Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos [1 ed.] 9789874837981

Table of contents :
Introducción
Revoluciones pasivas en América Latina
Massimo Modonesi
Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda
Mabel Thwaites Rey
La elección de 2018 en Brasil y el neoliberalismo sudamericano como fantasma. 
 Salvador Schavelzon
De “Lula light” a “Lula Libre” Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista
Cristina Cavalcante
Tierra sin hombres, hombres sin tierra
La cuestión agraria y el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay
Gaya Makaran
¿Hijo predilecto o hijo rebelde?El sindicalismo nicaragüense en la encrucijada entre lealtad partidaria y aspiración a la autonomía
Hélène Roux
Rasgos de la lógica estatal en la hegemonía progresista uruguaya.
Diego Castro - Carlos Santos
De un estado de ruptura a un Estado en ruptura: Ecuador y Venezuela en el «fin de ciclo»
Mila Soledad Ivanovic
Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020)
Emiliano Teran Mantovani
La recreación neo-extractivista y “progresista” del colonialismo interno en Bolivia: La defensa de territorialidades indígenas y del horizonte plurinacional
Pabel Camilo López F.
Por que a onda progressista não abriu caminho para um mundo melhor?
Fabio Luis Barbosa dos Santos
Por una política de luchas reales y no de grandes molinos de viento
Mila Ivanovic - Pabel López Flores -Salvador Schavelzon 

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Derivas y dilemas de los “progresismos sudamericanos”: miradas desde la investigación

Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos [et al.] ; compilación de Salvador Schavelzon ; Pabel López Flores ; Mila Ivanovic. 1a ed. - Vicente López : Red Editorial, 2022. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-48379-8-1 1. Política Latinoamericana. 2. Militancia Política. 3. Filosofía Política. II. Schavelzon, Salvador, comp. III. López Flores, Pabel, comp. IV. Ivanovic, Mila, comp. CDD 320.01 -Colección Autonomia Dirección editorial: Ariel Pennisi - Rubén Mira Dirección de colección: Ariel Pennisi - Adrián Cangi Diseño de colección: Ruben Mira - Lalo Díaz Diseño de ejemplar: Lalo Díaz Los libros se encuentran en: www.rededitorial.com.ar Enero 2022

DERIVAS Y DILEMAS DE LOS

PROGRESISMOS SUDAMERICANOS

Nota Inicial: Este libro es el fruto de lo que han sido los últimos años de política latinoamericana, con sus flujos y reflujos, siguiendo las ondas de un ciclo que nunca se cierra completamente o que se va reconfigurando continuamente, acompaña un movimiento lleno de posibilidades, de aperturas, giros, retrocesos y cierres: un “horizonte de expectativas” (Kosseleck 1993) a remota distancia de las evoluciones políticas europeas o norteamericanas. La falta de estructuración y/o estabilidad institucional, la carencia de Estado de bienestar, su naturaleza histórica y crónica patentemente proveedora de materias primas y mano de obra calificada y barata, con una economía mixta, primaria y tercerizada, son los ingredientes de sobresaltos políticos que desde fuera se pueden atisbar.  La discusión que terminó tomando la forma de un libro se desarrolló en contactos virtuales y también presenciales. Se inició después del I Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes políticos más allá del capital, en 2015, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, continuó con una serie de presentaciones en la reunión de LASA (Latin American Studies Association) en Lima, en 2017. Con Dilma Rousseff ya derrocada, pero aún sin Bolsonaro; con Macri en el gobierno argentino, en los inicios del madurismo y antes de que AMLO iniciara una tardía experiencia progresista en México, podemos decir que las reflexiones no pierden su actualidad, en un panorama que ya era y sigue siendo de inestabilidad y vaivenes entre polarizaciones electorales, continuidades en consensos fundamentales. Las derrotas progresistas no eran nuestro marco, aunque sí el contexto en que discutíamos, que no dejaba de ser en realidad un contexto de más largo plazo, con una derrota que expresa, más bien, el fracaso de las izquierdas del siglo XX, con la perdurabilidad del proyecto liberal capitalista en la región, con sus grupos de poder cada vez más poderosos aunque la resistencia no deje de surgir, como en Chubut (Argentina) contra la megaminería, en estos días de diciembre de 2021.     En el momento en que escribimos esta apertura a un proyecto de publicación que lleva ya cuatro años, y pasó por una pandemia, somos por demás conscientes que mucho se ha movido y cambiado en la región: autonomía

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Chile vuelve con un presidente de izquierda, después del paréntesis piñerista y ultraliberal, como también pasó hace poco en Honduras y Perú, en otros casos, como Bolivia o Argentina, partidos progresistas volvieron a ser electos, luego de gobiernos conservadores o de claro perfil antipopular, aunque el retorno de estos progresismos presente también contestación y resistencia de amplios sectores sociales y de parte de población por  hechos de corrupción, clientelismo o rasgos antidemocráticos, lo que seguramente será objeto de próximas y necesarias miradas y reflexiones. Considerando las relaciones y/o articulaciones posibles entre proyectos de Estado y luchas emancipatorias, este trabajo colectivo, se propuso, desde el momento en que fue concebido y escrito entre el 2017 y el 2020, y acaso aun se propone, discutir el periodo sociopolítico sudamericano que, en un contexto de regresión en términos redistributivos y de una nueva y acentuada crisis de los commodities, la gobernabilidad progresista pudo haber retrocedido en su legitimidad, tanto electoral como en las bases, horizontes y narrativas de sus proyectos, ante perspectivas de autodeterminación, defensa del territorio y sujetos sociales antineoliberales. Desde diferentes experiencias se despliega una reflexión más allá del “cambio de época progresista”, su agotamiento, ocaso o reconfiguración, que interrogue las nociones de “pasivación”/reactivación de los sectores plebeyos, los antagonismos respecto del neo-extractivismo, actuales movimientos sociales y las formas de intervención en las instituciones. En ese sentido, creemos que los textos que presentamos en este libro constituyen aportes frescos, actuales y por demás útiles para pensar y discutir el actual momento sociopolítico regional. Nos ayudan también a interpretar, en perspectiva histórica reciente y en clave crítica, los actuales vientos de transformación política, estancamiento, renovación y/o retroceso democrático y, en particular modo, las nuevas narrativas, imaginarios y posibilidades de lucha y emancipación social.  Esto no sería posible sin el tiempo largo de la investigación, que al no sincronizarse con “la actualidad”, o el fast-thinking al cual estamos todxs ya acostumbradxs, deja espacios y tiempos en barbecho para mejor cultivo de pensamiento y acción.  Koselleck, Reinhart 1993 Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, Ed. Paidós. 8–

Índice Introducción

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Revoluciones pasivas en América Latina Massimo Modonesi

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Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda Mabel Thwaites Rey

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La elección de 2018 en Brasil y el neoliberalismo sudamericano como fantasma.   Salvador Schavelzon

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De “Lula light” a “Lula Libre” Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista Cristina Cavalcante Tierra sin hombres, hombres sin tierra

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La cuestión agraria y el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay Gaya Makaran

109

¿Hijo predilecto o hijo rebelde? El sindicalismo nicaragüense en la encrucijada entre lealtad partidaria y aspiración a la autonomía Hélène Roux

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Rasgos de la lógica estatal en la hegemonía progresista uruguaya. Diego Castro - Carlos Santos

175

De un estado de ruptura a un Estado en ruptura: Ecuador y Venezuela en el «fin de ciclo» Mila Soledad Ivanovic

autonomía

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Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020) Emiliano Teran Mantovani

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La recreación neo-extractivista y “progresista” del colonialismo interno en Bolivia: La defensa de territorialidades indígenas y del horizonte plurinacional Pabel Camilo López F.

263

Por que a onda progressista não abriu caminho para um mundo melhor? Fabio Luis Barbosa dos Santos

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Por una política de luchas reales y no de grandes molinos de viento Mila Ivanovic - Pabel López Flores -Salvador Schavelzon 

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Introducción

Presentación del grupo y nacimiento de la idea del libro No es el primer libro que se ha escrito desde que Macri gana las elecciones en Argentina, o antes de ello, que Chávez fallece dejando un vacío simbólico en todo un campo político regional, dos piedras de toque del discurso sobre el “fin del progresismo” o “fin del ciclo progresista” (Ospina 2016; Machado & Zibecchi 2016; Mendes, Nery, Texeira 2016; Lang & Lander 2018). Muchos textos se han hecho eco del fenómeno de agotamiento y desviaciones de dichos gobiernos. Algunos se han quedado en el poder, con fuertes signos de debilitamiento, otros han sido expulsados por elecciones a favor de opciones más conservadoras. Más allá de lo electoral, en realidad, el fin de ciclo consistía en que una fórmula de gobierno que parecía funcionar, consolidando en América Latina una mayoría de signo político progresista, ya no se mostraba más viable, a pesar de las siempre presentes concesiones en busca de gobernabilidad. Por la misma época, desde el ámbito académico-militante, nos agrupamos unxs cuantos buscando promover un espacio donde no estuviéramos en materia de interpretación entre la pared de la derechización y la espalda de la “revolución” (bolivariana, ciudadana, o plurinacional). Nuestro grupo, Lecturas, amalgamó a compañerxs de Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, México con la voluntad de proponer una mirada “desde abajo” y a la izquierda de autonomía

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los procesos discontinuos de políticas de cambio en la región. Desde el ensalzamiento, y al margen de las categorías rígidas de ciertas izquierdas en el entendimiento de la realidad, buscamos intercambiar balances informalmente, apuntando a construir nuestras propias miradas atentas a los procesos moleculares, locales, y metabólicos de las luchas sociales. En abril del 2017 en Lima tuvimos la posibilidad de organizar un doble panel en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), organismo anclado en la tradición de estudio de áreas culturales norteamericanas, poco propenso a reuniones con temáticas transversales a diferentes países, y en clave política, aún menos. Este doble panel titulado “Crisis y dilemas del progresismo Sudamericano: Movimientos y territorios, Estado y participación” nos brindó la posibilidad de conocernos en algunos casos y de querer seguir intercambiando, a partir de las distintas contribuciones, con mira a una publicación.

¿Qué proponemos? Desde un principio, nuestras inquietudes giraban alrededor de las relaciones y/o articulaciones posibles entre proyectos de Estado y luchas emancipatorias, proponiendo discutir el momento sociopolítico sudamericano que, en un contexto de regresión en términos redistributivos y de crisis de los commodities, es el terreno de un retroceso de la legitimidad progresista, tanto electoral como en las bases de sus proyectos. Cuando permanecía en el poder, la progresiva pérdida de ambigüedad se traducía también en la caducidad de un discurso progresista que se mostraba frágil ante prácticas conservadoras respecto a la protesta social, régimen de desarrollo y ajuste de austeridad. Esta primera consideración se contraponía a las perspectivas de autodeterminación, defensa del territorio y surgimiento de sujetos sociales antineoliberales, en buena medida surgidos en oposición, o frente a la indiferencia de las organizaciones y gobiernos progresistas o de izquierda. Junio de 2013 en Brasil, las protestas indígenas o sindicales en los países andinos, frente a la consolidación de alianzas de gobiernos progresistas con sectores tradicionales 12 –

del poder, o de nuevos empresariados, mostraba que el avance sobre las instituciones conseguido a fuego de discurso anti neoliberal, ya no sería posible por mucho tiempo. Con miradas con complicidades pero sin homogeneidad, nos propusimos desarrollar una reflexión que pueda preguntarse por un panorama común, sin caer en rótulos periodísticos, o ocupados en la justificación del fetiche de “cambio de época progresista”. Queríamos interrogar las nociones de “pasivización”/reactivación de los sectores plebeyos, los antagonismos respecto del neo-extractivismo, los nuevos fenómenos de movilización social, con nuevos paradigmas en muchos casos, las formas de continuidad de los pactos neoliberales, y las formas de intervención en las instituciones. De cierta forma, queríamos sumar esfuerzos a la tarea de una descripción de los procesos de izquierda en un contexto que confabulaba contra la idea de toma de poder o de progresión de las luchas sociales a través de la movilización en contexto de gobiernos, abiertamente declarados a favor de los pobres y “anti-imperialistas”, en terrenos tales como las luchas socio-ambientales, urbanas y redistributivas. La movilización urbana por el transporte en Brasil de 2013, se sumaba a las luchas territoriales anti-extractivistas (indígenas o no) y por el territorio en casos como el boliviano, ecuatoriano y venezolano. El análisis de buena parte del establishment de las ciencias sociales progresistas, cercana a las elites políticas, se mostraba sordo o cínico en relación a estos procesos, contribuyendo a la invisibilización y silenciamiento cómplice, en incluso, con los no pocos casos de criminalización progresistas de movilizaciones y protestas. Esta propuesta fundadora descansa en un imaginario “antipoder” que desenmascara los relatos “anfibios” de una intelectualidad de izquierda con relaciones y/o profundos vínculos simbólicos con los gobiernos. Desde este lugar las continuidades y alianzas del progresismo del poder con sus sucesores de cuño conservador o liberal, se volvían evidentes. Respecto de las experiencias políticas latinoamericanas, y a riesgo de simplificar realidades complejas, veíamos que la búsqueda de alternativas dentro de la izquierda que tuvo al zapatismo como referencia, se oponía a una izquierda del Estado, que se reveló en el chavismo, el correísmo y el evismo – con toda la autonomía

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simbología que puede traer el contraste entre pasamontañas de rostros indígenas anónimos y el nombre de un líder transformado en identificación de un movimiento con base de acción desde el Estado –. Fueron formas de un “progresismo latinoamericano” que se afincó en una nueva versión de la idea de progreso, frente al “antipoder” de veleidades horizontalistas y la propuesta de imaginar y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Los debates han sido intensos al interno de la intelectualidad de izquierda, han clivado muchas de las posturas con un sectarismo por momento preocupante1. Múltiples interpretaciones son posibles y dignas de atención, desde que estamos presenciando, en el conjunto de los casos donde la izquierda (con matices y orígenes abigarrados) logró alcanzar el poder de Estado - y mantenerse, en algunos casos ya ni una sino dos décadas - operando una “hegemonía invertida” como lo propuso Francisco de Oliveira en el caso del lulismo, o si han sido experiencias devastadoras para una propuesta de izquierda emancipadora y realmente anticapitalista, o si, también, fueron “paraguas contra las lluvias ácidas neoliberales” como lo evoca Silvia Riviera (2011). No estamos acá para zanjar lo que finalmente quedarán como posicionamientos y conciliaciones de cada unx, y cara a no dejarse moler por una mecánica sectaria, entre los “rodillas en tierra” y los “traidores” de la causa progresista en Latinoamérica, apuntamos a elucidar lo que han sido (y siguen siendo) los “progresismos realmente existentes” (Svampa, Modonesi 2016), esperando ofrecer miradas libres de concesiones, pero comprometidas con los que han sido propuestas como “rutas de cambio”. A todas esas delimitaciones previas a la materia que compone este libro, nos parece también revelador algunos debates extemporáneos que pueden esclarecer (salvando las distancias) aristas de la encrucijada en la cual nos encontramos actualmente. La polémica que opuso Sartre, por ejemplo, a Camus, o luego Merleau-Ponty acerca de apoyar o no a la URSS, nos remite a lo que vivimos en el seno de la “Izquierda” regional: “pactar con el adversario” (Sartre&Merleau-Ponty 1950) o ser fiel a principios elementales de la izquierda como la liber1

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Venezuela en particular ha sido el objeto de una disputa de sentido político en el momento de las movilizaciones de calle del 2014 y 2017.

tad y la igualdad. El fascismo era en la época soviética el fantasma que reaparece en la realidad del Brasil, como fantasma que puede dar al progresismo claudicante un nuevo lustre revolucionario, o como en otros lugares el imperialismo aún se escucha como parte de un discurso estatal o de aparato comunicativo poco abierto a la problematización de nuestra realidad más cercana. Esta puja de sentidos, sobre el cómo propulsar y sostener un movimiento de cambio desde el Estado, se reafirma también en algunas reflexiones, más cercanas y contemporáneas: “Hasta el momento el reformismo social logró mejores resultados (en término de bienestar y libertades) que las vías revolucionarias. Pero, al mismo tiempo, el reformismo sólo fue exitoso en los casos en que había algún tipo de amenaza revolucionaria, o al menos de radicalización social. Quizás esa dialéctica es la que falta hoy: no hay reformismos sociales convincentes ni amenazas de radicalización social a la vista (…).Hoy, el bicentenario de Marx, quizás haya que volver a esos viejos debates para pensar cómo combinar esos dos polos -reforma/revolucióncuando ambos están en crisis.” (Stefanoni 2018) Finalmente, en el transcurso del desarrollo de los acontecimientos regionales, la tierra tembló. Un movimiento telúrico agrietó el mapa político regional, atravesando los órganos vitales del progresismo latinoamericano, saltando encima de fronteras imaginarias, y se instaló en una actualidad cuya intensidad revela tal vez el fin de una época, y el despertar de un nuevo horizonte político regional. De Ni Una Menos al Pañuelazo verde, el feminismo parece presentarse como la alternativa al declive de los sistemas estatistas progresistas, sumándose a la persistencia de las luchas indígenas y también de territorios tradicionales amenazados por el agronegocio, para instalar una crítica de orden micro y bio-político que parte de los cuerpos, en cruzada contra la explotación, la desigualdad y la economía moral (y material) del conservadurismo patriarcal, en una lucha por la vida contra la destrucción del régimen de mercantilización, en todos los niveles. La convertibilidad de esta lucha en un relato apropiable para todxs es un reto grande si consideramos válida la hipótesis de que el renuevo feminista, y la reacción indígena que volvió al territorio después de haber ayudado con su movilización al cambio de sistema político, surgen de las cenizas de un progresismo estatal en decadencia. autonomía

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Presentación de los artículos Estamos en deuda con el tratamiento del feminismo latinoamericano en este libro. Sin embargo, consideramos que ha sido uno de los segmentos de la crítica social completamente abandonado por los progresismos estatales latinoamericanos, de tal forma que no es de sorprenderse que son otras las preocupaciones que atiende esta publicación. Precisamente entre estas preocupaciones que se despliegan desde un lugar claramente identificado con una crítica social y desde el desafío de pensar también desde la crítica intelectual, comprometida pero no por esto menos rigurosa y documentada, en este trabajo colectivo contamos con aportes como el de Massimo Modonessi, que abre el libro con el texto “Revoluciones pasivas en América Latina” en el cual, retomando y actualizando sus reflexiones sobre los procesos políticos en la región, en particular sobre los gobiernos “progresistas” en Sudamérica, nos provoca leer dichos procesos en su ocaso, agotamiento o lo que el autor, junto a otrxs, ha venido nombrando como “fin de ciclo progresista”. Bajo esta premisa, Modonessi nos acerca a la coyuntura política regional, específicamente de los mencionados procesos político-estatales, desde una mirada que retoma y reactualiza la categoría gramsciana de ‘revolución pasiva’ para pensar las características y los contenidos de la deriva de las experiencias y experimentos del llamado, acaso genéricamente, “progresismo” en el subcontinente, para lo cual nos propone un ejercicio analítico e interpretativo que, como el mismo afirma, evite la imprudencia de asimilar procesos muy diversos y particulares pero que permita pensarlos transversalmente para reconocer elementos en común y, desde allí, calibrar las diferencias y especificidades. En segunda posición, Mabel Thwaites Rey prosigue y amplia el debate iniciado por Modonessi con “Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda” articulando las tensiones que se han desvelado de los análisis sobre los progresismos latinoamericanos, a partir de lo que llama el "Ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina". Allí la autora retrata con agudeza teórica los elementos contradictorios, si no antagónicos entre visiones plurales acerca de las relaciones entre estados 16 –

y movimientos sociales, como son la burocratizacion, la cooptación, el extractivismo, el reformismo señalando también los riesgos de romanticizacion del potencial disruptivo de los movimientos populares pero recordando la necesidad de desmercantilizar el orden social, y atacar por todos los flancos al capitalismo. Por su parte, en esa misma línea de debate, desde una perspectiva situada de manera más específica en Brasil aunque con un alcance y pertinencia reflexiva para las otras experiencias en la región, Salvador Schavelzon nos presenta el texto “La elección en Brasil y el neoliberalismo sudamericano como fantasma” en el que despliega una lectura crítica del actual momento político de América Latina, mas allá de un abordaje de la actual coyuntura electoral abierta o en pleno proceso en la región, a la cual también ubica en el marco de una análisis político de mayor alcance y profundidad. De particular modo Schavelzon propone retomar la necesidad de pensar el contexto político regional a partir de asumir los efectos, en particular sociopolíticos, de más de una década de los gobiernos llamados progresistas en América del Sur, con particular énfasis en los procesos de desmovilización social y de fragmentación y reflujo de las alternativas de ‘izquierda’ frente al avance de los sectores conservadores en varios países de la región. Frente a un foco del discurso progresista en la cuestión presidencial y de la formación de gobierno, se visualiza una politicidad subterránea que con plena conciencia de enfrentar una clase política con muchas complicidades, se direccione al funcionamiento de la gobernanza neoliberal, los pactos del poder y los conflictos generados por la expansión capitalista en la región, en una fotografía inmediatamente anterior a la llegada del fenómeno Bolsonaro. A su vez, continuando en Brasil, Cristina Cavalcante aporta con un análisis crítico que apunta a caracterizar el ‘modelo brasilero’, tal como fue asumido en la región en tanto habría constituido en su momento, al menos económicamente, un “modelo exitoso” dentro del llamado “progresismo sudamericano”, realizando un abordaje que permite situar el periodo petista (de los gobiernos del Partido de los Trabajadores) en el marco de la apertura y expansión del capital en ese país a través del impulso estatal de dichos gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff sucesivamente, problematizando el papel del autonomía

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Estado en ese proceso de reconfiguración y desarrollo del capital en Brasil. En esa perspectiva, la autora realiza un recorrido riguroso y documentado de los últimos 15 años de gobiernos del PT, desarrollando una argumentación histórica, política y económica para dar cuenta del actual escenario sociopolítico en el que se encuentra el gigante sudamericano, marcado por un retroceso democrático y socioeconómico, así como por el terreno ganado por sectores conservadores y de avance de una derecha político-partidaria vinculada al capital transnacional, sin mencionar la vigencia del gobierno ilegitimo de Temer, acaso como corolario, según la autora, de lo que el periodo político anterior habría posibilitado. Cambiando de geografía, aunque permaneciendo en América del Sur y en el marco de una mirada crítica y aguda del periodo del “progresismo”, Diego Castro y Carlos Santos nos plantean una lectura del contexto político en Uruguay con el texto “Rasgos de la lógica estatal en la hegemonía progresista uruguaya”, en el que los autores desarrollan una argumentada periodización política del gobierno del Frente Amplio desde el 2005, para lo cual nos proponen pensar el llamado “ciclo progresista” como un proceso político que supuso la construcción de una nueva hegemonía, denominada por ellos como “hegemonía progresista”, con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Bajo esa premisa, Castro y Santos sostienen la necesidad de comprender la conformación del consenso hegemónico progresista uruguayo como un aspecto imprescindible para dar cuenta del proceso histórico de las luchas sociales en el país y su estrecha relación con el Frente Amplio y el consenso que instaló el progresismo amparado en el auge de los commodities, que sentó las bases para un consenso distributivo, que va de la mano con un reflujo de la movilización social y un retroceso en los derechos conquistados. De ese modo el autor nos brinda una necesaria y fresca lectura crítica del actual contexto político uruguayo que bosqueja la necesidad de retomar las luchas sociales y políticas más allá de la lógica estatal y sus efectos neutralizadores y desmovilizadores en el país oriental. Continuando en el Cono Sur del subcontinente, el texto de Gaya Makaran coloca su mirada en Paraguay para acercarnos a las políticas del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) en el contexto tanto de los aconteci18 –

mientos inmediatos que le dieron su origen y su fin y, a la vez, realizar un repaso de la larga historia de las luchas campesinas e indígenas en Paraguay donde la cuestión de la tierra se vuelve la gran protagonista. En esa perspectiva, la autora desarrolla una revisión de las políticas agrarias en Paraguay y la importancia de las luchas por la tierra y el territorio que se han llevado desde las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, el texto de Makaran aborda el actual modelo económico del país guaraní – con una economía basada casi exclusivamente en la agroindustria– y sus consecuencias para la población rural y la vida política nacional, como un marco que permitirá, como afirma la autora, describir las circunstancias que llevaron a Fernando Lugo al poder, las políticas agrarias de su corto gobierno y las causas de su caída y que estarán estrechamente vinculadas con la política cultural de los sucesivos gobiernos. Moviéndonos geográficamente hacia Centroamérica, Hélène Roux nos propone un texto para pensar el actual momento político en Nicaragua, a partir de una mirada histórica y reciente del movimiento sindical, que da cuenta del proceso de organización y movilización de los sectores obrero-populares en este país centroamericano, su proceso de evolución, transformación y cambio de estrategias y repertorios de movilización desde la dictadura somosista, pasando por el periodo de la revolución sandinista, hasta la etapa del auge neoliberal y el retorno del sandinismo el 2007 y las relaciones entre el gobierno y los sectores sindicales, en particular con los últimos gobiernos de Daniel Ortega. En esa línea, a partir del texto, “¿Hijo predilecto o hijo rebelde? El sindicalismo nicaragüense en la encrucijada entre lealtad partidaria y aspiración a la autonomía”, la autora plantea una mirada crítica y minuciosa de la actual deriva represiva del Estado nicaragüense en relación al movimiento sindical, que permita entender en parte, la actual y profunda crisis política que atraviesa el régimen del “sandinismo-orteguismo” en Nicaragua respecto, particularmente, a su relación con los sectores sociales sindicalizados y en el contexto de la deriva progresista en la región. De vuelta en América del Sur, Emiliano Terán Mantovani, nos presenta el texto "Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020)" en el que nos acerca de forma rigurosa, en cuanto autonomía

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al análisis del proceso bolivariano de las casi dos últimas décadas, y sólido, en cuanto al sustento con datos puntuales y detallados, al periodo político marcado por el ascenso de Hugo Chávez al mando del Estado y la instauración de la llamada ‘revolución bolivariana’ para mostrarnos, lo que el autor identifica como las fases por las que atraviesa su proceso de construcción de hegemonía, su punto de inflexión y el cambio de régimen, lo que permite dar cuenta de las transformaciones y giros por los que atravesara dicho régimen, hasta llegar a la actual (nueva) fase del extractivismo en Venezuela. A partir de este recorrido necesario y urgente para comprender en parte lo que viene sucediendo en este país, el texto da cuenta de la profunda crisis, que atraviesa dramáticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, como sugiere el autor y que estaría mostrando el escenario que se viene reconfigurando y ha venido marcando la deriva de la ‘Revolución Bolivariana’ como proceso político y sus ineludibles efectos y resonancias en la región. Por su parte, siguiendo en Venezuela y asumiendo el desafío de una perspectiva analítica que permita una balance comparativo con otra experiencia subcontinental como es el caso de Ecuador, Mila Ivanovic nos propone el texto “El Estado de/en ruptura: continuidades y discontinuidades en Ecuador y Venezuela en el «fin de ciclo»”, con el que se plantea una mirada aguda sobre los procesos venezolanos y ecuatorianos a partir de lo que la autora ubica como dos enfoques útiles para pensar críticamente dichos procesos: las propuestas participacionistas que emergieron al calor de la refundación constitucional y las consecuencias que ha tenido sobre el Estado. Sobre esos ejes y premisas de reflexión Ivanovic da cuenta y problematiza, en base a sus años de investigación en ambos países, por un lado, la temática de la participación de “los de abajo” que tanto en Venezuela y Ecuador se ha venido poniendo en cuestión y develando contradicciones, tensiones, conflictos y rupturas que atraviesan los contextos sociopolíticos de estos países. Por otro lado, el texto también pone el foco en la posición de los actores “de arriba” para situar el rol de las elites del poder, que permite mirar y pensar las continuidades, transformaciones y derivas del Estado en el contexto del “progresismo latinoamericano”

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Finalmente, cerrando la parte central de este libro colectivo, el texto de Pabel López “La recreación extractivista del colonialismo interno en Bolivia y la defensa de territorialidades indígenas” propone una lectura crítica del actual contexto boliviano, a partir de un repaso de los principales ejes movilizadores y reivindicaciones sociales y societales que permitieron la apertura de un proceso constituyente, como horizonte de transformación estatal que daría fundamento al llamado “proceso de cambio” y la posibilidad de construcción de un Estado plurinacional, así como la base discursiva del propio gobierno, lo que tempranamente se irá convirtiendo en un proceso lleno de contradicciones y tensiones hasta llegar, en los últimos años, a configurar un periodo de retroceso respecto a las reivindicaciones de cambio, democratización y descolonización, y mostrando una faceta más bien autoritaria, estadocéntrica y antiindígena de las políticas estatales. En esa línea el autor propone un abordaje crítico del actual momento sociopolítico boliviano, alrededor de las disputas societales por el territorio en las tierras bajas de este país andino-amazónico, y entorno a las políticas extractivistas del gobierno del MAS y la actual orientación monológica del Estado, el que estaría recreando formas del ‘colonialismo interno’ a partir de una recolonización territorial y política, que marca de forma indeleble uno de las más evocadas experiencias “progresistas” en América del Sur. Esperamos con este material aportar en forma acuciante al debate sobre progresismo y los escenarios políticos en curso en el continente. Considerando la presencia de dos países poco estudiados, Nicaragua y Paraguay, conjuntamente con dos temáticas también minorizadas (sindicalismo y repartición de las tierras), podemos solo alentar a futuros trabajos en dar cada vez más espacio a países “menores”, pero donde se va también construyendo alternativas, y colocar al segundo plano otros que han sido centro de la atención durante estas últimas décadas como para revelar la complejidad en la cual estamos inmersos, y salir de una homogenización regional que pronto termina en caricaturas.

Referencias bibliográficas

autonomía

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Svampa, Mondonesi, “Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América Latina”, del 13 de agosto de 2016, disponible en http:// www.rebelion.org/noticia.php?id=215469 M. Merleau-Ponty et J.-P. Sartre, « Les jours de notre vie », Les Temps modernes n° 51, janvier 1950 S. Rivera Cusicanqui, “Bolivia: entre la euforia y la frustración », Diagonal, 3/05/2011, https://www.diagonalperiodico.net/global/bolivia-entre-la-euforia-y-la-frustracion.html.

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Revoluciones pasivas en América Latina1 Massimo Modonesi

En el primer quinquenio del 2000, se produjo en América Latina una oleada de derrotas electorales para los partidarios del neoliberalismo y la correspondiente apertura de uno de los más grandes procesos de recambio relativo de los grupos dirigentes que ha visto la historia latinoamericana –probablemente sólo comparable con el giro antioligárquico los años 30. En la primera década del siglo se contaron tantos gobiernos de tinte progresista como no se veían desde los años 30 y 40. La mayoría de éstos ya cumplió un ciclo temporal relativamente extendido –que varía entre 10 y casi 20 años de gobierno- que contempló además de tres procesos constituyentes, varias re-elecciones presidenciales y renovaciones de mandatos de gobernadores y legisladores, e inclusive, el recambio del titular del Ejecutivo en la mayoría de los países. En los últimos años, este proceso entró en una etapa de agotamiento, de fin de ciclo, con la derrota electoral en Argentina, el golpe blanco en Brasil, la negativa referéndaria a la re-elección de Evo Morales en Bolivia y el fortalecimiento de las derechas en Ecuador y, ahora, se presenta de forma explosiva en la crisis venezolana.

1 Este texto reformula en forma sintética –omitiendo referencias a casos concretos y bibliografía que ha sido superada o que aparece en éste y otros capítulos del libro- las hipótesis vertidas en dos artículos publicados en 2012 y 2015, ambos integrados al libro Revoluciones pasivas en América Latina (Itaca, México, 2017). autonomía

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En este artículo pretendo esbozar, en forma extremadamente sintética, una línea de interpretación de estos gobiernos a partir del concepto gramsciano de revolución pasiva y de sus correlatos de cesarismo progresivo y transformismo. Esta hipótesis, surgida cuando se iniciaba el debate sobre los alcances y límites de los gobiernos progresistas, propone caracterizar el ciclo progresista latinoamericano como un conjunto de diversas versiones de revolución pasiva, es decir, siguiendo la intuición de Gramsci, de una serie de proyectos políticos devenidos procesos de transformaciones significativas pero limitadas, con un trasfondo conservador, impulsados desde arriba y por medio de prácticas políticas desmovilizadoras y subalternizantes, que se expresan en buena medida a través de los dispositivos del cesarismo y el transformismo como modalidades de vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los canales de organización, participación y protagonismo popular. Considerando que, como vimos en los apartados anteriores, un problema analítico mayor parece ser el de sintetizar las contradicciones y las ambigüedades que marcan estas experiencias políticas, los conceptos gramscianos abren una línea de interpretación original y fecunda que permite ir más allá de la fórmula gobiernos progresistas que convencionalmente ha sido adoptada en este libro y está siendo ampliamente utilizada en el intenso debate en curso sobre la época y la coyuntura latinoamericanas.

Revolución como neodesarrollismo y estatalismo La cuestión del alcance transformador o revolucionario ha ocupado gran parte del debate sobre la caracterización de los gobiernos progresistas entre quienes exaltaron sus alcances posneoliberales y quienes cuestionaron sus límites neodesarrollistas. Varios elementos vertidos sobre este aspecto del debate abonan a la hipótesis de la revolución pasiva. 1. Las transformaciones ocurridas a partir del impulso de los gobiernos progresistas latinoamericanos pueden ser denominadas revoluciones -asumiendo una acepción amplia y estrictamente descriptiva 24 –

del concepto- en tanto promovieron cambios significativos de modernización capitalista en sentido antineoliberal, posneoliberal y neodesarrollista que pueden visualizarse en un rango de oscilación, según los casos, entre reformas profundas y substanciales y un “conservadurismo reformista moderado” –usando una expresión de Gramsci. Brasil podría representar un punto de referencia del conservadurismo y Venezuela uno de reformismo fuerte con alcances estructurales. A la hora de evaluar el alcance del cambio, no es lo mismo sopesar y valorar el relance del gasto público y social que alimentó el consumo y el mercado interno que reconocer la escasa dinamización del sector productivo o la re-primarización en clave exportadora. Todo sumado, asumiendo en este rubro una postura lo más ecuánime posible, hay que reconocer un giro –aún sea relativo- respecto al neoliberalismo en cuanto a los énfasis nacionalista y social que se reflejan en un conjunto de medidas soberanistas y redistributivas, mientras que en relación con el relance de la producción industrial, la inserción en el mercado mundial y la persistencia e inclusive reforzamiento de un perfil primario-exportador –y los consiguientes costos ambientales- no se observaron cambio substanciales o dignos de ser apreciados e inclusive hay quienes sostienen con datos y argumentos la hipótesis de una regresión. Si este neodesarrollismo es coherente o antitético respecto de horizontes posneoliberales, anticapitalistas y socialistas y si este último umbral es viable en el corto plazo es un tema que rebasa este ejercicio analítico. Aún en el rango de oscilación entre reformas estructurales y un “conservadorismo reformista moderado”, los procesos en curso no dejan de marcar un giro significativo que lleva más allá del neoliberalismo tal y como fue implementándose en América Latina desde los años 80 y que, asumiendo la fórmula gramsciana, podemos definir revolución en un sentido acotado y restringido2, es decir con toda su contraparte conservadora, como

2 Carlos Nelson Coutinho en un intento de entender el neoliberalismo sugería que más que revolución pasiva había que hablar de contrareforma en la medida en que no aparece el elemento fundamental de la recepción de parte de las demandas desde abajo. No sólo comparto esta opinión respecto al neoliberalismo, sino que, a partir de ella, agregaría que este elemento está presente en la actualidad y complementa el cuadro que nos permite afirmar autonomía

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revolución neodesarrollista, es decir una variante progresista de modernización capitalista. 2. Al mismo tiempo, inducida inicialmente por la activación antagonista de movilizaciones populares, pero posteriormente a contrapelo de las mismas y en razón de sus limitaciones, la conducción y realización del proceso fue sostenida desde arriba. Aunque algunas demandas formuladas desde abajo por las clases subalternas fueron incorporadas, las fuerzas políticas progresistas realizaron, desde la altura de la iniciativa de gobierno, alianzas e inclusive incorporaron a sus filas sectores de las clases dominantes, así como favorecieron la emergencia de nuevos grupos tanto en términos de acumulación de capital como de empoderamiento de nuevas capas burocráticas. En este sentido los límites conservadores de las revoluciones pasivas latinoamericanas se hallan en la composición y recomposición de clase de las fuerzas que las impulsan. No es posible afirmar tajantemente que los gobiernos progresistas sean expresiones directas de las clases dominantes y de la burguesía latinoamericana, así como no podríamos sostener lo contrario, es decir que surjan estrictamente de las clases subalternas y de los trabajadores. Sin embargo, entre las mediaciones y las contradicciones interclasistas que, con distintos matices y énfasis, aparecen en todos estos casos, se perciben claramente cierto anclaje orgánico con las clases subalternas y unos alcances progresistas, pero también unos límites conservadores al horizonte de transformación y el color ideológico del proyecto y, en estos últimos, se vislumbra un evidente y antitético rasgo de clase. Dicho de otra manera, sin llegar a decir que se trate de gobiernos ejercidos directamente o completamente por las clases dominantes, son gobiernos cuya autonomía relativa no se tradujo en una contraposición frontal y sistemática con los intereses de las clases dominantes locales sino que buscaron forjar una hegemonía inter o transclasista que rompiera la unidad de éstas para promover el desgajamiento de un sector progresista o nacionalista del campo

que, allá donde gobiernas fuerzas políticas progresistas, en América Latina se está viviendo un proceso de revolución pasiva, Coutinho, C. N. (2007) “L’epoca neoliberale: rivoluzione passiva o controriforma?” en Critica Marxista, Roma, Editori Riuniti, núm. 2. 26 –

oligárquico hacia un proyecto reformista conservador que se realice como revolución pasiva. Al lograrlo y al incorporar además sectores de clases medias y propiciar nuevas dinámicas de acumulación, se modificó sensiblemente la composición social y política del campo progresista en sentido conservador. 3. Por otra parte, también en relación a la dinámica y el procedimiento político, los cambios y las reformas fueron impulsadas estrictamente desde arriba, por medio del aparato de Estado, el gobierno y, en particular, el poder presidencial, haciendo uso de la institucionalidad y la legalidad liberal-democrática existente como resorte e instrumento fundamental y prácticamente exclusivo de iniciativa política. Hay consenso en reconocer que las transformaciones ocurridas pasan por una iniciativa que surge desde arriba y pone en el centro, como motor de las prácticas reformistas y conservadoras, al aparato y la relación estatal. Guste o no, es indiscutible que, con diferente intensidad, los gobiernos progresistas latinoamericanos, a contrapelo de los postulados neoliberales, volvieron a colocar al Estado -y las políticas públicas que de él emanan- como instrumento central de intervención en lo social y lo económico. Más allá del debate sobre los vicios y/o las virtudes de una apuesta o ilusión neodesarrollista, el estatalismo o estadolatría actualmente en boga en América Latina corresponden al modelo de la revolución pasiva en la medida en que combinan eficazmente la capacidad de innovación desde arriba con el control hacia abajo. Esto no implica una condena ideológica del principio del papel del Estado, al estilo autonomista, sino el simple y llano reconocimiento del papel sobredimensionado que está cumpliendo en el contexto de las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Uno de los cuestionamientos más destacados y documentados apunta al uso de las políticas sociales asistencialistas –que responden parcialmente a demandas formuladas desde abajo- a las cuales recurrieron abundantemente todos estos gobiernos y que, por un parte, operan un redistribución de la riqueza –que hay que festejar- mientras, por la otra, no sólo no garantizan a los pobres medios propios y durables para garantizar su bienestar sino que además operan y son operados como poderosos dispositivos clientelares y de construcción de lealtades políticas.

autonomía

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Desmovilización, transformismo y cesarismo Además de la evaluación del alcance transformador y del carácter de clase de estos procesos, es igualmente importante el análisis de los límites socio-políticos de las revoluciones pasivas latinoamericanas de inicio de siglo. En este sentido, podemos apuntar tres rasgos que ponen en evidencia el rasgo predominante de la iniciativa desde arriba, desde viejas y nuevas élites, desde el Estado o la sociedad política y la correspondiente o paralela construcción de la pasividad de las clases subalternas. Las fuerzas políticas instaladas en este peldaño gubernamental aprovecharon y promovieron una desmovilización más o menos pronunciada de los movimientos populares y ejercieron un eficaz control social o, si se quiere, una hegemonía sobre las clases subalternas que socavó –parcial pero significativamente- su frágil e incipiente autonomía y su capacidad antagonista, de hecho generando o no contrarrestando una re-subalternización funcional a la estabilidad de un nuevo equilibrio político. De allí que el rasgo de la pasividad -el reflujo de una politización antagonista a una despolitización subalterna3- se volvió característico, sobresaliente, decisivo y común a la configuración de las diferentes versiones de revolución pasiva en la América Latina de inicio de siglo. Operaron en paralelo fenómenos de transformismo por medio de los cuales elementos, grupos o sectores enteros de los movimientos populares fueron cooptados y absorbidos por fuerzas, alianzas y proyectos que combinaban rasgos progresistas y conservadores y se “mudaron” al terreno de la institucionalidad y de los aparatos estatales generalmente para operar o hacer efectivos tanto las políticas públicas orientadas a la redistribución y de corte asistencialista, como los correspondientes procesos de desmovilización y control social o, eventualmente, de movilización controlada. La modalidad de revolución pasiva abrevó de la tradición caudillista latinoamericana y se presentó bajo la forma de cesarismo progresivo, en la medida en que el equilibrio catastrófico entre neoliberalismo y an3 Ver Massimo Modonesi (2010), Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política, Prometeo-CLACSO-UBA, Buenos Aires. 28 –

tineoliberalismo se resolvió a través de una síntesis progresiva de reforma y modernización capitalista en sentido neodesarrollista regida por una figura carismática, un fiel de la balanza colocado en el centro dinámico del proceso. Los gobiernos progresistas giran, en efecto, en torno a la figura de un caudillo popular que garantiza no sólo la proporción entre transformación y conservación, sino que, además, viabiliza y asegura su carácter fundamentalmente pasivo y delegativo, aun cuando sepa y pueda recurrir esporádicamente a formas de movilizaciones puntuales y contenidas. Es un hecho que los gobiernos progresistas latinoamericanos surgieron después de oleadas de movilizaciones populares que marcaron una década entre mediados de los años 90 y mediados del 2000, con diferentes ritmos, formas e intensidades nacionales. Este antecedente es relevante en tanto coloca un problema interpretativo fundamental sobre el cual queremos llamar la atención –que corresponde al adjetivo que caracteriza el concepto de revolución pasiva: la presencia y las acciones de los llamados gobiernos progresistas en América Latina aprovecharon/propiciaron/promovieron una relativa desmovilización y despolitización o, en el mejor de los casos, un movilización y politización controlada y subalterna de los sectores populares y los movimientos y organizaciones sociales. Si en los primeros años, en particular en Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuando las derechas buscaron el camino del conflicto social e institucional para desestabilizar a los gobiernos antineoliberales, los niveles de movilización se mantuvieron relativamente altos pero, desde que esta ofensiva fue frenada y las oposiciones conservadoras o neoliberales volvieron a jugar sus fichas principalmente a nivel electoral4, la disminución cuantitativa de la conflictualidad social ha sido evidente, y así lo registraron los analistas, mientras que desde 2013 se dio un repunte hacia una nuevo aumento de episodios de protesta tanto por impulso de la reactivación de las derechas como de organizaciones y movimientos populares. Al mismo tiempo, el proceso de desmovilización

4 Cuando no se adhirieron pragmáticamente o se articularon felizmente en una alianzas con las fuerzas progresistas gubernamentales esperando que llegara el momento de una revancha o que fuera más rentable otra opción política, lo cual puntualmente ocurrió. autonomía

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y pasivización, más allá de lo cuantitativo, se refleja en un claro pasaje de una politización antagonista a una subalterna. Es esta brecha cualitativa la que permite reconocer, aún en presencia de formas subalternas de acción, de resistencia y de protesta, una tendencia general a la desmovilización y la pasivización. En cuanto a las causas, entre las evaluaciones críticas que con siempre mayor frecuencia circulan en los países en donde hubo o todavía hay los gobiernos progresistas, suelen aparecer las siguientes: el contexto de crisis de las instituciones políticas y de los partidos; la instalación de gobiernos y de líderes carismáticos que desahogaron tensiones y demandas que catalizaban las organizaciones y los movimientos sociales en los años anteriores; la cooptación y el ingreso voluntario y entusiasta de dirigentes y militantes de movimientos populares a las instituciones estatales en vista de traducir las demandas en políticas públicas; y la presión y el manejo clientelar de los actores gubernamentales y eventualmente la represión selectiva, entre otras. La hora de los llamados gobiernos progresistas, aún en su auge hegemónico, en el momento más cómodo y propicio, fue la hora de la desmovilización y de la despolitización, de la fallida oportunidad de ensayar o de dejar fluir una democracia participativa basada en la organización, la movilización y la politización como vectores de un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de las clases populares. Por el contrario, las fuerzas políticas encaramadas en los gobiernos, no contrarrestaron, aprovecharon o inclusive impulsaron la tendencia al repliegue corporativo-clientelar de gran parte de las organizaciones y los movimientos que habían protagonizado las etapas anteriores. En esta generalización que pone en evidencia la tendencia más gruesa no hay que perder de vista, en el trasfondo del proceso, que existieron tres vertientes de movilización en curso en los países que estamos contemplando: las promovidas desde los gobiernos y las instancias partidarias y sindicales que los sostienen; las que son impulsadas por las oposiciones de derecha; las que surgen desde disidencias y oposiciones sociales de izquierda. Las primeras dos tendieron a disminuir conforme se dieron acuerdos y prácticas de gobernabilidad, de pax progresista (salvo las coyunturas electorales y la rutinaria gimnasia de movilización que le cor30 –

responde) para volver a aparecer a la hora de la crisis de hegemonía y de la contraofensiva de las derechas. La existencia del último tipo, de un brote de movilizaciones antagonistas y relativamente autónomas de las clases subalternas, podría parecer como una confutación de la hipótesis de la pasividad, pero no es otra cosa que una reacción a contrapelo de las revoluciones pasivas en curso, el embrión de una antítesis que no termina de cuajar y ocupó un lugar marginal en términos de capacidad de acumulación de fuerzas y de articulación de un polo alternativo. Al margen de su valoración, hay que reconocer que no se trató, salvo excepciones y coyunturas, de fenómenos masivos, prolongados o, a diferencia de los años 2000, con efectos significativos en términos de los equilibrios políticos generales. Ni intensiva ni extensivamente lograron invertir la tendencia general que, más bien, confirmó la hipótesis de re-subalternización, es decir de reconfiguración de la subalternidad como matriz subjetiva de la dominación, como condición general de sustentabilidad de la revolución pasiva. Por otra parte, no se puede no hacer el recuento de las limitaciones propias de los movimientos populares que permitieron la realización de experiencias de revolución pasiva que podemos resumir, parafraseando a Gramsci, en falta de iniciativa popular unitaria y en presencia de “subversivismo” esporádico, elemental e inorgánico. Elementos a partir de los cuales se configura la posibilidad de la revolución pasiva y, al mismo tiempo, condiciones necesarias para su continuidad y prolongación. Finalmente, en medio de la tendencia a la pasivización, se dio el recurso a la movilización controlada, una alquimia propia del populismo latinoamericano, generalmente en clave defensiva frente a ofensivas de restauración oligárquica, como la que está en curso, a través de convocatorias que, a veces, puede ser rebasadas e incluso desbordarse. Confirma la hipótesis general sobre el carácter pasivo de los procesos políticos impulsados por el progresismo latinoamericano la ausencia de reales reformas democratizadoras del Estado, de los sistemas políticos y de partido y de la participación o democracia directa. En un primer momento, apareció cierta disposición e inclusive se generaron hipótesis novedosas que encontraron algún eco en las tres nuevas constituciones (Venezuela, Ecuador y Bolivia), como reflejo de las autonomía

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banderas y demandas de los movimientos populares que había cuestionado electoralismos y partidocracias propias de las transiciones democráticas latinoamericanas, pero fue diluyéndose en las prácticas e iniciativas de gobierno aunque siga reproduciéndose discursivamente o siendo una bandera de algunos sectores o grupos al interior de las coaliciones gobernantes, grupos no suficientemente fuertes o influyentes para determinar el rumbo general. La democratización entendida como socialización del poder y como impulso a la autodeterminación quedó como letra muerta de las constituciones o como promesa incumplida del progresismo latinoamericano. Solo en Venezuela, la democracia directa ha sido colocada en algún momento en un lugar prioritario tanto a nivel simbólico como en el plano del financiamiento público a través de la creación de los consejos comunales. Pero, este importante avance participativo ha sido temperado y viciado por lógica clientelares y por la verticalidad tanto gubernamental como del Partido Socialista Unificado de Venezuela, brazo político del chavismo creado simultáneamente como contraparte de centralización que compensara la descentralización del poder en la Comunas. Ahora bien, hay que considerar que el reflujo de los procesos espontáneos de participación ligados a coyunturas no se resuelve mecánicamente agregando y sobreponiendo dispositivos de ingeniería institucional de corte participativo. Al mismo tiempo, aunque toda forma de institucionalización acarrea necesariamente un grado de pasividad y de pasivización, eso no quiere decir que sea irrelevante la existencia de andamiajes institucionales que contemplan e incluyen instancias participativas, siempre y cuando no se vacíen de contenido, no se vuelvan simples eslabones burocráticos y se conviertan en mecanismos de control social. Por otro lado, evitando el maniqueísmo propio de la dicotomía institucionalización-autonomía, aparecen las tendencias de fondo a la desconfianza política, a la crisis de las instituciones políticas occidentales, que llevan a plantear la tesis de la pasividad como una tendencia societal. Por último, hay que reconocer que, en buena medida, fueron los propios movimientos populares los que buscaron y, en grados distintos, encontraron los caminos hacia las instituciones bajo una perspectiva de construcción de poder que resultó tenden32 –

cialmente exitosa, pero implicó una institucionalización de la acción política con la relativa desmovilización y pérdida de protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales. En esta tesitura, el transformismo jugó un papel fundamental. La instalación de gobiernos progresistas produjo fenómenos de cooptación desde el aparato estatal que drenaron sectores y grupos importantes e inclusive masivos de dirigentes y militantes de las organizaciones populares al punto de desvertebrar el movimiento social entendido como un conjunto. Este proceso es central para explicar la pasivización, subalternización, control social o movilización controlada o heterónoma. De la misma manera, es particularmente notorio como la forma política asumida por estos hechos remite a un formato caudillista y, en los términos que estamos proponiendo, un cesarismo progresivo que cumple una función fundamental en tanto no sólo equilibra y estabiliza el conflicto, sino que además afirma y sanciona la verticalidad, la delegación y la pasividad como características centrales y decisivas. Centrando entonces la cuestión en el ámbito de los procesos de subjetivación política que nos interesa destacar, hay que reconocer un reflujo hacia la subalternidad, una pérdida de capacidad antagonista y de márgenes de autonomía de los actores y movimientos sociales que fueron protagonistas de las luchas sociales en América latina a la hora de la activación del ciclo antineoliberal. Como contraparte, se hicieron evidentes tendencias a la institucionalización, delegación, desmovilización y despolitización (cuando no al autoritarismo, burocratización, clientelismo, cooptación y represión selectiva) que caracterizaron los escenarios políticos dominados por la presencia de gobiernos progresistas. Afloraron las “perversiones” de proyectos de transformación que, al margen de las declaraciones de intención, estuvieron despreciando, negando o limitando la emergencia y el florecimiento de la subjetividad política de las clases subalternas, centrándose en iniciativas y dinámicas desde arriba que lejos de promover procesos democráticos emancipatorios, reprodujeron la subalternidad como condición de existencia de la dominación. Al margen de la valoración de los saldos y los alcances socio-económicos de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos progreautonomía

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sistas, aparecieron las miserias de formas históricas de estatalismo y de partidismo que lejos de operar como dispositivos de democratización real y de socialización de la política se convierten en obstáculos y en instrumentos de revolución pasiva. Al aprovechar, controlar, limitar y, en el fondo, obstaculizar cualquier despliegue de participación, de conquista de espacios de ejercicio de autodeterminación, de conformación de poder popular o de contrapoderes desde abajo –u otras denominaciones que se prefieran- se estuvo no sólo negando un elemento substancial de cualquier hipótesis plenamente emancipatoria sino además debilitando la posible continuidad de iniciativas de reformas –ni hablar de una radicalización en clave revolucionariaen la medida en que se desperfiló o sencillamente desapareció de la escena un recurso político fundamental para la historia de las clases subalternas: la iniciativa desde abajo, la capacidad de organización, de movilización y de lucha.

Fin del ciclo y giro regresivo A raíz de los efectos de la crisis económica, del desgaste político de más de una década de gobierno y de las contradicciones propias de todo fenómeno de revolución pasiva, la experiencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina entró en un pasaje crítico que algunos autores denominaron fin de ciclo, abriendo un debate sobre el carácter de la coyuntura con fuertes implicaciones estratégicas respecto del porvenir inmediato. Como lo señalamos anteriormente, la experiencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina entró, entre 2013 y 2015, en un pasaje crítico que algunos autores denominaron fin de ciclo, abriendo un debate que resultó particularmente áspero que hemos evocado en el apartado anterior. Sostendré en forma sintética la idea de que, en sentido estricto, el ciclo terminó no solo ni tanto porque regresaron las derechas al gobierno de Argentina y Brasil sino porque se hizo evidente la pérdida de hegemonía con una serie de consecuencias, entre las cuales se cuentan las que permitieron el giro a la derecha en estos 34 –

países tan importantes de la región pero también escenarios turbulentos en los otros. Siendo que la de la revolución pasiva es una fórmula que busca y logra una salida hegemónica a una situación de equilibrio de fuerzas, o de “empate catastrófico” -fórmula que resultó eficaz en clave progresista en América Latina en la década del 2000- podemos analizar y problematizar la hipótesis del fin de ciclo, poniendo en evidencia un rasgo central y determinante: la pérdida relativa de hegemonía, es decir la creciente incapacidad de construcción y sostenimiento del amplio consenso interclasista y de fuerte raigambre popular que caracterizó la etapa de consolidación de estos gobiernos. En efecto, entre 2013 y 2015, se concluyó la fase de consolidación hegemónica que se expresó reiteradamente en resultados electorales plebiscitarios pero se fraguó fundamentalmente en el ejercicio eficaz de una serie de intermediaciones estatales y partidarias, desplazando a las derechas de estratégicos ganglios institucionales y aparatos ideológicos del Estado e instalando una serie de ideas fuerzas, consignas y valores políticos de corte nacional popular como los de soberanía, nacionalismo, progreso, desarrollo, justicia social, redistribución, dignidad plebeya, etc.. En algunos países este pasaje fue acompañado por un enfrentamiento directo con intentos restauradores de carácter golpista o extra institucionales -como en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela pero también en Argentina el caso del conflicto del campo-, cuyo saldo dejó las derechas de estos países muy debilitadas y, en consecuencia, abrieron el camino a una práctica hegemónica de las fuerzas progresistas más profunda y contundente5, incluyendo la reformulación de los marcos constitucionales y generando el escenario del llamado “cambio de época”. Esta etapa se cerró. Al menos desde 20136 se percibió un punto 5 El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera habló de “punto de bifurcación” para dar cuenta de este pasaje estratégico de la correlación de fuerzas que abrió a la posibilidad del ejercicio hegemónico. Ver Álvaro García Linera, “Empate catastrófico y punto de bifurcación” en Crítica y emancipación núm. 1, CLACSO, Buenos Aires, junio de 2008. 6 Como señalé en Massimo Modonesi, “Conflictividad socio-política e inicio del fin de la hegemonía progresista en América Latina” en Jaime Pastor y Nicolás Rojas Pedemonte (coordinadores), Anuario del conflicto social 2013, autonomía

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de inflexión, con ciertas variaciones temporales y formales país por país, a partir de un viraje desde un perfil progresivo a uno tendencialmente más regresivo. Giro que resultó particularmente perceptible en las respuestas presupuestales a la crisis económica que azotó la región, que privilegiaron el capital frente al trabajo y al medio ambiente, como la actitud hacia las organizaciones y movimientos sociales situados a su izquierda, que tendió a endurecerse tanto discursiva como materialmente. Gramsci sostenía que se podía/debía distinguir entre cesarismos progresivos y regresivos. Agregaría que esta antinomia conforma una clave de lectura que se puede aplicar también al análisis de diversas formas y distintas etapas de las revoluciones pasivas ya que permite reconocer diversas combinaciones de rasgos progresivos y regresivos y la predominancia de uno de ellos en momentos sucesivos del proceso histórico.7 Desde su surgimiento convivieron al interior de los bloques y alianzas sociales y políticas que impulsaron los gobiernos progresistas latinoamericanos tendencias de diverso signo. Si en la etapa inicial dominó el rasgo progresista, propiciando que así se denominaran, se puede identificar un posterior viraje tendencialmente conservador que opera en sentido regresivo respecto del rasgo progresivo de la etapa hegemónica de ejercicio del poder de los gobiernos progresistas. Este giro se manifestó orgánicamente en el seno de los bloques y alianzas que sostienen a estos gobiernos y expresó en las variaciones en la orientación de las políticas públicas, justificándose, desde la óptica de la defensa de las posiciones de poder, por la necesidad de compensar la pérdida de hegemonía transversal por medio de un movimiento hacia el centro. Este acentramiento, dicho sea de paso, parecería contrastar con la lógica de las polarizaciones izquierda-derecha y pueblo-oligarquía que caracterizó el mismo surgimiento de estos gobiernos, impulsados por la irrupción de fuertes movimientos antineoliberales y el posterior enfrentamiento con los conatos restauradores de las derechas

Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2014. 7 Ver Massimo Modonesi, Revoluciones pasivas en América, Itaca-UAM, 2017, cap. 1. 36 –

que abrieron las puertas a la consolidación hegemónica. Al mismo tiempo, si seguimos la hipótesis de Maristella Svampa de un retorno de dispositivos populistas, un movimiento real, orgánico y político hacia el centro no excluye el uso de una retórica confrontacional, típica del formato populista, aunque tendencialmente debería y probablemente se irá moderando en aras de una mayor coherencia entre forma y contenido.8 En todo caso, asistimos a un giro fundamental, histórico y estructural en la composición política de estos gobiernos y por lo tanto de un pasaje significativo de la historia política del tiempo presente latinoamericano. El deslizamiento hacia un perfil regresivo fue más perceptible en algunos países (Argentina, Brasil, Ecuador) que en otros (Venezuela, Bolivia y Uruguay) ya que en estos últimos se mantuvieron relativamente compactos los bloques sociales y políticos de poder progresistas, no se abrieron fuertes clivajes hacia la izquierda y las derechas son relativamente más débiles (salvo en el incierto escenario venezolano donde esta evaluación es discutible). Aunque el fenómeno de fondo fueron los desplazamientos moleculares a nivel de alianzas sociales y políticas, de influencia de clases, fracciones de clases y grupos sociales y políticos y su contraparte en términos de reorientación de las políticas públicas mencionaremos aquí, a título de ejemplo -por razones de espacio y por la dificultad objetiva de dar cuenta a escala latinoamericanas de todos estos pasajes- solo algunos de sus reflejos más visibles en la esfera político partidaria y del recambio de los liderazgos. En Argentina el giro conservador fue bastante evidente y se sancionó con la candidatura de Daniel Scioli en el Frente para la Victoria (FpV) quien no es parte, para usar una expresión argentina, del “riñon” kirchnerista, a diferencia del candidato a vicepresidente Zannini, lo cual sanciona un ajuste hacia el centro-derecha del “sistema político en miniatura” peronista (usando la expresión de Juan Carlos Torre) que ya estaba en curso en los últimos años de paulatino debilitamiento del kirchnerismo.9 8 Maristella Svampa, “América Latina: de nuevas izquierdas a populismos de alta intensidad” en Memoria núm. 256, México, noviembre de 2015. 9 Mabel Thwaites, “Argentina fin de ciclo” en Memoria núm. 254, México, mayo de 2015. autonomía

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En Brasil hace tiempo que varios autores señalaron una mutación genética, al margen de los escándalos de corrupción, al interior del Partido de los Trabajadores (PT). El sociólogo Francisco “Chico” de Oliveira la identificó en el surgimiento del ornitorrinco, una figura híbrida, medio sindicalista-medio especulador financiero, instalada en la gestión de inmensos fondos de pensión que navegan en los mercados financieros.10 En este sentido el posible retorno de Lula no modificaría substancialmente la orientación política asumida por Dilma, de la misma manera que no ocurrió cuando ella lo substituyó, mientras que el viraje hacia el centro se manifestaría en la coyuntura más bien por la disminución del gasto social en comparación con el persistente apoyo directo e indirecto a los procesos de acumulación de capital. Esta misma tendencia apareció en el caso ecuatoriano desde el desplazamiento de sectores de izquierda al interior de Alianza País (AP) y la elección de Jorge Glas, un vicepresidente claramente identificado con el sector privado para acompañar a Correa en las elecciones de 2013.11 En Uruguay fue evidente la regresión a nivel ideológico del liderazgo de Pepe Mujica al de Tabaré Vázquez, como reflejo de equilibrios internos y externos al Frente Amplio (FA) que se movieron hacia la derecha, aún con la continuidad propia de una fuerza política estable y con un proyecto definido. En relación con los casos andinos, bolivianos y ecuatorianos, Maristella Svampa señala un quiebre de las promesas que sancionó “la pérdida de la dimensión emancipadora de la política y la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional, basados en el culto al líder y su identificación con el Estado”.12 En el caso de Bolivia, más allá de la emergencia de una “burguesía aymara” y de la burocratización y la institucionalización de amplias franjas dirigentes de los movimientos sociales que impulsaron las luchas antineoliberales, es menos sensible el deslizamiento hacia el

10 Massimo Modonesi, Entrevista a Francisco De Oliveira, “Brasil: una hegemonía al revés” en OSAL núm. 30, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 2011. 11 Francisco Muñoz Jaramillo (editor), Balance crítico del correísmo, Universidad Central del Ecuador, Quito, 2014. 12 Maristella Svampa, “Termina la era de las promesas andinas” en Revista Ñ, Clarín, Buenos Aires, 25 de agosto de 2015. 38 –

centro en términos de la composición política del bloque de poder. Al mismo tiempo, el tema de la re-elección de Evo abre a un escenario delicado, a pesar de que no se consolidaron alternativas electorales sólidas ya que la derecha, salvo algunos resultados locales, todavía no levanta plenamente la cabeza y el Movimiento Sin Miedo no terminó de configurarse como una opción a su izquierda. Estas tendencias regresivas son todavía menos sensibles en Venezuela, ya que la crisis política y económica polarizó los campos en disputa, tendiendo a compactar a las clases subalternas detrás de los grupos dirigentes de la revolución bolivariana, a pesar de que las circunstancias de una economía particularmente frágil no permiten una profundización de la misma, generan tensiones internas y está fortaleciendo la tendencia más autoritaria. En estas diferencias nacionales se reflejó la mayor o menor influencia de la reactivación de una oposición social y/o política de izquierda. En efecto, se registró, en la mayoría de estos países, además de la recuperación relativa de fuerza de las derechas, un relativo repunte de la protesta por parte de actores, organizaciones y movimientos populares, sin que esto permitiera asentarse y adquirir un perfil antagonista y autónomo a contrapelo de la subalternización propia de las revoluciones pasivas. Por falta de persistencia en el tiempo, de consistencia organizacional y articulación política lamentablemente no apareció en el horizonte político un escenario de izquierdización de la política latinoamericana. En efecto, a pesar de una lenta recuperación de autonomía y de capacidad de lucha, no se observaron relevantes y trascendentes procesos de acumulación de fuerza política a lo largo de estos últimos dos años de pérdida de hegemonía del progresismo, salvo eventualmente en el caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Argentina, cuyas perspectivas y potencial expansivo tampoco están asegurados. La explosión de protestas en el Ecuador atraviesó distintos sectores y demandas que debilitó a Correa y obligó a optar por la candidatura Lenin Moreno, cuyo triunfo abrió a una etapa de progresismo post correista, pero, a pesar de que se acumuló malestar en los sectores populares, en particular indígenas y de trabajadores organizados, esto no permitió el fortalecimiento de un polo político alternativo sino que, por autonomía

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el contrario, la llegada de Moreno y su giro anticorreista fracturó el campo de las organizaciones populares. Esta dificultad se debe parcialmente al efecto de reflujo, después de la oleada ascendente de luchas antineoliberales, de los sectores populares hacia lo clientelar y lo gremial originado por una cultura política subalterna pero, por otra parte y en buen medida, producto de las iniciativas, o la falta de iniciativas, de gobiernos progresistas más interesados en construir apoyos electorales y garantizar una gobernabilidad sin conflictos sociales que a impulsar, o simplemente respetar, las dinámicas antagonistas y autónomas de organización y la construcción de canales y formas de participación y autodeterminación en aras de transformar profundamente las condiciones de vida, y no solo la capacidad de consumo, de las clases subalternas. Este debilitamiento, o ausencia de empoderamiento, hace pensar que la intención pasivizadora que operó como contraparte de las transformaciones estructurales y las políticas redistributivas (sin considerar aquí la polémica continuidad extractivista y primario-exportadora) provocó una década perdida en términos de la acumulación de fuerza política desde abajo, desde la capacidad autónoma de los sectores populares, a contracorriente del ascenso que marcó los años 90 y que quebró la hegemonía neoliberal, abriendo el escenario histórico actual. Este saldo negativo es lo que impide, por el momento, hacer frente a una doble deriva hacia la derecha: por el fortalecimiento relativo de las derechas políticas y por el giro conservador y regresivo que modifica los equilibrios y la orientación política de los bloques de poder que sostienen a los gobiernos progresistas latinoamericanos. En conclusión, en medio de tiempos convulsos, siguen su curso algunas decadentes revoluciones pasivas latinoamericanas, rodeadas por una creciente oposición a su derecha y su izquierda, marcadas en su interior por un viraje conservador y regresivo, deslizándose peligrosamente por una pendiente en la cual pierden brillo hegemónico, anuncio de un fin de ciclo, del cierre de una época que se avecina de forma aparentemente inexorable.

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Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda1 Mabel Thwaites Rey2

El ciclo de auge de gobiernos latinoamericanos que cuestionaron al neoliberalismo, abierto con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, culminó con la muerte del líder bolivariano en 2013. La destitución de Dilma Roussef y el posterior encarcelamiento de Lula, el triunfo del conservador “dizque moderno” Mauricio Macri, la ofensiva antichavista y la derechización del ecuatoriano Lenin Moreno son los datos duros de una realidad en mutación regresiva. Con sus desigualdades, limitaciones y trayectorias nacionales peculiares, durante una década larga emergieron en la región nuevos procesos constituyentes y experiencias de gobierno que, en conjunto, conformaron lo que hemos dado en llamar “Ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina”3. Esta fue 1

Texto originalmente publicado en el libro: Resistencia o integración. Dilemas de los movimientos y organizaciones populares en América Latina y Argentina (2019). Buenos Aires: Herramienta.

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Doctora con especialización en derecho político-teoría del Estado. Profesora Titular de “Sociología Política” y “Administración y Políticas Públicas” de la Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

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Como algunos rasgos distintivos del “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina” (CINAL) podemos referir: “1- Surgió como resultado de un proceso de activación de luchas populares iniciado en los años 90 y que puso límites a las salidas propuestas por la ortodoxia neoliberal; 2Se desplegó en un contexto de la economía mundial caracterizado por el

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una etapa de conquistas sociales, plasmadas en políticas públicas redistributivas y reparador de las injusticias sociales acumuladas durante los años del ajuste privatizador noventista, que generaron grandes expectativas de transformación social. Sin embargo, agotado el período de bonanza económica fundado en el alza de los precios internacionales de los commodities exportables, la ofensiva del capital global volvió a ocupar el centro de la escena, llevándose puestos a varios gobiernos y desestabilizando a otros. Las derechas sociales y políticas lograron reagruparse y disputar con éxito la conducción estatal, en un clima de revancha social y regresividad económica y sociocultural muy acentuada. Los interrogantes sobre las causas y azares que determinaron tanto el ascenso como la caída del ciclo impugnador, se vienen desplegando en los debates políticos y académicos desde hace más de una década. En otros trabajos4 abordamos los rasgos distintivos de esta etapa y también los límites del accionar estatal que la caracterizó. En estas páginas pretendemos dar cuenta de ciertos supuestos subyacentes a las críticas que se han efectuado desde varias perspectivas de izquierda, y que consideramos que deben ser revisados a la hora de plantear nuevas estrategias de lucha.

ascenso de China como comprador de los commodities que produce la región, lo que generó crecimiento económico y posibilitó políticas redistributivas; 3- Reinstaló al Estado-Nación como actor preponderante, vis a vis el mercado mundial y le confirió mayores márgenes de autonomía relativa”. Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2018) “El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura”. En Hernán Ouviña y Mabel Thwaites Rey (compiladores) Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. CLACSO-IEALC-Editorial El Colectivo, Buenos Aires. ISBN 978-987-1497-96-6 – Páginas 17-65. 4

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Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2016) “Tensiones hegemónicas en la Argentina reciente”. En Lucio Oliver (coordinador) Transformaciones recientes en el estado integral en América Latina, UNAM, México. Páginas 211/248; Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2012) “La estatalidad latinoamericana revisitada”, en El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas, Mabel Thwaites Rey (editora). CLACSO-UARCIS, Santiago de Chile. ISBN 978-9568114-97-8. Páginas 51-92.

Luchas populares: potencia y límites En nuestro análisis del CINAL partimos del supuesto de que surge como resultado de un proceso de activación de las luchas populares iniciado en los años 90, que puso límites precisos a las salidas pretendidas por la ortodoxia neoliberal. El reconocimiento de la potencia plebeya para constreñir las políticas económicas desplegadas en los 2000, sin embargo, exige comprender tanto la intensidad como los obstáculos concretos que se presentaron en esta etapa para la expansión de las luchas y la profundización de las transformaciones. Porque si bien los pueblos lograron que los estados internalizaran parte de sus demandas, la activación política no alcanzó para conmover de modo profundo las estructuras económicas y sociales dominantes. Instalar gobiernos con agendas progresistas no derivó en cambios radicales, ni aún en la coyuntura favorable de la existencia de varios procesos políticos simultáneos que intentaron acuerdos regionales. La primera línea de críticas se ha dirigido a los límites propios de los gobiernos para implementar agendas de cambio. Muchos de estos cuestionamientos resultan válidos, pero también exigen ser analizados desde una óptica que tenga en cuenta, también, ciertos supuestos subyacentes que, al subestimar o ignorar otras variables, no permiten dar cuenta cabal de las debilidades de los procesos de lucha, cuya comprensión y superación son indispensables para encarar proyectos transformadores. Un supuesto que queremos discutir es el que finca en una especie de “romantización” del movimiento popular y su capacidad de lucha. En muchos análisis críticos de las experiencias del CINAL subyace la idea de que siempre es posible identificar una “presión desde abajo”, que pugna por radicalizar los procesos con pulsión anticapitalista, pero que son las direcciones políticas o los gobiernos los que la frenan deliberadamente. Algunos analistas, por ejemplo, describen con la sugerente categoría de “pasivización”5-reelaboración en clave latinoamericana del con-

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Modonesi, Massimo (2012) “Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio del siglo”. En Mabel Thwaites Rey (Editora). El Estado en América Latina: continuidades y rupturas. Editorial Arsis-Clacso: Santiago de Chile.

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cepto de “revolución pasiva” de Gramsci- los procesos gubernamentales del CINAL. Modonesi destaca cómo la dinámica de protesta y el espíritu de confrontación antagonista desplegado por las clases populares contra las recetas neoliberales, logró ser subsumido por los gobiernos de tipo “cesarista progresivo” para garantizar la estabilización y continuidad sistémica, aunque incorporando parte de las demandas de las clases subalternas. De modo que los gobiernos del CINAL tuvieron como rasgo característico distintivo el haber contribuido a disminuir la conflictividad inherente a la lucha social y política. Esta mirada, más allá de la justeza con que pueda describir aspectos o momentos concretos de situaciones específicas, parece partir de asignarle una suerte de cualidad disruptiva innata a las clases subalternas, que estarían en permanente disposición objetiva a la rebelión, la autonomía y el antagonismo, y una correlativa tendencia al constreñimiento y la pasivización por parte de las dirigencias políticas y estatales. Es decir, toda acción política desde la estructura estatal (e, incluso, desde cualquier institucionalidad política) tenderá siempre, por definición, a contener, apaciguar o combatir frontalmente los impulsos disruptivos del movimiento popular y a lograr su domesticación para volverlo gobernable. Paradójicamente, a pesar de esa suerte de fatalidad sistémica que aquejaría a todo proyecto político que acceda a la conducción de la estructura estatal capitalista, estas perspectivas dirigen su crítica principal a las conducciones políticas, que habrían desistido voluntariamente de impulsar las transformaciones estructurales que, no obstante, serían imposibles de concretar desde la lógica del estado capitalista para esta visión. Las perspectivas autonomistas se han mostrado muy productivas para impulsar formatos políticos anti-capitalistas superadores del formato “partido” de tipo leninista, porque promueven la participación horizontal y activa que prefigura modos alternativos de construcción social y porque destaca la importancia de la independencia política de las clases populares. Pero ante procesos históricos

Modonesi, Massimo (2017) Revoluciones pasivas en América, UAM-Editorial Itaka: México DF.

