre el asunto Photofête, que no formaba parte de los cargos iniciales presentados por el Gobierno.

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3. Que la tesis de la defensa sobre las imaginarias causas de la quiebra de Enron era, simplemente, una táctica de diversión. La idea de que hubo una conspiración secreta entre short sellers y el diario The Wall Street Journal para derribar a la séptima compañía del país carecía de sentido, era absurda y ridícula, nadie la podía «comprar». 4. Que también era absurdo el argumento de la defensa de que las únicas personas que cometieron fraude en Enron fueron Andrew Fastow y Ben Glisan. Algunos de los más altos ejecutivos de la compañía testificaron: «Yo mentí, nosotros mentimos. Yo robé, nosotros robamos». 5. Que Lay y Skilling eran tan arrogantes como para manifestar que nadie, ni en Enron ni en la sala de justicia, era suficientemente listo como para comprender sus negocios, y que no se consideraban esclavos de unas reglas que parecían no concernirles. 6. Que contaron una historia increíble, desbaratada por completo por las pruebas presentadas. En efecto: a) el documento llamado Global Galactic, sobre el que existen evidencias que desmienten que fuese una mezcla preparada después de los hechos (en concreto, fechas de reuniones celebradas en Enron para discutirlo), minaba el argumento de la defensa de que las transacciones de Enron fueron aprobadas por contables, auditores y abogados; b) las manifestaciones del propio Skilling sobre la legitimidad de los tratos con las LJM y Raptors constituían un insulto a la inteligencia; y c) la reiterada negativa de Lay a contestar las graves preguntas formuladas por The Wall Street Journal sobre las operaciones de las participadas de Fastow, suponía esconder la cabeza bajo tierra, cosa que la ley no acepta [«ignorancia deliberada»]. 7. Que Skilling mintió al público sobre la salud financiera de Enron y sobre su futuro, y Lay hizo lo mismo con los empleados. 8. Que el traspaso de las cuantiosas pérdidas de EES a ENA, según testificó David Delainey, fue pura y simplemente un hecho fraudulento que tanto Skilling como Lay ocultaron. 9. Que, de acuerdo con el testimonio de Ken Rice, Skilling mintió descaradamente al informar sobre la situación de EBS, la división de Internet de Enron. Mientras que con los empleados se manifestó muy pesimista, a los analistas les lanzó mensajes claramente positivos, en un intento de mostrar fortaleza donde no la había, y, de esta forma, no perjudicar la cotización de la acción. Se trataba de una devastadora prueba de fraude.

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10. Que, en la conferencia con los analistas celebrada en enero de 2001, tanto Lay como Skilling mintieron sobre la naturaleza de los negocios de Enron al sostener que no era una empresa comercial (trading company) de alto riesgo, sino una empresa logística (logistics company). 11. Que los juegos malabares que realizaron con los números para que los beneficios trimestrales por acción alcanzasen el valor deseado, fueron pura y simplemente una manipulación, un engaño contable, un fraude, una falsificación de los estados financieros. 12. Que, siendo pública y notoria la extremada implicación de Skilling en todos los detalles del funcionamiento de la compañía, era insostenible e increíble su testimonio sobre la poca atención que prestó a las participadas LJM, su desconocimiento del acuerdo Global Galactic, y su no implicación en el proceso de aprobación de los tratos entre Enron y dichas sociedades. Además, actuar de este modo supondría esconder la cabeza bajo tierra, cosa que la ley no acepta [«ignorancia deliberada»]. 13. Que Lay ignoró las denuncias de Sherron Watkins sobre el peligro de que Enron se desplomase como consecuencia de una oleada de escándalos contables, y optó por mantener en calma a los inversores, empleados y público en general, diciendo que Enron no tenía problemas, lo que era una gran mentira. 14. Que Lay vendió acciones de Enron por valor de 70 millones de dólares durante el corto período que llevó a Enron a la bancarrota, teniendo, como tenía, muchas otras opciones para hacer frente a los margin calls de sus bancos acreedores. 15. Que, una y otra vez (con las Raptor, con las denuncias del Wall Street Journal, con los abusos de Fastow en las participadas, con las manipulaciones contables...), Lay optó por no hacer preguntas delicadas, por esconder la cabeza bajo tierra, por no saber ni querer saber. Buscó, únicamente, protegerse a sí mismo [de nuevo la «ignorancia deliberada»]. Ruemmler concluyó su alegato diciendo que, en cada paso de su camino, tanto Lay como Skilling tuvieron la posibilidad de elegir entre decir la verdad o mentir, y eligieron mentir. Por ello solicitó al jurado que los declarase culpables de todos los cargos incluidos en el auto de acusación. Día 16 de mayo Dado que el juez Sim Lake había dado a la defensa un tiempo total de seis horas para presentar sus argumentaciones finales, los equipos de Skilling (que hacía frente a 28 cargos) y de Lay (que tan solo hacía frente a 6) acordaron que fuese Daniel Petrocelli quien interviniese en primer lugar, a lo

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largo de tres horas y veinte minutos, y que a continuación lo hiciesen Bruce Collins, George «Mac» Secrest, Chip Lewis y Mike Ramsey, a lo largo de las dos horas y cuarenta minutos restantes. Petrocelli comenzó su alegato pidiendo al jurado que examinase los hechos con mucha claridad, por cuanto los hechos mostraban la inocencia de los dos acusados. A continuación fue hilvanando una serie de alegatos, entre los que cabría destacar los siguientes: 1. Que el cargo de conspiración contra su cliente no había sido probado por la fiscalía, que su inocencia se veía con solo mirar a sus ojos, que «el tipo más listo de la sala» no podía ser «el más silencioso estafador de la tierra»... 2. Que la fiscalía le había formulado ciento sesenta y dos preguntas sobre Photofête, un asunto menor que ni siquiera figuraba en el auto de inculpación, y ninguna sobre sus hazañas. 3. Que el Gobierno, sin aportar prueba documental alguna, había creado evidencias con los testimonios amañados de personas que confesaron su culpabilidad y llegaron a acuerdos de colaboración con la justicia para atenuar sus penas y salvar a sus familias y algo de sus fortunas. Tales testigos no contaron mentiras grandes, sino pequeñas; eran buenas personas, dejando aparte a Fastow, naturalmente. 4. Que, con tales testimonios de «perjuros confesos más allá de una duda razonable», el Gobierno había creado un nuevo universo, una nueva realidad, había realizado una autopsia virtual de Enron, había reescrito la historia. 5. Que los testigos del Gobierno habían sido objeto de un soborno legal (legal bribe) por parte de la Enron Task Force, hasta tal punto irregular que aún no se había dictado ninguna sentencia, sin duda a la espera de que se determinase la calidad de la colaboración de cada uno de ellos. 6. Que resultaba inexplicable que la acusación, que es quien tiene la carga de la prueba, no hubiese citado como testigo a Richard Causey para que certificase si realmente estampó o no sus iniciales en el absurdo acuerdo Global Galactic, que Skilling nunca aprobó. 7. Que, en suma, el Gobierno había jugado a burlarse del jurado diciendo medias verdades y presentando evidencias reconstruidas para crear falsas impresiones. 8. Que el ajustar las previsiones de beneficios no constituía un acto ilegal. 9. Que el cuestionamiento de los movimientos de reservas entre unidades de una empresa había sido, probablemente, la más irracional

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criminalización de una práctica de gestión normal realizada a lo largo del juicio. 10. Que los cargos por uso de información privilegiada en la venta de acciones no eran sino un recurso desesperado del Gobierno por conseguir un fallo condenatorio. Tras estas argumentaciones, orientadas fundamentalmente a destruir la credibilidad de los testigos del Gobierno, Petrocelli concluyó su alegato invitando al jurado a leer la instrucción del juez sobre la duda razonable, y a proclamar que su cliente era 28 veces «no culpable». Dentro ya del turno de argumentaciones finales de la defensa de Lay, intervino en primer lugar Bruce Collins, quien, tras manifestar que el auto de acusación parecía escrito por alguien con desórdenes nerviosos, manifestó, entre otras cosas: 1. Que la Enron Task Force había montado un caso de «él dice, ella dice», sin aportar documentos ni testigos creíbles. 2. Que en una economía de libre mercado, donde las compañías que asumen riesgos son recompensadas, ni la quiebra ni el fracaso implican la comisión de actos criminales. 3. Que Lay era un hombre de integridad acreditada, que había aceptado su responsabilidad por sus actos, y que no estaba siendo sometido a un juicio civil sino criminal, sin haber cometido crimen alguno. 4. Que la propia riqueza de Lay, estimada un día en más de 400 millones de dólares, y evaporada en un 90% a causa de la quiebra de Enron, pudo haberse salvado si hubiese tomado la decisión de vender la mayor parte de sus acciones de la compañía, cosa que no hizo. Tras realizar una larga incursión en territorios ya muy trillados (activos internacionales, línea de crédito, negocio del agua, y liquidez de la compañía), insistió sobre la conocida teoría del contubernio de short sellers y del ataque de periodistas hostiles como causas de la quiebra de Enron, y concluyó recordándole al jurado, una vez más, que no confundiesen colapso con fraude. A continuación tomó la palabra George «Mac» Secrest, quien centró su discurso en la manifiesta parcialidad de los fiscales del Gobierno, quienes, ante el colosal fracaso de Enron, que afectó a muchísimas personas, se empeñaron en convertir sus ideas preconcebidas sobre Lay en una declaración de culpabilidad, y eso a cualquier precio (por ejemplo, presentando testigos «radiactivos», cuyos testimonios consideraba sesgados y despreciables). Intervino más tarde de forma fugaz Chip Lewis, quien, en relación con el manoseado asunto Photofête Inc., intentó provocar al fiscal John Hueston con la frase: «Don’t come to Houston, Texas, and lie to us! I cannot think of a more despicable act, when a man’s life is at stake, than to tell a premedita-

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ted lie. (¡No venga a Houston, Texas, a mentirnos! No se me ocurre un acto más despreciable, cuando la vida de un hombre está en juego, que decir una mentira premeditada.)». El turno de alegaciones finales de la defensa de Lay lo cerró el propio Mike Ramsey, quien en un emotivo discurso le recordó al jurado que cualquier momento de vacilación o titubeo en sus deliberaciones debía interpretarse como «duda razonable», y llevar a un veredicto de «no culpabilidad». Día 17 de mayo El fiscal Sean Berkowitz presentó, a lo largo de casi dos horas, la segunda parte de las argumentaciones finales del Gobierno. Berkowitz se dirigió al jurado diciéndole que estaba en la sala representando a su cliente: los Estados Unidos de América. A renglón seguido fue desgranando una serie de alegatos, entre los que me permito destacar los siguientes: 1. Que Lay y Skilling habían conspirado para «cocinar los libros» de Enron Corporation. 2. Que lo que se juzgaba era un crimen de números amañados y de uso impropio de reservas. 3. Que los acusados habían engañado a los inversores y al propio jurado, omitido hechos críticos, y fabricado una historia en la que lo que habían hecho parecía ser práctica normal dentro del mundo de los negocios. 4. Que la fiscalía no había inventado ninguna historia, ni había presentado, como sostenía la defensa, un popurrí de alegaciones de testigos dudosos, sino pruebas contundentes de actuaciones inmorales. 5. Que los acuerdos de colaboración con la justicia alcanzados con acusados que se declararon culpables fueron francos y sinceros. 6. Que la investigación realizada por Vinson & Elkins sobre los hechos denunciados por Sherron Watkins sólo sirvió para blanquear y encubrir los hechos. 7. Que Enron no pudo soportar la presión del escrutinio público a finales de 2001. 8. Que The Wall Street Journal publicó la verdad sobre la situación financiera de Enron, y que la compañía no pudo manipularla. 9. Que a lo largo del juicio los acusados y sus defensores y testigos habían hablado mucho de contabilidad (accounting), pero nada de responsabilidad (accountability). 10. Que los acusados habían actuado de forma desleal en beneficio propio, privando tanto a Enron como a los accionistas de su derecho a recibir servicios honestos.

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11. Que los acusados no habían podido recordar nada sobre unos doscientos temas clave. 12. Que el asunto Photofête constituía una importante evidencia que hería el corazón de la credibilidad de los acusados. 13. Que, a pesar del testimonio de ciertos testigos sobre el carácter y hechos de Lay, lo cierto es que mintió sobre los motivos de la disposición de su línea da crédito, y que unos días antes de la quiebra se llevó a su casa un millón de dólares; ese era su carácter, esos sus hechos. 14. Que los testigos que suscribieron acuerdos de colaboración con la justicia no taparon nada, no tuvieron tiempo de hacerlo. 15. Que el jurado debía recordar todos los hechos que habían ido emergiendo a lo largo del juicio, y no hacer caso de las sugerencias de la defensa, que intentaba que los miembros del panel buscaran más las debilidades que las evidencias, que se divorciaran con abogado de las mismas antes de haberse casado con ellas. 16. Que tanto Lay como Skilling necesitaban desesperadamente de la colaboración de las participadas fuera de libros LJM para alcanzar sus objetivos de beneficios, para manipular los números. 17. Que, ciertamente, las empresas de propósito especial, aunque no usuales en el mundo de los negocios, eran del todo legales y nada malo había en ellas. Lo impropio fue el uso ilegal que de ellas se hizo. Ocurre como con la posesión de una pistola en el estado de Texas; lo malo no es poseerla, sino emplearla para cometer un crimen. 18. Que los tratos con los vehículos Raptor, que en absoluto podían ser considerados como transacciones con terceras partes, fueron aprobados por Skilling mediante inclinaciones de cabeza y parpadeos con Rick Causey. 19. Que la fiscalía, que tiene ciertamente la carga de la prueba, y decide cuándo y cómo llamar a un testigo, no consideró oportuno citar a Causey. Si la defensa esperaba obtener algo bueno de su testimonio, ¿por qué no lo hizo comparecer, tal como tenía previsto? 20. Que los vehículos Raptor tenían un propósito muy específico: dar cobertura a ciertos activos fallidos o incómodos, con las propias acciones de Enron como único soporte, de forma que, cuando tales acciones cayeron, comenzaron los graves apuros de las Raptor, circunstancia que Lay y Skilling no contaron al mercado por cuanto sentían que se trataba de algo que éste no podía comprender. 21. Que esta omisión no fue solo un tema de contabilidad, equivalente al caso del maquillaje de las enormes pérdidas de EES y su traspaso a ENA, sino, pura y simplemente, un crimen de ocultación de información relevante en torno al negocio y a lo que de él se podía esperar.

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22. Que Skilling, a sabiendas de la extrema debilidad de EBS, tuvo la opción de contárselo abiertamente a los analistas, pero no lo hizo. Prefirió mentir y cometió un crimen. 23. Que tanto Lay como Skilling mintieron a Wall Street sobre la verdadera naturaleza del negocio de Enron: no se trataba de una empresa logística, sino de una empresa comercial que asumía enormes riesgos. Y lo hicieron con la finalidad de empujar la cotización de la acción. 24. Que, cuando Skilling dimitió abruptamente el 14 de agosto de 2001, Enron tenía «problemas de 1.000 millones de dólares», tal como testificaron tanto Fastow como Glisan al referirse a las pérdidas «incrustadas» (embedded) que eran «una bomba de relojería a punto de explosionar». 25. Que cuando Lay les dijo a los empleados, después de haber recibido el memorando de Sherron Watkins, que «ninguna otra cosa podía salpicar los zapatos», mintió con la intención de animarlos a comprar acciones de Enron y, de este modo, hacer subir su cotización, cuando él mismo había realizado operaciones de venta a lo largo de los últimos cuatro meses por importe de 24 millones de dólares, mientras sus compras solo ascendían a 4 millones de dólares. Esto era una prueba devastadora de su propósito y de su responsabilidad. 26. Que Skilling mintió al justificar sus ventas de acciones en septiembre de 2001, aprovechando una tragedia nacional para tapar sus huellas. 27. Que Lay también mintió cuando testificó que las disposiciones de su línea de crédito, por importe de 70 millones de dólares, las realizó para atender a los requerimientos de los bancos acreedores. Tenía a su disposición otros activos con los que hacer frente a tales requerimientos (su casa de Aspen, por ejemplo, fue vendida al contado por 10 millones de dólares en enero de 2002, a las 48 horas de ser puesta en el mercado, obteniendo un beneficio neto de 7,6 millones de dólares). 28. Que Lay mintió una y otra vez en su intento de esconder la gestión impropia de Fastow en las SPE de la familia LJM, denunciada por The Wall Street Journal, así como de mostrar que el negocio del agua de Enron tenía un gran potencial de crecimiento. 29. Que Lay limpió los libros de activos internacionales incómodos y mantuvo otros claramente sobrevalorados. 30. Que el ajuste de 1.200 millones de dólares realizado contra recursos propios no fue debido a un error contable, sino consecuencia directa de la catástrofe de las Raptor, y que el testimonio de Gerry Arnold —«el hombre del millón de dólares»— fue superficial y sesgado.

