El Despojo Paramilitar y su variación: Quiénes, cómo, por qué

Table of contents :
Resumen......Page 2
Portadilla......Page 3
Página Legal......Page 4
Siglas y acrónimos......Page 5
1. La pregunta......Page 7
2. El contexto......Page 10
3. La explicación......Page 11
4. Implicaciones......Page 23
Conclusiones......Page 24
Tablas......Page 26
Referencias......Page 28
1. Descripción del municipio de Turbo......Page 32
2. Dinámicas del conflicto armado en el municipio de Turbo......Page 34
3. Unidades y dominio paramilitar......Page 42
4. Despojo de tierras en el municipio de Turbo......Page 47
Referencias......Page 51
Anexo......Page 54
1. Características generales de Chivolo......Page 56
2. Antecedentes agrarios del conflicto y actores presentes en Chivolo......Page 57
3. Unidades paramilitares en el Magdalena y el municipio de Chivolo......Page 59
4. Despojo de tierras en el municipio de Chivolo......Page 63
4.3. Identificación de redes a partir del despojo......Page 68
Referencias......Page 70
Anexo......Page 73
1. Descripción del municipio de Riosucio......Page 76
2. Dinámica del conflicto armado......Page 78
3. Descripción de la Unidad Paramilitar......Page 80
4. Despojo de Tierras en Riosucio......Page 84
Referencias......Page 87
1. Contexto de San José del Guaviare......Page 90
2. El paramilitarismo en los Llanos Orientales y en San José del Guaviare......Page 92
3. Despojo de tierras de los paramilitares en los Llanos Orientales......Page 97
Conclusiones......Page 102
Referencias......Page 103
1. Descripción del municipio de Titiribí......Page 107
2. Actores armados y las tres fases del fenómeno paramilitar en Titiribí......Page 109
3. El papel de las élites rurales como fundadores y/o financiadores de emprendimientos paramilitares......Page 116
Conclusiones......Page 118
Referencias......Page 119
1. Descripción del municipio de Flandes......Page 121
2. El conflicto armado en el Tolima......Page 123
3. Presencia paramilitar en el Departamento del Tolima......Page 124
Conclusiones......Page 132
Referencias......Page 133
1. Características generales del municipio de Cimitarra......Page 135
2. El conflicto armado y el surgimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio......Page 136
3. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá......Page 141
4. Impactos de las acpb sobre la regulación de los derechos de propiedad rural......Page 147
Conclusiones......Page 148
Referencias......Page 149
Índice de recursos gráficos......Page 152

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El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué Resumen El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué recoge los resultados de investigación del programa “Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria” financiado por Colciencias. Esta investigación analiza la variación regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos a través de los cuales tuvo lugar y las alianzas con elites agrarias que posibilitaron esta masiva transferencia de tierras de campesinos y de grupos étnicos hacia las arcas de los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de sus testaferros. Esta obra analiza las condiciones organizacionales e institucionales que lo posibilitaron, los mecanismos de legalización y sus beneficiarios y está dirigida a personas de diversos sectores académicos, estatales y sociales interesados en comprender más y mejor este repertorio de violencia que sin duda tiene implicaciones de política pública, no solo en los temas de restitución de tierras sino en la regulación de los derechos de propiedad rural en Colombia. Palabras clave: Tenencia de la tierra, desplazamiento forzado, víctimas de la violencia, conflicto armado, paramilitarismo, Colombia.

e Paramilitary Dispossession and its Variation: Who, How, Why Abstract Dispossession and its Perpetrators: Who, How, Why presents results from the research program “Observatory on restitution and regulation of rights to agricultural property”, financed by Colciencias. This research analyzed regional practices and mechanisms of land dispossession by Colombian paramilitaries, and their alliances with agricultural elites that made it possible to transfer vast areas of land from campesinos and ethnic minorities to groups made up of powerful actors in the rural economy and their armed representatives. This work analyzes the organizational and institutional conditions that made this possible, the mechanisms by which transferred property was legalized, and the identities of the process’s beneficiaries. It is directed to people in various academic, State, and social sectors interested in more and better information about this repertory of violence with undeniable policy implications, not only for land restitution but for the regulation of rural property rights in Colombia. Keywords: Land tenure, forced displacement, victims of violence, armed conflict, paramilitary groups, Colombia.

Para citar este libro Gutiérrez Sanín, Francisco & Vargas Reina, Jenniffer (eds.). (2016). El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué Francisco Gutiérrez Sanín Jenniffer Vargas Reina —Editores académicos—

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué / Francisco Gutiérrez Sanín, Jenniffer Vargas Reina, editores académicos. - Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. xii, 258 páginas. — (Colección Textos de Jurisprudencia) Incluye referencias bibliográ cas. ISBN: 978-958-738-769-8 (impreso) ISBN: 978-958-738-770-4 (digital) DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704 Tenencia de la tierra - Colombia / Desplazamiento forzado - Colombia / Víctimas de la violencia - Colombia / Con icto armado - Colombia / Paramilitarismo - Colombia / I. Gutiérrez Sanín, Francisco / II. Vargas Reina, Jenniffer / III. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia. 303.6 SCDD 20 Catalogación en la fuente — Universidad del Rosario. Biblioteca jda Septiembre 5 de 2016 Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Colección Textos de Jurisprudencia

© Editorial Universidad del Rosario © Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia © Varios autores Editorial Universidad del Rosario Carrera 7 Nº 12B-41, o cina 501 • Teléfono 297 02 00 editorial.urosario.edu.co Primera edición: Bogotá D.C., octubre de 2016 ISBN: 978-958-738-769-8 (rústica) ISBN: 978-958-738-770-4 (digital) DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704 Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario Corrección de estilo: Carolina Méndez Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kilka DG. Diagramación: Martha Echeverry Desarrollo ePub: Lápiz Blanco S.A.S. Hecho en Colombia Made in Colombia La investigación que derivó la presente obra contó con el apoyo de Colciencias, convocatoria 343 de 2011, código del programa: 550054332240, nanciada con recursos del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas. Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la universidad ni sus políticas institucionales. Fecha de evaluación: 01 de junio de 2016 Fecha de aceptación: 22 de julio de 2016 Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

Siglas y acrónimos ACC Autodefensas Campesinas del Casanare ACDEGAM Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio ACORE Asociación Colombiana de O ciales en Retiro de las Fuerzas Armadas ACMM Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACPB Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos AUC Autodefensas Unidas de Colombia BACRIM Bandas Criminales BEC Bloque Elmer Cárdenas BN Bloque Norte BT Bloque Tolima CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORPAMAG Corporación Autónoma Regional del Magdalena CTI Cuerpo Técnico de Investigación DAS Departamento Administrativo de Seguridad DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DNP Departamento Nacional de Planeación ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleo ELN Ejército de Liberación Nacional EOT Esquema de Ordenamiento Territorial EPL Ejército Popular de Liberación DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales EOT Esquema de Ordenamiento Territorial FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos FFAA Fuerzas Armadas FUNPAZCOR Fundación para la Paz de Córdoba GMH Grupo de Memoria Histórica ha Hectárea(s) ICA Instituto Colombiano de Agricultura IGAC Instituto Geográ co Agustín Codazzi INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCORA Instituto Colombiano de Reforma Agraria INDERENA Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente M19 Movimiento 19 de Abril

MAS Muerte a Secuestradores MINERCOL Empresa Nacional Minera Limitada MORENA Movimiento de Restauración Nacional MOVICE Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MRL Movimiento Revolucionario Liberal ORRDPA Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria PASO Programa de Alternatividad Social PC Partido Comunista PC-ML Partido Comunista-Marxista Leninista POT Plan de Ordenamiento Territorial RUPTA Registro Único de Predios y Territorios Abandonados RUV Registro Único de Víctimas SAT Sistema de Alerta Temprana UAEGRTD Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en el documento se simpli có como Unidad de Restitución de Tierras) UAF Unidad Agrícola Familiar UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UNYJP Unidad Nacional para la Justicia y la Paz UP Unión Patriótica ZRC Zonas de Reserva Campesina ZRFA Zona de Reserva Forestal de la Amazonía

Introducción* Francisco Gutiérrez Sanín** Jenniffer Vargas Reina***

*Este texto presenta resultados de investigación del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria nanciado por Colciencias. Este libro se ha bene ciado de los cuidadosos y certeros comentarios críticos de Ana María Arjona, de valiosas evaluaciones de pares anónimos y de insumos de todo el equipo de investigación del Observatorio. **Docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (http://www.observatoriodetierras.org/? doing_wp_cron=1458945548.2336521148681640625000). ***Docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia y de la Ponti cia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (http://www.observatoriodetierras.org/?doing_wp_cron=1458945548.2336521148681640625000).

1. La pregunta Este libro trata sobre el despojo paramilitar, es decir, sobre el robo de tierras a través del uso de diferentes grados de coerción por parte de un importante actor del con icto armado colombiano. Vale la pena recordar la importancia y la enorme magnitud de este fenómeno durante nuestra guerra. De acuerdo con la principal base de datos de daños a la población civil, el Registro Único de Víctimas —RUV—, a primero de mayo de 2016 había en Colombia más de 7 millones 200 mil desplazados. De manera sintomática, el estado colombiano jamás ha hecho un conteo de los despojados. Pero las evidencias que tenemos a mano, tanto cualitativas (Grupo de Memoria Histórica, 2010) como las cuantitativas (Garay, 2011) sugieren que el número podría ser muy grande. Por ejemplo, según los cálculos de Garay y su equipo más del 40% de los desplazados fueron despojados (es decir, tuvieron que huir de su lugar de origen y perdieron sus tierras). Esto signi caría que el número de los despojados en Colombia se debe contar por los millones o, al menos, por los cientos de miles. Este es un número enorme, como lo es también su impacto sobre la sociedad colombiana, no sólo por sus efectos, sino por los síntomas que podría revelar. En particular, intentamos contestar a una pregunta de investigación que surgió mientras estudiábamos los patrones de despojo paramilitar: ¿a qué se debe la gran variedad en punto a frecuencias y técnicas del despojo que se observa tanto longitudinalmente (por periodo de tiempo) como territorialmente (por región y por unidad paramilitar)? En principio, la pregunta podría tener respuestas relativamente simples y/o cubiertas por teorías existentes. Por ejemplo, se podría pensar que entre más destructiva fuera la unidad paramilitar, más despojadora sería. Esta intuición corresponde a lo que nos sugiere buena parte de las teorías acerca de la violencia contra los civiles en el curso de las guerras, en las que se plantea que determinados factores militares o estratégicos generan niveles de violencia más o menos altos. Por ejemplo, la del control territorial de Kalyvas (2006) o la del acceso diferencial a los recursos de Weinstein (2006) establecen que

“todas las cosas malas vienen juntas”: una vez se ha jado una situación estratégica, la frecuencia y gravedad de los ataques de los actores serán las mismas.1 Pero la cantidad de contra-ejemplos es lo su cientemente grande como para desvirtuar esta línea de exploración. Por ejemplo, algunas de las unidades paramilitares más altamente homicidas y masacradoras estuvieron profundamente involucradas en el despojo de tierras, mientras que otras no (Frente Fronteras, ver por ejemplo Uribe, 2014; Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, Bloque Metro). Con el tiempo, algunas desarrollaron formas de gobernanza relativamente estables, y de éstas hubo quienes robaran tierras de manera persistente como el Bloque Bananero y el Bloque Elmer Cárdenas, y otras que no lo hicieron como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo el mando de alias Botalón. Otra conjetura posible es que la variación en punto al despojo sea simplemente probabilística. Todos los grupos armados ilegales atacan a la población civil, algunos lo harán con más encono, por características como la personalidad de los comandantes o la situación de coyuntura, u otra semejante, que caen por debajo del radar del analista. No se debe descartar de plano esta intuición porque parte de la variación podría tener este origen. Eso signi caría que un estudio cuantitativo no encontraría ninguna variación sistemática entre las unidades paramilitares, dependiente de sus características observables. En el análisis que hacemos en este libro encontramos, por el contrario, claras líneas divisorias que sugieren que sí hay una variación sistemática, que separa las unidades despojadoras de aquellas que no lo fueron. En tercer lugar, el despojo podría estar mostrando que nuestra guerra ha sido producto de la voluntad de acumulación. Son ya célebres las teorías acerca de las insurgencias que plantean que las guerras se hacen para capturar rentas y tener acceso a recursos; en la formulación de Collier y Hoeffler (2004), las guerras son producto de la codicia y no de con ictos sociales. La versión colombiana aplicada al paramilitarismo sería a rmar que éste no se armó para combatir a la subversión sino para enriquecer a sus comandantes. En varias de las explicaciones o ciosas acerca de la existencia del paramilitarismo, escuchamos que su actividad criminal se asocia al narcotrá co. Parte del sentido común colombiano sobre el con icto se apoya en que la coca constituye “el combustible de la guerra” (Pizarro, 2004). Sería plausible entonces pensar que los máximos agentes depredadores serían los narcotra cantes. Una vez más, el planteamiento contiene más de un grano de verdad. Pero aparte de los numerosos problemas que tiene la explicación codiciosa de la guerra (para críticas ver Cramer y Richards, 2011; Ross, 2004; Gutiérrez, 2004), nos encontramos con que algunos narcos se involucraron en prácticas despojadoras sólo en condiciones muy especiales; muchos de ellos no lo hicieron. Y, como se verá más adelante, podemos explicar con alguna precisión porque nos encontramos con ese desenlace. En cuarto lugar, se podría asociar el despojo a las políticas neoliberales y al desarrollo de macroproyectos en diferentes territorios (Ballvé, 2011; Lombana, 2012). En efecto, dichas políticas y tales proyectos generan transformaciones en gran escala que involucran, entre otras cosas, grandes transferencias de activos de unas manos a otras. Pero no todas esas transferencias pueden ser cali cadas de despojo, por lo que se necesita una de nición clara de este concepto para hacer el análisis. En los casos que consideramos aquí, vemos que el despojo puede asociarse a macro-proyectos y a dinámicas de economías de exportación, pero también a otras muy atrasadas, que poco o nada tienen que ver con la expansión global de las políticas neoliberales, como la ganadería extensiva.

Por último, la variación podría ser endógena a la guerra misma, es decir, podría estar dictada por consideraciones de carácter estratégico-militar. Este es el supuesto estrella de la teoría de control territorial de Kalyvas (2006). Como veremos en los casos tratados aquí, hay instancias en las cuales el control sobre las tierras —y sobre algunas ncas especí cas— aumentó la probabilidad de establecer el control sobre el territorio. Dos ejemplos canónicos son la hacienda Las Tangas por parte de Fidel Castaño para apoyar la expansión paramilitar en el Urabá, y el caso de las tierras de la vereda La Pola, apropiadas por Jorge 40 en el Magdalena, pero esta no fue la regla general. Adicionalmente, entre los problemas que tiene la teoría de Kalyvas está el de no tener criterios claros para codi car si un territorio es “seguro” o no, y por tanto para decidir si el actor armado ilegal tiene incentivos para atacar a la población civil (lo cual es clave en las predicciones básicas de Kalyvas, 2006, p. 204). Por la manera en que los paramilitares distribuyeron su presencia en el territorio, estuvieron permanentemente expuestos a con ictos internos (Gutiérrez, 2014a). No es fácil dirimir cuáles dominios paramilitares eran competidos y cuáles no lo eran, en vista de la frecuencia de los brutales enfrentamientos intra-fuerza. La literatura sobre los recursos y el control territorial que explica la variación de los repertorios de violencia de un grupo armado no ha tenido en cuenta las estructuras organizativas del despojador que deberían tener un papel central en la explicación de los patrones de violencia contra los civiles. Por ejemplo, los grupos con bajos niveles de disciplina y organizados como redes deberían ser más proclives a permitir, o incluso a estimular, diferentes modalidades de violencia oportunista, esto es, violencia contra los civiles ejercida por parte de un miembro de un grupo armado ilegal para satisfacer sus propios objetivos y no los objetivos estratégicos del grupo (Wood, 2009). Como veremos a lo largo de los casos considerados aquí, esta violencia oportunista fue central en el despojo de tierras en Colombia. La conclusión es que no se puede tratar al perpetrador como un actor unitario: las motivaciones para el ejercicio de la violencia pueden provenir de la cúpula remota de la fuerza, o de la cúpula inmediata (la de la unidad asentada directamente en el territorio), o de miembros de esa unidad, o incluso de personal externo altamente in uyente. Aún hay otra diferenciación que establecemos aquí, más radical, con respecto de muchas de las teorías establecidas: la guerra no tiene lugar en un vacío institucional (Gutiérrez, 2014a) ni social (Staniland, 2012; omson, 2011). Delitos como el del despojo se cometen a través de redes de poder ya establecidas (Salinas y Zarama, 2012), y tienen que ver con actores, reglas de juego, rutinas y formas de proceder, que estuvieron en acción antes, durante y después de la guerra (ORRDPA, 2014; Arjona, 2014). Por lo tanto, nuestro análisis del despojo tiene en cuenta las siguientes dimensiones: a. Trata a las unidades paramilitares no como actores unitarios sino como a unidades que hacen parte de una compleja red que evoluciona. b. Incluye en el análisis a las estructuras organizacionales del paramilitarismo. c. Incluye en el análisis a los grupos sociales asociados a los diversos paramilitarismos que observamos, esto es, las coaliciones que se articularon alrededor de él y que a veces jugaron un papel directivo. d. Incluye el papel de las agencias del estado. e. Incluye en el análisis los diseños institucionales que permitieron que el despojo tuviera lugar. El tener en cuenta tales dimensiones nos permitió llegar a una conclusión simple pero importante: allí

donde las élites rurales legales estuvieron articuladas orgánicamente a la unidad paramilitar —a través de la participación en el personal directivo de ella y/o de pactos explícitos entre el grupo armado y líderes de los gremios productivos— aumentó sustancialmente la probabilidad de que se presentara despojo signi cativo. La presencia de narcos también parece haber incrementado la probabilidad de que se produjera despojo, siempre y cuando se dieran condiciones organizativas e institucionales favorables. Más aún, mostramos cómo estas variables sociales interactúan con dinámicas endógenas a la guerra, como el control territorial por parte de diversos grupos armados. Pero antes de entrar a discutir nuestra proposición central tenemos que hacer una breve revisión de algunas de las principales características del proyecto paramilitar en Colombia.

2. El contexto En efecto, si como lo reconoce la literatura internacional, las “organizaciones cuentan” (Wood, 2009, 2012; Blattman y Miguel, 2010), es importante entender algunos rasgos relevantes del paramilitarismo colombiano. Lo primero que debería llamar la atención es su carácter proteico y gran diversidad. En la categoría entran desde escuadrones de la muerte livianos en personal y totalmente carentes tanto de poder de fuego para enfrentar a la guerrilla como de intelectuales para construir una justificación pública, hasta aparatos relativamente sofisticados, con publicaciones, políticos y cuadros universitarios, y una profunda capacidad de penetrar la sociedad civil. Es decir, las unidades paramilitares se diferenciaron por la existencia de una estructura organizacional, la forma de insertarse en la sociedad regional en la que actuaron y la articulación con el estado. Pero no todo es variación. Los distintos paramilitarismos también compartieron algunos rasgos y formas de proceder. Primero, su orientación anti-guerrillera. Esto es básico para entender al paramilitarismo de las últimas décadas, y diferenciarlo de otros fenómenos (anteriores, como los pájaros, y posteriores). Los distintos paramilitarismos se crearon y nanciaron para aplastar a la guerrilla en territorios especí cos. Segundo, su interacción permanente con actores intra-sistémicos, lo que les garantizó altísimos grados de impunidad. La composición de actores intra-sistémicos que se vincularon al proyecto paramilitar cambió de región a región y de periodo a periodo, pero la “protección invisible” de la que gozaron los paramilitares se mantuvo relativamente estable (Gutiérrez, 2014b). Tercero, su carácter punitivo: todas las unidades incorporaron a su discurso, así como a su accionar, el principio de que se le debería quitar el agua al pez, y que por tanto era necesario castigar a aquellas personas o sectores sociales que apoyaran a la guerrilla. Este castigo podía involucrar formas extremas de violencia, como grandes masacres, homicidios, descuartizamientos, etc. Cuarto, su estructura organizativa de red: el paramilitarismo nunca fue un proyecto contra-insurgente uni cado. Después de muchos esfuerzos los hermanos Castaño lograron conformar una laxa federación nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, dentro de la cual cada unidad tenía un grado de autonomía muy grande. Hubo unidades que nunca ingresaron a la federación, como las Autodefensas Campesinas del Casanare, y en algunos casos las AUC “invadieron” territorios de jefes locales (como en el caso de los enfrentamientos entre Hernán Giraldo y Jorge 40, o entre Arroyave y Martín Llanos), lo que fue motivo de enfrentamientos entre paramilitares. Incluso dentro de cada grupo local la unidad de mando podía estar en duda.2

De lo anterior se colige que en cierta forma las características comunes y la variación son dos caras de una misma moneda. El paramilitarismo ha sido localista/regionalista por diseño (el nombre de sus grandes proyectos políticos lo sugiere de manera transparente: Por una Urabá grande, unida y en paz, Provincia Unida, Clamor Campesino Caribe, Poder Popular Campesino, entre otros), lo que a la vez se convierte en una fuente fundamental de variación. Estas fuerzas autónomas, que repartían el territorio de manera “semifeudal” al decir de Doble Cero,3 se insertaron en cada uno de sus territorios de manera altamente idiosincrática. Es por ello que nuestras dimensiones explicativas de carácter organizacional sí varían. Y no lo hacen de manera fortuita, sino de acuerdo con estructuras de poder regionales ya establecidas en el momento en que entra el paramilitarismo a la región dada; ciertamente, en muchas ocasiones los paramilitares arribaron por demanda, debido a las peticiones, nanciación y apoyo brindados explícitamente por dichas estructuras de poder.4,5 Dentro de ese marco general de operación hubo distintas clases de esquema organizacional del paramilitarismo (Gutiérrez, 2014a), que implicaban diferentes niveles de interacción con las élites rurales, con las agencias del estado, diferentes complejidades organizacionales y distintas maneras de controlar el territorio. Las Tablas 1 y 2 (ver nal del capítulo) muestran las variables relevantes de esa inserción diferencial para capturar las disimilitudes organizativas y sociales de los paramilitarismos, y nos permite examinar si en efecto la variación por tipo de unidad permite diferenciar entre los niveles de despojo observados en nuestros estudios de caso.

3. La explicación 3.1. De niciones y proposición básica Por unidad paramilitar entendemos una estructura formalmente reconocida por otros actores dentro de la red. Para efectos prácticos, lidiamos con dos tipos de unidad: grandes, como los bloques que tenían amplio rango territorial y alguna semblanza de unidad de mando (piénsese en el Bloque Norte que actuaba en la Costa Atlántica)6 y las pequeñas, más cohesionadas, que operaban de manera estable sobre un conjunto mucho más pequeño de municipios bajo las órdenes de un comandante o líder claramente identi cable. Por despojo activo paramilitar entendemos “el acto planeado y consciente de quitar la tierra a alguien, con el n de redistribuir los derechos de propiedad entre otros agentes. El agente despojador, o alguno de sus representantes, intenta explícitamente apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque alguien le exige entregarlo, y/o los papeles que le daban derechos como posesión, usufructo y transferencia” (Gutiérrez, 2014b, p. 45).7 No consideramos aquí otros fenómenos, como transferencias masivas de activos de unas manos a otras, si no ha existido un componente claramente coercitivo y un daño legalmente reconocible (p. ej., a través de la jación de precios ostensiblemente por debajo del valor de mercado). Naturalmente, eso no signi ca que no haya transferencias de activos, por ejemplo vía mercado, que no puedan tener efectos sociales profundamente indeseables (gran concentración de la tierra, etc.). Pero nuestro foco de atención aquí es el despojo. Identi camos cuatro niveles al que éste se puede producir, que van desde el cercano a cero cuando prácticamente no se ha podido identi car un solo caso realizado por una unidad paramilitar dada en el municipio especí co, hasta el más alto, 1, cuando hallamos que los casos identi cados de despojo sobrepasan

las 500 hectáreas.8 Por último, tomamos dos posibles unidades de observación: el municipio y la unidad paramilitar. Escogimos aleatoriamente los municipios en la variable dependiente,9 garantizando que capturáramos al menos tres clases de casos con presencia paramilitar que tuvieran alto desplazamiento con alto despojo; alto desplazamiento con bajo despojo; y bajo despojo con bajo desplazamiento.10 Se seleccionaron municipios en los que no hubo despojo para poder identi car las condiciones que explican por qué ciertas unidades paramilitares sí despojaron tierras y contrastarlas con aquellas en las que este repertorio no se dio. Sin embargo, durante los estudios de caso nos dimos cuenta de que en algunas ocasiones la unidad paramilitar no despojaba en el municipio que estábamos estudiando, pero sí en otros. En cuanto nos pusimos a la tarea de estudiar por qué sucedía esto, vimos que algunas unidades despojadoras no pudieron desarrollar su actividad allí donde el territorio era disputado por la guerrilla. Esto en particular se aplica al Frente Héroes del Guaviare. Dicho de otra manera, si nos circunscribimos a la unidad de análisis municipal, que parece ser la más nítida, la principal regla de todo nuestro análisis (la articulación de élites legales al proyecto paramilitar en el territorio dado dispara el despojo) se sostiene, pero en cambio las otras dos se caen. Esto es natural, pues los casos de despojo protagonizados por las élites ilegales tuvieron lugar en territorios en donde el estado tenía una presencia más precaria y en donde las unidades despojadoras desarrollaban sus actividades de desposesión coercitiva solamente a parches (ahí donde las condiciones de la competencia bélica las dejaran). Tomando la unidad de análisis organizacional tenemos tres reglas básicas que parecen gobernar la variación con respecto del despojo activo paramilitar: a. Articulación orgánica de las élites rurales a la unidad paramilitar. Comprende la participación de dichas élites en el liderazgo de la unidad paramilitar y de pactos entre ésta y gremios de la producción o reconocidos líderes del sector productivo. Se da a través de, por ejemplo, acuerdos explícitos, procesos de acción colectiva conjuntos, presencia en gran escala de miembros de las élites en el personal dirigente, participación de los líderes gremiales en la toma de decisiones dentro del emprendimiento paramilitar y creación de mecanismos explícitos que articulan el negocio con la actividad paramilitar. Allí donde encontramos una participación orgánica de las élites rurales legales en el proyecto paramilitar nos encontramos con niveles altos de despojo.11 b. Participación orgánica de las élites rurales ilegales (particularmente narcotra cantes) en la unidad paramilitar sumada a condiciones organizacionales adecuadas. Como se ve en la Tabla 1, algunas unidades de narco-paramilitares fueron despojadoras. Las que se involucraron en esta actividad eran grandes y actuaron sobre todo en el sur del país. c. Endogeneidad. Las reglas a. y b. operan con sujeción a limitaciones de carácter militar; la actividad despojadora es menor, o desaparece, en territorios disputados con las guerrillas (no necesariamente con otros paramilitares, ver sección sobre Mecanismos). Como se aprecia en la Tabla 1, estas reglas separan linealmente a las unidades altamente despojadoras de las demás. No hay una sola unidad paramilitar entre las que estudiamos que sea altamente despojadora y que no tenga estas características. No hay una sola unidad paramilitar que tenga estas características y no

despoje. Los valores de la Tabla 1 corresponden a los criterios y a las calibraciones propuestas de la Tabla 2, variables seleccionadas para caracterizar las unidades paramilitares y calibración de cada variable (ver Anexo 1: Documentación de la codi cación de las variables y Anexo 2: Revisión de fuentes). En efecto, de las unidades que estudiamos, hay seis que incurrieron en altos niveles de despojo (aquellas que están marcadas con un 1 blanco en la última columna. Estas seis unidades pueden ser separadas de las demás sin una sola excepción por nuestras dos reglas: 1. Las unidades con un 1 en casilla gris en las columnas F y G son las que corresponden a la primera regla. Ellas, y solamente ellas, tienen un 1 en las dos columnas. 2. Las unidades con un 1 entre círculo en las columnas D y E son las que corresponden a la segunda regla. Separan con una excepción, pues aún queda el Frente Héroes de Guaviare que no incurrió en alto despojo pero cumple las condiciones de las columnas D y E. Sin embargo, si se tiene en cuenta la columna J —tamaño de la unidad—, también destacada entre círculo, tenemos una separación perfecta. En conjunto, las dos reglas caracterizan plenamente a las unidades altamente despojadoras (las de 1 en la última columna R). Reiterando: ninguna unidad que no cumpla con las condiciones de las reglas 1 ó 2 será altamente despojadora; ninguna que sea altamente despojadora dejará de tener las características destacadas por las dos reglas. La relación es de “si y sólo si”. Más aún, otras condiciones que en apariencia podrían ser altamente relevantes —articulación con el ejército, la policía o las autoridades locales, por ejemplo— no pesan aquí.12 3.2. Ilustraciones Veamos algunos ejemplos que ilustran este conjunto de reglas. Raúl Emilio Hasbún, ganadero y empresario bananero, se convirtió en el jefe del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero y fungió como el principal enlace entre las comercializadoras bananeras que nanciaron a los paramilitares mediante el pago de tres centavos de dólar por caja exportada que llegaban a la Convivir “Papagayo” (ver caso Turbo). La articulación orgánica no se dio solamente con el gremio de las comercializadoras bananeras, sino también con el gremio ganadero. Hebert Veloza García alias HH y Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito acordaron con los ganaderos que el aporte de su nanciación se recogería a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande —SUGANAR— al momento de pagar lo concerniente a la vacuna de la aftosa. El Bloque Norte, bajo el mando del ganadero Jorge 40 estableció también una articulación orgánica con los organismos gremiales. Actualmente se encuentra detenido Jorge Visbal Martelo ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos —FEDEGAN— 1991-2004, por sus presuntas relaciones con Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, del Bloque Norte (ver caso Chivolo). Finalmente, encontramos la alianza entre el Fondo ganadero de Córdoba y el Bloque Elmer Cárdenas. Ambos trabajaron de manera conjunta en la planeación y puesta en marcha de uno de los despojos más grandes del Urabá antioqueño en la zona de Tulapas y en la creación de proyectos productivos de caucho y proyectos forestales en esas tierras despojadas (ver caso Turbo). Ahora consideremos un par de unidades de las que sabemos que se involucraron en el despojo

solamente en el margen, como las tardías del Magdalena Medio. Tales agrupaciones son herederas del referente canónico del paramilitarismo de la década de 1980, centrado en Puerto Boyacá, que se construyó alrededor de un gremio dirigido básicamente por grandes ganaderos. Pero estos administraban una economía rural demasiado ine ciente para sostener el costo de la guerra, lo que facilitó la entrada masiva de los narcos (Gutiérrez y Barón, 2006). Esto a su vez generó una gran desorganización en la coalición paramilitar y enfrentamientos armados dentro de ella, lo que a la postre resultó en el fraccionamiento de los dominios territoriales y en la conformación de nuevos grupos que operaron en las décadas de 1990 y 2000. Tales grupos actuaron más como guardias pretorianas que como instrumentos directos de algunas élites rurales; ciertamente, estaban dispuestos a matar13 para satisfacer sus necesidades, pero con un grado signi cativo de autonomía respecto de ellas en cuanto a toma de decisiones y dirección día a día del manejo de la coerción.14 Típicamente, ninguna de estas agrupaciones que en todo caso jugaron un papel importante en el paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2000, desplegó una actividad despojadora muy visible; piénsese en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza y en las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de Arnubio Triana alias Botalón. No es cierto que se hayan apoyado simplemente en su legitimidad de cara a la población, constituyendo una suerte de “paramilitarismo societario”, como lo quisieran ciertas lecturas optimistas de lo que signi có su presencia en el territorio. Por el contrario, se involucraron en desapariciones forzadas muy frecuentes, así como en homicidios contra un amplio espectro de blancos. Y generaron diversas oleadas de desplazamiento con esa violencia (ver caso Cimitarra). Sin embargo, se involucraron de manera apenas marginal en la apropiación coercitiva de tierras. Tanto en el caso de Isaza como en el Botalón nos encontramos con unos pocos bienes claramente identi cados que sí fueron robados por los paramilitares, y que incluyen casas y balnearios urbanos. Nada comparable con la magnitud de lo que encontramos en Chivolo o Turbo (ver los capítulos respectivos). También encontramos unidades como el del Bloque Suroeste Antioqueño (caso Titiribí) en el que las élites rurales jugaron un papel clave en su surgimiento y nanciación, pero que no tejieron una alianza orgánica con las élites rurales legales tal cuál la hemos de nido en este libro.15 En este caso, la participación de las élites rurales legales se basó en la nanciación y en la participación eventual de un ganadero como mando medio de la unidad paramilitar comandada por alias Doblecero y por otros especialistas en violencia, pero no se estableció una relación de interdependencia mediada por acuerdos explícitos entre el grupo paramilitar y los gremios económicos de la zona o los líderes gremiales, ni se crearon mecanismos explícitos que articulan el negocio del gremio con la actividad paramilitar, ni los líderes gremiales tuvieron injerencia en la toma de decisiones dentro del emprendimiento paramilitar como sí ocurrió en otros casos de alto despojo documentados en este libro (ver casos Turbo, Riosucio, Chivolo). En cuanto a la regla 2 que hace referencia a la participación orgánica de élites rurales ilegales en la unidad paramilitar, tenemos el Bloque Centauros en el que los narcotra cantes Miguel Arroyave alias Arcángel y Daniel Rendón Herrera alias Don Mario no sólo ejercieron la jefatura del bloque (militar y económica respectivamente) sino que además hicieron del narcotrá co su principal fuente de nanciación. El Bloque Centauros llegó a conformar un ejército de gran tamaño que superó los 2.900 combatientes, mantuvo estrechas relaciones con la Fuerza Pública y con políticos locales y regionales (ver caso San José

del Guaviare) y se caracterizó por ser una unidad muy punitiva y bastante despojadora en los departamentos del Meta y del Casanare (Duarte, 2016). Los casos identi cados de despojo realizados por esta unidad sobrepasan las 4.500 hectáreas despojadas (ver el caso San José del Guaviare). También está el caso de las Autodefensas Campesinas del Casanare bajo el mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, que reemplazó a su padre Héctor Buitrago, ganadero y terrateniente fundador de dicho emprendimiento paramilitar. Martín Llanos estableció estrechas relaciones con los carteles de la droga en México16 y llegó a conformar un ejército de más de 1.200 combatientes. Al igual que el Bloque Centauros tuvo una estrecha relación con burocracias civiles a nivel local y regional y a pesar de que su mayor fuente de nanciación fue el narcotrá co, obtuvo rentas de las alcaldías y de los contratos para el sustento de su tropa. Esta unidad también fue altamente despojadora en Casanare y Meta, los eventos identi cados sobrepasan las 8.000 hectáreas despojadas (ver caso de San José del Guaviare) a través de mecanismos como ventas forzadas, vicios de consentimiento, escrituras falsas, etc. Muchas de las tierras despojadas fueron convertidas en bases paramilitares, laboratorios de coca y pistas para el trá co de drogas,17 otras fueron entregadas como botín de guerra al Bloque Centauros que ganó la guerra que se dio entre estas dos unidades paramilitares durante los años 2002 y 2004 (ver caso San José del Guaviare). En el sur del país encontramos también casos negativos en los que las unidades narco-paramilitares no pudieron llevar a cabo procesos de despojo. El caso ilustrativo abordado en este libro es el del Frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros. Su comandante fue Pedro Oliveiro Guerrero Castillo alias Cuchillo, quien había sido soldado profesional del ejército en el Meta. Esta unidad tuvo fuerte presencia e injerencia en zonas urbanas de San José del Guaviare18 y en algunos corredores rurales hacia el Meta, pero fueron las FARC quienes tuvieron el control militar y territorial en las zonas rurales19 y esta condición constituyó un obstáculo para que el Frente desplegara una gran actividad despojadora. 3.3. Validez y mecanismos Estas son apenas ilustraciones. Pero la Tabla 1 muestra que en efecto obtenemos una explicación completa y parsimoniosa acerca de la variación sobre la que nos preguntábamos al principio de esta introducción. Como ya anunciamos, nuestras reglas producen una separación lineal entre unidades altamente despojadoras y las que no lo son. Esto corresponde a la “validez interna” de la proposición (Creswell, 2013), es decir, al hecho de que las reglas funcionan muy bien con respecto de nuestros casos. ¿Qué se puede decir sobre su validez externa, es decir, fuera del conjunto de casos que examinamos aquí? Naturalmente, ella sólo podría establecerse plenamente a través de un estudio cuantitativo, que estamos aún lejos de poder hacer, entre otras muchas cosas por el carácter laberíntico de la red paramilitar, que hace difícil codi car todas las unidades. Sin embargo, tanto la literatura académica como información de contexto proveniente de fuentes primarias y secundarias sugieren que las reglas podrían tener validez externa más que aceptable.20 Por ejemplo una de las unidades paramilitares altamente despojadora y que no abordamos en este libro es la del Bloque Córdoba, liderado por el ganadero y terrateniente Salvatore Mancuso. Su Bloque de más de 2.000 integrantes estableció una alianza orgánica con élites rurales, gremios económicos y políticos a nivel local y regional,21 lo que le permitió llevar a cabo varios despojos de tierras en los municipios de Tierralta, Valencia

y Montería en el departamento de Córdoba, entre otros (Salinas y Zarama, 2012).22 En general, el patrón de “casos positivos” y “negativos” sigue de manera bastante el la regla A que encontramos en el transcurso de este libro. En toda la literatura académica, solamente encontramos una posible excepción, que es el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre los luctuosos eventos de Trujillo, 2008, en donde una alianza de paramilitares, fuerza pública, políticos y narcotra cantes martirizó a la población durante ocho largos años. El libro sostiene que la población, además de ser víctima de asesinatos, masacres y otros ataques brutales, fue víctima del despojo. Esta proposición podría contradecir nuestra regla A, al menos reduciendo su estatuto (de regla plenamente válida de acuerdo con la evidencia disponible a altamente probable). Sin embargo, cuando se examina la conceptualización, la evidencia y la narrativa del informe se llega a la conclusión de que no demuestra que hubiera despojo, y de hecho no presenta un solo caso concreto de despojo (en contraste con otros crímenes, que están plenamente documentados). Veamos cada uno de los aspectos por separado. Con respecto de la conceptualización, el informe nunca dice explícitamente qué entiende por despojo, tipi ca como despojo algunas acciones que no lo son, como depreciación de los avalúos de los predios, o compras a sobre costo. Con respecto de la evidencia, en realidad toda la que se relaciona con tierras está orientada a documentar la compra de tierras por parte de narcotra cantes desde la década de 1960 y que se agudiza en la de 1980. Esto es conceptual y analíticamente distinto al despojo de tierras paramilitar como lo estamos entendiendo nosotros, y de hecho refuerza tanto nuestras reglas sobre el fenómeno observado como las explicaciones que ofrecemos acerca de ellas. La tierra tampoco aparece en la estipulación de los móviles para la agresión contra la población de Trujillo por parte del informe (Memoria Histórica, 2008, p. 39). A lo largo de la narrativa se incluyen nuevas categorías: despojo mediante coerción sin uso de guras jurídicas y despojo con uso de guras jurídicas, recurriendo o no a la coerción y la fuerza. La primera incluye el cambalache, cuya ocurrencia no tiene relación con los paramilitares (según los autores tuvo lugar en las décadas de 1940 y 1950) y no está apoyada en ninguna clase de documentación o evidencia. La segunda tampoco parece corresponder estrictamente al periodo paramilitar: “esta práctica no parece ser propia del contexto del narcotrá co sino heredada de épocas anteriores, cuando los con ictos de apariencia sociopolítica eran una cosa cotidiana” (Grupo de Memoria Histórica, 2008, p. 119). En otros apartes el informe documentó compras de tierra por parte de los narcotra cantes para lavado de activos, algunos de estos casos podrían constituir despojo si medió el amedrentamiento junto con el daño enorme, pero no se presenta un sólo caso de esta naturaleza: simplemente se nombra la extensión del fenómeno de adquisición de tierras por parte de los narcos. En síntesis, el informe no conceptualiza el despojo ni presenta evidencia de que se haya presentado, incluye diferentes periodos históricos, y no articula el tema de tierras a los ataques contra la población civil. Y, una vez tomado esto en consideración, lo que muestra es plenamente compatible con nuestras reglas. Ahora bien, siempre es posible que surjan nuevas evidencias de despojo en Trujillo. Pero aún así la presencia narco en el proyecto paramilitar se acercaría a lo que encontramos en la regla B, al estilo de los paramilitares del sur del país. Es decir, el importante caso de Trujillo podría arrojar nuevas luces sobre la relación entre paramilitares y despojo, sin debilitar fundamentalmente las dos reglas encontradas aquí. El resto de la literatura considerada incluyendo los trabajos más metódicos, también lo es, como por ejemplo

Corporación Jurídica Yira Castro (2011). La pregunta entonces es qué puede explicar semejante separación tan nítida. Dicho de otra manera, es necesario abrir la caja negra de las dos reglas e intentar desentrañar su signi cado analítico. Sobre la base de los casos considerados en este libro, sugerimos que se encuentran en acción al menos los siguientes mecanismos para cada una de las reglas. Regla 1: Articulación orgánica a élites rurales legales ¿Cuáles mecanismos podrían explicar que el despojo dé un salto cualitativo hacia arriba cuando las élites rurales se articulan orgánicamente a la unidad paramilitar? Examinemos algunos de los principales: a. Incentivos. Algunas élites rurales legales obtenían más apropiándose de tierras que cualquier otro actor vinculado al paramilitarismo. En primer lugar, podían legalizarlas de manera relativamente rápida y ponerlas a producir. Por lo tanto, se encontraban en la posibilidad de acceder rápidamente a subsidios, exenciones y líneas de crédito especiales, altamente concentradas en pocas manos y orientadas a ciertos rubros de la producción (p. ej., ganadería y palma), ofrecidas por diferentes gobiernos a sectores especí cos de las élites rurales en las últimas décadas.23 En el libro se abordan varios casos emblemáticos de esto. El ganadero y terrateniente, hoy declarado despojador César Augusto Castro alias Tuto Castro recibió dineros por parte de Cormagdalena para implementar proyectos maderables en tierras despojadas de la nca la Boquilla o antigua hacienda la Palizúa (ver caso Chivolo). También están los casos emblemáticos de Curvaradó y Jiguamiandó en el que 23 empresas palmeras pudieron llevar a cabo sus proyectos de palma de aceite en tierras despojadas, y los casos de proyectos forestales implementados en La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (ver caso Riosucio). Otro ejemplo emblemático lo encontramos con el Fondo Ganadero de Córdoba que se apropió de grandes cantidades de tierras bajo compras forzadas en lo que constituyó el despojo más grande de Antioquia en la zona conocida como Tulapas. En este caso se dieron más de 51 transferencias de tierra a la persona Jurídica del Fondo Ganadero de Córdoba en los municipios de Necoclí y Turbo, varias de dichas transferencias se realizaron otorgando poderes a Sor Teresa Gómez Álvarez, familiar de los Castaño y en la notaria tercera de Montería en Córdoba.24 En esta zona de Tulapas, el Fondo Ganadero de Córdoba y la ONG paramilitar Asocomun implementaron proyectos productivos forestales y de caucho. La ONG paramilitar recibió de manera directa recursos de entidades del estado y de la cooperación internacional para el desarrollo de varios de sus proyectos y por si fuera poco, fue condecorada por el Congreso de la República25 (ver caso Turbo). Algunas élites rurales tenían la posibilidad de conectar las nuevas propiedades adquiridas por la coerción con otros globos de tierra que ya estaban en sus manos, creando así haciendas de gran tamaño para desarrollar economías de escala, como en el caso de algunos ganaderos en el Urabá que se apropiaron de veredas enteras. Aquí es emblemático el caso de las ncas de la vereda Paquemás en Turbo apropiadas por el ganadero Álvaro Mesa Cadavid hermano del ex diputado de Antioquia Rodrigo Mesa.26 También podían ganar expulsando a poblaciones que hubieran adquirido sus parcelas a través de alguno de los procesos de reforma agraria iniciados por el estado colombiano en los últimos cincuenta años, deshaciéndose de potenciales desafíos políticos y sociales (ver punto d). Aquí son muchos los casos

ilustrativos, por ejemplo las poblaciones afrodescendientes de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla que recibieron del Incora sus títulos colectivos mientras eran despojados por los paramilitares de alias El Alemán (ver caso Riosucio), pero también están los casos de poblaciones campesinas bene ciarias de reforma agraria en el Magdalena despojadas y expropiadas de sus títulos por alias Codazzi y los hombres de Jorge 40 en varias veredas del municipio de Chivolo como la Pola, la Palizua, El Encanto y Bejuco Prieto, entre otros (ver caso Chivolo). Lo mismo ocurrió en Turbo con los despojos realizados por Freddy Rendón alias el Alemán y Hebert Veloza alias HH en los que realizaron compras forzadas a los bene ciarios de reforma agraria y los obligaron a transferir la propiedad a manos paramilitares o sus testaferros (ver caso Turbo). Los narcotra cantes podrían en principio tener incentivos para comprar la tierra, por ejemplo para efectos de lavado de dinero (ver Reyes, 1997, 2009), pero no necesariamente para apropiársela de manera coercitiva, salvo en contextos especiales. Las élites rurales legales no tenían una restricción semejante. Consideremos ahora el problema desde la otra dirección. ¿Qué ganaban los paramilitares con el despojo? En la medida en que las unidades involucradas en el despojo estaban articuladamente a élites rurales legales, la diferenciación entre unos y otros no siempre es nítida. Que no lo sea, empero, no quiere decir que no exista. Para estos paramilitares despojadores era muy importante mantener aceitada la relación con las estructuras de poder locales. A través del despojo también podían promover redes clientelistas, y apoyarse en políticos y notarios para obtener una rápida legalización. Más aún, podían fortalecer el sistema de incentivos interno de su red, incorporando una nueva e importante fuente de rentas (los paramilitares pagaban sueldo a sus miembros, y permitían a algunos de ellos tener acceso a rentas especí cas). b . Posibilidad. Dada la naturaleza de nuestro sistema político, en donde las conexiones juegan un papel central para el acceso a derechos —entre ellos críticamente el derecho de propiedad—, terratenientes largamente establecidos en el territorio tenían la posibilidad de triangular con autoridades nacionales y locales para legalizar el despojo, y posteriormente acceder a la seguridad estatal o privada para protegerlo. En esta operación vemos participar a alcaldes, policías, notarios, políticos municipales y departamentales, ocasionalmente legisladores (como vimos arriba, el despojo podía llegar a ser premiado con condecoraciones parlamentarias). Por ejemplo, Augusto Francisco Castro Pacheco, alias Tuto Castro, quien actuó en varios municipios del Magdalena y notablemente en Chivolo a principios de la década de 2000 (y quien de hecho formalmente no era un paramilitar; actuaba en su calidad de ganadero), expulsó a campesinos de diferentes municipios por medio de amenazas llevadas a cabo por los paramilitares, y después legalizó su propiedad sobre las tierras despojadas a través de maniobras ejecutadas por los directivos del Incora del departamento. La agencia que reemplazó al Incora, el Incoder, resultó aún más favorable a los intereses de Castro. A pesar de que a la larga los atropellos cometidos por Castro comenzaron a salir a la luz, hasta 2007 logró no solamente que el Ministerio del Interior reconociera la validez aparente de sus títulos, sino que la policía desalojara a los campesinos que habían “invadido” sus predios.27 Esto también ocurrió en otros casos. Las autoridades locales antes de las sentencias de restitución de tierras en Turbo y aun hoy día continúan protegiendo los predios que están en manos de presuntos despojadores y ordenando el desalojo de los campesinos que han realizado procesos de retorno sin

acompañamiento institucional como en el caso del corregimiento de Macondo, donde un predio fue apropiado por el ganadero Ángel Adriano Palacios Pino, hoy declarado opositor de mala fe (ver caso Turbo). También en Riosucio han sido frecuentes los desalojos por parte de José Vicente Cantero Ibáñez, capturado en diciembre de 2013 y acusado de ser un presunto despojador (ver caso Riosucio). c. Revancha. Diversos escenarios de despojo habían sido durante un largo periodo también escenario de movilización campesina y redistribución de activos a favor de los campesinos por parte del estado (Grupo de Memoria Histórica, 2010; Duarte, 2016). En muchos casos, estas redistribuciones terminaron concediendo a los campesinos títulos de propiedad imperfectos, ofreciendo ventanas de oportunidad para que actuaran potenciales despojadores. Las élites rurales legales, cuyos padres y familiares habían tenido que vender o fraccionar sus activos, tenían razones políticas y sociales para tratar de recuperarlos (pues consideraban a los campesinos que habían ocupado esas tierras como usurpadores, subversivos y revoltosos). Es posible que tuvieran motivaciones puramente emocionales para involucrarse en una actividad de “limpieza” en su vecindario. El caso de la Finca la Niña en Turbo, propiedad inicialmente de la familia Hasbún es ilustrativo. Los campesinos ocuparon esa tierra hacia nales de la década de 1980 argumentando que se encontraba inadecuadamente explotada. La nca fue extinguida por el Incora con el n de redistribuirla entre los campesinos que se encontraban cultivándola. No obstante, Raúl Emilio Hasbún, quitó dichas tierras a los campesinos argumentando que eran suyas. Actualmente las tierras se encuentran en proceso de restitución. d . Conocimiento, tradición e instituciones. El despojo que se activó en el contexto del con icto armado colombiano no es como el proverbial rayo en un cielo despejado. Aunque efectivamente la guerra constituyó el escenario del escalamiento del despojo, sectores amplios de la sociedad rural tenían ya en la década de 1970 una larga tradición de manipulación, a través de la coerción, los contactos y las argucias jurídicas, de los derechos de propiedad. Esto, por supuesto, no es casual. En la medida en que las instituciones que regulan los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia están marcadas por una serie de características persistentes (acceso político a los derechos, provisión privada y local de seguridad, barreras a la entrada a los sectores sociales más vulnerables, etc.), ellas gobiernan no sólo las oportunidades y restricciones sino también las capacidades a partir de las cuales los actores toman las decisiones. LeGrand (1989) muestra cómo tradiciones dentro de las tres ramas del poder público permitieron la legalización del despojo persistente que se produjo en una frontera agrícola en un proceso expansivo de larga duración, conectado además con mercados globales. De hecho, las tradiciones que favorecían a los campesinos, como la jurídica que se inclinaba por el otorgamiento de títulos de propiedad a quien ocupara físicamente la tierra, pudieron a la larga haber generado incentivos para la desposesión coercitiva. Como fuere, Molano y Fajardo (1990) muestran igualmente cómo se produjeron despojos persistentes en la frontera agraria. La asignación política de derechos de propiedad permitió que éste no fuera un fenómeno solamente “de frontera”, sino más general (Gutiérrez, 2014b). Estos fenómenos inciden sobre el tipo de coaliciones y redes que se articu-laron históricamente a la provisión (pública y privada) de la seguridad en muchas de nuestras sociedades agrarias. Los terratenientes pudieron contar cómodamente tanto con la posibilidad de invocar a las agencias de seguridad del estado

para defender las tierras despojadas, como con la de acudir impunemente a formas privadas de seguridad y coerción. A menudo encontramos ambas modalidades mezcladas de manera idiosincrática, como cuando terratenientes o empresas mineras hacían contratos —a veces pasados por notaría— que obligaban a los policías a trabajar para ellos a cambios de un estipendio. En los desalojos de campesinos que se tomaban la tierra vemos ya en la década de 1960 niveles muy altos de brutalidad, y ataques salvajes contra líderes sociales y sus seguidores (Zamosc, 1987). Algo similar sucedió con la relación entre élites rurales y agentes del estado en los niveles municipal, departamental y nacional. Los notarios constituyen un caso aparte, debido a que son garantes de la fe pública pero a la vez agentes privados. Muchos de ellos pertenecieron a redes políticas articuladas al poder terrateniente en el territorio respectivo. En el caso de Chivolo, se ha documentado que las escrituras con las que guró como propietario alias Tuto Castro fueron rmadas por el notario Armando Rafael Andrade Pacheco, quien a su vez aportó recursos al ex senador Jorge Castro, hermano de Tuto. 28 El ejemplo de los notarios es muy importante. Pero se trata de la expresión extrema de un fenómeno más general. En contextos de altísima desigualdad y acceso de las élites rurales a formas privadas y localistas de seguridad, la captura de las autoridades locales civiles constituyó un eslabón clave para llevar a cabo y legalizar el despojo (López, 2010; Gutiérrez, 2016). Se puede ver en la Tabla 1 que las unidades despojadoras mantuvieron relaciones estrechas con las autoridades locales.29 Nótese que grupos de criminalidad económica, en particular narcotra cantes, tendrían grandes di cultades para realizar una operación análoga, porque estaban formalmente en guerra con el estado colombiano y por tanto sus posibilidades de interacción estable con él eran más limitadas (esto se muestra en Gutiérrez y Barón, 2006). Por lo tanto, en el momento de comenzar la guerra algunas élites rurales contaban con una tecnología del despojo, institucionalmente jada y apoyada en redes amplias dentro del estado y la sociedad. e. Violencia oportunista. Muchas unidades paramilitares administraban el territorio de una manera que el líder paramilitar Doble Cero cali có como “feudal”:30 los jefes de la unidad cedían territorios a sus subalternos, quienes tenían el control real y se encargaban de las operaciones día a día. A cambio, transferían a su jefe rentas y deferencia, así como el cumplimiento de normas mínimas de comportamiento. Este esquema, junto con la notable laxitud organizativa de casi todas las unidades, permitió el despliegue masivo de violencia oportunista dentro del mundo del paramilitarismo. Una cantidad muy grande de ataques contra la población civil no fue ordenada; bastó con que los paramilitares crearan una estructura organizacional que permitía, o facilitaba en varios casos, el ataque contra unos civiles por parte de otros. Pero despojar a un propietario es una operación que requiere de más recursos que, por ejemplo, ejecutar un homicidio o una violación. Requiere, como lo acabamos de argumentar, de una miríada de conexiones para poder legalizar el despojo, y garantizar la provisión ulterior de seguridad. Requiere de una conexión más o menos estable con un aparato coercitivo para poder desplegar una amenaza creíble de retaliación violenta en caso de resistencia. Y así sucesivamente. Los numerosos robos de tierras que se dieron en territorio paramilitar pero protagonizados por individuos a nes a la organización y no directamente pertenecientes a ella tienen precisamente esas características. La violencia oportunista, en el

caso del despojo, involucra una cantidad tal de recursos que no puede ser llevada a cabo por cualquier persona. En las unidades paramilitares más articuladas con las élites legales esos recursos existían, y de hecho algunos personajes que no pertenecían orgánicamente a la unidad pudieron desarrollar una amplia actividad despojadora apoyándose en el poder coercitivo de aquella. Ese es el caso de Ángel Adriano Palacios conocido como “El Negro Pino” ganadero y terrateniente que despojó con la venia paramilitar varias tierras en Turbo; también el caso del Tuto Castro señalado anteriormente, quien se apropió de amplias extensiones de tierra en el municipio de Chivolo. El ganadero Saúl Severini en Pivijay, quien tenía toda una serie de contactos dentro de su gremio, incluyendo a un hermano suyo, así como dentro de los paramilitares, se postuló como desmovilizado del Bloque Norte31 y la Fiscalía estableció que era uno de los principales nanciadores de los paramilitares de Jorge 40, pero no era un soldado que usara uniforme paramilitar. Fungió como terrateniente prestante de la zona que, desde su condición de patrón, ordenaba acciones a los paramilitares. Actualmente está investigado por desplazamiento, despojo de tierras y por las masacres de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y Salaminita, jurisdicción de Fundación.32 Regla 2: Articulación a élites ilegales y tamaño grande La literatura presenta la actividad de los narcos con respecto de la tierra —seguramente con razón— principalmente en términos de lavado de dinero (Reyes, 1997) y de demandantes de seguridad privada ya cuando son propietarios (Duncan, 2005). En ambos papeles, les convendría operar discretamente y no llamar la atención de las autoridades nacionales. Sin embargo, la Tabla 1 nos muestra que dos narcoparamilitarismos fueron altamente despojadores. Ambos actuaron en el sur del país, en los antiguos territorios nacionales.33 ¿Qué especi cidades podrían haber tenido? Al menos cinco: a. Debilidad extrema de los derechos de propiedad. Como se mencionó anteriormente, tanto el Bloque Centauros como las Autodefensas Campesinas del Casanare operaron en un contexto de informalidad y falta de claridad enormes de los derechos de propiedad, incluso para el contexto colombiano. Por lo tanto, las transferencias coercitivas de propiedad se pudieron dar con muchas menos restricciones que en otros territorios. Según estudios del Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos la informalidad de la tierra ha sido una de las características más prominentes en esta región del país.34 b . Relación compleja con las élites rurales legales. Como muestran diversos trabajos (Castro, 2008; Gutiérrez, 2014b; Duarte, 2016), hubo una fuerte miscegenación entre élites legales e ilegales en diferentes territorios. Dicho de otra manera, aunque analíticamente relevante, la separación entre élites legales e ilegales no siempre es obvia. Los propios ganaderos supieron reconocer el ascenso de una clase de narco-ganaderos.35 c . Posibilidad. Dicha relación compleja puede haberle dado a estos narcos o criminales económicos puntos de entrada al sistema político como los que tenían las élites legales en otras partes del país. Es claro que uno de los objetivos centrales de los narcos fue penetrar el sistema político, y que lo hicieron con éxito. Los casos del Bloque Centauros y de las Autodefensas Campesinas del Casanare —ACC— así lo corroboran. En ambos casos fue indiscutible su conexión con las autoridades locales y regionales. Las ACC participaron de los recursos de las diversas contrataciones de las alcaldías del

Casanare36 y apoyaron la elección de gobernadores y representantes a la Cámara.37 Lo mismo ocurrió con el Bloque Centauros. Gobernadores, alcaldes y concejales del Meta aceptaron pactos o dinero de los paramilitares, los que se negaron fueron intimidados y asesinados38 (ver caso San José del Guaviare). Sin embargo, esto tuvo una cota superior, pues cualquier asociación con narcos tenían costos enormes para un político, lo que no sucedía con los ganaderos. En territorios con miscegenación profunda entre varias clases de élites, derechos de propiedad precarios y presencia muy limitada del estado, los costos por interactuar con actores que estaban formalmente en guerra con el estado podrían haber sido bastante menores que en otras regiones. d. Guerra anti-subversiva e intra-paramilitar. Algo similar puede decirse de las idiosincrasias que adquirió la guerra en el sur del país. Por una parte, las dos guerrillas grandes eran particularmente fuertes allí (Aguilera, 2014; Vélez, 2001). Pero una de las condiciones favorables que posibilitó el control militar y el despojo de tierras por parte del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare en zonas rurales del Meta y el Casanare tiene que ver con el repliegue que hicieron las FARC debido al despliegue militar del Plan Patriota,39 que logró con nar a las guerrillas a áreas selváticas (Aguilera, 2014). Los paramilitares establecieron sus bases militares y junto a ellas llevaron a cabo varias oleadas de despojo en municipios como Puerto López, Puerto Gaitán, el Dorado, Barranca de Upía en el Meta y en Maní, Trinidad, Hato Corozal en el Casanare. Además de la guerra antisubversiva, también tuvo lugar en la región una guerra intra paramilitar de grandes magnitudes entre el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare. Los paramilitares provenientes de Urabá, mucho mejor conectados nacionalmente —y mejor articulados al aparato del estado—, entraron al sur combatiendo a los paramilitarismos nativos, de ganaderos y esmeralderos (Rodríguez, 2014; Duarte, 2016). La guerra a muerte entre estas dos unidades dejó como vencedor al Bloque Centauros gracias al apoyo que le brindaron no sólo otros comandantes de los Castaño40 sino también debido a la persecución militar que emprendió el ejército contra las Autodefensas del Casanare de Martín Llanos41 (ver caso San José del Guaviare). Es probable que se involucraran en una actividad despojadora para minar la base social de estos últimos y para apropiarse de las tierras como botín de guerra; a la vez, gozaron de los contactos con el estado, que tenían las élites rurales nativas,42 la fuerza que reemplazó a estas heredó muchas de tales conexiones. e . Tamaño: ¿causalidad y/o síntoma? Todo lo anterior queda corroborado por la importancia que adquiere el tamaño del emprendimiento en esta regla. Por un lado, se trata de un síntoma: en regiones más expuestas a escrutinio por parte de medios y observadores independientes, no es tan obvio que unidades de narcos más o menos puros hubieran podido adquirir ese tamaño y convertirse en socios del estado en la ofensiva anti-subversiva. Por otro lado, el tamaño de la unidad tuvo que haber ayudado a las operaciones de despojo. Como ya se mencionó, estos ataques contra la población civil no ocurren en un vacío social o institucional, por lo tanto, requieren de poder de fuego, in uencia y apoyos. También hubo despojos con nes oportunistas y clientelistas en los que los paramilitares de estas estructuras despojaron tierras para sí mismos o sus redes familiares y de amigos, como el realizado por

Orlando Mesa Melo alias Diego, del Bloque Centauros, quien se quedó con miles hectáreas en Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare. Estos activos fueron transferidos a sus familiares y amigos.43 Alias Diego no registró fraudulentamente en notarías las tierras que despojó, sino que forzó a sus víctimas a rmar ‘cartas-ventas’, y puso a amigos y familiares como testaferros.44

4. Implicaciones Recapitulemos. Nuestras tres reglas separan los casos de alto despojo de todos los demás. No encontramos una sola excepción (validez interna). Tanto la literatura secundaria como el material empírico adicional de contexto nos sugieren que también tienen la su ciente validez externa como para tener que ser consideradas con seriedad (aunque esta podría ser probabilística y no lógica; pero una revisión cuidadosa de la literatura no permitió encontrar ninguna excepción claramente documentada). En conjunto, tales reglas contradicen en parte o en todo algunas narrativas estándar del con icto colombiano. También ponen en cuestión supuestos y/o conclusiones de teorías relevantes sobre las dinámicas que gobiernan las guerras civiles. En particular, destacamos que si altos niveles de despojo estuvieron asociados a la participación orgánica de élites rurales legales —y, en algunas condiciones institucionales y materiales especí cas, también de élites ilegales— esto tiene las siguientes implicaciones inmediatas, tanto analíticas como de política pública: a. Puntos de salida desde arriba. En el estudio de las guerras civiles contemporáneas, el análisis de las motivaciones para participar se ha concentrado casi exclusivamente en los sectores excluidos; la literatura sobre desigualdad y guerra no ha considerado a los sectores privilegiados ( omson, 2011). Los excluidos acumulan razones para rebelarse; los privilegiados, para acomodarse. Por muchas razones, esta suerte de división del trabajo bélica45 que ha contaminado a toda la literatura relevante es insostenible. Hay también muchos puntos de salida por arriba: es decir, diseños institucionales y dinámicas sociales que crean tanto los incentivos como las posibilidades para que sectores privilegiados decidan involucrarse en la promoción de la violencia en contextos de con icto armado. Aquí hemos considerado una forma de muchas posibles de esta clase de violencia. b. Seguridad. Esto apoya poderosamente la intuición de quienes creen que una democratización del campo colombiano debe pasar por una correlativa de la propiedad. Los ataques contra la población civil que examinamos aquí fueron desarrollados por densas redes civiles-armadas-estatales que expresaban por un lado una constelación diversa de intereses, pero por el otro la convergencia de todos ellos alrededor de la acumulación de la propiedad sobre la tierra. c. Sistema político. Nuestros casos muestran qué tan importante es la asignación política de los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia. Los paramilitares que despojaron tierras lo pudieron y quisieron hacer porque tenían los contactos para que esa operación fuera viable y rentable. d. Patrones de violencia. Los grupos armados no operan en el vacío, sino que disponen de auditorios, bases sociales, y en ocasiones coaliciones dirigentes, locales y nacionales, que determinan en parte signi cativa el repertorio, los blancos y las técnicas que utiliza el grupo (Staniland, 2012). Hay una brusca variación en los repertorios y frecuencias de los repertorios de violencia contra los civiles

(Wood, 2010); aquí mostramos la articulación entre esas dinámicas de variación y estructuras sociales. e. Efectos del localismo. A pesar de cruzarse con grandes dinámicas globales, el despojo que se produce en el contexto de la guerra colombiana no parece corresponder a un patrón de expansión único o a un diseño transnacional. En muchos casos, se trata de localismos superpuestos, transidos por problemas de acción colectiva y de inestabilidad endémica de los derechos de propiedad.

5. Discusión metodológica Este libro está basado en estudios de caso, que se constituyen en herramientas poderosas para desarrollar conceptos e intuiciones teóricas, para plantear hipótesis, y para identi car mecanismos que generan desenlaces observados (Creswell, 2013). No son, en cambio, muy buenos instrumentos para la generalización. Dada la relevancia de nuestros casos, y teniendo en cuenta que la revisión de la literatura no contradice nuestras conclusiones, creemos que las narrativas presentadas en este libro tienen interés intrínseco, y que nuestras tres reglas básicas explican numerosas dinámicas más allá de las que consideramos directamente. Una vez se seleccionaron los municipios, se realizó una revisión documental y un trabajo de campo que incluyó revisión en archivos locales, entrevistas a víctimas, victimarios, funcionarios públicos, entre otros (ver Anexo 2). Se realizó una caracterización del contexto teniendo en cuenta aspectos demográ cos, renglones principales de la economía, aspectos agrarios como el índice de Gini rural, el nivel de formalización de la tierra, presencia de grupos armados, entre otros. Posteriormente se identi caron y caracterizaron las unidades paramilitares que hicieron presencia en dichos municipios, y en algunos casos como en Turbo, Urabá, y San José del Guaviare, en los Llanos, también se seleccionaron las unidades paramilitares que hacían presencia en la región más amplia. Esto se codi có posteriormente como se estableció en la Tabla 2. Finalmente se seleccionaron casos de despojo cometidos por dichas unidades paramilitares de los cuales se tuviera conocimiento en fuentes primarias como expedientes judiciales, sentencias de restitución, sentencias de justicia y paz y versiones libres, y en fuentes secundarias, fundamentalmente los periódicos El Tiempo, El Espectador, el Portal Verdad Abierta y la Revista Semana; así como otros informes de entidades nacionales y literatura relacionada. Para cada caso se analizó el tipo de actores involucrados y los mecanismos a través de los cuales se llevó a cabo el despojo. Paralelamente se construyeron las variables. Para ello primero se de nió conceptualmente cada criterio. Algunos de ellos eran dicotómicos: 0 si no cumplía la condición, y 1 si la cumplía. Otros eran ordinales. Para ellos se establecieron valores entre 0 y 1 (0,25; 0,50; 0,75); la asignación de dichos puntajes se estableció a partir de la de nición conceptual de cada criterio (ver Anexos 1 y 2). Con nuestro ejercicio se buscaba identi car las reglas o conjuntos de variables que explicaran la variación o las razones por las que unas unidades paramilitares despojaron y otras no (Ragin, 2008). Finalmente se estableció una tabla de verdad que permitió identi car las tres reglas establecidas anteriormente que diferencian las unidades que hicieron despojos de las que no lo hicieron.