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“realmente existentes”, donde las disputas son múltiples, los contendientes se exhiben poderosos, y las confrontaciones y negociaciones resultan muy diversas, algunos autonomismos corren el riesgo de quedar anclados en una idealización extrema de la potencialidad de la acción popular inorgánica. Hay, en muchas de las críticas a los partidos y gobiernos del CINAL, una sobredimensión de las posibilidades reales de los movimientos sociales y políticos para trascender los límites de sus espacios territoriales e impulsar procesos generalizables de mayor aliento. No es errada la afirmación de que los gobiernos tienden a cooptar y subordinar las energías transformadoras de los movimientos, en la medida en que ganar gobernabilidad es un rasgo constitutivo de toda conducción estatal bajo formato burgués. Lo que no resulta convincente es que estos análisis parten de la premisa de que existiría algo así como una infinita voluntad de participación antagonista y activa desde abajo, casi ontológica, inalterable y en permanente disponibilidad, que solo estaría coartada por la acción deliberada desde arriba. Estas perspectivas parecen mirar a los procesos desde una dicotomía tajante entre la soreliana “revolución total” y la persistente “revolución pasiva”, que acecha a todo intento de transformación social que interpele al estado. De ahí que cualquier acción de los gobiernos, por más que atienda a demandas populares, siempre reconducirá las energías a la supervivencia del sistema y no a su superación. La experiencia histórica, sin embargo, es pródiga en situaciones muy distintas y variadas, que exhiben una complejidad mayor a la hora de plantear estrategias revolucionarias. En primer lugar, la voluntad rebelde, consciente y sostenida, no suele brotar de modo espontáneo, sino que es producto de acciones políticas concretas. La disconformidad, la rabia, el odio por las condiciones de existencia opresivas pueden generar reacciones violentas, protestas, manifestaciones, pero no son una condición suficiente, lo sabemos muy bien, para encauzar procesos de cambio radical. Siempre será reivindicable el momento del estallido espontáneo, como expresión genuina de la potencialidad de escisión popular, como enseñaba Rosa Luxemburgo, pero ello no exime de la cuestión clave de la organización consciente y orientada, capaz de encauzar la energía disruptiva en un sentido políticamente productivo. autonomía

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El grito contra las condiciones del presente no se transforma automáticamente en el anhelo de un mundo completamente distinto al conocido, ni la desigualdad padecida conduce por sí sola a la solidaridad y la acción común. Antes bien, las demandas populares tienden a orientarse a la conquista de las condiciones materiales existentes en el presente capitalista. Se lucha por mejores salarios, por trabajo, por salud, por educación, por vivienda digna, por acceso a la tierra y a los bienes y servicios que produce la organización social en la que se vive. Los pueblos avasallados por emprendimientos capitalistas que destruyen el medioambiente en el que habitan también resisten y combaten, y a partir de allí cobran sentido concreto las reivindicaciones ecologistas. Sabemos que las rebeliones y luchas populares, en general, no se inician con el propósito de lograr autonomía política y social, sino que es en el proceso de lucha -y en la medida en que se despliegue un trabajo político consciente y enraizado-, que el horizonte se podrá ampliar desde las metas particulares a las de carácter general. Agregamos, para abundar en nuestro argumento, que la frustración por las limitaciones del presente y las amenazas que depara el presente, bien pueden ser manipuladas por extremismos de ultraderecha, como los ejemplos europeos y de nuestro vecino Brasil lo están mostrando. Volviendo al CINAL, observamos que en el caso venezolano fue más el impulso consciente y “desde arriba” el que habilitó la conformación de espacios participativos desde abajo, que una incontenible emergencia desde las bases con anhelo de involucramiento activo en los temas comunes. Era el proyecto político del chavismo el que impulsaba la creación de espacios de acción comunal y fomentaba la participación popular activa, lo que no impidió que, en su despliegue concreto, estos impulsos entraran en contradicción y disputa con sectores del propio gobierno que pretendían subordinarlos. En Bolivia, a diferencia de Venezuela, los movimientos sociales tuvieron un protagonismo muy claro en el surgimiento del liderazgo y triunfo electoral de Evo Morales, y su participación en tareas de gestión de lo público resultó intensamente disputada. No obstante, el repliegue de la actividad autónoma de los movimientos con relación al aparato gubernamental que se dio en muchos niveles y espacios, 46 –

no puede atribuirse solamente a la voluntad y capacidad del gobierno para reconducir el proceso y resubalternizar a los movimientos. Antes bien, la experiencia parece mostrar que resultó más complejo de lo supuesto por las dirigencias de los movimientos sostener una participación activa de sus bases, una vez consagrado un gobierno que inspiraba confianza y despertaba expectativas. En Argentina, la rica trama de movimientos sociales y políticos conservó una parte sustantiva de su capacidad organizativa, de movilización y confrontación. Pero un punto crucial para entender la complejidad de la conformación de los actores políticos y de las organizaciones en lucha es que varios de los movimientos que se integraron a la estructura estatal, lo hicieron por afinidad ideológica y política antes que por una ramplona cooptación. Uno de los supuestos a poner en cuestión, entonces, es el que los pueblos están naturalmente dispuestos a luchar por sus derechos, a participar activamente, a involucrarse de manera continua en los asuntos comunes, a destinar tiempo personal a la acción colectiva y que si no lo hacen es porque desde el poder político se les expropia tal capacidad innata. Esta suerte de mito sobre la vocación participativa choca con una evidencia potente: dadas las condiciones de socialización del capitalismo a escala global, su mayor fortaleza arraiga en la internalización de los valores y anhelos que promueve, que privilegia el consumo individual, la competencia, las jerarquías sociales basadas en el individualismo, la meritocracia y el aislamiento social. Combatir estos (des)valores, por cierto, debe ser una tarea primordial para cualquier proyecto de transformación social, que tendrá que alentar de modo activo las instancias colectivas, la solidaridad y la construcción común desde la conformación misma como espacio político. Pero que lo aliente, incluso, no significa que lo logre en el corto plazo, ya que la potencia de la subjetivación capitalista no reside en meros dispositivos intelectuales propagandísticos, sino que arraiga en la propia materialidad de las condiciones de vida y de los bienes de consumo masivos, convertidos en artefactos aspiracionales que cumplen un papel muy poderoso como cemento del orden social. Las aspiraciones sociales no brotan de ideas abstractas, sino que se basan en las condiciones materiales del presente. Lo que anhelan los autonomía

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pueblos y por lo que luchan es por acceder a aquello que, con sus manos y su intelecto, producen las sociedades en las que viven. Un reparto igualitario y justo de los bienes socialmente creados está en la base de cualquier demanda popular. Eso no significa que la justicia y el merecimiento sean interpretados de modo homogéneo, ni que de ese anhelo surja por sí sola la comprensión de las causas profundas que determinan las posibilidades desiguales de unos y otros. Por eso, correr el velo de las formas de producción que impiden la igualdad de acceso a estos bienes y, más aún, mostrar la insostenibilidad medioambiental de la irracional y anárquica modalidad capitalista de crear y satisfacer necesidades humanas es una tarea política de primer orden, compleja y ardua. Demanda una batalla intelectual y moral de largo aliento, que requiere la reflexión y la pedagogía práctica que permita la comprensión del cómo y el por qué de las desigualdades. Por tanto, lo que se plantea como tarea política inmediata y de primer orden es cómo dar cuenta de las demandas populares del aquí y ahora, ancladas ineludible e indefectiblemente en el presente capitalista, para avanzar hacia nuevas formas de conciencia y compromiso en la acción transformadora. Socializar los medios de producción fue la potente opción que se planteó desde el movimiento obrero y que fundamentó la organización política de las clases trabajadoras durante el siglo XX. Eliminar la propiedad y ganancia privadas ha sido concebido como un requisito básico para permitir la plena expansión productiva, que sería liderada por los trabajadores. Esta fe productivista, sin embargo, no consideraba los estragos producidos por la explotación descontrolada de la naturaleza. Hoy nos planteamos dilemas aún más profundos y enfrentamos contradicciones más intensas, que es preciso volver conscientes para lidiar con ellas. Una contradicción básica es que la conquista popular de demandas materiales, en sí misma legítima y plausible, al mismo tiempo puede profundizar los rasgos de un sistema productivo ecológicamente depredador e insustentable. A su vez, la obtención de logros materiales puede hacer decaer la intensidad de las luchas populares que se despliegan para obtenerlos y las conquistas obtenidas pueden terminar solidificando el orden burgués, en lugar de cuestionarlo. Esas contradicciones son constitutivas de las prácticas políticas en pos de la transformación 48 –

social y no hay forma de obviarlas. De lo que se trata, en cambio, es de advertir que el camino para su resolución en términos superadores no pasa por el absurdo de renunciar a conquistas sociales dentro del sistema -como antídoto anti domesticación de los impulsos rebeldes-, ni por subestimar la entidad de las demandas que impulsan las luchas. La urgencia por responder a reivindicaciones legítimas de corto plazo es un imperativo de toda conducción política y más aún si tiene que validarse electoralmente a intervalos cortos y regulares. Para satisfacerlas, al menos parcialmente, se utilizarán las herramientas disponibles, es decir, las que provee el capitalismo, por lo que las respuestas tendrán carácter reformista y, además, podrán terminar validando el sistema capitalista en el que se inscriben. Esto les ha pasado a todos los gobiernos del CINAL y a otros, cuando dieron satisfacción parcial a reclamos populares, pero no avanzaron más allá -por límites propios o por fortaleza enemiga- en el camino de transformación económica, social, política y cultural. Aquí se abre también un debate en torno a la cuestión del reformismo, que abordaremos más abajo.

Las bases materiales de la reproducción social Esto nos lleva a considerar otra crítica que se le ha hecho a la totalidad de los gobiernos integrantes del CINAL: la continuidad y expansión del extractivismo como rasgo productivo dominante. Sostenemos que el segundo de los rasgos distintivos del CINAL es que su despliegue obtuvo basamento material en el boom de los precios de los commodities, por la expansión de la economía china y la especulación financiera. El ciclo de la economía capitalista global profundizó sus rasgos predatorios, lo que Harvey llama “acumulación por desposesión”6, y esto supuso la intensificación de la extracción de recursos energéticos y agroalimentarios en los países de la periferia. Es un dato que América Latina obtuvo beneficios de la explotación de sus bienes naturales y que los gobiernos del CINAL aprovecharon la circunstancia para apropiarse de una porción de la renta y destinarla a financiar 6

Harvey, David (2004) “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión” Socialist Register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005

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políticas distributivas. A la par que esta bonanza brindó la posibilidad de eludir, por un tiempo, el conflicto abierto con las clases propietarias mientras se incluía, con políticas sociales, a los sectores más desfavorecidos, sirvió para profundizar los rasgos estructurales preexistentes y desplazó la posibilidad de encarar modelos alternativos. Algunos análisis ponen el énfasis casi exclusivo en el carácter extractivista de esta etapa e invalidan la existencia de los rasgos específicos que distinguen a los gobiernos de la región. Para estos, lo que caracteriza a toda la región -con independencia de sus gobiernos- es el haber aprovechado las ventajas del aumento de los precios de los bienes primarios exportables y aceptado pasivamente la depredación del medioambiente que le es correlativa a este tipo de producción. Así, el llamado “Consenso de los commodities” igualaría a Bolivia con Perú, a Venezuela con Colombia, a Argentina con Chile, a Brasil con Paraguay. Ninguna diferencia sería lo suficientemente significativa como para distinguir unos casos de otros. Este tipo de análisis absolutiza la dimensión medioambiental y hace abstracción de las condiciones materiales reales del despliegue económico para resolver carencias básicas y de los límites estructurales de raigambre histórica. Es evidente que las políticas implementadas por los gobiernos del CINAL no transcendieron la etapa de acumulación neoliberal, entre cuyas características centrales están el predominio de la financiarización globalizada y la intensificación de la explotación de bienes naturales (extractivismo). Pero esto no significa que la continuidad del extractivismo pueda erigirse como la clave interpretativa única y definitoria para ubicar a los gobiernos del CINAL. Katz acierta cuando afirma que el extractivismo “constituye un importante elemento del contexto regional, pero no determina el perfil adoptado por cada gobierno. Para caracterizar esa fisonomía hay que considerar el sustento social, los intereses de clase y las alianzas geopolíticas privilegiadas por cada administración. Esos factores son más influyentes que la orientación seguida en el manejo de las materias primas”7.

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Katz, Claudio (2015) “Miradas posdesarrollistas” en Herramienta web 16 Febrero, Buenos Aires, página 17. Otros trabajos del mismo autor: Katz, Claudio (2014a). “¿Qué es el neodesarrollismo?”. Disponible en http://katz.lahaine. org/?p=232, recuperado el 12 de septiembre de 2015. Katz, Claudio (2014b).

Por cierto, Perú y Bolivia se vieron beneficiados simultáneamente por los precios internacionales de sus producciones mineras y gasífera. Sin embargo, no puede decirse que hayan seguido derroteros similares en materia social ni que las condiciones de vida de los respectivos pueblos hayan tenido evoluciones equivalentes. Se ha impugnado a Bolivia por seguir explotando sus recursos naturales, como si la salida de una economía históricamente extractiva fuera algo sencillo en el corto plazo y como si el país estuviera en condiciones de renunciar sin más a los recursos que precisa para satisfacer las enormes necesidades de su población. Está claro que son repudiables las políticas predatorias, contaminantes o que vulneran los derechos de los pueblos indígenas que habitan territorios con reservas naturales, pero plantear una salida económica socialmente sustentable no puede ignorar las restricciones del presente. Hay impugnadores ambientalistas que parecen pedirle a un país con altos índices de pobreza y escaso desarrollo, como Bolivia, que se convierta en abanderado de la defensa de la naturaleza y de la humanidad toda, aún a costa de sus propias y urgentes necesidades y de sus enormes limitaciones productivas. Luchar contra el gravísimo problema medioambiental que, a causa de la depredación capitalista está llevando a la humanidad a un peligroso camino de degradación y extinción, es una tarea que no puede quedar a cargo de los países más pequeños e históricamente pobres. Es más razonable que las mayores exigencias se dirijan a los más prósperos y poderosos, que son los principales consumidores de las riquezas que genera el trabajo colectivo de las clases trabajadoras de todo el mundo y los principales responsables de la destrucción del medioambiente. Dicho esto, sin subestimar en absoluto la imprescindible lucha común por impedir el arrasamiento planetario que empuja el capitalismo en su etapa actual. En esa misma línea, resulta tentador acusar al chavismo por no haber salido del rentismo, característico de su economía basada exclusivamente en la explotación del petróleo, por falta de voluntad o por incapacidad. Seguramente se podrá hacer una larga lista de los errores y debilidades del proceso bolivariano en muchos frentes, pero con honestidad intelec“Concepciones social-desarrollistas”. Disponible com/2014/11/21/concepciones-social-desarrollista/

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en

marxismocritico.

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tual no se puede desconocer que, tanto desarrollar industrias como hacer producir el campo para satisfacer necesidades alimentarias no son tareas rápidas ni sencillas. Para reformular la estructura productiva y diversificarla se requieren cuantiosos recursos y cambios profundos, también, en las lógicas de funcionamiento societal. Como con tanta maestría describía Fernando Coronil8, la abundancia de petróleo fundó la creencia generalizada de que era posible vivir del recurso caído como Maná del cielo, administrado por un “estado mágico”, sin que hicieran falta inversiones de dinero y esfuerzo en cambiar las formas de producción y consumo. Se reprocha al chavismo el haber distribuido entre las clases populares el producto de la super renta petrolera, imprescindible para saldar deudas históricas -y así ganar consenso electoral y hegemonía política-, en lugar de haber sentado las bases de una economía diversificada y autosustentable. Es indudable que la raíz de muchos de los actuales problemas de Venezuela se encuentra en su extrema debilidad productiva, que la vuelve completamente dependiente de la importación de casi todo lo que necesita para vivir. Sin embargo, la solución a ese dilema no parece todo lo clara que el rigor de muchas críticas exigiría. Invertir para crecer y a la vez redistribuir la renta a gran escala no son objetivos fácilmente compatibles, más allá de las injustificables burocratizaciones, mezquindades y corrupciones variopintas. El presente pone trampas cada vez más complejas para las salidas anti capitalistas que se propongan, además, preservar los bienes naturales. Porque si ya era difícil pensar en hacer una revolución que suponía expropiar los medios de producción existentes para generar la riqueza colectiva, pensar en renunciar al uso de recursos para preservar el ecosistema es aún más difícil. Requiere actores muy conscientes y decididos a cambiar sus hábitos y expectativas de vida -y a recrear imaginarios de convivencia social y usos de los bienes sociales muy distintos a los que promueve el capitalismo-, que exceden con mucho a los legítimos pero acotados protagonistas territoriales de despojos y abusos concretos.

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Fernando Coronil (2016) El Estado mágico: Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Editorial Alfa, Caracas. 

La persistencia estatal Una tercera característica del CINAL es que el estado asumió un papel muy activo en la conducción del ciclo económico, en la ampliación de políticas sociales y en la promoción de pactos de consumo y empleo, aunque lo hizo basándose en las estructuras administrativas y políticas heredadas. No obstante, incluso, las reformas constitucionales de Bolivia, Venezuela y Ecuador, los aparatos estatales permanecieron casi incólumes y se respetaron los formatos de representación parlamentaria, sin que se crearan formas alternativas de participación, deliberación y decisión de base popular altenativas. Solo las Comunas de Venezuela constituyen el intento más radical de implementación de ámbitos de poder popular capaces de contrapesar las instancias democrático representativas tradicionales. En Bolivia se avanzó en el ingreso a las burocracias de los sectores populares e indígenas históricamente excluidos, mientras que en Ecuador se emprendió un camino de profesionalización tecnocrática de los cuerpos estatales, pero no se impulsaron reformas profundas en la gestión de lo común, encaminadas a otorgar poder real a las comunidades en la decisión sobre los aspectos sustantivos de la vida social. Por encima de la crítica a las conducciones políticas, sin embargo, es preciso tener en cuenta ciertos determinantes de tipo estructural. En la medida en que los estados permanecieron anclados en la lógica de reproducción capitalista y no lograron alterar sus fundamentos, las funciones estatales no pudieron modificarse de modo sustantivo y las agencias públicas siguieron cumpliendo, en lo esencial, su papel clásico. Porque los estados no giran en el vacío ni se estructuran por fuera de las condiciones de reproducción social en las que están inmersos. Si un país tiene que garantizar el despliegue de su sistema productivo -capitalista-, las herramientas de administración estatal difícilmente puedan apartarse de aquel propósito. Es más, su efectividad y eficacia serán juzgadas conforme den satisfacción a las exigencias reproductivas del capital (promover inversiones, atraer capitales, facilitar la obtención de lucro, generar “clima de negocios”, asegurar el funcionamiento de la legislación laboral). Eso no quiere decir que la conducción autonomía

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estatal logre hacerlo siempre, ni que lo haga bien, ni que las élites políticas que lo conducen sepan el modo más efectivo de intervenir en cada momento, ni que exista una suerte de lógica del capital que conduzca siempre a decisiones acertadas. Tampoco quiere decir que no se pueda, desde la conducción gubernamental, definir e implementar políticas sociales redistributivas y desmercantilizadoras, que además introduzcan cambios en las formas de producción y distribución que beneficien a las clases populares. Si se conforma una relación de fuerzas favorable a los intereses populares, es factible que puedan ampliarse los escenarios de disputa para impulsar cambios sustantivos en la reproducción social. Esto es, el acceso al gobierno del estado puede servir para empujar cambios estructurales que alteren la estructura social. Claro que para que ello sea posible hace falta bastante más que ganar elecciones y ocupar los sillones gubernamentales: es preciso promover activamente y generar un despliegue de fuerzas populares muy significativo. Porque ganar elecciones y llegar al gobierno es una condición necesaria pero no suficiente para producir cambios radicales. Es preciso amasar un poder popular territorial que impacte en la gestión estatal y la transforme en un sentido emancipador. En el caso de los gobiernos del CINAL, las relaciones de fuerzas fueron distintas en cada espacio nacional y permitieron una mayor o menor profundidad en las políticas públicas, aunque en ningún caso la correlación fue lo suficientemente poderosa como para producir transformaciones revolucionarias. Lo cierto es que la experiencia de esta etapa ha venido a confirmar que la llegada al gobierno de un sector político de raigambre popular y con pretensiones de cambio social, no significa que acceda al poder del estado ni que logre, desde allí, cambiar las estructuras económicas y sociales arraigadas en un sistema de producción de alcance planetario. El aparato estatal se constituye como sostén del esquema de reproducción social, que es el resultado de las luchas que lo van configurando y de una larga historia que lo coloca en un espacio y un tiempo determinados. Porque lo que llamamos estado es una relación social de dominación y como tal relación expresa, en su materialidad (sus edificios, sus burocracias, sus políticas públicas, su hacer cotidiano en cada una de sus oficinas públicas, hospitales, escuelas, comisarías, cuarteles), la presencia no solo de los intereses 54 –

del capital sino de los límites impuestos por las luchas populares, que adoptan la forma de derechos, asignaciones presupuestarias, decisiones administrativas. Ese enjambre multifacético que denominamos estado es un entramado complejo, caótico, contradictorio, funcional y disfuncional al mismo tiempo. Sus más temibles aristas represivas y de control, sus enmarañadas y entorpecedoras burocracias se entrecruzan, también, con sus facetas de protección y garantía, de freno a las arbitrariedades más groseras, de asistencia a las vulnerabilidades, de organización de la vida común. El estado es todo a la vez, por eso resulta tan inasible y complejo enfrentarlo, mucho más pretender manejarlo e infinitamente más arduo aún es apostar a su transformación total. Porque mientras impugnamos su costado represivo y la regresividad que supone que preserve su naturaleza capitalista, reivindicamos aquello que las luchas arrancan para el bienestar común de las clases populares y que deberán subsistir y ampliarse en cualquier proyecto alternativo. Si la experiencia indica que desde el estado no es fácil producir un cambio radical, también muestra que prescindir de la disputa estatal no reporta mejores resultados emancipatorios. Lo que asoma como evidencia más convincente es que con ganar elecciones y llegar al gobierno no se conquista el poder del estado y con permanecer atrincherado en lo social tampoco se subvierte el poder real. Hace falta, más bien, desplegar luchas en todos los frentes, porque sin una fuerte base social, que dispute poder y articule desde abajo nuevas formas de producción y relación social, no será posible empujar y sostener cambios desde la cúspide gubernamental. Por el contrario, sin saldar la disputa social con la conquista del poder político no será posible plasmar una transformación radical.

La participación: mitos y potencia real Desde algunas miradas monolíticas sobre el estado se impugna de plano la posibilidad de que los movimientos populares se involucren en la gestión de los espacios públicos, porque ponen el énfasis en el peligro de la cooptación y la disminución de la capacidad de movilización, lucha y organización autónomas. Es innegable que siemautonomía

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pre existe el riesgo de que la institucionalización de sus demandas domestique a los movimientos, los burocratice y debilite su papel de organizadores sociales y su potencialidad transformadora. Aquí está presente la contradicción entre conquista y domesticación. Pero también es cierto que mantenerse a distancia del estado no se traduce, necesariamente, en la conservación de la capacidad de antagonismo y de lucha, porque la ausencia de respuestas públicas concretas a demandas societales -por derrota o imposibilidad de concretar conquistas- también es una causa recurrente de frustraciones, que llevan a la desilusión, la desmovilización y la pasividad. No es fácil sostener luchas sin victorias, aunque sean parciales. Se afirma, con acierto, que la independencia de los movimientos sociales con respecto al estado es un requisito indispensable para poder defender sus intereses y proyectos. Pero cuando se pretende que el estado cumpla con las demandas que le formulan los movimientos, que destine recursos y que ejecute acciones concretas para hacerlas efectivas, hay que considerar otros aspectos. Porque las “conquistas arrancadas” por la lucha de cualquier movimiento, el más autónomo que se precie, tienen que ser plasmadas de algún modo por el estado/espacio público. Las tareas que implica, por parte del estado, el cumplimento de las demandas que se le formulan deben ser asumidas por agentes concretos dentro de las instituciones públicas, existentes o a crearse a tal fin. Ahí podemos ver que, si hay un “afuera” de los movimientos con relación al estado, en tanto estructura, en tanto aparato, también hay un “adentro” estatal, constituido por personas y recursos, que imprimirán sus propias prácticas, intereses, percepciones y rutinas, en función de las cuales darán cuenta –o no- de las demandas “externas” de los movimientos sociales y de otros grupos sociales.9 No es un tema menor pensar en la tensión entre mantener la incontaminación con relación al aparato estatal -para evitar su tendencia a la subordinación- y obtener de él las ventajas materiales -y simbólicas- reclamadas. Más aún: hay que tener en cuenta que la trama del estado está integrada por redes disciplinadoras, burocráticas y represivas, pero también por espacios de legitimación y garantía de 9

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(Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

derechos conquistados. El estado es conducido por funcionarios que trabajan para la continuidad-administración de lo dado, más también lo integran trabajadoras y trabajadores que reproducen, pero además resisten, las tramas de poder dominante, generando sus propios reclamos y dando cabida a demandas y necesidades populares. Y esto se da al mismo tiempo, de modo yuxtapuesto, conformando texturas diversas, contradictorias, más o menos permeables al contexto, más o menos resistentes. Aún algo más: son enormes las tareas imprescindibles para la vida social que se despliegan en el ámbito de lo público estatal, comenzando por las imprescindibles salud, educación y asistencia social, pero también la gestión de muchos servicios esenciales para la vida cotidiana. Por eso, ampliar los espacios públicos desmercantilizados es un objetivo básico de toda fuerza de izquierda. En las actuales condiciones de desarrollo material y social, esa ampliación no solo no puede prescindir del formato estatal, sino que creer que es posible hacerlo en favor de colectivos como movimientos sociales, ONGs o cooperativas pasa por alto que, en muchísimos casos, sería equivalente a dejarlos librados a su propia suerte, a empobrecerlos y a empujarlos a la inefectividad e irrelevancia. No en vano el Banco Mundial y el pensamiento neoliberal de los noventa cantaba loas al reemplazo del estado por las “organizaciones de la sociedad civil”, como mecanismo de ajuste del sector público y el consecuente ahorro presupuestario. En esos años se quería vender un romántico “hágalo usted mismo”, que era más bien un “arréglese cada uno como pueda”. Insistimos en que no hay que romantizar la carencia y no hay que cargar de más responsabilidad sobre las espaldas de los más débiles, con la excusa de la autogestión incontaminada de corrupción, burocratismo y falta de democracia. La cuestión pasa por la acumulación colectiva y horizontal del poder suficiente para forzar la distribución equitativa, con la mira puesta en crear formas de producción no capitalistas y de gestión social de lo común. Los estados realmente existentes, con sus limitaciones de poder en el concierto global y todo, condensan recursos indispensables a los que no se puede ni debe renunciar y que, por el contrario, tienen que ser crecientemente ampliados y expandidos para desmercantilizar cada vez más el orden social. En cualquier proceso de cambio radical que se autonomía

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intente, el terreno estatal se tensará en la disputa entre conservar lo viejo y sus privilegios y producir lo nuevo, lo demandado, lo necesario para transformar a fondo no ya la mera gestión pública con técnicas administrativas modernizadas, sino las condiciones materiales sobre las que esta se encarama, que son las que la determinan. Cómo construir poder popular nos conduce a una reflexión necesaria sobre el tema de la participación, que también carga con una impronta de romantización proclive a convertirse en fuente de frustración y desaliento. Cuando se piensa en la participación popular no es sensato imaginar un permanente flujo de masas en estado de movilización y deliberación, ni un involucramiento directo y constante en los asuntos comunes de toda aquella persona real o potencialmente implicada. Partimos de reconocer que la construcción de instancias participativas en aspectos decisivos de la vida social, que sean relevantes y se mantengan en el tiempo, es un norte insoslayable de cualquier proyecto emancipador. Pero es necesario tener en cuenta que el involucramiento sostenido en asuntos comunes requiere niveles de conciencia muy importantes, porque implica destinar tiempo y esfuerzo a la tarea colectiva y resignar, por tanto, lo individual. La tendencia dominante, en las sociedades capitalistas contemporáneas, es a que las personas gasten la mayor parte de su vida en resolver su subsistencia cotidiana y a que se entretengan con los formatos recreativos dominados por el capital. Por eso los momentos participativos más intensos se dan en situaciones críticas, para resolver problemas inmediatos, para reclamar soluciones urgentes, para protestar por lo intolerable. Resuelto o no el tema que origina el involucramiento directo, la tendencia más frecuente es a que las personas vuelvan a sus asuntos cotidianos y, con suerte, solo quede un grupo empujando el reclamo y la lucha de largo plazo. Como ya señalamos en otro lugar, “la vocación participativa es algo mucho más complejo de lo que solemos admitir quienes apostamos a la democracia plena, a la horizontalidad. La tendencia a la delegación es más relevante de lo que estamos dispuestos a reconocer, como si el hecho de hacerlo fuera en contra de nuestras convic-

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ciones emancipatorias”10. Solo en la práctica concreta se resuelve la constante tensión entre participación y delegación, porque no es suficiente cantar loas a las virtudes de la participativas, y tampoco alcanzan los enormes esfuerzos militantes para lograr niveles de involucramiento “óptimo” y persistente de todo el colectivo implicado en la toma de decisiones que impactan sobre la vida en común. Es frustrante apostar a la participación masiva y permanente en los asuntos comunes, porque equivale a creer que se puede vivir en estados de climax ininterrumpidos, cuando la experiencia histórica muestra que existen flujos y reflujos en todo ciclo de lucha. La cuestión es otra: de qué modo establecer mecanismos democráticos y sencillos que permitan el involucramiento de toda persona que quiera hacerlo, cuando lo considere pertinente, y complementarlo con formas de delegación en las que la confianza, la transparencia en el accionar y la rendición de cuentas cumplan un papel central. Importa mucho establecer diseños organizativos –e institucionales- que no repitan formatos representativos clásicos, pero que también le pongan freno a la degradación de la delegación de buena fe en “sustituismos” que consoliden la subalternidad.

5. En torno al “reformismo”. Ligada a todas estas problemáticas hay otra importante para analizar desde las perspectivas de izquierda: la “cuestión del reformismo”. Los procesos del CINAL podemos decir que se inscriben en lógicas reformistas de mayor o menor radicalidad, no solo si ponemos el foco en las diferencias entre los distintos casos nacionales, sino si prestamos atención a las medidas específicas adoptadas en cada uno de ellos. Decir “reformismo”, en este momento histórico, supone asumir que en ninguno de los casos del CINAL se puede hablar de que existieron procesos de ruptura con el capitalismo. No estamos hablando de revoluciones que produjeron cambios estructurales, sino de formatos políticos que introdujeron modificaciones en la 10

(Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

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relación capital-trabajo y que posibilitaron mejores condiciones de vida para los sectores populares. Tales cambios, por cierto, han sido insuficientes para subvertir las bases materiales de la dominación capitalista e, incluso, hasta terminaron consolidándola. Pero ello no obsta a que muchas de las políticas adoptadas hayan significado avances notables para la vida de los pueblos, porque dieron respuesta a demandas sociales. Nada de esto es minimizable ni puede ser pasado rápidamente por alto, porque aun cuando los gobiernos del CINAL no tomaron medidas radicales que afectaran los intereses nucleares del capital, la virulencia con la que los poderosos se plantaron ante las más tibias reformas que rozaron alguno de sus intereses de corto plazo -materiales o, incluso, simbólicos-, muestra el poderío al que deben enfrentarse los sectores populares en lucha. Como decíamos en otro trabajo11, “quedó expuesto en el CINAL que un estado dirigido por un gobierno surgido de procesos democrático-electorales, aunque se conciba a sí mismo como revolucionario por sus propósitos de cambio, no sale sin más y de modo aislado de la lógica del capitalismo y, aún con una voluntad expresa y sostenida de avanzar hacia escenarios post-capitalistas, continuará -como “Capitalista de Estado” o como “Estado burgués sin burguesía”- supeditado al capital nacional e internacional12. Por eso entendemos que la transición hacia formatos alternativos al neoliberalismo o, más aún, post-capitalistas, no se puede definir y juzgar por las medidas que

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(Thwaites Rey y Ouviña, 2018).

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Como señala Almeyra, “en el mejor de los casos, el estado dirigido por un gobierno revolucionario puede ser capitalista de estado o, si se quiere, un `Estado burgués sin burguesía´, una maquinaria sin consenso social de ninguna de las clases fundamentales pero que sigue sirviendo al capital nacional e internacional. Ese estado es, al mismo tiempo, un terreno de lucha entre explotadores y explotados, que proponen políticas divergentes y disputan posiciones en el gobierno, donde se codean los que aspiran al socialismo con los partidarios del status quo y con aquéllos, poderosos y descarados, del gran capital internacional y de la reacción” (Thwaites Rey, Mabel (2010) “El Estado en debate: de transiciones y contradicciones”, en Crítica y emancipación Año II Nº4, Segundo semestre 2010, CLACSO, Buenos Aires, ISSN 1999-8104. Páginas 9-24). Ver también las reflexiones de Juan Carlos Monedero, Víctor Moncayo, Raúl Prada en la misma Revista Crítica y emancipación N º 4.

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sostienen la continuidad sistémica, sino por aquellas que apuntan a prefigurar escenarios alternativos, aún en los marcos vigentes. Es en este plano donde se pueden establecer las diferencias entre las políticas que se encaminan en uno u otro sentido. Todos los gobiernos del CINAL partieron de un poder apropiado de manera coyuntural y ratificado (o no) a través de elecciones periódicas definidas por la institucionalidad burguesa. No se basaron en un poder propio, gestado desde abajo y a partir de un “espíritu de escisión” respecto de las clases dominantes y la normatividad estatal que garantiza su situación de privilegio. La democracia liberal representativa se mantuvo como soporte político principal, con elecciones regulares que marcaron tanto los ritmos de la legitimidad política, como las posibilidades de introducir cambios profundos en la estructura económica y social. Esto también tuvo efectos paradójicos: dotó a los gobiernos una gran legitimidad, pero los empujó a impulsar medidas de corto plazo que aportaran resultados inmediatos y a postergar acciones de largo alcance, más disputables, pero de mayor envergadura transformadora. Es decir, sus acciones pueden ser definidas como “reformistas”, más tibias o más profundas, pero presas de los límites del capitalismo como marco global sistémico. Si, para ciertas miradas, lo máximo que produjeron los procesos políticos de comienzos de siglo fueron revoluciones pasivas de carácter progresivo, que internalizaron algunas demandas populares para preservar la dominación del capital, para otras se trató de reformismos siempre engañosos y traicioneros de las verdaderas pulsiones revolucionarias de las masas. Para este conjunto de perspectivas, el objetivo central de la izquierda siempre debe estar puesto en la denuncia de las claudicaciones del reformismo, y los reformistas, por ende, serán los principales enemigos a combatir. El supuesto de estos enfoques radica en que, como la meta es hacer una revolución estructural, toda reforma resultará un obstáculo para su consecución, porque desviará a las masas de su camino estratégico, adormeciéndolas con conquistas pasivizadoras que refuerzan el capitalismo. Aunque tal vez sería injusto acusar a todas estas corrientes de adherir al “cuanto peor, mejor”, lo que supone una relación directa entre condiciones de vida deterioradas y conciencia de clase revolucionaria, permanece subyacente en ellas el autonomía

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convencimiento de que la mejor pedagogía para la rebelión la provee la descarnada materialidad del capitalismo mismo. De ahí su rechazo frontal a toda opción que denuncie o rechace los males capitalistas, pero procure repararlos o atenuarlos sin confrontar de inmediato con el sistema, sea cual fuere la relación de fuerzas, el tiempo y el lugar. Todos los procesos políticos del CINAL fueron cuestionados desde estas posiciones, sin matizar sus condiciones particulares, sus propósitos y el carácter de sus oponentes. En cambio, creemos que lo que distingue al “reformismo”, como expresión política, es que no se propone superar las relaciones de producción burguesas ni las problematiza. El reformismo es esa estrategia de reformas dentro del capitalismo constituidas como fin en sí mismo, y no como parte de un proyecto que se esfuerce en ser coherente y comprensivo hacia formas de emancipación social más avanzadas, que tenga en la mira el horizonte socialista. Como decíamos en otro texto, lo que distingue a un estrategia auténticamente revolucionaria de una de tipo reformista es “la capacidad de intervención subjetiva en los procesos objetivos de desarrollo contradictorio de la sociedad, sustentada en la vocación estratégica de mantener, en cada fase y momento de la lucha de clases, una estrecha conexión entre cada una de las acciones desplegadas por los grupos subalternos organizados de forma autónoma -sean éstas pacíficas o violentas- y la perspectiva de totalidad que tiene como horizonte el trastocamiento del conjunto de la sociedad capitalista”.13 Si hay una estrategia revolucionaria que impulsa los cambios, podemos hablar de “transición” al poscapitalismo. Esta puede darse a partir de la llegada al gobierno de fuerzas políticas y sociales que impulsen transformaciones sustantivas del orden social, pero es improbable que pueda configurarse una transición propiamente dicha en entornos menos radicales, cuando el triunfo electoral solo habilita al manejo acotado de unos pocos segmentos de la maquinaria estatal. Entre reforma y transición no solo hay una cuestión de grados y objetivos, sino de relación de fuerzas. Un gobierno de matriz y raigambre popular, pero enfrentado a un contexto desfavorable para cambios sustantivos, puede 13

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(Thwaites Rey y Ouviña, 2012)

ver bloqueadas sus propuestas de transformación o jaqueado por intereses antagónicos poderosos, nacionales e internacionales. Tener como principales enemigos a los proyectos que asumen tareas reformistas o, incluso, a los reformistas “asumidos” no parece ser una estrategia productiva para las izquierdas con vocación de crecimiento y construcción de hegemonía. Porque es en el camino de la conquista de reformas donde se pueden profundizar los senderos de transformación. Una cosa es no subordinarse a las dirigencias reformistas y sus propios ritmos y proyectos y embestir contra sus intentos de frenar procesos de dinamismo social, y otra distinta es plantarse en una posición de principios que hostiga a las propias bases populares por sus reclamos de reformas inmediatas. La clave pasa por construir relaciones de fuerzas que permitan avanzar en transformaciones profundas, lo que implica gestar los apoyos suficientemente amplios como para sustentarlas. Porque no se trata de aceptar lo dado como límite sino de impulsar, a partir de lo que el presente dibuja, un horizonte de emancipación. No se trata de rechazar las reformas conseguidas ni de denostar o subestimar los reformismos, sino de incorporarlos como pisos a partir de los cuales radicalizar los cambios. Nada suma confrontar con las expectativas reformistas de las masas populares, si estas se basan en necesidades y anhelos genuinos. Se trata de partir de ellas para desenmascarar los mecanismos estructurales que las hacen metabolizables por el sistema, apelando a la empatía con aquello que viven, sienten y actúan los desfavorecidos, los humillados, los que no tienen nada y necesitan todo. La invitación a la lucha, al arduo camino de la disputa con los poderosos tendrá sentido a partir de la comprensión amorosa de las urgencias y de los imperativos del aquí y ahora que padece el pueblo más desposeído y vulnerable. Y también hace falta hacer un esfuerzo enorme en la batalla intelectual y moral para que comprendan los que tienen algo, los que lograron subir algún peldaño más en la escala social, que su destino está implacablemente ligado a los de más abajo, que las humillaciones sutiles a las que los someten los de arriba no se calman con el sufrimiento de los más pobres. Eso tampoco surge solo, arraiga en la creación y manipulación de sentidos comunes reaccionarios, amasados en el resentimiento y autonomía

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el temor, el aislamiento social y la ausencia de lazos comunitarios. El mayor imperativo consiste en amalgamar todas las luchas, en crear un espacio donde las izquierdas de toda laya se reconozcan en lo esencial y construyan una “casa común” que sirva de hogar y trinchera a todes. “Una praxis política radical requiere establecer un nexo dialéctico entre, por un lado, las múltiples luchas cotidianas que despliegan -en sus respectivos territorios en disputa- los diferentes grupos subalternos y, por el otro, el objetivo final de trastocamiento integral de la civilización capitalista. Se trata de que cada una de esas resistencias, devenga un mecanismo de ruptura y focos de contrapoder, que aporten al fortalecimiento de una visión estratégica global y reimpulsen, al mismo tiempo, aquellas exigencias y demandas parciales, desde una perspectiva emancipatoria y contra-hegemónica. Esta dinámica de combinar las luchas por reformas con el horizonte estratégico de la revolución, se constituye en el eje directriz para modificar la correlación de fuerzas en favor de las clases subalternas”14. Toda reforma que signifique arrancar una conquista al estado, en la medida en que sea producto de la movilización y la presión desde abajo, puede devenir un sendero propicio para ensanchar el horizonte a construir y acelerar la llegada. “Esta es, en última instancia, la verdadera diferencia sustancial entre una perspectiva socialista y una de tipo reformista: mientras que la primera considera siempre las reivindicaciones inmediatas y las conquistas parciales en relación con el proceso histórico contemplado en toda su complejidad y apostando al fortalecimiento del poder de clase antagónico, en la segunda se evidencia la ausencia total de referencia al conjunto de las relaciones que constituyen la sociedad capitalista, lo que los lleva a desgastarse en la rutina de la pequeña lucha cotidiana por reformas que terminan perpetuando la subordinación de la clase trabajadora”.15 Trayendo al presente el pensamiento vivo de Rosa Luxemburgo, es preciso concebir, de manera dialéctica, la lucha de clases en su compleja relación con lo estatal, en la medida en que la clave reside en cómo conjugar las luchas por satisfacer las necesidades concre-

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tas y cotidianas, el ahora mismo, con la constitución ya desde ahora del horizonte estratégico anhelado. La profesora marxista Ana Cecilia Dinerstein16, a partir de una reelaboración formidable del legado blochiano, habla del “arte de organizar la esperanza”, de construir desde las experiencias cotidianas las acciones colectivas que prefiguren el mañana de emancipación que perseguimos. Los elementos de la nueva sociedad no son meras ensoñaciones utópicas, sino que pueden germinar en las condiciones materiales de existencia del sistema capitalista, y encarnarse en las prácticas anticipatorias que ensayan las clases subalternas en su despliegue estratégico como sujeto político contra-hegemónico. Este construir comunidad, empatía, solidaridad, mutualidad amorosa en los vínculos sociales y políticos, en las luchas y en la defensa común cotidiana por la supervivencia material y afectiva, es una posibilidad existente y una tarea mayúscula en insoslayable. La enorme expansión de las iglesias pentecostales, menos jerárquicas y más autónomas que la Católica, más próximas a las necesidades espirituales y materiales de los desprotegidos y vulnerables, es una provocación para que las izquierdas redoblen los esfuerzos para construir esas “casas comunes” de la solidaridad emancipatoria, esa contención mutua frente a los embates duros del capitalismo feroz que hoy acecha. El dinamismo de los feminismos populares, su irreverencia, su audacia y su transversalidad está mostrando un camino posible para tramar la lucha política en los territorios de la cotidianidad popular, liderando la marcha hacia emancipaciones anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales arduas, difíciles, desafiantes y cada vez más imprescindibles.

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La politóloga argentina, marxista y profesora en la Universidad de BathUK, Ana Cecilia Dinerstein, desarrolla la sugerente noción del “arte de organizar la esperanza” en su libro The Politics of Autonomy in Latin America: The Art of Organising Hope (2015), Palgrave MacMillan. En castellano se puede leer Ana Cecilia (2016) “Organizando la esperanza: utopías concretas pluriversales. Contra y más allá de la forma valor”, en Educ. Soc., Campinas, v. 37, nº. 135, p.351-369, abr.-jun.

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La elección de 2018 en Brasil y el neoliberalismo sudamericano como fantasma.   Salvador Schavelzon

 

Coyuntura electoral: experimentos y fin de ciclo Algo de la política sudamericana parece indicar que lo que vivimos no es sólo un fin de ciclo. También nos encontramos en una encrucijada, entendiendo los contornos de lo que vendrá, imprevisible. Como si fuera Rusia en 1905 o Sudamérica de los ´90, la decadencia de lo actual ya está dada, pero aún no vemos por dónde las cosas se encaminarán. No nos encontramos, por tanto, en un momento en que las coordenadas políticas que organizarán la vida política de los distintos países esté ya definida.  Tanto donde gobiernos de derecha fueron derrotados por un retorno del progresismo saliente (Argentina, Bolivia) o nuevos gobiernos progresistas (Chile, Peru), o donde probablemente el progresismo vuelva con alianzas con la derecha tradicional (Brasil), contra nuevas derechas, o en países como Venezuela y Nicaragua, donde no hubo un cambio de autoridades, a pesar de reveses considerables en las urnas, crecimiento de movilizaciones de oposición y luchas sociales reprimidas por el gobierno, el contexto nos lleva a pensar que la discusión que hoy más importa no es la de caracterizar un nuevo ciclo sino la de entender que es lo que vendrá después.  López Obrador, en México, muestra un camino, que si se fuera posible en Sudamérica, tendría mucho de repetición en relación al ciclo de gobiernos progresistas concluido en varios países. Con sus minisautonomía

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tros-empresarios y propuestas dirigidas a mejorar el funcionamiento del capitalismo nacional, el paralelo con Lula es claro. En el mismo sentido, es evidente que el voto social-progresista mantiene poder de influencia en la región y determina, por ejemplo, que en la Argentina casi la totalidad de las fuerzas de izquierda orbiten alrededor de Cristina, cómo líder de la oposición y posibilidad más progresista al alcance, frente al gobierno nacional y sectores con poder en el peronismo de las provincias. Mientras el post-macrismo ya se vislumbra, aunque sea en elecciones venideras no inmediatamente, o como producto de una salida abrupta antes del fin del mandato, el progresismo se reorganiza sin necesariamente pasar por autocrítica y renovación. En Brasil, el mismo sector político que era base electoral de las victorias del PT, hoy cualifica la un candidato de centro, nacionalista, con guiños progresistas, como Ciro Gomes, en un espacio que aprovecha la ausencia del líder, ya excluido de la disputa.  Para ocupar el espacio de polarizar con la opción liberal de mercado, deberá no obstante superar un escenario electoral anómalo, donde todavía no se perfilan las opciones privilegiadas, y donde en lugar de la clásica oposición entre una opción social y otra de mercado, Bolsonaro lleva la discusión a un embate ideológico y de moralidad sobre la base de un pensamiento grosero de sentido común. La coyuntura electoral latinoamericana muestra posibilidades para nada progresistas, con la vigencia del fujimorismo y el uribismo, las victorias de Piñera y Macri, como expresiones de que hoy la tendencia electoral favorece a estos sectores. En Brasil, la candidatura de Bolsonaro supera en las encuestas a la candidatura que representa más fielmente la derecha liberal y tradicional de la política brasilera, con Geraldo Alckimin. Bolsonaro plantea la posibilidad de un escenario nuevo, más allá de una nueva alternancia dentro del sistema en clave convencional entre izquierda y derecha. La radicalidad derechista de Bolsonaro habla también de un nuevo ciclo ya presente, dando cuerpo a sectores hasta ahora residuales de opinión, con peso político en aumento, por un camino populista que diverge de los métodos del poder político y empresarial tradicional.   En sintonía con fenómenos globales de derechización y entrada en agenda de elementos reaccionarios con adherencia entre sectores 68 –

populares, la variante de Bolsonaro puede incluso ser el camino para que las derechas tradicionales, más previsibles, se impongan contra esos candidatos incluso con ayuda del voto históricamente progresista. Dejando de lado el alarmismo, también se presentan elementos claros de que fuera de las redes sociales, globos de ensayo pre-electorales y provocaciones vociferadas en la pre-campaña, el peso de las estructuras partidarias tradicionales, con más tiempo televisivo, financiamiento además de cierta base de electorado cautivo. Esto favorecería la partición tradicional del electorado entre dos opciones neoliberales, una de ellas discursivamente crítica de un genérico neoliberalismo, asociado a reducción del Estado, apostando en el voto progresista y nacionalista. Con nuevos o viejos actores, según esta interpretación que apuesta a que los procesos electorales se asientan y no suele favorecer discursos desde lugares políticos nuevos. Así, contra intentos de replicar Trump en Latinoamérica, prevalecerían las oposiciones ya encontradas en las últimas elecciones: el PSDB (Alckmin) contra Ciro Gomes, en Brasil, el macrismo contra el peronismo en la Argentina, como también ocurrió en las recientes elecciones de México y Colombia. El fenómeno Bolsonaro en Brasil, correría más por el camino del Frente Nacional en Francia, con votos liberales y sociales a favor de proyectos más centristas prevaleciendo. Sin estar en claro todavía los movimientos que hará el PT, pudiendo usar el capital político electoral de Lula en dirección de defender un candidato propio (posiblemente Fernando Haddad), apoyar a Ciro Gomes, permitiendo un mejor desempeño de la máquina partidaria petista en los gobiernos locales, por motivo de que esa opción garantizaría llegar a la elección con más alianzas; y un frente de izquierda, con el PCdoB y el PSOL, que tienen la defensa del ex presidente como factor central de la campaña. Por último, también existe la posibilidad de que el PT mantenga  simbólicamente la candidatura de Lula, como protesta por la prisión, aunque contrariando los pasos dados por el partido históricamente y en los últimos meses, en que el pragmatismo y la disposición a jugar el juego de las alianzas políticas con sectores diversos, incluso conservadores, ha primado. Lo que vendrá, entonces, parece indicar que el progresismo no está muerto, y el fracaso de las derechas que aprovecharon su caíautonomía

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da, tanto como la aparición de nuevas derechas frente a las cuales proyectos políticos que ya no tenían ninguna diferencia con sus rivales a la   hora de pensar la gobernanza neoliberal y la gestión del capitalismo en la región, recupera sentido, aunque más no sea como pensamiento políticamente correcto, convocado por expresiones fascistas, racistas o de fundamentalismo y moralismo religioso, cuya influencia está en aumento. Es verdad es que este lugar de “reserva moral”, reservado para el progresismo, no evitó que históricamente opciones como el eurocomunismo y la socialdemocracia perdieran su eficacia, la especificidad de su proyecto, y su lugar político, asimilándose totalmente a la máquina del poder. Este fracaso de la izquierda o del progresismo, en modalidades suaves o más duras, en Sudamérica, debe ser tomado en cuenta, sin duda, a la hora de evaluar la aparición reciente de opciones “populistas”, sea de perfil de izquierda o de derecha, como actores que llegan de afuera para superar sistemas partidarios que envejecen. Cuando el aparato de alternancia deja de funcionar, se abre un momento fértil para ensayos y experimentos políticos que podrán reconducir, aunque sea de forma efímera, un contexto político que parece abierto e imprevisible en la mayoría de los países de la región.      Un tema para reflexionar, frente a este panorama, es la superficialidad del debate político, cuando lo que parece estar en juego a la hora de pensar en el rumbo del proceso político es antes la disputa electoral, la adhesión o rechazo a los líderes políticos instalados, y no un debate sobre las posibilidades políticas que se abren cuando la política nacida con la Constitución de 1988 se desmorona1.  En este panorama, la gravedad radica entonces en la coincidencia de los candidatos en disputa con los grandes consensos neoliberales, y no en la incapacidad de acceso de la izquierda al poder, o de la aún plausible victoria electoral progresista. Con oídos sordos frente a luchas que no dejan de surgir a todo momento, pero también de importantes marcos de reordenamiento del debate político como la revuelta de junio de 2013 en Brasil, el 2001 en Argentina, o los levantamientos que antecedieron la formación de gobiernos progresistas 1

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Una lectura crítica sobre el debate político que acompañó a la caída del PT, con el impeachment de Dilma Rousseff, puede encontrarse en Cava (2016).

en Venezuela, Ecuador, Bolivia, el sistema político parece reordenarse sin que esté en pie un debate que lleve a cambios profundos en la forma de administrar, ajustar y explotar territorios. En el debate electoral dicotomías discursivas se imponen escondiendo las coincidencias entre progresismos salientes y recién llegados; derechas con máscara “social” que suceden al progresismo o que gobernaron países al momento en que el progresismo todavía controlaba el ejecutivo de entre seis y ocho países sudamericanos, más algunos de Centroamérica y el Caribe.

 Dispositivos de gobierno neoliberal  Abriendo un paréntesis sobre la cuestión electoral, la política sudamericana es escenario ya de una agenda renovada en relación a veinte años atrás, en que el “consenso anti-neoliberal” dio aire, en varios países, a la renovación política. Hoy se ve, por un lado, el fracaso de las administraciones que surgieron a la luz de esas demandas, y renovaron el sistema político sin llevar adelante el programa que los llevó al poder.  La falta de proyecto político con legitimidad por parte de nuevas administraciones post-progresistas, hace que todo esté abierto, incluso la posible vuelta al poder de sectores progresistas. Mientras en el contexto de varios países con derecha clásica en el poder, se impone la idea de que “a pesar de todo, no eran lo mismo”, se constata un efecto de recomposición, con discursos radicales que son retomados inmediatamente el gobierno es abandonando. En Argentina y en Brasil, sin el peso de las alianzas y decisiones de gobierno, el progresismo se propone expresar voces subalternas, de minorías, de mujeres, negros, gays… sin ningún rubor a la hora de recordar como estos sectores estuvieron lejos de las prioridades de gobierno. Banderas retomadas de manera liberal, se suman así al lugar “social” y “antineoliberal” con que dos décadas atrás disputaban conformarse en gobierno. Sin detrimento de mostrar matices, y de señalar que gobiernos conservadores actuales hacen parecer al progresismo como deseable, es importante señalar que por menos peor que el progresismo haya autonomía

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sido en relación a gobiernos actuales o posibles de actuales opositores donde el progresismo sigue en pie, no es por haber superado el neoliberalismo que estos gobiernos deben ser recordados. A pesar de gestos anti-neoliberales, no hubo cambios en lo que realmente le interesa al modo neoliberal de gobernar: seguridad, economía, y control… con flexibilidad y desregulación para el capital. La estructura desigual de condiciones de reproducción de la vida, se combina con un marco desfavorable para clases más bajas en acceso a justicia, trabajo, salud, también con la distribución de impuestos con peso en los más pobres, y matrices coloniales, más que neoliberales, de explotación territorial con alto costo ambiental, elevados lucros y bajas contraprestaciones. En definitiva, no hubo nada en la gestión progresista que haya traído un desentendimiento con quienes no dejaron de mantener en sus manos el poder de decisión sobre el modelo económico y la organización social y las formas de su reproducción. La prioridad política del progresismo fue garantizar el funcionamiento del capitalismo y del Estado, a cambio de que se les permita ser administradores. En su visión, ellos mantenían el control político del proceso, con vistas a mejorar las cosas. Centralización estatal y monopolio de la autoridad política fue entendido, en la justificación de los regímenes progresistas, como prioridad que debía entonces, necesariamente, por la necesidad de garantizar ese lugar de comando, dejar funcionar intactos los mecanismos neoliberales de organización social2. Como siempre, los programas son afirmaciones pensadas en el presente que, por tanto, buscan dar un paso al frente respecto de lo anterior. El neoliberalismo no fue superado, a pesar de un avance de la presencia estatal en la economía, como actor capitalista privilegiado, con políticas sociales de formato que no se diferenciaba de lo que los think tank de los mercados venían sugiriendo para contrarrestar el avance de la extrema pobreza. También se le dio importancia al financiamiento de actores culturales y universidades, que sin que pueda decirse que el modelo educativo o cultural se modificase, creó en estos espacios los bastiones actuales de defensa del progresismo y asimilación de su propaganda. 

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Sobre este debate, presente en la visión de García Linera, ver Schavelzon (2018).

La agenda política de hoy, así, continua siendo anti-neoliberal, frente a un escenario en el que el aumento de la financiarización de la vida, el avance del agro-negocio desforestador y contaminante, las políticas de ajuste que priorizan el pago de la deuda a los derechos sociales, a la hora de enfrentar dificultades, son hoy un programa vigente tanto como a inicios del año 2000. Corrupción y seguridad, al mismo tiempo, organizan bloques electorales críticos, sin que el campo progresista les haga frente con alternativas, o hubiera planteado en esos espacios algo diferente de lo que era regla antes de su llegada.  Como crítica política, se podría decir que el progresismo no genera un contra-discurso frente a lo que aparece como necesidades de las clases medias. Al contrario, consumo de bienes durables como forma de evaluar bonanza y esplendor social, promoción del emprendedorismo individual como camino de progreso, cultura nacionalista e incluso enfrentada a países hermanos, con el futbol -en el mundial de 2014- como gran ópera que representaría la unión de todos en una democracia sin conflicto, fueron narrativas políticas que sustentaron y surgieron del progresismo. Siempre puede ser peor en su cenit, cuando derechas de mano dura o tecnócratas neoliberales aparecen como alternativas, cabe cuestionar a este discurso como horizonte político para nuestra época. El desarrollismo, con su expansión simultánea al de los gobiernos progresistas, junto al aumento de exportaciones y precio de commodities, se conformó en materia de crítica desde la izquierda, aunque sin constituirse en cuestión de demanda popular, excepto en regiones directamente afectadas por los efectos de la minería, la soja, y otros proyectos extractivistas. Alrededor de esta problemática se reorganizó buena parte del movimiento indígena contra gobiernos progresistas, junto a un pensamiento crítico y técnico que viene denunciando sus consecuencias. En algunos momentos, la agenda verde se incorporó a decisiones electorales o grandes movilizaciones, así como al surgimiento de alternativas políticas de distinto signo. El progresismo y buena parte de la izquierda, sin embargo, se decantaría a favor del crecimiento económico con cualquier costo, y tiende a ver la explotación del territorio como necesaria por cuestiones económicas al respecto del total de la población. autonomía

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El progresismo no se constituyó en superación del neoliberalismo, manteniendo al poder económico con influencia en las decisiones. Alianzas con el poder económico tradicional, o creación de nuevas clases empresariales, fue la norma desde la lógica de que el progresismo apenas podría actuar de forma progresista con una mínima parte de ingresos extraordinarios, siempre y cuando no se rediscutan las bases del capitalismo local, sus privilegios tributarios, y su dependencia crónica de los fondos del Estado.  En el caso de la educación y la salud, por ejemplo, dos áreas que se presentan como fuerte del legado progresista en Chile, Brasil, Ecuador… fueron entendidos como servicios o mercancías cuya concepción general no habría posibilidades de cuestionar. La “Revolución educativa” en Brasil, consistió en ampliar la cantidad de alumnos y universidades, como lo hiciera Carlos Menem en Argentina, o gobiernos conservadores en México y otros lugares. Una de las banderas del lulismo es, de hecho, una revolución para las empresas de educación privada que fueron intermediarias, con dinero público, en proveer educación de mala calidad para hijos de la clase trabajadora que siguieron sin poder entrar masivamente en las universidades públicas. Algo parecido puede decirse del “negocio de la salud”, donde el paciente es considerado un cliente que debe atender de forma privada, cada vez más, y del mismo modo en que debe dar cuenta de su formación educativa, de acuerdo a sus posibilidades económicas, donde todo lo que pueda ser, por otra parte, será un valor a disputar en un mercado de competencia por trabajo y oportunidades para pocos. En alguna medida, el progresismo más bien perfecciona el régimen neoliberal que en los años 90 estructura las bases económicas de apertura económica, control de cambio e inflación, ortodoxia en política cambiaria y monetaria, garantizando a los mercados poder orientar el rumbo de la política nacional. Roces entre sectores productivos y financieros, que podrían dar lugar a posicionamientos estratégicos de gobiernos de izquierda con sectores productivos, no se implementaron de forma en que al menos en términos de favorecimiento de la burguesía nacional, como camino para el afianzamiento del bienestar, el progresismo pudiera mostrar un cambio político significativo. Las políticas sociales, el reconocimiento de nuevos derechos, el 74 –

financiamiento de la cultura, y gestos políticos favorables a sectores que estaban en la calle en el ciclo anterior, pueden verse como insuficientes para hablar de un cambio estructural respecto, por ejemplo, a la diferencia entre lo que gana el 10% más rico y el 90% más pobre. Se torna crucial, sin embargo, como formas en que el régimen, neoliberal, se legitima, encuentra gestores eficientes que recuperan el entusiasmo para que las mayorías elijan, con su voto, la continuidad de opciones estatales que no modifican la inercia política que elites de derecha y de izquierda se abocan en administrar. En sus efectos sobre la población, y la forma que estas innovaciones políticas traen para la gestión estatal, vemos como el neoliberalismo no es sólo privatización de empresas estatales, sino la organización de la vida desde una subjetividad y conformando una organización social que propone competencia, una economía que genera trabajo precario y una reconversión del trabajo en formas comunicativas de generar valor, incluso a partir de la autoproducción y gestión de la propia vida en un sentido mercantilizador, individualista, consumista, o simplemente de reproducción de la fuerza de trabajo a partir de subvenciones estatales mínimas, que garantizan contención y control social pero difícilmente sacan a estos sectores de la pobreza3. 

La “Cuestión presidencial” o el conflicto. En este contexto, sin que los promotores de este régimen puedan reivindicar públicamente su obra, y cuando los opositores nacen abducidos por la misma lógica que se convierte en forma de gobierno indiscutida, aunque no podamos decir que es “impuesta”, porque ella no es siquiera enunciada como parte de la situación. Necesidades electorales hacen que las bases del capitalismo financiero-productivo y de servicios para el que se gobierna sea totalmente externo al debate público, como un nivel básico de consensos que se dan por sentado sin que se vuelva materia discutida como rumbo político o decisión de gobierno. Lo discutido es una superficialidad de políti3

Sobre el neoliberalismo hoy, como discurso que se apoya en subjetividad y dispositivos de gobierno, ver Lazzarato (2013) Dardot y Laval (2013).

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cas públicas o derechos, sobre los cuales también no hay propiamente grandes controversias que organicen el campo político. Un estilo, gestos, o un énfasis, social o de mercado organizan sí las disputas electorales sin necesariamente conectarse con formas muy diferentes de gobernar. En Brasil, los mismos técnicos son convocados, los mismos partidos integran como base de gobierno en el congreso los armados que sustentan a presidentes de cualquier signo político. El cambio entre Dilma y Temer fue significativo en este sentido porque más de la mitad de los ministros del gobierno entrante habían participado de los gobiernos anteriores, del Partido de los Trabajadores4. La llegada de la derecha, por los votos en muchos lugares, incluso en las últimas elecciones parlamentarias y de gobiernos locales en el Brasil, o de forma manipulada, como es en el caso de Michel Temer, no tiene la necesidad de prometer un nuevo orden, ni de iniciar un programa de grandes reformas desmontando lo que el progresismo habría establecido. Ella puede ser garante del orden ya existente, el mismo que en rigor nunca dejó totalmente. A la izquierda si se abren posibilidades, que busquen intervenir en el conflicto que el neoliberalismo sigue generando, a todo nivel, incluso de revuelta popular; y la construcción de alternativas que den cuenta del fracaso de la política anterior. Los movimientos desplazados del gobierno, muestran radicalización discursiva, disposición de estar también en las calles, pero en lo esencial se mantienen como partidos de recambio que no dejan de ser máquinas gubernamentales de neutralización de luchas y procesos organizativos desde abajo, a los que hace poco se enfrentaban, con leyes antiterroristas o el mandato propuesto de confiar desmovilizados en un gobierno y apoyar en su continuidad y defensa como única garantía. En este escenario, de nada sirve el buen desempeño de Lula da Silva en las encuestas, la permanencia de Marina Silva como una opción electoral atractiva para muchos de los desencantados con los gobiernos del PT, o las nuevas opciones electorales de como Ciro Gomes, repitiendo alianzas con sectores neoliberales (intentando un acuerdo con el partido DEM, que apoyó todas las iniciativas electorales de Te-

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Sobre la llegada de Temer al poder, ver Schavelzon (2016).

mer) y apostando al mismo programa de desarrollo y “crecimiento” como mantra que sólo indica que el capitalismo brasilero no está puesto en cuestión. En la izquierda, Boulos del PSOL y Manuela D´Avila del PCdoB, se debaten entre exponer críticas y apoyo al PT para apropiarse de sus votantes y proyectarse como sus herederos, sin poder hasta el momento avanzar en ninguna de las dos direcciones. Sin constituirse en opciones viables electoralmente, la disputa es apenas reducida al ámbito interno, buscando mantener en funcionamiento máquinas políticas, aspirando a mandatos parlamentarios más que a disputar realmente el poder. La realidad económica extremamente concentrada podrá encontrarse con discursos parlamentarios opuestos a ella, pero las organizaciones políticas partidarias no contribuyen en la lucha concreta contra las mismas, más que con candidatos al legislativo circulando con su rostro en propaganda cuando alguna huelga o movilización se muestra victoriosa por el camino de la lucha inmediata. Cuando incluso en el caso de una hipotética victoria estas opciones se encontrarían en condiciones más difíciles que las que acompañaron a los gobiernos del PT, y ni siquiera de forma programática hoy puede verse a la izquierda a la altura de las circunstancias. Es necesario pensar a contracorriente del debate político actual, centrado en la figura de líderes presentados como alternativa. Nos preguntamos así por el modo de gobierno -podríamos decir de “mundo”- que está en juego más allá de la coyuntura electoral. Dejar de lado partidos y elecciones, de hecho, parece ser un gesto necesario a la hora de pensar hasta qué punto podemos hablar de democracia cuando por ejemplo, en Brasil, es el aporte empresarial de campaña (como aportes en blanco o en negro) lo que determina el posicionamiento político de buena parte de los representantes electos. Literalmente, los mandatos se compran y expresan el poder económico. A la hora en que “democracia”, “Constitución”, “derechos”, “Bienestar Social”, se convierten en conceptos vacíos y sin objetividad, resulta necesario identificar los modos contemporáneos de explotación, organización del capitalismo, y funcionamiento de la máquina estatal y del poder económico. Es también necesario de involucrarse en los espacios donde haya resistencia o disputa política, defendiendo territorios del autonomía

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extractivismo, u organizándose en ámbitos de trabajo y estudio contra las dinámicas económicas imperantes. Un medidor importante de la política en Brasil, y otros lugares, parece estar dado por los espacios que son priorizados, en cada caso, para desarrollar una posición política crítica. En primer lugar, para la mayoría de la izquierda de varios países, lo que está en juego es la definición de la cuestión presidencial, como si el representante se pensase como figura que lo puede todo. En países con Brasil, Venezuela, Bolivia, el debate político e intervención  focalizando en la conducción, garantizando la continuidad de cierto líder, o bien en el pedido de desplazamiento de los mismos. Oposición y gobiernos se oponen así en un juego a favor o en contra de cierta figura, sin que necesariamente modelos políticos alternativos entren en la discusión. La cuestión presidencial, así, es el factor que aglutina espacios políticos o lo que organiza partidos internamente y de forma externa, como orientación.  Conviviendo con esta política, una posición inmanente al conflicto político y económico, sea en la lucha por la vida o por garantizar salarios y condiciones de trabajo favorables, se desarrolla muchas veces con independencia total a la politización propuesta por la izquierda, que mira para arriba, tanto como formaciones conservadoras. En Brasil, este contraste puede verse entre las manifestaciones masivas ocurridas en 2013, pero también recientemente, con la huelga de camiones de mayo de 2018, la huelga general de abril de 2017, e incontables huelgas o conflictos de menor escala, que todo indica que se encuentran en alza, incluso como respuesta a modificaciones en las leyes de trabajo de Temer. En varias regiones del país, a pesar de la crisis económica, el poder económico con colaboración del Estado e instituciones del poder, se expande sin cesar, expropiando tierras e incorporando territorios con alarmantes muertes de líderes sociales que resistan a la continua expropiación. La memoria de una movilización sin precedentes en 2013, que aún se hace eco como camino insurgente, contrasta con la política reactiva de 2016 y 2018 (años do impeachment y de nuevas elecciones), como camino político que delega en estructuras políticas de dudoso compromiso con desactivar las formas de gobierno sobre la vida y la 78 –

naturaleza, que no por omnipresentes y poderosas deberíamos dejar de cuestionar.    

Bibliografía Cava, B. (2016) O 18 Brumario brasileiro. Em: Cava (org) A terra treme; leituras do Brasil de 2013 a 2016. São Paulo: AnnaBlume, 2016. p. 11-74 Disponible em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/574415-o-18-de-brumario-brasileiro Maurizio Lazzarato, 2013 Il governo dell’uomo indebitato, Roma: DeriveApprodi. Schavelzon, S. (2018) “Teoría de la revolución en Álvaro García Linera: centralización estatal y elogio de la derrota”. Rebelión, 23/4/2018, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240668 Schavelzon, S. (2016)

“La llegada de Temer: radicalización conserva-

dora y fin de ciclo” Rebelión, Septiembre 2016. Disponible en: http:// www.rebelion.org/noticias/2016/9/217321.pdf Dardot, P y Ch. Laval, (2013) La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa.

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De “Lula light” a “Lula Libre” Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista Cristina Cavalcante

Introducción En los últimos quince años Brasil paso del “milagro progresista” a una profunda crisis económica, social y política. Después del éxito del modelo “Lula light” -de la izquierda capaz de hacer alianzas con amplios sectores sociales, garantizando el apoyo del empresariado y de las clases populares-, desde mediados de 2013 el país atraviesa la emergencia de manifestaciones sociales, crisis económica, pasando por el juicio político de Dilma Rousseff y la prisión política del ex presidente Luiz Inácio (Lula) da Silva, además de reformas implementadas por el gobierno de Michel Temer (MDB)1 que quitan una serie de derechos sociales. Por ser el momento donde las contradicciones se exacerban, toda crisis exige un balance del proceso que la antecede. Proponemos un balance de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) con enfoque en la orientación que estos dieron al Estado, considerando la centralidad del tema en los debates acerca de las experiencias progresistas en Sudamérica. Se habla de un nuevo activismo estatal o, como García Linera (2016) lo definió, un Estado de nuevo tipo, capaz de promover la inclusión de las clases populares. Nuestra interrogante gira en torno a qué “nuevo tipo de Estado” sería en el caso de Brasil, a sus aproximaciones y rupturas con procesos

1 Movimiento Democrático Brasileño (MDB). autonomía

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políticos anteriores y las estrategias utilizadas por estos gobiernos para alcanzar sus logros ya que, antes que nada, actuaron dentro del orden del capitalismo. Por esto, creemos que es necesario identificar la relación que se estableció con las distintas fracciones del capital, qué tipo de políticas estatales fueron implementadas y a quiénes han favorecido. Así como investigar la naturaleza de la inclusión de las clases populares, si permitió su constitución como sujetos políticos que imponen una pauta a ser disputada en el Estado, o si fue una inclusión basada en la pasivación de las masas. Argumentamos que los gobiernos petistas buscaron reactivar el papel del Estado como gran propulsor del desarrollo económico nacional -papel abandonado tras el período de redemocratización-, rescatando rasgos del desarrollismo de los gobiernos populistas y militares, sin embargo, sin romper con el poder que el capital financiero pasó a ejercer principalmente a partir de los años 1990. La articulación entre límites estructurales y proyecto político “neo” desarrollista resultó en lo que llamamos la soberanía nacional al revés: anclada en una economía extractivista de exportación de bienes primarios, que promovió el fortalecimiento de grandes grupos económicos principalmente del sector privado, para que éstos pudieran competir en el mercado global, impulsando su proceso de transnacionalización. Al mismo tiempo, abriendo el país hacia una masiva entrada de capital internacional. Este modelo, que se mantuvo bajo el boom de las commodities, permitió la transferencia de parte de los excedentes para la creación y ampliación de planes sociales con el objetivo de incluir las clases populares por vía del consumo, ayudando en la reactivación del mercado interno, al mismo tiempo que despolitizaba la pobreza y permitía la maximización de las ganancias del gran capital. Así, esta inclusión garantizó un cierto grado de legitimidad social a partir de la pasivación de las masas y ocultó demandas y conflictos sociales que se generaron a partir de las “vías” escogidas. Pero antes de llegar a los gobiernos “progresistas”, es necesario un breve recorrido histórico sobre la relación entre Estado y desarrollo capitalista en Brasil, que nos permita comprender el contexto de ascensión del PT al poder, sus rupturas y continuidades con los procesos políticos anteriores. 82 –

Estado y desarrollo capitalista en Brasil Hasta los años 1930 la economía brasileña tuvo en el capital agroexportador su núcleo de acumulación. El Estado actuaba básicamente en el mantenimiento de los intereses de las élites y oligarquías terratenientes, sin propulsar un proyecto de desarrollo que integrase las distintas regiones del país o que promoviera la reproducción ampliada del capital articulada con la formación de un mercado interno de masas. Con el inicio del llamado período populista2, el Estado asume el papel de dinamizador de la economía a través de incentivos para el fortalecimiento de la industria nacional, orientación que seguirá vigente hasta mediados de los años 19803. Al mismo tiempo, se administraba el conflicto entre capital y trabajo a través de un sindicalismo de Estado, donde éste último actuaba como un “árbitro” entre las clases. La crisis del modelo vino de su contradicción: al incorporar políticamente las clases trabajadoras, aunque de forma controlada, se afronta con su radicalización resultando en una posibilidad concreta de atención a las demandas populares ampliadas4, lo que

2 Comprende el período de 1930 a 1964, pasando por los gobiernos de Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-1954), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961) y João Goulart (1961-1964). 3 Maria da Conceição Tavares enuncia que la activación de una industria naciente de bienes no durables se inicia con la crisis de la economía esclavista a fines del siglo XIX y con la llegada de los inmigrantes italianos, lo que permitió el nacimiento de una masa de asalariados y el surgimiento de una industria puntual. Todavía, el proceso de industrialización sólo se transforma en un proyecto integrado desde el Estado a partir del Estado Novo (1937-1946). Sobre las transformaciones en las políticas de industrialización en Brasil, ver: da Conceição Tavares, M. (2011), O Processo de Substituição de Importações como Modelo de Desenvolvimento na América Latina: O Caso do Brasil, in Desenvolvimento e Igualdade, pp.47-150. 4 Frente al fortalecimiento de la organización de los trabajadores, el presidente João Goulart como representante del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) propuso las llamadas “reformas de base”, contemplando la reforma agraria (democratización de la tierra y la extensión de los derechos laborales a los trabajadores del campo), urbana (vivienda digna y mayor organización de la ocupación de los espacios), educativa (combate al analfabetismo y mejora en la educación pública), fiscal (justicia fiscal), bancaria (mayor acceso al crédito para productores) y electoral (extensión del derecho al voto para analfabetos y militares de bajo rango). autonomía

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llevó a la articulación de un bloque antipopulista - compuesto por industriales, agroexportadores, sectores medios y militares - que, a partir del golpe militar de 1964, impone una nueva orientación al Estado con relación a las clases populares, pero asegurando el compromiso5 entre los grupos económicamente dominantes. Es posible decir, así, que entre populistas y militares6 pasamos por crisis políticas y económicas, momentos de agudización de la lucha de clases, golpes e intentos de golpes, cambios en el régimen político, pero la orientación del Estado permaneció en dirección a la expansión de la industrialización y la defensa de los grandes grupos económicos nacionales7. Durante la dictadura, el país llegó al “milagro económico”: crecimiento que elevó la media de la expansión capitalista a través de un proceso de aceleración de las fuerzas productivas (De Oliveira, 2003), al mismo tiempo que se desmantelaba la política de incorporación controlada de las clases populares construida durante el populismo, promoviendo alta concentración de riqueza y aumento de la desigualdad social8. El financiamiento del “milagro” provenía principalmente de prés-

5 Retomamos el análisis de Francisco Weffort (1966), que definió el Estado brasileño en este período como un “Estado de Compromiso y de Masas”: de “compromiso” entre las fuerzas que salen victoriosas en la “Revolución de 1930” (golpe liderado por Getúlio Vargas que marca el inicio del período “populista”), y de “masas” porque su base social estuvo en amplios sectores sociales. 6

La dictadura cívico-militar brasileña transcurre entre 1964 y 1985.