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31. Que el 23 de octubre de 2001 Lay seguía diciéndoles a los empleados que Enron era una empresa fuerte y, justo al día siguiente, sostenía ante el consejo de administración que la liquidez era escasa. 32. Que no se trataba de un caso complicado, sino de un caso tan sencillo y comprensible como «blanco o negro», «verdad o mentira». Berkowitz concluyó sus argumentaciones finales diciendo que consideraba un privilegio haber sido el abogado que podía decir las últimas palabras en este juicio histórico sobre delitos de «cuello blanco», pero que la verdadera palabra final la tenían los miembros del jurado, a los que rogó encarecidamente que analizasen con frialdad los cargos más allá de una duda razonable, sin pensar en las penas que se podían derivar de eventuales declaraciones de culpabilidad, porque en materia de castigo solo decide el juez. Concluido dicho alegato, el juez Sim Lake excusó a los tres jurados suplentes hasta que se leyese el veredicto, y ordenó que diesen comienzo las deliberaciones de los doce miembros titulares del jurado335. Deliberaciones del jurado y juicio separado Día 18 de mayo Segundo día de deliberación del jurado. En paralelo, dio comienzo el juicio sin jurado contra Lay por cargos bancarios. Actuaron, en representación del Gobierno, los fiscales John Hueston y Robb Adkins. El equipo de abogados de la defensa lo capitaneó George «Mac» Secrest. Lay hacía frente a cuatro cargos, uno por fraude bancario y otros tres por presentación de declaraciones falsas al Bank of America, Chase Bank of Texas y Compass Bank. Tales bancos no sufrieron pérdidas directas relacionadas con los hechos juzgados, pero la fiscalía alegaba que Lay violó la ley y puso en riesgo a tales bancos al usar de forma impropia las líneas de crédito comprando acciones al margen. Subieron al estrado, en calidad de testigos del Gobierno, James Shelton, Robert Hanisse y Sally Ballard. Shelton, gerente de relaciones con clientes del Bank of America, testificó, dentro del turno de preguntas de Adkins, que se reunió con Lay en 1999 cuan El jurado estaba compuesto por doce titulares (ocho mujeres y cuatro varones) y tres suplentes, e integraba a gente de muy diversas profesiones (gestor administrativo, lechero, gestor de nóminas, ingeniero jubilado, inspector de barcos, profesor, comercializador de apartamentos, ingeniero de diseño, vendedor de material para cubiertas y tejados, director de colegio, escribiente de tribunal, gestor de personal, auxiliar de ventas jubilado e higienista dental). Se estableció que el jurado deliberaría diariamente de lunes a jueves hasta que obtuviese un veredicto unánime sobre los distintos cargos.

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do este solicitó una línea de crédito para comprar acciones de Enron, haciendo uso de tales acciones como garantía (collateral). Lay deseaba un crédito por importe equivalente al 75% del valor de las acciones, pero Shelton le indicó que las regulaciones solo permitían llegar al 50% de dicho valor. La solicitud fue rechazada, pero más tarde el banco concedió el crédito basándose en la promesa de Lay de no utilizarlo para la compra de acciones al margen. El fiscal Adkins sostuvo que Lay no hizo honor a su compromiso y violó la Regulation U, ley que data de la época de la Gran Depresión. El abogado de la defensa Ken Carroll preguntó al testigo si los documentos que formalizaban el compromiso habían sido firmados de su puño y letra por el propio Lay, o bien se había recurrido a la firma mecánica (autopen). Intervino el juez Sim Lake para preguntar, con cierta sorna, sobre si tenía importancia que Lay hubiese firmado por sí mismo o mediante el uso de una máquina ad hoc, y, tras una breve discusión, dio por cerrado el asunto. Shelton testificó también que Lay era el único cliente, según él recordaba, que tuviera en el banco dos líneas de crédito diferentes: un préstamo «con propósito» y otro «sin propósito». En el primer tipo de préstamo, que permite la compra de acciones al margen, las ratios de acciones usadas como garantía son mucho más altas que en el segundo, que no lo permite. Ambas líneas de crédito se gestionaban por separado para que no hubiese confusiones entre la que podía ser usada para la compra de acciones al margen y la que no podía serlo, y el banco explicó cómo debían usarse tales líneas de crédito y estableció métodos para vigilar, con la diligencia debida, el buen uso de las mismas. En su turno de repreguntas, Ken Carroll mostró documentos bancarios poco claros que podían contener errores, e intentó crear una duda razonable sobre la posibilidad de que el uso impropio de la línea de crédito por parte de Lay se debiese a un error del propio banco. En este sentido preguntó a Shelton si había visto personalmente algún uso indebido por parte de Lay de sus líneas de crédito, a lo que el testigo contestó negativamente. Carroll, tras sostener que las regulaciones federales citadas eran confusas, insistió sobre el tema de la firma mecánica, planteado por él mismo bajo la forma de pregunta preliminar, y repreguntó a Shelton si era capaz de distinguir en un documento una firma manual de una mecánica. La respuesta fue negativa. Carroll aprovechó para poner en cuestión la coincidencia entre las fechas que figuraban en los documentos y las fechas en que fueron realmente firmados sin la presencia de Lay, lo que introducía una duda sobre la posibilidad de que este no conociese el contenido de tales documentos. En este caso se estaría ante un tema civil o, tal vez, de regulación, pero no penal. Sally Ballard, quien trabajó para Lay durante 22 años, dijo que ella y otros solo usaron la firma de «Kenneth L. Lay» para documentos legales tales como los relacionados con los préstamos bancarios objeto de debate

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en el juicio. Para otras cuestiones se usaban firmas tales como «Ken Lay» o, simplemente, «Ken». Ballard testificó que la máquina de firmar, conocida como Autopen, estaba cerrada bajo llave en una sala aparte, y se usaba principalmente cuando Lay estaba de viaje. Repreguntada por Secrest testificó que, en una ocasión, un documento de préstamo revisado por un abogado debía ser firmado y ella utilizó la máquina previa autorización verbal de Lay, que no estaba disponible. Finalmente reconoció que no había dicho nada de todo esto ante el gran jurado y que, en este sentido, su testimonio ante el mismo había sido incorrecto y debía ser alterado. Día 22 de mayo Tercer día de deliberación del jurado, y segundo día del juicio separado contra Lay por cargos bancarios. Subieron al estrado, en calidad de testigos del Gobierno, Sherrie Gibson y Bob Cunnane. Gibson, que trabajó como contable para la familia Lay, reconoció bajo cuestionamiento de los fiscales que su abogado personal lo pagaba Lay, y que se había reunido con él el pasado día 19 de mayo. Gibson fue requerida para que leyera una nota que decía: «Por favor facilítame una relación actualizada de cada préstamo garantizado». Los fiscales presentaron notas similares que Lay envió a Gibson y a otros miembros del equipo que llevaban sus finanzas personales, en un esfuerzo de demostrar que estaba perfectamente informado sobre esta cuestión. Gibson declaró que era una de las personas que tenían capacidad para elegir qué línea de crédito se debía utilizar para realizar las disposiciones. El fiscal Andrew Stolper puso de manifiesto la disparidad entre esta declaración y la que había realizado en su comparecencia ante el gran jurado (sostuvo que Lay era la única persona que tomaba las decisiones). Gibson manifestó que su primera declaración había estado influida, tal vez, por la presión a que la había sometido el fiscal John Hueston, pero que había tenido mucho tiempo para pensar, y que esta era la verdad. Acosada por el fiscal Stolper, Gibson acabó reconociendo que Lay había utilizado desde 1997 hasta 2001 su línea de crédito «sin propósito» para la compra de acciones, pero sostuvo que no conocía la diferencia entre préstamos «con propósito» y «sin propósito», y que nunca pensó que hacía nada turbio. Cunnane, agente del FBI especializado en crímenes de «cuello blanco», testificó que, en su investigación de las finanzas personales de Lay, llevó a cabo un seguimiento de las disposiciones a través de varias cuentas bancarias que venía a demostrar que este había realizado compras de acciones de diversas compañías por importe de millones de dólares, haciendo uso de líneas de

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crédito «sin propósito», y que los correspondientes estados de cuentas de tales compras le habían sido enviados a su domicilio por la compañía de corretaje Charles Schwab, y no a su staff personal. Preguntado por el fiscal Atkins sobre si tenía noticia de que la firma de los documentos se había realizado con una máquina Autopen, Cunnane testificó que había examinado algunos y las firmas no eran idénticas, sino que presentaban características únicas. A continuación compareció, en calidad de testigo de la defensa, Rosalee Fleming, secretaria personal de Lay que ya testificó en el juicio principal. Preguntada por la abogada Wendy Couture, testificó que en su oficina había una máquina Autopen, que no recordaba si había sido utilizada para rubricar documentos relativos a préstamos, y que las placas con la firma de Lay habían sido destruidas hacía mucho tiempo. Finalmente subió al estrado el propio Lay. Preguntado por su abogado Ken Carroll, un Lay amable y relajado manifestó que, durante los dos últimos días, había aprendido mucho más de lo que antes sabía sobre las reglas que rigen el uso de las líneas de crédito para la compra de acciones al margen, y que no iba a discutir los cargos pero sí iba a negar cualquier intención de defraudar a los bancos. Lay dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Que se enteró de que había hecho un uso impropio de sus líneas de crédito la mañana en que le fue leído el auto de acusación. 2. Que añadió otros 10 millones de dólares a la garantía de 15 millones de dólares de su línea de crédito «sin propósito», lo que hizo que pudiese ser utilizada para realizar compras de acciones al margen. 3. Que nadie le explicó con qué línea de crédito estaba trabajando, y que tanto los préstamos como los intereses eran pagados a los bancos de forma conjunta. 4. Que se usaba la Autopen porque tenía que firmar una gran cantidad de documentos y no había otra opción, sino confiar en que estuviesen bien revisados por los miembros de su staff y por los abogados, de forma que no contuviesen nada incorrecto. 5. Que lamentaba no haber tenido tiempo suficiente para revisar con mayor cuidado sus asuntos personales. 6. Que disponía de varias líneas de crédito para tener mayor flexibilidad financiera. 7. Que se endeudaba, en lugar de ejercer sus opciones de venta de acciones de Enron, porque obtenía de ellas la mejor rentabilidad que cabía esperar, y por cuestiones de diversificación. 8. Que las normas para comprar a crédito acciones «al margen» son confusas y poco intuitivas.

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Día 23 de mayo Cuarto día de deliberación del jurado, y tercer día del juicio separado contra Lay por cargos bancarios. Lay mantuvo su tono contrito al comienzo de su segundo día de comparecencia, en un intento de convencer al juez Sim Lake de que firmó documentos en los que se hacía referencia a la Regulation U sin tener conciencia de ello, y que sus propios asesores personales jamás le hablaron de tal regulación. Lay añadió: 1. Que si alguno de sus asesores le hubiera advertido de posibles operaciones impropias, no las habría realizado. 2. Que durante el período 1999-2001 estuvo totalmente absorbido por su trabajo en Enron y no pudo prestar atención a sus finanzas personales. 3. Que un limitado número de personas tenía acceso al sistema de firma Autopen, y que antes de hacer uso de él necesitaban su aprobación. En su turno de repreguntas, el fiscal John Hueston recordó al acusado el testimonio de Shelton, en el sentido de que le había advertido sobre las prohibiciones de la Regulation U contra el uso de líneas de crédito para la compra de acciones. Lay testificó que no recordaba específicamente que Shelton se lo hubiese dicho. A continuación subió al estrado, en calidad de testigo de refutación llamado por el Gobierno, Caroline Mitchell, la empleada del Compass Bank que se reunió con Lay al asumir el control de la línea de crédito del mismo. Preguntada por el fiscal Sean Berkowitz sobre si comprobó que existiese algún documento en virtud del cual se hubiesen modificado los términos y condiciones de utilización de dicha línea de crédito, contestó que no disponía de tal documento y que necesitó obtener confirmación. Tal confirmación se la proporcionó Sherrie Gibson, la contable personal de Lay. La fiscalía (Robb Adkins y Sean Berkowitz) la defensa (George «Mac» Secrest) presentaron sus alegatos finales. Adkins manifestó que había quedado muy claro a lo largo del juicio que Lay intentó engañar a los bancos, y que las reglas, vitales para la protección del sistema financiero, no eran importantes para él. Berkowitz remató diciendo que Lay hizo un uso impropio de sus líneas de crédito con un propósito —actuar con la máxima flexibilidad en sus operaciones financieras personales, y reducir significativamente (del 75% al 50%) su ratio de acciones que debía mantener en garantía— a sabiendas de que se colocaba al margen de las normas. Por su parte, Secrest, a quien el juez Sim Lake interrumpió en varias ocasiones, sostuvo que Lay olvidó las advertencias que se le habían hecho a mediados de la década de los noventa sobre las restricciones del uso de sus

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líneas de crédito cuando, en 1999, comenzó a violar la Regulation U con operaciones que pensaba habían sido bendecidas por Sherrie Gibson y otros en quienes confiaba. El juez Sim Lake comunicó a ambas partes que no daría a conocer su decisión antes de que se leyese el veredicto del jurado del juicio principal. Día 24 de mayo Quinto día de deliberación del jurado. La presidenta del jurado, Deborah Smith, envió una nota al juez Sim Lake solicitando las listas de las diapositivas exhibidas a lo largo del juicio, así como las transcripciones de los testimonios. Dado que tales transcripciones completas ocupaban miles de páginas, el juez contestó con otra nota en la que rogaba al jurado que concretase más su petición. El veredicto Día 25 de mayo Sexto y último día de deliberación del jurado del caso Lay-Skilling. A las 11 horas, Deborah Smith, presidenta del jurado, leyó el veredicto por el que se consideraba: 1. A Lay. Culpable de los 6 cargos, a saber: • Un cargo de conspiración para cometer securities fraud (fraude de valores) y wire fraud (fraude electrónico). • Dos cargos por wire fraud relacionados con las manifestaciones falsas y engañosas realizadas en las reuniones con los empleados, celebradas los días 26 de septiembre y 23 de octubre de 2001. • Tres cargos por securities fraud relacionados con la llamada a una agencia de calificación de riesgos el día 12 de octubre de 2001, y con las reuniones con los analistas celebradas los días 16 y 23 de octubre de 2001. 2. A Skilling. Culpable de 19 cargos, a saber: • Un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. • Doce cargos por fraude de valores relacionados con: a) las transacciones de las Raptor; b) los informes financieros 10-K de los ejercicios 1999 y 2000; c) los informes financieros 10-Q del segundo y tercer trimestres de 2000, y del primer y segundo trimestres de

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2001; y d) las conferencias con analistas celebradas los días 22 y 25 de enero, 23 de marzo, 17 de abril y 12 de julio de 2001. • Cinco cargos por los informes financieros falsos presentados a los auditores con las cartas anuales de representación correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, y con las cartas trimestrales de representación correspondientes al segundo y tercer trimestres de 2000 y al primer trimestre de 2001. • Un cargo por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Enron por importe de 15,59 millones de dólares, realizada el 17 de septiembre de 2001. No culpable de 9 cargos por uso de información privilegiada en ocho operaciones de venta de acciones de Enron realizadas durante el año 2000. El juez Sim Lake anunció que dictaría sentencia el 11 de septiembre336 a las 13h 30m. También anunció que consideraba culpable a Lay por los cuatro cargos (uno por fraude bancario, y tres por presentación de estados bancarios falsos) juzgados en la vista separada sin jurado. Lake decretó la puesta en libertad de los condenados hasta el día de lectura de la sentencia337, previa entrega de sus pasaportes y de sendas fianzas de 5 millones de dólares. Tanto Lay como Skilling, que hacían frente a decenas de años de condena a prisión por los fallos condenatorios de conspiración y fraude, deberían acudir al tribunal cuantas veces se les requiera, y, en todo caso, a las 13h del 11 de septiembre. La defensa anunció una apelación vigorosa. Samantha Martin, portavoz de la Enron Task Force del Departamento de Justicia, anunció que el Gobierno abriría un proceso formal para solicitar del tribunal una orden de confiscación de activos de los condenados por un importe a determinar338. La fecha de la sentencia coincidía curiosamente con el quinto aniversario de los atentados del terrorismo islámico contra las Torres Gemelas del World Trade Center y contra el Pentágono. 337 De acuerdo con las regulaciones judiciales norteamericanas, a partir de la lectura del veredicto, oficiales de la oficina de libertad condicional del tribunal deberían investigar durante algunas semanas los daños causados por los crímenes juzgados, y elaborar un informe previo, con una propuesta de sentencias. Tal informe debería ser presentado al juez Sim Lake el 7 de julio. El informe definitivo, que incluiría una estimación del daño financiero causado por los convictos, sería presentado el 1 de septiembre. A estos informes, que resultaban fundamentales para que el juez pudiese dictar sus sentencias definitivas, tendrían acceso tanto la fiscalía como las defensas, que podrían presentar alegaciones. 338 La ley de Estados Unidos permite que el Gobierno investigue los activos que se sospecha que han sido obtenidos, de forma directa o indirecta, como resultado de la comisión de crímenes. Si tal sospecha se confirma, el juez puede ordenar su confiscación. 336

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Capítulo 19 ESTADOS UNIDOS CONTRA LAY Y SKILLING (VI) LA CONDENA SOÑADA Bonus iudex damnat improbanda, non odiat. (El buen juez condena lo reprobable, no lo odia.) Séneca, De ira, Libro I, XVI, 6 Dissolvitur lex cum fit iudex misericors. (Se desvanece la ley cuando el juez se vuelve compasivo.) Publilio Syro, Sententiae

El fallecimiento de Lay y sus secuelas jurídicas Junio 2006 El día 14, la defensa de Skilling presentó una moción ante el Juez Sim Lake en la que, junto con peticiones absolutamente insólitas, solicitaba que la lectura de la sentencia fuese aplazada cuarenta y cinco días para ayudar a la defensa a la preparación de sus argumentos. El día 17, el juez Sim Lake aceptó aplazar la lectura de su sentencia del día 11 de septiembre al 23 de octubre a las 13 horas. El día 28, la fiscalía notificó que se daría una oportunidad a decenas de miles de accionistas damnificados por la quiebra de Enron para que pudiesen hacer llegar su voz ante el juez Sim Lake, que debía dictar sentencia contra Lay y Skilling339. Una firma especializada venía recogiendo, desde abril de 2002, las declaraciones de los damnificados, y valorando los quebrantos económicos por ellos sufridos. Este procedimiento, llamado victims’ statements, es una de las herramientas que ayudan a los jueces a establecer los términos y condiciones de prisión de los convictos.