Conclusiones

A lo largo de su trabajo de investigación, el grupo que participó en este libro descubrió que las frecuencias y técnicas del despojo paramilitar cambiaban, a veces abruptamente, de región a región. Creímos que identi car la fuente de tal variación era analíticamente interesante y relevante en términos de políticas públicas. Así mismo, encontramos que tanto las potenciales explicaciones ofrecidas por muchas de las teorías vigentes sobre violencia contra civiles en el curso del con icto armado, así como aquellas tomadas de nuestro debate público, tenían di cultades para identi car las fuentes de variación. Para poner un par de ejemplos, grupos puramente punitivos, poblados por especialistas en violencia y a menudo asociados con agencias estatales, que querían desocupar el territorio de gentes sospechosas de asociación con la subversión, no necesariamente estaban involucrados en robos de tierras. En la dirección contraria, unidades que construyeron formas relativamente estables de gobernanza que ya no requerían del uso continuo del terror al rojo vivo ocasionalmente despojaron; a veces también se abstuvieron de hacerlo. Ni todas las cosas buenas ni todas las cosas malas necesariamente vienen juntas. No teníamos la posibilidad, ni la esperanza de tener en muchos años, los datos relevantes que nos permitieran llevar a cabo un estudio de diseño cruzado (Laitin, 2000), cualitativo y cuantitativo, pues dado el carácter laberíntico de la red paramilitar carecemos de información de buena calidad sobre muchas de sus unidades. Nuestro diseño incluía estudios de caso escogidos a través de procedimientos claros. Contaba con su cientes fuentes de variación. a. En las variables independientes. Aunque el proyecto paramilitar se caracterizó desde el principio por su localismo (Romero, 2004; Medina, 1990; López, 2010) y el gran peso de las élites rurales en la composición de su personal directivo (Gutiérrez, 2013 y 2014), también estuvo marcado por iniciativas de burocracias armadas y civiles, así como por trayectorias de especialistas en violencia. Piénsese en fenómenos como los “escuadrones de la muerte” en la década de 1980, y su relación con el ejército y otras agencias armadas del estado,46 o en guras como las del “Negro Vladimir” y otros especialistas salidos de las las de la guerrilla o del estado en los proyectos del paramilitarismo del Magdalena Medio. Poniendo todo esto junto, encontramos que las fuerzas centrífugas dentro de la red paramilitar eran enormes. Sabíamos por tanto que nuestras variables independientes sí cambiaban, con más razón cuando se tiene en cuenta la evolución de las distintas unidades paramilitares. b . En la variable dependiente teníamos variación por diseño, pues escogimos los casos para tener municipios con alto y bajo despojo (aparte de saber de antemano que las frecuencias de ataques contra la población civil pueden variar dramáticamente; Wood, 2010). Aunque después entendimos que era necesario complementar esta ventana de observación con otra —la unidad paramilitar— esto no eliminó la variación en la variable dependiente. Nuestro estudio se proponía identi car posible reglas y mecanismos explicativos (Ragin, 2000, 2008). Encontramos tres reglas, la principal de ellas a rma que si las élites económicas rurales legales estuvieron articuladas orgánicamente al proyecto paramilitar, entonces deberíamos tener la expectativa de encontrar altos niveles de despojo. Esta proposición establece que el grueso del despojo paramilitar cometido a partir de la década de 1990 fue desarrollado por unidades que constituían proyectos de gobernanza de las élites rurales. Las otras dos dicen que si las élites ilegales estaban articuladas orgánicamente a unidades

paramilitares con el su ciente músculo organizativo, entonces predeciríamos también altos niveles de despojo.47 Identi camos unos mecanismos que permiten entender por qué el despojo tuvo esas dinámicas. Dentro de nuestros casos, las tres reglas separan linealmente al mundo del alto despojo del resto, es decir, las reglas tienen una alta validez interna. La información de contexto y la literatura secundaria sugieren que su validez externa podría ser también alta. Las reglas no solamente nos están diciendo que la guerra y las estructuras sociales del país no evolucionaron en paralelo,48 sino que nos están describiendo las condiciones bajo las cuales nuestra guerra activó la práctica del despojo a niveles que, en comparación con otros países, son sorprendentes.49 Consideramos que las implicaciones de política son importantes y claras: las estructuras de poder asociadas al despojo son una fuente permanente de inestabilidad e inseguridad (incluso de los derechos de propiedad). También lo son los diseños institucionales que permitieron que esas estructuras surgieran y se consolidaran. Esto debería tener implicaciones para la re exión sobre el contenido de la “paz territorial”. Analíticamente, nuestro resultado no solamente puede ser un insumo para re exiones acerca de la naturaleza de nuestro con icto, sino que ilustra en concreto cómo operan los diseños institucionales, las estructuras organizacionales de los grupos armados ilegales y las estructuras sociales de los territorios en los que estos actúan, sobre los patrones de violencia contra los civiles.

Tablas Tabla 1. Valores de las variables seleccionadas para las unidades paramilitares A B C

D

E

F

ACPB

0 0 0

0

1

0 0,25

G

1

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

0,25

1

0,75

0

0,25

0

0,25

Bloque Bananero

1 1 0

0

1

1

1

1

BEC

1 0 0

0

1

1

1

1

0,5

1

0,75

1

1

1

1

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

1

Don Efraín

1 0 0

0

0

0

1

1

1

0,25

0

0,5

0

0,25

1

0

Frente Titiribí

1 0 0

0

1

0

1

1

0

0,25

0,5

0

0

0,25

1

0,25

0

Bloque Suroeste

0 1 0

1

1

0

1

1

0

0,25

1

0,25

0

0,25

1

0,25

0

Bloque Tolima

0 1 0

0

0

1

0,25 0,25

1

0,75

1

0,75

1

0,75

0

0,25

Frente Héroes del Guaviare 0 1 1

1

1

Bloque Centauros

0 0 1

1

1

0 0,75

1

0,25

1

0,75

1

1

1

0,75

0

0,25

0 0,75

1

1

1

0,75

1

1

1

1

0

ACC

1 0 0

1

1

1

0 0,75

1

1

1

0,75

1

1

0

0,25

0

Bloque Norte

1 0 0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Paramilitares Chivolo

1 1 0

1

0

0

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,75 0 0,75

H

I

J

0,25 0,75 1

0,25

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Variables seleccionadas para caracterizar las unidades paramilitares y calibración de cada variable Columnas

Criterio o variable

Calibración

A

Participación de élites rurales en la comandancia

1 Sí hay participación 0 No hay participación

B

Participación de especialistas de violencia en la comandancia

1 Sí hay participación 0 No hay participación

C

Participación de narcotra cantes purasangre en la comandancia

1 Sí hay participación 0 No hay participación

D

Articulación orgánica de narcotra cantes con la unidad paramilitar.

1 Sí hay articulación 0 No hay articulación 1 Financiación voluntaria 0,75 nanciación mixta (voluntaria y coaccionada)

E

Financiación por parte del narcotrá co al emprendimiento paramilitar

F

Articulación orgánica de liderazgos y organismos gremiales en la unidad paramilitar.

1 Sí hay articulación 0 No hay articulación

G

Financiación de las élites rurales legales al emprendimiento paramilitar (grandes ganaderos, empresarios bananeros, ricos rurales)

1 Financiación voluntaria 0,75 Financiación mixta (voluntaria y coaccionada) 0,25 Financiación coaccionada 0 No hubo nanciación

H

Las élites rurales conformaron grupos para la provisión privada de seguridad

1 Sí los conformaron 0 No los conformaron

Tamaño de la sub unidad referenciada

1 Más de 301 combatientes 0,75 Entre 201 combatientes y 300 0,50 Entre 101 y 200 combatientes 0,25 Entre 0 y 100 combatientes

Tamaño del bloque paramilitar

1 Más de 901 combatientes 0,75 Entre 601 combatientes y 900 combatientes 0,50 Entre 301 combatientes y 600 combatientes 0,25 Entre 0 y 300 combatientes

Complejidad organizacional del emprendimiento paramilitar

1 Tres líneas de mando y división del trabajo en lo militar, lo nanciero y lo político 0,5 Dos líneas de mando 0 Una línea de mando

L

La unidad paramilitar estableció una alianza con autoridades locales

1 Señor y Dueño 0,75 Listas únicas 0,50 In uencia directa con competencia 0,25 Injerencia acotada 0 No hubo interacción

M

La unidad paramilitar estableció articulación clara y explícita con burocracias civiles nacionales (Congreso)

1 Sí hay articulación 0 No hay articulación

N

La unidad paramilitar estableció articulación clara y explícita con el ejército en sus orígenes

1 Ejército y paramilitares planearon acciones conjuntas y las desarrollaron 0,75 El ejército colaboró con los paramilitares 0,25 El ejército no inter rió en las acciones de los paramilitares 0 No había relación clara y explícita

O

El ejército protegió a la unidad paramilitar

1 La unidad paramilitar fue protegida 0 Los paramilitares fueron perseguidos por el ejército

P

La unidad paramilitar estableció una articulación clara y explícita con la policía

1 Policía y paramilitares planearon acciones conjuntas y las desarrollaron 0,75 la policía colaboró con los paramilitares 0,25 La policía no inter rió en las acciones de los paramilitares 0 No hubo relación clara o explícita

Q

Casos de despojo de tierras de una unidad paramilitar dada, identi cados en el municipio especí co

1 Sí se encontraron otros casos 0 No se identi caron otros casos

Casos de despojo de una estructura identi cados en otros municipios de injerencia

1 Los casos de despojo sobrepasan las 500 ha 0,75 Los casos de despojo sobrepasan las 375 ha pero no las 500 ha 0,25 Los casos de despojo sobrepasan las 250 ha, pero no sobrepasan las 375 ha 0 No se encontraron casos de despojo en otros municipios

I

J

K

R

0,25 nanciación coaccionada 0 No hubo nanciación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Cifras de desplazamiento y RUPTA por municipio. Casos seleccionados Casos

Cifras desplazamiento RUV total 1985- 2016 Tasa de desplazamiento*

Cifras RUPTA

Chivolo

12.274

77.156,15

165 casos entre 1999 y 2011

Turbo

124.459

76.110,07

965 entre 1985 y 2011

San José del Guaviare

45.710

69.668,20

593 entre 1985 y 2013

Riosucio

93.932

325.283,10

455 casos entre 1985 y 2011

Cimitarra

6.986

15.217,71

66 entre 1985 y 2011

Flandes

282

965,79

1 caso en 2006

Titiribí

530

3.656,69

1 caso en 2000

* Calculado así: (Total de desplazados entre 1985 y 2016 / Población proyectada para 2016) x 100.000 habitantes. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Magnitud de desplazamiento forzado y despojo de los municipios seleccionados Desplazamiento

Bajo despojo

Alto despojo

Riosucio San José del Guaviare Chivolo Alto desplazamiento Turbo Cimitarra Bajo desplazamiento Titiribí Flandes

N.A

Fuente: elaboración propia.

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Capítulo 1. El despojo de tierras paramilitar en Turbo, Antioquia Jenniffer Vargas Reina*

* Docente de cátedra de la Universidad Nacional y de la Ponti cia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción En este capítulo se analizan las condiciones organizacionales e institucionales que posibilitaron el despojo activo paramilitar en el municipio de Turbo, Antioquia, en el periodo comprendido entre 1995 y 2007 y el tipo de coalición o alianza sobre la que se apoyaron los paramilitares. En primer lugar se describen las características físicas, económicas y agrarias del municipio de Turbo. En segundo lugar se esboza la dinámica de con icto armado y sus antecedentes agrarios. En tercer lugar se presentan las características organizacionales de cada una de las unidades paramilitares que tuvieron in uencia en el municipio y que estuvieron involucradas en procesos de despojo de tierras. Aquí también se analizan las alianzas construidas con élites rurales y políticas lo que permite explicar el tipo y alcance de dominio ejercido en la zona. Finalmente, se analizan algunos de los casos de despojo comprobados en el municipio teniendo en cuenta la unidad paramilitar que los realizó, la violencia ejercida, el tipo o estrategia de despojo y los actores bene ciados.

1. Descripción del municipio de Turbo Turbo es el municipio más grande del departamento de Antioquia con una extensión de 3.734 km2,1 limita por el norte con los municipios de Necoclí y Arboletes; por el este con San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa y Chigorodó; por el sur con Mutatá y por el oeste con los municipios de Riosucio y Unguía. Está conformado por 18 corregimientos y 230 veredas, que junto con su casco urbano son habitados por 148.544 habitantes, de los cuales un 40% está ubicado en la cabecera municipal y el 60% en las zonas rurales (Alcaldía de Turbo, 2014). Turbo pertenece a la región del Urabá Antioqueño, zona de colonización reciente de pobladores del Chocó, de Córdoba, Sur de Bolívar y Antioquia y en menor medida de otros lugares del país (Ortíz, 2007). Esta zona se ha caracterizado por su riqueza de tierras fértiles y de fuentes hídricas, así como por su posición estratégica de salida al mar y conexión con países vecinos, lo que la convirtió durante siglos en una zona de intercambio, contrabando y comercio importante para el occidente y norte del país. Es un municipio clasi cado como categoría 5, y presenta un Gini de tierras del 0,735 para los años 2010 y 2011 (IGAC,

2012). Durante décadas, Urabá fue una región con presencia institucional extremadamente débil y mediada por élites políticas y sociales. En la década de 1950 se construyó la carretera al mar que unió a Medellín con Turbo, lo cual incentivó el emprendimiento de la economía bananera2 y ganadera en la región; ésta convivió con pequeñas economías campesinas centradas en otros productos agrícolas como plátano, yuca, ñame, maíz, etc., y en menor medida en la pesca. La economía del municipio gira principalmente alrededor de la producción y exportación de banano, la cual genera aproximadamente 16.911 empleos de los cuales 4.228 son directos; y en menor medida del cultivo de plátano al que se dedican pequeños y medianos campesinos. Los productores y comercializadores bananeros se agrupan en Augura, uno de los gremios más importantes y con mayor in uencia en toda la región del Urabá. No obstante, los productores plataneros no están organizados en una agremiación (Alcaldía de Turbo, 2014). Según cifras de Augura, existen aproximadamente 35.100 ha destinadas al banano en el Urabá (Turbo: 10.211 ha, Apartadó: 9.718 ha, Carepa: 10.979 ha y Chigorodó: 4.178 ha). La productividad promedio del cultivo bananero en esta zona fue de 1.858 cajas por hectárea (Augura, 2014). Otro renglón importante de la economía del municipio es la ganadería. Si bien no se cuentan con cifras actualizadas que permitan determinar la extensión de tierras dedicadas a la actividad pecuaria, el Plan de Ordenamiento Territorial —POT— vigente en el municipio, señala que aproximadamente se destinan a labores pecuarias 190.000 hectáreas. Las ncas de ganadería extensiva se encuentran sobre todo en las zonas entre el piedemonte y la cabecera municipal, en los límites con el municipio de San Pedro de Urabá, en los valles intramontanos por donde transita el río Mulatos y en inmediaciones de la panamericana.3 Según Augura en la región del Urabá existen 5.200 ncas con ganadería, aproximadamente 700.000 bovinos y 450.000 hectáreas sembradas en pasto (Augura, 2012). El establecimiento de grandes ncas destinadas a la ganadería extensiva también ha devenido en un con icto de usos porque dicha expansión amenaza la economía de subsistencia. Esta situación se ha agudizado en algunos corregimientos y veredas del municipio que han sido afectados por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras en las que se ha evidenciado un cambio en el uso del suelo de las tierras abandonadas y despojadas. Se pasó de cultivos agrícolas diversos al cultivo de banano, y de pastos a la ganadería extensiva (Acción Social, 2010). Pese a que los valiosos estudios de Acción Social comprueban lo anterior para cuatro zonas del municipio, aún se está lejos de conocer las cifras exactas del cambio en el uso del suelo por la ausencia de dos tipos de actualizaciones: las catastrales y las relacionadas con el POT. Además, las autoridades estatales no saben cuántas tierras han sido despojadas en el municipio.4 La actividad comercial es otro renglón muy importante en la dinámica económica del municipio por ser una zona preferencial aduanera y fuente de empleos, muchos de ellos informales, alrededor del comercio que se mueve en el Puerto del municipio. Turbo es un puerto uvial de la cuenca del río Atrato, muy importante porque conecta a Colombia a través del Golfo de Urabá5 con otros países de centro América y permite el comercio regular con Cartagena, las costas del Urabá chocoano y Colombo-Panamá. Aunque es un puerto internacional no tiene muelle, pero se encuentra ante la perspectiva de un mega proyecto para la construcción del Puerto de Aguas Profundas.6

Finalmente, la pesca de carácter artesanal y de subsistencia constituye otra de las actividades económicas del municipio, de hecho, Turbo se considera el principal centro de comercialización del producto pesquero para la zona de Urabá, sin embargo no cuenta con la infraestructura y tecnología necesarias para ampliar la comercialización más allá de las fronteras regionales.

2. Dinámicas del conflicto armado en el municipio de Turbo 2.1. Antecedentes relacionados con los con ictos agrarios y la violencia guerrillera Para analizar el despojo de tierras en el municipio de Turbo es necesario hacer una contextualización del con icto armado y del papel que jugó la lucha por la tierra en la agudización de la violencia desde la década de 1980. Esto nos permitirá comprender las raíces y la forma en que se tejieron los mecanismos que posibilitaron el despojo de tierras realizado por los grupos paramilitares, y las alianzas que se formaron con empresarios bananeros, ganaderos y funcionarios del estado para su legalización. A mediados de la década de 1960, con el auge y consolidación de la agroindustria bananera, inició un proceso de reversión de las tierras tituladas a pequeños campesinos bene ciados de la reforma agraria o de los procesos de parcelación realizados por el Incora, quienes las vendieron a empresarios bananeros de Bogotá y Medellín. Dichas tierras pasaron a alimentar la economía bananera y la expansión ganadera en el municipio de Turbo generando una estructura de tenencia de la propiedad de la tierra bastante concentrada y desigual (Ortiz, 2007). Grá ca 1. Línea de tiempo del con icto armado en Urabá

Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias.

El tipo de modelo de desarrollo agrario de la región privilegió la agroindustria del banano, desatendió la pequeña economía campesina, no protegió la redistribución positiva de la tierra realizada en esta zona en el marco de la reforma agraria y no resolvió los con ictos por la tierra en las que campesinos organizados reclamaban tierras vía invasiones y protestas. En la década de 1970, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —ANUC— fue uno de los actores sociales más representativos en Urabá. Inicialmente los campesinos organizados promovieron invasiones a ncas ganaderas en el municipio de Turbo, lo que conllevó una represión muy fuerte contra los campesinos, al asesinato y detención de varios de sus líderes, cancelación de las personerías jurídicas a las asociaciones de usuarios, y nombramiento de alcaldes militares para este y otros municipios como Apartadó, Chigorodó y Mutatá (Uribe, 1992). Después del debilitamiento de la ANUC, en la década de 1980 surge una segunda ola de recuperadores de tierras, principalmente campesinos y trabajadores rurales de los dos sindicatos más importantes: Sintrabanano, que fue el primer sindicato de la industria bananera creado en 1964 bajo la in uencia del Partido Comunista de orientación pro-soviética, y Sintagro bajo los auspicios del Partido Comunista Marxista Leninista, una disidencia del PC inicialmente de origen maoísta. Varias de las invasiones de tierras tuvieron injerencia de las guerrillas de las FARC y el EPL (Ortiz, 2007; Ramírez, 1997; Uribe, 1992) y posibilitaron la creación de algunos poblamientos urbanos y el acceso a tierras para parceleros y campesinos. Aníbal Palacio, ex militante del EPL y ex alcalde de Turbo señala que el problema de la tierra ha sido permanente en la región, y que desde la guerrilla del EPL se lideraron varias invasiones en el municipio. Las tierras en Urabá siempre ha sido un con icto; incluso desde antes (del despojo). Los que empezamos a invadir tierras de los grandes terratenientes y campesinos fuimos nosotros el EPL. A mí me tocó como alcalde legalizar una cantidad de predios que habíamos invadido nosotros hace 25 años, así de sencillo. Por ejemplo Currulao la mayoría de esas tierras 35 o 40 mil habitantes, esas tierras fueron invadidas por nosotros; en Nueva Colonia igual; ya están legalizadas, pero allá se presentó siempre un con icto de tierras. Entre otras cosas porque esa fue una bandera histórica de la izquierda. Entre Turbo y Nueva Colonia es una zona que nosotros invadimos toda, invadimos ncas bananeras, y repartimos esas tierras estando nosotros en la guerrilla, eso fue a nales de los 70 y principio de los 80.7

Para la década de 1980 hizo presencia en el Urabá el “Frente Jesús María Alzate” del EPL conformado por cinco unidades guerrilleras, cada una compuesta por 40 hombres aproximadamente, que operaron en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes, y límites entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. También hizo presencia el Frente Urbano Bernardo Franco conformado por cuatro unidades suburbanas y tres más dedicadas a inteligencia logística y comunicaciones, integrado por 90 hombres que tuvieron injerencia en las ncas bananeras a liadas a Sintagro (DAS, 1988). Por su parte, las FARC, también tuvieron in uencia en Pueblo Bello y Currulao municipio de Turbo, zonas en las que operó el V Frente y eventualmente el frente 58 quien se uniría en la década de 1990 al Bloque José María Córdoba. En 1985 se generó una fuerte confrontación entre las guerrillas de las FARC y el EPL en el Urabá, con icto que se expresó en delitos cometidos contra los campesinos y trabajadores rurales, participantes de uno u otro sindicato o simpatizantes de uno u otro bando.

Mientras tanto, en el norte de Urabá comenzó una rivalidad entre el Frente 18 y una facción del EPL asentada en Currulao, corregimiento de Turbo, donde tenía in uencia el PC. Uno de los hechos que marcaron ese con icto fue que las FARC mataron al hijo de alias Caballo, un combatiente del EPL, trabajador bananero que vivía en Currulao. Éste tomó venganza y mató a dos carniceros que apoyaban al PC. Vino una respuesta de las FARC y masacraron decenas de trabajadores de las ncas bananeras. Esa fue la llamada ‘guerra sindical’ que tuvo una expresión de brutalidad cuando en 1985 la sede de Sintagro fue atacada y ahí murieron dos trabajadores.8

No obstante esta confrontación entre las dos guerrillas se apaciguó con la conformación en 1987 de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.9 Lo mismo ocurrió con los dos sindicatos que decidieron unirse en uno solo el 1 de mayo de 1989, y se fusionaron bajo la divisa única de Sintrainagro. La Coordinadora Guerrillera incidió en grandes acciones sindicales y sociales conjuntas “en un año y medio logramos invadir más de mil hectáreas de tierra en el Eje Bananero, que manejan pequeños productores de plátano”. Después vendrían otras invasiones, ya de carácter urbano, en las que participó tanto el EPL como el PC-ML. Entre ellas está La Chinita, la más grande de todas.10

Un informe del DAS señala que para esa época las masacres y homicidios contra los trabajadores, administradores y propietarios de ncas llevó a que muchos administraran sus asuntos desde fuera, sin pisar la región de Urabá por miedo a los ataques, vacunas y demás acciones cometidas por las guerrillas: “se calcula que un 80% de los propietarios manejan sus asuntos en Urabá desde la ciudad de Medellín y se sabe que por lo menos 45 ncas a liadas a UNIBAN y 13 a PROBAN se encuentran sin administrador”.11 La Tabla 1 muestra algunas de las ncas que presentaron invasiones de tierras para 1988. Tabla 1. Tomas de tierras en Turbo, Antioquia, 1988 Finca

Área general

Invadidas

Auspiciadores de la invasión

2.200 ha de banano 3.000 ha de ganadería de los Hasbún

1.000 ha ubicadas en la región costera de Punta Coquito y la desembocadura del río León.

Asociación nacional de trabajadores agrarios ANTA, lial del PCML-EPL SINTAGRO

Compañía colombiana de desarrollo agrícola COLDESA

1.800 ha de palma africana

800 ha quemadas por los invasores. El administrador fue asesinado.

EPL SINTAGRO (aproximadamente 450 familias venidas del corregimiento de Currulao, Municipio de Turbo).

Finca Honduras

1.030 ha propiedad de la familia de Diógenes Echeverry Londoño. Para 1989 solo contaba con 120 ha de banano y 60 de ganadería

400 ha

Invadida por 40 familias. SINTAGRO y EPL

Finca Las Palomas

100 ha propiedad de Jaime Restrepo

Su empacadora fue quemada. Sus trabajadores se encuentran a liados a Sintagro.

Finca El retiro

Propiedad de Elkin y Norman Echavarría accionistas de Coltejer, Mancesa y La Corona en Medellín tiene 396 ha

Su empacadora fue quemada. Su administrador amenazado.

Bananera La Finca

357 ha

No tiene sindicato pero los trabajadores suspendieron labores hace 5 semanas.

Finca El Desquite

106 ha, ubicada en Nueva Colonia — Comunal Palosblancos, propiedad de Mario J. Uribe

Su empacadora fue quemada. “El gobierno de Antioquia ofreció $ 5 millones como recompensa a quien suministre información”.

Comunal San Jorge

Fuente: elaboración propia con base en el informe del DAS (1988).

De los municipios del eje bananero, Turbo es el que mayor cantidad de invasiones registra durante las décadas de 1960 a 1980. Estas se realizaron en distintas ncas de Currulao, El Dos, El Tres, Riogrande,

Nueva Colonia, Coldesa, Punta de Piedra, en terrenos a orillas de la playa y en zonas urbanas. Muchas de estas invasiones fueron legalizadas por el Incora el que también adjudicó y entregó títulos a predios que no tenían aún su escritura.12 La respuesta del estado fue aumentar el pie de fuerza y designar autoridades locales militares. Para la década de 1980 los alcaldes del Urabá eran en su mayoría militares: En Apartadó el capitán Mauricio Cújar (ya en 1978 había sido nombrado alcalde un hombre con reputación de asesino apodado ‘Polvorete’), en Chigorodó el sargento Jorge Amado Mosquera, en Mutatá el sargento González y en Turbo el capitán Luis Arango. Esa época coincidió con numerosas denuncias por torturas y malos tratos cometidos por la policía y el Ejército. Inclusive, el coronel José J. Murillo, del Batallón Voltigeros, admitió la existencia de una lista de personas que actuaban como supuestos colaboradores de la guerrilla. Posteriormente, fue nombrado alcalde en Turbo, en 1983, el capitán Gámez Parra; en 1984 fue nombrado Ernesto Vergara en Chigorodó, considerado un asesino a sueldo, quien a su vez también fue asesinado en 1985. Además, ciertos inspectores de policía, como en Churidó y Nueva Colonia, impedían la sindicalización de los trabajadores. ( Justicia y Paz, 2013, p. 178)

En este contexto, en Urabá, y particularmente en el municipio de Turbo, las élites agroindustriales bananeras y ganaderas invitaron a los paramilitares a la zona para que proporcionaran seguridad para ellos, sus ncas y su economía, amenazada por los continuos ataques de la guerrilla y por las invasiones de tierras realizadas por los campesinos.13 Con la incursión paramilitar se disparan los homicidios y desplazamientos forzados en la región, posibilitando la transferencia de tierras de pobres a ricos a través de la fuerza y las compras forzadas que inician a mediados de la década de 1990. 2.2. Incursiones paramilitares y agudización del con icto armado Fidel Castaño y su grupo paramilitar los Tangueros, acompañado de algunos líderes de las Autodefensas del Magdalena Medio realizaron sus primeras incursiones en Turbo y en la región del Urabá hacia 1988. Castaño, con el apoyo de ganaderos y empresarios bananeros, se apropió tierra en la región del Urabá, del nordeste antioqueño, y Córdoba con el objetivo de crear un corredor estratégico para el narcotrá co.14 En su incursión cometieron todo tipo de delitos y masacres contra campesinos, líderes sociales y políticos de izquierda (Romero, 2003). El año de 1988 marcó un hito en Turbo por las masacres cometidas por los paramilitares de Fidel Castaño en connivencia con las fuerzas armadas. En primer lugar, el 17 de febrero de ese año, hombres armados al mando de Fidel Castaño asesinaron a cinco militantes de la Unión Patriótica; 20 días después, el 4 de marzo, ocurrieron las masacres en las ncas “La Honduras” en las que fueron asesinados 17 campesinos, en su mayoría trabajadores de la nca, a liados al sindicato Sintagro, y “La Negra” en la que fueron asesinados otros tres. Los asesinos vestían algunos de civil y otras usaban prendas privativas del ejército (DAS, 1988). Estas masacres cometidas diez días antes de que se llevaran a cabo las primeras elecciones populares de alcaldes aterrorizaron a la población.15 Tan solo un mes después, el 11 de abril, Fidel Castaño y 30 paramilitares secuestraron y asesinaron a 26 campesinos de la vereda Punta Coquitos y quemaron las casas del caserío.16 Los cuerpos fueron apareciendo durante los siguientes días en la vereda Nueva Colonia. Otra de las masacres cometidas por este grupo ocurrió en el corregimiento de Pueblo Bello el 14 de enero de 1990. Los Tangueros quemaron establecimientos comerciales y secuestraron a 43 campesinos y los llevaron hasta el municipio de Valencia,

en Córdoba, a la nca Las Tangas de los Castaño Gil, donde fueron torturadas y asesinadas.17 La entrada de los Tangueros buscó generar terror en la población, y tuvo un fuerte componente punitivo contra líderes sociales, trabajadores rurales y sindicalistas de izquierda. En estos dos años se registraron 1.444 homicidios en el municipio de Turbo y la expulsión forzada de 4.047 personas. Hacia 1995 se intensi có la arremetida paramilitar contra los líderes sociales, sindicalistas y políticos de izquierda, pero esta vez a cargo de dos estructuras paramilitares: el Frente Turbo el cual se creó en 1995 con 20 paramilitares al mando de José Hebert Veloza García alias HH, que tuvieron su base de operaciones en la Finca el Limón, en los corregimientos del Dos y del Tres y en la cabecera municipal de Turbo, y el Frente Arlex Hurtado, que inició con 40 hombres bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún, prestigioso empresario bananero y ganadero del Urabá que se identi có con el alias de Pedro Bonito. Las dos estructuras integraron posteriormente lo que se conoció como el Bloque Bananero que delinquió en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá. También operó en la región del Urabá el Bloque Elmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón Herrera alias El Alemán. Dicho bloque tuvo in uencia en los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño. En el Chocó, especí camente en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia. Esta estructura paramilitar fue una de las mayores despojadoras de tierras en la zona conocida como Tulapas entre los límites de los municipios de Turbo y Necoclí. Tanto el Bloque Bananero como el Elmer Cárdenas integraron estructuras organizativas pre-existentes, además de varios miembros de los comandos populares,18 acogieron a los participantes de las trece Convivir que se habían creado en el Urabá entre 1995 y 1998. Posteriormente las Convivir se organizaron en una sola denominada Papagayo, desde la cual Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito creó la estrategia de nanciamiento de los paramilitares a través de los aportes de tres centavos de dólar por cada caja exportada de la fruta de las empresas asentadas en la zona. La sede de Papagayo quedaba detrás de la Brigada XVII del Ejército en Carepa y tuvo aproximadamente 1.065 integrantes.19 La entrada de los paramilitares estuvo acompañada de masacres que cometieron en zonas rurales como Pueblo Bello, Currulao y Nueva Galleta. Los pobladores comenzaron a llamarlos los “mochacabezas”, porque luego de torturar a las víctimas les cortaban la cabeza, tal y cómo lo confesó alias HH sobre la masacre de Nueva Galleta en la que fueron asesinados los esposos y militantes de la Unión Patriótica Jacinto Moreno Núñez y Doralba García Maya. “Moreno fue torturado, castrado y decapitado delante de su mujer. Luego de la masacre, los paras amenazaron con asesinar a 250 familias que habitaban en las haciendas: Currulao, La Primavera, La Fortuna y Pa’ qué Más, si en cuatro días no abandonaban el lugar”.20 Además de lo anterior, se presentaron confrontaciones con la guerrilla de la FARC por el dominio territorial en la zona y ambos grupos realizaron violaciones de derechos humanos contra civiles en retaliación por las acciones realizadas por uno u otro bando. En el municipio de Turbo entre los años 1995 y 1998 fueron expulsadas o desplazadas por la violencia 55.536 personas y asesinadas 2.431, además se cometieron diez masacres, cuatro de ellas realizadas por las FARC, cuatro por los paramilitares, Especí camente el frente Turbo a cargo de HH, y dos cometidas por

actores no identi cados. Además de la confrontación entre guerrilla y paramilitares, el desplazamiento forzado de la población en varias veredas se produjo porque los paramilitares le ordenaron a los campesinos irse de sus tierras. De las veredas de las planicies inundables donde persistía la economía campesina expulsaron a decenas de campesinos que vendieron de manera forzada sus tierras y que en otros casos las abandonaron. Los principales sitios de desplazamientos son los de las veredas de la Serranía y las de la panamericana cuya arremetida mayor sucedió desde 1995 por la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares. De la Serranía salieron muchos pobladores de San José de Mulatos, Nueva Antioquia, San Vicente del Congo, Pueblo Bello y El Alto de Mulatos que han tenido retornos parciales y asentamiento de nuevos pobladores; de la panamericana y las llanuras de inundación quedaron casi deshabitados Nuevo Oriente y Blanquicet y las veredas aledañas a ambos ancos de la vía.21

En el año 1999 se da una leve disminución de los homicidios y desplazamientos, pero vuelven a incrementarse durante los años 2000 y 2001. Algunos de estos ocurrieron en las veredas California, La Teca, Nueva Unión y Calle Larga del corregimiento Nueva Colonia en donde operaron hombres al mando del empresario bananero y ganadero Raúl Emilio Hasbún y en los que se llevaron a cabo compras forzadas de tierras con la intermediación de otro empresario ganadero Felipe Arcesio Echeverri Zapata (Acción Social, 2010).22 En los primeros años de la década de 2000 las estructuras paramilitares que operaron en el municipio de Turbo comenzaron la preparación de su desmovilización, lo que incluyó la creación de varias organizaciones siguiendo el modelo de Funpazcor en Córdoba. Entre estas formas organizativas están: Asocomun creada por Jhon Jairo Rendón Herrera (con participación de víctimas y victimarios), Hebert Veloza HH creó Asdesur, El Alemán creó Construpaz. En Turbo se crearon otras organizaciones, entre ellas la Asociación Regional de Productores Piscícolas de Urabá “Un mejor futuro” la cual se dedicó entre los años 2003 a 2007 a proyectos productivos de piscicultura, la Asociación Subregional de Productores de Cacao en el Urabá “Nuevo Emprendimiento” y la Asociación Municipal Pecuaria de Turbo. Todas con participación de ex combatientes de las AUC. Desde el año 2007 no se tiene información de algunas de estas organizaciones a las que el estado les retiró su apoyo para el desarrollo de proyectos productivos después de que se denunció que llevaban a cabo sus proyectos en tierras previamente despojadas a campesinos (Posada, 2011). En el año 2002 iniciaron las conversaciones en Ralito para la desmovilización de los paramilitares. De una parte el Frente Turbo y Arlex Hurtado se unieron en lo que se llamó Bloque Bananero y participaron en la mesa nacional de negociación, desarmaron a sus hombres y desmovilizaron 452 miembros en el corregimiento El Dos en el municipio de Turbo el 24 de noviembre de 2004. Por su parte, el Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de El Alemán, fue el último grupo en desmovilizarse, pues no quiso sentarse en la mesa nacional en Ralito al saber que varios comandantes se habían aliado para asesinar a Carlos Castaño. Sin embargo, en 2006 empezó su desmovilización en tres fases. El 12 de abril de ese año entregaron las armas 309 paramilitares en el corregimiento de El Mello Villavicencio, de Necoclí. El 30 de abril se realizó la segunda desmovilización en el corregimiento El 40 de Turbo. En esta oportunidad 484 hombres y mujeres hicieron dejación de armas. La última fase se realizó en el municipio de Ungía Chocó, el 15 de agosto. Allí, un total de 745 hombres y mujeres pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí o Frente

Chocó, se desmovilizaron, con ellos el máximo comandante Fredy Rendón, alias El Alemán. En total 1.538 hombres y mujeres del Bloque Élmer Cárdenas se reincorporaron a la vida civil.23 2.3. Dinámicas de desplazamiento forzado y homicidios en el municipio Al analizar las variables de: 1) desplazamiento forzado por la violencia: personas expulsadas, y 2) homicidios, con base en el Registro Único de Víctimas en el periodo 1987-2013, se evidencian cuatro cimas o momentos de ascenso y un gran pico: el primer momento caracterizado por la incursión del grupo paramilitar los Tangueros a mando de Fidel Castaño Gil que inicia en 1988 hasta el año 1990, el segundo la guerra entre comandos populares de EPL y milicias bolivarianas de las FARC posterior a la desmovilización del EPL principalmente los años 1992 y 1993. Un tercer momento que hace referencia a la segunda incursión paramilitar desde 1995 con las estructuras del Frente Turbo, Frente Arlex Hurtado y Bloque Elmer Cárdenas, que presenta su pico máximo de violencia en 1996 y continua con una magnitud signi cativa de expulsión de personas desplazadas y homicidios hasta 1998 y el cuarto momento en los años 2007 y 2008 posterior a la desmovilización de los paramilitares y el surgimiento de las Bacrim. Para el periodo de octubre de 1985 y octubre de 2008 se contabilizaron 50 masacres ocurridas en Turbo, de las cuales 21 fueron cometidas por grupos paramilitares, 18 por grupos guerrilleros, ocho por actores no identi cados, dos por Bacrim y una por Comandos Populares. El año en el que se presentaron más masacres fue 1995, la mayoría de ellas cometidas por grupos paramilitares. Tabla 2. Personas expulsadas y homicidios municipio de Turbo, Antioquia, 1987-2013 Año Personas expulsadas Homicidios 1987

531

339

1988

2.285

449

1989

581

554

1990

1.181

441

1991

670

456

1992

980

503

1993

1.905

630

1994

2.658

356

1995

12.284

917

1996

21.146

800

1997

13.266

506

1998

8.840

208

1999

2.554

217

2000

5.776

327

2001

5.560

272

2002

2.026

218

2003

1.242

123

2004

1.588

168

2005

2.166

197

2006

2.234

275

2007

3.361

344

2008

3.178

277

2009

1.558

160

2010

857

96

2011

1.698

121

2012

1.631

70

2013

1.229

3

Fuente: elaboración propia con base en RUV.

Tabla 3. Masacres en el municipio de Turbo, Antioquia Vereda y corregimiento de la masacre

Fecha

No. De víctimas mortales

Autores

S.I.

22/07/83

4

Grupo paramilitar

S.I.

24/03/84

8

Grupo paramilitar

S.I.

14/04/84

8

Grupo paramilitar

S.I.

24/04/84

8

Grupo guerrillero EPL

S.I.

04/05/84

4

Grupo guerrillero EPL

Currulao

20/10/85

8

Grupo guerrillero

S.I.

01/12/85

4

Grupo paramilitar

S.I.

27/03/86

4

Grupo paramilitar

S.I.

13/04/86

6

Grupo paramilitar

S.I

19/12/87

6

Grupo paramilitar

S.I.

17/02/88

5

Grupo paramilitar

S.I.

03/03/88

20

Grupo paramilitar

Punta Coquitos, Currulao

11/04/88

23

Grupo paramilitar de Fidel Castaño

S.I.

30/09/88

5

Autor no identi cado

Pueblo Bello

14/01/90

44

Grupo paramilitar de Fidel Castaño

S.I

15/04/90

5

Grupo guerrillero EPL

S.I

5/09/90

5

Grupo paramilitar

S.I.

23/08/92

4

Grupo paramilitar

S.I.

5/03/93

6

Grupo guerrillero FARC

S.I.

17/11/93

6

Grupo paramilitar

S.I.

22/11/93

4

Grupos guerrilleros FARC y EPL

Inspección Nueva Colonia

25/11/93

8

Grupo Guerrillero FARC

S.I

9/12/93

5

Grupo Guerrillero FARC

S.I

09/12/93

12

Comandos populares EPL

S.I

07/01/95

4

Grupo guerrillero EPL

05/04/95

4

Grupo paramilitar ACCU

Pueblo Bello

14/05/95

7

Grupo paramilitar ACCU

Pueblo Bello

28/05/95

7

Grupo paramilitar ACCU

Gaitán

22/06/95

4

Grupo paramilitar Bloque Bananero

S.I.

28/07/95

4

Autor no identi cado

S.I.

18/08/95

6

Grupo guerrillero FARC

S.I.

23/08/95

4

Autor no identi cado

Penachos y Pueblo Galleta

14/09/95

6

Grupo paramilitar Bloque Bananero

S.I.

29/10/95

4

Autor no identi cado

S.I.

01/12/95

5

Autor no identi cado

S.I.

08/02/96

4

Grupo guerrillero FARC

S.I

19/04/96

7

Autor no identi cado

Pueblo Bello

05/05/96

15

FARC

S.I.

19/06/96

4

Autor no identi cado

S.I.

24/10/96

4

Grupo paramilitar

Currulao

09/03/97

9

FARC

Currulao

11/03/97

9

Autor no identi cado

S.I.

31/05/97

8

FARC

Pueblo Bello

28/06/99

5

Grupo guerrillero

11/07/00

4

Grupo guerrillero FARC

15/08/00

11

Grupo paramilitar

20/01/03

4

Grupo guerrillero FARC

Currulao y La Arenera

16/05/07

4

BACRIM

Currulao

23/08/07

6

FARC

Nuevo Oriente

18/03/08

5

BACRIM

Total víctimas

250

Fuente: base de datos de masacres Observatorio de Restitución y Regulación de derechos de propiedad agraria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la incursión paramilitar en la zona agudizó el con icto armado y la violencia contra la población civil en el municipio alcanzando los mayores índices de homicidios y desplazamientos forzados. ¿Cómo llegaron los paramilitares a la zona? ¿Cuáles alianzas crearon con los ricos rurales y políticos de la región? ¿Cómo alcanzaron tanto poder a nivel regional? ¿Qué efectos tuvo ese dominio paramilitar frente a regulación de los derechos de propiedad agraria? Respuestas que se intentan esbozar para el caso del municipio de Turbo en el siguiente apartado.

3. Unidades y dominio paramilitar Como se mencionó anteriormente, en la región del Urabá hicieron presencia varios grupos paramilitares, en primer lugar los conocidos “Tangueros” o paramilitares de Fidel Castaño, cuyo nombre hace referencia a la conocida nca las Tangas despojada por el clan de los Castaño en Córdoba. Posteriormente las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU— bajo el mando de Vicente y Carlos Castaño y nalmente los tres emprendimientos paramilitares en las cuales se centra nuestra indagación que son: el Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Fredy Rendón Herrera alias El Alemán, el Frente Turbo bajo el mando de Hebert Veloza García alias HH y el Frente Arlex Hurtado bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito; estas dos unidades conformaron lo que se conoció como el Bloque Bananero. Aunque estos tres emprendimientos paramilitares ejercían un control territorial distribuido por áreas en el Urabá, y la zona rural de Turbo estaba bajo el mando del Bloque Bananero, los tres comandantes y sus combatientes se vieron involucrados en despojos masivos de tierras en el municipio de Turbo. Tabla 4. Unidades paramilitares con presencia en el Urabá y despojadoras de tierras en Turbo Característica

Tiempo de acción

Zona de in uencia Número de

Los Tangueros o grupo de Fidel Castaño 1988-1991 1991-1993 Norte del Urabá antioqueño y el Urabá cordobés (Arboletes y San Pedro de Urabá)

Frente Turbo

Frente Arlex Hurtado

Bloque Elmer Cárdenas

1995-2004

1996-2004

Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó

Sur de Turbo y en el norte de Chocó, Norte de Urabá (Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí); Sur de Urabá: Dabeiba, Mutatá. (El sector de Currulao y Mutatá, Murindó Riosucio, Unguía, Acandí). se expandió hacia 52 municipios y 6 departamentos. Salvador hasta Bajirá). Inició con 40 hombres pero en la

1996-2006

combatientes

Entre 50 y 100

Aproximadamente 300 - 350

Articulación con niveles superiores

Fueron los primeros antecedentes de las ACCU.

Bloque Bananero (al parecer solo nombre) y ACCU. Este frente absorbió o aglutinó cinco comandos populares. Antecedente: el grupo de los Escorpiones.

Veredas o ncas base militar o entrenamiento

desmovilización se unió al Frente Turbo.

Inició con 29 hombres y llegó a tener 1.538 combatientes

Bloque Bananero (al parecer solo nombre) y ACCU Antecedentes: Los 40 Grupo de Pedro Bonito

ACCU Antecedentes: Convivir Costa Azul Los Guelengues bajo el mando de Carlos Ardila Hoyos alias Carlos Correa, ganadero. Los 70: comandados por ex militares

Las vereda el Limón y Monteverde de Turbo pero el entrenamiento en la 35 y Jaraguay y Las Tangas en Córdoba.

Actores que los invitaron

Ganaderos

Empresarios bananeros y ganaderos, terratenientes.

Motivaciones iniciales

Protección a ganaderos y tierras adquiridas por Fidel, narcotrá co.

Provisión de seguridad a ricos rurales, narcotrá co, guerra contrainsurgente conjunta con las fuerzas armadas, vaciamiento de territorios, oposición de las élites locales de derecha al ascenso electoral de políticos y movimientos de izquierda al poder.

Complejidad organizacional

Mediana

Alta

Alta

Alta

Línea de mando

Un nivel

Tres niveles

Dos niveles

Tres niveles

Militar Carlos Mauricio García Tipo de comandancia Fernández Ganadero y Narcotra cante: (ricos rurales en Fidel Castaño alias Rambo. comandancia) 3. Ganadero: alias Salvador (No se precisa el nombre).

Vicente Castaño, Carlos Castaño, ganaderos y narcos. Hébert Veloza García Alias HH, trabajador manual. Carlos Mauricio García Alias Rodrigo Doble cero, ex militar.

Raúl Emilio Hasbún alias Pedro Bonito, empresario bananero. Carlos Enrique Vásquez alias Cepillo

Carlos Ardila alias Carlos Correa, ganadero. Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, trabajador manual y comerciante, venía de familia agrícola y ganadera.

Ricos rurales nanciadores

Ganaderos

Industria del banano, ganaderos, empresarios rurales, comerciantes, narcotra cantes, empresarios de rmas o comercializadoras extranjeras. “Impuestos” o vacunas al comercio, al gas, a la madera, etc.

Alianzas con políticos

S.I.

Movimiento Político Por una Urabá Grande, Unida y en Paz. Actores de ese movimiento: Juntas de acción comunal, delegados de Bloque en las áreas campesinas, promotores de desarrollo social.* Senadores, representantes a la cámara, alcaldes y concejales (ver en el anexo la Tabla A1). Creación de la ONG Asocomun para canalizar recursos internacionales y nacionales para la erradicación de cultivos ilícitos y promoción de proyectos agroindustriales y de desarrollo social.

Acciones conjuntas con policía y fuerzas militares

Masacres contra poblaciones civiles (La Negra y Honduras).

Patrullajes conjuntos (policía y paramilitares) Financiamiento de los paramilitares a la policía Operaciones de inteligencia Intercambio de información sobre civiles Incursiones contra poblaciones civiles realizadas de manera conjunta entre policía y grupos paramilitares. En el caso de Elmer Cárdenas Operaciones Génesis y Cacarica en 1997 en Chocó.

Lugar y fecha de desmovilización

En 1991 En 1992 se rearmó

25 de noviembre de 2004

Número de desmovilizados

S.I.

451 desmovilizados. Se juntaron frente Turbo y Arlex Hurtado y se desmovilizaron como Bloque Bananero.

S.I.

Establecimiento de alianzas con economías agroindustriales ya establecidas en la región: bananeros, comercializadoras extranjeras etc. Con ganaderos de la región. Financiados también por dineros del Narcotrá co.

Coaliciones con ricos rurales

25 de noviembre de 2004

Tres fases: 12/4/2006: se desmovilizan 309 paras en el corregimiento de El Mello Villavicencio, de Necoclí. 30/4/2006 en el corregimiento el 40 de Turbo. 484 desmovilizados 15/8/2006 Unguía Chocó, ٧٤٥ desmovilizados. En total 1.538 desmovilizados Alianzas con economías ya establecidas pero también con nuevos actores económicos interesados en proyectos de agroindustria y tardío rendimiento. Establecimiento de una economía agro industrial que bene ció a dos tipos de actores: empresarios palmeros (casos de palma africana en el Chocó); a los propios paramilitares (programas de caucho y madera en Necoclí PASO) y a nuevos repobladores: Belén de Bajirá y caso ASOPROBEBA. Financiados también por dineros del Narcotrá co.

* “En el caso del Bloque Elmer Cárdenas, este trabajo de alianza con los políticos tuvo una mayor importancia que en el resto de bloques o estructuras de la región, porque en 1997, Carlos Cataño encargo directamente a Fredy Rendón realizar esta labor, lo cual permitió, además, que otros comandantes como Hebert Veloza y Raúl Hasbún delegaran en él esta tarea.” ( Justicia y paz, 2011, p. 213). Fuente: elaboración propia.

Además de las características organizacionales descritas en la Tabla 4, ¿en qué variables se expresa el dominio paramilitar en el Urabá y qué efectos tuvo en la regulación de los derechos de propiedad agraria? El dominio territorial que llegaron a tener estas tres unidades paramilitares en Urabá puede analizarse a través de las siguientes categorías: 1. Capacidad del grupo armado para proveer seguridad a actores especí cos (alianza con ricos rurales). 2. Regulación del acceso y ejercicio del poder en la región (alianza con políticos: ver en el anexo la Tabla A1: Políticos investigados y sentenciados por su alianza con paramilitares del Urabá). A continuación describo brevemente cada una de ellas. 3.1. Las élites rurales y la privatización de la seguridad El dominio paramilitar en la región del Urabá se expresó en su capacidad de proveer seguridad a las élites rurales: empresarios bananeros, ganaderos y terratenientes de la región. Su entrada a nales de la década de 1980 obedeció a dos factores: en primer lugar, al deseo de los Castaño de acceder a tierras por ser esta una zona estratégica para el narcotrá co y otras economías,24 y en segundo lugar, por las demandas de seguridad hecha por ricos rurales ante la violencia guerrillera y las acciones lideradas por los sindicatos. En el Eje Bananero del Urabá, el accionar guerrillero llegó a convertirse en una amenaza real para empresarios bananeros y ganaderos debido a las masacres y los ataques contra la infraestructura de las

ncas bananeras. Comenzaron entonces a administrar sus negocios desde Medellín y además, organizaron el ingreso de los paramilitares a la zona. Los grupos guerrilleros hacen unas masacres. Una muy importante en la que llegaron, mataron trabajadores, quemaron o cinas… Desde esa época, eso fue en la nca El Retiro. Desde esa época ya la cosa se puso muy difícil. Ya los poquitos dueños que todavía había aquí se fueron todos para Medellín. Entonces ya previniendo eso, comenzaron a organizarse en Medellín, pasaron todas esas masacres y fue ahí cuando llegó el paramilitarismo… Cuando llegaron ellos (los paras) entonces comenzaron a asesinar a varios trabajadores. Nosotros fuimos a Medellín les preguntamos a los dueños que porqué razón nos están matando. Entonces un día nos citaron a todos y nos mandaron acá, en el aeropuerto, dos aviones de Aces y fuimos al edi cio de la Bastilla, allá al frente de Coltejer. Allá nos reunimos y tuvimos la oportunidad de contactarnos con los dueños de las ncas. Les preguntamos qué porqué razón habían matado a los administradores. Eso no fue maldad, nos equivocamos, nos dijeron ellos. Eso era manejado por los Castaño. Ellos fueron los que gobernaron en Urabá.25

Los paramilitares desplegaron diversos repertorios de violencia contra la población civil, particularmente contra aquellos actores que representaron una amenaza para los intereses económicos o políticos tradicionales de los ricos rurales en la región como líderes sociales, políticos de izquierda y contra sindicalistas quienes organizaron paros y huelgas sin precedentes en la zona y a quienes los empresarios también culparon de la disminución de la producción bananera desde nales de la década. Frente a este último aspecto un testimonio ilustrativo es el de Hebert Veloza alias HH quien señala: Yo lo he denunciado públicamente. He dicho los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en el Urabá. Porque fuimos de nca en nca prohibiéndoles a los trabajadores a hacer paros armados. Uno iba uniformado y con un cuchillo en la mano, diciéndoles que el que hiciera paro lo matábamos, ¿por qué?, por buscar los bene cios de los empresarios bananeros. Ellos fueron los que se bene ciaron de la guerra. Ellos ninguno está pagando, ninguno está detenido, ninguno está investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se bene ciaron.26 Eso eran impuestos legalizados para las arcas de las autodefensas para nanciar las autodefensas como me preguntaban a mí en mis versiones, en mi declaración de los senadores americanos, que si con esos dineros habíamos matado sindicalistas, que si con esos dineros habíamos matado personas vinculadas a las empresas bananeras del Urabá; claro que sí.27

No solo los bananeros solicitaron el ingreso de los paramilitares, también los ganaderos le piden apoyo a Castaño para repeler la guerrilla de las FARC que está cooptando territorios en los que antes hacía presencia el EPL28 e incluso los ganaderos designaron hombres para que lideraran el accionar en la zona.29 Estas demandas realizadas por las élites rurales fueron las que posibilitaron el ingreso de los paramilitares en el eje bananero. La sentencia de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera alias El Alemán señala que los paramilitares en el Urabá surgieron de una múltiple alianza entre sectores de la económica legal, miembros de la fuerza pública, funcionarios públicos, narcotra cantes y el clan de los Castaño.30 Estos ingresaron a la zona subsumiendo grupos de seguridad privada presentes en la región (primero escuadrones de la muerte, y posteriormente Convivir, comandos populares), y reclutando a desmovilizados de grupos guerrilleros en sus estructuras. “Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente reclutan y cooptan grupos de seguridad privada y delincuencia común ya existentes, y los articula en una estructura centralizada y con proyecciones más regionales”.31

Los Comandos Populares y las Convivir fueron estructuras claves para la expansión del paramilitarismo. Como se señaló anteriormente, los primeros fueron un grupo armado que se creó un año después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) con ex combatientes y civiles que decidieron armarse ante los ataques de las FARC y de la disidencia del EPL de Francisco Caraballo contra los desmovilizados del EPL y sus bases. Varios miembros de los Comandos Populares terminaron incorporándose a las ACCU de los Castaño hacia 1995.32 Por su parte las Convivir operaron como una gura legal desde mediados de la década de 1990 que permitía a los miembros de una comunidad organizarse en forma de cooperativa con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus miembros.33 En el Urabá, varios de los fundadores y líderes de las Convivir se convirtieron en comandantes paramilitares. Como en el caso de la Convivir Costa azul, liderada por Carlos Ardila Hoyos alias Carlos Correa y Arnoldo Vergara Trespalacios alias Mochacabezas quienes fueron los fundadores del grupo paramilitar denominado los Guelengues que posteriormente se denominó la 70 y nalmente Bloque Elmer Cárdenas (Justicia y Paz, 2013). Quien lideró las Convivir y posibilitó a través de ellas la nanciación de los bananeros a los paramilitares en la zona fue el empresario bananero y ganadero Raúl Emilio Hasbún quien en una de sus intervenciones en versión libre señaló que “después de varias charlas sobre el tema con Vicente Castaño, acordamos que valiendo de mi condición de empresario, trabajara en el montaje de las Convivir con el n de convertirlas en un apéndice de las autodefensa, lo que nalmente ocurrió en la zona del Urabá antioqueño”.34 Los empresarios bananeros demandaron la presencia y accionar paramilitar y a cambio contribuyeron con dineros que salían de cada caja exportada y que eran centralizadas en la convivir Papagayo, como lo señala alias HH en su versión libre. Cuando nosotros iniciamos, cuando llegamos a Urabá, fue por pedido de los bananeros hacia Carlos y Vicente, ellos hacían un aporte voluntario, se lo hacían directamente a los Castaño... hasta que fuéramos a operar… En un inicio fue con plata en efectivo, después se implementó un sistema que era cobrar un centavo de dólar por caja de banano que saliera exportada y ese impuesto fue subiendo también hasta quedar en tres centavos de dólar. [Pregunta de la scal] “¿Cómo se pagaba, cómo se descontaba, cómo lo pagaban y quien hacía el control de cuantas cajas salían? ” R. Se crea una empresa de seguridad. [Pregunta de la scal] “¿Cómo se llamaba esa empresa de seguridad?” R. Si no estoy mal es papagayo [Pregunta de la scal] “¿Quién la creo, quién era su representante legal, cómo funcionó?” R. Servicios especiales de Urabá esa empresa fue creada por Pedro, el representante legal en este momento creo que es Alberto Osorio, desde el inicio ha ido cambiando, estuvo también un señor de Carepa, que fue también representante legal y en el momento de... estaba el señor Alberto Osorio. [Pregunta de la scal] “¿Dónde funcionaba, dónde tenía su sede?” R. “En Carepa y en este momento me acuerdo atrasito de la brigada... por la brigada para poder entra allá. (Sentencia de Justicia y Paz, 2013, p. 238) Por parte de los ganaderos materializaba sus aportes a través de dos vías pagando a los paramilitares

aportes (algunos de manera voluntaria, otros de manera forzada), por hectárea y haciendo su aporte a la Convivir a través de La Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande —SUGANAR— al momento de pagar lo concerniente a la vacuna de la aftosa.35 Las ACCU, de Carlos Castaño, se reunieron con importantes ejecutivos de multinacionales del sector bananero para concertar los mecanismos de seguridad y “normalización o paci cación laboral”, en la región. “Se trata de la reunión celebrada entre Charles Kaiser, director general de Banadex S.A., y los paramilitares para acordar los montos de los aportes de la multinacional, resultando como aporte tres centavos de dólar por cada caja exportada. Según cálculos de la propia empresa multinacional en escenarios judiciales de los Estados Unidos de América, entre 1997 y 2004, los aportes a la organización criminal sumaron un millón setecientos mil dólares en siete años.” (Sentencia Justica y Paz, 2011, pp. 198-199). El dinero del narcotrá co y los aportes de los ricos rurales fueron la base del nanciamiento paramilitar. “Sin duda, el factor de mayor importancia en el crecimiento del Bloque Elmer Cárdenas fue su relación con el negocio del narcotrá co, en el que se recogían entre 400 y 600 millones de pesos mensualmente. Los ingresos, calculados, que obtuvo el Bloque entre 1995 y 2006, por cuenta del narcotrá co fueron de ciento veintitrés mil ochocientos setenta millones de pesos ($123.870’000.000). Este rublo ascendía al 80% de los ingresos del Bloque.” (Justicia y Paz, 2011, p. 205). 3.2. Regulación del acceso y ejercicio del poder en la región Otra de las variables que permite analizar el dominio paramilitar en el Urabá se expresó en su capacidad de regular el acceso y ejercicio del poder en la región. Lo anterior se materializó en la cooptación de políticos de la zona y en la creación de un Movimiento Político “Por una Urabá Grande Unida y en Paz” desde el cual se establecieron los candidatos que llegarían al poder en lo local: alcaldes, concejales e instituciones nacionales como el Congreso. El Bloque Elmer Cárdenas asumió de manera prioritaria la alianza con los políticos y en este aspecto tuvo una mayor importancia que el resto de bloques o estructuras de la región, lo anterior se dio porque “en 1997, Carlos Castaño encargó directamente a Fredy Rendón realizar esta labor, lo cual permitió, además, que otros comandantes como Hebert Veloza y Raúl Hasbún delegaran en él esta tarea.” (Justicia y Paz, 2011, p. 213). Este proyecto de “Urabá Grande Unida y en Paz” partía de varias constataciones sobre la importancia de la región en el escenario nacional. Esto se constata del documento entregado a la Sala: “Documento Base, Planteamientos político, ideológicos, organizativos y programáticos” en el que se lee: “el potencial político y electoral de la Región Gran Urabá y de sus zonas (Abibe norte - Eje Bananero - Atrato - Darién chocoano y Abibe cordobés) representa una estadística actual y proyectada de la mayor importancia. ( Justicia y Paz, 2011, p. 210)

En el año 2000 se realizó una reunión en el municipio de Necoclí a la que asistieron los alcaldes, concejales y miembros de Esperanza Paz y Libertad de la región del Urabá. En ella Fredy Rendón y Jorge Pinzón presentaron el proyecto político que buscaba controlar los concejos municipales, las alcaldías, la asamblea departamental, y para las elecciones del año 2002 se planeó como objetivo elegir un representante a la Cámara y un Senador. (Justicia y Paz, 2011, p. 214). Hubo otras reuniones nanciadas por el Bloque Elmer Cárdenas, y coordinadas por Jorge Pinzón

Arango, en ellas surgieron comités con líderes locales del movimiento en los municipios: En Carepa Edilberto Ávila, en Arboletes el coordinador fue Manuel Morales Rengifo, en Turbo Manuel Morales Peña e Isaac Martínez y en San Pedro de Urabá Carlos Martínez. Posterior a la formación de los comités municipales y de la selección de los responsables locales, el Bloque, en concurso con las juntas de acción comunal que fueron creadas e impulsadas por el Bloque, a nales del año 2001, seleccionó a los candidatos en una asamblea general de todos los delegados de todos los niveles de organización, realizada en Necoclí. De esta asamblea surgieron los candidatos que serían postulados para las elecciones nacionales a cámara de representantes y senado de la República. ( Justicia y Paz, 2011, p. 214)

Varios de los políticos que hicieron parte de este movimiento han sido investigados y condenados como los congresistas: Rubén Darío Quintero, Antonio Valencia, Humberto Builes, Manuel Darío Ávila, Jesús Enrique Doval, Estanislao Ortiz Lara, quienes con el aval de Cambio Radical llegaron al Senado y la Cámara de Representantes y hoy pagan condena por sus nexos con paramilitares y concierto para delinquir. Además de lo anterior están siendo investigados exalcaldes, exconcejales y líderes comunales de los diferentes municipios del Urabá por su participación en este movimiento político. Los paramilitares decidían quién se podía presentar y quién era el ganador de las contiendas políticas.36 Ver en el anexo la Tabla A1: Políticos investigados por nexos con paramilitarismo en el Urabá antioqueño. El tipo y alcance del dominio territorial ejercido por los paramilitares, afectó de manera directa e indirecta la regulación de los derechos de propiedad agraria en la región, agudizando su inestabilidad e inseguridad, posibilitando un acaparamiento de la tierra para las propias unidades paramilitares o para sus aliados empresarios o ganaderos. Las tres unidades paramilitares ejercieron el poder de despojar territorios y cambiar su uso, ante la mirada, y en algunas ocasiones en connivencia, con las autoridades locales. En resumen, tuvieron los medios, los incentivos y la capacidad para despojar tierras, cambiar su uso, movilizar a los actores implicados en la regulación de la propiedad, bloquear las instituciones que no les favorecían y hacer uso de aquellas a través de las cuales intentaron teñir de legalidad las tierras despojadas, como se verá en el siguiente apartado.

4. Despojo de tierras en el municipio de Turbo37 Turbo es el municipio que presenta una mayor expulsión de población desplazada en el periodo comprendido entre 1985 y 2013 en la región del Urabá antioqueño. Tabla 5. Expulsión y recepción de personas desplazadas para los municipios del Urabá Antioqueño, 1985 y 2013 Personas expulsadas Personas recibidas

Fuente: elaboración propia con base en datos del RUV.