7 Necesario resaltar que la dinámica de ese “compromiso” entre grupos económicamente dominantes cambia entre los períodos políticos. Si tomamos como ejemplo el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), creado en 1952 para ser el gran agente financiador del desarrollo nacional, podemos identificar que durante los gobiernos populistas las empresas beneficiadas eran en su gran mayoría del sector público. A partir del golpe militar de 1964, la tendencia se invierte y el banco pasa a financiar mayoritariamente el sector privado (ver Bugiato, 2016). Aun, los militares ampliaron la entrada de capital extranjero y dieran inicio a las privatizaciones, pero bajo un modelo que primaba por la empresa privada nacional frente a la extranjera. La dictadura también promovió el fortalecimiento del capital industrial monopolista nacional y extranjero, en detrimento de los intereses del pequeño y mediano capital industrial (Saes, 2001). 8 El índice de Gini que, en 1960 era de 0,54 pasó para 0,63 en 1977 (Sanz, 2017). 84 –

tamos de fondos internacionales, lo que resultó en aumento exponencial de la deuda9. Sin embargo, el Estado ejerció un cierto papel de enfrentamiento a las exigencias del capital financiero internacional, con ampliación de los gastos públicos para garantizar crecimiento económico en lugar de “estabilidad”, orientación posible hasta la crisis de la deuda, cuando casi todos los recursos provenientes de la producción interna y de las exportaciones pasó a ser direccionado al pago de la deuda externa. El fin de dos décadas de dictadura militar se dio, así, por los límites del modelo económico, además de presiones sociales por libertades democráticas y en contra el malestar social generado por el modelo. El proceso de redemocratización concretado en 198810 fue acompañado por la llegada al poder de un grupo dirigente más alineado a los intereses del capital financiero nacional e, principalmente, internacional, posibilitando el rompimiento del compromiso histórico con la industrialización. La agenda neoliberal tomada “al pie de la letra” subordinó el Estado y la economía a las presiones directas del FMI, Banco Mundial, grandes bancos y corporaciones extranjeras, y la defensa de un proyecto de desarrollo nacional fue sustituida por una política de desnacionalización, desindustrialización y destrucción de los grandes grupos económicos nacionales (Saes, 2001). Proceso vivenciado por varios países de la región, en temporalidades relativamente distintas, a los cuales Paul Singer (1998) definió como el pasaje de la dependencia tolerada hacia la dependencia deseada. La implementación del Plano Real11 vinculando cambio y superávit 9 En 1984, la deuda representaba el 54% del PIB, cuatro veces mayor en comparación a 1964, cuando esta era el 15.7% del PIB (Sanz, 2017). 10 Los intentos de reapertura democrática se inician durante el gobierno Ernesto Geisel (1974-1979), pero solo se hace efectivo con la promulgación de la Constitución de 1988. 11

El Plano Real fue un programa de reformas económicas implementado en febrero de 1994, en el gobierno de Itamar Franco (1992-1995). Su gran arquitecto fue el entonces Ministro de Hacienda Fernando Henrique Cardoso. El plan tenía por objetivo principal el control de la hiperinflación que asolaba el país desde los años 1980, y algunas de las medidas adoptadas fueron: reducción de gastos públicos, privatizaciones, apertura económica, equilibrio fiscal y políticas monetarias restrictivas (aumento de la tasa básica de interés). El “éxito” del plan, al lograr atender su meta de disminuir

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primario con metas de inflación tuvo como consecuencia el aumento de las tasas de interés, acrecentando los costos de producción que paralelo al fin de los subsidios para la industria y la desregulación de los mercados de capitales, preparó el país para una gran afluencia de capital extranjero. La “modernización” y “reducción del Estado”, para las clases populares, se tradujo en reformas que promovieron reducción salarial, precarización del trabajo, persistencia de la desigualdad y mayor debilitamiento de los derechos sociales. La gran fragilidad del modelo será así la de generar cohesión social manteniendo la histórica exclusión de las clases populares, pero ahora sin la ayuda de los militares. Es frente a este contexto que surge el fenómeno progresista en Brasil.

El progresismo petista No es objeto de este trabajo discutir los cambios por los cuales pasa el PT desde su fundación en 1980, pero algunos elementos centrales necesitan ser destacados para que se pueda comprender qué programa se había vuelto hegemónico dentro del partido en el momento en que éste llega al poder ejecutivo: la antigua defensa de un programa democrático-popular y anticapitalista da lugar a un proyecto que se presenta como antineoliberal, y la lucha antimonopolista y antiimperialista es sustituida por la búsqueda de soberanía, ésta comprendida como inserción económica soberana en el orden económico internacional (Iasi, 2006). Así, la candidatura de Lula, en 2002, fue presentada como la alternativa antineoliberal que promovería una nueva política económica centrada en la inversión productiva y en la valorización del trabajo12, rompiendo con el neoliberalismo vigente sin reanudar el “nacional-desarrollismo caduco”13. Para el PT de los años 2000, estos cambios estructurales sólo se pola inflación, abrió los caminos para que Cardoso fuera el presidente sucesor, electo en octubre de 1994. 12 Resoluciones del 10° Encuentro Nacional (1995) del PT, p. 619. In: Iasi 2006, p.509. 13 Resoluciones del 10° Encuentro Nacional (1995) del PT, p. 617. In: Iasi, 2006, p.507. 86 –

drían sostener en la construcción de un nuevo contrato social basado en una alianza con los “empresarios productivos de cualquier tamaño” y amplia inclusión social, donde todos -a excepción de gran rentistas y especuladores- podrían beneficiarse “con la ampliación del mercado de consumo de masas y con la desarticulación de la lógica financiera y especulativa”14. Compete a la confrontación con los hechos identificar hasta qué punto y cómo esas promesas se concretaron. Para esto, centraremos nuestra discusión en tres elementos del proyecto: el antineoliberalismo, la orientación del “nuevo desarrollismo” y cómo este nuevo contrato social se realiza.

El antineoliberalismo de brazos abiertos con el gran capital financiero En 2002, meses antes de las elecciones presidenciales, Lula -que lideraba las indicaciones de votos- afirmaba el compromiso de su futuro gobierno con los intereses del capital financiero internacional. Con la Carta al pueblo brasileño15 aseguraba el respeto a las metas inflacionarias, disminución de la deuda pública, garantía de superávit primario, reformas estructurales y modernización del Estado. En el primer mandato (2003-2007), alcanzó un superávit primario de 4.25% del PIB, superior a lo establecido por el FMI en 2003, de 3.75%. Para esto, redujo los gastos sociales en las áreas con participación más expresiva en el presupuesto federal (salud, educación y seguridad social) y aumentó los gastos con pago de la deuda16. Sin embargo, el programa fue presentado como la salida “antineoliberal” donde un mayor activismo del Estado permitiría la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico con inclusión social. El énfasis en la transferencia de recursos hacia políticas sociales

14 Resoluciones del 12° Encuentro Nacional (2001)del PT, p. 38. In: Iasi 2006, p.510. 15 Presentada públicamente el 22 de junio de 2002. 16

Entre 2003 y 2006, hubo una reducción de 17.9% en los gastos de educación, 11.3% en salud y 8.2% en seguridad social. En el mismo período, los gastos con servicios de la deuda pública (interna y externa) aumentaron 16.8% (Gomes Alencar Jr, 2018).

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oculta que estos gobiernos no sólo convivieron con el gran capital financiero, sino que permitieron la maximización de sus ganancias, abriendo el país hacia un mayor flujo de capital extranjero y creando nuevas formas de acumulación. Según el estudio de James Petras (2013), la inversión extranjera directa (IED), que en 2002 fue de U$ 16 mil millones, se triplicó durante los gobiernos de Lula, llegando a U$ 48 mil millones en su último año; la captación neta de IED y las carteras de inversiones totalizaron U$ 400 mil millones entre 2007 y 2011, siendo cinco veces mayor que los cinco años anteriores; y las carteras de inversiones en valores de interés altos retornaron entre el 8% y el 15%, tasas de tres a cuatro veces mayores que las practicadas en Norteamérica y Europa. Son los datos que llevan al autor a decir que los gobiernos de Lula y Dilma fueron los más lucrativos para el capital financiero internacional y para los inversionistas de sectores agrominerales en la historia reciente del país. El calentamiento del mercado de consumo de masas fue incentivado a través de programas sociales de transferencia de ingresos, aumento salarial, pero significativamente por medio de la ampliación del crédito. El destaque para los datos de disminución de la pobreza ocultan cómo esta vía de inclusión comprometió el ingreso de las familias y aumentó las ganancias del sistema financiero. En 2001 el crédito total en Brasil equivalía a 22% del PIB. En diciembre de 2014 era más del 58%, siendo 47% para personas físicas donde dos tercios eran destinados al “consumo libre”. El endeudamiento de las familias en 2006 representaba el 22% de sus ingresos. En 2015 saltó al 48% (Stolowicz, 2016). Los bancos tuvieron ganancias exorbitantes. Un balance de la CONTEC17 (Oliveira, 2014), basado en datos del Banco Central, muestra que la ganancia neta del sistema financiero durante el periodo de 1995 a 2002 fue de U$ 21.79 mil millones18. Con Lula (2003-2010), ese valor fue seis veces mayor, pasando a U$ 144.83 mil millones19. Du17 Confederación Nacional de los Trabajadores en las Empresas de Crédito. 18 El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R$ 63,63 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2002, de R$ 2,92. 19 El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R$ 254,76 mil millones). 88 –

rante el primer gobierno de Dilma, en apenas dos años (2011-2013) el acumulo fue de U$ 53.68 mil millones20. Incluso con la intervención del gobierno forzando la caída en las tasas de interés, en 2012, la rentabilidad de los bancos no se vio afectada. No sorprende que, en plena crisis, con el desempleo llegando a 12.8% en 2017, solo en este año los principales bancos del país (Itaú, Bradesco y Santander) tuvieron ganancias que llegaron a los U$ 16.8 mil millones21, un 15% más que en 2016 (Mansur, 2018). El discurso antineoliberal o posneoliberal surge de la necesidad de enfrentar la crisis de legitimidad de los gobiernos que aplicaron la agenda neoliberal de los años 1990. Sin embargo, en la práctica, lo que se vio en Brasil con los progresistas fue la actuación de gobiernos que direccionaron políticas estatales para la maximización de las ganancias del gran capital financiero y no solamente de esta fracción del gran capital.

El “nuevo desarrollismo” y la “soberanía al revés” Petras y Veltmeyer (2015) caracterizaron la “agenda posneoliberal” en América Latina como una forma de mitigar los costos sociales del extractivismo, donde el Estado juega un papel activo en la promoción de una política económica basada en la extracción de recursos naturales, la exportación de commodities y la distribución de recursos para la inclusión social. Pero, a diferencia de lo que afirman los autores, consideramos que en Brasil no hubo una total relación de dependencia del Estado con respecto al capital extractivo, aunque hayan sido las exportaciones la principal fuente de excedentes que garantizaba crecimiento económico y transferencia de recursos para las políticas sociales. Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2010, de R$ 1,759. 20 El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R$ 115,75 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2013, de R$ 2,156 21

El autor presenta los valores en reales (R$ 53,8 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2013, de R$ 3,19.

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Desde un punto de vista político, con Lula y Dilma el Estado fue el gran gestor y defensor de los intereses de la fracción interna del gran capital, presente en sectores como la construcción civil, naval, la industria de la transformación, minería y otros (Boito Jr., 2013)22, garantizando el apoyo de parte del empresariado descontento con las políticas estatales de los años 1990. En este sentido, la orientación del Estado debe ser comprendida también a partir del propio proyecto político, que como vimos, buscaba soberanía en una inserción más amplia y más poderosa de las grandes empresas del país en el mercado internacional. Una de las principales herramientas para poner en marcha el proyecto “nuevo desarrollista” fue el BNDES23, que pasa a ser el propulsor y financiador de los llamados “campeones nacionales”, creando empresas con capacidad de disputa internacional. A diferencia del desarrollismo de los gobiernos populistas y militares, donde el Estado utilizaba el capital extranjero para impulsar la empresa nacional, el “nuevo” utiliza el capital estatal para articular el capital “brasileño” con el capital extranjero, fomentando la transnacionalización de capitales. Grupos como Odebrecht, OAS y JBS -que hoy son líderes mundiales en los sectores de construcción e ingeniería química y petroquímica; construcción civil y mercado inmobiliario; e industria de alimentos, respectivamente- recibieron grandes préstamos del banco a tasas de intereses muy por debajo del mercado, lo que permitió la compra de empresas competidoras fomentando la

22 Armando Boito Jr (2013) utiliza el concepto de gran “burguesía interna” para hacer referencia a esa fracción. 23 El BNDES fue creado con el objetivo de promover la política de industrialización y fortalecer las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, siendo que durante los gobiernos populistas la prioridad era la empresa pública y en la dictadura, la empresa privada. En los años 1990, en consonancia con la política de desnacionalización de la economía, el BNDES pasó a actuar como agente facilitador de las privatizaciones. Lo que buscaremos sostener en las próximas líneas es que los gobiernos del PT buscaban reactivar el papel del banco como agente propulsor y financiador de las empresas privadas y públicas (los campeones nacionales), donde el gran capital privado fue el mayor beneficiario de una política que tenía como principal objetivo la transnacionalización de tales empresas y su mayor inserción en el mercado mundial. 90 –

formación de grandes monopolios, donde el Estado actuó como una especie de banquero. Los progresistas, en Brasil, financiaron la expansión del capital monopolista, extractivo y transnacional en el país y fuera de las fronteras, abriendo los caminos de estas empresas en mercados principalmente en América Latina y África y dejando atrás despojo, impactos ambientales y conflictos sociales. Una parte significativa de los fondos destinados al pago de derechos laborales garantizó los recursos de este proyecto estatal. Entre 2003 y 2008, un promedio de más del 60% de los recursos del BNDES provenía directamente del FAT24, PIS-PASEP25, FGTS y FI-FGTS26, 11% del tesoro nacional y poco más del 9% de captaciones externas. A partir de 2009, el porcentaje de los recursos que provenían de estos fondos disminuye y el tesoro nacional pasa a ser la principal fuente de recursos del banco. Entre 2009 y 2016, el promedio del 31% provenía directamente de los fondos, 50% del tesoro nacional y demás fuentes gubernamentales, y poco más del 4% de captaciones externas27. Hay que resaltar que no todo el presupuesto fue para el grupo selecto de “campeones”, pero el banco brindó a esas empresas préstamos significativos28. El PAC29, lanzado en 2007, fue otra herramienta para acelerar el desarrollismo predatorio. Entre las principales obras estaban previstas usinas hidroeléctricas, complejos petroquímicos y tramos de carreteras. Tanto este último como la política de los campeones nacionales muestran la contradicción en el tipo de soberanía perseguida

24 Fondo de Amparo al Trabajador. 25

Programa de Integración Social y Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público.

26 FGTS – Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio; FI-FGTS – Fondo de Inversión del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio. 27 Datos promedios fueron calculados a partir de los datos de activos totales en millones (R$) disponibles en Serie Histórica Indicadores financeiros do BNDES desde 2002. Recuperado de: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/ transparencia/centraldedownloads 28 Sólo para Odebrecht, los préstamos entre 2006 y 2012 sumaron R$ 7,200 millones, utilizados para sus inversiones en el extranjero (Stolowicz, 2016) 29 Programa de Aceleración de Crecimiento. Sólo en 2014 se invirtió R$ 68.4 mil millones y hasta este año pocas obras habían sido concluidas. autonomía

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por estos gobiernos, lo que nosotros llamamos de soberanía al revés30: es “al revés” porque protagoniza lo privado en lugar de lo público, se basa en la alta explotación de las riquezas naturales y en la apertura irrestricta hacia capitales extranjeros, significativamente en el agronegocio31, y permite una mayor influencia en la economía internacional de las pocas familias que poseen la mayoría de las acciones de los grupos favorecidos. De qué hablamos, hasta ahora, desde una perspectiva conservadora de soberanía nacionalsi la entendemos desde un sentido crítico, como soberanía de los pueblos, podríamos decir que estos gobiernos fueron en el camino contrario, además de omitirse frente a los conflictos sociales detonados por el modelo de desarrollo implementado. Como Claudio Katz (2018) señala, durante el ciclo progresista, el neodesarrollismo se presentó como una estrategia para hacer frente a la falta de crecimiento económico, proporcionando auxilio estatal, bajas tasas de interés y tipos de cambio competitivos, pero, a diferencia del “viejo desarrollismo”, buscó alianzas con el sector agro mineral exportador, rechazando parcialmente el proteccionismo y acercándose aún más a las empresas transnacionales. Es una fórmula conservadora, según el autor, porque prioriza la política macroeconómica, omitiendo las transformaciones estructurales, el encogimiento de la industrialización y su especialización en procesos industriales muy elementales. En Brasil, mientras las exportaciones de materias primas pasaron de U$ 55.3 mil millones en 2005 a U$ 162.2 mil millones en 2011, las exportaciones de bienes manufacturados fueron de U$ 44.2 mil millones a U$ 60.3 mil millones (Petras, 2013), un crecimiento que, aunque no expresa la muerte de la industria brasileña,

30 Tomamos la libertad de hacer uso de la expresión “al revés”, o en portugués, “às avessas”, utilizada por Francisco de Oliveira (2007) en su noción de “hegemonía às avessas” para describir el “lulismo”, pero aclaramos que nuestra propuesta de caracterizar el proyecto petista como “soberanía al revés” no se remete directamente al autor. 31 Según James Petras (2013), entre los gobiernos de FHC, Lula y Dilma, el capital extranjero se desplaza para el sector de agrocombustibles (etanol) llegando a controlar 22% de las compañías brasileñas de azúcar y etanol, rápidamente entrando en amazonia y contribuyendo para la ampliación de la deforestación. 92 –

demuestra el predominio de la exportación primaria y un retroceso de la industrialización que había alcanzado niveles significativos hasta la década de 1980. La experiencia brasileña, así como Katz (2018) caracterizó a los progresistas, buscó en el “afianzamiento del subdesarrollo” revertir el cuadro dejado por los presidentes derechistas. Pero el modelo implementado no supera los determinantes de la dependencia, es decir, el lugar que la economía ocupa en la división internacional del trabajo, la dinámica de las transferencias, el valor de la fuerza de trabajo, el papel de las clases dominantes y el destino de la renta. Como afirma el autor, todos estos determinantes hoy son muy influenciados por las inversiones de las empresas transnacionales que mueven sus capitales en función de mayor rentabilidad, de la modalidad de explotación y superexplotación en vigor, y del valor de la fuerza de trabajo. Al enfocar su orientación desarrollista en el fortalecimiento del capital transnacional, los gobiernos progresistas del PT se mantuvieron bajo la lógica de la “dependencia deseada”, dando a ella una connotación más nacionalista que los gobiernos de los años 1990: el gran capital privado es interno, aunque transnacional. La elevación del país al nivel de “potencia subdesarrollada” permitió un grado diferenciado de subordinación en comparación con otros países de la región, así como una mayor inserción de sus grandes grupos económicos en estas economías, pero se sustituye la búsqueda por una mayor independencia por la inserción subordinada a la lógica de expansión del gran capital, que opera rompiendo cualquier barrera para la libre circulación.

El “nuevo contrato social” como inclusión de consumo Antes de ganar las elecciones de 2002, Lula ya había pasado por tres derrotas. El camino de la victoria fue trazado con cambios en el programa del partido, en las alianzas, en las estrategias y en el discurso. Uno de los objetivos perseguidos era ganar el electorado más pobre, que tendía

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siempre a la derecha32. O sea, la amplia base social del PT compuesta, en este momento, por sectores de la clase media (intelectuales, funcionarios públicos, estudiantes) y de la clase trabajadora organizada en sindicatos y movimientos sociales, no era suficiente para ganar una elección sin los más empobrecidos, como manifestaba Lula después de la derrota contra Fernando Collor en las elecciones de 1989: La verdad desnuda y cruda es que quien nos derrotó, además de los medios de comunicación, fueron los sectores menos aclarados y más desfavorecidos de la sociedad [...]. Tenemos amplios sectores de la clase media con nosotros - una parcela muy grande del funcionariado público, de los intelectuales, de los estudiantes, de la gente organizada en sindicatos, del llamado sector medio de la clase obrera. [...] Mi pelea es siempre esa: alcanzar el segmento de la sociedad que gana salario mínimo. Hay una parte de la sociedad que es ideológicamente contra nosotros, y no hay porque perder tiempo con ella: no sirve de nada intentar convencer a un empresario que está en contra de Lula a quedarse del lado del trabajador. Tenemos que ir a la periferia, donde hay millones de personas que se dejan seducir por la promesa fácil de casa y comida” (Lula, in Singer, 2009, p.87, traducción nuestra). Lula parece hablar de la necesidad de hacer trabajo de base para ganar las clases populares políticamente, y no por la “vía de la derecha”, a través de la “promesa fácil de casa y comida”. Después de la experiencia de democracia participativa en gobiernos locales en la década de 1990, el famoso Presupuesto Participativo33 de Porto Ale32 En la segunda vuelta de las elecciones de 1989, 51% de los votos para Fernando Collor provenían del electorado que recebía hasta dos salarios mínimos. Entre esta parcela del electorado, Lula tuvo el 41% de los votos (André Singer, 2009). Las elecciones de 1994 y 1998 expresaron una victoria masiva de Fernando Henrique Cardoso, que venció ambas en la primera vuelta. 33

El “Presupuesto Participativo” (PP) fue una experiencia implementada durante los años noventa en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. El proyecto tenía por objetivo involucrar las clases populares en los procesos de decisión sobre los destinos del presupuesto del municipio. Crítico de la experiencia, Julio Turra (2007) señala que solamente 17% del presupuesto pasaba por discusión en asambleas populares, además de estar condicionado a una política económica que tenía por prioridad el pago de

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gre, el camino trazado fue lo contrario: convencer a los empresarios, pero no que deberían estar al lado de los trabajadores, sino que si llegaba a la presidencia Lula defendería sus intereses. Con las clases populares, el foco pasa a ser en los elementos más pragmáticos: casa y comida. Los mayores planes sociales dirigidos a los sectores más empobrecidos pasaban por esas dos cuestiones, como la Bolsa Família y el programa Minha Casa, Minha Vida34. La Bolsa Familia se consagró como una de las principales marcas de los gobiernos del PT, sobre todo, de Lula. Lanzado en 2003, el programa unificaba y ampliaba programas ya creados en el gobierno de Cardoso y tuvo una inversión promedio del 0.5% del PIB. Fue el programa de transferencia que más contribuyó a la economía por su impacto directo en el consumo. Incluso después de una política sistemática de reducción del gasto social ejecutado por el gobierno de Michel Temer, el impacto del programa en la economía local es manifiesto: representa hasta el 6% del PIB de 579 municipios (Marchesini, 2018). El programa fue presentado como uno de los principales factores responsables de la disminución de la pobreza y de la desigualdad social, junto con el aumento del salario mínimo. Pero, aunque el crecimiento de este último haya sido continuo, si se compara con el valor considerado ideal por el DIEESE35, el oficial tendría que ser alrededor de cuatro veces mayor36. Y si consideramos que, aunque con las evoluciones progresivas de la Bolsa Familia -en el valor y en el número de beneficiarios-, un “beneficio” individual nunca llegó al valor de un salario mínimo37, podemos decir que este programa fue capaz de garantizar la supervivencia de aquellos que oscilan entre el desemlas deudas locales con el gobierno central. 34

Minha Casa, Minha Vida es un programa de financiamiento para adquisición de viviendas donde el Estado subsidia una parte del valor del inmueble.

35 Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos. 36 En diciembre de 2012, este era de R$ 622, mientras que el indicado por el DIEESE era de R$ 2.561,47. 37 El Ministerio del Desarrollo Social trabaja con un valor promedio de transferencia individual, una vez que los valores oscilan en función de los criterios de selección. En 2017, el valor promedio de un beneficio individual era de R$ 182,30, representando poco menos de un quinto del salario mínimo, que en la época era de R$ 937. 96 –

pleo y la inserción precaria en el mercado de trabajo de salario mínimo38, representando un gasto extremadamente bajo para el Estado. El impacto político e ideológico de la Bolsa Familia tampoco puede ser ignorado en función del beneficio inmediato: condiciona a los más empobrecidos a una relación de tutela estatal, no los incorpora como sujetos políticos porque no politiza la pobreza. Como bien identifica Beatriz Stolowicz (2016), los gobiernos del PT implementaron una concepción rostowiana de modernización capitalista como inclusión de las masas en el mercado de consumo, y de la ciudadanía como individuos transformados en consumidores. El abandono de la lucha anticapitalista por los progresistas transformó la desigualdad de riqueza en desigualdad de ingresos, los sujetos de derecho en consumidores de activos, tal como regía la cartilla del Banco Mundial y sus estrategias “posneoliberales” para la gestión de la miseria formuladas ya en los años noventa. No es por coincidencia que los gobiernos de Lula y sus políticas de inclusión recibieron elogios del BM y del FMI y se convirtieran en referencia mundial: sirvieron para legitimar la expansión del gran capital transnacional y el mantenimiento de los intereses de los más ricos, y su operación propagandística para transformarlo en modelo para la región, en oposición al modelo venezolano. Nos parece interesante un paralelo entre el populismo brasileño y el progresismo petista, entre Vargas y Lula: ambos marcaron la historia política del país como los “padres de los pobres”, por proponer una incorporación parcial y controlada de las clases populares y la centralidad del Estado como “árbitro” de los intereses entre las clases. Sin embargo, durante el populismo la incorporación fue también política, aunque restringida al sindicalismo de Estado. La

38 El desempleo cayó del 13.92% en 2000 al 6.67% en 2014, la cifra más baja durante el período. Sin embargo, casi el 90% de los puestos de trabajo creados estaban en el rango de 1.5 salarios mínimos, mayoritariamente en el sector de servicios y exigían poca calificación profesional. En 2000, estos empleos representaban el 29.7% del total en el mercado de trabajo; en 2013, eran el 49.9%. Los empleos que se encontraban entre cinco y diez salarios mínimos disminuyeron del 16.9% al 9.2%, y los que estaban por encima de diez salarios, disminuyeron del 10.7% al 4.9% durante el mismo período (Sávio Cavalcante, 2015) autonomía

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contradicción estuvo en la radicalización de la organización de las clases trabajadoras, que llevó a una agudización de la lucha de clases, generando una presión sobre el Estado por la ampliación de las demandas populares. En el “progresismo” petista el protagonismo del consumo aleja a las clases populares de la lucha política, y el abandono de las luchas por reformas populares (como reforma agraria y control popular de los fondos públicos) da lugar a la gestión estatal de la pobreza y de la miseria, representando un retroceso para la organización de las clases populares alrededor de pautas que podrían llevar a cambios estructurales.

La crisis En términos políticos, podemos decir que el “progresismo petista” tuvo dos grandes pilares: la búsqueda por soberanía entendida como una mayor inserción en el orden económico mundial y la inclusión limitada y controlada de las clases populares. El “nuevo” desarrollismo, teniendo como estrategia central el apalancamiento de los “campeones nacionales”, promovió monopolios y la transnacionalización de esos capitales con recursos estatales, donde parte significativa salía de los fondos destinados al pago de derechos laborales y del Tesoro Nacional. El nuevo contrato social se realizó principalmente a partir de la inclusión de consumo, con transferencias de recursos y ampliación de crédito, lo que permitió el calentamiento del mercado interno. La fórmula de Lula para mantener la gobernabilidad fue no tocar a los del “nivel de arriba”: no bajó las tasas de interés ni controló la política cambiaria, permitió la entrada de IED y la libre circulación de capital, no tasó las grandes fortunas y aún maximizó las ganancias del sistema financiero con la ampliación de crédito para los más pobres. El modelo tuvo éxito mientras había la bonanza de las commodities, que aseguró superávit y permitió la expansión del gasto social, aumento de salarios -aunque por debajo del ideal necesario- y consumo. La gran debilidad se encuentra en que el modelo no altera las estructuras heredadas del proceso de desmantelamiento de la industria nacional, 98 –

dejando a la economía rehén de las exportaciones primarias. Cuando el precio de las materias primas cae en el mercado internacional, la economía pasa a sentir lo que no había sentido en la crisis de 2008, llamada de marolinha39 por Lula. Dilma sufrió con la resaca40. En su primer año de gobierno, en 2011, los principales productos exportados tuvieron una caída significativa en sus precios: la tonelada del mineral de hierro cae de 180 a 55 dólares, el barril de petróleo crudo pasa de 140 a 50 dólares, y el saco de soja de 18 a 8 dólares. En el final del primer mandato, el valor de las exportaciones de materias primas representaba más de la mitad del valor total de las exportaciones (Anderson, 2016). La falta de crecimiento económico, con un PIB del 2.7% en 2011 y que cae al 1% en 2012, también se debía al retroceso en el consumo. La fórmula de inclusión por ampliación de crédito, como vimos, llevó al endeudamiento de las familias, representando en 2015 el 48% de sus ingresos (Stolowicz, 2016). Con las dos principales fuentes de recursos estancadas, el primer gobierno de Dilma buscó la conformación de una nueva matriz económica. La orientación era disminuir la tasa de interés, aumentar los gastos públicos e interferir en la política de cambio. Se rompe, en partes, con el acuerdo de Lula con el mercado financiero. Al mismo tiempo, el gobierno mantuvo los gastos con los programas sociales y pasó a invertir aún más en infraestructura a través de las obras del PAC, causando un desequilibrio en las cuentas públicas. Por medio de estas políticas, quería garantizar el apoyo de parte del empresariado nacional y mantener la tasa de desempleo estable a partir del fomento de puestos de trabajo precarios y temporales, aprovechándose de las obras para el Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Lo que logró: el desempleo tuvo una leve alza en 2012, llegando a 7.19%, y cae para 6.67% en 2014. La nueva matriz no fue capaz de generar crecimiento económico, todavía, posibilitó una relativa aprobación del gobierno que llega a 77% en 2012, cayendo para 65% en marzo de 2013. Sin embargo, la campaña internacional de la prensa financis39 “Marolinha” significa una ola pequeña. La metáfora hecha por Lula quería reforzar que la crisis de 2008 no afectaba seriamente al país. 40 En Brasil, cuando el mar presenta grandes olas tras fuertes lluvias, decimos “el mar está de resaca”. autonomía

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ta siguió fuerte contra la política económica de Dilma. Es a partir de 2013 también que la ruptura del relativo equilibrio social va a presentarse de forma abrupta y masiva, aunque los conflictos en el campo, durante todo el período progresista, se mantuvieron en alza41, y desde 2012 las huelgas aumentaban42. Pero, con las jornadas de junio de 2013 una serie de manifestaciones que se inician en São Paulo por la cuestión del transporte público, rápidamente crecen de forma espontánea, tomando las principales capitales del país con miles de personas que reivindicaban “escuelas y hospitales estándar FIFA”. Era evidente el descontento social con el modelo de desarrollo que invertía en la construcción de estadios de fútbol en detrimento de la mejora de los servicios públicos. Después de las manifestaciones, la aprobación nacional del gobierno cayó al 30%. Con Dilma, se exacerban las contradicciones del modelo y hasta la fidelidad de parte del electorado más pobre se ve comprometida. Aunque ella haya ganado las elecciones de 2014, el margen fue muy apretado. El candidato de la derecha, Aécio Neves (PSDB)43, perdió por una diferencia de 3.2%, y de los 51 millones de votos recibidos, 30 millones fueron de origen popular (Sader, 2016). El candidato se esforzó por subrayar en todos sus discursos que mantendría la Bolsa Familia. Es un hecho que Dilma ganó disparado en el noreste brasileño, región de origen de Lula. El sur y sureste, todavía, se direccionaron para la oposición. Una hipótesis que pueda explicar la victoria del PT en noreste, y su derrota en el sur y sureste, es que la primera región fue objeto de transformaciones más profundas, con programas federales de impacto local como la transposición del Río São Francisco que impactó positivamente en el problema de la sequía, ampliación de infraes41 En 2002 fueron contabilizados pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) 925 conflictos en el campo. Em 2003 eram 1.690, chegando a sua máxima (período de 2002-2015) em 2005, com 1.881. Em 2015, foram contabilizados 1.217. In: CPT Nacional, 2016. 42 Según datos del DIEESE, hay una tendencia de aumento de las huelgas a partir de 2012. En este año fueron contabilizadas 877 entre la esfera pública y privada, siendo que en 2003, 340. Ya en 2013, este número pasa para 2050. In: DIEESE, 2015. 43 100 –

Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

tructura y acceso a saneamiento básico; así como otros de carácter nacional, como los programas de combate a la mortalidad infantil y de alfabetización. Dada las condiciones históricas de mayor desigualdad y precariedad del noreste brasileño, tales medidas impactaron de forma más directa a una gran mayoría. De esta forma, consideramos que en esta región la mejora en la calidad de vida tendría sido más claramente vinculada a un programa de gobierno, haciendo con que el electorado se identifique con el partido y responda positivamente en las urnas. Ya en las regiones sur y sureste -históricamente más desarrolladas por los modelos implementados en periodos anteriores, que no resolverán el problema de la integración nacional- las políticas que tuvieran mayor impacto pueden haber sido las que ampliaron el consumo, como el incentivo a la ampliación del crédito que permitió la compra de automóviles y electrodomésticos, y que impactaron tanto a los sectores más empobrecidos cuanto a sectores de las clases medias. Desvinculados de un trabajo político en las bases sociales, el aumento del consumo pasa por la despolitización de la pobreza, y las políticas pasan a ser vistas como políticas del propio mercado, sin vinculación a un proyecto de gobierno. Además de que requieren del “esfuerzo individual”, meritocrático, de pagar por lo que se consuma a través de crédito facilitado. Se fortalece la idea de que “no fue el gobierno que hizo nada por mí, soy yo quien trabaja para pagar mis cuentas”, así como se aumenta el rechazo a aquellos que son vistos como dependientes de la Bolsa Familia, que “no trabajan y viven de los impuestos que los que trabajan pagan”, fomentando también el rechazo al propio partido y a las políticas sociales que este implementa, vista por muchos como políticas populistas que sirven de moneda de troca por votos. Las elecciones de 2014 también demostraron la pérdida del apoyo por parte del empresariado, que votó de forma expresiva en el candidato de la oposición, cuadro distinto de las otras elecciones. Todavía, ante las presiones e insatisfacción del mercado financiero, la decisión de Dilma fue atender a sus exigencias, sustituyendo a Guido Mantega por el economista de la Universidad de Chicago, Joaquim Levy, que pasa a ocupar el Ministerio de Hacienda en 2015. La nueva autonomía

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orientación era controlar la inflación, reducir créditos de los bancos públicos, recortar gastos sociales, ampliar las concesiones (privatizaciones) y recuperar el superávit primario. ¡La vieja agenda! El ajuste fiscal implementado ya en los primeros meses del segundo mandato dejaba claro que el gobierno bajaba la guardia al capital financiero y pasaba la cuenta a los trabajadores. Las medidas, sin embargo, no surtieron los efectos esperados y en 2015 el país entra en recesión, con un decrecimiento de 3.8% del PIB. El desempleo que, en 2010, era de 6.7%, crece para 11.6% en 2016. La campaña por el impeachment, iniciada luego de las elecciones, expresó un gran “acuerdo nacional” que incluía la mayor parte de los partidos y miembros del Congreso, junto con sectores del empresariado, medios de comunicación hegemónicos y sectores de las clases medias, estas movilizadas por todos los anteriores. El candidato del PSDB derrotado en las urnas, también senador, fomenta la campaña dentro del Congreso armando alianzas con el MDB, ambos entre los partidos con el mayor número de bancadas. Tenían el “ingrediente especial”: Eduardo Cunha (MDB), enemigo político de Dilma y, en 2015, presidente de la Cámara de Diputados, que aprueba la solicitud de juicio político. Un elemento unificador aparece: las investigaciones de la operación Lava Jato, que comprometen buena parte de la clase política y que avanzaron durante los gobiernos de Dilma. Por parte del empresariado, la FIESP44 empieza una campaña, primero por renuncia y luego por el juicio político, seguida por la CNI45, CNA46, FIRJAN47 y Febraban48. Aquellos que vieron sus intereses representados por el progresismo petista, en lugar de presentar resistencia al mayor avance del sistema financiero internacional sobre el Estado, pasan a posicionarse a su lado, exigiendo a cambio algunas concesiones como el no aumento de impuestos, reforma laboral y medidas que puedan garantizar un abaratamiento de los costos del

44 Federación de las Industrias del Estado de São Paulo. 45 Confederación Nacional de las Industrias. 46 Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería 47 Federación de las Industrias del Estado de Rio de Janeiro. 48 Federación Brasileña de Bancos 102 –

valor de la fuerza de trabajo (Martuscelli, 2017). La resistencia contra el golpe vino de parte de las izquierdas organizadas, tanto las que estuvieron en la base de apoyo de los gobiernos Lula y Dilma, como las que se posicionaron críticamente, pero que comprenden la necesidad de defender el sistema democrático y el riesgo de que los sectores aún más conservadores asuman el poder ejecutivo. Aunque con todas sus contradicciones, en la actual configuración del escenario político brasileño, el PT siguió siendo un canal de negociación para garantizar mínimamente algunas demandas para las clases populares.

Acerca de un proceso abierto Nuestro balance tuvo como objeto central la orientación que los gobiernos petistas dieron al Estado, considerando la relación que se estableció con el capital y con las clases populares, pasando por las estrategias para la implementación del proyecto que se ha hecho llamar “progresista”. Con los argumentos presentados, buscamos contribuir al análisis crítico acerca del modelo brasileño, propagado por muchos como el más exitoso en la región. Es necesario desmitificar el progresismo petista, preguntándonos a quién más benefició? La inclusión parcial y controlada de sectores de las clases populares no puede encubrir el hecho de que los grandes beneficiarios de la tutela estatal fueron el gran capital financiero, extractivo, monopolista y transnacional. Los límites y contradicciones de la experiencia petista nos retan a pensar en las consecuencias del alejamiento de los gobiernos progresistas de las luchas por reformas estructurales de carácter popular y su adecuación a las tácticas y estrategias para la libre circulación de capital. También implica atención hacia los límites del “nuevo” desarrollismo como estrategia de construcción de soberanía. El modelo, que no rompe con los determinantes de la dependencia, demuestra que pese a un mayor “activismo estatal”, lo que se logró fue una inserción subordinada a la lógica de expansión del gran capital transnacional. autonomía

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Las políticas económicas implementadas a partir del golpe de 2016 parecen indicar un camino de reestructuración de la hegemonía del capital financiero internacional sobre el Estado brasileño, demostrando la pérdida de influencia del gran capital interno. Los “campeones nacionales” como Odebrecht, JBS y OAS, investigados en la operación Lava Jato por involucramiento en casos de corrupción, serán el blanco para el desmantelamiento del “nuevo” desarrollismo progresista, una vez que las denuncias legitiman el viejo discurso del Estado no interventor. Pero estas empresas, como hemos visto, ya se han transnacionalizado y pueden compensar la pérdida de la asistencia estatal con la expansión de sus actividades por otros países. En contra de las clases populares, lo que vemos es el desmantelamiento del contrato social petista. Frente a la crisis económica y la disminución de los excedentes, el Estado debe ahora garantizar a cualquier precio los intereses de aquellos que otrora aceptaron ceder el discurso político a la izquierda light. Para generar legitimidad al “nuevo Estado mínimo”, invierten en una campaña de satanización del modelo anterior y criminalización de sus líderes a partir de un juicio político y de una prisión sin pruebas, coaccionando a toda la izquierda, rehén de la lucha por la democracia formal y por la consigna “Lula Libre”. El trágico escenario político y la voracidad de los que hoy están en el poder apunta a acabar con cualquier política de inclusión social, aunque limitada, empeorando aún más las condiciones de vida de las clases populares y haciendo que todos recuerden los nostálgicos tiempos de Lula. Pero, si vivimos hoy la profundización de la faceta más destructora de las políticas neoliberales, las respuestas deberían de ser buscadas en las limitaciones del proyecto anterior que no rompió con los pilares del neoliberalismo y, a través de sus alianzas políticas y estrategias, promovió el fortalecimiento del gran capital en lugar de su cuestionamiento, asegurando en la despolitización de la pobreza, en la desarticulación e invisibilización de los conflictos sociales, la garantía de su permanencia.

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Tierra sin hombres, hombres sin tierra1 La cuestión agraria y el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay Gaya Makaran2

Resumen El presente artículo tiene como objetivo acercarnos a las políticas del fugaz gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) en el contexto tanto de los acontecimientos inmediatos que le dieron su origen y su fin, como, sobre todo, de una larga historia de las luchas campesinas e indígenas en Paraguay donde la cuestión de la tierra se vuelve la gran protagonista. Con este fin, revisaremos brevemente los pormenores de las políticas agrarias en Paraguay y la importancia de las luchas por la tierra y el territorio que se han llevado desde las comunidades campesinas e indígenas. Posteriormente, pasaremos al análisis del actual modelo económico paraguayo con sus consecuencias para la población rural y la vida política nacional, para, finalmente, describir las circunstancias que llevaron a Fernando Lugo al poder, las políticas agrarias de su corto gobierno y las causas de su caída.

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Véase la frase de Augusto Roa Bastos: “País de la tierra sin hombres y de los hombres sin tierra” de su obra Hijo de hombre.

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Gaya Makaran – doctora en Ciencias de Literatura por la Universidad de Varsovia, investigadora asociada del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, México. Líneas de investigación: nacionalismos, movimientos indígenas e identidades colectivas en Bolivia y Paraguay. Correo: [email protected]

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Introducción Curuguaty, un pequeño municipio en el departamento de Canindeyú en el noreste de Paraguay cerca de la frontera con Brasil, se convirtió en el símbolo del conflicto por la tierra que este país suramericano viene arrastrando desde finales del siglo XIX, y de una profunda inmoralidad de un sistema político, económico y jurídico que bajo la faceta democrática promueve ad extremum la ley del más fuerte, en este caso de una élite terrateniente. Allá, en las tierras de Marina Kue3, el 15 de junio de 2012 murieron once campesinos, miembros del Movimiento Campesino de los Carperos, junto con siete policías, en un intento de desalojo violento. A estos últimos los veló todo el país, fueron subidos por la prensa nacional a rango de héroes que murieron cumpliendo su deber, mientras que los primeros fueron llamados terroristas4, provocadores de la violencia en el campo, o simplemente criminales, culpados de la muerte de los policías y “fortuitamente eliminados” como una “amenaza” para el orden y la paz de la patria. Sus compañeros, la mayoría ausentes en el lugar a la hora de los hechos, fueron encarcelados y procesados sin pruebas ni posibilidad de una defensa efectiva en un juicio amañado que puso en evidencia, otra vez más, la cara corrupta de la, así llamada, justicia paraguaya5. Posteriormente, se encontraron muertos en circunstancias poco claras otros dirigentes campesinos, testigos clave en el proceso, lo que hace suponer que su testimonio era demasiado peligroso para la versión oficial de los hechos que indicaba en la responsabilidad exclusiva de los campesinos que supuestamente habían emboscado a los policías.

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Se trataba de las tierras mal habidas en la época de la dictadura de Stroessner por el terrateniente Blas Riquelme, empresario de Campos Morombí S.A., miembro del Partido Colorado.

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Se vinculó a los campesinos con la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuya actividad y alcance son bastante reducidos, pero que sirven a la clase política de pretexto para reprimir cualquier reivindicación campesina.

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Trece campesinos están en la cárcel por delito de asociación criminal, homicidio doloso e invasión del inmueble. Más de 40 personas han sido declaradas prófugas. Nunca se investigó la culpabilidad de parte de los policías, ni se tomaron en cuenta los testimonios campesinos.

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A pesar de los intentos desde la fiscalía de acallar las voces que pedían esclarecer las inconsistencias del caso, se lograron escuchar varios testimonios, entre ellos de los médicos que examinaron los cuerpos de las víctimas en el lugar, que indican, tomando en cuenta el carácter del impacto de bala recibido, un asesinato premeditado ejecutado por los francotiradores tanto contra los campesinos, como contra los policías. Esto probaría el sentir generalizado de los paraguayos críticos de que la masacre, más que un acontecimiento espontáneo, fue una trampa planeada y realizada contra el gobierno de Lugo. De hecho, los acontecimientos de Curuguaty tuvieron consecuencias políticas de alta resonancia, puesto que sirvieron como pretexto para la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio parlamentario exprés, donde en 24 horas, el día 22 de junio de 2012, se decidió la suerte del mandatario, sin necesidad de presentar pruebas, testimonios y argumentos de la defensa, puesto que, como se dijo, se trataba de “delitos de público conocimiento”. La acusación, repetida por los medios de comunicación, indicaba en la responsabilidad del presidente en cuanto a la “masacre de los policías”, ya que, supuestamente, habría suscitado a los campesinos a acciones violentas con su retórica “de izquierda” y habría apoyado al “terrorismo rural” con sus promesas de reforma agraria. No importó el hecho de que fue el mismo presidente Lugo que, en contra de sus propias bases sociales, dio el orden del desalojo de los campesinos. De esta manera, bajo una apariencia de legalidad y de la continuidad institucional, se lleva a cabo un golpe contra las reglas más básicas de la democracia liberal, perpetrado no sólo por la oposición del Partido Colorado, sino por el mismo aliado del gobierno, el Partido Liberal, cuyo líder y al mismo tiempo el vicepresidente en el gobierno de Lugo, Federico Franco, se convirtió en el presidente de facto hasta las elecciones de 2013 cuando, con la victoria de Horacio Cartes, regresó el Partido Colorado, recuperando su posición interrumpida por el interludio de Fernando Lugo. Aquel “golpe parlamentario” le dio a Paraguay las primeras planas de los periódicos latinoamericanos y, por un momento, llamó la atención de los analistas sobre este pequeño país frecuentemente olvidado en los almanaques de la historia y ciencia política de la región. Para muchos, el juicio político a Lugo autonomía

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y el abrupto fin de su gobierno fueron un precedente para posteriores juicios y golpes parlamentarios a los mandatarios “progresistas”, como el caso de Dilma Rousseff en 2016. El presente artículo tiene como objetivo acercarnos a las políticas del fugaz gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) en el contexto tanto de los acontecimientos inmediatos que le dieron su origen y su fin, como, sobre todo, de una larga historia de las luchas campesinas e indígenas en Paraguay donde la cuestión de la tierra se vuelve la gran protagonista. Con este fin, revisaremos brevemente los pormenores de las políticas agrarias en Paraguay y la importancia de las luchas por la tierra y el territorio que se han llevado desde las comunidades campesinas e indígenas. Posteriormente, pasaremos al análisis del actual modelo económico paraguayo con sus consecuencias para la población rural y la vida política nacional, para, finalmente, describir las circunstancias que llevaron a Fernando Lugo al poder, las políticas agrarias de su corto gobierno y las causas de su caída.

Cuestión agraria en Paraguay, mirada histórica Antes de empezar nuestro breve recorrido por la historia de las luchas campesinas e indígenas en Paraguay, nos parece necesario caracterizar los sujetos en cuestión, tomando en cuenta su etnogénesis específica, igual que las formas propias de entender y producir su vínculo con la tierra y el territorio, además de las relaciones sociales establecidas dentro de sus asentamientos. Sin pretensión de agotar el tema, señalamos una fuerte raíz guaraní en cuanto al origen étnico del campesinado paraguayo que, aunque desde tiempo ya no se reconoce como indígena, sino mestizo, se mantiene guaraníhablante y conserva una cultura propia de una relación afectiva con la tierra y la semilla vistas como fuentes de vida, que no responde a las lógicas mercantiles, igual que sus formas de organización comunitaria, a pesar de la parcelación e individualización de la propiedad agraria (Fogel, 2009). Es así porque en las primeras horas de la conquista y la colonización, dada la escasa presencia de los europeos, la sociedad paraguaya se fundó sobre una fuerte presencia guaraní, 112 –

donde tanto la lengua, como las formas socioeconómicas nativas se impusieron sobre las del conquistador, aunque fueran subsumidas a las lógicas de explotación típicas para el colonialismo. Esta guaranización del campesino explica por una parte su diferencia cultural frente a la población urbana, y por la otra, su estigmatización y discriminación por parte de los gobernantes que hasta hoy en día reproducen prácticas de exclusión y subordinación basadas en el desprecio racista. En cuanto a los pueblos indígenas6, la historia de sus relaciones con la sociedad nacional es larga, compleja (Makaran, 2014; Fogel, 2010) y, aunque tiene sus características originales, en contra de los discursos nacionalistas que destacan su mestizaje pacífico y amistoso con los conquistadores, no es tan distinta de las sufridas por los originarios de otras latitudes del continente. Como no es nuestro objetivo ahondar en el tema y una vez explicado el fenómeno de la guaranización de la población campesina, nos limitaremos a señalar, siguiendo a Jorge Servín, que los actuales pueblos indígenas en Paraguay han mantenido siempre una enorme distancia de la sociedad mestiza a grado de no identificarse ni ser identificados con ésta: …es muy probable que los pueblos y comunidades indígenas que conocemos en la actualidad sean aquellos pueblos que lograron

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Hoy en día, el territorio paraguayo está habitado por aproximadamente 113 mil indígenas, lo que constituye 1.7% de la población total del país (Dirección General de Estadística, 2012). Se trata de veinte pueblos divididos en cinco familias lingüísticas diferentes que se concentran sobre todo en la parte occidental del país (el Chaco), menos poblada y más inhóspita que la parte oriental. El grupo más numeroso, el guaraní, se reparte entre seis etnias, de las cuales cuatro están asentadas en la región oriental: pai tavyterá, mbyá, avá guaraní y ache; y las demás habitan la región occidental: guaraní occidentales, guaraní ñandeva. Del total de la población indígena la mayoría habita las zonas rurales (91.5%), aunque el porcentaje de los indígenas urbanos sigue creciendo año tras año. Algunos pueblos suelen ser sedentarios y dedicarse a la agricultura extensiva de tierra caliente, sin embargo, la mayoría de los indígenas paraguayos son cazadoresrecolectores de vida nómada o seminómada. En ambos casos destaca la importancia de la tierra y el territorio, como también del ecosistema en su totalidad, necesarios para su supervivencia tanto física como social (Zanardini y Biedermann, 2006: 17).

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permanecer aislados de estos eventos, es decir, aquellos “naturales” que vivían en los amplios y milenarios bosques de la región oriental y de la región chaqueña, que permanecieron “independientes” y alejados de los eventos que se sucedieron en el país (Servín, 2011: 9). En este sentido, los indígenas actuales, donde el grupo guaraní es el mayoritario, aunque no el único, descienden de aquellos pueblos que resistieron el proceso de la conquista y colonización, en contraste con los grupos que fueron colonizados y se convirtieron con el tiempo en el campesinado paraguayo “mestizo”, y se mantuvieron hasta la segunda mitad del siglo XX aislados en los vastos territorios boscosos no integrados por la, así llamada, sociedad nacional. Más adelante veremos algunos de los momentos claves de su relación con la misma. El nacimiento formal de la República del Paraguay en 1811 y su posterior afianzamiento en la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840) en un régimen sui géneris y atípico para la región, que apostó por la expropiación de los latifundistas, incluida la Iglesia católica, y la estatalización de las tierras que fueron divididas como “estancias de la patria” para que los campesinos puedan trabajarlas sin ser sus dueños, y donde el excedente se repartía entre las poblaciones más necesitadas. El gobierno de Francia reconoció y respetó también las tierras comunales de los “pueblos de indios” que en aquel entonces coexistían con los asentamientos campesinos en una relación de reciprocidad y cercanía cultural y productiva. Después de la muerte de Francia, durante la dictadura de Carlos Antonio López (1944-1962), los pueblos indígenas fueron “desaparecidos” por decreto en 1948, convertidos en “ciudadanos” y sus tierras y territorios pasaron a ser propiedad del Estado, en la práctica del mismo presidente y su familia. No es, sin embargo, hasta la época de la posguerra7, bajo gobiernos impuestos por las potencias ganadoras, cuando se da una masiva privatización de las tierras estatales, lo que tiene como conse-

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Hace referencia a la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra Guasu (Grande) contra Brasil, Argentina y Uruguay que se llevó entre 1864-1870 y que dejó el país destrozado y redujo su población a un tercio, la mayoría mujeres, ancianos y niños.

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cuencia el fenómeno del latifundismo e inicia el camino del despojo y concentración de las tierras, en el marco de las políticas liberales, comunes para la época en todo el continente. Grandes extensiones de tierras se entregan a los empresarios extranjeros, iniciando enclaves agroindustriales que explotan yerba mate, madera y tanino; igual que se establecen grandes estancias ganaderas, ambas actividades desarrollándose a costa de las economías campesinas que quedan seriamente debilitadas y subordinadas a las dinámicas de explotación y trabajo semiesclavo de los grandes propietarios. El Estado, además de promover la privatización de las tierras fiscales, cede el monopolio de la violencia a los empresarios que quedan legitimados a reprimir la insubordinación campesina y acaparar cada vez más tierras, muchas veces de manera ilegal. Contra la violencia económica y física ejercida por los ejércitos privados, los campesinos organizan la resistencia en forma del bandolerismo social y ocupación de facto de las tierras en litigio, que se intensifica sobre todo después de la Guerra del Chaco contra Bolivia (1932-35), aunque no logran una articulación suprarregional que hubiera podido desembocar en un levantamiento masivo en contra del nuevo régimen de propiedad. Este régimen agrario de extensos latifundios y fincas ganaderas que explotan el trabajo de los campesinos arrendatarios obligados a trabajar los cultivos del patrón a pena de ser expropiados8 se mantiene sin mayores cambios hasta los años 60 del siglo XX cuando, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) del Partido Colorado, tiene lugar la reforma agraria (Estatuto Agrario de 1963) que supuestamente tenía que solucionar el problema de la concentración excesiva de tierras, al repartirlas entre el campesinado en calidad y cantidad suficiente. No hay que olvidar que el discurso del régimen colorado se basaba en la identificación con sus bases campesinas, los pynandí (pies descalzos), encarnación por excelencia del “espíritu nacional”, lo que explica la importancia política de la largamente reivindicada y esperada reforma. Sin embargo, a pesar de que el texto de la misma resultara beneficioso para los interesados, en la práctica sus efectos 8

Así, por ejemplo, el Estatuto Agrario de 1940 establece la posibilidad de expropiación de los campesinos que no pagaban el arriendo o no cumplían con el trabajo en los cultivos comerciales del patrón.

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fueron los contrarios a los esperados, puesto que las mejores tierras fueron repartidas de manera fraudulenta por el dictador a su gente: militares, miembros del partido, familiares y empresas extranjeras, lo que dio origen al fenómeno de las tierras mal habidas, fuente del conflicto rural actual. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia publicado en 2008, cerca de 23 mil hectáreas de tierra fueron entregadas en forma irregular durante la dictadura a personas no sujetas a la reforma agraria, quienes obtuvieron tierras mayores a lo establecido en la ley (Comisión de la Verdad y la Justicia, 2008). Las tierras repartidas entre las familias campesinas fueron insuficientes, de mala calidad, fragmentadas o alejadas de la comunidad, lo que dificultaba su cultivo y muchas veces propiciaba su venta a los grandes propietarios y empresas agroindustriales. Durante la dictadura se promovió también la industrialización del agro, abriendo paso a los cultivos de algodón y soya, con una creciente participación del empresariado brasileño, junto con una simultánea ampliación de la frontera agrícola a costa de los bosques y territorios indígenas. Fue justo durante el régimen stronista que, en marco de las políticas desarrollistas, se abren enormes espacios en la selva paraguaya con el objetivo de su colonización por la agroindustria, igual que para la construcción de grandes represas binacionales Itaipú (frontera con Brasil) y Yacyretá (frontera con Argentina), fundación de ciudades como Puerto Presidente Stroessner, hoy en día Ciudad del Este, y las carreteras que posibilitaran la soñada “integración nacional”. Aquel proyecto de modernización capitalista autoritaria significó el despojo y genocidio de los pueblos indígenas que hasta entonces habían permanecido en un relativo aislamiento de la sociedad paraguaya y que en la dictadura sufrieron una invasión sobre sus territorios y cuerpos que muchos antropólogos llamaron “la segunda conquista”, y que desencadenó el proceso de destrucción física y cultural progresiva de estos pueblos en nombre del progreso y desarrollo. Frente a los abusos del régimen y, sobre todo, en la defensa de la reforma agraria efectiva, desde las filas campesinas nacen las Ligas Agrarias, duramente reprimidas por la dictadura, que reclaman el reparto de tierras mal habidas, defendiendo el cumplimiento del mismo Estatuto Agrario de 1963, cuyas normas habían sido sistemá116 –

ticamente violadas por el gobierno stronista. Entre sus estrategias de lucha, heredadas por las organizaciones campesinas actuales, se encuentra la ocupación física de las tierras improductivas de estatus ilegal o no regularizado, con el objetivo de, una vez ejercida la presión directa, abrir un litigio legal por la titulación de las mismas a favor de los campesinos movilizados. Aquellas luchas tienen como consecuencia el fortalecimiento de la autonomía socioeconómica del campesinado y de una identidad cultural y de clase común. El paso a la “democracia” en 1989, que en realidad significó un proceso de transición pactada que nunca rompió con la hegemonía del Partido Colorado, fue acompañado en el campo económico por la intensificación de la expansión soyera y un nuevo proceso de privatización y concentración de la tierra9, unido con el fenómeno de su acelerada extranjerización a manos del empresariado brasileño, a grado de convertir a Paraguay en el país de la región con el monopolio más marcado de la tierra, con el índice Gini de 0.93 (CEPAL, 2000). En contra de las expectativas del movimiento campesino, los nuevos gobiernos no sólo no revisaron los casos de tierras mal habidas durante la dictadura, sino que siguieron con la criminalización de las luchas rurales, hecho que no sorprende si tenemos en cuenta tanto la perpetuación en el poder de los personajes colorados directamente beneficiados con el reparto stronista, como la apuesta de los gobiernos “democráticos” por el modelo agroindustrial, ávido de tierras. Estos fenómenos significaron una acelerada desruralización del país por la expulsión de la población de las áreas rurales, tanto la campesina como la indígena, que fue obligada a migrar a las ciudades paraguayas o al extranjero, para malvivir en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Otra de las consecuencias, vinculada con las migraciones forzadas, fue la pérdida de control de la organización productiva de la economía familiar campesina, de los territorios, de las culturas y modos propios de organización, lo que impactó de manera claramente negativa en la capacidad de resistencia de los campesinos. En cuanto a la población indígena, la legislación paraguaya mucho tiempo permaneció ciega ante la existencia de los pueblos in9

Actualmente, según diferentes cálculos aproximadamente 90% de tierras cultivables en Paraguay se encuentran en manos de grandes propietarios.

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dígenas en el territorio nacional, desde el Decreto del presidente Carlos Antonio López de 1848 que, al declararlo ciudadano, “desaparecía” al indio y a sus derechos territoriales. De esta manera, el indígena no era considerado paraguayo, sino calificado como “salvaje” y enemigo de la patria que constantemente amenazaba sus fronteras y debía ser sometido a la acción colonizadora de las misiones religiosas o la “pacificación” militar en caso de la ineficiencia de esta primera. No fue hasta 1981, gracias a la presión internacional y el trabajo de los “indiófilos” paraguayos y extranjeros, cuando entró en vigor el Estatuto de las Comunidades Indígenas que reconoció legalmente a los pueblos originarios junto con sus costumbres que se podrían aplicar para regular su convivencia interna, e implícitamente su derecho a la tierra comunitaria10. La transición a la democracia en los años noventa precedida por un movimiento de oposición democratizadora protagonizada entre otros por los pueblos indígenas, trajo grandes cambios legislativos. En 1992 los derechos étnicos adquirieron rango constitucional: a partir de entonces los indígenas no sólo son reconocidos como ciudadanos, sino que además se les garantiza el derecho a “preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”; a sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa; a la sujeción a las normas consuetudinarias para organizar la convivencia interna; y a la propiedad comunitaria de la tierra en “extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida” que el Estado proveerá gratuitamente11. Además, Paraguay firmó también el Convenio 169, considerado una máxima garantía internacional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, ninguna de las leyes ni garantías de la época pudieron cumplirse con efectividad por falta de la voluntad política y la inexistencia de sanciones en caso de ser violadas.

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Véase Ley Nº 904/81, Estatuto de las Comunidades Indígenas, en http:// www.buscoley.com/1.981/12/ley-numero-904-1-981-r9-904-10649.html

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Véase Constitución Nacional del Paraguay de 1992: Art. 62 De los pueblos indígenas y grupos étnicos; Art. 63 De la identidad étnica; Art. 64 De la propiedad comunitaria; Art. 65 Del derecho a la participación y Art. 66 De la educación y la asistencia.

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De hecho, si tomamos en cuenta los datos que arrojan los censos veremos que la situación socioeconómica de los pueblos indígenas en Paraguay es aterradora, igual que la situación legal de sus territorios y el acceso real a las tierras: así 45% de las comunidades no dispone de un aseguramiento legal y definitivo de sus tierras y las que lo poseen, en la mayoría de los casos no gozan de terrenos de calidad o sus derechos simplemente no se respetan, siendo sus territorios invadidos por los empresarios privados y por sus “fuerzas de persuasión” violenta. A eso se suman los efectos nefastos del modelo agroindustrial para los ecosistemas y la salud humana, que le añaden al problema de la tierra él de la imposibilidad de reproducción de la vida misma en los espacios ocupados por el monocultivo. Veamos con más detalle las características del modelo económico paraguayo y sus consecuencias para la población rural.

Las islas en el mar de soya: la agroindustria y el modelo paraguayo de “desarrollo” Uno de los principales responsables de la deplorable situación de la población paraguaya, tanto campesina como indígena, es el modelo económico del país que exige enormes cantidades de tierras fértiles en pos de la producción agroindustrial intensiva para la exportación, como los cultivos de soya, maíz y algodón transgénicos o la crianza industrial de ganado, y al mismo tiempo prescinde de la mano de obra en cantidad que pueda garantizar a la población fuentes de trabajo estable. En este sentido, siguiendo las palabras del escritor paraguayo Roa Bastos, se apuesta por “un país de la tierra sin hombres y de los hombres sin tierra”. En el año 2010, Paraguay experimentó la mayor expansión económica de América Latina y la segunda más rápida del mundo con un 15% de crecimiento del PIB, igual que en el año 2013 con un 13%, manteniéndose en un 4% de los últimos años.12 Es importante subrayar que en realidad estos datos alentadores del crecimiento económico no se

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Datos del Banco Central de Paraguay (BCP).

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traducen de ninguna manera en el crecimiento del índice de desarrollo humano, todo lo contrario. Como podemos leer en la evaluación del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas referente a Paraguay: “Al Comité le preocupa que, pese al crecimiento económico del Estado en los años recientes, el número de personas que viven en la extrema pobreza ha ido en aumento” (ECOSOC, 2007). En realidad, los únicos beneficiarios de la mencionada “bonanza” económica son las grandes empresas agroindustriales y las élites paraguayas, encargadas de mantener el status quo, sin ninguna preocupación por la redistribución equitativa del ingreso. Si tuviéramos que caracterizar en breves palabras la economía paraguaya, ésta sería un ejemplo extremo de la dependencia y de la entrega al capital transnacional basada en la exportación de commodities, a costa de la sobreexplotación de sus recursos naturales y humanos. Nos parecen más que acertadas las palabras de Meliá con las que denuncia lo siguiente: El Paraguay está tomado por las empresas explotadoras como una ‘mina’, de la cual se extraen riquezas forestales y un criadero de ganado. […] La economía predominante en el Paraguay es la llamada ‘economía de sifón’ o de bombeo, que desde el exterior chupa los recursos del interior. En estas economías de estructura imperialista la participación del campesinado o del peón no sólo es dependiente, sino totalmente perjudicial y desventajosa para sí mismo (Meliá, 1988: 62). La agroindustria, sin duda la principal protagonista del modelo de desarrollo paraguayo, se caracteriza por la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. Los cultivos típicos para la agroindustria requieren grandes extensiones de tierra y están altamente mecanizados, lo que tiene como consecuencia una excesiva concentración de la propiedad de la misma, el alza importante de su precio, como también la expulsión sucesiva de la mano de obra campesina que, sin tierra y sin trabajo, se ve obligada a migrar. Otra de las características negativas de los cultivos intensivos es su impacto en el medio ambiente, puesto que se relacionan con los fenómenos como la deforestación, la desertificación de los suelos, la contaminación por agrotóxicos, entre otros. 120 –

Los principales actores agroindustriales en Paraguay son los latifundistas nacionales y extranjeros: menonitas y brasileños13, pero sobre todo las empresas transnacionales como los gigantes Cargill, ADM, Buynge y Nestlé auxiliados por el paquete tecnológico de la compañía Monsanto, líder mundial en granos genéticamente modificados y en químicos agroindustriales. Dichas corporaciones, además de ser exentas del pago de impuestos (Paraguay es uno de los países latinoamericanos con menor carga impositiva), cuentan con el apoyo de las agencias multilaterales y también de órganos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que ejercen una enorme presión sobre los gobiernos nacionales de turno, con un claro propósito de reducir el papel regulador del Estado en la agricultura a favor del capital transnacional. Uno de los argumentos usados por las empresas para legitimar el modelo agroindustrial es su presunta superioridad sobre la agricultura tradicional, considerada ineficiente, en cuanto a su aporte en el desarrollo de los países, en el combate contra el hambre en el mundo y hasta en la protección del medio ambiente, como se puede apreciar en la siguiente cita de Whitney MacMillan, representante de la empresa Cargill ante Columbus Council on World Affaire: Hay una creencia equivocada de que la mayor necesidad agrícola del mundo en vías de desarrollo es alcanzar la capacidad de producir comida para el consumo local. Esto es un error…los países deben producir lo que mejor hacen, y comerciarlo. La agricultura de subsistencia…encamina al mal uso de recursos y daña al medio ambiente. [...] La autosuficiencia no es una respuesta práctica para la creciente necesidad de alimentos, ya que los productores de comida eficaces pueden evitar el dilema maltusiano... (MacMillan en Fogel, 2006: 159). En realidad, la expansión a toda costa de los cultivos de soya transgénica unida a la apropiación y la destrucción de los recursos natu-

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En Paraguay se observa la extranjerización de la producción y la exportación agrícola, en dependencia sobre todo de Brasil. Los brasileños son la mayoría poblacional en las provincias fronterizas y el portugués constituye la tercera lengua más hablada en el país (3%).

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rales, significa para las poblaciones campesinas e indígenas un ataque directo a sus fuentes de vida y a su capacidad de producción para el autosustento. No sólo no les trae a las poblaciones en cuestión el tan anunciado progreso y desarrollo, sino que las hunde todavía más en la miseria y desolación. Basta mirar los índices de la pobreza extrema de las zonas soyeras: por ejemplo en el Distrito Raúl Arsenio Oviedo ésta llegó a 36%;14 para saber que los discursos empresariales distan considerablemente de la realidad. De todos los cultivos característicos para la agroindustria paraguaya podemos destacar los de soya, tanto por su extensión, como por su peso en las exportaciones nacionales. De hecho, Paraguay es el sexto productor de soya en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e India15 lo cual, si tomamos en cuenta su superficie incomparablemente menor que la de los otros países productores, nos ilustra el peso real de la industria soyera en la economía paraguaya. La mayoría de la producción es destinada para la exportación, puesto que el uso interno de soya, ajena en el consumo tradicional, es muy reducido. Las regiones de mayor concentración de plantaciones soyeras son Itapúa y Alto Paraná en la parte oriental del país, las mismas que lideran la lista de las más deforestadas. En los siguientes cuadros podemos ver la evolución de la deforestación en Paraguay relacionada con la expansión de los cultivos. Los territorios en cuestión solían ser habitados por numerosos pueblos indígenas de la familia guaraní: pai tavyterá, mbyá, avá guaraní y aché, que actualmente son los que más sufren el impacto de la industria soyera, acorralados en las pocas tierras boscosas que quedan.

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Dato del 2002 según Fogel, 2006.

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Los datos según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en http://www.produccionmundialsoja. com/?Referer=AgroPanorama.com (10. 12. 2013).

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Cuadro 1. Evolución de la deforestación en el Alto Paraná, Paraguay (1945-2009).

Fuente: World Wide Fund for Nature (WWF) Paraguay, http://www.wwf.org. py/informate22/mapas2/ (13.12.2013).

Cuadro 2. Cultivos de soya en Paraguay (2011-2012).

Fuente: http://www.flickr.com/photos/quilombo_samuel/7431255796/ (13.12.2013).

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El modelo de desarrollo descrito tiene un enorme impacto negativo en toda la población rural, puesto que precariza, y en muchos casos incluso imposibilita su supervivencia. En caso de los pueblos indígenas que comparten con la población campesina la preocupación por la tierra y por las condiciones materiales de la vida amenazadas, las consecuencias sufridas se amplían en cuanto el impacto sobre su vida como pueblos, desembocando en un etnocidio generalizado. Podríamos resumir las consecuencias del modelo agroindustrial para las zonas rurales y sus poblaciones en los siguientes puntos centrales: — Presión sobre las tierras campesinas y territorios indígenas por medios tanto legales como criminales, — Destrucción del hábitat: deforestación, aniquilación de flora y fauna, desertificación, contaminación de los ríos y de los cultivos tradicionales, — Daños en la salud provocados por los agrotóxicos y herbicidas: muertes, enfermedades, abortos, malformaciones fetales, etc. — Violencia: asesinatos, desalojos forzados, quema de viviendas y de cultivos, — Pobreza extrema y la esclavitud: servidumbre por deudas, explotación laboral de menores, los abusos sexuales y la prostitución, — Migración forzada a las ciudades que conlleva la degeneración social y la pérdida identitaria frente a la imposibilidad de recrear la vida comunitaria, — Etnocidio, — Genocidio. Como sabemos, la gran agroindustria necesita grandes extensiones de tierra, la que consigue a través de las expropiaciones y compras fraudulentas a costa de campesinos y comunidades indígenas. Entre las maniobras legales encontramos la anulación de los títulos de propiedad de las comunidades o la apropiación de las tierras que no los tienen. Si tomamos en cuenta la inclinación política del Estado y la corrupción del sistema jurídico paraguayo, no es difícil de adivinar quién tiene la ventaja en este proceso. La idiosincrasia de la élite apunta en las transnacionales soyeras como principales motores del progreso nacional frente a las economías campesinas e 124 –

indígenas supuestamente precarias e ineficaces. El misionero Alejo Obelar, por ejemplo, describe el robo indiscriminado de tierras indígenas por los terratenientes, justificado por un darwinismo social que se niega a desaparecer: “el indígena es como maleza: estorba e impide el progreso.” (Obelar, 1981:8). De esta manera, el latifundista tanto paraguayo como extranjero se convierte para los gobernantes en el portador de la luz y de la modernidad que, gracias a su capacidad emprendedora y al esfuerzo propio fecunda la tierra liberada de la “maleza indígena”. Es así como el Estado entrega las mejores tierras a los extranjeros, condenando a los campesinos e indígenas paraguayos a malvivir en pedregales infértiles, como dicen los campesinos entrevistados por Fogel: “son tierras tan malas que por eso no vienen por acá los brasileiros y seguimos solos, los paraguayos pobres” (Fogel, 2009: 272) La presión sobre sus tierras y territorios ha provocado la expulsión, la fragmentación de los pueblos, la desculturación y hasta muerte, a pesar de la existencia de las garantías constitucionales proindígenas anteriormente mencionadas. En realidad, el interés terrateniente se impone sobre la ley y las declaraciones de buena fe gubernamentales, lo que lleva a una hipocresía oficialista: por una parte se aseguran legalmente los derechos indígenas, se crean institutos como el INDI16 encargados del reparto y nombramiento de tierras indígenas, y por la otra se hace la vista gorda ante las usurpaciones privadas ilegales. Como denuncia Carlino Nuñez, jefe de la comunidad mbyá de Ranchito: Nosotros vivimos en estos montes que nos pertenecen que nos dio el Creador. Las autoridades también dicen que la tierra que ocupamos nos pertenece, pero el dueño quiere vender sus tierras a brasileños y a paraguayos, y a nosotros nos quieren sacar de acá porque somos pobres; no tenemos dinero. Lo que manda ahora es la plata, y el pobre ya no puede tener tierra. A los pobres sólo les resta morir. […] Ellos [INDI]

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Instituto Paraguayo del Indigena (INDI) fue fundado en 1975. Es dependiente del Ministerio de Educación y Culto. El INDI está encargado de coordinar el trabajo de los organismos privados y públicos dedicados a los asuntos indígenas, igual que de demarcación y legalización de tierras.