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Julio 2006 El día 1, los fiscales federales presentaron al juez Sim Lake una moción en la cual valoraban en 183 millones de dólares el dinero que Lay y Skilling deberían pagar al Gobierno. A Skilling se le reclamaba el pago de 140 millones de dólares en concepto de ventas de acciones, gratificaciones —bonus— y otras compensaciones. Por su parte, Lay debería hacer frente al pago de 43 millones de dólares en concepto de uso impropio de su línea de crédito personal en Enron y gratificaciones. Se trataría de beneficios injustos directamente derivados de la gestión fraudulenta de ambos en Enron. El día 5, Kenneth Lay falleció de madrugada en una antigua granja alquilada de Aspen, Colorado, a la edad de 64 años, como consecuencia de un infarto de miocardio. Al parecer, su corazón enfermo no pudo soportar la enorme tensión a la que hombre tan singular fue sometido desde la quiebra de Enron y, especialmente, durante el juicio en el que un jurado lo declaró culpable de seis delitos de fraude y conspiración. Y, tal vez —solo tal vez—, tampoco pudo soportar el peso de su responsabilidad y de su fracaso. Su inesperada muerte no implicaba en absoluto el final de la gran tragedia que supuso la quiebra de Enron; simplemente, venía a añadir más dramatismo a la historia de una pesadilla. La pregunta que todo el mundo se formuló fue si la muerte de Lay tendría efectos sobre el gran juicio criminal, solo pendiente de sentencia. La mayoría de los expertos opinaron que su fallecimiento invalidaba su declaración de culpabilidad, hacía imposible su sentencia, y dejaba sin efecto el auto mismo de procesamiento, por cuanto el tribunal no podía colgar la etiqueta de culpable a quien no tenía ya la oportunidad de apelar ante instancias judiciales superiores. Otros sostuvieron que, aun cuando la muerte de Lay podría llegar a anular su procesamiento, esta no extinguía las consecuencias civiles de sus actos; por ello, los dos grandes juicios civiles incoados por accionistas y exempleados de Enron contra Lay y otros continuarían de forma inexorable. Además, si bien los fiscales tal vez ya no pudiesen reclamar el pago al Gobierno de 43 millones de dólares por la vía criminal, sí podrían instar otros procedimientos civiles, de resultado incierto, contra sus herederos. Todos los especialistas manifestaron su convicción de que este trágico suceso no tendría ningún efecto significativo sobre la sentencia condenatoria de Skilling. El día 9 se celebró un funeral privado por el eterno descanso de Lay en una capilla interconfesional de Aspen, al que asistió su familia, Skilling y un grupo muy restringido de amigos. Sus restos fueron incinerados.

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El día 12 se ofició un funeral multitudinario en la Primera Iglesia Metodista Unida de Houston, al que asistieron el expresidente George Bush, el exsecretario de Estado James Baker, el exsecretario de Comercio Rob Mosbacher y otras personalidades políticas y líderes de la sociedad civil, amigos de la familia. Diversos personajes pronunciaron panegíricos sobre Lay, un hombre honesto y vilipendiado, al que la historia reivindicaría algún día. El día 20 se supo que la autopsia de Lay, realizada el día 8, había mostrado que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un severo bloqueo de las tres principales arterias coronarias, que provocó un infarto de miocardio. Lay ya había padecido previamente dos infartos, y se le habían implantado sendos stents. El día 21 se dio a conocer el testamento de Lay. Su esposa, Linda, era declarada heredera universal. Agosto 2006 El día 10, Samuel Buffone, el abogado que estaba previsto se hiciese cargo de la apelación de la sentencia de Lay, presentó al juez Sim Lake una moción en la que solicitó ser reconocido por el tribunal como abogado defensor de la herencia del difunto. Buffone anunció que, obtenido este reconocimiento, instaría la revocación de los fallos condenatorios de Lay y la cancelación de su enjuiciamiento. El día 12, en una moción presentada al juez Sim Lake, la fiscalía manifestó que, de acuerdo con la ley, Skilling era responsable pecuniario de los beneficios injustamente obtenidos no solo por él, sino también por los restantes convictos de conspiración, incluido el difunto Lay. Por ello, el Gobierno, haciendo uso del procedimiento conocido como money judgment («orden judicial de pago»), pensaba reclamar de Skilling el pago de 183 millones de dólares, de los que 140 correspondían a sus beneficios personales y 43 a los de Lay. El día 15, el juez Sim Lake accedió a la petición de Buffone. El día 16, el Gobierno comunicó que se opondría a la pretensión de los abogados de Lay de instar la revocación de fallos condenatorios y la cancelación de su enjuiciamiento, y argumentó que lo haría en defensa del derecho que tienen las víctimas del crimen, según la ley, a ser resarcidas por los daños sufridos. Juristas expertos opinaron que los fiscales tenían pocas probabilidades de imponer su criterio, aunque siempre les quedaría la posibilidad de abrir una vía civil para sustanciar las reclamaciones pecuniarias del Gobierno. Pero los fiscales eran plenamente conscientes de que tal vía podría resultar incierta, pues cabía conjeturar que a algunos jurados no les gustaría nada

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que el Gobierno intentase apropiarse hasta del último centavo de la fortuna de un muerto, dejando a su viuda, Linda Lay, con las manos vacías. Pero eso no era todo; un veredicto criminal no resuelve un caso civil, y los fiscales tendrían que empezar prácticamente de cero, lo que supondría mucho tiempo y un alto coste. Además, había que tener en cuenta los dos grandes casos civiles pendientes de juicio, en los que también estaba implicada la fortuna de Lay: una reclamación masiva de inversores, y otra instada por antiguos empleados de Enron. Existía, también, una reclamación judicial de la SEC. Septiembre 2006 El día 6 se rumoreó que el Departamento de Justicia estaba preparando un borrador de ley orientada a instruir a los jueces sobre la posibilidad de mantener vivas las declaraciones de culpabilidad, aun cuando el convicto falleciese antes de que se hubiese completado la totalidad del proceso de apelaciones. Es evidente que se intentaba impedir que el veredicto de culpabilidad de Lay fuese anulado o revocado. A las cuarenta y ocho horas ya se supo que ningún miembro del Congreso de Estados Unidos parecía dispuesto a apadrinar semejante propuesta. El día 16, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, concedió el galardón anual por servicios excepcionales (Attorney General’s Award for Exceptional Service) de su Departamento a los miembros de la Enron Task Force (fiscales federales, agentes del FBI y demás funcionarios del Gobierno y especialistas externos), incluyendo no solo a Sean Berkowitz, Kathryn Ruemmler, John Hueston y Cliff Stricklin, fiscales del juicio contra Lay y Skilling, sino también a su primer director, Leslie Caldwell, a su sucesor, Andrew Weissmann, y a otros fiscales que sirvieron a lo largo de los años en este grupo especial. Octubre 2006 El día 17, el juez Sim Lake, tomando como precedente un fallo anterior del TFAQC, anuló el veredicto de culpabilidad contra Kenneth Lay y dio por terminado su procesamiento. Esta decisión venía a frustrar la intención de la fiscalía de confiscar por la vía criminal 43 millones de dólares de la herencia de Lay en concepto de ganancias ilegales. Sus crímenes quedaban impunes bajo la ley de los hombres. Tal decisión judicial fue recurrida por un panel de accionistas. El 23, inmediatamente después de darse a conocer la sentencia de Skilling, la fiscalía presentó la anunciada demanda civil contra la herencia de Lay.

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Noviembre 2006 El día 6, un panel de tres jueces del TFAQC desestimó el recurso presentado por un grupo de accionistas contra la decisión de Sim Lake de anular el veredicto de culpabilidad contra Kenneth Lay y dar por terminado su procesamiento. El día 14, la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, y el senador Jeff Sessions, republicano por Alabama, ambos miembros del Comité Jurídico del Senado, presentaron una propuesta legislativa para regular los procedimientos legales en el caso de que un convicto fallezca antes de haber agotado sus posibilidades de apelación. La ley, en caso de ser aprobada, tendría efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2006, y permitiría a las víctimas de los crímenes juzgados resarcirse de las consecuencias de los mismos. La propuesta del Departamento de Justicia, que no encontró patrocinador en el Congreso, revivía340. El día 21, el Departamento de Justicia anunció que no apelaría la decisión, por parte del juez Lake, de limpiar el nombre de Lay. Noviembre 2007 El día 15, el juez Ewing Werlein autorizó al Gobierno a proseguir en sus intentos de confiscar 13 millones de dólares de la herencia de Lay, desoyendo la petición que le había formulado su viuda. El juez reconoció en su auto que los argumentos aportados por el Gobierno sobre la procedencia fraudulenta del dinero reclamado constituían base suficiente para la instrucción de un juicio civil de confiscación. El Gobierno presentó la correspondiente demanda civil contra la viuda de Lay. La sentencia de Skilling Año 2006 En julio se hizo público que el día de la lectura de su sentencia, Skilling tendría que escuchar de primera mano la forma en que sus crímenes afectaron a la gente que perdió su dinero y su trabajo cuando se produjo la quiebra de la compañía341. Este derecho se deriva de una ley federal —la Crime Victims Ver el artículo de David Ivanovich y Kristen Hays, publicado el 16 de noviembre de 2006 en el diario Houston Chronicle bajo el título «Lay’s death leads senators to offer restitution measure». 341 Ver el artículo de Kristen Hays, de Associated Press, publicado el 30 de julio de 2006 bajo el título «Enron victims could speak at Skilling, Fastow sentences». 340

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Rights Act— que acrecienta los derechos de las víctimas de crímenes federales, incluso si se trata de delitos de «cuello blanco». Dada la gran cantidad de afectados por el escándalo Enron, podría ocurrir que el ejercicio de tal derecho exigiese que el procedimiento de lectura de la sentencia de Skilling se prolongase más de un día. A comienzos de octubre, Skilling pidió al juez Sim Lake que revocase su veredicto de culpabilidad, argumentando que la resolución del TFAQC, que revocó los veredictos de culpabilidad de exejecutivos de Merrill Lynch en el juicio «Barcazas», también era aplicable a su caso. Tal petición fue denegada. Finalmente, el día 23 de octubre, tras escuchar el testimonio de siete víctimas del escándalo Enron, el juez Sim Lake sentenció a Skilling a 24 años y cuatro meses de prisión. Lake manifestó que el dictar sentencias era la parte más difícil y menos grata de su trabajo, pero añadió que los crímenes de Skilling habían sentenciado de por vida a la pobreza a centenares si no a millares de personas. Lake también ordenó la participación del condenado en programas de rehabilitación de la salud mental (depresión) y de la adicción al alcohol, y aprobó la confiscación de 45 millones de dólares de su patrimonio para resarcir a los empleados de Enron. Skilling manifestó que era inocente de todos y cada uno de los cargos por los que se le condenaba. La defensa de Skilling anunció una apelación vigorosa. Juristas expertos adelantaron que las líneas maestras de tal apelación serían, muy probablemente, la negativa del juez a trasladar el juicio a otra ciudad, sus instrucciones al jurado sobre «ignorancia deliberada», y el fallo del TFAQC en el juicio «Barcazas» sobre la aplicación de la teoría de «privación de “servicios honestos”». La sentencia era, pues, una batalla ganada muy importante, pero no suponía la destrucción del enemigo y el fin de la guerra; quedaban penúltimas batallas por librar. Porque, dejando aparte el crucial tema de la sumamente controvertida teoría de los «servicios honestos», lo cierto es que el juicio se había celebrado en una ciudad en la que reinaba un ambiente hostil y envenenado para los acusados. Ya el 11 de enero de 2002, el Houston Chronicle había publicado una columna de su redactor con sede en Washington, Cragg Hines, con un título demoledor: «Your Tar and Feathers Ready? Mine Are.» («Su alquitrán y sus plumas ¿están preparados? Los míos lo están.»). Se trataba de una referencia expresa a un antiguo «Código del Oeste», que consideraba aceptable el que una horda de ciudadanos indignados emplumase a ciertos criminales sin someterlos a juicio. Dio comienzo una gran witch hunt («caza de brujas»), y tanto a Lay como a Skilling se les comparó con Al

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Qaeda, Hitler y Satán, y se les calificó de terroristas y otras lindezas de grueso calibre. Y en una canción de rap local, titulada «Drop the S Off Skilling» se consideraba a Skilling como un amenazador y truculento asesino. A nadie debería sorprender que al comenzar el juicio, el cargado ambiente reinante se pudiera cortar con una navaja. Pero Lake consideró que esto no influiría en el jurado. Se percibió un cierto sentimiento de simpatía colectiva en Wall Street hacia Skilling. Algunos pensaron, y así lo manifestaron, que no parecía lógico que la sentencia pronunciada fuese cuatro veces mayor que la dictada el 26 de septiembre contra Fastow (6 años), quien se benefició personalmente de las sociedades no consolidadas en mucha mayor medida que sus jefes, que solo lo hicieron, en su caso, de forma indirecta. El día 15 de noviembre, la Oficina Federal de Prisiones determinó que Skilling debería ingresar en la prisión de baja seguridad de Waseca, Minnesota, a poca distancia de la frontera de Canadá. De momento permanecería en su domicilio, controlado por un dispositivo electrónico, tal como determinó el juez Lake el 23 de octubre. El día 11 de diciembre, en una decisión un tanto inusual, el TFAQC emitió una orden por la que se posponía el ingreso de Skilling en la prisión de baja seguridad de Waseca, hasta que pudiera considerar cuidadosamente los recursos presentados contra las declaraciones de culpabilidad por 19 cargos criminales. Al cabo de cuarenta y ocho horas, el juez Patrick Higginbotham del TFAQC ordenó la inmediata encarcelación de Skilling. Higginbotham precisó que, aun cuando apreciaba «fragilidades serias» en las convicciones de Skilling, no tenía dudas razonables de que la apelación pudiese llegar a cambiar el veredicto de culpabilidad, por lo que no procedía mantenerlo en libertad bajo fianza durante el proceso de apelación. Al ingresar en Waseca, Skilling se convirtió en el preso 29296-179. Año 2007 El día 7 de septiembre, la defensa de Skilling interpuso un recurso ante el TFAQC solicitando el rechazo y cancelación de las 19 condenas dictadas por el juez Sim Lake. Los argumentos esgrimidos fueron los ya esperados: a) que los fiscales usaron una teoría considerada defectuosa por el propio tribunal de apelaciones (juicio «Barcazas») al acusar a Skilling de haber privado a Enron de sus «servicios honestos»; b) las instrucciones dadas por Sim Lake al jurado sobre «ignorancia deliberada»; c) la negativa del juez a trasladar el juicio a otra ciudad; y d) el excesivo rigor de la pena (24 años y 4 meses).

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Dio comienzo un largo proceso de argumentaciones y audiencias que duraría más de un año. Año 2009 El día 6 de enero, un panel de tres jueces del TFAQC desestimó la apelación de Skilling y mantuvo la totalidad de los veredictos de culpabilidad (19), por entender que los abogados defensores no habían podido demostrar la utilización por parte del Gobierno de una teoría legal errónea a lo largo del juicio. No obstante, el panel apreció que el juez Sim Lake se equivocó al aplicar la guía federal sobre sentencias, la cual relaciona la pena en meses con el daño económico infligido por el convicto. En consecuencia, Skilling —internado a la sazón en Denver, Colorado— debía ser sentenciado de nuevo. Al parecer, el juez Lake tuvo en cuenta al calcular los meses de prisión un argumento equivocado del Gobierno: que los fondos de pensiones, puestos en peligro por el convicto, eran «instituciones financieras». El panel opinó que a tales fondos no se les podía otorgar semejante calificación. Algunos expertos opinaron que, eliminada esta circunstancia agravante, la sentencia inicial podía verse reducida a 20 o, incluso, a 15 años. En febrero, la defensa de Skilling intentó presentar unan segunda apelación ante el plenario de 16 jueces del TFAQC, pero fue inmediatamente denegada. Solo quedaba la apelación ante el Tribunal Supremo, la cual fue presentada el día 12 de mayo. El brillante trabajo de la defensa tuvo sus frutos. En efecto, el día 13 de octubre se supo que el Tribunal Supremo, muy selectivo a la hora de escoger los casos merecedores de su escrutinio342, había acordado revisar la condena de Skilling atendiendo a dos de sus alegaciones: a) que el juicio se había realizado en Houston, en un ambiente muy caldeado por una ola de indignación popular y mediática que podía haber contaminado el veredicto del jurado; y b) que algunas de sus condenas se habían basado en la aplicación errónea de la controvertida teoría de la privación de «servicios honestos». La apelación de Skilling se vería en las primeras semanas de 2010, tras haberse celebrado en diciembre de 2009 las vistas correspondientes a otras El Tribunal Supremo de Estados Unidos recibe anualmente unas 10.000 apelaciones, de las que solo selecciona del orden de 80, y fija fechas para las correspondientes vistas. Generalmente revoca un 75% de las condenas recurridas.