Turbo

105.196

90.723

Apartadó

55.479

65.931

Necoclí

36.443

16.834

San Pedro

23.891

17.678

San Juan

11.471

11.360

Arboletes

21.628

11.258

Chigorodó

25.771

36.958

Carepa

14.846

25.009

Los momentos identi cados en el con icto para el municipio de Turbo se asocian con momentos discernibles de abandono y despojo material, jurídico y administrativo de tierras.38 Sobre esta base, se suceden dos tiempos fuertes de despojo de tierras T1: 1995-1996; y T2: 2002-2004 en los que los paramilitares ejercen violencia en las zonas y los campesinos abandonan la tierra, luego son buscados por comisionistas y venden bajo coerción y a precios irrisorios. Y un T3 en el que se intenta sanear o legalizar los títulos a través de múltiples transferencias. Las tres estructuras paramilitares que hicieron presencia en la región del Urabá: el frente Turbo, el Bloque Elmer Cárdenas y el Frente Arlex Hurtado estuvieron directamente implicados en casos de despojo de tierras en Turbo. Se han seleccionado varios casos de despojo de tierras documentados por fuentes secundarias que permiten identi car los actores implicados y sus estrategias desarrolladas para intentar legalizar los títulos. En todos los casos se repite el ciclo de violencia —abandono / compra forzada —múltiples transacciones — apropiación nal del empresario ganadero o bananero de las tierras. En los casos de despojo realizados por el Frente Turbo y el Bloque Elmer Cárdenas se evidencia que transcurre un periodo de tiempo entre la violencia ejercida que lleva al desplazamiento forzado de los campesinos y el intento por legalizar o limpiar los títulos. Aquí son ilustrativos varios casos: en primer lugar, el despojo ocurrido en la Vereda Paquemas Corregimiento El Tres. Estas tierras habían sido adjudicadas a familias de campesinos por el Incora en 1994, pero un año después tuvieron que desplazarse por órdenes de Jesús Albeiro Guisao alias El Tigre y por el terror que generó la Masacre de Pueblo Galleta realizada por el Frente Turbo bajo el mando de Hebert Veloza alias HH. En este caso, como en otros, fue fundamental la acción de funcionarios del estado, pues un Concejal del municipio y un funcionario del Incora presionaron a los campesinos para que vendieran sus tierras a bajo precio,39 mientras tanto quedaron bajo el usufructo de Miguel Ángel Serrano alias Megateo, paramilitar que se apropió de éstas. En el año 2008, después de varios traspasos, algunos de ellos con escrituras falsas en la notaria de Carepa, los predios llegaron a manos de Álvaro Mesa Cadavid, prestigioso ganadero de la región y hermano de un diputado de Antioquia,40 declarado como opositor de mala fe por fallo de restitución de tierras.41 Si bien el desplazamiento se originó en 1995, el intento por legalizar o limpiar los títulos ante una notaría se da hasta mediados de la década siguiente. El mismo modus operandi ocurrió en la vereda San Pablo de Tulapa, los campesinos se desplazaron y abandonaron sus tierras por la acción paramilitar en el año 1995. Posteriormente fueron contactados por comisionistas de tierras para que las vendieran a precios irrisorios. Pero solo hasta 2005, a través de poderes42 y escrituras falsas las tierras pasaron a terceros,43 dos de ellos paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas44 (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011).45 El caso emblemático del despojo paramilitar considerado el más grande de Antioquia se dio en la zona conocida como Tulapas en los municipios de Turbo y Necoclí. Allí la arremetida paramilitar de los años 1995 y 1997 generó el desplazamiento forzado de los campesinos. A los pocos meses los comisionistas de tierras ubicaron a los desplazados para ofrecerles dinero por sus predios, aquellos se vieron forzados a vender sus predios a precios irrisorios.46 A través de poderes falsos a nombre de una familiar del Clan Castaño, y escrituras que carecían de validez, los predios de los campesinos pasaron a ser propiedad del Fondo Ganadero de Córdoba en cabeza

de Benito Osorio Villadiego.47 Posteriormente, a mediados de 2005, en algunos de estas tierras, Freddy Rendón Herrera alias El Alemán implementó el Programa de Alternatividad Social —PASO— con proyectos agroindustriales, forestales y de caucho con miras a generar ingresos para la desmovilización de sus hombres.48 Este programa comenzó tres años antes de su desmovilización y recibió fuertes críticas porque de una parte los proyectos se iniciaron en las tierras que habían sido despojadas a los campesinos y cuyos derechos de propiedad no habían sido resueltos y en segundo lugar porque las comunidades y víctimas terminaron trabajando para sus perpetradores (Ballvé, 2011). Para llevar a cabo su estrategia, los paramilitares crearon la ONG Asocomun49 a través de la cual desarrollaron el proyecto “Tulapa Horizonte de Esperanza”, en Turbo y Necoclí, iniciativa que hizo parte del programa Familias Guardabosques de la Presidencia de la República50 y que permitió el posterior desarrollo de proyectos agroindustriales de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social (Ballvé, 2011; Lombana, 2012). Asocomun, no sólo contó con el apoyo de entidades estatales y privadas51 sino que también recibió condecoraciones y reconocimientos de nivel supranacional.52 La Corte Suprema de Justicia develó que El Alemán y sus paramilitares intentaron expandir su poder político y su dominio económico en la región a través de esta ONG y condenó al ex congresista Valencia Duque porque se valió del Programa de Familias Guardabosques de la ONG paramilitar para lograr la votación su ciente en las elecciones del 2006.53 En el accionar paramilitar se presentaron dos problemas: primero estos proyectos fueron puestos en marcha cuando el grupo armado no se había desmovilizado, conservaba todo el dominio territorial, político y armado en la región y gozaba de total impunidad. Pero esto no fue problema para acceder a los apoyos de las alcaldías locales, a la nanciación y contratos con entidades como Incoder o a los apoyos económicos de Acción Social y de la cooperación internacional. Los proyectos se llevaron a cabo en tierras que habían sido objeto de despojo. Agencias estatales nacionales y locales apoyaron proyectos en el marco de la política pro paz en tierras con graves problemas de derechos de propiedad agraria lo que tiñó de ilegitimidad el proceso y aumentó los con ictos sobre la tenencia y uso de la tierra. Finalmente encontramos el caso de la cereda Blanquicet corregimiento Macondo, municipio de Turbo. En 1996 los paramilitares se ubicaron en la nca El Trébol, propiedad de Ángel Adriano Palacios (ganadero preso e investigado por despojo de tierras). En ese año, los paramilitares obligaron a los campesinos de la cooperativa Cootraglobam a desplazarse y sus tierras que fueron ocupadas por los paramilitares54 y dedicadas al engorde de ganado. Solo hasta el 2001 inician las ventas forzadas con escrituras fraudulentas, haciendo múltiples traspasos,55 incluido uno a Hugo Fenel Bernal paramilitar y narcotra cante extraditado.56 Entre los casos de despojo de tierras generado por la estructura del Frente Arlex Hurtado bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún, se encuentran los siguientes. El primero de ellos está en el corregimiento Macondo del municipio de Turbo. En 1996 el paramilitar conocido con el alias de Mono Pecas o Lázaro lideró el desplazamiento forzado, a través de amenazas, ultrajes e intimidaciones, de varias familias que habían sido adjudicatarias de tierras por el Incora. Varios de los campesinos se vieron obligados a vender sus predios a precios irrisorios a dos comisionistas de tierras de la región. Después de dos procesos de ventas a intermediarios, las tierras quedaron en manos de Camacho y Compañía S.C.A hoy A. Palacios S.A.S.57 cuyo

representante legal es el empresario y ganadero Ángel Adriano Palacios, detenido actualmente por despojo de tierras58 y Gómez Estrada y Compañía S.C. ambas sociedades fueron declaradas como “opositores de mala fe” en la sentencia que ordena restituir las tierras a los campesinos que habían sido titulados por el Incora.59 A diferencia de los casos anteriores, el despojo de dos veredas a manos de los hombres de Pedro Bonito, contemplan un ciclo más corto. Por ejemplo, el caso de la vereda Nueva Unión corregimiento Nueva Colonia60 en el año 2003 las autodefensas presionaron a los campesinos para que salieran de las tierras argumentando que éstas pertenecían al “Patrón” Raúl Emilio Hasbún. En este caso fue clave la acción del empresario bananero Felipe Echeverri, quien presionó a los campesinos para que vendieran de manera forzada sus predios. Según Acción Social (2010), para el año 2010 se encontraban diez predios en poder paramilitar, nueve ocupados por terceros y 18 abandonados. Un caso similar ocurrió con el predio “La Niña” en la vereda California corregimiento de Nueva Colonia. Esta nca de 103 ha que pertenecía a la compañía Hasbún y Cía. De la familia del ganadero y bananero Raúl Emilio Hasbún (y reconocido paramilitar), fue invadida por campesinos a nales de la década de 1980 y expropiada por el estado a través de extinción de dominio. Pero antes de que esto fuera posible los paramilitares del frente Arlex Hurtado y Felipe Echeverri, presionaron a los campesinos para que vendieran o se fueran. La mayoría de los campesinos empezó a pagar las tierras a través del descuento por caja de banano exportada. Es decir, pagaron al paramilitar por tierras que ya eran del estado. Algunos de los campesinos que se vieron obligados a desplazarse no han podido retornar porque su tierra está ocupada por terceros (Acción Social, 2010). Además de estos últimos casos, se han solicitado un total de 58 reclamaciones por despojo de tierras atribuido a Raúl Emilio Hasbún, quien actuó a través de su lugarteniente Carlos Vásquez, conocido como alias Cepillo, en las zonas de Villa Rosa, Nuevo Estrella y Nuevo Oriente en Turbo, y en Palmichal y Nueva Esperanza y Monteverde en el municipio de Mutatá.61 Tabla 6. Casos de despojo de tierras en Turbo Caso Vereda Paquemas

Bloque paramilitar Frente Turbo bajo el mando de HH

Vereda San Pablo ACCU y Bloque de Tulapa Elmer Cárdenas Tulapa Vereda Blanquicet

Violencia Masacre, amenazas y homicidios selectivos

Año 1995

Estrategia de despojo Ventas forzadas Escrituras falsas

Homicidios selectivos y Ventas forzadas, poderes falsos, 1995 amenazas escrituras viciadas 1995 Ventas forzadas, poderes falsos, escrituras viciadas 1996

Bene ciados Ganadero Álvaro Mesa Cadavid Humberto León y Otoniel Segundo Hoyos (paramilitarestestaferros del Alemán) Fondo Ganadero de Córdoba Bloque Elmer Cárdenas Salvatore Mancuso

ACCU

y Bloque Elmer Cárdenas

Homicidios selectivos y amenazas

y Bloque Bananero

Homicidios selectivos y Hugo Fenel Bernal Molano narcotra cante extraditado a 1996 Ventas forzadas, escrituras viciadas amenazas EEUU y otros.

ACCU

Ventas Forzadas 1996Posesión material de los predios 1998 por parte de actores armados

Camacho y Compañía S.C.A hoy A. Palacios S.A.S. (cuyo representante legal es Ángel Adriano Palacios) y Gómez Estrada y Compañía S.C. Oscar Moisés Mosquera Piedrahita y Felipe Rafael Peniche Araujo

Corregimiento Macondo

Frente Arlex Hurtado

Vereda Nueva Unión

Frente Arlex Hurtado

Amenazas

2002 y Ventas forzadas 2004

Felipe Echeverri y Raúl Emilio Hasbún

“La Niña” en la Frente Arlex Vereda California Hurtado

Amenazas

2000 y Ventas forzadas 2004

Raúl Emilio Hasbún

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones Del análisis de los casos documentados de despojo en Turbo extraemos las siguientes conclusiones. El municipio de Turbo es un caso de alto despojo en el que las tres estructuras paramilitares que hicieron presencia en el Urabá estuvieron involucradas en procesos de despojo de tierras jugando un doble papel como actores generadores de violencia que intimidaron y violentaron a los pobladores para que abandonaran y vendieran sus tierras, y como compradores, testaferros o poseedores de facto de los predios despojados. Se evidencia claramente el ciclo de violencia —abandono / compra forzada —múltiples transacciones —apropiación del empresario ganadero o bananero o del actor armado. En los casos de despojo documentados se vieron bene ciados empresarios ganaderos y bananeros como el caso de Felipe Echeverri, Álvaro Mesa Cadavid, Ángel Adriano Palacios, Benito Osorio Villadiego y Paramilitares que actuaron como testaferros, entre ellos Humberto León Atehortúa y Otoniel Segundo Hoyos o que actuaron en calidad de jefes como Pedro Bonito y Freddy Rendón alias El Alemán. En todos los casos se realizaron operaciones fraudulentas, entre ellas falsi cación de rmas, poderes, escrituras, o se aprovechó la distorsión del mercado de tierras producto del con icto armado. A través de la coerción y vicios de consentimiento, los campesinos se vieron obligados a vender sus tierras a precios irrisorios. En este sentido, la estrategia recurrente fue la de ventas forzadas. El despojo realizado por estas unidades persiguió nes estratégicos para bene ciar al grupo una vez se hubiera desmovilizado como los relacionados con el programa PASO, así como también nes clientelistas para bene ciar a redes y amigos de las unidades paramilitares y nes oportunistas en el que los propios despojadores se quedaron con las tierras. El despojo fue posible por las relaciones que construyeron las unidades paramilitares con la fuerza pública, las burocracias civiles a nivel local y nacional y con los ricos rurales (bananeros y ganaderos) de la región. Estos vínculos les dio el poder necesario para realizar y legalizar los despojos de tierras sin tener enemigos fuertes capaces de oponerse al control social y al repertorio de violencia ejercido por los grupos paramilitares.

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Recuperado el 18 de enero de 2015. http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/2083-testaferros-de-carlos-castano-duenos-de200- ncas-en-uraba http://www.verdadabierta.com/victimarios/3485-sin-la-tierra-y-sin-la-plata http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/416-bloque-elmer-cardenas-de-urabaRecuperado el 15 de marzo de 2014.

Anexo Tabla A1. Políticos investigados por nexos con paramilitarismo en el Urabá antioqueño Nombre

Partido o movimiento político

Cargo

Municipio

Estado

Antonio Valencia

Cambio Radical

Senador y representante a la Cámara

Condenado

Rubén Darío Quintero

Cambio Radical

Senador

Condenado

Humberto Builes

Cambio Radical

Senador

Condenado

Manuel Darío Ávila

Cambio Radical

Representante a la Cámara

Jesús Enrique Doval

Cambio Radical

Representante a la Cámara y exalcalde de Carepa

Carepa

Condenado

Estanislao Ortiz Lara

Cambio Radical

Representante a la Cámara y exalcalde de Turbo

Turbo

Condenado

César Andrade

Cambio Radical

Representante a la Cámara

Guillermo Ceren Villorina

Cambio Radical

Alcalde y Notario único del circuito de Turbo y candidato a representante a la Cámara Turbo

Evelio Enrique Escobar

Partido Liberal

Alcalde

San Pedro de Urabá Detenido y en proceso de investigación

Jorge Mario Monsalve

Partido Liberal

Alcalde

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

William Saleme

Partido Liberal

Alcalde y exdiputado de la asamblea departamental

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Fabio Cardona

Exconcejal

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Jairo Alberto Banquet

Candidato a la Alcaldía y dueño de una emisora

Apartadó

Detenido y en proceso de investigación

Condenado

Condenado Detenido y en proceso de investigación

Carlos Náscar Pájaro

Partido Liberal

Alcalde

San Juan de Urabá

Detenido y en proceso de investigación

Gustavo Germán Guerra

Cambio Radical

Alcalde

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Arnulfo Peñuela

Movimiento Nacional Afrocolombiano

Alcalde

Carepa

Detenido y en proceso de investigación

William Palacio Valencia

Equipo Colombia y

Alcalde

Turbo

Detenido y en proceso de investigación

Ladislao González Teherán

Exconcejal, ex personero y precandidato a la alcaldía

Turbo

Detenido y en proceso de investigación

Luis Evelio Moreno Asprilla

Exconcejal

Turbo

Detenido y en proceso de investigación

Alas Equipo Colombia y luego partido Liberal Exconcejal

Turbo

Detenido y en proceso de investigación

Exconcejal

Turbo

Detenido y en proceso de investigación

Candidato a la Alcaldía

Apartadó

Detenido y en proceso de investigación

Gladys Bedoya

Secretaria Control Interno alcaldía de Apartadó

Apartadó

Detenido y en proceso de investigación

Roberto Martínez Hernández

Ex candidato a la Alcaldía

San Juan de Urabá

Detenido y en proceso de investigación

Ancizar Verdeza Paternina

Alcalde

San Juan de Urabá

Detenido y en proceso de investigación

Alcalde

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Adolfo David Romero Benítez

Exconcejal

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Efrén Amador Cogollo Mora

Exconcejal

Arboletes

Detenido y en proceso de investigación

Rubén Díaz

Exalcalde

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez Equipo Colombia

Exalcalde

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Gustavo Gaviria Puerta

Excandidato a la Alcaldía y exconcejal

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Alcalde y Exconcejal

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Juan Manuel Ramos Pérez

Exconcejal y excandidato

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Alberto Gómez Bello

Exconcejal

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Luis Carlos Yánez Charrasquiel

Exconcejal

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Fabio Luis Vivero Cordero

Líder juvenil

Necoclí

Detenido y en proceso de investigación

Alcalde

San Pedro de Urabá Detenido y en proceso de investigación

Alcalde

San Pedro de Urabá Detenido y en proceso de investigación

Exalcalde

Mutatá

Detenido y en proceso de investigación

Edilberto Antonio Ávila

Exalcalde y exconcejal

Carepa

Detenido y en proceso de investigación

Luis Myriam Taborda Morales

Exconcejal

Carepa

Detenido y en proceso de investigación

Cecilia Maquillon Contreras

Exconcejal

Chigorodó

Detenido y en proceso de investigación

Manuel Ignacio Vaca Palacio

Exconcejal

Chigorodó

Detenido y en proceso de investigación

Omar de Jesús Ardila Torres

Exconcejal

Chigorodó

Detenido y en proceso de investigación

Exalcalde

San Pedro de Urabá Señalado

Escilda Acosta Manuel Lucio Portillo José Hidalgo Banguero Zapata

Alejandro Verdeza Paternina

Édinson Yánez Tirado

Omar Eliecer Manrique Urueta

Partido Liberal

Partido Liberal

Alas Equipo Colombia

Equipo Colombia

Jorge William Pérez Alvis José Leonardo Perea Lenis

Hugo Caballero Ballesteros

Movimiento Alianza Social Indígena

Partido Colombia Democrática

Fuente: elaboración propia.

Capítulo 2 El despojo de tierras paramilitar en Chivolo, Magdalena Juan Manuel Quinche*

* Antropólogo de la Universidad de los Andes. Investigador del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción El objetivo de este documento es caracterizar el despojo activo paramilitar en el municipio de Chivolo entre los años 1985 y 2015. El tema se aborda con una caracterización física, económica y agraria del municipio. Posteriormente se identi can los antecedentes agrarios del con icto armado y los actores involucrados en el mismo. A continuación se describen las unidades paramilitares que estuvieron involucradas en el despojo de tierra, qué paramilitares se bene ciaron y qué alianzas establecieron con élites rurales y políticos. Por último se analizan los casos de despojo más ilustrativos del municipio y se identi can las redes que permitieron que este fenómeno tuviera lugar.

1. Características generales de Chivolo El municipio de Chivolo se encuentra en el departamento de Magdalena. En la actualidad tiene una población de 15.960 habitantes distribuidos en 15 veredas y cuatro corregimientos: La China, La Estrella, Pueblo Nuevo y La Pola. Limita con El Piñón y Pivijay por el norte, Sabanas de San Ángel y Granada por el oriente, Zapayán por el occidente y Tenerife por el sur. De este último se dice que llegaron sus primeros pobladores que, en búsqueda de pozos de agua salobre, conseguirían fundar allí una localidad en 1820 y posteriormente un municipio en 1974.1 El municipio tiene un área de 548,3 km2 y está ubicado en una región de pequeñas elevaciones con algunos valles uviales. Además de encontrarse en el centro del departamento de Magdalena, está al noroccidente de la Subregión del Valle de Ariguaní y se encuentra a 310 kilómetros de Santa Marta, la capital del departamento. Se encuentra junto a la carretera que comunica a la Costa Atlántica con el interior del país y sin embargo cuenta con una infraestructura vial en pésimo estado (Alcaldía de Chivolo, 2011). Según el Departamento Nacional de Planeación —DNP—, Chivolo es un municipio categoría sexta con un Índice Necesidades Básicas Insatisfechas de 72,25 para el 2012, aproximadamente 25 puntos por encima del índice departamental que es de 47,68;2 y de Pobreza Multidimensional de 65,3 para el 2005, lo que equivale a cuatro puntos porcentuales por debajo del departamental en el mismo año. Para el 2013, el

45% de su territorio estaba dedicado a bosques con 1.276 hectáreas, le seguía el área dedicada a cultivos agrícolas con 950 hectáreas (33%) y el área dedicada a otros usos como la ganadería con 631 hectáreas (22%).3 Existe una creciente explotación ganadera. Según Fedegan, para el 2014 Chivolo contaba con alrededor de 40.000 cabezas.4 En el municipio predomina la mediana propiedad que se encuentra entre dos y diez Unidades Agrícolas Familiares —UAF— (Acción Social, 2010), coincidiendo en buena medida con el departamento del Magdalena, en donde la mediana y gran propiedad representan el 65% de su super cie, y se encuentran concentradas en 7.516 predios que pertenecen a 10.373 propietarios (Becerra y Oyaga, 2011). Tabla 1. Evolución de los coe cientes Gini en Chivolo, 2000-2009 Año Gini Tierras* Gini Propietarios* 2000

0,511

0,511

2001

0,513

0,513

2002

0,510

0,510

2003

0,506

0,506

2004

0,499

0,499

2005

0,499

0,499

2006

0,497

0,497

2007

0,496

0,496

2008

0,504

0,504

2009

0,507

0,507

* El coe ciente Gini es una medida de desigualdad, medida entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad. Fuente: CEDE, UNIANDES, IGAC. Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. Catastro Jurisdicción IGAC. Colombia, Ginis municipales 2000-2009.

2. Antecedentes agrarios del conflicto y actores presentes en Chivolo A continuación se presenta el contexto en el que se originó el despojo de tierras en Chivolo. Primero se trata el con icto agrario, luego la presencia de las guerrillas en la zona y, nalmente, se caracteriza la actuación de los grupos nacidos de la desmovilización paramilitar tanto en la región como en el municipio. 2.1. Con icto agrario La concentración de tierra es un problema histórico del departamento de Magdalena. Durante la década de 1980, movimientos y sindicatos agrarios libraban luchas campesinas por la tierra en la Costa Atlántica mientras familias acaudaladas como los Duque Barrios, los Diazgranados y los Amaya poseían grandes haciendas. En el caso de Chivolo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —ANUC— apoyó la ocupación de las veredas La Palizúa, La Pola y Las Planadas, entre otras. Veredas que, luego de las ofertas y el hostigamiento de la guerrilla, serían negociadas con el Incora para entrar en la oferta de inmuebles adjudicables.5 No era el primer intento que hacía el Estado para adjudicar tierras en la región. Mediante las leyes 135 de 1961 y 1a de 1968 se propuso una reforma agraria que ocasionó que los grandes propietarios expulsaran a los arrendatarios de sus haciendas (Becerra y Oyaga, 2011). No obstante, los mayores resultados de las reformas se basaron en la adjudicación de tierras baldías a los campesinos que constituyeron aproximadamente el 84% de las adjudicaciones entre 1970 y 2003 (ibíd.).

Como lo ilustra Alejandro Reyes, la concentración de la tierra en el Magdalena también sirvió al narcotrá co y a la ganadería. Históricamente los campesinos sirvieron a la expansión de haciendas ganaderas al ser arrendatarios que cultivaban sus alimentos a cambio de sembrar pastos. Igualmente la gran propiedad se ha fortalecido por la compra y explotación de tierras con dinero proveniente del narcotrá co; según el mismo autor 14 de los 21 municipios que componen el departamento han sido afectados por esta actividad (Reyes citado en Becerra y Oyaga, 2011). El monocultivo también ha propiciado la desigualdad en la tenencia de la tierra del Magdalena. Además del caso de la palma y la teca, para el año 2006 el 66,6% del suelo departamental estaba destinado a la ganadería, el cultivo del banano y la palma de aceite. Hay una clara in uencia paramilitar en estas cifras. Sobresalen los casos de explotación ganadera en la vereda La Pola6 por parte de Jorge 40 y también la siembra de ceiba y teca por parte de ‘Tuto’ Castro con dineros públicos en predios despojados, ver por ejemplo casos de Providencia y Santa Martica en la vereda La Palizúa para el 2005.7 2.2. Grupos armados de la zona antes de la llegada del Bloque Norte La presencia de sindicatos y movimientos sociales como el de la ANUC impulsaron la realización de una reforma agraria que motivó aún más la lucha por la tierra en Chivolo. De forma paralela a este proceso, durante la década de 1980 se fortaleció la presencia de guerrilla de las FARC con los Frentes 37 y 35,8 los cuales también estuvieron presentes en los municipios de Tenerife, Plato y Pivijay. Dichos frentes se fortalecieron con el cobro de extorsiones a ganaderos y bananeros, lo que nalmente sirvió como excusa para que los paramilitares tildaran a la organización campesina como guerrillera.9 E l ELN también hizo presencia desde 1980 hasta nales del siglo XX, inicialmente con el Frente Domingo Barrios y luego con el Frente Francisco Javier Cataño en la década de 1990. Los grupos de autodefensa comienzan en el departamento desde nales de la década de 1970 para hacer frente a grupos delincuenciales que aparecen después de la bonanza marimbera y a la guerrilla que actuaba en contra de ganaderos y bananeros. El más fuerte de dichos grupos fue el de Hernán Giraldo quien, luego de sostener un prolongado con icto con Los Castaño y Adán Rojas alrededor del 2002, haría que las Autodefensas Unidas de Colombia se hiciera presente en la parte nororiental del departamento.10 Como se verá más adelante, dicha presencia fortaleció aún más la actuación del Bloque Norte en el departamento, bloque que según declaraciones de Jorge 40 hizo presencia en Chivolo a partir del año 1996 y fue el causante de numerosos desplazamientos masivos en el mismo municipio (Becerra y Oyaga, 2011). 2.3. Actualidad de los grupos desmovilizados en Chivolo Luego de la desmovilización del Bloque Norte en el año 2006, quedan principalmente cuatro grupos menores que siguieron delinquiendo en el departamento del Magdalena: Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Giraldo y el Ejército Anti restitución (Centro de Memoria Histórica, 2015). En el municipio de Chivolo reaparece en el 2009 una expresión de Los Cheperos, grupo que hace referencia a Chepe Prada, paramilitar que se desmovilizó como Autodefensa del Sur del Magdalena e Isla San Fernando (ibíd.). También hace presencia el llamado “Ejército Anti restitución”. Como su nombre lo dice, este ejército busca detener el proceso de restitución de tierras que se adelanta en distintos municipios de la Costa Atlántica. En el caso de Chivolo, esta agrupación estuvo inicialmente liderada por Omar Montero Martínez

alias Codazzi11 y César Augusto Castro Pacheco alias Tuto Castro,12 quienes en su momento fueron propietarios de tierras despojadas y luego solicitados por el presidente Juan Manuel Santos que incluso ofreció recompensa por su captura. Además de amenazar a líderes rurales, tal ejército realizó actos intimidatorios contra la organización que impulsa procesos de restitución en la zona, la Corporación Jurídica Yira Castro.13 2.4. Datos de victimización en Chivolo Según el Registro Único de Víctimas, Chivolo ocupa el cuarto puesto en abandono o despojo forzado de tierras dentro del Magdalena con 88 casos, sólo lo anteceden Ciénaga, Plato y Sabanas de San Ángel respectivamente.14 Se encuentran 12.132 víctimas de desplazamiento de las cuales 150 han sido reconocidas por sentencia y una por abandono o despojo de tierras respectivamente. Tabla 2. Víctimas por tipo de hecho victimizante en Chivolo Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos

35

Amenaza

631

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

36

Desaparición forzada Desplazamiento

180 12.132

Homicidio

455

Secuestro

8

Tortura

8

Abandono o despojo forzado de tierras

88

Pérdida de bienes muebles o inmuebles

105

Fuente: Unidad de Víctimas, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107, con fecha de corte del 1 de diciembre de 2015.

En la subregión central del departamento del Magdalena sobresale la cantidad de casos de abandono y despojo de tierra. Teniendo en cuenta que gran parte de los desplazados de esta región ocupan o poseen estas tierras desde las décadas de 1970 y 1980, muchos despojos se hicieron desplazando a potenciales bene ciarios de reforma agraria (los casos de La Pola, Bejuco Prieto, El Encanto y La Palizúa serán expuestos en la última sección).

3. Unidades paramilitares en el Magdalena y el municipio de Chivolo La organización paramilitar con mayor presencia en el departamento del Magdalena fue el Bloque Norte —BN— de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. Varios grupos de autodefensas anteriores fueron absorbidos por este bloque paramilitar, tal es el caso de Los Cheperos o Autodefensas del Sur de Magdalena e Isla San Fernando.15 Las fuentes primarias y secundarias revisadas dan cuenta de la actuación directa del comandante Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 en el municipio de Chivolo. A continuación se presentan las características organizacionales del BN entre ellas, sus orígenes, su área de in uencia en el departamento, su complejidad organizacional, sus fuentes de nanciación y las relaciones con la fuerza pública y los políticos. 3.1. Características y fuentes de nanciación del Bloque Norte

El Bloque Norte —BN— era la estructura de las ACCU que hacía presencia en los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar y Atlántico.16 El proceso de expansión lo lideró Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 quien, ingresando como representante del sector ganadero en la década de 1990, avanza hasta tener el mando total del grupo17 y logró absorber otros emprendimientos paramilitares previos en la zona como el de Chepe Barrera.18 Para el caso de Chivolo y la región central del departamento de Magdalena, el BN ingresó en la década de 1990 y, desde allí funcionó como centro de operaciones para expandirse territorial y políticamente al resto de la zona.19 Según lo informó la Fiscalía, la estructura del BN de las ACCU se compuso de diez frentes: Frente Guerreros de Baltazar, Grupo Tomás Guillen, Frente Contra Insurgencia Wayuu, Frente William Rivas (desmovilizado como Bernardo Escobar), Frente Resistencia Motilona, Frente Resistencia Chimila, Frente Mártires de Valledupar (desmovilizado como David Hernández Rojas), Frente Juan Andrés Álvarez, Frente Adalvis Santana y Frente José Pablo Díaz (Fiscalía en Salinas y Zarama, 2012). Dentro de estos diez frentes, y según la misma institución, se encontraron 280 personas en el año 2000 mientras que para el 2006, el número aumentó hasta 4.730.20 Según lo narran las sentencias de restitución, alias Jorge 40 era el comandante al mando en el municipio de Chivolo durante los distintos episodios de desplazamiento.21 Distintos medios hablan de otros paramilitares que, al mando de pequeños grupos armados, intimidaban campesinos y daban plazo para vender o abandonar los predios por orden de alias Jorge 40, tal es el caso del posterior líder del ‘Ejército Anti-restitución’ Omar Montero Martínez alias Codazzi,22 e inclusive de Miguel Castro Gnecco alias Armando Iglesias, primo de Tuto Castro, a quien también se le sindica de haber despojado tierras en Chivolo.23 Asimismo las noticias exponen otras autoridades paramilitares que, estando supeditadas a Jorge 40, tenían mando a nivel regional: ya fuera en puntos especí cos del municipio como alias Caballo en la región de la Finca Parapeto24 o Edwin Alonso de León Barrios “cabecilla de tercer nivel del extinto Bloque Norte […] en todo el centro del departamento del Magdalena”.25 La nanciación del Bloque Norte tuvo múltiples fuentes, tres de las más importantes fueron: el acceso a rentas públicas, el narcotrá co y el aporte —voluntario o extorsivo— de ganaderos y élites rurales. Frente a las rentas públicas, Jorge 40 estableció una compleja “red de contratación” también llamada “anticorrupción” que hace referencia a la conformación de una red entre comandantes militares y nancieros que junto con autoridades locales generaron el cobro de un “impuesto a la contratación pública de 101 municipios y cuatro departamentos a las Administradoras del Régimen Subsidiado y a los proveedores”.26 En cuatro meses se podían recoger casi 1.000 millones de pesos por dicho impuesto; este dinero se repartía entre el Bloque, los Frentes locales, algunas autoridades locales como alcaldes y tesoreros, entre otros.27 Igualmente se encuentran ingresos provenientes de políticos de las regiones que, bien por extorsión o bien como aporte, guraron como tributarios del bloque según informan los procesos de parapolítica y un computador incautado a Édgar Ignacio Fierro Flórez alias Don Antonio, que habla sobre los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar,28 en la siguiente sección se detalla más al respecto. Además de estos dineros, la fuente de nanciación más importante del Bloque Norte fue el narcotrá co, principalmente a través del cobro de un impuesto por tonelada de cocaína. Al respecto, Miguel

Villarreal Archila, alias Salomón, señaló en una versión libre que por este concepto, su unidad paramilitar que tenían presencia en Atlántico cobró el impuesto a varios carteles y pudo recaudar aproximadamente 30 mil millones de pesos en tres años.29 El BN también recibió aportes voluntarios de ganaderos como en el caso de Saúl Severini, inversor en Coolechera30 que posibilitó el despojo y el testaferrato en predios de la vereda La Pola.31 Adicionalmente Coolechera sirvió al desvío de cheques que terminaron en manos de los paramilitares,32 así como cobros o impuestos extorsivos a los hacendados por cabeza de ganado.33 También se deben mencionar otros impuestos o “vacunas” a cooperativas bananeras, mataderos, ferreterías y estaciones de servicio, así como los dineros provenientes de la salud.34 En el caso de Chivolo sobresalen los casos de Virgilio Peñaranda y Fernando Antonio Orozco quienes, luego de ser electos Concejal en 199735 y alcalde por el partido Movimiento de Alternativa de Avanzada en 2001 respectivamente, ocuparon cargos directivos en el Hospital de Chivolo y hoy están vinculados a la parapolítica. En el caso del señor Orozco, se ha comprobado que desvió dineros de la misma institución para la ONG paramilitar Mujeres de Provincia, organización donde se concentraron dineros de alcaldías comprometidas con el BN. 3.2. Relación con la fuerza pública y con los políticos locales Entre el Bloque Norte y las instituciones de la fuerza pública hubo una relación clara y explícita que se evidenció en varias acciones ampliamente documentadas. Además de ser común la existencia de altos mandos paramilitares que antes pertenecieron al Ejército (ver caso del ex mayor David Hernández alias 39 y el ex o cial Edgar Ignacio Fierro alias Don Antonio en el Cesar), se establecieron relaciones de cooperación con el DAS a favor de las directrices paramilitares. Hubo cruce de información entre el bloque y unos funcionarios del DAS para seguir y asesinar a sindicalistas y líderes de la Costa Atlántica. El Bloque también se bene ció de lo permisivo que fue el estado. Bien fuera para que los militares pasaran por alto la existencia de bases paramilitares como en la Sierra Nevada de Santa Marta, bien para presentar víctimas de paramilitares como guerrilleros ante la opinión pública como ocurrió en el Cesar, o para que miembros del Ejército se prestaran para ajustar cuentas de paramilitares y/o bandas de narcotra cantes en el Atlántico. Según el computador de alias Don Antonio, el BN contó con el apoyo de organismos de seguridad como el Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía en los departamentos donde hizo presencia. Incluso se tiene conocimiento de casos en el Atlántico donde, mediante el cruce de información con funcionarios del DAS, los paramilitares de este bloque decidían los objetivos de sus muertes selectivas.36 En el caso de Chivolo se habla de un “orden público” en el que predominaban las directrices del BN, el fenómeno de desplazamiento de la vereda El Encanto es diciente al respecto. Según el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, durante 1997 (año del despojo en la mayoría de veredas abandonadas en Chivolo) “la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad campesina que habitaba la vereda El Encanto no fueron denunciadas por temor; además del ambiente generalizado de amenazas e intimidación, la comunidad explica que no se podía denunciar pues la policía andaba con los paramilitares, se reunían y tomaban trago en el municipio de Chivolo” (Becerra y Oyaga, 2011, p. 38).

Además de lo anterior, la fuerza pública actuó de manera diferencial frente a los retornos de las personas en condición de desplazamiento que han realizado retornos sin acompañamiento institucional en el municipio. Si bien hay lugares en los que el Ejército custodió las tierras mientras el Estado decidía de quiénes eran (ver caso de Yanes en La Pola),37 hay otros lugares como la vereda Palizúa en el lote La Boquilla donde la fuerza pública estuvo a favor de los testaferros y desmovilizados. Según la declaración de Domingo Mandarriaga Carranza, allí les llevaron unos antimotines que junto con los trabajadores de la nca les quemaron las casas.38 En Chivolo no se tiene referencia que la base paramilitar de La Pola fuera de público conocimiento y, sin embargo, permitida por el Ejército como sí aconteció en el corregimiento de Siberia en Ciénaga (Comisión de Observación, 2003). Frente a la relación con los políticos y las autoridades locales, el Bloque Norte es sin lugar a dudas uno de los emprendimientos que mejor ilustra esta alianza, que a diferencia de otros casos abordados en este libro, sí estuvo directamente involucrada en despojos. Aquí a diferencia de casos como el de Turbo, varios parapolíticos se vieron implicados directamente en procesos de despojo ya fuera como bene ciarios directos o como facilitadores de las apropiaciones. Detrás de buena parte de los procesos de parapolítica y robo de tierras en el municipio de Chivolo están los hermanos Castro Pacheco, ganaderos y políticos locales con gran poder en el municipio y en el departamento del Magdalena, la siguiente red ilustra lo dicho. Augusto ‘Tuto’ Castro es un ganadero, articulado a la estructura paramilitar del Bloque Norte que, siendo amigo personal de Jorge 40, se adjudicó varios inmuebles despojados y además los explotó con dineros públicos. Sus hermanos son: Jorge de Jesús, Edgar Manuel y Carmen Cecilia. Jorge de Jesús fue Senador de la República durante los periodos de 1998-2002 y 2002-2006, el último con el Partido Colombia Viva de segundo en la lista luego de Dieb Maloof. Hoy se encuentra condenado porque además de asistir a pactos entre paramilitares y políticos como el llamado Pacto de Pivijay, se sabe que fue bene ciado por el ‘Distrito Electoral’ creado por Jorge 40 conformado por los municipios de Remolino, Pivijay, Salamina, Zapayán, Chivolo, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y Ariguaní, además se conoce que sirvió de enlace entre el DAS y el Bloque Norte.39 Por su parte Edgar Manuel, quien guró como diputado y rmó el Pacto de Chivolo,40 hoy se encuentra condenado por parapolítica (el pacto se rmó en septiembre de 2000 en un encuentro al que asistieron paramilitares, candidatos a cargos de elección popular y otros políticos locales. Allí se decidió quienes ocuparían los cargos y cuál sería la distribución por distritos para logar los votos. A este movimiento político que quería impulsar Jorge 40 se le denominó “Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida”).41 Y por último se encuentra Carmen Castro Pacheco quien, mientras era alcaldesa de Ariguaní, rmó el llamado Pacto del Magdalena. Hubo otros políticos que rmaron el pacto y se encuentran vinculados con procesos de despojo, entre ellos, Mileth Antonio Villa Zabaleta, concejal y ex alcalde, junto Domingo de la Cruz, también ex concejal, aparecen acusados de repartir las parcelas despojadas por el BN en la vereda Parapeto.42 Otra fuente señala a Antonio Villa como “preso por el despojo de 36 predios de Chivolo que entre 1996 y 1997 terminaron en manos de Jorge 40”.43 Otros parapolíticos ya condenados también están relacionados con la afectación a los derechos de la

propiedad agraria como el caso del ex alcalde de Chivolo, el señor Gustavo Rafael Orozco Jaraba, abogado y ganadero condenado por parapolítica e investigado, por los delitos de desplazamiento y desaparición forzada.44

4. Despojo de tierras en el municipio de Chivolo 4.1. Desplazamiento forzado en Chivolo El 71% de los casos se dio de forma masiva. Según la Unidad de Víctimas hubo 12.195 desplazados entre 1985 y 2015, que abandonaron más de ocho mil hectáreas.45 Según Ilsa46 entre los años 1997 y 2007 el abandono/despojo de tierras signi có el 2,8% del total departamental. Para el mismo periodo esto signi có el desplazamiento de aproximadamente el 32% de la población municipal (Becerra y Oyaga, 2011). Hago mención de dos momentos importantes para entender el abandono y posterior despojo administrativo que predominó en el municipio. El primero es el año 1997 en el que según las cifras de la Unidad de Víctimas, Chivolo registró el mayor número de desplazados en el departamento con 1.646 personas.47 Si bien estas cifras se mantienen altas hasta el año 2002 (en la medida que no bajan de 900 desplazados anuales), el año de 1997 es indicativo porque inician la gran mayoría de los desplazamientos masivos comandados por Jorge 40 en el municipio: el de la antigua Hacienda La Pola, la antigua Finca La Palizúa, la Hacienda Parapeto y la vereda El Encanto. Para estos casos se tiene conocimiento que “el periodo entre el desplazamiento y el retorno, generalmente sin acompañamiento institucional, de las familias a sus predios estuvo entre los 8 y 10 años.” (Becerra y Oyaga, 2011). El otro periodo importante se encuentra entre los años 2001 y 2003, lapso en que la actuación del Incora fue fundamental para permitir el despojo. En el 2001 comienza la adjudicación a varios familiares y hombres de los paramilitares, principalmente Tuto Castro, quien fue de los principales bene ciarios del despojo en el municipio. Sobresalen los casos de la Finca Parapeto, la antigua Finca La Palizúa y la vereda El Encanto. El periodo cierra en el 2003, año en que más se revocaron predios que anteriormente habían sido adjudicados a bene ciarios de reforma agraria. El caso de Chivolo es el más alarmante del departamento. Comparado con los otros municipios del Magdalena, no registra un gran número de desplazados ni de homicidios en la primera década del 2000; pero de los 134 predios revocados por el Incora en el departamento del Magdalena para el año 2003, tiene el mayor índice municipal con 47 revocaciones, lo que equivale al 35% del total. Tabla 3. Predios revocados en 2003 y desplazamiento de 2000 a 2009 Municipio

Predios revocados Desplazamientos en el 2003 2000-2009 (Acción Social)

Sitio Nuevo

12

5.373

Zona Bananera

1

22.443

Ciénaga

2

22.937

Santa Marta

1

62.889

Aracataca

2

13.557

Fundación

2

36.649

Pivijay

24

17.430

Chivolo

47

3.415

Tenerife

8

2.022

Plato

2

7.385

Ariguaní

32

El Banco

1

3.287

134

197.387

Total

Fuente: Revista Arcanos N° 17. Disponible en http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/ARCANOS_17_FINAL.pdf

4.2. Casos ilustrativos del despojo en Chivolo En el municipio se dieron diversos tipos de despojo, uno de carácter administrativo en el que el Incora Incoder revocó las adjudicaciones a los bene ciarios de la reforma agraria y las entregó a testaferros de los paramilitares; un despojo jurídico a través de compras forzadas e incompletas en el que hubo traspasos de los títulos y las tierras a través de notarías y o cinas de registro; y un despojo material, en el que en ocasiones los paramilitares se apropiaron de facto de la tierra sin que mediara su traspaso formal. A continuación se presenta una descripción breve de algunos casos ilustrativos del despojo y posteriormente se bosquejan algunas observaciones y conclusiones de acuerdo con la red de actores involucrados y los mecanismos que posibilitaron dicha apropiación ilegal de tierras. Finca la Boquilla Con 399 hectáreas se encuentra dentro del territorio que hizo parte de la antigua Finca La Palizúa,48 que suma aproximadamente 3000 hectáreas. Allí el desplazamiento se llevó a cabo el día 15 de agosto de 1997 a raíz de las advertencias de ‘El Viejo’ y las amenazas por parte de ‘Jorge 40’ a los campesinos que denunciaran (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008). Para ese entonces los campesinos contaban con una ocupación de por lo menos 15 años y adelantaban negociaciones de adjudicación con el Incora y la familia Duque,49 propietaria del inmueble en ese entonces. El principal bene ciario del despojo en la zona fue el paramilitar desmovilizado César Augusto Castro Pacheco alias Tuto Castro quien, después de una serie de adjudicaciones por parte del Incora a sus familiares y hombres de con anza, logra gurar como propietario en el año 2008. Se ha documentado que las escrituras con las que guró como propietario Tuto Castro fueron rmadas por el notario Armando Rafael Andrade Pacheco,50 quien a su vez aportó recursos al ex senador Jorge Castro, hermano de Tuto. 51 El mismo individuo habría de explotar estas tierras con fondos públicos. Este dinero llegó con el título de Certi cados de Incentivos Forestales y fueron emitidos, entre otras, por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, empresa industrial y comercial del Estado que, según Rafael García del DAS, estaba in uenciada por Jorge 40.52 Los dineros se usaron para cultivar dos especies de maderables que luego fueron abandonadas.53 No fue la única vez que Tuto Castro invirtió en maderables, también lo hizo en la Finca Santa Martica igualmente ubicada dentro de la antigua Finca La Palizúa, donde al parecer se per laba como latifundista explotador de maderas, ya que según informa una víctima en el portal de Verdad Abierta: “Tuto Castro Pacheco alcanzó a pasar por honorable hombre de negocios empeñado en la reforestación de las sabanas de Plato en el Magdalena mientras su hermano Jorge era senador”.54

Vereda Las Planadas La Vereda Las Planadas de 601 hectáreas también hizo parte de lo que fue la antigua nca La Palizúa de aproximadamente 3000 hectáreas. Fue adquirida por el Incora en diciembre de 1994 con el n último de ser tituladas a los habitantes campesinos,55 proceso que se interrumpió con el desalojo y posterior despojo de inmuebles por parte de las autodefensas del Bloque Norte y de los funcionarios del Incora. Si bien inicialmente el grupo armado usó el terreno para la ganadería, por los años 2000 y 2003 el Incora parceló, adjudicó y abrió 22 folios de matrícula inmobiliaria a testaferros y desmovilizados paramilitares. Luego estos predios fueron dados a personas que al parecer nunca los explotaron, entre los que encontramos a paramilitares del momento como Jaimer Marabith Pérez alias Tomás y Omar Montero Martínez alias Codazzi.56 El 15 de noviembre de 2012 el Incora comunica que efectivamente, cinco años después de corroborar que las 22 parcelas adjudicadas se encontraban abandonadas y sin explotación alguna, se declara la caducidad de tales resoluciones. Luego, diez de estos predios fueron bene ciarios de sentencia de restitución. Vereda Parapeto - antigua Hacienda Parapeto Cuenta con 2004 hectáreas y se encuentra en los municipios de Chivolo y Pivijay. La antigua Hacienda Parapeto era de los ganaderos Alfredo Amaya y German Diazgranados57 quienes en 1996 la vendieron al Incora que posteriormente la vendió a la Asociación de Pequeños Productores de Parapeto, Asopropara, que en el presente gura como propietaria.58 Se puede decir que aquí el desplazamiento y posterior despojo de tierras ocurrió entre 1995 y 2000, lapso en el que alias Codazzi “daba a las familias que desplazaba un plazo de 15 días para realizar el traspaso de sus propiedades a nombre de un testaferro de las autodefensas conocido como ‘Tuto Castro’, quien aceleraba los trámites ante notarios con registradores y abogados”.59 Hay una particularidad en que la asociación que en 1996 reunió a 72 familias para que fueran bene ciarias de adjudicación hoy en día impida su retorno. Las 59 familias que solicitan la restitución de aproximadamente 1.652 hectáreas al buscar la ocupación por vía de hecho encuentran nuevos ocupantes organizados alrededor de Asopropara. Una explicación formulada por la Contraloría a partir de una noticia de Verdad Abierta, se re ere a que la presencia paramilitar “liquidó sistemáticamente a cada uno de los miembros de la Asociación de Parceleros de Parapeto y Jorge 40, en su lugar creó Asopropara para quedarse con las tierras. Hoy los dueños originales están reclamando ante las entidades.”60 En otras palabras, se habla de otra asociación cuyos a liados también buscaban ser adjudicatarios del Incora y fueron desplazados para ser posteriormente remplazadas por la que creó el paramilitar Jorge 40. Igualmente se encuentra una acusación (de la que no se pudo encontrar más fuentes para respaldarla) que estas parcelas fueron repartidas a discreción por Mileth Villa Zabaleta y Domingo de la Cruz, ex concejales del municipio de Chivolo.61 Un punto a tener en cuenta es que ambas personas se encuentran involucradas en el Pacto de Chivolo. Finca Canaán Propiedad de Edulfo Escobar de la Cruz, quien reunía 1.014 hectáreas alrededor de los predios Canaán, No hay como Dios, El Caquetá y Vista Hermosa. Fue obligado a vender a nales de 2001 a ‘Tuto’ Castro, quien aparece como testaferro de Jorge 40. ‘Tuto’ estableció el precio y la fecha de la venta bajo amenaza de

muerte a Edulfo y a su familia. Durante una audiencia de Justicia y Paz, el señor Escobar supo que las ncas estaban englobadas en una sola que se conocía como Villa Lorena, cuyo dueño era el tercero a quien ‘Tuto’ Castro le había vendido y estaba negociando con el Incoder. Esta negociación se llevó a cabo el día 9 de abril de 201062 y, según lo informa la Corporación Jurídica Yira Castro, el propietario de la nca para el año 2008 era el señor Jesús Antonio Torres Ospino (2011), de quien no ha sido posible encontrar más información. Vereda La Pola - antigua Hacienda La Pola La antigua Hacienda La Pola consta de 3.000 hectáreas aproximadamente y se divide en cinco sectores: Villa Luz, Santa Rosa, La Tolua, El Radio y La Pola Pequeña; tierras ociosas que fueron ocupadas por familias campesinas en la década de 1980 con el n último de ser bene ciarios de adjudicación por parte del Incora. Gran parte de la información que se encuentra sobre este inmueble se sabe por las sentencias de restitución que han bene ciado a campesinos de La Tolua con 420 hectáreas y de Santa Rosa con 401 hectáreas. De las mismas conocemos que el 19 de julio de 1997, el comandante paramilitar Jorge 40 citó a una reunión a todos los habitantes de La Pola para anunciarles que debían dejar la tierra. Señaló que iba a comprar a $100.000 la hectárea de quienes fueran propietarios y las mejoras a quienes no lo fueran. Al momento del desalojo Jorge 40 reunió a los campesinos estando acompañado de los alias Caballo, Codazzi, El Flaco y El Viejo; un declarante asegura que cuando no era Jorge 40 quien interpelaba directamente a los campesinos lo hacía alias El Viejo.63 En el transcurso de 15 días se desplazaron 72 familias del inmueble que posteriormente tendría una cerca eléctrica y sería utilizado para la producción ganadera con animales hurtados en la misma zona; también se estableció allí un centro de operaciones del Bloque Norte.64 Se conoce que luego el comandante paramilitar ingresó nueva gente y les concedió la propiedad mediante falsos documentos,65 inclusive en un allanamiento militar se encontró una lista en la que tenía detalladas las escrituras en “parcelas de Bejuco Prieto a legalizar”, “nombres para adjudicar parcelas Toluas y Santa Rosa” y “parcela a legalizar El Encanto”.66 En sus declaraciones, ‘Jorge 40’ aseguraría que “el campamento La Pola […] era un campamento del Frente Domingo Barrios de las FARC” y que allí fue su primer combate.67 En el momento del retorno un declarante habla que encontró las construcciones desmanteladas, ganado pastando y el territorio enmalezado, incluso se dice que ‘Jorge 40’ construyó un sistema de acueducto con cuatro lagos y diez jagüeyes para las reses robadas.68 El mismo campesino habla del ya mencionado ex presidente de la ANUC en Chivolo, Agustín Pera, paramilitar que vendía las tierras de La Pola y además vivía en el Balcón, mismo lugar donde vivía Tovar Pupo. El campesino asegura que Perea tenía papeles falsos y obedecía la orden de Jorge 40 de repartir predios a desmovilizados y de vender a particulares.69 Por otro lado, Óscar Ospino alias Tolemaida asegura que quienes plantearon el objetivo de quedarse con las tierras por ser muy productivas y de excelente calidad fueron directamente Vicente Castaño, ‘Mono Leche’ y Mancuso, razón por la que Mancuso manda a alias ‘Córdoba’ para encargarse de las legalización de las tierras.70 Por último, en las sentencias de restitución guraron dos opositores que fueron bene ciarios de resoluciones del Incora e impedían la adjudicación de tierras a favor de los desplazados. Luego de ver que

los inmuebles adjudicados a los opositores se traslapan sobre aquellos que eran de los desplazados, el Juzgado declara la nulidad aduciendo que la adjudicación se hizo sobre un dominio privado y sin la previa extinción de dominio. Son catalogados como vicios de legalidad que igualmente impedían la adjudicación de los solicitantes desplazados en 1997.71 Vereda El Encanto Los predios de la vereda El Encanto suman 1195,3856 hectáreas e hicieron parte de una nca del mismo nombre que era propiedad del ganadero Jorge Barrios, quien vendió al Incora en el año 1990. En 1991 el Incora adjudicó los predios a 37 familias campesinas que se encontraban en su mayoría en el corregimiento Pueblo Nuevo, el cual se toman los paramilitares del Bloque Norte en el año de 1997. Las presiones a El Encanto respondieron a acusaciones de los paramilitares según las cuales quienes allí habitaban tenían nexos con la guerrilla, razón por la cual ejecutaron asesinatos selectivos. Sobresale el caso de Jesús Olivo, quien era integrante de la ANUC y presidente del Comité que consiguió la adjudicación. Desde el año 1997 se da la orden a la población de desalojar los inmuebles. Las personas que no salieron desplazadas inicialmente y que permanecieron, fueron obligadas a vender o arrendar sus pastos y ganado. A ambas partes el Incoder encontró la forma para que, apoyándose en el artículo 20 del Acuerdo 23 de 1995, se les declarara la caducidad administrativa en 13 predios de la vereda y se revocaran las resoluciones de adjudicación iniciales, todo esto durante los años 2002 y 2003 (Becerra y Oyaga, 2011). Quienes recibieron dineros por concepto de pastaje igualmente rmaron documentos bajo presión y no recibieron el dinero completo que les correspondía.72 La parcelación de Bejuco Prieto también se encuentra en el corregimiento de Pueblo Nuevo y también fue adjudicada por el Incora en 1991 a los colonos en ese entonces. La historia de su despojo es muy parecida a la de El Encanto, ya que el Incora también le revocó a los antiguos propietarios y posteriormente adjudicó a quienes poseían los predios con la venia paramilitar. La prueba clara se encuentra en el siguiente pronunciamiento del Comité Regional de Selección en la gerencia de la Regional Magdalena el día 10 de mayo de 2002, como ya se dijo, fue uno de los años en los que abundó el despojo mediante la actuación del Incora. Estudio informe predio Bejuco Prieto, municipio de Chibolo [sic] Este predio fue adquirido por el Incora, según escritura número 41 de fecha enero 25 de 1991 y posteriormente adjudicado a 53 familias. En visita realizada por funcionarios del grupo de gestión de Plato se encontró que 22 de los adjudicatarios han abandonado sus parcelas y los actuales ocupantes solicitan su legalización para proceder a ponerse al día con las obligaciones crediticias. El comité después de estudiadas las visitas practicadas a cada una de las parcelas abandonadas recomienda iniciar los trámites correspondientes para declarar la caducidad administrativa a las adjudicaciones que se relacionan a continuación, por cuanto han incurrido en las causales contempladas en los numerales 1, 3, 6 del Acuerdo 023 de 1995.73

A continuación se nombra cada parcela, a quién fue adjudicada en 1991 y con qué resolución y matrícula inmobiliaria, luego se nombra al actual ocupante para concluir que “El comité recomienda que una vez culminados los procesos de caducidad de los títulos de adjudicación se adjudiquen las parcelas a los actuales ocupantes”. Se debe señalar que en el mismo texto hay una sección muy parecida a la anterior pero con la Vereda

El Encanto: 21 adjudicatarios abandonaron sus parcelas, quienes las habitaban en esa fecha las solicitaban y el Comité recomendaba declarar la caducidad administrativa.74 Al igual que con los once predios de la Bejuco Prieto, hasta marzo de 2011 el gobierno revoca la titulación de los 21 predios de El Encanto. Juntos reunían 1.005 hectáreas de tierras despojadas a bene ciarios de adjudicaciones del Incora.75

4.3. Identificación de redes a partir del despojo Otrosí de la Familia Castro Pacheco en el despojo de tierras Fuera de la red política familiar Castro Pacheco vinculada con política que ya se señaló, quiero señalar individuos cercanos a la familia vinculados a despojos de tierra. Se encuentra Miguel Castro Gnecco alias Don Armando, Armando Castro o Armando Iglesias, primo de Tuto Castro a quien la Fiscalía le dictó orden de captura en el 2010 por sospecha de despojo de tierras en Chivolo.76 También está Gustavo Rafael Orozco Jaraba, abogado y ganadero que antes de ser alcalde de Chivolo y capturado por desplazamiento y desaparición forzada, nanció la candidatura al senado de Castro Pacheco. Alrededor del mismo político están otros ganaderos como Luis Vicente Caballero Bacci y Juan Bautista Vega; y otros políticos como Esther Daza Olivaro que fue concejal de Ariguaní; y el notario Armando Rafael Andrade Palacio.77 Como ya se mencionó, el caso de este último también resulta ilustrativo ya que, luego de haber nanciado a Jorge Castro, rma para legalizar las escrituras que legalizaron a ‘Tuto’ Castro como propietario de tierras despojadas.78 Tabla 4. Casos de despojo de tierras en Chivolo Caso (Nombre antigua hacienda)

Predios despojados

Extensión Fecha (ha) desplazamiento

Violencia estrategia de despojo

Principal bene ciario

‘Tuto’ Castro mayor propietario nal. Entre los 22 bene ciarios del Incora en el 2001 están los paramilitares Jaimer Marabith Pérez Pérez alias Tomás y Omar Montero Martínez alias Codazzi.

Poseedores, sólo 48 campesinos tenían títulos. También estaba en jurisdicción de Plato: por ejemplo predios Mulas y Santa Martica Único Propietario: Edulfo Escobar de la Cruz

Situación Jurídica desplazados

La Cantaleta (92), Providencia (119), Finca La El Mulero (601), Mulas Altamacera Palizúa (601), Las Planadas (601), Santa Martica (601), La Boquilla (399)

3000 aprox.

Agosto 15 de 1997

Amenazas Asesinatos Revocatorianuevas adjudicaciones

Finca Canaán

1014

2001

Jesús Antonio Torres Ospino era Amenazapropietario en el año 2008 de los predios Venta forzada englobados. En el 2010 se vende al Incora a pesar de las quejas del propietario.

Hacienda Santa Rosa (1195), La Tolua (344), El (hoy 3000 Radio (470), Villa Luz (262), La Pola vereda) aprox. Pequeña (755) La Pola

19 de julio de 1997

AmenazasAsesinatos selectivos Escrituras públicas paralelas revocatorias

Jorge 40 que montó una base de operaciones e iba a repartir tierra según un Poseedores principalmente, documento encontrado por las autoridades en La Pola Pequeña hubo en el 2006. propietarios La Tolua y Santa Rosa fueron objeto de restitución.

Hacienda Parapeto

1997

Amenazas — traspaso de propiedades

Edmundo de Jesús Gillén alias Caballo y Omar Montero Martínez alias Codazzi, hombres al mando de Jorge 40.

1997 y 1999

Asesinatos selectivos — Venta y arrendamiento Jorge 40 forzado Revocatorias y adjudicaciones

Vereda El Encanto y Bejuco Prieto

Canaán, No hay como Dios, El Caquetá, Vista Hermosa

3000

1195, 3856

Propietarios

Propietarios

Fuente: elaboración propia.

Su núcleo familiar no se encuentra exento de lo señalado. Su esposa Claudia Margarita Sánchez Ocampo junto con otra familiar, Sara Margarita Castro, también aparecen sindicadas de propiciar el despojo de tierras en La Boquilla. Se conoce de un modus operandi en el que la víctima rmaba un papel en blanco otorgándole un poder a Sara Castro y, acto seguido, Sara transfería la propiedad a Claudia Margarita Sánchez. Según informe judicial, a nombre de Claudia Margarita y Sara se habían registrado al menos 30 inmuebles en el departamento de Magdalena.79 - En la mayoría de los casos de despojo se trata de poseedores que no llegaron a bene ciarse del proceso de adjudicación del Incora o que se les interrumpió en el año 1997 con la incursión del Bloque Norte. Generalmente en estos territorios se llevó a cabo lo que Gutiérrez (2014) llama despojo activo paramilitar de tipo clientelista, en la medida que para redistribuir los derechos de propiedad, Jorge 40 buscó inicialmente desocupar el territorio y dárselo a amigos suyos o clientelas sociales y políticas. Lo sucedido en las veredas Las Planadas, El Encanto y La Pola ilustran bien este caso. Coincidiendo con la tipología del autor, una vez vació el territorio y con las revocatorias del Incoder ejecutadas a comienzos de 2000, se procedió a traer nuevos propietarios en los que se involucraron testaferros y paramilitares. También el despojo fue de tipo estratégico, como se vio en el caso de La Pola, en el que antes de ser repoblado, este inmueble le sirvió al comandante paramilitar para el establecer una base militar. Resulta igualmente indicativo el abandono masivo de las zonas rurales del municipio. Campesinos con una historia común de colonización y que se constituían como potenciales bene ciarios de reforma agraria, fueron los desplazados de forma masiva. La historia común y la alteración física de los inmuebles: como la siembra masiva de maderables en la antigua Hacienda La Palizúa, los procesos de englobe en la Finca Canaán o la imposición de cercas para englobar y explotar ganadería en mayor escala en La Pola, lleva a pensar en la estrategia de tierra arrasada,80 a la que el Grupo de Memoria Histórica (2013) hace referencia cuando habla del despojo paramilitar. - Los ex paramilitares y testaferros fueron bene ciarios de dineros públicos para la explotación y venta de tierras despojadas. El caso icónico es el de ‘Tuto’ Castro que, como ya se dijo, recibió dinero de Cormagdalena para la explotación de maderables. Y quien además, antes de ser capturado asistió a una reunión de víctimas como propietario para declarar lo siguiente: “lo que yo quiero es negociar con el Incoder, que les ceda las tierras a los campesinos, y que me paguen así sea a futuro, pero que se haga este negocio” (Incoder, 2013). Lo que resulta igualmente indicativo en la medida que, además de presentarse como propietario frente a las víctimas, en esa reunión informa que varias tierras ya habían sido negociadas con otras personas. Resulta igualmente indicativo el caso que ya se mencionó de Villa Lorena, predio que resultó del englobe de tres inmuebles despojados luego de una serie de transferencias, que después fue comprado nuevamente por el Incoder a pesar de las reclamaciones de su antiguo dueño. - La venta forzada fue una práctica en la que se apoyaron los paramilitares para aminorar la imputación de cargos. Como diría Jorge 40: “habíamos adquirido, bajo la modalidad de compraventa un grupo de tierras como parte de las nanzas estratégicas” (Becerra y Oyaga, 2011). A pesar que los paramilitares también practicaron la venta y el arriendo forzado, como en los casos de las veredas de La

Pola y El Encanto, esto igualmente permitió el robo de tierras. Es más, de esta venta y arrendamiento de tierras se acogieron los funcionarios del Incoder para revocar adjudicaciones en el 2003, y posibilitar el posterior despojo administrativo. 4.4. Re exiones ¿Qué hizo que las unidades paramilitares del Bloque Norte en Chivolo fueran altamente despojadoras? Se plantean dos razones: por un lado está la gobernanza del Bloque Norte orgánicamente articulada a élites rurales tanto económicas como políticas en el municipio. Con la materialización del Pacto de Chivolo las decisiones de las instituciones públicas estaban permeadas por el grupo armado, con lo que la actuación paramilitar tenía un respaldo aparentemente legal (Gutiérrez, 2015). Ejemplo de ello es que ‘Tuto’ Castro, quien por familia pertenece a una élite rural con in uencia en la vida política del departamento, explotara predios despojados en La Palizúa con dineros públicos; y que un tercero que compró a ‘Tuto’ los predios despojados del Canaán pudiera venderlos al Incoder en el 2010. Igualmente los paramilitares respaldaron mediante seguridad privada y orden público a los propietarios que se fortalecían de estas coaliciones. Esto explica que Mileth Villa Zabaleta y Domingo Cruz, ex concejales rmantes del pacto, pudieran entregar a discreción tierras despojadas en Parapeto. Sumado a lo anterior se encuentra el respaldo de las autoridades locales en los despojos del Bloque Norte: las élites existentes tenían contactos que les permitían acumular tierra y poder político (Gutiérrez, 2014). Siendo notario del círculo de Ariguaní (municipio donde era alcalde Carmen Cecilia Castro), Armando Rafael Andrade rmó las escrituras en donde Tuto Castro guró como propietario del predio La Boquilla; el mismo notario junto con el ex alcalde de Chivolo, Rafael Orozco Jaraba guró posteriormente como nanciadores de la campaña al senado de Jorge de Jesús Orozco. La gran ganadora resultaba ser la red política-paramilitar de la familia Castro Pacheco: acumulaban aún más tierra trabajando articuladamente con notarios, fortalecían sus puestos políticos y mantenían una buena relación con los alcaldes existentes.

Referencias Acción Social. (2010). Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Alcaldía de Chivolo. (2011). Plan de desarrollo municipal 2012-2015 Así gana la gente. Becerra, C. y F. Oyaga. (2011). Desplazamiento forzado y despojo de tierras en Chibolo. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho alternativos. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20130913063911/Chibolo4.pdf Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Rearmados y reintegrados, Panorama posacuerdos con las AUC. Bogotá: Centro de Memoria Histórica. Comisión de Observación: Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Defensoría del Pueblo. (2003). Informe de la Comisión de Observación de la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Corporación Jurídica Yira Castro. (2011). La tierra botín de guerra. Recuperado de

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Estos son los 19 capturados por el Pacto de Chivolo http://www.verdadabierta.com/victimarios/4016estos-son-los-19-capturados-por-el-pacto-de-chivolo Las guerras del negro Adán http://www.verdadabierta.com/per les-paramilitares/431-a/1334-las-guerrasdel-anegro-adan Per l de José María Barrera alias Chepe Barrera http://www.verdadabierta.com/victimarios/700-per ljose-maria-barrera-alias-chepe-barrera Quién es ‘Tuto Castro’ http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-detierras/4263-iquien-es-el-tuto-castro Yo estuve en el Pacto de Chivolo [sic] http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/1168yo-estuve-en-el-pacto-de-chivolo-sp-1841527740 Diario El Tiempo Capturan a Saúl Severini, ganadero señalado de ser tesorero de la ‘parapolitica’ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3364102 Tras las rejas 12 ex concejales por alianzas con exjefe para http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11796228 Absuelven a mano derecha de ‘Jorge 40’, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS12514385 Otros Lo anunciaron en Plato. Ganaderos de la región protestarán en Bosconia, Hoy Diario del Magdalena, http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad2532.html Recursos de hospitales públicos sirvieron para nanciar AUC, Caracol Radio, http://caracol.com.co/radio/2010/03/05/judicial/1267787700_963485.html El computador de Jorge 40, Revista Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-computador-dejorge-40/80765-3 Fiscalía capturó a ex alcalde de Chivolo, Dracamandaca, http://deracamandaca.com/?p=18429 Comunidades campesinas y legalización del despojo: Hacienda La Pola (Chivolo, Magdalena), Movice, http://www.conlospiesporlatierra.org/?p=696 Los pactos regionales de la parapolítica, La Patria, http://www.lapatria.com/politica/los-pactos-regionalesde-la-parapolitica-7608?qt-lo_m_s10=1 Fuentes jurídicas Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal. Mayo 12 de 2012. Sentencia condenatoria contra el senador Pacheco que ordena la investigación adicional por crímenes contra la humanidad. Recuperado de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pacheco.html Incoder. Resolución No. 2317 del 15 de noviembre del 2012. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No.

470013121001-2012-0084-00 del 28 de agosto 2013. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 25. Delito: concierto para delinquir agravado. Expediente 2013-00169. Folios: 15-21. Acta 01 del Comité regional de selección Incora-regional Magdalena. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0080-00 de junio 28 de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0084-00 de agosto 28 de 2013. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 5 Delito: concierto para delinquir agravado. Expediente 2013-00169. Folios: 26-35. Acta de visita al predio El Encanto realizada por el Incoder. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Original Nº 15. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 43-54. Informe de campo-FPJ11 Nº 559/0T. 580. Policía judicial. Ref: rad. 11-001-60-00253-2006-80008, O c. 1461. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. FOLIOS: 144-145. Diligencia de declaración jurada, Martin José Orozco Martínez. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0080-00 de junio 28 de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0084-00 de agosto 28 de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47-001-3121-001-2013-00038-00 del 6 de diciembre del 2013. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno anexo no. 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 224-226. Diligencia de declaración de Domingo Madarriaga Carranza. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 229-231. Diligencia de declaración de Juana Francisca Mendinueta.