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me aseguraron que el problema de la tierra ya estaba resuelto; nos dieron esperanzas, pero seguimos esperando. Ya pasaron dos meses y no aparecen (Fogel, 1989: 91). La agroindustria practica diversas “técnicas de persuasión” que violentan a la población local con objetivo de expulsarla, en lo que puede contar con la complicidad total del Estado y una completa impunidad. Entre dichas “tácticas” encontramos los ataques directos de los grupos paramilitares financiados por el latifundista o la empresa, quema de casas, destrucción de cultivos, asesinatos e intimidaciones de la población rural. Otro de los procedimientos rutinarios es el uso indiscriminado de glifosato, potente herbicida que destruye cultivos campesinos aledaños al latifundio y provoca la muerte de animales domésticos, por no hablar de intoxicaciones, muertes y malformaciones congénitas en humanos17. A pesar de la existencia de leyes nacionales que prohíben la actividad agroindustrial en cercanía inmediata de los establecimientos humanos, en la práctica éstas no se respetan y no sorprende ver una escuela rodeada por los cultivos de soya, cuyos alumnos sufren a diario el impacto de los agroquímicos. Se ha denunciado también el uso directo del herbicida en personas y sus propiedades a través de las fumigaciones desde las avionetas o el envenenamiento intencional de arroyos, hasta que el asentamiento se hace inhabitable y las personas se ven obligadas a abandonarlo. El siguiente testimonio de Fogel denuncia la violación de derechos humanos y sociales de la población afectada por la agroindustria: En esa colonia [Tekojoja de Vaquería de Caaguazú) vi niños envenenados por agrotóxicos de sojeros brasileños, que violan todo tipo de leyes (agrarias, ambientales, migratorias, administrativas). Mis amigos de la colonia, luego de un desalojo violento, ilegal e injusto, me

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Paraguay es uno de los países más contaminados del continente: se utilizan más de tres litros de herbicida por habitante y cerca de 300 gramos de agrotóxicos como Paraquat, Gramoxone y Metamidofos, prohibidos por ejemplo en la Unión Europea por su impacto extremadamente negativo en la salud y el medio ambiente. (Véase Fogel, 2006)

comentaron que estaban procesados, y que como la Fiscalía ordenó la destrucción de sus cultivos, ya no tenían nada que perder ni qué comer y tampoco tenían tierras (Fogel 2006: 9). Las denuncias de los campesinos y de los indígenas sobre la deforestación, la toma ilegal de las tierras, el uso de agrotóxicos en la población, etc., no sólo no son atendidas por la Fiscalía, sino incluso perseguidas. De la misma manera la lucha campesina por la recuperación y titulación de las tierras mal habidas se encuentra con una constante represión de parte, tanto de los actores privados, como las fuerzas del orden estatales, ayudados por el sistema judicial corrupto que en la mayoría de los casos falla a favor de los terratenientes en contra de la legislación vigente, en omisión burda de las pruebas presentadas por las organizaciones y en violación flagrante de sus derechos. Son comunes también los asesinatos de los líderes campesinos y la criminalización desde el Estado de la lucha por la tierra que se refleja en la reforma del código penal que ha determinado penas carcelarias de hasta cinco años y de carácter insustituible, por los cargos de invasión de inmuebles (Ley núm. 1.160/97). Llama la atención el actuar de los poderes del Estado basando en los prejuicios raciales y culturales en contra de la población rural guaranihablante que se inscribe en una larga historia de maltratos y negación que las élites paraguayas han ejercido contra las mayorías sociales que no se ajustaban a sus ideales de blancura y “civilización”. Son muy pocos los casos cuando la ocupación de tierras resulta exitosa y se logra el reconocimiento legal de sus reivindicaciones, al contrario la mayoría de las veces se les aplica el desalojo violento unido a la posterior represión, encarcelamiento o incluso muerte de los dirigentes. La necesidad urgente de encontrar nuevas tierras tras los desalojos o la destrucción de su hábitat está vinculada con la reivindicación indígena de la donación estatal y la legalización de los títulos de propiedad comunal de los territorios, la que los lleva a migrar temporalmente a la capital, donde efectúan acciones de protesta y presión sobre el gobierno de la República18. La población mestiza urbana en su 18

La lucha indígena por las tierras y territorios, vinculada con la lucha campesina, es importante y dinámica. Por la extensión del artículo no

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mayoría reacciona de manera repulsiva a la llegada de los indígenas a la ciudad, más aún si estos llegan a asentarse en un espacio visible y céntrico como las calles y plazas urbanas, violando leyes de tránsito, mendigando y “afeando” los parques con sus casas de lona y cartón improvisadas. Por eso, los asentamientos indígenas son desalojados por la fuerza, los mismos transportados a la periferia de la ciudad y los parques y plazas cerrados con vallas y candados. Una vez desalojados de la capital vuelven a empezar su peregrinación en búsqueda de justicia y tierra donde asentarse y reproducir la vida comunitaria. Muchas veces este sueño nunca se cumple, la comunidad se dispersa, los miembros eligen la migración individual a las ciudades, donde aumentan las filas de la población urbana extremadamente pobre (frecuentemente en situación de calle), desatendida y marginalizada. Sin tierra ni territorio, sin medios básicos de supervivencia, en un ambiente urbano hostil, una vez perdidas las estructuras comunitarias, los pueblos indígenas desaparecen como tales, al convertirse en individuos prescindibles.

El gobierno de Lugo y la cuestión agraria Como hemos mencionado, la democracia paraguaya después del 1989 se caracteriza por el continuum stronista evidenciado por la permanencia del Partido Colorado en el poder. A las medidas económicas anteriormente descritas, dirigidas abiertamente contra la población rural, se suma el desprestigio generalizado del sistema de partidos y la demanda social de un cambio político importante que rompa con las inercias y estructuras arrastradas desde la dictadura. Este es el contexto del surgimiento del liderazgo del obispo Fernando Lugo, un outsider del sistema político, el “cura de los pobres”, que toma la lucha de los campesinos de San Pedro y se presenta como una nueva fuerza, no contaminada por los vicios del partidismo tradicional, capaz de romper con la hegemonía colorada y representar a los excluidos y olvidados por el sistema. podemos ahondar en el tema, sin embargo nos parece indispensable mencionar su existencia. 128 –

Lugo construyó un discurso laxo que le permitía legitimarse en distintos sectores sociales: repudió el hambre, la pobreza y la corrupción, según la consigna “el hambre no tiene ideología”, al mismo tiempo que se negaba declararse abiertamente de izquierda o identificarse con alguna ideología concreta, manteniéndose “justo en el medio como la ranura de un poncho” (Soler, 2012: 161). Podemos preguntarnos entonces, y más aún si tomamos en cuenta el carácter de sus políticas concretas ya como el presidente del país, si el adjetivo de “progresista” o “de izquierda” que le fue asignado por sus seguidores, pero sobre todo por los analistas extranjeros para encajarlo en la tendencia política regional, correspondía realmente con su propia adscripción y horizonte político, o éstos se inscribían más bien en la larga tradición eclesiástica en Paraguay de “preocuparse por lo pobres” y no tanto en una línea doctrinaria “de izquierda”. Su caminar hacia la presidencia empieza en 2005 cuando renuncia de su puesto eclesiástico para un año después anunciar su candidatura y en 2007 aliarse con el Partido Liberal (PLRA) de Federico Franco, uno de los dos partidos paraguayos tradicionales que desde el siglo XIX se ha alternado en el poder con el Partido Colorado. Dicha alianza le da la estructura y capacidad organizativa necesaria para llevar la campaña y hacer posible su victoria en las elecciones generales de 2008 con 41% de los votos. No hay que olvidar, sin embargo, que sus bases de apoyo fueron las diferentes organizaciones sociales, entre ellas las campesinas e indígenas, los activistas y sectores diversos identificados con una izquierda multifacética y plural, unidos por el cambio y, sobre todo, por una reforma agraria real y efectiva. Así, su candidatura se basó en una alianza de partidos y movimientos sociales: Alianza Patriótica Para el Cambio (APC)19, caracterizada por una severa fragmentación política, donde la presencia del Partido Liberal dominaba sobre “los socios” identificados con los sectores populares. El diseño electoral permitió emitir voto por el presidente y por el

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Entre múltiples organizaciones podemos destacar el Movimiento Agrario Popular (MAP), los movimientos sindicales y estudiantiles, de mujeres se juntaron en Bloque Social y Popular de apoyo en la campaña de Lugo. La mayoría de estas organizaciones con los partidos de izquierda formaron Frente Guasu en 2010.

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poder legislativo de manera separada, de ahí, los votos por Lugo carecían de un respaldo partidario y de la representación en el parlamento. Si a esto le añadimos las limitaciones que sobre el poder ejecutivo impuso la Constitución de 1992, veremos que desde el inicio de su mandato, Lugo parecía más bien un rehén del Partido Liberal que un líder capaz de realizar los cambios prometidos. Esto explica también la facilidad con la que pudo ser destituido de su cargo, puesto que, una vez rota la alianza con su principal socio, el presidente Lugo se quedó sin ningún tipo de apoyo en el Congreso. Tampoco podía contar con una movilización multitudinaria de sus bases sociales que hubiera podido defenderlo desde las calles, puesto que éstas estaban decepcionadas por la inefectividad de su gobierno y, sobre todo, por su abandono de la causa campesina. Veamos entonces con más detalle las medidas concretas efectuadas por el gobierno de Lugo en cuanto a la cuestión agraria. Como sabemos, su gobierno no fue capaz, tanto por su debilidad, como por su poca habilidad de negociación, de cumplir con las esperanzas del movimiento campesino de realizar una reforma agraria. De ahí, podemos observar que el reparto de tierras durante el mandato de Lugo fue bastante limitado, debido a que éstas tenían que ser compradas por el Estado en el mercado de tierras y con un presupuesto insuficiente, puesto que la expropiación de los grandes propietarios fue prácticamente imposibilitada por el Estatuto Agrario vigente, como también por la interpretación legal de sus fórmulas en la práctica jurídica. De hecho, tanto el poder legislativo como el poder judicial, ambos subordinados a los intereses de grandes propietarios y de la agroindustria, se dedicaron a obstruir los intentos de recuperación de las tierras estatales mal habidas y el reparto del latifundio improductivo entre los campesinos necesitados. De esta manera, de 100 demandas judiciales del Estado contra los propietarios sin títulos legales presentadas por la Procuraduría entre 2008 y 2012, sólo una fue resuelta y además en contra del Estado (Soler, 2012). Podemos destacar, sin embargo, algunas iniciativas que, a pesar de su impacto muy limitado, en el contexto sociopolítico paraguayo de un abandono y pobreza extrema de la población rural, constituyeron una diferencia importante con las políticas neoliberales de sus 130 –

antecesores. Así, se puede destacar la creación de la Coordinadora Ejecutiva Para la Reforma Agraria (CEPRA) como la contribución más importante del gobierno de Lugo que permitió acompañar el reparto usual de tierras con proyectos enfocados en la construcción y mejoras en el infraestructura, educación y salud de los asentamientos campesinos. De esta manera, se pueden enumerar programas de asistencia técnica y capacitación productiva dirigidos a las comunidades campesinas e indígenas, la entrega de útiles y meriendas escolares, la promoción de la salud pública en los asentamientos campesinos, la apertura de algunos caminos rurales, el acceso al agua potable y la energía eléctrica, como también las mejoras en las viviendas de los más necesitados y pagos monetarios condicionados. Estas políticas asistencialistas diseñadas y llevadas no pocas veces desde una lógica paternalista, se inscribían en los programas de “reducción de la pobreza” recomendados para la región por el Banco Mundial, y de ninguna manera lograron reducir los índices de la desigualdad que se mantuvieron estables. Incluso estas medidas leves, que en otras latitudes del continente podrían perfectamente formar parte de las políticas neoliberales (por ejemplo en México), en Paraguay se toparon con ataques de parte de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) que reúnen a los terratenientes y empresarios agroindustriales y sus aliados en el parlamento, incluido el Partido Liberal, que acusaban a la CEPRA de ser inútil y dedicarse al despilfarro de recursos públicos. De manera parecida, los esfuerzos lugistas por crear el Ministerio de Agricultura Familiar Campesina que promoviera una economía familiar de subsistencia, basada en formas productivas tradicionales dirigidas hacia la satisfacción de necesidades alimenticias y de vida digna de las poblaciones rurales, fueron frenados por una dura campaña de los empresarios agroindustriales que indicaban que la agricultura familiar era ineficiente, improductiva y en general premoderna, a diferencia de la agroindustria supuestamente capaz de garantizar el crecimiento y desarrollo nacionales. En cuanto al tema de tierras y territorios de los pueblos indígenas, los avances son todavía más difíciles de indicar. El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), entidad estatal creada en teoría para atender autonomía

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los asuntos indígenas, defender sus derechos y responder a su demanda de territorios, como mencionamos, nunca ha sido un ejemplo de eficiencia y compromiso en estas cuestiones. Sin embargo, en el gobierno de Lugo destaca una grave inestabilidad del Instituto, donde los cambios constantes del directorio provocan una inoperatividad de la institución e incluso la pérdida de valiosos documentos en el año 2008. Las tierras que se adquirieron con el reducido presupuesto del INDI en el mercado de tierras y que se entregaron a los pueblos demandantes, fueron escasas y no siempre correspondían con los territorios indígenas originales. Aquellas pocas hectáreas tituladas a favor de las comunidades indígenas, sólo lo fueron gracias a la movilización de los mismos interesados, la persistencia de sus protestas, ocupación de plazas y calles en la ciudad de Asunción, e incluso por obligación a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en reconocimiento de la demanda indígena ordenó la restitución de tierras en algunos casos específicos. Por otra parte, las políticas del gobierno de Lugo hacia los pueblos indígenas se limitaron a un tímido asistencialismo a través del Programa Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas (PRONAPI). Aunque, eso sí, hubo una importante apertura desde los espacios gubernamentales hacia los especialistas y organizaciones proindígenas que permitía cierto, por más pequeño que sea, margen de maniobra para el reconocimiento y defensa de sus derechos colectivos.

Reflexiones finales Como vimos, la cuestión agraria en Paraguay es un tema crucial para entender el actual conflicto social, económico y político en el país, conflicto que tiene sus causas en la estructura misma del Estado paraguayo y las relaciones de dominación que se han establecido históricamente entre sus élites y la población indígena y campesina. La extrema concentración de la tierra que imposibilita la reproducción social de las comunidades rurales responde a las prácticas de despojo y explotación posibilitadas por el autoritarismo de los gobernantes y legitimadas por la ideología positivista que estigma132 –

tiza el mundo rural colectivista y guaranihablante como la barbarie condenada a la necesaria desaparición ante el paso progresivo de la civilización moderna: blanca y capitalista. Lógicas que se han negado a desaparecer hasta nuestros días y que condenan a los campesinos e indígenas paraguayos a malvivir rodeados del mar de soya o migrar a las ciudades que los desechan en sus afueras, como seres prescindibles, daños colaterales de la misión civilizatoria de la globalización actual. El caso de Paraguay actual es también un ejemplo por excelencia de una economía basada casi exclusivamente en la agroindustria, por lo cual evidencia claramente sus implicaciones socioambientales nefastas. Dicho modelo imposibilita el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución y no sólo hace imposible la satisfacción de los reclamos de tierra y territorio, sino que peligra hasta el derecho a la vida misma. No importan mucho los credos políticos y los discursos grandilocuentes en defensa de los indios, si al final se sigue el proyecto de “desarrollo” y “eficiencia” aparentes que conlleva la muerte, el etnocidio, la pauperización de las poblaciones rurales. Consideramos que la aplicación de las actuales políticas económicas, letales tanto para la población indígena como para el total de la población campesina, está estrechamente vinculada con la política cultural de los sucesivos gobiernos que obedece a una visión racista, conservadora y excluyente de la nación. El gobierno de Fernando Lugo en un inicio encarnó una esperanza de cambio multidimensional, pero, sobre todo, dirigido hacia la cuestión agraria. La debilidad política del mandatario que fue amenazado en reiteradas ocasiones por el juicio parlamentario, el mismo que efectivamente se llevó a cabo tras la traición de uno de sus aliados más importantes, imposibilitó algún impacto considerable de sus políticas sobre las estructuras de dominación. Como admite Magdalena López: Lugo no cumplió con gran cantidad de sus compromisos electorales, no alteró el sistema de producción agroexportadora ni el de acumulación capitalista, no persiguió a los apoderados de las tierras mal habidas, ni atacó las bases de la estructura de propiedad agraria. […] Además autonomía

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su presidencia se caracterizó por un liderazgo “tibio”, una presidencia “bloqueada” por una mayoría opositora en el Congreso y por un grupo de actores económicos que siguieron enriqueciéndose con la bajísima carga impositiva y la altísima tasa de ganancia que caracterizó la economía paraguaya en los últimos años (López, 2013: 247). Podemos preguntarnos si este resultado decepcionante de su gobierno fue tan sólo la consecuencia de su debilidad política y la brevedad de su mandato, respuesta que nos ofrecerá sin duda el mismo Lugo y sus seguidores. Nosotros, sin embargo, consideramos que en ningún momento fue el programa de Lugo cambiar de manera radical el régimen agrario y su ambición, como mucho, se dirigía hacia las políticas de recompensa y paliación de las consecuencias del modelo económico paraguayo, el mismo que seguiría siendo para su gobierno el único capaz de garantizar el “crecimiento” y el “desarrollo” del país. No hace falta mirar lejos para ver esta tendencia muy presente en los demás gobiernos “progresistas” de la región, como el boliviano de Morales, el argentino de los Kirchner, el brasileño de Lula y Rousseff y el uruguayo de Mujica. Todos ellos, a pesar del tiempo considerable en el poder, capacidad de acción real posibilitada por mayorías parlamentarias e incluso el apoyo de los sectores populares movilizados, no sólo mantuvieron el régimen económico existente basado en la agroindustria y el extractivismo, sino que todavía lo profundizaron, conservando intactos los poderes fácticos en sus países y debilitando la capacidad de protesta de los “abajos”. De esta manera, la pregunta por Paraguay y sus campesinos e indígenas es una pregunta común por la posibilidad de un cambio real desde el Estado y las “izquierdas progresistas”.

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¿Hijo predilecto o hijo rebelde? El sindicalismo nicaragüense en la encrucijada entre lealtad partidaria y aspiración a la autonomía Hélène Roux

Resumen: El sindicalismo nicaragüense ha pasado por penas y glorias que han marcado sus sinuosas relaciones con los distintos sistemas de Estado. Vigilado como la leche en el fuego por la dictadura somocista, fue promovido como un apéndice necesario del proceso revolucionario abierto por la Revolución sandinista. La restauración neoliberal iniciada en 1990 lo colocó en primera línea para defender los logros sociales y mantener cierto control de sus medios de producción. Esta evolución da claves para entender la línea de partición que, desde el regreso del Frente sandinista al poder en 2007, atraviesa al movimiento sindical. Mientras crecen tensiones con un sector, decidido a condicionar su respaldo al respeto del papel histórico de los sindicatos de velar por los derechos de los trabajadores, el gobierno espera seducir organizaciones de trabajadores por cuenta propia y subempleados, con políticas que promueven el “derecho al trabajo” por encima del “derecho del trabajo”. Dos posdatas fueron redactadas a posteriori. La primera empezó a medir casi en tiempo real los impactos en los actores del movimiento social y sindical nicaragüense, de la crisis que se desató a partir de abril 2018. La segunda, que profundiza en la forma en que evolucionó la situación y lo que reveló de la naturaleza del régimen permite esbozar un análisis de las razones por las cuales el debate sobre lo acaecido se convirtió en parteaguas para las izquierdas y aquella/os que se reclaman del progresismo. autonomía

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Abstract: The trade unionism in Nicaragua has passed for sorrow and glories that have marked his sinuous relations with the different systems of State. Watched as the milk in the fire by the somocista dictatorship, he was promoted as a necessary appendix of the revolutionary process activated by the Sandinista Revolution. The neoliberal restoration initiated in 1990 placed the unions in the first line to defend the social achievements and maintain certain control over its means of production. This evolution gives key to understand the line of partition that, from the return of the Front Sandinista to the power in 2007, has been going through the union movement. While tensions increase with a sector, determined to condition its support to the respect for the historic role of the labor unions, which is guarantee the right of the workers, the government hopes to seduce self-employed and underemployed organizations, with policies that promote the “right to the work” over the “labor law”. Two postscripts were written ex post. The first began to measure almost in real time the impacts on the actors of the Nicaraguan social and trade union movement of the crisis that began in April 2018. The second, which delves into how the situation evolved and what it revealed about the nature of the regime, allows for an analysis of the reasons why the debate about what happened became a watershed for the left and those who claim to be progressive. Palabras claves: Sindicalismo, derechos, empresas maquiladoras, sandinismo, Nicaragua. La relación del movimiento sindical nicaragüense con un gobierno de corte progresista pasa por dos etapas entrecortadas por 16 años de confrontación con gobiernos neoliberales. El primer momento – que fue precedido por 40 años de dictadura – inicia unos días después del triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979, con el acta de nacimiento de la Central Sandinista de Trabajadores (26 de julio) y finaliza con la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 21 de febrero de 1990. El segundo momento se desarrolla a partir del 2006 cuando la alianza electoral encabezada por el FSLN retoma las riendas del poder, que hasta la fecha no ha soltado. Si el término partido-Estado aplicó en Nicaragua durante la dé138 –

cada revolucionaria, no cabe propiamente tras la vuelta al poder de Daniel Ortega en 2007, porque si bien es cierto que las figuras predominantes del gobierno pertenecen al Frente sandinista, hay que precisar desde ya que la reconquista del poder se logró gracias al respaldo – y hasta la cooptación – de sectores sociales antes adversos (parte de los ex-contras) y, sobre todo, gracias a un “acuerdo de gobernabilidad” mejor conocido como “el Pacto” (sobre el cual volveremos más adelante) sellado en 1998 entre las cupulas del FSLN y la principal agrupación política rival, el Partido Liberal Constitucionalista fundado por el expresidente Arnoldo Alemán (1996-2001). No obstante, una vez afincada en el poder, la cúpula del partido de gobierno volvió a estrechar con mano firme las riendas para conducir su base. Pero esta vez no se exige tanto de la militancia que responda a las órdenes del partido, sino que se plegue ciegamente a un poder encarnado por la figura del presidente. En palabras de un analista chileno buen conocedor de la realidad nicaragüense: “Ortega representaba una peligrosa conversión del FSLN en una suerte de PRI1 mexicano pero más personalizado y patrimonial. Ello se acompañaba de altos niveles de corrupción, de descomposición institucional que el propio FSLN había contribuido a crear, implicaba una política continuista del modelo neoliberal combinado con asistencialismo clientelista y creciente represión de todos los ámbitos sociales y políticos que no pudiera controlar. El fraude electoral se hizo moneda corriente al igual que el apaleo, intimidación y operaciones limpieza de críticos. Ortega declaró que el partido era suyo y los círculos de seguidores, gran parte del sandinismo histórico se fue, se ordenaron según su cercanía con el poder, el padrinazgo de los operadores y las prebendas. El FSLN era un cascaron vacío desde el punto de vista de un proyecto social, que no fuera el de una casta que había convertido el poder en su propio proyecto de manera excluyente. Era la teoría del partido único mutada en casta única.” [Saldomando, 2018]

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Partido Revolucionario Institucional que gobernó México durante casi 70 años y cuyo sistema de gobierno se cita como un modelo político basado en el control de la población a través de medidas clientelistas (nota de la autora).

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La evolución del sindicalismo nicaragüense presenta pocas similitudes con las dinámicas existentes en otros países latinoamericanos dirigidos por gobiernos progresistas porque las confrontaciones recientes no se producen en el contexto del advenimiento de nuevos gobernantes que favorecieron una mayor participación de los actores sociales, sino que se declinan en referencia a un status quo ante revolucionario. En este sentido, la situación en Nicaragua se apega a la caracterización propuesta por Kevin J. Middlebrook [1997] – que distingue en los movimientos sociales posturas distintas según se confronten a gobiernos autoritarios o postrevolucionarios. Sin embargo, en el presente caso, esa definición aplica solo hasta cierto punto: el hecho de que no pocos sindicalistas actuales hayan experimentado sucesivamente (y en un periodo relativamente corto) un régimen dictatorial, una situación postrevolucionaria y finalmente un contexto neoliberal, le imprime al movimiento sindical nicaragüense un carácter sui generis. Por esta razón hemos privilegiado los testimonios de actores directos (cuadros sindicales a nivel nacional y local2), los análisis de asesores jurídicos, de acompañantes exteriores y de universitarios estudiosos del tema. Por otra parte, trabajos realizados sobre las luchas de las organizaciones sindicales (en particular las del campo) en contra de las privatizaciones, muestran que fueron precursoras de lo que el sociólogo nicaragüense Orlando Nuñez conceptualizó bajo el nombre de “economía popular social”. Este dispositivo (teórico y material3), ideado inicialmente para resistir en la coyuntura adversa tras el giro neoliberal de 1990, ha sido incorporado en parte al proyecto político y económico del gobierno actual. Esa evolución difícilmente se entiende si no se reseña el papel que fueron llamados a jugar los sindicatos durante la década revolucionaria. También es necesario mencionar las orientaciones políticas que se asignaron – juntos con el FSLN y desde la oposición – para enfrentar las políticas neoliberales introducidas a partir de 1990. Las estrategias adoptadas en aquel momento, principalmente en aras 2

Los nombres de algunos entrevistados, que solicitaron el anonimato, han sido omitidos.

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La conformación de un sector económico llamado “Área Propiedad de los Trabajadores (APT)” que detallaremos más adelante.

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de reivindicar el acceso a la propiedad de las empresas estatales para mantener el control de los trabajadores sobre ellas, resultaron determinantes y marcan hasta la fecha las alianzas o las confrontaciones solapadas entre el complejo tejido de las organizaciones sindicales y el partido gobernante. Tras evocar como se tejieron las relaciones históricas del movimiento sindical con el poder, presentaremos la situación actual de los sindicatos de dos rubros, que nos parece reflejar las tensiones, discusiones y acomodos que se dan en la actualidad de cara a las orientaciones políticas del gobierno. La rama textil, primero porque la crisis que enfrentó, a partir de los años noventa, obligó gran parte de los trabajadores a una reconversión acelerada hacia las industrias maquiladoras que se implantaron masivamente en la región en aquel tiempo; segundo porque dichas empresas constituyen en la actualidad, una importante fuente de empleos para una población joven, en especial alrededor de la capital ; tercero porque, en años anteriores, se registraron en este sector fuertes tensiones en torno a las condiciones de trabajo. Al desbordar los marcos establecidos por las instituciones del Estado, estas protestas fueron severamente reprimidas y algunos de sus protagonistas judicializados. El otro caso es el de la Empresa Nacional de Agua y Alcantarillados (ENACAL), en donde los dirigentes del sindicato adscrito a la Central Sandinista de Trabajadores (CST-Nacional) se ven confrontados al dilema de escoger entre su lealtad como militantes del partido gobernante (FSLN) y la defensa de los intereses de los trabajadores que, según ellos, están siendo atropellados por decisiones tomadas por funcionarios y cuadros directivos de la empresa estatal. Finalmente, presentaremos algunas consideraciones acerca de la Confederación de Trabajadores por cuenta propia (CTCP) que, con 60.000 afiliados reivindicados desde su creación en 2002, es presentada por sus ideólogos y algunos analistas afines al gobierno como una forma novedosa de “empoderamiento” por parte de sectores de la población históricamente marginados pese a que su aporte económico se considere determinante para el crecimiento de la nación. Aunque, ciertamente, las razones que motivan tal planteamiento (y que explican el auge de esta forma de organización) merecerían mayor desarrollo, aquí solamente autonomía

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pretendemos resaltar lo que la apuesta a este sector específico dice en términos de definición de un sujeto social y económico llamado a respaldar las actuales orientaciones del gobierno.

Una historia sindical marcada por alianzas y conflictos con los gobiernos de turno En sus inicios y hasta los años cuarenta, el movimiento sindical nicaragüense cuenta con pocos sindicatos, ubicados principalmente en el sector de la construcción y de la artesanía (zapateros), debido a la carencia de un sector industrial relevante en el país. Es de tradición obrerista y anti oligárquica, es decir que se define en oposición al Partido Conservador que encarna este sector de la sociedad. En consecuencia, tiene ciertas afinidades con el Partido Liberal que, por ser más heterogéneo, tiene la capacidad de aglutinar a distintos sectores, en particular nacionalistas y anti intervencionistas – remanentes de la lucha sandinista [Gould, 1997, p.47]. Resulta clave plantar de antemano cómo se ubica el movimiento sindical en un panorama político muy peculiar, en donde Conservadores y Liberales persiguen la misma finalidad de controlar el poder, pero emprenden la conquista desde puntos de partida muy distintos: los Conservadores fundamentan su exigencia de dirigir los destinos de la nación en un poder económico que desde siempre (y casi por derecho divino) ostentan; los Liberales, a lo inverso, utilizan el ascenso al gobierno como palanca para hacerse del poder económico. Desde ahí, atacan los intereses monopólicos de los Conservadores y no vacilan en aliarse, cooptar y hacer concesiones a fuerzas sociales progresistas. Esa rivalidad característica del quehacer político en Nicaragua se percibe hoy todavía y explica, en cierta medida, cómo las fuerzas sociales (y los sindicatos en particular) determinan sus estrategias de alianza o confrontación con los detentores del poder político y económico. Fundador de una dinastía que ejerciera un poder dictatorial durante 40 años, Anastasio Somoza García, mejor que ningún otro, supo aprovechar la inclinación anti-oligárquica del incipiente movimiento obrero nicaragüense para debilitar política y económica142 –

mente a sus adversarios conservadores. Sus intereses se vieron amenazados por el rápido crecimiento de la masa asalariada –incentivado por el mismo Somoza – en distintos sectores de la industria (textil, azucarera, transporte, construcción): “La adquisición de dos importantes plantaciones de cañas y la coerción económica en contra de la principal plantación oligárquica (El Ingenio San Antonio, ISA), amenazaban con desmoronar otro pilar conservador: el monopolio azucarero. El descontento aumentó cuando Somoza comenzó a hacer concesiones al movimiento laboral. No fue solamente por tradición que se opusieron los oligarcas al movimiento sindical, sino que temieron que la Reforma Agraria y las huelgas laborales fueran usadas por Somoza en contra de sus ya debilitados intereses económicos.” [Gould, 1997, p.53] Con la adopción de un Código del trabajo (en 1946) que estableció el salario mínimo, la jornada de ocho horas, vacaciones y derecho sindical, Somoza logró cooptar a una parte de reconocidos dirigentes del Partido de los Trabajadores Nicaragüenses (PTN) de la época – influenciados por el modelo peronista –, mientras seguía ensañándose en contra de otros, pertenecientes al Partido Socialista4 o a corrientes del somocismo tildadas de “ultraizquierdistas” [Gould, 1997, p.50]. El título “Amigos peligrosos, enemigos mortales: Somoza y el movimiento obrero nicaragüense, 1944-46” escogido por Jeffrey L. Gould para uno de sus ensayos describe perfectamente la dualidad del dictador que logró al mismo tiempo consolidar su fortuna personal y ser reconocido como ‘jefe obrero’, incluso por los dirigentes socialistas, a quienes había dado persecución política. Sin embargo, nota Gould, si el Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores Nicaragüenses (COCTN) se consolidó a la sombra del somozismo, no dejó de preservar un cierto grado de autonomía y de condicionar su apoyo al régimen. Así, apenas nacido, el movimiento sindical nicaragüense, se ve partido entre

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Estudiosos del Movimiento obrero nicaragüense sostienen que, por sus vínculos de origen con el Partido Comunista estadounidense, el PS sostenía una posición “browderista”, es decir de colaboración de clase con el Estado capitalista [Gould, 1997, p.42].

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somocistas y socialistas, pero paradójicamente, sea por su origen obrerista (COCTN) o por lealtad a los principios marxistas (PS), ambas formaciones optan por pactar con el poder somocista antes que aliarse con la derecha conservadora. En cambio, en el seno del movimiento estudiantil, aquellos que se reclamaban de la tradición sandinista abogaban por una alianza táctica con las fuerzas oligárquicas para derrocar a la dictadura5 al mismo tiempo que simpatizaban con las ideas marxistas de los militantes del PSN. [Gould, 1997, p. 53] En 1979, con el triunfo de la Revolución sandinista se abre una nueva etapa para el movimiento sindical que se convierte en correa de transmisión del poder revolucionario. Un sindicalista describe como “hegemonía sindical” ese proceso en donde los trabajadores fueron incitados a afiliarse masivamente a la recién creada Central Sandinista de Trabajadores. Estima que, en ese entonces, cerca del 80% de la fuerza laboral era sindicalizada y que las tareas principales eran: el esfuerzo productivo; la defensa de la Revolución y de las conquistas laborales. Recuerda que, en las empresas, se debatía de la economía del país y de la política en general, sin olvidar las políticas sociales. Las asambleas de cuadros eran espacios para discutir de la problemática laboral de los trabajadores e incluso para denunciar la burocracia sindical. Las relaciones con el gobierno fluían mediante la atención directa de Víctor Tirado, miembro de la Dirección Nacional del FSLN6. La resolución de conflictos se intentaba primero en la empresa y, a falta de resultados, en el Ministerio del Trabajo (MITRAB) que generalmente se mostraba conciliador y raramente avalaba despidos. Para los casos más complicados, intervenía el Comité de base sandinista presidido por el ‘Político’ del FSLN en la empresa, es decir, el problema salía del ámbito sindical para ir al político. De forma muy minoritaria, aparecieron sindicatos que, reclamándose del maoísmo, centraban sus reivindicaciones en la autogestión

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Tres tendencias conformaron el FSLN: “Guerra popular prolongada”, “Proletaria” y “Tercerista”, siendo esta última, la que abogaba por una alianza amplia. Es de notar que sus representantes en la Dirección nacional (ver nota siguiente) eran los hermanos Ortega y Víctor Tirado López.

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Órgano principal del Partido-Estado, la DN del FSLN era conformada por nueve comandantes (todos hombres) de la Revolución.

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obrera, la reforma del Código del trabajo y los aumentos salariales. En varios casos, fueron expulsados de las empresas en donde tenían presencia (la cervecería Toña y la empresa de sacos Macen). También subsistieron las centrales sindicales existentes en tiempos de la dictadura somocista: la CGT independiente7 (vinculada al Partido socialista) conservó fuerzas en el sector de la construcción, la Confederación Unificación Sindical (CUS) tenía presencia en el Ingenio San Antonio y la Confederación Acción y Unificación Sindical (CAUS), de tendencia comunista, en algunas empresas y en el campo a través del Sindicato de Trabajadores del Campo Nicaragüenses (SITRACAN). Este último se mantuvo en ciertas regiones rurales a pesar de la presencia preponderante de la Asociación de Trabajadores del Campo – ATC (sandinista). Finalmente cabe mencionar la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CTN) vinculada al Partido Social Cristiano. Durante este periodo, hubo intentos de unificar el movimiento sindical en una Central única, pero excepto algunos dirigentes de la CGT-I y de la CAUS, la mayoría de los sindicatos antiguamente constituidos rechazaron la idea de juntarse bajo la bandera de la CST, quién por sus lazos estrechos con el gobierno tendría forzosamente un papel dominante. Paradójicamente, parte de aquellos sindicatos rompidos a tejer alianzas con el poder somocista, optaron esta vez por la “independencia”. Algunos cuadros de la CTN y de la CUS, incluso, se unieron a las fuerzas contrarrevolucionarias, sumándose al elenco de personalidades políticas principalmente identificadas con la derecha conservadora y ferozmente anticomunista. Sin embargo, cabe señalar una diferencia importante respecto al periodo anterior: el respaldo relativo a Somoza se fundó sobre una posición de clase nutrida, como lo hemos indicado, por referencias a la tradición política liberal o marxista. Además, se focalizó principalmente en temas laborales, buscando evitar posicionamientos políticos. De cara al gobierno sandinista, ocurrió precisamente lo contrario: algunas centrales sindicales hubieran podido coincidir con la orientación marxista adoptada por el régimen, pero la adhesión requerida a la CST suponía deponer toda veleidad de autonomía, incluso en los reclamos salariales, supedi-

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La CGT-I se separó de la CGT (somocista).

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tados durante este periodo al esfuerzo productivo para contrarrestar los efectos del conflicto armado interno y del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a inicios de los años 1980. La derrota electoral del FSLN en las elecciones de 1990 dejó a los sindicatos sandinistas en una desprotección casi total. Durante los dos meses que antecedieron la entrega del poder al nuevo gobierno, la mayoría de los sindicatos sandinistas apuraron su legalización y la elaboración de convenios colectivos (trámites que no habían sido considerados necesarios durante el periodo anterior, como tampoco la tarea de reformar el Código del trabajo somocista, que aún sigue vigente). No estaban preparados, afirma Mario Malespín, antiguo secretario general de la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones “Enrique Schmidt8”, para pasar de una organización impuesta desde arriba y focalizada en la defensa de la revolución a un sindicalismo tradicional centrado en la defensa de los derechos laborales. Pero lo determinante se jugó a nivel político. Coincidiendo con la consigna de “gobernar desde abajo” dada por Daniel Ortega poco después de reconocer la victoria de la coalición opositora (UNO), los sindicatos sandinistas elaboraron su estrategia de acuerdo a lo más urgente: resistir a la privatización de las empresas estatales (y a la devolución a sus antiguos dueños9) así como garantizar la estabilidad laboral frente a un gobierno que había anunciado despidos masivos (en particular en el sector público). Una de las soluciones consistió en imponer su presencia en las negociaciones llamadas “de la concertación10” (1990 – 1991) y desde ahí reivindicar la propiedad de cier8

Hoy asesor jurídico del sindicato.

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El decreto 3-38, uno de los primeros dictados por la Junta de Reconstrucción Nacional en 1979, confiscaba a la familia Somoza y sus allegados todos sus bienes que pasaron a ser propiedad del Estado. No aplica para otras propiedades confiscadas después, bajo varios pretextos (inteligencia con el enemigo, sabotaje a la producción…etc.).

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Después de los “acuerdos de reconciliación” que otorgaban tierras a los combatientes desmovilizados de la Resistencia (Contras), del Ejército popular sandinista y de la policía, iniciaron las negociaciones “de la concertación” en las cuales bajo la tutela del gobierno, el sector privado (entre otros expropietarios confiscados, algunos en virtud del decreto 3-38, ante citado), excombatientes y sindicatos se repartieron las propiedades y empresas otrora estatales (o entregadas a cooperativas de producción).

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tas empresas para los trabajadores. Esa fórmula de “arrendamiento con opción a compra” transformaba virtualmente los antiguos trabajadores, en accionistas y futuros propietarios de las empresas estatales prometidas a la reprivatización. Lejos de ser un gentlemen agreement, estas negociaciones se desarrollaron en un clima de fuertes tensiones sociales en donde, incluso, volvieron a hablar las armas recién calladas. Así sucedió con la refriega que, durante dos días, se dio a escasos 10 km de la capital en la fábrica de medicamentos SOLKA, cuando un comando paramilitar intentó desalojar a los trabajadores que se negaban a devolver, una empresa que los antiguos dueños habían dejado en bancarrota y que ellos habían contribuido a recapitalizar11. Ese escenario de batalla campal, que se repitió en otras empresas (sea por conservar la propiedad o por impedir el cierre como en el caso de algunas empresas textil), fue seguido por intensas batallas jurídicas en las cuales, desde la Asamblea nacional, se emitieron resoluciones para cerrarle el paso a las reivindicaciones de los trabajadores12. Al cabo de un complicado proceso, quedó conformada la llamada Área Propiedad de los Trabajadores (APT), en sustitución del Área Propiedad del Pueblo (APP) que durante la Revolución designaba las empresas estatales. El acuerdo global determinaba que el “pastel” se dividiera entre los desmovilizados de la Contra y el Ejército (25% cada uno), los antiguos dueños e inversionistas privados (25%) y los antiguos trabajadores (25%). La ATC y algunos sectores de la CST – que fueron los principales involucrados – negociaron rubro por rubro de producción y dentro de este marco, empresa por empresa. A falta de poder partir las empresas en pedazos, en la producción cafetalera la ATC se vio adjudicar conjuntos de fincas agropecuarias a cambio de devolver otras, mientras que los sindicatos bananeros (adscritos a la ATC13) negociaron 25% no de las propiedades sino de las

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La familia Solórzano, que había sido allegada al régimen somocista, reclamó en 1990, la devolución e indemnización a pesar de que fue el Estado sandinista quién pagó la deuda que había dejado al huir del país.

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Fue el caso por ejemplo de las empresas CARTONICA y La Fosforera (esas última había sido propiedad de Somoza).

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Otros sindicatos bananeros están organizados en la CST.

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utilidades14. Sin embargo, poco tiempo después, al perder Nicaragua su cuota de exportación de bananos, los trabajadores quedaron accionistas de cero utilidades. En el sector industrial, ocurrió más o menos lo mismo y, en definitiva, el proyecto que iba a demostrar cómo, utilizando mecanismos de mercado, se podían perpetuar los logros de la Revolución, quedó a nivel anecdótico. El fracaso en que terminó no se explica solo por las trabas puestas por un gobierno a todas luces adverso a los trabajadores, sino también por las contradicciones intrínsecas del proyecto mismo. En primer lugar, resultó imposible mantener los enormes complejos productivos antes subsidiados por el Estado sin el apoyo de éste (e incluso con él en contra); en segundo lugar, el doble sombrero asignado a los sindicalistas, de “agitadores” a “agiotadores” [Roux, Faure, 1994], desembocó en que unos cuantos se adjudicaron el segundo mientras que los demás se quedaron con la cabeza descubierta. La contradicción mayor, sin embargo, aun sin que algunos se adueñaran de las acciones – como en algunos casos ocurrió –, residió en querer conciliar en condiciones de mercado, la rentabilidad (requisito indispensable para que el proyecto tuviera valor de ejemplo) y la defensa de derechos sociales (incrementos de salarios, gastos para viviendas…etc.). Esta situación en donde prevaleció la obediencia a las consignas del Partido por encima de la defensa de los derechos laborales precipitó una escisión, tanto en el seno de la CST15 como con los sindicatos de otros sectores que no se habían querido involucrar en el APT: los del sector público, por razones obvias y también algunos sectores de la industria (como la rama textil que, por ser declarada obsoleta, fue la primera en ser sacrificada por el gobierno neoliberal). Para todos ellos, la principal batalla se tenía

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Durante la Revolución, las plantaciones bananeras nunca fueron confiscadas a sus dueños, sino que la producción fue nacionalizada.

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La CST-Nacional (y luego la ATC) salieron del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) – conformado a inicios de los años noventa – del cual eran inicialmente integrantes. Cuando eso ocurrió, la federación de Managua de la CST (conocida en adelante como CST-José Benito Escobar por mantener su sede en el edificio histórico de la CST, la antigua “casa del obrero” fundada por Somoza) se separó de la CST-Nacional para afiliarse al FNT que aglutina la mayor parte de los sindicatos del sector público: salud (FETSALUD), educación (ANDEN), empleados públicos (UNE).

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que librar en la defensa del empleo y en contra de las privatizaciones de los servicios públicos. Pero las intensas movilizaciones, en particular de los trabajadores de las Telecomunicaciones (TELCOR) y de la Energía (ENEL), no lograron evitar la entrega de sus empresas a operadores privados y extranjeros. En esa contienda el FSLN jugó un papel mínimo y, en ese entonces, más que a “gobernar desde abajo”, le apostó a un pacto que le permitiera repartirse con su principal adversario político16 cuotas de poder en todas las instituciones del Estado. Estas diferencias de enfoque, o mejor dicho de estatus, no corresponden exactamente con la distribución de los sindicatos en dos polos que a partir de finales de los años noventa se desarrollaron separadamente: el FNT y la CST-Nacional. Lo que sí se puede afirmar es que la cuestión de la propiedad vs. el enfoque en la defensa de los derechos laborales constituye una línea de demarcación que, alimentada además por querellas de personas, se ha ido profundizando hasta desembocar, en la actualidad, en posiciones bastante encontradas de cara a sus relaciones con el gobierno.

Fallas de origen y sus consecuencias El regreso del FSLN al poder, en 2007, marca una nueva etapa para un movimiento sindical que, tras sobrevivir 16 años en un contexto adverso, había adquirido un cierto grado de autonomía. “Se voltea la tortilla”, afirma Mario Malespín, es decir que se restablecen las relaciones de confianza con el gobierno y en particular con el Ministerio del trabajo que se muestra más anuente a escuchar las demandas de los trabajadores y a otorgar nuevamente a sindicatos sandinistas, las certificaciones17 que anteriormente se reservaban a los sindicatos de 16 El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo líder Arnoldo Alemán Lacayo gobernó el país de 1996 a 2001. Después de su mandato, su sucesor (y exvicepresidente) Enrique Bolaños autorizó la apertura de un juicio en su contra, cuyos efectos, sin embargo, fueron reducidos por los efectos del pacto con la cúpula del FSLN (en particular mediante sus contactos en el aparato judicial). 17

Las certificaciones, que validan la existencia legal a los sindicatos, son indispensables para negociar convenios colectivos.

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la derecha. Por otra parte, la renovada alianza se sella con la entrega de cargos públicos a algunos sindicalistas. La accesión a curules en la Asamblea nacional de Alba Palacios18 (ATC) y sobre todo del coordinador general del FNT, Gustavo Porras19 le garantiza al gobierno el respaldo de sectores estratégicos: los trabajadores del campo y los del Estado. Sin embargo, en el ámbito de las empresas industriales y algunas de servicios (las telecomunicaciones, por ejemplo), el tema de los derechos laborales resurge con fuerza desde el momento en que el gobierno opta por atraer la inversión privada tanto nacional como extranjera, lo cual significa promover y garantizar salarios bajos, así como un clima de paz social. Para Adrián Meza, profesor de derecho laboral y director de la Universidad Paulo Freire20, la comprensión de “los varios factores que influyen en la naturaleza de las relaciones de los sindicatos con el FSLN” debe partir del análisis “de las características propias del FSLN como organismo político, del contexto y por ende de la política económica que el Frente conduce como gobierno.” En primer lugar, desmiente el mito entretenido de que “el FSLN sea el Partido de los trabajadores […] desde la lógica que conocimos en otras revoluciones”, sino que “siempre ha sido un conglomerado político que tiene un referente vinculado a una perspectiva de liberación nacional, autodeterminación y soberanía”. Aunque, por su sensibilidad social se configura de cara a los sectores de población históricamente marginados, “es un espacio político en el que confluyen sectores empresariales, sectores sindicales, de pobladores e incluso una clase media que asumió un papel muy importante en la conducción de la lucha contra la dictadura somocista”. Partiendo de esta perspectiva Adrián Meza, resalta que “el sector empresarial está mucho mejor estructurado y posicionado en el FSLN que la clase trabajadora o los sectores sindicales” y establece un vínculo con “el modelo económico capitalista que, ac-

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Ella ocupó la vicepresidencia de la Asamblea nacional.

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Con el tiempo, este último se convirtió en el principal asesor de la Primera Dama, Rosario Murillo, que desde la coordinación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de la Comunicación controla todo lo que atañe a las políticas sociales en el país.

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En la cual se formaron muchos dirigentes sindicales nicaragüenses.

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tualmente, el FSLN está consolidando desde su acción de gobierno”: “El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se ufana de que todas las leyes se hacen en acuerdo con los criterios del sector empresarial (no en contra de él). En ese espacio de construcción de los marcos jurídicos, los sindicatos aparecen como un referente disperso y no tienen en absoluto la incidencia que tienen los empresarios en el país. La reforma al Código procesal laboral no se aprobó hasta que los sectores empresariales dijeran la última palabra. […] Pongamos el ejemplo de la sentencia 591, en la cual se aceptó una premisa – impresentable desde el punto de vista de la ley – de que un empleador puede bajarle el salario a un trabajador una vez que ha sido contratado. ‘Siempre y cuando haya consenso’ agrega el Tribunal… pero todo el mundo sabe que el trabajador, con tal de guardar su empleo, acepta.” [Meza, entrevista, 25/10/2016]. Corroborada por el conjunto de personas entrevistadas, cualquiera que sea su grado de adhesión o rechazo a las políticas gubernamentales, la “opción preferencial” por el sector empresarial refleja contradicciones que históricamente han entorpecido las prácticas sindicales y que tienen que ver con la construcción de un movimiento sindical a la sombra de las alianzas promovidas desde el poder: “Como buen hijo del FSLN, por las venas del sindicalismo sandinista corre la sangre de su padre: son sindicatos que representan a trabajadores en un Partido que representa a todos los intereses de clase que hay en el país. Pero, el FSLN le impone al movimiento sindical el rol de la contención y de la modulación de las protestas de los trabajadores, con el argumento de que primero hay que fortalecer las bases materiales de la sociedad, generar empleos y priorizar la inversión extranjera. De tal manera que hay una mediatización objetiva del ímpetu sindical a partir de la premisa que el FSLN establece con relación al modelo económico que está conduciendo. Y ese fenómeno está derivado del ascendente político que el FSLN tiene sobre los dirigentes sindicales, muchos de los cuales primero son militantes del FSLN y solo después son dirigentes sindicales […]. La mayoría de los sindicatos están en medio de este ‘estira y encoge’; muchas veces asumiendo la representación de sus afiliados autonomía

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y otras veces conteniendo y modulando las protestas para que no se les vaya de las manos, ni al movimiento sindical ni al FSLN, el movimiento social vinculado a la clase trabajadora de este país.” [Meza, 2016]. Mario Malespín describe como ‘pata de gallina’ las relaciones entre gobierno, empresariado y sindicatos: cuando se dan conflictos entre dos dedos – los empresarios y los trabajadores –, el FSLN actúa como mediador. Evidentemente, cuando éste regresó al poder, se dieron cambios profundos en el MITRAB. Se cambió la jurisprudencia existente, lo que hizo que, en un primer momento, los trabajadores se sintieron respaldados…y eso provocó serias contradicciones con el empresariado, incluso, afirma Adrián Meza, aquel identificado con el sandinismo. Cuando Mario Malespín habla de un regreso a un papel más neutral en el cual el MITRAB se limita a velar por el cumplimiento de la ley, Meza sostiene que su actuación más bien ha sido neutralizada por los empresarios: “En la actualidad, el MITRAB dejó de ser una entidad que mantenía un cierto equilibrio entre los sindicatos y el sector empresarial para convertirse en instrumento de neutralización de la actividad sindical.” Sin embargo, ambos coinciden en constatar un giro que, al extenderle la alfombra roja a los inversionistas extranjeros, deja descobijados a los trabajadores. Esa tendencia se manifiesta por un lado mediante la tercerización del trabajo y por el otro por la animosidad en contra de aquellos sindicatos reacios a plegarse a las nuevas reglas dictadas por la ‘opción preferencial’ hacia la economía de mercado.

La Zona Franca, laboratorio de un sindicalismo combativo Estos dos factores se cristalizan justamente en las empresas que operan bajo el régimen de Zona franca, en particular en las de la rama textil que, por su antigüedad, tuvieron la oportunidad de consolidar estructuras sindicales. Aquellas surgieron a inicios de los años noventa, cuando tras haber sacrificado las textileras que, antes, en su mayoría, dependían del Estado, el gobierno de Violeta Chamorro tuvo que encontrar rápidamente una respuesta al galopante proble152 –

ma del desempleo. La recia lucha que, desde entonces y por varios años, se dio para imponer sindicatos en las empresas – mayoritariamente oriundas de Taiwán y Corea – tuvo como principales protagonistas, la Federación Textil, Vestuario, Piel y Calzado (afiliada a la CST-Nacional) y el Movimiento de mujeres “María Elena Cuadra”, nacido de una escisión del anterior que, a pesar de funcionar como ONG, mantuvo una base social en las empresas y, por consiguiente, una incidencia en las negociaciones laborales. El hecho de producir principalmente para el mercado estadounidense les permitió a los trabajadores organizados tejer estrechas relaciones con poderosos sindicatos y organizaciones de Estados Unidos y Europa. Más que por la cantidad de trabajadores empleados (60.000, apenas el 10% de la fuerza laboral formal21), es su capacidad de presión dentro y sobre todo fuera del país que convirtió a las organizaciones de las textileras nicaragüenses en una fuerza estratégica. De ahí la importancia para los distintos gobiernos de tenerla de su lado. En el 2008, la crisis financiera empieza a repercutir en Nicaragua. Ante la necesidad de parar la fuga de empleos (23.000 perdidos), se inician negociaciones tripartitas (gobierno, empresas, sindicatos). Destinados principalmente a garantizar la estabilidad laboral, los acuerdos alcanzados en 2009 contemplan mantener los salarios congelados durante tres años, con tal de que las empresas se comprometan a seguir operando. Por su parte, el gobierno promete entregar paquetes alimenticios para menguar la pérdida salarial. Además, los sindicatos logran imponer que los empresarios abonen a un fondo para la construcción de viviendas para los trabajadores. A estos acuerdos se acogen la CST-Nacional, la CST-José Benito Escobar (sandinistas), la CUS y la CUT. Por ser la única en ser tomada en este contexto de crisis mundial, esa iniciativa fue destacada como ejemplo de cohesión social y estabilidad por la OIT. Inscrito en 2012 en la Constitución de Nicaragua, bajo el nombre ‘Alianza, Diálogo y Consenso’, el modelo se aplica ahora a todas las empresas de Zona franca; régimen que – además de los novedosos Call Center que han florecido en el país –, fue extendido a sectores agroindustriales: tabaco,

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Cifras de 2016.

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carne, producción bananera… que antes solo estaban regidos por el Código del trabajo nacional. Pero, al reducirse los efectos de la crisis, las condiciones que presidieron a los acuerdos en este entonces ya no aplican, opina un dirigente sindical de la rama textil de la CST-Nacional que, en su tiempo, defendió la firma de los mismos. El balance realizado en julio 2015 arrojó que los acuerdos solo se habían cumplido en un 35%; muy parcialmente respecto de la entrega de los paquetes alimenticios y sin ningún avance en el caso de las viviendas. Solo los acuerdos salariales fueron respetados, aunque si bien es cierto que, en algunos casos, los salarios son superiores al mínimo establecido, los obreros textiles por ejemplo son pagados por producción22 (y no por salario horario). Para los empresarios, esta concesión salarial se ve contrabalanceada por la exención de impuestos que les garantiza el régimen de Zona franca. Así las razones objetivas (la defensa de los empleos) que justificaron concesiones a los empresarios e indirectamente demostraron lealtad hacia el Partido-gobierno se volvieron un arma de doble filo. Paradójicamente, nota un observador extranjero, los mismos dirigentes que ayer aceptaron frenar las demandas de los trabajadores, hoy son tildados de radicales y víctimas de medidas que les impiden renegociarlas. En efecto, a petición de los empresarios que, según una táctica probada, amenazaron con marcharse, el reglamento de zonas francas recién aprobado invisibiliza totalmente a los sindicatos [Meza]. Como si fuera poco, el MITRAB usó de artimañas para no entregar a varios sindicatos – entre ellos la Federación textil de la CST – la certificación necesaria para renegociar los convenios colectivos. “Silencio administrativo” así define Paulino Mayorga23, secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua “Alba Solidaria” y miembro del secretariado ejecutivo de la CST-Nacional, la estrategia del MITRAB para entorpecer la labor sindical en la empresa pública de Agua (ENACAL24). Expone que el trasfondo de

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El salario promedio de los obreros textiles es de 6000 Córdobas (200 US$). El salario mínimo establecido por la ley es de 130 $ aproximadamente.

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Entrevista realizada en Managua, el 8/11/2016.

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Los intentos de privatizar ENACAL en los años 1990 fueron revertidos en el 2006 al regresar el FSLN al poder. Hoy la empresa es un ente descentralizado (que funciona con sus propios ingresos), en el cual el gobierno invierte.

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la retención de la certificación reside en las pretensiones hegemónicas del FNT (representado por UNE25 y la CST-JBE en este caso) en la empresa. Con mucho énfasis, menciona su militancia en el FSLN y describe el rol “pionero” que ha jugado el sindicato tanto en la lucha contra la privatización como en la defensa de los trabajadores. Eso, afirma, los ha llevado a denunciar abusos de poder por parte de funcionarios que dirigen la institución y con los cuales, los demás sindicatos estarían coludidos26. Las ‘contradicciones’ giran en torno a despidos considerados abusivos (incluso de trabajadores que gozan del fuero sindical) así como las presiones ejercidas sobre trabajadores para que renuncien y que el nuevo convenio colectivo firmado por los otros sindicatos deja desprotegidos al privarlos del goce de las ventajas previstas en caso de despido.

Tensiones crecientes Todos los dirigentes sindicales sin excepción evitan increpar directamente al gobierno, incluso en los momentos efímeros en los cuales la ira se impone por encima de la cautela. A inicios de abril del 2016, la plana mayor de la CST comparece para denunciar no solo la actitud del MITRAB respecto a las certificaciones sino también para reafirmar que la Constitución establece el derecho de los trabajadores “a mejorar sus condiciones, vía las relaciones de trabajo, el contrato de trabajo y/o el convenio colectivo, conforme a la ley; misma que estipula que el Código del trabajo establece un mínimo que tiene vocación a ser superado por las relaciones laborales, el contrato o el convenio colectivo” [sindicalista en conferencia de prensa CST, abril 2016]. El gesto iracundo de otro dirigente sindical, rompiendo delante de las cáEmplea unos 5000 trabajadores. 25

Los roces entre sindicatos se vuelven más perceptibles en la medida en que cohabitan en ENACAL, UNE que representa a los empleados públicos y la CST que agrupa más bien a los trabajadores de la industria. Esta situación pone al descubierto las contradicciones que surgen de la gestión de una empresa pública como si fuera una empresa privada, siendo paradójicamente – a decir de los sindicalistas de la CST – la UNE que avala este manejo.

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Esa valoración incluye la CUS, también presente en la empresa.

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maras, la sentencia 138 de la Corte Suprema de Justicia que interpreta lo contrario, da cuenta de la exasperación que cunde en las filas del movimiento sindical, al verse empujado a asumir un “sindicalismo de calle”; posición que, durante años, por lealtad política, se empeñó en evitar. A pesar de que unos días después, el secretario general de la CST, Roberto González, matizara las tensiones con reafirmar que “Daniel [Ortega] es el gallo de los trabajadores27” para la próxima elección presidencial (noviembre 2016), el presagio de las protestas callejeras se cumplió a inicio de junio cuando, en reacción al despido de dos de sus dirigentes, trabajadores de la empresa coreana de Zona franca SAE-Technotex denunciaron ruidosamente la falta de agua potable en las instalaciones y las metas de producción inalcanzables impuestas por la patronal. El zafarrancho desencadenado por la intervención de fuerzas antimotines de la policía28 en la fábrica provocó degradaciones por las cuales doce personas tuvieron que enfrentar, ante los tribunales, cargos por “obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua y daños agravados en perjuicio de la empresa Technotex S.A.”. Al recordar, por un lado, los mecanismos institucionales de diálogo existentes, así como el derecho a la huelga y al admitir, por otro lado, que las depredaciones – penalmente sancionables – se dieron durante una protesta de índole laboral que se salió de control, la argumentación del tribunal puede aparecer neutral y hasta ecuánime. Sin embargo y pese a que esa motivara ordenar la suspensión de la ejecución de penas (1 y 2 años de prisión por los delitos fincados), la sentencia de culpabilidad pronunciada el 20 de diciembre del 201629 reavivó en los trabajadores la impresión de haber sido sacrificados a un interés superior que se apega a la visión empresarial: reivindicar

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En referencia a la canción “el gallo enavajado”, lema de la campaña electoral de Daniel Ortega en 1990.

28 https://youtu.be/HhJPDS9hYM0 y https://www.youtube.com/ watch?v=L9LG9GTv-Dk 29

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La audiencia de apelación fijada para mayo del 2017 ratificó las sentencias, imponiendo medidas sustitutivas a la cárcel que, sin embargo, obligan a los trabajadores a ir a firmar cada semana en los juzgados, lo que les impide buscar un nuevo empleo. Casualmente (o no), es en ese mismo momento en que se dio el fallo que el gobierno mandó a llamar a los sindicatos para redefinir las reglas del acuerdo tripartita.

es ilegítimo en la medida en que la empresa crea los empleos, es decir (siguiendo su lógica) las condiciones del bienestar social de los trabajadores. [Delpech, 2015, p.13].

‘Restitución de derechos’ ¿para quienes? La proliferación de los Call center o de las maquiladoras no han podido dar respuesta satisfactoria al candente problema del desempleo que aqueja la economía. Al contrario, el proceso de tercerización del trabajo – efecto anunciado de las privatizaciones iniciadas en los años noventa – se ha profundizado. Sin embargo, la “Ley de Regulación y Ordenamiento de la Tercerización, Subcontratación e Intermediación del Empleo”, introducida con el respaldo de todos los sindicatos del país en abril de 2009 para proteger a los trabajadores de sus impactos más nefastos, fue desechada por los diputados en marzo 2017. Aunque los propios sindicatos valoren ciertos avances (la protección social, la salud, la educación, e incluso algunos procedimientos en derecho laboral30), el conflicto en SAE-Technotex evidencia que los trabajadores están reacios en aceptar que “el derecho del trabajo” sea sustituido por “el derecho al trabajo” [Delpech, 2015]. Las condiciones que, en los años 1980, permitieron que el gobierno y el movimiento obrero organizado convergieran en torno al fortalecimiento de un proyecto revolucionario, ya no tienen vigencia en la coyuntura actual. El sector industrial – que nunca ha tenido ni hoy tiene mucho peso en un país cuya economía sigue descansando en la agricultura y cuya tradición, además, está marcada por la aspiración a la propiedad y al ‘cuentapropismo’ – se siente relegado como el ‘sujeto revolucionario’ que fue tiempos atrás, cuando el FSLN lo necesitó para respaldar su ejercicio del poder. En este sentido, la política de ‘restitución de derechos’ – promovida por el gobierno actual para desmarcarse de los anteriores31 –, en30

Por ejemplo, la introducción de los juicios orales y públicos que agilizan los procedimientos en conflictos laborales.

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Varios gobernantes han querido identificarse sus prioridades con lemas: “Obras, no palabras” (Arnoldo Alemán), “La nueva era” (Enrique Bolaños).

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tendida como ‘derecho al trabajo’, está dirigida a consolidar una base social de nuevo tipo. Participa de la designación de un nuevo sujeto social que no se define en términos de clase, sino que se agrupa para promover colectivamente una suma de intereses particulares ante las instituciones. Por ello, la CTCP – actualmente la organización más numerosa afiliada al FNT – que se organiza no de forma gremial sino territorial, funge como promotora de las acciones sociales desarrolladas por y hacia las bases sociales del FSLN (principalmente los pobladores pobres) en barrios y distritos. Con estas políticas públicas, nota Adrián Meza, el FSLN no entra en contradicción con ninguna fuerza social, ni tiene rol de árbitro como en caso de la confrontación de clase entre empresarios y sindicatos. “Los obreros son explotados en la fábrica, nosotros somos explotados en la calle y en nuestros propios puestos de trabajo, es decir, en el propio mercado de competencia. Los obreros son proletarios por cuenta ajena, nosotros somos proletarios por cuenta propia. Además, no tenemos seguro social, no tenemos convenciones colectivas, ni crédito, y no somos reconocidos en las estadísticas nacionales; es decir, somos más marginados y discriminados que la propia clase obrera.” [CTCP, 2011, p.19] Con lo anterior, la CTCP se demarca de la explotación colectiva (en la fábrica), entrando así en tensión con el sindicalismo tradicional, pero a la vez, al reivindicarse parte del proletariado, intenta resolver – aunque fuera retóricamente – la relación problemática que siempre tuvo el sandinismo32 con la definición marxista del sujeto revolucionario (en términos de clases). Mientras en Cuba el cuentapropismo (considerado como desviacionismo individualista) tan solo fue tolerado como un mal necesario para hacerle frente a la crisis tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, en Nicaragua, parece inscribirse en la tradición de un país donde los artesanos y pequeños productores aún constituyen la mayoría de la fuerza laboral; contexEn la Nicaragua ‘Cristiana, Socialista y Solidaria’ presidida por Daniel Ortega, “la restitución de derechos” tiene rango de política institucional. 32

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Heredero del liberalismo político de A.C. Sandino (1895-1934), quien se acercó y después rompió con el comunismo.

to que, como lo hemos visto, incidió profundamente en los orígenes del sindicalismo nicaragüense: “Nosotros no queremos seguir siendo proletarios, tampoco creemos que nos vayamos a convertir en empresarios. Nuestra voluntad es convertirnos en sujetos económicos a través de la asociatividad, ya sea en sindicatos autogestionarios, en cooperativas o en cualquier otra organización gremial. En esa medida estaríamos saliendo de nuestra condición de trabajadores aislados y entraríamos a engrosar una economía asociativa de trabajadores-productores que gestionan directamente las diferentes ramas de la economía (Adrián Martínez, secretario general, citado en la presentación del Manifiesto de la CTCP, 2001).” [Chamorro, 2016, p.15]. Finalmente, las aspiraciones de la CTCP aparecen coherentes con el proyecto del APT ideado para transformar los trabajadores en empresarios. Pero el APT, surgido como estrategia de resistencia en los noventa, fracasó en su intento de sentar la competitividad en el marco del capitalismo como condición para cambiar el sistema. La CTCP parte de las mismas premisas: “Somos parte de la economía popular, somos trabajadores empobrecidos y somos el pueblo organizado para sobrevivir por su cuenta. […] Competimos en un mercado capitalista salvaje. Somos como una guerrilla económica en la jungla del mercado.” [CTCP, 2011, p.21] Sin embargo, la lucha actual se enfoca en salir de lo que Orlando Nuñez define como “capitalismo popular” [CTCP, 2011, p.24]. La yuxtaposición de estos dos términos da lugar a varias suputaciones: si es meramente descriptiva de la condición de un segmento sustancial de la economía nicaragüense, colocar su principal protagonista al centro del proyecto de nación para atenuar sus efectos más nefastos es hacer de necesidad virtud. ¿O quizás la fórmula sugiere un efecto de mitigación? ¿Será que en su versión “popular”, el capitalismo no es tan salvaje y si se puede domar es más aceptable? Actualmente en Nicaragua cohabitan (y compiten), dos vías para lidiar con el capitalismo: apegados a una visión clásica, los sindicatos tradicionales lo conciben como factor que determina su razón de autonomía

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luchar para superarlo; en cambio, los cuentapropistas, inmersos en el capitalismo popular, se erigen como fuerza competidora del capitalismo clásico. La asociación y la rentabilidad (en el marco de las reglas capitalistas) serían entonces la condición del éxito. Dándole valor de ejemplo a la ‘economía popular social’, la CTCP se perfila como hija predilecta para colocar a la sombra de las estructuras del Partido-Estado los sueños de autogestión de fuerzas sociales que, por moverse hasta el momento al margen de la economía, gozaban de una relativa – aunque dispersa – autonomía.

Post data necesaria acerca de la crisis de abril 2018 Los avatares de la publicación de este texto hicieron que, entre el momento en que se iniciaron la investigación y la redacción iniciales de este texto (noviembre del 2016 y febrero del 2017 respectivamente) y el momento de ponerle un punto final, a partir de abril 2018, surgiera en Nicaragua una crisis mayor que, hiciera tambalear el gobierno, incluidos aquellos pilares en los que pensaba que descansaba su fuerza. Las dos actualizaciones que aquí se añaden fueron redactadas, la primera en agosto 2018, “en caliente” por así decirlo, la segunda en septiembre 2020, en un periodo en que se aprecia mas claramente, como se posicionan los distintos actores, en particular el movimiento sindical que ha sido objeto de nuestra atención.

El sublevamiento de abril 2018 El análisis de las causas que desencadenaron el llamado movimiento de abril ameritaría por sí solo un desarrollo demasiado largo para caber en este espacio. Por eso, nos limitaremos aquí en resaltar algunos aspectos que, sin desmentir lo antes planteado, arrojan una nueva luz sobre la naturaleza del carácter progresista del gobierno nicaragüense; es decir, por un lado, como es percibido en Nicaragua tanto por parte de los sectores que le quedaron fieles como por parte de la población nicaragüense sublevada en contra del régimen y por 160 –

el otro lado, la manera en cómo se presenta como parte del bloque que se reivindica de “izquierda”. Uno de los primeros en intentar un análisis de la crisis nicaragüense ha sido el sociólogo hondureño Tomas Andino. Tras enumerar varios elementos explicativos, observa que: “Nicaragua tiene buena reputación por sus fuentes de trabajo y la ausencia de delincuencia. Es porque las maquilas migran mucho a ese país precisamente porque los salarios de sus obreros y obreras están entre los más bajos de Centroamérica y en esas condiciones las empresas capitalistas se sienten ahí como en un paraíso. La ausencia de delincuencia, que va de la mano del empleo es, en efecto, su mejor condición competitiva. Por tanto, Nicaragua es un país en el que ha tenido [lugar] un importante crecimiento capitalista, no equitativo en el cual se han acumulado fuertes contradicciones económicas y sociales con una ciudadanía deseosa de manifestarse sobre las mismas, que no ha podido hacerlo, no es tomada en serio o se le pasa la factura con discriminación o represión.” En donde el sociólogo hondureño vislumbra en las protestas desatadas por el intento de reforma al Instituto de seguro social – que incluía el aumento de las cotizaciones patronales y en menor medida las de los trabajadores así como el recorte de las pensiones de los jubilados – el resultado de un conflicto social latente, el economista Artemio C. da un paso al lado respecto de su disciplina apostándole, para entender la situación, a una geografía de la rebelión: los barrios indígenas de Monimbó (Masaya), Sutiaba (León) o los barrios populares e industriales de la Carretera norte (Managua), otrora bastiones de la rebelión en contra de la dictadura somocista, fueron esta vez también entre los primeros en movilizarse y lo hicieron de forma masiva. Mas allá de toda interpretación ideológica, Artemio estima que se trata de una reacción que se manifiesta cada vez que la gente percibe concretamente una intromisión abusiva e intolerable del poder en sus vidas cotidianas y en sus espacios propios (control social en el trabajo, en los barrios, omnipresencia en los medios de comunicación, etc.).

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“El empleo más formal, que abarca el 30% del empleo, está representado por asalariados y empleados de unidades pequeñas, medianas y grandes que ocupan de seis personas a más y por profesionales por cuenta propia. Las unidades pequeñas y medianas generan una parte importante, aunque las unidades más grandes e intensivas en empleo (por ejemplo, las de zonas francas y entidades públicas) tienen también un peso importante. Una gran masa de la población cuya existencia está centrada en la sobrevivencia cotidiana, […] históricamente ha estado excluida no solo en términos económicos y sociales sino de toda participación o representación política. Se caracteriza por la existencia de familias ampliadas y lazos familiares muy fuertes y, en los barrios o asentamientos que habita, por fuertes lazos comunitarios.” (Acevedo, 2018) Al respecto, es interesante observar como los comerciantes del mercado oriental – el más grande de la capital, una ciudad en la ciudad, con la reputación de ser peligroso y totalmente anárquico – se auto organizaron a la velocidad del relámpago para repelar incursiones de saqueadores identificados como afines al gobierno, tropas de choques del régimen (las llamadas ‘turbas’ orteguistas que paulatinamente fueron sustituidas por autenticas fuerzas paramilitares ostentando armas de guerra) y fuerzas policiales. En ese espacio, cuna por excelencia del sector informal, no hizo falta ningún ‘Comité de poder ciudadano’ (los famosos CPC coordinados por la vicepresidenta para mallar los barrios) para que los pobladores tomasen las riendas de sus asuntos propios. “La vida política del país estuvo signada, a lo largo de los últimos dos siglos, por algunos intentos de rebelión que han sido reprimidos brutalmente, mientras una gran masa de la población concentrada en la sobrevivencia cotidiana se mantenía relativamente ‘tranquila’. Los levantamientos masivos solo se produjeron cuando sectores extensos de la población percibieron que el abuso de poder discrecional de los sectores gobernantes cruzaba cierta barrera, y/o dislocaba de manera inaceptable la vida cotidiana.” (Artemio C., 2018) Los primeros muertos registrados el 19 de abril y las varias decenas 162 –

de muertos que ya se contabilizaban en los días siguientes (27 en la primera semana, unos 60 a mediados de mayo en su mayoría jóvenes y algunos policías)33 suscitaron estupor en la población de un país que desde hace años era presentado como “el más seguro de la región” por los propios gobernantes para atraer la inversión extranjera. Por eso, no parece exagerado afirmar que fue la violencia de la represión la que contribuyó a que las protestas se regaran como pólvora a lo largo y ancho del país, relegando a segundo plano las demandas sociales. No obstante, el gobierno pareció no percatarse del tremendo efecto que produjo el asesinato de jóvenes sobre la población, en particular las y los mayores para quien esa situación retrotraía recuerdos de la dictadura somocista o de la guerra interna de los años ochenta, cuando los jóvenes reclutas regresaban a sus madres envueltos en ataúdes. Así que, aunque se diera tan solo unos días después de iniciadas las protestas, el retiro del decreto de la reforma del INSS ocurrió demasiado tarde. Al respecto, es importante resaltar las circunstancias en que se hizo el anuncio. El presidente Ortega compareció en un acto protocolar rodeado de gerentes de las

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Al finalizar agosto del 2018, las cifras de fallecidos oscilan entre 197 (cifras oficiales del gobierno) y más de 400 (cifras brindadas por algunas organizaciones locales de defensa de los derechos humanos). La misión de la Comisión interamericana de Derechos humanos (CIDH) maneja alrededor de 322 para esta fecha, coincidiendo más o menos con el informe de la misión de OACNUDH, quien días después de rendir su informe fue invitada firmemente por el gobierno a abandonar el país. A estas cifras escalofriantes se suman las de varios miles de heridos (más de 2000 según las cifras más conservadoras), centenares de secuestrados y desaparecidos, que aparecen generalmente (no siempre, no todos) en centros de detención, hospitales, morgues o en la calle (muertos o vivos). Esa imprecisión en las cifras se debe a las trabas que las autoridades pusieron sistemáticamente para dar acceso a los hospitales, morgues y centros de detención. A eso, se suma el hecho de que muchas personas que decidieron huir de las amenazas prefirieron no dar aviso por temor a las represalias que eso pudiera ocasionar a su familia. La ola de represión conocida como “operación limpieza” que tuvo su momento más álgido entre junio y julio de 2018 (y sigue desde entonces bajo un escenario de “baja intensidad”) provocó un exilio masivo, estimado a 60.000 personas, principalmente hacia Costa Rica. En 2020, se calcula que cerca de 100 000 nicaragüenses se encuentran en el exilio, sea por escapar a amenazas directas, sea por ser victimas colaterales del decaimiento económico provocado por la crisis política.