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dos apelaciones que desafiaban la teoría de «servicios honestos», a saber: la de Conrad Black, expresidente de Hollinger International, el tercer grupo periodístico de habla inglesa a nivel mundial, condenado a seis años y medio de prisión por tres cargos de fraude postal y uno de obstrucción a la justicia; y la de Bruce Weyhrauch, exmiembro de la Cámara de Representantes del Estado de Alaska, acusado de fraude postal por ocultar que solicitó trabajo de consultoría legal a una empresa de construcción de oleoductos, para la cual había realizado labores de cabildeo durante la legislatura en orden a reducir sus impuestos. Todos ellos, según diferentes fiscales federales, privaron de sus servicios honestos a alguien: a empresas, a accionistas, a los ciudadanos de Alaska… Dicha teoría nació en 1988 con la revisión del Estatuto Federal de Fraude Postal y Electrónico (Federal Wire and Mail Fraud Statute), en el que se estableció que era criminal poner en práctica un «esquema o artificio para privar a otro del derecho intangible a servicios honestos» («scheme or artifice to deprive another of the intangible right of honest services»). Lo que en el fondo esta ley viene a dictar es que el ciudadano tiene derecho a esperar un comportamiento honrado por parte de la gente de los negocios y de los funcionarios públicos. La ley, que no precisa más, se ha convertido en la herramienta de acusación favorita de los fiscales federales en la instrucción de procedimientos criminales contra presuntos delincuentes de «cuello blanco» o funcionarios públicos felones. Pero su extrema vaguedad ha llevado a los tribunales de apelaciones de los distintos circuitos federales, que no han llegado a un consenso sobre su significado, a emitir fallos diferentes para recursos similares, lo que crea no poca confusión jurisprudencial. Son numerosos los juristas que opinan que esta ley otorga a los fiscales demasiada libertad de actuación, y no faltan quienes consideran que es inconstitucional. Parece indudable que el Tribunal Supremo había tomado la decisión, al seleccionar estos tres casos en concreto, de meditar seriamente sobre una ley tan controvertida, promulgada hacía ya veintiún años, cuya ambigüedad podía propiciar abusos del Gobierno y, en todo caso, confusión en los tribunales de apelación de los circuitos federales343. Este asunto despertó expectación, pues en el seno del propio alto Tribunal existían posiciones encontradas. Lo que en el fondo se planteaba era lo siguiente: el «derecho intangible a la honestidad», tan amorfo por En Estados Unidos existen trece circuitos federales de apelaciones: el Circuito del Distrito de Columbia, los Circuitos Primero a Undécimo, y el Circuito Federal.

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su indefinición, ¿es acaso un concepto que pueda dar soporte suficiente a una pena de prisión? En concreto, el magistrado Antonin Scalia manifestó un desacuerdo devastador con la posición mayoritaria de sus compañeros, que desestimaron un recurso de Robert Sorich —jefe de campaña del exalcalde de Chicago, Daley—, a quien se imputaba el delito de prácticas de contratación corruptas. La apelación fue desestimada con la discrepancia de Scalia, quien llegó a escribir en su voto particular algo así como344: Si la teoría de «servicios honestos» se toma en serio y se sacan de ella las conclusiones lógicas, presumiblemente la ley también convierte en criminal la decisión de un legislador del Estado cuando da su voto a un proyecto de ley por cuanto espera rastreramente que podrá conquistar el favor de una pequeña minoría de votantes esencial para su reelección; el intento de un alcalde de hacer uso del prestigio de su cargo para obtener mesa en un restaurante sin haber realizado reserva previa; la recomendación de un funcionario de que se adjudique a un amigo incompetente un contrato público; y cualquier transacción hecha por un ejecutivo empresarial teniendo en cuenta su propio beneficio [self-trading]. De hecho, incluso podría abarcar la llamada telefónica de un empleado de baja cualificación que dice estar enfermo para poder asistir a un partido de fútbol.

Scalia ha manifestado sin empacho que la vaguedad del término «servicios honestos» es exasperante, y ha denunciado que la carencia de un principio de limitación coherente y claro invita al abuso por parte de los fiscales, sobre todo en los casos de gran repercusión pública y mediática, en los que se persigue a funcionarios locales, legisladores estatales, y directores ejecutivos empresariales por conductas presuntamente ilegales o, incluso, éticamente discutibles. Todo esto conduce a que los tribunales federales vayan tejiendo una jurisprudencia criminal sobre la conducta «no ética», lo cual Scalia considera absolutamente intolerable. Pero otros magistrados del Tribunal Supremo no comparten estas ideas. Entre ellos, al parecer, se encuentra Sonia Sotomayor, recién elegida por el presidente Obama, y procedente del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York. El 24 de junio de 2010, el Tribunal Supremo emitió un fallo unánime, en el sentido de que la ley de «servicios honestos» solo es aplicable a los casos de soborno y de pagos indebidos por adjudicación de contratos. Dado Ver artículo de Michael Miner, publicado el 22 de octubre de 2009 en el Chicago Reader bajo el título «Should Unfair Be Illegal? Thanks to Conrad Black, the Supreme Court is set to think on the mushy concepts of honesty and intangible rights».

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que Skilling no fue procesado por ninguno de tales cargos, aquellos otros que fueron enjuiciados tomando erróneamente como base esta ley debían ser juzgados de nuevo o simplemente sobreseídos. Sin embargo, el Tribunal Supremo dejó en manos del TFAQC el decidir si se trataba o no de un error sin consecuencias, dado que los cargos también fueron enjuiciados de acuerdo con otras leyes. Por otra parte, el Tribunal Supremo consideró, con el voto en contra de la magistrada Sotomayor, que Skilling había sido sometido a un juicio imparcial en Houston. Esta importante sentencia afectaba también a los casos de Conrad Black y de Bruce Weyhrauch. El fallo del Tribunal Supremo fue, sin duda, un duro revés para el Gobierno y una victoria para la defensa de Skilling, pero de alcance azaroso: ahora, la «patata caliente» estaba de nuevo en las manos de la corte federal de apelaciones (TFAQC), que debía reexaminar uno a uno todos los cargos sentenciados, que ya habían pasado por su tamiz en enero de 2009. Skilling pidió su puesta en libertad bajo fianza hasta que se pronunciase el TFAQC. Le fue denegada. El 3 de febrero de febrero de 2011, un hijo de Skilling falleció en extrañas circunstancias en su casa de Santa Ana (California). Sorprendentemente, a Skilling se le negó también la salida temporal de la cárcel para poder asistir al funeral. El 7 de abril de 2011, el TFAQC decidió: a) confirmar todas las condenas dictadas contra Skilling, por entender que la mención de la ley de «servicios honestos» hecha por los fiscales era un error «inofensivo», y que las pruebas presentadas en el juicio fueron tan abrumadoras que el veredicto hubiese sido el mismo si la controvertida ley no hubiese sido mencionada en las instrucciones dadas al jurado; y b) que el caso fuese devuelto al juez Lake para que este volviese a dictar sentencia, con el fin de corregir las equivocaciones detectadas al aplicar la guía federal sobre sentencias. Lo que Skilling consideró, esperanzado, una gran victoria, había devenido en una victoria pírrica. Ahora solo le cabe esperar una sentencia menos rigurosa. El tiempo lo dirá. Solo cabe añadir un comentario personal sobre la controvertida ley de «servicios honestos». Si realmente y en último término lo que se debate es si todo lo injusto o desleal debe ser ilegal, mi respuesta es negativa. Ni todo lo lícito es honesto, ni cabe legislar de forma genérica sobre ética o, si se prefiere, sobre moral. La legislación y la ética pertenecen a órdenes

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distintos y autónomos. Mas no es este el lugar apropiado para tratar de tan delicadísimo asunto. Será en mi próxima obra donde me atreveré a hacerlo. Sentencias de los colaboradores Tras los veredictos de culpabilidad emitidos el 25 de mayo de 2006, y a lo largo de un período de doce meses, se fueron sucediendo las sentencias aún pendientes de los catorce exempleados de Enron que se declararon culpables de cargos menores y suscribieron acuerdos de colaboración con la justicia (Ben Glisan y Lea Fastow no suscribieron tales acuerdos, y ya habían sido condenados en 2003 y 2004, respectivamente). El día 26 de junio de 2006, Lawrence Lawyer fue sentenciado a dos años de libertad condicional por el juez federal de distrito de Houston, Kenneth Hoyt. Lawyer, exempleado del área financiera de Enron, se declaró culpable en noviembre de 2002 de un delito de ocultación al fisco de unos pagos por importe total de 79.469 dólares que le hizo Kopper, el lugarteniente de Fastow, para premiar su intervención en la transacción RADR, considerada ilegal por los fiscales. El juez no le impuso a Lawyer ninguna multa, que podría haber llegado a alcanzar los 250.000 dólares, argumentando que sus erráticos pagos al fisco y su donación del dinero recibido y no declarado al fondo de exempleados de Enron constituían una restitución suficiente. El día 16 de agosto de 2006, Christopher Calger, testigo de la fiscalía no llamado a declarar, planteó en un juzgado de Houston la posibilidad de retractarse de la declaración de culpabilidad que firmó el 14 de julio de 2005, invocando el precedente que suponía la resolución del TFAQC, que revocó los veredictos de culpabilidad de exejecutivos de Merrill Lynch argumentando que trabajaron en beneficio de Enron y de su banco, y no en el suyo propio. El día 16 de septiembre de 2006, Timothy DeSpain, exadjunto al tesorero de Enron, y testigo del Gobierno en el juicio contra Lay y Skilling, fue sentenciado por el juez federal de distrito Ewing Werlein a cuatro años de libertad condicional (probation) y a pagar 10.000 dólares al fondo de la SEC para resarcimiento de las víctimas de la quiebra de Enron. El día 18 de septiembre de 2006, David Delainey, ex CEO de EES, fue sentenciado por el juez federal de distrito Kenneth Hoyt a dos años y medio de prisión por un delito de uso de información privilegiada en la venta de acciones de Enron. Adicionalmente, la sentencia estableció que Delainey debía

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devolver al Departamento de Justicia los 4,2 millones de dólares de beneficios que obtuvo en la venta de acciones, más otros 3 millones de dólares a la SEC; también debía pagar 60.000 dólares —el coste de sus treinta meses de encarcelación—, que irían a engrosar el fondo de la SEC para las víctimas del colapso de Enron. Delainey fue uno de los testigos clave presentados por los fiscales en el juicio contra Lay y Skilling, y, por ello, recomendaron al juez Hoyt que dictara una sentencia inferior a la establecida en la guía federal. Hoyt atendió tal petición, pero antes de pronunciar sentencia manifestó que tenía la seguridad de que la culpabilidad del convicto era mucho más amplia y profunda que la reconocida en su acuerdo de colaboración con la justicia. El día 26 de septiembre de 2006, Andrew Fastow fue sentenciado por el juez federal de distrito Kenneth Hoyt a seis años de prisión y a otros dos de libertad condicional por su papel en la quiebra de la compañía. Hoyt manifestó, al leer su sentencia, que había tenido en cuenta la buena conducta y sincero arrepentimiento del convicto por el daño cometido, su sufrimiento y el de su familia, su excelente colaboración con la justicia penal, proporcionando información vital que había contribuido de forma decisiva a construir el procesamiento de Lay y de Skilling, y con la civil, dando soporte a las reclamaciones de los inversores afectados, lo que ya había permitido que estos recuperasen miles de millones de dólares. Además, había sido, con mucho, quien más había contribuido de forma personal a los fondos de ayuda a los extrabajadores. «La clemencia mueve el brazo de la justicia», añadió. Fastow pidió perdón a todas las víctimas, y manifestó sentir vergüenza por lo que había hecho. Tanto los fiscales del juicio Lay-Skilling, como algunos de los abogados de la acusación de los pleitos civiles, habían pedido al juez Hoyt que dictase una sentencia inferior a la máxima de diez años pacta a en su acuerdo de colaboración con la justicia, dado el papel excepcional desempeñado por Fastow en el esclarecimiento del escándalo Enron, pero casi nadie esperaba que el juez fuera tan clemente. Fueron muchos quienes criticaron la sentencia por considerarla excesivamente benévola (extrabajadores, pequeños inversores y algunos antisemitas viscerales). Desde luego, lo que sí se podía apreciar en la sentencia dictada era su asimetría en relación con la de Ben Glisan —también testigo crucial—, del que, tras este precedente, sería lógico que viese acelerada su puesta en libertad345. De hecho, así ocurrió. Glisan pasó a finales de ese mismo mes de septiembre a arresto domiciliario, y quedó en libertad en enero de 2007. Cumplió poco más de tres años de condena.

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El día 6 de octubre de 2006, la jueza Belinda Harmon sentenció a Paula Rieker, ex número dos de la dirección de relaciones con los inversores y exsecretaria corporativa de Enron Corp., a dos años de libertad condicional (probation), y al pago de una multa de 50.000 dólares. Ya se esperaba una condena benévola, dada su excelente colaboración con la justicia en el juicio contra Lay y Skilling. El día 15 de noviembre de 2006, Richard Causey fue sentenciado por el juez Sim Lake a cinco años y seis meses de prisión, y al pago de una multa de 1.250.000 dólares, que se destinaría a resarcir a los accionistas. Es de destacar el hecho de que, al contrario de lo que hicieron Fastow, Glisan y Kopper, Causey no se benefició personalmente de las manipulaciones contables que se realizaron. El día 17 de noviembre de 2006, Michael Kopper, un día mano derecha de Fastow, fue sentenciado por el juez Ewing Werlein a tres años y un mes de prisión, seguidos de dos de libertad condicional. Una hora más tarde, el mismo juez sentenció a Mark Koenig a dieciocho meses de prisión, también seguidos de dos años de libertad condicional. Adicionalmente, ambos fueron condenados al pago de sendas multas de 50.000 dólares, destinadas a engrosar los fondos de compensación de las víctimas del escándalo Enron. Es de notar que, en virtud de sus declaraciones de culpabilidad, Kopper y Koenig ya pagaron al Gobierno, respectivamente, 12 y 1,5 millones de dólares. El juez Werlein manifestó que Koenig cometió sus crímenes haciendo aquello que sus superiores esperaban de él, y que era una buena persona inmersa en una mala cultura fuera de control. En cuanto a Kopper, alabó su total entrega a trabajos de carácter social. El día 14 de febrero de 2007, Timothy Belden fue sentenciado por el juez federal de distrito de San Francisco, Martin Jenkins, a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 10.000 dólares por su participación en los mecanismos fraudulentos urdidos para manipular el mercado eléctrico de California durante los años 2000 y 2001. El juez Martin también sentenció a Jeffrey Richter a la misma pena. El día 22 de marzo de 2007, John Forney, el tercer ex trader de Enron que se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, fue sentenciado por el juez federal de distrito de San Francisco, Martin Jenkins, a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 4.000 dólares. Su destacada participación en los mecanismos fraudulentos urdidos para manipular el mercado eléctrico de California durante los años 2000 y 2001 —«Death Star», «Get Shorty», «Ricochet» y demás familia—, que le per-

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mitieron a Enron embolsarse casi 1.000 millones de dólares, les había salido a los tres ex traders con mando en plaza prácticamente gratis. El sufrido consumidor de California y de la costa Oeste recibió un mensaje desolador: Si bien el robar, o el abusar de la posición de dominio, está feo… tampoco es para tanto. Se trató de tres sentencias muy benévolas. El día 31 de marzo de 2006, el juez federal de distrito Lee Rosenthal autorizó a la fiscalía el sobreseimiento de la declaración de culpabilidad suscrita por Christopher Calger en 2005. Con ello, las declaraciones de culpabilidad de exempleados de Enron sujetas a sentencia se redujeron de dieciséis a quince. El día 4 de junio de 2007, Kevin Hannon, ex COO de EBS, fue sentenciado por la jueza Vanessa Gilmore a dos años de prisión y al pago de una multa de 125.000 dólares. El día 18 de junio de 2007, Kenneth Rice, ex co-CEO de EBS, fue sentenciado por la jueza Vanessa Gilmore a dos años y tres meses de prisión y al pago de una multa de 50.000 dólares, que se vino a sumar a los casi 13 millones de dólares en efectivo y propiedades (un coche de lujo, una residencia de vacaciones en Colorado y valiosas joyas) que la fiscalía ya bloqueó cuando se firmaron la declaración de culpabilidad y el acuerdo de colaboración con la justicia. La sentencia de Rice fue la última de las dictadas contra los exejecutivos que se declararon culpables y se avinieron de forma expresa a colaborar con la justicia. Algunas de las sentencias llamaron la atención por su extrema levedad, máxime teniendo en cuenta que, a la hora de la verdad, solo unos pocos de los dispuestos a actuar de «soplones» comparecieron como testigos en los juicios criminales. Por el contrario, las sentencias en los juicios con jurado fueron en general muy severas, sobre todo en el caso de exejecutivos que tuvieron un papel modesto en el escándalo. Con el fin de intentar poner orden en el maremágnum de juicios criminales con y sin jurado, nombres, fechas, sentencias y recursos, a los que he hecho referencia hasta el momento, incluyo los Cuadros 1, y 2, en la confianza de que le permitirán al lector ya abrumado, tomándolos como hilo de Ariadna, salir, cansado pero instruido, de tan enredado laberinto.

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Cuadro 1 Juicios criminales sin jurado (declaraciones de culpabilidad) Fecha declar. culpab.

Acuerdo colabor. justicia

Fecha

Pena

David Duncan

09/04/02

Sí

-

-

Michael Kopper

20/08/02

Sí

17/11/06 3 a y 1 m prisión

(c)

Timothy Belden

18/10/02

Sí

14/02/07 2 a libertad cond.

(c)

Lawrence Lawyer

26/11/02

Sí

26/06/06 2 a libertad cond.