Anexo Tabla A1. Situación jurídica de los políticos de Chivolo rmantes del Pacto de Chivolo, y de los más representativos a nivel departamental Nombre

Cargo político

Situación jurídica

Observaciones

José Domingo Dávila Armenta

Exgobernador del Magdalena

Condenado en 2011

Aspiraba a la alcaldía de Santa Marta en el momento de su captura

Trino Luna Correa

Exgobernador del Magdalena

Condenado

Quedó después de José Domingo en la consulta para la gobernación en el Pacto de Chivolo

Gustavo Enrique Carrillo Macías

Exconcejal Algarrobo

Capturado en el 2012

Es la información más reciente que se obtiene sobre los ex concejales de Algarrobo

Luis Carlos Exconcejal Algarrobo Puello Rodríguez

Capturado en el 2012

Gentil Rodríguez Exconcejal Algarrobo Zúñiga

Capturado en el 2012

Eusebio Manuel Vizcaíno Varela

Exconcejal Algarrobo

Capturado en el 2012

José Jorge Crespo Exconcejal Algarrobo Pérez

Capturado en el 2012

Aníbal Guillermo Exalcalde de Concordia Castro Martínez

Condenado en 2011 con sentencia anticipada

Responsable de pagarle al grupo paramilitar el 10% de los contratos que hacía el municipio en obras

Pablo José Salas Orozco

Exdiputado

Libre

También rmante del Pacto de Pivijay en el 2001

Fernando Mozo Ortiz

Exdiputado

Libre

También rmante del Pacto de Pivijay en el 2001

Ramón Prieto

Exalcalde de Pivijay

Condenado

También rmante del Pacto de Pivijay en el 2001

Franklin Lozano Pimienta

Exalcalde de Zapayán

Condenado

También rmante del Pacto de Pivijay en el 2001

Rodrigo Roncallo

Exalcalde de Tenerife y Exrepresentante a la Cámara

Libre

Investigado por la Corte Suprema por parapolítica

José Ignacio Mercado Colón

Exalcalde de Concordia

Libre

Se le abrió investigación en el 2011

Fernando Jesús Ortiz

Exdiputado

Libre

Llamado a indagatoria en el 2008

Miguel Antonio Aragón Escorcia

Exalcalde Concordia

Libre

Llamado a indagatoria en el 2008, momento en que se encontraba en elecciones para quedar nuevamente como alcalde

Edgar Manuel Castro

Exdiputado

Condenado

Hermano del desmovilizado Augusto ‘Tuto’ Castro y el ex senador Jorge Castro, ambos en la cárcel

Fernando Jesús Mozo

Exdiputado

Prófugo

También rmante del Pacto de Pivijay en el 2001

Fernando Antonio Orozco Andrade

Exalcalde de Chivolo Partido Movimiento de Alternativa de Avanzada

Capturado en el 2009 por parapolítica

Según la Fiscalía como gerente ejecutó contratos con Mujeres de

Milleth Antonio Villa Zabaleta

Exconcejal de Chivolo Capturado en el 2011 por ayudar en el despojo de Hay un(a) Mileth Villa Zabaleta como alcalde de Chivolo de Movimiento Convergencia Popular tierras de las veredas En Encanto y Bejuco Prieto 1986 a 1987 Civil

Walter Antonio Paternostro Andrade

Exconcejal de Chivolo Partido Conservador Colombiano

Estuvo retenido en el CTI

Virgilio Antonio Peñaranda Márquez

Exconcejal de Chivolo Partido Conservador Colombiano

Según El Tiempo buscado por la justicia en mayo de Para mayo de 2012 era el director del Hospital Local 2012

Domingo de la Cruz Cantillo

Exconcejal de Chivolo Movimiento Convergencia Popular Capturado en el 2010 por rmar El Pacto de Chivolo Civil

Carlos Alberto Armella Zambrano

Exconcejal por el Partido Conservador Colombiano

Hernán Exconcejal por el Partido Liberal Rodríguez Barrios Colombiano

Provincia

También es ex alcalde de Chivolo en el 2007

Capturado en 2012 por la rma del pacto Capturado en 2012 por la rma del pacto

Había permanecido en el concejo local desde 1977 a pesar de sólo haber estudiado hasta tercero de primaria

Nohora Luz de Quiroz

Exconcejal Partido Liberal Colombiano

Inhabilitada para ser concejal de Chivolo porque su hermano, Gustavo Rafael Orozco Jaraba, era el alcalde en ese entonces

John Jairo Cardozo Quiroz

Exconcejal Partido Liberal Colombiano

En septiembre de 2011 era alcalde de Chivolo

Carlos Julio Rodríguez Jaraba

Exconcejal Partido Conservador Colombiano

Capturado por alianzas con paramilitares en el 2012

Francisco Exconcejal Partido Liberal Abelardo Orozco Colombiano Barros

Capturado por alianzas con paramilitares en el 2012

Jorge Eliécer Vega Barrios Exdiputado

En 2009 investigado por nexos con el Bloque Norte

Ganadero oriundo del municipio

Jairo Andrade de la Cruz

No se sabe si quedó o no para el cargo de diputado al que aspiraba

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de noticias Portal Verdad Abierta y Portal La Patria.

Alcalde del municipio en 1987, Personero municipal en marzo de 2011

Capítulo 3 Despojo de tierras paramilitar en Riosucio, Chocó Jenniffer Vargas Reina*

* Docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia y de la Ponti cia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción Este documento pretende analizar las condiciones organizacionales que posibilitaron el despojo de tierras activo paramilitar en el municipio de Riosucio, Chocó. En primer lugar se describen las características generales del municipio, posteriormente se aborda la dinámica del con icto armado, se describe la estructura paramilitar que hizo presencia en el municipio y las alianzas construidas que posibilitaron el despojo de tierras. Finalmente se exponen dos casos ilustrativos de despojo masivo de tierras y se esbozan algunas conclusiones.

1. Descripción del municipio de Riosucio Riosucio está ubicado al norte del departamento del Chocó, en la región del bajo Atrato en el Urabá chocoano.1 El municipio se encuentra bañado por las aguas de los ríos Atrato, río Sucio, Salaqui y Truanó. Posee una extensión de 9.318 km2, de las cuales el 62,4% son área rural y el restante 37,6% corresponde a área urbana.2 La cabecera municipal está conformada por seis barrios y el sector rural por 25 corregimientos y 140 veredas. Se destacan las titulaciones colectivas a la población indígena en diez resguardos3 y siete consejos comunitarios de población afrodescendiente mayoritaria en el municipio (Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT–, 2000). Riosucio se destaca por sus abundantes bosques4 aunque la mayor parte del territorio es plano, bajo, cenagoso y cubierto de selva; al norte y al oeste se encuentra un relieve montañoso que corresponde a las serranías del Darién y Baudó (EOT, 2000). La economía del municipio se basa principalmente en las siguientes actividades, en orden de importancia: 1) la transformación primaria de la madera; 2) la agricultura cuyos principales productos son maíz, plátano, arroz, yuca, frijoles, ajonjolí, ñame, etc.; 3) la ganadería, especialmente en los territorios deforestados desde la década de 1990,5 4) la pesca y la caza, y 5) el comercio. Tabla 1. Uso del suelo del municipio de Riosucio Riosucio

Descripción Área

%

Agricultura basada en cultivos permanentes o semipermanentes con ciclos anuales, bianuales y/o semestrales

9.218

1,1

Agricultura de variedad de cultivos perennes y semiperennes con carácter transitorio, en pequeñas áreas de barbechos, relictos de bosque, potreros en asocio con pequeñas parcelas de cultivos

12.325

1,5

Agricultura migratoria o itinerante en áreas de bosques, fronteras de colonización o expansión agrícola

7.736

1,0

Total

29.279

Uso pecuario ganadero de tipo intensivo con alto grado de tecni cación con relación al manejo

15.128

3,6

1,8

Uso pecuario ganadero de tipo extensivo con bajo nivel de tecni cación y manejo Uso de ganadería en pequeñas parcelas con actividades de agricultura de subsistencia Total

15.128

1,8

Actividad de extracción forestal aplicando la saca selectiva de especies de valor comercial

44.658

5,4

Extracción forestal y transformación del terreno a potreros y áreas de uso agrícola y/o ganadería

47.560

5,7

Extracción forestal selectiva y/o manejo de especies frutales y maderas en áreas de cultivos

11.813

1,4

104.031

12,5

Uso extractivo de plantas medicinales. Utilización de vegetación natural sin grandes impactos

60.295

7,3

Uso de áreas para actividad de extracción de especies animales en forma de cacería y/o extracción de peces de agua dulce.

198.742 24,0

Total

Total

259.037

31,3

Áreas de Recuperación

12.974

1,6

Áreas de Manejo Especial

271.327 32,7

Áreas de Parques Naturales

19.754

2,4

54

0,0

304.109

36,7

Áreas de Reserva Natural Total

Áreas sin uso de nido, ecosistema natural con vida silvestre Total

116.416 14,0 828.000

100,0

Fuente: Instituto Nacional de Vías (Estudio técnico Programa de Desarrollo sostenible del Darién). Tomado de EOT (2000). Disponible en http://goo.gl/aBJMfp

Riosucio hace parte de la denominada provincia biogeográ ca del Chocó, que se constituye en su conjunto en una de las zonas del mundo con mayor biodiversidad de especies animales y vegetales (EOT, 2000). Tiene varias zonas de manejo especial, entre ellas: el Parque Nacional Natural los Katios que comprende una super cie de 72.000 hectáreas (ha).6 Además, parte del municipio integra la zona de reserva forestal del pací co, una de las siete grandes reservas creadas por la Ley 2a de 1959. No obstante, este territorio, incluso zonas protegidas, ha sido objeto de ocupación para el desarrollo de actividades de explotación forestal, asentamiento de colonos y establecimiento de diferentes actividades productivas, especialmente ganadería,7 la explotación forestal y la agricultura.8 En el Darién chocoano la ausencia de títulos de propiedad de la tierra permitió durante mucho tiempo y en algunos sectores más que en otros, el desalojo masivo de los nativos negros, de forma que los que no emigraron se convirtieron en trabajadores de las bananeras, aserradores independientes o braceros en las empresas madereras, los enclaves mineros, agroindustriales, o las haciendas de ganadería extensiva. El paisaje ganadero ya hace tiempo devoró en miles de hectáreas el otrora temible Tapón del Darién. ( Jimeno, 1995, citado en EOT, 2000)

Las zonas mejor conservadas que aún no han sido devastadas por los enclaves mineros, la ganadería o la tala corresponden a los sectores más altos y sitios escarpados de la Serranía del Darién y Serranía de Los Saltos (EOT, 2000). No obstante su diversidad y riqueza natural, el municipio comparte dos grandes problemáticas del departamento del Chocó: la débil presencia institucional del estado y la débil integración económica con la

región. Lo anterior, sumado a la posición estratégica del municipio que sirve como corredor uvial con salidas para el exterior, ha hecho de ésta una zona atractiva para los grupos armados quienes aprovechan su ubicación estratégica para sus nes militares y económicos.

2. Dinámica del conflicto armado Entre los grupos armados que han hecho presencia en la zona se encuentra en primer lugar la guerrilla de las FARC con el bloque Noroccidental José María Córdoba que opera en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, y está conformado por ocho frentes concentrados particularmente en el Urabá antioqueño y chocoano (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Desde los primeros años de la década de 1990, en el municipio de Riosucio se concentró el Frente 57 de la FARC, sirvió de refuerzo a otras estructuras y se dedicó al trá co de drogas y armamento,199 se ubicó principalmente en el bajo y medio Atrato (Bojayá, Riosucio y Carmen del Darién) y en el litoral Pací co (Juradó y Bahía Solano).10 En 1996 hicieron su incursión en el Atrato las ACCU a través de la estructura que se conoció inicialmente como el Frente Chocó, la misma que hacia nales de 1997 se organizó como el Bloque Elmer Cárdenas con presencia en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Vigía del Fuerte y Bojayá.11 Hubo dos incursiones iniciales realizadas por los paramilitares en connivencia con el ejército y la policía que tuvieron impacto en el municipio de Riosucio y generaron un desplazamiento masivo y un posterior despojo de tierras, estas fueron las operaciones: Incursión a Riosucio y Operación Génesis y Cacarica (Tribunal Superior de Medellín, 2014).12 Para la primera incursión realizada el 20 de diciembre de 1996, un grupo aproximado de 150 paramilitares, tomaron el río Atrato y desembarcaron en el casco urbano del municipio de Riosucio, donde simularon un enfrentamiento con la Policía. Luego los paramilitares sacaron a varias personas de sus residencias, acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. Tres personas fueron desaparecidas.13 Los paramilitares coordinaron con autoridades de la Policía de Quibdó y Riosucio (Tribunal Superior de Medellín, 2014)14 también contaron con la colaboración de algunos ex miembros de las FARC y agentes activos de la Brigada XVII del ejército (Tribunal Superior de Medellín, 2014). La segunda incursión conocida como La Operación Génesis y Cacarica (Corte Interamericana de Derechos humanos, 2013)15 ocurrió en el marco de una ofensiva militar realizada por tropas especiales de la Brigada XVII del Ejército bajo el mando del general Rito Alejo del Río16 y de los paramilitares bajo el mando de Freddy Rendón Herrera alias El Alemán,17 que comenzó el 23 de febrero del 1997 y terminó el 5 de marzo del mismo año. Según los militares, su objetivo fue atacar posiciones del Frente 57 de las FARC, pero estas operaciones terminaron con el desplazamiento forzado de más de 5.000 civiles de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí.18 La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano como “intencionalmente responsable” del desplazamiento masivo de estas poblaciones afrodescendientes del Cacarica generado por la acción de grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas, del despojo ilegal de tierras pertenecientes a estas comunidades y de los actos crueles así como también del homicidio del señor Marino López cometido por los paramilitares.19

Los territorios colectivos abandonados por las comunidades del Cacarica a partir de dichas operaciones, comenzaron a ser explotadas por empresas madereras sin autorización de las juntas de los Consejos Comunitarios aun cuando la Ley 70 de 1993, que reconoce la propiedad colectiva de la comunidades negras, lo prohíbe. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte también determinó en la misma sentencia “que el Estado no había garantizado un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las explotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, ni garantizó que las decisiones de tribunales internos que han tutelado los derechos colectivos de las comunidades sobre su propiedad colectiva fueran cumplidas a cabalidad”.20 La arremetida paramilitar coincide con el aumento en las cifras de desplazamiento forzado y homicidios tanto en el departamento del Chocó como en el municipio de Riosucio. Y sus acciones contra la población civil coinciden con los dos picos que presentan ambas variables.21 Al observar la serie de personas expulsadas en los municipios del Chocó se constatan dos picos que se presentaron en los años 1997, cuando se registraron 51.322 víctimas, y 2002, con 41.097 víctimas de desplazamiento forzado (Unidad de Víctimas, 2012). De las 51.322 personas desplazadas del año 1997 el 84% habitaban en el municipio de Riosucio. De las 41.097 víctimas del año 2002, el 35% habitaban en el municipio de Bojayá, que limita al norte con Riosucio. Del periodo comprendido entre 1985 y 2012, Riosucio ha sido el municipio más expulsor de población del departamento de Chocó, seguido por Bojayá y por Quibdó, como se observa en la siguiente tabla elaborada por la Unidad de Víctimas. Tabla 2. Municipios del Chocó con mayor cantidad de población expulsada Municipio

Nº de personas ocurrencia

Riosucio

70.624

Bojayá

30.545

Quibdó

28.662

Carmen del Darién

13.220

Unguía

12.374

Fuente: Unidad de víctimas. Informe departamental por hechos victimizantes, 2012.

En la serie histórica de homicidios en el departamento del Chocó se identi can dos picos: el primero en 1997, año en el cual se victimizaron 479 personas y el segundo en el año 2002 con 722 víctimas, equivalentes al 10% del total de víctimas por homicidio en el departamento (Unidad de Víctimas, 2013).

Grá ca. Histórico de homicidio, corte abril de 2012 Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información-Grupo Análisis e Investigación.

Del periodo comprendido entre 1985 y 2012, Riosucio ocupa el segundo lugar entre los municipios del departamento que tienen las cifras más altas de homicidios, después de Quibdó. Tabla 3. Municipios con mayor cantidad de homicidios en el Chocó Municipio

Número de homicidios

Quibdó

1.747

Riosucio

830

Istmina

532

San José del Palmar

520

Unguía

517

Fuente: Unidad de Víctimas (2012).

3. Descripción de la Unidad Paramilitar 3.1. Antecedentes: los Guelengues y el grupo de la setenta La estructura que hizo presencia en el municipio de Riosucio fue el Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Carlos Ardila alias Carlos Correa, un ganadero prestante del municipio de Necoclí en el Urabá y Fredy Rendón Herrera alias El Alemán, comerciante. Dicho Bloque, surge a partir de grupos de seguridad privados que se conformaron en la región del Urabá antioqueño, a mediados de la década de 1990 con la expansión de las ACCU de los hermanos Castaño. Aquí no se hará una descripción de las otras dos unidades que operaron en el Urabá, porque estas ya fueron analizadas a profundidad en el caso de Turbo, Antioquia. Nos centraremos más en el Bloque Elmer Cárdenas que fue el que hizo presencia directa en el municipio de Riosucio. Diversas fuentes señalan que los orígenes de los paramilitares que posteriormente se conocerían como el Bloque Elmer Cárdenas –BEC– se remontan a 1995 en el municipio de Necoclí, Antioquia, especí camente se inició con un grupo de 12 hombres conocido como los Guelengues. Posteriormente se autodenominaron “La Setenta”, grupo que estaba dividido en dos: uno que hacía presencia en el casco urbano de Necocli´ y el otro en las áreas rurales (Tribunal de Justicia y Paz, 2011, p. 191).22

El Bloque surgió con el objetivo de mantener una mayor presencia en los departamentos de Chocó y Antioquia. Tenían varios frentes, conformados por grupos móviles y compañías que cubrían los sectores urbanos y rurales de esa región, los cuales contaban con un cabecilla que se responsabilizaba de las acciones delictivas y por el sostenimiento de los hombres. Estas zonas eran supervisadas y dirigidas por Carlos Castaño. (Tribunal de Justicia y Paz, 2011, p. 191)

El jefe de este grupo conocido primero como los Guelengues y luego como La Setenta23 fue Carlos Ardila alias Carlos Correa, un ganadero de Necoclí que primero pagó extorsiones a las FARC y luego fue convencido por los Castaño no sólo de no pagar más vacunas sino de conformar un grupo privado de autodefensa para combatir a la guerrilla.24 También es importante mencionar que Carlos Correa fue el representante legal de dos convivir que estuvieron bajo la coordinación de los paramilitares en las zonas de in uencia del BEC.25 Posteriormente quien obtuvo el mando fue Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, comerciante de gaseosas y proveniente de una familia de pequeños agricultores y ganaderos, quien conoció a Carlos Castaño en 1995 a través de Carlos Correa.26 El grupo de la Setenta se fue fortaleciendo en hombres y armas y desde nales de 1996 inicia su expansión hacia el municipio del Chocó, dirigiéndose desde Necoclí hacia los municipios de Riosucio, Acandí y Vigía del Fuerte y recibe el nombre de Grupo Chocó. El Bloque Elmer Cárdenas recibe su nombre en 1997, tras la muerte del paramilitar Elmer Abaso Cárdenas, quien muere en un enfrentamiento con la Guerrilla de las FARC en el Chocó. 3.2. Estructura del Bloque Elmer Cárdenas La complejidad organizacional de esta unidad paramilitar fue relativamente alta. Contaba con tres frentes de trabajo: el militar, el nanciero y el social y político. Describiremos brevemente cada uno de ellos. En lo relativo a lo militar la estructura se organizó por niveles que van desde escuadra, sección, grupos, compañía, frente hasta llegar al nivel superior de bloque. El Bloque Elmer Cárdenas estuvo conformado por dos grupos El Chocó y un grupo de seguridad privada del Alemán; y seis frentes: Dabeiba, Costanero, Norte y Medio Salaquí, Pavarandó, Julián Castro y Tanela. Inició su accionar en 1995 con 21 paramilitares, en 2001 tenía 876, en 2004 llegó a tener en sus las 1681. En el año 2006 esta estructura se desmovilizó con 1.533 combatientes (Tribunal de Justicia y Paz, 2011, p. 194). El bloque tuvo una organización más bien vertical, cada grado de mando dentro de la estructura militar se encontraba representado por un Comandante de primera categoría y un Subcomandante. Todos bajo el mando de Freddy Rendón Herrera alias el Alemán y de los Castaño. No obstante, “pese a que el grupo armado ilegal tenía una estructura jerarquizada y con un mando uni cado, ello no impedía para que los comandantes de escuadra, sección, grupo, compañía o frente tuvieran facultad ilimitada para proceder como quisieran, en la expedición de órdenes a sus subalternos, conforme a la necesidad militar, que en múltiples ocasiones se confundía con la consecución de sus intereses personales” (Tribunal de Justicia y Paz, 2014, p. 33). Los combatientes del Bloque Elmer Cárdenas tuvieron in uencia en seis departamentos: Antioquia, Chocó, Córdoba, Boyacá, Santander y Cundinamarca.27 En dichas zonas llevaron al cabo al menos 35 operaciones militares contra centros poblados en el periodo comprendido entre 1996 y 2004, además de múltiples delitos como homicidios selectivos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, entre otros (Tribunal de Justicia y Paz, 2014).

En el segundo frente de trabajo referido a lo nanciero, el Bloque obtuvo rentas de varios sectores; de una parte, las élites rurales de la región del Urabá que pagaron “vacunas” o “impuestos” a cambio de seguridad privada. Es el caso de los empresarios bananeros que canalizaban los pagos de las comercializadoras y los productores mediante la Convivir Papagayo. Los paramilitares recibían tres dólares por caja de banano que salía del puerto. “Un dólar lo destinaban para funcionamiento institucional, otro para trabajo social y el otro para el funcionamiento propio de la estructura de las autodefensas. Fueron en total 13,6 millones de dólares que pagaron las bananeras entre 1997 y 2004”.28 También el pago de vacunas de ganaderos de la región el cual “era cobrado a aquellas personas que tuvieran inmuebles con más de cien (100) hectáreas de producción de ganado y tuvo la particularidad de ser fraccionada y cobrada mensualmente” (Tribunal de Justicia y Paz, 2014, p. 163). El Alemán dio las instrucciones a Otoniel Segundo Hoyos Pérez, alias Rivera, para hacer una reunión con los ganaderos donde él tenía injerencia y allí se les indicó que debían pagar una suma por hectárea “lo que les permitió un recaudo de ciento veinte millones de pesos $120.000.000 al mes” (Tribunal de Justicia y Paz, 2014, p. 163). De hecho, la entrada de los paramilitares al norte del Chocó, se dio gracias a la construcción de una carretera nanciada por los aportes de los ganaderos. Según Hasbún, los paramilitares comprometieron “a todos los ganaderos que se bene ciaban de esa carretera e invitamos a las alcaldías para construir la carretera desde Nueva Estrella hasta Belén de Bajira´. Se compró la maquinaria. La obra era para bene ciar las AUC, pero se les vendió a las comunidades como obra que bene cencia social” (versión libre de Hasbún citada en Tribunal de Justicia y Paz, 2011, p. 201).29 Además de los bananeros y granaderos, también sobresalen las empresas madereras en el nanciamiento del Bloque sobre todo en el departamento de Chocó. Así lo reconoció El Alemán en sus versiones libres. “Eran pagos concertados. Los madereros pagaban voluntariamente un impuesto del 5% sobre maderas nas y 3% sobre maderas ordinarias. A las personas que no querían contribuir, no se les tomaba algún tipo de retaliación. Esas empresas que aportaban eran Maderas del Darién y Tríplex Pizano”.30 También obtuvieron importantes rentas a través del establecimiento de peajes o “retenes” actividad que “consistía en cobrar determinada suma de dinero a toda clase de rodantes que transitaban por las vías donde eran instalados y, dicho pago dependía del automotor; al conductor se le entregaba una especie de recibo que era el paz y salvo para que pudieran circular libremente” (Tribunal de Justicia y Paz, 2014, p. 160). También hubo otro tipo de impuestos sobre la minería ilegal, el comercio, el gas, el contrabando, etc. Por último, una de las principales fuentes de nanciación fue el narcotrá co, “en su zona de in uencia no sólo hay cultivos ilícitos, sino que el Bloque les cobraba una cuota a todos los narcotra cantes para sacar la droga por Necoclí y el Golfo de Urabá. Por esta misma zona ingresaban las armas para las autodefensas. Ambas actividades, el trá co de drogas y de armas, también involucraban en Urabá a otros comandantes como Hebert Veloza alias HH y Raúl Hasbún”.31 En el tercer frente relativo al ámbito social y político del paramilitarismo en el Urabá, Carlos Castaño encargó directamente a Fredy Rendón del Bloque Elmer Cárdenas, de asumir la alianza con los políticos y promover el Movimiento Por Una Urabá Grande, Unida y en Paz. El cual se convirtió en una plataforma ideológica y programática a la que se unieron varios líderes políticos de la región que fueron bene ciados

electoralmente. En el año 2000 los paramilitares de Fredy Rendón Herrera alias El Alemán convocaron a los políticos y líderes locales en la nca la Virgen del Cobre (de un reconocido narcotra cante de la zona) y allí se delimitaron las circunscripciones electorales y se escogieron los candidatos que ganarían las elecciones.32 Además se llevó a cabo un trabajo de base en el que algunos soldados rasos llamados “Promotores de Desarrollo Social” lideraron procesos de formación y proyectos en temas sociales con las juntas de acción comunal para que el movimiento contará con el respaldo campesino (Salinas y Zarama, 2012; Ballvé, 2011). Por su participación en este movimiento y sus nexos con el paramilitarismo han sido condenados siete excongresistas, y detenidos e investigados 39 líderes políticos del Urabá entre exconcejales y ex alcaldes de la región. Ver tabla anexa de políticos investigados por sus nexos con el paramilitarismo presentado en el capítulo sobre Turbo. En el departamento del Chocó tuvo lugar lo que se conoce como el Acuerdo de Singapur que hace referencia a las reuniones que tuvieron lugar entre Fredy Rendón alias El Alemán y algunos candidatos a la gobernación, las alcaldías y el congreso del departamento del Chocó. “Se lograron hacer acercamientos con la clase dirigente de la zona con miras a escoger los candidatos tanto a gobernación del Chocó como a la Cámara de representantes, por eso a nales de 2001 sostuve reuniones Edgar Eulises Torres, Odín Sánchez de Oca, Robert Mendoza, Julio Ibargüen, Carlos Escobar e Higinio Mosquera”, a rmó Fredy Rendón alias El Alemán ante un scal de Justicia y Paz.33 Tabla 4. Políticos presos e investigados por parapolítica en el Chocó Nombre Patrocinio Sánchez Montes de Oca

Cargo Gobernador del Chocó

Estado Condenado

Odín Sánchez Montes de Oca (hermano del gobernador) Representante a la Cámara Condenado Edgar Ulises Torres

Representante a la Cámara Condenado*

Robert Mendoza

Representante a la Cámara Preso

Julio Ibarguen

Representante a la Cámara Condenado

Jorge Isaac Mosquera Caicedo

Exalcalde Riosucio

Investigado**

Eulalio Lemos Moreno

Exalcalde Riosucio

Investigado

* Alias El Alemán negoció con Eulises Torres la inclusión de Robert Mendoza en su lista a la Cámara de Representantes y de Ibargüen a la gobernación. También se acordó que Patrocinio Sánchez, hermano de Odín, sería el candidato para la alcaldía de Quibdó de 2003 y a la gobernación en 2007. Verdad Abierta, recuperado el 12-09-2015 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/4180-pliego-de-cargos-en-contra-de-parapoliticos-del-choco ** Verdad Abierta, recuperado el 12-09-2015 de http://www.verdadabierta.com/victimarios/3135-ex-alcaldes-de-riosucio-a-juicio-por-parapolitica Fuente: elaboración propia con base en fuentes judiciales y periodísticas.

Entre los políticos investigados por los nexos con paramilitarismo hay dos exalcaldes del municipio de Riosucio. Otros 30 alcaldes de los diversos municipios del Chocó se encuentran investigados pero por delitos de corrupción.34 Tabla 5. Características del Bloque Elmer Cárdenas Característica

Bloque Elmer Cárdenas

Tiempo de acción 1996-2006 Zona de in uencia

Chocó, Norte de Urabá (Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necocli); Sur de Urabá: Dabeiba, Mutatá, Murindó Riosucio, Unguía, Acandí). Se expandió hacia 52 municipios y 6 departamentos.

Número de combatientes

Inicio con 29 hombres y llego a tener 1.538 combatientes

Articulación con niveles superiores

ACCU Antecedentes: Convivir Costa Azul Los Guelengues bajo el mando de Carlos Ardila Hoyos alias Carlos Correa (ganadero) Los 70 o La 70 posteriormente fue llamado Bloque Chocó y a nales de 1997 se bautiza como Bloque Elmer Cárdenas

Actores que los invitaron

Ganaderos y terratenientes Narcotrá co Guerra contrainsurgente conjunta con las fuerzas armadas Vaciamiento de territorios Posteriormente Provisión de seguridad a ricos rurales y ganaderos que hacen presencia en la zona vaciada de Riosucio en el Chocó

Motivaciones iniciales Complejidad organizacional

Alta

Línea de mando

Tres niveles

Tipo de comandancia (ricos rurales en comandancia)

Carlos Ardila Alias Carlos Correa (Ganadero) Freddy Rendón Herrera alias El Alemán (trabajador manual y comerciante, venía de familia agrícola y ganadera)

Élites rurales nanciadores

Empresarios dedicados a la minería Ilegal; empresas madereras a las cuáles se les obró un impuesto, empresarios bananeros, ganaderos, otros empresarios rurales, comerciantes, narcotra cantes, empresarios de rmas o comercializadoras extranjeras.

Alianzas con políticos

Movimiento Político Por una Urabá Grande, Unida y en Paz. Actores de ese movimiento: Juntas de acción comunal, delegados de Bloque en las áreas campesinas, promotores de desarrollo social. Senadores, representantes a la cámara, alcaldes y concejales (ver Tabla A1 del capítulo sobre Turbo).

Acciones conjuntas con policía y fuerzas militares

Incursiones contra poblaciones civiles realizadas de manera conjunta entre policía, ejército y grupos paramilitares. En el caso de Elmer Cárdenas Operaciones Génesis y Cacarica en 1997 en Chocó.

Lugar y fecha de desmovilización

Tres fases: 12/4/2006: se desmovilizan 309 paras en el corregimiento de El Mello Villavicencio, de Necoclí. 30/4/2006 en el corregimiento el 40 de Turbo. 484 desmovilizados 15/8/2006 Unguía, Chocó, 745 desmovilizados.

Número de desmovilizados

En total 1.538 desmovilizados

Coaliciones con ricos rurales

Alianzas con economías ya establecidas pero también con nuevos actores económicos interesados en proyectos de agroindustria y de tardío rendimiento. Establecimiento de una economía agroindustrial que bene ció a tres tipos de actores: empresarios palmeros (casos de palma africana en Curvaradó y Jiguamiandó -Chocó); a los propios paramilitares (programas de caucho y madera en Necoclí y Turbo (zona Tulapas a través del programa PASO) y a nuevos repobladores: Belén de Bajirá y caso Asoprobeba. Ver más adelante la sección sobre despojo de tierras. Financiados también y de manera signi cativa por dineros del Narcotrá co.

Nota: “En el

caso del Bloque Elmer Cárdenas, este trabajo de alianza con los políticos tuvo una mayor importancia que en el resto de bloques o estructuras de la región, porque en 1997, Carlos Cataño encargó directamente a Fredy Rendón realizar esta labor, lo cual permitió, además, que otros comandantes como Hebert Veloza y Raúl Hasbún delegaran en él esta tarea.” ( Justicia y Paz, 2011, p. 213) Fuente: elaboración propia.

4. Despojo de Tierras en Riosucio En este último apartado describo el despojo de tierras en el municipio de Riosucio a partir de dos casos ilustrativos relacionados con territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. El primero del Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó, el segundo del Consejo Comunitario de Pedeguita Mancilla, ambos son objeto de investigación de las autoridades nacionales y han sido solicitados en restitución por las comunidades ancestrales a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (de ahora en adelante Unidad de Restitución de Tierras). 35 Las tierras de la Larga Tumaradó36 de 103.000 ha y Pedeguita Mancilla de 49.740 ha,37 son territorios colectivos titulados a comunidades afrodescendientes por el Incora en el año 2000,38 pero además en ellos hay titulaciones individuales a campesinos que poseían la tierra desde 1970 en el marco de la reforma

agraria. La población Afrodescendiente y campesina39 que vivía en estas zonas fue obligada a desplazarse en 1997 por las incursiones paramilitares de las ACCU. Después del desplazamiento se inician las ocupaciones y compras masivas de tierras por parte de terratenientes y nuevos pobladores.40 Posteriormente las tierras fueron ocupadas por empresarios que las destinaron para la explotación maderera, en gran medida de Teca y para la cría y engorde de ganado, particularmente de bovinos y búfalos. La gente salió desplazada en el 97 y cuando llegaron encontraron a la empresa Maderas del D* que es parte o lial de Maderas P*, y Maderas del D*41 tenía en su momento una relación fuerte con los paras en zonas donde había habido desplazamiento forzado y había empezado grandes proyectos de explotación maderera, uno fue aquí en Cacarica, y cuando la gente entra o retorna hacia el 99 da cuenta que la empresa ya estaba posicionada. (Entrevista a funcionario de la Defensoría del Pueblo)

Las comunidades de los dos concejos comunitarios señalan como presuntos despojadores a Luis Felipe Molano, comandante coronel retirado del ejército y miembro de la Asociación de O ciales Retirados de las Fuerzas Militares Acore, quien además fue señalado por el Incoder como poseedor de mala fe de 559 ha en el territorio colectivo de Curvaradó42 al empresario palmero y ganadero Juan Guillermo Gonzáles,43 representante legal de Arrecife, empresa que explotó con Palma Africana y ganadería extensiva más de 1.600 ha en el territorio colectivo de Pedeguita Mancilla. Al ser señalado como presunto poseedor de mala fe por explotar estas tierras que pertenecen al territorio colectivo decidió regresarlas al Concejo Comunitario. No obstante todavía mantiene acuerdos con dicho Concejo y continua explotando la zona, lo que ha generado con ictos al interior del concejo por parte de varios miembros que no están de acuerdo con que continúe su explotación. También han señalado a Claudia Argote, integrante de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Colombia Augura y quien fue señalada por el Incoder como poseedora de mala fe de 308 hectáreas en el territorio colectivo de Curvaradó; a José Vicente Cantero Ibáñez capturado en el año 2013 y acusado de ser un presunto despojador de siete mil hectáreas en la región del Urabá con la complicidad de los paramilitares.44 Y a los ganaderos Rubén Darío Correa, Darío Montoya, Francisco Castaño Hurtado,45 entre otros. Además de lo anterior, una zona de los territorios de Pedeguita Mancilla, de aproximadamente mil hectáreas fue repoblada por campesinos, aproximadamente 160 familias traídas por Sor Teresa Gómez del clan de los castaño que se agremiaron a través de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba).46 Estas tierras ubicadas en la vereda Santa María la Nueva del Darién, fueron compradas por Sor Teresa Gómez Álvarez al narcotra cante Hugo Fenel Bernal Molano quien a su vez las recibió de Rene Palacios adjudicatario del Incora.47 Las tierras fueron entregadas en comodato por Sor Teresa, a las familias de campesinos que conformaron la Asociación Asoprobeba para que adelantaran allí un proyecto de cultivo de plátano de exportación. Para fortalecer ese proyecto, Asoprobeba suscribió un acuerdo con La Unión de Bananeros del Urabá –Uniban–. El Incoder identi có varias irregularidades en este proceso, en primer lugar los documentos presentados por Asoprobeba para argumentar su propiedad sobre la tierra tienen varios problemas porque la Resolución 0311 del 26 de marzo de 1992, mediante la cual el Incora adjudicó 1.100 hectáreas al señor Rene Palacios

no existe, es falsa. En segundo lugar la resolución de adjudicación en O cina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó, fue irregular y extemporánea.48 En suma, el Incora determinó no sólo la irregularidad de la adjudicación del predio sino su ubicación en territorios colectivos protegidos por la Ley 70 de 1993, lo que impedía su transacción comercial; “las 1.100 hectáreas en discusión, 215 están localizadas en el territorio colectivo de Curvaradó y 885 hectáreas en el territorio colectivo colindante adjudicado al Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla”.49 Varios paramilitares, entre ellos Hebert Veloza alias HH, Jesús Ignacio Roldán Pérez alias Monoleche y Remberto Manuel Álvarez Bertel han señalado que en esta zona de Belén de Bajirá estuvieron los paramilitares implicados en el despojo de tierras. La idea fue de Vicente Castaño Gil, “quien trató de compensar con esta iniciativa a los campesinos afectados por la siembra de palma de aceite a nales de la década del noventa en esa región chocoana”.50 Actualmente, los territorios de Pedeguita Mancilla y La Larga Tumaradó están en con icto, de una parte están los consejos comunitarios que reclaman su tierra y que han organizado retornos sin acompañamiento institucional, y de otra parte están los terratenientes y nuevos pobladores que ocupan y explotan estas zonas. Ante el intento de los afrodescendientes de retornar a lo que una vez fueron sus tierras, los nuevos ocupantes, ganaderos y terratenientes han solicitado a las alcaldías y autoridades policivas el desalojo de los campesinos (policía y alcaldes de los municipios de Riosucio y Turbo). 51 Solo hasta el año 2014, el estado determinó medidas cautelares52 para proteger a esta población ante nuevos desalojos solicitados por los terratenientes. Una de las técnicas usadas por los ganaderos y presuntos poseedores de mala fe, es intentar cooptar las Juntas Directivas de los concejos comunitarios y repoblar estas zonas con personas a nes a ellos o con trabajadores de sus las. Esto ha traído graves con ictos entre los antiguos pobladores que han retornado sin acompañamiento institucional y los nuevos pobladores traídos por los ganaderos.53 Cuando se establecen consejos comunitarios desde el 2002 hasta acá han tenido que someterse, al poder de los armados, pero sobre todo al poder de los empresarios. Los empresarios a veces ponían a las juntas directivas de los consejos comunitarios o elegían ellos al representante legal, le ponían un sueldo, etc., a tal punto que se hicieron varios contratos de usufructo con colectivos que bene ciaban a los empresarios. Cosas absurdas como el consejo comunitario de Pedeguita Mancilla da en usufructo 3.000 hectáreas de tierra al Señor Luis Felipe Molano y ese señor pague 150 mil pesos por el uso de las hectáreas al año. P: Pero las bases de esos colectivos ¿desconocían o no esos contratos? R: Claro los desconocían, y entonces iban a pasar al territorio y decían no ustedes no pueden pasar porque esto es del señor Luis Felipe Molano o de Juan Guillermo González. Este último es un tipo reconocido en toda la región, empresario agrícola muy exitoso en la región pero en épocas fuertes del paramilitarismo se vestía de militar y andaba de arriba para abajo con el Alemán. Le hicieron acusaciones, estuvo preso, salió y hace presiones muy fuertes ahora a las poblaciones campesinas y negras. (Entrevista a funcionario público realizada en abril de 2014) Tabla 6. Casos de despojo de tierras en Riosucio Caso

Bloque paramilitar

La Larga Bloque Tumaradó Elmer 103.000 Cárdenas ha

Violencia Operación génesis amenazas y homicidios selectivos

Año

Poseedores actuales

Luis Felipe Molano Juan Guillermo Gonzáles 1997 Claudia Argote. Rubén Darío Correa, Darío Montoya, Francisco Castaño Hurtado.

Estrategia

Vaciamiento de territorios Compras de tierras Ocupación de tierras Vaciamiento de territorios

Uso actual Cría y engorde de ganado (bovinos y búfalos) y para la explotación maderera, Teca

Pedeguita Bloque Mancilla Elmer 49.740 ha Cárdenas

Operación génesis Homicidios selectivos y amenazas

En el caso de Pedeguita Mancilla de las 49.000 ha, 1997 1000 ha fueron repobladas con 160 familias traídas por empresarios y por Sor Teresa Gómez del clan de los Castaño.

Repoblamiento Compra de tierras por Sor Teresa Gómez al narcotra cante Hugo Fenel Bernal Molano y luego fueron entregadas en comodato a las familias

Cría y engorde de ganado (bovinos y búfalos) y para la explotación maderera, Teca

Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior se vislumbran tres momentos: el primero consiste en la incursión paramilitar en connivencia con la Fuerza Pública en 1997 que trajo como consecuencia el vaciamiento de territorio, un segundo momento a través de ocupaciones y compras de tierras en territorios ancestrales que ya habían sido titulados a las comunidades colectivas por parte del Incora y que por sus características no podían ser vendidos. Dicha ocupación se dio por dos tipos de pobladores: empresarios ganaderos y forestales y repobladores campesinos invitados por Teresa Gómez. Allí las tierras cambiaron de uso y se destinaron a ganadería extensiva y proyectos forestales. Finalmente, un tercer momento en el que los pobladores originarios llevaron a cabo procesos de retorno sin acompañamiento institucional y se generaron nuevos con ictos por la tierra con los actuales poseedores.

Conclusiones La unidad paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas es un grupo que responde a las características de gobernanza de élites rurales por su articulación clara y explícita con la Fuerza Pública, con las burocracias civiles locales y regionales y con élites rurales entre las que se encuentran ganaderos, empresarios rurales y ex militares. Dichos procesos de despojo de territorios colectivos fueron posibles por la gobernanza ejercida por este ejército paramilitar de gran tamaño (más de 1.500 combatientes), que ejercía el control militar sobre el territorio y que generó mediante la fuerza la expulsión de los pobladores de sus territorios y permitió la nueva ocupación por parte de empresarios, ganaderos y repobladores campesinos. Su connivencia con las autoridades militares y civiles fue clave para realizar los despojos de facto y para permitir el asentamiento de algunos narcotraficantes, como Hugo Fenel Bernal Molano. Los efectos fueron varios. En primer lugar hubo cambio de usos del suelo, en algunos casos las tierras fueron destinadas a la ganadería extensiva y el cultivo de teca. En segundo lugar, aumentó la concentración de la propiedad que pasó de las manos de campesinos y de las comunidades afrodescendientes a las pocas manos de empresarios y nuevos ocupantes. Finalmente se han presentado nuevos con ictos entre los poseedores originarios que han iniciado procesos de retorno sin acompañamiento institucional y los presuntos ocupantes de mala fe. Estos últimos han contado con la venia de las autoridades locales para hacer nuevos desalojos de las personas que han retornado.

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Capítulo 4 Despojo en los Llanos Orientales y el caso de San José del Guaviare Jenniffer Vargas Reina* Gilberto Barrios**

* Docente de cátedra de la Universidad Nacional y de la Ponti cia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (http://www.observatoriodetierras.org/? doing_wp_cron=1458945548.2336521148681640625000). ** Politólogo de la Universidad de los Andes. Investigador del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción San José del Guaviare es un municipio que registra altos niveles de desplazamiento forzado, pero no es considerado un caso con altos niveles de despojo activo paramilitar, o por lo menos éste no se ha visibilizado hasta el momento. Lo que llama la atención es que las unidades paramilitares que hicieron presencia en esas zonas sí fueron altamente despojadoras en otros municipios de la región de los Llanos. Por lo tanto, en este capítulo se analizan las características organizacionales de los grupos paramilitares que hicieron presencia en San José del Guaviare. Además se describen varios casos de despojo de tierras documentados por fuentes secundarias que permiten identi car los actores implicados y sus estrategias para legalizar los títulos de propiedad. Para comenzar se describe el contexto del municipio de San José del Guaviare, luego se esboza la dinámica del paramilitarismo en los Llanos Orientales y se presentan las características organizacionales de cada una de las unidades paramilitares que tuvieron in uencia no sólo en el municipio sino en la región de los Llanos, a saber: las Autodefensas Campesinas del Casanare (o los Buitragueños), el Bloque Centauros y el Frente Héroes del Guaviare. En el último apartado se describe el despojo cometido por esas tres unidades paramilitares y se explica el bajo despojo activo paramilitar en San José del Guaviare debido al fuerte control territorial en zonas rurales ejercido por la guerrilla de las FARC.

1. Contexto de San José del Guaviare El municipio de San José del Guaviare cuenta con una extensión territorial de 16.654 km2, en los cuales habitan aproximadamente 64.555 personas.1 Limita al norte con los departamentos del Meta y Vichada, al oriente con el departamento de Guainía y al sur con los municipios de Calamar y El Retorno.2 San José del Guaviare es un municipio poblado por varias olas de colonizadores que vinieron huyendo

de la Violencia, y otros atraídos por el auge de los cultivos de uso ilícito, primero de la Marihuana en la década de 1970 y posteriormente de la hoja de coca a nales de la década de 1980 (Arcila, González y Salazar, 1999). Actualmente, el 90% del territorio del departamento del Guaviare es Zona de Reserva Forestal de la Amazonía –ZRFA–, con el objetivo de proteger la biodiversidad propia de los ecosistemas de bosque tropical como lo estipula la Ley 2a de 1959.3 Además, el 23% del departamento está declarado como Parque Nacional Natural (DNP, 2014). No obstante lo anterior, entidades como el Incora (posteriormente Incoder) y el Inderena, hicieron sustracciones de esta tierra protegida con el n de destinarla a proceso de colonización, titulación de baldíos y explotación agrícola.4 La informalidad de la tierra es altísima porque muchas de esas tierras extraídas están en manos de poseedores sin títulos formales (Arcila, González y Salazar, 1999). Parte de este municipio integra una de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que comprende 463.000 hectáreas que pertenecen a los municipios San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.5 La actividad económica del municipio se concentra en la prestación de servicios y en la pesca, la agricultura y la ganadería (DNP, 2014). Con relación al uso de la tierra encontramos que San José del Guaviare, en el año 2013 contaba con un área de 2.703 ha dedicadas a cultivos transitorios (arroz mecanizado y tradicional; y maíz tradicional); 2.662 ha se dedicaban a cultivos permanentes (cacao, plátano, caucho, piña), y 820 ha se destinan a cultivos anuales, especí camente la yuca. Otro renglón importante de la economía municipal es la ganadería que para el año 2013 registró una población bovina de 125.963 animales, lo que representa el 47% del total de bovinos existentes en todo el Guaviare (Evaluaciones Agropecuarias, 2013). Las economías ilegales también han sido signi cativas en la región en las últimas décadas. Actualmente el departamento de Guaviare reporto´ 4.725 ha con cultivos de coca (DNP, 2014). Pero históricamente este departamento ha sido estratégico para los actores armados, primero las FARC y luego los paramilitares, quienes cobran impuestos a los productores del cultivo y a los laboratorios y comercializadores de estos productos y sus derivados.6 Para el año 2014, San José del Guaviare presentó un índice de pobreza multidimensional de 69,8% y una tasa de desempleo del 13,5 por encima del promedio nacional de 8,5. Para ese mismo año, el municipio registro´ una tasa de homicidios de 50,39 superando la tasa nacional: 27,8 y la departamental: 43,83 (DNP, 2014). El Índice Gini de tierras se ubica entre el 0,525 y 0,583, y el de propietarios entre 0,558 y 0,587 para la década del 2000.7 Ambos son los valores más altos del departamento del Guaviare, pero están por debajo del promedio nacional (IGAC, 2012). En el año 2009 en el departamento de Guaviare, el 65,7% de los predios son de mediana propiedad y el 2,8% son predios de gran propiedad. Sin embargo, pese a que estos datos, comparados con el año 2000, solo reportan una diferencia de 14,5% en los predios de mediana propiedad y de 2,5 en los predios de gran propiedad, la realidad puede ser diferente dado el alto nivel de población que ha sido expulsada de sus predios y sobre los cuales no tenían título de propiedad sino su posesión.8

Reyes (1997) plantea que a mediados de la década de 1990, los narcotra cantes adquirieron tierras en

los Llanos Orientales y en las riveras del Río Guaviare para destinarlas a cultivos ilícitos, como consecuencia de dichas compras “se ha generado un signi cativo proceso especulativo de la tierra, que di culta de manera signi cativa un posible proceso de restitución de tierras a la población desplazada del Guaviare, que entre los años 2002 y 2012 suman un total de 60.103 personas desplazadas.” (UNODC, s.f., p. 71).

2. El paramilitarismo en los Llanos Orientales y en San José del Guaviare En este apartado se describen las características de las unidades paramilitares más grandes que hicieron presencia en los Llanos Orientales especí camente en los departamentos del Meta, Casanare, y que se expandieron hasta el departamento del Guaviare. Se tiene en cuenta su área de in uencia, tipo de comandancia, tamaño, tipos de relaciones construidas con políticos locales y con la fuerza pública, fuentes de nanciación, y el repertorio de violencia relacionado con el despojo de tierras. Los orígenes del paramilitarismo en los Llanos Orientales estuvieron asociados con la privatización de la seguridad ejercida por, al menos, tres grupos. El primero lo conformaron “Los Carranceros”, una guardia privada que protegía a los líderes esmeralderos que vinieron desde Boyacá al departamento del Meta, entre ellos estuvieron Víctor Carranza y Leónidas Vargas quienes se hicieron a grandes extensiones de tierra en Cubarral, el Dorado, Puerto Gaitán y Puerto López (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; Gutiérrez y Barón, 2014). El segundo grupo conformado por algunos terratenientes ganaderos como Héctor Buitrago alias Tripas quien llegó al Casanare a nales de la década de 1970 para dedicarse a la ganadería y creó su propio grupo de seguridad privada con algunos de sus trabajadores para defenderse de los ataques de la guerrilla. Buitrago y sus hombres recibieron entrenamiento y apoyo de los paramilitares del Magdalena Medio y además de convertirse en un gran hacendado en los Llanos, fue el fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare –ACC–.9 Finalmente, el grupo Muerte a Secuestradores –MAS– de los narcotra cantes, entre ellos Gonzalo Rodríguez Gacha quien adquirió tierras en esas zonas. “El grupo de hombres del MAS que operó en los Llanos era conocido como ‘Los Masetos’ cuyas primeras acciones datan de 1982 y que contó con el apoyo de algunos miembros del ejército según las denuncias realizadas por el procurador de la época”.10 A este grupo se le acusa de ser el principal perpetrador de homicidios contra líderes, representantes y políticos vinculados al movimiento Unión Patriótica que habían logrado el poder en varias alcaldías y concejos municipales durante la década de 1980 (Pérez, 2007).11 En la zona de los Llanos operó el Bloque Oriental de las FARC, hoy conocido como Bloque Jorge Briceño, uno de los más poderosos de esta organización. Para el año de 1998, logró fortalecerse militarmente en los Llanos Orientales en medio de los diálogos de paz con el gobierno Pastrana (Aguilera, 2014). Particularmente en el Guaviare, las FARC tenían el control en todo el departamento sobre la producción de coca y la comercialización de sus derivados (Presidencia de la República, 2008).12 A nales de 1997, los Castaño hicieron su ingreso en la zona en su afán de expandirse en esta parte del país, a través de las masacres de Mapiripán13 y Caño Jabón.14 Al parecer los Castaño perseguían varios propósitos: de una parte, responder al llamado de algunas élites rurales ganaderas de los Llanos orientales

para desarrollar una lucha antisubversiva como lo menciona Vicente Castaño sobre la expansión de las AUC. Ante una nueva estrategia anti-guerrillera, se acordó con importantes personalidades de los Llanos Orientales incursionar en el sur del territorio colombiano, debido a que la guerrilla envió 1000 efectivos militares del sur al norte del país, tratando de frenar la expansión de las autodefensas. Esta gestión se realizó por intermedio de Ángel Gaitán Mahecha, antiguo amigo de Fidel y Carlos Castaño, y un grupo de ganaderos y comerciantes de los Llanos Orientales. El comandante operativo era Bola de Cacao, quien fue relevado del cargo en pocos días por el estado mayor de las ACCU, debido a resultados adversos. De este frente se envió un grupo a incursionar a otra zona de los llanos y se fue expandiendo.15

Y de otra parte, los Castaño buscaron apropiarse de rentas a través de cobro de impuestos a ganaderos, empresas petroleras y contratistas de la región, y de rentas provenientes de los cultivos de coca y las rutas para el trá co de drogas.16 Además del apoyo de las élites agrarias y de la Fuerza Pública, fue fundamental el soporte de los grupos paramilitares locales como el de los Buitrago, para que las AUC se expandieran por los departamentos del Meta, el Casanare y el Guaviare. Según el Portal Verdad Abierta, esa alianza inicial entre los Castaño y Héctor Buitrago se rompió porque este último ordenó la masacre de once integrantes de una comisión judicial, en noviembre de 1997 en San Carlos de Guaroa (Meta), que tenía como misión incautar la nca El Alcaraván. Por este hecho Héctor Buitrago alias Tripas fue capturado y sus hijos Germán, alias Martín Llanos, y Nelson Orlando, alias Caballo, asumieron el mando de las ACC.17 Por su parte, los hermanos Castaño decidieron vender varias franquicias de las AUC a Miguel Arroyave, alias Arcángel, narcotra cante oriundo de Amal , Antioquia, entre ellas el Bloque Centauros (Camacho, 2007), y otras estructuras del Tolima y del Distrito capital (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Entre 2003 y 2005, los Centauros entraron en una sangrienta batalla contra las Autodefensas del Casanare de “Martin Llanos”. “La guerra tenía como objetivo el control del corredor entre los cultivos de coca en el Guaviare, el Ariari y Guayabero con el río Meta, en límites entre Meta y Casanare. Mientras que Martín Llanos pugnaba por expandirse desde el Casanare hacia el Meta, Arroyave presionaba desde el Meta hacia el Casanare”.18 La lucha fue ganada por Arroyave que contó con el apoyo de tropas de Carlos Castaño, de Macaco y de Don Berna.19 Según aproximaciones del Centro de Memoria Histórica, esta batalla dejó por lo menos 2.500 muertos.20 No obstante su victoria, Arroyave fue asesinado por sus propios hombres en el 2004 en el Meta, quedando el Bloque Centauros bajo el mando de Manuel de Jesús Pirabán alias Pirata y Pedro Oliveiro Guerrero alias Cuchillo. En septiembre de 2005 en Casanare se desmovilizaron 1.135 hombres del Bloque Centauros y otros 1.765 miembros que después de la muerte de Arroyave habían quedado bajo el mando de alias Pirata y alias Cuchillo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Las autodefensas campesinas del Casanare no hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y Héctor Germán Buitrago alias Martín Llanos nunca se desmovilizó pero fue capturado por la policía en el año 2012. De otra parte, Manuel de Jesús Pirabán alias Pirata está en la cárcel y hace parte del proceso de Justicia y Paz. Pedro Oliveiro Guerrero alias Cuchillo siguió delinquiendo y creó otra banda criminal, hasta diciembre de 2010, cuando fue dado de baja en una persecución de la policía.

2.1. Las Autodefensas Campesinas del Casanare Según el relato de Buitrago, él llegó a Casanare muy joven porque un cuñado suyo le ofreció una parcela para vivir. Se dedicó a la ganadería y fue adquiriendo tierras. Posteriormente llegó la amenaza de la guerrilla y decidió armarse por sugerencia y apoyo de Gonzalo Rodríguez Gacha alias el Mexicano. Los guerrilleros llegaron a mi nca y no tuve cómo defenderme. Por esos días había conocido a Gacha y me dijo que iba a realizarse una reunión en el Magdalena Medio, que me invitaba, que fuera porque él quería que yo conociera a unos señores que estaban teniendo los mismos problemas que yo con la guerrilla. Fui y Rodríguez Gacha me presentó como un líder en Casanare… Y me presentó a los otros dos señores que estaban allí: el primero se identi có como Henry Pérez y el otro como Ramón Isaza. Yo salí de esa reunión con 100 fusiles que me regaló El Mexicano para que me defendiera… y así fue como empezó todo.21

Entre sus comandantes estuvieron: Héctor Buitrago alias Tripas nacido en Páez, Boyacá, ganadero y terrateniente. Cuándo alias Tripas fue capturado en 1998, su hijo Héctor Germán Buitrago alias Martín Llanos, asumió el mando. Este último nació el 23 de enero de 1968 en Monterrey (Casanare)22 al igual que su padre se dedicó a la ganadería, el narcotrá co y el paramilitarismo. Las zonas de in uencia de las ACC fueron el Casanare, parte del Meta y la subregión del Ariari. Además de Buitrago, hacendados y ganaderos como Víctor Feliciano Alfonso y Juan Manuel Feliciano Chávez, brindaron apoyo y nanciación al surgimiento de este emprendimiento paramilitar.23 Entre otras de las fuentes de nanciación más importantes de las ACC estuvieron el narcotrá co, no sólo con el control de cultivos y laboratorios, sino a través del control de las rutas, y el establecimiento de importantes relaciones con los carteles mexicanos,24 también el robo de hidrocarburos y gasolina25 y las extorsiones a empresas palmeras, petroleras, arroceras.26 Las ACC también se nutrieron de los recursos públicos de las alcaldías municipales. Según versiones de Rafael Antonio Sáenz Chaparro alias El Diablo, los aspirantes a las alcaldías en varios municipios del Casanare se comprometían a darle a los paramilitares el 50% del presupuesto municipal y un 10% del valor de los contratos que suscribieran en sus administraciones.27 Por este hecho ya han sido condenados seis alcaldes de los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul, Villanueva, Sabanalarga y Maní.28 Todo el que fuera elegido sabía que debía entregar el 50 por ciento de los cargos, de los contratos y de las regalías a Martín Llanos… muchos de esos pactos los jó en la nca Melúa, en Puerto López (Meta), hasta donde aspirantes a concejo, alcaldías, gobernaciones y congreso llegaban en la a pedir apoyo de Llanos.29

El pacto con los políticos no solo tuvo nes nancieros, los paramilitares también decidieron quién podía postularse a los cargos de elección popular.30 En este sentido, las autodefensas campesinas del Casanare establecieron alianzas con diversos políticos locales, entre ellos se destacan: el ex gobernador Miguel Ángel Pérez detenido y juzgado por parapolítica, también el ex gobernador William Pérez y el ex representante a la Cámara Óscar Wilches.31 Las Autodefensas campesinas del Casanare no hicieron parte del proceso de Justicia y Paz, no decidieron desmovilizarse, pero su ejército alcanzó un gran tamaño de más de 1.200 combatientes. Héctor Buitrago, alias Tripas, fue capturado en 2010 en Neusa (Cund.) y su hijo Martín Llanos fue apresado en Venezuela en el 2012.32

De acuerdo con Gutiérrez (2014), este tipo de unidad paramilitar está caracterizada por el tipo de gobernanza de élites rurales porque su comandancia tuvo participación y nanciación mayoritaria y directa de sectores de las élites rurales, inicialmente el reclutamiento de sus hombres se hacía dentro de las mismas ncas y las relaciones construidas respondían a las dinámicas de subordinación del mundo rural entre el patrón y sus trabajadores. Los Buitragueños establecieron además relaciones claras y explicitas con burocracias civiles no solo del nivel local sino también regional y nacional, y su accionar no sólo tuvo un carácter anti-subversivo y de privatización de la seguridad, sino también de apropiación de rentas y cómo veremos más adelante, de tierras. 2.2. El Bloque Centauros El Bloque Centauros hizo presencia en los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare, Cundinamarca, Vichada, parte del Tolima y Bogotá. Aunque Vicente Castaño guró como su comandante al momento de la desmovilización, este grupo estuvo, primero, bajo el mando de Jorge Humberto Victoria alias Don Raúl, un especialista en violencia (ex capitán del Ejército que dejó las fuerzas militares y se unió a los paramilitares) y posteriormente estuvo bajo el mando de Miguel Arroyave alias Arcángel narcotra cante pura sangre33 y de Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, que fue enviado por los Castaño a los llanos orientales como comandante nanciero de dicho Bloque (Serrano, 2009). Con la llegada de Arroyave el bloque estuvo conformado por cuatro unidades. La primera bajo su mando y de Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, que tenían como base el municipio de San Martín en el Meta. La segunda unidad estuvo bajo la comandancia de Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, que abarcaba la zona del Guaviare y parte del Meta. La tercera unidad, que estuvo bajo el mando de los alias Mauricio y El Pollo, cubría una parte del Meta y Cundinamarca. Una cuarta estructura actuaba en Casanare, Soacha y Bogotá.34 Antes del homicidio de Arroyave a manos de sus hombres, el Bloque Centauros se caracterizó por su violación sistemática contra los derechos humanos, fue un emprendimiento paramilitar muy punitivo y sus acciones se caracterizaron por la crueldad y la sevicia (Romero, 2007; Moller, 2010). “En sus declaraciones alias ‘Pirata’ y ‘Chatarro’ coincidieron en que Arroyave ‘cometió excesos’ y ‘sufría de delirios’, por lo que ordenó asesinar a sus propios subalternos, también promovió el secuestro de ganaderos de la región y ejecutó a personas para despojarlos de sus tierras”.35 Las nanzas del bloque se basaron en, al menos, tres tipos de fuentes: primero las “vacunas” extorsiones o “pago de impuestos” de ganaderos, productores y comerciantes36 No obstante, muchos de los ganaderos y campesinos de la zona a rman que fueron coaccionados por los paramilitares para pagar e incluso muchos de ellos fueron victimizados y despojados de sus tierras, como veremos más adelante en el apartado sobre despojo en este mismo capítulo. Segundo, el narcotrá co, a través del cobro de “impuestos” a cada kilo de coca, su procesamiento en laboratorios y su comercialización, etc. (Serrano, 2009).37 Tercero, su acceso a rentas públicas (Pérez, 2007). Al igual que las autodefensas del Casanare, el Bloque Centauros también fue activo en su alianza con los políticos de los niveles local y regional (González, 2007). Gobernadores, alcaldes y concejales aceptaron pactos o dinero. Los que se negaron fueron intimidados y en algunos casos asesinados. La lista de

condenados, investigados o salpicados es extensa. Casi todos los gobernadores o candidatos quedaron en entre dicho por su cercanía a este bloque paramilitar, entre ellos, Edilberto Castro Rincón exgobernador del Meta,38 Óscar de Jesús López Cadavid exgobernador del Guaviare39 y William Hernán Pérez Esquivel gran ganadero y exgobernador del Casanare.40 Asimismo el Bloque Centauros tejió una estrecha relación con la Fuerza Pública. En versión libre conjunta alias Don Mario, Pirata, Chatarro, y otros paramilitares dieron una lista detallada de o ciales y subo ciales de la Policía, el Ejército y el DAS que colaboraron con el Bloque Centauros.41 Dichos paramilitares aseguraron que destinaban más de 200 millones de pesos colombianos por mes para pagar la complicidad de los miembros de la Fuerza Pública y que hicieron operativos conjuntos con agencias de inteligencia como el DAS y al Gaula para robar toneladas de cocaína. Los paramilitares en sus versiones libres también han señalado que la policía les ayudó con el transporte de armas y material de intendencia en vehículos o ciales durante la guerra que mantuvieron los Centauros contra los Buitrago.42 Este Bloque hizo parte de las negociaciones en San José de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su desmovilización se dio en dos grupos: el primero de 1.134 integrantes en Yopal, Casanare, en el 2005 bajo la jefatura de Vicente Castaño y el segundo grupo de 1.765 hombres de los frentes cuyos comandantes habrían estado vinculados en el homicidio de Arroyave, es decir alias Pirata y alias Cuchillo, en 2006 en Puerto Lleras, Meta (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Esta unidad paramilitar fue más un tipo de ejército antisubversivo buscador de rentas (Gutiérrez, 2014). En primer lugar, aunque los Castaño deciden entrar a la zona para responder a las demandas de seguridad de los ganaderos, pusieron inicialmente en la comandancia a Jorge Humberto Victoria alias Don Raúl, un especialista en violencia, y posteriormente a un narcotra cante como Arroyave. Esto di ere ampliamente de otras unidades paramilitares comandas directamente por ganaderos o por élites rurales de la zona. Segundo, las fuentes de nanciación venían de manera voluntaria y también extorsiva a ganaderos, comerciantes, empresarios y campesinos de la región. Una vez los Castaño vendieron la franquicia a Arroyave, este viabilizó los intereses de acceso a rentas provenientes del narcotrá co y otras mencionadas anteriormente. Tercero, se convirtió en una unidad muy fuerte a nivel militar, con un ejército de gran tamaño (más de 1.500 combatientes), que operativizó un reclutamiento permanente de soldados, de acceso a armas y que además recibió él apoyó militar de otros comandantes lo que le permitió ganar la guerra contra las Autodefensas Campesinas del Casanare. 2.3. Héroes del Guaviare El frente Guaviare existió desde 1998, antes de que llegara Arroyave a la región. Primero estuvo bajo el mando de Luis Hernando Méndez Bedoya, alías René, y posteriormente quedó bajo el mando de los Castaño y su comandante era Pedro Oliveiro Guerrero Castillo alias Cuchillo especialista en violencia quien había sido soldado profesional del ejército en el Meta, y luego ingresó a la organización criminal de Gacha. Inicialmente el frente estuvo conformado por 50 hombres aproximadamente y actuó en los municipios de San José del Guaviare y el Retorno en el departamento del Guaviare y en sus límites con el Meta. Llama la atención que precisamente en el momento de mayor expansión de las autodefensas en el

Guaviare y en el Meta, coincide con el momento de mayor presencia y acción de la Fuerza Pública en estos departamentos para atacar a las FARC, entre ellos: el Plan Patriota en Caquetá y Guaviare, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Brigada Móvil N.° 7, con sede en Calamar y la Brigada Móvil N.° 10, con sede en Mira ores, la brigada móvil N.° 13 y la reinauguración de la estaciones de policía en Calamar y San José del Guaviare.43 Las fuentes de nanciación del Frente Guaviare eran las mismas que las del Bloque Centauros: extorsiones o cobro de impuestos a ganaderos, comerciantes y otros productores de la región y el negocio del narcotrá co. Al respecto Don Mario el jefe nanciero de los Centauros señaló que desde su llegada en el año 2000 reorganizó la administración nanciera del Bloque, elaboró un informe detallado de ingresos y egresos y nombró un personal administrativo para cada grupo y creó todo un sistema de boletas o paz y salvo que se entregaba a quienes habían pagado satisfactoriamente los impuestos cobrados por los paramilitares. Según las cuentas de alias ‘Pagado’ o ‘Libretón’, en 2002 el Frente Guaviare terminó 2002 con un saldo a favor de $6.821 millones, en 2003 tuvo un saldo rojo de menos $94 millones… y para mediados de 2004 el Frente Guaviare dejó un saldo a favor por $7.203 millones de pesos.44

La relación de este frente con las burocracias civiles y armadas del departamento también fue signi cativa. El comandante Pedro Oliveiro alias Cuchillo inter rió en temas de política electoral apoyando la candidatura a la gobernación del Guaviare de Óscar de Jesús López Cadavid45 por el partido Conservador, hoy condenado por sus nexos con el paramilitarismo y quien además participó en un caso de despojo en el Meta (ver siguiente sección sobre despojo de este frente). Los paramilitares también pusieron vetos a otros candidatos a la gobernación.46 Por otra parte, diversos medios de comunicación y la Corte Suprema de Justicia hacen referencia a los nexos empresariales que consolidaron el ex gobernador del Guaviare, Pedro Oliveiro Guerrero alias Cuchillo y Diego Fernando Rendón Laverde alias Pipe, durante los años de 2006 y 2011, en la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano Ltda. En dicha empresa eran socios tanto el ex gobernador como los paramilitares mencionados, quienes para el año 2011 vendieron su participación accionaria a otros miembros cercanos a la gobernación, como lo era Albeiro Mejía, asesor del gobernador y Henry Rincón, secretario de la gobernación.47 Como parte del Bloque Centauros, el Frente Héroes del Guaviare también participó de las estrechas relaciones con la Fuerza Pública. En este sentido, Edilson Cifuentes, alias Richard, quien fue uno de los jefes militares del Frente Guaviare, dijo que en ese departamento los paramilitares le entregaban entre 50 y 80 millones de pesos por mes a la Fuerza Pública.48 Los combatientes de Héroes del Guaviare se desmovilizaron junto con los hombres comandados por Manuel de Jesús Pirabán alias Pirata, el 11 de abril de 2006 en Puerto Lleras, Meta. En total se desmovilizaron 1.765 hombres.