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empresas de Zona Franca, enviando así mensajes dirigidos principalmente a sus aliados en el seno de la mesa tripartita: los representantes nacionales de la empresa privada y los sindicatos. A los primeros, les invito al dialogo de forma exclusiva, dando a conocer su interés en mantenerlos como interlocutores privilegiados por encima del resto de actores de la “sociedad civil”, llamados a bastarse con un mero papel de figuración. A los segundos, dio claramente a entender que de su lealtad al sistema dependería el mantenimiento de las empresas en el país y por tanto de sus empleos. Este mensaje subliminal “con nosotros o será el caos” hundió en un profundo dilema aquella parte de la dirigencia sindical que, sin romper con el régimen, había expresado críticas. El ejercicio de estira y encoge consistió en mantener sus manifestaciones de inconformidad en un plano meramente sindical (retiro de la reforma del INSS, representación en el dialogo) y al mismo tiempo, a medida que la situación iba empeorando, negociar con la patronal, horarios de trabajo “adaptados” a la peligrosidad resultante de los ataques de civiles armados y a la presencia de tranques en las carreteras. Respecto a estos, al parecer también se dieron “negociaciones” con los manifestantes, a quienes los trabajadores hicieron ver que “si no trabajan, no comen”. Por su parte, los sindicatos afiliados al FNT (en particular aquellos que agremian los trabajadores del sector público) no solamente se alinearon a la par del gobierno, sino que jugaron un rol activo en la represión de las manifestaciones, participando en contramarchas, en “rezos por la paz” convocados por el partido34, y para los más activos removiendo los tranques (barricadas) así como denunciando a sus colegas sospechados de simpatizar con las protestas. Este tipo de represalias se produjo en muchos sectores (educación, poder judicial, administración pública…) pero el más afectado fue el de la salud, en donde decenas de médicos (incluso especialistas en su disciplina) fueron ruidosamente despedidos por haber aceptado atender heridos durante las manifestaciones callejeras. El régimen

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En estos casos, la participación es requisito para conservar el empleo. Así que no se puede descartar que la participación de un número no identificado de empleados públicos haya sido menos por convicción que por temor a ser despedido.

se ensañó especialmente en contra de los militantes históricos que consideraba como sus más fieles aliados, en particular los llamados “combatientes históricos” que convocó para conformar las fuerzas paramilitares para segundar a una policía desbordada por la magnitud de las protestas. Los que se negaron fueron castigados con arresto y cárcel. Uno entre varios es el coronel en retiro Carlos Brenes, una figura prestigiosa de la lucha contra la dictadura somocista originario de Monimbó, compañero de lucha de Daniel Ortega y jefe de la segunda región militar durante el periodo de la Revolución de los años ochenta.

A manera de primera conclusión Mas allá de la anécdota (por cierto, trágica), el caso arriba mencionado es sintomático de la deriva emprendida por el gobierno actual y su alejamiento de los principios enarbolados por las fuerzas progresistas que, desde la base, contribuyeron a llevar al poder a gobernantes supuestos representarla. Esto suponía la implementación de políticas sociales, pero también respetar los principios de justicia social, emancipación y libertad que las izquierdas siempre han reivindicado como el mayor objetivo de sus luchas. En el caso de Nicaragua, los llamados programas sociales distribuidos principalmente gracias a los petrodólares venezolanos lograron esconder por un tiempo el giro autocrático de una reducida casta política dispuesta a distribuir migajas con tal de perpetuarse en el poder mediante la alianza con los sectores mas pudientes. A como lo describe Artemio C.: “Los sectores de la economía más redituables (minería, energía, telecomunicaciones, turismo, zonas francas, gran agroindustria y grandes exportadores, telecomunicaciones dominadas sobre todo por Movistar y Claro) en algunos casos son altamente intensivas en capital, tienen un alto poder de mercado sobre su sector, y/o gozan de privilegios tributarios de todo tipo, el más común es el no pago de impuestos y otros, que se mantienen o surgen de su alianza con el grupo económico vinculado al gobierno. autonomía

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Existe una capa de ricos y super-ricos que concentra una parte desproporcionada del ingreso y la riqueza y obtienen sus ingresos de estas actividades y de otras no muy transparentes. Los denominados sectores medios son los más reducidos de la región. En este contexto, el sistema político y el Estado han estado cerrados a la participación y representación de los sectores más amplios de la sociedad, han procesado, fundamentalmente, las transacciones entre grupos de poder con recursos (económicos, militares u organizativos). La característica más relevante del poder político ha sido - salvo paréntesis temporales muy reducidas de gobiernos muy débiles, electos según las reglas de la democracia liberal -, gobiernos verticales y autoritarios, que controlaban discrecionalmente todos los poderes del Estado, y en particular disponían de la fuerza de las armas. (Artemio C., 2018) Estas características quedaron al descubierto a raíz de la crisis que se desató en abril y sobre todo de la respuesta feroz con la cual se intentó sofocarla. Pese a esto, quizás más que en cualquier otro de los llamados gobiernos progresistas, la defensa del régimen nicaragüense o su condena se convirtieron en parteaguas de las izquierdas en América latina y el mundo. Entre los primeros, se llegó a enunciar contrasentidos que hubieran hecho palidecer hasta el más leve teórico marxista. Según ellos, la prueba (entre otras) del carácter reaccionario de los opositores radicaría en el hecho de querer arruinar la economía nicaragüense edificada con el apoyo del sector privado y bendecida por el FMI. Lógicamente, ese argumento debería restarle peso al sempiterno análisis geopolítico que apunta en cualquier circunstancia al golpe de Estado dirigido por el Imperio desestabilizador. Sin embargo, sigue siendo esgrimido por quienes razonan en términos de “bloque” (y por lo tanto desde muy arriba en las esferas del poder) ignoran los procesos locales, especialmente cuando “el pueblo” no actúa como rezan los “manuales de progresismo”. El joven Bertolt Brecht, aun en su época libertaria (antes de dedicarse al arte “socialista realmente existente”), sugería irónicamente de “cambiar al pueblo que no respondería a sus dirigentes”. Una recomendación que aparentemente está siendo puesta en práctica como lo deja entender el politólogo (y militante de izquierda) Iosu Perales, 166 –

refiriéndose a la mayoría de los asistentes al XXVIII Foro de Sao Paulo (en La Habana) que respaldaron al régimen de Ortega: “ocurrió lo que cabía esperar de una izquierda que en su mayor parte funciona, en este tipo de crisis, con un marco teórico elaborado, preconcebido, en el que trata de hacer encajar la realidad, independientemente de que los hechos señalen una realidad distinta a la que esa izquierda quiere ver. La defensa de un bloque cerrado se impone a la aceptación de un nuevo fracaso y al ejercicio de una autocrítica necesaria, hasta el punto de doblegar la verdad y someterla.” (Perales 2018) La primera parte de este texto ha buscado mostrar que las características históricas sui generis del movimiento sindical nicaragüense son las que definen sus relaciones de “estira y encoge” con el gobierno. A la hora de la crisis de abril, esta posición impidió que (excepto tímidas excepciones) las organizaciones sindicales sandinistas se sumasen abiertamente al movimiento de protesta. El temor de que la caída del régimen significaría obligatoriamente el regreso de la derecha, los llevó a confundir políticas clientelistas con lucha contra el neoliberalismo, pero paradójicamente abogaron por el regreso a la calma con tal de garantizar la permanencia de los inversionistas extranjeros en el país, cayendo así en lo que Iosu Perales califica de “pragmatismo funcional para defender causas indefendibles sin atreverse a explorar en explicaciones sin trampas que permitan alcanzar el conocimiento objetivo de la realidad.” Mientras se siga defendiendo las maquilas, los call center y la extracción minera como horizonte insuperable para fortalecer regímenes supuestos llevar las masas oprimidas a la liberación; mientras la retórica del poder siga catalogando sublevaciones populares como golpes de Estado, olvidando que – sea en tiempos remotos o más recientes – éstas fueron (y seguirán siendo) el terruño más fértil del progresismo emancipador; mientras se siga entreteniendo “una moralidad que pretende avanzar hacia el post-neoliberalismo a partir del despotismo, la corrupción y la muerte de los adversarios” (Perales, 2018), el “enemigo imperial” podrá dormir tranquilo.

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Segunda y necesaria posdata La crisis política que se inició en Nicaragua a partir de abril 2018, y se prolonga desde hace mas de dos años, ha pasado por varias etapas que no nos detendremos a detallar aquí35. Sin embargo, a la hora de escribir estas líneas (octubre 2020) es necesario resaltar algunos factores que inciden en los debates y en la construcción de estrategias, tanto en el seno de la oposición como en los círculos afines al regimen. El mas importante es el lugar que ha retomado el tema electoral, de cara a los comicios que, en principio, deberían celebrarse en noviembre del 2021. Este acontecimiento marca el regreso de prácticas bien conocidas, es decir, profundamente ancladas en la tradición del quehacer político en Nicaragua; las mismas que hemos descrita en la primera parte de este texto. Lo relevante en esto es que, en ausencia de cualquier solución negociada entre el gobierno y los diversos actores que lo adversan, vuelven a surgir, dentro de los sectores opositores, cálculos acerca de alianzas que conviene sellar y distancias que hay que tomar para pretender tener algún protagonismo en la futura contienda electoral. Esto significa también, reevaluar el espinoso tema de las bases sociales con las cuales se puede contar; eso vale tanto para el gobierno como para las fuerzas políticas y sociales que ya se ponen en orden de batalla para enfrentarse en las urnas. El primer problema, principalmente para la oposición es la evidente falta de voluntad de llevar a cabo las reformas electorales, Primero las que, desde las elecciones pasadas del 2016, habían sido recomendadas por la propia misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA)36 y a la cual el gobierno se había comprometido. Evidentemente, los acontecimientos del 2018 y el reforzamiento del controlo absoluto sobre los distintos poderes del Estado (legislativo, judicial, electoral y policial) han dejado por

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Para una mejor descripción de estas distintas fases, remitimos a los análisis de la politóloga especialista en tema de seguridad, Elvira Cuadra (en la revista Confidencial) o a las profusas declaraciones del sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas.

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Bajo los buenos auspicios de su secretario general Luis Almagro.

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descartados los leves retoques a la Ley electoral que, en este momento, se habían pactado. En la actualidad siguen entonces vigentes las disposiciones que establecen que solo partidos políticos registrados pueden inscribir candidatos. Lo cual deja a discreción del regimen, el reconocimiento o no de tal o cual formación y en todo caso, elimina la posibilidad de formar coaliciones. En esta coyuntura es que se produce un proceso de “estira y encoge” dentro de la “Gran coalición” que, a raíz de meses de acaloradas discusiones, logró agrupar no solo las dos principales entidades que se conformaron a raíz de la revuelta del 2018: la Unidad Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD)37, sino también varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) cuya cúpula, en el pasado, había urdido el Pacto con la del Frente sandinista; Pacto que, in fine, facilitó el ascenso al poder de Daniel Ortega en 2006. Por su cuenta, parte del Movimiento campesino38, inconforme con el hecho de verse conceder tardíamente una sillita junta a los sillones de los miembros de la ACDJ, reivindicó representarse por sí solo en el seno de la Gran coalición. Para acabar de opacar este ambiente ya nublado, parte de la ACDJ (principalmente representantes de la empresa privada) debaten ahora la oportunidad de salir de la Gran coalición y se rumora que la razón principal sería la de acercarse al

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La UNAB está conformada con movimientos sociales de distinta índole, feministas, LGBTQ+, parte del Movimiento campesino, organizaciones estudiantiles, barriales, territoriales, indígenas, etc. La Alianza cívica fue inicialmente llamada por la Conferencia episcopal para representar distintos sectores de la sociedad civil en la mesa de negociación con el gobierno. En ella están representantes estudiantiles, del sector laboral (mas no sindicatos), académicos y una fuerte proporción de representantes de la empresa privada.

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El movimiento Campesino, que nació en 2012, en el fragor de la lucha contra el proyecto de Gran canal interoceánico, siempre estuvo conformado con miembros de sensibilidades políticas variopintas. Algunos simpatizan con el PLC (es el caso de su actual coordinador), otros con el partido de la ex Resistencia nicaragüense (RN - Contras), algotros se acercan al sandinismo crítico y, por supuesto no faltan quienes no reivindican afiliación política alguna. En la actualidad, estas diferencias, lógicamente, se reflejan en las posiciones y agrupaciones en que se ubican los distintos lideres del Movimiento campesino; además de que una parte se encuentra en el exilio en Costa Rica.

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Partido Ciudadanos por la libertad (CxL), una de la formación mas “dura” dentro de la ‘familia’ liberal, que rechazó entrar en la Gran coalición y aparentemente especula con cosechar sola los frutos del descontento en las próximas elecciones. La gran pregunta, que también se plantea del lado gubernamental es: ¿con qué base social? Del lado opositor, el gran ausente es el sector laboral urbano, el sector sindical, que nunca ha sido solicitado, ni llamado ni cortejado, tan cierto se tenía que quedarían fieles al regimen. Y si efectivamente, los discursos de las cupulas sindicales apuntan en esta dirección, la verdad es que la crisis política aunada a la actual crisis sanitaria39 han endurecido las condiciones económicas de muchos trabajadores. La pérdida de empleos se hace sentir en sectores hasta hace poco en auge: la construcción, por ejemplo, y sobre todo las maquiladoras. En efecto, uno de los primeros efectos colaterales de la pandemia ha sido la reducción drástica de los pedidos y por tanto de la producción. No es casual que, en ausencia de cualquier medida en el sector público, la industria maquiladora haya sido la única objeta de negociaciones referentes a la situación de pandemia. Sin embargo, pese a que los sindicatos aceptaran, por ejemplo, que las empresas paradas mandaran a sus empleados a casa a cuenta de vacaciones (para evitar brindarles algún apoyo económico debido al desempleo forzado), varias empresas no cumplieron con su promesa de quedarse en el país y cerraron operaciones. Si hay poca duda de que el regimen definitivamente ha perdido al mundo rural (nunca lo ha tenido realmente a su favor y el deprecio que le ha tenido ha sido ampliamente correspondido por el campesinado), el sector laboral urbano (e incluso los tan cortejados cuentapropistas) se encuentra atrapado entre las políticas de un gobierno que ya no tiene como mantener el clientelismo que le garantizaba cierto apoyo y el desolador espectáculo de una clase empresarial que, tras coquetear con el regimen, se pierde en especulaciones electoreras, pelea por hipotéticos puestos de poder y hunde con declaraciones bravuconas toda la esperanza depositada hace dos anos en la fuerza de un movimiento ampliamente autoconvocado, sediente de tomar su destino en sus propias manos y de dar su lugar a (casi) todas y todos. En Nicaragua, es muy 39

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Su gestión desastrosa merecería un largo capitulo, cuya redacción dejaremos para otra oportunidad.

popular el dicho: “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”. Como lo hemos tratado de mostrar, el movimiento sindical, en su historia, ha tenido muy pocas oportunidades de actuar fuera de la sombra del poder. En este sentido, es posible y hasta probable que, frente al actual panorama, no se atreva a saltar el paso hacia una tercera vía, la de actuar con autonomía y en defensa de sus propios intereses.

Bibliografía - C. Artemio, Para comprender la realidad de Nicaragua, documento no publicado comunicado por el autor, Managua, 2018. - Chamorro Amalia, “La Economía Popular Social en Nicaragua”, Centro para la Economía Social (CES), Ponencia en el xve Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), 11-14 octubre 2016. - Chamorro Emiliano, “Sindicalista Roberto González: Daniel Ortega es el ‘gallo’ de los trabajadores”, Managua, La Prensa, 2016. [Consultado el 23 de diciembre 2016]. Disponible en : http://www.laprensa. com.ni/2016/05/01/politica/2027806-sindicatos-sandinistas-claman-por-candidatura-de-ortega - Delpech Quentin, “L’Impossible Syndicalisation. Mobilisations syndicales et répressions dans les zones franches d’exportation du Guatemala (1990-2010)”, in IdeAs n°5, 2015. [Consultado el 8 de abril 2017]. Disponible en: http://ideas.revues.org/983 - Gould Jeffrey L., Managua, “Amigos peligrosos, enemigos mortales: Somoza y el movimiento obrero nicaragüense, 1944-46” in Orgullo amargo: el desarrollo del movimiento obrero nicaragüense (1912-1950), Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, UCA, 1997, p 41-82. - Middlebrook, Kevin J., Guerrero Manuel Alejandro, México, “Movimiento obrero y democratización en regímenes posrevolucionarios: Las políticas de transición en Nicaragua, Rusia y México.” Foro Internacional, vol. 37, no. 3 (149), 1997, p. 365–407. - Nuñez Soto Orlando, Versión Popular del Primer Manifiesto de los Trabajadores por cuenta Propia. (CTCP - FNT). “La economía social solidaria en las naciones proletarizadas y el proletariado por cuenta propia en la transformación del sistema” - 6ª ed., Managua, CTCP, 2011. 68 p. autonomía

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- Perales Iosu, “Un debate político y ético. La izquierda latinoamericana y Nicaragua”, Viento Sur, 06/09/2018. https://vientosur.info/spip. php?article14148 - Roux Hélène, Faure Michèle, “Guerrilla en la selva del mercado”, Nueva Tierra Nuestra, n°2, 1994, p.18-22. - Saldomando Angel, “Nicaragua: otra vez poder y sangre”, Le Monde diplomatique, edición chilena, agosto 2018. https://www.lemondediplomatique.cl/Nicaragua-otra-vez-poder-y-sangre.html - Cedula judicial emitida en el caso SAE Technotex, Juzgado de Distrito de lo Penal de Juicio de Tipitapa, 20 de diciembre 2016. - Departamento de comunicaciones de CST-Nacional, 8 de abril 2016. Disponible en: https://youtu.be/2z8QgKvq4m0 https://youtu.be/RauMn9i6O4s https://youtu.be/lXIxA1Ansjs https://www.youtube.com/watch?v=RauMn9i6O4s

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Rasgos de la lógica estatal en la hegemonía progresista uruguaya1. Diego Castro - Carlos Santos

Introducción El presente artículo aborda las formas estatales en los progresismos tomando como referencia la situación de Uruguay en diálogo con otros procesos de la región. El eje de análisis se centra en los anhelos y deseos planteados por las luchas anti-neoliberales con respecto al estado y las concreciones y cristalizaciones acaecidas durante los gobiernos progresistas. La crítica está estructurada en torno a qué tanto estas experiencias gubernamentales han colaborado u obstaculizado formas contrahegemónicas o emancipatorias presentes en las luchas anti-neoliberales. Concebimos a estos procesos emancipatorios como aquellos tendientes o capaces de disolver la “vieja sociedad y sus condiciones de existencia” (Marx & Engels, 2005). Con ello no negamos otras formas de análisis del problema del estado durante los progresismos, ni el valor que tienen los estudios pormenorizados de las políticas aplicadas y su comparación con los gobiernos neoliberales. La opción planteada es necesaria -y potencialmente útil pensando en el devenir de las luchas sociales- si tenemos en cuenta el proceso de debilitamiento de los gobiernos progresistas y la necesidad de relanzar horizontes de transformación renovados 1

Versión resumida de artículo homónimo publicado en “Estado y hegemonía en América Latina” Hernán Ouviña y Mabel Thwaites Rey (editores) CLACSO y Editorial El Colectivo, Buenos Aires.

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que incluyan una revisión crítica de los procesos recientes. No nos detendremos exhaustivamente en la caracterización de la hegemonía progresista (Castro; Elizalde; Menéndez & Sosa, 2015, 2014), sino que daremos cuenta de los elementos constitutivos someramente, ya que el objetivo principal es analizar su lógica estatal. Sostenemos que el ciclo progresista supuso un proceso político de construcción de nuevas hegemonías, las que integran continuidades y rupturas con la hegemonía neoliberal. Para el caso uruguayo, la crisis económica del año 2002 es el mojón principal de resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal, entre los primeros años de esa década se comienza a gestar lo que denominamos como “hegemonía progresista”, la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 es uno de los puntos de condensación de dicha construcción. Para comprender la conformación del consenso hegemónico progresista uruguayo es imprescindible tomar en cuenta el proceso histórico de las luchas sociales en el país y su estrecha relación con el Frente Amplio, desde la década del sesenta y setenta. A esto debemos sumar lo instalado por el progresismo, ya en el gobierno, amparado en el auge de los commodities, que sentó las bases para un consenso distributivo, donde crecieron los salarios y los puestos de trabajo del mismo modo que las ganancias del capital, distribuyendo ingreso, no así riqueza. Así “consenso de los commodities” (Svampa, 2012), consenso distributivo2, institucionalización del conflicto entre clases y pasivización (Modonesi, 2016) conforman los rasgos particulares del vínculo entre gobierno y clases subalternas. Del mismo modo que lo ha planteado Modonesi (2015), en términos de una periodización general para los progresismos en el continente, en el caso uruguayo pueden identificarse dos grandes momentos: entre 2005 y 2013 un periodo de constitución de la hegemonía con medidas de carácter mayormente progresivo y de 2013 a 2020 un momento de resquebrajamiento, mayormente caracterizado 2

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Con la idea de ‘consenso distributivo’ nos referimos al establecimiento de una lógica de mediación estatal entre capital y trabajo que ha permitido durante los progresismos a la vez el aumento de salarios y de las ganancias de los capitalistas, lo que ha permitido distribuir el ingreso y la concentración de las riquezas en sectores estratégicos (por ejemplo, la propiedad de la tierra).

por medidas regresivas. Este último periodo se intensifica a partir del año 2015. Más allá de la derrota electoral del Frente Amplio y la asunción de un gobierno conservador en 2020, aún no es posible concluir en torno las principales causas de descomposición de la hegemonía progresista. Mientras algunos intelectuales más propensos a defender los progresismos hablan de impasse o repliegue temporal (Sader & Linera, 2017), lo que sostendremos es que para recomponer la característica hegemónica de estos procesos políticos sus bases deberán al menos ser reactualizadas.

Estado, luchas anti-neoliberales y gobiernos progresistas en Uruguay El rol del estado en tanto garante de derechos y resguardo de la propiedad pública fue uno de los ejes de lucha principal en el ciclo anti-neoliberal en Uruguay, que podemos ubicar desde comienzos de la década de 1990 hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno (2005)3. La hegemonía neoliberal germinada en las dictaduras latinoamericanas, a mediados de los años 1970 y profundizada en la década de 1990 instaló la idea de que todo lo público-estatal era ineficiente y por ende solo era necesario la existencia de un estado mínimo o metarregulador en el sentido de Boaventura de Sousa Santos (2007). En nuestro continente esta perspectiva gubernamental adquirió mayor profundidad y densidad a impulso de las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Sus resultados emergieron a la vista de todos y rápidamente, siendo el caldo de cultivo de un conjunto de luchas destituyentes que se desplegaron en todo el continente en la década de 1990 y hasta mediados de la del 2000. En Uruguay a diferencia de lo sucedido en otros países (Argentina, 3

Alfredo Falero (2008) identifica tres ciclos de lucha a lo largo del Siglo XX para Uruguay: uno que tiene como eje la lucha por “socialismo y antiimperialismo” desde finales de la década de 1950 hasta el golpe de estado de 1973, el segundo caracterizado por la “lucha contra la dictadura y a favor de la democracia”, comienzos de los años 80 hasta 1989y el tercero, “lucha contra el neoliberalismo y las privatizaciones” desde la década de 1990 y hasta comienzos del Siglo XXI.

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Bolivia, Ecuador) la modalidad en que se salda la crisis de 2002 no supuso cuestionamientos mayores a la lógica de dominación política en tanto forma liberal. Pese a ello las luchas anti-neoliberales aspiraban a un mayor protagonismo de los sectores populares en la gestión de las riquezas y los asuntos comunes. Aquellas que resistieron a los avances privatizadores, lo realizaron mayormente por intermedio de consultas populares. Entre 1989 y 2004 se realizan 24 consultas -plebiscitos y referéndum- impulsadas por organizaciones populares, fundamentalmente, sindicales. Estas deben ser comprendidas como acciones colectivas con el objetivo de impugnar la expropiación de la riqueza social y como esfuerzos reiterados por intervenir en los asuntos públicos (Castro, Elizalde, Menéndez & Sosa, 2015). El proceso de luchas anti-neoliberales en muchos países tuvo como consecuencia victorias electorales de partidos o movimientos políticos de signo progresista. Aunque en varios casos no fueron representantes directos de los polifónicos movimientos que interpelaron la hegemonía neoliberal aunque incorporaron en gran medida sus demandas, esto fue lo que sucedió en Uruguay. El desgaste provocado por estas luchas es uno de los factores que explica la sustitución de los gobiernos neoliberales por los gobiernos progresistas. Por ello, interesa dar cuenta que aquellas luchas apelaban a ‘más estado’, en el sentido expresado más arriba ‘garante de derechos y resguardo de la propiedad pública’. En Uruguay los gobiernos progresistas no se plantearon esta meta e incluso en muchas áreas estratégicas han sido fuertes impulsores de la ‘participación privada’ como veremos más adelante. El discurso de ‘más estado’ o ‘retorno al estado’ fue en principio compartido por las organizaciones populares y el gobierno, pero a medida que ese estado fuerte no garantizó derechos a plenitud ni resguardó totalmente la propiedad pública, las diferencias y distancias comenzaron a ser visibles. La demanda de ‘más estado’ dio lugar a un solapamiento que erosionó la capacidad de acción de los movimientos de comienzos de siglo. Junto a ella venía incorporada la regulación política estatalizada, desde arriba. Pese a que en repetidas oportunidades fue interpelada e impugnada, logró instalarse. El fenómeno es uno de los factores que explica el proceso intenso de pasivización de la lucha social (Modonessi, 2016). 178 –

Si los movimientos antineoliberales dotaron de protagonismo a los sectores populares, los gobiernos progresistas reconstruyeron la legitimidad del estado como actor político fundamental para la regulación de los conflictos entre las clases sociales. En este caso las viejas y nuevas elites se beneficiaron, ya que la contienda política se trasladó a un terreno menos hostil, históricamente más adecuado a sus intereses y dinámicas. La disposición a su favor del aparato estatal ha sido uno de los factores claves de las oligarquías latinoamericanas. Primero vinculado a la apropiación de las tierras de los pueblos indios, negros y campesinos, para luego, por medio del monopolio del uso de la fuerza y la posibilidad de modelizar los marcos jurídicos a su interés particular, naturalizar sus privilegios. Este rasgo particular no es una propiedad exclusiva de los progresismos. El hecho de que las funciones estatales se comporten como potentes garantes de la acumulación de capital es una temática ampliamente estudiada en las corrientes del pensamiento crítico. “El estado mismo, cualquiera sea su forma, es esencialmente una máquina capitalista, es el estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal” (Engels, 1967, p.339).

La lógica estatal en los progresismos. Los gobiernos progresistas actuaron asentados en la idea del estado como espacio neutro, donde se dirime la correlación de fuerzas entre las clases sociales. De este modo, se puede afirmar que se dotó de centralidad al estado pero sin una afectación mayor a la lógica del capital. Sentencian Machado & Zibechi “El llamado “retorno del estado”, con el consiguiente discurso de aumento del gasto social, se ha convertido en una perversa variante del capitalismo regional camuflado bajo una tautológica invocación a soflamas anti-neoliberales, devolviendo al sistema económico capitalista a la legitimidad a través de meras correcciones a los excesos descontrolados acaecidos durante la etapa neoliberal” (2016, p. 70). En los primeros años de gobierno donde fue conformándose la heautonomía

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gemonía progresista la percepción pública de la lógica estatal integró por un lado un sobredimensionamiento del carácter protector y, por otro, una subestimación de su capacidad de dinamizar los procesos de acumulación de capital y el flujo de inversiones. La ilusión del retorno a un ‘estado de bienestar’ no sólo está alimentada por los discursos gubernamentales, sino que también se conecta de manera profunda con los anhelos e intereses populares en Uruguay. Durante los progresismos son muy discutibles las concreciones en torno a la idea de un estado fuerte para la protección y bienestar de la población, más allá de lo que el crecimiento económico coyuntural permitiera. Pese a la disminución de la pobreza y la indigencia y al aumento del gasto social, las políticas de transferencias monetarias tienen una incidencia reducida en el PBI y muestran poca variabilidad si comparamos gobiernos progresistas y no progresistas. Por ejemplo, Argentina y México destinan el mismo porcentaje del producto a estas transferencias 0,8% y Brasil y Bolivia 0,7%4. A partir de estos datos Salama infiere que: “las políticas asistenciales tuvieron poco impacto en los valores de pobreza en razón de su poco peso respecto del PIB. Lo que explica la reducción de desigualdades [de ingreso] es sobre todo el aumento de los salarios (…) Entonces, es el funcionamiento del mercado de trabajo lo que mejor explica la disminución de las desigualdades de ingreso” (2015, p.92) Es la propia lógica del funcionamiento del capital en una etapa de expansión de las economías periféricas vinculadas a la producción de materias primas lo que explica -mayormente- la reducción de pobreza e indigencia y la posibilidad de que el estado dedique mayor inversión en gasto social. Por ello “su futuro se vuelve más oscuro, y los riesgos de un incremento de la desigualdad y, sobre todo, de un aumento de la pobreza en los próximos años son elevados. Debido a la creencia de que el desahogo financiero proporcionado por el auge de los productos básicos continuará, los gobiernos, incluso los progresistas, están mal preparados

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Lustig, Pessino & Scott (2013) “The impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Proverty in Argentina, Bolivia, Brazil, México, Perú and Uruguay: An Overview” Working Paper No1316, Tulane University. En Salaman (2015).

para el futuro, y las consecuencias podrán ser dramáticas para los sectores más vulnerables de la población” (Salama, 2015, p. 95). A la vez que los sectores más pobres de la población mejoraron su nivel de vida, los más ricos aumentan sus fortunas. Por lo que se puede afirmar que, pese a reducir pobreza e indigencia, las sociedades latinoamericanas permanecen igual de desiguales o peor (Modonesi & Svampa, 2016). El estado del progresismo no se limitó a beneficiarse del “viento de cola”, intervino fuertemente desarrollando una serie de herramientas que tienen variaciones por países, no obstante y por lo general, ellas facilitaron los procesos de acumulación de capital. Legislaciones que impulsan la asociación público-privada, exenciones impositivas y beneficios fiscales altos a la inversión extranjera directa, condiciones políticas y legales para la extracción de materia prima, y cláusulas de paz social refrendadas por los sindicatos (en el caso de Uruguay), entre otras, son algunas de los más empleadas. Pese a ello es necesario mantener cautela para poder observar el comportamiento de aquellas experiencias que introdujeron variantes a esta dinámica. Es el caso, por ejemplo de Bolivia, relacionado a la participación estatal en áreas productivas fundamentales en el proceso de acumulación de capital mencionado. Es poco probable que la reducción de precios de las commodities no afecte a estos procesos, no obstante pueden variar los ritmos, teniendo en cuenta que los movimientos de flujos de capital de un sector de actividad a otro en busca de mayor rentabilidad pueden no afectar tan fuertemente a estas realidades. Otro factor para tomar en cuenta es el tamaño de las economías y el impacto de mega emprendimientos vía inversión extranjera, para el caso de Uruguay este es un factor importante. El último gobierno del Frente Amplio (2015-2020) concretó un acuerdo con la empresa multinacional de origen finlandés UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa (la segunda de esta empresa y la tercera en el país). Con el argumento de la generación de empleo y el aumento del PBI el gobierno realizó una serie de concesiones a la empresa que generaron fuerte descontento social entre sectores de la producción nacional y entre organizaciones populares, lo que contribuyó a la crisis de la hegemonía progresista. Según datos oficiales, la inversión total será de 2.5 mil millones de dólares a efectuarse entre tres y cinco autonomía

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años, equivalente a 5 puntos del PBI a precios 2016. Estimando una distribución constante de la inversión durante cinco años - el peor escenario-, solo este emprendimiento supone el crecimiento de 1% del PBI por año, una cifra para nada despreciable para un país que crece en torno a 1% desde 2015 (0,4 % 2015, 1,5% 2016 y 2,4% 2017 -proyección-)5. Del total de la inversión prevista, mil millones de dólares serán aportados por el estado uruguayo en obras de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria para la salida de la producción. Todo esto en el marco de un emprendimiento ubicado en una zona franca con exoneración prácticamente total de impuestos, propio de las economías de enclave -uno de los aspectos que ha señalado Zibechi para el extractivismo- junto a la consolidación de una “relación asimétrica entre las empresas transnacionales, los estados y las poblaciones” y a “intervenciones políticas potentes para modificar legislaciones y otorgar beneficios fiscales a empresas” (2014, p. 81). La de UPM no es una excepción, aunque llama la atención por su magnitud. En Uruguay durante los gobiernos progresistas el estado ha tenido un rol activo en el desarrollo de políticas de promoción de inversiones extranjeras y nacionales, lo que entre otras cosas ha erosionado la propiedad pública en áreas estratégicas. Por otra parte, los avances en educación, salud y vivienda no logran colmar las expectativas de los sectores populares. Esto no quiere decir que no se haya invertido más, sino que lo hecho se valora como insuficiente, no solo por la inversión necesaria sino por la lógica que se han impreso a las políticas sociales y de distribución de ingreso, y por la ausencia de proyectos generales tendientes a garantizar el anhelo de mayor distribución de riqueza y más protagonismo popular en la definición de los asuntos públicos. El resultado es un estado más fuerte en términos de su legitimidad para la regulación política en ausencia de los sectores populares y clases subalternas y también en relación a políticas concretas tendientes a la acumulación de capital -fundamentalmente en el sector primario-. En lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, por ejemplo, la situación actual es sólo comparable con la concentración del recurso

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http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/mm/

existente a inicios del siglo XX. Mientras que en el censo agropecuario del año 2000 se daba cuenta de que el 90% de las explotaciones agropecuarias eran de propiedad nacional, en el censo de 2011 la proporción bajó al 50%, en gran parte debido a la incidencia de la compra de tierras por parte de sociedades anónimas que canalizan capital financiero (Piñeiro, 2016, 2011). Por otra parte, en el mismo período intercensal desaparecieron más de 12.000 explotaciones (la quinta parte del total de empresas agropecuarias), la mayoría de ellas de la producción familiar (pequeña escala, menos de 100 hectáreas). Este fenómeno expresa la tendencia de otros de los aspectos que señala Zibechi (2014) en torno al extractivismo: por un lado la imposibilidad de mantenerse en el territorio por parte de los pobladores del campo ante la expansión de monocultivos (básicamente agrícola y forestal) y por otro el ataque a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Una vía para entender estos fenómenos pero a partir de su conexión con el plano global es el concepto de regímenes extractivistas que propone Machado Aráoz (2015) es realmente sugerente porque nos obliga a incluir en la ecuación productiva a los centros receptores de la explotación de los recursos naturales. Sostiene el autor que la clave de esta conceptualización es la idea de sistema, en la cual hay dos elementos constitutivos y complementación: la sobreexplotación de los recursos y la orientación exógena de la producción: “Al concebirse y estructurarse básicamente como proveedores de “recursos naturales” o materias primas para otras sociedades/ economías, los regímenes extractivistas no se conforman como economías en sí y para sí, sino como economías incompletas y dependientes de aquellas a las que se destinan sus ‘productos’. A través de ese tipo de ‘economías’, se estructura y efectiviza un sistema estructural de transferencia neta de bienes ecológicos desde unos territorios-sociedades hacia otros: se extraen bienes naturales de un ecosistema político para ser transferidos a otros; lo que se extrae no se repone (o se extrae más rápidamente que la tasa natural de regeneración). Esto significa que mediante los esquemas extractivistas tiene lugar la producción de la más fundamental y persistente de todas las formas de desigualdad social que es la desigualdad ecológica o autonomía

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socioambiental: el hecho de que determinadas sociedades o grupos usufructúan y consumen porciones crecientes de bienes y servicios ecosistémicos a costa del desplazamiento y/o degradación de las condiciones de vida de otros” (2015. p. 13). Este concepto permite ser aplicado tanto para dar cuenta de la inserción internacional dependiente de los países proveedores de materias primas, como para comprender las situaciones de colonialismo interno en los diferentes países y regiones. Es así como este concepto -régimen extractivista- conduce necesariamente a considerar la idea de colonialismo -o neocolonialismo (Lobao, 2005)-. En todo caso, es evidente que el fenómeno que es referido como extractivismo no implica ninguna novedad en términos geopolíticos e históricos. En todo caso, puede implicar una confirmación del rol subordinado y dependiente de los países periféricos y en particular en algunas situaciones puede implicar una cancelación de las aspiraciones desarrollistas al confirmarse procesos de primarización y reprimarización de las economías nacionales. Así, por lo general, el accionar del aparato estatal se encuentra fuertemente vinculado a los procesos de reprimarización de las economías, extranjerización de las riquezas, generación de condiciones legales, simbólicas y coercitivas para su despojo. Dinámicas que van desde la deslegitimación de quienes luchan contra estos procesos, hasta el uso de la fuerza en su contra, si fuese necesario. Para el caso de Uruguay, también pueden verse otros procesos que se conectan con la lógica extractiva en la transferencia de la propiedad y el uso de actividades antes desarrolladas por las empresas públicas. Solo en la empresa eléctrica (UTE) se estima que el 40% de los trabajadores realizan actividades a través de empresas privadas subcontratadas. Una situación similar, aunque con variantes en el porcentaje sucede en las empresas de agua, combustible y telefonía y comunicaciones. También en la UTE el 50% de la generación de electricidad pasó de ser exclusivamente estatal a privada por intermedio de las políticas de estímulo a las energías renovables, fundamentalmente eólica. Sin duda esta generación tiene ventajas ambientales y económicas con respecto a las convencionales, sin embargo, la energía más barata no llegó a los 184 –

hogares. La promoción de este cambio tecnológico supuso subsidios que parecen desmedidos: exoneración impositiva en todo lo referente a la construcción de los parques privados (no sucede lo mismo con los que son construidos por la empresa pública), garantía de compra de toda la energía que se produzca sea necesaria o no y a precios muy por encima de los fijados para la exportación en caso de excedente. El Fondo es integrado por recursos que surgen de la tarifa eléctrica, de confirmarse su uso para los fines propuestos supondría una transferencia directa de los usuarios de la red eléctrica a las necesidades de infraestructura de una inversión privada. De esta forma se presenta un doble fenómeno, estado fuerte que interviene activamente en la orientación de la economía y transferencia de riqueza pública al sector privado, ya no como privatización total de empresas o recursos como se planteaba en los noventa sino a partir de tercerizaciones, asociaciones público-privadas, subsidios, exoneraciones impositivas y mecanismos que aseguran las ganancias del sector privado por periodos prolongados de tiempo (generación de energía). Una nueva modalidad privatizadora. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las características de los estados en los países latinoamericanos, y en particular en los que tienen o tuvieron gobierno progresistas, podemos afirmar que pese a cierta retórica “protectora” -sobredimensionada- a partir del análisis de las transferencias monetarias y su real impacto en las economías, y más allá de particularidades en cada país -con sus gradientes y variantes- el sentido general de las políticas impulsadas pueden emparentarse a lo que Hirsch (1996) ha denominado “Estado Nacional de Competencia”. Un estado cuyas estructuras internas son determinadas por la competencia internacional y sus ventajas comparativas. Es un estado fuertemente intervencionista, económica y socialmente, aunque su preocupación principal no es la corrección de las desigualdades propias de las economías capitalistas. Ahora su finalidad prioritaria es la movilización selectiva de las fuerzas sociales para la competencia internacional y la represión de aquellos intereses que se contrapongan a ésta, lo último, hasta por la fuerza. En consecuencia, la política estatal promueve la profundización de las desigualdades y las divisiones sociales (Moreno, 2001). Claro que autonomía

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casi ningún progresismo latinoamericano puede entenderse como “modelo puro” en el sentido de lo planteado por Hirsch, sin embargo entendemos útil este aporte para poder identificar un conjunto de acciones estatales que se escapan de la dicotomía estado mínimo – estado protector (garante de derechos de calidad). Hemos planteado para el caso uruguayo algunos ejemplos que permiten sostener la idea de Estado Nacional de Competencia: la participación privada en las empresas públicas, la promoción de inversiones (inversión extranjera directa), la política de transformación de la matriz energética y las transformaciones resultantes en la estructura agraria. Una variante notoria sobre el modelo general planteado por Hirsch para el caso uruguayo lo encontramos en la reactivación de herramientas de regulación del mercado laboral, propias de la lógica fordista6, pretendiendo institucionalizar los conflictos de clase en negociaciones colectivas entre trabajadores, patrones y estado. Estos procesos matizan la regla general de renuncia de las estrategias de integración material: “en lugar de la normalización, estandarización e igualación burocrática, el individualismo, la diferencia y la libertad de mercado desencadenada se convierten en los valores dominantes” (Hirsch, 1996, p. 67). Otros autores, como Composto y Navarro (2014) ubican el modelo de Estado Nacional de Competencia consolidado y profundizado en la década de los noventa y a partir de Seoane, Taddei y Algranati (2010 y 2011) sugieren su presencia exclusiva en los países donde se implementan proyectos que denominan de “neoliberalismo de guerra” o “neoliberalismo armado” (México, Colombia, Perú). Contrario a ello, sostenemos que la forma Estado Nacional de Competencia, con sus matices y ambivalencias es útil para comprender las características generales que adquieren las lógicas estatales en la mayoría de los gobiernos progresistas, inclusive el uruguayo.

Recapitulando La lógica estatal desarrollada por el progresismo uruguayo no solo no ayuda a sumar en la dirección marcada por las luchas anti-neolibera-

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Para Kirsch (1996) esta lógica fordista es la que se expresa en el ‘estado de bienestar’.

les, sino que por el contrario, tiene efectos neutralizadores y contradictorios a los anhelos planteados en el horizonte de aquellas luchas: garantizar derechos y custodiar las riquezas públicas existentes impidiendo su transferencia a los privados. O sea alterar tendencialmente las condiciones y formas de existencia capitalistas, cosa que el colapso de la idea de transformación social en cambio político, resigna, retacea, relativiza y posterga a un mejor momento de difícil concreción. Este proceso erosiona las bases políticas de la construcción hegemónica del progresismo. Sí a su vez le sumamos el debilitamiento de las bases materiales en torno a la caída de los precios de las commodities y la inversión extranjera, comprenderemos que el futuro de estos procesos presenta señales de descomposición importantes más allá de victorias o derrotas electorales. Para el caso uruguayo desde 2013 y en profundidad a partir de 2015 se presentan una serie de hechos que dan cuenta de cambios en el proceso de la construcción hegemonía tal como se conoció hasta ahora. Sumados a ajustes impositivos y salariales con impacto negativo para los trabajadores y las trabajadoras, el segundo gobierno de Vázquez declaró en mayo de 2015 la esencialidad de la educación como medida para afrontar la lucha de los docentes, maestros y estudiantes contra los recortes en el presupuesto educativo. En 2017 el poder ejecutivo promulgó un decreto anti-piquetes, el cual prohíbe la interrupción de calles y carreteras. En la primera aplicación de esta norma, fueron detenidos trabajadores del transporte frente a una fábrica de celulosa de capitales transnacionales que funcionan en régimen de zona franca en el país. En un escenario de cambios regionales y avances conservadores se instalan nuevos desafíos. En todo caso será necesario que el protagonismo político concentrado en la esfera gubernamental sea retomado por las organizaciones populares, en un doble esfuerzo por defender los derechos conquistados y reabrir horizontes de transformación que disputen los sentidos conservadores de las fuerzas en pugna. En este último sentido la lucha de las mujeres feministas de los últimos años brinda un poco de esperanza en marco de un escenario general para nada alentador. Frente al debilitamiento de las experiencias progresistas y su imposibilidad de concretar los anhelos de transformación, brotan los líautonomía

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mites que hemos encontrado en los caminos recorridos. Es necesario asumirlos y reformularlos, de otro modo el mecanismo de repetición emergerá en las experiencias actuales y futuras, colapsando una vez más los anhelos de transformación.

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De un estado de ruptura a un Estado en ruptura: Ecuador y Venezuela en el «fin de ciclo» Mila Soledad Ivanovic

Resumen Este texto propone echar una luz sobre los procesos venezolanos y ecuatorianos a partir de dos enfoques: las propuestas participacionistas que emergieron al calor de la refundación constitucional y las consecuencias que ha tenido sobre el Estado como órgano de aplicación y definición enunciadas de nuevas relaciones de poder. Da la palabra, mediante varios años de investigación sobre la participación en ambos países, a los actores de “abajo” y busca incluir la posición de los actores de “arriba”, como la élite del poder, para establecer diferentes consideraciones acerca del Estado, sus continuidades y sus transformaciones, en el contexto del “progresismo latinoamericano”. Transformaciones estatales, progresismo, democracia participativa, Venezuela, Ecuador

Introducción Estudiar al Estado en sus transformaciones es un reto importante del análisis de los procesos de cambio que compusieron la tela de fondo latinoamericana entrando en el siglo 21. Las ciencias sociales y políticas han marcado varios caminos para esta tarea: desde el autonomía

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análisis de las políticas públicas, sectoriales y una visión segmentada del Estado, desde sus aportes en materia social hacia lo económico. Luego, desde la teoría política, y entre otras visiones marxistas, decoloniales, y liberales. También, desde la etnografía y el conjunto de prácticas que ilustran la cotidianidad del Estado (en un afán de deconstrucción del paradigma “occidental” del Estado). Otra arista está representada por la sociología histórica (Radcliffe 2001, Skocpol 1985, Coronil 2002) que permite una mirada no sólo atenida a cambios bruscos del panorama político. Por último, a partir de una visión plural y multisituada (actores, espacios) que toma los discursos y las prácticas ejemplificadas y situadas como pantalla del día a día, de las prácticas, “rituales” y experiencias (esperadas o vividas). Es ésta última que se adopta en este trabajo, desde una lectura participacionista del Estado1. Parto inicialmente de dos premisas: por un lado, la participación como proyecto estatal “revolucionario”, por otro, la visión desde los actores (sean habitantes o decisores políticos) para lograr o concebir el cambio. En el primer caso, me baso en una treintena de cuestionarios administrados a personas que han participado en reuniones con autoridades estatales (nacionales o locales) en el Ecuador, la segunda desde los mismos cuestionarios a funcionarios estatales y con miembros (o ex) del gobierno (Ejecutivo, poder electoral) en Venezuela2. Como bien afirmó Foucault (2016: 136), el Estado no es la unidad mitificada a la cual los pensadores nos han acostumbrado, sino 1

Se entiende por participacionista, un enfoque que estudia al estado desde los procesos de participación puesto en práctica en las últimas décadas en la región, básicamente desde la experiencia de Porto Alegre, hasta los procesos neo-constituyentes que integran la participación como anclaje fundamental del funcionamiento político (Colombia, Costa-Rica, en un primer periodo, Venezuela, Ecuador y Bolivia, en un segundo).

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Se intentó, en un primer momento, entender mediante cuestionarios las relaciones en espacios institucionalizados de participación que se dan entre los “usuarios” de la participación y los funcionarios a cargo de su desarrollo y seguimiento como política pública (Ecuador). En un segundo momento, se realizó entrevistas a fondo con altos funcionarios gubernamentales venezolanos (véase en índice, la lista completa).

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un rompecabezas de muchas aristas. Por lo tanto, será un ejercicio arriesgado el de querer abarcar a un sinfín de prácticas, discursos y experiencias contenidos en la palabra “Estado”. Por ello, partiendo de diferentes trabajos de campo en los dos países discuto transversalmente la tesis de la democracia de “alta intensidad” desarrollada por de Sousa Santos (2004) aplicada al estudio de las transformaciones estatales de dos modelos de políticas participativas3. Por un lado, abordaré el caso del “Estado Comunal” en Venezuela y la lógica discursiva del “poder popular” que la sostiene, por otro lado, analizaré los cambios efectuados en el seno de la institucionalidad del gobierno ecuatoriano hacia la construcción de espacios de intermediación entre los “ciudadanos” y el Estado (2006-2016). Este piso analítico brinda la posibilidad de diseñar una tipología de los cambios operados y medir la profundidad y la eficacia de los modelos propuestos en la búsqueda de políticas de apertura democrática volcadas tanto hacia la garantía de derechos sociales como de propuestas “contra-hegemónicas” al orden liberal, representativo y capitalista. En base a observaciones de muchos años en Venezuela, en el campo de la participación popular, trabajos en diferentes instituciones, realización de cuestionarios y entrevistas a funcionarios y usuarios de la participación, así que seguimiento de procesos participativos en el marco del Estado en Ecuador, trataré de avanzar hacia la definición de la identidad subjetiva del Estado (prácticas estatales materiales y subjetivas, burocracia vs horizonte emancipatorio de la acción estatal, popularización y personalización) como aporte propio a las discusiones entorno a los modelos estatales desarrollados por los progresismos latino-americanos.

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Esta perspectiva teórica se debe a la voluntad de inscribir elementos empíricos relacionados a la construcción estatal en los “progresismos” latino-americanos en el debate de izquierda. De Sousa Santos es un referente en ella, y sus enfoques temáticos son muy concurrentes con las problemáticas aquí desarrolladas.

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Transformación ¿de qué, para quién? De lo viejo a lo nuevo ¿De qué parte la premisa de una transformación estatal o de una nueva estatalidad en Venezuela y Ecuador? Podemos declinar esta pregunta en tres puntos: 1. Del contexto neoconstituyente (1999 y 2008), 2. Del peso de lo participativo y la ciudadanía en la toma de decisión y herramientas de definición y orientación de las políticas; y 3. De un discurso sobre un Estado renovado (Estado Plurinacional, Estado comunal). Más allá de esta division temática, nos aparece importante aclarar la cronología sobre la cual se establece el presente artículo. Es parte de una investigacion que va, en Venezuela, desde el inicio de la Revolución Bolivariana (1999) hasta el 2014, poco tiempo después de la muerte de Chávez, y en Ecuador, que corresponde al periodo correista (2007-2017). La comparación de los dos casos no es tan evidente, aun cuando son partes del “proceso bolivariano” y la “ola progresista” en América latina, o coayudvante de la idea de un sustrato común a los regímenes implementados desde un rechazo al consenso de Washington y la época neoliberal, también calificados de “postneoliberales” (Sader 2009; Figueroa Ibarra, 2010). Lo que no sería tan evidente por las diferencias concretas entre los dos casos: por un lado, tenemos a un Estado que busca redinamizar sus capacidades, luchando contra formas de apropiación oligárquica, corporativista, por otro lado, formas radicales de enunciación de los cambios asociado a un revival popular, ambos desde un Estado históricamente enquistado en una crisis de representación, una retirada y como actor profundamente implicado en las injusticias sociales de fin de siglo. Adicionalmente, los dos están marcados por un intervencionismo obvio en el dominio económico y político. De Sousa Santos, que nos sirve de barómetro conceptual y teórico para poder entrar en una conceptualización de procesos de cambio desde una lógica estatal, pone en tensión dos elementos: la democracia y los derechos humanos. Por no contar aquí con elementos coincidentes con la segunda categoría, nos concentraremos en el levan194 –

tamiento de información acerca de la democracia, cuanto el Estado haya jugado un papel de mayor importancia en las refundaciones4 aquí observadas. Seguiremos la tesis según la cual para que haya “democracia de alta intensidad”, debe haber una “tensión creativa entre regulación y emancipación” (Sousa dos Santos 2006:73). Tres aspectos resaltan en esta reflexión: un proceso de desoccidentalización de la racionalidad política, jurídica y estadista (plurinacionalidad, reconocimiento identitario); un nuevo papel de los actores emergentes en el campo político-estatal (poder popular, participación); y la definición garantista de nuevos derechos en particular no-humanos (naturaleza, anti-extractivismo y política energética soberana). A fin de cuentas, según este autor, el mayor desafío para una democracia de alta intensidad es resolver parte de la tensión complementaria entre movimientos sociales/sociedad civil y Estado . Partiendo de la sociología política, se puede interpretar al Estado en sus transformaciones desde la óptica adoptada por Migdal de “Estado en la sociedad (conciencia colectiva) siguiendo a Norberto Elias y la idea de los cambios procesuales: el “estar volviéndose”” (2011:46). Para este mismo autor, lo que falta a los estudios del Estado es la “formulación y la transformación de sus objetivos” (Migdal 2011: 145), de allí, la idea de “Estado transformativo” (147). Desde el campo académico, pocos se han interesado en la institucionalidad y en las condiciones de transformación de los estados involucrados en procesos políticos de cambio “posneoliberal”. En muchos casos, la falta de atención ha sido debido a que la institucionalidad, desde una premisa marxista y guevarista es sinónimo de “permanencia”, “estabilidad” o reproducción de la dominación, porque a fin de cuentas “las instituciones limitan, regulan, imponen un cerco a la efervescencia social y la sofocan con burocracia” (Lang, Brand 2015: 22). Este aspecto es menos notorio en el caso ecuatoriano

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Se puede referir a « refundación » desde un repertorio acrítico que algunos autores usan para observar que hubo cambios significativos en la estructura del poder estatal o como categoría descriptiva de los tres procesos neoconstituyentes que fueron pretensiones de refundación del Estado. Es en este último sentido que usamos el término.

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puesto que el correismo tendió a privilegiar más la formalidad política, en el caso venezolano, el realismo mágico que lo caracteriza, por el petrorentismo y el consecuente “Estado mágico”5 (Coronil 2002), dio paso a una despreocupación severa del ámbito estatal que se redujo globalmente al estudio de las relaciones sociedad/partido, partido/estado, líder/sociedad, movimientos sociales/partido, etc. Los análisis se desprendieron de las “viejas formas de hacer política” (el Estado), para dar con toda la fraseología de “lo nuevo”. En el segundo segmento de la investigación, que en primer lugar se centró en la inserción de instrumentos institucionales de participación, o de ampliación de la acción estatal a sectores no-estatales, empezamos a interesarnos en lo que Mann y Migdal, llaman la “élite del Estado” para dar a entender el movimiento “arribajo” (porque se da en un perpetuo movimiento de doble sentido) que aparece en un Estado transformista (Migdal 2011). Allí son las lógicas de producción de las políticas lo que nos interesa. Empero, se propone confrontar al Estado con sus propias lógicas de enunciación y de legitimación. De esta manera, siguiendo los pasos de la sociología política, queremos intentar una desmitificación del Estado y su apreciación desde la posicionalidad de sus actores. Pero en el tránsito de lo viejo a lo nuevo, creemos firmemente que aquí descansa la contradicción de aparatos y mecanismos poco propensos al cambio (Scokpol 2007), entropía llevando a la reproducción de esquemas inertes y reaccionarios. Por lo cual nuestra hipótesis apuntala la relación dialéctica entre estado en ruptura con prácticas y estructuras antiguas de dominación y control (coloniales, neocoloniales, sociales) conllevando a propuestas superadoras, y estado de ruptura con los movimientos sociales y el proyecto originario de democratización del Estado. Empezando con la Constituyente ecuatoriana (2008), y la redacción de unos 400 artículos que abarcaron

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Sin tener acá la posibilidad de desarrollar mucho esta noción, es menester recordar que al referirnos a Estado mágico resaltamos con Coronil un Estado “capturado por el dinero” tensado entre la “abundancia monetaria” y “su debilidad estructural” (Coronil 2002: 108).

todas las demandas y reivindicaciones de los movimientos sociales, agrietando la posibilidad de resolución de conflictos y las promesas constituyentes, llegando a la Asamblea Nacional Constituyente (2017) en Venezuela, que usurpa funciones legislativas propia al Parlamento y se presenta como el pacemaker de la Revolución en plena convulsiones por el deterioro económico, político y social que deviene en una “situación termidoriana” (Ivanovic 2017). Antes de considerar los elementos acuciantes al estudio de la institucionalidad participativa que nos parece ser uno de los cambios más elementales de estos años de procesos “revolucionarios”, es útil aproximarnos al peso del Estado en estos dos países. Nos referiremos en primer lugar al gasto del sector público en porcentaje del PIB. Ecuador aparece en el 2008 junto a Brasil como uno de lo más dispendiosos y con una variación entre 2003-2008 muy importante (18%). Con relación a Venezuela, se trata de un Estado con alto nivel de gasto público desde los años 90, lo que aparentemente la Revolución Bolivariana no ha venido cambiando drásticamente. Sin embargo, ambos entran sorprendentemente en el 2008 en la categoría de los países con presencia social media6 en Venezuela y presencia social baja7 en Ecuador (Ocampo y Malagón 2011: 30). En Venezuela, histórica y culturalmente, el Estado ha sido un empleador importante con una progresión de 3 puntos entre el 2000-2008 (Leiva 2010:94), mientras el Ecuador aparece como uno de los países con menos empleados públicos, en todo caso muy por debajo de las cifras europeas (30%-18%). Tenemos un mayor nivel de ingresos de la administración pública por porcentaje del PIB en el Ecuador con 38,7% (11,9% entre 2007-2013 de ingresos del gobierno general), lo que apunta a una mejor “racionalización” de los ingresos (en particular, tributarios). Entre el 2009 y 2014, Ecuador y Venezuela conocen el mayor aumento del ingreso fiscal (OCDE 2016: 58). Por otro lado, Ecuador es uno de los países de la región que tiene mayor gastos de la administración pública (mas de 40% del PIB, en comparación Costa Rica tiene menos de 20%).

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En los cuales el gasto social oscila entre el 10% y el 15% del PIB.

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Con gastos sociales inferiores al 10% del PIB.

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A fin de cuentas tenemos estados relativamente “inflados” si los comparamos con sus homólogos europeos y con los gobiernos anteriores. Consideremos ahora en detalle el surgimiento de la retórica estatista en el contexto de los dos casos estudiados.

Definiciones Lo que aquí nos interesa es esa relación tenue entre Estado y Revolución, porque de cierta forma encapsula al primero en disposiciones monolíticas que pasan por el cambio real y enunciado de estructuras e ideologías (hegemonía) ligadas al Estado. El Estado se presenta en contexto “revolucionario” como el lugar de enunciación de hecho, la caja de resonancia de voces subalternas (insurgentes, populares). Es donde se le da apariencia cristalizada, cambio en acciones (políticas) y vehículo principal del relato transformador. Ha existido en estos últimos tiempos varias y prolíficas maneras de definir a los estados en nuestros dos casos, o a defecto en América Latina. Desde la autojustificación ejercida desde los aparatos estatales hacia la sociedad se ha mencionado, tal como lo formula García Linera, ex Vice-presidente de Bolivia, al “Estado poroso” (El País, 2016), acerca de la atenuación de la línea divisoria Estado/sociedad en contextos de transformación política, “Estado descoordinado” en Venezuela en materia de políticas industriales que implica la búsqueda de renta (Ríos Ludeña 2016), y la imposibilidad de autonomía frente a intereses privados, por lo cual son también “estados no-autónomos” (Ríos Ludeña 2016: 380) divididos en dos ramas: financiera y desarrollista. En este mismo orden de ideas, se habla también de un “Estado fragmentado” en cuanto se confronta a estructuras estatales no-cooperativas y tiene que crear alternativas institucionales para llevar a cabo sus reformas (Nelson 2013). Por otro lado, se afirma que hay un “estatismo emergente” (Font 2015), en respuesta a la “larga noche neoliberal” y en la relación entre Estado y sector privado. En el caso del Ecuador, las aproximaciones son menos zanjadas: Estado centralista, tecnocrático, son los dos términos más manidos. Y, claro, se habla también, en plano general, del Estado “extractivista”/ 198 –

rentista, en la relación que éste entretiene con la economía política global y sus élites . Sin redundar en las definiciones muy perentorias y normativas como de Estado fallido, débil, etc., es preciso notar diferentes características en los dos casos: en el caso venezolano, se da la impresión de un Estado en perpetua crisis. Se asiste a un complejo juego de sillas musicales en los cargos decisores e intermediarios, se asienta la acción pública en lealtades y se presenta una conflictividad política alta. En Ecuador, el proceso estatal da una impresión de inmutabilidad, que podría equivaler a un nivel más alto de institucionalización. Si examinamos el caso venezolano con mayor detenimiento, se puede acoger la idea de una desinstitucionalización como lo pretende Migdal (2011) cuando analiza los “Estados débiles”. Según algunos actores, se podría explicar por una falta de organización desde el Estado como lo analiza un exministro de economía venezolano, que no ha logrado tener “un proceso seguido de formación de los cuadros del gobierno”(C, 2016). Pese a esas debilidades, lo que aparece en otros discursos es el nuevo viso “incluyente” del estado en los dos casos tal como lo resalta una rectora del Consejo Nacional Electoral en Venezuela en una entrevista (A, 2016). En la construcción discursiva del Estado sobre su propia acción, en Ecuador destaca mucho más el tema de la transparencia que en Venezuela. Dejando la palabra al que fue uno de los arquitectos de la modernización y reforma del Estado en el Ecuador, Pabel Muñoz, “el objetivo ha sido construir un Estado popular, racional, moderno, eficiente y participativo (Endara 2015: 284). Ciccariello-Maher propone la interpretación en términos de no-Estado en el caso venezolano, a partir de Kleber Ramírez, un teórico libertario venezolano de los ochenta, y su “Estado comunero” que deviene en un no-Estado, para “ampliar la democracia en la cual las comunidades asumirán los poderes fundamentales del Estado.” (Ciccariello-Maher 2016: 23). Asimismo estima que “en lugar del Estado encima del pueblo, un poder comunal encarnará una relación dinámica” entre las instituciones y el pueblo (Ciccariello-Maher 2016: 24). Es una visión acrática del Estado, pero que en cierto modo permea la ideología participacionista, ya que según esta lógica, “en vez de depender del Estado, las Comunas se sustenta[ría]n con su propia productividad” (Ciccariello-Maher 2016: 92). autonomía

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Desde ciertos sectores académicos comprometidos con los proyectos políticos que nos conciernen aquí, y particularmente en el caso ecuatoriano, podemos escuchar términos como Estado “contra-hegemónico”, “Revolución jurídica”, “Estados post-neoliberales” (Ciespal, 2017). Creo que es tiempo de poner las manos en la masa y avanzar ya no hacia una teorización normativa en tiempos progresistas o revolucionarios del Estado, sino hacia una caracterización empírica de éste, y así prestar más atención a las “prácticas materiales del Estado” (Poulantzas 1979) y en particular en los países latinoamericanos periféricos ya que predominan estudios sobre Brasil, Argentina, México y Chile.

Instrumentos de apertura democrática Si bien es cierto que la transformación estatal no equivale a la transformación participativa (Tarragoni, Boas 2016), aparece evidente que esas disposiciones transforman al Estado (aunque desde el solo punto de vista institucional) antes de que se transforme por sí mismo. Presentamos a continuación varios instrumentos institucionales en ambos países que apuntan a la tesis de la transformación participacionista. En el Ecuador podemos incluir a la Constitución, al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, al Plan Nacional del Buen Vivir, a la Ley de Participación ciudadana, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En Venezuela, el esfuerzo participativo se construyó desde la Constitución, el Plan de la Patria, y diferentes leyes (Consejos Locales de Participación Pública, Consejos Comunales, Comunas, del Poder Popular). En el marco de este estudio estuve trabajando con la SENPLADES, el CPCCS (Ecuador), las Comunas y Consejos Comunales, y el Ejecutivo (Venezuela). En el caso venezolano, con la ayuda de las entrevistas realizadas, podemos considerar que hubo una apertura fundamental de los apa200 –

ratos burocráticos, por lo menos en un primer tiempo como bien lo resalta un ex Vice-ministro de planificación al plantear que los ministerios alrededor de los años 1999-2003 eran especies de gran asamblea, o que el canal público después del golpe de Estado del 2002 había sido tomado por los movimientos sociales (B, 2017). Lo mismo pasa con las misiones (de salud, educación o vivienda), según un exministro de economía, se concibieron para luchar contra el “metabolismo de la apropiación privada de la renta pública propia de la burocracia” (C, 2016). Las misiones son así vistas como un intento de “desburocratización” que incorporan la participación en la ejecución, como lo afirma una exministra de ambiente (D, 2016) o, a propósito de la Misión Róbinson de alfabetización, como “la institucionalidad convencional no estaba preparada para esto” según un exministro de educación (E, 2017). Se evidencia también un momento de fervor y movilización democrática con procesos de consulta e incorporación a leyes (Constituyente, constituyente educativa, Plan de la Patria). En el caso ecuatoriano, la SENPLADES es el “cerebro centralizado” (Burbano 2015) de la reforma, modernización y democratización del Estado, y pasa por la construcción de un Estado plurinacional, megadiverso y plural (Walsh 2009). Basándonos en los cuestionarios pasados a funcionarios intermedios y usuarios de la participación, se enfatiza el hecho que las leyes creadas “no reconocen todas las formas de participación, por ejemplo el mecanismo de la Silla Vacía8, no tiene suficiente reglamentación ni directrices claras para su aplicación efectiva; de igual manera con el Presupuesto Participativo, la norma no clarifica porcentajes ni métodos para la asignación de dicho presupuesto.” (F, 2016). Otro reconoce una diferencia en la participación entre el antes del 2008 y el después, en el surgimiento de un “direccionamiento estratégico y normativo” (I, 2015). En todo caso, muchos resaltan la nueva cultura de relaciones políticas entre la sociedad y el Estado, y apuntan a un problema de una cultura anti-participación y del “cacicazgo” que obstaculiza la participación. 8

Mecanismo de representación en las instancias de decisión desde lo local hasta lo nacional de un miembro electo de la “sociedad civil”.

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En el caso venezolano, siguiendo con el tema de la apertura democrática, en las diferentes entrevistas realizadas, rara vez se deja de mencionar a Chávez como el gran ordenador de todo el nuevo aparataje estatal. Esta prosopopeya o personificación del poder estatal (que permanece con Maduro) y la sicologización del funcionamiento del Estado (como, por ejemplo, la manera de ser de Chávez con sus excompañeros de la Academia militar afectó su poca inclinación al castigo) son otros rasgos que, a nuestro parecer, desvían la atención sobre procesos más estructurales que pocos han estudiado (de allí, se puede hacer una crítica en este sentido a la noción de populismo, que no ayuda en caracterizar debidamente a los procesos estatales y que han monopolizado la atención analítica). A pesar de la muy mala imagen que actualmente goza Venezuela y las caracterizaciones subsiguientes en términos de autoritarismo o dictadura, un elemento de peso en la definición de su evolución institucional es el gran esfuerzo legislativo que se ha hecho alrededor de un marco definitorio al poder popular y la “participación protagónica” entre 2004 y 2011. Desde los Consejos Comunales y las Comunas hacia intentos más evasivos como el “parlamentarismo de calle” o el “Pueblo legislador”, se han implementado mecanismos para otorgar, delegar y transferir poderes fuera de las tradicionales vías representativas. Cerraremos con dos interrogantes que hemos venido trabajando más desde el caso venezolano a raíz del levantamiento de entrevistas realizadas en los últimos años. Se trata del tema de la popularización del Estado y de la consecuente pregunta alrededor del desmantelamiento del Estado liberal.

Popularización del Estado, o Tótem y Tabú de una revolución Intentemos una definición provisional de la idea de popularización del Estado o estatización de lo popular (Åsedotter Strønen 2017). Se trataría de un proceso en el cual poblaciones marginalizadas (en lo social y político) se acerquen a esferas de poder, o que estas últimas 202 –

se abran a actores no-estatales. La pregunta inicial es saber si este proceso es meramente simbólico (populista) o si hay evidencia de un avance en este sentido (radicalización democrática). Según un ex viceministro de la Cancillería y de Educación superior en Venezuela, “en cierto sentido la cancillería se democratizó. La ley de política exterior del 2001 permite que diplomáticos no sean exclusivamente egresados de la escuela de RRII. El hecho de incorporar personas de movimientos sociales, se empezó a ver gente que no se solía ver en la cancillería, vestidas de otra forma. Hubo una compenetración entre la política exterior y lo que se estaba viviendo en Venezuela en términos de transformaciones sociales. (…) La cancillería se abrió a la sociedad y se dejó penetrar. En los objetivos de la política exterior se abrió a la planificación y consulta popular, como en el momento de la redacción del Plan de la Patria. Fue una politización noble de la Cancillería. La ancló en la realidad venezolana.” (G, 2017) Sin embargo, sigue con la idea que una popularización del Estado no siempre tiene efectos benéficos como en el caso de esta anécdota que nos cuenta acerca de una disputa en la Universidad Bolivariana de Venezuela: “Había cada vez más estudiantes, pero no había libros. Estoy a cargo de la política estudiantil, un recurso elemental y salgo inocentemente a proponer una biblioteca, y salen algunos a tildarme de burgués, haciendo hincapié en el trabajo con la comunidad. Como si una cosa fuera excluyente de la otra”. Esta doble moral de la intervención política (desde el aparataje estatal hermético a la actuación ciudadana, y la implementación de políticas de apertura democrática) puede apreciarse en la idea de producción cotidiana del Estado (everyday state making) (Joseph, Nugent 1994) por parte de las clases populares involucradas en políticas participativas. Así, como lo evidencia Abrams (1988), tenemos que distinguir entre el Estado-idea (ideología) y el Estado-sistema como “el conjunto de agencias (capacidad de acción) estatales que organiza la sujeción política”. De esta forma, la popularización de los aparatos estatales queda atrapada en la primera categoría, cuando la segunda, menos visible, nos informa mejor sobre transformaciones estructurales. Hay otro aspecto que tomar en consideración, es la crítica del Estado desde los movimientos sociales en el cual estos serían vistos como autonomía

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el Eros de la política y el primero como Tánatos. Para algunos críticos a la inflación retórica para con la idea de popularización del Estado, se puede evidenciar un elemento que podría tener mayor efectuación en el contexto venezolano, como la idea de auditoria vs la contraloría local y simbólica. En Ecuador, la relación es inversa: hay mayor auditoría técnica (mas no popular) y menos a nivel de contraloría (a salvedad de dispositivos como las veedurías). Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ante la aprobación de la ley de recursos hídricos en el 2014, formuló: “estamos de acuerdo que sea el Estado esa autoridad [única del agua], pero nosotros también somos Estado” (El Comercio, 2014). Esto demuestra que en el Ecuador también se ha metabolizado esta idea de apertura democrática y popularización del Estado pero en forma más codificada. En efecto, por una parte, hay una cantidad insólita de mecanismos de participación que complejiza su apropiación, por otra, la participación está contenida en el proyecto de “descorporativización” que implica una relación ambigua de regulación y sometimiento de las organizaciones sociales. En esta relación muy intricada entre Estado y sociedad movilizada (que es parte del proyecto de cogobernabilidad operado en los dos proyectos neo-constitucionalistas), algunos en el caso venezolano hablan de “autonomía complementaria” (C, 2016), para superar los problemas de cooptación y de aplastamiento de la capacidad de acción de los movimientos sociales. Esta tesis es denigrada por otros quienes, como Javier Biardeau, no ven el problema en términos de instrumentos legales: “el problema que se dejó de encarar es que la transformación del Estado, que había sido pospuesta, en sentido de promesa constituyente, no tuvo carriles institucionales desde los movimientos sociales que generaran una contrapropuesta al Estado heredado” (Isolina 2016). Lo que sí aparece claramente es que en el caso venezolano, el “poder popular” encarna la definición negativa del Estado, este Otro que hay que disciplinar para poder imaginar emancipación. En el caso ecuatoriano, el “poder ciudadano” (o a veces en algunos ámbitos atrevidos de formulación se habla de poder popular) es, para tomar una 204 –

metáfora freudiana, el no-dicho de la política, el innombrable. En el primero, un significado saturado de sentido y expresiones, en el otro, una ilusión manifestada o revelada por esfuerzos tecnófilos. Uno como Tótem, el otro como Tabú.

¿Desinstitucionalización o desliberalización del Estado? Es un debate actual que pasa por un reconocimiento de las críticas a la racionalidad estatal eurocentrada (Nandy 2011) y que podemos ilustrar a partir de dos tópicos en cuanto a la característica de las políticas públicas y las condiciones de ejercicio de la función estatal. Dentro de la problemática de la desinstitucionalización y la burocratización (como obstáculo a la transformación o neutralización de los esfuerzos de cambio) es contundente en Venezuela el tema de la fragmentación de la cadena de mando, como ocurre en el caso de funcionarios intermedios, implementadores de las políticas y con capacidad de decisión. Se hace también visible en algunos estudios, el conflicto intra-agencias estatales y la carencia de las capacidades estatales – agency level capacities– (Enriquez, Newman 2016), basada entre otras cosas en la división del trabajo de las diferentes escalas institucionales. En caso de no tener esta distribución de funciones claras, se corre el riesgo de una fragmentación del Estado. En el caso ecuatoriano también se destaca este tema: al hablar de “compartamentalización de los cargos estatales” se refiere a “la capacidad del Presidente para crear un cuerpo de funcionarios altamente especializados que pueblan agencias estatales clave, y que gozan de una apreciable autonomía frente a las presiones de los parlamentarios e incluso del partido político del presidente, así como de otros grupos sociales” (Andrade 2012: 36-37). Desde el debate sobre el illiberalismo9 (Rachman 2008), las refor-

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Cada vez se recurre más a la noción de illiberal para describir sistemas democráticos que no responden a los atributos republicanos clásicos como la separación de los poderes y la responsabilidad (accountability), también descritos como autoritarismo competitivo.