(c)

Jeffrey Richter

04/02/03

Sí

14/02/07

2 a libertad cond.

(c)

Ben Glisan

10/09/03

No

10/09/03

5 a prisión

(c)

David Delainey

28/10/03

Sí

18/09/06 2 a y 6 m prisión

Andrew Fastow

14/01/04

Sí

26/09/06

6 a prisión

Lea Fastow

06/05/04

No

06/05/04

1 a prisión

(c)

Paula Rieker

19/05/04

Sí

06/10/06

2 a libertad cond.

(c)

Kenneth Rice

30/07/04

Sí

18/06/07 2 a y 3 m prisión

(c)

John Forney

06/08/04

Sí

22/03/07 2 a libertad cond.

(c)

Mark Koenig

25/08/04

Sí

17/11/06 1 a y 6 m prisión

(c)

Kevin Hannon

31/08/04

Sí

04/06/07

(c)

Timothy DeSpain 07/10/04

Sí

16/09/06 4 a libertad cond.

Chris. Calger

14/07/05

Sí

Richard Causey

28/12/05

Sí

15/11/06 5 a y 6 m prisión

D. Bermingham

27/11/07

No

22/02/08 3 a y 1 m prisión

(c)

Giles Darby

27/11/07

No

22/02/08 3 a y 1 m prisión

(c)

Gary Mulgrew

27/11/07

No

22/02/08 3 a y 1 m prisión

(c)

Nombre

Sentencia (a)

-

2 a prisión

-

Observ. (b)

(c)

(c) (d)

(a) a: años; m: meses (prisión o libertad condicional). (b) Exauditor de Arthur Andersen. Cargos sobreseídos. (c) Pena cumplida. (d) Declaración de culpabilidad sobreseída.

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Cuadro 2 Juicios criminales con jurado Juicios Andersen «Barcazas» Dan Boyle Sheila Kahanek William Fuhs Daniel Bayly Robert Furst James Brown «Banda ancha» Joe Hirko Kevin Howard F. Scott Yeager Michael Krautz Rex Shelby USA vs. L&S Kenneth Lay Jeffrey Skilling

Veredicto del Sentencia (b) jurado (a) Fecha Vered. Fecha Pena 06/05/02 15/06/02 C 16/12/02 (c) Fecha inicio

20/09/04 04/11/04

18/04/05 21/07/05

30/01/06 25/05/06

C NC C C C C

3 a y 10 m 23/04/05 3 a y 1 m 3ay6m 3ay1m 3 a y 10 m

SV SV SV SV SV C C

Obs. (d) (e) (f) (g) (h) (i)

(j)

23/10/06 24 a y 4 m

(k) (l)

(a) C: Culpable; NC: No culpable; SV: Sin veredicto por «desacuerdo insuperable». (b) a: años de prisión; m: meses de prisión. (c) 5 años de funcionamiento bajo vigilancia y multa de 500.000 dólares. (d) Sentencia revocada por el Tribunal Supremo el 31 de mayo de 2005. Juicio anulado. (e) Pena cumplida. (f) Sentencia revocada por el TFAQC. (g) El TFAQC anuló los cargos por fraude, así como los correspondientes veredictos de culpabilidad. La fiscalía acabó retirando los cargos. (h) Ídem. Pero Furst acabo aceptando una pena de un año de libertad condicional. (i) El TFAQC anuló los cargos por fraude, así como los correspondientes veredictos de culpabilidad, pero mantuvo los cargos por perjurio y obstrucción a la justicia. La fiscalía también retiró los cargos anulados, pero el juez federal deberá determinar si debe reingresar o no en prisión por tales cargos (ya juzgados). (j) Juicio nulo. El jurado sólo llegó a un acuerdo absolutorio sobre 24 cargos, y manifestó su desacuerdo insuperable sobre los 168 cargos restantes. El Gobierno instó tres nuevos juicios separados: A, contra Howard y Krautz; B, contra Scott Yeager; y, C, contra Hirko y Shelby. En el juicio A, Krautz fue absuelto (NC) y Howard declarado culpable; tras un recurso, y antes de ser juzgado por tercera vez, Howard llegó a un acuerdo con el Gobierno, y fue condenado a un año de libertad condicional y nueve meses de arresto domiciliario. Hirko llegó también a un acuerdo de colaboración con la justicia y fue condenado a 16 meses de prisión. Yeager fue absuelto en apelación de todos los cargos. Y Shelby, para dar fin a un calvario judicial de ocho años, se declaró culpable de un cargo de uso de información privilegiada y fue sentenciado a tres meses de cárcel, tres meses de arresto domiciliario, y dos años de libertad condicional. (k) Veredicto de culpabilidad anulado y procesamiento concluido por fallecimiento. (l) En espera de ser sentenciado de nuevo.

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Capítulo 20 LAS GRANDES DEMANDAS CIVILES Transactio est timor litis. (La transacción implica temor al pleito.) Proverbio jurídico Lis numquam, toga rara, mens quieta;… (Pleitos, nunca; abogados, rara vez; el espíritu, sosegado;…) Marco Valerio Marcial, Epigramas, Libro X, XLVII, 5

La demanda Mark Newby El 8 de diciembre de 2001, apenas trascurridos cinco días desde la quiebra de Enron, el Amalgamated Bank, en su calidad de fideicomisario del fondo de pensiones Longview Collective Investment Fund, presentó en un tribunal federal de distrito perteneciente a la División Sur de Texas con sede en Houston, presidido por la jueza Belinda Harmon, una demanda civil de 25.000 millones de dólares contra 29 ex altos ejecutivos de Enron y miembros externos de su consejo de administración, quienes, a sabiendas de la verdadera situación de la compañía, vendieron todas sus acciones antes de producirse el hundimiento de las cotizaciones. La demanda civil también incluía a Andersen. Ya antes de esta fecha, e incluso antes de la quiebra, se habían presentado algunas demandas individuales. Pero a partir de ella se produjo una avalancha de demandas civiles de accionistas perjudicados, o de entidades que actuaban en calidad de fideicomisarias de grupos de afectados de forma similar. La más sonada fue la presentada día 21 de diciembre de 2001 por la Universidad de California, también en Houston, contra 29 ex altos ejecutivos de Enron y todos los miembros externos de su consejo de administración, y contra Andersen y varios de sus directivos. El período de la demanda abarcaba las compras de acciones efectuadas entre el 29 de octubre de 1998 y el

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27 de noviembre de 2001, que se consideraban incluidas dentro del esquema fraudulento tipo Ponzi urdido por Enron. La multiplicidad de demandantes y demandados propició la progresiva agregación de causas en grupos, es decir, la conformación de demandas consolidadas. De todas ellas, la más importante y famosa fue, sin duda, la denominada Mark Newby No. H-01-3624, la cual fue aceptada y registrada en Houston como una class action (demanda colectiva), es decir, como una demanda iniciada por una o más personas físicas o jurídicas en su propio nombre y en representación de un grupo mucho mayor de demandantes «que se encuentran en situaciones similares»346. En ella figuraban, entre otros destacados demandantes, la Universidad de California, el Amalgamated Bank, el Washington State Investment Board, el Illinois State Board of Investment, el San Francisco City and County Employees’ Retirement System, y la Archdiocese of Milwaukee. El día 15 de febrero de 2002, la jueza Harmon, basándose en un conjunto de factores financieros y legales, que incluían la cuantía de las pérdidas sufridas por los múltiples demandantes, nombró a la Universidad de California (uno de los mayores damnificados) demandante principal de la demanda Newby347. Como consejero jurídico principal, la Universidad de California eligió al bufete Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach LLP, una de las grandes firmas de abogados más experimentadas en pleitos civiles, que ya venía asesorando al Amalgamated Bank desde el principio. William S. Lerach asumió la dirección del caso. El día 8 de abril de 2002, la Junta de Regentes de la Universidad de California, actuando en su calidad de líder del grupo de damnificados por las malas prácticas de Enron, presentó una demanda consolidada contra los bancos JP Morgan Chase, Citigroup, Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of America, Barclays Bank, Deutsche Bank, y Lehman Brothers, y contra los gabinetes jurídicos Vinson & Elkins y Kirkland & Ellis, por su implicación en la quiebra de la compañía (ocultación Las demandas civiles tipo class action (demandas colectivas o demandas grupales) son muy difíciles de registrar y muy costosas de instruir, pero constituyen, de facto, la única solución en el caso de centenares o, incluso, millares de demandantes que, individualmente, no podrían soportar el coste de reclamaciones judiciales tan complejas. En este tipo de pleitos es frecuente que los abogados defensores no perciban honorarios al comienzo o durante el desarrollo del procedimiento, pero que se beneficien de un porcentaje sustancial (del orden del 30%) de las indemnizaciones que finalmente se obtengan, lo que, en casos como el que nos ocupa, puede significar miles de millones de dólares. 347 La mejor fuente de información de la demanda Mark Newby es la página de la Universidad de California «http://www.universityofcalifornia.edu/news/enron». 346

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de deudas, ventas ficticias de activos, estructuración de acuerdos fraudulentos con empresas participadas extracontables, opiniones legales falsas…). El 14 de mayo de 2003, el abogado William S. Lerach y el bufete Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach LLP presentaron en el registro del correspondiente juzgado de distrito de Houston una demanda de juicio con jurado. En la minuciosa demanda348, registrada con la categoría de class action, se acusaba a Enron Corp. y a 35 de sus exempleados y consejeros; a Arthur Andersen, a 7 de sus filiales, y a 14 de sus más altos ejecutivos; a 9 grandes bancos y a un buen número de sus filiales; y a Vinson & Elkins y a otros, de numerosos delitos de violación de la legislación sobre valores, de los que se podían derivar cuantiosas indemnizaciones. En un principio de acuerdo que alcanzaron los demandantes el 24 de julio de 2003, la reclamación agregada se valoró en 40.000 millones de dólares. El dinero realmente obtenido se acumularía en un fondo de finiquito y se distribuiría —en su momento, y siempre de acuerdo con lo que se estableciese en el plan de reorganización que debía ser aprobado por el juez Arthur J. Gonzalez— tomando como base el número de acciones reconocidas a cada demandante. Ante las incertidumbres y contingencias de todo tipo que podían plantearse a lo largo de un pleito de semejante envergadura y de resultado impredecible, los abogados de no pocas de las partes demandadas y los abogados de los demandantes empezaron a negociar acuerdos extrajudiciales en los que los demandados, sin reconocer ni negar comportamiento impropio, se avenían a pagar una cantidad de dinero para poner fin al procedimiento judicial, todo ello con el fin de evitar gastos inútiles y pérdidas de tiempo. El día 28 de agosto de 2002, Andersen Worldwide, la organización que agrupaba las actividades de la auditora fuera de Estados Unidos, llegó al primer acuerdo extrajudicial con la Universidad de California, por el que aceptó pagar 40 millones de dólares en concepto de indemnización. El día 25 de marzo de 2003, la jueza Belinda Harmon emitió un fallo según el cual desestimo las alegaciones presentadas por Stanley Horton, Cindy Olson, Greg Whalley, Mark Frevert, Mark Koenig, Steven Kean y Joseph Sutton, siete de los más de treinta ex altos ejecutivos y consejeros externos acusados en la demanda civil Mark Newby por apropiación indebida, al entender que «una y otra vez propiciaron y autorizaron procedimientos engañosos y artificios en el corazón mismo del supuesto “esquema Ponzi” montado en Enron». 649 páginas.

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El día 16 de julio de 2004, el Bank of America llegó a un acuerdo extrajudicial con la Universidad de California por el que pagaría 69 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por los accionistas de Enron en la acción civil Mark Newby. El día 29 de octubre de 2004, Lehman Brothers llegó a un acuerdo del mismo tipo por el que pagaría 222,5 millones de dólares. El día 7 de enero de 2005, tras tres meses de negociación, diez ex miembros del consejo de administración de Enron llegaron a un acuerdo extrajudicial con la Universidad de California, para compensar a los demandantes del pleito Mark Newby por las pérdidas sufridas. En concreto los exconsejeros Robert Belfer, Norman Blake, Ronnie Chan, John Duncan, Joe Foy, Wendy Gramm, Robert Jaedicke, Charles LeMaistre, Rebecca Mark-Jubasche y Ken Harrison —el líder del grupo— se comprometieron a desembolsar 168 millones de dólares, de los cuales 13 saldrían de sus bolsillos y 155 de las compañías aseguradoras que cubrían sus pólizas de responsabilidad civil. El acuerdo también amparó a los consejeros Paulo Ferraz Pereira, John Mendelsohn, Jerome Meyer, Frank Savage, John Urquhart, John Wakeham, Charles Walker, y Herbert Winokur, quienes no deberían desembolsar cantidad alguna. Lay y Skilling no se sumaron al acuerdo. Aun cuando ninguno de los consejeros admitió haberse comportado de forma inmoral, se consideró que el acuerdo alcanzado era de gran importancia, por cuanto no sólo suponía el reconocimiento tácito de que los exconsejeros fueron «parcialmente responsables personales» del desastre de Enron, sino que, además, enviaba un claro mensaje urbi et orbi a los consejos de administración sobre la decisiva importancia del ejercicio responsable y cuidadoso de una de sus funciones clave: la vigilancia de la gestión de los más altos ejecutivos de la empresa. A primeros de junio de 2005, la jueza Harmon autorizó definitivamente a los inversores para que pudieran combinar sus demandas contra los bancos que ayudaron a Enron a pergeñar sus esquemas fraudulentos, por considerarlos «participantes primarios» en el engaño. La demanda, registrada administrativamente en la fecha de su presentación como una demanda colectiva, adquiría judicialmente tal categoría a todos los efectos. El día 10 de junio de 2005, Citigroup llegó a un acuerdo extrajudicial por el que pagaría 2.000 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por los accionistas de Enron. El acuerdo puso fin a las acusaciones de que Citigroup (operación Yosemite-Delta) ayudó a Enron a ocultar deuda por importe de miles de millones de dólares, bajo la forma de pagos adelantados correspondientes a operaciones simuladas de compraventa de gas natural y petróleo

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El día 15 de junio de 2005, JP Morgan Chase llegó también a un acuerdo extrajudicial del mismo tipo, por el que pagaría 2.200 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por los accionistas de Enron. La operación Mahonia, muy similar a la operación Yosemite-Delta, quedaba olvidada. El día 2 de agosto de 2005, el Canadian Imperial Bank of Commerce llegó a un acuerdo extrajudicial similar, por el que pagaría 2.400 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por los inversionistas de Enron349. Se trataba de la mayor indemnización convenida hasta la fecha. Tras estos tres grandes acuerdos y otros anteriores, los accionistas y tenedores de bonos estaban en condiciones de recuperar más de 7.000 millones de dólares. La jueza Harmon dio su aprobación previa a estos tres grandes acuerdos (6.600 millones de dólares) el 22 de febrero de 2006, y los aprobó definitivamente el 24 de mayo de 2006, dando por zanjada la inclusión de los tres bancos como acusados en la demanda presentada por dichos inversionistas contra un amplio grupo de personas físicas y jurídicas que, presuntamente, colaboraron con Enron en el encubrimiento de sus actividades ilícitas, así como contra la propia compañía y sus más altos ejecutivos. Con anterioridad ya había acordado la exclusión de Arthur Andersen Worldwide, Bank of America, Lehman Brothers y el grupo de ex consejeros externos de Enron. Se programó para el 16 de octubre de 2006 el comienzo del correspondiente juicio con jurado, si las partes demandantes no llegaban antes a acuerdos civiles de conciliación con los restantes demandados. A lo largo de los años 2005 y 2006, grandes demandados institucionales (Deutsche Bank, Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, y Blarclys Bank) presentaron mociones para que se diese por concluida su inclusión en la demanda Mark Newby. En una especie de proceso «acordeón», una demanda en este sentido era presentada a la jueza Harmon, quien, eventualmente, la aceptaba; de inmediato, tal decisión era recurrida por el demandante prin Resulta llamativa la desproporción entre el importe de la indemnización y la gravedad aparente de los cargos que se le imputaron. En concreto, al CIBC se le acusó de haber creado con Enron una participada, denominada EBS Content Systems, a la que el banco efectuó una aportación simulada de 115 millones de dólares, que habrían ido a engrosar fraudulentamente los beneficios de la compañía energética, y de haber prestado 125 millones de dólares a The New Power, todo ello con sendas garantías secretas de Enron. La participación de JP Morgan Chase (operación Mahonia) y de Citigroup (operación Yosemite-Delta) en la falsificación de la contabilidad de Enron fue, al menos en apariencia, como mostró el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, muchísimo mayor desde el punto de vista cuantitativo. Pero tal vez, al propiciar la buena imagen de EBS, que dio un enorme impulso, como se ha visto, a la cotización de las acciones de Enron, el CIBC cooperó de forma decisiva al engaño, lo que le costó, ciertamente, muy caro.