3. Despojo de tierras de los paramilitares en los Llanos Orientales Las tres estructuras paramilitares abordadas en este capítulo (Autodefensas Campesinas del Casanare o Buitragueños, Bloque Centauros y Frente Héroes del Guaviare) fueron despojadoras de tierras en

municipios como Puerto López, Mapiripán, Puerto Gaitán, Barranca de Upía, Villavicencio y San Martín en el Meta, y en municipios como Maní, Hato Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare. Pero no se consiguió información que indique que las unidades paramilitares despojaron tierras en San José del Guaviare a pesar del alto número de población en condición de desplazamiento a causa del con icto que se encuentra allí. Uno de los factores que explica los bajos niveles de despojo paramilitar en San José del Guaviare es la fuerte presencia de las FARC, quienes ejercieron el control territorial en las zonas rurales del municipio. Sumado a lo anterior, el despojo de estas unidades paramilitares se concentró en aquellos sitios en los que tenían sus centros de mando y en los que se disputó la guerra a muerte entre las ACC y el Bloque Centauros. Una de las condiciones que posibilitó los altos niveles de despojo por parte de las unidades que consideramos aquí fue la informalidad de los derechos de propiedad rural. Desde la década de 1960 las tierras baldías del Meta y Casanare empezaron a ser colonizadas por campesinos que huyeron de la violencia bipartidista de otras zonas del país (Fajardo y Urbina, 1998). Muchos de ellos ocuparon las tierras baldías de la nación y solicitaron formalizar su ocupación ante el Incora, pero este Instituto se caracterizó por la excesiva demora en el trámite de las titulaciones sobre los predios y, por ende, en la formalización de su propiedad (Vargas, 2013). Y las transacciones de tierras que realizaban entre ellos se hacían en muchos casos por acuerdos de palabra o mediante documentos privados como cartas-venta. Es decir, no se formalizaba la propiedad. Desde el Ministerio de Agricultura se considera que esta informalidad en la propiedad de la tierra facilitó el despojo en el Llano:49 “El despojo en los Llanos Orientales ha sido de tal magnitud, que el 40 por ciento de la tierra que hoy están reclamando los colombianos que han sido despojados como consecuencia del con icto armado, está en Meta y Casanare,50 según datos de la Unidad Nacional de Restitución”.51 La informalidad de la tierra se sumó al repliegue de las FARC a áreas selváticas debido a la fuerte arremetida de la Fuerza Pública en la implementación del Plan Patriota durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior también facilitó el poder militar que lograron los dos ejércitos paramilitares (Bloque Centauros y ACC) en las zonas rurales del Meta y el Casanare. A continuación, se han seleccionado varios casos de despojo de tierras documentados por fuentes secundarias que permiten identi car los actores implicados y sus estrategias desarrolladas para legalizar los títulos. En todos los casos se repite el ciclo de violencia o presiones —abandono/compra forzada —múltiples transacciones —apropiación nal del paramilitar o de un tercero (ganadero, político u otro). No obstante lo anterior, también se dieron varios casos en los que el despojo inicial de las tierras se dio por parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare, pero luego éstas pasaron a manos de los Centauros una vez ganaron la guerra. En estos últimos casos, los Centauros a través de intermediarios buscaron nuevamente a las víctimas del despojo para legalizar nuevos traspasos a terceros y testaferros. 3.1. Casos de despojo de las Autodefensas Campesinas del Casanare Se documentaron casos de despojo de las ACC bajo el Mando de Héctor Germán Buitrago alias Martín Llanos en ambos departamentos, y la mayoría de ellos ocurrió en el año 2001. Los paramilitares obligaron a

las víctimas a través de la coerción a legalizar los traspasos de los predios en diversas notarías. Finalmente los predios quedaron en manos de los paramilitares, de políticos, de ganaderos, o de otros. Tomemos el ejemplo de un hato ganadero de 1.728 hectáreas compuesto por dos ncas (La Cabaña y Guayacán) pertenecientes a la empresa AB Ditzel & Cía. S. en C. en Puerto López Meta. En septiembre de 2001 los paramilitares a cargo de Martín Llanos instalaron una base de entrenamiento militar en esas tierras. No obstante no podían arrebatarle los títulos, pues los predios tenían una deuda scal con la DIAN. Los paramilitares falsi caron las rmas de la representante legal de la empresa para poder transferirla.52 En varias notarías de Bogotá se concretó la comercialización de los predios, se dieron múltiples ventas entre varios dueños, entre ellos Heliodoro León Ruiz, ex alcalde de Puerto López, condenado en 2014 por detrimento patrimonial.53 También hubo una transferencia en 2010 a Rafael Humberto Quintero Martínez, abogado y ganadero. Durante el juicio de restitución de tierras, Martínez se opuso aduciendo que era un comprador de “buena fe exento de culpa”, que no descon ó del vendedor, que era el ex alcalde de Puerto López. Sin embargo, los magistrados señalaron que la compra se hizo muy por debajo del precio, con varias irregularidades y Martínez no logró comprobar su buena fe exenta de culpa.54 Un caso con el mismo modus operandi ocurrió en el municipio de Maní, Casanare. Los paramilitares de Buitrago establecieron una base de entrenamiento en una nca y empezaron a amedrentar a S*55 y a su familia, poseedores de un hato ganadero vecino de 3.500 ha de extensión,56 que aún el Incora no les había titulado después de varios años de haber realizado constantes solicitudes. Durante siete años los paramilitares los obligaron a pagar vacunas y les robaban sus reses para el sostenimiento de la tropa. Después de asesinar a varios de los familiares de S* que habían denunciado los atropellos, la familia salió desplazada en el 2001 y los paramilitares de Martin Llanos se quedaron con su tierra.57 No obstante, el 17 de diciembre de 2007 el Incora tituló ese hato a cuatro personas ajenas a la región.58 El despojo de tierras en el municipio de Maní, Casanare, fue extenso, incluyendo veredas completas como las de Guafal Pintado y Algarrobo para convertirlas en bases paramilitares, laboratorios de coca y pistas para el trá co de drogas. Algunas ncas ocupadas por los campesinos eran terrenos baldíos, pero otras en tenían títulos que los paramilitares de “Martín Llanos” obligaron a transferirles. Fueron de casa en casa dándoles la orden de ir hasta Maní para rmar los documentos. “Por 500 hectáreas nos dieron 1 millón 500 mil pesos”, dijo otro campesino de la zona. Las tierras eran apetecidas por la tupida selva, perfectas para ocultar “cocinas” y avionetas. Además en esta área crecían pastos guaratara, el más usado para el engorde del ganado. “Ellos (los paramilitares) se identi caban como ganaderos. Al que no vendiera la tierra le decían que después negociaban con la viuda. Así la gente fue entregando todo sin más”, recordó un maniceño.59

El despojo cometido por esta Unidad paramilitar fue de tipo estratégico que responde a los intereses de grupo al destinar las tierras usurpadas con nes militares y económicos, pero también persiguió un propósito clientelista, en aquellos casos en que a través de múltiples traspasos la tierra quedó en manos de ganaderos, políticos o amigos (Gutiérrez, 2014). 3.2. Casos de despojo del Bloque Centauros El Bloque Centauros también fue despojador en ambos departamentos. Destinaron las tierras usurpadas

con nes estratégicos como el establecimiento de bases militares y de hospitales para atender a los heridos de la guerra que se dio entre los dos emprendimientos paramilitares. Uno de los casos ilustrativos fue el despojo realizado directamente por el paramilitar Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, quien despojó dos haciendas vecinas de las ncas Casa Roja y Casa Azul que eran el centro de operaciones de este paramilitar, en el municipio El Dorado. En 2001 Los Centauros llegaron a donde la familia C* en la vereda La Meseta y alias Don Mario les ofreció comprar la tierra. La familia C* se negó y posteriormente fue desplazada de manera forzada. Don Mario anexó su nca a Casa Roja y Casa Azul. En 2002 los paramilitares llegaron hasta la vereda Aguas Claras e instalaron en una de las ncas de la familia R* de 75 hectáreas un hospital para atender a los paramilitares heridos en la confrontación contra las ACC. Les pagaron solo 50 millones de pesos por la tierra, pero la familia R* tuvo que devolver al grupo armado 30 millones. En El Dorado nadie se atrevía a denunciar pues los mismos paramilitares confesaron que contaban con la complicidad del entonces alcalde Euser Rondón (1998-2000), a quien apoyaron además en su candidatura a la Gobernación del Meta en las elecciones de 2003. Algunas de las reuniones entre políticos y paramilitares se realizaron justo en las ncas Casas Roja y Azul, cuya extensión fue aumentando con las tierras que los Centauros iban despojando.60

Después de la desmovilización de los paramilitares en 2005, las tierras fueron compradas por Marco Daniel López Manrique quien, después de varias transferencias con escrituras, se las vendió a dos personas en 2011. Ambos se opusieron al proceso de restitución argumentando que habían comprado de buena fe. También hubo despojos con nes oportunistas y clientelistas en los que el paramilitar despojaba tierras para sí mismo o sus redes familiares y de amigos, como el realizado por Orlando Mesa Melo alias Diego, quien despojó miles hectáreas en Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare y fueron destinadas para sus familiares y amigos.61 Un caso ilustrativo fue el de la Finca la Chapa en Hato Corozal, Casanare, de aproximadamente 900 ha y propiedad de la familia T*: en 2001, 500 paramilitares del Bloque Centauros instalaron dos bases en la zona y los dueños de la nca, así como otras 17 familias de Hato Corozal y del vecino municipio de Paz de Ariporo abandonaron sus ncas. El 25 de agosto los paramilitares citaron a la esposa de la familia T* y le dijeron que tenía que entregarles todo, incluyendo la tierra y el ganado por 30 millones de pesos. Las familias señalaron como responsable de estos despojos a Orlando Mesa Melo alias Diego, un paramilitar del Bloque Centauros que manejaba los dineros de este grupo de las AUC en el norte del Casanare.62 A diferencia de lo que hicieron otros grupos paramilitares, alias Diego no registró fraudulentamente en notarías las tierras que despojó, si no que forzó a sus víctimas a rmar “cartas-ventas”. Diego puso a sus amigos y familiares de testaferros suyos.63

Dentro del bloque Centauros la sub-unidad de Héroes del Guaviare comandada por alias Cuchillo también llevo a cabo procesos de despojo en el Casanare con nes estratégicos, clientelistas y punitivos. El caso más ilustrativo se dio en 2001 cuando los hombres de Pedro Oliverio alias Cuchillo despojaron la nca La Argentina ubicada en el municipio de Trinidad (Casanare), propiedad del diputado del Casanare Luis Armando Rincón, que había denunciado los desmanes de los paramilitares. En esta nca

establecieron primero una base de entrenamiento militar y meses después permitieron que fuera adquirida por Óscar de Jesús López Cadavid (gobernador del Guaviare condenado por sus nexos con paramilitares, quien para la época ostentaba el cargo de representante a la Cámara) y su socio Benedicto Romero, “quienes pudieron ejercer actos de señorío sobre el inmueble sin di cultad alguna, no obstante la dominación que sobre el mismo ejercían las autodefensas del Llano al mando, entre otros, de Emiro Pereira, alias Guevoepisca o Alfonso”.64 Finalmente encontramos varios casos documentados de despojo del Bloque Centauros sobre las tierras que habían despojado inicialmente las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), pero que los primeros tomaron como botín de guerra una vez salieron vencedores. Los casos documentados tuvieron lugar en el municipio de Barranca de Upía en el Meta, epicentro de intensos combate entre ambas unidades paramilitares. En dicho municipio la familia J* tenía una nca de 222 ha. Las ACC asesinaron a varios de los familiares, les quitaron la nca, y en el año 2002 los obligaron a rmar una escritura pública de transferencia de los predios que tenía lista Oswaldo José Meza Granados, el notario único de Villanueva. La escritura señala como supuesto comprador a Jesús Antonio Chaves López, un ex empleado de las Gobernación del Meta y vecino del predio de la familia campesina, quien supuestamente pagó $40 millones por la tierra.65 Posteriormente en 2005, luego de la derrota de las ACC, el Bloque Centauros se apoderó de estas tierras y contactó nuevamente a la familia J* aduciendo que le devolverían su nca a cambio de $25 millones. Pero según las víctimas esto fue un engaño, y los obligaron a titular las 222 ha, esta vez a los paramilitares de Arroyave en la notaria primera de Villavicencio.66 Otro de los casos que ilustra como las víctimas del despojo fueron revictimizadas y obligadas a asistir a varias notarias para legalizar el despojo a través de múltiples traspasos, ocurrió en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. La familia P* poseía cuatro predios que suman 3.000 ha en total. En 1999 abandonaron las tierras por los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros. Los Buitragueños se apoderaron de ellas en 2001 y los buscaron para legalizar el despojo. A través de Pan Avella, un ganadero intermediario de los paras, le ofrecieron $150 millones por las 3000 ha, pero nalmente solo le dieron $35 millones a la familia P* por sus tierras. Arroyave se enteró que Pan Avella, el intermediario, también trabajaba con Martín Llanos y a cambio de no asesinarlo le pidió la nca que le había usurpado a la familia P*. “Los paramilitares de Arroyave los volvieron a buscar para que les rmaran escrituras y poderes en blanco con el n de volver a englobar los cuatro predios y legalizar el despojo esta vez para los hombres de Arroyave. Los predios quedaban registrados a nombres de testaferros, según Don Mario buscaba personas ‘sanas’, que no tuvieran vínculos con el grupo armado ilegal”.67 El paramilitar Juan Carlos, alias Cococ, fue el encomendado por Arroyave para recopilar los papeles de los predios que el Bloque Centauros le quitó a las Autodefensas del Casanare una vez terminada la guerra. Tabla 1. Casos de despojo de tierras en el Meta y Casanare Caso

Fincas La Cabaña y

Bloque paramilitar

Violencia

Autodefensas Instalación de una base

Año

Estrategia de despojo Ventas

Bene ciados

Heliodoro León Ruiz, ex alcalde de Puerto López.

Fincas La Cabaña y Autodefensas Instalación de una base Guayacán pertenecientes Campesinas militar a la empresa AB Ditzel & del Casanare Cía. S. en C Instalación de una base Autodefensas Hato Ganadero en Maní, militar en predio vecino. Campesinas Casanare Asesinato de varios de los del Casanare familiares de los poseedores Veredas Guafal Pintado y Autodefensas Algarrobo en Maní, Campesinas Intimidaciones Casanare del Casanare

2001

Ventas Heliodoro León Ruiz, ex alcalde de Puerto López. forzadas Rafael Humberto Martínez, ganadero Escrituras falsas

2001

Fernando Velásquez Mahecha, Despojo Jorge Eliécer Cano Bernal, material Leonardo Suárez Guerrero, del predio Gualberto Suárez Guerrero

2001

Ventas forzadas por precios irrisorios

Paramilitares Testaferros varios

2001 y 2002

Ventas forzadas por precios irrisorios

Don Mario, Marco Daniel López Manrique, Otros dos compradores declarados de mala fe en sentencia de restitución

2001

Cartas ventas

Orlando Mesa Melo alias Diego, paramilitar. Testaferros suyos

2001

Compras forzadas

Oscar De Jesús López Cadavid (gobernador del Guaviare condenado por sus nexos con paramilitares) -quien para la época ostentaba el cargo de representante a la Cámara- y su socio Benedicto Romero

Haciendas vecinas de las ncas Casa Roja y Casa Azul, El Dorado

Bloque Centauros

Intimidaciones y establecimiento de un hospital para atender a los heridos en una de las dos ncas

Finca la Chapa en Hato Corozal, Casanare

Bloque Centauros

Intimidaciones y establecimiento de dos bases en la zona

Finca La Argentina, Trinidad, Casanare

Frente Héroes del Guaviare

Intimidaciones y establecieron una base de entrenamiento

Finca en Barranca de Upía, Meta

Despojo 1: Autodefensas del Casanare Despojo 2: Bloque Centauros

Asesinaron a varios de los familiares de los propietarios 2002 Bloque Centauros gana la 2005 guerra y le quita los predios a las ACC

Cuatro ncas de la familia P* en Puerto Gaitán, Meta.

Despojo 1: Autodefensas del Casanare Enfrentamientos entre Despojo 2: paramilitares y guerrilleros. Bloque Centauros

1999 Fueron buscados en 2001 por las ACC para legalizar los predios

Escrituras viciadas Jesús Antonio Chaves López*, un ex empleado de las Ventas Gobernación del Meta forzadas Tito Néstor Caro Aguirre Escrituras viciadas Escrituras viciadas Testaferros de Arroyave Poderes en blanco

* Posteriormente, según Chaves, por amenazas del Bloque Centauros de las AUC en 2003 tuvo que abandonar las 80 hectáreas. Este negocio nunca se inscribió en la o cina de registro de instrumentos públicos. Fuente: elaboración propia, http://www.verdadabierta.com/el-despojo/botin-de-guerra

Conclusiones Las tres estructuras paramilitares abordadas en este capítulo: Autodefensas Campesinas del Casanare, Bloque Centauros y Frente Héroes del Guaviare participaron en el despojo de tierras fundamentalmente en los departamentos de Meta y Casanare. La mayoría de los predios fueron despojados en los años 2001 y 2002 a través de mecanismos como ventas forzadas a precios irrisorios, despojo material de los predios, falsi cación de documentos, acuerdos verbales plagados de engaños y falsas promesas, etc. Los intereses que llevaron a estas unidades paramilitares a utilizar el despojo de tierras como repertorio de violencia fueron de diverso tipo: estratégico, para bene ciar los intereses militares del grupo al poner bases, escuelas de entrenamiento y hospitales; clientelista para bene ciar redes y amigos de la estructura paramilitar y también oportunista en el caso de los paramilitares que robaron tierra para sí mismos y sus testaferros. Pero en estas estructuras también tuvo lugar un despojo de tipo punitivo contra grandes ganaderos y políticos con el n de castigarlos por negarse a pagar las “vacunas” o extorsiones de los paramilitares a cambio de seguridad privada y contra aquellos “delatores” que denunciaron públicamente ante las autoridades los despojos y delitos cometidos por los paramilitares en los llanos. Entre los actores que

se bene ciaron del despojo están los mismos paramilitares, testaferros suyos, familiares y en otros casos políticos locales y ganaderos. Y fueron víctimas del despojo desde pequeños campesinos hasta medianos y grandes ganaderos, empresarios y políticos. La tierra fue usada también en esta región como botín de guerra. Una vez ganó la batalla, el Bloque Centauros se apropió varias de las tierras despojadas anteriormente por las Autodefensas Campesinas del Casanare. Los paramilitares usaron intermediarios para obligar a las víctimas a asistir a notarias y nuevamente rmar traspasos esta vez para los hombres de Arroyave. Lo que generó procesos de revictimización para las familias que ya habían sido despojadas al verse obligadas a ver como sus tierras pasaban de mano en mano sin poder evitarlo. No obstante lo anterior, aunque las unidades fueron altamente despojadoras y generaron vastos procesos de despojo en la región de los Llanos, no se encontró información hasta el momento sobre el despojo de tierras cometido por esas unidades paramilitares en el municipio de San José del Guaviare; esto no quiere decir que no haya ocurrido, sino que no se tiene información de fuentes que registren dichos casos, ni los funcionarios y las víctimas entrevistados en terreno dieron cuenta de despojo. Lo anterior se puede deber a la fuerte presencia y control de las FARC en el territorio, lo que limitó la presencia y accionar de los paramilitares en las zonas rurales del departamento del Guaviare. A lo anterior, se suma la altísima informalidad de la tierra en este municipio que di culta la acción de las personas que han sido despojadas (titulares, poseedores, ocupantes) para reclamar sus derechos de propiedad rural ante las autoridades locales.

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Capítulo 5 El fenómeno paramilitar en Titiribí, Antioquia Cristian David López Ortíz*

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia de investigación en temas relacionados con los con ictos agrarios en Colombia, el Con icto Político Social y Armado (DDHH y DIH) y el Despojo Activo Paramilitar. Su experiencia se ha construido en instituciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales — IEPRI— de la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Regulación y Restitución de los Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción Este capítulo se dedica a caracterizar las unidades paramilitares que operaron en el municipio de Titiribí en Antioquia, las condiciones que facilitaron su aparición, así como su relación con el despojo de tierras; entendido como el fenómeno que junto al desplazamiento forzado implicó una enorme transferencia de activos y una aguda afectación en los derechos de propiedad sobre la tierra (Gutiérrez, 2014). La evolución del fenómeno paramilitar en Titiribí tuvo tres fases y en cada una de ellas hubo distintas unidades con rasgos operativos similares pero características organizativas diferenciadas.1 En ninguna de las tres fases los paramilitares asumieron dentro de sus prioridades el despojo de tierras en el municipio. En un primer momento prestaron seguridad a grandes hacendados y posteriormente, con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— a este objetivo se le adicionó el del control militar del corredor geoestratégico que comunica el centro del país con el Océano Pací co. En el capítulo se presenta, en primer lugar, una descripción de la Subregión Suroeste de Antioquia y del municipio de Titiribí, en segundo lugar, se hace una descripción de los grupos paramilitares que existieron en la zona, indagando acerca de sus estructuras, la forma de operar sobre el territorio, las razones de su aparición y las diferentes transformaciones que tuvieron, además de los niveles de interacción de dichas estructuras con las instituciones y las élites rurales de la subregión del Suroeste de Antioquia y el Municipio de Titiribí. Finalmente, se proponen algunas conclusiones que parten de la categorización planteada por Gutiérrez Sanín (2014).

1. Descripción del municipio de Titiribí El municipio de Titiribí se encuentra ubicado en la región sur oeste del departamento de Antioquía en terrenos montañosos de la cordillera central de Colombia y aproximadamente a 62 kms de la ciudad de Medellín.2 Limita al norte con el municipio de Armenia Mantequilla, al sur con el municipio de Venecia, al oriente con los municipios de Angelópolis y Amagá, y al occidente con el municipio de Concordia. Tiene

una extensión de 142 km2 y está habitado por 14.295 personas, de las cuales 7.966 viven en su área urbana, y 6.329 se encuentran diseminadas en su área rural.3 El Municipio de Titiribí hace parte de un proceso de colonización cali cado como espontáneo (Restrepo, 2013) en el que desde nales del siglo XVIII pobladores sin tierra de Medellín, Envigado y Rionegro, fundaron las poblaciones de Titiribí (1775) y posteriormente las de Amagá (1788) y Fredonia (1790).4 El municipio estuvo ubicado inicialmente en la Vereda Sitio Viejo, donde después funcionarían las minas de oro La Independencia y El Zancudo, la adversidad climática del lugar, obligó a los pobladores al traslado del casco urbano.5 En el siglo XVIII, el Municipio de Titiribí servía de cabecera a una extensa zona de colonización que tomó como eje el río Cauca y que giraba en torno a la búsqueda de minas de oro por parte de la población de Santa Fe de Antioquia, convirtiéndolo en epicentro de la colonización antioqueña (Pimienta, 2013). El campesinado ocupó nuevas tierras dando cuerpo a una frontera agrícola con productos como maíz, fríjol, plátano y yuca. Paulatinamente se dio la sustitución de estos cultivos por el café, producto que alcanzó gran auge y crecimiento, convirtiendo de paso a los cafeteros en protagonistas de primer orden de una economía que gestó el desarrollo del territorio.6 La economía del municipio de Titiribí ha estado estrechamente ligada a la explotación del oro. La búsqueda del metal motivó a sus gentes desde mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX la explotación del oro hizo tránsito de un proceso artesanal a uno de tipo industrial.7 “Este fenómeno va ligado a la historia, siendo una de sus principales empresas, la Industria Minera de El Zancudo, que terminó sus operaciones hacia 1948”.8 Sin embargo, en 2015 la minera en el municipio estaba monopolizada por empresas transnacionales como, la Zancudo Gold o la Gold Plata Sun Wear9 ya que el minero artesanal, carente de la tecnología necesaria para una explotación racional, pre ere renunciar a esta actividad, asumiendo otras como la agricultura o la ganadería. De igual forma, el Municipio de Titiribí hace parte de la cuenca carbonífera de La Sinifaná, que cuenta con cerca de 160 millones de toneladas de carbón por explotar.10 La cuenca carbonífera es compartida con los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Venecia y su explotación ha generado históricamente con ictos sociales. Por su parte, la formalización o legalización de la explotación minera comienza hacia los años 20 del siglo pasado, a pesar de que esta explotación ya venía siendo implementada desde el siglo XIX. Actualmente funcionan ocho minas de carbón y arena plenamente formalizadas y en etapa de preparación, desarrollo y explotación, cada una de estas minas cuenta con el correspondiente título minero y también con el plan de manejo ambiental exigido por la Corporación Autónoma Regional. Las ocho minas están distribuidas en tres Proyectos Auríferos y una explotación de arena ubicados en las veredas El Zancudo, Sitio Viejo, Otramina y Los Micos.11 Otro de los renglones económicos más importantes en el municipio ha sido la producción de café, que ha atravesado varias crisis, entre ellas la de nales de la década de 1980 generada por la caída de los precios del café y la aparición de plagas como la Broca.12 Sumado a esto, en la década de 1990, la adquisición paulatina y masiva de ncas para descanso de narcotra cantes y adinerados de Medellín coadyuvó a la sustitución progresiva de los cultivos de café por ganadería extensiva y tierras dedicadas a pastos.

Actualmente, el municipio orienta sus tierras productivas (802 ha) de la siguiente manera: 575 están dedicadas al cultivo del café; 110, a la caña de azúcar; 22, a la naranja; 23, al frijol; 20, al maíz; 7, al tomate; 13, a cítricos, frutales y huerta; 20, a aguacate; y 12, a la yuca; además, en la actualidad Titiribí se proyecta como un importante destino ecoturístico del Suroeste Antioqueño.13 La ganadería ocupa un lugar central en la economía del municipio. A nales de la década de 1980 y durante la de 1990 se dio un fenómeno que modi có gradualmente el uso de los suelos en el municipio, que derivó en la consolidación de un extenso territorio dedicado a la ganadería a la par que se iban reduciendo los cultivos de café. Para las élites rurales empezó a ser más rentable la ganadería que el café, no sólo por los bajos precios del grano sino también porque es un producto intensivo en mano de obra. Es importante anotar que para el año 1999, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, se destinaban 12.020 hectáreas a siembras de Pasto (natural, mejorado y de corte) en las cuales había un total de 14.620 bovinos. Este fenómeno fue extensivo para todo el suroeste antioqueño derivando que el centro de la economía municipal empezara a ser la ganadería. En la Región del Suroeste el índice de Gini aumentó de 0,76 a 0,80 en el periodo 1996-2004, siendo la segunda del departamento con mayor concentración de la propiedad. Por su parte, el coe ciente Gini de tierras para Titiribí en el año 2011 fue de 0,846, evidenciándose el alto grado de concentración de la propiedad. La mayoría de tierras productivas han sido progresivamente destinadas a la ganadería extensiva, situación que ha generado profundos cambios económicos y sociales, tales como la migración de la población con nes laborales, es decir, la conversión paulatina de las zonas rurales en un “campo sin campesinos”.14

2. Actores armados y las tres fases del fenómeno paramilitar en Titiribí En la década de 1980 los grupos guerrilleros (EPL y FARC) hicieron presencia en la región, en el Municipio de Urrao se fundó la denominada Fuerza Conjunta del M19 y el EPL (1984), estructura de ejército que protagonizó la toma de este municipio en noviembre de 1985. La presencia insurgente en la subregión no fue permanente, y tampoco fue total. Este grupo armado se asentó en determinados periodos de tiempo y en zonas muy focalizadas la zona de Urrao y el parque ecológico de las Orquídeas. La concatenación dinámica de estos fenómenos sociales y económicos derivó en la aparición de pequeñas unidades paramilitares de carácter local, coordinadas y diseminadas en el territorio e impulsadas por las élites tradicionales de hacendados y comerciantes que sentían vulnerada su seguridad.15 Lo anterior devino en una práctica generalizada de la mal llamada “limpieza social” a lo largo de la Cuenca de la Sinifaná. En el municipio de Titiribí, la presencia paramilitar estuvo marcada por tres fases centrales, a saber: la primera de ellas tuvo lugar entre 1986-1994 y encarnó un modelo de estructura armada tradicionalista de carácter local, autónoma, nanciado por una bolsa común y falta de rigurosidad y disciplina militar; sus prácticas victimizantes más comunes giraron alrededor del homicidio a poblaciones vulnerables, denominadas “limpiezas sociales” (Gutiérrez, 2014). La segunda etapa del fenómeno se vivió con la aparición de las Convivir en el periodo 1995-1997, estos grupos llegaron a cubrir el vacío de poder de había dejado la estructura desarticulada de la fase

anterior. El fenómeno vivió una tercera fase a partir de la llegada de las ACCU y las AUC a la subregión, se trató de cuerpos de ejército que seguían cumpliendo funciones de seguridad privada pero cuya estructura organizacional correspondía a la de un ejército antisubversivo, característico de las ACCU. Tabla 1. Estructuras paramilitares en Titiribí Periodo

Nombre de la Estructura

Descripción General

Comandantes Efraín Ochoa, Hacendado, Concejal conservador, Familiar de dueños de Rápido Ochoa.

Fase “Don Efraín” 1986-1995 (20 - 30 hombres)

Estructura armada tradicionalista. Un solo nivel de mando. Colaboración, y connivencia estrecha con las autoridades municipales.

II Fase Convivir Las Garzas 1995-1997

Constituidas legalmente en el municipio de Venecia. Reemplazó a la estructura de “Don Efraín” en sus funciones de seguridad privada. Joaquín Loaiza, Representante Legal. Proceso de institucionalización de la privatización de la seguridad rural.

I

Cuerpo de ejército antisubversivo. III Fase Bloque Sur-oeste, AUC, Dotado de una estructura nacional y de unos estatutos organizativos. 1997-2005 120 hombres Varias líneas de mando. Participación de miembros de la Fuerza Pública.

Alcides de Jesús Durango alias René, Rodrigo Zapata Sierra alias Ricardo. Héctor Restrepo Santamaría alias Perraloca.

Fuente: elaboración propia.

2.1. Fase I 1986-1995 Don Efraín En el caso de Titiribí, durante la década de 1980 se dieron compras masivas de tierras como mecanismo para el lavado de dinero producto de las rentas asociadas a la economía del narcotrá co del cartel de Medellín. Lo anterior generó un cambio sustancial en la composición económica y los usos del suelo en el municipio, evidenciado en la aparición masiva de ganado, la proliferación de las ncas de descanso y recreo, y la brusca disminución de cultivos de café.16 Empezó a llegar gente a comprar ncas bonitas y a tumbarlas (…) y entonces antes eran ncas de 20 o 30 trabajadores para las cosechas de café y después ya no (…) y empezó a llenarse de ganado (…) a los grandes dueños de tierra no les interesaba tener café por qué necesitaban muchos trabajadores y es más caro el mantenimiento de una nca de café que de pasto: entonces los grandes ricos se metieron a la ganadería que deja más del café. (Entrevista a Adolfo Pérez, 3 de febrero de 2015)

A la vez se conformó la primera estructura de carácter paramilitar que existió en el municipio. Y que, según la poca bibliografía que hay sobre el caso, fue conocida como “Don Efrén”. Sin embargo, en el trabajo de terreno realizado encontramos que en realidad se trataba de la unidad paramilitar de “Don Efraín”. En efecto, el error reiterado en las fuentes secundarias, es que esa estructura paramilitar no se llamó “Don Efrén”; en realidad el grupo paramilitar asumió el nombre del “dueño del emprendimiento”, el señor Efraín Ochoa —Don Efra—, familiar de los fundadores de Rápido Ochoa (entrevista Funcionario Alcaldía) y Concejal conservador del municipio de Titiribí entre los años 1991 y 1994. En los 80 (…) se empezó a generar una especie de autodefensas, de vigilancia de ncas, esto inicio fue como un grupo encabezado por uno de los concejales —del Partido Conservador—, don Efraín Ochoa, me dijo: “eh bueno, ¿Cómo vamos a dejar que estos delincuentes comunes nos sigan robando el ganado, extorsionando, boleteando; yo tengo un grupo, yo… yo tengo mis escopetas en la casa, y yo tengo pistola”; era el mejor tirador que había aquí, un tipo que le pega a una moneda a… a diez metros pues, con una pistola o con un revolver, le pega un tiro a una moneda; era un tirador experto. “No nos vamos a joder, no”, aquí de nitivamente se habló con los nqueros; se puede decir que fue,

prácticamente con la venia de todos los nqueros, ganaderos, y todos dijeron: “hombre, pues nosotros vamos a aportar un arma”. (Entrevista a Secretario del Concejo de Titiribí, febrero de 2015)

En todo el Suroeste antioqueño, en la década de 1990, los diferentes grupos de seguridad privada estuvieron ligados a la élite tradicional cafetera y ganadera, en el primero de los casos con Efraín Ochoa y en el segundo caso con ganaderos como Héctor Restrepo Santamaría alias Perraloca. El caso de Titiribí ilustra, en buena medida, una estructura armada tradicionalista alrededor del “patrón” de la unidad paramilitar, quien era hacendado, cafetero, concejal; y las relaciones jerárquicas del municipio giraban alrededor de él, a través de una subordinación característica del mundo rural en que la gente ante un problema de “seguridad” acudía primero al grupo de “Don Efraín” que a las autoridades competentes, y en el que existe connivencia y cooperación en materia operativa entre las autoridades y el grupo paramilitar (Gutiérrez, 2014). En varias ocasiones el concejal llegaba a las sesiones del concejo con su radioteléfono y su revólver, mantenía encendido el aparato transmisor y cuando lo llamaban solicitaba permiso para ausentarse, tal y como se corrobora en varias actas del Concejo de Titiribí entre los años 1993 y 1994. Él llegaba acá a las sesiones del Concejo, ponía

el radio y el carriel encima de la mesa. En el carriel tenía el revólver. Nosotros repartíamos los puntos que iban llegando para cada reunión, él los leía, muy juicioso. (…) y entonces, en ese radio, cuando uno menos pensaba, escuchábamos: “S2 a S1, por favor S2 a S1 (…) hay una persona rara por… por aquella vereda, hay tres tipos que no son de la vereda, vienen en un carro blindado”, entonces él decía: “permiso, señor presidente” y salía en el carro y detrás unas motos que trabajaban con él. (Entrevista realizada a Luis Córdoba Secretario del Concejo municipal de Titiribí Antioquia, 06 de febrero de 2015) Es importante mencionar que la connivencia y participación de buena parte de las instituciones del municipio no se dio sólo debido al cargo público que ostentaba Efraín Ochoa. Por ejemplo, el mismo Alcalde solicitaba el respaldo a esta estructura armada para que acompañara o reforzara los operativos de vigilancia de la policía: Muchas veces, que me tocó a mí salir con el alcalde de aquí: —ve, llamemos a Efraín (…) hay unos tipos muy raros ahí, saliendo por la otra mina. Entonces sacaron el carro del municipio, la patrulla, y llamaron a Don Efraín: “Ve, estamos aquí”. Y llegó también a reforzar. (Entrevista realizada a Luis Córdoba Secretario del Concejo municipal de Titiribí Antioquia, 06 de febrero de 2015)

Este fenómeno de connivencia y cooperación institucional con las bandas paramilitares constituidas por el patrón, no sólo se dio en el municipio de Titiribí, sino en buena parte de la subregión del Suroeste de Antioquia, concretamente en la cuenca de la Sinifaná, de la que hace parte dicho municipio. En octubre de 1995 se realizó un operativo en varios municipios contra las pequeñas estructuras locales, en el cual detienen a 19 personas entre las que se encontraban el personero del municipio de Titiribí, el Alcalde de Armenia Mantequilla Iván Darío Quinceno Sánchez, el concejal Luis Fernando del

Valle Romero, el sargento del ejército en servicio activo Carlos Javier Solar Parra y el Comandante de la policía de Armenia Mantequilla David Prada Barajas, entre otros; todas estas personas fueron capturadas, sindicadas del patrocinio y conformación de dichos grupos paramilitares.17 También fueron detenidos “el inspector de policía de Albanía, el concejal Pascual Montoya, el concejal de Titiribí Juan Gabriel Posada, ambos del Partido Conservador”.18 En marzo de 1996 la justicia penal militar reclamó la competencia sobre el caso de los policías y el teniente del ejército detenidos en el curso de las investigaciones; para mediados de ese mismo año, la Fiscalía ya había dictado 37 órdenes de arresto contra supuestos integrantes y patrocinadores de “La Escopeta”.19 A propósito de las investigaciones por nexos con estas estructuras paramilitares del suroeste antioqueño es vinculado el ex senador conservador y empresario antioqueño del café, Ernesto Garcés Soto, conocido también como “el zar del café”.20 La mayoría de las personas detenidas por este caso fueron exoneradas de los cargos —entre ellos Garcés Soto— y salieron en libertad a mediados de 1997, a la vez que se ordenaba el archivo de cinco investigaciones más relacionadas con estas estructuras paramilitares. La estructura de don Efraín no era una organización compleja. Giraba en torno a las decisiones de una sola persona, a quien los nqueros dirigían directamente sus inquietudes y preocupaciones en materia de seguridad, es decir, una estructura con un solo nivel de mando. “Aquí eran veinte, treinta radios (…) toda nca aquí tenía su radio, y ese radio iba conectado con S1, que era el concejal Efraín Ochoa” (Entrevista realizada a Luis Córdoba, Secretario del Concejo de Titiribí el 07 de febrero de 2015). Como la columna vertebral de este emprendimiento armado era el señor Efraín Ochoa, cuando lo asesinaron en 1994, la estructura se desintegró paulatinamente y los miembros del grupo paramilitar fueron abono perfecto para la llegada de las AUC hacia 1997. 2.2. Fase II 1995-1997 Convivir Las Garzas A partir de 1995, el fenómeno paramilitar viviría una segunda fase a nivel nacional con la legalización de las cooperativas privadas de seguridad, situación que permitió conformar organizaciones paraestatales, que en el caso de Titiribí, entraron a llenar los vacíos de poder dejados por las estructuras paramilitares que habían operado con anterioridad en la zona. Si bien en el municipio de Titiribí no se constituyó formalmente ninguna cooperativa de seguridad, existió una que reemplazó a la banda de Don Efraín. Se trató de la Convivir Las Garzas del municipio de Venecia, con personería jurídica número 41649 del 11 de septiembre de 1995. Ésta organización prestó servicios de seguridad a los grandes nqueros del municipio tras la ausencia del grupo de Don Efraín. Ellos pasaban (Las Garzas) y siempre iba un grupo de avanzada a hacer la inteligencia de la zona: ¿quién es delincuente y quién está delinquiendo?, y de pasada se llevaban al que estuviera jodiendo. Si, si… si se escuchaba, pues, que Las Garzas pasaban por acá (Titiribí). (Entrevista realizada a Luis Córdoba en Titiribí el 07 de febrero de 2015)

Según el representante legal de la Convivir, Jairo Loaiza: “(Las Garzas) no (...) tuvieron nexo alguno con el paramilitarismo y por el contrario eran un grupo de ciudadanos que se unieron desde hace 15 años para ayudarse mutuamente y de ser necesario colaborar con información que le sirva a la fuerza pública a

mejorar las condiciones de seguridad”.21 Es importante señalar que esta segunda fase del fenómeno paramilitar en Titiribí representa, en esencia, un periodo de transición e interinidad por el vacío de poder derivado de la desaparición física de Don Efraín. 2.3. Fase III 1997-2005 las ACCU y las AUC Entre 1997 y 1999 varias de las estructuras de seguridad privada del suroeste antioqueño fueron asimiladas por Castaño Gil e hicieron un tránsito a la versión que éste mantenía de ejército antisubversivo, concretamente el modelo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). El esfuerzo estaba orientado a dotar a las autodefensas de una estructura nacional, de jerarquías y mandos, y de una ideología reconocible y coherente. Todo esto inspiró la actividad de las ACCU y desembocó en la fundación de las AUC en 1997 (Gutiérrez, 2014). Vicente Castaño a rmó que fue —su amigo cercano— Héctor Restrepo Santamaría, alias Perraloca, oriundo de Titiribí (comerciante, ganadero y narcotra cante), la persona que en representación de los sectores económicos y políticos del municipio y el suroeste antioqueño solicitó y facilitó la llegada de las ACCU — AUC a la región.22 En este caso ya no hablamos de una estructura con un solo nivel de mando, se trataba de cuerpos de ejército antisubversivos que aplicaron una división interna de las responsabilidades, incluyendo, aparte de la comandancia, a los responsables de nanzas, y militares, entre otros. En un primer momento las ACCU entraron al suroeste antioqueño al mando de Carlos Mauricio García Fernández, más conocido como Rodrigo Franco, alias Doblecero, un capitán retirado del ejército. Es de suponer que esta transformación de las unidades paramilitares de carácter tradicional —si cabe el término— a una de ejército antisubversivo, implicó una afectación de la jerarquía de mando en la región que pasó de una natural, derivada, como a rma Gutiérrez (2014), de la economía sobre la cual estaba asentada la unidad paramilitar dada a otra, determinada por el régimen estatutario de la organización, en este caso el de las ACCU. La anterior a rmación está respaldada en el trabajo de campo cuando un funcionario del Titiribí nos expone que “(Efraín Ochoa) era como un órgano de seguridad campesino, ahí no había milicia, no había capacitación disciplinaria; no, estos eran campesinos que andaban con Don Efraín, y amigos de él, armados y que cuidaban las ncas (…). En cambio las AUC si son un órgano armado, disciplinados, reciben formación militar, y formación física.” (Entrevista a funcionario del Municipio de Titiribí, 6 de enero de 2015). Si bien no existe una fecha exacta de la fundación del Bloque Suroeste, las indagaciones nos permiten a rmar que las AUC empezaron a operar entre 1998 y 1999, y su primer comandante directo fue Alcides de Jesús Durango, alias René, un carnicero de pueblo que al parecer dirigió una célula del frente 34 de las FARC en el Urabá antioqueño, para luego desertar con algunas de sus armas y vincularse a las ACCU hacia 1997. Según testimonios recabados en el trabajo de campo realizado durante la investigación, la primera base que tuvieron las AUC en el municipio de Titiribí fue en la nca El Refugio ubicada en la vereda El Caracol,

propiedad —en su momento— de Jairo Posada Vélez, primo de Álvaro Uribe Vélez. Tal conformación comportaba tanto cuerpos de ejército con hombres uniformados que patrullaban las veredas del municipio, portando brazaletes de las AUC y que en las cabeceras municipales, como en el caso de Titiribí, hacían presencia vestidos de civil cumpliendo labores de inteligencia, especialmente destinadas a prevenir una eventual incursión de grupos guerrilleros y actos en su opinión, delincuenciales. René tuvo su centro de operaciones en el municipio de Bolombolo, pero dirigía la estructura de Titiribí, municipio en el que hizo presencia. Al parecer un joven de la vereda El Caracol conocido como “Barrera” fue uno de los primeros hombres en Titiribí bajo el mando de René. En lo que respecta al Suroeste, el foco del despliegue operativo fue el municipio de Urrao “pues permitía una amplia movilidad de actores armados en toda la zona. Luego, cuando el paramilitarismo logró controlar una buena porción de los municipios del Suroeste Antioqueño, éste municipio se convirtió en el punto de enlace de las AUC hacia el Chocó”.23 Pese a que se trataba de una estructura que intentaba asumir funciones de ejército antisubversivo, podríamos decir que como experiencia orgánica fracasó, en tanto no logró mantener la cohesión, lo que derivó en que la unidad de mando fuera perdiéndose paulatinamente. Lo anterior fue corroborado en cierta manera por el Secretario de Gobierno, en su momento, Sergio Fajardo: “El Bloque Suroeste lo conforman pequeños grupos, son más o manos entre unos 80 y 100 hombres. A diferencia de otros bloques este es un bloque muy disperso, con serios problemas de fraccionamiento”.24 En un mismo momento existieron diferentes comandantes paramilitares en el Bloque Suroeste, al parecer estaban distribuidos según algún tipo de límite operativo. Pese a que dichos límites eran difusos, podemos a rmar que en el caso de Urrao, Bolombolo, Concordia y otros de la zona oriental del suroeste, el comandante a cargo era René. Por su parte, en la cuenca de la Sinifaná, concretamente en el municipio de Titiribí, el mando recaía en Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo,25 quien antes de ser paramilitar (1996) administraba varios negocios familiares entre ellos la compra y venta de ganado,26 él mismo sería señalado por alias HH de ser “una persona supremamente cercana a Vicente Castaño”, y que, además de comandar el Frente que operaba en Titiribí, habría estado a cargo de buena parte de la legalización de tierras objeto de despojo activo paramilitar en el departamento de Chocó.27 Según versiones de prensa, a partir del año 2002 el Bloque Suroeste de las AUC dejaría de estar bajo el mando de Doblecero y las ACCU, para pasar a formar parte de la estructura del Bloque Elmer Cárdenas, en el cual se desmovilizaría en el 2005 —como comandante raso— uno de los comandantes del Frente Titiribí (Perraloca). A partir del año 2002 se profundizan las fracciones al interior del Bloque Suroeste debido, tal vez, a ese cambio en la línea de mando. Según algunas versiones de prensa, René habría ordenado no votar por Carlos Mario Ortiz Villa quien era el apadrinado de Ernesto Garcés Soto —el zar del café— para las elecciones por la Alcaldía de Concordia durante los comicios locales y regionales de 2003.28 Al parecer esto generó un malestar entre los nqueros de la región que apoyaban a Garcés Soto, de manera paralela un subalterno de René conocido como Tasmania, extorsionó a un ganadero sin previa autorización, lo que devino en una guerra interna en el Bloque Suroeste. Las diferencias se profundizarían cuando la caravana de René sufrió un atentado del cual salió ileso en septiembre de 2003.29

Luego de este atentado, René tomó retaliaciones contra uno de los presuntos organizadores: asesinó a Fernando Quijano (31 de octubre de 2003), a quien acusaba de brindar apoyo logístico para el atentado. La víctima era el administrador general de las ncas del ex congresista Ernesto Garcés Soto ubicadas en el Suroeste Antioqueño. Vale la pena anotar que Quijano también era el tío de la esposa de Doblecero.30 Aunque la estructura del Bloque Suroeste se desmovilizó en el año 2005, René no se entregó junto a sus hombres por temor —según su versión— a represalias por parte de Álvaro Uribe Vélez y de su mentor, el hacendado cafetero Ernesto Garcés Soto.31 A rmó además que el ex presidente Uribe había dado orden de asesinarlo.32 Fue capturado en 2007 cuando pretendía evadir la acción de la justicia y fue procesado por la Fiscalía 29 especializada de Medellín (2010) que le dictó medida de aseguramiento sin bene cio de excarcelación por el asesinato de 19 personas, ocurridos en el transcurso del primer semestre del año 2000.33 Según indagaciones de la Fiscalía, René es responsable del asesinato de una decena de dirigentes del sindicato de trabajadores o ciales de Antioquia (Sintraofan), lo que llevó a esta organización gremial a su extinción.34 Aunque ninguno de los entrevistados durante la investigación asegura haber escuchado del Frente Titiribí, una parte de la bibliografía secundaria se re ere a esta estructura como una expresión local del Bloque Suroeste de las AUC, que estuvo bajo el mando de Alias Ricardo entre el 2000 y el 2003. Este paramilitar fue relevado por el ganadero Héctor Restrepo Santamaría también conocido como Perraloca (2003-2005). Según declaraciones de ex paramilitares, como Diego Alejando Serna, alias Kenner instructor militar del Frente Titiribí, alias Ricardo era el jefe directo y estaría vinculado con la muerte de más de 28 personas en Titiribí, Amagá y Angelópolis.35 Rodrigo Zapata Sierra alias Ricardo36 el denominado canciller de las AUC, también sería el responsable de organizar tres reuniones realizadas en la Casa de Nariño (2008) en las cuales un enviado de Don Berna y alias Job entregaban a los Secretarios jurídicos y de Prensa del gobierno de Uribe Vélez, supuestas “pruebas” que vinculaban al Magistrado auxiliar Iván Velásquez con una manipulación de testigos que pretendía relacionar a políticos cercanos al presidente con diversos grupos paramilitares del país.37 Las reuniones en mención se hicieron famosas porque ambos enviados entraron por el sótano del Palacio mientras las cámaras estuvieron apagadas durante el ingreso de los enviados paramilitares. Como se expuso anteriormente, Alias Ricardo fue relevado en el mando por el ganadero y empresario Héctor Restrepo Santamaría, quien ya habría sido señalado como colaborador en la llegada paramilitar de las ACCU en 1995. Héctor Restrepo Santamaría alias Perraloca, caminaba tranquilamente por las calles de Titiribí y era reconocido como un empresario dedicado a la venta de ganado, la minería y, según investigaciones de la DEA, al narcotrá co. Sin embargo, tenía un especial arraigo entre la comunidad de Titiribí y de alguna forma sería la gura que más se acercaría a Efraín Ochoa, por el accionar orientado a la mal llamada “limpieza social” en el pueblo, y por el gran respeto derivado del alto poder que concentraba en el municipio. El enlace municipal de víctimas en Titiribí (2015), Juan Albeiro Rojas, recuerda a Héctor Restrepo Santamaría alias Don Héctor como “una persona muy caritativa, que en su tiempo fue muy entregada al municipio, después terminó involucrado en sus cosas (…), eso se lo dejo a las autoridades, yo lo conocí, es más, mi madre trabajó con él en su momento y para mi es una excelente persona (…) pero eso sí, ¿quién

era? se lo dejo a las autoridades.” (Entrevista a Juan Albeiro Rojas, enlace municipal de Víctimas en Titiribí, enero de 2014). Por su parte, el Alcalde Diego Tamayo (2012-2015) lo de ne así: (Un) titiribiceño que aprovechó esa parte inteligente que tiene para hacer negocios, y se convirtió en una persona típica de nuestro municipio, una persona que todos desde niño lo conocíamos; él tenía el alias de Perraloca (…) y era un personaje típico de Titiribí, se conocía por emprendedor y echado para adelante, en su momento. Hoy se sabe que se entregó a la autoridades norteamericanas (…) él era fundamentalmente ganadero y dedicado a la venta de caballos. (Entrevista a Diego Tamayo Alcalde de Titiribí, 2012-2015, 05 de enero de 2015) Tabla 2. Hechos victimizantes denunciados por subregión de Antioquia Subregión de Antioquia

Total de hechos victimizantes denunciados

Taza (por 100.000 hbtes.)

1.117

219,5

Valle de Aburrá

699

21,1

Magdalena Medio

433

435,3

Bajo Cauca

329

62,1

Oriente

269

109,2

Nordeste

208

122,5

Occidente

199

101,6

Norte

176

75,2

Suroeste

139

37,4

Urabá

Fuente: elaboración propia con base en Fichas de Fiscalía y Convenio CNRR, Acción Social Proyecto Tierras USB-IPC, 2008.

Curiosamente Héctor Restrepo Santamaría no se desmovilizaría como comandante del Frente o estructura que dirigía en el municipio de Titiribí, sino como un combatiente raso y sin mando con el Bloque Bananero en el año 2004 en el Urabá antioqueño. Situación similar a la de Ricardo —ex comandante de la misma estructura— quién se desmovilizaría en el 2004 como “Político” del Bloque Calima.

3. El papel de las élites rurales como fundadores y/o financiadores de emprendimientos paramilitares Particularmente en el departamento de Antioquia y en su región suroeste los hacendados conformaron sus estructuras de seguridad privada, como en los casos de los emprendimientos La Escopeta, Racumínes, Don Efraín, en las que el patrón la conforma de manera autónoma a partir de bolsas comunes de dinero y armas que permitieran sostener logísticamente el emprendimiento armado. Podría decirse que el rol de las élites rurales varió según el momento de desarrollo de las estructuras paramilitares. Por un lado, durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990 se constituyó en un aparato nanciado y conformado directamente por los ricos rurales estableciendo un modelo de estructura armada tradicional; y posteriormente, entre la segunda mitad de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, su papel fue más de nanciación —voluntaria o involuntaria— de las estructuras de las AUC, que ya no eran estructuras autónomas y de carácter local y regional, sino estructuras coordinadas jerárquicamente y regidas a partir de los estatutos de las AUC.

Entre los casos de empresarios y ganaderos de la región que han tenido investigaciones por su participación en la conformación y patrocinio de grupos paramilitares llama la atención Santiago Gallón Henao reconocido ganadero y caballista de la región y Ernesto Garcés Soto, el Zar del Café. Frente al primero, En el año de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquía condenó a tres años y tres meses de prisión a Gallón Henao,38 por nanciar grupos ilegales armados en el suroeste antioqueño. Henao se entregó a la Fiscalía el 10 de julio de 2009 y fue procesado por apoyar nancieramente un grupo de 300 paramilitares liderados por los Castaño, del bloque suroeste y que delinquió en las poblaciones antioqueñas de Titiribí, Amagá y Angelópolis entre 2000 y el 2004.39 Esta persona se acogió a sentencia anticipada y fue condenada a 78 meses de prisión, pero se le concedió rebaja de la mitad de la pena.40 Los hermanos Gallón Henao son socios comerciales y amigos personales del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y han sido denunciados de manera reiterada por actividades criminales. En la zona de Guacharacas fue conformada la Convivir El Cóndor, bajo la presunta dirección de tres clanes familiares: los Uribe Vélez, los Gallón Henao a través de Juan Santiago y José Guillermo, y los Villegas Uribe a través de Luis Alberto y Juan Guillermo, familias, como se ha recordado, con estrechas relaciones comerciales, vecinales y de amistad.41

De nitivamente, no era un secreto en Antioquía que Santiago Gallón Henao, además de ganadero, tenía relaciones estrechas con el paramilitarismo y el narcotrá co. Sus negocios eran boyantes y contaban con el respaldo del gobierno. La rma Clamasan S.A. dedicada a la cría, levante y ceba de animales y cuyo representante legal era Santiago Gallón, fue bene ciada con un subsidio de Agro Ingreso Seguro por más de 140 millones de pesos.42

4. Indicadores de la dinámica del despojo y del desplazamiento forzado en Titiribí y el Suroeste antioqueño Con relación a la cifras de despojo de bienes inmuebles en la zona del Suroeste, podemos apreciar la siguiente tabla que describe el número de denuncias de despojo realizadas ante la Fiscalía en las nueve subregiones de Antioquia. Tabla 3. Denuncias de despojo realizadas ante la Fiscalía en las nueve subregiones de Antioquia Número de denuncias sobre hechos de despojo

General Bajo Cauca Urabá Oriente Occidente Valle de Aburra Nordeste Norte Suroeste Magdalena Medio 117

99

87

40

25

21

12

12

9

6

Fuente: elaboración propia con base en Fichas de Fiscalía y Convenio CNRR, Acción Social Proyecto Tierras USB-IPC, 2008.

Como podemos ver, el Suroeste Antioqueño ocupa el penúltimo lugar en despojo (bienes inmuebles) con nueve casos denunciados. Lo anterior podría indicar que las estructuras paramilitares de esta región no fueron altamente despojadoras o, cabe la posibilidad, de que exista una gran reticencia o desinterés de las víctimas por denunciar hechos de despojo en la región. Según testimonios de la comunidad y de diversas personas entrevistadas durante el trabajo de campo en Titiribí, las estructuras o unidades paramilitares de Don Efraín y, posteriormente, de las ACCU y AUC a

través del Frente Titiribí nunca asumieron como práctica recurrente el despojo activo paramilitar o, en otras palabras, no fueron altamente despojadoras. Al parecer las labores armadas se circunscribían a las tareas de seguridad para los ricos rurales de la región. Para el caso de Titiribí, en la Fiscalía aparecen registrados cinco casos de despojo activo sobre cinco bienes inmuebles (tres casas y dos minas). No logramos precisar los mecanismos de transferencia pero al parecer se trataba de apropiación tras abandono, es decir, pareciese que el robo de la tierra no fuera un objetivo de primer orden que justi cara la presencia paramilitar en la región. Tabla 4. Despojo activo sobre bienes inmuebles en Titiribí Subregión Denuncias de despojo hechas ante Fiscalía

Titiribí

Urrao

Valparaíso

Caramanta Betulia

3 Casas 2 Casas 1 casa nca 1 Casa 2 Minas 2 Fincas 1 local comercial

1 Finca

Fuente: elaboración propia con base en Fichas de Fiscalía y Convenio CNRR, Acción Social Proyecto Tierras USB-IPC.

Con relación al fenómeno del desplazamiento forzado, las cifras para el periodo 1990-2005, indican una coincidencia entre el año en que deja de operar la estructura de “Don Efraín Ochoa” (1994) y un descenso progresivo de las tasas de desplazamiento en el municipio. Dicha reducción encontraría su n en 1998, fecha que coincide con la llegada de las ACCU y AUC al municipio de Titiribí. Sin embargo, estas cifras que oscilan entre los tres y los 29 casos de desplazamiento por año, no signi caron un número proporcional de denuncias por despojo.

Conclusiones Podríamos inferir que la actividad delincuencial desarrollada en el suroeste antioqueño por los grupos paramilitares en el periodo en que operó cada estructura (1985-2005) tuvo tres propósitos centrales de acuerdo al periodo de tiempo en que cada una operó: mantener el statu quo de los propietarios en la subregión, garantizar el control del corredor estratégico hacia Urabá, Córdoba y el Pací co y “administrar justicia” desatando persecuciones contra poblaciones vulnerable. Esto explicaría cómo la región del suroeste antioqueño vivió en el periodo de accionar paramilitar el más bajo índice de hechos violentos con respecto a toda Antioquía, hecho acompañado de la más baja expropiación de bienes inmuebles con respecto a la cifra departamental. En conclusión este caso muestra que la evolución del fenómeno paramilitar en Titiribí tuvo tres fases con características organizativas diferenciadas. La primera de Don Efraín (1986-1995) que se corresponde con una estructura armada tradicionalista, con un alcance territorial local, cuyos combatientes a menudo eran trabajadores del “Patrón” quien ejercía el derecho del uso de la coerción. En una segunda etapa de transición (1995-1997) estos grupos se camu aron en las Convivir para nalmente ser asimilados por las ACCU que proyectó un “ejército antisubversivo” donde la jerarquía “natural” fue desplazada por otra, surgida del régimen estatutario de las ACCU y que para el caso del suroeste se concretó en mandatos cortos, jerarquías cortas muchas veces de tres niveles y cuya composición fue una mezcla de especialistas en violencia y ricos rurales. Esto no quiere decir que la jerarquía “natural” del “Patrón” dejara de tener gran in uencia; basta apreciar el papel de Garcés Soto en el desarrollo de los

con ictos interbloque. Un tercer momento (1997-2005) lo constituye el surgimiento de las AUC y la conformación de los “Bloques”. El Bloque sur oeste fue una amalgama de estructuras que asumieron un manejo territorial desde perspectivas feudales al decir de alias Doblecero, donde los mandos entregaban el dominio de localidades especí cas a sus subordinados. Las líneas de mando eran laxas, pero típicamente el control territorial se debía pagar con un impuesto sobre los negocios (Gutiérrez, 2014). Este modelo de control territorial generó contradicciones que terminaron por resquebrajar la frágil unidad del Bloque, que participa de la desmovilización en el año 2005. Aunque esta unidad paramilitar de tipo ejército antisubversivo sí estuvo nanciada por élites rurales agrarias como en el caso de los ganaderos y empresarios Gallón Henao, y contó con la presencia del algunos de ellos como jefes de mando medio, como el caso del ganadero y narcotra cante Héctor Restrepo Santamaría alias Perraloca, no se considera como una unidad que haya creado una articulación orgánica con liderazgos y organismos gremiales de las élites rurales legales. Por ejemplo no se tiene evidencia de pactos explícitos entre gremios o líderes gremiales con esta unidad paramilitar, ni se identi caron procesos de acción colectiva conjuntos, ni creación de mecanismos explícitos que articulan el negocio del gremio con la actividad paramilitar como sí ocurrió en otros grupos paramilitares abordados en este libro (ver capítulos sobre Turbo y Chivolo). Además de lo anterior, el Bloque Suroeste en sus orígenes estuvo comandado por especialistas en violencia como el caso de alias Doble Cero y alias René interesados en la provisión de la seguridad y la lucha antisubversiva en este territorio especí co. Estos dos aspectos coinciden con las reglas enunciadas en la introducción del libro y ayudan a comprender por qué a pesar del papel clave que jugaron las élites rurales en este emprendimiento no fue una unidad altamente despojadora. Se puede concluir que aunque la acción paramilitar en el municipio de Titiribí no conllevó a cifras signi cativas de despojo o desplazamiento, sí generó una desestabilización de los derechos de propiedad sobre la tierra incentivada por la implementación de la explotación minero energética y mani esta en la compra masiva de tierras y la concentración de la titularidad sobre la propiedad de la misma.

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Capítulo 6 El fenómeno paramilitar en Flandes, Tolima Cristian David López Ortíz*

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia de investigación en temas relacionados con los con ictos agrarios en Colombia, el Con icto Político Social y Armado (DDHH y DIH) y el Despojo Activo Paramilitar. Su experiencia se ha construido en instituciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales — IEPRI— de la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Regulación y Restitución de los Derechos de Propiedad Agraria.

Introducción En este capítulo se realiza una aproximación a las unidades paramilitares que operaron en el departamento del Tolima y que tuvieron incidencia particular en el municipio de Flandes. Luego del análisis se concluye que dichas unidades corresponden al prototipo de ejército antisubversivo y su accionar con guró un caso de bajo despojo. Lo anterior se explica porque los intereses de la comandancia y de las coaliciones que se tejieron con actores locales estuvieron más orientados a la búsqueda de rentas y a la lucha contrainsurgente y no tanto a la acumulación de tierras. En primer lugar, se presenta una descripción general del municipio de Flandes y de la provincia de Ibagué; en segundo lugar, se abordan aspectos estadísticos del con icto armado en el Tolima; en tercer lugar se analiza la presencia paramilitar en el Tolima, haciendo especial énfasis del caso particular del Bloque Tolima y sus niveles de interacción con las instituciones del municipio, así como sus variadas fuentes de nanciación, teniendo en cuenta que se trató de una de las unidades más importantes en el desarrollo del fenómeno paramilitar en Flandes; por último, se hacen algunas re exiones sobre el caso con relación al despojo de tierras. La hipótesis central plantea que las estructuras paramilitares que hicieron presencia en el municipio de Flandes no se caracterizaron por ser altamente despojadoras debido a que su interés no giraba alrededor de la acumulación de tierras o al usufructo derivado de la transferencia de derechos de propiedad. Sus intereses giraron alrededor del control territorial para el manejo de los recursos provenientes de diversas economías ilegales, tales como el cuidado de cultivos de uso ilícitos, el control del trá co de hidrocarburos y el tránsito de drogas desde los llanos hacia el Pací co y el Caribe colombiano. Para lograr sus objetivos, los grupos paramilitares permearon diferentes niveles institucionales en la subregión a la que pertenece Flandes y en el departamento del Tolima en general, siendo reconocidos y ampliamente demostrados en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como por testimonios de fuentes secundarias y registros sobre el tema.

1. Descripción del municipio de Flandes

El municipio de Flandes es distinguido como La puerta de oro del Tolima, se desarrolló paralelo al crecimiento de la ciudad de Girardot en la zona conocida como El paso de Flandes, espacio que para el año 1906 ya contaba con los primeros moradores, y que formó parte de la jurisdicción del Municipio de Espinal hasta 1949. Se encuentra ubicado en el valle del Río Magdalena, al centro oriente del Tolima. Dista 65 kilómetros de la capital departamental y hace parte de la provincia de Ibagué, una de las seis regiones en que se subdivide el Departamento.1 Los límites municipales son: por el norte con el Río Magdalena y el municipio de Girardot, por el sur con el municipio del Espinal, por el oriente con el Río Magdalena y el municipio de Suárez y nalmente, por el occidente con los municipios de Coello y Espinal.2 Flandes tiene una extensión de 95 km2 de los cuales el 97,6% corresponden a su área rural y 2,4% a su cabecera municipal. Para el año 2013, en el área rural viven aproximadamente 4.102 personas, número que contrasta con las aproximadamente 24.801 personas que habitan en su cabecera municipal, y que suman en total 28.903 habitantes.3 La densidad poblacional es de 279 habitantes por km2.4 El municipio viene creciendo conurbado con los municipios cundinamarqueses de Ricaurte y Girardot, lo que le ha brindado ciertas ventajas competitivas producto de la cercanía con el que fuera el más importante puerto agro-industrial del centro del país, Girardot. Su posición geográ ca lo ubica como espacio de tránsito hacia el pací co, el eje cafetero y el sur occidente colombiano. Dentro de las perspectivas estratégicas planteadas por la administración municipal en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo está la construcción de un aeropuerto de carga en Flandes. La intención es aprovechar las ventajas que tiene la región para la aeronavegación, convirtiéndolo en la terminal aérea de carga más importante del país.5 El turismo se ha convertido como la principal actividad económica de Flandes que posee una importante infraestructura hotelera, el comercio realmente es una actividad circunscrita a su cabecera municipal, pero la actividad agroindustrial produce maíz, ajonjolí, sorgo, arroz y algodón.6 El municipio posee una topografía plana apta en su mayor parte para cultivos mecanizados de riego y para la ganadería. El Gini para propietarios en el 2011 era de 0,79.7 Es importante tener presente, que los datos del Plan de Desarrollo dan cuenta de los predios registrados y no pueden ser concluyentes frente a una alta o baja formalidad de la propiedad sobre la tierra. Las tierras para uso agrícola corresponden al 46,45% del territorio municipal, aproximadamente 4.500 hectáreas; para pastos se destinan en promedio 2.981 hectáreas que corresponden al 30,77%; los bosques contemplan 688 hectáreas, es decir, el 7,10%. De otra forma, en lo que se re ere a la actividad extractiva, ésta se limita a la explotación de materiales de arrastre y de cantera en el río Coello, acción amparada jurídicamente por dos Licencias y una Concesión, otorgadas a la empresa Nacional Minera (Minercol) para tal actividad. Esta explotación se realiza en aproximadamente 1.055 hectáreas.8 En el Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado por medio del Acuerdo 033 de 2002 quedó plasmada la intención de consolidar a Flandes como municipio agroindustrial, inserto en el marco de la ciudad-región, promoviendo un espacio urbano y rural amable e integrado y garantizando un crecimiento ordenado y sostenible.9 Las características referidas anteriormente están condensadas en los objetivos estratégicos del Esquema de Ordenamiento Territorial —EOT— el cual se re ere a Flandes y Girardot como una “Ciudad región creativa en la agroindustria y el cultivo veredal”.