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mas del Estado pasando por un incremento de la eficacia del Estado, los movimientos de cambios políticos en nuestros dos países han encarnado dos paradigmas. En Venezuela, las misiones han sido señaladas como instrumentos híbridos y heterodoxos de la acción estatal ya que se desplegaron en forma masiva pero como una institucionalidad paralela proveniente de los fondos de la empresa estatal petrolera, PDVSA, a fin de escapar de la burocracia estatal. En el caso de Ecuador, las políticas públicas dan una apariencia más ortodoxa en materia de redistribución y de aplicación de las políticas públicas como es el caso del Bono de Desarrollo Humano y el énfasis puesto en las infraestructuras. Al mismo tiempo que se configura un terreno nuevo en cuanto a la definición esencialista de tales políticas como insertas en o parte de la búsqueda del Sumak Kawsay (Buen-Vivir) queda poco clara su evaluación en términos estructurales de cambio: más eficacia que habría que medir correctamente, pero también centralismo disciplinario en cuanto a la incorporación de actores no-estatales en la definición de las políticas. En el otro bloque de temas relativos a la desinstitucionalización y/o la desliberalización del Estado, evaluemos la precariedad estatal en el caso venezolano frente a la modernización tecnocrática en el caso ecuatoriano. Para el primero, la precariedad no es una exageración, ya que incluso se suele hablar de desinstitucionalización (Petkoff 2013), ausencia de Estado, desgobierno, incluso Estado descomunal (González/López Maya 2013, Ramos Jiménez 2011). Uno de nuestros entrevistados lo interpreta como una “desconfianza de la izquierda hacia el funcionariato” (G, 2017) que ilustra de la siguiente manera: “Hubo un momento en que la Cancillería la manejabamos quince de nosotros, yo era vice para África, Europa, Asia…”. En el mejor de los casos se refieren a la poca continuidad que se ejerce dentro del Ejecutivo (cambios incesantes de ministros, y toda la cadena intermedia de mando), o como lo expresa el mismo ministro, sobre la precarización laboral dentro de las instituciones: “El problema siguió siendo el staff diplomático y la formación subyacente. Aunque entrara gente nueva, al no resolverse la formación, el proceso de ascenso, por parecer algo burgués. De alguna manera [los nuevos integrantes] estaban allí sin estar. Había una gran indefinición sobre si iban a hacer vida dentro 206 –

del cuerpo. El debate es legítimo saber si hay que tener una burocracia estable o no, pero hay que tomar una decisión”. El mismo problema de la integración de nuevos elementos se evidencia en el caso del Ministerio de Cultura y el intento de llevar a cabo una política masiva de participación de los cultores: “En el caso del congreso de la cultura dentro del consejo presidencial de gobierno, lo que fueron resaltando fueron demandas reivindicativas, hacia la institucionalización y la funcionarización (carnet y sueldos). En vez de generar políticas que favorecieran a los cultores, se enfrascó en las condiciones de trabajo y no una transformación más estructural y profunda” (H, 2017). En ese mismo orden de ideas, lo burocrático y lo tecnocrático son elementos disonantes con un proyecto de apertura. Así lo formula nuestro ex vice-canciller venezolano: “Traer la discusión sobre proceso de optimización de la burocracia suena tecnocrático. La forma de construir la política es a través de acto revolucionario altisonante, confrontaciones con la derecha, cosas más épicas. En América Latina estamos centrados en lo heroico, el sacrificio y lo épico. La organización estatal es un acto secundario” (G, 2017). Concluye de la siguiente manera: “Creo que la carencia que tiene en la ejecución tiene que ver con la sobrevaluación de la iniciativa (convocatoria, acto fundacional) y la sub-evaluación de la ejecución (seguimiento, cotidianidad y gestión). Son ciclos recurrentes de convocatoria, labelización, exaltación de esta instancia, y luego desaparición, y relanzamiento, en un proceso en acordeón.” La burocracia se vuelve la pesadilla de altos funcionarios comprometidos con un cambio estructural, este “otro yo” que reprimir para seguir con la metáfora psicoanalítica. Pero se trata también de una organización y un sistema poco propenso a la iniciativa y al cambio, como lo expresa esta ex vice-ministra de cultura: “La cosa estaba un poco burocratizada, como lo que pasaba en otros ministerios, con hiperinflación de la nómina, toma de decisión muy verticalista. Todo dependía del ministro. Por las características de los que estaban allí, muy jóvenes, conscientes de las trabas del Estado, buscamos subvertir esta lógica. Empezamos a crear mesas de trabajo y promover la participación de los trabajadores” (H, 2017).

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En forma muy diferente al caso venezolano, en Ecuador la “descorporativización”, el centralismo burocrático (Fontaine, Fuentes 2011) y disciplinario, así como la planificación apuntan hacia una modernización tecnocrática, que bien puede acomodarse de pocos avances en el diseño innovador de políticas sociales y de arquitectónicas (y dinámicas) estatales contra-hegemónicas. A contrario, se nota una voluntad de agenciamiento y reestructuración del aparato estatal que podemos asumir como de corte intervencionista y neo-institucionalista. Por último, en ambos casos, tenemos que resaltar un fenómeno similar: el de la correlación y coincidencia entre las estructuras partidistas y los aparatos estatales. Algunos comentaristas lo han llamado el “estado de derecho politizado” (densidad legal alta y autonomía institucional baja) y “estado politizado” (densidad legal baja y autonomía institucional baja) (Brinks 2012). Este fenómeno de partidización del Estado puede dejar entender la débil institucionalización que padecen movimientos de cambio cuando se trata de dar continuidad a políticas más allá de aspectos carismáticos u organización partidaria impositiva.

Conclusiones Entre las abultadas formulaciones para describir los cambios operados en los países marcados por una referencia a la revolución como “transformación”, “reforma”, “democratización”, optaría por la idea de refundación en el sentido de una reorientación del pacto republicano fundamentado en la idea de “dar más poder al pueblo”. Aunque suene normativo e idealista, parece necesario resumir en lo que subyace las propuestas de refundación del Estado: en los dos casos, aunque con menor énfasis en el Ecuador, la idea de autogobierno y de defensa de derechos individuales y colectivos fue el primer peldaño de la arquitectónica discursiva del cambio. La cuestión de los derechos fue más imponente en el Ecuador con una fuerte penetración de las luchas indígenas que otorgaron un lugar particular a la creación de nuevos derechos, aunque sea únicamente en el papel. Si bien es cierto que el Estado es el reflejo de una “sujeción políti208 –

camente organizada” (Abrams 1988) es extraño pensar que gran parte de los proyectos progresistas y de ruptura de las dos últimas décadas haya sido desmantelar un Estado para plantear otras formas de dominación. ¿Sería por lo tanto ilusorio concebir cambiar relaciones sociales de dominación desde el Estado? Ahora bien, hay interrogantes que no se pueden evadir si enfocamos el análisis sobre democratización o transformación: ¿Por qué en el caso de Venezuela se ha dejado al sector militar acumular tanto poder (con toda la carga de opacidad que implica)? ¿Porqué actores de segunda relevancia en términos de amenaza, como lo son las ONG ecologistas o las comunidades indígenas en Ecuador, han sido blancos desmedidos del Estado? Son seguramente más preguntas que respuestas, pero todas convergen hacia una pregunta esencial: ¿Cambiar la democracia se equipara a cambiar el Estado? Lo que conviene encarar ahora, en la continuidad del debate sobre el “fin de ciclo progresista”, es la idea de “gobernar las luchas”. O bien integrarles en un vaivén de negociaciones y arreglos entre factores de poder, y así amputar sus capacidades de ejercer un contra-poder (es la tesis de “resistir gobernando” que propone Alfredo Serrano (2017), por ejemplo), o bien asumir que no tienen absolutamente nada que ver con el Estado, aunque sea en un contexto “amigable” o de convergencia principista. Más que un fin de ciclo que suena perentorio y nos recuerda el infame fin de la historia, preferimos optar por la idea de un cambio de ruta, y la posibilidad de repensar el papel del Estado en una época progresista (y post-progresista) para evitar de ceder a las lógicas de poder contenida en la forma-estado. Los últimos acontecimientos en los dos países nos han confirmado la débil estructuración estatal fuera del papel central del liderazgo político carismático. En Ecuador, con la salida de Correa del mapa político y geográfico, llevando a la “descorreizacion” del Estado por Lenin Moreno que desmantela en parte la institucionalidad implementada por el antiguo presidente; en Venezuela, con una institucionalidad excesivamente subordinada a la coyuntura política de gran inestabilidad, la conflictividad y el liderazgo de Maduro, mucho más disputado que el de Chávez. Podriamos agregar que en los dos casos se da a ver el Estado como un aparato “acorrazado” de poderes autonomía

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autoritarios y represivos cuya capacidad de articulacion con sectores mobilizados de la sociedad es casi nula. Pensar al Estado en Latinoamérica, y en contextos progresistas, es encaminarse hacia modelos de emancipación con el Estado y también a pesar de él, sin lo cual no puede haber proyecto revolucionario en la medida en que el Estado no es ya solamente un medio sino un fin en sí de acumulación (de poder y de capital).

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Entrevistas: A, mujer, 58 años, rectora del Consejo Nacional Electoral (2009-2018), Caracas, 17/06/2016 B, hombre, 60 años, vice-ministro de planificación (2002-2003), Caracas, 17/03/2017 C, hombre, 40 años, ministro de economía (2016), Caracas, 11/11/2016. D, mujer, 75 años, ministra de ambiente (2000-2005), Caracas, 28/11/2016 E, hombre, 67 años, ministro de educación y educación superior (1999214 –

2004), Caracas, 27/01/2017. G, hombre, 42 años, vice-canciller, vice-ministro de Educación superior, Paris, 29/03/2017. H, mujer, 37 años, vice-ministra de Cultura (2014-2015), Caracas, 20/03/2017.

Cuestionarios: I, hombre, Consejero CPCCS, Quito, 18/12/2015 F, hombre, director de participación ciudadana del municipio de Mira, Quito, 12/02/2016

autonomía

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Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020) Emiliano Teran Mantovani

I. Introducción Con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República en 1999, que inaugura la llamada ‘Revolución Bolivariana, se abrieron y reabrieron varios debates en lo que respecta al rol de las izquierdas y las vías para una transformación social de carácter progresista y ‘revolucionaria’. Desde entonces, mucha agua ha corrido. Terminando la segunda década del siglo XXI, Venezuela se encuentra en medio de una larga y profunda crisis, sin precedentes no sólo para el país, sino para América Latina y el Caribe, lo que además ocurre en un contexto regional y global de recesión económica que revela el crecimiento de fuerzas y tendencias políticas sumamente regresivas. En este marco, algunas de las líneas de debate que previamente ocuparon buena parte de la atención –como la ‘transición al Socialismo’ y la materialización de la ‘democracia participativa y protagónica’– han sido desplazadas o desestimadas, mientras que otras se mantienen. Para el caso de Venezuela, uno de los puntos más sensibles y polémicos del debate político remite a la pregunta sobre cómo se ha llegado hasta esta crisis, cuáles son sus causas y cuáles los principales actores y factores responsables. Y evidentemente resurge un examen crítico al rol de las izquierdas (gobernantes y dominantes), y cuestionamientos sobre su propio rumbo histórico, justo cuando estas se encuentran en una encrucijada existencial. autonomía

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Lamentablemente estas discusiones han estado profundamente marcadas y sesgadas por la lógica de la polarización gobierno-oposición, por narrativas absolutas amigo/enemigo, o por una extrema crispación, que han simplificado sobremanera los análisis, empobreciendo las interpretaciones que se pueden ofrecer al respecto. A su vez, han estado también muy presentes interpretaciones analíticas en clave binaria –como la de progresismo/neoliberalismo– que son insuficientes y no logran dar cuenta de las conformaciones híbridas, los cruces de fronteras entre estos ámbitos, los cambios cualitativos que se producen en su seno, y que han sido determinantes en el desarrollo de la crisis latinoamericana del actual siglo en curso. El examen profundo del proceso bolivariano, a pesar de haberse convertido en un terreno minado para muchos, en realidad permite ampliar estas discusiones. En este artículo, se propone un análisis y reflexión críticos sobre el devenir del proceso bolivariano, tratando de examinar las causas y dinámicas que provocaron el desarrollo de la extraordinaria crisis que vive Venezuela, así como develar los nuevos patrones y formatos políticos y económicos que de ella emergen; todo esto, en el marco de los debates sobre «fin de ciclo progresista» en América Latina, que han tenido una alta resonancia. Argumentamos que el caso venezolano, antes ser una excepción, es una clara muestra del fin de este ciclo progresista, en el cual se fue configurando un cambio de régimen sin cambio de gobierno –lo que podríamos denominar la metamorfosis del chavismo–, a través de un progresivo y creciente proceso de neoliberalización económica –que llamaremos El Largo Viraje– y un proceso de derechización política interna. Esto nos ha dejado ante un nuevo terreno sumamente problemático para las izquierdas, y ante nuevos escenarios para el extractivismo en la región, quizás con formatos no vistos anteriormente. En la primera sección, se examinarán los rasgos del proceso de auge, hegemonía, punto de inflexión, agotamiento y declive del progresismo, mostrando los límites de una experiencia que apostó, precisamente en su momento de mayor fuerza, a la profundización del extractivismo y la corporativización de la política en el país. En la segunda sección, se describen brevemente las características y dimensiones de la peor crisis de la historia de Venezuela, lo que 218 –

va a ir configurando un escenario sui generis. En la tercera sección, se analiza esta particular metamorfosis del progresismo, mostrando los detalles de un viraje económico y político que apunta a una re-estructuración basada en la flexibilización económica, y a un estrangulamiento de la llamada ‘democracia participativa’ hacia un régimen con claros visos dictatoriales. Partiendo de un análisis multi-escalar y multidimensional, proponemos analizar el fin de ciclo no tanto como una secuencia de cambios de gobierno, sino más bien como un cambio de régimen, esto es, estudiarlo más allá de la estadía formal o no de gobiernos de este cuño, para atender también a los rasgos particulares de los modelos de acumulación y las transformaciones en los patrones de gobernabilidad y control social, junto a otros factores materiales. En la cuarta y última sección, serán examinadas algunas tendencias, debates y lecciones que nos arroja esta experiencia reciente en el siglo XXI. Serán evaluados los nuevos escenarios del extractivismo, así como elementos para el debate sobre las izquierdas y, de manera breve, los posibles desenlaces y potencialidades para las luchas populares en el país, tomando en cuenta el muy complejo escenario en el que se desenvuelven.

II. Surgimiento del proceso bolivariano y rumbo neoextractivista: hegemonía, punto de inflexión y declive del progresismo La figura de Hugo Chávez y el proceso bolivariano emergen del seno de una profunda crisis que se incubaba en Venezuela desde la década de los años 70 y que estallaba a partir de los 80. Esta crisis iba a revelar el agotamiento del modelo petrolero tal y como lo conocemos, e inauguraba un período de gran inestabilidad política y desequilibrios económicos que, con fluctuaciones y grados de severidad variables, se ha mantenido hasta nuestros días. De esta forma, la llegada de Chávez al poder en 1999 no sólo ocurriría en medio de este torbellino histórico, sino que heredaba todas las advertencias de los peligros de profundizar el modelo rentista petrolero, registradas no sólo en los profusos debates políticos sino autonomía

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también en la importante literatura sobre la cuestión petrolera –cabe recordar la profecía del «desastre» de Juan Pablo Pérez Alfonzo (2009), en la década de los 70–, advertencias estas que habían sido estudiadas y hasta reconocidas por el entonces nuevo Presidente (Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y PDVSA, s.f.). El entrante Gobierno bolivariano va a encontrarse con procesos históricos de declive de la rentabilidad del negocio petrolero y de las fuentes de crudo convencional (livianas y medianas); límites estructurales para la expansión de los sectores productivos; indicadores macro-económicos sostenidamente negativos (permanente devaluación de la moneda, recurrentes procesos inflacionarios desde los 80s, etc); un desarrollo capitalista muy ligado a la dependencia petrolera, y por tanto una economía estructuralmente muy vulnerable; hiper-concentración de la población en las urbes (ligada a los consumos rentísticos de productos importados); procesos de cambio en el mercado energético global; vaivenes en los precios internacionales del petróleo; expansión de la corrupción como mecanismo de distribución política de la renta; recurrencia al endeudamiento externo; y un Petro-Estado que por ende estaba no sólo fragilizado por esta crisis, con una pobre capacidad de negociación internacional, sino también afectado por una crisis hegemónica y de legitimidad, que había puesto en entre dicho el sistema de dominación tradicional. En los primeros años de la Presidencia de Chávez (1999-2004), se van a intensificar las disputas históricas por el control del Petro-Estado entre el bloque bolivariano y los diversos grupos sociales, políticos y económicos que confluían en el sector de oposición. Serán años de duras pugnas y de mucha inestabilidad, en los cuales la conflictividad comienza a subir de tono con fuertes movilizaciones en 2001 y la posterior ocurrencia del Golpe de Estado cívico-militar en 2002, el Paro Petrolero a fines de 2002 e inicios de 2003 y cortes de ruta denominados ‘Guarimbas’ en 2004. En esta fase inicial no hay hegemonía política consolidada y la programática gubernamental tiene más bien un perfil reformista –reformas hacia una democracia social– con vías al resurgimiento del Petro-Estado, que se había intentado desmantelar previamente en el llamado ‘período neoliberal’ (1983-1998). El devenir de estas pugnas va a definirse con una victoria política del bloque chavista. 220 –

Es a partir de 2004 cuando comienza a configurarse la hegemonía del chavismo, y el Gobierno nacional va a lograr una notoria supremacía que no ha vuelto a recuperar en otros períodos posteriores. Paradójicamente, es en este período de hegemonía (2004-2009) en el que se decide la orientación del modelo, y en el que se van a profundizar los males históricos del mismo, marcando el rumbo del proceso bolivariano hacia su declive e inviabilidad. Se reformularon las programáticas políticas, los rasgos y organización de las instituciones del Petro-Estado; se fue gestando un reordenamiento y relanzamiento del extractivismo, de los mecanismos de distribución de la renta petrolera, de las articulaciones regionales, todo desde una perspectiva desarrollista y al calor del boom global de las commodities. Este proceso fue principalmente impulsado por la política que, desde arriba, promovió el liderazgo de Chávez y el aparato institucional estatal, al tiempo que se comienza a definir claramente al Socialismo del Siglo XXI como el horizonte y programa de transformación en el país. La bifurcación histórica que se va a producir en este período va a definir nuevos marcos en los patrones de gobernabilidad, en la orientación de las luchas sociales y en el modelo económico imperante. Por un lado, la hegemonía del Petro-Estado a partir de 2004/2005 comenzó a modificar las formas de producción política y a enmarcar, traducir y patrocinar sistemáticamente las movilizaciones y perspectivas de los sectores populares que componen el bloque chavista, lo cual tuvo gran relevancia si tomamos en cuenta que el Gobierno de Chávez llegaría a concentrar un apoyo social que en este período alcanzaría entre 60 y 70% de la población. Si bien en la primera etapa 1999-2004, las movilizaciones tuvieron un perfil de efervescencia y arrojo, y prevalecía un clima de empoderamiento social, en la siguiente fase estas se fueron corporativizando, regulando, institucionalizando, verticalizándose y su potencia fue progresivamente mermando. En esto juegan un papel central la creación de la figura de los Consejos Comunales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la abarcante narrativa del Socialismo del Siglo XXI y la muy alta concentración de liderazgo en la figura del Presidente Chávez. Todo esto supuso el fin de un ciclo de luchas populares de calle, que podríamos decir que se inició enautonomía

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tre 1987/1989, siendo el llamado “Caracazo”1 la expresión más clara y emblemática del mismo. Por otro lado, el despliegue del Socialismo del Siglo XXI como programa fundamental del Gobierno Bolivariano, se va a producir en consonancia con la primera oleada desarrollista/modernizadora del proceso ‘revolucionario’, en la cual prácticamente todos los proyectos y emprendimientos económicos de gran escala son revisados, reformulados, relanzados y en su gran parte estatizados. Esto en sus inicios implicó la recuperación, re-impulso y nacionalización de las industrias extractivas y el plan desarrollista en el país, la reorganización y promoción de numerosos polos de desarrollo, la asignación de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como el gran bastión económico de la Revolución Bolivariana, la propuesta de proyectos de infraestructura energética y conexión con los planes regionales IIRSA –con apoyo de Brasil−, la actualización de la noción de la ‘siembra del petróleo’ y la misión de convertir a Venezuela en una ‘Potencia Energética Mundial’ que, entre otras cosas, extrajera 6 millones de barriles de crudo diario para el año 2021. Es en este segundo período mencionado en el cual se consolida el llamado “neo-extractivismo progresista” (Gudynas, 2009; Svampa, 2013; Acosta, 2011), el cual mantiene este patrón económico de extracción masiva de materias primas para la exportación, ahora con un Estado que se hace más activo, que capta mayores rentas y genera una repartición de las mismas dirigidas a programas sociales, lo que le otorga mayor legitimidad social. Sin embargo, este formateo político, económico, discursivo y socio-territorial allanó el camino hacia la consolidación de esquemas de muy alta dependencia y endeudamiento público, corrupción, desmovilización social y enquistamiento del clientelismo político. El desarrollo de un nuevo fenómeno de

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El “Caracazo” fue el nombre otorgado a una serie de protestas de enorme magnitud que se dieron en numerosas ciudades de Venezuela desde el 27 de febrero de 1989. Dicho estallido ocurrió a raíz de la acumulación de las desigualdades y descontentos históricos que había generado el modelo rentista petrolero hasta entonces, lo cual fue detonado por las medidas neoliberales anunciadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La significación histórica del estallido fue tal, que hizo inviable el pacto de gobernabilidad iniciado ya en 1959, denominado el ‘Pacto de Punto Fijo’.

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enfermedad holandesa y la perturbación generada por la crisis económica mundial (2008-2009), acentuó los factores estructurales de agotamiento del capitalismo rentístico venezolano –la larga crisis 1983-2020– (Baptista, 2010; Teran Mantovani, 2014) en la medida en la que se reforzaron los anclajes históricos con la débil y escasa producción doméstica, la concentración de ingresos en la actividad petrolera, la adicción por las importaciones o la hiper-centralidad del Estado en el conjunto de la economía y las dinámicas socio-políticas, además de la ampliación de los terribles impactos socio-ambientales que provoca este tipo de desarrollo capitalista. De esta manera, con las mejores y más favorables condiciones sociales, políticas, geopolíticas y económicas para el desarrollo de una agenda popular y de transformación profunda, que tal vez se hayan tenido nunca en toda la historia contemporánea de Venezuela, en el proyecto bolivariano se optó por la profundización del extractivismo, y esto marcó determinantemente el rumbo actual del mismo. El período de caotización económica y beligerancia política en el que se va a sumergir el país está precedido por una fase de estancamiento que se configura desde 2009 hasta 2013. En esta ya se evidenciaban dinámicas de desgaste del poder constituido, crecimiento de la desmovilización social en relación a períodos anteriores y los serios impactos que la crisis económica global causa en la economía nacional. El avance de la reformulación del extractivismo a escala nacional se evidencia con el planteamiento del mega-proyecto del Arco Minero de Guayana (nombrado posteriormente el Arco Minero del Orinoco) en 2011 –el cual posee una extensión de casi 112.000 kms2 para la obtención de oro, diamantes, coltán, entre otros minerales en la Amazonía venezolana– y la posterior sistematización en 2012 del llamado ‘Plan de la Patria 2013-2019’, que detalla geográficamente múltiples ‘polos de desarrollo’ en todo el país. Se fueron delineando progresivas mutaciones y sutiles virajes políticos de perfil regresivo y conservador, que mostraban tendencias internas orientadas a revertir avances que se llegaron a alcanzar en años previos. La muerte de Chávez en 2013 genera el cisma que desencadena el inicio de la actual etapa convulsa y crítica.

autonomía

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III. La emergencia de La Gran Crisis y el caos sistémico (20132020): economía política del colapso de una nación petrolera Desde 2013/2014 va a comenzar a desarrollarse una crisis, que lejos de ser sólo económica, representa una crisis multi-dimensional, la cual ha generado el colapso de todos los ámbitos de una nación que había sido construida en torno al petróleo en los últimos 100 años. Esta, que podríamos llamar La Gran Crisis es, como ya lo mencionamos, una crisis no vista anteriormente en Venezuela o el resto de América Latina –ni en la Crisis de la Deuda de los 80, ni en el Período Especial cubano, la crisis argentina 1998-2002, e incluso ante conflictos armados como los de Colombia o Nicaragua, se vieron colapsos tan profundos y que abarcaran tantos ámbitos, incluyendo el propio Estado–, lo que está evidenciando un muy significativo cambio histórico. Dos factores desencadenantes, vinculados a los pilares del modelo de acumulación histórica, van a ser cruciales para generar un vertiginoso efecto geométrico de colapso (reacción en cadena) y configuración de caos sistémico: la muerte de Hugo Chávez en 2013 (que desata una tremenda crisis hegemónica), y el derrumbe de los precios internacionales del crudo desde 2014 (que provoca una estrepitosa caída de la renta, factor dinamizante de la economía y las instituciones del país). A partir de entonces se va a reabrir y reavivar de forma extraordinaria el escenario de las disputas por el control del Petro-Estado. En términos meramente económicos, la contracción presenta cifras record: el PIB viene en caída sostenida desde 2014 (-3,9% ese año; -6,2% en 2015; -17% para 2016; -15,7% para 2017 [BCV, s.f.]); y descensos que, ante la dificultad de acceso a datos oficiales en el país, han sido estimados por el FMI en -19,6% en 2018 y hasta -35% en el terrible 2019 (IMF, s.f.), lo que arroja para 2018 una pérdida total estimada de 52,3% del mismo en tan sólo 5 años (Singer, 2019). La producción agrícola e industrial ha decaído notoriamente (Díaz A., 2017; Meza J.G., 2017) –siendo que el índice de volumen de la producción manufacturera de 2013-2018 cayó un 70% (BCV, s.f.)–, aunque lo que más destaca es el extraordinario hundimiento de la producción petrolera que, para un país que por largo tiempo promedio los 3 millones de barriles diarios, vio como en 2018 bajaba a 1.354.000 b/d, y conti224 –

nuando el descalabro, en agosto de 2020 producía apenas 340.000 b/d (Opec, 2020). Esto remonta a Venezuela a los niveles de producción de la década de los años 40. Tómese en cuenta que por años el 95% de los ingresos por exportación han provenido del petróleo y que sus precios internacionales se han mantenido bajos luego de su derrumbe en 2014. Esto ha incidido negativamente en el volumen de las importaciones, que en 2017 representaron sólo la mitad del ya complicado año 2015 (de 36.901 a 18.546 millones USD) (Cepal, 2017b) y menos de un tercio de lo importado en 2012. La situación se ha desarrollado en el marco de un período previo de expansión de la deuda pública que deja a Venezuela en situación sumamente comprometida, lo cual ha venido acompañado de una caída sostenida de las Reservas Internacionales (25,9% en 2015 y 32,8% en 2016), siendo que para 2019 se ubicaban en 6.630 millones US$ (BCV, s.f.), la cifra más baja en 30 años. Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Cepal, la deuda externa bruta de Venezuela alcanzaba los 132 mil millones US$ en 2016 (Cepal, 2017a). Toda esta situación se ha experimentado a nivel doméstico como un proceso de desquiciamiento económico, del que podemos citar dos ejemplos emblemáticos: la tasa de cambio y la inflación. El valor del bolívar se ha depreciado prácticamente a diario, determinado significativamente por un alto componente especulativo en el mercado negro de divisas, que además tiene una fuerte relación con el muy amplio comercio informal transfronterizo. El diferencial entre la tasa oficial ‘Dicom’ (Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado), y el muy fluido dólar del ‘mercado negro’ ha sido por años enorme –por ejemplo, para el 31 de enero de 2018 la primera se ubicaba en 3.345 bolívares, mientras que la segunda marcaba 249.872 bolívares en la misma fecha. A pesar de que el Gobierno nacional decretara una gigantesca devaluación de la moneda (más de 2400%) en 2018, reconociendo de facto el marcador del mercado paralelo y buscando emparejarlo, en pocos días ya se generaba una nueva brecha entre las dos tasas que alcanzaba 50% en favor del paralelo. Estos diferenciales han generado considerables ingresos a redes de corrupción formal e informal, a costa de la ruina de la gran mayoría de la población. Esto, para una economía doméstica que está profundamente determinada autonomía

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por su baja capacidad de producción y su alta dependencia a las importaciones, tiene efectos muy perniciosos sobre el sistema interno de precios. Por otro lado, en 2015, la inflación ya superaba los 100 puntos porcentuales, escalaba a 254% en 2016 y diversas estimaciones la ubican para 2017 entre más de 1000% (Torino Capital, 2018; Sutherland, 2017) hasta 2600%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Herrera, 2018). Para el año 2018 se había entrado en una situación de hiperinflación, y el país ya tenía varios años teniendo la inflación más alta del mundo. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación marcó 130.000% para ese año, aunque fue señalada por otros actores políticos como una cifra que se quedaba corta –la Asamblea Nacional, controlada por los partidos de oposición fijaron la cifra en 1.698.488,2%. En 2019 se registró una baja en estos indicadores, pero siguió con una marca astronómica de 9.585% (DW, 2020). Sin embargo, como ya advertimos más arriba, todo este proceso de colapso económico del modelo rentista petrolero ocurre en realidad en profunda interrelación y articulación con la nueva fase del conflicto político que también se abre en el país –con un mapa de actores muy volátil, movible y fragmentado (que va más allá de la dicotomía Gobierno-oposición), y de múltiples campos en disputa– y con el desmoronamiento de los canales institucionales y formales de gestión de lo político. En el debate nacional e internacional sobre Venezuela, ha estado muy presente una lectura economicista ortodoxa, que evalúa lo ocurrido en el país única y aisladamente a partir de la ‘calidad’ de los indicadores económicos –y por tanto la explicación sobre sus causas se fundamenta únicamente en evaluar la calidad de la administración en este ámbito. Dichas lecturas poco pueden explicar la propia economía política del colapso de una nación petrolera en la cual, el colapso económico es causa y efecto del conflicto político venezolano –que en esta crisis ha alcanzado una muy alta intensidad, hasta ir tomando un cariz bélico extremadamente peligroso–, al tiempo que el conflicto político es también causa y efecto del colapso económico. Más que una dinámica lineal, la crisis ha evolucionado bajo un vertiginoso efecto geométrico de colapso y caos sistémico, generando impactos multidimensionales, reacciones en cadena y nuevos escenarios y espirales de crisis. 226 –

A nuestro juicio, es fundamental un análisis multi-factorial que pueda ofrecer lecturas más comprehensivas de un proceso tan complejo y sui generis como este. Precisamente esta búsqueda de complejidad intenta además esquivar las interpretaciones dominantes sobre el caso venezolano, en las cuáles prevalecen análisis unilaterales –que suelen proponer que ‘toda la responsabilidad es de determinado actor’. En estas interpretaciones difícilmente se yuxtaponen la incidencia de la desastrosa política económica del Gobierno nacional y la deriva hacia un régimen dictatorial; la lógica destructiva, violenta e insurreccional de una parte importante de la oposición política del país; los diferentes factores de intervención extranjera en el país (resaltando en rol de los Estados Unidos e incluyendo también a China y Rusia); y los rasgos histórico-estructurales de la economía rentista petrolera dependiente, entre otros factores. El actual escenario venezolano se ha configurado como una composición de dichos factores. No obstante, conjugar por sí solos estos factores sin jerarquizarlos no permite ofrecer un balance crítico, desde la complejidad, sobre causas y responsabilidades, que es lo que buscamos presentar en este artículo. En toda esta complejidad y conflictividad, existen aún estructuras de poder dominantes, regímenes de mando y dominación, lógicas y cosmovisiones que, en muy buena medida, siguen vinculadas y ancladas a los sectores dominantes del gobierno bolivariano y el Estado, y que han sido absolutamente determinantes en el desarrollo de esta crisis y el devenir del proceso chavista. En este sentido, se evalúa no sólo el estado de la política, sino principalmente la política de Estado (y su relación con la particular economía política de la crisis) llevada adelante por el Gobierno de Nicolás Maduro. En el marco de lo expuesto, el escalamiento de la conflictividad política en el país, encabezada principalmente por los choques entre gobierno-oposición, ha venido configurando un escenario de descomposición y de prevalencia de una política de guerra, no reconocimiento y aniquilación. Se ha generado un campo de confrontación abierta en el cual se han socavando los canales institucionales y los marcos de convivencia, todo lo cual se desarrolla a la luz de un acelerado proceso de disolución del Petro-Estado venezolano –lo que no implica la desaparición del Estado en sí mismo. autonomía

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A medida que ha avanzado el deterioro de la situación, se han maximizado los rasgos más regresivos del Gobierno nacional. Este ha venido bloqueando sistemáticamente las salidas electorales y democráticas, sobre todo desde 2015, cuando terminó desconociendo y anulando la nueva Asamblea Nacional, que en ese año había sido ganada en las elecciones por los partidos opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ocupando dos terceras partes de los escaños, lo que representaba una derrota histórica para el gobierno chavista. La asfixia a los canales democráticos ha permitido que prevalezca la impunidad y la resolución de los conflictos por la vía de la fuerza. A su vez, la corrupción ha hecho metástasis –fundamentalmente la de índole gubernamental–, contribuyendo no sólo a una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina −refiriéndonos al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República−, sino también a instaurar este fenómeno como el principal mecanismo de distribución de la renta petrolera. Esto se ha revelado en grandes desfalcos que incluso involucran a algunos de los más importantes personeros del Gobierno bolivariano y en relación a Pdvsa, la más importante y sensible industria del país –como ha sido el caso del ex-ministro y ex-presidente de dicha empresa, Rafael Ramírez, así como más de una quincena de sus altos directivos, envueltos en tramas que señalan miles de millones de dólares (El Nacional, 2017)−; pero también a nivel capilar, con la expansión de economías subterráneas que van desde importantes redes de extracción y contrabando (en buena medida articuladas con grupos delincuenciales), hasta el extraordinario auge de la economía informal, que termina siendo el principal canal de intercambio y factor dinamizador de la economía doméstica. Estas redes de corrupción y economías ilícitas han revelado la existencia de facciones gubernamentales que se alimentan de estas, incluyendo al sector militar, lo cual se ha venido agravando a medida que el Petro-Estado ha venido colapsando. El rol de los sectores dominantes de oposición partidista también amerita ser señalado. Estos han pendulado entre los sectores moderados (fundamentalmente de derecha) y los extremistas (ultraderecha), siendo que estos últimos apuestan por la liquidación total del 228 –

chavismo, suelen desmeritar la vía electoral para la toma del poder, y han propuesto llevar adelante sus planes hasta las últimas consecuencias. A partir de la muerte de Chávez, estos sectores extremistas han tomado la vanguardia de las acciones políticas de este bloque, convocando ciclos de protestas que han evidenciado agendas insurreccionales (en 2013, 2014, 2017 y 2019), empleando métodos muy violentos, lo que ha dejado no sólo saldo en víctimas mortales y la destrucción de infraestructuras públicas, sino también daños a insumos básicos para la vida, una profundización de la inestabilidad política y económica existente, desgastes y traumas en la sociedad, así como grandes desencantos y decepciones entre sus seguidores, lo que ha contribuido a divisiones en el seno de este bloque político. Dichas divisiones y los fracasos de las dirigencias de los partidos de oposición tradicional, han generado una debacle de los mismos –expresada, por ejemplo, en la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con su derrota para impedir la elección y posterior instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 4 de agosto de 2017. La incidencia y apoyo del Gobierno de los Estados Unidos ha sido cada vez más intensa y cercana, sobre todo a partir de 2015, y en especial desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, desde la cual, al menos a partir de 2017 se han impulsado perniciosas sanciones financieras al país, que prohíben negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y bonos por parte del Gobierno venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otras restricciones (Trump, 2017). Con la aparición de Juan Guaidó como nuevo líder de la oposición en 2019 –y como un nuevo intento de refrescamiento de la imagen estos sectores políticos–, se ha abierto un peligroso intento de creación de un Gobierno y Estado paralelo, lo cual ha venido dividiendo las legitimidades internacionales otorgadas a uno u otro gobierno. Todo esto ha venido de la mano de la radicalización de Trump respecto a Venezuela, lo que revela el rol protagónico que ha tomado éste en la política nacional y un nivel injerencismo nunca visto en la historia contemporánea del país. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a partir de enero de 2019, afectan drásticamente a la industria petrolera (y al oro) y por ende al conjunto de la economía nacional, contribuyendo al colapso autonomía

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venezolano. A esto hay que sumar las enormes dificultades para la obtención de créditos foráneos, las presiones internacionales y las sanciones de otros países que ejecutan la retención de fondos y bienes de la República en el exterior. A pesar de esto, como se evidencia en lo expuesto más arriba, la emergencia de La Gran Crisis se incuba con antelación, y los primeros procesos de debacle económica son previos a las sanciones que fueron determinantes para la economía venezolana, esto es, las que se aplicaron desde 2017 (Sutherland, 2019). A su vez, la radicalización del Gobierno de Trump se ha expresado a través de una política exterior mucho más agresiva con respecto a Venezuela, con amenazantes declaraciones de altos voceros norteamericanos –como las del secretario de Estado Rex Tillerson, quien afirmó en febrero de 2018 que seguirán presionado al ‘régimen’ de Maduro e insinuó que en situaciones de crisis surgen las posibilidades de un golpe militar (BBC Mundo, 2018)−, hasta el despliegue de fuerzas navales militares estadounidenses en el Caribe, frente a las costas venezolanas en abril de 2020. Como contraparte a esto, el Gobierno de Maduro ha establecido estrechas relaciones internacionales con países como Rusia, China, Turquía o Irán, siendo altamente estratégica la relación con los dos primeros, y otorgando cada vez más facilidades para el acceso a recursos y negocios, como contrapartida por su apoyo geopolítico. En medio de estas disputas y estos diferentes niveles de conflicto, la población venezolana ha quedado relegada en un segundo plano en orden de prioridades. Todo esto ha generado un muy alto deterioro y precariedad de la calidad de vida en general, una dramática situación humanitaria, resaltando las severas dificultades para el acceso a los alimentos y medicinas, así como una muy degradada situación de los servicios públicos en el país (agua, electricidad, gas, transporte o gasolina, por mencionar ejemplos). Aunque se carezca de estadísticas oficiales actuales, se hace evidente el recrudecimiento de los niveles de pobreza en el país, aumentos de los índices de desnutrición –Unicef alertó sobre el crecimiento en Venezuela de este fenómeno en niños (Unicef, 2018)– y agravamiento de las condiciones de salud de la población. Los factores descritos generan condiciones para el incremento de la violencia social y unos dramáticos niveles de emigración, principalmente de la población joven del país, que han 230 –

sido estimados por la Organización Internacional para las Migraciones (organismo de las Naciones Unidas) y ACNUR en más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años (ACNUR, 2019). Los factores descritos reflejan una situación límite que puede desencadenar escenarios imprevisibles.

IV. Las metamorfosis del progresismo: fin de ciclo como cambio de régimen y la mutación del chavismo en Venezuela Fin de ciclo como cambio de régimen La Gran Crisis venezolana ha venido generando profundas transformaciones en la sociedad, al tiempo que es el resultado de reacomodos y reajustes en las relaciones de dominación, de reestructuraciones en los regímenes de apropiación de la naturaleza, acumulación de capital y distribución de los excedentes, los cuales son orientados en gran parte por los grupos de interés en disputa. En este sentido, argumentamos que el devenir del proceso bolivariano no sólo refleja el agotamiento del progresismo, sino también marca el final de una fase histórica y el desarrollo de una nueva. Esta interpretación se inscribe en el debate latinoamericano sobre “fin de ciclo progresista” (Modonesi, 2015; Svampa, 2016; Peters, 2016), que señala el agotamiento y fin de un período para la región ante las transformaciones regresivas en curso, restauraciones conservadoras en avance y desgastes de las corrientes de cambio por la izquierda. Desde una perspectiva multidimensional y multi-escalar, proponemos analizar el fin de ciclo no tanto como un secuencia de cambios de gobierno, sino más bien como un cambio de régimen (político), entendiendo que este último no se compone únicamente de los marcos jurídicos y las estructuras de gobierno formales, sino también de los marcos de operación, tecnologías, prácticas y procedimientos de poder −lo que en Foucault (2006) se denomina “gubernamentalidad”− así como el conjunto de mecanismos de organización socio-económica predominantes que se configuran en torno al proceso de acumulación de capital extractivista. autonomía

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La instalación de los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina en 2015 y Michel Temer en Brasil en 2016, con el respectivo avance de fuertes medidas de ajuste en sus gobiernos; el viraje político de Lenin Moreno en Ecuador; la victoria de Sebastián Piñera en Chile en diciembre de 2017; la significativa y amplia derrota electoral del Gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones parlamentarias de 2015 en Venezuela; o la asunción de la presidencia por parte de Jair Bolsonaro en Brasil y Jeanine Añez en Bolivia en 2019 (esta última de maneras irregulares ante la renuncia de Evo Morales); son expresiones claras de este agotamiento, que se produce al calor de la caída de los precios internacionales de las materias primas –desde 2014. Sin embargo, como ya expresamos no es de nuestro interés un análisis e interpretación del cambio de época en la región que esté caracterizado fundamentalmente por la estadía o no de gobiernos “progresistas” o de centro izquierda en los Estados. Si ha existido un ciclo progresista, no ha sido únicamente por la llegada de líderes como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, y el impulso de un conjunto de políticas públicas y programas de gobierno de corte popular reivindicativo, sino también por los nuevos sentidos comunes emergentes, las nuevas subjetividades que irrumpen en el espacio político, el desarrollo histórico de condiciones materiales que propician estas transformaciones, y la nueva correlación de fuerzas que, desde abajo, allana el camino para cambios de época en toda la región, incluyendo en países donde este tipo de gobiernos nunca llegaron. El ciclo progresista latinoamericano que se iniciara con el siglo XXI puede ser también leído como la emergencia de una nueva ola modernizadora para la región, impulsada no solo por el boom de los commodities, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos en la distribución social de los excedentes captados en este proceso. Esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y tendrá notables efectos para toda la vida en la región. Además del desplazamiento de estos gobiernos en funciones de 232 –

poder, o bien la pérdida de hegemonía adquirida en años anteriores por parte de los bloques y partidos de centro-izquierda dominantes, cuando pensamos en el cambio de una época es necesario analizar también la complejización de los sistemas y clases sociales en los últimos 15 años en la región; el surgimiento de nuevas burguesías y nuevas derechas; la financiarización de las clases populares y el robustecimiento cualitativo de las economías informales; el crecimiento en los metabolismos sociales2 (al menos en términos absolutos) (UNEP, 2013); la expansión, caotización y vulnerabilidad de las ciudades latinoamericanas (United Nations, 2014); avances en las fronteras extractivas, con el incremento de explotaciones no convencionales (Oilwatch Latinoamérica, 2017); expansión y sofisticación de bandas y grupos delincuenciales, con mayor presencia y control de territorios; mayor versatilidad del neoliberalismo −lo que hemos llamado un “neoliberalismo mutante” (Teran Mantovani, 2014)−; y mayor presencia de otros actores geopolíticos, diferentes a los Estados Unidos, como los BRICS. Estos factores descritos indican, por un lado, que el fin del ciclo progresista no necesariamente nos remite a una “vuelta al pasado” –a un regreso en la línea del tiempo a las décadas de los años 80 y 90−, como ha sido afirmado por diversos líderes (Fariza, 2017) e intelectuales progresistas (Sader, 2017), y que en definitiva todo ha cambiado; y por otro lado, evidencian que, ante estas significativas transformaciones, se van también agotando y caducando los regímenes y modos de gestionar y hacer política que configuraron a los progresismos en sus inicios. Es necesario aclarar que el análisis que proponemos de estos períodos tiene fundamentalmente una proyección de ciclo corto, y que sin duda podrían también ser analizados en ciclos temporales medios y largos, pudiendo arrojarse otras conclusiones. A su vez, los perío2

Se entiende por metabolismo social al conjunto de flujos de materiales y de energía que se producen en los procesos de transformación y apropiación social de la naturaleza, desde escalas locales hasta regionales y globales. Diversos indicadores físicos (aportados fundamentalmente desde la economía ecológica) dan cuenta de estos flujos, tales como la huella ecológica, tasa de retorno energético, huella hídrica, índice de consumo doméstico de materiales, entre otros.

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dos o ciclos son ante todo recursos analíticos que buscan facilitar la comprensión de dinámicas socio-políticas que se desarrollan más o menos coherentemente por un lapso de tiempo determinado. Enfatizamos que los tránsitos de un ciclo a otro no implican cambios puros, que aunque contengan claras rupturas también expresan algunas continuidades con los tiempos previos. Del mismo modo en que hemos afirmado que en el ciclo progresista el neoliberalismo nunca se fue (Teran Mantovani, 2014), planteamos un distanciamiento a la denominación de “post-progresista” para caracterizar una nueva etapa en la región (Modonesi y Svampa, 2016), debido a que el progresismo no va a desaparecer, aunque ya no constituya un rasgo dominante en la región, o incluso presente cambio cualitativos en los perfiles de sus representantes, agrupaciones y políticas. En este sentido, la entrada a un nuevo período supone también reconocer qué modalidades y tendencias coexisten e incluso cuáles de ellas se hibridan. Esto es fundamental para, antes que reificar el binarismo progresismo-neoliberalismo, intentar detectar con mayor claridad la manera cómo se ensamblan complejamente los modelos de acumulación de capital a escala nacional; esto es, cómo políticas entendidas como progresistas –vinculadas por ejemplo a la asistencia social y la presencia del Estado–, ejecutadas desde gobiernos progresistas, han también operando en conjunto con otros dispositivos neoliberales –vinculados por ejemplo a instrumentos de financiarización y de orientación a la globalización. Pero del mismo modo, permite destacar la manera cómo gobiernos conservadores fueron adoptando mecanismos de estabilización política, social y económica para que, a través de ciertas políticas “progresistas” de distribución social del excedente o de inclusión cultural, se pueda garantizar la gobernabilidad ante la desregulación, privatizaciones y flexibilización económica impulsada por estos. Los altos niveles de hibridación y complejidad política que se presentan en esta nueva etapa regional no deben, sin embargo, atenuar las alertas sobre los peligros y nuevos regímenes de poder que podrían consolidarse, tomando en cuenta la profundización de las contradicciones sociales y políticas latinoamericanas, el sobrecalentamiento de las tensiones geopolíticas y las disputas territoriales por los lla234 –

mados ‘recursos naturales’. En este sentido, interesa caracterizar la relación que se va construyendo entre las re-estructuraciones económicas en curso, las transformaciones en los patrones de gobernabilidad y control social, y el devenir de la confrontación internacional, básicamente entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados). Para el caso de Venezuela, este conjunto de factores se expresan en la configuración de un cambio de régimen, aunque, finalizando la segunda década del siglo XXI, no se haya materializado ningún cambio de gobierno.

La metamorfosis del chavismo Argumentamos que el devenir del proceso bolivariano, antes ser una excepción es una clara muestra de este fin de ciclo progresista, en el cual se fue configurando un cambio de régimen sin cambio de gobierno –lo que podríamos llamar la metamorfosis del chavismo–, a través de un progresivo y creciente proceso de neoliberalización económica –lo que hemos llamado El Largo Viraje– y un proceso de derechización política interna, que ha derivado en el fin de la ‘democracia participativa y protagónica’ y la configuración de un régimen con un clara política dictatorial. Este cambio de régimen ha supuesto la emergencia de una nueva fase del extractivismo en el país –que claramente ya no es el llamado “neo-extractivismo progresista”−, en la cual los pilares fundamentales que servían de basamento al proyecto bolivariano (además de la ‘democracia popular participativa y protagónica’, resalta el nacionalismo energético y una economía de bienestar “anti-neoliberal” en favor de los más desfavorecidos) han sido desplazados en el marco de reconfiguraciones económicas y reformas jurídicas, normativas, políticas y de gubernamentalidad que se han convertido en los modos dominantes –aunque el contexto es de permanente inestabilidad y conflictividad. El cambio de régimen se expresa también en una reformulación de las alianzas (populares) que conformaban el anterior ‘bloque contrahegemónico’, que mutan hacia unas menos heterogéneas y más elitistas, más verticales y autocráticas, adaptadas a las autonomía

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nuevas condiciones materiales y a las necesidades de re-estructuración económica. Es necesario caracterizar con mayor detalle tanto el viraje económico como el político de esta nueva época.

a) El «Largo Viraje» en el proceso bolivariano: la evolución del neoliberalismo mutante (2014-2020) Aunque el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha insistido en utilizar el cuño del ‘Socialismo del Siglo XXI’ para describir el modelo económico existente en Venezuela, estamos ante la segunda oleada de re-estructuración económica de la llamada ‘Revolución Bolivariana’, esta vez en el contexto de un nuevo escenario histórico de acumulación por desposesión en el país. Esto debe ser comprendido en el marco de un complejo proceso de neoliberalización que se va colando y tomando forma en la política económica del Gobierno de Maduro. Hemos planteado anteriormente la necesidad de analizar la presencia de un neoliberalismo mutante. Esto supone, por un lado, distanciarse de una lectura pura y ortodoxa que sólo comprende el neoliberalismo desde el recetario del Consenso de Washington (primordialmente estructurado por el FMI), vinculados a los “paquetazos”, la « terapia de shock» o poniéndole especial énfasis a las privatizaciones. Por otro lado, implica reconocer que, dado el alto costo político que ha supuesto la imposición de súbitos programas de ajuste –provocando numerosas revueltas populares y caída de gobiernos–, autoridades gubernamentales han también venido impulsando este modelo con matices, adaptaciones, grados diferenciados de intensidad y flexibilidad. En este sentido, el neoliberalismo mutante es una faceta de este modo de acumulación que se caracteriza por su carácter heterodoxo, híbrido, estratégico y flexible; de permanentes reacomodos, ajustes y mutaciones, en la cual, sus mecanismos fundamentales de operación –a saber flexibilización y desregulación, mercantilización y financiarización (Harvey, 2007), comercialización (orientación a las exportaciones y al mercado global), corporativización (organización según el 236 –

modelo de negocios) (Bakker, 2007) o privatización– se articulan, hibridan y coexisten con políticas de intervención estatal, mecanismos selectivos de distribución social de la renta o políticas de inclusión social y cultural. Esta faceta neoliberal allana transiciones socialmente más tolerables para el sostenimiento de los procesos de acumulación de capital y puede preparar el camino para un eventual giro a la ortodoxia u horizonte de despojo masivo, apuntando con posterioridad a políticas más crudas, verticales y explícitas de neoliberalismo. Argumentamos que el caso venezolano es útil para comprender las particulares dinámicas del neoliberalismo mutante, el cual se desarrolló fundamentalmente en el período de La Gran Crisis. A diferencia de las medidas neoliberales impuestas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989 bajo el formato de la terapia de shock –denominadas estas “El Gran Viraje”– y con el auspicio del Fondo Monetario Internacional, desde el año 2014 se inicia un proceso de re-estructuración económica en el país el cual se ha desarrollado más bien como un Largo Viraje, en el que se van llevando adelante reformas legales, normativas, políticas y medidas económicas, que van dándole cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal. Esto merece ser analizado detalladamente en su complejo ensamblaje. A partir de 2014/2015, una corriente pragmática va tomando el timón de ciertos sectores económicos, como lo fue por ejemplo la gestión de Eulogio del Pino en la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (quien sería posteriormente detenido por casos de corrupción en la empresa en 2017), comenzando a estructurar lo que llamó un “régimen especial de inversiones” (AVN, 2016). A partir de dicho régimen se irían configurando reformas en los marcos de negocios que apuntaban a la flexibilización progresiva en favor de las corporaciones transnacionales, principalmente en lo que respecta a la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que posteriormente se tomaría como modelo en los marcos del resto de los sectores extractivos.  Estas medidas ‘especiales’ han sido fundamentalmente elaboradas como solución a los problemas internos de liquidez y como arreglo favorable a los inversores foráneos. Las medidas fueron evolucionando, hasta ir componiendo los planes y programas nacionales. En 2016 es lanzada la “Agenda Económica Bolivariana” (AEB), un plan nacional que expresaba la intenautonomía

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ción de avance hacia las nuevas fronteras de la extracción, a través de los llamados 15 “Motores Productivos” y el objetivo de incrementar las exportaciones no petroleras (Mppef, S/F). Ya en 2015 comienza a re-emerger y tomar fuerza el mega-proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’, lo que va a ir oficializándose en 2016, de la mano de la AEB, junto a los planes de abrir nuevos polos extractivos para la captación de divisas y el relanzamiento de otros ya existentes (como por ejemplo Carbozulia). Todo esto le daba a la minería un rol nunca visto anteriormente en la historia contemporánea venezolana. Por otro lado, el “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica” (PRCPE), de agosto de 2018, promueve también el favorecimiento a la inversión extranjera para el deseado aumento de la “producción” de los sectores extractivos (claramente para la exportación), a lo que se le añaden la creación de unidades de cuenta y bono (el llamado ‘Petro’) que serían respaldados en petróleo y demás ‘recursos naturales’ en el subsuelo; y otras políticas macro-económicas de orden monetaria (como la devaluación del tipo de cambio). Entre las políticas de flexibilización y desregulación económica se pueden destacar la creación de las “Zonas Económicas Especiales” o Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional, oficializada desde los inicios de este Largo Viraje en 2014 (Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria), la cual es una figura de una muy alta significancia que plantea una liberalización radical de territorios para un “desarrollo” acelerado de los mismos. A su vez se cuenta la “Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva” (28/12/2017), la cual persigue promover y atraer la inversión extranjera, así como el otorgamiento de “beneficios especiales” a la misma (como exenciones arancelarias o amortizaciones aceleradas) (Gaceta Oficial, 2017); eliminación de la tasa de cambio protegida “Dipro” para la importación de alimentos y medicinas (26/01/2018, Gaceta Oficial No. 41.329), unificando la tasa oficial en torno a la tasa ‘libre’ “Dicom” que, como ya se ha dicho, fue devaluada en agosto de 2018 buscando nivelarla con la del mercado negro; o la exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas) –siendo que el cobro de dicho impuesto ha sido 238 –

una especie de emblema histórico del ejercicio de soberanía por parte del Estado venezolano. Otra clara expresión del desplazamiento del nacionalismo energético es la invitación que ha realizado el Gobierno nacional a las empresas para participar en los emprendimientos no sólo como accionistas, sino también como financistas de los mismos, cubriendo la parte de la inversión que en la actualidad ya no puede aportar Pdvsa u otra empresa estatal. Esto otorga de facto mucho mayor grado de influencia política y económica a las corporaciones sobre la explotación, y en su conjunto, sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte del Estado. Mecanismos de mercantilización de la naturaleza se evidencian con la búsqueda de respaldos cuantificados de pago a partir de la certificación de reservas de ‘recursos naturales’, como ha sido planteado a partir del Proyecto Magna Reserva Minera, el cual persigue registrar todas las reservas de este tipo en el país; a su vez, el Gobierno nacional ha ofrecido estímulos a la inversión en proyectos extractivos a partir de la propuesta de pagar una parte del financiamiento adquirido por el Estado venezolano, directamente con el commodity explotado, como fuese propuesto por Eulogio Del Pino para levantar la ‘producción’ de Carbozulia, ofreciendo el carbón de ‘alta calidad’ como retribución (Del Pino, 2016). El anuncio de creación de la criptomoneda venezolana “Petro” –eje central en el PRCPE–, respaldada en los crudos del campo 1 del bloque Ayacucho de la FPO, así como en otros minerales como el oro y los diamantes, apunta a la financiarización masiva de la naturaleza al inscribir ‘recursos’ que ni siquiera han sido extraídos a dinámicas financieras que, aunque parezcan autónomas, están en directa relación y función con los procesos globales de acumulación y flujos de capital en y desde el país. Se trata de una lógica que intenta expandir el circulante monetario doméstico a partir del hipotecamiento de la vida ecológica y sus ciclos. Formas variadas de privatización fueron emergiendo, como se refleja en las figuras de participación mayoritariamente privada, en casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, explicitado en la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015). El incremento autonomía

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significativo de la participación en las inversiones de los emprendimientos extractivos por parte de las empresas foráneas, así como la tenencia extranjera de cada vez mayor cantidad de bonos soberanos y de Pdvsa, y potencialmente, de Petros, generan formas de apropiación que, si bien no son formales o directas, sí permiten de facto ciertas cesiones de derechos y poder sobre los ‘recursos’ y los territorios, lo que termina afectando la soberanía. Adicionalmente, se va haciendo más nítida y creciente la orientación económica nacional hacia las exportaciones y al mercado global, como se expresa en el anuncio de  ‘Alianzas Estratégicas’  entre el Gobierno bolivariano y empresas extranjeras (21/07/2017), donde el 92% de las inversiones eran para la minería (VTV, 2017), y en el propio acento de los llamados Motores Productivos y una de las líneas del PRCPE. Del mismo modo, ha prevalecido el pago puntual de la deuda pública externa y su servicio, así como procesos de renegociación de la misma, lo cual se articula con las respectivas reformas económicas que el Gobierno nacional debe llevar adelante, como probablemente haya ocurrido con el decreto de las Zonas Económicas Especiales, oficializado apenas un mes después de aprobado el “Cuarto Protocolo de Enmienda” sobre el fondo de financiamiento conjunto chino-venezolano en 2014. Finalmente, se hace evidente la introducción y posicionamiento de términos económicos propios de la ortodoxia neoliberal, lo cual se expresa con claridad en los discursos que se han producido en torno al PRCPE: disciplina fiscal, crecimiento sostenido, prosperidad, equilibrio macro-económico, poderoso mercado interno, entre otros. A pesar de todo esto, el Gobierno nacional ha mantenido algunas políticas de distribución de la renta petrolera y otros excedentes, tales como la adjudicación directa de bonos a través del llamado “Carnet de la Patria”, continuación de varias de las Misiones Sociales Bolivarianas (como la Gran Misión Vivienda Venezuela)3, la formalización de 3

Las Misiones Sociales Bolivariana son una serie de programas sociales impulsados por el Gobierno Bolivariano desde 2003, orientados a objetivos como la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, acceso a la educación y alfabetización, consultas médicas gratuitas, difusión de la cultura y los saberes científicos, cuidado medioambiental, o construcción y otorgamiento de créditos subvencionados para la adquisición de viviendas, como es el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

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permanentes aumentos de los salarios nominales, así como otras políticas de corte social como el “Plan Chamba Juvenil” (para incorporar jóvenes al campo laboral) o el “Plan Parto Humanizado”, que buscaría proteger a la mujer en el proceso de gestación. Sin embargo, dichas políticas contrastan con la imposición de sacrificios u omisiones en relación a las dramáticas carencias de bienes de primera necesidad y servicios públicos; una absoluta falta de transparencia de las cuentas públicas y asignaciones a discreción de los excedentes con base en criterios partidistas; y un brutal aumento de la represión y control social, ante las protestas crecientes. Recursos como la emisión masiva de dinero inorgánico –reconocida por el Gobierno nacional– han permitido matizar lo que hubiese podido ser una mayor austeridad en el gasto público. El conjunto de estas medidas no sólo no logran paliar la crisis actual –sobre todo en el caso de los sectores sociales más desfavorecidos–, sino que básicamente representan formas compensatorias que no afectan el proceso de re-formateo conservador del régimen progresista previo. Por otro lado, el proceso de maduración neoliberal que se alcanza en Venezuela para fines de la década del 2010 se va a entrelazar con una profundización del colapso económico que se registra desde 2019, influido también en buena medida por las sanciones estadounidenses y el posterior surgimiento de la pandemia de la Covid19 en 2020. Esto acentúa el ya accidentado, inestable, volátil y conflictivo contexto político en el cual se desarrollan estas reformas, al tiempo que hace del mismo un escenario más voraz. Lo que es quizás necesario resaltar es que, aunque Venezuela está atravesada por disputas nacionales e internacionales, los grupos de poder que se encuentran en pugna comparten los principios de re-estructuración neoliberal –en consonancia con los intereses de las grandes potencias foráneas, sea EEUU, China, Rusia, etc. El proceso de acumulación por desposesión en curso viene coherentemente de la mano de la configuración de un régimen represivo y autoritario que se contraponga a los descontentos y protestas populares que se resisten a aquel. Veamos.

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Tiempos violentos: derechización del proceso bolivariano, estado de excepción y deriva dictatorial El régimen nacional-popular que caracterizó el ‘bloque contra-hegemónico’ desde inicios del proceso bolivariano, se ha venido transformando significativamente tanto en su composición, en su perfil político, como en su marco general de operación, aunque mantenga algunas nominaciones ‘revolucionarias’. Desde el período de estancamiento (2009-2013) hasta el surgimiento de La Gran Crisis, se ha generado un proceso de pulverización de la llamada ‘democracia participativa y protagónica’, derivando en un régimen dictatorial en el cual el sector militar tiene un rol central. La situación de alta conflictividad política, colapso, presiones internacionales y sanciones extranjeras descritas, así como los intereses económicos y políticos de los grupos de poder ligados al Gobierno de Nicolás Maduro, han generado el marco para la configuración de una “situación extraordinaria”, una especie de estado de conmoción en el cual se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. Dicho estado de excepción se ha convertido en condición permanente –lo cual es formalmente un absoluto contrasentido– dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016, declarando el “estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional”, y siendo prorrogados continuamente hasta nuestros días. En el Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 se indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades. En nombre de la lucha contra la “guerra económica”, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de los sectores más radicales de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos han sido omitidos y la violencia va cobrando un rol más importante en los mecanismos de control y coerción social por parte del Estado. Destacan diversos mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos, zonas rurales y áreas de instalación de la minería ilegal para “combatir el hampa” y las acti242 –

vidades ilegales, como la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), que ha implicado choques directos de los cuerpos de seguridad del Estado en dichos territorios, los cuales solían tener polémicos saldos en muertes (Ministerio Público, 2017). A pesar de que estas particulares operaciones de seguridad fueron relegadas por el Gobierno nacional en 2017 –debido a las denuncias nacionales e internacionales–, ese mismo año se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando que ha mantenido e incluso intensificado estas modalidades de acción sumamente violenta, siendo señalada de graves violaciones de derechos humanos y cientos de ejecuciones extrajudiciales (junto a otros cuerpos de seguridad) (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019; Consejo de Derechos Humanos ONU, 2020). Se han registrado crecientes represiones y excesos policiales ante las protestas de calle, la disidencia política y el descontento social producto de la situación en el país (tanto hacia sectores opositores como a grupos afectos al Gobierno nacional), encarcelamientos políticos sin respetar ningún tipo de procedimiento legal, así como también desapariciones –como los conocidos casos de Alcedo Mora en 2015 y Carlos Lanz en 2020. A su vez, ha proliferado la aparición de civiles armados (generalmente motorizados) que, como fuerzas para-estatales o para-policiales, ejercen mecanismos de represión contra las manifestaciones y protestas contra el Gobierno de Maduro (haciendo el ‘trabajo sucio’) –los mal llamados ‘colectivos’. Su procedencia es variada y pueden ser funcionarios policiales y militares que actúan de civil, funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que nadie sabe cómo están regulados, así como también hampa común (Ávila, s.f.) u organizaciones territoriales politizadas simpatizantes del Gobierno bolivariano. A estas también se le atribuyen el provocar muertes en manifestantes (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019). Con la pandemia de la Covid19, la situación de impunidad se ha incrementado sensiblemente (Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, 2020). Se ha hecho evidente una intensificación de procesos de militarización en todo el país, en especial en las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’, lo que se expresa, por ejemplo, autonomía

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con la instauración de Zonas Militares Especiales en áreas como el Arco Minero del Orinoco (YVKE Mundial, 2016). El objetivo central en este viraje político se centra en hacer prevalecer por sobre todas las cosas los intereses de ‘Seguridad Nacional’ y la razón de Estado, así como generar marcos para la securitización y ‘pacificación’ de la sociedad. El campo de la deliberación política, y el escenario electoral y de los partidos han sido extremadamente precarizados y se encuentran sumamente desacreditados. Los procesos electorales están siendo afectados de manera arbitraria por parte del Gobierno nacional, tal y como ocurrió con la paralización del referéndum revocatorio en 2016; la suspensión y/o posposición sin mayor criterio de elecciones estatales y municipales; el abierto bloqueo a la emergencia de candidatos y partidos alternativos, como ocurrió con la negativa a Marea Socialista4 para su oficialización como partido político por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2015, o con la desaparición virtual de la candidatura de Eduardo Samán, reconocido dirigente del bloque chavista que se postulara como alternativa al PSUV en las elecciones municipales de diciembre de 2017, y que fuera excluido del tarjetón electoral, quedando con una candidatura ‘invisible’ (La Nación, 2017); o fraudes electorales ejecutados incluso contra el propio chavismo de base, como sucedió con la victoria que el comunero Ángel Prado obtuviera en el municipio Simón Planas (estado Lara) en diciembre de 2017 con el partido Patria Para Todos (PPT), la cual fue desconocida por el CNE mediante operaciones fraudulentas y tecnicismos manejados a conveniencia, adjudicándole finalmente el cargo al candidato del PSUV Jean Ortiz (Cardozo, 2017). La instalación formal de la “plenipotenciaria” Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, ha supuesto la imposición de un poder indiscutible que se coloca de manera autoritaria sobre el resto de los poderes y actores de la sociedad venezolana. Para 2019/2020, luego de los intentos infructuosos de Juan Guaidó y sectores de la oposición radical de tomar el poder y/o crear estructuras de gobierno paralelas, el Gobierno de Maduro ha logrado dividir

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Marea Socialista  es un  movimiento político  de izquierda que, aunque ha tenido fundamentalmente una orientación  chavista, es opuesto al Gobierno de  Nicolás Maduro, y busca la construcción de una alternativa política más allá de la polarización imperante en el país.

al conglomerado opositor, proclamar una nueva Asamblea Nacional (enero 2020) con diputados de oposición que pactaron con el gobierno, y posteriormente intervenir varios partidos –tanto de oposición de derechas como disidencias del chavismo– a través del Tribunal Supremo de Justicia, designándole nuevas juntas directivas a los mismos. Con las disidencias del chavismo y la conformación de nuevas facciones partidistas de izquierda –como la Alternativa Popular Revolucionaria (APR)– el Gobierno de Maduro ha realizado amedrentamientos y ataques contra sus dirigentes a través de los cuerpos de seguridad. El esquema de gobernabilidad que se ha ido configurando no sólo persigue garantizar la re-estructuración económica en curso, sino también expresa el conjunto de alianzas que serían beneficiadas de la misma. Sostenemos que el Gobierno nacional no sólo ha desarrollado mecanismos de defensa ante el avance insurgente de los sectores más radicales de la oposición venezolana y los ataques de coaliciones foráneas encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos, sino que también, en este proceso ha buscado recuperar, re-centralizar, re-apropiarse y garantizar las iniciativas de acumulación de capital y de captación del beneficio en el país. Esto, como ya hemos afirmado, ha sido promovido en buena medida por el sector militar, un actor fundamental en la historia de Venezuela y en la configuración de poder del Estado venezolano, el cual reformula su composición de alianzas dándole mayores privilegios e incidencia al capital transnacional. La alianza fundamental de poder planteada entre el sector militar y las corporaciones transnacionales, traza las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los «recursos naturales» del país. Junto a los formatos de flexibilización para las corporaciones foráneas, se han ido formalizando mecanismos de gestión de emprendimientos extractivos entre estas y la institución armada, la cual se autonomiza como actor económico, como ocurre con la conformación de la empresa militar Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Decreto No. 2.231. Gaceta No. 40.845, 10/02/2016), la cual queda facultada para realizar una muy amplia lista de operaciones que abarca “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”. autonomía

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La combinación de esta potestad militar con el mayor nivel de incidencia territorial formal por parte de compañías transnacionales a través de las Zonas Económicas Especiales, plantea no sólo la estructuración de una modalidad oligárquica de gobernanza sobre los bienes comunes para la vida, sino también una nueva configuración general de poder. La extraordinaria expansión de la corrupción en todo el tejido de las instituciones estatales, y los altos niveles de impunidad y despotismo reinantes, amenazan notablemente cualquier posibilidad de sortear por otras vías más democráticas y de horizontes populares y emancipatorios el curso de los acontecimientos. El proceso de descomposición política que se ha desarrollado durante La Gran Crisis ha abierto canales para la rutinización de prácticas criminales en el seno del Estado (Le Billon, 2001), lo que supone estrechos vínculos del mismo con economías ilícitas (como las redes ilegales de la extracción de oro), y por tanto, con el crimen organizado. Estas tendencias se acentúan en 2019/2020, con la profundización del colapso societal venezolano y tienen impacto en la propia reconfiguración de alianzas de poder. A la par de todo este proceso descrito, el Gobierno nacional ha mantenido la acostumbrada narrativa revolucionaria que resalta el “legado de Chávez” y el Socialismo del Siglo XXI, la inclusión social, la “independencia nacional” y la lucha contra el imperialismo. La situación real ha creado una brecha tan grande entre este discurso y la vida cotidiana, que ha socavado parte de los sentidos comunes que han sostenido el proceso bolivariano desde sus inicios. La creación de un Ministerio de ‘Minería Ecológica’ o la afirmación del Presidente Maduro de que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) encarnan las comunas organizadas y representan el poder comunal (Contrapunto, 2017) –siendo los CLAP básicamente los mecanismos organizativos para distribuir los alimentos regulados a los hogares– son ejemplos que revelan el vaciamiento del horizonte emancipatorio en la vocería oficial de la Revolución Bolivariana.

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IV. En la encrucijada histórica: tendencias, debates y lecciones La frontera de un extractivismo predatorio y la política del saqueo La evolución de los acontecimientos en las dos décadas que van de este siglo XXI nos ha llevado hacia nuevos escenarios no antes vistos en Venezuela, en un contexto regional y global sumamente complejo, inestable y conflictivo. El proceso de descomposición política y desestructuración histórica del complejo societal venezolano, acentuado en el período 2019/2020 con la profundización del colapso integral que vive el país, ha devenido nada más y nada menos que en la disolución del centenario Petro-Estado y el capitalismo rentístico. Las implicaciones de esto son tremendas, dado que los procesos que hemos examinado en este artículo están evolucionando en el marco de un escenario abierto y volátil, del cual es importante resaltar tres aspectos: a) el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad ha hecho perder centralidad a la disputa por la renta, lo que le otorga cada vez más fuerza a la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios, algo que se evidencia en los múltiples conflictos territoriales que se desarrollan en el país; b) el colapso del Petro-Estado ha implicado que el propio Estado venezolano sea hoy fundamentalmente una colección relativamente articulada de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas; c) la desestructuración de la economía formal ha hecho que la economía que prevalezca en el país sea la informal/ilícita, y esta está esencialmente controlada por redes de criminalidad organizada locales y transfronterizas; y d) estos factores revelan que Venezuela está más expuesta que nunca a los flujos salvajes de la economía globalizada, y que la geografía venezolana también cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización –de ahí que en los últimos años haya aumentado la internacionalización del conflicto en el país. Esto nos ha abierto a un patrón de apropiación y acumulación extractivista de nuevo tipo en el que las dinámicas de neoliberalización y estado de excepción descritas anteriormente, convergen con forautonomía

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mas políticas de perfil predatorias. El extractivismo queda claramente fragmentado, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería (y ya no tanto el petróleo) como una actividad fundamental para  la reproducción simultánea de estructuras de poder local y nacional (continúa habiendo una conexión con poderes centrales del Gobierno nacional, ubicado en Caracas). Entre los actores que operan y disputan en estos escenarios tenemos a grupos corruptos del sector militar o policial, gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones, etc.), la criminalidad organizada (como los llamados “sindicatos mineros” dedicados a la extracción ilegal de oro), o grupos armados para-estatales de diverso proceder (nacional e internacional, como facciones de la guerrilla colombiana, ELN, disidencias de las Farc o grupos de garimpeiros provenientes de Brasil). Estos grupos se orientan por la geografía política de los recursos, siendo los principales focos de extracción las zonas del oro ubicadas en la Amazonía venezolana (alejados de los territorios históricos de la explotación petrolera, al norte del río Orinoco), donde existen además reservas de diamante o coltán; pero también diferentes minas no metálicas, así como la apropiación de tierras de vocación agrícola. Lo que le otorga el carácter predatorio a este nuevo tipo de extractivismo es, por un lado, que todos estos actores involucrados, a pesar de lo revuelto y fragmentado del escenario, se orientan y operan fundamentalmente a partir de una política del saqueo, sea porque esta representa el mecanismo esencial de operación en los territorios, o bien porque se produce como una forma de aprovechar la vorágine dominante. En esta forma de política, la violencia juega un rol central y se establece como la mediación principal, instalando lógicas de guerra en las geografías. Por otro lado, la predominancia de las economías ilícitas, de la emergencia de poderes locales, así como la rutinización de prácticas criminales en el Estado, han permitido la instalación de gobernanzas criminales que hacen evidentes que no sólo las fronteras entre lo legal y lo ilegal se han hecho muy borrosa, sino incluso que se van conformando regímenes de poder híbridos entre estos dos ámbitos, que van gestionando economías de enclave. El conjunto de factores que presenciamos, en el que se conjugan 248 –

recursos naturales, conflictos armados y colapso del Estado, son más propios de casos en el continente africano, lo que revela un escenario sui generis para el país e incluso América Latina. Esto ejerce una fuerza sobre la problemática que busca llevarla más allá de las fronteras de la posibilidad de hacer política, de la preservación de contratos sociales, de la reproducción de lo público, y nos pone ante tremendos desafíos para buscar revertir estos procesos, desactivar dinámicas beligerantes y allanar caminos hacia modelos alternativos al extractivismo.