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cipal y, posteriormente, revocada; y, en ocasiones, tenía que decir su última palabra el TFAQC. Por no citar sino un caso, el día 27 de julio de 2006, la jueza Harmon desechó la implicación del Barclays Bank en la demanda civil Mark Newby. Se consideró una primera victoria legal de importancia significativa que, además, no llegaba en buen momento. En efecto, tras la espectacular recaudación de 6.600 millones de dólares a mediados de 2005, la Universidad de California aún no había conseguido llegar a ningún otro acuerdo extrajudicial; al parecer, Merrill Lynch, Toronto Dominion Bank, Credit Suisse First Boston, y Vinson & Elkins ofrecían notable resistencia a pactar. La desvinculación de Barclays Bank de la acción civil fue apelada. Y el día 6 de diciembre de 2006, la jueza Harmon restableció la condición de demandado al Barclays Bank. Harmon manifestó que deseaba dar una oportunidad a los demandantes de probar la participación de dicho banco en el colapso de Enron. El día 8 de agosto de 2006, la jueza Belinda Harmon aplazó hasta el 9 de abril de 2007 la fecha del juicio civil por la demanda Mark Newby. El 22 de septiembre de 2006, la Universidad de California anunció dos nuevos acuerdos extrajudiciales, que suponían un total de 86 millones de dólares. Uno correspondía a Arthur Andersen (72,5 millones), y el otro a Kirkland & Ellis (13,5 millones). Con estas nuevas aportaciones se acumulaban ya más de 7.300 millones de dólares en la cuenta de finiquito a repartir entre los demandantes. El día 3 octubre de 2006, el juez Kenneth Hoyt denegó la petición de los abogados de los demandantes del gran pleito civil Mark Newby, de que se permitiese a Fastow salir de prisión diariamente unas horas durante las próximas semanas, con el fin de preparar adecuadamente su testimonio, que se consideraba crucial. En todo caso, dejó abierta una puerta para que la jueza Harmon ordenase estas salidas vigiladas si lo estimaba conveniente. El día 5 de octubre de 2006, la jueza autorizó la excarcelación de Fastow. Tal excarcelación sería de diez horas diarias durante el período 9-31 de octubre, y se realizaría bajo la custodia de alguaciles federales. El testimonio de Fastow podía resultar, en efecto, decisivo. El día 8 de diciembre de 2006 se filtró la noticia de que la Junta de Regentes de la Universidad de California, en su papel de líder de la acción civil Mark Newby, había presentado a la jueza Harmon una moción relativa a la retirada de la demanda civil de Vinson & Elkins. Se trataba de una desestimación (dismissal), dando por terminado su procesamiento, no de un finiquito o liquidación (settlement), distinción importante dado que la indemnización global, resultante de los veredictos de culpabilidad que el jurado pudiera dictar sobre los restantes acusados, en ningún caso podría ser prorrateada si tal

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jurado acabase atribuyéndole a la parte retirada alguna porción de la culpa. Los demandantes consideraban que era conveniente simplificar la demanda y centrar los esfuerzos en los demandados que más podían aportar al fondo de finiquito (los grandes bancos de inversión). El día 12 de diciembre de 2006 se supo que William Lerach, en representación de la Junta de Regentes de la Universidad de California, había presentado una nueva moción a la jueza Harmon relativa a la exclusión de la demanda civil de Lou Pai. Al parecer se iba abriendo camino entre los demandantes la tesis de la inutilidad de ir contra ciertas personas físicas que poco o nada podían aportar al fondo de finiquito. A lo largo del mes de diciembre de 2006 y comienzos de 2007, Merrill Lynch y Credit Suisse First Boston encabezaron una ofensiva general de la banca en un febril intento de revocar la decisión de la jueza Harmon, que había dado a la acción civil Newby, un gran conglomerado de demandas, la calificación jurídica de demanda colectiva350. Argumentaban que, al otorgar dicha condición a los inversionistas de Enron, la jueza aceptaba una teoría «expansiva» y errónea presentada por los abogados de los demandantes, según la cual los bancos ayudaron conscientemente a Enron en sus esquemas delictivos, es decir, que lo hicieron conociendo, apoyando, alentando y consintiendo los torcidos propósitos de la compañía energética, cosa que era falsa e indemostrable. De hecho, no habían sido «participantes primarios», sino simples «actores secundarios», cuyo papel en las graves pérdidas sufridas por los inversores no había sido sustancial ni significativo. De prosperar esta interpretación, los accionistas ya no podrían litigar como un conjunto, sino que deberían hacerlo de forma individual, lo que supondría de facto otorgar a los bancos patente de impunidad. Treinta Estados, Texas incluido, apoyaron decididamente la posición de los accionistas, en manifiesta discrepancia con algunas interpretaciones emanadas de la SEC, o de actuaciones tipo amicos curiae351 por parte de asociaciones empeñadas en defender los intereses de Ver, por ejemplo, el artículo de Marcy Gordon, publicado el 9 de enero de 2007 por Associated Press bajo el título «States want banks to pay». 351 Expresión latina para designar a los «amigos del tribunal», instituciones aceptadas por el sistema judicial norteamericano. Se trata de organizaciones ad hoc interesadas en un determinado asunto jurídico objeto de litigio, del que no son parte, pero que tienen capacidad para comparecer en el correspondiente procedimiento judicial, aportando argumentos en apoyo de las posiciones de uno o varios de los litigantes. En el caso que nos ocupa, la Clearing House Association LLC, la Securities Industrial and Financial Markets Association y la Chamber of Commerce of the United States of America crearon una amici curiae para defender la posición de los bancos ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el sentido de que la certificación class dada a la demanda Newby se debía considerar «impropia» (comparecencia de fecha 13 de diciembre de 2006, y correspondiente informe). 350

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la banca. Los lobbies funcionaban a toda máquina, y la pelota estaba en el tejado de los jueces federales del alto tribunal de apelación con sede en Nueva Orleáns. El 10 de enero de 2007, se presentó otra moción relativa, en este caso, a la exclusión de la demanda de la herencia del difunto Lay, y de Kenneth Rice, Joseph Hirko, Kevin Hannon, y Lawrence Greg Whalley. Los abogados de los bancos demandados se quejaron de la estrategia del demandante principal, la Junta de Regentes de la Universidad de California, que intentaba aligerar la demanda, excluyendo de la misma a personas físicas y jurídicas (Vinson & Elkins) que, aun cuando eran los verdaderos culpables de la implementación de los mecanismos fraudulentos de Enron, resultaban poco «rentables» desde el punto de vista de las indemnizaciones que podían aportar, para poder ensañarse con instituciones que habían actuado engañadas, pero que eran potenciales manantiales de riqueza. Pero tal estrategia era del todo lógica: ¿Para qué perder el tiempo intentando pescar pececillos, cuando abundaban los «peces gordos»? El 24 de enero de 2007, la jueza Harmon accedió a la petición de la Junta de Regentes de la Universidad de California, y dio por terminado el procesamiento de varios acusados en el pleito civil Mark Newby. Esta decisión afectaba a la herencia del difunto Lay, a Vinson & Elkins, y a Kenneth Rice, Joseph Hirko, Kevin Hannon, Lawrence Greg Whalley, y Lou Pai, a quienes se borraba de la lista de demandados352. Harmon reconoció que su decisión podía encolerizar al público, por cuanto excluir de la demanda civil a estos acusados no permitiría determinar si eran responsables del fraude. Pero añadió que lo que sí permitiría a los demandantes sería proceder contra los acusados con los «bolsillos más repletos» (deepest pockets), sin necesidad de gastar más tiempo y dinero persiguiendo a demandados de los que no cabía esperar una aportación sustancial de fondos. ¿Estaba en grave peligro el futuro de la demanda? ¿Prosperaría la apelación de Merrill Lynch y de Credit Suisse First Boston, que afectaba también al Toronto Dominion Bank, al Royal Bank of Canada y al Royal Bank of Scotland? El nudo de la cuestión era si el planteamiento de los demandantes —los bancos tenían el mismo grado de responsabilidad que la propia Enron, por cuanto sabían que los más que dudosos tratos que urdían constantemente con la compañía eran utilizados para embellecer y falsificar sus cuentas financieras— podía ser o no defendido por sus abogados. Si el tribunal federal Ver el artículo de Kristen Hays publicado el 24 de enero de 2007 en el diario Houston Chronicle bajo el título «Lay’s state released from suit».

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de apelaciones de Nueva Orleáns daba la razón a ambos bancos, la demanda Newby estaría irremisiblemente condenada a muerte. Si no se la daba, los inversores de Enron tendrían una alta posibilidad de obtener un resarcimiento decoroso, después de honorarios. En las vistas celebradas los días 2 y 5 de febrero de 2007, un panel de tres jueces federales del TFAQC escucharon las últimas alegaciones de los abogados de los demandados (Merrill Lynch y Credit Suisse First Boston) y de los demandantes, inquiriendo sobre cuál era el método para determinar si una parte demandada era «ayudante y cómplice» (aider and abetter), es decir, participante primario, o simple colaborador secundario, en clara referencia a Merrill Lynch, cuyos abogados argumentaban que una simple operación de menor cuantía (la compraventa de las tres barcazas nigerianas) no podía exponer al banco a responsabilidades por importe de miles de millones de dólares. El día 7 de febrero de 2007, en espera del fallo del tribunal de apelación, se conoció la decisión de la jueza Harmon de no admitir la petición de Merill Lynch, Credit Suisse First Boston y Barclays Bank de que se consolidasen en la demanda Newby tres demandas separadas por hechos similares que afectaban al Royal Bank of Scotland, al Toronto Dominion Bank, y al Royal Bank of Canada. Tampoco admitió una petición de consolidación formulada por la Junta de Regentes de la Universidad de California, en relación con una demanda separada contra Goldman Sachs. Harmon argumentó que pretender consolidar otras demandas, en la antesala del juicio con jurado, era un auténtico disparate. El día 22 de febrero de 2007, la jueza Harmon se negó a posponer indefinidamente el juicio fijado para el 9 de abril, como había propuesto la defensa, y al día siguiente fijó el 16 de abril como fecha para la selección del jurado. El día 10 de marzo de 2007, la jueza Harmon aprobó el acuerdo de pago de 72,5 millones de dólares alcanzado entre la Universidad de California y Arthur Andersen. El día 19 de marzo de 2007, el TFAQC decidió por unanimidad revocar el estatus de demanda colectiva otorgado por la jueza Harmon, lo que impedía a los demandantes el calificar a los bancos demandados como participantes primarios. Esta decisión judicial era de enorme importancia, por cuanto despojaba a los demandantes de la posibilidad de actuar como un grupo. Las demandas contra los bancos demandados debían ser tratadas individualmente, cosa inimaginable, y, además, las responsabilidades de los mismos se reducían muchísimo. Naturalmente, William Lerach anunció la presentación de una apelación ante el Tribunal Supremo. La jueza Harmon aplazó la fecha del juicio sine díe, aunque se insinuó la posibilidad de su cancelación.

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El día 6 de abril de 2007, los abogados de los demandantes apelaron ante el Tribunal Supremo el fallo emitido el 19 de marzo por el TFAQC. El día 9 de mayo, los demandantes solicitaron el apoyo de la SEC, por cuanto esta alta institución tenía capacidad para proceder judicialmente contra los bancos considerados en apelación como colaboradores secundarios. Eso mostraría si estaba de parte de Wall Street o de las víctimas de Enron. El día 5 de junio, el abogado William Lerach anunció inopinadamente y sin explicaciones su retirada como defensor principal de la demanda civil. La firma Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins manifestó que seguiría defendiendo a los demandantes si se llegaba a celebrar un juicio con jurado. La fe en esta posibilidad se iba diluyendo, pues, al parecer, el Departamento de Justicia había manifestado que era preciso reducir los «juicios innecesarios» de ciertas grandes compañías norteamericanas, por cuanto las ponía en desventaja para hacer frente a la competencia de empresas extranjeras. Esta postura ya habría provocado roces y disputas con la SEC. Altos funcionarios de la administración Bush no parecían dispuestos a ayudar a los demandantes del caso Enron ante el Tribunal Supremo353; la suerte parecía echada. El día 25 de junio, el Tribunal Supremo decidió aplazar su fallo sobre la apelación de los demandantes, por cuanto aún tenía pendiente un recurso similar relativo a una demanda de inversores engañados por un presunto acto de colusión entre los fabricantes Motorola y Scientific-Atlanta Inc., y el suministrador de cable para televisión Charter Communications (la demanda Stoneridge Investment Partners LLP contra Scientific-Atlanta Inc. y otros). Este caso, en el que los inversores demandaron también por fraude a ciertos bancos de inversión, había despertado interés por cuanto, en contra de la postura de la SEC, el presidente Bush y el secretario del Tesoro Henry Pulson se habían manifestado a favor de los bancos354. El día 9 de octubre se supo355 que el presidente del Tribunal Supremo y otro alto magistrado del mismo habían advertido de que «la ley federal impone límites estrictos a los accionistas que quieren demandar a compañías y firmas distintas a aquélla de la cual son propietarios de títulos». Así, tras un pasado plagado de grandes éxitos extrajudiciales, el futuro de la demanda Mark Newby no podía ser más negro: un fallo contrario a Stoneridge supondría, de facto, su final. Ver el artículo de los periodistas Marcy Gordon y Pete Post, de Associated Press, publicado en The Houston Chronicle el 13 de junio de 2007 bajo el título «Bush weighs in on investors case». 354 Ver el artículo de Christopher S. Rugaber, de Associated Press, publicado en The Houston Chronicle el 26 de junio de 2007 bajo el título «Justices delay an Enron ruling». 355 Ver el artículo de Pete Yost, de Associated Press, publicado el 9 de octubre de 2007 bajo el título «Enron shareholders lawsuit hinges on Supreme Court decision». 353

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Y tan temido fallo se produjo el 15 de enero de 2008. Por cinco votos contra tres, el alto tribunal se manifestó en el sentido de que la solicitud de los accionistas de la compañía de imponer responsabilidades a entidades que, actuando a la vez como clientes y suministradores, establecen acuerdos que permiten engañar a los auditores y manufacturar estados financieros fraudulentos, no podía ser tomada en consideración. El alto tribunal opinó que el derecho de los accionistas a reclamar, establecido en la Sección 10(b) de la Securities Act, no era extensivo a las compañías consumidoras/suministradoras, bancos, bufetes jurídicos y cualesquiera terceras partes. Y ello por una razón muy simple: tales partes externas estaban muy alejadas de las decisiones de compra de acciones de una compañía que puedan adoptar libremente los inversores, incluso si llegaba a demostrarse que dichas partes habían colaborado (aider and abetter) en los fraudes cometidos por la misma. Así era la ley. Si los congresistas, representantes del pueblo, consideraban que la exposición de los auditores y otros posibles colaboradores era demasiado pequeña en las actuales circunstancias, podían cambiarla. Mientras tanto, era el inversor quien tenía la responsabilidad de fiarse o no de la compañía: Caveat emptor356. El día 22 de enero, y como consecuencia lógica de este fallo, el Tribunal Supremo rechazó, sin vista ni comentario alguno, la apelación de los accionistas de Enron; fue para ellos un martes negro. La esperanza de obtener más de 30.000 millones de dólares adicionales de Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston y Barclays Bank se había esfumado por completo. En efecto, los numerosos demandantes ya no podían actuar de consuno contra las tres instituciones financieras de acuerdo con las leyes federales (demanda colectiva), y, si bien era cierto que podían instar demandas individuales, no lo era menos que se trataba de una vía cuasi intransitable, por costosísima y presumiblemente poco lucrativa. Así las cosas, y aun cuando la primera reacción de la Universidad de California y de la defensa fue sacar pecho y no dar la guerra por perdida, parecía que los inversores tendrían que conformarse con los 7.200 millones de dólares ya obtenidos mediante acuerdos extrajudiciales; lo que pudiera conseguirse a partir de este momento serían migajas. La jueza Harmon estableció el 28 de febrero como fecha para acordar el plan de reparto de tan importante cantidad entre los accionistas elegibles (los que compraron sus acciones entre el 9 de septiembre de 1997 y el 2 de Expresión latina que viene a significar: «Comprador: toma precauciones, no te fíes, mantente en guardia, tuya es la responsabilidad…».

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diciembre de 2001). El bufete Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins (con base en San Diego), sucesor del bufete Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach LLP, solicitó el pago de 688 millones de dólares por el trabajo de la defensa (un 9,5% de la cantidad recuperada). El día 28 de enero se produjo un acontecimiento destacable. Seymour Lazar, un abogado octogenario ya retirado, que en octubre de 2007 se había declarado culpable de un delito de obstrucción a la justicia, fue sentenciado en Los Angeles por el juez federal de distrito John F. Walter a seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad condicional, y al pago de una multa de 600.000 dólares. Pero, ¿qué tenía que ver esta sentencia con los hechos narrados más arriba? Pues no poco. En efecto, fiscales federales, que llevaban ocho años investigando posibles actuaciones corruptas en el mundillo de los bufetes especializados en la defensa de grandes demandas civiles, habían inculpado a nueve abogados de la firma Milberg Weiss (antes conocida como Milberg Weiss Bershad & Schulman), incluidos tres antiguos socios de la misma. Se acusaba a dicha firma de haber pagado sobornos por importe de 11,3 millones de dólares a potenciales demandantes para que les encomendaran la presentación de pleitos civiles tipo demanda colectiva. Su táctica era moverse rápidamente para conseguir ser la primera en registrar la demanda en el juzgado y asegurarse la muy lucrativa posición de líder de los demandantes. Esto les había convertido en el bufete de referencia en la industria de las demandas civiles de accionistas perjudicados por los fraudes contables cometidos por grandes empresas. Los principales imputados, que ya habían suscrito en octubre de 2007 las correspondientes declaraciones de culpabilidad, eran el juzgado y recién condenado Seimour Lazar, Steven Schulman, David Bershad… y William Lerach, el hasta mediados de 2007 abogado jefe de la demanda Newby. ¡Dos socios —Lerach y Bershad— del bufete que presentó la demanda Newby habían sido inculpados por cargos criminales! En concreto, Lerach había llegado a un acuerdo con el Gobierno y se había declarado culpable de un cargo de conspiración para obstruir la justicia por el que podía ser condenado a una pena de uno a dos años de prisión. Su sentencia se dictaría el 11 de febrero de 2008. Ahora se comprendía el porqué de su súbita retirada. En cuanto a Bershad, también se había declarado culpable de conspiración y había suscrito un acuerdo de colaboración con la justicia. El día 5 de febrero, la Universidad de California anunció un nuevo acuerdo extrajudicial: Goldman Sachs se avenía a pagar 11,5 millones de dólares. La demanda, aunque muy maltrecha, seguía viva.