En este punto es importante entender la trascendencia que tiene para la región la modernización del aeropuerto, que posesionaría al municipio como importante centro de acopio y de distribución de mercancías tanto para el interior del país como para destinos del orden internacional. En este marco, el EOT señala como uno de los ejes principales de trabajo, la promoción del aeropuerto, las alianzas públicoprivadas y la inversión en infraestructura vial, para consolidar a Flandes como el principal puerto seco de la región, convirtiéndolo en una alternativa que presentaría ventajas comparadas frente al aeropuerto El Dorado de Bogotá. En este orden de ideas Flandes y la provincia de Ibagué “constituyen para los actores armados una zona de gran signi cado en términos económicos, políticos y sociales debido a que se ubica en el corredor hacia el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura; adicional a esto, en esta zona, se vienen desarrollando los megaproyectos del Túnel, de la Línea y la doble calzada que pretenden acortar el trayecto con el centro y occidente del país e impulsar la realización de proyectos de desarrollo”,10 megaproyectos que potenciarían al Departamento, la Provincia y a Flandes en asoció con el sur occidente colombiano. Evidentemente, para los paramilitares del Bloque Tolima (1999-2005) el control de este corredor estratégico fue de interés prioritario en una coyuntura donde se presentaba una importante ofensiva de la insurgencia en el centro del país. Su dominio estuvo íntimamente relacionado con su propia existencia y con su razón de ser antisubversiva11 ya que le era indispensable tener las posibilidades logísticas y operativas en su interés de contrarrestar la ofensiva insurgente que para ese momento se cernía sobre los alrededores de Bogotá, como desarrollo de la directriz emanada de la VIII Conferencia de las FARC que en 1993 planteaba un cerco a la capital,12 garantizar el ujo logístico —intendencia, avituallamiento, comunicaciones, transporte, salubridad— propio de las actividades bélicas que se desarrollaban, y especialmente, no perder el cobro del “gramaje” al mantener libres de toda injerencia, las vías de salida de narcóticos provenientes de los llanos orientales hacia el Pací co, y que tienen en la zona un paso obligado.13

2. El conflicto armado en el Tolima Basados en la información suministrada por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2002), podemos deducir que el impacto de la confrontación armada en Flandes, entre 1990 y 2001, fue relativamente bajo. El estudio menciona que en dicho periodo se presentaron entre una y tres acciones militares14 (concretamente entre 1999 y 2001) perpetradas por algún grupo armado con presencia en dicho Municipio.15 Por otro lado, entre los años 1998-2001 no se reportaron asesinatos en Flandes cometidos por la guerrilla de las FARC, mientras que en el mismo periodo se registraron entre uno y tres asesinatos adjudicados a grupos paramilitares. Del mismo estudio, se puede concluir que en el periodo 1990-2001 se presentó una alta concentración geográ ca de la violencia en el Tolima que no comprometió a Flandes seriamente.16 Según la Unidad de Víctimas, en Flandes se presentaron 15 homicidios entre 1993 y 1995. Según estos datos, entre 2000 y 2012 podemos establecer un promedio de cinco homicidios por año, veri cándose un incremento en el año 2006 —después de la desmovilización paramilitar— con nueve homicidios. Con estas cifras no podemos establecer una relación precisa entre el incremento o no de homicidios en el

municipio, en el periodo de presencia y accionar paramilitar (1995-2005) del Bloque Tolima.

Grá ca 1. Víctimas por año en el Municipio de Flandes Fuente: elaboración propia, con base en Reportes Unidad de Víctimas, http://www.unidadvictimas.gov.co

En lo que respecta al desplazamiento forzado, según cifras de la Unidad de Víctimas, entre 2000 y 2006 fueron desplazadas de Flandes 107 personas, mientras que entre 2007 y 2014 la cifra se incrementó siendo desplazadas 153 personas.17 Pese a esta situación, el municipio se caracteriza por ser más bien un receptor de población en situación de desplazamiento, que un generador de población en dichas condiciones. Según la base de datos Focalización-Tolima,18 entre los años 1997 y 2011, Flandes recibió un total de 311 personas en condición de desplazamiento forzado, el 40% de dicha personas provienen de municipios de Tolima (28,62%) y Caquetá (10,61%), seguidos por Meta (9,65%), Antioquia (8,04%) y Valle (5,47%). Lo anterior con relación a las cifras de recepción de población desplazada en el municipio. En cuanto a la población víctima de desplazamiento en Flandes, las cifras correspondientes a las personas expulsadas varían según la fuente, es así como, mientras para la gobernación del Tolima las personas desplazadas en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2010 suman un total de 161 personas,19 para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el total de personas desplazadas en el mismo periodo es de 193,20 teniendo una variación de 32 personas. Debido a esto, se toman las estadísticas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —UARIF— porque pueden evidenciar casos que se dieron a conocer después del 2010, fecha en la que se elaboró el informe de la Gobernación. Lo cierto es que hasta el momento “la Fiscalía tiene un registro de que este grupo paramilitar dejó más de mil víctimas durante su actuar criminal entre 1999 y el 22 de octubre de 2005, fecha de su desmovilización”.21 Por su parte, el incremento de las desapariciones y del desplazamiento forzado en el Departamento del Tolima, coinciden cronológicamente con la aparición y auge del proyecto paramilitar de las AUC en gran parte del territorio nacional. Podemos concluir que el fenómeno de desplazamiento forzado en el Tolima tuvo dos picos signi cativos: el primero entre el año 2001 y 2002 con la ofensiva de las AUC, y el segundo entre 2005 y 2008 periodo que coincide con la aparición de la denominada “nueva generación paramilitar” (Bloque Pijao, Los Hombres de Azul, Futuro Verde).22

3. Presencia paramilitar en el Departamento del Tolima A nales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, el cartel de Medellín y narcotra cantes del Norte del Valle del Cauca, iniciaron un proceso de compra intensiva de tierras en los municipios tolimenses

ubicados en la región del Valle del Río Magdalena y la Cordillera Oriental. Al parecer el intermediario principal en estas transacciones fue Eduardo Restrepo Victoria conocido como “El Socio”, narcotra cante, ex miembro del Cartel del Norte del Valle y socio de Wilber Varela. Restrepo fue capturado en el 2006 en una nca de Cundinamarca y extraditado en 2007 a los Estados Unidos.23 Por su parte, Víctor Carranza también se volcó a comprar tierras en la zona norte del departamento.24 Esta compra masiva de tierras por parte de narcotra cantes incentivó en buena medida la conformación de estructuras armadas encargadas de garantizar la seguridad privada, funciones en las cuales terminarían varios de los integrantes del otrora “Rojo Atá”.25 Frente a este antecedente es importante anotar dos aspectos que son relevantes para aproximarse al fenómeno paramilitar en el Tolima: primero, que estas organizaciones surgidas a partir del nanciamiento del narcotrá co a mediados de la década de 1980, tenían entre sus funciones la vigilancia de los cultivos ilícitos que crecieron exponencialmente en el sur del Tolima, especialmente cultivos de amapola y coca; y segundo, que fueron estructuras que vivieron una crisis tras ser fuertemente golpeadas a mediados de la década de 1990 por una ofensiva de las FARC, que las diezmó y expulsó del Sur del Departamento, concretamente de los municipios de Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas. Esta ofensiva de las FARC obligó a estas estructuras a buscar el apoyo de los Castaño, integrando las AUC a partir de 1999. Los narcotra cantes en el Tolima coincidieron en una de sus estrategias: la compra de tierras desvalorizadas por la presencia insurgente y la búsqueda de la revalorización de los predios a partir del desplazamiento de sus estructuras armadas.26 Esta modalidad involucraba también un propósito contrainsurgente, ya que las nuevas tierras eran ocupadas por personas proclives al proyecto paramilitar. Es importante tener en cuenta que ésta no fue una práctica aislada, por el contrario, este patrón de compra-venta con ganancia se repitió en diversos departamentos del país (Bejarano, 1997). En el Departamento del Tolima, estas transacciones se concentraron en “las tierras bajas situadas en el Valle del Magdalena, en el piedemonte de la Cordillera Central, en la zona sur, donde las compras obedecieron a la expansión de los cultivos de amapola. Los municipios donde las compras han sido especialmente notables son Honda y Mariquita hacia el norte del Tolima”.27 A nales de 1990 aparecen en el Departamento del Tolima dos grandes con guraciones paramilitares: las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio —ACMM— al mando de Ramón Isaza Arango, y el denominado Bloque Tolima de la AUC, ligado orgánicamente a los Castaño Gil. Las ACMM iniciaron su penetración en el Departamento bajo el mando de Luis Fernando Gil alias Memo Chiquito, que incursionó desde la Dorada, Caldas, hasta los municipios del norte del Tolima como Fresno y Honda, aprovechando el control que tenía el Frente Omar Isaza28 de la carretera que conduce de Honda a Manizales. Los municipios de mayor in uencia de esta con guración fueron: Palocabildo, Falán, Villahermosa y Casablanca, y su principal área de in uencia se encontraba en el corregimiento de Frías, municipio de Falán.29 Esta estructura de la ACCM fue desplazada “pací camente” a partir del año 2001 por el Bloque Tolima de los municipios de Venadillo y Lérida, durante el proceso de expansión del Bloque de las AUC hacia el norte, llevado a cabo por Juan Alfredo Quenza alias Elías.30

3.1. El Bloque Tolima El Bloque Tolima se originó en el sur del departamento, y tuvo como base inicial los grupos paramilitares previamente constituidos en la zona, como el “Rojo Atá”.31 Esto se logró por parte de la AUC, gracias a la cooptación en el año de 1998 de su jefe, Ernesto Caleño Rubio, conocido como “El Canario”. Caleño Rubio falleció de muerte natural a los 79 años en Ibagué en 2009.32 Según denuncias, dicha estructura, que se mantuvo en el tiempo y el territorio, estuvo aliada con el Batallón Caicedo de Chaparral y se le sindicó de la expansión de gran parte de los cultivos de amapola en el sur del Tolima, así como de adelantar persecución política contra los pobladores de la región durante la década de 1990.33 La estructura del Bloque Tolima contó para su conformación inicial, con la participación de 60 fundadores de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad, más conocidas como Convivir.34 Estas personas habían pasado a la ilegalidad al negarse a entregar el armamento y a desmontar los grupos luego de la disolución de tales cooperativas en 1997.35 La escuela fundacional y de entrenamiento se llevó a cabo en 1999 en las ncas “La 35” en Antioquia y “La Acuarela” en la región del Urabá. Esta escuela fue nanciada por Carlos Castaño y allí participaron 33 personas provenientes de la región, a través de Gustavo Avilés alias El Zorro o Víctor, quien luego asumió al mando de 40 hombres del “Canario”, sobrevivientes de la ofensiva de las FARC en 1999. La estructura quedó constituida o cialmente y su dependencia respecto a la Casa Castaño resultó evidente desde el principio; el propio Carlos Castaño pagó, como contraprestación por sus servicios en el grupo, 300 mil pesos a cada uno de los miembros, Carlos Castaño le asignó el nombre de Bloque Tolima y lo puso bajo el mando de “Elías el Antiguo”, asesinado en marzo de 2002 por Juan Alfredo Quenza alias Elías que le sucedería temporalmente en el mando del Bloque. La conformación del Bloque Tolima como expresión de ejército antisubversivo, representó una ruptura con respecto a las anteriores con guraciones paramilitares, por varias razones: primero, rompió con una línea de mando paternal y “tradicional” propia de agrupaciones como el Rojo Ata, o la liderada por Carlos Cárdenas y otros pequeños propietarios de la zona, sustituyéndola por una línea de mando con una jerarquización propia de un ejército que implicaba dos o tres niveles de mando, división del trabajo, especializaciones, etc.; segundo, la constitución del Bloque Tolima acabó con el carácter local o parroquial de estas estructuras “tradicionales”, insertándolas en una estrategia regional y nacional encarnada en el proyecto de las AUC; tercero, el Bloque Tolima representó una ruptura de carácter generacional, comandantes como “El Canario”, “El zorro” y otros, que coordinaron estructuras de carácter paramilitar por largos años, no alcanzaron el dinamismo que imponían los nuevos tiempos de confrontación contrainsurgente, y poco a poco fueron desplazados por otras personas, por lo general militares de carrera como alias Daniel y Juancho. De acuerdo con la Sentencia 110016000253 - 200883167 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra integrantes del Bloque Tolima en mayo de 2014, el surgimiento de este último estuvo asociado a tres factores: primero, al desmonte del proyecto de Cooperativas de Seguridad Convivir a partir de 1997; segundo, con los contactos hechos por El Zorro con Carlos Castaño, que asumió la nanciación del grupo; y tercero, con el pedido que la élite regional le hiciera a Carlos Castaño para que iniciara actividades a mediados del año 2000. … como estrategia para contrarrestar los núcleos de expansión y control territorial alcanzado por las FARC en la

década de los 90 caracterizada por el alto de nivel de ataques a instalaciones de la fuerza pública, el número de alcaldes amenazados que no despachaban desde sus municipios por amenazas contra sus vidas, el aumento de extorsiones y secuestros a empresarios, comerciantes, agricultores y ganaderos, y el proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC en la zona del Caguán.36

A partir del año 2000 el Bloque Tolima se catapultó y proyectó una estrategia que le permitió generar procesos de asentamiento y expansión en gran parte de los municipios del departamento37 manteniendo in uencia en 30 de los 47 municipios del Tolima. Hizo presencia en municipios tales como Guamo, San Luis, Valle de San Juan, Ortega, Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles, Planadas, Ataco, Natagaima, Puri cación, Prado, Dolores, Cajamarca, Ibagué, Espinal, Melgar, Icononzo, Carmen de Apicalá, Flandes y Coello. Como característica central del Bloque Tolima podemos resaltar que mantuvo su orientación antisubversiva. No fue coincidencia que asentara sus estructuras en los territorios de in uencia de las FARC en el sur y del ELN en el norte del departamento. Uno de sus objetivos prioritarios fue la recuperación para el proyecto paramilitar de los territorios que históricamente han sido in uenciados por las FARC en el sur básicamente Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas.38 Consecuentemente su accionar afectó corredores de aprovisionamiento, de la base social de la insurgencia, pero también a expresiones organizativas de las comunidades que fueron cali cadas de “subversivas” y sometidas a persecuciones que incluyeron torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.39 Para el año 2000 la línea de mando del Bloque Tolima estaba conformada de la siguiente manera; Gustavo Avilés Rodríguez alias Víctor o El Zorro como primer comandante de zona, segundo comandante alias Elías, comandante militar alias Sebastián, comandante de tropa Carlos Orlando Lasso alias Mauricio, comandante nanciero alias Edgar, tercero al mando y comandante militar alias Arturo o Perro de Monte y como Patrulleros alias Chirry alias Amarillo y alias Vaca. En el 2001 muere de forma violenta alias El Zorro o Víctor, hecho que obliga a Carlos Castaño a designar a alias Elías como comandante del Bloque que contaba para ese entonces con aproximadamente 60 hombres organizados en seis escuadras (ver grá ca 2).40

Grá ca 2. Estructura del Bloque Tolima, 2000

Aprox. 60 hombres organizados en 6 escuadras, entre ellos los Patrulleros: alias «Chirry», alias Vaca» y alias «Amarillo». Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias.

A mediados de 2001, alias Elías atendiendo orientaciones de Carlos Castaño, comenzó la expansión del Bloque hacia el norte, lo que suscitó varios enfrentamientos con las ACMM y dos reuniones de carácter conciliatorio promovidas por Castaño: la primera, a mediados del año en el Urabá y la segunda a nales de 2001 en la Danta, Antioquia. En esta coyuntura, las ACMM saldrían de nitivamente del Tolima (2002) y aparecería en escena Diego Martínez Goyeneche alias Daniel, quien más tarde sería el Comandante del Bloque Tolima. Como parte de los acuerdos con las ACMM, estas últimas dejaron aproximadamente 30 hombres para la conformación inicial del Bloque Tolima bajo el mando de Carlos Castaño.41 En abril de 2002, “Daniel” programó una escuela de adiestramiento en la Hacienda El Tabor, localizada en el Municipio de San Luis, y cuyo instructor principal fue Atanael Matajudíos Buitrago, un ex cabo segundo del Ejército conocido como “Juancho”, “Pedro”, o “Pablo”, que fue contactado por los paramilitares del Bloque Tolima para que sirviera de instructor a 60 paramilitares en dicha escuela. Esta tarea de instrucción la desarrolló alias Juancho junto a Mauricio Arias Pérez alias Mateo y José Alberto García alias El Teniente. 42 Matajudíos Buitrago es el único de los comandantes paramilitares del Bloque Tolima que queda con vida (2014).43 Según declaró ante las autoridades, su intención en ese momento, no era vincularse con el grupo paramilitar, pero admitió que lo hizo, cuando “Daniel” le propuso ser jefe de escuadra e incursionar en el norte del Tolima. 44 El reparto territorial estaba ligado estrechamente a todo un sistema de incentivos que se desprendía de una relación de dependencia que existía frente a Carlos Castaño, al que se le rendían cuentas de manera periódica y que determinaba la distribución del territorio entre unos “profesionales de la guerra” que a su vez implicaba un reparto de las rentas producto de las actividades ilícitas. Este tipo de reparto del territorio no acarreó mayores contradicciones entre los paramilitares del Tolima, donde incluso las ACMM acataron sin problemas las disposiciones de Castaño. En el año 2003, alias Daniel comandaba 350 paramilitares, distribuidos en dos frentes: el Frente Norte “Carlos Cárdenas” que quedó a cargo de alias Juancho y delinquió en los municipios de Piedras, Murillo, Lérida, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Santa Isabel y Líbano; y el Frente Sur “Elías Quenza”, a cargo de Floriberto Amado Celis alias 30-30 que delinquió en los municipios de Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Saldaña, Puri cación, Prado, Dolores, Natagaima, Coyaima, Ortega, Chaparral, Flandes, Espinal, Coello, Suárez, Melgar, y parte de Icononzo; el diseño estructural contemplaba en la capital tolimense una “red urbana”, cada frente conformado tenía una estructura militar, una nanciera, una urbana, una rural y una de comunicaciones.45 En ese momento, en 2003, alias Juancho cumplía funciones como responsable del Frente Norte y segundo Comandante del Bloque Tolima. La dependencia del Bloque Tolima respecto a Carlos Castaño era de tal magnitud, que tras la muerte del jefe paramilitar, en 2004, y una vez perdido el apoyo de lo que se conocía como “la Casa Castaño”, la estructura se debilitó enormemente. Esta situación condujo a dicha estructura a hacer un pacto con Miguel Arroyave “El Arcángel”, amigo de Carlos Castaño y comandante del Bloque Centauros de las AUC, que en ese momento buscaba la expansión de su estructura paramilitar hacia el centro del país.

En dicho pacto, “Daniel” y el Bloque Tolima recibieron apoyo económico a cambio de ceder algunos hombres y el control de algunos municipios al Bloque Centauros comandando por Arroyave.46 Los municipios que entregaría el Bloque Tolima para la conformación del Frente Tequendama de Centauros serían: Girardot, Flandes, Melgar, Carmen de Apicalá, Suárez e Icononzo. Esta versión puede ser corroborada con el informe presentado por el Programa presidencial para los derechos humanos (2005), que con rma que en agosto de 2004 el Bloque Tolima fue comprado por el entonces comandante de esta organización, por una suma cercana a los cuatro millones de dólares.47 Arroyave fue asesinado en septiembre de 2004 por sus lugartenientes y el Bloque Centauros se desmovilizó un año después. Al respecto es importante señalar que según denuncia hecha por el paramilitar alias Eduardo, la desmovilización de 207 paramilitares del Bloque Tolima en 2005 hizo parte de un montaje, ya que el Bloque solamente estaba constituido por 60 personas, pero para la desmovilización se completaron 207 a partir de ciudadanos que fueron reclutados por alias Daniel “para hacer más importante la ceremonia de entrega”.48 3.2. Relación del Bloque Tolima con las autoridades locales De acuerdo con lo compendiado en los procesos de Justicia y Paz, el Bloque Tolima se alió con varios políticos “para apoderarse de las administraciones locales y de los recursos de la contratación pública”.49 A raíz de este fenómeno, varios burgomaestres han sido señalados ante la Fiscalía por los paramilitares. Es el caso de Juan David Betancurth, alias Walter que implicó, entre otros, al Señor José Luis Suarez (Alcalde de Suarez) señalándolo de ganar la alcaldía municipal con dineros del Bloque Tolima. De igual forma, el paramilitar sindicó al Señor Suarez de mandar asesinar a la ex concejala Olga Rodríguez y al ex alcalde Pedro Fuentes Niño por supuestos vínculos con la insurgencia de las FARC. Son estas pruebas las que permitieron a la justicia condenar a “varios líderes tradicionales de la región por sus vínculos con las autodefensas, entre ellos, al ex senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, los ex representantes Javier Ramiro Devia,50 Gonzalo Angarita y varios alcaldes”,51 entre ellos los de Suarez, Coello y Girardot, municipios colindantes de Flandes. En versión libre, el paramilitar Ricaurte Soria Ortiz, alias Orlando Carlos, ex jefe nanciero y militar del Bloque Tolima, detalló de qué manera los paramilitares se tomaron por lo menos 12 alcaldías del Departamento, en donde las administraciones aportaban dineros “voluntariamente o bajo presión” y recursos de todo tipo al Bloque Tolima. Las declaraciones hechas a las autoridades por alias Walter, responsable de la estructura que operaba en Flandes, evidencian el grado de convivencia entre autoridades municipales y estas unidades paramilitares. Tengo muchos alcaldes amigos. A ellos ese estatus político se lo dimos nosotros. Fue un pacto entre nosotros y los políticos. Les colaboramos económica y militarmente, por eso son alcaldes hoy en día, gracias a la organización. Jorge Enrique Suárez, el alcalde de Suárez, es amigo de la organización, muy allegado a las AUC, lo conocí en el 2002, era candidato a la alcaldía de Suárez. Intimidé a la gente para que votara por él y le presté una plata para que invirtiera en su campaña. Hicimos un compromiso para que me diera el 10 por ciento de los contratos. También nos suministró información contra la subversión. El municipio de Suárez es corredor del frente 25, por donde cruzan los secuestrados. El Alcalde tenía conocimiento sobre la gente que tenía vínculos con las FARC y nos entregó la información.52

En lo que se re ere a la relación establecida entre militares o fuerzas policiales y unidades paramilitares

del Bloque Tolima, vale la pena recordar las declaraciones del comandante de esta estructura, “Daniel”,53 cuando exponía que el Coronel Ciro Chitiva y Danilo Gonzáles, comandantes de Policía en el Tolima; el capitán Camilo Rodríguez, comandante de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibagué; el o cial Eduardo Calderón del CTI y el Capitán Andrés Perdomo de la Fuerza Área fueron presuntamente colaboradores de esta agrupación.54 De igual forma, según alias Orlando Carlos “en una oportunidad en que él resultó herido en un combate fue evacuado en un helicóptero del Ejército. Y agregó que en muchas oportunidades, tras adelantar combates con la guerrilla, los paramilitares heridos eran llevados a los hospitales de la región sin que la Policía los detuviera”.55 Otro hecho relevante que con rmaría la convivencia del Bloque Tolima con la institucionalidad, son las declaraciones del paramilitar alias Eduardo con respecto a la manera como se gestionó la incorporación de decenas de personas que no hacían parte del Bloque, entre ellos habitantes de la calle, que fortalecieron la estructura, meses previos a la desmovilización paramilitar (2005). Según declaraciones de “Eduardo”, … en la primera reunión que se sostuvo estuvo el señor Coronel Hugo Castellanos, el señor Coronel Alejandro Albarracín que era el enlace del Alto Comisionado para la Paz, Eduardo Restrepo Victoria alias “El Socio”, estuvo el comandante “Daniel”, estuvo el Comandante “Juancho”, también estuvo el señor Coronel Ariza que era el comandante regional de inteligencia de la época. También le dijo a la scalía que los uniformes, las reatas y hasta los emblemas del Bloque Tolima, los entregaron miembros del Ejército.56

3.3. Financiamiento de la estructura paramilitar Las indagaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación referidas a las nanzas del Bloque Tolima, corroboran que las actividades destinadas a la nanciación de la estructura fueron manejadas de manera directa por el Comandante “Daniel” y por el segundo al mando del Bloque alias Juancho. El recaudo contemplaba las extorsiones a ganaderos, arroceros y comerciantes de la región, que corría por cuenta de “Juancho”; mientras Diego José Goyeneche, alias Daniel, administraba el dinero producto “del hurto de hidrocarburos, las bandas de piratería terrestre y los dineros del narcotrá co”.57 Con relación al tipo de relación establecida entre la unidad paramilitar y narcotra cantes como “El Socio” y el cartel del norte del Valle, la Fiscalía dice que en los municipios de in uencia —Flandes entre ellos—, los paramilitares “cobraban una vacuna por gramaje a los narcotra cantes, por la droga que se producía o que se transportaba por la zona”.58 De otra parte “ninguno de los postulados (ley de Justicia y Paz) de este Bloque desconoce la cercana relación entre Goyeneche y el narcotra cante cercano al cartel del Norte del Valle, Eduardo Restrepo Victoria alias El socio, por el contrario, son recurrentes las referencias a su amistad con el narcotra cante”.59 Esta relación es la que le da fuerza a versiones que sostienen que en este momento supuestamente fueron nanciados por Victoria, que en representación del Cartel del Norte del Valle pretendió comprar el Bloque, como supuestamente lo hizo posteriormente Miguel Arroyave comandante del Bloque Centauros. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que cuando la Corte Suprema pro rió sentencia condenatoria contra el exsenador de la Republica Luis Humberto Gómez Gallo, a rmó que “Existe un número de testimonios que relatan las relaciones que existieron entre el Bloque y alias ‘El Socio’, de quien algunos a rmaban, era el dueño del Bloque Tolima. En este proceso se estableció que Eduardo Restrepo Victoria

sufragaba gran parte de la nómina del Bloque”.60 Otras de las modalidades de nanciamiento de esta conformación criminal era el robo de combustibles, la extorsión y lo que algunos consideran como aportes voluntarios. Según versiones “el bloque recibía en promedio 150 millones de pesos mensuales, que eran destinados al pago del salario de sus integrantes. Las armas y las municiones las suministraba Carlos Castaño”.61 3.4. Estructura paramilitar en Flandes Aunque hemos anotado que la violencia política en el Tolima se ha presentado como un fenómeno crónico y extendido en el territorio a casi la totalidad de municipios, Flandes es distante geográ camente y de alguna manera también culturalmente, del sur y del occidente del Tolima, zonas donde históricamente se han concentrado la mayoría de sucesos referidos a la violencia política en el Departamento. Esto no quiere decir que el Municipio haya estado exento de la presencia y afectación del accionar de actores armados. El presente trabajo corrobora la presencia paramilitar en Flandes como parte de una estrategia de control del valle del Magdalena, que no puede ser dislocada de la versión de control territorial mantenido tanto por el Bloque Tolima como por las AUC, y de su percepción de conformación de Ejército antisubversivo. Flandes se encuentra en una región disputada por los actores del con icto armado colombiano por décadas. La insurgencia, los paramilitares y la fuerza pública han combatido en el Departamento del Tolima por el control de los corredores de movilidad hacia los departamentos del Cauca por el suroccidente, y el Huila y Caquetá por el suroriente. Esto se explica por la posición geoestratégica del Municipio y región, con relación al centro del país y por la posición geográ ca privilegiada que tienen al intercomunicar diferentes zonas de Colombia. Estas características geográ cas, económicas y sociales hicieron importante a Flandes y su región, dentro de la estrategia paramilitar del Bloque Tolima. No obstante, en la disputa paramilitar de esta parte del Río Magdalena, también con uyeron paramilitares de estructuras de Cundinamarca y de los Llanos Orientales como el Bloque Centauros.62 Con respecto a la presencia paramilitar en Flandes podemos anotar que el Bloque Tolima destacó una de sus estructuras a la región oriental del Departamento a partir del año 2001. Tal estructura mantuvo in uencia en los municipios de Espinal, Coello, Chicoral, Gualanday, Flandes, Girardot, Melgar, Villarrica, Icononzo, Carmen de Apicalá y Suárez.63 Según versión de Juan David Betancurth, alias Walter, comandante militar y nanciero del Bloque en el Oriente, fue en el año 2002 cuando asumió la jefatura de la región por orden de alias Daniel. Una de las actividades desarrolladas por los paramilitares fue la constitución de pactos con políticos regionales, y connatural a esto la persecución de opositores.64 Un caso que llama la atención frente al accionar y la presencia de paramilitares en Flandes, es el del reclutamiento forzado llevado a cabo en 2004. El hecho evidencia la presencia de paramilitares en el Municipio, al parecer del Bloque Centauros. En esta ocasión fueron secuestrados —según testigos— cerca de 40 jóvenes del Municipio, muchas de estas personas nunca volvieron a aparecer, aparecieron muertos o fueron capturados en combates sostenidos entre el Ejército y grupos de autodefensa del Casanare.65 Las estructuras paramilitares que hicieron presencia en el municipio de Flandes no se caracterizaron

por ser altamente despojadoras (por lo menos no se conoce información hasta el momento que permita a rmar lo contrario), debido a que su interés no giraba alrededor de la acumulación de tierras o al usufructo derivado de su uso. Sus intereses estaban más bien enfocados en el control territorial para el manejo de los recursos provenientes de diversas economías ilegales, tales como el cuidado de cultivos de uso ilícitos, el control del trá co de hidrocarburos y el tránsito de drogas desde los llanos hacia el Pací co y el Caribe colombiano. En este sentido, las alianzas construidas tanto con actores legales como ilegales estuvieron orientadas a facilitar la extracción de rentas, a la provisión de seguridad privada y a la lucha contrainsurgente.

Conclusiones Las diferentes unidades paramilitares que hicieron presencia a lo largo de la historia en el Departamento del Tolima, y particularmente en Flandes, tuvieron un marcado rasgo anticomunista y fueron la base propicia para la constitución de una versión de ejército antisubversivo encabezado por Carlos Castaño a través de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el desarrollo del fenómeno paramilitar en Flandes se identi can cuatro tipos de unidades paramilitares que operaron desde 1964 hasta 2005 en etapas que se pueden distinguir así: La primera etapa (1964-1980) estuvo caracterizada por la presencia de unidades paramilitares que tuvieron un especial impulso del estado y que mantenían un marcado sentido anticomunista; se trataba de unidades con un sólo nivel de mando, el cual generalmente estaba reservado para el “dueño del emprendimiento” (como por ejemplo el grupo de “Mariachi”). El segundo momento (1985-1995) se relaciona con un cambio brusco en la economía del municipio producto de la llegada a la región de grandes narcotra cantes que conforman grupos de Seguridad Privada en los cuales se recicla a antiguos informantes del ejército en la zona. Estas unidades seguían teniendo un solo nivel de mando, a veces dos, pero su función central fue la de brindar seguridad a cultivos de uso ilícito, así como también preservar a los hacendados y narcotra cantes de posibles extorsiones y robos por parte de la guerrilla y la delincuencia común. El n de este periodo está marcado por una gran ofensiva de las FARC contra dichas estructuras, ofensiva con la cual desaparecerían prácticamente del sur del Tolima y se atomizarían entrando en una grave crisis. El tercer momento del fenómeno (1999-2005) se caracteriza por la constitución de una versión de ejército antisubversivo articulado a las AUC, formado militar y políticamente por Carlos Castaño en dos “escuelas militares” en el Urabá y con rasgos de disciplina propios de una estructura de estas características. Sus líneas de mando alcanzaron los tres niveles e incluso más. La estructura inició operaciones con unos 60 hombres y se desmovilizó con 207 en el año 2005. El cuarto momento (2004-2005) se da tras la crisis que vive la estructura del Bloque Tolima que queda aislada tras la muerte de Carlos Castaño y decide vender una parte de la estructura (la que corresponde a Flandes) a Miguel Arroyave. Luego de la transacción, que tuvo lugar en el 2004, se crea el Frente Tequendama con presencia en Flandes. La presencia de este frente paramilitar fue esporádica pues sólo existió formalmente durante un año, conservó los rasgos militares y orgánicos del Bloque Tolima pero enfocó sus intereses en asegurarse el control de esa ruta geoestratégica para el tránsito de drogas desde los

llanos orientales hacia el pací co y el centro del país.66

Referencias Bejarano, J. A.; C. Echandía, R. Escobedo y E. León. (1997). Colombia Inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, FONADE. Observatorio del Programa presidencial de derechos humanos y DIH. Panorama Actual del Tolima, 2005. Plan de Desarrollo Municipal de Flandes. “Flandes Renace con Prosperidad 2012 - 2015”. Recuperado el 28 de septiembre de 2014 de cdim.esap.edu.co/BancoMedios/.../ andestolimapd20122015.pdf Revista Semana. (1998). Las autodefensas somos la gran esperanza, n. 850, 17 de agosto.

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Capítulo 7 Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y su afectación sobre los derechos de propiedad rural en Cimitarra, Santander Jenniffer Vargas Reina* Silvia Juliana Becerra Ostos**

* Docente de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia y de la Ponti cia Universidad Javeriana. Investigadora de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. ** Politóloga y Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Docente asociada de la Universidad Pedagógica Nacional y catedrática de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Se encuentra vinculada a un proyecto de investigación sobre vidas campesinas.

Introducción En este capítulo se analizan las características organizacionales de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá —ACPB— comandados por Arnubio Triana Mahecha alias Botalón y su relación con el despojo de tierras. Se concluye que las ACPB se asocian al tipo de ejército antisubversivo y buscador de rentas descrito por la tipología de Gutiérrez (2014) y que no es una unidad altamente despojadora. Esto se explica por el tipo de motivaciones que orientaron su liderazgo y a sus condiciones organizacionales. Si bien no se ha encontrado evidencia empírica que permita constatar lo contrario, sí es claro que su accionar afectó de diversas maneras la regulación sobre los derechos de propiedad agraria de los campesinos de Cimitarra. Para llevar a cabo este análisis se describen, en primer lugar, las características generales del municipio, posteriormente se aborda la dinámica del con icto armado en Cimitarra y en el Magdalena Medio. En tercer lugar se describen las características organizacionales de las ACPB. Y nalmente se exponen las conclusiones sobre la relación de la unidad paramilitar con la regulación de derechos de propiedad rural.

1. Características generales del municipio de Cimitarra Cimitarra es un municipio de Santander, ubicado en la región del Magdalena Medio. Es de cuarta categoría habitado por 43.584 habitantes, y tiene una extensión de 3.165,94 km2. La mayor parte de su área es rural 3.165,06 km2 y solo un 0,88 km2 corresponde al área urbana. Actualmente la mayoría de su población vive en la zona rural 26.219 habitantes, mientras que 17.365 viven en la cabecera municipal.1 El territorio que corresponde al actual municipio de Cimitarra se colonizó intensamente a partir de la década de 1940.2 Buena parte de los colonos eran campesinos desplazados por la llamada violencia liberal - conservadora, que llegaron de la Región Andina, principalmente de los departamentos de Santander, Tolima y Antioquia. Ellos establecieron una economía de subsistencia siguiendo la técnica de tala y quema

de bosques que les permitía volver las zonas boscosas en tierras aptas para la agricultura y la ganadería. No obstante, después de obtener unas pocas cosechas, se vieron abocados a vender su parcela e iniciar nuevamente el ciclo de tumba del bosque, las parcelas fueron obtenidas por terratenientes que, en su mayoría, establecieron ncas de ganadería extensiva.3 En la década de 1980 con la aparición de los dineros provenientes del narcotrá co y la construcción de la carretera troncal Carare-Opón del Magdalena Medio, se valorizaron las tierras de la región y se aceleró el desplazamiento de la economía campesina y de los ganaderos tradicionales por los agentes de la nueva ganadería para consolidar de manera de nitiva la actual forma, tenencia y explotación de la tierra del municipio. De hecho, la ganadería es la base económica del municipio, se presenta en todas las zonas, genera los productos exportables como son el ganado en pie, leche y quesos. La tierra en pastos ocupa el 92% de la tierra en uso y el 86,58% del área municipal.4 Cimitarra tiene actualmente un Gini de tierras de 0,65; casi estable con relación al año 2000 que alcanzó un Gini de 0,67. Su estructura de la propiedad permanece constante con 45% del área del terreno bajo gran propiedad y un 50% bajo mediana propiedad (IGAC, 2012). Los más cercanos son en su orden Puerto Wilches y Barrancabermeja.5 Su condición de tierra de colonización ha generado una forma de poblamiento denso sobre la periferia del municipio y una gran área central de ganadería de pastoreo, prácticamente deshabitada.6 Además de la ganadería existen otras dos fuentes de ingreso, sobre todo para los pequeños campesinos: de una parte, la economía campesina de subsistencia, que se dedica al cultivo de productos de pancoger, principalmente cacao, maíz, yuca y plátano, que ocupan solamente un 2,31% del área cultivada. Las veredas con predominio de unidades productivas de economía campesina también cuentan con ganadería aunque en pequeña escala. La economía campesina genera muy bajo ingreso familiar y por tanto es donde se localiza la mayor parte de la población con necesidades básicas insatisfechas (67,5% de la población del municipio) este bajo nivel de ingreso está determinado por dos factores: la baja productividad de sus cultivos y la adversa comercialización de los productos.7 En segundo lugar, la explotación maderera.8 En el municipio existen manchas de bosques con maderas comercializables que son aprovechadas por los campesinos, pero, al igual que en la agricultura, el precio lo establecen los intermediarios, y por esta razón el ingreso monetario neto que recibe el campesino es muy bajo, después de descontar el costo de compra y mantenimiento de la motosierra, los etes de las mulas que transportan la madera, los jornales invertidos en la tumba de árboles y aserrío, el transporte automotor y trámites legales, cuando se realizan.9

2. El conflicto armado y el surgimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio El con icto armado en Cimitarra se ha caracterizado por el accionar de diversos grupos guerrilleros, una respuesta represiva por parte del estado y por ser epicentro del surgimiento y consolidación de varios grupos paramilitares. La guerrilla de las FARC hizo presencia en el municipio desde 1967, primero con el frente IV, comandado por Ricardo Franco y desde 1980 con los frentes XI, XII y XXIII. También estuvo el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, desde nales de la década de 1960 al mando de Ricardo Lara Parada quien

lideró la famosa toma del Cerro del Indio en Cimitarra en 1976.10 Durante sus primeros años el Frente IV de las FARC construyó “una base social poli clasista” en la región del Magdalena Medio, caracterizada por “mantener buenas relaciones” tanto con notables de la región como con el resto de la población (Gutiérrez y Barón, 2006, p. 286). Las FARC cobraban una “vacuna” a los ganaderos a cambio de controlar y sancionar el abigeato y mantener la zona libre de delincuentes comunes, al tiempo que mantenían un cierto orden social y un discurso de cambio entre los campesinos. Varios autores señalan que durante este tiempo hubo una relación “armónica” por parte de los ganaderos, algunos ricos rurales de la zona y campesinos con las FARC. De hecho Ronderos (2014) señala que los Pérez (Gonzalo de Jesús y Henry) conseguían municiones del ejército para dárselas a las guerrilla hasta cuándo las FARC comenzó a hacer extensivo el secuestro a ganaderos en aras de ampliar sus fuentes de nanciamiento (Ronderos, 2014). Por su parte Medina (1990) y Gutiérrez y Barón (2006), atribuyen la ruptura de esa relación entre ganaderos y FARC en Puerto Boyacá al surgimiento del frente 11 (a partir de una división del frente IV) y sus prácticas extorsivas contra los terratenientes para cumplir con los objetivos establecidos por el Secretariado de las FARC de garantizar su propio mantenimiento y colaborar con el sostenimiento nanciero de la estructura nacional de la organización (Gutiérrez y Barón, 2006, p. 286).11 Desde nales de la década de 1960, la respuesta del estado en la zona del Magdalena Medio frente al accionar guerrillero fue la asignación de alcaldes militares (Cimitarra tuvo siete entre 1967 y 1972), la militarización de la zona, y la puesta en marcha de una campaña contrainsurgente que terminó afectando gravemente los derechos humanos de los civiles y avalando la privatización de la seguridad en manos de grupos paramilitares. La militarización de toda la Región del Magdalena Medio se concretó en la presencia del Batallón Santander ubicado en Ocaña, de la Brigada XIV del Ejército —inicialmente en Cimitarra y luego en Puerto Berrio— y el Batallón Rafael Reyes Nº 38, ambos en el municipio de Cimitarra, el Batallón Bombona´ en Puerto Berrio, el Bárbula en Puerto Boyacá, y el Luciano D’elhuyer en San Vicente de Chucurí. El manual de contrainsurgencia de la época señalaba que la población sería atacada como parte de la estrategia de guerra contra la subversión. Para extirpar la organización terrorista del seno de la población, ésta será duramente atropellada, reunida, interrogada y requisada. Tanto en el día como en la noche, soldados armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pací cos para proceder a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que tendrán que sufrir todos los ciudadanos (…) Pero bajo ningún pretexto, un gobierno puede en este aspecto dejar que surja una polémica contra las fuerzas del orden que solo favorecerá a nuestro adversario (…) La operación policiva será por tanto una verdadera operación de guerra.12

Las Fuerzas Militares impulsaron una estrategia de represión contra la población en el marco de los estados de sitio, que les permitía desarrollar consejos verbales de guerra contra civiles acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla sin garantías para la justa defensa. También los campesinos fueron obligados a identi carse con un “carnet” que debían obtener en el batallón de su jurisdicción para poder transitar de un municipio a otro. La población “debía informar los motivos de situaciones tan cotidianas como la visita de un familiar, la compra de cualquier medicamento de uso doméstico o el envío o recepción de correspondencia”.13

En el marco de dicha estrategia, también hubo detenciones arbitrarias, interrogatorios, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.14 Las principales modalidades de Crímenes de Lesa Humanidad entre 1966 y 1982 en el Magdalena Medio, tienen un carácter institucional por ser implementadas por organismos estatales, principalmente, las fuerzas militares y de policía y los organismos de inteligencia del Estado, quienes autorizados por normas de orden público expedidas en el marco del estado de sitio, estaban legitimados para privar de la libertad a todo aquel que consideraran como sospechoso y someter a la población a largos interrogatorios, creando así espacios propicios para la comisión de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.15

Las violaciones a los derechos humanos contra líderes sociales, políticos de izquierda de los movimientos (UNO, A Luchar, MRL) y campesinos fueron permanentes en la zona del Magdalena Medio santandereano.16 Cifras conservadoras señalan que para 1983 se habían cometido 800 ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento de 1500 familias en la región del Magdalena Medio (García, 1999, p. 54). Los primeros grupos paramilitares en la zona fueron motivados y auspiciados por los militares en el marco de dicha estrategia contrainsurgente. En la región y particularmente en el municipio de Cimitarra, se puede hablar de tres tipos de unidades paramilitares en tres etapas diferenciadas: En una primera etapa hacia nales de la década de 1970, surgen unas primeras estructuras de escuadrones de la muerte promovidas por los militares y conformadas por especialistas en violencia y campesinos de autodefensa. En una segunda etapa, desde 1982 hasta 1991, se forma una segunda estructura de gobernanza de élites rurales bajo el dominio de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio —ACDEGAM— que logra aglutinar los grupos paramilitares sueltos en la zona del Magdalena Medio y termina con la desmovilización del grupo paramilitar bajo el mando de Ariel Otero. Y una tercera etapa en la que se establecen dos estructuras claramente diferenciadas: las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), que se caracterizan por ser un modelo de ejército antisubversivo y rentista bajo el mando de Botalón; y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio más afín al modelo tradicional bajo el dominio de Ramón Isaza (el Patrón). En este estudio sólo profundizaremos en las ACPB de Botalón que fueron las que hicieron presencia en Cimitarra y serán abordadas en el siguiente apartado. Las primeras unidades de las que se tiene conocimiento en la zona fueron conformadas por especialistas en violencia vinculados con la Fuerza pública hacia nales de la década 1970.17 En el caso de Cimitarra, fue un grupo que se hacía llamar Movimiento Democrático Armado contra la Subversión, conformado por miembros del Batallón Rafael Reyes y algunas escuadras de autodefensa creadas por el Comandante Néstor Espitia Sotelo.18 En Cimitarra también hizo presencia un grupo de paramilitares que había sido organizado por el inspector de policía Isidro Carreño en la inspección de policía de San Juan Bosco La Verde del municipio vecino de Santa Helena del Opón, con el apoyo del Comando Operativo Nº

10.19 Dicha relación entre la fuerza pública y el surgimiento de grupos paramilitares fue denunciada en 1983 en un informe de la Procuraduría, en el que se establece que 59 miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas estaban vinculados con la conformación de la estructura paramilitar Muerte A Secuestradores —MAS—.20 En dicha lista aparecían tres miembros del comando 10 con sede en Cimitarra.21 Estos y otros grupos paramilitares como Los Escopeteros de Ramón Isaza en Puerto Triunfo y las autodefensas de Don Chepe en la Dorada fueron aglutinados por los paramilitares de Puerto Boyacá bajo el mando de los Pérez durante los primeros años de la década 1980. Dicho grupo referido en la literatura como el Modelo ACDEGAM, responde más al tipo de estructura de gobernanza orgánica de élites rurales por el papel que jugaron los grandes ganaderos y terratenientes en la privatización de la seguridad, en la comandancia de la estructura, su nanciamiento durante los primeros años y el desarrollo del emprendimiento (Gutiérrez, 2014), que logró expandirse durante la década de 1980 a toda la zona del Magdalena Medio, incluido el municipio de Cimitarra. Esta estructura paramilitar surgió por iniciativa del ejército, del coronel Jaime Sánchez Arteaga y del alcalde militar de Puerto Boyacá, Óscar de Jesús Echandía, quienes invitaron a ganaderos de la región, a un esmeraldero y a un criminal a armarse frente a los ataques de la guerrilla (Gutiérrez y Barón, 2006). La Jefatura fue asumida por los ganaderos Gonzalo de Jesús y Henry Pérez, quienes además crearon en 1984 la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio ACDEGAM (de ahí el nombre de este emprendimiento) a través de la cual se desplegó una red de cooperativas, escuelas, farmacias, estructuras que les permitieron ganar simpatía de pobladores de la zona y que les sirvió como fachada para el nanciamiento de las actividades militares y para realizar labores de inteligencia. Además de organizarse como un actor social y contar con el respaldo del batallón Bárbula,22 los paramilitares de Puerto Boyacá establecieron una alianza con una facción del partido liberal afín a las ideas anticomunistas.23 Sus líderes fueron Pablo Emilio Guarín24 y Luis Rubio25 este último fue el primer alcalde popular del municipio de Puerto Boyacá, elegido en 1988. También fueron representativos Luis Antonio Meneses e Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, quienes crearon el Movimiento de Restauración Nacional —MORENA—26 prontamente desprestigiado por su estrecha relación con el paramilitarismo. El tercer actor de esta coalición paramilitar del modelo ACDEGAM fue el narcotrá co que tuvo una participación más activa a partir de 1985 debido a la crisis scal de ACDEGAM y la compra de tierras por parte de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar y otros narcos que requerían protección y vigilancia (Gutiérrez y Barón, 2014, p. 290). Dicha nanciación fortaleció el poder militar y permitió la expansión del Modelo ACDEGAM a toda la zona del Magdalena Medio, pero generó un distanciamiento con los inspiradores del emprendimiento paramilitar, es decir, con los grandes ganaderos que vieron debilitada la protección ejercida por los paramilitares e incluso muchos de ellos fueron asesinados o desterrados (Gutiérrez y Barón, 2006). Tras la muerte de los Pérez, Luis Antonio Meneses Báez,27 alias Ariel Otero, asumió como comandante, y con él comenzó el proceso de desmovilización en 1991 mediante el cual se puso n a una primera etapa de esa organización criminal.

Entre los factores que favorecieron el surgimiento y consolidación de este modelo están: a) la existencia de unos diseños institucionales que permitían la conformación de grupos de autodefensa de civiles, que podían portar armas y apoyar la acción de la fuerza pública en lo respectivo a la seguridad; b) la iniciativa del ejército y miembros de la fuerza pública para promover la creación de grupos de seguridad privada y brindarles apoyo militar y operativo; c) las motivaciones y capacidades de las élites rurales (ganaderos y facción del partido liberal) para liderar este emprendimiento ante los ataques de la guerrilla. La acción paramilitar del modelo ACDEGAM generó un exterminio de los movimientos de izquierda que llegaron a tener alguna importancia en la región. Se cometieron masacres, desapariciones, torturas, homicidios, contra políticos y líderes sociales. De hecho los Castaño recibieron asesoría y entrenamiento de los líderes de ACDEGAM para la inaugurar la práctica de las masacres en otras regiones como el Urabá Antioqueño (Barón, 2011). El exterminio físico estuvo acompañado del discurso anticomunista y de la imposición de “Puerto Boyacá como la capital antisubversiva de Colombia”. Tabla 1. Masacres ocurridas en el municipio de Cimitarra entre 1980 y 2000 Fecha ocurrencia No. de víctimas mortales

Autores

Organización

10/01/81

4

Grupo guerrillero

29/07/82

9

Grupo paramilitar

25/08/82

6

Grupo paramilitar

02/02/83

4

Grupo paramilitar

25/04/83

6

Grupo guerrillero

27/04/83

6

Grupo paramilitar

28/04/83

6

Grupo guerrillero

11/05/83

4

Grupo paramilitar

13/05/83

7

Milicias, escuadrones de la muerte, sicarios

24/05/83

5

Grupo paramilitar

09/06/83

5

Grupo paramilitar

19/06/83

5

Grupo guerrillero

21/06/83

4

Grupo paramilitar

13/07/83

12

Grupo paramilitar

20/07/83

8

Grupo paramilitar

22/07/83

8

Grupo paramilitar

24/10/83

7

Grupo paramilitar

01/11/83

5

Grupo guerrillero

FARC

08/01/84

7

Grupo guerrillero

FARC

12/01/84

8

Grupo paramilitar / Ejército Nacional

07/02/84

6

Grupo paramilitar

07/02/84

4

Grupo guerrillero

FARC

08/02/84

11

Grupo guerrillero

FARC

26/12/84

7

Grupo paramilitar

La noticia dice que vestía uniformes de las FFAA

27/03/85

4

Grupo paramilitar

27/05/85

5

Grupo guerrillero

FARC

20/06/86

9

Grupo guerrillero

FARC

17/03/87

9

Grupo paramilitar

22/03/87

4

Autor no identi cado

7/04/87

5

Autor no identi cado

14/04/87

13

Grupo paramilitar

FARC

FARC

FARC

No identi cada

24/07/89

5

Ejército Nacional

17/12/89

5

Grupo guerrillero

FARC

26/02/90

4

Grupo paramilitar

Autodefensas del Magdalena Medio

09/08/90

5

Grupo paramilitar

31/01/91

10

Grupo paramilitar

17/02/92

9

Grupo paramilitar

15/05/98

12

Grupo paramilitar

22/09/00

5

Grupo paramilitar

Autodefensas de Puerto Boyacá

Fuente: elaboración propia a partir de la base de masacres del Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria. Datos disponibles en www.observatoriodetierras.org

A pesar de la desmovilización, los paramilitares no desaparecieron. Se presentaron luchas entre los mandos medios por alcanzar la jefatura.28 Posteriormente se dio una reorganización de los hombres en torno a tres comandantes, haciéndose cada uno al control territorial de una zona.29 Finalmente, en marzo de 1994 se realizó una reunión en el sector de Campo Padilla en el municipio de Cimitarra, a la que asistieron cerca de 25 integrantes de la organización que eligieron como Comandante a Botalón, quien asumió el mando de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá hasta el 28 de enero de 2006, fecha en que esta estructura se desmovilizó.

3. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá A continuación se describen brevemente los aspectos relacionados con el tipo de comandancia y organización de las ACPB, sus fuentes de nanciación, su relación con los políticos locales y con la fuerza pública, y nalmente se proponen algunas conclusiones que vinculan el modus operandi de esta estructura con sus efectos sobre la regulación de los derechos de propiedad rural. 3.1. Comandancia y organización de las ACPB El comandante de las ACPB fue Arnubio Triana Mahecha alias Botalón. Un jornalero que entró a las autodefensas desde 1986 como trabajador de una nca ganadera y haciendo parte de “Los escopeteros” de San Fernando en Cimitarra. Luego se hizo patrullero bajo el mando de Gonzalo y Henry Pérez y fue uno de los primeros en recibir entrenamiento de Yair Klein. (Gutiérrez y Barón, 2006, p. 276). Botalón logró superar las luchas a muerte que se venían dando entre las distintas facciones, uni có la línea de mando y acopió armas, municiones y bienes que la agrupación había acumulado desde ACDEGAM.30 Desde 1997 las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá —ACPB—, hicieron parte de la las Autodefensas Campesinas de Colombia —AUC—, pero conservaron total autonomía en el manejo de su territorio31 y toma de decisiones (Barón, 2011).32 Las ACPB tuvieron injerencia en Puerto Boyacá y Otanche en el departamento de Boyacá y en los municipios de Cimitarra, Bolívar, Puerto Parra, Landázuri, La Belleza, Sucre, El Peñón, El Carmen y San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander.33 Las ACPB tuvieron dos etapas. En la primera desde 1994 hasta marzo de 2002 la estructura estuvo organizada por sectores, cada uno de ellos a cargo de un líder que se entendía directamente con el comandante Botalón. Tenían una cadena de mando de dos niveles y una especialización de tareas solamente relacionada con el manejo del personal y el desarrollo de las escuelas de entrenamiento.

Grá ca. Autodefensas campesinas de Puerto Boyacá Fuente: Fiscalía. Patrón de macro criminalidad de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.

Desde el año 2002 hasta el año 2006, la estructura de las ACPB se transformó, en primer lugar, se estableció una división del trabajo de los temas políticos, nancieros y militares que estuvo a cargo de varios jefes en la segunda línea de mando. Y en segundo lugar, esta estructura ya no operó por sectores, sino que se conformaron once frentes cada uno con un líder o comandante. Todos bajo las órdenes de Botalón.34 3.2. Financiación, política y relaciones con la fuerza pública La nanciación de las ACPB provino de diversas fuentes. Según informes de la Fiscalía, la más importante fue el robo de hidrocarburos que generó mayores ingresos,35 aproximadamente 35.312 millones de pesos fueron percibidos por las ACPB entre 1996 y 2005. Sin contar los gastos causados por los comandantes de los grupos “de las nanzas” (subgrupos creados para el hurto de hidrocarburos cada uno con su líder), en nómina, trabajo social y otros gastos de la organización.36 También se nanciaron con las “vacunas” exigidas a los ganaderos y hacendados,37 mediante una cuota que se exigía una vez al año y que fue incrementándose paulatinamente. Desde 1994 hasta el 2005,38 recibieron por este concepto 2.787 millones de pesos aproximadamente (Fiscalía, s.f., Exacciones a los ganaderos).39 Al respecto Botalón en una entrevista realizada por Verdad Abierta señala lo siguiente: VA: ¿En esos inicios de que más se nanciaban? B: Nosotros seguimos con las mismas costumbres que tenía la organización vieja. Sabíamos que Henry Pérez les había puesto una cuota por hectárea a los ganaderos. Esa cuota no era voluntaria, era obligada. Los ganaderos vieron que me estaba organizando y que me puse a conciliar, para los cobros delegue a algunas personas. La cuota obligatoria de 7 mil pesos por hectárea. Recogíamos 250 millones de pesos anuales.40

Las contribuciones exigidas a los contratistas de las empresas o ciales y privadas estuvieron a cargo de Gerardo Zuluaga Clavijo, segundo al mando y comandante nanciero quien recibió la orden de Botalón realizar un cobro a aquellas empresas comerciales que realizaran contrato de obra con Ecopetrol en el área de injerencia de la organización. Los paramilitares exigieron a los contratistas pagar una cuota porcentual

sobre el valor del contrato o voluntaria, y en contraprestación ellos se “bene ciarían” de la seguridad en la región. Por este concepto recibieron aproximadamente 410 millones de pesos entre los años 2001 y 2005. (Fiscalía, s.f., Exacciones a los contratistas). Otra fuente relevante de nanciación de esta estructura fue el narcotrá co, especí camente el cobro de cuotas mensuales sobre los cultivos de coca y a los laboratorios de procesamiento de cocaína (Fiscalía, s.f., 21, 22). Al respecto Botalón señaló lo siguiente: A inicios de 1999, no existían cultivos ilícitos de plantación de matas de coca, en las áreas donde venía haciendo presencia las autodefensas campesinas de puerto Boyacá bajo mi mando, solo hasta el año 2.000 cuando empiezan a llegar a la Región personas provenientes del sur de Bolívar, es que se empieza a sembrar estos cultivos en región (Fiscalía, s.f., Gaceta Narcotrá co).

Los primeros municipios sembrados fueron Puerto Boyacá (Boyacá), Bolívar y Cimitarra (Santander). Allí los paramilitares cobraron un impuesto a los cultivadores de coca e imitaron el comportamiento de la guerrilla sobre el “impuesto al gramaje”. Por ambos conceptos los paramilitares recibieron aproximadamente 320 millones de pesos entre el periodo comprendido entre 2001 y 2005. Frente a los impuestos cobrados a los laboratorios que procesaron la base de coca tuvieron un ingreso aproximado de 3.640 millones de pesos en ese mismo periodo (Fiscalía, s.f., Gaceta Narcotrá co). Frente a la política de la estructura paramilitar, la relación que tuvieron las ACPB con los políticos fue diversa. Botalón decidió crear en 2002 una comisión política41 con la nalidad, de hacer trabajo social, formación de líderes, organización de aspectos deportivos culturales, etc., y como plataforma para difundir el pensamiento antisubversivo y las políticas de las ACPB. Según las versiones de Botalón, la orden que les dio a sus hombres fue no incursionar en política electoral,42 sin embargo reconoce que la relación entre los hombres de sus las y los políticos locales se dio por la autonomía que aquellos tenían a nivel local. Yo jé una política del bloque con los alcaldes gobernadores y concejales. La política del bloque de Puerto Boyacá es que yo le dije a cada uno de los comandantes usted tiene autonomía en su zona con sus frente y con sus hombre y una de las ordenes era no incursionar en política electoral. Y yo le voy a decir una cosa es jar una política en cada uno para que la cumpliera y algún comandante puede decir por la autonomía que tenían que se reunieron con algún alcalde. Y yo quiero decir las ordenes que yo di en este tema de parapolítica, el Frente Ramón Danilo les gustaba x o y candidato, pero ellos no me dijeron si lo apoyaron o no. Yo a Riaño43 lo conocí en un trocha en San Fernando, yo no hice compromisos con él, yo lo que le dije a él una vez que me lo encontré fue que ustedes vienen y hacen compromisos con las comunidades y ustedes son muy mentirosos, y que si salía elegido que le cumpliera a las comunidades. Nunca estuve en una reunión política con él y él nunca me pidió apoyo y él era de Cimitarra.44

No obstante lo anterior, y muy a pesar de su directriz, Botalón sí tuvo in uencia en varios procesos de la política local y nacional. A las ACPB se les acusó de haber apoyado al candidato de elección popular Carlos Arturo Clavijo Vargas quien fue elegido al Senado de la República para el periodo 2002 a 2006 por el partido Convergencia Popular Cívica. Clavijo fue condenado a 45 meses de prisión por Concierto para delinquir agravado. Al respecto Botalón reconoce su participación en el apoyo a este candidato. El señor Carlos Clavijo era de Puerto Triunfo, y era del comité de ganadero, y él se postuló como candidato al senado en esa zona y Carlos Castaño nos envía un mensaje que este señor era el candidato de las AUC y nos pidió el favor que le colaboráramos diciéndole a la gente que votaran por él, tengo que manifestarle que ya para la época no tenía

frentes y tenía una zona extensa y tenía una zona extensa y me reuní con los comandantes y me les dije que había que decirle a la gente que había que votar por este señor.45

Sobre este particular el postulado Orlando de Jesús Arboleda Ospino, alias Lucho, comandante político de las ACPB en diligencia de versión reconoció que los políticos locales entre ellos candidatos al Concejos y las alcaldías en Cimitarra y San Vicente de Chucuri apoyaron también dicha candidatura. Yo sí reuní las comunidades, y les dije que era una orden de comandante general, de respaldar a este señor al senado, uno reunía la gente y le decía en un tono intimidante, y uno veri caba con los resultados electorales… Este señor Yesid Mahecha fue el que coordinó la candidatura de Carlos Clavijo en Cimitarra. Esa candidatura la apoyaron todos esos candidatos a la alcaldía y al concejo de donde nosotros delinquimos, eso lo lidero Orlando Caro en San Vicente y El Carmen y Yesid Mahecha en Cimitarra.46

La relación entre el comandante Botalón y los políticos locales no solo se limitó a lo electoral, también hubo direccionamientos de lo que podrían hacer o no las administraciones locales, en una especie de “control de la corrupción” por la que supuestamente velaron los paramilitares. Al respecto ilustra el testimonio de alias Lucho quien recibió órdenes de Botalón para comunicarse con el Alcalde de Puerto Boyacá Luis Eduardo Álvarez, “y le llamó la atención porque quería dejar endeudado el municipio al nalizar su mandato. Le dije vea hermano que el comandante Botalón le mandar decir que él no está de acuerdo con eso que usted ya está terminando su administración y lo que quiere es dejar el municipio endeudado”.47 Frente al vínculo de las ACPB con la fuerza pública, al parecer este fue diferente con la policía y con el ejército. Varias versiones muestran el dominio paramilitar cotidiano en su relacionamiento con la policía, al respecto se puede resaltar la a rmación que el mismo Botalón hizo en sus declaraciones: “yo jugaba fútbol con los policías, pero quien era Botalón, uno más del pueblo, los de la ciudad como tal Puerto Boyacá andaban de civil y no tenían necesidad de pedirle nada a ellos, ninguno de los de ACPB teníamos orden de captura”.48 No obstante, frente a las relaciones con el ejército, la Fiscalía señala que “No existe un criterio uni cado… alias Botalón, señala que fue perseguido por las autoridades y no existieron buenas relaciones con estas. Esta información está en proceso de veri cación por parte de la Fiscalía, en razón a que existen versiones que asocian a Triana Mahecha, con el Brigada de Inteligencia del Ejército”.49 No obstante, el mismo informe señala que según los postulados que delinquieron en Santander, existió un apoyo especialmente del Ejército Nacional, en un periodo de más de nueve años el cual terminó con la llegada en el año 2003 del coronel Julio César Prieto Rivera, como comandante del Batallón Luciano D’elhuyer, quien los combatió.50 Esto es rati cado por el mismo coronel Prieto quien a rma: Entrevistador: ¿Cuándo usted llegó a la zona los paramilitares actuaban por su cuenta o contaban con el beneplácito y la colaboración de unidades dentro del Batallón Luciano D’elhuyer? Coronel Julio César Prieto Rivera: Cuando yo llegué era muy marcado el contubernio que existía entre los paramilitares y la Fuerza Pública —Policía y Ejército—, y con vergüenza lo digo. Casos donde miembros del Batallón les suministraban los datos a los paramilitares de quiénes habían entregado información para golpearlos y esas personas eran asesinadas. En mi poder reposan documentos donde en años anteriores había un compromiso marcado, donde habían hombres de la Institución que hacían trabajos mal llamados militares en coordinación con esas estructuras. El

mismo comandante ‘Alfredo’ se ufanaba de en años anteriores reunirse con comandantes policiales y militares. Dentro de todo el archivo que tengo hay entrevistas que me rendían pobladores a quienes les constaban reuniones que se efectuaban entre diferentes autoridades con esos paramilitares. Entonces decir que no, es querer tapar el sol con un dedo. Sí existía desafortunadamente un marcado compromiso de la Fuerza Pública y de las autoridades civiles con esas estructuras paramilitares. Eso me obligó a que una de mis primeras tareas fue la depuración del Batallón D’elhuyer, que me llevó a solicitar el retiro de ocho o ciales, catorce subo ciales y más de cincuenta soldados, así como el traslado de más de 120 soldados a otras regiones del país, por la facultad discrecional. Me tocaba cortar ese vínculo para poder ofrecer resultados en contra de esas estructuras”.51

Esto mismo se con rma en la sentencia contra Botalón “El ex coronel Prieto inició una persecución contra los integrantes de las ACPB que produjo la captura de varios miembros de la organización, la destrucción de laboratorios de procesamiento de base o pasta de coca y la incautación de varias docenas de fusiles a los patrulleros del Frente Ramón Danilo” (Sentencia de Justicia y Paz, 2014, p. 489). 3.3. Tendencias de victimización de esta estructura Frente a las tendencias de victimización de esta estructura organizacional identi cadas por la Sentencia de Justicia y Paz contra el comandante Botalón y otros postulados,52 se destacan las siguientes. En primer lugar una serie de victimizaciones generalizadas contra las personas que presuntamente denunciaban ante las autoridades estatales la actividad delictiva de las ACPB. Durante los años 2002 y 2004 hubo intensificación de los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas y los desplazamientos forzados contra “personas consideradas como delatores, informantes o in ltrados de la Fuerza Pública” o que tenían aparentemente vínculos con las autoridades estatales. La sentencia atribuyó estos hechos a la orden dada por Botalón en 2002 de declarar como objetivo militar a toda persona que entregara información a la Fuerza Pública sobre las actividades ilícitas de la organización” (Justicia y Paz, 2014, p. 488). Lo anterior tuvo lugar en un contexto en el que se dieron tres factores: (i) la llegada de Pietro al Batallón Luciano D’elhuyer y la persecución contra los hombres de las ACPB, (ii) el aumento de penas y multas para integrantes de los carteles de la gasolina como directriz desde el gobierno nacional y, (iii) el cambio en la política antidrogas. Estos dos últimos elementos amenazaron dos de las principales actividades nancieras del Bloque mencionadas anteriormente: el robo de hidrocarburos y el impuesto a cultivos y laboratorios de procesamiento de coca. Frente a la mayoría de homicidios imputados a las ACPB, los postulados a rmaron que fueron cometidos contra presuntos ladrones, personas que consumían o vendían drogas, que pertenecían a redes delincuenciales, trabajadoras sexuales, auxiliadores de la guerrilla, personas de apoyo político a la izquierda, etc. Por ello, se ha asociado este tipo de acciones de las ACPB con la intención de ganar control social y territorial en sus zonas de in uencia.53 En segundo lugar, frente a las lógicas de despoblamiento y repoblamiento del territorio in uencia de la ACPB, se registraron 58 eventos de desplazamiento forzado asociados al accionar criminal de las ACPB en once municipios distribuidos en tres departamentos: Santander, Boyacá y Antioquia. De los cuales Cimitarra presenta once eventos. Sin embargo, fueron los municipios de San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí, donde operó el Frente Ramón Danilo, en los que se concentraron el 47% de los desplazamientos forzados. En su mayoría las víctimas fueron agricultores, ganaderos y líderes comunitarios. La sentencia señala que la gran mayoría de las víctimas no han podido retornar. “En promedio, 9 de cada 10 desplazados

por los integrantes de las ACPB no han regresado a sus predios abandonados y/o despojados” (Justicia y Paz, 2014, p. 493), aproximadamente 350 personas en condición de desplazamiento. La Sala de Justicia y Paz creó una matriz para analizar los casos de desplazamiento forzado contra la población civil y sus delitos conexos y encontró que varios de estos se relacionan con retaliaciones contra personas que se negaron a pagar las “vacunas” o extorsiones exigidas por los paramilitares y personas que denunciaron hechos ante las autoridades estatales. Se identi caron muy pocos casos en los que se relacionó el desplazamiento forzado con la intencionalidad de apropiarse de manera ilegal del predio. En total cinco casos, pero ninguno en Cimitarra. La Sentencia concluye que “una de las modalidades de accionar criminal de las ACPB consistió en desplazar masivamente a familias de campesinos que históricamente (i) estuvieron ligados con formas de participación política electoral de izquierda, (ii) que fueron sujetos activos de reforma agraria mediante la titulación de baldíos por parte del Incora (en la actualidad, Incoder) y/o (iii) que presentaban organizaciones de base muy fuertes que acotaban el margen de dominación de los grupos paramilitares. Con los desplazamientos, los integrantes de las ACPB buscaron de manera intencionada despoblar territorios para ampliar su capacidad de control puesto que las formas organizativas de base y las inclinaciones ideológicas y partidistas de los campesinos, constituían barreras para desarrollar su proyecto criminal” (Justicia y Paz, 2014, p. 496). En tercer lugar, la desaparición forzada y sus delitos conexos (p. ej., el homicidio, el secuestro y/o la tortura) se constituyeron en una de las formas de victimización más recurrentes en las ACPB.54 La sentencia destacó dentro del modus operandi el desmembramiento de cadáveres por parte de las ACPB. La Fiscalía presentó a la Sala de Justicia y Paz un total de 30 casos en los que los integrantes de las ACPB desembraron los cuerpos de las víctimas que habían sido asesinadas y desaparecidas, y el juez concluyó que ni el lugar de residencia de la víctima, ni su per l, ni su liación política, económica o ideológica fueron las variables que explicaron el desmembramiento de cadáveres. La Sala observó que existió una asociación estadísticamente signi cativa entre la participación del postulado Juan Evangelista Cadena en la comisión del delito y el desmembramiento de los cuerpos de las víctimas asesinadas y desaparecidas, en el sitio conocido como “los trasmisores”. Este resultado demuestra que aspectos subjetivos del perpetrador del delito están relacionados con ciertas formas de victimización a civiles. En este caso, el desmembramiento de los cuerpos de las víctimas dependió de quien era el ejecutor material del homicidio y la desaparición forzada. (Sentencia de Justicia y paz, 2014, p. 505)

Las ACPB se desmovilizaron el 28 de enero de 2006 con 742 integrantes, más 66 que fueron certi cados estando detenidos y 18 desmovilizados previamente (Fiscalía, s.f., 16). De la descripción de las unidades paramilitares realizada hasta el momento tenemos unas primeras estructuras de escuadrones de la muerte promovidas por los militares y conformadas por especialistas en violencia y campesinos de autodefensa. Una segunda estructura de gobernanza de élites rurales bajo el dominio ACDEGAM, y una tercera etapa en la que se establecen las ACPB bajo el mando de alias Botalón, estructura más afín al modelo de ejército antisubversivo y rentista. Tabla 2. Descripción de unidades paramilitares con presencia en el Magdalena Medio

MAS

Característica Tiempo de acción

ACDEGAM

ACPB

1982-1991

1994-2006

Zona de in uencia

Cimitarra. Santa Helena de Opón, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Las Mercedes

En su momento de mayor expansión 1988 hizo presencia en Puerto Boyacá, Cimitarra, Puerto Olaya, Doradal, Puerto Berrío, Yondó, Vegachí, Remedios, Segovia, La Danta, Las Mercedes, Puerto Triunfo, Caucasia, Pacho y Yacopí; extendió su accionar criminal hacia Vistahermosa, Puerto López y Acacías en el Meta, La Azulita y Puerto Asís en Putumayo, San Vicente del Caguán y los Llanos del Yarí en Caquetá, Puerto Escondido, Montelibano y Ayapel en Córdoba.