Lecciones de un período agotado y potencialidades para las luchas populares en el país En este complejo contexto, conviene evaluar cuáles son las lecciones adquiridas desde esta y el conjunto de las experiencias recientes de los progresismos latinoamericanos y las izquierdas, cuál es el horizonte emancipatorio y cuáles son las posibilidades de resistencias populares que puedan hacer contrapeso a estas preocupantes tendencias. En primer lugar y respecto a las lecciones, existieron en los primeros años del proceso bolivariano francas posibilidades de transformación y cambio de rumbo favorable para los pueblos, principalmente por la fuerza de la efervescencia social. No obstante, se expresaron varios límites para la expansión de estas potencialidades, que no tenían que ver únicamente con la dependencia internacional y el imperialismo/colonialismo, sino también con factores endógenos a los propios procesos. En medio de las disputas, se impusieron a las fuerzas sociales orientaciones trascendentales y abstractas donde prevaleció la razón de Estado y la lógica de conservación del poder, las matrices (neo)desarrollistas y la expansión del extractivismo, el pragmatismo y el realismo político, neutralizando las agendas locales concretas y la territorialización del proyecto emancipatorio, y favoreciendo en cambio a viejas y nuevas élites políticas y económicas, mismas que años después impulsarían avances conservadores en contra de los propios procesos de cambio. Pero lo que queremos resaltar es que estas orientaciones fueron sostenidas tanto por posturas teóricas como por narrativas políticas autonomía

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que, ante la idea de la “defensa de la Revolución Bolivariana”, como uno de los principales bastiones de la izquierda y la revolución en América Latina (y para parte del mundo) terminaron, por un lado, implantando un fiel y centralizado respaldo a las élites representantes del proceso, que cada vez entraban más en contradicción con las bases sociales de apoyo, y por tanto, generando un sostenimiento de los factores que contribuyeron al declive del proceso popular; y por otro lado, la defensa incondicional a estas élites gobernantes fue instalando una situación de chantaje a la diferencia, que contribuyó a la criminalización de la crítica necesaria y clausuró múltiples rutas para pensar e impulsar alternativas. Es inútil insistir en que la debacle del proceso bolivariano, y principalmente, la neutralización de los sectores sociales que tomaron verdaderamente la bandera de cambio revolucionario; así como la re-estructuración de la economía con crecientes rasgos neoliberales en el gobierno de Nicolás Maduro, eran un camino inevitable. Hay ya un largo registro de críticas y señalamientos que, desde diversos sectores del campo popular –incluyendo amplios sectores del chavismo de base– fueron alertando de medidas y políticas que debían tomar otros rumbos. Mientras se ha utilizado sin cesar el ‘indiscutible’ enfoque de la geopolítica del imperialismo estadounidense para explicarlo absolutamente todo, han sido las clases populares, habitantes de los barrios urbanos, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas y pescadoras, e incluso sectores más vulnerables de la clase media, los que sufren y enfrentan las consecuencias de las políticas de flexibilización económica y de la militarización de la vida promovidas por el Gobierno de Maduro. Mientras la población ha sufrido el desparramamiento de la violencia política opositora o de las sanciones estadounidenses, también lo hace con el pago puntual gubernamental de la deuda pública en detrimento de las importaciones, con el crecimiento de las agresiones de los cuerpos de seguridad del Estado contra organizaciones campesinas, comuneros y trabajadores precarizados por la situación actual. Mientras los venezolanos son afectados por las redes de contrabando transfronterizo, del mismo modo lo son por la devastadora corrupción de la burocracia ‘revolucionaria’, que se ha devorado los fondos públicos. Es en este sentido que retumba la pregunta sobre ¿cuál es el rol de 250 –

las izquierdas ante esta situación? ¿Cuáles son sus sentidos de ser en un sistema mundial en decadencia? ¿Cuál es el límite, el ¡ya basta!, el punto de honor? ¿Cuáles son sus principios irrenunciables? ¿Hay espacio y posibilidad para un programa alternativo en este tiempo caótico? La izquierda dominante tiene muy buena parte de la responsabilidad en el devenir del proceso venezolano. Es en este sentido que nos distanciamos de estos cánones que están incapacitados para pensar e interpretar estas dinámicas más allá desde la ‘razón de Estado’, la real politik, o únicamente fungiendo como la consejera del príncipe. Mucho menos convertirse en censora de los sectores críticos, construyendo chivos expiatorios, generando sospechas criminalizadoras sobre la diversidad y pretendiendo colocarse en una posición de superioridad moral, cuando precisamente el silencio cómplice ha sido uno de los factores que ha contribuido al crecimiento y consolidación de las tendencias restauradoras, conservadoras, autoritarias y corruptas en el Gobierno Bolivariano. Difícilmente la izquierda podrá sobrevivir, disolviendo su proyecto ético –pues sencillamente no vale todo– y olvidando los fundamentos políticos de pensar desde abajo, en clave popular. Las posibilidades hoy de que las izquierdas sufran un alto impacto por una caída del Gobierno Bolivariano son altas y será fundamental recuperar un diálogo fraterno, honesto y dispuesto a la construcción de nuevos referentes. En segundo lugar, y ya en lo que se refiere a las potencialidades de las luchas populares en Venezuela, es necesario mencionar varios elementos. La Gran Crisis ha sido también una historia de movilizaciones y protestas permanentes, con una diversidad de actores y expresiones que no deben ser leídos sólo en el código binario gobierno-oposición, aunque en la cobertura mediática sobre Venezuela esta ha sido la lectura dominante, invisibilizando otros procesos y sujetos políticos. Estas expresiones, descontentos y movilizaciones en Venezuela podemos evaluarlas, de manera muy general, al menos en dos ámbitos: uno, el que tiene que ver con la arena de la política nacional –vinculada al reclamo, interpelación o apoyo al Gobierno bolivariano, al rol del Estado y las instituciones, y a la idea de un proyecto país–; y el otro, a las luchas y disputas territoriales. Ambos ámbitos no son sólo, como ya mencionamos, una expresión de la autonomía

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propia crisis, sino también han evidenciado intentos, tentativas y posibilidades para recuperar la vía política para el país. En relación al ámbito de la arena de la política nacional, los malos resultados de los intentos destituyentes del ciclo de movilizaciones masivas de 2014 y 2017, han generado desaliento en las expectativas de cambio, decepciones de los seguidores respecto a los partidos de oposición y el aprovechamiento del Gobierno para atornillarse más al poder del Estado. Esto se une al desencanto y descontento creciente que se ha producido en las bases del chavismo, y al hartazgo generalizado de la población por las extraordinariamente precarias condiciones de vida del país, que en su conjunto han provocado que la polarización esté en franca decadencia, siendo que más de la mitad de los venezolanos no se siente identificada ni con el Gobierno ni con la oposición. Esto, de hecho, ha abierto canales para la emergencia de otras expresiones políticas que, sin embargo, navegan también en las inestables y turbulentas aguas de la crisis venezolana, por lo que, un elemento aglutinante de los descontentos no ha logrado establecerse. Al finalizar la segunda década del siglo XXI, tenemos un alto nivel de fragmentación de las fuerzas políticas en el país –lo que contrasta con la mayor aglutinación de fuerzas en el Gobierno de Nicolás Maduro, fundamentalmente el poder del sector militar, que es su núcleo vital– y la disputa de lo que podemos entender como dos corrientes: una radical, que promueve la violencia extrema, la aniquilación del otro a cualquier costo y se desentiende de cualquier vía negociada y democrática –corriente presente en sectores del chavismo y de la oposición–; y otra más conciliadora e institucional, que busca la consecución de acuerdos mínimos de convivencia y reglas compartidas y la reconstrucción de vías institucionales para canalizar las diferentes cuestiones políticas y económicas del país. Esta última corriente ha permitido la articulación de actores del chavismo y la oposición para algunas iniciativas, aunque sin lograr mayor trascendencia hasta la fecha. Pero estos grupos se movilizan teniendo como uno de sus principales fines el evitar una guerra civil con participación internacional, así como atenuar las penurias que la crisis humanitaria ha generado en la población. En relación al ámbito de las luchas y disputas territoriales, este es 252 –

quizás el que exprese las más interesantes manifestaciones de otras políticas en el país, aunque cabe acotar que también estas navegan en las inestables y turbulentas aguas de la crisis venezolana, y se enfrentan a la violencia del Gobierno dictatorial de Maduro y del crimen organizado. Como ya hemos mencionado, este tipo de movilizaciones suelen ser colocadas mediáticamente siempre a la retaguardia de las grandes marchas orientadas por la política y las agendas de los partidos, pero en realidad estas logran reflejar la sustancia del antagonismo popular y social venezolano, en relación con sus particularidades socio-culturales y territoriales. De estas podemos destacar dos tipos: las movilizaciones por servicios públicos y salarios, y las que se dan en defensa de los bienes comunes naturales, medios de reproducción de la vida y el territorio. Ambas han estado en permanente actividad en este período de crisis, con sus altibajos y variaciones de expectativas. Respecto a las primeras, se registran constantes protestas de diversos sectores gremiales, como el de los docentes, enfermeras y sector salud, sindicatos petroleros, entre otros, pudiéndose expresar algunas posiciones autónomas ante la cooptación de los partidos y líderes de la polarización, así como nuevas narrativas. Por otro lado, las movilizaciones por la dramática situación de los servicios públicos (agua, electricidad, gas, transporte, gasolina, etc) se han vuelto centrales en Venezuela y han evolucionado de la mano del propio colapso. Desde 2019 han venido creciendo y multiplicándose, y en 2020, en plena pandemia, han llegado a alcanzar escala nacional –incluyendo sector rural y territorios amazónicos–, siendo que en septiembre de este año el país estaba encendido en protestas en toda su geografía, algo que ocurría de manera simultánea sin ser convocado por algún gran actor político, sino por las iniciativas de los propios pobladores. También en estas protestas se evidencian un nuevo umbral de hartazgo por la situación, nuevas narrativas, cierta identificación común entre las movilizaciones y diversas formas de organización local. En relación a las luchas en defensa de los bienes comunes naturales, medios de reproducción de la vida y el territorio, estas han sido una constante, incluso en tiempos de crecimiento económico y bonanza petrolera. En la crisis, ha seguido emergiendo movilizaciones y demandas que reivindican los valores ecológicos y territoriales, así autonomía

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como otras que articulan dichas demandas con el reclamo por servicios públicos y salarios. En este contexto, podemos resaltar luchas como la de los pobladores de Sarare en defensa del Cerro La Vieja –en el estado Lara, así como otros movimientos ambientales en dicho estado–, las oposiciones a la minería en Bailadores (Mérida) y en los morros de Macaira (Guárico), o las luchas de los pobladores de Maripa (criollos e indígenas) en el bajo Caura contra la instalación de balsas mineras en dicho río (estado Bolívar). También se registran diversas luchas campesinas por la propiedad y/o gestión de la tierra, las cuales se han articulado en la Plataforma de la Lucha Campesina que, en julio de 2018, inició una marcha desde Guanare  (estado llanero de Portuguesa) con un grupo de 200 campesinos, recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de gran simbolismo político para los movimientos populares de izquierda. También vale la pena resaltar procesos organizados de resistencia territorial indígena, ante los grupos armados que practican la minería ilegal en la Amazonía venezolana, como se evidencia en comunidades de los pueblos pemón, y en la conformación de guardias indígenas wottuja y yekwana. Aunque el panorama nacional no es alentador, estamos ante una crisis tan profunda que está generando mayores espacios a factores desencadenantes y nuevos escenarios que producen condiciones para el surgimiento de nuevas subjetividades, registros y códigos políticos. Es importante señalar que, aunque en un estado inicial de fragmentación, el rol de estas potenciales nuevas subjetividades es esencial para generar una masa crítica que promueva resistencias y alternativas ante la situación, más si se toma en cuenta que la configuración de nuevos tiempos deberá necesariamente trascender e ir más allá de los códigos fundamentales de la polarización. Las posibilidades de articulación de una gama ya mucho más variada de actores son inciertas, debido a que los puentes de comunicación entre sectores sociales y políticos han quedado vulnerados, a raíz de la determinante polarización. Sin embargo, se ha hecho evidente en los últimos años la búsqueda de puentes entre diferentes grupos y actores no polarizados, para comenzar a construir plataformas más 254 –

amplias y diversas de acción y movilización. Si mirásemos las causas profundas de la crisis actual, sus vínculos con los actores dominantes y con el modelo de desarrollo imperante, podríamos resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de los commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y por la justicia ambiental al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas. Estamos ante dos momentos cruciales: el actual, en el cual cada cosa que se haga tiene y tendrá impacto en el desenlace de esta crisis, y será esencial para determinar que la misma tenga un curso posibilitante para lo emancipatorio-popular; y de no ser así, es necesario pensar en un segundo momento en el cual, ante lo delicado de los posibles escenarios, las organizaciones sociales, comunidades, movimientos populares, y diversas agrupaciones ciudadanas, puedan estar al máximo preparadas para enfrentar situaciones de muy alta conflictividad o de colapso de las condiciones básicas de vida, las cuales podrían profundizarse en los próximos tiempos.

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La recreación neo-extractivista y “progresista” del colonialismo interno en Bolivia: La defensa de territorialidades indígenas y del horizonte plurinacional Pabel Camilo López F.

Resumen Los ‘procesos de cambio’ político-estatal originados en procesos destituyentes que se desplegaron en la década pasada en parte de la región Andina-Amazónica fueron mayormente resultado de contextos de crisis sociopolíticas y de impugnaciones al neoliberalismo y, en gran medida generados y protagonizados por movimientos societales, en particular de movimientos de matriz comunitaria-indígena, abrieron procesos constituyentes e instalaron imaginarios de descolonización, construcción de ‘Estados Plurinacionales’ y de propuestas alternativas como el Buen Vivir, como horizontes alternativos a la colonialidad, , al Estado-Nación monocultural, al capitalismo neoliberal y al desarrollo. En el caso de Bolivia, esos imaginarios tempranamente entraron en evidente crisis y franco retroceso, según gradualmente se ponían en marcha un conjunto de programas y políticas gubernamentales y estatales que apuntaban, en la práctica, al desconocimiento de dichos paradigmas y al desmontaje sistemático de los principios, componentes y condiciones de posibilidad de horizontes de descolonización y transformación estatal. Desde inicios del presente decenio, luego de aprobada la actual Constitución boliviana, se hicieron evidentes contradicciones, conflictos, rupturas y regresiones en torno a los sentidos transformadores del Estado, a partir de la orientación que tomaría el entonces autodeautonomía

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nominado ‘gobierno de los movimientos sociales’ del Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales, el mismo que fue contradicho no solo por el horizonte híper-extractivista de sus políticas gubernamentales y de una tendencia autoritaria del manejo estatal sino por el impulso de un nuevo proyecto de dominación y recolonización. Precisamente, el despliegue esta práctica estatal entro en fuerte tensión con pueblos indígenas, diversos sujetos colectivos y movimientos sociales de base comunitaria, con sus reivindicaciones y con sus territorialidades. Se propone una lectura crítica del reciente contexto boliviano alrededor de las disputas societales por el territorio, frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS y la orientación política, proyecto de Estado y modelo de dominación que habría recreado formas del ‘colonialismo interno’ a partir de modalidades múltiples de recolonización.

Introducción El contexto boliviano los últimos años y en particular el último lustro estuvo marcado por una gran intensidad y velocidad de acontecimientos sociopolíticos que, acaso, cerraron un tiempo político de catorce años, desde que Evo Morales llego a la presidencia del país, luego de un ciclo de movilizaciones y protestas destituyentes, caracterizado por estallidos y rebeliones sociales. Curiosamente, un nuevo ciclo de protesta, rebelión y convulsión social será la que empuje a Evo Morales a dejar el gobierno, casi al final de su tercer mandato a la cabeza del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), no así éste partido político, que en las recientes elecciones de octubre de 2020 fue reafirmada, por el voto mayoritario de la población boliviana, como la principal fuerza política en este país. No hay duda de que entre el escenario político-electoral de octubre del 2019 y la renuncia de Morales, su entonces vicepresidente García Linera y varias autoridades estatales, hasta la elección del actual presidente electo Luis Arce Catacora, transcurrió una sucesión de acontecimientos políticos y sociales, incluidos el interregnum de un gobierno inicialmente “transitorio” que termino desplegando una deriva política revanchista, una tendencia 264 –

represiva hacia los sectores populares, atravesado por una corrupción desbordada y una inocultable orientación reaccionaria, prorroguista y antidemocrática, hasta el estallido global de la pandemia del Covid-19. Considerando que el este breve texto fue escrito entre el 2017 y 2018, ciertamente no trata o problematiza este reciente e intrincado contexto sociopolítico en Bolivia, no obstante los argumentos que se desarrollan a continuación bien pueden ser de utilidad como elementos analíticos y parte de los antecedentes contextuales de lo que sucedió recientemente en el país. Asimismo, actualmente se encuentra en elaboración un trabajo, de próxima publicación, que se concentra en el último periodo apenas mencionado. En los últimos años se hizo evidente asistir a una época de continuidades, contradicciones, repliegues y/o retrocesos de los procesos de transformación política que se manifestaron la década pasada en diversos contextos de América del Sur, en donde casi la mayoría de los países de la región presentan procesos caracterizados por la generalización y consolidación de modelos económicos de base extractivistas y la acentuación de dinámicas de despojos múltiples. Así, el actual contexto de América del Sur continuaría expresando una expansión exacerbada de las fronteras extractivas hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera energética, petrolera, minera, forestal y agroindustrial entre las predominantes. Dicha expansión, dentro de las nuevas espacialidades y reconfiguraciones de los procesos de acumulación capitalista en la región, ha generado transformaciones sociales y territoriales de gran magnitud, en la medida en que se reorienta completamente la economía y las formas de vida de grandes espacios territoriales en la región y de pueblos enteros, así como de sus territorialidades, cultura y formas de vida, precisamente a partir de políticas y actividades extractivas y procesos de despojo territorial y socio-cultural, con fuertes efectos sobre poblaciones locales de base rural y/o de matriz comunitaria que se encuentran ancestralmente arraigadas al territorio, amenazando en el corto y mediano plazo la sustentabilidad ecológica de esos territorios y de sus socio-ecosistemas. Así, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del capital, bajo formas de “acumulación por desposesión” (Harvey 2004), asistimos a una nueva inflexión de una dimenautonomía

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sión social auto-organizativa (Svampa 2011), a través de la cual el territorio aparece en el centro de disputas, reivindicaciones, demandas y acciones colectivas de sujetos comunitarios. En este escenario, en los últimos años los denominados “procesos de cambio” en la región se han consolidado dentro de una tendencia económica subcontinental marcada por la expansión de modelos de desarrollo basados en la extracción/exportación de “recursos naturales” como materias primas en base a las exigencias del mercado internacional, con un rol central de los estados en esas dinámicas, en particular de lo que Svampa (2013) identifico como “Consenso de los Commodities”, que en el último lustro estuvo marcado, entre otros aspectos por una fase de exacerbación del neoextractivismo, coincidente con los efectos de la caída de los precios de los commodities y de los síntomas del agotamiento o “fin” del ciclo progresista. Bajo esos parámetros y en este tiempo se manifestaron grandes distancias, rupturas y enfrentamientos entre los movimientos en resistencia, en particular de pueblos y organizaciones indígenas, frente a la orientación y actuación de los llamados “gobiernos progresistas”. En los países de la región con procesos que en su momento fueron considerados paradigmáticos, como Bolivia y Ecuador, las nociones de “crecimiento”, “progreso”, “desarrollo”, “exportación”, etc., continuaron y se consolidaron en la base del modelo de economía y las políticas estatales. Por lo tanto, la gran expectativa de que discursos anti-neoliberales, anti-imperialistas y/o anti-capitalistas produjesen reorientaciones básicas en las lógicas extractivistas, que históricamente caracterizaron la inserción dependiente de las economías del subcontinente en el mercado global, no solo no sucedió (Lander 2012) sino que, contrariamente, con estos gobiernos se han intensificado y expandido los procesos de extracción y “despojos múltiples” sobre los bienes comunes de la naturaleza y de los pueblos. Específicamente en Bolivia, el horizonte de transformación estatal que fue abierto a partir de ciclos de movilización social durante la década pasada (2000-2005) y que tuvo la premisa de la descolonización del Estado como condición para la construcción de un Estado Plurinacional dentro de una “coyuntura fundante” (Zavaleta 2009 [1982]) fue producto de la potencia y resistencia de memorias de culturas y pueblos 266 –

indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de dominación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, que emergieron de manera contundente desde finales del siglo XX y estuvieron durante estos dos décadas y media manifestándose como espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de contra-hegemonía societal (Tapia 2011) frente al Estado y a sus políticas de despojo en los territorios. Así, en el marco del nuevo marco jurídico-político y territorial establecido por el actual texto constitucional boliviano desde el 2009, como resultado del proceso constituyente en el decenio anterior, el actual carácter de ‘plurinacionalidad’ del Estado tiene como uno de sus ejes centrales el reconocimiento de la pre-existencia de pueblos originarios, de sus territorios ancestrales y del principio de autodeterminación, así como el mandato de implementación de autonomías indígenas, como una modalidad concreta para la trasformación y descolonización de la estructura estatal que asume o recoge, al menos declarativamente, una matriz social comunitaria, originaria y de civilización agraria, es decir reconocería, en cierta medida, la “condición multisocietal” (Tapia 2002) y la necesidad de desmontar esquemas históricos de colonialismo interno (González Casanova 1969). Sin embargo, a partir del periodo que podríamos llamar post-constituyente en el país, desde estructuras gubernativas del Estado se fueron imponiendo e implementando políticas económicas extractivistas que fueron sistemáticamente contradiciendo el sentido de los mencionados principios constitucionales. Esta tendencia de des-constitucionalización y retroceso de las conquistas de sectores comunitarios y populares se ira acentuando, sobre todo desde el conflicto del TIPNIS el 2011, el desconocimiento del resultado del referéndum el 2016 en el que la mayoría de la población rechazo la posibilidad de una cuarta candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera como gobernantes, hasta la crisis sociopolítica a fines del 2019 en torno a las elecciones y el posterior complejo escenario político. En estos últimos años en Bolivia se fueron manifestando conflictos sociopolíticos y movilizaciones socioterritoriales con mucha intensidad, estas últimas particularmente en las llamadas ‘tierras bajas’, en torno a la defensa de territorios y que son protagonizados por movimientos de base comunitaria y específicamente por pueblos y autonomía

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organizaciones indígenas. Algunos de estos conflictos y movimientos se encuentran todavía vigentes o irresueltos, en situación de resistencia y en dinámicas de lucha, los mismos que estarían expresando acciones de defensa, movilización y disputas socio-territorial frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS. Entre los más paradigmáticos y expresivos de dichos movimientos se destaca el conflicto en torno a la defensa indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Secure), que tuvo como su máximo momento de emergencia y visibilización en dos marchas indígenas (2011 y 2012) en defensa de este territorio frente a planes gubernamentales de imposición inconsulta de una carretera como parte de proyectos geopolíticos de infraestructura destinada a la extracción (principalmente de hidrocarburos). Si bien el conflicto del TIPNIS fue un conflicto con mucha resonancia nacional e internacional, no fue el único que se presentaría luego de aprobada el texto constitucional boliviano, sino que se manifestaran un conjunto de conflictos caracterizados principalmente por la resistencia frente a emprendimientos extractivistas en territorios, varios de ellos reconocidos legalmente con carácter comunitario y de gestión colectiva. Estos movimientos de resistencia territorial indígena en las tierras bajas de Bolivia generaron acciones colectivas de defensa por parte de las poblaciones indígenas frente a las políticas extractivistas del gobierno boliviano y a intervenciones represivas para imponerlas, lo que muestra evidentes contradicciones, retrocesos y disputas en torno al sentido y alcance de la “plurinacionalidad” del Estado y al imaginario del tan evocado “Vivir Bien”; por un lado con la imposición de una visión estatal y gubernamental de desarrollo y; por otro lado, con visiones de actores socioterritoriales indígenas que reivindican el derecho colectivo a la autodeterminación, al autogobierno, al respeto de sus formas ancestrales y comunitarias, o simplemente a preservar su territorialidad ancestral como condición fundamental para la reproducción de su vida como pueblos. Esta tendencia, es la que se propone abordar y problematizar en este texto, apuntando a dar cuenta de las actuales modalidades de neo-colonización de territorios y de recreación de formas de colonialismo interno en Bolivia.

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Plurinacionalidad y ‘Vivir Bien’ o Estado-Nación neoextractivista en Bolivia Lo que hoy se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, fue en parte el resultado de un proceso de acumulación histórica de ciclos de crisis, resistencia, luchas y transformaciones sociales, políticas, culturales y territoriales, que han venido sucediendo desde la época de la dominación colonial hasta nuestros días, donde los diversos momentos de la historia de este país presentan una inmensa cantidad de significaciones, de hechos y procesos sociopolíticos que fueron conformando y transformando los imaginarios colectivos de una sociedad complejamente constituida o con una “conformación social abigarrada” (Zavaleta [1986] 2009) o “multisocietal” (Tapia 2002) y de sus formas y entramados societales y sociopolíticos y de relaciones entre esas diversas sociedades y el Estado. Así, a partir del hecho de haberse constitucionalizado la condición plurinacional de la realidad social, cultural, política y territorial de Bolivia, se habría también reconfigurado, al menos formal y declarativamente, la modalidad de su “forma primordial” (Zavaleta [1982] 2009) que caracterizaba la conformación sociopolítica de este país, esto es, su condición estructural monocultural y mononacional. De esa manera, con la redefinición del carácter del Estado como “plurinacional” en la actual Constitución Política del Estado aprobada el 2009, también se opera, en cierta medida, una recomposición en la nomenclatura de las relaciones entre las formas político-sociales modernas (liberales) y el conjunto de las formas sociales y políticas de autogobierno de pueblos, culturas y territorialidades de matriz y estructura comunitaria con otras formas societales. Estas dinámicas de reconfiguración se expresarían, pues, desde el primer artículo de la nueva Constitución, en la fórmula de “Estado Unitario, Plurinacional, Comunitario y con Autonomías” que complejiza, aunque de modo híbrido y sin salir del eje republicano-liberal. Así, tal vez dos ejes transversales claves para entender el sentido y carácter transformador de la actual Constitución boliviana junto a la idea de plurinacionalidad están relacionados, por un lado, con la noción de descolonización que es presentada como el núcleo estratégico que marca el autonomía

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sentido anti-colonial tendría el texto constitucional y que recogería la histórica reivindicación de los pueblos indígenas del país; por otro lado, la noción del “Vivir Bien” como un principio y filosofía constitucional, que aparece recurrentemente a los largo del texto constitucional y que está inspirado en concepciones y cosmovisiones de matriz comunitaria como el suma qamaña (en aimara), el sumak kausay (en quechua) o el teko kavi (en guaraní), etc., que fuera declarado, además, como un horizonte de una alternativa a la idea de “desarrollo” convencional y en armonía con la naturaleza. Asimismo, uno de las principales innovaciones del actual texto constitucional boliviano tiene que ver con el rediseño político-territorial que se instituye a partir del régimen de autonomías en la nueva estructura y organización territorial del nuevo Estado Plurinacional, lo que se pensaba implicaría un proceso de desconcentración, democratización y redistribución del poder político en el territorio, ya que se suponía que el Estado cambiaría sustancialmente su carácter y que su diseño involucraba diversos niveles de administración con base territorial. En ese escenario, la Constitución boliviana instituyó la figura de autonomía indígena originaria campesina (AIOC) como un nivel autonómico y entidad territorial específica, estableciendo que la misma consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas, reconociendo organizaciones e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. De esta manera el actual texto constitucional boliviano incorporó, a partir de las demandas del movimiento indígena, como uno de sus núcleos de transformación político-territorial que innovan y trastocan la estructura misma del Estado a la temática de las autonomías indígenas que, en rigor, se convierten en uno de los principales ejes de re-organización territorial del Estado y que más le imprimen a éste su condición “plurinacional”. En ese sentido, el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas se presentaba y proyectaba, al menos luego de aprobada la Constitución del 2009, como uno de los pilares para la concreción del Estado plurinacional; ya que implicaba no sólo el reconocimiento de tipo cultural de autonomía territorial sino el desafío de descolonizar los históricos esquemas territoriales coloniales y neocoloniales de po270 –

der. Así, específicamente el carácter de “plurinacionalidad” del Estado tendría como uno de sus ejes centrales el reconocimiento y el mandato de implementación de autonomías indígenas como una propuesta y modalidad concreta para la construcción plural de una estructura estatal, asumiendo su matriz social fuertemente comunitaria, su condición ‘multisocietal’ (Tapia 2002) y de la necesidad de desmontar esquemas históricos de colonialismo interno (González Casanova 1969). Sin embargo, desde estructuras gubernativas del actual “Estado Plurinacional” en la actualidad predominan visiones y consolidan políticas económicas basadas en modelos extractivistas, las que contradicen frontalmente los supuestos constitucionales de transformación/descolonización estatal y alcance de las autonomías político-territoriales de los pueblos indígenas, establecidas en el actual texto constitucional de este país, afectando de esa manera directamente territorios y comunidades indígenas y acabando con las condiciones de posibilidad de un estado plurinacional. Así, separaciones, paradojas y retrocesos marcarán con particular tensión la coyuntura post-constituyente del llamado “proceso de cambio” en Bolivia, evidenciado los contradictorios terrenos en los que se disputa la transformación del Estado y su construcción plurinacional. De ese modo, algunas de las dualidades que Boaventura de Sousa Santos (2010) ya advertía sobre los procesos que se perfilaban como refundacionales en la región (que contraponía concepciones como: ¿recursos naturales o Pachamama?, ¿desarrollo o Vivir Bien?, ¿tierra para reforma agraria o territorio como requisito de dignidad e identidad?, ¿Estado-nación o Estado plurinacional?, ¿descentralización/desconcentración o autogobierno indígena?), encontrarán en los últimos años una apuesta clara desde las orientaciones, políticas y acciones gubernamentales en el caso boliviano, donde se impone de forma autoritaria una inclinación por las opciones más conservadoras de dichas dualidades y se va relegando, desechando e instrumentalizando retóricamente los principios y contenidos más transformadores del Estado. Además de dichas dualidades, en el periodo post-constituyente boliviano, se habría pasado a una fase de “separaciones” (Tapia 2011) que ocurrieron en un periodo de despliegue de unas políticas cada vez más represivas por parte de la nueva burocracia estatal que llegó al poder producto de las olas de movilización indígena. autonomía

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El despliegue del denominado “proceso de cambio” sociopolítico en Bolivia, además de ilustrar, n la realidad, el desenlace estatal de las mencionadas dualidades y de marcada acentuación de separaciones entre las organizaciones indígenas con el estado y dentro de la misma sociedad (Tapia 2014), también será caracterizado en torno a grandes paradojas que tienen que ver con las formas en que se desarrollan las disputas por los sentidos y las condiciones de posibilidad de la plurinacionalidad del Estado. Una de esas paradojas, tal vez la más contrastante es la que tiene que ver con la expansión y consolidación del modelo extractivista de despojo en el país, impulsado por el propio gobierno; desechando e imposibilitando principios como el Vivir Bien, la autonomía y acabando con las condiciones para la construcción de un Estado Plurinacional. En ese sentido, durante la última década de asistirá a un contexto de retroceso y a la vez de disputa por el ejercicio de la autonomía indígena, y de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, donde la exigencia de respeto a los supuestos y principios básicos de la plurinacionalidad establecidos en el texto constitucional proviene de sujetos indígenas que son los que la promovieron y defendieron en el proceso constituyente de la década pasada y son los que aún hoy, desde espacios de resistencia, defensa y/o construcción socioterritorial la invocan, ante la imposición unilateral y autoritaria de una modalidad estatal monológica, extractivista y anti-indígena. Asimismo, esas paradojas fueron desplegando en un contexto que, por un lado, en el marco de un proceso de “des-plurinacionalización unilateral del Estado”, por parte de las propias estructuras estatales y centralmente desde el gobierno del MAS; a partir de una visión y accionar monológico bajo lógicas y esquemas que caracterizaron históricamente al Estado-nación y desde donde se realizaría tan solo un uso retórico e instrumental de la plurinacionalidad, mientras que en la práctica se impulsaba e imponía una dinámica de re-centralización estatalista y centralista de la política, de la economía y de control del territorio. Por otro lado, empero, se estuvieron configurando y re-articulando procesos de “re-plurinacionalización (social) al margen de Estado”, que se manifiesta a partir de las movilizaciones, reivindicaciones, resistencias y disputas de parte de movimientos 272 –

sociales territorializados, principalmente indígenas; de la demanda de cumplimiento de la Constitución; de la exigencia del respeto de las autonomías indígenas y de derechos colectivos internacional y constitucionalmente establecidos. Así, los desafíos de materializar la construcción de un “Estado Plurinacional” entra en contradicción en los últimos años, entre otras cosas, con la necesidad por parte del gobierno del MAS de ejercer un monopolio de la política mediante un “Estado nacionalista”, a partir del despliegue de una clara política de re-concentración y monopolio del poder político (Tapia 2011) en el gobierno y en torno a la figura del Presidente, lo que marcará un conflictivo entramado sociopolítico en este país los últimos años y de re-emergencia territorializada de movimientos societales.

Periodo post-constituyente y nuevos espacios contrahegemónicos Desde los albores de este siglo la región asistió a una época de articulación de un horizonte contra-hegemónico (Tapia, 2011). En el caso de Bolivia, este horizonte se expresó a partir de procesos de unificación, movilización y rearticulación societal, desde movimientos comunitarios indígenas que activaron y amalgamaron una impugnación al neoliberalismo y al sistema político en general, desde lo anticolonial y la crítica a la “continuidad neocolonial” (Rivera, 2010) y con una crítica a las estructuras del Estado-nación monocultural y acciones colectivas de contestación al capitalismo en su versión neoliberal. Así, algunos de los componentes de ese horizonte contra-hegemónico fueron, entonces, entre otros aspectos la posibilidad de un Estado plurinacional, de descolonización de sus estructuras, reconocimiento de la autonomía indígena en territorios comunitarios y de la necesidad de alternativas (Vivir Bien) frente a la premisa eurocéntrica del “desarrollo” (Walsh, 2008). El tránsito hacia un Estado plurinacional y con autonomías (específicamente de tipo étnico-originario) implicaba romper con el monopolio y la pretensión del ‘monopolio de la política’ presente en toda la historia del Estado en Bolivia, es decir, la instauración y desarrollo de una pluralidad de espacios de autogobierno y de autonomías inautonomía

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dígenas, a pesar de que luego su definición e implementación será muy ambigua (Tockman, et. al., 2015). No obstante, en la primera mitad del actual decenio se transitara de procesos constituyentes generados por movimientos indígenas a un período en que el gobierno del MAS empezara a desplegar una política de expansión extractivista sobre territorios indígenas que, en muchos casos, ya contaban con el reconocimiento constitucional de tierras y territorios colectivos. Se habría pasado así a un momento en que, desde entornces, se romperá la alianza campesina-indígena en Bolivia expresada en el Pacto de Unidad1, así lo evidenciaría varios conflictos socioterritoriales, principalmente en las Tierras Bajas de este país, como sucederá el 2011 a partir del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure). Por otra parte esta orientación del gobierno del MAS habría implicado que, en cierta medida, se fueron cerrando las condiciones materiales e históricas de construcción de un “Estado plurinacional” desde las propias estructuras estatales (Tapia, 2011) produciendo un gran retroceso en ese sentido, haciéndose evidente, a la vez, una re-articulación de una condición colonial que define la reorganización estatal (Rivera, 2015). Así, un horizonte realmente contra-hegemónico en los últimos años se estaría articulando fundamentalmente en torno a las resistencias territoriales comunitarias de pueblos, movimientos y organizaciones indígenas, frente a procesos de despojos múltiples (Navarro, 2018), que se manifiestan particularmente a través de la expansión y/o intensificación del extractivismo, que predomina en las políticas estatales del gobierno boliviano y que parece afectar directamente a territorios y territorialidades, confrontándose con poblaciones y culturas comunitarias rurales e indígenas, las mismas que reivindican manifiestamente una defensa de sus territorios y demandan el respeto al ejercicio de sus derechos colectivos de autodeterminación como pueblos y a las organizaciones que los articulan y representan. Por tanto, la perspectiva de transformación estatal abierta a partir de ciclos de movilización social a inicios de la década pasada en Bolivia y que tuvo la premisa de la descolonización del Estado como condición para la construcción de un “Estado Plurinacio274 –

nal” fue, en gran medida, resultado de la potencia y resistencia de memorias de culturas y pueblos indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de dominación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, los que emergieron de manera contundente a finales del siglo XX, aún hoy, a partir de procesos de recomposición de sus agendas reivindicativas, de reorganización de sus repertorios de movilización y acción colectiva, se manifiestan nuevamente como espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de contra-hegemonía societal frente al Estado y frente a una nueva ola de políticas territoriales gubernamentales de carácter neoextractivista, que afectan directamente sus bases para su reproducción social y sus formas de vida colectiva. En ese escenario, antes de los últimos acontecimientos sociopolíticos en Bolivia, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, el país vino atravesando un periodo de evidente retroceso y cierre del horizonte de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, donde la exigencia de cumplimiento de los principios básicos y mandatos centrales establecidos en el texto constitucional proviene de sujetos indígenas, los mismos que promovieron una transformación estatal y el proceso constituyente de la década pasada y que hoy, se repliegan a espacios de resistencia y construcción socioterritorial ante una faceta estatal monológica, autoritaria, híper-extractivista y alejada de los postulados constitucionales. En ese sentido, se podría calificar el actual proceso político como la ‘des-plurinacionalización del Estado’ (López, 2017) de parte del propio gobierno del MAS, donde la plurinacionalidad se habría reducido a un uso retórico e instrumental, mientras que en la práctica se despliega una dinámica de recentralización estatal de la política, de la economía y del control territorial. Por otro lado, se estarían también configurando escenarios de movilizaciones y resistencias contra las políticas gubernamentales de parte de movimientos sociales, principalmente indígenas, que, en cierta medida, aún reivindican el cumplimiento de la Constitución y el respeto de sus derechos colectivos como pueblos. De ahí que es posible afirmar que desde el periodo post-constituautonomía

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yente, 2009 hasta la actualidad, recurrentes episodios, acciones y política de vulneración de los contenidos más transformadores y potencialmente radicales de la CPE en cuanto a su carácter plurinacional, tanto en la orientación como en el cuerpo de las normas posteriores como en las políticas gubernamentales, lo que estaría mostrando una clara tendencia por “desplurinacionalizar” el marco constitucional vigente, a favor de los intereses de la actual visión política, económica y territorial del partido gobernante. Esta situación puede identificar a partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) y su posterior norma reglamentaria, pero también en un conjunto de otras normas centrales; como la Ley Marco de la Madre Tierra y de Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) la Ley de Minería y Metalurgia (2014) o el Decreto Supremo Nº 2366 (2015) sobre el aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas, por mencionar algunas, en las cuales es evidente la orientación extractivista y de contraste con las conquistas indígenas en relación a sus derechos colectivos. De esta forma, resulta incontrastable y explícito el núcleo extractivista de las políticas del gobierno del MAS que estaría generando impactos socioterritoriales, de la mano con señales autoritarias desde el propio Estado, orientadas a garantizar la implementación de dichas políticas. En consecuencia, el contexto en Bolivia en los últimos años, estaría marcado entre otros aspectos por la reactivación de movimientos societales (Tapia, 2008), principalmente de carácter socioterritorial e indígena, frente a dinámicas y actividades extractivas y de explotación de “recursos naturales” por parte del actual gobierno sobre áreas protegidas y/o territorios indígenas, y sus consecuentes dinámicas de despojo, específicamente en las tierras bajas de Bolivia donde se estarían produciendo una serie conflictos socio-ambientales y territoriales, intensificados a partir las recientes políticas gubernamentales dirigidas a profundizar y expandir la explotación/exportación de recursos naturales como commodities, particularmente de hidrocarburos, minerales, agroindustria, y más recientemente energía mediante hidroeléctricas, sin el consentimiento previo de las comunidades indígenas, las que reproducen su territorialidad y sus formas de vida comunitaria en sus territorios ancestrales. El escenario 276 –

donde se manifiestan contundentemente algunos conflictos socioterritoriales en los últimos años, que dan cuenta de fuertes tensiones y disputas entre el Estado y movimientos indígenas, es particularmente en las Tierras Bajas del país. Estos ‘conflictos sociambientales’ (Martínez Alier, 2004) producidos a partir de proyectos extractivistas en las tierras bajas de Bolivia2 han generado acciones de defensa territorial por parte de las poblaciones indígenas y de reivindicación de sus derechos colectivos, frente a las actuales visiones de desarrollo y las políticas de expansión capitalista del gobierno “progresista” boliviano, a la vez haciendo evidentes contradicciones, retrocesos y disputas en torno a mandatos/principios constitucionales, como la plurinacionalidad, el imaginario del Vivir Bien o la “descolonización”; por un lado, con la imposición de una visión estatal y gubernamental de desarrollo y; por otro lado, con visiones de actores socioterritoriales indígenas que reivindican el derecho colectivo a la autodeterminación, al autogobierno, al territorio y al respeto de sus formas ancestrales y comunitarias, como condición fundamental para la reproducción de su vida colectiva como pueblos. De ese modo, se generan en esos territorios y espacios locales una ola de resistencias sociales, identificados como movimientos socioterritoriales, re-activando a su vez movimientos anticoloniales y movimientos societales, que surgen como parte del ‘giro eco-territorial’ (Svampa, 2012) de los movimientos sociales en América Latina. Recreación neo-extractivista. Un nuevo modelo de dominación? En los últimos años, resulta innegable y explicita la concepción y el horizonte extractivista que orienta las políticas del gobierno del MAS con señales autoritarias y anti-comunitarias, las cuales entre otros aspectos estaría provocando irreversibles impactos socioterritoriales y ecológicos. Esta orientación que se desplegaría dentro de una racionalidad estatal monológica (Tapia, 2014), neo-extractivista y neo-nacionalista y que se manifiesta también mediante una tendencia y modalidad de desconstitucionalizacion (Exeni, 2015) del actual texto constitucional por parte del gobierno del MAS en los últimos años, acaso estaría mostrando a su vez, siguiendo a Silvia Rivera, autonomía

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(2015) un giro colonial, a través de un proceso de recomposición de una faceta neocolonial y, por tanto, racista del Estado. En ese sentido, precisamente esa faceta estatal, que en los últimos años se viene desplegando por parte de los gobiernos del MAS, la que produce una reconfiguración de la relación entre el Estado –más concretamente el gobierno de Evo Morales – con una fracción importante de los movimientos sociales y con las organizaciones indígenas de este país; es decir, las modalidades en que se va redefiniendo la forma primordial (Zavaleta, 1982) en la Bolivia contemporánea. Esta situación se ilustraría con el desconocimiento de parte del gobierno del MAS a las principales organizaciones matrices de pueblos indígenas, en tanto sujetos políticos, en toda la reciente y actual ocupación política, policial y militar de sus territorios. En ese sentido, las contradicciones que se expresan entre el texto constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y las políticas realmente desplegadas por éste, de manera cada vez más intensa y evidente en los últimos años, darían cuenta del predominio de una visión gubernamental y estatal que recrea formas de recolonización político-territorial en este país (Makaran y López, 2018). Así, si de un lado, la nueva Constitución reconoce una diversidad de pueblos y culturas en sus primeros artículos y principios; y de otro lado, en las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas de Estado”, se desconoce y niega la posibilidad de que estos pueblos puedan decidir sobre sus territorios. De ese modo, por una parte la Constitución boliviana reconoce la ‘territorialidad’ indígena; y de otra parte, la política gubernamental la niega y despliega, por el contrario, prácticas que afectan o destruyen territorios comunitarios y ancestrales reconocidos. Así la negación del derecho a la codecisión o a la consulta previa, revelarían un componente del neocolonialidad. En este sentido, habría una recreación de formas de recolonización (Rivera, 2010) similares a cómo se organizaron y produjeron desde la fundación de Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia no resultaría en un proceso de cuestionamiento, negación y/o superación del colonialismo y la colonialidad sino un proceso de su recreación, en torno principalmente la recreación del momento constitu278 –

tivo colonial; es decir, la conversión de pueblos agrarios a pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad, ya que hay pueblos que habían desarrollado una complejidad de su cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores, fundamentalmente de materias primas, es decir, son sociedades mutiladas por el colonialismo Tapia 2014). Esto en Bolivia se ha reproducido de manera histórica durante la República, el Estado-Nación y hoy estaría siendo reproducido bajo la retórica de un Estado plurinacional por los últimos gobiernos del MAS en Bolivia. Todo este escenario, que conjugaría una relación de tensión y disputa entre Estado y los movimientos sociales; por un lado, procesos de recreación neoextractivista y estadocéntrica de formas de recolonización político.-territorial en Bolivia, desde ámbitos estatales/gubernamentales; por otro lado, con las reivindicaciones, repertorios de movilización y estrategias de lucha desde movimientos y organizaciones indígenas, de resistencias socioterritoriales y defensa de derechos colectivos, daría cuenta de la reconstitución de un campo sociopolitico que expresa tensiones societales y territorialidades en disputa, donde el imaginario de la plurinacionalidad aun cobra alguna materialidad y sentido como posibilidad transformadora y descolonizadora, imaginario que, sin embargo, cada vez más es asociado a una retórica del gobierno del MAS totalmente opuesta, y será, entonces que aquellos ‘entramados comunitarios’ (Gutiérrez, 2015) y luchas socioterritoriales retornan a interpelar el conjunto de modalidades de dominación que, paradojicamente, se despliega desde el propio Estado “plurinacional” y desde un gobierno otrora autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales” y como uno de los gobiernos progresistas con la retórica más “radical” en la región. Ese escenario, por otro lado, daría cuanta de la re-emergencia de movimientos socioterritoriales principalmente en torno a los denominados ‘conflictos socio-ambientales’ (Alier, 2004), como en el caso del conflicto del TIPNIS protagonizado específicamente por movimientos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, en tanto movimientos socioterritoriales que estarían constituyendo, nuevamente, movimientos societales (Tapia, 2008) en Bolivia.

autonomía

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In-conclusiones… ¿Descolonización o neocolonización territorial? La recreación del colonialismo interno en Bolivia El horizonte de posibilidad de un proceso de descolonización del Estado, que habría sido re-abierto de forma radical desde la “crisis del Estado-nación” (Tapia 2011) que se manifiesta desde el año 2000 en Bolivia, ha venido removiendo las estructuras simbólicas y materiales del campo político boliviano, desorganizando y des-estructurando los supuestos e imaginarios sobre los que se estructuraba un Estado-nación de matriz colonial, republicana y nacionalista, y encontrará como clímax político el proceso constituyente boliviano, la realización de una Asamblea Constituyente (2006-2007) y la consecuente aprobación de una nueva Constitución (2009). Este momento constituyente, en tanto coyuntura fundante fue el resultado de la movilización y acción política de movimientos sociales y sujetos políticos que también fueron movimiento de sociedades, en proceso de conflicto más o menos colonial, en ese sentido movimientos societales y, por eso mismo, anticoloniales. Se hablaría así de movimientos anticoloniales, en tanto se asume una matriz neocolonial reactivada dentro del país, en ese sentido fueron movimientos societales y anticoloniales frente a formas de colonialismo interno en Bolivia. Son este tipo de movimientos societales anticoloniales los que vuelven a emerger y reactivarse en los últimos años en el país, como formas de movimientos territorializados en defensa precisamente de sus territorios y territorialidades y de sus derechos colectivos ante el despliegue de políticas extractivistas de despojo territorial impulsadas desde el gobierno del MAS con virulencia desde el periodo post-constituyente boliviano y, desde el conflicto del TIPNIS, con carácter abiertamente anti-indígena y rasgos neocoloniales. En los casos de las experiencias de movimientos socioterritoriales indígenas en las tierras bajas de Bolivia, cada uno con sus particularidades, densidades y significaciones propias, es posible identificar un elemento común referido al sentido y la dimensión de descolonización como movimientos anclados en el territorio. Es decir, cómo esos movimientos sociales con narrativas territoriales en torno a la autonomía, sea expresada como resistencia territorial y/o proceso de 280 –

construcción de autogobierno, tensionan y resignifican los sentidos de la territorialidad, es decir, reterritorializan, al impugnar determinadas formas de des-territorialización de parte del gobierno, de su impulso a la acumulación extractivista y a sus dinámicas de desposesión y despojo. De ese modo, se verifican los sentidos y densidades de movimientos de carácter societal y de una faceta de movimientos de carácter anti-neocolonial. En este sentido, movimientos territoriales indígenas surgen, por un lado, como una modalidad de reivindicación histórica de un territorio ancestral, como en el caso de la visión de reconstitución territorial de la Nación Guaraní en el Chaco boliviano, por tanto de un imaginario socioterritorial anterior al Estado-nación y la colonia. En ese sentido esta reivindicación tiene una carga histórica que cuestiona el diseño político-territorial colonial sobre el que fue organizado el territorio estatal boliviano y de des-territorialización para este pueblo. Pese a ese cuestionamiento, el pueblo Guaraní terminará reconociendo los imaginarios territoriales del actual marco estatal en Bolivia. Sin embargo, a inicios de este nuevo siglo, lo hará sobre la premisa de un nuevo “Estado plurinacional” donde se reconoce la autonomía indígena, el autogobierno y la posibilidad de ejercer formas de organización territorial y de prácticas socioculturales propias, lo que no sucederá, por los avatares, límites y candados operados desde el Estado y por la dinámica de subordinación a la que será sometido el proyecto autonómico guaraní originalmente construido desde abajo, en el territorio. En el caso de la defensa indígena del TIPNIS, si bien la reivindicación de la territorialidad de los pueblos indígenas no se traduce en un imaginario de “reconstitución territorial” y de autogobierno, si queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación como derecho colectivo para decidir y definir la propia gestión de su territorio, a partir de la defensa de su territorialidad y sus propias formas de desarrollar su vida colectiva y productiva (economía étnica amazónica) y de las formas comunitarias de relación con su entorno, frente a una “territorialidad extractiva” que afectan directamente sus territorios. En ese sentido, la resistencia socioterritorial indígena en el TIPNIS estaría más bien anclada en la defensa de la territorialidad y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas autonomía

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que habitan este territorio, frente a procesos de des-territorialización promovidos principalmente desde el Estado. Así, en la defensa del TIPNIS no se tratará sólo del cuestionamiento a un esquema territorial colonial sino de impugnar un proceso actual de des-territorialización extractiva y neocolonial. Esto sucederá casi del mismo modo en el caso de la disputa indígena del pueblo guaraní en el caso del territorio de Takovo Mora en 2015, también en la región del Chaco, donde la defensa comunitaria de su territorio reconocido tendrá como base el amparo del derecho a la consulta previa y el respeto a la condición de territorio indígena. De ese modo, los dos casos son diversos en varios aspectos; por una parte, se recupera una memoria anticolonial de resistencia sociocultural y de reivindicación de la reconstitución territorial de un pueblo como base para su efectiva autonomía y construcción de autogobierno y; por otra parte, se defiende una territorialidad (también ancestral) en base a la exigencia del respeto al derecho de consulta y de autodeterminación y a sus formas de ejercer su territorialidad. Así, es posible evidenciar que en estas resistencias territoriales está implicada una lógica de des-territorialización donde emerge el elemento de cierta “neocolonialidad” estatal (Rivera 2014) en la forma de entender el territorio; ya sea como esquema histórico sobre el que se impone el Estado-nación territorial sobre otros imaginarios y construcciones socioterritoriales anteriores a éste, o como una actual política extractivista sobre el territorio. En ese sentido, estos movimientos societales y experiencias de resistencia indígena en las tierras bajas de Bolivia muestran, en cierta medida, formas de resistencia socioterritorial que impugnan una lógica de des-territorialización histórica de carácter colonial sobre territorios ancestrales, que en la actualidad se presentan bajo modalidades neo-coloniales de “territorialidad extractiva”. Asimismo, no obstante el horizonte de transformación estatal y cambios históricos que se perfilaron en Bolivia en el primer decenio del presente siglo, un aspecto que parece persistir a lo largo del tiempo es la recreación una y otra vez de formas de ‘colonialismo interno’ como una forma de articulación política y acumulación capitalista que re-crea de forma interna los momentos anteriores de colonialismo clásico (externo). Así, la noción de colonialismo interno, es 282 –

útil para cuestionar las formas de continuidad de las condiciones coloniales en la organización de la vida social y en la relación entre sociedades al interior de la mayor parte de países latinoamericanos con presencia de otras formas socioculturales, en particular de sociedades y pueblos indígenas. En ese sentido, Rivera (2010), retomando dicha noción, precisa que el colonialismo interno ha sido y es el modo de dominación, el cual forma parte también de las relaciones establecidas por el Estado. El modo de dominación colonial atravesaría, entonces, toda la historia de Bolivia en sus tres ciclos: el colonial, el liberal (inaugurado en el siglo XIX) y el nacionalista-populista (desde 1952), que seguiría vigente en la actualidad pese a los cambios simbólicos operados en el diseño estatal plurinacional. Así, el colonialismo interno, en el caso boliviano, sería expresión de “contradicciones de diversa profundidad” que permanecen en los ciclos históricos en la sociedad boliviana (Rivera 2010). De este modo, el horizonte colonial proporciona una matriz de estructuras de dominación con capacidad para reelaborarse continuamente en la coexistencia perdurable con los otros horizontes. Este movimiento histórico da muestra de que las memorias colectivas se “reactivan, reelaboran y resignifican” (Rivera, 2010: 39). En esa línea, sería esa ‘memoria larga’ la que actualizará las luchas anticoloniales contra la invasión europea, pero además, esta memoria larga es aquella que mantiene, en la actualidad, la conciencia de opresión colonial permanente sobre las sociedades indígenas y que despierta la potencia de poner en marcha procesos que desarticulen esta condición histórica de subalternidad. En la actualidad del contexto boliviano, a partir de las experiencias de resistencia indígena mencionados, sería posible distinguir dos tipos de fuerzas y procesos en la reconstitución de la forma de dominación o del conjunto de relaciones que configuran la base de la forma de dominación que se ha denominado como colonialismo interno. Por una parte, un conjunto de prácticas políticas y de despliegue de fuerzas de organización de estructuras de dominación que son recientes –post-constituyentes–, aunque reciclarían relaciones y formas previas de dominación; habría, además un proceso de largo mediano plazo, que es posible asumirlo como un proceso de acuautonomía

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mulación histórica. Asimismo, sería posible identificar, según esta perspectiva, un tercer componente que estaría referido a la recreación del ‘momento constitutivo del colonialismo’, con un proyecto extractivista, revelarían la articulación de estos tres momentos (Tapia 2014). En ese sentido, las contradicciones que se expresan entre el texto constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y las políticas realmente desplegadas por éste, de manera cada vez más intensa e innegable los últimos años, ponen en evidencia el predominio de una visión gubernamental y estatal que recrea formas de neo-colonialismo político-territorial en este país. Así, si de un lado, la nueva Constitución reconoce una diversidad de pueblos y culturas en sus primeros artículos y principios; y de otro lado, en las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas de Estado”, se desconoce y niega la posibilidad de que estos pueblos puedan decidir sobre sus territorios. De ese modo, por una parte la Constitución boliviana reconoce la ‘territorialidad’ indígena; y de otra parte, la política gubernamental la niega y despliega, por el contrario, prácticas que afectan o destruyen esa territorialidad, negando además a los pueblos y culturas al ser afectadas el derecho a ser consultados. Así la negación del derecho a la codecisión o a la consulta previa, revelarían un componente del colonialismo interno. En este sentido, habría una recreación de formas de colonialismo interno similares a cómo se organizaron y produjeron desde la fundación de Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia no es un proceso de cuestionamiento, negación y/o superación del colonialismo sino un proceso de su recreación, en torno principalmente la recreación del momento constitutivo colonial (Tapia 2014), que es la conversión, a través de la conquista, de pueblos agrarios a pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad, ya que hay pueblos que habían desarrollado una complejidad de su cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores, fundamentalmente de materias primas, es decir, son sociedades mutiladas por el colonialismo. Esto en Bolivia se ha reproducido de manera histórica durante la República, el Estado-Nación, el periodo neoliberal bajo el Consenso de Washington y hoy estaría siendo 284 –

reproducido por los últimos gobiernos del MAS en el marco del aún vigente, acaso reconfigurado, exacerbado y relanzado “Consenso de los Commodities” a partir de dinámicas hiper-extractivistas y de un “neoliberalismo transgénico” (Terán y Svampa, 2018) que pretende presentarse como una alternativa económica “anti-neoliberal” y “antiimperialista” y como una opción política popular y de izquierda frente al avance de fuerzas políticas conservadoras y procesos regresivos y tentaciones autoritarias. En ese escenario, cabe interrogarse si el progresismo, por lo menos en su versión boliviana resulto un antídoto más toxico que el veneno que propugnaba extirpar.

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Por que a onda progressista não abriu caminho para um mundo melhor? Fabio Luis Barbosa dos Santos

Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa Rafael Correa, 2012 Para que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome Emicida, 2019

Resumen Diante do agravamento de problemas econômicos e sociais no contexto da pandemia, em que há um « revival » keynesiano nos países industrializados, este artigo questiona se faz sentido reviver o progressismo como uma alternativa civilizatória na América latina. O texto faz o seguinte movimento. Incialmente, problematiza-se a ideologia do progresso. Em seguida, sobrevoa-se a situação de diferentes países latino-americanos no contexto que antecedeu a pandemia do coronavírus, para explorar a hipótese de esgotamento do progresssismo. Ao contrário de explicar o momento político atual como uma reação a avanços precedentes, sugere-se que a tentativa de conter o processo histórico de dessocialização nos marcos da crise estrutural do capitalismo implico no recurso a práticas, dispositivos e políticas que terminaram acelerando este mesmo processo, que é detalhado no caso autonomía

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brasileiro. As noções de « contenção aceleracionista », « progressivismo regressivo » e « neoliberalismo inclusivo » são as chaves propostas para examinar as contradições do progressivismo e entender porque a onda progressista não abriu caminho para um mundo melhor. O texto se encerra com um paralelo entre as expectativas de um retorno keynesiano no contexto da pandemia e os limites do horizonte civilizatório progressista para enfrentar os problemas estruturais agravados por esta situação inédita.

Introdução Agora “somos todos keynesianos”, diz o adágio que por ora volta em tempos pandêmicos. De fato, na América Latina e no mundo, emergiu no contexto crítico do covid-19 um inusitado “Novíssimo Consenso Macroeconômico” que aparentemente, diverge bastante e em certos termos se opõe ao “Novo Consenso Macroeconômico” que prevaleceu nas últimas décadas entre o que se chama de mainstream entre os economistas. Sintomático nesse sentido é o relatório do FMI lançado em abril de 2020, em que notam-se proposições que destoam das orientações que historicamente norteiam o Fundo e que não deixam de ecoar agora um sabor, por assim dizer, keynesiano. Este revival não é fortuito. Afinal, o pano de fundo da proposta keynesiana de um capitalismo regulado, foi a maior depressão econômica do século XX, entremeada por duas guerras mundiais. Embora o economista britânico vislumbrasse um futuro de paz e prosperidade (que encontraram lastro histórico nos trinta anos goloriosos), chegando até a profetizar o fim do rentismo, sua máxima de que era preciso « salvar o capitalismo dos capitalistas » revela o que pode ser considerado como a sua preocupação fundamental : administrar as contradições do capitalismo, de modo a viabilizar a vitalidade do sistema. Em termos comparáveis mas diferentes, que correspondem à peculiaridade da situação periférica, a utopia de civilizar o capitalismo na América Latina foi encarnada pelo ideário nacional-desenvolvimentista que prosperou no pós Segunda Guerra, tendo como referência fundamental o pensamento cepalino. À sua época, este ideário 290 –

inspirou uma pluralidade de experiências políticas balizadas pelo ensejo comum de conciliar desenvolvimento econômico e integração social, na expectativa de consolidar nações. Animados por um desígnio comparável, não por acaso diversos governos identificados com a South American Pink Tide no século XXI recuperaram o referencial desenvolvimentista, exemplificado de forma lapidar pelo neodesenvolvimentismo reivindicado pelas gestões petistas no Brasil. Eleitos em um contexto de reação ao neoliberalismo, as diversas expressões do reformismo progressista buscaram um mínimo denominador comum entre globalização e soberania na esfera internacional, e entre neoliberalismo e integração da população no plano doméstico. À sua maneira, perseguiram a pedra filosofal de um « neoliberalismo inclusivo », como outrora se perseguiu o « desenvolvimento dependente », na expectativa de que deste amálgama, emergiriam nações mais democráticas e soberanas. Entretanto, quando eclodiu o coronavírus, o progressismo latino-americano vivia um refluxo. A maioria dos países da região era comandada por governos abertamente alinhados com a agenda da austeridade fiscal e em princípio, hostis a um maior intervencionismo estatal, à políticas fiscais expansionistas e a controles de capitais, entre outras medidas mais próximas do ideário desenvolvimentista repaginado pelo progressismo. Em um contexto de agravamento dos problemas econômicos e sociais da região em função da pandemia, em que se observa um revival keynesiano nos países centrais, questionamos neste artigo se faz sentido reivindicar uma volta ao progressismo como alternativa civilizatória para a América Latina. Endereçar este tema exige uma interpretação da dinâmica que levou ao malogro do progressismo latino-americano, cujas linhas gerais delinearemos. O artigo apresenta a seguinte estrutura. Inicialmente, problematizamos a ideologia do progresso e sua ressonância na América Latina, para em seguida, sobrevoar a situação de diferentes países no contexto que antecedeu a pandemia. Ao contrário de entender o momento político atual como uma reação ao progressismo, sugerimos que a tentativa progressista de conter um processo histórico de dessocialização nos marcos da crise estrutural do capitalismo, implicou no recurso a práticas, dispositivos e políticas que terminaram aceleranautonomía

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do este mesmo processo, o que é explorado com mais detalhes no caso brasileiro. As noções de “contenção aceleracionista”, “progressismo regressivo” e “neoliberalismo inclusivo” são as chaves propostas para examinar as contradições do progressismo e compreender por que a onda não abriu caminho para um mundo melhor. Encerramos o texto estabelecendo um diálogo entre as expectativas de um retorno keynesiano motivado pelo contexto da pandemia, e os limites do horizonte progressista para enfrentar os problemas estruturais que esta situação imprevista, agudiza.

1. O progresso como ideologia A catástrofe social e econômica decorrente da pandemia oferece mais um motivo para colocar em questão o paradigma do progresso, que balizou ideologias políticas à direita e à esquerda do espectro político desde o século XIX. Já o filósofo Theodor Adorno aventava a hipótese de que, na modernidade, a noção de progresso havia se tornado um mito em contínua repetição. Neste processo, engendrava o oposto das aspirações declaradas em seu nome, que só poderiam ser seriamente contempladas caso fosse posto em xeque o próprio conceito de progresso. A atualidade desta reflexão, não reside apenas no fato de que a origem do covid-19 e de outras patogenias que tem se multiplicado pelo mundo, remete à forma cega e deletéria pela qual os homens produzem mercadorias em nome da ideia de progresso. Uma outra dimensão aqui também é essencial. Os que falam hoje que, para preservar a economia é necessário (“infelizmente”) deixar a pandemia ceifar vidas, estão apenas externando uma brutalidade que em tempos “normais”, se busca recalcar. Afinal, a própria lógica econômica da nossa sociedade é assassina e suicida, na medida em que rejeita qualquer consideração social alheia ao processo de valorização sem fim do capital, cada vez mais precário e inviável, contra tudo e contra todos. Destarte, apesar da sensação generalizada de fim do mundo, ou talvez mesmo alimentado por esta sensação, o progresso continua sendo erigido como força onipresente, ao qual todos devem se curvar. 292 –

O problema se agrava quando observamos que a justificada indignação contra semelhante crueldade pragmática, talvez não seja um bom guia para o enfrentamento da questão. Pois o problema do “progressismo” é que ele carrega a ilusão de que se poderia separar seus bons e maus efeitos, em relação aos termos em que se dá a reprodução social na atualidade: o joio do trigo. O esteio desta quimera é a ideia de que uma condução bem-intencionada e racional da vida social e econômica basta para que predominem os resultados desejáveis, frente aos indesejáveis. Com isso, oblitera-se a questão de fundo, que reside no próprio movimento do progresso, que a tudo arrasta e destrói. Historicamente nascido da dominação consciente dos homens sobre a natureza e seus semelhantes, o progresso se inverte num enorme poder inconsciente que se impõe de forma heterônoma aos indivíduos, sociedades e Estados. Isso significa que, ao aderirmos às premissas aparentemente científicas e racionais de tal poder, subordinamos a sociedade ao caráter incontrolável de exigências irracionais contrárias não apenas a uma vida saudável para as pessoas, mas também contra a sua própria sobrevivência. Tal veredito, se ainda resta alguma dúvida, fica nítido ao confrontarmos a sofisticação tecnológica das formas atuais de se produzir, com as dificuldades para garantir uma estrutura mínima de saúde aos indivíduos frente à pandemia global, assim como com os obstáculos para se assegurar a subsistência material daqueles que ficaram sem renda face ao desabamento econômico. O trilho do progresso, independentemente da coloração ideológica com que seja pintado, é a via tautológica da acumulação pela acumulação, da produção pela produção, do crescimento pelo crescimento. Uma via civilizatória que subordina toda vida ao movimento do valor e a seus objetivos abstratos de expansão sem fim, obliterando qualquer possibilidade de subordinar a vida material aos desígnios conscientes da sociedade. Em outras palavras, o substrato inerente ao conceito de progresso, seu caráter expansivo e infindável, é o caráter expansivo e infindável do próprio capital. Por isso, é indiferente se o polo dominante em cada sociedade é o mercado ou o Estado, como nos ensinam as experiências soviética e chinesa: regimes igualmente pautados pelo progresso, neste caso travestido de desenvolvimento autonomía

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das forças produtivas, as sociedades produzidas pelas revoluções russa e chinesa foram incapazes de superar a mercantilização do trabalho e da vida – em suma, de ir além do capital (Mészáros: 1999). O trilho progressista, apesar das reivindicações de autonomia humana em seu nome, reafirma a crescente impotência da atividade de homens e mulheres, frente à dominação de estruturas impessoais. E não poderia ser diferente, uma vez que o afã moderno pelo progresso sempre implica uma adaptação da sociedade produção de mercadorias e dinheiro, bem como às relações técnicas, sociais e ambientais que convergem no objetivo de alargar indefinidamente, a escala dessa mesma produção.

2. O progressismo antes da pandemia Uma apreciação crítica da onda progressista na América Latina deve estar referida a este sentido universal do conceito de progresso, mas também deve considerar suas implicações específicas para o subcontinente. Na história da região, constata-se uma diversidade de avatares que ressoam a retórica do progresso, como desenvolvimentismo, projeto nacional, busca pela soberania nacional, choques liberais, modernização institucional, perspectiva de convergência econômica e social com os países ricos, entre outros. Entretanto, o fluxo dinâmico do movimento histórico se subverteu nos decênios recentes. Se outrora o progresso aparecia como um caminho para a formação de economias nacionais integradas e sociedades salariais inclusivas modeladas no Estado de Bem-Estar social, no presente o sinal se inverteu, e são os fantasmas tipicamente latino-americanos da superfluidade e da exclusão, que se universalizam. A raiz deste processo remete à crise do capital que se coloca a partir dos anos 1970, cuja natureza não é cíclica, mas estrutural: um continuum depressivo incapaz de engendrar uma nova rodada de acumulação produtiva global e sustentável (Mészáros: 1999). Neste quadro, a aposta tácita de que a história latino-americana ainda estaria no lado do progresso no século XXI, só poderia se colocar como um norte simbólico ou como fonte de legitimação - isto é, como ideologia. 294 –

Para discutir esta hipótese, examinaremos a seguir, aspectos da conjuntura latino-americana nos meses que antecederam a eclosão do coronavírus. Nossa hipótese é que estava em curso um agravamento da crise social na região, que se expressa politicamente no esgotamento do progressismo como via de gestão das tensões sociais no continente. Trata-se de um duplo esgotamento, na medida em que o progressismo foi percebido distintamente pelos de cima e pelos de baixo: visto do topo, o progressismo se inviabilizou como via de gestão da ordem, enquanto entre os de baixo, perde a legitimidade que um dia teve, como hipótese civilizatória alternativa. Neste quadro, novas formas gestão da panela de pressão social que é a América Latina, estão sendo gestadas, em sintonia com uma tendência mundial em que as convergências entre neoliberalismo e autoritarismo se intensificam. Embora a pandemia recoloque o intervencionismo estatal e políticas de assistência social no debate e na prática política mundial, entendemos que a tendência fundamental acima descrita não será revertida: assim como uma reedição do keynesianismo é impossível no século XXI, o desenvolvimentismo na qual se escorou o progressismo latino-americano, se tornou uma ideia fora do lugar. Para discutir o esgotamento do progressismo, examinaremos a seguir a situação anterior à pandemia nos dois países em que fincou raízes mais profundas, Venezuela e Bolívia, nos quais constituições foram reescritas no início do século XXI com o objetivo de refundar nações. Ao analisar estes países, nos deparamos com diferentes vias que conduziram o progressismo a uma situação crítica no período recente. Na sequência, abordaremos situações que parecem desmentir o fim do progressismo: México, Argentina e mesmo o Brasil. Sugerimos que o progressismo não está necessariamente sepultado como alternativa da ordem, mas sim, como horizonte de mudança. Nestes dois últimos casos, assim como no Uruguai, constata-se que a política progressista se tornou restauracionista, porque busca a impossível reedição de um passado recente idealizado: enquanto a direita troca a sua pele, o progressismo se revela, literalmente, sem futuro, o que é explicitado no contexto da pandemia.