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El día 11 de febrero, el juez Walter condenó a Lerach, dada la gravedad de sus delitos, a dos años de prisión, a dos años de libertad condicional, al pago de una multa de 250.000 dólares, y a prestar 1.000 horas de servicios comunitarios. Llegada la hora de la verdad, se vio que no iba a ser nada fácil el alcanzar un acuerdo entre todas las partes afectadas sobre el plan de liquidación de los 7.200 millones de dólares recaudados en pactos extrajudiciales. Tal plan preveía que los tenedores de acciones ordinarias que compraron durante el período de elegibilidad recuperarían, en promedio, 6,79 dólares por acción, mientras que los tenedores de acciones preferentes recuperarían 168,50 dólares por acción. Había inversores a quienes no les parecía equitativo el reparto, algunos no estaban de acuerdo con los límites del período de elegibilidad, otros no consideraban justo el que se tratase con el mismo rasero a los inversores individuales y a los institucionales… Para enredar más el asunto hubo quienes consideraron que el pago de 688 millones de dólares al bufete Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins era claramente excesivo, aparte de contaminado por el escándalo Milberg Weiss, que había llevado al encarcelamiento de William Lerach. La Universidad de California, líder de la demanda, defendió el plan tal como ya había sido concebido desde el principio. Por su parte, el bufete Coughlin Stoia advirtió que el Gobierno no había detectado comportamiento impropio alguno en la intervención de Milberg Weiss y de William Lerach en la demanda Newby, y que los honorarios reclamados correspondían tanto a los abogados del bufete actuante, como a todos los demás abogados que habían intervenido en el litigio. Finalmente, el 9 de septiembre, la jueza Belinda Harmon, tras considerar las objeciones y quejas presentadas por algunos inversores, dictó un auto por el que se aprobaba el plan de liquidación a los accionistas, así como los honorarios a pagar a los abogados (688 millones de dólares, más intereses, por el duro trabajo realizado a lo largo de más de seis años). Se previó que la liquidación quedaría concluida a finales de diciembre. El 18 de diciembre dieron comienzo los pagos a los inversores elegibles (unos 200.000). La Universidad de California —líder de los demandantes— y sus abogados establecieron dos fases para llevar a cabo tales pagos. En la primera fase se distribuirían 5.000 millones de dólares en concepto de pagos parciales, dejándose un remanente de unos 2.000 millones de dólares, que sería objeto de reparto una vez se hubieran resuelto todas las reclamaciones presentadas por los accionistas damnificados. La Universidad de California advirtió que esto no significaba el final del litigio, por cuanto aún quedaban demandados, entre los que destacaban tres instituciones financieras —Bar-

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clays Bank, Credit Suisse First Boston y Merrill Lynch—, y tres ex altos directivos de Enron —Skilling, Causey y Koenig—. Los casos contra Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland y Toronto Dominion Bank no serían llevados a juicio. La Universidad de California no daba, pues, su brazo a torcer, ni siquiera tras el rechazo de su apelación ante el Tribunal Supremo. El 23 de enero de 2009, la Universidad de California solicitó enmendar su demanda, en el sentido de añadir reclamaciones privadas no clasificables como demanda colectiva contra Barclays Bank, Credit Suisse First Boston y Merrill Lynch, dado que las registradas con tal categoría federal habían sido desestimadas. El 6 de marzo de 2009, tal solicitud fue desestimada y las demandas contra los tres bancos sobreseídas. Finalmente, el 2 de diciembre de 2009, la jueza Harmon sobreseyó, a propuesta de la Junta de Regentes de la Universidad de California, la demanda Mark Newby, incluyendo bancos y demandados individuales como Jeffrey Skilling, Richard Causey y Mark Koenig. La guerra había terminado tras ocho años de dura pelea. La demanda Tittle357 El día 8 de octubre de 2001, se notificó a los empleados en activo y jubilados de Enron el cambio de gestores de sus planes de jubilación tipo 401(k), así como la prohibición estatutaria de acceder a sus cuentas personales en dichos planes para ordenar ventas de las acciones de la compañía durante un período de unos treinta días. Tal prohibición fue levantada el día 12 de noviembre, cuando las acciones ya habían perdido el 72% de su valor358. Situación tan anómala, aparte de injusta —por muy estatutaria que fuese—, provocó que se iniciase un proceso de presentación por parte de los perjudicados, residentes en muy diversos Estados, de demandas civiles contra Enron Corp. y contra los ejecutivos implicados en los órganos de administración de los tres planes de pensiones tipo 401(k): Enron Corp. Savings Plan, Enron Corp. Employee Stock Ownership Plan, y Enron Corp. Cash Balance Plan. El 21 de noviembre de 2001, los bufetes Campbell, Harrison & Dagley LLP (Houston) y Keller Rohrback LLP (Seattle) presentaron en un juzgado Para información más detallada, consúltese la página www.erisafraud.com. Se trata de una página ad hoc preparada por el bufete Keller Rohrback L.L.P., de Seattle, que permite acceder a los documentos clave de la demanda Tittle contra Enron Corp. y otros. 358 Según otras fuentes, tal prohibición no se habría producido hasta el 16 de octubre o, incluso, hasta el 29 de octubre de 2001 (en este supuesto, las acciones solo habrían perdido el 28% de su valor). 357

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federal de distrito de Seattle la primera demanda bajo la Employee Retirement Income Security Act de 1974 (ERISA)359 y la legislación sobre valores, actuando en nombre y representación de partícipes y beneficiarios de los tres antes mencionados fondos de pensiones. Los demandantes argumentaban que, de acuerdo con la ERISA, Enron Corp. y sus fideicomisarios y administradores de los tres planes de pensiones habían quebrantado sus obligaciones fiduciarias de lealtad, prudencia e información, lo que les había llevado a la ruina. La multiplicidad de acciones civiles hacía recomendable que los demandantes uniesen sus fuerzas en una demanda única. Por ello, un amplio grupo de trabajadores en activo y jubilados de Enron decidieron presentar en Houston el 28 de enero de 2002 una demanda colectiva al amparo de la legislación sobre valores y de la ERISA. La jueza federal de distrito a la que correspondió el caso fue Belinda Harmon. Dado que la primera demandante de la lista fue Pamela M. Tittle, la acción civil, como resulta usual, se conoció a partir de ese momento como demanda Tittle versus Enron Corp. El 8 de abril de 2002, el abogado Robin L. Harrison, del bufete Campbell, Harrison & Dagley LLP, actuando como abogado responsable del caso, presentó en el registro del correspondiente juzgado de distrito de Houston una demanda de juicio con jurado por cinco cargos. Dicha demanda, consolidada y corregida, fue registrada como acción civil No H-01-3913. En ella, aparte de otros demandantes, se añadieron como demandados numerosos altos ejecutivos de Enron y miembros de su consejo de administración, la firma Arthur Andersen, varias de sus filiales y altos ejecutivos de la misma, el bufete Vinson & Elkins, y los bancos Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Citigroup, Credit Suisse First Boston, y Salomon Smith Barney Inc. La demanda abarcaba el período (the class period) 20 de enero de 1998-2 de diciembre de 2001, durante el cual los 20.000 empleados de Enron aún en activo y ya jubilados habrían perdido más de 3.000 millones de dólares. La demanda Tittle contó desde el principio con el apoyo expreso del Departamento de Trabajo. El día 2 de octubre de 2002, los abogados de los demandantes solicitaron a la jueza Harmon que la demanda fuese calificada dentro de la categoría class action. Al igual que en el caso de la demanda Newby, dadas las incertidumbres y contingencias de todo tipo que podían plantearse a lo largo de un pleito tan Esta ley es la que rige desde 1974 los planes de pensiones de aportación definida tipo 401(k).

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complejo, los abogados de las partes empezaron a negociar acuerdos extrajudiciales. El día 24 de julio de 2003, Andersen Worldwide, la organización que agrupaba las actividades de la auditora fuera de Estados Unidos, llegó al primer acuerdo extrajudicial, por el que aceptó pagar 40 millones de dólares en concepto de indemnización. El día 27 de julio de 2003, el Departamento de Trabajo quiso aportar su grano de arena para forzar la recuperación de la mayor cantidad posible del dinero perdido por los empleados de Enron, y presentó su propia demanda ERISA contra Lay, Skilling, exconsejeros de Enron Corp., y miembros de los comités de vigilancia de los fondos de pensiones de la compañía. Con esta acción, el Departamento de Trabajo intentaba actuar de catalizador para propiciar los acuerdos extrajudiciales. El día 30 de septiembre de 2003, la jueza Harmon emitió un fallo sobre diversas mociones por el que desestimó los cargos contra algunos de los demandados, incluyendo la totalidad de los bancos, a los que se imputaban violaciones de la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Su procesamiento se dio por terminado. El día 2 de enero de 2004, Justin M. Campbell III, entonces abogado principal del caso, presentó una segunda demanda corregida y consolidada, en la que la lista de personas e instituciones demandadas se había encogido notablemente. Se solicitaba la certificación de la demanda como class actión, y el juicio con jurado únicamente por el cargo de negligencia. El día 12 de mayo de 2004, los abogados de la defensa de los demandantes y el Departamento de Trabajo llegaron a sendos acuerdos con un grupo de exconsejeros y exdirectivos de Enron del área de recursos humanos, en virtud de los cuales estos se manifestaban dispuestos a pagar un máximo de 86,5 millones de dólares para zanjar las reclamaciones judiciales de los damnificados y del Gobierno. El acuerdo, dentro del marco de la demanda Tittle, pero auspiciado por el Departamento de Trabajo, ascendía a 85 millones de dólares, y el propiciado directamente por dicho Departamento a 1,5 millones de dólares. Los 85 millones de dólares saldrían del fondo de pensiones correspondiente a los exconsejeros de Enron y, en último término, de las compañías de seguros que cubrían la responsabilidad civil de los mismos, en detrimento de las reservas de la quiebra de Enron Corp., lo que exigiría la autorización del juez Arthur Gonzalez. Los otros 1,5 millones de dólares serían pagados al contado por los exconsejeros Robert A. Belfer, Norman P. Blake, Ronnie Chan, John H. Duncan, Wendy Gramm, Robert K. Jaedicke, Charles A. LeMaistre, John Mendelsohn, Paulo V. Ferraz Pereira, Frank Savage, John Wakeham y Herbert S. Winokur. Dado que la cantidad de 1,5 millones

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de dólares incluía una multa de 300.000 dólares a pagar al Departamento de Trabajo, y que los abogados de la demanda Tittle percibirían unos honorarios de 17 millones de dólares (20%), la cantidad que, en último término, iría a parar a los bolsillos de los perjudicados sería de tan sólo 69,2 millones de dólares, una parte minúscula de las enormes pérdidas sufridas (más de 3.000 millones de dólares)360. A pesar de la oposición de Enron Corp., el día 3 de agosto de 2004 el juez Gonzalez de Nueva York autorizó la asignación de 85 millones de dólares a los beneficiarios de los fondos de pensiones de la compañía. El día 24 de mayo de 2005, la jueza Harmon dio su aprobación final a la asignación de los 85 millones de dólares a los beneficiarios de los tres planes de pensiones de los empleados de Enron, a pesar de la vigorosa oposición de los acusados no cubiertos por el acuerdo suscrito el 12 de mayo de 2004, incluidos Kenneth Lay, Jeffrey Skilling, y la gestora Northern Trust Company. Esta oposición hacía imposible por el momento la materialización de la asignación de fondos. El 6 de julio de 2005, los abogados defensores de los demandantes, los ejecutivos interinos de Enron Corp., y el Comité de Acreedores suscribieron un acuerdo en virtud del cual la compañía demandada aceptaba asignar 356,25 millones de dólares (menos honorarios de abogados y gastos) del patrimonio de la quiebra a los tres planes de pensiones de sus empleados para zanjar su inclusión en la demanda Tittle, asignación que estaría en idénticas condiciones de liquidación que las restantes demandas de acreedores no aseguradas. Tal acuerdo quedaba sujeto a la aprobación del juez Gonzalez y de la jueza Harmon. El 12 de julio, el Departamento de Trabajo, que sin duda fue agente catalizador del acuerdo alcanzado con Enron, informó sobre el mismo y advirtió que las cantidades reales percibidas dependerían, en último término, del efectivo disponible tras la venta de los activos de la compañía en liquidación. En todo caso, el Gobierno expresó su confianza en que el acuerdo alcanzado haría posible una «recuperación significativa». También anunció que el Gobierno mantenía su demanda contra Lay y Skilling, presentada en Houston. El acuerdo de finiquito parcial recibió la aprobación previa por parte de la jueza Harmon el 27 de julio, condicionada a la certificación de la demanda como class action. El 28 de julio se supo que, ante la incertidumbre de las cantidades a percibir de Enron Corp., se contemplaba la posibilidad de comprar tal asignación por el 27,35% de su valor facial (97.434.375 dólares), Ver el artículo de Mary Flood y David Kaplan publicado en el periódico Houston Chronicle el día 13 de mayo de 2004 bajo el título «Up to 20,000 could split $69 million».

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si así lo autorizaba el Departamento de Trabajo y el fiduciario independiente (el State Street Bank and Trust Company). Finalmente, el bufete Keller Rohrback anunció el 13 de septiembre la aprobación definitiva del finiquito parcial de 356,25 millones de dólares. El día 31 de agosto de 2005 se tuvo noticia de otro acuerdo de finiquito, suscrito con Arthur Andersen LLP y David Duncan, por importe de 1,5 millones de dólares. Tal acuerdo fue aprobado definitivamente por la jueza Harmon el 20 de diciembre. El día 26 de abril de 2006 se tuvo noticia de un nuevo acuerdo de asignación por parte de Enron de 37,5 millones de dólares (menos honorarios de abogados y gastos) para zanjar definitivamente las reclamaciones contra la gestora The Northern Trust Company incluidas en la demanda Tittle. Tal acuerdo fue aprobado en firme por la jueza Harmon el 24 de julio de 2006. The Northern Trust Company era el fideicomisario nombrado en 2001 por los empleados de Enron con planes del tipo 401(k), cuando la compañía se declaró en bancarrota, y fue demandado por no haber diversificado suficientemente las inversiones, lo que hubiera evitado pérdidas tan graves. El día 3 de agosto de 2006, el Senado aprobó una propuesta de reforma de las pensiones orientada a ayudar a los empleados de compañías quebradas, y con ejecutivos inculpados, a resarcirse parcialmente de las pérdidas experimentadas en sus fondos de jubilación. La propuesta, que debía ser ratificada por el presidente Bush, preveía que todo trabajador adherido seis meses antes de la quiebra de la compañía como mínimo, a un plan de jubilación tipo 401(k), cuyas reservas técnicas hubiesen sido dotadas al menos en un 50% con acciones de la propia compañía, podrían realizar anualmente aportaciones fiscalmente deducibles a planes individuales de jubilación hasta un límite que venía a triplicar el actualmente vigente361 para el contribuyente ordinario. El día 7 de septiembre de 2006, el Departamento de Trabajo alcanzó un acuerdo con los representantes legales de la fortuna de Lay por el que se fijaba en 12 millones de dólares el finiquito para cerrar las demandas relacionadas con la deficiente administración de los planes de pensiones de los trabajadores. Dicho acuerdo debía ser aprobado por el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas, y no garantizaba la cantidad a percibir realmente por tales planes, por cuanto el monto final de la misma dependería del establecimiento de la cuantía total de los activos de Lay, sobre los que ha El límite de contribución fiscalmente deducible a planes de pensiones individuales es, actualmente, de 4.000 dólares.

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bía otras muchas reclamaciones. También retiraba la oposición a que fueran asignados a los trabajadores 85 millones de dólares del fondo de pensiones correspondientes a los exconsejeros de Enron. El día 16 de noviembre de 2006, el Departamento de Trabajo anunció que el Gobierno y Skilling habían llegado a un acuerdo en virtud del cual este retiraba su oposición a que fueran asignados a los trabajadores 85 millones de dólares del fondo de pensiones correspondientes a los exconsejeros de Enron, al tiempo que renunciaba a los derechos que le reconocía dicho fondo. Tal acuerdo, totalmente independiente de la creación de un fondo de 45 millones de dólares destinado al resarcimiento de los trabajadores, autorizada por el juez Lake y ordenada por el Departamento de Justicia, permitía que la asignación de 85 millones de dólares, bloqueada desde 2004, fuese efectivamente a engrosar los fondos de pensiones de los trabajadores, tan gravemente afectados. El acuerdo, que debía ser aprobado por el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas, preveía que, si la sentencia contra Skilling era confirmada en apelación, el fondo de resarcimiento sería administrado por la jueza Harmon, dentro del marco de los casos de valores y ERISA. Si, por el contrario, la sentencia era revocada, los demandantes del litigio Tittle deberían recibir un pago en metálico de 2,5 millones de dólares. El 7 de diciembre de 2006, la jueza Harmon dio su aprobación preliminar a los acuerdos de finiquito suscritos con la herencia de Lay y con Skilling. Dado que Skilling era el último acusado, la demanda Tittle quedaba prácticamente cerrada, y solo a la espera de que la jueza Harmom diera su aprobación definitiva a los finiquitos pendientes, y determinase la fórmula para distribuir el fondo de resarcimiento de las víctimas.