Puerto Boyacá, Otanche (Boyacá), Cimitarra, Puerto Parra, Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre, Florián, La Belleza, Vélez, Santa Helena del Opón, La Paz, La Aguada, Guacamayo, Contratación, San Vicente y el Carmen de Chucurí (Santander).

Número de combatientes

Sin identi car

Inició con ocho hombres pero se desmovilizaron 300 combatientes.

Inició con 40 hombres reuni cados por Botalón y se desmovilizaron 742 integrantes.

Articulación con niveles paras superiores

AUC

Actores que los invitaron o Militares conformaron

Los militares hicieron la invitación a ganaderos y terratenientes para conformar el emprendimiento paramilitar.

Especialistas en violencia. Botalón, quien fue jornalero y escopetero recon gura el emprendimiento paramilitar.

Motivaciones iniciales

Estrategia contrainsurgente

Provisión de seguridad a notables rurales, narcotrá co, guerra contrainsurgente conjunta con las fuerzas armadas, vaciamiento de territorios, oposición de las élites locales de derecha al ascenso electoral de políticos y movimientos de izquierda al poder.

Control territorial, lucha antisubversiva, consecución de rentas.

Complejidad organizacional

Baja

Media

Alta

Línea de mando

Un nivel

Un nivel

En la primera etapa dos niveles y en la segunda etapa tres niveles.

Tipo de comandancia (ricos rurales en comandancia)

Especialistas en violencia Coronel del Batallón

Gonzalo de Jesús Pérez y Henry de Jesús Pérez ganaderos, terratenientes. El primero ex combatiente en Corea y enfermero del hospital de Puerto Boyacá.

Arnulfo Triana Mahecha alias Botalón jornalero, escopetero. Entró a las autodefensas como uno de los trabajadores de ncas puesto por los ganaderos.

Ricos rurales nanciadores

No

Alianzas con políticos

No

Con facción del Partido Liberal (Guarín y Luis Rubio) Creación de Movimiento MORENA y Mana (Ernesto Báez).

Apoyó a candidaturas de un senador. Varios políticos condenados por nexos con

Patrullajes conjuntos (policía y paramilitares) Financiamiento de los paramilitares al Batallón Bárbula y viceversa. Operaciones de inteligencia Intercambio de información sobre civiles. Incursiones contra poblaciones civiles realizadas de manera conjunta entre ejército y grupos paramilitares.

Diferente relación con policía y ejército: Fueron apoyados por el ejército hasta el 2003, que empezaron a ser perseguidos por él cuando llega el comandante Prieto a la zona. En los territorios locales de in uencia de estas unidades paramilitares la policía tiene un papel pasivo. No cuenta con la capacidad para perseguirlos porque son quienes ejercen el control territorial.

En el caso de Cimitarra fueron Acciones los mismos conjuntas con militares quienes policía y fuerzas hacían las veces de militares Escuadrón de la Muerte

Sin información Lugar y fecha del de 1991 en Puerto Boyacá. 300 hombres desmovilizados. desmantelamiento desmovilización de ese grupo

Coaliciones con ricos rurales

Establecimiento de alianzas con ganaderos, terratenientes y notables de la región. Financiados también por dineros del Narcotrá co. Alianzas con políticos locales.

ACPB

28 de enero de 2006 con 742 integrantes, más ٦٦ que fueron certi cados estando detenidos y ١٨ desmovilizados previamente. Alianzas con economías ya establecidas: cobro a ganaderos y comerciantes. Financiados también por dineros del narcotrá co. Su principal fuente de nanciación fue el robo de hidrocarburos.

Fuente: elaboración propia.

4. Impactos de las ACPB sobre la regulación de los derechos de propiedad rural Tanto en los patrones de macro criminalidad construidos por la Fiscalía para identi car el modus operandi de este grupo, como en la sentencia de Justicia y Paz contra el comandante Botalón y otros de sus hombres se identi ca que una de las prácticas que más afectó los derechos de propiedad rural fue la del desplazamiento forzado y sus delitos conexos. Como se mencionó anteriormente, de los once frentes, el que

más generó desplazamientos forzados fue el Frente Ramón Danilo que hizo presencia en San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí que concentra casi el 50% de los desplazamientos forzados. Cimitarra fue el tercer municipio con once eventos. Dicho desplazamiento forzado originado en las zonas de in uencia ha impedido a los campesinos, varios de ellos bene ciarios de la reforma agraria y con titulación del Incoder, su derecho a poseer, explotar y comercializar sus tierras. Además no han podido retornar aunque no están del todo claras las razones del no retorno. Al parecer y como lo señala la sentencia, se debe a nuevos repoblamientos por parte de segundos ocupantes de los predios abandonados. Esto ha generado nuevos con ictos entre los primeros propietarios y los nuevos ocupantes, además de nuevos retos para la institucionalidad encargada de llevar a cabo los procesos de restitución de tierras. Aunque en Cimitarra sí se ha presentado desplazamiento forzado y existen a la fecha 227 demandas de restitución sobre 206 predios rurales, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,55 no hemos encontrado hasta el momento casos de presunta apropiación ilegal, como sí se han dado en otros municipios de injerencia de las ACPB como San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí, Otanche y Puerto Boyacá (Sentencia de Justicia y Paz, 2014). Lo anterior no quiere decir necesariamente que no hayan existido, sino que hasta el momento han sido invisibilidazos o no se conoce de ellos. Sin embargo, este municipio a diferencia de otros abordados en este libro, no ha sufrido un alto despojo de tierras activo paramilitar. No se han encontrado noticias criminales en las fuentes de expedientes judiciales o en la prensa, con respecto a la apropiación de tierras en Cimitarra por parte de los paramilitares. En el trabajo de campo realizado en el municipio tampoco se encontró evidencia que nos permitiera identi car la relación de dichos predios abandonados de manera forzada con la estructura de Botalón (por las condiciones de con dencialidad y reserva que dicha información tiene por parte de la Unidad de Restitución de Tierras). Se pudieron haber presentado ventas forzadas por las intimidaciones y las acciones violentas, sin embargo las dinámicas más contundentes en donde hubo cambio de propietarios, fueron consecuencia de los desplazamientos masivos y de los procesos de vaciamiento generados en la década de 1990.

Conclusiones Las ACPB son una estructura de tipo ejército antisubversivo y de carácter rentista. La motivación de su jefatura y de su estructura organizacional estuvo más orientada en la consecución de rentas y el control social del territorio, lo que se evidencia en sus estrategias de organización y nanciamiento así como en sus tendencias de victimización contra la población civil. Si bien, los ganaderos, contratistas comerciantes, cultivadores de coca y narcos estuvieron dentro de sus principales fuentes de nanciamiento, estableciendo una importante alianza con los primeros, también fueron objeto de sus victimizaciones: homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, etc., por negarse a pagar las extorsiones realizadas por los paramilitares o por haber denunciado las acciones ilegales de esta estructura armada. Hasta el momento no se encontró evidencia que permita constatar que las ACPB hubieran sido una

unidad altamente despojadora, sin embargo, los desplazamientos forzados generados en sus zonas de in uencia han afectado los derechos de propiedad de campesinos, ganaderos y agricultores bene ciarios de la reforma agraria impidiéndoles gozar, explotar, comercializar su tierra y lo que pudieran devenir de ella.

Referencias ASFADDES (s.f.). Las víctimas en Santander tenemos memoria. Gobernación de Santander. Recuperado de http://santandertienememoria.com/sites/default/ les/cartilla%20ultima%20correccion.pdf Banco de Datos de Violencia Política, Centro de investigación y educación popular (2004). Deuda con la humanidad: paramilitarismo de estado en Colombia 1988-2003. Banco de Datos de Violencia Política. Barón, V. (2011). Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: del paramilitarismo a los señores de la guerra en el Magdalena Medio. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia Bogotá, Colombia 2011. DANE. Censo poblacional 2005. www.dane.gov.co Fiscalía General de la Nación. Grupo de Operaciones especiales Hidrocarburos. Informe de Policía judicial CT. De fecha de 17/01/2014. Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Bucaramanga Fiscalía 34. Folios 1-48. Fiscalía General de la Nación. Informe de policía judicial sobre exacciones a ganaderos por parte de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (s.f.) basado en el informe de nanzas generales del BPB (entregado por el comandante Arnubio Tirana Mahecha. Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Bucaramanga Fiscalía 34, folios 1-8. Fiscalía General de la Nación. Informe de policía judicial sobre narcotrá co por parte de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. (s.f.) Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Bucaramanga Fiscalía 34, folios 1-18. Fiscalía General de la Nación. Informe de Policía Judicial. José de la Cruz Carrillo Rodríguez. Seccional: Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional. Fiscalía General de la Nación. Informe de Policía Judicial Investigador de Campo, FPJ 11. Consulta 2507-2014. Fiscalía General de la Nación. Sobre patrón de macro criminalidad de desplazamiento forzado de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Informe de Policía Judicial 11-13368 de fecha de 0511-2013 Fiscal 51 Delegada ante Tribunal Fiscalía General de la Nación. Sobre patrón de macro criminalidad de homicidio de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Informe de Policía Judicial OTN 1743, 13/5/2014. Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Bucaramanga Fiscalía 34, folios 1-43. Fiscalía General de la Nación. Versión libre Conjunta de Arnubio Triana Mahecha y otros ante la Fiscalía 34 UNJYP 18 y 19 de diciembre de 2013, Medellín. Fiscalía regional delegada ante el cuerpo técnico de investigación diligencia de ampliación de indagatoria. Exp. 1589 Delito: Concierto para delinquir cuaderno original 4, folios 94-159. Diligencia de indagatoria de Alonso de Jesús Baquero Agudelo. Cali, 3 de agosto de 1995. Penitenciaria nacional

de Palmira, Valle. Fiscalía General de la Nación (s.f.) 18. Tomado de Informe FPJ -11 No. 0000 84 del 25 junio de 2012, Versión conjunta de agosto 3 al 6 de 2010 de los postulados Arnubio Triana Mahecha, Álvaro Sepúlveda Quintero. García-Sayán, D. (1999). Vidas paralelas: Región Andina, desafíos y respuestas. Bogotá: Ponti cia Universidad Javeriana. Gutiérrez S., F. (2014). Estructura organizacional de los paramilitares y derechos de propiedad en el campo, 1982-2007, Análisis Político, 82, 3-21. Gutiérrez, F., y M. Barón. (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del con icto en Colombia (pp. 267-312). Bogotá: Norma. Informes del Proyecto “Nunca Más” Sobre crímenes de lesa humanidad en la región del Magdalena Medio Santandereano disponible en http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/MagdalenaMedio.pdf Instituto Geográ co Agustín Codazzi. IGAC (2012). Atlas de la Tierra. Recuperado de www.igac.gov.co Medina, C. (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotrá co en Colombia origen desarrollo y consolidación: el caso Puerto Boyacá. Documentos periodísticos, Bogotá. Observatorio de Restitución y Regulación de derechos de propiedad agraria. Base de masacres. Recuperada de www.observatoriodetierras.org Plan Básico de ordenamiento Territorial. Recuperado el 20-01-2015 de http://gidrot.com/materials/docs/terr/2.pdf Ronderos, M. T. (2014). Guerras recicladas: una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. Bogotá: Aguilar. Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz. Sentencia contra Arnubio Triana Mahecha y otros. Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00 Rad. Interno 2358 disponible en: http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16-Sentencia-ArnibioTriana-y-otros.pdf Webgrafía http://www.cimitarra-santander.gov.co/index.shtml Recuperado el 25 de mayo de 2015. http://www.cimitarra-santander.gov.co/informacion_general.shtml Recuperado el 15 de enero de 2015. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html Recuperado el 11 de mayo de 2015. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-125530 El Tiempo, La Muerte de Henry Pérez. Recuperado el 02 de junio de 2015. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-9860 El Tiempo. Ariel Otero un hombre distante y

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Índice de recursos gráficos Introducción Tabla 1. Valores de las variables seleccionadas para las unidades paramilitares Tabla 2. Variables seleccionadas para caracterizar las unidades paramilitares y calibración de cada variable Tabla 3. Cifras de desplazamiento y RUPTA por municipio. Casos seleccionados Tabla 4. Magnitud de desplazamiento forzado y despojo de los municipios seleccionados Capítulo 1 Grá ca 1. Línea de tiempo del con icto armado en Urabá Tabla 1. Tomas de tierras en Turbo, Antioquia, 1988 Tabla 2. Personas expulsadas y homicidios municipio de Turbo, Antioquia, 1987-2013 Tabla 3. Masacres en el municipio de Turbo, Antioquia Tabla 4. Unidades paramilitares con presencia en el Urabá y despojadoras de tierras en Turbo Tabla 5. Expulsión y recepción de personas desplazadas para los municipios del Urabá Antioqueño, 1985 y 2013 Tabla 6. Casos de despojo de tierras en Turbo Tabla A1. Políticos investigados por nexos con paramilitarismo en el Urabá antioqueño Capítulo 2 Tabla 1. Evolución de los coe cientes Gini en Chivolo, 2000-2009 Tabla 2. Víctimas por tipo de hecho victimizante en Chivolo Tabla 3. Predios revocados en 2003 y desplazamiento de 2000 a 2009 en municipios del Magdalena Tabla 4. Casos de despojo de tierras en Chivolo Tabla A1. Situación jurídica de los políticos de Chivolo rmantes del Pacto de Chivolo, y de los más representativos a nivel departamental Capítulo 3 Tabla 1. Uso del suelo del municipio de Riosucio Tabla 2. Municipios del Chocó con mayor cantidad de población expulsada Grá ca. Histórico de homicidio, corte abril de 2012 Tabla 3. Municipios con mayor cantidad de homicidios en el Chocó Tabla 4. Políticos presos e investigados por parapolítica en el Chocó Tabla 5. Características del Bloque Elmer Cárdenas Tabla 6. Casos de despojo de tierras en Riosucio Capítulo 4 Tabla 1. Casos de despojo de tierras en el Meta y Casanare

Capítulo 5 Tabla 1. Estructuras paramilitares en Titiribí Tabla 2. Hechos victimizantes denunciados por subregión de Antioquia Tabla 3. Denuncias de despojo realizadas ante la Fiscalía en las nueve subregiones de Antioquia Tabla 4. Despojo activo sobre bienes inmuebles en Titiribí Capítulo 6 Grá ca 1. Víctimas por año en el Municipio de Flandes Grá ca 2. Estructura del Bloque Tolima, 2000 Capítulo 7 Tabla 1. Masacres ocurridas en el municipio de Cimitarra entre 1980 y 2000 Grá ca. Autodefensas campesinas de Puerto Boyacá Tabla 2. Descripción de unidades paramilitares con presencia en el Magdalena Medio

Tabla de contenido Portada Resumen Portadilla Página Legal Siglas y acrónimos Introducción* 1. La pregunta 2. El contexto 3. La explicación 4. Implicaciones 5. Discusión metodológica Conclusiones Tablas Referencias Capítulo 1. El despojo de tierras paramilitar en Turbo, Antioquia Introducción 1. Descripción del municipio de Turbo 2. Dinámicas del conflicto armado en el municipio de Turbo 3. Unidades y dominio paramilitar 4. Despojo de tierras en el municipio de Turbo Conclusiones Referencias Anexo Capítulo 2 El despojo de tierras paramilitar en Chivolo, Magdalena Introducción 1. Características generales de Chivolo 2. Antecedentes agrarios del conflicto y actores presentes en Chivolo 3. Unidades paramilitares en el Magdalena y el municipio de Chivolo 4. Despojo de tierras en el municipio de Chivolo 4.3. Identificación de redes a partir del despojo Referencias Anexo Capítulo 3 Despojo de tierras paramilitar en Riosucio, Chocó Introducción 1. Descripción del municipio de Riosucio 2. Dinámica del conflicto armado 3. Descripción de la Unidad Paramilitar 4. Despojo de Tierras en Riosucio Conclusiones Referencias Capítulo 4 Despojo en los Llanos Orientales y el caso de San José del Guaviare Introducción

1. Contexto de San José del Guaviare 2. El paramilitarismo en los Llanos Orientales y en San José del Guaviare 3. Despojo de tierras de los paramilitares en los Llanos Orientales Conclusiones Referencias Capítulo 5 El fenómeno paramilitar en Titiribí, Antioquia Introducción 1. Descripción del municipio de Titiribí 2. Actores armados y las tres fases del fenómeno paramilitar en Titiribí 3. El papel de las élites rurales como fundadores y/o financiadores de emprendimientos paramilitares Conclusiones Referencias Capítulo 6 El fenómeno paramilitar en Flandes, Tolima Introducción 1. Descripción del municipio de Flandes 2. El conflicto armado en el Tolima 3. Presencia paramilitar en el Departamento del Tolima Conclusiones Referencias Capítulo 7 Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y su afectación sobre los derechos de propiedad rural en Cimitarra, Santander Introducción 1. Características generales del municipio de Cimitarra 2. El conflicto armado y el surgimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio 3. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá Conclusiones Referencias Índice de recursos gráficos

Notas Introducción 1

Weinstein (2006) considera que esto es independiente del tipo de violencias, Kalyvas (2006) asume que el homicidio es una buena variable proxy de todas ellas. 2

Para no hablar del hecho de que muchas de las unidades que se crearon eran cticias, y sólo existían para propósitos de la desmovilización. 3

Alias Doble Cero fue un líder paramilitar extremadamente sanguinario, pero no es claro que haya robado una gran cantidad de tierras, al menos condenaba verbalmente el despojo. 4

Vicente Castaño escribió el documento “La historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, encontrada en una de las memorias USB de Carlos Castaño y entregada a la Fiscalía en 2008 por Hebert Veloza alias HH. Allí relata la invitación que hacen diversas élites rurales para que ingresen los paramilitares a sus territorios. El documento se puede consultar en línea 5

Son múltiples las referencias judiciales y periodísticas que dan cuenta de la invitación de élites rurales a los paramilitares para que inicien emprendimientos paramilitares en sus zonas. En cuanto a referencias judiciales se puede consultar el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo 20. Delito: Concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 229-231. Uno de los casos más ilustrativos es el de la reunión que se realizó en la Finca las Canarias del político y ganadero Nule Amín en la que participaron paramilitares, políticos y ganaderos y que dio origen al Frente Héroes de los Montes de María: . Para el Caso del Bloque Metro: , Para el caso del Frente Juan Andrés Álvarez: . Para el Caso del Bloque Córdoba: Para el caso del Bloque Centauros: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/526-bloque-centauros/2260-don-mario-salpica-a-tres-exgobernadores-de-nexos-con-paras 6

El Bloque Norte era una red mucho más laxa que una fuerza altamente cohesionada. Y había otros Bloques cuya existencia era precaria, o quizás puramente formal. Varios paramilitares vendieron franquicias de papel a narcotra cantes para que se hicieran pasar por paramilitares durante el proceso de desmovilización. Uno de los casos es el Frente Chocó comandando supuestamente por el narcotra cante pura sangre alias Gordo Lindo, a este le crearon un bloque para desmovilizarlo. Ver También ver http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/%E2%80%98martin-llanos%E2%80%99-negocio-con%E2%80%98narcos%E2%80%99-para-que-entraran-justicia-y-paz-64174 7

Esta de nición es en esencia compatible con la que establece la ley 1448 de 2011 en su artículo 74: “Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. 8

La variable se construyó de la siguiente manera: 0 No se encontraron casos de despojo. 0,25 Entre 125 y 250 hectáreas de despojo. 0,50 Entre 250 y 374 hectáreas de despojo. 0,75 Entre 375 y 500 hectáreas de despojo. 1,00 El despojo sobrepasa las 500 hectáreas de despojo.

9

Sobre criterios para escogencia de casos, consultar Sekhon (2004) y Creswell (2013).

10

Las cifras municipales de desplazamiento fueron tomadas del RUV de La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; pero frente al despojo de tierras el país no cuenta con cifras claras. Por esta razón usamos las del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a causa de la violencia Rupta del Incoder como una primera aproximación y únicamente para la selección de los casos, pero en las cifras agregadas de este registro no se hace distinción entre los casos de abandono y los de despojo, por ello no lo

consideramos como proxy adecuado para el análisis posterior. Adicionalmente, nos apoyamos en literatura secundaria para la selección de los casos. 11

Las cuatro unidades que presentaron una alianza de este tipo con liderazgos y organismos gremiales fueron el Bloque Bananero, El Bloque Elmer Cárdenas, el Bloque Norte junto con el grupo de paramilitares de Chivolo. 12

Eso no quiere decir que no sean importantes para otros componentes del repertorio de violencia paramilitar, o para diversos proyectos de gobernanza paramilitar. 13

A veces por contrato, es decir, a cambio de una remuneración.

14

Ver Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz. Sentencia contra Arnubio Triana Mahecha y otros. Rad. 11001-2252000-2014-00058-00 Rad. Interno 2358, disponible en http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16Sentencia-Arnibio-Triana-y-otros.pdf 15

Esta unidad paramilitar recibió importante apoyo y nanciación de élites rurales legales como el caso de los ganaderos y empresarios Gallón Henao y que tuvo como mando medio al empresario y narcotra cante Héctor Restrepo Santamaría alias Perraloca (ver caso Titiribí). 16

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/este-top-narcotra cantes-colombianos-capturados-venezuela

17

Recuperado el 13-10-2015 de . Ver también Recuperado el 12-01-2016.

18

Aunque el 90% del territorio del departamento del Guaviare es Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, de ley 2 de 1959 y el 23% del departamento está declarado como Parque Nacional Natural (DNP, 2014), se han realizado sustracciones de esta tierra protegida con el n de destinarla a proceso de colonización, titulación de baldíos y explotación agrícola. Muchas de esas tierras extraídas están en manos de poseedores sin títulos formales (Arcila, González y Salazar, 1999), sin embargo esta informalidad no fue una condición su ciente para que esta unidad paramilitar llevara a cabo despojos en San José del Guaviare. 19

Entrevista con Omar Franco, Director de la Penitenciaria de San José del Guaviare, realizada el 10-02-2016.

20

Aunque quizás sea necesario cambiar su formulación para hacerla claramente probabilística: la presencia de las características asociadas a nuestras dos reglas incrementa la probabilidad de que se produzca despojo signi cativo. 21

Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia contra Salvatore Mancuso y otros. M. P.: Alexandra Valencia Molina, 31-10-2014. 22

Ver “Mancuso pierde uno de sus fortines políticos en Córdoba”, Revista Semana

23

Especialmente desde nales de la década de 1990. Ver Gutiérrez y Marín (2016).

24

Superintendencia de Notariado y Registro, 2011, Informe ejecutivo: Situación registral de predios rurales en los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo. Región del Urabá Antioqueño. 25

http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-paras-en-uraba

26

Recuperado el 02-10-2015 de http://www.elcolombiano.com/capturan-a-alvaro-mesa-hermano-del-diputado-por-despojo-detierras-en-uraba-NE1969870 27

Verdad Abierta, recuperado el 12-06-2016 de http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras?start=1

28

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras?start=1

29

Sin embargo, la variable no separa tan bien como las de articulación orgánica con las élites rurales, pues hay unidades no despojadoras que también capturaron a las autoridades locales. Ver Tabla 1. Para una explicación de los mecanismos subyacentes ver Gutiérrez (2016). 30

Rodrigo García alias Doble Cero, recuperado el 16-06-2014 de http://doblecero.blogspirit.com/archive/2006/06/index.html

31

Recuperado el 03-04-2016 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3364102 http://lasillavacia.com/queridodiario/hijo-de-paramilitar-quiere-alcaldia-49074 recuperado el 03-04-2016. 32

y

http://lasillavacia.com/queridodiario/hijo-de-paramilitar-quiere-alcaldia-49074

33

Los antiguos territorios nacionales hacen referencia a las intendencias y comisarías anteriores a la Constitución de 1991. Nos referimos a ex intendencias y ex comisarías en el sur del país. 34

Aunque el estudio realizado por el Observatorio del Llano no analizó todos los municipios, encontró que por ejemplo en Vista Hermosa, Meta, sólo 28% del total del área tiene escrituras y esta situación es muy similar a la de los otros municipios que presentaron despojo en el Meta y Casanare. Ver http://www.verdadabierta.com/duenos-sin-titulos Recuperado el 22-09-2015. 35

Castro (2008) presenta los resultados de una encuesta a los ganaderos llevada a cabo en el XXX Congreso de ganaderos en Cartagena e indagó sobre las percepciones acerca de los cambios en la estructura social provocada por el narcotrá co. El 40% respondió que había surgido una nueva clase de narco ganaderos, y un 19% que los ganaderos se habían convertido en tra cantes de drogas. 36

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/68-llanos-orientales/3341-seis-ex-alcaldes-de-casanare-condenadospor-parapolitica 37

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

38

http://www.verdadabierta.com/victimarios/3056-asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales

39

Al respecto Mario Aguilera señaló “Las señales de retroceso de las FARC se acentuarían en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) con la aplicación del Plan Patriota, destinado a la recuperación de los territorios de los departamentos del Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, importantes tanto por ser áreas de retaguardia de las FARC como por el hecho de que se trataba de la zona de donde provenía la mayor fuente de recursos derivados de los cultivos de coca. A diferencia de operaciones anteriores, la ofensiva del ejército fue de largo aliento y signi có la toma de caseríos, el control de los ríos y la destrucción de cultivos de coca y laboratorios. Para ellos se contó con cerca de 17.000 hombres, la colaboración de la Fuerza Aérea y la asesoría del comando sur de los Estados Unidos. Sus logros no se vieron de inmediato debido a que la presencia del ejército en estas zonas fue respondida por la guerrilla con un ordenado repliegue y con el retorno a la guerra de guerrillas en zonas más bien apartadas” (Aguilera, 2014, p. 212). 40

http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-de-paramilitares-en-los-llanos/365641-3

41

“En 2003 el Ejército lanzó una ofensiva contra el grupo de Llanos, y logró llegar en el mes de abril a su campamento central en el sitio conocido como El Tropezón, en el Medio Meluá. Pero no se logró su captura.” Recuperado el 26-11-2015 de http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centaruros 42

Todo el punto e se puede ver como otra forma de endogeneidad.

43

http://www.verdadabierta.com/el-despojo/despojo-mediante-carta-ventas-forzadas

44

En el caso de la hacienda de Gutiérrez, las víctimas señalaron a Ángel Por rio Carrero Dávila como la persona que se quedó con las primeras 300 reses que el grupo paramilitar les robó. Carrero aparece en un listado o cial como desmovilizado del Bloque Centauros. Consultar otros casos en http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/despojo-de-tierras-a-manos-de-paramilitares/14680788 45

Que también se encuentra en parte sustancial de nuestra literatura nacional; ver por ejemplo muchos de los materiales de la

Comisión Histórica del Con icto y sus Víctimas. 46

Sobre esto ver Informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el MAS, Lista de integrantes y la conexión MAS- Militares del 20-02-1983. 47

Nótese que en estas reglas la línea divisoria es entre niveles altos de despojo y los demás.

48

Aunque tampoco sea adecuado sugerir que “el con icto armado y social” constituyeron un todo coherente.

49

Quizás no esté de más recordar que si muchas —casi todas— las guerras producen desplazamiento, solamente unas pocas generaron despojo en gran escala, como la colombiana.

Capítulo 1 1

El área total del municipio de Turbo reportada en el Acuerdo 015 del 25 de julio de 2000 ha sido ajustada de acuerdo a información cartográ ca predial o cial de la Gobernación de Antioquia. 2

En 1959 se establece la frutera de Sevilla en Turbo, luego, en 1963 se hizo el primer cultivo de banano y al año siguiente se hizo el primer embarque (Alcaldía de Turbo, 2014). 3

Recuperado el 02-05-2014 de http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/antioquia/turbo/archivos/per l_turbo.pdf

4

En el 2015 se estaba realizando una actualización catastral, cuyos resultados permitirán comparar los datos con las realizadas en 1994 y 2003 (resolviendo problemas de incompatibilidad entre los sistemas de información creados para las actualizaciones). 5

El Golfo de Urabá, en su mayor extensión, pertenece al municipio de Turbo desde Punta Caimán hasta Bocatarena, incluyendo las 17 bocas y el delta del Río Atrato (Alcaldía de Turbo, 2014). 6

Bahía Pansisí o bahía Turbo es el único puerto en Antioquia por eso, las administraciones municipales reclaman la construcción del puerto internacional de aguas profundas que les permita un mayor comercio. En diciembre de 1997, el estudio de la construcción del puerto de Urabá dio viabilidad a éste y desde entonces, se está buscando la nanciación para construirlo. De otra parte, el Municipio de Turbo desde el 2007 fue Distrito Especial Portuario, sin embargo en 2009 la Corte Constitucional declaró inexequible dicho acto por medio de la Sentencia C-033 de 2009, y Turbo perdió la categoría de Distrito. 7

Entrevista a ex alcalde de Turbo, Aníbal Palacio, Medellín, marzo de 2014.

8

Recuperado el 16-03-2014 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/4293-frente-5-de-lasFARC-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia 9

Después de la primera cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987 se logró un ambiente amistoso entre los grupos guerrilleros que se expresó en varios comunicados conjuntos que elaboraron sus líderes en varias regiones del país. Para el caso de Urabá “Omar y Antonio lograron una reunión histórica con el viejo Efraín y otros responsables del V frente de las FARC. De allí salió un documento conjunto donde se acuñó la frase ‘no habrá ni un tiro más entre los revolucionarios’.” (Villaraga y Plazas, 1994, p. 220). 10

Recuperado el 16-03-2014 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/4293-frente-5-de-lasFARC-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia 11

Ibíd., p. 3.

12

Recuperado el 05-03-2014 de http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/antioquia/turbo/archivos/per l_turbo.pdf

13

“Según Raúl Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, uno de los jefes del Bloque Bananero, el empresario Mario Zuluaga Espinal,

conocido con el alias de Francisco Javier, facilitó la entrada de los Castaño a la zona y les ayudó a cometer varias masacres”. Zuluaga fue capturado el 9 de mayo de 2009 en la población de Anserma, Caldas y condenado a 30 años de prisión por homicidio y terrorismo. Recuperado el 26-03-2014 de http://rutasdelcon icto.com/interna.php?masacre=118 14

Recuperado el 30-03-2014 de http://rutasdelcon icto.com/interna.php?masacre=118

15

“La incursión paramilitar a la zona de Urabá llega antes de la desmovilización del EPL. Los Castaño llegaron a la zona de Urabá persiguiendo al EPL, matando a la gente de las zonas de in uencia del EPL; la masacre de Pueblo Bello que fueron 30 y pico de personas, un corregimiento de Turbo, que se los llevaron en una jaula y los pasaron por frente del Batallón, una instalación que queda en San Pedro y los mataron en Las Tangas; esa gente era de ascendencia nuestra; Honduras y La Negra en la zona bananera, en dos ncas de trabajadores bananeros; Guillermo te pudo haber contado eso, en un corregimiento de Turbo que se llama Punta de Piedra, una masacre de 15 personas”. Entrevista realizada a Aníbal Palacio realizada en Medellín en marzo de 2014. 16

“Según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero de 2006, Fidel Castaño fue el responsable de esta matanza. Un juzgado de Bogotá condenó en junio de 1991 a 30 años de prisión a los ex paramilitares Ricardo Rayo y Mario Zuluaga Espinal alias Francisco, y a 20 años de cárcel a varios partícipes de la masacre como Fidel Castaño, asesinado en 1994, Luis Rubio Rojas, ex alcalde de Puerto Boyacá, y Hernán Giraldo alias El Patrón, ex jefe paramilitar que delinquió en Magdalena y La Guajira extraditado en Estados Unidos por cargos de narcotrá co. Giraldo está postulado a la ley de Justicia y Paz”. Recuperado el 2603-2014 de http://rutasdelcon icto.com/interna.php?masacre=118 17

“La masacre fue ordenada por Fidel Castaño, quien buscaba vengar un supuesto hurto de 42 reses en una de sus ncas a nales de 1989. Según testimonios de las víctimas, el jefe paramilitar había dicho que ‘esas 42 cabezas de ganado iban a valer 42 víctimas’. Entre las víctimas había simpatizantes del Frente Popular, un partido de izquierda de la región afín al EPL, y tres menores de edad. Varios cuerpos fueron hallados en Las Tangas, en la nca Jaraguay, también propiedad de los Castaño, y en la vía que conduce de Arboletes a Montería. Después de 21 años, 37 cadáveres siguen desaparecidos”. Recuperado el 26-03-2014 de http://rutasdelcon icto.com/interna.php? masacre=121 18

Recuperado el 01-09-2015 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3681-comandos-populares-de-uraba-base-de-las-

accu 19

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3216-convivir-fachada-del-paramilitarismo-en-uraba

20

Recuperado el 14-03-2014 de http://rutasdelcon icto.com/interna.php?masacre=148

21

http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/antioquia/turbo/archivos/per l_turbo.pdf

22

http://www.verdadabierta.com/victimarios/3485-sin-la-tierra-y-sin-la-plata

23

Recuperado el 15-03-2014 de http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba-

24

Inicialmente la presencia de los paramilitares en el Urabá fue mayor allí donde los narcotra cantes ya habían comprado tierras (Reyes, 2009). “La creación de los primeros grupos paramilitares en Urabá está directamente asociada a la creciente presencia que hicieron narcotra cantes en la región, especialmente en la subregión norte ganadera. Según la encuesta realizada por Reyes sobre compra de predios rurales por narcotra cantes, durante el periodo comprendido entre 1980 y 1995, Antioquia fue el departamento con más municipios en los que fueron compradas tierras y Urabá fue una de las regiones en las que hubo “mayor asociación entre compra de tierras por narcotra cantes y acciones paramilitares” (Sentencia de Justicia y Paz, 2013, p. 211). En varios de los municipios del norte se hizo fuerte la propiedad de narcotra cantes para el lavado de activos y en los municipios del eje bananero convivió una economía agroindustrial del banano para exportación, una economía ganadera y una economía campesina. 25

Entrevista a administrador de Finca bananera realizada en Apartadó, 2014. “Estuvimos ocho días en Medellín y nos encontrábamos todos los días con ellos. A los ocho días nos dijeron ‘vuelven a Urabá’… Uno mantenía todo triste, mantenía enfermo, con mal de estómago y veía uno pasar una moto y no sabía si era para uno. En esa reunión en Medellín explicaron que había administradores que no eran correctos, pero que la orden era acabar con otra gente, que no con los administradores.” (Ibíd.).

26

Transcripción de audiencia del 10 de marzo de 2011. (Sentencia de Justicia y Paz, 2013, p. 238).

27

Versión libre presentada en la audiencia de legalización de cargos, 27 de abril de 2011, tercera sesión, minuto 01:22:56. Citado en Sentencia de Justicia y Paz (2013, p. 299). 28

“También re ere Jesús Ignacio Roldán Pérez que, después de esa desmovilización del EPL, Fidel fue buscado por varios ganaderos de la zona, de la región, que llegaron a donde Fidel a solicitarle apoyo y que les diera instrucción y los orientara para efectos de repeler aquella disidencia del EPL y el ingreso de la FARC que estaba ya subiendo a las zonas que había dejado expuestas el EPL.” Ver Audiencia de control de legalidad de cargos, Bogotá, 17-05-2011, minutos 00:59:36 y ss. Citado en Sentencia Justicia y Paz (2013, p. 220). 29

“Con base en el testimonio de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias Monoleche, la Fiscalía sostuvo que el grupo rearmado, en 1992, estuvo compuesto por 55 hombres al mando de alias ‘Salvador’, un hombre designado por los ganaderos de la región, “quien venía de Puerto Boyacá, que había trabajado con Pablo Escobar y había sido preparado por Yair Klein.” (Sentencia de Justicia y Paz, 2013, p. 221). 30

Según Veloza García alias HH, “a principios del 94 comienzan Vicente y Carlos Castaño, con ‘Doble Cero’, a proyectar la entrada de un grupo hacia la zona de Urabá”. De acuerdo con una versión escrita de Vicente Castaño, la incursión a Turbo fue encargada a Carlos Alberto Cardona Guzmán, alias Maicol, quien movilizo´ un grupo desde San Pedro de Urabá como respuesta a una solicitud mucho antes formulada por empresarios del municipio bananero.” (Sentencia de Justicia y Paz, 2013, p. 236). 31

Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia en contra de Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, rad. 2007 82701, M.P.: Uldi Teresa Jiménez López, Bogotá, 16 de diciembre de 2011, Parr. 39. 32

Verdad Abierta http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3681-comandos-populares-de-uraba-base-de-las-accu

33

Las Convivir fueron creadas por el artículo 42 del Decreto 356 de febrero 11 de 1994. “Existieron más de 500 cooperativas rurales de seguridad... Era legal armarlas, incluso con fusiles y otras armas largas, entrenarlas y dotarlas de radios de comunicación y medios de transporte. la Corte Constitucional declaró constitucional la existencia de las Convivir, pero las conminó a devolver las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas y les impuso otras restricciones. Posteriormente, el presidente de la Federación Nacional de las Convivir ordenó desmantelar unilateralmente la mayoría de dichos grupos por medio de su desarme y desmovilización organizada.” Recuperado el 05-10-2014 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3216-convivir-fachada-del-paramilitarismo-en-uraba 34

Audiencia de legalización de cargos contra Raúl Emilio Hasbún, 27 de abril de 2011, segunda sesión, minuto 00:53:09.

35

Lo anterior se extrae de la declaración del postulado Veloza García en la audiencia de legalización de cargos de 28 de abril de 2011, única sesión, minuto 02:31:47 ( Justicia y paz, 2013, p. 304). 36

César Andrade fue autor y ponente del proyecto de ley 68 de 2006, que llevó a la aprobación de la Ley 1183 de 2007, mediante la cual se otorgan funciones a notarios públicos, entre otras de registrar la posesión regular previa el cumplimiento de tres requisitos: i) identi cación del solicitante; ii) identi cación del inmueble y iii) una declaración jurada en la que el solicitante exprese que el predio no está pendiente de proceso judicial. ( Justicia y Paz, 2011, p. 220). 37

Este apartado toma como base los resultados de investigación publicados en un artículo previo (García y Vargas, 2014).

38

Despojo material: sigue apareciendo como titular pero dejó el predio por actos violentos. Despojo administrativo: el denunciante informa el despojo de su predio pero al veri car en el folio de matrícula inmobiliaria la tradición jurídica del mismo, se encuentra una resolución de revocatoria o de caducidad administrativa proferida por el Incora o Incoder presunto despojo vía jurídica: casos en los que el denunciante vendió el predio. Pero, las escrituras pueden adolecer de vicios de consentimiento, se suplantó al vendedor, o se utilizaron poderes irregulares (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011). 39

Eladio Torres, concejal de Turbo, y Clímaco Chamorro, funcionario del Incora.

40

Álvaro Mesa Cadavid es hermano del diputado antioqueño Rodrigo Mesa conocido por la polémica frase contra el Chocó “la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo”. Mesa es señalado por las autoridades de desconocer “fallos judiciales y ordenar ataques contra los campesinos que volvían a sus parcelas” y según la Policía, era uno de los tres “mayores enemigos del programa de restitución de tierras… Durante un mes los investigadores recopilaron testimonios y documentos, que sindican al empresario de desconocer nueve fallos judiciales, que le ordenaron devolver entre 200 y 500 hectáreas obtenidas a grupos paramilitares que desplazaron a los dueños”, indicó la Policía.” Recuperado el 02-10-2015 de http://www.elcolombiano.com/capturan-a-alvaro-mesa-hermano-deldiputado-por-despojo-de-tierras-en-uraba-NE1969870 41

Tribunal superior distrito judicial de Antioquia. Sala civil especializada en restitución de tierras. Sala primera. Sentencia. M.S.: Javier Enrique Castillo Cadena. Medellín, 28 de febrero de 2014. Exp.: 050453121001-2013-00413-00. 42

En el año 2005 se dan poderes a Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eljach Zuñiga (auxiliar contable de una nca bananera), Fabián Darley Roldan Villa (los tres investigados por concierto para delinquir). 43

Entre ellos Benjamín José Alvarado Bracamonte (quien tiene dos órdenes de captura a cuestas).

44

Zulma Yibi Romero Cerquera compra 18 predios todos en la escritura 1564 del 26 de diciembre de 2005. Humberto León Atehortua (desmovilizado Bloque Elmer Cárdenas, postulado a los bene cios de la Ley 975 de 2005) compra seis predios con la escritura 1563 del 26 de diciembre de 2005. Otoniel Segundo Hoyos Pérez Otoniel (hacía parte de la comandancia del frente costanero, postulado a los bene cios de la Ley 975 de 2005) compra tres predios con la escritura 1562 con del 26 de diciembre de 2005. 45

Ver también Audiencia de cancelación títulos fraudulentos 16 de septiembre de 2011 postulado Fredy Rendón Herrera. Testigo: Dayron Mendoza Caraballo. 46

http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5624-en-tulapas-si-hubo-despojo-de-tierras

47

Actualmente la Justicia investiga al ex Presidente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio Villadiego por sus nexos con paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas y por promover la compra forzada y el despojo de tierras en el Urabá. Él se declaró culpable y ha aceptado colaborar con la justicia. Ex gobernador de Córdoba se declara culpable por despojo de tierras. El Colombiano (2014, 7 de octubre). 48

Recuperado el 14-06-2011 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/3330-la-telaranade-los-paras-en-uraba 49

“Creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como Germán Monsalve y hermano de alias El Alemán. Entre el 2004 y el 2007, Asocomun rmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá. El valor constatado por VerdadAbierta.com de varios de esos contratos asciende a 1.607 millones de pesos.” (Ibíd.). 50

A comienzos de la década del 2000, el Gobierno desarrollaba una política de sustitución de cultivos ilícitos y familias guardabosques nanciada por Estados Unidos a través del Plan Colombia. Los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas en alianza con políticos claves hicieron lobby con diferentes actores e instancias centrales para lograr que estos programas se desarrollaran en la región del Urabá y fueran bene ciadas las comunidades a través de la ONG Asocomun. Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. N 30126. Sentencia contra Ramón Antonio Valencia Duque. 51

Consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), el Sena, la OIM, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región. http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-parasen-uraba 52

Además de ganar un reconocimiento dentro de las 20 experiencias de desarrollo de la CEPAL, el Congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República. http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-

paras-en-uraba 53

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. N 30126. Sentencia contra Ramón Antonio Valencia Duque.

54

Luis Emilio Úsuga, alias Palillo, y Luis Ángel Ramírez, alias 55 o Campeche ocupan las ncas.

55

En el 2001 Duvián Humberto Henao Ciro trans rió a Hugo Fenel Bernal Molano (reconocido paramilitar y narcotra cante extraditado a EEUU), en 2003 a Carlos Alberto Vélez Gallego y Gustavo Adolfo González Villada y en 2005 trans eren la propiedad a Miguel Ramón Medina. 56

Actualmente hay medidas cautelares sobre la propiedad. Las víctimas de la cooperativa no han podido retornar.

57

Según un estudio de concentración de tierras de Macondo Turbo, la Sociedad A.A Palacios y Cía. S.CS. ha concentrado el dominio de 447 ha de campesinos bene ciarios de las adjudicaciones del Incora. Informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Dirección Social, Línea de Registro y Análisis de Contexto grupo de casos especiales, citado en la Sentencia del Tribunal Superior. Distrito Judicial de Antioquia. Sala Civil especializada en restitución de tierras. Medellín, 8 de abril de 2015. M.P.: Vicente Landinez Lara. Recuperado el 02-10-2015 de http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/sent05045312100120130057100-15.pdf 58

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/derechos-humanos/37-general/934-capturados-por-despojo-de-tierras-en-

uraba 59

Sentencia del Tribunal Superior. Distrito Judicial de Antioquia. Sala Civil especializada en restitución de tierras. Medellín, 8 de abril de 2015. M.P.: Vicente Landinez Lara. Recuperado el 02-10-2015 de http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/sent05045312100120130057100-15.pdf 60

Territorio caracterizado por una alta informalidad de la tierra en la que los campesinos no son titulares del dominio sino poseedores o tenedores. (Acción Social, 2010). 61

Recuperado el 02-10-2015 de http://www.pacocol.org/index.php/noticias/14806-ordenanrestitucion-a-familias-que-reclamabanpredios-en-la-hacienda-monteverde-en-uraba

Capítulo 2 1

Alcaldía de Chivolo, 2011. Plan de desarrollo municipal 2012-2015 Así gana la gente. Recuperado el 03-02-2016 de http://chibolo-magdalena.gov.co/apc-aa- les/63323236383236303835333538663634/plan-de-desarrollo-chibolo-magdalena-sectoreducacion.pdf 2

Necesidades Básicas Insatisfechas —NBI—, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a junio de 2012.

3

El IPM del municipio para el 2014 era de 65,3 pero es una cifra que no se puede comparar con el promedio departamental (DNP, 2015). Fichas municipales y departamentales, recuperado el 03-02-2016 de https://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloterritorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx 4

Fedegan, 2015. Foro “Para dónde va la ganadería regional 2015-2018” Santa Marta, Magdalena. Todo el archivo se puede descargar al consultar las Fichas de caracterización departamental del Magdalena de http://www.fedegan.org.co/estadisticas/publicacionesestadisticas 5

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 470013121001-2012-0084-00 del 28 de agosto 2013.

6

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio 2013. 7

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras

8

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio 2013. 9

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio 2013. 10

Hernán Giraldo Serna es un agricultor y ganadero oriundo de Caldas. Organizó grupos de seguridad privada como ‘Los Combos’ y en 1986 creó las Autodefensas Campesinas de la Vertiente Nororiente de la Sierra Nevada de Santa Marta grupo que luego se transmutó en otras organizaciones criminales. Adán Rojas Ospino es un campesino oriundo de Tolima que llegó a Ciénaga a dedicarse al pastoreo de ganado. Se armó a comienzos de los ochenta junto con sus hijos (el llamado Clan de los Rojas) en el corregimiento El Palmor ubicado en la parte occidental de la Sierra Nevada. http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/618-bloque-norte-bloque-resistenciatayrona-hernan-giraldo/5243-hernan-giraldo-maquina-de-guerra-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta 11

Según la Revista Semana, Omar Montero Martínez es el “mayor usurpador de tierras a campesinos colombianos”. Actuó principalmente en los municipios de El Difícil, Plato, Chivolo, Pivijay, Tenerife, Sabanas de San Ángel y Zapayán. Tenía una red de despojo en la que actuaba en conjunto con ‘Tuto Castro’. Más información sobre ‘Codazzi’ en http://www.verdadabierta.com/justicia-ypaz/juicios/614-bloque-norte/5504-codazzi-debe-responder-a-las-victimas 12

Augusto ‘Tuto’ Castro fue un ganadero, terrateniente aliado del Bloque Norte que, siendo amigo personal de Jorge 40, se adjudicó varios inmuebles despojados y además los explotó con dineros públicos. Sus hermanos son: Jorge de Jesús (ex senador por el Partido Colombia Viva), Edgar Manuel (ex diputado del Magdalena) y Carmen Cecilia (alcaldesa de Ariguaní durante la rma del pacto político-paramilitar conocido como Pacto El Difícil). Ver Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48despojo-de-tierras/4263-iquien-es-el-tuto-castro 13

Corporación Jurídica Yira Castro. Denuncia pública por hechos que atentan contra la comunidad restituida y en procesos de restitución en el municipio de Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel y otros, en el departamento de Magdalena, marzo de 2016. 14

Como se mencionó anteriormente, este registro no distingue entre el abandono y el despojo de tierras.

15

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/victimarios/700-per l-jose-maria-barrera-alias-chepe-barrera

16

Según la versión de Salinas y Zarama para el Centro de Memoria Histórica (2012), en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —que se crearon en 1994 antecediendo a las AUC fundada en 1997, se encontraba el Gran Bloque Norte —GBN— que, bajo la comandancia de Salvatore Mancuso, reunía a otros cuatro bloques: el de los Montes de María, el de Córdoba, el de Catatumbo y el del Bloque Norte. Según lo confesó el comandante Mancuso, luego de multiplicar el número de Convivires en el norte de Colombia, este GBN “fue la estructura ideada por la Casa Castaño para darle unidad a los diferentes grupos de las ACCU que hacían presencia en la región Caribe.” (Mancuso en Salinas y Zarama, 2012). 17

Comandante paramilitar oriundo de Valledupar, Cesar. Se graduó de técnico en administración pecuaria, fue representante ganadero e ingresó a las ACCU donde fue subiendo en cadena de mando; en 2002 queda como comandante militar del Frente Resistencia Tayrona. Una de sus bases militares en el departamento de Magdalena fue en la vereda La Pola, Chivolo, municipio en el que también coordinó la entrega de títulos de las veredas del Encanto y Bejuco Prieto. En Magdalena coordinó tres distintos pactos (el de Chibolo, Pivijay y El Difícil) en el que se hicieron acuerdos electorales entre el grupo armado y políticos de la Costa. 18

19

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/victimarios/700-per l-jose-maria-barrera-alias-chepe-barrera

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio de 2013.

20

Recursos de los hospitales públicos sirvieron http://caracol.com.co/radio/2010/03/05/judicial/1267787700_963485.html

para

nanciar AUC,

Caracol

Radio,

21

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 de junio 28 de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0084-00 de agosto 28 de 2013. 22

Verdad

Abierta, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/614-bloque-norte/5504-codazzi-debe-responder-a-las-

victnas 23

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/4147--chibolo-en-riesgo

24

Magdalena, Contraloría General de la Nación, http://www.contraloria.gov.co/documents/155638087/179798505/publicaci%C3%B3n+Magdalena.pdf/0d86f27d-da60-4f2a-8a7c52fac5f08d03 25

Verdad Abierta, http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2015-capturado-integrante-del-extinto-bloque-norte-de-lasautodefensas.html 26

Revista Semana. La Red anticorrupción de Jorge Cuarenta, http://www.semana.com/on-line/articulo/la-red-anticorrupcion-jorge40/94790-3 27

“Además de las reuniones que sostenía periódicamente el ‘tesorero de la empresa’ (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10% del valor total de un contrato: 3.33% para el frente que la reporta; 3.33% para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1% para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33% para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6% del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas”. Ver Revista Semana. La Red anticorrupción de Jorge Cuarenta, http://www.semana.com/on-line/articulo/la-red-anticorrupcion-jorge40/94790-3 28

El computador de Jorge 40, Revista Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-computador-de-jorge-40/80765-3

29

Revista Semana. La Red anticorrupción de Jorge Cuarenta, http://www.semana.com/on-line/articulo/la-red-anticorrupcion-jorge40/94790-3 30

Coolechera es la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda, “organismo cooperativo de primer grado, de derecho privado y sin ánimo de lucro” constituido en 1933 por un grupo de ganaderos del Departamento de Atlántico, http://www.coolechera.com/nuestraempresa.php 31

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-policia-que-lucho-a-favor-de-las-victimas?start=1

32

El ex gerente de la cooperativa, Manuel Combarías, está preso por paramilitarismo desde agosto de 2005. Ver Capturan a Saúl Severini, ganadero señalado de ser tesorero de la ‘parapolitica’, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3364102 33

Recursos de hospitales públicos sirvieron http://caracol.com.co/radio/2010/03/05/judicial/1267787700_963485.html 34

para

nanciar AUC,

Caracol

Radio,

Según la noticia “Entre los centros médicos mencionados como presuntos nanciadores de las AUC están las Empresas Sociales del Estado de Repelón, Candelaria, Palmar de Varela, Galapa, Malambo, Sitio Nuevo, Sabanagrande y Puerto Colombia, entre otros”.

Disponible en: Recursos de hospitales públicos sirvieron http://caracol.com.co/radio/2010/03/05/judicial/1267787700_963485.html 35

para

nanciar AUC,

Caracol

Radio,

No fue posible de nir su partido ni en internet ni con la revisión que se hizo en el archivo de la Registraduría.

36

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/83-juicios/3601-el-paso-macabro-del-bloque-nortepor-el-atlantico 37

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-policia-que-lucho-a-favor-de-las-victimas?start=2

38

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la Ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios 224-226. Diligencia de declaración de Domingo Madarriaga Carranza. 39

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/2457-condenan-al-ex-senador-castro-pacheco-por-parapolitica

40

En el corregimiento de La Estrella, ubicado a 20 minutos del casco urbano de Chivolo. El comunicado de prensa a la opinión pública departamental y nacional, y el Pacto de Chivolo están disponibles en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/PactoChivolo.pdf 41

Es en este escenario que Neyla Alfredina Soto Ruiz alias Sonia o La Sombrerona, siguiendo las indicaciones de Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40’, cita a los 13 candidatos a alcaldías y 395 aspirantes a concejos y asambleas a rmar el pacto. Las decisiones del encuentro se tomaron según lo pensado por Jorge 40. El comandante paramilitar propuso de nir y recortar la cantidad de candidatos a concejales y diputados y, además, de nir un candidato único a la gobernación. A los aspirantes al concejo que no resultaran electos, les dio la opción de presentarse también con el movimiento pero en el segundo puesto de las listas a la Asamblea Departamental. Alias Sonia sería quien, ese mismo día, haría las veces de jurado en el voto secreto de los candidatos. Adicionalmente, esta ‘jefe política de las AUC’, sería quien habría de constituir la fundación Mujeres de Provincia para canalizar los recursos e impuestos de las administraciones encabezadas por rmantes de este pacto. Ver La Patria, http://www.lapatria.com/politica/los-pactos-regionales-de-la-parapolitica-7608?qt-lo_m_s10=1 y Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/1168-yo-estuve-en-el-pacto-de-chivolo-sp-1841527740 42

Comunidades campesinas y legalización http://www.conlospiesporlatierra.org/?p=696

del

despojo:

Hacienda

La

Pola

(Chibolo,

Magdalena),

Movice,

43

Tras las rejas 12 ex concejales por alianzas con el ex jefe para, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS11796228 44

Fiscalía capturó a ex alcalde de Chivolo, Dracamandaca, http://deracamandaca.com/?p=18429. Gustavo Rafael Orozco además había aportado a la carrera política de Jorge de Jesús Castro Pacheco. 45

Comité de Justicia Transicional, 2012. Plan de acción territorial 2012-2015.

46

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos.

47

Recuperado el 01-12-2015 de Red Nacional de Información http://cifras.unidadvictimas.gov.co/

48

Esta vereda se encuentra en jurisdicción de Chivolo, San Ángel y Plato. Según la siguiente declaración, gran parte de los desalojos en la vereda se llevaron a cabo el día 15 de agosto de 1997 en la nca de Antonio Avendaño, allí ‘El Viejo’ y ‘Caballo’ fueron quienes propiciaron tal acción. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 20. Delito: Concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 229-231. Diligencia de declaración de Juana Francisca Mendinueta. Sobre los predios Santa Martica y Las Mulas, que son jurisdicción de Plato, el ganadero Joaquín Cortina señala que Augusto Castro le había comprado los predios de Plato a Leonidas Duque Barros, dueño original de las tierras, y que al no haber sido elevado a escritura pública ni registrada se autorizó para que le otorgaran las escrituras a Cortina. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/historia-dedespojo/4501-entrevista-al-ganadero-joaquin-cortina

49

Según declaración de Domingo Madarriaga Carranza, víctima de despojo en la vereda La Boquilla, un funcionario del Incoder le informó que la familia Duque Barros es residente en Plato y quien tiene el poder para vender es Jaime Duque Barros. El mismo funcionario aseguró que al parecer los documentos que pone a Tuto Castro son falsos y que las hicieron en Cerro Antonio. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. cuaderno anexo no. 20. delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 224-226. Diligencia de declaración de Domingo Madarriaga Carranza. 50

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras?start=1

51

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal. Mayo 12 de 2012. Sentencia condenatoria contra el senador Pacheco que ordena la investigación adicional por crímenes contra la humanidad. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pacheco.html 52

Capo anti restitución tuvo subsidios de $300 millones, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12300148

53

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras?start=1

54

De ‘Tuto’ Castro poco se conoce antes de su actuar como paramilitar. Proviene de una familia acaudalada de Valledupar, cuando se puso recompensa a su captura se defendió de niéndose como “un ganadero honrado, de buena familia”. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12824417 55

Incoder, Resolución No. 2317 del 15 de noviembre del 2012.

56

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47-001-3121-0012013-00038-00 del 6 de diciembre de 2013. 57

Magdalena, Contraloría General de la Nación, http://www.contraloria.gov.co/documents/155638087/179798505/publicaci%C3%B3n+Magdalena.pdf/0d86f27d-da60-4f2a-8a7c52fac5f08d03 58

Después de la violencia ‘Paraca’ ‘Parapeto’ es hoy http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/municipios80.html 59

Con la restitución de tierras la esperanza http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad1923.html

una

retorna

zona

a

de

paz, Hoy

‘Parapeto’, Hoy

Diario

Diario

del

del

Magdalena

Magdalena

60

No fue posible encontrar la fuente original de Verdad Abierta. Se cita en el siguiente texto de la Contraloría General de la Nación: Magdalena, Contraloría, http://www.contraloria.gov.co/documents/155638087/179798505/publicaci%C3%B3n+Magdalena.pdf/0d86f27d-da60-4f2a-8a7c52fac5f08d03 61

Comunidades campesinas y legalización http://www.conlospiesporlatierra.org/?p=696 62

del

despojo:

Hacienda

La

Pola

(Chibolo,

Magdalena),

Movice,

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3144-el-incora-40-y-sus-ladrones-de-tierras

63

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 144-145. Diligencia de declaración Jurada, Martín José Orozco Martínez. 64

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-20120080-00 de junio 28 de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Radicado No. 47001312001-2012-0084-00 de agosto 28 de 2013. En estas sentencias se resuelve adjudicación a favor de 7 y 8 unidades familiares bene ciarias respectivamente 65

El regreso a sus ncas de campesinos del Magdalena, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/restitucion-

de-tierras-en-el-magdalena/14571195 66

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3144-el-incora-40-y-sus-ladrones-de-tierras

67

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Original Nº 15. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 43-54. Informe de campo-FPJ-11 Nº 559/0T. 580. Policía Judicial. Ref: Rad. 11-00160-00253-2006-80008, O c. 1461. 68

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-policia-que-lucho-a-favor-de-las-victimas?start=1

69

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 20. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 139-141. Diligencia de declaración jurada, Luis Alberto Ramos Barrios. 70

No se ha encontrado la identidad de alias ‘Córdoba’. Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno original Nº 15. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 43-54. Informe de campo-FPJ-11 Nº 559/0T. 580. Policía Judicial. Ref: Rad. 11-001-60-00253-2006-80008, O c. 1461. 71

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0080-00 del 28 de junio de 2013. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Rad. 47001312001-2012-0084-00 del 28 de agosto de 2013. 72

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno anexo Nº 5 Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 26-35. Acta de visita al predio El Encanto realizada por el Incoder. 73

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno Anexo Nº 25. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 15-21. Acta número 01 del Comité regional de selección Incora-regional Magdalena. 74

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Santa Marta. Cuaderno anexo Nº 25. Delito: concierto para delinquir agravado. Exp. 2013-00169. Folios: 15-21. Acta 01 del Comité regional de selección Incora regional magdalena. 75

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3124-gobierno-revoca-titulos-de-tierras-robadas-por-jorge-40

76

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz?id=4147

77

Sentencia condenatoria contra el http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pacheco.html

ex

senador

Jorge

78

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-caida-de-un-senor-de-las-tierras?start=1

79

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/component/content/category/242

80

De nición tierra arrasada por el Grupo de Memoria Histórica.

Pacheco,

disponible

en

Capítulo 3 1

En el territorio chocoano se pueden distinguir cuatro unidades socio geográ cas: hacia el noreste, en la cuenca baja del Atrato o subregión de Urabá, esta´ in uida por la colonización antioqueño - cordobesa y se vincula con la Costa Pací ca por lazos naturales y sociales. Comprende los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajira´. Hacia el centro este, la cuenca alta del Atrato, cuyas actividades económicas más dinámicas se concentran en Quibdó y donde se ha generado un corredor con los municipios de la vertiente occidental de la cordillera andina. Sus municipios son Quibdó, Bojayá, Lloro´, Bagadó, el Carmen de Atrato, Atrato (Yuto), Río Quito y Medio Atrato. En el sur, la cuenca del río San Juan o subregión del San Juan, ligada a la cuenca marina del Pací co, hacia donde drena este río; su población ha estado más dedicada a la explotación del oro. Comprende los municipios de Istmina,

Tadó, Condoto, Nóvita, Sipí, San José del Palmar, Río Oro, Medio San Juan, Unión Panamericana, Certegui y el Canto´n de San Pablo. El litoral Pací co o subregión del Pací co, separada del resto por la Serranía del Baudó; con menor poblamiento, esta´ más vinculada a la dinámica general de la costa occidental de Colombia. Pertenecen a ella los municipios de Jurado´, Bahía Solano, Nuqui´, Alto Baudo´, Medio Baudo´ y Bajo Baudó. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2174.pdf ?view=1 2

Recuperado en febrero de 2015 de http://www.riosucio-choco.gov.co/informacion_general.shtml

3

Alcaldía del municipio de Riosucio. Plan de Desarrollo Unidos somos más trabajando por la prosperidad. 2012-2015. Disponible en http://riosucio-choco.gov.co/apc-aa- les/38316336316637343839396539346635/acuerdo-nro-014-del-3-de-mayo-del-2012.pdf 4

Es reconocido porque cuenta con especies maderables de gran valor económico como el Pino amarillo, cativo, abarco, guino, cedro, caracolí, guayaquil, cocuelo, etc. 5

El actual plan de desarrollo del municipio de Riosucio señala “En razón del ya muy citado fenómeno de violencia y desplazamiento, los registros actuales de producción ganadera son imprecisos aunque aún hay presencia de ganado en las veredas bellavista, nueva luz, cuchillo blanco y larga boba. De todos modos se advierte hoy una leve recuperación en éste renglón de la economía, pese a la escasez o mala calidad de pastos por inundaciones y a la estrechez económica de los pequeños productores para la adquisición de insumos y otros elementos requeridos para el mejoramiento de la producción”. Alcaldía del municipio de Riosucio. Plan de Desarrollo Unidos somos más trabajando por la prosperidad, 2012-2015. Disponible en http://riosucio-choco.gov.co/apc-aales/38316336316637343839396539346635/acuerdo-nro-014-del-3-de-mayo-del-2012.pdf 6

Está localizado en las estribaciones de la serranía del Darién, entre la frontera colombo panameña y la ciénaga de Tumaradó y entre los ríos Cacarica - Perancho y Peye. En su costado noroccidental limita con el Parque Nacional Natural Darién de la República de Panamá, en una extensión de aproximadamente 48 kms (EOT, 2000). 7

Principalmente en el área de colinas bajas de los municipios de Unguía y Acandí, ocupada por pobladores y hacendados provenientes en su mayoría de Antioquía y Córdoba, su actividad económica principal es la ganadería extensiva, combinada con agricultura en menor escala y explotación forestal (EOT, 2000). 8

Especialmente en las zonas de los sectores de las vegas no inundables o temporalmente inundables de los ríos Acandí, Tolo y Atrato con sus principales a uentes, resaltándose los tributarios Tibirri, Tanela y Unguía, en algunos de los cuales, las vías carreteables o la facilidad de navegación permiten el acceso y asentamiento de nuevos colonos (EOT, 2000). 9

El narcoinforme de las FARC, recuperado el 6-09-2015 de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-narcoinforme-deFARC-articulo-448318 10

Recuperado el 2-03-2015 de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2174.pdf ?view=1

11

Espinosa tomó como fuente “Noche y Niebla”, y contabilizó las acciones paramilitares en la región de estudio Urabá antioqueño y chocano –durante el periodo 1994/2006– fueron 398. El autor señala que las acciones realizadas por los grupos paramilitares fueron en su mayoría contra la población civil (97,5%). De estas el 20% de los eventos violatorios de los derechos humanos tuvieron una directa afectación colectiva (amenazas y desplazamientos). Del total de acciones y modalidades, 11 eventos corresponden a eventos relacionados con enfrentamientos directos entre paramilitares y guerrilleros, es decir, tan solo el 2,5% de las acciones totales (Espinosa, 2012). 12

Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Radicado. 110016000253 2008 83241. Sentencia Primera Instancia. Bloque Elmer Cárdenas. Recuperado el 15 de agosto de 2015 de http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/201408-27-sentencia-bloque-elmer-cardenas-dario-enrique-velez-y-otros.pdf 13

Fuente: La de Riosucio, incursión planeada en comando de Policía. 28 de septiembre de 2013. Verdad Abierta, recuperado el 509-2015 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/604-bloque-elmer-cardenas/4893-la-de-riosucio-incursion-planeadaen-comando-de-policia 14

Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Rad. 110016000253 2008 83241. Sentencia Primera Instancia. Bloque

Elmer Cárdenas. Recuperado el 15-08-2015 de http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-08-27-sentenciabloque-elmer-cardenas-dario-enrique-velez-y-otros.pdf 15

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica, Operación Génesis vs Colombia, 20 de noviembre de 2013. Recuperado el 15-03-2015 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/5078-estado-no-protegio-a-comunidades-durante-operacion-genesis 16

Condenado a 25 años por sus nexos con paramilitares.