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a)Poder progressista: Bolívia e Venezuela De maneira geral, argumentamos que na crise do progressismo convergem, de diferentes modos, aspectos políticos, econômicos e sociais. Na Bolívia, a crise explodiu pela política. A conjuntura que levou à renúncia de Evo Morales é um assunto complexo e motivo de controvérsia na esquerda. Sem entrar nos meandros do debate, é essencial ter clareza sobre alguns pontos. Em primeiro lugar, a situação que resultou na derrubada do presidente não deve ser enquadrada como uma disputa meramente de ‘esquerda contra direita’, uma vez que, ao menos desde 2011, a base popular do governo está rachada. Naquele ano, foi reprimida brutalmente uma marcha indígena contra a construção de uma rodovia atravessando o parque natural e reserva indígena do TIPNIS, cindindo o Pacto de Unidad que aglutinava as principais organizações sociais do país em torno do MAS desde 2004. Nesta mesma conjuntura, um significativo grupo de intelectuais, incluindo egressos de altos postos no governo, circulou um Manifiesto por la recuperación del Proceso de Cambio para el pueblo y con el Pueblo. O governo reagiu a esta fratura em sua base de apoio de modo intolerante, perseguindo, difamando e dividindo organizações e lideranças críticas (Fides, 2013; 2015). Ao mesmo tempo, consolidou alianças com setores políticos conservadores, o agronegócio e as multinacionais que exploram hidrocarbonetos e minérios. Ninguém no andar de cima estava perdendo dinheiro na Bolívia de Morales. Neste processo, o MAS reforçou seu poder junto à mídia, o judiciário, a polícia e mesmo na relação com as Forças Armadas, lubrificada com orçamentos elevados e a manutenção de privilégios, como a aposentadoria integral. Este projeto de poder centrou-se cada vez mais na figura de Evo Morales, alimentada pelo ideólogo do regime, o vice-presidente García Linera, sob a consigna de um “evismo, o nacional-popular em ação” (García Linera: 2006). Estas considerações colocam em contexto a derrota sofrida por Morales no referendo constitucional em fevereiro de 2016, propondo remover as restrições à reeleição presidencial. À essas alturas, numerosos movimentos populares, organizações sociais e intelectuais da esquerda eram críticos ao governo e contrários à proposta. Ape296 –

sar do revés por estreita margem, o presidente insistiu em candidatar-se. Argumentou junto ao Tribunal Constitucional do país que o veto à sua candidatura infringia um direito assegurado pelo artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual a Bolívia é signatária: a candidatura de Morales colocava-se como um direito humano, acima da norma constitucional. Cumpre lembrar que cinco anos antes, o tribunal já favorecera o presidente ao permitir sua terceira candidatura, uma vez que a constituição permite apenas uma reeleição. Na ocasião, considerou-se que sua primeira eleição em 2005 não seria contabilizada, porque a constituição entrara em vigor posteriormente. Na prática, em outubro de 2019 Morales candidatou-se ao seu quarto mandato consecutivo. Neste contexto, difundiu-se um profundo mal-estar em relação à esta entre diversos segmentos da população, e não apenas da direita. Quando a apuração dos votos foi suspensa em um momento em que o presidente liderava, mas não evitava o segundo turno (a lei boliviana exige 10% de vantagem em relação ao segundo colocado), este mal-estar transbordou. O resultado final deu vitória ao presidente no primeiro turno por estreita margem, mas a suspeita de fraude provocou um levante no qual quem tomou as ruas não foi a direita (embora ela também estivesse presente), mas sobretudo, uma juventude para quem o MAS, no governo havia quinze anos, sempre foi poder. Confrontado com policiais rebelados, o governo apelou para o exército, que se recusou a reprimir os dissidentes e “sugeriu” a renúncia ao presidente. Em suma, os protestos desestabilizaram o governo e criaram uma situação que a direita se empenha, desde então, em se aproveitar. Analisada a dinâmica que levou o MAS à sua derrocada no seu conjunto, assistimos na Bolívia a uma tentativa do progressismo, uma vez convertido em poder, se perpetuar no governo a despeito das regras que ele próprio estabeleceu: é uma modalidade de progressismo monocrático. Na Venezuela, a origem da crise é econômica. Sua raiz remete às limitações do bolivarianismo para romper com a situação que Celso Furtado descreveu como “subdesenvolvimento com abundância de divisas” (Furtado:), ou seja: diversificar uma economia dependente da exportação do petróleo, superando a chamada ‘doença holandesa’, em que a apreciação da moeda local diante do influxo de divisas autonomía

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oriundas do petróleo, torna relativamente fácil e barato importar, inibindo a produção nacional. O risco é o país se tornar uma espécie de “parasita da natureza”, segundo a expressão empregada por Uslar Petri nos anos 1930. A crise econômica tem três expressões principais: inflação, desajuste cambial e escassez de bens. Em particular, a disparidade entre a taxa de câmbio oficial e o câmbio negro, em uma economia que importa tudo o que consome, teve um efeito social desagregador. Em uma situação de escassez relativa de divisa agravada pela queda no preço do petróleo, itens básicos eram vendidos segundo a cotação paralela (por vezes de modo ilegal, pois importados pelo dólar oficial), cuja cotação disparou: no momento das eleições em dezembro de 2015, a diferença entre o câmbio oficial e o paralelo superava cem vezes (aproximadamente 1 dólar para 7 bolívares no oficial e 1 para 800 no paralelo) e dali em diante, só aumentou. Neste contexto, transitou-se de uma situação episódica, em que muitos ganhavam algum dinheiro especulando no varejo (por exemplo, enchendo o tanque de gasolina na Venezuela para revendê-la na Colômbia), para uma realidade em que todos precisam de dólares para defender o seu padrão de vida. Em suma, uma realidade em que o trabalho (os ganhos do trabalho), não basta para assegurar a reprodução social. Este é o pano de fundo da corrosão da popularidade do bolivarianismo, que se expressou nas urnas em dezembro de 2015, quando o governo sofreu uma derrota acachapante, elegendo menos de 1/3 dos parlamentares. Esta situação confrontou o bolivarianismo com um dilema. Aceitando o resultado, se colocava em uma condição vulnerável, pois a maioria parlamentar absoluta permitiria à oposição manobrar para revogar ou impedir o mandato de Maduro. Por outro lado, desconhecer o resultado implicaria em contornar a institucionalidade na qual o processo tinha se apoiado até então - lembremos que o bolivarianismo sob Chávez realizou em 13 anos, 17 em eleições e plebiscitos, dos quais venceu 16. O governo optou pela segunda via e este curso dividiu até mesmo seus apoiadores. Há quem entenda que os fins justificam os meios, argumentando que é preciso evitar o destino dos sandinistas na Nicarágua, que entregaram o poder em 1990 para rivais que desmantelaram os avanços precedentes. Por outro lado, há aqueles que 298 –

entendem que os meios contradizem os fins, e o bolivarianismo se afasta de qualquer aspiração de mudança, com a qual originalmente se identificou: na síntese de Edgardo Lander, quanto mais tempo Maduro ficar no poder, menos restará do chavismo (Lander:). Neste processo, o governo radicalizou a aliança com os militares, que comandam a vice-presidência, diversas administrações estaduais e ministérios, mas também a PDVSA, o comércio exterior, a importação e distribuição de alimentos, a compra de armas, projetos de mineração, contrabandos diversos (Jácome, 2018). Enquanto isso, a crise se aprofunda: em maio de 2019, relatório do banco central estimou a inflação dos doze meses anteriores em 282.000%. Naquele mês, a cesta básica familiar era calculada em 1.218.147,82 bolívares, enquanto o salário mínimo vigente era de quarenta mil bolívares, o que significa que era preciso um salário mínimo por dia para alimentar adequadamente uma família. A queda do pib nos últimos cinco anos foi superior a 50%, o que supera a retração sofrida pela Polônia entre 1939 e 1943 em meio à Segunda Guerra e a ocupação nazista, quando o PIB caiu 44%. Nesta conjuntura, calcula-se que mais de um milhão de venezuelanos deixaram o país nos anos recentes (Cenda, 2019; Prodavinci, 2019; Rivas Alvarado, 2019; Sutherland, 2019). Na Venezuela, único caso em que a reação conservadora reforçou o compromisso do governo com a mudança e não com a ordem, resultando na experiência em que o progressismo durou mais tempo e fincou raízes mais profundas, constata-se, na atualidade, o progressismo como desastre.

b) A esperança progressista: México, Argentina e Uruguai Este quadro poderia ser ampliado para incluir o processo equatoriano. Neste país, a conversão de Alianza País em um partido da austeridade e as disputas intestinas de suas lideranças, resultaram em uma modalidade de transformismo progressista no sentido gramsciano do termo, ou seja: da transformação entendida como incorporação da oposição, à ordem. Em lugar disso, discutiremos a esperança que ainda se deposita no progressismo, que tem como expressão mais importante o episódio mexicano de progressismo tardio. De autonomía

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fato, trata-se de um caso importante e interessante, particularmente quando contrastado com o Brasil. A questão central que se coloca, do ponto de vista da nossa análise, é interrogar se a eleição de López Obrador em 2018 deve ser interpretada antes como uma vitória da mudança, ou como uma alternativa de gestão da crise. A partir desta perspectiva, avançamos duas observações. Em primeiro lugar, é relevante constatar que, em todos os países em que o progressismo ainda não chegou à presidência, frentes de esquerda ficaram em segundo ou terceiro lugar nas últimas eleições (Peru, Colômbia, Chile), e na mais recente delas no México, venceu. Em segundo lugar, é pertinente examinar o contexto desta vitória, que tem como pano de fundo a monumental crise mexicana, expressa na precariedade do trabalho que impulsiona a imigração; na violência, entre o narcotráfico e os feminicídios; no drama agrário e na questão indígena; na obesidade e na diabetes como questões de saúde pública; e assim por diante (Dessotti; Franzoni; Santos: 2019). Sem detalhar esta lista, que poderia ser alongada, é possível sintetizar a singularidade dos desafios mexicanos em uma comparação com o contexto em que Lula foi eleito em 2002. Como no Brasil, constatam-se todos os problemas de um país latino-americano que se industrializou, associados à desigualdade e à dependência. Mas no caso mexicano, é preciso acrescer uma sociedade e uma política com alto nível de penetração do crime organizado (como o Brasil não tinha naquele momento), e um casamento de papel passado com os Estados Unidos, na forma do Acordo de Livre Comércio da América do Norte em vigor desde 1994 (o Nafta, rebatizado como Acordo Estados Unidos-México-Canadá). Distante de um acordo restrito à esfera comercial, o Nafta tem efeitos em todas as esferas da vida mexicana, desde a política agrária até o padrão alimentar (grãos transgênicos estadunidenses subsidiados que invadiram mercados mexicanos), passando pela política de segurança (entre o Plan Mérida e a “Guerra às drogas” decretada em 2006), a política industrial e de salários em uma economia maquiladora, a questão migratória, que incide na relação com os vizinhos centro-americanos (pela qual AMLO tem sido particularmente criticado) e assim por diante. Como López Obrador deixou claro que não mexerá nesta relação, 300 –

mas ao contrário, sua equipe participou da renegociação do acordo antes mesmo de sua posse, infere-se que a margem de manobra para mudanças no país, é estreita. O fato de contar com uma maioria no congresso que o PT jamais teve, não modifica o quadro. O MAS boliviano, o kirchnerismo e o Frente Amplio uruguaio também tiveram maioria parlamentar em seu momento, o que não se traduziu em radicalização política. O que se vislumbra no México neste momento, é uma espécie de contradança com o Brasil. Enquanto no país sul-americano a eleição de Bolsonaro sinaliza o fim da Nova República que sucedeu a ditadura, no México, o que se esgotou é o padrão de dominação de um partido de Estado que atravessou o século XX, e que desde 2000, incluiu um segundo partido conservador, configurando o que os mexicanos descrevem como “PRIAN” – um amálgama do PRI com o PAN. Em suma, a experiência mexicana indica que o progressismo tardio não é uma carta fora do baralho do ponto de vista da gestão da ordem, particularmente nos países onde ainda não chegou à presidência. Entretanto, sua margem de manobra como alternativa de gestão da crise tende a ser cada vez mais reduzida, como certamente se verá no caso argentino. Em contraste com o Brasil, onde Rousseff foi deposta em meio a um controverso impeachment em 2016 e Lula foi preso dois anos depois, a alternância macrismo-kirchnerismo na Argentina se deu nos marcos da normalidade burguesa. O kirchnerismo perdeu as eleições em 2015, fez oposição responsável durante quatro anos e agora, voltou à Casa Rosada, embora na vice-presidência. Evidentemente, o modo como perdeu (nas urnas) e aceitou a derrota em 2015, facilitou o seu retorno. É discutível até que ponto a vitória de Alberto Fernández à frente de uma coalizão, pode ser entendida como um retorno do progressismo, inclusive porque em todos os desentendimentos que teve quando Cristina Kirchner era presidenta, Fernández defendeu posições mais conservadoras. Porém, do ponto de vista do kirchnerismo, o recuo de Cristina aceitando a candidatura à vice-presidência foi uma jogada de mestre, culminando na maior vitória possível nas circunstâncias. A política do mal menor não tem um limite, porque o “pior” também não tem. Na prática, o kirchnerismo segue vivo e autonomía

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ativo, no Estado e fora dele. Na mesma linha, quando o Frente Amplio foi derrotado por estreita margem nas eleições em 2019 no Uruguai, o então presidente Tabaré Vázquez se apressou em esclarecer que seu partido “não trabalhará para que caia este governo (Lacalle Pou)” e que o Frente “tem que demonstrar que é uma força política séria e responsável” (El Pais: 2019). A esquerda da ordem aguarda respeitosamente, o momento de voltar. Argentina e Uruguai encarnam de modo explícito um progressismo responsável que se apresenta como alternativa da ordem, posição que o PT ambiciona recuperar no Brasil. A expectativa do partido é que Bolsonaro se dissipe como um pesadelo e as eleições voltem a ser disputadas dentro da normalidade burguesa, nas quais tem um candidato sempre no páreo. No entanto, esta política tende a perder eficácia nos seus próprios termos, porque o jogo da classe dominante mudou, tornando o lulismo anacrônico. Ao perder lastro na realidade, o lulismo arrisca a se transmutar em uma aposta salvífica : a esperança de que o líder voltará triunfante antes do juízo final para evitar o apocalipse, pathos exalado na exortação do respeitado líder do MST, João Pedro Stédile: “Lula tem de ser nosso Moisés, convencer o povo a atravessar o Mar Vermelho. Não há outro personagem que possa cumprir esse papel” (Stédile: 2019). Em um tempo de expectativas decrescentes, diferentes nuances de progressismo messiânico canalizam a expectativa de mudança rumo ao passado, mobilizando uma população que ora pelo mal menor tanto nas suas vidas como na política, abaixando a cabeça com resignação frente à versão latino-americana do fim da história.

3. As contradições do progressismo Como entender o infortúnio dos progressistas que seguem no poder e o refluxo da onda? Distante de uma suposta reação às conquistas sociais avançadas, nossa análise enfoca a dinâmica subjacente ao progressismo e as contradições que lhe são inerentes. Em outras palavras, explicamos a derrocada do progressismo por ele mesmo: pelo mundo que a onda produziu, e pelo seu movimento. Nesta cha302 –

ve, compreende-se por que, ao invés de abrir passo para um mundo melhor, a onda é sucedida por algo pior. Nossa hipótese é que, a despeito das intenções e desejos subjetivos de seus líderes, as práticas de contenção da dessocialização neoliberal implementadas não suspendem o colapso e as contradições que daí emanam, mas também as aceleram. Este ângulo de análise permite entender por que a degradação do tecido social e a convergência entre neoliberalismo e autoritarismo atravessam a região, e não se limitam a governos como Bolsonaro, Duque ou Piñera. Embora por vias distintas, Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua também evoluíram em uma direção antidemocrática, enquanto López Obrador hesita em desarmar os dispositivos repressivos da guerra às drogas que herdou. O movimento dessocializador é universal e o progressismo com ele corrobora malgré soi. Ao mesmo tempo em que a onda progressista erigia uma perspectiva de futuro, pretendendo acertar contas com fracassos do passado (projetos nacionais, desenvolvimentismo, unidade latino-americana etc.), ela engendrou o que se pode chamar de uma contenção provisória da desagregação social no presente, em que o passado e não o futuro foi estruturalmente reforçado. Não se trata aqui de negar que, de diferentes formas e intensidades, a perspectiva de recuperação nacional estivesse em pauta. Mas concretamente, esta retomada foi antes uma aparência, que proveu uma retaguarda ideológica aos governos, enquanto a realidade avançava em direção diferente. Paradoxalmente, a popularidade e a legitimidade da onda progressista tiveram como lastro a sua capacidade de conduzir, de forma mais democrática e inclusiva, a razão neoliberal. Julgada pelos fatos objetivos e não pelos objetivos almejados, a tentativa de se retomar a construção nacional redundou no seu contrário. Assim, em vez da reindustrialização e da recuperação do que Celso Furtado chamara de mecanismos de controle do espaço econômico nacional, aprofundaram-se a especialização regressiva e a reprimarização da economia, a desnacionalização de setores-chave, bem como a acentuação da dependência diante dos fluxos internacionais de capital (Gonçalves, 2011). A subordinação da economia a este curto-prazismo é a antítese da necessidade de um mínimo de autonomía

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capacidade de articulação de longo prazo que caracteriza qualquer veleidade de planejamento econômico. Ao mesmo tempo, a ausência estrutural de bases para uma retomada minimamente estável da acumulação produtiva de capital só poderia fazer com que a pretensão de estimular o “espírito animal” dos empresários suscitasse apenas os dispositivos especulativos e de despossessão que na América Latina se mantém como as vias privilegiadas de acumulação: concessões e isenções fiscais ao setor privado, a expansão de formas de renda fundiária, imobiliária ou calcada em recursos naturais, fusões e aquisições lucrativas de empresas, os fluxos de renda oriundos do serviço da dívida pública mas agora também de forma crescente do endividamento das famílias, para não falarmos aqui da corrupção direta e sistêmica. Ao mesmo tempo, e num outro sentido, podemos dizer que esta (re)construção nacional fora simulada também porque que esteve assentada na dinâmica cada vez mais simulada do próprio capitalismo contemporâneo. Desse ponto de vista, fomos “beneficiados” por aquilo que Lohoff e Trenkle (2014) tem chamado de um “capitalismo invertido” no qual, diferentemente do passado, não é o crédito que vai em socorro de processos de reprodução ampliada do capital postos em movimento, mas que, ao contrário, estes últimos apenas são limitadamente desencadeados quando há uma expansão anterior de bolhas creditícias. Foi este novo modus operandi global de multiplicação de crédito e capital fictício que não apenas amplificou a entrada de capitais na América Latina, como também impulsionou o crescimento chinês, que por sua vez, turbinou as exportações de commodities que deram lastro à prosperidade progressista.

b) o caso brasileiro O raciocínio aqui avançado não se limita a delinear a arquitetura do progressismo, constatando que a sua fundação estava condenada de antemão, pois dependia de um fluxo de dinheiro que em algum momento, refluiria. Na realidade, o que potencializou o alcance do desmonte foi o significado concreto do que é “ganhar tempo” ou “comprar 304 –

tempo” deste lado do mundo. A questão fundamental é que os meios com que ainda se pode tentar a contenção do desabamento, são ao mesmo tempo, aceleradores deste desabamento. Dito de outra forma, a despeito de eventuais boas intenções dos governantes progressistas, a administração do desmonte da cidadania salarial na atualidade, implica em práticas que aceleram a dinâmica social disruptiva. Em suma, implicam em uma dinâmica de contenção aceleracionista. Examinemos algumas facetas da questão a partir do exemplo concreto do Brasil. Enquanto presidente, Lula enviou o general Augusto Heleno para comandar a missão de paz da ONU no Haiti. Esta participação foi concebida nos marcos da ideia de fazer do Brasil um global player. No entanto, o general e sua tropa voltaram pensando em outra direção: como evitar que o Brasil se torne um Haiti. Não é segredo que os militares brasileiros enxergaram na ilha uma oportunidade de treino e experimentação. De volta para casa, muitos se convenceram de que o exército deveria se engajar em missões similares às da ONU, mas no plano doméstico. Por outro lado, cresce a demanda de missões de “Garantia da Lei e da Ordem” por políticos desejosos de mostrar uma mão dura em todo o país, o que por sua vez, fortaleceu o poder de barganha dos militares (Harig: 2018). Barrado como vice de Bolsonaro por seu partido, Heleno se serve deste repertório para comandar o Gabinete de Segurança da Presidência da República, órgão diretamente vinculado à presidência e responsável pelos serviços de inteligência. Outro veterano do Haiti, o general Fernando Azevedo e Silva, assumiu o ministério da Defesa, uma pasta criada em 1999 com a intenção de reforçar o controle civil sobre as Forças Armadas, e que até Temer, nunca tinha sido ocupada por um militar. Em 2013, Azevedo e Silva tinha sido nomeado por Dilma para comandar a Autoridade Pública Olímpica. Entre a ambição global player e as olimpíadas no Rio de Janeiro, os nexos entre o ideal de um Brasil potência e a gestão armada da vida social, vão além da valorização civil dos militares. Seu pano de fundo é a diluição das fronteiras entre a militarização da vida e a assistência social, que se misturaram como areia e cimento nos anos petistas, na tentativa de manter em pé, uma sociedade que desmorona. Segundo a penetrante análise de Paulo Arantes, os militares brasileiros autonomía

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operam em um mundo onde a guerra se torna um “trabalho social armado”, no qual não se trata de vencer batalhas, mas de pacificar populações (Bacevich: 2010). Neste quadro, intervenções militares no Haiti como no Rio de Janeiro, ganham a roupagem de um trabalho social, cujo sucesso depende da percepção dos moradores em relação à legitimidade do Estado, de onde emana a assistência, mas também a punição. O outro lado destas “operações de contrainsurgência repaginadas como política pública de pacificação”, é a conversão dos direitos humanos em técnicas de governo e em última análise, em políticas públicas também (Arantes: 2014, 368). Assim, a governabilidade afiançada pela polícia e o exército no Rio de Janeiro, laboratório da militarização da vida nos anos petistas, tem como braço complementar uma geração de militantes treinados durante décadas na discussão, formulação e implementação de políticas públicas, atuando como representantes do Estado, do partido, de ONGs ou da comunidade. Neste processo formativo, que acompanhou a sedimentação de um “modo petista de governar” após a ditadura, uma cidadania insurgente em potencial foi modelada segundo os requisitos de uma cidadania regulada. Modalidades de participação balizadas pela institucionalidade estatal, esvaziaram o viés popular e classista do ativismo social: a participação popular se transmutou em participação cidadã, configurando um conjunto de técnicas que desmobilizam, mobilizando. Neste quadro, dizer que nos anos petistas os brasileiros nunca foram tão participativos (71 conselhos e 74 conferências só no período lulista), significa reconhecer que nunca foram tão governados (Arantes: 2014, 431). Ao mesmo tempo, a engrenagem da “pacificação contrainsurgente” visa transformar os moradores (a “comunidade”) em empreendedores, forjando no processo um “simulacro de uma sociedade civil ativa e propositiva”, ambição compartilhada por Estado, Empresas, Terceiro Setor e comunidades : a construção nacional simulada, corresponde a uma sociedade civil de faz-de-conta. Segundo Arantes, este processo de autoempresariamento sem fim produz uma falsa mercadoria, que atende por diversos nomes: “cidadania, inclusão, participação etc.”. A novidade é que agora, quem segura aberta a porta de entrada para esse “mercado da cidadania”, é a polícia (Arantes: 2014, 374). 306 –

Em resumo, coerção e serviço social se deram as mãos no Brasil petista para produzir não a paz, mas uma pacificação, que em um mundo de expectativas decrescentes, projeta a lógica do mal menor para a favela: trata-se de convencer a população de que os benefícios de se submeter à autoridade estatal, superam os custos, ou seja, que a pressão policial é preferível à opressão do tráfico, ou àquela mais organizada, das milícias. Em todo caso, o que se evidencia é que a inclusividade petista nunca foi o contrário do punitivismo bolsonarista, mas o pressupôs, o complementou e o reforçou. E vice-versa: no contexto da pandemia, Bolsonaro ampliou o alcance do Bolsa-Família, ao mesmo tempo em que, constrangido pelo Congresso, anunciou um auxílio emergencial de valor quatro vezes maior, para atingir quatro vezes mais pessoas (Castelani : 2020). A contradição desta lógica, em que a tentativa de conter o movimento dessocializante não impede a sua aceleração, pois implica em fortalecer justamente o que se pretende conter, pode ser constatada em múltiplos planos. No caso brasileiro, ilustrações epidérmicas incluem: o ex-presidente mundial do Bank Boston, Henrique Meirelles, que renunciou como deputado tucano em 2003 para comandar o Banco Central por oito anos sob Lula e que depois, foi ministro da economia sob Temer; a tentativa do governo Lula de fazer ligação direta com o “baixo clero” no congresso, que desatou o escândalo do “mensalão” em 2005, respondido com mais espaço para o PMDB no governo, levando o partido a indicar o futuro golpista Michel Temer por duas vezes como vice-presidente na chapa de Rousseff; o apoio de lideranças neopentecostais às administrações petistas, que resultou em recuos na agenda comportamental e na nomeação de ministros evangélicos como Marcelo Crivella, que em 2016 derrotou no Rio de Janeiro um dos únicos candidatos da esquerda a chegar no segundo turno nas eleições para prefeito; as construtoras, que não hesitaram em mandar para a cadeia, em delações reais ou imaginárias, aqueles que lhes abriram caminho para ganhar dinheiro como nunca; isso para não falar nos jovens que encararam o precariado como fase transitória de uma ascensão social que passava pelo crédito e a universidade privada mas que, uma vez atingidos pela crise e o desemprego, transformaram a esperança em ódio; ou de movimentos sociais enautonomía

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volvidos por políticas visando neutralizar sua combatividade em lugar de implementar suas bandeiras (como a reforma agrária e urbana), resultando, treze anos depois, em um campo popular dividido, debilitado e desprestigiado. Em resumo, os militares, os bancos, o PMDB, o vice-presidente Michel Temer, o neopentecostalismo, as empreiteiras, o empreendedorismo, a passividade, foram todos alimentados e cultivados, em seu momento, pelos governos petistas. Neste quadro, a figura de imagem mais adequada da relação entre a defenestração do PT e a ascensão de Bolsonaro não é uma guinada de 180 graus, mas uma metástase, na medida em que forças e interesses corrosivos, cujo poder nunca foi desafiado e que pareciam controladas sob o petismo, se espalharam inconteste pelo tecido nacional (Oliveira ; Perruso ; Santos : 2020). Analisada pelo prisma da contenção aceleracionista, evidencia-se que a mudança política levada a cabo pelo progressismo, também reforçou uma lógica política impermeável à mudança. Não se trata de negar a importância da superação do Pacto de Punto Fijo na Venezuela, do protagonismo político dos indígenas na Bolívia, ou de alçar um operário à frente de um partido de trabalhadores à presidência do Brasil. Mas de constatar que, ao concentrar o esforço de mudança pela via da política, o progressismo renunciou a contestar o capital em sua “esfera substantiva de operação reprodutiva socioeconômica” (Meszaros: 2003, 29). Como decorrência, fortaleceram-se as determinações fundamentais do capital enquanto sistema metabólico. Neste quadro, a dinâmica da contenção aceleracionista resultou, em última análise, no aprofundamento da razão neoliberal (Dardot: Laval: 2010). Pois a contenção econômica e social ambicionada pelo progressismo, pretendendo aumentar o controle e generalização dos fluxos monetários na sociedade (via transferências condicionadas e crédito), gera inadvertidamente o seu contrário, a saber, o maior controle e a generalização dos imperativos do dinheiro para o conjunto do tecido social. Ao invés de descortinar uma esperada ascensão coletiva e nacional, o impulso original induzido pelo afluxo de dinheiro sob modalidades de neoliberalismo inclusivo, se desdobra na concorrência de todos contra todos, dissolvendo ainda mais qualquer solidariedade de clas308 –

se, nos marcos de uma profunda dessocialização. Daí a inversão: os processos sociais desencadeados pela onda progressista, a despeito da sua retórica antineoliberal, resultaram no reforço da razão neoliberal, em que as relações entre indivíduos são reduzidas à mecanismos de premiação e punição monetária de pessoas cada vez mais atomizadas. A falsa solução dos antagonismos sociais durante a efêmera prosperidade, amplia a intensidade destes mesmos antagonismos no momento em que a simulação se dissolve. Então, o processo que aparecia como inclusivo e igualitário pela ampliação relativa do acesso ao dinheiro, em seguida se depara com a superfluidade dos indivíduos e com a concentração de riqueza. Como resultado do impasse insolúvel da reprodução econômica nas sociedades latino-americanas contemporâneas, a dinâmica autofágica é acelerada: a inclusão possível sob o neoliberalismo, agrava a dessocialização.

Reflexões finais No século XX, o keynesianismo propôs uma solução para as crises capitalistas baseada no ativismo e na coordenação estatal, solução esta que se revelou factível e duradoura no pós-guerra nos países centrais, justamente porque ela andava de par com um amplo processo de reprodução ampliada e valorização dos capitais.4  Já o que hoje o que está em curso, é muito mais uma tentativa desesperada de se “comprar tempo” (Streck) que ganha semblante de legitimidade por se apresentar como única e inescapável saída para se preservar minimamente a renda e evitar ainda maior destruição. Mesmo uma eventual vacina para a pandemia não poderá curar a doença sistêmica que decorre do fato de que não há qualquer perspectiva de uma retomada minimamente sustentável da valorização e da reprodução ampliada do capital. De modo análogo, a experiência progressista latino-americana está embedded nesta crise estrutural, que transfigurou as possibilidades de civilizar o capitalismo na periferia. Distante das expectativas de um projeto nacional apontando para o futuro, o progresssismo no século XXI se tornou a mera administração de um presente que se agravava autonomía

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cumulativamente. radicalizando a característica de “mito do desenvolvimento” descrita na obra furtadiana: sociedades nacionais inviáveis, posto que cada vez mais expostas às técnicas e aos padrões de consumo globais em constante mutação, que só conseguiam se reproduzir engendrando um crescente processo de marginalização social e regional. Mas é justamente aqui reside o nó da experiência: o sucesso do progressismo em termos de administração e inclusão social só poderia ser posto em marcha tornando a dinâmica da vida nacional cada vez mais tributária de uma lógica individualizante e desse ponto de vista, de uma lógica cada vez menos... social. Daí o caráter vulnerável e efêmero do processo que hoje experimenta um refluxo, evidenciando que, independentemente das vontades subjetivas dos que governavam, operava-se uma inclusão para a reprodução da concorrência e luta de todos contra todos no mundo do trabalho, ou seja : para a verdadeira essência do neoliberalismo, isto é, uma inclusão que só poderia engendrar novas exclusões e todo o ressentimento social daí advindo. Diante da pandemia, nos defrontamos novamente com políticas de contenção exortadas como imprescindíveis, mas que só podem recolocar e acelerar mais à frente a dinâmica cega e infindável da produção pela produção, de acumulação pela acumulação. Uma dinâmica que, diga-se de passagem, não é jamais questionada nem por keynesianos e nem por progressistas, mas que se revela não apenas insustentável econômica e socialmente, como também agrava a destruição ambiental e o risco de novas pandemias. Por isso mesmo, aquilo que fora o cerne da ideologia do progresso como uma visão de mundo histórica, só pode hoje consistir em pura aparência, cujo conteúdo é o inverso do que se advoga. A aspiração de plasmar, moldar e conduzir as relações econômicas numa perspectiva ascensional, dá lugar hoje a um processo de descida ladeira abaixo, em que aquilo que aparenta ser a ação autônoma e discricionária do Estado, no fundo nada mais é que sua arraigada heteronomia e descontrole. No centro como na periferia, o Estado atua tão somente como um bombeiro diante de um incêndio em constante expansão.

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Por una política de luchas reales y no de grandes molinos de viento Mila Ivanovic - Pabel López Flores -Salvador Schavelzon 

1. ¿Vivimos tiempos de cambio político? Dependiendo de la óptica puede parecer que los tiempos se aceleran y nada permanece, pero también que nada va a cambiar. ¿Cómo pensar la actualidad latinoamericana a contramarcha de esa sentencia? Hay resistencia, siempre, pero ¿qué horizontes aparecen más allá de la continuidad? ¿De la renuncia nihilista o, pero, de integrarse a las filas de los que gobiernan sin cuestionar?  El propósito del libro y, sobre todo, la intención de estas líneas es abrir una conversación sobre política latinoamericana y particularmente sudamericana en un tiempo de tensión y reconfiguración política, irrupción de fuertes protestas sociales en algunos países, inestabilidad constante de gobiernos y elocuencia en los debates, al mismo tiempo en que las formas de explotación de los hombres y de la naturaleza se afianzan con mucho poder y estabilidad. La inestabilidad política no amenaza la tranquilidad de los poderosos, pero los tiempos extraños e intensos que vivimos en la región son de crisis y anuncios de inminencia del colapso social y ecológico. La reflexión se propone ser “salvaje” en el sentido de buscar pensar por fuera de marcos civilizatorios del orden social estadocéntrico y capitalista, cada vez más identificables como históricos, cíclicos y transitorios. Es un llamado a prestar atención sobre los elementos que escapan, no se disciplinan y por tanto permiten pensar desde más allá, acaso por fuera, de lo que aparece como único camino, como única salida.   autonomía

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No tenemos a mano como brújula o como perspectiva ningún camino “revolucionario” que pueda dar lugar a un cambio sistémico, y los marcos interpretativos con que entendimos el mundo en las últimas décadas parecen suspendidos, insuficientes y/o agotados. ¿Qué es hoy una huelga general cuando la mayoría del trabajo es informal, virtualizado o no registrado, y los sindicatos son parte de la gestión empresarial?¿Cuánto puede hacerse desde la ley y la iniciativa estatal en una economía global y digital con características que huyen de cualquier intento de regulación, y un fuerte direccionamiento de las instituciones en esa misma dirección? ¿Qué podemos esperar de los movimientos sociales, si vimos que los más poderosos a la hora de movilizarse fueron incorporados a la máquina de gestión estatal, con políticas públicas, recursos y cargos, sin que eso contribuya para avanzar en dirección a una reforma agraria, ecológica, urbana, habitacional o social que esos movimientos propulsaban? En la política actual, las referencias clásicas se desvanecen. Si continúan siendo significativas, lo son para un sector cada vez menos expresivo. Los grandes partidos parecen perder relevancia en el mismo ritmo en que desaparecen los lectores de periódico en papel, o audiencia los telediarios. Permanecen las convenciones partidarias, los discursos encendidos, las marchas con pancartas y banderas, pero es fuerte la impresión de que esa política pierde vitalidad. Surgen nuevos nombres, rostros, partidos todo el tiempo, como también se renuevan actores o animadores en los medios, mucho más si miramos la dinámica del entretenimiento online, de viralidad e influencers en internet.  Se confunde política y entretenimiento. Una amplificada y supuesta “esfera pública” se alimenta de un juego de gestos, denuncias, señales y narrativas. Pero sin cuestionar las formas, lo establecido, el funcionamiento social. Un juego de binarismos e identidades rígidas alcanza también a la política de izquierda, sumándose con sus candidatos a la misma búsqueda de seguidores de influenciadores o marcas comerciales. En una política que prioriza redes sociales y polarización, se evoca al fascismo, al comunismo, se comparan las jugadas sucias y oportunismo común a la clase política y el mundo de los negocios con sangrientos golpes de estado como fantasmas que 316 –

delimitan un campo de “estás conmigo o eres mi enemigo”, en relación a cualquier crítica o disidencia, y en nombre de la lucha contra el imperialismo o por la libertad, izquierdas y derechas encarcelan voces críticas, persiguen disidentes o manipulan elecciones. El funcionamiento del sistema parece estar acompañado de un poderoso cinismo. Los discursos del desarrollo y del crecimiento que beneficiará a todos; la creencia en las instituciones republicanas como base de la sociedad; o las modas de teorías liberales, sobre el mercado que lo regula todo, nunca puestas en práctica en ningún lugar, se reproducen como lengua muerta, como ritual que no miramos como algo verdadero, que realmente funcione o actúe con el propósito que se propone.  El teatro incluye a los críticos e iluminados, que no encuentran “pueblo” para representar. Movimientos que buscan aprovechar el desencanto e indignación para acceder al gobierno ocupan mucho espacio en los medios pero son pequeñas empresas con inversores, con líderes conservadores que capturan el desencanto; o una reducida izquierda de clase media universitaria, sin presencia popular, como contrapunto “civilizado”. Estructuras con miles de familias pobres marchando en organizaciones donde no tienen voz, y donde deben realizar tareas estipuladas desde arriba con la promesa de conseguir una casa, o bono estatal, es un legado de la tradición de las organizaciones sociales, que hoy remite a formas estatales de encuadramiento de lo social, con mediadores en los barrios u otras unidades territoriales.  Élites políticas hacen política entre lobbies empresarios y medios de comunicación, las mayorías no participan ni se sienten representados. Situaciones de pobreza y vidas duras, con viejas y nuevas formas de explotación, precios altos, mal transporte, servicios ausentes crean situaciones propicias para la revuelta, sea en Colombia, Cuba, Chile o Venezuela. La protesta convoca más que la política partidaria. Incluye en primeras líneas jóvenes no representados, contra el Estado. Incluye gente que nunca participó de movilizaciones y también se va más allá de polarizaciones o rótulos ideológicos. El exagerado despojo de valor en empresas que aprovechan la tecnología para precarizar aún más el empleo, sin reconocimiento de derechos, operando una subordinación aún mayor que en las formas autonomía

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tradicionales de organización del trabajo es otro ejemplo de este cinismo con perversidad. Como en el caso de las empresas de plataformas de reparto y entrega, Rappi, Ifood, PedidosYa, vemos marketing de empresas conscientes, proactivas, limpias, innovadoras y prácticas que remite más bien a regímenes premodernos de disciplinamiento monopólico sin control democrático por el impacto en ciudades y masas de trabajadores. Con la “uberización” de la economía, o la economía de plataforma donde los trabajadores, “auto-empresarios” de Uber, ganando menos que el salario mínimo, con leyes que regularizan la explotación sin derechos, el trabajo tiende a volverse continuo. Siempre esperando que llame la aplicación; siempre conectados y disponibles; cada vez responsables de más costos, por menos. El trabajo continuo, casi sin costo, es la fórmula ideal del capitalismo que a través de plataformas se expande para nuevos sectores. La violencia algorítmica programada impone también un régimen subjetivo de vigilancia y control permanente de todos con todos.  El extractivismo de recursos primarios opera con una lógica similar. Discurso ecológico, departamentos de relación con la comunidad que apoyan proyectos comunitarios, incorporan voces femeninas o afrodescendientes en la cara visible de lógicas coloniales, destructivas, con compensaciones vergonzosas; manipulación de consultas, imposición de pérdida territorial con ayuda del poder estatal, y falta de transparencia en la información. Se apoyan en la corrupción y el lobby que aprovecha una clase política cómplice con economías de rápido retorno y devastación.  Es en este contexto que se viene debatiendo las modalidades, características y fases del neoextractivismo en América Latina, que habrían  consolidado la condición dependiente de la región en tanto abastecedora de materias primas, en el marco de lo que se denominó ‘consenso de los commodities’ (Svampa, 2013). Este proceso, precisamente, se caracteriza básicamente por: a) la producción de commodities con el fin de ser exportados al mercado internacional; b) la generación de importantes impactos socio-ambientales; c) el impulso de proyectos de gran escala; d) el involucramiento de grandes empresas trasnacionales; y e) la generación de economías externas y gran318 –

des rentabilidades para las corporaciones (Gudynas 2015; Svampa, 2019). Desde una perspectiva crítica, el término Neoextractivismo crítica y problematiza patrones de desarrollo insostenible y la lógica de un despojo en expansión, combinando problemas multiescalares y diferentes dimensiones de la crisis actual. Este fenómeno ha configurado, en gran parte de la región, un contexto de fuerte tensión, contestación y disputa entre movimientos socio-ecológicos con los Estados y gobiernos, donde éstos últimos reaccionan; ya sea retrocediendo en emprendimientos extractivos o apropiándose en parte de estas demandas sociales; o intensificando sus políticas y expandiendo proyectos extractivos, lo que produce a su vez aumento de la tensión y de los conflictos socio-ambientales y genera, al mismo tiempo, escenarios de violencia y criminalización de la protesta social.  Por encima de las diferencias que es posible establecer en términos ideológicos, a partir de las aparentes tendencias diversas de regímenes políticos en el escenario latinoamericano (neoliberales conservadores o neoliberales progresistas), se fue consolidando un modelo de apropiación de la naturaleza, ocupación de territorios, explotación de los bienes comunes y un modo de territorialización, que avanza sobre las poblaciones a partir de una lógica vertical descendente (Lander, 2018). Esto significa un retroceso para los avances en el campo de la democracia participativa, e inaugura un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos (Mantovani y Svampa, 2019).  En ese escenario, es posible dar cuenta de un proceso de acentuación/exacerbación del neo-extractivismo en casi toda la región, que se manifiestan principalmente a partir de dinámicas de expansión e intensificación de las fronteras de la minería, en particular a cielo abierto; de la explotación hidrocarburíferas, en especial mediante la modalidad del fracking; de la frontera agroindustrial y el uso de transgénicos; la proliferación de mega-hidroeléctricas, entre las principales. A pesar de los muchos matices según cada caso, es posible afirmar que parte del actual mapa sociopolítico y geopolítico sudamericano que se viene intensamente modificando en varias dimensiones, en parte es resultado de los escenarios de un neoextractivismo que se viene relanzando a partir del agotamiento/¿fin del autonomía

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ciclo progresista? o de su reconfiguración, en donde se hace evidente un proceso incontrastable de destrucción acelerada de biodiversidad, que se expresa, por ejemplo, con los cada vez más frecuentes incendios forestales provocados, sin precedentes, por la expansión de las fronteras del agro-negocio (agribusiness), como parte del modelo neoextractivista.  Paralelamente, con las nuevas modalidades de expansión de las fronteras del capital, en general los conflictos socio-ecológicos  también se fueron multiplicando y las resistencias sociales se hicieron más activas y organizadas. Así, algunos casos en los que emprendimientos extractivos fueron o vienen siendo resistidos desde los territorios y las comunidades que los habitan y son/serían directamente afectadas, podemos mencionar experiencias como las del TIPNIS (Territorio Indigena y Parque Natural Isiboro Sécure) en Bolivia donde organizaciones y pueblos indígenas resistieron la imposición estatal inconsulta de una carretera para la extracción sobre un territorio colectivo reconocido, así como la proliferación de emprendimientos hidroeléctricos a través de mega represas y la brutal expansión de la frontera agroindustrial y ganadera en las tierras bajas en este país; la experiencia de varias comunidades de distintas regiones de Perú que resisten a la megaminería, como en las regiones andinas de Cajamarca, Puno o Cusco, pero también del incremento de la minería aurífera en la región amazónica peruana; las luchas frente a las denominadas zonas de sacrificio en las regiones centrales y costeras de Chile, la acentuación de la minería a través del fracking en la patagonia Argentina, como en el emblemático caso de Vaca Muerta; el caso de los defensores de la selva en la Amazonía boliviana y brasileña o; la experiencia de las y los Liberadores de la Madre Tierra en el Norte del Cauca en Colombia frente a la expropiación de tierras  ancestrales por parte de la agroindustria azucarera, solo por nombrar algunos de los muchos casos de proyectos de despojo extractivista y de experiencias de resistencia socioterritorial a lo largo y ancho de América Latina.  Podríamos seguir las líneas frenéticas de los grandes relatos políticos relativos a estos ultimos años desde la renovación internacional de la idea de izquierda a principios de los 2000, la experimentación democrática participativa y plebeya, la reactivación de la retórica an320 –

ti-imperialista, de discursos sobre la soberanía y autodeterminación sobre los recursos naturales, el fracaso de los Estados neoconstitucionales en incorporar todos los sectores de lucha en sus planes de gobierno, el ataca-defiende y amigo-enemigo polarizante (monopolio de la representación, represión e instrumentalización) de las identidades subalternas indígenas (en gran parte, pero también afro o disidencias sexuales), la decadencia de modelos de gobiernos carismáticos, caudillistas y falocéntricos, el renuevo feminista transfronterizo, anticapitalista y disruptivo, las luchas territoriales y comunitarias como contrapunto a la posibilidad de fraguar cambios radicales de modelo económico, la arremetida neoconservadora, la recomposición neoliberal y el nuevo amanecer de izquierdas plurales (Perú, Chile, Honduras).  En este contexto, ¿qué idea de izquierda puede, aún, sostener planes de gobierno y la concomitante perspectiva de poder que esto implica? Se ha dado en recientemente un debate que fue reactivado en los albores de un “regreso” de la izquierda en el terreno electoral y gubernamental regional. Parte de una suerte de reevaluación analítica del papel del Estado dentro de la ola progresista en Latinoamérica, y precisamente exhumando las realizaciones concretas de éstos en términos de alternativa contra una lectura anti-extractivista, según Poupeau y Mariette, muy simplista y maniquea. Levantó reacciones como lo hace cualquier pronunciamiento polémico pero permite reactivar el debate sobre las izquierdas y el progresismo frente a las exigencias del acto de gobernar. Defiende la tesis de que una cierta visión ecologista puede ser compatible con la ideología liberal “en su rechazo del Estado (patriarcal y opresivo) que se debe debilitar, de la redistribución (asimilada al clientelismo y el asistencialismo) que se debe sustituir por tratamientos de austeridad, y de la planificación (sinónima de burocracia esclerosada y corrupta) que se debe abandonar a comunidades locales, aunque globalizadas y capitalizadas, sabrían autogobernarse sin dificultades”. Para ellxs, no se debería idealizar a comunidades indígenas al nivel local y, al contrario, repensar las traducciones concretas de esas alternativas al nivel de la acción de los Estados. O bien podríamos considerar las lógicas estatales como aporías de un horizonte emancipador y ecologistas lejos del hecho de autonomía

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“lloriquear para los Vivientes”. La vehemencia de los planteamientos reactiva la actualidad política latinoamericana con un fervor casi igual al de hace diez años, recordándonos la vigencia de este libro y su propósito inicial: considerar las relaciones y/o articulaciones posibles entre proyectos de Estado y luchas emancipatorias.  El polémico artículo de Poupeau y Mariette, cuyo fin es claramente una defensa política del progresismo estatal, ha sido cuestionado, por ejemplo por Patrick Guillaudat (2021). Como mostró la elección presidencial ecuatoriana de 2021 (Schavelzon, 2021), el progresismo sudamericano pone en acción redes internacionales de activismo y opinión, no de la mejor manera.

**** Una rápida recuperación de imagen positiva electoral del progresismo saliente se percibe ante el fracaso de sus sucesores conservadores, liberales, reaccionarios (Macri, Lenin Moreno, Temer-Bolsonaro, Áñez). Estas “izquierdas” o progresismos sudamericanos tienen sin embargo un desafío ante sí mismos, como co-responsables y por la desconexión del sistema político con el mundo de la gente común, con la polarización y confrontación que caracteriza la relación entre bandos políticos. La opción por el Estado y la administración pública es diversa, incluye intentos sinceros de introducir cambios, o involucramiento político de barrios y comunidades. Sin embargo algo se pierde cuando vemos a la izquierda mimetizarse en las formas de gestión y de búsqueda de acumular poder político propias de la llamada política tradicional.  El sistema político todavía logra involucrar a buena parte de la sociedad cuando hay elecciones (aunque cada vez menos y en algunos lugares de forma muy parcial), y las campañas de forma invasiva logran imponer una apariencia de plebiscito, donde las mayorías deciden. Pero al día siguiente el gobierno se aleja. Así, el gobierno real no llega a ser discutido y tampoco parece ser accesible para los gobernantes, cierre que acompaña las determinaciones de un poder capitalista sin rostro. Las lógicas empresariales que mencionamos son 322 –

avaladas por un juego político que se limita a la gestión de la barbarie en gran medida generada por sus propias políticas.  ¿Cómo pensar estos procesos desde sudamérica? Contamos con nuevas izquierdas, anti extractivistas, feministas, plurinacionales. Contamos con amplia popularidad para líderes progresistas, o sus movimientos, como interponiéndose al escenario de indiferenciación y apatía que describimos como reinante. ¿Esto es suficiente para pensar que aquí la política sigue viva? No es necesario también sumar al análisis a la derecha populista (o sectores ultraconservadores), que sigue siendo la opción electoral de mayorías en algunos países?  Como contrapunto, buscamos señalar una sensibilidad política que no se organiza electoralmente, se expresa en algunas movilizaciones, construcciones territoriales o estallidos como en las fuertes protestas recientes en Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. También en las luchas por el territorio y la vida en defensa del agua, contra la gran minería, en toda latinoamérica; en la solidaridad de Santiago Maldonado, muerto por la policía en una marcha mapuche; los jóvenes bolivianos que defendieron los bosques en los incendios de 2019, autorizados por decreto de Evo Morales, o en las grandes movilizaciones por la muerte de Marielle en Brasil, contra la política paramilitar que hoy está en el gobierno; la organización de cabildos indígenas y su papel activo en la lucha contra gobiernos nacionales, notablemente en Colombia y Ecuador; la oposición indígena al desarrollismo y el agronegocio; movimientos de trabajadores, mujeres y minorías que en estas luchas discuten otras formas de vida, enfrentando diferentes formas de subordinación. Entre narrativas, simbolismos, banderas, hay en Latinoamérica experiencia y tradición de lucha social. Esta también aparece como nuevo sentido común frente a nuevas formas de explotación, encontrando caminos de enfrentamiento y disputa. Macri, Fujimori, Uribe, Piñera, Bolsonaro aparecen como expresión de un deterioro político pronunciado. Una respuesta es el progresismo existente, nuevo o por venir. Pero no nos saca de la crisis, es neutralizado por la reproducción de los poderes establecidos. Se hace necesario y urgente  entonces pensar desde otro lugar. Cualquier lucha social nos involucra más con este desafío que una crítica a la derecha en las redes sociales, autonomía

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o en manifestaciones testimoniales capturadas por el juego político de la continuidad. 

2.  Las referencias políticas partidarias que por décadas marcaron la política latinoamericana, ya no existen. A veces se trata de transformaciones y herencias, en otros hay modulaciones más significativas. Véase el socialismo en Chile, que junto con la derecha gobernante fueron superados por candidatos independientes en la elección para la convención constituyente chilena. En esa elección, la baja participación (40%) mostró el desencanto con la forma con que los políticos profesionales tradujeron un fuerte estallido social que no permitió encumbrar rostros de individuos. Los partidos del orden fueron derrotados y si bien la Convención Constituyente restaura a los partidos y representantes políticos -incluyendo los nuevos y recién llegados nada indica que ese camino encontrado para desarmar o canalizar la protesta social permita abrir una era de legitimidad estatal. Está por verse hasta qué punto una mayoría anti-neoliberal puede encontrar caminos para enfrentar el estado subsidiario, modo establecido en la Constitución pinochetista por el que el papel del Estado es definido como apuntalamiento del poder empresario.  El fantasma del Estado de Bienestar sirve para enfrentar discursivamente el neoliberalismo. Pero no hay un modelo político que hoy tenga recetas para sustituir el neoliberalismo y re-establecer, o establecer por primera vez un Estado de Bienestar. Por otra parte, hay una confusión entre bienestar como asociado a consumo y crecimiento económico que vimos en Sudamérica que es más bien un comprar a crédito que tarde o temprano pasa la cuenta de endeudamiento, pobreza y exclusión. En los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia también vimos que simbólicamente se postula la plurinacionalidad, el reconocimiento lingüístico, la autonomía indígena y derechos de la Naturaleza, mencionando a la Pachamama y el Vivir Bien, pero en lo concreto se mantiene el modelo desarrollista, extractivista y de centralización estatal sin real construcción de una institucionalidad descolonizada.  324 –

La crisis política también se siente con el avance de la extrema derecha, un éxito comunicacional que moviliza afectos y miedos, frustraciones y conservadurismo social, explotado con propuestas de mano dura contra el crímen y la corrupción, o haciendo resonar las agendas de pastores e iglesias, antes de circulación restringida, con fórmulas que reflejan sociedades fracturadas, individualistas y con valores hipócritas y conservadores que se ubican en el centro del juego político electoral, a veces también incorporados por el progresismo, como en las posiciones de Rafael Correa sobre aborto o de líderes regionales del peronismo o el PT sobre seguridad, salud y negocios empresarios.  La derecha, “nueva” o “tradicional”, (al igual que ciertas “izquierdas’ o gobiernos “populares”), desafía consensos democráticos y articula territorialmente grupos de choque, mafias empresariales, negocios ilegales y milicias, pero también llega al poder denunciando una corrosión institucional y falencia de las instituciones republicanas. Este lugar de oposición al orden, que sería papel tradicional de la izquierda, es lo que permite un crecimiento de proyectos conservadores en espacios de descontento, propicios para discursos de odio y enfrentamiento, auténticos o elaborados en grupos focales e ingeniería electoral. La falta de democracia parlamentaria, la justicia manipulada, la corrupción en la obra pública hacen difícil defender las instituciones de la forma política liberal. Pero es ese exactamente el lugar a dónde el progresismo es empujado cuando una derecha desafiante transita todo el tiempo en un umbral de ilegalidad, ruptura institucional para prolongarse en el poder, o discurso antipolítico, contra las instituciones y contrapesos del poder. El juego es cínico, también, porque no hay en la nueva derecha una real ruptura con las elites ni con las prácticas corruptas de manipulación de las instituciones, pero en el camino cierta izquierda institucional queda inmóvil frente a una derecha que, como en el caso del Brasil, la supera electoralmente.  Es cierto, Lula puede todavía ganar las elecciones presidenciales, pero su partido pierde espacio en el parlamento y en la cantidad de municipios gobernados respecto a la primera década del siglo. Hay una crisis política que se ve en los partidos tradicionales y que triunfos electorales no despejan. Vemos que un juego de oposición entre el PT y el PSDB, que animó la mayoría de las elecciones brasileñas autonomía

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desde los años 90, está desdibujado. El impeachment de Dilma Rousseff se vivió sin grandes movilizaciones de un partido con millones de afiliados. El PSDB (los “tucanos”) se devanea entre la cercanía de un discurso de extrema derecha para captar el voto bolsonarista en las regiones, y una nostalgia socialdemócrata de cuadros aislados, alejados del juego político. La Unión Cívica Radical vivió algo parecido en la Argentina antes de entregarse al macrismo cuando éste vio abrirse una oportunidad de triunfo sobre el kirchnerismo. La crisis es generalizada y se manifiesta en las tendencias encontradas que marcan el juego político de la región: ni la nueva derecha se impone, ni resiste el progresismo que llegó a gobernar por más de una década la mayoría de los países, aprovechando una bonanza económica. El progresismo fue derrotado en Uruguay y Brasil, pero retornó en Argentina, Bolivia, Perú y Honduras. En Venezuela y Nicaragua nunca se fue ni perdió una elección presidencial, pero esto no es suficiente para negar un fin de época que da lugar a una persistencia con costos humanos, políticos y democráticos evidentes.  Más allá de que el sistema multipartidario esté en ruina, como ya ocurrió en los 90 y los 2000 en países como Bolivia y Venezuela, la crisis parece alcanzar la organización social y pacto político producto de las democracias consolidadas en la región. Los pactos de postdictadura están en discusión. Las constituciones y sistemas políticos de los últimos 30-40 años se disuelven. Es el orden mundial imperante que impulsa cambios, ya efectivos en sociedades cada vez más precarizadas, entregadas a la suerte de los precios internacionales de commodities que tanto progresistas, liberales y conservadores de gobierno tienen como única receta de contención de una crisis social estructural. La concentración de la riqueza y el deterioro de cualquier tipo de sistema de asistencia social, nunca realmente funcionando en la región, hacen que vivamos un péndulo inestable donde además volvimos a ver fuertes movilizaciones callejeras.  La falta de discusiones de fondo, en un sistema político concentrado en su supervivencia y en el juego mediático de candidaturas, parece que va generando un fenómeno de desconexión política entre política y sociedad. Hay espacios al margen de esta dinámica, en donde hoy se encuentra cierto espacio de experimentación y nueva 326 –

construcción política. Hay puebladas y levantamientos contra el sistema y también prácticas cotidianas de construcción comunitaria. Esos espacios pueden entenderse como opuestos al mundo político que se juega en los medios. Un temario político bastante alejado de la vida de las personas y también de los temas de fondo que estructuran la sociedad. En ese teatro de consumo de noticias articulado en torno de las clases medias, hay una forma de inclusión en discusiones que no ofrece ningún contacto con procesos sociales orgánicos.  En este mundo mediatizado donde se polariza el campo político y grandes bloques de elites de poder, sociales, liberales o fascistas disputan narrativas y relatos hace las veces de la realidad política al mismo tiempo en que se opera una fuerte desconexión separado de cada vez más que no juegan ese juego ni consumen esas narrativas. El hombre informado de clase media participa en debates o guerras de información que dan cuerpo a las disputas políticas de un sistema separado de una política de la gente. Se trata de una hiper amplificación en redes sociales y medios tradicionales de comunicación de debate ideológico, cultural, o de costumbres, multiplicado hasta niveles estratosféricos.  Esta politización que gira en torno a imágenes de líderes individuales o proyectos políticos de izquierda o de derecha, es la contracara de la apatía y distancia con cualquier asunto político de muchos jóvenes y de las clases populares. Derechas anti corrupción o izquierdas progresistas no enfrentan burguesía y proletariado, ni campo y ciudad. Son expresiones de las clases medias urbanas, alimentadas diariamente por los medios y que definen el rumbo político de los sistemas partidarios en crisis.  En épocas de elecciones, las clases populares entran en el juego. Votan por el peronismo en Argentina, por el MAS en Bolivia, como votaron por Bolsonaro en Brasil o se dividen entre progresismo y derecha en México o Colombia. Pero no vemos un pueblo movilizado, como ya supo ser una izquierda ligada a demandas populares nacidas de levantamientos como el Caracazo, la Guerra del gas en Bolivia, el enfrentamiento al neoliberalismo de los ‘90. Tampoco hay una movilización fascista comparable a la de los años 30 en Europa, aunque una derecha populista esté presente y busque aprovechar el desconautonomía

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tento político. Pero sí vemos movilizaciones feministas en México que irrumpen en la comodidad del relato progresista, el que no puede digerir la violencia regurgitada por las mujeres, en un país estructurado por una economía de la violencia. Sí vemos líneas de fractura entre franjas sectoriales y pluriclasistas que denuncian, cuestionan el silencio, para no decir la complicidad de aquellos gobiernos.  La crisis política convive con éxitos electorales, con campañas donde se retratan alegría y épica. Pero muestra los límites de los vencedores a la hora de gobernar. Véase la fuerza con que llega el progresismo a México pero rápidamente posiciona ministros empresarios y da aval al mismo modelo extractivista que los lobbistas esperan ser defendido con gobiernos de derecha. El kirchnerismo supo acercarse a la ola feminista, como en 2003 lo hizo con la bandera de los derechos humanos. Pero más allá de los ministros progresistas continúan las alianzas con el peronismo conservador y el poder territorial en las provincias. También el extractivismo es el modelo, que llevó a Alberto Fernández a enfrentar movilizaciones a poco tiempo de asumir, en Mendoza. La inviabilidad de cualquier modelo orientado a la industria nacional, de soberanía económica e intervención estatal en la economía, que recorre el imaginario de los cuadros políticos del progresismo, se muestra impotente y contradictorio con los negocios y caminos que son base del armado político y la forma de gobernar.  En Bolivia Evo Morales llega a la presidencia después de un ciclo de movilizaciones y protestas muy fuertes, que se oponen a la partidocracia anterior, acostumbrada a pactos congresales, permitiendo la llegada de una fuerza nueva, de campesinos ajenos al poder estatal, en lo que se entendió como “partido-movimiento”. Una década después el gobierno del MAS se encuentra en campaña por una reelección no permitida por la Constitución aprobada en 2009, y negada por un referéndum de la población, en 2016, pero autorizada por una corte constitucional manipulada. En 2019 la oscuridad sobre los resultados en la elección presidencial de octubre dio lugar a fuertes movilizaciones contrarias a Morales, con composición más juvenil y plural que las de sectores de clase media contra la corrupción en Brasil, y que abrirían un debate que continuará por mucho tiempo sobre los términos en que debe ser calificada la caída del MAS y la forma328 –

ción de un gobierno de transición, con la derechista Jeanine Áñez.  Lo cierto es que el partido-movimiento fue sustituido por una hiper centralización, con construcción de un liderazgo sin recambio. Más allá del debate entre “golpe”, “fraude”, y la asunción de Áñez, después de la salida del país de Morales y de la renuncia de toda la línea sucesoria, la política sudamericana debe enfrentar el resquebrajamiento de los marcos políticos válidos tradicionalmente. Esto no ocurre en sistemas políticos polarizados y conectados a canales de información y manipulación que organiza campañas políticas. Cuesta ir más allá de una información muy editorializada, por ejemplo frente a las protestas en Cuba y las graves medidas del gobierno nicaragüense frente a la oposición. En Cuba, escuchamos sobre el bloqueo, o escuchamos sobre la dictadura, no hay escucha a un pueblo que se moviliza con voz propia, que no es ni la de lucha contra la dictadura, ni por necesidades causadas exclusivamente por el bloqueo. En tiempos de fuerte disputa política que no se traduce en diferencias de gestión, sino en una guerra comunicacional que mantiene indiscutidos los grandes consensos, la derecha se radicaliza al extremo y la izquierda, en lugar de avanzar con un programa de reformas, se acerca a un centro de moderación, como si estuviera obligado a negar las acusaciones de la derecha, asumiendo discurso liberal, con moderación y concesiones continuas frente a los grupos de poder y la opinión pública de clase media.  Alberto Fernández, autodefinido en el tiempo de la campaña electoral como “progresista liberal” evitando a Cristina Kirchner sin que se produzca un verdadero recambio; la imposición de Luis Arce en Bolivia, relevando a David Choquehuanca que había sido elegido por las bases del MAS como candidato, y figuras como Fernando Haddad en Brasil, o el propio Lula, que deja en claro en toda intervención que no dejará de gobernar nuevamente con espacio para los dueños del poder, desde una lógica en que los poderosos ganan más que nunca para que algo pueda destinarse a los más pobres. “Ganamos más que en cualquier otro gobierno” decía el presidente de la Cámara Agropecuaria de Oriente en Bolivia, en referencia a Evo Morales, y lo mismo pueden decir banqueros, sojeros y fabricantes de autos del Brasil de Lula. El discurso pragmático con que la clase media defendía gobierautonomía

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nos militares hoy es un argumento empleado por la elite económica progresista, base de apoyo del kirchnerismo y otros gobiernos. El caso de Perú muestra muy bien la hipertrofia de la dimensión comunicativa, con una moderación y exceso de concesiones como método de gestión. El nuevo presidente posiciona un ministro de izquierda después de una campaña donde se movilizaron fantasmas del comunismo y el terrorismo, pero su discurso es moderado, de responsabilidad fiscal, de límites para el sector político. La lógica del sistema político es el gobierno con acuerdos que limitan lo posible a lo que existe. El pacto de Olivos en Argentina, o de la  democracia post-pinochetista chilena, con sectores pinochetistas… En Brasil, el “peemebeismo”, que puso a Temer en la vicepresidencia de Dilma, para que después el mismo partido que formaba parte del gobierno con varios ministerios, votara por la destitución. El PT denunciaría un golpe de Estado, pero mantendría alianzas con el mismo partido para elecciones municipales. Lógica pragmática del mal menor que de a poco convierte cualquier proceso de lucha y organización desde abajo en unos pocos de arriba decidiendo por la continuidad y permanencia de lo mismo. Llegando la elección presidencial de 2022, Lula parece moverse con la idea de que todo es posible para quien enfrenta a Bolsonaro. Así, negocia una fórmula electoral junto con Geraldo Alckimin ex gobernador conservador de São Paulo, responsable de la represión de 2013 e 2015, ligado al Opus Dei e a la elite paulista que el PT históricamente enfrentó, al menos electoralmente. También ocupa su agenda mostrando alianzas con empresarios del campo, religiosos, como si la disputa contra Bolsonaro fuera la de quitarle aliados, y no enfrentarlo desde una fuerte articulación de fuerzas sociales alternativas.

3. La falta de legitimidad del sistema y sus representantes es también parte de la fuerza de un modo de funcionamiento social que asimila también su crítica y no se muestra vulnerable. Pueden caer presidentes, aprobarse reformas constitucionales, candidatxs de izquierda 330 –

negrxs, indígenas, ex presas políticas pueden llegar a la presidencia pero algo de la lógica que nos gobierna se muestra inalcanzable, permanente, difícil de bloquear o interrumpir, menos aún de substituir por otra lógica. Nostalgia y discursividad superficial alienta campañas electorales o fundación de nuevos partidos.  Ante esto, podemos esperar, o encontrarnos, organizarnos, fortalecer redes y alianzas que funcionen con otra lógica y se dirijan para otro lugar.  Junto con la apatía generalizada, la descreencia en discursos y banderas, la realidad latinoamericana nos muestra la emergencia del conflicto en forma de levantamientos y revueltas que por días o semanas cuestionan el tiempo y el curso normal de la vida social. Sin rostros que aparezcan explicando o representando demandas fáciles de responder; no necesariamente en las plazas centrales, frente a palacios presidenciales o en mesas de negociación; sin comando único de convocatoria, terminando también como comenzó, a veces sin nada a cambio. Listamos cuatro instancias desde donde es posible observar procesos ajenos a la lógica que busca gobernarlo todo.  1. Luchas. Hay movilizaciones tradicionales de partidos y sindicatos siguiendo la agenda política. Pero hay, especialmente, luchas a las que somos llevados porque no es posible quedarnos sin hacer nada. El avance de la explotación sobre el trabajo y el territorio genera en todo lugar resistencia, movilización y organización. Si el sindicato no representa se organizan huelgas salvajes y autónomas. Las asambleas de autoconvocados en poblaciones amenazadas por proyectos de desarrollo pueden revertir decisiones empresariales pero también constituirse en espacios de ensayo de alternativas. Formas políticas alternativas que imaginan otro mundo. Veamos como ejemplo la fuerza de la población de la provincia argentina de Chubut, en diciembre de 2021, oponiéndose y logrando derogar una ley frente a un gobierno progresista que buscaba aprobar la prospección de gran minería aunque la población en referéndum se había opuesto.  2. Cuestionar el modelo social. Más allá de disputas ideológicas o de narrativas generadas por bloques políticos en disputa por espacio institucional, América Latina discute sus ciudades, su modelo de autonomía

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destrucción desarrollista y, la forma política de organización cada vez más desfasada con la idea de democracia como gobierno de las mayorías. Es la democracia como nombre de un sistema, que no le dice nada a la mayoría de la gente. Como en Bolivia, Chile aprueba la eliminación del término República en el reglamento de la convención constituyente. Podrá ser apenas simbolismo, pero da cuenta de fuerzas comunitarias que habitan la política y cuestionan una forma que bloquea más que canaliza y expresa la vida del mundo social.  3. Situarse en un escenario de guerra de mundos. Desde la perspectiva de la política moderna, hay un poder político que se encuentra separado de la sociedad. Los conflictos y luchas se traducen en demandas que buscan repercutir, ser respondidas o negadas desde el poder político. Otra política busca en cambio ser desde el conflicto y la diferencia una instancia que no busca resolverse más allá. Esto implica una ruptura de paradigma que interpela el capitalismo contemporáneo y los límites de sus formas orgánicas de representación. La guerra de mundos es especialmente visible desde conflictos en que está en juego la forma habitual de vida, amenazada cuando un hábitat es destruido, contaminado, inviabilizado para la subsistencia. Podemos pensar escenarios así también en las ciudades y la discusión del antropoceno lleva estas cuestiones a escala planetaria. Pueblos indígenas -pero también sensibilidades urbanas o campesinas- nos permiten ver con claridad cómo es sesgado el recorte moderno de realidad, en particular en lo que hace a la concepción sobre la naturaleza, pero también en cómo hace política, cómo come, cómo ejecuta sus planes de “desarrollo” y “crecimiento”. Reconocer la guerra de mundos es el primer paso para pensar alguna forma posible de paz que no sea la pacificación de la guerra del capital como único mundo posible. El debate comienza por reconocer un mundo cosmopolítico que no es solamente humano y no tiene al hombre como actor único y central.  4. Entender, estudiar, ser parte, expandir los momentos de conflicto y enfrentamiento con el modelo y orden social predominante, único, que busca abarcarlo todo. Pequeñas luchas, grandes levantamientos, estar ahí donde pueda visualizarse que lo que 332 –

se presenta como pacificación y único camino hay una guerra, permanente, de clases, de mundos, de mercantilización y privatización de lo que es común. El lugar del conflicto reorganiza el campo político y muestra dónde está cada uno. Es desde acá, la revuelta, la lucha, que debemos preguntarnos por lo que hoy significa un cambio. 

Bibliografia Lander, E., Arconada, S. (2019). Crisis Civilizatoria. Experiencias de Los Gobiernos Progresistas y Debates En La Izquierda Latinoamericana. Guadalajara: CALAS. Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Ecologia, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Cochabamba: CLAES / CEDIB Guillaudat, P ¿Existe el extractivismo progresista? Portal EspaiMarx 26 de septiembre Disponible en: https://espai-marx.net/?p=10369 Schavelzon, S. Las varias caras progresistas en campaña sucia contra el candidato indígena del Ecuador. Desinformemonos.org 6 de marzo de 2021. Disponible en: https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-candidato-indigena-del-ecuador/ Svampa, M. 2013. “Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad, N° 244. http://www.nuso. org/revista. Svampa, M. (2019). Las Fronteras Del Neoextractivismo En América Latina. Conflictos Socioambientales, Giro Ecoterritorial y Nuevas Dependencias. Guadalajara: CALAS / Universidad de Guadalajara. Teran Mantovani, E., Svampa, M. (2019). “En las fronteras del cambio de época Escenarios de una nueva fase del extractivismo en América Latina”. En ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Ediciones Abya-Yala, pp. 169-218.

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AUTORES

Carlos Santos Antropólogo (FHuCE-UR, Uruguay), Magíster y Doctor en Ciencias Sociales (IDES-UNGS, Argentina). Docente del Centro Universitario Regional del Este y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) . Trabaja sobre conflictos ambientales, políticas de conservación de la naturaleza y desarrollo rural.

Cristina Cavalcante Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades (UAM, México), maestra y licenciada en Ciencias Sociales (UEL, Brasil). Investiga temas como Estado, movimientos sociales, desarrollismo, neodesarrollismo y progresismo en América Latina, historia económica de Brasil. En 2021, defendió la tesis doctoral intitulada Desarrollismo, Neodesarrollismo y Progresismo en Brasil: un análisis histórico-estructural de los pactos político-económicos. [email protected]

Diego Castro Licenciado en Ciencias de la Comunicación ( FIC-UR, Uruguay) y Doctor en Sociología (ICSYH- BUAP, México). Docente del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República de Uruguay. Trabaja sobre movimientos sociopolíticos, luchas sociales y producción de común en Uruguay y América Latina.

Emiliano Teran Mantovani  Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Master en Sostenibilidad ambiental, económica y social por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a Phd en Ciencia y Tecnología ambientales por la misma universidad. Investigador asociado del Centro autonomía

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de Estudios del Desarrollo (CENDES). Mención honorífica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, de Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo y de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Fabio Luis Barbosa dos Santos. Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y del Programa de Postgrado en Integración de América Latina (Prolam-USP). Research Associate, Society Work and Politics Institute (SWOP), University of the Witwatersrand, África do Sul. Research Associate, Centre for Canadian, US & Latin American Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Índia. Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Pós-Doutorado no centro Genre, Travail, Mobilités, Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (GTM-CRESPPA). Actúa especialmente en los siguientes temas: Historia Contemporanea, Historia de América Latina, Historia del mundo no europeo, Relaciones Internacinales en América Latina y el Sur Global.

Gaya Makaran Investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Humanidades por la Universidad de Varsovia, Polonia. Integrante del GT CLACSO “Anticapitalismos y sociabilidades emergentes”. Sus líneas de investigación son el Estado-nación en América Latina y los movimientos indígenas (Bolivia y Paraguay), nacionalismo y anarquismo latinoamericanos. Correo: [email protected]

Helena Roux Socióloga, egresada del Instituto de Estudio del Desarrollo económico y social (IEDES), de la Universidad Paris 1- Panthéon-Sorbonne, Francia, 336 –

es actualmente, investigadora asociada a la Unidad Mixta de Investigación “Desarrollo y sociedades”. Radicada en Nicaragua a inicios de los años noventa, sus trabajos fotográficos y periodísticos sobre el periodo posconflicto fueron el punto de partida de posteriores investigaciones sobre conflictos agrarios y territoriales en América central. Participa en distintos espacios académicos, entre ellos, el GT CLACSO “Fronteras, regionalización y globalización” con la temática “apropiación global de los espacios globales”; el Laboratorio Mixto Internacional – LMI-MESO; el proyecto “Discursos y dilemas sobre el desarrollo en las sociedades locales centroamericanas” (Centro Nacional de Ciencia de Polonia), así como en varios espacios de discusión académica como la Red de estudios sociales sobre medioambiente (RESMA); el Grupo de estudios sobre Neoliberalismo y Alternativas (GENA). En el ámbito asociativo, es integrante de la Asociación para contribuir a mejorar la gobernanza de la tierra, el agua y los recursos naturales (AGTER por sus siglas en francés). Comprometida con la defensa de los derechos humanos ha sido integrante de varias misiones independientes de observación en México, Honduras y Guatemala. Correo: [email protected]

Massimo Modonesi Historiador y sociólogo. Se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es director de la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. https://massimomodonesi. net/publicaciones-anteriores/

Mila Ivanovic Doctora en ciencias politicas por la Universidad Paris 8, investigadora asociada al Framespa (Universidad de Toulouse), feminista y especialista del Venezuela. Actualmente desarrolla una investigacion acerca del sistema judicial venezolano, siguiendo sus trabajos sobre las transformaciones estatales, los grupos de poder y los movimientos sociales. [email protected].

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Pabel López Flores Investigador asociado al Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA) en Bolivia. Doctor en Sociología por la Scuola Normale Superiore (SNS) y la Universidad de Milán ‘Bicocca’ en Italia. Postdoctorante en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA). Integrante y ex coordinador de los Grupos de Trabajo “Territorialidades en disputa y re-existencia” y “Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). E-mail: [email protected]

Salvador Schavelzon Profesor e Investigador de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP), profesor en el Programa de Postgrado en Integración Latinoamericana (PROLAM-USP). Mantiene una columna en Desinformemonos.org (Peripecias del Sur y Autonomía), publicó entre otros libros su etnografía del proceso constituyente boliviano (Disponible en Biblioteca CLACSO) e investiga temas de cosmopolítica indígena; Vivir Bien; Plurinacionalidad y procesos constituyentes latinoamericanos; capitalismo de plataforma y Teoría Antropológica. Email : [email protected]

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Colección Autonomía

“Autonomía” es una pregunta lanzada a los próximos y a los desconocidos. Para la autonomía, la política es la pluralidad de las políticas como modos de ser, hacer y vivir. Es la decisión vital en la que se juega el compromiso con lo Común de las prácticas de existencia. La autonomía es una localización múltiple: articulación, intercambio y reparto móvil entre la identidad interiorizada y los muchos exteriorizados, entre singularidades irreductibles y pragmatismos de tránsito. Se trata de la ruptura móvil que propone la autonomía, en tanto opone en su propia constitución la expresión simultánea de la identidad y de los muchos en una síntesis paradójica y productiva. La autonomía se pronuncia ante cualquier constricción de una interioridad y de la figura temible que tiende hacia una devoración teológica y totalitaria. Autonomía es el nombre de una política del anudamiento incesante de singularidades sin modelo teatral trágico o cómico, ni de puesta en escena de la fundación. Ni sustancia ni forma, la política autonomista es sólo gesto que anuda singularidades sin pretensiones teológico-políticas. No hay autonomía si la política es funcional y consensual con aspiraciones al poder de Estado porque carece de dimensión ética. Autonomía es un gesto subjetivo colectivo que se presenta para incidir como pensamiento operante y contagioso. Se sustrae de cualquier actividad del poder porque desea para sí una práctica libre. No acredita en ningún tipo de clientela porque lo que rige su movimiento no es el principio de interés. Antes es un vector de autoafección y autoorganización que aspira a lo Común por la gratuidad de su compromiso local. Autonomía no es un gesto político de abolición o de destitución, sino un acto ético de diferenciación vital movido por la necesidad, que aspira a producir o proseguir desplazamientos de ruptura subjetiva, colectiva y popular. Está del lado de las fuerzas activas que atraviesan las prácticas sociales y nunca de su reducción a autonomía

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las jefaturas. Nombre que presenta ebulliciones que hacen al movimiento de la historia, aunque en modo alguno se lo encontrará aliado con dictaduras revolucionarias o conservadoras. En el agregado sensible de la autonomía no prosperan nociones jerárquicas como: articulación política entre Pueblo, Partido y Estado sostenida en la idea de representación; consenso constitucional y formal centrado en el parlamentarismo y subordinación de la política a razones económicas y jurídicas. Nunca la autonomía se opondrá a la ampliación de derechos civiles, aunque su razón vital se articula sólo donde es posible una movilización social abierta al porvenir. Para el Estado, la articulación autonomista es incompleta y utópica; para las resistencias ciudadanas, la potencia de articulación autonomista proviene de los afectos que insisten en la creación de modos de vida posibles y por venir. Autonomía, antes que una pretensión social y política fundada en algún tipo de lógica instituida, es una suerte de disposición destituyente/instituyente que se desplaza entre tradiciones políticas, energías sociales y acciones singulares. Es el nombre de una reserva de libertades y fraternidades; también, una invención de relaciones lanzadas a las capacidades comunes y diversas. Ni una figura del poder ni un rechazo a todo tipo de institucionalidad, sino un arte perceptivo de los lugares intermedios que desconfía de las formas de dominio y se permite imaginar nuevas instituciones para la vida colectiva. Desde las autonomías instituyentes la política no está dominada por la economía y la juridicidad como potencias ciegas, sino por la invención de redes vitales de cooperación que inventan legalidades por la necesidad. No creemos en las fatalidades de una razón económica o jurídica que suprima la posición y decisión política. La política de las formas de vida sólo es del orden del pensamiento si decide “algo”, si inventa el lugar de la decisión, más allá del “sentido histórico”, en la práctica efectiva de la vida de los muchos. La autonomía es transitiva, no sustantiva y formal: nunca persigue una articulación total o definitiva entre las organizaciones civiles y los órganos de poder del Estado, sino que fogonea aperturas dadas a nuevos lazos sociales. Aspira a formas de ser que no se reducen al nombre de “mayorías” sino al de los “muchos” como resistencia a todo poder coagulado. Incide, más allá de todo deseo de facción o 340 –

de vanguardia, en el proceso de formación de instancias colectivas de decisión y expresión: autonomía vital antes que contractual, contagiosa antes que persuasiva, cooperativa antes que competitiva, ético-política antes que moral, libertaria antes que delegativa, expresiva antes que representativa. De este modo, la autonomía se presenta como una construcción de criterios propios que leen y transitan las fuerzas colectivas de producción de enunciados, de valor y de deseos dispuestos a lo Común, para que “cualquiera” los use en la dirección que convenga a su potencia, a su modo de potenciarse con los demás. Descubrimos la autonomía política en la efervescencia de las prácticas, en el ensayo y error de la construcción de espacios y tiempos comunes y en la apertura flexible a la novedad que irrumpe. La autonomía no es revolucionaria, no tiene que ver con la fantasía de una ruptura “total”, sino con una imaginación política y un arduo trabajo en las tramas de vinculación social, narrativas y afectivas. Autonomía, entonces, no se presenta como un saber o iluminación, sino como un principio de investigación permanente o un tanteo existencial de las aperturas de la vida colectiva. La autonomía no reconoce límites trascendentes y externos justificables como el temeroso principio contenedor del caos, sino inteligencias afectivas que forjan las elecciones y se organizan en virtud de una potencia. Redes que marchan y ensayan lenguajes, miradas, conceptos y modos de intercambio. Alerta a lo sensible y a la efervescencia que agita las multiplicidades en lo Común, resiste a las voces sombrías y nihilistas cuya única respuesta es el imperativo de la administración o destrucción de lo existente y la reproducción de un estrecho sentido común o su vacío. Ya que aun cambiando de “contenidos” la administración y reproducción de lo existente mantiene e impone su poderosa matriz perceptiva. Autonomía es una invitación a ensanchar la percepción de lo posible y a crear márgenes en la percepción de lo imposible. Autonomía es un deseo de construcción de formas dinámicas de alegría colectiva: una política que pone de relieve el anudamiento como singularidad de sentido. Su acontecimiento es la toma de la palabra desde su práctica efectiva y su estilo es el trabajo errante del sentido en los desciframientos singulares afectivos. Sólo habla desde los medios autonomía

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materiales y desde el trabajo de pensamiento encarnado frente a los saqueos del planeta. No anuncia profecías, sólo afirma la necesidad de anudamientos en los acontecimientos singulares de sensación y sentido. No pone de relieve modelo alguno sino vías de acceso al encadenamiento en sí como lazo social. No comunica un sentido orgánico y teleológico sino que expresa la relación en sí misma.

Adrián Cangi y Ariel Pennisi

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