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UN REGUSTO AMARGO Nada hay que sea tan pesada y ampliamente pecador como las leyes; ni tan ordinariamente. Cualquiera que las obedezca por ser justas no las obedece justamente por lo que debe. Michel de Montaigne, Ensayos, Libro III, capítulo XIII, «De la experiencia»

Al final de tan largo paseo por los tribunales federales de distrito y de apelaciones norteamericanos, me ha quedado —y supongo que al lector también— un regusto amargo, un mal sabor de boca. Porque, dejando aparte la censura moral sin paliativos que merecen conductas corporativas y sistémicas tan lamentables y corruptas como las observadas en Enron y en su «cuadrilla de amigotes» y cómplices, la Justicia no aparece ser tan ciega e imparcial como la pintan. Justo es reconocer el notable éxito que en su día obtuvieron los fiscales federales de la Enron Task Force en el juicio principal contra Lay y Skilling. Pero, por lo que se refiere a los tres juicios precursores —maniobras de preparación con fuego real para la gran batalla—, lo cierto es que fueron instruidos y cerrados en falso, en un ambiente de histeria colectiva en el que se pedía que rodaran cabezas como ejemplar castigo de conductas presuntamente delictivas. Los fiscales forzaron mucho las cosas, algunos jueces no estuvieron demasiado acertados al instruir a los jurados, y el resultado final fue la revocación de sentencias que quizás eran merecidas en algún caso, pero que con frecuencia se revelaron injustas, y que arruinaron muchas vidas. Además, persiguiendo de forma obsesiva el procesamiento y condena de Lay y de Skilling, el Gobierno se cebó con ejecutivos de segundo nivel e inferiores, que fueron condenados a penas severas por haber actuado solo en beneficio de su empresa, mientras que altos directivos que habían cometido crímenes de grueso calibre en beneficio propio salieron cuasi indemnes por avenirse a apuntar con su dedo acusador a quienes habían depositado en ellos su confianza. Puede ser legal, pero apenas parece justo, y menos aún moral.

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Resulta perfectamente comprensible que los tribunales superiores de apelación (el del Quinto Circuito y el Supremo) tuvieran que actuar para enderezar lo que, tal vez, nunca se debió torcer. No creo que los juicios «Andersen», «Barcazas» y «Banda ancha» pasen a la historia procesal como tres heroicas batallas no ganadas; lo harán, probablemente, como tres guerras torpemente perdidas. Y en cuanto al juicio principal contra Lay y Skilling, estuvo a punto de acabar mal debido a la utilización innecesaria de una doctrina jurídica tan discutible como es la de privación de servicios honestos. El TFAQC evitó el desastre que hubiera supuesto el sobreseimiento de algunos de los cargos que hicieron posible la condena de Skilling. Y todo ello no solo por la tozudez de algunos de los inculpados y la extraordinaria habilidad de los grandes bufetes de abogados, capaces de encontrar agua en el desierto más árido —que sí—, sino, sobre todo, por el arrogante, y a veces equivocado, ejercicio del inmenso poder que el Gobierno pone en manos de los fiscales federales. Los veredictos de culpabilidad más deseados fueron comprados por el Gobierno al precio de la delación de exempleados asustados o poco leales, premiados con sentencias que, en general, no guardaron relación alguna con la magnitud de sus delitos; muchos sospechosos de la comisión de actos criminales ni siquiera fueron investigados, y algunas de las más poderosas instituciones financieras, que se habían manchado las manos participando activamente en los chanchullos de Enron, negociaron extrajudialmente su impunidad por un puñado de dólares. Aunque a los europeos continentales nos cueste comprenderlo, lo cierto es que, como se dice en el mundillo judicial estadounidense, «las sentencias son la divisa con la que el Gobierno compra información», o, dicho de otra forma, delaciones sobre las que fundamentar peticiones de sentencias de mucho mayor calado. Se dice que «todos somos iguales ante la ley». Pero es más que evidente que «algunos son más iguales que otros», sobre todo si los fiscales creen, con o sin fundamento, que esos «algunos» tienen información preciosa que vender, y estarán dispuestos a hacerlo de buen grado o, en su caso, tras la adecuada persuasión. Si no lo hacen, ya saben a qué atenerse. Quien albergue dudas, que se lo pregunte a Scott Yeager o a Rex Shelby, por ejemplo. Nos guste o no, así funciona el mundo.

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EPÍLOGO Enron, una noche en el teatro La historia que acabo de relatar tiene tintes de tragedia clásica que trasciende el puro retrato del escándalo corporativo. De ahí que haya merecido la atención del mundo del espectáculo cinematográfico y teatral. Por lo que respecta al mundo del cine, Alex Gibney, con un guion elaborado con la colaboración de Bethany McLean y Peter Elkind —autores del celebrado libro The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron— dirigió una película documental titulada Enron: the smartest guys in the room, que se estrenó en Estados Unidos el día 22 de abril de 2005. Ese mismo día, Gibney sostuvo, en una reunión con periodistas362, que: El problema es que lo que hizo Enron no fue el fruto de la maldad de un pequeño grupo de manzanas podridas, como quiso definir Bush. Lo preocupante es que el sistema de valores sin valores que imperaba e impera en Wall Street es cruel, salvaje, e injusto, y está profundamente enraizado en la sociedad norteamericana.

Tal película fue distinguida por el Sindicato de Guionistas como el Mejor Documental de 2005, y nominada al Óscar 2006 en la categoría de Mejor Largometraje Documental, que no ganó. En el Manifiesto del director363, Gibney dejó escrito, énfasis añadido: Hay algo irónico, cómico y curiosamente honesto en el eslogan publicitario de Enron: «Ask Why» [«Pregúntese por qué»]. En el contexto de sus surrealistas anuncios, el eslogan sirve para alabar la capacidad de Enron para cuestionar ideas convencionales. [...] esos tipos se consideraban tan listos que creyeron que podían burlar todas las normas. [...] En mi opinión, el fraude de Enron no fue premeditado. Se trató más bien de un proceso gradual, lo que hace que sea aún más peligroso. Por eso Skilling puede seguir pensando que no hizo nada malo. [...] Skilling parecía convencido de que todo iría perfectamente si todo el mundo fuera tan codicioso como pudiera. El País, 22 de abril de 2005. «www.informativos.net, 16 de febrero de 2006».

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La película fue estrenada en España el 24 de febrero de 2006 bajo el título Enron, los tipos que estafaron a América; pasó absolutamente desapercibida. También el escándalo narrado recibió un tratamiento de tragedia épica en la obra de teatro Enron, de Lucy Prebble, estrenada a finales de julio de 2009 en el Chichester Festival Theatre. Se trata de una coproducción de Rupert Goold y el Royal Court Theatre, que ha tenido un gran éxito de público y se ha hecho merecedora de los mayores elogios de la crítica: «No se la pierda. Ha llegado, de alguna forma, el teatro político del siglo XXI» (The Times); «Uno de los dramas más incisivos, más políticamente maduros de los últimos diez años» (Observer); «Uno de esos trabajos excepcionales que cristalizan el humor de su época» (Daily Telegraph); «Una estimulante mezcla de sátira política, moralidad hodierna y espectáculo multimedia. Un acontecimiento teatral fantástico» (Guardian). En el Evening Standard se la ha llegado a considerar un «deslumbrante Macbeth corporativo». En esta obra teatral, de guion mordaz y espectacular montaje, en el que no faltan sofisticados recursos electrónicos, Jeffrey Skilling es la estrella rutilante. En el primer acto, una fiesta de empresa, un Skilling eufórico, paseado a hombros por sus colaboradores más directos, explica el milagro de la contabilidad mark-to-market, que permite registrar como beneficios actuales los beneficios proyectados, y descarga su furia sobre los «cegatos» hombres de negocios que no comprenden tan imaginativa técnica. Y, en el momento de clímax del drama, Skilling, vestido ya con un mono carcelario y camino de la prisión, se niega a arrepentirse del colapso del coloso energético y grita, mientras señala un gigantesco panel electrónico que muestra la evolución instantánea de los índices bursátiles: «Todas nuestras creaciones están aquí. Aquí están la Avaricia, y el Miedo, y la Alegría, Fe… Esperanza… Y la más importante de todas… el Dinero». Meses más tarde se representó en el Royal Court Theatre de Londres, y a partir de enero de 2010 lo hizo en el Noel Coward Theatre. Columbia Pictures adquirió sus derechos cinematográficos, y se estrenó en un teatro de Broadway en la primavera de 2010. Pero lo que en Londres fue un gran éxito, se convirtió en Broadway en un estrepitoso fracaso. La obra apenas se representó quince veces, tras las duras críticas que recibió y la mala acogida del público. Los productores perdieron más de cuatro millones de dólares. Uno de sus productores opinó que, probablemente, la visión ligera —casi de vodevil— que se daba a un asunto tan grave y sensible en Estados Unidos, desagradó al público conservador, que la encontró banal, extravagante, extraña y, de alguna manera anti-norteamericana. En diciembre de 2010 se supo que el conocido actor George Clooney dirigirá y protagonizará la adaptación cinematográfica de

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la obra de Lucy Prebble, dándole un enfoque más cercano a la realidad, dentro del marco de la grave crisis que se está viviendo en el país y en todo Occidente. Hay, pues, espectáculo para rato. El escándalo Enron no huele hoy, como algunos piensan, a naftalina, sino que luce nuevas y más elegantes galas. Y esto no sucede por caprichos de la diosa Fortuna, sino porque la gente está asqueada de lo que ve ocurrir a su alrededor y empieza a recuperar la memoria y, también, el olfato. Continuará Tengo muy claro desde hace tiempo, como ya intuyó Gibney, que lo que ocurrió en Enron no fue el fruto de la maldad de un pequeño grupo de «manzanas podridas» sino, más bien, «la inexorable consecuencia del sistema de valores sin valores que imperaba e impera en Wall Street» y en el microcosmos económico-financiero del cual tan afamado distrito neoyorquino es aún centro y arquitectura. Y, desde luego, aplaudo el acierto de la joven autora Lucy Prebble cuando pone en boca de Skilling que «todas nuestras creaciones» —la más importante de todas… el Dinero— están ahí: en los marcadores electrónicos de las bolsas (en los tickers). Es lamentable; pero es la pura verdad, aunque nos cueste trabajo el reconocerlo. Concluye, pues, este libro, en el que he intentado agarrar al escándalo Enron por el cuello. Pero no concluye la tragedia; no puedo gritar «¡Abajo el telón!» porque apenas he rascado la superficie de la circunstancia sistémica que lo propició, y es del todo lógico que el lector especializado o simplemente curioso quiera, como yo mismo quiero, saber más, mucho más. ¿Cómo es posible que Enron y sus compañeros de viaje o cómplices pudieran cometer tamaños desmanes sin que nadie moviese un dedo, sin que los perros guardianes del sistema ladrasen? ¿Cuáles fueron las causas radicales del terremoto de grandes escándalos financieros que se desencadenó a comienzos de 2002? ¿Cómo ha podido llegar la conducta directiva a semejantes niveles de arrogancia, temeridad, degradación y bajeza, precisamente en lado más soleado y próspero de la economía occidental? ¿Son miscibles la ética y los negocios? ¿Cómo es posible que no aprendiéramos nada de la crisis tecnológica del 2000, y, en no más de siete años, nos hayamos metido en una nueva y complejísima crisis, primero hipotecaria, más tarde financiera y, en último término, sistémica, que nos ha llevado a la más enigmática, por diferente, recesión global de la historia de la economía? ¿Peligra la economía de libre mercado? ¿Acaso será necesario, como algunos sostienen, la «refundación del capitalismo»?...

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Para intentar responder —en el caso de que ello resulte posible, por supuesto— a estas preguntas y a otras muchas similares, o, cuando menos, elucubrar de forma medianamente solvente sobre las mismas, no es suficiente realizar, como he hecho en esta obra, un vuelo rasante de reconocimiento sobre un hecho lamentable aislado, por muy pedagógico e interesante que ello haya resultado. Por el contrario, es preciso remontar el vuelo hasta una altura que nos permita contemplar la magnitud del desastre sistémico que hoy nos aflige, pues la espesa y pantanosa selva que forman los escándalos financieros y los comportamientos corporativos y sistémicos impropios que conocemos, esconde en buena parte la inhóspita tierra de la que brotaron y en la que arraigaron. Y tal tierra no es sino el solar en que se asienta nuestra perturbada sociedad postmoderna. Así las cosas, si lo que deseamos es comprender las causas radicales de tan colosal catástrofe, es preciso localizar con certeza tal solar, y luego excavarlo cual mineros en búsqueda de los filones de la explicación y del sentido, con la esperanza de dar con alguno que sea intelectualmente rentable. Eso es precisamente lo que intento en la aún inconclusa obra, ya anunciada en el Preámbulo. Pero creo necesario avisar de que hay una pregunta a la que no podré dar no ya la respuesta, sino ni siquiera una respuesta puramente conjetural: ¿Cómo y cuándo saldremos de una crisis tan atípica y devastadora como la que estamos sufriendo? Desde luego, saldremos; de eso no tengo duda alguna. Pero absolutamente nadie —incluidos brujos, gurús, premios Nobel de Economía, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Bancos Centrales— tiene hoy en día ni la menor idea de qué es lo que realmente conviene hacer ni de cuando acabarán nuestras desdichas. Así las cosas, en las tinieblas de esta noche sin estrellas, recordemos la sabiduría que encierra el oráculo de Duma (Isaías, 21, 11-12): Alguien me grita desde Seír: «Centinela, ¿qué hay de la noche? centinela, ¿qué hay de la noche?» Dice el centinela: «Se hizo de mañana y también de noche. Si queréis preguntar, volveos, retornad.»

La noche acabará, y el sol volverá a brillar; pero no preguntemos cuándo… porque nadie lo sabe. Sant Pere de Ribes, Domingo de Resurrección, abril de 2011

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BIBLIOGRAFÍA Selección de libros sobre el escándalo Enron Brice, Robert, Pipe Dreams: Greed, Ego, and the Death of Enron, Public Affairs, 2002. Cruver, Brian, Anatomy of Greed: The Unshredded Truth from an Enron Insider, Carroll & Graf, 2002. Eichenwald, Kurt, Conspiracy of Fools: A True Story, Broadway Books (Random House), 2005. Fox, Loren, Enron: The Rise and Fall, John Wiley & Sons, 2002. Fusaro, Peter C., What Went Wrong at Enron: Everyone’s Guide to the Largest Bankruptcy in U.S. History, John Wiley & Son, 2002. McLean, Bethany y Elkind, Peter, The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron, Portfolio (Penguin Group), 2003. Smith, Rebecca y Emshwiller, John R., 24 Days: How two Wall Street Journal reporters uncovered the lies that destroyed faith in corporate America, HarperCollins Publishers, 2004. Swartz, Mimi y Watkins, Sherron, Power Failure: The Inside Story of the Collapse of Enron, Doubleday Publishing, 2003. Libros citados por el autor Fukuyama, Francis, La gran ruptura. Naturaleza humana y reconstrucción del orden social, Ediciones B., 2000. — El fin de la historia y el último hombre, Planeta, 1992. Krugman, Paul, El gran engaño, Crítica, 2004. Martín Valero, Vicente, La era de la perplejidad: Una reflexión en torno a postmodernidad y empresa, Publicaciones Universidad de Alicante, 2003. Mises, Ludwig von, La acción humana, Unión Editorial S. A., 1980. Paulos, John Allen, Un matemático invierte en la bolsa, Colección Metatemas, Tusquets Editores, 2004.

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Rappaport, Alfred, La creación de valor para el accionista, Ediciones Deusto S. A., 1998. Stiglitz, Joseph E., Los felices 90: La semilla de la destrucción, Taurus, 2003. Fuentes de citas: autores y obras Apuleyo, Lucio, El asno de oro. Arendt, Hannah, Hombres en tiempos de oscuridad. Ausonio, Epigramas. Borges, Jorge Luis, Avatares de la tortuga. Canetti, Elias, Masa y poder, y Apuntes (1942-1993). Carroll, Lewis, Alicia en el País de las Maravillas. Chandler, Raymond, El largo adiós. Cicerón, Pro Plancio, y De Officiis. Crisólogo, Pedro, Sermones. Durkheim, Émile, De la division du travail social. Goethe, Johann Wolfgang von, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Henry, O., Obras Selectas. Horacio, Odas, y Epístolas. Isaías, Libro de Isaías (Antiguo Testamento). Justiniano I, Digesto. Lucano, Farsalia. Marcial, Marco Valerio, Epigramas. Montaigne, Michel de, Ensayos. Ortega y Gasset, José, En torno a Galileo. Pla, Josep, Madrid 1921. Un dietario. Saavedra Fajardo, Diego de, Idea de un príncipe político cristiano, representado en cien empresas. Salomón, Eclesiastés (Antiguo Testamento). Séneca, Epístola moral a Lucilio, De ira, y Consolatione ad Helvetiam. Shakespeare, William, Ricardo III. Stendhal, La cartuja de Parma. Suarès, André, Le voyage de Condottiere. Syro, Publilio, Sententiae. Tácito, Publio Cornelio, Anales, e Historiae. Terencio, Publio, Heauton Timorumenos, y Andria. Tuchman, Barbara W. Un espejo lejano. Virgilio, Eneida. Zola, Émile, «Carta a M. Félix Faure», L’Aurore.

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