17

La operación fue ejecutada por los batallones Fuerzas Especiales: 1 y Contraguerrillas: 35, adscritos a la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño. Y además por 60 paramilitares, 40 de ellos integrantes del Frente Chocó y 20 más del Frente Arlex Hurtado. En su desarrollo, ejecutaron a Marino López en el caserío de Bijao, a quien acusaron de ser un guerrillero, y desmembraron su cuerpo. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/5078-estado-no-protegioa-comunidades-durante-operacion-genesis 18

“De manera paralela y bajo acuerdos con las Fuerzas Militares, según lo ha confesado ante scales y magistrados de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, un grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá inició la Operación Cacarica, remontando el río Atrato desde Riosucio, pasando por el Parque Nacional de los Katios, atravesando Bijao, hasta llegar al sitio conocido como la Loma del Cacarica, desde donde incursionaron a las cuencas del Salaquí, Truandó y Perancho, realizando operaciones militares conjuntas con el Ejército”. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-losparas/5078-estado-no-protegio-a-comunidades-durante-operacion-genesis 19

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/5078-estado-no-protegio-a-comunidadesdurante-operacion-genesis 20

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/5078-estado-no-protegio-a-comunidadesdurante-operacion-genesis 21

La expansión de los paramilitares desde el norte del Urabá hacia el sur fue constatada en una investigación realizada por el INER en donde la mapi cación de las acciones armadas demostró cómo se fueron moviendo, en intensidad y sobre el terreno, de norte a sur. Según estos mapas la intensidad del con icto inició en 1996 y aumentó en Riosucio entre 2000 y 2003, siendo el año 2000 el de mayor afectaciones por hechos violentos (Espinosa, 2012, p. 313). 22

En esta región existían diversas organizaciones armadas, como las FARC, el ELN, los Comandos Populares, las Convivir y las autodefensas de los hermanos Castaño. Ver capítulo 1 de este libro que trata del Caso Turbo. 23

Llamado así porque en lugar de llevar equipo de campaña, cargaba sus armas y municiones en costales de nca. “Ellos estaban ubicados en una nca al sur del matadero de Necoclí conocida como La 70”. Verdad Abierta, recuperado el 01-04-2015 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/4009-la-ultima-version-de-vicente-castano-antes-de-desaparecer 24

“Carlos Correa era el nanciero del Frente 58 de las FARC. A Arnoldo Vergara le dieron la orden de matarlo, pero no lo encontró. Entonces Carlos Castaño lo mandó llamar y le dijo que se uniera a los paramilitares, que no se hiciera matar y que creara un grupo paramilitar. Correa formó un grupo y Castaño le puso de segundo a Vergara para que lo vigilara”, contó alias El Alemán en una versión libre el 31 de mayo de 2011. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/4009-la-ultima-versionde-vicente-castano-antes-de-desaparecer 25

En las zonas de injerencia del Bloque Elmer Cárdenas, las cooperativas de seguridad y vigilancia eran controladas por los grupos paramilitares. Carlos Ardila, lideró la Convivir Costa Azul, la Convivir Covitur o Covitu y Otoniel Segundo Hoyos también del BEC lideró la Convivir La Palma. Ver anexo de las Convivir presentes en Urabá. Además “La Brigada XVII, comandada por el General Rito Alejo del Rio, prestaba cooperación y apoyo a las Convivir, incluso que las doce convivir de la región de Urabá eran manejadas como una sola empresa, dirigidas s a través de la Convivir “Papagayo”, ubicada detrás de las instalaciones de la Brigada XVII con sede en Carepa ( Justicia y Paz, 2011, p. 177).

26

Alias El Alemán contó que en la década de 1990 trabajaba en una proveedora de alimentos en el Urabá y fue así como conoció a ‘Carlos Correa’. “Eso fue en 1995. ‘Carlos Correa’ me compraba víveres y él me presentó a Carlos Castaño. Me reuní con Castaño cerca del Mellito sobre el río Mulatos. Le escuché por primera vez un discurso. Habló de que tocaba defender la institucionalidad y que el Gobierno era incapaz de mantener la honra de los hombres. Le expresé que estaba de acuerdo y me preguntó: ¿usted de dónde es? Y yo le dije: del pueblo más hermoso de Colombia, de Amal . Entonces de respondió: primito, bienvenido a las autodefensas”. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/4009-la-ultima-version-de-vicente-castano-antes-de-desaparecer 27

Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Radicado. 110016000253 2008 83241. Sentencia Primera Instancia. Bloque Elmer Cárdenas. Recuperado el 15-08-2015 de http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-08-27sentencia-bloque-elmer-cardenas-dario-enrique-velez-y-otros.pdf 28

Bloque Elmer Cárdenas del Urabá. Recuperado el 27-07-2015 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/416-bloque-elmercardenas-de-uraba29

“A propósito el Tribunal de Justicia y Paz señala que dicha carretera busco´ la entrada de las AUC en el norte del Choco´ y a la región del Atrato, en donde el BEC desempeñó un papel sustancial en la consolidación de economías agroindustriales vinculadas a circuitos internacionales en perjuicio de comunidades afro descendientes con posesiones históricas sobre cientos de hectáreas de tierras.” (Tribunal de Justicia y Paz, 2011, p. 201). Tal y como lo veremos en la última sección de este documento destinada al despojo de tierras en el municipio de Riosucio. 30

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba

31

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba

32

“La estrategia, según ‘El Alemán’, era tener dos candidatos por municipio, uno con muchas opciones y el otro con pocas, para simular una actitud democrática”. Verdad Abierta. Los políticos capturados del Urabá Antioqueño, recuperado el 28-08-2014 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/5423-el-aleman-y-su-proyecto-politico-en-uraba 33

Verdad Abierta, recuperado el 12-09-2015 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/4180-pliego-de-cargos-en-contra-deparapoliticos-del-choco 34

Ver http://www.notichoco.com/index.php/justicia/586-segun-la- scalia-por-lo-menos-30-alcaldes-del-choco-tieneninvestigaciones-en-su-contra 35

Aunque en este capítulo solo se ilustran casos de despojos masivos contra comunidades ancestrales también hubo casos de despojo individual, como el de la familia Padilla Ortega que fue desplazada en varias ocasiones por la violencia paramilitar. Las autoridades han establecido que la nca de 145 hectáreas que pertenecía a dicha familia quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida por despojo de tierras y nexos con paramilitares en el Urabá. Verdad Abierta, recuperado el 02-122015 de http://goo.gl/HQwWzy 36

Abarca los municipios de Riosucio, Chocó y Turbo, Antioquia.

37

En algunas fuentes Mancilla aparece con c y en otras con s.

38

“El 22 de noviembre de 2000 el Incora les reconoció 107 mil hectáreas como territorio colectivo. Según una persona que estudió el documento, el título señala que el Consejo está en el municipio de Riosucio, pero no clari có los límites con Antioquia hasta donde se extiende el territorio. “Lo otro es que esta titulación ocurrió justo cuando mucha gente se había desplazado, entonces dentro del Consejo quedaron parcelas de campesinos que todavía no tenían títulos”, dice otro investigador”. Verdad Abierta, recuperado de http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5483-con-bufalos-ocupan-tierras-reclamadas-por-labriegos-de-la-larga-tumarado 39

“La historia de la ocupación de las tierras de La Larga-Tumaradó comenzó a nales de los años setenta. Para entonces sobre los bordes de los ríos que llevan estos mismos nombres ya estaba organizada una comunidad afro. Para esa época comenzaron a llegar campesinos y con la promesa de la reforma agraria que impulsó en 1968 el entonces presidente de la República Carlos Lleras Restrepo le

pidieron al Incora le titularan las parcelas. Una parte de los campesinos lograron los títulos, pero no todos realizaron el respectivo registro en la notaría ni en la o cina de instrumentos públicos. ‘Las comunidades vivieron relativamente tranquilas entre 1984 cuando comenzaron las titulaciones hasta 1995 cuando llegaron los paramilitares”, relata una persona que vivió en el consejo comunitario”. Verdad Abierta, recuperado el 10-04-2014 de http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5483-con-bufalos-ocupan-tierrasreclamadas-por-labriegos-de-la-larga-tumarado 40

Lo particular del 2000 es que justo ese año comenzaron las compras masivas de tierras. “Según los testimonios de la comunidad de Ascoba y de investigadores que documentan el caso, a la región llegaron foráneos a comprar las parcelas de los campesinos tituladas en los años ochenta, pese a que estaban sobre la zona de reserva forestal del río León. Aunque las principales compras ocurrieron en los corregimientos de Macondo, Blaquicet y Nuevo Oriente de Turbo; en Riosucio, varios campesinos que tenían posesión, pero no títulos, sobre algunos terruños también vendieron”. Verdad Abierta, recuperado de http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5483-conbufalos-ocupan-tierras-reclamadas-por-labriegos-de-la-larga-tumarado 41

Los asteriscos reemplazan los nombres de las empresas. Estos se omiten por solicitud de los entrevistados.

42

Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. informe técnico elaborado por el Incoder, en cumplimiento de los autos 045 y 112 del 2012, proferidos por la corte constitucional Bogotá, julio 12 de 2012. Recuperado el 12-09-2015 de http://colombialand.org/wp-content/uploads/2013/01/incoder_curvarado.pdf 43

“Juan Guillermo González fue detenido en 2010 por cargos relacionados con desplazamiento forzado, pero fue dejado en libertad días después de haber rendido indagatoria. El proceso precluyó un año y medio más tarde. Y, aunque su nombre no aparece en ninguna sentencia de restitución, Cultivos Recife S.A sí aparece en la lista de poseedores a quienes se les ordenó devolver tierras del consejo comunitario de Curvaradó en 2009. Un antecedente que, sin embargo, sigue alimentando la descon anza de los reclamantes de tierras de la zona”. Recuperado el 12-09-2015 de . Para otras referencias ver http://justiciaypazcolombia.com/Amenazas-de-muerte-seguimientos8316 44

Verdad Abierta, recuperado el 21-11-2015 de http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5483-con-bufalos-ocupantierras-reclamadas-por-labriegos-de-la-larga-tumarado 45

Los tres son ganaderos que han solicitado en varios ocasiones a la alcaldía y policía de Riosucio la expulsión de los campesinos y de las poblaciones afro que ingresan a sus ncas en la zona de la María en la Larga Tumaradó. Ver http://justiciaypazcolombia.com/Amenazas-de-muerte-hostigamientos 46

Ver http://www.elespectador.com/noticias/nacional/con ictos-el-uraba-una-bomba-de-tiempo-articulo-552864

47

Narcontra cante extraditado a EEUU. Hugo Fernel Bernal supuestamente compró dicha tierra a Rene Palacios adjudicatario del Incora. Pero el Incoder ha señalado que esos documentos son falsos, presentan graves irregularidades y además señala que esta tierra está ubicada en territorios colectivos protegidos por la Ley 70 de 1993, lo que impedía su transacción comercial. De las 1.100 hectáreas en discusión, 215 están localizadas en el territorio colectivo de Curvaradó y 885 hectáreas en el territorio colectivo colindante adjudicado al Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/5015-elfantasma-de-sor-teresa-gomez-en-territorio-chocoano 48

“El folio de matrícula inmobiliaria de dicho predio se abrió en marzo de 2002, cuando ya las tierras hacían parte del título colectivo del Consejo Comunitario del Río Curvaradó tituladas por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 2809 de 22 de noviembre de 2000”. Y además, se hizo cuando la resolución había perdido e cacia legal. 49

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/5015-el-fantasma-de-sor-teresa-gomez-en-territorio-chocoano

50

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/5015-el-fantasma-de-sor-teresa-gomez-en-territoriochocoano 51

Recuperado el 21-12-2015 de http://justiciaypazcolombia.com/Desalojadas-por-empresarios

52

Recuperado el 10-04-2014 de http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5483-con-bufalos-ocupan-tierras-reclamadaspor-labriegos-de-la-larga-tumarado 53

“Luis Felipe Molano y Juan Guillermo González lo que hacen es cooptar a algunos líderes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, mediante compra o amenaza y les imponen crear una pequeña comisión de tierras allí negocian con el empresario la entrega de 7.000 ha de tierra. La Junta Directiva cooptada por los empresarios, saca al representante legal y comienza a darse una serie de repoblamientos del territorio en zonas que van a ser entregadas por el empresario. Entonces ellos traen gente de otras comunidades que no son de Pedeguita Mancilla, traen gente de Riosucio con el argumento de que es que son negros y que tienen derecho a este territorio colectivo, y comienzan a ocupar zonas para que no se vayan a presentar nuevas ocupaciones por parte de reclamantes y eso genera un montón de problemas porque esos nuevos repobladores comienzan a tener problemas con esos reclamantes que han retornado sin acompañamiento. Entonces empiezan a rodear a los reclamantes con repobladores y empiezan a llenar zonas con ganado. Y ganan control territorial que impide nuevos procesos de retorno de reclamantes pero hay total control del empresario.” Entrevista a Funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Capítulo 4 1

Según proyecciones a 2015 del Censo poblacional de 2005 (DANE, 2005).

2

http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/informacion_general.shtml

3

Conformada en su totalidad por los departamentos del Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Guaviare, y de forma parcial por los departamentos de Meta, Cauca y Putumayo, con una extensión aproximada de 43.803.000 ha. 4

Algunas de ellas fueron la Resolución 217 de 1965 del Incora, que adjudica 14.000 ha de la ZRFA a la Prefectura Apostólica de Mitú, en el municipio de San José del Guaviare. El Acuerdo 43 de 1971 en el que el Inderena sustrae 13.500 hectáreas para los efectos de colonización, titulación de baldíos y explotación agrícola. El Decreto Ley 1989 de 1989 que creó el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Ariari - Guayabero. El Acuerdo 31 de 1987 del Inderena en el que sustrae 221.000 hectáreas de tierras, conformadas por la Serranía de San José, Serranía del Capricho y Serranía de Angosturas II. 5

Resolución 0054 del 18 de diciembre de 1997 del Incora.

6

Guaviare ha tenido presencia las FARC y los grupos paramilitares, quienes se fortalecieron gracias a la existencia de economías ilegales. Sin embargo, debido a los operativos desarrollados por la fuerza pública entre 2004 y 2007, su actividad disminuyo´ signi cativamente, al igual que el número de hectáreas con cultivos de coca (DNP, 2014). 7

“El IGAC hace la salvedad que dado que Guaviare (junto con Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada) pertenecía a los denominados antiguos Territorios Nacionales, sólo hay información de catastros scales que se han formado con declaraciones voluntarias de los propietarios, por lo que no son con ables para examinar las estructuras de propiedad” (UNODC, s.f., p. 67). Recuperado de http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0631JUN2015-vichada.pdf 8

UNODC (s.f., p. 70). Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Guaviare. Recuperado el 12-10-2015 de 9

El Espectador, Recuperado el 10-04-2010 de http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso197646-el-tripasprimera-persona 10

En el informe del procurador Carlos Jiménez Gómez sobre la participación de la fuerza pública en el MAS en 1983 se señaló al “mayor del Ejército Carlos Vicente Meléndez Boada, segundo comandante del grupo Guías de Casanare, de la Brigada Séptima, con sede en Yopal. El comandante del grupo Guías de Casanare era el entonces teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Ver Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el “MAS” Lista de integrantes y la conexión MAS - Militares, del 20 de febrero de 1983. 11

“Tan

solo

en

1989

fueron

asesinados

31

miembros

de

la UP”,

recuperado

el

02-12-2015

de

http://www.verdadabierta.com/victimarios/3056-asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales 12

El Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República alude que esta fuente de nanciación hizo posible el crecimiento y fortalecimiento de las FARC durante los años de 1980, incrementando su presencia de 7 a 32 frentes entre 1978 y 1987 en el Guaviare, Meta y Caquetá. Diagnóstico del Departamento de Guaviare 2003 - junio 2008, recuperado el 12-08-2015 de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDepartamento 13

Esta masacre tuvo una duración de cinco días, desde el 15 al 20 de julio de 1997, en la que paramilitares del Urabá antioqueño liderados por los Castaño llegaron en dos aviones hasta San José del Guaviare y de allí se transportaron por tierra y agua hasta Mapiripán, para torturar, amenazar y asesinar a la población. El número de víctimas es indeterminado. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. También se puede consultar en www.procuraduria.gov.co/.../ le/.../260_CSJ-SP-P-35113(01-11-11).pdf 14

La masacre de Caño Jabón ocurrió el 4 de mayo de 1998, en la que los paramilitares asesinaron a más de 20 campesinos. Consultar una base sobre masacres ocurridas en el país entre 1980 y 2007 en la página del Observatorio de Tierras: www.observatoriodetierras.org 15

Vicente Castaño (s. f.) “La Historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Recuperado el 20-02-2010 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/4009-la-ultima-version-de-vicente-castano-antes-de-desaparecer 16

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centauros

17

Verdad Abierta, recuperado el 02-12-2015 de http://www.verdadabierta.com/victimarios/3056-asi-crecio-el-paramilitarismo-enlos-llanos-orientales 18

http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centaruros

19

http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-de-paramilitares-en-los-llanos/365641-3

20

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/historia-del-paramilitarismo-en-el-llano/14582176

21

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso197646-el-tripas-primera-persona

22

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

23

Ver Fallo de la Corte Suprema de justicia. STC1868-2015. Bogotá DC, 26 de febrero de 2015.

24

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

25

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-578642

26

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/525-autodefensas-campesinas-de-casanare/4063-el-diablo-de-martinllanos-en-cundinamarca 27

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/525-autodefensas-campesinas-de-casanare/4063-el-diablo-de-martinllanos-en-cundinamarca 28

“Aleyder Castañeda (Monterrey), Jorge Eliécer López (Tauramena), Raúl Cabrera (Villanueva), Henry Montes (Maní), Mauricio Chaparro (Sabanalarga) y Leonel Torres (Aguazul)” Recuperado de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/68-llanosorientales/3341-seis-ex-alcaldes-de-casanare-condenados-por-parapolitica 29

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

30

http://lasillavacia.com/historia/en-las-elecciones-del-casanare-martin-llanos-manda-la-parada-25617

31

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

32

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/recuerdos-de-guerras-del-llano-articulo-402856

33

Alias Pirata señaló en una versión libre “que la armonía entre ‘Don Raúl’ y Arroyave se rompió cuando el primero le decomisó al segundo una carga de 400 kilos de coca porque no pagó el ‘impuesto’ de gramaje. Miguel le dijo que dos gallos no podían cantar en la misma gallera. ‘Don Raúl’ viajó a Urabá a hablar con los Castaño y cuatro días después llegó con la noticia que tenía que entregarle el bloque a Miguel Arroyave”. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/638-bloque-centauros/3961-asimatamos-a-miguel-arroyave 34

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centaruros

35

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/638-bloque-centauros/3961-asi-matamos-a-miguel-arroyave

36

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/el-narcotra co-no-era-mi-negocio-don-mario-MF2788592

37

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1585519

38

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ocho (8) de noviembre de 2007 dentro del proceso de única instancia radicado con el No. 26450. 39

Sentencia de la Corte Suprema de justicia, 19 de enero de 2011. Instancia radicado 33.260.

40

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/carcel-exgobernador-de-casanare-aumento-su-fortuna-dura-articulo-641755

41

Ver http://www.verdadabierta.com/la-historia/2464-paras-salpican-a-decenas-de-miembros-del-das-ejercito-y-da-en-meta-y-

guaviare 42

http://www.verdadabierta.com/la-historia/2464-paras-salpican-a-decenas-de-miembros-del-das-ejercito-y-policia-en-meta-y-

guaviare 43

“Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República, se instauró la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que tuvo entre sus principales objetivos recuperar el control estatal del territorio. Para lograr tal propósito, se implementó el Plan Patriota que, a través de la llamada Operación “JM”, buscó, desde 2003, recuperar el control militar del sur del país, con particular énfasis en los departamentos de Caquetá y Guaviare, puntos neurálgicos para combatir y desarticular a la guerrilla de las FARC. En este escenario, el Guaviare se convirtió en uno de los principales centros de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, compuesta por miembros de la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea, y se establecieron allí la Brigada Móvil n.° 7, con sede en Calamar y la Brigada Móvil n.° 10, con sede en Mira ores. En ese mismo año, las estaciones de Policía de Calamar y San José del Guaviare fueron reinauguradas. En 2004, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega –FUTCO–, con sede en Larandia, compuesta por miembros de la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea, con el objetivo de recuperar el control sobre las zonas rurales de difícil acceso y combatir a los bloques Oriental y Sur de las FARC en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare y en junio de 2005, fue creada también la Brigada Móvil n.° 13. En 2013, la FUTCO contaba con 16 mil hombres distribuidos en los tres departamentos que tiene bajo su jurisdicción” Recuperado de http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0635JUN2015-guaviare.pdf 44

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/526-bloque-centauros/3199-los-negocios-de-don-mario

45

Fue representante a la Cámara por dicho departamento durante tres períodos, de 1991 hasta el 2002, posteriormente Gobernador del Guaviare para el periodo constitucional 2008-2011, cargo al cual renunció. 46

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Óscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador del Guaviare, condenado por el delito de concierto para delinquir agravado. Bogotá DC, 19 de enero de 2011.

47

Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Óscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador del departamento del Guaviare, condenado por el delito de concierto para delinquir agravado. Bogotá DC, 19 de enero de 2011. Ver también http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/ scalia-ordena-captura-del-gobernador-del-guaviare/101138-3 48

http://www.verdadabierta.com/la-historia/2464-paras-salpican-a-decenas-de-miembros-del-das-ejercito-y-policia-en-meta-y-

guaviare 49

http://www.verdadabierta.com/duenos-sin-titulos

50

“Hasta junio de 2012, Meta registra 808 reclamaciones de restitución por 267.000 ha y Casanare 114 peticiones por 91.000 ha. En total, casanareños y metenses le están solicitando al gobierno que les devuelva 358.000 ha que dejaron tiradas en su huida, o que les fueron despojadas a las malas por los violentos. No es poca la tierra usurpada, tiene once veces la super cie de Bogotá. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-llano-tierra-de-despojo 51

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-llano-tierra-de-despojo

52

http://www.reporterodeloshechos.com/comunidad/8-noticias/8116-devuelven-1728-hect%C3%A1reas-de-tierra-que-exjefeparamilitar-hab%C3%ADa-hurtado.html 53

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/5715-asi-fue-como-martin-llanos-y-el-arcangel-despojaronen-la-altillanura 54

Rafael Humberto Quintero Martínez, interpuso una acción de Tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá por una presunta vulneracio´n al debido proceso en el marco del proceso de restitución de tierras la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia. Ver: Corte suprema Sala de Casación Civil, Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, 28 de mayo de 2015. STC6610-2015 Rad. Nº 11001-02-03-000-2015-01109-00 55

Algunos nombres se omiten por seguridad de las víctimas.

56

Los poseedores de este hato ganadero hicieron la solicitud desde 1991 al Incoder para que les diera los títulos sobre el predio que explotaban, pero en 1996 recibieron respuesta negativa aduciendo que quedaba cerca de un pozo petrolero. No obstante, en 2007 el Incora tituló en forma expresa estos predios a personas que no eran de la región. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/elsecreto-de-mapiripan/la-respuesta-de-eduard-heriberto-mattos-barrero?id=4132 57

Verdad

Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-secreto-de-mapiripan/la-respuesta-de-eduard-heriberto-mattos-barrero?

id=4132 58

Fernando Velásquez Mahecha, Jorge Eliécer Cano Bernal, Leonardo Suárez Guerrero y Gualberto Suárez Guerrero. Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-despojo/de- ncas-a-laboratorios-paras 59

Verdad

Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-secreto-de-mapiripan/la-respuesta-de-eduard-heriberto-mattos-barrero?

id=4132 60

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/5888-el-dorado-al-que-se-hizo-alias-don-mario

61

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/el-despojo/despojo-mediante-carta-ventas-forzadas

62

En 1994 le solicitó al Incora que les titularan estas tierras baldías que explotaban desde la década de 1980. El gobierno les informó que los visitaría en octubre de 1996 pero les incumplió y el proceso quedó ahí. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/el-despojo/despojo-mediante-carta-ventas-forzadas. 63

En el caso de esta hacienda, las víctimas señalaron a Ángel Por rio Carrero Dávila como la persona que se quedó con las primeras 300 reses que el grupo paramilitar les robó. Carrero aparece en un listado o cial como desmovilizado del Bloque Centauros. Ver otros

casos en http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/despojo-de-tierras-a-manos-de-paramilitares/14680788 64

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Óscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador del Guaviare, condenado por el delito de concierto para delinquir agravado. Bogotá DC, 19 de enero de 2011. 65

http://www.verdadabierta.com/el-despojo/botin-de-guerra

66

Fue alias Andrés, identi cado en Justicia y Paz como José Gustavo Arroyave, encargado de conocer en detalle los ‘negocios’ de su hermano. Fuente http://www.verdadabierta.com/el-despojo/botin-de-guerra 67

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/5715-asi-fue-como-martin-llanos-y-el-arcangel-despojaronen-la-altillanura

Capítulo 5 1

Orientaron sus acciones punitivas hacia la persecución de poblaciones vulnerables y marginales del municipio y la región, primando entre su prontuario la desaparición forzada y el homicidio. 2

El suroeste antioqueño es una de las nueve con guraciones geopolíticas en las que está dividido el Departamento de Antioquia y consta de 24 municipios. Esta subregión se encuentra ubicada entre las vertientes de la cordillera central y occidental, justo a lo largo del cañón del Río Cauca y la cuenca del Río San Juan. Se trata de una geografía quebrada, caracterizada por zonas de alta montaña con presencia de diferentes pisos térmicos. 3

Proyección Poblacional 2014. Recuperado el 23-01-2015 de www.dane.gov.co

4

Recuperado el 25-01-2015 de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geogra a/region1/cap1a.htm

5

Entrevista a Luis Córdoba, Secretario de Concejo de Titiribí, febrero de 2014.

6

Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía de Titiribí (2009).

7

En Titiribí funcionaba la Sociedad el Zancudo (1848-1948), encargada de la explotación industrial a gran escala en las minas El Zancudo, Los Chorros y la Otramina, un complejo empresarial que utilizaba las más modernas técnicas de la época y que fue, según la Alcaldía del municipio, “la empresa más grande de cualquier tipo que hubiera existido hasta entonces en Colombia”. Recuperado el 0102-2015 de http://www.titiribi-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml 8

Sin embargo, y a pesar que esta industria minera de El Zancudo era “mucho más grande e importante que la Ferrería de Pacho, la empresa textil de Samacá, la Cervecería Bavaria y la Ferrería de Amagá” y que empleaba a más de 1600 personas, la sociedad del Zancudo comenzó a decaer a principios del siglo XX como consecuencia de “bajas de la producción y de la rentabilidad, que llevaron a la Compañía a una larga agonía desde 1910, hasta su cierre en 1948” (Molina, 1989). 9

Recuperado de http://www.elcolombiano.com/historico/titiribi__montana_de_oro_escondida-FEEC_107211

10

Recuperada el 30-03-2014 de http://www.titiribi-antioquia.gov.co/index.shtml

11

A la mina El Zancudo llegó en 2010 la Zancudo Gold, sucursal Colombia, que pertenece al grupo Gran Colombia Gold con interés en la explotación aurí f e r a de la región. Recuperado el 01-12-2014 de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/titiribi__montana_de_oro_escondida/titiribi__montana_de_oro_escondida.asp 12

Entrevista a la ex inspectora de Policía en Titiribí, Antioquia. Realizada en Titiribí en marzo de 2015.

13

14

Recuperado el 01-11-2014 de http://www.titiribi-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml

Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra www.researchgate.net/...tierra.../00b7d51bb5a5ee7942000000.pdf 15

en

Antioquia,

recuperado

el

30-03-2015

de

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/419-bloque-suroeste-antioqueno-

16

En el Suroeste antioqueño encontramos prototipos de organizaciones locales y poco complejas, tales como: “Los Racumines” con operaciones en Betania, “Jardín sin Guerrilla” en Támesis, Valparaíso y Jardín; “La Escopeta” en Andes, Caramanta y Angelópolis; y la de “Don Efraín” en Amagá, Angelópolis y Titiribí. 17

Recuperado el 10-11-2014 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422753

18

Entrevista de Cristian López a Luis Córdoba realizada en Titiribí en febrero de 2015.

19

Recuperado el 15-01-2015 de www.amnesty.org/es/library/asset/.../amr230181998es.pdf

20

Consultado, octubre de 2014 www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/ le/.../2001/08-2494-95.doc

21

Recuperado el 01-10-2014 de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_garzas_no_tuvieron_nexos_con_el_paramilitarismo/las_garzas_no_tuvieron_n 22

Recuperado el 4 de marzo de 2015 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc

23

MOE (2007) recuperado en noviembre de 2014 de http://www.kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/con lictosocial-y-paz/1440-elecciones-y-paramilitarismo-en-antioquia-descargar-libro 24

Fundación Seguridad y Democracia “Desmovilización del Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC”.

25

Rodrigo Zapata fue parte esencial de la estructura paramilitar de Vicente Castaño en el proyecto de siembra de palma aceitera; fue quien, gracias a sus relaciones con funcionarios del Incora, estuvo al frente de la adjudicación (legalización) de terrenos para el megaproyecto agroindustrial de Vicente Castaño. Fue el gestor de la famosa visita de los paramilitares a la casa de Nariño (2008), reunión entre Antonio López alias Job emisario de Don Berna y los secretarios de prensa y jurídico del entonces presidente Uribe Vélez. En una de las conversaciones conocidas entre Rodrigo Zapata y alias Job, se menciona el pago de tres millones a Oscar Iván Palacio Tamayo, uribista conservador que hizo parte de la gobernación de Antioquia de Uribe. Fue capturado por orden de la Fiscalía 29 especializada “sindicado de concierto para delinquir agravado al responsabilizarlo de ser el comandante de un grupo paramilitar que operó en el Suroeste antioqueño, y de homicidio agravado por la muerte de Juan David Arredondo Vélez, ocurrida el 23 de febrero de 2002 en Amagá, Antioquia”. Hebert Veloza alias HH lo señaló de ser el comandante del Bloque Paci co, de haber comandado un grupo que operaba en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelopolis, de ser el comandante del primer Bloque paramilitar en Bogotá, y de tener una estrecha cercanía con Vicente Castaño; fuentes de la Fiscalía coincidían con lo expuesto en la versión libre de HH, principalmente, en su íntima relación con Vicente Castaño. Daniel Alejandro Serna alias Kener o El cabo uno de los sicarios de la o cina de Envigado declaró que el grupo paramilitar que operaba en Titiribí, Amaga y Angelópolis comandado por Zapata tenía a su cuidado predios rurales de políticos antioqueños, uno de ellos es el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez. 26

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/3051--canciller-de-las-auc-postulado-a-justicia-y-paz

27

Recuperado el 03-06- 2015 de http://justiciaypazcolombia.com/Alias-Ricardo-busca-juez-que-lo

28

Recuperado el 10-08-2015 de http://doblecero.blogspirit.com/archive/2007/11/07/guerra-en-suroeste-antioque%C3%B1otoc%C3%B3-c%C3%ADrculo-presidencial-ipc.html 29

Recuperado el 05-09-2014 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/419-bloque-suroeste-antioqueno-

30

Recuperado el 05-09-2014 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/419-bloque-suroeste-antioqueno-

31

Recuperado el 20-01-2015 de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_otra_historia_del_ataque_a_alias_rene/la_otra_historia_del_ataque_a_alias_rene 32

Recuperado el 02-04-2015 de http://www.semana.com/on-line/articulo/quienes-rene-tasmania/88687-3

33

Recuperado el 30-04-2015 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/54generales/2148-aseguran-a-ex-jefepara-por-19-asesinatos-enantioquia 34

Recuperado el 03-04-2015 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4244860

35

http://www.adnradio.cl/noticias/judiciales/capturan-a-desmovilizado-vinculado-con-vicente-castano-y-aliasjob/20090319/nota/780995.aspx 36

De esta persona podemos decir que “estudió hasta sexto semestre de Agronomía en la Universidad Nacional, seccional Medellín, y antes de incorporarse a las AUC en 1996, administraba varios negocios familiares y se dedicada a la compra y venta de ganado.” además que “hace parte de una familia de particular relevancia en la vida política de Antioquia: su padre fue Gerente de Empresas Varias de Medellín, de la Bene cencia de Antioquia y avaluador de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín.” Recuperado el 03-04- 2015 de http://monitorias.com/component/content/article/54-generales/3051-canciller-de-las-auc-postulado-a-justicia-y-paz 37

Recuperado el 03-04-2015 postulado-a-justicia-y-paz

de http://monitorias.com/component/content/article/54-generales/3051-canciller-de-las-auc-

38

“Santiago Gallón Henao, junto con su hermano Pedro David, es un reconocido socio de la Asociación de Caballistas de Antioquia (Asocaba); tuvo en el pasado negocios con empresas familiares del presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, siendo una de las transacciones más conocidas la compra de una parte de la hacienda Guacharacas, en San Roque, donde fue asesinado Alberto Uribe, papá del mandatario, el 14 de junio de 1983, al parecer por un comando de las FARC”. Recuperado el 01-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/1616-ganadero-gallon-henao-acepta-que- nancio-paramilitar 39

Recuperado el 04-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/1616-ganadero-gallon-henao-acepta-quenancio-paramilitares 40

Recuperado el 04-01-2015 de http://www. scalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-santiago-gallon-henao-por- nanciargrupos-paramilitares/. Además, Juan Santiago Gallón Henao es responsable de la muerte del futbolista Andrés Escobar, junto con su hermano Pedro David, los hermanos Gallón Henao están vinculados a las ma as de apostadores del fútbol colombiano; estas personas fueron condenadas por el crimen de Andrés Escobar a 15 meses de prisión domiciliaria y a pagar una multa de 1 millón y medio de pesos. Recuperado el 04-01-2015 de http://www.semana.com/nacion/articulo/a-andres-lo-mataron-los-apostadores-del-futbol/26124-3 41

Recuperado el 01-02-2014 de http://www.las2orillas.co/los-secretos-de-alvaro-uribe-contados-por-ivan-cepeda-y-alirio-uribe/

42

Recuperado el 15-01-2014 de http://www.arcoiris.com.co/2013/03/querian-envenenar-al-testigo-que-acusa-a-uribe-velez-en-elcaso-guacharacas/

Capítulo 6 1

Esta provincia la conforman los Municipios de Ibagué, Espinal, Flandes, Coello, Piedras, Alvarado, Anzoátegui, San Luis, Valle de San Juan, Rovira y Cajamarca. 2

Recuperado el 11-10-2014 de www.cortolima.gov.co/.../A_1_caracteristicas_area_estudio..

3

Información del DANE, consultada el 11-10-2014 en www.dane.gov.co

4

En lo que respecta a la división político administrativa del territorio, Flandes está conformado por la cabecera municipal y nueva veredas: Camalá, El Colegio, Paradero I, Paradero II, Paraíso, Puerta Blanca, Tarqui y Topacio. Plan de Desarrollo municipal “Flandes renace con prosperidad”, recuperado el 11-10-2014 de www. andes-tolima.gov.co/apc-aa- les/.../acuerdo_005_de_2012_pdmf.pdf 5

Recuperado el 28-10-2014 de http://www.aviacol.net/noticias-del-aire/avances/comienza-a-andar-proyecto-para-modernizaciondel-aeropuerto-santiago-vila-de- andes.html 6

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/170425-debido-a-estrategias-operacionales-la-policia-de-girardotvigila-a- ande #sthash.My7BXGqW.dpuf 7

Información del IGAC, consultada el 28-02-2015 en www.igac.gov.co

8

www. andes-tolima.gov.co/.../E.O.T._Flandes-Acuerdo_033_2002_1... Consultada. Octubre 18 de 2014

9

Acuerdo 033 de 2002 Por medio del cual se aprueba el Esquema de Ordenamiento Territorial.

10

Recuperado el 18-12-2014 de www. scalia.gov.co/.../2014-05-19-sentencia-bloque-tolima-07-

11

Que se constituía en la razón del impulso nacional de las AUC, claramente expresada en su momento por Carlos Castaño, ya que “El Ejército está demostrando que no puede con la guerrilla. Esto, hoy más que nunca, le da validez a nuestra existencia como movimiento antisubversivo. Las autodefensas somos la gran esperanza.” Revista Semana, n. 850, 17-08-1998, recuperado el 16-05-2015 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/325-habla-castano 12

“Fue en esta conferencia en la que el Secretariado ordenó ‘crear las condiciones políticas y militares para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá’. Para lograrlo establecieron que los frentes que ya estaban posicionados en Cundinamarca, Meta y Boyacá, deberían hacer retenes en las vías que de la capital conducían a Villavicencio, Medellín (autopista), Tunja, Melgar, Chiquinquirá, San Juan, Chocontá, Paz del Río y Cusiana, entre otras.” Recuperado el 08-10-2014 de http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloquesde-las-FARC/4965-el-bloque-oriental-marco-el-auge-y-declive-de-las-FARC 13

Recuperado el 08-10-2014 de http://www.verdadabierta.com/negocios-ilegales/narcotra co/4564-las-confusas-relaciones-delbloque-tolima-y-el-narcotra co14

Eventos de confrontación entre dos o más grupos armados contrarios.

15

Recuperado el 16-11-2014 de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/tolima/tolima.pdf 16

En los diez años que se toman como referencia, el 60% de los casos de asesinatos se concentran en 18 de los 47 municipios del Departamento, en el sur los municipios de Chaparral, San Antonio, Planadas, Ataco, Coyaima y Rioblanco; y por el norte Mariquita, Líbano, Fresno, Rovira e Ibagué, registran índices superiores a los promedios nacionales. 17

Recuperado el 09-12-2014 de http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes

18

Este texto es referenciado en los documentos elaborados por instituciones o ciales del Municipio, sin embargo, no ha sido posible rastrearlo, tampoco ha sido posible encontrar que organización estuvo a cargo de construir dicho informe. 19

20

Recuperado el 11-12-2014 de http://www.tolima.gov.co/municipios/muni/ andes/movie.swf

Recuperado el 18-11-2014 http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf 21

de

Recuperado el 03-11-2014 de http://www.verdadabierta.com/imputaciones/555-bloque-tolima/3879-paramilitares-tolima-

colombia-carlos-castano 22

Recuperado el 15-02-2015 de www.lib.ohchr.org/.../WFTU_COL_UPR_S3_2008anx_Nuevo MapaParamilitar...

23

Recuperado el 11-01-2015 de http://www.semana.com/on-line/articulo/cayo-el-socio/80141-3

24

Al respecto encontramos que “en la década de 1980 los hermanos Ochoa y narcotra cantes del Valle del Cauca iniciaron la compra de tierras en la Cordillera Oriental y el valle del Magdalena. Víctor Carranza y narcotra cantes de Antioquia adquirieron tierra en el norte del departamento. La estrategia consistió en adquirir tierras a bajos precios, producto de las acciones de la guerrilla, y valorizarlas a través de la conformación de estructuras armadas que neutralizaban la acción bélica de la guerrilla. En el sur y norte del Tolima, las autodefensas se dedicaron al cuidado de los cultivos de amapola durante la bonanza de la década de 1980”. Recuperado el 11-01-2015 de 25

Recuperado el 28-01-2015 de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/tolima/tolima.pdf 26

Recuperado el 11-01-2015 de http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/tolima.pdf

27

Recuperado el 11-01-2015 de www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_260.pdf ?view

28

Uno de los cinco Frentes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

29

Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. Panorama Actual del Tolima 2005, p. 10.

30

Recuperado el 09-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/555-bloque-tolima/5193-guerraentre-paramilitares-por-el-tolima 31

Podemos entender la evolución el paramilitarismo en el Tolima, teniendo en cuenta que “según la Fiscalía, en Tolima desde los sesenta habían surgido grupos de autodefensa campesina conformados por personas a nes a los partidos tradicionales que luchaban contra los grupos armados que decían pelear por ideales comunistas y de izquierda.” Recuperado el 18-12-2014 de . Ver también http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/tolima.pdf recuperado el 28-12-2014. 32

Recuperado el 28-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-desplazados/4914-ataco-sobre-unamina-de-oro-y-sangre 33

Recuperado el 20-01-2015 de http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso113624-estoy-asqueado-de-mivida-guerra-dice-alias-ovidio-saldana 34

Recuperado el 11-11-2014 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/555-bloque-tolima/5193-guerraentre-paramilitares-por-el-tolima 35

Recuperado el 18-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/imputaciones/555-bloque-tolima/3879-paramilitares-tolimacolombia-carlos-castano 36

37

Recuperado el 07-01-2015 de www. scalia.gov.co/.../2014-05-19-sentencia-bloque-tolima-07-… Recuperado el 18-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/679-per l-de-diego-jose-martinez-goyeneche-alias-

daniel 38

39

Recuperado el 07-01-2015 de http://www.elnuevodia.com.co/blog/tolima/las-dos-caras-del-despojo.html

Recuperado el 03-01-2015 de http://radiomacondo.fm/2014/06/07/paramilitares-del-bloque-tolima-condenados-por-gravesdelitos-y-violaciones-contra-los-derechos-humanos/

40

Recuperado el 18-12-2014 de www. scalia.gov.co/.../2014-05-19-sentencia-bloque-tolima-07-

41

Recuperado el 07-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/555-bloque-tolima/5193-guerraentre-paramilitares-por-el-tolima 42

http://www.verdadabierta.com/per les-paramilitares/440-j/3452-juancho-la-pieza-clave-de-los-paras-en-el-tolima

43

Recuperado el 11-01-2015 de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-nuevos-priorizados-de-justicia-y-paz-articulo478592 44

Recuperado el 09-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3452

45

Recuperado el 07-01-2015 de www. scalia.gov.co/.../2014-05-19-sentencia-bloque-tolima-07-

46

“La intención de ‘El Arcángel’ era apropiarse del Bloque Tolima por lo que ofreció pagar 12 millones por cada paramilitar o convertirse en un frente del Bloque Centauros, a cambio de pagar los salarios de los miembros del grupo ilegal. ‘Daniel’ no aceptó porque temía que una vez Arroyave asumiera el mando del grupo lo asesinaría”. Recuperado el 11-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/negocios-ilegales/narcotra co/4564-las-confusas-relaciones-del-bloque-tolima-y-el-narcotra co47

Recuperado el 07-01-2015 de www.acnur.org/t3/uploads/media/867.pdf ?view=1

48

Según el paramilitar “En la primera reunión que se sostuvo estuvo el señor Coronel Hugo Castellanos, el señor Coronel Alejandro Albarracín que era el enlace del Alto Comisionado para la Paz, Eduardo Restrepo Victoria alias el Socio, estuvo el comandante Daniel, estuvo el Comandante Juancho, también estuvo el señor Coronel Ariza que era el comandante regional de inteligencia de la época también”. Recuperado el 13-01-2015 de http://noticiasunolaredindependiente.com/2011/10/02/noticias/ex-paramilitar-dice-quedesmovilizacin-del-bloque-tolima-fue-una-farsa 49

Recuperado el 10-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4024-los-aliados

50

“La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Devia Arias el 4 de mayo de 2010, tras escuchar versiones de ex paramilitares que operaron en el Tolima, quienes aseguraron que Devia Arias, se reunió entre el 2001 y el 2002 con miembros de las autodefensas. Este es el tercer político conservador del Tolima condenado por sus nexos con grupos paramilitares. Todavía está detenido el ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo y recientemente salió de la cárcel el ex alcalde de Valle de San Juan Gonzalo García Angarita.” Recuperado el 04-12-2014 de http://www.ecosdelcombeima.com/politicas/nota-13363-condenan-a-siete-anos-de-prision-a-javierramiro-devia 51

Recuperado el 18-02-2015 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4024-los-aliados

52

Recuperado el 08-11-2014 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3577436

53

En versión libre ante la Fiscalía de Justicia y paz en diciembre de 2008.

54

Recuperado el 09-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/la-historia/679-per l-de-diego-jose-martinez-goyeneche-alias-

daniel 55

Recuperado el 14-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4024-los-aliados

56

Recuperado el 08-01-2015 de http://noticiasunolaredindependiente.com/2011/10/02/noticias/ex-paramilitar-dice-quedesmovilizacin-del-bloque-tolima-fue-una-farsa/ 57

Recuperado el 13-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/negocios-ilegales/narcotra co/4564-las-confusas-relaciones-delbloque-tolima-y-el-narcotra co-

58

Recuperado el 18-12-2014 de http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/181489-los-negocios-de-los-narcos-conel-bloque-tolima 59

Recuperado el 01-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/154-captura-de-rentas-publicas/4564las-confusas-relaciones 60

Recuperado el 13-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4024-los-aliados

61

Recuperado el 21-12-2014 de http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4024-los-aliados

62

Recuperado el 28-12-2014 de www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO24/perez.pdf

63

Recuperado el 08-12-2014 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-682397

64

Recuperado el 05-12-2014 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3577436

65

“La imprecisión y la especulación sobre el número de víctimas reinan en Flandes. Ni en la inspección de Policía, ni en la Comisaría de Familia, ni en la secretaría de Gobierno existen denuncias o ciales sobre la desaparición de jóvenes. En las tiendas, en las esquinas y en el parque se habla del tema en silencio.” Recuperado el 05-12-2014 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM1580960 66

Es importante aclarar que el fenómeno paramilitar en el Tolima no terminó en el año 2005, continua hasta el día de hoy con nuevas expresiones y formas, sin embargo en el presente estudio no profundizamos en la etapa posterior a 2005.

Capítulo 7 1

Las cifras presentadas corresponden a las proyecciones a 2024 del Censo del DANE realizado en el 2005. Según el Censo realizado por el DANE en 1993, la población total del Municipio de Cimitarra era de 25.317 personas, de las cuales un 30,9% habitaba en la zona urbana y el 69,1% en la zona rural. Lo que signi có que el desplazamiento campo-ciudad fue signi cativo en el periodo 19932005. 2

“Con la creación del Instituto de Colonización y Emigración, en julio de 1953, se dio impulso a una etapa fuerte de colonización de la región del Carare Opón, surgiendo la población de Cimitarra como el núcleo de colonización regional. Allí llegaron colonos de Santander, Antioquia y Chocó, que se dedicaron básicamente a la explotación de la madera”. Recuperado el 11-05-2015 de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html 3

Plan Básico de Ordenamiento Territorial, recuperado el 20-01-2015 de http://gidrot.com/materials/docs/terr/2.pdf

4

Recuperado el 20-01-2015 de http://www.cimitarra-santander.gov.co/index.shtml

5

Las grandes haciendas casi siempre cuentan con administradores de ncas ya que los dueños tienen otras actividades fuera del municipio, cuentan con una plantilla básica de obreros permanentes que son los vaqueros, ordeñadores, tractoristas y o cios varios y ocasionalmente contratan personal a jornal, todo el personal es a sueldo y no se permiten actividades adicionales como cultivos. Normalmente se cuenta con comedores y habitaciones para el personal asalariado, pero sus familias viven fuera de las haciendas, esto explica la existencia de los centros poblados a las orillas de las carreteras, que asemejan barrios obreros de las ciudades, que viven en pequeños predios que funcionan como residencias y no como parcelas productivas, en esencia son fuentes de mano de obra para las haciendas. En esta zona, la producción de algunos alimentos como yuca, plátano, ente otras, se realiza en las parcelas campesinas que aún subsisten alrededor de la gran propiedad, al interior de ellas no se admiten estas actividades. 6

En 1998, el 86,8% de la tierra de Cimitarra era de pasto mejorado y pasto natural, tierra que estaba dedicada a la ganadería extensiva, el 12,8% era bosque y solamente el 0,4% estaba dedicada a la agricultura. Programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio.

Recuperado el 11-05-2015 de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html 7

Recuperado el 15-01-2015 de www.cimitarra-santander.gov.co/informacion_general.shtml

8

“La madera continuó siendo uno de los renglones importantes de la economía de Cimitarra alcanzando los mayores niveles de producción entre 1984 y 1985, sin embargo, los bene cios económicos de la explotación y comercialización de la madera no fueron para los colonos sino para los terratenientes que tenían los medios técnicos para desarrollarla a gran escala. En 1990 algunos dueños de los aserraderos crearon la Asociación de Madereros de Cimitarra (Asomacis) que tenía el propósito de desarrollar programas de reforestación, pues la producción maderera había venido en detrimento por lo acelerado de la deforestación, que además conllevó la extinción de varias especies, pérdida de nutrientes en la capa vegetal, erosión y desaparición de las cuencas hidrográ cas”. Recuperado el 12-05-2015 de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html 9

Según César Medina, subteniente de las EMCAR, en la actualidad la actividad de tala de madera es una actividad ilegal pero la continúan realizando. Existe una compleja disputa puesto que algunos pobladores sostiene que la CAR ha otorgado permisos de tala a personas que no son pobladores de la región, y a quienes sí lo son, les castiga la práctica. Entrevista realizada a César Medina en Cimitarra Santander, 2014. 10

“En la región del Magdalena Medio la presencia guerrillera se remonta a la década de 1960 e inicialmente estuvo representada por los Frentes IV y IX de las FARC con presencia en los municipios de San Luis, Puerto Triunfo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Cimitarra, sustituidos luego por los Frentes XI, XII y XXIII de la misma organización; acrecentándose a partir de 1965 con la presencia del ELN en los municipios de Simacota, Cimitarra, San Vicente y Carmen de Chucuri. Al establecerse en una región afectada por un grave con icto agrario, en principio dichos grupos subversivos alcanzaron aceptación entre la comunidad por el discurso que manejaban en materia de reivindicaciones sociales y democratización de la propiedad rural, lo que les permitió consolidar cierto control político y militar en la región, al punto de llegar a considerarla como “zona liberada.” Documento de la Fiscalía General sobre patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, s.f., pp. 9-10. 11

Aquí se ve una diferencia clara entre el abordaje realizado por Ronderos y el que hacen Gutiérrez y Barón frente a la extracción social de los ganaderos que crearon los grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Con relación directa a los Pérez, la autora señala que no eran ganaderos prestantes y que al comienzo tenían buena relación con la guerrilla, pero se cansaron cuando ésta empezó a vacunar no solo a los ricos prestantes sino a los no adinerados. En cambio, Gutiérrez plantea que los Pérez eran ganaderos notables de la zona, bien articulados con el poder local. 12

Manual de Contrainsurgencia de Ejército Nacional, 1963, p. 50. Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad, 2004. 13

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Informe recuperado http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/MagdalenaMedio.pdf

el

12-09-2015

de

14

Para conocer casos y testimonios de víctimas de crímenes de estado en la región del Magdalena Medio, ver Informes del Proyecto “Nunca Más” sobre crímenes de lesa humanidad en la región del Magdalena Medio santandereano disponible en http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/MagdalenaMedio.pdf y el informe de la zona V disponible en http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/analisis.pdf 15

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Informe recuperado http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/MagdalenaMedio.pdf

el

12-09-2015

de

16

Para conocer casos y testimonios de víctimas de crímenes de estado en la región del Magdalena Medio, ver Informes del Proyecto “Nunca Más” Sobre Crímenes de Lesa Humanidad en la región del Magdalena Medio Santandereano disponible en http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/MagdalenaMedio.pdf y el informe de la zona V disponible en http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/analisis.pdf 17

“En la década de los setenta las bases militares existentes en Cimitarra eran: la del aeropuerto, que algunos consideraban un ‘campo de concentración’, pues en épocas llegó a tener a centenares de detenidos (en 1976 había por lo menos 400 personas allí recluidas), la de Piedralinda, la de Llano Mateo, la de la inspección de policía Campo Seco, que sirvieron de escenario para muchos de los crímenes de

lesa humanidad perpetrados por el Ejército”. Informe http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html

Nunca

Más,

recuperado

el

02-06-2015

de

18

“Este militar permaneció en el cargo hasta 1981 y durante su estadía se ejerció un control total a la población de común acuerdo con el Alcalde Jaime Alberto Betancur: para trasladarse dentro del municipio entre sus corregimientos se requiere permiso especial y personal expedido por el Alcalde. Todos los pobladores tenían que refrendar el carnet en la base militar del aeropuerto de Cimitarra, por periodos de nidos por los militares. Muchos fueron detenidos y torturados cuando iban a refrendar el carnet; al que no se presentaba en la fecha jada lo encarcelaban 72 horas y a menudo los obligaban a patrullar como guías y debían llevarles a los militares la carga pesada. La carnetización duró hasta principios del año 1982”. Recuperado el 02-06-2015 de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html 19

Recuperado el 12-05-2015 de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html

20

Recuperado de http://www.ideaspaz.org/tools/download/48979

21

El teniente Ricardo Méndez y los sargentos Rafael Elino Hernández y Cristian Jaimes. Ver http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap2.html recuperado el 12-05-2015. Dicha fuente cita a “Revelados nombres de vinculados al MAS”, El Espectador, 20 de febrero de 1983, p. l0A. 22

Alonso Baquero alias Vladimir, también señaló a otros altos mandos de la Fuerza Pública como colaboradores de los paramilitares “están el General Yanine Díaz, General Salcedo Lora, y el General Gil Colorado a quien recientemente asesinó la guerrilla. Otro General que colaboraba pero no tan de lleno como los anteriores era Vaca Perilla, porque el consentía el proceder o actuación de los paramilitares, pero no prestaba armas y recomendaba que las muertes no se hicieran en masacres sino selectivas o personas escogidas”. Fiscalía General de la Nación. Fiscalía regional delegada ante el cuerpo técnico de investigación diligencia de ampliación de indagatoria. Exp. 1589. Delito: Concierto para delinquir, cuaderno original 4, folios 94-159. Diligencia de indagatoria de Alonso de Jesús Baquero Agudelo. En Santiago de Cali, el 3 de agosto de 1995. Cárcel o penitenciaria nacional de Palmira, Valle. 23

La alianza con los políticos también incluyó otros actores locales y nacionales. Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias Vladimir, declaró que otros políticos de la región fueron colaboradores de los paramilitares: “En el año de 1988, cuando Norberto Morales Ballesteros iba a ser nombrado presidente de la Cámara, nosotros nos reunimos con él en Cimitarra, para llegar a un acuerdo con él que nosotros le poníamos los votos de Cimitarra, y él nos apoyaba económicamente, y nos apoyaba para bajarle el tono a los de la U.P. en la Cámara en Bogotá, en esa reunión estuvo el alcalde de Cimitarra de apellido Salvador, un ganadero también de la zona que se llama Enrique Rodríguez, Henry Pérez, Iban Roberto Duque y Baquero, entonces el compromiso fue: que él aceptó las condiciones de nosotros y nosotros el compromiso era ponerle los votos a él, y así fue la forma en que el hombre empezó a colaborarnos económicamente, y él también junto con Leonardo Guarín, hijo de Pablo Guarín que fue representante a la Cámara, comenzaron a hacer las gestiones políticas para bajarle el tono a la U.P. para que ellos perdieran fuerza política en la Cámara, en Bogotá, de esa forma fue que él nos colaboró a nosotros.” Fiscalía General de la Nación. Fiscalía regional delegada ante el cuerpo técnico de investigación diligencia de ampliación de indagatoria. Exp. 1589 Delito: concierto para delinquir cuaderno original 4, folios 94-159. Diligencia de indagatoria de Alonso de Jesús Baquero Agudelo. En Santiago de Cali, el 3 de agosto de 1995. Cárcel o penitenciaria nacional de Palmira, Valle. 24

Pablo Emilio Guarín Vera fue un político boyacense, que había militado en el partido comunista y terminó siendo su más acérrimo contradictor. Además de ser miembro del concejo municipal de Puerto Boyacá llegó a ser representante a la Cámara. Ver El Tiempo, La Muerte de Henry Pérez, recuperado el 02-06-2015 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-125530 25

No obstante, a mediados de su alcaldía tuvo que renunciar por las investigaciones que lo incriminaron con las masacres desarrolladas por los paras de ACDEGAM en el Magdalena Medio y en el Urabá. Ver Revista Semana, 1997/05/26, Capítulo Cerrado, recuperado el 03-06-2015 de http://www.semana.com/nacion/articulo/capitulo-cerrado/32499-3 26

“Ante los cuestionamientos que a nivel nacional rodearon al movimiento MORENA, para julio de 1991 se lanza MANA (Movimiento Agroindustrial Nacional), a cuya cabeza se puso al ganadero Fernando Botero Jaramillo; agrupación que se extinguió muy pronto, luego de producirse la muerte de Henry Pérez y de Ariel Otero. (Fiscalía, s. f. 12). 27

Quien había sido teniente del ejército. Ver El Tiempo, Ariel Otero un hombre distante y descon ado, recuperado el 05-06-2015 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-9860

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Por su parte, Ramón Isaza Arango quien no se desmovilizó, conservó la zona que venía comandando en los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Luis, ahora bajo la denominación de “Autodefensas Campesinas de Antioquia”; y Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, se a anzó en el sector de Yacopí, manteniendo cada uno total independencia. Ver Fiscalía (s.f., 15). 29

“Luis Eduardo Ramírez, alias El Zarco, en el sector de La Corcovada y San Tropel; Humberto García Caraballo, alias Santomano, en el casco urbano de Puerto Boyacá; y José Domingo Bohórquez Areiza, alias El Policía, en el área de San Fernando, aun cuando también hizo presencia en los Llanos, especí camente en Puerto Gaitán (Meta) y Carimagua (Vichada).” Ver Fiscalía (s.f., 15). 30

Tales como una nca, una parcela, un lote en Puerto Boyacá, el edi cio donde funcionaba aquella asociación, un vehículo y hasta una emisora, llamada Ecos del Río Ver Fiscalía (s.f., 16). 31

No obstante Botalón no hizo presencia en todos los territorios en los que tuvo injerencia el antiguo Modelo ACDEGAM. Al respecto a rma lo siguiente “Yo no quise expandirme mucho porque no teníamos armas ni plata para eso. A la zona de Puerto Berrio que era de Henry, no me metí, yo siempre me guié por el río, lo que era de la orilla del Magdalena para el lado del Carare yo lo cogí y para el otro lado no me metí”. Citado en Baron (2011). 32

Ver “En Puerto Boyacá la verdad está enterrada”: Botalón, Verdad Abierta, http://www.ideaspaz.org/secciones/verdad_abierta/pdf_articulos_verdad_abierta_%20 p/puerto_boyaca_verdad_enterrada.pdf 33

Verdad Abierta, http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/nunca-mas/177-entrevista/1486-en-puerto-boyaca-la-verdadesta-enterrada-botalon 34

Los comandantes José Anselmo Martínez, alias Ramón; Fabián o Moncho y Alfredo Santamaría Benavides, alias Danilo, el Gordo o Mocho, que delinquían en los sectores de los municipios de San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y algunas veredas de Zapatoca y Betulia del departamento de Santander, tomaron la decisión de unirse entre ellos en un solo grupo independiente, adhiriéndose de esta forma como frente adjunto a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá con el nombre de Frente Ramón Danilo”. 35

Esto también coincide con versiones de los miembros de esta estructura Paramilitar. Orlando de Jesús Arboleda, Alias Lucho quien dice haber sido “jefe político” de este grupo señaló que “El robo de combustible fue el fuerte de la nanciación de las autodefensas del Magdalena Medio”. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/nunca-mas/177-entrevista/1486-en-puerto-boyacala-verdad-esta-enterrada-botalon 36

Informe de Policía Judicial. José de la Cruz Carrillo Rodríguez. Seccional: Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Unidad: Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Doctor RAVC. Fiscal 222 Seccional. 37

Botalón en una entrevista señaló “Nosotros seguimos con las mismas costumbres que tenía la organización vieja. Sabíamos que Henry Pérez le había puesto una cuota por hectárea a los ganaderos. Esa cuota no era voluntaria, era obligada”. Recuperado de www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/nunca-mas/177-entrevista/1486-en-puerto-boyaca-la-verdad-esta-enterrada-botalon 38

Durante 1994 a 1996 Botalón retomó el cobro que los Pérez hacían a los ganaderos de la región. Habló con el presidente del Comité de Ganaderos de Puerto Boyacá, Sixto Arango, y le manifestó que iba seguir cobrando este impuesto a los ganaderos para el mantenimiento de la organización. Fiscalía. Entrevista colectiva realizada a los comandantes de las autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, durante periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 11 de octubre de 2013, por el investigador judicial VII, JFB, en la cárcel de alta y mediana seguridad de Itaguí, Antioquia. 39

Entrevista colectiva realizada a los comandantes de las autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, durante periodo entre el 30 de septiembre al 11 de octubre de 2013, por el investigador judicial VII, JFB, en la cárcel de alta y mediana seguridad de Itagüí, Antioquia. 40

Recuperado el 12-01-2015 de http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-AUC/1486-en-puerto-boyaca-la-verdad-esta-enterradabotalon

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“En 2002 para septiembre tomé la decisión de crear una comisión política social, con integrantes de la organización, el objetivo de la comisión política era que como ya habían nacido los frentes y como el trabajo que yo venía haciendo era un trabajo grandes y dispendioso, y me nació la idea de crear una comisión para asignarle unas funciones y así yo como comandante que ver que esas funciones se hicieran. La comisión fue conformada por Orlando de Jesús Arboleda Ospina, Yesid Mahecha, Pedro Antonio Uribe alias Emiliano, y Martha Nelsi Heano Salazar, y el señor Orlando Claro Patiño. y nombre como director de la comisión a Orlando de Jesús Arboleda Ospina”. Versión libre Conjunta de Arnubio Triana Mahecha y otros ante la Fiscali´a 34 UNJYP 18 y 19 de diciembre de 2013, Medellín. 42

La mayoría de los casos de parapolítica del departamento de Santander en las que se han generado capturas y sentencias contra los imputados han estado más relacionadas con la acción del ‘Bloque Central Bolívar’ con el que varios políticos suscribieron el llamado ‘pacto de cooperación’ con el entonces comandante político de esa estructura Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez. 43

Alfonso Riaño Castillo fue condenado por parapolítica. Fue representante a la Cámara por Santander con el partido Convergencia Ciudadana. Riaño fue concejal de Cimitarra en dos ocasiones por el Partido Liberal, y en su segundo mandato, se reunió con Ernesto Báez, para darle apoyo a Carlos Clavijo. 44

Versión libre Conjunta de Arnubio Triana Mahecha y otros ante la Fiscalía 34 UNJYP 18 y 19 de diciembre de 2013, Medellín.

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Versión libre Conjunta de Arnubio Triana Mahecha y otros ante la Fiscalía 34 UNJYP 18 y 19 de diciembre de 2013, Medellín. Extraído de Informe de Policía Judicial, 23/01/2014. Sobre los vínculos entre políticos y los grupos de paramilitares. Destinado para Iván Augusto Gómez Celis. Fiscal 34 Unidad Nacional Para la Justicia y la Paz, Bucaramanga. 46

Versión libre Conjunta de Arnubio Triana Mahecha y otros ante la Fiscalía 34 UNJYP 18 y 19 de diciembre de 2013 Medellín. Extraído del Informe de Policía Judicial, 23/01/2014. Sobre los vínculos entre políticos y los grupos de paramilitares. Destinado para Iván Augusto Gómez Celis. Fiscal 34 Unidad Nacional Para la Justicia y la Paz, Bucaramanga. 47

Ibíd.

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Informe de Policía Judicial investigador de Campo, FPJ 11. Juan Carlos Forero Barón. Fecha 25-07-2014. Destino del informe: Seccional Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional, Unidad: Dirección Nacional de Fiscalía de Justicia Transicional Fiscalía. Fiscalía 34 delegada tribunales de Justicia y Paz. Doctor Iván Augusto Gómez Celis. 49

Ibíd.

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Ibíd.

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“El coronel (r) Julio César Prieto Rivera, ex comandante del Batallón Luciano D’elhuyer, dio testimonio usado por la Corte Suprema de Justicia para condenar algunos parapolíticos de Santander. Entrevista recuperada el 23-02-2015 de http://periodico15unab.blogspot.com.co/2015/10/se-destapa-el-testigo-clave-que-hundio_19.html?view=sidebar 52

En el actual método de investigación criminal de análisis de contextos, priorización de casos y máximos responsables, la Fiscalía imputó cargos contra Botalón y varios de sus hombres presentando patrones de macro criminalidad para los delitos de homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia sexual, desaparición forzada y otros delitos connotados. No obstante, el Magistrado Eduardo Castellanos no aceptó los patrones presentados por la Fiscalía porque presentan varios problemas metodológicos, entre ellos la falta un marco muestral representativo “no se puede valorar si los hechos priorizados por la Fiscalía corresponden a un conjunto signi cativo de casos que logren dar cuenta de un comportamiento criminal repetido en un determinado tiempo y territorio” ( Justicia y Paz, 2014, p. 559). Para varios de los delitos no se tiene claro el universo de los datos y mucho menos porque la Fiscalía escogió determinadas muestras. Lo anterior, impide tener un panorama claro del conjunto de los delitos cometidos por esta estructura. Sin embargo, sí es posible tener una aproximación a las tendencias delictivas de esta estructura paramilitar. Ver Sentencia de Justicia y Paz contra Arnubio Triana Mahecha y otros. Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz. Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00 Rad. Interno 2358. 53

Ver tabla de homicidios y delitos conexos de las ACPB en Justicia y Paz (2014, pp. 529-544) disponible en http://www. scalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16-Sentencia-Arnibio-Triana-y-otros.pdf

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“Según las bases de datos de la Fiscalía, entre 1994 y 2006 en la zona desaparecieron 427 personas y 161 de estas muertes han sido atribuidas a ‘Botalón’ y sus hombres…”. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/reparaciones-a-victimas/5471-lasvictimas-de-alias-botalon-cara-a-cara-en-puerto-boyaca 55

Para efectos de comprender el fenómeno del despojo de tierras no pueden tomarse las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras como proxy del despojo. El error usual en el que caen es que no diferencian entre abandono forzado de las tierras y el despojo de tierras, este último conlleva la apropiación y/o explotación ilegal de los bienes por parte del actor armado o de sus bene ciarios persiguiendo su interés estratégico, oportunista o personal.